Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 515, de 13/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 515
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 61
celebrada el jueves, 13 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés Eulate) para informar sobre los resultados del concurso anual de traslados del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2002 y su posible incidencia en la seguridad ciudadana. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001099.) ... (Página 16579)
Preguntas del señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Valoración de las posibles repercusiones para la seguridad ciudadana en Cataluña de los resultados del concurso anual de traslados del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2002. (Número de expediente 181/002737.) ...
- Valoración acerca del nivel de presencia del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, a consecuencia del concurso anual de traslados del año 2002.
(Número de expediente 181/002738.) ... (Página 16579)
- Valoración del grado de experiencia de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con destino forzoso a Cataluña, a consecuencia de los resultados del concurso anual de traslados de 2002. (Número de expediente 181/002739.) ...
- Previsiones respecto al número de alumnos en prácticas que se destinarán a Cataluña para cubrir vacantes de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a consecuencia de los resultados del concurso anual de traslados de 2002. (Número de
expediente 181/002740) ... (Página 16579)
- Resultados del concurso anual de traslados del Cuerpo Nacional de Policía en el año 2002. (Número de expediente 181/002743.) ... (Página 16579)
Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad (Morenés Eulate) para informar sobre:
- La actuación del subdelegado del Gobierno de Palencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Aguilar de Campoo (Palencia), el día 8 de abril de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
213/000754.) ... (Página 16587)
- El informe policial interno que cuestiona la independencia judicial en la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000785.) ...
- La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su cargo el pasado día 2 de mayo ante el linchamiento de varios periodistas por parte de grupos de ultraderecha. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000788.) ...
(Página 16594)
- La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los hechos acaecidos el día 4 de mayo de 2002 en Arganda del Rey (Madrid) en la que elementos racistas y xenófobos presuntamente incendiaron una iglesia evangélica vinculada
a la comunidad rumana de dicha localidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000803.) ... (Página 16602)
Preguntas (continuación):
- Del señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre principales objetivos del convenio suscrito por el Ministerio del Interior con el Ayuntamiento de Madrid en materia de asistencia a víctimas del terrorismo.
(Número de expediente 181/001280.) ... (Página 16607)
Del señor Contreras Pérez, del grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Abla (Almería). (Número de expediente 181/002630.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Abrucena (Almería). (Número de expediente 181/002631.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alboloduy (Almería). (Número de expediente 181/002632.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Albox (Almería). (Número de expediente 181/002633) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alcolea (Almería). (Número de expediente 181/002634.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alcontar (Almería). (Número de expediente 181/002635.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alcudia (Almería). (Número de expediente 181/002636.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alhabia (Almería). (Número de expediente 181/002637.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alhama (Almería). (Número de expediente 181/002638.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Arboleas (Almería). (Número de expediente 181/002639.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alicun (Almería). (Número de expediente 181/002640.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Almocita (Almería). (Número de expediente 181/002641.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Antas (Almería). (Número de expediente 181/002642.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Armuña (Almería). (Número de expediente 181/002643.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Adra (Almería). (Número de expediente 181/002644.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Alsodux (Almería). (Número de expediente 181/002645.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Almería.
(Número de expediente 181/002646.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Bacares (Almería). (Número de expediente 181/002647.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Bédar (Almería). (Número de expediente 181/002648.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Beires (Almería). (Número de expediente 181/002649.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Benahadux (Almería). (Número de expediente 181/002650.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Benizalón (Almería). (Número de expediente 181/002651.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Benitagla (Almería). (Número de expediente 181/002652.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Bayarcal (Almería). (Número de expediente 181/002653.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Bayarque (Almería). (Número de expediente 181/002654.) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Bentarique (Almería). (Número de expediente 181/002655) ... (Página 16608)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Berja (Almería). (Número de expediente 181/002656.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Cantoria (Almería). (Número de expediente 181/002657.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Carboneras (Almería). (Número de expediente 181/002658.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Cobdar (Almería). (Número de expediente 181/002659.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Cuevas (Almería). (Número de expediente 181/002660.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Canjáyar (Almería). (Número de expediente 181/002661.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Chercos (Almería). (Número de expediente 181/002662.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Chirivel (Almería). (Número de expediente 181/002663.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Castro de Filabres (Almería). (Número de expediente 181/002664.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Dalías (Almería). (Número de expediente 181/002665.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Enix (Almería). (Número de expediente 181/002666.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de el Ejido (Almería). (Número de expediente 181/002667.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Félix (Almería). (Número de expediente 181/002668.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Fines (Almería). (Número de expediente 181/002669.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Fiñana (Almería). (Número de expediente 181/002670.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Fondón (Almería). (Número de expediente 181/002671.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de los Gallados (Almería). (Número de expediente 181/002672.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Gérgal (Almería). (Número de expediente 181/002673.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Illar (Almería). (Número de expediente 181/002674.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Instinción (Almería). (Número de expediente 181/002675.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Láujar (Almería). (Número de expediente 181/002676.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Garrucha (Almería). (Número de expediente 181/002677.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Huércal Overa (Almería). (Número de expediente 181/002678.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Huércal de Almería. (Número de expediente 181/002679.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Huécija (Almería). (Número de expediente 181/002680.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Gádor (Almería). (Número de expediente 181/002681.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Líjar (Almería). (Número de expediente 181/002682.) ... (Página 16609)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Lubrín (Almería). (Número de expediente 181/002683.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Lucainena (Almería). (Número de expediente 181/002684.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Lúcar (Almería). (Número de expediente 181/002685.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Mojonera (Almería). (Número de expediente 181/002686.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Mácael (Almería). (Número de expediente 181/002687.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de María (Almería). (Número de expediente 181/002688.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Mojácar (Almería). (Número de expediente 181/002689.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Nacimiento (Almería). (Número de expediente 181/002690.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Níjar (Almería). (Número de expediente 181/002691.) ... (Página 1660)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Olula del Río (Almería). (Número de expediente 181/002692.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Olula de Castro (Almería). (Número de expediente 181/002693.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Oria (Almería). (Número de expediente 181/002694.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Ohanes (Almería). (Número de expediente 181/002695.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Padules (Almería). (Número de expediente 181/002696.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Partaloa (Almería). (Número de expediente 181/002697.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Paterna (Almería). (Número de expediente 181/002698.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Pechina (Almería). (Número de expediente 181/002699.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Pulpi (Almería). (Número de expediente 181/002700) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Purchena (Almería). (Número de expediente 181/002701.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Ragol (Almería). (Número de expediente 181/002702.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Rioja (Almería). (Número de expediente 181/002703.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). (Número de expediente 181/002704.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Santa Fe (Almería). (Número de expediente 181/002705.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Santa Cruz (Almería). (Número de expediente 181/002706.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Senes (Almería). (Número de expediente 181/002707.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Serón (Almería). (Número de expediente 181/002708.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Somontín (Almería). (Número de expediente 181/002709.) ... (Página 16610)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Sierro (Almería). (Número de expediente 181/002710.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Sorbas (Almería). (Número de expediente 181/002711.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Suflí (Almería). (Número de expediente 181/002712.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Tabernas (Almería). (Número de expediente 181/002713.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Taberno (Almería). (Número de expediente 181/002714.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Tahal (Almería). (Número de expediente 181/002715.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Terque (Almería). (Número de expediente 181/002716.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Tíjola (Almería). (Número de expediente 181/002717.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Turre (Almería). (Número de expediente 181/002718.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Tres Villas (Almería). (Número de expediente 181/002719.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Turrillas (Almería). (Número de expediente 181/002720.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Uleila del Campo (Almería). (Número de expediente 181/002721.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Velefique (Almería). (Número de expediente 181/002722.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Vélez Rubio (Almería). (Número de expediente 181/002723.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Vélez Blanco (Almería). (Número de expediente 181/002724.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Vera (Almería). (Número de expediente 181/002725.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Viator (Almería). (Número de expediente 181/002726.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Vícar (Almería). (Número de expediente 181/002727.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Zurgena (Almería). (Número de expediente 181/002728.) ... (Página 16611)
- Delitos cometidos entre los años 1997 y 2001 en el municipio de Urracal (Almería). (Número de expediente 181/002729.) ... (Página 16611)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN EL AÑO 2002 Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/001099.)
PREGUNTAS DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VALORACIÓN DE LAS POSIBLES REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CATALUÑA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN EL AÑO 2002. (Número de expediente 181/002737.)
- VALORACIÓN ACERCA DEL NIVEL DE PRESENCIA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN CATALUÑA, A CONSECUENCIA DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DEL AÑO 2002.
(Número de expediente 181/002738.)
- VALORACIÓN DEL GRADO DE EXPERIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA CON DESTINO FORZOSO A CATALUÑA, A CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DE 2002. (Número de expediente 181/002739.)
- PREVISIONES RESPECTO AL NÚMERO DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS QUE SE DESTINARÁN A CATALUÑA PARA CUBRIR VACANTES DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, A CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DE 2002. (Número de
expediente 181/002740.)
- RESULTADOS DEL CONCURSO ANUAL DE TRASLADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN EL AÑO 2002. (Número de expediente 181/002743.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Buenas tardes, señores comisionados, comenzamos, yo diría que la Comisión diaria de Justicia e Interior, con arreglo al orden del día que tenemos establecido. Según tiene entendido la Mesa, la
primera comparecencia iría acumulada con las cinco preguntas del señor Pedret. ¿Es así?
El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, en la reunión de la Mesa y portavoces acordamos una de las últimas técnicas, porque tenemos muchas, como sabe el señor presidente, y dijimos que se tramitarían acumuladamente si el señor compareciente no
tenía inconveniente en ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): El señor compareciente me ha manifestado su disposición absoluta. En cualquier caso, sí quería comunicar a SS.SS. que el señor secretario de Estado tiene compromisos importantes que atender a las
ocho y media de la tarde y que por tanto a esa hora, estemos en el momento en que estemos en el orden del día, suspenderemos la sesión. Eso explica que esta presidencia vaya a ser muy cuidadosa con los tiempos, lo que avisamos desde el primer
momento y esperamos de SS.SS. la capacidad
de síntesis necesaria para que entre todos podamos avanzar lo más posible en el orden del día.
Sin más dilación, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El concurso general de méritos es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía. Así viene regulado en el reglamento
de provisión de puestos de trabajo, aprobado en el año 1989, que establece la obligatoriedad de convocar al menos una vez al año y durante el segundo trimestre un concurso general de méritos con todas las vacantes no sujetas a las modalidades de
libre designación y concurso específico. El concurso está orientado a la cobertura de las vacantes que se van produciendo, a la redistribución de los efectivos previa a la salida de las promociones de nuevo ingreso en el cuerpo y a dar respuesta a
los requerimientos específicos de cada plantilla derivados de los programas de actuación diseñados por la Dirección General de la Policía. A continuación de la resolución del concurso se produce la asignación de destinos a las nuevas promociones,
que cubren así las vacantes producidas como consecuencia del mismo.
En el concurso general de méritos del año 2002 se han convocado un total de 5.399 plazas, de las que se han solicitado 3.302. De esta cifra han correspondido 357 a inspectores, 603 a subinspectores, 279 a oficiales y 2.063 a policías.
Por lo que se refiere a las repercusiones de este concurso de 2002 en la seguridad ciudadana en el número de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, la cobertura de plazas que se
derive de la asignación de las plazas del concurso a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estén en Cataluña está plenamente garantizada, como a continuación explicaré.
En principio, diré que Cataluña este año 2002 cuenta con casi 4.000 policías más, entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (incluidos los mossos d'esquadra y la guardia urbana de Barcelona, básicamente), que en 1994, año en que comenzó
el despliegue de mossos. En 1994, entre la Policía Nacional y Guardia Civil estaban destinados en Cataluña 13.400 agentes; este año 2002 están destinados en esa comunidad autónoma 5.384 policías nacionales, 4.500 guardias civiles y 7.500 mossos
d'esquadra, contando los 800 que se incorporarán durante este mes de junio.
En cumplimiento del acuerdo de 3 de julio de 2001 entre el vicepresidente primero del Gobierno y el consejero de Interior de la Generalitat, y en previsión del impacto del concurso anual de vacantes de esta comunidad autónoma, que iba a ser
de 1.003, ya desde principios de año se adoptó el acuerdo de incorporar 250 policías, que ya están, 98 inspectores de nuevo ingreso y 508 policías de nuevo ingreso durante el pasado mes de mayo.
Por otro lado, el próximo mes de julio se incorporarán 250 policías en prácticas, 90 inspectores en prácticas y 100 subinspectores de ascenso.
La suma de todos estos agentes, a los que hay que restar los 235 policías que finalizan sus
prácticas ahora, representan un total de 1.061, cifra que equilibra por arriba el número de agentes que se van por el concurso del 2002 y garantiza, entendemos, la saturación policial y, por lo tanto, la correspondiente seguridad ciudadana en
Cataluña se verá garantizada.
En diciembre se incorporará una nueva promoción de 250 policías de nuevo ingreso, en marzo de 2003 una nueva promoción de 250 policías en prácticas y en abril de 2003 una nueva promoción de 90 inspectores de nuevo ingreso.
Hasta ahora los mossos d'esquadra se han desplegado en 24 comarcas catalanas de las provincias de Barcelona, Gerona y Lleida. La coordinación entre el despliegue y el repliegue de agentes se realiza por la Junta de Seguridad. En este
contexto, el de la Junta de Seguridad, se ha reorientado el despliegue de los mossos d'esquadra, que contempla que Badalona, San Adriá, Mataró y Calella se hará entre noviembre de 2002 y enero de 2003. Se adelantará el despliegue en dos años en
L'Hospitalet, que irá a noviembre de 2003. Se mantiene el plazo previsto en Santa Coloma de Gramanet para noviembre de 2003 y se atrasará un año Premià de Mar, que corresponde a la Guardia Civil, para noviembre de 2003.
En total, el número de efectivos liberados que habrá por este despliegue y por la inversión que haremos en determinadas dietas y comisiones de servicios de zonas donde ya están desplegados los mossos d'esquadra está alrededor de 540 policías
que trasladaremos a las comarcas que ahora diré y 230 guardias civiles. Estos 770 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, liberados de las tareas que tienen ahora, precisamente por el esfuerzo inverso y por la posibilidad
que tenemos de hacerlo, dado el despliegue que a su vez van a hacer los mossos d'esquadra, irán a reforzar básicamente servicios en Barcelona, Tarrasa, L'Hospitalet, Cornellá, Vilanova i la Geltrú, el aeropuerto de El Prat, el puerto, Garraf,
Tarragona y Reus. Esto, junto a la incorporación prevista de 2.030 policías hasta abril del 2003 y la que corresponde a los efectivos de Guardia Civil, permitirá mantener una notable cifra de ratio de plantillas policiales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en Barcelona y en toda Cataluña para el período de transición hasta el año 2005, que, como saben, es el período en el que los mossos d'esquadra se habrán desplegado totalmente en Barcelona.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor secretario de Estado, gracias una vez más. Perdón por su asistencia a la Comisión. Si seguimos a este ritmo llegaremos a tener una relación intensa y fluida.
Le agradezco mucho las cifras que nos ha dado y sobre todo el hecho de que haya contestado a una serie de cosas que ni eran objeto de la comparecencia ni estaban en la serie de preguntas formuladas para respuesta oral. Es cierto que la
semana pasada se produjo un acuerdo entre el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio del Interior en el seno de la Junta de Seguridad de Cataluña, al que usted ha dedicado la mayor parte de su intervención y al que yo me
referiré también brevemente porque va a ser objeto -se lo anuncio ya a usted, y seguro que no le sorprendo- de iniciativas parlamentarias posteriores de control de la actividad del Gobierno.
Centrándonos, sin embargo, en una primera parte en aquello a lo que se refería el enunciado de la petición de comparecencia y las preguntas que se tramitan conjuntamente, debiéramos de saber, para conocimiento de todos, cómo ha funcionado
esto y cuál es la situación del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña en los datos de este concurso general y en los resultados que aparecen, si mis datos son ciertos, en la orden general de la Dirección General de Policía de 8 de abril de 2002.
Señor secretario de Estado, a fecha 31 de marzo de 2002, según sus propios datos, la plantilla de policías del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña era de 4.948 efectivos. De estos 4.498 funcionarios con destino en el territorio de
Cataluña, solicitan traslado al amparo del concurso (algo que no discutimos en absoluto, puesto que, como ha dicho usted al principio, es el método normal y nosotros estamos de acuerdo con ello) un total de 1.077, los cuales suponen un 21 por ciento
de la plantilla realmente presente en Cataluña, no de la teórica, que era de 5.529 en aquella fecha, es decir, 600 más que los realmente presentes.
Pues bien, que un 21 por ciento de los funcionarios de la policía en un determinado territorio soliciten el traslado crea -así lo entiendo yo y también lo debe entender la inmensa mayoría de la población que se ocupe del asunto- algún que
otro problema de continuidad de la tarea policial de conocimiento del territorio y por tanto también de seguridad de los ciudadanos. La importancia de las peticiones de traslado dentro del concurso por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, si lo comparamos con el conjunto de traslados solicitados en el conjunto del Estado, es enormemente alta. De los destinados en Cataluña, 114 inspectores solicitan el traslado sobre 375 en el conjunto de España -el 30,4 por ciento de los
traslados de inspectores se produce teniendo origen en Cataluña-; 240 subinspectores sobre 611 en el conjunto de España, un 39,27 por ciento; la cosa es más modesta en el caso de los oficiales, 33 sobre 303, un 10,89 por ciento y, en cuanto a los
policías, 690 sobre 2.214, un 31,16 por ciento. Alguna distorsión respecto a la distribución que sería normal, proporcional, de todos los funcionarios por el territorio existe cuando hay estos porcentajes, con la única excepción de los oficiales,
tan altos de solicitud de traslado desde Cataluña. Pero es que, además, se ofrecen en el territorio de Cataluña 702 plazas, quedando 609 desiertas, por lo que se cubren 93, esto es, el 13,24 por ciento. Esta situación es especialmente grave, y
cuando digo grave no la estoy calificando en base a decir que es extraordinaria -no tenemos muchos precedentes iguales-, si nos referimos a determinadas áreas de Cataluña, en donde reside la mayor parte de la población de dicha comunidad y donde por
tanto los servicios policiales son mayoritariamente requeridos y el número de actuaciones policiales también es proporcionalmente más alto.
En el caso de Barcelona ciudad, señor secretario de Estado, se convocan 413 plazas, se cubren 22 y quedan 391 vacantes. Por tanto, se cubre solamente el 5,32 por ciento de las plazas. Dentro de la ciudad de Barcelona, en cuanto a los
inspectores, se convocan 100 plazas y quedan 98 vacantes. El porcentaje es fácil de averiguar en este caso: se cubre el 2 por ciento. Con respecto a los agentes, se convocan 200 plazas, quedan vacantes 190 y se cubren 10, esto es, el 5 por
ciento. En la población de L´Hospitalet de Llobregat se convocan 31 plazas y quedan 30 vacantes. En Prat de Llobregat se convocan 39 plazas y quedan 37 vacantes. En Cornellá de Llobregat se convocan 19 plazas y quedan 17 vacantes. Y en los
puestos fronterizos de La Jonquera y de Seu d´Urgell no se cubre ninguna de las plazas convocadas. Si lo vemos por dedicaciones, resulta que de los 102 funcionarios dedicados a la brigada de información que solicitan el traslado, se trasladan
realmente 33, el 32,35 por ciento, y de la policía judicial se trasladan 45 de los 245 que lo habían solicitado. Son unos datos que comprendo que pueden ser aburridos, pero que son reveladores de que existe algún problema.
Señor secretario de Estado, nosotros hemos solicitado en esta Cámara reiteradamente que por parte del Gobierno se instrumentaran los mecanismos necesarios para fomentar e incentivar la permanencia de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía en Cataluña. Porque la situación excepcional -que va a acabar, esperemos que bien, en el 2005, aunque es una situación transitoria- del despliegue de un nuevo cuerpo policial y del repliegue correlativo -o así debiera de ser- de los cuerpos
de seguridad actualmente existentes en el territorio -y que ya existían anteriormente- supone una situación de inseguridad respecto al futuro, de falta de perspectivas, de carrera y de falta de deseo de arraigo en el lugar, porque se sabe que al
cabo de un tiempo desaparecerá el puesto de trabajo que se ocupa
en concreto, lo que lleva a que realmente los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se sientan poco estimulados a permanecer en Cataluña y se sientan más bien estimulados a solicitar el traslado a otros destinos, como resulta
claramente de los números que le he expuesto anteriormente y de la información pública que ha sido difundida por parte del Gobierno. Lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones. En junio de 2001, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió votaron en contra de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que se incentivara la presencia y la permanencia de los funcionarios de policía en Cataluña.
