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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 580, de 09/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 580
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 9 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género. Formulada por los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Vasco-PNV, Coalición Canaria y Mixto. (Número de expediente 158/000049.) ... (Página 18774)
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Número de expediente 121/000109.) ...
- Del señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales (Marí Olano). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/001269) y del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/001317.) ...
- Del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/001270), del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 212/001319) y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 212/001209.) ... (Página 18783)
- De la señora secretaria general de Asuntos Sociales (Dancausa Treviño).
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/001271) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 212/001320.)
... (Página 18792)
- De la señora directora general del INEM (Cano Ratia). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001272.) ...
(Página 18799)
Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, CON EL FIN DE FORMULAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE DEN UNA RESPUESTA INTEGRAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (PNV), COALICIÓN CANARIA Y MIXTO. (Número de expediente 158/000049.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se inicia la sesión.
En primer término, vamos a someter a votación por asentimiento de la Comisión la alteración del orden del día inicialmente acordado, para que el primer punto pase a ser el debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión en
el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género. ¿Queda alterado el orden del día por asentimiento? (Pausa.) Se procede, por lo tanto, a
alterar el orden del día.
La presidencia quiere poner de manifiesto a SS.SS. que esa subcomisión, salvo indicación contraria por parte de algún grupo parlamentario, tendrá la composición que figura para este tipo de órganos parlamentarios en la resolución de la
presidencia del Congreso atinente a estos extremos. Por lo tanto, la subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos
con más de diez diputados y un representante de cada uno de los grupos restantes.
El objeto de la subcomisión, como es conocido y responde a la iniciativa formulada, es hacer un estudio y formular una propuesta en relación con las medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género. Ese
será lógicamente el trazo final de las conclusiones que la subcomisión debe establecer al finalizar sus trabajos, trasladando naturalmente su propuesta a esta Comisión para su dictamen y su elevación posterior al Pleno de la Cámara.
¿Hay algún grupo que desee intervenir al respecto? (Pausa.)
Así, pues, con este planteamiento, que será el que recogiendo el parecer de la Comisión elevaré a la presidencia de la Cámara, se somete a votación la constitución de esa subcomisión con ese objeto y con esa composición.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003. (Número de expediente 121/000109.)
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (MARÍ OLANO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001269) Y GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001317.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto
de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
En primer lugar, señorías, y a petición de los Grupos Socialista y Popular, comparece el subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, que es la primera vez que lo hace ante esta Comisión desde la toma de posesión del cargo, y por ello la
presidencia le da la bienvenida muy cordial al seno de este órgano parlamentario, agradeciendo naturalmente la aportación de los datos que los grupos parlamentarios le van a plantear.
Como el primer solicitante es el Grupo Parlamentario Socialista, le concedo en primer lugar la palabra al representante de dicho grupo, señor González Vigil, para el planteamiento de las cuestiones, preguntas y la información que desee
obtener del señor subsecretario.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Ante todo, quiero darle la más cordial bienvenida y enhorabuena al señor subsecretario por su nombramiento. Espero que tengamos unas relaciones cordiales en el período que queda de esta legislatura.
Señor subsecretario, en primer lugar quisiera hacer una pequeña reflexión sobre algo que nos ha llamado poderosamente la atención cuando hemos analizado los presupuestos de su ministerio para el año 2003, y es la excesiva publicidad, la
excesiva propaganda que han hecho diversos altos cargos del Gobierno sobre la supuesta subida presupuestaria de los gastos relativos a la protección social. Parece ser que con la llegada del señor Zaplana al Gobierno ustedes quieren convencer a los
ciudadanos de que son los protectores de los más desfavorecidos, de que están muy preocupados por la protección social. De hecho, el señor Zaplana, en su primera comparecencia en esta Comisión, recalcó en varias ocasiones que aparte de ser el
ministro del Ministerio de Trabajo también lo era de Asuntos Sociales y que no lo iba a olvidar nunca. Nosotros creemos, con todos los respetos, y con los datos en la mano, que esto no es del todo cierto. Más bien es totalmente falso. Nosotros
creemos que con estos presupuestos el Gobierno es totalmente insolidario con los trabajadores y con las personas más desfavorecidas y quieren ocultarlo dando datos engañosos.
Por citar sólo algunos ejemplos, ya que en las siguientes comparecencias
del secretario de Empleo, señor Chozas, y de la directora del INEM profundizaremos más en ello, ustedes venden que el gasto en prestaciones por desempleo crece casi un 20 por ciento respecto a los presupuestos del año 2002; exactamente de 8.783
millones de euros en el 2002 a 10.507 millones en el 2003. Nosotros tenemos que decirle que estos datos son engañosos porque lo que ustedes no dicen es que al presupuesto de 2002 se le imputaron obligaciones del ejercicio de 2001 y lo que tampoco
dicen es que en agosto de este año ya se había gastado el 83,65 por ciento del total presupuestado, lo que quiere decir que el gasto real a finales del año 2002 va a superar con creces el presupuesto inicial, con lo que tendrá que imputarse de nuevo
ese gasto no presupuestado a los presupuestos del ejercicio 2003.
Si tenemos en cuenta que se prevé un gasto final de unos 10.400 millones, cuando, como hemos dicho antes, lo que estaba presupuestado para el año 2002 eran sólo 8.783, se puede decir que el aumento es prácticamente cero. Fíjese, señor
subsecretario, la diferencia. Ustedes publicitan una subida del 20 por ciento y nosotros, con los datos en la mano, demostramos que la subida es cero. A mí me gustaría que usted también reconociese esta situación y por ello le quiero formular
estas dos preguntas. Primera, ¿cuánto se ha gastado a mes de agosto o de septiembre, según los datos que tenga, del total presupuestado para prestaciones por desempleo? Y, segunda, ¿qué gasto total tiene previsto para estas prestaciones al final
del presente ejercicio?
En el capítulo de pensiones la situación es similar. Ayer mismo se reconocía en una Comisión de esta Cámara. El Gobierno oculta que como consecuencia de la falta de control de la inflación hay una desviación que supone un coste de más de
mil millones de euros por atrasos, a los que hay que sumar otros mil millones adicionales para consolidar la subida.
Otro ejemplo que demuestra esa peculiar preocupación que tiene el ministerio por los más desfavorecidos desde la llegada del señor Zaplana es que el gasto destinado al subsidio por desempleo para eventuales del régimen especial agrario de la
Seguridad Social, que afecta a Andalucía y a Extremadura, se reduce en más de un 6 por ciento. Por tanto, señor subsecretario, no digan que aumenta el gasto social; digan que quieren conseguir el déficit cero y que quieren conseguirlo, entre otras
cosas, a costa de reducir ese gasto social. Reconozca que este Gobierno es insolidario con los trabajadores, no sólo por no aportar ni un solo euro a la financiación del INEM, sino por utilizar el excedente de la recaudación de la cuota por
desempleo -que le recuerdo que en el año 2001 ascendía a 3.872 millones de euros- para pagar gastos que corresponderían al Estado. Reconozca que los solidarios son los trabajadores, que con sus cuotas van a financiar todas las prestaciones
contributivas y asistenciales a los desempleados, las políticas activas de empleo, las bonificaciones a los empresarios en la contratación e incluso los gastos de personal y funcionamiento de este organismo. Nosotros no vamos a comprender nunca que
con las cuotas de los trabajadores se pague, por ejemplo, el sueldo de la señora directora del INEM y, sin embargo, se rebaje en un 6 por ciento -como he indicado antes- el gasto presupuestado para el PER.
Voy a entrar en programas concretos de su presupuesto y me voy a referir sólo a tres de ellos. En primer lugar, al programa 311.B, relativo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Al igual que en años anteriores, comprobamos que con
estos presupuestos no se tiene la intención de aumentar de manera significativa la plantilla de inspectores de trabajo y seguridad social.
En la comparecencia del subdirector general, celebrada en esta misma Comisión el año pasado, nos decía que en el año 2001 existían 803 inspectores. Señor subsecretario, en el caso de que todos estuviesen en activo -que sabemos que no lo
están- y en el caso de que todos se dedicasen a las labores de inspección de empresas y no a funciones administrativas -que sabemos que hay inspectores que, por decirlo en términos coloquiales, no salen a la calle y se dedican a labores
administrativas-, seguimos teniendo una ratio de un inspector por cada 25.000 asalariados aproximadamente, cuando en el resto de los países de la Unión Europea la ratio sigue siendo de 1 por cada 7.000 e incluso en algunos -en los que son modélicos
en cuanto a los índices de siniestralidad laboral- de 1 por cada 5.000.
No sé si a usted le gustará que le hablemos de comparaciones con otros países europeos, al subdirector anterior no le gustaba y al señor Aparicio tampoco, pero aparte de hacer comparaciones o no con el resto de los países europeos, tenemos
que reconocer la realidad del mercado laboral de nuestro país que, entre otras cosas, se caracteriza por tener una multitud de microempresas. Hace poco leía en una pregunta parlamentaria que en España había aproximadamente 2 millones y medio de
empresas, de las cuales aproximadamente el 71 o el 76 por ciento -no recuerdo bien- tenían un empleado o ninguno. Esta es la realidad de la microempresa en nuestro país y hay otra realidad, que el número de accidentes laborales sigue creciendo año
tras año y en su mayoría se dan en estas empresas más pequeñas, en estas microempresas.
Por ello, como le hemos reiterado en todas las comparecencias celebradas en esta Comisión y en todos los debates que se han producido en esta Cámara, consideramos que el ministerio debe realizar un esfuerzo presupuestario para aumentar
significativamente la plantilla, aunque por supuesto de forma progresiva. Los sindicatos y los agentes sociales cifran este aumento en mil inspectores más. No le voy a indicar ninguna cifra, pero tengo que recordarle que prácticamente todas las
comunidades autónomas reclaman ese incremento de la plantilla de inspectores para reducir la siniestralidad laboral. Incluso en los últimos días hemos tenido noticia de que en algunas comunidades autónomas se está viendo la posibilidad -no sé que
opinará usted o su ministerio sobre este tema- de atribuirle funciones a la Policía local en temas de vigilancia de la seguridad laboral. Es lógico que las comunidades autónomas pidan este incremento, porque en temas de seguridad laboral tienen la
mayoría de las competencias transferidas. Pero también saben qué es lo que ocurre en las empresas. Según las encuestas realizadas por las mutuas de accidentes de trabajo y por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, se puede decir que el 75
por ciento de los empresarios desconoce la Ley de prevención de riesgos laborales y que ni siquiera el 25 por ciento que se declara conocedor de ella la aplica de manera aceptable.
Aquí el papel de la inspección es valiosísimo y quien tiene atribuciones para aumentar la plantilla de la inspección no son las comunidades autónomas, sino la Administración central. El papel de la inspección en este tema es valiosísimo
fundamentalmente por dos de las funciones que tienen encomendadas: Por un lado, el asesoramiento e información a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir la normativa y, por otro lado, aquellas relativas a la
vigilancia de su cumplimiento y a la comprobación de las medidas preventivas establecidas en la ley, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente en caso de comprobar algún tipo de infracción. Para ello, es indispensable
dotar a este servicio de los suficientes recursos humanos para que puedan realizar estas visitas de forma eficaz -repito, de forma eficaz- al mayor número posible de empresas, que es lo que ocurre -quiera reconocerlo el ministerio o no- en los
países europeos que tienen menor índice de siniestralidad. Respecto a este tema, el subdirector general nos informaba el año pasado que se estaba haciendo un estudio en el seno de la Unión Europea por las llamadas autoridades centrales -en la
terminología del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo- para ver cómo se podría homogeneizar en todos los países europeos lo que se podrían denominar cuerpos de inspecciones de trabajo. Me gustaría preguntarle si ha finalizado ya
ese estudio y cuáles han sido sus conclusiones, y si no han finalizado, en qué momento se halla. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.)
En otro orden de cosas, observamos en el presupuesto que bajan las dietas y los gastos de locomoción. No sabemos cómo tenemos que interpretar esto.
Si nosotros estamos defendiendo que la inspección tiene que salir del despacho, tiene que
visitar empresas, ¡cuantas más mejor!, no sabemos si se van a visitar menos empresas, porque hemos visto que en los presupuestos están programadas bastantes más empresas en el tema de salud laboral y de condiciones de trabajo, aunque en el tema de
la economía irregular son 6.000 menos. Por ello, viendo que no baja la gasolina, que no baja la comida, sino todo lo contrario, nos ha chocado cómo se reduce el presupuesto en ese apartado.
En cuanto al organismo 104, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, lo primero que nos ha llamado la atención es algo parecido a lo que acabamos de decir con el tema de la inspección. Mientras que en nuestro país los
accidentes laborales siguen creciendo año tras año, el Gobierno prácticamente congela el presupuesto también año tras año del único organismo técnico que posee la Administración general del Estado en materia preventiva. Cuando vemos que los
presupuestos de estos dos apartados, el de la inspección y el del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, que dependen directamente de la Administración general del Estado, de la Administración central, se vienen congelando año tras año da la sensación de que en realidad al Gobierno no le preocupa demasiado el tema de la seguridad
laboral. En general, los empresarios y los agentes sociales valoran positivamente -nosotros también- la labor de investigación y estudio que realiza el instituto sobre las condiciones de sanidad y salud en el trabajo en nuestro país. Pero no
ocurre lo mismo respecto a sus labores de formación, promoción y sensibilización, sobre todo en lo relativo a la formación, como consecuencia de la falta de personal. El mismo director del instituto -leo palabras textuales suyas- decía el año
pasado en esta Comisión: Dados los limitados medios con que contamos, lo que hacemos es intentar utilizarlos o tener de ellos un resultado lo más eficiente posible. Esto no es de recibo en un país en el que se siguen produciendo cinco accidentes
mortales de media cada día laborable. Es necesario dotar a este organismo -que es el único organismo que tiene la Administración general del Estado en materia preventiva- de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para acabar o
al menos frenar esta lacra de la siniestralidad laboral. Se tiene que dar más formación presencial a los trabajadores, a los empresarios y a los cada vez más numerosos profesionales de la prevención. Para ello, al igual que en el caso de los
inspectores para las visitas a las empresas, se necesitan más profesores. Pero en el instituto está ocurriendo todo lo contrario. Cada año, por las razones que sean, disminuye tanto el número de funcionarios como el de personal laboral. El mismo
director del instituto reconocía en esa Comisión del año pasado a la que me he referido antes, que este problema, la disminución de personal cualificado, se viene arrastrando desde hace casi diez años y se ha agudizado mucho en los dos últimos. Por
ello, tengo que preguntarle si el Gobierno tiene previsto aumentar la plantilla del instituto en los próximos años.
Otra de las labores que tiene encomendada el instituto es la de potenciar la presencia de la prevención de riesgos laborales en los medios de comunicación. ¿Puede explicarnos qué se ha hecho hasta ahora en este sentido y qué se tiene
previsto hacer? Le hago estas preguntas porque este tipo de actividades, las acciones específicas de sensibilización dirigidas a crear una auténtica cultura preventiva en toda la sociedad -que, entre otras cosas, es la filosofía que movía a la Ley
de prevención de riesgos laborales-, brillan por su ausencia. Estoy convencido de que si a los miembros de la Comisión que están en este momento aquí les preguntásemos cuántas campañas de publicidad han visto en televisión en los últimos tiempos,
prácticamente todos responderían que casi ninguna o ninguna, excepto hace un mes o dos, cuando hubo una mínima campaña en televisión sobre este tema. No entendemos cómo es posible que, con la creciente alarma social que se está produciendo en
nuestro país con motivo de los accidentes laborales, no se hagan este tipo de campañas, cuando sí se hacen en temas como los accidentes de tráfico, la violencia de género, etcétera.
Señor subsecretario, como usted sabe, en nuestro país el listado de enfermedades profesionales está recogido en un decreto de 1978. Los agentes sociales, entre otros, vienen pidiendo desde hace mucho tiempo que se modifique y que se
actualice ese listado. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno, si es que lo tiene previsto, modificar la lista de enfermedades profesionales?
Respecto al programa 134.A, relativo a la cooperación para el desarrollo -muy brevemente ya-, hemos observado que desaparece la financiación para becas de cooperación. ¿Podría explicarnos a qué se debe esa desaparición? También observamos
que este año, por primera vez -ya que en los últimos cuatro, cinco o seis años venía reiteradamente en los presupuestos-, no se especifica qué programas y proyectos se van a gestionar en América latina en el año 2003. ¿Podría informarnos de cuáles
van a ser?
Por último, nos gustaría que nos informase sobre la continuidad o la finalización de algunos proyectos que se estaban ejecutando en ejercicios anteriores, fundamentalmente el proyecto MATAC, el proyecto de más y mejor empleo para las mujeres
en Méjico, y el proyecto IPEC, para la abolición del trabajo infantil.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Mis primeras palabras son para dar la bienvenida al señor subsecretario a esta Comisión y para desearle los mayores éxitos en el ejercicio de su nueva responsabilidad, por la cual le damos la enhorabuena, a la vez que le ofrecemos toda
nuestra cooperación desde esta Cámara.
Dicho esto, he de decir que este es un trámite de información y no debate, ya habrá posteriores trámites parlamentarios en los que se suscite el debate y haya el lógico intercambio de enmiendas y de posiciones políticas. También he de
decirle, a efectos de su conocimiento -que sin duda lo tiene-, que se le han pedido algunos datos de los que probablemente no disponga, sobre todo -puesto que viene a hablar del presupuesto del año 2003- aquellos que se refieren a ejecución
presupuestaria. Como me imagino que no dispondrá de ellos, le recuerdo que habitualmente cabe la fórmula de remitirlos por escrito a los grupos de la Cámara, dando así satisfacción a la pretensión formulada por el portavoz del Grupo Socialista, que
hago extensiva a nosotros, para el mejor conocimiento de los datos de ejecución parcial del presupuesto del año en curso; aunque
si bien se pide el dato sobre los mismos, ya se ha dicho en qué consisten, lo cual no deja de ser paradójico.
He de entroncar el análisis que hacemos y las preguntas que deseamos formularle -que, en definitiva, es de lo que se trata en esta comparecencia- dentro de nuestra satisfacción -satisfacción nunca con mayúsculas, porque todavía nos queda un
largo camino por recorrer para conseguir los objetivos que nos quedan para la obtención del pleno empleo- porque dentro de la situación internacional, dentro del contexto de los países de la Unión, de nuestros países competidores, sin duda ninguna
se están presentado unos presupuestos con unas perspectivas y unos objetivos francamente positivos, como es el de alcanzar, este año 2003, 282.000 nuevos empleos y, aunque no estemos hablando aquí de Seguridad Social, incrementar las cuotas de la
Seguridad Social, los fondos de reserva y el número de cotizantes. Otros países, en la situación en la que viven, estarían francamente contentos de poder presentar unas cuentas públicas de este tenor. Por tanto, mostramos nuestra satisfacción,
porque eso permite además hacer, desde la recaudación y el mayor empleo, políticas de reducción de impuestos y políticas de solidaridad. El presupuesto del ministerio -y usted nos confirmará las cifras- es ampliamente superior al conjunto de la
subida de los Presupuestos Generales del Estado y, por supuesto, presenta una enorme diferencia en relación con los crecimientos estimados del PIB y corregidos con los factores de inflación que correspondan al mismo. Por tanto, felicitamos al
ministerio por estar en esta posición, y muy especialmente por la sección relativa a los asuntos sociales, sobre la cual posteriormente intervendrá la secretaria general de Asuntos Sociales.
