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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 428, de 19/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 428
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 16
celebrada el martes, 19 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para que se adopten las medidas necesarias al objeto de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) que soliciten y reciban ayudas por parte de la Administración general del Estado no puedan invertir sus fondos en activos que impliquen
un riesgo cierto para la inversión.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001051.) ... (Página 13844)
- Sobre la política de desarrollo y de ayuda exterior de la Unión Europea durante la Presidencia española. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001109.) ... (Página
13846)
- Sobre política de cooperación internacional para el Desarrollo de la Unión Europea durante la Presidencia española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001126.) ...
- Sobre apoyo a la adopción, por parte de los organismos internacionales, incorporando la perspectiva de género en sus actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres en aquellas operaciones humanitarias y de
mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001119.) ... (Página 13850)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para analizar el vínculo entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo.
Formulada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 158/000040.) ... (Página 13853)
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo, para el análisis de la interrelación y necesaria vinculación entre las políticas de inmigración y de cooperación para el desarrollo.
Formulada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. (Número de expediente 158/000041.) ... (Página 13853)
Se abre la sesión a las diez y diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS AL OBJETO DE QUE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS) QUE SOLICITEN Y RECIBAN AYUDAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO NO PUEDAN INVERTIR SUS FONDOS EN ACTIVOS QUE
IMPLIQUEN UN RIESGO CIERTO PARA LA INVERSIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001051.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el orden del día ya fijado. En todo caso, antes de dar comienzo a la misma quiero
advertir a SS.SS. que habrá dos puntos que serán tratados de forma acumulada, me estoy refiriendo a las iniciativas que figuran con los números 2 y 4, del Grupo Parlamentario Socialista la primera y del Grupo Parlamentario Popular la segunda, ambas
referidas a la presidencia española de la Unión Europea en este semestre; serán tratadas en el punto segundo conjuntamente. Igualmente serán debatidas de forma conjunta las iniciativas recogidas en los puntos 5 y 6, de creación de una subcomisión
en el seno de esta Comisión referida a la vinculación de la política de inmigración y de cooperación.
Advierto a SS.SS., para que puedan atender otros trabajos de la Cámara de forma debida, que no se realizarán las votaciones en ningún caso antes de las doce y media. Damos comienzo ya a la sesión abordando el primer punto, que se refiere a
una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que figura en el punto número 1 del orden del día. Tiene el uso de la palabra el diputado señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Voy a ser muy breve porque la razón que indujo al Grupo Parlamentario Socialista a presentar la presente proposición no de ley viene suficientemente explicada en su exposición de motivos.
Como ustedes saben, señorías, el pasado mes de julio, a raíz de las investigaciones que se estaban llevando a cabo por el caso Gescartera, tuvimos conocimiento de que la ONG Manos Unidas había invertido en dicha sociedad 50 millones de
pesetas, exactamente 53.292.202 pesetas, dinero que hoy por hoy se considera perdido. Desde nuestro grupo no creemos razonable que las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que reciben ayudas públicas, tanto de la Administración central
del Estado como de otras administraciones públicas, puedan arriesgar parte o el
total de ellas, como ha ocurrido en el caso de la ONG antes mencionada.
Asimismo dudamos de que los ciudadanos y las instituciones privadas que realizan de forma voluntaria aportaciones a esas organizaciones acepten la posibilidad de que se
ponga en riesgo el dinero destinado a los fines sociales que definen a cada ONG en concreto, aunque sea con la buena intención, de la que en ningún momento dudamos, de incrementar los recursos para poder desarrollar mejor sus objetivos e incluso
ampliarlos.
Cuando los gestores de las ONG que reciben aportaciones públicas o privadas para sus fines ponen en riesgo por operaciones de carácter mercantil o financiero dichas contribuciones, no están cumpliendo con el carácter finalista de dichas
aportaciones, asumiendo unas competencias de gestión incoherentes y claramente extralimitadas con el esfuerzo de los donantes, sean éstos públicos o privados. Si un ciudadano, por ejemplo, aporta de su patrimonio personal una cantidad para una
ayuda de emergencia humanitaria y su aportación desaparece por una gestión de los administradores en un producto financiero de riesgo, se está produciendo una gestión a todas luces negligente. Este tema se agrava aún más cuando la ONG gestiona
fondos públicos. No es concebible que se pueda producir una minoración de los recursos de una ONG por una operación de riesgo cuyo origen es un dinero público obtenido de todos los ciudadanos mediante la exacción fiscal, dado que se daría
igualmente una malversación indirecta de dinero público, o sea, de todos los ciudadanos.
Por otra parte, aunque reconocemos que el caso de Manos Unidas ha sido algo puntual y estamos convencidos de que no se trata de una práctica habitual entre las ONG, esa acción ha provocado una cierta desconfianza entre algunos sectores de la
ciudadanía y entre algunos gobernantes, desconfianza que hay que atajar de inmediato. Prueba de ello es, por ejemplo, que a los pocos días de conocerse el caso de la inversión de Manos Unidas en Gescartera el Gobierno de Extremadura, parece ser
-digo parece ser porque nos basamos sólo en una información periodística que no hemos podido confirmar- decidió no concederle una subvención prevista de prevista de treinta millones de pesetas a dicha ONG y destinó dicha cantidad a ayudas directas a
Centroamérica. Por otra parte, el consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ya anunció el pasado mes de septiembre que el Gobierno andaluz va a exigir a las organizaciones no gubernamentales que reciban ayudas
públicas de la Administración autonómica que certifiquen su no participación en Bolsa mediante una declaración jurada o bien mediante un certificado del Mercado Nacional de Valores. Con ello se pretende impedir que entidades de carácter social sin
ánimo de lucro puedan utilizar sus fondos para fines lucrativos, realizando inversiones en valores especulativos o en activos que impliquen un riesgo cierto para la inversión.
Es cierto que en la orden del 31 de enero de 2001, de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas a organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen actividades en el campo de la cooperación
internacional para el desarrollo, se exige en su artículo 3, como requisito para poder acceder a este sistema de subvenciones, carecer de fines de lucro; requisito que presenta cierta ambigüedad y que en todo caso no impide prácticas inversoras de
riesgo.
Por ello, el Grupo Socialista cree que el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para que las ONG que soliciten y reciban ayudas por parte de la Administración general del Estado no puedan utilizar sus fondos con fines
especulativos o para la adquisición de productos financieros de riesgo cierto que pongan en peligro los recursos disponibles.
Para finalizar, y para que no haya ningún malentendido por parte de ninguna señoría de las aquí presentes, tenemos que puntualizar que no se trata -permítanme la expresión- de que las ONG tengan que guardar el dinero bajo una loseta o en un
calcetín; no se trata de no invertir, sino de no arriesgar. En el mercado financiero hay productos para invertir sin que haya un riesgo cierto o sin que esa inversión suponga un riesgo cierto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El portavoz del Grupo Socialista en su intervención ha remarcado que los aspectos que se ponen de manifiesto en la exposición de motivos de su iniciativa constituyen un hecho puntual y no habitual. Esta
consideración es la que marca la orientación de Convergència i Unió ante esta iniciativa, enlazando además con otro concepto que el propio portavoz del Grupo Socialista ha expresado, que es el de no proyectar una desconfianza hacia el conjunto del
tercer sector que trabaja en la política de cooperación al desarrollo. Estos dos elementos (carácter puntual del incidente al que se hace referencia, que no es habitual en ese tipo de prácticas, y la voluntad de no querer proyectar una imagen de
desconfianza hacia las propias ONG) es lo que hace que Convergència i Unió no pueda apoyar hoy esta proposición no de ley que nos plantea el Grupo Socialista. Nos parece que el hecho puntual denunciado no justifica que la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo del Congreso apruebe una proposición no de ley de estas características. Lo que sí nos ha parecido oportuno va a ser que en la tramitación parlamentaria de la Ley de incentivos fiscales y mecenazgo el Gobierno aborde de
manera general, y no como resultado simplemente de un hecho puntual, cuál es la participación de las ONG en sus operaciones financieras. Es una cuestión complicada, que seguramente debe hacer compatible que esas inversiones, esos fondos en manos de
las ONG tengan una
orientación positiva en su inversión para los intereses de esa organización y que no se limiten simplemente a una actuación especulativa. Es en ese ámbito, en el de la discusión parlamentaria de esa ley, donde nos parece que es posible
encajar la preocupación de fondo que nos plantea el Grupo Socialista y que sí compartimos, que es que las ONG no deben arriesgar sus fondos, tal como sucedió con Manos Unidas y sus inversiones en Gescartera. Por tanto, señor presidente,
Convergència i Unió no va a votar favorablemente a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra el señor Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PÉREZ: Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley. Vamos a votar en contra, ya que consideramos que la normativa vigente en este aspecto cubre de forma necesaria y rotunda todas
aquellas inversiones procedentes de subvenciones gubernamentales. La normativa vigente, de forma fundamental el artículo 81 del texto refundido de la Ley general presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 109, establece el régimen legal
de las obligaciones por parte de los perceptores de ayudas y subvenciones, tengan o no el carácter de organización no gubernamental. En el mismo se establecen mecanismos que garantizan la obligación por parte del perceptor del cumplimiento de la
finalidad para la que ayuda o subvención fue concedida, estableciendo consecuencias gravosas para él en caso de incumplimiento. La Intervención general de la Administración del Estado controla el cumplimiento de dicha normativa en un número
creciente de casos mediante auditorías realizadas por una unidad específica de su oficina nacional. Tal proceder, que controla el cumplimiento de los fines públicos perseguidos mediante la ayuda o subvención, exigiendo el reembolso en caso
contrario y cabiendo la posibilidad del establecimiento de sanciones, parece adecuado a la vista de las posiciones jurídicas de los participantes en el proceso.
