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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 526, de 19/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 526
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles, 19 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación del: - Informe elaborado por la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. (Número de expediente 154/000004.) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
De acuerdo con el orden del día, para la defensa del informe elaborado por la subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, tiene la palabra el diputado
señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Efectivamente, se trata de debatir el informe aprobado por la mayoría de los miembros de la subcomisión de seguimiento de los procesos de privatización y reconversión del sector público, creada por acuerdo del
Pleno del Congreso en su sesión del día 19 de octubre del año 2000. Se han estudiado 18 empresas, no sólo las que han finalizado su proceso de privatización durante la actual legislatura, sino también aquellas otras que, perteneciendo a la
legislatura anterior y habiendo finalizado dentro de sus términos sus procesos de privatización, no fueron objeto de estudio por la anterior subcomisión creada con el mismo fin, porque esta terminó sus trabajos el 1 de diciembre del año 1998, por lo
que no hubo esa posibilidad. (El señor vicepresidente, García Breva, ocupa la presidencia.) Hemos estudiado esas 18 empresas comprendidas en los dos periodos. Por ser gráficos de alguna manera y tratar de expresar la importancia del volumen de
estas 18 empresas con datos, aclararé que el importe de la privatización de las mismas asciende a 3.030 millones de euros, que la facturación del último año en el que fueron públicas supusieron 8.750 millones de euros, que el volumen de la plantilla
de estas empresas privatizadas asciende a 57.300 trabajadores y que, como consecuencia de aquellas que han sido privatizadas a través de oferta pública de venta, han accedido al accionariado de estas empresas pequeños accionistas en un volumen de
800.000. En la subcomisión han comparecido, además del presidente de la Sociedad Gestora de las Privatizaciones, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, representantes de los órganos de control de las mismas, como la
interventora general de la Administración, y el presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Se ha recibido una documentación, que desde nuestro punto de vista es abundante, que figura pormenorizadamente en el informe para quien quiera
analizar el sentido de dicha información y su carácter, que desde luego nos parece suficiente para el trabajo que hemos tenido encomendado. Es necesario resaltar la colaboración recibida, tanto de quienes con su presencia en la subcomisión nos han
facilitado una importante información como de quienes nos la han enviado, ya que sin ella no hubiéramos podido realizar nuestro trabajo.
Como conclusiones debemos poner de manifiesto lo siguiente. Las privatizaciones de las empresas analizadas se han atenido a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, que imponía el acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprobó el programa de modernización del sector público empresarial; los procesos de privatización se han sometido a los órganos de control establecidos, tanto de carácter interno, como son el Tribunal de Cuentas o la Intervención General de
la Administración del Estado, como externos, como el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Todos ellos han certificado la adecuación de los procesos a la norma. Aquellas particularidades que han sido puestas de relieve y que tienden a mejorar un
proceso, que por otra parte desde el año 1996 ha venido perfeccionándose permanentemente, han ido siendo incorporadas gradualmente por parte de la entidad gestora y estamos seguros (así lo ponemos de manifiesto en el informe final de la subcomisión)
que seguirán siendo incorporados gradualmente aquellos que hasta el momento no lo han sido. En los procesos estudiados frente a la simple idea de poner las empresas que estaban en el sector público en manos del sector privado ha prevalecido la de
aprovechar la ocasión para constituir proyectos industriales sólidos, solventes industrial y financieramente, con garantía de futuro a largo plazo, así como contribuir a la mejora del tejido industrial y de la economía española en su conjunto.
Queremos resaltar el alto grado de acuerdo social que ha habido en las privatizaciones que se han ido realizando; se han cumplido los planes industriales, mejorando sustancialmente la situación de las empresas; se ha conseguido el objetivo de
consolidación del empleo y se ha sido capaz de construir un futuro laboral en estas empresas con un empleo más sólido, más seguro y con mejores expectativas de futuro.
