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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 537, de 26/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 537
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 55
celebrada el miércoles, 26 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación del informe elaborado por la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. (Número de expediente 154/000012.) ... (Página 17190)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, Energía y PYMES, para explicar el acuerdo adoptado por el Consejo Europeo de Energía el día 7 de junio de 2002 en relación al nuevo reglamento de la minería del carbón que permite que
las ayudas lleguen al año 2010. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001115.) ... (Página 17203)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. (Número de expediente 154/000012.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es el debate y votación al informe elaborado por la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas.
Para la presentación del informe tiene la palabra el diputado señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, en este informe se puede destacar que ha sido confeccionado desde el diálogo; proviene del diálogo parlamentario de las leyes de 1997 y 1998 sobre planificación, de un largo diálogo entre
el Gobierno, las comunidades autónomas, las empresas, los consumidores, los diversos reguladores, etcétera. El Grupo Parlamentario Popular, queriendo profundizar en esta idea de diálogo, solicitó que se creara una subcomisión parlamentaria especial
en el Congreso dentro de esta Comisión y que el Gobierno enviara a dicha subcomisión un documento para que en ella se tratara parte del problema de la planificación, profundizando en el diálogo como técnica de trabajo para la resolución de los
problemas. A esta subcomisión han acudido alrededor de 40 comparecientes, han asistido prácticamente los principales reguladores del sistema, las principales empresas, tanto de la electricidad como del gas, los principales grupos consumidores,
representantes de los ecologistas, etcétera. Desde el diálogo -y a veces el diálogo implica la discusión-, cada uno de los principales grupos parlamentarios ha presentado sus propuestas a la subcomisión y ésta, por mayoría, ha hecho suyo un
determinado informe, que es el que como coordinador presento ante sus señorías. Hay que destacar, en primer lugar, lo que se considera que no debe entrar en este informe de la subcomisión, puesto que se denomina subcomisión de seguimiento de las
infraestructuras energéticas, no es una subcomisión que abarque toda la planificación energética de las leyes de 1997 y 1998. Respecto al tema de las energías renovables, se considera que existe un plan de fomento de la energía renovable, y
reconociendo con total sinceridad la desigual evolución de las diversas energías renovables, consideramos que deberían estudiarse tomando como base dicho plan. Ya se introdujo desde el diálogo el informe de la subcomisión, pero también estamos
dispuestos en esta Comisión a seguir dialogando y a introducir textos en el dictamen elaborado por la misma con el fin de reforzar la parte realizada con las energías renovables mediante una serie de medidas concretas.
Segundo punto, la eficiencia energética. Tanto en el documento que envío el Gobierno a la subcomisión como en el documento de la subcomisión se contienen diversas medidas de eficiencia, sobre todo desde la oferta más que desde la demanda,
aunque alguna también desde la demanda, por ejemplo, la comparación entre el ferrocarril y otros modos de transporte y su eficiencia energética respectiva. Pero como la columna vertebral de este trabajo ha sido el diálogo, desde el diálogo estamos
dispuestos a reforzar el informe de la subcomisión en esta Comisión incorporando en el apartado de eficiencia energética otras ideas que expondré en el turno de fijación de posición de mi grupo.
La garantía de potencia es un tema más de regulación que de planificación, pero sin duda consideramos que en la planificación debe plantearse lo fundamental, y así lo recoge el informe de la subcomisión. La cantidad de potencia debe ser
previsible y tiene que existir una expectativa de que se va a mantener en el tiempo, porque es la forma de que haya una oferta potencial mayor que la que se utiliza normalmente en el sistema energético.
En cuanto a las tarifas, no tendría sentido que una subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas fijase las tarifas, pero sí tiene lógica que esa subcomisión diga que el sistema de fijación de las tarifas tiene que ayudar
en la planificación y como tal solicite una metodología objetiva, estable, transparente y previsible de las tarifas.
En ese sentido, recuerdo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y unas enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, que por razones de procedimiento no pudieron ser votadas, que recogían ideas muy parecidas a la idea del texto del informe de la subcomisión sobre la metodología en la fijación de tarifas, pues aunque las tarifas hayan podido bajar en
términos reales un 40 por ciento desde el año 1996 -en términos nominales, un 17 por ciento-, en años anteriores a 1996 la subida había sido del 40 por ciento. En cuanto a la calidad -que tiene que ver con el tema vulgarmente llamado de los
apagones-, recordemos la mejora del TIEPI -que es la forma de medir la calidad del suministro- en los últimos años, a pesar del repunte en el año 2001.
Otro punto es el fomento de los nuevos entrantes en generación y en comercialización para incrementar tanto la oferta existente como la competencia en ese sector, que se delinea en el informe de la subcomisión, aunque debe ser tratado con
más intensidad en la planificación.
Pero si estos son los temas frontera en los que, dado el título de la subcomisión, hemos considerado que se debía entrar, no son los temas nucleares de la misma, aunque estamos dispuestos a fortalecerlos desde el diálogo en el informe de
esta Comisión. Ahora quisiera centrarme en algunas de las recomendaciones que se recogen en el informe de la subcomisión. Son muchas, pero por razones de tiempo voy a centrarme sólo en las más importantes.
En primer lugar, destacaría el análisis de la demanda. En el borrador enviado por el Gobierno hay un análisis bien hecho sobre la extrapolación de la demanda en los primeros años y hasta el año 2002. En el informe de la subcomisión hemos
planteado que ese análisis de la demanda sea revisable dentro de un determinado plazo y que se hagan análisis de sensibilidad. Muchos de los que están en esta Comisión están acostumbrados a la utilización de técnicas econométricas o matemáticas
aplicadas a estos planes y saben la importancia del análisis de sensibilidad al respecto. También estamos dispuestos a fortalecer este punto a través del diálogo en esta Comisión, para que las previsiones de demanda sean más ajustadas a la
realidad. Recordemos los fracasos de otros planes de energía en sus previsiones de demanda, entre otras cosas, por faltarles precisamente estos elementos.
En el informe de la subcomisión, y dentro de la planificación indicativa -que al fin y al cabo deciden las empresas-, se va más lejos en la ubicación del marco indicativo que prevé, por ejemplo, los elementos de valoración sobre la ubicación
de centrales energéticas. Como estamos en planificación indicativa, no vinculante, la última decisión la tienen las empresas, pero habrá un marco indicativo que prevea la valoración de las distintas indicaciones, lo cual requiere un trabajo muy
especial.
En tercer lugar, damos importancia especial a las conexiones internacionales. Ahí vamos mucho más lejos de lo que va el documento que envió el Gobierno a esta subcomisión, entre otras razones, porque entre medias se ha producido la cumbre
de Barcelona, que ha permitido el objetivo mucho más ambicioso de llegar al 10 por ciento de interconexión en el año 2005. Estamos dispuestos a reforzar más este punto, porque el informe de la subcomisión considera fundamentales las
interconexiones, tanto desde el punto de vista de que haya más posibilidades y variedades de oferta, como de que haya mayor y más auténtica competencia en el sistema energético nacional.
Como cuarta recomendación a destacar recordaría que la Comisión Nacional de la Energía, en la página 369 de su informe marco, dice que el plan de infraestructuras está bien hecho pero que hay un problema, que en el invierno de 2003 hará
falta tener un especial cuidado con las infraestructuras de gas, con los nuevos gasoductos Huelva-Córdoba, Córdoba-Madrid, con los nuevos elementos de comprensión en Sevilla y Córdoba, con la ampliación de la planta de Huelva, etcétera, que no voy a
detallar. Lo que pedimos, de acuerdo con el informe marco de la Comisión Nacional de la Energía, es que se preste especial atención a que esto se cumpla, para que no se produzca un estrangulamiento.
La quinta recomendación del informe que voy a recoger es aquella que dice que hace falta que entre las comunidades autónomas haya mucha más interconexión, de forma que se produzca un sistema integrado, y al mismo tiempo, que dentro de la
planificación definitiva se introduzca el fenómeno del desarrollo del AVE, que no está en el documento que envía el Gobierno y, como tal, las necesidades energéticas del plan nacional de desarrollo del AVE.
Como sexta recomendación, el informe que presenta la subcomisión plantea que en el gas natural haya una proporción entre la utilización del GN y del GNL, es decir del gas natural y del gas natural licuado, de forma que en ninguno de ellos
pueda ser menor del 30 por ciento. Esto tiene dos efectos: uno, sobre el incremento de las ofertas potenciales, que pueden ser mucho más diversas, lo cual disminuye el riesgo de que esté concentrada la oferta de donde proviene el gas, y otro,
sobre la mayor competencia, precisamente al utilizarse ambas fuentes en algo que va a ser tan importante como el aprovisionamiento de gas.
En la séptima de las indicaciones del informe se hace referencia a una serie de peticiones que han presentado las comunidades autónomas y los agentes del sector de las que habría que hacer una valoración económica, dado que todas ellas
podrían implicar una carga excesiva del sistema. En ese caso, podría haber otros sistemas de valoración, como subvenciones de capital, de intereses, de diversas fuentes. Habría que hacer un análisis económico y estudiar otras posibilidades de
financiación para que no haya una carga excesiva en el sistema.
Como último punto de las recomendaciones destacaría que uno de los grandes problemas con los que se enfrenta nuestro país en el seguimiento de las estructuras energéticas es el de los tiempos para las autorizaciones. Eso se complica ahora
al tener facultades al respecto los ámbitos locales, los ámbitos autonómicos y el ámbito nacional y al existir el problema del gas y el problema de las infraestructuras eléctricas. Por esa razón pedimos un sistema de agilización que pueda llegar
incluso a fórmulas de ventanilla única, y nos extendemos mucho en ese punto que consideramos básico, aunque aquí lo recojo de esta manera tan simple.
Quiero acabar destacando que la columna vertebral del informe de esta subcomisión ha sido el diálogo, como lo va a seguir siendo en esta misma Comisión. Permitidme acabar esta presentación como coordinador del informe de la subcomisión
diciendo que ese informe está escrito desde el mejor Borges. Borges y Ferrari, en el prólogo de su libro Diálogos, recuerdan que en la antigua Grecia se produjo el mayor acontecimiento de la historia universal. Entonces, los anatemas y las
tiranías abrumaban el mundo. Algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de dialogar. Pues esta singular costumbre de dialogar ha sido la columna del informe que presenta la subcomisión a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación y defensa de los votos particulares, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, además de defender los votos particulares que mantiene mi grupo, vamos a fijar nuestra posición respecto al informe, y es por ahí por donde va a comenzar esta diputada.
Señorías, en la presentación del informe se ha hecho mucho hincapié en el diálogo, en el diálogo entre las partes, en el diálogo entre el Gobierno, los agentes implicados, las empresas eléctricas y los consumidores. Se ha dicho también que
este informe que se presenta hoy a la consideración de la Comisión de Economía y Hacienda es fruto del diálogo, diálogo que concluirá con la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular aceptando -suponemos, por lo que ya conocemos- algunas
de las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pero, señorías, si nosotros tenemos que hablar de diálogo, como grupo parlamentario tenemos que decir que el diálogo sólo existe para algunos pero no
para el común de los mortales, con independencia de nuestras posiciones políticas o nuestras discrepancias, entre otras cosas porque el final de la subcomisión fue: Este es el informe que vamos a votar; aceptaremos alguna de las recomendaciones
que pueda plantear el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con el que vamos a negociar, y el resto ahí se queda. No se han tenido ni en cuenta con el argumento de que no entran dentro del marco que el Gobierno se plantea como
planificación indicativa. Si mi grupo parlamentario no tenía excesivas esperanzas, por decir ninguna, de que esta subcomisión, que también queda claro que es de seguimiento de las infraestructuras energéticas, fuera a servir para que realmente
pudiéramos hablar de una planificación energética útil a la sociedad y para toda la sociedad, ha venido a darnos la razón el transcurso y el final de la subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas. Es verdad que se titula así la
subcomisión, pero hemos estado analizando una planificación energética que también nos ha quedado claro que es indicativa. Ya lo sabíamos, pero se ha insistido tenazmente en ello por si en algún momento se nos ocurría pensar que se podía ir más
allá de la planificación energética indicativa.
Una planificación energética indicativa, tal y como se plantea, dejando que las empresas eléctricas sean las que al final determinen cuáles son sus intereses, que por supuesto serán legítimos y los que más beneficios económicos les puedan
producir, en muchas ocasiones no va a estar de acuerdo con los intereses generales, que es lo que tenemos que defender desde este Congreso y que es lo que se supone que tienen que defender también el Gobierno de la nación y el grupo que lo sustenta
en esta Cámara. Decir que en esta subcomisión no podemos o no deberíamos entrar en la regulación porque estamos hablando de planificación indicativa, como tampoco tendríamos que hablar mucho de calidad porque estamos hablando de planificación
indicativa, es ver la planificación, aunque sea indicativa, con una estrechez de miras bastante importante y bastante preocupante, bajo nuestro punto de vista, desde el Gobierno y desde el grupo que lo sustenta en esta Cámara. Hablar de
planificación es hablar de todo, es hablar de regulación, es hablar de tarifas, es hablar de inversiones, es hablar de calidad en la prestación del servicio y, aunque ustedes no se lo crean, también es hablar de cómo se va a hacer la planificación
energética, teniendo en cuenta problemas medioambientales que se presentan a la hora de hacer esa planificación y de plantear cómo se va a generar y a consumir la energía eléctrica en nuestro país.
Tenemos que empezar por hablar de las recomendaciones, pero no voy a hacer referencia a todas, sólo a algunas que son las que me parece que marcan un hilo conductor erróneo. En la recomendación número 1, cuando se dice de que es una
planificación, se hace un análisis del que se derivan unas razonables previsiones de crecimiento de la demanda. Señorías, nosotros tenemos que decir que cuando mi grupo parlamentario defiende la necesidad de hacer planes de gestión de la demanda y
cuando hace el planteamiento de la necesidad de hablar de planes de ahorro y eficiencia energética, como hace uno de los votos particulares que mantenemos: redactar un plan de ahorro y eficiencia energética, no lo hacemos simplemente por llevarle
la contraria al Gobierno. Señorías, estamos hablando de una situación en la que si no somos capaces de controlar y gestionar la demanda prestando el mismo servicio y dando la misma calidad de servicio, redactando y aplicando un plan de ahorro y
eficiencia energética, el crecimiento de la demanda puede ser infinito; pero no se puede mantener en el futuro la creación y el abastecimiento de esa demanda sin ningún tipo de control, porque no lo resisten las inversiones de las empresas y no lo
resiste el entorno que también tenemos que proteger, pero más adelante hablaremos de ese tema. Por eso, empezamos por no estar de acuerdo con uno de los vectores, el de abastecer sin ningún tipo de control la demanda que se pueda ir produciendo. Y
en nuestro país, señorías, se va a seguir produciendo un exceso de demanda porque no hay ningún tipo de planificación de su gestión, ni tan siquiera se van a plantear los planes de ahorro y eficiencia energética como puntos fundamentales de la
planificación, aunque sea meramente indicativa. Se sigue haciendo una valoración satisfactoria de las previsiones del plan, de las previsiones de cobertura, y se hace mención a que se va a favorecer la eficiencia global de los sistemas eléctrico y
gasista. Pero para ello hace falta realmente tener esa voluntad concreta y eso se demuestra haciendo planes y llevándolos a la práctica.
