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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 509, de 04/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 509
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 50
celebrada el martes, 4 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación del informe elaborado por la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
(Número de expediente 154/000003) ... (Página 16336)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa (Folgado Blanco), para informar sobre: ... (Página 16348)
- La coyuntura de la economía española, previa remisión del informe correspondiente. Comparecencia cuatrimestral. (Número de expediente 212/001084.) ... (Página 16348)
- Las actuaciones de las empresas eléctricas. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000928) ... (Página 16348)
- Los fallos de seguridad que han tenido lugar en la central nuclear de Zorita el día 25 de abril de 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000783.) ... (Página 16348)
- Las consecuencias económicas de la situación creada por los atentados terroristas contra los Estados Unidos. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000532.) ... (Página 16348)
- Las subvenciones a fondo perdido a empresas de Galicia durante los años 1999 y 2000 y, de forma especial, a la empresa Aurela. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/00535.) ...
- La posición del Gobierno respecto del informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre demanda de energía eléctica y gas natural. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000659.) ...
- Las causas de la subida de la inflación. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000807.) ... (Página 16348)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
- APROBACIÓN DEL INFORME ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN PARA IMPULSAR EL ESTATUTO DE LA MICROEMPRESA, DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO Y DEL EMPRENDEDOR.
(Número de expediente 154/000003)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día es la aprobación, en su caso, del informe elaborado por la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor. Les anuncio que la votación será a las 11,30
en punto.
Para la presentación del informe de la subcomisión por un miembro de la misma, tiene la palabra el diputado señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, el 19 de octubre del año 2000 el Pleno de la Cámara acordaba la creación, en el seno de esta Comisión de Economía y Hacienda, de una subcomisión para impulsar el estatuto de la
microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
Recibíamos entonces el mandato de elaborar un estudio global de la situación de las microempresas, analizando sus reformas, sus efectos y un conjunto de propuestas de actuación de futuro. Se
nos pedía que estudiásemos el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y que estudiásemos también qué conjunto de medidas deberíamos adoptar para crear un marco jurídico específico favorable al surgimiento y consolidación
de nuevas empresas, proyectos e iniciativas empresariales.
Como paso previo, y durante meses, la subcomisión recabó un volumen importante de documentación e información y, además, recibió un total de 27 comparecencias y celebró un total de 18 sesiones. Por el Congreso de los Diputados pasaron
representantes de la Administración, como el secretario de Estado de Economía, Energía y Pymes, el secretario de Estado de la Seguridad Social o la directora general de Política para la Pyme; organizaciones empresariales de ámbito general, como las
cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación, la CEPYME, CECO, Pimec-sefes y la Confederación de Comercio de Cataluña; organizaciones sectoriales y profesionales, como los transportistas, los talleres de reparación de automóviles, los
hosteleros, los agentes comerciales, mujeres empresarias, jóvenes emprendedores; organizaciones de autónomos, como UTO-UGT, la Agrupación de trabajadores autónomos de Andalucía o los autónomos de Cataluña; universidades, escuelas de formación;
órganos consultivos, como el Consejo Económico y Social; órganos de la economía social, como la Confederación Española de Economía Social, y representantes de las comunidades autónomas, de sus gobiernos, a través de consejeros de Industria, de
Economía o de Trabajo, y así estuvieron los de Cataluña, Galicia, Andalucía, Aragón y Valencia. Un total de 27 comparecientes, que nos ilustraron suficientemente sobre la situación de la microempresa, los emprendedores o los autónomos y, en
consecuencia, sobre sus problemas y necesidades y sobre las medidas que debíamos adoptar.
La subcomisión, en su reunión celebrada el pasado 30 de mayo, hizo suyo este documento que hoy traemos a esta Comisión de Economía para su aprobación. Nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, asumimos con ilusión la defensa de este
estudio, que hacemos nuestro y que es un documento que incluye propuestas de actuación que en un porcentaje elevado
incluíamos todos los grupos parlamentarios en nuestros escritos de conclusiones. El Grupo Popular ha incluido, obviamente, sus propuestas en este documento, pero también ha incorporado otras del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de CIU, hasta constituir un total de 79 propuestas. Realmente la densidad de este estudio y el reducido tiempo de que disponemos nos obliga a efectuar un enorme esfuerzo de síntesis y vamos a repartir en este caso nuestras
intervenciones la diputada doña Fátima Báñez y yo, que me voy a referir en primer lugar, a los dos primeros apartados del estudio.
El informe sobre la situación de las microempresas evidencia algo que todos conocemos, y es que las pymes son el colectivo que mejor contribuye a la generación de empleo y riqueza. Del conjunto de los 2.591.318 pymes que hay en España, un
total de 2.438.469 son microempresas, es decir, el 93,95 por ciento del total. Estamos hablando de microempresas, empresas de hasta nueve empleados. El estudio constata que el 67 por ciento de estas pequeñas y medianas empresas son personas
físicas y sólo un 21 por ciento se constituyen bajo la forma de sociedades de responsabilidad limitada.
En el informe se detalla con amplitud el conjunto de reformas llevadas a cabo en la pasada legislatura y que hemos impulsado en lo que va de ésta.
Ese era el mandato de la subcomisión, y por ello se detallan en el informe las reformas de
tipo fiscal, por ejemplo, la primera reforma del IRPF llevada a cabo en el año 1998, que sirvió, entre otros objetivos, al de la creación directa de 150.000 nuevos empleos, o las actuaciones tan importantes que se llevaron a cabo en el impuesto
sobre sociedades, como la reducción de los tipos de gravamen para los primeros 15 millones de pesetas de beneficios de las empresas, y luego se continuó con las elevaciones en este sentido; también, las deducciones para el fomento del uso de las
nuevas tecnologías o las medidas en el impuesto sobre sociedades para favorecer la inversión productiva, como fueron las reducciones de la fiscalidad de las plusvalías reinvertidas, así como actuaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones,
con reducciones y bonificaciones del 95 por ciento en los supuestos de transmisión por herencia o donación de empresas familiares. El informe también detalla con amplitud las reformas laborales y su incidencia. Así, citamos las medidas adoptadas
para facilitar a la sociedad, auténtica protagonista de la creación de empleo, la creación de un marco flexible para los trabajadores y para el empresario, y aludimos a la reforma de la Ley 12/2001 y la reforma de la Ley 16/2001. En materia
administrativa, también hacemos constar cuáles fueron los efectos de actuaciones como el Plan de ventanilla única empresarial y el Plan de agilización y simplificación normativa para la competitividad de las pymes y detallamos finalmente un conjunto
de medidas económico-financieras que se han adoptado, así como otro conjunto de medidas liberalizadoras y otras actuaciones.
Las conclusiones de este estudio de las microempresas revelan que entre el año 1996 y el 2000 el resultado bruto de las pymes aumentó un 10 por ciento anual y que las rentas ordinarias empresariales lo hicieron en un 11 por ciento; que la
diferencia interanual de empresas entre 1996 y 2000 fue siempre positiva y que la tasa media anual de crecimiento fue del 2 por ciento; que las pymes, y fundamentalmente las microempresas, constituyen uno de los ejes fundamentales de la economía
española al ser responsables del 80 por ciento del empleo generado y del 60 por ciento de las exportaciones, por citar algún dato, y que en la actualidad hay un 8,8 por ciento más de empresas activas que en 1996. También se constatan otros datos
como, por ejemplo, que el 24 por ciento de las nuevas empresas han sido creadas por mujeres y que las pymes han aumentado su dimensión y su aportación a la creación de empleo, pasando de 4,7 a 5,7 trabajadores de media. La ocupación, como
consecuencia de este volumen importante de actividad económica, creció en más de 2.700.000 personas en el periodo 1995-2001, la tasa de paro se redujo en 10 puntos y la afiliación a la Seguridad Social creció hasta 3.448.000 nuevos afiliados.
Este sería el panorama de reformas y de efectos de estas medidas, y esto nos muestra una situación favorable de las microempresas en este momento pero también nos evidencia la existencia todavía de problemas, problemas de debilidad
financiera y problemas de que todavía nuestras empresas y microempresas no son lo suficientemente innovadoras, se advierten necesidades de internacionalización y se advierten los problemas derivados de la complejidad administrativa. Por ello, el
documento contiene finalmente -y lo expondrá mi compañera Fátima Báñez- un conjunto de propuestas de actuación en estas materias.
Me voy a referir, con mucha rapidez también, a la segunda parte de este documento, que es el estudio sobre el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Los autónomos tienen una gran
importancia en el conjunto del sistema de la Seguridad Social. A finales de marzo de este año 2002, más de 2.600.000 trabajadores estaban afiliados al RETA, 300.000 estaban afiliados al régimen de trabajadores agrarios por cuenta propia y 17.000,
al régimen de trabajadores del mar por cuenta propia; por lo tanto, casi tres millones de trabajadores por cuenta propia. Además, casi una cuarta parte de las pensiones contributivas tienen como destinatarios a este tipo de trabajadores por cuenta
propia. Nos encontramos con que el colectivo de autónomos es amplio y su entorno es muy complejo y muy cambiante. Es muy complejo porque, junto a los tradicionales autónomos, los comerciantes, los talleres, los hosteleros, los taxistas, los
transportistas, nos encontramos con nuevos colectivos como, por ejemplo, diseñadores, programadores
informáticos, periodistas y traductores. Por lo tanto, como pueden ustedes ver, es un colectivo muy heterogéneo, lo que dificulta la búsqueda de soluciones generales a sus problemas.
En este estudio, que tiene como antecedente otro que en el año 1998 efectuó la Comisión de Política Social y Empleo, nosotros analizamos la problemática de la acción protectora del RETA y la posible mejora de sus prestaciones y su
aproximación a las del régimen general. Es una realidad -y en el estudio así se hace constar- que en los últimos años se ha operado un importante proceso de homogeneización entre el régimen de autónomos y el régimen general. Entre otros avances
cabría citar: el reconocimiento de las prestaciones de muerte y superviviencia con las mismas condiciones, requisitos y cálculos de su cuantía que en el régimen general; el reconocimiento de la prestación de maternidad en el RETA, en las mismas
condiciones que en el régimen general, o la extensión del derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo en las mismas condiciones que en el régimen general. Sin embargo, también dedicamos un amplio apartado a estudiar las diferencias que
subsisten todavía en la acción protectora del RETA y además el informe se posiciona ante cada una de ellas.
Finalmente, la parte más esperada es aquella en la que, después de constatar una realidad, efectuamos un conjunto de propuestas de futuro en la búsqueda de la convergencia entre ambos regímenes con el ritmo que permitan las disponibilidades
financieras del sistema y las características de los grupos afectados. Incluimos en este apartado un total de 14 propuestas de futuro para los autónomos, que paso a comentar aunque sólo sea telegráficamente. Instamos al Gobierno a extender la
prestación de incapacidad permanente total cualificada cuando el trabajador autónomo tenga 55 años o más y no ejerza una actividad ni sea titular de un establecimiento mercantil o industrial. También instamos al Gobierno a que incluya en la acción
protectora del RETA la cobertura de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Instamos al Gobierno a que valore la situación de pluriactividad de aquellos trabajadores que por ley se ven obligados a cotizar al régimen general y al de
autónomos, de modo que se reconozca su esfuerzo en las futuras prestaciones.
Abordamos en este estudio -y esta es una gran demanda del colectivo- la problemática de la cobertura de la incapacidad temporal del autónomo desde el cuarto hasta el decimoquinto día, y por ello instamos al Gobierno a que elabore un estudio
sobre un sistema de cotización adicional y voluntaria que cubra esta contingencia. Porque queremos ayudar al surgimiento de las nuevas actividades empresariales, instamos al Gobierno -y esto también es muy importante- a reducir los costes a la
Seguridad Social de los trabajadores autónomos durante los primeros años de actividad. También, al constatar la problemática que se presenta en relación con la contratación de familiares del autónomo al régimen general, instamos al Gobierno a que
estudie la situación de afiliación al régimen general de los familiares del autónomo hasta el segundo grado por consaguinidad, afinidad o adopción.
La subcomisión también ha debatido y conocido la problemática que ha sido planteada por el colectivo de autónomos en relación con los llamados autónomos dependientes, y por ello se insta al Gobierno a estudiar la situación de estos
trabajadores que dependen económicamente de uno o varios empresarios. Pedimos la extensión de las acciones formativas preventivas y educativas en materia de riesgos labores al colectivo de autónomos. Atendiendo las demandas del colectivo de
autónomos, y en especial de alguno de ellos, que ven cómo su fuente de ingresos procede principalmente de una o varias empresas, instamos al Gobierno a elaborar un estudio sobre el establecimiento de un fondo de garantía en el caso de cese por
causas objetivas.
Para favorecer la actividad por cuenta propia de la mujer autónoma, incluimos dos tipos de medida: por una parte, todas aquellas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar y, por otra parte, estudiar medidas: que faciliten
a las mujeres autónomas la contratación de un sustituto durante la prestación de maternidad que le permita el mantenimiento del negocio en condiciones semejantes a las que en su día aprobó el Real Decreto-ley 11/1998.
También para ayudar al trabajador por cuenta ajena a pasar a la actividad por cuenta propia, instamos al Gobierno a que articule un sistema que permita la capitalización de la prestación por desempleo de forma que lo que le hubiera
correspondido para abonar las cuotas de la Seguridad Social del autónomo sirva para facilitar así la viabilidad del proyecto en su etapa inicial.
Finalmente, instamos al Gobierno a que siga pidiendo la inclusión de los trabajadores autónomos en las acciones contenidas en los planes de formación profesional y a impulsar nuevamente la bonificación de la contratación del primer
trabajador por parte del autónomo.
Señor presidente, cedo la palabra a mi compañera doña Fátima Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señorías, paso a exponer aquellas propuestas que aparecen en el documento para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas, proyectos e iniciativas empresariales. Entre ellas medidas se recogen medidas
de tipo administrativo, fiscal, económico-financiero y aquellas que desarrollarán la materia formativa y que van en relación con la innovación y el desarrollo tecnológico.
Comenzaré con las propuestas de carácter administrativo. En ellas instamos al Gobierno al cumplimiento de los principales objetivos de la Carta europea de la pequeña y mediana empresa, constituida en el Consejo Europeo de Feira, en el
sentido de introducir mejoras
en la legislación de las empresas, para conseguir una puesta en marcha menos costosa y más rápida de las mismas. El objetivo fundamental de la propuesta no es otro que el de estimular la creación de nuevas empresas, especialmente las de
pequeña dimensión o microempresas, que constituyen la columna vertebral de la economía española y que son claves en la creación de puestos de trabajo. Dicho marco normativo deberá abarcar al menos los siguientes elementos: un régimen jurídico
sencillo que, aprovechando las premisas societarias vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, simplifiquen sus normas y permitan la separación del patrimonio personal del patrimonio empresarial. Ésta ha sido una reivindicación hecha por todos los
colectivos que han pasado por la subcomisión y que consideramos que es muy importante y que se debe recoger. Por otra parte, este marco debe recoger también la simplificación en un documento único de los trámites administrativos necesarios para la
constitución y puesta en marcha de las empresas; asimismo, el uso de procedimientos electrónicos y telemáticos en la constitución de empresas para conseguir unos plazos notoriamente más breves que los actualmente vigentes. Todo ello sin merma de
la seguridad jurídica y sustentado en la legislación reguladora de la firma electrónica. Asimismo, recogemos la creación de una red de información y creación de empresas que establezca en todo el territorio nacional puntos de asesoramiento e inicio
de tramitación y puesta en marcha de iniciativas empresariales. También entendemos que se deben potenciar las ya creadas ventanillas únicas empresariales, que tanto bien han hecho para la creación de empresas en nuestro país. A todo ello se debe
unir un modelo de contabilidad simplificada que facilite a estas nuevas empresas el cumplimiento de las obligaciones contables.
Señorías, nosotros pensamos que es necesario que las administraciones se coordinen entre sí y compartan las bases de
datos entre ellas, en la medida de lo posible, con el objetivo de disminuir el número de datos y códigos de identificación y de agilizar todos los trámites administrativos.
En cuanto a las medidas de carácter fiscal, queremos recoger en el documento que se continúen las actuaciones que se han venido llevando a cabo hasta este momento por parte del Gobierno en cuanto a la mejora en el impuesto sobre sociedades y
en cuanto a la fiscalidad de las pymes, así como en el tratamiento en el IRPF. Creemos que es necesario resaltar una serie de medidas fiscales que van a favorecer la creación y puesta en marcha de nuevas empresas en nuestro país. Por ello, es
importante que se suprima de una vez por todas el impuesto sobre actividades económicas para el 90 por ciento de las pymes y de los autónomos. Consideramos que esta medida debería estar en vigor el 1 de enero de 2003. Es importante que empiece a
funcionar ya porque va a hacer que muchos emprendedores accedan a la creación de nuevas empresas y va a consolidar muchas de las existentes, ya que actualmente el impuesto sobre actividades económicas es una gran carga para muchas de ellas.
Creemos que es muy importante que se produzca el diferimiento de las cargas fiscales a ejercicios posteriores en el caso de las empresas de nueva creación. Con ello vamos a favorecer la creación de empresas en nuestro país y vamos a
estimular a los emprededores Esta medida junto con la que ya ha anunciado mi compañero don Celso Delgado de reducción de los costes sociales, va a estimular de manera muy eficaz la creación de nuevas empresas y la consolidación de las pymes y de los
autónomos en los primeros años de creación, porque se reducirán los costes sociales de las mismas y además se diferirán las cargas fiscales a ejercicios posteriores de las nuevas empresas. (La señora vicepresidenta, Riera i Reñé, ocupa la
presidencia.)
Por otra parte, es importante que se establezca un nuevo marco legal, más cómodo, sencillo y eficaz a través de la creación de una nueva ley general tributaria, así como la mejora de los servicios de asistencia y ayuda al contribuyente. Por
contarles algunas medidas que vamos a recoger también en nuestro documento sobre temas fiscales, entre ellas está la de continuar elevando el volumen de negocio para acogerse al tipo reducido del impuesto sobre sociedades de las pymes en la medida
en que nuestro país converja con los demás países de nuestro entorno en cuanto a las definiciones comunitarias de pequeña y mediana empresa y microempresa.
Asimismo, pedimos la ampliación del ámbito de aplicación de la cuenta corriente tributaria
para que pueda ser utilizada por empresarios y profesionales a partir del segundo año desde el inicio de la actividad, de tal forma que puedan compensar los saldos de sus obligaciones fiscales.
Por último, instamos al Gobierno a que promueva ante los organismos competentes de la Unión Europea la posibilidad de diferenciación del impuesto sobre el gasóleo según su utilización sea para uso particular o profesional. Señorías, creemos
que incluyendo en este documento la petición, que ha sido reiterada en la subcomisión por todas las asociaciones de transportistas de nuestro país, damos respuesta contundente y eficaz a sus peticiones, que son históricas y que van en la línea de
que la fiscalidad sobre el gasóleo sea diferente según su utilización sea para uso particular o profesional. Creemos que nos podemos felicitar por incluir esta medida, que da respuesta a organizaciones de transportistas y de profesionales del
transporte que tan reiteradamente han hecho esa petición, por que creemos que es una medida que debería incluirse en este documento.
Paso a exponer a continuación sucintamente las medidas de carácter económico financiero del documento. En cuanto a los aspectos financieros, instamos al Gobierno a que continúe aumentando los recursos de la línea Ecopyme para que mejoren
los proyectos de
inversión de las microempresas y empresas de nueva creación. Asimismo, recogemos que se potencien otras medidas como el reafianzamiento que fomenten la creación de sociedades de garantía recíproca para que las microempresas tengan más
facilidades de acceso a créditos. También pedimos que se potencien los créditos participativos, las sociedades y fondos de capital riesgo y que se mejoren las condiciones de acceso a financiación fomentando el capitalriesgo y el capital semilla.
Por lo que se refiere a los aspectos económicos, instamos al Gobierno a continuar potenciando la internacionalización de las microempresas mediante el fomento del plan de iniciación a la promoción exterior y el asesoramiento y la formación
que les permita acceder a mercados extranjeros, fomentando el autodiagnóstico empresarial que, sustentándose en las nuevas tecnologías, les permita analizar y adaptar las medidas básicas necesarias en su primera salida al exterior. Es necesario que
se fomente también la cooperación entre empresas para mejorar su posición competitiva en el mercado y que el tamaño no sea un obstáculo para competir. Por otra parte, es importante luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Apoyamos con una propuesta desde este documento de trabajo para que se haga el proyecto de ley concursal con el objeto de adecuar los procedimientos de quiebra y suspensión de pagos con el fin de eliminar las trabas y los procesos de
reestructuración empresarial.
Instamos al Gobierno a que antes de final de 2002 presente un estudio detallado de la situación real y la evolución experimentada por las tasas de descuento que satisfacen los comerciantes cuando aceptan pagos con
tarjeta, que ha sido también otra petición reiterada por las asociaciones de comerciantes en la subcomisión. Por último, instamos al Gobierno a que continúe potenciando la política de defensa de la competencia como pilar básico de una política
económica que garantice el acceso de las microempresas al mercado.
Paso a exponerles a continuación las propuestas en materia de innovación y desarrollo tecnológico que se recogen en el documento. En ellas instamos al Gobierno a que continúe apoyando las políticas de acceso a plataformas de información y a
la creación de redes telemáticas por parte de las pymes y microempresas; que se continúe impulsando los programas que faciliten las ayudas a las pymes y microempresas para la implantación y desarrollo del comercio electrónico, como es la línea
Artepyme, así como seguir impulsando la línea ICO-CDTI para la financiación de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Insistimos también en la política de apoyo a los parques tecnológicos como un elemento clave en la vertebración del
sistema de ciencia y tecnología, creemos que y es importante que se continúe desarrollando el programa Innova para fomentar los factores de innovación, especialmente el diseño, la calidad, la mejora de la gestión y la utilización de las nuevas
tecnologías entre las pymes y las microempresas.
Por último, el documento recoge las propuestas de materia formativa, que nos parece que son de suma importancia porque ha sido una petición unánime de todos los empresarios y de los emprendedores que han pasado por la subcomisión, así como
de las asociaciones de jóvenes empresarios.
Nos ha parecido muy importante recoger esta petición, igual que la de los catedráticos que se han dirigido a nosotros en la subcomisión en el sentido de que condideraban que era fundamental que el
Gobierno incorporara en los distintos niveles educativos módulos formativos que estimulen el espíritu emprendedor y las vocaciones empresariales y que permitan a los estudiantes adquirir nociones básicas sobre el proceso necesario para crear una
empresa y para analizar la viabilidad de los proyectos empresariales. En la misma línea, creemos que sería importante también que se fomente el estudio de idiomas e instamos igualmente al Gobierno a seguir impulsando la conexión de los estudios de
formación profesional y los estudios universitarios con el objeto de potenciar la interacción del sistema educativo con las pymes y microempresas de su entorno y así complementar las necesidades formativas. De la misma manera, es importante seguir
mejorando el acceso a la formación de emprendedores, mejorar la calidad de la enseñanza empresarial, impulsar políticas de apoyo a los viveros de empresas incubadoras como un instrumento para evitar la tasa de mortalidad empresarial e invertirla y,
por último, continuar impulsando la formación continua de los pequeños empresarios autónomos.
Este es un conjunto de medidas que yo creo que son valientes. El grupo parlamentario al que represento está muy satisfecho con la presentación de este documento por varias razones fundamentales, entre otras, porque da respuesta a históricas
reivindicaciones de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas o microempresas y que además se ha hecho sumando las aportaciones de los distintos sectores sociales, de los distintos colectivos y de los diferentes grupos políticos que
estamos hoy aquí representados. Es un documento dialogado y consensuado, y queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han participado directa o indirectamente en su elaboración. Entendemos que supone un gran paso adelante para los
autónomos, las microempresas y los emprendedores de nuestro país. Para el Partido Popular supone el cumplimiento de un compromiso electoral y la defensa de los grandes generadores de empleo en nuestro país, los autónomos, las pequeñas y medianas
empresas y los emprendedores. Por eso, hoy es un día en el que estamos muy satisfechos, muy contentos y consideramos que estamos dando un gran paso adelante en la creación de riqueza y empleo en nuestro país porque estamos apoyando a los grandes
protagonistas de los creadores de riqueza y empleo en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Quiero hacer sólo una precisión que se me olvidó comentar antes. Hemos distribuido una nota en la que incluimos alguna corrección que fundamentalmente mejora la redacción de párrafos a los que se refiere y un último
añadido que aclara más y que ahora mismo distribuiré.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Pasamos a la defensa de los votos particulares, para lo que tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: En defensa del voto particular del Grupo Socialista, quisiera empezar haciendo un análisis del documento que se ha presentado y que es el que el Partido Popular presentó en la subcomisión.
En primer lugar voy a hacer
un breve balance de lo que en las 56 páginas, de las 77 que tiene el documento, se refiere a las gestiones que ha hecho el Gobierno respecto a las pymes en la VI y VII legislaturas. En el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el Partido
Popular en ese balance ha dejado al ciclo económico la resolución de los problemas de las pymes, lo que ha sido un error que ha provocado una pérdida de tiempo para emprender una política de mejora de las condiciones y del entorno de competitividad
de las pymes. Esto ha tenido un reflejo en diversos hechos, como puede ser una política presupuestaria insuficiente para las pymes. Ya se habló en la pasada legislatura de un plan de simplificación administrativa, que sigue sin ponerse en marcha
prácticamente. Apenas se han aplicado los escasos nuevos instrumentos fundamentalmente de fondos de financiación, para las pymes. Las políticas de liberalización, sobre todo de los sectores energético y de telecomunicaciones, sólo han favorecido o
han estado diseñados pensando en los intereses de las grandes empresas. El proyecto de nueva empresa es algo que esperábamos se iba a materializar en esta subcomisión, pero al final de estos trabajos sigue siendo un borrador que no ha aparecido por
la subcomisión y desconocemos también cuál es la disposición del Partido Popular para llegar a un consenso sobre este proyecto.
Finalmente está la subcomisión. Nosotros pensábamos que la subcomisión iba a hacer honor al título que la ha presidido, que era impulsar el estatuto del trabajador autónomo y de la microempresa. La verdad es que al cabo de 18 meses no
tenemos aquí hoy ni una propuesta de estatuto del trabajador autónomo ni una propuesta de estatuto de la microempresa. Ha sido una oportunidad perdida y que hay además una agravante porque quisiera pasar ahora a hacer un breve diagnóstico de cómo
consideramos que está la situación actual en el ámbito de las pymes, y los últimos datos confirman que ese balance negativo se puede concretar en los siguientes datos: en el pasado mes de abril el Instituto de Empresa presentó un informe en el cual
manifestaba que España está entre los países con menor tasa de iniciativa empresarial del mundo, a pesar de contar con grandes oportunidades de negocio. Achacaba el Instituto de Empresa en su informe esa situación a las políticas gubernamentales,
que son uno de los problemas más críticos a los que se enfrenta la actividad emprendedora en España, fundamentalmente la falta de financiación y los bajos niveles de formación, que están frenando la creación de empresas. Si este análisis o este
diagnóstico parece duro, el Instituto Nacional de Estadística así lo ha confirmado, ya que en los datos que ha ofrecido sobre el primer trimestre del año en curso ha registrado un descenso en la creación de empresas de un 9,2 por ciento con respecto
al mismo período del año pasado.
En el mes de febrero, la propia Comisión Europea, ya dentro de la presidencia española, manifestó haber comprobado la escasa labor que los quince Estados de la Unión habían desarrollado para cumplir las recomendaciones aprobadas en el
Consejo Europeo de Feira, en junio del año 2000, para impulsar las pymes. Las condiciones para favorecer la introducción de las pymes en los nuevos mercados, en competencia con las grandes compañías, no se han traducido en un apoyo normativo y
financiero, y la Comisión Europea manifiesta también que es preocupante la agudización de los problemas de financiación de las pequeñas empresas, sobre todo las de nueva creación.
Más recientemente todavía, la semana pasada, la Comisión Europea hacía público su estudio sobre productividad y manifestaba que España está a la cola de Europa en crecimiento de la productividad en los últimos cinco años; en España ha
crecido un 0,7 por ciento, mientras que en la Unión Europea ha crecido un 1,2 por ciento. La Comisión Europea decía la semana pasada que entre las causas de ese escaso crecimiento de la productividad está la insuficiente actividad innovadora y la
escasa inversión en nuevas tecnologías y su escasa difusión entre las pymes.
La Comisión Europea ya ha manifestado que los objetivos de Lisboa no se van a alcanzar, pero el retraso innovador de la pyme en España es algo que nos preocupa especialmente. Se refleja en dos hechos relevantes, su esfuerzo inversor en
innovación es la mitad de las pymes europeas y la cooperación interempresarial para innovar es también menor, todo lo cual es un síntoma de que nuestro sistema de innovación empresarial para las pequeñas empresas está fallando, fundamentalmente por
la ausencia de servicios de cooperación interempresarial en asuntos tan importantes como la formación, la innovación, la sociedad de la información, proveedores y promoción comercial. Esto provoca, a nuestro juicio, que en numerosas ocasiones
fallan, o no existen, o no se hacen estudios de demanda y de selección
de objetivos que aseguren la viabilidad de los nuevos proyectos.
Finalmente, consideramos que se está haciendo un escaso aprovechamiento de los fondos estructurales en cuanto a lo que se refiere a la prioridad de las pymes respecto a esos fondos estructurales. Eso es especialmente grave en este último
período de programación del año 2000 al 2006, ya que la Comisión Europea quiere fomentar e impulsar, frente a las infraestructuras, todas las inversiones que afectan a los factores de competitividad.
