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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 518, de 17/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 518
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 62
celebrada el lunes, 17 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana) para informar sobre:
- La situación de los cien ciudadanos subsaharianos confinados en la sala tercera del aeropuerto de Barajas (Madrid) la noche del 6 al 7 de mayo de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001082.)
... (Página 16685)
- Las razones que justifican que los trámites burocráticos que deben realizar los extranjeros que aspiran a residir legalmente en España se demoren más de tres años. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/000817.) ... (Página 16690)
- La situación laboral y social actual, y medidas que piensa adoptar para resolver los problemas del contingente de inmigrates cifrados en miles de personas en la provincia de Huelva A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000990.) ... (Página 16695)
- Los hechos ocurridos en Huelva, así como el fracaso general de la política de inmigración del Gobierno de la nación. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001007.) ...
- Los hechos ocurridos en Huelva, así como sobre el fracaso general de la política de inmigración del Gobierno de la nación. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000734.) ...
- La posición del Gobierno ante la situación de los menores inmigrantes en Melilla. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001083.) ... (Página 16708)
- Las medidas que va a tomar el Gobierno de la nación para colaborar, cooperar y auxiliar a la Ciudad Autónoma de Melilla en el desempeño de sus obligaciones constitucionales, estatutarias legales para con la protección de los menores
inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000794.) ... (Página 16708)
- Las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el trato que reciben los inmigrantes africanos que llegan a las Islas Canarias denunciado por la organización internacional Human Rights Watch. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000936.) ... (Página 16720)
Preguntas: - Del señor López Aguilar (Grupo Parlamentario Socialista), sobre los términos del acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados llegados a Canarias.
(Número de expediente 181/002776.) ... (Página 16728)
- Del mismo señor diputado, sobre la razón por la que no se ha dado publicidad al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre desviación a la Península de inmigrantes indocumentados. (Número de expediente
181/002777.) ... (Página 16728)
- Del mismo señor diputado, sobre financiación de la ejecución del acuerdo al que ha llegado la Comunidad Autónoma y el Gobierno para derivar inmigrantes indocumentados que llegen a Canarias a otras zonas del Estado. (Número de expediente
181/002778.) ... (Página 16728)
- Del señor De la Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre causas por las que aún no ha entrado en funcionamiento el Centro de estancia temporal para inmigrantes (Ceti) de Algeciras (Cádiz). (Número de expediente 181/002747.)
... (Página 16731)
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre trasposición de la directiva 2000/43 (CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su
origen racial o étnico, y qué iniciativas están llevando ya a cabo de dichas directivas y en concreto de los artículos 8 y 9. (Número de expediente 181/002802.) ... (Página 16733)
- De la misma señora diputada, sobre plazos medios para la regularización de un ciudadano extranjero desde que obtiene el permiso de trabajo hasta que se le otorga el permiso de residencia que depende del Ministerio del Interior. (Número de
expediente 181/002803.) ... (Página 16734)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre actuaciones más significativas realizadas dentro del marco del programa Greco, en ejecución de sus cuatro líneas básicas. (Número de expediente 181/002005.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre medidas previstas para el año 2002 en el desarrollo de aquellas previsiones del programa Greco dirigidas a mantener el sistema de protección de asilados, refugiados y desplazados.
(Número de expediente
181/002806.) ... (Página 16738)
- Del mismo señor diputado, sobre consideración operativa y presupuestaria del programa Greco respecto del año 2002, en lo concerniente al control de fronteras y la lucha policial contra las redes criminales que trafican con seres humanos.
(Número de expediente 181/002807.) ... (Página 16739)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas adoptadas para continuar avanzando en la regulación racional de los flujos migratorios, de acuerdo con las necesidades y capacidades de la
economía y de la sociedad española en el marco presupuestario y político del programa Greco. (Número de expediente 181/002808.) ... (Página 16740)
- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones previstas en orden al cumplimiento de los fines propios de la segunda línea del programa greco, dirigida a la integración de los residentes extranjeros y sus familias.
(Número de expediente
181/002809.) ... (Página 16742)
- Del mismo señor diputado, sobre dotación presupuestaria de la segunda línea del programa Greco, dirigida a la integración de los residentes extranjeros y sus familias. (Número de expediente 181/002810.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones presupuestaria y de actuación para el año 2002 respecto del funcionamiento del entramado institucional creado para diseñar, coordinar y ejecutar la política de inmigración. (Número de expediente
182/002811.) ... (Página 16743)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN DE LOS CIEN CIUDADANOS SUBSAHARIANOS CONFINADOS EN LA SALA TERCERA DEL AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID) LA NOCHE DEL 6 AL 7 DE MAYO DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001082)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión. Le damos la bienvenida al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración y pasamos al desarrollo del orden del día. La
primera comparecencia se refiere a la situación de los cien ciudadanos subsaharianos confinados en la sala tercera del aeropuerto de Barajas la noche del 6 al 7 de mayo de 2002. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Socialista. Para exponer lo
que crea oportuno en relación con esta comparecencia tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor presidente, señorías, en contestación a la primera solicitud de comparecencia en la que se solicita mi presencia para informar sobre la
situación de los cien ciudadanos subsaharianos confinados en la sala tercera del aeropuerto de Barajas, de Madrid, en la noche del día 6 al 7 de mayo de 2002, he de decirles, como antecedentes, que funcionarios de policía del puesto fronterizo del
aeropuerto de Barajas detectaron el pasado día 25 de abril a 31 ciudadanos angoleños llegados todos ellos en un vuelo de Iberia procedente de la ciudad de Johannesburgo que, con destino a Lisboa, no habían embarcado para abordar la nave que había de
llevarles hacia esa ciudad. A partir de ese momento se estableció un dispositivo especial de control de los vuelos de Iberia procedentes de Johannesburgo con el fin de realizar una comprobación minuciosa de los documentos de viaje de los ciudadanos
de nacionalidad angoleña que llegasen a Barajas por esta vía.
Esa actividad de control y la investigación exhaustiva de los hechos llevó en los días siguientes a la constatación de irregularidades en la documentación de muchos de estos ciudadanos.
Sus pasaportes habían sido expedidos por las autoridades de Angola y en ellos figuraban estampados visados Schengen, expedidos por el Consulado de Portugal en Luanda tras la presentación de falsas cartas de invitación. Asimismo se sospechaba que
muchas de estas personas podrían ser en realidad nacionales de la República Democrática del Congo. De forma inmediata se dio cuenta de estos hechos a la compañía Iberia para que en sus vuelos procedentes de Johannesburgo se fuese cuidadoso con el
embarque de las personas en estas circunstancias. Se consiguió así que no se dispensasen tarjetas de embarque a 70 personas que las habían solicitado, cuya documentación presentaba irregularidades como las descritas. A pesar de todas las medidas
adoptadas y de la impecable colaboración de la compañía Iberia, entre el día 28 de abril y el día 3 de mayo llegaron al aeropuerto de Barajas procedentes de Johannesburgo 139 personas -112 adultos y 27 menores-, supuestamente de nacionalidad
angoleña, a las que por presentar documentos falsos ante los funcionarios de frontera y no cumplir los requisitos establecidos en la normativa de extranjería para entrar en territorio español se les denegó
la entrada. Durante los días 2 al 8 de mayo solicitaron asilo en Barajas 102 personas llegadas a dicho aeropuerto en distintos vuelos de Iberia procedentes de Johannesburgo. Posteriormente, 11 de ellas desistieron de su solicitud, por lo
que el número de solicitantes de asilo fue finalmente de 91. Estas 91 personas, en cumplimiento de la normativa de asilo, permanecieron en la sala de asilo del aeropuerto de Barajas, en tanto se adoptó la decisión sobre la admisión a trámite de su
petición de protección.
Las características de estos 91 solicitantes de asilo eran las siguientes: 48 personas eran nacionales de la República Democrática del Congo, de ellos 40 eran adultos y ocho menores acompañados; 43 eran nacionales de Angola, de ellos 32
eran adultos, ocho eran menores acompañados y tres eran menores no acompañados. Los tres menores no acompañados fueron ingresados por orden de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el centro de
acogida de menores de Hortaleza. La tramitación de su solicitud de asilo se ha suspendido hasta que la Comunidad de Madrid designe un tutor que les represente en el procedimiento, en cuyo momento se procederá a su tramitación ordinaria en la
Oficina de Asilo y Refugio. Las 87 solicitudes restantes fueron todas ellas inadmitidas a trámite en primera instancia, por estar incluidas en alguna de las causas previstas en el artículo 5.6, de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado. Una vez notificada la inadmisión a trámite inicial, 42 de los solicitantes pidieron el reexamen de su solicitud inicial; 39 de estas solicitudes no fueron estimadas. En tres de ellas se presentaron nuevas alegaciones que
hicieron cambiar el criterio inicialmente adoptado, por lo que fueron admitidas a trámite. Los 46 solicitantes restantes, cuya solicitud había sido inicialmente inadmitida a trámite, renunciaron a presentar reexamen.
Todas las solicitudes fueron
vistas e informadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, todas ellas sin excepción alguna. Estos informes de ACNUR, preceptivos en el procedimiento, coincidieron en todos los casos menos en uno con el criterio
adoptado por la Administración.
Una vez resueltas las solicitudes de asilo, 35 personas -31 adultos y cuatro menores- fueron retornadas en un vuelo regular de Iberia a las 0:45 horas del día 9 de mayo, y en un vuelo especial de Iberia fueron retornadas 94 personas más, 76
adultos y 18 menores. En cuanto al resto de las personas que llegaron en las condiciones mencionadas, han permanecido en España tres porque se admitió a trámite su solicitud de asilo: una mujer que estaba embarazada, con dos menores, por razones
humanitarias; una persona, por decisión judicial, tras haber interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que se inadmitía a trámite su solicitud de asilo, y tres menores no acompañados, ingresados en un centro de
acogida de menores por el ministerio fiscal.
En definitiva, estos son los hechos que explican no solamente las razones sino también el calendario y la situación de estas personas a lo largo de estos días en la sala de peticionarios de asilo y refugio del aeropuerto de Barajas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, en primer lugar queremos agradecerle que haya sustanciado esta comparecencia tan rápidamente, tras haber tenido lugar estos acontecimientos. Eso siempre es de agradecer, sobre todo en
los temas de asilo y refugio, dada la situación especial que supone la demanda de asilo y refugio por determinados ciudadanos.
Me voy a ceñir a los hechos. La información que tenemos en torno al número y a la procedencia de estas personas no difiere sustancialmente de la suya, incluso tenemos datos sobre las mafias que operaron en la propia Angola -que supongo que
le constan-, expidiendo pasaportes con visados por los que podían acceder directamente a Portugal y en los que las identidades de muchos de los demandantes de asilo y refugio eran falsas.
También era falso el relato de las causas de persecución,
según mantienen los letrados de oficio y algunos de los instructores del Alto Comisionado del Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, me gustaría añadir algunas cosas que se han omitido, ya que no fue uno de los episodios mejores que
hemos vivido en los últimos tiempos. A mi grupo parlamentario le preocupa enormemente que este pueda ser el inicio de una serie de actuaciones en materia de asilo y refugio.
En primer lugar, la formalización de las solicitudes de asilo de los ciudadanos de la República Democrática del Congo y de Angola fue muy lenta y el acceso a la asistencia letrada muy tardío. En algunos casos, según nuestras informaciones,
se tardó hasta cinco días en poder acceder a la asistencia letrada. Eso en refugio y asilo es mucho tiempo, y usted lo sabe, señor delegado del Gobierno. Además de que fue mucho tiempo y de que el plazo que fija la propia ley es más corto, no
tuvieron información desde el primer momento, y eso lo dicen los propios abogados del turno de oficio del Colegio de Abogados en un informe que nos ha llegado. Lo reconocen los que operaron allí y también lo reconocen informalmente los propios
instructores de la OAR -la Oficina de Asilo y Refugio-, que depende de su departamento, y las autoridades del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. No había folletos que diesen información a los demandantes de asilo y refugio en
la sala 3 de retenidos del aeropuerto de Barajas. No se les informó hasta el cuarto día
de permanencia incomunicados en dicha sala y cuando se hizo fue de forma oral por uno de los instructores del Alto Comisionado. Sin embargo, esta falta de celeridad en atender las solicitudes contrasta con que, una vez formalizadas, en el
mismo día, se deniegan algunas de ellas. Nos parece bastante rara esa rapidez de que, en cuanto se formalizan, en menos de 24 horas, se deniegan.
En segundo lugar, en el momento de máxima tensión, que se produce como usted sabe en la noche del 6 al 7 de mayo, hay una carga de la policía antidisturbios porque parte de los retenidos se niega a subir a un avión para ser devueltos a sus
países de origen. No entro a discutir si la carga tenía que haberse producido o no, pero lo cierto es que los funcionarios del SAMUR que acuden en un momento dado manifiestan en otro informe que les consta que fue desmedida y que aquello era un
auténtico caos. Todos los letrados, intérpretes e incluso personal de la limpieza del aeropuerto, así como los funcionarios del SAMUR, manifiestan que aquello era un verdadero caos por el número de personas que había en muy poco espacio y los pocos
efectivos de policía presentes. Debido a esta acumulación de trabajo, de personas y de confusión se había creado un caos a lo largo de todos estos días.
En tercer lugar, sorprende que de un colectivo de 150 personas procedentes de dos países complejos, como usted bien sabe, como son la República Democrática del Congo y Angola, dos países de los que desde hace algunos años son originarios
determinados refugiados debido a la situación política que viven, solamente tres solicitudes sean admitidas a trámite.
En ninguno de los casos, excepto en el de una mujer embarazada con dos menores a su cargo, se aplica el artículo 25.4 de la ley,
que se refiere a que por otras razones, de vulnerabilidad o humanitarias, se puede dar al menos un estatuto humanitario, aunque no sea de refugiado.
En cuarto lugar, lo que más nos preocupa es que estas personas no fueron devueltas a Johannesburgo, de donde partieron con visados que no habían sido concedidos de acuerdo con las formalidades y la legalidad vigentes, sino que, según parece,
fueron devueltos a sus países de origen.
Un demandante de asilo y refugio en un tercer país, usted lo sabe muy bien, señor delegado del Gobierno, sufre muchas complicaciones a la hora de retornar a su país. Puede ser encarcelado o -si no es encarcelado- corre auténtico peligro.
Sorprendentemente, con toda esta actitud a lo que se da lugar es a que las mafias que trafican con personas, las mafias que en este caso habían expedido esos pasaportes falsificados, con identidades falsas la mayor parte de ellos, con
visados también falsos, y si no falsos no con arreglo a la legalidad, para esas personas que no podían viajar a Portugal, que de hecho no era su destino, como parecía en un primer momento, esas mafias que no sólo trafican con las personas sino
también con las propias identidades de los potenciales refugiados, que trafican también con sus verdaderas historias, hacen que no sean admitidos a trámite una serie de ciudadanos que tal vez con sus verdaderas historias, con sus verdaderos
pasaportes, en caso de que los hubieran conseguido, podían haberlo sido.
Nuestra legislación es la que es y nosotros la respetamos, y, por tanto, fueron inadmitidos en frontera. Sin embargo, querríamos saber, y el Gobierno tiene la obligación de
investigarlo, qué ha pasado con estos 150 ciudadanos y ciudadanas que han sido devueltos a su país, a pesar del principio de no refoulement, de no devolución a su país de origen, siempre y cuando haya una mínima causa fundada. El Convenio de
Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, señor delegado del Gobierno -y usted lo sabe mejor que yo- no solamente dicen: aquellas personas que puedan probar su persecución, sino también: o que tengan fundamentos para temer la
persecución; temores fundados, dice exactamente el protocolo de Nueva York de 1967. Muchas de estas personas, según el testimonio de los propios letrados del turno de oficio, según la propia información informal del Alto Comisionado de Naciones
Unidas, tenían temores fundados y han sido devueltos a sus países de origen. Nosotros querríamos saber qué ha pasado y el Gobierno tiene la obligación, ya que asumió esa responsabilidad, de tratar de investigar qué pasó con todos estos ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Ante esta primera comparecencia, en la que se ha pronunciado el señor secretario de Estado, cabe una primera constatación y es, lamentablemente, la existencia y la actuación de redes de inmigración ilegal. En este
caso se trataba de una red que pretendía introducir en Europa inmigrantes procedentes de Angola y de la República Democrática del Congo, con papeles falsos y utilizando distintas vías de entrada en Europa, entre ellas la que hoy nos ocupa, el
aeropuerto Madrid-Barajas.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que para abordar de una forma sensata y adecuada el fenómeno de la inmigración es fundamental la lucha contra las mafias que trafican con la inmigración ilegal. En este caso, el Gobierno ha actuado
de esta manera, aplicando la ley, luchando y combatiendo ese tráfico ilícito de personas; ese tráfico que realizan las mafias jugando con el desamparo absoluto de personas que a veces salen de su país huyendo de la pobreza. Ponen en peligro la
vida de estas personas, juegan con sus derechos y sus expectativas y también se da el peligro de que todas esas circunstancias negativas que rodean la inmigración ilegal, esa situación de irregularidad, puedan empañar lo que es el conjunto de la
inmigración, y nada más lejos de nuestros deseos.
Ante casos como el que hoy abordamos hay que actuar con rigor aplicando la ley, y creo que es lo que se ha producido, denegando la entrada de aquellas personas que presentaban documentaciones falsas y no cumplían los requisitos establecidos
en la normativa de extranjería para entrar en nuestro territorio. En este caso, al final, se solicita el asilo por 91 personas -creo que es lo que ha dicho el secretario de Estado-, y por parte de la Administración se toma la decisión sobre la no
admisión a trámite en primera instancia de estas personas, exceptuando de la misma el caso de tres menores que no van acompañados, los cuales tienen su propio procedimiento, que se suspende hasta que la Comunidad de Madrid nombre al tutor
correspondiente. Entendemos que en este caso también se ha velado por la situación de los menores que no estaban acompañados.
En la mayor parte de esas solicitudes que no son admitidas en primera instancia, se vuelve a solicitar su reexamen y en varias de ellas -en tres, creo que ha señalado el señor secretario de Estado- se modifica el criterio en virtud de las
alegaciones que se han presentado. Aquí creo que es muy importante la labor que realiza ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, informando y estudiando cada una de estas solicitudes. Creo que hay que destacar, me parece
un dato muy positivo, que en todo ese examen de solicitudes se haya coincidido, excepto un único caso, con el criterio enunciado por la Administración.
Creo que esto demuestra que se cumple de una forma adecuada la ley y que el criterio era
acertado. En algunos casos, y es dramático, se tiene que producir el retorno, cuando no se cumplen esos requisitos; cuando esas personas no tienen la condición de refugiados aplicando la ley ha de ponerse en marcha el procedimiento de retorno.
Ha señalado la portavoz del Grupo Socialista que quizá pueda haber celeridad al denegar esas solicitudes. Yo entiendo que si ha coincidido el informe de ACNUR con el criterio del Gobierno eso quiere decir que el procedimiento ha sido
correcto y de momento, por lo menos al Grupo Parlamentario Popular, eso nos tranquiliza y hace que tengamos confianza en esos procedimientos.
Voy a hacer una apunte final. Ante un nuevo hecho, ante la actuación de una red ilegal de traficantes con inmigrantes, hay que destacar la importancia de que la Unión Europea cuente con una política común que permita que se pueda proceder a
la integración de los inmigrantes que, en condiciones de legalidad, están en los distintos países de la Unión Europea o quieren venir a ellos, para combatir eficazmente la inmigración ilegal. Aquí hemos visto cómo actúa una red de inmigración
ilegal, cómo aprovecha una u otra vía, en este caso en la vía Madrid-Barajas se ha detectado ese tráfico ilícito, pero si esa vía no funciona, acudirán a otra. De ahí la importancia que para nosotros tiene que se pueda verdaderamente arbitrar una
política común.
En todo caso, señor secretario de Estado, tiene todo nuestro apoyo en esa tarea tan necesaria y a la vez tan compleja de luchar contra las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Torme, por sus palabras y por su intervención. Efectivamente, las actuaciones que han venido realizándose desde la
responsabilidad del Gobierno se plantean, y así ha sido siempre, al amparo de la ley y pensamos que con todas las garantías necesarias y deseables.
Señora Blanco, planteaba usted en su intervención -una intervención tan catastrofista como las que S.S. realiza habitualmente, en donde no se salva ni siquiera cómo enviamos el correo postal a quien sea- que si los interesados, las personas
que solicitaban el asilo hubiesen tenido la documentación adecuada, sus historias serían distintas, porque las cuentan ellos. No acabo de entender cómo es posible que usted diga que las personas que viajaban con estos documentos no sabían que eran
falsos.
Me parece un poco fuerte. Sus historias simplemente están montadas al aire de lo que lamentablemente constituye el principal problema del fenómeno migratorio, la principal preocupación de la Unión Europea en estos momentos, que es el
fraude planteado de distintas formas y maneras, historias falsas que quieren hacer pasar a inmigrantes laborales por asilados y refugiados, que lamentablemente perjudican de forma dramática a aquellas personas que, efectivamente, necesitan de
nuestro asilo y refugio.
La consecuencia es que todos los países de la Unión Europea, todos exactamente igual, tenemos un índice de concesión de estatuto de refugiado o de asilados políticos que oscila entre el 7 y el 10 por ciento de todas las solicitudes que se
formulan. Ante esa realidad, señoría, estamos de nuevo ante nuestra máxima preocupación.
No hay lentitud en los trámites, ya que estas son personas que desde el principio solicitaron asilo al llegar al aeropuerto de Barajas; no hay lentitud en el acceso a los letrados y, no solamente a los letrados, a los intérpretes, de los
que S.S. se ha olvidado y que también se pusieron a su disposición. Es la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, no solamente la Oficina de Asilo y Refugio, que es la que hace los trámites iniciales, la que va viendo, caso por caso, todas y
cada una de las solicitudes, todas y cada una de las reclamaciones. Somos el único país de la Unión Europea que sienta al ACNUR en la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, el único. Los tenemos en la comisión, oímos
sus opiniones y las tenemos en cuenta. A usted pueden darle informaciones informales, como S.S. ha dicho, pero hacia la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, hacia esta Delegación, hacia el Gobierno a través del Ministerio del
Interior, el ACNUR hace siempre informes formales y oficiales y en ninguno de ellos, sin excepción, aparece ninguna queja que venga a reflejar lo que S.S. ha dibujado como un procedimiento caótico.
En otro momento de su intervención, mezcla el concepto de mafias con que si estas personas aportan o no la documentación con arreglo a la legalidad. ¿Cómo con arreglo a la legalidad, señora Blanco, si estamos hablando de una red de
inmigración ilegal? Parece que a usted le han contado algo, yo se lo confirmo. Existe una red de inmigración ilegal concretamente en una zona fronteriza de Angola con la República Democrática del Congo, donde con visados falsificados del consulado
de Portugal en Luanda se está intentando traer personas que son inmigrantes laborales, que son personas que necesitan trabajo, que son personas que están en condiciones de no poder encontrar oportunidades de futuro en sus países, pero que en ningún
caso son ni asilados ni refugiados. Veremos qué decide nuestro sistema judicial respecto a esas tres personas cuyas reclamaciones y contencioso-administrativos han sido admitidos a trámite por sus solicitudes denegadas desde el punto de vista
administrativo, porque para eso están los tribunales y para eso están las garantías que hemos dibujado en las leyes y en el reglamento. Por lo tanto, claro que las mafias no trabajan con arreglo a la legalidad y que la operación para estas mafias
ha sido un exitazo. Hemos devuelto a todas estas personas al aeropuerto de origen, las hemos devuelto, señoría, y vuelve usted a tener mala información, a Johannesburgo, en vuelos regulares de Iberia. Eso es precisamente lo que diferencia a los
países que colaboran con la Unión Europea de los países que no piensan colaborar en su vida con la Unión Europea, de efectos de la devolución de ilegales o de portadores de documentos falsos. Johannesburgo autoriza la vuelta de ciudadanos que no
son de su Estado, de ciudadanos que no son de nacionalidad sudafricana, desde Madrid a Johannesburgo, sin ninguna dificultad, y a través de la compañía Iberia -como, por otro lado, es su obligación- estas personas vuelven al aeropuerto de origen.
Así es como se cierra, de forma absolutamente impecable, desde el punto de vista asistencial, jurídico y humanitario, una eventualidad que lamentablemente se produce con demasiada frecuencia, y es que hay ciertas personas que pretenden entrar de
forma clandestina, irregular e ilegalmente en nuestros países, en la Unión Europea. Nuestra obligación como frontera, en este caso aérea, es impedirlo y devolver, con todas las garantías jurídicas y procedimentales, a estas personas al aeropuerto
del que procedieron manejando documentos de viaje falsos.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, yo no sé quién confunde inmigración irregular con demandantes de asilo y refugio. A lo mejor es la portavoz del Grupo Popular, pero no soy yo, y mi intervención no ha sido catastrofista.
Además, me temo, señor delegado del Gobierno, que ha faltado a la verdad de una manera importante, y le voy a decir por qué. En primer lugar, yo no he confundido inmigración irregular con refugiados o demandantes de asilo y refugio. Eso lo ha
hecho otro portavoz, yo no. Las demandas de asilo y refugio fueron denegadas en el mismo día, cuando se había tardado ocho días en prestarles asistencia letrada. La celeridad en denegar en frontera, el asilo, en 24 horas, cuando han tardado siete
días en darles asistencia letrada, cuando menos, es sorprendente, y usted lo sabe. Además, no tenían información, como usted muy bien sabe, porque no la tenían y eso está en el informe oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, porque un instructor de la OAR, y así consta en ese informe, les da información oral en cinco minutos. No fueron devueltos a Johannesburgo. Para ser más precisos, fueron devueltos a Johannesburgo, no pudieron desembarcar en
Johannesburgo porque las autoridades no se lo permitieron y siguieron viaje hacia la República Democrática del Congo y Angola. La embajada de Angola en España es la que ha informado de todas estas cuestiones al director general de Asuntos
Consulares. Así que, señor delegado del Gobierno, no mezcle usted lo que yo no he mezclado.
Por otra parte, yo no he hecho una intervención catastrofista diciendo que la situación del asilo y refugio en España sea carácter de ese. Es una situación de muy pocos demandantes, exactamente 9.248 en el año 2001, de los cuales fueron
aceptados sólo 359 bajo el estatuto de Ginebra de 1951 y 300 personas bajo el estatuto humanitario del 25.4 de la ley, en total, un 6 por ciento de todas las solicitudes, frente a países de nuestro entorno, que usted muy bien conoce, que llegan a
aceptar hasta el 48 y el 51 por ciento. España no tiene el problema, por el momento, de que se mezcle la inmigración irregular con los demandantes de asilo, no lo tiene. Nuestro país no ha sido tradicionalmente una tierra de acogida de refugiados;
van a otros lugares, usted lo sabe. Además, solamente el 6 por ciento de los refugiados del mundo llegan al primero, y precisamente no a nuestro país ni en un número desbordante. Ya que la figura del asilo y refugio es tan absolutamente importante
y hay que cuidarla extremadamente, yo le rogaría que, ya que no están llamando a nuestras fronteras multitudes demandando asilo y refugio, sean ustedes extremadamente cuidadosos en cómo se acogen estas solicitudes.
Si de alguna forma estoy haciendo esta interpelación en este momento, digamos, con un tono más fuerte, es porque me parece intolerable ya el que S.S. utiliza para
dirigirse siempre al partido y al grupo parlamentario que represento. Le respetamos, respetamos la ley y exigimos el mismo respeto. Estamos haciendo nuestra tarea y la vamos a seguir haciendo, le guste a usted o no, señor delegado del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, simplemente, quería reafirmarme en mi intervención anterior señalando que si lo que queremos es garantizar una adecuada política de inmigración, siendo capaces de favorecer esa plena integración de
las personas que vienen en situación de ilegalidad, creo que es fundamental actuar con rigor cuando se producen casos como estos en los que actúan redes ilegales de tráfico de personas, cuando vienen personas que no cumplen los requisitos que en
nuestro país se exigen para tener entrada en el mismo. En el caso de personas que solicitan asilo y refugio, comparto con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que hay que ser extremadamente cuidadoso con esta figura. Por ello, cuando no
se cumplen los requisitos que se establecen en la Ley de asilo y refugio, habrá que denegarlo, siendo escrupulosos con el cumplimiento de la ley y por supuesto contando con un organismo que en esto tienen muchísimo que decir como es ACNUR.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, lo lamento porque aunque no lo hago intencionadamente, acaba S.S. riñéndome y conminándome a que mejore mi tono. Yo lo hago
encantado y desde este mismo momento. Lo último que yo querría es que mi tono fuese el causante de su incomodidad y mucho menos que ese tono y su incomodidad le obligasen a reñirme cada vez que tengo que comparecer. Yo lo acepto disciplinadamente.
Es más, creo que hacemos las cosas francamente bien. No sé si su preocupación de que tardamos mucho en el acceso a los letrados es de cinco, de siete o de ocho días, porque ha dado S.S. las tres cifras, pero da igual. Quizás cinco sean
muchos y también siete u ocho, pero un poquito más de exactitud en el reproche tampoco estaría mal, aunque da igual que sean cinco, siete u ocho días.Por otro lado, como pensamos que estamos haciendo las cosas razonablemente bien, ese compromiso no
nos supondrá demasiado problemas; vamos a esforzarnos en cuidar exquisitamente todo el procedimiento, como lo venimos haciendo.
Es una ley y un reglamento que están demostrando que sirven para que no abusen de nuestra hospitalidad, porque lamentablemente algunas personas tienen a abusar. Una ley y un reglamento que se aplica -e insisto porque nosotros somos el único
país que lo hacemos- con el ACNUR sentado con nosotros codo con codo para no cometer ningún error. Por tanto, avanzaremos en el cuidado de la aplicación del asilo y refugio que nada tienen que ver, que nada pueden tener que ver con la inmigración
laboral.
Hay todavía demasiados países de la Unión Europea que tienden a confundirlos y que tienden a no saber deslindar. Es cierto que mientras se resuelven muchos expedientes de petición de asilo y refugio hay personas que están trabajando en
empleos básicos, que serían los que cubrirían aquellos extranjeros a los cuales se les podría dar permiso de residencia y trabajo. No vayamos más allá. Esta es la contestación, nuestro compromiso y mi agradecimiento, señora Blanco. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, y en particular al señor López Aguilar, la deferencia que ha tenido, habida cuenta del problema de transporte que está teniendo nuestro ponente en este
momento y que estará por llegar.
- LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN QUE LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS QUE DEBEN REALIZAR LOS EXTRANJEROS QUE ASPIRAN A RESIDIR LEGALMENTE EN ESPAÑA SE DEMOREN MÁS DE TRES AÑOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 213/000817)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día -toda vez que el punto 2.º quedará para el final de las comparecencias-, que se refiere a la comparecencia del señor delegado del Gobierno para que explique las razones que
justifican los trámites burocráticos que deben realizar los extranjeros que aspiran a residir legalmente en España se demoren más de tres años.
Para exponer lo que estime oportuno, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Se plantea desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la petición que se expliquen las razones que justifican que los trámites
burocráticos que deben realizar los extranjeros que aspiran a residir a España se demoren más de tres años.
Señorías, quisiera decir que no se demoran más de tres años, con lo cual difícilmente puedo justificar de ninguna manera que se tarden tres años en proporcionar los documentos que se solicitan para poder trabajar y residir legalmente en
España, simplemente residir,
acudir como estudiante, acudir desde la reagrupación familiar o desde cualquiera de las posibilidades que nuestra legislación proporciona para poder residir en España de forma temporal o de forma permanente. Por lo tanto, más allá de eso,
señor presidente, no tengo más que añadir.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señor Fernández-Miranda, por su comparecencia, aunque no puedo sentirme tan complacida por su explicación porque francamente me parece que responde alguien que no tiene responsabilidades en la materia.
Señor Fernández-Miranda, diversas ONG españolas y extranjeras han denunciado que se están produciendo retrasos en la tramitación de permisos de residencia y trabajo para inmigrantes. Nuestra solicitud de comparencia decía claramente lo que
nos preocupaba, que era la demora en la tramitación de procedimientos relacionados con las leyes orgánicas 4 y 8/2000. Concretamente se denuncia que se tarda una media de 33 meses en realizar unos trámites que la Ley del régimen jurídico de las
administraciones públicas obliga, señor Fernández-Miranda, a realizar a las autoridades en menos de tres meses. Obviamente, esto está provocando una situación de indefensión de los propios inmigrantes que, aunque reúnan los requisitos para obtener
los permisos de residencia y de trabajo, deben permanecer años en situación de ilegalidad, en este caso provocada claramente por la Administración, y subsistiendo en la economía sumergida, siendo también coartada para vincular la delincuencia a la
inmigración. Evidentemente, si mantenemos ilegales en la calle, personas sin papeles o personas que no tienen ninguna posibilidad de incorporarse al mercado laboral en condiciones de legalidad, estamos naturalmente, a menos que vivamos en otro
mundo, abriendo las puertas a la delincuencia, porque la gente tiene que comer, y ese es un derecho básico y fundamental, y el que no lo tiene normalmente lo resuelve por otras vías.
El Gobierno, desde nuestro punto de vista, en esta cuestión reacciona negando las denuncias pero no aporta en absoluto datos, hasta la fecha al menos, ni pruebas que demuestren que las acusaciones formuladas por AESCO, y ARI-Perú sean
falsas. Me gustaría que me aclarara realmente si estas acusaciones son falsas y tiene otros datos diferentes.
Nuestro punto de vista, señor Fernández-Miranda, es que negar la realidad no ayuda jamás a resolver los problemas que esta propia realidad implica o genera. Por tanto, es perfectamente comprensible que la Administración general del Estado
tenga dificultades serias, porque no estamos ante un problema menor ni carente de complejidad. Entendemos que haya serias dificultades para realizar todos los trámites administrativos que implica la aplicación de estas leyes orgánicas que he citado
al principio, la 4 y 8/2000. ¿No sería preferible aceptar el problema y acometer medidas de refuerzo en medios humanos y materiales, que simplemente introducir en la ilegalidad a seres humanos que en muchos casos reúnen las condiciones para obtener
un permiso de residencia y de trabajo y con ello posibilitarles la vía de residir en España o de vivir legalmente en España? Nosotros pensamos que ese es mejor camino que el que ustedes llevan en esta materia.
El Gobierno del Partido Popular vendió su Ley 8/2000, de extranjería, como una forma de acabar con las mafias de seres humanos. Nosotros nunca pensamos que esa fuese la salida, aunque ustedes estaban superconvencidos. Mire usted por dónde
-el tiempo naturalmente nos pone a cada uno en nuestro sitio-, hasta la fecha no se ha acabado con las mafias, con ninguna mafia; las mafias siguen campando por sus respetos.
Sin embargo, sí hemos descubierto, gracias al informe de estas ONG que
he citado previamente, que la Administración general del Estado -naturalmente no de mala fe, estamos seguros que es de forma involuntaria- de forma involuntaria se está convirtiendo en una gran productora de inmigrantes ilegales. Esto naturalmente
nos tiene que preocupar a todas y a todos.
No nos engañemos, señor Fernández-Miranda: someter a los inmigrantes a los gastos económicos que supone la tramitación de sus expedientes durante más de 33 meses y a esa misma espera implica enviar a esos inmigrantes, como ya le decía
antes, a la ilegalidad, y lo que es peor aún, a los empleadores españoles sin escrúpulos (que por desgracia los hay, como en todos los países del mundo) que explotan la mano de obra ilegal. Insisto en que no consideramos que el Gobierno del Partido
Popular esté provocando esta situación de forma consciente o que los funcionarios españoles no estén realizando de forma eficaz su labor. No ponemos en duda ninguna de estas dos cuestiones. Lo único que decimos es que sus políticas no conducen a
resolver sus problemas -por activa y por pasiva ya lo dijimos en su día-, que las soluciones no pueden ir por ahí. Ya llevamos un tiempo con la ley en vigor como para hacer una evaluación que les permita a ustedes reflexionar y cambiar o rectificar
sus políticas, pero no nos vendan la fórmula como nos vendieron la Ley de extranjería, como la fórmula mágica, para que a los dos años, antes de venir aquí, ya se nos anuncie una reforma de la Ley de extranjería. Yo no creo, no deseo, y espero que
ustedes no lo contemplen, que pase lo mismo que con Berlusconi -a ustedes ya no les da tiempo- que ha reformado la Ley de extranjería antes de la cumbre de Sevilla. No creo que pueda entenderse muy bien por la ciudadanía que una ley tan importante
que ustedes vendieron como una solución tan definitiva tengamos que replantearla a los dos años. En la situación en que nos encontramos, lo único que denunciamos es el efecto neto de la situación: que miles de extranjeros son enviados a la
explotación laboral y humana como consecuencia de retrasos y de ineficacia administrativa.