Queremos destacar cómo nuestras empresas han ido internacionalizándose; cómo
empresas que hace unos años estaban abocadas a la quiebra hoy pertenecen a holdings internacionales, garantizando con ello su viabilidad futura y su acceso a las tecnologías de que disponían esas empresas en las que se han incluido.
Al informe final se han incorporado algunas de las propuestas del Grupo de Convergència i Unió, que nos parecen muy interesantes, como es seguir profundizando en ese proceso de internacionalización en las futuras privatizaciones, que se
valore a la hora de tener en cuenta el plan industrial lo que estas empresas industriales europeas o internacionales pueden aportar. También se ha tenido en cuenta la precisión que se hacía sobre la golden share, sobre su carácter restrictivo y
cómo debe ser tratada en el futuro. Se concluye afirmando la necesidad -compartida por los grupos parlamentarios- de continuar los trabajos de análisis de las futuras privatizaciones en el próximo período de sesiones, con una nueva subcomisión que
siga con los trabajos que actualmente se vienen realizando. También se
incluye en el informe la precisión del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) referida a las acciones de futuro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para no desaprovechar ese enorme acervo que ha ido acumulando
como entidad que puede abordar perfectamente planes de reindustrialización, de reestructuración de zonas industriales en declive, que nos parecía necesario incorporar. Igualmente, valoramos positivamente lo que supone de racionalización del sector
público empresarial la unión o la absorción en este periodo por parte de la SEPI de la antigua Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales, la SEPPA.
En líneas generales y desde nuestro punto de vista este es el sentido del informe. Como conclusión final, las privatizaciones que se han realizado durante el periodo estudiado se han adaptado perfectamente a las premisas establecidas en el
acuerdo del Consejo de Ministros -repito- por el que se estableció el plan al que nos tenemos que atener a la hora de analizar la evolución de las privatizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Para la defensa de los votos particulares, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Una vez más nos encontramos ante una situación que no es nueva, porque ya hemos tenido ocasión en esta Cámara de expresar nuestra opinión sobre las privatizaciones y, sobre todo, sobre el procedimiento para
estudiarlas, en teoría, porque ni antes ni ahora eso ha sido posible. En este país y en la etapa del Partido Popular las privatizaciones están inéditas, no se ha podido estudiar absolutamente nada. Está absolutamente fuera de lugar lo que aquí se
acaba de decir de que se han estudiado 18 empresas, que se ha hecho un estudio pormenorizado; no es así. La prueba es que el propio estudio de conclusiones no tiene ni una cifra. Se compone de una serie de párrafos escritos sobre opiniones,
mejores o peores, que casi nada tienen que ver con el proceso. Tienen que ver con el procedimiento para controlarlo, con si la transparencia ha sido buena o mala. Simplemente se trata de decir eso, que se ha cumplido con tal o cual objetivo, pero
del estudio de la privatización de cada una de estas empresas, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, en cuánto se ha vendido, de qué forma, de todo eso no hay nada.
Ustedes ya no guardan ni las formas -perdónenme que se lo diga- porque en otras
ocasiones por lo menos han cubierto el expediente y han puesto algunas cifras, pero aquí nada, aquí ¿para qué? Es igual.
Lo único que esta Comisión ha podido obtener era que podíamos recibir la información desde -según dice el acuerdo de la Cámara por la que se constituyó- el momento de su constitución, pero tampoco ha sido así. La poca información que hemos
pedido fue posible a los seis meses de constituirse la Comisión, cuando nos reunimos para ver los trabajos que se iban a desarrollar. Está por escrito la información que necesitábamos, el volumen de los trabajos de todos los grupos políticos;
algunos incluso hacen dejación de lo que han dicho porque han manifestado que les debían tal o cual información, no se la han dado y ahora dicen que la información es correcta. Esa será su responsabilidad.