No voy a extenderme en lo que han dicho los pequeños empresarios y comerciantes en las numerosas comparecencias que ha habido porque no tendría tiempo en mi intervención. Voy a entrar ya en las propuestas que nosotros hemos hecho. En
principio, el Grupo Parlamentario Socialista plantea las condiciones que deben ser necesarias para la creación de nuevas empresas y el apoyo a las microempresas. En ese aspecto, se deben facilitar las condiciones en el entorno regulatorio, se deben
tomar medidas para que haya menos cargas administrativas para las pymes, que se establezcan fórmulas de organizaciones jurídicas más adaptadas a la naturaleza de las microempresas, que las microempresas puedan tener mayor seguridad y confianza en el
tráfico mercantil, un marco fiscal adaptado a las diversas fases del desarrollo de una microempresa, mayor acceso a la contratación pública y que se favorezca en la legislación ordinaria el espíritu y la cultura empresarial.
En un segundo orden de condiciones, queremos que se reduzcan las asimetrías o las desigualdades que existen con respecto a las grandes empresas. En ese sentido, nuestras propuestas van orientadas a favorecer el acceso de las pymes a la
información para a su vez favorecer su acceso a los mercados nacionales e internacionales. También se debe desarrollar e integrar a las pymes en los sistemas de innovación empresarial, el acceso a una financiación adecuada, superando la prima de
riesgo que las pymes tienen actualmente en el sistema financiero y promoviendo el acceso a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
Estas propuestas para nosotros parten de una base previa y es que se debe fomentar y se debe instaurar en todo el entorno de las pymes la cooperación interempresarial y el partenariado. El partenariado es el consenso público y privado
necesario para impulsar aquellas medidas que favorezcan el entorno empresarial y el entorno de las pymes. Se deben de crear economías externas en el entorno empresarial y externalidades de cara a crear esos servicios de cooperación interempresarial
para crear sistemas de información, de innovación, de nuevas tecnologías, de promoción y de proveedores que favorezcan la competencia y las condiciones para que las empresas pequeñas puedan competir con las grandes y puedan definir estrategias de
especialización flexible en fases determinadas del proceso productivo, de manera que puedan participar en procesos de concentración empresarial e industrial en un entorno que favorezca la competitividad.
Lo que nuestras propuestas quieren conseguir es favorecer los factores de competitividad de las pymes y de las microempresas, en primer lugar; en segundo lugar, favorecer la creación de nuevas empresas que, como hemos visto, en España en
este momento no están en su mejor situación; en tercer lugar, se debe de crear un entorno que promueva la cultura empresarial, y, finalmente, en cuarto lugar, considerar a la pyme como un factor de cohesión territorial. En ese aspecto, nosotros
hemos hecho alguna propuesta que puede parecer secundaria, pero nos parece que la política de fomento de las pymes se diseña y ejecuta en lo sustancial por las administraciones territoriales. Cuando decimos que la pyme favorece la cohesión, lo que
estamos también pidiendo es una coordinación y una colaboración entre las distintas administraciones públicas para favorecer ese proceso de cohesión territorial a través del desarrollo empresarial.
No quiero extenderme en las propuestas que hemos hecho en nuestro voto particular, porque está publicado por los servicios de la Cámara, pero sí me gustaría destacar que nosotros queremos que se priorice a las pymes en los proyectos y en los
programas operativos de gestión de los fondos estructurales de la Unión Europea. Nos parece fundamental en este último periodo de programación, nos parece fundamental también la puesta a disposición de las pymes de servicios para favorecer el
despliegue. Y la capacidad de innovación de las pequeña y medianas empresas. En ese sentido, hemos planteado una propuesta fundamental. Esa integración de las pequeñas y medianas empresas en el sistema de innovación empresarial requiere un modelo
institucional que debe basarse en políticas de apoyo a la innovación a través de redes de centros tecnológicos, de centros territoriales, llámense institutos tecnológicos, agencias de desarrollo o centros tecnológicos, que tiendan a crear esa
infraestructura de especialización sectorial dentro de las pymes que promueva también el consenso público y privado, tanto de las administraciones públicas como de los organismos intermedios -Cámaras de Comercio, asociaciones y organismo
empresariales, y empresas privadas- para crear esa estructura, esa red que favorezca la innovación a través de esos servicios de cooperación interempresarial. Estamos convencidos de que es imposible que una sola empresa pueda acceder a estos
servicios si no está unida o asociada a otras. La última propuesta que hacíamos nosotros con respecto a este capítulo es que se debe hacer una evaluación periódica de la eficacia y la eficiencia de los programas de apoyo a la innovación y el
fomento de la competitividad de las pymes. Eso es algo que no hace ninguna administración y que se debería hacer fundamentalmente de cara al mejor aprovechamiento
y a la eficacia de esos fondos estructurales.
Finalizo haciendo un comentario sobre las propuestas que ha hecho el Partido Popular. Como he dicho al principio, la mayor parte del documento se refiere a lo que se ha hecho y las palabras que más se repiten en ese documento son las de
seguir y continuar. El concepto de impulsar ya sabemos cómo lo ha aplicado el Partido Popular; se trataba de impulsar dos estatutos, el de la microempresa y el de autónomo que no existe en la propuesta que hoy se trae a esta Comisión y las
palabras que más se repiten son las de seguir y continuar. De las setenta y siete páginas del documento del Partido Popular, cincuenta y seis son de recensión de lo que se ha hecho o dejado de hacer y, en veinte, los conceptos que más se repiten
son los de seguir y continuar. Después del diagnóstico tan malo que hemos hecho al principio no se puede seguir y continuar; es un dignóstico hecho por el Instituto de Empresa, la Comisión Europea y lo certifican los propios datos del Instituto
Nacional de Estadística. En este documento se refleja también el hecho de que el Gobierno es incapaz de innovar en el terreno de las pymes, lo cual no es propio de un partido de Gobierno.
También nos da la sensación -con esto finalizo- de haber perdido el tiempo en un ejercicio de paripé del Gobierno al crear esta subcomisión en la que durante dieciocho meses se ha trabajado muy poco por las pymes; de hecho, hoy no tenemos
prácticamente ningún proyecto legislativo, ninguna medida legislativa, que el Partido Popular presente a raíz de esta subcomisión.
El sentido de nuestro voto va dirigido a dos aspectos, las iniciativas de carácter administrativo y las iniciativas o propuestas de carácter económico y financiero, sectores respecto de los que se han aceptado propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista, por lo que estamos dispuestos a aprobar esos dos aspectos, las medidas administrativas y las económico-financieras; en cuanto al resto lo único que se hace es repetir esas palabras de continuar con la política que ha hecho
el Gobierno hasta ahora, en la pasada legislatura y en esta, que ha dado resultados que no nos parecen satisfactorios.
Finalizaría con un mensaje a las pymes desde el Grupo Socialista, lo que tienen que hacer fundamentalmente las pymes es asociarse y cooperar entre sí, porque de eso va a depender, más que de ninguna otra cosa, el futuro de la innovación y
del desarrollo empresarial en España.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Tiene la palabra, para la segunda parte de la exposición del Grupo Socialista, el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Este parlamento fue consciente de la importancia que el colectivo de los trabajadores autónomos y de las empresas afines tiene al introducirlo explícitamente desde el inicio en el nombre de la subcomisión. Era,
por otro lado, algo a lo que obligaba un conocimiento básico de la sociedad que nos ha elegido, y entendemos que se hacía para responder a las demandas fundamentales que los diversos colectivos plantean.
Sin duda que dentro de los importantes cometidos que esta subcomisión ha tenido y tiene está el dar una respuesta concreta a la compleja y grave problemática del colectivo de autónomos. Sólo con que recordemos que su número es más de tres
millones, su aportación al producto interior bruto, el marco tecnológico que condiciona su evolución económica, unido a los agravios comparativos en derechos, tratamientos y coberturas en los campos más diversos, tanto en lo social como en lo
económico y laboral, obliga a crear un cuerpo jurídico de carácter general que posibilite posteriormente el desarrollo específico de cada una de las soluciones de las problemáticas complejas que se plantean dentro del colectivo de los trabajadores
autónomos. Esto tiene un nombre, estatuto, un estatuto similar al actualmente existente estatuto de los trabajadores asalariados. Este es el elemento básico a partir del cual podremos eliminar obstáculos e injusticias tales como las dificultades
existentes en la contratación de familiares, el tratamiento adecuado en los riesgos del trabajo, enfermedades profesionales, coberturas económicas en caso de pérdida de trabajo por causa no imputable al trabajador autónomo y un largo etcétera.
Tienen distintas líneas, una de las cuales es acercar el régimen de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos al régimen general de la Seguridad Social, pero también otras muy importantes, como es favorecer la vertebración del sector de
autónomos para que se le reconozca como interlocutor en la deseada concertación social.
De igual manera, en el estatuto que proponemos se abre la puerta a crear un marco adecuado que posibilite a los nuevos autónomos que nacen, a los emprendedores, tener un instrumento que les permita establecerse y desarrollar su nueva
actividad. A este respecto, y a pesar de ser muy conocido, varios ilustres comparecientes nos recordaron la enorme mortandad de las nuevas empresas de autónomos creadas. Pues bien, todo esto y mucho más es lo que está reflejado en el voto
particular del Grupo Socialista, y la síntesis está en la creación del estatuto del trabajador autónomo y de manera pormenorizada en nuestro voto particular, donde lo desarrollamos.
Pues bien -mejor sería decir pues mal, e incluso, si me permiten, pues muy mal-, a todo esto el Grupo Popular nos dice que no, y no con las razones últimas de por qué dice su no. Seguramente estas razones últimas están ligadas a cúpulas e
intereses de organizaciones económicas de las que los trabajadores autónomos están muy lejos. Al no dar razones, se dan pretextos. Es curioso que estos pretextos sean siempre o casi siempre
poner en desvaídos términos lo que nosotros ponemos en imperativo, como estudiar, instar, contemplar, abordar. En esta propia Comisión recibimos del Grupo Popular, hace unos minutos, dos propuestas de enmienda en las cuales se sigue con
esta tónica. Son dos auténticas perlas, porque se nos dice, como se dice en el punto f) o en el anterior, que el Gobierno estudie el establecimiento de un fondo de garantías. Siempre propone estudiar; este es un Gobierno al que se le manda
estudiar mucho pero que debe ser muy poco aplicado, porque en verdad aprende poco. Pues bien, nosotros recomendamos que el Gobierno estudie, pero sobre todo que el Gobierno gobierne y, por tanto, legisle -la legislación es básica en esta Cámara- y
ejecute lo legislado.
No queremos dar pretextos y que se diga que nuestro no es un no rotundo, una cerrazón a todo lo que se propone, no porque no se lo merezca (este documento se merece un no rotundo) pero como después se empieza a expresar opiniones de que
estamos cerrados, votaremos sí al punto 3, la tendencia a la homogeneización de ambos regímenes sociales, cuya filosofía compartimos. Sin embargo, hay que dejar claro que votamos que sí porque es cierto que nosotros compartimos la tendencia, pero
no es menos cierto que nosotros creemos -y así lo establecemos en nuestro voto particular- que las respuestas tienen que ser muy concretas.
Nos ha chocado muchísimo, por otro lado, el comportamiento del Gobierno, cuando algún secretario de Estado en su comparecencia llegó, ganado por el entusiasmo, a felicitarnos sobre algunas de las propuestas que hacíamos, para después quedar
éstas simplemente en que se iba a estudiar y se recomendaba que se estudiase a largo plazo lo allí encomendado.
La mayor en el campo de los trabajadores autónomos es el estatuto de los trabajadores autónomos. De aquí al Pleno tienen ustedes tiempo para decir que sí. Nosotros -lo queremos decir claramente-, no estamos por la confrontación, estamos
por la negociación, pero sobre todo estamos con las demandas del colectivo de trabajadores autónomos, y créanme que tarde o temprano, con ustedes o sin ustedes, el estatuto de los trabajadores autónomos acabará siendo una realidad.
No quisiera terminar sin una mención, forzosamente breve, pero no por ello menos significativa, de lo que está ocurriendo con los procesos de externalización de los costes empresariales, que, unido al desarrollo de nuevas tecnologías, está
creando un colectivo muy numeroso, de vertiginoso crecimiento y de difícil denominación y al que en el lenguaje coloquial hemos venido en denominar autónomos dependientes. Este colectivo requiere, además de la aprobación del estatuto del trabajador
autónomo, de legislaciones específicas que den respuesta a sus singulares relaciones, tanto laborales como mercantiles, pero que en todo caso eviten el incremento de la ya insoportable precarización del trabajo. Les digo para terminar, igual que
antes, que es mejor entendernos, pero, si esto no es posible, más pronto o más tarde llevaremos a buen término nuestras iniciativas.
La señora VICEPRESIDENTA: (Riera y Reñé): Ante la ausencia del Grupo de Izquierda Unida para defender su voto particular, pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra por el Grupo de Convergència i Unió el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a fijar posición en este trámite parlamentario de comisión en el sentido de cuál va a ser su postura respecto al informe y a los trabajos de esta subcomisión
dirigidos al estudio de las microempresas y de los regímenes generales de los trabajadores que están afectos a la Seguridad Social en comparación con el régimen de los trabajadores autónomos, así como también aquellas medidas que esta subcomisión
podía plantear para reducir las diferencias entre los dos regímenes y, al mismo tiempo, -y este era otro de los objetivos de esta subcomisión- hacer propuestas para que todas las microempresas y futuros emprendedores pudieran gozar de un régimen
fiscal, laboral, administrativo y jurídico de acuerdo con los regímenes que hoy existen dentro de los países de la Unión Europea.
Nuestro grupo parlamentario no ha presentado voto particular al documento que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, porque en este trámite parlamentario alguno de los aspectos más importantes que Convergència i Unió había
planteado y reivindicado, a lo largo de estos casi dos años que ha durado esta subcomisión, se han incorporado al texto definitivo que hoy estamos debatiendo. Por tanto, en primer lugar, quiero reconocer la sensibilidad del Partido Popular ante
planteamientos muy importantes, que nosotros consideramos básicos, para evitar que nuestro grupo parlamentario pudiera presentar un voto particular al respecto y manifestar que estamos moderadamente satisfechos del trabajo de esta subcomisión, que
nosotros lo definimos como un compromiso muy importante del Gobierno en el sentido de que, si se cumplen los acuerdos que hoy vamos a votar en esta subcomisión, vamos a empezar a hacer justicia a en un sector como es el de los autónomos; todos los
grupos parlamentarios han coincidido, -y como no podía ser de otra manera el nuestro también- en que es un sector que afecta a casi tres millones de trabajadores autónomos en todo el Estado español. Nosotros pensamos que, a partir de este momento,
se da un paso cualitativamente muy importante y se empezará a hacer justicia. Es cierto que han quedado algunos aspectos que nosotros considerábamos importantes en el tintero, pero creemos que al iniciarse el cumplimiento de dichos acuerdos, los
otros que han quedado en el tintero posteriormente se irán incorporando para que decididamente los trabajadores
autónomos, las microempresas y los emprendedores puedan gozar de un régimen fiscal, laboral, administrativo y jurídico similar al que goza el resto de países de la Unión Europea.
Vamos a detallar rápidamente cuáles son, a nuestro entender, los aspectos más relevantes que se han incorporado en este estudio gracias al consenso del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para que
estos puntos importantes puedan ser de aplicación a partir del 1 de enero del año 2003.
Desde el punto de vista de las diferencias entre las cotizaciones de los trabajadores que están cotizando por el régimen de autónomos y las cotizaciones de las que gozan los que cotizan por el régimen general de la Seguridad Social, pienso
que hemos conseguido algunos avances muy significativos, cualitativamente muy importantes, repito. Rápidamente voy a detallar los más relevantes desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, se ha acordado una cuestión
reclamada por un gran colectivo de trabajadores autónomos y de asociaciones que han pasado por esta Comisión, como es la posibilidad de que se extienda la prestación permanente, total y cualificada cuando el trabajador autónomo tenga más de 55 años.
Pienso que éste es un paso cualitativamente muy importante y así vamos a hacer justicia a un colectivo de trabajadores que estaban reivindicando desde hace muchísimos años esta posibilidad. Un primer acuerdo de esta subcomisión insta al Gobierno a
que esto sea efectivo en el mínimo plazo de tiempo posible.
Había una reivindicación y un clamor en todo el sector, en el sentido de que los trabajadores autónomos pudieran cotizar por riesgos profesionales, tanto los derivados de los accidentes de trabajo, como los derivados de enfermedad
profesional, ya que hasta ahora no había esta diferenciación entre los riesgos comunes y los profesionales. A partir de los acuerdos de esta subcomisión, en un corto plazo de tiempo, los trabajadores autónomos podrán cotizar por los riesgos
profesionales y accidentes de trabajo. Este es otro punto relevante y nos satisface que sea posible acordarlo en el planteamiento de las diferencias de las prestaciones en cuanto al régimen de la Seguridad Social
Otra cuestión importantísima y muy demandada por el sector era que existiera un complemento de prestación importante para todos aquellos trabajadores autónomos que están en un régimen de pluriactividad. Me explico. Es evidente que hay
muchos trabajadores que están afectos al régimen de la Seguridad Social, que están cotizando por el régimen general, pero también es cierto que parcialmente dedican una parte de su tiempo a actividades autónomas por las cuales también les es
obligatorio cotizar en el régimen de trabajadores autónomos, por lo que existía una duplicidad de cotizaciones sin tener el resultado benefactor de sacar rentabilidad a estas dos cotizaciones. En este sentido hay un acuerdo para que el Gobierno
impulse un estudio en que se valore dicha situación y que todos aquellos trabajadores autónomos que están cotizando por su actividad autónoma y parcial o totalmente en el régimen general de la Seguridad Social se puedan ver beneficiados de dicha
pluriactividad. Por tanto quiero resaltar esta cuestión como un acuerdo muy relevante.
También existía un clamor general en todo este sector pues era una injusticia permanente y total el que los trabajadores autónomos en situación de baja solamente podían cobrar su prestación a partir del decimoquinto día, cuando en el régimen
general el trabajador que esta de baja puede recibir dicha prestación a partir del quinto día, con lo cual había 10 días de diferencia que iban a cargo del trabajador autónomo.
Pues bien, en lo que se refiere a diferencias de cotización, hay un
punto especial en el que se insta al Gobierno a que realice un estudio para acortar dichas diferencias, siempre y cuando no afecte al equilibrio del sistema, por lo que sería normal y natural que en el caso de que se quisiera cobrar dicha prestación
a partir del quinto día existiera una cotización al respecto. Repito, se va a difuminar la injusticia tremenda en cuanto a percibir las prestaciones en caso de baja el quinto o el decimoquinto día.
Había también otra propuesta, bonificar durante los primeros años las cotizaciones de la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que ejercieran su primera actividad. Desde Convergència i Unió habíamos reiterado y planteado
insistentemente el que los trabajadores autónomos pudieran cotizar al inicio de su actividad a tiempo parcial. Esta es una reivindicación que no ha sido posible pactarla con el Gobierno, pero a cambio hemos conseguido que exista una bonificación
importante en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores autónomos en los primeros años de actividad empresarial. Pensamos que éste es un primer paso cualitativamente importante, dejamos encima de la mesa la posibilidad de cotizar
a tiempo parcial, ya que éste también es un acuerdo que se alcanzó en el año 1998 en un debate sobre el estado de la Nación pero, repito, ya nos damos por satisfechos por el hecho de incorporar bonificaciones importantes en los primeros años de
actividad.
Hay otra cuestión respecto de la que el Gobierno está decidido a actuar, como es poder contratar a los familiares, la mujer y los hijos menores de edad, por los trabajadores autónomos en el régimen general. Hoy esto era totalmente imposible
y yo diría que atentaba incluso contra el principio de la libre empresa, porque era una injusticia tremenda que los trabajadores autónomos no pudieran asegurar en el régimen general al esposo o a la esposa para potenciar el negocio familiar. Pienso
sinceramente que con el acuerdo del número 6 esto será también resuelto y, en un breve plazo, los trabajadores autónomos podrán contratar, dentro del régimen de la Seguridad Social, a sus familiares más directos,
como pueden ser la esposa o el esposo y a los hijos menores de edad.
Hay otro aspecto relevante desde nuestro punto de vista, como es que el Gobierno estudie en un futuro inmediato todas aquellas legislaciones fiscales, laborales y jurídicas de los llamados trabajadores autónomos dependientes. Esta es una
cuestión importantísima ya que, como también han dicho otros grupos parlamentarios, cada vez hay más autónomos dependientes debido a la externalización de los costes empresariales de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros habíamos planteado
crear una subcomisión, pero entendemos que lo acordado con el Partido Popular, en el sentido de estudiar la situación de dicho colectivo en un futuro inmediato, da una salida airosa a nuestras pretensiones.
Finalmente, vamos directamente a uno de los puntos en el que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha insistido más profundamente durante todo el tiempo que ha durado esta subcomisión, que los trabajadores autónomos que vieran
frustrados sus proyectos empresariales por condiciones económicas objetivas o por causas de fuerza mayor pudieran tener el subsidio de desempleo, siempre y cuando hubieran cotizado por el mismo. Éste ha sido un debate intenso y extenso con los
diferentes grupos parlamentarios y prácticamente todos estamos de acuerdo, puesto que también era una reivindicación importante de los sectores afectados. No hemos llegado a la solución definitiva de que mañana los trabajadores autónomos que
fracasen en sus proyectos empresariales tengan derecho al subsidio de desempleo, pero hemos llegado a un acuerdo muy importante para que en el futuro determinados trabajadores autónomos puedan tener derecho al subsidio de desempleo al instar al
Gobierno en el sentido de que presente un estudio sobre la creación de un fondo de garantía en el caso de cese por causas objetivas del trabajador autónomo cuya principal fuente de ingresos proceda de una o varias empresas. Sinceramente creemos que
es un primer paso muy importante que, a través de la creación de este fondo de garantía, se estudien todas aquellas causas objetivas para que los trabajadores autónomos, en un breve plazo de tiempo, siempre y cuando sea por causas objetivas y hayan
cotizado al respecto, si fracasan sus proyectos empresariales, puedan acceder al seguro de desempleo.
Dentro del capítulo de propuestas de los trabajadores autónomos en cuanto a su afección al régimen general de la Seguridad Social en contraposición con el régimen de los trabajadores autónomos, hay una posibilidad de capitalizar la
prestación por desempleo a cuenta de los impuestos que se puedan derivar de las cargas fiscales de las cotizaciones de los mismos en los primeros años de su actividad. Nosotros habíamos presentado una batería de propuestas en una dirección similar,
pero nos parece correcta la posibilidad de que la capitalización del desempleo de los trabajadores autónomos se pueda compensar con las cotizaciones de la Seguridad Social de los mismos en los primeros años de actividad.
También nos parece muy interesante el que puedan continuar creándose todas aquellas bonificaciones relativas a la generación del primer empleo por parte de los trabajadores autónomos que están iniciando proyectos empresariales.
Dentro de este capítulo, nosotros planteamos la sustitución del trabajador autónomo para que no se cerrara el negocio por causas de fuerza mayor, que pudiera contratar un sustituto a coste cero. Esto lo hemos conseguido parcialmente, en el
sentido de que el Gobierno ha creído oportuno en un primer nivel que esto solamente fuera efectivo para el caso de aquellas trabajadoras autónomas durante el período de maternidad que se pudiera contratar un trabajador sustituto autónomo en las
condiciones que se aprobó en el Real Decreto-ley 11/1998.
Los puntos más relevantes que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha consensuado con el Partido Popular, van dirigidos a corregir las desigualdades entre los trabajadores autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, y que
estas diferencias se vayan acortando a lo largo de esta legislatura consisten en que, cuando un trabajador autónomo esté de baja pueda cobrar su prestación a partir del quinto día; cuando esté en un sistema de pluriactividad también se le pueda
compensar su doble cotización en prestaciones en un futuro que se determinará próximamente, así como que puedan contratar a sus familiares más directos, como son la esposa y sus hijos, en el régimen general y, finalmente, que tengan, en determinadas
condiciones objetivas, la posibilidad de acceder al seguro de desempleo. Estas son cuestiones que vamos a aprobar en esta Comisión.
Estoy convencido de que con el compromiso que va a adquirir el Gobierno asumiendo dichas propuestas, éstas serán de
aplicación a lo largo de esta legislatura y podremos hacer justicia a este colectivo de autónomos, de emprendedores, de microempresas que, desde esta óptica de prestaciones de la Seguridad Social, ha estado muy mal tratado.
Hay otras propuestas, que yo también voy a comentar muy rápidamente, otras propuestas como simplificar los trámites administrativos. Seguramente todas estas propuestas de simplificación administrativa y de documento único para la creación
de nuevas empresas irán recogidas claramente en el proyecto de nueva empresa que el Gobierno va a enviar a las Cortes en un breve plazo de tiempo. Hacemos especial énfasis en una cuestión que consideramos muy importante como es la posibilidad de
que los trabajadores autónomos, a partir de la aprobación del proyecto de nueva empresa, puedan ver separado su patrimonio personal del que está afecto a la actividad empresarial. Es un hecho relevante al que damos una gran significación. También
consideramos relevante, dentro de las medidas de carácter fiscal, la posibilidad de que el Gobierno pueda
ampliar, a lo largo de esta legislatura, las cifras de ventas de todas las microempresas, para que puedan beneficiarse de los impuestos reducidos.
Hasta ahora el límite llegaba a cinco millones de euros y nosotros planteamos que puedan
llegar a los ocho millones. Esperamos conseguir este objetivo en los debates correspondientes. Es un objetivo claro y conciso asimismo la desaparición del impuesto de actividades económicas, al cual no me voy a volver a referir. Consideramos muy
importante la posibilidad de que para aquellas empresas de nueva creación, para los nuevos emprendedores, exista el aplazamiento de las cargas fiscales hasta al tercero o cuarto ejercicio de su actividad. Nosotros hemos presentado, dentro de este
estatuto de las microempresas y de los emprendedores, una batería de propuestas, tanto fiscales como laborales y jurídicas, y finalmente hemos consensuado una muy importante. Las demás vendrán en las sucesivas reformas tributarias que se van a
poner en marcha a lo largo de esta legislatura. Nos parece relevante que en breve plazo sea posible que todas las empresas de nueva creación y los nuevos empresarios emprendedores tengan la posibilidad de diferir sus cargas fiscales a partir del
tercero o cuarto año de su actividad. Desde un punto de vista laboral, estamos de acuerdo con las medidas propuestas en este documento y, desde el punto de vista de carácter financiero y económico, damos especial importancia a aquellos aspectos
dirigidos a potenciar las sociedades y fondos de capital riesgo, básicamente para la creación de nuevas empresas y sobre todo para los empresarios emprendedores.
Destacamos también que se pueda dar un tratamiento fiscal importante a los impuestos especiales referidos al gasóleo, para diferenciarlos de los precios afectos a los sectores de la pesca y la agricultura y con referencia asimismo a los
precios para el uso privado. Consideramos que es una reivindicación importante que nos ha hecho el sector del transporte y compatible con la legislación de la Unión Europea, y hemos llegado a consensuar con el Partido Popular la posibilidad de
implementarlo en este documento, para que en un plazo de tiempo lo más breve posible puedan aplicarse precios especiales para los gasóleos orientados a consumos profesionales. En cuanto a las propuestas en materia formativa, proponemos incorporar
en todos los niveles educativos aquellos módulos que puedan estimular el fomento de la actividad emprendedora. Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió consideramos que son una serie de propuestas que potenciarán las futuras vocaciones
empresariales y el mercado de los emprendedores y harán justicia, como he dicho al principio de mi intervención, al sector de los autónomos, desde el punto de vista de las diferencias existentes en la actualidad en las distintas prestaciones por
contingencias de accidentes, por enfermedades y por incapacidades laborales transitorias. Finalmente será posible que los trabajadores autónomos puedan gozar del subsidio de desempleo cuando, por causas objetivas, fracasen en sus iniciativas
empresariales.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): En cuanto a los votos particulares, por escrito, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida da por defendido su voto particular al informe elaborado por la subcomisión para impulsar el
estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor, ya que, por causas mayores, su diputado el señor Francisco Frutos no puede asistir para su defensa.
Suspendemos la sesión hasta las once y media, hora para la que se han fijado las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Quiero señalar que hemos presentado una enmienda al punto referente a las medidas de carácter económico-financiero, por la cual proponemos que se imponga un porcentaje para las sociedades y fondos de capital riesgo,
para las gestoras, que se dedique a proyectos empresariales impulsados por empresas de pequeña y mediana dimensión. El texto que ha presentado mi grupo se ha transaccionado con el Grupo Popular y con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la
transaccional queda de la forma en la que se ha entregado a la Mesa, por la que se propone a sociedades y fondos de capital riesgo que destinen un porcentaje de sus recursos a acciones y participaciones de pymes y microempresas.
Hemos detectado -y así se puso de manifiesto en la discusión de otros proyectos- que el problema fundamental en la financiación de capital riesgo es que las gestoras dedican prácticamente todos su recursos a proyectos de gran dimensión, de
ahí que esta enmienda favorezca los objetivos del dictamen que hoy se ha de votar, la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Hemos leído con interés la enmienda y compartimos la filosofía, pero no así el que se determinen unos porcentajes o plazos.
Esta-ríamos dispuestos a aceptar una redacción por la que se dijera que se propone que las
sociedades y fondos de capital riesgo destinen un porcentaje de sus recursos a acciones y participaciones de pymes y microempresas. En esos términos sí que estaríamos dispuestos a apoyarla.
Finalmente, de las cuatro enmiendas que habíamos presentado, retiramos la manuscrita y mantenemos las otras tres en los términos que ya hemos indicado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Aceptamos, como he dicho en mi intervención, la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.
