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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 510, de 10/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 510
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 59
celebrada el lunes, 10 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia del señor director general de Instituciones Penitenciarias (Yuste Castillejo) para informar sobre la muerte del joven de 22 años S.B. De la H., interno en el centro penitenciario de Zaragoza, el 11 de abril de 2002. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000781.) ... (Página 16385)
Preguntas:
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones de la adjudicación por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a empresas de la construcción de Burgos de la extracción, en terrenos de su propiedad, de
ciento cincuenta mil metros cúbicos de zahorra. (Número de expediente 181/001322.) ... (Página 16394)
- Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). sobre actuaciones para la integración en el sistema Nacional de Salud del personal sanitario dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. (Número
de expediente 181/001498.) ... (Página 16396)
- Del mismo señor diputado, sobre balance acerca de la aplicación en el ámbito de la administración penitenciaria de las nuevas tecnologías sobre vigilancia, comunicaciones y diagnóstico. (Número de expediente 181/001499.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre balance de las acciones formativas dirigidas a funcionarios de instituciones penitenciarias en los últimos cuatro años. (Número de expediente 181/001500.) ... (Página 16399)
- Del mismo señor diputado, sobre el balance de la evolución de la formación profesional para la inserción laboral de los reclusos. (Número de expediente 181/001501.) ... (Página 16401)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para la consolidación del marco jurídico que afecta a las líneas de actuación del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. (Número de expediente 181/001502.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre el incremento habido en el número de internos trabajadores en centros penitenciarios desde el año 1996.
(Número de expediente 181/001503.) ... (Página 16403)
- Del mismo señor diputado, sobre balance del desarrollo del programa para personas que están en prisión por haber cometido agresiones en el ámbito familiar. (Número de expediente 181/001504.) ... (Página
16404)
- Del mismo señor diputado, sobre balance del desarrollo del programa de tratamiento para reclusos condenados por delitos contra la libertad sexual. (Número de expediente 181/001505.) ... (Página 16405)
- Del mismo señor diputado, sobre la evolución de los fallecimientos por VIH/SIDA en instituciones penitenciarias en los últimos seis años.
(Número de expediente 181/001506.) ... (Página 16406)
- Del mismo señor diputado, sobre disponibilidades de plazas en centros penitenciarios creadas en los últimos seis años. (Número de expediente 181/001507.) ... (Página 16407)
- Del mismo señor diputado, sobre incremento de plazas penitenciarias en los últimos diez años. (Número de expediente 181/001509.) ... (Página 16407)
- Del mismo señor diputado, sobre balance de la evolución experimentada en materia de intervención con drogodependientes en centros penitenciarios durante los últimos seis años. (Número de expediente 181/001508.) ...
Comparecencia del señor director general de Tráfico (Muñoz-Repiso Izaguirre) para informar sobre:
- Las causas de los accidentes ocurridos el día 20 de marzo de 2002 en Simancas (Valladolid), Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y La Rinconada (Sevilla), así como las medidas que se piensan adoptar en el futuro por esa Dirección General de
Tráfico tendentes a evitar este tipo de frecuentes sucesos en las carreteras españolas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001032.) ...
(Página 16410)
- La situación y graves deficiencias que se observan en el sistema de pruebas para la obtención de permisos y licencias para conducir. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001034.) ...
Comparecencia del señor director general de Protección Civil (San Nicolás Santamaría) para informar sobre:
- Las medidas adoptadas por dicha Dirección General desde el momento en que se tuvo conocimiento por parte del Instituto Nacional de Meteorología de la existencia de un fenómeno meteorológico en el área de las islas occidentales de la
Comunidad Autónoma de Canarias que en la tarde del día 31 de marzo de 2002 desencadenó lluvias torrenciales que trajeron consigo importantes desgracias personales e infraestructurales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y en su área
metropolitana. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001066.) ...
(Página 16426)
- Las circunstancias de dotación de medios materiales de salvamento y personales de prevención e intervención existentes en el territorio del puerto autónomo de Barcelona. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000682.) ... (Página 16434)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJO) PARA INFORMAR SOBRE LA MUERTE DEL JOVEN DE 22 AÑOS S.
B. DE LA H., INTERNO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ZARAGOZA, EL 11 DE ABRIL DE 2002. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000781.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión. Le damos la bienvenida, una vez más, al director general de Instituciones Penitenciarias por su presencia entre nosotros. Sin más
trámites, le doy la palabra para que exponga su primera comparecencia, que se refiere al informe sobre la muerte del joven de 22 años S.B. de la H., interno en el centro penitenciario de Zaragoza, el 11 de abril de 2002. Señor director general,
tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejos): Gracias, señor presidente.
Sobre las 13,10 horas, aproximadamente, del 11 de abril de 2002 y durante el reparto de la comida en el departamento de aislamiento del centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, dos funcionarios de servicio encontraron al interno S.B. de
la Hoz colgado del cuello mediante una sábana anudada a la reja de seguridad de la puerta de la celda que ocupaba. El interno estaba sobre una silla inclinada. Se procedió a cortar la sábana y se dio aviso inmediato a los servicios médicos que, a
las 13,15 horas, reconocen al interno, apreciando signos de fallecimiento -frialdad, cianosis, ausencia de pulso y respiración, pupilas midriáticas arreactivas y signos de ahorcadura en el cuello-, por lo que no se procedió a otras actuaciones
médicas. La dirección del centro comunicó el fallecimiento del interno al juzgado de guardia a las 14,20 horas; se procedió a la inspección y levantamiento del cadáver y, a raíz del fallecimiento, se iniciaron las diligencias previas 1871/02 por
el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, que a fecha de hoy continúan en trámite. En el informe de la autopsia facilitado por el juzgado constan las siguientes conclusiones: primera, se trata de una muerte violenta; segunda, la causa de
la muerte ha sido asfixia por ahorcadura; y tercera, es aceptable la hipótesis de muerte de etiología suicida.
El interno se encontraba en el departamento de aislamiento desde las 21,30 horas del día anterior, tras protagonizar un incidente regimental y en aplicación de los artículos 45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 72 del reglamento que
la desarrolla. Para una mejor comprensión del motivo de la aplicación de dicha medida, hay que señalar que el 8 de abril de 2002 el interno solicitó acogerse a lo dispuesto en el artículo 75.2 del reglamento penitenciario -se trata de la
autoprotección, la solicitud de ser protegido por las autoridades penitenciarias-, alegando problemas de convivencia con otros internos que no especificó. Con fecha 9 de abril de 2002, la dirección del centro acordó la aplicación de lo solicitado,
notificándoselo al interno e informando al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza. En el informe se especificaba el régimen de vida al que se acogía el interno: un mínimo de dos horas de paseo en horario diferente al de los demás internos
del módulo, aunque podía compartirlo con otros en su misma situación, y derecho al uso de los servicios de economato, mandaduría y biblioteca, así como al resto de los servicios, siempre que no supusieran incompatibilidad con su situación y la de su
departamento de residencia.
El día 10 de abril de 2002, a las 20,30 horas, el funcionario de servicio, tras ser requerido por el interno, observó que este había protegido su cuerpo con carpetas y revistas. El interno refirió que tenía problemas en el módulo, que
quería bajar a solucionarlos y que quería ver al médico porque estaba muy deprimido; a continuación, impidió al funcionario cerrar la puerta de la celda. Se procedió a llevarle a la enfermería pero, al cachearle, se le encontró un objeto punzante
de madera, así como una cuchilla de afeitar soldada a un bolígrafo. Ante todo ello, indicativo de su clara disposición a la agresión a terceros, así como ante la resistencia activa al funcionario, el jefe de servicios dispuso su aislamiento
provisional. Previamente, fue visitado por los servicios médicos, que no evidenciaron signos de violencia ni patología alguna. La medida de aislamiento fue comunicada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
de Zaragoza. Durante la mañana del día 11 de abril de 2002 no se observó novedad alguna respecto al interno aislado; a las 10 horas del mismo día fue visitado por los servicios médicos y no manifestó ni se le apreciaron signos ni síntomas
depresivos.
Entre las pertenencias del interno, se encontró una carta dirigida a su hermana que, tras ser comunicada su existencia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, por si
fuera de interés para la causa que se sigue por el fallecimiento. Al parecer, de su contenido no se deducen intenciones suicidas previas del interno. En cuanto a la situación penal, el interno había nacido el 16 de mayo de 1970 y cumplía un total
de nueve años, cinco meses y 68 días, por ocho causas de distintos juzgados de Valencia por robos y hurto. Consta un ingreso en 1997; dos en 1999, y el último, el 4 de agosto de 1999 para cumplir las referidas causas de forma refundida.
En el informe psicológico emitido durante su estancia en el establecimiento penitenciario de Valencia su personalidad se calificaba como muy inestable, con dificultad para demorar los refuerzos y, por tanto, muy inconstante, y una muy
deficiente responsabilidad en la conducta, actuando impulsivamente sin sopesar ninguna consecuencia. El jurista criminólogo del centro penitenciario de Zaragoza informa, en relación con el sujeto, de que se trata de una persona con escasa
trayectoria penal y penitenciaria, aunque de inicio precoz en sus conductas desviadas. A nivel criminológico presentaba un perfil típico de pertenencia a grupos toxicómanos. Según informe de conducta emitido por los educadores del centro
penitenciario, durante la estancia del interno en el mismo se observó una conducta irregular caracterizada fundamentalmente por un conflicto continuo, aunque no grave, con personas de la etnia gitana y del colectivo árabe. Los servicios sociales
penitenciarios informan que dos hermanos del fallecido también estaban privados de libertad y tenían antecedentes toxicofílicos. Las relaciones familiares se califican de buenas, siendo visitados en los centros penitenciarios y atendidos en la
medida de sus posibilidades. Respecto al fallecido, se informa de que desde la adolescencia tuvo contacto con instituciones cerradas, permaneciendo durante cinco años en el centro de menores de Godella, Valencia. A los 13 años de edad se inicia en
el consumo de drogas, la comisión de delitos y el contacto con ambientes marginales. En base a este perfil, el interno fue clasificado en segundo grado de tratamiento, con efectos de 16 de noviembre de 2001, a propuesta del establecimiento
penitenciario de Valencia, y destinado al centro penitenciario de Zaragoza, a petición del propio interno que, según manifestó, deseaba alejarse de Valencia a pesar de su vinculación familiar, porque se consideraba incapaz de mantenerse al margen de
los grupos conflictivos de conocidos.
En relación con la situación sanitaria, el centro penitenciario de Zuera es un centro tipo cuya plantilla sanitaria, en aquel momento, era la siguiente: un subdirector médico, un supervisor de enfermería, siete médicos, nueve ATS y un
auxiliar de enfermería. El centro dispone de un departamento de enfermería con 64 camas, departamento diferenciado netamente del resto del establecimiento. Cuenta con habitaciones compartidas e individuales, con sistema de presión negativa para el
control de personas susceptibles de aislamiento respiratorio y la atención especializada se hace en colaboración con el sistema sanitario público a través del hospital Miguel Servet de Zaragoza. En el reconocimiento médico realizado a su ingreso en
el centro no se apreció patología psíquica y la valoración del riesgo de suicidio fue negativa.
Durante su estancia en el centro es visitado en consulta médica los días 7, 12 y 19 de diciembre por patologías banales, como síndromes catarrales y de
odontología. El día 5 de enero de 2002 es trasladado al establecimiento penitenciario de Valencia para asistencia a juicio, donde, según consta en su historia clínica, es visitado los días 14, 21, 28 y 30 de enero de 2002 y los días 4, 5, 7, 8, 10,
13, 14 y 17 de febrero. Los motivos de la consulta en esos días fueron problemas relacionados con patología bucodentaria y dermatológica.
Del 21 al 24 de febrero de 2002 se mantiene en ayuno voluntario por motivos regimentales que el interesado no especifica. El 6 de marzo de 2002 refiere ingesta de cuerpo extraño. Es atendido con carácter de urgencia, siendo derivado al
hospital de referencia para valoración. En el hospital recomiendan como tratamiento dieta rica en fibra, que se le prescribe. Es reingresado al centro penitenciario de Zuera el 7 de marzo, donde continúa su tratamiento a base de dieta rica en
fibra sin presentar otra patología. Los días 6 y 8 de abril es visitado de forma programada por encontrarse sancionado y no presenta patología física ni psíquica. El día 10 de abril de 2002 es atendido a las 21 horas por el médico de guardia, a
petición del jefe de servicios como paso previo y preceptivo para la aplicación de una sanción de aislamiento, no objetivándose lesiones ni patologías físicas o psíquicas.
El 11 de abril de 2002 es visitado de forma programada, por estar sancionado, a las 10 horas, no apreciándose ni manifestando el interesado síntomas ni signos depresivos. Se trata de un caso de suicidio en una persona que, según su
historial clínico, había sido correctamente vista en varias ocasiones, y en particular en situaciones en las que es reglamentariamente preceptiva una búsqueda activa de posibles riesgos -la situación de ingreso o de sanciones- y que nunca presentó
signos de alarma alguno que pudiesen hacer sospechar el desenlace que se produjo.
Con motivo del fallecimiento del interno, se ordenó, con fecha 12 de abril de 2002, la práctica de la información reservada 71/2002, a tenor de lo establecido en el
artículo 28 del reglamento
de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, que actualmente se está tramitando en el centro penitenciario de Zaragoza.
El suicidio en nuestra institución siempre ha sido motivo de preocupación para todos los profesionales, ya que este tipo de conductas, cuando consiguen su propósito, causan la percepción de impotencia y fracaso profesional y personal,
provocando la reacción inmediata de querer conocer a fondo las causas que lo provocan para poner remedio y evitar ulteriores muertes. El análisis del problema se viene realizando con más o menos profundidad y mayor o menor acierto desde hace más de
diez años, en los que se han redactado y puesto en vigor circulares que regulan las actuaciones a seguir con aquellas personas que presentan determinados rasgos incluidos en el perfil de riesgo.
La prevención del suicidio es una actividad reglada en todos los centros penitenciarios a través de un programa específico multidisciplinar. En caso de sanción de aislamiento, ha de realizar una visita preceptiva previa el médico que
determine la existencia del riesgo que pudiese impedir el cumplimiento de aquélla. Como queda dicho, en el caso que nos ocupa no fue detectado riesgo alguno en ningún momento de este proceso.
El último estudio del problema se realizó por esta Dirección General de Instituciones Penitenciarias, llevando a cabo la comparación entre los casos de suicidio consumado correspondientes al año 1997 y los casos incluidos en el programa de
prevención en el primer semestre del mismo año. Dicho estudio pretendía, en síntesis, perfeccionar las actuaciones que se venían llevando a cabo en los programas de prevención de suicidios, mejorando la detección de casos con riesgo, y elaborar un
programa marco de intervención que permitiera resolver los problemas individuales y colectivos como causa importante de las conductas de autolisis. La consecuencia del mismo fue la elaboración de un nuevo perfil de riesgo del interno suicida y la
reestructuración y publicación de una nueva circular que regulaba los procedimientos a seguir, sugiriendo también que actuaciones profesionales son necesarias para detectar y tratar con eficacia todas las conductas autolíticas que puedan suponer un
suicidio consumado o una tentativa, diferenciando en esta expresión tres niveles: la autoagresión, la tentativa y el suicidio frustrado. La nueva circular entró en vigor a finales de 1998 y a partir de entonces los profesionales de los centros
empezaron la adaptación y el diseño de instrumentos de observación y detección, así como programas de tratamiento con técnicas de intervención adecuadas para mejorar las habilidades y para afrontar nuevas crisis.
Si analizamos los casos de suicidios consumados y tentativas en los últimos años tenemos que durante el año 1997 se produjeron 30 casos de suicidios consumados; en 1998, hubo 10; en 1999, 26; en 2000, 20; en 2001, 20 y en el presente
año, hasta la fecha, se han producido seis suicidios consumados. En cuanto a las tentativas o intentos frustrados han sido 105 en 1997; 144 en 1998; 152 en 1999; 153 en 2000 y 124 en 2001. A pesar de lo referido, las tasas de suicidio
consumado, teniendo en cuenta la población penitenciaria total, han sido de siete en el año 2001 por cada 10.000 internos. Todas ellas son tasas muy inferiores a las que se dan en los países europeos de nuestro entorno, como puede comprobarse por
las estadísticas oficiales editadas por los organismos europeos. Las que refiero a continuación están extraídas de la estadística penal del Consejo de Europa y los datos están referidos al año 1999. La tasa de Francia sería un 24; la de Italia un
10; la de Grecia un 11; la de los Países Bajos un 7,7; la de Alemania un 9,9; la de Irlanda del Norte, 41; la de Portugal, 7,4; la de Austria, 24 y la de Dinamarca, 15. La tasa de 1999 supone una mejora importante con respecto a los años
anteriores a 1998, que son los años con los que se puede comparar al haberse producido en 1998 un cambio tan brusco en la tendencia que no cabe atribuir a la entrada en vigor de la circular como única causa, como ya se ha explicado. De la mejora
obtenida, una parte que no nos atrevemos a cuantificar se debe a la mayor precisión en la detección de casos por la utilización de instrumentos de más calidad, también a las medidas de contención y al diseño de nuevos programas individualizados que
incluyen técnicas adecuadas de tratamiento, como la mejora de habilidades de afrontamiento del estrés, la mejora de la autoestima y de la capacidad de resolución de los problemas. Por todo ello, la implantación de los nuevos programas de prevención
de suicidios, que se inician con la entrada en vigor de la nueva circular, esperamos que sigan dando resultados positivos como hasta ahora.
En el tema del suicidio hay que seguir trabajando para intentar conseguir que ninguna persona desee y consiga poner fin a su vida. Con independencia de cuál pueda ser el motivo y aunque el objetivo sea muy difícil, esta es la tarea que la
institución penitenciaria pretende en el ejercicio de su función. Para conseguirlo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias realiza un seguimiento de todas las agresiones, tentativas, suicidios frustrados y suicidios consumados, con la
finalidad de detectar variaciones en los perfiles de las personas implicadas, lo que provocaría, si esto se produce, la modificación a su vez de las pautas de actuación que se consideren ineficaces. Fruto de este seguimiento es la confirmación
desde el año 1998 de que las circunstancias de riesgo más destacadas son: el consumo de drogas, los trastornos psicopatológicos, la existencia de anteriores internos y las variables relacionadas con la situación penal y penitenciaria y con la
estabilidad. Esta confirmación provoca actuaciones de los profesionales en los casos que proceda, aplicando las técnicas aludidas.
Todas estas actuaciones constituyen tratamientos concretos cuya valoración no es instantánea, sino que es necesario que transcurra el tiempo para afianzar y
consolidar las habilidades aprendidas. Este objetivo es prioritario y permanente en las actuaciones de todos los equipos técnicos de los centros penitenciarios y está presente en todos los profesionales de la institución. Sin embargo,
conviene recordar que el éxito no es sencillo ni inmediato, pues la interacción que establecen las personas y su entorno depende de las características personales y carencias que posean, ya que si son deficitarias las hará más vulnerables al estrés,
menos capaces de afrontarlo y más propensas a sufrir sus consecuencias. En este sentido, con las actuaciones que se vienen practicando estaremos más cerca de conseguir el objetivo de evitar nuevas muertes, pero recordando que en la conducta humana
intervienen variables de muy difícil control que pueden actuar como desencadenante de este tipo de conductas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señor Yuste, quiero manifestarle, en primer lugar, que aunque usted es siempre bienvenido en esta Comisión hubiese preferido que hoy hubiese sido el ministro, el señor Rajoy, quien hubiese acudido a esta
comparecencia, porque hace justamente un año -un año y muy pocos días- celebramos en esta Comisión una comparecencia sobre otra persona, también interno en un centro penitenciario, y en aquel caso fue el ministro el que acudió. Desde mi grupo
señalamos que cada vez que muere de forma violenta una persona que está bajo la custodia del Estado nosotros queremos que se conozcan todos los datos del caso y que se conozcan y se analicen las razones de lo que ha sucedido; queremos que el
Gobierno, al máximo nivel, dé todas las explicaciones sobre el asunto.
Creo que es una obligación que deberíamos autoimponernos todos. Le agradezco sinceramente sus explicaciones, pero me parecen muy insuficientes y, si me lo permite y no se lo
toma a mal, hasta un poco burocráticas.
Yo no he venido aquí esta tarde a hablar de números, aunque podemos hacerlo, si le parece. Desde luego, no me parece lo más apropiado que convirtamos las explicaciones sobre las condiciones en que se produce el suicidio de una persona en un
análisis estadístico, por otro lado un análisis muy poco consolador. Creo, señor Yuste, que cada persona es irrepetible, irreemplazable para su familia, para sus amigos, para el entorno en el que vive. Me parece que, por muchos problemas que haya
sufrido en su vida, es imposible no conmoverse ante el suicidio de una persona de 23 años, de una persona que, como usted nos decía, llevaba cinco años dando tumbos por prisiones, que previo a esta situación había estado en un centro de menores
durante bastante tiempo y que en todas estas instituciones que son de nuestra responsabilidad, de responsabilidad del Estado, del Gobierno, de la oposición, de todos nosotros, no había encontrado muchos alicientes no ya para cambiar de vida sino ni
siquiera para seguir viviendo.
Señor Yuste, yo sé que hay internos que representan un riesgo para otros reclusos y que a veces las medidas de aislamiento son una forma de proteger también al resto de la población penitenciaria de violencias o de actuaciones incontroladas,
pero, sinceramente, creo que las medidas de castigo no suelen resolver los problemas que estas personas tienen; por el contrario, creo que se viene demostrando desde hace tiempo que cuanto más se endurece el sistema penitenciario se provoca una
reacción más hostil por parte del interno. Muchas veces la hostilidad se dirige hacia los demás y otras veces hacia uno mismo en forma de autolesiones o, en el caso más extremo, quitándose la vida. Nos interesa saber si se hizo todo lo posible por
salvar la vida de esta persona, si funcionaron correctamente los mecanismos de atención que se debieron poner en marcha, pero nos interesa también saber si usted cree que el plan de suicidio del que nos ha hablado, si la política que desarrolla
Instituciones Penitenciarias sobre este tema, aborda los problemas que dan lugar a estas situaciones, porque en muchas ocasiones, señor Yuste, el plan se limita a colocar al interno en compañía de otro interno o, en todo caso, a colocarle en un
módulo especial que tiene una mayor vigilancia que el resto.
Señor Yuste, la mayoría de las personas que se autolesionan o que intentan suicidarse, además de acumular una montaña de problemas sociales, de problemas de salud, de dependencia de las drogas, porque es un perfil bastante común y del cual
esta persona es un caso bastante representativo, además de todo eso, son personas que sufren patologías psiquiátricas bastante evidentes. ¿Le parece a usted que el tratamiento más adecuado para una persona que sufre de estas patologías es el
aislamiento? ¿No se ha preguntado si no sería necesario desarrollar en los centros penitenciarios unidades de asistencia psiquiátrica que, por otra parte, están contempladas y que no existen prácticamente en ninguno?
Señor Yuste, cada suicidio es expresión del fracaso de un sistema que renuncia a rehabilitar a las personas que han cometido delitos, que renuncia a resocializar a estas personas. Dice hoy un articulista en un medio de comunicación,
recogiendo un estudio que se ha hecho sobre las personas que sufren el régimen penitenciario más duro dentro de nuestros centros: Lo que debería ser un taller de reparación de coches es un desguace inmisericorde. Los coches salen peor de pintura,
peor de motor que cuando entraron, la carrocería oxidada. Esta es la realidad de nuestros centros penitenciarios. Como sabe usted, yo visito habitualmente los centros penitenciarios y en todos ellos los funcionarios coinciden en señalar carencias
para desarrollar cualquier tipo de tratamiento. Los centros penitenciarios, es verdad, cumplen bien la función de custodiar a quienes han sido condenados por los tribunales, pero en absoluto
-y lo digo de forma tajante, con firmeza y radicalidad- hacen una labor de reinserción de esas personas, y no pueden hacerlo porque no tienen personal ni tienen medios y porque, no se puede realizar un trabajo serio en una situación como la
que actualmente tienen nuestros centros penitenciarios de sobresaturación y de hacinamiento. En el centro penitenciario de Alicante, por ponerle un ejemplo, un centro que visité hace cuatro días, todos los internos, todos, de los 2.001 que había
ese día, están de tres en tres en celdas pensadas para una persona. No le digo nada sobre lo que sucede en ese centro cuando aprieta el calor.
En la mayoría de los centros, gran parte de los reclusos pasan el día dando vueltas al patio o jugando a las cartas. Ya sé que hay muchas actividades de todo tipo programadas, pero sé también que no todas las personas que están en nuestros
centros penitenciarios están motivadas para participar en esas actividades si eso no tiene un estímulo añadido, sea en forma de redención de condena, que ya no es posible porque ha cambiado la legislación al respecto -algo sobre lo que también
tendríamos que reflexionar, lo acepto-, o sea en forma de salario.
Seguramente nos contará usted luego, en esa especie de comparecencia que le ha preparado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, utilizando perversamente la fórmula de preguntas, no para preguntar, sino para darle la oportunidad de
hacer su discurso sin que desde la oposición podamos responderle, el incremento que ha habido en las cifras de reclusos que trabajan en los centros penitenciarios. Pero seguramente no nos dirá que la mayor parte de estas personas trabajan una o dos
horas al día; que casi todos lo hacen en tareas de mantenimiento del centro, porque a ustedes les sale más barata la mano de obra; que aun así, quienes trabajan apenas superan el 10 por ciento del total de la población penitenciaria; no nos dirá
que cobran una media de 123 euros al mes y no dirá tampoco que al trabajo se accede no por la necesidad de trabajar o por el deseo de hacerlo, sino por el comportamiento. Yo, señor Yuste, que puedo certificarle todos estos datos porque me he tomado
la molestia de analizar en un centro penitenciario uno por uno a todos los reclusos, la tipología de estas personas, las horas que trabajan, lo que perciben y en qué tareas trabajan, -quizá haya otros centros diferentes, pero tengo los datos
globales y me parecen que se distinguen poco-, creo que esta no es una buena situación y que ello no ayuda a la reinserción de las personas.
No quiero hacer una comparecencia general en este momento; ya la haremos en su día, y creo que no tardando mucho porque la situación de los centros penitenciarios en este momento me parece muy alarmante, y creo que puede explotar en
cualquier momento. Y no quiero hacer esa comparecencia general sobre todo por respeto al origen de su comparecencia: el esclarecimiento del suicidio de una persona, cuya memoria tenemos que respetar también en eso. Pero no me parece adecuado ni
razonable que quieran ustedes limitar la voz de la oposición haciendo algunas trampas, y lo digo con toda sinceridad porque pienso que lo tengo que decir.
La seguridad es una de las preocupaciones más importantes de los españoles, es verdad. Pero la seguridad no consiste en tener cada vez a más personas en prisión, sino en ser capaces de afrontar las causas por las que las personas cometen
delitos y proponer soluciones, porque la política tiene que servir precisamente para eso. Hace 50 años se decía que en la cárcel el bueno se hace malo y el malo se hace peor, y lamentablemente no estamos muy lejos de esa afirmación todavía hoy. Me
decía recientemente el director de un centro penitenciario que la gente que está en prisión lo que más necesita es esperanza.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señor presidente, voy a ir acabando.
Me consta que la inmensa mayoría de los funcionarios trabajan al límite para paliar las deficiencias, que son muchas, de nuestro sistema penitenciario y para que las personas que están en los centros penitenciarios no padezcan penalidades
añadidas a la de no tener libertad, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
En el caso de este joven que cumplía su condena en la prisión de Zaragoza, el sistema penitenciario no ha sido capaz de darle esperanza. En lo único que cabe confiar es en que el hecho dramático de su muerte, como tantas otras que se
producen en la cárcel o en los hospitales a los que se deriva a los presos moribundos, sirva para llamar la atención sobre la realidad de un sistema penitenciario ineficaz, masificado, inhumano muchas veces y que no se orienta a la reeducación y la
reinserción social de los condenados.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, por el Grupo Parlamentario Popular va a intervenir el señor Moreno Bustos. Yo intervendré, cuando el señor presidente lo considere oportuno, por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Puede intervenir ahora mismo, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervendré con toda brevedad solamente para señalar que decir que las iniciativas parlamentarias las plantean otros grupos para que, en el caso del Grupo Popular, puedan hacer su discurso
sin que se les pueda responder y calificar las iniciativas, absolutamente legítimas por reglamentarias, como trámite perverso, no deja de ser sorprendente. El quid de la cuestión es que nosotros formulamos una serie de cuestiones concretas
precisamente porque entendemos que la administración penitenciaria está en situación de ofrecer ese balance, y otros no formulan esas cuestiones. No vamos a entrar en el intento de los últimos tiempos del Grupo Parlamentario Socialista de tratar de
concebir dos tipos de diputados: las diputadas o diputados de primera, que son los de la oposición y son los que pueden hablar, y las diputadas y diputados de segunda, que son los del grupo que sustenta al Gobierno y que son los que, a juicio del
Grupo Parlamentario Socialista, no pueden hablar.
Lo que no nos dirá la señora Chamizo -ya que, dice que no lo dirá el Grupo Parlamentario Popular- es que, por ejemplo, el organismo autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias funciona en este momento y los responsables actuales de este
organismo autónomo no han sido condenados por un fraude de mil millones de pesetas como lo fueron los anteriores responsables de ese organismo. No le digo nada más, señora Chamizo. (La señora Gallizo Llamas: Le recomiendo que se aprenda mi
nombre.) Si está usted interesada en estas cuestiones, le recomiendo que lea las obras completas del señor Zapatero y las mías propias, porque creo que durante tres años, en el período 1993-1996, ambos, con sentido común, con rigor y sin demagogia,
aportamos mucho al debate de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Moreno tiene la palabra.
El señor MORENO BUSTOS: Señorías, como es costumbre y obligación por mi parte, deseo agradecer al director general de Instituciones Penitenciarias su presencia en esta Comisión parlamentaria. Deseo agradecerle también las explicaciones
pormenorizadas que nos ha hecho llegar sobre un asunto al que estoy seguro que jamás nos hubiera gustado referirnos.
Por un momento he tenido que volver a revisar el motivo de la comparecencia que ha solicitado el Grupo Socialista, más concretamente la señora Gallizo, ya que, bajo el argumento de un lamentable fallecimiento, ha venido a disertarnos sobre
la situación de las prisiones españolas, sus problemas y sus carencias. Eso sí, sin dar una sola solución. Que yo sepa, señorías, este no era el motivo de la comparecencia. También por un momento, y conociendo que S.S. es miembro de la Comisión
de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española, he temido que protestara asimismo por la programación de alguna película en Televisión Española referida a alguna prisión del mundo que, le aseguro, nada tiene que ver con las prisiones
españolas. (La señora Gallizo Llamas: ¿Cuántas has visto?) Mis temores se han cumplido a medias, qué le vamos a hacer.
Una vez conocidas las explicaciones que la señora Gallizo no escucha o más bien no quiere escuchar, porque si se le dan las explicaciones dice que no entran en los datos o bien las tacha de pura burocracia, pero si no se le dieran, las
reclamaría, tengo que hacer algunas consideraciones que creo que profundizan en el hecho que nos preocupa. En primer lugar debo dejar claro que tanto al director del centro penitenciario de Zuera como a los funcionarios que allí realizan su labor
no hay que ponerles ninguna objeción, ya que, según reflejan sus palabras, actuaron de forma intachable y diligente, cumpliendo escrupulosamente en todo momento con lo que la normativa recoge para sucesos de esta índole.
En segundo lugar debo recordar que tal hecho se encuentra en estos momentos en trámite en el Juzgado número 10 de Zaragoza y que será este, con las investigaciones oportunas, el que determinará finalmente lo sucedido. En tercer lugar, por
muy lamentable que sea al parecer un suicidio, no debe ser tratado como algo general dentro de las prisiones españolas, sino más bien lo contrario, como algo específico y puntual, -y me atengo a los datos que usted ha facilitado esta tarde-, no sólo
en España sino también en la comparativa que ha hecho con el resto de los países de la Unión Europea.
Hoy, señorías, no hemos venido a hacer una pastoral, muy de moda en estas últimas fechas, (Risas.) sobre la situación de los centros penitenciarios en España. Hoy hemos venido a recibir una información de una situación, una penosa
situación, ocurrida en una prisión aragonesa. Creo que con este tema no se puede ni se debe hacer política ni mucho menos demagogia.
También sé que sin estas dos cosas algunos y algunas no son capaces de generar noticias ni darse protagonismo,
pero qué le vamos a hacer. Yo, desde luego, no soy un experto en centros penitenciarios, lo que no ocurre con mi oponente política, la señora Gallizo, que, si por otra cosa, muy loable por otra parte, se le conoce es por su constante devenir de las
prisiones aragonesas y, como ella misma ha reconocido, del resto de España, pero eso no quita para que pueda analizar que en la actualidad en la prisión de Zuera, una de las más modernas y mejor preparadas, se están haciendo las cosas bien, y digo
bien porque hechos como el que hoy nos preocupa son a veces inevitables. A nadie le puede quedar la menor duda de que con este recluso el centro tuvo en todo momento un control e hizo un estudio de su situación personal, que se le facilitó la
atención sanitaria que requirió, que intentó ayudarlo mediante los servicios sociales y que tras su fallecimiento y el correspondiente reconocimiento médico no se le evidenciaron signos de violencia ni patología alguna, como creo, señor director
general, que usted mismo ha mencionado. Todos podemos entender que posiblemente los más afectados, profesionalmente hablando habrán sido los
propios funcionarios de la prisión de Zuera, ya que cuando internos de este tipo consiguen su propósito, dan pie a pensar si actuaron correctamente o si lo hicieron suficientemente.
