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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 473, de 17/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 473
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 17 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa Comisión.
- Elección presidente de la Comisión. (Número de expediente 041/000008.) ... (Página 15272)
- Propuesta por la Comisión del vocal del Consejo consultivo de la Agencia de Protección de Datos. A solicitud del Ministerio de Justicia. Señor ministro. (Número de expediente 276/000004.) ... (Página 15273)
Comparecencia del señor ministro de la Presidencia (Lucas Giménez) para informar sobre:
- La política del Gobierno en sus relaciones con el Congreso de los Diputados durante la presente Legislatura, en orden al desarrollo de las funciones de impulso y control que le corresponde sobre la actuación gubernamental. A petición
propia. (Número de expediente 214/000107.) ... (Página 15273)
- Los criterios que presiden la actuación del Gobierno en relación con los deberes del Ejecutivo de rendición de cuentas, información y responsabilidad ante el Parlamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000691.) ... (Página 15273)
- Los criterios que presiden la actuación del Gobierno en relación con los deberes del Ejecutivo de rendición de cuentas, información y responsabilidad ante el Parlamento. A solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto, Federal
de Izquierda Unida y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000692.) ... (Página 15273)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000008.)
La señora VICEPRESIDENTA (Amador Millán): Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de esta Comisión Constitucional en la que en primer lugar dejamos constancia de que, con motivo de haber sido elegida vicepresidenta primera de la Cámara, doña Margarita Mariscal de Gante presentó en
el día de ayer su dimisión como presidenta de esta Comisión Constitucional, dimisión de la que ha tomado razón la señora presidenta de la Cámara. En la tarde de ayer se reunió la Mesa de la Comisión y se acordó, conforme a lo dispuesto en el
artículo 68, apartado segundo del Reglamento, alterar el orden del día correspondiente a la sesión de hoy para incluir como punto primero la elección de nuevo presidente de esta Comisión, para lo cual la presidenta de la Cámara ha delegado en la
vicepresidenta primera, la señora Mariscal de Gante, que asume nuevamente la presidencia para proceder a la elección. Antes de darle al palabra, quiero manifestar lo que ya expresó ayer la Mesa, y es, primero, la felicitación más cordial de las
señoras y señores diputados por esta elección y la gratitud por la actitud con la que la señora Mariscal de Gante ha conducido la presidencia de esta Comisión.
Muchas gracias. Tiene la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, vamos a proceder a la elección de nuevo presidente o presidenta de la Comisión Constitucional. Sus señorías serán llamados nominalmente y saben que se tiene que escribir un solo nombre en la papeleta.
Por el señor letrado se procede a dar lectura de la lista de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos, que depositan su voto en la urna preparada al efecto.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO (Mariscal de Gante Mirón): ¿Ha quedado algún miembro de la Comisión sin ejercer su derecho al voto? (Pausa.) Vamos a proceder al recuento. (Pausa.)
Verificado el escrutinio, dijo:
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL CONGRESO (Mariscal de Gante Mirón): El resultado del recuento es el siguiente: 33 votos emitidos; 28 votos a favor de don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura y cinco votos en blanco.
Por tanto, ruego al señor don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura que acceda a la Mesa para tomar posesión de su cargo como presidente de la Comisión Constitucional. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señores miembros de la Comisión.
Lo primero que debo hacer, lógicamente, es expresar mi gratitud por la elección como presidente de esta Comisión Constitucional, que es un motivo de satisfacción sin duda para quien como yo estuvo en el proceso constituyente y considera que
la Carta Magna, nuestra Constitución, es un punto de encuentro y concordia para regular, en paz y en libertad, la convivencia de todos los españoles. Expreso mi gratitud a quienes me han votado y mi respeto a quienes no me han votado y espero ser
un presidente que cumpla con imparcialidad y objetividad las funciones que el Reglamento confiere a la presidencia.
Dicho esto, no hay que decir más cosas sino que hay que seguir trabajando, y por ello vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, pero voy a pedir primero excusas porque este parlamentario, novel en estas lides presidenciales,
probablemente cometerá muchos errores, por lo que pido comprensión a los miembros de la Comisión.
- PROPUESTA POR LA COMISIÓN DE VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. SEÑOR MINISTRO. (Número de expediente 276/000004.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la elección del vocal representante del Congreso de los Diputados en el Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos.
Hay una sola candidatura, que ha presentado el grupo Popular, para cubrir el puesto de vocal en esa institución, que es la de la excelentísima señora doña Carmen Matador de Matos, miembro de esta Comisión. No habiendo más propuestas en
relación con este nombramiento, solicito que la Comisión apruebe por asentimiento la propuesta de designación antes referida. ¿Se aprueba la propuesta de nombramiento de doña Carmen Matador de Matos? (Pausa.) Queda aprobada.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (LUCAS GIMÉNEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN SUS RELACIONES CON EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA, EN ORDEN AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE IMPULSO Y CONTROL QUE LE CORRESPONDE SOBRE LA ACTUACIÓN GUBERNAMENTAL. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000107.)
- LOS CRITERIOS QUE PRESIDEN LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS DEBERES DEL EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD ANTE EL PARLAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
213/000691.)
- LOS CRITERIOS QUE PRESIDEN LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS DEBERES DEL EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD ANTE EL PARLAMENTO. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, MIXTO, FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000692.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia, a petición propia, del Ministro de la Presidencia, para informar de la política del Gobierno en sus relaciones con el Congreso de los Diputados
durante la presente legislatura, en orden al desarrollo de las funciones de impulso y control que le corresponde sobre la actuación gubernamental.
En relación con esta comparecencia, la Comisión conoce que, además de haberla solicitado a petición propia el ministro de la Presidencia, existen otras solicitudes equivalentes para la comparecencia del ministro del Grupo Parlamentario
Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La Presidencia considera que deben acumularse las tres comparecencias, en la medida en que su objeto es idéntico y, en consecuencia, se procederá a conceder la palabra al señor ministro de la Presidencia y luego a los representantes de los
grupos parlamentarios, de menor a mayor. (El señor López Garrido pide la palabra.)
Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Quería el uso de la palabra para pedir dos cosas. La primera, para felicitar al nuevo presidente de la Comisión Constitucional y congratularme de que haya situado en primer plano de su cometido la imparcialidad y la objetividad, y desear
que en su trayectoria como presidente actúe en la forma, que nosotros creemos que ha sido muy adecuada, en que actuó su predecesora en ese cargo tan sufrido y tan importante.
Lo segundo que quiero pedir es que, dado que los grupos que usted ha mencionado, entre los que creo que el Grupo Parlamentario Popular no está, por cierto, y que hemos pedido la comparecencia del señor ministro de la Presidencia la
solicitamos con mucha antelación a la petición del ministro, solicitamos intervenir primero los que pedimos la comparecencia primero, cronológicamente y que después intervenga el señor ministro.
(El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Aprovecho también la oportunidad para felicitarle como nuevo presidente de la Comisión Constitucional y le deseo mucha suerte en su cometido. Aprovecho también, puesto que antes no he tenido
oportunidad de hacerlo, para agradecer a doña Margarita Mariscal de Gante el desempeño de la función de presidenta, en la que con su talante ha ayudado al buen orden y buen trabajo de esta Comisión.
Querría decir al señor López Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que el orden de intervenciones en esta Comisión ya quedó fijado en una reunión de Mesa y Portavoces que tuvimos el mes pasado y en la que quedó claro que en
estas comparecencias sería el titular del departamento ministerial quien intervendría en primer lugar y posteriormente intervendrían, de menor a mayor, los grupos que habían solicitado la comparecencia, para pasar luego a los grupos que no la
hubieran solicitado para que fijaran posición.
Como quiera que eso ya quedó fijado, entiendo que ha de respetarse y por tanto el orden de intervenciones tendrá que establecerse dando la palabra en primer lugar al ministro de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Respetando ese acuerdo de la Mesa, entiende esta presidencia que debe el ministro comenzar la comparecencia, sin perjuicio de que la presidencia no tiene inconveniente en que después el Grupo Parlamentario Socialista
inicie el turno de intervenciones.
Pasamos, pues, a la comparecencia. Señor ministro de la Presidencia, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Comisión...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro, siento haber interrumpido el inicio de su comparecencia, pero es que tenía que dejar constancia de que uno de mis primeros errores ha sido interpretar que GP era Grupo Popular, cuando es grupo
parlamentario. Excluyo por tanto al Grupo Parlamentario Popular de los peticionarios de esta comparecencia.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparto las manifestaciones de los dos portavoces al desear lo mejor y felicitar al señor presidente por su elección para esta importante Comisión y comparezco ante la misma para informar de la política del Gobierno y de los
criterios que rigen en las relaciones con el Congreso de los Diputados en esta legislatura.
Creo que entienden, señorías, que, por estar en esta Casa, mi intervención deba centrarse en las funciones de control e impulso a la actuación gubernamental que corresponden al Congreso, sin perjuicio de que esta comparecencia nos sirva
también para exponer datos y argumentos sobre aspectos que afectan a ambas Cámaras, pero, como es obvio, respetando siempre la autonomía que la Constitución y el Reglamento del Senado atribuyen a la Cámara alta.
Señorías, esta comparecencia va a darnos oportunidad de debatir e intercambiar nuestros puntos de vista sobre cuestiones como el papel del Parlamento y la situación actual de su labor de control y de impulso al Gobierno. Pero también me
permite exponer la satisfacción que siente este ministro por el razonable grado de eficacia y normalidad con el que se desarrollan las relaciones del Gobierno con las Cortes en general y con el Congreso de los Diputados en particular.
Yo entiendo que alguna de SS.SS. no van a compartir este punto de vista, que es la expresión del agrado por la forma en que se desarrollan estas relaciones, lo que me parece normal ya que forma parte de la lógica consecuencia de la
dialéctica parlamentaria propia de las mayorías y de las minorías. Sin embargo, al margen de esta normal y necesaria discrepancia política, me van a permitir que les exponga una serie de consideraciones y datos con los que este ministro y el
Gobierno fundamentan estas afirmaciones.
Señorías, creo que nos cabe a todos, a todos sin excepción, la satisfacción de estar contribuyendo cada uno desde su respectiva posición a que esta Casa se afiance como centro de la vida política nacional o, lo que es lo mismo, donde se
facilita la integración de las distintas fuerzas políticas en torno a cuestiones básicas para la convivencia de los españoles. Siempre he creído que las Cortes tienen que ocupar un lugar determinante a nivel político y social y ser el lugar natural
para los debates y acuerdos de los problemas que afectan a la sociedad en general y que afectan a veces a determinados sectores de la misma.
También creo sinceramente que se está recuperando ese eje fundamental de la vida política que fueron las
Cortes al inicio de su andadura constitucional a partir de 1979.
Nada más lejos de mi intención que hacer un discurso teórico o académico, pero permítanme que exponga lo que es opinión unánimemente aceptada por la doctrina, es decir, que con los mecanismos de control al Gobierno de que dispone la
oposición en este sistema parlamentario lo que se persigue en última instancia es que las minorías se conviertan en mayoría. Lo que se pretende, y es una pretensión no solo legítima, sino también necesaria, es que los valores, los intereses y los
principios que postula y defiende lleguen a convertirse en socialmente mayoritarios. Esto es así. Estas son las reglas del juego democrático amparadas por nuestra legislación y que el Gobierno, como no podía ser de otra forma, respeta y acata.
Por ello, señorías, los criterios que presiden la actuación del ejecutivo en relación con el control que sobre el mismo debe realizar el Congreso de los Diputados no son otros que los derivados del escrupuloso cumplimiento de la Constitución, del
Reglamento y de cualquier otra disposición de carácter general. El Gobierno no tiene otro criterio que el de acatar y cumplir la legislación vigente. No puede haber más criterios que los impuestos por nuestro Estado de derecho que, como es obvio,
no dependen de la voluntad
del Gobierno, sino que son un derecho de la Cámara garantizado jurídicamente.
El Gobierno entiende, y así lo expuso el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que las Cámaras tienen que ser el centro de la vida política nacional y que constituyen la institución natural para la discusión y la
confrontación política, lo que es consecuencia lógica y deseable del pluralismo reconocido como valor superior por nuestra Constitución. El Parlamento es como alguien ha dicho la única institución del Estado donde estamos representados todos los
españoles y es aquí donde los distintos grupos políticos expresan sus ideas sobre la situación y los problemas de nuestro país y donde deben criticarse las soluciones dadas por el Ejecutivo para solucionarlos. Por eso, señorías, este Gobierno no
niega ni impide el derecho de las minorías a discutir o criticar, en su caso, las decisiones del Ejecutivo. El Gobierno no niega ni impide ese derecho porque entiende que si el Parlamento es la sede institucionalizada por los sistemas
representativos para el debate público, es imprescindible que los representantes de la voluntad popular puedan ejercerlo cuando crean necesario. Pero, señorías, tampoco conviene olvidar que la Constitución deja muy claro que el poder de dirección
política corresponde al Gobierno y que el juego parlamentario y la esencia de la dialéctica parlamentaria consisten en que el Ejecutivo, avalado por la mayoría, gobierna y por tanto decide, sin perjuicio de que la oposición critique sus decisiones y
sobre todo plantee sus alternativas. Es normal que haya grupos a los que no les gusten estas decisiones y ejerzan su legítimo derecho a discrepar, pero, como ha dicho algún autor, lo preocupante para la funcionalidad del sistema no es que la
oposición pueda perder votaciones parlamentarias, sino que lo verdaderamente preocupante sería que las ganase todas. Por tanto, de ahí no cabe inferir que el Gobierno sea poco respetuoso con el papel de control que corresponde al Congreso de los
Diputados y creo sinceramente, señorías, que realizar esa afirmación sería un exceso de retórica parlamentaria, cuando no una simplificación poco meditada. Porque, señorías, nuestra Constitución, tras declarar que las Cortes controlan la acción del
Gobierno, introdujo una importante batería de instrumentos con las que las Cámaras y sus miembros pueden realizar esa función, como son reclamar su presencia ante las mismas, someterle a interpelaciones y preguntas, aprobar mociones, nombrar
comisiones de investigación, sin olvidarnos de la institución de control por excelencia, es decir, la moción de censura. A estas posibilidades habría que añadir lo que se ha admitido por la práctica parlamentaria y recogido reglamentariamente como
son las proposiciones no de ley o las mociones. Creo, señorías, que no hace falta insistir en ello ya que ustedes conocen bien los medios que tienen los grupos y los parlamentarios para fiscalizar la actuación del Gobierno. Pero sí me gustaría
recordar el amplio consenso que existió entre las fuerzas políticas presentes en la elaboración de nuestra Constitución a la hora de establecer el marco de referencia para el control parlamentario, porque fue una cuestión sobre la que apenas hubo
debate y, desde luego, no existió controversia alguna. Hubo, como ustedes saben mejor que nadie, un amplio consenso constitucional en esta materia que supuso una coincidencia inicial sobre el papel del Gobierno y de la oposición en el juego
parlamentario y al que el Gobierno ajusta su conducta y su respeto a la función que corresponde a la oposición. El Gobierno considera que es necesaria una colaboración eficaz y provechosa entre las Cortes y el Ejecutivo. Quiero decir con ello,
señorías, que las relaciones entre Gobierno y Parlamento no sólo están garantizadas en la Constitución y en los reglamentos, sino que además es un objetivo del Gobierno que sean fluidas y provechosas con el objeto, como antes les decía, de convertir
a las Cámaras en el eje de la vida política española.
El Gobierno ha tenido y tiene la firme voluntad de gobernar cara al Parlamento, lo cual se ha reflejado en una mayor presencia del mismo en ambas Cámaras a través de comparecencias del
presidente, de los distintos miembros del Gobierno así como en relación con el número de preguntas, tanto orales como escritas, y el número de mociones e interpelaciones debatidas. Me gustaría dar unos simples datos que avalan esta afirmación.
Por
ejemplo, el presidente del Gobierno ha acudido habitualmente a las sesiones de control de los miércoles para contestar preguntas orales y en lo que llevamos de legislatura ha contestado, incluidas las que contestará esta misma tarde, 86 preguntas.
Creo que este dato, sin entrar en ninguna comparación, es de por sí suficientemente expresivo.
Señorías, hubo quien en marzo del año 2000 se preguntó si con mayoría absoluta el Gobierno del Partido Popular iba a someterse al control del Gobierno con la misma intensidad que lo había hecho en la anterior legislatura, cuando estaba en
minoría. Creo que hoy no puede haber dudas al respecto y que se ha asumido como una convención parlamentaria que, sin estar expresamente recogida en ninguna norma, se ha incorporado definitivamente al funcionamiento de nuestro régimen parlamentario
y también creo sinceramente que todos debemos alegrarnos de ello.
Respecto a las comparecencias del presidente del Gobierno, quiero recordarles, señorías, que ha comparecido a petición propia en doce ocasiones para informar sobre los Consejos Europeos de Oporto, Niza, Estocolmo, Gotemburg, Bruselas, Laeken
y Barcelona y para informar sobre la participación española en la alianza internacional contra el terrorismo y las acciones militares en Afganistán, para informar sobre la presidencia española de la Unión Europea, en la que anunció además la
intención de solicitar que comparecieran ante la Comisión Mixta Congreso-Senado los titulares de los departamentos ministeriales concernidos, lo cual, como
ustedes saben, se está realizando; sin olvidar el debate sobre el Estado de la Nación, donde por cierto el presidente contestó por separado a cada portavoz.
También me gustaría destacar, porque creo que los datos son muy significativos, la presencia en ambas Cámaras de los miembros del Gobierno. Creo que ha sido una presencia constante que ha dado como resultado un contacto muy fluido entre el
Gobierno y los grupos parlamentarios. Simplemente quiero decirles que los distintos ministros han contestado en lo que va de legislatura un total de 1.566 preguntas orales ante el Pleno de las dos Cámaras, 965 en el Congreso y 601 en el Senado, y
un total de 1.080 preguntas orales en comisión, 873 en el Congreso y 207 en el Senado. Respecto a las comparecencias de ministros en las distintas comisiones, ha habido 503, 407 en el Congreso y 96 en el Senado. Extrapolando estos datos, resulta,
señorías, que ha habido más comparecencias de ministros que días hábiles han tenido los distintos períodos de sesiones. Subrayo está afirmación: más comparecencias de ministros que días hábiles han tenido los distintos períodos de sesiones.
Estos
datos, como habrán observado SS.SS, se refieren simplemente a las comparecencias de ministros, pero para tener una mayor perspectiva de la información suministrada, habría que añadir las cerca de 1.150 comparecencias de altos cargos en ambas
Cámaras. Eso, señorías, en lo que respecta a las preguntas orales o comparecencias del Gobierno, pero también quiero hacer hincapié en las preguntas escritas, que, debido en una parte muy importante gracias al interés de la oposición, son una buena
muestra de la información que sobre la actividad gubernamental se remite al Parlamento. El número de preguntas escritas y peticiones de informes contestados por el Gobierno en lo que va de legislatura es de 36.493, y repito la cifra porque es
histórica en la democracia española: 36.493. Como las cifras en solitario pueden parecer muy frías, permítanme que les diga a título orientativo, sólo orientativo, que en la legislatura de mayoría socialista en la que más informes y preguntas
escritas se contestaron fue de 27.314. Señorías, ante estos datos no se puede afirmar con rigor que el Gobierno de la espalda a las Cortes y mucho menos que el Parlamento esté degradado y reducido a un papel secundario.
Por último, quiero referirme ahora al número de interpelaciones que se han realizado hasta el momento en esta VII Legislatura. Considero que son muy interesantes los datos sobre las interpelaciones porque, como saben SS.SS., se refieren a
temas de marcado interés general y se realizan ante el Pleno de las Cámaras, lo que les da una mayor y necesaria publicidad.