Y para terminar, una petición final: señor Fernández Miranda, no lo niegue. Resuélvalo, por favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Mi grupo va a intervenir muy brevemente para fijar posición. La información que tenemos sobre los trámites no es exactamente de tres años, es entre año y medio y dos años. En último caso, lo que le corresponde a
usted son los trámites que se refieren a la Delegación del Gobierno. Depende de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, pero es cierto que desde que se inicia el precontrato de trabajo por parte del empleador y lo introduce en el área
de trabajo de la Delegación o Subdelegación de Gobierno correspondiente, con los tres meses que se exigen para solicitar el visado en el país de origen, los cinco a ocho meses para la respuesta definitiva a la solicitud de visado, la resolución del
permiso de trabajo, por tanto, y después, y ahí sí empieza el Ministerio del Interior a tener competencias, la solicitud de tarjeta de residencia, que tarda aproximadamente un año, están trabajando con permiso de trabajo pero sin permiso de
residencia, lo que significa que están autorizados a trabajar pero sin documentar. Y eso es un problema, señor delegado del Gobierno. Es verdad que no depende de su delegación, es verdad que depende de la Comisaría General de Extranjería y
Documentación, pero es verdad que sería absolutamente imprescindible que estos plazos se redujeran de forma considerable para que las personas que han obtenido un permiso de trabajo pudieran tener cuanto antes, y casi simultáneamente si fuera
posible, regularizada su estancia también ¿Por qué? Porque los permisos de trabajo, como usted bien sabe, van corriendo y llega un momento en que tienen que renovarlos cuando aún no tienen su estancia regularizada. Y de eso es consciente usted y
somos conscientes todos. Es malo para el empleador, es malo para los inmigrantes, pero es muy malo también para las fuerzas de seguridad del Estado que tienen que controlar teóricamente la situación de estancia regular de estos extranjeros cuando
no tienen tarjeta de residencia.
Me parece que es verdad que en las dos últimas regularizaciones extraordinarias ha habido una acumulación extrema de expedientes que probablemente han hecho que estos retrasos se produzcan, pero es obligación del Gobierno aumentar el número
de funcionarios. Lo venimos diciendo reiteradamente.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, por favor.
La señora TORME PARDO: Comparto la preocupación de la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en cuanto a la aplicación de la Ley de extranjería, la Ley 8/2000, cómo se desarrollan todos los procedimientos en aplicación de la
misma y, en concreto, los de petición de permiso de trabajo, y permiso de residencia.
A continuación, quiero señalar que los datos iniciales que ya ha dado el secretario de Estado me producen satisfacción, al hacernos llegar que esos trámites burocráticos que daban lugar a esta solicitud de comparecencia que ahora
sustanciamos no se demoran a más de tres años. Si compartimos esa preocupación, también nos puede satisfacer el que en la realidad no se produzca una demora que sería preocupante. Otra cosa que quería indicar es que la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida ha señalado que el Gobierno del Partido Popular vendió en su momento esta ley como la vía para acabar con las mafias. No recuerdo que así se hiciera. Sí se dijo en esos debates, y yo pude ser ponente de la ley, que era un
instrumento fundamental para garantizar los derechos y las libertades de los inmigrantes en nuestro país. Esa ley contiene el decálogo más amplio y más completo de todos los derechos que pueden tener los inmigrantes en ningún país de la Unión
Europea. Lo que sí hacía, y también se resaltó, era distinguir claramente entre las situaciones de legalidad y de ilegalidad, señalando que sólo combatiendo la ilegalidad podíamos contribuir a conseguir una plena integración social y en todos los
aspectos de la vida de los inmigrantes en nuestro país. El que se produzca esa distinción, el que se introduzcan medidas para luchar activamente contra las redes que trafican con inmigrantes, supone un gran avance. No es el instrumento mágico que
de la noche a la mañana permite que acabemos con todas las redes que trafican con personas, pero sí contiene avances importantes. Quiero recordar aquellas medidas que, por ejemplo, se dirigen a cerrar los centros de trabajo donde se contrata o
donde se explota laboralmente a esas personas que vienen en situación de marginalidad y de ilegalidad o que se puedan confiscar los medios que se utilizan para el transporte de esas personas o en los propios centros de trabajo. Como decía,
lamentablemente, no es un instrumento mágico, pero quiero resaltar que en el momento en que se aprobó, y lo sigue siendo, fue un avance importante por señalar que es fundamental luchar contra la ilegalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, ha acabado usted tan contundentemente diciendo: no lo niegue, resuélvalo, que casi no me atrevo a negarlo, pero tengo que
negarlo. Su señoría estará de acuerdo conmigo en no hacer afirmaciones tan rotundas con respecto a que los trámites burocráticos se demoran más de tres años, cosa que vuelvo a negarle, invocando un documento
que S.S. ha mencionado y se titula: Libro Blanco sobre la tramitación del permiso de trabajo y residencia de inmigrantes no comunitarios en la Comunidad de Madrid (semana de vigilancia en cuatro organismos públicos).
Iniciativa, papeles
para todos y para todas. 'Ningún ser humano es ilegal'. Texto elaborado por el Centro de Estudios y Defensa de los Derechos Humanos. ARI-Perú Asociación y AESCO, en Madrid.
No deja de ser sorprendente que sea exclusivamente en una comunidad autónoma, cuando a lo largo de los dos últimos años, como S.S. sabe, se han tramitado en toda España más de 1.500.000 expedientes en torno al mundo de la inmigración.
¿Cómo no van a tardar tres años? Y hasta 30. Es un estudio en el que estas organizaciones, incluido este Centro de estudios y defensa de los derechos humanos, computan el tiempo que tardan las personas en situación ilegal en volver a su país para
recoger el visado que habían solicitado allí antes de venirse ilegalmente para acá cuando tenían que haber empezado por solicitar el visado para venir legalmente.
Si se computa también eso y computan también el tiempo que se tarda en darles el visado o recoger allí los documentos que hacen falta para solicitarlo, nos pueden llegar a salir muchos más de tres, pueden salir un montón de ellos.
Por lo tanto, señoría, son de tan poca solvencia los informes que S.S.
maneja que yo de nuevo he de decirles a usted y al resto de SS.SS. que no demuestran ni muchísimo menos las tardanzas que de forma absolutamente desmesurada se están
planteando.
Si le sirve de algo, para ver del inmenso esfuerzo hecho con clara voluntad política, con clara voluntad de ayuda humanitaria y con claro esfuerzo de los funcionarios del Estado que así lo han hecho, a lo largo de los dos últimos años, es
decir, desde el momento en que se pone en marcha el primer proceso extraordinario de regularización como consecuencia de la Ley 4/2000, la relectura de expedientes, el segundo proceso en el que se invocaba el arraigo antes de su definición
reglamentaria, más todos los expedientes ordinarios, el total de expedientes vistos en todas las administraciones ha sido de 1.544.816 expedientes. De ellos, 867.000 fueron expedientes ordinarios, 676.985 expedientes extraordinarios, de los cuales
se han concedido 428.924 permisos de residencia, en un 90 por ciento de los casos de trabajo. Creo que el esfuerzo, la eficacia, la eficiencia, con la cual la Administración española se ha comportado a efectos administrativos en algo que no
queremos que deje de ser continuamente un reto para seguir mejorando nuestro comportamiento hacia las personas que así lo necesitan, podemos considerarlo como más que satisfactorio en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Señor delegado del Gobierno para la Inmigración, como sabe, no soy portavoz en esta Comisión, sin embargo naturalmente estoy informada, como cualquier diputado o diputada de esta Cámara, de cómo acontecen las
cosas.
Yo le hice una pregunta muy concretita, que me dijera usted si es verdad o no es verdad lo que yo le he planteado y yo le he planteado clarísimamente que se tarda una media de 33 meses en realizar unos trámites que la Ley de régimen jurídico
de las administraciones públicas obliga a realizar a las autoridades en menos de tres meses. Entre 33 meses y tres meses hay una diferencia notable. Simplemente le rogaría que me aclarara si eso es así o no.
Respecto a la solvencia de los informes que yo manejo, así le va al Partido Popular, con ese desprecio que sienten por las ONG, que están en contacto permanente con el problema, y abusando de que no son solventes los datos que nos dan las
ONG. Permítanme que le diga que yo respeto a todo el mundo muchísimo, también al Gobierno y por supuesto a usted, pero le voy a decir una cosa: como he sido cocinero antes que fraile, sé que las ONG trabajan con rigor, que no hacen demagogia con
estas cuestiones, que están igual de preocupadas que nosotros por evitar los efectos perversos de reformas que no son acertadas, por ejemplo, la xenofobia y el racismo. Los pobres en la calle son el problema; el problema no es el color, porque los
negros de Aravaca que son diplomáticos o los jeques de Marbella no han planteado nunca problemas a los ciudadanos españoles; quienes plantean problemas son los pobres, los inmigrantes pobres. Por lo tanto, yo creo que nuestra preocupación es
legítima y no me parece aceptable que usted nos diga que tenemos informes poco solventes, porque además yo no he sido categórica, únicamente es que tal vez usted no me conoce y soy una persona apasionada, hoy especialmente apasionada porque estoy en
una situación especial en esta Comisión. Créame, con todo respeto, yo no he puesto en cuestión jamás los datos que me da el Gobierno sin antes contrastarlos. Señor Fernández-Miranda, puede usted estar en desacuerdo con mi intervención, pero no
desacreditar ni a mis servicios técnicos ni los informes que me merecen a confianza y respecto, porque, créame, no me parece serio.
Como tampoco nos parece serio ni a nosotros ni al resto de los españoles, vuelvo a insistir, que ustedes ni siquiera hayan esperado a la reunión de Sevilla para anunciar la reforma de la Ley de extranjería, que por cierto plantean que van a
endurecerla más, van a tratar de estudiar la eventual supresión de la regulación por arraigo. Qué quiere que le diga, no hemos sido nosotros los que hemos planteado esta duda; nosotros pedimos la derogación de la Ley de extranjería en su día
porque entendíamos que no era un instrumento eficaz. Yo comprendo que es difícil hacer encaje de bolillos para venir a decirnos aquí ahora que sigue siendo buena pero que hay que reformarla.
Sinceramente, no quiero hacer demagogia en estas cuestiones, sé que es un tema complicado para cualquier Gobierno y lo único que le pido es respeto tanto para mi grupo como para las ONG que trabajan con los inmigrantes.
Usted dice que no
son datos reales, bueno, si no son datos reales, yo he tomado buena nota de sus datos, tenga usted por seguro que los voy a estudiar con detenimiento y que voy a tratar de contrastar si realmente los datos que manejamos no son los correctos. De ser
así, yo no tendría ningún empacho en reconocerlo en esta Comisión y pedir disculpas. (La señora vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa la presidencia.)
No obstante, tengo que decirle que no he obtenido ninguna respuesta que me haya satisfecho, porque quien tiene obligación de hacer convenios con los gobiernos, de promover cumbres europeas para tratar de solucionar este problema, es el
Gobierno no es la oposición. La oposición tiene una labor muy concreta, que yo creo que es la que ha hecho esta portavoz hoy en esta Cámara. Le agradezco muchísimo las explicaciones que usted me ha dado en su segunda intervención, las estudiaremos
con todo detenimiento, pero mientras no tenga yo la firme convicción de que estas ONG están erradas, permítame que siga insistiendo en que tienen todo el crédito del mundo para mi grupo parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Únicamente quiero hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, he de señalar que, a pesar de esa dimensión extraordinaria que ha cobrado en los últimos años el fenómeno de la inmigración en nuestro país, el Grupo
Parlamentario Popular está satisfecho al tener conocimiento de que los trámites burocráticos en aplicación de la Ley de extranjería tienen lugar con normalidad y no se producen grandes demoras.
La segunda puntualización es para discrepar con la portavoz de Izquierda Unida, dejando constancia del gran afecto y respeto que siento por la misma y valorando también el enorme esfuerzo que ha realizado por estar hoy en esta Comisión.
Esta discrepancia es que en absoluto el Partido Popular, para nada, siente desprecio hacia las ONG, y eso se demuestra en el conjunto de su política, pero si usted analiza la evolución de la ayuda a la cooperación al desarrollo, de todos los
programas en los que se conceden subvenciones para colaborar y apoyar la actividad de las ONG, ahí la constatación es básica y evidente. De manera que no piense usted -aquí dejo esa constancia- que el Partido Popular tiene desprecio hacia la
actividad que realizan las ONG o hacia los informes de las mismas; todo lo contrario. Por ello, desde el Gobierno se apoya esa labor que están realizando. Creemos que en muchos casos puede ser o es fundamental.
(El señor vicepresidente, Souvirón
García, ocupa la presidencia.)
Eso sí, hay veces que puede haber ONG que a lo mejor no tengan todos los datos. El Gobierno, sin duda, con todo el mecanismo, toda la Administración y todo el complejo burocrático posee muchos más datos recabados por distintos cauces que a
veces pueden dar lugar a que se tenga una información más exhaustiva y más completa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, ha hecho usted un diseño final de mi comparecencia que se parece solamente en alguno de los puntos que S.S. ha planteado.
Su señoría me pide que explique las razones que justifican que los trámites burocráticos que deben realizar los extranjeros que aspiran a residir legalmente en España se demoren más de tres años, y claro que le he contestado, puede ser que
mi contestación no le guste, pero es que le he dicho que no es cierto que los trámites burocráticos que deben realizarse en España se demoren más de tres años, es mi contestación, negarle la mayor en el planteamiento de su petición de comparecencia.
En segundo lugar, he leído con pleno rigor intelectual, por aquello de citar las fuentes, desde el epígrafe superior del Libro Blanco hasta AESCO, que es la última entidad que ha realizado este estudio, fíjese si soy respetuoso que no he
obviado ni la Iniciativa de papeles para todos y para todas. Ningún ser humano es ilegal, Centro de estudios y defensa de los derechos humanos, ARI-Perú Asociación y AESCO, desde un respeto absoluto, pero mi respeto es desde la más absoluta
discrepancia con usted, con su grupo parlamentario y con el informe de estas organizaciones que critican que en España tardamos más de tres años, y parte de esos tres años computados se refiere a personas en situación ilegal que tienen que volver a
su país a recoger un visado que habían solicitado para pode venir aquí, pedir permiso de residencia y pedir permiso de trabajo. Señoría, el rigor de esa afirmación insisto en que deja mucho que desear, y deducir de ello que la Administración
española es responsable del tiempo que tardan esas personas, pues no. Además es que esa era la forma que utilizaban el grupo de S.S. y el propio Partido Socialista de política de puertas abiertas y de papeles para todos y para todas. Aquí se
podía venir a la aventura. Ustedes, Grupo de Izquierda Unida, apoyado por el Grupo Socialista, introdujeron en el trámite de la reforma de la Ley de extranjería una enmienda que consistía en que había que dar un visado para venir a
buscar trabajo. El señor López Aguilar defendió de forma entusiasta por parte del Partido Socialista esa enmienda de venir a buscar trabajo con un visado. Nosotros hemos conseguido la reforma de una ley, hemos conseguido un reglamento y
una forma de hacer las cosas bien distinta, porque además de la exigencia de unos plazos determinados la cosa no es: tú vete para España que tarde o temprano te arreglarán los papeles, eso sí, ten suerte de que te exploten lo menos posible.
Afortunadamente eso se acabó, sobre todo para las personas explotadas.
El trámite que dibuja el documento sobre el que usted se basa es absolutamente desvirtuado e inexistente. Por tanto, yo lo único que tengo que decirle es que no se tarda más de tres años, con todo respeto hacia usted, estando en profundo y
respetuoso desacuerdo con sus tesis, al igual que con las ONG que han planteado este documento.
Me permitirá que no pueda entrar en una intervención omnicomprensiva sobre el resto de sus afirmaciones, porque no estaba previamente anunciado, con el permiso del señor presidente. (La señora Blanco Terán pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, hemos agotado el trámite.
La señora BLANCO TERÁN: Mi grupo ha fijado posición. El señor delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería ha vertido algunas afirmaciones sobre mi grupo parlamentario y querríamos aclararlas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, en ese sentido el debate puede ser eterno. Yo creo que cada uno de los grupos ha manifestado su posición y el señor delegado del Gobierno ha cerrado el debate en los términos en que
lo ha hecho.
- LA SITUACIÓN LABORAL Y SOCIAL ACTUAL, Y MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL CONTINGENTE DE INMIGRANTES CIFRADOS EN MILES DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000990)
- LOS HECHOS OCURRIDOS EN HUELVA, ASÍ COMO EL FRACASO GENERAL DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001007)
- LOS HECHOS OCURRIDOS EN HUELVA, ASÍ COMO SOBRE EL FRACASO GENERAL DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000734)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al debate de los tres siguientes puntos del orden del día que han sido acumulados y que tienen en común el tratar sobre la situación laboral y social del contingente de inmigrantes en
Huelva. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para que exprese su posición sobre ellas, tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Procedo a contestar, con permiso de la Mesa, de forma acumulada a tres iniciativas, la primera del Grupo Parlamentario Socialista, en la cual
se me pide que informe de la situación laboral y social actual y medidas que piensa adoptar para resolver los problemas del contingente de inmigrantes cifrados en miles de personas en la provincia de Huelva, y las otras dos de idéntica redacción,
del Grupo de Izquierda Unida, para que informe de los hechos ocurridos en Huelva, así como sobre el fracaso general de la política de inmigración del Gobierno de la nación.
Quiero comenzar afirmando, en primer lugar, que se ha puesto en marcha el sistema del contingente anual de trabajadores, que se ha alcanzado, además, con un acuerdo absoluto por parte de los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios,
de las autoridades provinciales, regionales y nacionales de empleo, así como de los gobiernos de las comunidades autónomas, un acuerdo a través de las comisiones provinciales e insulares de empleo. Se pone en marcha por primera vez algo que algún
dirigente del Partido Socialista reclamaba hace bien pocos días en un medio de comunicación radiofónico, que deberíamos alcanzar entre todos un gran acuerdo para ver cuántas personas podían venir a trabajar cada año.
Quiero decirle a ese alto
dirigente del Partido Socialista y a todos ustedes que ese acuerdo está ya alcanzado desde el mes de septiembre del año pasado y está funcionando este año, puesto que se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre del año pasado. Ese es el
contingente.
En segundo lugar, y es sumamente importante a efectos de la contestación a la comparecencia que SS.SS. me han planteado, para esta determinación se tiene en cuenta, sin excepción, sin que en ninguna ocasión se deje de hacer, la situación
nacional de empleo. Estamos hablando del número de trabajadores españoles,
del número de trabajadores de la Unión Europea -existe la libre circulación, como bien saben SS.SS.- y estamos hablando de las estimaciones hechas fundamentalmente por los empresarios que son los que contratan en este país. La contratación
desde el Estado, la oferta de empleo público, que es casi testimonial, aquel pleno empleo a base de contratar desde el Estado lo que ni hacía falta contratar, forma parte de modelos anticuados, forma parte de modelos que lo hicieron tanto más
radicalmente cuanto más radicalmente socialistas eran, pero hemos pasado, afortunadamente para todos, a una nueva época y hablamos de contratación de nuestros empresarios.
En tercer lugar, es la antítesis, es la otra cara de la política que auspicia, o que auspiciaba, porque hay veces que no lo sabemos, depende también desde qué formación política, eso de puertas abiertas, papeles para todos, visados para
buscar trabajo, rifas o sorteos para asignar los puestos de trabajo que quedaban disponibles, etcétera. El contingente es todo lo contrario, es la ordenación, es la firma del contrato en origen y las garantías laborales plenas. En definitiva, eso
es lo que se aplica por primera vez y he de decirles que ha sido un auténtico éxito, y no dicho por mí, sino por todos aquellos interlocutores entre los que se encontraban, insisto, la Junta de Andalucía, la Administración nacional a través de sus
representantes en el Ministerio de Trabajo, sindicatos y, sobre todo, empresarios. El contingente para este año, y SS.SS. lo conocen perfectamente, se ha nutrido por un total de 32.079 ofertas de empleo, 10.884 para cubrir puestos de trabajo de
carácter estable, 21.195 de carácter temporal.
En cuanto a la campaña fresera del año 2002 en Huelva, que es lo que a SS.SS. les preocupa, en la que se contrata una cifra aproximada de 60.000 personas, la planificación de este año, basada en experiencias de años anteriores y sobre todo
en el reglamento de la Ley de extranjería, que a su vez se basa en el convenio marco de colaboración para la ordenación de las migraciones interiores, firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con ASAJA, COAG, UGT y Comisiones Obreras
y a través de las comisiones provinciales de seguimiento, ratificado en el protocolo adicional al convenio marco de colaboración de 21 de septiembre de 1999, que establecía un procedimiento subsidiario para la contratación de trabajadores
extranjeros en sus países de origen, más el reglamento de ejecución de la Ley 8/2000, ha dado lugar a la contratación de aquellos trabajadores que no estaban en España residiendo legalmente para poder ser contratados por los empresarios freseros, un
total de 6.672 personas que fueron contratadas en sus países de origen, a las cuales se les ha garantizado todos sus derechos laborales y que en opinión de los interlocutores sociales ha concedido la estabilidad a la campaña y la legalidad estricta
a las contrataciones. Desde Polonia se contrataron 5.067 trabajadores y trabajadoras, desde Rumanía a 973, desde Marruecos a 445 y desde Colombia a 187. Además de estos que han sido contratados en origen han trabajado también en la campaña
fresera, como nuevos contratos distintos a los que nutrían el bloque total de 60.000, 7.000 temporeros documentados a través de distintos procesos de regularización en la provincia de Huelva, y posteriormente por el Ministerio de Trabajo se ha
autorizado a trabajar a distintas personas, independientemente de la provincia en la que estuviese autorizada la contratación. Por tanto, señorías, quiero afirmar rotundamente que la puesta en marcha en la campaña fresera de Huelva de los primeros
contratos de trabajadores de temporada a través del sistema de contingente está siendo un éxito, está siendo un éxito de los interlocutores sociales que en definitiva son los que lo hacen realidad.
En cuanto a la petición rotunda del Grupo de Izquierda Unida de que informe sobre el fracaso general de la política de inmigración del Gobierno de la nación, voy a aportar a S.S. tres datos que creo que serán lo suficientemente relevantes
como para demostrar lo que desde nuestro punto de vista no es un fracaso de la política de inmigración del Gobierno. En este momento, a fecha 12 de junio -no puedo dar mayor actualidad en la mencionada cifra- residen legalmente en España 1.298.901
personas. A diciembre de 1995, que fue la última cifra previa oficial a la llegada al Gobierno de España del señor Aznar respaldado por el Partido Popular, en España había 499.773 residentes extranjeros. Bien es cierto que había un 23 por ciento
de desempleo; bien es cierto que en este momento el desempleo creo que es del 8,7 y de ahí la posibilidad que hemos tenido de regularizar a tantas personas como regularizamos con los procesos extraordinarios, a tener ese 1.298.901 residentes. La
segunda cifra si cabe más importante que este número global es que en este momento tenemos a 761.473 personas residentes extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. Para demostrar el grado de éxito de la política general de inmigración, de
extranjería, de asilo y refugio del Gobierno de la nación, he de decir que incluso hay, como es su derecho, demostración de su integración en nuestro sistema en este momento, a fecha 30 de abril, 102.046 personas solicitantes de empleo, personas con
su permiso de residencia, con su permiso de trabajo, solicitando empleo, demostrando que están plenamente cubiertos y disfrutando de los derechos de los que se hacen acreedores en función de sus cotizaciones.
Por tanto -y concluyo, señor presidente-, quiero negar que la política del Gobierno puesta en marcha en los dos últimos años sea un fracaso.
Consideramos que el arranque del sistema de contingente con el que empieza a trabajarse en la
provincia de Huelva ha sido plenamente satisfactorio, hasta el extremo de que es de justicia felicitar a la Junta de Andalucía por ser capaz de montar un servicio de asistencia humanitaria para aquellas personas, incluso yendo a ver si todavía en
las
plazas de los pueblos contrataban los empresarios (su señoría decía antes los empresarios desaprensivos; yo diría los explotadores, simple y llanamente) que montan en las furgonetas, en ocasiones furgonetas de la muerte, para que trabajen a
destajo y sin ningún tipo de cobertura, de protección ni de limite. Nos está costando mucho trabajo vencer esa inercia de la política de las puertas abiertas y de venir aquí a buscarse cada cual la vida, por ejemplo, con ese visado que ustedes
auspiciaban.
Estamos consiguiéndolo, pero a pesar de todo es necesario seguir adelante, y de ahí mi felicitación a la Junta de Andalucía, que cumple con las correspondientes competencias que le concede su estatuto, al ofrecer esa ayuda humanitaria
que dio lugar al reparto que se producía dos veces a la semana de 300 bolsas a 300 personas cada uno de los días durante unas cuantas semanas, lo cual fue tranquilizador en el sentido de que el número de personas que habían acudido sin posibilidad
de trabajo, siendo importante, porque 300 personas lo son, no era desmesurado, no era, como afirmaba por otro lado el planteamiento de la comparecencia del Grupo Socialista, de miles de personas en la provincia de Huelva.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la primera de las iniciativas acumuladas, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Fernández-Miranda, advierto que la debilidad de su posición es proporcionalmente directa a la provocación con que S.S. está haciendo su última intervención, porque es una intervención en plan provocativo en
la que trata de refregar, como dicen en mi pueblo, a la gente por las narices la historia esa de las puertas abiertas, una historia que S.S. se ha inventado.
Señor Fernández-Miranda, nosotros lo que criticamos es la ineficacia del Gobierno, la incompetencia, el desbarajuste, el desorden, la criminalización de los inmigrantes, los falsos planes Greco. No ha mencionado usted en ningún momento el
plan Greco. ¿Para que sirve el plan Greco? ¿Existe el plan Greco o lo han sustituido por el plan Miró o por otro de arte abstracto? Me da la impresión de que su política está inspirada más en las puertas podridas, que es todavía peor que las
puertas abiertas; porque las puertas abiertas se pueden manejar, pero las puertas podridas se caen a trozos, y eso es lo que tiene la política del Partido Popular en materia de inmigración. Lo de Huelva ha sido un éxito descomunal del desbarajuste
político, eso es lo que ha sido Huelva en la última edición, en lo que hemos estado viendo durante el primer trimestre del presente año. Señor delegado del Gobierno, ¿no era ya la nueva Ley de inmigración la panacea que iba a permitir resolver
todos los problemas del efecto llamado las puertas abiertas, y ahora resulta que es una ley insuficiente y hay que apretar todavía más los tornillos? ¿Qué es lo que ha provocado esta ley? ¿Cuál es el desbarajuste y el desorden en el que se mueve
la política del Gobierno y la situación de la inmigración en este país? Hay más de 200.000 inmigrantes que se desplazan por el país y el Gobierno no sabe ni por dónde andan. No es capaz de resolver esa cuestión, ni desde el punto de vista del
control de entrada ni desde el punto de vista de su integración laboral o social, de ninguna manera.
Pero es que posiblemente no sean 200.000, porque hay una permanente y reiterada falsificación de cifras, como todo el mundo sabe. En este país no
funcionan las estadísticas, entre otras cosas porque al Gobierno no le conviene que funcionen. Hay quien dice que el número de ilegales en España, como lo llaman ustedes, es del orden de 800.000 ó 1.000.000. Hay gente que ha hecho cálculos
solventes sobre este particular. De la misma manera que el Gobierno no sabía que había 80.000 ecuatorianos que se trasladaban en esas furgonetas, que acaba usted de condenar, en la provincia de Murcia -y si lo sabía se callaba-, debe estar
ocurriendo en las demás cuestiones. Hay un descontrol, un desorden y un desbarajuste en la política de inmigración en este país, y eso es lo que criticamos los socialistas. Olvídese usted ya de si las puertas están abiertas o cerradas; ustedes
tienen la llave. Repito que lo malo es cuando en vez de puertas se tiene una putrefacción total en toda la madera y se cae a cachos.
El caso de Huelva, señor Fernández-Miranda, es típico del desbarajuste, la incompetencia y el desorden de la política de inmigración que hace el Partido Popular. Aunque tuvieran otra ley, que posiblemente la tengan, o modifiquen la
existente -me es igual-, no es cuestión de leyes; la política de inmigración no es solamente tener una ley, es tener resortes, recursos, organización, planes y objetivos claros y ponerlos a funcionar.
Lo que están haciendo ustedes, lo que se ha
visto en Huelva es la expresión de la peor política posible en materia de inmigración, con una falta de previsión. Dice usted que en septiembre tenían acordada la contingentación. Si la tenían aprobada en septiembre, ¿cómo se produce la presencia
de los marroquíes posteriormente? ¿Cómo contingentan ustedes en el olvido de que había un contingente de trabajadores marroquíes que acudían a la fresa en Huelva y resulta que en los acuerdos que menciona usted, de los cuales el Gobierno al parecer
ha sido parte, se decide traer a inmigrantes del Este? ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan los inmigrantes del Este? Que se encuentran dos contingentes de trabajadores, unos que ya habían estado y otros que vienen nuevos. Esto es, la sustitución
de trabajadores magrebíes, que ya habían trabajado en Huelva, por otros procedentes de países del Este y vinculados al acuerdo que ha dicho usted. ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿La defiende usted? Es una cuestión que debe aclarar. ¿Cómo es
posible que se tomen decisiones de este tipo? Porque los resultados no han podido
ser más catastróficos ni más impresentables, desde cualquier punto de vista que se analice. Contingentes de trabajadores compitiendo entre sí por trabajos precarios y temporales, por supuesto. Esta es una imagen de la peor situación en la
que se pueden encontrar los trabajadores en cualquier circunstancia, sean inmigrantes o no. Discriminación por razones de origen, etnia, cultura, religión y nacionalidad. Creo que el racismo, señor Fernández Miranda, es un desiderátum de la
política del Gobierno y se va a pagar muy caro en este país este permanente juego de descalificaciones, este manejo que han hecho de la criminalidad vinculándolo a los inmigrantes, este tipo de políticas que parece que no se hacen pero que en el
fondo se hacen.
Decía el señor Robles Piquer, presidente de la Fundación Cánovas -no me lo estoy inventando, sale en los medios de comunicación-, que la inmigración -supongo que se estaba refiriendo a la inmigración de los magrebíes, del mundo musulmán-
estaba poniendo en peligro la identidad española. Señor Fernández-Miranda, ¿este señor es presidente o no de la Fundación Cánovas del Castillo? ¿Tiene algo que ver o no con el Partido Popular? ¿La política que hace el Partido Popular tiene que
ver o no con esta base ideológica que refleja el señor Robles Piquer? Pero no es el único que lo ha dicho, también se atribuyó a usted una frase, que no se la voy a recordar ahora, relacionada con la posibilidad más fácil de encontrar empleo en
función de la lengua, de la religión, de las costumbres y de la cultura. Nosotros creíamos que lo que significa el avance de la democracia es la consideración de las personas por su condición humana, única y exclusivamente, el respeto a los
derechos humanos, con independencia de su religión, de su raza y de sus costumbres. Esta es un avance importantísimo que trajo la Ilustración, que consolidó la Revolución francesa y que todos los demócratas hemos considerado que es la base del
sistema democrático en el que queremos vivir. Si el Gobierno sigue diciendo estas cosas, vamos a tener un retroceso en el sistema democrático. Lo que ha pasado en Huelva es la imagen socialmente dantesca que recuerda etapas superadas del
capitalismo más salvaje. Esto de las furgonetas que decía S.S., recriminando obviamente a los empresarios que hacen esas contrataciones públicas en las plazas, lo relataba como si el Gobierno no tuviera nada que ver con ese asunto. Yo no digo que
el Gobierno lo esté alentando directamente, pero es el resultado de una política. Con esta política social volvemos otra vez a imágenes que creíamos ya desterradas en nuestro país.
En la Plaza Alta de Badajoz, allá por los años veinte y treinta, se reunían los desempleados, miles de ellos. Llegaba a la Plaza Alta un señor montado en un caballo, con un ayudante y con una caña en la mano y a cada uno que quería
contratar le iba dando en el hombro, y el que recibía esa gracia se incorporaba al contingente de los que ese día trabajaban. Esto lo estamos volviendo a ver aquí. Tengo aquí el relato de los periodistas en Huelva que se disfrazaron de
desempleados y estuvieron en la Plaza de Lepe, donde se reprodujo exactamente la imagen de la España de los años veinte, treinta y cuarenta. Esto no puede ser, lo tiene que resolver también la política del Gobierno, pero este Gobierno no está
haciendo prácticamente nada.
Señor Fernández-Miranda, aquí lo que fundamentalmente se verifica es el fracaso del Gobierno en su condición de intermediador en el mercado laboral, por lo menos de apoyo a una correcta intermediación en el mercado laboral. Verificamos que
ha fracasado y que el acuerdo tan magnífico, que dice usted que todo el mundo adoptó en el mes de septiembre, no ha servido para gran cosa, por lo menos en este caso.
Esperemos que haya servido para otros supuestos y ojalá en el futuro ese sea el
método a desarrollar. En el caso de Huelva que hemos planteado ha habido un fracaso descomunal de la función de intermediación en el mercado de trabajo. Como consecuencia de esto, el espectáculo ha sido de los que hacen época: miles de personas
sin trabajo, vagando por la provincia en busca de trabajo temporal; miles de personas alojadas en tuberías, chabolas o acampando en solares; miles de personas ofertándose en la plaza, como ya hemos dicho; en definitiva, imágenes de marginación
social. A todo esto no hay que olvidar tampoco el temor que se ha producido en el vecindario por el incremento de la inseguridad ciudadana, de pequeños hurtos que algunos ya habrán aprovechado para exagerar, como el mismo Gobierno suele hacer, en
definitiva una imagen medieval; todo esto resulta francamente medieval, señor Fernández-Miranda. En estos casos no basta con dedicarse después a la búsqueda de culpables. Los ayuntamientos han estado en una situación de impotencia para abordar
este problema entre otras cosas porque el plan Greco no funciona. Luego ha habido un intento de culpabilización de la Junta de Andalucía. Sin embargo desconozco que se haya celebrado la reunión que solicitó la Junta de Andalucía con el señor Rajoy
y con usted. La Junta de Andalucía solicitó en el mes de marzo una reunión en la que estuvieran presentes los interlocutores sociales, la Junta, los ayuntamientos, el Gobierno y usted. No sabemos si se llegó a celebrar o no. También le tendría
que recordar -porque culpar a la Junta de Andalucía ha sido una constante en todo este conflicto- que precisamente con ocasión del debate del Presupuesto para el 2002 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para financiar un plan
especial de integración e inserción de los inmigrantes en Andalucía, plan que fue rechazado. Debería haber sido un complemento del plan Greco, en el supuesto de que este plan existiera.
Todo esto puede evitarse, señor Fernández-Miranda -y nosotros
alentamos, pedimos y exigimos al Gobierno que se evite-, con otras políticas más eficaces y que estén basadas en los principios del Estado moderno y de derecho. Estas políticas tienen que recoger
la dimensión social y laboral de la inmigración, así como las dimensiones internacionales y todas las que se refieren al control de fronteras, porque nosotros queremos que todo sea tratado de una manera equilibrada en el momento oportuno y
de la manera más justa posible.