Por todo ello y para no llegar a caer en esta situación, ya usted nos ha reflejado que desde el año 1997 se ha intentado poner medidas que frenaran en la medida de lo posible tentativas, suicidios consumados, autoagresiones o suicidios
frustrados. Los datos son bastante positivos, ya que se han reducido las tasas que había antes de entrar en vigor la circular que usted mencionaba. Aun así, estoy seguro de que su departamento va a seguir trabajando activamente en hacer posible
que no ocurran hechos como este. Sabemos de la dificultad, ya que a la propia idiosincracia personal del recluso hay que unir otros elementos, otras variables como las drogas, la situación familiar, la falta de recursos o las carencias educativas.
No es fácil, y aunque continuemos poniendo soluciones y facilitando medidas, jamás podrá afirmar nadie que conductas de este tipo se van a erradicar por completo. Creo sinceramente, señor director general, que están ustedes al menos en el buen
camino y espero que con seriedad, rigor y trabajo como el que hasta ahora vienen realizando no tenga usted que volver a esta Comisión para tratar un hecho puntual de tan lamentable desenlace.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Yo creo que es evidente que nos encontramos ante una tragedia personal -el ser humano es irrepetible, evidentemente-, y no queremos minimizar la trágica peripecia
de este ser humano que ha decidido quitarse la vida en la cárcel. Nadie tiene el monopolio ni de la comprensión de esa realidad ni, desde luego, de sentirse profundamente afectado; si me permite la reflexión, quizá los funcionarios que tuvieron
que enfrentarse con ese trance, después de la familia del interno, sean los que más afectados han podido sentirse.
No creo que se pueda decir que los funcionarios de la administración penitenciaria - que son los destinatarios de las circulares y los que las ponen en marcha en una situación complicada y con un esfuerzo de profesionalidad más que
encomiable- sean insensibles ante la tragedia que viven estas personas objeto de su custodia y de su función pero seres humanos, cuando se produce una situación de este tipo.
Sin insistir más en este tema, le diría algunas cosas. En principio, que el artículo 75, con el que se intentaba proteger la vida de esta persona a petición suya no es una medida de castigo, sino que es una medida para evitar un desenlace
complejo cuando una persona pretende arreglar los problemas, según un código muy robustecido en la cultura carcelaria, como no deben ser solucionados. Por lo tanto, su situación no era la de una persona sancionada, sino la de una persona sujeta a
protección por el sistema. Yo no sabría decirle si el sistema hizo todo lo posible, pues es un juicio de valor complicado. Estoy seguro de que las personas que tuvieron en contacto con él hicieron todo lo que estaba en sus manos, y yo creo que esa
es una circunstancia que también debe ser tenida en cuenta. Quizá es mucho decir todo lo posible y sería más pragmático decir todo lo que uno puede.
No creo que el programa de prevención del suicidio se pueda descalificar diciendo que solamente se pone un interno de apoyo. Este programa consiste en un análisis de las variables que se han mostrado relevantes en los estudios comparativos
del suicidio, y yo creo que los resultados de este programa son evidentes, en términos estadísticos, que lógicamente son términos no aptos para medir la grandeza de la vida humana, pero sí son elocuentes a la hora de ver que otro suicidio más es
otra pérdida irreparable. Por lo tanto, la misma frivolidad que usted me achaca de medir fríamente con datos una circunstancia como la pérdida de la vida, aunque sea voluntaria, cabría decir de aquellos otros que se han salvado porque no han muerto
como en otra época en la que, por cierto, había menos presos y se suicidaban bastantes más.
Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de asistencia psiquiátrica, y ya hay un programa para ello. Es evidente que el lugar de los enfermos psiquiátricos no es la cárcel, y deslindar esa circunstancia es en la mayoría de los casos, una
decisión, de las autoridades judiciales. Usted sabe mejor que nadie que los enfermos mentales son inimputables, por lo que no se les puede imponer una pena sino una medida de seguridad. En consecuencia, su sede para ejecutar esa medida no será
nunca una cárcel; será un centro psiquiátrico u otra alternativa.
Me he extendido en explicar el número de médicos que había porque decir que el centro de Zuera no responde a las necesidades penitenciarias o definirlo como centro masificado me parece un juicio de valor que no puedo compartir. El centro de
Zuera es probablemente una de las infraestructuras penitenciarias más avanzadas de Europa, de las mejor dotadas de personal y con unos elementos que permiten el tratamiento de los reclusos en condiciones inmensamente más favorables que las de las
viejas prisiones de Torrero y Huesca, a las que ha sustituido.
Cuando ha hecho el paradigma del hacinamiento en el sistema penitenciario, etcétera y ha citado como ejemplo Alicante, si no le he entendido mal, ha dicho que tenía 2001 reclusos cuando lo visitó.
(La señora GALLIZO LLAMAS: No, 1001.)
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Perdón,
1001, efectivamente contando con los de sección abierta.
Yo he sido subdirector durante varios años, y la cifra de reclusos del centro de Fontcalent entre los años 1994 y 1996 ha oscilado entre 1200 y 1300. Me parece muy legítimo que usted critique una situación que es coyuntural. El próximo día
5 se inaugura una prisión nueva en Villena y va a ser la alternativa para que Fontcalent encuentre las tasas de ocupación más razonables. La diferencia entre esta circunstancia y la que se producía hace nueve años es que entonces no había ninguna
alternativa.
Tengo que recordarle determinadas circunstancias que usted olvida porque es mi obligación darle un panorama más realista en ese sentido.
Es evidente que el sistema no ha conseguido incentivar a esta persona para que le sea atractiva la vida, pero dejar ese fracaso sólo en manos de la Administración penitenciaria parece injusto; probablemente ha sido la sociedad entera la que
no ha sido capaz de motivar a este ser humano para que encuentre un hueco en ella. La cuota de responsabilidad de la Administración penitenciaria yo la asumo, no voy a decir con gusto pero sí con responsabilidad, y creo que también hay que hacer
ese juicio de valor comparativo.
Dice S.S. que el trabajo en este momento es casi simbólico. Después le voy a dar la cifras del trabajo productivo y del trabajo formativo. No le daré los datos comparativos anteriores a 1996 para que no me diga que tengo memoria y que
siempre traigo el mismo argumento, pero es que ese argumento es muy testarudo y también existe. El tópico de que en la cárcel el bueno se hace malo y el malo se hace peor, personalmente no lo comparto y creo que los funcionarios de la
Administración penitenciaria y el esfuerzo en infraestructuras hacen que el sistema penitenciario afronte mejor los retos, complicados que tiene en este momento, y si no son capaces de insuflar esperanza a determinado tipo de reclusos, es evidente
que sí son capaces de poner en sus manos todos aquellos elementos que pueden mejorar las carencias con las que acudieron a prisión y para que cuando terminen su condena, tengan al menos la capacidad, si no la voluntad, para estar en mejores
condiciones y ser más competitivos para afrontar su vida libre.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señor Yuste, creo que lo peor que le puede pasar a un gobierno y en este caso al grupo mayoritario que apoya al Gobierno es estar satisfecho por todo y creer que todo lo hace bien, sobre todo en una materia tan
sensible como esta. Pero hay un dato objetivo que demuestra que este Gobierno no tiene una buena política penitenciaria, y son los resultados. El altísimo índice de reincidencia que existe en este momento en la población que comete delitos en
nuestro país y los reclusos multirreincidentes que hay en nuestros centros penitenciarios, de lo que es un exponente clarísimo la vida y la historia de esta persona a la que hoy nos hemos referido, son datos que hablan por sí mismos. El sistema
penitenciario que tenemos no sirve para cumplir su objetivo; lo podemos decir como queramos, pero eso es así. Este sistema no reinserta y no resocializa a las personas que están bajo la custodia del Estado. No sé cómo alguien puede sentirse
satisfecho a la vista de este dato tan concluyente.
He hecho una reflexión general sobre la situación actual de los centros penitenciarios y me sorprende que el señor Yuste tenga memoria para unas cosas y no la tenga para otras. Me sorprende que no tenga memoria para saber que el esfuerzo
extraordinario que se hizo en la administración socialista por construir nuevos centros penitenciarios y por dignificar las condiciones de vida de los reclusos ha cambiado de una manera sustancial la realidad material que tienen muchos de nuestros
centros penitenciarios. Me sorprende también que el señor Moreno Bustos haga este cántico tan estupendo sobre el centro penitenciario de Zaragoza, situado en Zuera, al que yo, por cierto, no he reprochado nada en cuanto a sus instalaciones ni en
cuanto a la situación de masificación que tiene en este momento -ya veremos dentro de unos meses-. Y digo que me sorprende porque esta prisión estuvo cerrada cinco años por la obstinación del Partido Popular, y muy en particular del Partido Popular
en Aragón, como bien conoce el señor Moreno Bustos. La prisión tiene unas instalaciones estupendas y estuvo cerrada más de cinco años, manteniendo a la población reclusa de Aragón en unas prisiones como las de Zaragoza y Huesca, que se parecen
bastante a las de las películas que ve el señor Moreno en algunas televisiones y que si hubiese ido a ver esos centros penitenciarios y algunos otros que todavía quedan en España, vería que no se alejan tanto de la realidad, lamentablemente. Pero
para películas, las que se fabrican desde el Gobierno a cuenta de la población penitenciaria; películas que se fabrican para fines perversos, como criminalizar a los inmigrantes falseando datos, como hizo el presidente del Gobierno en esta Cámara.
Yo también me he tomado la molestia de ver sobre el terreno todos los datos de la población inmigrante que hay en los centros penitenciarios, la tipología de esta población, que en su gran mayoría, salvo los casos de los mafiosos, que
desgraciadamente no son muchos -digo que no son muchos en prisión-, salvo esos casos, están en prisión por delitos de poca gravedad, como hurtos. La mayor parte de ellos están en situación preventiva y desde luego no alcanzan las cifras de las que
se nos ha hablado.
No me voy a extender mucho, pero tengo que decir que me escandaliza que el señor Yuste pretenda achacar a los funcionarios la responsabilidad de un caso de este tipo. He querido explicar en poco tiempo, seguramente con poca fortuna, que el
sistema no es el adecuado, que
los funcionarios hacen muchos esfuerzos -y lo conozco de cerca y sé que trabajan la mayor parte de ellos con una dedicación extraordinaria- para que, a pesar de las deficiencias del sistema, la vida en los centros penitenciarios sea más
adecuada. Pero creo que un sistema que para proteger a una persona, que es el caso al que nos estamos refiriendo, la aísla, la incomunica y no aborda el problema psiquiátrico que esta persona tiene, no le da soluciones y además ni siquiera ese
aislamiento es una protección, sino que resulta tener un efecto contrario, algún fallo tiene. No me ha contestado, señor Yuste, por qué no hay unidades psiquiátricas en los centros penitenciarios. Señor Yuste, usted sabe o debería saber que no
todas las personas que tienen patologías psiquiátricas son inimputables. Hay personas que teniendo patologías psiquiátricas muy graves están en prisión y van a seguir permaneciendo en prisión, y no reciben tratamientos adecuados.
El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Gallizo, por favor.
La señora GALLIZO LLAMAS: Acabo.
Yo sostengo eso, lo defiendo y lo discuto con usted aquí y en Roma, pero sinceramente, señor Yuste, si ustedes no tienen la conciencia de lo que se hace mal, si no tienen la conciencia de que en diez años la población penitenciaria española
ha cambiado sustancialmente, que ha cambiado su tipología, han cambiado las patologías que tiene, como la dependencia de las drogas, que está condicionando absolutamente la vida penitenciaria, lo que tiene poco que ver con lo que sucedía hace diez
años en este país; si ustedes no tienen esta conciencia y no se permiten ni siquiera reflexionar con honestidad acerca de este asunto, difícilmente nos vamos a entender.
El señor PRESIDENTE: Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Quiero hacer muy brevemente una aclaración. La señora Gallizo reclamaba que la cárcel de Zuera no fue abierta porque el Partido Popular no quería que lo fuera, y eso no es así. Usted sabe que eso era un acuerdo de
las Cortes de Aragón, en las que, salvo el Grupo Socialista, todo el mundo estaba en contra de abrir la cárcel de Zuera, y lo único que hicieron las Cortes de Aragón fue pedir al Gobierno central que aquella cárcel no se abriera en aquel momento. O
sea que no era una decisión del Grupo Popular. Pero sí me gustaría recordarle a usted, que militaba en Izquierda Unida, y no sé si en aquel momento estaba ya en Nueva Izquierda, como no tenía representación parlamentaria, Izquierda Unida también
estaba en contra de la apertura de la cárcel. Creo que usted entenderá la confusión que hay en sus palabras.
Por otro lado, le agradezco que pregone lo mucho que han cambiado las cosas; eso es muy positivo, ya que en las instituciones penitenciarias la situación no es la misma que teníamos hace algunos años, cuando usted ya visitaba constantemente
las prisiones, porque en los años 1984 a 1989, 1990, 1993 y 1995 algún miembro de la oposición intentó visitar alguna prisión y era prácticamente imposible, por no decir totalmente imposible, acercarse a ninguna prisión para poder ver en qué
situación se encontraban en aquel entonces. Fíjese cómo han cambiado las cosas, que usted puede visitar hoy cualquier cárcel que usted desee, y sin embargo, en aquel momento, cuando los miembros del Grupo Popular querían visitarlas, era totalmente
imposible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general, para cerrar el debate.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): No creo haber dicho en ningún momento que estemos satisfechos de que una persona muera en la cárcel -creo que hablo un castellano correcto y agradecería que no se
interprete lo que no he expresado-, ni mucho menos he echado la culpa del suicidio a los funcionarios; justamente al contrario, he reconocido su profesionalidad, su sensibilidad hacia los temas humanos, porque son ellos los que trabajan con
personas y los que directamente están más próximos a esa situación.
Estoy de acuerdo, en su momento la Administración socialista hizo un esfuerzo por crear nuevos centros penitenciarios, pero, honestamente, no creo que sea comparable al que se ha hecho después del año 1996. De los centros tipo que usted
conoce bien (si no me falla la memoria, habrá catorce cuando se inaugure Villena), sólo el de Soto del Real y el de Topas en Salamanca, han sido puestos en marcha por la Administración socialista, todos los demás se han puestos en marcha después de
1996. Es una realidad testaruda y bastante fácil de comprobar. No se han construido en un día, evidentemente. (El señor Sanjuan de la Rocha: Estaban todos empezados.) He dicho puestos en marcha. Yo he tenido la delicadeza de no interrumpirles
cuando estaban en el uso de la palabra.
(El señor Sanjuan de la Rocha: Nosotros no faltamos a la verdad.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuan, pida la palabra; si no, manténgase en silencio.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Para concluir, sólo podrían estar en prisión personas con una patología psiquiátrica relevante, en el supuesto de que ésta fuera sobrevenida. Es decir, la
patología de principio, la que existe cuando el recluso se pone delante del juez, tiene que ser valorada por el forense y tiene sus consecuencias penales. Ninguno debería estar en la cárcel en esa circunstancia. A cerca de la sobrevenida, en todos
los centros penitenciarios tenemos psiquiatras contratados como especialistas y son las personas que
realizan ese juicio de valor. Insisto, existen en las cárceles y están ahí.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RAZONES DE LA ADJUDICACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS A EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BURGOS DE LA EXTRACCIÓN, EN TERRENOS DE SU PROPIEDAD, DE
CIENTO CINCUENTA MIL METROS CÚBICOS DE ZAHORRA. (Número de expediente 181/001322.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, pregunta número 2, que se refiere a las razones de la adjudicación por la dirección general a empresas de construcción de Burgos de la extracción en terrenos de su propiedad
de 150.000 metros cúbicos de zahorra. Para formularla, tiene la palabra el señor Simón de la Torre.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Hace un momento el portavoz del Partido Popular decía que la situación en las prisiones ha cambiado mucho en estos últimos años. Vamos a tratar ahora de esta situación en las prisiones.
En el año 2000, dos empresas constructoras iniciaron una urbanización de viviendas unifamiliares cerca del centro penitenciario de Burgos. Desde la dirección del centro se les concedió autorización para extraer 150.000 metros cúbicos de
grava. Esta autorización, como han denunciado los sindicatos, no contaba con ningún tipo de expediente administrativo. Por eso le pregunto: ¿Cuáles son las razones para que se realizara esta concesión?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): La Dirección General de Instituciones Penitenciarias no ha adjudicado a empresa alguna la extracción de zahorra o cualquier otro mineral.
Como S.S. conoce, la Administración penitenciaria no cuenta con terrenos de su propiedad, tiene afectados los terrenos donde se ubican los centros penitenciarios para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados, pero forman parte
del dominio público del Estado. Es posible que S.S. se refiera a la operación realizada para la mejora de la explotación agrícola del centro penitenciario de Burgos, que se concretó en la sustitución de tierras, intercambiando la capa pedregosa y
degradada de una parte de la granja por la misma cantidad de tierra fértil, que permitiera el cultivo y que, por tanto, propiciara el cumplimiento de los fines que la Administración penitenciaria persigue en la citada finca: la reinserción social
de los penados internos en el centro penitenciario de Burgos a través de la práctica laboral de un taller agrícola productivo.
Digo que es posible que S.S. se refiera a esto no porque exista la menor identidad entre lo que pregunta y la operación a que me refiero, sino porque los datos que aporta coinciden con los de la denuncia presentada por el sindicato ACAIP
contra el director del centro penitenciario de Burgos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, que, tras las diligencias de investigación correspondientes decretó el archivo de la misma al no
encontrar indicio alguno de responsabilidad en el citado funcionario.
En la mejora de la tierra de cultivo de la granja del centro penitenciario de Burgos no se realizó adjudicación de extracción de mineral alguno.
Para la realización de operaciones mercantiles en relación con bienes que forman parte del
dominio público del Estado, se aplican los procedimientos regulados por el texto articulado de la Ley de Patrimonio del Estado, de 15 de abril de 1964 y por el reglamento que la desarrolla, correspondiendo dichas operaciones al Ministerio de
Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio, y nunca a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Se produjo una mejora de la calidad del suelo de una parte de la explotación, y el responsable del centro penitenciario tiene
facultad de ordenar y realizar cuantas operaciones supongan una mejora de la explotación agrícola, de acuerdo con el Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, sobre todo cuando la mejora no conlleva, como en este caso, gasto alguno para la
Administración penitenciaria.
La mejora del suelo afectó aproximadamente a 6 de las 16,32 hectáreas que tiene la granja, por lo que hablar de 150.000 metros cúbicos sustituidos es sencillamente surrealista. Valorar en 300 millones de pesetas -1.803.036 euros-, como se
hacía en la denuncia, la tierra pedregosa e improductiva sustituida, cuando el valor medio de la hectárea de regadío en la provincia de Burgos se fija en 8.119,11 euros -1.351.000 pesetas-, según el Censo de Estadística Agrícola, publicado por el
Ministerio de Agricultura para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, nos llevaría a la conclusión de que el valor de mercado de toda la finca sería de unos 22 millones de pesetas, y el del cascajo pedregoso absolutamente improductivo que cubría
aproximadamente un tercio de la superficie de la misma sería de unos 300 millones; evidentemente, absurdo.
No hubo concurso, desde luego, porque no era preceptivo, ya que no hubo adjudicación de explotación mercantil alguna o enajenación de bienes patrimoniales,
como ya hemos explicado. No podría haberlo porque no se gestionó partida alguna de gasto y, por tanto, el supuesto no encaja en los procedimientos reglados de la Ley de contratos de las administraciones públicas, ya que uno de los
requisitos del contrato administrativo es la fijación del precio, aquí inexistente puesto que -repetimos- no ha habido gasto alguno para la Administración. Tampoco serían aplicables en este caso los procedimientos específicos de contratación de los
organismos autónomos comerciales para los contratos de suministro en la parte comercial, ya que no se trata de ningún suministro.
No existe, por tanto, un procedimiento reglado preceptivo para esta operación. Se trata de un simple acuerdo, sin coste alguno para la Administración, y el artículo 4 de la Ley de contratos de las administraciones públicas prevé esta
posibilidad, siempre que los pactos no sean contrarios al ordenamiento jurídico, al interés público o a los principios de la buena administración, premisas todas ellas que se han cumplido en esta ocasión, como lo acredita la mejora productiva de la
finca; para comprobarlo, basta un simple paseo por la misma, al que invito a S.S.. Así comprobará la incongruencia de los argumentos que, investigados por el ministerio público, llevaron al archivo de una denuncia que sólo merece el calificativo
de desdichada, tanto por la falta de rigor de sus autores como por su contenido.
El señor PRESIDENTE: Señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Quiero agradecer dos cosas: una, la invitación al paseo por mi ciudad; paseo bastante por ella y la conozco perfectamente; en cuanto al lugar del que estamos hablando, lo conozco antes y después. La segunda
cosa que quiero agradecer es el esfuerzo que ha realizado para explicarme unos hechos que son vox populi.
No estoy hablando aquí de responsabilidad jurídica, aunque entiendo muy bien por qué se ha ido usted por ese camino; a mí no me confunda con no sé qué sindicato y con no sé qué denuncia, puesto que no he hecho ninguna denuncia jurídica. Yo
le digo, simplemente, que los hechos son los hechos. ¿Sabe usted en qué consisten? Señalaba usted que era una tierra pedregosa, improductiva, compuesta de cascajos, etcétera; sin embargo, resultó tierra productiva para la construcción de unas
viviendas, puesto que para eso se utilizó. De este modo, la Administración empezó favoreciendo a uno o dos constructores; en este caso, a dos empresas constructoras. Por consiguiente, empezamos a no tener las cosas muy claras, es decir, los
ciudadanos pueden pensar cosas raras. Cuando es tan claro, no hay por qué ocultar nada. Usted me habla de los hechos. Los hechos son que el director del centro decide, en un momento determinado, darles a unas empresas 150.000 metros cúbicos
-usted dice que no, que fueron cinco hectáreas- o cinco hectáreas, lo que usted quiera. Les da permiso para coger una tierra que, según usted, es pedregosa, que no sirve para nada, pero el constructor, aunque no vale, la utiliza en la propia
construcción de las viviendas. Aunque usted me diga lo contrario, alguien tiene que ser el dueño de esta tierra. Usted no ha dicho que no; será propiedad del Estado. Si el director tenía capacidad para dar la tierra a quien sea, algo tendrá que
ver el centro penitenciario; si tenía algo que ver el centro penitenciario, algo tendrá que ver Instituciones Penitenciarias y, si algo tenía que ver Instituciones Penitenciarias, algo tendrá que ver la Administración del Estado.
Yo le invito a que sigamos los pasos que se deben dar. Lo que debe hacer un funcionario es cumplir las normas. ¿Qué normas no se han cumplido? Para utilizar esa tierra que, según usted, es tan pedregosa e improductiva, se requiere llevar
a cabo unas actuaciones, un expediente en la Junta de Castilla y León que, necesariamente, debe incluir un plan de recuperación. Haga usted memoria -yo sí he paseado por allí-, durante año y pico hubo un agujero con agua, una zanja inmensa llena de
agua; se tarda año y pico en volver a tapar con tierra buena, vegetal, que tantos beneficios está dando al centro penitenciario. Le digo que tenía que haber un expediente que necesariamente debería incluir un plan de recuperación, también aprobado
por la propia Junta de Castilla y León.
Además, esto requería un estudio de impacto ambiental porque estamos cavando más de tres metros, al lado de un río, superando la capa freática y la ley dice que es necesario un estudio de impacto ambiental.
Además, si estamos al lado de un río y vamos a coger algo, la Confederación Hidrográfica del Duero tendrá algo que decir; tampoco lo dijo. No quiero hablar ya de los permisos del ayuntamiento para realizar unas obras.
Para usted esto no tiene ninguna importancia. Estamos hablando, de alguna manera, de una propiedad perteneciente al patrimonio del Estado. Debería haber sido necesario algún tipo de expediente administrativo, que -y usted lo sabe tan bien
como yo- obliga a subastar y no a regalar, adjudicar o dar a dedo, aunque estemos hablando de tierras improductivas y pedregosas. Como puede usted ver, no se ha dado ni una.
No estoy diciendo si ha tenido mucho, poco o ningún beneficio el centro penitenciario; ni siquiera estoy sembrando dudas sobre lo que costaba esa tierra, tan poco provechosa para el centro penitenciario, pero tan provechosa para los
constructores. Yo no estoy hablando de eso; lo que estoy diciendo es que no se ha cumplido por la Administración del Estado un montón de cuestiones administrativas que sí tenían que haberse cumplido. Eso es lo que estoy denunciando aquí, y lo
denuncio, primero, porque me parece importante que un funcionario cumpla con la ley para que los ciudadanos de la calle no le pongan otro nombre a eso que como mínimo llaman irregularidades y, segundo, para que cualquier constructor pueda adquirir
algo que pertenezca
al Estado sin que los ciudadanos le pongan un nombre: amiguismo. Eso es lo único que pretendo. Usted póngase a la defensiva, invíteme a lo que quiera, diga que no se suministró ningún bien del Estado, pero la realidad es que había unas
tierras -muy buenas o muy malas- que se las llevó un constructor, que durante año y medio hizo allí un hoyo enorme, lleno de agua y que en relación con este hubo funcionarios que no cumplieron con su obligación. Esto es lo que estamos poniendo de
manifiesto aquí.
Ante todo esto, le pregunto: ¿Qué ha hecho la Administración? ¿Qué ha hecho Instituciones Penitenciarias? ¿De verdad cree usted que este es el camino para que los ciudadanos crean en su Administración? Ustedes no han hecho nada, lo único
que hacen es intentar pasar la página, decir que se está alarmando por alarmar. Quizá, al estar obsesionada la Administración tratando de confundir al ciudadano con el número de preventivos, no le dé tiempo para otra cosa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Me dice usted que aquí ha habido irregularidades, amiguismo.
Mire usted, las irregularidades que tienen relevancia o el amiguismo o el tráfico de influencias
tienen nombre en el Código Penal en este país. Le recuerdo a usted que le he intentado dar un bosquejo de esa denuncia para que usted vea lo absurdos que son sus detalles. Se hace una denuncia ante la Fiscalía, donde van los denunciantes, se
investiga adecuadamente y lo que se concluye es que no hay ningún tipo de irregularidad, ni delictiva ni de otro tipo. Entonces, intentar resucitar aquí ahora, en contra de esa investigación judicial aséptica, que no ha hecho la Administración
penitenciaria, ideas como el amiguismo o como el tráfico de influencias, me parece un poco curioso.
Luego, usted dice que habría que haber abierto un expediente en la Junta de Castilla y León. No veo por qué para esa actividad es preceptivo lo que usted dice. También se escandaliza porque he dicho que ese terreno es pedregoso; me
extraña que usted haya paseado por esa zona. Soy funcionario desde hace muchos años, he conocido también la granja de Burgos y la he conocido no hace muchos años cuando precisamente hubo que hacer un expediente al subdirector y no por temas como
estos, sino por vender bebidas a los reclusos y alguna otra cosa, ejecutoriamente condenado también. Lo que le estoy diciendo, insisto, es por qué, según los argumentos jurídicos y formales o reales, esa denuncia es inconsistente; Jurídicos,
porque ha sido archivada la denuncia que pretendía probar esos hechos, que no son ciertos; la segunda, porque es bastante improbable que con una lógica elemental esas premisas a las que usted ha hecho referencia puedan concretarse en la realidad.
Sé que no le voy a convencer, porque soy consciente de mis limitaciones, pero que otras instancias ajenas a la Administración hayan llegado al mismo resultado puede resultarle a usted esclarecedor.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEL PERSONAL SANITARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. (Número
de expediente 181/001498.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura con el número 3.
Para formularla tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Evidentemente, sin ningún ánimo perverso, sino con la voluntad exacta de que la Cámara pueda conocer a través del 'Diario de Sesiones' datos precisos, que en todo caso pueden ser muy útiles para algunos a la hora de
reorientar sus discursos, planteamos una serie de cuestiones que afectan a seis órdenes temáticos básicos, que nos parecen absolutamente claves para evaluar el diagnóstico de funcionamiento y balance de la Administración penitenciaria en estos
momentos: política sanitaria, infraestructuras, formación del funcionariado, incorporación de nuevas tecnologías, políticas de inserción laboral de reclusos y programas de reeducación específicos frente a algunos delitos muy sensibles, como son los
delitos contra la libertad sexual y los cometidos en el ámbito doméstico.
En esa voluntad de hacer ese balance y pidiendo del señor director general la máxima concisión porque lo que importa es poder ofrecer los datos para que otros ya hagan las correspondientes valoraciones, le formulo la primera cuestión: ¿Qué
actuaciones básicas se están llevando a cabo o se han llevado a cabo para la integración en el Sistema Nacional de Salud del personal sanitario dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): La Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad, hace referencia explícita a la sanidad penitenciaria en dos de sus disposiciones: la disposición final
segunda y la disposición final tercera. En el primer caso dice que, hasta tanto los sistemas públicos de cobertura sanitaria no queden integrados en el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno, en el plazo de dieciocho meses contados a partir de la
publicación de la presente ley, procederá a la amortización y refundición de la asistencia sanitaria a los internos penitenciarios a que se refieren los
artículos 3 y 4 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, y disposiciones concordantes. La segunda, que el Gobierno, mediante real decreto y a propuesta conjunta de los ministerios interesados, dispondrá la participación en el Sistema Nacional
de Salud del Instituto Nacional de Toxicología, medicina forense, servicios médicos de registro civil y sanidad penitenciaria.
La primera de estas dos disposiciones alude al Sistema Nacional de Salud en su aspecto funcional, esto es, en el sentido que define el artículo 45 de la Ley, como conjunto de todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con
lo previsto en la presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la prestación de la salud.
Desde esta perspectiva, como equiparación de la atención sanitaria que se presta al interno con la asistencia que se presta a cualquier ciudadano, no hay duda de que la armonización de la asistencia sanitaria a los internos a que se refiere
la disposición final segunda de la ley es un hecho ya alcanzado con la promulgación de la Ley orgánica general Penitenciaria. La disposición final tercera, por su parte, se refiere al Sistema Nacional de Salud desde un punto de vista orgánico o
estructural, en conexión con lo que establece el artículo 44 de la Ley, en cuyo número 1 se dispone que todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integrarán el Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el número 2 de este
mismo artículo concreta que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de servicios de salud de las administraciones del Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es, pues, a esta integración estructural u orgánica, a esta
participación en el Sistema Nacional de Salud, como dice explícitamente la disposición final tercera, a la que se está aludiendo en los últimos tiempos, cuando se habla de la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud.
Igualmente, este es el sentido de las diversas proposiciones de ley en las que el Congreso ha instado al Gobierno a disponer la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud. En concreto, en la última de las
proposiciones aprobadas, de 4 de abril de 2001, el Congreso insta al Gobierno a que se intensifiquen los trabajos conducentes a estudiar con la mayor celeridad las medidas que posibiliten la integración de la sanidad penitenciaria en el Sistema
Nacional de Salud.
Hasta el momento, la atención médico-sanitaria de los internos se ha venido prestando por la Administración penitenciaria en el nivel de atención primaria, mientras que la atención especializada se ha venido cubriendo por el Sistema Nacional
de Salud en la red hospitalaria pública. De hecho, muchos hospitales cuentan ya con unidades específicas para dar cobertura sanitaria al colectivo de internos. Para profundizar en la voluntad legal, se hace necesario ya acometer la efectiva
incardinación, o participación si se prefiere, en el servicio nacional de salud.
Las actuaciones realizadas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para procurar alcanzar este objetivo han sido, en primer lugar, someter la conveniencia de esta fórmula de integración a la consideración del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano permanente de comunicación e información de los distintos servicios de salud, entre ellos y con la Administración estatal. A estos efectos, la Administración penitenciaria presentó, por
conducto de la representación del Estado en el Consejo, un informe en la sesión plenaria del día 30 de junio de 2001 y adoptó el acuerdo de que las comunidades autónomas, a través de sus correspondientes departamentos, coordinados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, iniciarán con los ministerios de Interior y de Administraciones Públicas los estudios y análisis que permitan evaluar la conveniencia para el Sistema Nacional de Salud de asumir las competencias en materia de sanidad
penitenciaria.
La segunda iniciativa, sobre la base del acuerdo precitado, es un proyecto de real decreto que desarrolla la previsión contenida en la disposición final tercera de la Ley general de Sanidad, integrando la sanidad penitenciaria en el Sistema
Nacional de Salud mediante su adscripción a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas; promover la tramitación formal de este proyecto por los órganos competentes del Ministerio de Interior; realizar los contactos oportunos con
el Ministerio de Administraciones Públicas; instar los oportunos contactos con el Ministerio de Sanidad y Consumo; remitir a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas el proyecto de real decreto a efectos de que formulen las
observaciones que consideren oportunas.