En ese mismo acuerdo se decía que podíamos estudiar los procesos de privatización, pero a cualquier pregunta, a cualquier información que hemos recabado sobre los procesos de privatización en curso se nos ha dicho que no era posible darla,
que hasta que no terminara no se nos podía dar esa información. Curiosamente cuando termine tampoco, porque entonces se nos dirá que es privada y a una empresa privada no le podemos pedir que nos dé documentación alguna, que es exactamente lo que
ustedes han hecho. Esto parece fuerte, pero es exactamente así. En la vida real hay una cosa parecida que se práctica mucho en las calles, estas personas que están haciendo juegos con las bolitas y que siempre te engañan; esto es algo parecido.
Dicen: No podemos facilitar la información hasta que no termine el proceso; y cuando termina el proceso dicen: No puede comparecer el presidente, no pueden enviar la información, porque ya es una empresa privada.
Aquí, señorías, lo único que hemos hecho es recibir a una serie de personas -lo que por otra parte fue objeto de unanimidad en la Cámara o por lo menos de mayoría- para que nos dijeran cómo iba la cosa, el presidente de tal empresa o tal
otra. Recuerdo que en la anterior etapa mi grupo abandonó esa subcomisión porque se negaron a comparecer los presidentes de las empresas públicas que ya estaban privatizadas; curiosamente, al día siguiente de que abandonáramos la Comisión
comparecieron todos, en fila india, en tres horas. Esa es la situación de esta Cámara, allá ustedes con su responsabilidad, porque los ciudadanos se van a enterar de que aquí todavía no sabemos qué ha pasado en los procesos de privatización. No es
cierto, y se lo puedo demostrar documentalmente, que hayamos recibido la información de la Intervención General de la Administración del Estado. La he pedido hasta la saciedad y se me ha contestado por escrito que esa información no se me puede
dar, así que no sé por qué acabo de oír que hemos tenido esa información, a no ser que algún grupo la tenga y los demás no la podamos tener. Ustedes han construido una especie de mecanismo para hacer ver que aquí se estaban fiscalizando las
privatizaciones, pero en realidad ustedes lo montan, ustedes lo estudian y ustedes deciden si está bien o mal, porque los demás no tenemos posibilidad alguna de hacerlo, y me explico.
El Consejo Consultivo de Privatizaciones ni siquiera es un órgano de la Administración, todavía no sabemos qué es. Es un órgano un poco fantasma porque hasta el acuerdo de creación no es público, no sabemos en qué
administración se enmarca, no sabemos con qué presupuesto funciona, pero sí sabemos que depende de la SEPI; es decir, depende del agente privatizador, que es el que paga al Consejo Consultivo de Privatizaciones. El presidente es un
diputado del Grupo Parlamentario Popular y, que yo sepa, no hay ninguna posibilidad de que en ese consejo haya alguna equidad a la hora de saber qué está haciendo. Sabemos que emite -o por lo menos a nosotros nos los envía- unos informes totalmente
en precario, que tampoco tienen nada que ver con un estudio serio de las privatizaciones; unos informes de muy pocas hojas en donde dice lo mismo que acaba de expresar aquí el portavoz del Partido Popular: que todo está muy bien. De ese elemento
que es el Consejo Consultivo de Privatizaciones, del que nada menos se dice -según el esquema que ustedes tenían de fiscalizar las privatizaciones- que era el organismo que iba a asesorar al Gobierno, sólo tenemos lo que le estoy diciendo; y de
transparencia poca. De independencia usted me dirá la que puede tener. No sé si a un diputado de su grupo parlamentario podemos calificarlo de independiente; de los demás miembros tampoco conocemos ni su extracción, ni cómo han llegado, ni quién
los ha nombrado. Imagino que los habrán nombrado el ministro de Economía o el presidente de la SEPI, pero no lo sabemos; será el que les paga, supongo.