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que dejen de cumplir los requisitos que establece la ley 23 de 1998, de Cooperación Internacional al Desarrollo, podrán dejar de percibir ayudas o subvenciones de las administraciones
públicas; para ello basta que su inscripción en el registro de las ONG, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional, sea cancelada, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 17 del reglamento de tal registro,
aprobado por Real Decreto 993 de 1999. Además de los mecanismos de seguimiento, justificación y control del gasto de los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por la Agencia Española a organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo, permiten obtener el reintegro de las cantidades no justificadas la orden de 31 de enero de 2001, de bases generales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de ayudas y subvenciones a estas organizaciones que realicen
actividades en el campo de la cooperación al desarrollo; la resolución de 22 de mayo de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se establece el procedimiento para la presentación de los
informes de seguimiento y finales de proyectos de cooperación al desarrollo financiados a las organizaciones no gubernamentales; la orden del Ministerio de Hacienda de 23 de julio de 1996 sobre actuación de competencias en materia de procedimiento
de recaudación de reintegros, de ayudas y de subvenciones públicas; y la resolución de 26 de mayo de 1997 de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica sobre justificación y control del gasto de los proyectos de
cooperación al desarrollo subvencionados a organizaciones no gubernamentales. Por último, el establecimiento de normativas adicionales a las citadas que trataran de controlar la actividades de organizaciones privadas podría exceder de las
competencias del Gobierno, especialmente si se considera que las inversiones a las que se alude en la proposición no de ley tienen el carácter de colocaciones temporales de la tesorería operativa, que podrán proceder tanto de las ayudas del Estado o
de sus organismos como de fondos propios o ajenos de procedencia no estatal.
En definitiva y con estos argumentos, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Coincidiendo con una expresión del señor Campuzano
de Convergència i Unió, habrá foros más que suficientes para perfeccionar en lo posible, si es que no lo está suficientemente, como decía el señor Campuzano.
- SOBRE LA POLÍTICA DE DESARROLLO Y DE AYUDA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001109.)
- SOBRE POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA UNIÓN EUROPEA DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001126.)
El señor PRESIDENTE: Como ya advertimos en su momento, se va a proceder de forma acumulada con los puntos 2 y 4 del orden del día; me estoy refiriendo a las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo
Parlamentario Popular, ambas relativas a la política de la presidencia española de la Unión Europea durante este semestre. Quiero recordar que a la iniciativa que figura en el punto número 2 del orden del día, la del Grupo Parlamentario
Socialista, existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, esa enmienda lógicamente será tratada de forma acumulada en la intervención para la fijación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Comenzamos ya
con el punto segundo del orden del día dando el uso de la palabra en primer lugar al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene el uso de la misma el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señorías, uno no es tan inocente para pensar que una presidencia que se desarrolla durante seis meses puede resolver todo, y no es la aspiración del Grupo Socialista cuando presenta esta iniciativa. No puede resolver
todo, pero sí puede proponer soluciones que tengan la ambición y el alcance más allá del 30 de junio. En definitiva, se trata de hacer patente la aspiración de nuestro Gobierno cuando dice más Europa; más Europa también en la cooperación
internacional al desarrollo. Qué duda cabe que en esta presidencia semestral, de la que ya llevamos uno y medio largo, Europa, la Unión Europea, se enfrenta a una fase crítica en su construcción, en su asentamiento; por supuesto, estoy
refiriéndome a los sucesos del 11 de septiembre de 2001, a la proliferación de conflictos o al agravamiento de alguno de ellos, como en el caso de Oriente Próximo, así como el reto de una ampliación hasta veintisiete Estados y la convocatoria de una
convención constituyente que alumbra un nuevo futuro para la Unión Europea. Nos encontramos ante un eslogan, feliz ciertamente, pero carente con frecuencia de contenidos.
Decimos más Europa, pero observamos una renacionalización de las políticas,
un seguidismo respecto a las políticas unilaterales de la gran potencia realmente existente y una consideración tan mínima de la cooperación al desarrollo que ocupa nueve líneas de una columna y además sólo se refiere a una parte de la cooperación
al desarrollo de la Unión Europea, que es la relativa al proceso negociador con los países ACP (Asia, Caribe y Pacífico). Si esta es la más Europa que propone la presidencia española de la Unión Europea en el ámbito de la cooperación internacional
al desarrollo, no solamente no es más Europa, sino menos, cada vez menos. Es una mengua considerable de los objetivos fijados en Laeken en diciembre de 2001 o de las propias conferencias de los ministros o secretarios de Estado para la cooperación.
Nueve líneas, insisto, y referidas a los países ACP. Por lo visto para la presidencia española la cooperación internacional al desarrollo del primero bloque donante del mundo, que es la Unión Europea, no merece más atención que esa mínima, con
alguna referencia, eso sí, a las conferencias internacionales, como la de Monterrey, la de Valencia o la de Barcelona.
En consecuencia, no basta con la crítica acerba -con frecuencia la hemos escuchado en este mismo ámbito por parte del secretario de Estado para la Cooperación- acerca del mal funcionamiento de la cooperación y de las instituciones encargadas
de las cooperación internacional al desarrollo en la Unión Europea. Hay una oportunidad de corregir, de proponer las correcciones e impulsar ese cambio, que sin duda alguna puede ser necesario. Este es el sentido de nuestra proposición no de ley:
un estímulo a reflexionar sobre los objetivos y ambiciones de la cooperación internacional al desarrollo por parte de la Unión Europea, dentro de una agenda comprensible y asimilada o asimilable por parte de todos los actores, tanto de los Estados
socios como de las instituciones propiamente de la Unión, atendiendo en primer lugar a la exigencia de la sociedad, esa sociedad organizada, las ONGD, etcétera; atendiendo a los principios sentados por las conferencias de la propia Unión Europea y
que tenga como finalidad luchar contra la pobreza con un desarrollo sostenible que sea capaz de gestionar los conflictos. Ahora asocio, por ejemplo, algo que va a suceder, sucederá próximamente. Un conflicto como el balcánico o los conflictos
balcánicos en plural, van a tener que ser gestionados en exclusiva por la Unión Europea. Este es el primer reto de política exterior, de política de seguridad y de defensa y también de política de ayuda al desarrollo. La reconstrucción de la
región junto con su defensa, seguridad y sus relaciones exteriores en el camino hacia la integración europea va a quedar en manos de la Unión. En consecuencia, ahora más que nunca en esa situación más crítica y de crecimiento de la responsabilidad
por parte de la Unión Europea es necesario un nuevo impulso. La presidencia española puede impulsar; puede que no resuelva -no somos tan inocentes, lo decía al principio- pero sin duda ninguna puede contribuir a impulsar lo que es una exigencia de
nuestras sociedades del norte al sur de toda la Unión, y además interviniendo activamente en los foros internacionales. Monterrey está próximo, pero también lo está el desarrollo del acuerdo de Doha acerca de los medicamentos. Hay una serie de
objetivos que la presidencia española de la Unión Europea tendría que haber enfatizado y desde luego llevado a término.