En mayo de este
año, hace poco tiempo, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se vio incapacitado para aceptar una enmienda, que presentaba a una moción en la que se solicitaba la existencia de incentivos para que permanecieran los policías, porque si no, el
grupo mayoritario no votaba a favor.
Señor Morenés, no se trata de que nosotros queramos que se queden sólo los mismos y siempre los mismos, no se trata de que tengamos un afecto desmedido respecto a un funcionario en concreto, no se trata de eso, sino de que la función
policial, la experiencia, el conocimiento del lugar, el conocimiento del entramado social y la geografía física y urbana de los signos sociales es enormemente importante. No nos sirven simplemente los números. Los números que usted nos ha
facilitado de futuros destinos de funcionarios de policía hasta el 2003 -como usted ha dicho y no ha ocultado en absoluto- son mayoritariamente de funcionarios que acaban de adquirir aquella condición o incluso de alumnos en prácticas de la Escuela
Superior de Policía de Ávila. Es cierto que un responsable de interior en Cataluña hizo unas declaraciones a la prensa, el día 6 de mayo de 2002, en las que manifestaba que lo que se perdía con la experiencia se ganaba con el entusiasmo y la
juventud, pero el entusiasmo -que es algo que continúo manteniendo siempre- y la juventud -que por desgracia la tengo perdida- quizá no sirvan siempre para compensar la experiencia y el conocimiento del lugar.
La posible destrucción de los equipos de investigación y las formas de actuación de la policía que ya está establecida en Cataluña también nos preocupan y esto no se compensa con alumnos en prácticas. El traslado del 32,35 por ciento de la
brigada de información es un dato que debe ponerse de manifiesto, aunque sea un número relativamente pequeño de funcionarios, como quizá el más indicativo de los peligros que corremos si no actuamos rápidamente para evitarlo. Me congratulo -por lo
que he leído en la prensa y no tengo por qué considerarlo incierto- de que hayan ustedes llegado ahora a acuerdos para incentivar de alguna forma la permanencia de estos 770 funcionarios, entre policías y guardias civiles, para desplegarse en
lugares distintos de aquellos en los que se va a desplegar el nuevo cuerpo de mossos d'esquadra.
Ojalá nos hagan ustedes caso, aunque sea de forma parcial, e incentiven la permanencia de los funcionarios. Pero hay un daño que ya es difícil de reparar, y usted comprenderá, señor Morenés, que a los efectos de la seguridad ciudadana de
este cumplimiento de una función esencial del Estado -volveré a citar, aunque sin leerlo ya sólo el número del artículo 104.1 de la Constitución porque es fundamental al efecto- es necesario cohonestar la experiencia, el conocimiento, con la
juventud. Lo que ustedes están haciendo son sumas puramente algebraicas en que todo funcionario es igual a otro funcionario.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret, vaya concluyendo, por favor.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor Souvirón. No voy a repetir lo que he dicho en otras ocasiones, pero parece que usted tiene una especial habilidad para descubrir cuándo estoy entrando en el último período del
discurso. Se lo agradezco porque, por otra parte, me recuerda que ya es el último y, por tanto, voy a intentar concluir.
No todo suma algebráicamente. No se trata de piezas mecánicas que sean exactamente iguales unas a otras. Nos encontramos ante unos cuerpos ya formados, con unos funcionarios con gran experiencia, muchos con más de 20 años en el territorio
que han pedido traslado en este concurso, nos encontramos con alumnos en prácticas de estos cuerpos, y nos encontramos con un cuerpo nuevo, con unas formas de actuación distintas, que está actuando eficazmente y, en ocasiones, brillantemente, pero
que tiene una estructura, una forma de actuación, unos protocolos que no son los mismos. El período de transición hasta 2005 no puede quedar sin una trabazón de la experiencia respecto al nuevo cuerpo.
Nos preocupa realmente que lo que ofrezcamos a los ciudadanos como garantía de su seguridad y su libertad sea la combinación de un nuevo cuerpo que actúa bien con unos nuevos funcionarios de un cuerpo viejo que no tienen la experiencia que
sería necesaria para asegurar estos fines.
Por ello le hemos formulado las preguntas, por ello la petición de comparecencia, porque creemos que si no se rectifica la tendencia -y ojalá estemos a tiempo-, la seguridad y la libertad de los ciudadanos
de Cataluña puede encontrarse en mayor riesgo que antes de que se produjeran estos movimientos de funcionarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor Pedret.
Celebro que sea usted consciente de que sigo con atención sus intervenciones.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Creo que voy a ganar al señor Pedret en concisión.
Sobre la primera cuestión general no haré mayor comentario, sobre la significación que representa el concurso anual de traslados del Cuerpo Nacional de Policía, parece obvio que todo el mundo sabe que es un instrumento fundamental en el
diseño de las políticas de seguridad en la medida en que permite ir completando de manera adecuada, anualmente, conforme a las necesidades que se plantean en cada territorio o en cada caso concreto, los despliegues humanos de la Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía. Sobre esas consideraciones generales nada más que añadir, en la medida en que además ese concurso se inscribe, como es natural, en el diseño global de las políticas de personal que
está realizando el Ministerio del Interior en estos últimos años con un importante compromiso, vocación y acento de implementación de esas plantillas para estar en mejor disposición de cubrir los importantes servicios que tienen encomendados.
En cuanto a la cuestión más específica, sobre la que de una manera más notable se ha detenido el señor Pedret, quería recordar que, en 1994, entre policías nacionales y guardias civiles, estaban destinados en Cataluña 13.400 agentes y que
este año, contando los mossos desplegados, serán un total de 17.384 agentes; que en la Junta de seguridad, celebrada el 4 de diciembre del año 2000, se aprobaron las previsiones del despliegue de mossos d'esquadra para el período 2001-2005; que el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior y el consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, señor Pomés, acordaron el 3 de julio de 2001 el mantenimiento del número de efectivos de la Policía Nacional existentes en ese
momento, siempre en función del despliegue de los mossos d'esquadra; que en la Junta de seguridad del 9 de enero de 2002 se aprobó la nueva promoción de mossos d'esquadra, pasando de alrededor de 800 a 1.100, la mayor promoción aprobada hasta el
momento, y que, en cumplimiento del acuerdo de 3 de julio de 2001 y en previsión del impacto del concurso anual de vacantes, ya desde principios de este año se tomaron medidas como las que el señor secretario de Estado ha relatado en su primera
intervención.
Yo creo que aquí lo importante es formular un principio de síntesis sobre cuatro consideraciones generales. En primer lugar, que en Cataluña se está produciendo una nueva realidad policial, es decir, la sustitución de un cuerpo por otro.
En segundo lugar, que está siendo un proceso paulatino, sin precipitaciones, con rigor y con sentido común. En tercer lugar, que ese proceso paulatino de sustitución se inscribe en un marco esencial, en el de la plena colaboración y acuerdo entre
ambas administraciones. Y en cuarto y último lugar, que existe una garantía plena de que, mientras se complete el nuevo despliegue territorial, la totalidad del despliegue territorial previsto de los mossos d'esquadra, la presencia del Cuerpo
Nacional de Policía en Cataluña no sufrirá reducciones que mermen su operatividad y, sin ir más lejos, éste ha sido un acuerdo reiteradamente suscrito y manifestado por ambas administraciones, naturalmente, con carácter principal por aquélla que es
responsable del Cuerpo Nacional de Policía, esto es, por la Administración del Estado, y fue recientemente revalidado, como ha recordado el señor Pedret, en el Pleno de esta Cámara, mediante un nuevo -uno más- acuerdo político en esta materia entre
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que hoy no está presente, pero que de la misma forma que el señor Pedret se permite
interpretarlo, yo lo haré también, no creo que se viera forzado ni arrastrado por nadie a ninguna circunstancia ajena a su voluntad, porque la voluntad de este Grupo Parlamentario Popular, la voluntad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), la voluntad del Ministerio del Interior, la voluntad de la Consejería correspondiente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, ha sido siempre, y así se ha acreditado, andar al unísono, andar de consuno, mantener un permanente clima de
diálogo y de cooperación en este asunto.
Me puede parecer que es un recurso dialéctico interesante, pero no entiendo esa construcción final que pretender hacer el señor Pedret, estableciendo una dicotomía entre nuevos y viejos cuerpos, y nuevos agentes pertenecientes al nuevo y al
viejo cuerpo. Decir que los nuevos cuerpos, o sea, los mossos d'esquadra, actúan bien, pero que los nuevos miembros de un viejo cuerpo que se puedan incorporar, que se van a incorporar a Cataluña, los nuevos miembros del Cuerpo Nacional de Policía
pueden o van, hipotéticamente, a actuar mal, me parece, insisto, una construcción dialéctica un tanto, si se quiere, endeble.
Yo entiendo que lo más importante para diseñar y vertebrar bien una política de seguridad que parta del aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, que parta de la aplicación máxima del principio de coordinación y de cooperación es,
siempre y en todo caso, la existencia de un clima satisfactorio de acuerdo político entre las partes implicadas, porque eso determina necesariamente la existencia de un buen clima de cooperación técnica y profesional en los aspectos operativos por
parte de aquellos cuerpos distintos que dependen de las distintas autoridades políticas. Eso, afortunadamente, en un tanto monta, monta tanto, se ha dado, se está dando y se seguirá dando en Cataluña, en tanto en cuanto se complete el despliegue de
los mossos d'esquadra, gracias al esfuerzo que está desarrollando el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a dar la palabra al representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no ha podido incorporarse antes a la sesión por tener otros compromisos y que desea intervenir en
la comparecencia. Tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia y las informaciones que ha aportado a esta Comisión. No quiero abusar de este turno, dado que mi grupo no ha
solicitado expresamente esta comparecencia -lo ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista-, pero quiero aprovechar para destacar que para Convergència i Unió es importante reafirmar lo que acordó el Pleno de la Cámara, prácticamente por unanimidad,
hace dos semanas, al aprobar una moción de nuestro grupo parlamentario en la que expresamente se garantizaba que, en ningún caso, podría disminuir el número de efectivos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es decir, que en ese proceso de asunción
de nuevas competencias por parte de la policía autonómica, los mossos d'esquadra, y de sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todos deberíamos velar para que no se produjera ningún tipo de merma en el número global de
efectivos, sino que, al contrario, debería aumentarse. Por tanto, mi grupo parlamentario se reafirma en los acuerdos que ya se están llevando a cabo entre la Generalitat de Cataluña y la Administración general del Estado, en el marco de la Junta de
seguridad de Cataluña, con plena confianza en que en ese proceso se ha de velar de forma muy específica para que en ningún caso se produzca esa menor dotación que nadie desea.
El problema de la inseguridad ciudadana existe en Cataluña como existe en otras comunidades autónomas. En algunos distritos del área metropolitana ese problema es creciente -los datos lo demuestran-, pero es cierto que en esta Cámara
estamos adoptando medidas legislativas que pueden contribuir a que aunemos esfuerzos para que se dé una respuesta más adecuada ante el problema de la inseguridad ciudadana. Para dar una respuesta, los efectivos son importantes, y desde las
administraciones públicas debemos velar para que esa sensación que tienen muchos ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona de que se están perdiendo efectivos no sea una realidad y para que, en el marco de los acuerdos de la Junta de
seguridad de Cataluña, seamos capaces de garantizar que el número de efectivos no va a disminuir sino que, al contrario, puede ir paulatinamente aumentando, tal y como nos piden los ayuntamientos, la propia Generalitat y los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Puntualizaré algunos aspectos que creo que van al fondo de la cuestión. No voy a entrar en las cifras. Ya me ha recordado el representante del Grupo Socialista que la aritmética
no significa demasiado si detrás no hay determinadas condiciones de los números que forman los resultados finales que yo he explicado aquí. En ese sentido, ha señalado el ámbito de la experiencia.
Creo que tenemos que renovar el Cuerpo Nacional de Policía porque tiene una edad media muy alta. Es evidente que eso sólo se puede hacer vía entrada de funcionarios del cuerpo nacional de Policía por las escalas inferiores, es decir, con
gente joven. Creo que no podemos ni debemos impedir que quien solicita un traslado lo obtenga. En Cataluña estamos haciendo lo que, con sentido común, se debe hacer cuando se gestiona una situación como la que he descrito, es decir, reponer a las
personas necesarias en Cataluña, coordinándonos permanentemente desde hace dos años en la Junta de seguridad con el despliegue de mossos d'esquadra.
Hemos reconocido y analizado este despliegue en varias ocasiones, la última fue hace pocos días,
como se nos señalaba.
Me alegro -y se lo agradezco- de que S.S. siga de cerca que lo que allí se acordó se cumpla porque creo que ese es un buen ejercicio de acicate e impulso. Nosotros no lo hemos hecho por ese motivo de acicate o impulso, pero consideramos
que es muy de agradecer. Creemos, con toda sinceridad, que desde el punto de vista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cataluña va a seguir contando con un despliegue suficiente para hacer frente a una situación de delincuencia que,
por cierto, debo decir que, en cuanto a su gravedad, es bastante menor que en el resto de España. Nosotros tenemos la convicción de que con las medidas que hemos tomado vamos a ser capaces de seguir en la tónica que ya se inició en el año 2001 en
relación al 2002 en cuanto a esa disminución y, por los números que he dado, es evidente que habrá que ganar a gran velocidad esa experiencia, que a veces se pierde cuando se van determinadas personas, pero también hay otra cosa evidente, señorías,
que la experiencia se gana pero la juventud no. Por lo tanto, entendemos que de ahora hasta el año 2005, que son los tiempos que nos preocupan, como S.S. señalaba, los mossos d'esquadra tienen una gran experiencia y la Escuela de Policía de Ávila
tiene una experiencia de 150 años. Nuestra gente, cuando sale, sabe qué tiene que hacer, tiene personas allí que la van a orientar, están cooperando con los mossos d'esquadra allí. Entonces, tanto con la presencia policial, que desde el punto de
vista de la seguridad ciudadana es clave, como con las medidas legislativas, que tan justamente ha traído a esta Comisión el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), vamos a conseguir que la situación que empezamos
ya en el año 2001 de mejora de la delincuencia en Cataluña siga por ese camino.
Así pues, no ha habido nada más que esfuerzo y coherencia dentro de un ámbito de posibilidades, que es el que se ha descrito. Si a todo eso le unimos que nosotros seguimos mejorando el nivel de oferta pública de empleo en el Cuerpo Nacional
de Policía y en la Guardia Civil, podremos paliar la sangría que hemos venido sufriendo estos últimos años.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Abrimos el segundo turno, recordando a los señores portavoces que es un turno extraordinario y breve.
Señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Gracias, señor presidente, por concederme en el turno extraordinario de forma ordinaria la palabra, porque el precedente parlamentario, como sabemos todos los que estamos en la sala, haría que lo excepcional fuera
la negación del turno. En cualquier caso, voy a intentar ser lo más breve posible -frase fatídica que intento que sea cierta en esta ocasión- para expresar la perplejidad de mis sentimientos en este momento. Estoy extraordinariamente contento de
la exhibición de optimismo de la voluntad que se ha dado en esta sala ahora, porque se ha dicho que como se quiere que una cosa funcione ya funciona. Esto es estupendo, extraordinario. El problema es que el optimismo de la voluntad, virtud de la
que no voy a renegar, ni mucho menos, tiene el riesgo de convertirse en la ilusión de creer que lo que uno dice es la realidad, y eso es algo más peligroso. Por otra parte, tengo un sentimiento de pena porque el señor secretario de Estado ha dicho
que no han actuado por el acicate e impulso de los representantes de la soberanía popular. Lástima, porque, aparte de todo el acicate e impulso propio que puedan tener tanto el Grupo Popular, como Convergència i Unió, como el Gobierno, la
institución representativa democrática del Parlamento tiene como función acicatear e impulsar la acción del Gobierno. Por ello quisiera pensar que lo que estamos haciendo en la Cámara sirve también para que el Gobierno reflexione, piense y adopte
soluciones a los problemas, si se ponen de manifiesto.
Señor secretario de Estado, aparte de esta perplejidad del sentimiento, ya que jamás he intentado que se impidiera a nadie obtener un traslado en un concurso de traslados, ni en mis palabras escritas ni en las que expreso ahora verbalmente
podrá encontrar eso, hemos intentado algo que es perfectamente compatible con la libertad de los funcionarios, como es compaginar esta libertad en el ámbito reglamentario para solicitar el traslado con la protección de superior interés, la
protección de la seguridad y la libertad de los ciudadanos, para intentar, a través de incentivos no obligatorios -siempre hemos hablado de incentivos- que los funcionarios con una determinada experiencia -que, desgraciadamente, como todos nosotros,
no pueden recuperar la juventud pero pueden transmitir la experiencia y el conocimiento del terreno- permanezcan en un momento excepcional, como hemos dicho todos, en que se produce una situación de cambio, de sustitución total o casi total -porque
siempre quedarán funciones encomendadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- de unos cuerpos policiales por otros. Yo estoy convencido de que una situación en que la tercera parte de la brigada de información se traslada es también
extraordinaria y excepcional, como la sustitución policial, y de que algo hay que hacer para paliar los posibles resultados negativos para la seguridad que pueda tener; ocurre lo mismo con el porcentaje de los cargos más altos, que son los que, por
reunir mayores méritos, pueden solicitar -y así lo han hecho- el traslado.
Nosotros vamos a estar absolutamente vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos - a los que no se referían ni las preguntas ni la comparecencia, seguramente por su carácter reciente- pero, además, tendremos ocasión de debatirlo en el
futuro. Señor secretario de Estado, sin desfallecer en absoluto, sino manteniendo el entusiasmo al que me he referido antes, vamos a intentar continuar con el acicate y el impulso al Gobierno para que, de la forma que nosotros creamos más adecuada,
cumpla las obligaciones que constitucionalmente le competen.
Le agradezco sus informaciones y esperamos que los deseos aquí expresados no signifiquen la confusión de la propia voluntad con la realidad, sino que se pongan todos los mecanismos y medios necesarios para que estos deseos se conviertan en
realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor secretario de Estado, quisiera, una vez más, agradecerle la información.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que en Cataluña nos encontramos ante una situación extraordinaria y es verdad. Es una situación que se da en estos años y que no se dará en el futuro. En este sentido, yo quiero afirmar,
en nombre de Convergència i Unió, que estamos haciendo un esfuerzo para que este proceso salga bien, pero no es fácil.
No nos engañemos. Se puede buscar la crítica fácil, pero no es sencillo hacer un proceso de sustitución de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad por los mossos d'esquadra. Para hacerlo bien hará falta huir de la demagogia y que exista la máxima colaboración institucional. Por parte del Gobierno de la Generalitat sabe que esa colaboración existe ahora y en el futuro, aunque
sabemos que vamos a encontrar piedras en ese camino. Deberemos respetar la situación de muchos funcionarios públicos que tienen derechos en el ámbito de la Función pública y que
los ejercerán. Por tanto, no siempre será fácil encontrar en cada momento la compatibilidad al cien por cien. Pero quiero insistir en que, además de esa colaboración institucional - que ya existe y que sabe que siempre tendrá por parte de
Convergència i Unió- , esto nos debe exigir un esfuerzo presupuestario que le pido tenga en cuenta en la elaboración de los presupuestos de su Secretaría de Estado y también en el marco de los presupuestos del Ministerio del Interior. En la
elaboración de los presupuestos del año 2004 deberemos prever un esfuerzo presupuestario adicional en materia de seguridad para Cataluña, precisamente para cubrir las dificultades que pueden ser inherentes a ese proceso de implantación de una nueva
policía y sustitución de la existente. Van a existir dificultades aunque no queramos, y haremos el máximo esfuerzo para evitarlas, pero no siempre será fácil. Por eso, deberemos tener una ayuda extraordinaria en los presupuestos para una situación
que, como bien ha señalado el portavoz socialista, es extraordinaria. Evidentemente, ante esa situación debemos realizar una atención presupuestaria preferente para que, en ningún caso, se pueda producir esa merma no deseada por nadie y para que se
garantice que, en ningún caso, habría menos efectivos, dando así cumplimiento a la moción que presentó mi grupo parlamentario ante el Pleno de la Cámara. En ese proceso debemos garantizar los efectivos y que, en todo caso, aumenten.
Le agradezco una vez más su colaboración -que sé que existe, como también existe por parte de la Generalitat de Cataluña y como presumo que existe por parte de la mayoría de los ayuntamientos- y el ánimo de que, finalmente, ese proceso salga
bien. Pero repito, ante las dificultades que tiene todo proceso de esta índole, para que salga bien necesitaremos también una inyección presupuestaria en los próximos ejercicios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quisiera aclarar tres cuestiones, muy brevemente.