Desde esta satisfacción, no puedo dejar de hacerle una petición, y es su valoración acerca de cuál es el aspecto más destacable del presupuesto del ministerio. Es decir, usted, como subsecretario, se ha hecho cargo de las riendas del
ministerio recientemente, y nos gustaría conocer cuál es el núcleo fundamental que incorpora como novedad -aunque la palabra novedad en unos presupuestos nunca es fácil- o cuál es el elemento sobre el que quieren actuar y sobre el que no sólo están
poniendo voluntad política, sino también dotándolo presupuestariamente con las partidas económicas, con los euros que hagan posible esa voluntad política.
Quiero plantearle una serie de cuestiones concretas. Sobre algunas pensamos que tenemos la respuesta, pero pueden suscitar dudas al hacer una lectura del presupuesto, por lo que le pedimos algunas aclaraciones en relación con unos
programas. El programa 315.B, relativo al Fondo de Garantía Salarial, nos trae este año un dato de reducción del 46 por ciento. Es un dato en principio sorprendente, que sin duda ninguna tendrá una razón que lo justifique, pero rogamos al señor
subsecretario que nos haga una reflexión en torno a esta cuestión.
El programa 723.B también tiene una caída. Es un programa de reindustrialización, lleva años en una fase terminal y nos gustaría saber qué perspectivas de futuro tiene el ministerio en relación con este programa, su vigencia o su extinción
en el medio plazo.
El programa 314.I también plantea una reducción respecto al presupuesto del año 2002, y se refiere a prestaciones asistenciales. Si es tan amable, nos gustaría que se extendiera un poco en torno a estas cuestiones.
El portavoz del Grupo Socialista ha planteado una cuestión que a nosotros nos parece de particular importancia, y diré además que coincido en algunas de las cosas que él ha manifestado, que se refieren de modo directo a la Inspección de
Trabajo. La Inspección de Trabajo es un elemento nuclear para actuar como autoridad laboral que es, es un cuerpo especializado, es un cuerpo técnico de prestigio y es, como digo, un instrumento imprescindible para determinadas actuaciones, por
ejemplo, en cuestión de siniestralidad laboral, que tanto nos preocupa.
Decía el portavoz del Grupo Socialista que a veces no nos gustan las comparaciones con otros países. Yo no voy a hacer comparaciones con otros países ni en términos de empleo ni de otro tipo, pero el señor subsecretario no debe tener ningún
problema en hacer comparaciones con lo que le parezca oportuno, incluso con datos de otras épocas, porque probablemente contribuyan a ubicar la realidad de los esfuerzos políticos y de las voluntades que se han venido plasmando en el tiempo en
relación con esta cuestión. Yo sí he de decir que, compartiendo nuestra preocupación por la grave cuestión de la siniestralidad laboral, el próximo 14 de octubre se va a constituir una mesa, que va a presidir el propio ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales por vez primera, en la cual va a haber el máximo nivel de representación de interlocutores sociales.
Esperamos que sea un punto de inflexión porque a lo mejor hay que transversalizar acciones que no son sólo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, aunque indudablemente el ministerio tiene un papel protagonista y fundamental. Algunos nos preguntamos por qué no introducimos factores en nuestro sistema educativo -y lo hemos dicho en más de una ocasión en público- para que los
chicos y chicas, a la hora de formarse, tengan una cierta comprensión de lo que significa la siniestralidad laboral y la posibilidad de su prevención. En este sentido -lo he dicho yo varias veces y ahora lo ha reiterado el señor portavoz del Grupo
Socialista-, quizá haya que plantearse que, como ha habido campañas sobre la siniestralidad viaria o sobre el maltrato doméstico, en algún momento debamos hacer que toda la sociedad tome conciencia de esta cuestión.
En definitiva, cuando el portavoz del Grupo Socialista o este portavoz hacemos estas manifestaciones, lo que estamos diciendo es que los accidentes de trabajo trascienden de una mera normativa. Nosotros pensamos
que la normativa específica de la prevención de riesgos es buena, es reciente en el tiempo, es posible que haya que hacer modificaciones legales, pero un cuerpo legislativo muy bueno no garantiza la inexistencia de accidentes, eso está
claro, y la acción del Gobierno tampoco garantiza en sí misma plenamente la inexistencia de accidentes.
Hay que hacer una reflexión, que también hacía el portavoz del Grupo Socialista en su intervención anterior, y es que si efectivamente tenemos
un tejido empresarial tan atomizado en empresas, que son miniempresas o algunas unipersonales, indudablemente se puede entender más fácilmente el desconocimiento que de la ley tiene un porcentaje tan alto como el que aquí se ha dado. Nuestra propia
estructura es complicada y, por eso, es preciso que haya una publicitación y una participación activa de quien también tiene competencia en la materia, y las comunidades autónomas tienen competencia directa en la materia. Aquí no se trata de eludir
ninguna responsabilidad, pero yo creo que hay mecanismos horizontales y de cooperación entre administraciones competentes que deben plantear un nuevo escenario; todas, comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, por partidos nacionalistas o por
el Partido Popular. Sin embargo, yo reconozco que en este sentido la labor inspectora, como he dicho al principio, es fundamental. Yo le agradecería que nos pudiera ilustrar respecto a la evolución de las cifras, a la previsión que tiene en cuanto
a la presupuestación y, en definitiva, a las esperanzas y expectativas que usted tiene en relación con este tan importante punto de la siniestralidad laboral.
Volvemos a reiterarle la bienvenida y nuestra enhorabuena. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La presidencia, antes de concederle la palabra, quería decirle al subsecretario que si usted lo considera necesario, puede remitir a la Mesa y la Mesa distribuir a los distintos grupos
parlamentarios aquellas cuestiones de cuyos datos no disponga en este momento.
Sin más preámbulos, le damos la palabra al señor subsecretario diciéndole que esta es su casa, invitándole a venir siempre que lo crea oportuno y dándole las gracias por anticipado.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Marí Olano): Muchas gracias, señora presidenta.
Agradezco a los distintos intervinientes sus felicitaciones. Me han dicho que esperan que las relaciones entre la subsecretaría que ostento y la Comisión sean lo más fructíferas posible. Eso espero yo también, desde luego, me tienen a su
entera disposición. Además, a mí, que he estado en alguna que otra comparecencia sentado ahí al final, qué quieren que les diga, me hacía mucha ilusión venir aquí. (Risas.)
Dicho esto, intentaré contestarles a lo que buenamente pueda, con independencia de que a través de la Mesa me puedan llegar las cuestiones a las que no pueda contestar. La información que tengo se refiere básicamente al proyecto de
presupuestos que ha presentado el Gobierno.
Datos de ejecución presupuestaria o datos que se refieran a determinadas cuestiones que quedan más alejadas del presupuesto, aunque sólo puedan tener una cierta relación con el presupuesto, quizás tenga
algunos y otros no. Los que no tenga, en su caso y través de los procedimientos que reglamentariamente procedan, se los haré llegar.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista me preguntaba en primer lugar sobre los datos de ejecución presupuestaria en relación con las prestaciones por desempleo. No sé si el secretario general de Empleo, que creo que vendrá
después de mí, podrá contestar a esta pregunta, pero yo no puedo, no me he traído datos y no tengo las cifras ni siquiera aproximadas. Por lo tanto, cualquier contestación por mi parte sería, como mínimo, temeraria y prefiero no aventurarme.
Centrándome en los programas presupuestarios cuya gestión depende más directamente de la subsecretaría, y comenzando por el 311.B, sí que he traído algún que otro dato -y con ello puedo enlazar con alguna de las consideraciones que me hacía
el Grupo Parlamentario Popular- respecto de la plantilla de inspectores. Para no liarnos, voy a distinguir, de un lado, lo que es plantilla formal y, de otro, lo que es plantilla material. Dice usted que en una comparecencia anterior de un
representante del ministerio se había dado la cifra de 803 inspectores.
Esta es la cifra de la relación de puestos de trabajo, es decir, lo que se puede cubrir siempre y cuando haya funcionarios suficientes, independientemente de las vacantes que
pueda haber, desde fallecimientos hasta jubilaciones o lo que sea. A 1 de enero de 2002, había 748 inspectores en puestos de inspección y la cifra que prevemos a finales de este año, a 1 de enero de 2003, es de 784 inspectores, porque está a punto
de incorporarse la nueva promoción. Yo no comparto plenamente lo que decía S.S. respecto de inspectores dedicados a labores administrativas, según lo que entienda S.S. por labores administrativas, porque el procedimiento de inspección exige que
la fase instructora y la fase resolutoria sean desarrolladas por personas distintas, e inspección activa hace tanto uno como el otro. Un inspector no sanciona directamente, sino que propone una sanción que posteriormente es impuesta por un órgano
distinto de la Inspección, y no sólo de la propia Ley de la inspección ni de la normativa reguladora del procedimiento sino por exigencias directamente derivadas de la Constitución, tienen que ser distintos, y tan activo es el uno como el otro. Le
repito que a 1 de enero de 2002 había 748 inspectores y a finales de este año tendremos 784. Comparándolo con la cifra de los últimos años y remontándome a la cifra de inspectores
activos a 1 de enero de 1996, es un cambio considerable. El 1 de enero de 1996 había 667 inspectores activos, frente a los 784 que prevemos para el 1 de enero de 2003; el incremento es, aproximadamente, del 20 por ciento.
De todas
maneras, me da la impresión de que el incremento de la eficacia de la labor inspectora durante estos años va mucho más allá de lo que las cifras de incremento de la plantilla pueden decir. Dando datos, porque se me pedían, de inspección en materia
de seguridad y salud laboral, con un incremento de inspectores aproximadamente del 20 por ciento respecto de lo que es plantilla real del 1 de enero de 1996 al 1 de enero de 2003, el número, por ejemplo, de actas de infracción en seguridad y salud
laboral se ha incrementado en un 141,81 por ciento; el número de paralizaciones, en un 266,86 por ciento; el importe de las actas de infracción, en un 280,25 por ciento y el número de trabajadores afectados por las infracciones, en un 372,45 por
ciento. Esto es teniendo en cuenta del 1 de enero de 1996 al 1 de enero de 2001. He preferido comparar con el 1 de enero de 2001 porque es el último ejercicio completo respecto del que hay datos.
En otra materia que preocupa bastante a la inspección en estos momentos, que es toda la acción en relación con la contratación fraudulenta de inmigrantes ilegales, los incrementos son notoriamente superiores. El importe de las infracciones,
por ejemplo, de 1 de enero de 1996 a 1 de enero de 2001 es del 630,43 por ciento, con un incremento de la plantilla de inspectores, repito, aproximadamente de un 20 por ciento. Por tanto, no se trata sólo de un incremento de plantillas -aunque es
una cuestión importante porque por definición cuantos más inspectores de calle haya debe ser más eficaz la labor inspectora-, sino que cualitativamente va mucho más allá del mero incremento cuantitativo. Particularmente prefiero centrarme en la
parte cualitativa (imagino que no será una cuestión propia de la competencia de esta Comisión, pero es un criterio claro de la política del Gobierno), máxime cuando el Gobierno ha optado por una determinada política en relación con la contención del
gasto público y con la estabilidad presupuestaria que, quiérase o no, condiciona enteramente la acción de gasto del Ejecutivo.
Se refería también a la comparación con otros países europeos. Quizá haya cuestiones más homogéneas en las que es más fácil hacer la comparación con otros países europeos. En materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social no es fácil
porque no hay unas estadísticas homogéneas en el ámbito de la Unión Europea; por ejemplo, hay países de la Unión Europea donde se computan dentro de lo que es la Inspección de Trabajo lo que nosotros conocíamos como controladores de seguridad e
higiene en el trabajo, que ahora dependen directamente de las comunidades autónomas y que en algunas ocasiones incrementan notoriamente los efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, no sirve, desde mi punto de vista,
hacer estas comparaciones con otros países europeos.
Respecto a si ha finalizado el estudio que se está realizando en la Unión Europea, le contestaré por escrito porque en este momento no tengo los datos, ya que no es una cuestión que dependa de los presupuestos o no. No obstante, si se me
hace llegar, le contestaré a través de la Mesa.
En cuanto a las dietas y gastos de locomoción, le he puesto unos ejemplos antes. Le puedo decir que lo que sí me he traído es la comparación entre el primer semestre de 2001 y el primer semestre de 2002, y el año que viene no dudo que va a
seguir exactamente igual. Todas las actuaciones de la Inspección de Trabajo que suponen visitas a centros de trabajo, etcétera, se han incrementado de un semestre a otro cómo mínimo un 10 por ciento, en algunas ocasiones se llega a un 57 por
ciento. Esto quiere decir que siguen saliendo los inspectores y que van a seguir saliendo. El que vea una disminución en el capítulo 2 se debe a que en el presupuesto de este año se ha realizado una revisión y una redotación general del capítulo 2
del ministerio, que llevaba tiempo sin hacerse, fijándonos en los datos de ejecución presupuestaria; es decir, nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones no se ejecutaba la totalidad de un concepto presupuestario determinado, sino que con
menos dinero dotado podíamos pagar exactamente los mismos gastos. Por tanto, en general, hemos hecho una redotación en todo el capítulo del ministerio. De todas formas, como a usted le consta, las dietas y gastos de locomoción son conceptos
perfectamente ampliables y no son vinculantes, a través de todo el capítulo 2 del ministerio se pueden pagar estas dietas y gastos. No va a haber ningún problema para pagar cualquier dieta o gasto de locomoción que tenga cualquier inspector y desde
luego le garantizo que no va a haber ningún inspector que deje de visitar un centro de trabajo cuando tenga que realizar una inspección por un problema presupuestario, porque problema presupuestario no hay. (El señor presidente ocupa la
presidencia.)
En cuanto al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no le puedo contestar respecto del incremento de la plantilla porque tampoco lo tenía previsto. Sí le puedo responder que en parte puede derivarse de lo que S.S. me decía antes,
del incremento de la plantilla de la Inspección de Trabajo. Ya he dicho que antes de que acabe este año se incorporan 30 nuevos inspectores, que tenemos en marcha una oposición en la que se convocan 36 plazas y esperamos cubrirlas al 100 por cien.
Hemos optado por el criterio de no sacar plazas -si me permite la expresión- a gogó, porque tampoco tendría mayor sentido y bajaría bastante el nivel del cuerpo. Esto se basa en experiencias pasadas; en los años 1990 y 1991 se llegaron a convocar
100 plazas de las cuales no se cubría ni la mitad, en algunas ocasiones ni la tercera parte. Desde luego tenemos un criterio
claro de que como garantía de la función inspectora es necesario que los inspectores tengan una muy buena formación, y esa muy buena formación no se puede conseguir aprobando prácticamente a todos los que se presenten a la oposición. Se ha
optado por mantener un criterio de exigencia de un nivel que entendemos que es una garantía para el propio ciudadano. Repito que no puedo darle ahora los datos del incremento de la plantilla del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
aunque se los haré llegar.
En cuanto a la modificación de la lista de las enfermedades profesionales, tampoco tengo datos. No sé si el secretario general de Empleo le podrá responder respecto del particular. En caso contrario, se los haré llegar a través de la Mesa.
Centrándome en el programa 134.A, me preguntaba S.S. en primer lugar por el tema de las becas de cooperación, en concreto por el subconcepto 489 07 del programa 134.A. Efectivamente, el año pasado había 18.760 euros y este año en el
presupuesto no luce nada. La razón de que no luzca nada ha sido porque en el año 2001 ya no se ejecutó nada de este subconcepto presupuestario. En el año 2002 la cantidad total de este subconcepto presupuestario fue transferida al concepto 491,
aportaciones para la realización de programas y otros, es decir, a lo que es puramente cooperación con el exterior. Esto se venía arrastrando hacía tiempo.
Hemos decidido que ese dinero no se ejecuta. Este dinero se destina, fundamentalmente, a
traer a gente de otros países a España. Lo primero que he dicho cuando he visto el presupuesto ha sido que no me gusta nada la denominación 'becas de cooperación', porque no es tal beca, no es una convocatoria pública ni se le da publicidad ni nada
por el estilo, simplemente es la nomenclatura que se establece en la clasificación económica de los presupuestos, que no viene establecida por el Ministerio de Trabajo, como a S.S. le consta, y que es común, por decirlo así, para todos los
ministerios; se utiliza la expresión beca, pero en un sentido muy lato. Este dinero llevaba tiempo sin ejecutarse y destinándose, a través de transferencias de crédito, a otros programas que de verdad sí que se inscriben dentro de la óptica de
cooperación del ministerio. Esa es la razón de que no luzca ninguna cantidad en ese concepto. Con todo, esa cantidad sí que está en el propio capítulo 4 del programa 134.A, en particular en el subconcepto 491.00, que experimenta este año un
incremento de casi el 12 por ciento, en concreto un 11,90 por ciento, con un incremento bruto de 98.690 euros.
Me preguntaba también S.S. acerca de los programas en América Latina para el año 2003. A esto creo que sí le puedo responder porque he traído los datos. En el año 2003 pretendemos ejecutar el proyecto: Los sindicatos y el trabajo decente
en la era de la globalización en América Latina. Es un programa que se ejecutará en Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, que se inició en julio de este año, hace unos meses, y que continuará el año que viene. En
segundo lugar, el proyecto Promoción de la seguridad y salud en el trabajo de construcción, en Mercosur y Chile. En la actualidad está en fase de iniciación, continuará el año que viene y tiene una duración prevista de 22 meses.
Además de eso,
continuando estos dos proyectos que están en ejecución y, en concreto, dos acciones formativas en el seno del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional de Trabajo de Turín y el envío de un experto asociado al programa de la
OIP, relativo a la erradicación del trabajo infantil, al IPEC, sin dotación presupuestaria inicial, quedan 230.000 euros correspondientes al programa 134.A. En la Comisión Mixta Organización Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Agencia España para la Cooperación Internacional, que se celebrará en noviembre de este año, justo antes del consejo de administración de la Organización Internacional de Trabajo, que tendrá lugar en Ginebra los días 17 y 18 de
noviembre, se decidirá si ese dinero se asigna a la prórroga de programas que ya están en ejecución o se asigna a programas nuevos.
Por lo tanto, el IPEC continua. En esta comisión mixta se decidirá la continuación en cuanto a los programas de la mujer en México y el programa del MAPAC, teniendo en cuenta las necesidades de la OIT y sus peticiones. Si la OIT prefiere
que asignemos recursos presupuestarios a programas distintos, así lo haremos. La decisión se adoptará en el mes de noviembre.
