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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 575, de 08/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 575
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 20
celebrada el martes, 8 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. (Número de expediente 121/000109.) ...
- Del señor secretario de Estado para la Administración Pública (Gómez-Pomar Rodríguez). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 212/001213) y del Grupo Parlamentario Socialista (Número de
expediente 212/001280.) ... (Página 18526)
- Del señor secretario de Estado de Organización Territorial del Estado (Elorriaga Pisarik). A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 212/001214) y del Grupo Parlamentario Socialista (Número de
expediente 212/001281.) ... (Página 18536)
- Del señor subsecretario de Administraciones Públicas (Díaz Guerra). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 212/001282) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 212/001324.) ...
(Página 18546)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2003. (Número de expediente 121/000109.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/001213) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/001280.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar esta sesión de la Comisión de Administraciones Públicas, dedicada a las comparecencias de autoridades del Ministerio de Administraciones Públicas, para responder a preguntas en relación con la
tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.
Quiero agradecer la presencia aquí de don Julio Gómez Pomar, secretario de Estado para la Administración Pública, que comparece ante la solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a empezar por don Ángel Martínez Sanjuán, según me lo solicita, por orden de mayor a menor.
Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán para iniciar el turno de preguntas al señor secretario de Estado.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Voy a tratar de explicar por qué he pedido la palabra, pues veo una sonrisa maliciosa. Es una pena porque esto de maliciosa queda en el 'Diario de Sesiones' tal cual y no es así, sino que lo digo con otra
acepción.
Señor presidente, somos conscientes de que ha habido una alteración informal del orden del día, pues iba a empezar compareciendo hoy en esta Comisión el secretario de Estado de Organización Territorial y posteriormente lo iba a hacer el
señor Gómez-Pomar. Este orden se ha cambiado a petición de mi grupo parlamentario, dado que, a las cinco y media -cosas de esta casa-, comparece la subsecretaria del Ministerio de la Presidencia en la Comisión de Presupuestos y, dado que soy
portavoz de mi grupo en dicha convocatoria, he pedido alterar el orden del día. Pero el que iba a intervenir por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en este acto parlamentario con el secretario de Estado para la Administración
Pública, don Antero Ruiz, me ha pedido que, por favor, transmita al presidente, a la Mesa y a la Comisión, que ahora mismo está interviniendo en la Comisión de Presupuestos y que, en cuanto pueda, se incorporará. Es por eso por lo que he solicitado
la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para que, si se puede incorporar más adelante el representante de Izquierda Unida, lo haga. Me imagino que, en el caso hipotético de que no lo pudiera hacer, intervendría el señor Rejón, que
es como el hombre orquesta, y que lo hará absolutamente bien.
Dicho esto, señor presidente, si me concede la palabra, intervengo sin ánimo de extenderme más.
El señor PRESIDENTE: Después de esta explicación, sin duda.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Bienvenido, señor Gómez Pomar, en esta su primera comparecencia como secretario de Estado para la Administración Pública a la Comisión de Administraciones Públicas, a la que asistió el otro día como acompañante en
la comparecencia del ministro y donde tuvimos ocasión de saludarnos.
Su secretaría de Estado es muy importante, ya que de ella depende todo lo que supone la ordenación de la Función pública, la calidad, la simplificación y la modernización de las administraciones públicas.
Preside varias e importantes
comisiones interministeriales en diferentes campos de la Administración pública, desde la Función pública hasta la modernización, simplificación, etcétera. Así que, hoy, quiero hablar en esta Comisión de alguna de estas cosas, aunque,
evidentemente, ya habrá tiempo de seguir profundizando más tranquilamente en otras comparecencias en esta Comisión, dado que esta es una comisión de presupuestos. Lo que pasa es que no se puede hablar de presupuestos y de cifras sin hablar de
programas, como no se puede hablar de filosofía sin hablar de textos de la ley. Por eso quiero preguntarle y reflexionar sobre algunas cosas que nos preocupan en este trámite parlamentario, antes de que mi grupo parlamentario, concluido el plazo de
enmiendas, pueda presentar las que considere necesarias o las modificaciones al respecto.
Este presupuesto es una continuación del anterior, y la realidad es que, en el año 2003, el presupuesto que vamos a votar dentro de pocos días y que estamos analizando lo es de una Administración general del Estado que tiene menos efectivos
que el del año 2002, como consecuencia del proceso de traspaso de competencias y del traspaso de efectivos al conjunto de las administraciones públicas, y que tiene una continuación de los compromisos políticos del Gobierno, aunque todavía no sé
hasta que punto.
El presupuesto que analizamos para el año 2003 tiene que ser una comparación con el del año 2002 y, de éste último, no sabemos prácticamente nada sobre su ejecución más allá de las cifras
generales. Por ejemplo, el Ministerio de Administraciones Públicas, por lo que conocemos, había tenido en el mes de agosto unas incorporaciones presupuestarias debido a la suma de unos créditos extraordinarios de, aproximadamente, 60
millones de euros; es decir, que ha habido una modificación. Luego, cuando hablemos de la comparación del presupuesto del año 2003 con el del año 2002 del Ministerio de Administraciones Públicas y de su Secretaría de Estado, nos gustaría saber
exactamente con qué tenemos que compararlo; ¿con el que aprobó estas Cortes, con el que se está ejecutando o con el que se está ejecutando en fecha más reciente, que podía ser septiembre de este año? Esto lo digo porque a mi grupo parlamentario le
gustaría conocer cuál es el cumplimiento del presupuesto que su secretaría de Estado y su ministerio están cumpliendo realmente este año. Porque, insisto, no es el que aprobó estas Cortes, como consecuencia de todas las modificaciones que ha
habido. Por eso le pregunto: A fecha más reciente que pueda comunicar a esta Comisión o enviarnos la correspondiente documentación, ¿cuál es el incremento global del capítulo I que se está produciendo en Presupuestos Generales del Estado del año
2002? ¿A cuántos y a qué colectivos se les ha dado un tratamiento retributivo diferenciado y por qué cuantía? Y, como consecuencia de ello, ¿que evolución salarial han tenido el resto de empleados públicos que no ha tenido un tratamiento
diferenciado en relación al año 2001, descontando a los colectivos correspondientes, pues somos conscientes que ha habido modificaciones retributivas en los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía o Guardia Civil?
En el presupuesto que se está ejecutando este año ustedes presupuestaron en la sección 31 una partida de 10.500 millones de pesetas para los planes y fondos de pensiones y acabo de leer hace muy pocos días que la han anulado porque no la van
a materializar, a pesar de que la ley financiera en trámite parlamentario en estos momentos compatibiliza, en el caso de que se apruebe en estos términos, la percepción de pensiones públicas con planes y fondos de pensiones en las administraciones
públicas como consecuencia de una enmienda del Grupo Popular. Le quería preguntar: ¿A qué han dedicado o piensan dedicar el actual fondo retributivo previsto en la sección 31? ¿Qué piensan hacer con él y con la previsión que tenían comprometida
para los próximos años, dado que parece ser que la política retributiva del ministerio y del Gobierno no va por estos derroteros?
Yendo a la ley de presupuestos, es responsabilidad de su ministerio, de su secretaría de Estado, en conjunto de todo el Gobierno, el título III y parte del VIII que es de una continuidad increíble. Son prácticamente una fotocopia del
ejercicio del presupuesto del año pasado, del articulado de presupuestos, de la ley de presupuestos, cambiando 2002 por 2003. Sin embargo, como decía el señor ministro el otro día, no se sabe cuál va a ser el resultante final ni del título III ni
de los Presupuestos Generales del Estado en una parte tan importante como las retribuciones de los empleados públicos o algo que está también recogido este año, como el carácter básico del tope del 25 por 100 en la contratación de efectivos de los
empleados públicos ¿Por qué? Porque hay una mesa de negociación abierta en la Función pública con los sindicatos y estos son temas que están abiertos en la mesa. Si hoy se aprobaran los presupuestos tal y como han entrado, los empleados públicos
tendrían un aumento retributivo del 2 por 100, que es lo que prevé el Gobierno con carácter general, excepto quizá algunos colectivos, el Tribunal de Cuentas que sube el 6 o el señor Cardenal, Fiscal General del Estado, que sube el 57 por 100. No
obstante, los empleados públicos de todas las administraciones públicas según parece van a subir el 2. No voy a discutir porque es indiscutible, se diga lo que se diga, que habrá una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos si se les
sube el 2 y la inflación prevista en términos interanuales, según el último boletín oficial de inflación y análisis macroeconómico del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III de Madrid, para el año que viene serán de un 3,5 por 100 y
la interanual en términos absolutos de este año 2002 es de un 3,6, incluso cuando el índice de deflación en términos de bienes de consumo del producto interior bruto para el año que viene previsto por parte del Gobierno es del 2,8. Es decir, que a
pesar de todos los datos oficiales, extraoficiales, universitarios, de gabinetes, nadie se cree que la inflación va a ser del 2 por 100.
Se lo preguntaba el otro día al señor ministro y se lo pregunto a usted: ¿Cree que es lógico, señor secretario de Estado, que se presente un título III, unas secciones con una evolución de las plantillas y de los gastos de personal, con una
negociación abierta que puede cambiar? Porque no sé hasta dónde están dispuestos a llegar si hay negociación y si hay acuerdo, si es al 1 por 100 adicional, a 1,5 por 100, en qué condiciones, consolidable o no consolidable, en pagas
extraordinarias, en complementos específicos, por el cien por cien de la subida. Como me da la sensación de que en el proceso de negociación con los empleados públicos el apartado retributivo es lo último que van a sacar a negociación encima de la
mesa en función de cómo vayan los acontecimientos, todo es una nebulosa. Estamos discutiendo o vamos a discutir un presupuesto un tanto irreal. Si estuvieran en la oposición, estoy seguro de que nos dirían esto y mucho más. Esta es la realidad,
señor Gómez-Pomar. Nos podrá explicar que la negociación está abierta, que sería deseable llegar a un acuerdo. Ojalá llegue a acuerdos, porque lo que está claro es que con el 2 por 100 los empleados públicos de aquí o de allá se sienten
absolutamente insatisfechos con los niveles retributivos que tienen, la carga de trabajo y las nuevas necesidades que tiene la Administración pública. Estamos hablando de retribuciones que
tienen carácter básico. Estamos hablando de cuestiones que afectan a plantillas que tienen normativa básica. Le pregunto, señor Gómez-Pomar: Aparte de discutir, dialogar y negociar con los sindicatos, ¿lo están haciendo con las
comunidades autónomas, además de lo que tuvieron en Cantabria hace pocos días? Porque será consciente de que incluso comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular no estaban totalmente satisfechas con la negociación y con las
cuestiones que están planteando respecto a qué grado de autonomía van a tener en el caso hipotético de que llegaran a acuerdos en la mesa general de la Función pública y eso se plasmara tanto en el título III como en las secciones correspondientes.
Así que, ¿cree que es buena negociación este diálogo sólo en la mesa de la Función pública y no con los representantes de otras administraciones que como le dije el otro día al señor ministro son más patrones que ustedes? Es decir, no más, pero
tienen más empleados públicos. El 75 por 100 aproximadamente de los empleados públicos pertenecen a las administraciones local y autonómica; sólo el 24 o el 25 por 100 está en la Administración general del Estado en sus diferentes grupos y
categorías profesionales. Así que llegar hasta un posible acuerdo negociador en materia de administraciones públicas sin tener el beneplácito, el conocimiento y la aceptación en un Estado compuesto (no vamos a poner calificativos al actual Estado
que bastante guerra nos está dando), donde hay muchas administraciones, no creo que sea el mejor de los sistemas para establecer una negociación colectiva.
¿Van a plantear la negociación salarial desligada de otra serie de cuestiones o van a hacer un todo global como hicieron el año pasado que como no hubo acuerdo en determinadas cuestiones no hubo acuerdo salarial más allá del 2 por 100? ¿Van
a plantear la negociación como un incremento de pagas extraordinarias o barajan otras alternativas como puede ser, en el caso hipotético de que hubiera un aumento salarial por encima del 2 por 100, a través de complementos específicos? ¿Por qué no
se plantean en serio la cláusula de revisión salarial? Todos los empleados públicos, todos los partidos de la oposición y todas las personas entendemos que existe una deriva inflacionista importante en estos momentos. Se está produciendo con las
cláusulas que incluso algunos sindicatos les han planteado en las mesas de negociación o a través de una proposición de ley que se está tramitando en estos momentos por la iniciativa legislativa popular, de que en el caso hipotético de que la
inflación fuera inferior a la subida salarial real los propios empleados públicos reconocen que no haría falta subirles tanto. Es una cláusula establecida ya en el conjunto de los convenios colectivos de la empresa privada y en el ámbito de la
Seguridad Social en el tema de las pensiones. En el caso de que haya acuerdo, señor Gómez-Pomar, y afecte en una cantidad importante a los Presupuestos Generales del Estado, ¿ les va a afectar a los colectivos que no están incluidos en la mesa
general de la Función pública, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal laboral y empresas públicas? ¿A los colectivos que están teniendo un aumento retributivo distinto por reclasificaciones o por acuerdos específicos? ¿Van a
volver a plantear en serio el tema de los planes y fondos de pensiones? ¿Qué piensan hacer de ese acuerdo que tuvo su Gobierno en la reunión de directores y secretarios de Función pública, bajo la presidencia de la Unión Europea, sobre los nuevos
sistemas retributivos, con el documento elaborado por España y posteriormente también un estudio similar que se había encargado al Instituto Nacional de las Administraciones Públicas Europeas, donde se hablaba de la evolución de una parte importante
de los salarios en función de las retribuciones variables? En cuanto al tema de las condiciones laborales, están hablando de la movilidad, jornada, vacaciones ¿tienen previsto algún plan de jubilaciones anticipadas en el conjunto de las
administraciones públicas? ¿Lo han valorado? En ese caso hipotético, ¿tienen alguna consignación presupuestaria?
En relación al título III quería plantearle dos cuestiones muy concretas.
¿Piensan introducir alguna modificación a la hora de valorar en las comunidades autónomas y administraciones locales el concepto básico de masa salarial, ya que
existen diferencias interpretativas entre las comunidades autónomas y la Administración general del Estado? ¿Qué apelación se está haciendo, señor Gómez-Pomar, al artículo 35 de la Ley de Presupuestos, en el que se puede contratar personal con
cargo a los presupuestos de inversiones, que también queda recogido en el proyecto de presupuestos de este año? No sabemos nada sobre qué apelación se está haciendo.
El segundo gran tema del título III es el de las plantillas. Mantienen ustedes la cláusula de impedir que se cubran tantas plazas como se puedan jubilar. Es verdad que han incorporado este año al personal investigador como elemento que
queda fuera, como excepción, en los colectivos. Pero, ¿se están cumpliendo por parte de la Administración general del Estado los niveles de reposición que la propia ley indica y marca? ¿Se están consiguiendo los objetivos? ¿Qué medidas se van a
seguir empleando para eliminar la interinidad? He estado repasando la intervención de su predecesor el año pasado en esta comparecencia, y reconocía que la tasa de temporalidad y precariedad en la Administración pública era del 20 por 100, no del 7
como decía el ministro. En los cuerpos nacionales de secretarios y de interventores en la Administración local, de una plantilla de 6.670, según datos que me ha facilitado hace muy poco tiempo su Gobierno, hay vacantes en estos momentos 2.271.
Esto es, suponiendo que estén todos ocupados, están ocupados interinamente por las diferentes fórmulas que existen para contratar sin tener la oposición hecha y sin tener la plaza cubierta en propiedad.
Esto significa que en este colectivo hay un 30 por 100 de interinidad, de 6.600 hay 2.200 vacantes. Es decir, algo está fallando para no hacer una política de personal -se lo decía al ministro y se lo digo a usted ahora- lo suficientemente
seria y estable. Porque si mis datos no son incorrectos, de una plantilla en la Administración general del Estado, de lo que son funcionarios, de ciento veintitantos mil, dicen que hay doce mil en comisión de servicio. ¿Esto es así? ¿Se puede
planificar una política de personal con este grado de interinidad y de situación absolutamente tan variopinta y tan curiosa? Algo habrá que hacer. Dicen que el objetivo que tienen este año es establecer personal en áreas prioritarias. No sé si
tienen previstas cuarenta convocatorias para el año que viene, ¿pero cuáles son para ustedes áreas prioritarias? ¿Emigración, información, etcétera? ¿Cuál es su política de personal?
