Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 435, de 05/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 435
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 5 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley ... (Página 14028)
- Relativa a la participación de la Administración central en la ejecución del proyecto de estabilización de la ladera de un monte en el lugar de Barral, en Cedeira (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001061.) ... (Página 14028)
- Sobre becas de investigación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001148.) ... (Página 14028)
- Sobre medidas para que los usuarios del servicio telefónico estén informados del funcionamiento de determinadas líneas telefónicas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000290.) ...
- Sobre los números telefónicos de prefijo 906. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001070.) ... (Página 14030)
- Sobre adopción de medidas para garantizar una utilización adecuada de los servicios telefónicos a los que se accede por el prefijo 906.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente
161/001117.) ... (Página 14030)
- Relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001069.) ... (Página 14034)
- Sobre la situación de Xfera Móviles, S. A. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001145.) ... (Página 14038)
- Sobre la situación de Xfera Móviles, S. A. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001146.) ... (Página 14038)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE UN MONTE EN EL LUGAR DE BARRAL, EN CEDEIRA (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001061.)
- SOBRE BECAS DE INVESTIGACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001148.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar el orden del día de esta sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología: Debate y votación de proposiciones no de ley.
En primer lugar, les pido disculpas por el retraso ocasionado al ser imposible estar en dos sitios al mismo tiempo. En segundo lugar, quiero comunicarles que se han producido los siguientes cambios: La proposición no de ley número 9 pasa a
ser la primera; las proposiciones no de ley números 1, 2 y 3 se tramitarán conjuntamente; la proposición no de ley número 4 ha sido retirada; la proposición no de ley número 6 ha sido aplazada y las proposiciones no de ley números 7 y 8 se
sustanciarán conjuntamente.
Las votaciones se efectuarán a partir de las doce y media, nunca antes de esta hora.
Punto primero del orden del día: Debate y votación de la proposición no de ley sobre becas de investigación. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: El pasado día 13 de diciembre se resaltaba en los medios de comunicación que un informe oficial proponía la reforma del sistema de becas de investigación científica. El informe de la comisión sobre el personal
investigador en formación fue encargado por el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. En dicho informe se denunciaba la carencia de un marco jurídico y una carrera clara en la que pudieran integrarse los becarios. Por otra parte, se señalaba
que los organismos públicos de investigación, las universidades y las empresas se han mostrado poco capaces, al día de hoy, de absorber el flujo de investigadores que produce el sistema. Esta comisión estaba integrada por siete expertos de
diferentes universidades españolas, designadas por el director general de investigación, don Manuel de Hermenegildo, quien solicitó un informe sobre la situación de los investigadores españoles y los becarios. Entre los aspectos negativos que
caracterizan al sistema científico español, la comisión resaltaba en el informe la falta de previsión en la convocatoria de becas. La carencia de esta previsión provoca una opacidad en la oferta de ayudas, una discrepancia importante en los
criterios de evaluación y una situación de desconcierto que lleva a los candidatos a presentar solicitudes diferentes. Además, la comisión afirma que hay rivalidad y falta de coordinación entre los organismos y una dispersión en las fechas de
convocatoria. No nos parece razonable que los becarios de investigación españoles deban estar permanentemente pendientes de cuándo saldrá ésta o aquélla convocatoria de becas.
Cuando preparaba esta intervención entré en Internet para conocer en qué situación estaban estas becas y pude comprobar el abanico de convocatorias que existen. Esta situación puede beneficiar al que se dedica más tiempo a leer el 'BOE' que
a investigar, pero perjudica considerablemente al que dedica todo su tiempo a la investigación. Por otra parte, he mantenido reuniones con profesores, en este caso, de la Universidad de Málaga, que me han trasladado su inquietud ante la
opacidad de criterios para conceder una beca de investigación. Me han planteado que esos criterios son generales y vagos y, por tanto, se hace difícil controlar quién obtendrá una beca y quién no. Por cierto, también se quejan de que las
universidades no participan en la selección de becarios. En este sentido, los socialistas planteamos la necesidad de que se establezca una convocatoria anual de becas, que exista un solo impreso de solicitud y que se realice un proceso de
evaluación homogéneo y transparente para todas las becas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que exista una única convocatoria que podría realizarse en torno al mes de octubre de cada año y que se resolviese con la
mayor celeridad, lo que permitiría que las becas estuviesen operativas en torno a comienzos de enero. Este es el sentido de la proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a mejorar el sistema de becas de investigación científica en nuestro
país.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Cándido Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Señor Heredia, cuando comenzó su intervención pensé que representaba al Grupo Popular porque, de alguna manera, hacía referencia a lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología viene desarrollando, que es estudiar la
situación de las becas, con ese informe que, como usted muy bien ha dicho, ha solicitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el personal investigador. Se hace referencia a este tema en la exposición de motivos y por eso decía que creía
inicialmente que hablaba en nombre del Grupo Popular. Después me he dado cuenta de que no es así, porque en lo que usted solicita que se inste al Gobierno establece dos parámetros que nada tienen que ver con lo que, en principio, establecía ese
informe.
Es evidente que el sistema de becas es mejorable y el Grupo Popular coincide en muchos aspectos con ese informe solicitado, pero nuestro Grupo cree que el Ministerio ha venido trabajando con el objetivo de mejorar el sistema de becas. El
objetivo del Grupo Popular es definir una carrera investigadora estable y crear las mejores condiciones a los jóvenes investigadores. Tenemos ejemplos como el de este informe que usted ha mostrado, pero también hay otros de que se han incrementado
y equiparado las dotaciones, o de que se tiene previsto establecer un calendario de convocatorias anuales. Finalmente, en la última Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología se ha creado un grupo de trabajo con el fin de aglutinar y
coordinar a todos los responsables de becas de todos los ministerios y organismos dependientes de la Administración, para tratar de homogeneizar de estas becas.
Sin duda son actuaciones que acreditan la voluntad del Gobierno de mejorar el sistema de becas, de .incrementar su racionalidad y transparencia, de integrarlas en el escalón inicial de una carrera científica con continuidad en becas o
contratos posdoctorales y su futura integración en la Función pública o en la empresa. Sin duda alguna son actuaciones que acreditan todo esto. Sin embargo, a nosotros nos parece aventurado acordar, en la literalidad que usted expone, que se
comprometa a establecer una convocatoria anual de becas con un solo impreso de solicitud y un proceso de evaluación homogéneo y transparente para todas las becas financiadas con los Presupuestos Generales del Estado. En el punto segundo proponía
que se comprometiera a establecer dicha convocatoria en torno al mes de octubre de cada año para que las becas estén operativas el 1 de enero. Creemos que sería aventurado acordar estos dos puntos por varias razones. La gestión agregada y en
convocatoria única exigiría una unidad o un centro gestor sobre todos los ministerios y organismos públicos convocantes. La propia peculiaridad de las becas impondría diferencias, aunque se unifique el sistema, y un ejemplo son las becas de
formación del personal investigador, que dependen del Plan Nacional de Investigación y que necesitan, primero, aprobar los proyectos y, una vez que estén aprobados esos proyectos por parte de los investigadores, definir el número de becarios
necesarios para llevarlos a cabo. Éste es un ejemplo, pero también en el Ministerio de Educación existen ejemplos similares. La propia peculiaridad de las becas impondría diferencias, aunque se unifique el sistema, y los requisitos exigidos a los
solicitantes no serían fáciles de unificar.
Además, creo que el segundo punto, en el que se establece el plazo de dos meses, sería imposible de llevar a cabo, incluso por los mismos plazos del procedimiento administrativo, la presentación de documentos, la subsanación, la instrucción,
la evaluación y resolución, los recursos, etcétera, que harían imposible que en dos meses se pudiese resolver toda la convocatoria, teniendo en cuenta la imposibilidad y las limitaciones de los servicios administrativos y también a la comisión de
expertos de evaluación de estos proyectos que se presentan.
Nosotros plantearíamos una enmienda, porque coincidimos parcialmente con la preocupación del Grupo Socialista, en la cual propondríamos que se sustituyan estos dos puntos por uno que diga: Estudiar las modalidades de becas predoctorales de
investigación actualmente existentes, con el fin de reducir su diversidad, simplificar y homogeneizar los trámites de solicitud y evaluar y uniformar el contenido de sus prestaciones, y que se incorporen estas mejoras a la nueva convocatoria.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)
Por el BNG, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente, señor presidente.
No es la primera vez que abordamos el problema de los becarios y de la inexistencia de un estatuto jurídico que garantice cuestiones tan básicas como una mínima cobertura sanitaria y farmacéutica, cotización a la Seguridad Social, bajas por
maternidad y sobre todo que la figura del becario no se utilice para fines y funciones distintos de aquellos que la justifican. Quiero recordar que hace dos semanas tuvimos ocasión en la Comisión Constitucional de denunciar cómo agencias
gubernamentales como EFE siguen empleando a becarios en lugar de crear contratos laborales.
Repito que no es la primera vez, pero ahora tenemos un informe que establece una serie de directrices que no parece que el Ministerio esté dispuesto a cumplir. También la prensa informaba estos días de cómo aún están sin pagar las ayudas a
grupos de investigación del año 2001. Por lo demás, sobre lo que quiero en este momento llamar la atención es, en relación a la existencia de una sola convocatoria, nosotros votaríamos a favor siempre y cuando se entienda que se refiere a las becas
y a los programas dependientes de la Administración del Estado y no, como se dice en la literalidad de la proposición no de ley, a las financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Debido al sistema de financiación autonómico,
muchas becas gestionadas por las comunidades autónomas competentes en materia de educación y de ciencia y tecnología son financiadas con cargo a los presupuestos generales. A nosotros no nos parece oportuno que se establezca esta única
convocatoria, que se centralicen la convocatoria y la gestión de estas becas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad e incluso de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que declara que esta gestión centralizada de ayudas y subvenciones
debe ser excepcional. No creo que en estos casos concurran los requisitos que justificarían esta gestión centralizada y, por tanto, lo que debería suceder es que a las comunidades autónomas competentes se transfiriesen los fondos, para que éstas,
de forma coordinada, por ejemplo en las fechas, y de forma racional, de acuerdo con otras de las recomendaciones que se recogen en este informe, realizasen la convocatoria de las correspondientes ayudas y de los correspondientes programas de becas.
Si esto se admitiese, votaríamos a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición respecto a la enmienda del Grupo Popular, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Grupo Popular con relación a la enmienda que han planteado.
- SOBRE MEDIDAS PARA QUE LOS USUARIOS DEL SERVICIO TELEFÓNICO ESTÉN INFORMADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE DETERMINADAS LÍNEAS TELEFÓNICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000290.)
- SOBRE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS DE PREFIJO 906. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001070.)
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS A LOS QUE SE ACCEDE POR EL PREFIJO 906.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente
161/001117.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que acumula los puntos 2,3 y 4, que son las proposiciones no de ley sobre los números telefónicos de prefijo 906.
En primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Buenos días, señoras diputadas y señores diputados.
En esta proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya no era nuestra finalidad discutir sobre el concepto de interés general, esto correspondería a otra comisión, a la Comisión Constitucional, e incluso en su sentido más
filosófico, en el sentido de la filosofía política o del derecho político, correspondería a la Comisión de Cultura. Pero aquí estamos discutiendo de la definición de interés general. Es una definición compleja, pero vamos a empezar,
metodológicamente, por lo que no es interés general. A nosotros nos parece, a colación de esta proposición no de ley, que no es interés general, por ejemplo, que en un periódico, en LA VANGUARDIA, aparezcan, como he visto esta misma mañana en el
avión, en las páginas de anuncios cosas como las siguientes: Habla con chicas de Barcelona, 24 horas, sin engaño, 906 y otras seis cifras.
Esto no es interés general como tampoco lo es: amigos, teléfonos, telecitas, encuentros sin engaño; ni es
interés general: aquelarre, Tarot, destapando lo oculto. Por este motivo, hemos presentado nuestra proposición no de ley. Es verdad que este Gobierno ha tenido un concepto muy dúctil de lo que es interés general. Recordemos que al amparo de
estos términos de interés general, se han buscado partidos de balonmano o corridas de toros. El interés general responde a otros conceptos: interés de la sociedad, necesidad social. Esta proposición no de ley busca terminar con la situación de
irregularidad de las líneas de teléfono 906.
Anteriormente, estas líneas
de teléfono de carácter pornográfico, erótico, de contactos sexuales, videncia, astrología o juego, estaban en el 903. Diferentes propuestas y las quejas de los usuarios consiguieron restringirlas al 903 e impidieron que la población
tuviera esta sensación de impunidad con respecto a estas líneas. Se crearon sendos decretos, de los meses de enero y septiembre de 1998, y diferentes resoluciones que limitaban el acceso al 903. Incluso se permitía la desconexión y la autorización
previa al 903. ¿Qué pasó? Que se produjo una fuga de este tipo de servicios a la línea 906, bajo el concepto de interés general. Podríamos definir esto como una utilización fraudulenta del 906 porque como decíamos, estos servicios se refugiaron
bajo el epígrafe de interés general. Nuestra proposición no de ley tiene la voluntad clara de conseguir lo que se logró para el 903, que los clientes puedan desconectarse e incluso la previa autorización. Para ser prácticos, el Gobierno ya ha
puesto solución, ha creado las condiciones para acabar con esa situación y nuestra proposición no de ley va a ser retirada.
Vale la pena decir que nuestra proposición no de ley se presentó el 27 de octubre del año 2000 y hasta hoy han transcurrido bastantes meses y no sólo muchas familias, sino instituciones, empresas privadas o negocios se han visto afectados
por este uso desmesurado. Esto creaba adicción, dependencia respecto a la salud mental y algunos menores de edad abusaban de esos servicios. Ha transcurrido mucho tiempo. Al Gobierno le han faltado reflejos, pero más vale tarde que nunca.
Estamos seguros de que las iniciativas que han presentado en este caso Esquerra Republicana y otros grupos como Convergència i Unió o el Socialista, han servido para que el Gobierno, finalmente, acceda a solucionar este problema. Esperemos que no
haya otra fuga de estos servicios a otros tipos de línea, que sea la solución definitiva y que acabe con un negocio que no beneficia a la sociedad ni a instituciones, familias o empresas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Voy a ser muy breve también, porque, como decía el representante del Grupo Mixto, recientemente, el 22 de febrero, el ministerio ha aprobado la orden ministerial que reclamaba la proposición no de ley que
presentó mi grupo el año pasado.
Esto resuelve parte del problema, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha venido manteniendo sistemáticamente un déficit de control y vamos a hacer un seguimiento exhaustivo porque hay una realidad, y es que los servicios de tarifación
adicional, que en grandes líneas son el 903 y el 906, se desviaron, en una primera instancia, cuando se logró que el usuario o el abonado pudiera pedir la desconexión del 903, y esos abusos y fraudes se han producido en el 906. Esperamos que esta
orden ministerial que, en efecto, resuelve una auténtica maraña de regulación legal que ha venido practicando el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde que se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, resuelva el problema. El Ministerio de
Ciencia y Tecnología ha tenido instrumentos previamente para establecer que los temas característicos del 906, que son los catalogados de interés general, no eran ni las conexiones a través de Internet ni algunos abusos que se han cometido, como
ofertas de empleo falsas o actuaciones de líneas eróticas, etcétera. Como decía antes el representante del Grupo Mixto, hoy, 15 días después de haberse aprobado la orden ministerial, este tipo de servicios sigue anunciándose a través del 906, a
pesar de que la ley dice que es de interés general.
Por tanto, estemos alerta al cumplimiento de esta orden ministerial, que bienvenida sea aunque tarde, ya que el usuario, el abonado está más protegido en este momento que antes de la aprobación de
esta orden ministerial. Por tanto, mi grupo retira la proposición no de ley, pero vamos a exigir al Gobierno un seguimiento muy exhaustivo y unos controles para que no se produzcan nuevas fugas y el 906 se siga utilizando en los términos
incorrectos y fraudulentos que hasta ahora se han venido produciendo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo parlamentario presentó una solicitud de comparecencia el 4 de noviembre de 2000, hace ya más de 16 meses, porque entendía que no se daba un buen cumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso
telefónico a determinados servicios que, como han dicho ya diputados que me han precedido en el uso de la palabra, no son de interés general. Deberíamos retrotraer este debate y buscar dónde nació el interés de este Parlamento, de las Cortes
Generales, un interés unánime plasmado en 1992 en una moción que se aprobó por todos los grupos en el Senado, ante la preocupación de muchas familias por un uso incontrolado del teléfono de su hogar. A lo mejor, un menor, a través de un anuncio de
los que aparecían cada día en los periódicos, como decía antes el señor Puigcercós, llamaba a lo que entonces eran las líneas 903.
Se producían esas llamadas no queridas por los titulares de la línea telefónica, que en la mayoría de las ocasiones
eran los padres. Se decidió no prohibirlas, pero se estableció que ese tipo de llamadas irían por el prefijo 903 y que solamente se podía llamar a un 903 si el titular de la línea había autorizado que desde su línea telefónica se podía acceder a
esas llamadas. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de los hogares, la mayoría de titulares de líneas telefónicas no llamaron a su compañía diciendo que les dieran de alta
para poder realizar llamadas al 903, con lo cual se produjo lo que ya se decía en otras intervenciones, la huida al 906, servicios de interés general, ya que por el 903 el negocio no era posible, es decir, introducir en el 906 los contenidos
que de hecho debían estar en el 903.
Nosotros observábamos día a día este incumplimiento y, por tanto, se pidió la comparecencia del secretario de Estado, que aún no se ha realizado. La petición de esa comparecencia está vigente aún, porque, como decía ahora la señora
Pleguezuelos, debemos estar vigilantes y ver cómo se cumple la orden; nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso el Gobierno, sabiendo que se iban a debatir en este Parlamento tres proposiciones no de ley sobre este tema, ha cumplido ya su
obligación, ha publicado en el BOE la orden correspondiente. En nombre de mi grupo parlamentario, retiraré y no someteré a votación la proposición no de ley, pero antes quería comentar algunos aspectos de esta orden que nos deben obligar a todos a
ser vigilantes en su cumplimiento. Esta orden especifica claramente que no todo puede ir a través del 906, porque mantiene esa concepción de interés general. Dicha orden crea una comisión que tiene como función velar por el buen cumplimiento de
estos códigos de conducta.
De hecho ya existía, y tiene entre sus competencias -se dice textualmente-, la elaboración de códigos de conducta y velar por la protección de los derechos de la juventud y de la infancia.
Señor presidente, señorías, lo que está sucediendo día a día con los servicios 906 no puede continuar porque el marco legal no lo permite.
Pedimos al Gobierno que dé cumplimiento a esta orden, nos felicitamos de que la haya promulgado,
retiramos formalmente la proposición no de ley, pero mantenemos la solicitud de comparecencia. Queremos que un día venga el secretario de Estado y nos explique el contenido de esta orden, y, sobre todo, cómo quiere el Gobierno que se cumpla de
forma eficaz para que no vuelvan a producirse huidas de servicios a nuevos prefijos sino que se mantenga en el 903 lo que nunca habría debido de salir de ese parámetro de mayor control.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere marcar posición?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor don Mariano Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ HICKMAN Y SILVAN: Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo respecto de las tres proposiciones no de ley acumuladas. Quiero agradecer a los grupos proponentes la retirada de las mismas, manifestando que su contenido era
constructivo y que estábamos de acuerdo con el apoyo a las mismas, si bien por el paso del tiempo durante el procedimiento parlamentario se ha dictado la orden del Ministerio de la Presidencia, de 14 de febrero de 2002, de desarrollo en lo relativo
a los derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley General de Telecomunicaciones.
Esta orden ministerial ha sido promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desarrollada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Consumo, Interior, Justicia, Educación Cultura y Deporte, Trabajo y Asuntos Sociales, y refuerza los
derechos de los usuarios de los servicios telefónicos, fijos y móviles. El objetivo de esta nueva normativa es aumentar y concretar la protección de los usuarios de aquellos servicios telefónicos de tarificación adicional, prestados a través de los
rangos de numeración 903 y 906. Esto hace que estas proposiciones sean innecesarias ya que, a través de la regulación aprobada, se han cubierto todos los aspectos contemplados. Por eso, repito, el agradecimiento de este portavoz a la retirada de
las mismas.
Como he visto en la exposición de los distintos portavoces que han expresado dudas respecto a la orden ministerial de referencia, les voy a describir sucintamente los principales aspectos contemplados en ella. En cuanto a los derechos de
los usuarios, la nueva normativa concreta determinados derechos que los usuarios de servicios de telefonía fija y móvil tienen por el mero hecho de usar estos servicios. Los derechos son los siguientes: Derecho de desconexión de determinados
servicios. Al amparo de la regulación general sobre el derecho de desconexión de los servicios contratados, esta orden hace definitivamente exigible el derecho a la desconexión de los servicios de tarificación adicional y de las llamadas
internacionales. Este derecho se incluirá en los contratos de abono de manera explícita. El contrato establecerá asimismo el mecanismo para ejercer este derecho dentro de los requisitos y plazos que marca la orden. Todo abonado podrá solicitar en
cualquier momento esta desconexión. Derecho de compensación por la interrupción del servicio. Se incluye de forma explícita la obligación del operador de indemnizar al abonado cuando se produzcan interrupciones del servicio telefónico, salvo
causas tasadas como casos de fuerza mayor o incumplimiento por parte del abonado de las condiciones contractuales. Deposito de garantía. También se regulan en esta orden los depósitos de garantía entre el operador y el prestador de servicios en
los supuestos en los que se pueden exigir estos depósitos, su cuantía máxima, así como el procedimiento para que se apliquen y para su devolución. Se trata de evitar cualquier tipo de arbitrariedad en el establecimiento de esta garantía en los
casos de impagos o retrasos reiterados en los pagos. En definitiva, esta regulación normaliza los depósitos de garantía y los homogeneiza.
Información sobre las condiciones de prestación de los servicios. La publicidad de las condiciones de
prestación de servicio es otro de los derechos de los usuarios que se recogen para que éstos puedan conocer fehacientemente las características del servicio que contratan,
las obligaciones, derechos y responsabilidades, tanto de los usuarios, como de los operadores. Suspensión temporal e interrupción definitiva de los servicios. Se regula el mecanismo de suspensión e interrupción del servicio telefónico,
tanto por impago durante un período de tiempo superior a un mes, como a petición del interesado, así como el restablecimiento del servicio. En cualquier caso, la suspensión por impago sólo afectará a los servicios que se hayan impagado. Lo que he
expuesto hasta aquí son derechos genéricos de los usuarios.
Por lo que se refiere a los derechos para los servicios específicos 903 y 906, la nueva normativa recoge medidas que se han tomado para proteger específicamente los derechos de los usuarios de servicios de tarificación adicional 903 y 906.
Los derechos que se reconocen en la orden ministerial son: la posibilidad de desconexión de determinados servicios entre los que se incluyen los de tarificación adicional. Aunque estos servicios serán prestados por defecto al contratar el servicio
telefónico, podrán ser desconectados todos los prefijos o sólo de algunos en cualquier momento a petición del usuario. Se crea, además, una comisión de supervisión de servicio de tarificación adicional. Dicha comisión contará con la participación
de distintos ministerios afectados (los ministerios de Ciencia y Tecnología, Sanidad y Consumo, Educación, Cultura y Deportes, Trabajo y Asuntos Sociales e Interior), representantes de los consumidores y de los usuarios, un representante de una
comunidad autónoma con carácter rotatorio, así como de los operadores y de las empresas que prestan servicios de tarificación adicional. Esta comisión se encargará de la elaboración y seguimiento de un código de conducta obligatorio para la
prestación de estos servicios. Con este código todos los agentes implicados participarán en la autorregulación.
La comisión se reunirá en pleno y permanente, siendo esta última la que por razones de agilidad hará el seguimiento del cumplimiento
del código de conducta. La nueva orden ministerial establece un contrato-tipo que regulará las relaciones entre los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de tarificación adicional. Entre los requisitos de este
contrato-tipo se encuentra la obligación de aceptar el código de conducta, existiendo la posibilidad de resolución del contrato en caso de incumplimiento de este código por parte del prestador de servicio y el corte de la línea. Con la nueva
normativa los operadores estarán obligados a retirar el número de teléfono asignado al prestador de servicios de tarificación adicional si existe un informe de la comisión de supervisión que indique que ese número se está utilizando para dar
servicios distintos a los que tenga asignado el plan.
La relación existente entre el usuario, el operador de servicio telefónico y el prestador del servicio de tarificación adicional es tal que el abono por parte del usuario de las cantidades adicionales al prestador se realiza a través del
operador de telefonía. Así, el operador cobrará al usuario el importe del servicio telefónico y los servicios de tarificación adicional. Este último importe será el que posteriormente traslade al prestador de servicio de tarificación adicional.
De esta forma, y en caso de que el usuario no abone esta parte de la factura, el operador no retribuirá al prestador. La factura que el operador de servicio telefónico disponible al público presente al cobro al abonado deberá desglosarse en
conceptos independientes por cada uno de los servicios facturados. En particular, dicho desglose deberá separar la parte correspondiente al servicio telefónico de la parte correspondiente a los servicios adicionales. De esta forma la orden prevé
que se pueda recoger en el contrato entre operador y prestador que en el caso de que el usuario no abone estos conceptos el operador no retribuirá al prestador. Esta situación implica que el riesgo de cobro de los servicios de tarificación
adicional recaerá en el prestador de estos servicios y no en el operador intermediario. En caso de disconformidad o desacuerdo con la facturación de los servicios de tarificación adicional, los usuarios pueden presentar una reclamación ante la
Dirección General de Telecomunicaciones o en la Junta Arbitral de Consumo, órganos que gestionan este tipo de reclamaciones. Si se presenta reclamación, el impago de la parte de la factura correspondiente a los servicios de tarificación adicional
no supondrá la suspensión de este servicio si el usuario consigna fehacientemente el importe adeudado. Esto significa que ni el operador ni el usuario podrán disponer del importe hasta que se resuelva la reclamación, aunque este importe haya sido
depositado para evitar el corte del suministro de los servicios de tarificación adicional. Este impago, incluso si no se presenta reclamación, puede dar lugar a la suspensión de los servicios de tarificación adicional, pero nunca del servicio
telefónico.
En cuanto a los nuevos rangos de numeración, además de las medidas ya comentadas, se han aprobado estos nuevos rangos de numeración diferenciados para que los usuarios puedan asociar los prefijos numéricos a un tipo de contenidos y a una
tarifa. Esta catalogación numérica de los servicios de tarificación adicional permite discernir los servicios que se quieran contratar y los que se quieren excluir del contrato de abono telefónico. Los nuevos rangos de numeración para los
servicios de tarificación adicional son los siguientes: el 803 para los servicios para adultos, el 806 para los servicios de ocio y entretenimiento y el 807 para los servicios profesionales. Estos nuevos rangos de numeración serán obligatorios
para los nuevos números de tarificación adicional y se establecerá un período de emigración hacia estos rangos de todos los ya existentes. En cualquier caso, deberán estar emigrados todos los números antes de final de año.
Por último, en cuanto a los desvíos a conexiones 903 o 906 por Internet, si determinadas conexiones a Internet
se redirigen a servidores que prestan servicios a través de un número de tarificación adicional, el establecimiento de esta conexión debe contar con el conocimiento previo por parte del usuario tanto del servicio al que está accediendo, como
del precio del mismo. Esta información deberá mostrarse de manera clara e inequívoca en la pantalla. Los mecanismos de defensa que tienen los usuarios ante el incumplimiento de algunas de las obligaciones por parte de los prestadores de estos
servicios son los mismos que los que dispone para los casos de llamadas de voz, es decir, el usuario puede desconectarse de estos servicios, puede suspender el pago de la factura correspondiente sin que ello suponga la suspensión del servicio
telefónico y puede reclamar ante la Dirección General de Telecomunicaciones y las juntas arbitrales de Consumo. Adicionalmente, la conexión a los servicios de tarificación adicional a través de Internet supone una contratación electrónica de un
servicio cuya regulación y protección de los derechos de los usuarios está contemplada también en la futura ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
Agradezco de nuevo la retirada de estas proposiciones.
- RELATIVA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES OLVIDADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001069.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto V del orden del día: Proposición no de ley relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jaime Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Nuestro grupo está preocupado por este tema fundamentalmente en la vertiente de investigación. También ha sido motivo de reflexión para el resto de los grupos -y luego me referiré a ello- cómo pueden acceder los
llamémosles países pobres a los medicamentos esenciales. Desde el punto de vista de la investigación, hemos presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que fue votada en contra, para crear un programa específico de
investigación en este tipo de fármacos o tratamientos que puedan mejorar el acceso a esos medicamentos esenciales. Asimismo, hicimos una pregunta para contestación oral en Comisión, que contestó el anterior secretario general de Política
Científica, señor Junquera, porque hay que avanzar en la solución de un problema en el que no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Aquella vez el señor Junquera dijo que le parecía razonable y posible. A mí me parece una idea posible y
razonable y tal vez puede salir adelante con algunas modificaciones. Esperamos que esas palabras del señor Junquera -lo veremos al final de este debate- puedan cumplirse.
Hemos hablado en esta Comisión muchas veces de los avances científicos de los últimos años, de los avances de la medicina, de una medicina del siglo XXI. Sabemos que hay un aumento de la esperanza de vida notable en los países
desarrollados, pero se podría decir que estos beneficios de la revolución médica no se han distribuido equitativamente. Ha habido una reacción de la sociedad civil fundamentalmente por organizaciones no gubernamentales, como puede ser Médicos sin
Fronteras, Oxfam-Intermon, que estuvieron en este Congreso en el mes de enero en una reunión interesante -al menos yo así la valoré- junto con los grupos políticos y empresarios del sector, para hacer una reflexión sobre lo que estamos hablando
también hoy aquí. Esta sociedad civil ha permitido sensibilizar -y hay que destacar su papel- a los que estamos en el ejercicio de la política para que tomemos decisiones que eviten que los efectos secundarios derivados de lo que podríamos
denominar lógica del mercado, el beneficio al que tienen derecho las industrias farmacéuticas, no cubran una serie de enfermedades, de problemas que hay en otros países del mundo. Los casos más frecuentes de mortalidad -es bueno que conste en el
'Diario de Sesiones'- a nivel planetario son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Hay 14 millones de muertes al año por este tipo de enfermedades, y es prácticamente el 25 por ciento de la mortalidad en el mundo. Se producen principalmente
en países en vías de desarrollo donde habita más del 80 por ciento de la población mundial.
Podríamos decir que hay una estrecha relación, desgraciadamente, entre pobreza y enfermedad. Por dar algunos datos, personas que viven en la pobreza
absoluta, es decir, con menos de un dólar al día, tienen cinco veces más posibilidades de morir antes de llegar a los cinco años, y dos veces y media más de morir entre los 15 y los 59 años. Las enfermedades infecciosas y parasitarias son
aproximadamente el 25 por ciento de las enfermedades en los países de rentas bajas y medias, mientras que en los países de renta alta sólo son el 3 por ciento; fíjense que diferencia. El 25 por ciento de las personas afectadas por tuberculosis
mueren en prisiones de Siberia por no tener acceso a los medicamentos por su alto precio. Un tercio de la población mundial no tiene acceso a los medicamentos esenciales bien porque no existen en sus países, bien porque no pueden pagar su precio.
Sería innumerable la relación de ejemplos, muchos de ellos -vuelvo a agradecer la labor de estas organizaciones no gubernamentales- cogidos de los informes de Médicos sin Fronteras. La importancia del problema está encima de la mesa. Debe constar
que las enfermedades olvidadas son enfermedades mortales o muy discapacitantes que no tienen tratamiento o es inadecuado y su potencial para el mercado farmacéutico no es suficiente para traer a corto plazo las inversiones del sector privado. Es
decir, son enfermedades que no tienen, -llamémosle entre comillas- una rentabilidad económica para la industria farmacéutica y, por tanto, hay que buscar fórmulas para que esas industrias farmacéuticas investiguen sobre estos fármacos que
pueden curar a muchísimas personas. Estas enfermedades son: la malaria, la tuberculosis, la tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, la enfermedad de Sagal, la úlcera de Buruli, el dengue, la leishmaniasis, la lepra, filariasis, etcétera.
Podríamos decir que las enfermedades tropicales son un buen ejemplo de las enfermedades olvidadas. ¿Por qué las llamamos así? Les voy a dar un dato que muestra bien a las claras que no han estado presentes en las reflexiones o por lo menos en la
conducta de las industrias farmacéuticas ni de los gobiernos, y no podemos quedarnos fuera de esta situación.
Entre 1975 y 1999, de 1.300 nuevos medicamentos que han entrado en el mercado farmacéutico, sólo el 1 por ciento, 13, han sido para
enfermedades tropicales. Estas enfermedades, como he dicho antes, afectan a aquellos países que tienen una peor situación.
Hay que hacer una reflexión en el sentido de que no se puede dejar todo en manos del sector farmacéutico privado. Dije en la reunión que tuvimos en el Congreso que el sector farmacéutico -tampoco es cuestión de criminalizarle- tiene que
formar parte de la solución de este problema, y somos los que estamos en los poderes públicos los que tenemos que hacer que esos efectos que hay ahora mismo sean lo menor posible. Para ello hay que tomar una actitud definida para cambiar la
situación, corregir los desequilibrios, máxime cuando España ahora ocupa la presidencia de la Unión Europea. Un fármaco para ser desarrollado necesita aproximadamente 500 millones de dólares solamente para su investigación y desarrollo. El que sea
tan caro el desarrollo de fármacos hace que si no hay un beneficio en el mercado las empresas se retraigan a la hora de invertir.
Hay una serie de incentivos que tenemos que favorecer para que haya esa inversión: las patentes, las deducciones
fiscales, las subvenciones de I+D. Hay que buscar ese equilibrio entre capacidad, inversiones y la integración de fondos públicos y privados para la investigación de este tipo de fármacos. Se ha dado un paso importante -es solamente un paso- en
Qatar, en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, al hacer un tratamiento de la APIC, ese acuerdo de protección de patentes, copyright y marcas, para tener en cuenta la situación de los países pobres. En Qatar se ha hecho una lectura
flexible del acuerdo diciendo que no se puede impedir que los gobiernos adopten medidas para proteger la salud pública promoviendo el acceso a medicamentos. Se ha avanzado también en la flexibilidad para conceder licencias obligatorias o a terceros
sin necesidad de que haya un consentimiento de los titulares de las patentes porque se reconoce a los países algo sensato: el derecho a declarar una emergencia sanitaria. Esa contraposición patentes versus pacientes o esa contraposición del
derecho a la vida frente al derecho al beneficio de las industrias privadas tiene que ser afrontada exclusivamente desde un lado, tiene que pesar -y así lo ve nuestro grupo-, en el tema de los pacientes, el derecho a la vida frente a lo otro y las
industrias farmacéuticas tendrán que formar parte de esa solución.