Es posible, todavía lo es, aunque estemos a 19 de febrero afrontar en lo que queda de presidencia de la Unión Europea -lo formulamos en términos de dos proposiciones y nueve objetivos- alguno o todos. Nosotros proponemos que sean todos los
objetivos que aquí se señalan; son nueve, sencillos, nos los han escuchado muchas veces y no pienso aburrir a SS.SS. ni a nuestro presidente extendiéndome más allá de lo que considero mínimamente imprescindible. Quiero recordar que en ese más
Europa se contiene menos impulso a la cooperación internacional al desarrollo. La rectificación
es posible, naturalmente en el caso que por parte de la mayoría, por parte de los grupos representados en esta Cámara se adoptara como propuesta la que hemos formulado en el Grupo Parlamentario Socialista.
Dicho eso, señorías, debo añadir que, acerca de la buena voluntad de la enmienda presentada por el Grupo Popular, la opinión nos la reservamos a las explicaciones que el portavoz sin duda alguna nos va a ofrecer. En caso de convencernos -se
trata de objetivos nobles y que debieran ser compartidos, no es así en el texto que presentó el Gobierno en su momento-, como siempre, estaríamos a tiempo de incorporar cualquier elemento que contribuya a que la Unión Europea, primer bloque donante
del mundo y de solidaridad entre su ciudadanía, pueda aplicarlo a todos los ámbitos que son de su competencia.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de su iniciativa y también de la enmienda presentada a la iniciativa del Grupo Socialista, en nombre del Grupo Popular tiene el uso de la palabra el señor Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Nosotros presentamos en su momento, en el último periodo de sesiones, una iniciativa, conscientes de la importancia que para las políticas de cooperación internacional para el desarrollo suponía o puede suponer la
presidencia española de la Unión Europea; presidencia de turno que le ha tocado al Gobierno, como en el pasado le tocó a otros gobiernos, sobre la que ha habido reiteradas comparecencias en esta Cámara, tanto del presidente del Gobierno en varias
ocasiones como el ministro de Asuntos Exteriores. Desde el primer momento se ha intentando perfilar ese apoyo institucional que cualquier gobierno reclama en el ejercicio de su obligación constitucional de ejercer la política exterior, la cual la
Constitución, como sabemos, señorías, reserva en su artículo 97 en exclusividad al Ejecutivo. Ha sido una de las características de nuestra transición política, de nuestro últimos veinticinco años de democracia el apoyo a los procesos de
normalización inicialmente, de apoyo a nuestra joven democracia; después, de normalización de nuestras relaciones internacionales; y el apoyo del Parlamento, que es donde reside la soberanía popular, por una amplísima mayoría, a las posiciones de
los gobiernos legítimos de España en cuanto a la ejecución de la política exterior.
La cooperación internacional para el desarrollo es una parte fundamental de la política exterior. Nosotros lo hemos definido así, pero no es una idea original sino compartida por los grupos parlamentarios desde hace tiempo. Esa fue la
razón por la que España -fíjense señorías que yo digo España porque considero que el mérito es colectivo de una nación como la nuestra, que ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos años en muchas ocasiones, sobre todo en lo que es
la definición de nuestra política exterior en base a una serie de principios hoy asumidos-... Hoy es fácil reconocer desde dentro, y sobre todo desde fuera, que la posición de España en el concierto internacional es claramente de defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Nosotros basamos en ese concepto general nuestra posición.
Otra cosa es que desde el ejercicio legítimo de la oposición democrática se pueda instar al Gobierno a ser más rápido o a profundizar en
determinados aspectos de esa estrategia que compartimos. El Gobierno hizo un ejercicio bastante intenso de presentación ante el Parlamento, por lo tanto, ante los ciudadanos españoles, de lo que iban a ser los ejes de su política de nuestra
presidencia española. Qué duda cabe de que las políticas de cooperación forman parte de diferentes aspectos, no solamente de los relativos a las políticas de cooperación para el desarrollo.
En ese folleto que ha exhibido un portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se pueden leer sin mucha dificultad las ideas transversales de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en varios de los capítulos o
prioridades de nuestra presidencia. Lo mismo me da que hablemos de política cultural, de políticas comerciales, de políticas de integración, de políticas de ampliación de la Unión Europea para consolidar un espacio de integración y desarrollo, ése
es el eje de nuestra presencia en el mundo y ése es el eje que creo que apoyamos todos. Por tanto, las prioridades del Gobierno en materia de cooperación han sido definidas. Hoy, en este debate, tenemos la oportunidad, una vez más, de apoyar,
fuera de la estrategia legítima de cualquier grupo parlamentario, esas líneas generales.
Hay aspectos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que nosotros entendemos importantes, pero que son para el consumo interno; no lo descalificamos, pero no deberían ser objeto de desacuerdo el
establecimiento de plazos, de cantidades, etcétera... Hay que pensar una cosa, la presidencia de turno, la presidencia española de la Unión Europea, es una presidencia de coordinación, de impulso de políticas que vienen de atrás, que continuarán
después, como muy bien se ha dicho, y nuestra obligación es establecer posiciones de consenso. Por lo tanto nosotros no deberíamos pedir al Gobierno una posición maximalista en torno, por ejemplo, a la Conferencia de Monterrey, porque la posición
del Gobierno español tendrá que ser una posición de consenso de los países de la Unión, y en eso se está trabajando. Tiene que ser una posición de consenso. Si de verdad creemos en más Europa, en lo que nosotros creemos, el más Europa tiene sus
plazos. Unos querrán ir más deprisa, pero luego la realidad hace imposible en el tiempo a veces la consecución de determinados objetivos, lo cual no quiere decir que no se trabaje para llevar una posición europea común a la Conferencia de
Monterrey; lo cual
no quiere decir que España no sea partidaria de aumentar los fondos de ayuda al desarrollo de nuestro propio país y del conjunto de la Unión Europea, expresándose así al resto de los Estados miembros; lo cual no quiere decir que España no
participe, como muchos de los otros países, de la idea de que es necesaria en estos momentos, dado que las circunstancias han cambiado, una profunda reforma de las políticas de cooperación de la Unión Europea.
Nosotros no establecimos (ustedes lo saben; si no, yo se lo recuerdo) un agrio debate o un debate crítico en los pasados años, en la pasada legislatura, sobre los graves y difíciles problemas que tuvo la política de desarrollo de la Unión.
Lo vamos a dejar ahí, pero nosotros entendíamos como grupo que apoya al Gobierno de España, que tenía la obligación de representar a nuestro país en los diferentes foros europeos, que era una oportunidad para la reforma la creación de la Agencia
Europea de Desarrollo, intentar eliminar siempre la sempiterna barrera de la burocracia, debatir con serenidad el papel de los Estados miembros en las políticas de la Unión, etcétera. En cualquier caso, yo creo que no hace falta dar más vueltas a
estos argumentos para expresar una de las primeras ideas que yo quería expresar, que es la siguiente. La posición española debe necesariamente ser de consenso y, por lo tanto, la presidencia española va a trabajar para que la Unión Europea esté
representada con posiciones sólidas y unánimes en aquellos foros internacionales donde la Unión Europea tiene que participar, más allá de la posición, por legítima que sea, de nuestro país y de la de otros países. (El señor vicepresidente, Fariñas
Sobrino, ocupa la presidencia.)
En este contexto se entiende perfectamente nuestra proposición no de ley, que compartiendo en la exposición de motivos, e incluso en la parte dispositiva, muchas de las inquietudes del Grupo Parlamentario Socialista, intenta matizarlas para
no limitar el mandato de un Gobierno que efectivamente tiene que alcanzar posiciones de consenso con el resto de los países miembros, donde SS.SS. saben existen posiciones dispares sobre determinadas cuestiones. Nosotros no podemos mandatar
-perdón por la palabra- a nuestro Gobierno que mantenga una posición en cuanto al debate que hoy existe sobre la necesidad de establecer determinadas barreras, aranceles o impuestos a las transacciones económicas internacionales, porque no es una
posición de consenso. Sus señorías conocen muy bien la posición particular del Gobierno español al respecto, porque ha sido expresada en esta Cámara, pues por el Grupo Parlamentario Popular en algunas ocasiones se ha debatido en esta Comisión y en
el Pleno esta cuestión de la tasa Tobin y de otras cuestiones, o la posición en cuanto al problema de la deuda externa, etcétera. Por tanto, conocen la posición del Gobierno, conocen la posición del Grupo Parlamentario Popular, no vamos a reeditar
debates en este sentido. Lo que está claro es que en cualquier caso la presidencia española tendrá que asumir posiciones de consenso en esta materia y en tantas otras.