En segundo lugar, entraré en las cuestiones que me planteaba el representante del Grupo Parlamentario Popular. Me preguntaba, en primer lugar, cuál sería el aspecto del presupuesto del ministerio que yo destacaría más. Yo no conozco los
presupuestos de ejercicios pasados más que porque he tenido que estudiarlos para dirigir este año la elaboración de un presupuesto determinado y he tenido que estudiar los presupuestos anteriores. Lo que sí queda claro es que, desde luego, el
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de este año -inscribiéndonos en una línea política presupuestaria determinada del Gobierno- experimenta un incremento que yo me atrevería a calificar, como mínimo, de notorio.
Tampoco voy a
decir que sea espectacular, aunque hay partidas presupuestarias que son espectaculares en su incremento, y yo las calificó así sin ningún sonrojo. Es el tercer departamento cuyo presupuesto ha crecido más. Es el presupuesto con mayor crecimiento
de los últimos años, de más del doble del crecimiento nominal previsto de la economía y más del séxtuple de la inflación prevista. En el Ministerio de Trabajo estamos contentos con estos datos y por haber logrado estos crecimientos tan importantes
que, en definitiva, van a redundar en el logro de uno de los objetivos fundamentales de la política presupuestaria del Gobierno, que es contribuir a la creación de
empleo y a la realización del fomento de políticas de solidaridad social.
Quizá, el aspecto que yo destacaría es este último: las políticas de solidaridad social, especialmente las que corresponden a las áreas de asuntos sociales. Sin
duda alguna, la secretaria general de Asuntos Sociales, que creo que también comparece dentro de unas horas, podrá dar datos más detallados, concretos y con mayor conocimiento de causa. Yo le puedo decir que el Plan Gerontológico Nacional
experimenta un incremento del 39,47 por ciento. Para dar el dato comparativo sobre este tema, les recuerdo que el otro día hubo una conferencia sectorial de asuntos sociales - y si S.S. está interesado le puedo mandar la transcripción literal de
las actas- en la que, más o menos, el representante de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha planteaba lo mismo que S.S., es decir, que el Gobierno estaba vendiendo mucho, pero que tampoco veían tanto. Dijo que un incremento presupuestario
más que notorio era el que habían tenido en el presupuesto de Castilla la Mancha en asuntos sociales durante los últimos años, que supera el 20 por ciento. Plan Gerontológico Nacional, un 39,47 por ciento; Alzheimer, 75,63 por ciento de
incremento; el programa entero 313.L, otros servicios sociales del Estado, tiene un incremento del 26,76 por ciento; el programa 313.O, de atención a la familia y a la infancia, tiene un incremento del 23, 93 por ciento, en el que se produce un
incremento en el programa de guarderías del 32,12 por ciento, destacando además que, por primera vez, se dota un concepto presupuestario específico, el 752, para la creación de plazas. Esto me parece destacable. Estos incrementos son dinero que el
Estado transfiere a las comunidades autónomas, capítulos 4 y 7, transferencias corrientes y de capital a las comunidades autónomas. Se trata de dinero que nosotros damos a las comunidades autónomas para que puedan desarrollar por sí mismas sus
políticas sociales. Hemos de tener en cuenta la afirmación de que el 20 por ciento es un incremento que él calificaba de más que notorio, casi espectacular: 39,47, 75,63, 26,76, 32,12, 23,93. Por tanto, yo estoy satisfecho. Siempre me gustaría
tener mil o dos mil millones de pesetas, 6, 12 ó 18 millones de euros más.
Su señoría me preguntaba por qué había una disminución del 46 ó 48 por ciento, no recuerdo exactamente la cifra, en el programa 315.B, fondo de garantía salarial. Como S.S. sabe, el fondo de garantía salarial tiene unos ahorros, por
calificarlos de alguna manera, y, con objeto de que estos produzcan, se suelen materializar en adquisición de títulos de deuda pública. Hasta ahora se estaba adquiriendo en deuda a corto plazo, que vencía año tras año. Por tanto, todos los años
teníamos, tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos, un gasto determinado de adquirir títulos de deuda pública y un ingreso determinado de los títulos que eran amortizados. Por lo tanto, el capital más los intereses revertían al
fondo de garantía salarial. El año pasado, por la mejores condiciones del mercado, se optó por ir a títulos de deuda pública a medio y largo plazo. Por lo tanto, ni en este presupuesto ni probablemente en el del año que viene se verá ningún tipo
de gasto ni de ingreso en el presupuesto del FOGASA relativo al capítulo 8, variación de activos financieros, porque todavía no han vencido los títulos de deuda pública que haya que comprar o que produzcan los ingresos correspondientes. Con todo,
el dinero sigue estando y generando intereses que se destinan a los fines del fondo de garantía salarial.
En segundo lugar, me ha preguntado por el programa relativo a la reindustrialización y reconversión industrial. Como S.S. sabe, este programa lleva largos años en el ministerio, deriva de la Ley de reindustrialización y reconversión, creo
recordar que del año 1984, aunque no estoy muy seguro, y está a punto de expirar su vigencia. Yo me atrevería a asegurar que este va a ser el último año en que sea necesario dotar este programa. El año que viene ya no estará dentro del presupuesto
del ministerio porque ha finalizado el período de vigencia de la ley y se habrán cumplido los objetivos para los que nació esa ley.
Dentro del programa 314.I también hay una bajada en prestaciones asistenciales. Como sabe, este programa va destinado a la financiación de pensiones a extinguir y, en la medida que son a extinguir, el número de beneficiarios de tales
pensiones es inferior año tras año. El dinero que está dotado en el presupuesto del ministerio es el cálculo que se ha hecho para pagar estas pensiones. Con todo, puedo tranquilizar a SS.SS.
en el sentido de que jamás ha habido ninguna persona
que tuviese derecho a estas pensiones que no las haya percibido. Además, tengo la idea de que el crédito es ampliable, aunque en este momento no se lo puedo confirmar porque no tengo el listado a la vista. Por lo tanto, en el caso de que fuese
necesario, se puede dotar con el dinero que fuera menester.
Por último, S.S. me preguntó sobre la inspección, y creo que le ha podido satisfacer la respuesta que le he dado antes al representante del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, para hacer una puntualización de dos minutos, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Sólo quiero darle las gracias por la explicación que nos ha dado y rogarle, si es posible, que me envíe a través de la Mesa la información más detallada posible (yo también pertenezco a la Comisión de Cooperación
Internacional y me interesan los datos del ministerio en concreto) de todos los proyectos y programas que están en ejecución y los que se van a iniciar sobre la cooperación para el desarrollo. Solamente eso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Suspendemos la sesión brevemente para que el siguiente compareciente se incorpore a la Mesa. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/001270), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001319) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/001209).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión agradeciendo la presencia del secretario general de Empleo, cuya comparecencia en este trámite de información del debate presupuestario ha sido solicitada por el Grupo Socialista, por el Grupo
Popular y por el Grupo de Izquierda Unida. Por el orden de las solicitudes, en primer lugar, tiene la palabra el señor Velasco, por el Grupo Socialista.
El señor VELASCO SIERRA: Bienvenido de nuevo a esta Comisión, señor Chozas. En primer lugar, quiero decir que ante las recomendaciones que hemos escuchado anteriormente es lógico, y así lo entiendo, que se nos conteste a las preguntas en
la medida de sus posibilidades, si la autoridades tienen los documentos en su poder o conocen la información.
Este trámite, como bien ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, es de preguntas, sin embargo, tendrán que permitirnos que justifiquemos
esas preguntas con un contenido político y técnico para poder hacer el mejor trabajo presupuestario.
Quiero empezar, señor Chozas, reconociéndole que me parece una buena persona y que por ese motivo le haría la caridad de no traer hoy a colación el decretazo, de no recordarle los argumentos que usted mismo dio a favor de la primera
redacción del texto, si no fuera porque a la hora de analizar el presupuesto del INEM es imprescindible referirnos a lo que fue el decretazo en esos términos, pues sin duda debió servir de base para la realización del presupuesto que hoy vamos a
debatir, el de 2003. Es evidente que este presupuesto que estamos viendo aquí hoy se confecciona a partir de una normativa y esa normativa es la del decreto-ley. Por tanto, la primera impugnación que le hago es que deberían traernos otro
presupuesto o díganos en qué medida le va a afectar al presupuesto el cambio de la normativa que ustedes van a hacer o han pactado con Convergència i Unió, de la que han informado a los sindicatos y que vimos el lunes pasado en esta Comisión.
Porque convendrá conmigo en que no será el mismo gasto del INEM ya que, por ejemplo, ahora sí van a tener derecho al desempleo los fijos discontinuos y antes no lo iban a tener. Sabrá de sobra que será distinto el gasto del desempleo con un
concepto de colocación adecuada como el que se tenía antes y con un concepto de colocación adecuada como el que se tiene ahora; es decir, las modificaciones normativas que han introducido en el decretazo van a alterar lo que es el cuadro
presupuestario de ingresos y gastos del INEM.
De todos modos, dadas las cifras que han presentado y dadas las memorias explicativas que acompañan al presupuesto del INEM, es irrelevante el cambio normativo porque no nos creemos las cifras del INEM
tal y como ustedes las han pintado. Si cogemos el libro amarillo, ¿de verdad cree que el gasto del INEM va a crecer en el año 2003 respecto al 2002 en un 20 por ciento? ¿Cree de verdad que se va a producir un incremento del gasto de las
prestaciones por desempleo del 20 por ciento? ¿Verdad que no, señor Chozas? Sencillamente porque están efectuando una operación que nos parece improcedente para decir si crecen o no crecen las prestaciones por desempleo, que es comparar lo que se
presupuesta este año con lo que se presupuestó el año pasado, es decir, comparar el presupuesto inicial de 2003 con el presupuesto inicial de 2002, y esto no se puede hacer así.
Si usted calcula los ingresos y gastos de su organismo de esta manera,
solamente le puedo decir que lo mejor que puede hacer es no dirigir el INEM. Para saber lo que va a gastar el año que viene el INEM tendrá que saber la previsión de liquidación de este año de los gastos de este instituto. Por tanto, para saber
cuánto dinero se va a gastar al año que viene en prestaciones por desempleo tiene que tener en cuenta una serie de circunstancias. La primera, como le he dicho, si se modifica o no la legislación vigente, y hemos visto que se va a modificar. La
segunda, cuál es el gasto que va a tener en el año 2002 para, a partir de ahí, prever cuánto se va a gastar en 2003. Y en tercer lugar, cómo va aumentar el número de beneficiarios por desempleo. Todo esto sería lógico que lo tuviéramos aquí, pero
nos hemos encontrado con que hemos recibido el presupuesto del INEM sin saber nada de esto. Por lo tanto, lo primero que debería aclararnos hoy es, en primer lugar, cuál va a ser la liquidación real del gasto de prestaciones por desempleo, tanto en
el nivel de prestación como en el nivel de subsidio en el 2002. En segundo lugar, en qué medida le va a afectar la modificación que se ha hecho con el decretazo. Y, en tercer lugar, cómo va a evolucionar el desempleo, el número de desempleados y,
por lo tanto, cómo va a evolucionar el gasto en prestaciones por desempleo. Esto ya nos va a cambiar los escenarios radicalmente, señor Chozas. Ustedes, en los presupuestos, tal como vienen ahora mismo, habían presupuestado el efecto del
decretazo, y le voy a explicar por qué. Con estos presupuestos habían hecho la memoria económica del decretazo, que no se quiso aportar al parlamento cuando se aprobó el decreto-ley. ¿Por qué? Porque ustedes han presupuestado para el año 2003 una
cantidad para prestaciones por desempleo que probablemente resulte inferior a aquella que se va a gastar en el año 2002 por el mismo concepto. Por tanto, si en 2003 han presupuestado para gastos por desempleo una cantidad inferior a la que
se va a gastar este año, habida cuenta de que, año tras año, aun con crecimientos de empleo mayores de los que va haber en 2003, ha aumentado el gasto por desempleo, es lógico suponer que también en este año, con la misma legislación vigente,
aumentaría. Como ustedes presupuestaron una cantidad inferior a la que previsiblemente se va a liquidar este año, ahí tienen clarísimamente que habían presupuestado el impacto del decretazo. Ahora el decretazo no va a ser el mismo. Por lo tanto,
ya les dije de antemano que va aumentar el gasto en prestaciones por desempleo por encima de aquel que ustedes han presupuestado.
Muchas son las circunstancias que impiden hacer una previsión solvente de cuál va a ser la ejecución del presupuesto de 2002, pero yo sí le diría que, analizando los datos que ya se conocen, se puede concluir que después de pagar todas las
prestaciones por desempleo los ingresos obtenidos este año mediante cotizaciones sociales producirían un excedente aproximado entre 2.600 y 2.700 millones de euros. Esto conduce a la siguiente conclusión. También en 2002, como va a ocurrir en
2003, son los ingresos por cotizaciones sociales los que están financiando íntegramente el presupuesto del INEM. Es decir, el INEM puede cerrar el año con un superávit entre ingresos y gastos, sin que el Estado aporte un euro al INEM. Esto es algo
que criticamos y censuramos claramente el año pasado, y éste de nuevo. Le voy a decir por qué lo censuramos. Según la primera de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las bonificaciones de cuota deben pagarse con cargo a la fiscalidad general.
Ustedes no sólo no están pagando con la fiscalidad general las bonificaciones de las cotizaciones sociales, sino que están empleando las cuotas del desempleo, es decir, las cotizaciones que están destinadas teóricamente a financiar o a pagar a los
desempleados para pagar bonificaciones de cotizaciones empresariales. Esto no es sólo una vulneración del Pacto de Toledo, sino que nos parece una barbaridad. Y le voy a decir por qué. En primer lugar, y más evidente, porque mantiene de forma
innecesaria un incremento de la pensión contributiva de las cotizaciones sociales. Los ingresos por cuotas están creciendo más deprisa que el producto interior bruto, como consecuencia de que han aumentado la cotización por desempleo. Mejor dicho,
han reducido la cotización por desempleo en tres décimas a un diez por ciento de las contrataciones, y han aumentado la cotización por desempleo entre medio punto y un punto y medio al 90 por ciento de las contrataciones. Por tanto, están aumentado
la presión fiscal de las cotizaciones sociales en una época en la que está aumentando el paro (101.000 en los últimos 12 meses), con el consiguiente sobrecoste que eso produce a un empresario. En una época como ésta en donde hay problemas para
crear empleo, aumentar la presión fiscal de las cotizaciones sociales no es nada adecuado. Es más, es absolutamente inadecuado. Esto es algo altamente censurable.
Pero con esta financiación que están haciendo con cotizaciones sociales de políticas que debería pagar el Estado, no sólo están vulnerando el Pacto de Toledo, no sólo están dificultando el proceso de creación de empleo sino que, además, es
un gasto innecesario que no está teniendo ningún efecto. ¿Sabe cuántos contratos bonificados van desde 1998? Van 6.873.328. Esas bonificaciones van directamente a contratos que teóricamente tendrían que ser estables. Podríamos llegar a la
conclusión de que han bonificado tanta creación de empleo estable que ahora mismo no habría contratación temporal. El efecto tendría que ser que ustedes han conseguido, por fin, terminar con la temporalidad en el mercado de trabajo.
No voy a entrar en las estadísticas del INEM de si se hace un diez por ciento de contratación indefinida, un nueve, o un ocho cada mes. No voy entrar en la estadística de la EPA, que nos dice que la contratación temporal es del 32 por
ciento. Voy a entrar en otro registro que me parece mucho más importante. Me voy referir, señor Chozas, a un estudio que hace anualmente la tesorería general de la Seguridad Social sobre el efecto de sustitución del empleo en el sistema de
Seguridad Social. ¿Qué es lo que compara este estudio? Por cierto, un estudio que se hace con una muestra de 520.000 personas. Le recuerdo que la EPA utiliza una encuesta de 60.000 personas. El estudio que hace la tesorería general de la
Seguridad Social compara los contratos de trabajo de la gente que se incorpora al mercado de trabajo con los contratos de trabajo de las personas que abandonan el mercado de trabajo porque se jubilan. Ustedes dirían: deben ser mejores los primeros
que los segundos, ya que es gente más joven, más preparada, gente bonificada. Pues, no. Resultan ser mucho peores. ¿Sabe lo que dice el último estudio? Que mientras que los trabajadores que abandonan el mercado de trabajo tienen una base media
de cotización de 230.818 pesetas al mes, los trabajadores que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo o se incorporan después de un período prolongado de paro, en el momento de esa incorporación o reincorporación tienen una base media de
144.428 pesetas. Estamos hablando de algo realmente grave. Es decir, las retribuciones de las personas que se incorporan por primera vez o se reincorporan desde un período largo de paro son inferiores a las que salen del mercado de trabajo en un
porcentaje del 37,7 por ciento. Esto ya de por sí es escandaloso. Pero aquí no terminan las cosas. Además de todo el colectivo que hay afiliado en la Seguridad Social, la Seguridad Social nos dice que sólo el 52,64 por ciento tiene contratos
indefinidos a jornada completa y que el 5,11 por ciento lo tienen indefinido a tiempo parcial. Si
usted suma los dos datos, nos da el 57,75 por ciento. Es decir, sólo tienen contrato indefinido en el conjunto de los afiliados totales, a 30 de junio de 2001, el 57,75 por ciento de los afiliados. Como puede ver, la temporalidad es la
nota dominante del mercado de trabajo. Además, le voy a decir una cosa de este dato a 30 de junio. Si miramos los datos existentes a 31 de diciembre de 2000, veríamos que los que tenían contrato indefinido un año antes de 2001 eran más del 58 por
ciento.
Luego no sólo hay muy pocos trabajadores con contrato indefinido, sino que se están reduciendo a pesar de la bonificación. Este es el estudio que nos hace la Seguridad Social. Pero este estudio nos dice muchas cosas más como, por ejemplo,
que la base de cotización del colectivo de mujeres registra una cuantía notablemente inferior al colectivo de varones en un 13,53 por ciento de media. Por lo tanto, según los datos que tenemos ahora de la Seguridad Social la tasa de temporalidad
está por encima del 40 por ciento, y los que se incorporan al mercado de trabajo nuevo cobran un 37 por ciento menos de los que se van del mercado de trabajo por jubilación. Todo eso después de haber bonificado millones de contratos y habernos
gastado millones de euros de las cuotas del desempleo.
¿No le parece a usted que esta política es un absoluto fracaso? ¿No le parece a usted que esto no puede seguir así? ¿No le parece a usted que esto no da más de sí? ¿Qué empleo se está creando en España? Lo dicen ustedes también. Si
usted mira el informe que ha hecho la Seguridad Social verá qué empleo se está creando. Aparte de un empleo muy precario, de muy corta duración, se está creando empleo muy mal retribuido; se está creando fundamentalmente en el comercio y en la
hostelería. Y, ¿dónde se está perdiendo? Fundamentalmente en la industria y en los sectores que tradicionalmente tienen altas retribuciones. Esta es la circunstancia que se está produciendo. ¿Dónde se está creando empleo? En la pequeña empresa;
y, ¿dónde se está perdiendo? En las grandes empresas. Como es lógico, las pequeñas empresas tienen menos condiciones para pagar y para estabilizar el empleo. Esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, ustedes, dale que te pego, continúan
manteniendo las bonificaciones con cotizaciones de desempleo. Por tanto, por esas tres razones, le impugno ya esa partida.