La tercera cuestión que quiero plantearle en torno a esta ley de presupuestos es una reflexión en la que posiblemente esté equivocado, pero debido a su experiencia profesional y a su trayectoria se la quiero preguntar. La asistencia
sanitaria de los ciudadanos adscritos al régimen general de la Seguridad Social se financia no sé si desde el año pasado o desde éste por impuestos, no por cotizaciones. Todas las cotizaciones van a contingencias y fundamentalmente a pensiones.
¿En el ámbito de la Función pública ocurre lo mismo o no? Porque, ¿MUFACE está financiando una parte de la Seguridad Social? ¿Los empleados públicos están financiando la Seguridad Social, sus prestaciones sanitarias, dos veces, por cotizaciones y
por impuestos? Porque una parte importante del presupuesto de MUFACE o la mayor parte es gasto sanitario, el 70 por 100 aproximadamente. Luego hablaremos muy brevemente del presupuesto de MUFACE. Me gustaría que me contestara a esta reflexión.
¿Esto es así? ¿Se sigue planteando esta filosofía en el artículo correspondiente del título VIII de la ley de presupuestos, o hay margen para establecer alguna modificación en el sistema de cotizaciones del sistema de MUFACE? Porque no sería
lógico que un empleado público pague dos veces por la asistencia sanitaria, por impuestos y por cotizaciones.
Centrándonos en el presupuesto, y muy brevemente, quisiera plantearle las incorporaciones presupuestarias que están teniendo lugar en el ejercicio del año 2002. ¿Cómo están evolucionando en el presupuesto del año 2002 las grandes partidas
de inversión que había para este año, como la Intranet, la creación del observatorio de nuevas tecnologías, el proyecto NEDAES y el portal de las administraciones públicas? ¿Cuánto se ha contratado fuera de dichos proyectos? En función de esto,
ahora nos plantean básicamente continuar casi estos grandes proyectos o grandes propuestas. ¿Qué esfuerzo piensan dedicar este año 2003 en áreas como el plan de calidad? ¿Piensan incorporar valoraciones externas para el cumplimiento del plan de
calidad, o sólo se van a utilizar los sistemas de autoevaluación interna? ¿Hay créditos adicionales respecto a los objetivos asignados en la generalización de los planes de calidad en la Administración pública para el año que viene? ¿En qué
cuantía? ¿Hasta qué niveles se va a plantear la generalización de las cartas de servicio? En estos momentos me parece que hay 120. ¿Cuántas van a ser nuevas, o van a seguir siendo papeles o folletos publicitarios? ¿Piensan incorporar
indemnizaciones a los ciudadanos en el caso de incumplimiento flagrante de las condiciones establecidas en las propias cartas de servicios y en los objetivos con la ciudadanía? ¿Van a vincular productividad al cumplimiento de estos objetivos? ¿Se
van a establecer algunos sistemas distintos de autoevaluación de la productividad, o va a seguir por el sistema de que el jefe va a evaluar fundamentalmente la productividad de todo el equipo? ¿Qué esfuerzos adicionales va a haber en el tema de la
administración electrónica, en el nuevo portal, en la actualización de la información del MAP? Por cierto, su ministerio da bastante mal ejemplo.
Hay muchas páginas, incluso en la web del ministerio -se lo digo casi siempre-, que están
prácticamente vacías o no modificadas. Me imagino que usted ha hecho ya cosas desde que es secretario de Estado, pero sigue apareciendo en las últimas actuaciones su predecesor, el señor González.
Lo digo porque estas cosas hay que creer en ellas
y adaptarlas. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con las famosas ventanillas, las empresariales, las virtuales o las de los ciudadanos? ¿Cómo están evolucionando o van a evolucionar los puntos de información de los ciudadanos? ¿Cuántos piensan
crear? ¿Cómo van a desarrollar el plan de reforma de la Administración general del Estado aprobado en Consejo de Ministros el 26 de abril? ¿Están reduciendo estructuras o, al contrario, están manteniendo o creando incluso alguna subdirección
general adicional en el propio ministerio? ¿Hay créditos para la nueva estructura? ¿Van a realizar nuevas relaciones de puestos de trabajo en la Administración periférica? ¿Van a incorporar más el bilingüismo a los documentos impresos,
señalizaciones? ¿Hay algún plan específico en la Administración general del Estado? ¿Van a elaborar alguna modificación legislativa del régimen de incompatibilidades, dotando de más personal, medios, etcétera, a toda esta cuestión? Con relación
al INAP, me preocupa porque ahora depende de usted directamente. En la nueva reestructuración del ministerio ahora depende de la Secretaría de Estado. El INAP ha tenido un incremento importantísimo de aportación del Estado y a su vez una
descentralización también importante de gasto hacia las comunidades autónomas y corporaciones locales, me imagino que a través del plan de formación continua. ¿Por qué aumentan las transferencias desde el MAP al INAP en un 24 por 100? ¿Cuánto
aumenta la aportación del INEM vía formación continua? Del INAP ya hablaremos largo y tendido en una comparecencia expresa que he pedido, porque creo que estamos en presencia de un ministerio dentro de otro ministerio,
y realmente en una política de austeridad, en una política de ejemplificación, no está dando el mejor ejemplo para los objetivos previstos, pues ya hablaremos también de su papel o del papel de su dirección y de sus características al
respecto. Quisiera preguntarle expresamente por dos partidas, la 226.06, reuniones, conferencias y cursos del INAP, que aumenta en 800.000 euros, y la 226.06, estudios y trabajos técnicos, que aumenta en 110.000 euros, incrementándose en un 263 por
100. Esta es una de las tendencias habituales que estoy viendo no solamente en algunos organismos de la secretaría de Estado, sino en otros ministerios, que es la contratación en el exterior para la elaboración de informes, trabajos, estudios, pero
que una partida crezca el 263 por 100 me parece una barbaridad.
Con relación al tema de MUFACE, la reflexión que le he planteado está sustentada en función también de los datos que le he planteado, dado que el 88 por 100 de los ingresos del presupuesto de MUFACE es vía ingresos de cotizaciones y la mayor
parte es de cotizaciones de los empleados públicos y de las aportaciones del Estado. Pero le quiero preguntar si el Estado sigue pagando una parte de los transferidos a las comunidades autónomas, como parece que se recogía en el último informe del
Tribunal de Cuentas, si eso está previsto.
Concluyo, dado lo extenso de mi exposición. Si puedo quedarme a la finalización de la comparecencia y tengo un segundo turno, le haría otra serie de preguntas que tenía previstas.
El señor PRESIDENTE: Después de su introducción sí que ha dado tiempo, entre otras cosas por la duración de la misma, a que llegue don Antero Ruiz. Por tanto, pregunto al señor Rejón si quiere hacer uso de la palabra.
El señor REJÓN GIEB: El señor Rejón renuncia a ser hombre orquesta y le cede la palabra al portavoz correspondiente, don Antero Ruiz.
El señor PRESIDENTE: La polivalencia es siempre una virtud, señor Rejón, pero le damos la palabra a don Antero Ruiz en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado para la Administración Pública, la situación de esas administraciones públicas exige, a nuestro entender, un cambio de actitud del Gobierno para recuperar el diálogo social en las
administraciones públicas y para llenar de contenidos reales los acuerdos en los temas y calendarios alcanzados en la mesa general celebrada a principios de septiembre. La Función pública atraviesa un largo período de conflictividad traducido en la
falta de un acuerdo general desde 1994, una situación que contrasta con el acuerdo interconfederal de 2001 apoyado por un Gobierno que niega tal posibilidad al sector público. Los sindicatos han propuesto al ministro de Administraciones Públicas,
Javier Arenas, un acuerdo que permita la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, reduzca la jornada y apueste por el empleo público, mejore las condiciones de trabajo y la planificación de recursos, homologue las retribuciones
y restaure y consolide los derechos sindicales y la negociación colectiva en la Función pública. Estos objetivos no se perciben en la propuesta de presupuestos que se ha enviado al Parlamento.
El Gobierno del Partido Popular, desde su ascenso al
poder en 1996, ha convertido la Función pública en un laboratorio de pruebas donde ensaya cómo transformar el diálogo social en monólogo popular sin que la sociedad lo perciba, incumpliendo el acuerdo de los sindicatos con el Gobierno socialista de
1994, y año tras año ha impedido cualquier posibilidad de acuerdo general con su intransigencia en materia retributiva y de empleo.
La negociación con los empleados públicos ha sufrido un sexenio, desde la llegada de los populares al poder, que nosotros catalogamos como negro, una época marcada por congelaciones salariales, imposiciones retributivas en los Presupuestos
Generales del Estado, pérdida de empleo y de su calidad, incumplimiento de compromisos y arrinconamiento del anteproyecto del estatuto básico de la Función pública que se había negociado. El 12 de septiembre la mesa general abrió un proceso de
negociación largamente estancado en la Función pública, que no fue capaz de avanzar más allá, y no es poca cosa dadas las circunstancias anteriores, de un calendario de trabajo y el índice de materias para la negociación, así como para poner una
fecha de referencia para completar la misma. Este plazo es el de presentación de enmiendas en el Senado, lo que no deja de ser un reconocimiento implícito de que el documento presupuestario que aquí se trae ni resuelve los conflictos en la Función
pública ni constituye un elemento de referencia válido o útil para nuestra Administración. Estos presupuestos, señor secretario de Estado, no mejoran y, al contrario, establecen medidas de retroceso en materias como la mejora de la eficacia de los
servicios, las retributivas, las dirigidas a impulsar la mejora de la calidad del empleo público y favorecer su estabilidad, las referentes a las mejoras de las condiciones de trabajo y el marco de las relaciones laborales.
Los asuntos más relevantes, desde la perspectiva de Izquierda Unida, están situados en la calidad del empleo público, las retribuciones y las medidas que mejoren la eficacia de las administraciones públicas. Los datos oficiales reflejan el
mantenimiento del empleo de las administraciones públicas y del empleo temporal en las mismas. Estos datos mantienen la tendencia de los últimos años, habiéndose incrementado la temporalidad por encima de seis puntos desde 1997, en que el Gobierno
congeló los salarios de los empleados públicos e introdujo la prohibición legal de cobertura
de las vacantes producidas mediante el establecimiento de la tasa de reposición de efectivos. Con estos datos, el empleo en las administraciones públicas sigue manteniendo una tendencia negativa. Estos datos ponen en cuestión la política
de recursos humanos del Gobierno, que mediante una estrategia de reducción de las rentas salariales de los empleados públicos y la promoción de acciones orientadas a dificultar la estabilidad laboral están contribuyendo al deterioro continuado de
los servicios públicos. Acabar con la precariedad es un objetivo necesario para la política de empleo público. La congelación de los contingentes ha propiciado una sustitución de empleo fijo por temporal, que ha significado un incremento notable
de la tasa de temporalidad. El levantamiento real del perverso mecanismo del límite a la tasa de reposición es, entre otras cosas, medida imprescindible para restablecer una estabilidad de empleo que nunca debió verse deteriorada.
Sigue estando pendiente la necesidad de recuperar algo tan esencial como los criterios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección y provisión de puestos. La movilidad del personal al margen de la negociación colectiva es
la estrategia que el Gobierno impulsa, junto a la consolidación de efectivos, sin acabar con la tasa de temporalidad.
Existen desequilibrios en organismos de la Administración, falta de personal en ámbitos funcionales o exceso de efectivos en otras
unidades administrativas. No se aplica el régimen ordinario de recursos y se aplican procedimientos excepcionales de provisión. La falta de rigor en la consideración de la inflación y las persistentes políticas de congelación han contribuido a
crear un mecanismo para aminorar el gasto público sobre la base de degradar las rentas de los empleados públicos; a ello se ha sumado una política explícita y sostenida de congelar las retribuciones. Las políticas previstas para este ejercicio se
basan, como en ejercicios anteriores -y lo venimos a denunciar un año más aquí-, en la pérdida del poder adquisitivo, se niega la negociación colectiva y se lesionan los intereses de los empleados públicos. Las cantidades presupuestadas para este
ejercicio y los diversos indicadores contenidos en las memorias del departamento sobre la cuestión de la calidad de los servicios revelan una reducción en términos reales de las dotaciones y la preocupación por mejorar esta calidad. La defensa o la
crítica de un presupuesto de las administraciones públicas tiene mucho que ver con la filosofía política con la que se considera lo público. No es este el momento y no cansaremos a sus señorías por extenderme en este punto. Tan sólo afirmo que
este presupuesto es un buen indicador de la débil importancia que el Partido Popular viene confiriendo a las administraciones públicas en los distintos niveles en que éstas deben ser potenciadas, que son: la profesionalización de la Administración,
la mejora de la calidad de los servicios que se prestan y su consideración en el contexto de un Estado descentralizado. Desde esta triple perspectiva, los presupuestos de la Sección 22 no cumplen ninguna de las expectativas de mejora que cabría
esperar, lo que sólo cabe interpretar como una ausencia de voluntad política de disponer de un instrumento público que asuma una función de liderazgo e impulso en la economía y los comportamientos públicos de las instituciones españoles.
Desde el punto de vista de la profesionalización de la Administración, las carencias determinadas por la falta de voluntad política para avanzar en este terreno son igualmente evidentes. Nos encontramos ante un mantenimiento a la baja, como
hemos señalado ya, de la Administración actual, una Administración cada vez con menos protagonismo, que debilita sus recursos humanos. En definitiva, señor secretario de Estado, y para concluir, la cultura de prestación de servicios públicos en la
Administración se deteriora persistentemente sin que nuestras administraciones reciban un mensaje de impulso en profesionalización, calidad o descentralización, los imperativos que se exigen a nuestra Administración. La consecuencia no será otra
que una debilidad y una pasividad de lo público ante los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Un saludo muy cordial, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al señor secretario de Estado. Lo que en el caso de algún portavoz ha sido una crítica, nosotros queremos convertirlo en una felicitación. Nos
felicitamos y le felicitamos porque el proyecto presupuestario para el año 2003 sea una continuidad de los presupuestos anteriores, porque eso viene a demostrar que hay un Gobierno con un proyecto, con una línea marcada claramente, con unos
objetivos y con unas finalidades que se van viendo año a año en los presupuestos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestra felicitación y nos alegramos de ello como grupo parlamentario. Estamos reproduciendo un debate que se viene
realizando año tras año cuando se producen las comparecencias en torno a los presupuestos, en este caso de 2003, que se han visto en los presupuestos de años anteriores en esta Comisión.
Evidentemente, la oposición critica si hay negociación por el hecho de haberla y si no hay negociación porque no se está negociando, pero a nosotros sinceramente nos alegra que la mesa general esté abierta, que esté funcionando desde el 12
de septiembre. Ojalá se alcancen acuerdos, porque eso es un síntoma de que el Gobierno del Partido Popular es un Gobierno dialogante, un Gobierno que mantiene un contacto permanente con los sindicatos y que está dispuesto a llegar a acuerdos. Yo
creo que este Gobierno ha demostrado su capacidad de diálogo y nos podrá facilitar los datos, si los tuviera, de la cantidad de acuerdos que el Gobierno ha
alcanzado con los sindicatos en la materia de la Administración pública que nos compete.
Se ha dicho aquí, aunque no se quiera reconocer, que el Gobierno del Partido Popular ha sido el que más ha descentralizado, el que más traspasos de competencias y de funcionarios ha hecho, y hoy la Administración general del Estado tiene
menos funcionarios que las administraciones autonómicas y que las administraciones locales. Por lo tanto, es un departamento que, en cuanto a trascendencia en materia de personal, cada vez va siendo menor, y eso tiene que notarse.
Otro aspecto que destacamos en el presupuesto que han presentado es que continúa en la línea de lograr el equilibrio presupuestario. Entendemos que otras formaciones políticas no lleguen a captar esto del equilibrio presupuestario.
Nosotros lo apoyamos y lo compartimos en su integridad, porque creemos que está dando buen resultado al conjunto de los ciudadanos.
Yo creo que se hace una crítica políticamente respetable, pero no asumible en cuanto a la temporalidad. Lo hablamos en la comparecencia del señor ministro. Este Gobierno del Partido Popular ha bajado la temporalidad en la Administración
general, no así en comunidades autónomas, donde los responsables son sus propios gobiernos. En la Administración general del Estado la temporalidad ha bajado. Ese es un dato indiscutible, por mucho que se quiera plantear año tras año en las
comparecencias que tienen lugar con motivo de los presupuestos. ¿Qué la Administración es cada vez más moderna y más eficaz? Yo creo que, aunque aquí se critique de forma permanente, los ciudadanos están comprobando y disfrutando de que la
Administración hoy, con el Partido Popular, sea una Administración más moderna, más eficaz, en la que el ciudadano es atendido de una manera más rápida, en la que el ciudadano, cada vez con mayor celeridad, ve cómo soluciona sus problemas.
