Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 414, de 12/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 414
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 47
celebrada el martes, 12 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para la puesta en marcha de un plan policial de choque contra la delincuencia en la Costa del Sol de Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001121.) ... (Página
13428)
- Sobre la adopción de las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las funciones de protección y vigilancia exterior en los centros de internamiento de menores.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001162.) ... (Página 13431)
- Relativa a la seguridad ciudadana en la Vega Baja de Alicante.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001183.) ... (Página 13434)
Página
- Sobre la creación de un segundo Juzgado de Primera Instancia e Instrución en Puente Genil (Córdoba). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001203.) ... (Página 13438)
Decisión sobre celebración de las siguientes comparecencias:
- Solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía, ante la Comisión de Justicia e Interior, para que explique su grado de participación en la trama en la que se ha pretendido implicar al presidente de la Junta de Andalucía
en un supuesto caso de espionaje.
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000852.) ... (Página 13438)
- Solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid, ante la Comisión de Justicia e Interior, para dar cuenta de los preocupantes brotes de racismo y xenofobia que se están produciendo en el distrito de Canillegas de Madrid, y
de las actuaciones que piensa tomar para frenar dicha situación. Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/000901.) ... (Página 13441)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN POLICIAL DE CHOQUE CONTRA LA DELINCUENCIA EN LA COSTA DEL SOL DE MÁLAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001121)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la Comisión. De acuerdo con el orden del día con arreglo al cual hemos sido convocados, procede, en primer lugar, el debate de la proposición no de ley para la puesta
en marcha de un plan policial de choque contra la delincuencia en la Costa de Málaga, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Antes de iniciar el debate de esta proposición, quiero anunciar a SS.SS.
que la votación de las cuestiones que vamos a tratar no se producirá antes de las doce y media. Dicho lo cual, le doy la palabra, en nombre del Grupo Socialista, al
señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, los socialistas estamos preocupados por los últimos datos de inseguridad ciudadana existentes en la provincia de Málaga en general y en la Costa del Sol en particular. En esta zona se concentran los casos
más problemáticos de crimen organizado, operaciones de droga y ajustes de cuentas. Por ello se hace necesario dar una solución cuanto antes a esta situación. De hecho, son numerosos los municipios de la Costa del Sol malagueña que superan con
creces la ratio nacional de 40,78 delitos por mil habitantes en los diez primeros meses de 2001. Según datos facilitados por el Gobierno del señor Aznar en una respuesta parlamentaria de fecha 15 de enero de 2001 -por tanto, señor Atencia, es
bastante reciente-, el Gobierno reconoce que el municipio malagueño con mayor tasa de delincuencia es el de Benalmádena, con 317 delitos por mil habitantes o, lo que es lo mismo, en Benalmádena se registran ocho veces más delitos que la media
nacional. Tras Benalmádena, y con una tasa de delitos que también es ocho veces superior a la media nacional, se encuentran Torremolinos, con 316 delitos por mil habitantes, y Fuengirola, también con 313 delitos. Hay que destacar la tasa de
delincuencia que es cuatro veces superior a la media nacional en Marbella y en Nerja. Estos son los cinco municipios de la Costa del Sol malagueña donde se registra una mayor tasa de delincuencia, pero hay que resaltar que no son los únicos que
superan la media nacional; también lo hacen Manilva, Estepona, Málaga, Torrox, Vélez Málaga o Rincón de la Victoria.
En definitiva, todos los municipios del litoral malagueño se hallan por encima de la media nacional en cuanto a infracciones
penales por mil habitantes. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio del Interior. Estos datos demuestran que es necesario que desde el propio ministerio se adopten medidas de choque con la mayor brevedad tendentes a reducir la
delincuencia, puesto que ello tiene un efecto claramente negativo sobre nuestro sector turístico; de ahí la necesidad de una solución.
Los socialistas queremos dejar una cosa muy clara y es que no se pretende crear alarma social, sino plasmar una realidad cuya solución es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno Aznar. Es necesario llevar a cabo una labor preventiva
de la delincuencia y de la
criminalidad de la Costa del Sol. No se trata únicamente de perseguir el delito, se trata de evitar que ese delito se produzca. Pero eso no será posible si el Partido Popular no está dispuesto a incrementar el número de agentes de policía
en nuestra provincia. Hasta la fecha el Partido Popular ha hecho mucha demagogia barata. Le recuerdo algunos hechos, señor Atencia, ha puesto en marcha las UDYCO, los EDOA, el Plan Policía 2000, la Policía de barrio, el plan 6 por 6, el plan 10
por 10, pero detrás de toda esta demagogia barata hay una realidad y es que el Partido Popular no sólo no ha incrementado el número de agentes de policía en las comisarías de la Costa del Sol malagueña, sino que se ha permitido el lujo de
reducirlas. Según los propios datos facilitados también por el Gobierno del Partido Popular, en las comisarías de la Costa del Sol faltan 340 agentes de policía, casi un 20 por ciento de la dotación prevista en el catálogo de puestos de trabajo del
Cuerpo Nacional de Policía. Le facilito los datos, señor Atencia. A fecha 3 de diciembre faltaban 246 policías en las comisarìas de Málaga capital, 9 en Estepona, 29 en Fuengirola, 34 en Marbella, 40 en Torremolinos-Benalmádena y 16 en Vélez.
Vuelvo a insistir que son las propias respuestas facilitadas por el Gobierno del señor Aznar. Nosotros nos preguntamos por qué faltan tantos policías. La respuesta es muy sencilla: según el Gobierno, la reducción de policía se debe a las
jubilaciones y a los fallecimientos.
Esta es una respuesta oficial del Gobierno. Según el Gobierno del Partido Popular el hecho de que a día de hoy haya 340 policías menos en las comisarias de nuestra provincia se debe a que a algunos agentes de
policía les ha dado por cumplir 65 años y jubilarse y a otros por fallecer. Nos parece verdaderamente intolerable. Esta explicación demuestra el nulo interés que tiene el Partido Popular por la seguridad ciudadana en la provincia de Málaga en
general y en la Costa del Sol en particular.
Cada día está más claro que el Gobierno del señor Aznar pretende apostar por la seguridad privada, y el que tenga dinero estará seguro y el que no lo tenga no lo podrá estar. Para paliar esta lamentable política del Partido Popular en
materia de seguridad ciudadana, los socialistas exigimos que en el plazo máximo de seis meses se ponga en marcha un plan de choque para la Costa del Sol malagueña destinado a reducir los delitos y la criminalidad, que esté coordinado con los
ayuntamientos afectados.