Después de dar este paso, que es cualitativamente importante, nos encontramos ya con la presidencia española de la Unión Europea y ahí se podría llevar a cabo alguna medida. Alguna de esas medidas quizá no tienen cabida en esta Comisión,
por ejemplo, que haya precios asequibles para acceder a medicamentos esenciales. Fíjense que con algunas actuaciones positivas hemos bajado del precio de 3.000 dólares, que es lo que costaba un antirretroviral para el tratamiento del sida, a 475
dólares, que es lo que cuesta ahora un genérico; es decir, que para acceder a esos medicamentos esenciales sí se pueden tener precios asequibles potenciando los genéricos, que sería el segundo aspecto, tanto la fabricación como la comercialización.
Para ello es necesario un tercer aspecto: que haya una transferencia de tecnología a países en vías de desarrollo para que puedan fabricar esos genéricos. Otro elemento, como las medidas fiscales, que he tocado aquí de pasada, tendrán que tenerse
en cuenta. No obstante esta Comisión sí puede hacer algo que tiene que ver con la investigación, puede hacer una acción especial para que nuestro país investigue este tipo de fármacos o de tratamientos. La Unión Europea va a poner en
funcionamiento una plataforma de ensayos clínicos -estamos absolutamente de acuerdo-, se lo pregunté a la ministra en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea y me contestó afirmativamente. También la pedí un cierto compromiso
para que apoyara -si se puede entender así- que el Grupo Popular, que es mayoritario, votara lo que estamos proponiendo hoy aquí, que es que nuestro país pueda invertir dinero para diseñar, para sintetizar fármacos o llevar a cabo procedimientos que
tengan que ver con vacunas y que permitan mejorar la situación desde el sector público, corrigiendo los desequilibrios que crea el sector privado en estos aspectos concretos. Como tenemos una masa crítica de investigadores que pueden llevar a cabo
esta actuación, que fuera una realidad en esta presidencia española de la Unión Europea y que, por tanto, se abriera una acción especial dentro del Plan Nacional de I+D+I.
No voy a entrar en más detalles. El propio secretario general respondió a la pregunta formulada en Comisión que le parecía razonable y posible, me dijo que ya se invertían unos 121 millones de pesetas para estos temas, no sé en cuántas
anualidades, pero de forma dispersa dentro de la Administración. Me consta también que se va a crear o se ha creado por orden ministerial un centro de enfermedades tropicales dependiente del Instituto de Salud Carlos III, pero, desde el punto de
vista de la investigación, los expertos piden al sector
público que financie la I+D de fármacos y esa petición que están realizando los expertos la podemos cumplir desde aquí.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que aceptamos en todos sus términos porque completa -no tengo inconveniente en decirlo- la iniciativa del Grupo Socialista porque añade, por ejemplo, la
participación del fondo de investigaciones sanitarias, el FIS y contiene una redacción del segundo punto que compartimos.
Adelanto la posición de mi grupo: pedimos el voto favorable y aceptamos en sus términos la enmienda que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha presentado a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Doy por defendida en sus propios términos la enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Dolores Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: Efectivamente, reciben el calificativo de olvidadas las enfermedades tropicales infecciosas, nutricionales o de carácter hereditario que afectan de forma predominante a los países subdesarrollados y que producen
cerca de quince millones de muertes al año en el mundo.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene siempre abiertas líneas de cooperación y colaboración para ayudar a estos países a salir de la situación de pobreza, que es el origen de muchas de estas patologías.
El Gobierno está tomando medidas para impulsar la investigación sobre el tratamiento de las pandemias o enfermedades que entran en la categoría de olvidadas, y lo está haciendo, como es lógico, en el marco del vigente Plan Nacional de I+D+I, a cuyo
cargo se han venido financiando proyectos de investigación sobre esas y otras enfermedades. A través de diferentes ministerios, las medidas que se están llevando a cabo en este sentido son abundantes. Con respecto a la investigación de
enfermedades infecciosas, así como de enfermedades poco frecuentes, se consideran prioritarias en el ámbito de la biomedicina en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, traduciéndose esto, por tanto, en una priorización de las mismas en las
convocatorias del fondo de investigación sanitaria.
Desde el año 2000, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, participa económicamente en el programa de investigación y entrenamiento en enfermedades tropicales de la OMS y dispone, además, de una unidad
de investigación en enfermedades tropicales y salud internacional. Asimismo, está en estudio la creación de un centro de medicina tropical.
El Ministerio de Sanidad y Consumo participa también en los siguientes programas de cooperación internacional sanitaria. En primer lugar, el centro de control de endemias de Guinea Ecuatorial. Desde hace once años el Instituto de Salud
Carlos III lleva a cabo los programas de control del paludismo y sida en Guinea, financiados todos por la Agencia Española de Cooperación Internacional y por la Unión Europea. En paralelo, y con subvención del Instituto de Salud Carlos III, existen
proyectos propios realizados por investigadores del mismo instituto que dan apoyo científico-técnico a cada uno de los programas de cooperación de la AECI.
Por petición de esta última, el Instituto de Salud Carlos III ha formulado un proyecto para
crear el centro de control de endemias de Guinea Ecuatorial que actuará como laboratorio de salud pública para aquel país. La subvención solicitada es de 325 millones por año por un período de cuatro y está en fase de evaluación por las autoridades
guineanas y por la AECI. Las actividades de este proyecto se orientarán a las siguientes patologías: paludismo, sida, tuberculosis, enfermedad del sueño, ceguera de los ríos, infecciones respiratorias agudas, diarreas y enfermedades de transmisión
sexual. Los componentes de actuación serán: microbiología, epidemiología y educación sanitaria. Como tal centro, la puesta en funcionamiento es inminente, es decir, que en esta misma primavera comenzará sus trabajos.
Dentro de las actividades del observatorio de enfermedades infecciosas del Magreb, el Instituto de Salud Carlos III ha formulado a la AECI la ficha de identificación para crear un centro relacionado con las enfermedades infecciosas ligadas
al desplazamiento de poblaciones y a la emigración.
Este preproyecto ha sido aprobado y se va a comenzar la redacción de la memoria definitiva sobre una base de 85 millones al año; tendrá su sede en el hospital español de Tánger y se espera que
esté operativo antes del verano del presente año. La Unión Europea está poniendo en marcha, además, la plataforma europea para ensayos clínicos para las enfermedades ligadas a la pobreza, fundamentalmente vacunas y nuevos medicamentos en relación
con paludismo, tuberculosis y sida. Por ser estas tres enfermedades las más prevalentes y con especial incidencia en África, esta plataforma actuará casi monográficamente en las tres enfermedades y en la zona subsahariana. Para apoyar este
proyecto se prevé una dotación de la Unión Europea de aproximadamente 1.600.000 euros, con comienzo en el año 2003. Mientras se pone en marcha y se organiza se ha pedido a la Unión Europea una medida acompañante de 1,2 millones de euros para hacer
el catálogo de productos I+D que puedan ser candidatos para pasar a las fases II y III de los ensayos, así como la relación de centros europeos establecidos en África, donde pueden ser llevados a cabo dichos ensayos.
Esta medida acompañante ha sido
redactada por
España que actúa como secretaria y coordinadora de la medida.
En cuanto a los medicamentos esenciales para países menos avanzados, durante los últimos años se ha realizado una gran movilización para mejorar el acceso de los países más desfavorecidos a estos medicamentos.
El Ministerio de Sanidad y
Consumo ha tomado parte de este movimiento y desde enero de 1999 participa en la campaña europea Saber donar; campaña a favor del acceso y donaciones apropiadas de medicamentos, junto con distintas instituciones y organismos nacionales e
internacionales. El objetivo principal de esta campaña es difundir las directrices de donaciones de medicamentos aprobadas por la OMS y otras organizaciones internacionales en 1996, actualizada y revisada la última de ellas en 1999.
El Instituto de Salud Carlos III, a través del departamento de salud internacional, realizó en el año 2000 una asesoría a la OMS para adatar materiales educativos sobre la gestión del suministro de medicamentos en la estrategia de atención
integral de enfermedades prevalentes en la infancia. En diciembre de 2001 el mismo instituto, a través de la unidad de investigación en medicina tropical, ha sido propuesto para realizar una evaluación de un proyecto del Banco Interamericano de
Desarrollo. En concreto, se evaluará el suministro de medicamentos dentro de la reforma del sistema sanitario que se está realizando en la República Dominicana.
Actualmente, la unidad de investigación de medicina tropical del Instituto Carlos III
está en trámite de abrir una línea de investigación dirigida a mejorar la adherencia y, por tanto, el acceso a la población inmigrante de España a los tratamientos contra la tuberculosis. Con respecto a este mismo tema, el 27 de noviembre de 2001
se aprobó una proposición no de ley en esta misma Cámara sobre estos extremos. La escuela nacional de salud pública oferta desde el año 1999 un curso sobre uso racional del medicamento en el ámbito de la cooperación internacional en el que
participan expertos nacionales e internacionales y donde se trata de crear un foro de debate y discusión sobre el acceso a los medicamentos esenciales en el contexto internacional.