Primero, votamos el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, diez; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el texto del informe de la subcomisión. En primer lugar, la parte referente a trabajadores autónomos; el punto tercero, la tendencia de homogeneización de ambos regímenes, el general y el de autónomos; y respecto a microempresas y
nuevos proyectos empresariales, votamos el punto 1, propuestas de carácter administrativo, y el punto cuarto, propuestas de carácter económico-financiero, con la incorporación de la enmienda transaccionada anunciada con anterioridad.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Por último, votamos el resto del informe con la incorporación de las enmiendas anunciadas durante el debate por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Interrumpimos un minuto la sesión para continuar con el siguiente punto del orden del día. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOLGADO BLANCO), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL. (Número de expediente 212/001084)
- LAS ACTUACIONES DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000928)
- LOS FALLOS DE SEGURIDAD QUE HAN TENIDO LUGAR EN LA CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000783)
- LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA SITUACIÓN CREADA POR LOS ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000532)
- LAS SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO A EMPRESAS DE GALICIA DURANTE LOS AÑOS 1999 Y 2000 Y, DE FORMA ESPECIAL, A LA EMPRESA AURELA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000535)
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DEL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA SOBRE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000659)
- LAS CAUSAS DE LA SUBIDA DE LA INFLACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000807)
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia del secretario de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, para tramitar acumuladamente las comparecencias incluidas en
el orden del día.
Tiene la palabra el secretario de Estado, señor Folgado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Señorías, comparezco hoy ante esta Comisión para informarles sobre algunos temas. En primer lugar, les voy a explicar a SS.SS. la
evolución reciente y las perspectivas de la economía internacional y española. Dentro de este primer apartado de mi intervención, haré un especial análisis sobre las consecuencias económicas de la situación creada por los atentados contra Estados
Unidos y sobre las causas de la subida de la inflación el
pasado mes de abril; dos informaciones que han sido solicitadas por el representante del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto. El segundo bloque de mi intervención se centrará dos informaciones sobre cuestiones de energía que han
solicitado SS.SS. En concreto, informaré sobre las actuaciones de las empresas eléctricas y sobre la posición del Gobierno respecto al informe de la Comisión Nacional de la Energía en cuanto a demanda eléctrica y gas natural, tema importante sobre
el que también han preguntado. A continuación, ofreceré información sobre las subvenciones concedidas a empresas de Galicia durante 1999 y 2000 y especialmente a Aurela, contestando la petición de BNG. Concluiré mi intervención dando cumplimiento
a la solicitud de información del Grupo Parlamentario Socialista con relación a los fallos de seguridad que han tenido lugar en la central nuclear de Zorita el pasado 25 de abril.
La primera parte de mi exposición sobre la situación económica se va a centrar en tres apartados: la situación económica internacional, la coyuntura económica española dentro del contexto internacional y las perspectivas para el presente
año. Todo ello con brevedad, porque después de las intervenciones de SS.SS. se harán las ampliaciones concretas que estimen oportuno. Como saben ya SS.SS., el año 2001 se caracterizó por una fuerte desaceleración de la economía internacional
iniciada en el tercer trimestre del año 2000 que ha afectado de manera sincronizada y con gran intensidad a la mayor parte de los países desarrollados, transmitida por los flujos comerciales y financieros. Tanto es así, que el crecimiento mundial
se redujo a la mitad entre el año 2000 y el 2001, de más del 4,5 por ciento a menos del 2,5 por ciento. Especialmente voy a referirme al comercio mundial.
El comercio en este último año ha sido ligeramente negativo por primera vez en muchos años frente a una tasa de nada menos que el 13,1 por ciento en el año 2000, de manera que la caída en el comercio mundial fue realmente espectacular. Sin
embargo, en la actualidad vemos los primeros síntomas del cambio de tendencia y de vuelta al crecimiento aunque, obviamente, persisten dudas sobre la intensidad en el corto plazo. Los numerosos signos de recuperación aparecidos en los últimos meses
indican que las economías industriales empiezan a superar la ralentización simultánea del pasado año. Tras los atentados del 11 de septiembre, la confianza de los consumidores y empresarios ha mejorado más rápido de lo previsto. La fase de
reducción de existencias está finalizando, los tipos de interés se mantienen en niveles bajos a lo que se une el impulso fiscal en diversas economías, especialmente en Estados Unidos. La OCDE prevé que la actividad en el conjunto del área vaya
tomando fuerza a lo largo del año y en el segundo semestre se alcancen tasas cercanas al 3 por ciento para conseguir un avance del 1,8 por ciento para el año 2002 y del 3 por ciento en 2003. Los intercambios comerciales, en paralelo, también
registrarán una aceleración con un crecimiento del 2,5 por ciento, tras el estancamiento del pasado año y alcanzarán una tasa de crecimiento superior al 9 por ciento en el próximo ejercicio. Hay dudas al respecto. La tendencia parece clara en este
sentido, aunque todavía no se alcanzarán las cifras espectaculares del año 2000. Estados Unidos sufrió antes la desaceleración, que se vio agravada por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Valorar las consecuencias económicas de este
hecho requiere distinguir entre las consecuencias a corto y a medio plazo. En este sentido, el efecto a muy corto plazo de dichos ataques consistió en un aumento de la desconfianza y de la incertidumbre a nivel internacional, que ya eran elevadas
en aquellos momentos porque se estaba claramente en una fase descendente del ciclo. Los efectos a medio plazo están relacionados con el sector de los seguros a través de la subida de primas que están aplicando las compañías de seguros, los mayores
controles fronterizos y las restricciones por motivos de seguridad de buques, cargueros y aviones comerciales que, en conjunto, están suponiendo mayores tiempos de espera y dificultades en el comercio internacional, lo que implica que los costes de
transacción del comercio puedan aumentar entre el 1 y el 3 por ciento del coste de las mercancías.
Son estimaciones que se realizan como consecuencia directamente sobre este coste. Por otra parte, el aumento en gasto público en seguridad y defensa
derivado de estos acontecimientos ha estimulado la actividad económica; tiene un cierto efecto expansivo, del mismo modo que lo ha hecho la rápida reacción en materia de política monetaria adoptada por las autoridades norteamericanas. Estos
estímulos, fiscal y monetario, han ayudado sin duda a superar los efectos económicos negativos que se originaron, de forma que Estados Unidos parece haber superado estos tristes acontecimientos y su economía ya ha comenzado a dar muestras de clara
recuperación, registrando en el primer trimestre de este año una tasa de crecimiento anual del 1,5 por ciento, que triplica la registrada en los dos trimestres anteriores, que había sido del 0,5 por ciento. Este dato, y especialmente la elevada
tasa intertrimestral anualizada del 5,6 por ciento, es lo que permite calibrar la fortaleza de la recuperación.
Es importante ver el perfil a través de las tasas intertrimestrales anualizadas, forma que utiliza habitualmente Estados Unidos en la
presentación de sus datos, a diferencia de Europa en donde es más habitual dar los datos interanuales, aunque la tendencia de corto plazo queda mejor reflejada a través de las tasas intertrimestrales anualizadas. No obstante ese perfil positivo de
la economía norteamericana, existen algunas incertidumbres sobre la fortaleza y la secuencia temporal de la recuperación. Así, algunos analistas resaltan la posibilidad de que la economía pueda registrar una recuperación en forma de doble uve,
apoyada en la experiencia histórica. Cinco de las pasadas seis recesiones
de Estados Unidos han vivido una recuperación en doble uve. Es decir, que se inicia la recuperación, se produce otra vez una recaída y vuelve una recuperación más sostenida.
La debilidad de los beneficios empresariales es otro aspecto a considerar, así como la inexistencia de una demanda sostenida de bienes duraderos y de viviendas que pueda mantener el repunte de la producción, el elevado desequilibrio exterior
y, por último, el agotamiento de los estímulos por la vía de los tipos de interés. La elevada situación de endeudamiento y bajo ahorro de las familias pudiera también sembrar alguna incertidumbre.
En todo caso, la mayoría de las previsiones de
organismos internacionales para el presente año muestra una clara recuperación en este país, pasando el avance del PIB desde el 1,2 por ciento del año 2001 a tasas de crecimiento del 2,5 por ciento para el año 2002 y un punto por encima para el
siguiente. La zona euro, por su parte, muestra también los primeros síntomas de que la desaceleración ha tocado fondo a finales del año pasado. Este hecho se refleja en los datos publicados la semana pasada por Eurostat, relativos al crecimiento
del PIB en el primer trimestre de 2002. En ellos se recoge un crecimiento intertrimestral del 0,2, tasa que contrasta de forma positiva con el menos 0,3 registrado en el trimestre anterior. Aunque la recuperación en esta área se está produciendo
de forma más gradual que la norteamericana, hay que resaltar que la zona euro cuenta con mejores y más sólidos fundamentos macroeconómicos, aunque tenga un elemento de debilidad y es que sean economías menos flexibles, pero los fundamentos son más
sólidos, lo que permite prever que a lo largo del ejercicio se acelere la reactivación alcanzando tasas en torno al 2,5 por ciento en la segunda mitad del año, de forma que el PIB alcance en el conjunto del ejercicio el 1,4 por ciento y mejorará
hasta el 2,9 por ciento en 2003, con arreglo a las previsiones de primavera de los organismos internacionales.
Las perspectivas son menos favorables respecto a Japón, por la persistente debilidad de la demanda interna y los problemas del sistema financiero.
No obstante, el reciente avance exportador está favoreciendo una gradual recuperación de la
producción industrial, esperándose que a corto plazo pueda volver a tasas trimestrales de crecimiento positivo después de la larguísima etapa de enorme debilitamiento en esa gran economía asiática.
El inicio de la fase expansiva en las grandes economías industriales está incidiendo de forma favorable en las economías emergentes, en sentido contrario a lo sucedido el pasado año. En los países del sureste asiático las exportaciones y
otros indicadores han comenzado a recuperarse, mientras que en Iberoamérica el efecto contagio derivado de la crisis de Argentina continúa reducido, esperándose una mejora gradual de la actividad en el resto de las grandes economías de la zona. En
definitiva, señorías, la coyuntura internacional es ahora bastante más positiva que hace seis meses, aunque persisten elementos de incertidumbre como la evolución de los precios del petróleo ligados a los conflictos de Oriente Medio, el
comportamiento bursátil y las dudas sobre la fortaleza de la recuperación estadounidense, unidas a las alertas sobre la posibilidad de nuevos atentados en Estados Unidos y los problemas en el sureste asiático. En términos generales se apunta
claramente a la recuperación, todavía hay algunas dudas, algunos elementos de incertidumbre, pero lo peor parece haber pasado.
En cuanto a la evolución de la economía española, recientemente se han hecho públicos los datos de contabilidad nacional del primer trimestre del presente año por el INE y a ellos me remito para un análisis detenido. En una valoración
general cabe resaltar los siguientes puntos sobre el comportamiento de la economía española en ese período y en los meses siguientes con arreglo a los últimos indicadores. El crecimiento interanual del PIB durante el primer trimestre se ha situado
en el 2 por ciento -como saben SS.SS.-, tasa interanual que, aunque ligeramente inferior a la obtenida en el trimestre anterior, que había sido del 2,3 por ciento, amplía de manera espectacular la diferencia con la zona euro, cuya tasa interanual se
limitó a un pobre 0,1 por ciento en ese primer trimestre. De esta forma se siguen dando pasos firmes también en esta etapa de debilitamiento económico generalizado hacia la convergencia real. El PIB per cápita español ha pasado del 78,2 por ciento
en 1995, en relación con la media comunitaria, al 83,6 por ciento en 2001, y en el año actual puede que se llegue al 84 por ciento. De hecho, España es el país industrializado que ha registrado un mayor crecimiento en el primer trimestre de este
año. Así frente a nuestra tasa interanual del 2 por ciento, los datos de otros países varían desde el menos 0,2 por ciento en Alemania, al 0,3 por ciento en Francia, hasta el 1 por ciento en Gran Bretaña y el 1,5 por ciento en Estados Unidos. Por
consiguiente, es el dato de crecimiento mayor del conjunto de los países de los que tenemos datos precisos en este momento.
Los datos intertrimestrales de la economía española, por su parte, reflejan una flexión al alza en el primer trimestre al aumentar la tasa intertrimestral anualizada desde el 0,6 por ciento del último trimestre de 2001 al 2,1 por ciento
registrado en los tres primeros meses del presente ejercicio. Este registro indicaría que se ha superado el punto de inflexión y que en los meses próximos el crecimiento se va a ir recuperando hasta conseguir la velocidad de crucero del entorno del
3 por ciento a final de año, que es la cifra que prevé la mayor parte de las instituciones. Esta previsión se ve reforzada por los síntomas de recuperación que ofrecen importantes indicadores recientes de nuestra economía. Así se observa que las
variables relacionadas con las decisiones empresariales, actividad industrial, inversión en equipo, etcétera, parecen haber tocado fondo en su
ralentización. La producción y la utilización de la capacidad productiva en la industria han interrumpido su tendencia descendente. En el caso del índice de producción industrial se produce una práctica estabilización en el primer
trimestre, menos 0,1 por ciento, después de notables retrocesos en los trimestres anteriores, menos 3,2 por ciento en el cuarto trimestre de 2001. Esta recuperación es mucho más evidente si se consideran las tasas intertrimestrales anualizadas que
pasan del menos 5,7 por ciento, en el cuarto trimestre sobre el tercero en términos anuales, a más 4,2 por ciento en el primer trimestre sobre el cuarto trimestre en términos anuales. Este es el perfil que hay que analizar para ver cómo se está
comportando o qué ritmo está teniendo una variable en un momento determinado.
Se prevé un aumento de la utilización de la capacidad productiva industrial y de la cartera de pedidos que impulsará una recuperación de las existencias y puede reflejarse en un aumento de la inversión empresarial. El índice de clima
industrial, que alcanzó su mínimo cíclico en marzo, mejoró en casi dos puntos en abril. El consumo de cemento mantiene un elevado crecimiento del 8,2 por ciento hasta abril, a la vez que el consumo de energía eléctrica sigue aumentando por encima
de la producción, es decir, en torno al 5 por ciento en el primer cuatrimestre, lo que supone 1,2 puntos porcentuales por encima respecto al mismo período del año anterior, aunque puede haberse debilitado algo en mayo, debido a que los efectos
climáticos han podido influir, aunque no tengo datos precisos todavía. Por último, las disponibilidades de bienes de equipo también se orientan al alza.
Pasando a analizar brevemente la evolución de los componentes del PIB, se observa que la desaceleración del primer trimestre se ha debido exclusivamente al menor ritmo de aumento de la demanda interna, ya que la contribución del sector
exterior al crecimiento se ha corregido favorablemente en línea con la mejora, aunque suave, del contexto internacional. Así, se ha reducido la aportación negativa de la demanda externa al crecimiento, desde las seis décimas en el último trimestre
de 2001 a sólo una décima en el primer trimestre de 2002.
En cuanto a los agregados de la demanda interna, la ralentización del consumo privado está reflejando tanto el debilitamiento del ritmo de aumento del empleo -aunque sigue siendo positivo y claramente superior al de otros países- como la
recuperación de la tasa de ahorro familiar -lo cual, sin duda, es positivo para los cimientos de la recuperación- que ya mostró cierto incremento el pasado año tras los descensos de años anteriores, ligados fundamentalmente a los elevados volúmenes
de inversión en vivienda y bienes de consumo duradero. En cuanto a la evolución de la inversión, los datos de la contabilidad nacional referidos al primer trimestre muestran un crecimiento del 0,9 por ciento interanual, como saben SS.SS., frente al
1,1 por ciento del trimestre anterior. Sigue contrastando la inercia expansiva de la construcción, que aumenta el 4,4 por ciento, gracias principalmente al impulso de la obra pública, ya que el subsector residencial ha moderado el fuerte
crecimiento de los últimos años con la caída del 4,9 por ciento en el componente de bienes de equipo. Sin embargo, el descenso de esta última variable estaría tocando fondo en paralelo con la mejora del contexto exterior y las expectativas de
recuperación, tanto de la demanda interna como externa en este año. Buena prueba de ello -y es importante resaltarlo- es el favorable contraste que ofrece su tasa de crecimiento intertrimestral en el primer trimestre de 2002, con un menos 0,5 por
ciento frente al menos 5,3 por ciento en el último trimestre de 2001. Un elemento positivo adicional para una rápida recuperación del agregrado inversión es la situación financiera de las empresas que se encuentra en una posición saneada, con
niveles de apalancamiento financiero históricamente positivos. Al analizar esta variable se debe tener presente que desde 1996 la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo de nuestra economía ha experimentado una diferencia a
nuestro favor respecto a la media de la Unión Europea de 2,2 puntos porcentuales en precios constantes; 5,6 por ciento frente al 3,4 por ciento en la UE. En términos de porcentaje sobre el PIB, la inversión fija en España ha pasado del 21,6 por
ciento en 1996, al 26,5 por ciento en el primer trimestre de 2002, superando todos los años la media comunitaria con un diferencia positivo de 3,5 puntos como media, en el período 1996-2001. Este importante y positivo diferencial es fundamental si
queremos continuar en los próximos años con nuestro proceso de convergencia real con la Unión Europea. Además, la financiación de este fuerte proceso inversor se está realizando de forma equilibrada, puesto que el ahorro interno financia casi el 89
por ciento de la formación bruta de capital, por lo que nuestra necesidad de financiación apenas ha alcanzado el 2 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2002.
Señorías, es muy importante resaltar el grado de capitalización de la economía si queremos que nuestra velocidad de crucero en el avance de la producción, de la actividad y del empleo sea superior a la de otros países y sigamos avanzando en
convergencia real. Si nos fijamos en lo que se dedica a inversión del conjunto de la tarta nacional y en lo que se dedica a formación bruta de capital fijo en porcentaje del producto interior bruto, el hecho de que en los últimos trimestres, en
particular en el primer trimestre del presente año, la economía española esté invirtiendo en relación con el producto interior bruto cinco puntos porcentuales más que la Europa comunitaria -de los que cuatro puntos corresponden al sector privado y
uno al sector público, 3,3 ó 3,4 frente al 2,3 ó 2,4 en la Unión Europea- es el mejor indicador para reflejar en qué medida una economía es capaz de crecer en el futuro. Sólo a través de las
inversiones y del aumento de la oferta se puede crecer sobre bases de estabilidad macroeconómica con mayor intensidad que en otros países y seguir avanzando en la convergencia real. Por otra parte, el crecimiento de nuestra economía sigue
siendo intensivo en la creación de empleo, al tiempo que se está mejorando su calidad y la estructura del mercado de trabajo. Los datos de la contabilidad nacional en el primer trimestre de este año arrojan una creación de 210.300 empleos, lo que
supone el 1,4 por ciento de aumento, y, en particular, de 68.900 empleos sobre el trimestre anterior, representando esta última cifra el mayor incremento intertrimestral desde hace un año.
Respecto a la inflación -otra cuestión sobre la que se hacía una pregunta específica-, cabe señalar que la evolución del IPC en el primer cuatrimestre del año ha sido peor de lo que se esperaba a finales del pasado ejercicio, puesto que del
2,7 por ciento de diciembre se pasó al 3,1 por ciento en el primer trimestre y al 3,6 por ciento en abril. Como SS.SS. saben, en España se registró un incremento mensual del 1,4 por ciento en abril, lo que ha llevado a la tasa interanual al 3,6
por ciento. Esta evolución ha venido marcada por factores de carácter básicamente transitorio o volátil, que probablemente se agotarán en los próximos meses. Así, en el primer cuatrimestre las principales tensiones inflacionistas se localizaron en
los productos energéticos y en los alimentos. En concreto, el precio del barril de petróleo ha subido de 18,6 dólares barril en diciembre de 2001 hasta 25,6 dólares barril en abril del año en curso, lo que supone un aumento del 37,6 por ciento, que
está motivado en gran parte por el conflicto en Oriente Medio. Por otro lado, la persistencia alcista de algunos productos alimenticios como el aceite y el adverso comportamiento de varios alimentos frescos por las malas condiciones meteorológicas,
como frutas, verduras y hortalizas frescas, han frenado la esperada reducción del componente de alimentos no elaborados. Este conjunto de factores, unido al aumento de alguna rúbrica de servicios, como turismo, hostelería y transporte público, y a
la sorprendente subida del grupo vestido y calzado, han sido los principales responsables del aumento de la inflación en el actual ejercicio. A medida que se agote el efecto de estos elementos transitorios, cabe esperar que la inflación retome una
línea de moderación; una reducción a la que también contribuirán otros factores como la moderación de la demanda de consumo privado y el fortalecimiento del euro frente al dólar, aunque naturalmente dependerá también de los que pase con el precio
del petróleo. Nuestro diferencial respecto a la zona euro se ha mantenido desde septiembre del pasado año por debajo de un punto porcentual, lo cual refleja un mejor comportamiento del que había habido en los meses y años anteriores, si bien se ha
situado en abril en el 1,3 por ciento. En cualquier caso, la inflación en la Unión Europea también evolucionó al alza en el conjunto del período transcurrido en el actual ejercicio, pasando del 2 por ciento en diciembre al 2,4 por ciento en abril,
aunque en los últimos meses muestra una reducción del 2,7 por ciento en enero al 2,4 por ciento en abril. Es evidente que hemos aumentado nuestro diferencial hasta un nivel que el Gobierno no considera adecuado, pero en este aspecto conviene tener
en cuenta que mantenemos un diferencial de crecimiento del PIB claramente superior a un punto porcentual, casi de dos puntos en el primer trimestre de 2002, y ello inevitablemente supone un cierto diferencial de precios. La explicación de este
fenómeno -no ya en opinión del Gobierno, sino en la del Fondo Monetario Internacional- se encuentra en la confluencia de varios factores. Por un lado, la equiparación progresiva de los distintos niveles de precios que se produce en un área
monetaria y, por otra parte, el incremento más que proporcional de la demanda de servicios conforme aumenta el nivel de renta lo que hace que, por no encontrar competencia externa, estos servicios suban más que la media.
Como síntesis general del perfil de crecimiento de la economía española, cabe decir que para el presente año el producto interior bruto puede crecer, como el Gobierno ha estimado, un 2,4 por ciento; una previsión que está en línea con la de
los organismos internacionales que han revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española, situándola por encima del 2 por ciento en 2002 y del 3 por ciento para 2003, lo que ha originado una ampliación de los diferencias
positivos con algunas áreas, entre ellas, la Unión Europea. Aunque subsisten algunas incertidumbres en el panorama internacional, la economía española ha sido capaz de superar en mejores condiciones que sus socios comunitarios la peor crisis
internacional de los últimos 30 años por su extensión -en cuanto a los países afectados- y profundidad -por la enorme desaceleración en las mencionadas variables producción y comercio internacional-, aunque haya sido breve en el tiempo. Ello se
debe a los sólidos fundamentos que le ha aportado la política económica, firmemente comprometida con la estabilidad macroeconómica y las reformas estructurales. De ahí que el Gobierno siga manteniendo, como ejes prioritarios, la aplicación de una
política presupuestaria orientada al equilibrio y la introducción de medidas estructurales de flexibilización, liberalización de los mercados y fomento de la competencia. Esta es la mejor garantía de cara a continuar por la senda de la convergencia
real en renta y en empleo.
Entrando, si me lo permiten SS.SS, en el segundo bloque de mi intervención, referido a las dos cuestiones de energía que ha solicitado el Grupo Mixto, BNG, les informo que, el pasado mes de diciembre, la Comisión Nacional de la Energía
aprobó el denominado informe marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural y su cobertura, como respuesta a la petición formulada por el vicepresidente segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y ministro de Economía. La colaboración de la Comisión Nacional de la Energía fue solicitada en esta ocasión con el fin de disponer del mayor número posible de elementos objetivos para orientar el proceso de diseño
de las infraestructuras necesarias para el suministro de gas y electricidad en nuestro país durante los próximos años y hasta el 2011. En efecto, el informe de la comisión - donde se recogen previsiones de oferta y demanda a corto y medio plazo- se
constituyó como elemento de gran relevancia en el desarrollo de la labor que el Gobierno tiene encomendada y que se encuentra en avanzado estado de tramitación y discusión. Me refiero, naturalmente, a la labor de planificación de infraestructuras
energéticas para los próximos 10 años, en la que, desde el Ministerio de Economía, así como desde el propio Parlamento, se está trabajando con gran intensidad. El proceso de planificación, como SS.SS saben, comenzó en junio de 2001 mediante la
convocatoria a todos los interesados para que realizasen propuestas de desarrollo de las redes, así como la aportación de toda la información que estimasen oportuna. A partir de esa recopilación, y tras la elaboración y evaluación preliminar, se ha
elaborado el documento de trabajo, presentado al Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo.
Y debo decir que el informe aportado por la Comisión Nacional de la Energía ha sido, sin duda, un elemento de gran relevancia para la elaboración de
ese primer documento de reflexión, que está sirviendo de base para un profuso debate por parte de las administraciones públicas, agentes de los sectores energéticos y otros interesados en este proceso.
En esta fase de discusión, debo resaltar la
labor que está siendo desarrollada, con un apretado calendario de trabajo, por la subcomisión de seguimiento de infraestructuras energéticas en el Congreso de los Diputados, que espero nos haga llegar sus conclusiones y recomendaciones en los
próximos días, en la medida en que las consideramos fundamentales para la elaboración del documento final, que esperamos tener ultimado antes de verano para su aprobación por el Consejo de Ministros y, posteriormente, ser sometido al Congreso de los
Diputados, tal y como establece la legislación vigente.
Permítanme, pues, referirme al contenido de ese documento de trabajo, en el que no se recogen decisiones finales, sino que persigue trasladar una serie de planteamientos de desarrollo de las redes de transporte eléctricas y gasísticas, con
el principal objeto de suscitar el debate.
En primer lugar, el documento aborda la previsión de la evolución energética española, con el fin de ofrecer una visión panorámica, global y dinámica del balance energético en el período de análisis. Las
previsiones, elaboradas a partir de escenarios coherentes con el marco económico y energético internacional y comunitario, indican que el consumo de energía primaria en España crecerá hasta llegar a una tasa del 3 por cierto anual, aproximadamente,
tasa inferior a la de la energía final, cuyo crecimiento se sitúa en un ritmo medio anual del 3,48 por ciento. Estas previsiones incorporan criterios de eficiencia energética, esfuerzo que se concreta en el período de estudio, principalmente en una
aplicación de eficiencia tecnológica, basada en un importante uso de tecnologías energéticas eficientes como la cogeneración y los ciclos combinados. En cuanto al balance por productos, las estimaciones en el entorno del año 2010 indican que
seguirá siendo predominante el peso de los hidrocarburos, aunque el gas natural es la fuente energética de mayor crecimiento, hasta alcanzar un peso superior al 22 por ciento del total en el año 2010. En definitiva, pasa de prácticamente nada a
casi la cuarta parte. Igualmente, debo destacar el peso de las energías renovables, respecto de las que se mantienen los objetivos del plan de fomento aprobado por el Gobierno en 1999, esto es, la cobertura del 12 por ciento de la energía primaria
en 2010. Bien es verdad que en cifras absolutas aumenta más de lo que se establecía en aquel documento, por cuanto la base sobre la que se aplica ese 12 por ciento es mayor; y dentro de las energías renovables, la energía eólica tiene un papel muy
importante, sin duda ninguna.
Creo relevante prestar atención a la evolución que prevemos para la estructura de generación eléctrica, que varía de forma importante. Frente al predominio del carbón en el año 2000, de un 35,9 por ciento, y de la energía nuclear, de un
27,6, y una menor presencia del gas natural, de un 9,7 por ciento, productos petrolíferos, de un 9,9 por ciento y energías renovables, de un 16,9 por ciento, pasaremos a un escenario muy distinto de predominio del gas natural, que aumenta del 9,7 al
34,2 por ciento, y de las energías renovables, de un 28,9 por ciento, frente a una menor presencia de la energía nuclear, de un 20,1 por ciento, el carbón, con un 12 por ciento y productos petrolíferos, con un 4,8 por ciento. Tras este marco
general, el documento de trabajo desciende al ámbito eléctrico, en el que me gustaría apuntar un dato que nos ilustra sobre la senda reciente de evolución de la demanda eléctrica en España. En el año 2001, la demanda de energía eléctrica peninsular
ha crecido por encima del 5 por ciento por cuarto año consecutivo, acumulando un incremento del 50 por ciento en la última década. Este importante aumento del consumo eléctrico está ligado, principalmente, al gran impulso del crecimiento económico
del último quinquenio. No obstante, los valores de consumo per cápita son todavía inferiores a los de países de nuestro entorno, como Francia y Alemania, no así en relación con Italia, que nos encontramos prácticamente en el mismo orden de magnitud
de consumo per cápita. Se considera que en la Península la demanda final de electricidad aumentará el 3,75 por ciento anual medio hasta 2011. Respecto a este horizonte es importante resaltar que existe una tendencia a la equiparación entre puntas
de verano y de invierno, lo que determina para el conjunto del sistema un mayor grado de eficiencia en la utilización
de recursos necesarios. Como saben SS.SS la demanda eléctrica es un bien no almacenable, por lo que hay que tener la reserva de potencia necesaria para atender los momentos punta. Tanto más ineficiente sería el sistema en la medida en que
hubiera que tener un excedente de oferta de capacidad instalada para atender solamente un determinado pico de demanda durante el conjunto del año. Lo que está sucediendo ahora es que, frente a etapas pasadas, los picos de demanda que se
concentraban desde mediados de diciembre hasta finales de enero ahora se producen, prácticamente con la misma intensidad, entre el 15 de junio y finales de julio, sin duda como consecuencia de las nuevas tecnologías y la generalización de los
acondicionadores de aire.
El objetivo principal en el capítulo eléctrico se refiere a la planificación de la red de transporte que tiene carácter obligatorio.
Para este ejercicio se ha aplicado una metodología que agrupa criterios técnicos, es decir, aquellos
destinados a garantizar la fiabilidad de la red y el correcto comportamiento del sistema eléctrico y criterios económicos y sociales. Con ello se persigue obtener la solución óptima que equilibre el coste económico y social con las exigencias de
suficiencia y fiabilidad. En este punto, me gustaría resaltar la distribución geográfica de las actuaciones previstas. Aunque todas las zonas han participado en el crecimiento sostenido de la demanda de electricidad en los últimos años, los
incrementos han sido claramente mayores en las zonas sur, levante y centro, previéndose que dicha tendencia continúe, al menos, en el corto plazo. Por su parte, la nueva generación -y, por tanto, su atención en términos de redes- estaría
generalmente ubicada en las zonas más deficitarias y con un mayor crecimiento de la demanda, con lo que se constata una tendencia a la corrección de los desequilibrios entre generación y demanda. A este respecto, señorías, quisiera resaltar la
imbricación que se produce entre la planificación vinculante de redes, de transporte, de electricidad, de gasoductos, almacenamientos, etcétera, y la planificación indicativa -digámoslo así- de la iniciativa privada, como por ejemplo, plantas de
generación eléctrica o, incluso, plantas de regasificación, que se está produciendo de manera prácticamente perfecta, en el sentido de que la iniciativa privada está atendiendo en cantidad y calidad, y desde el punto de vista de la distribución
geográfica, allí donde más se necesita.