Además le demandamos al Gobierno que se comprometa para el citado plan de choque a cubrir al menos las vacantes de la Policía Nacional existentes en las comisarías de la Costa del Sol malagueña, vacantes que, como el propio
Gobierno reconoce, son de 340 agentes de policía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Hablar de que en la Costa del Sol, en el litoral malagueño, existe un problema de inseguridad es una obviedad. No solamente hace falta ver los datos que aquí se nos han recordado, sino simplemente leer las páginas
de los periódicos para ver cómo efectivamente existe un problema que hay que atajar, porque de otra manera lo único que haríamos sería incrementarlo y además de una forma bastante perjudicial para la propia economía no sólo de la zona, sino de todo
el país, donde el sector turístico juega un papel determinante.
Habría que empezar señalando que el Gobierno no ha tenido voluntad porque desde un primer momento no ha sido consciente de que en la Costa del Sol se dan unas características específicas que requieren ser atajadas de forma específica.
Siempre ha ido por detrás de los acontecimientos, siempre ha estado más preocupado por justificar lo injustificable que por dar solución a lo que tiene que tener solución. De esta manera el Gobierno nunca ha entendido que hay unas zonas turísticas,
la Costa del Sol entre otras, donde existe una gran movilidad de personas, una gran afluencia de extranjeros y donde hay un alto nivel de residentes a tiempo parcial en el municipio, lo que genera delincuencia. Por ello tienen que tener un
tratamiento que no puede ser el mismo que el de otras ciudades donde la población permanece estable los doce meses del año. Esto el Gobierno nunca lo entendió y siempre ha ido por detrás de los acontecimientos. Ha habido momentos en los que la
presión ciudadana, el escándalo o la presión mediática le han hecho reaccionar y han pasado por Málaga representantes del Gobierno más preocupados por dar su rueda de prensa, y en cierto modo aparentar que se hace algo, que por dejar algo sólido una
vez que ha concluido su visita.
De esta manera nos encontramos con que el problema no disminuye sino que va en aumento, que las estadísticas son cada vez mayores, a pesar de que el Gobierno intenta blanquearlas y camuflarlas. El municipio de Benalmádena, al que se ha
referido el diputado Heredia, tristemente -y para mí de forma especial- encabeza este nefasto ranking y se ve en este momento impedido para tener su propia comisaría de policía. Existe una comisaría de policía entre Torremolinos y Benalmádena.
Hace pocos días el Gobierno se ha negado a crear una propia para Benalmádena, manteniendo sólo una para dos municipios como Torremolinos y Benalmádena, con una población superior a los 6.000 habitantes; una sola comisaría con servicios tan
ridículos como que hay veces que existe un solo coche circulando para cinco poblaciones, ya que estos municipios además tienen varias poblaciones, y en el momento en que tienen un detenido dejan totalmente abandonada de noche la zona.
Evidentemente, con estos medios todo lo demás es imposible.
Estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente la propuesta que se nos presenta porque, en primer
lugar, entendemos que aunque los índices no fuesen tan escandalosos, haría falta un plan específico para la Costa del Sol. No es lo mismo la seguridad ciudadana en zonas del interior que en zonas turísticas. El Gobierno sigue sin entender
esto en la práctica, por muchas declaraciones públicas que haga. Además, en la Costa del Sol se dan circunstancias que hacen específico ese plan de choque. Las plantillas se deben cubrir, ha sido lamentable el espectáculo que se ha dado en
Fuengirola y ha tenido que ser toda la sociedad la que se movilice para que al final haya un mínimo avance, aunque todavía es muy deficiente, porque se seguía sin cubrir vacantes durante años. En el resto de la costa pasa lo mismo, por no hablar
del crimen organizado o de la cercanía de Gibraltar que también es una circunstancia que viene a agravar la inseguridad ciudadana.
Sería importante que hoy el Partido Popular no solamente asumiese que hay un problema sino que pusiese los medios para resolverlos porque es una realidad que lo que se ha hecho hasta ahora no vale. Decir que están haciendo cosas nos parece
que sería decir que se están haciendo mal, porque la realidad es la realidad y los datos son los datos. Lo que hasta ahora se ha hecho no solamente no ha mejorado la situación sino que la ha empeorado. En la provincia de Málaga y en la Costa del
Sol la población vería con un halo de esperanza la aprobación de esta iniciativa, porque eso permitiría al menos evidenciar que este Gobierno, que cuando vienen ferias turísticas tanto habla de la importancia del turismo, a la hora de la verdad
también gobiern de cara al turismo, ya que muchas veces solamente se acuerda del turismo para recaudar fondos y no facilita los mecanismos necesarios para que pueda desarrollarse. No olvidemos, para terminar, que este es uno de los problemas que
señalan los turistas que nos visitan en la Costa del Sol como el más preocupante de toda la zona.
Por tanto, obras son razones y no buenas razones y hoy aquí el Partido Popular tiene la decisión de situarse donde le piden los ciudadanos o de
situarse enfrente de ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señoría, la verdad es que obras son amores, obras no son razones. Es decir, obras son amores y no buenas razones, señor Centella, para otro día podría usted terminar de forma más brillante.
En cualquier caso, señor presidente si me permite y como introducción en esta materia diré qué los dos grupos que han intervenido son verdaderos especialistas, no ya sólo en transmitir sino en agigantar las noticias y convertirlo todo en
negro. Hace unos días, y en relación con la Costa del Sol, poco menos que quisieron transmitir a la opinión pública que el presidente del Gobierno, don José María Aznar, había ordenado un temporal de levante que hizo daño en algunas playas; parece
que ahora Aznar ordena los temporales y el mismo día que estaba terminando el temporal ya era una gran hecatombe; por cierto, afectaba a 27 playas de 128 y no a todas. Cuando el Gobierno al final actuó rápidamente ustedes se tuvieron que callar,
porque parece que ustedes están más empeñados en sacar un pequeño titular de un día que en trabajar por el futuro. Por cierto, del turismo de la Costa del Sol y de su promoción mejor es que ustedes, los miembros de los grupos de la oposición aquí
en esta Cámara y que tienen responsabilidades de Gobierno en otras instituciones, estén callados o hablen con un tono más bajo cuando han aceptado el ninguneo de la Costa del Sol que se le ha hecho en Fitur.
En cualquier caso, señor presidente, voy a la cuestión. La realidad es que se ha producido un incremento en los datos estadísticos de criminalidad en el conjunto de España y dentro de ellos en la Costa del Sol. Hay que tener en cuenta tres
circunstancias que hay que analizar a efectos de encajar la situación. Por una parte, que la actividad delictiva está protagonizada por ciudadanos extranjeros de forma muy importante, especialmente en lo que se refiere a delitos contra el
patrimonio, importación ilegal de drogas y entrada ilegal de personas. En segundo lugar, se están dando mayores facilidades para que el conjunto de los ciudadanos pueda denunciar hechos delictivos, lo cual facilita que las estadísticas puedan
incrementarse y, además, hay que significar específicamente que en la Costa del Sol malagueña, a la hora de calcular las ratios estadísticas, se produce un incremento de población de hecho en temporada estival que hace que no se puedan utilizar las
estadísticas de ratio poblacional como en cualquier otra zona de España, porque sólo se tiene en cuenta la población de derecho, cuando la población de hecho se dispara.