En primer lugar, recordar que el trabajo que se hace en la Cámara es esencial cuando no hay un impulso previo del Gobierno. Cuando existe ese impulso del Gobierno en relación con la cuestión de que se trate, lo que se hace en la Cámara es
muy importante, pero, desde luego, coadyuvante.
Esos son los términos exactos de la cuestión en relación con el importantísimo papel de esta Cámara, pero con el impulso previo de ambas administraciones, la catalana y la del Estado.
En segundo lugar, celebrar que la primera intervención del señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se haya producido después de la mía y sin haber escuchado la mía, porque así el señor Pedret habrá podido
comprobar la exacta coincidencia de planteamientos de fondo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en esta cuestión.
Y en tercer lugar, precisar que no se trata de hacer aquí ningún canto de buenas voluntades por parte de nadie. Se trata en este caso, de acreditar que las cosas se están haciendo bien en los términos señalados en mi intervención anterior y
que ahora el señor Jané, en nombre de su grupo, acaba de corroborar, es decir, desde el pleno acuerdo entre ambas administraciones, desde el realismo de saber que este es un proceso que tiene, como es natural, sus dificultades y desde luego sin que
nadie incurra en la tentación de hacer demagogia. Y yo, guste o no guste a alguien escucharlo, tengo, por último, que volver a felicitarme del grado de entendimiento, de rigor y de sentido común puesto en práctica por ambas administraciones, cada
cual llevando adelante sus compromisos; los compromisos establecidos de despliegue de los mossos, los compromisos de mantenimiento, en tanto en cuanto ese despliegue se completa, de la fuerza existente en Cataluña del Cuerpo Nacional de Policía y
el clima de trabajo en común, de entendimiento y de buena colaboración que se está dando. Al fin y al cabo, la política no es un ejercicio de trincheras, la política tiene que ser siempre -y ese es el secreto del arte de gobernar- la capacidad de
saber entenderse desde la diferencia al servicio de los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad para cerrar la comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Me gustaría insistir en la línea de la intervención del representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al esfuerzo presupuestario. Cataluña, que
tiene hoy en día uno de los niveles de crecimiento más bajos de España en relación con la delincuencia -muy especialmente Barcelona después del año 2000, que lo pasamos mal-, está haciendo ya ese esfuerzo inversor. El traslado de 170 personas de
comisarias de zonas donde están desplegados los mossos d'esquadra a otros lugares de Cataluña que requieren más presencia policial, supone un esfuerzo inversor. Es difícil explicar al resto de España que nosotros estamos destinando policías a
Cataluña y cubriendo las plazas al cien por cien con juventud, en comparación con otros lugares de España donde quizás el crecimiento de la delincuencia sea un poco mayor, y es difícil explicarlo si no se hace en función de una situación excepcional
desde el punto de vista del cambio de una policía por otra y de la situación de vacío policial que podría ocurrir si eso se llevase a efecto simplemente por el abandono de la zona y no por la cohesión entre las dos policías.
Por tanto, eso también
es un esfuerzo importante desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales.
Estos dos datos, el ámbito de delincuencia en el que nos movemos y el esfuerzo que se está haciendo -que no son simplemente reuniones de la junta de seguridad o del consejero de Interior con este compareciente, no es eso- demuestran que
realmente estamos trabajando para ver cómo se pueden distribuir de la manera más inteligente y más eficaz posible los recursos en Barcelona, sin que ello haya supuesto una disminución, sino simplemente ese decremento de la edad, de la experiencia,
porque en el fondo se está sustituyendo por gente más joven. En eso sí que estoy de acuerdo con el señor Pedret, se va gente mayor y entra gente más joven, no lo puedo negar. Pero esa situación negativa corregida con el tema de la juventud, de la
coordinación, del mantenimiento pleno de los números y del traslado a las zonas realmente complicadas, entendemos que es una manera coherente de administrar una situación que tiene la excepcionalidad que acabo de describir.
Permítame, señoría, que le diga una cosa, y es que cuando uno quiere que una cosa funcione, por mucho que se empeñe, a veces no funciona, pero cuando uno quiere que una cosa no funcione, por mucho que funcione, a veces no funciona. Esa es
la diferencia entre el realismo pesimista, por no decir pesimismo, y el realismo optimista. Yo estoy describiendo una situación de hecho, con el esfuerzo que hay tras él.
Por otra parte, cuando he dicho lo de acicate e impulso lo que he hecho ha sido agradecérselo. Simplemente le he dicho que en este caso habíamos empezado antes.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA ACTUACIÓN DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO DE PALENCIA Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, EN AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA), EL DÍA 08/04/2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000754.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente comparecencia del propio secretario de Estado de Seguridad, en relación con los hechos de Aguilar de Campoo.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD: Se pide la comparecencia sobre la actuación del subdelegado del Gobierno de Palencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Aguilar de Campoo el día 8 de abril de 2002. En relación
con el contenido de esta petición de comparecencia, describiré primero los hechos que ocurrieron. El pasado día 4 de abril, la empresa United Biscuits, propietaria de la fábrica de Galletas Fontaneda, sita en Aguilar de Campoo, Palencia, comunicó a
su comité de empresa que iba a proceder a parar la producción. La causa de esta decisión era que en el plan empresarial de la compañía se establecía el cierre de la factoría como un elemento estratégico de la empresa y que, por tanto, la parada de
la producción era la consecuencia inmediata de esa decisión. Como consecuencia de este anuncio, los trabajadores de la empresa realizaron dos manifestaciones los días 6 y 7 de abril en la localidad de Aguilar de Campoo y un corte de carretera en la
N-611 Palencia-Santander, a su paso por la villa, con objeto de expresar su disconformidad con esta decisión y reivindicar el mantenimiento de la factoría.
El lunes día 8, cinco directivos y un representante legal de la empresa se reunieron con el comité de empresa en las oficinas de la fábrica informándoles de que se iba a reiniciar la producción, pero que la decisión del cierre de la fábrica
era definitiva. Esta información fue inmediatamente participada por el comité de empresa a los trabajadores reunidos en las inmediaciones. Tras conocer la noticia, un grupo de sesenta personas irrumpieron en la fábrica con cacerolas, bombos,
silbatos, golpeando las paredes y puertas y rompiendo algunos cristales en la dependencia que ocupaban, lo que obligó a los directivos a cambiar el lugar donde se encontraban. En el puesto de la Guardia Civil de Aguilar de Campoo se recibió
comunicación de estos hechos, lo que motivó que se presentase un oficial en las dependencias de la empresa para conocer in situ la situación creada. Por dos veces los concentrados le impidieron la entrada a gritos; a la tercera logró entrar en las
dependencias de la empresa y ponerse en contacto con los directivos retenidos, quienes le manifestaron que, dada la situación y para evitar mayores problemas, no tenían inconveniente en permanecer allí el tiempo que fuese necesario. Con
posterioridad, los mismos directivos manifestaron telefónicamente su deseo de ser protegidos para abandonar las instalaciones, donde estaban siendo permanentemente abucheados e increpados por las personas que se encontraban dentro de la fábrica.
Ante la situación creada, el subdelegado del Gobierno se puso en contacto telefónicamente varias veces con los representantes empresariales que estaban en el interior de la empresa y con el presidente del comité de empresa e incluso se
reunió personalmente con él en las dependencias del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, así como con miembros del comité de empresa al objeto de facilitar la salida pacífica de los representantes empresariales. El comité manifestó su voluntad de
colaborar en dicha acción, pero reconoció su incapacidad para garantizar la seguridad de los directivos una vez que estos estuvieren fuera en la calle. En estas circunstancias, las fuerzas de orden entendieron que no resultaba aconsejable forzar la
salida de los representantes empresariales, dada además la presencia de un gran número de menores en los alrededores, puesto que en ese momento era la salida de los colegios, y el aprovisionamiento
de piedras que los manifestantes habían hecho frente a la fábrica. A las 20:45 horas se recibía en la subdelegación del Gobierno una comunicación de la empresa citada -United Biscuits- en la que se señalaba textualmente: Ante el cariz que
están tomando los acontecimientos en la factoría de Aguilar de Campoo y el consiguiente riesgo para la seguridad personal de nuestros directivos, que han acudido de buena fe a una reunión de negociación a primera hora de la mañana, les rogamos que
adopten urgentemente las medidas necesarias para que puedan abandonar la fábrica garantizando su total seguridad.
A esa misma hora el ambiente se había vuelto a enrarecer como consecuencia de que los concentrados en el exterior comenzaron a arrojar contra la fachada principal del edifico piedras y botes de bebidas, rompiendo cristales.
La llegada de las fuerzas de orden fue recibida con abucheos por las personas congregadas, pese a lo cual entraron en el recinto sin mayores problemas y accedieron al despacho donde se encontraban retenidos los seis directivos. En un primer
momento, y convenientemente protegidos, los condujeron a la puerta principal, frente a la cual se arremolinó una gran cantidad de personas, produciéndose empujones y lanzamiento de huevos y piedras. Ante el riesgo que pudieran correr las personas
protegidas y las que se encontraban en el lugar, se optó por no continuar con la progresión y buscar otra salida, tal como se consiguió finalmente a través de una puerta lateral. Una vez que los directivos se encontraron en el exterior, el grueso
de los efectivos, alrededor de 70 guardias civiles, procedieron a salir de la fábrica. A la salida, los reunidos los recibieron con piedras de considerable tamaño que provocaron algunos heridos entre la fuerza actuante, lo que obligó al lanzamiento
a mano de botes lacrimógenos, que se tradujo de inmediato en la dispersión de los reunidos y prácticamente en el cese del lanzamiento de objetos contra vehículos y componentes del cuerpo. No se produjo ninguna carga de la fuerza actuante. Hubo 17
guardias civiles heridos de diferente consideración y daños en 12 vehículos oficiales así como desperfectos de menor cuantía en material y equipo. En el centro médico de la Cruz Roja de Aguilar de Campoo se atendió a dos personas por lesiones de
carácter leve, esto es, una herida inciso occipital (pequeño corte) y un hematoma en el quinto dedo de la mano derecha. La ambulancia de la Cruz Roja atendió a dos muchachos que se quejaban de molestias debidas a haber inhalado gases lacrimógenos.
No hay constancia escrita de que tuviera lugar ninguna otra actuación médica.
De acuerdo con esta descripción de los hechos, y tal como he manifestado al principio de mi intervención, entiendo que tanto la actuación del subdelegado del Gobierno como la de la Guardia Civil en la fábrica de Galletas Fontaneda deben
calificarse como medidas y eficaces al objeto por el que fueron requeridas. Unos días más tarde, el pasado 22 de mayo, y con motivo de una marcha a pie que los trabajadores de Fontaneda realizaron desde Palencia a Valladolid para manifestar su
protesta por el previsto cierre de actividad de la empresa, el secretario de organización del sindicato CC.OO. de Castilla y León dirigió una carta al subdelegado del Gobierno agradeciendo la ayuda y colaboración prestada por las fuerzas del orden
en nombre de los trabajadores de Fontaneda.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Deseo en primer lugar agradecer al señor secretario de Estado de Seguridad la información facilitada que coincide grosso modo en lo sustancial con la versión que mi grupo tiene de estos hechos. No se le
ocultará la preocupación que teníamos, y de ahí la solicitud de comparecencia para conocer lo que había ocurrido porque, además de recibir su información, nos gustaría trasladarle algún dato complementario procedente de la que nosotros tenemos.
Al parecer, se celebra efectivamente esa reunión en un momento de máxima tensión tanto en Aguilar de Campoo como en la comarca porque en los días previos se había producido lo que muchos hemos denominado conscientemente un intento de despojo
industrial de la marca Fontaneda por la multinacional United Biscuits. Pues bien, siendo cierto que existía ese ambiente de máxima tensión, no lo es menos que en numerosos momentos a lo largo del día se podía haber facilitado tranquilamente la
salida de estas personas. Esa es la grave negligencia que imputamos al subdelegado del Gobierno y a quien estuviera al mando, porque en el momento que se elijiera para la salida había mucha tensión y mucha gente que estaba alterada por una
situación que no hace falta reproducir. Pensamos que no hubiera habido necesidad de ningún tipo de carga policial; al parecer sí las hubo y fueron tres. Nosotros no hemos denunciado públicamente, ni lo vamos a hacer en esta comparecencia, un
exceso en la actuación de los antidisturbios, porque cuando tenemos que decirlo lo decimos con claridad. Nos parece que en este caso ha habido además varios guardias civiles heridos, y quizá haya sido como consecuencia de esa actitud, insisto,
negligente y de la inoportunidad del momento, porque hubo momentos a lo largo del día en los que apenas había 30 ó 40 personas y había una salida por la parte trasera, que llaman zona de las amasadoras, que es por donde efectivamente salieron por la
noche. Se podía haber evitado el problema perfectamente.
Otro dato que queremos trasladarle en cuanto a la actuación poco acertada, a nuestro juicio, del subdelegado del Gobierno es que en un momento de tensión como el que se vivía pretendió que fuera el alcalde
quien intentara solucionar el conflicto allí existente. Afortunadamente, al no producirse la actuación del alcalde, se evitaron males mayores.
Hubo una comunicación directa con el ayuntamiento, que no era competente en este caso ni tiene
medios puesto que cuenta con una dotación total de nueve policías municipales para la totalidad de los turnos. Imagínese, señor secretario de Estado, las posibilidades reales ante una situación que se puede escapar de las manos en un momento,
insisto, de máxima tensión. Pero, siendo cierta la existencia de esa máxima tensión hubo varias horas a lo largo del día en las que había escaso número de personas concentradas y por tanto podían haber salido los directivos de la multinacional, a
quienes, como bien ha dicho, no es que les retuvieran por la fuerza sino que tenían miedo, probablemente fundado, de que si salía, la acogida no sería desde luego favorable y nadie puede responder de lo que hubiera podido ocurrir en un momento de
ese tipo, pero desde luego quien no podía garantizar ninguna seguridad era el ayuntamiento.
Afortunadamente, no intervino la Policía municipal porque hubiera podido ser un auténtico desastre.
Le agradezco la información que nos ha facilitado para responder a nuestra preocupación. El problema laboral que lo motivó aún no se ha solucionado y esperamos y deseamos que no vuelva a haber ningún conflicto, y si hubiera algún tipo de
problema, esperamos que se actúe con un poco más de diligencia porque, insisto, se podían haber evitado los riesgos de ocurrir algo más grave y, desde luego, las lesiones que se produjeron.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Celinda Sánchez.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: De la intervención del compañero del Grupo Socialista que ha pedido la comparecencia pudiera parecer que este municipio, que ha vivido una experiencia que esperamos y deseamos que no vuelva a repetirse, es un
pueblo conflictivo, y yo quisiera, si ustedes me lo permiten y para conocimiento de todos, explicar aquí cuál ha sido el detonante de los hechos por los que hoy ha sido llamado a comparecer el secretario de Estado. Este es un pueblo, como decía,
que tiene unos habitantes pacíficos, acogedores, muy tranquilos y trabajadores. ¿Qué es lo que ha hecho que los vecinos de Aguilar de Campoo desencadenen una actuación como la de las Fuerzas de Seguridad en la villa galletera? Todos ustedes
conocen los antecedentes por los medios de comunicación.
Esta villa sufre desde hace unos meses una vicisitud laboral que, como viene diciendo el interpelante, es consecuencia de la compra hace varios años por el grupo internacional Nabisco ade la
fábrica de familia Fontaneda, propietaria desde hace más de 100 años de una industria galletera que produce la galleta María Fontaneda, la más famosa y popular galleta conocida en España y fuera de nuestro país. Hace unos meses, como aquí se ha
dicho, United Biscuit anuncia a los trabajadores la pretensión de cerrar esa factoría para trasladar su producción a otras empresas que tiene ubicadas en el País Vasco y en Navarra. Ante estas noticias, el pueblo de Aguilar se moviliza para impedir
ese cierre, con los diferentes encierros, movilizaciones y marchas a otras provincias, todo ello siempre de forma pacífica. Tengo que poner aquí de manifiesto que paralelamente a esto, la Administración autonómica inicia inmediatamente
negociaciones con la empresa, los sindicatos y diferentes grupos para tratar de solucionar esta crisis. En ese intervalo de tiempo, el día 8 llegan a la factoría varios directivos de la propiedad para anunciar a los trabajadores el cierre
irreversible de estas instalaciones. Ante esta circunstancia, y en dicha reunión, que, como ustedes han puesto de manifiesto, no duró más de 20 minutos, los ánimos se exaltaron y fueron retenidos seis directivos en contra de su voluntad por varios
trabajadores.
Esta noticia se extendió inmediatamente por la villa y se fueron congregando espontáneamente miles de aguilarenses para manifestarse contra ese cierre. Esto da paso a una situación tensa y complicada que fue inmediatamente puesta en
conocimiento de la Guardia Civil local, que rápidamente -y esto hay que decirlo aquí- hizo acto de presencia en las instalaciones para conocer los hechos in situ. Después de varios intentos sin que le permitieran entrar, consiguieron acceder a los
directivos, quienes, como el señor secretario de Estado ha dicho, para evitar problemas mayores, dijeron que no tenían inconveniente en permanecer allí.
Es verdad que, ante el cariz de los acontecimientos, estos mismos directivos pidieron protección para poder salir de las instalaciones, pero, paralelamente a estos hechos, la actuación del subdelegado del Gobierno, señor Pita, fue
correctísima, de diálogo constante a través de la vía telefónica y de encuentros personales con miembros de los representantes del comité de empresa y del propio presidente de dicho comité. Tuvieron múltiples conversaciones para tratar de conseguir
que los directivos pudieran salir sin tener que intervenir las fuerzas de seguridad. Es verdad que el propio comité de empresa, y concretamente su presidente, reconoció la incapacidad que en esos momentos tenían para garantizar la seguridad de
estas personas cuando salieran a la calle, porque realmente se habían ido encrespando los ánimos y los allí concentrados arrojaban todo tipo de objetos contra la fachada del edificio. Ha dicho quién ha precedido en el uso de la palabra que podían
haber salido por una puerta trasera, que podían haber esperado a que no fuera tan numerosa la afluencia de personas, etcétera. Esto es -y él lo sabe perfectamente- tratar de tergiversar los hechos, puesto que la gente hizo guardia constantemente,
día y noche, durante el tiempo que duraron las manifestaciones, y por tanto iba a ser imposible sacarles.
¿Qué hacer ante un acto rechazable de esta índole, que vulnera la legalidad vigente y los derechos fundamentales de las personas allí retenidas, cuando además se está produciendo una tensión extrema en una localidad normalmente pacífica?
Pues, señorías, actuar. Y actuar en defensa de unos derechos y principios que están siendo vulnerados y que el Estado, a través de las fuerzas del orden, tiene que salvaguardar.
Señor Morenés, yo le puedo decir, porque me consta, que la Guardia Civil actuó con profesionalidad, con corrección, con eficacia y con una serenidad que permitió aguantar los insultos y agresiones en forma de objetos contundentes, incluidas
piedras de muy considerable tamaño, sin repeler -a pesar de que se diga que hubo tres cargas- en ningún momento las agresiones de los más virulentos. Es cierto, como usted ha puesto de manifiesto aquí, que se arrojaron dos botes de gases
lacrimógenos, pero se hizo a mano para evitar que pudieran hacer daño a cualquiera de los que allí estaban manifestándose.
Vuelvo a decir que queremos expresar un reconocimiento a la profesionalidad y al buen hacer de la Guardia Civil y del subdelegado del Gobierno, que ese día lograron sacar a esos directivos de la fábrica.
Creo que el saldo que ustedes han
dado lo dice todo en cuanto a cómo actuaron las fuerzas del orden: 17 miembros de la Benemérita heridos, 12 vehículos oficiales dañados y, afortunadamente, tan sólo dos personas de los manifestantes lesionados leves. Esta, señorías, es la
correctísima actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del subdelegado del Gobierno, que estuvieron presentes en todo momento desde que empezaron los incidentes en la villa galletera.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En primer lugar, quiero darles las gracias por sus intervenciones y por el tono en el que se han expresado.
De la lectura y del conocimiento de los hechos, tanto del que yo tengo como del que ustedes han manifestado, se aprecia una aceptación de que la actuación policial fue moderada, ajustada a la situación, por lo que, desde el punto de vista de
la actuación de la Guardia Civil, me doy por satisfecho, puesto que en situaciones complicadas no es fácil hacer diagnósticos similares y sobre todo gratos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo difícil que es mantener una actuación
templada.