En el documento se recoge una amplia relación de actuaciones en infraestructuras. Simplemente quiero resaltar la cuantificación de la inversión prevista en este documento de trabajo para el horizonte 2002-2011, distinguiendo las actuaciones
incluidas de forma preliminar en la propuesta de desarrollo, que se elevan a 2.700 millones de euros.
Adicionalmente, existe una serie de actuaciones que se encuentran pendientes de evaluación definitiva y que responden a propuestas de inversión
procedentes de comunidades autónomas, agentes del sector y demás participantes en el proceso de planificación, que se elevan a un total de 1.222 millones de euros, adicionales a los que nosotros habíamos proyectado inicialmente en el documento de
trabajo.
Me detengo brevemente en este punto para informar a SS.SS. sobre las actuaciones de las empresas eléctricas. En concreto, les voy a reportar sobre la situación de las inversiones en el sector eléctrico nacional y la evolución de la calidad
del suministro, medido por los llamados tiepis, es decir, tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada. Con relación al comportamiento inversor del sector eléctrico, incluyendo UNESA y Red Eléctrica, en las distintas actividades de
generación, transporte y distribución, desde 1998 hasta 2001, se han realizado inversiones por importe de 7.347 millones de euros, 1,22 billones de pesetas, lo que supone un crecimiento medio anual en el período del 18,7 por ciento, y está
distribuido en 3.349 millones de euros para generación y 3.998 millones de euros para transporte y distribución. Si observamos el parque de generación en los últimos años, comprobamos que la inversión en nueva capacidad durante la primera parte de
los años noventa fue muy escasa, teniendo en cuenta además la decisión de moratoria nuclear, que determinó que dos nuevas centrales ya construidas no se pusieran en funcionamiento. De esta forma, entre 1990 y 1996 sólo se amplió la potencia
instalada en 1.700 megavatios, invirtiéndose esta tendencia, a partir de 1996, con la aprobación de la Ley del sector eléctrico. De hecho, entre 1997 y 2000 entraron en funcionamiento 3.400 megavatios de nueva capacidad, es decir, el doble, y
comenzaron a solicitarse autorizaciones de nuevas centrales de generación de ciclo combinado de gas natural. Actualmente hay iniciativas para construir 33.000 megavatios de nueva potencia en ciclos combinados, a los que hay que añadir en torno a
20.000 megavatios de nueva potencia eólica.
De esos 33.000 megavatios, no sabemos cuántos se van a construir.
Nosotros, en la proyección del documento de trabajo, hacíamos referencia a que, como mínimo, eran imprescindibles 11.000 megavatios;
estamos hablando de un tercio del total. De hecho, en estos momentos, de esos 33.000 megavatios, 24.000 están en una fase algo más avanzada que la mera solicitud. De manera que, desde el punto de vista de lo que es la iniciativa privada para nueva
potencia instalada, estamos en una situación claramente favorable, habida cuenta, además, de las tecnologías de generación eléctrica y sus pros y sus contras, que los tienen todas, y de algunas energías renovables, que son muy importantes desde el
punto de vista de aportación al sistema, aunque también tienen importantes limitaciones desde el punto de vista de la seguridad del suministro, como hemos podido comprobar históricamente.
Según el documento de trabajo sobre planificación energética, para el horizonte 2002-2011 se prevén unas inversiones en transporte, esto es, en líneas y subestaciones,
de 2.700 millones de euros. Adicionalmente, se encuentra pendiente de evaluación definitiva una serie de actuaciones por importe de otros 1.222 millones de euros, como reseñé anteriormente. Como consecuencia de ese proceso inversor de las
empresas se ha podido atender la demanda de energía eléctrica, que ha crecido a un ritmo del 6 por ciento anual en España en los últimos cinco años. Este incremento de la demanda plantea un reto a nuestro sector eléctrico, que consiste en atender a
la nueva demanda no sólo conservando las actuales condiciones de suministro, sino mejorando al mismo tiempo nuestro nivel de calidad del servicio. En este sentido, se ha producido en nuestro país una mejora importante en la calidad del suministro
eléctrico. En concreto, frente a un valor medio del tiepi de 4,74 horas entre 1990 y 1996, desde entonces este valor se ha situado en términos medios, hasta 2001, en 3,17, teniendo además en cuenta el aumento que se produjo en el año 2001 por
causas absolutamente extraordinarias ya de todos conocidas. Los datos disponibles de este indicador de calidad para el primer trimestre de este año también muestran una mejora. Así, frente a 0,90 del primer trimestre de 2001, este año el tiepi se
sitúa en 0,66. El Gobierno va a seguir trabajando para conseguir que los valores del tiepi sean los menores posibles, de cara a mantener y mejorar, si cabe, la calidad del suministro eléctrico a todos los usuarios.
A continuación paso al análisis de la evolución de la demanda de gas natural, y el documento de trabajo sobre planificación energética pone de manifiesto la confirmación de una tendencia ya detectada en nuestro panorama energético: la
introducción progresiva y la importancia creciente del gas natural. La demanda total de gas en España, al cabo de 11 años, será 2,6 veces superior a la actual, lo cual determina un aumento de la demanda peninsular de los actuales 18 BCM, miles de
millones de metros cúbicos, a 43,9 BCM en el año 2011. El elemento que sin duda tiene mayor relevancia es el desarrollo del mercado de la generación de electricidad, como ya he mencionado anteriormente, en centrales de ciclo combinado, con un
crecimiento tan importante que se estima que en el año 2011 suponga más del 30 por ciento del total de la demanda de gas, llegando a un consumo de unas 14,6 veces más. En la elaboración de la previsión de la infraestructura gasista peninsular a
largo plazo se ha efectuado un análisis en dos subperíodos diferenciados, 2002-2005 y 2006-2011, como consecuencia de la diferente concreción que es posible atribuir a cada uno de los períodos. Como resultado de este conjunto de análisis, se
propone, para el período 2002-2011, una inversión por valor de 3.872 millones de euros. Adicionalmente existen otras propuestas de inversión, pendientes de evaluación definitiva, que se elevan a 2.311 millones de euros.
En relación con la petición del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las subvenciones a fondo perdido a empresas de Galicia durante los años 1999 y 2000, y especialmente a la empresa Aurela, les informo lo siguiente.
Primero, desde enero de
1999 a diciembre de 2000 se han concedido ayudas a 135 empresas ubicadas en Galicia a través del sistema de incentivos regionales, para la realización de inversiones, por importe de 391,54 millones de euros; las subvenciones aprobadas ascienden a
67,42 millones de euros y las empresas se han comprometido a crear 2.647 nuevos empleos y a mantener otros 6.614. Quiero decirles a SS.SS. que estamos hablando de lo que es el mapa de incentivos regionales que permite y aprueba Bruselas, y que
distingue los techos de incentivo, es decir, bonificación a las inversiones de las empresas en distintas localidades del espacio geográfico español, en función de niveles de desarrollo, etcétera. Las subvenciones que se hacen a estas inversiones
están perfectamente estipuladas en función del volumen de la inversión, del empleo que crea o mantiene y en función de ese mapa de incentivos regionales que aprueba Bruselas y los porcentajes o techo de subvención fluctúa en función de determinados
indicadores, especialmente el nivel de desarrollo.
Naturalmente, estas subvenciones se conceden en función de las peticiones que realizan las empresas de inversión en los sectores, que también están reglamentados. Creo que ha habido un porcentaje
de empresas importantes que en estos dos años han solicitado ayudas en Galicia, en sectores acogibles a estas subvenciones, que se han concedido, repito, en función de la inversión y del empleo creado. En segundo lugar, en las bases de datos del
sistema de incentivos regionales no figura el grupo Aurela como receptor de ninguna subvención. Se había solicitado esta información y queremos decirle que no existe Aurela, como tal, como receptor de ninguna subvención. No obstante, según
información posterior remitida por la Comunidad Autónoma de Galicia, este grupo participa en tres empresas que han presentado solicitudes de ayuda al sistema de incentivos regionales.
Dichas empresas son Pumade, S.A., Ibérica de Conformados e
Inasus, S.L.
La situación actual de estos tres expedientes es la siguiente: En primer lugar, Pumade S.A., tiene una inversión subvencionable de 2,8 millones de euros y se ha comprometido a crear 28 puestos de trabajo y a mantener 91.
La
subvención concedida se ha contabilizado para el pago el pasado 18 de abril, previa certificación de cumplimiento emitida por la Junta de Galicia, porque ese es el procedimiento que está reglamentado. La subvención que le correspondía con arreglo a
inversión y empleo, sector y ubicación, era el 22 por ciento. En segundo lugar, Ibérica de Conformados ha recibido una subvención para financiar una inversión de 1,33 millones de euros y la creación de 15 puestos de trabajo. La subvención se ha
contabilizado el 28 de marzo de 2002 previa certificación de cumplimiento de la Xunta de Galicia. En tercer lugar, Inasus S.L. Este proyecto tiene aprobada una subvención para financiar una inversión de 0,84 millones de
euros que va a crear 12 empleos y a mantener 52. Actualmente, se está tramitando el pago porque ha venido el certificado de cumplimiento de la Xunta de Galicia. En éste, como en todos los demás expedientes que se analizan dentro del
sistema de incentivos regionales, se han cumplido escrupulosamente los requisitos y condiciones exigidos en la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, y en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.
El reglamento de desarrollo de dicha ley se ha
modificado por los reales decretos 897/1991, 2315/1993 y 78/1997.
A continuación y, por último, me voy a referir a la cuestión solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre fallos de seguridad en la central nuclear de Zorita. Como SS. SS. ya saben, la central nuclear de Zorita con una potencia
de 160 megavatios entró en servicio en 1968. Es la más antigua de las centrales nucleares españolas. Funciona en la actualidad de acuerdo con la autorización concedida por la orden ministerial del antiguo MINER, de fecha 15 de octubre de 1999, por
la que a partir de lo establecido en el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear se renovaba su permiso de explotación por un período de tres años; por tanto, esta autorización vence el 15 de octubre de 2002.
Dado que en octubre de
2001, conforme a lo previsto en el permiso vigente, el titular de la central presentó una solicitud para su renovación por un período de seis años tras lo cuales la central alcanzaría los 40 años de funcionamiento, el próximo mes de octubre, y de
acuerdo con el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Economía deberá pronunciarse sobre dicha solicitud. Antes de entrar en los detalles del incidente del pasado 25 de abril, permítanme SS. SS. unas palabras sobre
las condiciones de seguridad de las centrales nucleares. El funcionamiento de las centrales nucleares está sometido entre otras a dos tipos de precauciones. Unas referidas a la seguridad nuclear operacional y otras a la seguridad en el control de
los materiales nucleares. Por lo que se refiere a la seguridad nuclear operacional, las medidas que se adoptan están destinadas a evitar que el material nuclear o los productos generados en su irradiación escapen de las barreras que los contienen,
pudiendo provocar daños radiológicos a las personas o al medio ambiente. Con este fin las centrales nucleares, en lo que respecta a su diseño y construcción, disponen de sistemas de seguridad redundantes y separados físicamente para hacer frente a
los accidentes postulados en el diseño y los edificios. Estos sistemas de seguridad están preparados para resistir seísmos, incendios, inundaciones, así como accidentes derivados de actividades exteriores, tales como accidentes de transporte o
industrias instaladas en los alrededores del emplazamiento. La normativa a aplicar en esta materia se concreta en el reglamento de instalaciones nucleares y radioactivas y en el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
El Ministerio de Economía, de acuerdo con el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, dicta la correspondiente autorización de funcionamiento en la que se establecen los límites y condiciones a que ha de estar sometido el funcionamiento
de una central. Asimismo, con el fin de hacer frente a los riesgos específicos, se establecen los correspondientes planes de emergencia interior y exterior para cada provincia en la que se ubica una central nuclear, que son gestionados por la
Dirección General de Protección Civil. Esta es la regulación que hay en España, que además es homogénea en la mayor parte de los países.
En lo que respecta a la seguridad en el control de este material nuclear, también conocidas como medidas de protección física, destinadas a evitar, como consecuencia de la acción de un agente externo e interno, que estos materiales o las
instalaciones sean objeto de sabotaje, robo o desvío que pueda dar lugar a un uso indebido de los mismos o a la contaminación de personas o de medio ambiente; para el ejercicio de las actividades de importación y exportación de los materiales
nucleares así como para las de manipulación, procesado, almacenamiento y transporte tanto nacional como internacional, es precisa una autorización específica de la Dirección General de Política Energética y Minas previo informe del Consejo de
Seguridad Nuclear y del Ministerio del Interior. Esta autorización se renueva cada dos años, según se establece en el Real Decreto 158/1995, sobre protección física de los materiales nucleares, normativa que recoge las obligaciones asumidas por
España como parte firmante de la convención de protección física de los materiales nucleares de 3 de marzo de 1980. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear, en marzo de 2000 publicó su guía de seguridad 8.1 sobre protección física de los
materiales nucleares en instalaciones nucleares y en instalaciones radiactivas, en la que se exponen los criterios que a juicio de este organismo permiten alcanzar los niveles mínimos de protección establecidos en el Real Decreto mencionado
158/1995. De acuerdo con esta guía, el titular de la instalación nuclear debe establecer e implantar, poner en práctica y mantener un sistema completo de control y protección física cuya finalidad es prevenir, disuadir e impedir actos deliberados
originados en el interior o en el exterior de la instalación, dirigidos a producir daños en la instalación o a la retirada no autorizada de material nuclear. Los métodos empleados para cumplir la finalidad y para alcanzar el objetivo del sistema
suponen: el control estricto del sistema del acceso a la instalación, a sus áreas vitales y a la áreas de acceso a material nuclear; la detección y confirmación rápida de intrusiones; la detención a tiempo de cualquier acción atentatoria contra
la instalación y contra el material y finalizan con la custodia y entrega del intruso o intrusos a las autoridades civiles que corresponda. Las previsiones realizadas por el titular para establecer, implantar y mantener el sistema
mencionado deben quedar debidamente recogidas en el plan de protección física correspondiente a la instalación en el que se incluirá un plan de contingencias.
Tras los atentados del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad Nuclear requirió a las centrales nucleares la adopción inmediata de medidas de refuerzo de sus sistemas de protección física. Posteriormente, y siguiendo recomendaciones
internacionales, porque esto ha sido en el ámbito internacional, solicitó a éstas que efectuaran un análisis de las medidas excepcionales establecidas por el organismo regulador de los Estados Unidos en las centrales de ese país, de modo que se
pudieran implantar aquí las medidas semejantes que en cada caso procedieran.
Es con este último tipo de seguridad con el que se puede relacionar el incidente que tuvo lugar en esta central, en la de Zorita, el pasado 25 de abril en el que un grupo de seis personas que se identificaron como miembros de la organización
ecologista Greenpeace accedió al recinto de la central encaramándose a la cúpula del edificio de la contención, aunque nunca accedieron naturalmente a las zonas estrictas de control de material nuclear. De acuerdo con la información facilitada por
el Consejo de Seguridad Nuclear a las 6,50 horas del 25 de abril del 2002, tuvo lugar una maniobra de aproximación realizada por un elevado número de personas, de 20, a la entrada principal de la central. El vigilante de ronda exterior recibió
desde el centro de alarmas principal, el CAP, la instrucción de dirigirse hacia la entrada principal. Posteriormente, se registra una alarma producida por el sistema de detección de intrusión del doble vallado en la zona radiológicamente controlada
ubicada en las áreas exteriores de la parte sur de la instalación. Al llegar al punto en que se ha producido la alarma, el vigilante observa que un grupo de aproximadamente diez personas estaba sorteando el doble vallado mediante escaleras apoyadas
en él. El vigilante dio la voz de alto a los intrusos que no obedecen a su requerimientos y realizó un disparo al aire. Los intrusos y un grupo de personas que permanecen fuera del vallado se identifican como miembros de la organización Greenpeace
y dicen no tener intención de causar daños. Finalmente las seis personas que penetraron en el interior del vallado accedieron por las escaleras exteriores del edificio auxiliar hasta su terraza y desde ésta hasta la cúpula del edificio de
contención, donde desplegaron una pancarta. El tiempo empleado en el recorrido ha sido estimado por el vigilante entre cinco y ocho minutos. A las 7,17 se activó el plan de emergencia interior de categoría tres y se movilizó el retén de la
instalación como consecuencia del suceso iniciador, agresión a la central con pérdida inminente de control de la seguridad física, y a las 7,47 horas la central envió al Consejo de Seguridad Nuclear un fax de notificación de la emergencia.
Hacia
las 9,26 horas se inició la parada ordenada del reactor a instancia del Consejo de Seguridad Nuclear al no poder garantizar el titular la plena operabilidad de todos los sistemas de seguridad nuclear requeridos en la operación. Posteriormente el
Consejo de Seguridad Nuclear, que cuenta con dos inspectores residentes en esta central, al igual que en las demás centrales, envió a las 10 horas a la central a dos técnicos inspectores. Los intrusos permanecieron en la cúpula del edificio hasta
las 11,55 horas, momento en que descienden voluntariamente. Tras bajar de la cúpula, pasan por los controles radiológicos previos a salir de la zona controlada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la central, que dieron resultado
negativo.
El Consejo de Seguridad Nuclear, tras llevar a cabo la investigación para asegurarse de que el incidente no había afectado a la seguridad de la central, confirmando la conclusión de la primera inspección realizada el mismo día del incidente,
el pasado 7 de mayo autorizó la puesta en marcha de esta central, que permanecía parada desde dicho día. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 158/1995 sobre protección física de los materiales nucleares, mediante resolución de la
División General de Política Energética y Minas de fecha 12 de diciembre de 2001 se concedió a Unión Fenosa Generación, S.A., la prórroga de la autorización para el ejercicio de las actividades de importación y exportación de los materiales
nucleares, así como su manipulación, procesado, almacenamiento y transporte de la central nuclear José Cabrera. En ella se establece que el Consejo de Seguridad Nuclear podrá remitir directamente al titular instrucciones técnicas para el mejor
cumplimiento y verificación de la protección física implementada en la instalación respecto a las actividades para las que se concede la autorización. Con este fin, el 3 de enero de 2002 el Consejo de Seguridad Nuclear dirigió al titular una
instrucción técnica por la que se le daba a la central un plazo de tres meses para la implantación de las reformas necesarias en el sistema de seguridad de la instalación para cumplir con lo requerido en el mencionado Real Decreto 158/1995, al
tiempo que se exigía que en el ínterin se deberían establecer las medidas compensatorias que garanticen el nivel mínimo de protección de la instalación requerido en el referido real decreto. En esta instrucción el Consejo de Seguridad Nuclear
señalaba al interesado que su guía de seguridad 8.1 constituía un método aceptable para la implantación de medidas de protección física al perímetro del área protegida y al control de accesos a las áreas de seguridad. Debido fundamentalmente a
problemas de suministro de los equipos necesarios para dar cumplimiento a la instrucción, por carta de 14 de febrero de 2002 la central solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear una prórroga de seis meses para concluir la implantación de las reformas
requeridas, que le fue concedida con fecha 15 de marzo, lo que en ningún modo le eximía de mantener las medidas compensatorias exigidas en la instrucción. Tal como se ha señalado anteriormente, las medidas de
protección física tienen entre sus objetivos fundamentales la protección de los materiales nucleares. En el momento de los hechos, en esta central los únicos materiales nucleares existentes eran los elementos de combustible irradiado del
núcleo del reactor y los almacenados en la piscina de combustible irradiado, todos ellos situados en el edificio de contención y donde por supuesto no ha habido acceso alguno por parte de personas no autorizadas.
Con fecha 30 de mayo de 2002 el Consejo de Seguridad Nuclear ha remitido al Ministerio de Economía una propuesta de apertura de expediente sancionador al titular de esta central por la comisión de una infracción grave, a la que se acompaña
un informe técnico en relación con estos hechos. En la evaluación del sistema de protección física de esta central durante la instrucción que se hace en este informe técnico se señala, entre otras cosas, que gran parte de la referida instrucción
técnica del Consejo de Seguridad Nuclear de 3 de enero de 2002 no se había cumplido en la fecha del incidente ni se habían implantado las medidas compensatorias requeridas, como se deduce de las comprobaciones realizadas por la inspección de este
organismo, si bien en muchos supuestos, como hemos mencionado, era porque todavía no habían obtenido los equipos técnicos necesarios y estaban dentro del período de los seis meses que se habían solicitado para su implantación. Entre otras cosas, en
esta evaluación se señala que el número de efectivos humanos disponibles para hacer frente a una intrusión de estas características resultó claramente insuficiente y se pone de manifiesto una serie de deficiencias e inoperancias de tipo material en
los medios de vigilancia y control de acceso a zonas. Una vez recibida esta propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear de iniciación de expediente sancionador, corresponde al Ministerio de Economía proceder a su instrucción y recomendación.
Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para las preguntas que SS.SS. deseen formularme.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.
Ahora tienen la palabra los grupos solicitantes de las comparecencias que figuran en el orden del día. En primer lugar, por el Grupo Socialista, que dividirá su turno, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señor Folgado, por su comparecencia y por la multitud de cuestiones que ha tratado hoy aquí. Es cierto que probablemente podríamos haber esperado dos semanas más a la comparecencia del señor Rato en esta
Cámara para que respondiera a algunas de las peticiones de comparecencia que le habían sido solicitadas a él, pero en todo caso le agradezco sus explicaciones sobre la coyuntura internacional y española, asuntos energéticos, etcétera.
Creo que -lo sabíamos ya en los últimos presupuestos- el Gobierno basó sus estimaciones -lo sigue haciendo- en la apuesta por la previsión de una recuperación intensa de la economía internacional en la segunda mitad del presente año,
recuperación que espera y desea -yo también me sumo al deseo- que sea especialmente intensa en los Estados Unidos, sin duda para conseguir que de ello se derive un aumento de la demanda de productos españoles y por tanto poder encaminar el final del
año con unas tasas de crecimiento más altas que las que tenemos ahora. Sería bueno que así pasara. Hay algunos motivos de preocupación, porque probablemente la reactivación económica en Estados Unidos no muestra señales tan halagadoras como usted
ha señalado y, por otra parte, porque no nos ha dicho usted nada sobre qué problemas puede presentar para este escenario una depreciación intensa del dólar como la que se está registrando en las últimas semanas, porque uno podría hacerse a la idea
de que en parte Estados Unidos ha decidido reactivar su economía a través de una reducción de las importaciones y un aumento de sus exportaciones, para lo cual van a acudir a una depreciación del dólar y a medidas proteccionistas como las que han
aplicado en las últimas semanas o meses respecto, por ejemplo, al acero o con los megapaquetes de ayudas agrarias, que van a dificultar el comercio internacional de este tipo de productos. En todo caso, esperemos que haya esa reactivación
internacional, señor Folgado, porque de los elementos de política interna es difícil esperar una contribución a la mejora de la situación.
El crecimiento del PIB en el primer trimestre ha sido del 2 por ciento, lo cual ha señalado claramente una ralentización de la tasa de crecimiento.
Como usted dice bien, estamos por encima de las tasas de crecimiento de la Unión Europea,
aunque le he entendido que a final de año esperan un aumento de la convergencia real en torno a 0,5 puntos porcentuales, del 83,5 al 84, aunque el diferencial de tasa de crecimiento es mayor. Ello podría deberse a varias cosas, por ejemplo a que
tengamos el crecimiento de la población más intenso, porque hablaba usted de PIB per cápita, pero si nuestra tasa de convergencia se sitúa en torno a 0,5 puntos porcentuales ese porcentaje será inferior al peso relativo de la aportación de los
fondos estructurales de la Unión Europea a España, es decir que sin aportación externa la convergencia real no se habría producido; nuestra tasa de crecimiento per cápita sin aportación externa de fondos estructurales no será superior, según lo que
usted ha dicho, a la de la Unión Europea. Me temo que lo que hayamos tenido en el primer trimestre del 2000 haya sido una tasa de máximos para el año.
Usted ha dicho algo que me ha sorprendido, y ha sido que las estimaciones y pronósticos de los estimadores y pronosticadores públicos y privados asentaban la idea de unas tasas de crecimiento en torno al 3 por ciento del PIB al final de año.
En los resúmenes de prensa que nos reparten por aquí he visto en una publicación
de este domingo último un resumen actualizado de las previsiones de crecimiento de diferentes instituciones públicas y privadas para el conjunto del año, y todas las instituciones privadas españolas de previsión, con la sola excepción del
Instituto de Estudios Económicos, pronostican tasas de crecimiento de la economía española para el conjunto del año del 2 por ciento o por debajo. De hecho, la institución que mejor acertó el año pasado la precisión de tasa de crecimiento, una
institución que desde principios del 2001 situó en un 2,8 por ciento la tasa de crecimiento del 2001, pronostica un crecimiento del 1,7 por ciento.
El Gobierno está a la cabeza del ranking de las previsiones de crecimiento para el año, 2,4 por ciento, que sabemos ya -conviene recordarlo- que fueron objeto de una revisión a la baja desde su estimación inicial del 2,9 por ciento que
reflejaron en los Presupuestos Generales del Estado: en septiembre preveían el 2,9 por ciento y en diciembre lo cambiaron al 2,4. Yo no sé si usted o el Gobierno van a revisar otra vez a la baja la estimación de crecimiento de la economía española
para el 2002, en julio, que es un mes de vacaciones para algunas personas, o en septiembre, en la presentación de los presupuestos, porque ustedes son los únicos que creen que en el conjunto del año la economía española va a crecer al 2,4 por
ciento, y esta creencia les sirve para no abordar algunas políticas que podrían mejorar nuestras perspectivas. Yo no voy a hacer ninguna previsión, porque de economistas es prever y luego explicar por qué se han equivocado en las previsiones. En
todo caso, sí quería manifestar que, contra lo que he entendido que usted decía, las previsiones que existen tanto en el sector público como en el privado fuera del Gobierno de España no nos sitúan ahora mismo en una tendencia creciente de tasa de
crecimiento en el año 2002, sino al revés.
Lo anteriormente expuesto es consistente con la evolución de algunas cosas preocupantes a las que usted ha dedicado muy poco tiempo, como el desempleo. Hoy se ha conocido la reducción del paro registrado en el mes de mayo en algo más de
47.000 personas, que es la menor reducción de paro desde el año 1995, en un mes en que tradicionalmente hay buenos datos de creación de empleo, básicamente por motivos de contratación estacional turística y de la cosecha de algunos productos
agrarios. Fíjese si es estacional este aumento de empleo que en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la tasa de paro registrado en mayo se ha reducido el 25 por ciento. Insisto, es el dato de reducción de paro registrado más bajo desde el
año 1995. También hemos podido saber que desde mayo de 2001 a mayo de 2002 el paro registrado ha aumentado en 111.000 personas. Es la primera vez que esto sucede desde hace muchos años. En los años anteriores en esos cambios interanuales
mayo/mayo de paro registrado habíamos tenido, en el 2001, un descenso de 53.000 personas; en el año 2000 había bajado en 118.000 personas; en el año 1999 había bajado en 253.000; en el año 1998 había bajado en 222.000; en el año 1997 había
bajado en 144.000; en el último año 2001/2002 ha aumentado en 111.000 personas, a lo que se añade lo que nos informó la EPA en el primer trimestre, con un importante aumento del paro de 190.000 personas y una reducción de la ocupación de 65.500,
que es el peor dato desde el primer trimestre de 1993.
Creo que usted debería haber dedicado un poco más de consideración a estos datos, porque sin duda en esta evolución se explica la razón básica de la reforma laboral que ustedes han aprobado por decreto. Muchos creemos que en la previsión de
un aumento del paro en los próximos meses el Gobierno quiere evitar cambios en las prestaciones por desempleo, para lo cual se establecen estos recortes, que por una parte van a afectar a los costes de despido pagados por las empresas, vía salarios
de tramitación, etcétera, y por otra parte, también por este concepto y otros, al gasto público en desempleo, y de hecho introduce un elemento positivo, que es la ruptura de una cierta dinámica de acuerdo y diálogo social que había alimentado una de
las bases fundamentales de la etapa prolongada de expansión económico en los últimos años sin demasiada inflación, que era la moderación salarial. Aún ahora, en el primer trimestre de este año 2002, los acuerdos de aumento salarial en convenios
colectivos se han situado en torno al 2,7 por ciento, un año más por debajo del IPC actual y del IPC que seguramente tendremos a final de año. Nos preocupa que se rompa esta tendencia que tanto ha ayudado a que se prolongue la expansión económica,
y a la cual creemos que no ayuda en nada la ruptura del diálogo social provocada por el fondo y las formas en las reformas laborales que adopta el Gobierno.
Este cuadro de crecimiento del producto interior bruto y de cambio en el empleo se produce a la vez que -usted sí ha dicho algo más sobre esto- un repunte importante del IPC, y además yo le tengo que agradecer sus explicaciones dado que el
vicepresidente segundo del Gobierno, que fue tan entusiasta en explicar los datos de IPC de enero cuando se conocieron en febrero, muestra mucha reticencia y recelo a dar explicaciones sobre los datos del IPC de abril. Claro que usted se refería
casi exclusivamente a los cambios de precios energéticos y de alimentos frescos no elaborados para explicar los datos de abril y obviaba el hecho de que la inflación subyacente, que es la que no tiene excusas de precios de energía o de alimentos
frescos no elaborados, se ha situado ya en un 3,9 por ciento, con un aumento importante respecto de los últimos datos, y todo ello muestra un cuadro preocupante. Al último dato mensual de abril no le vamos a dar mucha importancia, pero el 1,4 por
ciento de aumento era el peor dato mensual de los últimos dieciocho años, que nos coloca en términos de inflación interanual, como usted ha dicho, 1,3 puntos por encima de la eurozona, y creo que hoy es el primer día que he oído a un miembro del
Gobierno mostrar una cierta preocupación por ese diferencial.