En cualquier caso, señor Heredia -el señor Centella se ha marchado ya-, conviene tener en cuenta que ya la Dirección General de Policía en el año 1999 puso en marcha el Plan Policía 2000, que supuso una profunda reestructuración del caduco
modelo policial socialista, con la finalidad de conseguir un mayor acercamiento de la policía a los ciudadanos y un aumento de la eficacia en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Además, el modelo territorial policial, que se
ha denominado policía de proximidad, ya ha entrado en funcionamiento pleno en toda España, también en Málaga y la Costa del Sol, con muy buenos resultados. En la ciudad de Málaga las estadísticas avalan precisamente todas esas circunstancias, a las
que usted no ha hecho ninguna referencia, porque usted habla mucho de Málaga pero después no es capaz de utilizar los datos. Además, el modelo supraterritorial con la policía de especialidad comenzó a desarrollarse en el segundo semestre del pasado
año 2001 con la puesta en marcha
del programa al que S.S. ha hecho simplemente referencia para enumerarlo, del programa llamado 10 por 10, que son diez actividades delictivas y diez áreas geográficas. Dentro de estas áreas geográficas con unas actuaciones específicas se
encuentra Málaga y la Costa del Sol. Por tanto, la preocupación que anima a S.S. está resuelta anticipadamente por el Gobierno con unas actuaciones que se han puesto en marcha a partir del segundo semestre del pasado año.
La finalidad última del trabajo policial especializado pretende dar respuesta rápida y eficaz a las más graves y complejas formas de la delincuencia, especialmente la de carácter organizado internacional. Este programa 10 por 10 centra su
atención en aquellas tipologías que representan una amenaza seria a la seguridad y a la estabilidad como son el narcotráfico, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la inmigración ilegal y la falsificación de documentos, el tráfico de
seres humanos o los delitos tecnológicos e informáticos y otras formas de criminalidad. Para conseguir estos objetivos el programa contempla cuatro actuaciones que son novedosas. Usted se limita a decir que son un brindis al sol, pero son
actuaciones serias dentro de un programa coherente para ir resolviendo o avanzando en problemas que tenemos desde el punto de vista delictivo, por ejemplo, de modernización de las Unidades de Drogas y Crimen Organizado, las UDYCO, el reforzamiento
de las unidades contra la delincuencia especializada y violenta y la creación de unidades contra las redes de inmigración ilegal y de falsificaciones, así como el diseño de un modelo de inteligencia criminal. Se han dado pasos muy importantes en
los últimos años para mejorar en esos sectores. Además, durante los meses estivales, se han puesto en marcha, dentro de la operación verano 2001, dos tipos de actuaciones también novedosas con respecto al año anterior, las cuales tenían como
objetivo, como S.S. sin duda sabrá, incrementar la presencia policial y mejorar los niveles de seguridad y la calidad de los servicios de atención al ciudadano durante los meses de vacaciones en localidades eminentemente turísticas como la Costa
del Sol malagueña. Dada la incidencia de la delincuencia internacional en la Costa del Sol se están agilizando también los canales de cooperación internacional, Interpol, Europol y oficiales de enlace a través de los servicios correspondientes.
Cuando S.S. habla del conjunto de la Costa del Sol mezcla las zonas de responsabilidad y demarcación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por cierto, la Dirección General de la Guardia Civil tiene competencias en el ámbito que
usted ha señalado en municipios como el de Nerja y Mijas, donde no se observa un incremento especialmente significativo de los datos de criminalidad. En cualquier caso, está en estudio -le anticipo- un proyecto especial de actuación contra la
delincuencia, en el que se pretende adoptar una serie de medidas que den respuesta a las necesidades de seguridad, dedicando una especial atención a los ámbitos turístico y periurbano, y dentro de ellos mejorar y completar las medidas especiales en
la Costa del Sol, y que tiene la finalidad de disminuir los índices de delincuencia y el incremento de la calidad del servicio al ciudadano, entre otros objetivos.
Todo ello está siendo completado por una actuación en materia de personal.
Usted señala determinadas carencias de personal que se han producido por las circunstancias que usted ha señalado, aunque usted simplemente lo lleva a categoría de
mero ejemplo, pero la realidad es que hay un esfuerzo muy serio de incremento de las plantillas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una amplia oferta de empleo público, así como otras medidas normativas para la reforma de las
condiciones del pase a la segunda actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que redundarán en un incremento de los medios personales en el conjunto de España, especialmente en la Costa del Sol.
No obstante, el Grupo Parlamentario Popular, compartiendo las preocupaciones que nosotros entendemos que ya están básicamente encauzadas y resueltas con las decisiones que el Gobierno ha tomado en los últimos años, y especialmente a partir
del pasado año, estaría en condiciones -y para no tener que decir simplemente que lo que a ustedes les preocupa está resuelto por la decisión del Gobierno, sino en aras de buscar un consenso en las resoluciones que esta Cámara adopte- de ofrecer una
transaccional que, en cualquier caso, si me permite el presidente, antes de someter a votación estudiaría con el grupo proponente para ver si podemos sacar un texto que pueda tener el respaldo mayoritario o unánime de esta Comisión.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO REALICEN LAS FUNCIONES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EXTERIOR EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001162)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley sobre la adopción de las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las funciones de protección y vigilancia
exterior en los centros de internamiento de menores.
El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: El 20 de noviembre pasado, 18 jóvenes, algunos de ellos menores y otros mayores de edad y que ya habían estado en prisión, se fugaron del centro Los Alcores, un centro de
reforma en Carmona, en la provincia de Sevilla. Les ayudaron dos individuos que se habían introducido en el edificio armados y que redujeron a un celador y a un vigilante. Además, estos mismos sujetos conminaron a ir, escopeta en ristre, a
los siete internos que no querían participar en la fuga. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) El hecho produjo, como es lógico, alarma en Andalucía, pero no es un hecho aislado ni que deba ceñirse exclusivamente al
ámbito andaluz. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, en Madrid, tres menores se fugaron del centro El Pinar tras un motín que acabó con tres heridos, y con ellos en la Comunidad Autónoma de Madrid se elevan a 18 las fugas que se han producido
desde abril de 2001.