La posición del Gobierno en cuanto, al acceso a medicamentos, las negociaciones de la Comisión Permanente de la Organización Mundial de Comercio para el cumplimiento de los acuerdos de Doha, está muy clara, la ha expresado el Gobierno en
reiteradas ocasiones y ha sido expresada la voluntad de la Cámara en una proposición no de ley aprobada por unanimidad. Coincidimos todos señorías, en que es importante que los ejes de nuestra política de cooperación sean los que el Gobierno ha
señalado, educación, democracia y desarrollo, porque no son ejes que haya definido el Gobierno español, sino que son ejes definidos por consenso en reuniones preparatorias de la presidencia española de la Unión Europea, que en estos momentos se está
celebrando, pero que viene preparándose desde la presidencia belga. Por lo tanto, señorías, yo creo que no son incompatibles unas cuestiones con otras.
En ese sentido, y voy a terminar, señor presidente, nuestro grupo parlamentario ofrece al Grupo Parlamentario Socialista nuestra proposición no de ley como enmienda a la suya, porque fue redactada en ese sentido, intentando recoger aspectos
que recoge la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, y salvando aquellos aspectos -lo conoce muy bien el Grupo Parlamentario Socialista-, sobre los cuales es complicado hoy alcanzar algunos acuerdos, porque incluso la posición
española tendrá que ser definida en el seno de las reuniones que al efecto se van a celebrar, las oficiales y las preparatorias, en estos meses en la Unión Europea. En ese sentido preparamos nuestra proposición no de ley. Si le parece bien al
Grupo Parlamentario Socialista y al resto de los grupos parlamentarios, incluso solicitaríamos su retirada, porque no queremos que lo entiendan como nuestro texto; queremos que vean el texto de nuestra proposición no de ley exactamente igual a la
enmienda que les hemos planteado a su proposición no de ley. Nosotros estamos dispuestos a retirar nuestra proposición no de ley, pedir la retirada de la suya y alcanzar entre todos un texto, que sería de todos, sobre la base del texto que hemos
presentado, que como digo intenta recoger las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista y salva aquellas cuestiones para dejar libertad al Gobierno en el ejercicio de lo que es su responsabilidad en la presidencia de la Unión Europea en los
próximos meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO CANADÈS: Estas dos iniciativas, como se ha dicho ya por el señor Pérez Casado, no pueden pretender resolver toda la agenda de la política de cooperación al desarrollo española ni la de
la propia Unión Europea. El señor Izquierdo nos recordaba la dimensión precisa de lo que es la presidencia de un semestre del Consejo Europeo, un periodo determinado en el que un Estado está obligado a liderar la Unión en la coherencia y en
el contexto de las políticas que se desarrollan en la Unión durante ese periodo limitado de tiempo. Sin embargo, es cierto que estas dos proposiciones no de ley podrían constituir un compromiso político que va más allá de esa fecha de finales de
junio.
En términos generales, las dos iniciativas que se plantean no son estrictamente contradictorias y si los grupos proponentes hiciesen un esfuerzo, se podrían encontrar fórmulas, maneras, para coincidir en aquello que es esencial. Yo creo que
hay cuestiones de matices importantes, evidentemente, pero para el núcleo duro de las propuestas sería posible llegar a un consenso, tal como el señor Izquierdo invitaba en su intervención.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió, hay que destacar cuatro elementos importantes. El primero de ellos, la reunión de Monterrey, básica para dotar de contenido real, desde un punto de vista financiero, a las políticas de
cooperación al desarrollo; ahí la iniciativa del Gobierno se centra en pedir que la conferencia sea un éxito, y la iniciativa socialista va más allá y plantea que en Monterrey se avance de manera precisa hacia el objetivo del 0,7 por ciento.
Nosotros coincidimos con esa demanda que plantea el señor Pérez Casado. Dos, en la iniciativa del Grupo Popular, y creo recordar que también en la del Grupo Socialista, se hace referencia al espacio mediterráneo y a la reunión de Valencia. Desde
la perspectiva del interés general de Europa, del interés general del Estado español, reactivar el proceso de Barcelona es fundamental y ésta debía ser una de las características de la presidencia española. En un contexto difícil, en un momento en
el que el proceso de paz en Oriente Medio está más que podrido y en el que la situación de relación conflictiva de España con Marruecos no ayuda precisamente a reactivar ese proceso, parece que debería ser un eje fundamental de la presidencia
española. Tres, y ahí creo que es donde pone el acento el Grupo Popular, la mejora de la eficacia de la ayuda comunitaria. Desde la perspectiva euromediterránea, por ejemplo, toda la dimensión de los programas MEDA debería de constituir motivo de
preocupación. Y cuarto elemento, para nosotros prioritario, que está en la iniciativa del Grupo Socialista, todo el desarrollo de los acuerdos de Doha que, como se ha recordado, fue objeto ya de un consenso parlamentario amplio este mes pasado de
diciembre, y en este mes de enero tuvimos ocasión de debatir en una sesión conjunta con Médicos Sin Fronteras, Intermón-Oxfam y los grupos Popular, Socialista y Convergència i Unió.
Éstos son cuatro elementos, que poco o mucho, están en ese consenso posible, sobre los que nos parecería que esta mañana se puede llegar a un acuerdo. Si no fuese así, Convergència i Unió votará favorablemente a las dos iniciativas, con la
excepción del punto 5 de la iniciativa del Grupo Popular, el que hace referencia al debate -no cerrado en esta Comisión- sobre la participación española respecto a los países menos avanzados, que no encontraría el apoyo de Convergència i Unió, por
lo que pediríamos votación separada de ese punto. Sobre el resto de las cuestiones, nos parece que los textos, como mínimo, no son contradictorios y que podrían encontrar nuestro apoyo. Eso sí, invitamos a los portavoces popular y socialista a que
hagan ese esfuerzo para intentar cerrar un texto común.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Señor Pérez Casado, tiene la palabra por un breve espacio de tiempo.
El señor PÉREZ CASADO: Es una precisión nada más acerca de nuestra posición respecto de la enmienda. Una voluntad de entendimiento nunca debe ser excluida y menos en temas como el que nos ocupa. Sin embargo, no podemos aceptar una
enmienda que entendemos es a la totalidad . No entro ya en reabrir el debate acerca del 0,7, de cuál es la posición del Gobierno español y cuál la de los ministros socios; hemos asistido a una discrepancia de fondo, pues si en el Consejo de
Ministros se dice sí al 0,7 y se pone un plazo, nuestro Gobierno dice que no en cualquier caso.
Ahí estamos ante un hecho relevante.
En consecuencia, no vamos a aceptar la enmienda que nos plantea el Grupo Popular.
- SOBRE APOYO A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, DE TODO TIPO DE INICIATIVAS QUE, INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES, SEAN ADOPTADAS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN AQUELLAS
OPERACIONES HUMANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LAS QUE SE ENCUENTREN INVOLUCRADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001119.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Pasamos al punto siguiente, proposición del Grupo Parlamentario Popular relativa a la adopción por parte de organismos internacionales de todo tipo de iniciativas que, incorporando la perspectiva
de género en sus actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres en aquellas operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas.
Para su defensa, tiene la palabra Quintanilla Barba.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar ante esta Comisión la proposición no de ley en la que ponemos de manifiesto la situación de discriminación y marginación en la
que viven las mujeres y las niñas en los diversos conflictos armados y posconflictos que se producen en el mundo.
La década internacional para la mujer identificó tres temas claves para el avance de las mujeres, igualdad, paz y desarrollo, objetivos que fueron reafirmados en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en 1995. En la Plataforma para la
Acción de Pekín, por primera vez se identificó claramente el tema de las mujeres y los conflictos armados como una de las áreas críticas de preocupación y se hizo hincapié en que la paz está indisolublemente unida a la igualdad entre hombres y
mujeres. Desde entonces, el llamamiento a la protección de las mujeres en situación de conflicto y posconflicto, así como su inclusión en los procesos de paz, ha venido mereciendo la atención y el apoyo de la comunidad internacional y de los
organismos internacionales. Concretamente, en el marco de los trabajos de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, de Naciones Unidas, en la que participa activamente el Gobierno de España a través del Instituto de la Mujer, así como en la 23.ª
sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, se reforzó considerablemente, en el documento de resultados, el mandato de incorporación de las consideraciones de género en todas las operaciones de apoyo a la paz, así como incorporar las
perspectivas de género a las políticas y programas del mundo.