Me gusta constatarlo porque creo que hace usted bien en mostrar una cierta preocupación por un diferencial de inflación con la eurozona que lleva produciéndose ya desde el año 1999. El problema más grave y más de fondo es el crecimiento de
nuestra inflación subyacente y del diferencial de inflación subyacente con la eurozona.
Respecto a las explicaciones del IPC, hemos oído cosas muy diferentes en las últimas semanas. Por una parte, usted ha sido el primer miembro del Gobierno que ha admitido -no sé si lo sigue reconociendo- que ha habido un efecto redondeo del
euro, y eso está bien porque es lo que cree todo el mundo, no sólo en España sino también en otros países. Es verdad que el Gobierno de España y su vicepresidente segundo hicieron cuestión de bandera y de honor que la introducción del euro no podía
reportar ningún efecto de redondeo. Usted reconoció hace no muchas semanas en una entrevista sobre unas explicaciones acerca del IPC de abril que seguramente había habido algún efecto del redondeo. Yo me pregunto si, ya que ha sido reconocido el
hecho, tienen alguna estimación.
En segundo lugar, nos decía el señor De Guindos en una entrevista publicada hace dos lunes -y eso también me choca con sus explicaciones y con la explicación política del Gobierno- que las políticas de liberalización tampoco estaban siendo
diseñadas como antiinflacionistas, sino que respondía a otros objetivos. En cambio, usted nos sigue presentando la idea de liberalización y de competencia como una de las bases para mantener la estabilidad macroeconómica y la contención en el nivel
de precios. Me gustaría saber cuál es la línea que sigue el Gobierno. Ya se sabe que la inflación tiene causas monetarias y de otro tipo, pero también creo que la competencia afecta a precios. Me gustaría saber si la línea del Gobierno es la suya
o la del señor De Guindos, porque al día siguiente de que el señor De Guindos dijera que la política de liberalización no persigue objetivos inflacionistas, sale la señora Becerril, directora general de Energía, y dice que los precios de los
combustibles están aumentando demasiado sin reflejar los cambios internacionales porque, como la compañía Repsol tiene poder de mercado, hace -creo recordar que dijo literalmente- aumentos artificiales de precios.
Es una buena descripción, en la que además yo coincido: falta competencia, mayores precios, pero coincide más con lo que a usted le he oído hoy y menos con la idea del señor De Guindos respecto a que la liberalización y la inflación o el
nivel de precios no tienen mucho que ver. Como a este paso corremos el riesgo de que el Gobierno se convierta en un guirigay de opiniones, y aunque sé que usted no es el máximo responsable, como es usted quien hoy ha comparecido a tratar el IPC y
no el señor Rato, le he espetado a usted la pregunta. ¿Qué previsiones tienen ustedes, si es que tienen alguna, sobre el IPC que vamos a tener a final de año? Porque es de señalar que desde hace un par de años en el boletín mensual que publican en
el Ministerio de Economía sobre datos económicos han desaparecido las previsiones de IPC. Creo recordar que desde el mes de octubre de 2000 ustedes publican su boletín mensual en inglés y van dando los datos y estimaciones, y cuando llega el CPI,
el IPC, hay unos guiones. ¿Tienen ya alguna previsión o estimación de dónde estaremos al final de año tanto en tasa española como, lo que preocupa más, en diferencial de inflación? Porque si el cuadro es que esperamos una reactivación fuerte
internacional para que las exportaciones nos permitan aumentar nuestra tasa de crecimiento, si el dólar se deprecia y además nuestro diferencial de inflación se acentúa, eso puede ser un compromiso fuerte para la esperanza, que yo comparto, de que
la reactivación internacional tire de nuestras exportaciones.
Respecto a lo que usted ha comentado sobre energía, yo había visto que la comparecencia estaba anunciada para hablar sobre el informe de la Comisión Nacional de Energía, y usted nos ha hablado básicamente del documento del Gobierno y no del
informe. Yo también le voy a hablar sobre el documento del Gobierno. Por una parte, ustedes estiman un aumento de demanda para los próximos años en torno al 3,4, 3,5 por ciento anual, lo que ha sido considerado como muy bajo por las comunidades
autónomas, por la Comisión Nacional de la Energía, por Enagas y por la Asociación de grandes consumidores. Consideran esa previsión irreal por demasiado moderada. Además, no ha mencionado el hecho de que en los últimos años se viene observando un
crecimiento en la intensidad del uso de energía, con crecimientos últimos del 1,7 por ciento, lo cual no dice mucho a favor de nuestra eficiencia en el uso de energía. Se diría que las medidas de incentivo al ahorro en el uso de la energía que se
han dicho -no tanto se han hecho- no muestran demasiado efecto. Por otra parte, no existe una regulación concreta sobre el índice de cobertura, es decir, el factor de capacidad que debe tener el sistema eléctrico. La preocupación es grande porque
hemos bajado mucho, dados los grandes aumentos de demanda, en índice de cobertura. Usted nos plantea ahora una serie de previsiones económicas cuantitativas sobre inversiones futuras, y vale la pena mencionar, ya que se refería a su documento, que
esas cuantificaciones no están contenidas en el documento del Gobierno. El documento del Gobierno no incluye cuantificaciones económicas. Esto ya fue mencionado por el señor Meroño, presidente de la Comisión Nacional de la Energía, que criticaba
que el documento del Gobierno no incluyera ningún estudio económico ni cuantificaciones de inversiones previstas. Claro que lo que es interesante saber a estas alturas, señor Folgado, es cuáles de esas previsiones tienen unos plazos de ejecución
concretos, particularmente en generación; algo más allá de algo más allá de la simple petición. Usted hablaba -y además me ha parecido muy ilustrativo-
de estar algo más allá de la solicitud, y yo le pregunto por algo más allá de algo más allá, es decir, plazos de ejecución concretos.
Le agradeceré que me conteste a estas cuestiones o, en todo caso, reitere esos argumentos, y para hablar sobre los problemas de seguridad en Zorita, que es de hecho el tema de la comparecencia que teníamos solicitada, va a tomar la palabra
don Javier García Breva.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Para la segunda parte de la intervención del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Quería agradecer las manifestaciones que ha hecho el señor secretario de Estado. Acostumbrados como estamos a escuchar al organismo regulador, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, concretamente a su presidenta,
hablar mucho de energía y poco de seguridad nuclear, me ha sorprendido que usted haya hablado más como organismo regulador que como Gobierno, aunque la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear ha hecho recientemente unas manifestaciones en el
Senado en las que decía que el verdadero organismo regulador era el Ministerio. Por eso hemos pedido su comparecencia. De todas formas, el tono de su intervención me ahorra aclarar lo primero que quería manifestar, y es que nuestra intervención se
refiere a la seguridad nuclear, no a la energía nuclear, pero creo que es obvio dadas las manifestaciones de su intervención anterior. Y eso lo hacemos así porque la preocupación fundamental del Grupo Socialista es que creemos que los activos
nucleares se deben gestionar de la mejor manera posible y con un criterio previo y prioritario, que es el de la seguridad, porque entendemos que el primer cliente de la energía nuclear es la sociedad, luego las empresas y al final los titulares.
Pero tenemos dudas -y Zorita es un ejemplo de ello- de que eso sea así y de que se estén anteponiendo los criterios de rentabilidad económica de las empresas titulares a los de seguridad. Es algo que ya manifestaba el Gobierno en la memoria
económica de los presupuestos para el año 2002 del Consejo de Seguridad Nuclear. En aquella memoria económica el Gobierno manifestaba que el proceso de liberalización energética podría estar produciendo una reducción de las inversiones en seguridad
por parte de las compañías propietarias de centrales nucleares. Luego aportaré datos que justifican esa manifestación, en la cual yo coincido. Lo decía el Gobierno, pero la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear manifestó incluso aquí mismo
que quien decía esas cosas no sabía mucho de esto; ella sabrá por qué.
Tengo aquí la nota que ayer mismo sacó el Consejo de Seguridad Nuclear, en la cual -usted la ha leído también- dice que en el momento de la intrusión, el día 25 de abril, la
central presentó importantes deficiencias tanto de medios humanos como materiales y, por tanto, un incumplimiento de varios artículos del Real Decreto 158/1995. Puesto que la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, extralimitándose en sus
funciones, como suele hacer, ya anticipó hasta la sanción que se le iba a imponer y el expediente que se le iba a abrir, yo quería preguntarle si esa decisión no puede estar viciada por la incontinencia verbal de la presidenta y si no está viciando
algo que tiene que decidir el Gobierno, no el Consejo de Seguridad Nuclear y menos la presidenta. Por tanto, la primera pregunta que le hago es qué piensa el Gobierno de este comportamiento y si esta decisión del Consejo es una decisión
consensuada, como hasta ahora lo han sido todas las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo creo que lo que ha pasado en Zorita ha puesto de manifiesto además muchos interrogantes y muchas contradicciones. No voy a citar las
contradicciones de lo que manifiesta el ministro de Economía, usted mismo, lo que dice el documento del Gobierno y las manifestaciones de la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear sobre energía nuclear, por lo que he dicho al principio, pero en
el caso de Zorita quiero poner de manifiesto algunas contradicciones. La presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear dijo ya hace tiempo que Zorita podría tener un permiso de explotación de diez años más. Pero luego aquí, en esta misma Comisión de
Economía, ha manifestado con posterioridad que la central nuclear de Zorita es obsoleta y presenta fallos en su funcionamiento. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear autoriza en el mes de enero pasado a la central de Zorita a funcionar con
exenciones en sus especificaciones técnicas de funcionamiento, concretamente en lo que se refiere al sistema de refrigeración de la cúpula.
Hace escasamente unos días, el 29 de mayo, salía otra noticia en los periódicos según la cual la central nuclear de Zorita, propiedad de Unión Fenosa, ha sufrido durante un largo período de tiempo, aún sin determinar, un importante problema
en las válvulas de aislamiento del presionador del circuito primario, debido a una deficiencia de diseño de la que hasta ahora no se había tenido conocimiento. No sé si Unión Fenosa engaña al Consejo de Seguridad Nuclear o a los organismos
reguladores, es una pregunta que le hago, pero lo que sí se deriva de esta noticia es que parece ser que la central nuclear de Zorita al día de hoy está funcionando al 30 por ciento de su capacidad, y me gustaría que me confirmara este dato. Además
de esto, a las manifestaciones de la presidenta del consejo y al comportamiento contradictorio se unen otras cuestiones que quisiera explicitarle. Yo no he visto en los dos últimos años ningún informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantice
la viabilidad en los próximos meses de la central nuclear de Zorita. Le puedo citar -y no me voy a extender en la explicación- los informes de julio del año 2000, en los que el Consejo de Seguridad Nuclear le obliga a implementar 17 medidas
complementarias en sus planes de seguridad. Aquí quiero hacer mención a los tres problemas
fundamentales que tiene ahora mismo la central de Zorita para poder conseguir un nuevo permiso de explotación, como son los problemas de diseño de la sala de control, no solucionados a día de hoy; el panel de abandono temporal, sobre el que
posteriormente quisiera hacerle alguna pregunta, aunque parece que está solucionado; y el simulador tampoco está preparado para entrar en funcionamiento en estos momentos. Hay otro informe del Consejo de Seguridad Nuclear, de abril del año 2001,
en el que se hace una apreciación favorable al plan de mejoras que presenta la central nuclear, pero obliga a que antes del 10 de septiembre de este año estén implementadas estas medidas de seguridad. En informes sucesivos que el Consejo de
Seguridad Nuclear ha traído a esta Cámara, concretamente de diciembre de 2001 y el último de abril de 2002, nos dice el Consejo que estas medidas de seguridad no están implementadas y no se van a implementar hasta la próxima recarga de la central
nuclear de Zorita, que va a ser en el mes de agosto. No sé si va a haber tiempo suficiente para que el Consejo de Seguridad Nuclear pueda evaluar correctamente la implementación de estas medidas de seguridad. Pero es que los técnicos del Consejo,
en la ponencia de esta Comisión para estudiar los informes anuales del mismo, nos han manifestado sobre Zorita, en el año pasado en concreto, que no cumple la normativa internacional de seguridad, y no la puede cumplir porque esa normativa es
posterior a la entrada en funcionamiento de la central. Y este mismo año, en la ponencia del Consejo, los técnicos del mismo nos han dicho que la central nuclear de Zorita está funcionando fuera de sus bases de diseño y fuera de las
especificaciones técnicas de funcionamiento y que si se tuviera que licenciar hoy la central nuclear de Zorita, no se podría licenciar. De hecho, los técnicos del Consejo nos han dicho aquí en esta Cámara que se le ha exigido a Unión Fenosa un plan
de acción. Todo esto es antes del 25 de abril.
Ahora les voy a contar lo del 25 de abril, porque es digno de un guión de Hollywood. El día 23 de abril estuvo en la Subcomisión de planificación energética don Victoriano Reinoso, que en paz descanse, que hizo unas declaraciones respecto a
que lo que le interesaba a Unión Fenosa de Zorita era que tenían que recuperar el tiempo perdido en paradas, averías y reparaciones; que se habían gastado más en reparaciones que en lo que costó la central y que por tanto ellos no se iban a
plantear el cierre de la central de Zorita hasta el año 2010 ó 2011. El día 24 de abril la central de Zorita tiene una inspección del Consejo de Seguridad Nuclear.
Esto es poco conocido, pero el día antes del 25 de abril el Consejo pasa una
inspección a Zorita y no halla ningún problema ni deficiencia. El día 25 de abril se produce la entrada de Greenpeace y ese mismo día la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear nos viene a contar que en Zorita ha fallado todo, sobre todo los
sistemas de seguridad externa, y que ha habido una gravísima dejación de responsabilidad de los titulares en sus sistemas de seguridad, un fallo garrafal de seguridad. Ese día nos enteramos, por ejemplo -y usted lo ha relatado muy bien-, de que la
central de Zorita sólo está vigilada por seis guardas y la valla concretamente sólo por uno. Usted lo ha explicado perfectamente, y no voy a extenderme más. El servicio de seguridad exterior francamente ha sido catastrófico. Pero ¿y los planes de
emergencia? Usted también los ha citado, y yo quiero darle otros datos. El primer guardia civil aparece en Zorita una hora después del allanamiento por parte de los ecologistas. Y, lo que es más grave, la unidad de desactivación no aparece hasta
las 12'30 o la una de la mañana. Incluso esa unidad de desactivación no quiso entrar en el reactor. Yo no sé para qué sirven los simulacros que se hacen todos los años en las centrales nucleares. No sé, incluso, para qué sirve el director general
de Protección Civil, porque ¿sabe usted cuando aparecieron el director general de Protección Civil y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Guadalajara en la central de Zorita? No aparecieron. No hicieron ninguno de ellos declaraciones y
hasta cuatro días después no aparecen; pero no aparecen en Zorita, sino en la central nuclear de Trillo, que está un poco más arriba, presentando un Aulabus de seguridad nuclear. Parece mentira. Nosotros hemos pedido la comparecencia del ministro
del Interior en esta Comisión, porque los hechos son francamente graves, con respecto al defectuoso funcionamiento de los planes de emergencia.
Quiero decirle también que el Consejo de Seguridad Nuclear creó más inseguridad. La propia presidenta empieza a hacer declaraciones por su cuenta, y no sé si sabe la presidenta que el Consejo es un órgano colegiado y que no puede decir
cosas que luego se tienen que acordar colegiadamente. Estoy convencido -y esto que voy a decir es muy grave- de que lo que pasó en Zorita puede pasar y pudo haber pasado en otras centrales nucleares. Le voy a dar la información que me ha dado el
Gobierno hace unos días en una respuesta sobre lo que invierten las centrales nucleares en seguridad. No son datos del Gobierno, porque el Gobierno no los tiene, ni del Consejo de Seguridad Nuclear, porque tampoco los tiene; los tiene UNESA. Yo
se los voy a dar rápidamente, y es que ha habido un descenso en las inversiones de las centrales nucleares comparando los datos de los años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
Concretamente, en Zorita el descenso en las inversiones ha sido de un
42 por ciento; en Trillo, de un 50 por ciento; en la central nuclear de Vandellós II, de un 40 por ciento; en la central nuclear de Garoña, de un 37 por ciento; en las centrales de Ascó I y Ascó II, de un 23 por ciento, en Almaraz I y Almaraz
II, entre un 8 y un 80 por ciento porque hay diferencias muy sensibles. La única central que ha incrementado sus inversiones en seguridad es la de Cofrentes, que lo ha hecho en un 14 por ciento. Son datos indicativos de la situación.
Terminaré diciéndole que visité la central de Zorita el día 17 de mayo y quiero transmitirle mi preocupación sobre la situación en que se encuentra la sala de control. Le aconsejaría que visitara también la de Garoña, y así podríamos
comparar la situación de una y de otra por ser centrales de la misma generación. Sin embargo, no tienen ningún punto de comparación. La sala de control de la central nuclear de Zorita realmente la defino y la definí el otro día como una ratonera,
porque es un espacio mínimo donde las filas de paneles traseros impiden que se vean los paneles delanteros. El Consejo de Seguridad Nuclear les ha obligado a implementar unas medidas que realmente todavía no han aplicado y que cuando lo hagan habrá
que evaluar si funciona, pero serán parches para un diseño absolutamente obsoleto y tecnológicamente inservible.
Para terminar, repito lo que decía la presidenta del Consejo. La presidenta decía que el verdadero organismo regulador es el ministerio.
Me gustaría que el Gobierno y usted nos dieran información y nos la mandara, sobre todo la relación de
sucesos y exenciones que tiene actualmente la central nuclear de Zorita, porque todos los días salen noticias nuevas y, sinceramente, no sé ya cuál es la situación de la central nuclear. También queremos que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear
tome la decisión que trasladará al Gobierno, que será el que al final tenga que tomar la decisión sobre la prórroga del permiso de explotación, facilite a esta Cámara todos los documentos, análisis y estudios que haya utilizado el Consejo de
Seguridad Nuclear para fundamentar su decisión. La última petición se la hago a usted personalmente: yo creo que de estas cosas hay que hablar aquí y a los ciudadanos y cuanto antes.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Siguiendo el turno de las intervenciones de los grupos solicitantes de las comparecencias, tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Indudablemente nos encontramos ante un auténtico popurrí de temas en esta comparecencia, alguno de los cuales daría ya para toda la mañana. Voy a ver si consigo hilvanarlos unos con otros de tal manera que
tengan algo de coherencia aunque, francamente, ir de lo más general a lo más concreto, que es una buena forma de proceder intelectual, a veces en poco tiempo puede resultar con disloques excesivamente evidentes.
Empezaré por decirle que, como representante del Bloque Nacionalista Galego, celebro que un representante del Gobierno reconozca que antes de los atentados del 11 de septiembre había una situación de recesión económica internacional. Digo
esto porque hubo un intento de situar la actual fase crítica como una consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, de forma que se podrían cargar las tintas psicológicas e ideológicas para el ataque en contra de lo que los círculos oficiales
dominantes consideran la guerra contra el terrorismo. Un terrorismo que en este caso en el que, desgraciadamente, no acabamos de ver un rostro poderoso, concreto y verificable. La recesión había comenzado antes, porque está claro que la bonanza
económica que había en los últimos años, prácticamente a partir de 1993-1994, desde el punto de vista internacional estaba basada en una regulación ultraliberal de los mercados laborales. En los últimos años la pérdida de bienestar y de calidad de
los puestos de trabajo fue una tendencia evidente en todos los países desarrollados y especialmente en Estados Unidos. Todos observamos -coincidió con el triunfo del Partido Popular- que hubo una sobrecapitalización de lo que llamaban nueva
economía. No todo el mundo acreditaba que las telecomunicaciones y otro tipo de fenómenos salvaban al capitalismo de sus crisis temporales. La pérdida de confianza y de certidumbre del 11 de septiembre lo único que hizo fue actuar sobre un modelo
económico que ya estaba en crisis. Usted mismo dijo que la fase del crecimiento estimado del comercio internacional estaba bajando progresivamente y que los acontecimientos del 11 de septiembre lo agudizaron de tal manera que el bajón será del 5 ó
6 al 2 por ciento en el año 2002. Hay un hecho constatable que no se produce de repente, que son los 26 millones de nuevos desempleados en los Estados que pertenecen a la OCDE. Como estamos hablando de los acontecimientos del 11 de septiembre,
parece que cada vez se reconoce más que la elección de Bush y toda la fenomenología y casuística que la rodeó estaba relacionada con la aplicación de un sistema de regulación macroeconómica que la gran potencia necesitaba y que consistía en que
había que dar un poder efectivo y real a la gran industria vinculada al gasto militar como forma de regular la economía, curiosamente en un país que siempre se muestra como adalid del liberalismo. Pero aquí las cuestiones están perfectamente
controladas y reguladas: subvenciones y contratos a grandes industrias militares, rebajas fiscales a las rentas más elevadas, menos subsidios de desempleo y dedicado a objetivos sociales para la inmensa mayoría de los trabajadores. Esta
descripción evoca algo de lo que ya pasaba, pero que ahora se agudiza dentro del Estado español con una potencia no hegemónica, sino secundaria que va a padecer muchísimo más los efectos de este modelo. Nos gustaría saber si esta opción estratégica
de Estados Unidos por la guerra, por la industria militar y ese modelo social aún más a la baja desde el punto de vista de los derechos sociales es el que se está imitando en el Estado español con consecuencias más graves en el contexto de la Unión
Europea. A pesar de que usted dijo que la Unión Europea era más sólida, observamos que resulta una caricatura desde el punto de vista político con su incapacidad o su silencio para enfrentar la nueva situación a nivel internacional, empeñada
económicamente -y el Estado español mucho más- en mantener
un plano de estabilidad en un momento no expansivo aunque cuando se concibió sí fuese una etapa expansiva. ¿No piensa el Gobierno que esto va a perjudicar a una economía mucho más frágil y más periférica como la del Estado español? ¿No
piensa también que, desde el punto de vista energético, la política de Estados Unidos -evidente ya en su Plan Nacional de Energía, que fue hecho público el 17 de mayo de 2001, muchísimo antes de los acontecimientos del 11 de septiembre- de controlar
las zonas de producción petrolífera, lo cual explicaría en gran parte la guerra de Afganistán, la presencia obsesiva y el control del Golfo Pérsico, los anatemas en contra de los que denomina Estados del mal, como Iraq o Irán, la evidente novedad
del control del mar Caspio con sus bases militares e incluso las injerencias en el caso de Venezuela, no estará haciendo que la situación internacional esté más constreñida desde el punto de vista de la libertad de acceso a mercados energéticos
fundamentales para la Unión Europea?
Por último, vinculo los dos datos que indican que las cuestiones están empeorando sensiblemente en el Estado español. El primero de ellos, en el que no voy a extenderme, es que la EPA ha demostrado que aumenta el paro, precisamente
coincidiendo con un aumento de la inflación. Ya se aludió antes a que el Gobierno se mostró muy optimista con que el IPC de enero, que acababa de publicar el Instituto Nacional de Estadística, con el resultado del menos 0,1 por ciento de variación
mensual, era una prueba contundente de que se estaba garantizando una transición al euro sin impacto sobre los precios. Pero fue entonces el Gobierno el único que creyó el dato del IPC de enero. Ni los institutos de estudios económicos
independientes ni los agentes sociales ni los consumidores y usuarios ni uno solo de los ciudadanos de este Estado se creyeron el dato de IPC de enero porque la realidad que experimentaban era muy diferente: incremento generalizado de los impuestos
indirectos coincidiendo con la introducción del euro, incremento del IVA de autopistas y butano, incremento desmesurado de las tarifas de Correos, incremento de los precios de transporte público, redondeo al alza de los precios de los servicios
públicos esenciales, etcétera. Eso sólo en lo que se refiere a los tributos y precios sometidos a algún control directo del Gobierno. Hemos padecido, y padecemos todavía, una transición al euro en la que el redondeo al alza se ha convertido en una
norma generalizada en un sector privado que, en ausencia de controles rigurosos del Gobierno, no ha hecho más que seguir la pauta que marcaba la Administración pública para sí misma.
Hay que recordar que la propia directora del INE advertía de algo que sabíamos todos los ciudadanos, y que el Gobierno no quería reconocer, y es que las tensiones inflacionistas acabarían trasladándose a los resultados de los meses
posteriores una vez que se diluyese el efecto de las rebajas y de otros cambios metodológicos. Ese es el caso en el que nos encontramos y que usted reconoció. La variación del IPC sobre el mes anterior, un 1,4 por ciento; la variación interanual
del IPC en el mes de abril 3,6 por ciento; la inflación acumulada en lo que va de año, 2,1 por ciento, una décima por encima de la previsión oficial del Gobierno para todo el año 2002; el IPC interanual armonizado español, 3,7 por ciento; la
inflación interanual subyacente 3,9 por ciento. En contraste, la inflación caía en diez de los quince Estados de la Unión Europea en el mes de abril y se mantenía en dos de ellos. En España registraba el mayor de los incrementos de la Unión
Europea. Conviene ver que este fenómeno se da sobre todo en los Estados más periféricos de la Unión. El diferencial de inflación con la zona euro se ha incrementado en 5 puntos respecto al mes anterior. La desviación española incluso ha provocado
la revisión de las previsiones comunitarias de inflación y, por supuesto, disipa cualquier posibilidad de que el Banco Central Europeo se plantee nuevos recortes de los tipos de interés en el corto plazo. Al contrario, ya suenan campanas de
incremento de tipos y ello a pesar del estancamiento económico en que se encuentra la Unión Europea. Por si esto fuera poco -y voy a ir a un caso más concreto-, el incremento descontrolado del nivel de precios no se produce de forma homogénea en
todo el Estado español, habiendo comunidades como Galicia donde los precios han experimentado variaciones que alcanzan el 4 por ciento anual, lo cual tiene mucho que ver con la dejación de funciones del Gobierno en control de precios, de
transparencia de mercados y de libre competencia.
De los doce grupos que componen el índice general, Galicia, por ejemplo, figura en términos interanuales por encima de la media estatal en siete de ellos, con diferencias muy importantes que alcanzan los dos puntos en alimentos y bebidas no
alcohólicas o un punto en vestido y calzado, así como diferencias considerables en vivienda, menaje, ocio y cultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes. Por poner sólo un ejemplo les diré que en Galicia pagamos los carburantes más caros de
todo el Estado español y ello a pesar de contar con una importante refinería ubicada en la provincia de A Coruña. Las diferencias en precios entre estaciones de servicio son simplemente inexistentes y en muchos casos ni siquiera se observan las
normas sobre publicidad de los precios de los carburantes establecidos por el Gobierno. En materia de viviendas podríamos dibujar un escenario parecido, por no hablar de los precios de los servicios públicos. A nuestro parecer, la escalada de
precios puesta de manifiesto con la publicación del IPC de abril es reveladora de dos cuestiones principales: una transición al euro gravosa para la sociedad española en su conjunto y un fracaso estrepitoso del Gobierno en su política de control de
precios que es más evidente que en otros Estados de la Unión Europea.
Paso a otro tema de gran importancia vinculado al primero, como son las consecuencias económicas vinculadas
al proceso internacional vivido hasta el 11 de septiembre y el modelo posterior. Me refiero a la posición del Gobierno que fue exteriorizada en su documento de planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista
2002-2011, en contraste con el documento de la Comisión Nacional de la Energía. Aunque usted sigue afirmando que, efectivamente, la participación de las energías renovables en el consumo primario va a ser del 12 por ciento, está claro que el
documento del Gobierno, en su página 68, limita la potencia eólica, en el caso particular de Galicia, a 1.825 megavatios, frente a los 3.000 que estaban previstos hasta el año 2010. La cuestión es significativa porque es uno de los pocos casos,
junto con Cantabria y Euskadi, aunque en menor medida, en los que se realiza esta reducción en el documento del Gobierno respecto de otro tipo de planificaciones. Nos preocupa porque, aunque sea un documento orientativo, representa una invasión de
las competencias propias de Galicia y afecta a la dotación de redes precisas para la evacuación de energía; cosa que queda muy clara en el documento oficial que estaría siempre en función de los informes técnicos de la red de energía del Estado
español. En segundo lugar, hay un tema que también nos preocupa porque el documento del Gobierno no acaba de clarificar, que es el futuro de los ciclos combinados en el Estado español y su vinculación o no a futuras plantas regasificadoras. El
documento del Gobierno habla de una potencia de ciclos combinados de 33.000 megavatios a mayores, a través de 82,5 grupos de 400 megavatios cada uno, en el horizonte del año 2010. También se habla de una potencia mínima de 13.200 megavatios. La
Comisión Nacional de la Energía decía que la planta de regasificación gallega no era necesaria hasta después del año 2005 porque vinculaba a los ciclos combinados la existencia de esta planta. Nosotros sabemos que en el año 2005 habrá en
funcionamiento 32 grupos de ciclo combinado sin contar con los gallegos. No entendemos que se vincule la necesidad de la planta gallega a la existencia de esos ciclos combinados a partir de 2005 cuando en esa fecha ya estarán funcionando 32 grupos
que van a lograr ese mínimo de 13.200 megavatios. Lo único que hace el Gobierno en relación con el informe de la Comisión Nacional de la Energía es ser más político, pero asume en la práctica su hipótesis. Usted hoy lo volvió a afirmar cuando ha
dicho que, efectivamente, se va a conformar un nuevo modelo de generación eléctrica en el Estado español vinculado a Levante, al sur y al centro, de tal manera que el consumo previsible y la producción estén relacionadas. Usted sabe que en Galicia
esto preocupa mucho porque, precisamente, fuimos un territorio del Estado español que, a través de los saltos hidráulicos y de los lignitos contribuimos al desarrollo industrial del resto del Estado español sin beneficio propio. Padecimos una
estructura tarifaria unificada -la seguimos padeciendo-, a pesar del 40 por ciento de exportación de la energía eléctrica producida en nuestros embalses y de los lignitos al resto del Estado español. Las empresas eléctricas tributan en Madrid no en
Galicia. No recibimos ninguna inversión compensatoria de este expolio, a pesar de que el señor Martín Villa sí reconoció la deuda moral que tenía Endesa con As Pontes.