Este conflicto todavía no ha finalizado; quedan todavía rescoldos y brasas, por así decirlo, que se han manifestado con ocasión del encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, otro episodio en el cual no voy a entrar
pero que constituye otro suceso más de este rosario permanente de explosiones, desbarajustes, fracasos, errores e incompetencias con las que el Gobierno nos viene obsequiando en materia de inmigración.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Señor Fernández-Miranda, las tres organizaciones que representan a los empresarios freseros, Freshuelva, ASAJA y COAG, han formalizado casi 7.000 contratos en Polonia, Rumania, Marruecos y Colombia para trabajar en
esta campaña. La cifra autorizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales duplica la fijada por la Administración para el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2002, que por cierto limitaba la contratación del
sector agrícola de Huelva a 3.500 temporeros. Por tanto, el Ejecutivo ha incumplido un acuerdo aprobado el 21 de diciembre de 2001 en el Consejo de Ministros. El Gobierno no ha controlado su propia cifra, ha permitido a los empresarios que decidan
por su cuenta y los resultados son francamente descorazonadores. Señor Fernández-Miranda, no voy a hacer ningún juicio de intenciones sobre su intervención, pero me parece que el retintín de papeles para todos sobra. Lo que sí es para todos es el
respeto a la dignidad de los seres humanos. El respeto a la dignidad de los seres humanos no puede tener fronteras, señor Fernández-Miranda. ¿Qué es esto de que ustedes incumplan sus propios acuerdos y permitan este desaguisado? ¿Es torpeza,
ineficacia? ¿Cómo lo calificaría usted? Sinceramente me gustaría saberlo. Los empresarios de la fresa de Huelva se lo han tomado al pie de la letra y han preferido, como se ha venido demostrando, que sus cosechas sean recogidas por mujeres
blancas, católicas y del Este, en vez de por los jornaleros de origen árabe que tradicionalmente estaban realizando esta labor. Por cierto, de estos trabajadores unos 2.000 no tenían documentos en regla, pero otros 1.200 fueron regularizados el año
pasado y autorizados a trabajar exclusivamente en el sector agrícola de esta provincia. Esto ha sido confirmado por los alcaldes del territorio del que estamos hablando y no ofrece ninguna discusión. Señor Fernández-Miranda, no apunte usted esto a
la oposición, apúnteselo al Gobierno y a usted mismo, que son los que tienen responsabilidades. Se firman convenios con países del Este para traer a mujeres a la recolección de la fresa con la plena colaboración, insisto, del Ministerio del
Interior y del de Trabajo y se procede a la recolección de la citada fruta con esta mano de obra. La colaboración, como ya he dicho, fue tal que el Gobierno incumplió sus propios compromisos y nadie pensó en los jornaleros que habitualmente
realizaban este trabajo y que han pasado a no tener trabajo y a vagar por Huelva sin cobijo y sin recursos y a incrementar naturalmente -cómo no- el problema de la inmigración y a aumentar ese problema del que yo antes hablaba de la inseguridad
ciudadana, que luego sirve de coartada a los gobiernos para poner en marcha políticas más duras pero no por ello más eficaces, como se viene demostrando.
Señor Fernández-Miranda, le guste a usted o no, estos jornaleros son los que en su mayoría están en el encierro de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla reclamando que sus derechos sean respetados. La despreocupación del Gobierno por
estos inmigrantes es inexplicable; ha habido una despreocupación total. Han tenido que ser atendidos exclusivamente por ONG españolas y además utilizando ayuda de emergencia destinada a resolver problemas relacionados con países no desarrollados.
Es decir, que se está utilizando en el suelo español ayuda de emergencia que tiene carácter finalista y que suele usarse para situaciones de emergencia en los países del sur. Aparte del bochorno que naturalmente debe provocar en cualquier ser
humano, más allá de su ideología, la forma en que han sido tratados estos inmigrantes, el incidente, señor Fernández-Miranda, no es peccata minuta porque pone de relieve asuntos estructurales que tienen que ver con las políticas que ustedes han
puesto en marcha. Empezamos a creer que al Gobierno del Partido Popular no le gustan los inmigrantes y prueba de ello es esa actitud un tanto irresponsable de algunos ministros y de personas que tienen responsabilidades en el tema estableciendo ese
binomio perverso de inmigración-delincuencia. A la vez que ustedes hacen este discurso saben que necesitamos a los inmigrantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía. No les gustará la crítica, pero ustedes han decidido claramente
que prefieren inmigrantes de usar y tirar -y desgraciadamente en este caso mujeres, que somos siempre las víctimas más víctimas de todas las víctimas-, prefieren inmigrantes que vienen con un acuerdo y se largan una vez que han acabado el trabajo
temporal. En vez de admitir que España tiene la capacidad y la necesidad de integrar en su población a un porcentaje de inmigrantes, ustedes -no sé si por táctica electoral- pretenden confundir a la ciudadanía. El ejemplo más preclaro es el de El
Ejido, donde la diferencia entre la renta per cápita antes de que los inmigrantes entraran en su sector agrícola y la que tienen ahora es evidente. Estos
mensajes son los que hay que transmitir a la población, y si ustedes no tienen confianza en que sus mensajes sean aceptados tendrán que cambiar su discurso, pero no se puede venir a una comparecencia a poner el acento en las políticas que
defiende la oposición cuando lo que se está juzgando son las políticas del Gobierno, que desgraciadamente tiene mayoría y las saca adelante sin necesidad de socios. Por tanto, estamos hablando de las políticas del Gobierno del Partido Popular. Y
reitero que a ustedes no les gustan los inmigrantes, pero aún menos -y lo voy a decir sin ambages- los que son árabes. Por ello han promovido en Huelva, con la ayuda de su Brunete mediático -yo vi los reportajes de Antena 3 sobre el asunto, que
eran directamente xenófobos-, una campaña en la que cambian jornaleros árabes que están casi todo el año en nuestro suelo, es decir que pueden llegar a integrarse, por jornaleras blancas, polacas y católicas de ida y vuelta. Esto es así y nosotros
tenemos derecho a verlo como lo vemos. No pretende el Gobierno solucionar un problema laboral con esta política señor Fernández-Miranda. Tienen que darse cuenta ustedes de que lanzan un mensaje al conjunto de la población que se podría resumir en
algo tan sencillo como: a nosotros tampoco nos gustan los moros y mientras podamos haremos todo lo necesario para que en España haya los menos posibles. Se tienen que poner ustedes de acuerdo porque el señor Trillo, primero pensaba abrir las
puertas en el ejército profesional (El señor Fernández-Miranda y Lozana: No lo he oído). Tengo aquí la prensa y no me invento nada porque no tengo tanta capacidad de inventiva. Luego se dieron cuenta de que por ese camino había peligros
-efectivamente los había- y han optado por esta solución que a nosotros nos parece bochornosa, francamente bochornosa. Soy una diputada que suelo gozar del respeto de mis compañeros, independientemente del grupo al que pertenezcan, porque suelo no
faltar al respeto a los demás, pero tengo que decir hoy claramente y sin ambages que esto -no se proteja, soy pacifista- es puro lepenismo sin Le Pen; puro lepenismo sin declararse de ultraderecha, así de claro. Este es un camino peligroso. A lo
mejor ustedes no son conscientes pero mi obligación es recordarles que tengan cuidado con la piedra que tiran porque nunca se sabe dónde va a caer.
Todos tenemos que estar muy atentos a los cambios que se están produciendo en Europa, y no me
refiero a la correlación de fuerzas políticas -ahí se agarrarán ustedes porque les va bien-, sino a que esto nos puede crear problemas muy serios en Europa, no sólo en España. Desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno en esta
materia, la de la inmigración, la acusación más grave que se le puede hacer a un Gobierno democrático en un Estado social y de derecho es precisamente ésta, la de racismo y xenofobia. Estoy segura de que esto no puede ser de ninguna manera
premeditado, pero los resultados al final son los mismos.
Da igual que se haga por inconsciencia, porque ustedes tengan derecho a creer que están en el camino acertado o por otras causas que yo francamente no contemplo siquiera, pero la verdad es
que deberían ustedes empezar a preocuparse por no lanzar estos mensajes tan preclaros que, repito, pueden traernos muchísimos problemas, algunos de los cuales están ya en marcha. Ya estamos viendo reacciones desmedidas y desproporcionadas no sólo
de los empleadores, que como usted decía y yo comparto son explotadores sin escrúpulos -también lo dije en mi intervención-, sino de los ciudadanos normales que con tanta confusión y con tanto mensaje cruzado pueden acabar adoptando posiciones duras
como la que, por ejemplo, se planteó en la comunidad autónoma que tengo el honor de representar en esta Cámara con el plan de realojamiento de la población marginal. Quien paró el plan de realojamiento de la población marginal en Madrid fueron los
antiguos chabolistas. Estas cuestiones tienen que servirnos a todas y a todos para ser prudentes en el futuro y para tratar este tema con mucho más cuidado y respeto.
Creo, señor Fernández-Miranda, que su nivel de satisfacción sobre esta cuestión no puede ser el que usted dice en esta Comisión; sinceramente no me lo puedo creer. No me puedo creer que usted esté satisfecho de las políticas que se han
puesto en marcha porque realmente están fracasando.
Y aprovechando que estoy en el uso de la palabra, quería decir, a la señora portavoz del Partido Popular que ella también goza de mi respeto y de mi afecto, pero en esta Comisión, como en el resto
de la Cámara, usted y yo desgraciadamente representamos posiciones políticas diferentes y tenemos concepciones ideológicas diferentes, lo que nos lleva naturalmente a discrepar. Siento que sea con usted, a quien tengo un afecto muy especial, pero
esto es lo que nos plantea la realidad parlamentaria y en esta situación es en la que usted y yo nos tenemos que mover.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PRADO: En relación con los hechos de Huelva no tengo nada que añadir a lo señalado por el secretario de Estado, que lo ha hecho en un tono muy adecuado, ciñéndose (quiero recalcarlo porque no lo han hecho así otros grupos
parlamentarios en sus intervenciones) a la relación de actuaciones y de datos que eran el objeto de esta comparecencia. En cuanto al tono adecuado, hay veces que parece que uno no oye las mismas intervenciones ni los mismos datos ni los mismos
argumentos, pero supongo que ahí está también el derecho a la discrepancia y a la diversidad. Ha resaltado -y me parece que yo en mi intervención he de resaltarlo una vez más- la labor del contingente. Creemos que el contingente es un instrumento
fundamental,
el que permite que cuando se trata de una inmigración de carácter económico o laboral se pueda ordenar la misma de acuerdo con las disponibilidades, con la oferta del mercado de trabajo de España; es el instrumento que permite que se firmen
en origen los contratos de trabajo y que se den garantías a todas esas personas, con la complejidad y las dificultades que se pueden derivar precisamente de la temporalidad de algunos empleos. El contingente distingue tanto el carácter estable como
el temporal de los empleos que se ofertan en el mismo.
Se ha hablado en esta comparecencia de fracaso absoluto. Así aparece en el texto de la solicitud formulada por el Grupo de Izquierda Unida. Se habla del fracaso general de la política de inmigración del Gobierno de la nación. Cuando uno
parte de premisas falsas llega, sin otra posibilidad, a conclusiones falsas, pero a veces se llega de antemano a una conclusión falsa sin haber tenido en cuenta ni premisas ni argumentos ni datos. Este es el caso de esta comparecencia y de las
posturas que aquí se han manifestado. En el discurso del Grupo Socialista también se ha hablado del fracaso del Gobierno en la intermediación laboral. Resulta paradójico porque precisamente hablan de este fracaso cuando el Gobierno lo que está
haciendo y ha puesto en marcha ya desde hace tiempo es lo que hace escasos días -como ha señalado el secretario de Estado- demandaba un alto dirigente socialista: que pudiera haber en nuestro país un gran acuerdo donde se hiciera constar el número
de trabajadores extranjeros que se podían incorporar anualmente a nuestro mercado de trabajo en función de las disponibilidades del mismo. Pues bien, que lo que demandaba un alto dirigente socialista hace unos días lo esté haciendo ya el Gobierno
quiere decir que no debería haber esa discrepancia o no entiendo cómo puede hablar usted de fracaso si esa gran apelación que hacen los dirigentes socialistas ya la viene cumpliendo el Gobierno de España.
Quisiera hacer referencia -para no dejarlo
pasar-, a mero título de información, a que al señor Mayoral le preocupaba que no se haya hablado aquí del plan Greco, que no se haya mencionado ni una vez. Yo le señalaba que el secretario de Estado se ciñe al objeto de las comparecencias, pero si
usted tiene mucho interés y se queda hasta el final de esta sesión de la Comisión de Justicia e Interior va a ver que hay seis o siete preguntas precisamente referidas a distintos apartados del plan Greco, así que tendrá usted cumplida información.
Finalizo esta intervención señalando que lo que no podemos hacer -y apelo al sentido de la responsabilidad de los portavoces de los grupos- es caer en el discurso de la demagogia. Eso es lo que ha ocurrido con de los dos grupos
solicitantes. Afirmar que el racismo es un desiderátum de la política de este Gobierno trasciende todos los límites del debate y me parece algo tan inaceptable que apenas merece contestación. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos dejar
constancia aquí de nuestra protesta formal ante tal afirmación. Por otra parte, decir que al Partido Popular no le gustan los inmigrantes es tan falso como si yo en este momento afirmara que al Grupo Socialista o al Grupo de Izquierda Unida no le
gustan los inmigrantes. Señores diputados, señorías, aquí lo que queremos hacer es una adecuada política de inmigración y desde luego queremos que las personas que se incorporan a España, las personas que vienen buscando -como en el caso de Huelva-
una posibilidad de trabajo, fruto de esa inmigración laboral o económica, puedan integrarse plenamente y con normalidad. Pero, desde luego, esos discursos de la demagogia y el catastrofismo no conducen a nada y pueden provocar que se exacerben esos
fenómenos tan execrables como son el racismo y la xenofobia. Apelo al sentido común y al sentido de la responsabilidad.
Datos como los que nos ha ofrecido aquí el señor secretario de Estado demuestran que no hay fracaso de la política de
inmigración. Que se haya pasado de una cifra cercana a 500.000 inmigrantes residentes extranjeros legalmente en 1995 a casi 2 millones demuestra que se ha producido un incremento realmente espectacular en estos años. Además, la integración social
de los mismos con ese volumen de afiliados a la Seguridad Social de 761.000 personas demuestra que se está avanzando con normalidad, porque cuando vienen aquí inmigrantes se incorporan, se afilian a la Seguridad Social y participan plenamente de
todos los derechos y obligaciones.
Concluyo diciendo que, lejos de un fracaso, por primera vez en España tenemos una auténtica política de inmigración no sólo con los instrumentos legales, burocráticos y procedimentales, sino también con ese plan GRECO del que hoy al final de
la sesión podremos tener conocimiento sobre su puesta en marcha.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Torme, coincido con sus apreciaciones desde el principio al final, incluso con las sorpresas que también comparto con S.S. como
consecuencia de distintas intervenciones.
No sé por dónde empezar, porque han sido dos intervenciones idénticas, y no sé si comenzar de menor a mayor o de mayor a menor. He de decirle, señora Torme, que mi sorpresa con el señor Mayoral ha sido también importante, porque hace tiempo
que le conozco, hemos compartido varias legislaturas, incluso él apoyando al Gobierno y yo en la oposición, y no le había visto nunca venir con la intervención escrita, y leerla independientemente de lo que le he dicho. Usted me ha escuchado, pero
me temo que él simplemente me ha oído; por tanto, no le extrañe que, por ejemplo, no solamente no se haya leído el orden del día para
saber que al final tenemos un buen número de preguntas sobre el GRECO planteadas por SS.SS., sino que ni siquiera me ha oído felicitar a la Junta de Andalucía como consecuencia de un plan humanitario puesto en marcha. (La señora Castro
Fonseca pronuncia palabras que no se perciben.) Ahora le contesto a usted, señora Castro, o si prefiere empiezo por usted. (La señora Castro Fonseca: A mí me da igual.) Perfecto, entonces sigo con el señor Mayoral, yendo de mayor a menor.
Felicito a la Junta de Andalucía y él insiste en que no hemos hecho otra cosa que culpabilizar a la Junta de Andalucía continuamente. De ahí, señora Torme, que haya caído lamentablemente en afirmaciones gruesas, difíciles de asimilar y complicadas
de entender, sobre todo porque estamos hablando de una actuación que UGT, Comisiones Obreras, ASAJA, COAG, Freshuelva y la Junta de Andalucía han impulsado, han aprobado, han avanzado en ellas por unanimidad y se han felicitado públicamente por
ellas. Es más, por si tenían poco en el mes de abril, las organizaciones Sindicato Unitario y la Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de Andalucía, USTEA, interpusieron ante el juez decano de Huelva -por tanto, tenemos hasta opinión
judicial- una denuncia por infracción contra los derechos de los trabajadores por haber utilizado el sistema de contratación en origen supuestamente discriminatorio contra el subdelegado del Gobierno en Huelva, el delegado de la Junta de Andalucía
en Huelva, la organización empresarial Freshuelva, UGT y Comisiones Obreras. La denuncia ha sido archivada, lo cual demuestra que ni siquiera pueden existir dudas jurídicas. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor Mayoral comienza por afirmar que no solamente el tono no era adecuado, sino que he tenido una intervención provocadora, porque simplemente, señor Mayoral, ante un planteamiento que no es cierto hecho desde la oposición mi obligación
es desmentir, por mucho que S.S. lo interprete como debilidad de posición. Ha vuelto a reiterar una intervención catastrofista. Es decir, no valora nada de lo que se ha intentado y hecho a lo largo de los últimos meses, no sólo por impulso de la
norma aprobada en sede parlamentaria o del reglamento posterior de desarrollo ni de la política del plan GRECO, que, si S.S. quiere saber cómo va, lo tiene muy sencillo, aparte de esperar al final del orden del día de hoy, pregunte por el GRECO.
Yo estaré encantado de hablarle de este programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, un nombre bien largo, y por eso hemos venido a llamarlo GRECO, por aquello de que el Greco fue un extranjero que vino
en su momento a España y no le fue mal ni profesional ni personalmente, en donde han participado un buen número de ministerios. Pregunte por él y yo estaré encantado de contestarle.
Su señoría plantea de nuevo -¡cómo no!- que eran miles las personas que deambulaban por las calles, como demostración fehaciente del fracaso de la política del Gobierno. Es más, que hay 200.000 personas en situación irregular y que incluso
hay estudios que llegan a afirmar que puede haber entre 800.000 y un millón de personas en situación irregular deambulando por las calles. Su propia condición de clandestinidad y de irregularidad hace muy difícil cuantificar de forma absoluta
cuántas personas puedan estar en este momento en esa situación. Yo le puedo afirmar dos datos.
Uno, que durante los meses de la campaña de la fresa recogían la bolsa que le ofrecía la Junta de Andalucía 300 personas diarias. Ya sé que son
demasiadas, sobraban las 300, pero eran 300 y no miles de personas, como S.S. afirma. Y, dos, en los últimos años como máximo en torno a 600.000 personas estaban en situación ilegal en las calles y 450.000 están ya regularizadas. Por tanto, más
allá de la situación en la cual el tráfico de seres humanos y la posterior explotación hacen realidad el fenómeno más preocupante, la preocupación común de todos los Estados miembros de la Unión Europea, que es la inmigración ilegal, no la
inmigración legal, no el 1.290.000 personas que ya residen legalmente en España, sino la inmigración ilegal, la que conlleva marginalidad, pobreza, explotación, delincuencia de supervivencia, esa es la que nos preocupa a todos. Esa es precisamente
la que estamos haciendo desaparecer de España, queremos contribuir a hacerla desaparecer del resto de la Unión Europea con políticas comunes y con políticas nacionales a base de abrir nuevas puertas. Sé que no es fácil, y puede sonar a retintín y
puede ser molesto y lo lamento inmensamente, yo sé que cuando desde el Gobierno hemos planteado una política de regulación de flujos migratorios, una política de contingente con acuerdo unánime de todos los agentes sociales y los gobiernos de las
comunidades autónomas, una política basada en una serie de acuerdos con aquellos países de los cuales procedió la inmigración espontánea en el 90 por ciento de las personas que así vinieron, que ha dado lugar a un incremento razonable del número de
residentes, a un incremento espectacular del número de afiliados a la Seguridad Social, a una participación incluso en el beneficio de nuestro sistema de desempleo de los trabajadores extranjeros, el haber pedido previamente una política de puertas
abiertas, de papeles para todos, de visado para venir a buscar trabajo, de sorteo de los puestos de trabajo, es complicado hacer la comparación, pero es importante transmitir a los ciudadanos de nuestra sociedad en dónde estamos cada cual y qué
argumentos queremos poner al servicio de la sociedad.
Lanza S.S., primero, una de sus grandes mentiras histórica. Dice usted que yo afirmé que siendo de una religión determinada, de una lengua determinada era más fácil encontrar empleo. No es cierto, señor Mayoral.
Está contestado en el
'Diario de Sesiones', ahí figura literalmente mi contestación. Hablábamos, y no se lo voy a reiterar, de integración, señor Mayoral. Pero
como aquí se trata de ir cambiando la apariencia de las cosas en función de intereses personales o de partido, usted verá. La segunda gran mentira -en este caso del Partido Socialista, porque S.S. lo dice después de haberlo reiterado en
numerosas ocasiones compañeros suyos de partido- es esta frase tan redonda de que hemos puesto a contingentes de trabajadores compitiendo entre sí. Coincide perfectamente con su filosofía de la Ley 4/2000, de la ley que afortunadamente fuimos
capaces de enmendar porque nos alejaba de la Unión Europea y, lo que es peor, del sentido común hasta unos extremos que todavía estamos pagando. Señor Mayoral, los trabajadores ilegales no constituyen ningún contingente. Se trata de personas fuera
de la ley, víctimas de los traficantes y víctimas de los explotadores. En España no se puede venir, no se puede entrar, no se puede trabajar, no se puede residir ilegalmente, es una norma elemental de convivencia. Ni en España ni en ningún país de
la Unión Europea, ni en ningún país donde las leyes, las constituciones y las libertades priman como normas de convivencia esenciales. No se puede venir así y, por tanto, no compiten dos contingentes. ¿O usted me está diciendo que despida a
trabajadores legales para contratar a trabajadores ilegales? ¿Es ésa la oferta novedosa del Partido Socialista de hoy? Entonces, ¿cómo compiten y qué contingentes? ¿O usted considera que las personas que están en situación ilegal forman un grupo
homologable, a efectos de ordenación de los flujos migratorios, con el contingente de las personas que vienen firmando un contrato de trabajo desde su país de origen, conocedoras de todos sus derechos, del sueldo, del tiempo de trabajo, de la
duración de la actividad, del lugar y del alojamiento? Señor Mayoral, obviamente, esa es la política del Partido Socialista, la política del visado para venir a buscar trabajo, bien lejos de nuestro planteamiento en Huelva. Porque con su ley,
señor Mayoral, con la Ley 4/2000, las plazas estaban llenas. Era cuando con la vara de avellano -me parece que dijo S.S.- se tocaba el hombro en la plaza Alta de Lepe. Fue en ese momento cuando la filosofía era: idos para España que tarde o
temprano os arreglaremos, desde nuestra magnanimidad, los papeles. Y previamente os vamos a explotar una temporadita, vais a enteraros. Y todo en aras de la economía sumergida. (El señor López Aguilar y el señor Gil Lázaro intercambian palabras
que no se perciben claramente.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, guarden silencio.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Eso sí, señoría, el capitalismo salvaje es el de Huelva, con contrato en origen. Ante la ausencia de argumentos, insultos. Lo de Huelva es
capitalismo salvaje, el contrato en origen.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego vaya concluyendo.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Concluyo, señor presidente.
Los plenos derechos laborales, capitalismo salvaje; el sueldo por convenio, capitalismo salvaje; el saber dónde y cuántos meses se va a trabajar, capitalismo salvaje; el garantizar el retorno a su país, capitalismo salvaje; el pensar que
en la próxima campaña, como trabajadores de temporada, podrán volver si efectivamente los empresarios continúan en su actividad, capitalismo salvaje; la necesidad de regularizar hasta 600.000, porque aquí se venía a ver qué pasaba, defínalo S.S.,
porque después de la clase de historia que nos ha dado seguro que puede hacerlo mejor que yo. Después de invocarnos todos los ideales y todas las revoluciones nos situamos en la fecha de hoy, en el año 2002, y le faltaba a S.S. un pequeño detalle
que añadir, que estamos hablando de inmigración laboral, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de distintos sectores, estamos hablando de la posibilidad o no de serlo en función de que existan los contratos y, sobre todo, estamos
hablando de poder hacerlo sabiendo lo que cada uno tiene que hacer. En definitiva, ante sus planteamientos, tal como la señora Torme ha afirmado, demagógicos, yo prefiero hablar de racionalización y de ordenación de flujos migratorios.
Señora Castro -y termino, señor presidente, porque le he contestado muchas cosas al señor Mayoral en una intervención que ha sido prácticamente idéntica-, lo suyo, y perdóneme, ha sido un auténtico mitín, en el que, además, S.S. ha tocado
de oído, haciendo una referencia confusa que no acaba S.S. de concretar, incluso con respecto al ministro Trillo. Usted afirma rotundamente que no nos gustan las personas de raza árabe, ha dicho S.S. Yo en mi vida he criticado, ni nadie de mi
partido, si las procedencias de los trabajadores son de aquí, de allá o de acullá. Jamás lo hemos hecho. Lo que yo tengo claro de su intervención, en la que añade una nueva variable, y de intervenciones anteriores de varios de sus compañeros de
grupo parlamentario, es que a ustedes no les gustan, en este caso, las mujeres blancas, católicas y del Este, que no quieren que vengan a trabajar. Lo mismo que el señor Alcaraz, en su momento, dijo que no querían -porque planteaba el mismo
silogismo que S.S.- que viniesen trabajadores blancos, católicos y del Este a trabajar a España. Pero nosotros lo único que queremos es que vengan los que sepan hacer el trabajo que les exige el empresario que les va a contratar de forma legal; es
lo único que estamos planteando en este momento. Yo sé que a ustedes, de verdad, les interesaría políticamente que a nosotros no nos gustase la inmigración. Lo lamento, pero del medio millón de residentes que había en España en el año
1996 -antes lo dije y lo ha recordado la señora Torme-, en este momento han pasado a 1.290.000. Eso quiere decir que estamos respondiendo a las necesidades de nuestro mercado de trabajo y ofreciendo oportunidades a terceros países que, si
no fuese por nuestro ofrecimiento, no estarían aquí. Además, señoría, creo que es profundamente injusta con los empresarios no sólo de El Ejido, que es lo que usted menciona, sino de muchas partes de España.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego concluya.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Termino, señor presidente.
El aumento de inversión, el aumento de empleo, el aumento de renta, el aumento de la posibilidad de crecimiento, en general, se debe a las inversiones, fundamentalmente, en sectores productivos de nuestros empresarios, y eso ha dado lugar,
afortunadamente para todos, para nosotros y para ellos, a la posibilidad de contratar en muy pocos años a un número muy importante de trabajadores extranjeros. En 1996 había un 23 por ciento de desempleo nacional, en este momento hay un 8,7, por
eso es posible la inmigración laboral en España.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, hay una frase de esas que nadie sabe quién ha dicho y que habitualmente se atribuye a un lord inglés. Dice: En la vida parlamentaria los debates muchas veces me hicieron cambiar de
opinión, pero nunca de voto. Tengo que decir, señor Fernández-Miranda, que sus intervenciones parlamentarias son de aquéllas que reafirman las afirmaciones previas con las que uno venía ya, sobre todo conociendo sus dichos y sus hechos. En este
caso, evidentemente, las notas que traía escritas para hacer mi intervención han resultado total y absolutamente acertadas en relación a la previsión que había hecho de lo que iba a ser la posición de S.S. Es imposible o difícil, cuando un alto
cargo se desplaza en la vía de la provocación evidente y reiterada, como ha ocurrido en este caso, y sobre todo cuando desde los sillones del poder se utiliza la demagogia, que las opiniones de los que estamos en la oposición cambien, porque ni se
crea el ambiente ni se dan las razones.
Su señoría no ha dado ninguna razón respecto de lo que es la esencia y el problema fundamental que yo le he planteado aquí esta tarde. El problema fundamental es que al margen y con independencia de que
existiera un acuerdo -que nadie niega y fue acertado que se hiciera ese acuerdo- para la contingentación de trabajadores para la fresa en Huelva, la realidad es que ha habido una sustitución de trabajadores por otros, una sustitución hecha de manera
desorganizada, una sustitución que, en definitiva, ha expulsado a un amplio grupo de trabajadores magrebíes para ser sustituidos por otros. Eso es lo que ha pasado en Huelva. Eso nos parece un error en una política de inmigración, porque a su vez,
esos trabajadores que han llegado creyendo que tenían trabajo, como habían tenido el año anterior, se han tenido que desplazar a lo largo de toda la provincia malviviendo en auténticos lugares infectos, absolutamente abandonados, marginados y
constituyendo un grupo de personas que han sido expulsadas de una perspectiva laboral que tenían. Esto es lo que hemos criticado y es lo que S.S. no ha sabido rebatir. Por mucho que diga que nuestra ley es la que ha provocado lo de la plaza Alta
en Badajoz, es mentira. Nuestra ley no tiene nada que ver con ese hecho. Entre otras cosas porque, como decía S.S., nosotros tuvimos que gestionar el país en una época en que la inmigración era bastante más reducida, pero aparte de esto, es que
eso va contra nuestros principios. No me voy a referir ahora a un acontecimiento inmediato que tenemos, como consecuencia del decretazo y que origina la debilitación y expulsión de ciertos derechos adquiridos por parte de trabajadores, porque otra
vez se verían obligados a ir a la plaza Alta de Badajoz para que allí un terrateniente les señalara con su vara de avellano. Afortunadamente, nosotros luchamos contra ello y esperábamos que esto no volviera a ocurrir. Pero ha vuelto a ocurrir y
está ocurriendo como consecuencia del desorden en que funciona la política de inmigración de su Gobierno. Precisamente dicen que ustedes han acabado con la marginación, pero perdone que le diga que lo que está pasando es todo lo contrario, es que
cada día hay más marginados en nuestro país. Evidentemente, el contingente mayor de marginados se está produciendo en el ámbito de la inmigración, sea legal o ilegal. Por cierto, si hay inmigración ilegal quiere decir que hay ciudadanos de fuera
que han entrado en nuestro país, y que yo sepa la Delegación del Gobierno, que usted representa, está dentro del Ministerio del Interior y una de las misiones del mismo es el control de las fronteras. Vamos a ver qué es lo que hace el Gobierno para
controlar las fronteras, luego dirán que los demás predicamos la política de puertas abiertas. ¿Cuáles son las políticas de control de fronteras que tiene el Gobierno si todavía no ha sido capaz de desplegar el plan SIVE, que es donde se está
produciendo la mayor hecatombe humanitaria en los últimos años en el ámbito de la península Ibérica, con cerca de 6.000 ahogados ya en el estrecho de Gibraltar? Ya sería hora de poner el plan SIVE a funcionar y de salvar vidas humanas, aunque fuera
solamente por salvar vidas humanas.
Por otra parte, quisiera referirme a que yo le haya dicho que se echan a competir contingentes de trabajadores unos con otros. La política de inmigración que desarrolla su Gobierno cada día me recuerda más a aquella famosa película Las uvas
de la ira, que seguro que usted también recordará. ¿Recuerda el gran problema
de la depresión norteamericana y los trabajadores norteamericanos desplegándose por el oeste en busca de trabajo, como eran enfrentados unos con otros y eran sustituidos unos por otros? Pues un poco eso es lo que ha pasado en Huelva, señor
Fernández-Miranda. Esto es lo que a un espíritu socialista, socialdemócrata y humanitario le repugna totalmente.
Lo que estoy reflejando aquí esta tarde es la repugnancia moral que nos producen esas situaciones. Exigimos al Gobierno que haga
algo, al objeto de que este tipo de acontecimientos no se vuelvan a producir en ninguna campaña fresera más en Huelva, ni en ninguna parte.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Francamente, no sé que decir. Tanto la portavoz del Partido Popular como usted, señor Fernández-Miranda -salvando las diferencias entre ambos que son notables y en este caso a favor de la portavoz, que es más
prudente- han acusado de demagogia a la oposición sistemáticamente, pero eso no les va a legitimar a ustedes más. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros no partimos de premisas falsas. Nosotros partimos de una preocupación que debería de ser
compartida, como muy bien decía el portavoz socialista, en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento, porque es un problema muy serio, es un problema de Estado, y afecta no sólo a España sino al conjunto de los países de la Unión Europea.
¿Ustedes prefieren seguir en la autocomplacencia, diciendo que lo hacen todo estupendamente bien y cabalgando sobre los errores teóricos de los anteriores gobiernos? Pues sigan ustedes por ese camino.
Sinceramente, permítame que le diga que en
cuestiones tan complejas y tan importantes, es preferible instalarse en la duda, porque esa es la actitud intelectual más conveniente, no sólo para abordar un tema de esta magnitud, sino para crear las condiciones que hagan posible trabajar en la
vía del consenso.
Respecto a sus consideraciones despectivas, señor Fernández-Miranda, sobre que mi intervención ha sido un mitin, déjeme decirle que va a necesitar mucho más mítines como el mío para que empiece a entender un poquito de qué estamos hablando
en esta Comisión. Si lo mío es un mitin -lo admito y no se lo voy a rebatir-, lo suyo es puro cinismo político. Me consta que usted, que tiene capacidad suficiente como para saber que está haciendo aquí un derroche de cinismo político, sabe
perfectamente que los responsables son ustedes. La Administración no ha tenido en cuenta, en ningún momento, los criterios que fueron establecidos para los contratos temporales en origen. Han sido ustedes los que no lo han tenido en cuenta. Esos
criterios obligan a atender a los trabajadores españoles y a los inmigrantes regularizados y asentados en la zona, antes de recurrir a mano de obra en el extranjero, que es exactamente lo que han hecho ustedes. No me lo he inventado yo, se lo
vuelvo a repetir, es exactamente lo que han hecho. El objetivo es objetivo, señor Fernández-Miranda, por mucho que usted quiera ponerle cristales de colores.
Francamente, los empresarios han hecho lo que tenían que hacer, defender sus intereses. Los empresarios han justificado la contratación masiva en origen en posibles pérdidas que habían tenido el año pasado puesto que, según nos han contado
ellos, la falta de trabajadores echó a perder 2.000 hectáreas de cultivos en Huelva. Por tanto, ellos han hecho lo que les conviene. El Gobierno del Partido Popular es el que no ha hecho lo que tenía que hacer. Los inmigrantes no los ha traído
Izquierda Unida de la mano, ni tampoco somos los patrones de las pateras, están aquí a pesar de ustedes, diría yo, y a pesar de la responsabilidad que ustedes tendrían en evitar que estuvieran aquí. Si pudiéramos tener más tiempo en esta Comisión
usted tendría que responder a las políticas de omisión del Partido Popular. ¿Dónde están los convenios con los países limítrofes? ¿O es que ustedes no sabían que somos un país estratégico en esta cuestión? En el año 1991 yo estaba en una
institución que gobernaba el Partido Popular y cada vez que me esforzaba en plantear que esta cuestión de la inmigración era uno de los grandes retos del siglo XXI la respuesta que recibía era el sarcasmo. Ustedes se han dormido en los laureles.
No escupan al cielo y, sobre todo, no señalen a la oposición porque aquí los responsables, mientras gobiernen, son ustedes y nadie más que ustedes. De manera que no creo que con su actitud vaya usted a conseguir que podamos poner en marcha en este
Parlamento la voluntad política de entendernos entre todos, de ver dónde están los problemas y de ver cómo los solucionamos. Tampoco nosotros paseamos a los 2.000 magrebíes que circulan por las calles de Huelva sin ningún tipo de techo, ni de
dinero, ni de recursos materiales para atender a las necesidades primarias de un ser humano.
Me da igual cómo califique usted mi intervención. Créame que no me afecta en absoluto. El respeto que el Gobierno le debe a la oposición, francamente, en esta Comisión, brilla por su ausencia. Usted será el responsable, naturalmente, no
de que nosotros radicalicemos nuestra postura porque nosotros, aunque seamos oposición, somos responsables, pero ustedes seguirán siendo los responsables, por mucho que señalen al PSOE, a Izquierda Unida y a otros grupos parlamentarios que hoy no
están aquí y que en un momento dado también pueden ser víctimas de este señalamiento injusto, innecesario, imprudente, que a mí me deja perpleja.
¡Qué quiere que le diga!
Respecto a las consideraciones de si venimos con papeles o sin papeles los grupos de la oposición, es asunto nuestro, señor Fernández-Miranda. Me parece también una consideración absurda, impropia de una persona que ostenta la
responsabilidad que usted ostenta. Cada uno trabaja como le parece conveniente
(Rumores.), y lo que a mí me gustaría es que ustedes trabajaran bien y con ese espíritu de consenso con el que este grupo parlamentario ha venido trabajando no en esta cuestión, en otras materias, de interés también público, como son la
educación, las drogas, etcétera. Así que allá ustedes. Dicen en mi tierra, y los refraneros castellanos son muy sabios, que obras son amores y no buenas razones. Usted puede tirarse aquí cinco horas hablando y puede hacer el derroche que quiera
de energía, para tratar de convencernos de que lo han hecho bien, pero la verdad es que ustedes están cabalgando constantemente sobre el pasado, ustedes no nos han explicado en absoluto por qué anuncian una reforma de la Ley de extranjería. A mí me
gustaría, aunque han puesto el énfasis en que es para combatir las mafias, que usted nos aclarara cuál es esta intención del Gobierno, porque aquí cerquita, a tiro de piedra, hay reformas que ponen los pelos de punta, como la del señor Berlusconi.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, le ruego concluya.