Pues bien, el número de interpelaciones debatidas en los dos años de legislatura es de 211, 125 en el Congreso y 86 en el
Senado. Sin entrar en pormenores, y a los solos efectos del recuerdo, debo decirles, señorías, que durante la II Legislatura completa, primera del PSOE con mayoría absoluta, se contestaron entre el Congreso y el Senado un total de 154
interpelaciones. Hoy he dicho 211.
Señorías, no pretendo aburrirles con cifras, pero he considerado necesario darles algunos datos objetivos que demuestran la firme voluntad del Gobierno de someterse al control del Parlamento y de gobernar en permanente contacto con las
Cámaras para centrar la cuestión e intentar evitar malos entendidos.
Quiero referirme ahora a algo que considero muy necesario en las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, como es agilizar la labor parlamentaria. Como SS.SS. saben, en el inicio de esta legislatura los miembros del Gobierno
comparecieron a petición propia ante las comisiones de este Congreso de los Diputados para exponer las líneas políticas generales de sus respectivos departamentos. Estas comparecencias se produjeron en un período de tiempo muy cercano al de sus
nombramientos.
Simplemente quiero recordarles que como promedio los vicepresidentes y ministros comparecieron a los 40 días del debate de investidura, celeridad que sin duda alguna debe merecer una valoración positiva.
También creo que es un dato
interesante señalar que los ministros comparecieron para exponer las líneas generales de sus departamentos en el Senado, lo cual no había sucedido nunca antes, y que regularmente comparecen en la Comisión de Comunidades Autónomas actualmente.
Quiero destacar que en asuntos de trascendencia social el Gobierno ha respondido con prontitud solicitando su comparecencia en esta Cámara. En este sentido, cabe recordar que temas como la problemática generada por el submarino Tireless, el
llamado mal de las vacas locas, el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, la situación creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre o la contribución española en las operaciones en Afganistán, por poner sólo algunos
ejemplos, han sido tratados en las correspondientes comisiones por los distintos ministros responsables, a iniciativa del propio Gobierno, sin perjuicio -hay que decirlo también- de que en muchos casos también hubieran sido solicitadas por algunos
otros grupos parlamentarios.
Pero, señorías, es que además en reiteradas ocasiones se han formulado por los grupos parlamentarios sustituciones de preguntas orales en Pleno, incluso fuera del límite horario recogido en la resolución de la presidencia del Congreso de 18
de junio de 1996 sobre desarrollo del artículo 188 del Reglamento, sin que en la práctica haya suscitado ningún reparo por parte del representante del Gobierno. Me permito incluir que expresión de esta afirmación es incluso la contestación a una
pregunta esta tarde por este ministro en el Pleno del Congreso.
Creo, señorías, que no estamos hablando de una voluntad más o menos bienintencionada, ni de una responsabilidad abstracta ante el Parlamento más o menos obligada por la legislación vigente; estamos hablando
de un comportamiento real del Gobierno, un comportamiento con las dos Cámaras especialmente, de una forma clara y explícita de entender la vida parlamentaria, que no se modifica en absoluto como consecuencia de la mayoría absoluta. Porque,
señorías, la confianza que los españoles nos otorgaron hace dos años no ha supuesto que sistemáticamente se haga uso de esa mayoría en solitario para ganar votaciones ni que haya habido una pérdida del diálogo por parte del Gobierno. Una buena
prueba de ello es que todos los proyectos de ley han contado con el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios y que algo más del 10 por ciento de las enmiendas presentadas al articulado -es verdad que una parte importante es de nuestro propio
grupo, el grupo que apoya al Gobierno- pasaron a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este dato puede parecer escaso, pero no lo es si lo comparamos con el número de enmiendas admitidas en legislaturas anteriores, en las que otros
gobiernos tenían también mayoría absoluta. Seguimos manteniendo el mismo espíritu de colaboración y creo que hay que destacar esa actitud del Gobierno en la oferta de pactos y de diálogo que han formulado los responsables de los distintos
departamentos ministeriales en comparecencias también en ambas Cámaras.
No quiero abrumarles con la relación de todas las ofertas de pacto que se han realizado por los ministros, pero sí quiero destacar algunos que considero muy significativos. El
pacto sobre la Ley de Extranjería, ofrecido por el ministro del Interior; el pacto para la financiación autonómica y el pacto para la financiación local, ofrecidos por el ministro de Hacienda; el pacto para la sanidad, ofrecido por la ministra de
Sanidad; el pacto por la justicia, ofrecido por el ministro de Justicia y culminado con el acuerdo alcanzado el 28 de mayo del pasado año con algunas fuerzas políticas; el diálogo social sobre emisiones contaminantes, ofrecido por el ministro de
Medio Ambiente; el diálogo ofrecido por la ministra de Educación para reformar las leyes educativas o el diálogo para reforzar la importancia del territorio común de encuentro que son las Cortes Generales que este ministro hizo en sus
comparecencias del 19 de abril de 2001 ante la Comisión Constitucional del Senado, el día 24 de abril de ese mismo año ante esta misma Comisión y que hoy vuelvo a reiterar ante SS.SS.
Nosotros, señorías, tenemos una legítima y democrática mayoría en esta Cámara y en asuntos de tanta trascendencia como los que les acabo de citar, en asuntos de tanta importancia como el pacto de justicia, por ejemplo, no hemos buscado la
simple aplicación matemática de esa mayoría, sino que hemos buscado el acuerdo con los grupos parlamentarios. Creo que es bueno hablar de pactos y de diálogo, pero creo que cuando se habla de eso hay que reconocer el mérito de todas las partes, y
yo lo reconozco, porque no es de recibo reconocer el mérito y el talante de una sola parte.
Señorías, el presidente del Gobierno afirmó en su discurso de investidura que ese talante de diálogo abierto seguiría siendo la pauta del comportamiento del Gobierno en sus relaciones con las Cortes y los grupos parlamentarios. Yo creo
sinceramente que se ha llevado a la práctica ese compromiso. En este sentido, quiero recordar que ese importante nivel de acuerdo se produjo también en los nombramientos del Defensor del Pueblo y de sus dos adjuntos, de los miembros de la Junta
Electoral Central, de los miembros del Tribunal de Cuentas o de los miembros de consejos como el de administración del Ente Público Radiotelevisión Española, del de Universidades, de Seguridad Nuclear o de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional,
como también fueron objeto de un debate importante en esta Cámara los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Nacional de Energía o la designación de los representantes del
Parlamento en la Convención que prepara la reforma de la Unión Europea y que presidente el señor Giscard d'Estaing.
También conviene no olvidar que al comienzo de esta legislatura, con amplio consenso de los grupos, se materializó una antigua aspiración parlamentaria expuesta desde hace varias legislaturas, como es la comparecencia previa ante las
llamadas comisiones de nombramiento de los candidatos a ocupar esos cargos de elección parlamentaria para que los parlamentarios pudieran juzgar su idoneidad para dichos cargos.
Por último, señorías, me gustaría rememorar que cuando se ha tratado de asuntos de trascendencia nacional o, si lo prefieren, de asuntos de Estado, el Gobierno ha procurado acudir siempre al diálogo parlamentario, al entendimiento con otros
grupos en esta Cámara, como sucedió, por ejemplo, en los casos de la lucha contra el terrorismo o el ya citado pacto de Estado para la justicia.
El Gobierno, en éstos y en otros muchos asuntos, ha pretendido contar con la colaboración del Parlamento porque entiende que cuando se quiere impulsar un proceso de reformas, cuanto más acuerdo político haya, cuanto más abiertas, dialogadas
y consensuadas sean esas reformas, mayor dimensión y mayores posibilidades hay de que llegan a ser efectivas, a calar en nuestra sociedad o a ser respetadas y apoyadas por los ciudadanos.
Creo, señorías, que con todo ello queda claro el interés y la voluntad del Gobierno para someterse al control y la fiscalización de sus Cámaras, pero también su firme propósito y compromiso en hacer del Parlamento el lugar de encuentro de la
vida política española, porque es en nuestras Cortes Generales donde se personifica la soberanía nacional, que reside en el pueblo español.
Quiero agradecerles, y acabo de verdad, señor presidente, la atención que me han prestado y manifestarles mi deseo de que en el debate que vamos a tener a continuación encontremos puntos de coincidencia o de
aproximación para ese propósito que creo común de fortalecer las relaciones del Gobierno con las Cámaras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor ministro. Ha empezado su intervención declarándose satisfecho por las relaciones entre Gobierno y Parlamento, entre Gobierno y oposición, y desde luego nosotros no compartimos para nada ese estado de
ánimo. La forma misma en que se hace su comparecencia de hoy es todo un símbolo de cómo el Gobierno entiende las relaciones con el Parlamento y con la oposición, en un contexto, no lo olvidemos, de mayoría absoluta. Los grupos parlamentarios que
conjuntamente solicitamos su comparecencia, es decir, lo que podríamos llamar la oposición realmente existente, lo hicimos hace bastante tiempo, hace semanas o meses, y cuando estaba a punto ya de producirse esa comparecencia de forma inevitable,
entonces usted la solicita a petición propia, con lo cual de alguna forma se pervierte el sentido del debate, porque esto no es una comparecencia a petición propia que pide mucho después de que nosotros la hayamos solicitado; el sentido de esta
comparecencia es examinar al Gobierno en sus relaciones con el Parlamento y la oposición tras el paso del ecuador de la legislatura, ya que no ha venido antes quien tendría que haberlo hecho, que es usted, el ministro de la Presidencia, y le urgimos
a que lo haga. Este es el sentido del debate de hoy y no que usted nos exponga a petición propia su opinión sobre la relación del Gobierno y el Parlamento. Por tanto, de entrada hay aquí ya una situación simbólica de una serie de conductas y
actitudes del Gobierno respecto del Parlamento y de la oposición que no se pudieron expresar de forma tan clara en la anterior legislatura, cuando no había mayoría absoluta, y que sin embargo en esta ya se han expresado con mucha más nitidez.
Nosotros quisiéramos expresarle nuestra posición al respecto, y para hacerlo lo más claramente posible le voy a exponer lo que podríamos llamar diez tesis sobre la forma en la que vemos las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento o las
relaciones entre el Gobierno y la oposición. Estas diez tesis, que como toda tesis es lo que mantenemos y lo que entendemos que sucede, son las que voy a detallar y luego intentaré ejemplificar.
Primera, el Gobierno no quiere hacer del Parlamento el centro de la vida política. Segunda, el Gobierno quiere sustituir al poder legislativo.
Tercera, el Gobierno no respeta a la oposición. Cuarta, el Gobierno no acepta ser controlado
por la oposición. Quinta, el Gobierno utiliza al grupo mayoritario para ahogar el orden del día y quitarle el espacio a la oposición. Sexta, el Gobierno anula el debate. Séptima, el Gobierno no permite investigar y conocer a la Cámara. Octava,
el Gobierno hace oposición a la oposición. Novena, el presidente del Gobierno no debate con la Cámara. Y décima, y resumen de las anteriores, el Gobierno degrada el sistema parlamentario con su utilización abusiva de su mayoría absoluta. Estas
son las posiciones, lo que yo he llamado las diez tesis, que defendemos sobre cómo funcionan en estos momentos las relaciones Gobierno-Parlamento o cómo quiere el Gobierno que funcionen en esta primera mitad de la legislatura. Le voy a poner
ejemplos de todas y cada una de estas afirmaciones.
Primera tesis. El Gobierno no quiere hacer del Parlamento el centro de la vida política. Yo creo que el Gobierno está metido en un proceso de intento de banalización del Parlamento y de que en absoluto sea el eje de la vida política. Los
ministros muestran cotidianamente su desinterés por su presencia aquí. No hay ninguna intención de que la labor parlamentaria sea conocida en los medios de comunicación. Prueba de ello es que Televisión Española, que nadie duda de que es la
televisión del Gobierno, dedica un programa me parece que, de media hora, los sábados por la mañana, que como es sabido es la hora de máxima audiencia de la semana, en la segunda cadena. No hay ninguna intención de suministrar más medios económicos
para el funcionamiento del Parlamento y en especial quiero recordarle que, a pesar de que el presidente del Gobierno ofreció la reforma del Reglamento, que es esencial para la agilización, a la que usted se refería, de los debates parlamentarios,
entre otras cosas, este Reglamento está paralizado. Está paralizado porque el Gobierno y el Grupo Popular han decidido que se paralice la reforma del Reglamento. Esta es una responsabilidad muy seria del Gobierno en este momento. Por tanto, la
teoría que usted nos ha expuesto en su intervención, que es una teoría muy interesante sobre cómo el Gobierno tiene que actuar respecto de la oposición, se puede expresar en una facultad de derecho o en una facultad de ciencias políticas, pero que
nada tiene que ver con la realidad.
Segunda tesis. El Gobierno quiere sustituir al poder legislativo. El Gobierno utiliza el poder legislativo como algo burocrático porque necesariamente tienen que pasar por aquí las leyes, pero a toda velocidad cuando es necesario, como se
ha visto, por ejemplo, en la Ley de Ordenación Universitaria, una ley tan importante, que ha ido a toda velocidad. Pero cuando han pasado leyes importantísimas a toda velocidad, las que les ha interesado que pasaran a toda velocidad, por tanto
dificultando el debate, resulta que para hacer los reglamentos pueden pasar meses. Es decir que para aprobar las leyes, que es cuando hay que debatir de verdad los principios, van a toda velocidad, pero cuando hay que hacer los reglamentos, el
Gobierno se lo toma con mucha calma, como por ejemplo sucede con esta ley que acabo de mencionar. O la escandalosa forma en la que se debate el presupuesto. La Ley de Presupuestos,
que es la más importante de todo el año, se debate -es un decir lo de debate- con una ley de acompañamiento en la que se meten diversidad de cosas y leyes en un bloque, se despacha en el Congreso y en Senado y se utiliza el Senado para que
no se puedan debatir las cosas más importantes en el Congreso. Es absolutamente escandaloso cómo se debate el presupuesto, no tiene nada que ver con el sistema parlamentario, y esta es la ley más importante. El dominio asfixiante que el Gobierno
ejerce sobre este Parlamento se manifiesta en la forma en la que se deciden las cosas, por ejemplo, en la Mesa de la Cámara. Todavía estamos esperando que se atiendan las múltiples peticiones de amparo que hace, por ejemplo, el Grupo Socialista y
otros grupos. A veces da la impresión de que la Mesa se comporta más como una delegación del Gobierno en la Cámara que como un órgano que tiene una cierta autonomía política y autonomía de funcionamiento para preservar lo que el señor Del Burgo
señalaba como la función y el talante de una presidencia, que es la de ser imparcial y objetivo, con independencia del grupo del que se provenga.
Tercera tesis. El Gobierno no respeta a la oposición. Por tanto, esto del diálogo, a la hora de las formas, no tiene nada que ver con la realidad.
No hay más que ver, por ejemplo, cómo se comportó el vicepresidente del Gobierno señor
Rajoy en aquella sesión famosa en la que manifestó unas formas incluso chulescas que desconocíamos en el señor Rajoy, que se suele comportar de otra forma. Se manifestó con desprecio en la forma de contestar a la oposición, banalizando y
frivolizando. En cuanto a las preguntas, a las que usted ha hecho alusión dando unas cifras descomunales, para empezar, lo que ha puesto de manifiesto es que la oposición hace su trabajo, que es la oposición la que moviliza el Parlamento. Por
tanto, la oposición hace su trabajo bien, otra cosa es la forma en la que se le contesta. No existirían esas cifras si no hubiera sido la oposición, y no sólo la oposición porque también hay preguntas de parlamentarios del Grupo Popular, la que
hace ese tipo de forma de control. Pero el Gobierno contesta tarde, contesta mal o no contesta nunca. Tengo aquí unas estadísticas de contestaciones del Gobierno suministradas por los servicios de la Cámara, y las preguntas contestadas fuera de
plazo a 11 de febrero de este año son muchas más que las contestadas en plazo. De 20.434 preguntas escritas, 11.900 están contestadas fuera de plazo. Eso es lo que nos dicen los servicios de la Cámara. Y contesta demasiadas veces mal. Al señor
Pedret, que preguntó sobre la asistencia letrada al detenido en el extranjero, el Gobierno le responde que tiene las bases de estadística mal configuradas y que no le puede responder. Otras veces el Gobierno ha contestado: Léase el BOE, o cosas
parecidas, formas de respuesta bastante inaceptables. Otras veces no contesta. Usted ha mencionado el caso del Tireless, pero el diputado señor De la Encina preguntó por el Tireless y al cabo del año le contestaron diciendo: El submarino se fue.
(Risas.) Eso es lo que le contestaron al señor De la Encina un año después de hacer la pregunta. En cuanto a las preguntas a los ministros, la semana pasada, por ejemplo, seis o siete ministros no estaban disponibles para contestar y no dieron
explicaciones. Yo recuerdo reuniones de Junta de Portavoces en las que el señor Rato o la señora De Palacio preguntaban hasta cuáles eran las horas de los vuelos del avión para controlar si podía o no llegar el ministro para responder. Aquí no
vienen, pero no explican por qué. Es decir, hay una evidente falta de respeto a la oposición. O cuando el señor Piqué une en una comparecencia el asunto famoso de Marruecos con la presidencia de la Unión Europea, para que quede diluido. O cuando
el Gobierno dice que no ha lugar a que venga el director del CESID.
Cuarta tesis. El Gobierno no acepta ser controlado por la oposición. Ese es un problema político de fondo. El Gobierno no acepta ser controlado por la oposición y pone dificultades constantes a ello, en las comisiones y en el Pleno, por
ejemplo, con esto de que el Gobierno puede decidir qué ministro contesta. Si la oposición pregunta al ministro que considera que debe responder, ¿qué es eso de que el Gobierno decide el ministro que contesta? Se le pregunta al Gobierno, pero se le
pregunta a un ministro concreto que es el que se supone que sabe del asunto. ¿Qué es eso de que si preguntamos por la sanidad nos pueda contestar usted o si preguntamos por las relaciones Gobierno-Parlamento venga aquí la señora Birulés, como por
cierto ya ha sucedido? Es una falta de respeto evidente y el Gobierno no acepta ser controlado por la oposición. A ese respecto hay una cosa un poco chusca, propia del anecdotario más que de una cierta seriedad en la vida parlamentaria. Voy a
poner un ejemplo. El martes de la semana pasada desaparece una serie de ministros, se anuncia que no van a estar. No dicen por qué ni se dan las razones, simplemente desaparecen. El miércoles el Grupo Parlamentario Socialista presenta las
preguntas y a la vista de las preguntas, el jueves reaparecen y resucita una serie de ministros. Es decir, de pronto hay una especie de milagro y una serie de ministros que cuando no sabían las preguntas no iban a venir, ahora que ya las saben, sí.
Eso sucede constantemente. La dificultad de controlar, por ejemplo, lo que pasa con empresas importantes que han sido públicas, todo esto demuestra que el Gobierno reiteradamente se resiste a ser controlado por la oposición.
Quinta tesis. El Gobierno utiliza al grupo mayoritario para ahogar el orden del día y quitar espacio a la oposición. Aquí hay constantemente iniciativas parlamentarias, las vemos todas las semanas, completamente insustanciales y que no
tienen otra explicación que la de consumir una parte del espacio que lógicamente tiene que ser sobre todo ocupado por la oposición en un sistema parlamentario, para que la oposición no pueda utilizarlo. En los cupos de las preguntas de los
miércoles,
es escandaloso que el grupo mayoritario, el grupo que sustenta al Gobierno, consuma 13 ó 14 preguntas -todas ellas dificilísimas como es sabido- al Gobierno quitándole el espacio a la oposición. Ahí no puede funcionar la relación
proporcional. Estamos en una sesión de control al Gobierno. ¿Qué controla el grupo mayoritario al Gobierno? Nada, aparte de que las preguntas suelen ser muy amables y de botafumeiro. Se tergiversa completamente lo que es esa sesión. ¿Por qué se
llama sesión de control? Es sesión de control en una parte, la que hace la oposición, porque desde luego la que hace el grupo mayoritario no es de control sino todo lo contrario. Lo mismo pasa en las comisiones. Hay una especie de intento de
bloqueo con iniciativas del grupo mayoritario que tienen el sentido de dificultar claramente el control que el Parlamento debe hacer del Gobierno.