Estos preocupantes fenómenos tienen varias causas, sin duda. Una de ellas y fundamental es la falta, tras más de un año de entrada en vigor de la ley, de su desarrollo reglamentario, el reglamento que debe desarrollar fundamentalmente las
medidas disciplinarias, las infracciones y sanciones en el interior de los centros. Mi grupo ha solicitado la comparecencia en esta Comisión del ministro de Justicia precisamente para analizar los resultados de la entrada en vigor de la Ley
orgánica de responsabilidad penal del menor a lo largo de este año y para hacer una incidencia especial en la urgencia de que ese reglamento se promulgue. Pero no es este el aspecto donde nos queremos centrar esta mañana, sino otro que coadyuva a
que se produzcan estos tristes resultados y que al fin y al cabo es una manifestación más del problema básico, el problema de la falta de colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas a la hora de poner en práctica esta ley, el problema de
la falta de recursos de las comunidades para garantizar la seguridad externa de los centros de internamiento y de la falta de colaboración del Gobierno a la hora de garantizar esta seguridad.
Con la nueva ley la Administración autonómica tiene que hacerse cargo de menores y no menores, de jóvenes infractores entre 14 y 21 años. Estos jóvenes pueden estar en los centros de internamiento hasta los 23, y además existe en estos
momentos el agravante de que estos centros deben atender a jóvenes que eran menores de edad en el momento de cometer el delito pero que ya no lo son y que han pasado a los centros de reforma directamente desde la prisión, jóvenes que vienen con la
vida aprendida de la cárcel y cuya dinámica no es precisamente la de la resocialización, sino la de la represión y la contención.
Es sin duda un período transitorio difícil, y los legisladores lo sabíamos a la hora de aprobar la ley, pero las dificultades de este período se incrementan de una manera exagerada porque el Gobierno central ha transferido a las comunidades
autónomas responsabilidades y obligaciones, pero no ha transferido medios humanos, ni siquiera los que el propio Gobierno central ha liberado como consecuencia de la entrada en vigor de esta ley, ni recursos materiales para hacer frente a estas
mayores necesidades, a la mayor edad, a las características más difíciles de los internos, a las nuevas medidas y exigencias de personal que plantea la ley. Tan sólo en la Comunidad Autónoma de Andalucía en este primer año, entre creación de nuevos
centros y contratación de personal, se valoraba en 13.850 millones de pesetas -83.240.000 euros, si ustedes quieren- el coste de la puesta en marcha de las medidas. Todos recordamos todavía aquella ridícula memoria económica de 5.000 millones de
pesetas que acompañó al proyecto de ley.
Esta falta de recursos hace que las carencias se manifiesten en todos los aspectos, pero uno muy importante, sobre todo en aquellas comunidades autónomas que no tienen policía autonómica propia, es la seguridad exterior de los centros. La
seguridad de los centros debe ser entregada a empresas de seguridad privadas que, aparte del coste que suponen para las arcas de la comunidad, no tienen -ni tienen por qué tener- la especialización necesaria en esta clase de funciones ni tienen
competencias para patrullar el exterior de los centros de reforma. En esta situación los asaltos y las fugas estaban cantados, como dijo el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, y el caso es, señor presidente, que, tras la conmoción inicial que
supusieron estas fugas y tras algunas ofertas aisladas de colaboración, parece que el Gobierno ha vuelto a desentenderse del problema de la generalidad de las comunidades autónomas. No digo que no haya algunos apoyos puntuales, pero este olvido del
problema con carácter general está claro y aún lo aclara más la respuesta del Ministerio del Interior a una reciente pregunta formulada por la Junta de Andalucía, una respuesta en la que se afirma que el recurso a la seguridad privada resuelve o
podría resolver -aquí alguien ha tenido un rapto de razón- el problema de vigilancia de los centros, o bien -y esto es lo curioso- podría encargarse ésta a los miembros de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía.
Yo quiero recordar a SS.SS. que esta unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía cuenta con 520 miembros en total en este momento y que estos miembros tienen ya, entre otras funciones, que encargarse de la defensa del patrimonio cultural de
la comunidad, del medio ambiente, de la lucha contra incendios forestales, del absentismo escolar, de la atención a menores en situación de desamparo, de la protección de personalidades autonómicas, de la vigilancia del juego y espectáculos
públicos, de atender a las víctimas de malos tratos, y no sigo la relación para no aburrir a SS.SS. Parece un tanto insensato pretender que estas 520 personas, no sé si en sus ratos libres, vigilen además los centros de menores.
Señorías, no se trata de buscar un enfrentamiento frontal, se trata de manifestar un hecho que en el fondo todos reconocemos. Las comunidades autónomas y el personal de los centros requieren la colaboración del Gobierno y la requieren
todavía más en esta etapa especialmente difícil de transición y puesta en marcha
de la ley. No queremos que se instaure un régimen de vigilancia carcelaria en el interior de los centros de reforma de menores; el régimen disciplinario deberá ser claro y establecido por ese reglamento que todos esperamos con impaciencia.
Pero sí queremos que, de acuerdo con estos centros y con las autonomías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilen los alrededores, de forma que se imposibiliten tanto las entradas indeseadas como las fugas, esas entradas y fugas que
ponen en peligro la reeducación y la seguridad de los internos. Pretendemos que el Gobierno ponga los medios en todas las comunidades autónomas, y no sólo graciosamente en algunas, para evitar el peligro y la alarma social que provocan estos hechos
y para permitir que la ley pueda cumplir con su cometido educativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo respecto a esta proposición no de ley. Tengo que decir como introducción, y con los debidos respetos, que desde nuestro
punto de vista no es aconsejable que por ocurrir un hecho aislado como el descrito en la proposición no de ley se adopten medidas que pueden tener consecuencias perjudiciales.
Intentaré explicarme.
En primer lugar, no existe una normativa que atribuya el desempeño de las funciones que el Grupo Parlamentario Socialista pide en su proposición no de ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, antes al contrario, la Ley orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que la ejecución de las medidas previstas en dicha ley está otorgada y es competencia de las comunidades autónomas. En efecto, el artículo 45 de dicha ley
establece que serán las comunidades autónomas las competentes para la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para la correcta aplicación de las medidas previstas en la ley. Incluso la
propia ley contiene previsiones respecto a las medidas privativas de libertad, estableciéndose en su artículo 54.1 que estas medidas se ejecutarán en centros específicos. Son las comunidades autónomas las competentes para el establecimiento de las
medidas que considere oportunas dentro de las limitaciones que prevé la ley. Por tanto, seamos respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas. Estoy seguro que si el Gobierno de motu proprio estableciera que la vigilancia exterior
de los centros de menores la hicieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Grupo Parlamentario Socialista diría que estamos invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. Pero como el Gobierno es respetuoso con las
competencias y la autonomía de las comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario Socialista viene a pedirnos que invadamos las competencias de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, atendiendo al espíritu de la propia ley, no es aconsejable que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen esta misión. En efecto, todas las medidas contempladas en la Ley de responsabilidad penal del menor son
medidas sancionadoras educativas, tratando de diferenciar lo que es un centro penitenciario de lo que es un centro de menores. Por tanto, todo aquello que pueda tener una similitud entre ambas podría tener un efecto contraproducente para los
menores internados.