Las deficiencias de suministro y calidad están por encima de la media del
Estado español. Aunque se diga que es debido a las zonas rurales, como en Galicia estas zonas son mayoritarias el resultado es ese. La transnacionalización de Endesa, por ejemplo, sería imposible sin la contribución de los lignitos pardos de As
Pontes de García Rodríguez?durante tantos años dando beneficios extraordinarios.
Nos preocupa que el resultado determinante de la planificación nos deje como deficitarios, a partir del año 2010, en producción de energía eléctrica y pagando, eso sí, cuotas superiores a las que se van a pagar en otras partes del Estado
español debido a que el modelo será, efectivamente, desarrollado a través de plantas de ciclo combinado. En la página 167 del documento del Gobierno se hace una previsión de ciclo combinado que supondría dos grupos de ciclo combinado en Sabón para
el año 2005 y dos grupos de Endesa para ciclo combinado para el año 2006, a pesar de que estos últimos estaban suspendidos, ahora parece ser que tiene permiso para el trámite administrativo, en vista de que Endesa vendió Viesgo y que, por lo tanto,
podían entrar de nuevo los ciclos de As Pontes. Observamos que el plan estratégico de Endesa no contempla hasta el año 2006 nada en As Pontes de García Rodríguez. En todo caso, lo que se plantea es a partir del año 2005 ó 2006. La Comisión
Nacional de la Energía habla de que se necesitan períodos de tres años, una vez concedida la autorización administrativa, para que entren en funcionamiento los ciclos combinados y cualquier planta regasificadora.
Si la planta regasificadora se
sitúa en Galicia después del año 2005 y siempre que haya ciclos combinados, nos encontraremos con una relación imposible de solventar en la práctica porque es el único lugar donde se somete la planta a los ciclos combinados, en las demás partes del
Estado español no se hace. Se dice que la razón es que no hay demanda, pero es que tampoco hay oferta, con lo que estamos en un círculo vicioso que nadie nos aclara y que está provocando, por lo menos en los sectores conscientes, mucha
preocupación, a pesar del debate interno dentro de la comarca de Ferrol acerca de dónde situar la planta. Nos estamos peleando por dónde ubicarla cuando no existe, si fuera real, que cada uno cargara con las consecuencias de defender lo que le
parezca, pero la realidad es que estamos profundamente enfrentados cuando el caramelo no existe. A ver si el Gobierno nos lo aclara de una vez, aunque sólo sea para no cabrearnos entre nosotros porque ese es un mal endémico de nuestro país.
Esperamos que el Gobierno aclare este galimatías y no nos deja marginados después de haber contribuido de forma tan poderosa a la industrialización del Estado
español a través de la industria energética, que en Galicia sigue representando un porcentaje muy alto del PIB industrial en relación con el resto del Estado español.
Entro en la última cuestión, más doméstica, que nos preocupa únicamente en cuanto a su clarificación. Usted sabe que respecto a las subvenciones del Ministerio de Economía al grupo Aurela, el Gobierno nos contestó, en diciembre de 2001 -y
esto demuestra cómo se actúa cuando se contesta-, de una manera taxativa y escueta: 'Consultadas las bases de datos del Ministerio de Economía, no consta que se haya otorgado ninguna ayuda a un grupo denominado Aurela'. Hoy usted, por fin,
reconoce que Aurela sí participa en otras tres empresas: Pumar, Ibérica de Conformados y algo así como Inexo, sociedad anónima. Por informaciones de la prensa nos pareció que era preocupante, no tanto que se les concediesen las ayudas, sino que se
hubiera modificado la resolución inicial de dos expedientes para aprobar condiciones más favorables a estas empresas vinculadas a Aurela, que a su vez está vinculada al conselleiro de Política Territorial de la Xunta de Galicia, el señor Cuiña?
En estas cuestiones habría que actuar con mayor transparencia pública y con mayor observancia de la legalidad vigente, puesto que, como usted sabe, hay grupos empresariales que a su vez subcontratan servicios con la Administración pública y,
en concreto con la Xunta de Galicia, que, si no es con un abierto incumplimiento, sí con una dudosa legalidad respecto del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Basta que se trate de cargos políticos importantes,
para que estas cuestiones se lleven con el máximo rigor. En todo caso, la respuesta del Gobierno, de 19 de diciembre, dejó mucho que desear, porque ni siquiera contestó a la cuestión sobre la finalidad con que fueron subvencionados a fondo perdido
otros grupos empresariales de Galicia por el Ministerio de Economía durante los años 1999 y 2000. Por lo menos, usted ha señalado hoy el número de empresas y la cantidad -en la que no pudo ahondar porque son muchas- en todo su pormenor y
concreción.
Me gustaría acabar diciéndole al señor Folgado que tenemos una gran preocupación por los hechos de carácter general y por una situación internacional muy sombría que, en el caso del Estado español -por su carácter periférico y por la falta
de intervención del Gobierno en controlar una situación- , exige regular, planificar y un cambio de modelo económico. En el caso particular de Galicia ya le he hablado de nuestras preocupaciones sobre la futura planificación gasista, en lo que se
refiere a la energía que contiene el documento orientativo del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Dando por finalizadas las intervenciones de los grupos solicitantes de las comparecencias, iniciamos las intervenciones para la fijación de posiciones.
Quisiera comentar que debía intervenir el señor Frutos en primer lugar, pero ha cedido la palabra al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Me gustaría agradecer de antemano la sensibilidad del señor Frutos al cederme la palabra. Usted sabe que en esta Cámara siempre ha habido una excelente relación entre los dos grupos parlamentarios en cuestiones
de forma, aunque no vayan en la misma dirección en cuestiones de fondo. También quisiera agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado de Economía, señor Folgado, explicando cuál es la situación de la coyuntura económica española, así
como sus exposición respecto a las diferentes evoluciones de los indicadores económicos. En base a estos informes y a las informaciones que nos llegan de la coyuntura internacional, Convèrgencia i Unió considera que las perspectivas de la economía
española en este año constatan un punto de inflexión importante de la desaceleración económica y unas expectativas de crecimiento económico equilibradas, pudiéndose alcanzar en 2002 un crecimiento del 3 por ciento. Si esto se produce las
expectativas de crecimiento económico previstas para el año 2002 se cifrarían en una media del 2,5 por ciento; expectativas moderadamente satisfactorias, a juicio de nuestro grupo parlamentario, así como coincidentes con las previsiones del
Gobierno para el curso de este año.
Si realmente esto es así -y en el contexto internacional económico todo parece indicar que se han disipado las crisis económicas derivadas del terrorismo internacional-, se contemplaría el que en los próximos
años se va a producir un crecimiento sostenible de la economía internacional en general y, en particular, dentro de las previsiones de la economía española, va a repercutir favorablemente en la generación de puestos de trabajo.
Señor secretario de Estado, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ve con muchísima preocupación la tendencia al alza, en contra de las previsiones, de la inflación. Concretamente, en el mes de abril - tal como ha
manifestado el señor secretario de Estado- ha experimentado un alza del 1,4 por ciento, acumulándose un incremento en los cuatro primeros meses del año del 2,1 por ciento, siendo la tasa interanual del 3,6 por ciento. Según estos datos, la
inflación en España, a día de hoy, está muy por encima a la del resto de países que configuran la Unión Europea. Probablemente es cierto, y en cierta medida razonable, que este diferencial de la inflación de nuestro país respecto al resto de países
de la Unión Europea venga motivado por diferentes circunstancias, algunas de ellas debidamente explicadas por el señor secretario de Estado. Es una realidad que el crecimiento de la actividad económica española está por encima de la media de los
países de la Unión Europea, lo que conlleva
un incremento de precios al consumo; es cierto que hay algunos sectores que han experimentado un alza muy superior al previsto inicialmente; es cierto también que este incremento del índice de precios al consumo se debe a las variaciones
al alza de los diferentes precios del petróleo y, por último, podría existir responsabilidad por el efecto del redondeo que han experimentado los diferentes sectores económicos en la aplicación del euro.
Todas estas explicaciones son correctas, objetivas y razonables, pero, así como nosotros ciframos el diferencial de precios de España respecto al resto de países de la Unión Europea en un 1 por ciento por encima de la media, no es menos
cierto que dichas alzas en la inflación han disparado las alarmas de los diferentes sectores empresariales. Como siempre ha dicho Convergència i Unió este diferencial conlleva unas pérdidas de competitividad muy importantes de nuestro tejido
empresarial y una notable dificultad añadida en la internacionalización de nuestro tejido productivo cuando uno quiere vender sus productos en el exterior.
Convergència i Unió viene señalando este problema desde el inicio de la legislatura. Contemplamos con preocupación este diferencial de la inflación de nuestro país con el resto de la Unión Europea, y así lo hemos manifestado tanto en las
comparecencias del secretario de Estado como en la primera que hizo al inicio de esta legislatura el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
Considerábamos el repunte de la inflación como el punto negro de la economía española;
tema en el que habrá que seguir luchando con intensidad, aplicando medidas de alto calado, tanto desde el punto de vista fiscal como desde la aplicación en profundidad en políticas de renta. También habrá que proseguir con la liberalización de los
diferentes sectores económicos, como pueden ser el energético y el de transporte, así como dotando al marco de la economía española de más competencia en los diferentes mercados. La posición de Convergència i Unió es que habrá que seguir
insistiendo para poder mejorar este punto negro que en estos momentos tiene la economía española, como es la pérdida de control de los índices de precios al consumo. Y lo vamos a hacer con las diferentes iniciativas legislativas que puedan conducir
a que las previsiones de inflación para el año 2002 se puedan cumplir al finalizar el año. El Gobierno y el Partido Popular saben perfectamente que desde Convergència i Unió hemos estado siempre al lado del Gobierno cuando se han puesto encima de
la mesa propuestas que van en esta dirección, con el fin de que nuestra economía productiva no pueda perder la competitividad, ya que desde nuestro grupo siempre hemos hecho gala de que era uno de los objetivos principales y primordiales de la
economía española.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señora presidenta, intervendré con una relativa brevedad, por si acaso.
Señor Folgado, yo les escucho, además de con mucha atención, de forma seria para intentar recoger los datos que ustedes dan, pero siempre me asalta una sospecha: Lo que ustedes explican aquí es lo virtual y la realidad es lo que se equivoca
o es al revés. No lo sé, siempre tengo una sospecha, porque ustedes están diciendo que estamos en la recta final de una crisis cíclica, que se produce por toda una serie de hechos que hoy no vamos a analizar; hay tiempo para hacerlo. Ustedes
hablan del crecimiento del producto interior bruto, de la posibilidad de relanzamiento de la economía mundial a partir del estirón de los Estados Unidos y de una serie de coordenadas mundiales, y con ello llegan a la conclusión de que se acabó la
crisis. Yo llego a una conclusión primera y es que ustedes y yo tenemos una concepción diferente de la crisis; para ustedes y para mí, el contenido de la crisis es diferente. Ustedes dicen que se acabó la crisis, que el producto interior bruto, a
nivel mundial, crece. Señor Folgado, ¿cuántos cadáveres sociales han quedado en el camino en esta crisis cíclica, que se produce de forma reiterada y sistemática? En los últimos meses, ¿han aumentado en el mundo las personas que viven modesta pero
dignamente, para que se pueda decir que realmente estamos saliendo de la crisis o es que el crecimiento del producto interior bruto y el beneficio de los diversos grupos empresariales, mundiales y de cada país, lo explica todo? ¿Los cadáveres
sociales que han quedado en el camino no explica nada? Y esto nos conduce a otra cuestión: ¿Hay mejores expectativas de reactivación de la economía? Dice que se relanza la economía USA. ¿En qué? ¿Por ejemplo, en economía de guerra, potenciando
toda la producción industrial y de servicios dedicada al material bélico, para avanzarse al futuro negro, terrible, que se nos avecina? O bien, en otro sentido -usted lo sabe tan bien como yo-, los datos de la CEPAL, la Comisión para la economía de
América Latina y el Caribe, publicados el pasado mes de enero o febrero, señalan que en los diez últimos años ni uno solo de los países latinoamericanos ha aumentado sus expectativas sociales y económicas, ni uno solo de los países latinoamericanos
y del Caribe ha mejorado sus condiciones de vida. Son los datos de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no los míos. Lo que pasa es que los datos sirven para un roto y para un descosido. Al Gobierno le servirán para
crear una realidad virtual, que la gente se cree -que se la crea-, pero la realidad concreta es que las gentes han perdido condiciones de vida y de trabajo.
En el panfleto que nos han repartido hablan ustedes de la continuación de la crisis en Argentina. No, señor
Folgado. Argentina está en la bancarrota y de momento, todavía, en el desahucio. Yo no sé si del desahucio saldrá a la bancarrota únicamente, pero de momento está así. Y Argentina no es que tenga una clase política, empresarial y sindical
corrupta, que también tiene franjas importantes de corrupción dentro de estas clases en el país, pero Argentina ha sido el alumno disciplinado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el que ha seguido al pie de la letra todas las
orientaciones y los imperativos que le han marcado estos organismos internacionales. Es el que ha aplicado de forma más obediente las políticas de la globalización neoliberal, y está en esta situación. ¿Es que en Brasil han mejorado las
condiciones de vida de la gente en el último periodo y en los últimos meses para decir que se está reactivando la economía? Japón, que tiene una inflación controlada, estancamiento y recesión durante mucho tiempo, ¿está mejorando en este momento
concreto? África, desahuciada también, ¿está poniendo en marcha una actividad diferente para hacer que sectores de estas zonas tengan un consumo superior en víveres, en agua potable, en medicinas para curarse desde la diarrea al sida, en escuelas o
en creación de infraestructuras sanitarias? ¿Hay elementos para pensar que la economía mundial está relanzándose de nuevo, reactivándose en función de que hay más gente en el mundo que está accediendo a una mínima dignidad en su vida? Ya sé que
esto a usted le puede parecer filosofía, pero detrás de estas cifras que dan estos organismos internacionales está la gente que sufre, la gente que tiene la tragedia, la gente que muere, la gente que no tiene expectativas de vida, en muchos casos,
más allá de los 40 ó 50 años. Por lo tanto, ¿crece la economía en el mundo, se relanza la economía, producirán más aviones, más elementos destructores, más cachivaches para la guerra de las galaxias en los Estados Unidos y esto activará toda la
economía mundial de guerra fundamentalmente o se activará la economía para una producción socialmente útil que sirva para que en estas zonas del mundo se viva progresivamente un poquito mejor?
¿De verdad, señor Folgado, se creen que con un mundo como el actual puede haber un progresivo equilibrio económico, que el relanzamiento económico va a ser una cosa equilibrada, estable, y no se van a producir nuevas y devastadoras crisis
cíclicas en lo económico, que tienen repercusiones terribles en lo social? Este es el problema de fondo del debate que hay planteado seriamente en el mundo desde que existe un movimiento que está contra la globalización neoliberal, y por otro
mundo, desde que existe esto. Ustedes tienen que tenerlo en cuenta porque este movimiento ya ha ganado la política comunicativa ante sectores importantes del mundo. ¿Que todavía esto no se ha expresado en el terreno político, en el terreno
electoral? A veces estas cosas, incluso las más justas, tardan tiempo en expresarse. ¿Por qué cree que los sindicatos han convocado aquí en España una huelga general? ¿Cree que los sindicatos se han vuelto locos, unos sindicatos absolutamente
dialogantes durante todos estos años? Han tenido los mejores sindicatos del mundo, han dialogado y han pactado con ustedes prácticamente todo. Y en un momento determinado, ¿qué cree, que es una locura pasajera de los sindicatos que se lanzan a una
huelga general o es únicamente, como elemento central, por la reforma de las prestaciones al desempleo, que a nuestro entender es una agresión fuerte? Hay bastantes más elementos. Está también la presión en relación a todo lo que ocurre en el
mundo y a todo lo que ocurre en España. Y no se ven expectativas de solución equilibrada, justa, digna, para toda la gente. Nosotros, desde la izquierda, tenemos la obligación, continuamos teniendo la obligación, aunque sepamos que estamos en
minoría y aunque sepamos que de momento sus planteamientos y sus políticas son invencibles, de intentar explicar qué es lo que ocurre, porque llegará un momento en que la lucidez de mucha gente, incluso de gente que puede tener un pensamiento
político conservador, llegará a las mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros a partir de los datos.
Respecto al producto interior bruto español, ¿es más equitativo, señor Folgado, se ha repartido mejor en el último período? Hay datos que son contradictorios como mínimo con lo que dicen ustedes que es que en el último período ha habido una
distribución más desigual, por tanto, menos justa, menos equitativa del producto interior bruto español. Sobre la inflación, quiero decirle que a final de año, cuando venga usted o venga el señor Rato, a quien dedico un saludo, que le puede pasar
usted -porque podría haber estado también aquí-, le preguntaré: ¿cómo está la inflación? Nos dicen que la están controlando, normalmente la inflación está controladísima. Y han dicho -no sé si ha sido el portavoz de Convergència i Unió- que por
el redondeo. En este país todo lo explica el redondeo, cualquier cosa es explicable. Con cualquier cosa se puede hacer trampa. La inflación del mes pasado, no recuerdo bien, fue del 1,6 o del 1,7. Esto puede parecer un elemento técnico,
controlable al final del año, ya haremos eso del escandallo, ya lo arreglaremos, finalmente se controlará. Sin embargo, las personas que pierden, que sufren más las consecuencias de una subida de la inflación son aquellas personas que gastan una
parte importante de sus emolumentos, de sus salarios o de sus rentas en la cesta de la compra, porque tienen salarios y rentas pequeñas. Son los que tienen unas consecuencias más lesivas. Luego a lo mejor se recupera, pero no se recupera la
pérdida de poder adquisitivo que han tenido esas personas durante un período en el cual se han tenido que apretar el cinturón. Lo mismo podríamos hablar del empleo y de las prestaciones o, por ejemplo, de otro gran tema que va ligado a todo esto,
pero en el que el Gobierno lo ha hecho mal, los accidentes laborales.
Con relación a las empresas eléctricas, yo, como la canción, las llamaría las bien pagadas y las servidoras regulares de un servicio bastante irregular en algunos casos. No podemos olvidar que las empresas eléctricas han recibido un billón
200.000 millones de pesetas en un momento determinado para hacer frente a la competencia. Con este dinero podían haber arreglado prácticamente todos los problemas que tenían, podían haberlo arreglado bien, tenían un margen de maniobra suficiente.
Por lo que se refiere a lo nuclear y a los accidentes que se están produciendo, señor Folgado, la Zorita y alguna otra deberían estar cerradas ya, por seguridad porque están vulnerando todas las normas, porque están en el camino de vulnerar
prácticamente todas las normas referentes al tiempo, la seguridad, etcétera. No sé si estarán de acuerdo con Loyola de Palacio, que casi quiere poner una central nuclear en cada patio de vecinos. Parece que la energía nuclear es el futuro, cuando
están saliendo datos de una tozudez extraordinaria que dicen que en países que tienen menos sol que España están desarrollando más que aquí las energías renovables producto del calor del sol. Y aquí que tenemos no sé cuantas horas o cuántos días al
año de sol, una barbaridad, no somos capaces de poner en marcha un programa serio, riguroso, para el futuro, para que tengamos una energía solar. Hay un cierto avance en la energía eólica, gracias al impulso de determinadas comunidades autónomas en
relación a todo esto, no tanto el ministerio. Bienvenida sea la energía eólica, mucho menos contaminante que otras energías, pero está la energía solar, o la energía de biomasa. En vez de ir en un sentido regresivo sobre la historia de la energía,
como plantea la señora Loyola de Palacio, se debe ir hacia delante, intentando poner en marcha energías renovables y no estando tan presos de los negocios y de los beneficios de las empresas que se dedican a combustibles ya obsoletos en la pero
todavía tendrán que existir durante mucho tiempo, pero ya son obsoletos, como en el caso de los petróleos, etcétera. Naturalmente, sin recurrir a la energía nuclear, nadie ha descubierto qué es lo que se puede hacer con los residuos. Por tanto, en
la propuesta sobre seguridad nuclear, véase ya la seguridad nuclear en su conjunto pero véase también en el marco de qué energía son necesarias en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Para finalizar, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Jordi de Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señora presidenta, procuraré ser breve por lo avanzado de la hora.
Señor secretario de Estado, en nombre del Grupo Popular, bienvenido a esta Comisión, en la que comparece para informar sobre diversos temas, muy singularmente y a petición suya de la situación de la coyuntura económica actual, de la economía
española.
Mi grupo comparte, como no podía ser de otra forma, el análisis de situación que hacía el señor secretario de Estado, análisis que permite sostener por lo que es a la situación actual y a la previsible evolución, porque hablamos de
previsiones y no de impresiones, como alguien decía, la previsible evolución positiva y de razonable optimismo en relación a nuestra situación económica. Ciertamente, antes del último trimestre del ejercicio anterior vivíamos una situación de
desaceleración económica mundial que, como usted ha dicho, era una situación de desaceleración sincronizada, que se daba en las diversas áreas económicas y se daba a un mismo tiempo. El animado debate que habíamos tenido sobre el aterrizaje más o
menos brusco, más o menos suave, de la economía americana, se estrelló en definitiva en los hechos o en los acontecimientos, tristes y condenables acontecimientos, del 11 de septiembre, que inyectaron en la economía mundial precisamente aquello que
no le hacía falta en aquel momento, que era incertidumbre, inseguridad y desconfianza. Hoy la economía americana y también la economía europea empiezan a dar señales de recuperación; a lo largo de su intervención lo ha puesto de relieve.
La OCDE
prevé para el segundo semestre un crecimiento que raya en tasas del 3 por ciento, se prevé para la Unión Europea en torno al 2,5 por ciento. En definitiva, es un escenario en el que se van viendo ya indicadores o se va viendo que la evolución de
los indicadores está anunciando una recuperación de la situación económica global. En este escenario, la situación de la economía española es, a juicio de nuestro grupo, especialmente positiva y lo es por alguno de los datos que usted ha dado y que
nos parece especialmente relevantes, como es la circunstancia de que afrontamos un crecimiento económico, un crecimiento de nuestro PIB, superior a la media de la zona euro.
En el primer trimestre del año, como decía usted hace un momento, hemos tenido un crecimiento del 2 por ciento, que contrasta con el 0,1 por ciento de la zona euro. Países como Francia vemos que ha tenido un crecimiento del 0,3; Gran
Bretaña, el 1 por ciento; Alemania, un crecimiento negativo de 2 décimas. En definitiva, estamos en una situación relativamente más positiva que los países de nuestro entorno inmediato, lo cual significa que estamos arañando prosperidad relativa a
nuestros socios y que estamos avanzando en el proceso de convergencia real en términos de renta per cápita. Para ello basta con ver lo que ha sido la evolución de la renta en España. En el año 1995 nos situábamos en el 78,2 por ciento de lo que es
la media comunitaria y hoy estamos en el 83,6 por ciento de esa media. Por tanto, estamos en una situación comparativamente mejor en relación a nuestros vecinos, estamos en una situación de crecimiento económico -y lo ha subrayado en su
intervención- intensivo en la creación de empleo. Durante el año 2001, en plena crisis, llegamos a crear empleo; en el último trimestre se daba
una cifra de 68.000 empleos creados. Estamos en una situación comparativamente mejor que los principales países de nuestro entorno y así lo demuestran algunos de los indicadores que usted ha dado y que yo no voy a reiterar sobre consumo de
energía eléctrica. Ha hablado también del aumento de la tasa de ahorro, en la formación bruta de capital fijo del crecimiento y sobre todo de esa inercia expansiva de lo que es la construcción o del diferencial de inversión en relación a los países
de la Unión Europea.
En ese contexto económico, una primera cuestión que se le plantea a nuestro grupo y que quiere suscitar al señor secretario de Estado es si se va a producir ese cumplimiento de la previsión de crecimiento del 2,4 por ciento. Yo no sé si es
más o menos optimista, como algunos decían, lo que sí sé es que está en torno de la previsión no ya sólo del Gobierno de la nación, sino de las principales instituciones internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la
Comisión Europea, décima arriba; décima abajo. En este escenario económico, después de haber tenido en los últimos años la economía española una situación de crecimiento económico sostenido, ordenado e intensivo en la creación de empleo, se nos
suscita la duda de si en esa situación, en la que España mantiene un diferencial de crecimiento en relación a la Unión Europea, en la que España mantiene un diferencial en la inversión, etcétera, está justificado el planteamiento de una huelga
general, que se dice que es provocada por el decreto del Gobierno, que en realidad no es un decreto, es un decreto-ley, con otros precedentes, porque creo recordar que en el año 1992 la reforma laboral también se hizo por decreto-ley. Mi grupo
considera que, en esta situación económica en que estamos en la actualidad, con un Gobierno que a lo largo de su política económica ha visto convertida en realidad aquella máxima de que la mejor política social es una sólida política económica que
cree empleo y que genere crecimiento y bienestar, no parece que esté justificado en absoluto el planteamiento de una huelga general. Mi grupo quiere expresar el apoyo a la política económica que plantea el Gobierno, sobre todo en la lucha contra la
inflación, una inflación que, como muy bien ha subrayado el señor secretario de Estado, viene provocada básicamente por el aumento del brent de petróleo y por las adversas condiciones climatológicas que han supuesto una restricción en la oferta de
productos agrícolas y que, por tanto, juntamente con el tema energético, han incidido en lo que son los elementos más volátiles de la inflación, en un momento en que la zona euro ha evolucionado también al alza en los precios y en el que
probablemente la propia integración en un mercado monetario iba a producir esa equiparación de precios.
Probablemente es lógico que, en una situación en la que España tiene un diferencial de crecimiento respecto a la Unión Europea exista también ese diferencial del IPC, diferencial que, como muy bien subrayaba el compareciente, se ha mantenido
siempre por debajo del 1 por ciento, salvo en el mes de abril. Eso no significa obviamente que nos parezca positiva esa situación de diferencial de inflación, sino que entendemos que hay que actuar en relación a la misma y a través del
planteamiento de la política económica del Gobierno, a través de la moderación salarial, a través de la política de consolidación presupuestaria, de equilibrio presupuestario, y de reformas estructurales que viene emprendiendo el Gobierno de la
nación. Valora también mi grupo positivamente el planteamiento energético que ha hecho el secretario de Estado, esa previsión de la planificación energética que concede importancia a la iniciativa privada y que prevé inversiones importantes, en
torno a 2.700 millones de euros. Quiero decir que entendemos que se va a producir una recomposición importante en lo que es ese horizonte de la política energética en el año 2010, con esa participación del 22 por ciento de gas natural y el aumento
considerable de la energía renovable, fundamentalmente la energía eólica. Creemos que nuestro sistema energético va a responder adecuadamente al aumento de la demanda de la energía y, así lo ha subrayado, a la mejora de la calidad del suministro
eléctrico. Queremos mostrar, por último, nuestra satisfacción por el planteamiento que ha hecho el señor secretario de Estado sobre las cuestiones relativas a la seguridad nuclear. Entendemos que la seguridad nuclear está bien planteada desde esa
doble perspectiva de la seguridad nuclear operacional o la seguridad nuclear de control de los materiales nucleares, esa segunda fase. Y en relación con los acontecimientos del 25 de abril de 2002, en la que es la central más antigua de nuestro
país, que es la de Zorita, pensamos que se actuó en todo momento correctamente; saltaron las alarmas, se activó el plan de emergencia interior, se paralizó el reactor y se ha iniciado la tramitación de un expediente sancionador.
En definitiva, mi grupo quiere hacer una valoración positiva de la actual situación económica en la que España crece y crece por encima de la media comunitaria. Por tanto, quiere exhortar al Gobierno a que siga por la buena línea de la
política económica que tiene planteada, para lo cual va a contar con el apoyo del grupo mayoritario de esta Cámara, que es el Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Damos por finalizadas las intervenciones para la fijación de posiciones.
Tiene la palabra, para responder a las distintas intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, el secretario de Estado señor Folgado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Trataré de ser sintético, sin dejar de responder, naturalmente, a las
cuestiones que se han planteado. Si me lo permiten SS.SS., me gustaría ir contestando por materias, comenzando por todas las materias económicas y de inflación, para luego contestar ya más específicamente a otros temas energéticos o en
concreto al tema de las subvenciones a empresas en el caso de Galicia.