Todo esfuerzo que se realice para paliar el efecto de todas las enfermedades que afectan especialmente a los países poco desarrollado es sólo plenamente fructífero si se lleva a cabo en un esfuerzo coordinado dentro del contexto
internacional. Uno de estos foros de especial importancia es la Organización Mundial del Comercio. Así, la solución que se propuso en el marco de la OMC en Doha fue la de reafirmar el compromiso de los países desarrollados de ofrecer a sus
empresas e instituciones incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países poco favorecidos para, de este modo, ir haciendo frente a las enfermedades que en muchos casos están arrasando en estos países.
Señorías, cabe recordar la propuesta realizada por el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard, según la cual los países más desarrollados podrían comprometerse a comprar de las empresas que producen vacunas para enfermedades como la
malaria u otras enfermedades tropicales a un precio determinado por unidad de vacuna. Las empresas farmacéuticas llevarían a cabo la labor de investigación en coordinación con institutos científicos o universidades y tendrían el necesario incentivo
económico. En esta línea algo está cambiando en cuanto a la modificación en su actitud de algunas multinacionales que han decidido aportar ayudas financieras, distribuir fármacos gratuitamente y facilitar el uso de genéricos.
Quiero resaltar aquí, señorías -porque fue una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y rechazada por todos los grupos-, que en julio de 2001 se celebró en Nueva York una sesión especial de la Asamblea General de Naciones
Unidas cuyo resultado fue una declaración de compromiso en la que se apoyó la creación de un fondo global de lucha contra el sida, tuberculosis y malaria. El Gobierno español ha apoyado desde el primer momento la creación de este fondo
participando, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el grupo de trabajo interministerial de seguimiento de la constitución de dicho fondo con la participación de diversos ministerios y con el fin de determinar las modalidades de la
participación española. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía durante la reunión del comité de desarrollo del Banco Mundial ha expresado la disposición del Gobierno español a aportar 50 millones de dólares para la lucha
contra estas enfermedades, en concreto el sida, en los países pobres.
Consideramos que se están llevando a cabo importantes campañas de cooperación y financiación de proyectos en el sentido que plantea la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, por lo que mi grupo no va a apoyar esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky, para marcar posición.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero aceptar formalmente las dos enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, como dije antes, ya que son muy claras.
La primera se añade a lo que nosotros planteábamos de que participe también el fondo de
investigación sanitaria y propone crear en el año 2002 un programa específico de investigación sobre enfermedades olvidadas. Quizá no se haya tenido en cuenta cuando se plantea en esta Comisión que, aparte de tratarse en Qatar, Doha, estamos
hablando de hacer algo en investigación que coordine y que cuente con los fondos adicionales para ello. Decimos sí a los puntos uno y dos, porque completa, lo que nosotros afirmábamos en el segundo punto de nuestra proposición no de ley:
desarróllese la reunión de Qatar, pongámonos a favor de la vida sin dejar a nadie fuera, teniendo presente que las industrias
farmacéuticas también pueden formar parte de la solución.
La proposición no de ley nos parece adecuada y es una oportunidad perdida el que se rechace y se deje mal al secretario general de Política Científica que contestó aquí y a la propia ministra que comentó que debíamos hablar al respeto. Esto
de mirarse el ombligo continuamente por parte del Grupo Popular le lleva a esta Comisión a no alcanzar acuerdos.
En la Comisión de Educación en la que acabo de intervenir -y lo digo como anécdota- he conseguido incluso una transacción sobre El
Quijote. Fíjense ustedes, con el revuelo que hubo hemos conseguido una transacción entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, con la aquiescencia de Convergència i Unió, sobre El Quijote y la conmemoración. Y aquí sobre un programa específico
de investigación no se llega a un acuerdo por mirarse el ombligo y por mantener una posición que me parece absolutamente numantina. ¡Ustedes sabrán lo que hacen! Me parece ridículo que no se pueda votar esto a favor. En esta Comisión no se quiere
colaborar. Es una posición razonable y razonada. Estamos gastando el 40 por ciento -cuatro de cada diez pesetas- de los presupuestos de investigación en gastos militares y parece que un programa específico con una acción especial en el que, a mi
modo de ver, están de acuerdo todos los grupos, no se va a aprobar porque el Grupo Popular sigue mirándose el ombligo. Lamento, una vez más, que se pierda esta oportunidad cuando las cifras muestran bien a las claras la situación dramática en
muchos países. Mientras aquí estamos debatiendo estas cosas, tenemos que saber que cada día están muriendo 3.000 niños y niñas menores de cinco años en el África subsahariana por la malaria. Hay cincuenta mil ejemplos. Lamento profundamente que
el Grupo Popular se cierre en banda. Agradezco la colaboración del Grupo de Convergència i Unió a quien aceptó sus enmiendas.
- SOBRE LA SITUACIÓN DE XFERA MÓVILES, S.A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001145.)
- SOBRELA SITUACIÓN DE XFERA MÓVILES, S.A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001146.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la acumulación de los puntos siete y ocho, sobre la situación de Xfera Móviles, S.A.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Francisca Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, esta proposición no de ley que trajo a la Cámara mi grupo el 18 de diciembre ante la presentación de un expediente de regulación de empleo de Xfera Móviles ante el Ministerio de Trabajo nos preocupa
y veremos en el debate cómo otras fuerzas políticas lo han planteado también.
Sus señorías saben que tras el concurso de las cuatro licencias para proporcionar el servicio de telefonía móvil, de lo que se llama tercera generación -también nominado como UMTS-, Xfera Móviles es el cuarto operador que obtuvo esa licencia
en España. El problema que se ha producido en toda la Unión Europea del retraso tecnológico del UMTS se ha agravado por dos circunstancias. En primer lugar, por la extrema rigidez con que se diseñó el concurso en nuestro país, y en segundo lugar,
porque Xfera es el único de los cuatro operadores que sólo tiene licencia para operar en los servicios de tercera generación.
¿Qué ocurre? La situación es grave porque es la crónica de lo que podríamos llamar una situación anunciada. El 21 de enero se firmó el expediente de regulación de empleo. De los 580 empleados de lo que en ese momento disponía Xfera hoy le
quedan 180. Sólo un ejemplo: en el área técnica -una de las más importantes- de contar con 300 empleados, actualmente quedan 50. En ese acuerdo -hay que decirlo- los empleados se han acogido a la posibilidad de retornar a la empresa en un
porcentaje del 75 por ciento.
Señorías, las circunstancias han cambiado respecto a la proposición no de ley que presentamos a finales del año pasado puesto que se ha producido la firma del expediente de regulación del empleo. En consecuencia, hemos presentado una
autoenmienda a esta proposición no de ley, pues ya no podemos reclamar al Ministerio de Trabajo que se resuelva el expediente porque ya está resuelto. Como digo, el acuerdo se firmó el 21 de enero, pero el problema es de mucha trascendencia para el
proyecto empresarial del cuarto operador, que está bloqueado, y por los efectos negativos que tiene el retraso de las inversiones comprometidas, tanto para el proyecto de I+D+I como para el colectivo de trabajadores. En ese sentido lamentamos la
inhibición del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a pesar de detectar que a principios del año 2000 se iba a producir un parón tecnológico y a pesar de las propuestas de Xfera para buscar una solución transitoria, lo único que ha hecho es
reconocer con una declaración formal que se produciría el retraso tecnológico de aplazarlo un año más, hasta el 1 de junio del año en curso. A mi grupo le preocupa la envergadura del problema. Disponemos del borrador del proyecto de resolución que
está planteando el Ministerio de Ciencia y Tecnología con los operadores, en el que se fijan los criterios de aplicación para la implantación del servicio UMTS. Creemos que es importante abordarlo aquí porque este borrador deja muy claras dos
conclusiones. En primer lugar, que para el 1.º de junio de 2002 habrá un desarrollo suficiente de infraestructuras de red y de terminales para pruebas;
consecuentemente ya se anuncia que no habrá una nueva prórroga. Por tanto habría que plantearse cuál es el futuro de Xfera puesto que no hay previsiones de un nuevo retraso tecnológico. Mi grupo propone una nueva actuación que puede contar
con el apoyo de todos los grupos y finalmente podamos buscar una solución para el cuarto operador, tanto como proyecto empresarial como para resolver la situación de los trabajadores. En ese sentido -creemos que este borrador es el segundo y está
fechado el 20 de febrero-, lamentamos que haya un borrador de fecha 20 de febrero circulando entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los operadores y que el expediente de regulación de empleo se firmase el 21 de enero. Hay menos de un mes de
diferencia. Hubiera sido mejor establecer una coordinación real entre el Ministerio de Trabajo y el de Ciencia y Tecnología y que se hubiera afrontado la situación de otra manera. No obstante, vamos a ser positivos; hay que buscar una solución
para el proyecto empresarial y para los trabajadores de Xfera. Nuestra proposición no de ley con la autoenmienda, mantiene el primer punto de la proposición no de ley en el sentido de que dentro de ese marco legal vigente, el Ministerio de Ciencia
y Tecnología tome todas las medidas necesarias, tanto legales como de intermediación entre los operadores, con el único fin de que Xfera móviles pueda operar en el mercado de comunicaciones de forma viable con la mayor brevedad. Respecto al segundo
