CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 591

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

Sesión núm. 71

celebrada el miércoles, 16 de octubre de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de estado de Seguridad (Astarloa Huarte-Mendicoa) para informar sobre:


- Las previsiones de equipamiento del plan SIVE en las Islas Canarias. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001104.) ... (Página 19288)


- Los incidentes ocurridos en el mes de junio del año 2002 en la Delegación del Gobierno de Badajoz con ocasión de la presencia en la misma de representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía en solicitud de entrevista con el
delegado del Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001130.) ...
(Página 19304)

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- Las causas por las que el subdelegado del Gobierno en Málaga no cuida el cumplimiento de las normas de limitación de aforo en los espectáculos públicos y no intenta controlar, especialmente en los conciertos en los que se presume gran
asistencia de jóvenes, el tráfico de drogas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000717.) ... (Página 19315)


Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión de Justicia e Interior.
Después de dar la bienvenida al secretario de Estado, que ha comparecido ya aquí recientemente y
veo que vuelve enseguida, quiero recordar a SS.SS. lo que se acordó en la Mesa en relación con la duración de esta sesión, que está previsto que termine a las dos de la tarde, por lo que los asuntos que no hayan podido tratarse hasta ese momento
quedarán para una sesión ulterior. En todo caso, creo que si aprovechamos bien el tiempo, podemos avanzar mucho.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (ASTARLOA HUARTE-MENDICOA) PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS PREVISIONES DE EQUIPAMIENTO DEL PLAN SIVE EN LAS ISLAS CANARIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001104.)


El señor PRESIDENTE: Entramos en el orden del día, que se refiere a las comparecencias del secretario de Estado de Seguridad, en primer lugar para informar acerca de las previsiones de equipamiento del plan SIVE en Canarias, a solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista.



Para exponer lo que estime conveniente en relación con este asunto, tiene la palabra el secretario de Estado de Seguridad.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Muy buenos días a todos.



Como tenemos por delante una sesión compleja, con once iniciativas, y aunque hay, como decía el señor presidente, una previsión temporal de finalización, yo intentaré poner de mi parte todo lo que pueda, haciendo una exposición en cada caso
máximamente sintética, para contribuir de verdad a que se desarrolle la sesión con la mayor agilidad. Me será más fácil en algún punto que en otro, pero lo intentaré con carácter general.
En todo caso, ya adelanto una petición a todas SS.SS. de
acuerdo con un dicho tradicional de los letrados de esta casa, y es que, teniendo en cuenta la acumulación, SS.SS., ya que no con unanimidad, me traten con cierta magnanimidad.



La primera de las comparecencias es la solicitada por el Grupo Socialista para informar sobre las previsiones de equipamiento del SIVE, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, en las islas Canarias. Me parece que es un tema importante,
y yo me alegro de que, al margen de mi primera comparecencia presupuestaria de la pasada semana, uno de los temas de los que nos podamos ocupar hoy sea precisamente este, porque, como ya adelanté en aquella comparecencia, esta cuestión es relevante
para muchas cosas de la política del Ministerio del Interior, y no sólo para la zona del Estrecho, sino también, como está planteado en el orden del día, en particular en lo que se refiere a su implantación en las islas Canarias.



Ustedes conocen bien los elementos generales de esta cuestión, los han examinado en esta Comisión y los han debatido, con lo cual yo no me extenderé mucho en eso, sino quizá sólo en los puntos más remarcables que permiten dar un marco
general a lo que luego diré con carácter particular. El programa SIVE tiene como objetivo incrementar la eficacia en la vigilancia de costas y fronteras para contrarrestar una serie de fenómenos delictivos, fundamentalmente, como saben bien, el
tráfico de drogas y la inmigración irregular procedentes del continente africano, y está sirviendo -y no quiero dejar de destacarlo, pues estaba en el pensamiento original de quienes impulsaron la iniciativa y está siendo muy determinante en el
desarrollo de la misma- al mismo tiempo para la colaboración decisiva en labores humanitarias en auxilio de los inmigrantes que intentan alcanzar el territorio nacional utilizando embarcaciones que, como ustedes saben muy bien, están normalmente en
condiciones de navegabilidad muy precarias. El concepto operativo del SIVE se basa en el principio de la detección temprana de embarcaciones de pequeñas dimensiones al objeto de disponer de tiempo de reacción suficiente para que las unidades
terrestres, navales o aéreas dispuestas a tal fin procedan a su interceptación antes de la llegada a la costa. En este marco general, y por último, me parece importante hacer notar que, además de todo lo que acabo de señalar, con motivo de la
integración de España en el espacio Schengen y su comunitarización posterior, las costas nacionales se han convertido en frontera exterior de


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la Unión Europea, y esto acentúa nuestra responsabilidad y la obligatoriedad del control efectivo de las fronteras en aras de la consecución del espacio de libertad, seguridad y justicia que todos estamos persiguiendo en este momento en
Europa.



Entrando ya en la descripción técnica del sistema, ustedes saben que el SIVE se articula sobre dos elementos fundamentales: el soporte técnico y las unidades de interceptación. El soporte técnico está integrado por los subsistemas de
sensores, comunicaciones y mando y control. Los sensores se colocan a lo largo de la costa de un modo fijo o bien instalados en plataformas terrestres, aéreas o navales, y su cometido es detectar, identificar y controlar la navegación de las
embarcaciones mediante la combinación de radar con medios ópticos y optrónicos. Esas imágenes captadas se procesan en el centro de control y desde él se remiten al centro de mando, que realiza la información y cursa las instrucciones pertinentes
para la interceptación de la embarcación, en su caso, por las unidades terrestres, aéreas o marítimas.



Si bien todo el litoral español puede tener la consideración, como antes decía, de frontera sur de la Unión Europea, el área de implantación del SIVE se reduce, en principio, con carácter prioritario a las zonas de mayor incidencia de
tráficos ilícitos -lo conocen también-, como son las costas de las comunidades autónomas de Andalucía y Canarias, así como las ciudades de Ceuta y Melilla. Cada una de ellas tiene su problemática distinta -creo que es importante también hacer algún
comentario sobre eso y ahora lo haré- porque requieren soluciones específicas, adecuadas a sus características. Esa solución individualizada, sea para el Estrecho, sea para Canarias, sea para Ceuta y Melilla, sea para donde sea, viene dada por una
serie de parámetros que son evaluados con mucha minuciosidad: cantidad y tipo de tráficos ilícitos, dimensiones y motorización de las embarcaciones utilizadas, estado de la mar y altura de las olas, dirección y fuerza del viento, altitud de los
asentamientos, existencia de redes de comunicaciones con ancho de banda suficiente para la transmisión de imágenes, condiciones de seguridad, etcétera. Del análisis, integración y valoración de todos estos parámetros se deduce el dispositivo
operativo que es más adecuado para cada zona. Así se determinó en su momento el dispositivo para la zona del Campo de Gibraltar. Ustedes saben que se optó, respecto del Campo de Gibraltar -y lo digo incidentalmente-, por implantar un centro
prototipo compuesto por tres estaciones sensoras y un centro de mando y control desde el que se telemandan y supervisan los distintos medios técnicos, radar y ópticos.



Hablando de Canarias, por lo que respecta a la zona del archipiélago canario en general y muy especialmente las costas orientales de las islas de Fuerteventura y Lanzarote en particular, en cuanto máximas receptoras de estos flujos
migratorios, ya en el año 1999 se llevaron a cabo los estudios especialmente en la isla de Fuerteventura; estudios que dieron lugar a unas conclusiones como las siguientes, que son las que han determinado el proceso que hoy estamos viviendo de
afortunada implantación del SIVE en Canarias. Los datos estadísticos de los últimos cinco años, que facilitó el banco de datos oceanográfico de Puertos del Estado, vinieron a demostrar que el 75 por ciento de los días la altura de las olas era
inferior a 1,5 metros, medida que marca el umbral de eficacia del radar, por encima de la cual su eficacia disminuye, y como comparación les hago notar que en el Estrecho ese porcentaje, por ejemplo, se sitúa en el 40 por ciento. Se detectó también
que en las condiciones medioambientales canarias los radares de prestaciones medias ofrecían alcances de detección de seis kilómetros, medidas en pruebas de campo, mientras que los de gama alta podían duplicar ese alcance. En la medida en que el
ilícito más frecuente es el tráfico de seres humanos y el tipo de embarcaciones utilizadas son, como saben, las pateras, de seis u ocho metros de eslora por 1,5 de manga, con motorización que le permite velocidades de hasta ocho nudos, lo que en el
peor de los casos permitía su detección 20 ó 30 minutos antes de su arribada a costa, estos elementos y otros, con los que no les voy a entretener, dan cuenta de lo minucioso que en su momento fue el análisis de la implantación y son los que dieron
lugar al inicio del proceso, tomándose la decisión, en virtud de estas circunstancias, de que el sistema se implantara mediante unidades móviles, al contrario, en consecuencia, en principio en esta primera fase, de lo que acabamos de ver que ocurrió
por las otras características en la instalación peninsular.



En la actualidad, en consecuencia, está en funcionamiento el SIVE, está en funcionamiento el prototipo base en la isla de Fuerteventura, y están en este momento en fabricación y pendientes de su correspondiente instalación -lo que esperamos
que ocurra no más tarde del final de este año, a lo más tardar al principio del siguiente- las dos unidades móviles más previstas, una para Fuerteventura, que de este modo dispondría de dos, y otra para Lanzarote. En el año 2002 se ha iniciado
también el despliegue del centro de mando y control, situado en el acuartelamiento del puerto del Rosario, y además -y esto me parece particularmente relevante y sé que ha sido objeto de examen ya en esta Comisión por lo menos en el trámite
presupuestario de la pasada semana- se han seguido los estudios para dar el paso eventual a una segunda fase de este proceso de implantación en Canarias; estudios que tienen además como acicate el hecho de que las pruebas de campo que se han
realizado en la oficina del programa SIVE desde que empezó esto en el año 1999 han determinado que, frente a las previsiones iniciales, que ya mencioné, de que el alcance máximo podría ser de seis kilómetros para la detección de embarcaciones
pequeñas, con las mejoras realizadas por los ingenieros


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ha resultado que el sistema está permitiendo, operando en circunstancias normales, situar ese alcance en 25 kilómetros, es decir, cuatro veces más que las previsiones iniciales. Esas circunstancias sobrevenidas, y otra serie de valoraciones
y ventajas que se han ido estimando en la puesta iniciática de las primeras medidas tanto en la Península como en Canarias -las menciono porque son interesantes- suponen un ahorro en términos globales, consiguen dar cobertura a la totalidad de la
costa oriental de la isla de Fuerteventura, van a permitir el ahorro de efectivos en el funcionamiento del sistema y otras más de orden menor. El caso es que esto ha llevado a prever una segunda fase, como antes comenté, en la que, junto al
despliegue actual por unidades móviles, se pretende, cuando menos en Fuerteventura, la implantación final del modelo ya implantado en la zona del Campo de Gibraltar, es decir, de instalaciones fijas, con su centro de mando y control correspondiente,
también en Canarias y en Fuerteventura. Como quedó puesto de relieve en el debate presupuestario -tampoco insistiré en ello porque SS.SS ya lo conocieron-, en las previsiones de medios económicos a tal fin para el próximo ejercicio están ya las
partidas correspondientes para finalizar el proceso de implantación en los términos que inicialmente se había previsto y para iniciar la segunda fase a la que acabo de referirme. Como me han pedido el detalle de los medios concretos y de por dónde
irá ese proceso, les diré que ha partido de esas nuevas previsiones y que el soporte constará de tres subsistemas: sensores, comunicaciones y mando y control. El sistema de sensores se constituirá sobre tres estaciones sensoras, de las mismas
características que las instaladas en las unidades móviles de vigilancia, con la particularidad de que estarían atendidas por mucho menos personal y se instalarían con carácter fijo en los faros del Puerto del Rosario, la Entallada y Morrojable.
Estas ubicaciones permiten la cobertura total de los 150 kilómetros de la costa oriental de la isla y ofrecen las condiciones necesarias de infraestructura y seguridad, por lo cual hemos iniciado ya los contactos con el organismo autónomo Puertos
del Estado para obtener la autorización que permita su instalación. En cuanto al subsistema de comunicaciones, requerirá la instalación de radioenlaces suficientes para trasladar las señales radar y las imágenes obtenidas por los sensores
optrónicos hasta el centro de mando y pretendemos instalarlo sobre la base de los repetidores actualmente existentes. Por último, el subsistema de mando y control se materializará en la instalación de un centro de mando y control, en principio en
el cuartel del Puerto del Rosario, tal y como les comenté anteriormente.
Creo que con esto están expuestos los elementos centrales de la situación de la implantación del SIVE en Canarias.



El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.



El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor secretario de Estado para la Seguridad, bienvenido a los trabajos de esta Comisión. Dado que, si tenemos memoria, esta es su primera comparecencia en un acto ritual de control parlamentario, que, después de
todo, bajo esa categoría puede englobarse esta modalidad de actuación parlamentaria que es la comparecencia en Comisión, al margen de la primera comparecencia para explicar los presupuestos del departamento para el próximo año, permítame que
exprese, como es de cortesía parlamentaria, no sólo la bienvenida sino también los mejores deseos para el ejercicio de sus responsabilidades. Si no fuera sólo cortesía parlamentaria, lo haría igualmente, porque el objeto de la comparecencia es, una
vez más, la inmigración. Siempre viene, regresa y nunca es la última vez, porque es un asunto que, sin demagogia, nos va a acompañar durante unos años, nos va a causar mucha preocupación, nos la causa ya, y en el que es necesario el concurso de las
mejores capacidades de los representantes de las fuerzas políticas y sociales para ofrecer tranquilidad, serenidad en el encuadre, en el enfoque y, sobre todo, en la conducción del desafío del problema. Esto es especialmente así en Canarias, y este
diputado que le habla lo es por la provincia de Las Palmas, donde este problema se vive con especial intensidad y en ocasiones con dramatismo. Por tanto, en el Grupo Parlamentario Socialista somos muy conscientes -lo hemos sido a lo largo de esta
legislatura- de hasta qué punto este es un asunto que conviene sustraer de la agenda caliente de la confrontación, de la crispación; es un asunto sobre el que hemos apostado constructivamente por sustraerlo de la confrontación más miope, la
dimensión, si se quiere, más regateadora de la acción parlamentaria y de la acción política, para intentar sentar las bases para un manejo inteligente de la cuestión y, sobre todo, para una conducción que dé una respuesta satisfactoria a la
inquietud que provoca en la ciudadanía.



La ciudadanía de la provincia de Las Palmas está, lógicamente, especialmente concernida. La provincia de Las Palmas tiene tres islas, dos ellas, Fuerteventura y Lanzarote, muy tocadas por la presión de la inmigración irregular, en especial
Fuerteventura, por ser la más próxima a la costa norteafricana. Por consiguiente, es lógico que la perspectiva de la implantación de este sistema integral de vigilancia exterior en el Estrecho, como se le denominó en su origen de forma reveladora,
aunque en la medida en que se ha ido implantando ha ido ampliando su comprensión para abarcar también el archipiélago canario, haya suscitado expectativas de que la situación mejore. Pero lo cierto es que cada vez que este asunto regresa al
Parlamento, no podemos constatar con alegría que la situación esté mejorando.



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Por el contrario, normalmente las comparecencias están solicitadas desde la constatación de que esa preocupación crece porque el problema no va a mejor. Al menos en sus manifestaciones externas, el problema no ha ido sino a peor. Da la
impresión de que los años perdidos, la imprevisión y el hecho de no haber previsto a tiempo cuánta dimensión podía adquirir el problema están perjudicando ahora la eficacia real de los instrumentos que se están diseñando e implementando. Este es el
caso de este Sistema Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, a pesar de su ambición conceptual y operativa.



Sabemos, porque ha venido al Parlamento en distintos actos de control, que este sistema se diseñó pensando esencialmente en lo que se denominó entonces, con una ambición que no ha resultado contrastada por la realidad, el blindaje del
Estrecho. Se pretendía blindar el Estrecho con un diseño tecnológicamente muy sofisticado de detección temprana de la emisión de embarcaciones de pequeñas dimensiones desde el lado norteafricano del Estrecho con destino a nuestras costas. Se nos
explicó que, precisamente por su ambición y por su sofisticación, el sistema requería de una pauta en fases, de un esquema por el cual tenía que haber en primer lugar una fase, que comprendió los años 1998 y 1999, de estudios preliminares para la
definición de la respuesta; en segundo lugar, una fase, de los años 1999-2000, para la implantación de lo que se ha denominado un centro prototipo de control del estrecho, y, en tercer lugar, una fase de implantación plena del sistema, con las
correspondientes dotaciones presupuestarias. En los años 2000 y 2001 ha habido comparecencias de diversos responsables del Ministerio del Interior: en su comparecencia para explicar su programa de actuación, el ministro del Interior, señor Rajoy,
su predecesor en el cargo, el señor Morenés y el director general de la Guardia Civil, señor Valdivielso, nos han expuesto la implantación progresiva de este sistema y nos han explicado en cada una de las ocasiones dos aspectos: uno, el retraso en
relación con las previsiones originalmente planteadas y, otro, el relativo fracaso, es decir, la constatación de que, a pesar de que con esa terminología a menudo críptica pero, en todo caso, altisonante y grandilocuente que alude a instrumentos
tecnológicos de alta sofisticación, lo cierto es que las pateras siguen llegando. Por tanto, podemos constatar que, a pesar del esfuerzo desplegado, el resultado por el momento está consistiendo mucho más en un incremento de la capacidad operativa
de las unidades de la Guardia Civil, que están puestas a cubierto de este diseño, el SIVE, de esperar a pie de orilla a las pateras que en cumplir el efecto que inicialmente cabría esperar, que era la respuesta rápida, la interceptación temprana,
incluso antes de que pudiesen alcanzar la línea divisoria de las aguas jurisdiccionales entre los países fronterizos de Marruecos y el Reino de España y, consiguientemente, su devolución. Es un intento extremado al límite de lo posible de que la
embarcación interceptada en el mar, después de recibir la atención humanitaria, pudiese regresar por donde había venido y, por tanto, no se incrementara la cuota de presión de inmigración irregular que por esa vía viene soportando de manera
imparable, siempre creciente, España, la sociedad española y muy en particular las provincias territorialmente más próximas a la frontera sur no sólo de España, sino también de la Unión Europea, que son Andalucía y Canarias.



Lógicamente, como diputado por Las Palmas, me centraré en la solicitud de información adicional sobre la situación en Canarias. Efectivamente, usted ha descrito en qué consiste el SIVE: en un intento de incrementar los medios personales,
materiales y tecnológicos y la capacidad operativa de la Guardia Civil, para producir un control efectivo de la frontera exterior, y que inevitablemente está requerido de un aspecto que viene en los últimos tiempos padeciendo un déficit que debe ser
superado y para el que continúa siendo necesario el concurso de todos los actores implicados. Es el déficit que concierne a la cooperación con los países fronterizos, y muy particularmente con el Reino de Marruecos, que desde luego no pasa por un
buen momento, y sin el cual no resultará fácil apuntar un horizonte esperanzador de reconducción positiva de esta presión y, consiguientemente, de la tensión que genera en las sociedades a las que afecta de manera más inmediata. Pienso, desde
luego, en las sociedades de la isla de Fuerteventura y de Lanzarote. Por tanto, mi primera constatación es que el SIVE ha venido retrasado a Canarias en relación con el diseño operativo que se proyectó sobre el Estrecho, y eso quizá ha tenido una
consecuencia que es empíricamente constatable, la de que, habiéndose esgrimido que se ponía en marcha sobre el Estrecho, se ha colocado en el foco preferencial de esta presión al archipiélago canario, a la frontera canaria, a las islas de
Fuerteventura, Lanzarote y en menor medida, pero también afectada, porque ya están llegando pateras, a la isla de Gran Canaria, que, por ser más distante de la costa norteafricana, parecía más guarnecida frente a esta presión. Se trataba, por
tanto, de instalar, invirtiendo los recursos necesarios, sensores en disposición de activar una alerta temprana y poner en marcha un mecanismo de respuesta. Es decir, no se trataba solamente, desde el punto de vista técnico, de asegurar una
detección temprana, en lo que usted ha denominado unidades móviles y que estamos interpretando como radares instalados en plataformas móviles, radares instalados en furgonetas o en vehículos que recorren la costa intentando detectar la emisión de
las pateras desde la costa vecina y, consiguientemente, la respuesta operativa. Pero la constancia que tenemos los ciudadanos que residimos en Canarias de cómo está funcionando realmente este operativo no es esperanzadora ni arroja un resultado que
esté marcando realmente una diferencia con respecto de la


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pauta de incremento de presión que se viene resistiendo, lo que consiguientemente, no desactiva la preocupación. Efectivamente, en la isla de Fuerteventura existe una patrullera de la Guardia Civil que continúa conviviendo con otras dos
averiadas, que no están en funcionamiento, de acuerdo con las informaciones más actuales de que dispone el Grupo Parlamentario Socialista. Hay también un radar en dicha isla que está operado por dos funcionarios especializados que han recibido la
correspondiente formación de la Guardia Civil, lo cual no supone una dotación de personal muy espectacular en términos de plantilla, ya que coloca al operativo ante la contingencia de que tan sólo con que estos operarios tengan que disfrutar sus
horas de descanso o sus días de permiso semanales o sus vacaciones, el radar deje de cumplir la función para la que se requirió. No existe radioconexión de ese radar con un verdadero sistema. Por tanto, no existe un mecanismo análogo al que se ha
implantado en el Estrecho, cuyos resultados, subrayo una vez más, no pueden ser considerados espectaculares porque las pateras siguen cruzando el Estrecho. Pero fundamentalmente no ha producido el efecto esperable de que, a través de ese sistema de
detección temprana, la respuesta consista en que un helicóptero, una patrullera, una lancha guardacostas, en definitiva, en que una unidad en el mar sea capaz de interceptar la llegada de visitantes que no son bienvenidos y ponerles de nuevo en la
ruta, después de haber efectuado, en su caso, las prácticas de atención humanitaria.