En la línea de consecución de esos objetivos, la adopción por el Consejo de Seguridad, en la Resolución 1.321, de 31 de octubre del año 2000, sobre mujer, paz y seguridad, supuso un importante hito, cuya importancia ha sido puesta de
manifiesto por el conjunto de la Unión Europea. En esta resolución se reafirma el importante papel de la mujer en la prevención y resolución de los conflictos y se resalta la importancia de la plena e igual participación de las mujeres para el
mantenimiento y promoción de la paz y seguridad. El Gobierno de España, comprometido con la comunidad internacional y con las mujeres, con fecha 30 de junio del año 2000, ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional que declara que los
actos de violencia sexual son crímenes de guerra cuando se cometen en el contexto de un conflicto armado. Asimismo, el 6 de julio del año 2001 el Gobierno de España firmó y ratificó el protocolo facultativo a la convención sobre la eliminación de
toda forma de discriminación contra la mujer.
Sin embargo, señorías, a pesar de estos avances legislativos y de que se respeten en la comunidad internacional los derechos de las mujeres en los diversos conflictos y posconflictos que se producen en el mundo, recientemente la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas ha facilitado un informe en el que se manifiesta de nuevo que la violencia contra las mujeres y las niñas no sólo no se ha reducido, sino que ellas han sido y siguen siendo las
principales víctimas de una brutalidad inimaginable en los diversos conflictos armados. En estas épocas de conflicto, las niñas y las mujeres son siempre el colectivo más desfavorecido, son violadas y obligadas a favores sexuales como moneda de
cambio para intentar cubrir sus necesidades: el alojamiento, la comida, los salvoconductos o simplemente el estatuto de refugiadas para ellas y sus hijas. No hay más que recordar que hace unos años, en la guerra de Yugoslavia, al menos 12.000
mujeres sufrieron esta violencia en su mismo cuerpo. Señoras y señores diputados, este panorama horroroso que describo no termina nunca, ya que en la etapa de rehabilitación y reconstrucción del país, las mujeres y las niñas suelen encontrarse en
el mismo entorno de violencia, discriminación e indiferencia hacia sus necesidades, lo que hace que no se atiendan sus derechos fundamentales, como son la seguridad y su subsistencia.
Por ello, señorías, es necesario implicar a las mujeres en los procesos de reconstrucción y paz. Muchos de los problemas que se plantean después de los conflictos armados sólo podrán abordarse si las mujeres desempeñan un papel más
importante en el proceso de paz durante el cual se establece el marco de las estructuras y la administración de gobierno. Recientemente, señorías, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha reafirmado el importante papel que desempeñan las
mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz en el mundo. Es necesario que las mujeres participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el
fomento de la paz y la seguridad.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley, en el marco de que la violación sistemática de los derechos humanos que hoy afecta a las mujeres y a las niñas es un problema de conciencia y de seguir
movilizando a la comunidad internacional, por lo que pido a todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión que voten favorablemente esta proposición no de ley presentada por mi grupo, en la que el Congreso de los Diputados, insta al
Gobierno a seguir apoyando y promoviendo todas aquellas iniciativas tendentes a llevar a cabo acciones en defensa y protección de las niñas y las mujeres en el seno de las operaciones humanitarias, así como a promover la participación de las mujeres
en la resolución de los conflictos armados y en el mantenimiento de la paz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A esta propuesta hay presentada una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Blanco Terán.
La señora BLANCO TERÁN: Señorías, la señora Quintanilla nos ha hablado profusamente del sufrimiento de las mujeres. Nuestro grupo comparte esa idea porque hemos llevado a cabo iniciativas anteriores que curiosamente han sido votadas en
contra por el Grupo Popular.
Me ciño a la propuesta de la proposición no de ley. El Partido Popular dice en su primer punto 'seguir apoyando y promoviendo'. Nosotros no decimos 'seguir apoyando y promoviendo' en nuestra enmienda de sustitución, sino 'que apoye y
promueva', porque decir seguir apoyando y promoviendo supuestamente implica un pasado en que lo ha hecho el Gobierno de este país, y no ha sido así.
El segundo punto lo recogemos prácticamente como va en la proposición no de ley que presenta el Partido Popular.
Curiosamente la señora Quintanilla (digo curiosamente, y con sumo cuidado además) ha evitado referirse a la cooperación al desarrollo, a la ayuda oficial a la cooperación al desarrollo bilateral, que está intrínsecamente unida a la
resolución y a la prevención de los conflictos bélicos. Voy a dar someramente unas cifras para no aburrirles a ustedes, son datos del Comité Internacional de la Cruz Roja y del informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano. De cada diez
víctimas que se producen en los conflictos bélicos, nueve lo componen mujeres y niños; de los 29 millones de refugiados que hay en el mundo, el 75 por ciento lo componen mujeres y niños; de los 28 millones de desplazados contabilizados según el
ACNUR, del 75 al 80 por ciento lo componen las mujeres y los niños. La prevención de conflictos y la actuación de las mujeres en los conflictos bélicos para protegerlas de actos criminales no significa sólo la actuación sobre el conflicto, donde se
hace extremadamente difícil intervenir, como todos sabemos y como acabamos de ver incluso en el conflicto de Afganistán, donde las mujeres han estado muy poco representadas en la resolución del Gobierno que se ha llevado a cabo de forma provisional
en Afganistán. Antes del conflicto está la prevención, incluso antes de la prevención está la cooperación al desarrollo. En ese sentido hemos incorporado un tercer punto que significa exactamente incorporar de verdad a las mujeres como agentes
activos de la cooperación al desarrollo. No valen las buenas palabras del Plan anual de cooperación internacional, donde se dice que hay que tener en cuenta la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo. La transversalidad
de los temas de las mujeres en la cooperación al desarrollo no se solventa con cuatro líneas en el último Plan anual de cooperación internacional que ha llegado a esta Cámara, que es el del año 2000.
Por otra parte, contabilizando exactamente los proyectos al desarrollo desde el año 1995 los de desarrollo y género específicamente, han ido decreciendo de forma alarmante. Estábamos en el 0,12 de la ayuda oficial al desarrollo en el año
1995 y en este momento no se llega al 0,4, estamos en el 0,39. Ésa es la realidad. En el Instituto de la Mujer había una subdirección dedicada a la ayuda oficial al desarrollo en género, que ha desaparecido para engrosarse en la Agencia y en la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y sólo se tiene en cuenta a nivel de una serie de variables a la hora de visualizar los proyectos. Eso es todo, no se contabiliza, no hay proyectos específicos. Yo me pregunto por qué con sumo
cuidado el Partido Popular ha evitado hablar de ayuda oficial al desarrollo cuando hablamos de la prevención de conflictos y del respeto a los derechos humanos de las mujeres en los propios conflictos bélicos. Estamos en la Comisión de Cooperación
Internacional, y lo primero que me sorprendió fue esta omisión, que a mi modo de ver es sustancial.
La tercera parte de la enmienda que proponemos dice exactamente: 'Incorpore la perspectiva de género en los programas, proyectos y otras iniciativas de cooperación al desarrollo que se adopten en el ámbito de la prevención de conflictos,
asegurando la participación en los mismos de las organizaciones locales de mujeres, alentando su creación y funcionamiento e impulsando todas aquellas medidas que permitan la plena integración social y política de las mujeres, en especial las
relativas a garantizar su derecho a la educación, al trabajo, a la participación política en igualdad de condiciones, a la sanidad y a la salud reproductiva. Es decir, señorías, nos referimos a todo el bloque de derechos sociales a los que
teóricamente los hombres, al menos sobre el papel en el mundo en vías de desarrollo, han sido incluidos desde hace mucho tiempo y las mujeres no.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A los simples efectos de aceptación de la enmienda presentada por el PSOE, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí quisiera decirle a la diputada señora Blanco que ella hacía referencia a que el Gobierno de España no apoya ni promueve todas aquellas iniciativas tendentes a llevar a cabo acciones en defensa y protección de
las niñas y las mujeres en el seno de las operaciones humanitarias. Indiscutiblemente no puede ser una enmienda de sustitución, debería ser en todo caso una enmienda transaccional, porque recoge las dos primeras partes del texto de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Por otra parte, y en referencia a lo que ella decía, quiero dejarle claro también que en ningún caso el Instituto de la Mujer ha hecho desaparecer la Subdirección General de Cooperación, porque está presente hoy en el Instituto de la Mujer,
en el Gobierno de España, la Subdirección General de Estudios y Cooperación,
dirigida por doña Mar García Ferrer. Quiero dejarlo claro.
Por otra parte, esta proposición no de ley está basada indiscutiblemente en el apoyo que el Gobierno de España quiere seguir prestando a las mujeres del mundo que hoy están implicadas en los conflictos armados y en los posconflictos. En
todo caso, esta enmienda de sustitución no es tal, porque recoge automáticamente las dos partes de nuestra proposición no de ley. Por lo tanto, si está en esa posición positiva el Grupo Parlamentario Socialista de hacer posible que esta proposición
no de ley salga adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, nuestro grupo estaría de acuerdo con la parte dispositiva, que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que tanto en el seno de las organizaciones
internacionales como en el de la Unión Europea y en el ámbito bilateral, pero desde luego no podemos estar de acuerdo con lo que propone la señora Blanco en la parte tercera de la proposición no de ley.
Esa es la posición del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Señora Blanco, creo que hay otra propuesta del grupo con respecto a su propia enmienda.
La señora BLANCO TERÁN: No, no aceptan el tercer punto de la enmienda, según he entendido, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): ¿Señora Quintanilla, acepta la enmienda o no la acepta? Eso es lo que tiene que quedar claro.
La señora QUINTANILLA BARBA: No, no acepto la enmienda.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PARA ANALIZAR EL VÍNCULO ENTRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN Y LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 158/000040.)
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN Y NECESARIA VINCULACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN Y DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO. FORMULADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA. (Número de expediente 158/000041.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Pasamos a los puntos quinto y sexto del orden del día, relativos a la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para analizar el vínculo
entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo. Esta propuesta ha sido presentada por dos grupos, el de Coalición Canaria y el de Convergència i Unió, Tiene la palabra la señora Julios para defender en primer lugar
su propuesta.
La señora JULIOS REYES: Paso a defender la propuesta que ha realizado mi grupo sobre la creación de la subcomisión dependiendo de esta Comisión de Cooperación Internacional.
El cometido fundamental de los trabajos que nosotros proponemos para esta subcomisión sería el de analizar la interrelación y la vinculación entre las políticas de inmigración y de cooperación para el desarrollo. Hacemos esta propuesta y
nos parece oportuno aclarar que somos conscientes, por un lado, de que es cada vez mayor la dificultad de control de los flujos migratorios, fundamentalmente de aquellos que están en torno a la inmigración ilegal, pero también es importante aclarar
que somos conscientes de que la cooperación tampoco va a ser en principio una solución a corto plazo. Sí consideramos que es importante iniciar este debate desde el punto de vista de la posición de reconocer que, ante la complejidad de los
fenómenos migratorios que se están conformando, y que se está conformando en última instancia como uno de los principales problemas sociales de este siglo, se requiere un análisis y un enfoque global del mismo y la búsqueda de fórmulas para
articular respuestas que sean cada vez más efectivas, y estamos convencidos que ha de ser en el camino de buscar respuestas con un carácter integral.
Es evidente que la pobreza está especialmente ligada a una de las principales causas del origen de las migraciones, además las guerras y la falta de libertad. Es legítima la búsqueda de oportunidades, de mejores forma de vida, lo que obliga
a muchas personas a abandonar sus países. Es necesario, si queremos entender en su complejidad el fenómeno de las migraciones en el siglo XXI, analizarlas en el marco de una de las consecuencias de la globalización. Como producto de la cada vez
mayor brecha que separa a los países pobres y ricos en el contexto internacional, todos somos conscientes de que cada vez se profundiza más en el deterioro de los países origen de las inmigraciones.
Entendemos que es importante reforzar -y es una de las prioridades de la Unión Europea- el espacio de
libertad, de seguridad y de justicia. Es una de las estrategias definidas por la Unión Europea y todos la hemos resaltado después del 11 de septiembre, pero también ha sido definido como una prioridad de la Unión Europea el desarrollo de
una verdadera política común de asilo y de inmigración. Estamos ahora mismo en la presidencia española de la Unión Europea y es un momento importante para impulsar la confluencia de ambas políticas, la de cooperación para el desarrollo en relación
con la de la inmigración. Lo cierto es que se resaltaba por la propia Unión Europea en el Consejo de Laeken, en la pasada presidencia belga, que el desarrollo de dichas políticas aún no es del todo satisfactorio, y se concluía que el progreso que
se estaba produciendo en estas materias era lento y menos sustantivo de lo previsto. Esto hace necesario, y se resaltaba así en este último Consejo Europeo, desarrollar nuevos enfoques. Pues bien, el Consejo Europeo mencionado se comprometió a
adoptar, sobre las bases de las conclusiones de Tampere y cuanto antes, una política común en materia de asilo y de inmigración que respetara el equilibrio entre la protección al refugiado, los convenios de Ginebra de 1951, y las aspiraciones
legítimas de una vida mejor con la capacidad de acogida que tengan y puedan tener la Unión y los Estados miembros.
Con esta iniciativa, se trata de crear un foro, un espacio de reflexión serena y responsable. Proponemos que, de aprobarse o de crearse esta subcomisión, todos adquiriéramos el compromiso de dotarla de estas características. Es cada vez
mayor la vinculación y la implicación de las administraciones, autonómicas y del Estado, pero también de los agentes sociales, y es cada vez mayor el impacto social de ambos fenómenos, el de la lucha contra la pobreza y el de la inmigración, lo que
requiere del esfuerzo de la reflexión sobre el espacio propio de la cooperación para el desarrollo en relación con los países de origen de la inmigración, de forma que, tanto las administraciones como las organizaciones sociales, puedan llevar a
cabo tareas específicas y enriquecer esta relación, y que se pueda ir integrando de forma más eficaz la realidad de los fenómenos migratorios en nuestras propias políticas de cooperación internacional.
Se trata por tanto de buscar vías para que la cooperación sea más eficaz en proporcionar opciones para que las personas que puedan optar por una vida digna en su país de origen lo hagan y, si optan por hacerlo en otros países, que esa opción
también sea digna entrando en los círculos de la migración legal y no en el círculo vicioso que hoy por hoy ofrecen las mafias organizadas del tráfico ilegal de seres humanos. Se trata de buscar fórmulas que permitan potenciar las migraciones como
instrumento de cambio positivo y de desarrollo y progreso social también en los países de origen, valorando esta aportación no sólo en su vertiente económica, sino cultural, formativa, educativa, etcétera; se trata de valorar iniciativas,
profundizar en iniciativas de cara a hacer más productivos los recursos de los inmigrantes para él y para su familia, de favorecer los vínculos entre la comunidad de emigrantes y sus países de origen como enlace entre las sociedades, de profundizar
en cómo se pueden establecer nuevos compromisos bilaterales que apoyen a los proyectos de desarrollo que impliquen a los inmigrantes, de favorecer las inversiones productivas de los ahorros de los inmigrantes, de potenciar quizás posibles espacios
que permitan a aquellos que desean regresar que tengan acceso a una vida digna, de profundizar en cómo el comercio puede y debe de ponerse al servicio del desarrollo. En definitiva, debemos de ser conscientes de que la inmigración y los flujos
migratorios van a seguir estando ahí y no vamos a poder levantar, lo he dicho en varias ocasiones, muros lo suficientemente fuertes ni altos como para poder evitar los flujos incluso de la inmigración ilegal.
El objeto de esta subcomisión es profundizar en el debate sobre el desarrollo de acciones que, no sólo en los países de origen, sino en los países de destino de los inmigrantes, pudieran tener un efecto mayor, buscar sinergias que potencien
el desarrollo, la cooperación al desarrollo y las políticas de inmigración. Es una implicación importante para la presidencia europea, y ha sido destacado así incluso en el debate que hubo en la Cámara sobre este tema por el presidente del
Gobierno, la cooperación al desarrollo y la inmigración. Entendemos que debe ser una implicación no sólo del Gobierno del Estado, sino también de los parlamentos, en este caso a través de esta Comisión y por medio de la subcomisión que hemos
planteado que pudiera crearse en el seno de esta Comisión de Cooperación Internacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también ha formulado la misma propuesta. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Convergència i Unió coincide con las razones de fondo que acaba de exponer la señora Julios, portavoz del Grupo de Coalición Canaria, sobre la necesidad de activar en el seno de esta Comisión una subcomisión
para estudiar la vinculación entre las políticas de cooperación al desarrollo y las políticas de inmigración.