En cuanto a la intervención del delegado del Gobierno, habiendo escuchado lo que he escuchado, solamente me consta una cosa, y es su permanente presencia en el lugar de los hechos desde el principio hasta el fin. No tengo elementos de
juicio suficientes para poder decir en estos momentos, sobre todo porque estoy hablando a toro pasado -si se me permite la expresión-, si se podría haber tomado antes una decisión que pudiera haber sido más o menos peligrosa a la hora de causar los
daños que se causaron a las personas y a las cosas. Ahora bien, del tracto que he expresado, del que aquí se me ha contado y del mismo tracto del representante del Grupo Socialista se deducen dos cosas fundamentales: presencia y diálogo
permanentes. No me parece rechazable la decisión que se tomó no sólo ante quienes estaban fuera, sino también ante quienes estaban dentro, que eran soberanos para decidir cuándo querían salir, porque debo decir que la precaución es libre, aunque
esto hizo que lamentablemente se produjera una intervención policial en un determinado momento del día en el que ni las circunstancias ni el aguante personal de quienes estaban encerrados ni -lo que para mí desencadenó todo el problema- la llamada
que estos señores hicieron a sus responsables empresariales y de estos responsables empresariales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que hasta ese momento estaban respetando una decisión soberana de quienes estaban en el interior de su empresa,
eran factores favorables. La condición del respeto a los derechos de las personas, unida a la condición de garante del orden público y sobre todo de la seguridad que tiene que tener todo subdelegado de Gobierno, no se articula como un criterio de
mala decisión. Es mi honesto entender, y no una defensa a ultranza de algo indefendible, pues creo que la decisión se tomó cuando se consideró que tanto los amenazados como la situación en general podría degenerar en algo peor, con resultados que
ojalá se eviten, como S.S. dice, la próxima vez si es que hay una próxima vez, que esperemos todos que no. Por tanto, no me parece que el proceso de la decisión en sí sea atacable.
Dicho esto, a toro pasado, repito, pensar que se podría haber hecho de una manera mejor siempre es un ejercicio sano de critica o de autocrítica, pero estoy convencido de que el delegado obró a su leal saber y entender para garantizar los
derechos de los que estaban fuera manifestándose y sobre todo la seguridad de los que estaban dentro amenazados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Villarrubia, ¿desea intervenir? (Pausa.)
Señor secretario, ¿tiene algo más que añadir? (Pausa.)
Damos por terminada la comparecencia.
- EL INFORME POLICIAL INTERNO QUE CUESTIONA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ EN CEUTA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000785.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo
al informe policial interno que cuestiona la independencia judicial en la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Comparezco para explicar la existencia de un informe policial interno que cuestiona la independencia de la Sección sexta de la Audiencia Provincial, tal como reza el título de la
petición de comparecencia.
En el mes de diciembre de 2001, la policía de la ciudad de Ceuta elaboró un informe de situación con objeto de informar a la superioridad sobre el clima de alarma social causado por la puesta en libertad de algunos notorios narcotraficantes
ceutíes. Este informe se hacía eco del asesinato de un súbdito marroquí, de la identificación y detención de sus autores, del encarcelamiento de los mismos y de su subsiguiente puesta en libertad, a consecuencia de los autos dictados por la Sección
sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Se trataba de una nota de trabajo de carácter informativo. En el mes de abril de 2001, es decir, cuatro meses después de su elaboración, el diario El País difundió parte de los contenidos de este informe,
así como otros datos recabados por el propio rotativo que incidían en lo reflejado por el informe policial de situación. Al día siguiente de la publicación de este reportaje, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del
Poder Judicial ordenaron la apertura de sendos expedientes informativos previos a la incoación de los correspondientes disciplinarios, si así procedieran. Como consecuencia de la apertura del expediente informativo por el Consejo General del Poder
Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determinó archivar su decisión de apertura de expediente al ser el Consejo General del Poder Judicial un órgano jurisdiccional superior y competente en la materia. El día 21 de mayo entró en
el registro de la delegación del Gobierno de Ceuta la solicitud de remisión del informe policial de situación, lo que se realizó dos días más tarde, el pasado 23 de mayo. Con la aportación de este informe y de otros solicitados por el Consejo
General del Poder Judicial, la Comisión de Disciplina del Consejo determinará si el expediente informativo abierto pasa a constituirse o no en expediente disciplinario. En consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial conoce en estos momentos
del asunto, ha considerado oportuno conocer el informe policial interno del que hablamos a la hora de poder abrir o no el expediente disciplinario, en estos momentos estamos efectivamente a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial se
pronuncie -vía en la que nosotros ya no tenemos nada que hacer-, pero desde luego no tomando como base nuestro informe, que no es un elemento de prueba, sino que simplemente describe una serie de hechos en relación con unas actuaciones que, como
constan y son notorias, excuso a la Comisión de tener que escuchar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Sorprende, señor secretario de Estado, que diga que este informe como que no es un elemento de prueba, porque los hechos que han sucedido son extraños. Precisamente, su comparecencia aquí, solicitada por el Grupo
Parlamentario Socialista, obedece a que queremos que el Gobierno responda de este informe policial, porque nos parece que la propia existencia de este informe policial interno y la filtración a los medios de comunicación sobre aspectos de la vida
privada de un juez que emite sentencias en casos de narcotráfico no parece ser el procedimiento más en una sociedad democrática. El día 21 de abril aparece efectivamente la noticia en los medios en los siguientes términos: La policía critica el
fácil acceso de los narcos al presidente de la Audiencia de Ceuta. Este informe policial, que cuestiona la independencia judicial del presidente de la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, don Fernando Tesón, por una sentencia de esta
Sala emitida por tres magistrados y la consecuente excarcelación de conocidos narcotraficantes, se produce además después de que la ciudad había depositado todas las esperanzas en la delegación del Gobierno y en las fuerzas de seguridad para que se
produjese la captura de los citados narcotraficantes, es decir, el clima previo ya era a difícil en la ciudad. Que las propias fuerzas de seguridad tengan datos sobre lo que pueda pasar en la ciudad nos parece necesaria, pero que se elabore un
informe en el que aparecen aspectos privados y, elaborado además para denigrar la imagen y destruir la carrera de un presidente de la Sala sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz no nos parece lógico; nos parece que es un procedimiento que merece
una consideración.
Señor secretario, cuando se dice que el presidente de la Audiencia bajaba en chandal a atender a narcotraficantes, cuando se sabe que este señor tiene su residencia en la propia sede de la Audiencia, o cuando se dice que tenía supuestas
amistades y que asistía a determinadas celebraciones familiares, dejando ver que existían relaciones que podrían suponerse de connivencia, son afirmaciones muy delicadas para ser recogidas en un informe por escrito de las fuerzas de seguridad, un
informe policial interno que además se filtra a los medios de comunicación. Son situaciones muy delicadas que plantean dudas a la ciudadanía. La situación en Ceuta es especialmente difícil. Mantener una posición de honestidad en profesiones muy
difíciles es una heroicidad, tanto para las fuerzas de seguridad, como
para el estamento judicial, como para otros estamentos, en ciudades donde se dan situaciones de narcotráfico que provocan climas como el que ha vivido de manera extrema la ciudad de Ceuta. Por esta razón, por ser este tema tan delicado, se
exige una mayor responsabilidad del Gobierno y de las fuerzas de seguridad. Quisiéramos saber quién encarga ese informe, que aquí se llama nota de trabajo de carácter informativo. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo manda hacer? ¿Quién lo filtra a los
medios? ¿Es habitual este tipo de informes sobre la vida privada de los jueces? Porque un informe que distorsiona y que manipula la información no tiene el objetivo de establecer las dificultades ante el narcotráfico. Es un juicio interno y,
desde nuestro punto de vista, peligroso.
La respuesta social que la trayectoria de este juez ha merecido ha sido importante por haberse visto sometido a un auténtico juicio paralelo sin ningún tipo de defensa. Aquí le traigo la copia del acuerdo adoptado por el ilustre Colegio de
Procuradores de Ceuta, donde hablan de rechazo total y unánime de este colectivo a las divulgaciones que en los medios de comunicación se han realizado sobre el ilustrísimo señor don Fernando Tesón; acuerdo del Colegio de Abogados, recogiendo el
sentir expresado por los colegiados y su preocupación por el contenido del artículo sobre la labor profesional del presidente de la Sección sexta de la Audiencia; comunicado de prensa de la junta de personal de Ceuta en representación de los
funcionarios de la Administración de justicia de este partido judicial; sindicatos unificados de policía; Unión General de Trabajadores; funcionarios del Ministerio de Justicia destinados en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Es decir, tiene usted
aquí una serie de comunicados provenientes, señor secretario de Estado, de estamentos importantes de la ciudad que han mostrado su unánime rechazo al origen y a la divulgación de esta información filtrada a los medios.
Lo grave de esta situación es que Interior no solamente no ha desmentido este informe, sino que acaba de decirnos que es una nota de trabajo de carácter informativo y que ha sido puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial,
que en su día abrió diligencias, y aún no se sabe cuál ha sido el resultado de estas investigaciones. Señor secretario de Estado, el procedimiento que en este caso han seguido el Ministerio del Interior y las fuerzas de seguridad no nos parece que
corresponda a un Estado de derecho. La lección que se podría sacar de esto puede ser nefasta. No existe ningún responsable de esta nota informativa y la lectura podría ser que los jueces que no siguen las instrucciones de la Delegación del
Gobierno pueden verse ante dificultades.
Esta es una lectura peligrosa que podría hacerse y que desde luego de ninguna de las maneras deberíamos de consentir en un Estado de derecho como en el que vivimos.
No entramos aquí en lo acertado de las sentencias judiciales o en los errores que pudiera haber en las mismas, ni vamos a hacer nosotros aquí un juicio de intenciones ni mucho menos un juicio paralelo, porque para eso están los tribunales,
pero lo que queremos es que usted diga quién es responsable de dicho informe, qué medidas va a adoptar ante conductas semejantes y qué consecuencias va a tener, porque en la lucha contra el narcotráfico no todo vale; no tiene más límites que los
del Estado de derecho, pero tiene unos límites, y permitir que sean informes policiales los que avancen datos que de ninguna manera deberían ser recogidos por informes de esta naturaleza y que suponen juicios paralelos atenta en nuestra opinión
gravemente contra los fundamentos de ese Estado de derecho y nos parece que esta actuación no debería quedar impune. Nos parece que los éxitos policiales no pueden ser a costa de todo y desde luego la elaboración de estos informes tiene una
dirección responsable que debe asumir cuáles son las consecuencias de este tipo de informes.
Impune está todavía el robo de cientos de kilos de hachís de la Delegación del Gobierno en Navarra y aún no sabemos quién ha sido el responsable de la
desaparición de esos cientos de kilos de droga de la Delegación del Gobierno. Situaciones así no se pueden vivir y, precisamente porque nosotros creemos que hay límites que se deben de respetar y que, independientemente de las decisiones que puedan
o no gustar, los fundamentos de un Estado de derecho deben de respetarse, el Ministro del Interior debe adoptar medidas y asumir las responsabilidades que se puedan derivar de un informe policial de esta naturaleza.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al secretario de Estado y agradecerle sus explicaciones con referencia al tema que nos trae en esta comparecencia. En segundo lugar, quiero decir que me siento muy
reconfortado por la afirmación que ha hecho la señora Romero determinando que el 99 por ciento de la población de Ceuta somos héroes, ya que mantenemos nuestro estado de honestidad y honorabilidad impoluto en una ciudad que, según ella, es bastante
difícil mantenerlo.
Me daré por aludido en la parte que me corresponde, por no ser una persona relacionada con ningún tipo de acción irregular o delictiva, como, insisto, el otro 99 por ciento de la población, salvo aquellos que me imagino tengan
sentencias firmes como consecuencia de esta relación en una ciudad que parece ser que la señora Romero visita de vez en cuando, y debe de tener un conocimiento exhaustivo de cómo se vive allí, al filo del abismo o al filo del delito.
Dicho lo anterior, efectivamente puede ser que el informe haya sido pedido por otro juez, por ejemplo, algún juez que haya determinado que cuando dicta la
prisión provisional y luego dicta...Por cierto, no son sentencias, señora Romero, son resoluciones judiciales; hay una diferencia bastante sustancial entre una sentencia y una resolución judicial en este ámbito, pero no voy a entrar en ese
terreno, porque yo creo que no merece la pena. Si ha leído la información que venía en El País -creo que usted ha leído el titular; yo he leído el titular y el resto de la información-, respecto de alguna de las afirmaciones que se dice que dicen
en el informe policial -que yo no conozco, usted lo debe conocer, yo desde luego no tengo conocimiento ni he tenido acceso a ese informe restringido policial-, el propio juez en este caso acepta que algunos de los planteamientos que se le hacen en
ese supuesto informe interno policial son verdad, como, por ejemplo, que en una ciudad pequeña como Ceuta, el hecho de salir a dar un paseo e ir en chándal puede suponer que se acerque al despacho a atender a personas que deseen hablar con él de
alguno de los temas que les afecten judicialmente. No voy a insistir mucho más en este tema. Si hubiera una segunda intervención, le daría cumplida cuenta sobre algunas cosas que ha dicho, que no creo que merezcan la pena. Sí tengo que decirle
que he visto cómo compañeros jueces de la Audiencia Nacional suscribieron un manifiesto de apoyo a tres jueces que, como consecuencia de una resolución seguramente errónea, pusieron el libertad a alguien llamado El Negro, que es un reconocido
narcotraficante que todavía está por detener.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señorías, gracias por sus intervenciones. Coincido plenamente en que aquí no se trata de hacer ningún juicio al señor Tesón. Hay un documento interno que se elabora dentro del
ámbito policial, que es dirigido hacia la propia Delegación del Gobierno, para conocer, como S.S. ha señalado con acierto, una resolución que tiene un especialísimo impacto en la sensibilidad del pueblo ceutí, que ve cómo tres personas que están en
prisión preventiva son puestas en la calle y eso altera el normal entendimiento que la ciudadanía tiene del funcionamiento -correcto siempre, hasta que no se demuestre lo contrario- del Poder Judicial. Precisamente son el propio Poder Judicial,
señoría -no por este informe, sino por otros informes, por otras noticias y por otras vías de conocimiento que puede tener-, y el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los que deciden -y vuelvo a decir, no por este informe, este informe
es traído a la causa una vez que esta se abre- iniciar un expediente informativo para ver si después deriva en un expediente sancionador o no. En esas estamos, señoría.
Quiero señalar una última cosa. La velada acusación de que es la propia policía o la propia Delegación del Gobierno la que filtra interesadamente al diario El País este informe no se compadece bien con la realidad, desde el punto de vista
de intencionalidad política o de cualquier otro tipo de intencionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del delegado del Gobierno. Yo no entro en lo que decida el Consejo General del Poder Judicial sobre las actuaciones de un
magistrado, el cual, mientras esté en la situación en la que está, tiene mis mayores respetos. Su conducta está siendo analizada en estos momentos por quien puede y quien debe. El informe es un informe interno que no filtran ni las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado ni el delegado del Gobierno. Contiene elementos de juicio sobre una situación en la que la ciudadanía y la sociedad de Ceuta ve con alarma una decisión que afecta a tres de los más importantes presuntos delincuentes
-ya condenados por otras sentencias-. Esto es lo que hay, señoría, no quiera ver nada más. Le reconozco que es la primera vez en dos años que veo un informe de estas características. Me parece que no es lo habitual. Su señoría quería hacer de
este informe la manera habitual de operar y no es así. Debo decir que esa decisión judicial, en el ámbito en el que se ha producido, con las connotaciones que le da el representante del Grupo Parlamentario Popular, quien además es ciudadano de
Ceuta y conoce bien la situación, produce una cierta alarma social. Esa alarma social es transmitida al delegado del Gobierno -que es fundamentalmente quien debe tener conocimiento de lo que está ocurriendo allí- y por una filtración se produce
todo este asunto. Este asunto no es ni ha sido ni será nunca elemento de prueba. Las señorías del Consejo General del Poder Judicial verán si lo que pone este informe tiene algún sustrato de tipo disciplinario o no tiene ninguno desde el punto de
vista de los hechos y en consecuencia decidirán.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor secretario de Estado, si es cierto que pueden generar alarma las decisiones judiciales, desde luego también es cierto que genera alarma social el hecho de que informes policiales puedan estar, como en este
caso, en la sede del Consejo General del Poder Judicial cuando hay una persona que se encuentra ante expedientes disciplinarios de esta naturaleza. Si cualquier ciudadano que se encuentra en situación procesal difícil tiene en sede judicial
informes policiales sobre sus actividades o su vida privada, eso sí que genera alarma social, señor secretario de Estado. Es que no es habitual que eso se produzca en un Estado de derecho y, como lo no es, si alarma social hay por una excarcelación
o por una decisión judicial, que puede ser acertada o errónea, desde luego la que se genera cuando hay informes policiales sobre conductas privadas que puedan servir de base a decisiones judiciales nos parece grave y nos crea una desazón. Pensamos
que en el futuro
este asunto va a traer cola, no va a parar aquí. Si el Ministerio del Interior reconoce que existe ese informe, que lo ha encargado el propio Ministerio del Interior a la Delegación del Gobierno en Ceuta, y que ese informe va a servir de
base para la posible investigación que en el futuro se vaya a hacer y está en sede del Consejo General del Poder Judicial con vistas a las decisiones que se puedan tomar acerca del comportamiento en la Sala sexta, no nos parece un procedimiento
correcto en un Estado de derecho. No soy experta en cuestiones procesales, pero desde nuestro punto de vista, si alarma genera una excarcelación, desde luego la que pueda generar la existencia de un informe sobre actividades privadas o sobre la
vida privada de un juez no parece lo habitual en un Estado de derecho, francamente señor secretario de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Podría extenderme mucho, no lo voy a hacer para no alargar mucho la Comisión, basta ser que el señor secretario de Estado tiene que ausentarse a las ocho y media como consecuencia de una reunión importantísima.
Me da la sensación de que la señora Romero traía una intervención encorsetada y premeditada. Aquí nadie ha dicho que el delegado del Gobierno ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio del Interior hayan encargado un informe policial.
Yo no lo he oído, señora Romero; lo ha afirmado usted. Yo en ningún momento he oído que ese informe haya sido encargado por la Delegación del Gobierno o por el Ministerio del Interior. Es más, si ese informe está en sede judicial, en el Consejo
General del Poder Judicial, será porque los jueces o el Consejo General del Poder Judicial lo han pedido para tener elementos de juicio a la hora de tomar una determinación. Le voy a decir una cosa, señora Romero, el señor Tesón, que así se llama
el presidente de la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, merece todos mis respetos. Es una persona conocida allí, nos conocemos, incluso en alguna ocasión hemos coincidido en alguna cena o tomando alguna cerveza. Me merece
todos los respetos, pero al señor Tesón no le diferencia nada ni de usted ni de mí; es un ciudadano sometido al imperio de la ley, como todos los que estamos aquí y, por lo tanto, se verá sometido en un momento determinado, en caso de que haya
algún tipo de acción que pueda provocar una situación no querida para nadie, al imperio de la ley y lógicamente a la investigación policial, que en este caso ha sido interna y que luego además ha sido reclamada por el Consejo General del Poder
Judicial. Yo no veo dónde está el problema. Si usted me dice que el problema está en que ha salido a los medios de comunicación, puedo estar de acuerdo con usted, señora Romero, nada más que en eso, pero no es un elemento de juicio para que usted
venga aquí y afirme, con lo rotundidad que lo ha hecho, que ese informe ha sido filtrado por la Delegación del Gobierno, por la policía o por quien usted estime oportuno. No. Habrá sido filtrado por quien se determine en su momento, si es que se
llega a determinar, o sencillamente podemos tener como elemento de juicio que hay buenos periodistas en este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado, para concluir.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría, el Estado de derecho se basa precisamente en la acción del control judicial del cumplimiento de las leyes por todos los ciudadanos. Segundo, los informes policiales
constan en todos los tribunales del mundo. ¿Cómo cree S.S. que se condena? ¿Cree S.S. que los policías no testifican, no hacen pruebas periciales o no presentan informaciones en los tribunales? Este es un informe que nadie envía al Consejo
General del Poder Judicial, sino que es reclamado: el 21 mayo entró en el registro de la Delegación del Gobierno de Ceuta la solicitud de remisión del informe policial de situación, que le fue remitido dos días más tarde, el pasado 23 de mayo, por
orden del juez. Es que el juez puede ordenar, señoría, en un Estado de derecho que se remitan todos y cada uno de los elementos de convicción o no convicción que considere oportunos; eso es precisamente el Estado de derecho.