La señora CASTRO FONSECA: A mí me gustaría que usted dijera en esta Comisión que el Gobierno español no va a caminar en esa dirección, y eso es lo que esperan los ciudadanos de a pie, y eso es lo que esperan los inmigrantes que están en
España, tanto en situación ilegal como legal, porque le recuerdo que hay miles regularizados que fueron exclusivamente regularizados para trabajar en la fresa y en Huelva, que también vagan hoy por las calles. Y eso, señor Fernández-Miranda, se lo
apunta usted en su haber y no en el nuestro.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Para no seguir el precedente, me voy a referir al objeto de la comparecencia, destacando que la planificación es el camino que hay que seguir en la política de inmigración. Desde luego es un aspecto fundamental en el
caso de la contratación de trabajadores extranjeros con carácter temporal.
El que en la campaña de la fresa de Huelva se haya llevado a cabo una cuidada planificación creo que es ir por buen camino. Desde luego, pueden crear dificultades, y más cuando al margen de la planificación de esos contratos en origen ha
habido todavía una afluencia espontánea de trabajadores que, como ha señalado el secretario de Estado, en su mayor parte se encontraban en una situación de irregularidad y al margen en todo caso del mercado de trabajo. El que en esa planificación
además se haya constituido dentro de la mesa provincial de la inmigración un grupo de trabajo para regular el trabajo temporal en el que se da cabida no sólo a la Administración estatal sino a la autonómica, a la municipal, a las organizaciones
empresariales, sindicatos y también a las ONG, siguiendo con ese no desprecio sino todo lo contrario, colaboración con las mismas, me parece -insisto- que es seguir por el buen camino, por el camino que hay que seguir en este caso para que las cosas
se hagan bien, por lo que desde mi grupo, en mi opinión, hay que seguir insistiendo en la planificación. Entendemos que cuando las campañas se vayan sucediendo siguiendo estos mecanismos, esas pequeñas dificultades que surgen, que aquí no se han
negado, se irán evitando.
En todo caso, hoy en esta sesión hemos asistido nuevamente al discurso carente de todo rigor. En este sentido, señor secretario de Estado, le quiero señalar que la demagogia es siempre preocupante, es preocupante cuando la causa de la misma
es la propia demagogia, pero cuando la causa es la ignorancia, entonces ya resulta alarmante, y más cuando incurre en ella algún grupo que aspira a gobernar nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para cerrar el debate, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, estoy de acuerdo con usted, lo importante no es tener o no tener papeles, lo importante es no perderlos, lo más importante.
(Rumores.-El señor Mayoral Cortés: Eso está muy bien.)
El señor Mayoral, que es un clásico en esta casa, para su honra y mi admiración, sabe que lo de traerse preparadas las réplicas es útil cuando uno quiere decir lo que quiere decir, pero empobrece el debate parlamentario. Él y yo nos
entendimos. Usted quizá tenga menos experiencia parlamentaria, pero eso se adquiere con el tiempo. (La señora Castro Fonseca: Esto es el colmo, señor presidente.-Pido la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Castro, no tiene la palabra. ¿Para qué la pide?
La señora CASTRO FONSECA: Por el artículo 71, respecto al juicio de intenciones sobre mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, por favor, no tiene la palabra. No tiene la palabra, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Si esta parlamentaria no tiene ningún derecho, lo retiro, pero que conste en el 'Diario de Sesiones' mi protesta.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor presidente.
A continuación, afirma también la señora Castro, no sé cómo decirlo... (La señora Castro Fonseca: Como quiera.) No, no, el problema es que no lo puedo decir como quiero, señoría. Dice rotundamente: No partimos de premisas falsas. Y yo
me refería al informe de estas ONG, sin duda alguna cargadas de buena voluntad, en donde en los tres años introducían el tiempo que tenían que utilizar en ir y volver a su país para recoger un visado que tenían que haber pedido antes de salir,
etcétera. Por lo tanto, me refería a eso, donde efectivamente yo creo que es bastante cuestionable el rigor del estudio.
También me afea, denuncia S.S., que no hemos tenido en cuenta cuántos trabajadores españoles o europeos están esperando para contratar desde fuera a otros trabajadores extranjeros cuando hay trabajadores españoles.
No es cierto, su
información en este sentido es pésima, señoría, no es cierto, es que el contingente considera previamente la situación nacional de empleo, condición indispensable para poder decidir cuántos trabajadores extranjeros de países no comunitarios pueden
venir aquí.
Primero, tenemos que pensar en los trabajadores nacionales, y, después, tenemos que pensar en los trabajadores comunitarios. Por decir eso yo en voz alta, su jefe de filas, señor Llamazares, me llamó fascista hace unos meses. Luego,
no sé si es S.S. la que tiene que decir que no hay que tener en cuenta la situación nacional de empleo porque es fascista, o soy yo el que tengo que insistir en que nuestra obligación como gobernantes de este país, como miembros de la Unión Europea
en donde existe la libre circulación, es tener primero en cuenta la situación nacional y europea de empleo, y, a continuación, hacer todo lo posible por poder ofrecer a terceros países tantos como puestos de trabajo podamos ofrecer. Luego tenemos
en cuenta la situación nacional de empleo, y por tenerla en cuenta, repito, señora Castro, el señor Llamazares me llamó fascista hace bien pocos meses. Debe ser en la línea esa de la que usted también ha dicho que ponemos en marcha políticas
lepenianas, que es la frase de rigor de los que todavía no se han enterado de que el señor Le Pen está fuera del Parlamento, de que la izquierda francesa ha dejado de gobernar y que está ahora al mando el centro derecha, pero, bueno, estamos todos
en plan lepeniano y por eso es por lo que ganamos elecciones en España, en Francia, en Dinamarca, en Holanda, en Austria, etcétera, y las que van a venir dentro de poco. (Risas.)
No somos capaces de resolver ningún problema en España, señora Castro. En la presente legislatura, en el actual Gobierno, desde marzo del año 2000, en España hay 428.924 problemas menos, hay 428.924 personas víctimas del tráfico de seres
humanos, víctimas de la explotación, engañados, pagando dinero que no tienen para venir al paraíso, que después se encontraron en la miseria, en la marginalidad, en la pobreza, en la delincuencia de supervivencia, que están residiendo legalmente en
España como consecuencia de actuaciones y de acuerdos en los que su grupo parlamentario no participó. Lo hizo el Partido Socialista, lo hizo Convergència i Unió, lo hizo Coalición Canaria, lo hizo el Grupo Parlamentario Popular, no su grupo
parlamentario. Por lo tanto, señora Castro, 428.924 problemas menos.
Señora Torme, decía usted lo malo no es lo que es sino la ignorancia.
Efectivamente, ya sabe usted que la ignorancia es la madre del atrevimiento.
Señora Castro, cuando se comienza la campaña fresera de este año hay una circular del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Inmigraciones, que dice que los permisos concedidos en el ámbito agrícola provincializados pueden ser
hechos efectivos en cualquier provincia española. Por tanto, el acotar territorialmente la posibilidad de trabajar en la campaña fresera se ha acabado hace unos cuantos meses precisamente en la línea en la que usted lo solicita.
Por último, señor Mayoral, con toda la cordialidad del mundo, me alegra mucho no crearle ningún problema de conciencia política y de no cambiarle sus convicciones más profundas. Quiero volver a insistirle en que estamos hablando de personas
en situación irregular, ilegal o clandestina, a no ser que la propuesta hecha desde el Partido Socialista para acabar con esa repugnancia moral en la que viven últimamente sea despedir a trabajadores extranjeros en situación legal para contratar a
los que estén en situación ilegal o, yendo más allá, incluso despedir a trabajadores franceses, alemanes, daneses o españoles que están trabajando en España.
En cuanto al control de fronteras, entramos en un tema ómnibus, como lo de los convenios, señora Castro. Como es la primera vez que viene a la Comisión si me acordase de memoria le diría el 'Diario de Sesiones'.
Hemos hablado
abundantemente de los convenios, pero tenemos ocasión de hacerlo incluso esta misma tarde de nuevo.
El control de fronteras ha dado lugar a órdenes de expulsión, rechazos y devoluciones hasta 44.000 el año pasado, y en este semestre superamos los 22.000, y después lo veremos. El programa GRECO, que usted echaba de menos, se está
ejecutando muy correctamente y estamos salvando -no sé si le molesta, señor Mayoral- muchas vidas, porque el control de la inmigración ilegal que llega en pequeñas embarcaciones puede establecerse en dos sitios: o en la tierra de la que salen, o en
la tierra a la que llegan. A no ser que ustedes nos propongan que entre tierra y tierra hagamos algo distinto de lo que ahora estamos haciendo: recoger aquellas embarcaciones que se identifican.
La señora CASTRO FONSECA: Perdón, señor presidente, vuelvo a insistir, le ruego que me dé la palabra.
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué?
La señora CASTRO FONSECA: Ya lo dije, ya le he explicado a usted para qué quiero la palabra. Creo que no procede que la comparecencia de un alto cargo en las comisiones se pueda permitir el lujo de emitir juicios de valor sobre las
intervenciones de los portavoces de la oposición. Ya me basta con esto. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente, siguiendo el hilo argumental de la señora Castro preguntar: ¿Y entonces los portavoces de la oposición se pueden permitir juicios de valor sobre las intenciones y las actitudes del Gobierno?
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INMIGRANTES EN MELILLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001083)
- LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA COLABORAR, COOPERAR Y AUXILIAR A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA EN EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES, ESTATUTARIAS Y LEGALES PARA CON LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
INMIGRANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000794)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las comparecencias que figuran en el orden del día con los números 8 y 9.
El señor delegado del Gobierno tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Son las comparecencias octava y novena del orden del día, la primera de ellas del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar las posiciones
del Gobierno ante la situación de los menores inmigrantes en Melilla, y la segunda de Izquierda Unida, para que explique las medidas que va a tomar el Gobierno para colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla en el desempeño de sus obligaciones
constitucionales, estatutarias y legales para con la protección de los menores inmigrantes.
Lo hago encantado, es un placer y un honor poder estar en el Parlamento español. Yo creo que es la tercera vez que vengo a contestar en cuanto a proyectos y realidades con respecto a los menores no acompañados que se encuentran en las
ciudades de Ceuta y Melilla, específicamente en Melilla, o en cualquier ciudad española, que constituyen en sí mismos una de las situaciones de mayor preocupación y de mayor dureza desde el punto de vista humano y humanitario para este Gobierno,
para los gobiernos de las comunidades autónomas, para los gobiernos de los ayuntamientos en los cuales estos niños acaban viviendo, por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara sin excepción y numerosas organizaciones no gubernamentales que
se dedican de forma ejemplar a ello.
Todo lo que estamos haciendo, toda la legislación que hemos inducido, mucha de ella acompañada por otros grupos parlamentarios con altos grados de consenso, todo aquello que se hace cada día desde la perfecta diferenciación de competencias
entre los gobiernos de las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación, sin escurrir jamás el bulto, y desde el principio y concepto de la corresponsabilidad como en numerosas ocasiones hemos tenido la posibilidad de expresar en el Consejo
Superior de Política de Inmigración, es porque nos preocupa el interés superior del niño, la protección y la unidad de la familia, y la responsabilidad de los padres respecto a los hijos, nos preocupa el papel que como gobiernos jugamos con respecto
a niños extranjeros, nos preocupa el papel que debe jugar el país, el Gobierno de los países de donde esos niños son nacionales, porque los niños tienen, a través de la Convención de Derechos del Niño y a través de la Carta Europea de los Derechos
del Niño, una serie de derechos perfectamente reconocidos, tipificados, aceptados y respetados por todos, entre ellos está el poder pertenecer a una familia, el poder pertenecer a una patria, el poder pertenecer a una cultura, el tener sus propias
raíces y sus propios orígenes y pelear por ellos. En ocasiones encontramos numerosas dificultades para poder hacer realidad este principio que nos mueve en cualquiera de las actuaciones que estamos teniendo; principio que, insisto, es un acuerdo
alcanzado por unanimidad en el Consejo Superior de Política de Inmigración, con participación de todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas, para que el objetivo fundamental, tras la identificación de un niño extranjero no acompañado,
sea la reagrupación familiar.
Trabajamos en esa línea, trabajamos con una legislación, con unas leyes, con unas normas absolutamente garantistas, en donde los jueces, los fiscales, los gobiernos de las comunidades autónomas, las organizaciones no gubernamentales son
exquisitas en el respeto a toda esta normativa y son altamente eficaces. Conseguimos, cuando es imposible la identificación de las familias de donde proceden, integraciones en ocasiones espectaculares hechas a través de las ONG. Es cierto que ya
nos gustaría que fuese el mayor número y no el menor del que se está consiguiendo, porque cuanta menos edad tenga el niño más fácil es su integración inicialmente educativa; pero se está consiguiendo (en ocasiones fuera de las ciudades de Ceuta y
Melilla, insisto, con acuerdos con algunas organizaciones no gubernamentales)
la integración de estos niños a través del estudio, de la educación, del aprendizaje, hasta llegar a la mayoría de edad.
Conscientes de las muchas dificultades que aún tenemos, conscientes del buen entendimiento que desde las autoridades regionales se está teniendo en los últimos meses con las autoridades judiciales, insistiendo en la necesidad de una más alta
colaboración por parte de las autoridades y de las organizaciones de los países de donde proceden estos niños extranjeros no acompañados, estamos avanzando en que este deje de ser uno de los problemas de mayor preocupación para el Gobierno en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, no tengo desde luego ninguna esperanza, incluso le diría que ninguna ansia ni deseo, de que le guste mi discurso.
Lo digo para que no se esfuerce
usted para que le guste. Yo voy a decir lo que creo que tengo que decir, no lo que a usted a lo mejor le gustaría oír, porque aquí estamos reunidos los miembros del Parlamento en una sesión de control del Gobierno y, por tanto, vamos a decir lo que
nosotros creemos que debemos decir, basado en los datos que tenemos, para controlar la acción del Gobierno, impulsarla y criticarla tanto como sea necesario, de acuerdo con lo que haya hecho el Gobierno.
Ha dicho que es un tema de su preocupación. Le aseguro que cualquiera que tenga una mínima noción de lo que ocurre en Melilla (me voy a centrar en Melilla porque es el objeto de la comparecencia pedida por mi grupo, no porque considere que
en otros lugares no es importante) ha de estar realmente preocupado por el tema. Aunque sea la tercera vez, le anuncio que si continúa el tema en los niveles de preocupación en los que está, no será la última vez que comparezca un representante del
Gobierno para contestar al respecto.
Ha hecho -como acostumbra, por otra parte- una serie de afirmaciones en las que es difícil discrepar, pero se mantiene usted simplemente en el nivel normativo. Que usted diga que todo el mundo cumple la Convención Universal de Derechos del
Niño, es algo que queda dentro del campo de los deseos; que usted diga que en este aspecto lo fundamental es el respeto al interés superior del menor, es una afirmación de la que difícilmente se puede discrepar, pero sí que se puede discrepar y
discrepo de que en las actuaciones concretas realizadas ésta sea la máxima preocupación o se consiga dar satisfacción al superior interés del menor. Me tranquiliza un tanto en este aspecto no encontrarme radicalmente solo. La Asociación pro
derechos humanos de Melilla, la Asociación pro derechos de la infancia, Human Rights Watch, han tratado el tema. Posiblemente usted los considere terribles enemigos del Gobierno que falsifican las informaciones sólo para molestar. No voy a
utilizar ciertas expresiones porque me parece que en el ámbito parlamentario no corresponden, pero todos podemos recordar que algún representante de su Gobierno ha dicho últimamente. Además de estas asociaciones, resulta que también el Comité de
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas está en la misma postura. Supongo que no vamos a volver a aquellas manifestaciones contra la ONU porque no está de acuerdo con lo que hace el Gobierno español, pero es hay una institución
constitucional española, el Defensor del Pueblo, cuyo informe se está discutiendo en este mismo momento en esta Cámara en otra sala y en otra Comisión, que dice exactamente lo mismo.
Le resumo muy brevemente una tesis fundamental, tan fundamental como las que ha dicho usted: el superior interés del menor es absolutamente importante; porque el superior interés del menor es lo más importante, la integración familiar o la
reintegración familiar no es objetivo único a perseguir, sino que es el de la protección del menor, más aún cuando la reintegración familiar se demuestra en la práctica muchas veces realmente inexistente. Para proteger con la mayor escrupulosidad
posible el derecho a la intimidad de los menores, no voy a dar ningún nombre, vamos a ponerles letras en el orden alfabético. En el período comprendido entre el 27 de julio de 2001 y 11 de abril de 2002 el menor A, bajo la protección y tutela legal
de la Administración melillense, fue reintegrado familiarmente, con todas las comillas que usted quiera, el 2 de agosto de 2001, volvió a ser reintegrado el 30 de agosto de 2001, volvió a la Ciudad Autónoma de Melilla el 3 de septiembre de 2001. El
menor B fue reintegrado familiarmente el 22 de enero de 2002, volvió a serlo el 12 de febrero de 2002, volvió a la Ciudad Autónoma de Melilla el 15 de febrero de 2002. El menor C fue reintegrado familiarmente el 2 de agosto de 2001, otra vez el 5
de septiembre de 2001, una vez más el 18 de diciembre de 2001, volvió a la Ciudad Autónoma de Melilla el 24 de diciembre de 2001. El menor D -hay muchos más, pero voy a parar aquí- fue reintegrado familiarmente de acuerdo con su concepción o la
concepción de la Administración especializada, que es la suya, porque es la única competente para estos aspectos, el 3 de agosto de 2001, otra vez reintegrado familiarmente el 4 de agosto de 2001, otra vez el 9 de agosto de 2001, otra vez el 31 de
octubre de 2001 y volvió a la Ciudad Autónoma de Melilla el 2 de noviembre de 2001.
Me parece que es fácil poder entender, incluso cuando se quieren cerrar voluntariamente los oídos, que éstas no son reintegraciones familiares, que aquí no hay ningún interés superior del menor que se respete, es colocar en la frontera a
menores que no tienen una familia donde reintegrarse, con independencia de que exista o no exista algún familiar en Marruecos, con una
clara y directa vulneración, que usted ha dicho antes que era imposible porque todo el mundo lo cumplía, de la Convención Universal de Derechos del Niño. Pero es que además incumplen ustedes también la circular 3/2001 de la Fiscalía General
del Estado sobre actuación del ministerio fiscal en la Ley de Extranjería, porque ustedes dan parte de la reintegración familiar de los menores en Melilla cuando ésta se ha producido ya, en el momento en que se dejan en la frontera, por tanto sin
posibilidad alguna de que el ministerio fiscal pueda intervenir, cumplir todas las funciones que tiene atribuidas en protección del interés superior del menor.
Usted me conoce algo, no tantas legislaturas como al señor Mayoral, es cierto, pero en alguna hemos coincidido. Sabe usted que mi estilo oratorio, fuere el que fuere, no es especialmente tremendista. Yo estuve visitando la ciudad de
Melilla por estos temas los días 12 y 13 de abril de este año. El día que llegué a Melilla se enterraba a un menor de 11 años que había sido reintegrado familiarmente por ustedes anteriormente, que había sido asesinado a puñaladas en un barrio de
Melilla cuando estaba bajo al tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla. Es este menor, señor Fernández- Miranda, cuyas cicatrices en la cara y en otras partes del cuerpo dejan claro cuál era la reintegración familiar a la que se le enviaba y por eso
volvió a Melilla, y en Melilla a la una de la madruga del 11 de abril de 2002 halló la muerte en la calle, cuando estaba bajo al tutela legal de la Administración española. Yo he estado en el fuerte de la Purísima, donde debía de estar y no en la
calle y había estado anteriormente el menor que enterraron el día que yo llegué. Las condiciones de protección del menor del fuerte de la Purísima son absolutamente inexistentes. No se cumple ninguna de las obligaciones. La escolarización no
existe. ¡Qué casualidad!, todos estaban escolarizados, pero todos aquel día estaban en el patio. No es cierto. Las menores estaban en dos de las habitaciones del antiguo cuerpo de guardia del fuerte de la Purísima. Los menores estaban en el
patio porque los lugares para dormir, las salas, estaban cerradas con candados y cadenas. Estaban en el patio, no escolarizados, sometidos a una disciplina y a un régimen mucho más cercano al que tampoco debiera ser de un centro de corrección y de
protección.
Señor Fernández-Miranda, el interés superior del menor es algo con lo que realmente no se puede jugar. La situación política que crea la existencia de muchos menores en la ciudad de Melilla es complicada y es perfectamente comprensible que
se busquen soluciones. Las soluciones no pueden ser las que ha estado adoptando hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Pedret.
El señor PEDRET I GREZNER: Termino inmediatamente, señor presidente, pero me va a permitir usted concluir con otro aspecto dentro de este tema.
Posiblemente la ciudad autónoma no tenga los medios necesarios. Es responsabilidad de la
Administración del Estado darle los medios necesarios. Es responsabilidad política del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla reclamar estos medios, pero la falta de ellos no puede llevar a cambiar totalmente el sentido de la legislación, y en
lugar de proteger a los menores -obligación que nos compete como Administración de un país firmante de la Convención Universal de Derechos del Niño- se les coloca en la frontera, porque esto está estricta y directamente prohibido por el texto de la
Ley de Extranjería y por las convenciones internacionales al respecto.
Es cierto, señor Fernández-Miranda, que hay problemas para localizar a las familias; es cierto que el país vecino a Melilla no colabora especialmente; es cierto que el Gobierno español no contribuye especialmente a mejorar las relaciones
con el país vecino y que también lo sufren los niños. La última vez que hablamos de eso, señor Fernández-Miranda, se permitió usted la ironía -que cuando se realiza desde el poder tiene más de sarcasmo que de ironía- de decir que íbamos a hablar de
aquello y que íbamos a ver quién era el que dificultaba las relaciones. El señor Pío Cabanillas habló exactamente al día siguiente sobre quién dificultaba las relaciones con el famoso e inventado viaje conspiratorio de Felipe González a Marruecos.
Ustedes también son responsables políticos de que exista esta situación de la infancia en Melilla porque no ponen las condiciones para colaborar, como se debe, con Marruecos para eso. Si en esta ocasión levanto la voz, señor Fernández-Miranda, es
porque usted debiera haber visto esto. Usted debiera haber llegado el día que enterraban al menor de once años y tenía que haber visto las condiciones en que se vive allí. Todas las veces que sea necesario, señor Fernández-Miranda, volveré a
hablar sobre el tema hasta que lo solucionen ustedes. Créame que mi deseo es que lo solucionen; créame que si insisto en ello es porque es insoportable la denegación de la libertad y de los derechos de nadie, pero cada día de la vida de un niño es
como años de la vida de un adulto y es absolutamente inaceptable el retraso en la solución del tema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Castro por el Grupo de Izquierda Unida, que también había pedido esta comparecencia.
La señora CASTRO FONSECA: Señor Fernández-Miranda, ¿también considera usted demagógicos los informes del Comité para los Derechos del Niño de la ONU sobre el trato que reciben los inmigrantes menores en España? ¿También considera usted
demagógicas las afirmaciones del Defensor del Pueblo y de otras organizaciones no gubernamentales, además de las ya citadas por el portavoz socialista, a las que se
añade Amnistía Internacional? A mí me gustaría que dijera con claridad si eso es así porque en realidad hay dos cuestiones claves que deben tenerse en cuenta sobre esta materia que estamos tratando hoy aquí. Los menores en España no son
extranjeros en virtud de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español y también en virtud de la legislación sobre menores vigente en estos momentos porque un menor, sea español o no, es un ser humano que debe ser
protegido por las administraciones públicas españolas. Como, por otra parte, nos recuerdan constantemente los fiscales de menores de nuestro país, en el caso de los menores, señor Fernández-Miranda, prevalece la edad sobre la nacionalidad.
Una comunidad autónoma no puede renunciar al ejercicio de sus competencias. En virtud del artículo 150 de la Constitución, el Estado puede delegar en las comunidades autónomas competencias y, a diferencia de las definitivas transferencias,
recuperar la competencia delegada, pero las comunidades autónomas no pueden renunciar al ejercicio de las competencias que, por mor del bloque constitucional, le han correspondido. Por ello, el anuncio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
de que iban a devolver las competencias en materia de menores extranjeros a la Administración general del Estado habría que tomárselo más como un grito político desesperado que como una afirmación constitucionalmente defendible. Pero es evidente
que detrás de un grito tan excéntrico hay un problema, señorías. Ceuta y Melilla no dan abasto, no pueden con el problema de la inmigración de menores. Ante ello las administraciones públicas pueden optar por dos tipos de soluciones: la represiva
e ilegal, que sería la expulsión del mayor número posible de menores, aunque ello suponga violar la Constitución y la ley y desoír a las ONG, a los defensores del pueblo, a las fiscalías de menores y a la oposición parlamentaria. La otra, la
razonable desde nuestro punto de vista y la constitucional, sería auxiliar a Ceuta y Melilla desde la Administración general del Estado y también desde la Comunidad Autónoma de Andalucía para que las dos ciudades autónomas puedan realizar
eficazmente sus obligaciones, que no son otras que acoger a los menores pues, vuelvo a recordar, un menor en España no puede ser un extranjero ilegal dado que su condición de menor prevalece sobre otras consideraciones.
Si alguien no cree que en España se deba acoger a todos los menores inmigrantes deben tener la valentía política -tanto los gobiernos de Ceuta y Melilla como el del Partido Popular- de realizar los trámites oportunos y denunciar los tratados
internacionales que España ha firmado en materia de menores y con ello sustraer a España, naturalmente, de las obligaciones jurídicas y administrativas derivadas de tales tratados. En ese caso, señorías, sería lamentable porque España pasaría a ser
un país de cuarta categoría o de tercera división, por utilizar términos futbolísticos, en materia de protección de los derechos del niño o de la niña. Nosotros consideramos que esta vía sería un grave error para los menores extranjeros que hoy se
encuentran ya entre nosotros y también para el prestigio de España -que tanto les preocupa a ustedes- y del que por cierto en los últimos días hemos tenido que escuchar tantas cosas por la convocatoria de una huelga general. Fíjese usted, el
prestigio jurídico de España se puede poner en cuestión de muchas maneras; el prestigio de la nación -entendiendo por nación el país, el paisaje y el paisanaje- también se pone en cuestión cuando no se ponen en marcha políticas de protección de los
menores.
Por ello entendemos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que lo que deben hacer ustedes, que lo que debe hacer el Gobierno de la nación es cooperar, colaborar con Ceuta y Melilla para atender debidamente a todos estos
menores que se encuentran en España, independientemente de su nacionalidad. Señor delegado, da igual que la Unión Europea sancione a los países emisores de inmigrantes o que vayamos por el camino de endurecer aún más nuestras leyes de extranjería.
Al hambre y a la miseria no le van ustedes a poner puertas, desgraciadamente. Y algo más, la mano dura no sirve para solucionar el problema de los flujos migratorios, pero sí puede servir para ganar elecciones. Usted mismo lo ha dicho antes. Yo
le he entendido muy bien, a diferencia de usted que parece que no me entiende a mí nunca. Sí, sirve para ganar elecciones y es legítimo ganar elecciones, pero lo que no es legítimo es ganarlas a cualquier precio.
No voy a calificarle a usted con ningún adjetivo, allá otros compañeros míos que serán responsables de sus palabras. Aprovechando que estoy en el uso de la palabra, no le voy a llamar fascista, ni a usted ni a nadie de esta Cámara, pero sí
le voy a llamar incompetente, y algo más que suena muy parecido, prepotente. Francamente es un mal camino, se lo vuelvo a repetir, para trabajar sobre estas cuestiones.
Le agradecería mucho que abandonara la arrogancia y también las descalificaciones. Esta diputada lleva sólo en esta Cámara dos años y medio pero está en la política institucional desde hace 12 años, con responsabilidades en instituciones
tan importantes como el Ayuntamiento de Madrid, de manera que sobran sus juicios de valor sobre mi experiencia parlamentaria. Dedíquese usted a lo que tiene que dedicarse, a proteger a la infancia, a dejar a España en el lugar que le corresponde y
obvie emitir juicios de valor sobre las intervenciones de esta portavoz parlamentaria. (La señora Uría Etxebarría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gutiérrez Molina, la señora Uría me ha pedido la palabra.
Señora Uría, tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Aunque mi grupo no es peticionario de la comparecencia, quisiera
manifestar su interés no sólo porque es conocido, que lo tiene, por los asuntos referidos a la inmigración y a la extranjería sino, sobre todo, por tratarse de peticiones referidas a los problemas que se suscitan con los menores que acceden
a nuestras fronteras. Cierto es que, tal y como va transcurriendo esta comparecencia, da un poco de miedo, a una le da cierto pavor poder ser calificada de ignorante si lo que dice no gusta a quienes están en la Mesa, pero quiero manifestar que, se
sea inteligente o no, no es condición imprescindible para ser diputado, ni siquiera hay que ser titulado universitario, basta con ir en las listas de una formación política y, lo que es más importante, que los ciudadanos nos voten. El que está hoy
sometido a examen, por cierto, a examen de junio, señor delegado para la Inmigración, es usted; cierto es que está sometido en unas condiciones bastante buenas, todo hay que decirlo, en cuanto a que le han buscado una buena fecha, lunes por la
tarde en una semana en la que otras materias tendrán una atención preferente, si bien ésta, la referida a inmigración, también se ha convertido en tema estelar de la cumbre de Sevilla, aunque inicialmente no era uno de los temas que figuraban en el
calendario o, por lo menos, no era de los que se nos dijo que eran de los importantes cuando iba a comenzar la presidencia española en el mes de diciembre.
Le decía que viene usted en fecha bien elegida, sin embargo, no quizá en cuanto a cómo discurren los asuntos referidos a la materia concreta que usted gestiona, porque no solamente ha sido objeto de críticas en numerosísimos ámbitos sino
que, incluso desde el propio Gobierno, el vicepresidente primero ha anunciado -si bien luego se ha retractado de ello- que tenía pensado hacer alguna modificación -la tercera sería en muy poco tiempo- de la Ley de Inmigración. Según dice el medio
de comunicación que tengo aquí, estaba pensando seriamente endurecer la Ley de Extranjería. Ha sido también objeto de comentarios diversos a los que han hecho referencia quienes me han precedido en relación con situaciones concretas, tanto por
instituciones como el Defensor del Pueblo, como por los propios jueces y fiscales llamados a aplicar las normas. La concreta materia referida a los menores que acceden a las fronteras españolas y a su situación de desamparo ha dado muchísimo que
hablar, y creo que es una evidencia que está ahí y de la que sería deseable que el Gobierno tuviese algo más que hacer o que decir que la mera descalificación o la mera atribución de un cierto desconocimiento respecto de informes que al menos vienen
avalados por organismos internacionales de tanto prestigio como es la ONU y que, desde luego, no merece ser tachado de cachondeo, como se hizo por un alto cargo representante del Partido Popular del Gobierno de Ceuta.
Creemos que sus contenidos deben ser tomados en serio sin que infravaloremos, en absoluto, la magnitud del problema que nos asiste, pero respecto del cual, insisto, nos parece que habría que hacer algo más que el mero decir: hay que
devolver a estos menores a sus países de origen. Se trata de ciudadanos a los que no sólo les es aplicable la materia de inmigración y extranjería, sino que pueden acogerse a todas las declaraciones internacionales de derechos que ampara a los
menores de edad y respecto de los cuales la política del Gobierno debiera ser primero de acogimiento, después de protección y luego de recuperación en aquellos casos en que estos menores estén abocados a ciertas conductas que normalmente se les
imputan y que no sé yo si se dan con la generalidad que se les atribuye.
Le manifiesto, además, que hay otras zonas del Estado en las que se han tomado en serio estas cuestiones y que, por ejemplo -me dirá usted que siempre ponemos ejemplo de lo propio-, las Juntas Generales de Vizcaya adoptaron por unanimidad un
acuerdo conforme al cual se han asumido importantísimos compromisos para acoger y proteger a todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen al territorio de Vizcaya, y digo de Vizcaya porque es el ámbito respecto del cual tienen
competencia las juntas. Se ha aprobado un presupuesto ciertamente importante para crear las infraestructuras necesarias para realizar dicha acogida y protección y disponer de los recursos materiales y humanos adecuados para dicho objetivo. De un
único centro de menores que había, están en este momento cinco a punto de abrirse, cuatro más aparte del único que hasta ahora existía, y se pide además que se promuevan las medidas que posibiliten el reagrupamiento familiar de estos menores
extranjeros con sus familias y, en su caso, cuando esto no sea posible, se establezcan planes educativos en cada residencia, que fomenten y faciliten el desarrollo personal y la verdadera integración de estos menores acogidos, tanto en la sociedad
vizcaína en general, como en el entorno más inmediato, si así fuera lo adecuado.
Las juntas generales condenan, además, cualquier postura de carácter racista y xenófobo que perjudique la integración de los menores extranjeros e insta a la sociedad vizcaína a que les acoja con auténtica solidaridad. Que algunos de estos
menores hayan estado simplemente de paso, no es más que un dato; sin embargo, otros han iniciado un proceso de maduración, formación e integración social altamente positivo, aunque también, no se lo oculto, ha habido casos en que han presentado
dificultades de integración y comportamientos antisociales, que evidentemente son difíciles de acoger por las poblaciones del entorno.
Pero es precisamente ahí donde debe existir el vuelco especial desde los poderes públicos y donde debe radicar el
esfuerzo de quien gestiona las políticas concretas en esta materia. No vale con decir que esto no existe o con decir que a quienes tienen este tipo de comportamientos lo mejor es intentar ponerlos cuanto antes en las fronteras. Me gustaría ver,
desde quienes son rectores de la política del Estado en esta materia, un mayor interés,
algo más que la descalificación y algo más que la mera propuesta de que hay que reducir el número de personas que se encuentran en estas condiciones. Hablar de las posibilidades de su acogida, integración y reinserción, al menos cuando se
trata de menores, nos parecerían políticas más adecuadas.
A los efectos que corresponda, le manifiesto que lo que le he comentado se aprobó por unanimidad, también por el Grupo Popular correspondiente en las Juntas Generales de Vizcaya, está firmado por el Grupo Popular, Grupo Socialista, Eusko
Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco; Izquierda Unida no, lo siento por la señora Castro, pero no hay representación de Izquierda Unida en las Juntas Generales de Vizcaya. Me parece un ejemplo a seguir, que lo traigo a la Cámara,
simplemente porque creo que de la materia que estamos hablando debiéramos, más que descalificaciones, más que la búsqueda de políticas que permitan huir del problema que se tiene, hacer una llamada para que los comportamientos humanitarios que nos
son exigibles por los tratados internacionales y por la propia declaración de los derechos del menor puedan ser tenidos en cuenta y que nos lleve usted a la convicción de que así se cree desde el Gobierno, aunque hasta ahora no nos parece que haya
tenido la capacidad de convicción suficiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y por su explicación en el tema de los menores no acompañados, correspondiente a mi ciudad, a Melilla. Gracias también al portavoz de la Comisión de
Justicia e Interior que, pese a no ser yo miembro de la misma, ha tenido la deferencia de, precisamente por ser diputado por Melilla, dejarme sentar la posición del Grupo Popular en el tema que nos ocupa.
Señor presidente, yo tengo una desventaja, y es que no hablo de oídas ni de informes ni sobre papeles, sino sobre la realidad, aunque también me ilustro de todos los informes, sin hacer abstracción de ninguno, sin descalificar ninguno de
ellos, pero también viviendo en el sitio exacto donde se trata la contingencia o la comparecencia de hoy.
De la intervención del secretario de Estado nosotros compartimos su preocupación por el tema de los menores no acompañados en mi ciudad.
Ciertamente es ocioso abstraerse de dicha preocupación. La compartimos no desde un punto de vista
teórico, ni siquiera grupal, sino porque he tenido muchas reuniones con el señor secretario de Estado y con diversas administraciones, como diputado por la ciudad de Melilla, y con representantes del Gobierno autónomo. Por cierto, de este Gobierno
autónomo forma parte el Partido Socialista y allí tiene un discurso distinto al que tiene en esta Cámara.
Señor presidente, como primera cuestión a la que quiero referirme para que mi discurso no sea aleatorio o superficial sino que vaya a la médula de la cuestión, diré que me encuentro con una dificultad insalvable y es que en el discurso que
plantean nuestros aliados socialistas en el Gobierno de la ciudad -que tienen unas consejerías tan ilustrativas como la de Educación y Juventud, la Viceconsejería de Empleo, la Viceconsejería de la Mujer y la Vicepresidencia primera de la ciudad- no
les he escuchado a ninguno de ellos intervenciones del tenor de la que he escuchado esta tarde al distinguido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lo que sucede es que no es lo mismo ir a Melilla de forma provisional que estar en la ciudad
viviendo el día a día de una situación ciertamente preocupante, frente a la que, evidentemente, tanto el Gobierno autónomo -del que nos congratulamos que forme parte el Partido Socialista junto al Partido Popular y otros partidos- como el Gobierno
de la nación deben demostrar su sensibilidad.