Se evidencia así la preocupación de los responsables de la Administración penitenciaria por buscar una fórmula que mejore la calidad asistencial de los reclusos y satisfaga los legítimos intereses de los profesionales sanitarios en la línea
fijada por el legislador y la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Sanidad y Consumo en su sesión del día 4 de abril de 2001.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente anotar que por fin, después de mucho tiempo, se ha puesto en marcha ese proceso que sintetizaba el señor director general, que trata de acentuar la mejora de la calidad asistencial a los reclusos al mismo
tiempo que atender los legítimos intereses de los profesionales que sirven al medio sanitario penitenciario. Creo que ha tenido que llegar una nueva administración para poder atender las reivindicaciones en ambos sentidos, en el profesional y en el
asistencial, que venían levantando otros como
bandera dialéctica, pero simplemente como bandera dialéctica presidida por la más absoluta inactividad.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN CONGRESO), SOBRE BALANCE ACERCA DE LA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOBRE VIGILANCIA, COMUNICACIONES Y DIAGNÓSTICO. (Número de
expediente 181/001499.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4. Para formularla, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: ¿Cuál es el balance básico que puede realizar, señor director general, acerca de la aplicación en el ámbito de la Administración penitenciaria de las nuevas tecnologías sobre vigilancia, comunicaciones y diagnóstico?
Esta Administración penitenciara se viene caracterizando por un esfuerzo muy notable en materia de previsiones e inversiones en este ámbito de cosas, en definitiva, en la incorporación tanto por razones asistenciales, educativas y de seguridad, como
por otro tipo de razones de mejora de condiciones habidas del conjunto de nuevas tecnologías al ámbito penitenciario.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): La Administración penitenciaria, como cualquier otra organización que tiene vocación de mejora en los servicios que presta, está sujeta a la constante evolución
que las nuevas demandas sociales esperan de ella y al empleo de los nuevos avances tecnológicos para prestar a los usuarios un servicio de mejor calidad. En este sentido, nuestro ordenamiento penitenciario introduce la posibilidad de empleo de
medios telemáticos para regular el régimen de vida del tercer grado, de tratamiento, según establece el artículo 86.4 del reglamento. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro será de ocho horas diarias, debiendo pernoctar en el
establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su presencia fuera del centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por la Administración penitenciaria.
Con el fin de ofrecer una adecuada respuesta a esta previsión, esta dirección general llevó a cabo durante el año 2000 una experiencia piloto en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid. Se instaló a quince internos, que se
brindaron de forma voluntaria a ello, un pequeño dispositivo emisor que, a través de un receptor conectado a la línea telefónica de su domicilio, permitía conocer de forma segura el cumplimiento de su obligación de permanecer en el domicilio
familiar durante el horario especificado como alternativa a la obligación de acudir por las noches al establecimiento abierto. Los resultados satisfactorios de la experiencia llevaron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a
convocar en junio del pasado año un concurso público abierto para la adjudicación de un servicio de monitorización -vigilancia remota- de internos ingresados en centros penitenciarios. El concurso licitado tiene la forma de prestación de servicio,
de forma que la empresa se compromete a llevar a cabo la instalación completa y mantenimiento de los elementos hardware y software del sistema, de forma que esté operativo en todos los centros que se designen, así como la formación del personal. La
Administración abona únicamente una cantidad diaria estipulada por interno incluido en este sistema.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la instalación del sistema en un principio en 34 establecimientos, utilizando como criterios para su elección el contingente de internos en tercer grado y su ubicación geográfica, de forma que todo
interno que pudiera ser candidato adecuado para este sistema específico tuviera siempre un centro próximo al que ser destinado. Además, estamos pensando instalar el sistema en nuevos establecimientos en un futuro.
Desde el punto de vista técnico, el sistema de vigilancia electrónica consiste básicamente en una pulsera emisora que se fija al interno en tercer grado en su muñeca o tobillo y éste la porta permanentemente las 24 horas del día, no siendo
posible su manipulación o violación sin que ello sea detectado. Las señales de la pulsera son recibidas por un receptor fijo domiciliario instalado en el teléfono del domicilio del interno donde éste debe permanecer durante las horas, generalmente
nocturnas, que la junta de tratamiento fije en su programa.
El sistema informático que da soporte a la aplicación de monitorización tiene un diseño centralizado, de forma que los servidores en los que residen todos los datos de los internos y centros incluidos en el programa y manejan todas las
comunicaciones se alojan en la sede de la Dirección General de Instituciones Penitenciaras. En estos momentos nos encontramos en una primera fase de implantación progresiva del programa en los diferentes centros en los que se encuentra instalado el
sistema y a día de hoy hay 142 internos distintos incluidos en el sistema de monitorización telemática pertenecientes a 34 centros penitenciarios.
Estas actuaciones de carácter técnico se han visto completadas desde el punto de vista normativo con
la instrucción 13/2001, de 10 de diciembre, sobre la aplicación del 86.4 del Reglamento penitenciario.
En cuanto al perfil de los internos, el criterio fundamental es que hayan demostrado poseer una capacidad de autorresponsabilidad que permita otorgarles el grado de confianza sobre el que descansa el sistema. Aparte de ello, se tiene en
cuenta que su actividad delictiva no haya sido objeto de una especial alarma social y disponga de una situación estable en los ámbitos laboral,
sociofamiliar y personal. Cabe aclarar que este sistema no constituye una libertad condicional anticipada ni debe ser malentendido como tal. Los internos bajo este régimen específico de cumplimiento continúan destinados en su centro
penitenciario y deben mantener, aparte de su inclusión en el sistema de localización telemática, cuantos controles presenciales, documentales, analíticos, etcétera, establezca la junta de tratamiento. Aun encontrándonos en un momento inicial de la
puesta en marcha de este programa, cabe efectuar una valoración positiva del mismo en cuanto al grado de aceptación que vienen demostrando tanto los profesionales penitenciarios como los reclusos. No obstante, su mayor valor radica en constituir un
sistema que potencie al máximo las virtudes resocializadoras de la ejecución penal, de conformidad con nuestro precepto constitucional.
Otro de los campos donde se han comenzado a desarrollar los medios que permite la tecnología ha sido el sanitario. La asistencia sanitaria a través de la telemedicina es una realidad en el centro penitenciario de Madrid 2, donde se ha
implantado recientemente, con la colaboración del Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, y la Fundación Auna Madritel. Los beneficios que esta iniciativa producen en la mejora de la calidad asistencial de los reclusos son
incuestionables, permitiendo a los equipos sanitarios de los centros penitenciarios mejorar sus diagnósticos y recibir el asesoramiento de los especialistas que no pueden desplazarse al centro así como coordinar la atención hospitalaria
extrapenitenciaria. Esta práctica, que es incipiente, se irá desarrollando en colaboración con otras instituciones sanitarias de la red pública.
En el campo procesal, el empleo de la videoconferencia como instrumento que permite la realización de actos judiciales sin la presencia física del recluso ante el juez también ha sido desarrollado en algunos centros penitenciarios: Madrid
5, Picasent, Castellón, Alicante, Pamplona.
Entendemos que la sustitución de la inmediación judicial física por electrónica no limita la perfección de la realizada por el juzgador, sino que la mejora, por la precisión y las posibilidades de
grabación y análisis posterior que en un momento determinado pueden no ser apreciadas con la presencia física inmediata. Esto sin entrar a valorar ventajas en otros órdenes, como la mejora y la eficaz gestión del sistema garantizando la seguridad.
El amplísimo abanico de posibilidades que ofrece la tecnología se ha desarrollado también en los centros penitenciarios españoles en la proyección de la educación y la cultura, empleando estos sistemas como vehículos para llevar la realidad exterior
al medio penitenciario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, tan solo quiero decir que el impulso dado por la Administración penitenciaria a experiencias tan importantes como el programa de vigilancia electrónica o la aplicación de estos nuevos sistemas de
telemedicina pone en evidencia la voluntad innovadora de esta Administración y que el diseño general de su política nada tiene que ver con esas políticas puramente burocráticas a las que aludían otros.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. (Número de expediente 181/001500)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5 y para formularla tiene también la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, siendo evidente que para la institución penitenciaria el principal de sus recursos es el capital humano que la integra, que la sirven, los profesionales del medio, y siendo evidente que para la
adecuada funcionalidad de estos profesionales es siempre sustancial mantener una adecuada política formativa, tanto de inicio en su momento como sobre todo especializada y mantenida en el tiempo, quisiéramos que el señor director general hiciera un
balance de las acciones formativas dirigidas a funcionarios de instituciones penitenciarias llevadas a cabo en los últimos cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Señor presidente, la formación del personal dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se caracteriza por la diversidad de materias que
necesariamente he de abordar. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Ello es debido al variado colectivo al que va dirigida esta formación. En efecto, nuestra institución acoge a los más variados profesionales, desde
sanitarios o jurídicos a especialistas en ciencias de la conducta. Asimismo agrupa diferentes áreas de prestación de servicios, desde las propias de vigilancia a las competencias directivas, pasando por áreas de gestión económica o administrativa.
Para hacer frente a estas necesidades, se elabora anualmente el plan de formación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, donde se integran las necesidades demandadas por las distintas unidades que lo componen al objeto de atender
el eficiente desempeño de los servicios. Además, de forma periódica se realizan consultas mediante cuestionarios a una muestra de 1.000 trabajadores de diferentes categorías profesionales para conocer directamente de los
mismos qué necesidades de formación sienten en el desempeño de sus puestos de trabajo, para cubrir las mismas y mejorar la prestación de los servicios. Para triangular el estudio de necesidades de nuestra organización y para elaborar el
plan de formación se tienen en consideración también las necesidades específicas que en diferentes áreas puedan requerir los directores respecto de los centros que gestionan.
La necesaria participación de los sindicatos en la elaboración del plan anual de formación, al constituir la actividad formativa una de las mesas del ámbito descentralizado de negociación, completa la visión del procedimiento que se sigue
para fijar los objetivos de cada uno de los planes y en consecuencia determinar qué acciones formativas se han de realizar. A este respecto debemos señalar que desde 1995 existe un protocolo de colaboración en materia de formación con los
sindicatos UGT, Comisiones, CSIF, USO, CIGA y ELA-STV. Este protocolo regula expresamente diversos aspectos de la colaboración conjunta en el área de la formación de nuestro personal. Complemento del plan de formación anual es el plan de formación
continua de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Desde la instauración de los planes de formación continua para las administraciones públicas, esta dirección general ha presentado anualmente al Ministerio de Administraciones
Públicas un proyecto formativo consensuado con los sindicatos que siempre ha sido aprobado por este ministerio, concediéndonos unas asignaciones que figuran entre las más altas para planes unitarios de la Administración.
Entrando ya en la exposición concreta, distinguiremos la formación inicial, la formación permanente y la formación para la promoción y capacitación. La formación inicial de todos los cuerpos penitenciarios se caracteriza por procurar una
formación lo más práctica posible. Para conseguir tal fin se diseñan los cursos selectivos con períodos de prácticas en los centros penitenciarios bajo la supervisión de instructores o tutores y con un programa obligatorio de actividades a
desarrollar. Los objetivos que se persiguen en estos cursos no son exclusivamente la adquisición de conocimientos o técnicas para el desempeño del puesto de trabajo sino además una inserción profesional progresiva en el medio penitenciario y el
desarrollo de actitudes que propicien una actuación profesional responsable. Dentro de este apartado merece especial mención, por ser el colectivo más amplio, los cursos de formación inicial del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
En los últimos cuatro años han seguido cursos de estas características 2.878 alumnos. El curso inicial consta de una primera fase teórico-práctica de un mes aproximadamente de duración, seguido de una fase práctica de otro mes, que se desarrolla en
los centros penitenciarios, bajo la supervisión de un instructor dedicado en exclusiva a estos fines y que hace seguir a los alumnos un programa previamente diseñado donde las actividades prácticas diarias son seguidas de sesiones de análisis y
comentarios respecto de la práctica realizada ese día. El tercer período de las prácticas, con una duración de diez meses, se caracteriza por el desempeño rotativo de todos los puestos de trabajo que puede desempeñar el cuerpo de ayudantes. En
este período se nombran coordinadores de formación, que mantienen reuniones periódicas con los alumnos para la orientación y formación de los mismos.
Respecto a la formación permanente, abarca diversas áreas, tales como informática, sanidad, área administrativa, de gestión penitenciaria, etcétera. Dentro de esta última área se han impartido cursos que han estudiado la diversidad de temas
que tienen cabida en la institución, desde dactiloscopia a seguridad, cursos para la aplicación de programas de tratamiento dirigidos a agresores en el ámbito doméstico, pasando por cursos sobre derecho de extranjería, tratamiento de
drogodependencias en instituciones penitenciarias o intervención con agresores sexuales.
También, dentro de la formación permanente, la potenciación de la formación en nuevas tecnologías ha supuesto un esfuerzo importante. En concreto, desde 1998
a 2001 han pasado por cursos de informática un total de 4.514 funcionarios. El número total de personas que en este período han asistido al curso de formación permanente asciende a 8.842.
Cursos de promoción y capacitación. A través de los mismos la institución garantiza que todos los funcionarios que acceden a un nuevo puesto de trabajo en el concurso anual realicen un curso de capacitación. De esta manera la
Administración procura que, cuando un funcionario accede a un nuevo puesto de trabajo, lo pueda desempeñar en las mejores condiciones profesionales. En estos cursos también se da cabida proporcionalmente a los funcionarios que ya se encuentran
desempeñando el puesto de trabajo concreto; por orden de antigüedad van asistiendo a los diferentes cursos de capacitación, cubriéndose de esta manera el objetivo de reciclaje o actualización en el puesto de trabajo de los funcionarios o personal
laboral más antiguos. Como forma de potenciar una carrera profesional, dentro de nuestra organización se diseña anualmente y dependiendo de las ofertas de empleo la formación para la promoción, organizándose cursos para la preparación de pruebas
selectivas que faciliten que el personal pueda acceder a los cuerpos o categorías profesionales inmediatamente superiores. Dentro de este apartado de promoción y capacitación han asistido a cursos 1.649 personas. Además de estos tres tipos de
formación, se han llevado a cabo otras acciones formativas, tales como las derivadas del protocolo de colaboración con los sindicatos antes mencionado, subvencionando y supervisando la Administración la asistencia a cursos sobre materias de interés
para la Administración penitenciaria de 2.783 trabajadores. Dentro de este apartado de otras actuaciones se han realizado acciones formativas muy variadas como son las dirigidas a la
consolidación del empleo estructural, procesos de formación, cursos de prevención de riesgos laborales, cursos de idiomas para personal destinado en centros con elevado número de extranjeros, reuniones formativas sobre la autoprotección o
subvenciones para la asistencia de personal de nuestra institución a diferentes eventos del mundo universitario sobre temas de interés para la institución penitenciaria.
En resumen, podemos decir que el esfuerzo que se realiza para la formación del colectivo penitenciario es considerable. Han asistido a acciones formativas en estos cuatro años más de 17.000 personas, lo que nos hace pensar en un balance
positivo de la actividad desarrollada para la formación de nuestro personal.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO(GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL BALANCE DE LA EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS RECLUSOS. (Número de expediente 181/001501).
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente pregunta, para cuya formulación tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: ¿Qué balance puede presentarnos el director general acerca de la evolución de la formación profesional para la inserción laboral de los reclusos, teniendo en cuenta, como es obvio, que uno de los principios esenciales
de la tarea reeducacional en prisión tiene que ser precisamente la creación de nuevos hábitos laborales o de nuevas capacidades laborales para aquellos que carecen de la misma en el momento de su ingreso en un centro penitenciario?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Entre los objetivos que la Ley orgánica general penitenciaria encomienda a la Administración se encuentra la reinserción.
No obstante, en los últimos años se han
producido grandes transformaciones de las políticas de empleo y, en general, de preparación para la inserción laboral en nuestro país. El colectivo penitenciario se fue introduciendo gradualmente en los planes de formación del INEM y del Fondo
Social Europeo y puede decirse que en la actualidad está contemplado por derecho propio en los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, al igual que sucede con otros grupos.
Este tratamiento del colectivo de internos está
permitiendo introducir notables transformaciones en los programas de preparación para la inserción. A tal efecto, en los últimos años se han introducido innovaciones que, tomando como núcleo fundamental la definición de itinerarios completos de
inserción laboral, han estado acompañadas de mejoras en materia de definición del abanico de especialidades o de los elementos de calidad. En esta línea es preciso distinguir dos grandes bloques: los programas de formación financiados por el INEM
dentro del Plan de formación de inserción profesional, cuyos programas se vienen desarrollando desde hace años en los centros penitenciarios y se destinan a la impartición de cursos teórico-prácticos, y los programas de preparación para la inserción
laboral cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
La Administración penitenciaria es beneficiaria de programas operativos dentro de los marcos comunitarios de apoyo del Fondo Social Europeo. En este momento se participa en el marco comunitario de apoyo para el período 2000-2006. Por otra
parte, la Administración penitenciaria también ha sido beneficiaria de iniciativas comunitarias como el programa Integra, en el período 1999-2000. Tradicionalmente las acciones del Fondo Social Europeo se habían destinado a cursos
teórico-prácticos, sin embargo era patente la necesidad de actualizar esta línea, introduciendo las tendencias que en materia de preparación para la inserción se están operando en el exterior. En concreto, se evidenciaba la necesidad de ampliar el
abanico de especialidades de los cursos -era excesivamente corto-, flexibilizar la duración de los cursos en general -demasiado largos para las circunstancias de los internos-, aplicar un sistema acumulativo de créditos que permitiese al interno ir
dosificando su esfuerzo e introducir módulos de orientación laboral. De ahí que, a partir del año 1997, se empezase a trabajar en el diseño de itinerarios formativos completos de inserción laboral que contemplasen cursos de formación
teórico-prácticos, siempre con las mejoras ya expuestas, módulos de orientación, módulos de acompañamiento. De este modo, durante los últimos años no sólo se ha producido una expansión cuantitativa de estas acciones, sino una profunda
transformación cualitativa todavía en marcha. Se diseñaron manuales propios de orientación laboral y acompañamiento adaptados a las peculiaridades del colectivo; se desarrollaron cursos de formación profesional de nuevas especialidades,
incrementándose el número de alumnos de 3.088 en el año 1996 a 5.527 en el año 2001; se desarrollaron módulos de orientación laboral, atendiendo a 1.852 internos en el año 2000 y a 1.193 en el año 2001. En el año 2000 se desarrolló un programa de
acompañamiento en las comunidades de Madrid y Valencia que llegó a 395 personas. Asimismo, en el año 2001 se inició otro programa en la Comunidad Autónoma de Andalucía que se está desarrollando durante este año 2002 y que va dirigido a 200
personas.
Debo indicar que las actuaciones del nuevo programa operativo se contemplan en su totalidad en el contexto de itinerarios completos.
Como consecuencia de todo ello, el número total de internos beneficiarios de actuaciones de formación para la inserción laboral ascendió a 6.720 en el año 2001, es
decir que el número de beneficiarios se incrementó en un 124 por ciento respecto al año 1996, y para el año 2002 las previsiones de internos beneficiarios son de 7.780, lo que representaría un 152 por ciento respecto al año 1996. Además, ha
de indicarse que en estos últimos años ha mejorado muy notablemente el grado de interés de los internos por estas acciones y esto se refleja en la proporción de alumnos que terminan los programas en relación con los que los inician, así como en las
evaluaciones finales. Por último, cabe destacar la conexión existente entre las actuaciones de formación para la inserción laboral en los centros penitenciarios con la actividad laboral desarrollada en los talleres productivos, como pone de relieve
el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, conjugando los aspectos formativos con el ejercicio de una actividad
laboral. Todo ello permite afirmar que el avance realizado en estos últimos años en esta importante línea de reinserción es enorme, sin perjuicio de las mejoras que aun restan por realizar y en las que se trabaja actualmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Enlazando con lo que acaba de indicar el señor director general, sin perjuicio de las mejoras que haya que hacer y sobre las que se está trabajando, el balance es ciertamente espectacular en relación con años
precedentes. Una consolidación del 124 por cien, en cuanto al aumento del número de población reclusa que se ha beneficiado de esta nueva política de formación profesional, así como la previsión del 152 por cien de aumento para este año lo dicen
todo; además, lo hace sin tonos de autocomplacencia y triunfalismo, sino, como bien señalaba el director general, con el compromiso de saber que se ha hecho algo bien, que se está haciendo y que se quiere seguir haciendo más y mejor.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LAS MEDIDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MARCO JURÍDICO QUE AFECTA A LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS. (Número de
expediente 181/001502)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta número siete, para cuya formulación tiene asimismo la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: La Administración penitenciaria actual ha dado a algunas cosas una vuelta completa como se da a un calcetín, algunas muy importantes. Una de ellas es el organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarios, con
episodios de no muy grata memoria por el suministro de escándalos que proporcionó en otra época. Considerando esa vuelta completa de calcetín dada a ese organismo, que además está inserto en el contexto general de una política intensa y renovada de
formación profesional para la inserción laboral de los reclusos, quisiéramos que el director general nos explicara cuál es el esbozo de las medidas que se han puesto en marcha para la consolidación del marco jurídico que afecta a las líneas de
actuación de este organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): El organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, regulado por Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, tiene encomendado las siguientes funciones: la
organización del trabajo productivo y la realización a tal efecto de actividades comerciales, industriales y análogas; la formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la personalidad de los internos y liberados
condicionales; la asistencia social, tutela, seguimiento y control de liberados condicionales, así como la asistencia a reclusos y la promoción de relaciones con instituciones y organizaciones.
Sin embargo, como consecuencia de los cambios del entorno socio-económico y de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, estas líneas de actuación se completan con el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, encomendándole además las siguientes funciones. Coordinación y gestión de las actividades de atención social en los centros penitenciarios, así como la colaboración permanente con
instituciones y organismos especializados en esta materia de las distintas administraciones; coordinación de los programas de intervención de organizaciones no gubernamentales y otras instituciones en centros penitenciarios; el impulso y
coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde la Administración penitenciaria en materia de preparación y/o acompañamiento para la inserción; la gestión de la pena alternativa del trabajo en beneficio de la comunidad y la que
corresponda en materia de gestión de recursos y de seguimiento de penas alternativas y/o de medidas alternativas del Código Penal.
Por otra parte, dentro de la línea de formación, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo había normalizado la educación en el ámbito penitenciario, incardinándola en el sistema educativo general y
situándola bajo la responsabilidad de la Administración educativa competente. Así, en su disposición adicional décima preveía la integración
de los funcionarios del cuerpo de profesores de EGB de instituciones penitenciarias en el cuerpo de maestros. En este sentido, en el Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, integran el cuerpo de maestros a los funcionarios pertenecientes al
cuerpo de profesores de EGB de instituciones penitenciarias y dispone las normas de funcionamiento de las unidades educativas en los centros penitenciarios, a fin de adecuar la prestación del servicio educativo a las peculiaridades de la legislación
penitenciaria, todo ello sin merma alguna de la responsabilidad de las autoridades educativas respecto de la actividad docente en los establecimientos penitenciarios. Asimismo la disposición adicional segunda establecía que, mediante acuerdo de las
comisiones mixtas de transferencia de funciones y servicios aprobados por los correspondientes reales decretos, se produciría el traspaso de los antiguos profesores de EGB de instituciones penitenciarias a las administraciones educativas. En este
momento se ha producido el traspaso a las siguientes comunidades autónomas: Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.
En la línea de trabajo productivo cabe destacar la entrada en vigor del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Este real decreto parte de lo regulado en esta materia en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
reglamento penitenciario, realizando una actualización del mismo en aquellos aspectos que han resultado transformados por cambios normativos generales o por las transformaciones del contexto económico y social. Por otra parte, establece el marco de
protección de la Seguridad Social, similar al del resto de los trabajadores incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, así como la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Por último, cabe destacar que estas normas se enmarcan en el contexto general de las políticas destinadas a favorecer la inserción laboral de colectivos con dificultades entre los que se incluyen en los últimos años los internos en los
centros penitenciarios.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL INCREMENTO HABIDO EN EL NÚMERO DE INTERNOS TRABAJADORES EN CENTROS PENITENCIARIOS DESDE EL AÑO 1996. (Número de expediente 181/001503)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra de nuevo el señor Gil Lázaro, para formular la siguiente pregunta contenida en el orden del día.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿cuál ha sido el incremento habido en el número de internos trabajadores en centros penitenciarios desde el año 1996 hasta la fecha?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): El organismo autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias tiene encomendada, como ya hemos hecho referencia, entre otras funciones, la organización del
trabajo productivo y la realización a tal efecto de actividades comerciales, industriales y análogas. El objetivo del trabajo productivo es la inserción laboral de los internos, una vez que se haya producido su excarcelación, a través de la
práctica laboral en los talleres penitenciarios, proporcionándoles hábitos de trabajo y destrezas que les permitan competir en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, todo ello complementado con la formación para la inserción laboral
que se imparte en los centros penitenciarios.
La evolución del número de internos trabajadores en el sector productivo desde el año 1996 es la siguiente. En el año 1996, 3.407; en 1997, 3.762; en 1998, 5.187; en 1999, 7.731; en 2000, 8.204 y
en 2001, 8.230. Por tanto, el número de internos trabajadores en el sector productivo se ha incrementado en un 141,56 desde el año 1996. La previsión para el año 2002 es de 8.500 internos trabajadores, lo que representaría un incremento del 149,49
respecto al año 1996. El modo de gestión de los talleres productivos es triple: por gestión propia, por cuenta y riesgo del organismo, produciendo productos que vende luego en el mercado, acuerdos con empresas externas, que producen los productos
por su cuenta y riesgo. En este sentido se han firmado convenios con las distintas organizaciones empresariales de ámbito regional, con el fin de difundir la actividad productiva en los talleres penitenciarios y canalizar las iniciativas de
empresas interesadas en la colaboración con el organismo en su gestión. Gestión por el organismo de servicios penitenciarios como los de cocina, panadería, economato y talleres auxiliares, bajo la fórmula de taller productivo. A través de la misma
los internos son sujetos de una relación laboral en los servicios indicados tras un período de formación previa. Finalmente, quiero destacar la entrada en vigor del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula la relación laboral de carácter
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y su marco de protección de Seguridad Social, al que ya hemos hecho referencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Resulta que en seis años se ha producido un crecimiento del 141 por ciento en el total de internos que vienen realizando trabajos productivos dentro de las prisiones, lo cual es un elemento básico, como antes señalaba,
en orden a la resocialización de estos internos. Han pasado de 3.407 internos trabajadores en talleres productivos en el año 1996 a los 8.230 de este último año. Se pueden interpretar las cosas como se quiera, pero lo que no se puede decir, con
estas cifras, con este balance y con este crecimiento, es que no se está haciendo nada o se fracasa en materia de creación de trabajo productivo para internos en los centros penitenciarios. Aquí hay una línea de crecimiento muy ambiciosa y, por
entender que esa política de oferta de trabajo productivo para los internos es esencial para esa resocialización, invitamos a la dirección general a que la acentúe y a que se siga en esa política ya emprendida.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN PRISIÓN POR HABER COMETIDO AGRESIONES EN EL ÁMBITO FAMILIAR. (Número de expediente 181/001504.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta que figura con el número 9 en el orden del día.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor director general ¿qué balance pude realizar del desarrollo de programas para personas que están en prisión por haber cometido agresiones en el ámbito familiar, teniendo en cuenta que es precisamente en este tipo
de delitos donde hace falta, de una manera muy característica, poder realizar políticas terapéuticas adecuadas, si se quiere conseguir la resocialización o la reeducación del delincuente?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Yuste.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): La especial alarma social generada por la violencia de género y la sensibilidad hacia este tema motivó que la Administración penitenciaria realizara un estudio
para conocer el perfil del agresor doméstico que ingresa en prisión. A raíz de este estudio se proyectó la realización de un programa de intervención específico para estos reclusos en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 116.4 del vigente
reglamento penitenciario, con el objeto de tratar aquellas carencias de todo tipo que hubieran podido influir en la actividad delictiva de estos internos.
El programa de tratamiento para agresores en el ámbito familiar se inició en el mes de abril
del pasado año con un curso formativo para los responsables de su ejecución y se implantó en el mes de octubre en ocho centro penitenciarios dependientes de la Administración del Estado, afectando a 58 internos. Su metodología es fundamentalmente
de carácter grupal y orientación cognitivoconductual. El programa concreto se basa en un modelo previamente desarrollado por la cátedra de terapia de conducta de la Universidad del País Vasco, que cuenta con demostrada experiencia en el tratamiento
de este problema. Su titular, el profesor Enrique Etxeburua, ha sido responsable de la preparación específica de los terapeutas encargados de desarrollar el programa en los centros penitenciarios y de la valoración y análisis estadístico de los
resultados procedentes de la valoración psicosocial de los internos tratados. Asimismo, mantiene frecuentes contactos de orientación con la coordinación del programa llevada a cabo desde la Subdirección General de Gestión Penitenciaria. Los
encargados de implantar, adaptar y desarrollar el programa de tratamiento en los centros penitenciarios son psicólogos y psicólogas pertenecientes al cuerpo técnico de instituciones penitenciarias, así como tres educadores de los cuerpos
penitenciarios que cuentan con la licenciatura en psicología.
Cada uno de los centros en los que se ha implantado el programa se haya situado en una comunidad autónoma. Son la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, País Vasco, Baleares, Canarias, Andalucía y Castilla y León.
Actualmente participan 58
internos con la siguiente distribución. En el centro penitenciario de Albolote, diez; en el centro penitenciario de Alicante, cinco; en el centro penitenciario de Lugo, Bonxe, cinco; en el centro penitenciario de Nanclares, 10; en el centro
penitenciario Madrid 5, 11; en el centro penitenciario de Palma de Mallorca, seis; en el centro penitenciario de Tenerife, cuatro; y siete en el centro penitenciario de Valladolid. El número de internos que iniciaron el programa fue de 60. Se
produjeron dos bajas en el centro de Mallorca, una por falta de asistencia y participación durante las primeras sesiones y otra por fallecimiento del interno durante el mes de noviembre del pasado año. En el centro de Nanclares se produjo una baja
voluntaria tras las primeras sesiones, y este interno fue sustituido por otro, una vez puesto al mismo nivel que el resto del grupo mediante sesiones individuales. El índice de abandono del programa una vez iniciado es mínimo, superando las
expectativas iniciales, y teniendo como referencia programas de este tipo llevados a cabo en el ámbito extrapenitenciario. El programa se desarrolla de forma grupal, a razón de una sesión semanal. Formalmente se contabilizan un total de 20
sesiones, a las que hay que añadir las sesiones individuales, iniciales y finales para la evaluación psicosocial de cada uno de los internos, así como las sesiones de seguimiento posterior.
A los internos se les exige un alto grado de implicación en la tarea, y deben realizar una serie de ejercicios
entre las sesiones contenidas en el manual del interno que se les proporciona. El pasado día 18 de enero, aproximadamente en el momento medio del desarrollo del programa, tuvo lugar una reunión en el Centro de Estudios Penitenciarios de
todos los terapeutas con el profesor Echeburúa. En la misma se puso de manifiesto la gran motivación, interés y participación, así como la responsabilidad mostrada por los internos participantes. Todos ellos encuentran utilidad al programa en sí
mismo.
Tras la evaluación final, se contemplará la posibilidad de su extensión a otros centros penitenciarios. En estos momentos existen ya algunos que lo tienen solicitado. No obstante, cabe ya valorar en estos momentos de muy positivo este
programa específico del tratamiento, que ha ampliado la oferta terapéutica disponible en los centros penitenciarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quiero valorar la novedad importante que supone la aplicación de esta nueva oferta terapéutica, sobre unas conductas tan reprobables como son las violencias ejercidas sobre personas en el ámbito familiar,
fundamentalmente sobre mujeres y niños. Sólo se pueden corregir esas conductas, no sólo desde la aplicación sobre estas personas de las penas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, sino dando sentido a esa pena, como una oferta de reeducación
y de reincorporación a la sociedad, creando los hábitos, en este caso de naturaleza clínica y psicológica, para que no vuelvan a incurrir en estas agresiones. Nos parece que es una novedad muy importante, porque también nos llegan las noticias de
que por parte de los profesionales del medio que están aplicando esta experiencia piloto y de los reclusos que están participando en ella, la evaluación del conjunto de esta experiencia es muy positiva. Como ha anunciado el señor director general,
les animamos a que la red de servicio de la misma pueda ampliarse en el futuro más inmediato a aquellos nuevos centros penitenciarios que así lo soliciten.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBE BALANCE DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA RECLUSOS CONDENADOS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 181/001505.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta número 10 del orden del día, para cuya formulación tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Por tratarse de conductas penales sancionadas como delitos que requieren de un tratamiento especializado de carácter terapéutico, si realmente se quiere dar a la pena su función reeducadora, tal como está previsto en
nuestra propia Constitución, nos pareció muy importante llamar la atención de la Administración sobre la necesidad de establecer programas específicos de tratamiento para reclusos condenados por delitos contra la libertad sexual.