Quiero además añadir una última conclusión al hecho que estamos censurando de que sean las cotizaciones por desempleo las que financien todo el organismo incluidos los sueldos del personal, lo cual es una aberración.
La consecuencia que
puede haber -y creo que lamentablemente así va a ser, como ha ocurrido este año- es que el gasto de prestaciones por desempleo al final del ejercicio sea superior al inicialmente presupuestado. Si esto es así, como el Estado no aporta ni un euro al
presupuesto del INEM y siendo así que las prestaciones por desempleo hay que pagarlas porque son consecuencia de la generación de derechos subjetivos, ¿qué hará el INEM para ajustarse al presupuesto y no tener déficit? No veo más que un camino:
reducir el gasto en políticas activas. No le va a quedar más remedio, porque el presupuesto que tiene está limitado a los créditos que figuran en él. Si se gasta más en prestaciones -y no puede evitarse porque son, insisto, derechos subjetivos-,
se dejará de gastar en otro concepto que es el de políticas activas. Las políticas activas experimentan ya un crecimiento bajo en términos reales que no llega al 3 por ciento y a un 4 y pico por ciento en términos nominales. Por tanto, están
creciendo por debajo de lo que está creciendo el producto interior bruto en términos monetarios. Por consiguiente, la presupuestación inicial me parece insatisfactoria y más aún en un momento en que está creciendo el desempleo. Insisto, lo que va
a ocurrir a fin de año es que ustedes van a terminar reduciendo el déficit que se puede producir en prestaciones a través de una menor ejecución de las políticas activas de empleo. Por cierto, hablando de políticas activas de empleo, ¿se van a
transferir las políticas activas de empleo a Andalucía? Le ruego que me conteste y que no evada la pregunta. Sí o no. ¿Va a gestionar la Junta de Andalucía las políticas activas de empleo a 1 de enero de 2003? Si es que no, diga usted cuáles son
las circunstancias que pueden impedir el cumplimiento de ese objetivo, porque todos los datos que yo tengo son que hay acuerdo técnico y alguna que otra declaración -hace ya bastantes meses- le escuché a usted mismo en este sentido. Si no es así,
¿qué razón hay? En segundo lugar, me gustaría -y así se lo solicito- que me remita los datos de todas las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo que se han concedido en el año 2002 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con expresión
y detalles provinciales y por términos municipales porque es obvio que estas adjudicaciones van a vincular a la comunidad autónoma andaluza. Por tanto, quiero tener cabal conocimiento de ese dato. Por ello le ruego que dé las instrucciones para
que me remitan esos datos.
Voy concluyendo, señor Chozas, diciéndole que al Gobierno le quedan pocos aliados. Están haciendo unas previsiones que más bien parecen predicciones. Ningún organismo -y ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al representante del Banco de
España-, ningún organismo internacional, ningún analista independiente -o incluso dependiente por los datos que le he dado-, ningún periódico económico se cree lo referente al déficit ni al crecimiento económico ni, por supuesto, desgraciadamente, a
la creación de empleo. O se cambia el cuadro macroeconómico o el año que viene, al igual que éste y el pasado, estaremos analizando los datos desde la óptica de más paro y de empleo precario y de peor calidad. Por cierto, señor Chozas -y
concluyo-, no he visto reflejado en el presupuesto ni en el plan de empleo tampoco lo vi en las recomendaciones de Lisboa, ¿se les han olvidado o es
que han pasado olímpicamente de ellas? Una vez más, en referencia a las políticas activas de empleo, allá donde las tienen transferidas, utilizan su máxima: Yo legislo y ustedes pagan, es decir, yo combido y ustedes pagan.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quisiera dar la bienvenida al señor secretario general de Empleo a esta Comisión y hacer una reflexión positiva de los aspectos que son objetivo de su departamento y del ministerio, cual es ese objetivo de alcanzar
282.000 empleos. Quisiera preguntarle acerca de las cuestiones que él entiende más relevantes en el presupuesto para el año 2003, comparativamente con 2002. Ya se ha hablado aquí del decreto y del proyecto de ley que probablemente pueda ver la luz
a finales de noviembre o de diciembre y, en términos dialécticos, no va a tener efecto; sí va a tener efecto si ustedes han presupuestado y sin embargo, como ahora se va a cambiar, van a tener que gastar más; bueno, pero no va a tener efectos
prácticamente en este año porque la ley no entrará en vigor, por mucha prisa que nos demos, probablemente hasta antes de diciembre de 2002.
Tampoco puedo dejar de hacer una reflexión genérica y es que un presupuesto es un supuesto previo. Nominalmente se llama así, porque así es. Se han planteado cuestiones relativas a que el presupuesto se debe cotejar no con el presupuesto
del ejercicio anterior sino con la ejecución presupuestaria, cuando resulta que hoy estamos a 9 de octubre y falta incluso un trimestre para que finalice el año. Si siguiéramos esa teoría tendríamos que presupuestar y aprobar los presupuestos
probablemente en Semana Santa y no en el momento en que queremos que entren en vigor. Aunque es obvio, conviene hacer este recordatorio. La forma habitual en que se presupuesta es haciendo un análisis comparativo de un presupuesto en relación con
otro y luego veremos finalmente en qué queda la ejecución del presupuesto del año precedente. Creo recordar -y me gustaría saber su opinión al respecto- que uno de los elementos que se han argumentado y hemos argumentado en relación con el real
decreto-ley, ahora proyecto de ley, es que no se trataba de una reducción de costes, sino que en todo caso era una reordenación del gasto; había partidas donde se podían optimizar recursos, pero también paralelamente había nuevas dotaciones, nuevos
gastos. De hecho ha habido ampliaciones de subsidios a colectivos que no accedían a ellos, como el correspondiente a las mujeres con maltrato doméstico que tienen que trasladarse; los minusválidos; la gente que está en el REASS y no tiene derecho
a lo que era la percepción del PER, etcétera. Son nuevos colectivos que van a tener derecho a prestaciones y, por tanto, a gasto de su departamento.
Por otro lado -y me gustaría que nos dé algún dato en este sentido porque me parece que sí es
fundamental- algo que ha perseguido y persigue la reforma y que se ha ahondado incluso con las enmiendas formuladas es todo lo que significa las posibilidades reales de mediación, de colocación, de formación, de ocupabilidad del desempleado para que
se integre en el mercado laboral. Eso, evidentemente, va a exigir una dotación complementaria de medios materiales y un incremento también en los medios humanos. Me gustaría una reflexión en el sentido de que esta voluntad política evidentemente
debe tener la consiguiente traducción presupuestaria, la consiguiente dotación de los euros que correspondan y que me parece que en definitiva va a ser el sostén de lo que en buena medida persigue el proyecto de ley que hemos debatido. En ese
sentido no creo en modo alguno que las rectificaciones, mejoras, cambios, reformas -o la forma en que queramos llamar a las enmiendas que se han planteado en relación con el empleo adecuado- vayan en absoluto a suponer ningún cambio evidente. Creo
que se ha profundizado en lo que se pretendía y lo que se ha pretendido desde el primer momento -lo decía el preámbulo del real decreto- es la adecuación a la realidad del parado. Se ha profundizado en esa línea al incidir tanto en el cómputo del
tiempo en función de la jornada -referirlo a ella en vez de referirlo a una cantidad de horas para que se considere un empleo como adecuado o no-, como al hecho de tener también en justa consideración las circunstancias de orden familiar, las cargas
que puede tener la persona. Eso, al final, hará más efectivo el puesto de trabajo. Será más adecuado de verdad y eso será positivo para el trabajador y para las empresas. En ese aspecto creo que sigue abriendo una línea clara que era la que desde
el principio impregnaba la filosofía de la reforma y que no va a tener en este aspecto un cambio presupuestario trascendente.
La crítica que se formula en cuanto a que el Estado no aporta nada al INEM yo la veo desde otra perspectiva, lo he dicho en alguna otra ocasión, porque este debate tampoco es nuevo. Ojalá que el Estado nunca tenga que aportar nada al INEM,
en el sentido de que ojalá que nuestro mercado laboral haga que el número de desempleados sea relativamente reducido o el pleno empleo sea una realidad, de forma que no haya que contribuir con dotaciones de fiscalidad para pagar las prestaciones del
desempleo. Por cierto, por ley, estén presupuestadas como estén, creo recordar, y si no me corregirá el señor secretario general, está garantizado el pago de las prestaciones, tanto de las pensiones de la Seguridad Social como en este caso las del
INEM. Creo que con ello se disipan las dudas que a este respecto se han planteado. Por ley están garantizadas, sin perjuicio de que además este año el presupuesto prevé un fondo de contingencia que va a posibilitar que no sólo en este departamento
sino en cualquier parte del presupuesto, si hay una desviación presupuestaria, haya un fondo
financiero que permita justamente acometer estos gastos inicialmente no previstos. Porque insisto que, por obvio, no se debe olvidar que un presupuesto es un supuesto previo con una serie de datos al día de la fecha que nos hacen pensar en
unos determinados cuadros y en unos determinados objetivos que el presupuesto pretende conseguir.
Señor secretario general, le animo a que sigan luchando en la línea que están practicando. Yo creo que el proyecto de ley incidirá positivamente en un objetivo nuclear de su secretaría general, del INEM y del propio Gobierno, como es la
tendencia al pleno empleo. También creemos que las políticas de bonificación selectiva han venido haciendo que a lo largo de los años determinados colectivos, como los parados mayores de edad y los parados de larga duración, hayan disminuido en su
porcentaje, cuestión en la que hay que ahondar. Creo que la incorporación de la mujer ha cambiado de signo en positivo, aunque hay un largo trecho por recorrer, y creo que las políticas en pro de los discapacitados son unas políticas que empiezan a
alumbrar efectos. En este proyecto de ley se han recogido medidas no sólo referidas al autoempleo, que por supuesto también, sino también a los discapacitados.
Nosotros creemos que estamos ante la magnífica oportunidad de seguir contribuyendo a ese camino, a ese objetivo de la cumbre de Lisboa, ratificado en la cumbre de Barcelona, y nos parece que su presupuesto es un presupuesto que pone los
medios adecuados a este fin, evidentemente dentro de un contexto macroeconómico en nuestro país y también en un contexto internacional que veremos finalmente cómo se desenvuelve. Los datos que razonablemente un buen gestor o un Gobierno debe
practicar nos parecen ajustados y sus objetivos deseables y creíbles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario general, debemos expresar desde el comienzo nuestra convicción de que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 aumentarán el número de parados y destruirán empleo.
Consideramos que la previsión de crecimiento del Gobierno para 2003 en un más 3 por ciento es totalmente irreal, descalifica a sus autores por su comportamiento partidista e irresponsable y no es seria la previsión de recuperación de la inversión en
equipo el próximo año hasta el 3,2 por ciento cuando en los últimos cinco trimestres ha caído el 3,5 por ciento de media. Igual calificación merece la previsión de un elevado repunte de las exportaciones cuando las principales economías mundiales
siguen inmersas en una fuerte crisis y las de Estados Unidos y Alemania bordean la recesión. En este contexto de falta de pulso en las principales economías del planeta, el Gobierno renuncia a tomar un impulso autónomo, definiendo un presupuesto
restrictivo en el gasto, a priorizar el equilibrio de las cuentas públicas cuando ha decidido perder 4.000 millones de euros de recaudación en el mismo ejercicio. Caben dos resultados para este ejercicio basado en la fantasía. Es mentira el
equilibrio presupuestario pues se recortarán más políticas de gasto. Conocida la decisión del Gobierno en abril de 2002, todo señala que la opción elegida será el recorte de prestaciones sociales en el momento que nosotros entendemos que más se
necesita.
Los esfuerzos exigidos a los ciudadanos son desequilibrados. Las personas en peor situación, los parados, han visto recortado su derecho al desempleo mientras pagan más impuestos sobre el consumo; sin embargo, los más ricos disfrutan de
las demasiadas rebajas del IRPF. La mayoría de las medidas de la reforma del IRPF benefician más a los mejor situados y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las modificaciones en la tarifa implican una rebaja 37 veces superior para las
personas con ingresos superiores a 67.000 euros. La mayoría de los contribuyentes se conformarán con una rebaja de 120 euros al año, mientras que quien ingrese 200.000 euros obtendrá 4.110 euros de rebaja. Las ventajas de la bajada del tipo de
gravamen en las plusvalías del 18 al 15 por ciento se acumulan en el 10 por ciento de las personas con más renta que concentran el 70 por ciento de este tipo de rentas. Por último, la adecuación de los gastos deducibles, además de ser menor que la
inflación acumulada desde 1999, sigue beneficiando 2,7 veces más a las personas con mayores ingresos. Ésa es la realidad de esta reforma fiscal que ustedes están pregonando a bombo y platillo.
Consideramos que la situación económica es suficientemente negativa como para necesitar un presupuesto público más audaz en inversiones y gasto social. Sin embargo, con las condiciones marcadas por el Gobierno, hay muchas posibilidades para
que el próximo año no sólo aumente el número de desempleados sino que se comience, como decía al principio, a destruir empleo. Por otro lado, la política fiscal desarrollada por el Gobierno, cuando la presión fiscal española es inferior en siete
puntos al producto interior bruto de la media comunitaria, es suicida a medio plazo. El mercado genera desequilibrios en la distribución de la renta a nivel personal y territorial. Además de no querer asumir determinadas inversiones -sin impuestos
no hay gasto público-, la propuesta del Gobierno es pura propaganda, mientras se mantienen o agravan los problemas de los ciudadanos.
Cuando la Comisión Europea ha diferido el objetivo de equilibrio presupuestario hasta 2006, el Gobierno muestra su carácter fundamentalista y dogmático, reforzando su apuesta en contra de los intereses colectivos. Para resaltar más este
carácter dogmático, en 2002 se comienza a aplicar la norma contenida en la Ley general de estabilidad presupuestaria, que limita las ampliaciones de crédito hasta el 2 por ciento del
conjunto del gasto. Esta norma elimina el carácter anticíclico del presupuesto, que es una de sus principales virtudes. Señor Chozas, ¿qué pasará si las previsiones del Gobierno no se cumplen y aumenta el desempleo? ¿Se volverán a
recortar las prestaciones, o se reducirán otras políticas igualmente necesarias? Contésteme a esta posibilidad que se puede dar en el mercado español.
Los datos del empleo deberían ser la primera referencia para abordar una política presupuestaria eficaz. El paro registrado aumentó en 38.262 personas en el mes de septiembre hasta situar la cifra total de personas que el INEM consideraba
paradas en 1.590.264. El mismo mes del año anterior el paro se incrementó en 29.544 personas, un 2 por ciento frente al 2,5 por ciento actual. Hay que remontarse a septiembre de 1997 para encontrar un crecimiento más intenso del paro registrado.
El dato de septiembre rompe la tendencia a la baja que se había iniciado al principio del verano, cuando gracias a las reducciones mensuales del paro las tasas de crecimiento interanual de las personas registradas en el INEM empezaron a
desacelerarse. Tras la pausa que otorga el empleo coyuntural del verano, el paro vuelve a repuntar al alza en el 6,8 por ciento, prosiguiendo la senda de aumento iniciada a finales de 2001. Por sexos, la subida del paro se concentra en las
mujeres, con 30.483 paradas más en septiembre, a pesar de que su volumen de desempleo, 949.061 paradas, supera con creces el de los hombres, 641.193. Por edades, el incremento mensual del paro tiene una mayor incidencia relativa entre los menores
de 25 años, donde aumenta un 7,3 por ciento, mientras que entre los adultos sube un 1,6 por ciento. En cuanto a la concentración en septiembre, se registraron 101.713 contratos indefinidos, lo que representa un 8,78 por ciento del total. Este
porcentaje es muy similar al observado en septiembre de 2001, cuando los contratos indefinidos supusieron el 8,66 por ciento del total de los contratos registrados.
En un contexto en el que el crecimiento económico sigue deteriorándose y el paro aumenta, el Gobierno no puede permitirse seguir con un conflicto social abierto, precisamente por una reducción en la protección por desempleo. En este
sentido, hay que decir que, efectivamente, las modificaciones realizadas por el Gobierno y presentadas en forma de enmiendas transaccionales en esta misma Comisión el lunes pasado suponen una rectificación sustancial, pero parcial del decretazo y
esconden un reconocimiento de aspectos particularmente negativos del texto original.
La decisión correcta, en opinión de Izquierda Unida, a tenor del fuerte rechazo social y sindical, tendría que haber sido la retirada del decretazo, con la
apertura de un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para abordar los verdaderos problemas del mercado de trabajo, como es la temporalidad, la inseguridad laboral y una serie de problemas que nosotros hemos planteado cada vez que
hemos intervenido en este contexto. Pues bien, quisiera hacerle hoy aquí una pregunta, ya que se trata de algo que nosotros nos preguntamos: si el decretazo o el decreto, como ustedes quieran llamarlo, se va a corregir en aspectos sustanciales, lo
que va a suponer que determinados aspectos negativos se subsanen, ¿qué va a ocurrir con los más de 200.000 trabajadores y trabajadoras que se han visto de alguna forma perjudicados por la entrada en vigor de este decreto, sobre todo en lo referente
a la percepción de salarios de tramitación? Puesto que estos presupuestos de empleo de alguna forma han tenido que ser infringidos por esta ley que se iba a aprobar, me gustaría saber si por parte del Gobierno se va a tener en cuenta el carácter
retroactivo hacia esos trabajadores que han sufrido una ley injusta, en relación con la cual precisamente en este momento se está pensando en corregir los aspectos más negativos. Para nosotros sería importante conocer si, efectivamente, eso va a
ser una realidad.
Rechazamos estos presupuestos por considerar que no cumplen con las necesidades de protección y de fomento del empleo que la sociedad demanda. España es el país con mayor número de desempleados de la Unión Europea, con menor número de
ocupados, con un desempleo de las mujeres que es más del doble que el de los hombres, con más de 4.000.000 de trabajadores con contratos temporales, estando a la cola de Europa en cuanto inversiones para mejorar las oportunidades de contrato y
empleo y también en cuanto a prestaciones en relación con el volumen de personas desempleadas. De ahí que los presupuestos del INEM debieran tener como objetivo prioritario el pleno empleo y la protección económica de un mayor número de
desempleados. Respecto al empleo, el incremento del gasto en políticas activas, que exigimos se financie con aportaciones públicas y no con cotizaciones, debiera ser tal que nos aproximase al esfuerzo medio europeo, para lo que sería necesario
duplicar los recursos económicos que ahora se destinan y reducir las bonificaciones a las empresas para la contratación que, además de ineficaces y antidistributivas, triplican lo que se destina en Europa a este concepto.
Asimismo, sería necesario
incrementar la proporción de acciones que recibe cada desempleado, integradas en itinerarios profesionales, para lo que es imprescindible la modernización y dotación adecuada de recursos humanos de los servicios públicos de empleo. En fin, fomentar
el empleo mediante la reorganización y reducción del tiempo de trabajo.