punto, pedimos que Xfera se ponga las pilas. Si no hay previsión de un nuevo retraso tecnológico, ya que según parece vamos a disponer de infraestructura de red y posiblemente el mercado va a estar en condiciones de suministrar por lo menos esos
cinco modelos de terminales hacia el año 2003, debe ponerse las pilas, readmitir a los trabajadores, seguir desplegando red y por tanto invirtiendo en la red propia. En ese sentido, en el segundo punto solicitamos sustituir la paralización del ERE
por la petición de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología exija a Xfera móviles, SA, el cumplimiento de las obligaciones de inversión, y por supuesto de contratación, que venían impuestas en el pliego del concurso público por el que se le otorgó
la licencia. Pidiendo al Ministerio esa intermediación, esa facultad para buscar salidas transitorias a Xfera y por otra parte con la exigencia por parte del Ministerio a Xfera de -permítanme la frase- de que se ponga las pilas, podemos resolver lo
que mi grupo entiende que es fundamental, no sólo la viabilidad económica de este proyecto empresarial que es el cuarto operador, sino algo muy importante, el avance tecnológico. Si no tira de ese carro el cuarto operador, que la única licencia que
tiene es la de tercera generación de telefonía móvil, posiblemente el resto de los operadores quieran seguir amortizando la segunda generación y media y el avance tecnológico sea más lento. Esto preocupa a mi grupo y al resto de los grupos, por lo
que espero que podamos llegar a un acuerdo y buscar una solución viable para este proyecto empresarial y para los trabajadores de Xfera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Antero Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Simplemente quiero explicar las dos enmiendas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha hecho a esta proposición de ley tras la negociación del expediente de regulación de empleo de esta
empresa. Como ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -no me quiero repetir porque de alguna forma coincidimos- el problema ha sido la desidia que ha habido por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la hora de defender
un proyecto empresarial y unos puestos de trabajo. En ese sentido, cuando se plantee por parte del Grupo Parlamentario Popular aceptaremos, lo que puede ser una enmienda transaccional, porque creemos que como mínimo dejará abierta la solución a los
posibles problemas que se planteen a partir de junio, cuando se acabe el actual expediente de regulación. Cualquier propuesta positiva, como la que se puede plantear con esa enmienda transaccional, dejará las puertas abiertas para el seguimiento
que necesita este proyecto empresarial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, los grupos parlamentarios que me han precedido han puesto de relieve la importancia de intentar dar hoy en esta sesión un mensaje positivo, con la mirada puesta en trabajadores que ven peligrar su puesto de
trabajo, con la mirada puesta también en lo que era un proyecto empresarial -se decía antes por parte de la señora Pleguezuelos-que debe activar ese proyecto empresarial, debe buscar una salida que permita que en un momento en el que la telefonía
móvil de tercera generación, de la cual Xfera era una de las empresas que resultó adjudicataria, con una tecnología, UMTS, que está teniendo unos retrasos que obligan a cada una de las empresas adjudicatarias a replantear parte de sus inversiones,
pero no a un replanteamiento que lleve a una pérdida importante de puestos de trabajo que nosotros no deseamos. Y en aras a no desear ese planteamiento, que quizás no daría otra salida a Xfera, nuestra enmienda intenta buscar salidas que ayuden a
ese proyecto empresarial y con ello ayuden también a los trabajadores que prestan allí su actividad, muchos de los cuales tienen grandes esperanzas en lo que puede ser en un futuro esa telefonía móvil de tercera generación. Por tanto, en nuestra
enmienda pedimos que el Gobierno se ponga las pilas, en el sentido de agilizar la implantación de los operadores virtuales de telefonía móvil, de agilizar la implantación de operadores
virtuales de telefonía móvil que si viniera acompañada de la implantación de un sistema de itinerancia permitiría una mejor cobertura en todo el territorio del Estado y permitiría también a los proyectos empresariales vinculados a esa
itinerancia y a esa implantación de los operadores virtuales de telefonía móvil una mejor salida y unas mejores posibilidades de futuro. También pedimos expresamente que esa normativa reguladora de los operadores virtuales de telefonía móvil se
concrete de alguna forma para permitir a Xfera Móviles, S.A, iniciar su actividad comercial de un modo económicamente viable.
Esta es una enmienda que planteamos y sabemos que va a ser objeto de una transacción que nos va a presentar el Grupo Popular. Ya adelanto que mi grupo se congratula de que las enmiendas presentadas puedan servir al final para la aprobación
hoy en este Congreso de los Diputados de una proposición no de ley que pueda dar un mensaje de esperanza y de futuro para Xfera y para los trabajadores que están allí realizando su actividad. Creo que con el texto que se nos va a proponer no
cerramos la puerta sino que abrimos horizontes de futuro, y sobre todo vinculamos también ese proyecto empresarial a lo que puede ser la implantación de esos operadores virtuales de telefonía móvil.
En ese ánimo y con la intención de que salga algo positivo del debate de hoy, mi grupo ha presentado esta enmienda, se congratula de que la misma pueda servir también de transacción y que al final podamos aprobar unas proposiciones no de ley
en este Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: La cuestión de Xfera, para la que tenemos pedida una comparecencia de la ministra, demuestra cómo las urgencias que hubo en su momento para conceder las licencias b 2, las licencias de telefonía móvil de tercera
generación no eran tales. En aquel momento ya era previsible la existencia de un retraso en la puesta en marcha de esta tecnología, y por tanto que problemas como el que ahora estamos intentando no resolver pero al menos poner en vías de solución,
se iban a producir. Declaraciones de la señora Birulés, en el sentido de que Xfera, que es la única de las adjudicatarias de licencias b 2 que no tenía ni licencia GSM ni GPRS iba a ser la locomotora de la UMTS de la tercera generación,
infelizmente en este momento no se están cumpliendo.
El 31 de enero, como ya se ha dicho, el Ministerio de Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo presentado por Xfera y que afecta a un promedio del 75 por ciento de la plantilla. En el caso de la delegación de A Coruña, si mis
datos no me fallan este porcentaje se eleva casi al 90 por ciento, sólo queda el director en la delegación; una plantilla, y también creo hay que reseñalarlo, que en su inmensa mayoría está integrada por hombres y mujeres jóvenes, con una alta
cualificación profesional, que ahora quedan en unas difíciles condiciones y en una situación realmente complicada para buscar empleo, precisamente por la contracción del mercado de las telecomunicaciones. Estas dificultades se producen sobre todo
para aquellos jóvenes de Galicia o de otros lugares del Estado, sobre todo distintos de Madrid y de Barcelona, que muy probablemente van a tener que dirigirse a estas ciudades o al extranjero para buscar trabajo.
Ya se señaló antes que el proyecto empresarial de Xfera, el proyecto empresarial de tercera generación no puede contemplarse a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Quizás por eso a este diputado le extrañe que ascendiendo la masa
salarial de Xfera a 5.000 millones de pesetas, suponiendo que el ahorro representado por el expediente de regulación de empleo no llega a los 3.000 millones de pesetas, me parece que estas cantidades no pueden poner en cuestión un proyecto de esta
magnitud; desde luego no son cantidades que puedan poner en causa la continuidad de Xfera como empresa y como proyecto empresarial.
Podríamos seguir hablando de la temeridad de Xfera, en el sentido de que hizo depender su modelo de negocio de una hipotética concesión de una licencia GSM, pero en realidad lo que está afectando a la continuidad de la empresa es, como
también ya se ha señalado, la inhibición, la desidia, la inactividad del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta inactividad, que no es nada nuevo, no tanto en temas de telecomunicaciones como en materia de investigación, quizás esté en la base de
una noticia que apareció en los medios de comunicación relativa a una remodelación ministerial que alcanzaría a la señora Birulés. ¿En qué se concreta esta inactividad? Se concreta en no exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de las
adjudicatarias de licencias de UMTS, obligaciones asumidas después no de una subasta sino de un concurso -Xfera pagó 29.000 millones de pesetas por una licencia que en otros Estados ascendió a cifras diez veces mayor-, pero estas prórrogas que
pueden estar justificadas por el retraso en la disponibilidad de la tecnología necesaria, desde luego no se adoptaron con las cautelas precisas para asegurar las inversiones en el despliegue de la red y desde luego con las cautelas necesarias para
mantener el empleo; obligaciones y compromisos en materia de empleo que también habían sido asumidos.
Nos encontramos el 20 de febrero con un borrador de resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en el que de forma encubierta se acuerda una nueva prórroga; digo de forma encubierta porque
no se establece, como se hizo anteriormente, una prórroga con término determinado, el anterior fue hasta el 1.º de junio de 2002, sino que se dice que las obligaciones de las adjudicatarias de licencias b 2 deben comenzar a cumplirse prácticamente
todas en materia de empleo, en el término de dos meses a contar desde que por parte del ministerio se constate la existencia de más de cinco terminales de UMTS en el mercado. Es decir, un término incierto que si actuamos con buena fe
podríamos fijarlo en comienzos del año 2003. La negativa de la ministra a conceder a Xfera una licencia GSM no debe ocultar que Xfera tiene ya un acuerdo con Vodafone de routing, de itinerancia que le permite seguir operando. Por otra parte, deben
exigirse obligaciones de implantación referentes al despliegue de la red con todas las ayudas y con toda la flexibilidad que sea necesaria.
Con estas condiciones y con la preocupación de mantener el empleo y de mantenerlo allí donde se creó, en nuestro caso en Galicia, y que jóvenes gallegos con alta cualificación no tengan que ir a otros lugares del Estado para emplearse en el
sector de las telecomunicaciones, vamos a apoyar las proposiciones no de ley y dependiendo de sus términos la transacción propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Juan Carlos): En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero dejar bien claro que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya está adoptando todas y cada una de las iniciativas necesarias que en función del estado de
la tecnología disponible puedan favorecer el desarrollo, el despegue de los operadores de UMTS en el marco del más estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de telecomunicaciones. Esto no es una afirmación gratuita, sino que la
quiero documentar explicando en primer lugar que -como bien saben sus SS.
SS.- por resolución del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de fecha 26 de julio de 2001, tras consulta pública al efecto quedó
prorrogado por un período de diez meses el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio UMTS, fijándose como nueva fecha la del 1.º de junio de 2002.
Desde esta fecha la Administración ha venido efectuando un
seguimiento continuo de la evolución de la tecnología UMTS a través de los grupos de trabajo internacionales de normalización y en reuniones periódicas con los fabricantes. Las previsiones del estado de desarrollo de la tecnología UMTS obtenidas en
este proceso de consultas indican que al 1.º de junio de 2002 existirá un desarrollo suficiente de red y terminales para pruebas y una ausencia total de terminales comerciales cuya disponibilidad se retrasará a finales de 2002 o comienzo de 2003.
Esta situación tecnológica, unida al hecho incuestionable de la necesidad de disponer de un período para pruebas técnicas de las redes, no aconsejan desde el punto de vista técnico, económico ni administrativo un nuevo emplazamiento de las
obligaciones de implantación del servicio UMTS. En segundo lugar, en lo referente al ámbito de posibles expectativas de negocio -alternativas para Xfera en el momento actual-, se señala que como alegaciones presentadas en trámite de audiencia al
proyecto de resolución por la cual se prorrogó el plazo para la iniciación de la presentación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación, UMTS, Xfera móviles, S. A. en escrito de 3 de julio de 2001 plantea la necesidad de disponer
de espectro radioeléctrico en las bandas de 900 a 1.800 megahercios para la prestación de servicios GSM y GPRS y que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información adopte las medidas necesarias al efecto.
La posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a esta asignación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del espectro radioeléctrico adicional en las bandas de 900 a 1.800 megahercios, al que ya tiene reservado Xfera móviles, S.
A., en la banda de 1.900 a 2.100 megahercios, ha sido en todo momento la del cumplimiento estricto de la normativa vigente. La Ley general de Telecomunicaciones, tanto en sus artículos 20 y 21, como en el artículo 63, establece que cuando los
recursos disponibles de espectro radioeléctrico sean inferiores a las necesidades reales del mismo en el procedimiento de adjudicación, se hará de manera selectiva a través de un proceso de licitación para la adjudicación de licencias, procedimiento
que se fijará en el correspondiente pliego.
Por su parte, la orden ministerial de 9 de marzo de 2000, por la que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley general de Telecomunicaciones en lo relativo al dominio público radioeléctrico, fija en su artículo 30 que la concesión
demanial se otorga afecta a una licencia, previendo que cuando haya limitación se otorgará en los términos que se fijen en el pliego anexo a la correspondiente licencia.
Asimismo, la orden ministerial de licencias, de 22 de septiembre de 1998, en
su artículo 10 establece que las frecuencias y las licencias se otorgarán conjuntamente según lo establecido en el pliego correspondiente. Dentro de los contactos habituales que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene regularmente y que efectúa
con todos los agentes implicados en el servicio de telefonía móvil con vistas a la elaboración de una regulación acorde con las necesidades del servicio y que satisfaga las crecientes necesidades de los usuarios, Xfera móviles, S. A. ha sido
informada directamente y a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de los proyectos de normativa referente a la posibilidad de efectuar itinerancia nacional con otros operadores que disponen de red de
telefonía móvil ya desplegada.
Corresponde en última instancia a la propia Xfera móviles, S. A. adoptar autónoma e independientemente las medidas que considere más adecuadas para sus intereses sin que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología
proceda sugerir medidas, acuerdos o contactos con ningún otro operador sin perjuicio de
fijar y controlar la aplicación del marco general regulatorio. No se trata sólo de eso, sino también de buscar soluciones. Por ello y en tercer lugar, a fecha de hoy se encuentra muy avanzada la tramitación de la orden reguladora de
operadores móviles virtuales, norma que va a permitir la obtención a cualquier operador de una licencia individual para la prestación de servicio de telefonía móvil automática sin necesidad de disponer del espectro radioeléctrico, mediante acuerdos
con otros operadores de telecomunicaciones que sí tengan licencia para el uso del espectro, punto que dará viabilidad a Xfera móviles, S. A.
Señor presidente, señorías, como muy bien se ha dicho por parte de los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, se trata de dar un mensaje positivo, se trata de conseguir que este proyecto empresarial y sobre todo
laboral, porque no olvidemos que tiene una implicación muy importante de todos los trabajadores, tenga la viabilidad que estamos demandando desde los grupos, respetando el cumplimiento estricto de la normativa que se debe exigir a todo el mundo, y
por supuesto a las empresas. Como se trata de dar un mensaje positivo, el Grupo Parlamentario Popular, estimaba que no era correcto el mensaje que se había transmitido en la presentación de esta proposición no de ley y proponemos una enmienda
transaccional. Me consta el sentido positivo y la manera de ver con cierto agrado esta transaccional que estamos poniendo sobre la mesa, yo creo que va a ser apoyada por todos los grupos para clarificar y poner negro sobre blanco qué piensan todos
los grupos del Congreso de los Diputados y dar nuestra opinión sobre un tema de tanta importancia como el que estamos hablando.
En definitiva, señor presidente, paso a leer el texto transaccional, que sería el siguiente:'
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La aprobación, a la mayor brevedad posible, de la normativa reguladora de operadores móviles virtuales para aumentar el grado de competencia en el mercado.
2. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones técnicas y en la oferta presentada por Xfera móviles, S. A. dentro del marco regulatorio vigente.'
Ahora haré llegar el texto a la presidencia. Como he dicho antes, nos consta la buena voluntad de todos los grupos para llegar a un acuerdo; agradecemos ese sentido positivo que vamos a transmitir por parte de los grupos parlamentarios y
en nombre del Grupo Parlamentario Popular queremos dejar bien claro y poner de manifiesto que aunque ya se ha estado trabajando desde el momento que he citado en mi intervención hasta el día de hoy, lo que abunda no daña y una proposición no de ley
con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios será positiva para que este proyecto vaya adelante.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar, mi grupo está dispuesto a aceptar la enmienda de CiU en su literalidad. Aunque en el primer punto no se concretan cada una de las actuaciones, regular los operadores virtuales de telefonía
móvil nos parece una magnífica solución y si además, se concreta en los términos de la transaccional del PP, puede ser afortunada.
En segundo lugar, creo que la propuesta transaccional del Partido Popular podría dejar la puerta abierta a buscar soluciones, tanto respecto a los operadores virtuales de telefonía móvil como a que Xfera se ponga las pilas, como yo decía
antes. Lo que pasa es que las pilas también se las tiene que poner el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque las que usa no deben ser Duracell y no le duran casi nada.
Señorías, termino, y haría una recomendación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre todo para que podamos tomárnoslo en serio, y es que se coordine con el resto de los ministerios, porque en una respuesta parlamentaria al compañero del
Grupo Mixto, señor Aymerich, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 8 de febrero, hablando del expediente de regulación de Xfera, le decía que estaba en período de consulta y negociación con la empresa, cuando el expediente de regulación estaba
firmado con fecha 21 de enero. Por favor, coordínense porque en otro caso no podremos creer que busquemos soluciones nunca para Xfera ni para nadie.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Como he dicho en mi anterior intervención, creemos que la enmienda transaccional que plantea el Partido Popular deja abierta la esperanza y la posibilidad de seguir abordando la cuestión desde la propia
Xfera y desde el Ministerio. Por tanto, estaríamos de acuerdo con esa enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Dentro de cinco minutos iniciaremos la sesión con las votaciones. (Pausa.)
Vamos a empezar la votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, votaremos el punto 1.º del orden del día, sobre becas de investigación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del punto 5.º del orden del día, proposición no de ley, relativa a la investigación sobre enfermedades olvidadas, con la enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar las acumuladas de los puntos 8.º y 9.º, proposición no de ley sobre la situación de Xfera móviles, S. A., con la transacción del Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias y se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta y cinco minutos de la mañana.