Señoría, en este asunto creo que conviene -y estoy de acuerdo con usted y con el representante del Grupo Popular- iniciar la investigación oportuna -y así lo haré- para conocer cómo ha sido posible que esto se filtre. Eso sí que creo que es
una obligación, porque por muy buenos que sean los periodistas, que lo son en este país, también es verdad que nosotros debemos tener cuidado de que no se filtre este tipo de documentos. Dicho esto, ni asumo la responsabilidad de la filtración ni
la asume el delegado del Gobierno ni la asume la policía. Habrá que ver qué es lo que ha pasado. El derecho que tiene el juez a contar con los elementos de juicio, valga la redundancia, que considere oportunos está reconocido en todas las
constituciones del mundo y ese es, precisamente, el pilar del Estado de derecho.
- LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO A SU CARGO EL PASADO DÍA 2 DE MAYO ANTE EL LINCHAMIENTO DE VARIOS PERIODISTAS POR PARTE DE GRUPOS DE ULTRADERECHA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000788.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente de las comparecencias, que es la primera del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para que el señor secretario de Estado explique la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a su cargo, el pasado día 2 de mayo, ante el linchamiento de varios periodistas por parte de grupos de ultraderecha.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Con motivo del partido de fútbol que se celebró el pasado 1 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu entre los equipos del Real Madrid y Barcelona, las brigadas provinciales de
información y seguridad ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid establecieron dispositivos de control, seguimiento y vigilancia, antes, durante y después de la celebración del encuentro. Este dispositivo lo formaron 500 policías.
Miembros de la peña radical Ultrasur provocaron diversos incidentes en las zonas de las calles Concha Espina y Marceliano Santamaría, con enfrentamientos directos con la policía, periodistas e hinchas y graves destrozos en el mobiliario urbano. La
acción contra los periodistas se encuadró en los graves desórdenes originados en torno al estadio Santiago Bernabéu, donde a las 16,55 horas de esa misma tarde explosionó un coche bomba frente al edificio Torre de Europa. Miembros de la peña
Ultrasur lanzaron gritos contra los inmigrantes, el Gobierno vasco, el Gobierno central, las fuerzas del orden, con eslóganes tales como: periodistas, terroristas; Arzallus muérete: ETA no, vascos fuera; periodistas hijos de tal...; etarras,
etcétera. En estos desórdenes se produjeron ataques a dos patrullas Z y el vuelco de un vehículo particular. Como consecuencia de todo ello fueron detenidos varios jóvenes extremistas y se abrieron las respectivas diligencias. Algunos de ellos
portaban banderas de España con el escudo del águila y vestían con atuendo paramilitar.
Centrándome en concreto en la agresión contra los periodistas, don Antonio Recio Giménez, de El periódico de Cataluña, recibió puñetazos y patadas que le propinaron varios individuos integrantes de dicha peña, a resultas de lo cual sufrió la
rotura de un codo, una luxación de hombro y diversos hematomas, heridas de las que fue atendido por los servicios sanitarios de urgencia, que le trasladaron al hospital Ramón y Cajal. Además le sustrajeron una riñonera y le causaron daños en su
material fotográfico por valor aproximado de 14.000 euros. Por estos hechos se tramitan diligencias número 10.111 en la comisaría de Chamartín. También fue agredido don Borja Puig de la Bellacasa, sustrayéndole un teléfono móvil y una gorra,
instruyéndose diligencias número 10.149 en la citada comisaría de Chamartín. En relación con ambas agresiones, la brigada provincial de información ha realizado diversas gestiones con el propósito de identificar y detener a los agresores. Con
fecha 5 de mayo, a don Antonio Recio le fueron mostrados diversos álbumes fotográficos correspondientes a individuos de la peña radical Ultrasur, no reconociendo a ninguno de ellos como presunto autor de los hechos.
También se le mostraron diversas
cintas de vídeo grabadas por las televisiones en donde aparecen individuos lanzando objetos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no reconociendo tampoco a nadie como autor de su agresión. Ese mismo día 5 de mayo y con motivo del encuentro de
fútbol entre el Real Madrid y el Mallorca, don Antonio Recio Giménez fue acompañado por funcionarios de la brigada provincial de información al estadio Santiago Bernabéu resultando infructuosas estas gestiones a nivel de reconocimiento. El señor
Puig de la Bellacasa manifestó no estar en situación de reconocer a ninguno de sus agresores, por cuyo motivo no consideró oportuno personarse en la brigada provincial de información para analizar los álbumes de fotografías. Don Fernando Alvarado
Muñoz de la Espada, fotógrafo de la agencia Efe, denunció en la comisaría del distrito de Salamanca la agresión recibida por parte de individuos de la peña Ultrasur, en diligencias 10.504. También él manifestó no poder reconocer a ninguno de sus
agresores.
En los desórdenes del día 1 de mayo la peña Ultrasur destrozó además diverso mobiliario urbano, volcó un vehículo particular y lanzó piedras, botellas, mesas y sillas de terraza contra la unidad de intervención policial, que hubo de actuar
para repeler las agresiones utilizando material antidisturbio. La dotación del indicativo policial Z-50, que había sido comisionada por la sala 091 para comprobar una alarma en la calle Concha Espina, fue agredida por unos treinta miembros de
Ultrasur con piedras y objetos contundentes, lesionando a los dos policías ocupantes y causando daños en el vehículo policial. A los agentes se les recriminaba su aparente debilidad para perseguir a los etarras.
Igualmente, cuando otra dotación policial Z patrullaba por el paseo de la Habana, un grupo de treinta individuos de la peña Ultrasur lanzó piedras y cascos de botellas contra el vehículo policial, produciendo serios desperfectos en el mismo.
Sobre las 20,30 horas y coincidiendo con el descanso del encuentro, se volvieron a registrar nuevos incidentes, como el volcado de contenedores de depósito de vidrio, con objeto de lanzar cristales sobre unidades de intervención policial que
actuaban en la zona de Concha Espina. Durante estos últimos incidentes fue identificado y detenido don Sergio Baón García, que había tomado parte de forma activa en los enfrentamientos iniciales con la policía, con lanzamiento de piedras y
botellas. Se le trasladó a las dependencias de la brigada, donde se le instruyeron diligencias número 2.754, de fecha 1 de mayo de 2002. Igualmente durante el descanso, se detuvo a dos seguidores ultras, don Daniel Barrera Ramírez y don Francisco
Nicolás Espinosa Gaona, acusados de desórdenes públicos, atentado, desobediencia y resistencia.
Los hechos se originaron en el interior del estadio cuando uno de los detenidos lanzó una bengala encendida contra
los agentes que posteriormente le detuvieron. Además de dicha bengala se le ocupó otra más sin usar y una navaja con una hoja de unos ocho centímetros de longitud. Se instruyeron diligencias número 10.122 en la comisaría de Chamartín.
Cuando los autocares con los seguidores de la afición visitantes se dirigían de regreso a su lugar de origen y circulaban por el paseo de la Castellana en dirección a plaza de Castilla, uno de ellos fue apedreado por miembros radicales de
Ultrasur. Por este hecho fueron detenidos Diego Serradilla Alcoba y Valeriano Sánchez Ramírez, a quienes se instruyeron diligencias número 10.118 en la comisaría de Chamartín. Sobre las cero horas, se concentraban en la plaza de Cibeles un nutrido
grupo de seguidores del Real Madrid, entre los que figuraban los miembros de Ultrasur, que arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra las unidades de intervención policial. A consecuencia de ello se produjeron diversas actuaciones
policiales, regularizándose progresivamente la situación en torno a las dos horas de la madrugada. Se procedió a la presentación del menor de edad, les daré las iniciales, I.R.F. en el Grupo de Menores, acusado de haber arrojado piedras contra la
fuerza actuante, instruyéndose por tales hechos atestado número 5.423. Como consecuencia de estos incidentes resultaron heridos, aunque de escasa consideración, varios funcionarios policiales, cuatro de ellos lo fueron en la zona de los aficionados
radicales del equipo visitante y ocho en las inmediaciones, en la calle Marceliano Santamaría, y en la plaza de Cibeles. De todo ello se instruyeron diligencias en la brigada provincial, con número 2.794, de fecha 3 de marzo, que a su vez tienen
relación con las de don Santiago Baón García, con las número 10.105, en las cuales los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía denunciaron la agresión sufrida por ellos mismos en Concha Espina; con las número 10.111 relativas al periodista don
Antonio Recio Giménez; con las número 10.118 relativas a los daños ocasiones por el señor Serradilla Alcoba y el señor Sánchez Ramírez; con las número 10.122 relativas a don Daniel Barrera Ramírez y Francisco Nicolás Espinosa, como autores de un
presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia; con las número 10.149, en las que el periodista don Borja Puig de la Bellacasa denunció agresión y robo con violencia por parte de individuos de la peña
radical Ultrasur, y con las diligencias número 10.504, por la agresión recibida por el periodista don Fernando Alvarado.
Al día siguiente, 3 de mayo, y tras diversas gestiones practicadas por la Brigada Provincial de Información, se detuvo a cinco personas por su participación en estos hechos descritos, don Álvaro Cadena Rodríguez, al que se identificó a
través de imágenes increpando y lanzando objetos contra policías de las unidades de intervención, don Alberto Ayala Cantalicio, que lanzó objetos contra la policía, rompió una marquesina y también lanzó una valla contra una furgoneta del Cuerpo
Nacional de Policía, don Luis Noguerol García, que participó en los incidentes lanzando objetos contra los vehículos policiales, don Carlos Santos Cerrato, que participó en los incidentes, y el menor J.M.P., que arrojó una valla contra un furgón
policial.
Los funcionarios de la Brigada Provincial de Información continúan las investigaciones para tratar de identificar y poner a disposición judicial a otros autores de los graves desórdenes públicos del día 1 de mayo en las inmediaciones del
Santiago Bernabéu, así como de las agresiones sufridas por los periodistas y los funcionarios policiales. Por los hechos desarrollados en el interior del recinto deportivo, la Comisión Nacional contra la Violencia en los espectáculos deportivos ha
acordado proponer la incoación de ocho expedientes sancionadores con multas que varían entre los 900 y los 6.000 euros por un total de 28.100 euros.
También ha impuesto multa a la entidad deportiva Real Madrid por 4.500 euros por deficiencias en
las medidas de control de acceso y permanencia de los espectadores. Por hechos desarrollados en el exterior del recinto, la citada comisión ha acordado imponer a los responsables de los desórdenes sanciones económicas de 30.100 euros y prohibición
de acceso a recintos deportivos hasta un período de tres años, a expensas de lo que resuelva la autoridad judicial competente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Efectivamente, los ultras agreden a periodistas ante la pasividad de la policía. Su información ha sido muy pormenorizada, pero sólo con respecto a la primera parte, lo que podríamos considerar el titular de
partida. Hubo directa y concreta pasividad de la policía; si no fuese así, no se entendería, en función de cómo transcurrieron los hechos, que no se hubiesen producido detenciones ni identificaciones allí mismo sobre el lugar de los hechos.
Señor secretario de Estado, me voy a referir a los hechos tal y como ocurrieron añadiendo algunas cuestiones que usted no ha tocado en su informe, me voy a referir al funcionamiento de toda esta sistemática en torno al fútbol y cómo hay una
pasividad más que generalizada que no sólo afecta a los policías en presencia y, finalmente, me referiré a una serie de normas conculcadas, respecto de las que no aparece justificación alguna, cuando ocurrieron estos hechos a los que estamos
haciendo referencia.
Efectivamente, el 1 de mayo ETA coloca una bomba en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu cuando se va a jugar un partido muy importante.
La zona es acordonada y controlada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Grupos de ultraderecha empiezan a atacar el mobiliario urbano, los coches,
a los periodistas, al grito de vosotros sois los terroristas, cantando el Cara al Sol y con otros gritos que usted ha especificado en su intervención. Algunos periodistas son atacados y heridos. Le voy a referir lo que una periodista,
Mercedes Jansa, cuenta respecto a las heridas y al ataque que sufre don Antonio Recio Jiménez. Esta periodista dice que todo empezó minutos después de la explosión del primer coche bomba, cuando la policía acordonó la zona cercana al estadio
Bernabéu y no dejó pasar a los ultras hacia la zona del atentado. Esto es lo que relata la periodista, compañera del fotógrafo agredido: Yo vi que Antonio venía corriendo despavorido, perseguido por un grupo de hinchas, y que caía al suelo, donde
lo patearon. Yo grité su nombre y me acerqué sorprendida por la mirada impasible de policías y transeúntes.
Finalmente, lo dejaron y entre un compañero y un aficionado lo condujimos hasta los servicios sanitarios que lo llevaron hasta el Hospital
Ramón y Cajal.
Este periodista tardó 37 días en ser dado de alta, lo que quiere decir que no fue un ataque superficial. ¿Cómo se paró este ataque? La periodista que explica esta situación y la describe es muy inmodesta: Este ataque se para porque esta
periodista -Mercedes Jansa- le echa muchos bemoles y se arroja encima de don Antonio Recio Jiménez. Esta acción imprevista, realizada por esta mujer, es la que sorprende a los atacantes y para la acción; si no, no sabemos hasta donde hubiera
llegado esa acción que se estaba desarrollando ante la mirada de la policía. Esa misma policía que no permitió que un fotógrafo de ABC se cobijara huyendo de los ultras en una de las furgonetas de la policía; no le permitieron ese refugio, ese
cobijo.
A esa forma específica de actuar de la policía es a la que nos estamos refiriendo, señor secretario de Estado, porque las cosas no están funcionando de manera adecuada. Se está dedicando mucho dinero a prevención y ésta no funciona en la
práctica: Ni el Gobierno, ni la Fiscalía, ni la Comisión Antiviolencia, ni la Liga de Fútbol, ni el Real Madrid, ni el Barcelona -porque hay una coordinación efectiva de los ultras que asisten a todos los estadios- están haciendo absolutamente
nada. Sí está trabajando a fondo el Grupo 9 de la Policía Nacional, con sede en Moratalaz. Están trabajando a fondo, hacen investigaciones, conocen a mucha gente y pasan constantes informes a la superioridad, informes que incluso llegan al propio
delegado del Gobierno en Madrid. Lo que estamos viendo, señor Morenés, es que las detenciones se producen y los detenidos salen a veces sin pagar siquiera la fianza correspondiente.
También estamos viendo que por parte de los clubes, en este caso
el Real Madrid, se invierten 150 millones de pesetas para situar dentro del estadio de estos ultras, a los que se mima, y cuya coordinación se conoce perfectamente.
Esta es la situación real, estos son los hechos que ocurrieron y nosotros nos estamos refiriendo directamente a esta pasividad que no entendemos.
Aunque claro, a la luz de cómo funciona toda la sistemática vemos que hay algo que no está en
condiciones de cohonestarse con la Constitución y las leyes vigentes desde el punto de vista de las normas que se atacan, que se afectan y respecto de las cuales no responde nadie, porque estamos hablando de un tipo de terrorismo, todavía de una
cierta baja intensidad; pero todos hemos dicho, empezando por el señor Rajoy, que no hay terrorismo de baja y de alta intensidad, que la violencia es terrorismo sea la que sea. Estamos hablando de un tipo de terrorismo contra el cual no se produce
a nuestro juicio una actuación adecuada y en este caso mucho menos porque afecta incluso al artículo 20 de la Constitución, que regula el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información veraz y que regula el derecho de los periodistas a
emitir libremente dicha información. Por tanto estamos hablando de un artículo fundamental de la Constitución que se coordina con el artículo 104, que enumera como misiones constitucionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la garantía de la seguridad ciudadana. Es decir aparece muy reforzada por el artículo 20 la necesidad de vigilancia y protección que deben ejercer las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado sobre cualquier ciudadano. A nuestro juicio no se protegió a los periodistas de la violencia de ultraderecha, protección a la que tienen derecho todos los ciudadanos pero los periodistas deben protegerse en cuanto
ciudadanos y en cuanto emisores de información también constitucionalmente protegida. No se garantizó ni la seguridad ni la integridad física de todos los ciudadanos que allí estaban, no se garantizaron los derechos constitucionales de los
periodistas que estaban realizando su labor de informar y no se reprimió de forma adecuada a los ultraderechistas que estaban destrozando bienes y atacando a personas.
Incluso alguno de los policías llegó a decir que ellos no eran guardas jurados y
por lo tanto no tenían que intervenir donde se encontraban en aquel momento, desde luego fuera del estadio. Así, durante un período de tiempo, el mundo estuvo al revés en torno al Estadio Santiago Bernabéu: la policía no detenía, contemplaba
pasivamente lo que allí estaba ocurriendo, no se protegía a los periodistas y además en algún momento -naturalmente se puede decir que esto es responsabilidad de quien lo dijo- efectivamente daba la impresión de que actuaban desde la pasividad
aunque aparezca cierta contradicción en los dos términos que acabo de emplear; teniendo en cuenta quizás que aquél no era un terreno propio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino de los guardas jurados, es decir de la seguridad
privada, algo con lo que en absoluto podemos estar de acuerdo desde el punto de vista de la Constitución y de las leyes.
Nosotros exigimos que se pongan ustedes las pilas en la lucha contra la ultraderecha racista, fascista,
xenófoba y violenta porque, como todos hemos convenido, no se trata de un terrorismo de baja intensidad sino un terrorismo tipo, que por cierto incluso se contiene en los últimos acuerdos a que llegan ustedes con respecto a ciertas leyes.
Señor Morenés, no quisiéramos hablar en función de los datos que tenemos, pero pensamos que se investiga en profundidad y creemos que es fácil conocer los locales que frecuentan y conocer sus actividades, que incluyen, por ejemplo, con respecto a
los fascistas de Canillejas, que amenazas a un diputado de Izquierda Unida, alguno de los cuales ha nombrado usted como detenido. Todos los que han detenido no lo han sido por el ataque a personas -un ataque muy violento en el caso de don Antonio
Recio Jiménez-, sino porque arrojaron vallas o porque participaron en alguna otra acción de tipo algo menor que la que yo aquí estoy denunciando de manera específica. Estamos ante un problema de voluntad política del Ministerio del Interior y
nosotros queremos apelar a esa voluntad política para empezar a solucionar un tema que no se está enfocando con la adecuación que merece, aunque algunas cosas se han hecho. Se ha hecho reaccionar a los equipos de fútbol, por lo menos a algunos de
ellos, aunque otros todavía están cediendo a estos grupos violentos habitaciones y locales dentro de los estadios para que guarden sus insignias y banderas, grupos que están coordinados a nivel nacional y a nivel internacional. Por tanto, les
pedimos que se empiece a actuar de manera adecuada porque no hay terrorismos buenos y terrorismos malos, no hay terrorismos de baja intensidad y de alta intensidad, estamos hablando de lo mismo. Un Estado democrático de derecho exige la actuación
adecuada y no la pasividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, señor presidente.
Decía el señor Alcaraz que exigía la aplicación de una voluntad política para solucionar el tema; subrayo el tema. ¿Cuál es el tema? ¿El tema es combatir eficazmente la acción de los grupos radicales y violentos de ultraderecha? Sabrá el
señor Alcaraz que si ése es el tema existen ya en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Cuerpo Nacional de Policía en concreto, grupos especializados que vienen realizando al respecto servicios muy rigurosos, servicios muy
sólidos y muy solventes en cuanto a su resultado y servicios muy eficaces.
¿Cuál es el tema? ¿El tema es tratar de impedir la presencia de esos grupos radicales y violentos en el ámbito de los espectáculos deportivos? Sabrá el señor Alcaraz que recientemente el Ministerio del Interior ha impulsado una serie de
reuniones y ha establecido un mandato expreso a una comisión, que, antes de finalizado el presente mes de junio, deberá ofrecer un dictamen, un conjunto de medidas a aplicar por las diversas personas jurídicas implicadas en este caso tanto públicas
como privadas a efecto de que ya en la próxima temporada esas medidas se puedan aplicar.
¿Cuál es el tema? ¿El tema es la existencia o no existencia de compromiso de la policía en la defensa de los derechos de los ciudadanos? Si éste último es el tema creo que, enfocado así, sobraría esta solicitud de comparecencia, porque si
hay algo que no ofrece la más mínima duda es el compromiso serio, riguroso y constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (porque ésa es su misión, ésa es su naturaleza y no cabe además cualquier otra opción diferente a ésa) en
mantener en todo caso la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos en el contexto de una sociedad, afortunadamente, de las características de la nuestra, que es una sociedad plural, como se podrá observar, estoy seguro, el próximo día 20 de
junio. Por tanto, de pasividad de la Policía, nada.