Salvada esa dificultad insalvable -pero ya sabemos que los discursos en Madrid son distintos a los discursos en la periferia-, y citando a Ramón y Cajal que decía que entre el rigor y la frivolidad media el trecho de la verdad, señor
presidente, quisiera enfatizar ante la Comisión tres aspectos fundamentales. No basta con sacar informes, muy respetables todos ellos, tanto de la ONU como del observador de los derechos humanos, y me permitirá el señor presidente que no lo
mencione en inglés porque lo hablo muy mal y con torpeza. En estos informes se hace mención a una serie de organizaciones no gubernamentales como si fueran paradigmas del criterio de la verdad y se obvian otras que están colaborando con el Gobierno
autónomo, como son el Voluntariado Islámico de Acción Social -en absoluto sospechoso de xenófobo-, la UNESCO, el centro asistencial, la Cruz Roja, Nuevo Futuro o Divina Infantita. Es decir, existen organizaciones no gubernamentales que, quizás para
los que no tengan la residencia fija en Melilla puedan pasar desapercibidos, pero no para los que seguimos el día a día de la ciudad.
Señor presidente, también me gustaría dejar claro ante la Comisión el esfuerzo fundamental del Gobierno autónomo y del Gobierno nacional. Y permítanme la petulancia no de ilustrar a nadie, porque está lejos de mi actitud ponerme didáctico
dada la hora que es, pero sí decir que muchos de los menores que acceden a Melilla proceden de zonas caracterizadas por un hábitat rural disperso. Sé que es difícil apreciar esto en una visita aleatoria, pero los que estamos allí sabemos que tienen
unas dificultades de acceso a la misma que afectan a cualquier ciudadano, más aún si éste no es nacional del país de origen. Por otra parte, también se debe considerar el hecho de la situación geográfica de mi ciudad y la inmediatez de la frontera
con Marruecos, así como el tránsito que soporta diariamente la misma,
cifrado entre 25.000 y 30.000 personas en ambos sentidos.
Esto viene a cuento no por dar cifras ni por conferir un carácter exclusivamente fronterizo al tema que nos ocupa, señor presidente, sino porque se está dejando caer encima de la mesa subliminalmente un debate que, a mi juicio, siendo
importantísimo, es una cuestión colateral del tema que nos ocupa. La situación ciertamente importante de desamparo o el distinto concepto de repatriación o reintegración familiar que se menciona en el informe del Defensor del Pueblo -no es objeto
de este debate pero en su día el Gobierno autónomo de la ciudad de Melilla respondió al Defensor del Pueblo porque nadie tiene la exclusiva de la verdad, aunque sí de su propio punto de vista- nos puede llevar muy lejos a la hora de matizar
claramente el término de interés del menor específicamente considerado como tal. Pero me parecería incompleto que este criterio del interés del menor no viniera conjugado con otros artículos o principios rectores que se contemplan en la Ley
orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, porque, en ese caso, el debate sería falso, cuando no colateral o inútil para llevarnos a alguna parte.
Señor presidente, nosotros estamos siguiendo esta problemática importante y nos parece poco riguroso no referir una anécdota porque una muerte es suficientemente terrible, sea cual sea el fallecido, para conmocionarnos a todos. En cuanto a
la referencia que se ha hecho sobre que el centro en el que se encontraba el menor tenía un régimen disciplinario impropio de centros de acogida, hay que decir que precisamente lo que la sociedad demanda no es un régimen específico que viole los
derechos fundamentales, sino un régimen que custodie aquello que queremos custodiar, que es el bien principal del niño.
Termino, señor presidente, lamentando adelantar la sorpresa del programa GRECO, pero se ha nombrado tanto que yo también quisiera aludir a él, ya que estoy en el uso de la palabra. El programa GRECO se ejecuta en la Ciudad Autónoma de
Melilla como en el resto de las comunidades autónomas.
Como consecuencia de las negociaciones mantenidas con el Imserso se han firmado convenios de colaboración con el Gobierno de la ciudad autónoma -que, insisto, está haciendo un esfuerzo
impresionante para solucionar el tema de los menores no acompañados- por los cuales va a haber transferencias sucesivas de créditos para mejorar actuaciones de carácter social. En nuestra ciudad el programa GRECO, desde el principio de su puesta en
vigor en abril del año pasado, con independencia de las acciones concretas, está mejorando los mecanismos existentes para la protección de menores extranjeros no acompañados en el sentido de la colaboración con instituciones sanitarias para
determinar la edad, con la coordinación de las actuaciones a realizar por las administraciones estatal y autonómica para los menores. Durante el año 2001 se han establecido dos tipos de canales de comunicación y colaboración en materia de menores
entre la Administración del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. También se han adoptado medidas técnicas concretas para homologar y coordinar de manera permanente y ágil las actuaciones sobre menores del día a día en las que
necesariamente han de participar tanto el Gobierno autónomo como el Gobierno de la nación. El plan GRECO se está instaurando en mi ciudad con la participación de la Administración autonómica y central a través del Consejo Superior de Política de
Inmigración, al que el señor secretario de Estado ha hecho mención.
Por tanto, señor presidente, en primer lugar, estamos de acuerdo con lo manifestado por el señor secretario de Estado en cuanto al tema de menores. En segundo lugar, hemos matizado, creemos que con suficiencia, los mecanismos de acción del
Gobierno autónomo, con el que colaboramos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y el partido Unión del Pueblo Melillense. También estamos matizando que, con el respeto que nos merecen, no compartimos los informes de las distintas
organizaciones internacionales porque obvian de forma importante aspectos que he intentado poner encima de la mesa en la tarde de hoy. En tercer lugar, he hecho mención a organizaciones no gubernamentales que, no por salir permanentemente como un
ala crítica de lo que se hace y con el respeto que también me merecen, están trabajando para que en esa colaboración con las distintas administraciones del Estado se pueda solucionar el problema de los menores de Melilla no acompañados. No quiero
utilizar más palabras; sencillamente, que evitemos tanto el ruido como la frivolidad y que vayamos a la médula del asunto con el objeto final de que esto que se pretende defender, que es el bien del niño, sea una auténtica realidad.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Este es un tema tan sensible, como todos los que estamos tratando esta tarde, que es importante que le dediquemos todo el tiempo que haga
falta para ir perfeccionando nuestra capacidad de asistir a estos niños, para que estos niños puedan ejercer sus derechos sin ningún tipo de menoscabo y en cualquier situación.
Es una situación tremendamente delicada y complicada. Debo insistir en que las autoridades españolas, tanto las autoridades de las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias exclusivas en la protección de los menores, como
las autoridades del Gobierno de la nación, al que le corresponde en su momento hacer efectiva, a petición de los gobiernos de las comunidades autónomas, la reagrupación familiar
de estos niños, actúan sin incumplir ninguna norma. Se está notificando a los fiscales de Menores las expulsiones, tal cual dice el reglamento, señor Pedret. Se está entregando a las familias, a la asistencia social o a las autoridades, en
este caso marroquíes, con pleno conocimiento en este caso de los fiscales, y que yo sepa ni el fiscal de Málaga ni el de Melilla ni el de Cádiz ni el de Ceuta han denunciado ante ninguna instancia internacional a la policía o a la gendarmería del
país vecino para que, como autoridades, no puedan acoger a estos niños y hacer efectiva la reagrupación familiar. Por otro lado, estamos cumpliendo la petición de parte, en este caso de la embajada marroquí hecha de forma reiterada a los delegados
del Gobierno en Ceuta y en Melilla, tras la petición de los gobiernos de las ciudades autónomas, de que se les devuelva a las familias o a las autoridades policiales, que harán efectivo ese planteamiento de reagrupación familiar. Insisto en que
estamos de acuerdo, sin excepción, todos los gobiernos, incluido el Gobierno de la nación más los gobiernos de todas las comunidades autónomas, en que este planteamiento es la prioridad ante la identificación con la acogida humanitaria y la tutela
correspondiente de todos los menores no acompañados. de menores extranjeros no acompañados.
Claro que son extranjeros, señora Castro, porque estos niños tienen derecho a su nacionalidad de origen. ¿Cómo no van a ser extranjeros si están fuera de su país? Tienen derecho a su nacionalidad, tienen derecho a su cultura, tienen
derecho a sus raíces, tienen derecho a su familia.
Por tanto, son menores extranjeros no acompañados. El concepto de extranjero es el de no ostentar la nacionalidad del país en el cual se encuentra. Es un concepto, desde mi punto de vista,
estrictamente administrativo, pero tan importante como que le concede una nacionalidad distinta y, por tanto, se le reconoce su derecho a ser nacional de ese país, a hablar su lengua, a tener su cultura, a tener sus raíces. Es un derecho del niño
del cual no podemos prescindir. ¿Cómo no va a haber menores extranjeros? Por supuesto que sí, porque el concepto de extranjero refuerza, define, destaca su condición de nacional del país equis del que proceda en ese momento. Por tanto, sí son
niños extranjeros no acompañados y sí son niños extranjeros no acompañados menores de edad, porque si no, no serían niños. La obviedad sobra pero es importante destacarlo porque es importante oírles, puesto que forma parte de sus derechos, y hay
que oír también a la familia. Ha dicho la señora Uría que las Juntas Generales de Vizcaya, espero que también las de Álava y Guipúzcoa, están dispuestas a acoger a todos los menores extranjeros, pero ella misma dice que después de valorar la
posibilidad de que se reintegren a sus familias. Forma parte sustancial de los derechos del niño. Son niños difíciles, niños complicados, también la señora Uría lo ha destacado, son niños -lo dije yo en mi primera intervención- que cuanto menores
sean, es decir, en torno a los 10, 11 ó 12 años, más fácilmente se integran sobre todo en el sistema educativo. En el momento en que superan esas edades, en los 15, 16 ó 17 años, son niños prácticamente imposibles en cuanto a su escolarización,
imposibles en cuanto a su normalización en el aprendizaje de un oficio a través de la formación profesional en nuestro sistema educativo. Son niños mucho más complicados con los cuales hay que esforzarse, si cabe, con mayor interés. Tenemos que
ser capaces de discernir que cuando hablamos de los derechos del menor son los derechos de ellos y de sus familias.
En alguna de mis intervenciones he recordado el caso del niño Elian, de Eliancito, el niño balsero. Es un niño que llega a Miami como consecuencia de la huida de su madre en una embarcación que naufraga y este niño salva la vida. Se
establece la discusión de si el derecho le asiste al padre, que vive en Cuba y que quiere que se reagrupe familiarmente, o si el derecho le asiste a los familiares, que invocan la existencia de un régimen político determinado que hace inconveniente
la educación de ese niño incluso con su padre. Yo creo que nadie tuvo la menor duda de dónde debía estar ese niño, ni los Estados Unidos de Norteamérica en ningún momento dudaron que el derecho del niño era el de la reagrupación familiar con ese
padre. ¿Nos vamos a arrogar nosotros mayores o mejores cualidades por el hecho de estar en nuestro país -no voy a calificar ni al nuestro ni a los vecinos-, en donde no ha de ser la prioridad devolver a ese niño a su país de origen, a su familia, a
la tutela del Estado al que pertenece para poder ejercer sus derechos, a su propia identidad, su nacionalidad, su lengua y sus raíces? Los menores que no aceptan la reagrupación familiar una y otra vez, que el señor Pedret ha tenido a bien poner
como ejemplos, ¿no deben ser acogidos por el Estado marroquí, por los servicios sociales marroquíes, como obligación previa a que lo hagamos nosotros? Estamos poniendo en muchos casos la exigencia del carro antes que los bueyes, nos estamos
marcando exigencias que sin duda alguna tenemos que ejercer, pero el reglamento de desarrollo de la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España cifra en nueve meses el tiempo en el cual el objetivo prioritario es devolver al niño a su
país, a su idioma, a su cultura, a su familia, y, si no la hubiese o fuese indeseable, que ha de decidirlo también el poder judicial en su país de origen, a la organización de asistencia social que corresponda. ¿O es que vamos a llegar a creernos
que por el mero hecho de ser niños no acompañados procedentes de Marruecos lo último en lo que podemos pensar es en devolverlo a ese país? Nos estaríamos equivocando en una reflexión que he hecho reiteradamente en voz alta que nos preocupa y que
nos lleva a seguir esforzándonos en que la reintegración de estos niños se haga con todas las garantías para ellos, pero contando con que, efectivamente, también
las autoridades del país vecino pueden hacerse responsables de ellos.
Es importante la reflexión que ha hecho la señora Uría. Las comunidades autónomas son plenamente competentes en la atención, en el cuidado, en la tutela de los niños extranjeros no acompañados, en cumplimiento de la Ley de extranjería, en
cumplimiento de la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Bien es cierto que no deja de sorprender cómo en algún pueblo de Guipúzcoa pensando sin duda alguna en lo mejor para ellos, decidieran llevarse
durante las fiestas patronales a los niños de una pequeña residencia que allí había a un sitio distinto para que no compartiesen las fiestas con los vecinos, no fuese que aquello de la convivencia se torciese. Pero dejémoslo en la anécdota, quizá
estábamos en fase de integración todavía no alcanzada suficientemente.
Por tanto, seamos exigentes con nosotros mismos, sean SS.SS. exigentes con el Gobierno, es su papel, pero seamos también cuidadosos. Ocasión tendremos de hablar del informe de Human Rights Watch. Ocasión habrá para hablar del Defensor del
Pueblo. De su comparecencia con respecto al informe anual de 2001, que es de lo que estamos hablando, les leo simplemente un párrafo, transcripción exacta de la intervención del señor Defensor del Pueblo. Dice: Como se ha puesto ya de manifiesto,
la práctica totalidad de estas recomendaciones -con respecto a extranjería e inmigración- fue aceptada de modo explícito por el propio Ministerio del Interior, quedando patente a estos efectos la cooperación con el Defensor del Pueblo. Y para eso
está, para que nos haga recomendaciones, para ir haciendo las cosas mejor cada año.
En cuanto al informe de la ONU, seamos rigurosos, señorías, es un informe hecho dentro de la subcomisión de los derechos del niño, que se encuentra en fase consultiva y de alegaciones. No elevemos a categoría lo que la subcomisión de la ONU
en Ginebra ha hecho hasta ahora, independientemente de que, a efectos de los medios de comunicación, se haya dado calidad de definitivo a lo que son informes previos, informes de trabajo, insisto, en fase consultiva y de alegaciones. Si no
aprovechamos los desaciertos de algunas organizaciones sin duda bien intencionadas, probablemente hagamos todos mucho más de lo que estamos haciendo, obligándonos a tener como objetivo único el bienestar de todos estos niños.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, creo que tenemos que dedicar todo el tiempo necesario, pero también el tiempo imprescindible, a este tema, por lo que creo que sería bueno que
entre todos elimináramos las obviedades y no repitiéramos conceptos generales, porque lo que tenemos que hacer aquí es analizar lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad, señor delegado del Gobierno, es que se han producido
determinadas situaciones en las que el respeto al interés superior del menor no ha sido lo que ha predominado. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
No intente usted, por favor, hacerme decir algo que no he dicho y no diré jamás, que es que no pueden los menores ir a Marruecos porque Marruecos es Marruecos y es un país de menor nivel de renta, o algo así. Jamás he dicho una cosa como
ésta ni la diré. Lo que sí hay que ver es cuál es el interés del menor, porque realmente existe una graduación de valores. La reintegración familiar, la protección de las relaciones paterno-filiales constituyen un tema importante, pero el Defensor
del Pueblo -y permítame que yo también cite al Defensor del Pueblo en su informe, página 379 y 380 de la versión mecanografiada que tengo- nos dice exactamente: Parece cuestionable -en el lenguaje siempre tan matizado de la institución- que en
todos los casos la reintegración a la unidad familiar y la convivencia en su entorno pueda configurarse de manera apriorística como la mejor de las alternativas posibles para todos los menores. Y lo hace en referencia a la existencia de
resoluciones dictadas no por la ciudad autónoma, sino por quien es competente para ello, esto es la Administración del Estado, el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, con un único párrafo estereotipado, en el que, sin tener en cuenta las
condiciones personales del menor, ni de la familia ni de su entorno social ni las posibilidades de los servicios sociales de su lugar de procedencia, se establece una reintegración -insisto en las comillas- consistente en entregar al menor en la
frontera a los guardias fronterizos marroquíes, que evidentemente son autoridades pero no son las autoridades competentes en materia de protección de menores.
Por ser serios y rigurosos, no podemos tratar a los menores como si fueran inmigrantes. Los menores no acompañados en nuestro territorio son sujetos de un derecho subjetivo a una especial protección de la Administración en cuanto están en
el territorio español. Y en cuanto están en territorio español la Administración tiene una especial obligación, un especial deber de tutela respecto a estos menores. En este momento, con nuestra distribución competencial, esto corresponde a la
Administración autonómica, es cierto, y debe ejercer esa competencia. Por tanto, debe ejercer la tutela teniendo la custodia y ejerciendo las acciones que sean necesarias respecto a los menores para evitar las situaciones desgraciadas a las que me
he referido y a las que también ha aludido el portavoz del Partido Popular hoy aquí.
Sin embargo, esto ha de hacerse de manera que realmente sea el interés del menor lo predominante de forma absoluta, y para ello son necesarios medios. Es
necesario que esta competencia que tiene la Administración autonómica sea dotada de medios suficientes por parte de quien los tiene, es decir, la Administración del Estado. En esto no hay discrepancia alguna, en absoluto, entre el discurso
de don Manuel Céspedes, secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Melilla y vicepresidente del Gobierno autónomo, y lo que he dicho yo, porque lo que pedimos son medios para la ciudad, para que pueda cumplir realmente con sus
obligaciones. No estamos aquí para decir que un determinado gobierno no cumple sus obligaciones, queremos que las pueda cumplir. Por tanto, pedimos, como pide el compañero Céspedes en Melilla, los medios suficientes para poder desarrollar
adecuadamente sus obligaciones y sus competencias. Además, hay que tener en cuenta, como ha dicho el representante del Grupo Popular, que Melilla es una ciudad estrictamente fronteriza, por lo que hay que poner medios relativamente superiores a los
existentes en otros lugares en que estos problemas no tienen ese alcance. Porque el problema -y éste sí que es un problema, no es un fenómeno- del menor no acompañado en España se concentra básicamente en Ceuta, Melilla, Canarias y Cataluña, y en
Cataluña, concretamente en Barcelona. Por tanto, es un problema al que hay que dedicar una atención específica centrada en cuáles son las condiciones físicas, de comunicación, etcétera, en cada uno de los lugares en que se produce. El problema es
muy distinto en Barcelona que en Melilla y, por tanto, hay que dar soluciones distintas.
El clamor respecto a que hay que hacer algo, a que la situación no puede continuar, a que realmente todo el mundo tiene que aplicarse a fondo para proteger el derecho de los niños, es algo que también dicen y a lo que también se suman las
organizaciones a las que se ha referido el representante del Partido Popular. Por ejemplo, UNESCO, que gestiona el Fuerte de la Purísima, con cuyo director estuve hablando cuando estuve allí, estaba realmente quejoso de las condiciones en que se
hallaban y pedía medios. Es más, declara en Melilla hoy que si en el mes de junio -lo declara el 13 de abril de 2002- no se soluciona el problema de los medios, UNESCO va a dejar de gestionar el centro. Por tanto, está pidiendo lo mismo que
pedimos nosotros; está diciendo que las condiciones no son las adecuadas. Por ejemplo, son condiciones absolutamente distintas, se lo tengo que reconocer a usted, las del Fuerte de la Purísima de las que encontré en el Hogar de El Puerto,
gestionado por el Voluntariado Islámico de Acción Social. Son condiciones radicalmente distintas. Posiblemente (pero esta es una cuestión que no nos compete tratar aquí sino que compete a los órganos representativos políticos de la ciudad de
Melilla, y aquí estamos exigiendo al Gobierno del Estado que dé los medios necesarios a la ciudad autónoma para hacerlo) habría que estudiar si no son mejores los modelos de actuación del Hogar de El Puerto que los del Fuerte de la Purísimas. Pero
no voy a hacer aquí la crítica de lo que haga la Consejería de Bienestar Social. Posiblemente la haré fuera del Parlamento porque aquí estamos controlando a este Gobierno, no al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por tanto, solicito, como
solicitamos los socialistas aquí, en Melilla y en cualquier parte, que se dote de los medios absolutamente imprescindibles para que puedan cumplir su función, porque es necesario. La simple voluntad política no puede solucionar el tema, y cuando no
hay medios existe la tentación de tratar al menor como si fuera inmigrante y conducirlo a la frontera, cuando se trata de un tema completamente distinto.
Señor Fernández-Miranda, en su argumentación me ha preocupado un cierto aspecto, muy hábilmente introducido por su parte, el de decir: Es que tiene que ocuparse el Estado de procedencia. Pues no. De acuerdo con la Convención Universal de
Derechos del Niño y con nuestra legislación, que ustedes establecieron con mayoría absoluta en esta Cámara, la Administración del territorio en el que se encuentra es la única competente para proteger al niño y, por tanto, de los que se encuentran
en territorio español es la Administración española. Así lo pedimos, así lo exigimos y así debe hacerse.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Señor Fernández-Miranda, no voy a ser yo quien niegue la cultura propia ni la nacionalidad de los niños no acompañados que residen en el territorio español. Lo que he dicho es que no pueden ser tratados como
extranjeros en virtud de los tratados que ha ratificado el Gobierno español, que son cosas diferentes. Al menos es lo que he pretendido decir y creo que es una obviedad porque todo el mundo sabe lo que piensa Izquierda Unida en esta materia. Era
innecesario que se esfora en hacerme esa aclaración porque todo el mundo que está aquí creo que ha entendido perfectamente lo que he querido decir. Además, me he esforzado en hacerlo lo más rigurosamente posible para que usted no se pueda volver a
permitir el lujo de llamarme ignorante.
Trata usted este tema, que es delicado e importante, de una manera un tanto frívola porque parece que estos niños se han escapado de casa. No se han escapado de casa, señor delegado del Gobierno; no estamos ante unos menores que se han
escapado de su casa. Estamos ante unos menores que vienen a nuestro país en busca de dignidad y de mejores condiciones de vida. El tratamiento que hay que dar a la cuestión es infinitamente superior al que habría que darle si estos niños
simplemente se hubieran escapado de su casa. La salud democrática de un Estado social y de derecho se mide en buena medida, señor delegado del Gobierno, señorías,
por el trato que se dispensa a los menores y a los mayores. Todos los que estamos en esta Cámara debemos aspirar a que esa salud democrática de nuestro Estado social y de derecho, del que nos debemos sentir orgullosos todos, no se vea
puesta en cuestión por situaciones como las que se están planteando en Ceuta y en Melilla con los niños menores no acompañados. No vamos a utilizar más argumentos porque no le vamos a convencer a usted de nada, pero sí le vamos a decir una vez más
que la obligación que tiene el Gobierno de la nación de cooperación, de poner recursos a su disposición y de colaborar con los gobiernos de Ceuta y de Melilla en la resolución de este problema es incuestionable.
He hecho una intervención constructiva, como casi siempre hacemos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Créame, señor delegado del Gobierno, que uno siempre escucha lo que quiere escuchar. Yo pretendo en este tema, como
en cualquier otro que se plantee en mi trabajo parlamentario, convencer y pretendo convencerle a usted de que está en un craso error cuando intenta confundirnos con el tema de la extranjería.
Aunque se lo ha recordado el portavoz socialista, una
vez más voy a recordar yo que si ustedes no quieren cumplir los tratados que están ratificados por el Gobierno español tengan la valentía política de denunciarlos, porque por más encaje de bolillos que hagan no va a ser entendible ni por los
ciudadanos ni tampoco por los organismos internacionales. De modo que lo que pedimos es sencillamente que se aborde el tema desde esa perspectiva de colaboración y de cooperación necesaria para que estos niños tengan el nivel de dignidad de
cualquier otro niño español, que es lo que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor delegado, es usted un habilidoso. Al final va a resultarle innecesaria la ayuda que le va a prestar posteriormente el portavoz del Grupo Popular con esas siete preguntas para que nos cuente las bondades del
plan Greco. Cuando yo me he referido a que había habido dificultades de integración lo he limitado a alguno de los chicos, porque sólo en muy pocos casos ha habido problemas.
Desconozco la anécdota que ha contado de una población de Guipúzcoa y
como no conozco las circunstancias no la voy a criticar, pero me parece que entre ese traslado de sitio y el no protegerlos, no acogerlos o querer devolverlos hay alguna diferencia de matiz. Repito que como no sé en qué localidad fue ni cuáles
fueron las circunstancias no me voy a meter a criticarlo porque no era mía la responsabilidad.
Finalmente quisiera hacer un pequeño matiz sobre financiación. En los tres territorios forales vascos y en la Comunidad Foral de Navarra se recauda y se decide en qué se gasta en los propios territorios. Las comunidades autónomas, lo mismo
que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, van a costo efectivo, con lo cual ellas sí deben recibir el costo efectivo de estas atenciones por parte de los Presupuestos Generales del Estado. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Aunque es el turno del señor Gutiérrez Molina, me gustaría intervenir para una cuestión de orden. Puesto que los grupos de oposición legítimamente, desde su punto de vista, han estado invocando durante toda la tarde el
respeto debido a su papel, me parece que está de más tratar de hacer bromillas a costa de iniciativas absolutamente legítimas y reglamentarias de otros grupos y de otros diputados. Lo que me sorprende, señor presidente, es que se quiera hacer
sistemáticamente el discurso del fracaso del plan Greco y de la inexistencia del mismo en vez de plantear un debate sobre ello. Sorprendentemente este grupo parlamentario lo tiene que hacer con la misma legitimidad reglamentaria -y subrayo lo
dicho- que cualquier otro grupo. En fin, allá películas, las cosas son como son.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Estaba a punto de no intervenir, señor presidente, porque después de escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista creía que se estaba fraguando una crisis de gobierno en mi ciudad. El señor Céspedes,
hasta el momento y que yo sepa, no es vicepresidente primero de la ciudad, a no ser que haya ocurrido en la tarde de hoy, con lo cual la cohesión del Gobierno que tanto el Partido Socialista como nosotros estamos empeñados en fortalecer se ha venido
abajo. Quiero creer que ha sido un lapsus linguae y que el señor Céspedes sigue siendo secretario general del Partido Socialista, y además desempeña el cargo muy dignamente, y el vicepresidente primero de la ciudad lo sigue siendo el destacado
miembro del Partido Socialista don Rafael Hernández Soler. Si no es así que se me diga, porque inmediatamente interrumpo mi intervención y me voy a mi despacho a llamar a Melilla porque como presidente regional del partido tengo algo que decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Le aseguro que esta presidencia no tiene noticia de que haya ninguna crisis.
El señor PEDRET I GRENZNER: Quiero decir que ha sido un lapsus y, por tanto, se retira el cargo que no ostenta mi compañero Manuel Céspedes.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, comprendo y me parece muy legítimo que los lapsus se reconozcan, pero que se reconozcan en los turnos reglamentarios correspondientes. Si empezamos a interrumpirnos sobre la marcha, bien vamos, sobre
todo cuando el presidente no ha concedido la palabra. (El señor Sanjuán de la Rocha: Tampoco se la ha concedido a usted.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, de todas formas ha sido para tranquilidad general saber que en Melilla no hay problemas.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Quisiera continuar con mi natural torpeza y exponer mi punto de vista.
Señor presidente, hay algo importante de las intervenciones tanto del delegado del Gobierno como de los portavoces -fundamentalmente después de haber escuchado al señor delegado del Gobierno- que al Grupo Popular le interesa enfatizar hoy
aquí. No se ha producido menoscabo en el interés del menor en la ciudad de Melilla. Esta es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero; es la verdad.
En segundo lugar, me gustaría hacer una matización importante. Yo he intentado no solamente ejercer el turno legítimo de control y de ayuda en cuanto a datos a la comparecencia, sino también echar un cuarto a espadas al Gobierno de mi
ciudad autónoma. Ciertamente otros portavoces no lo han hecho así, y ellos sabrán por qué. Insisto en que son distintos los discursos en Madrid que en Melilla. Nosotros tenemos el mismo.
Estoy de acuerdo con el señor delegado del Gobierno en una cuestión medular. Los menores extranjeros no acompañados, principalmente marroquíes, tienen esta calificación de extranjeros por una característica que trasciende a su propio
carácter volitivo, y es que no pueden renunciar a su nacionalidad marroquí aunque quisieran si no es con un dahir o con un decreto del rey de Marruecos. En el mejor sentido de la palabra y sin que tenga ningún aspecto peyorativo, son extranjeros
porque aunque quisieran no les es posible tener otra nacionalidad que la marroquí. Interpretar que los menores extranjeros marroquíes van a encontrarse en España mejor que en su país de origen per se, sin atender a ninguna otra capacidad, me parece
un poco paternalista y anacrónica la afirmación, y desde luego yo quiero apartarme de ese complejo de superioridad no coincidente con la política de respeto que debe mantener España con los países de su entorno. Es más, si el principio de respeto
al ejercicio por las otras administraciones de sus competencias y de otras leyes intervinientes es cuestión de ser tratada por el Gobierno español, a Marruecos, país firmante de la Convención del Niño, le corresponde poner el máximo empeño en
garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, que incumbirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial
de la crianza y el desarrollo del mismo, su preocupación fundamental será el interés superior del niño, y ello entre otros motivos por aplicación de lo que dije en mi anterior intervención, del principio de inmediación y de cercanía al interesado,
pues son nacionales marroquíes tanto los padres como sus hijos y sus domicilios radican, según las propias manifestaciones de los menores, en el Reino de Marruecos. Por tanto, señor presidente, con esto bastaba para que lo que dije antes de
proteger el bien del menor, el interés superior del menor, el favor minoris, por sí sólo no significaba nada si no fuera acompañado de otras consideraciones al articulado de la ley a la que hice antes mención, y sobre todo al principio y a las
interpretaciones de dichos menores no acompañados en Melilla.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales -y termino-, ciertamente es compleja la realidad social de Melilla y se nota en multitud de facetas. El portavoz del Partido Socialista lo ha dicho aquí, bien es verdad que de una manera que
yo comparto en parte pero no en su totalidad, y es que no por determinadas actuaciones de algunas organizaciones no gubernamentales en ciertos sitios se están de alguna forma enmarcando distintos modos de acción social o de conducta. Eso sería -lo
digo con toda cordialidad- un efecto perverso a lo mejor inconsciente de lo que pretendemos hacer. Cuando quiera el señor portavoz intercambiaremos fuera de aquí opiniones al respecto y se dará cuenta, porque profundizará mucho en la materia, no de
la multiculturalidad, porque es un término de difícil manejo en este momento, pero sí de la diversidad cultural que en Melilla existe en este instante. Por tanto, yo me referiría a que el voluntariado islámico de acción social, que para su
tranquilidad diré que va a seguir gestionando el centro que tiene, coincide en algo fundamental con el Gobierno de la ciudad de Melilla y, me consta, con el Gobierno de la nación. Estas eran las tres ideas básicas con las que quería terminar
después de haber escuchado la intervención final del delegado del Gobierno y de los distintos portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para terminar la comparecencia tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Quiero agradecer al señor
Gutiérrez su intervención, medida y esclarecedora en muchos de sus planteamientos.
Quiero insistir al señor Pedret en que se han respetado las normas y se ha cumplido con las obligaciones de que los niños disfruten de sus derechos.
Al delegado del Gobierno le corresponde dictar la reagrupación de estos niños, pero
únicamente a instancias del Gobierno de las comunidades autónomas. El acto administrativo está dictado, porque no en balde es el paso de un nacional de un país a un país tercero, pero siempre a instancias del Gobierno de la comunidad autónoma, que
es el competente exclusivo no solamente para el acogimiento o la tutela del niño sino también para hacer posible la reagrupación familiar. Señor Pedret creo que no se ha dado cuenta. ¿Cómo no van a ser autoridades competentes en la protección de
los menores los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en una frontera de un país con otro, a no ser que consideremos que esas policías no son dignas de absolutamente nada? Esa es la dificultad.
La dificultad es que en ocasiones el hecho de
entregar un niño a la policía marroquí en Melilla no puede ser el inconveniente de la reagrupación familiar de ese niño, a no ser que dudemos de algo más, y creo que nadie lo hacemos. Por tanto sí son autoridades competentes. Y no son inmigrantes,
son menores no acompañados, lo cual obliga a la tutela previa y al objetivo prioritario de la reagrupación y, si ésta no es posible, a la integración en ese caso entre nosotros. Hemos acabado hablando de medios -y me alegro, señor Pedret- para una
mejor protección, tutela, reagrupación, formación e integración de estos niños porque estamos completamente de acuerdo. El señor Gutiérrez ha esbozado alguno de los logros y lo que nos queda por terminar. Uno de los retos que tenemos que ser
capaces de conseguir, que yo comenté al iniciar mis comparecencias, es el concepto asumido de corresponsabilidad con los gobiernos de las comunidades autónomas, independientemente de que las competencias sean de la Administración regional o de la
nacional, para avanzar en el tema de la extranjería en general y de la inmigración, asilo y refugio en particular.
- LAS MEDIDAS QUE VA A ACOMETER EL GOBIERNO PARA PALIAR EL TRATO QUE RECIBEN LOS INMIGRANTES AFRICANOS QUE LLEGAN A LAS ISLAS CANARIAS DENUNCIADA POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HUMAN RIGHTS WATCH. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000936)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García ): Pasamos a la última comparecencia prevista en el orden del día para hoy y que hace referencia a la inmigración en las islas Canarias. Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y
tiene la palabra, como es habitual, el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, el Grupo Socialista solicita mi presencia para explicar las medidas que va a acometer el Gobierno para paliar el trato que
reciben los inmigrantes africanos que llegan a las islas Canarias denunciadas por la organización internacional Human Rights Watch.
Señor presidente, señorías, quiero comenzar por afirmar rotundamente que el Gobierno no comparte el contenido de este informe ni está de acuerdo con sus afirmaciones. A nuestro juicio es un informe desenfocado e inexacto. Una de las
principales críticas que cabe hacerle es que la metodología seguida para su elaboración no responde a los requisitos, a las exigencias que debe cumplir cualquier investigación seria, rigurosa y con la trascendencia que tienen sobre la realidad y el
prestigio de cualquier país informes realizados desde organizaciones prestigiosas.
Desde nuestro punto de vista es un informe apresurado, realizado de forma precipitada, en un plazo inferior a los quince días. En cuanto a su contenido -y para
abundar en la falta de credibilidad que desde el ámbito del Gobierno supone el informe emitido por esta organización- adolece de desconocimiento de la normativa española de forma sorprendente, por lo que incluye afirmaciones sobre nuestras leyes que
son manifiestamente incorrectas. Son muchas las recomendaciones del informe que se basan en esa ignorancia jurídica. Así, y por destacar algunos ejemplos, con la rotundidad con que lo hacen aquellos que se paran a pensar poco lo que dicen se
afirma que la solicitud de asilo no impide proseguir con la expulsión, cuando, como SS.SS. saben, la Ley de asilo establece que el solicitante no podrá ser expulsado en tanto su solicitud no haya sido inadmitida a trámite o resuelta; o recomienda
también este informe que se posibilite a los extranjeros cuestionar la falta de legalidad de las decisiones sobre su internamiento o su repatriación, ignorando Human Rights Watch que contra la resolución administrativa de expulsión en nuestro
ordenamiento jurídico cabe recurrir primero ante la Administración y luego ante los tribunales de lo contencioso administrativo, que contra la decisión de internamiento cabe recurso ante el mismo juez que la permitió, y en ambas ocasiones se
realizan con abundante frecuencia.