Hace ya tiempo que instamos esa nueva política, y nos parece que es momento adecuado para hacer un balance del desarrollo de estos programas de tratamiento para reclusos condenados por delitos contra la libertad sexual.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Es de sobra conocida la especial protección que nuestro sistema penal otorga al bien jurídico de la libertad sexual y la alarma que genera en la sociedad el
ataque a esta última. La Administración penitenciaria, sensible a esta realidad, extremando la cautela en las actuaciones con los condenados por este tipo de delitos, de forma que no se vea mermado el obligado principio de defensa social, y al
amparo del ya citado artículo 116.4 del reglamento penitenciario, ha puesto en marcha un programa para tratar a los internos condenados por delitos contra la libertad sexual. El programa pasa por reconocer las situaciones de riesgo que conducen a
dicho delito, el aprendizaje del control de sus impulsos, la concienciación del daño producido a las víctimas y la asunción de la responsabilidad de sus actos y consecuencias.
Con estas premisas, se decidió a finales de 1998 implantar un programa de tratamiento específico en los ocho centros siguientes: el Dueso, Herrera de la Mancha, León, Madrid 3, Madrid 4, Topas, Villabona y Valencia.
Seleccionados los
centros, se abordó la formación de los profesionales que debían responsabilizarse del programa; formación que corrió a cargo del profesor Vicente Garrido Genovés, de la Universidad de Valencia, y de sus colaboradores, autores de un programa de
intervención dirigido a este tipo de población. El primer curso para funcionarios se llevó a cabo en diciembre de 1998 y, tras él, los equipo de los ocho centros intervinientes iniciaron la revisión y preparación de los programas específicos a
poner en marcha, para abordar a continuación la fase de evaluación previa de posibles candidatos.
El programa, de naturaleza grupal, utiliza técnicas cognitivo-conductuales, que se consideran las más adecuadas para el abordaje de esta problemática concreta. Los temas se centran en los diferentes módulos de que consta, que son:
mecanismos de defensa, conciencia emocional, empatía hacia la víctima, distorsiones cognitivas, educación sexual, estilo de vida, modificación del impulso sexual y prevención de la recaída. Su duración
aproximada es de un año, aunque, en la práctica, suele alargarse durante más tiempo. Desde su inicio, se han estudiado de forma expresa un total de 651 casos.
A la vista del interés despertado entre los profesionales por este programa y con el deseo de extender la oferta a un número mayor de internos, en junio de 2000 se llevó a cabo un nuevo curso de formación para la incorporación de cinco
nuevos centros: Bilbao, Córdoba, Huelva, Las Palmas y Orense. La red actual de 13 centros cubre de forma bastante adecuada el conjunto de la geografía penitenciaria dependiente de la Administración del Estado, y a ellos son derivados los casos que
pueden presentarse en los establecimientos que no tienen implantado el programa, contando siempre con que el interno participe voluntariamente en él.
El balance que cabe ofrecer en estos momentos del programa para el control de la agresión sexual es que, amén del número de internos evaluados, han tenido contacto con las fases de intervención del mismo un total de 221 internos; de ellos,
61 lo han terminado. En estos momentos hay 100 internos que están llevándolo a cabo, en una fase más o menos avanzada, y otros 62 que se encuentran en fase de evaluación previa con vistas a su incorporación futura. Hay centros que han terminado ya
la segunda edición y están preparando una tercera. La valoración que tras estos años de experiencia cabe efectuar es francamente positiva y a decir verdad supera las previsiones iniciales, dadas la dificultad y el esfuerzo que se preveían en el
momento de abordarlo. Para recoger algunos ítems significativos, señalaríamos: un importante incremento del conocimiento disponible sobre este sector delictivo, al que en el pasado no se había prestado la debida atención al constituir una
población penitenciaria en general no conflictiva dentro de los establecimientos; el número de internos estudiados en profundidad es significativo a este respecto.
Mejoras en el manejo interno de este tipo de la población penada, superando la
estigmatización y los ataques que pueden sufrir por parte de los restantes internos. Satisfacción de los propios profesionales implicados en un programa ambicioso que han sabido superar un importante número de dificultades. Indudable avance en la
línea de reinserción de los internos implicados que se inicia desde el momento de la libre aceptación de su inclusión en el programa sin contrapartidas, por cuanto supone de reconocimiento de una problemática personal seria. Siendo pronto para
ofrecer datos de seguimiento de internos incluidos en el programa, no se han producido hasta el presente casos preocupantes de reincidencia. A lo largo del presente año se llevará a cabo una revisión del programa que utilice las experiencias
adquiridas con el fin de introducir las modificaciones necesarias en cuanto a contenido, extensión y metodología que hagan de él una herramienta más adecuada y versátil para la intervención penitenciaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quisiera señalar, señor presidente, que este programa nos parece un instrumento fundamental en el diseño de las políticas de intervención y tratamiento penitenciario. Cualquier esfuerzo -como ha anunciado el señor
director general- tendente a potenciar, completar y ampliar las condiciones, características y desarrollo de este programa, nos parecerá siempre interesante y necesario.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR) SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS FALLECIMIENTOS POR VIH/SIDA EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. (Número de expediente 181/001506.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pregunta número 11, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: ¿Cuál ha sido la evolución de los fallecimientos por SIDA en instituciones penitenciarias en los últimos seis años?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Los fallecidos por VIH/SIDA en instituciones penitenciarias en el período 1996-2001 en situación de ingreso en centro penitenciario o en hospital público,
quedando lógicamente excluidos los fallecimientos que hayan podido producirse en situaciones de libertad condicional por el artículo 126 del reglamento penitenciario, han pasado de 116, en 1996 a 37, en el año 2001. En el período citado se ha
producido un descenso de 116 fallecidos, alcanzándose en el año 2000 la cifra más baja con 23 reclusos y habiendo un ligero repunte en el año 2001 al haberse contabilizado 37.
El aumento de los fallecimientos por SIDA no llega todavía en este año a ser estadísticamente significativo ni rompe la tendencia lineal descendente de pasados años, debiendo esperar a la evolución en el resto del año 2002 para confirmar una
posible ruptura de la tendencia descendente. Como causas probables de este aparente repunte podríamos señalar: el mayor número absoluto de internos en centros penitenciarios, personas con enfermedades de cada vez más larga evolución y, relacionado
con el apartado anterior, habría que considerar como causa probable el reingreso en prisión de personas a las que les ha sido concedida una o varias veces la aplicación del artículo 196 del reglamento penitenciario y a las que les ha sido revocado.
Por su parte, el organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias cuenta con una línea de
recursos para cofinanciar la atención a liberados condicionales enfermos de SIDA. En este sentido, con fecha 14 de marzo de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio del Interior de 7 de febrero, por la que se
convoca subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social en los que se incluye un programa de acogida con asistencia integral de
liberados condicionales enfermos de SIDA que contemple, al menos, las siguientes líneas de actuación: educación para la salud, atención psicológica, asesoramiento jurídico, asistencia a talleres ocupacionales de ocio y tiempo libre, actividad
física y deportiva y el refuerzo de los lazos familiares. Por resolución de 23 de mayo de 2002, el presidente del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias resuelve la adjudicación de 108.182,18 euros para la subvención de este tipo
de programas a las entidades y número de plazas que se especifican a continuación: Asociación BASIDA, 39 plazas; Horizontes abiertos, 20 plazas y UNAD, 3 plazas.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE DISPONIBILIDADES DE PLAZAS EN CENTROS PENITENCIARIOS CREADAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. (Número de expediente 181/001507.)
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE INCREMENTO DE PLAZAS PENITENCIARIAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. (Número de expediente 181/001509.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la pregunta número 12.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, si el señor compareciente no tiene inconveniente, formularía la pregunta 12 conjuntamente con la número 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Tiene S.S. algún inconveniente? (Pausa.)
Adelante, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor director general, ¿cuáles han sido las disponibilidades de plazas en centros penitenciarios en los últimos años y cuál ha sido el incremento de plazas penitenciarias experimentado en los últimos diez años?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Yuste.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): La construcción de nuevos centros llevada a cabo de conformidad con el plan de amortización y creación de centros penitenciarios ha permitido dotar al sistema
penitenciario de unas infraestructuras que están entre las más modernas de Europa y que compaginan adecuadamente las necesidades de seguridad con el desarrollo de una vida confortable y digna para los reclusos. Estas infraestructuras no sólo han
permitido unos espacios más adecuados para la intervención penitenciaria con los internos sino que también han permitido la incorporación de nuevas plazas al sistema, habiendo rebajado considerablemente la sobreocupación que venían soportando
algunos centros penitenciarios. Cierto es que nuestra normativa penitenciaria preconiza el principio celular con carácter general, lo que supone que cada interno debe ocupar una celda individual, sin embargo también admite la convivencia de más de
un interno en la misma celda, preservando la intimidad siempre y cuando no existan razones de seguridad médicas, de orden o seguridad que lo desaconsejen. Las excepciones al principio celular se recogen de forma expresa en el artículo 13 del
reglamento penitenciario.
Desde el año 1998 esta Administración penitenciaria ha puesto en funcionamiento doce nuevos centros penitenciarios: Huelva; Albolote, en Granada; La Moraleja; Teixeiro; Alhama, en Pontevedra; Madrid 6, en Aranjuez; Mallorca; León;
Córdoba; Algeciras; Segovia y Zaragoza. El número de plazas funcionales de cada uno de estos centros es de 1.008, excepto el de Segovia que tiene 344, y el número de plazas complementarias oscila entre 172 y 203, un total de 13.520. Asimismo, en
los primeros días de julio está prevista la inauguración del centro penitenciario de Villena, que incorporará al sistema 723 nuevas plazas funcionales y 156 complementarias, lo que totalizan 879. Si descontamos el número de plazas amortizadas por
el cierre de los centros viejos, 4.132, el total de plazas nuevas que se han incorporado al sistema desde el año 1996, y sin contabilizar las de Villena, ha sido de 9.760. El incremento ha sido no sólo cuantitativo, sino también cualitativo ya que
se han sustituido celdas obsoletas por otras modernas y adecuadas.
Ante el incremento que la población reclusa está presentando, la Administración penitenciaria ya ha proyectado la revisión del plan de amortización y creación de centros penitenciarios con el objeto de dar una respuesta adecuada a este
incremento y poder atender las necesidades que el mismo demanda. En este sentido, el proyecto prevé la construcción de cuatro centros penitenciarios de una estructura semejante a la denominada centro-tipo, cuya capacidad se calcula, como hemos
dicho, en 1.008 plazas residenciales. Las zonas donde tendría lugar la ubicación de estas nuevas infraestructuras son aquellas que en estos momentos presentan un mayor
incremento de población penitenciaria, tales como Madrid, Andalucía y Levante.
No tengo en este momento la evolución de los últimos diez años. He mencionado solamente la de los seis últimos años. Con mucho gusto la haré llegar al diputado solicitante esa información. Quiero trasladarle mis disculpas, habida cuenta
de que se me han traspapelado los datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Cuando el señor director general tenga a bien recibiremos esos datos que pueden ser, sin lugar a dudas, muy útiles.
En conjunto cabe afirmar del balance hecho por el director general que en estos últimos seis años ha habido una política muy rigurosa de compromiso con la modernización de la infraestructura penitenciaria, con la adecuación de la oferta y
disponibilidad de plazas del conjunto de la infraestructura penitenciaria, la realidad que dimana de la aplicación de las estructuras penales. La respuesta del director general permite ver un efectivo compromiso de previsión de futuro, de estar
adecuando las previsiones de evolución de la población penitenciaria a las previsiones de evolución del conjunto de la infraestructura disponible. En ese sentido se están haciendo las cosas bien, con rigor, con algo que suele ser muy extraño
encontrar, con sentido común, y con realismo, no estableciendo elementos como fue la primera versión del programa de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, que estaba muy bien sobre el papel pero que fallaba en su pata básica, es
decir, en la pata de la financiación, porque nadie previno que parte de esa financiación, que estaba prevista a través de la amortización de los establecimientos viejos y, por tanto, de su puesta en el mercado y de la financiación obtenida era
imposible porque no eran de titularidad de la Administración del Estado. Creo, por tanto, que las cosas se están haciendo bien y me gustaría que otros lo anotaran. Nos satisface comprobar que se están haciendo con esa previsión de futuro, prever
la evolución de la población penitenciaria en el país y adecuar las infraestructuras disponibles para evitar después sorpresas o saturaciones.
- DEL SEÑOR GIL LÁZARO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE BALANCE DE LA EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA EN MATERIA DE INTERVENCIÓN CON DROGODEPENDIENTES EN CENTROS PENITENCIARIOS DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. (Número de expediente
181/001508.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para formular la última de la preguntas que aparece en el orden del día dirigidas al señor director general de Instituciones Penitenciarias, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: ¿Cuál es el balance de la evolución experimentada en materia de intervención con drogodependientes en centros penitenciarios durante los últimos seis años, habida cuenta de la incidencia que este fenómeno tiene sobre el
conjunto de la vida penitenciaria?
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Quiero reiterar mis disculpas al diputado señor Gil Lázaro y decir que la intervención terapéutica con el interno drogodependiente debe ajustarse a las
necesidades de esa persona en particular en cada momento concreto. No es viable determinar una única modalidad terapéutica para todos los drogodependientes dada la diversidad de problemas biopsicosociales, la existencia de diferentes subgrupos de
internos con necesidades distintas e incluso las necesidades que se pueden dar en estas personas según la evolución y el momento del proceso terapéutico en el que se encuentran. Por esto mismo, y en orden a las prioridades y necesidades
individuales, las actuaciones de la Administración penitenciaria van dirigidas a los siguientes objetivos. En primer lugar, a prevenir y reducir los daños y los riesgos asociados al consumo, desarrollando actividades orientadas a evitar el
fallecimiento por sobredosis, a evitar el incremento del deterioro físico, a controlar los trastornos de salud, a evitar la infección por VIH y otras enfermedades, a reducir la conflictividad y la actividad delictiva, a mejorar la adaptación social
y laboral y modificar los hábitos de consumo. En segundo lugar, a conseguir períodos de abstinencia que configuren una ruptura de la dependencia y una reordenación de la dinámica personal y social. Por último, a optimizar la incorporación social,
dotando de las habilidades necesarias para poder afrontar con posibilidades de éxito el tratamiento en libertad y la normalización e integración en la sociedad.
Hacia estos objetivos van dirigidos los diferentes programas de intervención de
carácter preventivo y de promoción de la salud, de tratamiento de la drogodependencia y de la incorporación social.
En los programas de prevención se trata de que la persona adquiera habilidades que le permitan afrontar eficazmente las distintas situaciones que se le van a ir presentando a diario en su ambiente, entre las que se encuentra su relación con
las drogas. A lo largo de los últimos seis años se ha consolidado la intervención preventiva, el programa de educación para la salud y la formación de mediadores. Durante el año 2001 han participado 12.960 internos en este tipo de programas. A
pesar de las medidas adoptadas por la institución
para impedir la entrada de drogas y la extensión a todos los centros penitenciarios de los programas de intervención, desde los orientados a la abstinencia a los de tratamiento con metadona en prisión, algunos de estos drogodependientes
siguen consumiendo por vía parenteral. El riesgo de padecer infecciones, como hepatitis y sida principalmente, como consecuencia del uso compartido de material de inyección y del consumo de drogas en condiciones poco higiénicas, es elevado entre
los drogodependientes que utilizan la vía inyectada. Los programas de intercambio de jeringuillas consiguen modificar las prácticas de riesgo directamente relacionadas con la inyección de drogas, sobre todo el uso compartido de jeringuillas y son
efectivos para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.
El programa de intercambio de jeringuillas, que empezó a implantarse a partir del año 1997, se ha desarrollado en once establecimientos durante el año 2001, habiéndose distribuido 11.339 jeringuillas. Durante este año está prevista su
extensión a todos los centros penitenciarios, tal como exige la proposición no de ley aprobada por la Comisión Mixta para el estudio de las drogas en su sesión del día 20 de marzo de 2001 y pese a la oposición que algunas organizaciones sindicales y
profesionales sanitarios están manifestando para la implantación en todos los centros.
El objetivo ideal de tratamiento de la drogodependencia es la abstinencia. Sin embargo, algunos dependientes se encuentran en una situación personal y social en
la que no se pueden plantear este objetivo a corto plazo. Por eso mismo, en los centros penitenciarios se desarrollan dos modalidades terapéuticas: el tratamiento sustitutivo y el tratamiento deshabituador. El tratamiento con metadona constituye
uno de los programas más efectivos de intervención por el considerable número de drogodependientes que acogen y por los beneficios individuales y colectivos que se pueden obtener al favorecer la disminución del consumo de drogas, la evitación del
consumo por vía parenteral, la mejora del estado físico y mental, etcétera. El tratamiento con metadona se ha generalizado en todos los centros penitenciarios atendiendo a 21.642 internos durante el año 2001, mientras que durante el año 1996 este
programa atendía a 6.606 internos.
El tratamiento de deshabituación se dirige a internos drogodependientes con buenas perspectivas para iniciar un proceso de cambio orientado a la abstinencia. En cada centro penitenciario se organizan las intervenciones de deshabituación
según dos modalidades, tipo ambulatorio o centro de día o tipo modular, los denominados módulos libres de droga, en función de las posibilidades estructurales. De esta segunda modalidad existe en 17 centros penitenciarios. Previo a la inclusión en
los programas de deshabituación se realiza la desintoxicación en aquellos drogodependientes que han sido diagnosticados como consumidores activos, interviniendo en los signos y síntomas psíquicos y físicos del síndrome de abstinencia. Durante el
año 2001 se ha realizado desintoxicación pautada en 3.880 internos drogodependientes. El tratamiento de deshabituación está generalizado en todos los centros penitenciarios, atendiendo a 7.531 internos durante el año 2001, mientras que en el año
1996 se atendieron a 5.105 reclusos.
Por último, mencionaré los programas de reincorporación social. El proceso terapéutico y rehabilitador que se desarrolla en la prisión debe continuar necesariamente en la sociedad con el fin de que no haya recaídas en consumo
desestructurantes y reincidencias en el delito. Es bajo esta premisa en la que se plantea un proceso terapéutico dirigido a la normalización e integración social, proceso en el que intervienen no solamente los profesionales de la institución y de
las ONG, sino también los planes nacional y autonómico sobre drogas, las familias de los drogodependientes, los juzgados de vigilancia penitenciaria, los recursos de inserción sociolaboral y los centros de tratamiento comunitarios gestionados por
ONG; en definitiva, toda una amalgama de dispositivos y profesionales, tanto de las prisiones como, fundamentalmente, de la sociedad en su conjunto.
Durante el año 2001 han sido derivados a continuar tratamiento en centros comunitarios un total de 6.952 personas, con motivo de alcanzar la libertad condicional definitiva o provisional y en los casos de tercer grado previsto en el artículo
182 del reglamento penitenciario. En consecuencia, se aprecia un incremento notable de la atención a los drogodependientes en centros penitenciarios en los últimos seis años. Se ha pasado de atender a 11.711 internos drogodependientes en 1996,
6.606 en tratamiento con metadona y 5.105 en deshabituación, a 29.173 en 2001, 21.642 en tratamiento con metadona y 7.531 en deshabituación. El programa de metadona se ha generalizado a todos los centros y se ha triplicado el número de personas
atendidas. El considerable desarrollo que han alcanzado los tratamientos con metadona, la implantación de los programas de intercambio de jeringuillas, el aumento de los tratamientos de deshabituación y las incorporaciones a la sociedad de internos
en tratamiento configuran una situación que traduce una mayor adecuación de las intervenciones a las características personales y adictivas de los internos.
La pluralidad de estrategias terapéuticas y la adecuación de la oferta a las necesidades físicas, psíquicas y sociales de cada uno de los drogodependientes es condición y factor predictivo del éxito reinsertador al intervenir en el proceso
de ayuda a las personas a establecer un estado en el que sean capaces física, psíquica y socialmente de hacer frente a las situaciones con las que se enfrentan de la forma más autónoma posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: No seré yo quien le diga al señor director general, por razones obvias, que este asunto del que hablamos constituye uno de los ejes vertebrales para el funcionamiento del día a día de los centros, para la determinación
de la capacidad de resocialización del interno afectado por esta enfermedad -que, sin lugar a duda, lo es-, la drogodependencia. Por tanto, la medición de la eficacia del sistema en orden a cumplir ese fin resocializador que determina nuestra
Constitución para la ejecución de la pena privativa de libertad pasa, sin lugar a duda, como uno de sus referentes principales por la capacidad que el propio sistema penitenciario tenga para atender adecuadamente este fenómeno, dentro de las
limitaciones propias del medio y de la limitación propia del fenómeno en sí, cuestión que no se nos escapa a ninguna. Por ello me parece que es un elemento singularmente positivo, porque denota una voluntad de impulso, un compromiso efectivo de
impulso por parte de la Administración penitenciaria, ese tránsito que nos ha señalado de los 11.000 internos sometidos a tratamiento en 1996 a los 29.000 internos beneficiados de este tratamiento en el año 2001.
En cualquier caso, yo creo que el señor director general de Instituciones Penitenciarias sabe que puede contar con todos o con casi todos o, desde luego, con este grupo parlamentario y con amplísimos sectores de la sociedad española para
todo aquello que signifique, dentro de la prisión y fuera de la prisión, seguir apoyando este fenómeno esencial de tratamiento a las personas afectas por esta enfermedad de la drogodependencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señorías, con ello damos por concluida la comparecencia del señor director general de Instituciones Penitenciarias, agradeciendo, una vez más, a don Angel Yuste las extensas informaciones que nos
ha dado esta tarde sobre su Dirección General.
Suspendemos brevemente la sesión, lo justo para recibir al señor director general de Tráfico. (La señora vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa la presidencia.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS EL DÍA 20 DE MARZO DE 2002 EN SIMANCAS (VALLADOLID), SANTA CRUZ DE MUDELA (CIUDAD REAL) Y LA RINCONADA (SEVILLA), ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE SE PIENSAN ADOPTAR EN EL FUTURO POR ESA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO TENDENTES A EVITAR ESTE TIPO DE FRECUENTES SUCESOS EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001032.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Continuamos la sesión con la comparecencia del director general de Tráfico, a quien agradecemos su presencia en esta Comisión.
En primer lugar, comparecencia para informar de las causas de los accidentes ocurridos el día 20 de marzo de 2002 en Simancas, Santa Cruz de Mudela y La Rinconada, así como de las medidas que se piensan adoptar en el futuro por esa dirección
general tendentes a evitar este tipo de frecuentes sucesos en las carreteras españolas.
Tiene la palabra el señor director general de Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): Buenas tardes.
Comparezco ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para informar de las causas de los accidentes ocurridos el día 20 de marzo del año actual en Simancas (Valladolid), Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y La Rinconada (Sevilla),
así como de las medidas que se piensan adoptar en el futuro por esta Dirección General tendentes a evitar en lo posible este tipo de sucesos en las carreteras españolas. Esta comparecencia me ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Voy a informar a SS.SS. detalladamente de los tres grupos de accidentes ocurridos ese día. En cuanto al accidente en Simancas, en la carretera N-620, a las ocho horas, se produce una accidente de circulación a la altura del punto
kilométrico 138, desarrollándose el evento en la plataforma sentido Burgos, término municipal de Simancas, partido judicial de Valladolid, consistente en colisión por embestida perpendicular entre los vehículos Renault 21, con matrícula francesa, y
Seat Córdoba, con matrícula de Valladolid, con el resultado de una persona muerta, ocupante del asiento trasero del vehículo francés; un herido grave, ocupante del vehículo francés; así como tres heridos leves, el conductor y ocupante del vehículo
francés y el conductor del turismo español.
Ambos vehículos llevaban encendidas las luces debido a la intensa niebla en la zona. Según el informe elevado por el sector de León de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a las 8:05 se recibió una llamada telefónica dando cuenta
del accidente ocurrido, desplazándose inmediatamente una pareja de guardias del subsector de Tráfico de Valladolid, llegando al lugar del accidente a las 8:18 y procediendo, ante la magnitud del siniestro, a solicitar la presencia del equipo de
atestados de la plana mayor del subsector y destacamento de Tráfico de Tordesillas, quienes se personaron en el lugar del accidente a las nueve horas.
A las 8:15 horas, en el punto kilométrico 138,500, en el mismo sentido, dirección Burgos, y como consecuencia del accidente anterior, se produjo una colisión en cadena, con el resultado de seis muertos, dos heridos graves, 13 leves, ocho
ilesos y daños materiales cuantiosos en los vehículos. Se vieron implicados en este accidente 15 turismos y un autobús, falleciendo
seis personas, dos personas resultaron heridas graves y 13 personas heridas leves. Resultaron ilesos en esta colisión en cadena el conductor del autobús, los conductores de dos turismos y de cinco vehículos articulados que arrastraban
semirremolques.
A las 8:30 horas del citado día 20 de marzo, en el punto kilométrico 139 de la citada carretera N-620, en la plataforma sentido Burgos y como consecuencia de la colisión en cadena anteriormente citada, se produjo otra colisión por raspado
negativo, colisión lateral leve de dos vehículos en el mismo sentido de la marcha, entre un camión y un turismo del cuerpo nacional de Policía, y posterior colisión contra el citado vehículo oficial de un turismo, con el resultado de un herido leve
-el conductor del vehículo oficial-, dos ilesos y daños materiales en los vehículos implicados.
A las 8:35 horas, en el punto kilométrico 139,900 de la carretera mencionada, siempre en la plataforma sentido Burgos, se produce una nueva colisión en cadena como consecuencia de los vehículos situados en la calzada por los accidentes
anteriores, en el que se vieron implicados cuatro vehículos, resultando una persona grave, una leve y daños materiales en los vehículos. A esta misma hora, en el punto kilométrico 138,400, en la plataforma sentido Portugal -sentido contrario al que
se habían producido los accidentes anteriores- y como consecuencia de la brusca disminución de velocidad además de la distracción de los conductores por los accidentes producidos en el sentido contrario de la vía, se produce una colisión múltiple
por alcance entre cuatro turismos, un furgón y un vehículo mixto, con el resultado de una persona muerta, un herido grave, un herido leve, cuatro ilesos y daños materiales en los vehículos siniestrados (la persona fallecida era el conductor del
furgón).
Cinco minutos después, a las 8,40 horas, en el punto kilométrico 137,300 de la carretera N-620, en la plataforma sentido Portugal, se produce una colisión en cadena como consecuencia del accidente que se acaba de describir, en el que
interviene un camión furgón y un turismo, y posterior colisión a éste de otro turismo que circulaba por la misma vía, con el resultado de una persona herida grave -el conductor de uno de los turismos- y abundantes daños materiales. Posteriormente,
a las 8,45 horas del mismo día, en el punto kilométrico 137,150 de la plataforma sentido Portugal, se produjo una colisión múltiple de 14 vehículos, con el resultado de dos personas graves, cinco heridas leves y daños materiales en los vehículos.
El teniente jefe accidental del subsector de Tráfico de Valladolid y las fuerzas del subsector a sus órdenes coordinaron con el jefe provincial de Tráfico de Valladolid las medidas a adoptar, que consistieron en señalizar y desviar la
circulación en ambas plataformas por las carreteras 500 y P-5.803 de Valladolid para soslayar los kilómetros 134 a 140 de la carretera N-620, a fin de evitar que se siguieran produciendo más accidentes en el sentido Portugal por conductores
distraídos por los sucesos ocurridos en el sentido contrario. Se dio aviso a los hospitales y ambulancias de la zona, así como a las dotaciones de bomberos de Valladolid, Diputación Provincial, Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid,
personándose en el lugar, al objeto de excarcelar del interior de los vehículos accidentados a los ocupantes y su posterior evacuación a centros médicos. Se procedió también al levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto Anatómico
Forense de Valladolid. El atestado levantado por la plana mayor del subsector y destacamento de Tráfico de Tordesillas recoge que en un primer juicio los accidentes son consecuencia de circular manteniendo una velocidad inadecuada para las
condiciones atmosféricas existentes en la vía: niebla intensa. Alrededor de las 14 horas se disipó la niebla existente, quedando expedita la vía a las 15:30 horas.
El segundo de los accidentes es el que se produjo el mismo día en Santa Cruz de Mudela. En la carretera N-IV, Madrid-Cádiz, en el punto kilométrico 214,100, término municipal de Santa Cruz de Mudela, provincia de Ciudad Real, se produjo a
las 8:15, sentido Madrid, una colisión múltiple en cadena en un tramo recto de visibilidad en esos momentos, muy reducida por niebla intensa y el estado circunstancial del firme mojado por la niebla existente. La circulación era densa y la posible
causa productora del accidente fue una velocidad inadecuada para las condiciones meteorológicas existentes. Estuvieron implicados 13 camiones, ocho turismos, un autobús y dos furgonetas, resultando, como consecuencia del mismo, un conductor y un
usuario muertos, dos heridos graves, 12 conductores y usuarios heridos leves y 14 ilesos.
A las 8:25 horas, en el punto kilométrico 214,900, sentido Madrid, en tramo recto, con visibilidad muy reducida por la niebla intensa y el estado circunstancial del firme mojado, se produjo una colisión múltiple en cadena con posible causa
productora en las circunstancias meteorológicas existentes. Estuvieron implicados siete turismos, cinco camiones y una furgoneta, resultando como consecuencia del mismo, siete personas heridas leves y ocho ilesas. Las fuerzas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil recibieron una llamada telefónica dando cuenta del primer accidente, producido a las 8:15 horas, por lo que inmediatamente se desplazó al lugar una pareja de dicha agrupación para conocer in situ el alcance del mismo,
llegando al kilómetro 214,100 citado sobre las 8:30 horas. Encontrándose en este punto, tuvieron conocimiento, a través del radioteléfono, del segundo accidente, ocurrido en el punto kilométrico 214,900, procediendo a solicitar la presencia del
equipo de atestados, que llegó al lugar del siniestro a las 9:35, por estar atendiendo en ese momento otro accidente con sólo heridos leves en el punto kilométrico 172 de dicha vía. Los dispositivos de las fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, coordinadas por el jefe del subsector y la jefa
provincial de Tráfico de Ciudad Real, iniciaron la regulación del tráfico en la zona. Se solicitó a los bomberos y a las ambulancias su presencia en la zona para evacuar a los heridos a los centros hospitalarios más próximos. Igualmente,
se dio aviso al Juzgado de Instrucción, para que procediera al levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado al Instituto Anatómico Forense.
Tras estudiar todos los datos extractados de estos dos accidentes de Santa Cruz de Mudela, se puede afirmar que en la zona afectada se forma niebla con relativa frecuencia en las épocas invernales, donde se producen oscilaciones acusadas en
la temperatura ambiente entre el día y la noche; el viento suele ser de una intensidad moderada o baja, lo que contribuye a que la niebla no se despeje con facilidad y rapidez. Por este motivo, el enfriamiento que sufre la tierra al producirse el
ocaso propicia, en épocas de altas presiones atmosféricas, la producción de nieblas persistentes en las capas de aire próximas al suelo, disminuyendo la visibilidad de tal forma que la apreciación visual, tanto frontal como lateral, es muy corta,
pudiéndose reducir hasta una distancia de 20 ó 30 metros. A esta situación contribuye el elevado número de fábricas de cerámica existente en la población de Santa Cruz de Mudela, dos de las cuales se encuentran ubicadas a 50 metros de la carretera,
lo que provoca que cuando estas factorías se encuentran en producción coincidiendo con momentos en los que la niebla se ha extendido en el lugar, las partículas de humo y vapor de agua que se emiten queden atrapadas en estas capas bajas, impidiendo
su ascensión y dilución en la parte superior de la atmósfera, contribuyendo a que la capa de niebla se densifique en grado extremo, restringiendo la visibilidad, ya de por sí mermada.
En el atestado emitido por el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real se señala que la velocidad de circulación de los vehículos accidentados era inadecuada para las condiciones meteorológicas adversas existentes. De modo
que, aunque los vehículos no circulaban a una velocidad excedente de los límites reglamentarios máximos establecidos, sí lo hacían de forma inadecuada a la situación de visibilidad que se presentaba en estos tramos, hecho que queda contrastado en
las lecturas de los discos diagrama de los tacógrafos de los vehículos pesados y autobuses, que ofrecen un fiel reflejo de la velocidad a la que circulaban en el momento del accidente: 80, 90, 75, 92, 80, 30, 42, 77, 84 y 83 kilómetros por hora.
La velocidad que se consigna como aproximada en cada disco diagrama de tacógrafo no es necesariamente la de colisión, puesto que en algunos discos se aprecia una brusca disminución de velocidad, producida en el momento en que los conductores se
percataron del peligro y accionaron el sistema de frenado.
He de comentar a SS.SS. que el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela del pasado 26 de marzo, adoptó el acuerdo de dar traslado al señor subdelegado del Gobierno y a la Dirección General de Tráfico del agradecimiento de la
corporación municipal por la rapidez con la que atendieron la petición de una reunión con motivo del grave accidente del mencionado día en su término municipal, para la adopción de las medidas oportunas en cuanto a la mejora y ampliación de la
señalización en la zona. Esta dirección general inmediatamente recogió la petición de dicha corporación municipal y ha previsto la colocación de una estación meteorológica que permita a los conductores conocer las condiciones adversas que puedan
poner en riesgo su seguridad, habiéndose iniciado el expediente para su instalación, que tendrá lugar definitivamente en el mes de noviembre del año actual.