Nos alegramos mucho de que el permiso de maternidad pueda ser disfrutado a tiempo parcial. Nosotros creemos que es un elemento positivo y beneficioso, y nos alegramos de que el Gobierno mantenga esa línea. Los miembros del grupo
parlamentario hemos defendido en los debates presupuestarios la apuesta del Partido Popular por la formación de los funcionarios. Observamos cómo este año casi el 80 por 100 del presupuesto del INAP se destina a la formación continua y creemos que
debe continuarse esa apuesta clara y decidida por la mejor formación de nuestros funcionarios, porque así estaremos sirviendo mejor al conjunto de los ciudadanos.
Como último elemento permanente de debate traemos la cuestión del poder adquisitivo de los funcionarios. El Grupo Parlamentario Popular siempre ha mantenido que los funcionarios no han perdido en estos años de Gobierno del Partido Popular
poder adquisitivo. Los datos reales demuestran que no lo han perdido; todo lo contrario, han estado por encima de los IPC que se han ido produciendo anualmente, pero es un recurso literario-político de los grupos de la oposición que nosotros
respetaremos, aunque no compartiremos. Los datos avalan los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular y del propio Gobierno.
Para finalizar, nos gustaría que destacara los aspectos más importantes del presupuesto de 2003 en cuanto a su Secretaría de Estado y a sus competencias.
El señor PRESIDENTE: Con su intervención, los grupos parlamentarios terminan el turno de preguntas al secretario de Estado y ahora es el secretario de Estado el que tiene la palabra para responder a esas intervenciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): En primer lugar deseo mostrar mi satisfacción por comparecer en esta Comisión de Administraciones Públicas con motivo del presupuesto para el próximo
ejercicio. No hace falta poner de manifiesto la total disponibilidad de la Secretaría de Estado para acudir cuantas veces sea oportuno y necesario para informar sobre todas las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de las tareas de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Me voy a referir, en primer lugar, a las distintas cuestiones que ha planteado el señor Martínez Sanjuán, una extensa lista. Cuando decía que iba a formular la tercera pregunta respecto al presupuesto de 2003 yo llevaba anotadas
aproximadamente unas 25, pero tomaré la expresión de la tercera pregunta respecto al presupuesto de 2003 e intentaré contestar y comentar todas las cuestiones que ha puesto de manifiesto. Aquellas otras sobre las que no disponga en este momento de
la información, le haré llegar la contestación oportuna.
Una primera consideración que hacía el señor Martínez Sanjuán era la relativa a la comparación de los presupuestos del año 2002 y del año 2003 y a la expresión de las modificaciones presupuestarias que se habían producido a lo largo del año
2002. Es evidente que los presupuestos, en primer lugar, del ejercicio 2001 y, en segundo término, del ejercicio 2002, han venido guiados por fenómenos tales como los procesos de acuerdos financieros con comunidades autónomas o la culminación de un
proceso de transferencias que sin duda hace complicado que se pueda establecer un análisis comparativo entre unos y otros presupuestos. Pero esto no significa en absoluto que no podamos hacer un análisis de los presupuestos del año 2002 o una
presentación -como cabe ahora- de las principales líneas de los presupuestos para el año 2003.
Un primer dato que es significativo es la reducción. Si uno analiza el presupuesto en términos consolidados del capítulo 1 comprobará una reducción de más de un 14 por 100 de los gastos, y ello es debido sin duda a la transferencia de todo
el personal que prestaba servicios
en las instituciones sanitarias a las comunidades autónomas. Una transferencia que se produce en diciembre del ejercicio anterior con acuerdos con 10 comunidades autónomas para transferir este servicio básico supone, sin duda de ningún
tipo, la desaparición de una masa ingente de recursos dedicada al pago de retribuciones de este personal y, por tanto, es el primer signo que nos pone de manifiesto el análisis del presupuesto consolidado. Si uno mira los datos del presupuesto del
Estado ve que estamos en tasas de crecimiento en torno al 5,16 por 100. Aquí, evidentemente, no se produce ese efecto que llevan incorporado los presupuestos de Seguridad Social en relación con estas importantes modificaciones.
No puedo darle información de todas y cada una de las modificaciones que se han venido produciendo en el presupuesto del año 2002, si bien es cierto que algunas de las que ha citado S.S., como los créditos extraordinarios que hayan podido
aprobarse, por su tramitación en esta Cámara S.S. tiene cumplida cuenta de cualquier modificación presupuestaria que se produce en esos términos. No obstante, analizaremos aquellas decisiones en materia presupuestaria sobre el ejercicio de 2002
que puedan producirse en un ámbito limitado y que puedan ser competencia de los departamentos ministeriales para ofrecer esta información.
Preguntaba también el señor Martínez Sanjuán qué había sucedido con los 10.000 millones de pesetas que aparecían en la sección 31, en el ejercicio anterior, destinados a planes de pensiones. Como bien conoce, la negociación que se propuso
en la mesa general en el ejercicio anterior con las distintas representaciones sindicales no fructificó, no hubo un acuerdo y, por tanto, el esfuerzo presupuestario que por parte del Gobierno se estaba dispuesto a hacer no se llevó a término. Esto
es fruto de no haber alcanzado un acuerdo y, por tanto, que no se valorase en sus justos términos este esfuerzo presupuestario que se estaba dispuesto a hacer por encima del crecimiento que tenían los salarios de acuerdo con la previsión de
inflación para dicho ejercicio.
Confío -y luego tendré ocasión de referirme a ello- en que a finales del ejercicio de 2002, en la mesa general que se ha abierto podamos alcanzar un acuerdo con las distintas representaciones sindicales que permita una mejora de las
retribuciones por encima de la previsión con la que figuran en los presupuestos, no sólo en materia retributiva, sino en todos aquellos aspectos de la importancia y transcendencia de los que se han mencionado y que forman parte de la agenda de la
mesa de negociación.
Se ha dicho también que los presupuestos del año 2003 están guiados por el continuismo. El representante del Grupo Popular ha puesto de manifiesto con claridad, y lo hizo el ministro en su comparecencia en esta misma Comisión, que hay
continuidad en el ejercicio de las acciones y que, por tanto, la lógica es que los presupuestos atiendan los mismos objetivos que venían constituyendo los objetivos del programa electoral en materia de Función pública.
Se ha hecho también referencia a la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos y al tope del 25 por 100 en la tasa de reposición.
Empezando por esta última cuestión, la limitación del 25 por 100 en la tasa de reposición de
efectivos, con las excepciones que son bien conocidas y que figuran en el texto del proyecto de presupuestos que se ha presentado a la Cámara, es una materia que está sujeta a negociación con las organizaciones sindicales. Ha habido comunidades
autónomas que han puesto de manifiesto el efecto que sobre las mismas produce esta restricción en la reposición del cien por cien de efectivos, las organizaciones sindicales, asimismo, lo han puesto de manifiesto y el Gobierno está dispuesto a
negociar, a analizar una modificación de este tope del 25 por 100.
Se ha planteado igualmente la cuestión de la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Es sabido que cuando uno analiza los resultados de incremento de retribuciones en el período que va de 1996 hasta la fecha comprueba incrementos
en la masa salarial que se sitúan por encima de la inflación que finalmente se ha producido dentro del ejercicio. En consecuencia, no cabe decir que ha habido una pérdida de poder adquisitivo, porque el incremento salarial medio que se registra al
final de cada ejercicio, en todo caso desde el año 1996, se sitúa por encima del dato de inflación definitivo en el ejercicio correspondiente.
¿Cuáles son las cuestiones que se están negociando en la mesa de negociación y cuál es el ámbito al que se refiere, si comprende o no a los funcionarios de comunidades autónomas que prestan sus servicios? Aquí nos encontramos con una
situación aparentemente contradictoria. En primer lugar, la propia normativa que regula los órganos de representación habla de la negociación en el seno de la mesa general y el contenido material de los efectivos de la mesa general se circunscribe
a parte de los funcionarios que prestan sus servicios en la Administración del Estado.
Sin embargo, la práctica que se ha seguido no obstante esta situación ha sido la de negociar, la de reunirse con las comunidades autónomas en la comisión de
coordinación para exponer cuáles son las líneas fundamentales que se van a incluir en materia retributiva en los Presupuestos Generales del Estado y también indicar las líneas generales de la negociación que en ejercicios pasados se llevó a cabo o
que en este ejercicio se está planteando a las distintas organizaciones sindicales. Nuestra vocación es conseguir un acuerdo con los distintos representantes sindicales de la mesa de negociación, que además sea compartido, explicado, conocido y
aceptado por las distintas comunidades autónomas. Este es y no otro el motivo de la intervención que tuve ocasión de celebrar este mismo mes en Cantabria presidiendo la comisión de coordinación con las comunidades autónomas y está previsto también
que a lo largo de este mismo mes volvamos
a reunirnos con las comunidades autónomas para trasladarles los avances que pueda ir registrando la negociación con las distintas organizaciones sindicales en el seno de la mesa de negociación.
Se ha planteado también si esta subida de retribuciones se va a concretar en una mejora de las pagas extraordinarias, en una modificación de los complementos específicos o en alguna otra línea retributiva. Lo cierto es que el contenido
material de la mejora retributiva es objeto de negociación y, a la fecha de hoy, dado que todavía no hay cerrado ningún acuerdo con las organizaciones sindicales, no cabe avanzar qué materialización puede tener este ofrecimiento de incremento
retributivo.
Lo que se ha trasladado a las organizaciones sindicales es que el Gobierno está dispuesto a incrementar las retribuciones en un 1 por 100 adicional sobre la previsión que figura en el documento presupuestario, dedicando una parte de
ello a retribuciones consolidables y otra parte a retribuciones de carácter variable ligadas al cumplimiento de objetivos específicos. Esta es una propuesta que está encima de la mesa y, por lo tanto, está en este momento siendo objeto de
negociación.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto el hecho de presentar un documento presupuestario que en algunos de sus artículos está recogiendo materias que son objeto de negociación con los sindicatos y que, por lo tanto, pueden dar lugar a una
propuesta de modificación del documento presupuestario. Yo creo que aquí lo relevante no es en qué fecha se alcanza un acuerdo con las organizaciones sindicales o intentar alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales antes de que se
presente el documento presupuestario, sino que, si somos capaces finalmente de alcanzar este acuerdo de una manera satisfactoria para todos, podamos recoger en dicho documento, a través de la vía de enmiendas, los acuerdos que podamos, en su caso,
alcanzar. No me parece, insisto, relevante tanto la fecha en la que se alcance un acuerdo como el hecho material de que pueda alcanzarse un acuerdo que no ha tenido un sentido general desde el año 1994.
Se ha hecho referencia a los datos de interinidad y de temporalidad en el empleo, barajándose porcentajes que en absoluto se ajustan a la realidad de las cifras de que disponemos. La temporalidad en el ámbito de la Administración del Estado
se sitúa en un porcentaje del 1,3 por 100 respecto de los funcionarios interinos y del 7,1 respecto de los laborales temporales, es decir, nada que ver con esa cifra que se ha barajado del 20 por 100. Bien es cierto que los datos de temporalidad
son más elevados en comunidades autónomas y, si cabe, más elevados en el ámbito de las entidades locales, pero en el ámbito de la Administración del Estado los datos de temporalidad, de interinos y de laborales temporales, son unas cifras
ciertamente reducidas.
Se han utilizado también cifras relativas a las comisiones de servicios, ofreciendo un panorama ilustrativo de una situación que nada tiene que ver con la realidad. Durante el año 2001, la Dirección General de la Función Pública autorizó
472 comisiones de servicio interdepartamentales y, hasta el 30 de septiembre de 2002, dicha Dirección General ha autorizado 276 comisiones de servicio interdepartamentales. Por tanto, las cifras de los funcionarios en una situación de comisión de
servicios en absoluto reflejan un panorama como el que ha parecido desprenderse de la intervención del señor Martínez Sanjuán. Las comisiones de servicios tienen su finalidad, prevista en la norma: atender la necesidad de cubrir con urgencia una
determinada vacante para prestar un servicio. Tienen una temporalidad fijada en la ley y, desde luego, se está observando y siguiendo con sumo cuidado que las previsiones normativas se cumplan totalmente.
Se ha planteado también la cuestión respecto a la financiación de la asistencia sanitaria de los funcionarios que se encuentran en la Mutualidad de funcionarios civiles del Estado y si se está produciendo una situación de doble cotización o
de doble exigencia de impuestos. Los funcionarios tienen una cotización a la asistencia, que se mantiene desde el año 1996 en el mismo porcentaje, y el empleador aporta también otra parte, la parte más importante, a la cobertura de la asistencia
sanitaria. En todo caso, la financiación es por una cotización, si cabe esta expresión, en la parte que corresponde a los funcionarios y una aportación del Estado que necesariamente tiene que cubrirse con los impuestos generales, pero no llego a
ver esa situación de doble imposición, de un pago duplicado de impuestos que pueda haber en la asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria que, por cierto, tiene un elevadísimo grado de reconocimiento por parte de todos los funcionarios que se
encuentran en el régimen de MUFACE.
Se ha planteado también la necesidad de conocer cómo están evolucionando las principales partidas presupuestarias que gestiona la Secretaría de Estado y cuestiones relativas al plan de calidad, a los sistemas de productividad. El
presupuesto de la Secretaría de Estado para la Administración Pública va a atender esencialmente, en su capítulo de inversiones, con una reedición del portal del ciudadano, a mejorar las condiciones de la intranet administrativa y a una serie de
esfuerzos presupuestarios en materia de información e interconexión de informaciones entre los distintos departamentos ministeriales. Por lo tanto, revisión del portal del ciudadano, puesta en marcha del portal de los empleados públicos y
reforzamiento de la intranet administrativa son las partidas que van a absorber un mayor esfuerzo inversor en el ejercicio 2003.
En relación con los planes de calidad, la línea es conocida. Aquí se van a seguir implantando las cartas de servicios en todos aquellos supuestos en los que todavía no están confeccionadas, extendiendo los planes de autoevaluación de
acuerdo con el modelo de calidad y se va a seguir utilizando un instrumento que
creemos está reportando beneficios, que son las convocatorias de los planes de calidad. Cada vez va habiendo una mayor concurrencia, los candidatos a estos planes de calidad presentan mejoras más relevantes en sus procedimientos y en sus
actuaciones y creemos que es una línea muy consistente de trabajo para la mejora de la calidad de los servicios que prestan nuestras administraciones públicas.
Planteaba también el señor Martínez Sanjuán si vamos a seguir un modelo de productividad en la que hay una decisión del superior jerárquico a la hora de repartirla exclusivamente bajo su dependencia. Yo creo que el modelo de productividad
en sí mismo, en primer término, es un modelo esencial en una Administración que quiere cumplir objetivos y, desde luego, hay muchísimas organizaciones administrativas que tienen modelos extraordinariamente objetivados para pagar las primas o los
incentivos a la productividad. Por lo tanto, la afirmación de que el modelo de productividad es un modelo en el que el superior jerárquico decide con una cierta libertad, no me atrevo a decir arbitrariedad, la distribución de la cuantía de la
productividad es algo que no está arraigado en nuestras organizaciones, que tienen objetivos claros y una productividad vinculada al cumplimiento de objetivos muy consolidada desde hace mucho tiempo.
Atenderé también y miraré con gran atención la situación en la que se puedan encontrar las páginas web del ministerio, pero sí es cierto que en cuanto he entrado en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas ya aparecía yo
como nuevo titular y no el antiguo titular. No sé si esto es una comprobación rutinaria, pero se señalaba que seguía apareciendo el anterior secretario de Estado y, desde luego, este no es el caso en la web del Ministerio de Administraciones
Públicas.
Se ha referido también el señor Martínez Sanjuán -y yo creo que de manera elogiosa- a las actuaciones que se han venido produciendo con las ventanillas empresariales. Se siguen abriendo ventanillas empresariales y, como ya señaló el
ministro en su comparecencia, nuestra intención es que antes de que termine la legislatura todas las comunidades autónomas, incluso las distintas provincias, puedan tener ya una ventanilla empresarial. Bien es cierto que la ventanilla virtual, que
próximamente será presentada, va a ofrecer también una nueva línea de trabajo con las distintas administraciones locales y autonómicas para conseguir que se sigan creando empresas sin un proceso burocrático que eche atrás a los emprendedores,
utilizando intensivamente las nuevas tecnologías de la información.