El informe, pues -por no ir más allá en los ejemplos posibles-, es manifiestamente injusto para España y desproporcionado al criticar la situación material de los inmigrantes irregulares retenidos en los centros de internamiento de Canarias,
olvidándose también de forma imperdonable del inmenso esfuerzo hecho, en ocasiones quizá no alcanzando el óptimo que todos desearíamos, por las administraciones públicas, por las
organizaciones no gubernamentales, en definitiva por toda la sociedad de acogida, que hace de forma ejemplar; acogida y cuidado desde lo que supone, además, la vigilancia hecha para salvar muchas vidas que pueden llegar a perderse en la
travesía del Atlántico hacia Canarias o simplemente en la travesía del Estrecho hacia la Península. Se trata, en definitiva, de un estudio que yo calificaría de desafortunado, que revela un desconocimiento no admisible de la normativa española en
materia de extranjería y asilo, no admisible por la importancia y trascendencia del informe, que demuestra un desconocimiento no admisible de nuestro sistema jurídico en general, no admisible por su importancia y trascendencia, que pone de
manifiesto un desconocimiento de los procedimientos administrativos y de la actividad humanitaria realizada por la sociedad, por las organizaciones no gubernamentales, por la Administración y por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que es
inadmisible por su trascendencia y su desprestigio. Por ello, conscientes de la realidad a la cual nos estamos enfrentando, conscientes de las necesidades de nuestra realidad migratoria, concretamente en este caso en Canarias pero que podía ser
extensivo al resto de España, conscientes de los esfuerzos de inversión y del acierto con el que se está afrontando este problema humanitario, es mi deber afirmar que España no vulnera ni ha vulnerado nunca los derechos fundamentales de los
inmigrantes que llegan a nuestras costas, que traspasan nuestras fronteras de manera irregular, ni en Canarias ni en ninguna otra parte del territorio nacional. Por tanto, afirmo rotundamente que como consecuencia de este informe lo que va hacer el
Gobierno es lo que ya ha hecho: quejarse públicamente de sus inexactitudes, quejarse públicamente de la injusticia que con demasiados de nosotros se está cometiendo, sin que ello suponga, ni mucho menos, obviar ninguna de las realidades que tenemos
la obligación cierta de gobernar y de gobernar cada día mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del grupo parlamentario autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Mis saludos y reconocimiento al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración por el testimonio y el punto de vista que en nombre del Gobierno acaba de exponer y trasladar a esta Cámara en sesión de
control parlamentario -esta es la naturaleza de este acto- sobre el objeto de la comparecencia. Permítame que para empezar a contrastar el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista aluda en esta Cámara y a esta hora al presidente del
Tribunal Constitucional en una cita no precisamente doctrinal. Esta misma semana el presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Jiménez de Parga, según ha trascendido a los medios de comunicación ha calificado al Parlamento que nos toca
vivir como un parlamento fuera del tiempo. Yo no sé si fuera del tiempo, desde luego el Parlamento consume mucho tiempo, pero sí un parlamento instalado en el destiempo es el que explica que esté teniendo lugar esta comparecencia para controvertir
el punto de vista del Gobierno con el del grupo solicitante en relación con las condiciones con que centenares de personas han estado durante meses hacinadas en la vieja instalación aeroportuaria de Fuerteventura, que está en el objeto del informe
de Human Rights Watch, firmada por este diputado por la provincia de Las Palmas el 22 de febrero y que tiene lugar cuatro meses después en esta Comisión de Justicia e Interior cuando no es la primera vez, afortunadamente, que este mismo asunto ha
llegado a este Parlamento, sea en Pleno o en Comisión. De hecho, en sesión de control parlamentario hice una pregunta oral sustanciada el 6 de marzo de este año 2002 al ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la
misma forma tuve la oportunidad de defender una proposición no de ley poco tiempo después, el 16 de abril, por la que el Congreso de los Diputados instara al Gobierno a la adopción y puesta en marcha de un plan urgente de actuaciones para afrontar
el impacto de la inmigración irregular sobre la Comunidad Autónoma canaria, que tanto la padece. Por tanto, como digo, no es la primera vez pero llega ahora, cuatro meses después de haber sustanciado la solicitud de comparecencia, para discutir
exacta y específicamente el informe de Human Rights Watch y la realidad que hay detrás. Me preocupa muchísimo más la realidad que hay detrás que el propio informe, aunque algo diré sobre la valoración que ha merecido del delegado del Gobierno el
informe. La realidad que hay detrás la conozco porque he visitado las instalaciones, por tanto no necesito que nadie me ilustre sobre la verosimilitud, la exactitud o la precisión de las valoraciones que se contienen en el largo informe que en su
momento elaboró Human Rights Watch durante los meses de octubre y noviembre y que puso en la red a primeros de enero, por lo que ya tiene una cierta antigüedad. Es un informe extenso, muy documentado, conocedor del derecho español, conocedor de sus
vicisitudes en el curso de las dos últimas legislaturas, conocedor de la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en definitiva es un informe que al margen del juicio de intenciones y desde
luego al margen del contraste de exactitud que pueda merecer algún párrafo o alguna aseveración específica, está reflejando documentadamente una realidad que ha podido ser visitada sobre el terreno. Yo la he visitado sobre el terreno durante meses,
porque lamentablemente ha estado teniendo lugar durante meses. Esa realidad es pura y sencillamente que centenares de personas han estado hacinadas en una especia de hangar, en una instalación manifiestamente inadecuada según la ley para
el internamiento, para la acogida, la primera asistencia y atención a inmigrantes que no están en disposición de documentarse o que no pueden contrastar su documentación ante las autoridades administrativas españolas, y que precisamente por
ello recaen bajo la jurisdicción del Gobierno de la nación, que es el competente para la extranjería, para la inmigración, para la documentación de los extranjeros, para la tramitación de los expedientes de solicitud de asilo y refugio. En
definitiva, el competente no solamente para el control y defensa de la frontera exterior, sino también para la definición y gestión de una política de extranjería y de inmigración en todo el territorio nacional.
Esos centenares de personas han visto lesionados durante meses, por omisión, por desidia, por incuria y por incompetencia -y así ha podido ser calificado por una organización prestigiosa, que ha ganado su prestigio en la defensa de los
derechos de las personas, en la observación de los niveles de calidad de la protección de los derechos de las personas en los Estados que se precian de garantizarles sus ordenamientos constitucionales y jurídicos, los derechos fundamentales-,
algunos de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento constitucional.
Eso ha podido verlo quien se aproximase físicamente a ese centro. Es imposible que en un centro como ése pudiera ser prestada adecuadamente la asistencia jurídica y se viese
garantizado debidamente el derecho a la comunicación. Esas personas han estado incomunicadas durante largos períodos de tiempo, no han podido establecer contacto telefónico con el exterior, no han podido dar noticias de cuál era su situación a sus
familiares, que los tienen, a su entorno personal, que lo tienen, todos y cada de ellos. Han estado sujetos a los buenos oficios de las organizaciones no gubernamentales que han tenido a bien prestarles ayuda, y también naturalmente a los buenos
oficios de los funcionarios del Ministerio del Interior, de los cuerpos de policía que han estado allí intentando asegurar que la convivencia ordenada era cotidianamente posible. Esto hay que reconocerlo -y lo hago- pero también hay que reconocer
la disposición y el asombroso ejercicio de autodisciplina y de autoordenación de la vida cotidiana de esas personas que han estado sometidas a ese internamiento en condiciones lesivas para su dignidad como personas, porque sólo de esa forma es
explicable que 300 y 400 personas pudiesen convivir sin violencia, sin alteraciones ni perturbaciones de orden elemental, sin agredirse los unos a los otros, durante largas semanas, porque muchos de ellos consumían el período máximo de internamiento
de 40 días contemplado por nuestra legislación antes de ser abandonados, puestos en libertad, porque eso es lo que dispone la ley, a su suerte, a partir de ese momento, sea en la propia isla de Fuerteventura, sea mediante la operación de traslado a
las islas inmediatamente vecinas, particularmente a la isla de Gran Canaria. A partir de ahí, se disponen algunas operaciones de traslado en condiciones manifiestamente irregulares, como supimos en su momento, patrocinadas nada menos que por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se traslada en un vuelo nocturno -un acto de imposible encaje legal ni presupuestario- a centenares de inmigrantes en esa situación para que no estorben la vista, la buena foto o la buena imagen, que
tanto preocupan al Ayuntamiento de Las Palmas, de las plazas donde habitualmente se concentran y pasen a estorbar en algún otro lugar; por ejemplo, en la ciudad de Madrid o en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Esa situación, conocida por las organizaciones no gubernamentales y, desde luego, por los organismos con competencias en la materia, fue sucesiva y acumulativamente denunciada por colectivos ecologistas, sociales y vecinales, y por las
instituciones. La adjunta al Defensor del Pueblo, que fue parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, María Luisa Cava de Llano, visitó la instalación escandalizada y constató la imposible adecuación de la instalación a la función que estaba
desempeñando. La misma protesta expresaron en su momento el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, los sindicatos de la policía y las organizaciones no gubernamentales que tenían contacto más frecuente con el colectivo de hacinados en
ese hangar aeroportuario, la Cruz Roja, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, todos los que tuvieron contacto con la instalación, que en definitiva no pudieron sino certificar todos lo mismo, diga lo que diga el Gobierno, se ponga
como se ponga, se instale como se instale en la que es su práctica más distintiva -la negación de la realidad para su sustitución por propaganda, por versiones maquilladas autocomplacientes-, incapaz de sintonizar con la realidad pero feliz de que
la realidad parezca lo que no es en los fotogramas de telediarios manipulados que controla, verdadero ámbito de gobierno en que se realiza y se pone a gusto la práctica de gobierno del Partido Popular. Incapaz de reconocer la realidad, hemos oído
un nuevo ejercicio de negación de la evidencia y de la experiencia que hemos podido contrastar sobre el terreno, y se limita a decir -como le escuché al ministro del Interior- que el informe de Human Rights Watch era completamente desenfocado,
desafortunado y sesgado.
Muy sesgada tiene que ser la percepción que desde esta Cámara se quiere trasladar al 'Diario de Sesiones', si no resiste el contraste a cara alta con la de cualquiera que haya visitado aquello. Allí había centenares de personas que dormían
en colchonetas, en un espacio de 300 ó 400 metros cuadrados, compartiendo tres letrinas, autorregulándose, sin hacer ejercicio físico y sin posibilidad de comunicarse con el exterior, para que la vida cotidiana fuese posible. Esas no son
condiciones aceptables para nuestros estándares de desarrollo y para lo que pretende nuestra legislación protectora de derechos fundamentales ni, desde luego, para lo que
pretenden los artículos 17 y 24 de la Constitución y las leyes orgánicas que los desarrollan, incluyendo, en lo que le afecta, la Ley orgánica actualmente en vigor de derechos y libertades de los extranjeros y su integración social.
Cuando solicitamos esta comparecencia intentábamos denunciar que están teniendo lugar una situación en la que se pone de manifiesto el total descompás entre la versión de la realidad edulcorada, propagandística y autocomplaciente que
administran los altos cargos y miembros del Gobierno del Partido Popular y la realidad del problema, que no se compadecen entre sí. El problema no concluye con el traslado de algunas de esas personas al cuartel Valenzuela; no concluye con las
sucesivas reediciones del parcheo inminente por la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones; el problema es de largo recorrido, tiene largo alcance y fondo, y requiere la construcción de una política que empiece a cambiar la deriva negativa
en que estamos instalados desde hace demasiado tiempo y nos conduzca a una situación mejor. Sin embargo, nada de eso vemos ni presentimos en las actuaciones o en los discursos de los miembros del Gobierno del Partido Popular, y tenemos un ejemplo
en esta comparecencia.
La situación de los extranjeros en esos centros de internamiento no es una situación de la que nadie pueda sentirse contento o satisfecho. De verdad produce perplejidad contemplar que ante las sucesivas propuestas del Grupo Socialista -en
su momento la oferta para construir un verdadero pacto de Estado que ordenase flujos migratorios, una política de inmigración que los gestionase, que fuera digna de los estándares de bienestar a los que aspiramos como sociedad desarrollada- la
respuesta del Partido Popular y desde luego del Gobierno que encabeza José María Aznar es siempre una respuesta arrogante y prepotente. Asombra que en cada comparecencia tengamos reediciones de esa actitud, porque no es un panorama del que nadie,
en el ejercicio de una responsabilidad de Gobierno, pueda sentirse legitimado para mostrar actitudes de arrogancia y de prepotencia. Si yo fuera delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración y tuviera consciencia del problema en su
entidad real, vendría a esta Cámara con una actitud bastante menos autocomplacida, bastante menos soberbia. Vendría buscando comprensión, ayuda y colaboración para gestionar un problema que nos va a acompañar, con toda probabilidad, durante el
primer tercio del siglo XXI; un problema de gran envergadura y que necesita la colaboración de todos. Si alguien me la ofreciera, lejos de ofenderle, lejos de intentar pisar sus callos, lejos de intentar ocultar la realidad y decir que todo va
estupendamente, que hay que agradecer a los funcionarios lo bien que lo están haciendo y que todo lo que escucho es demagogia, catastrofismo y tremendismo, intentaría obtener sinergias y colaboraciones positivas para encarar un problema que
realmente sobrepasa las capacidades, tal y como en este momento las tienen cuantificadas el Gobierno y la Administración del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vaya terminando, señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Sí, voy terminando.
Lo que encontramos es exactamente lo contrario. Encontramos una y otra vez esta actitud de rechazo desde la soberbia y desde la arrogancia de los puntos de vista y de las aportaciones de los grupos de la oposición que están aquí cumpliendo
su deber en el ejercicio del control parlamentario.
Déjeme que le diga que antes le escuché apelar al realismo -invitando a todas y cada una de las señorías que nos sentamos en este lado durante el acto de control parlamentario a la necesidad de no
perder de vista dónde estamos-, a tener presente dónde estamos -porque usted nos invitaba a instalarnos en la realidad y no en las apariencias- exactamente y, déjeme que añada que para empezar a ser muy conscientes de dónde estamos es imprescindible
que usted no pierda ni un solo segundo de vista que usted está en el Gobierno y nosotros en la oposición. Usted está en el Gobierno, es usted el competente -salvedad hecha de que asuma y dé por buena la acusación de incompetencia que nos pone
francamente a tiro cada vez que comparece ante esta Cámara- y consiguientemente el responsable de los flujos migratorios. Usted es el responsable de la desprotección de la frontera canaria; usted es el responsable de que el problema en
Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria no haya ido a mejor. Usted es el responsable. Ya no basta con trasladar a 100, 200 ó 300 personas desde el antiguo aeropuerto de Fuerteventura al cuartel Valenzuela porque habrá 100, 200 ó 300 personas a la
vuelta de pocas semanas o de pocos meses con toda seguridad supliendo a aquellas que hayan sido trasladadas. Usted, por tanto, es el responsable del descontrol y del aspecto realmente preocupante que ofrece la situación. Déjeme que, previniendo el
complemento y la ayuda en carretera que siempre presta al Gobierno, como es lógico, el Grupo Parlamentario Popular, le diga a dicho grupo que ciertamente es preocupante la demagogia; ciertamente los socialistas vivimos preocupados cuando el Partido
Popular estaba en la oposición viéndole derrochar raudales de demagogia en auténticos temas de Estado que sólo han tenido una posible reconducción cuando, en un ejercicio de responsabilidad, el Partido Socialista en la oposición ha ofrecido arrimar
el hombro para solucionar seguramente el más grave de ellos y algunos otros también. Sin embargo, mucho más preocupante que la demagogia de la oposición es escandalizante la demagogia desde el Gobierno. Es demagogia intentar esgrimir, blandir
espantajos frente a los argumentos que realmente se vierten en esta Cámara. La política del Partido Socialista no ha sido jamás la de puertas abiertas y es realmente demagógico desde el
Gobierno pretender que la oposición dialéctica o la argumentación a la que uno se enfrenta es una invocación a las puertas abiertas. No lo ha sido jamás y, por tanto, tan insustancial y tan carente de ningún referente real es la invocación
a la política de puertas abiertas o de barra libre del Partido Socialista como invocar la política de federalismo asimétrico en la construcción del Estado autonómico.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar, ha superado ampliamente el tiempo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Termino.
Es realmente un ejercicio más de cinismo que de demagogia, porque conduce inevitablemente a quitarle la responsabilidad al Gobierno si se pretende que esa demagogia desde la oposición tenga alguna cuota de responsabilidad en la definición
del panorama al que nos enfrentamos. La cuota de responsabilidad en esta materia, no parcialmente sino íntegramente, al cien por cien, la ostenta el Gobierno; la ostenta el Gobierno por definición, porque es el responsable último en términos
políticos; pero la ostenta el Gobierno, además, voluntariosamente, porque el Gobierno ha declinado los ofrecimientos de colaboración en la definición de una política distinta por parte del Grupo Socialista y consiguientemente se ha encerrado solo
con el toro de la inmigración. Es el Gobierno el responsable de lo que está pasando en Fuerteventura, es el Gobierno el responsable de lo que está pasando en Lanzarote, es el Gobierno el responsable de lo que pasa en Tarifa, en Barbate, en Ceuta,
en Melilla. El Gobierno es el responsable y, por tanto, es el que tiene que venir a esta Cámara y dar cuenta de lo que está haciendo para que las cosas mejoren en lugar, pura y sencillamente, de negar la realidad. No se me agarre a ningún párrafo
que pueda resultar discutible de un informe de más de cien páginas, el informe que en su momento colgó en la red Human Rights Watch y que puso a disposición de todo el que quiso visitar su página web. Simplemente agárrese a la realidad de esos
centenares de personas que han estado durante meses hacinados en el viejo aeropuerto de Fuerteventura y ofrezcan, más que una negación de la realidad, una propuesta de futuro que haga honor a la responsabilidad de las administraciones públicas
españolas con respecto a la dignidad y a la calidad en la atención que deben merecer esas personas que arriban, en las condiciones que sea, a las playas de las islas orientales de Canarias para enfrentarse con un destino más que infrahumano
inhumano.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Señorías, señor delegado del Gobierno, en primer lugar quiero agradecer a la Mesa y también al portavoz socialista que hayan tenido a bien cambiar el orden de las comparecencias, porque cuando uno vive en las islas y
además en una isla menor tiene muchas ventajas, pero en este caso también tiene algún inconveniente y el de transporte, es el que me ha hecho llegar más tarde de lo previsto. Por tanto, muchas gracias.
Quisiera hacer una mención, aunque sea breve, a esas declaraciones del señor Jiménez de Parga a las que ha aludido el portavoz socialista.
Quiero pensar que no es que el Parlamento esté fuera de tiempo y que este retraso que se ha producido
en la comparecencia no es por esa razón, quizá me gusta más pensar que es porque se le ha dado al portavoz socialista la oportunidad de recapacitar sobre la conveniencia de que analice la veracidad y rigurosidad del informe, pero lamentablemente el
tiempo transcurrido ha servido para poco y que a veces tres meses no son nada.
Hoy ha estado la tarde de lapsus. Le he oído un lapsus -creo que ha sido eso- cuando ha dicho que durante meses ha estado viendo lo que sucedía en el aeropuerto de Fuerteventura. Las noticias que yo tengo es que simplemente fue un día a
ver qué sucedía y por tanto poco tiempo le pudo dar a ver algo, otra cosa es lo que le hayan contado.
Aquí se han hecho una serie de afirmaciones en las que luego entraremos, pero desde luego cuando afrontamos un tema como este creo que hay dos caminos posibles, y no hablo de actitudes personales, hablo de dos caminos. Uno, que es el que ha
transitado el portavoz socialista, es el camino de la irresponsabilidad, de la demagogia, de la incoherencia, de la propaganda y del oportunismo político, y hay otro camino, que es el que va a coger este portavoz y el que ha cogido el Gobierno, que
es el de la responsabilidad, el de la coherencia y el de la búsqueda de soluciones concretas a problemas concretos. Además la irresponsabilidad en este caso tiene un agravante -un agravante por la formación jurídica del propio portavoz socialista-,
cuando utiliza, desde luego a sabiendas, los errores manifiestos que el informe tiene. Un informe que -dicho sea de paso cuando se habla del rigor que puede tener ese informe- fue presentado, algo inédito, en rueda de prensa organizada por una
autoridad del Gobierno de Canarias, en la propia Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, lo cual choca con lo que suele ser ese principio de independencia que parece que ha caracterizado a esta organización desde su fundación. Repito que se ha
puesto de manifiesto claramente esa falta de rigor y el propio secretario de Estado ha dicho hoy que el informe estaba desenfocado y era inexacto. Si tenemos que calificarlo, sin duda alguna hay un desconocimiento importante de lo que es el sistema
jurídico español y de lo que es el procedimiento administrativo cuando se cuestiona que se deje entrar a determinadas personas e instituciones, o se cuestiona incluso que estos centros de internamiento estén bajo la tutela a la que tienen que
estar sometidos, que es la de los jueces, magistrados y del propio Defensor del Pueblo. Por cierto, se ha hecho una aseveración aquí sobre la adjunta al Defensor del Pueblo que es inexacta, porque lo que manifestó la misma fue simplemente
que esas situaciones no eran las más adecuadas para la función, dada la saturación a la que se veían sometidos. En ningún momento manifestó la adjunta al Defensor del Pueblo que se estuviera vulnerando ningún tipo de derechos en la terminal del
aeropuerto de Fuerteventura, en ese centro de internamiento. Se hace un análisis excesivamente a la ligera de una situación que, en todo caso, es dramática e indeseable, y en eso coincidiremos todos. Me refiero como dramática e indeseable a la
situación de los inmigrantes ilegales y no a la concreta de su estado en el centro de internamiento.
El portavoz socialista ha hablado de demagogia. Reconozco que me ha sorprendido cuando ha comenzado su intervención, porque le he visto más mesurado que de costumbre, incluso de forma bastante correcta. Es verdad que a medida que se ha ido
escuchando ha ido aumentando el insulto al Gobierno, como suele hacer, y ha llegado a calificar -sólo he cogido parte, porque no me daba tiempo a tanto- de desidia, de incompetencia, de arrogancia, de prepotencia, se soberbia y de demagogia, ni más
ni menos.
(El señor López Aguilar: Y me quedo corto.) De todo eso sabe mucho el portavoz socialista y por eso utiliza muy ligeramente esas palabras.
Repito, no voy a entrar en ningún tipo de ataque personal, faltaría más (Risas.), pero no se
puede hablar de demagogia cuando se presenta un problema muy complejo, como el que hay, con el que hay que tener un exquisito cuidado, entre otras cosas, porque estamos hablando de personas. Se está presentando un problema complejo, que no sólo
está afectando a España, como un problema del Partido Popular. Cuando no se da solución alguna, como no da el Partido Socialista, cuando se afirma que se peca de demagogia en lo que es la propia aplicación de la ley, una ley que el propio Grupo
Socialista tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, cuando hoy nos ha dicho que era incierto y era demagógico acusar al Partido Socialista de que hubiera hablado de papeles para todos, es absolutamente cierto que han hablado de papeles para
todos y es absolutamente cierto que han hablado de todos los derechos para todos los inmigrantes, legales o ilegales. Además, como esa ley recortaba esos derechos sobre la que decía el Grupo Socialista que tenían que ser para todos y esos papeles
para todos, y por esa razón también recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional.
Cuando se hacen reproches al Gobierno por no aplicar, una ley, lo menos que podemos es calificar esas declaraciones de incoherentes porque hace escasísimo tiempo abanderaban las solicitudes de papeles para todos. Bien es cierto que la
posición del Partido Socialista está cambiando. Entiendo que esté cambiando, quizá sea por los maravillosos resultados electorales que sus compañeros socialistas en el resto de Europa están cosechando como consecuencia de su actuación y actitud
ante un problema como es el de la inmigración.
Sí se puede afirmar que la legislación española en estos momentos es la que reconoce más derechos a los inmigrantes de Europa. Aquí se ha mencionado algo sobre propaganda y oportunismo y, desde luego, si hay que aplicarlo a alguien, es al
Grupo Socialista. Afirmaciones como que los inmigrantes están en el centro de detención, encarnando un testimonio dramático de la incompetencia, irresponsabilidad y demagogia del Partido Popular, que usa la estrategia de ruido y propaganda, ¿le
suenan, señor López Aguilar? Creo que alguien ha dicho eso. Desde luego, propaganda y oportunismo es el que, en declaraciones y exigencia de cierre de instalaciones, el señor López Aguilar me decía que lo había visto. (El señor López Aguilar: Yo
lo he visto.). Lo habrá visto rápido porque los flashes de las cámaras no le dejaban ver mucho. (Risas.) En todo caso, seguramente pudo ver también a un ex senador socialista, creo que tiene un cargo importante en Fuerteventura, además de ser
ahora mismo diputado del Parlamento de Canarias, abanderando y encabezando una manifestación en contra de hacer un recinto como el de El Matorral. Debió ver también esa muestra clara de propaganda, oportunismo y coherencia.
Decía que había otro camino que es el del principio, el del análisis objetivo, que permite afirmar algo que voy hacer sin ningún tipo de rubor y, además, lo digo alto y claro: que en Fuerteventura, en ningún caso, se vulneraron los derechos
humanos; un análisis objetivo que me permite afirmar además que, evidentemente, las instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura, seguramente, no son las óptimas, ni siquiera las que nos gustaría tener. Fue, en un momento determinado, ante una
masificación concreta, y por eso, precisamente, se ha trabajado no solo en mejorar sus condiciones, sino también en tener otras instalaciones mucho más adecuadas. Usted ha afirmado hoy que no se trata solo de tener unas instalaciones más adecuadas.
Tampoco lo entiendo.
Ese camino, distinto al que usted ha emprendido, es el de la responsabilidad, asumiendo los errores y trabajando, además, para solucionar lo insatisfactorio. Si anuncios de cara a la galería y además con exquisito respeto, tratando de
evitar reacciones a las que ustedes están incitando permanentemente, que, desde luego, van hacia la exclusión social y que en muchos casos podrían llegar a provocar reacciones de tipo racista o xenófobas. Desde luego, hay el camino de aportar
soluciones con todo tipo de actuaciones y medidas, que es lo que pretendía, en principio, la solicitud de comparecencia. Aquí hay dos tipos de medidas: unas actuaciones o medidas post informe, una vez conocido el informe, que son las que han
adoptado su grupo y usted, como he dicho, con esa visita precipitada a Fuerteventura a raíz de ese informe, antes no se había ocupado de
ellos, con esa denuncia sobre la necesidad de un nuevo centro; y, luego, hay medidas anteriores al informe, no posteriores, como es el viaje del propio delegado del Gobierno a Fuerteventura, en el mes de septiembre, para analizar y ver la
posibilidad de hacer un nuevo centro de inmigrantes, como así está hecho ahora mismo en El Matorral, y también medidas anteriores al informe, como el desarrollo de la red nacional de acogida de inmigrantes; o medidas como el desarrollo de programas
específicos para jóvenes extranjeros; o medidas para la creación de unidades de atención específica para la atención de inmigrantes en la Policía Nacional y en la Guardia Civil; o desarrollo de convenios entre la Administración General del Estado
y las administraciones autonómicas y la Administración local en materias clave para la integración de inmigrantes; o, especialmente, sanidad, servicios y prestaciones sociales, vivienda, educación y cultura; o medidas en desarrollo de programas de
cooperación para el desarrollo con los países origen de la inmigración. Eso sí, también sin hacer mucho caso al secretario general de los socialistas canarios, que afirmó, con una rotundidad que a nosotros nos dejó un poco asombrados, que era una
ingenuidad pensar que estos programas de cooperación podían ayudar a evitar el problema; o la ejecución y puesta en funcionamiento de cuatro centros de internamiento de extranjeros más los centros de migraciones.
Hay una diferencia: hay dos caminos distintos, hay reacciones antes y después del informe, y nosotros, desde luego, señor delegado del Gobierno, apoyamos claramente las que ustedes han emprendido. Creemos que son las idóneas y, también que
ha sido acertada su intervención a día de hoy. En consecuencia, ante este informe, no hay nada más que añadir. El informe no es ajustado a la realidad y, por consiguiente, no requiere de ningún tipo de actuación posterior a él, porque todas las
actuaciones se han hecho antes, durante y después del informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor presidente. Querría intervenir brevísimamente.
Quiero comenzar por hacer mías todas las palabras del señor Mato, que dan respuesta cumplida a mucho más que la simple comparecencia que hoy ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. En mi intervención he dado contestación cumplida a
la misma, y si el señor López Aguilar quiere hablar algún día sobre política de emigración en general, estaré encantado y, mediante preguntas o mediante comparecencias, me tendrá, como es lógico, a su disposición.
En cuanto a la afirmación de que el Partido Socialista pretende plantear una política distinta y llegar a un consenso con el Grupo Parlamentario Popular, con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria y con los grupos que pudieron apoyar la reforma de la Ley de Extranjería, o con el Gobierno, estamos encantados. Señor López Aguilar, entiendo su nerviosismo, no personal -usted es una persona tranquila-, pero sí el de su grupo
parlamentario en pleno, digamos, complejo Jospin. Que el señor Jospin haya sido mandado por los electores franceses a su casa y que haya salvado los muebles en las legislativas como consecuencia de las políticas desarrolladas, que es lo que hace
cualquier sociedad con sus candidatos a gobernar, es razonable. Pero usted, señor López Aguilar, ha ofrecido papeles para todas y para todos y lo han hecho alcaldes que han acompañado a cantautores ilustres en numerosos encierros. (El señor López
Aguilar: Eso no es verdad.) Ustedes han auspiciado una política de puertas abiertas que se concreta en el debate de la ley y en el planteamiento de la reforma de la Ley 4/2000 en la que ustedes negaban cualquier posibilidad de diferenciar entre el
estatus de legalidad o ilegalidad a efectos administrativos, y es verdad. (El señor López Aguilar pide la palabra.) Ustedes han ofrecido en ese debate, siguiendo la idea de Izquierda Unida, que le ha parecido espléndida, un visado para venir a
buscar trabajo, cosa que nosotros no hacemos, afortunadamente, porque tenemos instituciones que nos ayudan, ni los españoles, y es verdad. (El señor López Aguilar hace gestos negativos.) Nosotros hemos oído a un insigne presidente de una comunidad
autónoma respaldado por el Partido Socialista afirmar rotundamente que él no pediría en su comunidad autónoma, bajo ningún concepto, ningún tipo de papel a nadie, entre otras cosas, como si fuese él quien tuviese que pedirlos. Nosotros hemos oído,
y está en los medios de comunicación, como una portavoz distinguida de su grupo parlamentario ha dicho que lo que hay que hacer con los puestos de trabajo que estén disponibles es rifarlos. Que está vivo el recurso de inconstitucionalidad planteado
por el señor Zapatero es obvio, y eso no hace falta ni que lo destaque. Ese es un tipo de política que contrasta con la política que nosotros planteamos.
Señor Mato, me decía usted que en la visita que ha realizado el señor López Aguilar, en la que no ha visto la vulneración de ningún derecho de ninguna persona en el centro del terminal del aeropuerto, los flashes a la entrada no le dejaban
ver, pero por poco no le dejan ver tampoco los flashes dentro porque pretendía hacerse fotos con los inmigrantes detenidos, olvidándose de que tienen derecho a la intimidad y a la privacidad. Muchas veces un solo flash tira más que cualquier
tractor de mucha cilindrada, señor Mato, así que no le acabe estrañando nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar, tiene un turno extraordinario muy breve.
El señor LÓPEZ AGUILAR: ¿Cómo que extraordinario? Esto es una comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene dos minutos, señor López Aguilar, porque antes ha usado y abusado de su tiempo. Administre dos minutos.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Pasan los meses y ese tiempo podría ayudar a que las intervenciones fueran esclarecedoras. Lamentablemente, la oportunidad se pierde porque, tanto el delegado del Gobierno como el representante del Grupo
Parlamentario Popular se instalan no solamente en la negación de la realidad sino en la práctica abierta de la mentira. Es sencillamente mentira que el Partido Socialista haya propugnado nunca una política de barra libre o de puertas abiertas. No
debo caer en la trampa de consumir mi turno para situar al Partido Socialista a la defensiva porque es usted quien está en el Gobierno y es usted quien tendría que estar aquí dando cuentas de cuál es la realidad que motivó esta comparecencia. ¿Qué
sucede? Ustedes recurren al procedimiento taumatúrgico de, por el ensalmo de negar la realidad, edulcorarla y vestirla, buscar argumentos que disipen la tensión de lo principal, como lo que acabo de escuchar. Por cierto, demuestra que no tiene ni
idea de lo que está hablando porque si hay un derecho fundamental que esté siendo conculcado eso nada tiene que ver con la intimidad o con la privacidad, que por otra parte, en la propia Ley orgánica que lo protege, se contempla como un derecho
disponible. Por tanto, resulta ya de por sí una conculcación del derecho de esas personas en el momento de entrar en contacto con un representante político que les visita, impedir autoritariamente que alguien pueda acceder a ese recinto y tomar
fotografías de lo que allí está sucediendo. Lo que se está intentando es ocultar la realidad y en sede parlamentaria, por el procedimiento de decir el informe de Human Rights Watch es desacertado, sin ser capaces de identificar ni una sola ocasión
en la que el informe de Human Rights Watch esté falseando tanto la visión de lo que allí ha acontecido, el contraste de las personas con las que ha tenido comunicación directa o, en su caso, los derechos fundamentales que están involucrados, que
implican la asistencia letrada, que implican la libertad deambulatoria, que implican la comunicación, que implican la asistencia médica adecuada, que implican el derecho de asistencia de intérprete, que implican el conocimiento de los derechos de
los que son titulares, que implican, en definitiva, todos esos derechos que son impracticables en las condiciones y en el recinto en que estas personas han estado aglomeradas y hacinadas hace meses; se permiten luego por ensalmo, simplemente con
esa negación de la realidad, venir aquí y decir: esto sencillamente no está teniendo lugar. Lamentablemente es así, son personas que tienen existencia, son personas de carne y hueso, y están en Fuerteventura. Si se les traslada del antiguo
aeropuerto al cuartel Valenzuela, serán lamentablemente reemplazadas a corto plazo por otras personas que, en las mismas condiciones, verán vulnerados sus derechos fundamentales. Repito, lo dijo de manera taxativa la adjunta al Defensor del Pueblo,
María Luisa Cava de Llano, persona no sospechosa de afección o de simpatía al régimen, lo dijo porque sencillamente físicamente hizo una visita y era real, sencillamente estaba teniendo lugar. Ese es el problema que usted tiene que afrontar y del
que dar cuenta y es un epifenómeno del gran fenómeno, es el descontrol, el manejo cero, la competencia cero, es la definición de una política de inmigración que haga que esa expresión humanamente dramática luego no tenga lugar; ese es el problema
al que usted tiene que hacer frente y del que usted es responsable, ese es el problema del que usted tiene que sentirse competente, no basta con que usted venga aquí y diga sencillamente que el informe es falso, porque recuerda a procedimientos de
otros tiempos en los que desde instancias internacionales se estaba denunciando la negación en España de derechos fundamentales y escuchábamos a altos cargos y autoridades del Estado decir que eso no tenía lugar, que sólo están en las mentes
enfermas de la conspiración judeomasónica, enemigas de los intereses de España, esas imágenes que en absoluto se corresponden con la realidad. Esas personas son reales, esas personas están allí, esas personas necesitan una asistencia y una
respuesta en el ámbito de Gobierno, que tiene que tener su responsabilidad, no en la oposición. Aun cuando nuestra propuesta fuera la que usted dice que es, sin haberlo sido nunca, la responsabilidad seguiría siendo suya, señor FernándezMiranda.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Brevemente. No voy a decir desde luego que lo que usted dice corresponda a ninguna mente enferma ni sea judeomasónico, entre otras cosas porque en aquella época yo no había nacido, me acuerdo poco a pesar de que lea
mucho. (El señor López Aguilar: Sí había nacido.) Es verdad, había nacido, pero era muy pequeñito, un poco más que usted, casi a la vez. Vamos a lo importante que es, a pesar de que usted utilice bien la retórica y a pesar de que diga muchas
veces: se conculcan los derechos humanos, se conculcan los derechos humanos. No se conculcan ni se van a conculcar aquellos derechos humanos que nunca se han conculcado, ni en el futuro van a ver conculcados sus derechos humanos los inmigrantes
que desgraciadamente tengan que internarse en
alguno de los centros de Fuerteventura, sea El Matorral o sea en el del aeropuerto de Fuerteventura, porque no se están conculcando, por mucho que usted cada poco se lo repita. Desde luego se pierden oportunidades, usted ha perdido una
magnífica, como la de hablar de verdad de lo que había que hablar. Entre otras cosas, me sorprende, lo digo de verdad -yo sé mucho menos de derecho que usted, aunque también estudié-, que usted diga, y se quede tan ancho, que aquí nadie puede
impedir el derecho de entrada a los fotógrafos. Es verdad que no se puede prohibir, evidentemente lleva unos trámites, el que un diputado como usted vaya a visitar, serán en todo caso los jueces los que tengan que decidir quién puede entrar en un
centro de internamiento y quién no puede, o el Defensor del Pueblo en su caso. Desde luego, no será la prensa del corazón ni la prensa ni los fotógrafos ni ningún diputado ni ningún senador los que decidan quién tiene que acompañarle para hacer qué
función, en este caso una función meramente publicitaria. (Cuando digo prensa rosa no me estoy refiriendo a una desgracia como es la que están sufriendo los emigrantes, sino a la frivolidad con que usted trata, está tratando y trató en su viaje a
Fuerteventura un tema excesivamente difícil y complicado.)
Dice que le demos alguna razón por la que el informe no es correcto. Hay muchas, pero yo le voy a decir una que se me ocurre de las últimas que he leído. Hay un médico, me parece que es licenciado en cirugía, del hospital de Fuerteventura,
que afirma rotundamente que ha estado allí, que aquello tiene 400 metros cuadrados, que no cumple que sean 20 por 20 y que no cumple ninguno de los requisitos, porque aquello está muy mal.