El tercer accidente que quiere el Grupo Parlamentario Socialista que explique es el producido en La Rinconada, en la provincia de Sevilla. El citado día 20 marzo, a las 7:49 horas, se recibió aviso de un usuario, a través del poste de
auxilio situado en la carretera N-IV, punto kilométrico 528,170, sentido Cádiz, de que se había producido un accidente de circulación, consistente en la colisión por alcance de varios vehículos, sin tener conocimiento de la existencia de personas
heridas en el mismo. A la vez, se registraba en dos cámaras, situadas respectivamente en los puntos kilométricos 527,200 y 524,600 del Centro de Gestión de Tráfico de Sevilla, una importante retención de vehículos.
El día era soleado y el estado
del firme estaba seco. La Jefatura provincial de Tráfico de Sevilla inmediatamente envió efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil al punto kilométrico donde había ocurrido el accidente, el 526,600, así como ambulancias de socorro
por si hubiera necesidad de evacuar algún herido. Este accidente se produjo al cruzar la calzada tres perros, uno de ellos fue atropellado por un turismo, quedando tendido en el centro de la calzada. Dicho vehículo detuvo su marcha y estacionó
fuera de la calzada, mientras los otros dos animales cruzaron hasta el final de la misma. Como consecuencia del animal tendido en la calzada, los seis vehículos que seguían al que atropelló al perro aminoraron bruscamente la velocidad hasta casi
quedar detenidos, momento en el que un vehículo pesado que circulaba por el carril derecho a 80 kilómetros por hora, al encontrar la retención, realizó una maniobra evasiva hacia el carril izquierdo, donde alcanzó a un vehículo que, a su vez, chocó
con otro estacionado en el carril izquierdo para, posteriormente, alcanzar también a un vehículo pesado y a un turismo en el carril de la derecha. La posición final de los vehículos fue que el vehículo pesado, que impactó en primer lugar, se salió
a la mediana terriza, quedando allí inmovilizado. A su vez, uno de los turismos accidentados quedó volcado sobre la mediana con el resultado de siniestro total. No hubo que lamentar fallecidos en este accidente, aunque sí resultaron heridas 14
personas. Como consecuencia de este accidente se formó
una retención de cinco kilómetros de longitud, quedando normalizada la circulación a las diez horas. Hasta aquí la breve exposición de los tres grupos de accidentes ocurridos el pasado día 20 de marzo.
Quiero ahora hablarles a SS.SS. de las actuaciones que va a llevar a cabo la Dirección General de Tráfico para mejorar la siniestralidad en las vías públicas. Así, en el Plan nacional de seguridad para el año 2002 se recogen las
actividades que se van a llevar a cabo, tendentes a conseguir una mejor circulación y seguridad en las carreteras, algunas de ellas ya iniciadas, como a continuación les comentaré. Con objeto de programar la asistencia e información a los usuarios
en las vías y tener pleno conocimiento de los incidentes que puedan ocurrir a través de los sistemas de gestión de tráfico, se ha planificado la instalación de pequeños centros de gestión de tráfico situados en terrenos de dominio público próximos o
colindantes con los tramos de autovía a gestionar, de manera que se reciban en ellos los datos de tráfico, las imágenes de televisión de circuito cerrado e incluso las llamadas de los postes de auxilio, todo ello referido a su área de influencia.
Los primeros centros locales se ubicarán en Burgos, en la N-I, en Albacete, en las pistas de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico; en Cantabria, en la A-67, punto kilométrico 15,500, en el término de Polanco; en Tordesillas, en la N-VI, y
en Bailén, en la N-IV. Con el objeto de informar al usuario a través de paneles de mensaje variable y de tener un conocimiento del tráfico en la red de gran capacidad, se está dotando a la red de autovías del Estado de sistemas integrados para la
gestión del tráfico interurbano en aquellos tramos de autovía o autopista que por sus condiciones así lo requieran, ejecutándose igualmente las segundas o terceras anualidades de los proyectos adjudicados durante el ejercicio 2000 ó 2001.
En la zona centro está prevista una inversión de 19 millones de euros, en la zona nordeste de 2,5 millones de euros y en otras zonas, como Sevilla, Granada, Málaga, accesos al Pirineo central, Valencia, Albacete y Murcia, una inversión de
18,5 millones de euros. Para poder advertir a los conductores de la formación de bancos de niebla u otros fenómenos adversos, se han empezado a instalar estaciones de toma de datos meteorológicos: en el nordeste, 62; en las carreteras radiales,
110; en la provincia de Valladolid, cinco; y está en proyecto instalar hasta un total de 287 en aquellos puntos donde se producen habitualmente estas situaciones atmosféricas. Entre ellos, está prevista la instalación de esta clase de
dispositivos en Simancas, en octubre del presente año, y Santa Cruz de Mudela que, como ya hemos indicado, quedará instalada en el próximo mes de noviembre. Estas estaciones llevan información adicional en paneles situados con anterioridad a la
ubicación de las mismas, a los que transmite la información para conocimiento de los usuarios de que deben adaptar su velocidad a las condiciones climatológicas del momento.
Permítanme, para terminar, una reflexión. Se mejoran las infraestructuras y también se mejora la información a los conductores, pero acabamos de ver tres accidentes producidos por la velocidad inadecuada o excesiva, que vienen a ser
conceptos muy similares. Hay quienes dicen que la limitación genérica de velocidad en las carreteras españolas es excesivamente restrictiva, que los vehículos y las infraestructuras han mejorado notablemente mientras que tenemos limitaciones
establecidas hace más de veinte años. También hay quien dice, malévolamente, que las limitaciones tienen por objeto denunciar más y así recaudar mayores cantidades en concepto de multas. Pero aprovecho esta ocasión para que quede constancia una
vez más de que mientras la prisa domine el estilo de conducción y las limitaciones de velocidad se incumplan sistemáticamente, accidentes como estos y otros se seguirán produciendo. Los países nórdicos europeos, en los que la población ha aceptado
limitaciones más restrictivas que las españolas, han logrado resultados espectaculares en siniestralidad vial. Creo que ahora, con motivo del inicio de los trabajos de la subcomisión de seguridad vial, creada en el seno de este Congreso de los
Diputados, tienen SS.SS. la ocasión de abordar la cuestión de la velocidad, estudiar la práctica y resultados obtenidos en otros países, y establecer la pauta, como representantes del pueblo español, que Administración y usuarios debemos seguir en
esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Mi grupo le agradece su presencia. Al mismo tiempo le agradezco su amable contestación a las preguntas que le tenía formuladas para que hiciera usted efectivas en esta comparecencia ante esta Comisión. No me van
a doler prendas cuando le tenga que decir que me parecen francamente bien -se lo pensaba preguntar a usted- esas mejoras que dice que se van a producir a través del Plan nacional de seguridad este año, y al mismo tiempo le haré las críticas que crea
oportunas, porque precisamente esas medidas que son buenas, que son bien recibidas y que son alabadas, deberían haberse tomado antes y no ahora, como consecuencia fundamentalmente de estos siniestros que levantaron en su momento una gran polvareda,
porque no se producen todos los días 10 muertos y 70 heridos por una causa que no es imputable a los conductores, como es la niebla.
Señor director general, nos gustaría que siempre que nos honre con su presencia en esta Comisión fuera para debatir o informar sobre cualquier otra cuestión que no fuera, como es el caso, la de tratar de muertos y heridos en accidentes de
tráfico. Ya va siendo difícil obviar los muertos y los heridos en este país al hablar de la problemática del tráfico. Este fin de semana, sin ir más lejos,
creo que se han producido 31 muertos en las carreteras españolas. Lo cierto es que continuamente los medios de comunicación nos informan de la gran cantidad de siniestros que se producen a diario en nuestras carreteras. Es cierto que en
muchos de estos accidentes la culpa es del conductor, pero no debemos aprovechar esta circunstancia para establecer como axioma la culpa exclusiva de la víctima.
Entrando en el objeto de esta comparecencia, usted ha dicho, sus informes lo corroboran y yo tampoco lo quiero desmentir ni ponerlo siquiera en tela de juicio, que en algún momento la velocidad no fue la adecuada como usted ha dicho, no
superaba los límites legales, pero no era la adecuada para el momento meteorológico por el que se circulaba en ambos casos.
Pero no es menos cierto que no se había suministrado una información adecuada al conductor sobre la formación de los bancos
de niebla, que, como usted sabe, en este país se producen en sitios muy localizados. En la Dirección General de Tráfico tienen una información mucho más detallada, precisa y de carácter previo que la que podemos tener los ciudadanos normales. Cada
uno sabe en su provincia que hay puntos muy localizados donde existen bancos de niebla, que hacen que la circulación no sólo sea densa sino también extremadamente peligrosa. Concretamente, el día en que ocurrieron esos accidentes, en el tramo
Toledo-Madrid, que es el que hago yo a diario, presencié exactamente seis colisiones, con la fortuna de que ninguna produjo ningún herido, al menos yo no vi ninguna ambulancia. Sí había grandes retenciones de tráfico, se veían los clásicos golpes
como consecuencia de esas colisiones, pero afortunadamente no vi a ninguna persona herida. También debo decirle, señor directo general, que, desgraciadamente, y no crea que me satisface, no vi a ningún miembro de la Guardia Civil. La gente estaba
haciendo sus partes de accidente, pero no vi a ningún miembro de la Guardia Civil. Me dio tiempo a observarlo por la sencilla de que el tráfico era muy lento.
Es habitual, por ejemplo en el tramo de la vía Madrid-Toledo, la formación de esos
bancos de niebla tan importantes, en la zona de Simancas y en la de Santa de Cruz de Mudela, que conozco un poco más, la formación de estos bancos de niebla es también habitual, y se debe advertir al conductor del riesgo que está corriendo. En esta
sociedad de la información en la que vivimos, la Dirección General de Tráfico tiene medios suficientes como para que los ciudadanos que van a sus trabajos, de ocio o esparcimiento puedan tener un conocimiento exacto del estado de las carreteras.
Desgraciadamente, en estos casos no hubo una información previa que pusiera en alerta a los conductores. Ya sé -usted lo ha dicho antes y lo ha dicho bien-, que en muchas ocasiones no se respetan ni la velocidad ni las señales de tráfico. Sabemos
que la velocidad es causa de muchísimos accidentes y que no respetar las señales de tráfico es causa de otros muchos, pero el Estado, la sociedad, tiene la obligación de seguir advirtiendo a los conductores de los peligros que corren y poner todos
los medios a su alcance para que tengan una información cumplida de lo que se pueden encontrar. Desgraciadamente, tanto en Simancas como en Santa Cruz de Mudela, donde la niebla es algo habitual, los conductores no tenían la información que
deberían tener. Buena prueba de ello, y usted lo ha dicho, es que entre las mejoras que se prevén está la instalación de estaciones meteorológicas, yo me alegro de que se vayan a instalar porque el beneficio va a ser para evitar al ciudadano, para
el conductor y para estos accidentes.
Es cierto que estas medidas precautorias, preventivas o informativas se habían reclamado. Tengo aquí una nota de las declaraciones del alcalde de Santa Cruz de Mudela, don José Antonio López Aranda, que decía al día siguiente de ocurrido el
accidente que había reclamado el día anterior la señalización con pantalla del tramo comprendido entre los kilómetros 214 y 217 de la autovía de Andalucía para evitar más accidentes. Sin embargo, él restaba importancia a los humos que puedan
producir las cerámicas, lo que puede que hiciera llevado por el celo de proteger las industrias locales. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, don Jaime Lobo, afirmaba, sin embargo, que no existía ninguna denuncia contra este
tramo y que debían ser los técnicos de Tráfico quienes se pronunciasen sobre su seguridad. Lo cierto es que dos camioneros perdieron la vida, 17 personas resultaron heridas y alrededor de 40 vehículos se vieron implicados en el siniestro. Es
curioso que en ambos casos los accidentes afectaron a 40 vehículos y la causa fue la misma: la niebla.
Me hubiera gustado no tener que hacerle estas preguntas y que usted no hubiera tenido que comparecer aquí para hablar de estos siniestros, que no nos producen ninguna satisfacción. También quiero decirle, señor director general, que
precisamente durante esos días, el portavoz de la DGT, hablando de esos accidentes, dijo textualmente que advirtió del riesgo que supone para el tráfico la aparición de bancos de niebla debido a que se forman en puntos localizados y son difícilmente
predecibles. Si se forman en puntos localizados, no son difícilmente predecibles; son fácilmente predecibles y lo que hay que hacer es tomar las medidas oportunas a fin de que esto no vuelva a ocurrir más.
Quiero formularle una serie de preguntas que ya me ha contestado en parte.
De todos modos, quiero que consten en el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión para que quede patente nuestro interés en que no vuelvan a ocurrir estos accidentes.
No tenemos ningún interés, como decía antes, en pedir su comparecencia para hablar de estos temas. Ha reconocido usted antes que en estos tramos se forman bancos de niebla con frecuencia, según los informes que le han facilitado, y también ha
reconocido que cuando se produjeron los accidentes tanto en Simancas como en Santa Cruz no había fuerzas de la Guardia Civil y que tuvo que desplazarse
una pareja tras la llamada de algún conductor y luego el equipo de atestados.
En sitios en los que no se han instalado pantallas, paneles informativos o estaciones meteorológicas, donde se sabe que con frecuencia se forman estos bancos de niebla, que están perfectamente localizados, si no hay medios técnicos
suficientes, sí podría estar presente la Guardia Civil, que impone el respeto debido para que las personas que puedan ir conduciendo a velocidad excesiva respecto a las condiciones meteorológicas reduzcan a una velocidad más adecuada. No fue así, y
ocurrieron estos accidentes. Nos ha relatado usted las mejoras previstas en el plan nacional de seguridad, y nos felicitamos por ello. También le digo que estaremos pendientes de su cumplimiento, que nos interesa a todos.
Mis preguntas están relacionadas en parte con lo que usted ha contestado.
¿Cuáles son las previsiones que tenía la Dirección General de Tráfico para evitar estos accidentes? ¿Cómo se explica usted la mayor siniestralidad en las carreteras
españolas que en las del resto de Europa por causa de la niebla, cuando precisamente nuestro clima es más benigno en este aspecto? ¿Por qué en los puntos en que se forma estos bancos de niebla no se han instalado ya, en ambos sentidos, paneles u
otros medios técnicos que indiquen la existencia de niebla, además de transmitir mensajes de prudencia? ¿Por qué, conociéndose como se conocen estos puntos conflictivos, no se refuerza la presencia de la Guardia Civil de Tráfico? Son preguntas
sencillas que nos hacemos no ya los diputados, sino los conductores, la gente de la calle, los que utilizan el vehículo fundamentalmente como herramienta de trabajo y que necesitan una buena información, además de buenas carreteras. Desde luego,
las condiciones meteorológicas juegan un papel importante en determinados sitios, por eso le formulo estas preguntas que reconozco que en parte ha contestado usted. Nosotros vamos a estar vigilantes en relación con el cumplimiento de las medidas
apuntadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene la palabra la señora Torme, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
La señora TORME PARDO: Quiero agradecer al señor director general de Tráfico los datos que ha aportado en cuanto a estos tres accidentes que motivan la solicitud de comparecencia planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Como usted
nos ha indicado, en dos de ellos la causa fundamental fue debida a factores meteorológicos, a la presencia de intensos bancos de niebla que dificultaron la visibilidad, lo que, unido a una velocidad inadecuada, fue la causa de esos accidentes.
Sobre ello repercute la distracción, la brusca reducción de la velocidad que es necesaria como consecuencia del accidente inicial y que hace que se hayan producido una serie de accidentes en cadena. En el tercer caso se trata de un hecho fortuito
como es la entrada de animales en la calzada; un hecho que es imprevisible verdaderamente, aunque supongo que en calzadas donde pueda haber caza, por ejemplo, hay señales, pero este no es el caso. En los accidentes que tuvieron lugar en el término
municipal de Simancas y en Santa Cruz de Mudela, verdaderamente dramáticos por las consecuencias, número de personas fallecidas y heridos, las causas fundamentales, como han analizado, son precisamente los factores meteorológicos. Cuando se
producen hechos de estas características es fundamental que se analicen las actuaciones realizadas a posteriori para ver si esa actuación ha sido correcta. Por los datos que nos ha dado el señor director general, creo que la actuación fue correcta;
bajo la coordinación de los respectivos jefes provinciales de Tráfico se adoptaron las medidas pertinentes de señalización, regulación del tráfico en esos momentos e incluso desviación de la circulación por otras vías alternativas, avisando a todos
los implicados: hospitales, bomberos y juzgados. Una vez que se producen accidentes de esta naturaleza, es importante que analicemos las medidas que se han tomado. Las medidas reactivas ya se han mencionado y son las adecuadas. El portavoz del
Grupo Socialista mencionaba -así aparecía en el texto de solicitud de su comparecencia- las medidas previstas por la Dirección General de Tráfico para prevenir en el futuro accidentes de este tipo, y entiendo por ello los que tienen como causa la
meteorología. El señor director ha señalado distintas medidas que ya se estaban desarrollando e insiste en algunas de ellas que tienen incidencia directa en la prevención de este tipo de accidentes, puesto que permiten obtener por parte de los
conductores información sobre el estado de la calzada y sobre los factores climatológicos que pueden incidir, para que el conductor, con ese preaviso, pueda actuar con la prudencia necesaria y disminuir la velocidad. De todas formas, nos planteaba
aquí el director general un reto, que era el análisis de un tema tan controvertido como es la velocidad, que aparece en algunos casos ligada a otros factores en las causas de accidentes en nuestro país; reto que afrontaremos sin duda los distintos
miembros de esa subcomisión y que estudiaremos ayudados por los expertos en los que confiamos, porque sin su ayuda, sin los datos que nos pueden aportar desde su experiencia, nosotros no podemos seguir avanzando en estos temas.
El portavoz del Grupo Socialista señalaba que cree que las medidas son correctas, pero que se producen de forma tardía. Yo no creo que sea así puesto que ya en nuestro país están funcionando sistemas integrados de gestión del tráfico, que
además se están ampliando. Existen distintas bases de toma de datos de tráfico y de meteorología que se van a ampliar.
En este caso nos ha expuesto el director general que, en concreto, en los términos de Simancas y Santa Cruz de Mudela, a finales
de este año también estarán dispuestas unas estaciones meteorológicas para la toma de dichos datos.
No sólo se toman las medidas que nos ha mencionado el señor director, sino que en los tramos donde se
concentran los accidentes de tráfico, con los planes de seguridad vial, en este caso con el segundo plan extraordinario de seguridad vial que desde el Ministerio de Fomento se está desarrollando, se está actuando para corregir, eliminar o
mejorar los problemas que tienen, no sólo con la creación de infraestructuras, sino también con la corrección de las infraestructuras ya existentes. Aquí tengo contestaciones a distintas preguntas que he planteado precisamente sobre las actuaciones
correspondientes al segundo plan extraordinario de seguridad vial en las distintas comunidades autónomas, y creo que hay factores que tenemos que resaltar, creo que es fundamental que se estudie cuál es el estado de nuestras carreteras, cuáles son
los tramos donde se concentran en un año un número determinado de accidentes y que se pongan medidas para corregir los problemas que se plantean en esos tramos. El Gobierno está actuando, los tiene identificados y desde luego nos permite ser
optimistas que se vayan realizando los trabajos necesarios para acabar con ellos.
Volviendo al objeto de esta comparecencia y a los accidentes que se produjeron el día 20 de marzo, quiero señalar que as repercusiones y la envergadura de los mismos provocaron una gran conmoción, pero también es cierto que accidentes
concretos que se producen, además en esos casos fundamentalmente debido a factores meteorológicos, no pueden impedirnos que hagamos un balance de la situación real y sobre todo de la evolución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Por
ello, para que podamos ver si las medidas que se van a adoptar, las medidas que ya se han adoptado y que se están poniendo en marcha están teniendo efecto en la reducción que todos deseamos de la siniestralidad en nuestras carreteras, quisiera que
pudiera exponer aquí, señor director general, la evolución de la siniestralidad del año 2001 en relación con la del año 2000, incluso, si dispusiera de los datos, de la siniestralidad en lo que va del año 2002, porque sólo con la evolución a lo
largo de unos períodos de tiempo más amplios podremos ver cuál es la situación real de la seguridad vial en nuestras carreteras.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene la palabra el señor director general para responder.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): Voy a contestar a las dos preguntas más concretas del señor Sánchez Garrido. Me ha parecido que una de ellas era por qué se tomaban medidas después de los accidentes y no
antes, puesto que la niebla existe, supongo, más o menos desde la creación, agravada después por las fábricas de cerámica, pero el fenómeno meteorológico se repetirá más o menos cuando se dan circunstancias de altas presiones atmosféricas, ausencia
de lluvias y demás. Preocupó a la Dirección General de Tráfico esta cuestión desde finales del siglo pasado. En el año 2000 se sometió a Consejo de Ministros la aprobación del presupuesto para acometer la instalación de casi 300 estaciones
meteorológicas y se está comenzando ahora su instalación después del proceso de concurso público, adjudicación, etcétera. Es decir, puedo asegurarle -aunque no tengo exactamente la fecha del Consejo de Ministros en el que fue aprobado, sí recuerdo
que fue en el año 2000- que estaban previstas antes de estos accidentes, naturalmente porque ya se habían producido otros, aunque no fueran de esta envergadura y trascendencia.
A mí también me gustaría que en cada tramo de niebla y otros hubiera una pareja de la Guardia Civil, por eso que ha dicho S.S. de alertar y que con su sola presencia -ha dicho algo parecido- los conductores tengan una mayor diligencia,.
Pero entenderá S.S. que eso no es posible, que España tiene 180.000 kilómetros de carreteras y que, por tanto, no es posible tener la Guardia Civil en todas partes, como ciertamente y en determinadas ocasiones todos quisiéramos. Lo máximo que se
puede hacer -y es una actuación que llevan a cabo todas las policías del mundo- es responder con rapidez, no estar presente permanentemente en todos los metros de carretera.
Ha hecho una afirmación, y es que en España se produce mayor siniestralidad por el fenómeno de la niebla que en otros países de la Unión Europea. La verdad es que no tengo datos para decir qué ocurre en otros países de la Unión Europea
cuando hay niebla;. Me extraña que eso pueda ser así porque puntualmente nos llegan las noticias cuando los accidentes de circulación exceden de la triste normalidad y rutina con la que aceptan todas las sociedades estos fenómenos. Cuando en las
autopistas alemanas y en las autopistas italianas se producen esos fenómenos meteorológicos, como es la niebla, hay importantísimos accidentes. Desde luego yo no creo que España, donde el fenómeno de la niebla es mucho más puntual que en
Centroeuropa, sea el lugar donde más accidentes se producen con motivo de la niebla.
Contesto a continuación a la diputada señora Torme. Yo dí las cifras a finales del año pasado, creo podemos estar ligeramente contentos porque en el año 2001 respecto del año 2000 los accidentes descendieron un 4,2 por ciento -y me refiero
a los accidentes mortales producidos en carretera-, cuando a lo largo del año el aumento de automóviles en circulación fue de alrededor de 900.000. Nos ponemos la difícil tarea de que haya más automóviles y menos accidentes, y poco a poco, de una
forma desesperadamente lenta, se va en esa línea. En el presente año, con datos de las doce de la noche de ayer, y a pesar de que estoy de acuerdo con S.S. en que es lamentable que en el fin de semana, como en tantos fines de semana, haya habido
treinta y tantos muertos y que la sociedad lo admita como una especie de tributo de las cien doncellas, a pesar de todo ello, tenemos un descenso en la siniestralidad de un 2,6 por ciento, que también es inferior a lo que todos quisiéramos,
pero que son datos que nos hacen trabajar de una forma esperanzada porque creemos que estamos en la línea. Y no me parece que esto sea algo que deba apuntarse la Dirección General de Tráfico ni la Administración en general, sino que, creo
que es algo de lo que podemos estar contentos todos los españoles porque fundamentalmente se debe a las personas que poco a poco van entendiendo que con una conducta adecuada se consigue no llegar a tener esos accidentes de circulación.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Quisiera decir a doña Ana Torme que las alabanzas están bien, pero que sólo faltaría que además no se hubieran tomado las medidas a posteriori. Las alabanzas tienen que ser para medidas que eviten estas cosas y
para los medios necesarios para evitar estos accidentes. Que vaya rápidamente la Guardia Civil, que vayan las ambulancias, que vayan los equipos de atestados nos parece muy bien, lo saludamos, nos parece estupendo, pero lo cierto es que antes de
que fueran las ambulancias, antes de que fueran los equipos de atestados y antes de que se llamara a la Guardia Civil han ocurrido los accidentes que han ocasionado una cantidad tremenda de muertos.
Me dice la señora Torme que las medidas no son tardías. Las medidas son deseables, he dicho que me parecen estupendas, y vamos a seguir detenidamente su cumplimiento porque es nuestra obligación de control al Gobierno, pero son tardías, y
buena prueba de ello es que están aprobadas desde el año 2000, estamos a mediados del año 2002 y las 300 estaciones meteorológicas todavía no se han puesto en marcha.
No es que yo desee -bueno, sí, lo deseo, pero ya sé que es incumplible- que haya una pareja de la Guardia Civil en cada tramo de carretera. Yo me refería a ciertos puntos, que además la Dirección General de Tráfico sabe perfectamente cuáles
son porque tiene información, porque tiene experiencia, porque tiene datos, y en este país hay determinados tramos de carretera en los que es habitual la formación de bancos de niebla y donde es fácil predecir que se pueden formar, máxime con las
informaciones de que se dispone. En esos puntos es en los que nosotros decimos no que haya una pareja, sino un coche o alguien no que atemorice sino que ayude en momentos esenciales, pues aunque todos los fenómenos meteorológicos son importantes,
la niebla puede ser el más peligroso para el conductor. Lo que nosotros pedimos es que se estudie y se eviten en lo posible estas situaciones.
Señor director general, en el centro de Europa y en Inglaterra hay más niebla que en España; es lógico porque el clima es distinto y se producen más bancos de niebla. Sin embargo, no tenemos la noticia de que se produzcan estos accidentes
como se producen en nuestro país, que se dan todos los años, aunque afortunadamente no con la intensidad con la que se han producido el 20 de marzo, y es obligación del Gobierno, de los que gobiernan y dirigen, tomar las medidas de precaución para
que esto ocurra. ¿Me dice usted que la Dirección General de Tráfico va a instalar 300 estaciones meteorológicas, y aunque nos parece que se hace tardíamente, estamos encantados. Estamos seguros de que cuando ustedes las instalen, estos accidentes
se producirán con mucha menos intensidad.
Nosotros estaremos atentos para ver si realmente se instalan, y ojalá no se vuelvan a producir accidentes tan poco deseables como los del pasado 20 de marzo.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Sencillamente quería señalar que no se trata de alabanzas a posteriori, sino que lo que he dicho es que cuando tiene lugar un accidente, es fundamental que se analicen las causas que lo han motivado, las actuaciones
que se han realizado para solventar los problemas que se han producido, evitar consecuencias posteriores y plantearse cuáles son las medidas, si es que las hay, que se puedan adoptar para prevenir que se vuelvan a producir en un futuro accidentes de
esa índole.
Cuando la causa directa de los accidentes es la meteorología,nos podemos plantear distintas cuestiones. Si se trata de un hecho meteorológico que se produce de forma reincidente y localizado en un punto, se pueden adoptar medidas como una
base meteorológica para recoger esos datos y poder avisar en un futuro cuando se vuelva a producir ese fenómeno. Pero no siempre -y creo que es a lo que se refería el portavoz de Tráfico en las declaraciones a las que ha hecho referencia el señor
Sánchez Garrido- los factores meteorológicos, que pueden ser previsibles, se producen de una forma matemática y que permita localizarlos en tiempo y lugar exactos. A veces -y este año ha habido una meteorología bastante variable e imprevisible- es
difícil determinar a priori en qué lugar se va a producir ese problema, dónde va a haber falta de visibilidad por un banco de niebla.
En lo que sí estaría de acuerdo con el señor Sánchez Garrido es en que en aquellos sitios donde está demostrado a lo largo de los años que de forma reincidente se produce un fenómeno de la índole que sea, se actúe y que se tomen las medidas
necesarias. Respecto a que las medidas son tardías, hay que decir que en el tema de la seguridad vial cada vez nos planteamos objetivos más ambiciosos. La renovación que ha habido del parque automovilístico era impensable que hace quince años; el
plan de infraestructuras tan ambicioso que tenemos hace que el panorama actual de las carreteras en España no tenga nada que ver con el que había hace
unas décadas. Los objetivos pueden ser inagotables, de manera que siempre habrá nuevas medidas que podamos poner en marcha; además, se está investigando en nuevas tecnologías, en innovación, que permiten desarrollar firmes mucho más
seguros en las carreteras, elementos de contención, incluso de seguridad en los automóviles. Afortunadamente, cada vez habrá más medidas que permitan una mayor seguridad para todas las personas.
Quiero acabar señalando que los datos sobre la reducción y porcentaje que nos ha ofrecido, señor director, son esperanzadores, aunque no podamos estar totalmente satisfechos ni deje de ser para nosotros la seguridad vial una preocupación.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz Repiso):
Señora presidenta, solamente quiero decir que instalaremos esas estaciones meteorológicas para avisar a los conductores; en los casos de niebla seguramente serán mucho menos eficaces que en otros, como en caso de hielo, pues el hielo no se
ve y es preciso avisarlo; cualquier conductor, cuando se aproxima la niebla, la ve y cuando está circulando por la niebla sabe que va circulando por la niebla. Finalmente, estamos ante actitudes seguras para que no lleguen a producirse los
accidentes.
Quería decir una sola cosa respecto de que han sido tardías. Efectivamente el Consejo de Ministros aprobó el presupuesto después de un estudio y un diseño de estas estaciones meteorológicas que son totalmente nuevas, al menos, en nuestro
país. Son tardías porque se han seguido los procedimientos de la Ley de contratos de las administraciones públicas.
Por tanto, podemos decir que, gracias a Dios, son tardías; estamos mucho más contentos de que sean tardías y que las
contrataciones se hagan ya en España de acuerdo con la legislación y no con la rapidez de otros tiempos que ha dado lugar a cosas que preferimos olvidar.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Gracias, señor director general.
- LA SITUACIÓN Y GRAVES DEFICIENCIAS QUE SE OBSERVAN EN EL SISTEMA DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS PARA CONDUCIR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001034.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señorías, pasamos a la comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación y graves deficiencias que se observan en el sistema de pruebas para la obtención de
permisos y licencias de conducir.
Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz Repiso):
Señora presidenta, comparezco nuevamente ante SS.SS., a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre lo que el señor diputado que ha firmado la petición de comparecencia denomina la situación y graves deficiencias que se
observan en el sistema de pruebas para la obtención de permisos y licencias para conducir. Realmente, no sé muy bien a qué se refiere el señor diputado cuando menciona las graves deficiencias que supuestamente ha observado. La verdad es que, por
más que he dado vueltas al tema, no alcanzo a comprender el sentido de la pregunta. Sin duda, él va a tener ocasión de concretarla posteriormente.
Las pruebas para la obtención de las autorizaciones administrativas para conducir son el final de un proceso de enseñanza que en España, igual que en la totalidad de los países de la Unión Europea, y prácticamente, en todo el mundo, no asume
la Administración pública. Todo solicitante de permiso de conducción, cualquiera que sea su clase, debe demostrar que posee un conocimiento razonado y una buena comprensión de, al menos, las materias que a continuación se indican: vigilancia y
aptitudes con respecto a los demás usuarios; percepción, evaluación y toma de decisiones, principalmente en tiempos de reacción; modificaciones de los comportamientos del conductor vinculados a los efectos del alcohol, drogas, medicamentos,
fatigas, sueño, otros factores; distancias de seguridad entre vehículos; frenado; estabilidad del vehículo, teniendo en cuenta las diferentes condiciones meteorológicas y los tipos y tramos de vía; riesgos de la conducción vinculados a los
diferentes estados de la calzada; la vía; clases y partes de la misma; riesgos específicos; riesgos inherentes a la circulación y a la conducción de diversos tipos de vehículos; elementos mecánicos relacionados con la seguridad de la
conducción; equipos de seguridad de los vehículos; uso adecuado de las señales acústicas; emisiones contaminantes; disposiciones legales y reglamentarias en materia de tráfico; normativa relativa a documentos administrativos necesarios para
circular conduciendo un vehículo de motor; factores de seguridad relativos a la carga y a las personas transportadas; accidentes de circulación; factores que intervienen; causas más frecuentes; comportamiento y primeros auxilios en caso de
accidentes; y otras. Los solicitantes del permiso de conducción de las clases A, C y D, deben, además, poseer un conocimiento razonado y una buena comprensión de las materias específicas para la clase del permiso que desean obtener.
La preparación del aspirante comienza con su aprendizaje en una escuela de formación de conductores, donde le imparten conocimientos teóricos y prácticos sobre las normas y señales, así como para la conducción por las vías públicas. Las
pruebas se realizan en la provincia donde se hubiera presentado la solicitud y en el centro de exámenes que, atendidas las circunstancias y las posibilidades del servicio, determine la Jefatura Provincial de Tráfico. Cada solicitud para obtener el
permiso o licencia de conducción da derecho a dos convocatorias para realizar las pruebas.