No tenemos ni un balance de esas privatizaciones, ni global ni empresa a empresa. La única conclusión es que ustedes con esta subcomisión pretenden dar la vuelta al argumento de la fiscalización, diciendo: Primero, tenemos el Consejo
consultivo, que ya hemos dicho que no sirve para mucho; luego tenemos la Intervención General de la Administración del Estado, que hace informes pero que no los da, o por lo menos no se los da a este grupo, por tanto tampoco podemos conocer qué
dicen esos informes; y, por último, tenemos la subcomisión. Las sesiones de la subcomisión, en principio son secretas, no son públicas, y nos da la información con cuentagotas, y no la que pedimos. Al final tenemos aquí una sesión en la que se
puede discutir o se puede hablar de un voto particular, pero ni siquiera existen conclusiones (que se supone que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno tiene, porque hemos oído de la boca del portavoz del Grupo Popular que tienen información
suficiente) que pudieran ilustrarnos en este acto. Por lo menos podrían haber hecho unas conclusiones para que nos enteráramos de cuáles son los volúmenes de estas privatizaciones y los rasgos más característicos, pero tampoco.
Tenemos aquí un
documentito, se supone que de buenas ideas, exceptuando la primera página, en la que se establece lo que se ha hecho, pero que no es cierto, no se ha hecho. El desarrollo del proceso de privatización tal como aquí lo resume no es así. En cuanto a
lo demás no lo sabemos. Dice que hay que racionalizarlo; seguramente estaremos de acuerdo en que hay que racionalizarlo. Se refiere a que hay que potenciar la internacionalización de las compañías privatizadas, y privatizables según un añadido
posterior seguramente. Si se dejan, añádanle ustedes ese valor. Luego hay una serie de recomendaciones como es el mantenimiento del proyecto industrial, los cumplimientos de los planes industriales, pero difícilmente los podemos seguir ahora
cuando ustedes no nos han dado la información sobre cómo los han hecho antes, ni siquiera los planes industriales que se supone que el Gobierno o la SEPI habrá llevado a cabo con esas empresas antes de privatizarlas. Para colmo, en la oscuridad en
la que ha surgido todo el proceso anterior de las grandes empresas privatizadas (todos sabemos quiénes son los presidentes de esas empresas, los presidentes que ustedes pusieron cuando eran públicas son los que se han quedado cuando son privadas)
todo el mundo sabe que en una gran corporación, si se ha amarrado bien el núcleo duro de esa corporación y si encima el Gobierno sigue teniendo el boletín oficial y en algunos casos la acción de oro, es fácil que los accionistas no ejerzan sus
derechos y respeten las decisiones del Gobierno. Lo único que indica es que el Gobierno tiene voluntad de intervenir en esas empresas y la realidad es que hoy un buen porcentaje de las que cotizan en bolsa, de lo que es el Ibex 35, de las empresas
más importantes del país, están en manos de personas muy afines al Gobierno y al Partido Popular, porque fueron nombradas como presidentes de empresas públicas y siguen ahí, por lo que ustedes siguen controlando una parte importante de la economía.
Como todo esto es demasiado fuerte y evidente, tienen que hacer algo para dar la impresión de que aquí hay alguna transparencia, de que aquí hay alguna posibilidad de conocer qué han hecho ustedes en todos estos procesos de privatizaciones,
pero no la hay. No hay ninguna posibilidad y no tienen la más mínima posibilidad tampoco de explicarlo. A la oposición le corresponde hacer esta denuncia ante este cúmulo de falta de democracia; ustedes podían hacer lo mismo. El Gobierno podía
enviar la información. La presidenta del Congreso, que al final es la que decide si la información se solicita de una forma o de otra, podía hacer efectivo que esa información estuviera aquí. Me estoy refiriendo sobre todo a los informes de la
Intervención General de la Administración del Estado.
Parece increíble que eso no esté en esta Cámara. Lo recurriremos y seguramente dentro de unos años nos darán la razón, pero ya dará igual.
Ustedes ya cuentan con eso, con que manteniendo
cuatro o cinco años más esta situación no pasará nada. Ese es el nudo gordiano de esta situación.