Por último, basándose precisamente en esas dos cosas, en que no podemos invadir la competencia de las comunidades autónomas y que estaríamos igualmente invadiendo y atentando contra la propia Ley de responsabilidad del menor, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Quiero aclarar los términos de la proposición, que creo que han quedado un poco desvirtuados después de la intervención del ponente del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Socialista no pretende
arrebatar ninguna competencia a las comunidades autónomas. Suya es la competencia para la ejecución de estas medidas de carácter educativo. Lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que el Gobierno de la nación colabore para que estas
medidas sean efectivas, tal como lo han solicitado las comunidades autónomas, y no sólo la Junta de Andalucía. Pretendemos, no que se invadan las competencias de las comunidades autónomas, sino que no se invadan sus exhaustas arcas y que se las
ayude en esta difícil misión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Parece que no sé leer, pero la proposición no de ley dice expresamente: Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las funciones de protección y
vigilancia exterior en los centros de internamiento de menores. Vuelvo a decir que la Ley de responsabilidad del menor atribuye esta competencia a las comunidades autónomas. Si el Gobierno estableciera estas medidas, estaríamos invadiendo las
competencias de las comunidades autonómas establecida en la ley.
- RELATIVA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA VEGA BAJA DE ALICANTE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001183)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista , relativa a la seguridad ciudadana en la Vega Baja de Alicante. Para su defensa, tiene la palabra el
señor González Serna.
El señor GONZÁLEZ SERNA: El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Comisión una proposición no de ley relativa a la inseguridad ciudadana en la comarca de la Vega Baja de Alicante. Pero quisiéramos que conocieran SS.SS. que el
conjunto de la provincia de Alicante tiene la misma preocupación que la comarca de la Vega Baja. Para los ciudadanos de la provincia alicantina la situación de la criminalidad y delito es una de sus principales preocupaciones.
Todos los indicadores apuntan a que la delincuencia en la provincia de Alicante es en estos momentos aproximadamente el doble de la media del conjunto de España. En Alicante está pasando exactamente igual que en el conjunto de España, están
fracasando todos los planes de policía, el Plan de Policía 2000, la policía de proximidad y demás planes, todos huecos, y quiero hacer constar que no tienen ni dotación económica ni recursos adicionales de agentes de la policía. Pero lo más grave
no es que fracasen, sino que el Gobierno no sea capaz de reconocer ese fracaso para impulsar un plan de seguridad serio y riguroso para el conjunto de la provincia.
Este verano conocíamos que la delincuencia se incrementaba en el primer semestre en Alicante aproximadamente un 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el delegado del Gobierno en funciones decía: Lo
importante es lo que piensa el ciudadano. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la seguridad ocupa el sexto lugar. Esto lo pueden leer SS.SS. en el diario Información de 15 de agosto de 2001. En otras declaraciones jugosas sobre el
déficit de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Alicante, también este verano pasado, el subdelegado del Gobierno en la provincia sentenciaba: En otras provincias están peor. Sin embargo, no es esta la opinión de los
representantes sindicales de la Policía Nacional, especialmente del Sindicato Unificado de Policía o de la Unión General de Policía, que coinciden que en la provincia posiblemente se necesite incrementar los efectivos de la Policía Nacional en más
de 400 policías, distribuidos entre las distintas comisarías, así como la creación de nuevas comisarias, especialmente en la ciudad de Torrevieja y en el aeropuerto de El Altet. Además, se nos recuerda en cualquier entrevista con los representantes
sindicales que se ha producido un descenso de efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional en los últimos seis años.
Efectivamente, esto es así, señorías. Según información del Gobierno de 26 de diciembre de 2001, en la provincia de Alicante en
1996 había 1.187 efectivos de la Policía Nacional y en 2001, a 26 de diciembre, 1.164. Es decir, después del incremento brutal en los últimos años de delincuencia nos encontramos que tenemos 23 policías menos en el conjunto de la provincia
alicantina.
Esto que decimos, lamentablemente, esta situación de inseguridad ciudadana, se da igualmente en cualquier parte del territorio. Se da igual en Denia, Benidorm, Alcoy, Petrel, en Crevillent especialmente, en la ciudad de Alicante, también en
el aeropuerto, un sitio declarado poco seguro y, de forma muy especial, como decía, en la comarca de la Vega Baja y en el término municipal de Torrevieja. Por cierto, el domingo pasado leíamos lo siguiente: Los vecinos piden que se duplique la
plantilla de la Policía Nacional. Diario Información. Los representantes vecinales del casco urbano y el extrarradio de Denia, además de los jubilados y amas de casa, mantuvieron una reunión el pasado viernes para crear una plataforma cívica que
reivindique un incremento de la plantilla de Policía Nacional de la comisaría de Denia.
Señorías, con este titular que a continuación les voy a leer debería ser suficiente para que el Gobierno reaccionara de forma rápida y sin dilación: Torrevieja registra más delitos que las cinco provincias de Castilla-La Mancha juntas.
Esto lo dice el ABC en el mes de enero.
Después de este titular, el Gobierno -la fuente es la comandancia de la Guardia Civil de Alicante- no ha reaccionado y tampoco es capaz ni siquiera el Ministerio del Interior de contestar a una carta que este
diputado le dirigía cuando los ciudadanos de Alicante, especialmente los de la partida de La Mata, en Torrevieja, estaban en una situación crítica porque habían creado patrullas vecinales callejeras con el fin de defender su patrimonio. En esta
carta que le mandábamos al señor ministro del Interior le describíamos la situación y únicamente -leo textualmente- le pedíamos lo siguiente: pretendo con estas breves líneas la personal, directa e inmediata intervención del ministro del Interior
para que de manera efectiva se normalice la urgente y dramática situación de inseguridad ciudadana en la provincia de Alicante. Esta carta es del martes 13 de noviembre de 2001. Todavía estamos esperando respuesta, que se digne el señor ministro a
contestar a este diputado.
En fin, señorías, la comarca de la Vega Baja de Alicante es una comarca que, por situarnos, tiene unos 225.000 habitantes censados. La ciudad de Torrevieja llegará a tener censados 70.000, aunque en época estival es posible que albergue a
500.000, con lo que el censo del conjunto de la comarca es difícilmente conocido. Afirma el Gobierno no conocer los datos de criminalidad en esta comarca, de antes de 1998. Posiblemente
sea verdad, pero permítanme que les describa algunos datos de los que sí dispone el Gobierno y de los que ha informado a preguntas de este diputado. Hay un extracto de ellos en la motivación de proposición no de ley que hoy presentamos ante
esta Comisión. Dice el refranero que para muestra sobra con un botón y yo les voy a dar dos. Si observan, en el extracto que va en la motivación de la proposición no de ley, en 1998 se dieron en la Vega Baja 12 homicidios dolosos; en 2000
ocurrieron 22. Es decir, cada 15 ó 20 días nos encontrábamos con un homicidio en la comarca de la Vega Baja. Pero hay un dato importante que se publicaba ayer. En el conjunto del territorio nacional nos encontramos con que en el año 2001 se
cometieron 1.200 homicidios. Si hubiese una proporcionalidad entre el número de homicidios del conjunto del Estado español y los de la ciudad de Torrevieja o de la comarca de la Vega Baja, le hubiese correspondido a dicha comarca -si no me
equivoco- de tres a cuatro homicidios, como máximo. Es decir, en este momento se ha multiplicado por siete el número de homicidios que se han producido en la comarca de la Vega Baja respecto al conjunto del Estado español. Si esto no es
preocupante, que venga Dios y lo vea.