En cuanto a la protección por desempleo, y dado que se producen inmensos excedentes por valor de miles de millones de euros en cotizaciones, se debería mejorar sustancialmente tanto las prestaciones contributivas como las asistenciales por
desempleo en lugar de recortar y privar derechos a colectivos enteros, como ha hecho el Gobierno o como intentaba hacer con el decretazo que se intentaba imponer. En este punto, hay que
señalar que el Gobierno falta a la verdad cuando publicita una subida de los gastos sociales del 7,1 por ciento. Esta evolución es resultado de comparar el gasto previsto para el próximo año con la dotación inicial en 2002. El resultado en
la práctica es totalmente distinto y apenas crece el 1 por ciento en términos constantes cuando se tienen en cuenta las importantes desviaciones incurridas durante el presente ejercicio en pensiones y prestaciones por desempleo. La dotación inicial
en 2002 para prestaciones por desempleo fue denunciada en su momento por nuestras intervenciones al haber sido presupuestada a la baja de forma premeditada. En agosto se ha utilizado ya el 83 por ciento de la misma y se puede prever un gasto final
de 10.400 millones, muy por encima de los 8.927 millones presupuestados inicialmente.
En el capítulo de pensiones, y termino, la situación es similar y en este caso consecuencia de la falta de control de la inflación, aún disponiendo de un contexto de moderación salarial. El coste de la desviación supera los 1.000 millones
de euros por atrasos, a lo que se deben sumar otros 1.000 millones para consolidar la subida. Realizadas estas correcciones, omitidas de forma consciente por el Gobierno, el crecimiento del gasto social en el 2003 apenas llega al 3 por ciento
nominal. Así, en el más favorable de los casos, cumpliendo con un IPC del 2 por ciento, el aumento real será del 1 por ciento, aunque, visto el descontrol de la inflación, el crecimiento en la práctica puede ser negativo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Quiero dar las gracias a SS.SS. por las preguntas que me han planteado. Intentaré contestar a ellas de la manera más ordenada y clara posible, aunque reconozco que no va a ser fácil,
puesto que en algunas de las exposiciones no he visto un orden que me permita responder con la precisión que me gustaría. No obstante, lo voy a intentar, abordando en la contestación algunas de las cuestiones que de manera común o parcial, al menos
en dos de las intervenciones, se han planteado, centrándome de todas maneras en las que creo que han merecido más la atención de cada una de sus señorías.
Con respecto al señor Velasco, quiero agradecerle que haya iniciado su intervención calificándome de buena persona, pasando a continuación a relacionar las cuestiones que le preocupan. En primer lugar, se ha referido a la supuesta
incoherencia o falta de credibilidad del presupuesto por no tener relación con el cambio normativo que implicará la reforma de la protección por desempleo que se está tramitando como proyecto de ley en esta Cámara. Le diría que sería mucho más
fácil que fuéramos hablando partida por partida o bien que comentásemos aquellas acerca de las cuales puede tener alguna duda para permitirme desglosar en la medida de lo posible las consecuencias presupuestarias que cada una de las modificaciones
normativas van a tener. Si hacemos un pequeño repaso de las últimas modificaciones normativas, efectivamente, el diseño o el dibujo inicial del proyecto de presupuestos tenía en cuenta una normativa que ya estaba en vigor, como recordará, el 25 de
mayo de este año. En mi opinión, las modificaciones que todavía no se han producido, ya que están en trámite en esta Cámara, no tienen una incidencia presupuestaria que no permita que sean perfectamente asumidas por el presupuesto tal como está
diseñado. Específicamente, la ampliación de la protección por desempleo que se efectúa en los colectivos que ahora se podrán incorporar al programa de renta activa de inserción tiene margen sin ningún problema en los 300 millones de euros que están
presupuestados y que, como usted sabrá, debido a la relativa novedad del programa, no se han ejecutado totalmente en estos últimos años, con lo cual estos colectivos tienen garantizada la posibilidad de inclusión dentro del programa, sin ninguna
tensión presupuestaria. De hecho, en lo que llevamos de corta vida de la reforma del desempleo, colectivos que antes no tenían este tipo de protección, como son las víctimas de la violencia doméstica o los discapacitados, ya están entrando en ella
y tienen cobertura presupuestaria para ello sin ningún problema.
De la misma manera, la partida correspondiente a las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, comparada con el presupuesto inicial del presente año, tiene un incremento del 2 por ciento para el presupuesto del año que viene, que
supone aproximadamente 36 millones de euros más.
La nueva protección tiene cabida en los programas de fomento de empleo de autónomos, discapacitados y economía social que básicamente concentran las últimas reformas. Otras modificaciones, como
puede ser la necesidad de cotizar las vacaciones a las cuotas de desempleo, no tienen consecuencias a efectos de gasto, sino, en todo caso, a efectos de ingresos. La nueva regulación en materia de salarios de tramitación -que finalmente esperamos
que se apruebe- tampoco tiene consecuencias presupuestarias, con lo cual no influye en el contenido de las distintas partidas presupuestarias. En otras, los planteamientos que se han hecho desde determinadas posiciones, en mi opinión, no
corresponden a la verdad. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, que se decía que iban a perder todo tipo de prestaciones -y no me refiero ya al futuro del año que viene, sino a las fechas inmediatamente anteriores, o sea
desde mayo hasta ahora-, siguen entrando en la protección por desempleo. De memoria diré que en el mes de septiembre, que es un mes en el que se produce una entrada importante por el final de las campañas turísticas o de las campañas de verano, han
entrado más de 16.000 personas en esa protección. Es cierto que no
hay una partida extraordinaria para ello, pero porque tampoco se había retirado ningún tipo de protección con la redacción inicial del decreto-ley. Por último, las reformas afectan fundamentalmente al concepto de oferta adecuada de empleo,
donde espero que las variaciones tampoco signifiquen unas modificaciones fundamentales que afecten a las cantidades presupuestadas.
Luego, se han señalado una serie de cuestiones que, como dije al principio, intentaré responder de manera ordenada. Se ha hablado de la memoria económica que no se aportó al real decreto-ley. Que alguien me traiga aquí la disposición
normativa que diga por qué un decreto-ley tiene que venir acompañado de memoria económica. Estamos hablando de una medida que se adopta, según la Constitución, en situaciones de urgente necesidad y una de las manifestaciones de esa necesidad es que
no precisa ser acompañada de memoria económica. Después se hacen unas alusiones genéricas a un supuesto recorte de derechos que casa mal con esa supuesta crítica de la insuficiencia del gasto en prestaciones y de su incremento.
Si estuviéramos
ante un recorte de derechos, estarían sobradamente presupuestadas las partidas correspondientes a la protección por desempleo, a las prestaciones y subsidios por desempleo. Como ese no es el caso, efectivamente el presupuesto de prestaciones se
incrementa aproximadamente en un 20 por ciento, fíjese usted, pero sobre el presupuesto inicial de este año, del ejercicio anterior, tal y como se presentan todos los presupuestos, en todos los casos, cuando se habla de una comparación interanual.
¿Que se dice que el dato realmente importante es la ejecución presupuestaria real del ejercicio? Bien. Pídase el dato y se aportará. La previsión presupuestaria que tenemos para este año va a significar que va a haber una ejecución en el programa
de prestaciones por desempleo que probablemente significará el gasto total de las partidas previstas o incluso alguna cifra superior a ellas. Se ha indicado aquí, en otras intervenciones, que en el mes de agosto ya habíamos ejecutado cerca del 80
por ciento de las partidas correspondientes a las prestaciones. No hay que olvidar que el presupuesto de 2002 traía incorporada una partida de gastos de más de 400 millones de euros, correspondientes a insuficiencias de ejercicios anteriores, con
lo cual esta periodificación mensual no es pura o neutra del año en que nos encontramos, con lo cual -que es a lo que voy- no existe esa insuficiencia derivada de lo que hubiera sido una ejecución presupuestaria ordinaria. Por ser más claro, la
previsión de gasto en prestaciones por desempleo para el próximo año significa un incremento del 4,3 por ciento respecto de la liquidación prevista de este año y el número medio mensual de parados que van a tener derecho a las prestaciones por
desempleo se está barajando en 1.209.000 personas. Todo ello fue remitido precisamente el lunes a esta Comisión, con motivo del análisis de las enmiendas de la reforma de las prestaciones por desempleo, con lo cual todos los grupos parlamentarios
disponen de dicha información.
Ahora me va a permitir que hable un poco del pasado. Quizás no le ha tocado a usted vivir estos hechos, pero los debates sobre los superávit del INEM y la aportación del Estado, el Pacto de Toledo, la financiación de las bonificaciones con
cargo a cuota, son viejos debates que ha visto esta Cámara en muchas ocasiones. De hecho, el esquema actual de bonificaciones de la contratación es notablemente posterior a la suscripción inicial del Pacto de Toledo, allá por 1995. En 1997, como
consecuencia de dos hechos importantes -la aprobación de la estrategia europea de empleo, inicialmente en Luxemburgo y, sobre todo, los acuerdos interconfederales por la estabilidad en el empleo, suscritos por las organizaciones sindicales y
empresariales-, se propuso -entonces también vía decreto-ley, el Decreto-ley 7/1977- un programa de bonificaciones a favor de la contratación indefinida. Ese programa de bonificaciones fue aprobado con el apoyo unánime de la Cámara. Después, como
la estrategia que el Gobierno consideraba más apropiada era ampliar la protección por desempleo no sólo a unos cajones estancos que contemplasen, por un lado, la protección económica por desempleo y, por otro, las políticas activas con fuentes de
financiación diferentes, se propuso también a la Cámara la modificación de la financiación de las políticas de empleo, mediante las cuales las cuotas de desempleo podrían financiar tanto políticas activas como pasivas y, dentro de las primeras,
también las bonificaciones a las contrataciones. Eso se ha debatido y ha sido aprobado por estas Cámaras.
Podemos volver a reiniciar estos debates sin límite, año tras año, pero son cuestiones suficientemente analizadas.
También llama un poco la atención que una cuestión que recibió el apoyo de las organizaciones sindicales en su momento, y en general un consenso bastante amplio, como es el aumento de la cotización a los contratos de mayor precariedad o de
menor estabilidad o de mayor temporalidad y la disminución de la cotización a los contratos de mayor calidad, a los indefinidos, cuestión planteada en 1998 -hablo de memoria-, se presente ahora como novedosa.
Respecto al supuesto superávit del INEM, es algo que no existe. No existe superávit del INEM, porque el INEM no es una empresa que reparta beneficios a fin de año o cuyas pérdidas recaigan sobre sus accionistas.
El INEM tiene una cuenta
que viene equilibrada desde el principio de la aprobación de su presupuesto de ingresos y gastos. Si los ingresos son superiores a los gastos, como ha pasado en los ejercicios anteriores, todas esas cantidades pasan al remanente de tesorería, que
permanece en el propio instituto -y ahí está- y sirve para financiar los presupuestos de años posteriores. Si echa un vistazo al proyecto de presupuestos que presentamos para el año que viene, verá que hay 76
millones de euros que vienen precisamente dotados de los remanentes de tesorería generados en años anteriores.
Quisiera hacer algunas precisiones sobre los contratos bonificados. No hay 6 millones de contratos bonificados en el INEM. Desde 1997 se han bonificado 3 millones y medio del total de los contratos indefinidos que se han producido y como
las bonificaciones tienen, en líneas generales -hay alguna excepción-, una duración de dos años, hay vivos, con la bonificación en vigor, 1.700.000 contratos indefinidos. De todas maneras, algo ha colaborado la bonificación de los contratos
indefinidos en que tengamos a fecha de hoy más de 3.300.000 empleos indefinidos más que en 1994. Entiendo que algo ha colaborado la bonificación a la contratación indefinida.
Respecto de la temporalidad y del empleo de las mujeres, todo lo que ha dicho gira alrededor de un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya existencia no pongo en duda. Por supuesto, para hablar de él sería muy útil
tenerlo encima y poder ver y matizar cualquier cuestión que en él se contiene, ya que en principio no era mi idea comparecer hoy para hablar de un informe de la Tesorería de la Seguridad Social. Yo me remito un poco a la mayor, a las cifras
oficiales y a los datos oficiales de las fuentes de información de nuestro mercado de trabajo, que es la encuesta de población activa, sin perjuicio de que hagamos análisis más detallados tanto con la información que distribuye el Instituto Nacional
de Empleo como la que puede distribuir la Seguridad Social.
Efectivamente, no estamos en el mejor de los momentos a la hora de hablar de la evolución del mercado de trabajo en nuestro país, como no lo está la economía mundial en este momento. Por no entretenerme demasiado, viene bastante bien
reflejado en el denominado libro amarillo, la presentación del proyecto de presupuestos, que la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo español es relativamente mejor que la de los países desarrollados y que seguimos manteniendo, a
pesar de haber descendido el crecimiento del producto interior bruto en un ritmo aproximado del 2 por ciento, la creación de empleo, es decir, seguimos creciendo en empleo.
Con esto rebatiría algunas de las afirmaciones del señor Ruiz. No se está
destruyendo empleo en nuestro país, sino que se está creando. Hay 110.000 parados más en las listas del INEM que hace un año, pero hay 480.000 afiliados más que hace un año en la Seguridad Social. Se está creando empleo, no tanto como para reducir
el desempleo, porque hay mayor incorporación de activos a nuestro mercado de trabajo, pero estamos en el número más alto de empleos que ha tenido en su historia este país, por encima de 16.200.000 personas. La tasa de creación de empleo de las
mujeres es prácticamente el doble que la de los hombres. El desempleo juvenil está en unas cifras que son las más bajas de una larga serie histórica. La creación de empleo, no en este país sino prácticamente en todos los países desarrollados, se
está concentrando en el sector servicios. Realmente es algo que va a producirse más y que debe producirse más en un futuro, porque nuestro diferencial en porcentaje de empleo es que tenemos menos empleo en el sector servicios que en los países
desarrollados. Además, la creación de empleo, no en este país sino en todos los países desarrollados, se está concentrando en la pequeña empresa y es probablemente la realidad que tenemos hoy en día. Eso está permitiendo que estemos avanzando en
lo que hoy llamamos la convergencia real, o sea, en limar y reducir las diferencias históricas que ha tenido nuestro mercado de trabajo respecto de los países que llamamos de nuestro entorno.
Aquí sólo les podría dar tranquilidad respecto de algunas de las cuestiones que tanto el señor Ruiz como el señor Velasco plantean sobre la posible insuficiencia de prestaciones. Eso son derechos individuales que la ley reconoce como tales
y que están garantizados por ley.
Efectivamente, hay un mecanismo que limita ahora el incremento del gasto en un 2 por ciento, pero existen otros muchos. En años anteriores hemos tenido que hacer modificaciones presupuestarias para garantizar en
cualquier caso las prestaciones por desempleo, que son derechos y como tales están garantizados. Combina aquí mal el mensaje de recorte con prestaciones y de que no van a llegar los fondos para las prestaciones. O una cosa o la otra, en mi
opinión.
En cuanto al crecimiento de políticas activas, que es de un 4,39 por ciento en el presupuesto aislado del INEM, quiero recordar que desde el año 1996 han crecido, prácticamente se han triplicado. No ha habido ningún país en Europa que haya
tenido un incremento similar en políticas activas. En este año probablemente una de las razones por las que no se produce un mayor aumento en las políticas activas es porque se hace un esfuerzo muy importante en las dotaciones de personal del
servicio de empleo tanto del INEM como de los servicios autonómicos y, en referencia a lo dicho por el señor Azpiroz, ahora ausente, se contempla una partida de 114 millones de euros específicamente para incorporar más personal tanto al INEM como a
los servicios autonómicos, para que hagan posible que la mejora de servicios o la ayuda para la búsqueda de empleo se convierta en una medida eficaz y cotidiana en el funcionamiento de las oficinas de empleo.
¿Para cuándo las transferencias a Andalucía? Para cuando nos pongamos de acuerdo las dos administraciones. Esto no es un problema de una sola de las administraciones. Espero que sea pronto, no hay que buscar muchas intervenciones mías en
ese sentido porque han cambiado poco. Es cierto que llevo mucho tiempo diciendo que espero que sea pronto, pero no voy a cambiar ese mensaje. No tengo ningún inconveniente en remitirle, y así se hará, todas las escuelas taller que se han aprobado
en Andalucía y que, como tienen una
duración de dos años, espero que pronto sea una labor que tenga que continuar la administración andaluza.
Tampoco comparto esos comentarios tan negativos sobre que en el Plan nacional de acción para el empleo nos hemos olvidado de las recomendaciones de Lisboa. Si me apura, casi lo único que hace el Plan nacional de acción para el empleo es
seguir las recomendaciones de Lisboa. En ese sentido, no voy a vender las bondades de los planes de empleo y, a cambio -estoy seguro que usted es buena persona, como dice usted de mí-, tampoco le voy a nombrar juez en este litigio. Dejemos que sea
la Comisión Europea la que cada año califique los planes de empleo, que hasta ahora, dicho sea de paso, no nos pone en mal lugar en el cumplimiento de la estrategia europea de empleo. Gracias al esfuerzo de todos, porque una parte muy importante la
hacen las comunidades autónomas y otra, no menor, la hace el Estado y específicamente el INEM.
Desde luego donde no coincido en absoluto es en ese modelo de transferencias. Si el modelo de transferencias que dice usted fuera el real, el de yo legislo y ustedes pagan, lo normal es que todos estuvieran como Andalucía, sin haber
recibido las transferencias. Todo lo contrario, el INEM transfiere y paga. El modelo de transferencias que está haciendo el INEM es con mantenimiento de toda la dotación presupuestaria de las políticas de empleo que se transfieren en los
Presupuestos Generales del Estado. De hecho, las políticas activas que se reflejan en el presupuesto del INEM, salvo el caso concreto de las bonificaciones, que se gestiona de manera automática, en el resto de los casos aproximadamente el 70 por
ciento, según las distintas partidas, son gestionadas por las comunidades autónomas. Así que yo legislo, pero yo pago también.
Respecto de las cuestiones más relevantes que pedía el señor Azpiroz, simplemente quiero decir que, en primer lugar, los objetivos del presupuesto del INEM son el mantenimiento del empleo, permitir el desarrollo del Plan nacional de acción
para el empleo y el mantenimiento de la estrategia de la apuesta por las políticas activas de empleo. En segundo lugar, mantener los niveles de protección por desempleo y la dotación suficiente para que la protección sea efectiva y real. Quiero
recordar aquí cómo año tras año, en los últimos ejercicios, el porcentaje de parados que cobran prestaciones ha venido incrementándose y el número total de desempleados que no cobran prestaciones ha ido disminuyendo, aparte del crecimiento
consolidado del gasto por desempleado tanto en políticas activas como pasivas. Por último, y espero que no sea una noticia coyuntural, la modernización del servicio público de empleo y la mejor dotación de recursos humanos y materiales, que este
año tiene una partida que es novedad respecto de ejercicios anteriores, seguirá acompañándonos en los siguientes ejercicios.
Poco más tengo que añadir porque las cuestiones correspondientes a la intervención del señor Ruíz prácticamente eran las mismas. Quiero recordar que los años de disciplina presupuestaria o de reducción del déficit público han sido los de
mayor creación de empleo en nuestro país.