Sexta tesis. El Gobierno anula el debate. Aquí en este Parlamento el debate ha desaparecido prácticamente, es decir, este es un Parlamento de sucesión de monólogos. Existe un cierto filibusterismo de la mayoría -que solía ser
tradicionalmente de la minoría- que ocupa y que anega el espacio y que, como decía, hace muy difícil el debate. Este es un Parlamento en el que han desaparecido los turnos en contra. El Partido Popular se apunta siempre al final para fijar
posición, responde a todos, nadie le puede responder a él, consumiendo turnos que realmente son en contra y no de otra naturaleza. Por tanto es una sucesión de los monólogos que dificultan el debate. El Gobierno tiene una gran responsabilidad ahí.
Usted nos da estadísticas -a veces da la impresión de que el Ministerio de la Presidencia trabaja para las estadísticas-, son sólo cifras, pero lo importante es el aspecto cualitativo, es decir, que lo que se pregunte y lo que se conteste tenga que
ver con la actualidad y con la realidad de lo que está pasando. Me da igual que nos diga usted que son 30.000 u 80.000 preguntas, si es igual. De lo que se trata es de que el trámite sea tempestivo y oportuno, que, como es lógico, es la clave de
la política. Una pregunta no contestada en tiempo oportuno sirve de poco, desde el punto de vista del control parlamentario. Por ejemplo, en el debate sobre la fijación de objetivos de estabilidad presupuestaria, hubo una negativa a que hubiera
propuestas de resolución. Hay constantes dificultades para que exista un debate.
Séptima tesis. El Gobierno no permite investigar y conocer a la Cámara.
Tenemos un ejemplo muy reciente, la posición del Gobierno respecto de la comisión de investigación que hemos solicitado en el asunto del Banco Bilbao
Vizcaya-Argentaria. Existe una negativa a que haya un conocimiento de lo que ha sucedido y evidentemente esta es una decisión gubernamental.
Las comisiones de investigación en el Parlamento son muy importantes como forma de conocimiento de lo que
ha sucedido, no sólo como elemento de responsabilidad política del Gobierno, sino para conocer temas que afectan al interés general. La inmensa mayoría de los españoles considera que tiene que existir una comisión de investigación sobre el caso del
BBVA. O por ejemplo esto de que no se pueda preguntar en esta Cámara sobre créditos concedidos a un ministro del Gobierno, que ocupa la vicepresidencia de Economía. Ese es un tema de interés general e interés político, por supuesto. Si a nadie se
le obliga ser ministro. Cuando una persona es ministro sabe que tiene unas ciertas servidumbres de control y si se es un vicepresidente económico, más todavía cuando el asunto tiene que ver con su economía personal o patrimonial.
Octava tesis. El Gobierno hace oposición a la oposición. Ese es el pan nuestro de cada día, porque este Gobierno no acaba todavía de entender -y ustedes en sus comparecencias nos han dado constantemente revival y moviolas, es la obsesión
del Grupo Popular- que la responsabilidad política la tiene el Gobierno de hoy, el actual, no el que hubo. Se acabó la responsabilidad política del Gobierno que hubo, ahora es del que hay.
La forma de responder a eso es hacer oposición a la
oposición, a veces expresada a través de las preguntas parlamentarias de los miércoles, que se utilizan también para hacer oposición a la oposición. Curiosamente ahí destaca bastante la oposición a gobiernos autonómicos socialistas y destaca el
caso de Andalucía, no sé si es por casualidad o porque el secretario general del Partido Popular proviene de ahí. Otro ejemplo es esa manía que le dio al Partido Popular de preguntar todo el tiempo sobre el Plan Hidrológico, en el sentido
evidentemente de hacer oposición a la oposición. Esto es como si la oposición quisiera gobernar desde el Parlamento, lo cual es absurdo. Es lo mismo que hace el Gobierno cuando quiere hacer oposición a la oposición. El Gobierno no tiene que hacer
oposición a la oposición, sino que tiene que gobernar, y la oposición controlar. Por tanto, esa es una perversión también del sistema parlamentario.
Novena tesis. El presidente del Gobierno no debate con la Cámara. Usted ha dado ejemplos de doce comparecencias del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno viene aquí a hablar de los consejos europeos y no a debatir con la
Cámara. Hay una intervención inicial del presidente del Gobierno. Posteriormente intervienen los grupos parlamentarios, utilizando siempre la técnica del monólogo, y al final el presidente del Gobierno contesta a todos en plan abstracto y se
acabó. Ese no es un debate. El presidente del Gobierno no acepta ser interpelado. Yo le preguntaría: ¿usted se compromete a que el presidente del Gobierno se someta a interpelaciones parlamentarias regularmente, por ejemplo, una vez al mes, que
sería lo lógico, sobre temas coyunturales? No que venga una vez levitando al año y nos cuente aquí la historia del mundo, sino que haya una presencia y un debate permanente del presidente del Gobierno, porque es muy importante que lo haga,
constante
con la Cámara. Eso sería muy importante para la revitalización de la vida parlamentaria.
Décima y última tesis. El Gobierno en definitiva degrada el sistema parlamentario con una utilización abusiva de la mayoría absoluta. La importancia de que el Parlamento y de que la oposición puedan ejercer realmente su labor de control es
esencial y más aún en un tiempo de mayoría absoluta. Ustedes controlan el Consejo General del Poder Judicial, pretenden hacerlo también con el Tribunal Constitucional; las empresas privatizadas más importantes están dirigidas por personas
absolutamente cercanas y controladas por el Partido Popular -el caso más reciente es el del BBVA-, es decir, todo. ¿Qué queda de plural en la vida pública española? Fundamentalmente el Parlamento y si se degrada la vida parlamentaria, hay una
degradación profunda de la vida democrática española y de la vida política. Por tanto esto que nosotros decimos no sólo afecta a la oposición o a las perspectivas electorales de la oposición, sino que afecta a la esencia de la vida democrática.
Ustedes hacen eso que se llama en derecho mercantil el abuso de la posición dominante. Como usted decía en su intervención, lo lógico es que las votaciones las gane el Gobierno, por supuesto, porque tiene una posición dominante. La posición
dominante no es criticable si se ganan las elecciones como ha pasado en este caso. Lo que es criticable es el abuso de la posición dominante, que es lo que en el derecho de la competencia se castiga, el abuso de la posición dominante, no la
posición dominante, sino el abuso de esa posición. Eso es lo que lleva a un declive parlamentario importante que afecta negativamente a todo el mundo, a todos los grupos, al Gobierno también, porque un Gobierno se legitima en un sistema
parlamentario no sólo a través de una relación con los ciudadanos -una relación que, si se excede, puede entrar en una dinámica peligrosamente caudillista- sino a través del Parlamento, que es el que legitima en un sistema parlamentario a un
Gobierno. Eso es lo esencial en este caso.
A nosotros nos parece que estas son posiciones y argumentos serios sobre lo que entendemos que es el diagnóstico de lo que ha sucedido en estos dos primeros años de legislatura. Nos gustaría que se respondiese a eso y yo, señor ministro, le
desafío a que desmonte estos argumentos que le acabo de exponer.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden de la firma de la solicitud de comparecencia, ahora doy la palabra al representante del Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, en primer lugar, he de felicitarle por el cargo para el que ha sido elegido y a continuación agradecer la comparecencia del señor ministro, solicitada por varios grupos por una cuestión que nos
parece esencial para el correcto desarrollo de la actividad parlamentaria, los criterios en relación con los deberes del Ejecutivo en rendición de cuentas, información y responsabilidad ante el Parlamento. El motivo básico de esta petición es que
entendemos que la mayoría absoluta está llevando al Gobierno a una situación en la que la actividad parlamentaria pasa a un segundo o tercer plano de sus prioridades, como informaba el diputado socialista, con todos los problemas que acarrea para
realizar una eficaz labor de control del Ejecutivo. No queremos comenzar con una guerra de cifras y datos, todo es interpretable -usted nos ha abrumado con cifras-, pero sí queremos dar cuenta de una relación de cuestiones que son cualitativamente
importantes como para que desde el ministerio que usted preside se tomen las medidas adecuadas para corregir el rumbo e invertir la tendencia actual. Como cuestión previa querría comentar que es cierto que la falta de acuerdo para mejorar el actual
Reglamento del Congreso, que permita una agilización de la vida parlamentaria, es un fracaso colectivo pero esencialmente del grupo mayoritario que sustenta al Gobierno. Hacemos un llamamiento a conseguir un acuerdo unánime y urgente, con el
objetivo de poner en marcha mejores mecanismos de control de la actividad del Congreso.
Queremos resaltar un tema que nos parece destacable, la ausencia en ocasiones masiva de los distintos responsables del Gobierno en las sesiones de control. De hecho, hasta seis ministros del gabinete han llegado a faltar en alguna sesión de
los miércoles, la destinada específicamente a las preguntas e interpelaciones al Ejecutivo. Imagínese cuál es la situación de los grupos parlamentarios pequeños, como es el nuestro, que justo cuando tenemos que preguntar -cada ocho semanas tenemos
derecho a hacerlo- ese día nos encontramos con que ninguno de los ministros que nos interesa va a comparecer y tenemos que inventarnos una pregunta por no perder el turno y a veces hacemos un poco el ridículo.
Rogamos que transmita nuestro malestar
a sus compañeros y demande a los diferentes responsables que reserven en la medida de lo posible estas sesiones, porque forman parte de su responsabilidad, una parte importante de su labor política, como es dar cuenta en el hemiciclo de sus
actividades.
Igualmente destacamos el desinterés creciente por comparecer en determinadas comisiones a petición de los propios grupos parlamentarios tanto de ministros como de altos cargos de la Administración. Entendemos que la actividad no puede
paralizarse por un parlamentarismo excesivo, pero de ahí a tener que esperar, por ejemplo -hay muchos casos más-, hasta dos años para que el director de RENFE explique en el Congreso las previsiones de este organismo con respecto a la remodelación
que supondría la llegada del AVE a Zaragoza debería haber un punto intermedio. De hecho tuvimos que retirar la petición porque ya se ha firmado el convenio. Nos hubiera gustado conocer los criterios de la elaboración y aportar propuestas,
pero tampoco fue posible. Debería, a nuestro juicio, existir más fluidez y rapidez en este tipo de comparecencias para darle viveza y actualidad a la actividad parlamentaria. Hace falta más contacto directo, más debate, más información
sobre los planes del Gobierno, y las comparecencias puntuales son una buena oportunidad que se está ignorando.
Otro aspecto que queremos destacar es el incumplimiento sistemático de los plazos para responder en tiempo y forma a las preguntas formuladas por escrito. En nuestro caso hemos tenido que realizar más de 40 peticiones de amparo, pero no es
un hecho aislado; esta solicitud se está teniendo que realizar de manera más habitual de lo deseable por prácticamente todos los grupos parlamentarios y afecta a la casi totalidad de los ministerios. Queremos destacar en este ámbito de control las
propias respuestas por escrito que presenta el Gobierno a las preguntas. Hace meses fueron objeto de críticas públicas por la austeridad espartana de la información, su falta de concreción y su desigual tratamiento, lo que supone una dificultad
añadida a los diputados para realizar una correcta labor parlamentaria de control al Gobierno. Sean más explícitos, claros y rápidos en las respuestas, que por su número son el medio más utilizado por los diputados para pedir cuentas al Ejecutivo
de su actividad.
No queremos dejar de mencionar la dificultad de acceso a determinados datos e informes elaborados por el Gobierno. En nuestro caso, a raíz de una petición de informe sobre el Plan Hidrológico Nacional, tuvimos que estar en el propio
Ministerio de Medio Ambiente, en unas condiciones no muy adecuadas, aunque es verdad que la atención de los funcionarios fue muy correcta, para poder tener acceso a esta información, ya que se nos negó su distribución por cualquier otro mecanismo de
reproducción, situación que no es nueva porque posteriormente, a raíz de un requerimiento de este diputado para poder revisar un proyecto sobre abastecimiento de agua a la ciudad de Zaragoza, en el que hay comprometidos millones de euros, se nos
indicó que fuéramos a estudiarlo a unas instalaciones de la Confederación Hidrográfica ubicada en Zaragoza. Si algún diputado solicita este tipo de informaciones, parece lógico que se le facilite su acceso y no se le dificulte, en un momento además
en que las nuevas tecnologías de la información deberían permitir un mayor acceso a estos documentos, criterio que es el que se pretende implantar por la Comisión Europea, el acceso del ciudadano a la información, y un diputado, que sepamos, también
es un ciudadano.
Supongo que otros diputados con más experiencia y más avezados en las lides parlamentarias aportarán más sugerencias y criterios. Hemos intentado denunciar la experiencia de estos dos años con el único fin de mejorar y dignificar la
actividad parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En primer lugar, como hacía mi compañero Labordeta, le felicito por la presidencia.
Señor ministro, a mi entender usted ha venido aquí confundiendo interesadamente la comparecencia -no lo considero ni mucho menos torpe-; usted ha venido aquí a agobiarnos o a hundirnos bajo un número aplastante de cifras. Alguien le podría
recordar irónicamente que es una pena que usted se haya venido de Castilla y León porque era el único que por lo visto dominaba las cifras y sus consejeros parece que no las dominan respecto al número de funcionarios que trabajan dependiendo de la
Administración. Me va usted a permitir que empiece por lo concreto para ir a lo general.
Hace unos meses este diputado solicitó informe de la Administración del Estado para que se le facilitara el acceso a la declaración de bienes de don Rodrigo Rato Figaredo depositada en el registro de intereses de altos cargos y miembros del
Gobierno, que custodia y gestiona el ministro de Administraciones Públicas. La contestación es toda una joya de lo que se ha denunciado por distintos portavoces que han intervenido hasta ahora, de algo que es peligroso cuando se tiene mayoría
absoluta -por mor de la voluntad popular, no le quito ni un ápice de legitimidad, Dios me guarde- y cuando además se tiene una concepción determinada de las relaciones de la política y del papel. La contestación, como decía, es expresión de una
mezcla de confusión de distintos niveles. No se sabe si me están ustedes contestando como Gobierno, como presidencia del Parlamento o como Partido Popular, todo es un popurrí que ustedes hacen en una especie de olla.
Dice lo siguiente: Según el
artículo 8.3 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración general del Estado, el registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos tiene
carácter reservado, por lo que sólo pueden tener acceso a él las instituciones y órganos previstos en dicho precepto y con las limitaciones establecidas en el mismo. De acuerdo. Sigue: Entre dichas instituciones y órganos se encuentran las Cortes
Generales, de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos de la Cámara. Sin embargo y dado que dicho Reglamento no contiene previsión alguna respecto al acceso a dicho registro, no es posible legalmente proporcionar información sobre los datos
que se incluyen en la declaración de bienes y derechos patrimoniales.
Señor ministro, su obligación -y me es indiferente si entregan o no entregan ya la documentación del señor Rato Figaredo- es entregarla en el Parlamento y luego la Mesa del Parlamento decidirá, si no tiene normativa en el Reglamento vigente,
por disposición, por nota, por escrito o por resolución de presidencia, la
forma de acceder a ella por parte de los distintos diputados. Que no esté tipificado o normalizado en el Reglamento de la Cámara la forma en la que acceder a esa documentación no impide que ustedes tengan que entregarla, como dice muy bien
la lectura, a las Cortes Generales. Decía que es la expresión de que ustedes hablan como un todo. Hablan como Gobierno, hablan como presidencia de la Cámara, hablan como oposición. Quieren ser ustedes, como decía la canción me parece que era de
Serrat, el novio en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Quieren ustedes ser todo. La mayoría absoluta da para mucho, sin duda, pero no da para todo.
Ya que estábamos hablando de preguntas, señor ministro, el Gobierno con excesiva frecuencia no contesta. Usted me puede decir cuánto ha contestado. Yo le planteo lo que no contesta. Lo normal es que conteste.
No me venga usted a decir a
mí que todas las mañanas sale el sol. Yo le diré los días que no sale, que hasta ahora, a Dios gracias, no es ninguno, pero no me diga usted: es que nosotros contestamos. Es que eso es lo normal. Lo que no es normal es lo que se está
produciendo, que ustedes no están contestando o contestan con retraso importante a las preguntas y peticiones de información documentada de los grupos parlamentarios. Yo no quiero hablar de números, pero, por ejemplo, ustedes no han contestado a
casi 1.300 preguntas de grupos parlamentarios. Debo de poner de relieve que son abundantes las respuestas del Gobierno a preguntas de los grupos parlamentarios que se resuelven en dos o tres líneas que carecen por completo de contenido real; y no
son infrecuentes las respuestas burlonas del Gobierno remitiendo fotocopia del Boletín Oficial del Estado o del 'Diario de Sesiones' de la Cámara. Desde luego no pienso seguir con este listado de afrentas, pero sí debo recordar que la información
sobre la actividad del Gobierno es una de las bases de la capacidad de las Cortes Generales para desarrollar una de sus misiones constitucionales, cual es el control del Gobierno. La negación de esta información por parte del Gobierno es por tanto
un obstáculo gubernamental al desempeño de una tarea constitucional; es decir, estamos, señor ministro, ante un fraude de la Constitución.
En conexión con lo anterior, debemos recordar que los grupos parlamentarios se ven forzados a acudir en numerosas ocasiones al amparo de la presidenta del Congreso, y estoy hablando de cientos de peticiones de amparo, controladas por los
grupos, porque luego se produce otra serie de peticiones individuales del diputado o de la diputada en cuestión, que casi no pasa por la contabilidad de los grupos, pero estoy hablando de cientos de veces que los diputados y diputadas de los grupos
parlamentarios -me refiero a esta legislatura- tenemos que pedir amparo porque nos sentimos desamparados, permítanme la redundancia, porque no se está planteando esa respuesta en tiempo.
También es notable el número de comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios que no han sido atendidas por el Gobierno, más de 500.
Usted me dirá: aquí ha comparecido todo dios. Las de altos cargos son un número mucho mayor.
Vuelvo a insistir en lo mismo, que es que eso es lo que ustedes tienen que hacer. No galleen, permítame la expresión coloquial, de hacer lo que hay que hacer. Es como si alguien dijera: yo trabajo 40 horas a la semana, o las que sean, yo voy
todos los días a trabajar. Eso es lo normal. Permítame que yo le diga que faltó tal día, tal día y tal día. Lo normal, señor ministro, desgraciadamente, no debiera de ser un argumento de autoridad. Que ustedes vengan a comparecer ante los
representantes de la soberanía es lo normal, y no voy a entrar en la calidad de esas comparecencias.
Otros compañeros, tanto el señor Labordeta como el señor López Garrido, hablaban de los ministros del Gobierno que se ausentan con tanta frecuencia de las sesiones de control de los miércoles que en muchas ocasiones no solamente es
prácticamente imposible controlar al Gobierno, sino que además deciden la propia estrategia parlamentaria de los grupos, por omisión. Cuando el Gobierno dice: no quiero que me tiren por este lado, quitan al ministro de turno y luego, como muy bien
decía el señor López Garrido, cuando ya se han hecho las preguntas, reaparecen, reviven, reflotan. Por esa vía están condicionando ese tema. Uno es de pueblo pero no muy cateto en estos temas y uno puede entender que haya compromisos
internacionales de los ministros que impidan en alguna ocasión su presencia en las sesiones de control, pero todo el mundo sabe que son los miércoles, y cuando se hacen las agendas, hay jefes de gabinete; no son sesiones de control que son
variantes según llueva o no llueva, truene o no truene. Hay determinadas cuestiones que condicionan, y vuelvo a insistir en que entiendo que hay compromisos internacionales, pero, señor ministro, dejen ustedes de inaugurar y dar conferencias los
miércoles, yo nada más que le pido eso. Inauguren y den conferencias ustedes los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, los lunes y los martes.