Por lo anteriormente expuesto, mis preguntas tienen lógicamente que centrarse en primer lugar en el balance de la situación, al margen de los datos que en teoría, y muy bien puestos en razón desde el punto de vista técnico, acabamos de
escucharle exponer; en segundo lugar, en la previsión de medios que contempla el Ministerio del Interior para que este operativo trascienda de esta teoría y de este escenario de buenas intenciones y se realice en la práctica y cumpla la función
para la que ha sido concebido, y en tercer lugar, en concreciones en términos de ejecución presupuestaria, que ha vivido retrasos que afectan de manera ya muy específica a la previsión recientísima de puesta en marcha de las unidades móviles de
vigilancia y de interceptación específicamente destinadas a la protección de la frontera exterior canaria. En tiempo muy reciente -estoy hablando de 30 de octubre del año 2001- en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, su
predecesor en el cargo, el señor Morenés y también el señor López Valdivielso, con muy pocas fechas de anterioridad, expresan el compromiso de que las dos unidades móviles complementarias de vigilancia entrarían en servicio en el mes de agosto de
2002. Según infiero de su exposición, eso no ha sucedido todavía y nos encontramos ante una nueva prórroga -estamos hablando de finales del 2002, incluso le he escuchado decir principios de 2003 como fecha posible- para la entrada en servicio de
esa unidad móvil de vigilancia costera, a la que supuestamente se iba instalar un sistema optrónico para vigilancia permanente 24 horas al día, día y noche, que garantizase la detección temprana. Al mismo tiempo se anunciaba el pasado mes de
noviembre que se pondría a disposición de las unidades de la Guardia Civil un conjunto de instrumentos operativos: un helicóptero BK-117, que decía en información parlamentaria que entraría en funcionamiento el primer trimestre del año 2002, con
equipamiento optrónico, equipamientos portátiles, motos Quad, equipos reflectantes, linternas, prismáticos y focos de luz. Todos estos instrumentos deberían estar ya no solamente detectando que la patera viene, sino también garantizando la
capacidad de respuesta y, por tanto, impidiendo que llegue, cambiando el curso de esta presión, siempre creciente, de tal modo que el mensaje disuasorio de que el sistema esté funcionando tenga su efecto en las mafias que trafican con personas y por
tanto produzcan una inversión de la tendencia. Pero esa inversión, como subrayo, no se está produciendo en Canarias.



El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, concluya, por favor.



El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.



La cosa es que la presión crece continuamente; hay días en que llegan varias pateras a la costa de Fuerteventura, y la sensación de los habitantes de Fuerteventura, que han visto cambiar dramáticamente la estructura demográfica de la isla,
es la de que la misma está siendo literalmente invadida sin control -reproduzco sus sentimientos- y sin respuesta del Estado. El nuestro es un Estado de las autonomías, y hay una estructuración de responsabilidades y competencias administrativas
que todos conocemos. Ahora bien, si hay una competencia que distingue irrenunciablemente la pervivencia del Estado, legitimando por consiguiente su continuidad, esta es la de defensa de las fronteras exteriores. Cualquier canario comprenderá, por
poco instruido que esté en la distribución de competencias dentro del Estado autonómico -y a pesar de que allí es mucha la confusión y hay diatribas interinstitucionales por a quién corresponde hacer qué- que, si alguna asistencia cabe esperar del
Reino de España -del Gobierno de España, del Estado español-, es la protección de la frontera exterior; es decir, una respuesta operativa eficiente frente a esa sensación de desprotección al ver que las pateras llegan todos los días a las playas,
trayendo mucha gente y sin control.



De manera que le invito, señor secretario de Estado, a que reflexione en su segundo turno sobre este plan que se ha venido implementando durante varios años -al menos cuatro- y que tenía como objetivo preferente la protección del estrecho,
la protección de la frontera andaluza. El plan no funciona adecuadamente,


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puesto que Andalucía no está blindada frente a esta presión. ¿Qué cabe esperar, entonces, para una frontera como la de Canarias, mucho más vulnerable por la extensión del mar territorial que separa el Reino de España de Marruecos en esa
área? ¿Qué medidas se van a adoptar para que esas previsiones no sufran ningún retraso y empiece a notarse en Canarias una inversión de la tendencia? ¿Qué se puede esperar de una verdadera política común de protección de fronteras, en el marco de
la construcción europea y teniendo en cuenta los compromisos que se han asumido y que se han plasmado en los documentos producidos por la Unión Europea desde 1999 hasta la fecha? Yo diría que se espera que aporte recursos financieros a España y
contribuya a imprimir una inflexión sobre la presión creciente, lanzando un mensaje claro a las mafias que operan en el norte de África.
Estas tienen que saber que la situación está cambiando y que nuestra frontera no seguirá siendo vulnerable,
como lo es hasta la fecha, ni producirá el mismo sardónico efecto llamada. Y es que, en este momento, lejos de interceptarles en el mar -que era, supuestamente, la intención del sistema integrado de vigilancia exterior-, lo que se da es atención
humanitaria en la playa, que constituye la garantía de que, al final, la operación les ha salido bien.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quiero también dar la bienvenida a estos trabajos parlamentarios al secretario de Estado de Seguridad, señor Astarloa. Le deseo la mejor fortuna en su
nueva responsabilidad, y le anuncio ya, en nombre de mi grupo, que dispondrá de nuestro apoyo y colaboración para superar todas las dificultades que problemas como este plantean.



Nos encontramos ante un problema de muy difícil solución desde el punto de vista físico y técnico. En 1995 se produjo la llegada de la primera patera a las costas canarias. La vigilancia del Estrecho obligaba ya a las mafias -y a los
desesperados a la búsqueda de un nuevo horizonte laboral y de mejor calidad de vida- a atravesar las aguas entre la costa sahariana o marroquí y Canarias. En ese momento se planteó el primer problema: aumentar la vigilancia del Estrecho era
desviar el flujo hacia las proximidades, como ocurre con cualquier caudal.



Se ha hablado aquí de dos problemas técnicos: el problema del Estrecho, donde la vigilancia se lleva a cabo con instrumentos de detección que ahora alcanzan 25 kilómetros en vez de los 6 que alcanzaban, como ha señalado el señor Astarloa, y
que pueden cubrir prácticamente toda la extensión entre la costa marroquí y la de Tarifa, Cádiz. Parece sencillo y, sin embargo, nos damos cuenta de que, pese al reforzamiento, estos días llegan más pateras a las costas de Tarifa que a Canarias.
Los que hemos visitados estos centros nos damos cuenta de que detectar una patera no es tan fácil; es un navío de perfil bajo, cubierto muchas veces por el oleaje y protegido, por tanto, del barrido electrónico de los radares. En este punto se
presenta el primer problema: la técnica permite controlar 25 kilómetros en el Estrecho y los mismos 25 kilómetros en Canarias; pero la patera que viene de Marruecos atraviesa un espacio de entre 10 y 25 kilómetros en el Estrecho, mientras que por
los mares canarios tiene que atravesar 100 kilómetros. Los patrones informan, en sus declaraciones ante la Policía Nacional, que hacen la travesía por la noche para orientarse por las luces del faro de Fuerteventura, y en ese momento la vigilancia
visual de la Guardia Civil no puede operar. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento explícito a los hombres y mujeres de la Guardia Civil por el esfuerzo personal, humano y técnico que hacen en el SIVE de Canarias.



En este punto quiero hacer una primera sugerencia al señor secretario de Estado: sería buena idea organizar una visita de portavoces y miembros de esta Comisión de Interior a los SIVE más próximos, o incluso a los de Fuerteventura para los
diputados canarios, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Así podríamos ver de cerca la complejidad técnica y operativa de la detección. En segundo lugar, convendría tratar de incrementar la colaboración con otros servicios. Por
ejemplo, Italia emplea a su marina de guerra para la detección de barcos de inmigrantes que llegan de la costa albanesa -y no para labores de captura-. Se ha sugerido que, por la distancia de las aguas canarias, la marina de guerra podría hacer
determinadas labores de detección. No olvidemos que lo que hace el SIVE es detectar, mientras que la Guardia Civil sale al encuentro de las pateras. Y aquí se plantea igualmente otra cuestión: si se intercepta una patera en alta mar, ¿qué se hace
con ella? ¿Obligarla a volver a la costa marroquí o sahariana, o capturarla y llevarla a tierra? No es un problema fácil de resolver. Nosotros nos inclinamos a que, una vez detectada, se la espere en la costa y allí se capture a los inmigrantes
ilegales. El problema es de una complejidad tremenda.



Ahora bien, si hablamos de la base material de medios humanos y técnicos, mi grupo quiere decir que ha encontrado receptividad y acogida en el Ministerio del Interior. Y no me refiero ahora al delegado del Gobierno para la Inmigración, don
Ignacio González, sino a las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, señor Astarloa. Precisamente, este diputado que les habla interpeló la semana pasada a la señora subsecretaria del Interior, en su comparecencia ante esta Comisión
para presentar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, sobre el compromiso del Gobierno desde hace varios años en cuanto al denominado Plan de seguridad para el archipiélago


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canario. Este plan, que tenía una dotación inicial de 500 millones de pesetas -se ha mantenido el equivalente en euros-, está dedicado al reforzamiento de los cuarteles y al material de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, como
explicó la señora subsecretaria. Los medios con que cuenta la secretaría de Estado para atender a las adquisiciones de helicópteros, lanchas rápidas o patrulleras y material electrónico y óptico del SIVE, incluidos los radares tanto móviles como
fijos, están en el programa 221.A, en el servicio 16.02 de la Secretaria de Estado de Seguridad, dotado para el próximo ejercicio económico con 57.838.000 euros. Quiero instar al señor secretario de Estado a que dedique estas partidas
fundamentalmente al equipamiento pleno del SIVE.



Nosotros entendemos que en este momento se están haciendo los esfuerzos máximos. Posiblemente habría que pedir una colaboración como la que se está teniendo con la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, que hace unos días ha
entregado una patrullera financiada con cargo a programas y presupuestos de la propia secretaría; es una patrullera para la Guardia Civil a efectos de toda la vigilancia que incluye la regulación de seguridad de las costas, evitar la pesca ilícita,
etcétera, en colaboración con el Gobierno de Canarias. Desearíamos que estas patrulleras tuvieran esa finalidad fundamental; se ha entregado incluso en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, aunque puede prestar servicio en todos. Mi grupo apoyará
toda política que vaya a incentivar estas aportaciones. Hace unos años ya hubo un ejemplo en el Cabildo de Tenerife al incluir en sus presupuestos la adquisición de vehículos y sistemas de comunicación sobre todo para la Guardia Civil, pero también
para la Policía Nacional, con el fin de compensar insuficiencias que pudieran venir en los Presupuestos Generales del Estado, dentro del Ministerio del Interior. Vuelvo a decir que la finalidad del SIVE es tratar de paliar con medios técnicos un
problema que tiene una complejidad tremenda. Si mañana el Gobierno marroquí quisiera cortar la salida de pateras, al menos de las que salen de las playas de El Aaiún, con los efectivos del ejército marroquí, de la gendarmería que hay en el antiguo
Sáhara occidental español, el problema se acabaría y no habría necesidad de poner ni un solo radar más del SIVE; quedaría el tema en el recuerdo histórico de operaciones de la Benemérita a este respecto.



Estas son las ideas y aportaciones que nosotros queremos hacerles, señor secretario de Estado. Creemos que se están haciendo los esfuerzos, pero -vuelvo a decir- la prueba de la dificultad y de la complejidad técnica es que, a pesar de toda
la dotación de medios que tiene el SIVE del Estrecho, estamos viendo la llegada de pateras incluso con circunstancias trágicas como las ocurridas últimamente en los acantilados de la provincia de Cádiz, con más de una docena de muertos,
lamentablemente.
Hay una serie de limitaciones, de imposibilidad técnica, electrónica y física; hay que detectar y dejar llegar la patera a tierra para proceder a la captura de sus ocupantes. En estos días mi grupo también apoya al Gobierno en
las modificaciones del Código Penal, señor secretario de Estado. Como se ha indicado ya en Bruselas, habría que subir las penas a los patrones de las pateras y, en el caso de España, endurecer esas penas de prisión que, como sabe usted, ahora es de
dos años; incluso Bruselas ha recomendado que se pase a seis u ocho años de prisión porque actuaría como efecto disuasorio. Tenemos que actuar también por esa vía y sabe el señor secretario de Estado que tiene el apoyo de nuestro grupo para hacer
las modificaciones penales correspondientes, tanto en Ley de extranjería como en la modificación directa del Código Penal, con el fin de endurecer las penas, ya que se ha visto que la pena máxima de dos o tres años de prisión que se puso para estos
patrones de las pateras no está alcanzando el efecto disuasorio que tiene que tener para evitar el tráfico que realizan las mafias.



Por lo demás, nosotros apoyamos que con cargo a los presupuestos de este ejercicio se aumente en dos unidades móviles más la dotación del SIVE en Canarias, una más para Fuerteventura y una más para Lanzarote.
Igualmente, mi grupo está
también apoyando al Gobierno en la reivindicación -y así se lo hemos hecho constar al ministro del Interior- de la zona fronteriza. La Unión Europea, como acaba de decir el propio ministro del Interior hace apenas unas horas, tiene que tomar cartas
de cooperación económica y financiera en la creación de una policía de fronteras de la Unión Europea y también subvenir a los costes y gastos que España, en nombre de la Unión Europea, sobre todo en el área Schengen, está haciendo una vez que
desembarcan esos inmigrantes, ya que si no son capturados por las fuerzas de seguridad españolas van con destino a Francia, Suiza, Holanda, Bélgica e incluso Reino Unido. Por tanto ese principio de solidaridad debe existir.



Mi grupo apoya la línea de actuación y de inversión que se está haciendo con el SIVE. Sabemos que no es un sistema perfecto y que no podemos llegar a una especie de sistema de vigilancia electrónica total y absoluta porque es imposible, no
ya presupuestariamente; es imposible que el barrido electrónico de los radares detecte las embarcaciones porque las ocultan las olas de la marea. Deseamos que se complementen las otras actuaciones y esperamos que el nuevo primer ministro marroquí
aborde el tema una vez que se reanuden estas cuestiones con España para que una parte técnica del problema no sea la que tenga que soportar, como se ha visto en el Estrecho, estas cuestiones. Entendemos que la dotación presupuestaria que va a haber
el año que viene es un avance significativo y, como se respeta el plan de seguridad para el archipiélago canario, nosotros aportaremos nuestra colaboración,


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señor secretario de Estado, en la medida que entre todos podamos contribuir a paliar el problema.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Como decía el señor secretario de Estado, con voluntad de síntesis, comenzamos por darle la bienvenida a esta Comisión en su primera comparecencia ordinaria de control.



Ciertamente, el asunto que nos convoca es un asunto importante, la prueba de ello es que sobre los elementos generales del programa y sobre aspectos parciales de su dimensión técnica y territorial hemos hablado con asiduidad en esta Comisión
y, sin lugar a dudas, seguiremos hablando de ello. Creo que es importante recordar, en el marco de algunas de las reflexiones que se han hecho esta mañana y especialmente en la propia dimensión del programa SIVE, que este es un programa que cumple
una función operativa de vigilancia exterior, sin duda, pero también es un programa que está salvando vidas. Nunca conviene olvidar este aspecto sustancial de la cuestión, sobre todo, insisto, a la hora de formular determinados análisis y de llegar
a algunas conclusiones. Por lo mismo, la efectividad del programa -lo ha recordado el señor secretario de Estado- requería, requiere y seguirá requiriendo en el futuro planteamientos individualizados conforme a las diferentes características de las
distintas zonas y a las presiones que en un momento determinado se puedan observar sobre unas o sobre otras. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Esto es exactamente lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que
se seguirá haciendo también en Canarias (de una forma, como ha relatado el señor secretario de Estado, minuciosa) con la implantación presente del programa SIVE y con las previsiones inmediatas de futuro señaladas también esta mañana por el propio
secretario de Estado. Desde nuestro punto de vista, la segunda fase prevista en Fuerteventura combinando unidades móviles y fijas coadyuvará a la mejor operatividad del sistema, tanto en su dimensión humanitaria como en su dimensión funcional.
Coincidimos, cómo no, de pleno derecho con el señor López Aguilar cuando señala que el análisis del fenómeno inmigratorio, de todas sus derivaciones y consecuencias, es un asunto -y cito literalmente al señor López Aguilar- que conviene sustraer de
la confrontación más cortoplacista y más miope. Sin duda, eso es así, y frente a esa afirmación nosotros no podemos sino expresar el deseo plenamente bienintencionado de ver si todos andamos ese camino, y nosotros, desde nuestro punto de vista,
llevamos un buen trecho recorrido en el mismo.



Sin embargo, a partir de esa afirmación, se nos dice hoy que la situación no mejora; se nos establece esa conclusión en términos absolutos, categóricos y sin ninguna precisión de detalle. Frente a una afirmación de ese estilo y de ese
tono, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la situación que no mejora? ¿La general de la inmigración ilegal sobre Canarias o la de la implantación del SIVE, que es el objeto de la comparecencia de hoy? Se nos dice que se han perdido años
por imprevisión y que este programa ha venido retrasado en lo que afecta a su implantación en Canarias. Desde luego, tenemos que volver a preguntarnos, ¿desde cuándo se han perdido años por imprevisión? Porque no hace muchos años no existía un
blindaje del Estrecho ni un blindaje de Canarias.
Antes ni siquiera había patrulleras de la Guardia Civil que pudieran ser operativas en las características del mar de Canarias y precisamente se tuvieron que cambiar por otras que pudieran ser
operativas con las características de ese mar.



Se imputa el hecho de que la implantación del programa SIVE no comenzara en Canarias al mismo tiempo que comenzó en el Estrecho, y vuelvo a referirme a las características ya señaladas del programa en cuanto a sus planteamientos
individualizados. Como es natural, se comenzó por el Estrecho porque era ahí donde estaba la presión. En cuanto esa presión se trasladó también a Canarias, probablemente por comenzar a ser efectivos los elementos de presión, control y vigilancia
que ya se estaban poniendo en marcha sobre la zona del Estrecho; en cuanto esa presión comenzó a atisbarse también en Canarias, el planteamiento individualizado del SIVE permitió comenzar a realizar, a su vez, un planeamiento general para tratar
también de blindar la zona de mayor presión de la inmigración ilegal próxima al archipiélago canario.



Se nos dice que a pesar del supuesto -se ha empleado esa expresión- esfuerzo tecnológico, las pateras siguen llegando, y se imputa el planteamiento táctico, desde la posición de quien lo imputa -para nosotros es un planteamiento
profundamente humanitario-, de esperar las pateras a pie de orilla. Yo creo que se ha explicado hasta la saciedad en los innumerables debates que ha habido en esta Comisión a propósito de este asunto que cierto es que existe un deber y un
compromiso efectivo de realizar esas tareas de vigilancia y control, pero que no pueden estar desligadas de unas razones profundamente humanitarias. Si algunos conocieran las experiencias concretas que se viven en aguas del Estrecho, en aguas de
Canarias, cuando se produce el encuentro entre las unidades de vigilancia exterior y las pateras, comprenderían que en muchísimos casos la imposición -y expreso con conciencia ese término- de un deber humanitario -que debe prevalecer sobre cualquier
otra consideración- obliga a que, efectivamente, evaluando en cada caso la situación, sea necesario muchas veces (en función de ese deber humanitario y de la voluntad del Estado español, estoy seguro que eso es algo que comparten todas las fuerzas
políticas; de salvar vidas, es decir, de no victimizar aún más a


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quienes ya son víctimas de una presión y de un juego de mafias) que esas pateras y sus ocupantes sean esperados -entre comillas- en tierra firme para evitar innumerables tragedias. Sin embargo, se insiste en que se impida que lleguen las
pateras controladas a tierra. Yo pregunto: ¿cuál es la alternativa que se nos propone? ¿La alternativa es la de crear el muro marítimo que haga que esas pateras en alta mar vuelvan, regresen, den la vuelta a costa de saber que ese viaje de
regreso va a comportar la pérdida de muchas vida humanas? ¿O es que no se sabe que muchos de los ocupantes de esas pateras, cuando se ha producido el caso de presionar sobre los patronos porque las condiciones en ese momento del mar permitían sin
riesgo para las vidas de estas personas que pudieran hacer el viaje de regreso, se ignora que los propios ocupantes de las pateras, ante el horizonte del regreso, se tiran directamente al mar? Creo que es una cuestión en donde no conviene en modo
alguno simplificar y en donde es necesario conjugar, como se está haciendo, desde nuestro punto de vista, ese deber de vigilancia de la frontera exterior con las razones profundamente humanitarias que devienen de la propia tragedia de las personas
que tratan de introducirse ilegalmente en nuestro país.



Se ha comentado esta mañana también, en un cierto tono de imputación, que la cooperación con Marruecos es un déficit importante en esta cuestión.
Nosotros decimos, desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, que se han hecho y se
están haciendo esfuerzos políticos y técnicos importantes con el Reino de Marruecos. Decimos con claridad que los déficit que se hayan podido producir y que existan en este momento no creemos que sean imputables en modo alguno a la parte española,
puesto que la parte española, de manera reiterada y activa, ha expresado su voluntad de mantener relaciones estrechas y cordiales con el Reino de Marruecos, como corresponde a razones de vecindad y a razones históricas.
Sin embargo, a pesar de que
algunos han tratado esta mañana de poner un cierto acento pesimista sobre el horizonte de esa relación, nosotros seguimos pensando que el horizonte de esa relación es esperanzador porque lo situamos en esa reiterada voluntad de la parte española de
conjugar unas relaciones estrechas y cordiales, y porque preferimos quedarnos -y ahí situamos también nuestro acento esperanzador- en el marco también esperanzador de la muy reciente declaración del Reino de Marruecos.