Todos los grupos coincidimos en que las causas que nos permitían entender los flujos migratorios se sitúan en los importantes desequilibrios demográficos que existen entre el Norte y el Sur, especialmente en el ámbito del Mediterráneo,
también en las diferencias de renta entre los países pobres y los países ricos, la existencia de crisis humanitarias, conflictos bélicos entre Estados o de carácter civil, incluso en proyectos de carácter familiar que tienen mucho que ver con las
redes familiares de carácter transnacional que en diversos Estados del Norte y del Sur se han ido creando y que, además, como también recordaba la señora Julios,
son expresión de la globalización económica. Un proceso de globalización cuyas capacidades han sido aumentadas y acentuadas por el papel de los medios de comunicación, esas antenas de televisión vía satélite que hoy decoran los paisajes
urbanos de una parte de las ciudades del norte de África o la facilidad de las personas para moverse de un lugar a otro. En este análisis sobre las causas de la emigración, en este contexto de la globalización, nos parece oportuno plantear y
generar ese debate en esa vinculación, y Convergència i Unió lo hace más desde la pregunta y la duda que desde la absoluta seguridad en las respuestas políticas a dar a la misma. Nos planteamos cuál es la influencia en los flujos migratorios que
tienen las políticas de cooperación y desarrollo a corto y medio plazo. ¿Es que el desarrollo invita a una mayor emigración de los países que empiezan a alcanzar un cierto desarrollo? ¿Es que se pueden modificar los movimientos de los flujos
migratorios en función de esas políticas de cooperación? ¿Es posible plantearse, como han intentado hacer algunos Estados de la Unión Europea, la elaboración de instrumentos orientados hacia el retorno a su país de origen de las personas emigrantes
como estrategia nueva de la política de cooperación al desarrollo y como instrumento de regulación del flujo migratorio? Al mismo tiempo nos planteamos si precisamente esta vinculación entre las dos políticas, las de inmigración y de cooperación al
desarrollo, pueden ser fórmulas que permitan que nuestros ciudadanos miren de manera diferente a las personas inmigrantes que residen en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, a la vez que demos a estas personas un nuevo papel en su participación
social en nuestras ciudades y en sus propias ciudades y pueblos de origen?
Estas son las cuestiones que a Convergència i Unió le suscitan la necesidad de activar este debate en el seno de la cooperación, además en un momento en que este no es un debate exclusivo del Estado español. Por ejemplo, la última
comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeos sobre política comunitaria de inmigración incorpora algunas reflexiones muy sugerentes en este ámbito. En concreto y enmarcado en las reflexiones de Tampere, donde se estableció la
necesidad de esta política global de inmigración, se subrayaba la colaboración con los países de origen. Esa comunicación de la Comisión afirma, por ejemplo, que con los actuales flujos cada vez más heterogéneos de inmigrantes por razones
económicas y otras, y con las poblaciones a caballo entre dos culturas como parte de su estrategia, es posible desarrollar políticas que utilicen la emigración en beneficio mutuo del país de origen y del país de acogida. En esa misma comunicación
se avanzaba que es necesario garantizar un marco jurídico que no desvincule a los inmigrantes de sus países de origen. Incluso en una reciente reunión celebrada en Barcelona, promovida por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en la
elaboración de un papel de reflexión para la presidencia española específicamente en el ámbito de la cooperación mediterránea, se planteaba la necesidad de una mayor vinculación e incorporación de las políticas de inmigración en todo el proceso de
Barcelona. La Comisión Europea apuesta por esta línea. Ese seminario celebrado en Barcelona de propuestas a la presidencia española, que contó con la participación de altos cargos del Gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de expertos de
las dos riberas del Mediterráneo y de algunos colegas parlamentarios, incitaba a esa vinculación entre las dos políticas; incluso el propio Plan GRECO, elaborado a principios de esta legislatura por el Gobierno, apunta a determinas líneas que
podríamos denominar de codesarrollo. Hace pocos meses la ONG Intermón-Oxfam elaboró un amplio estudio en su anual publicación La realidad de la ayuda, en este caso 2001-2002, en el que efectuaba reflexiones y análisis sobre la materia bajo el
título Migraciones y desarrollo: ¿hay lugar para la cooperación?, un artículo de la investigadora Marta Arias de recomendada lectura para todos aquellos interesados en esta materia. También tenemos hoy en el marco del Estado español iniciativas
concretas que inciden sobre esta materia. Una iniciativa importante que está planteando Cáritas en Ecuador es la de vinculación de las remesas de los emigrantes ecuatorianos hacia su país de origen en economía productiva: por cada dólar invertido
en el sector productivo Cáritas se compromete a poner otro dólar; una iniciativa que puede ser interesante. También hay iniciativas concretas que en Cataluña ha planteado el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament desde hace unos cuantos
años; incluso organizaciones no gubernamentales de inmigrantes, pequeñas y modestas, muchas veces locales, también activan proyectos concretos de vinculación entre sus ciudades de acogida y sus ciudades o pueblos de origen. Asimismo hay
iniciativas planteadas por el Gobierno catalán en el marco de la formación en Cataluña de inmigrantes de origen marroquí para incorporarse al mercado de trabajo en su país de origen. Todo ello, señorías, constituyen elementos que nos indican que
esta vinculación, este análisis de las políticas de cooperación al desarrollo y de las políticas de inmigración se ha de incorporar cada vez con más fuerza en el seno del debate de la Unión Europea y del propio Estado español. (El señor presidente
ocupa la presidencia.) ¿Qué es lo que pretenden Convergència i Unió y el Grupo de Coalición Canaria? Profundizar en este debate, profundizar en estas soluciones, dinamizar el trabajo de la Comisión de Cooperación al Desarrollo con una propuesta de
trabajo específica, concreta, que nos puede permitir en un periodo razonable de tiempo elaborar un documento de recomendaciones al Gobierno y al conjunto de las administraciones en esta materia como aportación española específica a un debate que
cada vez estará más presente en el seno de la comunidad internacional y que pretende dotar a las dos
políticas, la de inmigración y la de cooperación al desarrollo, de una visión más amplia, más global, más nueva y en último término mucho más útil para los objetivos que pueden compartir. Esta subcomisión puede ser una buena oportunidad
para hacer un trabajo parlamentario serio, profundo, responsable y que nos sirva a todos para avanzar en esos objetivos que -insisto- creo que compartimos.
El señor PRESIDENTE: Una vez que han intervenido los grupos autores de la iniciativa, ¿desean otros grupos hacer uso de la palabra? Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señorías, a lo largo de la historia las fuentes de las migraciones son la violencia o la miseria, y a veces ambas se dan la mano; y ha sido muy difícil a lo largo de la historia también contener los flujos de
población de una parte que tenga violencia, hambre o desesperación a otra en que el ciudadano entiende que puede vivir mejor y reconstruir su vida; además, la libertad de movimiento de los seres humanos constituye un derecho. No ha sido así a lo
largo de la historia, pero sí lo es en las últimas décadas en que por fortuna la ampliación de los derechos humanos y su aplicación en todo el mundo va creciendo, y yo soy optimista al respecto. Bastaría sólo poner el ejemplo de España. La España
del siglo XIX, sometida a un conjunto de golpes, contragolpes, guerras civiles, etcétera, y sometida a un atraso histórico, generó flujos de población, por ejemplo, desde mi país valenciano al norte de África. Hoy es posible encontrar generales del
ejército francés que se llaman Allemany y cuyos abuelos eran de La Marina Alta o del Maestrazgo.