Otro dato que también viene a describir la situación de esta comarca es el incremento de hurtos. Entre 1998 y finales de 2000 se ha incrementado en un 133 por ciento. Señores diputados, uno de los instrumentos los que dispone el Gobierno
para analizar la situación, reflexionar sobre ella y coordinar las fuerzas de seguridad del Estado son las juntas de seguridad ciudadana. Les voy a poner un ejemplo de la comarca de la Vega Baja.
Sepan SS.SS. que en dicha comarca, en la ciudad de
Orihuela, se reunió la junta local de seguridad ciudadana en julio de 2001; y no fue por casualidad, sino por la presión, la alarma social existente y las continuas denuncias de la oposición., ¿Saben ustedes desde cuándo no se reunía esta junta de
seguridad ciudadana en la ciudad de Orihuela? Según informa el Gobierno, desde abril de 1999, es decir, llevaba sin reunirse casi un año y medio; con la grave situación que estaban padeciendo los ciudadanos, en año y medio no se había reunido la
junta de seguridad ciudadana.
Además de esto, lamentablemente nos encontramos con un aumento de la criminalidad en la ciudad de Orihuela. Les voy a dar otro dato, otro botón que sirva de muestra, y que no es mío, sino de una contestación del Gobierno a una pregunta de
este diputado. En 1998 hubo concretamente 1.970 delitos contra el patrimonio en la ciudad de Orihuela; en el año 2000 hubo 2.687, lo que equivale a un incremento del 136 por ciento.
Mientras tanto, la junta de seguridad ciudadana no se reúne. Es
bochornoso, escandaloso o como lo quieran ustedes calificar, señores diputados. Además de esto hay que hacer constar -no está de más- que, dándose esas circunstancias de incremento de delitos, hay un déficit de policías nacionales desde 1996 a
2000. Se pasa -menos mal, por cierto, que estos datos los tenía el Gobierno- de 63 en 1996 a 49 en octubre del año 2000. Es decir, casi el 30 por ciento menos de policía cuando hay un 130 y tantos por ciento de incremento de delitos contra el
patrimonio. A quien le contemos esto no se lo va a creer. En resumen: incremento escandaloso de delitos; ausencia de coordinación; es decir, falta de planificación por falta de reunión de las juntas locales de seguridad del conjunto de la
comarca y, además, descenso de los efectivos de la Policía Nacional. Senorías, el resultado es claro: manifestaciones de millares de ciudadanos; patrullas vecinales; alarma social y profunda preocupación; además, los empresarios incrementan sus
costes porque necesitan gastar en seguridad privada.
También quiero, señorías, que esta Comisión de Justicia e Interior conozca la opinión del Gobierno respecto a algunas de las causas que, según él, pueden haber influido en este terrible incremento de delitos. En respuesta del Gobierno -les
voy a leer un párrafo porque no tiene desperdicio- a una pregunta de este diputado se dice: La fuerte demanda de trabajadores en sectores como la construcción o la agricultura, no cubierta con ciudadanos españoles, está dando lugar a una gran
afluencia de extranjeros, con la problemática inherente a su integración social y a las actividades ilícitas relacionadas con la inmigración ilegal. No sé cómo calificar esto, si de inmoral o de qué, pero quiero aquí repudiar, rechazar y manifestar
mi repulsa a esta frase que es absolutamente inmoral, señorías. Lamento que el Gobierno de España sea capaz de decir esto. Yo no lo he dicho, lo ha dicho el Gobierno.
Por tanto, señorías, la comarca está inmersa en una profunda preocupación.
Los ciudadanos se manifiestan. Quiero plantear en la Comisión -creo que merece la pena- la situación que se está viviendo aunque, a veces, las palabras no son
suficientes para describir la situación en que están viviendo los ciudadanos. En más de una ocasión los ciudadanos de Torrevieja se han manifestado espontáneamente. Miren, la inseguridad provoca que algunos extranjeros vendan sus casas y busquen
otro lugar para vivir; algunas empresas torrevejenses comienzan a construir en zonas más alejadas; miles de personas exigen en la calle acabar con la inseguridad ciudadana; oleadas de intentos de hurto en autoescuelas, comercios y locales
municipales. En fin, no sé qué más podemos decir. El Ayuntamiento de Torrevieja en pleno, por unanimidad, acordó instar al Gobierno de España a dotar a la ciudad de una comisaría de Policía Nacional. Ahora debe ser el Congreso de los Diputados
-para ello pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios- quien inste al Gobierno a lo que se solicita en esta proposición no de ley que presenta mi grupo, con el único objetivo de recuperar la calidad de vida que se ha deteriorado en gran manera
en la ciudad de Torrevieja y en los 27 pueblos de la comarca.
Termino haciendo constar nuestro agradecimiento a los representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente al Sindicado Unificado de la Policía y a la Unión Federal de Policía. Mostramos nuestro reconocimiento al conjunto
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su loable e incansable labor, aun con lo exiguo de los recursos, tanto humanos como materiales.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Lo primero que voy a hacer es reconocer algo, como es habitual cuando se tiene que reconocer, aunque a veces el Partido Socialista no lo haga, y es que efectivamente hay delincuencia, porque
estadísticamente es cierto. Sin embargo, ya puede el señor González repudiar, rechazar y no sé cuántos infinitivos ha dicho, pero está en los datos policiales y en la prensa que más de la mitad de los delitos y faltas fueron cometidas el año pasado
fueron de extranjeros. Ustedes tendrán que analizar su postura frente a la Ley de Extranjería, cuando el Gobierno quería regularizarla con contratos para poder venir a trabajar, frente a la entrada libre, como ustedes proponían.
Los motivos son diversos. En primer lugar, la comarca de la Vega Baja es una zona en expansión que genera movimientos de todo tipo. En cinco años se ha duplicado el número de habitantes, por tanto, se han incrementado los hechos delictivos
porque van unidos a las personas. En definitiva, señorías, este incremento de la tasa delictiva se ha producido por motivos socioeconómicos, sin embargo, no ha sido por razones negativas, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
hayan cumplido satisfactoriamente con su trabajo, porque no se hayan reunido las juntas locales de seguridad o porque no se trabaje coordinadamente con todas las fuerzas de seguridad, como insinúa el portavoz socialista, sino que el incremento es
debido también a la mayor base social, igual que se incrementa el número de enfermos, el número de recibos del servicio de agua o de cualquier otro tipo.
Otro dato objetivo a tener en cuenta es el tema de la reincidencia. En ocasiones se detiene a un presunto delincuente varias veces en una semana, lo que descorazona no sólo al ciudadano sino también a la policía. Otro dato objetivo es el
incremento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos cinco años, casi un 35 por ciento en proporción. A estos datos objetivos hay que añadir una sensación y, por tanto, el hecho subjetivo de inseguridad, que
es difícil de combatir. Los ciudadanos están preocupados, es lógico, pero alguien también está explotando esa situación de inseguridad y creando un mayor clima de tensión. Voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, según la junta local de seguridad
de Elda y Petrel descendió el número de delitos en un 7 por ciento, pero la sensación fue de que no había suficientes efectivos y de que no se hacía absolutamente nada. Ante estos hechos, el Gobierno tomó, y está tomando, las medidas necesarias
para paliar estos problemas, realizando, por un lado, esfuerzos importantes encaminados a impulsar los procedimientos de juicios rápidos y evitar esta aparente impunidad en la que se mueven los presuntos delincuentes y, por otro lado, realizando un
esfuerzo presupuestario. El Gobierno, después de un estudio serio de los efectivos necesarios, convocará en breve oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía para dotar esas plazas. A todo esto tenemos que añadir el esfuerzo presupuestario que están
haciendo los propios ayuntamientos de la Vega Baja. En Torrevieja el ayuntamiento ha convocado plazas para 32 policías más el próximo mes, y de 66 efectivos de la Guardia Civil que había hace seis años hemos pasado actualmente a 174.
Además,
existe un plan de choque solicitado al Gobierno y todas las semanas desde la Subdelegación del Gobierno se remiten los temas importantes para la ciudad.
Voy a detenerme en los distintos puntos de su proposición no de ley.
Respecto a la creación de una comisaría de policía en la localidad de Torrevieja, hay que señalar que en la Orden ministerial de 10 de septiembre de 2001, por la que se
desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía, se establecen aquellas poblaciones que cuentan con comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, determinadas en base a
criterios estrictamente objetivos, entre otros, población, índices delincuenciales, conflictividad social, etcétera. No cabe duda de que la creación de comisarías de policía conlleva fuertes inversiones en inmuebles, medios técnicos, dotación de
efectivos, lo que, junto a los mencionados criterios objetivos, determina que la ampliación del ámbito territorial de competencias del Cuerpo Nacional de Policía se realice con criterios restrictivos. Dado que la citada localidad cuenta con
servicios de la Guardia Civil y teniendo en cuenta el déficit de efectivos que presenta el Cuerpo Nacional de Policía, no parece procedente, a corto plazo y mientras no varíen las mencionadas circunstancias, que se introduzcan modificaciones en la
actual distribución territorial de competencias entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil creando una comisaría en la citada localidad, sino que se estima que debe seguir siendo la Guardia Civil la que continúe prestando los servicios
policiales en la localidad de Torrevieja.
En cuanto a las dotaciones de policía para la comisaría de Orihuela, actualmente cuenta con 49 funcionarios y recientemente se han enviado a dicha localidad diez policías en prácticas. En este sentido, hay que señalar que la comisaría local
de Orihuela se encuentra en un grado medio alto de dotación de recursos humanos. Además, en el concurso general de méritos, publicado
en la Orden general de 7 de enero de 2002, se convocaron para la citada comisaría ocho vacantes, una plaza correspondiente a la categoría de inspector, dos para subinspector y cinco para policía.
En lo relativo a su punto 3 de la proposición no de ley, al desarrollo de un plan de seguridad para la comarca, cabe indicar que el pasado 18 de enero el subdelegado del Gobierno de la provincia se reunió con una veintena de alcaldes de las
localidades más importantes de la Vega Baja para establecer unas directrices en materia de seguridad ciudadana, contemplando las posibilidades de desarrollo operativo coordinado de policía local, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. A nivel
nacional existe un plan permanente de prevención de la delincuencia, existiendo otros planes específicos para cada zona determinada, siendo las juntas locales de seguridad las encargadas de, tras analizar los índices de delincuencia, coordinar la
situación directa de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante planes conjuntos. La Dirección General de la Guardia Civil realiza un seguimiento de la evolución de la delincuencia a fin de potenciar los medios
humanos y materiales de las unidades más necesarias.
En cuanto a la creación de juntas locales de seguridad en las localidades más conflictivas, ya están constituidas y se reúnen con la periodicidad exigida, además se reúnen cuando las convoca el alcalde, siendo habitual una o dos veces al
año. Finalmente, respecto a la dotación de medios materiales por parte de la Dirección General de la Policía, se viene efectuando la distribución de los recursos disponibles acorde con las necesidades de las diferentes plantillas. Por otra parte,
la Dirección General de la Guardia Civil ha dotado a la compañía de Torrevieja durante el año 2001 con los medios que a continuación les voy a detallar: seis turismos de servicio, un furgón equipado, un turismo de investigación policial, dos
motocicletas scooter servicio, dos equipos de control, 13 ordenadores completos y un escáner.
Respecto al punto número 6 de su proposición no de ley, sobre la necesidad de auspiciar una colaboración entre el Gobierno y la Generalidad valenciana para la integración social laboral de los inmigrantes que acuden a prestar servicios en
las tareas de agricultura y construcción, le puedo decir que uno de los objetivos de la política de inmigración que tiene el Gobierno es la necesidad de asumir políticas de integración sociolaboral dirigidas a defender la cohesión en la
incorporación social de los nuevos ciudadanos, así como la lucha contra todo tipo de discriminación y exclusión social que éstos puedan sufrir. Para ello, es necesario asegurar el desarrollo de medidas específicas que supongan una implicación
activa de la sociedad de acogida que, permitiendo el respeto a la diversidad cultural, faciliten su integración en la vida social, política y económica. En este sentido, la Secretaría General de Asuntos Sociales, a través del Imserso, viene
desarrollando desde 1998 una acción concertada con comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales, organismos sindicales y empresariales, encaminadas a conseguir, mediante programas concretos de actuación, la plena integración de los
inmigrantes en la sociedad de acogida. En concreto, con la Comunidad Valenciana esta colaboración se ha plasmado en convenios con aportaciones desde el año 1998 de 27 millones, 26 millones en 1999 y 42 millones en 2001.
Igualmente, y al objeto de
facilitar una mayor eficacia en los procesos de inserción social de los inmigrantes, la Secretaría General de Asuntos Sociales ha financiado los programas de acogida, información e inserción sociolaboral de inmigrantes de la Organización Vega Baja
Acoge durante las últimas convocatorias de subvenciones del IRPF y del régimen general del Imserso. Dicha organización desarrolla todos sus programas en la comarca de la Vega Baja.