Entre convocatorias de un mismo expediente no deberán mediar más de tres meses, salvo en casos de enfermedad u otros excepcionales debidamente justificados.
Las escuelas de conductores programan sus enseñanzas ajustándose al reglamento de escuelas particulares de conductores, de 30 de agosto de 1984. Existen normas como que no puede impartirse más de dos horas diarias de clases prácticas de conducción
y circulación a un mismo alumno, que el número máximo de alumnos de enseñanza teórica que reciben simultáneamente la clase no debe exceder, en ningún caso, de 40 y ningún profesor debe impartir más de ocho horas diarias de clases prácticas de
conducción. Tanto el director como el profesor que haya impartido las enseñanzas de conducción han de certificar conjuntamente por cada uno de sus alumnos que, a su juicio, este ha recibido las enseñanzas necesarias para obtener el permiso de
conducción; requisito sin el cual no puede ser admitido el alumno a examen. Si un alumno insiste en ser presentado a examen sin este requisito, el director de la escuela lo hará constar expresamente.
Para el otorgamiento de la autorización administrativa para conducir, competencia atribuida a los jefes provinciales de Tráfico, es preciso someterse a unas pruebas que son evaluadas por un funcionario de la Dirección General de Tráfico.
Estos funcionarios, que ocupan el puesto de trabajo denominado examinador, reciben una formación específica para realizar su función. El total de pruebas prácticas que realiza cada funcionario examinador diariamente es de 16 cuando se trata de
permiso de conducción de la clase B, que son la mayoría, en una jornada laboral normal. He de mencionar que las pruebas para la obtención de la autorización administrativa para conducir cumplen fielmente los requisitos exigidos por la Directiva
91/439, de 29 de julio de la Comunidad Económica Europea, traspuesta el ordenamiento español por el Reglamento general de conductores, de 30 de mayo de 1997, que fue informado favorablemente por la Comisión Europea.
Las pruebas a realizar por el aspirante a obtener el permiso de conducción son las siguientes: pruebas de aptitud psicofísica, pruebas de control de conocimiento y pruebas de control de aptitudes y comportamientos. Deberán someterse a las
pruebas de aptitud psicofísica y exploraciones necesarias para determinar si reúnen las aptitudes psicofísicas requeridas todas las personas que pretendan obtener o renovar cualquier permiso o licencia de conducción y las que, en relación con las
tareas de conducción o con la enseñanza de la misma, estén obligadas a ello. Las pruebas y exploraciones a que se refiere el párrafo anterior, serán practicadas por los centros de reconocimiento de conductores, regulados por Real Decreto 2272/1985,
de 4 de diciembre y disposiciones complementarias. Las pruebas de control de conocimiento se realizan de forma escrita. Los solicitantes de permisos de las clases A-1, A o B o de licencia de conducción que tengan graves dificultades de lectura
comprensiva y lo acrediten podrán realizar las pruebas de control de conocimientos de forma oral u otra forma adaptada a sus circunstancias personales, siempre que justifiquen haber asistido y superado con aprovechamiento un curso de alfabetización
en un centro autorizado de educación de adultos u otros de naturaleza análoga.
Para la realización de estas pruebas la Jefatura Provincial de Tráfico facilita a los aspirantes unos cuestionarios que son contestados por escrito, consignando en una hoja de respuestas la que considera correcta de entre las propuestas en
cada pregunta. El número de preguntas o cuestiones a plantear en cada cuestionario es de 40 como mínimo, y un máximo de 90. En la prueba de control de conocimiento sobre mecánica y entretenimiento simple del automóvil para obtener el permiso de
conducción de las clases C-1, C, D-1 o D, los que llamamos permisos profesionales, se exigirá un mínimo de 32 preguntas y un máximo de 72. En cada una de las pruebas de control de conocimientos específicos para obtener un permiso de las clases A1 o
A, C1 o C, D1 o D y todos los demás se exige un mínimo de 16 preguntas y un máximo de 42 preguntas; en las pruebas de control de conocimientos para obtener licencias de conducción, se requiere un mínimo de 16 preguntas y un máximo de 32 preguntas.
Será declarado no apto el aspirante que cometa un número superior de errores al 10 por ciento del total de preguntas formuladas en cada una de las pruebas.
Estas pruebas de control de conocimientos se realizan en fechas distintas a las de control de aptitudes en circuito cerrado. Todo aspirante a permiso de conducción durante el desarrollo de la prueba de control de aptitudes y comportamientos
en vías abiertas al tráfico general deberá efectuar, en situaciones normales de circulación con toda seguridad y con las precauciones necesarias, aquellas operaciones y maniobras no valoradas en la prueba de circuito cerrado. En cada una de las
situaciones de conducción y circulación, la evaluación de las aptitudes y comportamiento se referirá a la soltura del aspirante en el manejo de los diferentes mandos del vehículo y dominio de éste para incorporarse a la circulación y mantenerse en
ella con toda seguridad. Las faltas cometidas por los aspirantes en estas pruebas tienen la consideración de eliminatorias
deficientes o leves. En la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado será declarado no apto el aspirante que cometa una falta eliminatoria, o bien dos faltas deficientes o una falta deficiente y dos faltas leves,
o bien cuatro faltas leves. En la prueba de control en vías abiertas al tráfico general será declarado no apto todo aspirante que cometa una falta eliminatoria, o bien dos faltas deficientes, o bien una falta deficiente y cuatro faltas leves, o
bien ocho faltas leves. La declaración de aptitud en una prueba tendrá un período de vigencia de seis meses, contado desde el día siguiente a aquel en el que el aspirante fue declarado apto en la misma. Cuando el aspirante se presente a realizar
la prueba siguiente en este período de tiempo y no la supere, la vigencia de la prueba superada será prorrogada por períodos sucesivos de tres meses, contando a partir del día siguiente a aquel en que la prueba no superada se realice.
Del seguimiento de las pruebas realizadas para obtener cada uno de los permisos de conducción en el año 2001, nos encontramos con los siguientes datos. Se realizaron 1.206.197 pruebas, común y específica, 81.068 pruebas de mecánica, 137.387
pruebas de maniobras y 1.188.295 pruebas de circulación en vías abiertas al tráfico general; es decir, se realizaron en el año 2001 2.612.927 pruebas. Corresponden, del total de pruebas realizadas, a las pruebas de control de conocimientos
1.287.235 y las demás a maniobras en circuito cerrado y circulación en vías abiertas al tráfico general. De acuerdo con el citado reglamento, el tiempo mínimo de la prueba de conducción y circulación destinado a control de aptitudes y
comportamiento del aspirante a permiso de conducción en vías abiertas al tráfico general es de 25 minutos para los permisos de las clases A, B y B más E y de 45 minutos para los permisos de las clases restantes.
La plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico estaba compuesta en el año 1999 por 505 examinadores y 69 examinadores coordinadores. En el año 2000 se crearon 25 nuevos puestos de examinadores y en el presente año se ha
aumentado la plantilla en 50 nuevos puestos de examinadores y no se descarta que puedan crearse más en próximos años, con lo que la dotación final de estos funcionarios será, cuando se cubran todas las vacantes, de 580 examinadores y 69 examinadores
coordinadores.
Las pruebas para la obtención del permiso de conducción se realizan en las capitales de provincia y en aquellas localidades donde su lejanía o el volumen de habitantes en la zona así lo aconsejan, con objeto de acercar al ciudadano las
funciones encomendadas a la Dirección General de Tráfico. En las capitales de provincia las pistas de exámenes son propiedad del organismo, no así en las localidades fuera de la capital, cuya propiedad es de asociaciones, autoescuelas, incluso de
los ayuntamientos, existiendo en algunas deficiencias que impiden realizar la prueba de arranque en rampa, estando en estos momentos alguna de ellas subsanando los defectos y, en otras sustituyéndose esta prueba por otra en circulación abierta.
Igualmente, en las pistas de exámenes de 14 localidades, no capitales de provincia, donde se realizan las pruebas para la obtención del permiso de conducción, no pueden llevarse a cabo por no reunir las condiciones exigidas dos de las maniobras que
se exigen a las motocicletas, que son sustituidas por otras pruebas.
Quizá, el señor diputado que ha solicitado esta comparecencia califique esta situación de grave deficiencia. En todo caso, señorías, creo que las pruebas, aunque adolecen aún de pequeños problemas de carácter práctico, tienen el nivel
técnico y de exigencia suficiente para que quien obtiene un permiso de conducción haya acreditado que realmente posee los conocimientos suficientes como para conducir con seguridad, aunque, naturalmente, y según indica la experiencia de manera
reiterada, la soltura sólo se obtiene con la práctica. Si analizamos la normativa existente, vemos que permite actuar de forma contundente, incluso mediante la imposición de sanciones o medidas cautelares sobre las escuelas cuyos índices de
aprobados sean notoriamente deficientes. A este respecto, desde las propias jefaturas de Tráfico se advierte a aquellas que están un 25 por ciento por debajo de la media, que deben aumentar la calidad de la enseñanza para que sus alumnos aprendan a
conducir mejor y superen las pruebas. De este modo, lo que se quiere conseguir es una mayor efectividad, dado que no sólo el alumno, sino las escuelas de conductores deben concienciarse de la importancia de una enseñanza adecuada. Conseguir una
mejor enseñanza y mejores calificaciones en los exámenes para la obtención del permiso de conducción es uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de Tráfico, y en esa línea seguiremos trabajando.
El señor VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Créame, señor director general de Tráfico, que he comenzado a lamentar que aceptásemos que, en vez de venir la señora subsecretaria, haya venido S.S. esta tarde aquí a comparecer; y no es nada personal contra
usted ni contra la subsecretaria. Hemos aceptado en buena lid que no viniera ella, pero le digo de verdad que lo lamento porque veo que su señoría no se ha enterado en absoluto del sentido de nuestra pregunta o no ha querido enterarse porque
también es otra manera de actuar en la vida, como reza el dicho, hacerse el sueco y contestar aquello que no le han preguntado.
Evidentemente, hemos comprobado cómo ve usted la situación del tráfico y de determinados servicios, así como la ignorancia -yo no sé si deliberada o no- en que se encuentra respecto de ciertas cuestiones que son
muy importantes para la vida de los españoles, pues todo esto incide en el tema de la seguridad vial. Por tanto, como ya le he dicho, nos habría gustado que viniese la subsecretaria. De esa manera nos habríamos enterado mejor de todos
estos temas, incluso, le podría haber preguntado sobre las reuniones en las que ustedes reciben a trabajadores de su sector en las que está presente la señora portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular; son reuniones de absoluto interés
público, que se desarrollan en el ámbito de la función pública y donde, habitualmente, por lo menos en tiempos recientes y democráticos, no participan los políticos; son reuniones donde se tratan las relaciones entre la Administración y los
trabajadores de la Administración, los sindicatos y las asociaciones profesionales; pero muy difícilmente se produce la presencia de dirigentes de partidos políticos o de políticos en ejercicio como representantes en el Parlamento. Eso también se
lo podíamos haber preguntado a la señora subsecretaria, pero ya que no ha venido me gustaría, señor director general, que usted, que es funcionario público y sabe cómo se desarrolla este tipo de cuestiones, nos diga si es normal que se produzca este
tipo de hechos en las relaciones entre la Administración y los trabajadores de la Administración.
Su señoría, como dije anteriormente, se ha hecho el sueco y nos ha contestado como si se tratase de un manual de academia de tráfico, pues su discurso me ha recordado a un profesor de estas academias que aprovecha la oportunidad para dar una
charla. Esto no viene mal porque nos ha refrescado usted ciertos conocimientos, pero no era esa la cuestión. En el fondo nos ha hecho perder el tiempo, por lo que le voy a plantear una serie de cuestiones que espero me conteste. Usted podía
haberse imaginado perfectamente porque lo sabe qué cuestiones consideramos que constituyen graves deficiencias en el sistema de pruebas para la obtención del permiso de conducir; lo sabe usted mejor que yo y que el resto de los ciudadanos del país,
porque se le exponen muy frecuentemente.
En España tenemos un elevado índice de siniestralidad. No sé qué estadísticas va a manejar usted, si va a aludir a la que solamente recoge los siniestros de las carreteras, que es la que habitualmente se da porque recoge una cifra inferior,
o nos va a dar la cifra completa. Por cierto, en la última revista de Tráfico había una entidad que daba la cifra completa y es realmente muy superior a lo que ustedes habitualmente reconocen como como accidentes, particularmente los siniestros
mortales.
En la política que ha de realizarse en materia de formación vial en todo lo que se refiere al tratamiento del factor humano, desde la perspectiva formativa, los contenidos, exámenes y examinadores, son elementos de primera magnitud y de
gran trascendencia y su resultado, es decir, lo que ocurre en la carretera, no se puede ocultar. Todo el mundo dice que el factor humano es el más importante que puede existir en los distintos elementos que concurren en un accidente. Pues bien el
único tratamiento para el factor humano es el formativo y éste arranca de los examinadores, los exámenes y la formación que reciben las personas que acuden a obtener el carné de conducir. Frente al elevado índice de siniestralidad, en España
tenemos un sistema de exámenes de bajo perfil. Se lo voy a demostrar seguidamente. Le voy a decir por qué lo considero así y cuáles son las deficiencias que existen en nuestro sistema de exámenes de conducir.
En primer lugar, me voy a referir a la duración de los exámenes. Señor director general, esta cuestión se la planteé ya en otra ocasión. En este momento, los exámenes de conducir en España están durando menos de lo que fija la directiva
comunitaria, 25 minutos mínimo, mientras que ustedes están aplicando el principio de 25 minutos máximo. Este es un error profundo, que deriva del hecho de la falta de personal para examinar, no tienen examinadores suficientes. Tengo aquí un
informe de una entidad que habla con usted, es un interlocutor válido suyo y por eso lo comento. Si los trabajadores, organizados en asociaciones profesionales o sindicatos, hablan con usted, con la misma legitimidad y el mismo derecho hablan con
los representantes políticos, de derecha, de izquierda o de centro, con quien les da la gana. En este informe que le enviaron a usted, se dice lo siguiente. Responde usted al señor Mayoral en cuanto al contenido y duración de las pruebas de una
forma vaga, difusa, poco concreta, falta de contenido, no contando la verdad, etcétera. Desde esta asociación no podemos dejar pasar esto por alto, haciendo las aclaraciones pertinentes al respecto. Empieza usted diciendo que se sigue
estrictamente la directiva de la Unión Europea en cuanto al tiempo de duración, diciendo que en España los exámenes duran 25 minutos. La Directiva de la Comisión Europea 2000/56, de 14 de septiembre, dice que los tiempos de duración para los
permisos de conducción de las clases A, B, C, D, en las pruebas de circulación en vías abiertas al tráfico será, como mínimo, de 25 minutos. En la Dirección General de Tráfico, con usted a la cabeza, interpretan la palabra mínimo como máximo. En
el punto dos del presente informe, duración de exámenes prácticos, hemos expuesto el caso de la salida a los pueblos donde se realizan los exámenes y en esas localidades están obligados a hacer 16 exámenes en cinco horas de trabajo o poco más.
Sigue diciendo este informe, que posiblemente tenga usted en un cajón de su despacho, que, según la directiva europea citada, aparte del tiempo mínimo de 25 minutos para el examen práctico, el examinador deberá disponer de tiempo para la recepción
del candidato, la comprobación técnica del vehículo, etcétera. Esta es una demostración evidente de cómo se están haciendo las cosas en lo que se refiere a la duración de los exámenes. Por lo tanto, duración menor de la que legalmente debiera
realizarse desde el punto de vista de la exigencia, de una verificación auténtica de conocimiento.
El segundo punto que incide muy negativamente en el sistema de pruebas para la concesión del carné de conducir es la supresión de la prueba de psicología en la selección del último curso de examinadores. Otro elemento negativo es el de los
examinadores que, sin estar en posesión de un determinado permiso de conducir, examinan de él a otros: sólo tienen el permiso B, pero examinan para conducir camiones y autobuses. Dígame usted si esto es verdad o es mentira. Me gustaría que no
fuera cierto porque esto es un auténtico despropósito. Esto parece una broma que incluso puede llegar a ser macabra, porque es absolutamente inasumible que señores que conducen unos artilugios descomunales sean examinados por personas -luego
veremos las características que tienen algunos de los examinadores- que no tienen el carné adecuado. Por otro lado, en los últimos cursos de examinadores efectivamente no se han cubierto todas las plazas convocadas; me gustaría saber por qué. En
las convocatorias 141 y 142 se convocaron 21 plazas en cada una de ellas y se han cubierto 16 y 12 respectivamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Mayoral, le ruego vaya concluyendo.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy concluyendo, señora presidenta.
Han aprobado la prueba con seis faltas aspirantes que en cualquier otra prueba -por ejemplo los aspirantes al permiso B- habrían suspendido.
Ahora dirá usted que esto es mentira, que esto es una sarta de mentiras, pero yo podría traerle
aquí un montón de funcionarios que le dirían que el que miente es usted, como me lo dicen aquí en este documento que tiene S.S. Así que vamos a ver si aclaramos quién dice las verdades, porque hay mucha gente que estaría dispuesto a afirmar y a
confirmar esto aquí en esta sala, si lo permite el trámite parlamentario, que seguro que lo permitiría. ¿Cómo es posible que con seis fallos pueda aprobar un examinador la prueba que convoca para examinadores la Dirección General de Tráfico si a un
aspirante que venga de la calle no se le admite eso?
Por otro lado, existe el problema de la inspección de los centros colaboradores de Tráfico, las autoescuelas, los centros de reconocimiento médico, etcétera. Ustedes no tienen inspectores suficientes y no realizan las inspecciones adecuadas
en este tipo de establecimientos, entre otras cosas porque no han cubierto las 69 plazas que en el plan de empleo que se aprobó para el año 1998-2000 tenía previstas la Dirección General de Tráfico.
Con todos estos precedentes, la verdad es que uno se echa a temblar con lo que vaya a pasar con las medidas reeducadoras que es preciso desarrollar como consecuencia de la última reforma de la Ley de Tráfico que hicimos en esta Cámara. Ahí
tenemos cursos de formación, módulos de concienciación, cursos de reciclaje. ¿Cómo se va a hacer esto, señor director general? Por cierto, ya que habla usted de tantas cosas, incluso ha sugerido que se trate el tema de la velocidad en el ámbito de
la subcomisión, ¿por qué no espera usted un poco, en lo que se refiere a la elaboración del decreto que están preparando en desarrollo de la ley que hicimos aquí en esta Cámara, y nos trae aquí esa medida, la del desarrollo de las medidas de
reeducación, la del desarrollo de este conjunto de elementos que son muy importantes, puesto que son alternativas a la comisión de faltas graves o muy graves?
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Mayoral, por favor, concluya su señoría.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando ya. Después, en la otra parte seremos más breves, pero estoy terminando ya.
No sería mejor que tratáramos esto en la subcomisión? ¿O nos dedicamos a tratar el tema teórico sobre la velocidad que le han sacado en determinadas áreas de profesionales o de sectores que influyen mucho en la política de Tráfico? Sabe
usted que influyen bastante, porque esa medida que han anunciado ahora de dar el carné a partir de los 17 años no ha salido de su dirección general, es una medida que le han sugerido sectores influyentes. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Por qué no nos trae
también a la subcomisión de Tráfico, el asunto de la concesión del carné a los 17 años?
Si quiere abordar a fondo el tema de los examinadores de tráfico, hace falta la creación de la escala ejecutiva de técnicos en seguridad vial; como ya se lo expuse en otra ocasión, no voy a insistir en ello.
Finalmente, y ahora que tenemos aquí al director general y estamos representantes de por lo menos,dos grupos parlamentarios, la subcomisión de Tráfico ¿para qué va a servir? Porque desde enero o febrero, que me parece que fue cuando se
aprobó, llevamos todo un primer período de sesiones perdido. Pasado mañana vamos a tener una sesión para ver qué temas vamos a tratar. Se acaba el período de sesiones y tendremos que volver en septiembre o en octubre, donde el presupuesto se
convierte en la prioridad. Creo que la subcomisión de tráfico no tiene ningún futuro en esta Cámara, salvo que ustedes se pongan hacer las cosas de otra manera, porque tal como las están haciendo no vamos a ninguna parte con esa subcomisión. A mí
me gustaría, ir, pero creo que no será así porque ustedes no la quieren hacer funcionar.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Voy a hacer dos consideraciones. En primer lugar, quiero señalar que, si el señor Mayoral hubiera tenido la oportunidad de venir a la última reunión de Mesa y portavoces de esta Comisión
de Justicia, sabría que fue precisamente su grupo, el Grupo Socialista, el que pidió que esta comparecencia fuera sustanciada por el director general de Tráfico. Los diputados allí presentes dijimos que no teníamos ningún inconveniente en
que así fuera. Si el señor Mayoral ahora se arrepiente, nosotros no lo podíamos saber. La segunda consideración es que últimamente con cierta frecuencia, sin ir más lejos en esta misma comisión, y puedo decir que no es la primera vez y seguramente
tampoco será la última, determinadas iniciativas del Grupo Parlamentario Popular se han calificado como de utilización creo que se ha dicho perversa de los mecanismos que prevé el Reglamento del Congreso de los Diputados o de los mecanismos que
prevé la democracia. No sé si se quiere extender esa utilización perversa a las lícitas reuniones que tiene un grupo parlamentario con personas o con representantes de determinados colectivos que se lo solicitan. Preferiría pensar que no es así.
Entrando en la comparecencia del director general de Tráfico, quería señalar que cuando uno lee este título, La situación y las graves deficiencias que se observan, podría pensarse que la situación de este sistema de pruebas para la
obtención de permisos y licencias para conducir debe ser terriblemente crítica. O se podría pensar también que el autor del texto incurre en alarmismo. Y dados algunos precedentes, también sería una opción con ciertas dosis de verosimilitud. Sin
embargo, en este caso me inclino a pensar que, permitiéndose una licencia retórica, lo que se ha hecho es acudir a la hipérbole. Por eso se habla de unas graves deficiencias. La situación que ha descrito el director general de Tráfico no nos
induce a pensar en graves deficiencias. Hay problemas, y todo en la vida puede ser mejorable y el sistema de pruebas para la obtención de permisos y licencias para conducir también puede ser mejorable. El propio director general de Tráfico ha
hablado de algunos de estos aspectos que se pueden mejorar. En concreto ha mencionado pruebas que tienen problemas prácticos en determinadas localidades que no son capitales de provincia, donde no existen mecanismos que permitan realizar
determinadas maniobras que son necesarias. Ha hablado por ejemplo del problema que ya se ha planteado aquí en otras ocasiones, la plantilla de los examinadores. La evolución que él mismo ha mencionado también nos permite constatar que se está
haciendo un importante esfuerzo para incrementar esa plantilla, esfuerzo que, puesto que está teniendo éxito, nos permite ver el futuro de una manera esperanzadora. Que en el año 2000 se hayan creado 25 nuevos puestos de examinadores o que en este
año hayan una previsión para crear otros 50, es algo que hay que valorar de una forma positiva. Aunque, como decía, todo es mejorable y si el número fuera casi infinito sería mejor. Se ha mencionado también del esfuerzo que se hace por mejorar sus
retribuciones, para adecuarlas a las tareas específicas que se están realizando.
Ha hablado de otro problema el señor portavoz del Grupo Socialista. No sé qué calificativos ha empleado, pero parece que le alarma que haya examinadores que examinan de un tipo de carnet que no tienen. El director de Tráfico señalaba que a
los funcionarios examinadores se les exige estar en posesión del permiso de la clase B y que posteriormente, dentro de su formación, reciben prácticas de conducción en toda clase de vehículos, para que estén familiarizados con ello. Creo -y digo
que creo y no que tenga la rotunda convicción- que esto puede ser suficiente: que tengan ese carnet de conducir, que estén bien formados como examinadores y que además estén familiarizados con la conducción de toda clase de vehículos. Conozco a
críticos musicales magníficos que posiblemente no serán capaces de componer una sinfonía, ni siquiera de interpretarla o dirigirla; sin embargo, tienen plena capacidad para enjuiciarla, para criticar con pleno conocimiento de causa si la
interpretación ha sido correcta o no, si ha fallado o no. De manera que un examinador que ha superado un curso y que tiene una preparación podrá asimismo enjuiciar si la persona que se está examinando dispone de los conocimientos y habilidades
necesarias para obtener el permiso o licencia para conducir.
Sin más, concluiría señalando que el Grupo Socialista propuso en su momento que se creara una comisión específica para asuntos de seguridad vial; el Grupo de Convergència i Unió propuso que se creara una subcomisión, y tanto el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior como otros representantes del Ministerio del Interior han mostrado su conformidad y la valoración positiva del comportamiento, actuación y estudio que pudiera realizar esa subcomisión. El
Grupo Popular ha aprobado también, por supuesto, que se constituyera esta subcomisión. Para quien desconozca algún dato o le flaquee la memoria, hay que señalar que, aunque las iniciativas no fueron del Grupo Parlamentario Popular, esta subcomisión
se ha constituido recientemente a instancias de dicho grupo, que solicitó al presidente de la Comisión de Justicia e Interior que nos convocara para constituirla. Nos dimos el plazo que acordamos entre todos los ponentes, señor Mayoral, para venir
con esos comparecientes y expertos cuyas aportaciones creemos todos que serán claves para la subcomisión. Si usted entiende que la iniciativa de este grupo, que no la tuvo en su momento pero la tiene ahora para que la subcomisión comience sus
trabajos, es obstaculizar el funcionamiento de la misma, habría de nuevo una discrepancia; espero que sea simplemente semántica, que podamos subsanarla y que en el futuro funcione todo con normalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): Voy a intentar ser lo más breve posible.
A mí también me hubiera gustado que hubiera estado la subsecretaria aquí.
Con mucho gusto hubiera estado y sin duda habría entendido mejor esa pregunta, que se refería a una reivindicación de un determinado grupo de funcionarios. Siento
mucho haber sido tan obtuso como para no caer en que, detrás de esas deficiencias, estaba esa otra cuestión. Le puedo decir que no he asistido a ninguna reunión de los trabajadores del sector, como usted acaba de decir, con ningún político ni sin
ningún político, en los últimos tiempos. Y efectivamente soy funcionario público. De paso invito a S.S. a que repase la legislación sobre funcionarios públicos y quién es funcionario público y quién no según ella.
Una aclaración en cuanto al término siniestralidad y a las estadísticas que utilizamos; la he hecho reiteradamente, pero no me importa hacerla una vez más. El seguimiento diario de la siniestralidad que llevamos a cabo en España lo hacemos
sobre los accidentes mortales en carretera; es decir, sin los accidentes que se producen en las ciudades y sin aquellos en los que no hay muertos. Lo hacemos con la información que nos dan de forma casi inmediata la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, de la Policía Autónoma catalana y de la Policía Autónoma vasca, que son las competentes en las carreteras de España; en Cataluña y en el País Vasco, su policía autónoma respectiva y en el resto de España, la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Son cifras provisionales y sólo con los parámetros que le acabo de decir. Independientemente de eso, estas policías y además las policías municipales hacen un parte de cada accidente y se publica un anuario con la totalidad de
los accidentes, un estudio elaborado en el que se tarda aproximadamente seis meses desde que finaliza el año. Por tanto, si no hiciéramos el seguimiento diario, ahora no podría decir yo cuántos accidentes se produjeron en el año 2001. No es que
intentemos engañar, ni muchísimo menos, sino que las cifras definitivas están a punto de publicarse, seguramente a finales de este mes de junio verá la luz el anuario estadístico de accidentes que contiene las cifras definitivas, fiables, de
accidentes mortales y no mortales y de accidentes producidos en carretera y también en zona urbana. Con mucho gusto le enviaré un anuario a S.S. con la distinción de que esos son los datos definitivos y los otros son los provisionales para ese
seguimiento diario en el que realmente ha habido que hacer un importante esfuerzo de infraestructura para poder llegar a tener conocimiento de esa siniestralidad cerrada a las 24 horas de cada día.
Ha calificado el sistema de examen de bajo perfil -es una calificación-, pero hay una cuestión y es que la directiva de la Unión Europea -no es que yo diga que es falso o que no lo es- es para los Estados. La directiva dice a los Estados
miembros de la Unión Europea que los exámenes para obtener los permisos para conducir deben durar un mínimo de 25 minutos y un máximo de 40 y cada Estado toma la decisión que quiere dentro de ese intervalo. España, en su día, tomó la decisión de
que la duración de las pruebas fuera de 25 minutos, lo sometió a la Comisión para incorporarlo en el reglamento correspondiente y fue aprobado por la Comisión. Le invito a que se repase -además de la legislación de los funcionarios y de la relación
de la Administración con su personal- las normas sobre la transposición de las directivas.
Nos ha contado una especie de cuaderno de alegaciones que ha hecho una asociación de funcionarios de la que debe haberse erigido portavoz S.S.
-usted sabrá cómo y por qué- y que ha sido tratado con esta asociación de funcionarios y con los
funcionarios que la han representado. De todo ha venido a decir que los exámenes a veces no duran ni 25 minutos. Cuando se examina fuera de la capital de provincia, la idea que yo tengo es que los funcionarios salen antes de la hora para comenzar
los exámenes en su tiempo y tener siete horas de trabajo. Como consecuencia de eso tienen su compensación a través de la productividad. Le prometo que voy a hacer un seguimiento de cada uno de los casos para ver si es cierto que en alguna ocasión
el tiempo de traslado de ida y vuelta de los funcionarios a la localidad que no es la capital de provincia aparece como horas de trabajo y se les da en cambio 16 pruebas a realizar. Me extraña, pero puedo decir que todo es posible. Se eliminó la
prueba psicológica que se había venido realizando en los seis, ocho o diez últimos años, a petición de la representación sindical. Entendía la representación sindical que la prueba psicológica para la selección de determinados funcionarios era una
prueba muy extraordinaria que no se utilizaba en la selección para ocupar otros puestos de trabajo donde había un margen de discrecionalidad por parte de la Administración, poco explicable y poco objetivable. Se atendió esta petición sindical, se
hizo un acta y se quitó esta prueba psicológica.
Me voy a fijar especialmente en dos de las cuestiones que ha citado. Una, lo que ha dicho de las inspecciones. Tengo aquí las inspecciones realizadas por funcionarios de la Dirección General de Tráfico y en el año 2000 se efectuaron 3.373
inspecciones a escuelas particulares de conductores; 788 a centros de reconocimiento de conductores; 842 a centros de formación de conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas y 187 a centros expendedores de placas de matrícula.
En el año 2001 las cifras son superiores: 3.828 inspecciones a escuelas particulares de conductores; 796 a centros de reconocimiento de conductores; 970 a centros de formación de conductores que transportan mercancías peligrosas y 240 a centros
expendedores de placas de matrícula. Es decir, sí se realizan inspecciones, aunque también le debo decir que me gustaría que se pudieran hacer más, porque la calidad
de las escuelas, el buen funcionamiento de los centros está muy en relación con la posibilidad de que los inspectores estén presentes en las clases, en las aulas o viendo la actividad que realizan.
Ha hecho una mención a ese carné que dice S.S. que se va a entregar a los 17 años. Debo decirle que la directiva de la Unión Europea impide dar ningún permiso de conducción a menores de 18 años. Por tanto, no hay tal, es absolutamente
incierto. Ha afirmado que lo de este supuesto carné a los menores de 18 años se lo ha dicho alguien al oído a la Dirección General de Tráfico. Ahora le voy a explicar en qué consiste este proyecto, que no deja de ser un proyecto. Respecto de la
reiterada escala ejecutiva, que existió desde 1959 hasta 1984 y que se hizo desaparecer a través de la Ley de medidas de la función pública, el Ministerio de Administraciones Públicas cada vez que se le ha solicitado revivir esta escala ha entendido
que, dado que la política es seguir restringiendo y agrupando cuerpos y escalas de la Administración, porque a su juicio hay muchos, podían perfectamente realizarse las labores que llevan a cabo los antiguos funcionarios de la escala ejecutiva con
funcionarios de los cuerpos administrativos y auxiliares de la Administración con una formación específica.
Paso a explicarle un poco la idea de eso que usted dice del permiso para conducir a personas con 17 años. Venimos observando que el problema de las personas que se presentan a las pruebas no es que no sepan sino que tienen poca práctica.
En esa idea, y con todas las cautelas -y esperamos acertar, porque creo que sería bueno y todos nos pondríamos contentos, la sociedad entera-, hemos pensado y puesto en un borrador que aquellas personas que aspiren a obtener el permiso para conducir
de clase B, el de turismo, solamente el de turismo, y que hayan demostrado que tienen los conocimientos teóricos suficientes mediante la superación del examen teórico, del examen normal, y acudan a una escuela de conductores y esta escuela
certifique que a su juicio ya tienen los conocimientos prácticos suficientes, tengan la posibilidad, voluntariamente, de obtener una licencia de prácticas, sólo válida dentro de España, para que, acompañado de una persona con una antigüedad de
permiso de conducción suficiente -en principio hemos pensado 5 años- y que no tenga antecedentes negativos, pueda practicar, no aprender, practicar. Así, el día que se presenta a las pruebas tiene la soltura suficiente para superarlas, y la
obtención del permiso de conducción, que en principio tiene que ser es una cosa simple porque no es compleja, no se convierte en un mundo para las personas que quieren obtenerlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Perdón, señor director general, le ruego que abrevie.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): La última cuestión es que, pudiendo obtener el permiso con 18 años, pueden prepararse desde los 17. Pueden dar clases y empezar a aprender a conducir para que el día que
cumplan 18 años puedan obtener el permiso para conducir.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señorías, en este momento llevamos dos horas de retraso sobre el horario previsto de comparecencias. La presidencia va a mantener este turno, teóricamente excepcional pero habitual en esta
Comisión, de preguntas y aclaraciones, pero va a ser muy estricta con el tiempo de tres minutos para cada interviniente.