El siglo XX es el camino de Europa que se hace con las maletas de cartón, con pasaporte de turista cuando se tenía y que finalmente desencadena y
contribuye a un proceso de crecimiento espectacular en países tan prósperos como la República Federal de Alemania. Es decir, estamos ante un tema de naturaleza histórica y secular en el que, aunque yo también me lo pregunto como hacía el portavoz
de Convergència i Unió, no tenemos una respuesta unívoca, indudable, pero sí existe una relación entre crecimiento económico, entre desarrollo y flujos migratorios. La mayor parte de la humanidad somos propensos a fijarnos en nuestro terruño porque
tenemos el ámbito de referencia y de estabilidad, incluso emocional y social, pero cuando la desesperación o la violencia nos empujan no nos importa asimilarnos a otras culturas o movernos para el progreso propio y el de nuestra gente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar positivamente estas dos iniciativas, entendiendo que el objeto de esa subcomisión es precisamente analizar con sosiego y calma los factores que nos preocupan como sociedad, en este momento
sociedad receptora, no emisora. Por cierto, matizo que, quizás emisores de otro tipo de migraciones, por ejemplo la del conocimiento. Probablemente hemos pasado de ser emisores de mano de obra no cualificada a ser emisores en el ámbito del
conocimiento y de la especialización. Es algo que yo deseo que suceda un día a Marruecos, por ejemplo, o a Argelia, que el movimiento no sea debido a las violencias o a la desesperación y al hambre, sino que se deban a la lógica ambición del ser
humano de buscar más y mejores oportunidades allá donde cree que las tiene. En consecuencia, todo lo que sea contribuir a estudiar estos dos fenómenos, que sin duda alguna tienen conexión, y que sea al mismo tiempo ocasión propicia para revisar,
sin ninguna acritud, las políticas de los Estados socios de la Unión y de nuestro propio país, bienvenido sea. En nuestra opinión -lo hemos hecho público con mucha frecuencia- ambos aspectos van ligados (se ha subrayado por los dos portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra) y desde luego las soluciones de orden público nunca, nunca, han contribuido a estabilizar los flujos migratorios; desde Alejandro el Grande hasta los dorios invadiendo la Grecia clásica, nunca se pudo
impedir el paso, ni Atila. En definitiva, los magiares están instalados en el centro de Europa después de una larga cabalgada, tienen algunos problemas -creo- entre Rumania y países vecinos o la Voivodina serbia. Pero como tendremos oportunidad de
discutir y de relacionar ambos aspectos, tendremos oportunidad también de, manifestando nuestra opinión, contribuir al debate y eventualmente a las proposiciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PÉREZ: Señor presidente, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a las dos iniciativas presentadas por Coalición Canaria y Convergència i Unió. Nuestro grupo coincide en el fondo de la cuestión planteada,
pero, como después veremos, cree que esta subcomisión y los trabajos que se le piden se pueden realizar perfectamente dentro del seno de esta Comisión de Cooperación y Desarrollo. Quiero recordar, por ejemplo, que hemos debatido cuatro iniciativas
que teníamos pendientes y que sería necesario un poco más de trabajo para llevar iniciativas a esta Comisión, como después analizaré. En todo caso, comparto algunas de las cuestiones que se han planteado por los grupos proponentes y el Grupo
Socialista, pero nuestro grupo entiende que no es necesaria la creación de esta subcomisión para desarrollar los trabajos que en ella se piden porque, como decía antes, esta Comisión es mayor de edad para realizar los mismos. No obstante, quiero
matizar algunas cosas.
En la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 1991 se establecían los cimientos de una política de inmigración basada en tres ejes: control de flujos, integración social de los
inmigrantes y cooperación al desarrollo con los países emisores de inmigración. En el informe sobre la situación de los españoles que viven fuera de España, así como de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país, sus
necesidades y reivindicaciones y medidas legales y sociales para solucionar los problemas existentes, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 23 de junio de 1998, se vuelve a insistir en la consolidación de una política activa de
inmigración basada en tres ejes: control, cooperación al desarrollo e integración. En el ámbito de la Unión Europea, el grupo de alto nivel Asilo y Migración, creado en diciembre de 1998 a iniciativa de los Países Bajos, constituye un precedente
importante en la vinculación de las políticas migratorias y de cooperación al desarrollo, ya que tiene por finalidad el proceder a una aproximación global en el fenómeno de la inmigración teniendo en cuenta los factores políticos y socioeconómicos
que originan la inmigración. Seis planes de acción han sido aprobados en esta línea, Alemania, Afganistán, Irak, Marruecos, Somalia y Sri Lanka. En el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999, al cual se ha hecho referencia por los ponentes
que han intervenido en primer lugar, los Estados miembros de la Unión Europea reconocieron que una política comunitaria de asilo y migración debe incluir necesariamente políticas de cooperación al desarrollo. La comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento europeos sobre una política comunitaria de migración, de 22 de noviembre de 2000, afirma en sus conclusiones que la colaboración con los países de origen y tránsito se considera esencial para la regulación de los flujos
migratorios y que será necesario desarrollar políticas de cooperación diferenciadas con los distintos países de origen, debiendo esta colaboración contribuir a atenuar los efectos de la inmigración por medio de esfuerzos coordinados para promover el
desarrollo de los países afectados.
Para terminar, señor presidente, señorías, quiero agradecer las iniciativas presentadas por Convergència i Unió y Coalición Canaria y animarles, así como al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, a que conjuntamente arbitremos
fórmulas que potencien los trabajos de esta Comisión. Entendemos que la creación de la subcomisión que se propone pudiera vaciar de contenido a la propia Comisión. En definitiva, por parte del Grupo Parlamentario Popular no se considera la
creación de esta subcomisión puesto que estimamos que los objetivos de cooperación para el desarrollo que puedan tener incidencia en la política de inmigración ya están suficientemente cubiertos en las competencias de esta Comisión. Entendemos que
la misma cuenta con los mecanismos suficientes para abrir y sobre todo ampliar los trabajos que podría realizar la subcomisión que se propone crear. Desde el Grupo Parlamentario Popular estudiaremos con el máximo interés todas aquellas propuestas
tendentes a mejorar las políticas de coordinación entre la inmigración y la cooperación al desarrollo y ofrecemos a los grupos proponentes estudiar, debatir en la forma que se determine las propuestas sobre codesarrollo. Podíamos, por ejemplo,
estudiar la creación de grupos de trabajo, grupos de estudio o establecer seminarios. Lo que pretende este grupo parlamentario con el voto en contra de la creación de la subcomisión no es cerrar las puertas a cualquier iniciativa tendente, como
decía antes, a las políticas de codesarrollo. Por tanto, reiterando el agradecimiento por la iniciativa de los grupos proponentes, Coalición Canaria y Convergència i Unió, les animo de nuevo a que conjuntamente arbitremos fórmulas para en el seno
de esta Comisión y de sus competencias podamos elaborar un documento que sea el resultado del consenso mayor posible de todos los grupos que la integramos.
El señor PRESIDENTE: Como ya se comunicó al inicio de esta sesión (las previsiones eran que se iba a prolongar el debate), dado que hay que cumplir las previsiones iniciales y habiéndose anunciado que las votaciones serían a las doce y
media, se suspende la sesión para realizar un receso, pero les ruego que todos los miembros estén presentes lo más en punto posible. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para efectuar las votaciones de los asuntos incluidos en el orden del día. Antes de empezar y a efectos simplemente de previsión, ya que los calendarios de las diputadas y los diputados
están sobrecargados, les anuncio que como fijamos en la última reunión de Mesa y portavoces previsiblemente el día 12 de marzo tendrá lugar una sesión de esta Comisión. Y sin más, procedemos a las votaciones de los puntos incluidos en el orden del
día.
En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para que se adopten las medidas necesarias al objeto de que las organizaciones no gubernamentales que soliciten y reciban ayudas por parte de la Administración
general del Estado no puedan invertir sus fondos en activos que impliquen un riesgo cierto para la inversión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación vamos a votar de las iniciativas acumuladas, la número 2 y la número 4, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha
pedido votación separada del punto quinto. También hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la proposición del Grupo Parlamentario
Socialista, que me parece que no queda incorporada. ¿Es así, señor Izquierdo?
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, yo creo que deberíamos votar las iniciativas una detrás de otra. Respecto a la votación separada de un punto pedida por algunos grupos, a juicio de la Mesa se hará lo que proceda; creo recordar
que en el curso del debate el Grupo Parlamentario Socialista no aceptó la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Correcto, señor Izquierdo.
Vamos a proceder a votar en primer lugar la proposición no de ley sobre la política de desarrollo y de ayuda exterior de la Unión Europea durante la presidencia española, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación procedemos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre política de cooperación internacional para el desarrollo de la Unión Europea durante la presidencia española, excepto el punto quinto, que será
votado con posterioridad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación el punto quinto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda incorporado el punto quinto contenido en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
A continuación procedemos a la votación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre apoyo a la adopción, por parte de los organismos internacionales, de todo tipo de iniciativas que, incorporando la perspectiva de género en sus
actividades, sean adoptadas para asegurar la protección de las mujeres en aquellas operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz en las que se encuentren involucradas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a votar conjuntamente las iniciativas recogidas en los puntos 5 y 6 del orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de creación de una subcomisión en el seno de esta
Comisión para el análisis del vínculo entre la política de inmigración y la política de cooperación para el desarrollo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, agradeciéndoles su presencia, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
NOTA.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del martes, 19 de febrero de 2002, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de
Sesiones' ya elaborados.