Seguidamente aparece la declaración de un miembro de la
Cruz Roja que, al margen de las medidas que evidentemente no las domina, porque hay quien dice que son 900 metros. Por tanto, debió ver sólo parte de aquel recinto, aunque da igual, pero lo importante es que, mientras hay un médico que dice que
está allí visitando a los enfermos y que la situación es muy mala, hay un señor de la organización Cruz Roja que dice que es lamentable que por allí no vaya ningún médico a prestar ningún tipo de asistencia sanitaria. Esa es una contradicción
evidente, de las muchísimas que hay y en temas importantes como pueda ser la propia regulación jurídica que existe.
En relación con el tema de la comparecencia, creo que el delegado del Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y es prestar el valor que tiene a este documento, que tiene un valor importante y que además -lo he dicho en mi exposición
inicial- tiene que enseñarnos en algunos temas que puede que no sean los más adecuados, que hay que rectificar y se rectificará.
Se ha rectificado y se seguirá rectificando muchas veces en un problema que es muy complejo, que no es sólo de España y
mucho menos es responsabilidad del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López Aguilar, lo lamento, usted me ha insultado. Bien es cierto que no ofende quien quiere, sino quien puede, pero me ha insultado y
lo lamento, señor López Aguilar. Quiero volver a reiterarle que no se están vulnerando derechos humanos de los extranjeros detenidos en la comunidad canaria ni en ningún otro sitio de España. Usted, señor López Aguilar, debería saber que en
España, cuando los derechos fundamentales de los detenidos se vulneran, actúa siempre la justicia y actúa bien desde hace muchos años. No hace falta que yo se lo recuerde.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR LÓPEZ AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS SOBRE DERIVACIÓN A LA PENÍNSULA DE INMIGRANTES INDOCUMENTADOS LLEGADOS A CANARIAS. (Número de
expediente 181/002776)
- DEL SEÑOR LÓPEZ AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA RAZÓN POR LA QUE NO SE HA DADO PUBLICIDAD AL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA SOBRE DERIVACIÓN A LA PENÍNSULA DE INMIGRANTES
INDOCUMENTADOS. (Número de expediente 181/002777)
- DEL SEÑOR LÓPEZ AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y EL GOBIERNO PARA DERIVAR INMIGRANTES INDOCUMENTADOS QUE LLEGUEN A CANARIAS A OTRAS ZONAS
DEL ESTADO. (Número de expediente 181/002778)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Se reanuda la sesión de la Comisión con el turno de preguntas.
Comenzamos por las tres acumuladas del señor López Aguilar, que hacen referencia a asuntos de inmigración relativos a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para su formulación, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Retomamos Canarias. Antes he mencionado que en los últimos meses la presión inmigratoria sobre Canarias ha venido varias veces a esta Cámara. Concretamente en una ocasión tuve oportunidad de defender en la tribuna
del Pleno una proposición no de ley por la que se intentaba la adopción por la Cámara de un conjunto de medidas para hacer frente a la inmigración irregular en Canarias. Se trataba de un conjunto completo de medidas, que comprendía el
reconocimiento de las responsabilidades del Gobierno, de la comunidad autónoma, de las corporaciones locales y de la propia agenda europea; la necesidad de incrementar los medios personales, materiales y financieros; la necesidad de extender la
red de centros de acogida en las islas más afectadas por el problema, incorporando naturalmente la financiación necesaria para ello; pero sobre todo había dos medidas relevantes y que justifican el planteamiento de estas preguntas. En ese conjunto
de medidas y en aquellos casos en que los centros y dispositivos de acogida de inmigrantes en las islas se viesen desbordados, se proponía la adopción de decisiones transparentes y coordinadas bajo la responsabilidad de la Delegación del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración, con vistas a lo que se ha denominado la derivación de los inmigrantes hacia los dispositivos o centros de acogida o atención social existentes en otras comunidades autónomas, junto con la necesidad de reconocer
un protocolo de actuación uniforme respecto al futuro documental de los inmigrantes que llegan para quedarse, los que van a permanecer en España, así como en relación al lugar donde pueden tener mejores condiciones para residir y más posibilidades
de trabajar.
Como era previsible, la proposición no de ley fue rechazada por el Pleno y, en su lugar, fue adoptada otra bastante más raquítica y menos comprometida -como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que de eso exactamente se trataba-,
apoyada por el Grupo Popular y Coalición Canaria. Muy poco tiempo después -esta proposición no de ley fue adoptada el 16 de abril-, exactamente un mes después, creo que fue el 16 de mayo, tuvo lugar en Madrid la reunión de una delegación del
Gobierno autonómico canario con el Gobierno de la nación, a resultas de la cual en los medios de comunicación, en los días sucesivos, se vertió una noticia aparente: que dicha reunión había alcanzado un acuerdo, pero un acuerdo discreto.
Se
insiste todo el tiempo en la expresión que los representantes del Gobierno de Canarias utilizaron recurrentemente para significar en qué había consistido el entendimiento. Un acuerdo discreto, si no secreto. De hecho, se apeló a la necesaria
discreción como única cobertura para que la decisión pudiese resultar eficaz. Se dijo literalmente: Comprenderán ustedes que no seamos más explícitos para que la medida pueda tener alguna operatividad. En definitiva, ese acuerdo sustanciaba un
entendimiento entre el Gobierno canario y el Gobierno de la nación para producir una derivación hacia otras comunidades autónomas de los inmigrantes que resultasen excesivos para su capacidad de cupo, su capacidad de acogida, que se cifró -tal y
como también se vertió en los medios de comunicación- en 1.500. Sin embargo, en ningún momento se dio conocimiento público de los términos del acuerdo ni de cómo se había alcanzado la cifra -y, por tanto, la cuantificación- de 1.500 como capacidad
de acogida de la comunidad autónoma canaria, ni de la financiación que había sido convenida para cubrir y dar cobertura y soporte a ese aparente acuerdo, ni de su tiempo de duración, en definitiva, de ninguno de los elementos esenciales,
definitorios del régimen jurídico de un acuerdo entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de una comunidad autónoma. Ninguno tuvo expresión pública, ninguno apareció formalizado y, por tanto, a fecha de hoy, más de un mes después, continúan
siendo un misterio.
Naturalmente por el conducto reglamentario, porque tenemos derecho a ello, artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, los parlamentarios socialistas, en concreto a través de un parlamentario por la provincia de Cádiz,
solicitaron traslado de ese acuerdo. A estas alturas, más de un mes después, el acuerdo no ha sido trasladado a esta Cámara ni tenemos noticias. Ni está ni se le espera. Por tanto, tenemos buenas razones para sospechar que el acuerdo no es otra
cosa que la cobertura, una vez más propagandística, diseñada para ser vendida mediáticamente, sobre todo a través de los medios de comunicación canarios, con la apariencia, una vez más puramente virtual, de una solución para un problema
lamentablemente real. Se traduciría más o menos así: ciudadanos canarios no se preocupen, ya lo hemos solucionado. Hemos venido a Madrid, hemos tenido una reunión en la cumbre y hemos convenido con el Gobierno de la nación que, a partir de ahora,
vamos a empezar a derivar, es decir a trasladar, inmigrantes que nos sobren en Canarias hacia otras comunidades autónomas, con el acuerdo del Gobierno de la nación. Pero permítannos que no digamos a qué comunidades autónomas porque se molestarían
mucho, a lo mejor protestarían. Y como conviene ser discretos al objeto de conjurar y desactivar esa protesta, permítannos que guardemos en secreto los términos en los que hemos llegado a este importante acuerdo que va a empezar a solucionar el
problema. Esto es ridículo, es grotesco y, sin embargo, tiene lugar. No sé si en un abuso de lo que se supone que es la credulidad o la disposición a consumir cualquier información o propuesta virtual que se haga pasar por información de la
ciudadanía canaria, pero ha tenido lugar. Por tanto, creo que estamos en disposición de preguntarle -acumulamos las preguntas-: ¿En qué consiste ese acuerdo
alcanzado supuestamente el 17 de mayo y anunciado los días 17 y 18 de mayo por el consejero canario de Asuntos Sociales, Marcial Morales, del Gobierno autonómico de Canarias, sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados
llegados a Canarias? ¿Por qué no se ha dado publicidad a un supuesto acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la nación y la comunidad autónoma canaria sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados? ¿Quién va a financiar la ejecución
de ese supuesto acuerdo?
Desde luego, los acuerdos entre una comunidad autónoma y el Gobierno de la nación tienen un régimen constitucional, tienen un régimen jurídico y la publicidad y la formalización por escrito de todos estos términos, en qué consiste, dónde se
firma, cuáles son los compromisos y cuál es, por tanto, el soporte financiero para cubrir esos compromisos, son parte inescindible de ese régimen jurídico. Creo que tenemos derecho a conocer en sede parlamentaria en qué consiste esto y, en caso de
que no se nos proporcione la información completa, a sospechar que, una vez más, se ha intentado, pura y sencillamente, engañar a la ciudadanía, tomarle el pelo a la gente y permitirse, encima -eso hemos tenido que soportar en los días sucesivos-,
que se acuse de insolidarios a quienes exijamos publicidad con respecto a los términos de ese pretendido acuerdo, a quienes exijamos conocer transparentemente cuáles son los términos y su cobertura financiera. No creo que resulte posible -ya es la
última derivada- despreciar al Estado autónomico y a las comunidades autónomas hasta el punto de pensar o de hacer pensar que se puede dar traslado a irregulares indocumentados arribados a Canarias hacia otras comunidades autónomas sin conocimiento,
sin participación, sin previa conformidad de las autoridades legítimas de esas respectivas comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): En primer lugar, y como preámbulo a la contestación de las tres preguntas que formula el señor López Aguilar, quiero decir que el Gobierno de
la nación no ha hecho ninguna declaración pública en torno al asunto que el señor López Aguilar ha planteado, ninguna, y, por lo tanto, es dueño de su silencio.
En contestación a la pregunta décimoprimera sobre términos del acuerdo entre el Gobierno de la nación y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados llegados a Canarias, tengo que decir que
el Gobierno de la nación no ha firmado ningún acuerdo con la Comunidad Autónoma de Canarias sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados llegados a Canarias.
Décimosegunda pregunta: Razón por la que no se ha dado publicidad al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias sobre derivación a la Península de inmigrantes indocumentados.
Contestación: Porque no existe
ningún acuerdo firmado entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Canarias con este motivo.
Pregunta decimotercera: Financiación de la ejecución del acuerdo al que han llegado la Comunidad Autónoma de Canarias y el Gobierno para derivar inmigrantes indocumentados que lleguen a Canarias a otras zonas del Estado. No hay necesidad
de financiación para un acuerdo que no ha sido firmado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Bien, queda constancia en el 'Diario de Sesiones de que no ha habido ningún acuerdo firmado (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Eso espero.), le he escuchado reiterar en la respuesta a las tres preguntas. Pero,
¿existe alguna posibilidad, que sea defendible con la cara alta, de un acuerdo entre un gobierno de una comunidad autónoma y el Gobierno de la nación, no firmado, que tenga algún tipo de proyección, algún tipo de efectos incidentes sobre otras
comunidades autónomas a las que no se les haya dado conocimiento, a las que no se les haya dejado tener participación ni prestar ninguna conformidad respecto de esos supuestos acuerdos no firmados, acuerdos verbales, acuerdos no escritos? Eso sería
una conculcación gravísima de las reglas del juego del Estado autonómico. No quiero pensar, señor Fernández-Miranda, que sea posible que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación puedan llegar a un acuerdo que pueda tener algún tipo de
efectos sobre terceras comunidades autónomas, a las que no se les deje ni siquiera tener conocimiento de qué es lo que se está tramando. Como esa hipótesis me resulta descabellada prefiero pensar que efectivamente hemos asistido una vez más a un
fuego de artificio propagandístico y a una operación de política virtual en la que se sienten muy bien tanto el Gobierno del Partido Popular como su socio el Gobierno de Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma canaria.
Ustedes pretenden a
efectos propagandísticos decirle a la ciudadanía que el problema se va a solucionar. Por tanto, pretenden lanzar el fuego de artificio de que a partir de ahí se va a establecer un mecanismo de derivación secreto, inconfenso e inexpreso, sin ningún
término escrito y sin ninguna financiación conocida hacia otras comunidades autónomas a las que ni siquiera se les va a dejar tener conocimiento para que no protesten, so pena de ser acusadas, a través de los medios de comunicación y de los aparatos
propagandísticos habituales, de insolidaridad
con el problema que padece la Comunidad Autónoma canaria. Me parece que eso significa una conculcación tan intolerable y tan inconcebible en las reglas de juego que prefiero pensar que esta es la hipótesis, que es una falsa solución a un
problema real y que la solución sencillamente no va a tener lugar. Prefiero pensar que no se ha llegado a la cuantificación de cuál es la capacidad de acogida de la Comunidad Autónoma canaria por el momento, a pesar de que eso era supuestamente
parte de la justificación de la proposición no de ley que se adoptó en su momento, el 16 de abril, en el Congreso de los Diputados en detrimento de la que proponía el Grupo Parlamentario Socialista, y a pesar de que eso es parte de la justificación
o de la explicación ante la ciudadanía de la alternativa frente al problema real que ofrece el Partido Popular en concierto con Coalición Canaria. Lo que sucede es que pasa el tiempo y el mecanismo una vez más sencillamente no tiene lugar ni se
aplica; pasa el tiempo y el problema no mejora, por el contrario empeora; pasa el tiempo y la situación no se clarifica ni se corresponde con ninguna respuesta efectiva, sino una vez más con titulares consumidos, titulares de prensa, política
mediática, política virtual, negación de la realidad, mirar hacia otro lado, ocultación y maquillaje. Repito, si esto funciona -así debe pensar el Partido Popular- con el IPC, con el número de altos cargos, con las estadísticas de la criminalidad,
con las encuestas de empleo, con la encuesta de población activa, por qué no va a funcionar en materia de inmigración, a pesar de que sea un problema tan real, candente y tangible como el que se vive en la Comunidad Autónoma canaria. Imagino que
ese es el razonamiento que ha originado una vez más el fuego de artificio, una imagen, un ejercicio de política virtual que no tiene ninguna correspondencia -prefiero pensarlo así, porque de lo contrario interpretaremos que será una conculcación
gravísima de las más elementales reglas de juego constitucional- con lo que debe inspirar el Estado autonómico y su funcionamiento, las relaciones entre las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación en un Estado compuesto como el nuestro.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Doy por contestadas las tres preguntas, señor presidente.
Sólo quisiera reiterar que el Gobierno se considera dueño de sus silencios. El señor López Aguilar será esclavo de sus palabras, pero yo no puedo hacerme responsable ni de sus fantasías ni de sus ensoñaciones políticas.
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CAUSAS POR LAS QUE AÚN NO HA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE ESTANCIA TEMPORAL PARA INMIGRANTES (CETI) DE ALGECIRAS (CÁDIZ) (Número de expediente 181/002747.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A continuación en el orden del día estaba prevista la pregunta número 10, del señor de la Encina, sobre causas por las que aún no ha entrado en funcionamiento el centro de estancia temporal para
inmigrantes de Algeciras. Para su formulación tiene la palabra, la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, a estas horas de la noche volvemos a otras zonas difíciles, como son Algeciras y Tarifa.
No sé si usted lo recordará, pero la primera interpelación que hice en esta Cámara y en esta Comisión fue sobre Canarias y sobre el centro de El Matorral. No había habido ningún informe de Human Rights Watch ni de Amnistía Internacional ni
del Defensor del Pueblo. Decíamos entonces que Canarias iba a ser muy complicada de gestionar en las condiciones en que se hallaba.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, tenemos 10 minutos por pregunta. La pregunta era sobre Algeciras y usted, de momento, va por Canarias y dudo que llegue.
La señora BLANCO TERÁN: Disculpe, señor presidente, pero introduzco la pregunta como me parece más conveniente.
Tarifa y Algeciras están en la misma situación que Canarias hace tres años. El CETI, el centro de internamiento para extranjeros de estancia temporal -y usted los conoce bien-, lleva sin abrirse mucho tiempo. En el año 2001 se llegó a
diversos acuerdos entre el Ayuntamiento de Algeciras, el Imserso y la Diputación Provincial de Cádiz. Usted los conoce además, porque entre otras cosas estuvo presente en algunas de esas reuniones.
Así consta en otras interpelaciones que ha hecho
el señor Salvador de la Encina sobre este tema. Con fondos del Fondo Social Europeo y haciéndose cargo el Imserso por un Pleno del Ayuntamiento de septiembre del año 2001 pasa la titularidad de este CETI al Imserso y a la Delegación del Gobierno
para la Inmigración y la Extranjería. Está terminado. Se puede abrir. No está abierto y los extranjeros que llegan tienen que ser devueltos, según la Ley 8/2000, en un plazo máximo de 40 días. En Tarifa y Algeciras -créame, usted lo sabe- están
en una situación como hace dos años y medio o tres en Canarias. No es animadversión ni contra su persona ni contra la política que ejercen en este caso. Es un aviso a navegantes.
Señor delegado del Gobierno, si sigue la situación en Algeciras y en Tarifa tal y como está ahora, dentro de tres años estaremos hablando como estamos hablando de Canarias. El centro está terminado, ábralo, es su obligación. La titularidad
es del Gobierno ya, ábralo ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora doña Delia Blanco, yo me hubiese preguntado por qué el señor De la Encina, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Algeciras,
no está esta tarde aquí y le pide a usted que pregunte por él (La señora Blanco Terán: No ha podido venir.) Perdóneme, siendo usted, yo me lo hubiera preguntado. Primero, no he estado en ninguna reunión de las que usted menciona. Segundo, le
contesto rapidísimamente. El centro ubicado en un lugar conocido como La Marchenilla fue construido por la Diputación Provincial de Cádiz sobre terrenos del Ayuntamiento de Algeciras y con fondos de la iniciativa comunitaria Interreg. El
Ayuntamiento de Algeciras, en acuerdo de Pleno del 17 de septiembre, ofertó el centro al Imserso para que se hiciera cargo de su gestión. A pesar de los meses transcurridos desde entonces, septiembre del año 2001, el Ayuntamiento de Algeciras no ha
completado aún todo el expediente necesario para formalizar y hacer efectiva la cesión del centro a la Tesorería de la Seguridad Social que es el órgano legalmente habilitado para recibirlo. Este centro está construido en terreno rústico cuya
calificación no ha sido modificada. La finalización de este expediente con toda la documentación que en él debe figurar es requisito indispensable para la posible aceptación final de la cesión y para que se realicen a continuación las obras
necesarias para su apertura. Entre otros documentos, faltan en dicho expediente la regularización oficial y definitiva, tanto administrativa como urbanística, de la parcela donde el edificio está construido, la legalización de las obras ejecutadas
y las correspondientes licencias o permisos de actividades. Señora Blanco, ¿ve usted por qué le digo que esta pregunta debiera haberla formulado el señor portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Algeciras? Falta el permiso de apertura,
acometida de aguas, luz, saneamientos y accesos; falta, por último, la autorización administrativa de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía. Por ello, el Imserso está a la espera de que el Ayuntamiento formalice la cesión; no solamente
para que la formalice -sólo faltaba-, sino para que a continuación no tenga que ser el Imserso el que acabe en los tribunales aceptando esta obra. Esas son las razones, y en el momento en que todas estas irregularidades estén subsanadas nos haremos
cargo del centro y funcionará en él, según la Ley 8/2000 y su reglamento, un centro de migraciones como está perfectamente definido en dichos textos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Voy a ser muy breve.
Curiosamente el señor De la Encina ha preguntado en dos ocasiones anteriores sobre este centro. Nada de esto, nada de lo que usted contesta hoy le fue respondido por usted. No entiendo nada. La cesión está hecha.
El acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno de septiembre del año 2001, está adoptado. Según sus comparecencias anteriores a preguntas del señor De la Encina, nada de estas irregularidades se habían producido. Ahora el responsable es el Ayuntamiento de Algeciras.
Mandaremos al Ayuntamiento de Algeciras lo que usted acaba de decir aquí, y también al Imserso, y veremos, porque esto empieza a no tener salida; o sea, en el momento que se da una salida para una situación de urgencia como la de Tarifa y Algeciras
se crean más y más problemas.
Señor delegado del Gobierno, sólo le voy a decir una cosa: cuando salga transcrito este 'Diario de Sesiones' inmediatamente se pondrá a disposición del Ayuntamiento de Algeciras, de la Diputación de Cádiz y del Imserso. Vamos a ver qué
pasa, porque nada de esto fue dicho en las dos preguntas anteriores.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): A mí, señoría, nunca me ha preguntado ni el Grupo Socialista ni don Salvador de la Encina por este asunto, jamás, por lo tanto difícilmente
podría contestar. Señora Blanco, quizá mi memoria no es la que era, pero me acuerdo de las cosas que contesto en Comisión; no se me olvida ni una. A mí nadie me ha preguntado por este asunto. Me parece perfecto que mande usted la documentación
al Ayuntamiento y a la Diputación, a ver si de una vez arreglan los papeles y podemos abrirlo.
Al Imserso no hace falta, no, porque está ansioso esperando la documentación para poder abrir el centro.
Por último, en las situaciones de urgencia hay que ir a toda velocidad, pero siempre cumpliendo la ley. Señora Blanco, es un principio elemental desde cualquier planteamiento mínimamente razonable. Por lo tanto, mañana mismo lo manda usted
al Ayuntamiento y a la Diputación, a ver si así conseguimos que arreglen los papeles.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2000/43/CE, DE 29/06/2000, RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN RACIAL O
ÉTNICO, Y QUÉ INICIATIVAS SE ESTÁN LLEVANDO YA A CABO DE DICHA DIRECTIVA Y EN CONCRETO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 9. (Número de expediente 181/002802)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta número 14, también de la señora Blanco, sobre la trasposición de la directiva de la Unión Europea, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas. Para su
formulación, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, supongo que ya conoce la directiva, que no le compete sólo a su ministerio sino a otros ministerios, así que le voy a hacer unas preguntas muy concretas. Aunque supongo que la directiva
la conoce, se la recuerdo. Es la Directiva 2000/43/CE, del 29 de junio del año 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Ya ha comenzado el plazo para ser
traspuesta a nuestra legislación nacional. Efectivamente, no le corresponde sólo al Ministerio del Interior ni a esa delegación del Gobierno que usted dirige, sino también le corresponde y de forma muy directa a la Delegación del Gobierno para
Emigración y Extranjería.
En torno a esa directiva, para ser ya muy rápidos y breves, le voy a hacer una serie de preguntas, que es fundamental que pueda contestarme.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a ver, señor Blanco, es una pregunta la que formularía.
La señora BLANCO TERÁN: Sí, es una pregunta.
No tenemos ninguna constancia de que la delegación del Gobierno haya establecido ya alguna iniciativa con respecto a la trasposición de esta directiva; no sabemos si va a ser el Ministerio del Interior u otro ministerio o varios ministerios
quienes van a intervenir en este proceso; no sabemos ni el calendario ni las fechas, lo hemos pedido por escrito, no se nos ha notificado; no sabemos qué proyectos parlamentarios hay en el Gobierno para ajustar la legislación española, la
legislación nacional a esta directiva; tampoco sabemos la intención de su departamento y de su ministerio de trasponer esa directiva en una norma específica o de desarrollar la legislación ya existente; y, por último, no sabemos si algo muy
importante de esa directiva, que es la discriminación directa y la discriminación indirecta, que está prevista y castigada en la Ley de extranjería, en la 8/2000, su departamento tiene alguna intención de desarrollarla reglamentariamente o mediante
cualquier otra norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor presidente, será por limitaciones personales, pero no sé exactamente en qué consiste la pregunta. Es una pregunta si me pregunta.
Señor presidente, si se me formula la pregunta, con un esfuerzo de buena voluntad y máxima dedicación contesto lo que, con buena intención, creo que debo de contestar, o doña Delia Blanco, como sería lo lógico, debería hacerme alguna pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda, según hemos entendido la pregunta sería en qué momento se va a hacer la transposición de la directiva.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERIA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Eso ya son dos preguntas en una.
Intención. Como la de cualquier otra directiva comunitaria no es intención, es cumplir con nuestra obligación. Las trasponemos desde hace un buen número de años igual que han hecho gobiernos anteriores.
Mecánica de trabajo. Vamos a poner en marcha el trabajo en dos frentes: primero, coordinación mediante informes y reuniones de todos los ministerios afectados y, segundo, reuniones periódicas con la Comisión y los demás países miembros de
la Unión para seguir clarificando el alcance de la directiva. Para todo esto -y espero que no tengamos problemas, hemos trabajado otras veces con muchas más dificultades- tenemos tiempo hasta el 19 de julio de 2003. Señora Blanco, esté tranquila;
tenemos tiempo de hacerlo. Lo haremos con máxima diligencia para mejorar nuestra propia legislación. Nosotros consideramos las leyes como instrumentos al servicio de las sociedades democráticas, por tanto, lo haremos con máxima prontitud, con
máxima diligencia y, sobre todo, en el plazo previsto de un año.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, no me esperaba menos.
A estas alturas de la noche y después de todo lo que ha pasado en esta Comisión, supongo que no tiene muchas ganas de esclarecer ningún asunto y menos una directiva
de estas características. Se ha solicitado por escrito y no se ha
contestado. Es verdad que queda un año para la trasposición, pero es verdad que es una directiva muy compleja; así que, señor delegado del Gobierno, aplíquese, porque un año en este tema es muy poco tiempo, dado el trabajo que tiene su
delegación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Blanco, por sus buenos consejos. Sin duda alguna en menos tiempo se han hecho cosas más importantes.
He contestado como creo que le debo contestar. Las determinaciones de la Directiva 2000/43, relativas a la aplicación del principio de igualdad del trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico, tienen como objeto
defender el derecho de igualdad ante la ley y proteger a todas las personas contra la discriminación basada en el origen racial o étnico. Sus determinaciones son muy amplias y se refieren a los ámbitos de trabajo, educación, protección social,
seguridad social, asistencia sanitaria, ventajas sociales, oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos. La protección de la directiva se extiende a las personas físicas y jurídicas, y el Ministerio de Justicia es el responsable de
coordinar e impulsar la trasposición de esta normativa al ordenamiento español. Por su contenido afecta también a los departamentos de Interior, Educación, Cultura, Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos Sociales, así como a Fomento. Efectivamente,
el plazo es un año, 19 de julio de 2003, y nos estamos moviendo en los dos frentes a los cuales he hecho referencia.
En cuanto al contenido de la directiva, para que no le quepa ninguna duda a la señora diputada del interés y del conocimiento con el que estamos trabajando en este sentido y en relación con la extranjería y la inmigración, hay que
puntualizar que esta se refiere a la discriminación de origen racial, con independencia de la nacionalidad, por tanto, no específicamente ceñida al ámbito de la extranjería; es decir, sus determinaciones no están dirigidas de forma exclusiva a los
extranjeros, aunque evidentemente también ellos están incluidos en su ámbito de protección. El artículo 8 de la directiva está dedicado a la carga de la prueba para más detalles. Se establece que en determinados procedimientos relacionados con la
discriminación directa o indirecta la carga de probar que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato ha de corresponder a la parte demandada. Por tanto, así se puede conseguir un mayor cuidado y custodia de este ejercicio. Por último, el
artículo 9 de la directiva está dedicado a la protección contra las represalias, también tema absolutamente imprescindible. En el mismo se expresa la necesidad de incluir en el ordenamiento jurídico medidas para proteger de represalias a quienes
exijan el cumplimiento del principio de igualdad de trato. Se está trabajando, pues, en la trasposición de estos preceptos, que pueden modificar como cualquier otro un buen número de leyes, incluida la Ley de extranjería, que está sometida
continuamente a estudio y valoración para que las directivas europeas la hagan un instrumento tan útil como en este momento lo es para la sociedad española y para la Unión Europea.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PLAZOS MEDIOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE UN CIUDADANO EXTRANJERO DESDE QUE OBTIENE EL PERMISO DE TRABAJO HASTA QUE SE LE OTORGA EL PERMISO DE RESIDENCIA QUE DEPENDE DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 181/002803)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta 15, de la señora Blanco, sobre plazos medios para la regularización de un ciudadano extranjero desde que obtiene el permiso de trabajo hasta que se le otorga el permiso de residencia que
depende del Ministerio del Interior. Para su formulación tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Muy brevemente, porque ya ha habido una comparecencia sobre este tema.
En total, más o menos, habíamos quedado en un año y medio entre que se introduce el precontrato de trabajo en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno y un ciudadano extranjero tiene el permiso de residencia. Yo no lo pongo en tres
años; me parece exagerado, y es verdad que se ha disminuido a un año y medio, si es que alguna vez ha tardado tres años, que tampoco me consta. El año y medio no son cifras que me esté inventando, son cifras que usted sabe que son reales, las
reconoce usted mismo. Yo le pregunto una cosa, y además me parece que es importante que se debata, aunque ya no son horas, pero lo volveremos a traer. ¿Usted cree que es posible que un ciudadano que tiene permiso de trabajo, que está trabajando de
hecho ya, que está cotizando a la Seguridad Social, no esté documentado y no tenga tarjeta de residencia, porque los plazos se han ampliado tanto entre una y otra situación administrativa que se encuentra trabajando indocumentado? ¿Usted cree que
eso es razonable para los empeladores y para los ciudadanos extranjeros que están trabajando? ¿Usted cree que pueden seguir sin poner más dotación de funcionarios para que se agilicen esos plazos? ¿Usted cree que podemos seguir en esa situación
con ciudadanos a los que se les acumula el siguiente plazo en que tienen que demostrar que están trabajando, cuando todavía no están documentados ni tienen permiso de residencia?
Yo sé que las dos regularizaciones últimas han sido muy amplias y ha habido un número muy grande de inmigrantes que han sido regularizados.
Entiendo que los plazos se hayan tenido que ampliar, pero se sigue sin poder restañar de alguna
forma esos plazos entre el permiso de trabajo y residencia que han sido históricamente en nuestro país -yo lo reconozco- plazos demasiado amplios. Usted es el responsable. Además la tarjeta de residencia depende de su departamento, depende del
Ministerio del Interior, depende de las comisarías generales de extranjería y documentación. Agilicen esos trámites. No podemos tener trabajando a ciudadanos -insisto- y sin permiso de residencia, sin documentación. No es posible, no se puede
hacer, no se debe hacer por muchas razones que usted conoce.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, yo lo lamento pero está usted en la prehistoria, en el Pleistoceno, está usted en la Ley 4/2000.
Siguen ustedes creyéndose que
las cosas se producen como se producían con la Ley 4/2000 a la que ustedes dieron lugar, que nos está costando un trabajo quitárnosla de encima como si fuese una losa de varios miles de toneladas que no se lo puede usted ni imaginar.
No existe la situación en la cual haya permiso de trabajo sin permiso de residencia, señora Blanco. Existe una cosa que se llama expediente único, en donde, como consecuencia de la contratación en origen tras la determinación del
contingente, las contrataciones se producen con el permiso de trabajo y el permiso de residencia de forma inmediata y simultánea. Marcamos excepciones a través de la ley para limitarnos a nosotros mismos el tiempo en el que se pueden expedir
permisos por reagrupación familiar, permisos de modificación de permiso de trabajo, permisos del discurrir de la vida de un trabajador extranjero en España desde los tres meses hasta el mes y medio, pero no es que se produzca año y medio. No sé de
dónde se saca usted que lo he reconocido yo mismo.
Lleva toda la tarde poniendo palabras en mi boca que yo no he pronunciado. Nada depende de lo que era inevitable con la Ley 4/2000. Por eso tenemos la Ley 8/2000 y su reglamento, doña Delia, para
evitar este desbarajuste que suponía permisos de trabajo, permisos de residencia, idas y venidas, excepción de visado, volver a su país de origen porque lo había pedido y se había venido para acá a ver si encontraba trabajo en esta política de
puertas abiertas que ustedes quisieron de papeles para todos, con visados para buscar trabajo, con sorteo de los puestos de trabajo. Eso ya se acabó. Olvídense de ello. Nos ha causado una cantidad de problemas terribles. Lo han padecido personas
que no tenían que haberlo padecido, pero corramos un tupido velo. Estamos en una nueva situación. No se preocupe, señoría, cumpliremos estrictamente lo que nos manda la ley y su reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Usted se refiere a los 32.000 del cupo, ahora lo he entendido. Esos 32.000 de su cupo -recurrido, por otra parte, y que estamos esperando que salga la sentencia, como usted muy bien sabe- no son todos los
extranjeros que están en este país trabajando con permiso de trabajo y sin permiso de residencia. Me estoy refiriendo a 125.000 ciudadanos que están esperando su tarjeta de residencia. ¿Usted se refería a sus 32.000 de cupo? ¿A eso se refería?
Pues, si son sus 32.000 de cupo anuales, ya Tampere dijo que no servía para nada, y ustedes los vuelven a poner, desoyendo cualquier llamada de atención. Ustedes hablaron de Tampere y ahora vuelve con la 4/2000. No está en vigor, señor delegado
del Gobierno. La Ley 4/2000 no está en vigor; está la 8/2000, la que sacaron ustedes con su mayoría. Yo estoy hablando también de esa ley, estoy hablando también de esos trabajadores; quedan 125.000.
Usted lo sabe porque no han terminado la
última regularización. Ya sabemos: a partir de ahora los 32.000 de cupo ¿y los demás? A los CETI que no tienen los permisos del Ayuntamiento de Algeciras, por ejemplo. ¿Y los demás? A la calle. ¿Y los subsaharianos? Con un permiso de
expulsión debajo del brazo sin ser capaz ninguna autoridad administrativa de expulsarlos. ¿Y los menores? Con sus familias, las tengan o no; así sucesivamente. No es mi tono, no es mi forma, pero que usted me conteste a estas alturas que el
contingente de 32.000 son los que tienen excedente único me parece una falta de respeto mayúscula. A mí no me conoce de otras legislaturas, pero me conoce de inmigración. Usted sabe, como yo sé, que los 32.000 del cupo con expediente único son una
minoría, al lado de los que están esperando la tarjeta de residencia con la Ley 8/2000 en vigencia, no con la 4/200. La 4/2000 ya no está vigente, y usted lo sabe. Así que no me cuente esto, no me lo vuelva a contar porque me produce indignación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.)
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Blanco, lo que me parece es que le produce irritación que hayamos sido capaces de cambiar su Ley 4/2000 y modificarla con la 8/2000 y a
partir de ahí decir que si mis..., que si sus..., con un sentido patrimonial de los trabajadores extranjeros que vienen a este país que me parece hasta sorprendente. Su tono y su forma es de profunda irritación, sin duda alguna, ante un hecho
objetivo. La política
de ordenación de flujos migratorios está siendo, mal que les pese, un éxito del Gobierno.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA GRECO, EN EJECUCIÓN DE SUS CUATRO LÍNEAS BÁSICAS. (Número de expediente 181/002005)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta número 16, que formulará el señor Gil Lázaro, sobre actuaciones más significativas realizadas dentro del marco del programa GRECO, en ejecución de sus cuatro líneas básicas.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Francamente, hubo un momento en que me sorprendí acerca de la necesidad de tener que formular estas preguntas.
Después de tanto estar en el debate el programa GRECO, tantas referencias a que el programa GRECO no existía o que era un fracaso, pensé que probablemente algún grupo se animaría a plantearle a S.S. un auténtico y específico debate de
control sobre los contenidos, la ejecución, las previsiones, las medidas, las dotaciones presupuestarias, los objetivos, los fines alcanzados, del programa GRECO, a los efectos de poder apretarle, como corresponde, habida cuenta del análisis y de la
formulación previa que se realiza. Observo que no solamente no ha sido así, sino que además este es un debate que no mueve al interés del Grupo Parlamentario Socialista. Yo comprendo que son las diez de la noche y que en este momento han decidido,
supongo, acudir a sus domicilios, a las cenas, en fin, todas estas cosas, y me parece muy bien. Lo único que digo es que nosotros le planteamos en este momento la posibilidad de que S.S.
pueda someterse al control de esta Cámara en relación con lo
que el GRECO significa como instrumento, como realidad política y como base de esa política de integración que el Gobierno quiere llevar a cabo.
Creo que cumplimos a estas horas una misión importante. Ojalá lo hubieran podido cumplir otros. Creo, además, que es profundamente justo resaltar la presencia a esta hora del señor delegado, de sus colaboradores, del señor presidente, la
señora Costas Manzanares, el señor letrado y naturalmente quiero agradecer la presencia de la portavoz adjunto del Grupo Popular señora Torme, porque por lo menos hay un grupo en esta Cámara que mantiene ese interés en relación con el GRECO. No
solamente estamos cumpliendo con una obligación, no solamente estamos cumpliendo con un legítimo e indiscutible derecho reglamentario -los mismos términos de legitimidad que las iniciativas que plantea cualquier grupo de oposición-, sino que también
estamos permitiendo hacer buena una de las bienaventuranzas, por no decir de las obras de misericordia, que en todo caso lo que va a permitir es que algunos discretamente, en sus despachos, como consecuencia de la información que S.S. va a dejar
consignada en el 'Diario de Sesiones', puedan quizás replantearse sus propios discursos.