Se ha referido también al acuerdo de 26 de abril del año 2002. Se están analizando los distintos aspectos organizativos, funcionales y competenciales y, como ya señaló el ministro, una vez que se tenga un informe de diagnóstico y de
evaluación de cuál es la situación de la Administración, tras todo el intenso proceso de transferencias a las comunidades autónomas, se pondrán de manifiesto sus resultados.
Se ha insistido también en el crecimiento en las estructuras administrativas y en que no se presta atención a los compromisos de reducción de estas estructuras. De los dos últimos decretos orgánicos que se han tramitado en Consejo de
Ministros, el del Ministerio de la Presidencia reduce en dos órganos superiores el organigrama de la Presidencia y el decreto de la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad reduce en nueve subdirecciones generales la estructura de este
departamento ministerial. También tomamos nota de la preocupación porque la información que se ofrece al ciudadano a través del portal sea bilingüe. En breve pondremos esta funcionalidad en las páginas del ministerio.
Se ha hecho referencia a la labor que desarrolla el INAP y se ha puesto de manifiesto alguna cuestión concreta sobre determinadas partidas. Recabaré esta información sobre la situación de determinadas partidas presupuestarias, pero quiero
insistir en dos cuestiones. En primer lugar, que el presupuesto del INAP experimenta un mayor crecimiento de la transferencia que aporta el ministerio a dicho instituto como consecuencia de que en este ejercicio no se recogen las incorporaciones de
los remanentes de tesorería que durante el período 1995-2000 quedaron pendientes de aplicación, procedentes de determinadas comunidades autónomas, y que se incorporaron para atender planes de formación continua. Esta es una de las razones por las
que hay una menor previsión de remanente de tesorería y un incremento en la transferencia que realiza el ministerio al INAP. Pero sin duda de ningún tipo la partida esencial es la aportación que realiza el INEM al Instituto Nacional de
Administración Pública para la formación continua, que se sitúa en torno a los 64 millones de euros y que constituye el núcleo troncal de la financiación del instituto que, como se ha dicho, dedica más del 80 por 100 de sus recursos a las tareas de
formación continua.
Voy a referirme, a continuación, a las cuestiones que se han suscitado por el Grupo de Izquierda Unida, si bien muchas de las cosas que ha puesto de manifiesto don Antero Ruiz habían sido tratadas por el representante del Grupo Socialista y
espero haber dado también respuesta, aunque sea parcialmente, a parte de los planteamientos de don Antero Ruiz en esta extensa contestación a las preguntas del señor Martínez Sanjuán. Su primera manifestación es la relativa a la necesidad de
recuperar el diálogo social. Creo que el Gobierno está dando una extraordinaria medida de su deseo de recuperar el diálogo social y por lo que a la Función pública se refiere no le quepa ninguna duda de que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a
intentar alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales en un extenso elenco de cuestiones. Verdaderamente nos gustaría en un plazo breve poder cerrar un acuerdo satisfactorio para las organizaciones sindicales y para la Administración
del Estado, que también fuese compartido en buena medida por nuestras comunidades autónomas.
Ha manifestado también el señor Ruiz sus consideraciones sobre el incremento de la temporalidad. Creo haber dado suficiente información sobre el número de funcionarios interinos y de laborales temporales que cuanto menos no permite afirmar
que se está produciendo un incremento en la temporalidad o que los datos de temporalidad nos deban preocupar. Esto no significa que no le prestemos toda nuestra atención y ahí está una vez más este año en el proyecto de ley de presupuestos la
disposición que establece el carácter extraordinariamente excepcional del ingreso de funcionarios temporales, de funcionarios interinos. La estabilidad en el empleo requiere también resolver la situación de los funcionarios que con carácter
eventual están ya en la Administración desempeñando puestos que tienen un carácter estructural. Todo el plan de consolidación de este empleo va dirigido precisamente a resolver esa situación.
Me he referido también en mi contestación a la intervención del señor Martínez Sanjuán a la limitación del 25 por 100 en la tasa de reposición.
Es una materia que actualmente está en discusión y en negociación con los sindicatos y esperamos
poder alcanzar algún acuerdo en este punto. Nos preocupan los desequilibrios en la dotación de funcionarios en servicios que son excedentarios, mientras que por otro lado hay servicios deficitarios. Pretendemos alcanzar acuerdo en materia de
movilidad no sólo en el ámbito de la Administración del Estado sino también con las distintas comunidades autónomas y alcanzar acuerdos con las organizaciones sindicales para acudir a procedimientos de movilidad incentivada que permitan asignar los
recursos humanos a aquellas áreas que requieren una mayor presencia de empleados públicos. Se han citado las oficinas de extranjería, la necesidad de personal civil en las comisarías para que los funcionarios miembros de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado puedan prestar los servicios que les son propios de atender a la seguridad en las calles. Esto va a ser motivo de esfuerzo y consideración, como digo, en esta negociación y en nuestro plan de trabajo.
Por último, quisiera referirme a la intervención del señor Merino, del Grupo Parlamentario Popular, para poner de manifiesto la idea de continuidad en los trabajos, en los objetivos de esta legislatura de tratar que la capacidad de diálogo
con los representantes de los sindicatos en la Función pública no se agote en esta mesa de negociación y que todas las cuestiones relevantes sean tratadas y vistas con ellos, así como poner de manifiesto medidas sociales como la que se incorpora en
los textos: el permiso de maternidad a tiempo parcial.
Creo haber dado respuesta a las distintas cuestiones. Si hay preguntas puntuales de las que no he tomado bien nota o que requieren otra respuesta, la haré llegar muy gustosamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por este ofrecimiento final de responder por escrito o de otra forma a preguntas que puedan producirse. Muchas gracias por su presencia.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Elorriaga Pisarik). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/001214) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/001281.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Organización Territorial del Estado para informar también en relación a los presupuestos del Estado.
Sin solución de continuidad, si no hay por parte de la Comisión una demanda de que suspendamos por unos momentos, empezamos con la comparecencia del secretario de Estado de Organización Territorial. Vamos a seguir el mismo orden que con la
anterior comparecencia. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y pido disculpas. Debido al cambio de tercio que nos han hecho, tendremos que atender otros frentes y tener conocimiento de su respuesta por el 'Diario
de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Si me permite, señor Rejón. Yo creo que sería bueno -no lo he dicho en las primeras intervenciones- que hiciéramos el esfuerzo de limitar el tiempo de las preguntas por parte de cada grupo parlamentario a un máximo de
diez minutos.
El señor REJÓN GIEB: Por supuesto, no le quepa la menor duda, me van a sobrar unos pocos, señor Serra. (Risas.)
En primer lugar, señor secretario de Estado, es evidente que es el primer ejercicio presupuestario, el de 2003, donde verdaderamente se va a recoger y aplicar de forma definitiva el sistema de financiación aprobado en el año 2001 por una
serie de razones (no estaban reunidas las comisiones mixtas, no estaba transferida sanidad a la diez comunidades autónomas que faltaban, no estaba publicada la Ley 21/2001), pero algo ha funcionado. Quisiera hacerle la primera pregunta. En el
informe del Fondo de suficiencia que ustedes nos dan se fija para las distintas comunidades la suficiencia positiva y la negativa; la negativa sólo para las comunidades de Madrid y de Baleares, que aparece luego como previsión de ingresos. Es
verdad, por la propia literatura, por el propio acuerdo y por el propio
conocimiento, que se fijan las cuantías de suficiencia para el año 2003, pero estas cuantías han funcionado en el año 2002. Le pregunto: esta previsión que hacen ¿es de crecimiento uniforme para todas las comunidades autónomas, o va a
haber variación porcentual de crecimiento sobre la que al final se liquide para el año actual que todavía estamos pisando? ¿Va a haber diferente crecimiento porcentual para una comunidad y otra a la vista de correcciones que se necesiten o no? En
ese caso, ¿para cuáles?
Segunda cuestión, el contencioso andaluz -sabe a lo que me refiero- sobre el recurso. ¿Qué previsión tiene o cómo piensa funcionar en los presupuestos del año 2003?
Por último (por eso, señor presidente, me iba a sobrar tiempo), tenemos la idea de que el proyecto de ley de financiación de entes locales acaba de entrar en la casa más o menos y que por mucho que se le justifique la prisa tendrá el trámite
que tiene que tener, sin embargo se nos dice aquí, en el informe: Los Presupuestos Generales del Estado de 2003 tienen en cuenta los efectos previsibles de la futura reforma en el próximo ejercicio. ¿Es habitual cuando esa es la consecuencia de
una ley que acaba de entrar y que nadie sabe cómo va a salir? Yo me alegro de que el llamado decretazo no se parezca casi en nada o en poco a lo que entró, y parecía que aquello era intocable, algo así como el brazo incorrupto de Santa Teresa.
Quiero preguntarle si eso es habitual. Claro, si uno tiene en cuenta que se reformaría el IAE con el objeto de excluir de tributación al 90 por 100 de las pequeñas y medianas empresas y que en el año 2003 están las elecciones municipales, uno es
muy tonto por hacerse esa pregunta, pero uno pregunta que si es habitual el que unos presupuestos generales tengan en cuenta los efectos previsibles de una futura reforma en el próximo ejercicio. Uno puede entender, por ejemplo, como le he dicho,
el tema de la financiación autonómica, que estaba ya trabajada, aprobada, otra cosa es que estuviera publicada, pero éste que acaba de entrar está en el registro. Quisiera preguntarle si eso de los efectos previsibles de la futura reforma en el
próximo ejercicio, aparte de que aquí a más de uno nos gustaría que ustedes nos explicaran cómo se va a solventar el tema del IAE para que no sigan perdiendo al fin y al cabo los ayuntamientos, si es muy normal que los presupuestos recojan efectos
previsibles de una ley que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quisiéramos dar la bienvenida al secretario de Estado de Organización Territorial. El motivo por el que mi grupo quiere aprovechar su
comparecencia es para que el secretario de Estado nos aclare determinados aspectos relativos a lo que ahora decía el portavoz de Izquierda Unida, el señor Rejón. Ustedes han avanzado en un primer nivel de consenso con la Federación Española de
Municipios y Provincias y parece ser que ya existe un borrador de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que sin duda va a tener un reflejo presupuestario. A mi grupo parlamentario, señor secretario de Estado, le gustaría que nos especificara en
su comparecencia de hoy cómo va a actuar sobre las haciendas municipales la supresión del IAE. Le voy a especificar más la pregunta. Sabe el señor secretario de Estado que actualmente el IAE supone un 7 por 100 de los ingresos de las haciendas
locales, es el segundo tributo municipal en importancia. Realmente suprimir el IAE para un gran número de contribuyentes (para ese 90 por 100 de autónomos) es importante, pero ¿de qué forma garantizaremos que ninguna corporación, con independencia
de su tamaño, pueda salir perdiendo en sus ingresos? Le gustaría a mi grupo que nos especificara de qué forma garantizaremos que las haciendas locales no salgan perdiendo, pero no únicamente las grandes, que a lo mejor pueden modular otros grandes
impuestos, sino las pequeñas; ¿cómo ha estudiado el Gobierno que ninguna corporación pueda realmente perder capacidad de ingreso por esa reforma? Aprovecho para destacar que mi grupo parlamentario celebra que el IAE deje de actuar de la forma que
lo hacía sobre muchos colectivos de autónomos, era un impuesto injusto porque no atendía realmente a su beneficio sino a otros factores que provocaban que el IAE pudiera ser un freno para la capacidad de inversión y de crecimiento de esos pequeños
negocios. Siempre habíamos planteado una reforma en profundidad del IAE. Por tanto, no negamos el acierto, al contrario, celebramos que una propuesta que el Grupo Catalán había llevado en sus programas electorales durante muchos años finalmente
vea la luz, pero nos preocupa la otra cara. No queremos que ningún ayuntamiento pierda recursos económicos, de ahí que le pidamos que nos especifique de qué forma esta supresión del IAE va a tener una repercusión positiva también para el conjunto
de los ayuntamientos y, repito, con independencia de su tamaño, tanto si son grandes como si son pequeños.
Acabo ya, señor presidente, con otra cuestión. Sabe el secretario de Estado que desde Cataluña hay un gran consenso -y lo sabe también el presidente de esta Comisión porque lo ha vivido muy de cerca- sobre el proyecto de carta de Barcelona,
una ley municipal para Barcelona, la capital de Cataluña; sabe que en Cataluña y en el marco parlamentario catalán ha existido un primer e importante nivel de consenso. Le gustaría a este portavoz conocer cómo avanzan esas negociaciones, si hay
algún tipo de reflejo presupuestario y si realmente la ley de grandes ciudades, que también sabemos que su ministerio está impulsando, va a ser compatible con
lo que ya es una propuesta sólida desde Cataluña a través de ese proyecto de ley de carta municipal para Barcelona.
Nada más. Quiero agradecerle una vez más su comparecencia hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Tomás Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Bien venido, señor secretario de Estado, a esta Comisión, que podríamos empezar de la siguiente manera: Decíamos ayer... ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente podemos decir lo mismo que decíamos el pasado
ejercicio, o el anterior, o el anterior.
¿Qué decíamos en los anteriores ejercicios? Que desde el Gobierno del Partido Popular se ha producido un abandono de las corporaciones locales, a nuestro juicio lamentable. No lo digo por decir, creo que está suficientemente demostrado por
las diferentes intervenciones y debates que ha habido e incluso, de alguna manera, reconocido por el Gobierno, que decía que no era ese el momento, que no tocaba entonces, etcétera.
Si antes decíamos esto, a la vista de los presupuestos para el año 2003 ese juicio se ve acrecentado. Contemplamos todas las partidas y vemos que las compensaciones a los municipios se mantienen inalterables, que la variación es cero, como
es cero la variación de los desequilibrios financieros. En cuanto a la compensación de beneficios fiscales, en 2002 había una tasa de variación del 6,9 por 100 y ahora es del 5,5. Respecto a la cofinanciación en el transporte colectivo urbano, que
reiteradamente hemos denunciado que estaba congelada y no se estaba teniendo en cuenta el incremento de costes del transporte colectivo, se hace caso omiso y, si antes crecía el 5,9 por 100, ahora crece el 5,5, etcétera. Por tanto, de nuevo se
produce una congelación.
¿Qué quiere decir esto? Que, como esto se reitera, la situación va a peor.
Después de seis años de Gobierno del Partido Popular, habiendo, como ha habido, una fuerte descentralización del Estado -yo se lo reconozco-, las corporaciones
locales españolas están a la cola del sector local de toda Europa; usted conoce perfectamente cuál es nuestra situación. La media en la Unión Europea de los gobiernos locales en relación con el gasto público total del Estado representa el
veintiuno y pico por 100; nosotros estamos en el 13 por 100, y podemos hacer la comparación con países centralizados o con países descentralizados, lo que usted quiera. Si hablamos de países descentralizados, como la República Federal, tenemos un
15 por 100 de presencia de los ayuntamientos; en Suiza, el 20 por 100, etcétera, y si hablamos de países centralizados, podemos llegar hasta el cincuenta y tantos por 100. Es decir, hoy, las corporaciones locales españolas están a la cola en
cuanto a presencia, a representación, en relación con Europa y prácticamente con el mundo. Son la cenicienta del Estado y, reitero, esto se ha incrementado con su Gobierno. Si antes estábamos mal, ahora estamos un poquito peor.
Usted, el año pasado, reconocía tácita, y yo diría que hasta explícitamente, esta situación. Decía que en verdad era esa la situación de las corporaciones locales españolas pero que venían tiempos mejores y nos apuntaba la luz para el año
en que estamos. Decía que esa luz vendría por la vía de dos elementos, de dos mecanismos: lo que llamaban -y siguen llamando- segunda descentralización y la nueva Ley de Haciendas Locales, que entraría en vigor en enero del año 2003. Esos eran
los dos grandes elementos. ¿Qué ha pasado? Respecto a la segunda descentralización, el Partido Socialista les ha dicho por activa y por pasiva que era difícil no ligar ambas cosas. No se puede hablar de elevar el peso específico de las
corporaciones locales sin tener en cuenta la financiación de las mismas. Hay que hablar de la financiación, de la descentralización y de competencias que no solamente están residenciadas en las comunidades autónomas, sino que todavía las tiene el
Gobierno. Además, hay que hablar de la modificación de la Ley de bases, etcétera. Usted conoce nuestra propuesta y no iré más allá, pero ya le digo que éramos escépticos en relación con la segunda descentralización.