Se han hecho otras divagaciones varias, pero desde nuestro punto de vista decir que el SIVE es un fracaso nos parece que es un planteamiento erróneo; decir que no hay mensajes coactivos sobre las mafias nos parece que es un planteamiento
erróneo; intentar simplificar la cuestión generalizándola y diciendo que en ningún caso se debe dejar que las pateras arriben controladamente a tierra y que se debe establecer ese frontón marítimo en aguas límites de jurisdicción española para que
esas pateras den la vuelta en el mar, establecer ese planteamiento generalista nos parece que es también una conclusión profundamente errónea. Por cierto, nos parece también que desde la dimensión y la importancia de una fuerza política como el
Grupo Socialista y el Partido Socialista Obrero Español, cuyas opiniones son de gran peso y de gran dimensión y alcance internacionales, insistir como se ha hecho esta mañana en el discurso de que la vigilancia de la frontera exterior es una
competencia del Estado nos parece que es también erróneo en términos de interés nacional, porque lo que conviene, en todo caso, es insistir en que, sabiendo que esa es una competencia que afecta al Estado español, es también una competencia que
afecta al conjunto de la Unión Europea por nuestra condición de frontera sur, y que conviene en todo punto y en todo foro y en toda circunstancia repetir a nuestros socios y amigos de la Unión Europea que este no es un problema cuya dimensión se
deba dejar sólo a la respuesta del Estado español, que este es un fenómeno que afecta al conjunto de la Unión y que, por tanto, el conjunto de la Unión, en términos políticos y en términos prácticos, tiene que estar también profundamente vinculada a
esta cuestión.



Agradezco desde la perspectiva de mi grupo el análisis que ha hecho el señor Mardones, que nos parece más objetivo y más realista que otro. Y al final, concluyo con las propias palabras del señor López Aguilar: no caigamos en análisis
cortoplacistas y miopes, situémonos en esa dimensión que el propio portavoz socialista señalaba, sustraigamos este asunto de la confrontación, porque así lo requieren, sin lugar a dudas, los intereses de España.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad para responder a las cuestiones planteadas.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Empezaré por decir que, dentro de las muchas cosas que se han planteado, hay una sobre la que me gustaría hacer un balance general: el objeto de la comparecencia es el
que es, es decir, examinar con detalle y evaluar la funcionalidad y la eficacia de los medios puestos a disposición y de los medios que se seguirán poniendo a disposición para desarrollar el SIVE en Canarias, y entiendo -con las precisiones que
luego haré, sobre todo en relación con la intervención del señor López Aguilar- que con algunos matices, que intentaré aclarar, el punto concreto de referencia de la comparecencia, es decir esa evaluación, registra un examen, un análisis compartido
con el que ha hecho este secretario de Estado. Es decir -insisto que con los matices que ahora trataré de aclarar-, tenemos encima de la mesa un sistema que se está desarrollando bien, cuyas características técnicas están mejorando y parece que se
están mejorando bien y que va a surtir la eficacia y la funcionalidad para la que ha sido previsto. En la medida en que podemos


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constatar eso, un motivo primero de satisfacción sí que tenemos, y algunos más pretendo añadir en mis restantes palabras.



La verdad es que, en la medida en que el objeto de la comparecencia era ese y el balance -si me lo permiten y lo comparten conmigo- es parecido al que acabo de decir, haciendo uso de mi apreciación inicial en la primera intervención de ser
sintético, podría parar ahí. A partir de ahí se han abierto una serie de reflexiones no menos importantes sobre la cuestión en general de la inmigración en Canarias. En esto ya no les pediré la magnanimidad que pedía al principio de la
intervención, pero les pediré condescendencia e incluso conmiseración porque saben que no es esa mi competencia directa. No obstante, pienso tratar uno a uno todos y cada uno de los puntos que han puesto encima de la mesa.



En primer lugar, expresaba don Juan Fernando López Aguilar una cosa que yo le agradezco, que es, aparte de la bienvenida, sus mejores deseos para mi trabajo. Se lo agradezco de verdad. Sé que lo dice de corazón y sabe que mi agradecimiento
es también de corazón. De su intervención yo me quedaría con la parte en la que usted ha expresado que es especialmente conveniente, por razón del interés general de España, que los temas que usted ha comentado como complemento a los que sobre el
SIVE nos traían hoy aquí se sustraigan de la confrontación. Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que compartimos las características del diagnóstico, las preocupaciones que éste genera, el examen del posible tratamiento del problema y, en todo
caso, el objetivo y la esperanza -palabra que usted pronunció y sobre la que luego volveré- de que con esa política de Estado y con ese compromiso de actuación concertada en aras al interés general vamos a ser capaces en este asunto, como en tantos
otros, de dar una solución al problema. Cada problema tiene su solución, éste también la tiene y vamos a ser capaces de dársela.



Me quedo con esa parte de su intervención porque no comparto la otra, la relativa a que todos los esfuerzos que se van realizando no propician soluciones al problema, que no se producen efectos y que no se desactivan las preocupaciones.
Probablemente lo más incisivo que ha dicho S.S. en esa dirección, y en consecuencia lo que comparto menos, es que no hay un panorama esperanzador, es decir, que pone en cuestión incluso la esperanza de futuro. No comparto esta idea. Espero que
con los elementos que aflorarán en este debate, S.S. comparta lo que voy a decir a continuación y seamos capaces efectivamente de sustraer de la confrontación hasta esos extremos esta política, que debe velar, sin duda, por un desarrollo del
interés general.



Hay tres grandes líneas de apreciación que llevaban a S.S. a esas conclusiones. Usted empezaba diciendo que quizás se ha hecho un planteamiento demasiado ambicioso. Otra conclusión es que esto tarda y que hay poca capacidad de respuesta,
retraso, etcétera. La última es que puesto en ejecución esto no produce unos resultados especialmente esperanzadores. Analizaré cada una de las tres.



La primera cuestión es la relativa a que se han puesto ambiciones encima de la mesa que quizás eran excesivas. Yo creo que no. Sus señorías, que han debatido mucho sobre el SIVE, saben más que yo e incluso tienen las ideas más claras sobre
este punto en la dirección de que los propósitos de un programa de esta naturaleza son los que tenían que ser y se van a cumplir. Insisto en que SS.SS. han vivido esto desde el principio y yo no, pero no creo que el propósito haya sido decir: a
partir de este momento va a ser absolutamente posible impedir la llegada de una sola patera o de un solo barco a nuestras costas. Decía antes el señor Mardones que la complejidad del problema es la que es, pero no sólo está la complejidad física de
cómo se producen los hechos y cómo actúan las mafias traficando con las personas y llevándolas de un sitio a otro, sino que hay que hablar también de la realidad jurídica y esta es que nuestra capacidad de actuación en nuestro mar territorial es
conocida, que sabemos de las imposibilidades de establecer de forma categórica el muro al que se refería el señor portavoz del Grupo Popular e incluso conocemos cuáles son las limitaciones del derecho internacional para la actuación en el mar que no
pertenece a ninguna nación, pero sobre todo conocemos el factor humano. Este factor humano es trágico porque nos enseña que si tenemos la pretensión de que este sistema del SIVE sirva para evitar la llegada -como antes decía- de una sola patera nos
estamos equivocando cien por cien. Como decía el señor Gil Lázaro, el factor humano indica que, ante una situación comprometida de los inmigrantes frente al helicóptero o la patrullera, éstos se tiran al agua, ante lo que entra en juego en toda su
dimensión nuestra capacidad y obligación humanitaria, sin matices ni fisuras. Digo que esto es muy trágico porque -y no voy a insistir en el factor humano más allá de los estrictamente necesario- no es solamente una cuestión de estrategia sino
además de todos los elementos humanos que están detrás de este problema y que al final nos remiten a la idea de la desesperación humana. Usted y yo hemos vivido este verano -y desde este verano otras muchas veces- escenas terribles como, por
ejemplo -y probablemente es el máximo ejemplo que se me ocurre en este momento-, el caso de unos padres que van en una patera con una criatura y cuando ésta cae al agua los padres son los primeros que piden al paterista que continué porque ellos
quieren llegar a donde quieren llegar aun a costa de la vida de su hijo. Esto está explicando el factor humano que hay detrás y está explicando por qué se dice que el SIVE, además -no solamente- de para las funciones para las que ha sido previsto,
está siendo un instrumento humanitario de primera magnitud.



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Vamos a analizar ahora las otras funciones del SIVE porque, además del factor humanitario, tenemos que resolver otros problemas. Tener un sistema que nos permite detectar a la distancia a la que lo permite el SIVE toda la circulación de
embarcaciones es esencial para el sistema de control de la inmigración ilegal de este país. Es verdad que por sí solo no resuelve todos los problemas, pero es un elemento que contribuirá decisivamente -junto con otros que luego comentaré- a
establecer el sistema de control de presente y de futuro que queremos desarrollar en este país para evitar la inmigración ilegal.



El segundo dato que hay que tener en cuenta es que en las pateras hay dos tipos de personas: las que movidos por la desesperación -como antes comentábamos- buscan una nueva vida en otro sitio y las que, pertenecientes a las redes que
promueven y se aprovechan de la inmigración ilegal, trasladan a las primeras. El SIVE está siendo decisivo para intentar acabar con estas personas. Insisto en que no es el único elemento pero sí es un factor que contribuye y va a contribuir a eso.
Aquí se ha hablado en días pasado del número de detenciones de pateristas que se generan como consecuencia de que todas y cada una de las embarcaciones estén localizadas. No hace falta que le diga que lo que les espera es el Código Penal. Hablemos
también de los bienes objeto del delito, en este caso la propia embarcación, y démosle la misma dimensión que acabo de dar a las detenciones en el capítulo anterior. Tenemos, por tanto, un panorama muy importante de cambios y mejoras que -insisto-
no resuelven por sí solas el problema pero que están contribuyendo a ello decisivamente.



En relación con la Unión Europea -los tres portavoces han acabado hablando de este aspecto y yo, en justa respuesta a lo que me han pedido, haré lo mismo- decía el señor Mardones hace un momento que esta cuestión del tratamiento de las redes
del tráfico de seres humanos no es sólo un problema que vayamos a resolver con carácter nacional, sino que ya está aceptado y entendido que es un problema que tenemos que resolver con carácter internacional. Luego comentaré -por hacer las cosas con
un cierto orden- los cambios decisivos que se están produciendo en el seno de la Unión Europea en relación con la decisión de modificación y armonización de todos los códigos penales de la Unión Europea para dar un tratamiento severísimo a las redes
de tráfico de seres humanos. En efecto, la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, que, como saben SS.SS. se ha celebrado el lunes y el martes pasado, ha venido a culminar esfuerzos que precedían a la presidencia española,
y que durante la misma se empujaron con el mayor de los entusiasmos y que han permitido que estuviese lista para su aprobación, en el primer consejo formal de la nueva presidencia danesa, la decisión marco que va a armonizar los delitos cometidos
por las personas que trafican con seres humanos, imponiendo en el ámbito de toda la Unión Europea el que cuando menos las penas correspondientes a estas personas sean de un mínimo de ocho años o, como decía el señor Mardones, de seis años en los
países con códigos penales donde la horquilla de la penalidad no es igual a la que tenemos en España. Claro que el SIVE es un elemento disuasorio para las estas redes. Permite su detención, contribuye decisivamente a la eliminación de los
instrumentos del delito y, además, con el conjunto de otras medidas va conformando un panorama -y vuelvo a utilizar las palabras de S.S.- muy esperanzador.



Sobre el retraso no voy a insistir mucho. Tengo la impresión, aunque puedo estar equivocado, de que no hay una diferencia significativa entre lo que se ha dicho con anterioridad y lo que me ha correspondido decir a mí esta mañana, en la
medida en que a día de hoy el SIVE ya está parcialmente operativo en Canarias. Ya hemos hablado de lo que está en funcionamiento en este momento y de lo que queda de aquí a final de año. En todo caso, tengo la sensación de que se ha puesto una
voluntad extraordinaria en los esfuerzos concretos que se han hecho en Canarias desde 1998 y 1999 -por hacer justicia a las personas que han debido intervenir en todo este proceso tan complejo- para primero la previsión, luego la implantación y
ahora el desarrollo. Y me ha llamado mucho la atención el permanente examen de la situación para ir trazando en fases sucesivas la mejor respuesta del SIVE, concretamente en Canarias. Ésta me parece una labor extraordinariamente fructífera y
añadiría -aunque creo que eso S.S. no lo va compartir- que se ha hecho en un tiempo record, teniendo en cuenta las dificultades que había.



Voy a la tercera de las consideraciones: el fracaso. Yo no creo en absoluto que haya sido así. Y como espero que S.S pueda compartir conmigo los planteamientos a futuro que salen de las palabras que estoy pronunciando, deseo que también
pueda compartir esta cuestión. Hasta ahora he explicado por qué no se puede hablar en modo alguno de fracaso.
Al contrario, pienso que se puede hablar de un sistema que está operativo, que lo va a ser más todavía, y que en una segunda fase va a
ser extraordinariamente operativo. Se trata de un sistema que está produciendo la suma de efectos que yo he comentado y, junto a los demás instrumentos que ahora comentaré, proporciona un panorama muy esperanzador para el tratamiento de la
inmigración ilegal en Canarias. En todo caso, tampoco se puede ligar el éxito mayor o menor de la cuestión a una mayor o menor disponibilidad de medios. En eso sí que quiero tranquilizar a S.S. En primer lugar, porque los medios que se han puesto
hasta hoy son hábiles y útiles para desarrollar las funciones que se habían previsto inicialmente y, en segundo lugar, porque los medios que se pondrán en el futuro inmediato van a incrementar todavía más la potencia y la eficacia del SIVE en
Canarias sin ninguna duda. Estos medios se repasaron en la comparecencia


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presupuestaria de la semana anterior, con lo cual no voy a entrar a dar una relación detallada y cuantificada, SS.SS lo pueden ver en el 'Diario de Sesiones', pero con muchísima rapidez voy a dar algunos cuantos datos del pasado: la unidad
móvil de vigilancia para Fuerteventura, las otras dos, para Fuerteventura la segunda y para Lanzarote la otra, las cámaras de visión nocturna portátil para las patrulleras fiscales, las cámaras de visión nocturna portátil para Las Palmas, el
equipamiento para las patrulleras fiscales territoriales; 11 vehículos todoterreno, tres turismos, motos, cascos, focos, linternas prismáticos, etcétera. En el presente se cuenta con tres cámaras térmicas para patrullas fiscales, un equipo para el
helicóptero IFR, instrumental con infrarrojo para vuelo para Fuerteventura, equipamiento para helicóptero de vuelo sobre el mar, grúa rescate, depósitos auxiliares, equipamiento del helicóptero, equipamiento para las dos patrulleras de Fuerteventura
y un sistema optrónico para la patrullera de Fuerteventura. Estos son los elementos con los que ya contamos para el año 2002. Respecto a lo que se habló para el año 2003 hay una patrullera de altura de 30 metros, el hangar para el helicóptero en
Fuerteventura, la potenciación de capacidades de helicóptero, la potenciación de unidades terrestres para las patrullas fiscales, el despliegue fijo en Fuerteventura, patrullera media de 17,4 metros, un sistema optrónico para la patrullera de
Fuerteventura, etcétera. En definitiva, se trata de un esfuerzo no sólo financiero, sino un esfuerzo técnico máximo para que el SIVE tenga en Canarias toda la potencialidad que queremos que tenga. Pero hay un matiz. Su señoría decía que aunque se
aceptara que todo esto es así, al final acabaríamos recibiendo a las personas a pie de orilla. No. Se les recibirá donde sea: a pie de orilla o a pie de ola. La experiencia nos está demostrando que es sobre todo a pie de ola porque, al final, la
detección lleva a que los equipos y unidades acudan y a veces tenemos la posibilidad - no digo la necesidad, a la que me refería antes- de resolver el factor humano y de salvar muchas vidas.



Antes decía que coincidamos en la esperanza con el SIVE en sí mismo, más todo lo demás, pues entre todos le vamos a dar solución al problema.
Además de los elementos que se han ido señalando aquí, déjenme que mencione otros dos, volviendo a
la intervención del señor Mardones: el plan Canarias, las previsiones incluidas en el presupuesto para Canarias de tres millones de euros por un lado, más los que se asignen en las restantes partidas presupuestarias, que sinceramente significan un
grandísimo esfuerzo para ir en esta dirección. Recuerden el incremento extraordinario de la partida presupuestaria, no ya de la secretaría de Estado, que es a la que me he referido cuando he hablado del dinero del SIVE, sino la correspondiente a la
Delegación para la Inmigración y la Extranjería, que SS.SS debatieron la semana pasada aquí, que supera el treinta y tantos por ciento para el año que viene precisamente para afrontar, entre otras cosas, estos esfuerzos. Han mencionado SS.SS algo
que yo tengo que recoger porque está en línea con la sustracción de la confrontación, tema que me parece capital y en el que todos los esfuerzos serán pocos. En la cuestión de los convenios con los países afectados se ha citado Marruecos, pero yo
no quiero que nos quedemos solamente en Marruecos -por supuesto todos los esfuerzos ahí-, sino que pensemos en el África subsahariana país a país, pensemos en los países de origen y trabajemos en esa dirección. Sus señorías saben que estamos
trabajando durísimamente en esa dirección con el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería.



Sus señorías han concluido sus intervenciones hablando todos de la Unión Europea y, como es lógico, les contestaré. Estamos en un momento en el que -por eso la suma de esfuerzos es más que importante-, y además del desarrollo de las
políticas nacionales sobre este problema, especialmente de los países que lo viven más de cerca y más intensamente, como es nuestro caso, ha llevado a la elaboración de un plan -llamémosle como queramos- que tenemos encima de la mesa y con un montón
de epígrafes a desarrollar. Pues bien, como digo, además de los planes nacionales se puede hablar sin exagerar desde esta misma semana -y es una magnífica noticia para todos- de un plan europeo para la lucha contra la inmigración ilegal. Esta
comparecencia se desarrolla, como les decía, al día siguiente de haber finalizado el último Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, y sin exagerar un ápice puedo decir que ayer y anteayer en Luxemburgo, además de los
esfuerzos nacionales -y los nuestros son bien grandes- que se están desarrollando para que el panorama sea de esperanza y de dar soluciones a los problemas, ya está en marcha el desarrollo del programa europeo. Esa es una muy buena noticia y
coincido al cien por cien con lo que han dicho SS.SS., cada uno con sus respectivas palabras, que no basta con nuestra esperanza y nuestra lucha, que requiere la esperanza y la lucha de toda la Unión Europea porque es un problema que tenemos que
plantearnos entre todos los europeos. No les voy a entretener mucho pero me parece que es importante que responda a lo que me han planteado. ¿En qué me baso yo para hacer esta afirmación de que no es gratuito que a nuestros esfuerzos añadimos ya
de verdad unas líneas básicas de un plan europeo de lucha contra la inmigración ilegal? Porque en la declaración aprobada ayer se dicen cosas como las que les expongo a continuación. Compromiso número uno: los países van a poner rápidamente en
funcionamiento medidas concretas que refuercen el control en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, que se consideran de crucial importancia para la Unión, y eso se llama elaboración específica de un plan común europeo para la gestión de
fronteras exteriores. Compromiso número dos: la elaboración de un plan global de combate contra la inmigración ilegal


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que debe significar el desarrollo de las capacidades operativas en todas -y lo subrayan en el documento aprobado ayer en el Consejo- las situaciones en las que una actuación urgente es requerida. Y por si había alguna duda el documento cita
dos expresamente: a) capacidades operativas máximas para la repatriación de inmigrantes ilegales. ¡Cuántas veces han hablado SS.SS. de esto en los últimos meses! Pues dice la Unión Europea en el documento aprobado ayer por el Consejo que es un
compromiso para desarrollar un plan con las capacidades operativas para la repatriación de inmigrantes ilegales. Y b) -lo voy a leer literalmente porque no hay que perder ni una palabra-: para los proyectos de asilo e inmigración en terceros
países, incluyendo la asistencia técnica y financiera destinada a incrementar sus capacidades operativas, en particular, para poder concluir acuerdos de readmisión. Me paro un minuto. Ayer ha aceptado finalmente la Unión Europea en el Consejo de
Ministros que tenemos que desarrollar ya una política común que diga: Los proyectos de asilo e inmigración en terceros países, incluyendo la asistencia técnica y financiera destinada a incrementar sus capacidades operativas, con la conclusión de
acuerdos de readmisión. Mencionaba el señor López Aguilar la financiación, que es capital. Acuerdo número tres del borrador de conclusiones aprobado ayer: Naturalmente todo ello requiere fuentes de financiación adecuadas en los presupuestos de la
Comisión y de los Estados miembros. El Consejo invita a la Comisión a que presente a finales octubre de 2002 -estamos a mediados de octubre de 2002- el informe financiero sobre la efectividad de las fuentes de financiación disponibles a nivel
comunitario para el desarrollo de estas políticas. Compromiso número cuatro: La acción combinada de los Estados miembros de la Unión Europea será mucho más efectiva en la medida en que se desarrolle a través de cooperación con terceros países, a
cuyo efecto se invita a la Comisión a llevar adelante las negociaciones de los acuerdos de readmisión. No con cada uno de los países bilateralmente. La Unión Europea asume como tarea común las negociaciones de los acuerdos de readmisión. No me
voy a detener en el compromiso número cinco porque lo mencioné antes y creo que todos tenemos las ideas claras, pero se aprobó igualmente en el Consejo la decisión marco que debe permitir cambiar todos los códigos penales y que va a establecer penas
severísimas para los tratantes de seres humanos, para los tratantes de las personas que intentan venir a otro país a construir una nueva vida. En consecuencia, señor López Aguilar, de verdad que están puestos todos los esfuerzos y eso hay que
trasladárselo al ciudadano de a pie que sufre el día a día, al que usted se refería con su habitual sensibilidad. Están puestos todos los esfuerzos tanto en lo concreto que nos ha traído aquí esta mañana, el SIVE, como en el conjunto de políticas
que quieren desarrollar en este momento el Gobierno y el Estado, y espero que sustraído de la confrontación, y hoy añadimos que están los esfuerzos encaminados de forma directa de la Unión Europea.



Aunque me he ido refiriendo específicamente al hilo de cada una de las materias que iba comentando a lo que han planteado tanto el señor Gil Lázaro como el señor Mardones en sus intervenciones no quisiera terminar sin comentar dos cosas al
señor Mardones y otras dos al señor Gil Lázaro.
Señor Mardones, en primer lugar muchas gracias por su bienvenida. Es efectivamente un reencuentro pero es muy fácil reencontrarse con S.S. en esta casa no por lo que yo significo sino por lo que
S.S. significa en ella. En segundo lugar, le agradezco mucho esa descripción que ha hecho de la situación que me ha parecido de una exactitud extraordinaria porque sé que está hecha con el espíritu de describir bien el problema para acertar con la
solución. Y como S.S. ha dicho que participa de las buenas cosas que se van haciendo para dar esa solución y brinda su entera colaboración para seguir desarrollando las que consideramos necesarias para acabar en ese escenario de esperanza, yo se
lo quiero agradecer muy especialmente. Al señor Gil Lázaro le agradezco también sincerísimamente su bienvenida a la Comisión, y aparte de la sensibilidad que ha tenido para desarrollar lo que yo he llamado en mi intervención el factor humano, le
agradezco muy especialmente la precisión con la que al final se ha puesto de manifiesto que esto mejora, que sirve para mejorar mucho y que debe contribuir, junto a los restantes elementos que han ido saliendo a lo largo de mis palabras, para que al
problema que tenemos encima de la mesa podamos entre todos darle una solución.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar.



El señor LÓPEZ AGUILAR: Intervendré muy brevemente porque estamos en el primer punto del orden del día, la agenda es densa y larga y por tanto conviene apremiar; pero no quiero dejar de consumir un segundo turno para recuperar lo que creo
son las dos primeras afirmaciones que hice en la primera intervención y de las que conviene extraer plenamente sus consecuencias. La primera es que efectivamente nos encontramos con un problema de envergadura y complejidad tan sensacional que para
empezar es un problema en el que conviene hacer exhibición de humildad, a la vista del desafío, y aceptar de buen grado todos los concursos y todas las aportaciones que puedan contribuir a su conducción y a lo que todavía no se ha materializado, que
es una inflexión, de modo que un problema que no ha hecho si no crecer en los últimos años empiece a descender en la pendiente hacia su resolución. Eso no se ha producido todavía y, por tanto, creo que es un problema que no admite ningún alarde de
soberbia.
Por ello quiero decir que a esa necesidad de sustraerlo a las


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actitudes más cortoplacistas o confrontacionales me atengo, aun a pesar -como en tantos otros planos- de las actitudes que a menudo exhibe el Partido Popular; porque muchas veces da la impresión de que el Partido Socialista intenta hacer
esa aproximación, a pesar del modo en que responde a este enfoque el Partido Popular. Una manifestación de esto es que de la expresión de preocupaciones que están en la ciudadanía se infieran conclusiones o razonamientos que no han sido expresados
en modo alguno, y algo de eso he escuchado una vez más esta mañana. Estamos muy acostumbrados, pero de la preocupación por la operatividad del plan SIVE en términos de disuasión de la emisión de pateras en el país vecino, llegar a colegir que el
Partido Socialista no tenga preocupación por la dimensión humanitaria de las personas que están afectadas por este tráfico no tiene nada que ver con lo que se haya expresado esta mañana en el primer turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por
otra parte, puede conducir a una pérdida de perspectiva con respecto de lo que es el plan SIVE, que no es un plan humanitario, que no esta diseñado para hacer efectivo un mecanismo de asistencia humanitaria transnacional y cuyo destinatario no es la
Cruz Roja Internacional ni la Cruz Roja del Mar, sino que es un dispositivo de seguridad orquestado desde el legítimo aparato de seguridad del Estado de derecho que protege su frontera exterior en cumplimiento de deberes constitucionales.



En segundo lugar, aludía a la naturaleza de este acto como de control parlamentario. Esto significa algo muy sencillo pero que de tanto desnaturalizarse en la práctica se pierde de vista y produce asombrosos resultados, porque ustedes son
el Gobierno y nosotros la oposición.
Ustedes tienen responsabilidades de Gobierno y yo, como diputado en la oposición, tengo la obligación y el deber de traer a esta Cámara la preocupación en caliente, tal y como la sienten los ciudadanos a los que
represento. Viajo a Fuerteventura y me encuentro con ciudadanos desconcertados, por qué no decirlo, muchos de ellos desesperanzados, porque en 20 años han visto incrementarse la población de 30.000 a 90.000 y, además de eso, que es un fenómeno
demográfico que tiene causas diversas, la frontera está espantosa y patéticamente desprotegida -esta es la sensación que ellos perciben y los datos avalan dicha percepción-, por lo que muchas pateras llegan sin ningún control. Ello quiere decir que
aun con la implantación del SIVE, aun con la puesta en marcha de un radar -que una vez más es un radar en una furgoneta que recorre una costa que tiene más de 100 kilómetros en la isla de Fuerteventura y, por tanto, no está en disposición de
cubrirla por completo-, aun con estas inversiones y estas perspectivas en curso de ejecución que usted nos ha relatado, siguen llegando pateras sin ningún control. Es cierto que algunas son interceptadas tempranamente, es cierto que algunas son
detectadas en su trayectoria, pero también es cierto que otras muchísimas cumplen exactamente el plan diabólico que se habían trazado en la costa norteafricana porque llegan sin control o por el contrario -lo que es todavía peor- fracasan y mueren
todos. Esto sigue pasando. Por tanto, la sensación de que la frontera de Fuerteventura, esa frontera del sur de España y de Europa, es espantosamente vulnerable y produce consternación sigue estando ahí y necesita respuesta. Esa respuesta
lógicamente tiene que estar reclamada, en términos de exigencia de responsabilidad política, por la oposición y tiene que ser administrada, en términos de responsabilidad política, por el Gobierno. Por tanto, nuestras posiciones diferenciales no
pueden perderse de vista ni un segundo. Con ello quiero decir que este fenómeno ofrece una respuesta al extremismo de lo absurdo del planteamiento que he efectuado en mi primer turno, y que he escuchado y sugerido vagamente en la réplica del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Evidentemente, ninguna respuesta puede ser que interceptando la patera en su curso se asista impávidamente al desastre humanitario que significaría que esa patera en condiciones metereológicamente
imposibles o con mal estado de la mar emprendiese el rumbo de vuelta o mucho menos que se asistiese impávidamente a que los inmigrantes ilegales que iban en esa patera se arrojasen al mar y nadie hiciese nada. Esto es absurdo, no se puede ni
plantear. También es evidente que si se intercepta con éxito el cien por cien de las pateras que emprenden su curso, porque la detección temprana funciona y la costa está cubierta en la totalidad, se produce un efecto disuasorio monumental. Esto
naturalmente va a tener su efecto en el norte de África, en Marruecos y en las mafias que trafican, y va a asegurar la penalización efectiva del cien por cien de los traficantes y la incriminación efectiva del cien por cien de los patronos de esas
pateras, lo que actualmente no sucede. ¿Por qué se recibe a muchos inmigrantes irregulares a pie de orilla? Porque han cubierto los últimos 100 ó 50 metros a nado o porque han sido depositados en la orilla en condiciones de agotamiento físico,
exhaustos, por un patrono que emprende la ruta de vuelta. Por tanto, no tenemos en absoluto garantizado en el momento presente el cien por cien de los castigos penales a los que patrocinan esas operaciones de tráfico ilegal de personas. Si
incrementamos la efectividad, la operatividad del SIVE en términos reales, esto se traduce claramente en una sensación de protección de la frontera, en que la ciudadanía de Fuerteventura cobra conciencia de que la frontera está siendo efectivamente
protegida, en que el cien por cien de las emisiones desde el norte de África son detectadas tempranísimamente y en que el mecanismo de respuesta funciona, por lo que lógicamente de aquí a un año tendremos una situación mejor de la que ahora
padecemos. Lo cierto es que hasta ahora -reconozcámoslo, señor secretario de Estado, aunque sea por honradez intelectual- la curva no ha inflexionado hacia abajo; lo cierto es que actualmente los majoreros viven con consternación que cada día
llegan más y la


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presión no ha hecho más que crecer en el curso del tiempo. Desde luego, no actuaré para corroer o erosionar la esperanza que desde la representación política tiene que proyectarse hacia la ciudadanía y que tiene que ser el horizonte en el
manejo de este desafío. Por tanto, apuesto efectivamente por la esperanza, pero haciendo mi labor de oposición exijo del Gobierno una administración políticamente responsable de ese deber constitucional de asegurar esperanza a la ciudadanía.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo para agradecer al señor secretario de Estado la respuesta que ha dado a mi intervención, aunque al hilo de lo último que acaba de decir el señor López Aguilar, quisiera añadir un factor de complejidad,
porque, como usted bien conoce, tenemos otro problema que es de índole de derecho internacional. Cuando se habla de la frontera sur, la frontera no son las playas de las islas, la frontera es donde estuviera acordado internacionalmente entre los
gobiernos de Marruecos y de España la mediana que Marruecos se ha negado sistemáticamente a aceptar. Cuando el Gobierno español ha tenido que dar unos permisos de prospección petrolífera, unas concesiones de sondeo a la empresa REPSOL, no se ha
aceptado que se pudiera utilizar el criterio de la mediana, porque diplomáticamente no estaba aprobado, por lo que se ha ido a la línea intermedia de proximidad para que las patrulleras españolas de altura, incluso con el concurso de la marina de
guerra, pudieran hacer interceptaciones una vez que se detecta la salida de la patera de las playas del Aaiún, porque hasta que no sale de aguas jurisdiccionales marroquíes no puede intervenir una patrullera española de la Guardia Civil ni de la
Armada. Estos son los problemas diplomáticos que habrá que resolver de acuerdo con Marruecos, que la línea mediana sea aceptada y que haya un compromiso de su parte de apresar en sus aguas jurisdiccionales las pateras que salgan ilegalmente de las
playas del Aaiún; y si Marruecos no las puede detectar ni capturar, se las podría apresar una vez que entren en aguas jurisdiccionales españolas, que es donde diplomática y jurídicamente estaría la frontera y no en la playa de Fuerteventura, que no
es una frontera, sino que es la llegada a un territorio con soberanía nacional. Para tratar de resolver este tema, que no es fácil, tendríamos que entrar en un conflicto jurisdiccional con Marruecos que espero que no se tenga que resolver a
cañonazos. El problema de la línea mediana tiene que resolverse por vía diplomática y no utilizar la línea de equidistancia, que es la que se ha utilizado por el Gobierno español para dar las concesiones petrolíferas a REPSOL, cuestión que
Marruecos ha denunciado hace meses porque no acepta que el Gobierno español haya utilizado esta línea de equidistancia. Nosotros lo apoyamos porque entendemos que el Gobierno español tiene capacidad jurídica para irse a la posición intermedia, lo
que se llama el punto de equidistancia, pero cómo averiguar el punto de equidistancia en 90, 100 ó 110 kilómetros, si está en el kilómetro 50, 55 ó 60, cuando las patrulleras están midiendo en millas y no está aceptado por ningún protocolo
internacional. Este es otro de los problemas que se están produciendo, pero tengo que señalar -por conversaciones que he tenido con población majorera y con representantes parlamentarios, tanto la senadora como la diputada por Las Palmas del Grupo
de Coalición Canaria- el reconocimiento al esfuerzo humanitario de los integrantes de la Guardia Civil, que están recogiendo, incluso con escenas patéticas, pateras en los que vienen mujeres embarazadas subsaharianas. Repito que los servicios de la
Guardia Civil se han volcado en el trato humanitario a estas personas, una vez que se han detectado y se han detenido los responsables, que son los que tienen que ir a prisión. Creo que ahí ha funcionado un binomio de defensa de derechos humanos
-incluso prestando lactancia mujeres majoreras a niños nacidos en la patera o recién llegados- de la población majorera y la Guardia Civil.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, tan sólo tres ideas. En primer lugar, quiero reiterar nuestra voluntad -expresada ya en innumerables ocasiones, incluso esta mañana- de concebir el fenómeno inmigratorio como una política de Estado
vertebrada desde el diálogo, desde el respeto mutuo y desde la búsqueda del consenso. En ese marco, exhibiciones de humildad por nuestra parte, todas, las de pasado, las de presente y las que habrá de futuro, pero conviene que esas exhibiciones de
humildad sean coprotagonizadas por otros. Por tanto, alardes de soberbia desde la vertiente del Gobierno o del Partido Popular, desde nuestro punto de vista ninguno. Sin embargo, convendría que otros, en el ejercicio de su legítima tarea de
oposición, no realizaran esos alardes de soberbia. Al final, las actitudes del Partido Popular son las que ya he descrito: voluntad de diálogo, voluntad de entendimiento, voluntad de respeto mutuo, voluntad de búsqueda de acuerdos, pero, eso sí,
quizá con un matiz añadido que no deja de ser sustancial, todo ello desde la unidad de criterio. Y nos da la sensación de que a veces esa unidad de criterio falta en otros ámbitos.



En segundo lugar, naturalmente que todos somos muy conscientes de cuál es nuestro papel. El papel del Grupo Parlamentario Socialista es el de ejercer no sólo el derecho, el derecho y el deber de llevar a cabo una tarea intensa de oposición.
El señor Astarloa representa al Gobierno y comparece en su calidad de tal, sometido al legítimo e imprescindible control parlamentario, pero convendría que en ese reparto de papeles otros no


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olvidaran que este grupo parlamentario, con igualdad de derechos que los demás grupos en términos reglamentarios, ejerce también su legítima opción a expresar valoraciones y opiniones y, por tanto, difícilmente se le puede poner un pero al
ejercicio de ese derecho, cuando además resulta útil para otros; no sé si didáctico, no sé si atreverme a calificarlo de tal forma, pero sí útil. Por ejemplo, permite que en un segundo turno alguien se pueda explicar mejor, de modo y manera que no
se pueda llegar por parte de nadie a conclusiones indeseadas y, desde luego, a conclusiones -estamos seguros- no formuladas en su sentido último por parte del interviniente que pudieran llevar a desviaciones, insisto, no deseadas por parte de nadie.
Y creo que esta mañana hemos vuelto a tener una prueba de ello.



En tercer lugar, por hacer uso de ese concepto -que me parece muy interesante desde todo punto de vista, lástima que muchas veces en política no sea muy utilizado- de honradez intelectual al que hacía referencia el señor López Aguilar, y en
relación con el objeto de esta comparecencia, una vez formulados otros análisis de tipo general, que era informar acerca de las previsiones de equipamiento del plan SIVE en las islas Canarias, por honradez intelectual, repito, no podría formular
mejor conclusión que la que literalmente he tomado del señor López Aguilar en su primera intervención. Literalmente ha dicho que los datos ofrecidos por el señor secretario de Estado eran datos muy bien puestos en razón desde un punto de vista
técnico. Luego, en alguna valoración posterior parece que ponía en duda la propia afirmación. En todo caso, yo me quiero quedar con esa valoración del señor López Aguilar que nosotros compartimos íntegramente: los datos ofrecidos hoy por el señor
secretario de Estado para informar acerca de las previsiones de equipamiento del plan SIVE en las islas Canarias son datos muy bien puestos en razón desde un punto de vista técnico. Lo que quiero decir, haciendo una conclusión muy sintética pero
muy exacta, es que las cosas se están haciendo razonablemente bien y que existe voluntad de seguir haciéndolas razonablemente bien.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para terminar este debate tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): También con toda brevedad, señor presidente, empezaré por el derecho parlamentario, al que se ha aludido. No va a encontrar, seguro, mejor copartícipe sobre los viejos
principios del derecho parlamentario que este secretario de Estado, por razones que no hace falta que le explique.
Suscribo una por una todas sus palabras y todas sus exigencias. Decía: exijo que, como oposición, se me den cuentas. Exíjalo,
porque yo estoy para que lo exija y lo haré encantado cada vez que S.S. lo estime oportuno.



Tomando pie de las últimas palabras del portavoz del Grupo Popular y como balance final por mi parte, coincido en casi todas las cosas que ha dicho S.S. en la última intervención, lo cual me parece una buena señal.
Empiezo por decir que
coincido en lo que a S.S. le causa más preocupación, que no reconozca, hasta intelectualmente, que tenemos un problema. Claro que tenemos un problema. Cuando lo he explicado antes aludía a que el problema no es sólo una cifra en un papel de las
políticas de Estado, es un problema que viven las personas. Y cuando uno se pone a resolver los problemas lo que tiene que pensar es cómo hacer lo mejor para resolver cosas que están afectando a la vida de las personas, a los que viven en
Fuerteventura, en Lanzarote y en tantos sitios de España, y de eso estamos hablando sin duda. Por tanto, coincidencia en que tenemos un problema, coincidencia en el diagnóstico del problema, con la complejidad que decía el señor Mardones, con la
suma de datos importantes que ha dado aquí esta mañana, que usted ha compartido, que yo comparto y que es lo que tenemos que afrontar. Y en eso estamos.



¿Qué el plan está en marcha y que va a estar aún más? ¿Que los medios de los que usted habla -dice usted refiriéndose a mí- están bien pero que a ver cuándo se ven? Pues se está en eso. Los medios que ya están puestos ya están puestos,
los que se van a poner se van a poner, y me resulta alentador que comparta las perspectivas finales, porque las perspectivas finales son -y también coincido en eso- que no estamos hablando sólo de una cuestión humanitaria. Claro que no. Estamos
hablando -creo que he utilizado la palabra tres o cuatro veces en mi intervención anterior- de una cuestión de control de la inmigración ilegal y estamos hablando de una cuestión de seguridad, cien por cien. Todos los esfuerzos de esta Secretaría
de Estado están concentrados en que esa tarea de control de la inmigración ilegal y las tareas de seguridad que me corresponde en mi parcela de esa política se hagan como se tienen que hacer. El balance es que se está haciendo lo que se tiene que
hacer y que vamos por el camino por el que tenemos que ir.



Coincido también -lo ha dicho literalmente, lo he apuntado y lo tengo que reconocer- en lo que usted ha dicho de que ustedes son el Gobierno y nosotros somos la oposición. Eso es así y lo contrastaremos en los términos del derecho
parlamentario.



Finalmente, coincido sobre todo en que tras esta segunda intervención su señoría ve claros los fines del SIVE, que es lo que en principio nos convocaba. Ha hablado del decomiso de los bienes del delito, ha hablado de la detención de las
personas responsables, de la lucha contra el tráfico, etcétera. Pues exactamente para eso es para lo que sirve el SIVE. Usted ha dicho muy bien -y también lo comparto, porque yo lo decía con otras palabras en mi intervención anterior- que esto


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no lo resuelve todo. Claro que no. Esto, más lo otro, más lo otro.



Decía hace un momento el señor Mardones -y es otro de los elementos de los que no hay que olvidarse en esta cuestión- que tenemos problemas -como yo dije- no sólo físicos sino jurídicos en el mar, y que el SIVE, entre otras cosas, tiene que
operar conjuntamente con los acuerdos correspondientes para resolver esos problemas en el mar. Pues bien, cuando digo que no va a ser el SIVE el único que los resuelva estoy diciendo que son necesarios esos acuerdos que delimiten y clarifiquen y
que son necesarias más cosas. Vuelvo a Europa porque ayer pasaron cosas muy interesantes en el Consejo de Ministros. Ayer se decidió, y lo habrán visto SS. SS. también, que se realicen ya este mismo año las primeras operaciones conjuntas en la
Unión Europea para el control marítimo de las fronteras exteriores tanto en puerto como en alta mar. Se decidió que cuatro países de la Unión Europea, el señor Mardones citaba uno de ellos y daba cuenta de la importancia que va a tener para
nosotros, concretamente España, Reino Unido, Italia y Grecia participen ya en los proyectos de control de fronteras marítimas de la Unión, tres de ellos en nuestras costas directamente. Eso va a dar lugar, y me tengo que poner a prepararlo ya en la
parte que me corresponde, a operaciones conjuntas de control marítimo en las que van a intervenir fundamentalmente patrulleras de la Guardia Civil a partir de la determinación de la zona que desde el punto de vista técnico y de control, de filtro,
de la navegación ilegal que vaya a entrar en aguas de responsabilidad de cualquiera de sus Estados de la Unión Europea, se haga con el correspondiente reparto de policías, por un lado, con naves compartidas por los distintos países utilizadas de
manera conjunta y coordinada. Ahí tiene, señor Mardones, un elemento más que abunda en cómo en los próximos meses, casi diría días porque como ven SS. SS. estamos hablando de programas para finales de octubre, de programas para este año, todos y
cada uno de esos problemas que hacen que la situación sea compleja van a ir siendo afrontados de forma directa por cada una de las subpolíticas que integran el conjunto de la política de lucha contra la inmigración ilegal.



Termino volviendo a otra afirmación del señor López Aguilar, que es la referida a la humildad y aceptar de buen grado las propuestas de los demás. En la humildad no me voy a detener un segundo porque hemos compartido recientemente algunas
tareas importantes que le indican muy bien cuál es mi carácter, por lo menos eso espero. En todo caso, quiero aceptar y agradecer que podamos compartir de buen grado todas las sugerencias porque para el bien del SIVE, para el bien de la política de
inmigración en Canarias y en conjunto para la lucha contra la inmigración ilegal, vuelvo a decir una vez más que tenemos que compartir a efectos del desarrollo de una política de Estado.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Damos por concluida la primera de las comparecencias previstas en el orden del día de hoy.



- LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2002 EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE BADAJOZ CON OCASIÓN DE LA PRESENCIA EN LA MISMA DE REPRESENTANTES SINDICALES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA SOLICITUD DE ENTREVISTA CON EL
DELEGADO DEL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001130.)


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al debate de la siguiente comparecencia, que hace relación a la delegación del Gobierno en Badajoz. Para iniciar el trámite tiene la palabra de nuevo el señor Secretario de Estado de
Seguridad.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Con su permiso, señor presidente.



La segunda comparecencia tiene por objeto informar sobre algunos incidentes ocurridos en el mes de junio de este año en la Delegación del Gobierno de Badajoz. Dentro de los actos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y
es bueno que empecemos por ahí, y con motivo de la reunión de ese Consejo Europeo que tuvo lugar en la ciudad de Sevilla los días 21 y 22 de junio pasado, se adoptaron medidas especiales de seguridad en virtud de las facultades que SS. SS. conocen
bien otorga el artículo 2.2 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen. Es decir, los hechos que voy a relatar están enmarcados en unas fechas concretas que en lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son unos
momentos de máxima exigencia para las mismas -retrotráiganse unos meses en sus recuerdos-, unos momentos en los que se afronta el acto final de la presidencia española en el primer semestre de este año y todo ello en coincidencia temporal con la
convocatoria por algunas centrales sindicales de una huelga general.
Estas son las fechas en las que estamos. Antes de entrar a comentar cada uno de los hechos sobre los que me preguntan SS. SS. y sobre los que yo contestaré, ya que estoy en el
punto del momento de máxima exigencia para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese instante déjenme que diga que el trabajo, y eso es reconocido por todos los que estamos aquí, que desarrollaron durante toda la presidencia y también en esos
momentos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue excelente y ha permitido desarrollar sin mayores incidentes todos los actos que correspondían a la responsabilidad española en el momento de la presidencia de la Unión.



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Comparecí en su día ante el Parlamento Europeo para dar cuenta -no era el caso de la cumbre de Sevilla, era el caso de la cumbre de Barcelona y hubo un reconocimiento general- de que habían podido desarrollarse con toda libertad todos los
actos públicos y privados que la sociedad, por un lado, y los poderes públicos, por otro, hicieron coincidir en esas fechas sin que hubiese problemas de orden público. En eso mucho tiene que ver, y permítanme que aproveche la ocasión para
reconocerlo, el buen trabajo que hicieron en su día las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En esas fechas en concreto se decidió por las autoridades del Ministerio del Interior el restablecimiento de los controles fronterizos nacionales, lo recuerdan
también SS. SS., en las fronteras interiores desde las 0,15 horas del día 14 hasta las 23,30 horas del día 22 de junio.



En el ámbito de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura se tomaron determinadas medidas para atender a la obligación correspondiente a ese restablecimiento de los controles fronterizos y se dispuso que el servicio de control
fronterizo así restablecido se desempeñara por funcionarios adscritos a las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Extranjería y Documentación. Asimismo, el titular de la misma Jefatura Superior de Policía de Extremadura al objeto de cubrir las
necesidades operativas que generaba este servicio de la mejor forma posible con los efectivos disponibles, dadas las muy especiales circunstancias concurrentes que les acabo de describir, estimó necesario establecer un servicio extraordinario en la
segunda jornada libre de los funcionarios que habían sido adscritos a ese dispositivo. El día 13 de junio, es decir, equis días antes a la fecha a la que nos estamos refiriendo, en reunión celebrada con los representantes de los sindicatos del
Cuerpo Nacional de Policía en la plantilla, el jefe superior les comunicó las características del operativo, les comunicó la decisión adoptada sobre el dispositivo y la realización de la jornada de trabajo extraordinaria remunerada e informando de
las razones existentes para ello. En esa reunión algunos representantes sindicales expresaron su disconformidad sobre el dispositivo, en concreto y fundamentalmente, con que el dispositivo se cubriera exclusivamente con funcionarios adscritos a las
brigadas que antes mencioné, recuerden Brigada de Seguridad Ciudadana y de Extranjería y Documentación, proponiendo los sindicatos que fueran de cualquier unidad de la plantilla y siempre con carácter voluntario.



Ante tales planteamientos formulados en la reunión de la que les he dado noticia, el jefe superior estudió las propuestas alternativas para acabar abundando en las razones que le habían llevado a organizar el servicio en los términos que
inicialmente había previsto. ¿Qué razones? La conveniencia de que los funcionarios adscritos al dispositivo tuvieran formación específica y experiencia en la realización de este tipo de servicios así como en materia muy especialmente de
extranjería y documentación. Recuerden que el servicio es debido al cierre de fronteras como consecuencia de las medidas de seguridad para el mejor desarrollo de la cumbre, y parece razonable decir que siendo el paso de frontera el compromiso
principal de la operación se contase con las fuerzas con las que se contó. Junto a ello, la necesidad de disponer del resto de la plantilla para atender adecuadamente los servicios habituales relacionados con la seguridad. Tengan en cuenta que no
sólo era atender la nueva necesidad del cierre de fronteras, sino con carácter general todo el desarrollo de la seguridad en los días en los que, como empecé diciendo, estaba convocada una huelga general y se desarrollaba la cumbre que finalizaba
los actos y compromisos de la presidencia española. En tercer lugar, la propia convocatoria de huelga general que simultáneamente requería también el establecimiento a su vez de otro dispositivo específico, como es lógico. El jefe superior
comunicó todas estas razones en el ejercicio de sus responsabilidades, razones que impedían hacer una oferta indiscriminada, a su juicio, a todo el personal destinado en la jefatura superior, sin perjuicio de que trataría de conocer directamente las
peculiaridades de uno u otro funcionario para, en su caso, afectar en la menor manera posible a alguna situación personal que fuese objeto de razonable mantenimiento.



Los sindicatos, cuyos representantes mantuvieron la posición que les acabo de expresar, la reunión mencionada, anunciaron la realización de una serie de concentraciones con carácter indefinido frente al edificio de la jefatura superior como
medio para procurar que se modificase el trazado que se había hecho del dispositivo y que se anulase la jornada extraordinaria. Esas concentraciones tuvieron lugar los días 17, 18, 19 y 26, y en ellas se exhibieron algunas pancartas relativas al
-comillas- conflicto del que estamos hablando. Los días 17, 19 y 26, tras la hora y media de concentración ante la Jefatura Superior de Policía, los representantes sindicales se desplazaron a la Delegación del Gobierno de Extremadura, y el último
de esos días, el día 26, encontrándose ya en la Delegación del Gobierno, los representantes sindicales manifestaron su intención de ser recibidos por el titular de la misma, que no pudo acceder a la pretensión al no haberse solicitado previamente la
visita e impedirlo en ese momento la actividad que tenía prevista y comprometida.
Los representantes sindicales seguidamente se instalaron en la planta baja del edificio, tomando asiento en ella delante de la oficina de información administrativa,
interceptando así el normal funcionamiento del servicio que en ella se presta a los ciudadanos, y desde la delegación se requirió a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que prestan el servicio de seguridad en la misma, en este caso la
Guardia Civil, para que procedieran a desalojar las dependencias.
Inicialmente los allí congregados manifestaron su rotunda negativa a abandonar el lugar y su intención de permanecer en él


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hasta que fueran recibidos por el delegado del Gobierno. Se negaron también a identificarse cuando fueron requeridos para ello por los efectivos de la Guardia Civil, pero al final, tras pasar alguna que otra hora, se procedió al desalojo de
los representantes sindicales sin que afortunadamente se registraran otras incidencias y sin que se registraran detenciones.



Todo lo que les acabo de contar, y si quieren alguna precisión más comentaré a las que ahora me demanden, consta en el atestado instruido que se remitió en su día al juzgado junto con una cinta de vídeo grabada desde la instalación de
seguridad de la sede de la Delegación del Gobierno, con unas imágenes de los incidentes ocurridos. Eso es básicamente lo que yo entiendo que resume de una manera que he pretendido sintética, y ha sido menos de lo que yo quería, la información que
me demandaban.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, la presidencia se hace eco de su indicación anterior de que íbamos retrasados en la sustanciación del orden del día, y le ofrece la posibilidad de que predique con el ejemplo y
colabore con los trabajos de la Comisión. Tiene la palabra.



El señor MAYORAL CORTÉS: Muy amable por parte de S.S., pero voy a seguir el precedente, porque al fin y al cabo la jurisprudencia es fuente del derecho, y aquí se ha establecido esta mañana una jurisprudencia muy dura en cuanto a la
duración de esta sesión, así que yo, lamentándolo mucho, y reflejando la simpatía que indudablemente siento hacia el presidente, voy a utilizar el turno que necesito para exponer la posición de mi grupo a este respecto, y no me lo tome a mal S.S.
porque quiero que hagamos las cosas bien.



Empezaré dándole la bienvenida al señor secretario de Estado y haciéndole un ruego que quizá no tenga mucho que ver con la sesión que estamos solventando ahora mismo, pero que considero necesario habida cuenta de que, como él ha dicho, es
copartícipe significado del derecho parlamentario. Le pediría al señor secretario de Estado que, en razón de esa coparticipación, nos hiciera llegar cuanto antes los informes que hace seis días le requerimos y que todavía no han llegado,
incumpliendo desgraciadamente el trámite de las cuarenta y ocho horas que está establecido reglamentariamente. Le estoy hablando de los informes solicitados en la sesión parlamentaria del día 10 del presente mes a la que concurrió usted y que
pasados seis días todavía no han llegado a nuestro poder, lo cual es una limitación evidente y pienso que no estará ni mucho menos en su ánimo mantener eso que yo podría considerar un incumplimiento del mandato de las cuarenta y ocho horas. En fin
vamos a dejar esta cuestión aparte para ir al tema fundamental por el cual hemos planteado y pedido su comparecencia, señor secretario de Estado.



Usted ha relatado y contextualizado estos incidentes en un ámbito que puede ser parte de la cuestión pero no toda. Usted se habrá regido fundamentalmente por el correspondiente informe de características planas y átonas con que
habitualmente obsequian a los altos cargos del Ministerio del Interior y que luego nos trasladan aquí, donde se hace una especie de fotografía en la cual las valoraciones siempre juegan a favor del Gobierno y donde por supuesto cualquier persona que
haya estado en la otra parte del conflicto es ninguneado, es desaparecido, no existe y no existen sus razones. Yo he venido aquí a exponer las razones de estos ciudadanos. Se da la particularidad de que los mismos son funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, y otra particularidad todavía más significativa, que son representantes sindicales y que en este sentido tienen un cierto estatus regulado por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por lo que nosotros sabemos,
aún sigue en vigor. Pues bien, le voy a hacer una descripción del contexto que en principio no tiene mucho que ver con la que usted ha hecho, porque al parecer los hechos también son diferentes. Se ha referido usted a la reunión del Consejo
Europeo, pero este problema venía coleando de antes, y ha hablado de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese momento se vieron obligados a hacer un esfuerzo, que nadie discute y, por tanto, no se entiendan mis palabras como un intento de
debilitar el deber de cumplimiento que todo funcionario público, cualquiera que sea su categoría o dedicación, tiene en relación a la función a la que se dedica y por la que cobra. Por tanto, por ahí que no se me busque ninguna contestación. Este
trabajo excelente se hizo con ocasión del Consejo de Sevilla y también parece que hubo cierto celo, muy impulsado por el Gobierno, con ocasión de la huelga general, pero esto es harina de otro costal, como dirían en mi tierra.



En relación al contexto, precisamente lo que yo trato de analizar es el incidente en sí mismo y su origen. Pues bien, el incidente deriva de un largo conflicto que se inició como consecuencia de la firma de declaración conjunta y compromiso
de negociación entre el Ministerio de Interior y los sindicatos policiales el día 13 de noviembre del año 2000.
A raíz del incumplimiento de este compromiso de negociación por el Gobierno -incumplimiento clamoroso y evidente, como ahora le
demostraré-, se ha producido el conflicto más largo y amplio de toda la historia democrática. Estamos ante un conflicto histórico por su amplitud, por la cantidad de personas implicadas, porque están igualmente implicados todos los sindicatos
policiales y por su duración. Se inició con una queja al Defensor de Pueblo el 30 de noviembre de 2001 -hace más de un año- por vulneración de derechos sindicales y porque el Ministerio del Interior no convocaba el Consejo de Policía, órgano de
expresión, representación y diálogo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales; y esto es importantísimo, señor secretario de Estado, porque, si


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no, no se entiende la actitud de estas personas, que fueron objeto de una acción compulsiva de la Delegación del Gobierno de Badajoz. Pues bien, se quejan al Defensor del Pueblo y este lo refleja en su informe.



Posteriormente, habida cuenta de que no se negociaba porque no se convocaba al Consejo de policía, hubo una comunicación de los sindicatos policiales, el día 21 de diciembre de 2001, exponiendo al señor ministro del Interior la declaración
de conflicto colectivo por vulneración de la libertad sindical y por incumplimiento de los acuerdos. En vista de que no había reacción en el Ministerio del Interior, los sindicatos policiales procedieron a denunciar al ministro del Interior, ante
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por prevaricación y por actuar contra la libertad sindical; como ve, sigue impulsándose el conflicto sin que Interior adopte una postura que permita resolver mediante el diálogo las posibles diferencias,
manteniendo la competencia que tienen las autoridades del Estado en cuanto al desarrollo y organización de los servicios, algo que nadie puede discutir. No esta la cuestión, sin embargo; estamos hablando del fondo, que se refiere a la violación
-hipotética, posible, denunciada reiteradamente por los sindicatos policiales- de derechos sindicales.



Más adelante, se procedió a la constitución de una plataforma unitaria en la que estaban representados todos los sindicatos policiales y, el 15 de abril, los dirigentes sindicales organizaron una manifestación de la que se derivó una
detención ilegal y una denuncia ante el Juzgado de guardia contra el delegado del Gobierno, el director general de Policía y el jefe superior de Madrid, por prácticas antisindicales y por violación de derechos sindicales; y sigue en pie la misma
cuestión. Como ve usted, las fechas de que hablo no tienen nada que ver con las del Consejo de presidentes en Sevilla; hablo de un conflicto que va engordando y que se agrava por días, sin que el Ministerio del Interior sea capaz de atajarlo. El
19 de abril, representantes de los sindicatos policiales se manifestaron, en un número inferior a 20, ante el palacio de La Moncloa, y fueron empujados, golpeados, agarrados por el cuello y expulsados del lugar; una práctica compulsiva y dura para
evitar el desarrollo de una manifestación que no reunía las características de ilegalidad; no era una manifestación ilegal por la clasificación que se puede hacer de estos hechos según la normativa en vigor. Hubo una protesta ante el Gobierno
español del presidente de la Unión Internacional de Policías por la conducta represiva que, a juicio de este sindicato, había ejercido el Gobierno, y por ser contraria la misma a la libertad de expresión, información, reunión, asociación y consulta
a los trabajadores. Insisto que estamos hablando todo el tiempo del ejercicio o no de unos derechos sindicales por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.



Finalmente, el día 25 de mayo hubo una manifestación convocada por todos los sindicatos, y todas las categorías del Cuerpo Nacional de Policía estuvieron presentes en ella. Seguro que, según el Gobierno, esta manifestación no existió, como
tampoco existió la que tuvo causa en el decretazo, pero el caso es que se juntaron allí miles de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que se sentían engañados por los incumplimientos, imposiciones, desbarajuste e incompetencia que señalan en
sus escritos, y que no me saco del coleto, sino que están recogidas en la documentación que he podido examinar sobre este asunto.



Una vez analizado el contexto, el ambiente de lo que se puede considerar un grave conflicto generalizado y duradero, veamos lo que pasó en la Delegación del Gobierno en Badajoz. Los incidentes por los que he pedido su comparecencia tuvieron
lugar el día 26 de junio en la delegación del Gobierno, con ocasión de una solicitud de entrevista de unos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que ocurrió allí, señor secretario de Estado, es consecuencia de un conflicto cuya
responsabilidad no puede ser atribuida exclusivamente a una de las partes. Si consideramos por principio que la autoridad competente tiene toda la razón, sería desenfocar la cuestión. Habría que ser más objetivos y tratar de encontrar la realidad
entre los relatos de unos y de otros. Pues bien, los representantes sindicales intentaban obtener una entrevista con el delegado del Gobierno en Badajoz, para exponerle sus quejas sobre el jefe superior de Policía, y aquí podemos empezar a hilar el
relato que ha expuesto usted con lo que yo conozco. La entrevista que piden estos señores es por desacuerdos en cuanto al incumplimiento de acuerdos sobre jornadas laborales, sobre lo que ellos entienden como desprecio a los representantes
sindicales y una censura pública en los medios de comunicación por manifestaciones hechas por dichos representantes, en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, sobre la organización de ciertos servicios o sobre la situación de inseguridad
de nuestro país. Se supone que los representantes sindicales que trabajan en estos asuntos tienen derecho a expresarse públicamente. ¿O es que no lo tienen? Es una pregunta muy importante que hay que hacer a este Gobierno, porque empezamos a
dudar del alcance de la interpretación -parece que muy restrictiva- que viene haciendo de este tipo de derechos.



Denuncian también que el jefe superior de Policía no contó con los sindicatos para informarles sobre el plan director que se ponía en marcha. Se trata de una expresión totalmente distinta y contundente -la tengo aquí-; tengo aquí un
informe, hecho por la otra parte, en el que se dice lo contrario de lo que usted acaba de leer. Lo digo para que vea que hay que conceder a todos el beneficio de la buena fe en lo que relatan, aunque cada uno defiende una postura. Los sindicatos
de policía denuncian, en Badajoz, una actuación como la vigilancia del centro penitenciario: cuando estaba en manos de la Guardia Civil tenía 80 agentes y, en manos del Cuerpo Nacional de Policía, tiene 40. Lo consideran una fuerte restricción de
efectivos que origina el endurecimiento


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del ejercicio profesional, así como limitaciones e incomodidades que no tienen por qué sufrir porque sus obligaciones no son las mismas que las de las autoridades que deben buscar soluciones a estos problemas.



Cuando los sindicatos policiales llegan para solicitar la entrevista con el delegado del Gobierno, ya habían pedido anteriormente otras. Según sus afirmaciones, el 18 de enero de 2002 -fíjese en que estoy hablando de enero y no de junio-
tenían una cita anunciada por la secretaria del señor Baselga, que fue anulada posteriormente. Tras intentos múltiples de entrevistarse, se presentaron en la Delegación del Gobierno 16 representantes. La pregunta es por qué no se les recibió o se
les dio una esperanza de que serían recibidos. Evidentemente a lo mejor ese día no estaban en la lista de los que podían ser recibidos por el señor Baselga, pero habían pedido muchas veces ser recibidos por él, incluso llegaron a tener anunciada
una fecha para la entrevista, que se anuló. Ahora resulta que parece que, en principio, no es que no puedan ser recibidos sino que se deduce que no deben ser recibidos; esa es la conclusión que se puede sacar, puesto que no se les dice que vuelvan
otro día. Se da lugar así a varios acontecimientos, como es no solamente mandarles desalojar sino otra cuestión muy grave, señor secretario de Estado, y es que se avisa a la Guardia Civil y se le ordena la detención de los representantes
sindicales. Esto es grave por la siguiente razón. La Guardia Civil y la Policía Nacional son dos cuerpos que tienen su propia tradición, son dos cuerpos que dependen de usted, los dos, y desde luego hay que evitar no ya las viejas rivalidades que
existen entre ellos, que algunas veces pueden ser muy sanas, sino la posible fricción o confrontación entre ellos. Me parece de una irresponsabilidad absoluta lo que se produce en ese momento por la decisión del delegado del Gobierno en Badajoz
además, por lo que entiendo, auspiciada, avalada por el Ministerio del Interior.
Bastantes roces y conflictos, bastante descoordinación existe ya entre estos dos cuerpos, pese a que dependen de la misma autoridad, como para que además se les llame
a enfrentarse. ¿Por qué no se llama a la propia policía para llevar a cabo ese desalojo? Es una acción absolutamente irresponsable, se lo digo con toda sinceridad; lo que hay que promover entre la Guardia Civil y la Policía Nacional es una acción
conjunta, una integración, una proximidad, una planificación de sus propias actuaciones y no hechos de este tipo que indudablemente redundan en enfrentamientos, diferenciación y alejamiento entre dos cuerpos que están abocados a actuar de una manera
coordinada y conjunta.



Fueron sacados a la fuerza -esta es otra de las cuestiones- por miembros de la Guardia Civil y a algunos incluso se les exhibieron los grilletes, se les mostró que podían ser detenidos y que se les podían poner los grilletes.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, está usted a punto de superar el precedente del señor López Aguilar, cuya facilidad de palabra está acreditada en esta Comisión.



El señor MAYORAL CORTÉS: Sí, señor presidente, pero como yo no tengo tanta facilidad de palabra necesito más tiempo para expresarme.



Fueron sacados a la fuerza y así terminó una actuación iniciada de manera pacífica por unos representantes sindicales que finalmente se ven envueltos en un grave conflicto como consecuencia de la incompetencia, de la incapacidad y, desde
luego, de la actuación, entiendo yo, fundamentalmente autoritaria del delegado del Gobierno, avalada por el Gobierno de la nación.