No puede permitirse ni un segundo más que los ministros y el presidente del Gobierno le tengan
tanta alergia al Congreso y, por el contrario, tanto interés a Televisión Española.
Por otra parte, las sesiones de control del Gobierno de los miércoles, tanto si los ministros se han dignado acudir a ellas como en caso contrario, se han convertido, con la implícita connivencia de la presidencia de esta Cámara, pero no
quiero entrar en ello para no mezclar la comparecencia, y con el apoyo dócil y leal del director del ente RTVE, en sesiones de control del Gobierno a la oposición, lo cual en términos jurídicos y políticos no es ni más ni menos que una perversión
constitucional. Las Cortes Generales controlan al Gobierno, no controlan ni a la oposición parlamentaria ni a gobiernos españoles del pasado, ni a gobiernos de
otras administraciones públicas españolas. Las sesiones de control del Gobierno de los miércoles no sólo han perdido la solemnidad que requieren sino que su contenido real está bajo mínimos. Incluso el presidente del Gobierno se permite
utilizar datos de todo punto falsos y salir corriendo de la Cámara sin que su presidenta haga nada por evitarlo.
Finalmente, debe llamarnos a reflexión el peculiar método legislativo del Gobierno que consiste en traer a la Cámara los proyectos de ley perfectamente pactados y requetepactados con los lobbies a los que atiende el PP y después no sólo no
aceptan las enmiendas de los grupos parlamentarios, sino que incluso adoptan medidas para impedir el mero debate de las mismas. El tema del Senado, señor ministro, de utilizarlo como una vía torticera -mire que se ha utilizado el Senado en este
país para muchas cosas, pero no para una vía torticera- para que no se debatan enmiendas me parece grave. Uno podría entenderlo en un Gobierno que con su soporte parlamentario no tuviera mayoría en el Congreso y sí en el Senado. No estaría de
acuerdo, pero podría entender que utilizara el Senado como una forma de introducir enmiendas, pero es que ustedes tienen una jartá de mayoría absoluta en esta Cámara y otra jartá en la otra, si ustedes no necesitan hacer esos truquillos. ¿A quién
pretenden engañar? ¿O es que son ustedes tan frívolos e irresponsables que las enmiendas les entran en un arrebato al final y dicen: no había caído yo y mira por dónde ahora voy a meter la enmienda en el Senado? ¡Hombre, por Dios! Ustedes son
gente seria. No estaré de acuerdo con ustedes, pero ustedes son gente seria, y a la gente seria no se le ocurre las enmiendas cuando han pasado por el Congreso de los Diputados y van al Senado, no, señor ministro; enmiendas del Senado que impiden
por completo el debate en el Congreso, y en el propio Senado, porque al ser enmiendas que se introducen a través del Grupo Popular, y cruzo esa línea difícil de separación entre una cosa y otra, los demás grupos no pueden enmendar una enmienda, con
lo cual no son enmendables para nada, y hablo de modificaciones sustanciales, no de estilo, señor ministro. Al final, uno ya no sabe el papel que se le asigna. Todos recordamos con qué parte de su anatomía pretendía el ministro de Agricultura
aprobar el Plan Hidrológico; o, como decía antes el señor López Garrido, todos recordamos cómo se debatieron las cerca de 1.000 enmiendas a la LOU en menos de un minuto por enmienda, mucho menos, en una mañana. Todos sabemos que hay altos cargos
de la Administración General del Estado que se permiten el lujo de llamar a portavoces de los grupos parlamentarios para indicarles amablemente que no serían bienvenidas enmiendas parlamentarias en tal o cual sentido. En fin, señorías, estamos
asistiendo a una degradación del procedimiento legislativo y a un retroceso del sustrato democrático dialéctico que debe tener el mismo.
El señor ministro ha dicho en su intervención que ninguna ley ha sido aprobada en este Congreso que no tenga, al menos, el apoyo del Grupo Popular y de otros dos grupos parlamentarios; me parece que ha dicho de dos. (El señor ministro de
la Presidencia, Lucas Giménez: de uno.) ¿De uno? Ha dicho dos; luego lo verá. (El señor ministro de la Presidencia, Lucas Giménez: uno. En fin, es lo mismo.) No voy a discutir la cuestión, luego se verá; me es indiferente. Mire, señor
ministro, los grupos pueden hacer con su voto lo que les dé la real gana, pero el problema del que estamos hablando aquí es que las cosas llegan al Congreso muy hervidas ya y ni salpimentarlas podemos; vienen ustedes con las cosas muy guisadas.
No
es bueno que las cosas se metan a trancas y barrancas; tengan ustedes en cuenta siempre que aquí está la soberanía. Yo he tenido diferencias con mi grupo en cuanto al recurso de los funcionarios. Dije que lo que se decía aquí iba a misa y que no
me hablaran de acuerdos anteriores fuera de la Cámara. Sigo diciendo y pensando lo mismo para estas cuestiones.
Aquí es dónde se decide y, por favor, los menos acuerdos posibles antes; hay que hacerlos aquí, que es donde se decide. Sabiendo que
tienen ustedes mayoría absoluta, no vamos a ser tan osados como para plantear alternativas; otra cosa es que utilicemos los trucos y recursos parlamentarios, y siempre les quedará a ustedes el decir: La próxima vez que ganen traigan proyectos de
ley y dejen de traer alternativas. Lo que quiero decirle es que con su mayoría absoluta no pretenderemos cambiarle el corazón, la médula a sus proyectos pero sí introducir mejoras. Hay leyes que son para un año y es lógico que si no hay acuerdo
tiren ustedes adelante con ellas; pero hay leyes para mucho más tiempo y para ellas hay que buscar un gran acuerdo parlamentario. Ese espíritu constitucional del que tanto se imbuyen y que bienvenido sea obliga y condiciona en ese sentido.
Las leyes deben crearse y generarse en un clima de seguridad jurídica; usted lo sabe mejor que yo. Y no sólo la ley de acompañamiento, ustedes van a utilizar la nueva ley sobre el sistema financiero español como cajón de sastre para
cambiar 8 ó 10 leyes. No; a mayor seguridad, mayor estabilidad. No espero cambiar la situación puesto que tienen ustedes mayoría absoluta y tienen la razón, pero aspiro a que esta queja -creo que respetuosa- de la oposición (también la de
partidos, que no han intervenido todavía, que unas veces votan a favor y otras en contra pero que seguro que tendrán sus quejas legítimas en las que no me voy a entrar) les sirva para que la viña esté mejor guardada al menos durante dos meses.
Luego la cosa volverá a desmadrarse y tendremos que presentar otra iniciativa, pero si durante dos meses la viña está un poco mejor guardada, se acelera la respuesta a las preguntas, las comparecencia van a más y los ministros faltan un poquito
menos en este período casi estival, me daré con un canto en los dientes
y pensaré que la iniciativa de esta mañana ha valido la pena.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias al señor presidente, en primer lugar, a quien, como exige la cortesía parlamentaria, felicitamos por su elección para el cargo, que esperemos desempeñe con objetividad e imparcialidad, como ha prometido.
Gracias también al señor ministro, en segundo lugar, por su comparecencia.
El señor ministro ha empezado su intervención reconociendo que su optimista visión del momento que atraviesan las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento en esta legislatura puede no ser compartida por otros grupos parlamentarios.
Efectivamente no es compartida. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han puesto de manifiesto que hay perspectivas y puntos de vista distintos, valoraciones diferentes del momento que atraviesa ese marco de relaciones entre el Gobierno
y el Parlamento en esta legislatura. Nuestro grupo es de los que discrepan, pero para que no nos acuse de excesivamente subjetivos al hacer esta valoración, vamos a utilizar un parámetro que no es nuestro, sino del Partido Popular, del Grupo
Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es ese instrumento de medida? Cuando en los albores de la V legislatura -la última en que el Partido Popular gozó del estatus de oposición-, siguiendo una fórmula habitual en la práctica
parlamentaria, tuvo lugar en esta misma Comisión Constitucional la primera comparecencia del entonces recién nombrado ministro de la Presidencia del Gobierno socialista, que iniciaba su andadura en aquellas fechas, el señor Pérez Rubalcaba hizo una
declaración de intenciones muy semejante a la del presidente del Gobierno en la sesión de investidura de hace aproximadamente dos años. El presidente del Gobierno habló de convertir el Parlamento en el centro de la vida política del país, y el
señor Pérez Rubalcaba habló en aquella sesión de convertir el Parlamento en el centro real del debate democrático. Pues bien, el portavoz del Grupo Popular en aquella sesión, el señor Cisneros, un conocido parlamentario, miembro de esta Cámara y de
esta misma Comisión, que presidió en la pasada legislatura, puso abiertamente en duda la sinceridad del ministro al expresar su voluntad de convertir el Parlamento en el centro real del debate democrático y se preguntaba: ¿Hay realmente una
voluntad de convertir el Parlamento en el centro de la decisión, de la argumentación y del debate político? Una pregunta retórica que él mismo se encargaba de contestar y decía: No. ¿Y cuál era la prueba que ponía de manifiesto, a juicio del
señor Cisneros, la falsedad de la voluntad del Gobierno de convertir el Parlamento en el centro real del debate democrático? Pues era, en sus propias palabras, la existencia en ese momento en sede extraparlamentaria de una serie de negociaciones de
un pacto social, de las que decía el señor Cisneros que resultarían una serie de decisiones de carácter económico y presupuestario que -leo textualmente-: vendrían comprometidas o contraídas desde fuera, desde esa mesa de negociación, hasta el
Parlamento. El señor Cisneros denunciaba rotundamente -y esto es también textual-: Tenemos noticias de múltiples iniciativas, de múltiples contactos, negociaciones y diálogos que entre el Gobierno y algún grupo parlamentario, y fuera del seno
propio del debate, no parecen caminar precisamente en la dirección de esa revitalización parlamentaria que usted promete.
Hoy, las firmes denuncias que el señor Cisneros pronunciaba en aquella sesión de la Comisión Constitucional nos parecen bromas. ¿Qué hubiese dicho el señor Cisneros, tan celoso de la defensa de las prerrogativas del Parlamento, tan
hondamente preocupado porque el Parlamento no fuera arrinconado en la vida política y en el debate democrático de aquellas fechas, si -como ha ocurrido en la presente legislatura- algún miembro del Gobierno hubiese dicho, ante la remisión de un
proyecto de ley a las Cortes Generales, que su tramitación iba a ser un simple paseo militar? ¿Qué hubiese dicho si -cómo está ocurriendo en estos días- alguien hubiese dicho, ante la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley orgánica
muy importante, nuclear y básico en el sistema democrático, que el texto que se va a remitir es intocable e inmodificable, y que se puede asegurar de antemano que no se va a aceptar ninguna enmienda de fondo sino exclusivamente las de carácter
técnico-jurídico? Se han dicho esas y otras cosas. En relación con ese proyecto de ley orgánica se ha dicho que el texto, en su redacción inicial, lo va a sacar la mayoría parlamentaria, acompañados -si hay compañía- o solos, porque -asegura la
mayoría parlamentaria- ha sido acordado en sede extraparlamentaria -fuera del Parlamento- artículo a artículo, coma a coma y punto a punto. Son expresiones de un miembro muy relevante del Partido Popular. No me negará que los indicadores que a
juicio del señor Cisneros, hace ahora casi nueve años, delataban la falsedad de la voluntad del entonces Gobierno socialista de situar al Parlamento en el centro del debate democrático se han superado con creces en la presente legislatura. ¿Cabe
mayor desprecio al Parlamento, cabe mayor empeño en arrinconar a la institución parlamentaria que calificar el procedimiento de elaboración de las leyes como un mero paseo militar? La Constitución tiene todo un capítulo dedicado a la elaboración de
las leyes; se trata del capítulo II del Título III que precisamente lleva como rúbrica 'De la elaboración de las leyes' e incluye los artículos comprendidos entre el 81 y el 92. ¿Cabe mayor fraude al contenido de este capítulo que la actitud
predeterminada, previamente establecida y hecha pública a todos los niveles, de no aceptar ni una sola enmienda que pueda alterar lo más mínimo del contenido
del proyecto que se quiere remitir al Parlamento? ¿Qué es el Parlamento a juicio del Gobierno? Desde luego, no el centro de la vida política del país. Puede ser un patio de armas para que transcurra a través de él el paseo militar, puede
ser un efecto puramente ornamental, como un florero o como una escultura, puede ser una oficina en la que se pone el sello a acuerdos previamente adoptados en sedes extraparlamentarias, eso que tan crudamente denunciaba el señor Cisneros en aquella
sesión de la Comisión Constitucional a la que antes he hecho referencia, pero no, desde luego, el centro de la vida política del país. La práctica de estos dos años de legislatura ha sido más bien la contraria. Se han pervertido los procedimientos
legislativos y se han neutralizado en la medida de lo posible, en la medida en que le ha sido posible al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, los mecanismos de control al Gobierno.
Con respecto a la perversión de los procedimientos legislativos, tuvimos ocasión de hablar largo y tendido en su primera comparecencia hace un año en esta misma Comisión. Recordará usted que denuncié la inexistencia de un programa
legislativo propiamente dicho. El real decreto que regula la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia le atribuye a la competencia para preparar, desarrollar y seguir el programa legislativo del Gobierno y en especial de su tramitación
parlamentaria. Y en las democracias avanzadas el programa legislativo es un documento en el que se recoge el modo, la forma en la que el programa político del Gobierno (el programa político mediante el cual el presidente del Gobierno obtiene la
confianza de la Cámara para conformar el Ejecutivo y para diseñar la acción de Gobierno), que es el quicio de la relación de confianza entre el Parlamento y el Ejecutivo, se proyectará en el ordenamiento jurídico.
Especifica, en primer lugar, qué
nuevas normas se aprobarán; segundo, qué otras normas se aprobarán que afecten a las que ya están formando parte del ordenamiento jurídico y, en tercer lugar, qué objeto, qué contenido y qué orientación tendrán las unas, las nuevas, y las otras,
las modificadoras. Es una práctica muy arraigada en los regímenes parlamentarios; no voy a repetir lo que ya le dije en aquella ocasión.
¿Con qué nos encontramos en la presente legislatura? Nos encontramos con que el Ministerio de la Presidencia no ejerce como es debido esta competencia para definir el programa legislativo del Gobierno y, por tanto, no hay manera de conocer
exactamente qué leyes se van a remitir al Congreso de los Diputados a lo largo de la legislatura, cuándo lo van a hacer y qué contenido y orientación van a tener. Es más, me atrevería a decir que los últimos que se enteran de qué leyes se van a
remitir, cuándo lo van a hacer y con qué contenido y orientación son los grupos parlamentarios de la oposición de la Cámara; es, en definitiva, la propia Cámara. El Gobierno juega aquí a la sorpresa y el caos de la política legislativa está
deliberadamente buscado por el Gobierno para desorientar a la Cámara y a los grupos parlamentarios que la forman e impedir una adecuada planificación de los trabajos parlamentarios y un control efectivo del Legislativo sobre el Ejecutivo; porque en
este momento no sabemos si las iniciativas, si los proyectos legislativos que se anunciaron al principio de la legislatura continúan o no en pie. En lo que se refiere a las áreas que en nombre de mi grupo parlamentario sigo en el Congreso de los
Diputados, hay un montón de iniciativas anunciadas, prometidas al principio de la legislatura de las que nada se sabe: el Estatuto básico de la Función pública, la Ley de cooperación, la Ley del régimen electoral general, la Ley de fundaciones,
etcétera. Por cierto, en relación con la reforma de la Ley de fundaciones tengo que decir que los portavoces de esta misma Comisión tuvimos ocasión de debatir hace un par de meses en un foro que se organizó aquí en Madrid para conocer la opinión de
los grupos parlamentarios en relación con la reforma de la Ley de fundaciones que el Gobierno estaba preparando y muchos de los grupos de esta Cámara tuvimos el primer conocimiento de las intenciones del Gobierno justo en ese debate y a través de la
información que nos suministraron los organizadores del seminario. Es curioso cómo los grupos de la Cámara son los últimos que se enteran de cuáles son las novedades legislativas que el Gobierno tiene intención de introducir en el ordenamiento
jurídico. Esto es todo lo contrario de lo que tiene que ser un programa legislativo claro, transparente, con compromisos reales y efectivos que permita planificar ordenadamente los trabajos de la Cámara y ejercer un control parlamentario riguroso y
serio sobre la acción legislativa del Ejecutivo. Es una política legislativa, además, que evidentemente por caótica se quiere apoyar en instrumentos normativos excepcionales como el real decreto-ley, que se sigue utilizando masivamente, que se
sigue utilizando con una proporción excesiva en relación con la legislación ordinaria. Usted conoce las estadísticas que existen al respecto y son francamente escandalosas. En lo que llevamos de legislatura la proporción ley-real decreto-ley es
abrumadora es escandalosa a favor del real decreto-ley, cuando es un tipo de norma jurídica que está caracterizado por el propio texto constitucional como que sólo procede en supuestos de urgente y extraordinaria necesidad.
Esta es una política legislativa que recurre sistemáticamente a la denostada técnica de la ley de acompañamiento. Tuvimos ocasión de hablar de ella en su primera comparecencia y no voy a repetir lo que ya le dije en aquella ocasión. Me voy
a limitar exclusivamente a recordarle que existen posicionamientos rotundos en contra de la técnica legislativa de la ley de acompañamiento no ya de la doctrina científica sino de la gran mayoría de los órganos constitucionales. Existen
pronunciamientos contundentes del Consejo de Estado, que no en uno sino en numerosos informes viene aduciendo razones de seguridad jurídica y de buena técnica
legislativa para oponerse a este tipo de ley, a la ley de acompañamiento.
Recuerdo que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, según la Constitución. También está en contra de esta técnica legislativa el Consejo
Económico y Social y lo ha manifestado en numerosos informes. En su último informe relativo a la ley de acompañamiento vigente este año expresa su disconformidad -y leo textualmente- con la inadecuada técnica legislativa que supone y los problemas
que suscita el uso de una ley que regula una profusión de materias dispares que acaba provocando una dispersión de las normas reguladoras que dificultan su localización y entendimiento por parte del ciudadano obligado por ellas. También ha adoptado
una posición contraria el Defensor del Pueblo. En su último informe, el relativo al año 2000, dice literalmente que esta técnica legislativa es de todo punto rechazable; puede suponer evidentes riesgos para el principio de seguridad jurídica
establecido en el artículo 9, apartado 3, de la Constitución. Comienza a formarse en el seno del propio Tribunal Constitucional un núcleo de magistrados que empiezan a posicionarse también en contra de esta técnica legislativa por razones no
solamente de técnica. Lógicamente el Tribunal Constitucional considera que el alto Tribunal no es un enjuiciador de la bondad de la técnica legislativa sino de la constitucionalidad o no de las iniciativas legislativas, y empieza a mostrarse ya una
posición contraria a esta técnica legislativa como, por ejemplo, se deduce de su sentencia 32/2000, de 2 de febrero, en la que hay un voto particular suscrito nada menos que por el presidente, el de Oklahoma, que dice -fíjese- que estas leyes de
acompañamiento no son respetuosas siquiera con la más flexible y permisiva de nuestras jurisprudencias; es un voto particular cualitativo suscrito por varios magistrados, entre ellos el propio presidente que dice literalmente, repito, que este tipo
de leyes de acompañamiento no son respetuosas siquiera con la doctrina más flexible y permisiva de nuestra jurisprudencia.