Ha habido un planteamiento unánime en cuanto a que parece que sí se está produciendo una situación de claro inicio de un proceso de recuperación económica. En el ámbito internacional se han hecho referencias por parte de SS.SS., en primer
lugar a lo que es un referente obligado, que es Estados Unidos, porque al final no deja de ser la cuarta parte de la economía mundial y desde luego el efecto inducido que tiene sobre el resto de las economías es importante. Estados Unidos ha
demostrado en todas las fases históricas una enorme capacidad de salir con rapidez, con intensidad y con duración de una fase de debilidad económica. De hecho, en los últimos diez años Estados Unidos ha crecido muy por encima de Europa. Bien es
verdad que, al ser una economía muy flexible, en momentos de debilitamiento económico. Y sin duda ya existía debilitamiento económico antes del 11 de septiembre. A este respecto estoy de acuerdo con algún planteamiento que se ha hecho de que en
efecto ha podido haber sobreinversión, sobredimensionamiento, sobrecapitalización en algunos sectores de telecomunicaciones. Eso es así, pero de lo que no cabe duda es de que entró antes, incluso con más intensidad, en desaceleración para luego
adquirir recuperación con mayor intensidad. En estos momentos los planteamientos que están haciendo los organismos internacionales son los siguientes en cuanto a Estados Unidos, ya que lo han mencionado sus señorías. El año 2000 aumentó el 4,1 por
ciento; el año 2001, 1,2 por ciento, la bajada fue espectacular; para este año se prevé, citando fuentes homogéneas para todos los casos, OCDE y Fondo Monetario Internacional, 2,3 por ciento, y para 2003, el 3,4 por ciento. En realidad lo de en
torno al 2,5 este año y 3,5 para el año que viene lo están dando ya incluso otras instituciones internacionales. Por tanto, el proceso de recuperación esperado es importante y esto es independiente de que, como comenté en la intervención inicial,
se produzca la W, que haya algún trimestre que crezca mucho menos, porque el hecho cierto es que en el primer trimestre del presente año la economía norteamericana creció al ritmo del 5,6 por ciento, no la tasa interanual, sino la tasa
intertrimestral analizada, lo cual indica hasta qué punto ya estaba tomando vuelos, y esto, insisto, con independencia de que en algún trimestre tenga un cierto enfriamiento. No cabe duda de que hay toda una serie de planteamientos que llevan a que
haya recuperación económica: la política monetaria es fluida, la propia política presupuestaria y la confianza que siguen demostrando los consumidores, al mismo tiempo que hay que decir con claridad que existen ciertos riesgos, y eso nunca conviene
perderlo de vista en cualquier análisis de economía, y máxime de política económica, en cuanto a riesgos que están sobre la mesa.
¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? Que también afectan a la inflación, a la cual luego me referiré. Este es un elemento condicionante importante del crecimiento económico. Se hacen ahora unas proyecciones de relativa
estabilidad en los niveles en los que estamos, pero no cabe duda de que el proceso de transferencia de rentas entre países y los efectos sobre las posiciones de las familias de todos los países importadores en materia de consumo y de ahorro cambian
sustancialmente, porque en España estamos importando el 70 por ciento de nuestra energía. Si por la misma cantidad hay que pagar un 30 por ciento más, que es lo que ha pasado entre diciembre y abril, son recursos o rentas que se traducen en menos
ahorro o menos consumo del exterior y es obvio que eso produce un efecto contractivo, de manera que el precio del petróleo es un elemento determinante.
También es determinante el comportamiento que puedan tener las familias en Estados Unidos -insisto en este caso porque SS.SS. en todas las intervenciones han mencionado el caso de Estados Unidos y porque además tiene un efecto de arrastre o
no sobre el resto del mundo-, cuál va a ser el comportamiento de las familias, habida cuenta su situación de endeudamiento y la situación del ahorro En principio parece que sigue habiendo relativa confianza. Los últimos indicadores muestran
relativa estabilidad y confianza por parte de las familias norteamericanas; estará ejerciendo influencia el efecto riqueza, determinados activos o inmuebles, etcétera, pero no deja de ser un elemento de cierto riesgo.
Que haya atentados
terroristas o que se mueva de manera brusca el euro son elementos que van a condicionar el perfil que puedan seguir las economías de Estados Unidos y del resto del mundo en los próximos meses, pero únicamente en cuanto a ese perfil, no en cuanto a
la tendencia, que parece claro que va a ser de recuperación económica, en Estados Unidos y el resto.
Europa tiene algunas limitaciones en el crecimiento, como se ha demostrado en la última década, en cuanto a que el ritmo de crecimiento económico está siendo o ha sido algo menor que el de Estados Unidos, probablemente porque la economía
norteamericana es mucho más flexible. Aquí se han hecho comentarios por parte del señor Frutos y del representante del Grupo Mixto, señor Rodríguez, sobre el modelo de crecimiento de Estados Unidos. El modelo norteamericano yo creo que no es el
que hay en Europa, pero tampoco voy a entrar yo ahora a valorar las afirmaciones sobre que el modelo de Estados Unidos es de opción por la guerra y menos servicios sociales. Yo pienso que Europa se tiene que sentir orgullosa del modelo europeo, un
modelo en el que ha tratado de guardar unos equilibrios entre lo que son las políticas de crecimiento, que ya encierran en sí mismas, a través del empleo, una importantísima
política social, y también las políticas de coberturas sociales.
Probablemente hay que avanzar y se está avanzando, se ha demostrado en la cumbre de Barcelona, en todos los procesos de liberalización económica en dar más capacidad de
iniciativa a las personas y a las empresas, pero sin perder nunca de vista esa política social. Está claro que en España esa política social -luego haré alguna referencia a ello- se está manteniendo, como respuesta a algún planteamiento que se ha
hecho, en particular por el representante de Izquierda Unida.
En este contexto de clara recuperación económica internacional de Estados Unidos, del 1,2, 2,3, 3,4, según el Fondo Monetario Internacional, zona euro que también se había desacelerado el 3,5 en 2000 al 1,6 en el año 2001, en el presente año
le dan el 1,4 por ciento, algo menos, en torno al 1,5, pero ya con un perfil claramente distinto, no el perfil de desaceleración de 2001 sino perfil de salida de la fase de debilitamiento en 2002, con clara posición mejor en el año 2003, cercano al
3 por ciento de crecimiento. En el caso de España, conocen los datos SS.SS. y no voy a insistir demasiado en ellos. Está claro que se han producido unos hechos muy relevantes en lo que es el comportamiento de la economía española.
Primero, en
las etapas de expansión internacional, la economía española ha crecido claramente por encima y se ha avanzado en convergencia real de manera firme en todos los años. Fíjense que estábamos, en PIB per cápita en paridad de poder de compra, en el 78,2
ciento de la media comunitaria en 1995 y en el año 2001, en el 83,6 por ciento. Lo que es relevante resaltar es que la convergencia real se ha producido en todas las etapas de expansión. Pasó, por ejemplo, en la segunda mitad de los años ochenta.
En la etapa de expansión internacional la economía española creció más que el resto de las economías. Lo que es un comportamiento diferencial nuevo, que no se había producido en otras etapas históricas, es que también en las fases de debilitamiento
económico la economía española sigue comportándose de manera favorable manteniendo o, incluso, incrementando la cifra de diferencial que había en la etapa de expansión.
A veces nos olvidamos de decir que en el año 1998 y parte de 1999 hubo una
crisis financiera internacional que afectó claramente a la cifra de crecimiento del mundo occidental. Afortunadamente aquí no nos enteramos de esa fiesta, entre comillas, internacional de gran debilitamiento. Ahí ya se produjo el hecho de en
momentos de debilidad, crecer por encima.
Con una situación como la que se presenta en el año 2001, en la que para España se prevé un 2,4 por ciento frente a un crecimiento del 1,4 por ciento, estamos hablando de que se sigue manteniendo un
diferencial de un punto de crecimiento o, si me lo permiten, con datos del Fondo Monetario Internacional, 2,3 en España; 1,4 en la zona euro. Estamos hablando del 2,3, nos dice el Fondo Monetario Internacional. Yo no lo sé. A lo mejor los
servicios de estudios hacen otras previsiones. Desde luego no han sido linces en previsiones históricas. El señor Bel dijo que los economistas hacían previsiones y luego se dedicaban a corregir y a explicar por qué no se producían esas
correcciones. En efecto, es así. Yo confío que se equivoquen en cuanto a esas previsiones que hacen claramente inferiores al 2,4 por ciento. Le voy a decir más. Según el perfil que está adoptando la economía española en el primer trimestre,
dados los datos de contabilidad nacional, y los indicadores que ya indiqué en la primera intervención que había en el período siguiente, hoy podemos estar más seguros que hace unos pocos meses sobre el cumplimiento del objetivo de inflación en
cuanto a la previsión del 2,4 por ciento, y con esto respondo también al representante del Partido Popular. Estamos hablando de una fase de gran debilidad económica generalizada, sincronizada, como decía S.S., a nivel internacional. En el primer
trimestre se ha crecido a un ritmo anual del 2,1 por ciento, frente a un ritmo anual de la Europa comunitaria del 0,1 ó 0,2 por ciento, tasa intertrimestral anualizada. Estamos hablando de tasas muy bajas a nivel internacional. En cuanto al perfil
de la propia economía española, estamos pasando -y eso creo que no lo dije en la intervención inicial- de aumentar poco más de medio punto en tasa intertrimestral anualizada, cuarto trimestre sobre el tercero, al 2,1 en el primer trimestre. Eso
indica claramente un cambio de perfil importante. Desde luego, nunca se puede asegurar en economía, debido a esos riesgos a los que hice referencia anteriormente, cuál puede ser la cifra definitiva. Lo mismo pasa con la inflación y en ese sentido
creo que hay que tener las suficientes dotes de realismo y de sensibilidad, pero lo que no cabe duda es que tal y como están evolucionando todas las variables, en estos momentos podemos decir razonablemente que se va a cumplir ese objetivo del 2,4
por ciento, que, por cierto, es el objetivo que hemos fijado en el programa de estabilidad, en diciembre, cuando lo teníamos que entregar a las instituciones comunitarias, de manera que también en la etapa de debilitamiento estamos avanzando en
convergencia real, creciendo claramente por encima en torno a un punto sobre la Europa comunitaria.
Es muy importante que la economía española siga demostrando los signos de fortaleza también en estas etapas de debilidad y no me gustaría que se hicieran alusiones -lo ha hecho don Germà Bel- a la relación entre convergencia real y fondos
estructurales, porque con fondos estructurales hemos tenido una economía que ha pulsado con enorme debilidad hace no demasiados años, antes de 1996, y con déficit público del 6,7 por ciento de producto interior bruto en el año 1995. Los fondos
estructurales a nivel comunitario están establecidos para una política social, una política de cohesión, de vertebración de todos los países, y lo que importa es, con esos fondos que exigen adicionalidad, como con el resto de la ordenación de la
economía,
política presupuestaria, reformas estructurales, flexibilización, reforzamiento de los instrumentos de la competencia, en definitiva, en este modelo, lo que importa es asignarlos eficientemente, y esto es lo que estamos haciendo, asignarlos,
con equilibrio presupuestario, para las inversiones que permitan ampliar el potencial de crecimiento. En este sentido, quizás una de las claves por las que la economía española, tanto en etapas de expansión como en etapas de debilitamiento
económico, sigue avanzando con cierta firmeza, afectada naturalmente, como no podía ser de otra manera en una economía abierta, por el debilitamiento internacional, pero avanzando por encima, está precisamente en lo que representa el esfuerzo
inversor, público y privado, en relación al conjunto de la economía, porque, al final, esfuerzo inversor significa sacrificio de hoy para generar bienestar mañana, siempre que haya una financiación ordenada. Es verdad que hubo algunos años en los
que la inversión pública fue mayor, en porcentaje del PIB, que la que actualmente hay aquí, pero con un déficit público todavía mucho mayor en relación al producto interior bruto, que provocó altos tipos de interés, expulsión de la inversión privada
y el conjunto de la economía se vio resquebrajado, pero es vital, con equilibrio presupuestario, mantener una inversión pública en España del orden del 3,4 por ciento año a año, frente a una inversión pública en la Europa comunitaria del 2,3 por
ciento año tras año, para evitar cuellos de botella en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, accesos a núcleos urbanos, obra hidráulica y todo aquello que hace que pueda crecer de manera ordenada la economía. Esto sólo no sería
suficiente. La inversión privada en España estaba en el año 2001 en el 21,7 por ciento del producto interior bruto, frente al 17,9 por ciento en la Unión Europea. Esto es lo que define claramente una economía que quiere seguir avanzando en
convergencia real, sobre todo si la financiación es ordenada, no a base de unas cuentas económicas frente al resto del mundo absolutamente desequilibradas. No es el caso, porque la necesidad de compensar nuestro ahorro con ahorro externo es del 2
por ciento del PIB, de esos 21,7 puntos, el 2 por ciento. Es muy poco; es decir, que no provoca absolutamente ningún tipo de desconfianza sino todo lo contrario. Es más, siempre que se quiera convergencia real se necesitará cierto ahorro externo,
pero eso tiene que venir sobre la base de que la economía genere confianza, y eso es lo que está ocurriendo en la economía española.
Se habla de que hay menos crecimiento por el desempleo. Objetivamente, tenemos que decir que la economía española continúa siendo intensiva en creación de empleo, incluso en momentos de debilitamiento económico. Los datos de contabilidad
nacional del primer trimestre son reveladores de lo que está pasando en la economía y en la sociedad española. Dicho sea de paso, este modelo tiene poco que ver con otros. Es un modelo en que la política social es importante, y la primera política
social es dar oportunidades de empleo a la población. En el primer trimestre de este año, momento de crisis internacional y, obviamente de moderación del crecimiento en nuestro país, aumentaron los puestos de trabajo a tiempo completo en 68.900 -en
términos de contabilidad nacional- sobre los del trimestre anterior, cifra más alta que la del cuarto trimestre -61.900- o que la del tercero -28.100-. Estamos hablando de algo realmente esperanzador. Es muy importante tener en cuenta que una
economía se ennoblece cuando aplica una política que permite un crecimiento generador de puestos de trabajo para su población. Por supuesto que tenemos el reto encima de la mesa permanentemente, en la medida en que tenemos todavía una tasa de paro
del 11,5 por ciento según nos dice la EPA, y no podemos estar satisfechos por ello en absoluto. Lo que sucede es que esa tasa de paro del 11,5 por ciento está a tres puntos de la media europea, cuando en 1995 la diferencia era de 12,4 puntos -con
datos homogéneos de EPA-: 22,9 por ciento en España, 10,5 por ciento en la Unión Europea, en 1995; ahora estamos hablando de tres puntos de diferencia. Desde luego, no estaremos tranquilos; no podemos estarlo nunca hasta que la tasa de paro se
coloque al nivel de la media comunitaria o por debajo, si es posible.
Ese es el reto que tenemos para los próximos años y, para culminarlo, tenemos que evitar que se produzcan desequilibrios graves.
Ha habido un canto unánime de todas SS.SS., al que me uno, sobre lo importante que es un marco de estabilidad macroeconómica y que los precios se conduzcan por una senda más razonable. También me uno a la preocupación que han mostrado todos
por el repunte del IPC en el mes de abril. Todos estaremos de acuerdo sin duda en que sólo sobre la base de la estabilidad macroeconómica podremos cimentar el crecimiento a largo plazo. Lo que sucede es que hay que analizar las cosas con seriedad
profundizando en ellas para ver qué ocurre. Para empezar, estamos hablando de un mes, abril; es decir, que desde septiembre a marzo, inclusive, teníamos un diferencial en relación con la Europa comunitaria de menos de un punto. Para nosotros y
para nuestra política económica es importante seguir manteniendo ese diferencial de menos de un punto o de un punto como máximo. ¿Por qué? Porque es lógico que si crecemos más y creamos la convergencia real, la economía tenga tensionamiento de los
precios con un cierto diferencial en relación con los países con los que queremos converger en crecimiento real. No sólo es lógico, es que lo explican todos los manuales elementales. El problema viene -y por eso me uno a su preocupación- cuando el
diferencial se eleva más que el de crecimiento, porque entonces puede provocar distorsiones, minar la capacidad de competitividad y, por consiguiente, la de seguir convergiendo en el futuro.
Aquí hay que decir varias cosas, primera, que la inflación es un fenómeno monetario -no me lo discutirán
SS.SS.- y, como tal, la preocupación como objetivo fundamental de la estabilidad macroeconómica está en el Banco Central Europeo que aplica su política monetaria; segunda, la inflación hay que compaginarla con el crecimiento y procurar
optimizar ambas, que crezca lo máximo posible la economía y lo menos posible la inflación. En este sentido las reformas estructurales y la liberalización que hemos estado llevando a cabo van en la línea de lograr simultáneamente un mayor
crecimiento con una mayor estabilidad macro-económica. No hay contradicción alguna en los planteamientos que hemos hecho en público el señor De Guindos, el secretario general de Política Económica, este secretario de Estado ni tampoco la directora
general de Política Energética. No hay ninguna contradicción sobre nuestros planteamientos, señor Bel. Lo que hay es que cuando se lleva a cabo una política de reforma estructural que quiere flexibilizar y liberalizar la economía en los distintos
sectores lo que se busca es dar una mayor capacidad de iniciativa a los sujetos porque creemos en ese modelo, en las iniciativas creadoras de las personas y de las empresas. Se ha demostrado el dinamismo económico en los sectores que se han ido
liberalizando. Por consiguiente, lo que se va buscando ahí es el dinamismo económico y la creación de empleo, pero en competencia, que es lo que hace optimizar el nivel general de los precios. En un monopolio se han podido mantener artificialmente
los precios por el Estado, porque le interesaba para su política, y mantener, a lo mejor, una situación de cuenta de resultados mala o negativa. En muchos países y en determinados ámbitos ha podido suceder esto. El tema está en cómo optimizamos
crecimiento y estabilidad macroeconómica sabiendo que si en un momento determinado hay una mayor demanda en determinados bienes, se produce tensión inflacionista. Por ejemplo, en nuestro país, en el sector servicios -con un crecimiento mayor que en
otros y con una traslación en la composición de la demanda de los ciudadanos más hacia servicios a medida que avanza el nivel de desarrollo-, es lógico que estos servicios tensionen algo más al alza que, por ejemplo, los bienes industriales y algo
más al alza que en otros países si estamos avanzando en convergencia real. Nos está pasando en particular en turismo y hostelería. Yo no voy a controlar a 100.000 bares, restaurantes y cafeterías, por citar uno de los componentes inflacionistas
del IPC que de manera sostenida durante los últimos 18 meses ha ido elevando poquito a poco la tasa anual de crecimiento de los precios en este ámbito, en un sector con competencia.
Lo que sí tenemos que aplicar nosotros son las políticas que nos
tienen que llevar a optimizar ese crecimiento en la actividad macroeconómica.
Desde luego, está claro que hay tres frentes al respecto. El frente de unas finanzas públicas sanas y equilibradas ha sido el pilar número uno para el Gobierno del
Partido Popular en la pasada legislatura y en esta y además lo hemos transmitido con bastante claridad, me parece, a la sociedad, no sólo como mensaje de modelo sino como aplicación práctica.
Esto ha sido la causa de que los tipos de interés estén
donde están, de que por primera vez en la historia un ciudadano español pueda pedir un crédito hipotecario para comprar su vivienda, la gran inversión de su vida, con los mismos tipos de interés que un alemán, que un francés o que un norteamericano.
Pienso que esa es la principal política social porque es la principal inversión de los ciudadanos, pero eso no se produce por decisión de un Gobierno, sea del signo que sea, sino que se produce por decisión de unos mercados financieros globalizados,
que van en función de la confianza y en función del riesgo-país, y cuando llega una agencia mundial de calificación de riesgo-país, como la agencia Moody's, y nos dice que estábamos en el grupo 3 -que ya era bueno, están varios países europeos en
ese grupo- y nos coloca en el grupo 1, automáticamente ese es el referente para el precio que tiene que pagar la Hacienda pública por su deuda en el mercado, como los mejores del mundo. Esto es lo que nos permite liberar fondos precisamente para
otras políticas y, dicho sea de paso, señor Frutos, quiero decirle que este es el modelo que tenemos nosotros, que no tiene nada que ver con el modelo de Estados Unidos, para nada, afortunadamente. Hizo SS.SS. una afirmación relevante sobre si a
mí me puede parecer filosofía al hablar en relación con lo que está pasando en otras partes del mundo. No me parece filosofía. Tengo una gran sensibilidad social y quiero tenerla, pero no hablo desde el punto de vista personal; es que la tiene
este Gobierno. Las políticas que está aplicando el Gobierno ahora mismo se basan, además de en ese pilar que decía de las finanzas públicas sanas, en la política de flexibilización y liberalización para dejar a las personas y a las empresas que
ejerzan sus iniciativas creadoras, reforzando los servicios y los instrumentos de la competencia, y luego en un pilar tan importante como esos otros, el de guardar un equilibrio entre lo económicamente posible y lo socialmente deseable, entre el
aumento de la tarta nacional y su distribución. Creo que podemos decir que las políticas sociales son uno de los elementos de mayor sensibilidad de este Gobierno, pero compatible con no romper la hucha, porque si no es pan para hoy y hambre para
mañana. Guardar ese equilibrio es vital y lo estamos guardando en pensiones (por cierto, nosotros hemos establecido por ley el mantenimiento del poder adquisitivo para que no haya ahí pérdida de poder adquisitivo), en sanidad, en protección social,
en educación, hasta el 52 por ciento de todos los gastos del Estado dedicados a protección social, porque entendemos que es una obligación y una responsabilidad que a medida que va avanzando el progreso de España, vaya avanzando ese progreso social,
pero está claro que a base de mantener el referente de equilibrio presupuestario. Con esto no se puede jugar a ciclos políticos, porque en definitiva lo que hacemos es sembrar paro mañana, que
es el principal problema de descohesión y desvertebración en la sociedad, y si algo podemos tener a gala como algo muy importante, y para este secretario de Estado no hay ninguna otra variable que le importe más, es ver si se dan o no
oportunidades de empleo a la población española. El hecho de que casi 3.500.000, 3.450.000 personas con empleos nuevos netos, desde el primer trimestre de 1996 a primer trimestre de 2002, hayan tenido la posibilidad de realizarse como personas en
la sociedad y en sus economías es lo más importante que podemos decir. No voy a decir las cifras de afiliados, sino las cifras que estamos teniendo de nuevos ocupados. El hecho de que un porcentaje creciente de los nuevos ocupados sean empleos
indefinidos es algo que también nos tiene que satisfacer porque creo que es muy importante. Hay un pivote que tiene que jugar también para que pueda seguir aumentando el empleo, que es la moderación salarial, que no se produjo en el 2000 y menos en
el 2001, y que en este año sí que está teniendo un comportamiento algo más favorable. Subidas mayores de salarios son un pasaporte a más paro; en una economía abierta, en una unión monetaria es evidente que un aumento de los salarios que no vaya
más allá de lo que es la moderación, máxime teniendo en cuenta que se han generalizado las cláusulas de garantía salarial, más del 75 por ciento de los convenios, sin duda ninguna es muy importante para contener la inflación.
En el tema de la inflación vamos a separar lo que son elementos coyunturales y volátiles, como ha sido la variable de la alimentación, de la energía y otras. Ya cité los bares y restaurantes y toda una serie de servicios, también en
transporte; en una economía, aunque sea abierta hay que ver que los servicios no tienen las características de transacción internacional y pueden tener una mayor repercusión de precios cuando la demanda está siendo relativamente dinámica. Otro
grupo que afecta a la inflación subyacente a la cual se ha hecho referencia, es el grupo de vestido y calzado, un grupo en un sector maduro, con contestabilidad internacional, en economía abierta, sector manufacturero, en el que los precios
industriales incluso han estado cayendo recientemente, y resulta que nos dice que la tasa anual se ha duplicado en este año frente a lo que era su velocidad de crucero en los años anteriores en tasa anual, entre el 2 y 3 por ciento, como no podía
ser de otra manera y como pasa en la mayor parte de los bienes manufactureros en una economía abierta. A mí me resulta sorprendente. En todo caso, puede tener algo que ver con el perfeccionamiento que haya que realizar en la nueva metodología
empleada por el INE en relación con la introducción, como en los demás países europeos, del sistema de rebajas. Esto no quiere decir que el INE lo haya hecho mal, en absoluto. El INE está siendo eficiente. Lo que sucede es que son nuevas
metodologías y nuevos criterios y ha coincidido que en ese bien en el que se han introducido las rebajas es en el que se ha producido más inflación. Como quiera que se ha hablado de aumento del diferencial de inflación, en efecto, en el mes de
abril, tengo que decir que el 51 por ciento de la inflación fue para ese grupo que representa el 9,93 por ciento del peso en el IPC; por eso tengo que hacer una referencia específica a lo sorprendente que resulta que un grupo de un sector maduro,
abierto internacionalmente y cuyos precios industriales no han subido sino que han bajado, haya tenido una duplicación del precio en relación con lo que pasaba en otros años.
En principio creemos que, una vez recompuestos algunos elementos que han sido más volátiles, se está produciendo, por ejemplo, una moderación en los precios de los alimentos; también conocen SS.SS. la moderación en los precios de la
energía de los hidrocarburos que se importan, junto con la cierta revalorización del euro que se está produciendo, todo lo cual puede contribuir a que los precios se reconduzcan en el próximo futuro a niveles más razonables, sabiendo que lo
importante es el diferencial, y desde luego deseamos que se reconduzca a niveles de un punto máximo y, si puede ser, a menos de un punto. Con esto creo haber respondido a los puntos fundamentales en relación con el tema macroeconómico.
En cuanto al ámbito energético, el señor Bel nos planteaba si considerábamos que el ritmo de crecimiento que le íbamos a dar a la demanda energética en los próximos años, que es el 3,4 ó 3,5 por ciento, era demasiado bajo, lo que reafirmaba
sobre la base de afirmaciones de los operadores de mercado y expertos. Todos los técnicos de la Dirección General de Política Energética y Minas, a la hora de hacer este trabajo de proyección a largo plazo, lo hemos hecho sobre la base de una serie
de variables que se exponen en el documento, de crecimiento del PIB, y sobre la base de buscar una eficiencia energética cada vez mayor, tanto en las tecnologías que se emplean para generación como la eficiencia energética relacionada con la
demanda, y en particular, en línea además con planteamientos europeos, con la directiva sobre eficiencia energética de los edificios y también con las disposiciones en relación con la eficiencia energética de los electrodomésticos. Por ahí tenemos
que seguir avanzando y sobre esa base, como estamos haciendo una proyección a largo plazo, hay que hacer planteamientos en el sentido de que la demanda de energía eléctrica pueda tener un comportamiento más acorde con el crecimiento del PIB que
hemos hecho, que no deja de estar claramente por encima del PIB, frente a lo que está sucediendo en otros países, quizá porque estamos en un estadio del desarrollo en el cual las nuevas tecnologías y los acondicionadores de aire, hasta que se llegue
a un cierto estado de saturación, tendrán una demanda de energía eléctrica todavía importante, con mayor crecimiento incluso que el crecimiento del PIB. Esto es lo que nosotros hemos planteado, pero es un documento de trabajo. Lo hemos
planteado los economistas, los ingenieros y todos los que han hecho la proyección, pero como documento de trabajo. Si realmente la subcomisión, por los informes que ha recibido, piensa que debe hacerse un planteamiento de crecimiento algo
mayor, lo volveríamos a analizar, pero le aseguro que han sido realizados con toda la solvencia técnica. En cualquier caso, estos planteamientos de programación a muy largo plazo se hacen sobre dos etapas, en la primera, de las cuales la cual damos
un crecimiento mayor que en la segunda, porque sigue la tendencia que está habiendo en estos últimos años, pero, en cualquier caso, a mitad del periodo se hará revisión de la planificación a largo plazo.
Antes de entrar en el caso concreto de la central de Zorita, hay que decir que se han hecho referencias genéricas en relación con el tema energético y las distintas tecnologías, por ejemplo, respecto a la energia eólica y la nuclear.
Respecto al parque eólico, lo que está sucediendo en España es, desde luego, espectacular: de no tener prácticamente parque eólico pasamos a ser el segundo país de Europa.
Tenemos en estos momentos 3.200 megavatios de potencia eólica instalada y
desde luego las proyecciones son que seguirá creciendo y de forma muy importante, con independencia de que hay que analizar detenidamente todos los pros y todos los contras, porque el hecho cierto es que, desde el punto de vista de las
certificaciones medioambientales, hay grupos ecologistas que están planteando algún problema de impacto visual.
La energía eólica tiene muchas ventajas, desde el punto de vista de cumplimiento de los criterios de Kioto, desde el punto de vista de añadir potencia instalada al conjunto de la economía, lo que es muy importante, pero tiene también una
limitación, y es que no da seguridad. En un bien no almacenable como es la energía eléctrica, no da seguridad de suministro eléctrico cuando realmente se necesita, porque hay que tenerla disponible para cuando realmente se necesita. El día 17 de
diciembre de 2001 estaban funcionando a media tarde 225 megavatios de los 3.200 instalados, simplemente porque no había viento, la típica situación absolutamente anómala en décadas en toda Europa. Toda Europa tenía problemas energéticos por
temperaturas extremas y, teniendo instalados más de 3.000 megavatios, estaban funcionando 225 de energía eólica.
Quiero decir que es muy importante que la defendamos, igual que la energía solar, y también aprovecho para contestar al planteamiento
que se me ha hecho sobre la energía solar, creo que por parte del señor Frutos.
Respecto a la energía eólica, el señor Rodríguez mencionó que en Galicia habían planteado algunos operadores la posibilidad de instalar potencia eólica superior a la que estábamos considerando en el documento de trabajo. Eso pienso
comprobarlo; no hay ningún interés en restringir iniciativas de operadores o iniciativa empresarial en ese terreno. Habrá que comprobarlo. En cualquier caso, creo que es de alabar esta iniciativa, como la importancia que está adquiriendo la
energía eólica en la comunidad gallega. Me parece que es importante.
En cuanto a la energía solar, quiero hacer una breve referencia para decir que tiene una prima sobre precio de mercado de aproximadamente diez veces ese precio. La energía solar está muy primada; hay que hacerlo porque no es todavía
eficiente desde el punto de vista de los precios de mercado, y por eso hay que primarla, lo mismo que lo hemos hecho con la eólica. Lo que pasa es que con la eólica, con aproximadamente, cuatro pesetas sobre el precio de mercado, se ha expandido,
se ha desarrollado tecnológicamente, es más eficiente, y la energía solar, en cambio, tiene importantes limitaciones hoy por hoy, no sólo en España sino también en el resto del mundo, pero sin duda alguna la apuesta por ella es clara, y así lo hemos
expresado tanto en esta planificación como en el plan de energías renovables.