¿Señor Mayoral, quiere hacer uso de su turno?
El señor MAYORAL CORTÉS: Sí. Romper el precedente no me parece correcto.
Espero que me dé tiempo a decirle, señor director general, lo que conviene que se le diga.
En primer lugar, sobre el tema de conductores menores de 18 años, si lo van a reformar, tráiganlo aquí, vamos a discutirlo en la subcomisión de Tráfico. Sobre si yo soy portavoz o no de ningún grupo funcionarial, la verdad es la verdad la
diga Agamenón o lo diga su porquero, y usted no puede dar el tratamiento descalificador que ha dado aquí a estos funcionarios. Estos señores, otras personas, y cualquiera en mucha literatura relacionada con el tema de la conducción, lo dicen; yo
lo he leído en muchos más sitios. Hay un problema de duración de exámenes, a la baja. Hay un problema de la supresión de la prueba psicológica para los examinadores; examinadores que examinan sin tener el carné a otras personas, con relación al
carné para el que examinan. Ha aprobado gente con seis fallos. No existe inspección suficiente. No hay plazas de inspectores suficientes. ¡Claro que se hacen miles de inspecciones, señor director general! Pero yo no estoy discutiendo las miles
de inspecciones que se hacen, lo que quiero saber es si son suficientes o no, que parece que no. Quiere usted prescindir de la opinión de los funcionarios y coge la opinión de la Comisión internacional de la conducción del automóvil, supongo que
ese organismo le sonará, no son funcionarios o, si son funcionarios, forman una organización que se dedica a estudiar estas cuestiones. Tengo el cuadro sobre cuáles son los requisitos y características de los distintos examinadores que hay en
distintos países de la Unión Europea. Hay países donde se está exigiendo el diploma universitario para llegar al ejercicio de esta actividad y sin embargo en España estamos todavía exigiendo la educación secundaria obligatoria. No le voy a decir
ahora pormenorizadamente tampoco la experiencia en la conducción que se exige; hay países donde se exige siete años, nosotros exigimos dos. Hay muchos países que exigen que no se haya cometido ninguna infracción y siguen exigiendo el examen
psicológico, y aquí lo hemos eliminado.
Finalmente, quisiera comentarle algo que ha dicho la señora Torme.
Nosotros, como grupo parlamentario,
señor director general, tome nota, si podemos reunirnos los diputados con usted y con los funcionarios afectados, igual que ha hecho el Partido Popular, si es cuestión de pedirlo, desde este mismo momento, le pido una reunión de las mismas
características que aquella a la que ha asistido la señora Torme y habla de que se puede ser crítico musical sin saber componer una sinfonía. Muy bien. Pongan ustedes críticos musicales también a examinar y a ver si de esta manera las cosas van
mejorando, como parece que mejoran.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, utilizaré menos de esos tres minutos que con muy buen sentido común ha señalado la señora presidenta.
Quiero decir que ya que se ha vertebrado una segunda intervención del portavoz del Grupo
Socialista sobre el concepto de descalificación, a mi grupo no le ha dado ninguna sensación de que se haya producido una descalificación de funcionarios, de estos o de aquellos, en genérico o en concreto, por parte del director general. -Sí que nos
ha dado la sensación de que se ha producido una descalificación rotunda del sistema, del conjunto de la política de la Dirección General y casi casi de algunas otras cosas más por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que sigue sin
querer entender algunas cosas; sobre todo, sigue sin querer entender la igualdad, la plena y absoluta igualdad de unos y de otros, de todos, a la hora de representar a la soberanía popular en esta Cámara y de por tanto ejercer todo tipo de
iniciativas de uno y de otro signo. No pretendo entrar en detalles, porque estaría de más; pero si de una cosa no se puede quejar el señor Mayoral, el señor Mayoral en concreto, él, don Victorino Mayoral, como persona y en la representación que
ostenta de su grupo, es de las innumerables deferencias que con él y con su grupo parlamentario, en trámites de audiencia, ha tenido siempre el Ministerio del Interior.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor director general, para concluir.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): Sólo quiero decir, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que efectivamente traeremos a la Comisión todas aquellas cosas que sean solicitadas con mucho gusto; siempre que
la Comisión así lo establezca, con mucho gusto traeremos cualquier asunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Muchas gracias, señor director general.
Señorías, suspendemos la sesión durante dos minutos, para despedir al director general de Tráfico y recibir al director general de Protección Civil. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (SAN NICOLÁS SANTAMARÍA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR DICHA DIRECCIÓN GENERAL DESDE EL MOMENTO EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA DE LA EXISTENCIA DE UN FENÓMENO METEOROLÓGICO EN EL ÁREA DE LAS ISLAS OCCIDENTALES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS QUE EN LA TARDE DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2002 DESENCADENÓ LLUVIAS TORRENCIALES QUE TRAJERON CONSIGO IMPORTANTES DESGRACIAS PERSONALES E INFRAESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y EN SU ÁREA
METROPOLITANA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001066.)
La señora VICEPRESIDENTA (De Campo Casasús): Proseguimos la sesión con la comparecencia del director general de Protección Civil, a quien damos la bienvenida y solicitamos disculpas por el retraso.
En primer lugar, comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre las medidas adoptadas por la dirección general desde el momento en que se tuvo conocimiento por parte del Instituto General de Meteorología
de la existencia de un fenómeno meteorológico en el área de las islas occidentales de la Comunidad Autónoma de Canarias que en la tarde del día 31 de marzo de 2002 desencadenó lluvias torrenciales que trajeron consigo importantes desgracias
personales e infraestructurales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y su área metropolitana.
Tiene la palabra el señor director general de Protección Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás Santamaría): Buenas noches, señorías.
Antes de hacer la exposición, me gustaría hablar de los antecedentes para conseguir la mejor comprensión posible de las actuaciones y del papel competencial que juega cada administración en materia de protección civil. Intentaré hacerlo más
rápido posible. En el año 1985 se promulgó la Ley de Protección Civil y, de acuerdo con ella y con las España de las autonomías, se estableció en España un sistema de Protección Civil compuesto por las tres administraciones con competencias
concurrentes en lo que se refiere a la seguridad de los ciudadanos. A continuación se redactó una norma básica de protección civil, el Real Decreto 407/1992,
en donde se establece el mecanismo de funcionamiento del sistema de Protección Civil, de tal manera que cuando las comunidades autónomas homologan sus planes territoriales o los ayuntamientos presentan ante las mismas sus planes de
emergencia locales, se establece la capacidad y la competencia para gestionar las emergencias, siempre y cuando se tenga en cuenta que lo que pueden mandar directamente es aquello que ellos pagan.
Todos los órganos que dependen de los ayuntamientos
o de la comunidad autónoma correspondiente y que son pagados por ellos son gestionados inmediatamente y los que no, deben ser solicitados a las otras administraciones para trabajar competentemente en la materia. De acuerdo con eso, viene a colación
lo que dice el número 8 del capítulo tercero, que se refiere al tema competencial: Las comunidades autónomas elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes territoriales, así como los planes especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no
exceda del de la propia comunidad autónoma. La dirección y coordinación de tales planes será ejercida por la correspondiente comunidad autónoma, salvo cuando sea declarado el interés nacional, según lo previsto en el artículo 1.2 de la presente
norma básica, siendo en este caso el Estado quien dirige. Lo mismo sucede con las competencias locales: Las entidades locales elaborarán y aprobarán, cuando proceda y según el marco de planificación establecido en cada ámbito territorial, sus
correspondientes planes territoriales de protección civil. La competencia, dirección y coordinación de las acciones previstas en estos planes corresponde a la autoridad local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de esta norma que
dice que, cuando el ámbito desborda, pasa al inmediato escalón administrativo superior para poder llevar a cabo la gestión).
De acuerdo con la legislación vigente, el 19 de diciembre de 1997 la Comunidad Autónoma canaria homologó su plan territorial, con lo cual asumió la capacidad de dirigir las emergencias siempre y cuando, requiriera el apoyo de otras
administraciones, en este caso, de la Administración general del Estado puesto que la Administración local estaba muy implicada. En esos procedimientos debe hacerse lo que se denomina un CECOPI, la constitución de centro de coordinación operativa,
e integrar en él al delegado del Gobierno para la solicitud de los recursos. Mientras tanto, el Estado queda estrictamente en su papel de colaborador a petición de la comunidad autónoma. En este caso, como sabemos, no se declaró de interés
nacional la gestión de la emergencia y, por lo tanto, quedó depositada en primer lugar en el ayuntamiento y, a continuación, si era necesario, hubiera tenido que absorber la competencia la comunidad autónoma, caso que no fue así; fue el
ayuntamiento el que gestionó personalmente la emergencia con la colaboración de la comunidad autónoma y del Estado. Esto nos hace entrar ya en materia para conocer el tema de los ámbitos.
Días anteriores recibimos avisos de fenómenos meteorológicos que afectaban a la Comunidad Autónoma canaria, pero el día 31, a las 9,30 horas de la mañana, con entrada a las 10,50 horas en la Dirección General de Protección Civil, llegó un
aviso, comunicado por el Instituto Nacional de Meteorología, que decía textualmente: El Instituto Nacional de Meteorología informa de que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife continúa la probabilidad de chubascos moderados que pueden superar
los 60 litros en 12 horas, principalmente en el sur de las islas. Ante este aviso, lógicamente, se tomaron las medidas que están incluidas dentro de lo que nosotros denominamos el SAFEMA -plan de fenómenos meteorológicos adversos- que diseñó y puso
en práctica la Dirección General de Protección Civil en noviembre de 1996 tras la catástrofe de Biescas. La razón de la puesta en marcha de este plan era la siguiente. Nosotros habíamos venido observando que existían planes especiales para
inclemencias meteorológicas, el Previmet, plan bastante eficaz que tenía una utilidad plena en lo que se refería a las tormentas que se producían en el Mediterráneo, pero lo que sucedió a principios del mes de agosto nos hizo reflexionar
profundamente y vimos que era necesario que ese plan fuera anual para cualquier tipo de riesgo, ya sea meteorológico convencional o debido a inclemencias tales como son la baja visibilidad, las altas temperaturas, a cualquier fenómeno meteorológico
que se pudiera producir. Este plan se diseñó de la siguiente forma, y viene a colación con lo que sucedió en Tenerife.
Se establecen por el Instituto Nacional de Meteorología en protección civil, unos umbrales y cuando se prevé que se van a traspasar, se tiene que avisar al sistema de protección civil de dos formas: la primera es a través de las comunidades
autónomas, para que hagan llegar este aviso a los pueblos de las zonas dependientes de esa comunidad autónoma, y, la segunda, al Estado para que avise a su estructura estatal, de tal manera que converjan todos los sistemas disponibles y estén
prevenidos sobre una posible inclemencia meteorológica. Como todos sabemos, la meteorología no es una ciencia exacta sino de probabilidades y pueden darse alertas que luego no se han confirmado en la realidad o que se han desbordado en su magnitud
y capacidad. Como digo siempre, la naturaleza tiene la última palabra y, por muchas predicciones que se hagan, los hechos reales siempre desbordan cualquier predicción tanto en un sentido como en otro.
El sistema de avisos que se crea establece
que los ámbitos municipales, comunitarios y las estructuras del Estado residentes, por aquello de que la Ley de Protección Civil hace a las tres administraciones concurrentes en la competencia sobre protección civil, estén pendientes de cualquier
demanda de ayuda o de participación. Cuando recibimos el aviso del fenómeno meteorológico adverso, se
produjo la secuencia de actuaciones que el Estado tiene prevista .
Lógicamente, el Estado no entró en eso porque no sería racional que se pusiera a avisar a un municipio que ha sumido sus competencias en materia de protección civil. Al
Estado no le corresponde esa competencia, sino a la comunidad autónoma. ¿ Qué es lo que se hizo? El 29 de marzo, la Dirección General de Protección Civil envió el parte del fenómeno meteorológico adverso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a
la subdelegación de Gobierno, la cual transmitió, inmediatamente, según el procedimiento establecido, una serie de avisos a todos los órganos de titularidad estatal para que tuvieran conocimiento de que ese fenómeno podía tener lugar.
Voy a resumir, todos los lugares a los que se transmitieron avisos en la provincia de Tenerife: a la comisaría provincial del cuerpo nacional de Policía de Santa Cruz; jefe general de tropas y comandante militar de Tenerife; Parque
Nacional del Teide; aeropuerto de los Rodeos; aeropuerto Reina Sofía; Parador Nacional de Turismo de las Cañadas del Teide; Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; UNELCO -que no es de titularidad estatal, pero sí es vital para la
gestión de cualquier cosa que pudiera suceder- y a la red de radio de emergencia. Aquí tengo que hacer especial hincapié, porque esto es poco conocido. Nosotros disponemos de 5.047 miembros voluntarios de protección civil distribuidos por toda
España, de los cuales 104 están en Santa Cruz de Tenerife y 118 en Las Palmas, lo que hace un total de 222 miembros voluntarios que, con sus propios equipos de radio, se ponen a disposición de la Administración de acuerdo con una estructura, una
programación y una secuencia jerárquica que constituye una red nacional con la función de alertar y transmitir información en los límites fronterizos donde las comunidades autónomas pueden tener pasos de una emergencia a otra. De este modo, las
provincias de Las Palmas y Tenerife tuvieron que ponerse en contacto, puesto que, al desaparecer los servicios telefónicos y eléctricos como consecuencia de las lluvias, se tuvo que establecer un puente a través de la red de radio de emergencia, que
intervino desde el primer momento.
Todos estos organismos se encontraban desde ese momento en una situación de prevención. Los partes meteorológicos se fueron renovando por parte de la Dirección General de Protección Civil e, igualmente, los
avisos a los organismos citados por esta subdelegación de Gobierno, que en este caso fue la de Tenerife. Según un informe elaborado con posterioridad a los sucesos del Centro Meteorológico Territorial de Canarias, la descripción del fenómeno fue la
siguiente; y esto es importante, puesto que a este fenómeno le damos el mismo grado de atípico que pudo tener el fenómeno meteorológico que tuvo lugar en Biescas, aunque aquí hubo una incógnita superior, y es que los valles son múltiples y la
localización podía haber sido más difícil. El domingo 31 de marzo hacia las 13:40, 14:40 hora local, comienzan a registrarse precipitaciones moderadas en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y hacia las 4 de la tarde, hora UTC, que son
las 5 de la tarde, se intensificaron las precipitaciones alcanzando a las 16:20, hora UTC, una intensidad torrencial superior a los 60 milímetros por hora, que equivalen a 60 litros por metro cuadrado a la hora; coincidiendo con el desarrollo de
una célula convectiva muy eficiente y de pequeño tamaño que queda anclada durante dos horas sobre Santa Cruz de Tenerife, extendiéndose en dirección noreste hacia la zona de San Andrés, entre las 16:30 y las 17:10 horas Z, -que son las horas del
Greenwich Time-, la intensidad de la precipitación supera continuamente los 100 milímetros por hora, -los 100 litros metro cuadrado- alcanzándose a las 17 horas -18 hora local- la intensidad máxima que llegó a los 162,7 litros por metro cuadrado y
hora. A partir de las 17:30 ó 18:30 hora local, la intensidad de la precipitación disminuye ligeramente, pero continúa siendo muy fuerte, entre 30 y 60 milímetros por hora.
La cantidad de total de precipitaciones recogida en el observatorio de Santa Cruz de Tenerife, entre las 7 horas del día 31 y las 7 horas de la mañana del 1 de abril, fue de 232,6 litros por metro cuadrado, de los cuales 204 se registraron
entre las 16 y 18:30 horas UTC. Se trata del valor máximo en un día desde que existen los registros en este observatorio, quiero decir, la anormalidad de este fenómeno que se había producido. Es importante destacar que la precipitación media
anual es de 214 litros por metro cuadrado. La intensidad máxima de la precipitación es muy significativa, siendo el valor más alto de los registrados, como se ha dicho en el observatorio. No hay ninguna duda de que estas cantidades recogidas
desbordaron las previsiones existentes en un entorno como es el de Santa Cruz de Tenerife, en donde, como todos sabemos, la orografía del terreno es muy abrupta, existen barrancos y puede haber -como se vio- muchos derrubios que fueron arrastrados
por las aguas y que produjeron amontonamientos y obstrucción en la circulación del agua posterior en su salida hacia el mar. A las 17 horas locales, ante la intensidad de la lluvia y las numerosas llamadas telefónicas, empiezan a recibirse en la
subdelegación de Gobierno y dada la inundación que se estaba produciendo en las zonas, llamadas pidiendo información sobre lo que estaba sucediendo y entre esas llamadas se recogió la del concejal de seguridad de tráfico del ayuntamiento que quería
contactar con la subdelegada para comentarle la gravedad de la situación. Unos minutos más tarde, el concejal de seguridad y tráfico del Ayuntamiento de Santa Cruz, don Hilario Rodríguez, telefonea a la subdelegada y se corta la llamada por
interrupción de falta de energía eléctrica. Inmediatamente, a las 17,05, el alcalde de Santa Cruz, don Miguel Cerolo, vuelve a localizar a la subdelegada, solicitándole por teléfono el inmediato apoyo e intervención del ejército,
dado el alcance de las inundaciones. La subdelegada del Gobierno se puso en contacto con el general jefe de la zona militar de Canarias, don Manuel Borra Gutiérrez de Tovar, también contactó con el general-jefe de tropas, comandante militar
de Santa Cruz de Tenerife, don Francisco Javier Zorzo Ferrer, con el delegado de Gobierno en Canarias y con el director general de Protección Civil para comunicarle la petición que había del alcalde. Nosotros le dijimos que inmediatamente llevara a
cabo la solicitud de estos recursos extraordinarios, puesto que la información que se estaba recibiendo indicaba una alarma generalizada en la zona.
De acuerdo con todo esto, se avisó al responsable de la unidad de protección civil de la subdelegación de Gobierno quien inmediatamente se puso en contacto con el equipo organizado por el ayuntamiento y se desplazó al CECOP que se había
organizado en las oficinas del ayuntamiento para realizar la gestión y el seguimiento de todas las emergencias que se estaban produciendo. El teniente coronel de la Guardia Civil movilizó sus recursos, que ya tenía en activo, puesto que una de las
cosas que nosotros sabemos es que cualquier funcionario de una Administración pública que presencie una emergencia tiene la obligación de llevar a cabo la participación en ayuda de la persona afectada. Eso es lo que sucedió. La Guardia Civil
estuvo trabajando desde bien temprano ante los acontecimientos que se estaban produciendo. Desde este momento con el Cecopal, -que es el CECOP de Administración local que se instaló-, el ejército se encontraba en estado de prevención, comunicado
por el fax que la subdelegada de Gobierno había alertado ese mismo día 31 y ante la comunicación realizada por la subdelegación de Gobierno, se puso de inmediato en marcha un protocolo de emergencia y enseguida se desplegaron 120 efectivos
-personas- en Santa Cruz, para colaborar con las tareas de rescate y desescombro, poniendo a disposición material de abrigo -1.500 mantas-, maquinaria -seis máquinas retroescavadoras, una moto niveladora, un grupo electrógeno y dos motos bombas-,
así como 1.250 raciones completas de comida. Cuando la subdelegada del Gobierno habla con el comisario provincial del cuerpo nacional de Policía y el teniente coronel de la Guardia Civil, sobre las 17,15, les da instrucciones para que pongan todos
sus efectivos posibles para colaborar con las tareas de rescate del ayuntamiento y para que envíen un enlace personal al Cecopal que se uniese al jefe de protección civil de la subdelegación de Gobierno contando desde el primer momento con unos cien
efectivos -personas-, de la Guardia Civil y de la Policía, que estuvieron interviniendo en ayuda de la población. La subdelegada se pone en contacto con el responsable de la unidad de protección civil, que ya estaba en el Cecopal en ese momento,
para anunciarle que se activaba la REMER. En ese momento se activó la red de radio de emergencia, la cual había sido avisada y ya estaban trabajando algunos miembros, pero la activación representa algo más que poder hablar por radio, representa
desplazar a unos equipos que son precisamente lo que nosotros llamamos grupo de despliegue inmediato, que son los que van con sus coches personales y sus radios portátiles para intervenir y apoyar ante los fallos telefónicos y de energía eléctrica
que se estaban produciendo. Hemos elogiado esta función, han sido felicitados todos los componentes de la REMER de Santa Cruz de Tenerife, porque en esta labor de los 104 intervinieron 40 en este servicio de emergencia. Muchos de ellos abandonaron
sus casas, se desplazaron a la zona, reportaron todo lo que estaba sucediendo, y a su vez, ante la carencia de teléfonos, sirvieron para transmitir órdenes en la periferia para la intervención que tenía que llevarse a cabo. A partir de este
momento, la presencia -por no seguir más detallando estos temas- de la subdelegación del Gobierno fue continua con el alcalde. El apoyo que se prestó fue continuo en todo momento, de tal manera que se otorgaron las ayudas que fueron requeridas en
la medida en que se pudo humanamente intervenir. Desgraciadamente, hubo nueve pérdidas de vidas humanas y los daños materiales que hoy se conocen. Si bien es cierto que el Estado ahí estuvo presente desde el momento en que fue requerido, también
nos consta que grupos aislados de Guardia Civil y Policía estuvieron participando incluso antes del momento, cuando presenciaron escenas en las que fue necesaria su participación. Todos sabemos que estos fenómenos empiezan a aparecer de forma
gradual, y la intensidad de las lluvias con esa retención de la borrasca sobre la vertical de Santa Cruz de Tenerife que permitió que durante dos horas se estuviese generándose lluvia continua, alcanzándose estas cifras, lógicamente no se podía
esperar más que un desastre de esta índole, que hubiera sido difícil contener, porque generalmente la naturaleza en estos casos tiene la última palabra y la mayor fuerza de todos.
Tenemos datos relativos a la participación de los miembros de la REMER, pero dado lo tarde que es, cualquier información necesaria está a su disposición y podríamos entregarla para cualquier consulta que fuese precisa.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor San Nicolás, queremos darle las gracias por su comparecencia, que consideramos fundamental a efectos de avanzar en el conocimiento de qué ocurrió aquel día. No se trata en modo alguno, de abrir un proceso de
investigación sobre qué ocurrió pues no estamos ante una subcomisión de investigación. Hubo un acontecimiento dolorosísimo sin precedentes en la historia más reciente, podríamos decir en los últimos 50 ó 60 años, y del cual
hay que sacar lecciones. Somos conscientes de que hay unas transferencias competenciales en materia de protección civil, que cada Administración ante una situación de este tipo hace lo que puede, y aquel día 31 de marzo ocurrió una
desgracia colosal. Hemos leído mucho en la prensa canaria de aquellos días, pero un elemental sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la representación de la voluntad popular es el de sacar lecciones. El objetivo del Grupo Parlamentario
Socialista al solicitar su comparecencia ante esta Comisión, o la del presidente del Instituto Nacional de Meteorología en la Comisión de Medio Ambiente que se producirá en sesión próxima, o la de los responsables institucionales en la Comunidad
canaria ante el Parlamento de Canarias, es el de mirar hacia el futuro, sacar lecciones y estimular a las administraciones públicas, cualesquiera que sean.
Queremos formularle unas cuantas preguntas. No queremos hacer literatura, glosando nuestra valoración en positivo hacia el comportamiento cívico de los ciudadanos, de las fuerzas de orden público, de representantes de todo tipo de
instituciones. Nos preocupan una serie de circunstancias; particularmente le preocupan a este diputado que, como sabe S.S., en otras etapas tuvo responsabilidades institucionales en la isla de Tenerife. Consiguientemente, no puedo dejar de
recordar determinadas actuaciones. Siempre creí que en la isla de Tenerife faltaba un plan insular de prevención, extinción de incendios y salvamento civil, que en una época se intentó impulsar. En otra época intentamos impulsar un plan insular
-así lo denominábamos desde la institución representativa, desde el cabildo insular-, de prevención de erupciones volcánicas -es una isla esencialmente volcánica- y de adopción de medidas, desde la perspectiva del salvamento civil que se tendría que
poner en marcha, en el supuesto de que se produjese un acontecimiento de esa índole. Desde esa preocupación, señor San Nicolás, quisiéramos formularle una serie de preguntas, a efectos de que pueda expresar su criterio como experto en el 'Diario de
Sesiones' en materia de salvamento civil, desde la perspectiva de su responsabilidad institucional.
En primer lugar, ¿cree necesaria una ley de protección civil en la comunidad específica para Canarias, elaborada por el gobierno de Canarias y, en consecuencia, aprobada por su Parlamento, que se coordine con lo contenidos de una ley
nacional, desde el punto de vista normativo? En segundo lugar, ¿cree S.S. que los servicios de protección civil dependientes de la Comunidad canaria dieron respuesta en tiempo y forma a las necesidades que surgieron? En tercer lugar, ¿estima
usted que la transmisión de información de los servicios meteorológicos a las administraciones canarias justificaba la adopción de medidas preventivas con anterioridad a los acontecimientos que se produjeron a partir de las 16 horas? En cuarto
lugar, con el fin de aprender de los errores, si es que se produjeron, ¿qué recomendaciones daría usted, dada la singularidad de una isla a la que un plan estatal de emergencias no puede llegar, porque los medios de salvamento que se encuentran
ubicados en Alicante, en Valladolid o en Segovia, no son de aplicación en la isla de Tenerife cuando ocurre una catástrofe de este tipo como consecuencia de la lejanía? En quinto lugar, se ha comentado que el Instituto Nacional de Geología ha
elaborado un mapa de riesgo de catástrofes naturales en cada una de las islas, y parece ser que particularmente en la isla de Tenerife, del que se desprende algo que sabemos los que conocemos la isla: que nuestro comportamiento colectivo nos ha
llevado a invadir cauces de barrancos, concretamente en la zona del puerto de Santa Cruz de Tenerife a obstruir la salida de esos barrancos. Es un hecho histórico de centenares de años, vinculado a la evolución de los acontecimientos sociales y al
urbanismo tan singular que a veces ha caracterizado el desarrollo de nuestras urbes.
En suma, conscientes, señora presidenta, del corsé que impone el tiempo, le pediría al director general de Protección Civil que se extendiese para complementar la información, y para eso acorto yo mi intervención. Usted ha hecho, señor
director general, una descripción de acontecimientos.
Ahora le pido que mire hacia el futuro; que deje sentadas en el 'Diario de Sesiones', con toda honestidad institucional, propuestas y sugerencias para mejorar los mecanismos de protección que
en algunos aspectos dejaron mucho que desear. En definitiva, le pido que responda a estas preguntas y que las complemente con las sugerencias que, desde la responsabilidad institucional que tiene, debe hacer llegar constructivamente a la comunidad
canaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ADROVER: En primer lugar, quisiera hacer público el reconocimiento del Partido Popular a todo el personal de Protección Civil en la persona del director general. Además, quiero hacerles llegar el pesar de nuestro grupo por el
fallecimiento de un miembro de Protección Civil que perdió la vida tratando de salvar la de otros muchos, lo cual es digno de reconocimiento. También quiero agradecer públicamente al director general de Protección Civil su desplazamiento inmediato
a la isla de Tenerife para personarse en el momento en que podía hacer falta.
Me alegro del talante del señor Segura en su solicitud de comparecencia y en la justificación de la misma. Sin embargo, tengo una seria duda: el motivo, los argumentos y las peticiones del señor Segura no tienen nada que ver con la
comparecencia solicitada. La comparecencia solicitada era para ver las medidas adoptadas por la dirección general, y yo hablaré de ellas como ha hablado el director general. Las medidas que adoptó la
dirección general fueron, en todo caso, las correctas y las adecuadas. Las tomó asumiendo las competencias que tenía, que no eran otras que las de prestar colaboración a otros organismos; en este caso, al ayuntamiento, que estaba en
situación de emergencia y asumió el ejercicio de las competencias de gestión de la emergencia. Previamente, cumplió a rajatabla con sus responsabilidades: antes de que sucedieran los hechos, avisó a todos los que debía avisar de que había un parte
meteorológico que estaba por encima de los umbrales de adversidad. Es cierto que uno se sorprende al leer un parte meteorológico de ese tipo: lluvias moderadas de más de 60 litros. Cuando uno lee moderadas y se trata de doscientos y pico litros,
se asombra; es verdad que, si vamos al protocolo de meteorología, lo que tenía obligación de prever -y lo previó- es que eran de más de 60 litros, cifra del umbral de adversidad. En suma, la dirección general cumplió con sus obligaciones y dio
cuenta a todos los que ha relatado el director general.
A continuación, podemos ver la actuación. Al margen de la colaboración individual y colectiva que se preste, la máxima autoridad de Protección Civil en la provincia es la subdelegada del Gobierno; y la subdelegada del Gobierno, en ese
aspecto de dependencia de la Protección Civil estatal, estaba y estuvo trabajando permanentemente y haciendo todo lo que tenía que hacer. Eso sí, siempre con el carácter de colaboradora -repito- de la autoridad, que en este caso no era la
Administración general del Estado. Y en cuanto a la actuación, el director general ha destacado algo que no podía dejar de destacar y que reconocemos todos: la actuación del REMER, que prestó una colaboración impagable, puesto que no sólo se había
ido la luz, sino que el servicio de emergencia -el 112- fue el primero que se inundó y quedó sin efecto, por lo que hubo que trabajar y mucho.
Simplemente quería agradecer al director general su comparecencia, su explicación. Ahora nos contestará a las preguntas que ha hecho el señor Segura, si puede y debe hacerlo, entre otras cosas, porque muchos de los asuntos no son siquiera
de su responsabilidad y hasta entraríamos en un choque de posibles competencias sobre las atribuciones que pueda haber en cuanto a una ley de protección civil para la Comunidad Autónoma de Canarias. Creo que no es el director general el que tenga
que hacerlo o decirlo, y mucho menos en esta Comisión. En todo caso será el director general quien conteste. Le doy las gracias y le pido que haga llegar a todo el personal de Protección Civil el agradecimiento de nuestro grupo por una labor que
creo que fue magnífica y que esperamos que no se tenga que volver a repetir.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás Santamaría): Muchísimas gracias a SS.SS. por sus comunicados. Yo creo que es difícil contestar a estas cuestiones, pero sí me gustaría ser constructivo en la medida en que pudiera
decir cosas que no representasen una injerencia en las competencias de una comunidad autónoma; y la experiencia de los años nos da ventajas que pueden ser positivas. Por ejemplo, en cuanto a la necesidad de que haya una ley de protección civil
para Canarias entendemos que la Ley de Protección Civil es suficientemente amplia y adecuada para la jerarquización de las actuaciones, la responsabilidad de cada uno de los componentes de las administraciones partícipes e incluso las sanciones a
las que pudiera haber lugar. Este es un tema en el que, lógicamente, lo cortés no quita lo valiente siempre y cuando se haga coincidir con el marco que engloba la ley nacional. Es un tema que debe analizar la comunidad autónoma. Es cierto que, al
igual que en el Estado, donde tenemos instrumentos administrativos para que cuando una emergencia se produce, el director general de Protección Civil, de acuerdo con los capítulos 4 y 7, sobre créditos ampliables, pueda adoptar medidas urgentes, no
estaría mal que las unidades competentes, ya sea el ayuntamiento o en este caso la comunidad autónoma -si es una ley, lógicamente afectará a la comunidad autónoma-, tengan previsto hacer frente a las contingencias que se puedan derivar de una
emergencia dando órdenes a empresas o poniendo los medios para poder actuar. Eso facilitaría muchísimo la resolución inmediata de las situaciones que se puedan producir en un momento determinado. Lo otro creo que entra dentro de una filosofía
distinta y me gustaría hacer una reflexión. Dentro de la Ley de Protección Civil es tan importante la actuación en intervención cuando una catástrofe se ha producido como las actuaciones preventivas.
La prevención y la previsión deben tomar un
papel decisivo e incluso pueden establecerse a nivel de comunidad autónoma.
En una de sus preguntas ha tocado el tema del Instituto Geológico Nacional y la posible ubicación y uso de suelo inadecuado. Ahí sí que puede hacer mucho la comunidad autónoma, puesto que son los gestores en materia de usos de suelo. La
Ley del suelo -a instancias de Protección Civil- recogió en su momento que debería hacerse un análisis para conocer cuál es la vulnerabilidad de la zona y si va a ser urbanizable por los riesgos que implicaría el uso de suelo para la población.