También nos preocupa mucho cuando ustedes hablan de las instalaciones del transporte urgente y en el informe de la Comisión Nacional de la Energía al
que hacía referencia el coordinador de la subcomisión. Señorías, en el suministro de gas, y no sólo en el suministro sino en su almacenamiento, no se cumplen las previsiones que se tienen y que se tendrían que cumplir por ley, desde hace un
par de años en nuestro país; en estos momentos y con las instalaciones que hay ahora no se puede abastecer la demanda no sólo en hora punta sino también en una hora normal o sin exceso de consumo. Todas las previsiones que hay en la planificación
energética están dirigidas fundamentalmente a la construcción de centrales de ciclo combinado, cuando todavía nuestras infraestructuras están bajo mínimos, cuando ni tan siquiera generan posibilidades de garantizar el abastecimiento en estos
momentos. En la subcomisión se hace simplemente una mención a que hay que hacer un seguimiento de un problema que puede ser bastante importante y no hace hincapié en que se deben cumplir los planes de una manera mucho más contundente, e incluso
adelantarlos, porque aquí hay una falta de previsión de las propias empresas energéticas, que son las que no han cumplido los plazos para poder establecer no sólo los gasoductos sino también los almacenamientos para garantizar el suministro de gas a
las instalaciones que hay en estos momentos y a las que se prevén en un futuro. Por eso, señorías, en el punto número 6, el documento habla de que se debe recoger como objetivo explícito de la planificación indicativa la utilización universal del
gas natural como sector energético emergente y que, además, se pueda poner a disposición de todas las comunidades autónomas. Decir que esto va a producir una mejora tecnológica nos parece que es correcto, pero hablar de eficiencia y ahorro de
energía nos parece que es ponerlo por decir que se ha puesto, pero no porque realmente el universalizar el gas vaya a producir una eficiencia y un ahorro de energía. Desde luego, lo que no va a producir es una mejora medioambiental y les voy a
explicar por qué, aunque ustedes no crean que sea necesario tener en cuenta uno de los votos particulares que presenta nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, cuando se plantea modificar los objetivos
tendenciales del plan para satisfacer el Protocolo de Kioto.
Señorías, las centrales de ciclo combinado son unas centrales más respetuosas con el entorno, más respetuosas con el medio ambiente, eso no lo vamos a negar, pero una mala planificación, aunque sea indicativa, como está sucediendo en estos
momentos, una planificación que no tenga en cuenta las necesidades de abastecimiento y las de diversificación de suministros puede llevar -y va a llevar si no tienen en cuenta determinados aspectos- a un aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, en concreto de CO2. Además, aunque en todo el país el aumento de estas emisiones no supere la media o lo que se tenga establecido, en determinadas zonas va a suponer grandes aumentos de emisiones de gases de efecto invernadero, en
concreto de CO2, porque las centrales de ciclo combinado que tienen planificadas las compañías eléctricas están en su mayor parte ubicadas en una determinada zona, en lo que es el arco mediterráneo, incluyendo una buena parte de Andalucía.
Yo, que de algunos de estos temas no tengo demasiada información, me preocupé en saber por qué se concentraba la construcción de las centrales de ciclo combinado en determinadas zonas y me explicaron por qué. Al estar a un nivel más bajo,
más próximo al nivel del mar, la eficiencia en la producción de energía eléctrica de las centrales de ciclo combinado es mayor y, por tanto, la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero que se va a producir en la zona de Andalucía y
en la zona del arco mediterráneo, donde se van a instalar la mayoría de estas centrales, va a ser cada vez superior, por lo que, aunque no afecte a todo el país, sí va a afectar de una manera muy directa a zonas que tienen unos ecosistemas en
precario y en donde un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero va a producir desastres bastante importantes o al menos efectos no deseados, o zonas con bastantes problemas medioambientales y sobre todo con bastantes problemas de
desertización.
Por tanto, no creemos que la mejora medioambiental tenga que venir sólo y exclusivamente por ahí. Tendría que venir teniendo en cuenta en la planificación energética las necesidades de satisfacción del Protocolo de Kioto.
Hablan ustedes además de diversificación de los suministros. En el apartado anterior nos decía que no era posible si no se acometían las infraestructuras que se tenían que haber acometido ya para garantizar el suministro de gas, tanto por
la necesidad de construcción de nuevos gasoductos como por la necesidad de almacenamiento para garantizar el suministro. La diversificación de los suministros, señorías, no se consigue solamente con las centrales de ciclo combinado; se consigue
con una diversificación que nos haga ser menos dependientes de la materia prima que no tenemos en nuestro país, potenciando mucho más la energía eólica. También se puede hacer desde la planificación indicativa una indicación a las empresas para que
se hagan inversiones en investigación y desarrollo y se empiecen a potenciar otro tipo de energías renovables que puedan diversificar y que no nos hagan tan dependientes como lo somos en estos momentos de suministros de materia prima de países cuya
situación interna no es la más tranquilizadora ni la garantía de un suministro continuado.
El hilo conductor o el vector de este plan parte de parámetros equivocados que no van a conseguir que cubramos de una manera clara y rotunda determinados objetivos. Por eso, el resto de los votos particulares que presenta mi grupo -para
terminar, señor presidente- hablan de la necesidad de que se diseñen políticas de impuestos ambientales que reflejen las externalidades.
Cuando hablamos de que determinados tipos de producción de energía están produciendo daños al medio ambiente o están generando unos costos que se pagan directamente a través de la tarifa eléctrica, que tendrían que estar pagando en parte las
propias compañías electricas, estamos hablando de la necesidad de recursos para poder tener políticas medioambientales que palien esos efectos no deseados. Además, también planteamos en nuestro voto particular que, con independencia de que no
compartamos que ésta sea una planificación solamente indicativa, hay un exceso de solicitudes de centrales de gas y que se deberían definir los criterios objetivos para que se puedan autorizar las necesarias, con unos parámetros que son los que
estamos estableciendo desde el principio: parámetros de gestión de la demanda, parámetros de planes de ahorro y eficiencia energética y parámetros del aumento previsible, dentro de lo soportable medioambientalmente en nuestro país, del consumo
energético.
Compartimos la propuesta que hace la Comisión Nacional de la Energía de que se deben establecer parámetros que permitan que los promotores conozcan las inversiones que se tienen que hacer en gasoductos o en líneas de evacuación que
realmente se vayan a llevar adelante y que esto no vaya a producir, como ya produjo en un determinado momento, un endeudamiento insostenible de las empresas eléctricas que después nos lleve a una situación no deseada y a que el Estado tenga que
retomar la propiedad de algunas de estas empresas para sanearlas y seguir garantizando el suministro de energía eléctrica.
Hay algo que nos parece importante, y es el último de los votos particulares que voy a defender textualmente. Se ha producido en el último año (el año pasado, que fue un año con un régimen de lluvias mucho más regular en el que no se
padeció sequía y los embalses tenían un nivel de almacenamiento de agua importante) una sobreexplotación de los embalses por parte de las compañías eléctricas para producir energía con energía hidroeléctrica, entre otras cosas, porque les resulta
más económica que cualquier otro tipo de generación. Ahora se encuentran con que este año ha llovido menos, los embalses tienen menos agua que el año pasado y tienen problemas para poner en marcha las centrales hidroeléctricas, con lo cual están
poniendo en marcha centrales térmicas que todavía no han tenido la renovación en sus sistemas de combustión o las inversiones necesarias para que haya menos emisiones contaminantes y se están produciendo efectos no deseados, como mayores emisiones
de óxido de nitrógeno que superan los límites establecidos por el propio Gobierno a través de un real decreto.
Para terminar, se hace referencia en el informe de la subcomisión a las tarifas eléctricas y al marco regulador que pueda ser más estable y les pueda dar garantía. Esta Cámara no tiene por qué no tener en cuenta las necesidades de las
compañías eléctricas o de cualquier otro productor o sectores de empresas en nuestro país. Las compañías eléctricas tienen el marco regulador que ellas exigieron al Gobierno, las compañías eléctricas firmaron un protocolo en el año 1996 o en 1997
con el Gobierno que dio lugar a la Ley hoy en vigor del Sector Eléctrico. Las compañías eléctricas tienen ese marco regulador porque es el que negociaron y el que quisieron tener. Las compañías eléctricas siguen ganando dinero y mucho dinero, otra
cosa es que hagan malas inversiones en el extranjero y después tengan problemas, pero eso es política de empresa. No tenemos por qué venir aquí a volverlas a declarar pobres de solemnidad, como estaban hace unos cuantos años, porque no lo son.
Para nosotros la planificación, aunque sea indicativa, que no la compartimos, tiene que tener en cuenta los intereses generales y esta planificación no los tiene. Tiene en cuenta los intereses de las compañías y otros intereses que no son los de
mejora de la calidad del suministro, que no son los de mejora y abaratamiento en el consumo de la energía eléctrica para la ciudadanía en general, ya sean consumidores domésticos o grandes consumidores de energía. El mayor ahorro que se puede tener
en la factura de la electricidad es consumir lo necesario para consumir mejor y, por tanto, consumir menos con el mismo servicio y la misma calidad en el servicio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Tomo la palabra para justificar el voto particular del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y avanzar algunas líneas de acuerdo con el Grupo Popular que, en su caso, confirmará el coordinador de la
subcomisión y portavoz, el señor Gámir.
Estamos ante un sector, el sector energético, en el que se produce una combinación de elementos de planificación vinculante, de planificación indicativa, de regulación y de libertad. La planificación vinculante aparece más limitada en el
sector de la energía eléctrica, en la Ley 54/1997, pura y exclusivamente a las redes de transporte. Es mayor en el sector de los hidrocarburos, también en la Ley 34/1998, cuando configura como objeto de la planificación vinculante la red básica de
gasoductos, la capacidad de regasificación cuando se trata del gas natural licuado, las reservas estratégicas o finalmente la comercialización al por menor de estos hidrocarburos. Lo que no es planificación vinculante, sino planificación
indicativa, es la prospección que deben hacer las administraciones públicas para garantizar un correcto funcionamiento de este servicio esencial respecto de la generación, por tanto, capacidad de generación, la capacidad de demanda y ese correcto
funcionamiento del mercado. La regulación aborda muy diversos ámbitos, pero lo que está claro es que en la generación existe una libertad, la misma libertad que
existe también en la comercialización, incluso en la liberalización que se produce en el transporte en la medida que se garantiza el acceso de terceros tanto al transporte como a la distribución, ya que la propiedad de las líneas no supone
precisamente el uso exclusivo. Esto nos determina un sector ciertamente complicado y yo creo que debemos ser muy cuidadosos para definir exactamente cuál es el objeto de la planificación vinculante, qué es planificación indicativa y cuál es el
ámbito de la libertad de empresa.
El 6 de febrero de 2002 esta Comisión de Economía y Hacienda debatió la propuesta de creación de la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, cuyo objeto yo creo que estaba bastante claro en la proposición que
había presentado el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, hay que reconocer, y mi grupo así lo ha entendido, que del contexto del debate, que se produjo sucesivamente pero en la misma Comisión en relación con otra proposición no de ley, en este
caso del Grupo Parlamentario Socialista, surgió que el objeto de la subcomisión era algo más amplio que la pura evaluación de las infraestructuras energéticas, y sin llegar quizá a un planteamiento de realizar un análisis global del futuro
energético de España, sí se pretendía que nuestro trabajo tuviese en cuenta, junto a los elementos de planificación vinculante y otros elementos de planificación indicativa, niveles de calidad del servicio, compromisos de eficiencia energética -a
ello se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-, la promoción de las energías renovables, aspectos medioambientales, etcétera; aspectos a los que, por lo demás, es difícil que nos podamos sustraer. Realizar una
prospectiva de cuál puede ser la capacidad de generación del sistema está tremendamente vinculada al apoyo que se pretenda suministrar a las energías renovables o a las energías en régimen especial. Cuando se trata de abordar la demanda que sufrirá
el sistema en los próximos años, ciertamente las políticas de eficiencia energética también tendrán alguna influencia en la demanda y en la gestión de la demanda. Por tanto, sabiendo que el objeto nuclear de la subcomisión es precisamente el de las
infraestructuras energéticas, no es menos cierto que si también pretendemos abordar mínimamente la planificación indicativa del sector, eso nos obliga a entrar en otros aspectos a los que también hace referencia el propio informe del Grupo
Parlamentario Popular, como son el Plan de fomento de las energías renovables, la eficiencia energética, etcétera. Por tanto, el voto particular del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió excede de lo que pudiera ser un examen puro, duro,
limitado de las infraestructuras energéticas. (El señor vicepresidente, García Breva, ocupa la presidencia.)
Debemos señalar también nuestra satisfacción porque en la elaboración de la planificación por parte del Gobierno central se haya escuchado a las comunidades autónomas y en buena parte se hayan atendido los planteamientos de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, con un Gobierno de Convergència i Unió. En cualquier caso, este punto de vista más global de lo que pudiera ser una revisión de nuestro modelo, por parte de Convergència i Unió se entiende que
debe abordarse en la misma, por un lado, la incentivación de la inversión en generación eléctrica, tanto en el régimen ordinario como en el especial -y después haré alguna referencia más concreta al régimen especial-, la propia revisión del
tratamiento de la garantía de potencia, que es lo que nos permite, como su propio nombre indica, tener una capacidad de generación que determinaría pura y simplemente el precio de venta de la energía eléctrica, así como también el tratamiento
adecuado de las primas en el régimen especial.
El portavoz de la subcomisión ha hecho también referencia a la importancia que tiene en la revisión de nuestro modelo energético la creación del mercado único de la energía, el impulso que debe efectuarse desde España, así como el sistema de
interconexiones. Debe abordarse en esta planificación lo que fueron las conclusiones de la cumbre de Barcelona y, por tanto, la necesidad de aumentar la capacidad de interconexión energética hasta un 10 por ciento para el año 2005, teniendo en
cuenta, al menos desde la perspectiva de Convergència i Unió, que la base sobre la que hay que calcular este 10 por ciento de capacidad de interconexión no es pura y simplemente la capacidad de generación española, sino la del mercado ibérico en su
conjunto y, por tanto, la capacidad de generación de España y Portugal.
En la revisión de este modelo hay que tener en cuenta también las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la distribución, en el fomento de la eficiencia energética, de las energías renovables y de la propia calidad del
servicio, la fiscalidad de la energía -hay que recordar la reunión en Madrid del grupo de trabajo de alto nivel el pasado día 20 de junio sobre la fiscalidad de la energía- y finalmente, la planificación indicativa y no indicativa en materia de
hidrocarburos. Sobre esta base es sobre la que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en su voto particular o en su informe, pretende hacer las siguientes recomendaciones, algunas de las cuales entendemos que serán incluidas en el informe
final que apruebe esta subcomisión.
El documento de trabajo sobre planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista contempla unas previsiones de la demanda de energía eléctrica a nivel peninsular y por comunidades autónomas similar, quizá algo más
bajas, a las que se han contemplado por algunas comunidades autónomas. Sin embargo, sí que echábamos de menos una diversificación de los escenarios de generación y de demanda de energía eléctrica. Sobre esta base hemos solicitado la necesidad de
combinar una planificación a largo plazo, que es lo que nos permite sustraernos a planes de urgencia que se realizan en unas condiciones que no son las adecuadas
(por tanto, la necesidad de combinar esta planificación a largo plazo que nos sustraiga de incidencias puntuales de los planes de emergencia), con una revisión de carácter bianual de la planificación. Quizá esta revisión de carácter bianual
lo que nos permitiría es ir adaptando esta planificación a largo plazo a las circunstancias concretas de la generación y de la demanda, de las mejoras en el ámbito de la eficiencia energética, de la influencia que puede tener sobre el propio consumo
energético el precio de la energía, la introducción de las nuevas tecnologías, etcétera. De ahí que uno de los aspectos fundamentales es planificación a largo pero revisión a corto.