Por otra parte, se pretendía que otras administraciones hicieran lo que el Gobierno no hace o no puede hacer, y eso es difícil. No consiste en decir a las comunidades autónomas que descentralicen porque eso es competencia suya y lo harán o
no lo harán.
En segundo lugar, respecto a la Ley de Haciendas Locales, hoy, al fin, ha habido una noticia: que el Gobierno piensa aprobar -si me equivoco, me corrige- una nueva ley de financiación en el próximo Consejo de Ministros. No sé si esto es
exactamente así, pero quiero recordarle lo que el 9 de octubre de 2001 usted mismo señalaba: La tercera cosa que considero obvia y que me parece también sobradamente conocida es que el Gobierno y la representación de los ayuntamientos se encuentran
inmersos en un proceso público de negociación sobre el modelo de financiación, explícita y públicamente, desde hace seis meses. Esto se decía el 9 de octubre de 2001. Y seguía diciendo: Convinimos un procedimiento, que es público, que consiste
básicamente en crear una comisión de trabajo. Esa comisión se creo; está creada, según dicen ustedes, desde el mes de julio y publicada en el Boletín Oficial del Estado. En el próximo mes de noviembre -seguía usted- espero que se presenten las
primeras conclusiones. De esto hace un año. Pero todavía decía más: Lógicamente, una vez recibido ese informe, en el próximo mes -se estaba refiriendo usted a diciembre o enero de este año- o en el plazo de dos meses se iniciará una etapa de
negociación política en la que el Gobierno espera alcanzar un acuerdo lo más amplio posible.
Esto no ha sido así. No se ha parecido en nada a lo que usted decía. Se creo una comisión de trabajo, es cierto, y se habló con la Federación Española de Municipios y Provincias, es cierto, pero creo que no ha habido ningún acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias en relación con ningún proyecto de ley y lo que ha hecho el Gobierno es la estrategia del decretazo. El Gobierno dice: nosotros vamos a aprobar una ley que, a lo mejor, a ustedes no les gusta, pero,
como hay tiempo suficiente, podemos intentar corregirla durante el debate de dicha ley. Esto no responde a lo que usted decía, que era negociar una ley.
Ustedes aprueban ya una ley y, si hay mucha bulla, como la hubo en relación con el decretazo,
a lo mejor tienen que rectificar, pero, como los ayuntamientos va a ser difícil que se pongan en huelga, no va a haber una rectificación de esas características. Es decir, va a haber una ley que será la que el Gobierno quiera que haya y, desde
luego, no negociada con la Federación Española de Municipios y Provincias. El texto que ustedes aprobarán no es un texto acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo ha conocido ayer.
Señor secretario de Estado, no es un buen mecanismo llegar a una financiación del sector local de este país sin que haya intervenido de manera activa, sin que haya habido un acuerdo importante con dicho sector local a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Ya he dicho, y no me importa volver a decirlo, que ustedes juegan con ventaja. Han conseguido que la Federación Española de Municipios y Provincias, en vez de ser un ente reivindicativo y representativo de los
ayuntamientos, sea un órgano acólito del Gobierno de la nación, que suele decir: qué bien lo hace. Lo que tenía que decir es: oiga, que los ayuntamientos necesitan más. Pero estamos en año electoral y hay que hacer algo. Nos preocupa qué
efectos va a tener esto.
Quiero hacerle ahora unas preguntas concretas. He centrado mi intervención en las corporaciones locales porque entendemos que en relación con las comunidades autónomas los presupuestos responden al acuerdo establecido entre el Gobierno y
las comunidades autónomas, regulado por la Ley 7/2001. Ahora quiero preguntarle -ya lo ha hecho el señor Rejón, pero yo reitero la pregunta- qué piensa hacer el Gobierno en relación con el fallo del Tribunal Supremo relativo al recurso planteado
por la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Se recoge esto en los presupuestos? Porque yo supongo que ustedes tendrán que acatar esta resolución.
Dos preguntas más y termino. ¿Cómo estima el calendario para la aprobación de la ley de financiación de las corporaciones locales? ¿Cuándo va a ser su entrada en vigor? Y, sobre todo, ¿qué efecto va a tener la entrada en vigor sobre los
presupuestos que ahora estamos debatiendo? Decía el señor Rejón que es difícil que una ley que presumiblemente entrará en vigor en los próximos meses pueda afectar a estos presupuestos. No lo entendemos.
En relación con el IAE, como decía el señor Jané, si se suprime el IAE ¿cómo se va a compensar a las corporaciones locales? ¿Con tributos propios de las corporaciones locales? ¿Va a ser con otro impuesto? ¿Van a ser los ciudadanos?
¿Quiénes van a ser los que paguen esa compensación por la supresión del IAE? ¿Va a ser el Estado? No parece ser, porque aquí no hay compensaciones previstas en los presupuestos. ¿Cómo se va hacer? Qué efectos posibles puede tener una ley que no
se aprobará posiblemente este año -no sé cuál será el calendario de aprobación- en los presupuestos de las corporaciones locales para el ejercicio de 2003. Si no es así, los presupuestos son los que son, la congelación es evidente y las
corporaciones locales siguen estancadas, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero dar la bienvenida al secretario de Estado. Hay un dicho en mi tierra que dice que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista. Señor Rodríguez Bolaños, ha
llegado el presupuesto donde desaparece el IAE y ya se le ha terminado el discurso de los años anteriores sobre los incumplimientos electorales del Partido Popular. Efectivamente, desaparece un impuesto que puso el Partido Socialista, negativo para
el conjunto de los ciudadanos, negativo para la creación de empleo y que el Gobierno del Partido Popular va suprimir en el presupuesto de 2003, con una enorme repercusión en cuanto a creación de empleo y una continuidad en los planteamientos del
Partido Popular de bajar los impuestos. Parece ser que hay otros grupos que no nos acompañan en esa bajada de impuesto que el Partido Popular viene haciendo desde hace seis años.
No nos caben las dudas que han planteado otros grupos políticos. Los números se pueden bailar y se pueden mover como uno quiera, pero nosotros lo hemos dicho año tras año y lo reafirmamos en el presupuesto para 2003.
Desde que el Partido
Popular gobierna en España los ayuntamientos han recibido más dinero que nunca en los Presupuestos Generales del Estado.
No se pueden mirar secciones o áreas concretas del presupuesto, hay que mirar la globalidad del presupuesto y ver todas las
cantidades que van destinadas a los ayuntamientos. Afortunadamente para los ayuntamientos, desde que gobierna el Partido Popular, en el conjunto del presupuesto hay más dinero para los ayuntamientos del que nunca ha habido, a pesar de las críticas
que se quieran realizar. Pero los números son reales, son objetivos. Supongo que el señor secretario podrá explicar luego los números que van destinados a los ayuntamientos o a las corporaciones locales, como se ha
dicho aquí. Pero hay una cuestión evidente. Estamos convencidos que la supresión del IAE no va a suponer pérdida económica alguna para los ayuntamientos. Se verá en la próxima normativa legal cómo los ayuntamientos no ingresan menos
dinero por la supresión del IAE. El problema de los ayuntamientos, señor Rodríguez Bolaños, es una cuestión de segunda descentralización. Usted, como yo, conoce perfectamente el trabajo municipal y sabe que los ayuntamientos estamos asumiendo
competencias que en estos momentos son de las comunidades autónomas sin financiación alguna. No es un problema del Gobierno de España, es un problema de las comunidades autónomas con los ayuntamientos. El Partido Popular tiene la clara y decidida
voluntad de llevar a cabo la segunda descentralización, y lo vamos a hacer en las comunidades donde gobernamos. Lo que tiene el Partido Popular son serias dudas de que el Partido Socialista esté por la labor de la segunda descentralización y esté
dispuesto a ceder competencias y financiación de esas competencias a los ayuntamientos. Hasta ahora no ha dado ni un solo síntoma de que eso sea así, pero esa es la solución a los problemas. Si estamos cubriendo competencias en los ayuntamientos
que ahora mismo tienen transferidas las comunidades autónomas, lo lógico es que el dinero venga de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Lo que no sea eso es no querer resolver el problema municipal.
Sé que ustedes van a iniciar ahora la campaña de que los ayuntamientos pierden dinero con la supresión del IAE y ahora estaremos tres o cuatro meses hablando de esa cuestión. Pero la realidad de los municipalistas la tiene usted tan clara
como yo. O las comunidades autónomas ceden formal y legalmente las competencias acompañadas de su financiación, o los ayuntamientos seguirán en la situación en la que se encuentran ahora mismo. No es un problema del Gobierno de España, es un
problema de todas y cada una de las comunidades autónomas. En los próximos meses veremos quién tiene de verdad espíritu municipalista y quién apuesta de verdad por los ayuntamientos. Estoy convencido que se volverá a demostrar, y el tiempo volverá
a darnos la razón, que el Partido Popular tiene vocación descentralizadora, tiene vocación municipalista, que llevará a cabo una transferencia de competencias desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos y se resolverán muchos de los
problemas que hoy en día tienen los ayuntamientos.
Para terminar, señor secretario de Estado, le pido que nos explique las líneas básicas del presupuesto de su Secretaría de Estado, y, en lo referente a la materia relativa a las corporaciones locales, los datos que nos pueda aportar que sean
de interés.
El señor PRESIDENTE: Ahora es el turno del señor secretario de Estado para responder a las intervenciones anteriores.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Elorriaga Pisarik): Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones, por su brevedad, por su concisión y por el fondo del asunto que trataré ahora de
abordar. Intentaré seguir el orden. Algunas preguntas se han reiterado, pero dado que están bastante bien acotadas las preguntas planteadas, podremos ser bastante precisos.
En primer lugar, preguntaba el señor Rejón qué ajuste puede haber en el fondo de suficiencia en el ejercicio presente. El que se derive del modelo de financiación, que explico muy brevemente. Lo que se fija en el modelo de financiación es
una restricción inicial en el año base de 1999 y unos criterios de evolución. La evolución año a año se hace, en principio, sobre cantidades presupuestadas, y al año siguiente se liquida en relación a cantidades reales: datos macroeconómicos
reales, los índices que se utilizan, PIB nominal, IPC, lo que sea. Siempre hay un ajuste de un año sobre otro. Habrá una liquidación, está prevista en un crédito ampliable que figura en el presupuesto, sobre la liquidación de todas las partidas
incluido el fondo de suficiencia. Es la mecánica habitual que se ejerce todos los años. No tiene ninguna dificultad. Es un mecanismo automático que requiere un ajuste año sobre año de la liquidación previa realizada el año anterior.
La segunda pregunta, que luego ha reiterado el Partido Socialista, se refiere a lo que ha llamado el señor Rejón el contencioso andaluz. A ella se ha referido después el señor Rodríguez Bolaños. Antes de responder al asunto quiero hacer
una precisión. No existe, como parecía apuntar en su intervención el señor Rodríguez Bolaños, una sentencia del Tribunal Supremo que sea preciso acatar. Vamos a ver si lo explico sin demasiada confusión. En este momento la Junta de Andalucía
tiene dos frentes judiciales abiertos en relación con el modelo de financiación. Uno está residenciado ante el Tribunal Constitucional, donde se ha venido impugnando el modelo en su conjunto y cada año la parte del presupuesto que hacía reflejo de
ese modelo para la Comunidad Autónoma de Andalucía; y, por otro lado, en vía contencioso-administrativa, ha ido impugnando cada falta de liquidación correspondiente a cada ejercicio por la aplicación de la previsión legal que se ha ido haciendo
cada año para aquellas comunidades que carecían de un modelo de financiación adecuado.
Esto ha sido idéntico para tres comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero en el caso de Castilla-La Mancha y Extremadura, con
ocasión de la firma el año pasado del modelo de financiación actualmente vigente, se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes sobre el mecanismo para liquidar el quinquenio anterior. Por lo tanto, con dos comunidades autónomas se ha
llegado a un acuerdo perfectamente satisfactorio para ambas partes, que ha llevado a una retirada total de todos los contenciosos
jurídicos planteados. No ha ocurrido así en el caso de Andalucía, porque el gobierno de su Comunidad Autónoma se negó a aceptar la solución que se había ofrecido a Castilla-La Mancha y a Extremadura y que éstos consideraron satisfactoria.
Así las cosas, en este momento no tenemos ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como es sobradamente conocido, y tenemos una primera sentencia no firme de la Audiencia Nacional en relación con la primera liquidación de los cinco años.
En esta sentencia no firme, la Audiencia Nacional nos dice que debemos liquidarle a la Comunidad Autónoma de Andalucía con arreglo al modelo vigente en el quinquenio anterior, 1991-1996; es decir, que lo que nos dice la Audiencia Nacional que
hagamos no coincide ni remotamente con las pretensiones planteadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el Tribunal Constitucional. Así las cosas, el Gobierno ha ofrecido públicamente a la Junta de Andalucía intentar una vez más llegar a un
acuerdo, como sucesivamente ha sido posible hacerlo con todas las comunidades autónomas. Ese acuerdo tiene que descansar necesariamente, desde nuestro punto de vista, sobre una idea: tiene que ser global; es decir, que, si alcanzamos un acuerdo,
debe llevar aparejada la retirada de todos los contenciosos abiertos. Si no es así y llegado este momento, es más razonable esperar a tener pronunciamientos judiciales firmes de la jurisdicción Contencioso-Administrativa y un pronunciamiento final
del Tribunal Constitucional sobre el fondo del asunto. Siendo claros, nuestro planteamiento es: o llegamos a un acuerdo global y se retiran todos los conflictos, como hemos hecho con todas las comunidades autónomas con las que manteníamos alguna
diferencia en el modelo de financiación, o es más razonable para todos esperar a la sentencia.
Sobre ese planteamiento, como es no diré que público, pero sí más o menos público, venimos manteniendo contactos permanentes, sobre todo en los dos últimos meses, con el Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar de acercar posiciones
para la liquidación definitiva del modelo de financiación. En este momento, no puedo decir que haya avances significativos, pero sí hay buena voluntad por ambas partes y ánimo de llegar a un acuerdo. Lo único que puedo hacer en esta Comisión es
expresar mis mejores deseos de que seamos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a una solución consensuada. Insisto en que, si no es posible, la solución que entendemos más razonable es la de esperar a que ganen firmeza las resoluciones
judiciales y resolver conforme a lo que establezcan los tribunales. De todos modos, ya digo que los contactos permanecen; hoy mismo he hablado con la Junta de Andalucía para mantener reuniones en el futuro sobre este mismo asunto.
El tercer tema que planteaba el señor Rejón se ha reiterado en muchas intervenciones: financiación de haciendas locales, nuevo modelo y si es o no normal que los presupuestos del año que viene contengan una previsión, o si el proceso de
negociación está siguiendo las pautas habituales. Voy a aprovechar, por tanto, el pie que me da para hacer una presentación un poco más global. Empiezo por lo que decía también el señor Rodríguez Bolaños. Hace un año decíamos que había dos temas
importantes en relación con el mundo de las corporaciones locales: el modelo de financiación y la descentralización -luego me referiré a esta última-. Decía el señor Rodríguez Bolaños, con razón, que no se habían cumplido los plazos previstos.