Hay una pléyade de órganos constitucionales que se están posicionando en contra de esta técnica legislativa: el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo y el propio Tribunal Constitucional apunta por esa
misma vía. ¿Qué consideración tienen para el Gobierno todos estos órganos constitucionales? ¿Son solamente órganos que el Gobierno mantiene para que sus presidentes aparezcan en los medios de comunicación lanzando loas a los proyectos
gubernamentales y suscribiendo punto por punto todos los planteamientos del Gobierno y de su presidente? ¿O son órganos cuyos pronunciamientos en cuestiones técnicas y jurídicas han de ser consideradas y tomadas en cuenta por el propio Ejecutivo?
Porque unánimemente todos están en contra de este tipo de técnica legislativa que, sin embargo, el propio Gobierno se emperra en mantener año tras año.
Respecto al control de la acción del Gobierno no voy a insistir mucho porque mis compañeros de los grupos parlamentarios que junto con el nuestro han presentado esta solicitud de comparecencia se han explayado suficientemente. Le voy a
aducir dos experiencias de nuestro propio grupo que creo que son suficientemente gráficas y elocuentes del modo en que, desde una perspectiva cualitativa, se puede valorar este cúmulo de cifras, de estadísticas que usted nos ha dado en relación con
el nivel de cumplimiento de un Gobierno a la hora de su deber de someterse al control de las Cámaras. En el caso del Grupo Parlamentario Vasco prácticamente no existe sesión de control de los miércoles en la que el ministro interpelado o preguntado
no haga una referencia explícita o implícita a lo que hace o deja de hacer la comunidad autónoma o el Gobierno vasco.
Insisto, prácticamente no hay ninguna pregunta oral en la que esto no se haya hecho. Cuando el ministro al que se pregunta
empieza a justificarse dejando constancia de que no le gustan los argumentos ad hominem nos ponemos a temblar porque todos pensamos que, efectivamente, que el argumento que va a utilizar va a ser ad hominem y que por tanto la pregunta se verá
frustrada, no habrá respuesta, y que sabremos lo que a su juicio hace la comunidad autónoma vasca o el Gobierno vasco, pero que no sabremos lo que piensa o lo que hace el Gobierno en relación con ese tema. Le voy a poner un caso muy elocuente. En
una sesión de control se me ha llegado a decir lo siguiente: Le rogaría que en este tema, en la futura ley de cooperación -era una pregunta evidentemente sobre la ley de cooperación-, la comunidad autónoma vasca participara más, diera sus opiniones
y no las trajera aquí sino que las diera a los grupos de trabajo. Me dicen que no las trajera aquí, pero ¿dónde las voy a traer? Soy un parlamentario que está ejerciendo sus funciones, las funciones propias del diputado que están caracterizadas,
como usted sabe, por el Tribunal Constitucional en lo que ha venido a llamar como el ius in officium, es decir el derecho al cargo, una serie de atribuciones entre las que están la de controlar al Gobierno. Yo no soy ni un delegado de la comunidad
autónoma ni un representante de la comunidad autónoma aquí y tengo todo el derecho a plantear, en el ejercicio de mi función parlamentaria, las preguntas que tenga que hacer al Gobierno, sin que me hagan referencia a lo hace o deja de hacer la
comunidad autónoma vasca o el Gobierno vasco y menos que me planteen cosas como éstas y me digan que no hay que traerlas aquí. ¿Para qué está la sesión de control? ¿Para no traer aquí las cuestiones que a nuestro juicio el Gobierno está
ejercitando incorrectamente?
En cuanto a las preguntas por escrito, señor ministro, las respuestas serán cuantitativamente muchas e importantes pero son excesivas las que se responden con retraso o con evasivas y de modo elusivo. Le voy a poner un ejemplo y con esto
voy a terminar mi intervención; es un ejemplo que he padecido personalmente
-creo que la expresión adecuada es padecer- en el último año. El artículo 2 de la Ley de incompatibilidades de los altos cargos y de los miembros del Gobierno dice que quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del
conocimiento de los asuntos que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil. El mismo precepto en otro
apartado dice que la inhibición se producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó. El 28 de marzo de 2001 -hace ya más de un año- pregunté al Gobierno en
relación con este tema y en el seno de una batería amplia de preguntas vinculadas todas ellas al modo de ejecutar la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado preguntaba
literalmente: ¿Cuántos casos de inhibición de los previstos en el artículo 2.3 de la Ley de incompatibilidades se han producido en los últimos cuatro años entre los miembros del Gobierno? Y especificaba: Se pide relación exhaustiva clasificada
por ministerios. Y añadía: ¿Quiénes los han protagonizado y a quiénes dirigieron la notificación escrita que exige la citada ley? La pregunta era pertinente porque, evidentemente, no pertenece a ningún tipo de las preguntas prohibidas por el
Reglamento de la Cámara, pues ni afecta a cuestiones exclusivamente personales ni plantea una cuestión jurídica; versaba sobre una cuestión de hecho sobre la cual la única información hasta el momento presente la tiene el Gobierno. La pregunta,
insisto, iba incluida en una amplia batería donde se introducían otros interrogaciones dirigidas al Gobierno en relación con temas parecidos, todos ellos vinculados con la cuestión de las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración general del Estado. Cinco meses después -evidentemente fuera de plazo-, el 28 de agosto, me dieron una contestación que no respondía a esta pregunta. El resto de las preguntas sí eran respondidas pero esta no.
Alguien pensó en el ministerio que redactó la respuesta que podía pasar de tapadillo porque de alguna manera ya se respondía al resto de las preguntas, pero a ésta no se me daba respuesta. Evidentemente repregunté y el 23 de enero de 2002 me dieron
una respuesta totalmente elusiva. Me hablaron de la ley, de las dificultades, de los registros, pero no me daban respuesta al fondo de la cuestión que yo planteaba. Finalmente, visto que mi propósito de interrogar al Gobierno sobre este tema y de
conocer esta información -algo a lo que tengo derecho en función del Estatuto del parlamentario que nos reconoce el Reglamento de la Cámara- se iba a ver frustrado, ocupé un turno en la sesión de control para volver a preguntar por tercera vez al
Gobierno en relación con esta materia. Al ministro destinatario de esta pregunta le recordé que era la tercera vez que preguntaba sobre esta misma cuestión y suponía que la tercera iba a ser la vencida. El ministro me dijo que en una intervención
dos minutos y medio no había manera de dar respuesta a esa cuestión, pero me dijo literalmente, y leo del 'Diario de Sesiones': Lamento que no se le haya contestado antes. Esa respuesta exige un tiempo, un espacio y un esfuerzo; una respuesta que
indudablemente usted tendrá. Así será y usted podrá hacer uso de ella. Dos meses después estoy esperándola. No dudo de que la respuesta requiere su tiempo, su reflexión y su esfuerzo, pero llevamos más de un año esperando la respuesta a esta
pregunta, señor ministro; más de un año. Y esto no es, desde luego, convertir al Parlamento en el centro de la vida política del país. Puede ser otras muchas cosas pero no convertir al Parlamento en el centro del debate democrático.
El señor PRESIDENTE: El señor Jané tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente, a quien queremos felicitar como han hecho ya el resto de grupos parlamentarios. Aprovecho también para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de la felicitación a la anterior
presidenta por su buen hacer en la dirección de los trabajos de esta Comisión y a quien deseamos éxitos en la Mesa de la Cámara.
Señor ministro, gracias por su comparecencia y por su información. Hay aspectos que mi grupo parlamentario quiere destacar en relación con lo que supone la vida parlamentaria cuando un Gobierno ha obtenido en las elecciones, a partir de la
candidatura del propio presidente del Gobierno, la mayoría absoluta. Hay aspectos que esa mayoría absoluta condiciona, legítimamente pero condiciona, los trabajos normales de la actividad parlamentaria. Se empezó esta legislatura, señor ministro
-y el diputado que le habla lo hace con pleno conocimiento de causa porque ha participado muy activamente en sus trabajos-, con un aire fresco de querer reformar el Reglamento de la Cámara. Por parte de todos los grupos había un empeño, una ilusión
y un consenso inicial sobre la necesidad de reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno incluso lo anunció al exponer su programa en el debate de investidura. La presidenta de esta Cámara, una vez elegida,
convocó a los portavoces e inició los trabajos; trabajos que tuvieron sesiones de mayor profundidad fuera de esta Cámara para intentar buscar puntos de encuentro. Había una cierta luz en el paisaje de la reforma del Reglamento, pero de repente se
nubló ese paisaje y todos los que formábamos parte de ese grupo de trabajo tuvimos la impresión, señor ministro, de que en un momento dado el Gobierno optó por no reformar el Reglamento de la Cámara, por no impulsar esa reforma. De repente, los
integrantes de ese grupo dejamos de ser convocados a las reuniones y
poco a poco lo que era una reunión semanal se fue demorando hasta que ha dejado de existir.
Señor ministro, yo le ofrezco en nombre de Convergència i Unió la colaboración de mi grupo para reformar el Reglamento de la Cámara, para agilizar los trabajos; pero quisiera conocer la opinión del Gobierno, las intenciones del Gobierno en
cuanto a esa reforma del Reglamento porque, repito, es una impresión generalizada de los distintos miembros de ese grupo de trabajo, incluso los propios del Grupo Popular -algunos de ellos ya no están porque ocupan otras instancias institucionales-
que era el propio Gobierno el que en un momento dado prefirió poner el freno a esa reforma y dejarla aparcada. Quisiera que, como ministro responsable en este ámbito, nos diera su opinión, y también su previsión de futuro, porque el Reglamento de
la Cámara necesita una reforma. El conjunto de diputados de la Cámara, incluso la mayoría absoluta que integra el Grupo Popular, seguro que ayer pensaban, cuando casi a las 12 de la noche se terminaba el Pleno, que era necesaria una reforma del
Reglamento en cuanto a las formas de actuar dentro de la Cámara. Eso debe hacerse con el consenso de todos y por tanto quisiera conocer su opinión al respecto.
Evidentemente, señor ministro, la mayoría absoluta condiciona el día a día parlamentario, y seguramente debe ser así. La mayoría absoluta, que emerge de un resultado electoral, comporta mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara, mayoría
absoluta en cada una de las mesas de las comisiones, mayoría absoluta en cualquier ámbito en que deba decidirse la voluntad de este Parlamento. Esto es así por la propia realidad electoral. Esto conlleva que, cuando el Parlamento decide sobre
cualquier aspecto, sabemos de hecho que lo está decidiendo el propio Gobierno. ¿Por qué? Porque el Gobierno, que tiene en el Parlamento esa mayoría absoluta, puede dirigir -entiéndaseme bien, es así- la decisión final de un órgano de esta Cámara y
no siempre es lo más positivo para el ejercicio de la actuación parlamentaria. Esto es así nos guste, o no nos guste y sabemos que lo es por el resultado de unas elecciones, pero condiciona la actividad del Parlamento, incluso la elaboración de los
proyectos legislativos cuya aprobación compete a estas Cámaras.
También comparto las críticas que se han hecho al abuso de las enmiendas del Senado. Evidentemente la Constitución permite que el Senado introduzca enmiendas. Cómo vamos a negarle al Senado la capacidad de enmienda, se nos dirá. Y es así,
la Constitución permite que un proyecto de ley empiece su andadura legislativa en el Congreso a través de un texto que remite el Gobierno, se introducen enmiendas, pasa al Senado que tiene también esa capacidad de enmienda. Sin embargo, si esa
capacidad de enmienda del Senado no se utiliza de forma adecuada, se produce un resultado que no quería la Constitución cuando reconoció al Senado esa capacidad de enmienda. Cuando en el Senado se introduce una enmienda de adición que conlleva un
nuevo texto normativo, que en ocasiones nada tenía que ver con el proyecto que le venía del Congreso, será después una nueva ley, una nueva legislación. Se introduce por un grupo parlamentario, que puede hacerlo de acuerdo con la Constitución, pero
el resto de grupos no puede enmendar ese texto que después será ley. Cuando viene del Senado, sólo podemos decir si aceptamos o no esas enmiendas que introdujo el Senado, podemos decir si nos parecen bien o mal, pero no podemos plantear una
alternativa que sea objeto de votación o transacción. De alguna manera ese necesario debate parlamentario a dos tiempos, que se quiso que fuera primero en el Congreso y luego en el Senado, se altera vía enmienda, incluso tenemos en el BOE
disposiciones, en la última Ley de Acompañamiento sobre la seguridad jurídica preventiva, con una enmienda de más de 80 páginas que poca seguridad jurídica aportó en cuanto al procedimiento de aprobación porque ningún grupo pudo contrarrestar lo que
era una innovación legislativa que, repito, ocupa más de 80 páginas. Se produjo la introducción de un nuevo texto legislativo en el marco de la Ley de medidas fiscales, de la Ley de Acompañamiento. Eso, que puede hacerse de acuerdo con los
mecanismos constitucionales, altera lo que la propia Constitución quería, un debate a dos tiempos, primero en el Congreso de los Diputados y después en el Senado. Por tanto, yo también me uno a esa petición de que se intente que el debate
legislativo pueda tener esos dos procesos y esa capacidad de plantear alternativas siempre.
Nos decía el señor ministro el número de preguntas que contesta el Gobierno. Eso viene siempre predeterminado por el número de preguntas que formulamos los diputados. No es un mérito del Gobierno contestar 36.490 preguntas escritas, es un
deber. Si las contesta es que hay 36.000 peticiones de diputados haciendo esa pregunta. Sí quiero reconocer que la propia Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes debe hacer un gran esfuerzo por el gran número de preguntas que planteamos
los diputados. Es un esfuerzo que seguramente provoca dilaciones muchas veces, pero no es un mérito del Gobierno contestarlas sino un deber.
Habla del minero para demostrar cómo se atiende al Parlamento, pero es que no se puede hacer de otra
forma. Si se formulan 100.000 preguntas, 100.000 preguntas deberá contestar el Gobierno. ¿Por qué? Porque es obligación y deber constitucional dar respuesta a ese control que ejercemos los grupos que, repito, es importante. Usted afirmaba que el
presidente del Gobierno ha contestado 86 preguntas. Señor ministro, estas preguntas normalmente se hacen en las sesiones de los miércoles por la tarde -hoy tendremos una- y el presidente contesta tres preguntas. Ya es casi una costumbre
parlamentaria que conteste a tres preguntas, una del Grupo Parlamentario Socialista, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y una del Grupo Parlamentario
Popular. Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le gustaría que existiera mayor pluralidad en la respuesta a esas preguntas del presidente del Gobierno porque es un acto importantísimo de control preguntar al presidente del
Gobierno; lo ejerce el Grupo Popular, que en sí no es un grupo que deba controlar al Gobierno porque es el grupo que sustenta esa acción del Gobierno, y sólo dos grupos más pueden formular esas preguntas. También me gustaría conocer los criterios
de su Gobierno para introducir mayor pluralidad en cuanto a grupos parlamentarios que pueden dirigir preguntas al presidente del Gobierno que después serán atendidas en el Pleno por el mismo. Quisiéramos conocer asimismo su criterio en este
aspecto.
Preguntaba el señor López Garrido si el Parlamento es o no el centro de la vida política. En ocasiones hay un alejamiento del eje central y ese alejamiento no es para concentrar una decisión importante en el Parlamento sino para derivarla
al propio Palacio de la Moncloa, al propio Gobierno. Voy a explicarlo con un ejemplo: el pacto por la justicia. Es un pacto parlamentario, señor ministro, es un pacto político de grupos parlamentarios y de ese pacto son protagonistas todos los
grupos que estamos en este Parlamento. ¿Dónde se plasma ese pacto, dónde se evidencia que ese pacto existe? ¿Aquí en el Parlamento? No, se evidencia en La Moncloa ante el presidente del Gobierno, y son convocados a esa escenificación del pacto el
Grupo Popular y su portavoz y el Grupo Socialista y su portavoz y los secretarios generales del Partido Popular y del Partido Socialista. No se convoca, por ejemplo, al señor Rejón, portavoz de justicia de Izquierda Unida, que participa activamente
en ese pacto, ni al señor Llamazares; no se convoca al señor Silva, portavoz de justicia de mi grupo parlamentario, que después participa activamente en ese pacto; no se convoca al señor Xavier Trías, portavoz de mi grupo. Se convoca sólo al
Partido Popular y al Partido Socialista y los demás ya vendrán al postre; los demás, si quieren, se adherirán después al acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Esa escenificación, señor ministro, no fue adecuada, ya que nos alejó del Parlamento
y derivó el eje del acuerdo a La Moncloa, al Gobierno, actuando su presidente como notario, un acuerdo que conllevaba unas reformas legislativas que se hacen como proposiciones de ley en este Parlamento. Por tanto, desde mi grupo parlamentario le
pido que seamos escrupulosos a la hora de atender a la pluralidad de los grupos y a lo que después serán decisiones que formalmente se adoptan primero en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, y luego en el Senado. Como ejemplo de ello usted
nos ha citado la renovación del Tribunal Constitucional y sabe usted, señor ministro, que en relación con el proceso de renovación de los magistrados -el Congreso de los Diputados nombró a los cuatro magistrados que la Constitución le atribuye
nombrar- mi grupo consideró que no se tuvo en cuenta la opinión plural de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara. De ahí que quiera poner de relieve que mi grupo entiende que, en ese proceso de renovación, no se atendió de forma
suficiente a esa pluralidad, algo que se había hecho en otras ocasiones. Este es un aspecto que usted ha destacado y sobre el que deberíamos reflexionar.
Termino, señor ministro, agradeciéndole su información, así como el esfuerzo que sé que se hace desde su ministerio y desde la secretaría de Estado para atender las peticiones de los parlamentarios, y exigiéndole el máximo rigor. Coincido
con el señor Erkoreka en que en ocasiones los diputados tenemos que variar la forma de hacer las preguntas, ya que, cuando en un mismo escrito realizamos ocho preguntas, el Gobierno lo que hace es dar una respuesta global que no atiende
específicamente a los ocho aspectos sobre los que se preguntaba. Deberemos gastar más papel y formular ocho preguntas distintas para así obtener ocho respuestas concretas. En ocasiones, por tratarse de preguntas conexas, el diputado suele hacer
una argumentación inicial que abarca a todas ellas y después formula las ocho cuestiones y resulta que el Gobierno responde de forma global. Sé que debe ser difícil contestar a preguntas, ya que son muchos los aspectos sobre los que se pregunta
desde las Cortes Generales, pero no deja de ser un deber que la Constitución impone al Gobierno el dar cumplida respuesta, una respuesta concreta que proporcione al diputado la satisfacción que pedía.
Yo le ofrezco la colaboración de mi grupo parlamentario, así como también le ofrezco con toda sinceridad, y aquí me erijo en portavoz de todos los miembros que integran el grupo de trabajo de reforma del Reglamento, los trabajos que ha
realizado el mismo, los borradores que se han hecho de la reforma del Reglamento. Le hago este ofrecimiento en nombre de Convergència i Unió como punto inicial para ver si aún es posible reformar en esta legislatura el Reglamento, algo que
seguramente redundará en el buen cumplimiento de la Constitución y en una mejora de las relaciones entre el Gobierno y este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene por último la palabra en este turno de intervenciones el señor Bermúdez de Castro, en representación del Grupo Popular.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al señor ministro su pronta comparecencia y la información que nos ha dado sobre la política que está siguiendo el Gobierno en su relaciones con las
Cortes Generales. Conviene destacar algo muy importante de su intervención, algo que no ha pasado desapercibido para mi grupo, y es que usted, señor ministro, ha vuelto a reiterar un aspecto esencial para que las relaciones entre el Gobierno y las
Cortes funcione, la predisposición al diálogo y la oferta permanente del Gobierno para alcanzar el mayor grado de colaboración y acuerdo
con todos los grupos parlamentarios, muchos de los acuerdos se han llevado a efecto en la presente legislatura, incluso salvando la dificultad de no tener un único interlocutor, porque en algunos temas el grupo mayoritario de la oposición no
ha destacado precisamente por tener una oposición homogénea en todo el territorio nacional.