Por lo que hace referencia al análisis de la cobertura de la demanda de energía eléctrica, creemos necesario realizar no sólo las estimaciones de consumo ordinario, sino también muy fundamentalmente las de la demanda punta. En la demanda en
períodos punta, por más que se vaya equilibrando en verano y en invierno, lo cierto es que las previsiones son de mayor crecimiento respecto de la demanda ordinaria y, por tanto, es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta y además pone de
manifiesto la necesidad de efectuar una correcta política de gestión de la demanda. En ese sentido, aunque quizá después aludiré con mayor extensión a los aspectos de eficiencia energética, el Grupo Parlamentario Catalán plantea la necesidad de
comprometer al Gobierno en la elaboración de un plan de eficiencia energética, algo que también ha reclamado la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y que, en la medida en que pueda ser incorporado al informe que apruebe la
subcomisión, pone de manifiesto que existe un diálogo. Mi grupo reconoce la existencia de ese diálogo, pero también es cierto que para conseguir las modificaciones en los informes hay que trabajárselos un poco, no sólo hay que presentar los
papeles, sino que también hay que sentarse a hablar. Mi grupo se ha sentado a hablar con el Grupo Parlamentario Popular y entiende que se introducirá en el informe aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda en el día de hoy la necesidad de
elaboración de ese plan de eficiencia energética.
Por lo que hace referencia a las redes de transporte que se contemplan en la planificación, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora positivamente la inclusión de la interconexión, es más, desearía que constase específicamente en
el informe la conveniencia de efectuar las conexiones internacionales con Francia a través de la Comunidad Autónoma de Cataluña siguiendo fundamentalmente el trazado del ferrocarril de alta velocidad, así como también a través del Pirineo Central,
sin acudir a otros elementos de interconexión a través de Cataluña. Por tanto, sí a ese aumento de la interconexión con Francia; sí a que la misma se efectúe a través de Cataluña, pero muy fundamentalmente a través del Pirineo Central y no a
través de otras vías. En su día se había planteado la interconexión a través del puerto de Salou. Ese no es el planteamiento de la Generalitat, y nos felicitamos de que pueda ser también la conclusión del informe de la subcomisión.
De la misma manera, aunque eso hace referencia a la interconexión no en materia de energía eléctrica sino de transporte de hidrocarburos, también desearíamos que constase en el informe de la subcomisión que la conexión gasista con el mercado
de Centroeuropa se pueda efectuar a través de Cataluña.
Hablando de transporte, que tiene que ver con nuestro planteamiento en materia de energías renovables, desearíamos que en el informe de la subcomisión constase la necesidad de asegurar las infraestructuras de transporte necesarias para la
evacuación de la electricidad generada en régimen especial, fundamentalmente en los parques eólicos. Tenemos una capacidad importante de generación en los parques eólicos que después tiene a veces dificultad de acceso a las redes de transporte.
Por tanto, sin perjuicio de entrar en otros aspectos de fomento de las energías renovables, muy concretamente de infraestructuras, entendemos que es algo que debiera garantizarse y constar en el informe de la subcomisión.
Por lo que hace referencia a los aspectos de distribución de la energía eléctrica, el Grupo Parlamentario Catalán desearía que en la planificación se hiciese constar -se hace en parte- la estimación de las inversiones a realizar en la red de
distribución, con la finalidad de cumplir con los niveles de calidad mínimos legalmente establecidos, así como también para poder dar una satisfacción adecuada en calidad a los supuestos que se producirán, sin lugar a dudas, de crecimiento de la
demanda, así como también una evaluación del importe de la retribución de esta actividad de distribución, compatible con el perfil inversor estimado, así como el definitivo modelo de retribución. Al aspecto de calidad haré referencia un poco más
adelante.
Por lo que se refiere a la demanda de gas natural, podemos decir lo mismo que indicábamos respecto de la previsión de demanda de energía eléctrica, que los planteamientos de la Generalitat de Cataluña dan lugar a una evolución de la demanda
similar, algo superior en todo caso, al que se establece en el documento de planificación.
En cuanto a la infraestructura gasista, ya he puesto de manifiesto que debe insistirse en la necesidad de efectuar la conexión gasista con el mercado del centro de Europa a través de Cataluña. Del mismo modo, debería analizarse la
alimentación de un ciclo combinado adicional de 400 megavatios en Ribaroja, desde el gasoducto de Tivissa, en Zaragoza.
Decía anteriormente que quería hacer una especial referencia al aspecto de la eficiencia energética, solicitando también -y creo que lo haremos con éxito- del Grupo Parlamentario Popular que introduzca la necesidad de ese plan de eficiencia
energética que contemple medidas y acciones dirigidas al sector energético,
así como a los consumidores industriales, sector de servicios, sector doméstico, transporte y primario. Hay que volver a recordar que en la cumbre de Barcelona, celebrada en el mes de marzo, se reclamaba la necesidad de mostrar avances muy
sustanciales en la mejora de la eficiencia energética para el año 2010. Una buena gestión de la demanda, especialmente con los consumidores energéticos industriales, es algo que puede incidir en la mejora de la eficiencia de nuestro sistema, en la
reducción de los incrementos de puntas en la demanda e ir a un sistema mucho más virtuoso, por así decirlo. Es algo a lo que nosotros atribuimos una gran importancia y desearíamos que se incluyese en el informe.
También a lo largo de los trabajos de la subcomisión y de las comparecencias, mi grupo parlamentario ha puesto de manifiesto el gran interés que tiene en la calidad energética. Los datos del TIEPI que se nos han ido suministrado por los
diversos comparecientes ponen de manifiesto que la calidad del sistema es notable. Ha habido momentos puntuales en los que esta calidad no se ha manifestado y podemos volver a recordar lo ocurrido el pasado día 17 de diciembre del año pasado;
comparando TIEPI de nuestro sistema con los de sistemas de otros Estados, da la impresión de que no estamos ante una situación dramática, pero sí exige actuaciones puntuales y tenemos los marcos normativos para ello. La Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico incide en esta materia, lo hace también el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las entidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica; no se trata en estos momentos de recordar los elementos claves de esta normativa, aunque lo hacemos en nuestro voto particular. Sí quiero recordar que en el ejercicio de sus competencias, y de conformidad con el
artículo 3.3 de la Ley 54/1997, la Generalitat de Cataluña aprobó el Decreto 329/2001, de 4 de diciembre, de reglamento de suministro eléctrico, ampliando los requerimientos de calidad del suministro e incorporando los llamados microcortes o
interrupciones breves, que en algunos otros sistemas de medición no se incluyen, a fin de reflejar las consecuencias que este tipo de incidencias tienen en la calidad del suministro. Hay que mejorar la calidad del suministro del servicio eléctrico,
hay que introducir mejoras en las acometidas eléctricas y en los derechos de los usuarios. Ese es el planteamiento del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Decía anteriormente que también era propósito de mi grupo manifestar en el informe un apoyo decidido a las energías renovables y al desarrollo sostenible. Como se pone de manifiesto en el informe, tenemos un plan de fomento de las energías
renovables que nos marca como objetivo para el año 2010 que estas energías de origen renovable supongan el 12 por ciento de la demanda energética. Hay que señalar que el hecho de que esta demanda energética se haya incrementado notablemente en los
últimos años supone que el peso de las energías renovables deba aumentar muy notablemente en términos absolutos, con la finalidad de llegar a ese 12 por ciento en el año 2010, un límite mínimo, pero en modo alguno máximo.
De ahí que me grupo
parlamentario tenga interés en que en el informe se haga constar, además del planteamiento de las infraestructuras de evacuación, al que me he referido anteriormente, la necesidad de desarrollar una política de ayudas adecuadas a la generación de la
energía eólica. Vamos, si no a corto sí a medio plazo, a un mercado de certificados verdes que permita la internalización por parte de los generadores de energías convencionales, por tanto, contaminantes, de los costes medioambientales. En tanto
llegamos a ese mercado de certificados verdes, en tanto que llegamos a ese planteamiento en el que sean los productores de las energías convencionales los que procedan a internalizar los costes medioambientales, hay que mantener un sistema de ayudas
adecuado a las energías renovables. Ese es el planteamiento de mi grupo parlamentario y desearía que constase en el informe de la subcomisión, teniendo en cuenta que mi grupo valora que las ayudas adecuadas no suponen pura y simplemente una
política de primas altas, sino muy fundamentalmente una política de estabilidad de los precios. Nos podemos encontrar en este año 2002 con un precio de una energía de origen renovable, muy concretamente de la energía eólica, quizá demasiado alto,
pero que puede verse, por diversos avatares, muy reducido en años sucesivos. De aquí quizá que la política adecuada sea la de primas, que supone una mayor estabilidad de sus precios, no en un precio alto pero sí medio, en tanto que llega el mercado
de certificados verdes.
Mi grupo también tiene un planteamiento muy claro en cuanto a apoyar el aprovechamiento energético de origen solar, tanto el aprovechamiento de la luz, energía fotovoltaica, como el aprovechamiento del calor, biomasa, hacemos una especial
incidencia en el aprovechamiento de residuos, fundamentalmente los biocombustibles. La apuesta que debe efectuarse por los biocombustibles es algo que nos viene impuesto a través de las políticas comunitarias, pero entendemos que debe efectuarse
una política muy decidida en esta materia porque, cuando hablamos de energías alternativas, de energía eólica, de biomasa y de biocombustible, además de aludir a la sostenibilidad aludimos al equilibrio territorial, a generar rentas agrarias y, por
lo tanto, son políticas que exceden con mucho lo que pudiera ser pura y simplemente la política energética. El apoyo a la biomasa y al biocombustible supone la generación de rentas agrarias en zonas normalmente deprimidas y, por consiguiente, una
política muy importante de equilibrio territorial. Si al mismo tiempo que efectuamos una política respetuosa con el medio ambiente generamos equilibrio territorial y renta agraria, deberá apoyarse muy decididamente. La biomasa de origen forestal
supone la limpieza de los bosques de cara a evitar incendios forestales, por lo que debemos abordarlo en su conjunto. Deseamos que el informe contenga un apartado de energías renovables y desarrollo sostenible que recoja también estos
planteamientos.
Esta es la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Después de explicar cuál es nuestra posición, queremos hacer hincapié en la necesidad de que el documento incorpore esa planificación en materia de eficiencia
energética, las conexiones internacionales a través de Cataluña, ese apoyo decidido a las energías renovables, la revisión periódica y evaluación de la planificación y, como decía anteriormente, que se garantice también a través de las
infraestructuras energéticas la evacuación de la energía en régimen especial.
Había hablado de la energía eólica, pero no quiero dejar de citar en estos momentos en la medida que supone una gran eficiencia energética, el apoyo también decidido a la cogeneración. La cogeneración es desde luego eficiencia energética y
es algo para lo que debemos instrumentar una política adecuada.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Para defender el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Quiero hacer constar que el informe que traemos hoy a debate a esta Comisión de Economía, fruto del trabajo de la subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas, es del Grupo Parlamentario
Popular. Es un informe, que yo calificaría de puro trámite, de compromiso, para salir del paso, desde luego coherente con el objetivo real de la creción de esta subcomisión, que ya denunciamos. Se trataba de montar una subcomisión de
entretenimiento en materia energética, por lo que el informe es precisamente el resultado de una subcomisión de este tipo.
Haciendo el análisis del informe que hoy se presenta, en su primera parte se habla de planificación y limitaciones. Cuando habla de planificación, el informe se limita a recoger aquellos preceptos legales que ya están recogidos en las leyes
eléctrica y de hidrocarburos y transcribirlos pura y simplemente, pero donde adquiere mayor espacio y contundencia es cuando habla de los límites. Resulta que hacemos un informe para decir qué es lo que no entra en el análisis de esta subcomisión.
Y quedan fuera temas -y así se dice en el informe- como las energías renovables. Si no recuerdo mal, cuando se aprobó la subcomisión en esta misma Comisión de Economía, el portavoz del Grupo Popular, ante la petición de una subcomisión de
seguimiento de energías renovables por parte del Grupo Parlamentario Socialista para seguir el Plan de energías renovables, dijo que no tenía sentido, que se refundían las dos subcomisiones en una y que realmente íbamos a hacer un seguimiento global
de la política energética, por tanto, también de las energías renovables y ahora nos encontramos con que las energías renovables no forman parte del objeto de esta subcomisión.
También queda fuera -como ya se ha dicho reiteradamente por otros grupos parlamentarios- el ahorro y la eficiencia energética, algo que parece increíble. Hablar de planificación y olvidarse de las políticas de ahorro y eficiencia energética
es no entender qué es planificación. También queda fuera la regulación de la garantía de potencia, cuando hemos visto que es uno de los temas que más preocupan a los sectores comparecientes en la propia subcomisión. Queda fuera, por supuesto, la
fijación de una metodología para el cálculo de tarifas de acceso e integrales. También queda fuera cualquier tipo de medida que sea necesaria o que sea conveniente para eliminar los obstáculos a la competencia, los obstáculos a los nuevos
entrantes. Vamos, que todo queda fuera. Sin embargo, después de decir que todo eso queda fuera y que no es el objeto, resulta que se nos da una teórica, en el informe sobre lo que son todas estas cosas: la garantía de potencia es muy importante,
la fijación de tarifas de acceso también es muy importante, y todas las medidas que vayan a favorecer la competencia también son muy importantes. Sin embargo, como son muy importantes, vamos a dejarlas fuera.
Es cómico que se formule un informe en este sentido, pero de lo que se le califica es de muy poco riguroso. Decimos que es muy importante la planificación, se dice lo que debería hacerse, pero se llega a la conclusión de que vamos a
limitarnos única y exclusivamente al documento de trabajo, y ahí queda. Inmediatamente el informe pasa a hacer un resumen del documento de trabajo del Gobierno. Se inicia este resumen diciendo nuevamente la importancia que tiene que se haga un
balance energético futuro y que este balance debe venir marcado por tres coordenadas: el mayor aporte de energías limpias y renovables, creciente participación del consumidor final y una utilización racional y eficiente de la energía. Es justo lo
que no tratamos. Yo podría calificar esto de totalmente desconcertante, a mí sinceramente me desconcierta, por no calificarlo de otra manera mucho más peyorativa. Es un poco chapuza decir qué es lo importante y basta que eso sea lo importante para
que no lo tratemos.