Habla de crisis y de dificultades en otros países desarrollados como Estados Unidos y Alemania. Coincido con él en que éste es un hecho que está ocurriendo en el mundo, del que no somos ajenos y del que,
desgraciadamente, no podremos escapar únicamente aludiendo a la estructura o a la definición presupuestaria.
Me van a permitir que me ciña a la información del presupuesto y no entre en la mayoría de los comentarios relativos a la política fiscal, a consideraciones generales de política económica. En los dos casos se ha señalado una crítica
general a la temporalidad. Yo diría que tanto estos presupuestos como los que se vienen presentando desde 1996, por primera vez después de muchos años en este país, han apostado por la estabilidad en el empleo. Yo no querría ser excesivamente
cruel a la hora de identificar dónde está el nacimiento del problema de la temporalidad en nuestro país -que está fundamentalmente en la reforma de 1984 del Estatuto de los Trabajadores, es a raíz de ese momento cuando se dispara la temporalidad en
el mercado de trabajo español-, pero específicamente desde el año 1996, y más señaladamente desde el año 1997, hemos empezado a tener una política efectiva, con dificultades, probablemente no con los efectos tan inmediatos y tan contundentes que a
todos nos gustaría, a favor de la estabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general.
Terminada esta comparecencia, se suspende la sesión durante tres minutos para que se incorpore a la mesa la secretaria general de Asuntos Sociales. (Pausa.-La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la presidencia.)
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (DANCAUSA TREVIÑO), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001271) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente 212/001320).
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señorías, reanudamos la sesión y damos la bienvenida a la Comisión a la señora doña Concepción Dancausa.
Para ir con rapidez, vamos a dar la palabra a la señora García, en nombre del Grupo
Socialista, que figura como primer demandante de la comparecencia.
La señora GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, quiero saludar a la señora Dancausa y agradecerle su presencia en esta Comisión para poderle trasladar las
dudas y las preocupaciones que se hayan generado del estudio de los presupuestos para el año 2003 en la materia que ahora vamos a abordar.
Me va a permitir que comience esta intervención mostrando la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista ante lo que nos parece un retroceso del Estado del bienestar al analizar estos presupuestos que podríamos calificar como los más
regresivos en materia de política social de toda la legislatura. Para demostrarlo, a lo largo de la comparecencia analizaremos diversas cuestiones que clarifican esta aseveración.
Me va a permitir que le recuerde una serie de planteamientos que seguramente le suenen: el II Plan de acción para los discapacitados ha de ser la ocasión de dar un nuevo impulso a las acciones encaminadas a garantizar la integración social
y la igualdad de los discapacitados; Plan estatal de accesibilidad para garantizar la supresión de las barreras; programa de ayudas a las amas de casa con mayores a su cargo; impulsar la ejecución del acuerdo entre Imserso y la Federación
Española de Municipios y Provincias para incrementar el número de personas atendidas del servicio de teleasistencia; el Plan integral de apoyo a las familias va a ser objeto de mi personal preocupación y empeño, pues debemos garantizar la plena
compatibilidad entre la actividad profesional y el ejercicio compartido de las responsabilidades en el ámbito familiar.
Podría seguir repitiendo estas ideas y compromisos que, como usted bien sabrá, fueron planteados por el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, señor Zaplana, en su primera comparecencia ante esta Comisión, posteriormente fueron anunciados a bombo y platillo ante todos los medios de comunicación y ahora vemos cómo desaparecen de un plumazo en estos presupuestos generales
para el año 2003. Señora Dancausa, estos presupuestos muestran la imposibilidad de poner en marcha todas estas cuestiones, ya que todos somos conscientes de que para desarrollar satisfactoriamente estas iniciativas es necesaria una mayor dotación
económica que la prevista en estos presupuestos.
Parece que el Gobierno no acaba de entender esto de la inflación. No entiende cómo las familias día a día están perdiendo poder adquisitivo por el aumento de los precios, que no es correspondido con el aumento de los salarios. Por ello nos
encontramos con una previsión del Gobierno cercana al 2 por ciento cuando la cifra real será del 3,6 por ciento aproximadamente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista veníamos diciendo hace tiempo esta cifra y ayer mismo nos ha dado la razón el
señor Caruana, presidente del Banco de España, que en esta Cámara mostró su preocupación por los datos de la inflación y dijo que estaría en torno al 3,6 por ciento. Por tanto, no es sólo el punto de vista de nuestro grupo parlamentario sino que
una persona que entendemos que tiene legitimidad para hablar de esto, como el señor Caruana, mostró esa preocupación ayer mismo en esta Cámara. Además vemos cómo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales plantea la congelación de multitud de
partidas presupuestarias, algunas tan importantes como el Plan concertado de asuntos sociales. Por ello voy a pasar a analizar algunos de los programas más importantes, señalando además algunas dudas que se nos plantean y que espero sean aclaradas
por la compareciente.
En materia de inmigración, realmente no nos sorprende ver cómo el Plan de integración social de los inmigrantes se encuentra congelado, ya que responde a la actitud que el Gobierno lleva tiempo planteando en esta materia, pero es más grave
cuando la realidad social de nuestro país nos aboca a plantear un gran esfuerzo en todas las políticas referidas a la integración de los inmigrantes si queremos que la pluralidad y la diversidad cultural no provoque situaciones de enfrentamiento
social. El año 2002 tenía consignados para esta materia 3.753.000 euros; en el 2003 se consigna la misma cantidad. ¿Cómo pretende el Gobierno impulsar esta necesaria actuación política en materia de inmigración?
La partida presupuestaria en prestaciones básicas de servicios sociales se congela con respecto al 2002. Esta afirmación es preocupante cuando estamos hablando de un sistema público de servicios sociales que debe garantizar los principios
de igualdad, prevención, solidaridad, etcétera.
Nos sentimos engañados cuando vemos que no se van a cumplir los objetivos que proponía el ministro en esta materia, pero, lo que es peor, se está engañando a todos los ciudadanos. ¿Cómo se va a
incrementar, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio para conseguir que las personas mayores estén atendidas en su entorno habitual? Con estos presupuestos no sólo no se va a poder aumentar, sino que tendrá que recortarse. ¿Cómo explica que
con el mismo dinero del año pasado y con una inflación cercana al 3,6 por ciento se pueda prestar el mismo servicio al mismo número de personas? Sus presupuestos plantean en la memoria de objetivos atender al mismo número de beneficiarios que el
pasado año. No sé si pretenden hacer magia o que sean las comunidades autónomas o, en su caso, las corporaciones locales las que hagan frente a este gasto. Poco tengo que decir en materia de voluntariado que no ocurra en el caso anterior. Se
congela la partida del plan estatal del voluntariado y desciende el número de programas y campañas respecto a años anteriores. ¿Esta es la manera en la que el ministro plantea impulsar y apoyar al sector del voluntariado?
Ni que decir tiene que el mejor ejemplo de anuncio engañoso lo podemos encontrar en materia de discapacidad, asunto al que parecía que este ministerio pretendía dar un impulso importante de cara al año próximo, en que celebraremos el año
europeo de la discapacidad. Se nos planteaba el nuevo plan de acción para los discapacitados impulsando acciones que favorezcan la integración de los mismos, pero nos encontramos con
que esta partida está congelada respecto al año 2002, igual que la partida del Real Patronato de la Discapacidad. En esta materia disminuye el número de programas a subvencionar de 80 a 64, pero, lo que es más singular, con el mismo dinero
que el año pasado, pretenden aumentar los servicios y la atención a los beneficiarios. Esto sólo demuestra que los presupuestos que proponen no son reales, que nos están intentando engañar y, como he dicho antes, pretenden engañar a los ciudadanos.
La inclusión social es otro ejemplo de retroceso. ¿Cómo se proponen desarrollar los objetivos de este plan de inclusión social del Reino de España cuando estamos viendo que disminuyen los programas subvencionados en materia de población
gitana, personas afectadas de sida, personas reclusas y ex reclusas, programas de inclusión social? Señora Dancausa, todos estos datos están claros en la memoria de objetivos de sus presupuestos. No me gustaría escuchar, como en otras ocasiones,
que somos catastrofistas o que nos estamos inventando los datos. Ojalá que lo que estoy diciendo no fuera verdad, pero, por desgracia, manejamos los mismos datos y los mismos papeles.
En materia de atención a la familia y la infancia, si bien es cierto que aumenta el presupuesto con la introducción de nuevas partidas, no creemos que sea lo suficiente para llevar a cabo las acciones que contiene su plan de familia. Si por
un lado aparece una nueva partida para la creación de unas 2.500 plazas para la atención a menores de tres años, también aparece en el desarrollo del presupuesto por programas y objetivos que en el objetivo de conciliación entre vida familiar y
laboral proponen recortar en un 40 por ciento los proyectos subvencionados de primera infancia, pasando de 1.090 proyectos subvencionados en el 2002 a 742 para el 2003. ¿Me podría explicar el recorte de este proyecto? Si por un lado se crean
nuevas plazas pero por otro lado se destruyen, difícilmente podremos decir que este Gobierno demuestra sensibilidad social en esta materia. Asimismo, quería que me explicara el sentido de una nueva partida que aparece dotada con 1.190.000 euros,
destinada a la Comunidad de Madrid para la atención de menores en centros, incluyendo obligaciones de ejercicios anteriores.
Espero una respuesta que sea convincente porque no me gustaría pensar que las necesidades que tienen muchas comunidades
autónomas de distinto color político no son tratadas de forma igualitaria. Con esto no quiero decir que no haya que atender las necesidades de la Comunidad de Madrid, pero igualmente se lo merecen otros territorios que tienen graves dificultades
para responder a esta situación.
En cuanto a la mujer podría repetir la valoración que hicimos el año pasado respecto a los presupuestos inmovilistas y que no podían hacer frente a la multitud de necesidades que existen en esta materia. Hace un momento, en esta Comisión,
hemos aprobado la creación de una subcomisión para adoptar medidas que den respuesta a la lacra de la violencia de género. Si de verdad todos estamos sensibilizados acerca de esta cuestión, tendríamos que ver un reflejo en estos presupuestos y, por
desgracia, no lo veo. No existe ninguna partida nueva que atienda esta realidad; por el contrario, vemos que la formación a profesionales de distintas materias en igualdad disminuye respecto al 2002, de 2.000 a 1.800 beneficiarios. Asimismo, si
no tiene aquí la documentación nos gustaría que nos remitiera posteriormente la dotación presupuestaria del plan contra la violencia doméstica, señalando todas las partidas de los distintos ministerios referidas a este plan para hacer un análisis
más exhaustivo del mismo. Estamos de acuerdo en que no es un tema con el que se deba jugar políticamente, pero debe entender que nos preocupe tener constancia de todas las actuaciones referidas.
En cuanto a juventud ocurre más de lo mismo, como sucedía en lo referente a la mujer. La ligerísima subida va a gasto corriente y no a acciones determinadas. Se congela la partida referida a las acciones del plan de juventud
correspondiente a las comunidades autónomas; se congela el convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, y, si bien aumentan 400.000 euros para las entidades juveniles prestadoras de servicios, disminuyen en la misma cantidad,
400.000 euros, el presupuesto para entidades y jóvenes participantes en el programa de juventud. Me gustaría que me explicara, señora Dancausa, cómo con la disminución de estos 400.000 euros a las entidades pretende aumentar el número de programas
financiado y el número de beneficiarios. Por otra parte, mientras el ministro hablaba de apoyar el acceso de los jóvenes a la vivienda, la partida referida a fomentar estas medidas también se encuentra congelada respecto al pasado año. Este
Gobierno demuestra que tiene los ojos tapados ante una realidad como el encarecimiento de la vivienda y la necesidad de poner en marcha medidas que faciliten la emancipación de los jóvenes. Por último, en materia de juventud esperamos que se estén
cumpliendo todas las actuaciones previstas en el plan de acción joven, así como las ejecuciones presupuestarias, ya que nuestro grupo formulado unas 230 preguntas referidas a este plan pero ninguna ha sido contestada. Parece que el ministerio no
tiene voluntad de dar a conocer lo que se está realizando en esta materia. Siento decirlo, pero si en los próximos días no tenemos contestación a estas preguntas, pediremos amparo a la Mesa y que comparezca la directora general del INJUVE para
responder a estas cuestiones.
En pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, vemos que la partida disminuye en 12 millones de euros. Sabemos que el número de beneficiarios de este programa va descendiendo anualmente, pero la estimación es que el próximo año
desaparecerán 6.800 beneficiarios. El año pasado desaparecieron 4.000. No sé por qué esta diferencia. ¿Se tienen datos clarificadores
de que vayan a desaparecer 6.800 beneficiarios? Creo que hay un error, y me gustaría que lo comprobara, en el presupuesto por programas y objetivos de este programa de pensiones no contributivas asistenciales.
Se fija la cantidad de
149.000 euros por beneficiario, pero creo que son 149. El año pasado eran veinticuatro mil y pico pesetas, que corresponderían a los 149 euros. Es cierto que desciende el número de beneficiarios, pero el Grupo Parlamentario Socialista entiende, y
así lo viene sugiriendo otros años, que es necesario aumentar la cuantía de estas prestaciones.
El plan gerontológico y el plan de Alzheimer son, sin duda, los programas mejor tratados desde el punto de vista presupuestario, pero también merecen una serie de consideraciones. En lo relativo al plan de Alzheimer, si bien se propone la
creación de nuevas plazas con una dotación de 4 millones de euros, las actuales plazas disminuyen en número, algo lógico cuando el propio plan está dotado con la misma cantidad que el año pasado, está congelado, aunque luego aparezca esta nueva
partida de 4 millones. Esto se refleja en el presupuesto por programas y objetivos, donde desaparecen plazas psicogeriátricas.
En cuanto al plan gerontológico, dotado de un aumento, nos parece positivo pero insuficiente para atender al importante número de personas mayores y familias necesitadas de este servicio. Por poner un ejemplo que me es cercano, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, con un importante envejecimiento de su población, no se ha construido desde 1996 ninguna residencia pública de ancianos. Es necesaria una inversión mucho mayor.
Para ir finalizando, una pregunta acerca de una partida cuyo contenido me gustaría que nos especificara, relativa al programa de transferencias entre subsectores. Nos gustaría saber a qué se debe la disminución de 27 millones de euros en la
partida correspondiente a transferencias corrientes del Imserso. No conozco su contenido y me gustaría que se nos diera una explicación.
Para concluir, consideramos que estos presupuestos son un retroceso en bienestar social. De esta manera, seguirán incumpliendo todas sus promesas hechas a la ciudadanía y tendremos que decir que este Gobierno, además de incumplir sus
compromisos, hace magia porque, si no, respóndame cómo con partidas, muchas de ellas congeladas, pretenden mantener los mismos servicios que hasta ahora. Señora Dancausa, reconozca que no sólo es difícil, sino imposible.
Sé que en algunos momentos tenemos la tentación de manipular datos, porque en la primera comparecencia que hemos tenido en esta Comisión el subsecretario general de Trabajos y Asuntos Sociales hablaba de los grandes incrementos en materia
social aludiendo exclusivamente al plan gerontológico y Alzheimer. Hemos reconocido que se ha hecho un esfuerzo, que a nuestro entender no es suficiente, pero hay muchísimas cuestiones que suponen un retroceso. Vuelvo a repetir: plan de
voluntariado, plan de prestaciones básicas, plan de inclusión social; plan para discapacitados, mujer, jóvenes, etcétera. Estimamos que son los presupuestos más regresivos de toda la legislatura en materia social.
Me imagino que habrá distintos puntos de vista, pero, aparte de esta reflexión que hace el grupo parlamentario, me gustaría que nos respondiera a las dudas que tenemos y nos diera una explicación.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Esta diputada que llevó numerosas veces en la última legislatura del Gobierno socialista el control presupuestario o las comparecencias informativas de los distintos cargos del Gobierno anterior, tanto de Seguridad
Social como del área que ocupa a la secretaria general de Asuntos Sociales, a la que quiero dar la bienvenida en este turno que me ha concedido la presidencia de la Mesa, tiene, que decirle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora
García, que ya me hubiera gustado ver unos presupuestos como estos en aquellas épocas, donde había déficit presupuestario, en la Seguridad Social y en el Estado, cada año mayor endeudamiento y aumento de la deuda pública, con los correspondientes
déficit anuales que hacían que no viéramos una luz que diera mayor cohesión social a la Seguridad Social complementaria que nos ocupa ahora. Nos ha dicho que mostraba su preocupación por el retroceso de esta área presupuestaria y ha mencionado
cosas que no se corresponden con la verdad. Ha dicho que estos presupuestos son los más regresivos en asuntos sociales y que el plan de atención a la familia le preocupaba por la escasa dotación. Habría que ser un poco más ecuánime y reconocer lo
que ha mejorado en seis años -son los sextos presupuestos que presenta el Gobierno del Partido Popular a esta Cámara-, y el esfuerzo que se ha hecho, no sólo en el equilibrio presupuestario, de acuerdo con la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, sino también en el superávit de las cotizaciones a la Seguridad Social debido a políticas socioeconómicas que han permitido que hoy podamos hablar, no de 12,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, que significaba que cada dos
cotizantes sostenían a un pensionista, sino de 16 millones 300.000 afiliados que quiere decir que hemos invertido esta cifra seriamente peligrosa, y es que hoy cada 2,3 personas sostienen a un pensionista.
Como funcionaria de la Seguridad Social y
conocedora a fondo del tema, le aseguro que no es un dato baladí. Para el futuro de la Seguridad Social, y para que S.S. pueda recibir el día de mañana su pensión de Seguridad Social, es un dato importantísimo, porque de haber seguido el camino
por el que íbamos muchos jóvenes habrían tenido que preocuparse.
No se inquiete por la corrección que ha hecho el gobernador del Banco de España al señor vicepresidente segundo del Gobierno, porque éste ha dicho hoy que el poder aumentar el crecimiento económico en España dependerá del crecimiento de la
economía mundial, pero es que España este año ha crecido un 2 por ciento y se ha situado, en un momento de regresión económica en toda la zona euro, en un 1,6 por ciento del promedio de crecimiento de los países que integran la Unión Europea, algo
que no se produjo nunca en momentos anteriores; cuando hubo crecimientos económicos en España la creación de empleo distaba mucho de acercarse a la cifra de la creación de riqueza, y hoy ha sido un equilibrio sostenido de riqueza, de creación de
empleo y con posibilidades de garantizar esa cohesión social que tan necesaria es para nuestro país.
Ha habido un totum revolutum porque se han mezclado muchos conceptos. Es una pena que se vea todo tan distinto según el grupo parlamentario al que se representa, porque ni nadie hace todo bien ni nadie hace todo mal.
Podríamos aplicar el
refrán de aquello de que algo es verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Nosotros vemos el color del cristal relativamente claro, tenemos un cierto optimismo y reconocemos al Gobierno su esfuerzo y su capacidad de
gestión. En el área que nos ocupa, porque tampoco me quiero alargar excesivamente y entrar en una guerra de cifras, tendríamos que poner gran énfasis en la Secretaría General de Asuntos Sociales. En el período de gobierno del Partido Popular, que
va desde 1996 a 2003, ha supuesto un crecimiento (le voy a dar la razón a la señora García en que al hablar de euros las cantidades son menores), cuyo contenido traducido a pesetas excedería con mucho al que se aplicó en otras épocas, porque ha
aumentado 230 millones y medio de euros, lo que supone un incremento respecto de otras épocas del 97,5 por ciento.