Han encontrado un procedimiento bastante chapucero y tramposo con la democracia para que la oposición no se entere de lo que han hecho en ese
proceso. Efectivamente, no nos estamos enterando, pero nos enteraremos y descubriremos punto por punto, línea por línea lo que han hecho en cada una de esas empresas privatizadas para al final conseguir algo que es inexplicable, que personas que no
tenían ninguna relación con esas
empresas, ni siquiera con la actividad para la que ustedes les designaron como presidentes, al cabo de unos años sean los presidentes de la empresa una vez privatizada. Podía haber pasado en una empresa o en dos; se podía haber encontrado
un magnífico gestor y que los accionistas hubieran querido seguir, pero en todas... Es demasiado evidente. Allá ustedes con su responsabilidad. No estamos dispuestos a avalar de ninguna manera este atentado y esta chapuza que es lo que nos
parecen estas conclusiones.
Votaremos a favor de nuestro voto particular y en el Pleno seguiremos diciendo las razones que nos han llevado a esa decisión.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): En el turno de fijación de posiciones y por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora diputada Riera i Reñé.
La señora RIERA I REÑÉ: En relación con las conclusiones y propuestas de resolución ante la subcomisión de procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, nuestro grupo parlamentario, consciente de
la necesidad de seguir avanzando en los planteamientos, en las líneas y en los principios generales de la actuación de los procesos de privatización recogidos en el programa de modernización del sector público empresarial del Estado, ha sintetizado
los trabajos de la subcomisión en seis puntos esenciales sobre los que es necesario profundizar, trabajar y avanzar en aras a mantener los principios de transparencia, publicidad y concurrencia que debe guiar todo proceso de privatización.
Voy a comentar ahora los seis puntos antes indicados. En primer lugar, y en relación con las privatizaciones instrumentadas a través de ofertas públicas de venta, nuestro grupo parlamentario cree que es necesaria la existencia del asesor
independiente en caso de coincidencia en una misma entidad de la condición de accionista de referencia y coordinador global de la oferta pública de venta. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que las potenciales ventajas de la
actuación de los accionistas estables como coordinadores globales no eliminaban posibles conflictos de interés. Es por ello que se insta a la existencia de esta figura del asesor independiente en estos casos específicos de coincidencia. En segundo
lugar, y siempre en relación con las privatizaciones instrumentadas a través de ofertas públicas de venta, nuestro grupo cree necesaria la existencia de un asesor independiente de los coordinadores globales que ayude al agente gestor tanto a la
fijación del precio final como en la asignación de las acciones en el tramo institucional o a la fijación definitiva del tamaño de cada tramo. Esta necesidad es más evidente cuando coinciden las figuras de coordinador global y de accionista de
referencia. Por tanto, desde nuestro grupo se insta a la independencia y separación de las funciones de asesor y coordinador global en este tipo de operaciones. En tercer lugar, y siempre relacionado con las privatizaciones instrumentadas y las
OPV, son necesarias una serie de medidas y de correcciones en los procedimientos de selección, de asesores y de coordinadores globales en los procesos de privatización desarrollados mediante OPV. Es necesaria una especial atención a los
procedimientos utilizados en las operaciones de privatización para la selección de las diferentes entidades externas que participan en todo proceso. En este sentido, contrario al principio de concurrencia, deben considerarse algunos criterios en la
ponderación de los baremos como la vinculación anterior a la SEPI de los potenciales asesores que impiden la toma en consideración de otras entidades que tuviesen experiencia en operaciones similares y conociesen el sector.
Nuestro grupo parlamentario considera que existe un amplio margen para incrementar el peso de criterios más fácilmente cuantificables y objetivables en los concursos para elegir asesores. También es necesario, por último, en este tipo de
operaciones profundizar en los criterios y el baremo aplicables a la selección de candidatos, así como mejoras en la forma de asignación de las acciones en los tramos institucionales. En este sentido, es necesario que exista una entidad
independiente del proceso de colocación que supervise y se encargue junto al agente gestor de la adjudicación de acciones en los tramos institucionales de las OPV.
En la asignación de las acciones en los tramos minoristas, en este tipo de
operaciones existen sistemas de prorrateo basados en criterios objetivables para el caso de la sobredemanda, pero en la asignación en los tramos institucionales queda a total discreción del agente gestor de la operación.