Aunque le confieso que creo que esta última afirmación mía no responde más que al terreno de una romántica utopía personal atenida a la creencia de la bondad
infinita y, por definición, del género humano, porque estoy absolutamente convencido de que quienes no han sido capaces de plantear este elemental pliego de requerimientos de información al Gobierno para conocer en qué ha convertido, en qué ha
traducido en realidad y en lo concreto el programa GRECO, no serán capaces de modificar su discurso preestablecido; discurso preestablecido que da igual que se traiga escrito o que se escriba con la ausencia. En definitiva, algunos han decidido
que el programa GRECO no existe y que el programa GRECO es la manifestación más clara del fiasco y del fracaso del Gobierno y de su voluntad de engañar a la opinión pública.
Pues bien, como nosotros creemos que esto no es así, queremos, en primer lugar, que el señor delegado del Gobierno esboce las actuaciones más significativas realizadas dentro del marco del programa GRECO, en ejecución de sus cuatro líneas
básicas.
Antes de terminar, quisiera recordar, porque me parece muy oportuna, una frase que, a lo largo de esta intensa tarde, ha pronunciado la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular señora Torme. Decía que la demagogia es preocupante
cuando trae causa sólo de la demagogia, pero que se convierte en alarmante cuando trae causa ya no sólo de la demagogia sino también de la ignorancia. De esto hemos tenido bastantes evidencias esta tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Le alabo su comprensión y tolerancia, y su actitud frente a lo que a mí, personalmente, me avergüenza quizá
por mi trayectoria parlamentaria. Tras haber estado toda la tarde haciendo afirmaciones rotundas sobre el estrepitoso fracaso y el desastre de la política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, y mostrando actitudes de irritación
irrefrenable, que abandone la sala cuando comienza el turno de S.S. y de su grupo parlamentario en el que pedirá cuentas de qué se está haciendo, cómo y en qué cuantías y condiciones, en cuanto a la ejecución del programa global para la regulación
y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, demuestra que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ni el menor interés en salir
de su discurso previamente establecido: un discurso de confrontación en extranjería e inmigración desde el principio de esta legislatura.
Cada grupo parlamentario es muy libre de hacer lo que le parezca más oportuno. A S.S. le ha parecido -y creo que está acertado- que lo mejor que puede hacer es contribuir al control del Gobierno para el mejor conocimiento de cómo gestiona
los asuntos que son una preocupación social y cómo sirve a la sociedad española.
Contesto a su pregunta sobre las actuaciones más significativas realizadas dentro del marco del programa GRECO recordándole que la dotación presupuestaria asignada a todos y cada uno de los programas, líneas y actuaciones de cada uno de los
ministerios y no constituyendo en sí misma un programa presupuestario, ha sido en 2001 de 226.978.231 euros, es decir 37.766 millones de pesetas; una cifra que S.S. conoce perfectamente, y de la cual ha sido ejecutado el 93,35 por ciento. El
grado de ejecución ha sido, pues, muy aceptable.
Como S.S. sabe, el programa GRECO está dividido en cuatro líneas básicas.
En la primera, la que busca el diseño global y coordinado de la inmigración como un fenómeno deseable para España en el marco de la Unión Europea, hemos conseguido
poner en marcha el Observatorio Permanente para la Inmigración -y voy a desgranarle los acontecimientos más significativos, no los únicos- como elemento y núcleo que centralice toda la documentación tanto nacional como europea, que nos servirá para
seguir avanzando en la toma de decisiones con pleno conocimiento de causa.
El estudio de las necesidades de mano de obra se concreta en que este año, por primera vez y haciendo realidad nuestra política, tenemos el contingente, el cupo, del que hemos hablado en numerosas ocasiones a lo largo de la tarde. Hay que
insistir en que, gracias a la colaboración inestimable de los interlocutores sociales -sindicatos y empresarios-, así como de las autoridades de trabajo tanto nacionales como de las comunidades autónomas, tenemos en marcha ya el sistema de
contingente para 2002, que está funcionando respondiendo a la realidad de nuestro mercado de trabajo. Se han puesto en marcha también diferentes convenios, como consecuencia de estudios previos dirigidos a la determinación de los países con los
cuales había que firmarlos. La regulación de flujos migratorios con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumania y Polonia completan los seis países con los que teníamos, después de los estudios, la firme decisión de firmar
convenios, que están resultando tremendamente útiles. Hemos de añadir el firmado por primera vez con un país subsahariano, con Nigeria -que tiene prácticamente la mitad de la población del continente africano-, para la readmisión de nacionales
nigerianos en situación irregular en España.
Con respecto a la línea básica segunda, la de integración de los residentes extranjeros que contribuyan activamente al crecimiento de nuestro país y de sus familias, quiero destacarles simplemente la firma, dentro de las iniciativas de la
Administración general del Estado, de convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre compensación de desigualdades en
educación, así como convenios de colaboración entre el citado departamento y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en la formación y la inserción laboral de jóvenes y adultos
desfavorecidos. No quiero dejar de hacer mención también al hecho de que se ha profundizado en la articulación de las garantías que hacen cierto el respeto al ejercicio de la libertad religiosa, otro de los ejes de integración que aparecen en el
programa GRECO. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el día 17 de septiembre con la Ciudad Autónoma de Melilla el protocolo de intenciones para la creación de una mesa interconfesional. El pasado mes de noviembre se celebra la conferencia
internacional consultiva sobre la educación escolar en relación con la libertad de religión y de convicciones, la tolerancia y la no discriminación. En definitiva, es la demostración de que la libertad religiosa y de culto caben, como no puede ser
de otra forma, en nuestra Constitución, respetando la misma.
En cuanto a la línea básica tercera que se ocupa, como S.S. sabe, de la regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la sociedad española -un valor irrenunciable para nosotros-, quiero poner de manifiesto que se
han mejorado y ampliado, así como reforzado, las instalaciones consulares españolas en Quito, Lima, Bogotá, Estambul y Rabat, sumamente importantes para prestar un mejor servicio en dichas oficinas consulares. Asimismo se ha realizado un número muy
importante de cursos de formación en materia de régimen jurídico de extranjería para funcionarios de asuntos exteriores, así como para los de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Por último, en la línea básica cuarta -mantenimiento del sistema de protección para refugiados y desplazados- se ha participado activamente en la adopción de la directiva del Consejo de Europa sobre protección temporal y se ha avanzado
notablemente en las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo. Se han puesto todos los medios humanos, materiales y técnicos para la ejecución del fondo europeo de refugiados y se ha aprobado el reglamento del reconocimiento del estatuto
de apátrida por Real Decreto 865 de 2001.
En definitiva, nos mostramos satisfechos de haber sido capaces de ejecutar en estas cuatro líneas básicas y en este planteamiento general el 93,35 por ciento de los presupuestos dedicados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Me temo que en el futuro tendremos que seguir hablando de estos asuntos simplemente, como es natural, para que tengan su debida traducción en el 'Diario de Sesiones' y, por tanto, para que puedan estar a disposición de
todos. Con nuestras iniciativas no se trata, como es natural, de sustituir a la oposición, pero mientras que otros prefieren la mera demagogia sin datos nosotros reclamamos esos datos sin demagogia. Eso es así porque nos parece que la inacción
interesada de esos otros no debe traducirse en hurtar a la Cámara, a la opinión pública y a la ciudadanía una información trascendental, como es la que engarza el conjunto de las preguntas que le estamos formulando. No se puede hurtar esa
información a la ciudadanía simplemente en función de la inacción interesada de esos otros que no plantean ese control, que no escuchan y que, como mínimo, ni siquiera están. Aunque a veces una imagen vale más que mil palabras, a veces una inacción
o una ausencia retrata toda una actitud. Decía que esos otros ni siquiera están y no se les espera en una política realista, solidaria y responsable en materia de extranjería e inmigración.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2002 EN EL DESARROLLO DE AQUELLAS PREVISIONES DEL PROGRAMA GRECO DIRIGIDAS A MANTENER EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ASILADOS, REFUGIADOS Y
DESPLAZADOS. (Número de expediente 181/002806)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la siguiente de las preguntas previstas en el orden del día tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Sin lugar a dudas un índice profundo de calidad democrática de un país y de un sistema es la atención que prestan a la institución del asilo, del refugio y a la situación especialísima de los desplazados. Por tanto,
nos parece que valorar cuál es en este momento el conjunto del sistema de protección de que nuestro país dispone en materia de asilados, refugiados y desplazados es esencial.
En ese sentido, le preguntamos cuáles son las medidas previstas para el año 2002 en el desarrollo de aquellas disposiciones del programa GRECO dirigidas a mantener el sistema de protección de asilados, refugiados y desplazados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): España, a través de su acción de Gobierno quiere hacerlo manifiesto y ostensible, quiere seguir siendo país de refugio y de asilo; quiere
ser, si cabe, aún más país, sociedad de referencia para asilados y refugiados.
A lo largo del año 2002 hemos de comenzar por encarar nuestras responsabilidades con respecto a la propia Unión Europea. Se están consiguiendo notables avances para alcanzar ese espacio común en extranjería, en inmigración, en asilo y
refugio, que a lo largo de este semestre ha sido especialmente impulsado, tanto por el vicepresidente Rajoy como por el propio presidente del Gobierno, don José María Aznar.
En este momento estamos realizando ya los estudios y actuaciones
necesarias para la trasposición al derecho nacional de la directiva relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los
Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida, aprobada en Consejo de la Unión Europea el 20 de julio como Directiva 2001/55.
Estamos trabajando también para seguir haciendo realidad el fondo europeo de refugiados. La convocatoria pública para la presentación de propuestas de financiación está realizada por la Dirección General de Extranjería e Inmigración. En el
año 2001 la dotación ha sido de 837.462 euros. La dotación para el año 2002 asciende a 933.063 euros, con un notable incremento. Han sido ejercidos ya por la Cruz Roja Española, por ACCEM, por CEAR, por Comité Internacional de Rescate, en
definitiva, las ONG que accedieron a estos fondos y que han ejercido una espléndida labor.
Bajo la presidencia española en la Unión en este semestre se ha impulsado y se ha alcanzado un acuerdo político sobre la directiva por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros.
Asimismo se ha avanzado de forma sustancial en la determinación del Estado responsable del estudio de las peticiones de asilo. Se ha avanzado en la definitiva consolidación de Eurodac, en el concepto de refugiado y protección subsidiaria, en el
procedimiento común de asilo. En definitiva, toda esta batería de instrumentos legislativos conformará el denominado sistema común de asilo que contribuirá a alcanzar ese espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, tal como estableció el
Consejo Europeo en Tampere.
Asimismo, he de mencionarles que como retos para el presente año hemos de seguir trabajando en los centros de acogida para solicitantes de asilo y en los centros de acogida para menores solicitantes de asilo, a lo cual se va a dedicar a
través del programa GRECO la cantidad de 1.165.963 euros.
Estamos dispuestos a trabajar seriamente en la promoción profesional a través de la correspondiente formación ocupacional, así como en la inserción en el mercado de trabajo. Ambas iniciativas, contempladas en el programa GRECO, estarán
dotadas con 2.596.372 euros para hacerlo realidad. Asimismo, la preparación de espacios destinados a los solicitantes de asilo en fronteras, diferenciando claramente la situación de grupos familiares de las personas solas en función de las
características de los puestos fronterizos, así como la dotación de los servicios necesarios para estas instalaciones, nos llevarán, a través del programa GRECO, a dedicar 516.870 euros para seguir con el mismo interés, con la misma intensidad, yo
me atrevería a decir, si me lo permite, con el mismo grado de eficacia que en el año anterior, trabajando por los asilados, refugiados y desplazados que llaman a nuestra puerta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: No me conteste si no quiere, señor delegado del Gobierno, porque esto es casi un pensamiento en voz alta por más que en su expresión tenga la forma de pregunta, pero ¿no cree usted que un elemento ciertamente
acreditativo del compromiso de un diputado, de un grupo parlamentario o de un partido político, con los valores más esenciales de eso que denominamos la cultura de los derechos humanos, consiste en preguntarle al Gobierno cuáles son las medidas
adoptadas para garantizar la buena llevanza y la buena salud del sistema de protección de asilados, refugiados y desplazados? Yo creo sinceramente que sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): No me queda más remedio que contestarle para decirle que sí, señor Gil Lázaro.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE CONSIDERACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA GRECO RESPECTO DEL AÑO 2002, EN LO CONCERNIENTE AL CONTROL DE FRONTERAS Y LA LUCHA POLICIAL CONTRA LAS REDES
CRIMINALES QUE TRAFICAN CON SERES HUMANOS. (Número de expediente 181/002807)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vuelve a tener la palabra, señor Gil Lázaro, para formular la pregunta definitiva.
El señor GIL LÁZARO: Casi todos hemos coincidido en que la política española de extranjería y de inmigración tiene que basarse en el concepto de legalidad, porque esa legalidad es el mejor instrumento para garantizar, en primer lugar, la
integración y, en segundo lugar, la lucha eficaz contra aquellos explotadores interiores o contra aquellas redes de tráfico ilegal de personas explotadores exteriores, que atentan con sus repugnantes acciones contra la dimensión más íntima de las
personas a las que convierten en víctimas contra la dimensión más íntima afecta a su dignidad humana. Por eso, nos parece esencial valorar cuáles son los elementos que en este momento, y en el marco del programa GRECO, se han puesto en marcha en lo
concerniente al control de fronteras y a la lucha policial contra las redes criminales que trafican con seres humanos. Por cierto, estoy seguro que hoy, una vez más, tendremos oportunidad de acreditar, con la respuesta del señor delegado del
Gobierno, que algún fantasma dialéctico, constantemente utilizado por algunos, referente, por ejemplo, a la inexistencia del programa SIVE, no deja de ser precisamente eso, un fantasma dialéctico.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, la importancia, la dedicación con la que se ha trabajado en la línea básica tercera del programa GRECO, que es la que se ocupa
de la regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la sociedad española, se basa fundamentalmente en una correcta ordenación, en un adecuado control de nuestras fronteras exteriores.
Sabe S.S. que el elemento de mayor preocupación en el seno de la Unión Europea en este momento, que será objeto de debate en la cumbre de Sevilla, a instancias del presidente Aznar, es precisamente la interferencia de las víctimas del
tráfico de seres humanos, de las víctimas de la explotación, que son, en definitiva, los extranjeros en situación ilegal en España, la interferencia sobre la convivencia de nuestras sociedades como una realidad absolutamente indeseable para ellos y
para nosotros. Pues bien, le concedemos máxima importancia al control de las fronteras, y el proyecto SIVE, el programa de sistema integrado de vigilancia exterior de aplicación y de programación plurianual, está previsto que en el año 2002 dedique
25.603.115 euros, de los cuales 2.181.673 estarán dedicados exclusivamente al archipiélago canario. En definitiva, ponemos en marcha un sistema que nos ha de permitir la identificación de los traficantes con sus víctimas en pequeñas embarcaciones
para salvar sus vidas, para poder detener a los traficantes para que puedan ser juzgados y condenados en función de nuestras leyes.
Avanzamos, por tanto, en este compromiso que nos ha
de permitir, fundamentalmente, cumplir con nuestras obligaciones de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Asimismo, reforzamos los controles en las fronteras terrestres y marítimas con un total de 6.010.121 euros en controles móviles, en controles de documentación y de personas, en la recepción de controles, a pie de avión en lo que la Policía
Nacional denomina vuelos calientes desde lugares de procedencia especialmente conflictivos.
Igualmente, conseguimos la dotación de medios técnicos sumamente importantes y que forma parte también de los acuerdos alcanzados en el plan de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico y trata de seres humanos, aprobado en el mes de
febrero en el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores de la Unión Europea, dedicándole a la detección de documentos falsos de viaje un total de 1.502.530 euros, una cantidad que consideramos muy importante.
La lucha policial contra las redes criminales que trafican con seres humanos es también pieza clave de nuestra política, y así ha sido planteado por parte del presidente Aznar para la cumbre de Sevilla.
Creación de unidades especializadas
en lucha contra las redes de inmigración y falsificación de documentos, con un presupuesto para este año de 3.005.060 euros, todo esto para continuar ahondando, para continuar trabajando en la desarticulación de redes organizadas. He de decirle,
señoría, que en el año 2000 se detectaron y se desarticularon 317 redes, que fueron 362 en el año 2001 y que ya, al primer trimestre de este año, son 244. Que se pusieron a disposición de la justicia en el año 2000 1.010 personas; en el año 2001,
1.223 y que en el presente trimestre ya se han puesto a disposición judicial 779. Que han sido detenidos, tanto en el Estrecho como en Canarias, un total, en el año 2001, de 18.517 personas y que, lamentablemente, a 31 de mayo del presente año, han
sido detenidas 4.129: 2.691 en Canarias, y 1.438 en la Península. Que, asimismo, se ha procedido a avanzar, como he tenido ocasión de mencionarlo a lo largo de mi intervención en la tarde de hoy, a las denegaciones de entrada, a los retornos, a
dictar órdenes de expulsión y de devolución. En el año 2001, se cerraron expedientes en este sentido hasta 44.841; en este año, a fecha 6 de mayo, puedo decirle que se ha alcanzado ya la cifra de 20.202.
No quiero dejar de mencionar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en materia de inmigración ilegal, actuando en un porcentaje altísimo, para nuestra vergüenza, sobre compatriotas, sobre españoles que actúan como
explotadores. Así como en el año 2000 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales impuso multas hasta un total de 2.364 millones de pesetas, en el año 2001 alcanzó la cifra de 6.120.661.977 pesetas, es decir, 36.785.919 euros; en el año 2002 ya se
ha alcanzado la cifra de 1.941 millones de pesetas, o sea, 11.668.462 euros, en consonancia con resultados anteriores, para que los empresarios españoles, que son capaces de caer en la explotación de seres humanos, sepan que serán perseguidos, al
igual que los traficantes, al igual que todos aquellos que quieran vulnerar nuestras leyes y atentar contra los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Señor Gil-Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, me quedo con esa última afirmación felizmente rotunda -y subrayo lo dicho- de no tener la más mínima conmiseración, no solamente con quienes trafican ilegalmente con personas, sino con aquellos
ciudadanos españoles que, como S.S. bien indicaba, vergonzosamente para este país explotan las necesidades, la penuria y la búsqueda de horizontes de personas que pueden llegar, en una determinada situación, a España. Quiero hacer una segunda
reflexión en relación con lo dicho. Cuando se habla de control de fronteras y de lucha contras las mafias, convendría que algunos no olvidaran que estamos salvando la dignidad de muchas personas y sus vidas, que en el control de las fronteras
terrestres y de las mafias que tratan de introducir ilegalmente por vía terrestre a personas en este país, se está liberando a esos hombres y mujeres de quedar sujetos a la explotación y a la marginalidad y que en el control de las fronteras
marítimas en la lucha contra aquellas mafias que por vía marítima tratan de introducir ilegalmente personas en España, aparte de liberar a esas personas de quedar sujetas a una ulterior explotación y marginalidad, especial y literalmente, dadas las
condiciones por todos conocidas del Estrecho, se les está salvando la vida.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTINUAR AVANZANDO EN LA REGULACIÓN RACIONAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES DE LA ECONOMÍA Y DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL MARCO PRESUPUESTARIO Y POLÍTICO DEL PROGRAMA GRECO. (Número de expediente 181/002808)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, sigue usted teniendo la palabra para formular la siguiente pregunta.
El señor GIL LÁZARO: ¿Cuáles son las medidas adoptadas para continuar avanzando en la regulación racional de los flujos migratorios, de acuerdo con las necesidades y capacidades de la economía y de la sociedad española en el marco
presupuestario y político del programa GRECO? Obsérvense las expresiones
utilizadas, que no son aleatorias ni casuales: continuar avanzando en la regulación racional. Sin lugar a dudas, la política de regulación racional que ha venido impulsando el Gobierno a través del foro correspondiente de consuno y diálogo
con todos los agentes económicos y sociales implicados es uno de los instrumentos más eficaces para garantizar precisamente lo que no puede ser de otra forma, esto es, la plena integración de las personas que vienen legalmente a trabajar en este
país y su igualdad, como es natural, de derechos y deberes. Sobre todo y de una manera muy especial, esa regulación racional y ese elemento de integración también se constituyen en una forma muy directa de luchar contras las redes de tráfico ilegal
de personas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, el programa GRECO, señor Gil Lázaro, incluye de forma clara la ordenación racional de los flujos migratorios como la columna
vertebral de nuestra política frente a la planteada por el Partido Socialista de desregulación, de puertas abiertas y de papeles para todos. El programa GRECO dibuja perfectamente el itinerario para alcanzar la determinación del contingente;
estimación anual a través de la que los interlocutores sociales, los empresarios, los trabajadores y las autoridades laborales autonómicas y por lo tanto los gobiernos de las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo han sido capaces ya en el
año 2002 -y fue aprobado como tal en el mes de diciembre de 2001 por el Consejo de Ministros- de fijar el cálculo del contingente para este año, que estamos revisando en el Consejo Superior de Política de Inmigración de forma trimestral,
contemplando así la evolución de nuestra economía. El contingente pasa por el análisis de las necesidades del mercado de trabajo en el ámbito provincial a través de las comisiones ejecutivas provinciales del INEM, por el análisis de las necesidades
de este mercado por sectores de actividad y ocupaciones, por parte del Ministerio de Trabajo y en los informes emitidos por las comunidades autónomas, así como por la presentación de la propuesta ante el Consejo Superior de Política de Inmigración y
de las organizaciones sindicales y empresariales más significativas de la estimación del año.
Existe una variable sumamente importante. Por primera vez, como demostración de la integración de los trabajadores extranjeros no comunitarios que
estamos consiguiendo, tenemos identificada en el INEM la cifra de 102.046 personas residentes legales en España demandantes de empleo; variable que ha de completar, como es lógico, nuestro mercado laboral con la situación nacional de empleo. Pues
bien, como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, ya hemos alcanzado ese gran acuerdo -todavía hace pocas semanas alguien desde la ignorancia ha sido capaz de reclamárnoslo públicamente desde el Partido
Socialista- que ha determinado que sean 32.079 las ofertas de empleo, de las cuales 10.884 son de carácter estable y 21.195 de carácter temporal.
Yo destacaría, señor Gil Lázaro, para poner de manifiesto la importancia y el acierto con el que se ha perfilado hasta el último detalle la cuantificación, los sectores a los que se ha asignado mayor número de propuestas. Son, comenzando
por los puestos de trabajo de carácter estable: en la construcción, 3.022 ofertas de empleo; en el servicio doméstico, 2.243 puestos de trabajo; en la industria del metal, 1.256; en los servicios, 1.022; en la agricultura, 545, y, por dar un
detalle más, por profesiones: albañiles y mamposteros, 1.342; asistentes domiciliarios, 830; trabajadores del hormigón armado, enfoscadores, ferrallistas, 715; parqueteros, soladores y asimilados, 370; peones ganaderos, 218, y así podría seguir
en un largo etcétera. En definitiva, por provincias destacaríamos: Barcelona con 2.754 posibilidades de ofertas de empleo, Tarragona con 520, Segovia con 192, Cantabria con 110 y Toledo con 47, estimaciones que irán haciendo realidad nuestros
empresarios, única forma de venir a trabajar a España en este momento. No será posible ninguna alternativa, ningún recoveco, ninguna trampa de ley para poder venir a trabajar a España que no sea con su contrato debajo del brazo. El contingente
refleja exactamente el mercado de trabajo español, cuando se solicitó por parte de los empresarios en el mes de septiembre del año anterior y cuando se están haciendo ciertos los contratos reflejando en definitiva que es un instrumento vivo y útil
en donde nadie fracasa; fracasa tan sólo aquel inmigrante que sigue siendo víctima de los traficantes y de los explotadores. Esta es la contrapartida a la petición formulada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista en el trámite de reforma
de la Ley 4/2000, en donde venían a pedirnos a todos visado para buscar trabajo. Vamos a hacerlo cerrando los convenios internacionales de regulación de flujos migratorios a los que antes he hecho mención y que, por economía de tiempo, no voy a
reiterarle a su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero señalar que ese es sin lugar a dudas el mejor camino para garantizar la integración social de las personas que vienen a trabajar legalmente a este país y el mejor camino para evitar que puedan ser
víctimas de explotadores o de criminales.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS EN ORDEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PROPIOS DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL PROGRAMA GRECO, DIRIGIDA A LA INTEGRACIÓN DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS Y
SUS FAMILIAS. (Número de expediente 181/002809)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta vigésima del orden del día. Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: ¿Cuáles son las actuaciones previstas en orden al cumplimiento de los fines propios de la segunda línea del programa GRECO, dirigida a la integración de los residentes extranjeros y sus familias?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro, vamos a hablar, efectivamente, de la segunda línea del programa GRECO, de la integración de los residentes extranjeros y de
sus familias, de una obligación del Gobierno de la nación y de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas; obligación que yo creo que estamos satisfaciendo de forma positiva y que querría concretarle en una serie de cifras tremendamente
demostrativas. Para empezar quiero reiterarle que, a fecha 12 de junio, hemos alcanzado ya el número de 1.298.901 personas residiendo legalmente en España, cifra importante que está suponiendo que el Gobierno está comprometido y trabaja para la
plena integración social de los inmigrantes. De estas personas, están afiliadas a la Seguridad Social -dato importantísimo y definitivo en cuanto al grado de integración de estas personas- 761.473. Si analizamos el segundo rasgo que favorece la
integración de estas personas, como es la asistencia sanitaria, he de darle dos cifras. En primer lugar, se ha emitido hasta el día 11 de enero del año 2002 un total de 358.616 tarjetas sanitarias, que cubren no solamente a las personas que están
en España, sino a aquellas que están especialmente necesitadas por su grado de vulnerabilidad en cuanto a asistencia sanitaria. Todas las personas, como es lógico, que están afiliadas a la Seguridad Social y que tienen a sus familias como
beneficiarias de su propia tarjeta dan lugar a un gasto, en consonancia con la asignación de la provisión capitativa de los Presupuestos Generales del Estado, que es de 739 euros, 123.000 pesetas, por persona y año, un total de 525 millones de
euros, es decir, 87.353 millones de pesetas, que si lo ampliamos a aquellas personas que tienen como beneficiarios a sus propios familiares, sobre el montante total de residentes en España, alcanzamos la cifra de 919,2 millones de euros, es decir,
152.942 millones de pesetas. Garantizado ya el estatus de legalidad, garantizada su afiliación a la Seguridad Social y de sus familias, garantizada la asistencia sanitaria, como no puede ser de otra forma, la atención educativa es básica para
conseguir la integración de estas personas. Destacaría que el número de niños escolarizados es de 133.684 en los tramos de educación infantil, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y otros niveles no obligatorios. El total del gasto
producido como consecuencia del costo de los distintos tramos educativos es de 32.010 millones de pesetas, es decir, 192,3 millones de euros. Asimismo hemos hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a la resolución de expedientes de reagrupación
familiar. Estatus de legalidad, puesto de trabajo, afiliación a la Seguridad Social, sanidad, educación, reagrupación familiar. En el año 2001 se concedieron 31.391 permisos de residencia para familiares de trabajadores que se encontraban en
España.
En el primer trimestre de este año hemos alcanzado ya la cifra de 6.615 permisos de residencia por reagrupación familiar.
En cuanto a la incorporación al mercado de trabajo, las cifras antes mencionadas, tanto del número de afiliados a la Seguridad Social como de los solicitantes de empleo, 102.046, ponen de nuevo de manifiesto la importancia que le concedemos,
así como la que le damos a acciones prioritarias de dicho programa como garantizar la no discriminación de los inmigrantes, mejorar las condiciones de alojamiento, prestar servicios necesarios para su inserción social, de forma que se dedica
mediante la firma y ejecución con convenios con comunidades autónomas y por parte del Ministerio de Trabajo hasta un montante de 7.043.861 euros, con apoyo a organizaciones no gubernamentales que trabajan específicamente para la integración social
de los inmigrantes con una cantidad de 5.787.746 euros.
En definitiva, señoría, y con ello concluyo, estamos cumpliendo con nuestra obligación, con la obligación de hacer posible la integración social de estos nuevos vecinos, de estas personas que desde el trabajo y desde la convivencia están
formando parte de la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quiero anotar sencillamente que los datos dados por el señor delegado del Gobierno acreditan una realidad que no casa con esa afirmación tan densa políticamente, tan seria y tan rigurosa
doctrinalmente, como la que hemos podido escuchar esta tarde, que se enuncia simplemente diciendo: a ustedes no les gustan los inmigrantes.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA SEGUNDA LÍNEA DEL PROGRAMA GRECO, DIRIGIDA A LA INTEGRACIÓN DE LOS RESIDENTES EXTRANJEROS Y SUS FAMILIAS. (Número de expediente
181/002810)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Siguiente pregunta del orden del día. Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Me interesa un dato muy concreto, por lo que luego diré. ¿Cuál es la dotación presupuestaria de la segunda línea del programa GRECO, dirigida a la integración de los residentes extranjeros y sus familias?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): La dotación de esta línea básica es de 86.246.783 euros, específicamente a través del programa GRECO, ya que las asignaciones que he
mencionado para asistencia sanitaria y asistencia educativa, transferidas a las comunidades autónomas, y los convenios con distintas comunidades autónomas llevarían mucho más allá de lo que específicamente aparece en el propio programa GRECO la
dedicación de presupuestos para atender a estos ciudadanos, que en definitiva son ciudadanos de primera, ciudadanos con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas prestaciones que los ciudadanos españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero recordar, por si tenemos a bien disponer en el futuro de algún lector de esta sesión, que el señor delegado del Gobierno se está refiriendo estrictamente a la dotación que corresponde, conforme a la
previsión del programa GRECO, para la ejecución de su línea segunda. Amén de ello existen, como es natural y hablaremos de ello en otra ocasión, dotaciones presupuestarias para el desarrollo de las otras líneas del programa. Además, en relación
con esta línea segunda, la financiación global se incrementaría en función de esas otras prestaciones que, como ha indicado el señor delegado del Gobierno, corresponden a otros presupuestos públicos.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES PRESUPUESTARIAS Y DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2002 RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENTRAMADO INSTITUCIONAL CREADO PARA DISEÑAR, COORDINAR Y EJECUTAR LA
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 181/002811)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, tiene la palabra para formular la última de las preguntas previstas en el orden del día.
El señor GIL LÁZARO: En el mismo marco de la pregunta anterior, cuáles son las previsiones presupuestarias y de actuación para el año 2002 respecto del funcionamiento del entramado institucional creado para diseñar, coordinar y ejecutar la
política de inmigración; un entramado institucional que nosotros creemos que es muy importante para impulsar y coordinar desde la eficacia y desde el diálogo esa política de inmigración fundamentada en los pilares de legalidad e integración social.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente hemos ido diseñando -lo ha hecho la ley y lo ha hecho el reglamento- una serie de instrumentos que constituyen este entramado
institucional, como S.S. ha mencionado. Son instrumentos que en definitiva hacen posible la política de extranjería e inmigración que el Gobierno ha diseñado y ha concretado en el programa GRECO y en todas las actuaciones legislativas y
normativas.
Destacaría -son organismos ya conocidos- la asignación presupuestaria que a través del programa GRECO hace posible el funcionamiento de todos y cada uno de ellos. Hablé anteriormente del Observatorio Permanente para la Inmigración, que
tiene ya personalidad jurídica propia, que tiene ya el personal, la dotación tecnológica y la ubicación en la Delegación del Gobierno que le permiten actuar de forma crecientemente eficaz desde su propia tradición en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de la que no queremos olvidarnos; para el año 2002 dispondrá de 582.981 euros.
Asimismo el Consejo Superior de Política de Inmigración, constituido en la presente legislatura -el vicepresidente Rajoy acudió a su constitución y a
su primera sesión-, lugar en el que coincidimos y coincidiremos, foro de encuentro de todas las administraciones públicas, de la Administración general, de las administraciones autonómicas y de las administraciones municipales, contará con un
presupuesto de 42.070 euros para su funcionamiento. Respondiendo a nuestros compromisos y a nuestros acuerdos para un mejor funcionamiento, para hacer cierto ese principio de gobierno desde la corresponsabilidad, hemos constituido dos subcomisiones
de coordinación, en el ámbito de las comisiones generales del Estado, con Canarias y
con Cataluña, para ocuparnos específicamente de los temas de inmigración.
Las dos grandes comisiones, la Comisión interministerial de Extranjería y la Comisión interministerial de Asilo y Refugio, con presencia de ACNUR en las mismas, son
dos piezas claves en las que participan prácticamente todos los ministerios del Gobierno, todos los que tienen que ver con tan importante función. No querría dejar de mencionar, y lo dejo para lo último por la importancia que le concedo, otra pieza
clave de nuestra política, una pieza clave para ser capaces de mantenernos bien pegados al terreno, a la realidad cotidiana de la inmigración, del asilo y del refugio. Me refiero al Foro para la integración social de los inmigrantes, presidido por
el señor Azurmendi de forma impecable, que cuenta para este año y para esa labor de asesoramiento, de informe y de opinión hacia el Gobierno de la nación con 36.060 euros. Por tanto pensamos que todas estas instituciones, todos estos instrumentos,
con las dotaciones presupuestarias que le he mencionado, serán piezas claves para poder seguir desarrollando la política del Gobierno encaminada a la ordenación del fenómeno migratorio, distinguiendo netamente la inmigración laboral, es decir, la
posibilidad que tenemos de ayudar a ciudadanos de terceros países, del asilo y del refugio, en los que, como le he comentado a S.S., queremos seguir siendo también país de referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En esta intervención final quiero señalar que en el conjunto de las siete preguntas el señor delegado del Gobierno ha hecho una expresión numérica constante, por lo que también quedan sin sentido algunas de esas
afirmaciones que pretenden no sólo decir que el GRECO no existe, sino que carece de previsiones de financiación para poder cumplimentar sus propios fines.
Como es natural, en este momento, cuando se van a cumplir casi siete horas de comparecencia, quiero agradecer al señor delegado la pasión intelectual que ha puesto en todas sus intervenciones, pasión constructiva y creadora, lo que acredita
no sólo un tremendo compromiso con su tarea sino una ilusión y una vocación importantes en el desarrollo de esa importantísima misión. En ningún momento ha habido por parte del señor delegado, después de siete horas de comparecencia, el más mínimo
bajón intelectual, ni siquiera físico, a la hora de contestar todos los requerimientos de información.
Como es natural, quiero agradecer profundamente a las señoras y señores taquígrafos que han participado en esta larguísima sesión su aportación, como siempre fundamental.
Quiero terminar, señor presidente, como empecé. Quiero terminar recordando que en esta Cámara no hay diputadas y diputados de primera división y diputadas y diputados de segunda división, es decir diputadas y diputados que pueden hablar y
diputadas y diputados que no pueden hablar.
Afortunadamente, la democracia es igualdad y el Reglamento de la Cámara a todos nos ampara por igual, de modo que cualquier iniciativa que tenga ese anclaje en el Reglamento es legítima, en términos de su
planteamiento, provenga de un grupo de oposición o provenga del grupo que apoya al Gobierno.
Vamos a seguir hablando, señor presidente, vamos a seguir hablando porque nos ampara la democracia, porque nos ampara el Reglamento de la Cámara y porque nos ampara la legítima representación de una parte muy importante de la ciudadanía.
Vamos a seguir hablando, señor presidente, porque nos ampara nuestro compromiso con la institución parlamentaria y nos ampara nuestro compromiso con la Política, con mayúscula, con la política entendida como servicio a los demás. Pues bien,
recordando que algunos todavía tuvimos oportunidad de cantar en nuestros años de universidad, cuando reclamábamos libertad, aquello de: No nos moverán, precisamente porque nos ampara la razón y nuestro compromiso con la libertad y la democracia,
rememorando el sentido de aquella vieja canción de lucha, le digo: señor presidente, a este grupo no nos callarán.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, además de todos los amparos que ha enumerado, le aseguro que cuenta con el amparo de la presidencia y de la Mesa para todas las intervenciones que, lógicamente y con arreglo al
Reglamento, considere oportuno hacer.
Sin más, creo que es el momento de agradecer al señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, señor Fernández-Miranda, su extensa comparecencia de hoy, así como la importancia de la información que ha brindado a esta
Comisión, y también es el momento de levantar la sesión. (Aplausos.)
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.