Pero este análisis es una recomendación, no es una medida como la que nosotros, Protección Civil, queremos que se promueva e incluso la estamos llevando a foros como la Comisión Europea, porque entendemos que cada vez que se hace un uso de suelo hay
que hacer un análisis, igual que se hace un análisis de impacto ambiental, de impacto sobre la protección civil. Es algo que compete a los gestores del suelo. Al fin y al cabo, el Estado no puede intervenir ahí, debe
hacerlo a nivel autonómico, porque es donde están las competencias; ayuntamientos y comunidad autónoma son los que tienen la última palabra en este sentido. Es cierto que los asentamientos humanos que hemos tenido en la historia de España
hasta hoy -igual que en cualquier otra sociedad- son los que son. Debido algunas veces a la existencia de un interés geográfico u orográfico, y otras veces de riqueza económica o de agricultura, el hecho real es que la historia nos lleva a los
pueblos que hoy tenemos. Se han dado una serie de usos de suelo inadecuados que configuran en España un complejo numérico que es difícil todavía de cuantificar pero que existe y cuya resolución -echando marcha atrás- es multimillonaria en euros y
muy difícil, de llevar a cabo de un día a otro, en una economía normal. Pero sí es importante que no se incremente ese número de usos inadecuados de suelo y que se mire atrás para ver, poco a poco, la corrección que se puede hacer de ese uso de
suelo inadecuado.
Voy a citar casos en los que hemos llevado a cabo actuaciones preventivas correctas en el tiempo que yo llevo en Protección Civil: el caso de Benamejí, el caso de Medinasidonia, o el de Orihuela del Tremedal, donde se han producido
asentamientos del terreno, deslizamientos del terreno, concretamente en Rioja (Almería), también en Castropol; ahora estamos interviniendo en Galicia. En combinación con la comunidad autónoma, se están haciendo convenios, pagando el 50 por ciento
el Estado y las comunidades, o participando los ayuntamientos en ratios donde se va más o menos a esa paridad en lo que se refiere a los porcentajes de participación, para realizar acciones que eviten que esos deslizamientos, esos derrumbamientos
produzcan daños graves.
Una de las cuestiones que recoge el Real Decreto 2 de este año, sobre la catástrofe de Tenerife, es la posibilidad de hacer convenios. Nosotros incluimos eso precisamente -la subsecretaria del Ministerio de Interior fue la que llevó a cabo
esa inclusión- pensando en que podían suceder casos como los que está diciendo. ¿Deberíamos evitar la reutilización de esas casas que están en ruina? Nosotros decimos que sí. Donde haya un riesgo debe evitarse. Lo que se pudo comprobar fue que
los amontonamientos de los derrubios que se almacenaron en las calles, en los barrios, llegaban hasta la segunda o hasta la tercera planta. Eso era irracional, está claro que eso es un uso de suelo inadecuado y lo que hay que hacer es paliarlo.
Habrá una acción progresiva, debe estudiarse y debe corregirse en la medida de lo posible. Por tanto pienso que una ley podría plantear esos temas preventivos adecuadamente, exigiendo que antes de hacer uso de un suelo haya una declaración de
impacto sobre la protección civil o como lo quieran llamar; para mí está claro que esa es una parte importantísima.
Después, lógicamente están las medidas. Nosotros pensamos que las comunidades que hemos denominado ante la Unión Europea como ultraperiféricas -una de ellas es Canarias- deben tener un reforzamiento a nivel de la Unión Europea por dos
razones: por los ciudadanos españoles que allí viven y por todos los turistas que allí van, que son ciudadanos de toda Europa o de todo el mundo. Tenemos un programa, una declaración que precisamente se va a presentar durante el mandato de la
presidencia en la Unión Europea, que es precisamente el reforzamiento de la protección civil en los ámbitos ultraperiféricos.
¿Qué es lo que quiere decir eso? No hay la menor duda de que en Canarias tienen recursos la comunidad autónoma, los ayuntamientos y el Estado; automáticamente todos tienen que ponerse a disposición de los ciudadanos para ayudar en el caso
de que suceda una catástrofe. Pero hay que matizar. Me gustaría analizar esa precisión que ha hecho antes. Esa expresión de que el plan estatal no puede llegar allí habría que plantearla de otra forma. Ante actuaciones urgentes e inmediatas es
difícil llegar a tiempo por la distancia que existe en horas; por descontado, desde Madrid o desde cualquier parte de la península se desplazarían los recursos necesarios y tardarían el tiempo que tardan los aviones en llegar allí, dos horas y
media, más o menos, en tiempo real.
Pero no hay duda de que habría que potenciar al máximo la utilización de todos los recursos allí existentes. Para eso están los representantes de Protección Civil del Estado, a los que pagan todos los
ciudadanos, como todos los recursos de titularidad estatal, y que deben ponerse a disposición, por solidaridad de todos los ciudadanos, de esa población, que es concretamente la comunidad canaria. De tal manera, que cada vez que cualquiera
intervenga, es ayuda de todos los españoles hacia esos españoles que hay allí.
En ese sentido, nosotros estaríamos en continuo apoyo, aunque hubiera ese desfase de tiempo. De lo que no hay ninguna duda es de que esto depende del tipo de problema. Ante una inundación, una lluvia torrencial de este tipo, la acción dura
lo que dura, dos o tres horas, y lo que quedan son las secuelas de lo que pasó. En el caso de un terremoto, de una erupción volcánica, la acción es muy larga, duradera, y en ese caso le puedo garantizar que los planes estatales participarían a
fondo y la comunidad autónoma no estaría desamparada ni un solo momento. Por tanto, lo más importante es que estoy diciendo, reforzar los recursos y los sistemas de alerta. Ahí es donde tenemos que actuar, por la experiencia vivida. Esto lo
vivimos en Biescas. ¿Qué es lo que sucede? El Instituto Nacional de Meteorología hace lo que humanamente puede, no son sabios ni tienen una bola mágica para adivinar, conocen lo que sus medios de predicción les permiten. Todos sabemos que muchas
veces son procedimientos estadísticos y matemáticos, y que en función de la distribución de los campos de presiones, las humedades, las direcciones de los vientos, y las temperaturas de la atmósfera, se van produciendo los fenómenos meteorológicos
que
ahora hemos visto. Pero, al final, como decía, la última palabra la tiene la naturaleza, te da el susto y no lo puedes evitar. Cuando el agua cae por encima de cualquier capacidad, no hay posibilidad de contenerla; lo que hay que hacer es
no sucumbir en ella. Para eso hace falta prevención en la población, llegar a las escuelas, y eso la Ley de protección civil, si quisieran plantearla, podría hacerlo modificando los sistemas de formación y educándoles para que la cultura preventiva
esté en la base de la sociedad y esté como nosotros pretendemos que esté. Ya estamos en contacto con el Ministerio de Educación para modificar estos aspectos.
Como decía antes, el Instituto Nacional de Meteorología da un aviso, y ese aviso se configura después de otra forma y no de manera extensiva.
Nosotros hacemos un seguimiento de las borrascas y de todos los fenómenos que se plantean, y
cuando vemos una masa de nubes potente, donde se pueden producir fenómenos adversos importantes -y hemos visto lo que sucedió en otoño en las comunidades autónomas del Mediterráneo, donde teníamos predicciones no de 60, sino de 110 litros en 12
horas y de vientos de 120 kilómetros por hora-, cuando aparecen cifras tan elevadas, nosotros hacemos una comunicación extraordinaria hacia los medios de gestión públicos para que intervengan de manera más profunda. En este caso eran 60 litros y se
desbordó. ¿Qué puede suceder cuando en tiempo real se está detectando que la tormenta, la borrasca o el fenómeno es tan sumamente grande? Se tiene que poder llegar no solamente a los organismos que han de intervenir sino a todos los ciudadanos;
entonces, a lo mejor se puede perfeccionar el sistema de comunicación a través de las radios y de la información local para poder alertar en tiempo a la población.
Siempre hay que tener en cuenta que cuando se producen estos avisos puede que no
pase nada, y entonces puede ocurrir lo mismo que con el cuento del lobo, tanto viene el lobo que luego no le hacen caso; esta es la realidad.
¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Esa cultura de la prevención de la que hablábamos debe hacer llegar al ciudadano que cuando un servicio da una alerta por un aviso meteorológico adverso está indicando la probabilidad de que algo suceda.
¿Qué mejor simulacro de participación y de intervención que en ese momento se practique esa prevención por si acaso sucede? No hay que pensar que, como no ha pasado nada, esto es una broma, estos señores se han equivocado y que son poco serios.
Entiendo que esa educación tiene que llegar a la escuela como base importante.
Todas estas partes son importantes. Los servicios dieron respuesta, yo lo sé. Mientras la competencia sea de la comunidad autónoma, el análisis de lo que hizo el ayuntamiento debe realizarlo la comunidad autónoma.
Nosotros tenemos la
información, sabemos que se hizo todo lo que humanamente se pudo, que desbordó totalmente las predicciones y la capacidad de respuesta que podían tener las administraciones, y eso es lo que pasó. Pero eso es lo que sucede cuando la naturaleza se
desborda; lo único que hay que hacer es integrar automáticamente todos los recursos y hacer todo lo humanamente posible. Eso es lo que sucedió allí y lo que se llevó a cabo.
¿Que falló el 112? A mí el 112 me preocupa menos, porque nace con una función clara en la sociedad, para que cuando los ciudadanos tengan un problema local o colectivo, pero no de grandísimas dimensiones, puedan tener una respuesta
garantizada de los medios de emergencia, sabiendo quién es el responsable. Cuando aparece una catástrofe de esta índole, el 112 tiene una utilización secundaria; lo importante es constituir el CECOP inmediatamente, el centro de coordinación
operativa, y que todas las personas intervengan lo antes posible. Por tanto, si el 112 tiene un CECOP dentro -y lo tiene-, perfecto. Si han tenido el problema de que se ha ido la luz, que tomen las medidas correspondientes, pero no hay duda de que
me interesa más el centro de coordinación operativa del 12 que atender a un ciudadano, porque son miles de ciudadanos bloqueados, miles de llamadas telefónicas y no hay posibilidad de atender a todas. Hay que activar los grupos de acción, los
mandos operativos y la distribución de actividades dentro de la zona catastrófica.
La transmisión de la información meteorológica, como he dicho, llegó.
Quizá hubiera sido posible otro tipo de aviso más inmediato, es un tema que habría que preguntárselo al Instituto Nacional de Meteorología.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor director general, le rogaría que fuera resumiendo.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás Santamaría): Enseguida, señora presidenta.
Yo creo que ese tema deberían intentar hablarlo con él y, si es posible, que hubiera una comunicación más directa a nivel local para que, tan pronto se detecte, pueda salir a los medios la autoridad competente, que es la que tiene que salir.
Creo que hemos tocado prácticamente casi todo. Sobre el tema de los planes, entiendo que la comunidad autónoma tiene que llevar a cabo sus planes para el archipiélago canario; tiene que hacer planes de inundaciones, tiene que hacer planes
de incendios forestales, tiene que hacer planes ante el riesgo volcánico y el Estado ha de colaborar, y estamos dispuestos a ello, en todo lo que sea necesario, siempre y cuando se respete el ámbito competencial. Puesto que la ley está escrita, la
ley hay que respetarla y cada uno tiene que hacer frente a sus competencias con la colaboración de los demás, y en eso estamos. Hay comisiones sobre el problema volcánico. Ahora mismo estamos reestudiando el tema sísmico con el Instituto
Geográfico Nacional, y todo eso es lo que configura este campo de actividades.
Yo creo que ahí es donde está la cuestión. Hay cosas que se pueden hacer.
Estamos en disposición de colaborar con la comunidad autónoma en todo lo que se considere necesario.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): ¿Alguno de los intervinientes quiere hacer uso de un brevísimo turno de preguntas o aclaraciones? (Pausa.)
Por un máximo de tres minutos, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor San Nicolás, la intención de este parlamentario, como diputado canario, era oír las reflexiones que he oído de usted, que quedan plasmadas en el 'Diario de Sesiones' y que están en la misma línea, desde luego,
de la intencionalidad que tenía. El pasado, pasado está. Los acontecimientos se produjeron. Se salió de la situación como se pudo. No he venido a hacer loas al trabajo de la Dirección General de Protección Civil, en absoluto. He venido,
sencillamente, a mirar hacia delante y, desde esa perspectiva, usted ha tenido la gentileza de responder a todas y cada una de las preguntas y ha abierto unos horizontes muy interesantes, que ponen de manifiesto un vacío normativo ante situaciones
de emergencia, en una isla que es un territorio absolutamente singular, diferenciado del resto del territorio continental y que tiene que ser suficientemente autónomo; una isla, como la de Tenerife, en la que se pueden dar emergencias de toda
índole, unas de naturaleza volcánica, otras porque hay un riesgo sísmico importante, otras porque hay una refinería, la única de España dentro de una ciudad relevante, y otras por las circunstancias aeroportuarias que la isla ha vivido en otros
momentos muy singulares, y falta un planteamiento global ante situaciones como ésa.
Yo le aseguro que este diputado, mientras ostente la representación que ostenta, va a estar incidiendo en la búsqueda y aporte de soluciones para defender el bien común y la vida en cada una de las islas de nuestra comunidad.
Gracias por sus contestaciones, que las leeremos con mucho interés.
(El señor Mato Adrover pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Señora presidenta, simplemente para celebrar que el señor Segura esté satisfecho con la contestación, y yo, lógicamente, también.
Evidentemente, no se trata de hacer loas a nadie. Sí de reconocer lo que hay que reconocer, sobre todo cuando se hace un planteamiento sobre medidas. Yo creo que las medidas de futuro hay que afrontarlas. Ahora, podemos concluir del
análisis que las medidas fueron correctas; que la Administración general del Estado funcionó bien; que Protección Civil funcionó bien, pero también funcionaron bien otro tipo de actuaciones que creo que son dignas de encomio, tanto por su
celeridad como por su cuantía, al resolver los problemas de mucha gente afectada. Por tanto, también quiero agradecerlo y decir en estos momentos en los que se están planteando quizá demasiado alegremente algunos aspectos de las regiones
ultraperiféricas, que celebramos enormemente que se vaya a proponer ese plan de actuaciones para reforzar especialmente los sistemas de alerta y prevención en estas regiones ultraperiféricas.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor San Nicolás.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás Santamaría): Señora presidenta, quiero simplemente agradecer todas las palabras expresadas por los diputados intervinientes. Nada más.
- LAS CIRCUNSTANCIAS DE DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES DE SALVAMENTO Y PERSONALES DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO DEL PUERTO AUTÓNOMO DE BARCELONA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000682.)
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Pasamos a la comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar las circunstancias de dotación de medios materiales de salvamento y personales de prevención e
intervención existentes en el territorio del Puerto Autónomo de Barcelona.
El señor director general tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (San Nicolás Santamaría): En principio, como se conoce, las instituciones como el Puerto de Barcelona tienen la obligación de tener unos planes corporativos para hacer frente a las situaciones
de emergencia que se pudieran producir. Para ello, según la documentación que tengo -y que puedo poner a su disposición para que se conozcan cómo están establecidas- hay una serie de dotaciones de medios materiales, por la vía de convenios firmados
con distintas organizaciones, que contribuyen a la resolución de todos los problemas como, por ejemplo, redes de control, equipos de control, controles de accesos, medios antipolución marina, medios de protección contra incendios, medios de
intervención de cuerpos de bomberos de Barcelona a través, como he dicho, de convenios con los bomberos de la ciudad de Barcelona y medios de capitanía marítima y salvamento marítimo, como son
los medios propios del puerto. Es decir, hay una serie de materiales y medios, en los que se incluyen medios ajenos y de colaboración, como pueden ser los del Ministerio del Interior, concretamente el helicóptero de la Policía Nacional,
patrulleras del servicio marítimo de la Guardia Civil y el grupo especial de actividades subacuáticas, que intervienen en los rescates. Contamos también con las patrulleras del servicio de vigilancia aduanera, que proporciona el Ministerio de
Hacienda. En cuanto al Ministerio de Defensa, disponemos de buques y patrulleras pertenecientes a la Armada Española para cualquier tipo de emergencia. En virtud del plan de acción conjunto, dentro del convenio de colaboración con la Cruz Roja,
disponemos también de embarcaciones tipo B. Asimismo, tenemos un convenio con la Autoridad Portuaria de Barcelona y la sociedad de salvamento marítimo, por lo que disponemos de medios de vigilancia, medios de coordinación para el salvamento marítimo
y la lucha contra la contaminación, y dotaciones relacionadas con las actividades marítimas y de emergencia portuaria. Todo esto configura una serie de recursos que son puestos al servicio de la emergencia que se pudiera producir.
Lógicamente, también es importante que el puerto tenga unos planes de actuación, que existen, y que deben ponerse en marcha. En ese sentido, se configura un ámbito que entra dentro de la protección corporativa del puerto para actuar en su
plan interior. Este plan interior está homologado y en servicio y lleva a cabo la gestión de todas las actuaciones, estableciendo centros de gestión adecuados. Esto es lo que allí se conoce como el plan interior de emergencia del Puerto de
Barcelona. El correspondiente proceso de tramitación de este plan se inició el 29 de junio de 1994, al aprobarse provisionalmente, y se acordó remitirlo a Puertos del Estado y a la Dirección General de la Marina Mercante, que son los que tienen la
competencia, paso previo a su aprobación definitiva en el año 1995. De acuerdo con esto, se llevo a cabo una serie de dotaciones para poder hacer frente a la implantación del plan. Todas ellas se han llevado a cabo y está perfectamente ejecutadas.
Los objetivos del plan son, lógicamente, proteger a las personas; minimizar las consecuencias sobre el medio ambiente y sobre los bienes, equipos, instalaciones y edificios; alertar a los servicios públicos y privados de socorro; asegurar
la coordinación de los planes de emergencia interiores o de los planes de autoprotección de las concesiones; asegurar la coordinación de los planes de emergencia exteriores; informar a las autoridades competentes; entrenar y formar al personal;
restaurar lo antes posible la normalidad en la instalación e informar a la población.
Lo importante es que, de acuerdo con la legislación propia de Protección Civil, todo sistema que está en funcionamiento -como en este caso, el puerto- tiene que tener un plan interior que debe ser conocido por la autoridad competente del
lugar donde se sitúa el plan -que es la ciudad de Barcelona- y debe estar entroncado con los servicios de emergencia y con la comunidad autónoma. Todo eso se lleva a cabo de tal manera que todo lo que suceda dentro del puerto tiene que ser
gestionado, mientras no se acuda a recursos externos, por el propio puerto y, cuando esté implicado el exterior, tiene que ser comunicado y entran en juego los planes locales o territoriales de la comunidad autónoma. Esto está disponible no sólo en
el Puerto de Barcelona, sino en cualquier puerto y en cualquier aeropuerto y configuran un conjunto de recursos. Dado que la titularidad es del Estado, lógicamente, éste debe tener una participación más activa y prioritaria, ya que es una actividad
que corresponde a Puertos del Estado -al menos, en lo que se refiere a la Autoridad Portuaria- pero con una concesión a la comunidad autónoma. El Estado debe asumir un protagonismo mayor y, por lo tanto, todos los medios que estén a disposición de
su titularidad deben ponerse en aplicación. Así es cómo funcionan estos sistemas.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor director general, le ruego que no tome usted la brevedad o la rapidez por descortesía; ocurre que los diputados periféricos tenemos honorarios limitados porque los transportes públicos tienen también
limitaciones horarias).
Señor director general, la noche del día 26 al 27 de enero de 2002 falleció en las aguas del Puerto Autónomo de Barcelona, en la zona denominada Port Vell, concretamente entre el edificio Maremagnum y la pasarela que une aquel complejo con
la ciudad de Barcelona, el ciudadano ecuatoriano Wilson Pacheco. Está por determinar judicialmente y, por tanto, no vamos a entrar en las causas que provocaron aquel fallecimiento, pero falleció en el agua, en presencia de denominados policías
portuarios, los guardamuelles -vamos a obviar también la calificación jurídica de acuerdo con la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que es realmente compleja y nos llevaría mucho más tiempo del que disponemos ahora-. Aquello, señor
director general, provocó una situación de alarma social en Barcelona por diversos motivos, algunos de los cuales hemos debatido ya en esta Comisión, como aspectos racistas en la agresión al señor Pacheco o cuestiones de seguridad ciudadana, no de
protección civil, pero también provocó alarma ante la constatación de que no existían o parecían existir al menos elementos suficientes de salvamento en el Puerto Autónomo, lo que resulta un tanto grave desde el punto de vista de la ciudadanía por
tratarse del puerto, es decir, una enorme extensión de agua contenida dentro de unos muelles y en conexión inmediata con los ciudadanos y las
ciudadanas. Esto ocurría la noche del día 26 de enero al 27 de enero. El día 31 de enero, en un periódico tan poco sospechoso de pertenecer a la oposición como es el ABC se publicaban declaraciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona
que decían que existía un protocolo específico de coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad como Guardia Civil, Guardia Urbana y Policía Nacional para los casos de salvamentos, etcétera.
El día 6 de marzo de 2002, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes firmaba una respuesta escrita del Gobierno a pregunta de este diputado, en cuyo primer punto se decía: No existe en materia de seguridad protocolo alguno de
actuación del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Portuaria y Guardia Urbana de Barcelona en territorio que dependa del Puerto Autónomo de Barcelona. El día 31 de enero decía la Autoridad Portuaria en la entrevista periodística a la
que me he referido anteriormente, cuando se le preguntaba por la existencia o no existencia de lanchas de salvamento del personal propio del Puerto Autónomo de Barcelona: Debe tenerse en cuenta que par eso ya está la Cruz Roja. Estas
declaraciones, unidos a que se decía también en las mismas que la seguridad de los ciudadanos desde el punto de vista de protección civil también estaba encomendada a la Policía Portuaria, de la cual se decía que recibe un aprendizaje específico
para el ejercicio de sus funciones en la Escuela de Policía de Cataluña, sita en Mollet de Vallés, provocó que este diputado hiciera la pregunta escrita, en que se contradice exactamente con los propios términos lo que decía la Autoridad Portuaria
en sus declaraciones. Se decía por eso en la respuesta escrita que existía un plan de protección civil que coordinaba la actuación genérica de las distintas administraciones, Autoridad Portuaria, Delegación de Gobierno, Generalidad de Cataluña y
Ayuntamiento de Barcelona, y este diputado solicitó, por la vía del artículo 7 del Reglamento, documentación escrita al respecto y se le remitió el plan al que usted ha hecho referencia. De este plan quisiera destacar únicamente, señor director
general, lo siguiente. En coherencia, que incluso debiera alabar, con el hecho de que el Gobierno ignorara o decidiera no contestar las preguntas hechas por este diputado en lo que respecta a la formación específica de la Policía Portuaria a los
efectos de protección civil, no se dice nada tampoco en el plan respecto a la formación de la Policía Portuaria ni de los otros intervinientes. Se dice en dos ocasiones que es personal especializado o personal formado, y no se nos indica en
absoluto cuál es esta formación, pero lo cierto es que los policías portuarios opinan - y así se lo han manifestado a este diputado- que la formación que se recibe en la Escuela de Policía no es la suficiente ni la adecuada para el caso. De la
respuesta del Gobierno podría llegarse a deducir que están recibiendo una formación de nueve meses, igual que el resto de policías de Cataluña, ya sea la autonómica o la local, que se forman allá. Nada más lejos de la realidad, como bien sabe el
director general.
Se trata de cursillos acelerados de pocas horas que no capacitan en absoluto a los miembros de este cuerpo en relación laboral con la autoridad portuaria o guardamuelles, también denominados policía portuaria, para realizar este
tipo de funciones. En la respuesta por escrito se nos dice además que los medios de protección especial cuentan, para el caso de caídas al agua, fuere cual fuere la causa, con dos salvavidas, que son la dotación de que disponen, entre todos, los
vehículos de la policía portuaria.
Señor director general, el puerto de Barcelona, de acuerdo con los datos que me da por escrito el Gobierno, en lo referente al Plan de protección civil, cuenta con 20 kilómetros de muelles, 827 hectáreas de superficie y tuvo un tráfico de
pasajeros, en el año 2001, al que se refieren los datos del plan, de 1 millón 84.414 pasajeros; mueve 30 millones 160.000 toneladas de mercancías en 9.204 buques y en la zona del Port Vell, que es la que me interesa especialmente, se dice que hay
una afluencia de 18 millones de visitantes al año. Para eso, de acuerdo con los datos que se desprenden también de la información escrita que se me ha suministrado, resulta que en cada turno están presentes, si no falla ninguno, 20 guardamuelles,
cuya formación ignoramos, tres prácticos, que desde luego son útiles para otro tipo de incidencia pero no para esas, y dos controladores de la capitanía marítima. Por tanto, señor director general, leyendo a fondo, como le aseguro que he intentado
leer, la información escrita al respecto, vemos que tenemos un total de 20 personas con una situación jurídica que tendríamos que tener más tiempo del que tenemos ahora para poder calificar adecuadamente y con una formación no por su culpa, no por
responsabilidad de estas personas, claramente inadecuada, como es un simple cursillo de 27 horas, si no recuerdo mal, en la Escuela de Policía de Cataluña, que son los responsables porque no existe, al contrario de lo que dijo la Autoridad
Portuaria, un protocolo de actuación con otros cuerpos y fuerzas especializados en la protección civil y en la seguridad ciudadana. Esto es lo que nos defiende a los ciudadanos de Barcelona frente a las situaciones de riesgo, que son existentes y
reales, que se producen en el puerto de Barcelona y especialmente en la zona comercial del Port Vell.
Comprenderá, señor director general, que los datos que el Gobierno nos ha proporcionado no contribuyan de forma clara a disipar la inquietud o la alarma que este diputado y el conjunto de la población de Barcelona tienen respecto a la
posibilidad de accidentes con consecuencias graves.
Es cierto que se ha actuado bien en caso de incendios de buques; los bomberos de Barcelona actuaron rapidísimamente, entre otras cosas, porque hay un cuartel de bomberos muy cercano que no sé si
está en territorio del Puerto Autónomo o fuera de él. Pero parece que la protección de la vida y la integridad física de los 18 millones de visitantes anuales
merecería una atención superior por parte de su dirección general.
Nada más, muchas gracias, y solicito su comprensión por la brevedad y rapidez de la intervención.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): No necesitaba disculparse, porque ha cumplido usted exactamente su tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervengo con mayor brevedad todavía.
El Grupo Parlamentario Socialista formulaba su solicitud de comparecencia en los siguientes términos: Explicar las circunstancias de la dotación de medios materiales de salvamento y personales de prevención e intervención existentes en el
territorio del Puerto Autónomo de Barcelona. Por su tenor literal, uno tenía la impresión de que se trataba de realizar un análisis estratégico sobre lo que puede ser la capacidad de reacción en el territorio del Puerto Autónomo de Barcelona de las
distintas administraciones ante un fenómeno determinado, evidentemente, de naturaleza catastrófica.
Esa era la impresión que teníamos. Después, por el comienzo de la intervención, parece que todo se ha ceñido al caso desgraciadísimo del señor Pacheco y a un debate sobre la formación de la llamada policía portuaria. Pero, nos sigue dando
la sensación, al menos desde el punto de vista de mi grupo, de que el verdadero fondo de la cuestión es si existe o no en el Puerto Autónomo de Barcelona una dotación de medios, una capacidad de prevención y de reacción y una coordinación entre las
diversas administraciones para poder prevenir y, en su caso, reaccionar rápida y eficazmente ante una situación de catástrofe. El portavoz del Grupo Socialista ha reconocido que ese plan de prevención, coordinación y dotación de medios existe y que
además obra en su poder porque le ha sido remitido, y a nosotros nos da la sensación de que en este ámbito de cosas, como en otros ámbitos de la vida, siempre sería deseable disponer de más medios; pero pensamos que el balance de medios disponibles
para la evitación, prevención y, en su caso, capacidad de reacción ante una situación catastrófica o de riesgo generalizado es en este momento suficiente en términos de medios adecuados, coordinados y en correcto estado operativo. Si luego se trata
de determinar otra cuestión que ya va más allá de ese diseño estratégico general y que afecta a la vigilancia en persona o de personas sobre los muelles, probablemente eso sea objeto de otra cuestión, otro debate y, en su caso, otra comparecencia.
Pero en esos términos globales de diseño estratégico de prevención y de capacidad de respuesta, como nos parecía que estaba planteada la cuestión a tenor del enunciado literal, creemos que, evidentemente, los ciudadanos de Barcelona y quienes
profesionalmente desarrollan su vida laboral y cotidiana en el puerto pueden tener las garantías suficientes de que se dispone de medios adecuados para prevenir y para reaccionar ante situaciones de catástrofe.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Tiene la palabra el señor San Nicolás.
El señor SAN NICOLÁS SANTAMARÍA: Señorías, entiendo que este debate puede ser interesante porque ya veo el enfoque que S.S. plantea. No es correcto, por ejemplo, que yo tenga la competencia en ese campo. Sí le puedo decir quién la puede
tener y dónde pueden estar los problemas para centrar el asunto. Hay dos aspectos. Uno es el relativo a Protección Civil, puesto que estamos hablando de catástrofes. Sólo la Ley de Protección Civil implica catástrofes, y en eso soy yo competente.
Las acciones relativas a la seguridad de ciudadanos afecta a otro ámbito.
Pero de lo que no cabe duda es de que se trata de una instalación del puerto y la titularidad estatal, aunque esté gestionada por un representante designado por la comunidad
autónoma, es algo que está vinculado a Puertos del Estado. La competencia sobre toda la seguridad marítima la tiene la Dirección General de la Marina Mercante a través de la Sociedad de Salvamento Marítimo. Por otro lado, el tema relativo a la
seguridad física de las personas tiene que ver con todo lo que es la policía autonómica y la regulación existente en ese entorno. En cierto modo me sorprendió, porque este caso afectaba al territorio municipal, más el territorio de la comunidad
autónoma, y lógicamente ellos son los que tienen, junto con Marina Mercante que definir claramente cuáles son los mínimos estándar para la seguridad de los ciudadanos desde el punto de vista de su seguridad física. Aparte de que se hayan cometido,
desgraciadamente, esos hechos de los que yo he tenido conocimiento, como es lógico, en su momento y con la tristeza que ello trae consigo, tengo que decirle que posiblemente sea necesario revisar la plantilla para contar con el número de personas
necesarias para ese tipo de función.
Existen convenios, existen acuerdos y, efectivamente, con Interior no existe nada más que la participación de los GEAS para el rescate, pero en funciones muy específicas, porque estamos hablando de un barco
hundido o de lugares en los que haya que introducirse para rescatar personas, cuestiones verdaderamente complejas.
En cuanto a la formación del personal, como ha dicho, es competencia de la propia comunidad autónoma o del ayuntamiento. Lógicamente, en estos casos la titularidad que está gestionando ese servicio tendrá que decidir si ese nivel de
formación es suficiente o no.
Este caso no es de Protección Civil, aunque sí sea un problema de protección física de la persona, y su rescate, como he dicho, no es un acto de emergencia. Nosotros nos preparamos para, cuando hay muchas personas afectadas, poder llevar a
cabo los medios, la coordinación
y la intervención de todos los recursos necesarios para salvar, que es el caso que ha comentado de los incendios. Ahí sí tenemos que ver, pero con las salvedades que le he dicho antes. Hay un territorio cuya gestión debe ser supervisada
por la comunidad autónoma y no por el Estado, puesto que sería meternos en sus competencias, aunque sea titularidad estatal. Una estación de ferrocarril es territorio de la comunidad autónoma, que tiene la competencia de supervisar los planes de
emergencia interior y exterior, aunque quien tiene la capacidad de aprobar el plan de emergencia interior es RENFE en ese caso o Puertos del Estado en este. No hay ninguna duda de que ese asunto no entra en el ámbito competencial de la dirección
General de Protección Civil, incluso de Interior, en la medida en la que puede haber responsabilidades de tipo judiciales y competencias que haya que reclamar, pero lo que puedo decirle es que es una cuestión que posiblemente debe analizarse en otro
foro. Lo digo porque, como he dicho, hay unos ámbitos competenciales en lo que se refiere a Protección Civil y hay unos ámbitos también en seguridad marítima que tiene la Marina Mercante, y yo entiendo que ellos son los que lo tendrían que
analizar. Como dice usted, las cifras indican la necesidad de una dotación adecuada, y ese es un tema que deben analizar tanto las autoridades competentes en la legislación que se deba de aplicar como la autoridad que gestiona esa infraestructura o
ese servicio público, que es en este caso la Autoridad Portuaria, y destinar los recursos necesarios para su adecuada gestión. Eso es lo que yo veo en este caso en concreto, puesto que se sale del ámbito puro de lo que es la Protección Civil.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): ¿Alguno de los intervinientes quiere un brevísimo turno de aclaraciones?
El señor PEDRET I GRENZNER: Brevísimo, señora presidenta, para agradecer la comparecencia del señor director general y alegrarme de coincidir con él en que se trata de un tema complejo en el que es necesario, desde los criterios de la sana
crítica y de la razón justa, que exista mayor formación y más personal, y posiblemente coincidamos también en que sea necesario una implicación de todas las administraciones implicadas en la materia para garantizar la seguridad física de los muchos
ciudadanos que se encuentran ante estas situaciones. En esta tarea seguro que nos encontramos, señor director general.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Más feliz si cabe por coincidir con la intervención tanto del señor director general como del señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo cual a estas alturas es todo un prodigio de la ciencia parlamentaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Muchas gracias, señor San Nicolás. Muchas gracias, señorías.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.