También hay que valorar otra cuestión que no ha citado S.S. en su informe, y es que de los dieciséis representantes policiales que estaban en aquel momento en la Delegación de Gobierno solamente son denunciados cuatro, que son los que
próximamente tendrán que comparecer en el juicio. Se da la circunstancia de que estos cuatro miembros son exclusivamente de uno de los sindicatos allí presentes, del Sindicato Unificado de Policía. Da la impresión de que sobre ellos se hubiera
ejercido una actuación de carácter selectivo que pone en evidencia una discrecionalidad, una arbitrariedad evidente en el tratamiento de la cuestión.



No quiero seguir insistiendo más en lo que ha supuesto la actuación del señor Baselga, viejo representante corporativo del mundo agrario, que en tiempos se dedicó a encabezar manifestaciones, sentadas y cortes de carreteras, lo que en
definitiva él estimó oportuno en aquel momento, y que ahora actúa con un indudable carácter autoritario y en cierta medida represivo, además, entiendo, de irresponsable, sobre todo porque no se puede olvidar la confrontación que puede originarse
entre dos cuerpos al ordenar a los miembros de uno que detengan a los miembros de otro.



Finalmente, señor secretario de Estado, creo que el caso de Badajoz debe servir de ejemplo de lo que no debe hacerse. Deben proceder -y espero que a su paso por el Ministerio del Interior lo haga- a restaurar el ejercicio pleno de derechos
sindicales en el Cuerpo Nacional de Policía, a evitar abusos de autoridad y a no hacer concesiones graciosas, no estar en esa actitud de decir: no es que estos señores tengan unos derechos sindicales y por tanto yo estoy obligado a aceptarlos y a
cumplir, sino que entienden los derechos como concesiones y esto no puede ser así en un Estado democrático. Debe retirarse, desde nuestro punto de vista, la denuncia, sobre todo porque se ha hecho de manera selectiva y desigual entre los partícipes
en aquellos incidentes. (El señor presidente ocupa la presidencia.)


En definitiva, señor Astarloa, como jurista tiene ahora ocasión para practicar también la justicia y le rogaría que no se escude en los informes planos y átonos


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con que le obsequian a veces los servicios que dependen de usted ni en las interpretaciones restrictivas de los derechos. Creo que es preciso que tome decisiones que restauren derechos de unos humildes policías que estaban actuando en su
condición de representantes sindicales. Eso es lo que hay en el fondo de la cuestión: relaciones sindicales mal entendidas y mal desarrolladas por parte del Gobierno de la nación.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Comienzo siguiendo el hilo de la última expresión del señor Mayoral: relaciones sindicales mal entendidas. Diré por qué. Suelo decir pocas cosas categóricas, pero aquí quiero comenzar señalando un juicio con alcance
-desde mi punto de vista y desde el de mi grupo parlamentario-, con pleno contenido categórico. Nosotros no podemos admitir, porque nos parece contraria a los intereses de este país, la afirmación, ni siquiera como hipótesis intelectual o
dialéctica de trabajo, de que en este país se producen vulneraciones de derechos sindicales. En este país, que afortunadamente está dotado de una alta calidad democrática, que no es patrimonio del Partido Popular o del Gobierno Popular, sino que es
fruto de un trabajo de sucesivos gobiernos democráticos, de todas las fuerzas parlamentarias y de la ciudadanía española, en este país, repito, no se produce vulneración de derechos sindicales. Para nosotros esa es una afirmación tan contundente
como categórica, porque creemos que va en homenaje del importantísimo esfuerzo que en estos veinticinco años de democracia ha realizado el conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país y, desde luego, la ciudadanía de este país.



A partir de ahí hay algunas consideraciones que nos parecen obvias y que tenemos que enmarcar también en las valoraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Si se traduce como una simple solicitud de entrevista,
pacífica y ordenada, sin más, lo que en román paladino se puede traducir por: aquí estamos y no nos movemos hasta que nos reciban, de entrada puede haber una apreciación bastante diferente en cuanto al alcance y la dimensión de los hechos. Se
añade a continuación, con un elemento recriminatorio contra el delegado del Gobierno en Extremadura y por extensión contra el secretario de Estado de Seguridad y contra la política del Gobierno, que se produjo, se buscó o se quiso un enfrentamiento
entre cuerpos hermanos, llamados a realizar una tarea conjunta, como lo están haciendo -y lo están haciendo muy bien-, porque se dice: se avisa a la Guardia Civil y se le ordena la detención de los representantes sindicales. Creo que esto es
querer forzar el argumento dialéctico, porque me imagino que el señor Mayoral no ignora que en todas las delegaciones del Gobierno prestan servicios de custodia y de seguridad los miembros de la Guardia Civil y que, por tanto, no se está avisando a
la Guardia Civil ex profeso para que la Guardia Civil acuda al recinto de la Delegación del Gobierno y se provoque así un buscado y querido enfrentamiento, sino que simplemente la Guardia Civil está desarrollando su deber de custodia de la
Delegación del Gobierno en Extremadura, como en todas las delegaciones de Gobierno, y ante un hecho de fuerza la Guardia Civil necesariamente tiene que actuar en el cumplimiento de esos deberes de custodia. A lo mejor, desde el punto de vista que
el señor Mayoral ha querido enfocar la cuestión -impedir el enfrentamiento entre compañeros-, quizás la reflexión hubiera tenido que venir de la otra parte; hemos hecho una serie de protestas frente a la Jefatura Superior de Policía sin ningún tipo
de incidentes ni de molestias, estamos en este momento protagonizando el principio de un acto de fuerza en una dependencia que orgánicamente está sometida a la custodia de la Guardia Civil, no llevemos a unos compañeros, a unos hermanos de cuerpo, a
una situación límite que tenga necesariamente que forzar su intervención en función de la aplicación de su deber de custodia; en los mismos términos que el deber de custodia que afecta al Cuerpo Nacional de Policía, y lo ha señalado el señor
Mayoral, en relación con el establecimiento penitenciario de Badajoz.



Desde luego la conclusión última de que todo esto se mueve en el ámbito de la irresponsabilidad, la incompetencia, la incapacidad y el autoritarismo del delegado del Gobierno no deja de ser también ciertamente curiosa, porque si se conecta
con la situación sometida al orden jurisdiccional que en este momento afecta a alguna de las personas que protagonizaron esos hechos, nos produce también una perplejidad semejante a la de querer utilizar como elemento dialéctico el que en este país
se vulneran los derechos sindicales. Supongo que el señor Mayoral coincidirá conmigo en que en este país existe una autoridad judicial independiente a la que nadie le dicta a quién tiene o a quién no tiene que someter a ese orden jurisdiccional.
Resulta que es la autoridad judicial la que en estos momentos -y no entro en valoraciones- imputa a unas personas un delito de desobediencia y de resistencia; vuelvo a repetir, es imputado por una autoridad judicial independiente que en ningún
momento admitiría, ni en Badajoz ni en A Coruña ni en Madrid ni en Barcelona ni en Valencia, que desde el Poder Ejecutivo se le señalara con el dedo, se le instruyera y se le ordenara a quién tiene y a quién no tiene que someter al orden
jurisdiccional. Por tanto, pretender concluir que existe discrecionalidad y arbitrariedad impuesta desde el Ejecutivo en función de la peripecia procesal de estas personas me parece, cuanto menos, un exceso dialéctico.



Aquí lo que ha ocurrido -y lo ha relatado el señor secretario de Estado en un análisis de los hechos que nosotros compartimos- es que existían unas necesidades especiales de seguridad, que se informó previamente


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a los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía (no se aplicó el ordeno y mando, se informó previamente a los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía) sobre las exigencias que determinaban esas necesidades
especiales de seguridad; además, se produjo una decisión del mando policial en el marco lógico de esa situación de máxima exigencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en función de las circunstancias obviamente de todos conocidas.



Quiero insistir en un dato del relato de hechos que me parece esencial: se produjeron concentraciones varias de protesta ante la Jefatura Superior de Policía sin que nadie las impidiera o cortapisara. Finalmente, se quiera o no se quiera
reconocer (probablemente conviene a otros tratar de contextualizar; se ha acusado al secretario de Estado de contextualizar lo que sucedió finalmente en el Delegación del Gobierno en Extremadura para poder justificar también otro discurso), lo que
sucedió en la Delegación del Gobierno de Extremadura es que con mayor o menor dimensión, con mayor o menor acento, se produjo un acto de fuerza que se podía y que debía haber sido evitado por parte de los representantes sindicales. Mejor dicho,
para ser más exacto, no diré por parte de los representantes sindicales, que sí tienen un estatus especial -y luego haré referencia a ello-, sino por parte de uno de los ciudadanos, porque este debate se enmarca en el que ya tuvimos, idéntico a
éste, ocasión de celebrar en esta Comisión con motivo de las detenciones que se produjeron de representantes sindicales ante el Palacio de La Moncloa. Por tanto, hoy me remito a las valoraciones que en su momento hice, pero añado tres valoraciones
más.



Puede resultar chocante el que ante una necesidad de máxima exigencia operativa se discutan los extremos de la misma una vez que además no se ha aplicado el principio del ordeno y mando sino que se ha dado información sobre los contenidos
especiales de esa situación y los esfuerzos especiales que esa situación requería; diálogo previo, no aplicación del siempre detestable principio del ordeno y mando. En segundo lugar, puede resultar chocante el que no se acepten las explicaciones
plenamente justificadas dadas por el mando policial para sostener su decisión en términos profesionales y operativos; puede resultar chocante que cuando se arbitra un procedimiento de diálogo previo, que cuando se esgrimen unas razones plenamente
lógicas -e incómodas, naturalmente, pero lógicas- el único argumento de respuesta sea el no aceptar el sentido lógico de ese requerimiento profesional, quizá, a lo mejor, para poder arbitrar un discurso que ya estaba inscrito en una determinada
estrategia más global. Finalmente puede resultar chocante -y quiero poner un acento especial en esta cuestión porque ya lo puse en su momento y porque conviene recordarlo hoy- el que se pretenda arbitrar una concreta protesta, una, la que tuvo
lugar en la sede de la Delegación del Gobierno, confrontándola con las obligaciones que para todos los ciudadanos -y subrayo lo dicho, para todos los ciudadanos- y también para los representantes sindicales de la policía o de cualquier otro sector
profesional determina el ordenamiento jurídico vigente y que, por razones obvias, obligan también en su condición de ciudadanos a los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía -y permítanme que lo recuerde porque ya lo dije en su
momento- y, si cabe, con un mayor componente de ejemplaridad en función de lo que significa su actividad profesional al servicio de la ley y como garantía del cumplimiento de la ley. Sí, tienen los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de
Policía, como los representantes sindicales de cualquier otro sector profesional, tienen, sí, un cierto estatus, el estatus que ha querido darles la ley; naturalmente que tienen un cierto estatus, pero ese estatus no les exime de cumplir sus
obligaciones como ciudadanos ni de dejar de lado la dimensión también ejemplar de la función que protagonizan; ese estatus no les exime en ningún momento de situar el marco de una protesta o el modus operandi de una protesta más allá de lo que
determina el ordenamiento jurídico vigente.



Ante la Jefatura Superior de Policía de Badajoz hubo reiteradas protestas en el marco del ordenamiento jurídico vigente y no hubo ninguna actitud impeditiva ni, como se ha dicho, represiva. En el seno de la Delegación del Gobierno de
Extremadura hubo una situación de protesta que transgredió el ordenamiento jurídico vigente y que obligó a quienes son responsables -como lo son los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, la Guardia Civil en este caso, en ejercicio de su
deber de custodia y vigilancia de ese edificio-, ante el marco de una actuación de protesta que transgredía el ordenamiento jurídico vigente, a tener que actuar. Yo creo que el principio del aquí estamos y de aquí no nos movemos es un modus
operandi profundamente inútil, sobre todo cuando existe voluntad permanente -como ha existido en el anterior Gobierno y como existe en este Gobierno en términos de la Administración del Ministerio del Interior- de poder arbitrar siempre,
permanentemente, con toda la sociedad, y mucho más con los profesionales dependientes de la Administración del Ministerio del Interior, vías abiertas y permanentes de diálogo.



Vuelvo -y con esto concluyo, en los mismos términos que inicié- a no aceptar que en este país se vulneren los derechos sindicales. Los derechos sindicales, como los derechos de representación política, la libertad de expresión, la libertad
-si se me permite ese término, más allá de los términos estrictamente jurídicos porque tiene un alcance político e intelectual- de discrepar, afortunadamente, en este país, está plenamente garantizada, por más que se intente ponerle comillas en
función de un determinado discurso de oposición.



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Concluyo con lo que decía el señor Mayoral. Sí, tiene toda la razón el señor Mayoral cuando dice literalmente que el caso de Badajoz debe servir de ejemplo de lo que no debe hacerse. Lo único es que yo interpreto sus palabras desde otra
perspectiva: el caso de Badajoz debe de servir para que todos entiendan -todos, y naturalmente también los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía- que por ser tan sólidas, tan amplias y tan garantizadas las vías que nuestro
ordenamiento jurídico establece para el ejercicio del derecho de discrepancia, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de reunión, nunca se puede traducir esa discrepancia o esa protesta en formas o en modus operandi que vulneran
el propio ordenamiento jurídico. Todos lamentamos que eso sucediera en Badajoz, pero en el seno de la Delegación del Gobierno en Badajoz, por parte de los representantes sindicales, desde la perspectiva de mi grupo, se produjo una situación de
fuerza que iba más allá de los derechos que les están reconocidos en el ordenamiento jurídico y que están garantizados por todos, naturalmente también y en primer lugar, porque es su obligación, por parte de este Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, puede usted contestar.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Empezaba S.S su intervención con una apelación al derecho parlamentario, igual que terminaba su compañero de grupo en la intervención anterior.
Así lo haré en lo que
usted me pide. Pero déjeme, ya que de apelaciones al derecho parlamentario estamos, que haga yo la mía.



Yo vengo a esta Comisión cuando ustedes quieran a hablar de lo que quieran, pero díganme con claridad de lo que quieren hablar. Cuando quieran hablar de SIVE, díganme que quieren examinar con todo detalle la política de inmigración y la
examinamos, como hemos hecho en las dos horas anteriores, y cuando quieran hablar de un conflicto concreto sobre el que les traigo todos los datos que tengo, pues díganme que de lo que quieren hablar es de la relación del ministerio con los
sindicatos y yo hablo encantado de la relación del ministerio con los sindicatos. Pero pónganlo en el orden del día, porque servirá para que avancemos todos más. Esa es mi apelación al derecho parlamentario.



Dicho eso, su intervención, señoría, sobre esta cuestión concreta, que es -dice la solicitud de comparecencia- para informar sobre los incidentes ocurridos en el mes de junio del año 2002 en la Delegación de Gobierno de Badajoz con ocasión
de la presencia en la misma de representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía en la solicitud de entrevista con el delegado del Gobierno, que es lo que dice la comparecencia, las indicaciones que S.S. me ha hecho producen algunas
inquietudes que vamos a ver si somos capaces de disipar. La primera inquietud, contextualizar un asunto de una u otra manera. El contexto del suceso al que se refiere la solicitud de comparecencia es el que es, no el que se inventa nadie.
Es con
motivo del operativo previsto para lo que está previsto, que es el cierre de fronteras, las dificultades que eso genera en las fechas en las que se va a producir la cumbre y en las que además está convocada una huelga general. Eso es lo que
determina el dispositivo en relación con el cual nace una discrepancia, por otra parte legítima, y pasan una serie de cosas. Quiero creer que S.S. no tiene en modo alguno razón cuando dice: eso es parte del contexto, pero el contexto de verdad es
que ustedes en el ministerio tienen un problema con los sindicatos desde el 30 de noviembre de 2001 y la causa próxima y real del tema que nos trae hoy a la Comisión es esa. Pues quiero creer que no es verdad. Es más, creo que no es verdad porque,
muy afortunadamente, las resultantes de las cuestiones que pueda haber en las relaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos -que luego examinaré- en todo el territorio nacional no son que haya un problema en todas las delegaciones del
Gobierno. No. Aquí ha habido un problema concreto, lo examinamos, vemos por qué, pero desde luego, no remontemos ahí las causas. Si lo que quiere decirme S.S. es que no es sólo el malestar por una operación concreta, sino que hay un malestar
añadido por otra serie de cosas, bien, nos estamos entendiendo y ahí nos ajustamos y estamos en un panorama que podemos compartir. Pero no me diga que la causa es literalmente esa sucesión de acontecimientos que se han producido uno detrás de otro
de no convocatoria del consejo, etcétera. Estamos ante lo que estamos. Uno. Así que el contexto, por favor, el que es.



Dos. De los hechos que yo he relatado, dice S.S.: usted da la visión de una parte y yo le traigo la de la otra. Pero aparte de las valoraciones que ha hecho S.S., que ahora si quiere debatimos, en lo que a hechos se refiere, sólo he
encontrado una discrepancia de S.S., que es donde S.S.
ha dicho: en mi información no se ha producido la comunicación ni la información previa, etcétera. Contrastaremos ese dato. Déjeme que le diga que, al margen de sus papeles y de mis papeles,
yo me he leído los periódicos y lo que han dicho los representantes sindicales en los periódicos es que no estaban de acuerdo en que no se hubiese producido negociación. No he leído en ninguno, ni en los suyos ni en los míos, ni en otros, nada que
desmienta lo que yo le he dicho, que es que se informó y se habló debidamente. El que no se haya producido negociación no le llamará la atención a S.S. como no me la llama a mí, entiendo. Eso en cuanto a los hechos.



Me han inquietado, sobre todo, dos valoraciones. Una más y otra menos. La menos es que después de decir S.S. la serie de cosas que ha dicho sobre las relaciones entre el ministerio y los sindicatos y sobre los hechos de Badajoz, en la
medida en que S.S. los ha tratado,


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ha acabado concluyendo una serie de cosas sobre el delegado del Gobierno y ha hecho una serie de juicios de valor sobre el delegado del Gobierno, que S.S. traerá de donde traiga, pero no de lo que nos ocupa aquí. Porque lo único que le
podemos criticar -si es que le podemos criticar algo- al delegado del Gobierno en esto -si quiere hablamos otro día de otras cosas- es que congregados en el edificio de la Delegación del Gobierno, el señor delegado del Gobierno no les recibió. Y
añade usted: además ya le habían pedido en alguna ocasión anterior y tampoco se había producido y además no les dijeron que volvieran otro día. De ese hecho, de que concentrados en la Delegación del Gobierno impongan que o les recibe o hay un lío,
usted deduzca los juicios de valor, que estarán en el 'Diario de Sesiones', sobre el delegado del Gobierno permítame que le diga que es manifiestamente injusto. Si hay otros elementos, otro día los debatimos, pero hoy estamos en estos elementos y
eso me parece manifiestamente injusto. Podremos discutir si acierta o se equivoca cuando recibe o cuando deja de recibir a personas concentradas en la Delegación del Gobierno, pero es injusto.



Al margen de esto, hay otra cuestión que me preocupa más y a la que derechamente se ha referido el portavoz del Grupo Popular. ¿Por qué, de verdad, eleva S.S. el tono en relación con algo que yo entiendo que no hay que darle más que el
alcance que tiene e intentar que allí donde hay problemas los podamos resolver? Por qué eleva el tono para decir por qué se violan las libertades sindicales, por qué este Gobierno está en una senda en la que las libertades están empezando a
tambalearse. Déjeme que sencillamente se lo pida: baje el tono. No hay ni el más mínimo motivo para que S.S. pase de lo particular a lo general con tanto estruendo, ni el más mínimo. Y desde luego, si quería encontrar algún motivo para decir
eso, éste no lo es. Aquí tenemos lo que tenemos; se han explicado los hechos y si S.S quiere darme alguno más, le aseguro que lo valoraré.



Apela S.S. a mi sensibilidad de jurista y mi sensibilidad de jurista le dice con toda naturalidad y sin elevar el tono, de verdad, que no hay fortuna de elevar aquí la voz para hablar de los peligros a los derechos sindicales. Se respetan
todos; allí donde no se respeten se corregirán por quien se tienen que corregir -ha apelado el señor Gil Lázaro a los tribunales-; y me autocitaré: si es necesario, este secretario de Estado, si alguna vez no se respetan. Se respetarán todos.
Le puedo asegurar que por el camino que trabajamos no es el de disminuir un ápice eso, sino por incrementar la fortaleza al máximo. Si S.S. entiende que en los casos en los que se produce conflicto o discrepancia lo que pasa es que hay una
violación de la libertad de la otra parte, es una forma de verlo. Yo al conflicto lo llamo conflicto y pretendo darle soluciones, pero a eso no le llamo violación de nada.



Terminaré hablando de la evolución de los sindicatos puesto que usted se ha referido a ello. No ayuda mucho en este momento que hagamos planteamientos que dan la sensación de que estamos inmersos en un conflicto categórico, existencial, en
el que pasan cosas como las que hoy nos traen aquí, y las justifican y las explican. El momento exacto en que nos encontramos, y quiero pedirle a usted y a su grupo la correspondiente colaboración, es que el Ministerio del Interior está manteniendo
relaciones y conversaciones con los sindicatos que deben llevar a que el panorama de discrepancias se resuelva hacia futuro, y todos los signos que se han producido de un tiempo a esta parte abundan en esa dirección.
Tuve ocasión de decírselo en la
comparecencia presupuestaria de hace unos días y entiendo que es una cosa en la que coincidimos que era positivo para todos. Sus señorías conocen bien que los sindicatos se reunieron con el señor ministro, uno a uno, para hablar de los problemas
que tenemos y ponerlos en vías de solución; SS.SS. conocen que los sindicatos han asistido a los actos de la patrona del Cuerpo Nacional de Policía y probablemente conocen también SS.SS. que el consejo se reúne esta misma semana a los efectos de
hablar todo lo que haya que hablar para resolver todos los problemas que tenemos encima de la mesa. Con ese panorama, yo prefiero no entrar a recordar cómo ha sido el desarrollo de los problemas. Prefiero terminar esta intervención diciendo que
soy máximamente optimista en que, con la ayuda de todos, también la suya y de su grupo parlamentario, vamos a ser capaces de resolver los problemas que en este momento tenemos.