Con su intervención, señor ministro, ha dejado patente la voluntad el Gobierno de seguir profundizando en el objetivo de que el Parlamento sea el centro de la vida política nacional. Ese fue uno de los objetivos, una de las prioridades que
usted, señor ministro, nos trasladó en su comparecencia ante esta Comisión cuando se hizo cargo de su departamento, y tengo que decir que se está cumpliendo con creces. Hoy es una realidad incuestionable que las relaciones del Gobierno con las
Cortes se caracterizan por la plena normalidad y por un alto grado de eficacia.
Cuando se hacen bien las cosas no está de más que le felicitemos por ello, así como por el gran esfuerzo que está llevando a cabo la Secretaría de Estado de Relaciones
con las Cortes, y que además le animemos a continuar en esa línea, pues ello redundará en beneficio de esta institución, que, como usted mismo ha recordado en su intervención, es la única institución de todo el Estado donde están representados todos
los españoles.
Este Gobierno no da la espalda a las Cortes, sino que rinde cuentas ante el Parlamento con plena normalidad y de ello dan fe, yo diría que de manera abrumadora, las estadísticas, los datos que nos ha trasladado el señor ministro de la
Presidencia en su intervención. En lo que va de legislatura -he tomado buena nota- el presidente del Gobierno ha contestado a 86 preguntas, ha comparecido en 12 ocasiones, los ministros han contestado a más de 1.500 preguntas orales o comparecido
en más de 500 ocasiones en sede parlamentaria, el Gobierno ha contestado a más de 36.000 preguntas escritas, pulverizando todos los registros anteriores.
Eso demuestra que no sólo no se han reducido los mecanismos de control, sino que han mejorado,
que se ha avanzado mucho en ese terreno y que ese avance además ha sido espectacular y prueba también que el Gobierno no sólo no huye, sino que está cada vez más presente en sede parlamentaria para rendir cuentas y para someterse a control. Por eso
decía que la relación entre el Gobierno y las Cortes se caracteriza por la plena normalidad, y eso no siempre ha sido así. Como se ha recordado, esa es precisamente la obligación del Gobierno y tengo que decir en nombre de mi grupo que se está
cumpliendo con creces. Nunca ha habido, en nuestra historia parlamentaria, mayor predisposición del Gobierno a rendir cuentas ante las Cortes ni más posibilidades y mecanismos de control que en la actualidad. Podrán ponerse los ejemplos que se
quieran, que en ejemplos quedarán y, si quieren, podrán exagerarlos al máximo para dar una falsa apariencia de anormalidad, pero no podrán convertir la anécdota en categoría ni corregir la realidad que hoy afortunadamente vivimos. Hoy el Gobierno
informa, rinde cuentas y se somete a control de forma habitual, con normalidad y también con celeridad, ante un Parlamento que se ha convertido en el centro de la vida política nacional. Eso, repito, es una realidad incuestionable. Qué duda cabe
que aún podemos y debemos seguir mejorando esa situación, que deberán corregirse en el futuro algunos errores o algunas deficiencias técnicas que se han puesto de manifiesto esta mañana, pero ampararse en esas deficiencias para lanzar un discurso
durísimo, en algunas ocasiones cargado de descalificaciones, un discurso tan exagerado como radical, acusando al Grupo Popular, incluso al Gobierno, de degradar la vida parlamentaria, de perjudicar, de menoscabar los mecanismos de control o de
ocultar deliberadamente información, es un exceso verbal que no se corresponde con la realidad ni con los importantes avances que se han producido en materia de control parlamentario. Otra cosa distinta es si ese control es eficaz o ineficaz, pero
eso ya no es un problema del Gobierno ni del Grupo Popular, sino de la oposición.
Cuando se dice que el control parlamentario es ineficaz, no se está hablando del Gobierno ni del grupo mayoritario de esta Cámara, sino del desacierto de la oposición a la hora de realizar ese control. Aquí, señorías, nos examinamos todos.
Se examina el Gobierno, se examina el Grupo Popular y, por qué no decirlo, se examina también la oposición; una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo. Y si les niego la mayor y les digo que con el Gobierno popular hay más debate, más
diálogo y más control parlamentario que con los gobiernos socialistas es porque esta afirmación se corresponde con las cifras tan contundentes que ha expuesto el ministro en su intervención. Por ello me sorprende que, de esos datos, de esas
estadísticas tan contundentes, se puedan deducir afirmaciones tan desproporcionadas.
Si esas afirmaciones me sorprenden, más aún me sorprende esa insólita teoría -que se ha vertido en algunos medios de comunicación y que algún portavoz ha vuelto a reiterar esta mañana- de que el Grupo Popular abusa de los mecanismos de
control parlamentario para formular preguntas que ustedes denominan de botafumeiro o de campanario y que abusa además de los cupos que le corresponden reglamentariamente. Cuando se utilizan los turnos que corresponden reglamentariamente, no se
abusa, se usa de ellos, y tenemos legítimo derecho a usarlos. Había escuchado muchas teorías acerca de la función que la mayoría pudiera desempeñar en esta Cámara, pero nunca aquella consistente en que debíamos de estar poco menos que de oyentes.
Eso es tener una visión bastante equivocada de la función parlamentaria que corresponde a la mayoría. Además, no sé dónde encuentra acomodo esa tesis de que el control parlamentario corresponde en exclusiva a la oposición, pero desde luego no lo
encuentra en nuestra Constitución.
La Constitución es clara en ese sentido. El artículo 66 de la Constitución española otorga la potestad de control al Gobierno a las Cortes en su conjunto y no sólo a una parte, no sólo a la oposición. Además, el control no se corresponde
necesariamente con la exigencia de responsabilidad. La exigencia de responsabilidad es una de las consecuencias del control parlamentario, pero no la única. El concepto de control -acuñado por la mayoría de la doctrina- es mucho más amplio y
consiste en obtener información, en verificar, en examinar la actividad del Gobierno, en comprobar la acción del Ejecutivo. De esa verificación, de esa información, surge un debate en el que todos los grupos emiten un juicio favorable o
desfavorable, para trasladar a la opinión pública. En esa función, tanto la mayoría como la minoría tienen un papel muy importante.
Sería osado por mi parte recordarles cuál es su función, pero como quiera que usted ha pretendido enjuiciar la labor que corresponde al grupo mayoritario, le recordaré que nuestra misión no es frenar los mecanismos de control -eso a estas
alturas no se lo cree nadie, señor López Garrido-, sino enriquecer con nuestras enmiendas los textos legislativos que nos envía el Gobierno, defender e impulsar la acción del Gobierno y algo que a algunos de ustedes quizás les resulte extraño y
lejano, que no es ni más ni menos que verificar si el Gobierno cumple con el programa con el que concurrimos a las elecciones generales y que sirvió de base para el discurso de investidura del presidente del Gobierno. Eso es así.
Lo que ocurre es
que, a diferencia de otras épocas en las que los programas sencillamente se ocultaban en un cajón al día siguiente de las elecciones o se decía alegremente que estaban para no cumplirse, nosotros consideramos los programas electorales como un
contrato con los electores, y eso no sólo obliga al Gobierno, sino también a los diputados del grupo mayoritario, que representan, no lo olvide, a más de 10 millones de electores. Por ello no vamos a permitir que se pretenda ridiculizarnos o
descalificarnos por ejercer nuestra función, por defender nuestra posición y utilizar los mecanismos e instrumentos de control parlamentario que traen causa del propio Reglamento para solicitar al Gobierno cuanta información sea precisa y para
conocer el grado de cumplimiento del programa electoral.
No se diga que con mayoría absoluta el Partido Popular está aplicando el rodillo parlamentario, porque eso, lisa y llanamente, no es verdad. Hubo quien vaticinó que la predisposición al diálogo no sería la pauta de comportamiento de un
Gobierno respaldado por una sólida mayoría. Pues se equivocó; se equivocó y además demostró ser un mal agorero. Ahora hay más diálogo y más voluntad de consenso. Prueba de ello -como ha puesto de manifiesto el señor ministro- es que todas las
iniciativas parlamentarias han contado en la presente legislatura con el respaldo de dos o más grupos parlamentarios.
Se han vertido otras acusaciones con las que tampoco podemos estar de acuerdo. Se ha dicho que aquí traemos los proyectos de ley pactados. Esa, señor Rejón, es una acusación injusta. Además dice usted que vienen pactados con lobbies.
Como el señor Rejón no está, por cortesía parlamentaria no me dirigiré a él, pero sí contestaré a esa acusación que ha vertido esta mañana. Aquí no se pactan los proyectos de ley con lobbies, lo que se hace es dialogar con los sectores afectados.
Esa es otra de las características de nuestro Gobierno. Nosotros no queremos gobernar sólo para la sociedad, sino sobre todo con ella. Por eso es bueno que, antes de traer aquí un proyecto de ley, se dialogue mucho con los sectores afectados para
conocer cuáles son sus sugerencias y sus aportaciones. Además se dice que aquí se abusa y se impide el debate de las enmiendas. Ha puesto un ejemplo, y yo voy a poner otro, aunque ahora no esté presente, porque además ya ha salido a colación en
algún otro debate. Pongo un ejemplo muy cercano a esta Comisión, como es la Ley de Asociaciones. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó las enmiendas a la Ley de Asociaciones fuera de plazo, como podrán atestiguar muchos
miembros de esta Comisión. El grupo parlamentario mayoritario no sólo no cercenó esas enmiendas -y podía haberse acogido al Reglamento-, sino que aceptó que pudieran pasar a Comisión, a pesar de haber sido presentadas fuera de plazo. Luego,
lamentablemente, el Grupo de Izquierda Unida ni siquiera fue capaz de defenderlas. Por eso digo que esa acusación es injusta.
También es injusto decir que se está de acuerdo con el Reglamento para lo que conviene y se rechaza para lo que no conviene. Ustedes tendrán todo el derecho del mundo a concentrar sobre un mismo tema las preguntas que formulan al Gobierno
durante la sesión del miércoles, pero reconocerá que si yo les otorgo ese derecho, precisamente porque lo tienen por el Reglamento, no podrán negar el derecho del Gobierno -un derecho también acogido reglamentariamente- a que puedan ser contestadas
por cualquier miembro del mismo. No se puede invocar el Reglamento para lo que conviene y rechazarlo para lo que no conviene, no se puede defender una cosa y su contraria. El Reglamento fija las reglas del juego para todos los grupos
parlamentarios por igual y todos estamos obligados a sujetarnos a ellas.
¿Que sería deseable que llegáramos a un acuerdo para la reforma del Reglamento? Sí, sería deseable, pero esa responsabilidad no corresponde en exclusiva al grupo mayoritario,
corresponde a todos los grupos por igual.
El Gobierno hace uso, pero no abusa de los decretos-leyes, lo hace en caso de urgente necesidad, y probablemente el señor ministro se referirá a ello. El Senado hace uso de las competencias y funciones que le otorga la propia Constitución,
no abusa de ellas, y tiene todo el derecho del mundo a presentar e introducir enmiendas. Los ministros, y desde luego el ministro de la Presidencia,
comparecen siempre que son llamados por este Parlamento. Cosa distinta es que algún grupo pretenda que un determinado ministro responda a aquellas cuestiones que no son de su competencia. El Grupo Popular no puede compartir esa opinión, y
lo ha manifestado en varias ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de Radiotelevisión Española. El Reglamento del Congreso es taxativo y ha establecido que el control sobre la programación y los contenidos de Radiotelevisión Española se realice en la
Comisión de Control de Radiotelevisión Española y no en otra comisión.
Esas son las reglas del juego para todos. Lo que me sorprende es que usted siga insistiendo en esa materia, porque si ese es su modelo, si su modelo consiste en que a pesar de
que el Reglamento -en esta o en otra Cámara- diga una cosa, el Gobierno deba contestar necesariamente, ¿por qué acusa a este Gobierno de déficit democrático y no acusa la Gobierno del señor Chaves -por utilizar el ejemplo de otra comunidad
autónoma-, cuyos consejeros nunca responden ni de los contenidos ni de la programación de la televisión autonómica? Esas críticas son desproporcionadas. No se debe acusar a un Gobierno de déficit democrático por no contestar a cuestiones que no
son de su competencia, pero si eso se mantiene como modelo acuñado, tendrá usted que decir lo mismo en aquellas comunidades en las que ustedes gobiernan.
Lo mismo digo en relación con la negativa a crear una comisión de investigación por un asunto privado como es el caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Nosotros no consideramos oportuno crear esa comisión de investigación, porque afecta
a una empresa privada y además porque no queremos investigar a gobiernos anteriores. No se es ni más ni menos demócrata, ni se puede acusar al Grupo Popular, mayoritario, de filibusterismo parlamentario por no considerar oportuna la creación de una
comisión de investigación, porque afortunadamente nuestro Estado de derecho tiene mecanismos más que suficientes para depurar todas las responsabilidades que se hubieran podido tener. Una afirmación semejante, acusar a este grupo mayoritario de
filibusterismo parlamentario por no considerar oportuno crear una comisión de investigación, equivaldría tanto como acusar de ese mismo comportamiento a su propio grupo en los tiempos en que se negaba sistemáticamente a crear comisiones de
investigación o a mejorar los mecanismos de control parlamentario. No me venga con esas acusaciones, porque le pueden hacer quedar muy bien ante esta Comisión, pero no tan bien ante los compañeros de su grupo parlamentario. Por eso le digo, y ya
termino, que no entiendo esos excesos verbales y esas descalificaciones, que lo único que consiguen es introducir tensión en la vida parlamentaria y no ayudan en absoluto al buen clima, al clima de diálogo, como es lógico dentro de la crítica y de
la legítima discrepancia que deben presidir las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Termino, señor presidente, agradeciendo de nuevo al señor ministro su intervención y todos los datos que nos ha suministrado, que son tan contundentes como esclarecedores y demuestran cuál es la actitud, cuál es la política del Gobierno con
las Cortes. Una política que en algunos casos podrá ser susceptible de mejora, sin duda -siempre hay lugar para mejorar, es el más amplio espacio del que disponemos-, pero una política que está marcada por el diálogo, la eficacia, la transparencia
y la normalidad, que se traduce en que hoy el Parlamento sea el centro de la vida política nacional. Esto era antes un compromiso y un objetivo y, gracias a su política y a la presencia habitual y permanente del Gobierno ante estas Cortes,
afortunadamente es hoy una realidad.
El señor PRESIDENTE: Agradezco a los portavoces que se hayan sujetado al tiempo que esta Comisión venía otorgando en este tipo de comparecencias.
(El señor Rejón Gieb pide la palabra.) Recuerdo a los miembros de la Comisión lo avanzado de
la hora. Tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Pido la palabra haciendo referencia al artículo 71 puntos 1 y 3 del Reglamento, en relación con la inexactitud y decoro del grupo en una parte de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Creo que el decoro y la dignidad de su grupo parlamentario no ha sido ofendido en ningún caso por el señor Bermúdez de Castro.
El señor REJÓN GIEB: Sí, porque se refería a sí hicimos un trabajo o no en la Ley de asociaciones y es inexacto y falso.
El señor PRESIDENTE: Pero eso en todo caso no afecta al decoro y a la dignidad de su grupo.
El señor REJÓ GIEB: Ha hecho entonces una intervención decorosa.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón, me va a permitir que no le dé la palabra y se la dé al señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Mis primeras palabras tienen que ser forzosamente de gratitud a los portavoces, no tanto por lo que han dicho, que es verdad que ha sido una crítica dura, como no podía ser menos, sino
fundamentalmente por el tono de respeto y exigencia que a mi juicio han tenido las intervenciones.Voy a ver si las agrupo lo más resumidamente posible, porque a las cuatro de la tarde tenemos el Pleno en el Parlamento. Me voy a referir a las
inquietudes más importantes que he percibido que tenían los distintos portavoces de los grupos.
Se ha hablado mucho en las intervenciones sobre la facultad del Senado para presentar enmiendas y que se encuentra recogida en el artículo 90.2 de la Constitución. El portavoz de Convergència i Unió incluso apunta la ilegalidad; en otros
casos se ha discutido la legalidad. Hay que ir a las fuentes y las fuentes, como casi siempre, están en el Tribunal Constitucional. La sentencia de 19 de julio de 2000 dice: la tesis según la cual las enmiendas de adición formuladas en el Senado
que supongan una innovación importante deben seguir el cauce legal correspondiente a los proyectos de ley puede invocar en su favor razones de corrección técnica y buena ordenación del procedimiento legislativo. Esto conecta con lo manifestado con
el portavoz del PNV e incluso puede resultar más acorde con la posición constitucional atribuida al Senado en nuestro ordenamiento, pero no se deduce necesariamente del bloque constitucional.
Otra sentencia del 11 de junio de 1987 dice: Ni por su
objeto, ni por su contenido hay límite alguno a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar enmiendas. Esto es la Biblia. No existe en la Constitución ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una
delimitación material entre enmiendas y proposición de ley. Podría seguir con más leyes. Otra sentencia, la 194/2000, de 19 de julio, dice: La posibilidad de que el Senado introduzca enmiendas en los textos remitidos por el Congreso de los
Diputados aparece expresamente contemplada en el artículo 90.2 de la Constitución, en tanto que en el artículo 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados regula el procedimiento a seguir en tales casos. Pero una vez que son aceptadas, las
enmiendas se incorporan al texto del proyecto de ley con los mismos efectos jurídicos que los aprobados por la Cámara Baja. Es decir, la introducción de enmiendas en la fase del Senado es constitucional y reglamentaria.
El señor López Garrido me va a acusar de referirme al Gobierno socialista, pero es que es el antecedente más próximo. Tenemos que ir a los orígenes, que es el único punto de referencia. Podemos ir a UCD, pero fue tan breve y está tan
lejano. No lo digo porque esté mal o porque esté bien; estaría igual de bien o mal esto y aquello. No porque aquello estuviera mal, nosotros tenemos que hacerlo mal. Si estaba mal aquello, tendríamos que mejorarlo. No me parece mal, no sólo
porque es constitucional sino porque en el año 1984, en la primera legislatura de mayoría absoluta socialista, fue cuando se introdujo en el Senado una profunda modificación del cuerpo y escalas de funcionarios. Me imagino que la memoria colectiva
de todos nosotros no habrá olvidado la disposición adicional novena de la Ley de medidas de reforma de la función pública, que alteró profunda y radicalmente la organización de los funcionarios, mediante la creación, fusión, supresión y declaración
de a extinguir de varios cuerpos y escalas de la más distinta naturaleza: letrados, economistas, médicos, conductores, etcétera. Afectó a varios centenares de estos y a más de medio millón de funcionarios. Cuando se abrió en el año 1984, ya se
empezó el camino al andar. En el año 1991 se tomó en consideración una proposición de ley presentada precisamente por el Grupo Socialista, para corregir la reciente Ley de demarcación y planta judicial. Y, a pesar de ser una iniciativa de su
grupo, se aprovechó su paso por el Senado para crear incluso nuevos partidos judiciales -por cierto, todos ellos en una determinada comunidad autónoma-. Hay antecedentes. Incluso se pidió al Congreso de los Diputados, no hace mucho, un informe
sobre esa viabilidad respecto al procedimiento legislativo y el cauce de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado. Tengo el informe que emite el propio Congreso, en el que dice: Conclusiones. Nuestro ordenamiento jurídico
establece la facultad del Senado de enmendar las iniciativas legislativas remitidas por el Congreso, habiendo señalado el Tribunal Constitucional que, primero, no existe delimitación material entre enmienda y proposición de ley y, segundo, no
existen límites a la facultad de enmienda del Senado, distintos de los predicables en relación con la facultad de enmienda del Congreso. La práctica parlamentaria confirma la amplitud con que el Senado ejerce su facultad de enmienda.