Además, situar esa expresión de pasividad de la Policía en el contexto de un escenario como el que se suscitó el 1 de mayo, cuando la acción criminal de los de siempre trató de provocar una
situación con un plus de criminalidad añadido y cuando en ese momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron un notabilísimo esfuerzo para garantizar la seguridad, la normalidad y la capacidad de reacción desde la normalidad de
todos, me parece un poco exagerado.
El señor Alcaraz ha citado un titular de prensa. Hubo pasividad, algunos acusan a la Policía de pasividad. No ha citado otros titulares de prensa.
Yo tengo uno de ellos literal: Batalla campal entre los ultras y la Policía. Pues si
existió una batalla campal entre los ultras y la policía no se puede acusar a la policía de pasividad. Eso como discurso de conjunto, con independencia, como es natural, de que Fulano de tal o Mengano de cual, en un momento determinado y como
agente puntualmente aislado, pueda tener una actuación más o menos afortunada, pero para eso están también los cauces internos, para corregir las actuaciones individuales desafortunadas. Insisto, poner en duda, siquiera en cuestión, como un
elemento de hipótesis dialéctica, a la policía por su pasividad ante la agresión a un ciudadano me parece que es un elemento dialéctico cuanto menos exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que otros descriptores externos de los hechos relatan
aquello como una auténtica batalla campal entre Ultras y policías, lo que acredita que por lo menos los policías no estuvieron en términos de espectador, como se ha querido insinuar esta tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Inicialmente comparto la preocupación que ha reflejado el señor Alcaraz sobre este tipo de sucesos.
Efectivamente, los informes que nos traen habitualmente el señor Morenés, el director general de la Policía, el director general de la Guardia Civil, el ministro, cuando ocurren sucesos de este tipo, tienen unas características planas, las
cosas se describen de manera tal que da la impresión de que no existen picos de ningún tipo. En este caso, a pesar de la descripción plana que nos ha hecho el señor Morenés, se ve que hay una serie de omisiones. Hay una omisión evidente en la
actuación de la policía en relación con el asunto que le planteaba el señor Alcaraz lo que se plantea ahí no es si hubo batalla campal o no, si el hecho venía precedido de un acontecimiento, como es el caso de un atentado de ETA, sino si la Policía
tuvo o no una actitud positiva en relación con la defensa de unos ciudadanos que estaban siendo agredidos. Esa es la cuestión esencial y sustancial de este tema.
Por lo que se ve en el relato de manera indirecta y por los relatos que ha hecho el señor Alcaraz, es evidente que el Gobierno, por las razones que sean, tampoco garantiza en esta ocasión como es debido la seguridad ciudadana, la libertad y
la seguridad de las personas, sean periodistas o tengan cualquier otra profesión.
En relación con los agresores, todo es resultado de un comportamiento complaciente hacia organizaciones protegidas, financiadas, superconocidas, que han ido engordando y en el momento más inoportuno se producen los acontecimientos más
deplorables. El Gobierno no solamente tiene la obligación de corregir la actuación policial en el supuesto de que hubiera sido por decisión policial la no protección de estos periodistas, sino que desde mi punto de vista también tiene el deber de
hacer algo eficaz. Al parecer, el señor Rajoy se reunió o se iba a reunir -que lo diga el señor Gil Lázaro-, pero, como dice aquel, cuando queremos dejar un asunto sobre la mesa necesitamos una comisión. Se trata de cuestiones suficientemente
claras y conocidas como para que el Gobierno adopte medidas más eficaces y este tipo de sucesos se impidan en el futuro, señor Morenés, que es de lo que se trata.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En este caso, como en otros muchos, la pauta de la intervención del representante del Grupo Popular me da pie para explicar la situación. Tenemos una situación de hecho y unos
elementos de valoración. Curiosamente, la situación de hecho es la que es, una situación complicada, con un atentado de ETA por un lado y con enfrentamientos por otro que dieron lugar a agresiones a un periodista.
Lo primero que quiero hacer -tenía que haberlo hecho en la primera parte de mi intervención- es lamentarlo profundamente, tal y como lo hizo el propio vicepresidente primero del Gobierno al día siguiente o a los dos días con periodistas
gráficos en el Palacio de la Moncloa, antes de la comparecencia que tuvo lugar después del Consejo de Ministros. No creo que ninguna persona, lleve o no uniforme, y mucho menos aquellas que lo llevan, que permanentemente se están jugando su
condición física en defensa de los demás, deba ser acusada en relación con este asunto. Las desgracias que se produjeron se explicaron allí. Se dijo que en el mare mágnum de la batalla se le habían ocasionado importantes lesiones a un periodista,
algo que lamentamos; en el siguiente partido, se decidió que directamente se les acompañase desde el lugar al que llegasen hasta donde se colocan y se instó al club a que no los ubicase en la zona donde habitualmente lo hace, esto es, debajo de la
peña Ultrasur. Esto por un lado.
Por otro lado, que el Gobierno es complaciente con las agresiones a los periodistas o con los Ultrasur, con todos mis respetos, señoría, me parece un discurso tópico y por lo tanto no voy a entrar en ello. Yo lo he defendido tantas veces
durante dos años en esta Comisión que huelga decir que lo que el Gobierno hace es cumplir la ley y que todos los ciudadanos son iguales. Desde el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior hasta este secretario de Estado y
cualquier funcionario que se ocupa de la seguridad ciudadana -Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil- cumplen perfectamente, yo diría que ejemplarmente, en el más amplio de los sentidos, con su deber, el cual está marcado por lo que precisamente
establece la Constitución y las leyes que se derivan de ella.
Su señoría ha manifestado que el Gobierno no garantizó la seguridad. Este también es un discurso tópico, puesto que sí lo hizo al mandar allí a 500 policías, habiendo acordonado en seis minutos una zona, en la cual no se produjo ningún
herido por el atentado de ETA, e interviniendo casi simultáneamente contra los Ultrasur. Así pues, no voy a entrar en el debate de la seguridad. Siempre que hablamos de casi todo, acabamos en un debate sobre la seguridad y esto se ciñe a lo que se
ciñe, a lamentar la agresión que sufrió el periodista y corregir esta situación para que no se vuelva a producir en el futuro, cosa que por otra parte ya se ha hecho.
En cuanto a la cuestión de que cuando no se quiere solucionar nada se crea un comité, señoría, eso queda bien, pero qué quiere que le diga, tenemos comités por todos los lados y no para no hacer nada. Fue una brillante frase de Napoleón
Bonaparte, quien al minuto de crear su comité o su estado mayor ganó la batalla de Arcola. Dicho esto, de lo que estamos hablando no es de eso, sino de si realmente allí se produjo la agresión que se produjo y si la policía defendió a los
ciudadanos, independientemente de que fueran periodistas o
no y de que este señor tuviera el percance que tuvo. El Cuerpo Nacional de Policía lleva detenidos a 241 violentos de todo tipo -por cierto, señor Alcaraz, me alegra muchísimo que considere usted violentos a todos los que emplean la
violencia- en Madrid, desde el día 1 de mayo de 2000 al 13 de junio de 2002, es decir, yo diría que con un buen nivel de eficacia, aunque hemos detenido a bastantes más etarras. No tenga la menor duda de que independientemente de que se estudie
cualquier actuación personal de alguien, que puede ocurrir, este Gobierno no está por defender la violencia, venga ésta de donde venga, como usted ha dicho con acierto.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Voy a pasar por alto la alusión del señor Gil Lázaro sobre el 20 de junio y a la supuesta pluralidad que allí se va a expresar, porque no sé a qué se refiere. (El señor Gil Lázaro: Unos sí, otros no. Eso es a lo
que me refiero.) ¿A qué viene eso en esta discusión que tenemos hoy aquí? (El señor Gil Lázaro: A que esta es una sociedad plural.) Me deja usted pasmado, señor Gil Lázaro.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señores diputados, vayan a la cuestión.
El señor ALCARAZ MASATS: La cuestión es que no me interrumpan.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Paso por alto esa alusión un tanto carpetovetónoca que ha hecho el señor Gil Lázaro.
Usted decía: Sabrá usted, señor Alcaraz, lo que se ha hecho en función de eso. Sabrá usted, señor Gil Lázaro, que en el Pleno de esta Cámara, a medio plazo, si se remonta usted unos 5 ó 6 años atrás, se aprobó una moción que preveía todo
este tipo de cuestiones, de las tribus urbanas para arriba, y qué es lo que había que hacer; una moción larguísima que se aprobó casi por unanimidad del Pleno de la Cámara. No hablamos en barbecho ni poniendo ningún cuentakilómetros a cero, sino
que esto trae consecuencia de todo lo que allí ocurría y de la impunidad que nosotros detectamos en aquel momento. En función de eso se adoptó una serie de previsiones que a nuestro juicio no terminan de funcionar, aunque voy a especificar esta
expresión. Primero, nosotros no pensamos que hubiese poca policía, señor Morenés, no era un problema de poca o mucha policía, porque incluso consideramos que después de Italia, España es el país con más policía de Europa. Para nosotros el problema
no es ese, el problema es de coordinación o de actuación de la policía en el momento que tiene que actuar. En este caso, los 500 policías actuaron efectivamente, pero no actuaron cuando se atacó a los fotógrafos.
El señor Gil Lázaro sólo nombra el titular de uno de los medios, en el que efectivamente se puede leer: Batalla campal entre los Ultra y la policía tras el atentado. Hay otro medio que publicó: Los Ultra agreden a periodistas ante la
pasividad de la policía. El único hospitalizado tras las deflagraciones fue un fotógrafo agredido por jóvenes violentos. En todo caso, tanto un periódico como el otro, cuando se va a lo que relatan, describen lo mismo, exactamente lo mismo. En el
periódico que citaba el señor Gil Lázaro, se dice que efectivamente en el escenario en el que se podía haber afectado a los ciudadanos, porque volaban las botellas sobre la multitud de cabezas de niños, de padres, etcétera, en ese momento cargó la
policía. Sin duda fue así y hay que decirlo, pero no cargó la policía -estando presente- cuando un poco más tarde el objetivo fueron los periodistas. Por lo visto -dice el periódico citado por el señor Gil Lázaro-, llevar libreta, micrófono o
cualquier cámara era el símbolo del enemigo- este es el periódico del titular citado por el señor Gil Lázaro, y a esto nos referimos-, porque varios reporteros -sigue diciendo este periódico- fueron agredidos, entre ellos uno de El Mundo. Es el
periódico que utiliza ese titular citado por el señor Gil Lázaro. Nos referimos a algo muy concreto y también nos referimos a que el propio grupo 9 de la Policía Nacional con sede en Moratalaz es posible que esté funcionando de manera adecuada
-suponemos- pero no hay una consonancia entre lo que ellos denuncian e investigan y las consecuencias que se producen después a nivel incluso judicial -aunque aquí no estamos hablando de ese aspecto- o a nivel policial. Este es el desfase que
nosotros denunciamos en ese momento, porque la moción que se aprobó en el Pleno de la Cámara era una iniciativa nuestra. En este momento volvemos a decir que no son cuestiones tópicas, es que hay permisividad. Esta permisividad hay que corregirla
y en este caso afecta a los Ultra que se denuncian aquí, porque ese mismo periódico que citaba el señor Gil Lázaro dice que este asunto ya venía de lejos y cita incluso cuando los fotógrafos se tuvieron que plantar en el partido del Tenerife y algún
otro caso parecido.
Nosotros pedimos mucha más eficacia -no estoy hablando de policías-, que todo lo que se investigue se haga a fondo y que tenga las consecuencias que tenga que tener, con la tutela efectiva del señor delegado del Gobierno en el territorio que
corresponda en cada caso, y en este momento nos estamos refiriendo a Madrid. Esa es la cuestión que nosotros detectamos, señor Morenés, y que queríamos que se hubiera discutido aquí porque era un tema muy de fondo. Daba la impresión de que tener
una cámara o un bolígrafo con una libreta de notas debiera ser algo no más protegido que lo que afecta a los ciudadanos. Está doblemente
justificada la información que tienen que dar en función del artículo 20, y no se protegió sino que se protegió la mitad. No hay que protegerlo el doble, sino igual que a cualquier otro ciudadano. Esto fue denunciado incluso por el
periódico citado como fuente de autoridad por el señor Gil Lázaro.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, señor presidente.
Fíjese usted, yo no necesito ningún periódico. Simplemente ha empezado el señor Alcaraz a citar periódicos y entonces yo he citado uno. Pero qué curioso es -digo curioso, no quiero decir nada más- que el señor Alcaraz se ha referido al
periódico que yo he citado y ha hecho prácticamente toda una reproducción de lo que decía el mismo. Contiene una información que no es muy larga y ha citado todo casi literalmente, pero se ha olvidado de este antetitular: Dos radicales fueron
detenidos y un agente resultó herido. Lo digo porque estoy convencido de que no hay ninguna intencionalidad en eso. (El señor Alcaraz Masats: Voy a ver si figura.) Mire en el 'Diario de Sesiones' y verá cómo ha citado prácticamente lo que dice
toda la información menos ese antetitular. Yo se lo cito completo, para que vea que cuando decimos citas son completas: Los hinchas formaron barricadas en la calle. Un fotógrafo recibió una brutal paliza. Dos radicales fueron detenidos y un
agente resultó herido. Los periodistas agredidos acusan a la policía de pasividad. Batalla campal entre los ultras y la policía tras el atentado.Y, a continuación, el cuerpo de la información. (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se
perciben.)
EL señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz, deje ahora al señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Su señoría ha leído todo menos -seguramente porque se le ha pasado sin mayor intencionalidad-: Dos radicales fueron detenidos y un agente resultó herido.
Segunda cuestión. Ustedes plantearon en su momento una moción y, como nos pareció oportuna, la votamos, y en ese momento se convierte en una moción de todos. Por cierto, en cuanto a los contenidos de esa moción, que afectan al ámbito de lo
que hoy estamos debatiendo aquí, es decir, al Ministerio del Interior, creo que afortunadamente se ha ido mucho más allá de lo que requería la misma en términos operativos, preventivos, de investigación. Como digo, parte de esa moción, que era
multidisciplinar, afectaba al Ministerio del Interior.
No se extrañe usted, no he tenido voluntad de maldad de ningún género cuando he dicho que afortunadamente este país es plural, como se vera el día 20, donde unas personas optarán por ejercer su legítimo derecho a la huelga, y nadie ejercerá
ningún tipo de violencia sobre ellos para impedir que puedan disfrutar de su derecho, otras personas optarán por el ejercicio de su legítimo derecho al trabajo y nadie ejercerá ningún tipo de violencia sobre ellos porque puedan ejercer su legítimo
derecho al trabajo. Me parece que es impecable. Ojalá en este país las cosas hubieran sido así hace 50, 60 ó 70 años, porque seguramente nos hubiéramos ahorrado alguno de los dramas padecidos.
Finalmente, lo único que no puedo admitirle, señor Alcaraz, es el concepto de permisividad; que usted diga que existe permisividad. Si existe permisividad existe complicidad y, si existe complicidad, existe concomitancia, y entonces S.S.
de una manera muy suave, muy inteligente, con palabras no dichas está queriendo formular una conclusión perversa.
No existe permisividad frente a ningún tipo de violencia -se lo ha dicho el señor secretario de Estado-, violencia, se revista de la
excusa ideológica de la que se revista. No existe ningún tipo de permisividad por parte de este Gobierno, del anterior, o del Gobierno que venga o de un Gobierno futuro de Izquierda Unida; no existirá jamás, en un país con las características del
nuestro, ningún tipo de permisividad frente a la violencia, frente a aquellos que quieren hacer precisamente de la violencia la negación de la pluralidad y la negación de la convivencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor presidente, señorías, intervendré brevísimamente.
Quiero reiterar que en la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Gobierno y de la Delegación del Gobierno -en este caso de Madrid, porque es de donde tengo los datos-, según los datos que les he dado, no ha habido una
pasividad y, muchos menos, una permisividad en este asunto.
Lamento profundamente las agresiones a los periodistas. El señor vicepresidente ya explicó a ellos mismos, en su día, la dificultad enorme en algunos momentos de enfrentamientos graves, constantes e intensos, en distinguir unas situaciones
y otras. Creo que, sinceramente, no se ha vuelto a dar semejante cosa en ninguna demostración. En el ámbito de ese club de fútbol (que tampoco lo quiero mencionar expresamente), se han tomado, por un lado, medidas de protección de lo que es el
periodismo gráfico y de todo tipo de periodismo -el gráfico es más notorio porque llevan una cámara y se ven- y, asimismo, se han impuesto las sanciones derivadas de la ley sin ningún tipo de paliativos, es decir, a unos y a otros: a los que
permitieron las cosas que ocurrieron dentro y a los que produjeron los incidentes, los daños a las personas y a las cosas que se produjeron fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Souviron García): Suspendemos durante tres minutos la comparecencia. (Pausa.)
- LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LOS HECHOS ACAECIDOS EL DÍA 4 DE MAYO DE 2002 EN ARGANDA DEL REY (MADRID) EN LA QUE ELEMENTOS RACISTAS Y XENÓFOBOS, PRESUNTAMENTE, INCENDIARON UNA IGLESIA EVANGÉLICA
VINCULADA A LA COMUNIDAD RUMANA DE DICHA LOCALIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000803.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señoras y señores diputados, reanudamos los trabajos de la Comisión con la solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
para que explique la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los hechos acaecidos el día 4 de mayo de 2002 en Arganda del Rey en la que elementos racistas y xenófobos, presuntamente, incendiaron una Iglesia evangélica vinculada
a la comunidad rumana de dicha localidad.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En la madrugada del pasado día 5 de mayo, en Arganda del Rey, se registraron tres hechos significativos y sucesivos en el tiempo. A la 1,43 horas la policía local recibió una
llamada telefónica denunciando que se había producido un incendio en el puesto de helados ubicado en la confluencia de las calles Carretera de Loeches y Santa Teresa, a consecuencia del cual resultó totalmente calcinado. Tres cuartos de hora más
tarde, a las 2,39 horas de esa misma noche, la policía local recibió otra llamada telefónica del centro de emergencia de la Comunidad de Madrid informando de que un grupo de cabezas rapadas estaba rompiendo la marquesina de la parada de autobuses
del barrio de La Poveda. A las 6,35 horas de ese mismo día, en el puesto de la Guardia Civil de Arganda se recibió información de que en el Camino del Sepulcro se encontraba ardiendo la Iglesia evangélica rumana. Inmediatamente, y mientras se
tomaba declaración al testigo, componentes de dicho puesto se trasladaron al lugar del incendio para colaborar en la extinción del mismo junto a bomberos de la comunidad y la policía local.
La actuación de la Guardia Civil en los tres hechos descritos fue la siguiente. En la madrugada del día 5 de mayo varias patrullas del puesto de Arganda del Rey se trasladaron al lugar de cada uno de los incidentes denunciados para
investigar la identidad de los autores y tomar conocimiento de los hechos, así como para colaborar con las labores de extinción y evacuación de posibles heridos. En la mañana de ese mismo día miembros del equipo de la Policía judicial de Arganda
del Rey se personaron en la sede de la Iglesia evangélica para realizar la correspondiente inspección, observando la existencia de cuatro focos de incendio distintos y separados entre sí, sin ningún tipo de continuidad, lo que confirmó que el
incendio evidentemente era intencionado. En el incendio de la Iglesia evangélica, que, a diferencia de las iglesias católicas, es una nave prácticamente desnuda, blanca y sin imágenes, ardieron el equipo de música, alguna sillas situadas junto al
altar, la bandera nacional española y varios libros. En el incidente desapareció el teclado del órgano presumiblemente por robo. Esa misma mañana el representante y responsable de la Iglesia evangélica rumana de Arganda del Rey presentó denuncias
sobre los hechos citados, manifestando sus sospechas sobre un grupo de jóvenes de ultraderecha que en el mes de noviembre del año 2001 habían ocasionado desperfectos en la citada Iglesia y pintadas con símbolos nazis o fascistas. También informó
que el día 19 de marzo de 2002 había sido apedreado el camión conducido por un compatriota suyo relacionado con esta Iglesia, al que le rompieron el parabrisas y efectuaron pintadas en el vehículo del mismo carácter que las anteriores.