El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, tiene la palabra.



El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, me parece muy bien que rectifique, porque en realidad lo que acaba de anunciar usted es una rectificación. El consejo no se reunía y fue objeto de una queja ante el Defensor del Pueblo.
La no reunión del consejo, el no dar entrada a tratar los contenidos de aquel acuerdo que se hizo hace dos años ha sido la causa de un larguísimo conflicto que me gustaría que se resolviera.
Desde luego, en mí, por mucho que busque, no encontrará
usted una oposición que trate de buscar en ningún tipo de estercolero; me asquean los estercoleros, como a cualquier persona. Lo que le he venido a plantear aquí deriva de una situación que se ha producido. A mí me parece muy bien que ahora estén
cambiando las cosas, ojalá que sea así, pero cuando pedimos su comparecencia las cosas habían sucedido de otra manera y había razones más que suficientes para avalar una crítica fundada al Gobierno por incumplimiento de derechos sindicales. Yo
quizá no utilizaría el término violación, pero me da igual, el caso es que la ley no se estaba cumpliendo y que se estaban produciendo protestas continuadas, manifestaciones y denuncias


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de todos los sindicatos policiales. El Gobierno había conseguido, ojalá haya pasado ya eso, la mayor unanimidad de los sindicatos policiales en contra del desarrollo de sus relaciones sindicales y de su política de seguridad, que quizá sea
lo que más haya podido irritar al propio Gobierno. Una de las críticas más fuertes de la ineficacia, por ejemplo, del Plan Policía 2000 ha procedido de fuentes sindicales policiales, convencidas desde el principio de que ese plan iba a conducir al
fracaso.



Decía S.S. que le debíamos decir con claridad de qué queremos hablar.
Decía: concrétenme ustedes las cosas porque luego me plantea el caso de Badajoz y me relata todo el conflicto que ha habido con el Cuerpo Nacional de Policía y sus
respectivos sindicatos. Es que eso es lo que ha pasado, señor secretario de Estado. Yo no se lo puedo contextualizar de otra manera. Usted ha contextualizado el motivo en elementos de mayor amplitud todavía: el Consejo Europeo, el control de las
fronteras, todo lo que ocurre en torno a la cumbre... Entonces también nos tendría que decir el Gobierno con claridad de qué quiere hablar y cómo quiere contextualizar las cosas. Yo creo que esto forma parte del debate parlamentario y S.S., que
tiene muchísima experiencia, sabe perfectamente que esto no es un arma dialéctica, es el relato que cada cual hace. Y desde luego mi relato se dirigía a aspectos de mayor amplitud, igual que el relato que ha hecho S.S. se remontaba a la Unión
Europea y buscaba allí ese motivo.



El motivo de fondo de este conflicto, y con esto también contesto al señor Gil Lázaro, la causa por la cual se producen estos incidentes no es solamente el desacuerdo existente en torno a necesidades específicas de seguridad de ese momento,
hay también una especie de sentimiento expresado y consolidado a lo largo del tiempo de que se hacen solicitudes a instancias superiores que no son atendidas o que son despreciadas, como me relatan aquí representantes sindicales. Sentirse
despreciado siendo representante sindical es algo que tiene que producir una sensación muy desoladora, porque uno no está defendiendo sus propios derechos, está defendiendo los derechos que entiende de un colectivo. Aquí lo que ha sucedido es que
un alto cargo, el delegado del Gobierno, no ha querido recibirles, se ha desentendido de personas que dependen de él. ¿O no dependen del delegado del Gobierno estos policías? Si estos señores manifestaban un desacuerdo con el jefe superior de
policía ¿no hubiera sido conveniente que el señor delegado del Gobierno les hubiera recibido y hubiera tratado de encauzar el conflicto y de atemperarlo? ¿O es que la solución tiene que ser dar un portazo? Yo creo que ésa no es una manera muy
adecuada de resolver un conflicto. La sensación que da es que unos señores que están en una situación de subordinación se encuentran ante un muro, se encuentran ante un silencio y se encuentran ante un portazo, y no me extraña que de ahí se
deduzcan actuaciones de cierta indignación, que desde luego tienen que ser controladas. Pero creo que el que tiene más autoridad tiene más responsabilidad; es un principio elemental de la vida. Lo que no se puede hacer es como hace el señor Gil
Lázaro, que exige más responsabilidad a la parte débil de la relación, a aquellos que están en una situación de absoluta inferioridad y de dependencia y esos son los responsables. Eso es muy típico de una filosofía como la suya, profundamente
conservadora, donde, de entrada, el que tiene la autoridad tiene toda la razón por principio, y yo creo que en un estado democrático ésa no es la base del entendimiento de las relaciones entre unos y otros.
Uno está legitimado, tiene su autoridad y
la ejerce con todas las consecuencias, pero también tiene unas responsabilidades, y tiene más responsabilidad el que manda que el que obedece cuando ocurren cosas de este tipo porque puede encontrar una solución. La vida nos demuestra que un
conflicto a lo mejor se resuelve simplemente hablando, porque hay una necesidad de relaciones entre los seres humanos que, si no se cumple, origina situaciones de mayor conflictividad.



Me ha expresado S.S. una serie de inquietudes. Yo qué quiere que le diga, son las inquietudes que yo reflejo también de un sistema de relaciones que tiene que ser encauzado. Dice usted que mi posición es que tienen ustedes un problema con
los sindicatos y ésta es la causa de lo que ha pasado en Badajoz. Yo no lo atribuiría a que les quiera poner delante todo el problema, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid; yo he sido objeto de una carta que me han dirigido como
diputado los sindicatos policiales de Badajoz para que pidiera explicaciones al Gobierno de por qué han pasado estas cosas. Por tanto, no es verdad que yo trate aquí de traerles un problema de manera artificial. Se lo traigo porque así es en
realidad.



Hablaba usted también de otra inquietud, de ciertos juicios de valor sobre el delegado del Gobierno. Qué le voy a decir del delegado del Gobierno.
Tiene todos mis respetos como la máxima autoridad del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, pero su ejemplo no ha estado, cuando era sindicalista, en la línea de conducta de lo que luego ha exigido. Yo creo que estaba más obligado que nadie a entender lo que estaba pasando y a tratar de establecer una línea de diálogo para
desactivar el conflicto, que es de lo que se trata, porque estas cosas es importante desactivarlas a tiempo.



Sobre el tema de la limitación de las libertades sindicales, me dice que he elevado el tono. En este asunto ni quito ni pongo, me he limitado a hacer el relato de un conflicto y de los documentos que los distintos sindicatos policiales han
ido dando a luz como consecuencia de este conflicto. Son ellos los que han hablado de violación de derechos sindicales y ha sido el Defensor del Pueblo el que se ha dirigido al Ministerio del Interior pidiendo que se reuniera el Consejo de Policía.

Ahora se va a reunir, me parece estupendo, pero nos podíamos


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haber ahorrado muchos problemas si se hubieran hecho las convocatorias adecuadas en tiempo y forma, porque este ha sido uno de los problemas que ha provocado la situación.



El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, por favor, concluya.



El señor MAYORAL CORTÉS: Finalmente, sobre lo que ha dicho el señor Gil Lázaro yo no voy a abundar más. Estamos ya habituados a que aquí haya dos turnos en contra de la oposición, uno el de la persona que comparece y otro el del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular. Esto parece que es inevitable. (El señor Gil Lázaro: Lo dice el Reglamento.) Al señor Gil Lázaro, que dice que no acepta ni por hipótesis que hubiera vulneración de derechos sindicales, le diría que se lo cuente a
los sindicatos policiales, que examine las múltiples denuncias y que vea si son fundadas o no, porque todo lo que yo he dicho fundamentalmente ha sido hacerme eco de unas lecturas, de unos planteamientos, de unos hechos, de unos documentos, de unos
acontecimientos públicos y de un conflicto que no ha beneficiado nada a la Policía ni ha beneficiado, más bien ha perjudicado, a la seguridad ciudadana, porque policías en situación de conflicto no creo que tengan un elevado índice de motivación.



Finalizo diciendo que considero que tratar de solventar los conflictos haciendo intervenir a un cuerpo de seguridad frente a otro cuerpo de seguridad es un inmenso error que debería ser evitado. Espero del buen sentido de S.S., que es
responsable de ambos cuerpos, que se arbitren maneras de instrumentar este tipo de situaciones cuando se planteen de modo que nos ahorremos conflictos públicos de enfrentamientos policiales en la calle, como ya pasó cuando se enfrentó al Cuerpo
Nacional de Policía con los policías locales de Madrid y cuando hemos visto esta situación en Badajoz. De todo lo que le estoy diciendo lo que más me preocupa es que se haya producido este hecho y sobre todo que no haya habido capacidad para
dialogar ni resortes para afrontar la solución de un conflicto en su debido momento.



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Permítame que señale que a veces el problema que tiene el señor Mayoral es que no escucha y, como no escucha, no entiende.
Señala que una acreditación clara de la mentalidad conservadora del señor Gil Lázaro es que el
señor Gil Lázaro -dice el señor Mayoral- entiende que el que tiene la autoridad la tiene y la ejerce. Si el señor Mayoral me hubiera escuchado, se habría dado cuenta de que el señor Gil Lázaro ha dicho literalmente que en las situaciones que se
crearon previas en Badajoz no se ejerció el detestable -ese ha sido el calificativo- ordeno y mando, sino que hubo precisamente una explicación previa del mando policial a los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía sobre las
exigencias especiales de seguridad y por tanto los servicios extraordinarios que era imprescindible articular para cumplir esas exigencias especiales. Si yo digo detestable ordeno y mando y el señor Mayoral lo traduce, en la mentalidad conservadora
del señor Gil Lázaro, que es que el que tiene la autoridad la ejerce sin más, difícilmente estamos en fronteras coincidentes y no tanto por mi actitud, sino por la de quien no quiere escuchar. En los mismos términos, cuando dice que el señor Gil
Lázaro lo que pretende es exigir más responsabilidad a la parte más débil del conflicto, vuelve a no haber escuchado mi intervención anterior, porque el señor Mayoral ha imputado a quien fuere -ha sido una imputación innominada, que la ha vuelto a
repetir ahora- que se enfrente a cuerpos policiales y que por tanto alguien tendría que haber hecho la reflexión de que no se podía enviar a la Guardia Civil a corregir una determina situación de hecho que se estaba produciendo por parte de
representantes del Cuerpo Nacional de Policía. Yo lo que he dicho es que, probablemente, quien tenía que haber hecho esa reflexión eran, en función de ese no enfrentamiento entre cuerpos hermanos, quienes estaban protagonizando un determinado acto
de fuerza que iba más allá de las previsiones del ordenamiento jurídico vigente y que iba a obligar a intervenir a quienes tienen la obligación de ejercer sobre ese edificio el deber de custodia y de vigilancia, que es la Guardia Civil. Eso es
exactamente lo que he dicho.



Desde luego que los conflictos no se solucionan enfrentando a unos cuerpos con otros, naturalmente que no. Pero eso no lo puede traducir el señor Mayoral en una imputación a este Gobierno y a este ministerio como la que acaba de reiterar
diciendo: Es que ustedes solucionan los conflictos enfrentando a unos cuerpos con otros. Esa no es la cuestión. La cuestión se enmarca en la valoración que hizo anteriormente. Esto es, que todo el mundo tiene que medir cuál es la dimensión, el
modus operandi, del acto que realiza, para definir si está o no sometido conforme al ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, si va a obligar o no va a obligar a otros, que tienen el deber de actuar, a actuar conforme al imperativo jurídico que
les obliga. El argumento del señor Mayoral llevado al absurdo -y permítame que lo lleve al absurdo- equivaldría a decir: Sabemos que tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía en este momento están produciendo un determinado acto no conforme con
el ordenamiento jurídico vigente -como por desgracia a veces se produce, en el Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil hay ovejas negras como en todo colectivo- en un determinado lugar demarcación de la Guardia Civil, pero no, la Guardia
Civil no puede actuar, porque cómo se va a enfrentar a miembros de un cuerpo hermano. Eso sería llevar al absurdo el planteamiento, desde mi punto de vista absurdo, que el señor Mayoral nos ha tratado de


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relatar como una imputación a este Gobierno. Como se estaba realizando un acto de fuerza, porque dijeron: no me muevo de aquí mientras que no me reciban, y además no me identifico, lo que había que hacer, por parte de quienes tienen la
obligación de evitar actos de fuerzas, sean de policías, sean de abogados, sean de médicos o sean del lucero del alba, como son miembros de un cuerpo hermano, era abstenerse y por tanto consolidar de hecho la actitud no jurídica, no acorde con el
ordenamiento vigente, de quienes están protagonizando ese acto de fuerza. Eso es sencillamente absurdo.



La voluntad de este Gobierno, de este partido, y de este grupo parlamentario de diálogo con todos, y en este caso con todos los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, es absolutamente evidente. Quiero recordarle, por
ejemplo, que a ningún grupo parlamentario en 20 años de democracia, naturalmente tampoco al suyo que en ese momento ejercía las responsabilidades de Gobierno, se le ocurrió hacer comparecer ante esta Cámara a todos los representantes de las fuerzas
sindicales del Cuerpo Nacional de Policía. Fue este portavoz y fue este grupo parlamentario, con un Gobierno del Partido Popular, el que impulsó que por vez primera ante esta Cámara comparecieran todos y cada uno de los representantes de las
fuerzas sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, lo que es un gesto de estilo en cuanto a nuestra predisposición de diálogo y a nuestro profundo respeto hacia esas fuerzas sindicales.



Usted sabe muy bien, señor Mayoral -y debería dejar de utilizar ese argumento-, que el Consejo de Policía no se reunió durante el tiempo en que las fuerzas sindicales dijeron que si se convocaba el Consejo de Policía no acudirían, lo cual
hacia absolutamente inútil la convocatoria del consejo. Durante el tiempo estricto en que las fuerzas sindicales anunciaron que si se convocaba el Consejo de Policía no acudirían a él, fue el lapso temporal en el que no se convocó el Consejo de
Policía, por razones útiles, porque era absolutamente inoperativa esa convocatoria cuando una de las partes ya anunciaba que, si se convocaba, no iría.



Termino, señor presidente, diciendo que yo espero que todas estas cosas siempre las situemos en el ámbito del sentido común. Es de sentido común recibir, por la vía ordinaria, por la vía administrativa adecuada, a cualquier interlocutor,
incluidos interlocutores sindicales, que solicitan por esa vía ser recibidos por una autoridad. Es de absoluto sentido común y es incluso un imperativo democrático, pero es también de sentido común y es un imperativo democrático no permitir que se
consoliden situaciones antijurídicas y de fuerza, como significa decir: Si no me reciben, yo no me voy, o no me voy hasta que me reciban. Esa didáctica social, que también tenemos la obligación de hacer como representantes de la soberanía popular,
convendría que la hiciéramos siempre y en todo momento y no que prescindamos de ella cuando puede convenir a nuestro discurso.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para cerrar el debate, tiene S.S. la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Con brevedad extrema, señor presidente, porque tengo la sensación de que esto ha sido suficientemente debatido.



Dos comentarios al señor Mayoral. De su segunda intervención, me quedo con su apreciación de que le gustaría que se resolviera. En una semana en la que, como le decía, tengo más que fundadas esperanzas de que todos vamos a poner de nuestra
parte lo mejor para que las cosas funcionen como deben, yo me alegro de esa afirmación. No he comentado antes, porque se me ha pasado, el planteamiento que usted hacía y que me ha repetido en su segunda intervención, sobre mis responsabilidades a
la hora de armonizar el funcionamiento coordinado del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Usted apela a mi sensibilidad y yo, aparte de a mi sensibilidad, apelo a mi responsabilidad, porque sé que ésa forma parte probablemente de una
de las funciones y de los cometidos principales que yo tengo. Espero, por el bien de todos, acertar. En lo que se refiere al presente caso, en relación con este asunto, sólo añadiré que, para acertar en esa tarea que me corresponde, lo primero que
entiendo que tengo que hacer es que se cumplan las obligaciones que a cada cual corresponden en cada momento determinado, que se respeten las previsiones de la ley y las reglas generales en el funcionamiento de ambos en su trabajo. Con
independencia de que nos guste o no la escena, eso es lo que ha ocurrido en este caso. Lo digo con toda naturalidad, no hay que darle más importancia y no hay que elevarlo a una categoría de enfrentamiento, porque no lo hay. No lo había en las
pretensiones ni lo ha habido en los resultados, afortunadamente, y queda, creo, como una anécdota que, con la sensibilidad y la responsabilidad, en el futuro supongo que no se tiene que volver a producir.



- LAS CAUSAS POR LAS QUE EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN MÁLAGA NO CUIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LIMITACIÓN DE AFORO EN LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y NO INTENTA CONTROLAR, ESPECIALMENTE EN LOS CONCIERTOS EN QUE SE PRESUME GRAN
ASISTENCIA DE JÓVENES, EL TRÁFICO DE DROGAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000717.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene por objeto la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, que sustanciará el secretario de


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Estado de Seguridad, para informar acerca de las causas por las que el subdelegado del Gobierno en Málaga no cuida el cumplimiento de las normas de limitación de aforo en los espectáculos públicos y no intenta controlar, especialmente en los
conciertos en que se presume gran asistencia de jóvenes, el tráfico de drogas.



Cuando quiera, señor secretario de Estado, puede exponer lo que estime pertinente.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Muchas gracias, señor presidente.



Yo acometo esta tercera comparecencia con una cautela previa, que dejo en su concreción a expensas del grupo parlamentario que ha formulado la solicitud. La cautela tiene que ver con los precedentes de las fechas y de los debates que ya se
han registrado en esta casa sobre esta cuestión.
Estamos hablando de unos de unos hechos del mes de marzo en relación con los cuales se presenta una iniciativa parlamentaria. Los hechos son el día 2 y la iniciativa el día 7. Se produjo una
comparecencia en esta Cámara el día 23 de abril que debatió, según he podido leer con todo detalle, largamente la cuestión que hoy tenemos encima de la mesa. Quiero decir con eso que voy a intentar, y más tal y como va la mañana, ser en este caso
extremadamente breve, sin perjuicio de que si S.S. quiere que entremos en detalles que no mencione en mi primera intervención lo haré con mucho gusto.



Los hechos que están detrás de la solicitud de la comparecencia, hechos desgraciadísimos, se han ido decantando con el paso del tiempo y hoy tenemos una descripción razonablemente cierta de qué es lo que pasó.
Además tengo también la
impresión, lo veremos a lo largo del desarrollo de la comparecencia, de que son hechos no polémicos, una decantación no polémica de los hechos. Muy resumidamente, el día 2 de marzo del año 2002 se celebró una fiesta, en el pabellón de deportes de
Málaga, en la que se estima que acudieron en torno a unas 15.000 personas, cuando el aforo permitido era en torno a 8.000. En esa fiesta fallecieron, como recuerdan SS. SS., dos jóvenes, Iván García Aranda y Joaquín Barragán Ballesteros, y además
resultaron intoxicados y precisaron de tratamiento en hospitales otros jóvenes. Como consecuencia de todos estos hechos, se abrieron las investigaciones policiales y judiciales oportunas tendentes a aclarar lo que allí había acontecido y, tras un
mes de investigación, el día 25, no llega a un mes, se desarrolló una acción policial que permitió la detención de cuatro personas en Málaga a las que se incautó en torno a unas 5.000 pastillas de éxtasis (el éxtasis había sido el causante de todo
el desastre), en el logotipo Smile. Fueron también detenidos los proveedores, que eran personas que actuaban en la provincia de Jaén y cuyo suministro provenía de Madrid. Saben SS. SS. que entre ellas había una persona menor de edad y se daba
también la circunstancia de que alguno de los detenidos tenía relación con alguno de los fallecidos. En un registro posterior en casa de los detenidos volvieron a aparecer cantidades significativas de pastillas de éxtasis y por tanto parece que
estas personas que fueron detenidas junto con sus suministradores tenían una relación directa con lo que había sucedido en la macrofiesta del pabellón Martín Carpena.



Respecto a la fiesta, está constatado y está acreditado que la propia organizadora, sabiendo que tenía un aforo de 8.000 entradas máximo, había encargado en torno a las 13.000. Está acreditado también que la empresa que se encargó de este
tema distribuyó directamente al menos 11.000 entradas conociendo que, como acabo de decir, el aforo máximo era de 8.000. Hay otras 3.000 entradas que quedaron depositadas en la imprenta que realiza el trabajo de impresión de las entradas y parece
ser que la mayoría de estas 3.000 fueron distribuidas por Internet, con la posibilidad de un canje en la taquilla del centro, cosa que a mayor abundamiento, en esta suma de desdichas, ocasionó también sus incidentes porque, al no poderse canjear
todas las entradas, la organizadora tomó sobre la marcha una serie de decisiones que complicaron aún más la seguridad del evento.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que las funciones y servicios que ostentaba la Administración del Estado en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas se traspasaron en su día a la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
consecuencia y de acuerdo con el artículo 5 y concordantes de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de normas reguladoras de Espectáculos públicos y actividades recreativas, corresponden a los órganos de la Administración autonómica las funciones de
policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que les correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades,
cuando el otorgamiento sea de la competencia de la Administración autonómica o bien, como era el caso, se desarrolle en establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas. Corresponde por tanto a los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía el deber de inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de estos espectáculos públicos así como las condiciones técnicas y de seguridad higiénico-sanitarias, aforo autorizado y cumplimiento de horarios, teniendo
asimismo dichos órganos autonómicos la facultad de prohibición y suspensión de estos eventos en los términos previstos en el artículo 3.º de la mencionada ley y la imposición de multas coercitivas en la forma prevista.