¿Qué pasos hemos dado? Como recordaba el señor Rodríguez Bolaños, en el mes de julio de año pasado se constituyó formalmente el grupo de trabajo técnico dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, al cual, de común acuerdo,
sometimos a una serie muy amplia de cuestiones sobre las que le pedíamos un pronunciamiento y, sobre todo, distintas alternativas de solución dado que se entendía que ese no era el foro de negociación sino un paso previo de desbroce del proceso de
negociación. Algunas de las cuestiones que se plantearon a la comisión técnica eran de enorme complejidad, como se vio luego en el informe final, y dicha comisión terminó sus trabajos más tarde de lo que inicialmente estaba previsto; en concreto,
como también es públicamente conocido, la comisión técnica entregó sus trabajos en el mes de julio de este año. Era un magnífico análisis del estado de las haciendas locales en España en este momento -y creo que hay unanimidad en esta valoración- y
de las dificultades que presenta el modelo en general y algunas figuras tributarias en particular, y se daban también, como se había pedido, soluciones alternativas a algunos de los problemas más evidentes. A partir del mes de julio, el Gobierno
empezó a trabajar en la transformación de ese conjunto de ideas en un proyecto que presenta dos o tres dificultades: la primera es la puramente técnico-jurídica, es decir, la transformación de propuestas teóricas en normas jurídicas; la segunda es
de coherencia, puesto que se trata de armar un modelo que sea coherente en su contenido; y la tercera es, obviamente, de naturaleza presupuestaria: medir los impactos que todas esas medidas tienen sobre la Hacienda del Estado o sobre las haciendas
de las corporaciones locales, y ver de qué manera se consiguen los objetivos perseguidos en materia de financiación. Ese es el trabajo que se ha hecho entre el mes de julio y estos días del mes de octubre, un plazo relativamente corto, y es lo que
ha permitido que ayer entregáramos formalmente a la Federación Española de Municipios y Provincias un texto articulado que contiene toda la reforma en su conjunto. Es cierto que, si bien no se ha producido esta fase final de negociación entre la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno en su formato más importante, que es lo que estamos haciendo ahora, también lo es que durante todos estos meses se han mantenido contactos intensos y buena parte del texto que se
presentó ayer a la FEMP recoge -como sus representantes han reconocido- el estado de la cuestión, el punto al que se había llegado en el debate y la solución ofrecida. Son temas sobre cuya mayoría no hay grandes discrepancias, y se pueden
considerar naturalmente consensuados.
Ahora bien, efectivamente queda cuestiones por resolver, y por eso hemos planteado la mecánica de negociación que cabía; y con esto enlazo con el presupuesto. Una parte significativa del coste de la reforma -sobre todo de la desaparición
parcial del IAE- será asumida por los Presupuestos Generales del Estado. Como es sabido, los Presupuestos Generales del Estado no sólo no aumentan, sino que disminuye lo que los ciudadanos van a pagar a las arcas públicas. Además de que los
ciudadanos van a pagar menos impuestos el año que viene para financiar los Presupuestos Generales del Estado, una parte de esos presupuestos será destinada a compensar a los ayuntamientos por la desaparición del IAE. ¿Cómo se consigue eso
respetando la Ley de estabilidad, como nosotros hacemos, lógicamente? Pues a través del único mecanismo que nos permitía hacerlo, al que hace referencia la memoria que acompaña a la ley de presupuestos -el libro amarillo-. Lo que se ha hecho es
introducir, dentro de los créditos ampliables, una previsión específica dentro de los créditos destinados a la financiación local que permite la ampliación del crédito para compensar -me parece que dice literalmente el texto articulado- a las
corporaciones locales por las consecuencias de la modificación del modelo de financiación local.
La cuantificación de esa compensación tiene, lógicamente, un límite absoluto, que es el que viene determinado por la Ley de estabilidad, es decir, por la restricción máxima de gasto que existe a partir de la aprobación de la ley, que ahora
se llama fondo de contingencia -el colchón que tiene el presupuesto para atender ese tipo de obligaciones-.
La determinación de la cuantía exacta de ese fondo y la forma de su articulación es uno de los temas principales que ayer se ofreció
negociar formalmente a la Federación de Municipios y Provincias. ¿Por qué hay que negociarlo? Porque, compartiendo la idea de que no deben ser las corporaciones locales las que vean mermados sus ingresos como consecuencia de la desaparición del
IAE, la compensación tiene que hacerse con arreglo a algunos criterios equitativos y razonables, y apunto a continuación alguna de las líneas que habrá que plantear en esa negociación. No es razonable, desde mi punto de vista, que se compense a
determinados ayuntamientos que en el último año de vigencia del IAE lo han subido escandalosamente -y utilizo la palabra deliberadamente- pensando que les va a ser compensado. No parece razonable que se compense a los ayuntamientos que han
utilizado esa estrategia. De igual manera, puede que no sea razonable, de acuerdo con las modificaciones que se han realizado en todas las figuras tributarias -puesto que todas son modificadas por esta nueva ley-, que aquellos ayuntamientos que se
vean beneficiados por una serie de reformas que atienden a algunas de sus demandas se vean compensados de igual manera que otros. En definitiva, hay que encontrar alguna fórmula de compensación que satisfaga a todos y ese es uno de los temas
centrales -insisto- abierto a la negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias. Se preguntaba usted qué se le ha planteado a la federación en cuanto a la mecánica de negociación. Efectivamente el jueves próximo se reúne la
Comisión nacional de administración local, donde se dará formalmente conocimiento del texto del borrador a la Federación Española de Municipios y Provincias o a sus representantes en la CENAL para que inicien su trabajo con los órganos directivos
competentes. Probablemente el Consejo de Ministros conocerá el proyecto de ley este viernes y en su caso lo aprobará y lo remitirá a las Cortes, y se ha ofrecido a la Federación Española de Municipios y Provincias la posibilidad de negociar durante
el trámite de enmiendas, la tramitación parlamentaria, las modificaciones que sobre ese modelo general puedan introducirse. Insisto en la idea de que se puede hacer así porque no existe debate sobre el modelo general, no existe debate sobre el
conjunto de las reformas, que en muchos casos tratan de mejoras técnicas, de perfeccionamiento o de abrir posibilidades de modulación de la imposición en los ayuntamientos. Existe debate sobre tres, cuatro, cinco temas muy concretos, que son los
que se van a someter a negociación en las próximas semanas.
Aunque sigo con el mismo tema paso a la intervención del portavoz de Convergència i Unió, don Jordi Jané. Cuál es el sentido de la reforma en relación con el IAE y la preocupación que manifiesta específicamente en relación con los pequeños
y medianos municipios. El sentido de la reforma es el que se ha anunciado reiteradamente desde el Gobierno en los últimos tiempos. Lo que se propone en el documento que está ya sobre la mesa es la desaparición completa del IAE para todos los
contribuyentes personas físicas y la desaparición del IAE para todos aquellos contribuyentes personas jurídicas que tengan un volumen de facturación inferior a un millón de euros. Con eso se pretende eliminar buena parte de los problemas, de los
desincentivos que estaba creando un impuesto singularmente injusto y desmotivador de la actividad económica como era el IAE en su actual configuración, y sobre todo se está pretendiendo rebajar la carga impositiva que soportan los sectores más
dinámicos de nuestra sociedad, como son las pequeñas y medianas empresas, los profesionales, los autónomos. En concreto desaparecerá el IAE para más de 2.100.000 contribuyentes, que representan el 92 por 100 de los actuales declarantes del IRPF y
del impuesto sobre sociedades. Se eximirá durante el primer año de actividad del pago del impuesto a todos los contribuyentes; se bonificará en un 50 por 100 en los
cinco primeros años a aquellos contribuyentes que queden todavía sujetos al impuesto; se establecerán bonificaciones específicas por la creación de empleo; se suprimirá el número de empleados como criterio para la exacción del impuesto,
porque se entendía que era el elemento más penalizador; se toman medidas concretas de apoyo a la familia y a la inserción laboral de la mujer, en concreto se determina la exención parcial en el IAE de las superficies dedicadas por parte de las
empresas a guarderías y servicios sociales que permitan facilitar la inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Esas son básicamente, sin extenderme en muchos detalles, las líneas básicas de la reforma del IAE. La idea es efectivamente
compensar a los ayuntamientos por la pérdida recaudatoria y asumir ese coste con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; por tanto la reforma tendrá coste presupuestario, que está previsto y contemplado dentro de los escenarios.
Siguiendo el orden, para no dejarme nada, aunque suponga un pequeño salto, paso a lo que me preguntaba el portavoz de Convergència i Unió sobre cómo avanza el tema de la carta de Barcelona. Estamos trabajando en el Senado a partir de una
resolución que fue votada por unanimidad en la Cámara Alta y hemos insertado los trabajos, que estaban muy avanzados en relación con la carta de Barcelona, con la reflexión más amplia sobre la ley de grandes ciudades. Hace más o menos 10 días
comparecieron todos los portavoces de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Barcelona en la Comisión de Haciendas Locales del Senado para explicar sus demandas y seguimos trabajando en la misma línea. En cuanto a la parte de
la pregunta que atendía a la financiación de esa ley de grandes ciudades en general y específicamente a la carta de Barcelona nuestro planteamiento es muy claro: toda la financiación de todas las ciudades va a quedar resuelta a través del nuevo
modelo de financiación local. Las modificaciones legislativas que se puedan introducir posteriormente para atender las demandas genéricas de las grandes ciudades y las específicas de Barcelona en la carta de Barcelona se referirán a cuestiones que
no lleven aparejada financiación adicional. Hay que destacar que en el nuevo modelo que estamos proponiendo de financiación de Haciendas Locales se introducen algunas modificaciones, sobre todo en el mecanismo de participación en los ingresos del
Estado, y tienen algo que ver con algunas de las demandas planteadas por las grandes ciudades en general y específicamente por Barcelona en la carta. Me refiero a que se atiende la solicitud de que las ciudades de mayor tamaño modifiquen su actual
sistema de participación por un sistema más similar al de las comunidades autónomas de participación individualizada en todas las figuras tributarias igual que las comunidades autónomas, y unos criterios de evolución temporal idénticos a los de las
comunidades autónomas. El proyecto que se entregó ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias dice que todas las ciudades con más de 100.000 habitantes pasen a financiarse en gran medida; también el porcentaje que se ha ofrecido a
negociación a la Federación Española de Municipios, aunque en el proyecto ya hay fijados porcentajes concretos, que son conocidos. Como digo, se ha ofrecido a la negociación y todas las ciudades con más de 100.000 habitantes verán evolucionar una
parte significativa de sus ingresos según cómo evolucionen las principales figuras tributarias que componen el sistema de ingresos del Estado. El resto, lo que llamamos el fondo de suficiencia en las comunidades autónomas, que recibe un nombre
distinto en las corporaciones locales pero cuya idea es fundamentalmente igual y es lo que sustituiría al mecanismo actual de participación en ingresos del Estado, evolucionará de acuerdo con el mismo criterio de devolución de las comunidades
autónomas. El sistema es mucho más similar al de las comunidades autónomas, pero insisto en que las grandes ciudades, la carta de Barcelona, no van a contemplar financiación adicional. Todo lo que sean recursos adicionales tiene que ser debatido,
discutido y en su caso integrado en el modelo de financiación general, porque entendemos que al final no cabe hacer un trato diferenciado más allá de lo que sea el grado razonable de diferenciación que el conjunto de los municipios españoles
acepten.
Hablaba el señor Rodríguez Bolaños de congelación presupuestaria. Este es un debate que prácticamente se repite todos los años y yo un año más le tengo que dar la misma respuesta. No sólo no hay congelación presupuestaria sino que hay
incremento de la financiación de las corporaciones locales con cargo a los presupuestos en términos reales, y después de lo que le he explicado en relación con la reforma del modelo de financiación local entenderá además que en la liquidación esa
parte de participación en los ingresos de las corporaciones locales será muy superior. En conjunto los ingresos de las corporaciones locales crecen por encima del 6 por 100 en el presupuesto, por tanto en términos reales crecen un año más y crecen
un año más significativamente por encima de lo que lo hacen los propios ingresos y gastos de los Presupuestos Generales del Estado. La evolución del gasto local no refleja ningún tipo de olvido ni ningún tipo de desmerecimiento. Al revés, año a
año se presta una atención presupuestaria más intensa a las corporaciones locales; incluso más que la que se presta al propio presupuesto del Estado.
Tiene razón en su afirmación, que yo repito constantemente, de que las corporaciones locales administran en España un porcentaje sensiblemente inferior al que administran en otros países de la Unión Europea, incluso inferior a la media de
todos ellos. Sin embargo discrepo de una afirmación que ha deslizado en su intervención. Aunque no corresponda al compareciente interrogar a los portavoces, si se me permite y aunque sea retóricamente habría que saber cuáles son esas
competencias que en este momento puede transferir o delegar el Estado a las corporaciones locales sin pasar por las comunidades autónomas; yo lo dudo porque en este momento apenas existen competencias pendientes de delegación o de
transferencia a las comunidades autónomas en nuestro modelo. Pero si existiesen materias, el mecanismo lógico a seguir sería el que hemos seguido hasta ahora: transferir esas competencias a las comunidades autónomas para que estas, en el ejercicio
de su autonomía, las distribuyesen, las delegasen o las transfiriesen a las corporaciones locales de acuerdo con las opciones políticas que manifestasen sus parlamentos autonómicos y sus gobiernos. Esta es precisamente la filosofía en la que
descansa el planteamiento que desde el Gobierno y desde el Partido Popular estamos reiteradamente haciendo en torno a la segunda descentralización, en relación con la cual el señor Rodríguez Bolaños ha manifestado en su intervención que avanza poco.
Si la otra cosa que avanzaba poco era la nueva Ley reguladora de las Haciendas Locales, la cual, aunque luego haré algún comentario más, ya se ve que avanza significativamente, en relación con la segunda descentralización yo diría que, más que
avanzar poco, avanza de manera diferenciada. En algunas comunidades autónomas está avanzando ese proceso de descentralización con medidas muy importantes y a muy buen ritmo y en otras comunidades autónomas no está siendo así. Es palmario que las
comunidades autónomas que se están mostrando más comprometidas con ese proceso de descentralización son aquellas que en este momento están gobernadas por el Partido Popular. Simplemente a modo de enumeración, porque a mí tampoco me corresponde en
este momento hacer la defensa de esos parlamentos o de esas mayorías autonómicas, diré que en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Comunidad Autónoma de Galicia y
en la Comunidad Autónoma de Valencia, en todas ellas hay en este momento en tramitación proyectos de ley para llevar a cabo este proceso de descentralización o están ya aprobados o están a punto de cerrarse las negociaciones con las federaciones de
municipios y provincias y en todas ellas se están creando dotaciones financieras adicionales muy significativas de apoyo al mundo de las corporaciones locales. Pasa en Madrid, pasa en Galicia, donde se ha incrementado muy significativamente el
Fondo de Cooperación Local, y pasa en Castilla y León, donde se están negociando incrementos significativos de las cuantías. Ese es un proceso que, con arreglo a la opción mayoritaria de cada uno de los departamentos autonómicos, está siguiendo
lógicamente una distinta dinámica. Desde luego nuestro compromiso es con ese proceso y desde el Gobierno estamos haciendo lo posible para que eso salga adelante, pero insisto en que son las mayorías de cada uno de los parlamentos autonómicos las
que tienen que tomar las decisiones en ese campo.
El señor Rodríguez Bolaños ha hecho referencia al tema andaluz, al que ya he respondido, y también se ha referido al calendario de la Ley reguladora de las haciendas locales y al efecto sobre los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo he
adelantado y simplemente voy a dar un dato más, que creo que es importante. La reforma plantea una modificación integral del modelo de financiación local y lo hace además con ánimo de estabilidad, igual que se ha hecho con las comunidades
autónomas. Se trata de fijar un modelo de financiación permanente y en principio indefinido para las corporaciones locales, que lógicamente será perfectible, susceptible de mejora en ejercicios futuros, pero que nace sin fecha de vigencia,
rompiendo por lo tanto la tendencia de modelos quinquenales en materia financiera que hasta ahora habíamos mantenido.
Ocurre sin embargo, como es sabido, que el modelo de financiación local actualmente vigente vence el 31 de diciembre del año 2003
y por lo tanto el borrador que se ha entregado a la Federación Española de Municipios y Provincias ayer tiene dos momentos de entrada en vigor distintos: la parte tributaria, lo que es toda la reforma del sistema impositivo, está previsto que entre
en vigor ya, en el ejercicio 2003, todas las modificaciones, no sólo la del IAE, sino todos los ajustes, variaciones, mejoras y correcciones, y el modelo financiero, el que determinará el modelo de participación de las corporaciones locales en
ingresos del Estado entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2004. Sin embargo, se ha querido tramitar todo conjuntamente y ofrecer todo de forma conjunta con la negociación para que las cámaras lo conozcan porque entendemos que el modelo, al
igual que el de las comunidades autónomas, tiene que ser un modelo integral, que atienda tanto la parte financiera como la parte estrictamente tributaria de la financiación de las haciendas locales.