Llegamos al cenit de la imaginación y de la eficacia en los resultados del trabajo de la subcomisión cuando hablamos de las recomendaciones. No me voy a centrar en ninguna de ellas, pero las voy a citar un poco por encima. Es importante
hacer análisis de sensibilidad. Pues claro. Es importante saber cuál es la ubicación de las centrales. Pues claro, ¿cómo no va a ser importante? Es importante que haya conexiones internacionales y que se agilicen las conversaciones para que se
avance en las interconexiones. Naturalmente. Es importante que se hagan las instalaciones urgentes, pues dice la
Comisión Nacional de la Energía que si no se hacen es un desastre. ¿Cómo no va a ser importante? Está claro que hay que hacerlo. Es importante la utilización del gas natural. Está claro. Resulta que todas las inversiones que tenemos
pendientes ahora son inversiones en ciclos combinados. Claro que es importante. Es importante que haya equilibrio entre el gas natural y el gas natural licuado. Claro, porque si estamos muy centrados en el gas natural es importante que se
compense con el gas licuado. Llegamos a un apartado que me preocupa pues lo único que se cita es Baleares. Es importante que tengamos las ideas claras respecto a Baleares, porque hay tres alternativas y no se sabe muy bien cuál es la evaluación,
se insiste en que se haga la valoración de las tres alternativas -recuerdo que ya está hecha- y además al final se dice que es muy importante que también se haga la interconexión eléctrica por red.
Es importante si se puede hacer lo otro, pero da
la casualidad que eso responde precisamente a intereses particulares de un grupo que dice que se haga eso. El consejero de Baleares vino aquí, compareció y dijo muy claro cuál era la alternativa. Aquí no hay alternativas, hay una valoración de las
tres alternativas y se presenta la más barata, la mejor, la más completa. Si además se pueden hacer otras, estupendo, pero el orden de prioridades está perfectamente establecido. Digo esto como paréntesis.
Seguimos con las recomendaciones. Dice que es importante que se analicen los proyectos pendientes de evaluación. Lógicamente, si hay proyectos pendientes de evaluación, habrá que evaluarlos. Dice que es importante que se subsane un error
técnico, es decir, que se incluya a las comunidades de Cantabria y Murcia que no están en el documento. Eso no es una recomendación, es de cajón, porque se ha equivocado el Ministerio.
Finalmente, dice que es importante simplificar el marco
regulatorio de las autorizaciones administrativas. La verdad es que todas son cuestiones importantes y desde mi grupo no tenemos ningún interés en decir que no es así, efectivamente, son cuestiones evidentes. Que es haya creado una subcomisión, en
la que hemos estado trabajando, en la que ha habido todas las comparecencias que ha habido, a la que ha venido toda la gente que ha venido y en la que se ha dicho todo lo que se ha dicho para presentar estas recomendaciones es un alarde de
imaginación increíble. Además -como lo he calificado antes-, me parece desconcertante no sólo para los grupos de esta Cámara sino para los propios comparecientes y los propios sectores; cuando vean estas recomendaciones tienen que quedarse
realmente con la boca abierta. Con esto, lo único que se ha hecho es relegar a la subcomisión y, por tanto, a esta Cámara, a una simple figura de convidado de piedra. Todo esto acaba con algo que llaman conclusiones, que es un resumen del resto
del documento con párrafos totalmente copiados.
Sinceramente creo que no se ha hecho el mínimo esfuerzo para hacer algo presentable aunque sea de cara a la luz pública.
Por todo esto, mi grupo se ha visto en la obligación de presentar nuestra opción, nuestro voto particular. Nuestro voto particular se hizo antes de conocer el informe que presentaba el Grupo Popular en la subcomisión, pero a nosotros desde
el inicio de la subcomisión ya nos resultaba bastante difícil identificar la naturaleza de la subcomisión y cómo se casaba dicha naturaleza con los objetivos que tenía asignados para obtener lo que pensaba. Vistos los resultados, vemos que hay una
inconsistencia total entre el objetivo de la subcomisión y las recomendaciones. El objetivo de la subcomisión -y leo textualmente- es identificar y promover las medidas legislativas para realizar una adecuada planificación de las redes de
transporte eléctrico y gasista.
Ustedes me dirán qué tiene que ver este objetivo de la subcomisión, que está perfectamente establecido, con las recomendaciones que ha presentado el Grupo Popular. nada; o, al revés, qué tienen que ver las
recomendaciones con el objetivo. No tienen absolutamente nada que ver porque está claro que no van a surgir medidas legislativas de estas recomendaciones; no pueden surgir medidas legislativas de debates de aspectos técnicos. Las medidas
legislativas surgirán de debates sobre cuestiones de fondo, sobre principios que puedan inspirar las distintas normas legales vigentes en este momento.
Como digo, nos hemos visto en la obligación de presentar nuestro voto particular. Ya explicamos en la presentación del llamado documento de trabajo que este documento que presentaba el Gobierno tenía una falta: no era realmente un
documento de planificación. Decíamos que los supuestos en los que se basaba el documento eran discutibles y que no tenía en cuenta, para nada, los efectos que podía tener en la propia política energética. Además, el documento no contenía las
propuestas necesarias para que la política energética cumpliera con sus objetivos que son los que hemos repetido hasta la saciedad y que, de hecho se repiten en el propio informe, como garantizar la seguridad en el suministro, mantener unos precios
competitivos y la sostenibilidad medioambiental. Como conclusión, decíamos entonces que era un documento que no cumplía con los objetivos de un documento de planificación. ¿Qué pasa después del trabajo de la subcomisión? Como resultado de todas
las comparecencias -digo, como resultado de las comparecencias y me limito, por tanto, a las actas de la subcomisión y a lo que dijeron los comparecientes que han venido a esta subcomisión- podemos afirmar -digo que podemos afirmar y lo afirmo- que
el documento no tiene el contenido mínimo de lo que es una planificación energética y no lo tiene no porque lo diga yo, sino que la propia directora general dice: Este documento no agota el concepto de planificación, falta el almacenamiento
estratégico de hidrocarburos que formará parte de otro documento.
Este documento no tiene por vocación ver cómo se actúa sobre la eficiencia energética de la demanda, por tanto no es un documento de planificación.
Segundo, la metodología de todo este proceso queda bastante en entredicho. ¿Por qué? Por
muchas razones. Hay algunos sectores, algunos empresarios que añoran el protocolo eléctrico; las administraciones autonómicas reclaman, en la mayor parte de los casos, una mayor participación; los sectores de energías renovables y de régimen
especial de generación eléctrica reclaman siempre una mayor atención y un mayor fomento de estas fuentes de energía. Por tanto, la propia metodología también está en entredicho. Tercero, las previsiones sobre demanda no son certeras y hemos visto
que la mayoría de los comparecientes -no sé si ha habido alguno que haya dicho lo contrario- no estaban de acuerdo con las previsiones que se efectuaban sobre la demanda; no es que no estuvieran de acuerdo, es que además les parecía que resultaba
un poco frívolo y que no tenían consistencia las previsiones que se hacían o, por lo menos, no se aportaban los datos suficientes para que pensáramos que existía esa consistencia. En cuarto lugar, existían discrepancias sobre los márgenes de
reserva. Hemos visto que para los comparecientes representantes del sector era necesario que existieran y, en cambio, la directora general -vuelvo a leer- dice: No se puede planificar el índice de cobertura porque depende de decisiones
empresariales libres; la garantía de potencia es una decisión regulatoria, no de planificación. Por tanto, respecto a si es necesario un margen de reservas o no, existen grandes discrepancias. En quinto lugar, la magnitud y la estructura de la
puesta en marcha de nuevas instalaciones y de nuevas potencias es totalmente imprecisa en el documento; no se sabe claramente cuáles son y cuáles no, y las opiniones y valoraciones respecto a unas y otras son distintas, no hay más que leerlo y, por
tanto, no hay acuerdo. En sexto lugar, existen problemas en lo que a la vertiente territorial de la planificación energética se refiere. Como veremos -no hace falta más que volver a leer las comparecencias- esta sometida a fuertes e importantes
críticas.
También se mantienen grandes imprecisiones sobre las actuaciones de planificación vinculante que, a veces, parece que son única y exclusivamente simples previsiones de los operadores y en algunos casos se mantienen diferentes
alternativas. En octavo lugar, el enfoque medioambiental es limitado y ha generado también grandes controversias y diferencias de criterio dentro de la subcomisión respecto al cumplimiento del protocolo y de sus compromisos.
Finalmente, no ha sido posible disponer de un plan económico-financiero ni de una mínima asignación de responsabilidades en la realización de las inversiones y de su financiación, lo que genera una gran confusión. La propia directora
general contribuye a esa confusión diciendo que infraestructuras que no tienen viabilidad económica clara deberán ser financiadas con ingresos distintos de los que proporciona el sistema -es decir, peajes y tarifas- y dice que lo hagan las
comunidades autónomas o los fondos estructurales. En definitiva, lo que hace es confundir los objetivos de la planificación energética de redes, que en algunos casos son inversiones no asumibles con criterios puramente privados económicos, con todo
aquello que se refiere a la seguridad del sistema o a la garantía del servicio universal con sistemas de financiación de inversiones, que deben ser de todos.
Después de esta subcomisión, una serie de cuestiones queda totalmente en el aire respecto a lo que está planteado en el documento del Gobierno.
Estar haciendo brindis al sol, dando ese tipo de recomendaciones y diciendo que todo está muy
bien, además de inútil, resulta totalmente descorazonador. El Gobierno debe ser el responsable de traer a esta Cámara unas orientaciones serias sobre la planificación, porque legalmente está obligado a hacerlo. Los que no tenemos obligación de
presentar nada con respecto a una planificación clara somos los grupos parlamentarios, ni siquiera el grupo parlamentario que apoya al Gobierno.
Ninguno de los grupos parlamentarios está obligado a hacerlo, el que está obligado es el Gobierno,
nosotros estamos obligados a analizar, debatir, discrepar, proponer lo que sea. A pesar de todo, mi grupo quiere presentar en esta subcomisión las directrices y los criterios que deberían tenerse en cuenta a la hora de realizar un proceso de
planificación energética.
En primer lugar, creemos que la planificación energética que, según la Ley eléctrica o la Ley de hidrocarburos, debe presentar el Gobierno al Congreso, debe expresar todo lo recogido en estas leyes sectoriales, no puede dejar algún subsector
fuera, como es el caso de los hidrocarburos.
Por tanto, la primera recomendación es que debe integrar absolutamente a todos los subsectores energéticos.
En segundo lugar, un documento de planificación debe recoger un estudio de previsiones completo. Tiene que ser un estudio de previsiones de demanda, como se ha hecho, pero explicando claramente cuál es el escenario base, por qué es ese
escenario y, algo que sí está recogido en las recomendaciones del Grupo Popular, que se hagan los análisis de sensibilidad. No vale recoger sólo las previsiones de demanda, hay que recoger las previsiones de las tendencias dominantes en la Unión
Europea en materia de regulación, de consecución del mercado único, del mercado interior, en materia de apertura de mercados a la competencia, en materia de armonización fiscal, cuáles van a ser las tendencias, hay que recoger todo. Por lo menos
habrá que tener unas mínimas previsiones. Hay que recoger -y ahí mi grupo discrepa totalmente con la directora general- el margen de cobertura que consideramos necesario como mínimo, porque es lo que nos va a dar la calidad de suministro que
queremos nosotros, cuáles son nuestros objetivos de calidad del suministro. Por eso tenemos que saber si queremos encender sólo la
bombilla -me estoy refiriendo al consumo doméstico- o si las empresas deben tener una determinada calidad. Para eso se necesitará unos márgenes de cobertura y tendremos que explicitarlos. También hay que tener previsiones respecto a cuáles
van a ser las líneas directrices en materia de competencia, de liberalización y de defensa de la competencia que el Gobierno considera necesario aplicar para llevar adelante un modelo que está establecido en la Ley eléctrica y en la Ley del sector
de hidrocarburos. Por supuesto, habrá que hacer previsiones respecto a las posibilidades de regulación en materia medioambiental. Por tanto, previsiones no sólo de demanda, sino de todo esto que he dicho.
En tercer lugar, ¿qué debe recoger un documento de planificación? Un documento de planificación debe recoger también la conexión que debe tener la planificación con la política energética, cuáles son los objetivos de la misma y establecer
prioridades; si hacemos una planificación sin establecer prioridades, simplemente enunciando cuáles pueden ser los objetivos, es como si no hiciésemos nada. Una planificación debe estar perfectamente conectada con la política energética que el
Gobierno pretende llevar a cabo. Establecer los objetivos y su prioridad es algo importante. El objetivo de seguridad en el suministro en estos momentos es uno de los prioritarios, porque así lo hemos visto en los últimos años. Habrá que ver qué
fórmulas se establecen para que esos objetivos prioritarios se cumplan, si es necesario que haya determinados incentivos económicos, habrá que verlo. Todas esas cosas deben estar recogidas en el documento de planificación.
También debe estar recogido en un documento de planificación la orientación que se va a dar a la regulación en materia de competitividad.
Si uno de los objetivos es que haya una buena competencia en los precios, habrá que recoger las
condiciones que vamos a poner a la regulación orientándolas al objetivo de la competitividad.
Un documento de planificación debe recoger algo que hemos oído de manera reiterada en la subcomisión, debe dar una serie criterios que propicien una estabilidad regulatoria. Hemos visto que uno de los principales problemas es la falta de
estabilidad en la regulación, la incertidumbre.
Es un mercado libre, está liberalizado, pero debe haber una serie de criterios básicos para dar una cierta estabilidad.
Un documento de planificación debe recoger todas aquellas medidas que contribuyan al tercer objetivo -que no por ser el tercero es menos importante-, el de la sostenibilidad del medio ambiente. En este sentido, hay que tener en cuenta el
cumplimiento de todos los compromisos internacionales, no dejarlo simplemente en un enunciado, del protocolo de Kioto al resto de los compromisos que haya en esta materia. Debe tenerse en cuenta el plan de energías renovables que, vuelvo a decirlo,
se establece en el documento de manera teórica pero, a la hora de la verdad, no se hace ningún seguimiento; de hecho, hay un incumplimiento claro del plan de fomento de energías renovables. Debe integrarse el cumplimiento de todas las directivas y
reglamentos de la Unión Europea en esta materia. Lógicamente, también deben incluirse los planes de ahorro y eficiencia energética, porque ya he dicho al principio lo importante que es esto y no se incluye. Habrá que incluir los costes y precios
de las energías finales y cómo deben integrar, de forma progresiva, el conjunto de los costes y beneficios que se producen en la transformación y en el suministro. También deben recogerse las iniciativas que puede haber para fomentar actividades de
investigación y desarrollo.
Deben recogerse, por supuesto, los criterios de eficacia técnica y eficiencia energética, pero en un ámbito claro, que la calidad en el suministro sea homogénea para todo el territorio nacional, hay que buscar criterios de homogeneidad en el
suministro eléctrico. En el plan de eficiencia técnica deben recogerse las interconexiones, que también ha recogido el informe de la ponencia, y adaptarse a los compromisos del Consejo europeo de Barcelona. Debe recoger todas las coordinaciones
posibles entre las infraestructuras de abastecimiento y transporte de gas y las de nueva potencia eléctrica, así como todas las redes de evacuación de las plantas.
Finalmente, este documento de planificación debe recoger, como mínimo, un plan económico financiero cuyo grado de vinculación, lógicamente, tiene que ser distinto, bien sea planificación vinculante bien sea planificación indicativa. El
citado documento debe recoger programas de actuación por subsectores y tener las cosas un poco más controladas o, por lo menos, más encuadradas. Todo esto se debe hacer en un ámbito de coordinación de las administraciones públicas con las
comunidades autónomas. Para nuestro grupo es importante revitalizar el funcionamiento de las conferencias sectoriales, en este caso la conferencia sectorial de la Energía, como mecanismo de coordinación básico en esta materia.