Entiendo que, en ejercicio de esas competencias y de esas funciones, el pasado 2 de septiembre la Junta abrió el correspondiente expediente sancionador a la organización por algunos de los incumplimientos que yo


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acabo de mencionar. Quiere decirse que aquí han intervenido, que es lo que entiendo que más puede interesar en este momento en la Comisión, tres autoridades públicas: por una parte, lo hizo el ayuntamiento al otorgar la licencia para la
celebración de la fiesta; por otra parte, lo hace la Junta de Andalucía, como acabamos de ver, en el ejercicio de sus competencias sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, y naturalmente también la Delegación del Gobierno y, dentro de
la misma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las tareas que les corresponden para la prevención y la represión del tráfico y en su caso del consumo de las drogas. Sobre esta última cuestión, que es la que más directamente atañe a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Delegación del Gobierno, por la que interroga la comparecencia, hizo el delegado para el Plan Nacional de Drogas en la comparecencia anterior una serie de consideraciones, que yo entiendo que SS.SS.
vieron con todo el detalle del mundo, que venían a dar razón de la evolución de las drogas y su relación con este tipo de actividades, concretamente con las macrofiestas. De todas ellas yo solamente rescato una, que es la que más viene al debate
que tenemos esta mañana, la que se refiere a la utilización del éxtasis. Decía entonces el delegado que por segundo año consecutivo las aprehensiones de éxtasis se acercarán al millón de unidades, en sintonía con las intervenciones registradas en
la Unión Europea, donde el pasado año ya se decomisaron cerca de 18 millones de unidades. Y añado yo ahora a aquello que dijo don Gonzalo Robles que concretamente en la provincia de Málaga se incautaron, hasta el 30 de septiembre de 2001, 150
toneladas de droga, lo que sitúa a esta provincia en el primer lugar a nivel nacional, con un 39 por ciento del total incautado. Me parece importante añadir, del mismo modo que me refería a la actividad sancionadora que está desplegando en relación
con estos acontecimientos la Junta de Andalucía, el lado sancionador en el ámbito de las drogas, porque también, en lo que a sanciones se refiere, éstas se han incrementado considerablemente. Viendo la estadística desde 1999, se ha pasado, desde
12.831 propuestas de sanciones, a 20.245 en el año 2001.
Y hay otras estadísticas que, si quieren, luego detallo más.



En este ámbito me interesa de todas maneras detenerme sobre todo en la cuestión de la prevención, porque yo no he vivido en directo estos acontecimientos pero tengo una impresión y es que el dolor que han producido los acontecimientos nos ha
hecho obligadamente reflexionar a todos -yo creo que los ayuntamientos, y no sólo el de Málaga, tienen una perspectiva muy concreta sobre el otorgamiento de autorizaciones para el desarrollo de macrofiestas, sabiendo los problemas que eso está
empezando a generar o que puede generar en nuestra juventud- que toda la cuestión de control de entradas y demás en este tipo de acontecimientos requiere ajustes que sin duda cada autoridad competente va a ir adoptando en la medida de sus
posibilidades. Y en la parte que me corresponde a mí está la cuestión de la prevención y represión de la utilización de las drogas en este y en otros ámbitos. Y ahí sí creo importante que desarrollemos las iniciativas que ya están puestas en
marcha y algunas que muy significativamente se han incluido dentro de las mismas, en lo que el otro día ya examinamos, que es el conjunto de medidas del plan de lucha contra la delincuencia. En el capítulo de la prevención hay que hacer un esfuerzo
enorme, especialmente en la relación con este tipo de acontecimientos, para detectar la existencia de puntos de conflicto y con toda la prevención y la anticipación posible. Lo mismo con las zonas de compraventa de proximidad a este tipo de
acontecimientos. Eso quiere decir reforzar la presencia policial en los puntos negros, realizando las identificaciones precisas a las personas que se encuentren en dichos lugares y muy específicamente dos cosas. Una, la articulación, que ya está
en marcha, del programa especial contra las drogas de síntesis, que tiene que incidir especialmente en el control y la prevención del consumo y el tráfico de estas sustancias en macrofiestas e interiores de discotecas y otros lugares de ocio y en la
investigación y desarticulación de los grupos y redes que fabriquen y distribuyan estas sustancias. Dos, los poderes públicos tenemos que contribuir a que se pueda desarrollar en el seno de la sociedad el compromiso de que la sociedad acompañe en
este proceso, tanto en la comprensión de la naturalezas de los actos que van a tener lugar y en la que se pueden producir estas circunstancias como en todo lo relacionado con los efectos del consumo de este tipo concreto de drogas y el tipo de
relación social que no genera, a pesar de lo que se pueda pensar, la utilización de este tipo de drogas. Esto es básicamente lo que entiendo que quedaba por comentar desde la última comparecencia en que se trató, pero empezaba por decir que quedo a
expensas de cualquier concreción que S.S. pueda precisar.



El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra el señor Sanjuan.



El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor secretario de Estado, tengo que agradecerle la manera en que ha enfocado este tema en su conjunto, porque ha hecho una relación de hechos bastante ajustada, pero sobre todo la parte final en que ha hecho
referencia a la prevención de este tipo de sucesos que han obligado a todas las administraciones a ser más cautelosos con relación a este tipo de fiestas y a establecer medidas de prevención. Precisamente es el sentimiento de que no se había
actuado desde una perspectiva de prevención en ese suceso lo que me obligó en su momento, como diputado socialista por Málaga, a pedir esta comparecencia.
Es la exigencia de responsabilidades políticas, si las hay, en los sucesos que ocurren, pero
sobre todo,


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como socialista, como político de la provincia de Málaga, y también mi propio grupo queremos responder al clamor de la ciudadanía de Málaga por un hecho que tuvo un tremendo impacto en nuestra provincia, para evitar que hechos como los que
se produjeron, no vuelvan a producirse nunca en Málaga y a ser posible en ningún lado. Desde ese punto de vista, se plantea la convocatoria y desde ese punto de vista quisiera analizar sus palabras. En el momento en que pide la comparecencia, uno
tiene la sensación de que todo el mundo quiere eludir responsabilidades por este hecho y apuntar a la administración vecina, tenga o no tenga algo que ver. Las responsabilidades tienen un orden. Puede haber responsabilidades por parte de todos,
pero hay unas personas que pueden ser más responsables que otras. Lo que no parece oportuno es intentar no asumir la propia responsabilidad y diluirla siempre hacia otros. Y uno tuvo en ese momento la sensación de que era eso lo que ocurría aquí.
Es verdad que las competencias en materia de espectáculos públicos están transferidas, pero lo están para la imposición de sanciones, etcétera; pero desde el punto de vista preventivo y de la seguridad no están transferidas. A la Junta de
Andalucía no está transferida la seguridad específica frente al tráfico de drogas o la vigilancia; no es competencia suya sino del delegado del Gobierno. Es competencia de quien tiene policía municipal, del ayuntamiento, la vigilancia y control
para evitar lo que ocurrió en la puerta del Martín Carpena. Es responsabilidad de un irresponsable inicial, si quiere: la empresa organizadora de este evento, que sin duda ninguna actuó con absoluta irresponsabilidad. De todos modos, no cabe
decir que la responsabilidad es de la Junta de Andalucía o de Perenganito Pérez; es de una empresa privada que organiza una fiesta con absoluta irresponsabilidad y que tiene que ser sancionada -y lo será sin duda- y de aquellos que no controlan y
que no se dan cuenta -de ahí esta comparecencia- de lo que significan ese tipo de fiestas y de la prevención que requieren. Todos deberíamos saber que en estas fiestas corren las drogas de síntesis -lo dijo el delegado del Gobierno para la droga-,
el éxtasis, etcétera, y hay que tener ante ellas una actitud preventiva, especialmente cuidadosa para evitar que ocurra y para hacer lo que luego se hizo: detener a los responsables del tráfico de drogas.
Al leer lo que decían muchos de los
jóvenes de que había ausencia policial, habiendo muchos vigilantes privados, por lo visto, tenemos que pensar que no podemos descansar en la vigilancia privada. Es un ejemplo de lo que ocurre muchas veces: no son los vigilantes privados los que
tienen que ocuparse exclusivamente de la seguridad; y no sólo no lo son, es que ellos son absolutamente subsidiarios. En lugares públicos, como público era el palacio de deportes Martín Carpena, que depende del Ayuntamiento de Málaga, no deben ser
los vigilantes privados los que se ocupen de la seguridad interior. La policía tiene que estar presente fuera y dentro; dentro, haciendo labor preventiva y de investigación en lugares donde abundan las drogas.



Quiero terminar con esto. Si el hecho absolutamente triste, y que no debería haberse producido, de que hayan muerto dos jóvenes ha servido para que no vuelvan a ocurrir estos hechos nunca más; si la Administración del Estado toma
conciencia de que debe vigilar y prevenir estos hechos, puesto que este control es su responsabilidad exclusiva y fundamental; si los ayuntamientos se dan cuenta de que no deben mirar tranquilamente la realización de estas macrofiestas -y no me
refiero sólo al de Málaga sino a todos los ayuntamientos-; si, por último, las comunidades autónomas actúan después, en el ejercicio de sus competencias, sancionando las infracciones de aforo o los incumplimientos desde el punto de vista de la
policía de espectáculos, consideraré bienvenida esta comparecencia y todo lo que la misma ha suscitado. De manera que quiero incidir en esto y pedirle que le diga al subdelegado que está muy bien que se ocupe de lo de después, pero que se preocupe
más de lo que ocurre antes. Allí no hubo policía nacional suficiente para un tipo de fiestas como ésta que estaba superanunciada, etcétera, y debía haber tenido esa previsión, que ahora en el futuro parece que va a tener.
Desde ese punto de vista
esta comparecencia no quiere ser más que una llamada de atención a las autoridades para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir.



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Seré breve porque creo que la comparecencia se ha situado por parte del secretario de Estado en esos tonos de reflexión sobre que un hecho tan desgraciado y lamentable como éste nos debe movilizar a todos.



Quiero agradecer el tono con el que señor Sanjuán ha planteado su también particular reflexión y en ese mismo tono simplemente apuntar alguna cuestión y pedirle también al secretario de Estado alguna que otra cosa.
Pido al Grupo
Parlamentario Socialista que se acomoden más los tonos de las solicitudes de comparecencia con los tonos finales de presentación, porque creo que ha sido muy positivo el que ha hecho el señor Sanjuán, pero el tono literal de la solicitud de
comparecencia determinaba de manera taxativa una responsabilidad expresa sobre el subdelegado del Gobierno, y no solamente eso, sino la atribución de un juicio sobre la conducta del subdelegado en los términos en que se decía: por qué el
subdelegado del Gobierno no cuida el cumplimiento de las normas de limitación de aforo en los espectáculos públicos y no intenta controlar.
Creo que tenemos que ajustar las dicciones literales de las solicitudes de comparecencia a los tonos,
ciertamente positivos, en que después se ha desarrollado el planteamiento del Grupo Socialista. Pero es un tono positivo que tampoco deja de apuntar alguna pequeña laguna, porque conviene tener muy presente


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que en cuestiones como ésta hay -lo recordaba el secretario de Estado- una serie de atribuciones de responsabilidades compartidas o más que compartidas escalo-nadas. Hay una función que corresponde a los ayuntamientos; hay sobre la función
de los ayuntamientos una función directa inspectora que corresponde a la Administración autonómica en el caso de Andalucía por haber sido transferidas esas funciones inspectoras y de control y hay, naturalmente también, una función que corresponde a
la Administración del Estado en lo que afecta a la prevención y disposición de los instrumentos o elementos de seguridad.



Concluyo, señor secretario de Estado, haciéndole un ruego. Le decía el señor Sanjuán que le diera al subdelegado del Gobierno un determinado recado, que parece sensato, y yo le pido también que cuando usted tenga ocasión al subdelegado del
Gobierno le pida, en el marco, como es natural, de la cooperación interinstitucional, que le recuerde a la Comunidad Autónoma andaluza las obligaciones que por ley le corresponden en materia de inspección y control de los espectáculos o actividades
recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a setecientas personas. En todo caso coincido con lo que decía el señor Sanjuán: probablemente esta comparecencia sirva también para acentuar el esfuerzo de todas las
administraciones para evitar que hechos tan desgraciados y lamentables como los que sucedieron en el día de autos puedan volver a producirse.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, por favor.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Señor presidente, voy a hacer una intervención en la que de forma insólita, tal y como va la mañana, creo que no voy a dar lugar ni a la réplica, señor Sanjuán. (El
señor Sanjuán de la Rocha: A usted no, a él sí.) Le agradezco mucho su intervención. Comparto la enseñanza que tenemos que sacar de estos sucesos, como la compartía el señor Gil Lázaro, y me quedo con la misma sensación que los demás de que
tenemos trabajo por hacer. Hay que afrontar las nuevas realidades con celeridad, nos surgen las que nos surgen y estamos, como decía en alguna intervención anterior, para resolver los problemas. Este tema se ha puesto este año descarnadamente
encima de la mesa y tenemos que afrontarlo con sentido común y con la colaboración de todos.



Me llevo los dos recados que me dejan SS.SS., los cuales me parece que son sensatos. Tenemos que cuidar todo lo que podamos, no sólo el subdelegado sino todas las autoridades y desde luego las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo
que se está desarrollando a través de los grandes espectáculos públicos, sean de esta naturaleza o de otra, porque tenemos otros acontecimientos menos luctuosos pero no menos inquietantes a lo largo del año. Esta Cámara tiene que estudiar todo
esto, tomar las medidas que procedan y, en el ámbito de mi responsabilidad, articular los mecanismos operativos que nos permitan afrontar las nuevas necesidades que van surgiendo alrededor de esos grandes espectáculos. Hablaba S.S. de la seguridad
pública y privada, y en ese tema sin duda hay un camino que recorrer porque, según uno va aprendiendo, esto se prefigura como una tarea de profunda colaboración, como ocurre en un estadio de fútbol, en una macrofiesta y en otros tantos sitios.
Tiene una dimensión que es la que es, y sólo con la colaboración de todo el mundo tendremos capacidad para desarrollarlo en los términos ordenados que corresponde.



También me llevo el recado de hablar con la Junta de Andalucía con quien, gracias a Dios, las conversaciones del ministerio en materia de seguridad se desarrollan con gran fluidez para que no haya dudas en los casos concretos de lo que debe
hacerse fuera de la instalación, en la puerta de la instalación y dentro de la instalación, tanto en seguridad como en lo que se refiere a control de entrada y a la circulación de productos no debidos en el interior del recinto. Como dice el señor
Gil Lázaro -y a estos efectos el artículo 6 de la ley le da la razón-, hay una competencia de inspección y de control que corresponde hoy a las comunidades autónomas que la tienen transferida. Sin embargo, no digo esto para abundar en términos
polémicos -como tampoco lo he hecho a lo largo de la comparecencia- sino para decir que, entre otras cosas, significa incluir en el orden del día los trabajos de coordinación que tenemos que hacer todos los que tenemos responsabilidades en este
ámbito para que si alguna vez -Dios no lo quiera- se produce una situación de esta naturaleza todos actuemos coordinadamente en el ejercicio de nuestras responsabilidades.



El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán.



El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra.



En relación con S.S. me podría ahorrar la réplica, pero lo voy a hacer por las siempre insinuaciones maliciosas que hace el señor Gil Lázaro, en una actuación que está fuera del papel que le corresponde con arreglo al reglamento, que es
fijar su posición y no intentar hacer siempre un turno en contra del peticionario de la comparecencia.



Hay un escalón de responsabilidades en este tema y hay una petición de comparecencia en los términos en que este diputado ha considerado conveniente. Esta petición de comparecencia este diputado consideraba conveniente hacerla en la manera
en que lo ha hecho, y ahora tiene absoluta libertad para, después de saber cómo han ocurrido los hechos, las medidas preventivas que se están acordando y las explicaciones dadas por S.S., tener una intervención más suave, algo que parece ser que
molesta al señor Gil Lázaro. Que uno sea razonable parece que a


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él le molesta, porque debe ser que la norma de lo razonable no entra dentro de sus modos de conducta. Digo esto porque cuidar de la vigilancia externa no es competencia de nadie más que del subdelegado. Eso lo sabemos, lo hemos visto y lo
hemos vivido en Sevilla con motivo del partido de fútbol. ¿Quién cuidaba de la vigilancia externa? La policía, los cuerpos de seguridad. ¿Quiénes son, por consiguiente, los que tienen que evitar esta tremenda aglomeración de jóvenes que hubo, el
descontrol absoluto que hubo en la fiesta y la falta de efectivos policiales que hubo en ese momento? No me obliguen a intervenir y a marcar ahora una forma de actuación que no quería tener en esta comparecencia. La actuación inspectora de la
Junta de Andalucía es para determinar los aforos, para vigilar después si se ha sobrepasado el aforo y, si es así, instruir el correspondiente expediente disciplinario, pero no desde luego, porque no tiene policía a su disposición, para evitar que
entre más gente de la que puede entrar; no tiene policía. La policía la tiene quien la tiene y los cuerpos de seguridad del Estado en Andalucía son los responsables de la vigilancia exterior y de que no se produzcan alteraciones en el orden
público; y en relación con un lugar municipal era responsable también la policía y el ayuntamiento que había dado la licencia. Las cosas son como son y no se trata de buscar tres pies al gato porque el gato tiene cuatro. Se trata nuevamente, y
vuelvo a hacerlo, de incidir en que esto ha servido como ejemplo a todas las administraciones, a la Junta en la parte de responsabilidad que tiene, sobre todo a posteriori, al Ayuntamiento de Málaga y a la Administración del Estado para que estos
hechos no se vuelvan a repetir, no sólo en Málaga sino en Andalucía y en ningún otro lugar de España. La intervención que ha tenido S.S., que me ha parecido que coincidía con la voluntad de este parlamentario de intentar evitar que estos hechos
volvieran a producirse en el futuro, ha dado pie a una intervención que no era más que de llamada de atención, pero parece ser que eso al señor Gil Lázaro no le gusta. Le agradezco a usted que le haya gustado mi intervención.



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero apuntar que comprendo que desde la inteligencia y experiencia del señor Sanjuán haya querido hacer una distinción, haya querido quedar bien diciendo que comparte absolutamente la intervención del
señor secretario de Estado y haya querido utilizarme instrumentalmente para hacer una segunda intervención, lo cual me parece muy bien y está inserto en la estrategia y en la técnica parlamentaria, pero, señor Sanjuán, sitúe las cosas como son y en
lo que yo he dicho. He dicho literalmente que compartía el sentido de la intervención del secretario de Estado y que compartía el sentido de la suya, y si me fuerza usted a que diga cosas que no he querido decir en mi primera intervención,
precisamente por respeto a lo que me parece más profundo, la valoración reflexiva que de conjunto y de cara al futuro todos estábamos haciendo, le tendré que decir que me ha dado la sensación de que ha incurrido de una forma muy elegante y muy
moderada en la expresión pero de alguna manera se ha deslizado por eso que usted señalaba de atribuir responsabilidades a la Administración vecina. Además, señor Sanjuán, probablemente, si al redactar literalmente el tenor de esta comparecencia, en
donde sí que hay insinuaciones maliciosas porque se atribuyen conductas a una autoridad, usted hubiera conocido la legislación vigente, no la hubiera redactado en esos términos. Es más, no he querido hacerlo en mi primera intervención pero ahora me
fuerza S.S. a decir que la interpretación que hace de la legislación vigente es profundamente inexacta porque sitúa a posteriori las responsabilidades de la Administración autonómica. No, señor Sanjuán. Existe en la legislación vigente una
atribución, derecho-deber que se da a la administración competente, en este caso a la Administración autonómica -cito literalmente- la facultad de prohibición y suspensión de estos eventos, una vez ejercitada previamente la labor de vigilancia que
le corresponde.
Vuelvo a repetir que me parece que ha sido muy inteligente por parte de S.S. utilizar, entre comillas, mi intervención para poder tener un segundo turno diciendo, eso sí, que está absolutamente de acuerdo con lo que yo creo que
estamos todos de acuerdo, que es el fondo del asunto.
Estos hechos no se deben volver a repetir y conviene que nadie, como muy bien decía S.S. -y yo lo comparto como principio, otra cosa después son los discursos parlamentarios que algunos puedan
hacer-, piense en estos casos que la responsabilidad es del vecino. La responsabilidad globalmente es de todas las administraciones, como no podía faltar más, pero luego están las responsabilidades expresas y explícitas que el ordenamiento jurídico
de manera escalonada atribuye a cada cual.
Quedémonos con lo que importa, y lo que importa es que nunca serán bastantes los esfuerzos coordinados de todas las administraciones para que hechos tan lamentables como éste no vuelvan a repetirse.



El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado me dice que renuncia al turno que le correspondía.



Concluido el debate de este punto, y dada la hora en que nos encontramos, vamos a levantar la sesión para poder llevar a cabo la reunión de la Mesa y seguir otro día con el resto de los asuntos del orden del día. El Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, a la vista de la marcha de los debates, comentó con la presidencia la posibilidad de que hubiera tiempo para entrar en sus comparecencias. Como creíamos que no lo iba a haber, y en el entendimiento de que su iniciativa
no iba a decaer, pensamos que podían ser vistas en otra oportunidad.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.