Usted ha encontrado determinados problemas y le ha parecido que no era una dotación suficiente, aun reconociendo que se había hecho un esfuerzo en el plan gerontológico, en el plan de Alzheimer, en el plan de acción para las personas con
discapacidad y en el programa de atención a la familia.
Señora García, no es que se haya hecho un esfuerzo, es que ha habido dotaciones presupuestarias que han aumentado el 39,5 por ciento, el 75,6 por ciento, el 12,2 por ciento y el 23,9 por
ciento. Estamos en un período de crecimiento de España por encima de la media de la Unión Europea, pero evidentemente se ha frenado ese crecimiento económico; estamos en un 2 por ciento, y hay partidas como la del plan gerontológico que aumentan
en un 39,5 por ciento, es decir, un incremento de 5 millones de euros destinados a la creación de plazas residenciales y de día, pasando de los 11 millones de euros en el año 2002 a 16 millones de euros para el próximo ejercicio.
Yo no sé lo que creerá S.S. que es un esfuerzo importante, pero yo entiendo que ha sido una de las mejores acciones en el área de asuntos sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que, como muy bien dijo el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, no es que fuera a impulsar por primera vez pero pondría una especial atención en esa área.
El plan de Alzheimer contará con 9,3 millones de euros, un 75,6 por ciento más que en 2000, y se habilita una nueva partida presupuestaria
para la creación de plazas de día y residenciales, con una dotación de 4 millones de euros. Los programas de acción para las personas con discapacidad se benefician también de un incremento muy importante, y debo mencionar especialmente los
programas de atención a la familia y a la infancia, a los que se destinarán 47,6 millones de euros, lo que significa un incremento del 23,9 por ciento. Entre ellos, destacan el programa de apoyo a la familia, el de atención a la primera infancia,
el de conciliación de la vida familiar y laboral que, por cierto, se habría tenido que implantar hace muchos años pero ha sido este Gobierno el que ha prestado atención especial a este problema; de hecho, es el tercer plan de igualdad elaborado por
este Gobierno.
Señora García, si no hubiera sido por estos años de impulso económico y de iniciativas legislativas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, hoy no estaríamos hablando de estas cifras. Ha dicho usted que las personas que trabajan tienen hoy
menor capacidad adquisitiva, pero S.S. sabe que no es verdad. Las personas que trabajan y tienen una hipoteca pagan muchísimo menos dinero por ella. La próxima reforma fiscal -y hubo otra anterior- supondrá un ahorro del 38 por ciento a las
personas con rentas más bajas en sus obligaciones contributivas al erario público. Las prestaciones y desgravaciones de protección a la familia han aumentado, igualmente.
Creo que se han hecho esfuerzos importantes y el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, felicita a la secretaria general de Asuntos Sociales.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra la señora Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño): Trataré de contestar, en primer lugar, a las cuestiones que planteaba la señora García. Antes de entrar en el detalle, quisiera aclararle dos aspectos importantes del
presupuesto que presentamos, que me parece que S.S. ignora. Se ha referido a la comparecencia del señor Zaplana y a las acciones que anunció. Esa comparecencia se refiere, naturalmente, a lo que queda de legislatura, de modo que algunas de las
medidas se pondrán en marcha este año, otras ya se han puesto en marcha, y otras iniciarán su andadura en 2004.
En segundo lugar, la señora García desconoce un hecho que se ha producido recientemente: el nuevo sistema
de financiación de las comunidades autónomas. Se ha cedido parte de los tributos a las comunidades autónomas para que ellas decidan qué recursos aplican a cuestiones en las que tienen competencia plena. Estamos hablando de una materia en
la que las competencias de las comunidades autónomas son exclusivas. El Estado, el Gobierno, concretamente el Ministerio de Asuntos Sociales, apoya el desarrollo de esas competencias, pero son las comunidades autónomas las que tienen que decidir,
puesto que tienen todas las competencias en planificación, regulación, asignación de prestaciones, etcétera. Es un dato muy importante, y, una vez que se ha producido el cambio en la financiación autonómica, debe realizarse un cambio en el
presupuesto. Es injusto, pues, hablar de congelación, puesto que no hay congelación en absoluto; es más, habiéndose producido ese hecho tan importante se mantienen muchos de los programas que se venían realizando en colaboración con las
comunidades autónomas. Y no sólo se mantienen las cantidades asignadas en presupuestos anteriores a esos programas, sino que, teniendo en cuenta preocupaciones de la sociedad española a las que hay que dar respuesta, se crean nuevos programas.
El calificativo de regresivos para unos presupuestos cuyo incremento, en términos generales, es del 20,6 por ciento, un porcentaje muy superior al del crecimiento nominal de la economía y al IPC previsto, no se ajusta a la realidad. Dentro
de las prioridades que se ha marcado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, destacan: el plan gerontológico, con un nuevo programa de creación de plazas, que se incrementa en un 39,5 por ciento; las pensiones asistenciales para emigrantes,
que aumentan un 14,9 por ciento; la conciliación entre la vida familiar y laboral, con un incremento del 32,1 por ciento, para la que no sólo se mantiene el programa de colaboración con las comunidades autónomas sino que se crea uno nuevo de
inversión y de creación de plazas de guarderías infantiles.
Los emigrantes retornados son, asimismo, objeto de atención por parte del ministerio, que incrementa los programas para este colectivo en un 15,6 por ciento.
El esfuerzo del ministerio en el plan gerontológico es destacable -como ya he dicho-, y lo mismo ocurre con el plan de Alzheimer, que inició este Gobierno en 1999 -como usted sabe- y que se beneficia de un incremento del 75,6 por ciento.
Insisto en que este presupuesto no merece ser calificado de regresivo: mantiene programas tras el cambio importante que se ha producido e incrementa la dotación y crea nuevos programas, en la línea que hemos venido siguiendo durante todos estos
años. Como señalaba la diputada del Partido Popular, en los seis años que llevamos gobernando, los presupuestos han crecido un 90,5 por ciento, casi un cien por cien. Además, se han creado seis nuevos programas que no existían antes de que
llegáramos al Gobierno; ese también es un hecho constatable.
Entrando en el detalle de lo que usted señalaba, y para darle algún dato que quizá no esté suficientemente claro en el presupuesto, quiero decirle que las políticas de inmigración no se ejecutan sólo dentro de los programas que se llevan a
cabo con las comunidades autónomas; también hay una partida presupuestaria dentro del Imserso, que ha crecido y sigue creciendo este año en un 7,64 por ciento, destinada al programa de migraciones. De los programas que se siguen en colaboración
con las comunidades autónomas, puesto que tenemos un Estado muy descentralizado y con competencias muy claras, está prevista la creación por el Imserso de cinco nuevos centros de migraciones durante los próximo años, cuestión incluida en la partida
de inversiones del instituto.
¿Qué va a pasar con la teleasistencia? Está previsto para el año que viene que el programa de teleasistencia del Imserso se incremente en un 26 por ciento, con 10.000 nuevas atenciones. Preguntaba por la ayuda a domicilio. Como usted
sabe, se presta en el Imserso, por una parte, a través de convenios con los ayuntamientos y, fundamentalmente, dentro del plan concertado. De modo que no se congela; es una responsabilidad, una prestación básica de las comunidades autónomas.
También sube el plan de discapacidad, un 11 por ciento. Ya anunció el ministro que hay una serie de actividades y de leyes previstas, que no podemos cuantificar en este momento y que se cuantificarán en la memoria económica que acompañe a la ley
que se traerá al Parlamento para su aprobación. Hay que tener en cuenta, además, que los planes integrales que usted ha señalado son eso: integrales; cuya ejecución no se refleja en el presupuesto de la secretaría general, sino en los
presupuestos de otros ministerios. Me voy a referir a alguno de ellos, por ejemplo el plan integral de lucha contra la violencia doméstica. Es un plan que contiene medidas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia -algunas no llevan
coste, se trata de reformas legislativas- del Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e incluso, dentro de éste, de distintos órganos, puesto que no me negará que la renta activa para las mujeres maltratadas está en los
presupuestos de la Secretaría General de Empleo.
Por tanto aquí se refleja parte de esos planes, no el total de ellos, y todos o se mantienen o crecen con esas dos premisas que le he señalado anteriormente.
También solicitaba explicación de algunas cuestiones, por ejemplo el incremento específico para la Comunidad de Madrid. Esta es una dotación exclusivamente para menores con responsabilidad penal. Recordará S.S. que se hizo una
modificación de la Ley juvenil del menor en la cual se establecía que los jóvenes que tuvieran delitos de terrorismo o de la kale borroka iban a ser atendidos por la Comunidad de Madrid. Pues
bien, esto es para colaborar, mejor dicho, para hacerse cargo de la financiación para el mantenimiento de estos centros que gestiona Comunidad de Madrid, porque es quien tiene las competencias dentro de su comunidad para el resto de los
jóvenes que están en esta situación y entendíamos que a través de un convenio iban a estar mejor atendidos. Se refería también usted al tema del plan integral de familias. Le digo lo mismo, es un plan integral que, además, lleva un año aprobado y
que se contempla a cuatro años. Por tanto habrá que ver al final del plan si lo hemos ejecutado o no. En el seguimiento que hemos hecho de ese plan hay muchas e importantes medidas que se han ido poniendo en marcha, pero el plan lo hemos
establecido para un período más largo que el de 2003.
Incluso así, uno de los temas más importantes dentro del plan integral de familias que sí compete a esta Secretaría General, que es el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral,
crece un 32,12 por ciento.
Eso significa que no solamente se van mantener los proyectos que se están realizando con comunidades autónomas, sino que se abre además una nueva línea de inversiones para esta cuestión, también, como es lógico, en
colaboración con las comunidades autónomas, que es la forma que tenemos de poder incrementar esos servicios sociales que ellas tienen obligación de prestar, pero desde el Gobierno se les apoya y se marcan prioridades por entender que son
importantes.
Ha puesto usted de manifiesto algunas cuestiones respecto a los indicadores y querría señalarle algo que es importante. Cuando estamos hablando de indicadores lo estamos haciendo de previsiones, es decir no hemos terminado el año 2002, y
por tanto los indicadores que figuran son los que se previeron cuando se iniciaron los presupuestos, pero lógicamente tendrán que ser corregidos y establecidos una vez ejecutado el proyecto; y los de 2003 también son previsiones y lógicamente van
en función del incremento de los créditos que se han puesto en el presupuesto. Muchas veces, cuando hacemos los presupuestos del año siguiente tenemos que ajustar a la realidad esos indicadores sabiendo ya lo que se ha ejecutado. Por tanto le
sugiero que esa cuantificación de los indicadores no puede ser nunca real hasta que no hayamos visto lo ejecutado en el 2002 y lo ejecutado en 2003, puesto que, como le digo, son previsiones, pero es posible que en alguno de los que usted ha
mencionado -yo los miraré con detalle y le mandaré su explicación- haya podido haber un error o alguna cuestión no prevista. Le puedo garantizar que en general los indicadores responden a las previsiones que contempla el presupuesto y por tanto en
general o se mantienen o tienen un incremento.
Se refería usted a si el plan de lucha contra la violencia tenía una dotación presupuestaria. Obviamente cuando hemos anunciado un plan con unas medidas que tienen un coste económico es evidente que hacemos un seguimiento anual, incluso lo
hemos presentado. En cualquier caso podemos darle los datos del primer plan, que ya está ejecutado, y los de seguimiento del segundo, que lógicamente también están realizados y sabemos cuánto dinero hemos gastado en cada una de las acciones que se
ha puesto en marcha. Se refería al plan de juventud y más concretamente a la congelación del mismo. No lo puedo compartir, puesto que el plan de juventud también se incrementa en un 3,4 por ciento, y si tenemos en cuenta lo que se da también al
Consejo de la Juventud, supone un 7,71 por ciento. No puede olvidar que el Consejo de la Juventud, aunque está formado por organizaciones no gubernamentales, tiene un presupuesto que también sale de los Presupuestos Generales del Estado.
Preguntaba por algo que quizás necesita una explicación. En el programa de juventud de la Unión Europea al que aludía, el importe que aparece es el del presupuesto inicial. Lo que tenemos previsto este año es que gracias a la buena gestión que ha
habido de este programa, concretamente de la agencia española del programa juventud se va a incrementar entre un 8 y un 10 por ciento y van a quedar reflejados en el presupuesto final porque esos son ingresos que provienen, una vez que los hemos
puesto en marcha, de la Unión Europea. Es decir, que tampoco hay ningún recorte, al contrario; lo que prevemos es que en ese programa concretamente vamos a obtener un incremento, como le he señalado, de entre el 8 y el 10 por ciento, y es
importante señalar que además de ese incremento del programa juventud también se incrementan los créditos destinados a las organizaciones no gubernamentales de jóvenes, por una razón, porque nosotros sí creemos en el movimiento asociativo y apoyamos
a ese movimiento no sólo a través del Consejo de la Juventud sino de otras asociaciones que no estando en él presentan proyectos que encajan en las prioridades de nuestras convocatorias.
Hablaba usted de juventud y vivienda. En el programa de la bolsa de juventud, que también se inició por este Gobierno, ha habido un incremento muy importante de los beneficiarios y vamos a iniciar además el programa que el ministro anunció
en su comparecencia de avales a créditos para viviendas, obviamente como programa piloto, por creer que muchas veces los programas cuando son nuevos hay que iniciarlos para ver cómo se desarrollan y poder ir extendiéndolos progresivamente a todo el
Estado. En las pensiones no contributivas, que usted decía que descendían, tampoco es así. Las pensiones no contributivas se incrementan en un 2,76 por ciento. Es posible que usted se refiera a las pensiones asistenciales que se crearon por un
decreto del año 1980 y que se referían a la vejez e incapacidad para el trabajo y que fueron precisamente congeladas en el año 1990 por el Gobierno del Partido Socialista, que hizo que esas pensiones se congelaran y se pasaran a las pensiones no
contributivas. No hay por tanto una disminución porque haya más demandantes, sino que pasan a lo que son las pensiones no contributivas. Probablemente
eso es lo que le ha podido llevar a error, pero le puedo decir que el número de beneficiarios previsto para 2003 de pensiones no contributivas es de 483.273 beneficiarios, de los cuales 209.618 serán pensionistas de invalidez y 273.655 de
jubilación, y de los presupuestos destinados a la LISMI tenemos previsto atender a un número de beneficiarios de 77.416, porque creemos que va a haber una disminución, dado lo que ha pasado en años anteriores, y desde que se aprobó la Ley 26/1990,
de 20 de diciembre, vamos a tener un descenso de alrededor de 4.300 personas menos en el ejercicio de 2003. En cuanto al error que manifestaba usted en el cómputo del nominal de las pensiones no contributivas tomo buena nota y lo haremos saber para
corregirlo porque en esta nueva adaptación que tenemos al euro los ceros a veces se movilizan y es posible que hayamos cometido una equivocación.
Me decía también que no aumentan las plazas del plan gerontológico y del plan de Alzheimer. (La señora García Pérez: El plan como tal.) Puede ser que sea un error, pero lo que sí le puedo garantizar -y lo habrá podido comprobar en el
presupuesto- es que hay un programa nuevo de inversiones.
No estamos hablando del programa de mantenimiento. Luego si estamos destinando dinero a la creación de plazas, el indicador de creación de plazas tiene que crecer de acuerdo con el coste de
las plazas de Alzheimer que vamos a poner en marcha en el año 2003.
Por último, no le puedo contestar en este momento, puesto que no tengo los datos sobre las transferencias entre subsectores -espero que lo entienda-, pero también quedamos en que se lo enviaremos para que tenga toda la información que ha
solicitado. En general, le puedo decir que este presupuesto no es regresivo. Yo no creo que sea cuestión del cristal con que se mire. Hay una serie de hechos y los datos son los que son. El 20 por ciento de incremento en un presupuesto de la
secretaría general es muy importante teniendo en cuenta el dato que le ofrecía anteriormente de los cambios que se han producido el año pasado respecto a las competencias de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señora García, antes de darle la palabra deseo preguntarle a la señora Dancausa si necesita que el letrado de la Comisión le notifique la documentación requerida.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño): He tomado nota, pero si me lo notifica mejor, porque así no me equivoco en nada.
Se me ha olvidado una aclaración que me ha pedido la señora García sobre el plan de juventud. No crea usted que no lo hemos visto. Nos han enviado una pregunta por cada una de las medidas de dicho plan. Le puedo garantizar que los
funcionarios están muy contentos de tener que responder a tantas preguntas. En cualquier caso, voy a averiguar dónde están las respuestas a esas preguntas porque le puedo asegurar que de mi secretaría general han salido; es decir, que están
contestadas. También quiero decirle que ha significado un trabajo muy importante porque eran muchas y los funcionarios han tenido que hacer un gran esfuerzo para contestarlas a todas. Están todas contestadas y voy a averiguar cuál es la razón por
la que no le han llegado.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señora García.
La señora GARCÍA PEREZ: Aparte de agradecer el esfuerzo a los técnicos que hayan desarrollado esa labor, no sé si las respuestas se habrán quedado por el camino, pero nos gustaría tenerlas cuanto antes.
En cuanto a la documentación solicitada, al igual que hemos solicitado que se nos pudiera hacer un desglose por los distintos ministerios de las partidas referidas al plan contra la violencia de género, nos gustaría que se nos hiciera el
mismo desglose en el plan de familia y en el plan GRECO, el plan de integración social de los inmigrantes. Nos gustaría tenerlo para poder hacer un seguimiento del mismo, al igual que lo hace el Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Señora Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño): Yo le haré llegar los datos de los planes que tenemos de desagregación económica y que le pueden ser útiles. En cualquier caso, le quiero recordar que el plan integral de
apoyo a la familia -ya lo dijimos en su día- no tiene una valoración económica anterior, sino que va a tener una valoración económica de seguimiento de cada una de las medidas. Se lo haremos llegar en cuanto lo tengamos.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Muchas gracias, señora Dancausa, por su comparecencia y por dedicarnos su tiempo. Le ruego nos disculpe por la espera a que le hemos sometido. (Pausa.- La señora vicepresidenta, Montseny Masip,
ocupa la presidencia.)
- DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INEM (CANO RATIA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001272.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia, a efectos informativos en relación con el proyecto
de ley de presupuestos del año 2003, de la directora general del INEM.
Tiene la palabra por el grupo solicitante la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora directora general, bienvenida y gracias por su comparecencia. Le ruego nos disculpe por el tiempo que la hemos tenido esperando. Yo voy a ser muy breve.