A raíz de los hechos reseñados, miembros de la unidad orgánica de Policía judicial de la comandancia de Madrid, del puesto principal de Arganda del Rey y del servicio de información de la misma iniciaron las tareas de investigación al objeto
de esclarecer los incidentes acaecidos, determinar su autoría y proceder a la detención y puesta a disposición judicial de los mismos. Fruto de estos trabajos fue la detención del menor de edad S.S.R., sin antecedentes policiales, como supuesto
autor de un delito cometido contra el ejercicio libre de los derechos fundamentales y las libertades públicas y un delito de daños. El detenido negó en su declaración la participación en los actos vandálicos de la madrugada del día 5 de mayo, pero
reconoció ser el conductor del vehículo que transportaba a los autores del apedreamiento del camión en la madrugada del día 18 de mayo de 2002 y confirmó, además, la participación en este apedreamiento como presunto autor del mismo de otro menor,
F.C.R., así como la sospecha de que éste pudiera estar relacionado con el incendio de la Iglesia. Como consecuencia de esta imputación se procedió a la detención del antedicho, sin antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito contra
las libertades públicas y de un delito de daños y otro de robo por apropiación indebida del teclado del órgano de la Iglesia evangélica. En su declaración, tanto en dependencias policiales como ante la autoridad judicial, este último, el detenido,
negó su participación en los hechos investigados.
Como continuación de la investigación en Arganda del Rey, se procedió a la detención del joven J.C.S.M. como supuesto autor de un delito de daños: incendio en el quiosco de los helados. En presencia de su padre admitió que fue él el
causante del incendio del quiosco, si bien de forma accidental y sin intención de provocar tales destrozos. Los tres detenidos, el conductor del vehículo que apedreó el camión, el presunto autor del incendio de la Iglesia y el responsable del
incendio del quiosco fueron puestos a disposición del magistrado juez del Juzgado de Instrucción número dos de Arganda, quedando en libertad con cargos y debiendo personarse los días 1 y 15 de cada mes. Por los hechos investigados se instruyen las
diligencias 17/2002. En el desarrollo de la investigación quedó probada la autoría de J.C.S.M., anteriormente citado, por imprudencia en el incendio del quiosco de los helados. También quedó probada la autoría del incendio de la Iglesia evangélica
por parte de F.C.R., y de la rotura del parabrisas del camión el pasado mes de marzo, en el que pudieron haber participado otras personas que no fueron detenidas por falta de pruebas para la imputación de los delitos.
La rotura de la marquesina de la parada del autobús en el barrio de La Poveda ha sido imputada a otros cinco jóvenes a quienes se les ha instruido diligencias de oficio 1181/2002, al no querer interponer denuncia ningún responsable de la
corporación municipal. Los cinco conviven en el mismo domicilio y están vinculados con grupos radicales okupas.
Tras la investigación de los diferentes hechos se ha podido determinar que los incidentes acaecidos en la madrugada del día 5 de mayo de 2002 fueron independientes unos de otros, pese a la apariencia de que pudieran estar relacionados por su
continuidad en el tiempo. Los distintos autores no guardan entre sí relación personal o ideológica alguna. La intervención de la Guardia Civil, a través de la unidad territorial, y de las especiales de la comandancia de Madrid, Policía Judicial y
servicios de información, fue inmediata, directa y efectiva a tenor de los resultados que acabo de leer.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado, es difícil que el Gobierno afronte el problema de la seguridad cuando es incapaz de identificar las causas que lo generan. Es imposible que aborde un serio planteamiento de
seguridad ciudadana si se limita a identificar delincuencia con inmigración o si no se identifican los orígenes de los comportamientos violentos.
Desde luego, los hechos de Arganda que usted acaba de relatar han adquirido en esta ocasión la forma de intolerable y repugnante agresión xenófoba. Ha sido un ataque físico con riesgos para las personas y un ataque cultural y religioso.
Este tipo de violencia que existe en nuestra sociedad se propaga con mayor rapidez de la que se reconoce. No hace mucho se discutió en esta Cámara sobre las agresiones de corte fascista en el distrito de Canillejas de Madrid y se señaló la
necesidad de afrontar este tipo de actitudes, más graves para nuestra convivencia y seguridad que el caso del botellón, al que ustedes se aplican con tanto ímpetu. El señor Cotino, que comparecía en aquella ocasión, llegó a calificar los actos de
Canillejas, de forma desafortunada, como gamberradas. No podremos ganar la batalla y conseguir una convivencia pacífica si el horizonte no es el de una profundización de la democracia, de reparto de la riqueza, de solidaridad contra la exclusión,
de tolerancia y de respeto a la diversidad. Necesitamos un horizonte que nos permita marcar un rumbo que se apoye en una concepción de democracia fuerte.
Actualmente, tenemos una ley que condena a la marginación y al trabajo irregular a miles de trabajadores inmigrantes; que no facilita la integración de los ciudadanos de diferente origen o nacionalidad y que ha fallado estrepitosamente en
el control de flujos. Este es el mensaje que ustedes lanzan a la sociedad y que algunos sectores utilizan para legitimar sus actitudes violentas. Por el contrario, el tema de la inmigración se ha revelado de una gran utilidad para el Gobierno;
nada más fácil para rehuir la propia responsabilidad que culpabilizar a los inmigrantes de los problemas de seguridad ciudadana o de las bolsas de economía sumergida. Ahora, el binomio delicuencia-inmigración es el que, aparentemente, servirá de
justificación a una nueva reforma. Un argumento que, como los utilizados hace dos años, es superficial y presenta y extiende en la sociedad española una visión negativa de la inmigración.
No podemos dejar de preguntarnos cuál será el contenido de
la nueva ley que el Gobierno tiene in mente. Y si va a ser una constante en esta legislatura tratar de desviar la atención de los problemas que tiene planteada la sociedad española, reformando cada año la Ley de Extranjería, alentando los equívocos
mensajes sociales, en lo que muchos grupos ven amparadas sus deleznables acciones. Ahora bien, los conatos y focos de violencia en Arganda vienen de lejos y se han expresado en diversas ocasiones, antes de que la inmigración fuera un hecho
reconocible en este municipio madrileño. Le voy a recordar algunos hechos que se han dado últimamente. Se ha expresado en ataques al mobiliario urbano. Hace años en el asesinato del joven David Martín, luego en algunas palizas y ahora en
violencia sobre inmigrantes.
Unos datos sobre la situación de la violencia juvenil en la Comunidad de Madrid nos alertan en la indagación sobre las causas de esta violencia.
En la provincia de Madrid, ocho alcaldes de otros tantos municipios han tenido que destinar
patrullas policiales a vigilar los
centros de estudios de su término durante los fines de semana; 420 colegios tienen contratados servicios de vigilancia particular todas las noches; 3 municipios han creado su propia fuerza de vigilancia ciudadana para el mismo fin; 3 de
cada 10 escolares que cursan sus estudios en extrarradios de grandes ciudades manifiestan haber sido sometidos a actos violentos por bandas de jovencitos, al menos una vez durante el primer trimestre de este curso; 2 de cada 10 profesores de la
misma zona afirman haber padecido agresión verbal en sus aulas o en los alrededores de sus centros; 5 de cada 100 han sido agredidos físicamente en su persona o en sus bienes, coches, casas, etcétera; 21 de cada 100 estudiantes encuestados
afirman, sin el más mínimo rubor, que prefieren resolver sus problemas con compañeros a golpes antes que dialogando. Un último detalle, cuando proliferan en España ONG que luchan por la concordia y la tolerancia, 34 de cada 100 escolares, entre 12
y 15 años, dicen que esas organizaciones son bobadas.
Un final con estrambote, las tiendas de venta de artículos paramilitares han quintuplicado sus ventas a jóvenes menores de 20 años en el último año. (El señor presidente ocupa la presidencia.) En una palabra, no cabe duda de los riesgos que
comporta la xenofobia, pero tampoco que en Arganda, como en muchas otras ciudades medias y grandes españolas, se está generando una cultura de violencia que tiene su origen en diversos factores: el fracaso escolar, la falta de perspectivas
laborales, la ausencia de ocio, la relación con la droga. Esas son circunstancias que se repiten en Arganda, por cierto, que no es un sitio de pobreza o discriminación social, antes bien todo lo contrario, y deberían ser conocidas por el ministerio
a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que debían haber sido motivo de vigilancia, corrección y prevención.
Como responsable de seguridad, deberían -debería usted en este caso- garantizar a los ciudadanos de Arganda la identificación de los núcleos de violencia, conocidos desde hace mucho tiempo, e impulsar, desde su responsabilidad, las
correspondientes políticas de prevención. Los ciudadanos y ciudadanas de Arganda merecen respuestas claras a cinco preguntas que yo le voy a hacer a continuación, para terminar esta intervención, y a las que me gustaría nos diera respuesta en su
réplica.
¿Por qué estos sectores violentos, que durante años vienen operando, no han sido identificados? ¿Qué curso han seguido las denuncias institucionales sobre la existencia de sectores violentos en la ciudad? Me refiero a la ciudad de
Arganda. ¿Por qué la colonia de inmigrantes rumanos, semanalmente amenazada, no goza de medidas de protección? ¿Por qué el polígono industrial, con más de 1.500 empresas, y el municipio en general no goza de ninguna protección más allá de la que
puede proporcionar la Policía municipal? Por último, ¿por qué más allá de la represión del botellón no se establecen medidas de prevención y seguimiento de la violencia juvenil?
Señor secretario de Estado, deberemos estar atentos en Arganda y otras ciudades madrileñas sobre la evolución de la violencia xenófoba evitando mensajes equívocos y peligrosos como los que se lanzan en algunas ocasiones desde el propio
Gobierno. Las raíces de estos comportamientos violentos nos obligan a analizar otras causas y a promover otras políticas de prevención.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Intervengo para exponer la posición de mi grupo en relación con el asunto que es objeto de la comparecencia solicitada por Izquierda Unida. Yo también tendría que decir que hay un larguísimo relato de nombres que
se pueden poner sobre la mesa. Puedo poner algunos, pero me olvidaré de la mayoría, El Ejido, Ruzafa, Canillejas, Premià, agresiones a periodistas, ahora Arganda. Da la impresión de que se estuviera generalizando de manera difusa una especie de
kristallnacht, una noche de los cristales pero generalizada, de manera que lo que fue un episodio en un país determinado de tristes recuerdos, da la impresión de que se pudiera producir continuamente. Lo malo será que se esté incubando el huevo de
la serpiente en España. Estamos aquí dando explicaciones como las que ha dado S.S. esta tarde, explicaciones planas. No pasa nada. Pero en realidad quizás se esté incubando una kristallnacht en España también, que no va a ser exactamente igual
que aquella, pero que en todo caso algo se ve venir. Y se ve venir también porque, en definitiva, parte del discurso de Le Pen, de Haider, de Berlusconi, de Fini, de Bosi y de tantos otros, lo está asumiendo el Gobierno. Es la misma terminología:
inmigración igual a delincuencia. Este Gobierno ha cometido un error del cual tiene que salir, señor Morenés. Yo apelo a su buena voluntad, porque sé que la tiene. Es un error profundo el no ser capaces de mandar a la opinión pública el mensaje
de que una cosa son los delincuentes extranjeros y otra cosa son los inmigrantes, que son cuestiones radicalmente distintas. El Gobierno sigue insistiendo en esta cuestión.
La última es que se ha insistido en considerar, y es un tema que nos tiene
que explicar el señor ministro del Interior en una comparecencia que espero que se celebre el día 25, un incremento en la cifra de presos preventivos extranjeros atribuida al primer trimestre del año 2002 como el hecho que justificaba, explicaba,
daba razonamiento básico, demostraba que de verdad la delincuencia en España sube porque hay inmigrantes.
Yo aquí he recordado, porque vino en los periódicos muy claramente recogido, que cuando le preguntaron a un dirigente ultra en Cataluña que en qué se basaba para atribuir la responsabilidad de la delincuencia a los inmigrantes, dijo de una
manera clara y rotunda: Son los datos que tiene el Gobierno, que da el Gobierno. Esa fue la explicación y es la explicación que cualquier otro hubiera dado.
Le repito, señor Morenés, son ya muchos episodios los que hemos tenido que ver, los que hemos tenido que criticar. Apelamos a que el Gobierno no solamente haga las actuaciones policiales pertinentes para que estos hechos no sucedan, sino
también para que se cambie ese discurso que hace posible en cierta medida que estos hechos ocurran. Es una apelación al sentimiento moral que todo gobierno debe tener, porque es necesario que sea así.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Observo a tenor de la intervención del señor Ruiz, y en menor medida de la del señor Mayoral -al fin y al cabo el señor Ruiz era el padre de la solicitud de comparecencia-, que se siente muy satisfecho de la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los hechos acaecidos el día 4 de mayo de 2002 en la ciudad de Arganda del Rey (Madrid). Y tengo que concluir que se siente muy satisfecho puesto que del objeto de su comparecencia no ha hablado
prácticamente nada. Ha aprovechado que este tren pasaba por aquí para establecer un muy legítimo y muy respetable -a mí me parece que en algunos extremos también muy disparatado- discurso político en torno al Gobierno, las supuestas complicidades,
deformaciones, perversiones, etcétera, del Gobierno y de su política de extranjería, pero en relación con el fondo del asunto ni una sola palabra en concreto. Alguna sí, tergiversando, porque el señor director general de la Policía no calificó de
gamberrada los sucesos que se produjeron en Canillejas, citó un solo acto, la rotura de un cristal, del que dijo que, después de realizadas las investigaciones policiales correspondiente, se dedujo que ese acto aislado no tenía nada que ver con la
actuación previa y anterior de otros grupos de esta naturaleza -por cierto todos ellos había sido puestos a disposición judicial- y que ese hecho en concreto, sólo ese, la rotura de un cristal, tenía el mero carácter de gamberrada. Por tanto no
tratemos de establecer conclusiones -tengo que señalar que en este caso malintencionadas en términos políticos- tratando de aprovechar que el señor secretario de Estado no sabe de qué va esto, en el sentido de que no sabe de qué va aquella
comparecencia del director general de la Policía, pero, modestamente, uno estaba. Así que las cosas en su sitio.
Por lo demás pueden tratar ustedes de establecer las conclusiones que quieran deformando la realidad para intentar adecuar su discurso a ella.
Es decir, ustedes no analizan la realidad y conforme a la realidad establecen un discurso
político de fondo; ustedes establecen un discurso político de fondo, ciertamente de tono panfletario y muy antiguo en algunos casos, y entonces intentan acomodar la realidad a eso. (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se perciben.)
Porque en Arganda del Rey no existe, afortunadamente, ese clima que S.S. trata de relatar.
En Arganda del Rey, donde residen cerca de 7.500 ciudadanos rumanos, existe un magnífico clima de convivencia social entre los naturales de Arganda del Rey
y esos ciudadanos rumanos, y esa afirmación que hace S.S.
de que Arganda del Rey está metida en una espiral creciente de inseguridad o de delincuencia, eso lo dirá S.S., pero no lo dicen los datos. Tengo que señalarle, porque probablemente S.S.
no lo sabe, que en los cuatro primeros meses de este año en el municipio de Arganda del Rey se ha producido un descenso de la tasa de delincuencia en relación con los cuatro primeros meses del año pasado de menos el 17 por ciento. Ruego que no se
trate de construir una realidad que no es para justificar un discurso político determinado, digan ustedes simplemente que hacen ese discurso político porque les da -en el más profundo, más noble y más indiscutible sentido- la legítima gana, pero no
tratando de justificarlo en una realidad que no se corresponde con los hechos stricto sensu.
Por lo demás, termino feliz esta tarde porque estaba empezando a preocuparme, creía que a lo mejor mi buen amigo y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Mayoral, se encontraba en baja forma, pero ya he visto que, a propósito de
que este Pisuerga pasa por Valladolid, también ha vuelto a recuperar su demagogia habitual en relación con las perversiones del Gobierno. Por lo menos me quedo tranquilo, sé que el señor Mayoral está en plena forma.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Yo añadiré poco más al asunto que nos trae a esta comparecencia. No voy a hacer el discurso político. Si me preguntan sobre cuáles fueron las actuaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad diré que las mismas supusieron la detención de los creadores de los conflictos durante esa famosa noche del 5 de mayo. Creo que allí las personas no estaban relacionadas, ni siquiera ideológicamente, porque los había de un tipo
y de otro. Tengo la constancia de que el propio alcalde de Arganda ha manifestado en diversas ocasiones la buena convivencia que existe entre la población rumana -ni más ni menos que 10.000 personas- y el resto de la población. En el ámbito de la
seguridad, yo creo que el portavoz del Grupo Popular ya lo ha dicho. Yo lo único que quisiera añadir es lo que ya dije en la primera comparecencia en cuanto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de este Gobierno contra
la violencia, esté radicada donde esté radicada. He dado unas cifras que creo que son realmente significativas sobre lo que hemos hecho en ese sentido y debo decir que se ha actuado en Arganda como se debe actuar. Creo que no se puede hacer de
esta excepción categoría y a partir
de ahí hacer un discurso general, como ya he repetido en todas mis comparecencias en esta Comisión.
En cuanto a la política de delincuentes extranjeros, el señor Mayoral me comentó en una ocasión y a mí me pareció muy oportuno que se hablase de delincuencia extranjera y que no se mezclasen los conceptos inmigración y delincuencia
extranjera. Me parece que es más riguroso desde ese punto de vista. Lo que aquí se ha descrito es simplemente una serie de hechos que creo que la ciudadanía debe conocer, no para crear xenofobia sino precisamente para solucionar, como ya dije en
otra comparecencia, los problemas que pueda tener la inmigración para que nadie que esté en España tenga que verse forzado a una situación de ilegalidad por razones de cualquier tipo. En ese sentido, he de decir que creo que en estos momentos en
España las posibilidades de no entrar en ese ámbito de delincuencia por alcanzar un trabajo o por alcanzar una actividad legal y legítima son mayores que nunca.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Con brevedad.
Solamente le falta decir al señor Gil Lázaro que aquí no se viene a hacer política. (El señor Gil Lázaro: No, todo lo contrario.) Yo creo que sí.
Yo creo que aquí venimos a hablar de política y cada cual tendremos el discurso político
sobre el caso concreto que se vea. Y yo creo que el caso concreto de Arganda no es un hecho aislado, creo que es algo que está sucediendo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, con bastante asiduidad, donde yo creo que están encendidas las luces
como mínimo amarillas si no las rojas. En este caso, mi grupo no sólo se dedica al hecho puntual sino que creemos que estos hechos se dan porque hay un caldo de cultivo y efectivamente tienen que ver las políticas que se aplican en cada caso. Y
por supuesto la Ley de extranjería, cuando se habla de inmigración, tiene bastante que ver, aunque se crea que no.
Yo no he acusado ni muchísimo menos al señor Cotino de nada. Lo que he dicho es cierto que lo dijo el señor Cotino, que dijo muchas más cosas.
Yo leí los medios de comunicación al día siguiente y sé cuál era el titular de esos medios de
comunicación. Por tanto, yo creo que hay que ser un poquito más prudente a la hora de emitir ciertas expresiones que se pueden confundir o se pueden aprovechar precisamente por aquellos que queremos combatir, y en eso me parece que no tenemos
ningún tipo de duda ninguno de los grupos que estamos en esta Cámara.
En el caso de Arganda yo he dado los datos que creía necesarios, e incluso he hecho alusión a algunas situaciones que se habían dado con anterioridad, porque los ciudadanos de Arganda están convencidos de que hay grupos organizados de
fascistas, de gente xenófoba y racista, y ese es el motivo por el cual he relatado algunos hechos. Al final he hecho cinco preguntas muy concretas sobre el tema de la comparecencia, a las cuales el señor secretario de Estado no habrá creído
conveniente contestar, pero yo sí las he formulado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La política me parece la profesión más respetable de todas las que conozco y por lo tanto me parece perfecto que se haga y aquí se aprende mucho. Pero hay muchas maneras de
hacerla. En la que nosotros nos estamos fijando es en una política de hechos concretos, de realización de lo que tenemos encomendado. Su señoría hace la política en dos ámbitos: hace política en el ámbito de la conclusión general, de hacer de la
excepción categoría y sacarla del entorno del que hemos hablado, y hace política formulándome unas cuantas preguntas concretas. Yo voy a contestar a la otra parte de la política. La primera creo que se contesta con todas las comparecencias, con lo
que ya ha manifestado el Gobierno en multitud de ocasiones y el grupo parlamentario que lo sustenta, por lo que en eso creo que no debo entrar.
En cuanto a los sectores violentos detenidos, S.S. hace mención del ámbito de la violencia fascista, ultraderechista, etcétera. Nosotros, con su compañero de banco, hemos hablado antes de la violencia. Estamos luchando contra la violencia
que esté radicada en cualquier tipo de ideología, si a eso se puede llamar ideología. En ese sentido, las detenciones que hemos hecho son una muestra muy clara de por dónde viene la violencia y por dónde nos ataca.