Conectado con esto, ¿qué efectos tendrá sobre los
presupuestos del 2003? Efectivamente tendrá ya efectos sobre los presupuestos de las corporaciones locales en el 2003. De hecho, uno de los temas de los que estamos hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias y al que en el
borrador se le ofrece una solución, se refiere a tener de alguna manera un período intermedio en el año 2003, sobre todo para permitir la aprobación de las ordenanzas fiscales en el primer trimestre del año próximo. La idea sería tener en vigor en
enero la nueva ley y abrir un período de modificación o de actualización de las ordenanzas locales inmediatamente para su correcta aplicación ya en el próximo ejercicio.
Voy a aprovechar los temas que planteaba el portavoz del Grupo Popular, Rafael Merino, para hacer dos apuntes más sobre el conjunto del modelo de financiación de las haciendas locales y sobre el presupuesto de la Secretaría de Estado. En
primer lugar, el modelo de financiación de las haciendas locales garantiza la suficiencia
financiera a las corporaciones locales y, en segundo lugar, incrementa muy notablemente la capacidad de los ayuntamientos para establecer políticas tributarias propias y abre muchas capacidades de modulación para subir o para bonificar y
reducir los impuestos en sus respectivos territorios de acuerdo con sus propias opciones de política tributaria. El sistema es un sistema indefinido de financiación más ajustado a la evolución real de nuestra economía, beneficiándose por tanto
mejor en el futuro de la evolución de la economía española, y más similar, completamente análogo, al previsto para la financiación de las comunidades autónomas, con lo cual conseguiremos algo tan importante en esta legislatura como haber configurado
con carácter indefinido la totalidad del mecanismo de financiación territorial español en todos sus niveles. Se racionaliza el impuesto sobre bienes inmuebles, abriendo la posibilidad a un trato diferenciado de los inmuebles destinados a vivienda
de aquellos que son destinados a actividades industriales o comerciales y autorizando la introducción de tipos de penalización para viviendas desocupadas con carácter permanente. Al IAE ya me he referido, por lo que no voy a volver sobre él. En el
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se ajustan algunos coeficientes, se permite también una mejor modulación por parte de las corporaciones locales en función de las distintas categorías de vehículos y se da la posibilidad de introducir
nuevas bonificaciones por parte de los ayuntamientos, tanto por razones sociales, en el caso de los vehículos utilizados por minusválidos, como por razones medioambientales, en el caso de que se quieran introducir bonificaciones para vehículos que
utilicen carburantes menos contaminantes. En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se soluciona un problema técnico considerado muy grave por las corporaciones locales. Se trata de una determinada jurisprudencia que estimaba que
había una doble imposición entre el sistema de licencias actual y el sistema de impuestos. Esto se soluciona en el nuevo proyecto de ley de acuerdo con algunas de las sugerencias que ofrecía el informe de los expertos. Se permite una mayor
modulación al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se actualiza la tasa de ocupación de dominio público local, solucionando un problema que el señor Rodríguez Bolaños seguramente conoce, que había surgido a
partir del proceso de liberalización de la telefonía, para que pueda ser aplicada la tasa del 1,5 por 100 a todos aquellos que utilizan el dominio público local, y se modifica en el sentido que antes apuntaba el sistema de participación de ingresos
en el Estado, acercándolo más al modelo de financiación de las comunidades autónomas.
Por último, ya he hecho alguna referencia, pero en líneas generales el presupuesto de la Secretaría de Estado tiene dos características. A ambas me referiré muy escuetamente. Una es un reajuste de partidas, que probablemente todos ustedes
habrán apreciado y que ahora explicará el subsecretario del departamento, como consecuencia de la centralización de determinados créditos en la Subsecretaría para ganar mejoras en la gestión. Por otro lado, se ven; si uno toma aisladamente los
presupuestos de la Secretaría de Estado, se advertirán mermas, sobre todo en el capítulo primero y segundo, que se deben a una reorganización de nuestros créditos presupuestarios. Y por otra parte se incorpora en el conjunto de los créditos
destinados a la financiación de las corporaciones locales un significativo incremento, con evoluciones distintas en función de muchas variables, algunas de las cuales han sido apuntadas por el señor Rodríguez Bolaños, como los convenios de
financiación de infraestructuras ferroviarias o los convenios de financiación de transporte, una serie de partidas que en general tienen un despliegue, un desarrollo muy satisfactorio, determinando en conjunto una clara mejora de la financiación de
las corporaciones locales un año más a través de los Presupuestos Generales del Estado. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir, señor Jané? Tendrá que ser sólo un minuto.
El señor JANÉ I GUASCH: Sólo un minuto. Quiero agradecer al señor Elorriaga la información que nos ha facilitado sobre la modificación del IAE y pedirle únicamente unas precisiones. ¿Se va a compensar con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado la diferencia entre lo que ingresaban los ayuntamientos o corporaciones por el IAE y lo que dejarán de ingresar este año? ¿Cómo se contabiliza esa diferencia? ¿Esa diferencia va a tener un carácter evolutivo a lo largo de los
años y no estático? ¿De qué forma van a recibir los ayuntamientos esa compensación?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Elorriaga Pisarik): Efectivamente la fórmula es esa, se compensa aisladamente la desaparición parcial del IAE con independencia de otros factores. Está abierto a la
negociación cómo se hace exactamente. Una de las preocupaciones que trataba de transmitir en la intervención inicial era la de no consolidar determinados abusos con este mecanismo. Desde mi punto de vista, quizás lo más importante de su pregunta
es que esa financiación adicional quedará consolidada en ejercicios futuros en la participación en ingresos del Estado. El mecanismo de compensación de esa diferencia entre lo que cada uno de los ayuntamientos venía recaudando por IAE y lo que
recaude ahora con el IAE reformado se determinará este año de una forma transitoria a través de este crédito ampliable, pero a partir de ejercicios futuros el borrador del proyecto de ley prevé que se incorpore a la participación en ingresos del
Estado y
evolucione con arreglo a la evolución general del modelo. Esa es la fórmula que se ha ofrecido a la federación para la negociación.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del señor secretario de Estado y, dado lo avanzado de la hora, pasamos directamente a la comparecencia del señor subsecretario.
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Díaz Guerra) A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/001282) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001324.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reemprendemos la Comisión con la comparecencia del señor Díaz Guerra, subsecretario de Administraciones Públicas. La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario Popular. Vamos a dar la palabra en primer lugar al Grupo Parlamentario Socialista y luego al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para que cierre como siempre el Grupo Parlamentario Popular.
Supongo que no hace falta que insista en que, después del tiempo que llevamos, sería de agradecer el esfuerzo de todos los portavoces de la Comisión que van a intervenir para concentrar las preguntas al subsecretario en el mínimo tiempo
posible, en todo caso, en menos de diez minutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María José López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, dado lo avanzado de la hora, voy a intentar ser lo más breve posible. Además, con las explicaciones de los dos secretarios de Estado hemos podido aclarar algunas materias que también son objeto de
la gestión de la Subsecretaría y adivinar las intenciones de los números.
En primer lugar, quiero darle la bienvenida a esta Comisión. Siento que su primera comparecencia sea para los presupuestos. Ya tendremos posibilidad de ahondar en otros problemas y en otras cuestiones en comparecencias posteriores, porque
esta es una comparecencia a veces un poco encorsetada, ya que en ella tenemos que hablar necesariamente de presupuestos, de números, de preguntas y de aclaraciones sobre este tema.
Nuestra reflexión inicial es que los presupuestos exigen la existencia de una planificación en orden a conseguir toda una serie de objetivos.
Lógicamente, esos objetivos vienen marcados y las cuantías asignadas a esos programas responden a
esos criterios políticos. También quiero recordar al señor subsecretario que hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de los programas y objetivos de los presupuestos en la comparecencia del señor ministro, que ya nos aclaró cuáles iban a ser
las políticas que iba a seguir el ministerio. Lógicamente son políticas de continuidad, puesto que, a pesar de que ha habido un cambio de ministro, el Gobierno es el mismo. Por tanto, imaginábamos, tal como nos manifestó el ministro, que a
excepción de algunas prioridades que él podía marcar, los criterios eran aproximadamente los mismos que veníamos debatiendo en el tercer presupuesto de este segundo Gobierno.
Le adelanto que en nuestra opinión hay algunas materias en las que se viene arrastrando un déficit en la inversión y que la situación que veníamos viendo en los dos presupuestos anteriores continúa empeorando en este tercer presupuesto de
2003. Sólo a título de ejemplo le diré que sigue preocupándonos la situación de las oficinas de extranjería -imagino que el señor subsecretario nos dará alguna información más a fondo de la situación de esta oficinas-, la formación continua, la
movilidad, la prevención de riesgos laborales, la reducción de la temporalidad, la conciliación de la vida laboral de los funcionarios y la promoción interna. También sigue preocupándonos la mejora del portal del ciudadano -ahora profundizaré más
en este tema-, a pesar de lo que nos ha contado ya el secretario de Estado. El ministro ya nos adelantó que esta era una preocupación y que la modificación del portal se había hecho precisamente para mejorarlo. Adelanto al señor subsecretario que
lo que hay que hacer es un portal decente. El año pasado decía a la subsecretaria que, más que el venga usted mañana, parecía el conectémonos mañana, porque no había manera de entrar a la página. En fin, toda una serie de cuestiones técnicas que
trataremos de esclarecer y de superar, lo mismo que ocurre con la ventanilla única empresarial y con algún elemento más.
Nos gustaría obtener alguna respuesta sobre unos datos que nos parecen relevantes y de los que, a pesar de que podemos intuir su explicación, no conocemos el fondo; al menos, a través de la memoria y de los datos numéricos que aparecen en
el presupuesto no es viable esa explicación. Si mis números no están mal hechos, es verdad que el presupuesto del ministerio se eleva este año en un 3,9 por 100 y el capítulo I del ministerio se eleva un poquito por encima del 3,4. Quiero poner de
manifiesto la problemática de las retribuciones de los funcionarios, que les sigue preocupando profundamente. Ya sabemos que esto es objeto de la mesa de negociación, pero de momento el Gobierno sólo ha previsto la subida del 2 por 100 de las
retribuciones de los empleados públicos, a pesar de conocer la protesta que este grupo parlamentario viene manifestando en estas comparecencias, sobre que los funcionarios siguen perdiendo poder adquisitivo con esta subida del 2 por 100 de sus
salarios. Respecto al capítulo II, que sube este año un 7 por 100, debo seguir haciendo dos reflexiones al señor subsecretario. Me perdonará que en esta primera
vez que nos conocemos y que tenemos la oportunidad de poder dialogar sea muy sincera con usted y le diga que no me creo el control del gasto de este Gobierno. Este es el tercer presupuesto que tengo la posibilidad de analizar. Después de
haber repasado las comparecencias de los distintos responsables de este ministerio, tanto del señor Rajoy, del señor Acebes, del señor Posada, como de los distintos subsecretarios y secretarios de Estado que han pasado por él, a pesar de ello y a
pesar de decir que hay un control exhaustivo del gasto, sigo diciéndole al señor subsecretario que no es cierto. Sigue siendo histórico que en estos tres presupuestos existen partidas de las que no hay manera de conocer qué es lo que se hace con
ese gasto porque no se controla en absoluto. Hay una cosa peor, señor subsecretario: que además no controlamos quién da esas prestaciones de determinados servicios, que se deben estar prestando de una forma muy adecuada a la Administración,
derivándolas a terceras personas o a terceras empresas, cuyas prestaciones de servicios no controlamos, despilfarrando porque el servicio que prestan además de ser de mala de calidad es caro. Posteriormente le comentaré al señor subsecretario temas
muy puntuales.
En el capítulo II sí nos gustaría que nos pudiera aclarar el señor subsecretario qué ocurre con el concepto del programa 121.A, en la partida 226.02, donde aparece publicidad y propaganda y si hay alguna explicación de que su subida este año
sea un 481 por 100 sobre el presupuesto anterior. ¿Por qué las comunicaciones telefónicas ascienden a un 61 por 100 por encima del presupuesto anterior cuando supuestamente la implantación de la LOFAGE era un elemento básico para controlar el
gasto? Nos gustaría que el señor subsecretario nos contestara a todas estas cuestiones. ¿Por qué suben las comunicaciones postales un 266,3 por 100 con respecto al presupuesto anterior? ¿Por qué suben las comunicaciones informáticas un 241,2 por
100 sobre el presupuesto anterior?
¿Por qué los gastos financieros en el capítulo 3 se elevan un 67,7 por 100 con respecto al presupuesto anterior? Debo también comunicarle al señor subsecretario que la única explicación que encuentro (a no ser que el subsecretario me diga
lo contrario) es que haya posibilidad de que los jurados de expropiación realicen una actividad mucho más intensa que su actividad normal, habiéndose hecho una presupuestación bastante más alta.
Es la única explicación que podría tener. Sería
mucho más adecuado poder tener un conocimiento del presupuesto del año 2003 si tuviésemos la posibilidad de conocer cómo ha ido la ejecución presupuestaria hasta ahora del año 2002. La última referencia que tenemos es de hace bastantes meses, con
lo cual lógicamente no tenemos esa información actualizada.
Espero que yo tenga más suerte con el señor subsecretario que con su antecesora y pueda conocer algunos datos con alguna anticipación al objeto de poder dar cuenta de un mejor control
presupuestario y además posteriormente conocer cual es la situación del presupuesto del año siguiente.
Con respecto al capítulo 6 sí me gustaría que el señor subsecretario me hiciera llegar todos los proyectos de inversión que vaya a tener el ministerio para poder hacer un seguimiento a lo largo del ejercicio presupuestario futuro y poder
tener un conocimiento mejor y más detallado de cual es la inversión y como se está realizando. Es verdad que he solicitado en presupuestos anteriores la posibilidad de conocer las inversiones de forma territorializada. Lógicamente tanto las
comunidades autónomas como las propias circunscripciones a las que representamos gustaría conocer con un poco más de profundidad y detalle algunas inversiones. Supongo que no sería tan difícil poder tenerlas territorializadas.
Desearía conocer, si es posible, por qué otra vez la adquisición de bienes de carácter inmaterial sube un 89,99 por 100; en el artículo 64 del programa 121.B; por qué las inversiones del programa 121.A, artículos 62 y 63, suben un 177 por
100. Nos gustaría conocer qué es lo que está pasando con las contrataciones privadas. Nos choca un poco cuando entramos en las dependencias del ministerio entender la convivencia -por llamarlo de alguna manera- de la protección de la Guardia Civil
con respecto a la seguridad y la existencia de seguridad privada dentro del mismo control. Nos gustaría saber qué está pasando con esa contratación.
No es la primera vez que pregunto por las contrataciones privadas.
Tengo una entente cordial con el ministerio; lo llevo reiterando a lo largo de todo el año con mis preguntas, con mis intervenciones y con la solicitud de la comparecencia, respecto a la situación de la informática en el Ministerio de las
Administraciones Públicas. No es la primera vez que lo expongo. Me gustaría conocer qué es lo que sigue pasando con la informática. Este grupo parlamentario sigue pensando que se siguen desaprovechando las TIC. Supongo que la modificación que se
ha hecho ahora en la secretaría tiene la intención de hacer ese tipo de correcciones, ya lo he comentado como decía en otras ocasiones.
Quisiera finalizar la intervención señor subsecretario diciendo que tengo muchas más dudas sobre el presupuesto que las que he puesto sobre la mesa aunque quizá sean las más importantes. Quiero repetirle que siento tener que manifestar de
nuevo, siendo esta su primera comparecencia, que esto es más de lo mismo. Sigo viendo que los mismos problemas que había siguen sin solucionarse, por no decir que el 99,99 por 100 de ellos. Sigo echando de menos, ya lo he puesto de manifiesto en
alguna ocasión, la planificación sobre la reducción de arrendamientos que hemos solicitado en alguna ocasión y no se nos ha hecho llegar.