Respondiendo al señor Rodríguez en cuanto a la propuesta que se está haciendo sobre la planificación en Galicia, nosotros somos partidarios de que se haga la planta de Mugardos. De hecho, lo que sí ha exigido el ministerio ha sido el
cumplimiento de todos los requisitos, y tengo que decir que en estos momentos, están cumplidos todos los requisitos en el expediente para poder dar la autorización, de manera que hemos dado esa autorización para que se inicie ya todo el
procedimiento relativo a la instalación de la planta de regasificación de Mugardos. La única relación que se establecía era que esa planta adquiría sentido en el esquema energético nacional en la medida en que se exponían plantas de generación, y
hay iniciativa privada para poner plantas de generación eléctrica de ciclo combinado en Galicia. De forma que, entendemos deben formar parte de la planificación gasística y eléctrica, que estamos haciendo, las tres plantas de regasificación que
hay, que están siendo ampliadas y reforzadas, más otras tres: la de Bilbao, la de Sagunto y la de Mugardos. Este es el planteamiento que en estos momentos hay encima de la mesa, a falta de recibir el informe de la Subcomisión para elaborar el
documento que se eleve al Consejo de Ministros.
Paso finalmente -y si me queda alguna cuestión, después se puede volver a plantear- al caso de la central de Zorita. Creo que mi intervención inicial fue lo suficientemente detallada en todos los aspectos, tanto en el planteamiento general
de la legislación que tenemos hoy aplicable a las centrales nucleares como en el caso de Zorita, donde, naturalmente, y con toda claridad, expuse los hechos tal como nosotros los conocemos. Lo único que quiero decir es que doy toda la razón al
señor García Breva en que es el Consejo de Seguridad Nuclear, de manera colegiada, el que tiene no que decir la tipificación de la falta, sino hacer la propuesta al Gobierno, al Ministerio de Economía, en el supuesto de que haya infracción, acerca
de qué tipo de infracción
es, para que sea el ministro de Economía quien establezca la resolución correspondiente. Si no se aplica eso, no se está aplicando la legislación vigente. Es decir, quien tiene que decidirlo es, de manera colegiada, el Consejo de Seguridad
Nuclear. Lo único que hago es decir qué dice la legislación vigente, y no tengo que decir nada más al respecto. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en las dos cosas, en que tiene que ser de manera colegiada y en que no es el Consejo ni nadie
del Consejo de Seguridad Nuclear el que determina cuál es la infracción, sino que hacen una propuesta de tipificación y luego decide el Gobierno.
Tengo que decir también que nosotros creemos que el proceso que se ha seguido ha sido correcto y viene ya de años anteriores. El Consejo de Seguridad Nuclear ha dictado unas instrucciones sobre lo que necesita mejorar la central de Zorita.
Se han dado los pasos correspondientes y se han ido haciendo esas mejoras. Por razones de falta de equipo que justifica, la empresa pide una prórroga de seis meses. Se está en el proceso de ir introduciendo las estipulaciones que indica el Consejo
de Seguridad Nuclear, y ese período no ha concluido. En cualquier caso, el expediente que nos transmite el Consejo de Seguridad Nuclear se está analizando en el ministerio y después, naturalmente, decidirá en relación con la infracción, en su caso,
y la tipificación que se haga en relación con ese tema.
Sin duda ninguna, para nosotros son muy importantes los planteamientos que tiene que hacer un Consejo que para eso está, como es el Consejo de Seguridad Nuclear, cuya misión es garantizar la seguridad de las centrales nucleares, y que,
además de ser técnicamente excelente en nuestro país -y tenemos que estar orgullosos de ello-, tiene una imbricación internacional muy creciente desde los acontecimientos del 11 de septiembre. Ya la tenía antes y sigue creciendo la intensidad de
sus relaciones internacionales para establecer los criterios oportunos para garantizar la seguridad de las centrales nucleares. Las centrales nucleares en España son seguras con arreglo a todos los informes técnicos que, de manera colegiada, nos da
el Consejo de Seguridad Nuclear, y que es en lo que nos tenemos que basar. Si el Consejo de Seguridad Nuclear nos dice de manera colegiada que una determinada central no es segura, tenga la completa certeza de que el Gobierno va a adoptar las
decisiones oportunas de manera inmediata. Pero no se ha dado el caso de que se nos diga que una determinada central nuclear no es segura.
Su señoría decía que hoy la central nuclear de Zorita no cumple las estipulaciones que se han establecido con posterioridad con arreglo a las normas internacionales y españolas. Cada central nuclear es fruto de su época y de la mejor
tecnología de su época. Eso ocurre en todos los países, y no quiere decir que las centrales sean inseguras. Lo que quiere decir es que cuando se establecen normas nuevas para una central nueva que se haga, se le pide que cumpla unas estipulaciones
y unos criterios de seguridad determinados. Me parece normal que se haga así, pero eso no quiere decir, en absoluto, que las centrales nucleares que existan sean inseguras, insisto y no se nos ha comunicado en ningún expediente del Consejo de
Seguridad Nuclear que una central sea insegura. El Consejo tiene inspectores y manda cuando hay alguna circunstancia unas normas para que se vayan cumpliendo, que evolucionan con el tiempo, como lo han hecho todos los países a partir del 11 de
septiembre. El Consejo de Seguridad Nuclear nos tendrá que dar de aquí a cuando venza el periodo para el cual se concedió la continuación del funcionamiento de la central de Zorita toda la información precisa sobre si se han introducido esos
elementos y la información de base en orden a la autorización o no a continuar funcionando la central de Zorita hasta el cumplimiento de los 40 años o el periodo que sea. Naturalmente, eso no está decidido ni tenemos todavía la información
correspondiente del Consejo de Seguridad Nuclear, y no podemos tenerla porque estamos en un periodo en el que hay que ver si se cumplen todas las instrucciones que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado en cuanto a introducción de mejoras,
etcétera. Por tanto, nos tenemos que atener a eso y entendemos que es lo mejor. Las centrales nucleares españolas son seguras y se está invirtiendo en seguridad. El hecho de que en un año o en otro se invierta más o menos no quiere decir que sean
menos seguras; en un año determinado se puede invertir una cuantía determinada y al año siguiente invertir mucho menos, pero precisamente porque se hizo un esfuerzo en otro año. Lo que realmente importa no es la cifra absoluta de inversión -por
otra parte, son datos que ha suministrado Unesa y yo no tengo que decir que no sean correctos-, sino si los criterios de seguridad, en el sentido estricto del término, están siendo cumplidos o no, si lo que establece el Consejo de Seguridad Nuclear
es conforme con los moldes internacionales y con lo que requiere la seguridad de estas centrales. Eso es lo que hay ver, y hasta ahora no se nos ha dicho que haya ninguna central que no esté cumpliendo con los criterios de seguridad necesarios.
Señorías, señora presidenta, esto es lo que quería responder en esta etapa. Tampoco tengo mucho que añadir respecto a los expedientes. Quiero decir que se está cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente en cuanto a incentivos
regionales, en cuanto a las subvenciones que están recibiendo esas empresas y en cuanto a lo que determina la legislación vigente respecto a personas con responsabilidades políticas y al porcentaje de participación de empresas que obtienen ayudas
públicas, porque en ningún caso se produce ningún supuesto de que supere dicho porcentaje.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): Damos las gracias al secretario de Estado de Economía por su réplica y contestación a las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios. A solicitud de los
diferentes grupos, vamos a dar un último turno de palabra, con la súplica de la mayor brevedad posible.
El señor Germà Bel, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene en primer lugar la palabra.
El señor BEL I QUERALT: Señor Folgado, aunque le haya molestado anteriormente, se lo voy a repetir: el diferencial de crecimiento del PIB en España en el año 2002, con relación a la Unión Europea en términos de PIB será muy probablemente
menor que lo que significa en términos de PIB la aportación neta de fondos estructurales. Es un elemento que debería inducir a la reflexión; a algunos analistas, no financieros necesariamente sino de procesos de crecimiento, les inducen a la
reflexión puesto que, como usted sabe, nosotros, desde el Grupo Socialista, siempre hemos sido fervientes partidarios de los fondos estructurales incluso en ocasiones nos llamaban pedigüeños por luchar por conseguirlos. Pero realmente el
crecimiento endógeno de los factores de la economía es él que se produce aparte de este tipo de aportaciones netas. La teoría de que de forma inevitable los países que tienen un diferencial de crecimiento positivo tienen más inflación no deja de
ser hermosa, pero en la Unión Europea hay países que crecen más que la media y tienen un IPC más bajo que la media, no como España, que crece algo más que la media y tiene un IPC más alto que la media. Por tanto, es una hermosa teoría a la que le
falta alguna base empírica.
Es preocupante el crecimiento acumulado de diferencial de inflación que llevamos, porque no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero a raíz de las devaluaciones del año 1992 y 1993 nosotros entramos en el euro con una cierta
infravaloración de la peseta, lo cual dio un margen de competitividad porque permitía una cierta depreciación implícita. La impresión que tengo yo y que tiene mucha gente es que nos hemos comido la acumulación de diferenciales de inflación y que en
los datos de exportación de finales del año pasado y de este año, en términos comparativos, se empiezan a manifestar los problemas de esta erosión de competitividad.
De esta forma tan esquemática, yo quería llegar a la moderación salarial.
Usted ha dicho que esta se ha roto en el año 2000 y en el año 2001, lo que es una apreciación relativa ya que la moderación salarial siempre se toma en función de
alguna referencia. Pero es que pasa algo que hemos tenido oportunidad de comentar algunas veces, y es que en los dos últimos presupuestos, con este tres, el Gobierno fija una previsión, que no objetivo de IPC, que muchísima gente le ha dicho que no
es realista. Con ello, el Gobierno ha conseguido que la previsión del IPC ya no sea una guía para la negociación salarial en el sector privado, aunque sí la mantiene para los aumentos salariales en el sector público y para aquellas prestaciones
sociales que van referenciadas al salario mínimo interprofesional. Usted mismo ha señalado que una parte no desdeñable de convenios en el sector privado no llevan cláusulas de revisión; la mayoría sí, pero una parte no desdeñable no. ¿Cree usted
que es posible sostener que la moderación salarial sea equivalente a una pérdida sostenida de poder adquisitivo, dado el aumento del IPC en los últimos años por encima de las previsiones y con un diferencial acumulado con la Unión Europea? Porque
los interlocutores sociales no lo van a considerar así y seguramente las previsiones del Gobierno han dejado de cumplir el papel de señuelo. Según creen algunas organizaciones empresariales que usted conoce bien, es posible que la senda de diálogo
social y de moderación que ha habido en el pasado empeore en el futuro por la historia de la inflación de los aumentos salariales del IPC y los aumentos salariales de los últimos años y por la reforma de empleo.
Sobre política social sólo me gustaría decirle una cosa, porque me ha hecho gracia una frase que usted ha dicho cuando ha hablado de que la política social es semilla de futuro en algunos aspectos. Si algo es semilla del futuro y del
mañana, señor Folgado, es la inversión en educación y ésta ha bajado en términos del PIB durante su período de Gobierno, del 4,9 al 4,4 del PIB. Y si algo es semilla de mañana es la inversión en educación, que no sólo contribuye a mejorar la
igualdad de oportunidades sino que mejora la productividad futura del país, por lo que nos sirve tanto en términos de cohesión como de la mejora de productividad de competitividad económica en el futuro.
Por último, para acabar esta revisión tan esquemática respecto a la competencia, creo que en este tema es bueno que nos comparemos con la Unión Europea y veamos qué ha pasado en los sectores que han sido los protagonistas de las proclamas y
retóricas de la liberalización. Voy a tomar dos señeros: telecomunicaciones y energía. En telecomunicaciones, entre el año 1996 y el 2001, el IPC de comunicaciones nominal en el conjunto de la Unión Europea se ha reducido en 13 puntos. Es decir,
si en el año 1996 lo tomamos como base 100, en el 2001 estaríamos en el 87, aproximadamente, se lo digo redondeando porque no tengo los datos aquí.
En cambio, en España, el IPC de telecomunicaciones, con base 100 en el año 1996, se quedó en el 96 y
pico por ciento en el año 2001, es decir, la reducción de precio nominal acumulado fue de tres puntos. En el conjunto de la Unión Europea, incluida España, lo precios nominales de las comunicaciones, que en gran parte son telecomunicaciones, han
bajado diez puntos más que en España. ¿Lo tomamos como una señal de bondad de la competencia? Yo creo que es una de las señales, aparte de la capacidad de elegir. Esto indica que tuvieron razón los informes de la Comisión Europea de noviembre y
enero del último año, que nos sitúan a la cola en introducción de competencia en telecomunicaciones.
En energía eléctrica nos pasa lo mismo porque cuando miramos los últimos informes de octubre, en este caso, y la actualización de enero de la Unión Europea, vemos que nos dicen que en liberalización declarada -la que declara cada Gobierno-
España se encuentra en la mitad en energía eléctrica y gas. Pero en liberalización efectiva, por ejemplo -no en el derecho legal a elegir suministrador, sino en cambio de suministrador-, nos encontramos a la cola. Claro que en energía eléctrica
hemos tenido bajadas importantes reguladas y no fruto de la competencia, porque la Comisión Nacional de la Energía y el Tribunal de Defensa de la Competencia tuvieron oportunidad este año de denunciar la postración de la competencia de la energía en
España. Sin embargo, la pregunta que le quería hacer en este aspecto, ya que estamos en un terreno en el que las bajadas de precios han sido reguladas, se refiere -y con esto acabo- a que en junio de 2000 el Gobierno nos anunció el compromiso de
una reducción del 9 por ciento de los precios de la electricidad en un período de tres años para consumos residenciales. El Gobierno ha agotado menos de la mitad de esa reducción del 9 por ciento y 2003 es el último año que queda para cumplir el
período. ¿Piensa el Gobierno cumplir su compromiso de reducción nominal no real, del 9 por ciento del precio de la energía eléctrica al que se comprometió en sus medidas urgentes de julio de 2000?
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Reñé): En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Intevengo brevísimamente, señora presidenta.
En primer lugar, creo que el propio señor Folgado comprenderá el contraste evidente entre la ocultación de la respuesta por escrito respecto a las empresas favorecidas con subvenciones y su información más pormenorizada de hoy, lo cual habla
de que las prácticas de ocultismo no son buenas, a pesar de que usted cifre toda la legalidad de estas operaciones en que el porcentaje de participación en las empresas aludidas de algunas personas con importantes cargos públicos o de sus familias
es conforme a la ley.
En todo caso, repito sería de desear que estas informaciones se produjesen a su debido tiempo y no sin intentar no responder a preguntas parlamentarias que eran muy explícitas y muy concretas.
En segundo lugar, celebro que usted se distancie tanto del modelo de Estados Unidos, pero tiene que comprender que el diseño que se está aplicando en la actual política general de la Unión Europea, pero muy en particular en el Estado
español, va por el mismo camino. Es lo que llaman desregulación del mercado laboral, lo que se llama reducir las coberturas públicas en el ámbito social a lo mínimo y que cada trabajador o trabajadora cargue con las consecuencias de garantizar el
amparo para su futuro desde el punto de vista de la mera subsistencia. Creo que éste es un modelo que está contaminando gravemente el diseño de la Unión Europea.
En tercer lugar, hay efectivamente, un contraste en sus perspectivas energéticas en relación con los planes eólicos. Por lo demás, estoy de acuerdo, y en el caso de Galicia es muy evidente, en que el impacto visual que se está produciendo
es asombroso, no sé si porque se colocan justo en los lugares más emblemáticos del país. En todo caso, es cierto que la revisión del reciente plan eólico de Galicia prevé una instalación de 3.000 megavatios en el horizonte del año 2010. Después,
incluso en su plan estatal en concreto de energía eólica aparecen 2.500 megavatios. En el propio plano estatal en concreto en el Plan de fomento de las energías renovables, de carácter estatal, aparecen 2.500 megavatios en el horizonte de 2010 y,
sin embargo, en el documento del MINECO aparecen 1.825 megavatios. Es el único caso en el que hay este tipo de reducciones claras, que si tienen una fundamentación ecológica o medioambiental, está bien contrastarla y por nuestra parte no habría
problema. En todo caso, es llamativo que esta disminución tan grande se produce únicamente en el caso de Galicia.
En tercer lugar, usted no contestó, como buen político, a si ha hecho los deberes en relación con la planta de gas de Mugardo. Me parece que esto sigue siendo una incógnita porque si los ciclos combinados no van adelante, y esto es decisión
de dos empresas privadas, por cierto una de ellas con muchos interrogantes porque acabará siendo absorbida, que es FENOSA, cada vez con centros de decisión más alejados de Galicia, que no tienen nada que ver con aquella, y ENDESA, y ahora con el
señor Pizarro al frente ni deber moral hay respecto de ello porque el señor Martin Villa, que estaba muy alejado de Galicia, tenía esos ramalazos de moralismo del antiguo régimen, pero ya no va a quedar ni siquiera eso.
Usted dice: Bilbao, Sagunto
y Mugardos.
Sagunto: está claro que hay la oferta y la demanda; Bilbao: hay las vinculaciones internacionales precisas y el poder político suficiente, y sobre todo autocentral, como para que esto se lleve adelante. Usted dice que los deberes están
hechos, -autorización administrativa-, pero los ciclos combinados, son casos que se vinculan obligadamente. Son tantos interrogantes que, dígame usted, en los años 2005 y 2006, ya nada; después va a ser necesario incluso. Ahí hay una trampa
evidente.
Me gustaría que, por lo menos, nos comentara algo sobre todo esto.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i Peñé): Tiene nuevamente la palabra el secretario de Estado, para responder a las últimas intervenciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA, DE LA ENERGÍA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Señora presidenta, supongo que me agradecerán brevedad en las respuestas.
No deberíamos insistir en el diferencial de crecimiento y su relación con los fondos estructurales, porque yo creo que es una mala política. Los fondos estructurales no constituyen un pegote aparte de que tienen que identificarse con
diferencial de crecimiento; si entráramos en eso, ¿qué pasaba cuando en determinadas épocas teníamos fondos estructurales y crecíamos menos? Ha pasado, con fondos estructurales, por lo tanto con dinero, desde el año 1993, y creciendo menos. Creo
que hay que hacer el ejercicio que hicimos antes de análisis del conjunto de inversión pública y privada que realiza una economía y cómo ordena su política económica para seguir avanzando en convergencia real.
Es verdad, y esto es importante analizarlo, que en la medida en que nuestro diferencial de inflación sea elevado en relación con otros países, minamos nuestra capacidad de crecer por encima, porque de lo que no cabe duda es de que nuestro
nivel general de precios es menor que el de la media de otros países porque estamos en un nivel de desarrollo menor. ¿Qué es lo que buscamos? Una política económica que permita, en el medio y largo plazo, y no sólo en etapas de crecimiento sino
también en etapas de debilitamiento, seguir creciendo más y seguir avanzando en convergencia real. Lo que sí ha pasado en otras épocas, cuando no se administra bien un país, es que, estando con un diferencial todavía elevado -se había acortado a
finales de los ochenta-, volvimos a ampliar el diferencial y en el año 1993 nuestra renta per cápita era menor que la que teníamos el año 1990, en relación con la media comunitaria; habíamos ampliado la diferencia. Igual que volvimos a las andadas
en materia de tasa de paro y nos marchamos al 23 por ciento cuando había bajado al 16.
No había bajado nunca -tampoco en la etapa de expansión de los años ochenta- como ahora la tenemos, pero había bajado al 16 por ciento y luego aumentó al 22,9
por ciento. De manera que yo creo que no se trata sólo de decir que lo que ganamos vía infravaloración de la peseta nos lo hemos comido vía inflación, no. En una economía dinámica hay que ver cómo pones los pivotes para seguir creciendo más en
economía abierta, porque el hecho cierto es que, ahora, España es una de las economías más abiertas del mundo, de la OCDE, la suma de importaciones y exportaciones como porcentaje de producto interior bruto. En ese contexto, con debilidad económica
internacional y con Europa sin crecer, estamos creciendo al 2 por ciento. Eso es nuevo. Luego no habremos perdido demasiada competitividad o, si ha habido un cierto diferencial de precios, lo ha habido básicamente en los sectores de servicios,
donde no se producen los elementos de contestabilidad exterior, que afecta directamente a la competitividad exterior. En los sectores industriales, en toda esta etapa con economía abierta, lejos de quejarse, los empresarios, están ganando cuota de
mercado internacional. Estoy hablando de una economía absolutamente abierta, con todas las normas internacionales de economía de las más flexibles y liberales en ese sentido; están ganando cuota de mercado no sólo en el tema comercial sino, lo que
es más importante, con decisiones inversoras internacionales importantes, asumiendo los riesgos correspondientes y, por supuesto, haciendo las provisiones correspondientes cuando se producen riesgos, como ha sido el caso de las inversiones en
Argentina, pero realmente multinacionalizándose la economía por la vía de inversiones, de presencia internacional. Es una economía moderna, dinámica. Sí queremos que, por los agentes económico-sociales y del conjunto del sistema, no se rompa un
modelo equilibrado entre lo económico y lo social, que crece más que en los demás países, que equilibra las responsabilidades del sector público con las iniciativas de las personas y de las empresas. Desde luego está claro que cualquier
planteamiento de inestabilidad -y está claro que la huelga general es una huelga de claro tinte político- no tiene fundamentación social ni económica. Le digo a S.S., ya que ha mencionado este tema no ahora sino antes, que todo el planteamiento del
contenido de la reforma laboral de la prestación por desempleo deberia ser demandado por los interlocutores sociales como algo importante y conveniente para este país, porque no se pretende ahorrar dinero, se quiere favorecer a los colectivos que
más necesitan el empleo o la colocación, en definitiva, poder trabajar, que es la filosofía que imprime esa reforma.
En cualquier caso y al margen de la huelga general, cuyos efectos macroeconómicos esperamos que sean los menores posibles, está
claro que el comportamiento de los salarios de este año está teniendo una evolución más favorable desde el punto de vista de seguir creciendo. No han tenido pérdida de poder adquisitvo los salarios en nuestro país. Tengo aquí los datos y, bien los
analicemos en términos de remuneración por asalariado o en términos de crecimiento salarial pactado en convenio con cláusula de salvaguardia, ha habido en los últimos cinco años un aumento de las remuneraciones en términos reales, incluyendo la
aplicación de la cláusula de garantías salarial. En términos contables, en la remuneración por asalariado ha habido un aumento del 0,5 en el año 1998, 0,3 en el año 1999, 0,2 en el año 2001, y 1,1 en el año 2001. Esta aceleración en el aumento de
las retribuciones en términos reales puede provocar problemas como un menor crecimiento de empleo y pérdida de competitividad. Al final en una unión monetaria, y siendo la inflación un fenómeno monetario, los elementos de competitividad y de
creación de empleo se van a definir por cómo evolucionan los costes empresariales dentro de una economía abierta.
Los costes laborales
son aproximadamente el 60 por ciento de media del escandallo de costes de las empresas. De ahí que sea muy importante la moderación salarial y el acuerdo que firmaron los empresarios y sindicatos en el presente año.
Desde luego, sería muy
importante que se cumpliera.
En cuanto a la inflación de algunos componentes relacionados con la flexibilidad y la liberalización, se han citado el caso de las telecomunicaciones y de la energía. En el caso de las telecomunicaciones, en el año 2000 en España bajaron el
5,4, en la Unión Europea el 4,2; en el año 2001 bajaron en España el 0,82, en la Unión Europea 2,9, y en el año 2002, en estos momentos estamos con el menos 3 por ciento España y con el menos 0,8 por ciento en la Unión Europea. Es decir, lo que se
ha producido en toda Europa con el proceso de flexibilización y liberalización en este sector es un beneficio para los ciudadanos con menor coste de las telecomunicaciones.
En España, el proceso de liberalización se comenzó algo más tarde que en algunos otros países, pero hemos acelerado el proceso de manera que no estamos precisamente entre los más rezagados. Eso trae como consecuencia que en estos tres
últimos años, haya un comportamiento muy positivo, que este año el IPC esté en menos 3 por ciento, me parece que es para que todos los ciudadanos nos podamos congratular de poder beneficiarnos de que nuestras telecomunicaciones tengan unos precios
menores. Tal como está el planteamiento que hemos hecho del IPC menos x, en una formula para aplicar precios de ICON 20, y la competencia que está habiendo en los distintos segmentos y ámbitos de este mercado de las telecomunicaciones, todos los
consumidores españoles se van a seguir beneficiando de unas telecomunicaciones cada vez más competitivas. Pienso que esto es fruto de un proceso de reforma que ha habido en toda Europa, no vamos a decir que sólo lo ha habido en España, pero no cabe
duda de que de esta liberalización se está beneficiando toda Europa y España, como estamos viendo.
En cuanto a los sectores energéticos, estamos procediendo igualmente a su liberalización, además a un ritmo bastante notable, aunque naturalmente quedan cosas por hacer. Precisamente ahora estamos metidos de lleno en todos los cambios
normativos necesarios para la elegibilidad en 2003, lo que beneficiará a todos los españoles. La energía eléctrica ha bajado sus precios en un 32 por ciento en términos reales en los últimos seis años.
Me parece que es importante resaltar esto por
lo que implica de beneficio para todos los ciudadanos españoles y también para las empresas y su competitividad. Cuando entramos a gobernar en 1996 las tarifas estaban claramente muy por encima de las de otros países, tanto para familias como para
empresas, y ahora estamos en la media baja de Europa. Esa es la realidad. Al mismo tiempo, se ha pasado de ampliar la capacidad instaladora eléctrica de 1.700 megavatios, entre 1990 y 1996, a 3.400, entre 1997 y 2000, es decir, se han bajado los
precios y aumentado la cuantía de energía eléctrica instalada, además de lo que se está incrementando en el presente año algo sobre lo que se preguntó en la primera intervención y no controlé. En cuanto a ciclos combinados, en el presente año van a
entrar siete ciclos combinados de 400 megavatios cada uno, por tanto, 2.800 megavatios, y desde ayer seis de los siete están funcionando en prueba. Tienen que estar en un período de prueba no menos de tres meses incluso con paradas para ajustes,
pero en principio están funcionando con normalidad, de manera que estamos cumpliendo en el presente año todo lo establecido, incluso con adelanto de meses en algunos de estos ciclos combinados, en cuanto a su inicio, su entrada en fase de prueba.
Para el año que viene -de hecho están las inversiones en curso-, se espera que siga ampliándose el parque de generación de ciclos combinados hasta alcanzar en los dos años al menos los 5.000 megavatios prácticamente con toda seguridad. Digo esto
para no hablar sólo de la planificación a largo plazo, ya que me habían preguntado SS.SS. sobre cifras concretas de ampliación de la capacidad energética. Pienso que lo mejor es hacer frente a la demanda para que los precios sean luego los más
favorables. La mejor fórmula al reducir absolutamente la demanda no es porque la economía se enfríe, sino porque aumenta la oferta.
El Gobierno en ningún momento dijo que garantizaba una baja del 9 por ciento en las tarifas eléctricas. No está en la ley ni lo ha dicho nadie del Gobierno. El real decreto-ley dice que se propone una bajada hasta el 9 por ciento, y punto.
No voy a decir nada más. Lo que le digo, desde el punto de vista de las cifras concretas, es que el real decreto dice hasta el 9 por ciento. Le digo más, no hay que plantear eso ahora, cuando tenemos unas tarifas domésticas en estos momentos que
están claramente en la media baja europea, sino algo que ha dicho el Partido Socialista en el Congreso en una proposición no de ley que presentó y que nosotros hemos planteado: que dé previsibilidad. Yo recojo ese plan-teamiento que ha hecho el
Partido Socialista en el Congreso de los Diputados; de hecho, nosotros hemos hecho un planteamiento coincidente con el del Partido Socialista en cuanto a que ahora hoy que fijar una metodología de tarifas que sea previsible y que optimice todo, el
beneficio de los ciudadanos y las inversiones del sector, en definitiva que sigamos teniendo una energía en contidad y calidad adecuada para que no sea cuello de botella en el crecimiento y la convergencia real. A eso estamos comprometidos, lo
hemos dicho, y estamos trabajando en la fijación de una metodología de tarifas clara que fije un horzonte de previsibilidad y que beneficie a todos, desde luego con garantía del suministro eléctrico y por supuesto con unas tarifas con las que no
salgamos prejudicados; es más, tarifas compatibles
con el hecho de que se fijen los precios de mercado de manera cada vez más generalizada.
En cuanto a Galicia y la energía eólica, señor Rodríguez, voy a mirar los datos Desconozco los datos a los que hacía referencia, que en un documento se habla de un parque eólico de 2.500 y en otro de 1.825. Voy a mirarlo y, ya le
comunicaremos las cifras que estamos previendo en función de la iniciativa privada, porque aquí estamos hablando de generación, fruto de lo que plantea la iniciativa privada; no sé si habrá habido algún replanteamiento por parte de esa iniciativa
privada que haya motivado que haya una cierta diferencia de cifras del parque eólico.
En cuanto a la conjugación entre regasificación y plantas de ciclo combinado, en el plan hasta el 2011 estamos haciendo una conjugación entre planificación vinculante y previsiones o planificación negativa en relación con generación, que es
de iniciativa privada y no pasa nada. El conjunto de la economía funciona sobre la base de unos compromisos públicos presupuestarios, etcétera, y unas iniciativas privadas, lo que importa es ser coherente en ese planteamiento. A mí me parece que
se está produciendo una enorme coherencia en esos planteamientos. De hecho, la mayoría del aumento de la capacidad instalada que se prevé como iniciativa de los protagonistas, de los empresarios, concuerda con las necesidades de suministro
energético no sólo a nivel global sino también espacial.
En Galicia, el planteamiento, hoy por hoy -lo tenemos ahí sobre la mesa- es hacer nuevas plantas de ciclo combinado, y hay un planteamiento también de iniciativa privada, no pública, de hacer una planta de regasificación. Nosotros tenemos
que dar las autorizaciones correspondientes. Sí quiero decirle que, dentro del esquema del mapa gasístico nacional, el mapa de generación de energía eléctrica, vemos conveniente que esa iniciativa privada se lleve a cabo en Galicia, y, hoy por hoy,
no tenemos ninguna razón para decir que no se van a llevar a efecto con la información que tenemos hasta hoy.
La señora VICEPRESIDENTA (Riera i René): Muchísimas gracias, secretario de Estado, por las respuestas a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios.
Damos por finalizada la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde