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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 427, de 26/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 427
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 49
celebrada el martes, 26 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana), para que informe de los motivos, conocidas sus declaraciones, por los que ha propuesto, de acuerdo con las previsiones del artículo 5.1 del Real
Decreto 367/2001, de 4 de abril, a don Mikel Azurmendi presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000847.) ... (Página
13798)
- Del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana), para informar sobre el desarrollo de la política de convenios de inmigración con diversos Estados. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) (Número de expediente 212/000868.) ... (Página 13817)
- Del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana), para informar de las actuaciones previstas para canalizar el flujo migratorio proveniente de Argentina. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 212/886.) ... (Página 13817)
- Del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana), para que explique su posición acerca de las actuaciones anunciadas contra familias de menores extranjeros que delincan. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 212/000890.) ... (Página 13828)
- Del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey), para que explique la situación en la que se encuentran el medio millar de inmigrantes africanos que permanecen en la sala de llegadas del antiguo edificio del
aeropuerto de Fuerteventura, y dé cuenta de las actuaciones a llevar a cabo por dicho Ministerio para solventar la actual situación. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000611.) ...
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA), PARA QUE INFORME DE LOS MOTIVOS, CONOCIDAS SUS DECLARACIONES, POR LOS QUE HA PROPUESTO, DE ACUERDO CON LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 5.1 DEL REAL
DECRETO 367/2001, DE 4 DE ABRIL, A DON MIKEL AZURMENDI PRESIDENTE DEL FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/000847)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Buenos días. Comenzamos la sesión de la Comisión de Justicia e Interior de acuerdo con el orden del día, que se ajusta a lo que viene siendo el prototipo de esta Comisión: un orden del día denso
y extenso. Por tanto, ruego la colaboración de los señores portavoces para que podamos cumplirlo de la mejor manera posible.
El primero de los puntos es la solicitud hecha por el Grupo Parlamentario Socialista para que comparezca el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración -al que damos los buenos días- para que informe de los motivos, conocidas
sus declaraciones, por los que ha propuesto, de acuerdo con las previsiones del artículo 5.1 del Real Decreto 367/2001, de 4 de abril, a don Mikel Azurmendi presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Me voy a referir a la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista para que informe de los motivos, conocidas sus
declaraciones, por los que ha propuesto, de acuerdo con las previsiones del artículo 5.1 del Real Decreto 367/2001, de 4 de abril, a don Mikel Azurmendi presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Independientemente de las declaraciones a que se refiere el planteamiento de la pregunta, que no sé cuáles pueden ser (imagino que se refiere a las declaraciones del señor Azurmendi, no a las mías; la redacción puede inducir a duda), el
señor Azurmendi fue propuesto al amparo, como dice el texto de la propia solicitud de comparecencia, del artículo 5.1, es decir, a propuesta de este delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, y nombrado por el titular del Ministerio
del Interior, en este caso el señor vicepresidente primero y ministro del Interior. Este nombramiento se formalizó por Orden ministerial el día 19 de noviembre de 2001 y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de noviembre,
indicándose, como es lógico, en la publicación los recursos susceptibles de ser interpuestos contra dicho nombramiento, sin que se haya interpuesto recurso alguno.
La propuesta que yo elevé al señor vicepresidente del Gobierno responde al perfil del señor Azurmendi, licenciado en filosofía por la Universidad de la Sorbona, doctor en filosofía por la Universidad del País
Vasco, donde ejerce como profesor de antropología social. Del año 2000 al año 2001 fue profesor visitante de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Tiene numerosas publicaciones -monografías, artículos-, todas ellas relacionadas con la
antropología social y con temas relativos, dentro del concepto de su disciplina, con las identidades culturales. Igualmente, de forma reciente publicó un libro, que él tituló Estampas de El Ejido, donde se hace un estudio antropológico y
sociológico de los movimientos migratorios hacia Almería, primero de los movimientos migratorios internos, de los propios españoles, y después de los movimientos migratorios desde terceros países. La formación en antropología social del señor
Azurmendi (por otro lado hombre públicamente definido como luchador por la libertad, luchador por los principios de los valores y las normas de convivencia que se consagran en nuestra Constitución), así como su talante abierto -consecuencia de su
propia actividad como profesor-, su capacidad de establecimiento de diálogos y su talante para coordinar el trabajo de grupos humanos, unido al hecho, por ejemplo, de demostrar ese claro compromiso y defensa de los derechos humanos, como es el
premio de la Convivencia dado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, es lo que nos llevó a decidir que efectivamente era la persona más apropiada en esta tercera época del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y así se hizo, al amparo
del artículo que antes les mencionaba, el 5.1, formalizándose, insisto, su nombramiento el día 19 de noviembre.
Eso es todo por mi parte, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, proponente de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor Fernández-Miranda, el señor Azurmendi ha recurrido para referirse a la inmigración a nuestra experiencia histórica reciente afirmando -cito literalmente- que en los años 1976, 1977 y un poco más adelante España
se transforma radicalmente porque hace una operación de lavado personal. Los que antes estaban excluidos, que eran los rojos y los separatistas -es textual- se incluyen en la sociedad para dar lugar al pluralismo y a la descentralización.
¿Comparte usted en la forma y en el fondo semejante afirmación? ¿Expresa también su forma de entender la integración social de los inmigrantes?
El Grupo Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia en la Cámara para que explique los motivos que le llevaron a proponer el nombramiento de don Mikel Azurmendi como presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Como todos sabemos y usted nos ha recordado, en virtud del real-decreto por el que se regula el foro el nombramiento le corresponde al ministro del Interior a propuesta del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. De ahí que
entendamos que es a usted, ya que fue quien lo propuso, a quien le corresponde ofrecer explicaciones, pero también asumir las responsabilidades derivadas de este nombramiento más allá de ese currículum que nos ha ofrecido. Porque apenas tres meses
después se ha puesto a las claras y de manera reiterada, quizá salvo para usted mismo, lo desafortunado de esta elección; quizá lo que usted ha pretendido es lisa y llanamente que el foro no funcionase.
Durante estos días estamos asistiendo a un intento (que ya no dudo deliberado y al que usted, como no podía ser de otro modo, se ha sumado de manera entusiasta), por enturbiar el debate público en nuestro país por medio de generalizaciones y
dramatizaciones interesadas que no se corresponden con la realidad y que, no lo dude, hacen un grave daño al mantenimiento de un clima de convivencia en nuestro país. Sin embargo, a sus manifestaciones me referiré más adelante, señor
Fernández-Miranda.
Ahora le sigo pidiendo responsabilidades por el nombramiento del señor Azurmendi.
Voy a comenzar por lo más pintoresco. ¿A usted le parece de recibo que el presidente del foro para la integración pida ayuda a los senadores para cobrar las dietas que al parecer su delegación le adeuda? No tiene importancia, tan sólo
trato de poner de relieve el tono de una intervención en el Senado que, francamente, causa sonrojo ajeno.
Señor Fernández-Miranda, no ha podido usted equivocarse más con esta elección. No se trata de valorar las aportaciones intelectuales del señor Azurmendi, todas respetables aunque discutibles; se trata de examinar su actitud para presidir
el foro, y en este ámbito le aseguro que usted ha cometido un error de bulto, uno más en su haber, y ya son demasiados.
En sus primeras manifestaciones, el señor Azurmendi arremetió a la vez contra el primer partido de la oposición, contra las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos y contra las organizaciones sociales, con las que precisamente
debe trabajar en el seno del foro.
Crispación y tensiones. Ya no está usted solo, señor Fernández-Miranda. Y ahora, cuando se le piden explicaciones, lleva a cabo una comparecencia lamentable en el Senado, plagada de improvisaciones y desde luego
dando muestras de que ha sido incapaz de entender que ocupa una responsabilidad pública, cobre o no cobre por ello, y que por esa condición está obligado a dar cuenta de sus actos. ¿Conoce usted esta comparecencia? ¿La comparte? Le ruego que me
responda a estas preguntas y que no se escabulla. Díganos si está de acuerdo con la intervención en el Senado de la persona que usted ha propuesto para su nombramiento. En definitiva, señor delegado del Gobierno, el señor Azurmendi no es la
persona apropiada, no cuenta con la prudencia ni con la capacidad de diálogo para dirigir el foro para la Integración, en el que fundamentalmente se necesita trabajar intensamente, aunar voluntades y
aproximar posiciones entre administraciones y organizaciones sociales. A eso precisamente no se ha dedicado durante estos tres meses. Por tanto, le reitero una demanda que ya he formulado públicamente y que, de no ser resuelta, debatiremos
en la Cámara, puesto que el Grupo Socialista ha presentado una iniciativa a este efecto. Proponga usted el cese inmediato de Azurmendi como presidente del foro, es lo menos que puede hacer quien propuso su nombramiento. No bata usted su propio
récord, no añada algo más a su reconocida torpeza; la torpeza que significaría hacerle permanecer un segundo más en una responsabilidad para la que no tiene cualidades.
Ustedes han desatado estos días un debate ficticio, que le adelanto puede tener efectos muy negativos para el asentamiento en nuestro país de una cultura de la convivencia. Lo más grave es que se trata de un debate nominal, que no es real,
que no pertenece a lo que sienten y piensan los ciudadanos, se lo aseguro, un debate que no está en la calle. Se han empecinado en contraponer multiculturalidad e integración, cuando la versión de la mayoría ciudadana viene a identificar ambos
conceptos y, además, en un sentido positivo, pluralista. No caigamos en las trampas que nos tiende el lenguaje. Ustedes hablan de lo que no sucede sino de manera tangencial y me temo que algunos se aprovechan de esta polémica para estigmatizar la
imagen pública del inmigrante. No es poca la responsabilidad que contraen. Nada que ver con la ablación del clítoris, con la amputación de manos o con las lapidaciones, con las que usted, de manera irresponsable, trató de confundirnos hace unos
días. Se han inventado ustedes un debate que tan solo unos pocos tienen en la cabeza.
Usted, señor Fernández-Miranda, ha intentado manipular la veracidad del debate en lugar de contribuir de forma sensata a encauzarlo de la manera más adecuada, tal y como corresponde a quien tiene la responsabilidad de la inmigración en este
país. ¿Quién no puede estar de acuerdo en que se cumpla la Constitución y se aplique el Código Penal? ¿Por qué pontifica sobre lo obvio? ¿Por qué da tantas muestras de aversión a la diversidad? No es ya sólo la oposición; del propio señor Fraga
le ha venido un rechazo contundente, y no a las formas, sino al fondo; al fondo que usted ha intentado vendernos, embarcado en labores de agitación y propaganda.
Mire usted bien su réplica, porque debe de caer en la cuenta de que la respuestas que nos ofrezca también se habrán de aplicar al presidente-fundador de su propio partido.
Señor Fernández-Miranda, ¿sabe de dónde proviene su mayor desmentido, la más certera prueba de que usted se ha comportado de manera oportunista, de que ha terciado en el debate al modo de los jugadores de ventaja, que ha intentado torcer,
incluso falsear la realidad para llevar el agua a su molino, todo esto en franca dejación de las responsabilidades que le atañen como delegado del Gobierno? Su mayor desmentido procede de usted mismo, de las páginas 19 y 46 del plan GRECO. Aquí lo
tengo, por si tenemos que echarle un ojito. En el GRECO se habla de convivencia multicultural, y no una vez, sino dos. Incluso planteándola como un objetivo educativo. ¿En qué quedamos entonces, señor Fernández-Miranda? ¿Cuál es la doctrina que
usted mantiene, la del plan GRECO o la que ha venido defendiendo en su desdichada intervención televisiva? O una o la otra. Por tanto, tiene que dar cuenta de tamaña contradicción.
Sin embargo, no es de multiculturalidad de lo que hemos venido aquí a hablar, ni tampoco es la razón de haber solicitado su comparecencia.
Señor Fernández-Miranda, se lo digo con respeto personal, pero con toda la firmeza política: usted
está desautorizado para seguir ocupando una responsabilidad como es la de dirigir la política migratoria en España.
Su gestión se ha convertido en una catarata de despropósitos, que en lugar de resolver los problemas tan sólo ha contribuido a
agravarlos, cuando no a crearlos. Allí donde existe un mensaje que dramatizar, una tensión que agitar, allí se apresura usted a hacerse presente para cumplir, en primera línea de playa, con este papel. Y, mientras, nuestro país carece de política
de inmigración.
Usted ha cosechado un estrepitoso fracaso en cuanto a los controles fronterizos y de flujos migratorios. Ya no tiene a quién echarle la culpa de que se incrementen las llegadas de inmigrantes irregulares. No se ponga más en ridículo, no
intente hacer responsables a los demás de su propia incapacidad. La realidad le ha dado una lección y su reforma ha sido sencillamente inútil, como ya le advertíamos. Pero es que ahora, tras haber abandonado por completo la puesta en marcha de
políticas reales de integración, usted mismo se permite dar lecciones sobre integración. Y además lo hace de manera escasamente responsable, intentando sacar partido, mezclando debates, intentando generalizar experiencias que son tan reprobables
como minoritarias.
Señor Fernández-Miranda, probablemente sea usted el responsable político más desautorizado de la historia de la democracia española. Su ministro le desautorizó poniendo fin a la Operación Ecuador, aquella famosa ocurrencia sobre la que su
autor, o sea, usted mismo, no ha vuelto a decir nada más. También en relación con su llamamiento a los alcaldes para quebrantar la legislación local. Y lo ha vuelto a desautorizar en otras oportunidades, como en el caso de su aval a la delirante
propuesta del delegado del Gobierno en Melilla sobre menores, que usted corrió presuroso a avalar. ¿A qué espera usted, señor Fernández-Miranda, para entender las señales de la superioridad? Facilítele las cosas a su propio ministro, a los
ciudadanos españoles y a los inmigrantes, no castigue en mayor medida su maltrecha dignidad política, deje voluntariamente y cuanto antes su propia responsabilidad. Señor Fernández-Miranda, le estoy pidiendo la dimisión.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Seré breve porque creo que no es necesario argumentar demasiado para suscitar una cosa que está muy clara.
Nosotros solicitamos -de primeras se lo digo- el cese del actual presidente del foro para la
integración, don Mikel Azurmendi. Es verdad que tiene la libertad de pensar lo que considere oportuno -todo el mundo tenemos la libertad de pensar lo que estimemos oportuno- en esta materia y en cualquier otra. Lo que no parece razonable es que
con el pensamiento que continuamente nos está obsequiando el señor Azurmendi pueda ser la persona más adecuada para dirigir un foro creado para propiciar la integración de los inmigrantes y velar por sus derechos en una sociedad democrática regida
por el Estado de derecho.
La lectura de las declaraciones hechas en el Senado -su transcripción es muy ilustrativa- es significativa, desprendiéndose de ellas, como aquí se ha dicho, que existe una cierta contradicción entre las declaraciones del señor Azurmendi y
los documentos oficiales que usted y los responsables políticos han elaborado a lo largo de estos años, especialmente, como ha señalado la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en lo relativo al Plan GRECO. Señor Fernández-Miranda,
decir que el multiculturalismo es una gangrena de la sociedad democrática, decir que el problema de la inmigración es muy parecido al que tiene el País Vasco, esto es, la desintegración de una sociedad porque en democracia no sabemos cómo resolver
un determinado tipo de problema, llamémoslo nacionalismo, separatismo o terrorismo, decir, algo que no era conforme a la Ley 8/2000, que eso era un intento de armar un cirio constitucional y desprestigiar a todo el mundo de una manera poco
constructiva, respecto de determinadas posiciones que son absolutamente legítimas, no me parece que sean los mejores valores para dirigir este foro. Es evidente que ni tan siquiera responde al objetivo que se pretende: integrar a los inmigrantes.
Independientemente de su currículum, que usted nos ha leído, no responde a estas ideas y lo que está claro es que esta persona no es apta para dirigir un foro que tiene estos objetivos. Ahora bien, si lo que ustedes pretenden es que el foro tenga
unos objetivos totalmente distintos, es decir, que no propugne la integración, sino la desintegración, o que no propugne el multiculturalismo, sino que haya una cultura única y que las demás no sean ni respetables ni respetadas, esa es otra
historia, pero entonces ustedes lo tendrán que decir.
Esta es la primera ocasión que se nos presenta para hablar de este tema.
Ustedes de oficio tendrían que cesar al presidente del foro, puesto que no responde a los intereses del mismo -también tendremos que hablar mucho del foro, pero hoy
hemos venido a hablar de esta otra cuestión- y, si no fuera así, nosotros hemos presentado una iniciativa, una proposición no de ley, en la que instamos al Congreso a que se pronuncie sobre esta materia y pida el cese.
Señor Fernández-Miranda, he señalado tres de las muchas declaraciones que hizo en el Senado el señor Azurmendi, todas ellas bastante curiosas, porque hablar a la oposición de progresía averiada o del apartheid como una cuestión de defensa
del multiculturalismo es algo bastante bonito y no deja de ser curioso leer la transcripción entera. En cualquier caso, señor Fernández-Miranda, todos somos libres de decir lo que pensamos, nos guste más o nos guste menos, pero lo no podemos
consentir es que las declaraciones de una persona que se dedica a la integración lleven a la desintegración. Esto no es admisible y usted, que es el responsable, tendrá que hacer algo y en función de ello nosotros tendremos que decidir sobre
nuestra actuación respecto a su responsabilidad política a la hora de los nombramientos y a la del Gobierno. Usted ha dicho que el señor Azurmendi es un gran defensor de la libertades y supongo que tendrá motivos para decir eso, puesto que le ha
defendido a lo largo de toda su trayectoria política, pero me gustaría saber qué piensa de ese defensor de las libertades en relación con su actuación de hace 30 años y ya sabe a lo que me estoy refiriendo.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor delegado del Gobierno para la Inmigración, gracias por su presencia en esta Comisión para abordar un asunto que le confieso de antemano me resulta extraordinariamente desagradable. Por talante personal,
odio los argumentos ad hóminem y me gusta moverme en el terreno de las valoraciones políticas; sin embargo, teniendo en cuenta el punto primero del orden del día, hoy me va a ser muy difícil huir o bordear las valoraciones personales, puesto que
estamos hablando del mantenimiento en su cargo de una persona concreta.
Dice el punto 1 del artículo 5 que se deberá elegir al presidente del foro entre personas de reconocido prestigio en el campo de la extranjería y la inmigración. Usted nos ha dicho que esta persona tenía un perfil que les pareció adecuado,
acorde con el escueto requisito del punto 1 del artículo 5 que he mencionado. En realidad, usted se ha referido más bien a su currículum; en lo académico nadie le pone tachas. Posteriormente nos lo ha definido como un gran defensor de los valores
democráticos; ahí debo discrepar de las valoraciones que se hacen, porque no lo ha sido en toda su trayectoria -todos conocemos la referencia que ha hecho la señora Lasagabaster, que es parte de su currículum personal- ni incluso en tiempos
recientes, por mucho que haya sido premiado por meritorias asociaciones que me
merecen todo el cariño y el respeto. Sin embargo, desde la perspectiva personal y desde la perspectiva de la formación política a la que represento, el señor Azurmendi pertenece a un tipo de ciudadanos que más que hacer algo por aunar
voluntades dentro de la sociedad vasca hacen lo posible por dividirla. Si la situación de la violencia resulta dramática, si todos nos ponemos de acuerdo en condenar la violencia ejercida por ETA -y en esto todos podremos estar de acuerdo-, no hay
por qué exponer otro tipo de opiniones -en las que el señor Azurmendi es absolutamente experto- como la descalificación no sólo de la violencia etarra sino de todo el nacionalismo, incluidos los nacionalismos democráticos.
Normalmente, cuando se
elige a una persona para un cargo suele ser porque se le considera capaz y porque tiene una cierta afinidad con la formación política que en ese momento está gobernando, con la que tiene la capacidad de propuesta y de nombramiento. En este caso,
puesto que no milita en el Partido Popular, habrá que pensar que lo que le identificaba al señor Azurmendi con los valores que encarna el Partido Popular no es otra cosa que su abierta hostilidad -manifestada en los últimos tiempos constantemente,
repito, intentando dividir a la sociedad vasca- al nacionalismo democrático gobernante en el país vasco. Decir, como ha dicho recientemente, que renunciaba a utilizar el euskera porque ETA suele utilizar esta lengua en sus comunicados, es como si
se despreciase el castellano -hermosísima lengua, por cierto- simplemente porque Franco o Pinochet se expresaron en ella. Permítame que le diga que es una auténtica estupidez que obraba en el conocido currículum de los hallazgos del señor Azurmendi
en los últimos tiempos.
Desde que se le ha nombrado, no ha hecho más que meterse en charco tras charco en los que de paso les introduce a ustedes -al Gobierno-, desde El Ejido -con publicación incluida-, hasta declaraciones sobre la ablación de clítoris, su
conocida comparecencia en el Senado, a la que se ha referido tanto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como la portavoz de Eusko Alkartasuna, hablar del multiculturalismo en unos términos absolutamente contrarios a lo que dice el Plan
GRECO, que calificaba el multiculturalismo de virtuoso. Parece ser que no conoce sobradamente el eje o la base de lo que ha de ser el plan que debe aplicar como presidente del foro para el que ha sido elegido.
Se me podría manifestar que perteneciendo como pertenezco a una formación política que hace oposición, cuanto peor desempeñan sus cargos quienes los ostentan, mejor porque nos da más ocasión para realizar una crítica, pero señor delegado,
tratándose del puesto y de la materia de que se trata, en la que existe tan extraordinaria sensibilidad y respecto de la que tantos retos tiene en este momento la sociedad española en su conjunto, me parece que es un tremendo error seguir
manteniendo a una persona tan extraordinariamente polémica, tan poco adecuada para ese puesto, por lo que mi formación política también le pide que reconsideren la valoración que han hecho del señor Azurmendi y, por favor, césenlo.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Fernández-Miranda, nosotros esperamos de esta comparecencia el cese fulminante del señor Azurmendi; cese fulminante por sus declaraciones en abstracto y por sus declaraciones con respecto a la función
concreta que desempeña, ya que no se corresponden con esa función. Consideramos que usted y el Gobierno tienen que tener los reflejos suficientes, aquí en sede parlamentaria, para anunciar ese cese fulminante, porque no se podría entender otra
situación, señor Fernández-Miranda. Si su discurso va en otra dirección, en una dirección justificativa y de poner paños calientes a declaraciones directísimamente inaceptables, que no concuerdan ni con la Constitución ni con la historia de este
país, nosotros también nos sumaríamos a la petición de su dimisión, señor Fernández-Miranda, por este tema y por algunos más con respecto al siguiente punto del orden del día, sobre el que intentaré extenderme. El tema de fondo que sintetiza
nuestra posición es que ustedes, en el seno de una mal entendida política de inmigración, con el andamiaje jurídico de la Ley de Inmigración 8/2000, están directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, alentando la xenofobia.
Este es el
problema de fondo para nosotros, señor Fernández-Miranda.
Ustedes alientan la xenofobia con declaraciones, con anuncio de medidas y con una serie de cuestiones que le puedo sintetizar a través de las declaraciones del señor Azurmendi, pero también
a través de otro tipo de declaraciones. Por ejemplo, cuando conectan el pañuelo de una niña en un colegio con la ablación del clítoris, intentando mantener en la misma dirección, en la misma secuencia ideológica, dos temas absolutamente diferentes,
por ese aliento que ustedes conceden a la xenofobia como política general. Se lo dije en otra ocasión, da la impresión de que ustedes intentan extrapolar a toda España el modelo de El Ejido.
Desde el ayuntamiento de El Ejido se ha conseguido convertir en votos un aumento serio del racismo y este tema se ha convertido, en función de la posición del ayuntamiento, de su alcalde o de medios de comunicación directamente controlados
por él, en un ejemplo para ustedes a la hora de aplicar una política de inmigración. A la inversa, alguno de ustedes, o algunos medios de comunicación que parecen muy interesados en este tipo de campañas, (una madre intenta vender a su hija, una
posición que no se puede aceptar desde ningún punto de vista) han intentando confundir un delito con una posición cultural, como si fuese una
posición cultural que choca con las costumbres españolas. Hay un límite que ustedes no se han molestado ni siquiera en marcar, el límite es la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay ningún otro límite, el
límite es la Constitución y todo el bloque legal que supone. Por tanto, esto es un delito y no se puede hablar, en el marco de este presunto delito, de interculturalidad o de que hay que integrar en el sentido de asumir, cambiando todo lo que haya
que cambiar para superar esta situación que para ustedes es una especie de enfermedad. La misma Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, a través de su portavoz en Almería, ha dicho que esto es un delito, incluso parece que puede
presentarse como acusación particular, y su portavoz nacional también ha dicho que es un delito y no un tema cultural, que no es un tema de la interculturalidad que pueden aportar a este país que es muy positiva.
Se ha producido otro desfile de declaraciones de altos cargos del Gobierno del Partido Popular -que usted conoce tan bien como yo- que evidencia ese intento de lanzar un espíritu xenófobo, con gran apoyo de los medios de comunicación
oficiales. Se trata de un rechazo frontal a la España plural y diversa que se ha ido configurando en las últimas décadas. Por ejemplo, la ministra de Educación y Cultura entiende que los de fuera deben adaptarse. Lo dice así, simplemente, sin más
explicación. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entiende que es lo mismo un pañuelo cubriendo el cabello de una niña que la ablación del clítoris, al menos lo pone en la misma secuencia a la hora de hablar, no establece ninguna diferencia;
de una cosa se pasa a la otra, no establece diferencia entre lo que es un atentado a los derechos humanos y lo que es un simple efecto de una cultura diferente que, por cierto, en algunos aspectos se parece mucho a la nuestra en esto del pañuelo.
De todas formas, señor Fernández-Miranda, nuestra propia historia no aparece en sus declaraciones, en la posición que ustedes están teniendo. La operación de limpieza étnica que llevaron a cabo las coronas de Castilla y Aragón en los albores del
nacimiento del Estado español no han sido obstáculo para que España se haya ido revelando a lo largo de los dos pasados siglos como pluricultural y plurilingüe. Esta España pluricultural debiera situarnos en una línea de salida privilegiada para
asumir la pluralidad adicional de la inmigración. España -y en sus palabras resuena cada vez más una especie de posición consonante con un rancio nacionalismo español, señor Fernández-Miranda- ya no va a ser nunca la España blanca, católica y
heterosexual, únicamente castellano parlante. Eso ya no es posible, mucho menos teniendo en cuenta cómo está el mundo y la existencia de nómadas desde hace mucho tiempo, y ahora de manera mucho más clara; los nómadas de siempre, la gente que se
busca la vida, que va de una parte a otra, que va del Tercer Mundo al Primer Mundo. Ese no es un problema, como usted ha dicho a veces -por cierto, corrigiéndose a sí mismo-, sino que es un fenómeno, y un fenómeno positivo. Usted vuelve
constantemente a la idea del problema, del problema a solucionar, del problema a reprimir, de la necesidad de fronteras firmes, no permeables, y de la necesidad de salvaguardar esta especie de nacionalismo español. Esto ya no es posible, señor
Fernández-Miranda, somos blancos, mestizos, negros, amarillos y gitanos; somos católicos, agnósticos, ateos y musulmanes, somos heterosexuales, bisexuales y homosexuales. Ya no es posible esa uniformidad que se desprende de las alegaciones
constantes que ustedes esgrimen, señor Fernández-Miranda, no es posible ni deseable. Vamos hacia una situación de mestizaje en la que hay que tener una visión muy abierta, en sintonía con la matriz de todo esto, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos una situación económica y social que ha generado este flujo tremendo de nómadas, que en el próximo periodo va a seguir aumentando, y una gran diversidad que no está de paso, sino que ha venido para quedarse. En algunos casos esta
diversidad ha nacido ya en España: los hijos e hijas de inmigrantes que van a tener una futura nacionalidad española, en el caso de que no la hayan alcanzado ya.
Desde ese punto de vista, incluso desde el punto de vista pragmático, señor Fernández-Miranda, cabría añadir que la inmigración es para España una fuente de soluciones y de riqueza, aunque nosotros no lo veamos así desde el punto de vista
del corto plazo. Para nosotros la inmigración es positiva por estas consideraciones económicas directas a corto plazo, pero es también un fenómeno positivo en sus propios términos. Todos los habitantes del planeta tienen derecho a buscar una vida
mejor, un futuro digno para sus hijos, y cuando esto no es posible en casa, la búsqueda debe continuarse legítimamente fuera, máxime cuando no se puede producir en la casa en función de esa explotación desigual que en estos momentos recibe el nombre
de globalización financiera.
Sea como fuere, señor Fernández-Miranda, estamos ante un fenómeno que no es coyuntural ni monocultural. A partir de ahí hay que entender este mestizaje, esta convivencia sinérgica de varias culturas, lenguas y religiones, lo cual, desde una
percepción democrática de la situación, no debiera llevarnos más a hablar de nosotros y de ellos y a seguir aplicando -como después veremos- una ley de inmigración que no puede sustentar este nombre, porque es una ley de orden público, una ley
eminentemente policial, de represión; una ley que -se ha visto en Almería últimamente- ni da solución a los sin papeles ni tampoco les da los papeles, con lo cual genera una bolsa de trabajo desregulada, que sigue trabajando en estos territorios
siempre por debajo del salario de convenio y sin ningún tipo de condiciones sociales.
Por tanto, señor Fernández-Miranda, corresponde decir que los límites son la Constitución y los derechos
humanos y que no se puede confundir el delito con la cultura que se intenta respetar. Se intenta integrar en lo posible respetando la esencia misma de esa cultura complementaria, distinta, pero que será también la nuestra cuando se produzca
la imbricación de todo el mestizaje. No se pueden seguir haciendo declaraciones como las que se vienen haciendo, muchas de la cuales han suscitado su comparecencia hoy aquí, como iremos viendo. Su política, lo sepan o no lo sepan, señor
Fernández-Miranda, alienta la xenofobia. No sé si debajo de esto está también esa posición -que se ha visto en algún otro sitio que he citado anteriormente- de convertir esa creación de xenofobia en intereses electorales.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Creo recordar que, en una primera intervención del ministro del Interior, señor Rajoy, en esta Comisión se apeló al sentido común a la hora de enfocar todas las cuestiones relacionadas con las políticas
inmigración. Sin embargo, es evidente que, en el nombramiento del señor Azurmendi, ha faltado sentido común. Mi grupo tuvo dudas sobre la idoneidad de ese nombramiento. Tuve ocasión de leer el libro que el señor Azurmendi publicó hace unos
cuantos meses en relación a los gravísimos incidentes de El Ejido y de la lectura de ese libro se podía deducir que el conocimiento y la visión que tenía el señor Azurmendi de la realidad inmigratoria en España, y más específicamente de los
conflictos en Almería, no eran los más acertados. Además, el pasado del señor Azurmendi, que nuestras colegas del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna nos han recordado, también nos indicaba que quizá no era el suyo el perfil más
idóneo. Posteriormente, sus primeras declaraciones minimizando la dimensión de los problemas relacionados con la ablación causaron también una profunda preocupación.
Esos hechos podían confirmar las dudas iniciales que tenía nuestro grupo, pero es evidente que a lo largo de estos últimos días lo que se ha puesto de manifiesto no es tanto una discrepancia respecto a las cuestiones de fondo que el señor
Azurmendi ha manifestado, que creo que desde las opciones democráticas y previstas en nuestro ordenamiento vigente difícilmente puedan ser compartidas, sino que más allá de las cuestiones de fondo lo que cuesta es entender cuál debe ser el papel del
presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Al entender de Convergència i Unió, quien preside ese foro no puede ser un agitador ni un intelectual, -existen otras personas que, quizá, deban jugar ese papel-; no puede ser un
provocador, no puede ser un fustigador de la oposición en los debates parlamentarios. El presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes debe ser alguien que trabaje para el consenso con el conjunto de la sociedad, con el diálogo
con las fuerzas políticas de la oposición, con el diálogo con el conjunto de las administraciones, con el diálogo con la sociedad civil, que apueste por la empatía; por la empatía del conjunto de los ciudadanos del Estado español y también por la
empatía con los ciudadanos que llegan de otras partes del mundo, alguien que en su discurso público y político pretenda hacer alrededor del fenómeno inmigratorio pedagogía social. Sin embargo, es evidente que el señor Azurmendi no ha hecho todo
eso. Se ha agitado, se ha provocado y se ha fustigado; en sus discursos, en sus papeles, en sus artículos, no hemos visto una apuesta por el consenso, el diálogo, la empatía y la pedagogía. Eso no es bueno; no es bueno para el señor Azurmendi,
no es bueno para el Gobierno del Estado español y no es bueno para el conjunto de la sociedad.
El señor Alcaraz ha planteado un debate muy interesante, que merecería abordarse con mucha tranquilidad. Coincido con él en una cuestión: con este debate no estamos creando las condiciones objetivas, como ha sucedido en el resto de Europa,
para que discursos xenófobos y racistas no encuentren eco. La sociedad española es una sociedad relativamente joven a la hora de abordar la gestión de un fenómeno complejo y difícil como es el inmigratorio, y lo que exige una sociedad como la
española de todos los responsables políticos, de todos aquéllos que ayudamos a conformar el discurso público alrededor de la inmigración, es no excitar, no buscar el aplauso fácil, no buscar la provocación, no tener la ocurrencia; cuando lo que
prima es el simplismo, la ocurrencia, el debate fácil, no ayuda absolutamente en nada.
Hoy nuestro grupo va a evitar pedir el cese del señor Azurmendi, pero sí pedimos al Gobierno que valore, de verdad, si toda esta situación está sirviendo para algo, si está siendo útil para los objetivos que el foro tiene y para los
objetivos que a medio y largo plazo el conjunto de fuerzas políticas y sociales debemos compartir, que es el de saber construir una sociedad en la que buena parte de sus ciudadanos llegará a incorporarse a la misma desde culturas y valores que
pueden ser compartidos por las culturas y los valores que conviven en el Estado español. Ésta es la cuestión de fondo. Nos parece que el señor Azurmendi no ayuda a ese buen hacer que creo que nos convendría.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con toda brevedad porque, a tenor de lo que ha sido el planteamiento de la solicitud de comparecencia por el grupo proponente de la misma, hemos podido llegar a la conclusión, desde la posición de
nuestro grupo político, de
que en realidad al grupo proponente le importaba muy poco hablar del objeto por el cual se requería la comparecencia del señor Fernández-Miranda y que interesaba mucho más realizar, como se ha realizado, una magnífica colección de dobles
exabruptos: exabruptos conceptuales y exabruptos personales. Exabrupto conceptual es, sin lugar a duda, decir que el señor Fernández-Miranda protagoniza, participa y alienta un intento deliberado por turbiar el debate público en nuestro país con
el único objetivo de poner en riesgo la convivencia; un exabrupto conceptual monumental es señalar que por este Gobierno, y desde luego con la participación entusiasta -así se ha dicho- del señor Fernández-Miranda, hay un intento manifiesto de
contraponer multiculturalidad e integración; un exabrupto conceptual es decir que este Gobierno y el señor Fernández-Miranda pretenden, sobre todo y ante todo, estigmatizar la imagen pública de los inmigrantes; un exabrupto conceptual es señalar
que este Gobierno y el señor Fernández-Miranda, como gestor y protagonista principal de esa convicción, no pretenden sino dar muestras conscientes de reiterada animadversión hacia la diversidad, y un exabrupto conceptual, por quedarme ahí y no
seguir haciendo la prolija relación de muchas de las cuestiones que he tomado literalmente, es concluir que este Gobierno carece completamente de política de inmigración.
En los términos de la segunda colección de exabruptos, los personales, hemos escuchado, por ejemplo, expresiones como la reconocida torpeza del señor Fernández-Miranda; hemos escuchado expresiones como que es usted el personaje más
desautorizado de la democracia; hemos escuchado cómo se le dice que usted se pone constantemente en ridículo; como exabrupto también personal, hemos escuchado una referencia a que usted castiga permanentemente su maltrecha dignidad política. Y
así, un suma y sigue que, al final, nos permite concluir que todo esto no tenía más objeto que reiterar el ya conocido exordio de lugares comunes, mezclados con exabruptos conceptuales inaceptables y exabruptos personales cuanto menos poco
elegantes, con los que nos viene obsequiando el principal partido de la oposición. Eso sí, y lamento decirlo, en términos no de exabruptos personales, porque en eso creo que ha sido infinitamente más cortés, pero sí en términos de exabruptos
conceptuales, con alguna aportación del señor Alcaraz, como decir que este Gobierno lo que pretende conscientemente es alentar la xenofobia por intereses electorales o que por este Gobierno hay un rechazo frontal a la España plural y diversa.
Si a la suma de exabruptos conceptuales y personales ponemos la sal de la propia contradicción del discurso del grupo proponente, probablemente ya esté todo dicho. Al invocar el grupo proponente de la comparecencia el Plan GRECO, afirmando
que uno de los vértices esenciales del Plan GRECO es precisamente el del cuidado de la multiculturalidad, parece que el grupo proponente piensa que el Plan GRECO lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español o ha venido llovido de Marte y no este
Gobierno; frente a las críticas constantes y reiteradas que ha habido por parte del Grupo Parlamentario Socialista respecto a lo que significa este Plan GRECO, que entre otras cosas, como se ha dicho esta mañana aquí, es una apuesta clarísima del
Gobierno por la multiculturalidad, por la integración, por la convivencia y por el respeto a la diferencia, si uno suma lo que esta mañana ha escuchado, exabruptos conceptuales más exabruptos personales más contradicción, llega a una conclusión. Yo
no quiero formular esta conclusión en palabras mías, sino en palabras literales de la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha imputado al Gobierno y al señor Fernández-Miranda toda una catarata de despropósitos, y yo creo que lo
que hemos escuchado esta mañana de momento es toda una catarata de despropósitos. La señora portavoz del Grupo Socialista ha imputado al Gobierno y al señor Fernández-Miranda puras y estrictas -cito literalmente- labores de agitación y propaganda;
yo creo que lo que hemos escuchado esta mañana del grupo proponente es nada más que una mera estrategia de labor de agitación y de propaganda, que me parece además lamentable. Lo digo sinceramente, porque desde nuestro punto de vista evidencia la
carencia de argumentos y alternativas por parte del principal partido de la oposición. Yo creo que hoy se ha venido aquí a formular una catarata de despropósitos precisamente para tratar de manifestar un intento desesperado por que no note esa
falta de alternativas y de argumentos y, al final, en el discurso del principal partido de la oposición (que tiene mucho que decir y que es muy importante que diga muchas cosas y cosas muy serias en una materia tan especial como esta, porque afecta
a una auténtica política de Estado), en vez de escuchar cosas serias y razonables y alternativas, hemos visto tan sólo una labor de agitación y de propaganda.
Por eso, como recordaba algún señor interviniente, creo que la recordada apelación al sentido común hecha en su momento por el señor vicepresidente primero del Gobierno sigue siendo, visto el discurso de algunos, una necesidad imperiosa.
Frente a ese discurso hoy de agitación y propaganda, frente a esa catarata de despropósitos, frente a esa suma de exabruptos conceptuales y de exabruptos personales, nosotros no vamos a pedir, como ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista, el
cese del señor Fernández-Miranda, nosotros le vamos a pedir al señor Fernández-Miranda, porque sabemos que esa es la política del Gobierno, a pesar de los exabruptos conceptuales, a pesar de los exabruptos personales, a pesar de la catarata de
despropósitos, a pesar de las labores de agitación y de propaganda que hemos podido hoy escuchar del principal partido de la oposición, que continúe en su objetivo de prudencia, de capacidad de diálogo, de voluntad de acercar posiciones, que haga
oídos sordos y que siga ejerciendo una política de Estado
y una tarea de Estado con voluntad de concordar, porque nosotros nunca diremos que vamos a ser más que nadie, pero desde luego menos que nadie tampoco, en la voluntad de hacer esa España plural, esa España multicultural, esa España de la
integración y esa España de la convivencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro, gracias por su intervención, me evita tener que explicar yo... (La señora Blanco Terán: Sí, desde luego, ni agradecido ni
pagado.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Blanco, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Sí, ahora mismo me callo.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): ...El conjunto de lindezas que por lo visto van a estar trufadas en esta caso por intervenciones de SS.SS., ese rosario de insultos en
ocasiones, pero ya se sabe, señor Gil Lázaro -no se preocupe-, que, cuando los argumentos flaquean, los insultos crecen como setas. Por tanto, en este camino avanzamos.
Se lo agradezco, porque, no sé si por la timidez que me caracteriza, me da hasta vergüenza ajena tener que discutir ante este tipo de definiciones, y se lo agradezco también porque es reconfortante cuando el grupo parlamentario que apoya al
Gobierno -los grupos parlamentarios que con mayoría absoluta apoyan a los gobiernos- apoya, en el nivel que le corresponde, como portavoz adjunto del grupo parlamentario, mi situación como delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
Con respecto a la intervención de la señora Rumí -y espero ir contestando una a una a todas las intervenciones y afirmaciones, así como a todo aquello a lo que haya que contraponerse, o que haya que refutar o discutir-, más allá del juicio
sumarísimo que me ha montado desde la simpatía personal como la que me regala desde hace meses, quiero empezar por decirle que no estoy de acuerdo con su valoración de lo que suena, no sólo desde el Partido Socialista sino también desde otras
instancias, y desde una actitud de profunda irritación que no acabo de entender a una especie de caza de brujas hacia el señor Azurmendi, por razones bien diversas e incluso con alguna sorpresa que ha habido aquí esta mañana. El señor Azurmendi,
que tiene indiscutiblemente una serie de cualidades desde el punto de vista profesional e intelecutal -se ha llegado a decir aquí que el que tenga características intelectuales defendibles es un inconveniente para presidir el foro, lo que me ha
sobresaltado, aunque espero que no se haya notado-, ha estado, entre otras cosas, conviviendo durante dos años en Almería con los primeros colonos españoles que llegaron desde Castilla, Extremadura y otras partes de España, en los años cincuenta y
sesenta y con los inmigrantes de ahora, fundamentalmente con ciudadanos marroquíes en situación irregular. Ha estado empapándose de la cultura de los primeros y de la cultura de los últimos que allí han llegado para hacer crecer aquella tierra y
explotarla desde el punto de vista agrícola; ha entendido a aquellos que llegaron con sus azadones a romper los terrones resecos de aquella tierra para acabar transformándola, con una tecnología agrícola puntera, en un auténtico vergel, con los que
entonces estuvieron con sus hijos y con los que ahora trabajan con ellos, y quizá cometa el gran pecado intelectual de escribir un libro. Plasma en un libro sus propias vivencias; plasma en ese libro -y espero que lo hayan leído todos ustedes
porque es interesantísimo- todas las dificultades de integración, todo el drama de las actitudes xenófobas, de las actitudes racistas, del conflicto que convulsionó a El Ejido y a toda España, y plasma en ese libro también los caminos, las vías y
las soluciones para alcanzar una convivencia multirracial, multiétnica y mestiza.
Nos equivocamos, señorías, cuando en el año 1999 pusimos en el Plan GRECO la convivencia multicultural. Ahora entraré en el concepto de multiculturalismo, en el que ha entrado, sin duda con mayor rigor, el señor Alcaraz, pero que también ha
tocado la señora Rumí. Esta es una de las razones por las que ha sido nombrado el señor Azurmendi. A continuación también hablaré, porque me lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular, del funcionamiento del foro y veremos lo que está siendo
capaz de hacer. Yo no voy a proponer el cese del señor Azurmendi.
Propuse su nombramiento, y aunque a algunos de SS. SS. no les guste -y lo entiendo porque dice verdades como puños que en ocasiones son difíciles de digerir- no voy a proponer el
cese del señor Azurmendi. Porque se ha planteado un debate importante, que quizá como sociedad de destino recién llegada a la inmigración nos toca vivir y desarrollar, sobre una cuestión que se ha planteado hace muchos años en la Unión Europea y
que les ha permitido ir matizando sus decisiones, sus propias actuaciones y las consecuencias que han tenido éstas sobre la vida cotidiana de una y otra persona. Nos toca hablar de este debate, un debate público que la señora Rumí considera que se
está dramatizando. Yo no sé qué entiende la señora Rumí por dramatizar. No sé si considera que se dramatiza cuando se habla de cuestiones importantes, sustanciales y que afectan a las personas, a las mujeres -siempre las mujeres en algunas
culturas-, pero que no es ni un debate ficticio ni nominal, como la señora Rumí ha dicho. No me cabe en la cabeza cómo se
puede decir que es un debate ficticio, nominal, dramatizado, cuando hablamos, simple y llanamente, de derechos, derechos fundamentalmente, de las mujeres y de las niñas, cuando no de otras muchas cosas en las que ahora pienso entrar.
El concepto de sociedad multicultural no es sinónimo ni de integración, ni de sociedad multiétnica, ni de sociedad multirracial, ni de sociedad mestiza o diversa. No es sinónimo, y no nos corresponde a nosotros decir sí o no. El concepto
de multiculturalismo, de sociedad multicultural, nace en los años ochenta o noventa en las universidades y en los colleges ingleses y estadounidenses y de intelectuales y profesores que lanzan el concepto de sociedades en las que donde las culturas
estancas compiten unas contra otras, forman guetos y olvidan una condición básica de la persona. Decía rotundamente el señor Alcaraz -y perdóneme que lo mezcle-: Somos mestizos somos católicos, islámicos, indúes; somos heterosexuales,
homosexuales. Yo añado: somos hombres, mujeres, niños, ancianos. Pero sobre todo, señor Alcaraz -y es lo que niega la multiculturalidad-, somos ciudadanos de una sociedad democrática y tenemos unos principios que consagra nuestra Constitución.
Por tanto, somos ciudadanos, y no simplemente piezas aisladas bunkerizadas en el seno de cada una de nuestras culturas, y afirmamos rotundamente que queremos una convivencia multirracial o multiétnica, mestiza o diversa, no una convivencia en el
multiculturalismo. En este punto voy a superar, señora Rumí, la coacción sentimental que S.S. me hace para que tenga cuidado con lo que diga, dado lo que ha dicho el señor Fraga; voy a superar esa especie de presión sentimental que usted ha
querido establecer sobre mí para decir que hablamos de principios, de valores, de normas de convivencia, de normas consagradas en nuestra cultura, y nuestra cultura social, nuestra cultura de convivencia y nuestra cultura política están inscritas en
nuestra Constitución y están inscritas de forma idéntica en todas las constituciones de todos los Estados miembros de la Unión Europea y en todas las sociedades democráticas, en todas las sociedades libres, en todas las sociedades de raíz liberal.
Quizá ahí está el problema. Llega a afirmar el señor Sartori en su libro, que sin duda también conocerán, que se conoce que, fracasado el intento de cambiar las sociedades liberales mediante la lucha de clases, dado que como instrumento no ha sido
útil en su momento al marxismo como ideología, estos profesores neomarxistas o posmarxistas del Reino Unido han sacado como instrumento la confrontación de las culturas para cambiar las sociedades liberales e ir de nuevo hacia el paraíso tan bien
cuidado, por ejemplo, por el muro de Berlín, que se nos cayó a todos encima y algunos todavía no se han enterado. (El señor Alcaraz Masats: Yo sigo siendo rojo; soy rojo.) Yo he dicho algunos, señor Alcaraz, y no me atrevería jamás a decir si
usted estaba allí, si se enteró o no; no tengo ni idea. Yo hablo simplemente de los que todavía no se han enterado. Algunos se están sacudiendo el polvo de la chaqueta, pero no saben qué ha pasado.
Si hablamos de principios, de valores, y de normas de convivencia, hay que decir que hay culturas que simplemente son irreconciliables, y aquí es donde entro en los ejemplos que le molestan a la señora Rumí, lo que lamento inmensamente, no
se puede imaginar hasta qué punto -porque al final veníamos aquí a hablar de las conocidas declaraciones del señor Azurmendi, que vaya usted a saber cuáles eran en su momento porque la fecha no corresponde ni mucho menos con las que se han hecho en
las últimas semanas, pero al final hablamos de todo lo que haga falta hablar-. Si nuestra Constitución sostiene que España es un Estado social, democrático y de derecho, díganme cómo podemos conciliar esa definición de nuestra Constitución y de
nuestra cultura, con un Estado teocrático gobernado por clérigos de distintas religiones. Si nuestra Constitución, es decir, nuestra cultura, habla de la igualdad de todos, no solamente de los hombres y mujeres sino también de la igualdad como
concepto, como personas, ¿qué hacemos con aquellas culturas que ordenan las sociedades en castas? Si en nuestra Constitución, como parte de nuestra cultura, como principio, como valor irrenunciable de nuestra propia convivencia, afirmamos
rotundamente que la persona tiene derecho a su integridad física y moral, ¿cómo lo compaginamos con los ejemplos que tanto le han molestado a la señora Rumí? ¿Cómo lo compaginamos con la pena de muerte? Porque en ese mismo artículo queda abolida;
y no hablo ya de la lapidación de las mujeres, para no hablar de nuevo de las mujeres. ¿Cómo lo compaginamos con la pena de muerte que se establece con un tiro en la espalda y conque la familia, al ir a recoger el cadáver, tenga que pagar hasta la
bala? (Rumores.) ¿Cómo lo compaginamos con los castigos corporales, con los azotes? Forma parte de esas culturas. Un representante de una asociación marroquí, al comentar si había o no habido compra y si se habia pagado o no una dote en el caso
de la niña de Almería, dice: No, eso en Marruecos está perfectamente regulado, tiene hasta un nombre. (La señora Rumí Ibáñez: Está prohibido.) Eso no es reconciliable con nuestra cultura. El hecho de que en algunas culturas las niñas -siempre
las niñas- sean sacadas de la escuela a los 12 años y eso constituya para muchos gobiernos autonómicos una preocupación muy seria que obliga a una inspección rigurosa de la inspección educativa, que lleva a estas familias a sacar a esas niñas de
España y llevarlas de nuevo a Marruecos con otras familias, es un principio una norma, un valor que choca de frente contra nuestra cultura, contra la cultura democrática, contra la cultura liberal, contra la cultura de la libertad.
Por lo tanto,
somos lo que queramos ser, señor Alcaraz, y no se empeñe, porque ya le he oído varias veces decir que nosotros queremos una sociedad de hombres blancos, católicos, heterosexuales e hispanoparlantes. Esto no es así y se lo voy a explicar después por
cómo ha evolucionado la población de residentes. Pero ¿es que usted no quiere que vengan
blancos, católicos, heterosexuales e hispanoparlantes a España? Dígalo. Yo sí quiero que vengan, y otros muchos, todos los que han venido, y ahora le contaré cuál es la distribución de los distintos orígenes por poblaciones y continentes.
No se empeñe en que queremos sólo blancos, católicos, heterosexuales e hispanoparlantes porque entonces le tengo que preguntar si usted no los quiere (Rumores.), si usted va a decir en su programa que no quiere que vengan estos sino otros: otras
razas, otras religiones, homosexuales y angloparlantes, yo qué sé. Defina usted cuál es el prototipo del inmigrante deseable porque nosotros no lo tenemos simplemente porque no hemos establecido ninguna discriminación.
Señora Rumí, decía usted que no habíamos venido a hablar de multiculturalidad, dijo después que tampoco veníamos a hablar de mi dimisión, aunque también la ha pedido, y al final, como tantas veces me pasa con sus intervenciones, no sé a qué
hemos venido a hablar, en este caso, con su señoría. Su señoría se ha montado una especie de circo en el que yo no estoy ni quiero estar y en el que parece que usted quiere ser la jefa de pista que todo lo organiza, incluso quiere organizar rifas
para ver qué extranjeros vienen y quiénes no vienen. Pero es que el Gobierno no está en ese circo que usted se está montando, y yo desde luego mucho menos. Quizá está usted dibujando el panorama de la inmigración que le gustaría encontrarse
después de dos años de acción de Gobierno para poder criticarnos con fundamento, pero que está lejísimos de la realidad en la que nos estamos moviendo, como se lo demostraré a lo largo de la mañana.
En cuanto a lo dicho por la señora Lasagabaster y la señora Uría con respecto al multiculturalismo e incluso a cómo nos equivocamos en el programa GRECO, creo que ya está aclarado. Simplemente quiero decirle a la señora Uría que en el
nombramiento del señor Azurmendi no buscamos la coincidencia política con el Partido Popular; para eso yo hubiese nombrado a un afiliado al Partido Popular, que los tenemos espléndidos y que probablemente hubiesen trabajado igual de bien que lo
está haciendo el señor Azurmendi. Me sorprenden sus dos intervenciones, en las que lo que al final ha despuntado y ha quedado claramente expresado ha sido la condición del señor Azurmendi de no ser nacionalista, lo que recuerda a otros tiempos.
Buenos estaríamos si nos empezásemos a recordar los unos a los otros lo que pasaba hace 30 años. Si quiere, lo hacemos, y probablemente será un ejercicio divertidísimo. Efectivamente, uno de los rasgos que caracteriza al señor Azurmendi es que no
es nacionalista, incluso en ocasiones se ha definido como adversario del nacionalismo.
Como yo y creo que como algún que otro diputado en esta sala. Y estamos precisamente hablando de una persona a la que no se le puede discutir que es defensor de
la libertad, a la que no se le puede discutir su coherencia intelectual, ni su conocimiento ni su deseo de trabajar en aras de lo que se le ha pedido, que es la integración social de los inmigrantes, como después veremos. Y pensamos que no hay
razones para que yo proponga su cese al señor vicepresidente, por lo cual el señor Azurmendi seguirá trabajando en este ámbito, según mi punto de vista.
Al señor Alcaraz he de decirle que en mi corta vida en esta experiencia, desde el 12 de mayo de 1999, fecha en que fui nombrado por el Consejo de Ministros, jamás -quizá tuve ese reflejo desde el principio- he hablado del problema de la
inmigración. Jamás. He dicho que el fenómeno de la inmigración tiene problemas añadidos, como es obvio que los tiene, pero conceptualmente lo he manejado siempre como fenómeno, como realidad o como quiera usted llamarlo, pero jamás como problema.
El señor Alcazar ha entrado también en el tema del multiculturalismo. No le ha gustado nada que se defina, pero es que yo creo que es obligación de cualquiera que quiera hablar con rigor, no solamente en el ámbito intelectual sino también
en el ámbito político, empezar a definir aquello de lo que estamos hablando, porque, insisto, los sinónimos que se pretenden establecer con el concepto de multiculturalismo son falsos.
Desde su partido político, desde su coalición y desde los
sindicatos que puedan situarse en el ámbito ideológico de S.S. se han movido todos ustedes de puntillas, como con la sensación de no saber qué decir.
Afirmar rotundamente que nosotros estamos confusos en lo relativo a la no discriminación, a los
derechos iguales e idénticos para todos y a las normas de convivencia consagradas en nuestra Constitución, es ya para no entender -probablemente sean limitaciones personales- absolutamente nada.
No entiendo nada. Se ha intentado justificar signos
externos, y quizá lo primero que tengamos que saber es si para esas personas es un signo externo de sumisión de la mujer ante el hombre llevar esto, aquello o lo de más allá. Yo dije hace unos días en una intervención en televisión que a mí me
hubiese encantado oír al padre de Fátima, la niña que ha decidido ir con pañuelo, que lo mismo que defendía su derecho a que se la escolarizase -habría que recordarle que es derecho y obligación, porque estamos hablando del tramo de educación
obligatoria en este país para los niños y niñas desde los 6 a los 16 años-, hubiese dicho: Esta niña, como futura mujer, tiene los mismos derechos que yo, como su padre, como hombre. No lo he oído. A mí me preocupa que en este caso -en otros
puede que no lo sea- haya un signo de sumisión de la mujer ante el hombre y también me preocupa que esa niña quiera después obviar cursar un número determinado de asignaturas. Ojalá ninguna de las dos cosas se produzcan.
Lo que pretendemos es que
esas niñas y esos niños, a través de la educación, se convenzan de los principios y los valores de convivencia que hemos establecido en nuestra Constitución y acaben denunciando a su madre si quiere vender a su hija para casarla en un matrimonio
preconcebido.
Ojalá sea esa la evolución de todas las niñas y de todos los niños y que los hermanos ayuden a las hermanas a denunciar esas situaciones, porque en definitiva estaremos aproximándonos ¿a qué? A las normas de convivencia, a los derechos
humanos y a los derechos constitucionales de los que todos nos hemos dotado en todas las sociedades libres. ¿Es que vamos a medir si vulneramos un poco o un mucho los derechos? Son intolerables, cómo no van a serlo, la lapidación y la amputación
genital de las niñas, pero es que la amputación genital de las niñas es también una actuación bárbara, brutal, irreversible de sumisión de la mujer al hombre; de sumisión con toda su crueldad, con toda su irreversibilidad a cuestas. El pañuelo
puede ser estrictamente costumbrista. Ojalá sea, hay muchas mujeres españolas de religión islámica que lo usan por costumbre; hay muchas mujeres islámicas marroquíes, o de cualquier otra nacionalidad, que lo usan por costumbre, pero nuestra
obligación es estar convencidos de que es una costumbre y no un signo de sumisión de la mujer al hombre, porque pasado mañana nos van a pedir también el reconocimiento, por ejemplo, de un derecho regulado por ley en otros países, en otras culturas,
que chocaría frontalmente con el derecho constitucional a través del cual el hombre y la mujer acceden en igualdad de condiciones al matrimonio. La poligamia quiere decir que la mujer accede en condiciones distintas de sumisión al hombre. De vez
en cuando vemos algunos reportajes pintorescos de culturas que no se si existen o no en las que no es la poligamia sino la poliandria la que se mantiene de forma excepcional. Pero es otra forma de sumisión de un ser humano a otro.
Como nosotros pensamos que los derechos humanos no se pueden vulnerar y que no es bueno matizar que se vulneren poco o mucho y escandalizarnos mucho o poco y combatirlo o no, independientemente de que seamos hombres o mujeres, homosexuales o
heterosexuales, que practiquemos esta religión, aquélla o la de más allá, que dentro de la raza humana seamos de ésta o de aquélla o de una sociedad mestiza, pensamos tambien que todos somos ciudadanos bajo el imperio de la ley que dimana de nuestra
Constitución.
A partir de ahí y de las diferencias en cuanto a vestir, comer, saludar, o divertirse en un país en el que hemos hecho de nuestra propia diversidad bandera de organización del Estado, ¿vamos a andar ahora con la historia de lo
diverso? A nosotros lo diverso no nos preocupa lo más mínimo, pero queremos que no se oculte en ninguna circunstancia que, además de ser diversos, todos nos regimos por las mismas leyes y los mismos derechos.
Señor Campuzano, le agradezco la reflexión que ha hecho en torno también a este principio. Creo que efectivamente -lo he dicho al comienzo de mi intervención-, es ahora cuando se está planteando, quizá cuando nos toca en función de nuestra
propia evolución, un debate que lleva mucho tiempo planteándose y que en el resto de la Unión Europea tampoco han sido capaces de cerrar al cien por cien. Han avanzado, tienen las cosas muy claras y se basan en los dos principios que rigen nuestra
convivencia: la libertad personal y la tolerancia. Lo que ocurre es que dichos principios tienen límites, que están en donde empiezan los derechos de los demás. Yo estoy de acuerdo en que debemos afrontar este debate con el sosiego y con la
reflexión que S.S. plantea y creo el señor Azurmendi va a ser capaz de hacerlo -ya lo está haciendo- en el seno del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que está constituido, está funcionando y se está desarrollando, y ahora
tendremos ocasión de hablar de ello. En definitiva, le agradezco su razonable planteamiento de esperar a ver cómo responde a sus compromisos indiscutibles. Yo estoy convencido -y espero poder venir a esta Cámara a decirlo- de que el señor
Azurmendi va a acertar en la presidencia del foro, foro que desde mi punto de vista debe seguir presidiendo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Rumí, brevemente, como turno extraordinario que es.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Muy brevemente.
Señor Fernández-Miranda, con la simpatía que sabe que le tengo, personal y no política, evidentemente, tengo que decirle que no me ha defraudado. No podía esperar otra cosa que su atrincheramiento en un juego al que usted recurre con mucha
frecuencia que es de aparente moderación en unos foros y en unos ambientes determinados y de agitador en otros medios que usted conoce bien. En fin, que estoy acostumbrada a su doble discurso.
Antes de entrar en algunas cuestiones, quería agradecer al representante del Grupo Parlamentario Popular la recopilación, el recordatorio y el casi itinerario que ha hecho sobre la intervención de esta portavoz del Grupo Socialista, ya que
ello me ahorra tener que volver a ella. Pero insultos aquí no ha habido ninguno. No es mi técnica ni mi talante ni la educación que por cierto recibí en un colegio público. Insultos en todo caso los que profiere usted. De lo único que yo he
hablado ha sido de las características de su gestión, porque sigo diciendo que es un pésimo delegado del Gobierno para el tema que hoy nos ocupa aquí: la inmigración. No me ha respondido a las preguntas que le he formulado sobre el motivo de la
comparecencia de hoy, esto es, su responsabilidad por el nombramiento del señor Azurmendi. Yo me he ceñido a esa petición y usted no me ha respondido a ninguna cuestión: si comparte su discurso, su intervención en el Senado o sus múltiples
disquisiciones académicas. No me ha dicho nada al respecto, y no porque este sea o no el debate. No estoy poniendo en cuestión que haya que celebrar o no un debate, sino que no es al presidente del foro al que le corresponde hacerlo, puesto que
tiene otro cometido y otro trabajo que hacer en el foro. Por cierto, que ninguno sabemos lo que está haciendo ni conocemos sus objetivos ni su evaluación. Lo único que he
sacado en claro es que usted ya ha aceptado que en el Plan GRECO se equivocó. Y aprovecho para decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nuestras críticas a dicho plan fueron fundamentalmente por dos motivos: uno, porque fue
aprobado en solitario -ni siquiera sus socios parlamentarios lo avalaron- y dos, por su falta de financiación, por tanto, su falta de implementación en cualquier realidad donde hay inmigración. También le quiero recordar al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que las alternativas del Grupo Parlamentario Socialista están registradas en la Cámara y las presenta continuadamente ante situaciones que se están produciendo en diferentes lugares geográficos de nuestro país. No me extraña
que no las conozca, porque como el Gobierno automáticamente dice que no, ni siquiera puede saber si tienen sentido común o no. Si hablamos del sentido común que pedía el vicepresidente primero y ministro de Interior -es el único que lo está
pidiendo-, tengo que decir que incluso sus responsables se ponen unos tapones en los oídos para no escucharlo. Aquí el único que monta el circo es usted, sólo hay circo cuando usted lo monta. Los demás -en este caso, el Grupo Parlamentario
Socialista- sugieren alternativas para resolver situaciones. Le recuerdo algo que repite usted continuamente, el Partido Socialista no ha propuesto una rifa, sino un sorteo de visado. Lo digo para que estudie este asunto, vea la experiencia que
hay en otros países y no ponga tanto de manifiesto su ignorancia. Otra de las críticas que le hacíamos al señor Azurmendi es que puede ser un brillante polemista, un fantástico académico, incluso un escritor magnífico, pero le pedimos
encarecidamente desde Almería que no hable tanto en nombre de los almerienses, ni se otorgue esa potestad.
En cuanto al debate sobre la multiculturalidad, he comentado que no lo quería traer aquí, porque el cuestionamiento del señor Azurmendi no era por ese debate sino por su idoneidad para el cargo. Evidentemente, usted no me ha defraudado,
porque sabía que no iba a proponer su cese. Espero que el señor Azurmendi no se sienta ya cómodo -ya que no lo alabamos y puesto que su gestión a través del foro es nefasta- y que él mismo abandone sus funciones.
Aquí el único que dramatiza es usted. ¿Por qué dramatiza? Porque le imprime una carga negativa a todas sus intervenciones poniendo ejemplos extremos. Lo hizo en su intervención televisiva y lo ha vuelto a hacer otra vez hoy, porque
mezcla, confunde y deja incógnitas. Manifiéstese usted, porque tampoco se manifestó en aquella intervención. Por favor, señor Fernández-Miranda, no nos dé lecciones a los socialistas de la lucha por la libertad y por la igualdad de hombres y
mujeres, porque hasta aquí hemos llegado. ¡De qué va usted para darnos lecciones a nosotros de la lucha por la igualdad! Por favor, es lo único que me quedaba por oír.
Señor Fernández-Miranda, en este país no hay un choque de culturas. A lo mejor es que ustedes quieren que haya un choque de culturas. Cuando se produjeron los acontecimientos del día 11 de septiembre, todos dijimos que no había choques de
civilizaciones. Aquí no hay choques de culturas, a no ser que ustedes lo pretendan, confundiendo -como lo están haciendo- tradiciones con el respeto a las reglas democráticas. A lo mejor es que ustedes entienden que cualquier tradición que no sea
la española ya es un fanatismo, pero tampoco se trata de eso. Estudie un poquito las costumbres de algunos países y no diga algunas barbaridades que he escuchado aquí. Usted debería realizar un ejercicio de lectura y saber qué es una tradición y
qué atenta contra nuestra Constitución, porque le vuelvo a repetir aquí que todos estamos a favor de que se aplique nuestra Constitución y de que todos la respeten. Por supuesto, ¿quién ha puesto en duda eso? Se lo he dicho antes: no hagan
simplezas ni usted ni otros miembros del Gobierno. Aquí todos estamos de acuerdo en que se respete la Constitución -este es el límite- y en que se aplique el Código Penal, cuando haya que aplicarlo. Cuando la derecha habla de cultura hay que
echarse a temblar, esto me preocupa muchísimo. Usted ha mencionado algunos de estos temas extremos para confundir a la opinión pública, pero ha dicho que no quería hablar de la pena de muerte; seguramente no quiere hablar de esto, porque está
instaurada en Estados Unidos.
En cuanto al panorama actual que hay hoy en nuestro país respecto a la inmigración -que no lo puede achacar ni a ninguna ley anterior ni a ningún Gobierno anterior, porque es única y exclusiva responsabilidad de este Gobierno que preside el
señor Aznar-, tengo que decir que es un caos y un descontrol. Hay inmigrantes en tierra de nadie que todavía están esperando la respuesta al proceso que se cerró el día 1 de agosto del año 2001, porque ni tienen papeles ni pueden ser devueltos ni
pueden trabajar. Hay otras situaciones muy complicadas en zonas geográficas determinadas, tanto en el sur de nuestro país como en las islas Canarias, a las que no me voy a referir, porque hoy se va a tratar este tema.
Señor Fernández-Miranda, vuelvo a repetir que no es usted la persona más indicada. Cuando lo he dicho hoy -aunque efectivamente no era el tema, pero lo he recordado-, es porque para ser presidente del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes se necesita una persona -como hemos comentado todos los grupos- moderada, prudente, que favorezca la integración y que se deje los debates para otro sitio. Todos hemos asistido al debate de Sartori -usted no asistió, aunque yo sí
estuve- y hemos leído el libro. Si el ideario del Partido Popular ahora es el libro de Sartori, lo apuntaremos también. Le ruego -si no va a dimitir ni lo van a cesar por cuestiones que no conozco- que baje el tono, señor Fernández-Miranda. Lo
único que hace el Grupo Parlamentario Socialista es presentar iniciativas cuando le pide al Gobierno un plan de emergencia, un plan de integración, financiación o sentarnos para hablar de muchas cosas. Siempre hay un tapón y ese
tapón lo pone usted. Si va a continuar, si esto es lo que quiere el señor Aznar, baje el tono, no dramatice, normalice, no confunda, porque la ciudadanía está tres pasos delante de donde va usted. Lo único que le pido es que reflexione,
porque al final van a ser responsables de cuestiones muy importantes y desagradables en este país. Se lo digo por el bien de los españoles, de los inmigrantes y de la integración de todos, porque entre todos podemos hacer que la inmigración sea un
enriquecimiento; una fantástica oportunidad y no un problema. Los problemas los están creando continuamente ustedes no dando soluciones a las situaciones que se están presentando. Todo esto no hubiera ocurrido si todos colaboráramos,
reflexionáramos y no nos dedicáramos simplemente a crear situaciones de enfrentamiento, que se están generando, de rechazo al inmigrante. Usted está reflejando una profunda convicción y es que tiene que soportar la inmigración, es algo que no tiene
más remedio que aceptar, es un mal que acepta, pero nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor Fernández-Miranda, supongo que lo mismo que nos ha trasladado las lindezas que se dicen cuando no hay argumentos, se lo habrá recordado al señor Azurmendi, porque ahí está la hemeroteca, registro y
custodia, y lindezas para hacia algunos ha dicho hasta hartar. Espero que el mismo argumento que utiliza con nosotros, que no hemos dicho ninguna lindeza pues nos hemos limitado a recoger declaraciones transcritas, lo recuerde también respecto de
otros.
Nosotros no queremos que en ese puesto de presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes esté ni un nacionalista, ni un vasco, ni un catalán, ni un español, ni un andaluz, ni un gallego, ni un nigeriano, ni de Gambia;
queremos que la persona que esté, -nos da igual quien esté y lo que piense- tenga claro cuál debe ser su misión y su objetivo. Nacionalistas somos todos, señor Fernández-Miranda, usted es nacionalista español, que me parece muy respetable y muy
respetado por la portavoz que le habla y por los que represento, y todos tenemos la defensa de una nación y tenemos que respetar la nuestra y la de los demás. No se trata de que sea uno u otro, se trata de que la persona que tiene la
responsabilidad de dirigir ese foro sepa qué es lo que tiene que hacer, es decir, tratar de buscar acuerdos, de llegar a consensos en temas que son complicados, porque, evidentemente, nadie tiene, ni ustedes ni nosotros, una varita y una solución
mágica. Todos estamos de acuerdo en que hay que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¡Faltaría más! Pero la solución no es que desaparezcan las culturas. A mí no se me ocurre que esa sea la solución. Esto es lo que hay
detrás de esta comparecencia y lo que no vemos es que sea el objetivo y la dedicación del señor Azurmendi.
Como miembro de una formación, de un grupo parlamentario que está en este momento en la oposición, lo más razonable es dejar que el señor Azurmendi siga diciendo las cosas que dice, porque, como usted comprenderá, para la oposición es
fantástico. Pero no es bueno para el cometido que tiene ni es bueno para nadie. Es necesario crear un ambiente de consenso y de intercambio de opiniones diferentes para llegar a acuerdos sobre cómo desarrollar a lo largo de los tiempos no
solamente la ley, sino también las distintas políticas y que el Gobierno, sino que tenga el consenso y el acuerdo del resto de los grupos parlamentarios de la oposición, porque ello irá en beneficio de todos. Le parecerá a usted que no es así, pero
lo único que ha hecho el señor Azurmendi desde que ha sido nombrado -no voy a hablar de antes- ha sido generar -como decía el portavoz del Grupo Catalán- provocación y agitación política frente a la oposición. No sé si ese es su papel; desde mi
punto de vista, no lo es, pero si usted cree que esa es la misión del señor Azurmendi, díganoslo.
Cuarta cuestión. No le he oído ratificar todavía las declaraciones del señor Azurmendi, y al portavoz del Partido Popular menos. Le he oído hablar de la multiculturalidad, de la diversidad de culturas y de otra serie de cuestiones
interesantes y susceptibles de tener un debate amplio y necesario ahora y en el futuro, pero, señor Fernández-Miranda, ¿ratifica usted las declaraciones del señor Azurmendi transcritas, literales, las de ahora, las de hace unos meses, cualquiera de
las que cojamos desde que fue nombrado en noviembre, para no ir más allá, en relación con esta cuestión? ¿Ratifica todas y cada una de ellas? A mí me parecería un poco raro. El portavoz del Grupo Popular, en su intervención, no ha mencionado ni
una sola vez el objeto de esta comparecencia; también me parece raro. Por tanto, centrémonos en lo que tenemos que centrarnos. A mí no me parece que el señor Azurmendi esté cumpliendo con el cometido para el que se le nombró. Esto es lo que nos
preocupa. ¿Que tenemos que hablar del fondo del asunto? Evidente. ¿Que el tema no es fácil? Evidente. Las soluciones que propone el señor Azurmendi no son las mejores, pero esta no es la cuestión; la cuestión es si está cumpliendo su cometido.
En su comparecencia sobre su nueva responsabilidad, poco habló de lo que estaba desarrollando el foro social de la inmigración. Esto es lo que hay. En definitiva, se trata de buscar la mejor manera para que todos vayamos en consonancia en estas
materias que ya son de por sí muy complicadas. Ahora bien, si usted mantiene al señor Azurmendi, nos vamos a encontrar en rifirrafes como estos en vez de cada dos meses, cada dos o tres semanas. Ustedes deciden, pero no me parece que esto sea lo
mejor para llegar entre todos a acuerdos respecto a estas cuestiones.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor delegado del Gobierno, para ser sintética, sólo quería preguntarle si usted asume las manifestaciones que hace el señor Azurmendi y si no cree que crea tensiones -y eso no es bueno para el puesto que
desempeña- con cada una de las manifestaciones que hace. Prácticamente cada vez que tiene una comparecencia de carácter público o se manifiesta ante los medios de comunicación se genera un conflicto parecido al que ha motivado la petición de
comparecencia de hoy.
También quería matizar una cuestión. ¿Cómo voy a reprochar al señor Azurmendi que no sea nacionalista o que no le gustemos los nacionalistas? Es muy libre. Solamente me refería a la hostilidad obsesiva que manifiesta. Yo no pertenezco a
su formación política -como usted bien sabe, señor Fernández-Miranda-, pero no le soy obsesivamente hostil.
Considero el pluralismo político un valor en sí mismo y no soy hostil a ninguna de las formaciones políticas que tienen representación en
esta Cámara, porque entre todos formamos el espectro de lo que los electores han elegido. No me refería a que le gustemos o no le gustemos, ¡faltaría más!, me refería a esa hostilidad excesiva y casi enfermiza que manifiesta. Tampoco me parece que
esto sea adecuado para estar presidiendo un foro de las características del que preside.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Fernández-Miranda, usted ha suprimido la palabra gangrena, pero en todo lo demás ha coincidido exactamente con las declaraciones del señor Azurmendi. No sólo ha coincidido, sino que sustituyendo la palabra
gangrena, ha dicho que la multiculturalidad produce guetos y -en función de una bibliografía muy estrecha que ha cogido por los pelos- una competencia de cara a la dominación política; aquí es donde ha metido el tema de los rojos y los moros
cayéndose. Señor Fernández-Miranda, ¡qué empanada mental tiene usted! Esa empanada mental, a mi juicio, ha aumentado mucho con el concepto de patriotismo constitucional. Ustedes han hecho una lectura parcial, unilateral, dogmática de la
Constitución española -en la que por cierto, se inscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos- intentando apropiarse de su sentido real. Cuando ustedes conciben la reforma de la Ley de Inmigración ni siquiera tienen en cuenta este tema.
Señor Fernández- Miranda, ahora no me extraña que no lo entiendan, porque han hecho una lectura que lamina el sentido profundo de la Constitución, de esta Constitución de la reconciliación de rojos, azules y violetas. No lo entienden, vuelven a un
estadio en el que podíamos ser no voy a decir perseguidos, diré mejor no entendidos, dado que usted aquí dice que no lo entiende.
Señor Fernández-Miranda, yo vi en televisión a una monja diciendo que no se podía permitir lo del pañuelo en la cabeza y ella llevaba dos: uno blanco y otro azul. Estamos ante un tema muy ingenuo que ustedes han elevado a la enésima
potencia al hablar de la ablación del clítoris y de la venta de las mujeres en sagrado matrimonio musulmán. ¿No ve usted que es una trampa dialéctica bastante burda? No ve usted que eso es así? Están ustedes lanzando un mensaje que alienta,
consciente o inconscientemente, la xenofobia; la están alentando, la están alimentando, consciente o inconscientemente. Y ese es el problema grave que nosotros tenemos en este momento, señor Fernández-Miranda, pero si quiere llegamos a otros
extremos. La ablación del clítoris, el asesinato por apedreamiento... ¿Sabe usted cuántas mujeres mueren por terrorismo doméstico en este país? Una cada semana y media. En España. Se lo digo con el mismo sentido con el que usted ha dicho que no
se pueden permitir ciertas cosas. ¿A partir de qué punto no se pueden permitir? Lo hemos repetido hasta la saciedad. Yo he hablado de la Constitución y de la Declaración Universal de Derechos Humanos constantemente en mi intervención, como límite
a esa situación. Luego, no hable de la cultura de apedreamiento como yo no le voy a citar el terrorismo doméstico en España. No lo ponga usted; si yo no lo pongo usted no tiene por qué hacerlo. Si yo lo digo es demagógico y si usted lo hace,
también. Es llevar los ejemplos a los extremos. Efectivamente, al tener la posibilidad de aparecer en televisión -últimamente nosotros no aparecemos en televisión ni aunque saquemos a bailar a un obispo- ustedes tienen una gran ventaja: cuando
ese mensaje se recibe va dogmatizando, exagerando la situación y creando una gran sospecha, la lectura de la Constitución, el patriotismo constitucional como gran sospecha de lo diferente, incluidos los rojos. Entonces habrá que prever que hay que
ser blancos, católicos, heterosexuales y seguidores de Georges Bush, sobre todo a partir del 11 de septiembre, porque se han cerrado todavía más las compuertas, señor Fernández-Miranda.
No sé si intentar explicárselo, pero si tuviera dinero y capacidad le metía a usted a estudiar trabajo social durante tres años, o le buscaría una beca (Risas.), y vería usted cuál es la bibliografía hegemónica que se está utilizando en la
universidad española en esta especialidad del trabajo social. No tiene ni idea. En todas la universidades de España se está utilizando una bibliografía hegemónica, repito, fundamental, de cara a la síntesis intercultural. Y eso choca muchísimo
con lo que ustedes conciben, porque esos trabajadores sociales están haciendo esa integración desde la cultura del integrado -he ahí el problema- o desde la propia situación, sea un esquizofrénico o un marginal. Son temas absolutamente diferentes.
Hay algo que no entienden y que voy a intentar resumir porque me preocupa muchísimo. España es hoy
-y voy a emplear una palabrita que siempre hemos dicho que usted no entiende- crisol de distintas culturas. Al emplear la palabra crisol no estamos hablando de la orden de carga o del tiempo de telegrama, estamos hablando de una velocidad
especial, la velocidad de la cultura. Eso no lo entienden ustedes. A usted o al señor ministro del Interior les han hecho políticos y tienen que actuar, tienen que intervenir y están interviniendo en la cultura, algo que es tremendo, señor
Fernández-Miranda, a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo están haciendo tranquilamente. Todos los habitantes del planeta tienen derecho a buscar una vida mejor, un futuro digno para sus hijos y se sitúan en esa posición de búsqueda, como
nos hemos situado nosotros, señor Fernández-Miranda. Esto es aplicable a los subsaharianos y a los españoles, que durante siglos hemos sido nómadas hasta hace poquísimo y hemos emigrado a América, como los africanos, americanos, asiáticos y
centroeuropeos que hoy vienen a España en busca de trabajo, de futuro. Si a nosotros nos llegan a tratar como usted dice que hay que tratar el tema de la multiculturalidad, a través de la lectura de una bibliografía muy sucinta que ustedes toman
como arma arrojadiza, nosotros no existiríamos como españoles en América Latina, en Suiza o en Alemania, señor Fernández-Miranda. Y cuando ustedes van a Argentina, están exaltando la cultura española constantemente, lo vemos en los medios de
comunicación, y es normal. La integración no se puede producir en esa competencia que usted dice, que hace desaparecer al contrario, a lo otro, a ellos. Eso es lo que intento decirle. Lo que ustedes aplican a los españoles es lo que tienen que
aplicar al resto de la gente que viene a este país. Por eso le decía lo de la empanada mental, señor Fernández-Miranda. Una cosa tan simple como esa no se entiende cuando a los españoles nos piden ese respeto para su cultura cuando viajamos por
ahí. El problema de fondo es el tema de la cultura, que debe ser impulsada desde las administraciones públicas, para que se asuma la diversidad, para favorecer la integración de inmigrantes y permitir los procesos de intercambio mutuo.
Los españoles no debemos renunciar a nuestra cultura, señor Fernández-Miranda, pero hay que tener los ojos abiertos a todos los aportes culturales. Esa síntesis es la que ustedes ven como muy peligrosa. Todos tenemos que ser críticos con
las disfunciones de nuestra cultura y las propias de las culturas que han venido para quedarse, pero a la vez hay que mantener un espíritu abierto, constructivo, ya que tenemos que aprender. Lo diferente no tiene que ser absorbido, no tiene que ser
metido en un proceso de desaparición. Vuelvo a recordarle el límite de la Constitución, los derechos humanos, que usted me lo va a poner otra vez sobre la mesa, y le digo que hay cosas que ustedes no entienden y que las colocan bajo sospecha, con
más fuerza si cabe que cuando rompieron el consenso de la Ley 4/2000, y esto es lo que a nosotros nos parece que no responde al espíritu de nuestra Constitución.
Es un patriotismo cerrado en ustedes mismos, dogmático, homogeneizante, uniformante,
que nosotros en absoluto podemos compartir.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Campuzano, tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Dos cuestiones. En primer lugar, es evidente que el debate que ha planteado esta mañana el delegado del Gobierno y estas últimas semanas por parte del Gobierno sobre el multiculturalismo es un debate falso y
mediático, fundamentado en los prejuicios que sectores amplios de la población española tienen sobre la inmigración.
Ese debate falso es preocupante en la medida en que crea confusión -convertimos la anécdota en lo general-, crea estigmas
colectivos a grupos de inmigrantes en función de su origen o de su religión y refuerza las mutuas exclusiones entre autóctonos y personas llegadas de fuera. Por tanto, es un debate que no aporta nada positivo. El señor Alcaraz lo ha dicho y ha
hablado de la doctrina existente en el trabajo social en España; comparto esa tesis. Hoy no hay nadie en esta Comisión ni en la sociedad española que defienda el concepto de culturas cerradas.
Hay cuatro ideas que todos compartimos o que deberíamos compartir.
Primera, que los límites son los marcados por los derechos humanos. Eso nadie lo discute, ni España ni en ningún lugar de Europa. Los que estamos aquí no somos los más
adecuados para hacer debate académico, pero ni Taylor ni Kymlicka, por citar a dos autores representativos de las teorías multiculturalistas, han defendido el concepto de culturas cerradas, y por tanto nadie lo defiende. Primera idea.
Segunda idea, lo complejo y lo difícil es saber gestionar la diversidad y el conflicto. Eso es lo que desde hace unos cuantos años los profesionales de los servicios sociales, de los ayuntamientos, de las ONG y de los sindicatos intentan
resolver, y como no se resuelve seguramente es a través del debate falso que hemos creado con el conflicto de esta muchacha de origen marroquí. Eso no resuelve nada, es tan sólo desde el sentido común y desde el diálogo como se pueden resolver
estos conflictos. En mi país, en Cataluña, desde hace unos meses el Consejo islámico de Cataluña está intentando trabajar desde él con los imanes presentes en Cataluña para que sean los propios responsables religiosos de la comunidad islámica
quienes gestionen los conflictos relacionados con comportamientos, actitudes y culturas desde la coherencia con sus propias culturas, y ahí están produciéndose cosas muy interesantes. Eso implica diálogo, no estigmatizar, no reforzar los
sentimientos de exclusión.
Tercera idea que compartimos, facilitar la movilidad social es lo que va a evitarnos que las diferencias de origen sean causa de conflicto, y eso implicaría un amplio debate que hoy no toca aquí. Cuarta idea, hoy
todo el mundo entiende -nadie defiende lo contrario- que las culturas por definición son sistemas que se reforman, se transforman, incorporan conceptos nuevos, resultado de muchas cosas, entre otras, de los medios de comunicación y de los
movimientos de personas. Estas cuatro ideas, esos límites de los derechos humanos, esa gestión de la diversidad y del conflicto, el facilitar la movilidad social y el creer que las culturas no son sistemas cerrados, son los cuatro ejes que nos
deberían permitir al conjunto de las fuerzas políticas obviar debates falsos y articular políticas eficaces. Estas semanas, estos meses, quizá estos años, no lo estamos haciendo. Primera consideración.
Segunda consideración, respecto al objeto de la comparecencia del señor Azurmendi. Yo le ruego, señor Fernández-Miranda, que le pida al señor Azurmendi que deje de agitar, de provocar y de fustigar a los grupos de la oposición. Su
responsabilidad como presidente del foro es el consenso, el diálogo, la empatía y la pedagogía. Es evidente que el señor Azurmendi hasta ahora no ha demostrado ser hombre de consenso, de diálogo, de empatía ni de pedagogía y, por tanto, yo le pido
que lo corrija. Está en sus manos, usted lo nombró y usted le puede pedir que recapacite sobre sus declaraciones.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tan sólo cuatro ideas, señor presidente. Primero, no debe agradecerme la señora Rumí que haya prestado, como no podía ser de otra forma, atención a su intervención. Suelo prestar atención a todas las intervenciones y
opiniones que se producen en esta Cámara, porque eso me parece de un elemental compromiso y talante democrático. Por cierto, debería haber prestado también atención ella a la mía para saber que yo he hablado de exabruptos, no de insultos, porque,
entre otras cosas, me parece que democracia es especialmente cuidado de las formas. (La señora Rumí Ibáñez: Lo ha dicho el señor ¡Fernández-Miranda, no usted!) No se trata de decir que nadie ha insultado a nadie, sino de establecer exabruptos
conceptuales y exabruptos personales, que es lo que he dicho, y no insultos, aunque a lo mejor la señora Rumí, al haberme atribuido esa expresión, que yo no he utilizado, está siendo traicionada por su propio subconsciente.
En segundo lugar, el Plan GRECO fue aprobado en solitario porque ustedes se empeñaron, simple y llanamente, porque el constante ofrecimiento del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular para que en todas las cuestiones que afectan al
desarrollo de la política de extranjería pudiéramos avanzar con nuestras discrepancias particulares, pero juntos en el diseño de fondo, sistemáticamente fue desoído por su grupo aduciendo siempre razones poco consistentes, entre ellas -y se ha
vuelto a repetir hoy aquí-, la inexistencia de la financiación de dicho plan.
Por cierto, tengo que decirle al señor Alcaraz que me parece una expresión un tanto voluntarista decir que este Gobierno ha roto el consenso de la Ley 4/2000. El
consenso de la Ley 4/2000 se hizo frente a las posiciones que en ese momento representaban el Gobierno y la mayoría relativa de esta Cámara (El señor Alcaraz Masats: No es verdad.- Rumores.) y nosotros lo que tuvimos es la decencia política -y
quiero subrayar ese término porque me parece elemental- de, en una campaña electoral, informar a la sociedad española con toda claridad sobre cuál iba a ser la reforma de esa ley en el supuesto de que nos otorgaran su confianza, y parece que nos la
otorgaron de manera amplia. En todo caso, no se sorprendió el día después del otorgamiento de esa confianza a la sociedad española con una emboscada legislativa en relación con la reforma de la Ley 4/2000; por el contrario, se tuvo la decencia
política y el claro compromiso democrático de, en campaña electoral, ser muy cuidadosos y muy pedagógicos, explicándole a la sociedad española qué es lo que queríamos hacer para que la sociedad española tuviera un elemento de valoración claro en
orden a darnos o no su confianza.
En tercer lugar, quiero tranquilizar a la señora Rumí porque conozco sus propuestas, entre otras cosas porque es mi misión desde hace mucho tiempo ver con interés todos los días qué es lo que entra en el registro de esta Cámara.
Precisamente porque conozco sus propuestas, tengo que decir que eso me mueve a una cierta preocupación -y me quedo simplemente ahí, en una cierta preocupación-, porque veo que muchas veces esas propuestas se mueven más en el terreno de la anécdota
que de la categoría, y naturalmente construir una política de inmigración estable con proyección en el tiempo y, sobre todo, con voluntad de dejar fuera de ella los contenidos dialécticos puramente electoralistas o partidarios para ir a contenidos,
entre todos, mucho más profundos, implica e impone necesariamente establecer categorías y no ceñirse a anécdotas.
En cuarto lugar, la señora Rumí dice que el señor Fernández-Miranda no le ha defraudado hoy. A mí tampoco me ha defraudado la señora Rumí. Espero y deseo que pueda defraudarme cuanto antes porque eso significaría quizá que el sentido común
comienza a instalarse en el discurso de la oposición y yo sería el primero en aplaudirlo. Decir como único argumento de solidez intelectual en este debate -como se ha dicho literalmente en esta segunda intervención- que cuando la derecha habla de
cultura echémonos a temblar es una expresión que me preocupa muchísimo, porque dicha desde el principal partido de la oposición -y lamento de nuevo tenerlo que señalar-, me parece que responde a una enorme vaciedad intelectual y de alternativas
políticas. Jamás se me ocurriría decir que ningún grupo político democrático de este país prima los sentimientos de exclusión.
Por eso me sorprende la ligereza con que en este debate se dice que el Gobierno prima los sentimientos de exclusión.
Coincido con el señor Campuzano cuando dice que es necesario obviar debates falsos. Absolutamente de acuerdo. Por eso también es necesario obviar imputaciones falsas. Como decía la señora Rumí -y en eso nos podemos encontrar todos-, es
necesario que todos colaboremos y reflexiones juntos. ¡Ojalá! Ese ha sido y será permanentemente el compromiso del Gobierno: consenso, diálogo, búsqueda de posiciones en común, pero para ello hay que hacer renuncias al catastrofismo, al análisis
interesado, a las imputaciones falsas y hay que hacer renuncias a no realizar un análisis comprometido y respetuoso de las posiciones del otro, para desde ese análisis poder integrar posiciones en común. Por eso quiero solicitar al Grupo
Parlamentario Socialista que alce el tono. Se ha hablado de alzar el tono en este primer punto del orden del día; pues bien, que alce el tono, y alzar el tono no significa hablar más alto, sino que se eleve el nivel y el rigor del análisis y del
discurso. Eso es imprescindible para poder ir avanzando y profundizando en esas vías comunes de diálogo, de respeto recíproco y de consenso.
El señor VICEPRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rumí, comienza su intervención afirmando rotundamente que me atrinchero en mis posturas. Simplemente, creo en lo que creo; creo en
una serie de principios, en una serie de valores, como su señoría, y los defiendo y actúo en perfecta coherencia y consonancia con ellos. Eso no es atrincherarme, sino ser coherente y legal conmigo mismo, que es lo menos que podemos hacer las
personas.
La señora Rumí ha invocado rápidamente la necesidad de la colaboración de todos en torno al fenómeno de la inmigración. Si quiere, le recuerdo lo que fue el trámite de negociación de la Ley de extranjería. Usted fue protagonista en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista y sabe perfectamente hasta dónde llegamos; sabe perfectamente que en tres ocasiones plantearon cuestiones irrenunciables que fueron aceptadas desde el Gobierno y que, una tras otra, dieron lugar a otra exigencia
aún mayor hasta alcanzar lo que ustedes -no es muy aventurado afirmarlo- tenían decidido previamente: la confrontación en torno al tema de la inmigración. Ustedes, señora Rumí, votaron afirmativamente el 90 por ciento del texto de la ley,
habiéndose afirmado además por parte de su secretario general que no presentarían recurso de inconstitucionalidad, y lo presentaron. Entonces, ¿de qué colaboración me está hablando usted? (La señora Rumí Ibañez: Con la ley.) Me está hablando de
una colaboración desde una cultura distinta a la mía, porque para mí la colaboración debe darse desde la cultura de la lealtad, y ustedes, una vez tras otra, entraron en lo que pretendían desde el principio, la confrontación. Eso es perfectamente
legítimo, pero no se lamenten ahora de que hayamos avanzado, de que hayamos conseguido el apoyo de otros grupos parlamentarios y estemos desarrollando una política en la que ustedes, desde el principio, decidieron no participar.
Sí le he contestado, señora Rumí, le he contestado a todo lo que me ha planteado. Lamento que en algún momento esté distraída hasta el extremo de decir que no quiero hablar de la pena de muerte porque los Estados Unidos la tienen. Le dije
que no le hablaba de la lapidación y le hablaba de un tiro en la espalda, entre las dos paletillas, como forma de ejecución en una cultura, que no nombré por pura cortesía -cortesía ante la brutalidad; no sé por qué hay que tener esa cortesía-, y
que después los familiares, cuando recogían el cadáver, tenían que pagar la bala. Le hablo de eso y de la inyección letal y de la silla eléctrica y de la cámara de gas, pero la pena de muerte no forma parte de nuestra cultura y es irreconciliable
con nuestra cultura, que es la tesis por la cual creemos que el concepto de multiculturalismo o multiculturalidad es inasumible desde las sociedades democráticas. Por tanto le he contestado a todo. Además, en su momento, le diré lo que se está
haciendo en el foro. Como ha apuntado el señor Gil Lázaro, ya no está de jefa de pista del circo que se ha montado, en donde ya no hay rifas, hay sorteos. Ha venido a perdonarnos la vida a todos: temible la derecha cuando habla de cultura. Dice
también: seguro que cesará al señor Azurmendi cuando no sea alabado por nosotros. O también: baje su tono, señor Fernández-Miranda.
Hágame el favor. No hay cosa peor en cuanto a consejos que darlos cuando nadie los pide. Afortunadamente, le he
oído de forma nítida, de forma clara y por primera vez que el límite de cualquier planteamiento, de cualquier norma, de cualquier principio, de cualquier valor está en la Constitución y ahí coincidimos, señora Rumí. (La señora Rumí Ibáñez pronuncia
palabras que no se perciben.) Yo se lo he escuchado por primera vez. He dicho simplemente que yo se lo he escuchado por primera vez, no he dicho nada más. No sé si usted lo ha dicho otras veces, si se lo han publicado en algún periódico, si ha
aparecido en teletipos o en radios.
No lo sé; ni siquiera lo pongo en duda. Yo se lo he escuchado por primera vez, así como todavía no he escuchado al padre de Fátima decir que Fátima tiene los mismos derechos que él como hombre, siendo ella
mujer. Me encantaría oírlo, qué quiere que le diga, me encantaría oírlo.
En cuanto al señor Alcaraz -y en buena medida tanto la señora Lasagabaster como la señora Uría-, dice: ha quitado el concepto gangrena y coincide en todo lo demás y somos nosotros los que no entendemos nada, porque además planteamos una
bibliografía estrecha -uno tiene las limitaciones intelectuales que tiene, no dejo de ser un pobre médico que quizá no pueda ir más allá en las citas bibliográficas-... (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se perciben.) Yo no he
utilizado la palabra rojo en ningún
momento, en ningún momento. Es más, yo he dicho posmarxistas y usted me ha corregido diciendo: neomarxistas. (El señor Alcaraz Masats: No, al contrario.) Pues fíjese, me corrige, porque yo hablé de neomarxistas y para estar en la
ortodoxia marxista tengo que hablar de posmarxistas.
Pues bien, hablo de posmarxistas porque ahí también me falla la bibliografía. (Rumores.) Pero que sea yo quien tiene la empanada mental porque resulta que todo esto se deduce -cosa que yo
tampoco he mencionado, pero usted enriquece mi propio discurso y se lo agradezco inmensamente- de aquello del patriotismo constitucional... En el fondo yo tengo la sensación de que ni les llamamos rojos ni les anatemizamos ni les perseguimos y
quizá sea ese su drama, que no puede ser, como cuando luchaban contra el franquismo (El señor Alcaraz Masats: Por el camino que vamos...), ya no pueden ser clandestinos. Yo creo que ese es un avance de nuestra sociedad, un magnífico avance. (Los
señores Alcaraz Masats y Pedret i Grenzner pronuncian palabras que no se perciben.) Yo lo entiendo, le gustaría. Quizás es mucho más romántico, es mucho más duro para la persona, es dramático en muchas ocasiones, pero son ustedes legales y
bienvenido lo que supone la riqueza política, la diversidad política de nuestro país en una sociedad liberal. No es una sociedad marxista, es una sociedad liberal, yo lo lamento, y precisamente la sociedad liberal es la que les cuida como entre
algodones para que ustedes sigan existiendo incluso a pesar de sus propias actuaciones. (El señor Alcaraz Masats: No cabe ninguna otra cultura, dice usted.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Digamos que estamos encantados con que formen parte del panorama político e incluso del parlamentario, no tengan ustedes cuidado. (Rumores.)
Yo no voy a defender a las religiosas, a las monjas, a los religiosos, a los monjes, a los sacerdotes; se defienden ellos perfectamente y por lo tanto no me voy a poner yo a defenderlos, no hace ninguna falta. (El señor Pedret i Grenzner:
Sí, tiene usted razón.) Voy a hacerle dos preguntas, señor Alcaraz, en función de su discurso, de su habilísimo e interesantísimo discurso parlamentario. Dice usted: cómo pueden ustedes... le faltó decir, para ser un poco más coloquial, ¿cómo
tiene usted el desparpajo de hablar de la lapidación cuando aquí tenemos terrorismo doméstico? ¡Cómo si una cosa justificase la otra! Y a continuación dice: ¿es que a partir del 11 de septiembre nos tenemos todos que hacer de Bush? ¿Nos tenemos
que hacer todos de Bin Laden, señor Alcaraz? (La señora Blanco Terán: ¡Por favor! Se ha superado) Entonces, vamos a ver dónde estamos dialécticamente, porque es muy divertido montar discursos en el vacío, decir frases parlamentariamente muy
espectaculares y convenientes, pero, claro, las preguntas que uno hace pueden ser respondidas por otras preguntas. Es lo que le decía antes, ¿o es que ahora vamos a prohibir la entrada de los blancos, cristianos, heterosexuales e hispanoparlantes
en España como ciudadanos extranjeros porque usted cree que son los únicos que nosotros queremos? Pues mire, no. Y al final, en este crisol de crisoles, en esa síntesis, nos acusan de que intervenimos en la cultura: intervienen en la cultura. Le
da tanto vértigo como a la señora Rumí, en esa actitud yo diría tan benevolente de ir dando patentes de demócratas a todos aquellos que estamos fuera de sus partidos. Tienen que intervenir en las culturas. Hombre, sería bueno empezar por no
confundir derechos y cultura con costumbres y folclore, que es el conjunto de las costumbres. (La señora Rumí Ibáñez: ¡Qué jardín!) ¿O es que no tenemos que intervenir en aquellas culturas que organizan sus sociedades en castas? (El señor Alcaraz
Masats: ¿Que tiene que ver con los derechos humanos?) ¿O es que no tenemos que intervenir en aquellas sociedades que consideran que los Estados han de ser Estados teocráticos gobernados por clérigos? ¿O es que no tenemos que intervenir en
aquellas culturas en donde el hombre y la mujer no son personas y por tanto no son iguales ante la ley? ¿O es que no tenemos que intervenir en un sinfín de ejemplos, aunque no pretendo aburrir a nadie, en donde lo que sucede es que hay
confrontación de derechos humanos en los cuales acabamos coincidiendo todos? Lo que no queremos, lo que no podemos ocultar, lo que tenemos la obligación de plantear ante una sociedad adulta -sólo faltaba que ahora huyamos de aquellos debates que
pueden escandalizar, preocupar o inquietar a una sociedad democrática- es que hay confrontación de culturas. Es que con eso estamos haciendo un inmenso favor a aquellos que de forma oculta, de forma absolutamente desconocida para todos actúan en
esas culturas. ¿Qué hizo el famoso imán de Barcelona publicando un libro en donde decía sitios para pegar a la mujer y que no tenga rechazo social, para que no se vea dónde se le pega y no se pueda quejar? (Rumores.) Aquí, un imán, un clérigo,
publicado en Barcelona. ¿O es eso lo que queremos? ¿Mirar para otro lado y decir cómo es un poquito...? Pues no. Tenemos la costumbre de plantear este debate cultural, de una cultura que yo creo que estamos todos de acuerdo que debe estar
cerrada en torno a nuestra Constitución, en donde está el catálogo de los derechos y las obligaciones. Esa es la cultura, que es la cultura de la Unión Europea.
Al señor Campuzano, por último, estando de acuerdo en muchos de los debates y agradeciéndole la riqueza intelectual que introduce en el análisis y en el planteamiento del multiculturalismo que ha hecho en sus distintos apartados, he de
decirle que no es un debate que yo haya planteado, aunque yo entro encantado en él, pero no lo he planteado. No es un debate fácil. Es un
debate, si usted quiere, incipiente, en el que probablemente todos tenemos mucho que aprender, meditar y leer. Es un debate en donde afortunadamente ponemos ejemplos de pequeños conflictos hasta ahora conocidos en nuestra sociedad, pero es
que el objetivo es que sigan siendo pequeños ejemplos de pequeños conflictos y que no entremos en otro tipo de dramas de los que ha sido consciente este Parlamento. Este Parlamento aprobó una proposición no de ley, y SS.SS. lo saben, para que las
personas extranjeras que vengan a España se comprometan por escrito a no practicar la mutilación genital de las niñas. Eso figura ya en el compromiso que por escrito tienen que aceptar las personas extranjeras cuando entran en este país. Ahí es en
donde tenemos que ir avanzando. Me alegro muchísimo de que la niña de Almería haya sido valiente, y no le habrá sido nada fácil, para denunciar su situación en su propia familia. Por tanto, señor Campuzano, creo que debemos contribuir todos, desde
la verdad, al menos desde la que cada uno de nosotros creemos lealmente que es la verdad a definir esa sociedad multirracial, esa sociedad multiétnica, esa sociedad mestiza, esa sociedad de la diversidad, que es en la que nosotros creemos, en la que
cree el Partido Popular, en la que creo yo personalmente, que sin duda alguna será el futuro ya no solamente de España, hemos llegado a ella hace bien poco tiempo, sino de la propia Unión Europea.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, ¿puedo contestar a las preguntas?
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz, son preguntas retóricas dentro de la contestación del señor Fernández-Miranda.
El señor ALCARAZ MASATS: Si yo voy a contestar también retóricamente.
El señor VICEPRESIDENTE: Nadie duda de que S. S. no comparte los métodos del señor Bin Laden.
El señor ALCARAZ MASATS: Pero lo deja en el aire y me veo ya con el turbante, señor Fernández-Miranda. (El señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Fernández-Miranda y Lozana: ¡Por Dios, señor Alcaraz!) Usted nos
ha criminalizado de manera gratuita. Después contestaré en todo caso.
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA) PARA INFORMAR SOBRE EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE CONVENIOS DE INMIGRACIÓN CON DIVERSOS ESTADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000868)
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA) PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA CANALIZAR EL FLUJO MIGRATORIO PROVENIENTE DE ARGENTINA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000886)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden. Tengo entendido, señor Campuzano, que se van a acumular las dos iniciativas.
(Asentimiento.) Entonces, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda para contestar la solicitud
de comparecencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre el desarrollo de la política de convenios de inmigración y sobre las actuaciones previstas para canalizar el flujo migratorio proveniente de Argentina.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, en contestación a estas dos comparecencias, tengo la oportunidad de hablar de cuál es la política de extranjería, de
inmigración, de asilo y refugio que el Gobierno viene desarrollando en los dos últimos años, basado en la nueva Ley de extranjería, en su reglamento, en el programa GRECO como catálogo de compromisos y en una serie de actuaciones que están poniendo
de manifiesto cómo somos capaces de ordenar y de racionalizar los flujos migratorios, potenciando la inmigración legal y rechazando o combatiendo la ilegal. Uno de los instrumentos puesto al servicio de esta política es el de la firma de convenios
con terceros países. En definitiva, uno de los objetivos de la política del Gobierno es el control y la ordenación de los movimientos migratorios, potenciando dos derechos que deben acompañar siempre a la situación de status de legalidad -uno de
ellos-, y estar en posesión de un contrato de trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos de la sociedad de destino -otro- y, por último, la reagrupación familiar todo ello enmarcado en las necesidades, en las posibilidades, en
la realidad de nuestra capacidad de acogida cierta en nuestro mercado laboral.
Pues bien, dentro de estas acciones analizamos lo que a lo largo de los últimos cuatro o cinco años habían sido los flujos migratorios que se producían espontáneamente desde terceros países para llegar a identificar a aquellos de los que
había procedido el mayor número y estaban empezando a constituir, dentro de España, las colonias más numerosas de nacionales.
Analizados los distintos países, decidimos que era con Marruecos, en África, con Ecuador, Colombia y República Dominicana,
en América, y con Rumania y Polonia, en Europa, los cinco países con los cuales deberíamos acordar, y hemos acordado, la forma de que desde su propia
actuación y en perfecta coordinación entre ambos gobiernos, contribuyésemos a la regularización y a la ordenación de la llegada de personas, de trabajadores a España. Asimismo hemos firmado un convenio con Nigeria, que era el país
subsahariano del que mayor número de personas llegaban de forma clandestina, siguiendo la secuencia de los acontecimientos, que iba a ser la misma que se produjo con Marruecos en su momento. En 1992 firmamos con Marruecos un primer convenio de
readmisión de personas en situación irregular, en el año 1999 firmamos un segundo convenio de regulación de trabajadores de temporada y en julio de 2000 firmamos el de regulación de mano de obra en general como complemento de los tres. Nigeria es,
por lo tanto, el primer país subsahariano y estamos trabajando en este momento para empezar -ya hemos intercambiado los primeros documentos- con Senegal y con Ghana como los dos países subsaharianos desde donde en este momento está llegando un mayor
número de personas en situación irregular. El último convenio con Marruecos, el que completaba perfectamente lo que venía desde 1992 y 1999, tal y como le he mencionado, se firmó el día 25 de julio. Con Colombia firmamos el día 21 de mayo de 2001,
con Ecuador el 29 de mayo de 2001, con República Dominacana el 17 de diciembre del año 2001, con Rumania el 23 de enero de 2002, con Nigeria en noviembre de 2001 -no había dado esta fecha- y en este momento simplemente estamos pendientes, de
determinar la fecha para firmar con Polonia puesto que hemos cerrado ya todas las conversaciones, las cuales han sido complicadas fundamentalmente por la inmediatez con la que dicho país va a incorporarse a la Unión Europea, por lo que el período de
tiempo va a ser muy corto. Así pues, nos hemos movido en esa línea, con esos convenios y con esa intención y lo hemos hecho, como decía al principio, con países que tenían ya en España un número importante de personas, que ha crecido
significativamente en los últimos años, aunque sin alcanzar todavía valores destacados. Entre ellos, y entro en la segunda de las comparecencias, no se encontraba en aquel momento Argentina, país que hace aproximadamente un año y medio, muy al
principio de ostentar este cargo, tuve ocasión de visitar en viaje oficial, viaje en el cual me entrevisté con el ministro del Interior, el homónimo del ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes en España, y con la secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores. En aquel momento me dijeron que no necesitaban, que no querían, que no hacía falta ningún tipo de convenio específico, que no hacían ninguna demanda especial a la sociedad española más allá de que transmitiésemos la
mayor información posible de los movimientos de nuestro mercado laboral y de la evolución de los movimientos migratorios. El número de residentes argentinos en España es mediano. En 1996 residían 18.246 personas, 17.118 en 1997, 17.007 en 1998 -la
cifra bajó un poco-, 16.290 en 1999 -hay que tener en cuenta la facilidad con la que los nacionales iberoamericanos pueden acceder a la nacionalidad española al cabo de dos años, por lo que es comprensible que muchas de estas personas, residentes
legales, accedan a dicha nacionalidad transcurrido ese tiempo-, 16.610 en el año 2000 y en el año 2001 es cuando se produce un crecimiento importante, aunque no excesivamente significativo si lo comparamos con otros grupos, ascendiendo a 20.412 el
número de argentinos residentes en España, de los cuales 10.668 estaban en régimen general o extracomunitario y 9.744 en régimen comunitario. Simplemente estamos expectantes por si se nos solicita cualquier tipo de ayuda específica para favorecer u
orientar los flujos migratorios que pudiesen llegar en un momento determinado a ser lo suficientemente importantes como para necesitar una atención reforzada, más allá de la atención estándar de relaciones bilaterales diplomáticas.
Esto no se ha
producido hasta ahora. Usted sabe que se ha tomado una serie de decisiones. El propio presidente del Gobierno dijo en el Pleno del día 6 con motivo de una pregunta oral que España estaba haciendo esfuerzos indiscutibles para apoyar a Argentina y
mencionó, como único país que lo había hecho, una contribución de 1.000 millones de dólares adicionales a su contribución al Fondo Monetario Internacional. Además, se ha puesto en marcha una serie de actuaciones a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores dirigidas fundamentalmente a personas mayores, a familias -se ha prestado ayuda a 1.200 familias, con un montante de 300.000 euros- y a pensionistas en situaciones delicadas, personas a las que se les está brindando la posibilidad, si así
lo quisieran, de volver a España y ser atendidos desde el punto de vista de la asistencia social y del cuidado. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona Argentina y si el número y las dificultades nos recomiendan la necesidad de un convenio. En
principio, como acuerdos de readmisión (más allá de los cinco convenios de regulación de flujos que le he mencionado más el de Nigeria y otros países subsaharianos), no esta previsto poner en marcha más convenios, puesto que pensamos que con el
resto de los países las relaciones diplomáticas estándar están siendo suficientes para hacer posible la llegada de trabajadores a España.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Nuestro grupo ya tuvo ocasión de manifestar en su momento que compartía la necesidad de que el Gobierno impulsase una política de convenios con los principales países de donde provienen los flujos migratorios.
Nos parecía que este podía ser un buen instrumento para intentar regular los flujos migratorios de carácter laboral. El objetivo de esta comparecencia es conocer tres o cuatro aspectos relacionados con la puesta en marcha de esta política. Más
allá de esta voluntad de impulsar
estos convenios, a nuestro entender lo que iba a ser complicado, difícil e iba a exigir una voluntad política importante era que efectivamente las ideas y los principios que han conformado estos instrumentos de regulación de los flujos
migratorios se convirtiesen en un instrumento que nos permitiese introducir racionalidad en todo este proceso. Nosotros le planteamos cuatro cuestiones muy concretas, en general para todo el grupo de convenios, y una cuestión particular respecto a
uno de los convenios con un Estado concreto.
La primera cuestión sería: ¿cuáles son los medios que se han puesto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y en los países de origen para poder satisfacer el conjunto de obligaciones que implican estos convenios para el Estado español?
Nuestra sensación es que el servicio exterior de España, especialmente las delegaciones consulares españolas en estos países, se ve a menudo desbordados por la realidad -históricamente ha sucedido así de manera evidente- de la propia demanda que
ciudadanos de Ecuador, de Colombia, etcétera, plantean en estas delegaciones consulares. Si estos convenios no van acompañados por un esfuerzo de mejora del conjunto de servicios consulares quizás queden simplemente en una buena voluntad. Por
tanto, me gustaría conocer cuál es el conjunto de efectivos humanos y de recursos que ha dedicado España a estos cinco países, a partir de la firma de estos convenios, o de la previsión que se tiene al respecto.
La segunda pregunta sería saber cuál es el estado actual de ejecución de estos convenios, especialmente en lo que se refiere a las previsiones que contienen los mismos sobre la puesta en marcha de comisiones de selección y comisiones mixtas
de coordinación. Nos gustaría saber si se han constituido estas comisiones, si han efectuado reuniones, si están trabajando, si han puesto en marcha mecanismos que puedan permitir ejecutar las previsiones de los convenios.
La tercera cuestión que nos gustaría conocer es cómo enlazan estos convenios con la puesta en marcha del contingente para el año 2002. Qué va a implicar haber firmado cinco convenios de regulación de los flujos migratorios con la puesta en
marcha del contingente. Si va a suponer una prioridad de orientación hacia estos países, si van a artircularse mecanismos para hacer que las ofertas de trabajo destinadas a Ecuador, Colombia, República Dominicana, Rumania, etcétera, sean tramitadas
más fácilmente. En definitiva, cuál va a ser ese enlace con el contingente.
En relación con el contingente -aunque no sea el objeto de esta comparecencia y que lo tratemos en una próxima sesión de esta Comisión-, a nuestro grupo le preocupan dos
cuestiones que quiero apuntarles y si el señor Fernández-Miranda quiere entrar en ellas se lo agradecería. Una, existe una preocupación por parte de los sectores económicos, especialmente por parte de las asociaciones empresariales, de que el
sistema del contingente no sea todo lo suficientemente ágil que debería ser. Quería preguntarle si los convenios van a permitir una gestión mucho más rápida, mucho más ágil entre la petición de nuevos trabajadores por parte de las empresas y su
incorporación a las mismas en las condiciones que marcan dichos convenios. Dos, hay preocupación sobre el nivel de protección legal o el nivel de vigencia del régimen general después del acuerdo de Consejo de Ministros sobre el contingente y las
circulares que han desarrollado el mismo. Me gustaría conocer ese aspecto concreto y su enlace con las previsiones de los propios convenios.
Hay otra cuestión de carácter más concreto que haría referencia al estado del convenio con Marruecos y las perspectivas que existen para los próximos meses. Sabemos que continuamos con esa situación políticamente difícil y complicada de
relaciones con el Gobierno de Marruecos, sabemos que esta situación contamina al conjunto de la política de inmigración de España y siendo Marruecos el principal origen de los flujos migratorios de España, es evidente que no es bueno que las
previsiones de este último convenio firmado a finales de julio del año pasado aún no se haya podido poner en marcha. Nos gustaría conocer cuáles son las perspectivas del Gobierno para evitar que la situación de crisis política entre España y
Marruecos repercuta negativamente en la gestión de los flujos migratorios provenientes de este país vecino.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Fernández-Miranda, yo creí que ya habíamos llegado a un acuerdo hace más de sesenta años con respecto a los derechos humanos, pero veo que no es así, porque constantemente se salta a la torera ese terreno, esa
área donde hemos situado nuestro debate. El problema de fondo es este de los derechos fundamentales que no se recogen en la Ley 8/2000. En todo caso, con respecto al concepto de cultura, brevísimamente le contesto a alguna de sus preguntas. Le
diré que no hay que tener miedo a la cultura, señor Fernández-Miranda. La cultura no es matar a una mujer en una cocina de una vivienda de protección oficial, eso no es la cultura. La cultura no es apedrear a una mujer hasta la muerte en Nigeria,
eso no es la cultura. La cultura es otra cosa, es una forma de vivir y cómo esa forma de vivir, de entender y de conocer se convierte en una especie de segunda piel, de segunda naturaleza, que tú crees que controlas, pero que en realidad te
controla a ti. Desde ese punto de vista la cultura es incurable, dicho sea entre comillas. Por tanto, no me salga otra vez con que la cultura es apedrear a una mujer por la espalda o matarla con un machete en una cocina de España, eso no es la
cultura. No mezclen esos dos conceptos, porque a partir de esa mezcla usted tendrá una inmensa desconfianza por la cultura.
Usted ha dicho que hay que corregir el Plan GRECO y, aunque ha quedado en la sala una cierta duda de si
era irónico lo que usted decía, que era un error haber cogido el tema de la multiculturalidad, yo creo que no era ironía, porque usted también ha añadido que en democracia no cabe la multiculturalidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz, le recuerdo que estamos en el segundo punto del orden del día.
El señor ALCARAZ MASATS: Es un afán retórico, como el que ha tenido él, no se preocupe. Ya he consumido ese tiempo para que no quedara en el aire que no tengo nada que ver con Bin Laden ni con el terrorismo ni con la muerte, absolutamente
con nada de eso. Es un recurso fácil, señor Fernández-Miranda, que consiste en intentar criminalizar al contrario.
Dicho esto, ha pasado algo más de un año y ha ocurrido de todo y algunas cosas bastante dramáticas tras la práctica derogación de la Ley 4/2000 y la entrada en vigor de la Ley 8/2000 rompiendo un consenso que le costó el puesto a don Diego
Jordano y al señor Pimentel, por ejemplo. Existía ese consenso, en el que habíamos participado todos y que lo habíamos trenzado entre todos. A partir de un momento dado se instaura una cierta doctrina del señor Mayor Oreja que considera que este
es un problema policial. Ese es el problema de fondo.
Le voy a exponer los problemas que nosotros vemos, señor Fernández-Miranda. A partir de ahí, un proceso previo de regularización establecido con amplias miras en la Ley 4/2000 se convierte en un proceso alicorto y plagado de
irregularidades, que obliga a establecer en la nueva ley el reexamen de oficio de los expedientes rechazados y produce la increíble operación Ecuador y el goteo de acuerdos forzados por las movilizaciones provincia a provincia, que una vez más ponen
en evidencia -porque son acuerdos diferentes en muchos casos- la caótica política del Gobierno. Fruto de esa presión a la que me he referido ha existido un nuevo proceso de regularización encubierto por motivos de arraigo, sin procedimientos
establecidos normativamente e inconcluso al día de hoy. El día 31 de julio finalizó el plazo de presentación de solicitudes, y de las casi 350.000 sólo se han aceptado hasta el momento algo más de 122.000, lo que representa un problema serio donde
los haya. A nuestro juicio hay una carrera poco edificante para lograr cualquier tipo de acuerdo con cualquier tipo de gobierno de los países que llamamos emisores de inmigración. La improvisación y la falta de transparencia de estos acuerdos sólo
es equiparable a su ineficacia. El insólito cruce de acusaciones sobre mafias con Marruecos, la retirada de su embajador y la paralización sine die de la puesta en marcha de los acuerdos sobre inmigración están condenando a miles de marroquíes a la
repatriación -así funcionan las devoluciones, como usted bien sabe- y al eterno retorno, con mayor riesgo cada día para sus vidas.
El Plan Greco (que tiene un error que hay que corregir: no cabe en democracia el interculturalismo; por favor, no ponga eso negro sobre blanco, porque es bastante serio) es un plan fantasmal cuya continuidad ni siquiera usted ha sido capaz
de garantizar, como tampoco ha podido garantizar la continuidad del observatorio de la inmigración. En cuanto a cuestiones tan apremiantes como la habilitación de centros de acogida y asistencia, los problemas de Canarias o el reenvío de
inmigrantes de una comunidad a otra son hechos suficientemente expresivos del caos al que me he referido anteriormente. Mientras tanto, señor Fernández-Miranda, hemos asistido impotentes al aumento del número de muertes en nuestras costas
-¿recuerda lo del efecto llamada?- y a la arribada de inmigrantes en condiciones lamentables, sin que se hayan dispuesto en ningún caso medidas ni recursos suficientes para asegurar una asistencia humanitaria mínima a los que llegan con vida.
Por mucho que el Gobierno se empeñe en falsificar cierta realidad con estadísticas trucadas, ahí están las denuncias de ciertas organizaciones, como Comisiones Obreras de Murcia, que hablan de 20.000 solicitantes que continúan sin papeles en
aquella provincia, a pesar del accidente de Lorca. Usted me puede dar otro número, pero Comisiones Obreras lo ha demostrado más allá de lo que usted me pueda demostrar hoy aquí, aunque hasta ahora no ha tenido mucha intención de demostrar nada.
Hay otra asociación que además desmiente que los 25.000 inmigrantes del puente aéreo estén regularizados. ¿Recuerda el farol que se lanzó usted cuando anunció en Quito un cupo de 40.000 personas anuales para Ecuador en los próximos años? Ha sido
una operación fantástica.
Podríamos seguir con muchos ejemplos, señor Fernández-Miranda, pero lo que nos preocupa realmente ahora es que esas políticas del Gobierno nos están llevando a un bloqueo real en un momento decisivo para la inmigración en España y en Europa.
El bloqueo durante un año de la Ley 4/2000 y el resultado lamentable de la Ley 8/2000 desde su entrada en vigor no sólo suponen un tiempo perdido, sino un profundo retroceso en aquello que se decía tener como objetivo: la cultura de la legalidad y
la integración.
Cuánto lo repitió el señor Mayor Oreja y cuánto lo ha repetido usted.
Esta cultura de la legalidad ha fracasado, porque era una cultura -entre comillas- falsa, una cultura impositiva y policial derivada mecánicamente del texto de
la Ley 8/2000.
De cara al futuro, con esta pesada carga de la Ley 8/2000 y el propósito del Gobierno de mantenerla como sea, nos topamos con la puesta en marcha de una política de cupos que ha disparado todas las alarmas. Nosotros hemos denunciado
reiteradamente en el debate de la ley, y sobre todo en el debate del reglamento, sin demasiado éxito, que la inhabilitación de hecho del régimen general o vía ordinaria de obtención de permisos y la instauración del sistema de cupos, prácticamente
como único cauce de entrada y permanencia legal, están suscitando un problema muy serio, ya que muchos afectados -y las organizaciones así lo vienen denunciado de manera recurrente- se encuentran en una situación de irregularidad por las
múltiples causas previstas en las normas jurídicas y, a partir de esta dialéctica que le acabo de denunciar, tienen escasísimas posibilidades de obtener el status legal. Desde nuestro punto de vista, de este bloqueo sólo se puede deducir la
necesidad de que todos nos movilicemos, señor Fernández-Miranda, y no caben las movilizaciones en el marco de la Ley 8/2000. Debe haber una emulsión, debe haber una movilización social en torno a ese amplio consenso que concitó la Ley 4/2000.
A nuestro juicio, hay que derogar la Ley de extranjería que ustedes impusieron -democráticamente, con los votos que tienen-, retomando el objetivo de garantizar los derechos y libertades fundamentales de los inmigrantes. Hay que desarrollar
la ciudadanía europea en la zona de la Unión Europea, incluidos los nacionales de países no comunitarios que residan en la misma. También nosotros pensamos, señor Fernández-Miranda, que en el semestre de la presidencia europea -y estamos hablando
sucintamente de soluciones, pero de soluciones reales- se debe reconocer el derecho de voto de los inmigrantes, como mínimo, en las elecciones municipales. A partir de una serie de planteamientos, que parten de la derogación de la ley de
extranjería, podríamos entrar -entonces, sí- en una política de inmigración, en una política social, no en una política policial, que está generando una serie de problemas que le acabo de enunciar de manera muy resumida.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor delegado del Gobierno, en el ámbito de las dos comparecencias acumuladas (y voy a limitarme a dicho ámbito, sobre todo porque uno de los temas suscitados por mis colegas portavoces de Convergència i Unió y
de Izquierda Unida es objeto de una pregunta específica firmada por este diputado, en el número 21 del orden del día de hoy, y a efectos del 'Diario de Sesiones' son las 12,20 y estamos en los puntos acumulados 2 y 3) me voy a referir sólo al objeto
de las mismas.
Usted nos habla de una serie de convenios sobre inmigración, pero luego, en sus explicaciones, sinceras en esto, vemos que uno de los convenios está sin firmar y, por tanto, no es convenio. El europeo ha dicho que estaba por firmar, si no
he entendido mal cuando le he escuchado atentamente, que estaba pendiente de firma, creo que ha sido la expresión. Si ha querido usted decir de ratificación puede ser así, pero en cualquier caso está pendiente.
Nos quedan unos convenios extraeuropeos. No me parece mal. Es cierto que una buena parte de la inmigración que recibimos en nuestro país es de origen extraeuropeo, pero hay que observar -como usted ha dicho y es absolutamente cierto- que
el único convenio que se ha establecido con un país subsahariano, el de Nigeria, es pura y simplemente un convenio de readmisión. Nos parece bien, no lo vamos a discutir. Los problemas que se creaban con las imposibilidades de devolución de
ciudadanos nigerianos por las tácticas habituales de autodefensa, que nos parecen absolutamente comprensibles por su parte, de negación de la nacionalidad, de destrucción de documentación acreditativa, etcétera, eran bastante insoportables, por lo
que un convenio de devolución nos parece correcto, pero es poco. Si está constatada la realidad, y por eso hay un convenio de devolución, de una migración nigeriana en un número significativo de personas, sería bueno que se hubiera podido acordar
también algo respecto a la inmigración y no sólo respecto a la devolución. Estamos diciendo que existe realmente una inmigración nigeriana, pero nos preocupamos sólo de devolverla, no de regularizarla, no de que llegue en buenas condiciones a
nuestro país. Nos parece que esto es poco. Estamos de acuerdo, sobre todo desde el punto de vista de lo que pueda contribuir -y lo digo en el tiempo verbal en que lo digo- al respeto de los derechos humanos de estos ciudadanos, al menos mientras
se encuentren en territorio español, pero nos parece escaso.
Respecto al convenio con Marruecos, el otro con un país africano, se ha dicho ya, señor Fernández-Miranda, pero lo cierto es que el convenio con Marruecos es un convenio de mano de obra, no es un convenio de inmigración. Además estamos en
una situación en la que, por desgracia -yo creo que también por torpeza del Gobierno del que usted forma parte-, las relaciones con el Reino de Marruecos no son las mejores históricamente.
Por tanto, la aplicación práctica de este convenio con
Marruecos tiene enormes dificultades -por hablar lo más compasivamente posible- y la realidad de los inmigrantes marroquíes que continúan llegando (ya ha vuelto a empezar la temporada en las pateras a través del Estrecho y en las pateras a Canarias)
es algo que demuestra la falta de aplicación real de este convenio con Marruecos.
Nos quedan ya sólo los tres convenios americanos. Usted nos ha asegurado que éstos se han realizado después de un largo estudio respecto a cuántos inmigrantes procedían de cada uno de los países, pero lo cierto es que el convenio con
Ecuador se empieza a mover con posterioridad al puente aéreo famoso Madrid-Quito, con los 25.000 no regularizados, 21.000 sin regularizar aún, aunque en sus cuentas los ponga como regularizados. Por tanto, nos da la impresión de que el convenio con
Ecuador responde más a una improvisación de necesidad de respuesta política a una situación que, como usted nos ha repetido en varias ocasiones, le impactó mucho personalmente cuando se trasladó a Lorca, que a un estudio asentado en el tiempo y
profundo de la realidad migratoria ecuatoriana. Yo no sé,
porque no estaba presente, qué es lo que hablaron ustedes con el Gobierno ecuatoriano, pero lo cierto es que el señor Heinz Moeller, canciller de la República de Ecuador, el día 9 de septiembre del año pasado, en Miami, manifiesta que espera
que en el año siguiente o en los años siguientes pudieran trasladarse de Ecuador a España, con todos los papeles en regla, entre 25.000 y 40.000 ecuatorianos. Si esto es así, seguro que habremos despertado unas expectativas en Ecuador imposibles de
cumplir cuando en el contingente de 2002, si no me fallan las cifras, ustedes señalan un total de 10.000 para contratos permanentes y 22.000 para contratos temporales. Sólo con los ecuatorianos que al parecer habían prometido queda cubierto
totalmente el contingente. Como ello no es así, alguna frustración habremos despertado.
Además de estas preocupaciones, que no objeciones (le aseguro que no es una cuestión de intentar decir que usted lo haga mal -cada uno llega a la conclusión que sea-, sino una preocupación por la repercusión que esto tiene en la situación de
toda la sociedad española respecto a los derechos de todos los ciudadanos, sean españoles o extranjeros, etcétera), también tengo que hablar de aspectos que han sido tocados con anterioridad por otros portavoces y sobre los cuales no puedo pasar en
silencio. Para que estos convenios funcionen realmente, para que tengan en la práctica la función que ustedes dicen que han de tener y que a nosotros nos gustaría que tuvieran, los medios del servicio exterior de España en los consulados de los
países con los que se han firmado los convenios deben ser necesariamente superiores a los que existen ahora. Yo sé perfectamente que, en este ámbito y en otro, siempre pedimos ampliación de servicios consulares, más medios humanos y materiales,
etcétera, para atender a las diversas funciones del servicio exterior de España. Pero lo cierto es que cuando se hace una acción política concreta y determinada, como son los convenios de inmigración específicos con estos países, el papel que se
haya firmado al respecto debe complementarse necesariamente con la realidad de la voluntad política del Gobierno, que se plasma en los medios materiales y humanos, las suficientes personas con la cualificación necesaria para las funciones concretas
que deben realizar, para que los servicios consulares puedan agilizar al máximo la tramitación de las solicitudes de visados, teniendo en cuenta sobre todo la enorme proporción de contratos temporales de los que hablan ustedes, que exigen una
rapidez en la tramitación muy superior a la de los contratos permanentes, puesto que si no la razón de temporalidad deja ya de existir y, por tanto, la razón de la tramitación en concreto.
Por ello, nos gustaría saber qué refuerzos se han realizado en estos consulados, cuánto personal técnicamente cualificado al respecto se ha desplazado allá y en qué situación está, y también saber, como solicitaba el representante de
Convergència i Unió, el funcionamiento de las comisiones de selección, con qué personal técnico contamos, desde el punto de vista del Gobierno español, para completar estas comisiones de selección, cuánto llevan trabajando, cuántos expedientes han
visto, cuáles han sido los resultados, cuál es el número de solicitudes realizadas y cuáles seleccionadas, para qué tipo de contratos de los previstos en los convenios, etcétera, algo que en su explicación inicial, que sin duda completará luego, no
estaba, o al menos yo no he sabido ver.
Respecto al contingente y al régimen general, he dicho que no voy a intervenir aquí porque tengo presentada una pregunta en este terrible vigesimoprimero y último punto del orden del día de la sesión de hoy, pero sí me preocupa ahora, en
este momento, respecto a los convenios, la posibilidad de absorción de la totalidad del contingente sólo por los flujos que responden a convenios firmados y cómo nos deja esto respecto a una ilusión absoluta, que es intentar con un papel, con una
ley o con un convenio, frenar la realidad de la vida que supone que las personas migran porque lo necesitan y que continuarán migrando y que tenemos que dar solución a esta migración imparable, como usted sabe, que se va a producir.
La situación de Argentina, para referirnos a la otra comparecencia acumulada, señor delegado del Gobierno, es enormemente trágica. Nosotros estaríamos por la labor de que se dedicara la mayoría de esfuerzos del Gobierno a la ayuda de los
ciudadanos españoles en Argentina, pero también a la ayuda de los ciudadanos argentinos que quieran, por las condiciones trágicas, repito, en que se encuentra aquel país en estos momentos desde el punto de vista económico, de desestructuración
social, caos político, etcétera, emigrar en este momento. Los lazos culturales entre un país y otro creo que debieran facilitar enormemente esta posibilidad. Los datos que usted ha dado sobre residentes argentinos y la explicación que ha apuntado
creo que van en esta vía. Es cierto que entre argentinos y españoles la facilidad de adquisición de la nacionalidad -facilidad con la que estoy plenamente de acuerdo- hace que la posibilidad de integración sea extraordinaria, la posibilidad de
integrarse no sólo en los derechos de ciudadanos generales, en los derechos humanos, sino en el conjunto articulado, una ciudadanía compartida con el resto de los habitantes del país, que creo que es buena, y nos gustaría, por tanto, que se
dedicaran a eso. Yo creo que sería bueno para la imagen de España también, no sólo para la situación de los argentinos y de los españoles en Argentina, que, además de la enorme preocupación que demostró el Gobierno inmediatamente por los
rendimientos de las empresas españolas en Argentina, hubiera una preocupación al menos semejante -no sólo en 300.000 euros- por la situación de los ciudadanos en aquel país.
El señor VICEPRESIDENTE: Para su buen gobierno le comunico que a partir de ahora colabora usted activamente a retrasar su pregunta vigesimoprimera, porque hasta este momento tiene usted la intervención más larga de todos los que han
intervenido en esta comparecencia, incluida la del grupo autor de la misma.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Sabe usted que mi inveterada y nunca rota costumbre de no leer, sino hablar, hace que a veces, contando además con la benevolencia de S.S., el tiempo se alargue, pero
el principio de igualdad de armas y la posibilidad de hablar cuando todo el mundo ha hablado es algo también necesario. A pesar de ello, con este tiempo que llevamos ya moderándome usted a mí y yo siendo inmoderado, ha logrado ya conseguir tal
previsión de lo que voy a hacer que iba a concluir de verdad antes de su admonición, con lo cual igual hemos conseguido unos segundos más de retraso, pero concluyo ya esperando oír las explicaciones del delegado del Gobierno para Extranjería e
Inmigración al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con el ánimo de recibir el aplauso y la ovación de todos los grupos parlamentarios, voy a señalar tan solo lo siguiente. En primer lugar, que la política de convenios puede ser un buen instrumento; con su desarrollo,
la perfección del modelo y del método y con el tiempo, se puede avanzar en tres grandes objetivos: garantizar la integración, asegurar la igualdad y la plena efectividad de derechos y restar campo de acción, desde la legalidad, a las mafias de
tráfico ilegal de personas.
Respecto de la situación puntual de Argentina, tomamos nota de ese compromiso expresado por el señor Fernández-Miranda en cuanto ha dicho literalmente estar expectantes por si la evolución de la situación en aquel país requiriera de fórmulas
nuevas, constatando, como ha recordado el señor Fernández-Miranda, que la no existencia de convenio forma parte de una elección en su momento -legítima- de las propias autoridades argentinas. Y aquí me paro. No voy a entrar en algunas
consideraciones del discurso general que ha hecho el señor Alcaraz, simplemente acentuar que yo no creo que nunca se pueda tildar de fracaso la política de legalidad; siempre la legalidad es, en sí misma, el marco a partir del cual se puede
garantizar la existencia y la defensa de los derechos de todos y de los valores de la convivencia.
Coincido con la aspiración expresada por los señores Pedret y Campuzano, así como la de este grupo parlamentario y estoy seguro que también del Gobierno, sobre la necesidad de encontrar más medios para nuestro servicio exterior. En eso,
dentro de las limitaciones existentes, viene trabajando y seguirá trabajando el Gobierno. En definitiva -y con ello concluyo-, nos parece un buen instrumento de principio éste de la política de convenios con los países señalados como países de
origen, que va a ser necesaria la aportación y la contribución de todos para perfeccionar ese modelo. A partir de ese modelo, de su ampliación y perfeccionamiento, podemos conseguir esos valores de legalidad, de garantía de la integración, del
aseguramiento de la igualdad y plena efectividad de derechos y desde luego de la capacidad de restar acción al negocio criminal y oscuro del tráfico de personas, podemos ir, entre todos, consiguiendo nuevas metas.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les voy a contestar agradeciendo sus palabras tanto al señor Campuzano como al señor Alcaraz y al señor Pedret, con quien es
especialmente agradable y discutir parlamentariamente; no es que no lo sea con los demás, pero el señor Pedret tiene esa habilidad, esa simpatía natural que llega incluso a convencer al señor presidente de que no se excede en el tiempo y cosas de
esas.
Al señor Alcaraz le iré contestando en función de lo que ha sido una intervención casi ómnibus, que va mucho más allá de la comparecencia, en la que mete media docena de preguntas posteriores, como decía el señor Pedret, no solamente la
vigésimo primera suya. Le diré simplemente, con toda la simpatía y cariño que también sabe que le profeso, que me parece muy bien que S.S. quiera derogar la Ley 8/2000. Perfecto. Nosotros quisimos derogar la 4/2000 y lo conseguimos en el momento
en que tuvimos suficientes escaños para hacerlo; esa es la grandeza del juego democrático. La Ley 4/2000 no fue una ley de consenso universal, ni muchísimo menos, fue una ley hecha contra el Gobierno. A no ser que usted pretenda que, menos el
señor Pimentel y el señor Jordano, que pasarían a constituir el Partido Popular, todos los demás nos hubiésemos salido del Partido Popular para reforzar esa idea que usted pone encima de la mesa sobre ese consenso universal. No fue así, todo el
mundo tiene bien claro que fue una ley hecha contra el Gobierno.
Contestaré a continuación a las preguntas planteadas específicamente en esta comparecencia, tanto por el señor Campuzano como por el señor Pedret. Medios. Por supuesto que necesita medios, un refuerzo administrativo, el reconocimiento,
mediante la firma de un documento, de que hace falta dotar mejor y hacer un mayor esfuerzo para alcanzar una eficacia y una eficiencia que no teníamos con estos países. En los presupuestos, tanto del año 2001 como del año 2002, en función
de la información que me pasa el Ministerio de Asuntos Exteriores -si SS.SS. quieren, puedo transmitírsela por escrito- se ha procedido al refuerzo de los consulados en Quito, Bogotá y Rabat, con respecto a los países con los cuales tenemos
convenios, además de Lima y Estambul, países con una presión importante, pero con los que no tenemos convenios.
A través de los acuerdos firmados con estos países hay una corresponsabilidad en cuanto al esfuerzo, no solamente del Gobierno de
España, sino incluso compartido, tanto con República Dominicana como con Ecuador, Colombia o Rumania, donde ya están constituidas las comisiones mixtas y las comisiones de selección. No es así con Marruecos, obviamente, porque estamos como estamos,
ni tampoco con Polonia, porque nos falta la firma; efectivamente, señor Pedret, no está firmado con Polonia, expliqué que la negociación había sido complicada por lo peculiar de la práctica e inmediata incorporación a la Unión Europea de Polonia.
Con los países con los que está constituido el comité mixto serán los Ministerios de Trabajo, y en Colombia específicamente el SENA -Sistema de Enseñanza Nacional-, los que se ocupen de proporcionar oficinas específicas a las que asistirán los
demandantes de empleo después de que nosotros, a través de nuestras embajadas y consulados y a través del Ministerio de Trabajo español, especifiquemos no solamente el número de ofertas posibles de empleo, sino también el perfil laboral que los
empresarios españoles buscan.
Medios y estado actual de los convenios. Esto está contestado. En el caso de Marruecos estamos esperando. Firmamos en el mes de julio y les hemos ofrecido, a partir del mes de octubre, entre seis y ocho fechas posibles, hasta el mismísimo
29 de diciembre, si no recuerdo mal, para poder reunirnos. No ha sido posible por la situación, que, como se ha reiterado en muchas ocasiones, el Gobierno de España no entiende pero es tan cierta como la inexistencia de embajador y, por tanto, la
imposibilidad de concretar esas reuniones. Con esto queda contestada también su pregunta sobre Marruecos.
En cuanto al contingente, si les parece, esperamos a la pregunta que formula el señor Gil Lázaro para entrar en mayores detalles. En definitiva, esto viene a suponer, como ha supuesto en otros países de la Unión, el uso, creo que sumamente
acertado, de otro de los instrumentos complementarios, en este caso orientado específicamente a los convenios; empresarios, sindicatos, autoridades de Trabajo de los gobiernos regionales y del Gobierno nacional se pondrán de acuerdo, haciendo la
estimación de las necesidades que no serán capaces de satisfacer mediante trabajadores españoles, trabajadores de la Unión Europea o trabajadores extranjeros con residencia y permiso de trabajo -que los hay- en desempleo, y que en el mes de
diciembre alcanzaron por primera vez la cifra de 87.000. Por tanto, una vez estudiado el mercado, una vez estudiada la situación nacional del empleo, que es obligación y competencia del Estado en exclusividad, se decide como un número estimatorio,
aproximado, el contingente, que, según ley, sólo podrá ser cubierto por trabajadores extranjeros que se encuentren fuera de España.
Vamos a esperar a la pregunta vigesimoprimera para entrar en más detalles, tal cual plantea el señor Pedret.
Es la primera vez que de verdad en el año 2002 vamos a utilizar el contingente como alternativa a otras formas de ordenación en ningún caso excepcionales; partiendo de ese hecho cierto -ahora veremos en otras preguntas el incremento de la
población- de haber aparecido ya esa cifra de 87.000 desempleados perfectamente manejable, perfectamente digerible por nuestro sistema, pero que nos pone ante una realidad cierta. Ese mercado laboral está razonablemente satisfecho con la
elasticidad, con la flexibilidad con la que nuestro mercado de trabajo se mueve. En cuanto a las dudas que el señor Campuzano nos planteaba -agilidad, flexibilidad, eficacia, forma de complementarse por el régimen general o por los regímenes
excepcionales-, pensamos que es la fórmula. Además, han creído en esa fórmula las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, los gobiernos de las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias. Yo he tenido
ocasión de reunirlo, y después lo veremos con más detalle, a través del Consejo Superior de Política de Inmigración, en donde se habla y se informa de la decisión que posteriormente se toma en Consejo de Ministros como competencia exclusiva del
Estado. Por lo tanto pensamos que va a funcionar, pensamos que está funcionando y hablaremos de ello en su momento. El compromiso que queremos adquirir, que ya hemos adquirido los distintos niveles administrativos y los distintos agentes sociales,
es que sea el instrumento útil para satisfacer las demandas de los trabajadores de terceros países intentando buscar aquí expectativas de futuro que no encuentran en sus países y las necesidades de mano de obra que nosotros tenemos.
Señor Pedret, criticaba S.S. que sólo hayamos hecho un convenio de readmisión con Nigeria. Bueno, en 1992 empezamos así con Marruecos y no nos ha ido mal. Debe darse cuenta de que en este momento hay 5.111 residentes legales de
nacionalidad nigeriana y sin embargo tenemos más de 260.000 de nacionalidad marroquí, que no los había desde el principio ni de golpe y porrazo en 1992. Hemos dado un primer paso, lo que hemos hecho con Marruecos. Me dice usted que sólo hay un
convenio de mano de obra; llamémoslo como queramos, hay uno de readmisión, firmado en 1992 que no está revocado ni anulado, hay otro de 1999, sobre mano de obra de trabajadores de temporada o temporeros, y hay otro de 2000 sobre mano de obra
estable o mano de obra que va a completar la de temporada. Sumados esos tres convenios, el paquete normativo nos sitúa en perfectas condiciones para hablar de una política de regulación de flujos migratorios con Marruecos, de lo cual nos alegramos
inmensamente.
El señor Pedret, hablaba de nuestra torpeza en cuanto a las relaciones con Marruecos -dejémoslo ahí, en recordarlo, y no vayamos más allá en ningún ámbito- y de que la mejor demostración de la falta de eficacia es la llegada de pateras.
Creo que es la demostración de que aún no hemos conseguido el grado de compromiso que queremos de las autoridades marroquíes, que aún no hemos conseguido el desarrollo del último convenio para mano de obra estable que nos debería haber llevado a
constituir la comisión mixta y la comisión de selección. En definitiva, pone de manifiesto el drama de la sociedad marroquí, que pierde vidas en el Estrecho, que pone en manos de traficantes de seres humanos a sus hombres y a sus mujeres y, luego,
estos traficantes las ponen aquí en manos de explotadores españoles en su inmensa mayoría, para nuestra vergüenza. Nos queda mucho que caminar en esa relación y en esa regulación de los flujos.
En cuanto al Ecuador, afirma usted rotundamente que se nos ocurre al hilo de lo ocurrido en Lorca. No es verdad, habíamos empezado a trabajar y llevábamos trabajando un número importante de meses en ese sentido; las cosas fueron bien y yo
insisto en que acertamos haciendo la operación humanitaria, de la que ahora le diré, en función del incremento de población, las cifras exactas. Fue el canciller Meler el que dijo que quería 40.000 contratos para 40.000 ecuatorianos, el ministro de
Asuntos Exteriores ecuatoriano. No me eche la culpa también de la muerte de Manolete, no me eche la culpa de que las declaraciones del señor Meler son responsabilidad mía, sobre todo porque es cierto que fue una constante, en todos los países con
los cuales tenemos un convenio, la petición de que le asignásemos un porcentaje fijo anual para poder venir personas a trabajar a España. A todos ellos les dijimos lo mismo.
Primero, que serían los empresarios españoles los que decidirían cuántos
vendrían y sus características y segundo, que va a depender de la situación nacional del empleo. Bien es cierto que el crecimiento de los últimos cuatro o cinco años se ha ralentizado en el último y probablemente no podrán venir tantas personas
como las que hemos regularizado a lo largo de los dos últimos años. Por tanto, no fue nuestro compromiso sino, sin duda, el deseo del canciller.
El contingente -lo veremos luego- es la demostración de nuestra capacidad de acogida, y nuestra capacidad de acogida, señor Pedret, es limitada.
Buscar solución, como usted dice, a una inmigración que es imparable es precisamente lo que
estamos haciendo, a no ser que su grupo parlamentario esté todavía donde estaba el señor López Garrido, que en el debate de la ley propuso que concediésemos un visado para venir a España a buscar trabajo. Espero que no estén en esa tesis, como no
están en la tesis de puertas abiertas. Como no somos partidarios del visado para buscar trabajo ni de una política indiscriminada de puertas abiertas, porque pensamos que es la mejor forma de potenciar el tráfico de seres humanos y la explotación
de seres humanos, realidades a cuál más denigrante, estamos en lo que estamos: en la ordenación de flujos. Ya hemos analizado, como consecuencia de estas comparecencias, los convenios y en buena medida iniciamos el análisis del contingente como
instrumentos de la ordenación de flujos.
En cuanto a los argentinos, la mejor ayuda posible, -lo hemos dicho mil veces- es lo que estamos haciendo inicialmente con los emigrantes españoles, rescatando nacionalidades o concediendo nacionalidades a sus hijos. Saben ustedes que los
hijos y los nietos de los emigrantes españoles, si quieren venir a trabajar, estarán siempre en las fórmulas extraordinarias, fuera de las limitaciones que la situación nacional de empleo y el contingente van a establecer. Nos piden, como el resto
de los inmigrantes laborales, un puesto de trabajo y tendremos que tenerlo para dárselo, a no ser que de lo que estemos hablando sea de algo completamente distinto, y es cuestión de estudiarlo; si lo estamos haciendo con los españoles emigrados
será cuestión de plantearse el estudio con nacionales argentinos por razones humanitarias, hablando ya casi de refugiados ante situaciones de necesidad o de miseria como las que en otros países se puede llegar a alcanzar.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradecemos al señor Fernández-Miranda su intervención y le solicitamos que la información que ha ofrecido sobre el incremento de los servicios consulares en los países donde se ha firmado el convenio la haga
llegar por escrito a los distintos portavoces.
Simplemente haré algunos comentarios. Un apunte sobre una cuestión que yo creo que va a ser importante en los próximos años, el concepto de mercado razonablemente satisfecho.
Esta semana, en Barcelona, se va a reunir la comisión ejecutiva provincial del INEM, con los sindicatos, y las organizaciones patronales y se van a ver las diversas ofertas planteadas por las asociaciones patronales catalanas en la provincia
de Barcelona. De momento, lo que indican las cifras que se van a exponer en esta reunión es que en determinados sectores técnicos de electricidad, en el sector de la construción, -albañiles, trabajadores del ámbito de las hormigoneras, revocadores,
escayolistas, estuquistas- y en el ámbito de chapistas, -caldereros y ajustadores de máquinas y herramientas-, entre la oferta del contingente y la demanda de las empresas existe una diferencia notable. Ahí se va a plantear una cuestión compleja,
la existencia de un nivel de desempleo significativo en el conjunto del Estado de esas personas de origen inmigrante en situación de desempleo y, por otro lado, unas demandas en estos sectores concretos no satisfechas. En su momento
ya hubo polémica entre la oferta que planteó inicialmente la patronal Foment de Treball y lo que se acordó finalmente por las organizaciones sociales catalanas. Esas cifras, que supongo que usted las debe conocer, implican desajustes entre
lo solicitado por parte de los empresarios y las previsiones del contingente. Vamos a ver cómo hacemos esa gestión del mercado de trabajo y cómo podemos superar estas contradicciones. Lo es cierto es que las empresas demandan hoy más trabajadores
en determinados sectores, algunos de ellos cualificados y otros con poca cualificación.
La segunda cuestión que no me ha quedado clara de su respuesta, quizás se deba a que estaba distraído -si es así, le ruego que me disculpe-, es la repercusión práctica que tendrán los convenios respecto al contingente.
De esa cifra, si no
recuerdo mal, de algo más de 16.000 personas de trabajos no de temporada, más los 20.000 de trabajos temporales, ¿cuántos van a ser cubiertos previsiblemente por nacionales originarios de estos cuatro o cinco Estado con los que hemos firmado
convenios? ¿Va a existir esa priorización respecto a los países con los que se ha firmado convenio? ¿Cuál es la política del Gobierno en esta materia?
Tercera cuestión, que preocupa también a las organizaciones empresariales.
Los mecanismos que prevé el convenio, ¿van a garantizar que la selección en el país de origen permita que aquel trabajador que llegue con el contrato a España
responde a la idoneidad del puesto de trabajo por el que la empresa requiere a ese trabajador? Esta misma semana, hablando con representantes de alguna organización empresarial catalana, me manifestaban su preocupación porque en anteriores
experiencias de contratación en origen, por ejemplo en trabajos agrícolas, habían llegado trabajadores de origen colombiano licenciados en derecho o en arquitectura, que tenían las lógicas dificultades para poder desempeñar trabajos de recolección
de frutas, por ejemplo. ¿Qué mecanismos tenemos para procurar que esa selección en origen, cuando además se produce por servicios públicos de otros Estados, responde efectivamente a esas necesidades de la oferta concreta que efectúa la empresa,
sobre todo en un momento en el que parece que las ofertas nominativas, tal como quedó configurado el contingente y las órdenes que lo desarrollan, no lo hacen posible? Nos preocupan esas dificultades para que las demandas del mercado se vean
satisfechas.
Sobre el resto de cuestiones, esperaré a que responda a los distintos portavoces que han planteado preguntas concretas en otro trámite de la comparecencia. Sólo me queda decirle, respecto a la cuestión del régimen general, que me preocupan
dos cosas; una, la sorpresa que causó en el conjunto de agentes implicados en la cuestión migratoria la regulación que se preveía en las circulares correspondientes y en el contingente pues ni los agentes sociales ni las administraciones públicas
en principio parecían tener demasiada información; dos, una cierta confusión que puede existir en las diversas subdelegaciones del Gobierno a la hora de interpretar el acuerdo del contingente y las circulares. Por ejemplo, en Barcelona no se ha
admitido a trámite ninguna petición del régimen general durante determinadas semanas y nos llegan informaciones de que en otras subdelegaciones sí se han admitido y luego se van a rechazar. En este sentido, la mayor clarificación de estos aspectos
es absolutamente necesaria para permitir que las cosas funcionen bien, al margen de que nos va a quedar pendiente un tema complejo, que tampoco es objeto de la comparecencia de esta mañana, cual es la forma de gestionar las bolsas de personas en
situación irregular. Aquí el sentido común y la prudencia debieran orientar la actuación del Ministerio del Interior para evitar incidentes en esta primavera como los que han tenido lugar a lo largo del año pasado.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: No me atrevo a decir con brevedad para no incurrir en un incumplimiento, pero, señor presidente, le aseguro que voy a ajustarme muchísimo al tiempo.
La cortesía parlamentaria me obliga a contestar al señor delegado del Gobierno, a quien quisiera decir dos o tres cosas. Le agradezco la oferta que me ha hecho de información por escrito y tengo que decirle que me interesa enormemente, no
por una curiosidad particular, sino porque, como controladores del Gobierno que somos, se trata de un tema que debemos seguir atentamente. Eso sí, le ruego que anote usted la oferta, ya que la última vez que en Comisión me ofreció una información
por escrito tuve que formular una pregunta por escrito al Gobierno para obtenerla. La estoy esperando con la mayor rapidez posible y, si quiere, no en este momento, puesto que mi memoria no me da para tanto, le doy el número de comparecencia en la
Comisión, el número de pregunta escrita y la respuesta del Gobierno al respecto. Desde luego me gustaría tenerla.
Nosotros no le acusamos a usted de la muerte de Manolete ni mucho menos, pero es que llevamos tiempo, desde que por desgracia estamos en la oposición, oyendo cómo se nos acusa de ser los responsables del sacco de Roma como mínimo. Yo no he
hecho alusión a desgracia taurina alguna, pero entiendo que permanecer en esta sala implica que uno pueda oír cosas que no le acaben de gustar, a pesar del nivel de respeto personal que nos estamos demostrando. Pues bien, desde este punto de vista,
por esa cuestión de respeto, quisiera decirle lo siguiente. El problema de la migración marroquí hacia España es enormemente grave, una migración que yo considero realmente imparable. Mientras los índices de desarrollo humano en Europa y en
Marruecos tengan la desigualdad que tienen, mientras exista divergencia con respecto a los índices demográficos de un país y otro, aquí va a haber un problema. Y no me diga usted que yo estoy
diciendo que la inmigración es un problema; lo que es un problema es la gestión de la migración desde Marruecos hacia España y en este momento lo tenemos mal. No vamos a acusarnos unos a otros de las buenas o malas relaciones diplomáticas
con el país vecino, pero, aunque sea fuera del ámbito de esta comparecencia, algo habrá que hacer para evitar esto que, señor Fernández-Miranda, me permito decirle que no es un drama de la sociedad marroquí, sino de la humanidad. Los muertos que
aparecen en las playas españolas no son un problema de la sociedad marroquí ni de la española, sino del conjunto de la humanidad, y tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Sé que esto es algo que usted dice continuamente, por lo que excito
el celo del Gobierno para, además de decirlo, hacer todo lo posible hagan llevarlo a cabo.
Para concluir, antes de que tenga lugar otra demostración de las distintas percepciones del tiempo que tiene la presidencia y el que habla, quiero decirle que me alegro de que usted haya dicho que están estudiando respecto a Argentina una
posible situación de refugio ante situaciones de miseria. Me alegro especialmente, en primer lugar porque el de Argentina es también un drama humano extraordinariamente importante y sensible para nosotros y, en segundo lugar, porque rectifica usted
una cosa que me dijo en una comisión. Unas veces, señor Fernández-Miranda, me regaña usted por leer los periódicos y otras por hablar de situaciones de refugio ante dramas económicos, en una ocasión me dijo que este era el peor servicio que se
podía hacer al trámite adecuado de los flujos migratorios. Pues bien, me alegro de que usted esté estudiando esto, según sus palabras, porque realmente hay situaciones en que el derecho humanitario debe primar absolutamente sobre cualquier
aplicación de derecho controlador y represor.
Con esta esperanza concluyo mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Como voy a cumplir lo de la brevedad, me atrevo a anunciarlo. Voy a intervenir brevemente, señor presidente, para valorar positivamente el tono con el que se ha planteado este debate por parte de todos. Creo que un
buen ejemplo de la línea en la que deberíamos avanzar en el futuro.
Respecto a la situación marroquí quiero señalar que efectivamente ha tenido y tendrá siempre una importancia singular en el conjunto de la política española: la política de inmigración, la política exterior, la política económica y la
política de seguridad. Todos los gobiernos han tenido siempre la voluntad y han adquerido el compromiso de mantener una relación privilegiada, como no puede ser de otra forma, con uno de nuestros principales vecinos. En esta línea debemos seguir
avanzando todos, teniendo en cuenta naturalmente que aquí conviene avanzar de consuno y de consenso y evitar iniciativas o excursiones por libre.
El señor VICEPRESIDENTE: Para terminar la comparecencia, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Voy a procurar ser breve también.
En primer lugar, señor Pedret, jamás le he regañado ni me atrevería a hacerlo. Le agradezco mucho que procure mi excitación parlamentaria obviamente (El señor Pedret i Grenzner: ¡Obviamente¡.), pero no le regaño ni me atrevería a hacerlo,
aunque si alguna vez le ha parecido así, de entrada le ruego que me disculpe.
En segundo lugar, como única reflexión -y quizá tengamos momentos para dedicarnos monográficamente a ello- quisiera señalar que éste es un problema muy grave de la sociedad marroquí y de la humanidad, que lamentablemente no se soluciona sólo
con una política de puertas abiertas. No confundamos conceptos, porque todos nos haríamos un flaco favor. Conectando con esto, señor Campuzano, con respecto a la exactitud con la que hemos determinado el contingente para el año 2002, tengo que
aclararle que en la determinación numérica del número de contratos que podríamos firmar a lo largo del año 2002 nos preocupaba más ser prudentes que ser exactos. Primero, porque Cataluña -que efectivamente no vio satisfecha la petición que se hacía
desde organizaciones empresariales y desde la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales- tiene exactamente 19.986 de los 87.000 ciudadanos extranjeros desempleados con permiso de trabajo y residencia, lo que quiere decir que tenemos personas que
podremos ir reasignando a labores y trabajos que a lo mejor no fueron los primeros que desempeñaron aquí, pero que dentro de la política general, como cualquier otro ciudadano -y esta es una de las características básicas de nuestra integración de
los ciudadanos extranjeros-, podrá recolocarse, reformándose o reeducándose desde el punto de vista laboral, y por lo tanto se podrán aprovechar mejor nuestros activos desempleados de nacionalidad española. No perdamos de vista que por primera vez,
tenemos además de los desempleados españoles -por eso hablaba, por utilizar conceptos, si quiere, más adecuados, de cierto equilibrio en nuestro mercado laboral-, 87.000 desempleados de nacionalidad extranjera, lo que quiere decir que el esfuerzo
que hemos hecho para regularizar, documentar y darles un contrato firmado para que ocupen un puesto de trabajo ha sido acertado. Hemos acertado, porque no nos ha ido mal con el planteamiento que hemos hecho respecto a la mezcla de convenios,
contingente y gestión del contingente. Considero que nos
está saliendo bien, y llevamos dos meses escasos con esta política.
El compromiso que adquirimos desde el Gobierno con el Consejo Superior de Política de Inmigración es decir, con los interlocutores sociales, con los gobiernos de las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y
Provincias es el de revisar después del primer trimestre la cifra de contingente que habíamos abierto. Ojalá sea mayor, porque ello significará que volvemos a crecer generando empleo a mayor velocidad de lo que lo hemos hecho en el año 2001, en el
que se crearon trescientos y pico mil puestos.
¿Cómo casarán convenios y contingente en cuanto a perfiles? Esto es imprevisible porque va a depender de los empresarios. Los empresarios, que quieren que les garanticemos la selección idónea de los trabajadores, participan en la selección
a través de sus representantes y de sus organizaciones empresariales, y son ellos los que seleccionan los trabajadores, no los gobiernos de España ni los gobiernos de los países con los cuales convenimos, sino los propios empresarios. Por tanto,
todos tenemos que contribuir a que acierten y a darles facilidades. Les estamos haciendo posible el campo de juego para ello. Por tanto, primero la idoneidad, y después a lo mejor encuentran que ciertos perfiles laborales están en un solo país o
que en ese país no hay forma de cerrar ningún contrato porque no satisface nuestras necesidades. Tienen libertad absoluta para decidir si se hace con los países con los cuales tenemos convenio o con los que no tenemos convenio.
Uno de los atractivos del seminario que ayer inauguraba la ministra de Educación, en el que participaron el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno, es que en él se habló
ayer y se está hablando hoy sobre cómo ahondamos en la puesta en marcha de planes de formación profesional en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como una pieza más en el principio de codesarrollo querido por la Unión Europea,
alcanzado como conclusión en Tampere y en Laeken posteriormente. Por tanto, es imprevisible conocer qué países vendrán, y la idoneidad deberán cuidarla, y nosotros ayudaremos hasta donde podamos, los propios empresarios.
Con respecto a la sorpresa del régimen general, le tengo que decir que el régimen general es un concepto coloquial. El régimen general no existe en la ley; es sistema de contingente o son regímenes especiales. Para hablar de incluir en un
régimen general las regularizaciones extraordinarias, primero tendríamos que ponernos de acuerdo. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que a España sólo se va a poder venir a trabajar con un contrato firmado y debajo del brazo desde los países
de origen, con convenio o sin convenio, y que después veremos -y entramos en otra de las preguntas y comparecencias-, pero se incrementará la población, cómo no se va a incrementar, a través de la reagrupación familiar, a través de los permisos por
razones humanitarias en sus distintas variables, a través de regímenes especiales que van a ir nutriendo nuestro mercado laboral insisto en función de su propio crecimiento. No queremos desperdiciar ni una sola oferta de trabajo, primero, por
nosotros y, segundo, por solidaridad con ellos, como es lógico.
En cuanto a las regularizaciones, que S.S. nos pide que hagamos con sentido común y prudencia con respecto a las personas que no encontrarán permiso de trabajo -después hablaremos de ellas-, le diré que llevamos haciéndolo exactamente así
desde febrero de 1999.
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA), PARA QUE EXPLIQUE SU POSICIÓN ACERCA DE LAS ACTUACIONES ANUNCIADAS CONTRA FAMILIAS DE MENORES EXTRANJEROS QUE DELINCAN. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 212/000890)
- DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (RAJOY BREY), PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN EL MEDIO MILLAR DE INMIGRANTES AFRICANOS QUE PERMANECEN EN LA SALA DE LLEGADAS DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL
AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, Y DÉ CUENTA DE LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO POR DICHO MINISTERIO PARA SOLVENTAR LA ACTUAL SITUACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000611)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Habiendo sido solicitado por el grupo proponente, Izquierda Unida, su agrupación con el siguiente punto, anuncio que trataremos los puntos 4.º y 5.º conjuntamente.
Suspendemos durante un minuto la sesión, que se reanudará inmediatamente después. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión. Algunos grupos parlamentarios nos plantean la dificultad de unir las dos iniciativas por lo diverso de su contenido. Me gustaría conocer la opinión de SS.SS.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Si me permiten, quisiera hacer una propuesta a la Mesa y a la Comisión. Para no acumular dos comparecencias que poco tienen que ver, la
relativa a las familias de menores con la relativa a Fuerteventura,
propongo hacer la de las familias de menores con la pregunta del punto 17.º, del Grupo Socialista, que trata de los mismos temas, y acumular después la comparecencia del punto 5.º con las preguntas de los puntos 16.º, 20.º y 10.º que tratan
de la situación en Canarias. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para que no tenga que decirlo otro grupo, me voy a permitir interpretar la propuesta de dicho grupo. Creo que en este momento algún grupo parlamentario tiene lógicas dificultades por tener que atender otros compromisos
y estar muy limitados por la hora. Teniendo en cuenta que las dos siguientes iniciativas son de ese grupo parlamentario, he ahí la limitación. Tal vez podríamos dejar estas dos comparecencias para el siguiente orden del día y avanzar con las
preguntas. No lo sé. En todo caso, ya he dicho desde primera hora de la mañana que el Grupo Parlamentario Popular está a su disposición para organizar el debate como más interese a los demás grupos. Pero me consta que el Grupo de Izquierda Unida
pedía la acumulación por la razón que estoy señalando. El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Yo creo que se pueden acumular en dos partes estancas, pero así ocupan mucho menos tiempo, y yo me comprometo a ser breve por mi parte e incluso a renunciar a la réplica. (El señor Pedret i Grenzner pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: El Grupo Socialista no tiene inconveniente en que se tramiten acumuladas, respetando la independencia de una y otra.
El señor VICEPRESIDENTE: El interés de la Mesa era oír a los diversos grupos, pero al final el autor de las iniciativas pide la acumulación, por lo que no hay ningún problema para ello.
Señor secretario de Estado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Intervengo para responder, entiendo, señor presidente, a la comparecencia del punto 4.º y después, separadamente, a la del punto 5.º, para
explicar en primer lugar mi posición acerca de las actuaciones anunciadas contra familiares de menores extranjeros que delincan.
Por simplificar el trámite, imagino que el señor Alcaraz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se refiere a las familias de menores extranjeros que delincan en la ciudad de Melilla.
(Asentimiento.)
Simplemente querría poner de manifiesto la postura del Gobierno con respecto a lo que creo que debe ser fijada nuestra postura, concretamente el documento oficial que existe, que es el acuerdo de la Junta de Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Melilla del día 14 de enero del año 2002. Entre varias medidas a las que se refiere el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el acuerdo dice: Se debe depurar la responsabilidad, tanto civil como administrativa, que pudiera existir por
parte de los progenitores, haciéndoles responsables por los daños causados por sus hijos, siempre y en todo caso bajo la tutela de la autoridad judicial, entendiendo que en gran medida los padres que permiten que sus hijos no asistan al colegio,
estén a altas horas de la madrugada en la calle y se dediquen a delinquir e incomodar al resto de los ciudadanos, transgreden el deber de vigilar que tienen sobre ellos.
Ante esta propuesta así formulada, el Gobierno no tiene nada que añadir.
La segunda comparecencia se ha formulado para que explique la situación en la que se encuentra el medio millar de inmigrantes africanos que permanecen en la sala de llegadas del antiguo edificio del aeropuerto de Fuerteventura, y dé cuenta
de las actuaciones a llevar a cabo por dicho Ministerio para solventar la actual situación. Haciendo referencia a la contestación ya formulada por el vicepresidente del Gobierno la semana anterior, si no recuerdo mal, en relación con la situación
en la que se encontraban estas personas, quiero decir que efectivamente en Fuerteventura se está utilizando como centro de internamiento la terminal del aeropuerto, por lo tanto, un local de AENA. El número de personas que han llegado a
Fuerteventura y que han sido detenidas para incoarles expedientes de expulsión y proceder a la misma en los plazos marcados por la ley ha sufrido un importante incremento en los últimos años y especialmente en los últimos meses. Hemos visto cómo en
los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, por primera vez, según las series que venimos haciendo en cuanto a la identificación del número de personas que llegan de forma irregular tanto a la Península como a las islas Canarias, están
llegando más personas a las islas Canarias que al Estrecho, en una proporción que supone el 70 por ciento de ciudadanos marroquíes y el 30 por ciento de ciudadanos de distintos países subsaharianos, que están llegando fundamentalmente a la isla de
Fuerteventura y en ocasiones también a la isla de Lanzarote.
En cuanto a las cifras globales anuales, tengo que decir que a Fuerteventura llegaron 657 personas en el año 1999; en el año 2000 llegaron 1.858 personas; en el año 2001 llegaron 3.106 personas, y a fecha 25 de febrero, es decir, ayer,
habían llegado ya 660 personas. En la terminal de este aeropuerto, en la que estas personas están siendo atendidas en condiciones en las que se respeta escrupulosamente tanto sus derechos fundamentales, como no puede ser de otra forma, como sus
derechos sociales, se ha alcanzado un nivel de ocupación media de 250 personas a lo largo del año 2001, y ya se ha informado sobre las características de habitabilidad, sobre cómo se les proporcionan las comidas, etcétera. A fecha 25 de
febrero se encuentran alojadas 211 personas, de las cuales 27 son de nacionalidad marroquí y 183 de países subsaharianos; de ellas, 201 son hombres y el resto mujeres. No podemos perder de vista que en el año 2001 han llegado 3.106 personas; que
se está procediendo a su expulsión cuando es posible en función del país de origen, que se está haciendo a Marruecos, Nigeria, Senegal y Ghana, como destinos más frecuentes, y se está procediendo a su traslado para ser atendidos en los centros de
internamiento en Las Palmas y en la Península.
Es decir, el número de personas que se llegan a acumular en estas instalaciones se gestiona a nivel nacional, como es lógico y como se hace en otras instalaciones.
Conscientes del cambio de estrategia de los traficantes de seres humanos y del incremento en los últimos años del número de personas que llegan de forma irregular en pateras, en este caso concreto a las Islas Canarias pero también a la
Península, se ha decidido, de acuerdo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias -por tanto, en el seno de la subcomisión de la Comisión de coordinación Estado-Comunidad Autónoma de Canarias-, la construcción de unas instalaciones
provisionales en el campamento de El Matorral. Son instalaciones militares cuyo uso demanial ha sido cedido al Ministerio del Interior para la instalación de un centro de internamiento, cuyas obras, al haberse tramitado su expediente por el
procedimiento de urgencia, podrán estar finalizadas en el mes de mayo. Este centro provisional será sustituido en su momento, dado que hemos alcanzado también un acuerdo con el ayuntamiento de Puerto del Rosario, que cederá unos terrenos en su
polígono industrial en las afueras del pueblo, y se han formulado ya varias ofertas que están siendo estudiadas por los técnicos del Ministerio del Interior para construir en esas instalaciones un centro de internamiento definitivo. Con ello
satisfaremos las necesidades creadas por el incremento de la llegada de embarcaciones y personas en estas condiciones y podremos subsanar algunas de las deficiencias que hayan podido producirse como consecuencia de la masificación en algún momento,
con el interés fundamental de seguir preservando y cuidando el disfrute de los derechos fundamentales de estas personas.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con respecto a la primera comparecencia, nosotros queremos expresarle nuestra preocupación en materia de extranjería, menores y derecho a la agrupación familiar. Le voy a dar tres datos que conectan con algo a lo
que usted ha hecho referencia y algún dato más referido al fiscal general, para llegar a una breve conclusión que expresa nuestra preocupación.
Primer dato. El Gobierno, en aplicación de la ley 8/2000, pretende, a nuestro juicio, expulsar a menores inmigrantes que cometan delitos en España. Esto, en sí mismo considerado, es ya muy discutible y preocupante, pero también parece ser
que esto afectaría a las familia de dichos menores al completo, según las noticias que nosotros tenemos. Esta medida parece estar especialmente diseñada, en efecto, para los problemas de Melilla.
Segundo dato. Por su parte, el fiscal general del Estado, a través de su circular 3/2001, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en relación con la ley orgánica 8/2000, pretende que como criterio general se tienda a expulsar a todo
extranjero que haya cometido un delito. El fiscal general entiende que sólo en los casos de delito con más de seis años de pena debe retenerse al inmigrante en España y que en el resto de los casos se impulsará la expulsión de los inmigrantes
sospechosos de haber cometido delito.
Tercer dato, señor Fernández-Miranda. El fiscal general, a través de esta circular, que va mucho más allá de la ley orgánica de extranjería, pretende aplicar una serie de medidas de mucha dureza. A nosotros nos parecía ya inconstitucional
la ley, y si se va mucho más allá de la ley, figúrese el criterio que tenemos. Nosotros queremos mostrarle nuestra grave preocupación, porque estas medidas supondrían una lectura tremendamente rigorista y puramente policial del fenómeno de la
inmigración. Por ejemplo, frente a los derechos universales del menor, sea éste de la nacionalidad que sea, teniendo en cuenta todos los convenios internacionales que hemos votado en esta Cámara y que están recogidos en nuestra normativa, se está
primando el orden público. Y frente al derecho a la agrupación familiar de los inmigrantes en el país de acogida, se puede estar inventando un nuevo derecho, entre comillas, el derecho a ser expulsado colectiva y familiarmente. Por lo tanto, le
mostramos nuestra gravísima preocupación en este tema que puede darse con las condiciones que acabo de relatar sucintamente.
Respecto a la segunda comparecencia, pensamos que no se reúnen en el centro de Fuerteventura las mínimas condiciones para albergar a esa cantidad de emigrantes a la que usted hacía referencia. Usted sabe que se han detectado casos de sarna,
de piojos y que existe un riesgo cierto de tuberculosis. Este centro de retención de inmigrantes carece de asistencia jurídica y de intérpretes, situación que ha suscitado todo tipo de denuncias. Se ha conocido el día 21 una denuncia de una ONG
muy importante, la Human Rights Watch, HRW, que recoge lo que denunciábamos desde el principio a través de esa petición de comparecencia hecha en su día. Esta ONG ha emitido un informe de cuarenta páginas sobre la situación de los inmigrantes en
Canarias que
trata este asunto y, a mi juicio, deja muy mal al Gobierno de la nación.
No sólo ha elaborado este informe durante semanas, sino que hace un llamamiento al Consejo de Europa, a la Unión Europea y a la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, la OSCE. Igualmente se ha dirigido al Comité de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, para que interroguen a España acerca de sus prácticas políticas de detención de niños inmigrantes, lo cual conecta también con la
petición de la primera comparecencia que estamos sustanciando en este acto. Señor Fernández-Miranda, no se comprende bien el fenómeno de la inmigración, tal y como venimos diciendo en este debate que estamos cruzando desde las nueve y media de la
mañana. No se afronta este problema desde una óptica multidisciplinar, que puede incluir una perspectiva policial, pero no ésta como determinante y casi única en muchísimos casos y que tiene que tener un enfoque social basado en el respeto de los
derechos humanos que, según la HRW, son los que se vulneran en el caso de España y singularmente de Canarias y Fuerteventura. Por lo tanto, es una denuncia fuerte que afecta a unos derechos importantes. Parece que el Gobierno no entiende lo de
invertir como medida social, dada la inmigración que aumenta, como usted bien ha relatado. Se trata, en todo caso, de hacinar y de librarse de la denuncia pública posible de partidos políticos, sindicatos, prensa y observatorios, cosa que, al final
no se ha conseguido. Ya hemos traspasado las fronteras de nuestra capacidad comunicativa porque, efectivamente, no sólo la Human Right Watch, sino también Médicos sin Fronteras o Médicos del Mundo, así como los sindicatos canarios han hecho
referencia a esta situación y los trabajadores del aeropuerto de Fuerteventura, donde está situado el centro de retención a que estamos haciendo referencia, han llegado a manifestarse para protestar por la situación actual. No se aplica siquiera la
Ley de extranjería y se va más allá pues se restringen derechos humanos. No sólo lo decimos nosotros, ya les he mencionado los organismos de gran prestigio internacional que se han referido a esta situación. Sea como fuere, señor
Fernández-Miranda, es necesario que de forma inmediata se solucionen los problemas del centro de retención de inmigrantes de Fuerteventura. Usted ha hecho alusión a algunas medidas.
Nosotros pensamos que los inmigrantes no son tratados de forma
digna, de forma humana, de forma propia de un Estado social y democrático de derecho que comparte y ha votado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las declaraciones universales con respecto a los derechos del niño. Por tanto, que
conste nuestra protesta y, desde luego, le pedimos que se invierta, teniendo en cuenta la situación que usted ha referido de afluencia mayor; precisamente por eso: porque hay una mayor afluencia. El que haya afluencia mayor -lo que contrasta con
aquella idea que ustedes nos dieron de que con la Ley de inmigración nueva, la 8/2000, se iba a evitar el efecto llamada- implica una inversión mayor, señor Fernández-Miranda. Este es el fondo de la cuestión para que no estén allí, hacinados como
animales, una serie de personas que recaban para sí, ahora a través de organismos internacionales, la aplicación del convenio de los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Dos comentarios sobre las dos comparecencias.
Respecto a la primera cuestión, tenemos planteado un grave problema y no sólo en Ceuta, sino en el Estado: la situación en general de menores de origen extranjero. Nuestros sistemas de protección a la infancia seguramente están colapsados.
Cuando esta situación tiene relación con aspectos de carácter delictivo, como lo que pasó en Ceuta, es evidente que no sólo están colapsados, sino que nuestros sistemas de protección social, de reinserción, no terminan de funcionar. Ahí existe un
grave problema de falta de medios, de adaptación y si no nos tomamos en serio esa cuestión se va a continuar creando un profundo malestar en la población y, lo que es más grave, no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones legales derivadas de
la Convención internacional de Derechos del Niño. A ello hay que añadir que, en la medida en que seamos capaces de recuperar el diálogo político con Marruecos, la cuestión relacionada con la atención de menores debería formar parte de una política
de cooperación y coordinación muy a fondo con ese país. Si no somos capaces de implicar y fomentar instituciones de defensa de los derechos de los niños en Marruecos difícilmente vamos a poder resolver muchísimos de los interrogantes que tenemos en
esta materia. Hoy no es objeto de esta comparecencia, pero sobre las previsiones, tanto de la ley como del reglamento, en materia de atención a menores todavía nos queda mucho trabajo por realizar.
En relación a la segunda cuestión, estos días se ha hecho público este informe -lo publicó El País el 21 de febrero-, esta denuncia de Human Rights Watch sobre la situación de los inmigrantes en las islas Canarias.
A nuestro grupo le han
preocupado muy seriamente estas denuncias no tanto porque no se hayan producido en otras ocasiones -el señor Alcaraz nos las ha recordado-, sino porque ponen de manifiesto que la situación en Canarias empieza a superar los límites permisibles en la
Unión Europea.
Habrá que leer con calma este informe de HRW, habrá que leer con calma las noticias que el delegado del Gobierno nos ha dado hoy en relación con las medidas que se van a tomar en las islas Canarias, pero es evidente que no dar toda
su importancia a este informe sería un error. Le recomendamos al Gobierno que estudie el informe con calma y que se tomen todas aquellas medidas necesarias para
garantizar que el marco legal de derechos sea plenamente respetado en esas islas. Si eso implica un incremento y la puesta en marcha de mecanismos especiales de acogida a inmigrantes que llegan en condiciones pésimas, que se pongan en
marcha. Ahí tenemos una situación compleja y difícil y minusvalorarla sería un grave error.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Voy a intervenir brevemente respecto a la primera de las dos solicitudes de comparecencia.
Señor Fernández-Miranda, me da la impresión de que esta decisión de la Junta local de seguridad de Melilla ha sido una decisión con freno y marcha atrás. Lo malo es que en el frenado ha habido bastantes sobresaltos y no tenemos ninguna
garantía de adónde ha llegado la marcha atrás. Porque, señoría, sea en la formulación más brutal y más clara que dio a la prensa el delegado del Gobierno en Melilla, es decir aquel joven al que se coja delinquiendo, si lo permite la autoridad
judicial, que no sea español y que tenga permiso de residencia será expulsado de Melilla con su familia; como en la formulación, mucho más aséptica, posiblemente correspondiente a uno de esos momentos de frenado, que da el acta de la Junta local de
seguridad, es decir se exigirán responsabilidades civiles y administrativas -habría que saber en qué consisten esas responsabilidades administrativas si no estamos hablando de términos exactamente sinónimos a los de las declaraciones del delegado
del Gobierno-, el hecho es que estamos poniendo a los padres de estos menores en desigualdad no sólo con los padres españoles sino con los padres de otros menores extranjeros en cualquier otro lugar de España, y el hecho es que estamos vulnerando
los derechos que tanto nuestra Constitución como la Convención de Derechos del Niño reconoce a estos menores. Es cierto que ha habido múltiples reacciones, y no voy a hablar de las de los partidos políticos, sino de las de organismos que pueden
considerarse más o menos asépticos y neutrales en la lucha política como la del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la del propio delegado del Gobierno en Ceuta, a quien ha cogido de sorpresa, o la del presidente del comité
español de UNICEF, diciendo en sustancia que estas medidas rompen todos los esquemas jurídicos y atentan contra la Convención de Derechos del Niño.
Es cierto que S.S. ha apoyado estas medidas sea en cualquiera de las dos versiones, bien en la oficial o bien en la facilitada y entrecomillada como palabras textuales por la prensa. Este apoyo a estas decisiones, la propia decisión en sí,
constituye en primer lugar una extracción de consecuencias peregrinas de una afirmación que en sí es incontestable: los padres, en el ejercicio de la patria potestad, tienen una responsabilidad que es la de vigilar y cuidar de sus hijos. Ahora
bien, los comportamientos de los menores tienen tasada por la ley su relación con sus padres. Por la Ley del menor los padres son responsables de los daños y perjuicios que causen sus hijos. Son responsables civilmente, pero no administrativa ni
penalmente. No podemos extender esas consecuencias a alguien que no sea el puro autor de los hechos ni podemos romper el carácter personalísimo de la responsabilidad penal. En suma, señor Fernández-Miranda, si exigimos consecuencias
administrativas -las interpretemos como las interpretemos- a los padres de los menores marroquíes en Melilla, ¿por qué no se las exigimos a los padres de los menores marroquíes en Madrid y por qué no se las exigimos a los padres de los menores
españoles? No cabría la expulsión. El Gobierno tiene en su mano la presentación de un proyecto de ley, por ejemplo, multando a los padres cuyos hijos delincan. Esa sería una medida administrativa que tendría un gran éxito entre la población.
Sinceramente, yo no quiero bromear ni quiero desviarme en un tono jocoso porque me parece que el asunto es serio, que hay inseguridad ciudadana y es creciente. La hay en Melilla, la hay en Madrid y la hay en ciudades con muy poco índice de
inmigración como la ciudad de donde yo vengo, Córdoba. Me parece que preservar la convivencia y la tranquilidad es tarea del Gobierno, pero eso requiere hacer cosas que el Gobierno no está haciendo. Ha bajado el número de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y con el plan progresivo que tienen no llegaremos a una ratio adecuada hasta 2009. No hay coordinación. No existen programas preventivos y, sobre todo en estas zonas donde hay muchos menores inmigrantes en situaciones de
desprotección, no existen los suficientes programas de integración social. Por tanto, no podemos hacer de la inmigración el chivo expiatorio, en todo caso debemos culpar de estas consecuencias a las situaciones de desprotección y de insuficiencia
económica. Esta vez ha hecho falta el clamor de las organizaciones no gubernamentales, de los magistrados, incluso el requerimiento de la oficina del Defensor del Pueblo, para que no se vulneren ni la Convención de Derechos del Niño ni nuestra
Constitución. Nosotros pretendemos que la situación siga así y que si han recibido respuesta del Defensor del Pueblo al contenido de la documentación requerida nos lo digan.
Pretendemos que sigan sus indicaciones y pretendemos, sobre todo, que los
menores en España tengan los derechos que les reconoce la Convención de Derechos del Niño y nuestras propias leyes y que los padres de los menores no se vean discriminados ni sometidos a responsabilidades que no se les pueden exigir ni a españoles
ni a extranjeros porque sus hijos infrinjan las leyes penales.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Quiero completar el turno del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta cuestión sumamente grave e importante que ha sido traída al orden del día, que es la comparecencia del delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración en relación con la situación que están padeciendo en estos momentos los inmigrantes que permanecen en centros de internamiento improvisados y que desde luego no están en disposición de cumplir esa función en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, particularmente en Fuerteventura.
Este diputado por la provincia de Las Palmas cree que en este asunto se sintetizan muy bien los peores excesos, abusos y defectos del Partido Popular y del Gobierno que preside José María Aznar. La sustitución voluntariosa (un adjetivo que
he escuchado esta mañana en el curso de esta sesión que ya va siendo larga) de la realidad por sus imágenes cuidadosamente trucadas hasta el punto de hacer irreconocible la realidad, sustituyéndola por la propaganda, por la lectura autocomplacida de
una propaganda que no tiene ninguna correspondencia con la realidad de las cosas. Creo que para ser seria esta Comisión de Justicia e Interior, para tomar en serio este trámite parlamentario, lo primero que sería exigible es que todos hiciésemos un
esfuerzo de honestidad. Ese esfuerzo de honestidad significaría reconocer que lo que está pasando en Fuerteventura desde hace ya cierto tiempo, excesivo, es sencillamente inadmisible, sencillamente intolerable; un escándalo, un escarnio para ese
orden constitucional del que he visto hacer una ardorosa defensa verbal al delegado del Gobierno. Un orden constitucional fundado en la preservación de derechos y libertades iguales para todos los que son sujetos de ese orden constitucional. Y
sujetos de ese orden constitucional son todos los destinatarios de las normas que aprobamos aquí, todos los destinatarios de la Constitución y sus leyes en vigor, por tanto, también los extranjeros en territorio nacional. Esos extranjeros tienen
derechos y libertades que sistemáticamente están siendo conculcados, de acuerdo con el dictamen implacable de una organización no gubernamental prestigiosa de alcance internacional que ha puesto en la red un informe sumamente detallado de cuál es
exactamente la situación que están padeciendo esos extranjeros, y quintaesencia las imprevisiones, las irresponsabilidades, la cerrazón para ver la realidad de las cosas, en definitiva, el ninguneo de la realidad y su sustitución por propaganda del
Gobierno de José María Aznar en materia de inmigración. En primer lugar, el Gobierno ha pivotado la construcción de esa problemática de la inmigración sobre la propuesta de una ley. Hemos escuchado aquí esta mañana recordatorios de cómo ha llegado
esa ley al Boletín Oficial del Estado; una ley que sustituye a otra que fue producida en la anterior legislatura en unas determinadas coordenadas. He escuchado la metáfora de la emboscada parlamentaria, una emboscada parlamentaria que no puede
aludir a otra cosa que a la formación de una mayoría que no gustaba a un gobierno que no tenía mayoría para gobernar por sí solo en la legislatura anterior. La sustitución de esa ley que no gustaba al Gobierno en la legislatura anterior por otra
que sí gustase al Gobierno se constituyó en el eje principal de su campaña electoral, prometiendo que iba a solucionar un problema, un problema que estaba causando una ley que no llegó a entrar en vigor, una ley que nunca llegó a entrar en vigor por
otra ley que sí ha entrado en vigor. La Ley orgánica 4/2000 no llegó a entrar en vigor, no llegó a tener vigencia efectiva como consecuencia, precisamente, de la vacatio legis prolongada, que dio un margen de maniobra a la mayoría parlamentaria ya
en el curso de esta legislatura para poner otra en el Boletín Oficial del Estado, la Ley orgánica 8/2000. Esa ley orgánica no ha solucionado el problema. Y no solamente no ha detenido el efecto llamada, sino que, a la vista del balance de
realización, lo ha empeorado. Los datos innegables son en este sentido inapelables. El flujo de inmigración ilegal en España no ha hecho sino crecer en tiempos de vigencia de esta Ley orgánica 8/2000: 3.200 inmigrantes llegaron irregularmente a
Canarias en el año 2001, el 99 por ciento de ellos a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que son las que padecen la situación más dramática. En la isla de Fuerteventura tenemos una situación realmente insoportable que están padeciendo cientos
de personas de carne y hueso. Escuché al delegado del Gobierno una defensa de los derechos fundamentales de las personas, porque nuestro orden constitucional está basado precisamente en la preservación de esos valores, de esos derechos, de esas
libertades. Están siendo conculcados en Fuerteventura, en España. Hay una diferencia esencial entre los que conculcan derechos y libertades y los que no lo hacen, porque esa diferencia está tasada en nuestro ordenamiento jurídico. Llevar turbante
por la calle no conculca ningún derecho fundamental, no viola ningún principio del ordenamiento jurídico; llevar un pañuelo en la cabeza, un piercing en el ombligo no conculca ningún precepto del ordenamiento jurídico; amputar un dedo sí conculca
varios preceptos del ordenamiento jurídico: conculca leyes en vigor y, por supuesto, constituye un atentado directo contra el derecho fundamental, la integridad física de las personas, que está protegido en nuestra Constitución. Por tanto, llevar
un pañuelo en la cabeza, llevar una sotana, un cinturón de castidad o efectuar una ablación es un tratamiento cualitativamente distinto en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico hay derechos fundamentales que están
preservados, derechos fundamentales como la asistencia letrada a las personas que están privadas de libertad deambulatoria, el reconocimiento médico, la asistencia de intérprete; en definitiva, conocer cuáles son las acusaciones que les pueden
someter a situaciones de privación de libertad deambulatoria; poder estar asistidos de letrado y, en todos los trámites ante o contra
la Administración, poder recurrir bajo la cobertura de un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Todos esos son derechos fundamentales de acuerdo con el informe demoledor de Human Rights Watch, que está a disposición de
cualquiera que quiera consultarlo en su integridad y del que resultaría imposible e inútil intentar aquí su análisis en detalle. Todas esas críticas y denuncias, perfectamente fundamentadas en una inspección sobre el terreno que a lo largo de más
de seis semanas tuvo lugar en los meses de octubre y noviembre del año 2001, por parte de esta prestigiosa organización no gubernamental dedicada a la preservación de los estándares de vigilancia y de protección de los derechos fundamentales, ponen
a la Administración española, en materia de inmigración, a caer de un burro. Y señalan que el problema de la inmigración en España no depende de una ley, sino de la construcción de una política integral que en España brilla por su ausencia y de un
talante, por parte del Gobierno que ha promovido la ley vigente, que rechaza, a través de la descalificación, la arrogancia, la prepotencia o directamente el insulto, la aportación de los distintos grupos parlamentarios y las administraciones
autonómicas para intentar resolver el problema, desde la mayor humildad y modestia, ante la envergadura, ante la entidad del problema. Tanto en este Parlamento como en la Comunidad Autónoma de Canarias se han puesto en marcha iniciativas intentando
plantear ante el Gobierno de la nación todo el instrumentario variado de herramientas que hace falta para acometer, con una cierta seriedad, la envergadura de este problema. El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento canario ha intentado
llevar a la consideración de la mayoría que allí gobierna, con el apoyo del Partido Popular, como aquí el Grupo Parlamentario Socialista a la consideración de esta Cámara, muchas de esas herramientas imprescindibles y al mismo tiempo diversificadas
para hacer frente al problema. Estamos hablando de contemplar las acciones que competen a la Unión Europea, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea que está teniendo lugar sin hacer de la inmigración ni un problema ni una
prioridad. Estamos hablando de acciones que competen al Gobierno de España para establecer un marco estable de coordinación entre aquellas comunidades autónomas más afectadas por la inmigración y el Gobierno, en particular Canarias, para suscribir
convenios y acuerdos bilaterales con los terceros países que claramente están más involucrados en esta secuencia, mientras que el Gobierno de España ha apostado por el empeoramiento de un país estratégico, un país crucial en la definición del
problema, como es Marruecos. Estamos hablando del control de los indocumentados en su tránsito, del control de ese flujo de inmigración ilegal y su rápida identificación para su reconducción.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor López Aguilar, vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Estamos hablando, naturalmente, de asumir la responsabilidad de incrementar el número y la capacidad de los centros de acogida y alojamiento, los denominados centros de internamiento, porque una antigua instalación
aeroportuaria ni siquiera patéticamente se asemeja a lo que tiene que ser un centro de internamiento, en donde puedan ser preservados los derechos fundamentales. Estamos hablando de garantizar las unidades de atención específica a esos inmigrantes
por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, puesto que en el mejor de los casos hay tres efectivos de Policía Nacional vigilando la seguridad de un contingente que alcanza las 400 personas en esa instalación aeroportuaria.
El retrato de la situación que he escuchado, por el que supuestamente -y entrecomillo- se respetarían escrupulosamente los derechos de 250 personas en dicha instalación, no se parece en lo más mínimo a la realidad y causa perplejidad
escucharlo del responsable de la política de inmigración del Gobierno de la nación, que tiene el deber y la obligación de acudir allí y enterarse, de verlo en vivo y en directo y comprobar que todos los derechos fundamentales que sistemáticamente
aparecen conculcados en el informe de Human Rights Watch están siendo efectivamente conculcados en la práctica, en donde ni las condiciones de salubridad ni las atenciones elementales a las distintas situaciones humanas próximas a la catástrofe que
allí se dan están siendo correctamente acometidas.
Existe todo un conjunto de consecuencias de otro orden que tienen que ver con los equilibrios económicos y sociales de una isla como Fuerteventura, que ha visto dramáticamente transformada su demografía, sus equilibrios sociales y su
sentimiento de seguridad y de autoestima en los últimos años. Pero, sobre todo, está la tremenda responsabilidad del Gobierno de establecer un plan que trascienda con mucho la pura y simple taumatúrgica invocación de la letra de la ley, la
necesidad de elaborar cuantos planes urgentes y políticas efectivas estén en disposición de remediar realmente los problemas a los que se está enfrentando la isla de Fuerteventura y, sobre todo, esas 400 personas que en este momento están padeciendo
violaciones de los derechos fundamentales que no resisten, primero, el contraste con la Constitución con la jurisprudencia de garantía de los derechos fundamentales establecida por el Tribunal Constitucional en leyes actualmente en vigor en España y
que arriesgan responsabilidades políticas, pero también de otro orden, hasta penalmente relevantes, porque en este país todos los poderes públicos son responsables del cumplimiento de las funciones que las leyes les encomiendan. También de otro
orden se están arriesgando responsabilidades...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor López Aguilar, ha superado usted su tiempo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.
La situación actual me parece realmente grave, ya que está en contradicción no sólo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino con el papel que España debiera estar asumiendo en su calidad de actor de la Unión Europea, que tiene que
incidir en el tercer pilar y que debería haber hecho de la emigración, de la inmigración y del asilo en su caso un elemento crucial de su presidencia de turno de la Unión Europea; en definitiva, de todos los criterios y estándares de protección
internacional y europea de los derechos fundamentales que están cuidadosamente detallados en este informe demoledor que saca los colores a la Administración española y que pone de nuevo el acento sobre la urgencia de trascender esa invocación
puramente taumatúrgica de la ley, como si la ley resolviera el problema que escuchamos cada vez que nos enfrentamos con estas consecuencias dramáticas de la irresponsabilidad del Gobierno por la construcción consensuada, aceptando cuantas manos se
le ofrecen, de una verdadera política; de una verdadera política, invirtiendo todo el dinero que hace falta, los recursos financieros, materiales y humanos necesarios como para que no sea posible decir que se ha ido allí a visitar o que se ha
recibido la visita de un alto cargo del Gobierno de Canarias, que se ha comprometido en seis meses la imposible construcción de seis centros de alojamiento o internamiento, cada uno con una capacidad de 250 personas, y que dentro de cuatro meses una
nueva catástrofe humanitaria de proporciones todavía peores que la que está padeciendo en estos momentos la isla de Fuerteventura tenga que obligarnos a repasar de nuevo esa situación en esta Comisión de Justicia e Interior con resultados tan
dolorosamente desalentadores e inútiles como los que seguramente pueden deducirse de este trámite de control parlamentario realizado en esta Comisión esta mañana.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad por dos razones fundamentales, primero porque respecto del punto 4 del orden del día el señor vicepresidente primero del Gobierno dijo en su momento lo que tenía que decir y el señor Fernández-Miranda
coincidiendo -como es natural y no podía ser de otra forma- con la tesis del señor vicepresidente primero del Gobierno dijo lo que tenía que decir y hoy ha vuelto a reiterarlo aquí, por lo que intentar establecer sombras de duda o discursos
tenebristas a propósito de esa cuestión nos puede parecer un ejercicio dialéctico que podría ser incluso hasta interesante pero completamente alejado de la realidad.
En relación con el punto 5 del orden del día, comprendo que el señor López Aguilar, que acaba de llegar a la Comisión después de cuatro horas largas de sesión (El señor López Aguilar hace signos negativos.), no haya tenido oportunidad de
atender el primer debate objeto de la sesión de esta mañana, en el que su portavoz ha hecho un discurso absolutamente parecido en términos generales al que acaba de realizar el señor López Aguilar, cargado de acentos tremendistas y catastrofistas,
estableciendo juicios de valor tan rotundos creo que al final tan poco ajustados a la realidad y tan poco sólidos, como hablar de los peores excesos, abusos y defectos del Gobierno del Partido Popular, que recurre a la prepotencia cuando no al
insulto, y así una larga serie de lindezas que en definitiva lo único que me hacen pensar es que quizá el Grupo Parlamentario Socialista y desde luego el señor López Aguilar estaba mucho más interesado en venir esta mañana a obsequiarnos con tan
contundente intervención que a poder aportar algo serio en relación con un problema que es grave, que es un problema que mueve a la sensibilidad de todos y que además es un problema sobre el que el Ministerio de Interior, el Gobierno, en
colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, y todas las administraciones afectadas están tratando de aportar lo mejor de sí mismas, por respeto, atención y cuidado precisamente de lo que viene siendo el norte de actuación de todas las
administraciones de este país, sea cual sea su color. Por eso decir que el Gobierno del Partido Popular ha hecho esto y aquello me parece un ejercicio intelectualmente ridículo. Estoy convencido de que todas las administraciones de este país
-sean administraciones autonómicas, locales, central, tengan titularidad socialista, popular, nacionalista, etcétera- en el ejercicio de sus responsabilidades tienen un compromiso claro con los derechos humanos, un compromiso sensible con la
atención a los sectores sociales más necesitados y un compromiso activo de poder aportar en ese sentido lo mejor de los recursos materiales disponibles que siempre tienen limitados para poder cubrir ese fin. Por tanto que venga aquí alguien e
intente hacer ese discurso -que francamente me parece autoritario, antiguo, reaccionario, demagógico, inútil y estrecho intelectualmente- de que el Gobierno del Partido Popular es el malo de la película, que desprecia los derechos humanos, etcétera,
me parece que está bien para que el señor López Aguilar lo cuente en el periódico de su circunscripción, pero desde luego no me parece serio, no me parece que aporte nada rigurosamente interesante en términos intelectuales y políticos y no me parece
que sea la mejor forma de acercarse a la voluntad de diálogo -que también se nos ha vuelto a decir esta mañana- del Partido Socialista en estas cuestiones, cuando la verdad es que el diálogo lo hemos podido ver en un larguísimo debate de dos horas y
media en el primer punto del orden del día; el diálogo aplicado por el Partido Socialista en términos históricos a esta cuestión, a la definición y a la contribución de legislación en políticas de extranjería, ha sido el que ha sido.
Yo me preguntaría, pero ni siquiera quiero preguntarme eso, si todo esto que el señor López Aguilar ha atribuido al Gobierno del PP en relación con un problema grave que existe, que es el problema que se está viviendo en Fuerteventura y que
todas las administraciones están volcadas en intentar resolverlo, todas, era aplicable también, por ejemplo, a cuando existía Calamocarro, si es que el señor López Aguilar sabe lo que era Calamocarro. La diferencia es que a nosotros jamás se nos
ocurrió utilizar un discurso semejante al que acaba de utilizar el señor López Aguilar en relación con Calamocarro, porque éramos coherentes ayer con lo que yo estoy diciendo ahora, es decir, que estábamos absolutamente convencidos de que había un
compromiso decidido por parte de todas las administraciones por intentar atender debidamente la situación humana de quienes estaban en Calamocarro, por intentar dar soluciones de fondo, alternativas sociales y políticas al problema que suponía
Calamocarro.
Cuando se nos habla de las carencias en materia de centros de internamiento de extranjeros yo digo que sí, claro que existe una importante carencia en materia de centros de internamiento de extranjeros, pero digo también que están sentadas
las bases presupuestarias y financieras para corregir esa carencia de centros de internamiento de extranjeros, que, como todo el mundo sabe, era una magnífica red a disposición de los poderes públicos y que al día siguiente de entrar a gobernar el
Partido Popular los dinamitó. Existía una magnífica y suficiente red de centros de internamiento de extranjeros dotada de todas las condiciones materiales necesarias para que las personas que allí tienen que residir durante un tiempo lo hagan en
términos de dignidad, como no puede ser de otra forma. Existía esa magnífica red distribuida por todo el país y de pronto llegó el Gobierno Popular, con su reconocida animadversión contra los derechos humanos y con su reconocida voluntad de
perseguir al inmigrante, y lo primero que hace es dinamitar aquella magnífica red de centros, precisamente para que estas personas no pudieran disponer de esos centros. Esta esperpéntica descripción que estoy haciendo es la que se deduce de
discursos como los que acabamos de escuchar. Es como si las carencias en materia de centros de internamiento de extranjeros no hubieran existido nunca y existieran ahora; es como si Calamocarro no hubiera existido nunca y ahora existiera el
antiguo aeropuerto de Fuerteventura y es como un suma y sigue de despropósitos de los que hemos tenido buena prueba esta mañana durante dos horas y media. Por tanto preferiría que todos nos instaláramos en el sentido común, en decir que hay una
política integral de extranjería, que a unos les gustará y a otros no, que es perfectamente legítimo -es imprescindible que exista esa discrepancia para que desde ella podamos enriquecernos con aportaciones en común y podamos buscar puntos de
encuentro-, pero decir que no existe es ya el primer despropósito. Decir que existe solamente un talante prepotente por parte del Gobierno, que no busca más que el insulto, es el siguiente despropósito. Pretender establecer una especie de
paréntesis en virtud del cual existe una serie de carencias que ahora tiene planteadas el conjunto de la sociedad española. Sobre dichas carencias están trabajando todas las administraciones, y ahí estoy dispuesto a decir con claridad que las de un
signo político y las de otro, porque todas tienen, todos tenemos afortunadamente, como miembros de una sociedad moderna, avanzada, democrática, progresista y solidaria, un mismo compromiso con los derechos humanos y con la situación de los más
débiles. Negar eso en la parte que afecta al Gobierno del PP o a las instituciones gobernadas por el PP es también otro despropósito. Como uno esta mañana ya está muy cansado de haber escuchado tanto y tanto despropósito, señor presidente,
concluyo aquí volviendo a reiterar lo que he dicho a lo largo de toda la mañana, que por parte de este Gobierno, por parte de este grupo parlamentario, por parte de este partido que hoy represento en este acto, no ha faltado ni faltará nunca
disposición al diálogo. No cometeremos nunca el error de sentirnos autosuficientes pensando que sólo nosotros tenemos la razón, porque creemos que la razón se construye desde la aportación de todos, ni nos sentiremos autocomplacidos con lo hecho,
porque hablamos de seres humanos -y hablar de políticas de inmigración es hablar de seres humanos- en situación de dolor, de dificultad, de búsqueda de una segunda oportunidad, y hablando de la necesidad de integrar y de establecer mecanismos para
la coexistencia armónica de unos y de otros en el común de esta sociedad democrática, progresista y avanzada a la que hacía referencia, nunca nos sentiremos autocomplacidos ni satisfechos con lo hecho, siempre nos pediremos más, pero, por favor,
para poder avanzar en eso, que al fin y al cabo -subrayo- afecta a seres humanos en situación de tremenda dificultad, seres humanos que se merecen que les tendamos la mano, porque tienen ese derecho, intentemos evitar la demagogia, el panfleto o el
lugar común, porque con la demagogia, el panfleto y el lugar común uno puede quedar muy bien ante sus jefes, ante su partido o ante determinados sectores de su circunscripción, pero no aporta nada para tender la mano a una persona que necesita que
todos, desde el sentido común, sepamos darle una segunda oportunidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Comienzo por la cuarta comparecencia, para explicar nuestra posición con respecto a las actuaciones anunciadas contra familias de menores
extranjeros que delincan. Quiero agradecer
tanto al señor Alcaraz, como a la señora Del Campo y al señor Campuzano -que está ausente- el planteamiento del tema y la sensibilidad con la que han sabido hacerlo. Este es un tema de máxima preocupación para todos nosotros y del que hemos
hablado en esta Comisión en otras ocasiones, que se pone de manifiesto con ocasión de un acontecimiento. La junta conoce nuestra opinión, pero abundaré más en ella haciendo una doble distinción, puesto que hemos ido un poco más allá y no estamos
hablando de los niños no acompañados sino de una situación de mayor dificultad añadida.
Desde nuestro punto de vista no existe el niño inmigrante solo; existe el niño solo, el niño no acompañado. El concepto de inmigración, de búsqueda de una mejor situación, no podemos aplicarlo a una persona menor de edad.
Estamos hablando
de menores solos o de menores no acompañados. Otra cosa bien distinta son los menores acompañados, sean hijos de españoles o sean hijos de residentes extranjeros, que provocan otra serie de problemas en los cuales entraré después. La primera
realidad que tenemos que ser capaces de aceptar es que hablamos de menores solos o menores no acompañados cuya tutela es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como bien saben SS.SS. La obligación que ostentan las comunidades autónomas
o el Estado directamente antes de que los gobiernos de las comunidades autónomas ejerzan la tutela es doble. En su momento hubo un acuerdo por unanimidad dentro del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participaban los gobiernos
de las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. El primer objetivo del Estado debe ser conseguir la reagrupación familiar de estos niños en su país de origen. En su momento hablamos de la importancia de conseguir la
reagrupación familiar de estos niños -creo recordar que la señora Blanco fue ponente en nombre del Grupo Socialista-, incluso llegamos a debatir hasta dónde podíamos afirmar rotundamente que siempre estarían mejor con nosotros que en sus propias
familias. Yo introduje el caso de Elián, el niño balsero, como ejemplo de hasta qué punto puede ser sustituida la familia, por muy buena intención que tengamos y por muchas cualidades que tengan el Estado y la sociedad democrática y libre. Si
efectivamente esa reagrupación familiar no es posible, nos queda la obligación, a través de esa tutela que deben ejercer los gobiernos de las comunidades autónomas, de la perfecta integración de esos menores, de su documentación una vez que alcancen
la mayoría de edad y de facilitarles en su momento, en función de los plazos que marcan nuestras leyes, la nacionalidad española si así lo quieren. Es por tanto un problema de integración, con todas sus consecuencias, integración que en el caso de
los menores debe hacerse a través de la educación, del aprendizaje de un oficio, de una profesión o de una carrera y de todo lo que a ello acompaña.
Hablamos de ese primer problema, que no es el tema de la comparecencia, y hablamos de la decisión, de la literalidad del informe, de la actuación que pretendía tener la Junta de Seguridad de Melilla. En esto, señora el Campo, invoco
directamente -y usted lo dijo al final- la opinión del Defensor del Pueblo, porque la hacemos nuestra y porque en su momento dije que esperaba dicha opinión porque era lo razonable. El Defensor del Pueblo recoge el contenido literal del acta y
reconoce que en ella no hay componente alguno que aluda a la expulsión -en el acta, que es lo que acabo de leerles-; reconoce sin lugar a dudas, de forma diáfana, la responsabilidad civil de los padres y tutores; niega que el ejercicio de la
patria potestad suponga la responsabilidad penal y administrativa, en función del principio de responsabilidad personal que se aplica en estos dos ámbitos; reflexiona sobre la responsabilidad en que incurrirían los responsables de los centros de
tutela de menores cuando estos cometieren un delito o una falta administrativa -habla de los centros de tutela-; considera que la medida de la que se habló fuera del acta de la Junta de Seguridad con respecto a la actuación de las familias no
tendría ninguna cobertura legal; reconoce que una situación distinta a todo lo argumentado se produciría en aquellas familias en las que pudiera demostrarse que los padres, tutores y adultos mantienen una conexión criminal con los menores que
delinquen. El acta de la Junta de Seguridad alude a los adultos que adquieren la mercancía robada por los menores, como receptores, por lo que tendrían una responsabilidad penal personal -dice el Defensor del Pueblo- que podría llevar a una
decisión administrativa sobre su permanencia en territorio español. Aun en este caso se plantea si respecto de los menores y de sus intereses superiores lo más adecuado sería la repatriación a su país de origen, con unos padres de conducta ética y
jurídicamente reprochable. Son las reflexiones que hace el Defensor del Pueblo, con las cuales coincidimos.
Nosotros íbamos más allá porque entrábamos en esa segunda parte que yo quería plantearles, de donde nace también la actuación de la Junta de Seguridad de Melilla, de donde nace la preocupación de la sociedad melillense, que es la
delincuencia reincidente de menores, la delincuencia llevada a cabo de forma reiterada por los menores, de nacionalidad española o extranjera, que constituye sin duda alguna un problema para la ciudad de Melilla, a la que legítima y obligadamente
tienen que poner solución y límite. En ese sentido -existiendo, como es lógico, la actuación de los servicios sociales, la actuación policial, la actuación de las consejerías correspondientes, la labor de aplicación de la Ley del menor, la lucha
por la integración y la recuperación para la convivencia cívica y civil de estos niños, para la que todo será poco-, yo añadí que, en buena lógica y simplemente para que la ley se cumpliese, aquellos menores que fuesen condenados por la comisión de
delitos en España, teniendo, como tendrán, a partir de
ese momento, antecedentes penales, no podrían obtener, cuando alcanzasen la mayoría de edad, un permiso de residencia, puesto que nuestra ley establece que sólo podrán conseguirlo aquellas personas que no tengan antecedentes penales. Es un
problema sumamente importante, pero creo que tanto en la Ciudad Autónoma de Melilla como en la de Ceuta, como en Cataluña, como en Madrid, como en comunidades autónomas en las cuales existe este problema, está tratándose, no sin grandes
dificultades, de forma especialmente delicada y sensible, de una forma en la cual se está siempre, sin excepción, preservando los derechos de los niños y procurando o bien la integración de nuevo en su propia sociedad, en torno a su familia, o bien
adquiriendo el Estado, a través de los gobiernos de las comunidades autónomas, la patria potestad.
En cuanto a la segunda comparecencia, la relativa a las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas como inmigrantes ilegales en la isla de Fuerteventura, en el centro de internamiento instalado en la terminal del aeropuerto
en un edificio cedido por AENA, señor Gil Lázaro, le agradezco de nuevo que me permita no entrar a calificar ese panorama de caos, esas imágenes trucadas, esa actitud propagandística, ese -antes hablábamos de la muerte de Manolete, sigamos en el
símil taurino- tremendismo, para entrar en el cogollo de la cuestión, en la denuncia y en la preocupación de los grupos parlamentarios que han intervenido, que compartimos. Insisto y rotundamente afirmo que no se vulneran derechos fundamentales de
ninguna persona en el centro de Fuerteventura y que el informe de la ONG Human Rights Watch está desenfocado y es inexacto. No se está vulnerando ni sistemáticamente ni asistemática ninguno de los derechos fundamentales, tienen asistencia jurídica
y tienen asistencia de intérpretes, tienen aseguradas -obviamente no en un hotel, lamentablemente para todos, ya quisiéramos- las condiciones de habitabilidad, con separación de hombres y mujeres, y disponen de tres comidas al día. En definitiva,
es un informe, y dejémoslo ahí, desenfocado e inexacto.
Esto no quiere decir que no nos preocupe esa realidad, lo mismo que nos preocupó en su momento la llegada de personas a Tarifa, donde inicialmente la colaboración del ayuntamiento suponía poder atender a aquellas personas en el polideportivo
de aquel pueblo. A continuación, y en muy pocos meses, la Cruz Roja instaló en el puerto unos barracones de asistencia inmediata que mejoran la atención a aquellas personas, que, por otro lado, en el polideportivo, salvo por el hecho de ser un
polideportivo, era impecable en relación con lo cual debemos sentirnos, y lo he dicho muchas veces, orgullosos de la actuación de la Guardia Civil, que salva la vida de muchos náufragos en el Estrecho, de las ONG que participan en la acogida
humanitaria de esas personas, de las imágenes emitidas por una cadena nacional en las cuales se veía cómo llegaban esas personas tiritando, cómo se les daba de comer y cómo estaban jugando al fútbol en el polideportivo al poco tiempo. Se están
mejorando las condiciones de Tarifa en unas antiguas instalaciones, más amplias, en la isla de Las Palomas, desafectadas también por el Ministerio de Defensa, lo que nos llevará a tener una sede provisional del centro de internamiento en El
Matorral. El planteamiento del trabajo desde la corresponsabilidad con el Gobierno de la comunidad autónoma y con algunos municipios, como el del Puerto del Rosario, nos llevará a tener una sede definitiva y nos llevará -y vamos más allá de lo que
es el problema estricto de Fuerteventura- a construir dos centros de internamiento más en las islas capitalinas, tal como reza la conclusión alcanzada por el Parlamento canario, esto es, se va a mejorar el centro que existe en Las Palmas y se va
construir uno nuevo en Tenerife, en parte de las instalaciones de la antigua cárcel de Tenerife 1, y se van a construir centros de acogida humanitaria, lo que el nuevo reglamento llama centro de migraciones, mejorando el que existe en Las Palmas y
construyendo uno de nueva planta en Tenerife.
Señor López Aguilar, la inmigración ilegal que llega por pateras tiene una incidencia demográfica en la isla de Fuerteventura exactamente de cero.
Infórmese mejor S.S., porque, agotado el tiempo en el cual pueden permanecer retenidas, que
la ley lo marca en 40 días, estas personas van a la ciudad de Las Palmas o a la Península a algunos centros de acogida o a algunos sitios en donde las ONG en redes pequeñas las pueden acoger.
Por tanto, la influencia demográfica, como usted ha
sostenido en ese gran discurso del caos que ha puesto usted en marcha, es cero, y si además llega usted a afirmar y a presumir de la legitimidad de la 4/2000 ante la ilegitimidad, como no podía ser de otra forma, de la 8/2000, pues entró en vigor el
11 de enero, y el drama es que precisamente, actuando a lo largo de todo el año 2000 -porque la 8/2000 entró en vigor el día 23 de enero de 2001, y que conste que lo ha sacado usted-, ¿sabe en qué se traduce el efecto llamada de esa ley, desde mi
punto de vista igual de legítima que la 8/2000, desde el suyo mucho más legítima que la 8/2000? Puso en todas nuestras fronteras un inmenso cartel de neón que decía: entrada libre, y así como en el año 1999, cuando teníamos en vigor la ley de
1985, llegaron a la Península y a Canarias en pateras 3.000 personas, a lo largo del año 2000, en que estuvo en vigor la ley 4/2000, llegaron tanto a la Península como a las islas Canarias 15.000 personas, de 3.000 a más de 15.000. Y así como en el
año 1999 llegaron a Fuerteventura, que tanto le preocupa, 657 personas, a finales del año 2000, estando en vigor la ley 4/2000, llegaron 1.858. Por tanto vamos a hablar de efecto llamada y vamos a llevarlo a sus justos términos.
Señor Alcaraz, que plantea la iniciativa en primera instancia, estamos firmemente decididos a mejorar las insuficiencias que sin duda alguna tenemos en Fuerteventura,
en Lanzarote, en Las Palmas, en Cádiz, en Algeciras, en Madrid o en Barcelona, estamos en ello. Ante la evidencia de un crecimiento que pensamos se ha frenado, por lo menos en cuanto al porcentaje de los incrementos que nos situó en las
cuotas en las que estamos si arrancamos del año 1998 ó 1999, pensamos que el esfuerzo que estamos haciendo de potenciación de la inmigración legal, del cuidado del número exacto de contratos de trabajo que podemos ofrecer a estas personas y de
hacerlo con aquellos países desde donde han venido en mayor número, nos está sirviendo y seguiríamos a continuación y vamos a hacerlo con el resto de las preguntas que nos van a poner de manifiesto en qué cuantía se ha incrementado el número de
extranjeros. En diciembre del año 1995 había en España medio millón de residentes extranjeros -bien es cierto que existía un 23 por ciento de desempleo-; a finales del año 2001 tenemos 1.109.000 ya -bien es cierto que tenemos un 12 por ciento de
desempleo-. Ese esfuerzo, con una distribución muy equilibrada entre la procedencia europea, la procedencia africana y la procedencia americana, donde podemos hablar de en torno a 325.000 ó 330.000 personas desde cada uno de estos continentes, más
las ciento y pico mil de Asia y Oceanía, nos permite desmentir esa acusación que yo entiendo y que le acepto sin mayores consecuencias de lo de la inmigración blanca, cristiana, hispanoparlante y heterosexual. Nos demuestra que no ha sido así, que
tenemos unas procedencias muy equilibradas, en donde desde Europa y desde Asia viene un 50 por ciento de hombres y de mujeres, desde América un 70 por ciento de mujeres y un 30 por ciento de hombres y desde África un 70 por ciento de hombres y un 30
por ciento de mujeres. Ello nos lleva a pensar que estamos acertando en el intento serio y riguroso de ordenación de los flujos migratorios, de ordenación de una realidad que es la realidad migratoria laboral. Indiscutiblemente es la gran novedad
de nuestro presente, es la gran realidad de la Unión Europea desde hace ya un buen número de años, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que nos lleva a esa sociedad multirracial, multiétnica, mestiza, que es la sociedad del futuro,
en la cual nuestro objetivo, nuestra obligación y nuestro deseo, el reto que queremos encarar desde el Gobierno, desde ya, desde el momento en el que hemos terminado con el diseño de los instrumentos que nos permiten contemplar el fenómeno
migratorio con mayor tranquilidad que hace un par de años, es el de la integración. Para ello hay factores básicos, imprescindibles, como es el status de legalidad, el contrato de trabajo en las mismas condiciones que los trabajadores oriundos y el
derecho a la reagrupación familiar, lo que aumentará la población de nuestras sociedades con ese índice multiplicador del 1,3 y 1,4, que es el que ha incidido en las sociedades europeas de larga tradición migratoria.
Agradeciendo sus intervenciones, nuestro compromiso, adquirido ya y plasmado en acuerdos a través de la subcomisión con el Gobierno canario y en este Parlamento por intervenciones del señor vicepresidente primero del Gobierno anteriores a la
mía, es el de seguir trabajando por esta sociedad, que es la sociedad del futuro.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Voy a ser muy breve, como ya le indiqué, señor presidente.
Entendemos que hay una especie de marcha atrás o de frenazo, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, con respecto a la expulsión de menores y familias afectadas. Y si no es así, se está tomando una unidad que corresponde más bien a
la Edad Media. La unidad es la persona en sí misma considerada y no la familia, como se ha dicho también aquí y, por lo tanto, ese tema habría que aclararlo totalmente porque no sabemos, en definitiva, al leer usted y hacer consideraciones al paso,
en qué queda esta situación o cómo se va a activar al respecto.
En cuanto a lo que ha dicho usted y el señor Gil Lázaro en una fervorosa intervención, tengo que añadir que esta ONG, que tiene un prestigio muy consolidado, hace una investigación a finales del año 2001 y se basa en una serie de entrevistas
realizadas a unos treinta inmigrantes, retenidos en centros de detención, así como en entrevistas a abogados, médicos y organizaciones humanitarias muy relacionadas con el tema y que lo conocen a fondo. Por tanto, señor Fernández-Miranda, este es
el tema que nosotros estamos tratando. Usted lo desmiente radicalmente, pero nos deja bastante confundidos. Porque está suficientemente demostrado las pésimas condiciones en que se encuentran los retenidos en los centros de Fuerteventura y
Lanzarote. El tema de garantías jurídicas y de los menores afecta de forma plena, ya que algunos niños han sido retenidos en los centros para adultos y separados de sus progenitores. El tema del derecho de asilo, con problemas muy serios, la
adecuación legal a todos los niveles. El tema de la salud, la pobreza de retretes, duchas y facilidad de lavado de ropa, así como la escasez de luz natural y ventilación, todo esto está recogido de manera muy pormenorizada en este informe y, por lo
tanto, señor Fernández-Miranda, no nos acaba de convencer.
Nosotros vamos a intentar conocer sobre el terreno esta situación y a ver si efectivamente se cumple esa mejora. Porque el señor Gil Lázaro decía las cosas de tal manera que daba la impresión de que estos diputados que hemos preguntado
teníamos que ir inmediatamente a las cajas de ahorro para sacar euros y arreglar esto. Esto no requiere un discurso simplista o etéreo, señor Gil Lázaro. Requiere el discurso de cuánto, cuándo, cómo, por qué no hasta ahora. Ese discurso. ¿Cuánto
dinero? ¿Cuándo se va a dedicar? ¿Por qué no se ha
dedicado hasta ahora? No nos vayamos a las ramas. Es mucho más simple y mucho más corto de la intervención que ha realizado, larga, bien trabada, pero que oculta el bosque, los árboles y las raíces, sobre todo las raíces. Y la raíz se
llama dinero.
Termino diciéndole que lo que nosotros estamos aquí expresando no son exabruptos. Usted ha ido a consultar el diccionario y ha cambiado esta palabra por la de despropósitos en su última intervención, porque efectivamente exabruptos es un
insulto, y aquí no se han producido insultos que yo sepa.
Lo que sí le digo como conclusión de este debate que hemos tenido, y que naturalmente no será el último, es que el Gobierno del Partido Popular no tiene política de inmigración. Tiene una política de orden público donde inserta el tema de
la inmigración, pero no hay política de inmigración desde coordenadas sociales, culturales, de integración, educativas, política que se ve profundamente afectada presupuestariamente, y, permítame la expresión, aquí no aparece un duro; es decir,
aquí no aparece el presupuesto correspondiente a las necesidades que tenemos.
Fíjese la que se puede liar aquí si viene un mandatario extranjero y pronuncia en el aeropuerto uno de los titulares de este estudio, cosa que hemos hecho nosotros en algunos países del extranjero, un estudio en el que se pone de manifiesto
la sistemática violación por el Gobierno de los derechos humanos. El titular es gordo y grave: sistemática violación de los derechos humanos en España. Este es el problema que nosotros queríamos tocar con los dedos, señor Fernández-Miranda, y no
nos convence su explicación a la hora de entrar en el terreno de las posibles soluciones, porque también es cuestión de dinero; dinero en el seno de una política de inmigración.
Ustedes tienen política policial, de orden público, pero no tienen política social, cultural de inmigración; no la tienen. Usted mismo depende del Ministerio del Interior, lo que es ya un dato concreto, simbólico si usted quiere, pero que
nos reduce a este último titular que sintetiza todo el debate que hemos tenido aquí: el Gobierno español no tiene política de inmigración, porque esa política es siempre de coordenadas sociales, educativas, de coordenadas pertenecientes a la salud,
a la integración; una concepción de una sociedad diferente por mor y gracia de unas necesidades nuevas y un fenómeno nuevo y ustedes no lo aceptan. Ustedes no aceptan el fenómeno de la inmigración; no lo aceptan.
En todos los datos, en todas las
señales se está viendo que no aceptan este fenómeno y lo rechazan; se ve desde el punto y hora en que no han arbitrado, no han constituido, no han aprobado una política de inmigración.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Sólo intervendré durante un minuto.
Señor Fernández-Miranda, evidentemente no estamos hablando de menores solos, sino de menores que tienen su familia en Melilla, si no este debate no tendría sentido. Además, estamos hablando de menores que tienen familiares que no son
cómplices ni encubridores de su delito ni ejercen ninguna otra actividad ilegal, como la receptación. De todas formas, me alegra la decisión del Defensor del Pueblo; me alegra que haya establecido con claridad que sí existe responsabilidad civil
en el caso de los padres de los menores delincuentes, pero no penal ni administrativa, y me alegran sus manifestaciones de que el Gobierno está dispuesto a seguir este punto de vista.
Me que queda una duda en una cuestión y quisiera preguntársela. No sé si la Junta de Seguridad Local de Melilla, al aludir a responsabilidad administrativa, se refería a la imposibilidad de que los menores que hayan cometido delito y hayan
sido condenados por sentencia firme al llegar a la mayoría de edad adquieran la residencia en España. Lo digo porque me choca esta conclusión que yo he creído extraer de sus declaraciones con el tenor literal del acta que S.S. nos ha leído y que
hace alusión a depurar responsabilidad civil, así como administrativa, haciendo responsables a los padres. Los padres, evidentemente, ya son mayores de edad y tienen la residencia concedida, por eso quisiera saber a qué se refiere esa
responsabilidad administrativa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Agradezco la benevolencia de la presidencia y voy a ser muy breve.
Quiero señalar dos puntos. Uno, he escuchado en las intervenciones del portavoz del Partido Popular y del delegado del Gobierno varias veces la palabra demagogia. A mí me parece que la campaña electoral, que tuvo uno de sus ejes
principales precisamente en la vindicación de una nueva ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros y su integración en España, una nueva ley orgánica de extranjería, tuvo tintes marcadamente demagógicos que se reeditan cada vez que
este tema vuelve a la Comisión de Justicia e Interior. He escuchado del delegado del Gobierno, por señalar el más notable, que la Ley orgánica 4/2000 tenía un gran cartel luminoso en la fachada: Entrada libre. Eso, señor delegado del Gobierno, es
hacer demagogia, porque el problema no ha ido a menos, el problema ha ido a más. Se pueden maquillar las cifras como se pueden maquillar los indicadores de precios al consumo para hacer que la sociedad española pueda caer en el espejismo
voluntarista de que los precios bajaron en enero. Pero las cifras no son esas; las cifras son que la presión inmigratoria no ha hecho sino crecer, y ese padecimiento en particular se percibe de manera rotunda en las islas
Canarias más próximas al continente africano, Lanzarote y Fuerteventura. Y la razón tiene su raíz en la responsabilidad del Gobierno. Hay desprotección de la frontera exterior canaria; hay desprotección de la frontera exterior de
Fuerteventura y de Lanzarote, sobre todo de Fuerteventura, y creo que la infradotación de los servicios de vigilancia costera y de las patrullas y unidades de la Guardia Civil tiene muchísimo que ver con eso. Los extranjeros que cruzan el Estrecho
arriesgando su vida o que cruzan el Océano Atlántico arriesgando su vida para llegar al archipiélago canario no han leído el BOE ni están enterados de las diferencias entre la Ley orgánica 4/2000 ó la 8/2000, las dos legítimas, tanto la una como la
otra. No sé de dónde ha podido deducir el delegado del Gobierno -le invito a repasar literalmente mi intervención- que yo hiciese una comparación de legitimidades. Aludí a la metáfora por la cual supuestamente la Ley orgánica 4/2000 provino de una
emboscada parlamentaria. Legítima la una y la otra, pero insuficientes las dos. El problema de la inmigración ilegal y de la presión que representa en algunos puntos calientes de entrada, en particular la isla de Fuerteventura, no se resuelve con
una ley. Hace falta una política, donde la vigilancia y la protección de la frontera exterior canaria tiene que ser prioritaria. Eso es responsabilidad del Gobierno, señor Fernández-Miranda, y lo contrario -eso sí- es incurrir franca y llanamente
en la demagogia.
El segundo punto que quiero señalar es pura y sencillamente que creo que el contraste entre las alegaciones y explicaciones que hemos escuchado y la consistencia de las denuncias muy documentadas del informe está al alcance de cualquiera:
hrw.org, en Internet; entrar en la página web de Human Rights Watch y comprobar leyendo directamente la consistencia muy documentada de las denuncias de esta prestigiosa organización no gubernamental de lo que en su capítulo de conclusiones
califica literalmente de violación sistemática de los derechos humanos de los inmigrantes recogidos en las leyes nacionales e internacionales por parte de las administraciones públicas responsables de la situación de esos extranjeros hacinados en
esas instalaciones aeroportuarias de Fuerteventura. Hay una violación sistemática de derechos fundamentales perfectamente documentada en su detalle y el contraste de veracidad está al alcance de cualquiera. No basta simplemente con proclamar aquí,
en esta sede tan distante de la isla de Fuerteventura, que eso sencillamente no tiene lugar y que el informe es desenfocado o inexacto. Hace falta ir allí y comprobar que efectivamente esa presión inmigratoria sí tiene repercusión en los delicados
equilibrios socioeconómicos de la isla de Fuerteventura e incluso, por supuesto, en el plano demográfico.
Creo que es irreal decir que no tiene ninguna repercusión, que es cero en el plano demográfico de la isla de Fuerteventura porque eso, si lo escucha un majorero, puede resultarle directamente un insulto a su inteligencia. Eso está pasando
en la isla de Fuerteventura de manera directa y perceptible a los sentidos. ¡Claro que sí! Y creo que es irreal pretender que los extranjeros irregulares, o se asilan en el aeropuerto o se van a Las Palmas capital o van a la Península y por tanto
ya no producen ningún otro tipo de incidencia en el paisaje humano del archipiélago canario porque sencillamente no sucede, porque las islas son eso, islas rodeadas de mar por todas partes y por tanto la circulación tiene unas dificultades
geofísicas muy distintas a las que puede imponer la continuidad del territorio continental. Tan sencillo como eso. Está al alcance de cualquiera comprobar la consistencia de las argumentaciones de esta organización no gubernamental de vigilancia
de los derechos humanos y las explicaciones que hemos oído esta mañana, y que con toda seguridad tendremos que volver a recabar en el futuro, porque evidentemente el problema no va a ir a menos. Hace falta una política, no solamente una ley, señor
Fernández-Miranda.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, voy a ser muy breve, muy claro y muy contundente, en los mismos términos de claridad y contundencia que se han podido expresar otros portavoces.
Para que no haya confusión. Decir que se produce en España una sistemática violación de los derechos humanos, decir eso, que es lo que algún portavoz ha dicho que dice el informe... (El señor López Aguilar: Léalo)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor López Aguilar.
El señor GIL LÁZARO: Decir eso, que es lo que algún portavoz ha dicho que dice el informe, es sencillamente una necedad en sí misma. Decir que en este país existe una sistemática violación de los derechos humanos es una necedad en sí misma
y, desde luego, dar cobertura y credibilidad a esa necedad es una necedad añadida. Así de claro y rotundo. Porque en este país, afortunadamente, gracias a todos, no existe una sistemática violación de los derechos humanos. No existe. Lo diga
Human Rights, Amnistía Internacional, la Iglesia católica, o lo diga quien lo diga. No existe una sistemática violación de los derechos humanos en este país.
Eso es una necedad. Y desde luego es una necedad dar credibilidad a eso, o dar
credibilidad parcial a eso porque cuando, a lo mejor, estas mismas asociaciones, en otros momentos, hacían diagnósticos iguales, vuelvo a repetir, como he dicho antes, algunos no utilizábamos esos diagnósticos porque seguíamos pensando que eran una
necedad y hoy los que utilizan esos diagnósticos cargaban sus tintas contra aquellos que hacían esos diagnósticos. Si es que el problema en
esta vida, señoras y señores diputados, es siempre básicamente un problema de coherencia.
Si a mí se me dice, y no hace falta que se me diga porque lo diré yo siempre el primero, que la cultura de los derechos humanos exige un permanente y continuo compromiso de autoexigencia, que no hay ninguna situación que se pueda dar en
términos de respeto a los derechos humanos y de cuidado de los derechos humanos que se pueda dar como situación de autocomplacencia, que siempre es necesario mejorar, que siempre es necesario comprometerse más, en eso estamos absolutamente de
acuerdo.
Ahora bien, si alguien pretende decir, en genérico, que en este país existe una situación de violación sistemática de los derechos humanos, vuelvo a repetir que me parece cuanto menos una afirmación tremendamente desenfocada, por no
reiterar aquello de necedad.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (Fernández-Miranda y Lozana): Abundar en las afirmaciones y hacerlas mías del señor Gil Lázaro. Por tanto, desmentir radicalmente, tal como he dicho antes, por desenfocado
y por inexacto el informe de la ONG de la cual estamos hablando, para que además no quede duda en cuanto a la claridad de nuestras expresiones.
Con respecto a la expulsión o no de familiares de menores delincuentes reincidentes, no vamos a expulsar a las familias, señor Alcaraz, por si no quedaba claro, señora Del Campo, que también me lo pedía. No es, además, la junta de seguridad
la que dice que los menores con condenas firmes que pasan a tener antecedentes penales no podrán obtener un permiso de residencia cuando sean adultos; eso lo dice la ley, porque aquellas personas extranjeras que tengan antecedentes penales no
podrán obtener el permiso de residencia y el permiso de trabajo.
El señor Alcaraz dice: no quieren ustedes la inmigración. (El señor Alcaraz Masats: No la entienden) ¿Cómo que no la entendemos? Fíjese si la entendemos bien que en 1999, cuando llega a gobernar en este país el presidente Aznar y el
Partido Popular... (El señor Gil Lázaro: Ha dicho que el problema es que ustedes no aceptan la inmigración. Es la vigesimoquinta vez que nos lo dicen.) No aceptan. (Rumores.) Es conveniente que de vez en cuando el portavoz de mi grupo
parlamentario mejore mi intervención y yo se lo agradezco. Cuando llega al gobierno el Partido Popular había 500.000 residentes extranjeros, de los cuales 300.000 eran comunitarios, con un 22 por ciento de desempleo. A diciembre de 2001 había
1.109.000, con un 12 por ciento de desempleo. Estamos primando la inmigración legal y estamos combatiendo la ilegal.
No tienen ustedes política de inmigración. No le gustará, se lo ha dicho también el señor Gil Lázaro. La tenemos y la tenemos convenientemente financiada porque adquieren derechos, y la integración consiste en disfrutar derechos.
¿Sabe lo que supone asistencia sanitaria, en igual condición que los españoles, de 1.109.000 residentes legales, más asistencia educativa a 133.000 menores, desde la educación infantil hasta el bachillerato? Por redondear en cifras, de los
Presupuestos Generales del Estado, de la provisión capitativa, como cualquier otro ciudadano, porque son como cualquier otro ciudadano, 1.011 millones de euros. (La señora Blanco Terán: Son personas que cotizan.) Hombre, claro, sólo faltaba que
además no cotizasen; son residentes con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Claro que cotizan. (La señora Blanco Terán: Pero deduzcan.) ¿Sabe usted lo que supone la dotación, que se han olvidado de ella, de las personas que están
cobrando, porque cotizan también, el subsidio de desempleo? En torno a 23.000 millones de pesetas, porque hay 87.000 que están en asistencia social básica, que les corresponde como ciudadanos de este país apuntados en las listas de desempleo. Eso
es política de inmigración, eso es integración social, eso es, en definitiva, el futuro que el Gobierno del presidente Aznar quiere para esta sociedad multirracial, multiétnica, mestiza, diversa, enriquecida desde la diferencia y todos como
ciudadanos regidos por las mismas leyes y por nuestra Constitución. Ese es el futuro que estamos siendo capaces de diseñar y ese es el futuro que yo no sé si a ustedes, precisamente porque se están dando cuenta de que somos capaces de hacerlo
realidad, les está molestando. (La señora Blanco Terán: ¿Cómo?) Nosotros seguiremos avanzando mientras tengamos el respaldo de otros grupos parlamentarios, el respaldo de la sociedad, el respaldo en definitiva del deseo de utilizar nuestra
riqueza para poder compartirla con otros países y con otros ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández-Miranda.
Habiendo acuerdo entre los portavoces para que concluyera la Comisión a las tres de la tarde y siendo esa hora, dejamos los puntos siguientes del orden del día para la sesión del día 11 de marzo.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.