Otra muestra muy clara de este asunto es el número de detenidos que he leído antes. Usted dice que la población de Arganda tiene una preocupación extremadamente grande por el grupo de los rumanos. Cuando el alcalde de Arganda manifiesta
públicamente que la convivencia entre los rumanos y los nacionales españoles -no sé si hay algún rumano nacionalizado español- es magnífica, yo respeto esa declaración. Si además resulta que la delincuencia en Arganda, afortunadamente, va
decreciendo y lo que hay son aspectos que se están corrigiendo tanto desde la política policial reactiva como preventiva, creo que sus preguntas concretas -si se entiende bien, porque no hay mejor entendedor que el que quiere entender- vienen
contestadas por la primera parte de mi comparecencia, porque en el ámbito de la represión del botellón, que es la última de las que usted me hace, creo que no debo entrar. El Gobierno no hace sólo política de represión del botellón, como S.S. bien
conoce; el Gobierno hace política de prevención de la droga, el Gobierno hace política de formación en los colegios; el Gobierno lucha preventivamente contra la violencia, tenga ésta el origen que tenga.
Creo que le he contestado a sus preguntas con concreción ahora y antes de forma general, si analiza lo que le he manifestado a lo largo de toda esta comparecencia.
PREGUNTAS (Continuación):
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PRINCIPALES OBJETIVOS DEL CONVENIO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 181/001280.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la comparecencia, pasamos al punto siguiente del orden del día, que se refiere a la contestación de preguntas. La número 11 es la que formula el señor Gil Lázaro y para hacerla, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Por desgracia, una de las dimensiones más inmediatas que plantean determinadas modalidades de actos terroristas es la necesidad de dar una respuesta en ese mismo minuto y con un carácter provisional, pero sostenido en
el tiempo, a aquellas personas que se ven afectadas por la acción, fundamentalmente en el ámbito de sus bienes inmuebles, de sus residencias. En ese sentido, nos parece que es muy oportuno, muy interesante el convenio recientemente firmado por el
Ministerio del Interior con el Ayuntamiento de Madrid. Nos interesaría saber, y que así constara para información de la Cámara, a través del 'Diario de Sesiones', cuáles son los principales objetivos del convenio suscrito por el Ministerio del
Interior con el Ayuntamiento de Madrid en materia de asistencia a víctimas del terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): A fecha 22 de octubre de 2001 tuvo lugar la formalización del convenio de colaboración para facilitar el alojamiento provisional a las víctimas de atentados terroristas en el
municipio de Madrid. Este convenio es similar a otros suscritos con distintos municipios españoles -Getxo, Logroño, Gandía y Torrevieja- y tiene por finalidad dar una más rápida y eficaz respuesta a las necesidades de los vecinos afectados en
atentados terroristas que hayan sufrido en sus viviendas habituales daños que imposibiliten continuar en ellas, procurándoles un alojamiento provisional, hasta la terminación de la reparación de las obras. Los ayuntamientos, en este caso el
Ayuntamiento de Madrid, prestan a los damnificados una asistencia de emergencia, facilitándoles el alojamiento provisional bien a través de establecimientos hoteleros o en pisos de alquiler. Le corresponde al Ministerio del Interior abonar los
gastos que se hayan derivado del citado alojamiento.
Desde la fecha de la firma del convenio, el 22 de octubre de 2001, cuyo ámbito de aplicación se extendió con carácter retroactivo al atentado del 10 de julio de 2001 de la calle Ocaña, se han perpetrado en Madrid cuatro atentados con
coche-bomba. En el atentado de la calle Ocaña hubo que alojar a 57 afectados, entre hospitales y pisos, por un importe global de 150.253 euros. El 6 de noviembre de 2001, en la confluencia de las calles Cardenal Silíceo y Corazón de María, se
atendió durante varias noches a tres afectados. En el resto de las explosiones, afortunadamente no ha sido necesario realizar ningún realojamiento. El Reglamento que da cobertura a este tipo de ayudas, el 1211/1997, de 18 de julio, ha sido
modificado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. El importe de 30,05 euros día/persona por alojamiento se ha incrementado a 60,10 euros por día y persona.
El Ministerio del Interior ha mantenido reuniones informativas con las delegaciones del Gobierno de otras comunidades autónomas -Cataluña, Andalucía y Valencia fundamentalmente- para informar sobre el contenido de este tipo de convenios, que
mejora la colaboración con los afectados que deben desalojar temporalmente sus viviendas como consecuencia de ataques terroristas, fundamentalmente por la explosión de coches-bomba.
El beneficio de este acuerdo es que el abono de las cantidades se
realiza por la Administración. En otro caso, el Ministerio del Interior también abonaría directamente a los afectados el importe de los gastos que se deriven de estos alojamientos, bien en pisos o en establecimientos hoteleros, pero estos abonos se
desarrollarían siempre a posteriori, ya que la actual normativa no prevé la posibilidad de adelantar estos gastos a los interesados.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, señor presidente.
Solamente quiero agradecer la respuesta del señor secretario de Estado y manifestar que en el contexto de dicha respuesta me ha parecido muy interesante la mención que ha hecho a las reuniones informativas que se han mantenido en las sedes
de las delegaciones del Gobierno de algunas comunidades autónomas para transmitir la información sobre este convenio a los efectos de que pudiera reproducirse en términos similares con los ayuntamientos interesados. Puede ser un magnífico
instrumento y desde luego sería bueno que esas sesiones informativas, iniciadas en algunas delegaciones del Gobierno de las diversas comunidades autónomas, alcanzaran a la totalidad de dichas comunidades.
- DEL SEÑOR CONTRERAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ABLA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002630.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ABRUCENA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002631.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALBOLODUY (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002632.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALBOX (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002633.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALCOLEA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002634.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALCONTAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002635.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALCUDIA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002636.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALHABIA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002637.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002638.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002639.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALICUN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002640.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALMOCITA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002641.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ANTAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002642.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ARMUÑA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002643.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ADRA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002644.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALSODUX (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002645.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
(Número de expediente 181/002646.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BACARES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002647.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BÉDAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002648.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BEIRES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002649.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BENAHADUX (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002650.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BENIZALÓN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002651.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BENITAGLA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002652)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BAYARCAL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002653.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BAYARQUE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002654.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BENTARIQUE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002655.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE BERJA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002656.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CANTORIA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002657.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CARBONERAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002658.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE COBDAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002659.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002660.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CANJAYAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002661.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CHERCOS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002662.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CHIRIVEL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002663.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE CASTRO DE FILABRES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002664.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE DALIAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002665.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ENIX (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002666.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002667.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE FÉLIX (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002668.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE FINES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002669.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE FIÑANA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002670.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE FONDÓN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002671.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LOS GALLADOS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002672.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE GÉRGAL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002673.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ILLAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002674.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE INSTINCIÓN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002675.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LÁUJAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002676.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE GARRUCHA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002677.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE HUÉRCAL OVERA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002678.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA. (Número de expediente 181/002679.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE HUÉCIJA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002680.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE GÁDOR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002681.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LÍJAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002682.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LUBRÍN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002683.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LUCAINENA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002684.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE LÚCAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002685.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE MOJONERA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002686.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE MÁCAEL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002687.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE MARÍA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002688.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE MOJÁCAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002689.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE NACIMIENTO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002690.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE NÍJAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002691.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE OLULA DEL RÍO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002692.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE OLULA DE CASTRO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002693.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ORIA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002694.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE OHANES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002695.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PADULES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002696.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PARTALOA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002697.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PATERNA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002698.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PECHINA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002699.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PULPI (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002700.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE PURCHENA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002701.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE RAGOL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002702.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE RIOJA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002703.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002704.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002705.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002706.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SENES (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002707.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SERÓN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002708)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SOMONTÍN (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002709.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SIERRO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002710.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SORBAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002711.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE SUFLÍ (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002712.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TABERNAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002713.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TABERNO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002714.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TAHAL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002715.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TERQUE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002716.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TÍJOLA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002717.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TURRE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002718.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TRES VILLAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002719.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE TURRILLAS (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002720.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ULEILA DEL CAMPO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002721.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VELEFIQUE (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002722.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002723.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ BLANCO (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002724.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VERA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002725.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VIATOR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002726.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE VÍCAR (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002727.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE ZURGENA (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002728.)
- DELITOS COMETIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2001 EN EL MUNICIPIO DE URRACAL (ALMERÍA). (Número de expediente 181/002729.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el trámite de esta pregunta, pasamos a las siguientes, formuladas por el señor Contreras Pérez. Van de la número 12 a la 111, pero, afortunadamente, por acuerdo de la Mesa y portavoces, no tendrán que
sustanciarse una a una, sino que se agrupan y el ministerio hará llegar la documentación solicitada por escrito al señor diputado.
Señor Contreras, tiene la palabra.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, una cuestión previa. El orden del día dice que se tramitarán en un solo acto, aportando la documentación escrita que se solicita en dichas preguntas. O sea, que supongo que en este acto se me
aportará la documentación.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor presidente, señoría, fuera de sesión he explicado cuál es la documentación que estoy en disposición de aportar de la provincia de Almería en función de los tipos de delitos.
Si se me va a pedir otra documentación o información en el ámbito del desglose, municipio a municipio, por tipo de delitos, tengo que manifestar -aunque no sé si como cuestión previa- que como ese tipo de información no sólo se ha pedido de
la provincia de Almería sino de otras tantas provincias, con vocación de ser para todas, se encuentra colapsado en estos
momentos el sistema informático de la Secretaría de Estado, que es el que se ocupa de estos temas, por lo que para cumplir con este trámite y contestar a todas las preguntas que se han hecho se enviarán los anuarios, desde el año 1997 -creo
decirlo bien- hasta el año 2001, en los que figura toda la estadística de delincuencia y de seguridad ciudadana.
En estos momentos, contestar a todas las preguntas que se han realizado municipio a municipio de España -exactamente 41.000-,
desglosándolas por tipos de delitos es absolutamente colapsante e incide directamente en otros aspectos que tenemos que gestionar desde el área informática, por lo que, lamentablemente, en esta sesión sólo facilitaremos lo que tenemos de la
provincia Almería y, asimismo, haremos llegar a quien ha formulado la pregunta los anuarios generales que hemos elaborado desde el año 1997 al 2001.
El señor PRESIDENTE: Señor Contreras, tiene la palabra.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor secretario de Estado, tengo que decirle que me sorprende que en la era digital y en la España va bien del señor Aznar no se puedan informatizar todos los municipios, aunque no sé exactamente cuántos habrá (El
señor secretario de Estado de Seguridad, Morenés Eulate: 41.000.), porque hacer eso en la era de la informática es muy sencillo. No lo he pedido por tipo de delitos, sino delitos entre los años 1997 y 2001, y la verdad es que me sorprende que no
se tenga esta información. Aceptaré su propuesta y le aclararé por qué hago este planteamiento. En los meses de enero y febrero hubo una fuerte polémica en Almería entre el decano de los jueces y el subdelegado del Gobierno en razón a si se había
incrementado o no el número de delitos en la provincia de Almería del año 2000 al año 2001. Ahora resulta que no tenemos los datos del año 2000, y me quedo perplejo, señor secretario de Estado, porque hubo unas manifestaciones del subdelegado del
Gobierno en las que expresó que el número de delitos en Almería había descendido en un 3,4 por ciento respecto del año 2000.
Ante esas manifestaciones del subdelegado del Gobierno se produjeron dos manifestaciones por parte de los representantes de los jueces. En una primera intervención señalan que los juzgados desmienten al Gobierno y manifiestan que el año
pasado hubo 2000 diligencias previas más que el anterior. Y en una segunda intervención dicen: Los jueces discrepan de la policía y dicen que la delincuencia no ha bajado. ¿Cuál era el objetivo de este diputado como representante de la provincia
de Almería? Lógicamente, era recabar información por escrito para tratar de resolver esta polémica que, de alguna forma, alarmó a la población al descubrir que, en un tema tan sensible como el de la seguridad ciudadana, había una discrepancia entre
unos órganos del Estado y otros. Por este motivo presenté estas preguntas respecto a cada uno de los municipios de Almería y presenté esa cuestión porque tenía ya información sobre el año 2001, municipio a municipio. Le puedo decir cuál era el
número de delitos en cada uno de los municipios de Almería, desde Abla hasta Roquetas de Mar, etcétera.
En ese contexto formulé unas preguntas el día 6 de marzo, que se publicaron el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que no se contestaron en el plazo reglamentario, y tuve que solicitar amparo a la presidencia del Congreso para que se me
contestasen. Vuelve a transcurrir otro mes después de la orden que da la presidenta del Congreso, pero no se tramitan y nuevamente tuve que recurrir a la presidencia del Congreso para que se me facilitara la respuesta a estas preguntas.
Desde mi punto de vista, los datos que se dieron a nivel nacional, teniendo en cuenta solamente algunos municipios de Almería, eran preocupantes, si son ciertos, porque ya le digo que no sé si son ciertos o no, pero son los que aparecieron
en los medios de comunicación. Me referiré a Roquetas de Mar, donde el número de delitos era de 47,21 por cada mil habitantes, a El Egido, donde era de 48,97; a Mojácar, que es un pueblo que tiene una población inferior a 3.000 habitantes, donde
era de 53,38, y a Almería ciudad, donde era de 39,03. Estos datos aparecieron, como ya le digo, en los medios de comunicación. Por esa razón, como le he dicho anteriormente, presenté una pregunta para saber la evolución de los delitos y
especifiqué todos los municipios porque creía que así estaría recogida la información en el Ministerio del Interior, pero interesándome fundamentalmente por estos municipios, donde el número de delitos era más alto, para tratar de saber cuál había
sido la evolución en los últimos años. Tengo que decirle que me produce una extraordinaria sorpresa que se haya tardado más de tres meses en poder hablar sobre esta cuestión.
Si a usted se le ocurre alguna otra hipótesis, estoy dispuesto a aceptarla, pero en principio a mí se me ocurren tres. La primera hipótesis es dejadez del Ministerio del Interior. No creo que éste sea el caso en una cuestión tan sensible
para la población y de una extraordinaria importancia. No creo que esta sea la hipótesis adecuada.
La segunda hipótesis es ineficacia administrativa del Ministerio del Interior. Antes de saber que las respuestas no estaban, estaba también
dispuesto a desechar esta causa. Después de lo que me ha dicho, lo dudo y creo que también hay algo de ineficacia administrativa si son incapaces de procesar estos datos en la era digital. La tercera hipótesis era la ocultación de datos, porque
estos datos si estos pudieran suponer una crítica al Gobierno porque en vez de haber mejorado la seguridad ciudadana en estos municipios durante los últimos años se hubiera producido lo contrario. Señor secretario de Estado, pienso que también es
posible, después de la situación que estamos viviendo esta tarde en la Comisión, que se esté produciendo una resistencia
del Gobierno a facilitar estos datos, lo cual me parecería sumamente preocupante porque creo que los ciudadanos tienen derecho a la transparencia y a la objetividad en los datos que se les suministra.
Me gustaría, señor secretario de Estado, conocer estos datos, si no es posible hoy, a la mayor brevedad, y si no puede ser municipio a municipio, los de los municipios con mayor número de delitos por cada mil habitantes. Con este indicador,
como le he dicho, en Almería serían los municipios de Roquetas, El Ejido, Mojácar y Almería.
Espero disponer de esto cuanto antes para clarificar ante la opinión pública un tema con el que los ciudadanos se encuentran bastante inquietos, sobre todo cuando hay una polémica entre distintos órganos del Estado y cada uno de ellos está
diciendo una cosa distinta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La pregunta que usted traía, que es la que ha producido el resto de sus preguntas, es fácilmente contestable con la documentación que le voy a dar, es decir, la documentación de
la evolución de la delincuencia desde el año 1996 hasta el año 2001.
En cuanto a la dejadez le digo que es exactamente lo contrario. Nosotros hemos contestado 347 preguntas orales y 5.497 escritas desde el año 1998 hasta ahora, que representa un 63 por ciento más en las orales que las que hubo entre 1991 y
1995 y un 328 por ciento más en las escritas de las que hubo en ese mismo período.
En cuanto a la ineficacia, lo que decimos es que se está produciendo un colapso del sistema, y no porque no demos información, sino porque nos pide una determinada, no sólo usted, sino todo el mundo, desglosada unos por delitos, otros por
municipios y delitos, otros por municipios sin delitos, y tenemos que arbitrar esto. Ha mencionado usted la época, y yo le digo que este es el resultado de lo que estamos haciendo, pero no trato de ocultar información, señoría. Le voy a dar la
información que a usted le preocupa sobre la evolución de los delitos en Almería. No sé cuál es el conflicto que usted dice entre los dos órganos del Estado; no le he entendido si es la fiscalía y el delegado. ¿Es la fiscalía y el subdelegado?
El señor CONTRERAS PÉREZ: El decano de los jueces.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La judicatura y el delegado del Gobierno, es decir, la información que viene por vía policial y la que viene por vía judicial o fiscal, ya hemos dicho hasta la saciedad que tiene
dos orígenes distintos, y me remito a lo que consta en el 'Diario de Sesiones'.
Señoría, la explicación de todas esas cosas está muy clara. Usted necesita aclarar la evolución de la delincuencia en Almería, y para eso ha preguntado sobre todos los municipios de Almería. (el señor Contreras Pérez: Claro.) Pues yo le
voy a aclarar esa pregunta, pero sin colapsar los recursos del Ministerio del Interior, que funcionan, como yo le digo y acabo de leer, de una manera espectacularmente eficiente, habida cuenta de cómo funcionaban hace unos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy a intervenir muy brevemente.
No me ha aclarado absolutamente nada. Insisto en que la información, municipio a municipio, del número de delitos en el año 2001 está y apareció en los medios de comunicación. Y precisamente basándome en ese dato solicito la información
respecto de los otros municipios. Si yo hubiese visto que en la información aparecen los municipios con delito superior a la media, la hubiere solicitado sobre esa base, porque las fuentes eran del Ministerio del Interior.
Señor secretario de Estado, yo creo que en la era digital o en la de la informática con un ordenador personal, un PC de mesa, se pueden procesar todos los municipios. ¿Cómo puede decirme que se va a colapsar el sistema informático del
Ministerio del Interior por esto? Eso no puede ser. Será por otras causas. A lo mejor es que hace falta muchos funcionarios para procesar los datos, etcétera. Eso puede ser, pero yo creo que sería un esfuerzo necesario, porque si esto se
hiciese, sería muy fácil dar la información, se pregunte como se pregunte, a cualquier parlamentario, y desde luego desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer un seguimiento de cómo se está informatizando el Ministerio del Interior y qué
tipo de estadística se está llevando a la práctica en este campo, porque creo que es fundamental que los ciudadanos dispongan de información de forma rápida y eficaz sobre una cuestión a la que la población es tan sensible como la de la seguridad
ciudadana. Es contradictorio que la información del año 2001 esté y no esté la de 2000, 1999 y 1998; es extraño, porque puede haber un retraso en el procesamiento de la información y los últimos años pueden no estar, como las memorias de cualquier
organismo del Estado, que siempre llevan un cierto retraso, pero que esté la de 2001 y no esté la del resto de años, permítame que le diga que me hace sospechar que aquí hay voluntad de ocultar determinados datos. Esa es la percepción, sea correcta
o no, que este diputado tiene dada la evolución de los hechos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor presidente, señoría, la percepción que se tiene a este lado de la mesa es la ingente cantidad de preguntas que les hemos contestado, con lo cual esa percepción que tiene
S.S. no se basa en los hechos, sino en una pura percepción, y que la ingente cantidad de preguntas sobre todos los municipios de España, y la información que les hemos dado les es absolutamente suficiente para llevar dos años diciéndonos si se sube
o se baja o no sé. Por tanto, les vamos a dar la información necesaria, es decir, la información que nosotros podemos procesar: los anuarios estadísticos del año 1996 hasta ahora, que creemos que son suficientes, desde luego, para contestar o al
menos para despejar sus dudas en cuanto a si hay transparencia o no. Y en cuanto a la transparencia de este Gobierno, ya le digo, señoría aunque no quiero hablar ya de esto, que desde el año 1998 al año 2000 es incomparablemente mayor que en la
etapa anterior.
Estoy encantado de que supervisen ustedes todo lo que quieran supervisar, señoría, porque les aseguro que no haría ni falta teniendo en cuenta los datos que les acabo de dar y los que les voy a dar en relación con las preguntas que nos han
formulado. Y pregunten ustedes en su área por qué se producen los colapsos o qué se pretende.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Concluido el orden del día, les doy las gracias, señoras y señores diputados, y se levanta la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la tarde.