El segundo punto sobre el que nuestro grupo parlamentario hace énfasis y cree que requiere una profundización es en relación con las operaciones de privatización no realizadas mediante OPV. A pesar de que sólo representan el 6 por ciento de
las operaciones de privatización realizadas, estas han sido objeto de diversas recomendaciones también por parte de los órganos de control; entre otros, es necesario resaltar los siguientes puntos. En primer lugar, es necesaria la selección de un
valorador independiente del asesor en las operaciones de privatización.
En estas operaciones el Tribunal de Cuentas ha insistido en la conveniencia de separar las funciones del asesor y el valorador. De la misma forma que se recomendaban las
operaciones realizadas por medio de OPV, se considera necesario que el valorador sea una entidad diferente del asesor o que la valoración realizada por el asesor sea sometida a una first offer opinion, con independencia de la empresa a vender y de
los asesores contratados para la valoración de las ofertas. La valoración debe ser realizada antes del inicio del proceso de selección del comprador con información suficientemente objetiva y justificando y razonando los métodos e hipótesis de
valoración. En
cuanto al sistema de selección de los posibles compradores, en los informes de los diferentes órganos de control se detectan algunas deficiencias en el sistema de elección de los posibles compradores en las operaciones no realizadas a través
de OPV. En este punto es necesario resaltar la necesidad de profundizar en la aplicación de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en el programa de modernización, que deberían tener su reflejo en la ampliación del
número de empresas convocadas en el proceso y la fijación de las fórmulas de asignación en las ponderaciones. Igualmente sería importante estudiar la necesidad de ampliar los plazos de presentación de propuestas de adquisición, a fin de permitir la
participación de potenciales compradores no españoles. Por último, y siempre en relación a este tipo de privatizaciones instrumentadas no vía OPV, también existe un amplio margen de mejoras en los procedimientos para la selección de colaboradores y
asesores externos. Los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que informan el plan de modernización exigen la utilización de un procedimientos de concurrencia de ofertas para la selección de los asesores en estos procesos.
Analizados los dos primeros, sobre los que basamos nuestro informe, entro a detallar el tercer punto que invita al estudio del establecimiento de cláusulas penales en los contratos de adjudicación. Si bien estas existen en los contratos, es
necesario profundizar en su vigilancia y en el establecimiento, en su caso, de ulteriores causas penales para los casos de incumplimiento de los compromisos adquiridos por los compradores de empresas privatizadas, cuando en su caso la adjudicación
se efectúe teniendo en cuenta de forma muy especial un plan industrial para la empresa privatizada.
En cuarto lugar, nuestro grupo parlamentario considera que es necesario potenciar la perspectiva europea en los procesos de privatización de empresas públicas. La política de privatizaciones no puede desconocer que uno de los grandes
objetivos en la política económica comunitaria es el marcado en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, por el que la Unión Europea debe convertirse en 2010 en la economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo y capaz de
generar crecimiento económico sostenible. En este marco de objetivos es clave la contribución de la política de privatizaciones por su potencial aportación en términos de crecimiento económico y en conseguir mejores niveles de competitividad para
nuestro tejido industrial internacional.
El contexto europeo internacional en el que deben actuar los agentes industriales debe estar presente en todo proceso de privatización. Por ello nuestro grupo parlamentario entiende que debe acentuarse su
importancia y tenerse en cuenta en diversos aspectos: en primer lugar, en la fase de análisis de los planes industriales que se presentan en los procesos privatizadores, en los que debería tenerse cada vez más en cuenta la solidez y viabilidad del
mismo, no sólo a nivel nacional sino europeo e internacional. Sería deseable también que en los procesos de privatización participasen en mayor medida empresas europeas, ya sean solas o vía consorcio con otras empresas españolas, por razones de
visibilidad, de competitividad a largo plazo, de posicionamiento estratégico del tejido industrial español en los mercados internacionales, así como también de armonización de las políticas industriales europeas. En las últimas privatizaciones
efectuadas se ha tenido más en cuenta esta perspectiva europea y la importancia estratégica de este enfoque, especialmente en aquellas privatizaciones de empresas en sectores claves de futuro, como el tecnológico, o en ámbitos donde el futuro pasa
necesariamente por Europa, como son el sector naval y el aeronáutico, en el que se valoró especialmente la oportunidad y necesidad del espacio aéreo común. Todas estas consideraciones de carácter europeo deben tener siempre en cuenta la debida
salvaguarda de los intereses en sectores considerados estratégicos y de orden económico y social.