Cuando se hace un plan, lo importante es mantener a posteriori un seguimiento, una evaluación y control continuo de cómo se lleva adelante este plan. En este caso, es importante la colaboración de la Comisión Nacional de la Energía en todo
aquello que se refiera a la emisión de informes técnicos periódicos respecto al control de esta planificación y la comparecencia continua del Gobierno en esta Cámara para informar sobre esta materia. Podía tener sentido la creación de una
subcomisión de seguimiento de la planificación, pero cuando la planificación esté hecha; si no, para hacer brindis al sol y recomendaciones evidentes, tendría muy poco sentido.
Como conclusión, esta subcomisión no ha cumplido con el objetivo formal que se marcó en su creación. Pensamos que esto no es un documento de planificación, según han dicho la propia directora general y muchos de los comparecientes.
Queremos hacer constar
la importancia de las comparecencias en la subcomisión -que nos han servido de mucho a los comisionados- de los sectores implicados, tanto de empresas, consumidores como las comunidades autónomas. Nos ha servido de mucho, hemos aprendido
mucho, hemos conocido mucho, pero ha sido insuficiente. Yo creo que otros sectores también implicados desde otras posiciones totalmente distintas nos podían haber aportado una visión diferente y habría resultado interesante si lo hubieran hecho con
más tranquilidad. Hacemos constar aquí que hay un grado importante de descontento por parte de los sectores implicados con la política energética del Gobierno. El descontento es claro -no hace falta más que leer la transcripción de las actas-, se
han recogido múltiples críticas, tanto a la metodología como a las cuestiones de fondo, que hubiera sido interesante integrar en el informe; el Partido Popular no lo ha querido hacer, pues se ha quedado en su autocomplacencia diciendo: Yo el
primero, campeón, y todo bien. Les recomendaría que pensaran un poquito y que vieran que, a lo mejor, los demás también tienen razón en algo en algunos momentos, aunque sea muy poco.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señoras y señores diputados, se ha repartido un texto a la presidencia y se ha rogado a ésta que lo reparta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, donde se recogen - dentro de la columna vertebral
de este documento que es el diálogo- las aportaciones en que difiere la propuesta que nosotros hacemos en esta Comisión del documento de la subcomisión. Como se ha repartido y todos los grupos pueden leerlas, porque además se han puesto en negrita
los textos en los sitios exactos donde están recogidas, sólo voy a hacer un resumen de las mismas.
Considero que el documento de la subcomisión era realmente muy importante, no buscaba la planificación española, sino que era una aportación muy importante en sí misma, que queda enriquecida con estas aportaciones que se recogen en el
documento de esta Comisión. Se ha dicho que ha habido conversaciones con el Grupo de Convergència i Unió, pero también hemos leído con verdadera atención lo dicho por otros grupos parlamentarios que han presentado informes a la comisión y hemos
procurado recoger las ideas que provenían de esos grupos, como mencionaré a continuación.
Voy a recoger extractados los seis puntos fundamentales en los que cambia la propuesta que hacemos a esta Comisión en relación con el informe de la subcomisión. Para hacerlo más fácil, me remitiré a la página ocho del texto que se ha
repartido, al final del primer párrafo, se añade otro párrafo por el que se profundiza en todo el problema de las energías renovables. Se profundiza en los problemas de la energía eólica -y, en ese sentido, recogemos ideas que provienen del
documento de Izquierda Unida- en un doble sentido, tanto en la política de ayudas como en la evacuación de la electricidad general en parques eólicos, tema claramente de infraestructuras. No sólo se trata de la energía solar y la biomasa, sino que
también se plantea una política especial relacionada con los biocombustibles, de acuerdo con las prioridades fijadas por la Unión Europea. También aquí se busca recoger la importancia que dan a las energías renovables los otros documentos, no sólo
el de Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sino también el de Izquierda Unida y el del Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar, la eficiencia. En la página ocho se introduce algo que proviene del diálogo y que es un añadido importante al documento de la subcomisión, como es la recomendación al Gobierno de que haga un plan de eficiencia energética.
A este plan se han referido los tres portavoces que han hablado, de forma que, en este planteamiento del diálogo, recogemos ideas que provienen de los tres grupos parlamentarios que se han manifestado al respecto. Se trata de un plan de eficiencia
energética desde la oferta y desde la demanda. Estamos de acuerdo con Izquierda Unida -y lamento que su portavoz no esté aquí en este momento- sobre los límites de la planificación indicativa y la planificación vinculante. Es lógico y me parece
normal que haya esa diferencia, que incluso me atrevo a llamar ideológica, pero sin duda dentro de ella se recogen los intereses generales, como siempre se han recogido, por ejemplo, en una política de tarifas que ha llevado a una reducción del 17
por ciento en términos nominales en la época del Gobierno del Partido Popular, cuando en épocas anteriores había aumentado el 40 por ciento, y a una clara mejora del TIEPI -ya que se ha hablado de calidad-, con el repunte del año 2001, en relación
con periodos anteriores al Gobierno del Partido Popular.
En la página 12, al final del primer párrafo, se vuelve a dar importancia a las energías renovables, además de lo dicho en la página 8. Ahí nos referimos a las energías renovables y el desarrollo sostenible, recogiendo ideas del documento
de Convergència i Unió, y también ideas que acabamos de escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista e ideas que expresó en su turno la portavoz de Izquierda Unida.
En cuarto lugar, hemos dicho en nuestro documento -y en ese sentido nos diferenciamos del borrador que envió el Gobierno- que hacia falta revisar las previsiones de demanda y que hacía falta hacer el análisis de sensibilidad. Hemos ido más
lejos y hemos aceptado la propuesta de Convergència i Unió de hacer una revisión bianual al respecto. Con esto buscamos que las previsiones de demanda se acerquen mucho más a la realidad y, dentro del diálogo, recogemos posturas de otros grupos
parlamentarios.
En quinto lugar, en la página 16 recogemos las ideas básicas que ha expuesto el representante de Convergència i Unió, sobre la importancia de la comunidad autónoma
catalana en las interconexiones, sean de transporte eléctrico o de conexión gasística.
En sexto lugar, y por tercera vez en estas reflexiones provenientes del diálogo, volvemos a reforzar el tema de las energías renovables al introducirlas en las conclusiones. Introducimos especialmente la energía eólica, porque hay un
problema de infraestructura en la evacuación de la energía generada, que encaja perfectamente en el nombre de esta subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas, pero lo hacemos entre otras medidas que han sido plasmadas en el
documento.
Por tanto, hemos recogido tres veces el tema de las energías renovables, hemos recogido el de la eficiencia, hemos recogido el de la revisión y evaluación de la demanda y hemos recogido la importancia de la comunidad autónoma catalana en las
interconexiones eléctricas y gasísticas, con lo cual, a través del diálogo con otros grupos, hemos enriquecido el documento.
Comprendo que en el debate parlamentario se utilicen a veces expresiones un poco -entre comillas- abusivas. Sin ninguna acritud, me parece una caricatura lo que ha dicho algún portavoz de algún grupo parlamentario sobre este documento,
porque es un documento verdaderamente serio e importante. Por ejemplo, en cuanto a las tarifas, ¿qué es lo que tiene que recoger un documento serio de planificación? La metodología al respecto. Eso ya lo expliqué antes y dije que era una postura
que incluso concordaba con la que mantuvo el Grupo Socialista en un Pleno. Además, en las comparecencias hemos visto que lo que importaba tanto al sector de productores como al sector de consumidores era que fuera una metodología objetiva, estable,
transparente y previsible. En cuanto a la potencia, ¿qué es lo que nos ha parecido más importante? La regulación y que sea mantenible en el tiempo. Como es lógico, en el documento del Gobierno hay errores, errores que hemos recogido, por ejemplo
los casos de Murcia o Cantabria. También planteamos que en los proyectos pendientes de evolución pueda haber fuentes alternativas de financiación, en el caso de que su intensidad de coste sobrepase excesivamente y ponga en peligro al sistema.
No quiero extenderme más. Me remito a lo ya dicho sobre la importancia de este documento en mi primera intervención sobre las 11 recomendaciones -que resumí en 8- y al documento que se ha repartido sobre las 11 recomendaciones más las
nuevas incorporadas. Como ha dicho el Grupo Socialista, entre otros grupos, luego vendrá al Parlamento la planificación propiamente dicha y éste establecerá los controles a la misma. Resumiría diciendo que este documento no busca ser -y además la
subcomisión no tiene ese nombre- el documento de planificación energética. Ahora bien, es un documento que ayuda de manera muy importante a la planificación energética, dentro de la política de diálogo que se ha seguido hasta ahora y que se seguirá
haciendo porque va a continuar, no hemos llegado al fin de la misma. El Gobierno tendrá que mandar después el documento de planificación energética a este Parlamento y el diálogo al respecto continuará.
Si terminé mi primera intervención -que creía que iba a ser la única en esta sesión- aludiendo a una frase de Borges, remato la segunda volviendo al final de la frase que aparece en ese trabajo de Borges y Ferrari, en el prólogo al libro
Diálogos. Remarcando la importancia del diálogo, y como símbolo de esta forma de plantear la planificación desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular, esa frase acaba diciendo que aquellos griegos a los que se refiere dudaron,
persuadieron, discutieron, cambiaron de opinión y aplazaron. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental es inconcebible. Precisamente desde los principios de aquellos pocos griegos conversadores ha sido realizado este documento de
la subcomisión, que ayuda de manera importante a la planificación energética, aunque el nombre de la subcomisión sea el de seguimiento de las infraestructuras energéticas.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): ¿El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) retira su voto particular o lo mantiene?
El señor SILVA SÁNCHEZ: En la medida en que los aspectos que entendíamos sustanciales han sido incorporados, procederemos a retirar el voto particular en tanto que enmienda y a votar el dictamen.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Terminamos así el debate sobre el informe elaborado por la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. La votación se hará a las catorce horas, como consta en el orden del
día.
Antes de pasar al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la PYME, suspendemos la sesión por unos minutos. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOLGADO BLANCO), PARA QUE EXPLIQUE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO EUROPEO DE ENERGÍA EL PASADO 7 DE JUNIO EN RELACIÓN AL NUEVO
REGLAMENTO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN QUE PERMITE QUE LAS AYUDAS LLEGUEN AL AÑO 2010. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001115.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
El segundo punto del orden del día es la celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana
Empresa, para que explique el acuerdo adoptado por el Consejo Europeo de Energía el pasado 7 de junio en relación con el nuevo reglamento de la minería del carbón que permite que las ayudas lleguen al año 2010.
Señor secretario de Estado, sea usted bienvenido. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí una satisfacción comparecer una vez más ante esta Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, especialmente cuando el tema sobre el que se solicita mi presencia es uno -se lo digo con toda sinceridad-
de los que más esfuerzo ha requerido en los trabajos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, pero al mismo tiempo el que nos ha proporcionado la gran satisfacción de ver compensado nuestro esfuerzo con los resultados que tengo el
honor de comentar hoy con sus señorías.
La aprobación el pasado día 7 de junio por el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea de un nuevo marco de ayudas al carbón hasta el año 2010 supone, en los términos que recoge, un éxito indudable desde el punto de vista de la
minería española, a la que se permite la supervivencia, al menos, hasta esa fecha, pero también desde el punto de vista de las zonas donde se desarrolla la actividad minera en nuestro país. No debo ocultar que la próxima expiración del Tratado CECA
el 23 de julio situaba al sector de la industria productora de carbón en una difícil situación de inseguridad, por no decir imposible. Esto preocupaba intensamente al Gobierno español, que se ha empeñado en el esfuerzo de dar cumplimiento a un plan
para la minería del carbón que implica el apoyo económico estatal al sector y que, precisamente por ello, requiere el amparo comunitario. Sin estas ayudas, que permiten la suave reestructuración del sector y la reactivación y desarrollo alternativo
en que el Gobierno está comprometido, el carbón español estaría condenado a desaparecer y con ello desde luego se producirían gravísimas consecuencias para el desarrollo económico y social de importantes comarcas y zonas de nuestro país. Por ello
hemos desarrollado una intensa labor de información y explicación a los restantes Estados miembros de la Unión Europea de las razones por las que es necesario prolongar el régimen de ayudas al carbón, labor que se ha visto intensificada durante este
semestre en el que la responsabilidad de llevar las riendas del Consejo de Ministros nos ha colocado en una posición singular en relación con este cometido de obtener el acuerdo comunitario.
El carbón y el acero están, como SS.SS. saben, en el origen de la construcción europea, cuyos inicios se remontan precisamente a la firma del 18 de abril de 1951 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
El Tratado CECA se concluyó
con una duración de 50 años desde su entrada en vigor y por lo tanto la finalización de su vigencia se producirá, como mencioné anteriormente, el próximo 23 de julio. Ha sido en el marco del Tratado CECA donde se ha dado amparo a las intervenciones
de los Estados miembros a favor de esa industria. La Comisión, hasta ahora bajo ese marco jurídico, viene autorizando ayudas para compensar la diferencia entre el coste de producción del carbón y el precio de venta resultante del libre
consentimiento de las partes contratantes, teniendo en cuenta las condiciones que prevalezcan en el mercado mundial. No hay duda de que el sector de la minería del carbón se encuentra inmerso en un necesario proceso de reajuste, al que no es ajena
la internacionalización de la economía, que ha hecho perder competitividad a la minería del carbón europea, en general, y a la española, en particular. En el ámbito nacional, conscientes de esa realidad, en 1997, tras distintas iniciativas con
resultados pocos satisfactorios desde el punto de vista de los objetivos perseguidos, el Gobierno español negoció con los sindicatos un plan que aborda, por primera vez de forma global, la problemática de este sector, que tiene tintes industriales
pero también geográficos y sociales. Es evidente que en el proceso de reajuste del sector se ven especialmente afectadas las comarcas en las que esta actividad se localiza y cuya economía depende de ella en gran medida.
El Plan del carbón 1998-2005 nació, pues, desde el convencimiento de que el proceso de ajuste debería comprender tanto medidas compensatorias dirigidas a la reducción de actividad o a la rentabilización de las empresas como a actuaciones que
apoyasen la creación de un sistema productivo alternativo y menos dependiente de la producción del carbón.
Con ello, el plan se estructura en dos grandes áreas de actuación: la reestructuración de la minería del carbón, por un lado, y la
reactivación de las cuencas mineras, por otro, en una triple iniciativa de fomentar en ellas proyectos empresariales alternativos, de mejorar la formación de los trabajadores y de la población en general y de incrementar las infraestructuras. La
firma de este acuerdo con los sindicatos y empresarios en 1997 puso de manifiesto la existencia de un amplio acuerdo, por primera vez, sobre el contenido de un plan que detalladamente especifica y valora económicamente los compromisos del Gobierno
con la reactivación de las cuencas mineras. Este plan, que abarca los años 1998 a 2005, se sometió a la aprobación de las instancias comunitarias, que, ante la expiración del Tratado CECA en julio de 2002, no pudo aprobarlo en su totalidad,
extendiendo únicamente su autorización hasta esa fecha. Por consiguiente, este plan, que era nuestra voluntad que se extendiese hasta el año 2005, estaba, por decirlo así, en el alero, a expensas de ver qué acuerdo salía de la Comunidad
Europea y en particular del reglamento de la Comisión sobre el carbón.