Nadie, ningún diputado, si me permiten -desde hace unos días soy senador- se atrevería a entrar en discusiones sobre la capacidad, legitimidad, etcétera, de la condición de diputado o de senador. Yo voy a comparecer la semana que viene en
el Senado y estoy seguro de que no podré transmitir un sentimiento de esta Cámara de críticas a la labor que todos los grupos con buena voluntad están allí efectuando.
Ha habido una crítica general, incluso una acusación al Gobierno, de que no se reforma el Reglamento. No hay que confundir Ejecutivo con Legislativo. Es verdad que el Ejecutivo tiene el amparo mayoritario de un grupo parlamentario y es
verdad que hay no sólo una conexión política, sino una conexión personal y de todo tipo, ya que el proyecto político con el que nos presentamos a las elecciones fue el mismo, pero hay que marcar el territorio. Yo vengo como Gobierno y no creo que a
nadie se le haya pasado por la cabeza que se pida al Gobierno que presente un proyecto de modificación del reglamento. Son los propios grupos parlamentarios los que tienen que incentivar esta iniciativa. Créanme que, desde el punto de vista
personal y desde el punto de vista del Gobierno, deseamos cumplir lo que ha manifestado el presidente Aznar en la Cámara, que es que haya un nuevo Reglamento del Congreso. En las acciones de impulso que puedan modestamente contribuir a que los
grupos se pongan de acuerdo pueden contar conmigo. Es verdad que los trabajos están avanzados e incluso respecto al Reglamento de otras Cámaras los grupos ya han presentado sus enmiendas y hay que confiar en que el debate parlamentario salga
adelante.
No quiero, no me parece oportuno que el ministro de la Presidencia haga valoraciones en el Congreso de los Diputados del trabajo que están haciendo los senadores ni del trabajo que están haciendo los propios grupos parlamentarios de Congreso
para modificar el reglamento.
No es nueva tampoco por parte de los distintos portavoces esa acusación de una alianza con la Mesa. Incluso la última intervención que ha tenido el representante del Grupo Popular ha hecho que este ministro conteste a preguntas sobre
Radiotelevisión Española -lo acato y respeto porque es voluntad de la Mesa- habiendo una Comisión de control de Radiotelevisión Española y no teniendo que ver con Televisión Española nada, cero sobre cero. No sé si hay alguna forma de medir el
grado de presencia del Gobierno, sobre todo de este ministro, en Televisión Española, pero desde luego, si la hay, sería una sorpresa. Respeto absoluto a la Mesa, esa es la voluntad del Gobierno. Entre las funciones que el Reglamento del Congreso
reconoce para la Mesa se encuentra la de calificar con arreglo a Reglamento los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. Me remito a lo que haga la Mesa, que, insisto, en
algunos casos ha calificado de admisibles determinadas preguntas que desde otro punto de vista podrían ser objeto de matizaciones. También tiene la Mesa la facultad de decidir sobre la tramitación de todos los escritos y documentos de índole
parlamentaria. Son todas ellas facultades de la Mesa, no se puede culpar al Gobierno de esa responsabilidad. Esta Mesa es el órgano rector de la Cámara, e insisto en que no hay sino recursos de los que hacen constante uso los distintos grupos
parlamentarios. Si un diputado o un grupo parlamentario discrepa de la decisión adoptada por la Mesa, en el ejercicio de las funciones a que se refieren los puntos 4 y 5 del artículo 31, podrá solicitar su consideración y la Mesa decidirá, oída la
Junta de Portavoces, mediante resolución motivada. La Mesa, todos ustedes lo conocen, es un órgano de extracción mayoritaria y toma legítima e independientemente las decisiones que considera más convenientes para organizar y desarrollar los
trabajos de la Cámara. El Gobierno no se inmiscuye en las decisiones que toman los órganos de la Cámara, pero tampoco entra a valorarlas. No tiene pues sentido la acusación formulada, a no ser que lo que se persiga sea precisamente que el Gobierno
se entrometa, cosa que, como es lógico, no va a hacer.
Es verdad que esta comparecencia la habían solicitado todos los grupos a los que ha hecho referencia el señor López Garrido. Lo único que digo es que con la misma legitimidad con que la han solicitado, sean pocos o muchos días después, la
ha solicitado el Gobierno. Es que la ha solicitado muchos días después. Podría establecer incluso matizaciones a esta comparecencia; también fui preguntado para ver si se alteraba después de que estaba fijado el día y la hora, facilitando
precisamente la voluntad de los grupos. Quiero decir con ello que, no discutiendo para nada lo que es la voluntad de la Mesa, la oportunidad de que este ministro comparezca a petición propia es igualmente legítima. Incluso desde mi punto de vista
personal, también tengo que manifestar que, si el presidente lo hubiera decidido así, yo no hubiera tenido ningún inconveniente en que el orden de intervenciones se hubiera cambiado, en absoluto, porque creo que cualquiera de las formas, si nos
aporta más luz, sería mejor.
Ha habido una crítica general de todos los grupos a las preguntas escritas y un análisis comparativo diciendo que el protagonista es la oposición.
Nadie lo discute. La oposición global, entendiendo por oposición, como bien ha señalado el
portavoz popular, también la del grupo que apoya al Gobierno, aunque naturalmente en una posición distinta, desde el punto de vista político. En cuanto a las preguntas para respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, vamos a ver si
establecemos unas dosis de serenidad en este asunto. En la segunda legislatura se contestaron 8.000 preguntas; en la tercera, 18.000; en la cuarta, 14.000; en la quinta, 13.000; a la mitad de la legislatura, van 20.904. Me dicen: pues muy
bien. Lo que digo es que en las legislaturas del Partido Popular, tanto en la sexta como en la séptima, se contesta a muchas preguntas gracias al tesón, es cierto, de la oposición, pero también hay que analizar la situación desde el punto de vista
de las posibilidades humanas. El número de preguntas escritas contestadas en una legislatura y media es casi igual a la suma de las contestadas en las anteriores cuatro legislaturas.
En la mitad de esta legislatura ya se han contestado más
preguntas escritas que en cualquiera de las legislaturas de mayoría socialista.
Traía yo documentación sobre algunas preguntas acerca del Plan Hidrológico Nacional que formuló el diputado Sebastián Quirós y sobre el fenómeno de presentar una gran
cantidad de preguntas escritas prácticamente idénticas; incluso esta técnica dio lugar a una cierta reacción del Gobierno socialista, que, estimándola abusiva, recurrió a diversas técnicas para hacerle frente. En una publicación hay unos datos de
la prensa que son expresivos de este asunto.
En cuanto a la contestación en tiempo y en forma a las preguntas parlamentarias, hay una intervención del señor Pérez Rubalcaba que no tiene desperdicio, aunque es verdad que contestaban infinitamente a menos preguntas, y con la que
coincido. En esta misma Comisión, el ministro Pérez Rubalcaba decía en su comparecencia el 27 de octubre del año 1994 -abro comillas-: Quizás, y simplemente en disculpa de mis colaboradores, que dedican muchas horas a este asunto, tengo que decir
que, cuando se contestan en quince meses 14.000 preguntas o informes escritos, uno puede admitir ciertos retrasos, porque es un ingente volumen de documentación.
En algunos casos -sigo con su intervención-
una pregunta escrita supone varios cientos de documentos, y en este sentido alguna vez podríamos mantener una civilizada discusión -decía el señor Pérez Rubalcaba- no sé si en esta comisión, o en cualquier otra, o en la Junta de Portavoces,
sobre las preguntas, porque hay preguntas que pueden bloquear un ministerio durante algunas semanas. Cuando uno pide, por ejemplo, todos los contratos administrativos de todos los ministerios y organismos públicos de la Administración general del
Estado, ciertamente está planteando un trabajo hercúleo a los servicios. Este es un esfuerzo de los funcionarios y de mis servicios. Por tanto, admito que pueda haber algunos retrasos -les recuerdo, 14.000 preguntas- que trataremos de corregir.
También me gustaría llevar al ánimo de los grupos parlamentarios que hay preguntas que matan, si me permiten la expresión, en términos estrictamente administrativos, que no políticos.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es nuevo en la vida parlamentaria y que hay que llegar a un ejercicio de cierta serenidad, de cierta discusión civilizada, de manera que una pregunta no haga que en un ministerio se dediquen diez
funcionarios durante cinco meses para contestarla, porque hay algunas preguntas con tal grado de exigencia de documentación o de consulta que impiden el funcionamiento ordinario del ministerio, y yo creo que llegar a torpedear la acción
administrativa mediante la acción parlamentaria no es voluntad de ningún grupo. Pero sin llegar a esos extremos (y he tomado muy buena nota de la pregunta del portavoz del PNV, pregunta aislada, en la que soy directamente afectado en tanto en
cuanto hoy mismo se la haré llegar, me imagino que será al ministro de Administraciones Públicas, porque son absolutas incorrecciones y falta de agilidad para que la Administración conteste en tiempo y forma a los grupos parlamentarios), que,
insisto, no tienen justificación, sí quiero decir que pido también un grado de comprensión a los grupos políticos para que se sepa -aquí hay diputados que han sido miembros de un Gobierno- el grado de dificultad práctica que tiene cuando el volumen
de trabajo se acumula de una manera excesiva en un ministerio sobre preguntas muy concretas y datos que, precisamente por el rigor con el que hay que enviarlos al Parlamento, exigen el examen cuidadoso de cientos de documentos antes de remitirlos.
Han hecho el portavoz socialista y otros grupos una crítica a la tramitación de la LOU. Se han cuidado mucho, a mi juicio, de decir que efectivamente la Ley Orgánica de Universidades no se aprobó siguiendo el procedimiento de urgencia,
aunque es verdad que se acumuló en un número de sesiones muy largo. Sí se utilizó el procedimiento de urgencia para la Ley de Reforma Universitaria, que además, por cierto, se aprobó en sesiones de los meses de julio y agosto, período
extraordinario de sesiones, los meses académicamente menos propicios. No se utilizó el procedimiento de urgencia, y el Gobierno no entra a revisar el orden con que se debaten estas leyes en esta Cámara porque no lo establece él. No obstante, sí me
importa, respecto a esta importante ley, señalar que desde febrero de 2001 se han realizado reuniones con rectores, reuniones con sindicatos -once reuniones con Comisiones, diez con UGT-, reuniones con estudiantes y con asociaciones de alumnos, ley
muy criticada por la oposición pero que sí vino precedida por una serie de negociaciones previas con sectores implicados. También hubo diez reuniones del Consejo de Universidades y reuniones del Consejo de Estado, que emitió un dictamen favorable
al anteproyecto de ley. Yo traía todos los trámites, pero me parece inoportuno sacarlos en estos momentos a colación.
Señor López Garrido, habla de las comisiones y sobre todo la comisión sobre el BBV. Dentro de hora y media va a contestar el presidente del Gobierno, estaremos a lo que diga. Me parece que todavía no ha sido debatida en esta Cámara,
estamos haciendo un juicio previo del resultado de esa voluntad por parte de los distintos grupos, pero yo creo que el señor Rodríguez Zapatero esta misma tarde va a preguntar al señor Aznar sobre esta comisión y naturalmente me remito a esa
información. En la actual legislatura se han constituido en el seno de las comisiones seis subcomisiones: una, solicitada por el Grupo Popular, sobre seguimiento de las infraestructuras energéticas; otra, solicitada por el Grupo Socialista, sobre
el seguimiento de los procesos de ampliación; dos solicitadas por el Grupo Catalán; otra solicitada por los grupos Popular y Socialista y otra que fue solicitada por todos los grupos. Pero el Grupo Socialista no ha votado nunca en contra de la
creación de alguna subcomisión; el Grupo Federal de Izquierda Unida no ha votado nunca en contra de la creación de alguna subcomisión; las solicitudes de creación de subcomisiones del Grupo Socialista han sido aprobadas con el voto favorable del
Grupo Popular; y el Grupo Popular no ha impedido nunca la creación de una subcomisión solicitada por los grupos de la oposición.
¿Hay un abuso de los reales decretos-ley? Sinceramente creo que no. El total de decretos-ley hasta hoy es 26; tramitados como ley, siete. 26 en la mitad de la legislatura. En la legislatura de 1982 a 1986 fueron 40; en la quinta, otros
40. No hay que objetar nada a la utilización de esta forma de iniciativa legislativa, que está por otra parte constitucionalmente prevista. El único problema puede derivarse si fuera utilizado con frecuencia para cumplir el programa legislativo,
lo que podría chocar con ese supuesto de urgente y extraordinaria necesidad que justifica el Gobierno para acudir a esta vía. De los 26 reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en esta legislatura, la inmensa mayoría encajan perfectamente en
las exigencias constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad. Por ejemplo: medidas para paliar los efectos de la sequía; concesión de un
aval a Argentaria; medidas para reparar daños producidos por inundaciones en distintas zonas; medidas en materia de las vacas locas; medidas en materia de transporte aéreo; régimen de reaseguro por cuenta del Estado en los riesgos de
guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea. El último decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros, que fue la semana pasada, para prestar determinadas ayudas a las inundaciones de Canarias, creo sinceramente que está plenamente
justificado por razones de urgencia; y no digamos nada los temas derivados del 11 de septiembre; o los temas derivados de las vacas locas. La mayoría, pues, son casos plenamente justificados. En los casos restantes han sido todos tramitados como
proyectos de ley, o han continuado tramitándose como tal.
Incluso voy a decir más. Éste es un tema en el que no puede tomarse como indicador el número de ocasiones en que se ha utilizado en las distintas legislaturas y no pueden verse los efectos comparativos porque no pueden compararse
situaciones extraordinarias o de urgente necesidad entre una y otra legislatura. Ojalá no hubiera habido que dictar el decreto-ley de la última semana sobre Canarias. Por tanto, y esta es la mención que yo quería hacer en defensa del Gobierno, no
ha sido utilizado por el Gobierno con liberalidad, sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución, ni puede afirmarse que se haya hecho un uso desmedido de él en lo que va de legislatura. Hay una serie de sentencias del Tribunal
Constitucional, por ejemplo la de 31 de mayo de 1982, la de 4 de febrero de 1983 y la del 31 de mayo de 1982, que son expresivas. Una de ellas dice concretamente: la utilización del decreto-ley, mientras se respeten los límites del artículo 86 de
la Constitución, tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país que por circunstancias difíciles o imposibles de prever
requieran una acción normativa inmediata en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta.
Quiero matizar algunas otras críticas que se han hecho. También tengo que manifestar que el grado de exigencia del Ministerio de la Presidencia al resto del Gobierno es constante, pero que ha sufrido una crítica generalizada respecto a la
ausencia de los ministros los miércoles. No es éste el mejor momento, en plena presidencia de la Unión Europea, para hacer una crítica a ese asunto. Los ministros tienen una presencia continua en distintos foros que les hace imposible venir los
miércoles, a pesar, insisto, de la sugerencia que en este camino se va a tratar de hacer permanentemente. Yo trasladaré al Gobierno el sentimiento que han expresado los distintos grupos para que en lo posible se corrija. Han dicho algunos de los
miembros de los distintos grupos que hay resurrecciones de repente, que hay ministros que justifican ausencias y después aparecen. Pues sí. ¿Pero cómo aparecen? Aparecen porque a veces -hay interpelaciones que no se pueden cambiar. Se llega al
límite de lo posible, cuando la ubicuidad todavía no es un don en ningún ministro. Por ejemplo, la crítica que se ha hecho respecto a la presencia del ministro de Exteriores. El ministro de Exteriores, en su presencia última de los miércoles,
estuvo toda la tarde, comprobable, con el secretario de Estado americano-, señor Powell, con el cual dio una rueda de prensa y donde estaba naturalmente no sólo atendiendo a una autoridad importante en el mundo internacional sino a una autoridad con
la que había un importante documento, un importante acuerdo o pacto; e incluso había la presencia con el jefe del Estado en una visita. Y, aprovechando huecos, estando el señor secretario de Estado americano aquí, se buscó la fórmula de que
estuviera el ministro de Asuntos Exteriores durante esa comparecencia para dar cumplida cuenta a los grupos. Yo incluso no sé si, desde el punto de vista internacional, se puede llegar a ese límite, pero lo cierto es que se hizo. ¿Eso significa
que no tiene una ausencia declarada justificada? Pues no. Estaba muy justificada, porque determinados intereses españoles pueden sufrir lesión cuando la autoridad que está aquí o el viaje que tiene que realizar el ministro aconsejan que prime
sobre la propia presencia en el Congreso, que por otra parte podría ser posible la semana siguiente. Contesta el Gobierno y, en su nombre, un miembro del Gobierno. Incluso esta misma tarde la ausencia, también por viaje, del ministro de Hacienda
va a hacer que una pregunta que se le formula respecto al subsecretario de Estado sea contestada por este ministro. No creo que el ministro de Hacienda haya tenido más de dos o tres ausencias en toda la legislatura. Si había que preguntarle a él,
tal vez hubiera sido -no trato para nada de mermar el control parlamentario- más oportuno hacérsela otra semana. En todo caso, va a ser contestada por el Gobierno y por consiguiente, en la colegialidad que existe y la responsabilidad colectiva del
Gobierno, la contestación vale como si la diera el ministro de Hacienda.
Recojo también con interés la manifestación del señor Labordeta respecto a facilitar el acceso a la información de por ejemplo el Plan Hidrológico Nacional. La Administración tiene que poner a los parlamentarios en condiciones aptas para
que el examen documental sea correcto. Habrá que corregir algún aspecto. Si se han producido deficiencias, me gustaría conocerlas con el fin de que se arreglara. Porque es verdad que a veces es mejor el examen directo de la documentación que la
información que se pueda remitir al propio diputado, que siempre puede ser incompleta cuando esa información sea exhaustiva. Ha calificado la modificación del Reglamento como fracaso colectivo y puede ser una calificación quizá exacta.
El señor Rejón ha hecho una interpretación sobre cómo hay que establecer el procedimiento para dar cuenta de los bienes del vicepresidente segundo. Bueno, es una interpretación que respeto pero que no
comparto. Usted dice cómo hay que hacer esto: que venga a la Mesa y que la Mesa decida. Preséntese S.S. esa iniciativa en la Mesa y hágase la disposición legislativa suficiente para que quede abierto el camino para dar solución a ese
asunto. No puede instar una entrega de documentación sin que haya una vía que lo haga posible, o, por lo menos, una interpretación de esa vía hecha por la Mesa, no por un diputado o un grupo. De lo que se trataría, en definitiva, sería de dar
transparencia a ese asunto con el lógico cumplimiento de las prescripciones legales que se puedan establecer.
Ha habido también una crítica de los grupos minoritarios a los proyectos de ley pactados. Será discutible, pero es tan legítimo, incluido el tema de la justicia, como cualquier otra acción que puedan llevar a cabo distintos grupos en
distintos momentos, y la historia de esta Cámara lo demuestra. Cosa distinta sería que, aun pactados, se mermara la acción de la iniciativa legislativa. Es verdad que cuando los grupos mayoritarios pactan determinados textos tienen más
posibilidades de éxito y las posibilidades de modificación de los textos son menores; es verdad. De todos modos, no me parece malo en sí mismo que, al margen del Parlamento, los partidos políticos tengan actitudes dialogantes y de filosofía que
afecta a los intereses generales sobre cómo hay que hacer las cosas. Me parece que es enriquecedor, siempre que no se merme la actividad parlamentaria y siempre que la legitimidad de las cámaras quede inmaculada. También los partidos políticos, y
no sólo los grupos, pueden y deben llegar a un acuerdo en grandes temas; quizá hay que lamentar que no se llegue a más. Me parece que es un elemento de riqueza democrática.