Quisiera saber qué es lo que ha pasado con el plan que había entre Patrimonio y este ministerio para rentabilizar los inmuebles. He tenido conocimiento por las
preguntas parlamentarias a las que he hecho referencia que se prevén una venta de 40 inmuebles. No sé si eso se refiere a la gestión de Patrimonio, resultante de los extinguidos patrimonios de la casa de funcionarios civiles y no sé cuál es
la finalidad. También sé por lo que he deducido en el presupuesto que hay una adquisición de 35 coches, cuando se contratan servicios centrales para la prestación de ese servicio. Supongo que el señor subsecretario podrá contestarme a esto. En
materia de cuentas, sobre algunas medidas graves para paliar las deficiencias reflejadas en la Intervención delegada, me gustaría saber qué piensa el ministerio hacer con eso. En lo referido a contratación he pedido en infinidad de veces los
detalles de los expedientes, sobre todo en materia de extranjería donde sé que la contratación informática y la aplicación ha sido adquirida a una tercera empresa. Qué ocurre con la sanidad exterior, con la accesibilidad de los edificios y las
oficinas de información y registro. En definitiva, aunque parte de todo esto ha sido contestado por el secretario de Estado, quisiera información sobre la política de recursos humanos. Sobre todo, echo en falta tres asuntos, aparte de la formación
a la que ya hemos hecho referencia con el secretario de Estado: qué vamos a hacer y en qué cuantía piensa destinarse para el Plan 2003 sobre la acción social; qué vamos a hacer con aquellas viviendas que son oficiales y cuya deducción o
contribución no aparece como bienes en especie en las declaraciones sobre la renta, tanto en las retenciones como en las posteriores declaraciones; y qué pasa con la prevención de riesgos laborales que ni en el año 2002 ni el 2003 se contempla la
realización de algún plan.
En definitiva, quisiera que me respondiera sobre todas estas cuestiones.
Me imagino que el señor subsecretario no podrá conocer la totalidad de ellas en estos momentos, pero podrá hacerme llegar la respuesta a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), agradecemos al subsecretario don Marino Díaz Guerra su comparecencia.
Hay un aspecto del presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas que mi grupo parlamentario quisiera conocer con detalle, y es la razón de las cifras finales que se materializan relativas a lo que es ya un incremento de las
dotaciones destinadas a las delegaciones y a las subdelegaciones del Gobierno, al igual que las direcciones insulares; en definitiva, crece la Administración periférica del Estado.
Con la frialdad de las cifras mi grupo parlamentario cree que crecen las dotaciones de la Administración periférica por encima de lo que crece el presupuesto global del MAP, y no sabemos la razón, porque va en línea opuesta a lo que venía
defendiendo mi grupo parlamentario desde la pasada legislatura, así como en las anteriores. En la pasada legislatura se aprobó la LOFAGE, una ley cuyo objetivo era ir reduciendo la Administración periférica del Estado. De ahí que nos sorprenda (a
mi grupo parlamentario le causa una cierta inquietud) ese aumento de las partidas de la Administración periférica del Estado. En este aspecto mi grupo quiere conocer cuál ha sido la motivación del Gobierno que provoca este aumento.
También queremos saber desde su óptica de subsecretario en qué medida van a suprimirse dotaciones de la Administración periférica del Estado en el sentido político que la propia LOFAGE quería imprimir, cuando se aprobó en la pasada
legislatura. Se avanzaba hacia una supresión de organismos, evitando duplicidades, hacia el camino de la Administración única; en definitiva, se avanzaba hacia una reducción de la Administración periférica del Estado. De ahí que nos sorprenda en
el proyecto del presupuesto del año 2003 el aumento de la Administración periférica del Estado.
Nada más. Sólo quiero desearle éxitos en sus nuevas responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Comenzaré con las últimas palabras del portavoz de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dando la bienvenida al subsecretario a esta Comisión y deseándole éxitos en su gestión al frente de este
departamento.
Quería hacer muy breve la intervención porque están bastante explicados en la tarde de hoy por los dos secretarios de Estado cuáles son las dos grandes líneas del presupuesto del ministerio. Haré hincapié en los aspectos que me parecen muy
importantes y a los que han hecho referencia los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra.
El presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas recoge en sus partidas temas muy importantes que se han debatido ampliamente en el seno de esta Comisión a lo largo del año anterior, como las oficinas de extranjería, la demanda
permanente que se realizaba por parte de grupos parlamentarios de mayores dotaciones a las mismas, la creación de un mayor número de ellas dentro del territorio nacional, así como la necesidad de dotarlas de personal y de medios informáticos.
Estamos muy satisfechos de que el presupuesto recoja ese incremento del 5,4 por 100 de la Administración periférica, porque puede ser una de las medidas que se ponen al servicio del Ministerio de Administraciones Públicas para hacer frente a esas
mayores necesidades. Queremos conocer más ampliamente cuál es ese reflejo. El crecimiento general del presupuesto en un 5,3
por 100 es una noticia importante, sobre todo porque, reitero, da cabida a una serie de demandas importantes.
Al igual que lo que acabo de decir sobre las oficinas de extranjería, también se demandaba una mayor dotación en las partidas de las nuevas tecnologías, su incorporación dentro del funcionamiento de la Administración. Reiteradamente hemos
aprobado aquí una serie de propuestas donde se incidía especialmente en la necesidad de incrementar los medios informáticos, de modernizar y poner al día el portal de los empleados públicos o el portal del ciudadano, el mantenimiento de la Intranet
administrativa, así como la necesidad de que la formación tenga un reflejo importante que pueda evitar en el futuro tener que recurrir a contrataciones externas. Por otra parte, nosotros las hemos defendido porque son mucho más operativas, y en
determinados momentos la Administración no es capaz de tener el mismo ritmo de adaptación y modernización de las aplicaciones informáticas con sus propios técnicos.
Nuestro grupo parlamentario en líneas generales cree que este presupuesto va a dar amplia satisfacción a esas necesidades que se vieron en la ejecución presupuestaria del año anterior. Existe la necesidad de que la Administración periférica
ejerza sus competencias en temas como la extranjería o la salud pública y haya una coordinación de la política del Estado con las comunidades autónomas. Asimismo, que la Administración general del Estado, dentro de una política de Gobierno, dote de
mayores competencias y medios a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, no debe suponer motivo de preocupación para las comunidades autónomas, en aras de ese mayor coordinación y funcionamiento de los servicios. Ese reflejo en el
incremento de las partidas del presupuesto es importante y es una buena noticia. De esta manera, se podrá gestionar mejor, desde la Administración general del Estado, los recursos materiales y personales y prestar una mejor calidad de servicios a
los ciudadanos que, en definitiva, es la misión del ministerio y para eso están destinadas las partidas que el presupuesto refleja.
Esperamos que nos matice si esas dotaciones corresponden a un mayor deseo de coordinación y de dotación de medios a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno. Le reiteramos nuestros deseos de éxito en su gestión y en la aplicación de
este proyecto de presupuestos, una vez se apruebe en estas Cortes Generales y entre en vigor.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para responder el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Díaz Guerra): En primer lugar, deseo agradecer a sus señorías las palabras de bienvenida a esta Comisión, aunque ya es la séptima vez, si mal lo recuerdo, que vengo a esta Cámara a
presentar presupuestos, anteriormente a la Comisión de Política Social y de Empleo y por primera vez a esta Comisión de Administraciones Públicas.
Voy a intentar ser escueto respondiendo a la mayoría de las aclaraciones que me han sido solicitadas y. Concretamente, empezaré por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sobre algunas de las modificaciones presupuestarias que se
han venido introduciendo en este presupuesto respecto al del pasado ejercicio. En primer lugar, quisiera dejar claro que el crecimiento del presupuesto este año sí es de todo el departamento, incluyendo los dos organismos, el INAP y la MUFACE. El
crecimiento global es del 5,3 y sin INAP y sin MUFACE es del 3,9 por 100.
Evidentemente ha habido, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, una serie de modificaciones, especialmente en el capítulo 2, que también han afectado al
capítulo 6. Las modificaciones fundamentales que ha habido, que normalmente son incrementos y subidas, algunos porcentajes muy elevados, obedecen a que se ha hecho una especie de reestructuración del presupuesto. Así, el programa 121.A, que es el
que refleja los servicios comunes del Ministerio, ha refundido partidas que estaban dispersas en algunos de los otros programas, de tal manera que todos aquellos conceptos presupuestarios que responden a servicios comunes, de acuerdo con lo que
normalmente gestiona la subsecretaría, han quedado centralizados en el programa 121.A. Ese es el objetivo de las subidas, que podrá comprobarlo de manera fehaciente observando las bajadas que en esos mismos conceptos presupuestarios se han
producido en otros programas, especialmente, podrá verlo en el 121.B, que es el que se ha visto más afectado por esas modificaciones presupuestarias. No entro en el detalle, porque la razón de todos los incrementos a los que usted ha hecho
referencia obedecía precisamente a esa causa.
También ha mencionado el incremento operado en el capítulo 3. Usted mismo ha dado la respuesta. Efectivamente, dicho incremento obedece fundamentalmente a los expedientes relacionados con los jurados de expropiación forzosa y, lógicamente,
a la demora y a los intereses que constan en esos mismos expedientes. Esa es la razón por la cual en este ejercicio presupuestario 2003, a la vista del número de expedientes, se ha incrementado la partida correspondiente.
Otro tema que también ha solicitado es el relativo al programa de inversiones. En cuanto al mismo, le enviaré lo más pronto posible la documentación necesaria. Evidentemente, no se trata de un departamento fundamentalmente inversor, por lo
tanto, los proyectos de inversiones son normalmente de obras y construcciones, de inversiones en material informático, relacionados fundamentalmente con toda la Administración periférica del Estado, aunque algo en servicios centrales, y sobre todo
en el programa 121.B, como sabe S.S., en todo lo relacionado con la Intranet administrativa y con los portales, tanto el portal del ciudadano como el nuevo portal de empleados públicos, al que hizo referencia
en su comparecencia el ministro recientemente. Lógicamente, ahí es donde se encuentran principalmente la mayoría de las inversiones en materia informática. También se encuentra una parte muy sustancial de las inversiones informáticas en
oficinas de extranjería, que no podemos dar por concluidas. A lo largo del ejercicio 2002 y especialmente en el ejercicio 2003 se van a completar las recién creadas oficinas de extranjería que, como sabe S.S., en estos momentos ascienden a 36, tras
la creación de las últimas 23; 22 por una orden ministerial y hace unos días la oficina de extranjería correspondiente a Coruña. En consecuencia, se va a comenzar lo que podríamos llamar las mejoras de inversiones en estas oficinas de extranjería,
especialmente en material informático, a lo largo del ejercicio del presupuesto de 2002 y algo del año 2003.
También ha hablado de la situación de la informática en el departamento.
No sé exactamente a qué hacía referencia, pero supongo que fundamentalmente sería a la reestructuración que se ha operado últimamente en el departamento, en el que se
han creado dos unidades para reforzar los servicios centrales y poder atender mejor la gestión de la Administración periférica del Estado, que afecta concretamente a dos áreas: de un lado, a la gestión patrimonial y, de otro, a las tecnologías de
la información. En consecuencia, esas dos nuevas subdirecciones generales son las que van a acometer de manera más o menos autónoma, y no mezcladas como lo estaban anteriormente con otras unidades, la gestión en esas dos áreas respecto a la
Administración periférica del Estado.
Después haré referencia a la propuesta que me ha solicitado el Grupo de Convergència i Unió sobre la Administración periférica del Estado en sentido genérico.
Otro de los temas a que ha hecho referencia es el que podríamos llamar el arrendamiento de inmuebles, la optimización de recursos inmobiliarios.
Mencionaba algunas comparecencias de ejercicios pasados respecto a lo que podríamos llamar la
coordinación del departamento con la Dirección General del Patrimonio. Como sabe S.S. hay una junta coordinadora para optimizar el patrimonio inmobiliario del Estado que está presidida por el vicepresidente económico segundo y que gestiona
prácticamente la Dirección General del Patrimonio del Estado, de la que forman parte prácticamente todos los departamentos de la Administración, y especialmente el Ministerio de Administraciones Públicas. Pues bien, en esa junta coordinadora es
donde se están estableciendo los planes de optimización de los inmuebles, de tal manera que todo lo que sea posible ahorrar en arrendamientos lo vamos haciendo poco a poco, en la medida que existen inmuebles que quedan desocupados y cuya
optimización y gestión coordinada está siendo acometida por esta junta coordinadora. Esa es la razón por la cual alguno de esos arrendamientos no ha sufrido este año prácticamente incremento alguno, en comparación con el ejercicio anterior, que sí
sufrió algún tipo de incremento.
Ha hecho referencia usted a los temas de acción social. En este departamento, como en muchos otros, estos temas pertenecen a unas partidas que normalmente se gestionan consensuadamente con los representantes sindicales del departamento. Si
quiere algún detalle más, no hay inconveniente en que le hagamos llegar las instrucciones correspondientes a acción social.
Al principio ha hecho una referencia genérica a lo que podríamos llamar déficit en las aplicaciones informáticas de la oficina de extranjería. A partir de abril de este año estas aplicaciones se han consolidado con una aplicación integrada,
de tal manera que en estos momentos sólo se están pendiente de firmar unos convenios con la Administración tributaria, con la Administración de la Seguridad Social y con la de justicia, para que todas las actuaciones que se vienen realizando en el
campo de las oficinas de extranjería puedan desarrollarse en esa aplicación informática integrada sin tener que solicitar a los propios interesados documentos que normalmente posee la Administración, tanto en el área tributaria, de la Seguridad
Social, como en la de justicia. En consecuencia, podríamos decir que parece ser que la gestión de esa nueva aplicación informática integrada está siendo bastante eficaz. Por lo tanto, podríamos dar por concluidos alguno de los obstáculos que
existían anteriormente en materia de aplicación informática en relación con las oficinas de extranjería una vez firmados esos convenios.
Por último, hay una pregunta que ha realizado el representante de Convergència i Unió igual a otra sobre los incrementos que se han operado fundamentalmente en el programa 121.E, referido sobre todo a la Administración periférica del Estado.
Hay dos razones fundamentales. Una de ellas es la que he señalado anteriormente: el programa 121.A y el 121.E han centralizado una serie de partidas que normalmente se desarrollan por los servicios comunes del departamento. Podríamos decir que el
programa 121.A y el 121.E concentran lo que llamaríamos la gestión de los servicios comunes del departamento. Incluso ambos podrían llegar a imbricarse en un solo programa, y gráficamente se vería mejor la concentración en todas aquellas partidas
que han desaparecido, bien del área de la organización territorial del Estado como del área de la Secretaría de Estado de la Administración Pública. En consecuencia, ahí se ha producido un incremento. Por otra parte, ha habido un incremento
específico referido al programa 121.E para mejorar los recursos materiales e informáticos de la Administración periférica del Estado.
Evidentemente, dentro de este ámbito esto no supone que haya habido presupuestariamente una ampliación y un
crecimiento de las competencias.
Las competencias son las que son y, en última instancia, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen las competencias que le vienen asignadas por el propio
artículo 154 de la Constitución, cuyo desarrollo se encuentra en la LOFAGE. En consecuencia, no existe modificación de las competencias desde ningún punto de vista, porque incluso la única modificación operada en la LOFAGE, como sabe S.S.,
es concretamente para posibilitar que en las comunidades autónomas uniprovinciales pueda existir -que ahora no existe- un subdelegado de Gobierno. Esa es la única modificación operada en la LOFAGE. Como verá no existe ningún incremento; el único
incremento presupuestario que existe es para mejorar precisamente los recursos informáticos y materiales, fundamentalmente de obras y servicios, en esa Administración periférica del Estado. Por lo tanto, no ha habido ninguna alteración de las
competencias; en consecuencia, no hay ninguna tendencia ni planteamiento distinto del que viene existiendo normalmente.
Hay preguntas concretas que me ha realizado que no me será posible facilitarle respuesta ahora mismo, como las relacionadas con el patronato de viviendas. Efectivamente, hay una serie de enajenaciones que responden a ella, pero le
notificaré posteriormente por escrito en qué han consistido esas enajenaciones, que se vienen realizando fundamentalmente por la empresa Segipsa, que como sabe es la que utiliza la Dirección General del Patrimonio del Estado para realizar esas
enajenaciones.
También estamos acometiendo en estos momentos lo que podríamos llamar la prevención de riesgos laborales en toda la Administración periférica del Estado. Espero que a lo largo del próximo ejercicio le demos un impulso que sea lo más
eficaz posible para que los servicios de prevención de riesgos laborales, concretamente la Administración periférica del Estado sean una realidad tangible, y se desarrolle también, como sabe perfectamente, desde que se aprobó por el Gobierno, el
decreto de desarrollo que hacía referencia a la Administración general del Estado en materia de prevención de riesgos laborales, que todavía no se había desarrollado en la Ley de prevención de riesgos laborales del año 1995.
Creo que con esto he dado respuesta a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Agradezco al señor subsecretario su presencia. Con su intervención, se termina el orden del día de la Comisión y, por tanto, se levanta la sesión, para satisfacción de las últimas taquígrafas.
(Risas.)
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.