Al finalizar la vigencia del tratado CECA el próximo 23 de julio, el carbón se integrará como un sector industrial más en el ámbito de las reglas de funcionamiento generales de la Unión Europea. Es por todos conocido que, según esas reglas,
las ayudas de Estado a los sectores están prohibidas, salvo que se apruebe un régimen de excepción, que por lo demás no se produce con excesiva frecuencia, yo diría que prácticamente nunca, muy temporalmente y con reglas muy estrictas. De manera
que en estos momentos el único sector que está en unas condiciones especiales y al que se le permiten ayudas de Estado es el del carbón. En este escenario de desaparición del Tratado CECA y sin un marco de apoyo financiero la gran mayoría de la
industria del carbón europea estaría condenada a desaparecer a muy corto plazo. Esto es así dado que la mayor parte de la producción de carbón comunitario es y será no competitiva en relación con las importaciones provenientes de terceros países.
Por otro lado, se trata de un problema relativamente minoritario desde el punto de vista de los Estados miembros que se ven afectados. Hay que tener en cuenta que al día de hoy únicamente cuatro Estados producen carbón, Alemania, Reino Unido,
España y Francia, siendo las producciones de Alemania y de España las únicas con perspectivas realmente desfavorables.
La desaparición del Tratado CECA necesariamente tenía que suscitar la reflexión sobre lo que al fin y al cabo es una realidad. En primer lugar, la industria del carbón, a pesar de ser en la Unión Europea un sector económico no competitivo
comparándolo con el carbón del mercado internacional, constituye para varios países el único recurso energético autóctono, prácticamente el único. Esto sin duda lo cualifica como recurso estratégico desde el punto de vista de la seguridad del
abastecimiento. De hecho, la Comisión manifestó en su libro verde sobre la seguridad del suministro energético su preocupación ante la creciente dependencia energética el exterior. Entre sus conclusiones se apuntaba ya la conveniencia por estas
razones de mantener abierta la producción y por tanto el acceso a determinadas capacidades de carbón autóctono. Este hecho, unido a la concentración geográfica de la producción en determinadas áreas, cuya dependencia de esta actividad económica es
muy elevada, llevó a la Comisión a presentar al Consejo el pasado 2 de octubre de 2001 una propuesta de reglamento sobre régimen de ayudas a la industria del carbón con el propósito de su mantenimiento con posterioridad al 2002 y que ha servido como
base de los debates y los trabajos de los últimos meses. Sin embargo, la sensibilidad hacia esta problemática no estaba en aquel momento, ni lo ha estado durante los meses siguientes, generalizada en los países de la Unión. Algunos Estados
consideran que los argumentos basados en la seguridad del suministro, sobre lo cual la Comisión Europea ha hecho mucho hincapié -lo hizo en el libro verde y lo hace en el preámbulo del reglamento-, no son aceptables basados en la seguridad del
suministro, ya que piensan, habida cuenta de que no existe riesgo de desabastecimiento en el mercado mundial, que se caracteriza por su estabilidad, por la abundancia de recursos y por la gran diversificación geográfica de la oferta.
Otra dificultad generalizada se identificaba con las objeciones medioambientales ante la preocupación por el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Por otro lado, si bien es cierto que estas ayudas no distorsionan
la competencia con otros países de la Unión Europea, donde no se produce carbón, muchos Estados planteaban reticencias basándose en la posibilidad de interferir con las normas de la OMC. De hecho, en todas las discusiones, tanto Alemania como
nosotros decíamos que estas ayudas son de cada uno de los Estados, no se le piden al presupuesto comunitario, a otros países miembros de la Unión Europea, y además no afecta a la competencia entre Estados, no creamos problemas a otros Estados de la
Unión, mientras que ayudas a otros sectores sí podría crearlos con otros sectores. Este argumento se esgrimió pero no obstante también había otros argumentos basados en las normas de la OMC. Además, el tratamiento de esta problemática también daba
lugar a inquietudes desde la perspectiva de la ampliación de la Unión hacia el centro y el este de Europa, que incorporará a dos grandes países productores de carbón, Polonia y la República Checa.
Debo insistir en que las negociaciones no han sido fáciles. Sin embargo hemos conseguido hacer ver nuestras razones y aprobar una normativa que permite un régimen de ayudas sometido a determinadas limitaciones, como no podría ser de otra
manera, pero que incorpora suficientes elementos de flexibilidad que nos permiten, como país, continuar en la estrategia que nos habíamos dado para otorgar un horizonte estable a unas comarcas y a un sector, sin duda necesitado de reestructuración.
En concreto, el reglamento establece la posibilidad de que los Estados que así lo consideren otorguen a la industria del carbón tres tipos de ayudas. En primer lugar, ayudas dirigidas a instalaciones o unidades de producción cuyos costes no son
susceptibles de mejora; son ayudas a la reducción de actividad. Para ello se contemplan ayudas que cubren la diferencia entre costes e ingresos, siempre que se integre en un plan de cierre con un horizonte temporal que no excederá del 31 de
diciembre del 2007. En segundo lugar, ayudas para el acceso a reservas; éstas se podrán otorgar a instalaciones cuya producción proporciona una cierta seguridad energética y que formen parte de un plan específico dirigido a la conformación de esas
reservas. En tercer lugar, también se contemplan ayudas por costes excepcionales derivados de reestructuraciones y de cierres de instalaciones. De esto se infiere por tanto que los Estados miembros que quieran otorgar
ayudas deberán presentar un plan de cierre de unidades de producción y otro de acceso a reservas y, aunque en principio está puesto que ese plan debe ser presentado antes del 31 de octubre de 2002, se concede la posibilidad de extender este
plazo hasta junio de 2004.
Un capítulo importante de este reglamento se refiere a las condiciones de regresividad que las ayudas necesariamente deben cumplir. Las condiciones finalmente aprobadas y donde no les oculto que las negociaciones fueron más duras son las
siguientes: Existe, primero, un límite inicial en la cuantía de ayudas que consiste en que, a partir del año 2003, la cuantía de ayudas que se otorguen para reducción de actividad junto con las de acceso a reservas no podrán superar el montante
global de ayudas concedidas en 2001. Segundo, no se podrán otorgar ayudas a la reducción de actividad más allá del 31 de diciembre de 2007. Y, tercero, el total de las ayudas otorgadas para reducción de actividad y de acceso a reservas se reducirá
tendencialmente por lo que habrá una reducción significativa. El reglamento estará en vigor hasta el año 2010. No obstante en diciembre del año 2006 la Comisión efectuará un estudio de evolución de la aplicación del reglamento, como consecuencia
del cual podría proponer al Consejo modificaciones sobre su contenido.
El régimen que incorpora el reglamento, si bien tiene limitaciones, como no podría ser de otra forma, al tratarse al fin y al cabo de un régimen de excepción de la política de prohibición de ayudas de Estado, incorpora unos instrumentos de
flexibilidad de gran importancia. En particular me gustaría destacar, porque creo que son muy importantes, los cuatro puntos siguientes. Se contempla en el horizonte de 2010 una reducción para las ayudas globalmente consideradas, reducción que se
califica como significativa pero sin perjuzgar en ningún momento la cuantía de esa reducción, y desde luego durante meses hubo insistencia por parte de numerosos Estados en que en esa regresividad tenía que estar perfectamente cuantificada la
reducción y desde luego con un horizonte temporal menor. Por otro lado, se considera la limitación inicial de las ayudas y su posterior reducción de un modo conjunto, sin establecer objetivos parciales por categorías de ayudas, lo cual sin duda
permite una mayor flexibilidad y margen de actuación para los Estados, que pueden adaptar este esquema a su situación particular de la mejor manera posible. Les aseguro que este es un tema muy importante, tener esa flexibilidad en la concesión de
ayudas en ambas categoría. Se ha conseguido además que el plan de cierre, que debe culminar en diciembre de 2007 para una parte de la producción, pueda venir referido a unidades de producción y no necesariamente a empresas, lo cual otorga sin duda
un mayor margen de actuación, dado que no prejuzga la situación de las unidades que, integradas en la misma, puedan tener costes muy distintos.
En este tema, que para nosotros era vital, prácticamente estábamos solos porque en el caso de Alemania,
al tener una única empresa, no existía ese problema. Como digo, nos interesaba muchísimo que todo este planteamiento se hiciera en base a unidades de producción, en definitiva por pozos individuales y no por empresas, porque obviamente eso creaba
problemas sociales, económicos y de todo tipo para las comarcas mineras. Por último, también se permite que los planes de cierre y de acceso a reservas puedan presentarse por parte de los Estados miembros hasta junio de 2004, lo cual permitirá
tener en cuenta las decisiones que habrán de tomarse por las centrales eléctricas en relación con la nueva regulación medioambiental relativa a los grandes centros de combustión y que determinarán el nicho del mercado del carbón nacional.
En definitiva, señorías, la aprobación de este reglamento es en sí misma un éxito. De otro modo el vacío legal que se habría producido nos hubiese impedido otorgar cualquier tipo de ayudas a la industria del carbón, colocándonos en una
situación francamente difícil. Pero también es un éxito el contenido del reglamento que finalmente ha sido adoptado. Se da un horizonte de estabilidad al apoyo estatal a esta industria. Es cierto que se impone limitación a esas actuaciones, algo
por lo demás perfectamente comprensible. Lo realmente importante es que esas limitaciones son asumibles de acuerdo con el horizonte y con los planes que nos habíamos propuesto y en los que estamos en plena sintonía con los sindicatos. Es
especialmente importante que este nuevo reglamento nos permite dar continuidad a las acciones que se vienen poniendo en práctica desde hace unos años y que nos han dotado de un esquema de trabajo, en colaboración con sindicatos, con empresarios, con
las comunidades autónomas y las entidades locales afectadas, que está dando importantes frutos. Se trata en fin de un nuevo marco que nos permite continuar con la suave reestructuración no traumática del sector de la minería del carbón otorgándole
un horizonte de estabilidad así como dar cumplimiento al plan del carbón firmado con los sindicatos y con los empresarios que en la actualidad está en aplicación. Nos consta que en esa satisfacción no estamos solos porque el logro que hemos
alcanzado significa fundamentalmente que entre todos podemos continuar con el ejercicio responsable de una reestructuración no traumática, contribuyendo a la racionalización económica de un sector en dificultades al tiempo que se crean nuevas
oportunidades para el futuro de esos pueblos y sus gentes.
La verdad es que estamos satisfechos ya que la aplicación del plan de la minería del carbón nos está llevando a conseguir con claridad esos objetivos que he mencionado: reestructuración no traumática y desarrollo alternativo. Las obras de
infraestructura que se están realizando, los incentivos a las empresas que están yendo allí y que están creando empleos en todas esas comarcas globalmente consideradas en la misma cuantía de los empleos que se están perdiendo en la minería del
carbón.
Otro elemento, a mi juicio tan importante
como los anteriores, aunque desde el punto de vista financiero sea menor, son todos los programas que estamos llevando a cabo, de formación, de becas, de ayudas para aprendizaje, de informática, etcétera, que permitirán dar salida a todos
los jóvenes que hay en esas comarcas.
Afortunadamente el reglamento del carbón, tal como ha sido aprobado, nos va a permitir pensar con serenidad y estabilidad cómo tenemos que actuar de manera conjunta con los firmantes del plan para que se logren
esos objetivos que he dicho a plena satisfacción: la reestructuración no traumática y el desarrollo alternativo.
Muchas gracias, señorías, quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Para las intervenciones de los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Suárez González.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señor secretario de Estado, gracias por su comparecencia para explicarnos el reglamento de ayudas estatales a la industria del carbón, que aprobó el pasado día 7 el Consejo de Ministros de
Industria y Energía. Junto a una valoración positiva de este reglamento de ayudas al carbón que ha aprobado la Unión Europea antes de que finalice el Tratado CECA el próximo día 23, y que es fruto también, cómo no, de un relevante trabajo del
Parlamento Europeo, en el que ha habido un debate importante en torno a las ayudas al carbón y en el que se manifestaron tendencias claramente contrarias a mantener las ayudas al carbón, como se manifestaron también en el marco del Consejo de
Ministros correspondiente de la Unión Europea y otros organismos de la misma, me gustaría recordar que hubo un acuerdo político importante que suscribieron en este Parlamento Izquierda Unida, Grupo Socialista y Grupo Popular en torno a una
proposición no de ley que arranca de un planteamiento que hizo a los grupos parlamentarios ACOM-España y que se concretaba básicamente en tres cuestiones. En primer lugar, que era necesario que este reglamento de ayudas se aprobase bajo la
presidencia española; en segundo lugar, que había que defender un horizonte temporal no inferior al año 2010 en cuanto al mantenimiento de las ayudas, y en tercer lugar, la necesidad del aprovechamiento de los recursos autóctonos, evitar la
dependencia exterior y evaluar las necesidades mínimas energéticas de los países miembros de la Unión Europea. Por tanto, se trata de constatar esta realidad y de valorar positivamente la aprobación del reglamento de ayudas a la industria del
carbón por parte de la Unión Europea el pasado día 7 de junio así como constatar el trabajo que se ha realizado desde el Parlamento Europeo, por parte de este Parlamento, desde el Gobierno español o desde otros gobiernos de la Unión Europea que
también tienen industria hullera y que también la han defendido. A partir de esta reflexión y de esta nueva realidad, pues ya tenemos un nuevo reglamento de ayudas que sustituye al Tratado CECA, queremos hacer una reflexión y algún planteamiento de
futuro.
El reglamento, como ha dicho el señor secretario de Estado, permite desarrollar el plan del carbón y del desarrollo alternativo de las comarcas mineras suscrito con las organizaciones sindicales de la minería en el año 1998 y que tiene como
horizonte temporal el año 2005. El plan del carbón encaja por tanto con el reglamento y se puede seguir desarrollando. Nosotros siempre hemos valorado el plan del carbón como un mecanismo válido para estabilizar el sector -usted también lo ha
dicho- y por tanto para asegurar la viabilidad de dicho sector minero. Ese plan del carbón ha conllevado ya importantes reducciones de ayudas -las ayudas vienen siendo regresivas desde hace muchísimos años-, de producción y de empleo, con el
objetivo de redimensionar y reestructurar el sector, tratar de estabilizarlo por la vía de hacerlo más eficiente y asegurar su viabilidad. Con la aprobación de este reglamento tenemos un nuevo marco normativo. Entendemos, y así se dice en el
propio plan del carbón, que hay que dar continuidad al plan del carbón a partir del año 2005, incluso se baraja en él el año 2004 como el de inicio de las negociaciones para tratar de dar continuidad al plan del carbón, que finaliza en el año 2005.
Nosotros consideramos esto muy importante y creemos necesario a partir de 2005 dar continuidad al plan del carbón, que conlleva unos parámetros en materia de reducción de ayudas, producción y empleo, que esto se haga de forma concertada con las
organizaciones sindicales y que supere la barrera del año 2010. El actual plan del carbón superó la barrera del año 2002 y durará hasta el año 2005; éste debe dar continuidad al plan actual del carbón, el que va hasta 2005, y superar la barrera de
dicho año 2005. Debe ser un plan a más largo plazo, un Plan más amplio que el propio marco normativo que ha acordado la Unión Europea. Se pudo hacer con el actual plan del carbón, vigente hasta el año 2005, y se va a poder hacer perfectamente con
el próximo, el que debe dar continuidad al actual. Repito que debe ser un plan a largo plazo, que supere la barrera del año 2010, esto es, que sea más amplio que el propio marco normativo de la Unión Europea.