El siguiente punto sobre el que nuestro grupo parlamentario ha hecho énfasis en el informe está relacionado con el régimen de autorización administrativa previa. En su reciente sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó un
marco legal más restrictivo para la aplicación de la llamada acción de oro, derecho a veto de los gobiernos en empresas privatizadas, y limitó su uso a casos excepcionales suficientemente motivados y justificados. El Tribunal de Luxemburgo
considera que la acción de oro sólo es justificable en sectores estratégicos por razones imperiosas de interés general y debe incluir criterios objetivos. El Gobierno debe estudiar las implicaciones jurídicas que puede tener este pronunciamiento
del Tribunal en la actual regulación de reserva de facultades de autorización de operaciones de compra, teniendo en cuenta que aunque privatización y liberalización son dos conceptos distintos su conjunción es esencial para que la primera éxito.
El siguiente punto sobre el que nuestro grupo parlamentario quiere incidir es el relativo al futuro de la Sociedad de Participaciones Industriales.
En este sentido la SEPI como órgano designado por el Gobierno como agente gestor de los
procesos de privatización de empresas públicas articula sus funciones y toma las líneas de actuación definidas en el programa de modernización, esto es, el saneamiento de las empresas públicas deficitarias, la consolidación de proyectos
empresariales sólidos, rentables y viables y la puesta en marcha del programa de privatizaciones. En los últimos años la SEPI además ha potenciado su papel de instrumento de reordenación, racionalización y mejora de la estructura industrial
española, a través de la promoción de proyectos empresariales privados y la reindustrialización de zonas afectadas por reconversiones. Esta última dimensión debe ser ampliada y promocionada a fin de que la SEPI deba y pueda jugar un papel
fundamental en el futuro mapa industrial español, en su
reindustrialización y como impulsor de parques industriales, como promotor de nuevas empresas privadas en sectores de futuro, como contribuidor neto al proceso de modernización del sector industrial y productivo.
Experiencias como la
Oficina de promoción de inversiones dedicada a la captación de proyectos de inversión empresarial internacional en España deben ser apoyadas y potenciadas.
Estos seis puntos sobre los que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha hecho énfasis han sido recogidos en el informe presentado por el Grupo Popular en los términos que consideramos oportunos. En ellos se sintetiza el
espíritu y la voluntad de nuestro grupo parlamentario, señalando cómo se debe profundizar y cómo se pueden mejorar los procesos de privatización, resaltando que la SEPI puede y debe tener un papel de futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Tal y como se acordó ayer en la Comisión, suspendemos la sesión hasta las 12 de la mañana, que será la hora en que se vote, sino no tienen nada que añadir los señores portavoces. (El señor Souvirón
García pide la palabra.)
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, ¿existe la posibilidad de que los grupos se manifiesten sobre los votos particulares? ¿Qué opina la Mesa?
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): No está previsto.
Reglamentariamente no hay más turnos, por lo cual no p×rocede.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
En primer lugar, al no haber defendido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida su voto particular, se da por decaído, sin perjuicio de que puedan volver a presentarlo en plazo para su defensa ante el Pleno de la Cámara. (La señora
Mendizábal Gorostiaga pide la palabra.)
¿Señora Mendizábal?
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor presidente, cualquier diputado puede darlo por defendido. Por tanto, yo doy por defendido el voto particular de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: De todas maneras, yo quería recordar que hay 48 desde este momento para su defensa en Pleno.
Señorías, de acuerdo con la petición hecha por la diputada Mendizabal, pasamos a votar, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos ahora el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el informe de la subcomisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.