Es evidente que dos y dos son cuatro, pero cuando hablamos de aumento de presupuestos, de más dinero para determinadas partidas, hemos de ser rigurosos. Por ejemplo, cuando la portavoz popular decía antes que se dedica ahora mucho más
dinero a los temas sociales, aunque no sea más que para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' tengo que decirle que al hablar de gasto social debemos hacerlo no en pesetas constantes de lo que se gastaba antes y ahora, sino en relación con el
PIB en pesetas constantes; es decir, en el año 1995 dedicábamos un 23,4 por ciento del PIB a gastos sociales y en estos momentos dedicamos un 21,5. Esto quiere decir que el crecimiento constante del PIB ha avanzado mucho más que los gastos
sociales. Esa es una realidad y eso nos aleja de Europa en gastos sociales, pues la media está en el 27 por ciento. Cuando hablamos, siendo cierto, del gran aumento de los afiliados a la Seguridad Social y que estamos en el 2,3 por ciento de
activo por pasivo, se debe a ese aumento por un lado, pero también hay que decir que en los años noventa, hasta 1996, cada año aumentaban los jubilados en este país a razón de 170.000, 180.000, 165.000 y en este momento es mucho menor el número de
las incorporaciones de jubilados, siendo para este año 63.000 nuevos jubilados. Es evidente, que hay que ver las cosas comparativamente. Yo respeto profundamente a todos, pero a esta casa venimos a hacer política y cada uno -como dice el refrán-
tiene que arrimar el ascua a su sardina, pero por lo menos quisiera dejar constancia de estas aclaraciones.
Decir que a los españoles les cuesta menos la vivienda es cerrar los ojos a la realidad. Podemos admitir que los españoles pagan menos intereses por el precio de su vivienda, pero dedican mucho más dinero a ella, porque hace 5 años
dedicaban casi un 10 por ciento menos, un 44 por ciento, y hoy estamos en el 54 por ciento, porque el crecimiento de los precios de la vivienda se ha desbordado. Entonces, aunque pague menos intereses, pagan más y esa es una realidad que no podemos
evitar. Es como ayer cuando decía el secretario de Estado que se vive mucho mejor en este país. Ayer los periódicos de todo el espectro de un extremo al otro decían que el 60 por ciento de la población tiene dificultades para llegar a final de
mes; por tanto, es evidente que la situación no es esa.
Señora directora general, disculpe este lapsus mío.
Fundamentalmente, quería hacerle tres preguntas, porque es el secretario general de Empleo ha hablado ya del INEM y hay algunas cosas que ya mi compañero le ha planteado. Nos gustaría que nos dijera si la liquidación del año de los gastos
en prestación contributiva y no contributiva va como está previsto que sea, es decir, si lo presupuestado está en el nivel del gasto efectuado o no, o ha habido desviación de ese gasto, en función, aunque sea pequeño, del incremento que ha habido en
los últimos tiempos del desempleo. Si la previsión es que haya desviación del gasto sobre lo previsto en el presupuesto para este año, ¿cómo se va a solventar? ¿Se va a hacer una aportación extra para cubrir la diferencia o se van a dejar
programas de fomento del empleo sin cubrir?
Le agradecería que me remitiera por escrito la relación de todas las escuelas y casas de oficio concedidas durante el 2002 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a ser posible por provincias y municipios. Usted sabe que está habiendo un
conflicto, que está en los medios de comunicación, en función de cómo se están concediendo las escuelas y casas taller. Me gustaría que esa relación también incluyera los concursos que se han hecho para esas escuelas taller, para la contratación
del personal docente y para la dirección de las mismas, y que incluyera una relación pormenorizada de las personas contratadas en dichas escuelas taller y casas de oficio durante el año 2002 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Usted sabe que estamos inmersos en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 5/2002, el llamado decretazo, y que se han introducido toda una serie de modificaciones que van a afectar directamente al INEM. Por un lado, la
obligación del compromiso de actividad va a requerir de los funcionarios del INEM un mayor trabajo; es más, también ahora con la transaccional que se hace, donde teóricamente se dice que se restituyen los salarios de tramitación, cuando se hace la
reforma establece un itinerario rocambolesco. Se lo explico por si no lo ha leído. Hablan de que si el empresario no ha consignado la indemnización de un trabajador, éste va a Magistratura y le reconocen salarios de tramitación, como ese
trabajador está desde el primer día cobrando desempleo, dice la ley -evidentemente, como la mayoría ha hecho la enmienda, eso ya es ley- que el INEM reclamará al trabajador los salarios cobrados indebidamente, reclamará a la Seguridad Social las
cotizaciones indebidamente cotizadas y luego habrá que volver a reconocerle al trabajador su desempleo. Como comprenderá, esto es una tarea verdaderamente complicada. Yo le pregunto, ¿prevén los presupuestos un incremento de personal para poder
cumplir esta ley en la medida de los requisitos?
La última pregunta, y termino. ¿Podría decirme si en los últimos meses, de mayo a septiembre, ha habido un mayor incremento de demanda de desempleo por despidos individuales? Con esto termino, y le agradezco nuevamente su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: En primer lugar, quiero agradecer a la directora general del INEM su comparecencia en esta Comisión de Política Social y Empleo para darnos algunas explicaciones sobre los presupuestos del INEM.
Permítame que inicie
mi intervención con una referencia a la señora López i Chamosa en relación con alguna de las cosas que dijo. Señoría, usted y yo tenemos dos cosas en común: los dos somos políticos y los dos somos gallegos. Permítame que recuerde a un magnífico
escritor y periodista gallego, Julio Camba, que decía que Galicia es tierra de sardinas y de políticos. Decía que las sardinas se reproducen unas a otras y, continuaba con ironía, que los políticos también, pero no voy a entrar en eso. Como usted
ha hablado de calentar la sardina, yo sin ánimo alguno de hacerlo le diré que hay que ser conscientes de que el presupuesto en gasto social crece significativamente, un 8,2 por ciento, y representa casi la mitad del presupuesto consolidado. Esto es
algo muy importante que todos deberíamos destacar y todos deberíamos mostrarnos satisfechos en la medida de lo posible por este esfuerzo que el Gobierno hace en políticas sociales; un esfuerzo que se viene haciendo desde el año 1996.
Usted habla
de la política de vivienda. Cualquiera puede ir a un banco y pedir una tabla comparativa de cómo estaban los préstamos hipotecarios hace unos años, que usted recuerda bien, y cómo están ahora. Con independencia de esto, y centrándome en la
comparecencia, quiero pedirle a la directora general del INEM que nos explique el programa de modernización del servicio público de empleo, cuál es su dotación presupuestaria y, si puede ser, ilustrarnos sobre las medidas que van a desarrollar en
este sentido.
Quiero retomar mis palabras iniciales y recomendarles a todas SS.SS. que lean a Julio Camba, porque lo van a pasar muy bien.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Añadir un poco de sentido del humor a estas últimas horas de la tarde, después de tres comparecencias, no viene mal.
Antes de cederle la palabra a la señora Cano, quiero darle la bienvenida en nombre de la Mesa y de los comisionados. Quiero decirle que está usted en su casa, y no es la primera vez que comparece, y que si requiere los servicios de la
asesoría de la Cámara por si hay alguna pregunta sobre la que usted no tenga en este momento los datos para responder, le puede ser remitida por escrito y, a su vez, usted puede enviar cualquier dato a esta Mesa para su traslado a los distintos
grupos parlamentarios. Tiene usted la palabra como directora general del Instituto Nacional de Empleo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (Cano Ratia): Efectivamente, ya es la cuarta vez que acudo a esta Comisión y, por tanto, tengo el placer de sentirme un poco como entre amigos. Seré todo lo breve que se debe ser
a estas horas con los amigos. Contestaré a las cuestiones que se me han planteado.
Por lo que se refiere a la primera pregunta, en relación con la presupuestación de prestaciones por desempleo y la liquidación para este año, tal y como ha expresado el secretario general a principios de esta semana, a petición del Grupo
Socialista se envió un informe profuso sobre la situación de las prestaciones por desempleo. Sí le quiero decir que la liquidación de prestaciones por desempleo va a ser superior, de forma importante, a lo que se preveía en el presupuesto del
Instituto Nacional de Empleo, debido básicamente a dos cuestiones que me gustaría señalar: por una parte, a que están entrando más personas en las prestaciones por desempleo -eso está claro- y, por otra, las personas que están entrando (dentro de
que no es bueno que entre más gente, sí debemos felicitarnos por ello) entran con mejores derechos porque acaban de salir del mercado de trabajo y por tanto las prestaciones son más caras. Eso nos va a llevar a que las previsiones de liquidación
estén este año en 10,078 millones de euros, que es sustancialmente más de lo que teníamos en el presupuesto inicial. Esto se ha tenido en cuenta, a requerimiento de muchos órganos y entre ellos de esta Cámara, para presupuestar el año 2003. Es
verdad que, como también ha dicho el secretario general, la propia liquidación del año 2002 acarrea un déficit -por llamarlo de alguna forma- de 417 millones de euros de prestaciones por desempleo no presupuestadas el año pasado, con lo cual esa
cifra hay que moderarla.
Pero también es verdad que hay un incremento sustancial debido a la situación del mercado de trabajo y a que, como le decía, las personas entran con más calidad en la prestación por desempleo.
Me pregunta cómo se va a solventar la aportación que necesitemos. Yo aquí quisiera hacer una referencia general porque, previendo el exceso de dinero que podamos necesitar, tanto este año como el año que viene, ya se incluyó una enmienda en
los presupuestos de este año, que se ha repetido para el año que viene, en el sentido de declarar ampliable el crédito de prestaciones por desempleo. Esto significa, en definitiva, que no hay ninguna intención, como en algún momento se ha dicho, de
ir a dejar de pagar prestaciones, que por otra parte son derechos subjetivos y nunca se pueden pagar, pero todas las cuestiones, digamos, más administrativas o burocráticas que lleva el hecho de aprobar créditos extraordinarios y demás se han
solventado declarando ampliable el crédito de prestaciones.
No es la primera vez que ocurre con los presupuestos del INEM, ocurrió ya bastante en el pasado, con lo cual no vamos a tener problemas, sin perjuicio de que pensemos
que para el año 2003 están debidamente presupuestadas las prestaciones por desempleo. A lo mejor puede irse algo el gasto, yo no digo que no porque siempre los presupuestos, como su propio nombre lo indica, son presupuestos. En cuanto a
las escuelas taller y casas de oficio, también se pidió por el Grupo Socialista a nuestro secretario general y se enviará toda la información a la que usted ha hecho referencia, que es bastante y que por supuesto ahora no le puedo dar.
Respecto a las nuevas obligaciones que asume el INEM como consecuencia de la reforma introducida con el real decreto-ley, que en el futuro se complementará con la ley básica de empleo, es verdad que el INEM, a mí no me gusta decir el INEM,
los servicios públicos de empleo -y esto une un poco con la pregunta que me hacía el Grupo Popular- van a asumir nuevas competencias, que yo creo que además van a tener un efecto importante dentro del funcionamiento del mercado de trabajo porque,
entre otras cosas, la reforma está basada en atender de una forma individualizada a las personas y ser capaces de detectar sus carencias, a efectos de diseñar un itinerario profesional capaz de integrarle con mayor rapidez en el mercado de trabajo.
Le quiero decir que hay consignadas las correspondientes partidas presupuestarias y que espero que tengan la aprobación debida en la Cámara porque en definitiva estamos ante un presupuesto. Estas partidas están contempladas en el capítulo 1 y en el
capítulo 2, en cuanto a dotaciones de medios para el Instituto Nacional de Empleo, y en el capítulo 4, en cuanto a dotaciones de medios para las comunidades autónomas. En total, suma la cantidad efectiva de 123 millones de euros. Es verdad que el
secretario general -quisiera hacer una precisión- habló de 114, que es lo que aparece en el presupuesto, pero, teniendo en cuenta que se han dado de baja las partes correspondientes de capítulo 1 y capítulo 2 de las transferencias que ya hemos
hecho, el incremento real es bastante mayor. Estamos hablando de unas cantidades (yo no sé ustedes, pero yo todavía muchas veces tengo que hacerme la idea en pesetas) cercanas a los 20.000 millones de pesetas. ¿A qué vamos a dedicar estas
cantidades? Primero desde luego a contratar personal. Yo le hablaría de miles de personas, y ya estamos en el proceso de empezar a montar todos los mecanismos administrativos para que esas contrataciones se realicen en el menor tiempo posible. El
reto es grande para los servicios públicos de empleo porque no solamente es contratar a las personas, es ser capaces de formarlas en un tiempo récord para que empiecen a funcionar adecuadamente. Desde el Instituto Nacional de Empleo ya estamos
trabajando en esto y nos satisface que se nos haya dado, por lo menos desde el Gobierno, la aprobación a estas cantidades, que no es baladí. Que yo recuerde ahora mismo, no hay ningún servicio público de empleo en Europa que vaya a hacer algo de
estas características.
Las medidas que vamos a llevar a cabo se van a centrar en: primero, contratar personal; segundo, formar personal; tercero, realizar lo que llamamos un sistema de información de servicios públicos de empleo común a todas las comunidades
autónomas y, partiendo de ese sistema, desarrollar todo tipo de herramientas informáticas y de nuevas tecnologías aplicables a la gestión de oferta y demanda. Así tendremos una gestión inteligente de captación de ofertas y demandas para los
trabajadores del Instituto Nacional de Empleo y de los servicios públicos de empleo. Tenga en cuenta que nosotros gestionamos básicamente personal con poca cualificación, con lo cual los sistemas inteligentes pueden actuar de forma muy rápida y
liberar recursos para cuando esa casación de oferta y demanda requiere de alguna forma una aportación personal mucho más, digamos, especializada. El registro informático de contratos ya está a punto de salir y para mayo todos los servicios públicos
de empleo estarán comunicados con una red interna, a través del sistema de información de servicios públicos de empleo, de tal forma que, por primera vez en España, una persona que esté en Sevilla podrá saber en tiempo real qué ofertas le ofrecen en
Barcelona y el señor que busque un trabajador en Barcelona podrá saber cuántos demandantes de empleo están disponibles en todo el Estado español; a su vez, podrán seleccionar el servicio público de empleo que quieran que les atienda. Se rompe todo
tipo de barreras y para eso se necesitan herramientas muy importantes.
Les voy a comentar otras cuestiones en las que está metido el servicio público de empleo. Este servicio -el mes que viene empiezan ya a entrar algunas comunidades autónomas en este sistema integrado y para mayo estarán todas- lleva
acarreado una formación de las personas para manejar este instrumento y estamos sacando un concurso que va a tener unas cantidades importantes de asignación. Se pondrán cajeros en todas las oficinas de empleo e incluso se está pensando hacerlo
también en todos los ayuntamientos y demás, para que los demandantes de empleo puedan consultar directamente todas las ofertas que existan y renovar la demanda automáticamente, salvo por supuesto perceptores de prestaciones por desempleo, para lo
que continuamos con el sistema normal. Pensamos que tenemos las dotaciones suficientes para ello y tenemos los mecanismos para poderlos poner en marcha.
Me ha preguntado usted cuántas personas han accedido a la prestación por desempleo en despidos individuales de mayo a septiembre. Ustedes han solicitado ese dato, que se les mandó a principios de esta semana, y le puedo decir que en junio
fueron 29.000 personas; en julio, 28.000 y en agosto, 27.000. Esto no significa que todas ellas accedieran a las prestaciones como consecuencia de que dejaran de existir salarios de tramitación, unas sí y otras, no. Son las que han accedido por
despido improcedente. Si necesitan algún tipo de aclaración adicional, estaré encantada de dársela.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muy brevemente, señora López i Chamosa, sólo para matizar alguna pregunta.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Si realmente el objetivo es que todos los servicios de empleo se incorporen, si realmente alcanzáramos eso, para la que le habla sería una alegría, porque uno de los problemas graves que tenían los servicios de
empleo en nuestro país era no poder interrelacionar las ofertas de empleo de unas comunidades con otras. Vaya por delante mi felicitación para el día en que funcione este servicio.
La señora VICEPRESIDENTA:(Montseny Masip): Señora Cano, como directora general del INEM, tiene la palabra de nuevo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INEM (Cano Ratia): Recibo con aliento sus palabras. Efectivamente, creo que se va a conseguir, básicamente por una cuestión que considero esencial y es porque éste no es un proyecto del INEM solo, éste es un
proyecto de todas las comunidades autónomas y del Instituto Nacional de Empleo.
Quisiera recordarle un poco la historia del INEM, con la que me encontré cuando yo llegué. En el año 1983 comienzan las transferencias de las políticas activas a las comunidades autónomas. En principio comienzan a transferirse los
programas de autónomos y los de centros especiales de empleo. Posteriormente, en toda la década de los ochenta se comienza a transferir la formación profesional. En ese momento, el Instituto Nacional de Empleo se queda sin un solo dato de
formación profesional sobre qué pasaba en las comunidades autónomas. Concretamente en el año 1995 se aprueba una norma de agencias de colocación para hacer algo que ya se venía haciendo, que era dar cobertura jurídica al servicio de colocación de
Cataluña. En ese mismo año y antes de 1996 se da cobertura jurídica a servicios ya existentes a través de agencias de colocación, que eran Galicia, Valencia y Canarias. No vengo con ánimo de juzgar nada, pero en ese momento las comunidades
autónomas establecen sus propios sistemas de gestión de empleo, al margen del Instituto Nacional de Empleo, de tal forma que, cuando yo llegué al Instituto Nacional de Empleo, me encontré con el panorama de que no había datos. Gran parte de la
oferta que se captaba en Cataluña se estaba haciendo a través del Servei. Creo que todos hemos avanzado en este tema. Las comunidades autónomas durante todo este tiempo que llevamos trabajando con ellas se han dado cuenta de que el Estado no es el
diablo; a su vez, el Estado se ha dado cuenta de que evidentemente las comunidades autónomas tienen sus competencias y que, si queremos dar un buen servicio al ciudadano, ha de ser solamente mediante la cooperación. A partir de ese momento,
impulsado por algunas comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de Empleo, comienza el proyecto SISPE. Ese proyecto, que en principio es proyecto SISPE, ahora ya no sólo es proyecto SISPE, es proyecto de gestión.
El mes pasado abrimos otro foro con comunidades autónomas sobre cuestiones comunes que interesa, en la gestión de empleo, al INEM y a las comunidades autónomas. Si para algo ha servido el proyecto SISPE es para establecer un nivel de
relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado, y ojalá se mantenga mucho tiempo. Vamos a mantenerlo durante mucho tiempo, porque nos hemos dado cuenta de que todos tenemos que aportar. Solamente si todos aportamos daremos mejor servicio
al ciudadano. Tengo muchísimas esperanzas en este proyecto. En las reuniones que tenemos entre comunidades autónomas y el Estado hay distintas sensibilidades políticas, no se esconde nadie. Todos, no importa el color político, hacemos el esfuerzo
de no llevarlas a esas reuniones y ser capaces de pactar muchas cosas que después, en el nivel político, a lo mejor tienen más problemas. Es porque estamos ante gestores y nos hemos propuesto que somos un grupo técnico, tú eres tan gestor como yo,
tenemos que solucionar los problemas, tiremos hacia delante, y eso lo estamos logrando.
Muchas gracias. (La señora López i Chamosa: ¡Andalucía!)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora López i Chamosa, ya no tiene la palabra.
Quiero agradecer de nuevo la intervención de la señora directora general del Instituto Nacional de Empleo y levantamos la sesión, señorías, que ya es hora.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.