Esta es la primera reflexión que quería hacer. Se busca estabilizar el sector, trasladar sosiego y tranquilidad a las comarcas mineras y dar tiempo al proceso de reindustrialización y de diversificación de dichas comarcas. La
estabilización del sector -vuelvo a esa palabra que usted ha utilizado- es muy importante y lo es más tras el relevante ajuste y redimensionamiento que se ha producido en el sector en los últimos años.
Estabilizar el sector sirve para evitar
dependencias energéticas exteriores y todo ello es hablar de apoyar las fuentes energéticas autóctonas, las primarias, es
hablar de evitar la dependencia exterior, apoyando las fuentes energéticas propias para asegurar el abastecimiento energético. Pues bien, con el Plan del carbón y con el nuevo reglamento de ayudas se puede trabajar en esta dirección. Y
aquí haría yo dos reflexiones importantes. Está claro que es necesario, y lo demandamos, un mayor compromiso de las empresas mineras en materia de inversiones y de planes de empresa, un compromiso que les permita una buena situación de eficiencia
empresarial para acceder a esa cuota que España va a tener en la reserva estratégica que se contempla en el reglamento de ayudas al carbón, que conllevará que los Estados miembros presten su ayuda en relación con las toneladas de carbón que
configuran esa reserva estratégica. Es importante hacer esta reflexión: las empresas deben hacer un esfuerzo para que sus unidades de producción estén en buenas condiciones para poder acceder a la participación de España en esa reserva estratégica
que el reglamento de ayudas al carbón contempla. Y, junto a esta reflexión, hago otra y es que nos parece bastante acertado y defendible que el nivel básico de producción de carbón, la participación de España en la reserva estratégica, no sea
inferior a la producción del Plan general del carbón que se concertó con las organizaciones sindicales. Defender la participación de España en la reserva estratégica como cuota de producción propia entendemos que es una posición perfectamente
defendible -así lo vemos los socialistas- por parte del Gobierno español, que se tiene que pronunciar con claridad acerca de cuál es la participación de España en esa reserva estratégica o en nuestra cuota de producción de carbón propia. Ha habido
ya una importante reducción de ayudas, producción y empleo, insisto en ello, y debemos buscar la estabilidad del sector. Pero, además de dicha estabilidad y de la necesidad de apostar por su viabilidad por razones de abastecimiento energético para
evitar la dependencia energética, también hay que apostar -eso necesita asimismo de un sector minero estable, viable y tranquilo- por la diversificación de las comarcas mineras. Así pues, esta es la segunda reflexión que quería hacer, cuál es la
producción de carbón que podrá ser ayudada, de acuerdo con el reglamento de ayudas, en el marco de la reserva estratégica de la Unión Europea. Nosotros pensamos que es muy defendible que sea la que se contempla en el Plan del carbón.
Hablar, y vuelvo a las palabras contenidas en el reglamento de ayudas al carbón, de evitar la dependencia energética y de apostar por las fuentes energéticas autóctonas, por combustibles autóctonos como el carbón, conlleva, y usted se ha
referido a ello, que las compañías eléctricas adapten sus grupos térmicos a la directiva comunitaria sobre exigencias medioambientales y de reducción de emisiones, la Directiva 96/61/CEE.
Dicha directiva establece un período transitorio, hasta el
30 de octubre de 2007, para que las centrales térmicas adapten sus instalaciones, lo que significa que hay tiempo para hacerlo, puesto que todavía faltan cinco años. Y esto, que las centrales térmicas acometan las inversiones necesarias para
adaptarse a esta directiva comunitaria, va íntimamente ligado al reglamento de ayudas, a la reserva estratégica y al Plan del carbón. Así pues, reflexionamos acerca de cómo está el proceso en lo que concierne a las empresas eléctricas, nos gustaría
saber qué seguimiento piensa hacer el Gobierno del mismo y, sobre todo, planteamos la necesidad de que el Gobierno juegue un papel más activo con respecto a ese proceso que deben acometer las empresas eléctricas porque es básico para la industria
hullera de nuestro país, para que el reglamento de ayudas, que debe asegurar la viabilidad del sector minero en los próximos años, de verdad lo asegure. Es totalmente necesario para dar continuidad -usted se mostró partidario de ello- al actual
Plan del carbón de forma concertada con las organizaciones sindicales del sector.
Estas son las reflexiones que quería hacer, reflexiones que surgen desde una valoración positiva del reglamento de ayudas que ha acordado la Unión Europea y que tratan de poner encima de la mesa los retos que tenemos por delante, ante los
cuales el Gobierno de España tiene mucho que decir.
Esos retos, a nuestro entender, pasan por estabilizar el sector, apostando por él a la vez que se apuesta claramente por la diversificación de las comarcas mineras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, señor presidente, quisiera agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, así como la información que ha facilitado a esta Comisión.
En segundo lugar, quiero manifestar que mi grupo parlamentario valora positivamente el acuerdo alcanzado en la reciente cumbre de ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, relativo a la aprobación de un nuevo reglamento de ayudas
por parte de los Estados miembros al sector del carbón. Tal como ha manifestado el secretario de Estado de Economía, se trata de un reglamento que va a permitir al sector del carbón continuar con una reestructuración no traumática, teniendo en
cuenta que ha pasado por muchas vicisitudes. Ahora podemos darle la buena noticia de que hasta el año 2010 va a poder continuar con sus actividades, aunque no al mismo nivel al que lo está haciendo. Sin embargo, el horizonte es optimista hasta el
año 2010. Dicha reestructuración va a permitir planificar y emprender un desarrollo alternativo de nuevas iniciativas empresariales, un nuevo reequilibrio territorial que, con la baja productividad o con los bajos rendimientos que se van a poder
implementar a través de este nuevo reglamento, posibilitará el nacimiento de
nuevas industrias o proyectos empresariales que harán recuperar con fuerza la mano de obra excedente de este sector, el cual, como he dicho antes, ha pasado por muchas vicisitudes y ha sido motivo de amplias reestructuraciones.
Quiero celebrar que el acuerdo alcanzado desde hace ya bastantes años entre las diferentes fuerzas políticas de este Parlamento, así como los acuerdos alcanzados por los agentes sociales y empresariales, junto con la aprobación de este nuevo
reglamento de ayudas, permitan que se siga emprendiendo esta reestructuración no traumática. La aprobación de este nuevo reglamento va a permitir que el Gobierno cumpla con varias proposiciones no de ley que nosotros planteamos y aprobamos en esta
Comisión de Economía, dirigidas a abordar una reestructuración suave, no traumática, en diferentes sectores o comarcas catalanas que estaban también implicadas en la reestructuración del carbón. Concretamente, el pasado 14 de septiembre, en esta
Comisión de Economía, aprobamos por unanimidad una iniciativa parlamentaria en la que que se instaba al Gobierno a realizar todas aquellas gestiones y acciones necesarias para que en el caso de producirse la venta de la central térmica de Sers, en
la comarca minera de Bergadà, el nuevo propietario pudiera asumir el compromiso de mantenerla en funcionamiento con carbón procedente de la explotación de Carbones de Pedraforca hasta finales del año 2005, tal como ya estaba asumido por parte del
antiguo Ministerio de Industria y Energía. Esta iniciativa parlamentaria del Grupo Catalán fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, y pienso sinceramente que con la aprobación de este nuevo reglamento este acuerdo alcanzado a finales del año
2001 viene a darle muchísima más fuerza, en el sentido de que el Gobierno y los futuros compradores asumen -si es que se produce esta venta porque actualmente es propiedad de ENDESA- el que pueda continuar explotándose, al amparo del ministerio,
hasta el horizonte del año 2005.
Independientemente de que sea una buena noticia para el sector minero español en general, particularmente pienso que este acuerdo va a ser una buena noticia para las 1.600 personas de la misma comarca de Bergadà ya que, también a raíz de una
iniciativa que nuestro grupo parlamentario presentó ante la Comisión de Economía el pasado mes de diciembre, todas las fuerzas parlamentarias acordamos instar al Gobierno a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que las personas afectadas
por el cierre de sus empresas mineras entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de enero de 1997, que concretamente son 1.600 personas, en su mayoría jubilados y viudas, puedan recibir la indemnización correspondiente con motivo de la supresión del vale
del carbón. Esta fue una iniciativa que se aprobó por unanimidad de todos los grupos presentes en la Cámara, y pensamos que este acuerdo alcanzado con el nuevo reglamento de ayudas al sector del carbón vendrá a reforzar a estas 1.600 personas que
están pendientes de materializar sus prestaciones económicas o contraprestaciones en función de la eliminación del vale del carbón. Por tanto, desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente este acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros
de Industria y Energía de la Unión Europea. También quisiéramos resaltar el esfuerzo que ha hecho el departamento de Economía, y concretamente el secretario de Estado de Economía, señor Folgado, para que finalmente este acuerdo se pudiera alcanzar
por todos los ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, que da unas posibilidades fiables y positivas en el horizonte del año 2010.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: En primer lugar, quiero unirme a la felicitación por el acuerdo alcanzado el pasado 7 de junio, de forma muy especial felicito al actual Gobierno por la diligencia, por el rigor, por la seriedad, por el trabajo
que en los últimos meses viene realizando para poder presentar un balance sobre el futuro del carbón, que si no cierra totalmente la expectativa de consolidación definitiva, sí abre las puertas a la esperanza por la que durante tantos años muchos
asturianos, en especial los que por motivos familiares vivimos en las cuencas mineras, hemos venido luchando. Tengo que decirlo y no me perdonaría a mí mismo si en un foro como éste dejase de hacerlo, porque significó y significa en Asturias y en
las regiones mineras una esperanza en el desarrollo alternativo de esas comarcas mineras.
Después de una exposición pedagógicamente impecable del trabajo realizado por el Gobierno hecha aquí por el señor Folgado y el futuro que se nos avecina, se explican intervenciones como las que yo acabo de oír, en primer lugar, del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, señor Suárez, que como buen asturiano y también como vecino de las comarcas mineras sabe que el futuro del carbón está ligado al futuro de las propias comarcas mineras. Yo recuerdo aquella lucha que el Partido
Socialista e Izquierda Unida en Asturias mantenían frente al Partido Popular. Desde luego, desde la perspectiva de la izquierda asturiana, jamás se podía concebir que fuese un Gobierno como en este caso el del señor Aznar el que diese al menos
satisfacción de futuro y esperanza a estas cuencas mineras. La realidad es así, por eso la cuento y por eso digo, señor Folgado, que debe tener una gran satisfacción. Sin ser usted vecino de ninguna cuenca minera en concreto, como buen zamorano
sabe que en Castilla y León también hay minería y la ha tenido que ver y padecer muy de cerca. Y me atrevo a hablar por los demás, porque supongo que tanto Izquierda Unida, como el PSOE, como las demás fuerzas políticas están explicando en todas
esas comarcas mineras que ha habido un Gobierno que por
encima del interés partidista entendió que el consenso era fundamental en la búsqueda de la solución a un problema inminente que finalizaba precisamente en 2002. Hay un Gobierno -en este caso quisiera olvidarme del partidismo- que piensa
que es necesario hacer el esfuerzo que se está haciendo para que al menos hasta 2010 -luego ya veremos- mantengamos la esperanza de poder recuperar ese tejido que se nos viene abajo como consecuencia de la reducción no traumática de los puestos de
trabajo en las cuencas mineras, porque esas inversiones y esas ayudas están proporcionando un desarrollo alternativo en esas comarcas mineras.
Me gustaría -al igual que oí hablar en positivo al portavoz de Convergència i Unió y tengo la sensación de que también al propio señor Suárez, portavoz del PSOE- que hoy hablara aquí el señor Llamazares. El señor Llamazares, don Gaspar, de
Izquierda Unida, fue uno de los artífices de ese acuerdo en esa proposición no de ley a la que hacía referencia el señor Suárez, que, relativa a las ayudas de la industria del carbón, conseguimos firmar conjuntamente Izquierda Unida, el PSOE y el
Partido Popular, donde se pedía al Gobierno de España llevar a cabo los esfuerzos necesarios a lo largo de la presidencia para aprobar un reglamento de ayudas estatales que, por razones sociales y territoriales, favoreciese la viabilidad del sector
minero, defendiendo un horizonte no inferior a 2010 y manteniendo el requisito de efectuar antes del año 2010 un análisis de las necesidades energéticas de los países miembros. Como esto no sólo lo ha cumplido sino que existe la convicción firme de
que el Gobierno sabe que ese es el trabajo que viene realizando, digo que me hubiera gustado tener aquí también al señor Llamazares para que constase en el 'Diario de Sesiones' cuál era su valoración acerca del trabajo de este Gobierno en la
búsqueda de soluciones para un sector que durante tantos años ha sido tratado de forma incorrecta, a mi juicio. Estamos en momentos de valoración y no quiero entrar en descalificaciones, aunque tiene que haberlas y la historia se encargará de
recordar forzosamente las de gobiernos que han gobernado en España y que no se han ocupado ni preocupado de la solución de un sector, el de la minería del carbón, que tenía como horizonte de permanencia no más allá del año 2000.
Dos reflexiones ha hecho el señor Suárez -en valoración positiva, eso es bueno, y por eso lo quiero resaltar-, la primera, en el sentido de que este Gobierno siga trabajando por conseguir incluso un horizonte más allá de 2010, y la segunda,
que se aclare la participación de España en la reserva estratégica. En eso estamos, señor Suárez, como partido y como Gobierno. Pero yo también le hago una propuesta para que, como buen vecino de las cuencas mineras, pudiese reflexionar sobre lo
que hubiera pasado de haber seguido las directrices de su propio partido que durante tantos años, en las décadas de los ochenta y de los noventa, puso fin a lo que debía ser el futuro del sector de la minería no alargándolo más allá del año 2000,
como consta en las declaraciones a los medios de comunicación que desde el año 1982 y 1983 hicieron tanto Felipe González como otros ministros que hablaban de que el futuro del carbón no podía, en modo alguno, ir más allá del año 2000. (Una señora
diputada: ¡Eso es mentira!) Ahora ya lo tenemos hasta 2010. Comprendo su felicitación. Es bueno decirlo, porque al final nadie va a entender la diferencia entre partidos que perjudican a un sector como éste y sí van a entender todos que las
fuerzas políticas y el Gobierno de turno -en este caso le corresponde al Gobierno del Partido Popular- supieron ver que el futuro del carbón pasa inexcusablemente, como decía al final de su intervención el señor Folgado, por la suave
reestructuración no traumática del sector de la minería del carbón otorgándole un horizonte de estabilidad y, en segundo lugar, por el cumplimiento del Plan del carbón firmado con los sindicatos y con los empresarios mineros que está en la
actualidad en aplicación.
Esa es la gran ventaja que tenemos con un Gobierno consecuente con un trabajo que inició hace muchos años y que cuando le corresponde la responsabilidad de ejercerlo lo hace sin miramientos de ningún otro tipo más que el de salvar y
desarrollar alternativamente esas comarcas mineras. En el Partido Popular tenemos la firme convicción de que el plan firmado con los sindicatos y con los empresarios en 1998 y que abarca hasta el año 2005 se viene cumpliendo escrupulosamente y que
se va a cumplir, y eso, indudablemente, trae como consecuencia las inversiones de cientos de miles de millones -los que correspondan en euros- para impulsar desde esas cuencas mineras. El Gobierno cumple así sus compromisos con los asturianos, con
los leoneses, con las regiones de Aragón y de Cataluña, con las regiones mineras, con el convencimiento de que para asentar el futuro no sólo de las empresas mineras sino del empleo debe de hacerse de ese modo.