Los partidos forman parte también de la vida política y es verdad que no
hacen leyes, pero también lo es que toman grandes acuerdos políticos que facilitan la elaboración de determinadas leyes.
El señor Rejón ha hecho una crítica diciendo que no espera que cambie la situación después de esto. No seamos pesimistas. Vamos a ver si algunas de las cosas que se han dicho aquí mejoran la relación Gobierno-Parlamento. Por lo menos esa
es mi voluntad, créame.
El representante del Grupo Vasco ha criticado la ausencia de un programa legislativo. El programa legislativo está marcado en el programa electoral y, sobre todo, en el de investidura. Los tiempos se hacen con criterios de oportunidad
política. Ni existe costumbre parlamentaria en España de que documentalmente se remitan los textos que anualmente aprobará el Gobierno, ni creo que sea un buen sistema. Los criterios de oportunidad política los define el Gobierno con arreglo
precisamente a ese sentimiento de qué pasa con la Ley de fundaciones. Ya que ha salido, le puedo decir que ha sido discutida en el Consejo de Ministros; está en la fase de consulta a los órganos correspondientes; lo mismo ocurre con la Ley de
mecenazgo. Son dos leyes importantes para dar una participación mayor a la sociedad en determinados aspectos.
Hay una cosa que no he entendido bien. En esa crítica que ha hecho a las leyes de acompañamiento -tan legítimas y constitucionales, por cierto, como los decretos-leyes-, ha mencionado determinados votos particulares de presidentes, que, si
no he entendido mal, están ahí simplemente para alabar al Gobierno. No parece que la crítica que se ha formulado, con voto particular de un presidente a un texto determinado, se corresponda con una alabanza al Gobierno; al contrario, será signo de
autonomía e independencia del órgano -me parece que se trata del Tribunal Constitucional, salvo que fuera el anterior presidente del Tribunal Constitucional-, y no de identificación de las instituciones con el Gobierno, que insisto en que no existe.
Ha habido referencias a otros gobiernos. Es bueno ponerse espejos. Yo no lo he hecho nunca ni creo que sea algo sistemático ni positivo; pero tratar de aprender todos de lo que hacen otros parlamentos, incluidos los autonómicos, que
también son parlamentos y tienen iniciativa legislativa, enriquece nuestra cultura política y aprendemos del comportamiento de unos y otros grupos en los distintos parlamentos, según tengan mayoría o minoría.
Manifiesta el representante de CiU el deseo de pluralidad en la contestación a las preguntas del presidente del Gobierno. La iniciativa de que conteste el presidente del Gobierno, aún no reglada, viene formando parte de la costumbre
parlamentaria y no tiene más restricciones que las pactadas o establecidas en estos momentos de tres preguntas, sin más límite que el humanamente posible. Tampoco podemos llegar a que el presidente del Gobierno sustituya la acción del resto de los
ministros, lo cual sería incorrecto.
Comprendo perfectamente, aunque no la comparta, la crítica a la renovación del Tribunal Constitucional. Su censura es legítima, pero también hay que comprender que, una vez que se le reconoce ese derecho, se defienda la voluntad de otros
grupos que llegaron a un acuerdo para la renovación.
Las minorías están representadas en otros momentos y en otros grupos y en este caso concreto, por los motivos que sea, no fue posible. No tiene más interés que dejar patente el sentimiento que
usted ha mostrado. Por otra parte, son renovaciones pactadas por los grupos, aunque el Gobierno no es ajeno a ellas, lógicamente.
Al señor Bermúdez de Castro quiero dejarle constancia de mi gratitud por su intervención.
El señor PRESIDENTE: El Reglamento y la costumbre parlamentaria dicen que, en casos excepcionales, la presidencia podrá abrir un turno para que los diputados puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información
facilitada. Deseo saber qué portavoces quieren hacer uso de esta facultad que, con plazo de tres minutos, concederá la presidencia. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Garrido por plazo de tres meses...; de tres meses, no, perdón, de tres minutos, para formular escuetamente preguntas o pedir aclaraciones.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Estaré menos de tres meses, sin duda.
Muy rápidamente, primero, relaciones entre Gobierno y grupo mayoritario.
El señor ministro ha hablado de la independencia del grupo mayoritario y de la Mesa respecto del Gobierno. Es como cuando se habla de la independencia del fiscal
general del Estado o del director de Radiotelevisión; usted me va a perdonar, pero no nos lo creemos. Nadie se cree esa independencia; no existe, como sabe usted perfectamente. Las relaciones entre Gobierno y grupo mayoritario pueden
establecerlas como les parezca, es una cosa en la que no podemos entrar, pero, cuando son como son, el Gobierno es el responsable político de ello, básicamente.
Hay una prueba. Se pide cantidad de amparos a la Mesa. No concede ni uno, pero es
que, además, no actúa autónomamente y responde sí, no, y lo justifica; dice simplemente: que se pase al Ministerio de la Presidencia; esa es la decisión que se toma sistemáticamente.
La relación entre el grupo mayoritario y la oposición. Bueno, quien moviliza el Parlamento es la oposición. Querer convencernos ahora de que el grupo mayoritario también controla al Gobierno no nos parece de recibo y tampoco se lo cree
nadie. Es la oposición la que moviliza al Parlamento y, por tanto, tiene que tener un espacio importante porque, si no, lo que se degrada profundamente es el Parlamento. Este diálogo entre Gobierno y oposición a que usted hace alusión, señor
ministro, nos parece muy bien, pero justamente ahora, en relación con esta Comisión, a la que sin duda vendrá, hay una ocasión para ponerlo de manifiesto, con una ley tan importante como la ley de partidos políticos. Estamos esperando que ahí se
manifieste ese diálogo. Es una ley cuasi constitucional, coetánea con la Constitución, importantísima, que será debatida en esta Comisión Constitucional. Vamos a ver si realmente se produce ese diálogo y si hay un intento de consenso, pero hasta
este momento las manifestaciones del Gobierno han sido todo lo contrario, profundamente desafortunadas en cuanto que prácticamente se ha dicho que no importa nada de lo que sucede en este Parlamento, que eso está hecho, terminado, acabado y no sé si
se cambiará una coma o un punto y coma. Es una buena oportunidad.
Los ministros deben contestar a lo que se les pregunta, tienen una responsabilidad particular. No estamos de acuerdo con esto de que el Gobierno puede decidir qué ministro contesta, con independencia de los deseos del grupo de la oposición.
No es así. Por mucha lectura legalista que se haga del Reglamento, deben venir al Parlamento, deben venir en su momento. Precisamente la Unión Europea tiene establecidos sus calendarios de una forma absolutamente clara y rígida, con muchísimo
tiempo. La función más importante de un ministro precisamente es, aparte de llevar bien su ministerio, venir al Parlamento y responder ante la expresión de la soberanía popular. Además es que algunas veces hemos pillado a los ministros porque han
dicho que no podían venir y estaban; incluso ha habido fotografías de alguno que estaba en la tribuna contemplando la sesión de control.
El Gobierno ocupa y quiere ocupar el Poder Legislativo, esa es una tentación de este Gobierno y más de este Gobierno con mayoría absoluta.
Hay una cosa simbólica, aparte de la cuestión de las enmiendas del Senado, que es una actuación sin
duda abusiva respecto del Poder Legislativo, no en relación con los ejemplos que usted ha puesto sino con la Ley de presupuestos, porque es que esto se ha hecho con la Ley de presupuestos y con la Ley de acompañamiento, que es especialmente grave, y
precisamente se ha hecho en ese contexto, dificultando enormemente el debate parlamentario. Hay una cosa simbólica, repito, y es que en los nuevos edificios....
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, debe ir terminando.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor presidente.
En los nuevos edificios que se van a ocupar por el Parlamento, parece ser que el Gobierno ya se ha encargado de ocupar una planta entera. El Gobierno parece ser que pretende ocupar también toda la entrada del palacio del Congreso de los
Diputados, es decir, incluso en ese sentido físico, territorial, se manifiesta su deseo de ocupar el Poder Legislativo.
Quisiera que en esos compromisos que le hemos pedido fuera un poco más concreto, por ejemplo, sobre las interpelaciones al presidente del Gobierno o sobre el Reglamento. El Reglamento está paralizado porque el Gobierno quiere, no nos van a
convencer ustedes de lo contrario.
Quisiéramos saber cuál es su posición. También quisiéramos conocer su opinión sobre lo que le decía de la ley de partidos políticos. De todas formas, también somos conscientes -termino, señor presidente- de que
esta no es una cuestión sólo de Reglamento; esta una cuestión de cultura democrático-parlamentaria, de fair play, y no bastan los reglamentos.
Creo que no ha habido suficiente en estos dos primeros años de legislatura. Vamos a ver si sus buenos
propósitos se cumplen en los dos años que quedan.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor ministro, el núcleo de la función representativa parlamentaria, lo dice el Tribunal Constitucional, es el ejercicio de la función legislativa y el control de la acción de Gobierno.
Nosotros -he intentado explicárselo antes- tenemos dificultades para ejercer ambas funciones, para participar efectivamente en la función legislativa y para ejercer un control real sobre el Ejecutivo.
Usted nos ha dado respuesta a algunos aspectos. Como tampoco tenemos tiempo para profundizar en los temas que yo apuntaba en mi intervención anterior, voy a circunscribirme a dos. Por lo que se refiere a la función legislativa, nos dice
usted que es bueno no ya que los grupos parlamentarios de la Cámara acuerden libérrimamente los pactos que quieran para sacar adelante iniciativas legislativas que hayan de tramitarse en las Cortes Generales, sino que incluso, fuera de la sede
parlamentaria, los partidos políticos establezcan y predeterminen posiciones que después se van a mantener a lo largo de toda la tramitación parlamentaria de las iniciativas que se vayan a acordar previamente.
Lo que yo he criticado ha sido la práctica que se ha visto en más de una ocasión y que además se mantiene, parece ser, de forma firme por parte del Gobierno de cerrar rotundamente en sede extraparlamentaria -muy gráficamente expresado por el
secretario general de su partido-, artículo por artículo, punto por punto y coma por coma, textos legislativos que después pasarán la tramitación parlamentaria como un desfile militar.
Esto lo criticaron ustedes, como he intentado exponer antes,
cuando estuvieron en la oposición y me parece que es motivo de crítica también ahora. Este tipo de posicionamientos dificultan objetivamente la actuación de los parlamentarios en la función legislativa, que constituye uno de los núcleos de la
función representativa parlamentaria.
Por lo que se refiere a la labor de control, nos han acusado de convertir anécdotas en categorías, pero es que el anecdotario podría ser interminable. He traído a colación un par de problemas con los que me he encontrado en el ejercicio de
esta labor de control del Gobierno, solamente un par porque no hay tiempo para traer más, pero el anecdotario podría ser interminable. Los supuestos de respuesta insatisfactoria del Gobierno a preguntas planteadas, tanto por escrito como oralmente,
por los parlamentarios son cientos todos los días, es el pan nuestro de cada día. La insatisfacción es generalizada, por lo menos entre los parlamentarios de los grupos con los que yo tengo relación más constante, que son lógicamente los de la
oposición, que son los que normalmente más interés tienen en hacer una labor de control, incisiva, eficaz y real.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, en nombre de Convergència i Unió quería agradecerle el tono de su respuesta, pero también quería hacerle algunas precisiones, especialmente en relación con el comentario que nos ha hecho sobre los
trabajos de la reforma del Reglamento de la Cámara.
Evidentemente son los grupos parlamentarios y es este Parlamento el que debe aprobar el Reglamento; en este ámbito no puede haber un proyecto de ley del Gobierno. El propio Reglamento establece
el cauce de su reforma, que es a través de una propuesta que se tramita como proposición de ley.
Yo no me refería a esto, que evidentemente comparto: son los grupos. En un momento dado, todos los grupos tuvimos la sensación, casi la certeza, de
que los trabajos no iban a seguir, por una voluntad ajena a los propios grupos allí representados. Como esa voluntad se dirigía más a su Gobierno, es por lo que le hacía esa reflexión, porque todos tenemos esa voluntad de reformar el Reglamento.
Usted se ofrecía para abrir el diálogo nuevamente y yo le cojo la palabra y ojalá al final de este período de sesiones podamos reabrir esos trabajos de reforma del Reglamento.
Termino, señor presidente. En ningún momento he abierto -y usted lo ha reconocido- el debate jurídico sobre si el Senado puede o no introducir enmiendas. Huyamos del debate jurídico, pero la reflexión política es que no es muy positivo
para los trámites legislativos que esto suceda; creo que todos podemos llegar al punto de coincidencia de que es deseable que los textos que después se publican en el BOE como leyes hayan superado el trámite del Congreso de los Diputados y del
Senado con ese necesario contraste. ¿Qué jurídicamente puede hacerse? Es cierto, pero según de qué forma se hace, políticamente tampoco es después lo más adecuado.
Por último, en cuanto a las preguntas al presidente del Gobierno también le agradezco su respuesta, pero deberíamos arbitrar, dentro de ese uso, que es una costumbre ya, de las tres preguntas, la posibilidad de que otros grupos que
normalmente no han utilizado esa práctica parlamentaria la utilizaran. Si lo hacen, ¿el presidente del Gobierno da respuesta a esa pregunta? Porque los antecedentes en este sentido no son positivos.
De ahí que yo le dirigiera esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quiero manifestar que me alegro profundamente de que en esta segunda intervención algunos grupos hayan rebajado el tono de las acusaciones. Me alegro porque siempre he defendido que el buen clima y
las buenas relaciones entre portavoces y grupos parlamentarios sin duda ayudan a mantener esos principios de diálogo, de acuerdo y de consenso que deben presidir los trabajos de esta Comisión. Las descalificaciones que han realizado en la primera
intervención desde luego no creo que estuvieran ajustadas a la realidad.
Tengo que manifestar aquí al señor López Garrido que S.S. siempre se ha caracterizado por una brillante trayectoria política y profesional y además por un altísimo
grado de coherencia. Quiero manifestarlo para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'. Lo único que he pedido esta mañana es que si esos principios en relación con el control parlamentario son los principios del modelo socialista,
que, al menos, lo apliquen donde gobiernan, porque, si no, al final, cuando realizamos afirmaciones, todos podemos llegar a ser víctimas de nuestro propio discurso. Creo que se ha pasado de una situación que en algunos casos se denominó escandalosa
a otra de plena normalidad. Está fuera de toda duda que se ha producido un importante impulso legislativo en lo que va de legislatura y que el Gobierno ha impulsado y se han conseguido grandes acuerdos. Esperemos que esa sea la actitud que siga
marcando todo lo que queda de legislatura.
Hablando de actitudes hay algunas críticas que se han realizado esta mañana que, sin duda, eran objetivas. Como ha manifestado el señor ministro, siempre hay lugar para mejorar, lo que demuestra el talante abierto y dialogante que ha
caracterizado al señor ministro en todos los puestos de responsabilidad que ha ostentado a lo largo de su trayectoria política. Sin duda, nadie tiene toda la verdad ni nadie deja de tenerla por completo. Que SS.SS. discrepen de algunas decisiones
del Gobierno o de determinadas posiciones del Grupo Popular es normal, faltaría más.
También nosotros discrepamos de algunas posiciones del resto de los grupos, pero de ahí a decir que tenemos una actitud prepotente o que queremos evitar el control
parlamentario va un trecho. En todos los mecanismos de control parlamentario: preguntas orales o escritas, interpelaciones, mociones, comparecencias, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se ha mejorado, en algunos casos
espectacularmente respecto a los registrados en la etapa socialista. Por eso no tenemos que tener ningún complejo -y desde luego el Grupo Popular no lo tiene- en afirmar que en sus relaciones con las Cortes Generales el Gobierno está presente y
cumple todos sus compromisos. Creo, señor ministro, que esa es la buena política y el buen camino, en los que tendrá el apoyo de nuestro Grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar la comparecencia tiene la palabra el señor ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Hemos insistido en algunos conceptos anteriores, en los que me ratifico. Desde luego, ratifico la independencia del Gobierno y de los grupos, incluido el Grupo Popular. Sé que esto es
difícil de entender, pero es así, y tratar de decir que el Gobierno hace mal porque se piden amparos a la Mesa creo que es incorrecto. Es el buen celo de los grupos parlamentarios el que determina la oportunidad de pedir o no amparo. La
contestación del Gobierno, pese a ese ingente trabajo que realiza con tantísimas preguntas, la hace con arreglo a su leal saber y entender y tratando de dar respuestas que siempre pueden ser insatisfactorias para algún grupo en alguna pregunta
concreta y que el legítimo derecho del amparo no merma en absoluto porque forma parte de la propia práctica parlamentaria.
Me ratifico también en cuanto a las enmiendas del Senado. Guste o no, es así. Podría haber otra Constitución. El Senado se queja de que su facultad de iniciativa legislativa es escasa. Incluso el grado de exigencia que tiene la Cámara
Alta en la modificación de su Reglamento no va precisamente en un tono distinto al de profundizar y tratar de convertirse en una Cámara más activa en la acción de la iniciativa legislativa. Que el Reglamento del Congreso está parado porque el
Gobierno quiere, es un juicio que respeto pero que no comparto. No es así.
Cuando hablamos de confusión e independencia quiero llevarlo hasta el final, ni siquiera citando al fiscal general del Estado, señor López Garrido, porque en ese tema, como en pocos, no quiero poner ningún espejo.
Me dice que vamos a ver si el Parlamento es el lugar de encuentro oportuno de los distintos grupos y de la voluntad del Gobierno en cuanto a la de modificación de la ley de partidos políticos. En este tema me deja usted un poco atónito,
porque creo que es una ley que conoce su grupo -si yo no estoy mal enterado- y con un grado de precisión importante. ¿Se ha producido una evolución respecto a las ideas pactadas -entre comillas lo de pactadas, para no molestar-, acordadas en
reuniones de los partidos políticos y las que ahora se manifiestan por algunos portavoces y por el propio ex presidente del Gobierno? Sí. ¿Por qué? Ese es el misterio de los grupos y de los partidos políticos, pero lo cierto es que ni su grupo ni
su partido pueden considerarse ajenos al proceso de elaboración de este texto. Lo que ocurre es que hay cosas que son cambiantes y aquí se ha producido un cambio, nadie sabe por qué. Yo no voy a entrar a analizarlo. No me importa lo que dicen
sino lo que piensan en ese asunto.
El representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) lamenta que esos acuerdos entre partidos sacralicen el texto de manera que sea imposible la modificación en el trámite parlamentario. Creo que dogmas en esta casa hay pocos y que si
se lleva al ánimo de los distintos grupos, incluso de los firmantes, la oportunidad de cualquier modificación, yo siempre creo en la flexibilidad y en la tolerancia de los propios grupos parlamentarios para creer que el texto que se ha pactado se
puede modificar, aparte de que haya manifestaciones más o menos exageradas. Por consiguiente, hay que pensar que el trámite es para mejorar el texto y que no es de cara a la galería, sino que es sustantivamente importante para mejorarlo.
Recojo las manifestaciones del representante del Grupo Parlamentario de CiU, consciente de la dificultad
de algún tipo de modificación en cuanto a las preguntas a contestar por el presidente del Gobierno los miércoles. Simplemente le digo que las recojo.
Agradezco infinitamente sus palabras al portavoz del Grupo Popular.
Insisto una vez más a todos los portavoces que en esta tarea compleja yo también necesito su colaboración.
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido el orden del día. Agradezco su presencia entre nosotros y la comparecencia que se ha producido por parte del ministro de la Presidencia. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.