En estos últimos cuatro años saben SS.SS. que el total de ayudas ha sido de más de 8.000 millones de euros, que se han creado más de 8.200 puestos de trabajo -lo cual prácticamente equipara la destrucción de empleo por la reducción de las
ayudas- y que el 36 por ciento del total de estos 8.000 millones de euros se ha dedicado a la reestructuración, el 43 por ciento a las ayudas sociales y el 20 por ciento a infraestructuras. Por tanto, el impulso que ha dado este Gobierno ha sido
valorado en Europa, por una parte, como un contexto serio de reducción paulatina de ayudas y de mejora financiera de las explotaciones mineras y, por otra -a mi juicio la más importante-, como una clara estrategia de alternativa industrial para las
comarcas mineras. Hay empresas que no podrían ser rentables en un mercado internacional en términos puramente competitivos por no tener una parte de ayudas del Estado y, por tanto, para mantener esa viabilidad, por razones energéticas, estratégicas
y de reequilibrio regional, así se
está haciendo. Con ello este Gobierno no sólo está cumpliendo, sino que, y a mi juicio es lo más importante, se ha sensibilizado con un sector con el que los gobiernos anteriores no tenían esa sensibilidad. El problema no está tanto en dar
una solución a corto plazo a un sector, como verlo en un medio y largo plazo, y creo, señorías, que nuestro Gobierno así lo ha entendido, así lo sigue entendiendo y por eso el señor Folgado en toda su intervención -rigurosa, como antes decía- se ha
ocupado de mantener viva la esperanza en un futuro, cumpliendo con lo que el reglamento dice y con las ayudas inestimables de países y de grupos parlamentarios europeos de todos los signos políticos en el ámbito parlamentario que así también lo
entendieron. Por ello, señorías, a nosotros el nuevo reglamento de ayudas al carbón que se aprobó el pasado 7 de junio nos llena de satisfacción.
En ese sentido, una vez más, tenemos como soporte fundamental la convicción firme del compromiso de un Gobierno que va a seguir luchando por mantener, en las condiciones que el reglamento establece, las ayudas que puedan venir, haciendo
posible ese desarrollo alternativo, las cuales me atrevo a decir que deben ser, en todo caso, aplicadas de acuerdo con lo que siempre hemos dicho los que algo conocemos o debemos conocer de este sector, esto es, en función del empleo perdido. Hay
muchos municipios mineros, hay muchas zonas que han perdido mucho empleo, a las que ahora se les compensa precisamente en función de ese esfuerzo y de ese trabajo para que con infraestructuras, con formación, con becas para sus hijos, con la
implantación de empresas a través de la cesión de terrenos, puedan desarrollar alternativas y ver que sus hijos pueden encontrar un puesto de trabajo, aunque no ya en la mina -un sector que va a ir disminuyendo paulatinamente-, porque con estas
ayudas se está creando una nueva infraestructura que posibilita la creación de puestos de trabajo, a los que tienen derecho, que es la razón última por la que se conceden esas ayudas a la minería.
Me gustaría finalizar pidiendo que el Gobierno siga manteniendo esa lucha constante por la mejora de las cuencas, pero al mismo tiempo que aplique esas inversiones, esas ayudas en función del empleo minero en cada municipio, para así cumplir
con lo que los vecinos de esas comarcas mineras entendieron siempre que debe ser una política como la que ha hecho el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Folgado Blanco): En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción porque los tres grupos parlamentarios que han intervenido, el Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y el Grupo
Popular, compartan una valoración positiva -así lo han manifestado reiteradamente- de un proceso que ahora concluye, desde el punto de vista del establecimiento de unas normas comunitarias que nos permitan llevar adelante unos objetivos muy claros
en el ámbito del carbón.
En efecto, creo que es para congratularnos todos porque ha habido aquí, en el Parlamento, como decía el portavoz del Grupo Socialista, una intervención positiva de los grupos parlamentarios Socialista, Popular e Izquierda Unida y ha habido
una actuación positiva y constructiva por parte del Parlamento Europeo. No sé si lo ha mencionado, pero me parece que hay que señalar de manera enfática los trabajos de la Comisión Europea, que tampoco han sido fáciles, en absoluto. Creo que todo
ello se hace sin minusvalorar, todo lo contrario, porque aquí estaba la llave, el trabajo del Consejo Europeo, porque al final era el que tenía que dar el visto bueno o no a un reglamento del carbón, sabiendo que tenemos una fecha límite muy clara,
el 23 de julio, y que detrás de eso ni plan de la minería del carbón ni nada, problemas muy serios; sabiendo también que las sensibilidades en los países europeos son muy relativas, porque es verdad que hay cuatro países que tienen producción de
carbón, pero sólo hay dos a los que afecte de manera importante la problemática, que son Alemania y España, desde el punto de vista cuantitativo en ese orden.
Nosotros teníamos muy claro qué era lo que necesitábamos, pero no era en absoluto fácil y teníamos que mostrar toda nuestra capacidad de argumentación para lograr que saliese adelante el reglamento y en los términos en los que salió, que
pocos creían que fuera a salir así. Quiero decir algo importante. Hay dos motivos fundamentales por los cuales nosotros queríamos que esto fuese adelante: el de carácter social y regional, que lo aceptaban todos los países -y así lo manifestaban
en los consejos de la energía-, y el de seguridad y cierta autonomía en el abastecimiento energético, tener tecnologías de generación eléctrica propias. Europa tiene una gran dependencia exterior y en este punto la Comisión hizo mucho hincapié
desde el principio, argumento que no se compartía por otros muchos países. Se partía de la base de que en materia energética Europa depende en un 50 por ciento del exterior, que en 30 años iba a depender en un 70 por ciento y que esto nos puede
crear enormes dificultades en el potencial de crecimiento, por lo que tenemos que hacer un análisis serio de cómo, vía energías renovables, vía carbón, etcétera, podemos mantener una capacidad mayor de energía propia. No sólo en el libro verde,
sino también en el preámbulo del reglamento se insiste de manera reiterada en este concepto de seguridad de abastecimiento energético interno de Europa, de autonomía, etcétera. Hay que tener, desde el punto de vista estratégico, fuentes energéticas
propias. Se dice bien claro, sobre todo en los puntos 6, 7 y demás del preámbulo.
Nosotros hemos insistido en ambos, y así quedó recogido finalmente, lo cual entendemos que es muy positivo.
Había otro punto, el tema del horizonte temporal, si se acepta sólo el elemento social, las razones sociales. Los planteamientos subsiguientes que se hacían eran naturalmente ayudar a bien morir y rápidamente, y aceptamos que se den ayudas
cuantiosas, pero para liquidar, además con rapidez. Esto se planteaba también de manera muy enfática. Entendemos que el horizonte 2010 -no podía ir más allá el reglamento- es razonable, que no quiere decir que en el año 2010 acabe todo tipo de
planteamiento en relación con ayudas al carbón; el reglamento dice que concluye el 31 de diciembre de 2010, pero ya veremos en su día. Esto permite abrir un horizonte muy importante para que sigamos trabajando en la línea en la que hemos
trabajado.
El tercer punto, también muy importante para nosotros, y que quedó de manera satisfactoria, es cómo se instrumentaban las ayudas al carbón. No es lo mismo que hubiera que dar explicaciones y separar las ayudas a los distintos conceptos, a
la reducción de actividad y cierre y las ayudas de acceso a reservas o de funcionamiento, que tal como ha quedado finalmente, que nos permite una flexibilidad de actuación y un mejor cumplimiento, yo diría pleno cumplimiento, del plan de la minería
del carbón que otras alternativas que se habían planteado en la mesa, que no eran las de la presidencia, lo hubieran hecho más difícil. También un planteamiento flexible en el análisis y en las ayudas en términos de pozos y no en términos de
empresas. Lo mismo el que no quede establecida la cuantía de la reducción anual de las ayudas, como querían también numerosos países, de manera que, aunque naturalmente tienen que verse reducidas en los términos en que está recogido en el
reglamento, que permite una cierta flexibilidad, debemos ir en esa línea.
Está claro que nosotros no hemos hecho un planteamiento de reducción de ayudas. El Plan de la minería del carbón establece un montante de ayudas que poco tiene que ver con las muy pocas o nulas ayudas que hubo en etapas anteriores. Estamos
satisfechos del Plan de la minería del carbón firmado con los sindicatos, que se puede aplicar plenamente. En su momento ya hablaremos sobre lo que va a pasar a partir del año 2005 desde el punto de vista del Plan de la minería del carbón; lo
sabemos desde el punto de vista del reglamento. Desde el punto de vista del plan, tenemos por delante toda la segunda etapa, la primera etapa ha sido satisfactoria. Yo no sé si alguno hubiera esperado algo más, desde luego este plan en sí mismo ha
sido muy importante desde el punto de vista socioeconómico y su contenido nada tiene que ver con planteamientos que se habían hecho en el pasado y muy importantes.
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, en los cuatro primeros años, hasta el 31 de diciembre del año 2001, ha tenido una dotación presupuestaria de 679.000 millones de pesetas -es mucho dinero-, que guarda unos
equilibrios entre ayudas al funcionamiento (321.000 millones de pesetas), a prejubilaciones de 6.928 trabajadores, etcétera. Pero me interesa resaltar tanto o más la otra pata de la mesa o el otro pilar de este edificio que no tiene mucho que ver
con el reglamento del carbón. Este reglamento hace referencia a aquello que afecta a la comunidad, pero los otros planteamientos que hemos hecho van a significar, junto con esas ayudas a la reestructuración del carbón no traumática, como así se ha
reconocido por los sindicatos, el desarrollo alternativo. Además, ellos y nosotros debemos velar en la comisión de seguimiento por que se haga un seguimiento preciso y por que se cumpla el plan de la minería del carbón. Insisto, me interesa
resaltar mucho, junto a esa reestructuración, el desarrollo alternativo. En las comisiones de seguimiento he hecho mucho hincapié en el seguimiento del desarrollo alternativo de estas comarcas, sabiendo que tiene que haber una reestructuración de
la minería del carbón. Desde luego estamos haciendo mucho hincapié en todas las inversiones, en infraestructuras y equipamientos, en colaboración con las comunidades autónomas y los municipios, naturalmente, con el seguimiento de los miembros de la
comisión de seguimiento del plan.
También estamos favoreciendo de manera muy importante a las empresas que quieren invertir allí en otras actividades y, además, estamos dosificando las ayudas, intensificándolas cuando esas inversiones se asientan en los municipios más
mineros. Las decisiones empresariales, obviamente, tienen en cuenta muchas cosas, no sólo la subvención que proceda de este plan, sino otros aspectos que hacen que sea dentro del área global de la comarca, pero no exactamente en los municipios más
mineros. Tenemos que intentar, porque nunca se puede forzar a un empresario a invertir en un sitio o en otro, a través de mecanismos de ayuda, compensar el menor estímulo que puedan tener a invertir en estas zonas; estamos actuando de manera muy
intensa en ello. Fue una propuesta que se hizo por parte sindical, que nosotros analizamos, que se aprobó en la comisión de seguimiento y que se está tratando de aplicar. Lo que sí puedo decir es que en las comarcas mineras españolas se están
creando tantos empleos como se destruyen. No estoy diciendo en cada uno de los puntos, eso es harto difícil, porque depende naturalmente de las decisiones empresariales, pero, afortunadamente, los proyectos empresariales propuestos en este período
-creo que es el momento de hacer balance, puesto que ha concluido la mitad del plan- representan una inversión de 194.000 millones de pesetas y hasta ahora se han concedido ayudas por importe de 31.000 millones de pesetas. Ojalá siga adelante,
desde luego es nuestro propósito seguir dando ayudas a aquellos que asuman riesgos inversores en aquellas zonas que nosotros queremos privilegiar porque están en una situación especial.
Nos tranquiliza que se pueda aplicar plenamente el plan -esto no era seguro hace algún tiempo-, que podamos seguir aplicándolo con serenidad durante otros cuatro años y seguiremos trabajando duro conjuntamente con los sindicatos y con los
empresarios en la comisión de seguimiento para que se aplique en su integridad. Queremos contar con la colaboración de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales afectadas para que se pueda aplicar plenamente, así como de otras áreas
de las administraciones que tienen algo que ver y que tienen que decidir, por ejemplo, en certificaciones de impacto medioambiental y demás, porque o bien la Administración del Estado o bien las comunidades autónomas tienen competencias en la
materia. También las corporaciones locales, que conceden licencias. En definitiva, todo un conjunto de colaboraciones institucionales que nos tiene que llevar a buen puerto, a que podamos aplicar plenamente este plan. En su momento, ya hablaremos
de lo que puede ocurrir a partir del año 2005. Ahora, se ha aprobado un plan muy importante por un período de ocho años, que se está aplicando íntegramente y de manera satisfactoria. Cuando alguna comunidad autónoma ha querido llevar a cabo
planteamientos que no formaban parte de los acuerdos alcanzados en la comisión de seguimiento con los sindicatos, ha provocado demoras, entiendo, absolutamente innecesarias de los procesos inversores en infraestructuras y equipamientos en
determinadas comarcas mineras. Espero que se arregle cuanto antes para que no se produzca ningún tipo de demora en lo que es todo un reto para nosotros.
A partir de ahora, como consecuencia del éxito obtenido con la aprobación del reglamento del carbón, tenemos la obligación de cumplirlo disciplinadamente, de cumplir con las exigencias informativas que marca la comisión y de aplicarlo en sus
términos, porque es lo mejor que podemos hacer para servir a nuestro país, aplicarlo con eficiencia. No vamos a estar dispuestos a que se produzcan distorsiones, anomalías o planteamientos fuera del cauce que nos hemos fijado: el Plan de la
minería del carbón y las exigencias que establece el reglamento. La Administración del Estado está haciendo un esfuerzo presupuestario. Esto debería quedar bien claro, porque podría parecer que otras administraciones ponen todo el dinero, pero
íntegramente lo pone la Administración del Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, aparte de lo que pone por su parte SEPI en HUNOSA; tiene que haber cooperación de todos los agentes, instituciones y administraciones, que se ven
afectados.
Podemos congratularnos todos de cómo se ha desenvuelto finalmente todo este proceso, que ha sido largo, de muchos meses, muy delicado, muy importante y que ha salido a plena satisfacción. Desde luego, a partir de esa satisfacción, no
tenemos que quedarnos quietos, sino seguir avanzando en este proceso que es absolutamente vital para lograr que se produzca una reestructuración no traumática y, al mismo tiempo, un desarrollo alternativo eficiente en esas comarcas mineras.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos momentáneamente la sesión. Poco antes de las 14,00 horas la reanudaremos para votar a las dos de la tarde en punto.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Señorías, vamos a iniciar las votaciones correspondientes al primer punto del orden del día, informe elaborado por la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas.
En primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Queda rechazado.
Pasamos a votar el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Queda rechazado.
En último lugar, pasamos a la votación del texto del informe de la subcomisión en los términos de la transacción aludida en el debate, con el voto particular del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.