Para finalizar, quiero decir, en nombre del Grupo Popular, que, aun conociendo que hay delincuencia, no se debe crear alarma social ni crear un clima de tensión, que da una sensación más negativa de la situación real y que el objetivo
prioritario para el Gobierno del Partido Popular es la erradicación de la delincuencia, tomando para ello todas las medidas que sean necesarias, desde reformas al incremento de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este
momento, con las medidas que se están tomando en la comarca de la Vega Baja, hay una contención de la delincuencia. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar esta proposición no de ley tal y como está, pero le ofrezco al señor González
una enmienda transaccional que podemos discutir mientras se esté debatiendo el segundo punto y así no interrumpimos la sesión. (El señor González Serna pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor González Serna, yo creo que los puntos están claros.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Yo quería matizar un concepto que no he conseguido explicar correctamente. En España estamos sufriendo el momento más difícil de la historia en cuanto a delitos y a criminalidad se refiere: en Alicante es del
doble y en Torrevieja, la comarca, es del triple. Relacionar inmigrante con delincuente -y es lo que está haciendo el Gobierno-, es una inmoralidad porque la mayoría de nuestros mayores han sido inmigrantes -se han movido por el territorio español,
por América Latina- honestos y honrados, que han ido a trabajar fuera para mantenernos a nosotros. Debo resaltar una vez más que relacionar inmigración con delincuencia es una inmoralidad.
Se afirma que se ha contenido la delincuencia, pero ha habido 22 homicidios en el año 2000, siete veces más de lo que le corresponde proporcionalmente a esa comarca. ¡Que está contenido! Por favor, es poco serio.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Un minuto nada más.
Quiero rebatir lo que ha dicho el señor González porque en mis primeras palabras he reconocido que sí hay delincuencia, no cerramos los ojos a la evidencia. En segundo lugar, es muy cómodo acusar al Partido Popular y decir que es inmoral y
que es una vergüenza que se culpe a los inmigrantes. Ni yo ni el Partido Popular culpamos a todos los inmigrantes, hay inmigrantes que son delincuentes y hay españoles que son delincuentes. (El señor González Serna pronuncia unas palabras que no
se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor González Serna, por favor. Le pido el mismo respeto que ha tenido la Comisión para con su intervención.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para una cuestión de orden.
Durante toda esta sesión este grupo parlamentario no ha glosado ninguna de las intervenciones de los señores portavoces del Grupo Socialista, a pesar de que se han oído algunas expresiones ciertamente curiosas como las que está utilizando el
señor González. Rogaríamos que no se glosaran tampoco fuera del Reglamento las intervenciones de nuestros portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Díez de la Lastra, siga, por favor.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Yo comprendo la fogosidad del señor González porque es un tema que nos atañe -somos los dos de la provincia de Alicante-, pero hay dos prismas para analizar el problema.
Vuelvo a repetir, después de la intervención del señor González, que yo no he acusado a todos los inmigrantes. Usted está haciendo uso de informes, de recortes de periódicos y de noticias y podrá ver que es verdad que no solamente en la
Vega Baja, sino que en la misma capital casi la mitad son delitos cometidos por los inmigrantes. Yo no echo la culpa a los inmigrantes sino a los que son delincuentes, de la misma manera que a los españoles o a los hooligans -y son ingleses- si
vienen aquí a un partido de fútbol y organizan un follón. Usted habla respecto a España de la expansión tan grande que ha tenido en la comarca de la Vega Baja en estos últimos años, que también influye en la economía de la provincia. Habrá que
atajarlo. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Hay delincuencia? Claro que sí, pero no trastoque mis palabras diciendo que es inmoral que el Gobierno del Partido Popular afirme que la delincuencia es de los inmigrantes. Ni el Gobierno ni esta
portavoz que le habla han hecho tales manifestaciones. Hay una proporción de los que vienen sin papeles que no tienen más remedio que delinquir porque no tienen qué comer y es lo que se está intentando solucionar desde el Gobierno del Partido
Popular.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSRUCCIÓN EN PUENTE GENIL (CÓRDOBA). PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001203)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Mixto, que era su autor, la siguiente iniciativa que nos correspondía debatir.
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR PARA QUE EXPLIQUE SU GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA TRAMA EN LA QUE SE HA PRETENDIDO IMPLICAR AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
UN SUPUESTO CASO DE ESPIONAJE.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000852)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al puntoV del orden del día: Debate y posterior formación de criterio de la Comisión sobre la solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno de Andalucía ante la Comisión de Justicia
e Interior. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para la fijación de su posición, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muy buenos días.
Solicitamos la comparecencia del delegado de Gobierno, señor Torres Hurtado, porque el Partido Socialista considera que sería muy higiénico, en el sentido democrático, para que esta democracia no se vea resentida con ataques viles como los
que sufrieron a raíz de la denuncia, ya hoy con un auto judicial -no podemos decir lo de supuesta veracidad, sino denuncia mafiosa-, contra determinados dirigentes del Partido Socialista y el presidente de la Junta de Andalucía. Del auto del juez
se deduce este término que acabo de decir, aunque no lo manisfieste explícitamente, en el que incomprensiblemente el delegado del Gobierno en Andalucía, señor Torres Hurtado, a pesar de que conocía desde mediados de septiembre el entramado de lo
que se estaba cociendo sobre un ya no hipotético auto judicial, sino inventado espionaje contra el ex presidente de la Caja San Fernando, señor López Benjumea, que no lo trasladó al afectado, presidente de la Junta de Andalucía, señor
Chaves, ni a otro dirigentes del Partido Socialista. Resulta incomprensible que un delegado del Gobierno reciba una llamada telefónica, y posteriormente en su despacho tenga un encuentro con un presidente de una caja de ahorros que en ese momento
se encontraba en plena ebullición política por el proceso interno que se estaba viviendo con el tema de la Caja de Ahorros de San Fernando, atienda una denuncia en la se acusa de esa vigilancia o espionaje, como luego se calificó, a un presidente de
una comunidad autónoma y altos dirigentes de un partido que gobiernan en esa comunidad autónoma; que eso se produzca a mediados de septiembre y que el delegado de Gobierno haya guardado silencio hasta el mes de diciembre, cuando curiosamente, en
plena convulsión del tema de la Caja de Ahorro en San Fernando, Sevilla, reconoce públicamente que había tenido esta denuncia. Yo me pregunto: ¿La había tenido guardada en el cajón, por qué no la dio a conocer? ¿No hubiera sido un acto de lealtad
institucional y democrático que el señor Torres Hurtado, delegado de Gobierno en Andalucía, la hubiera trasladado al denunciado, en este caso, presidente de la Junta de Andalucía, para que éste hubiera puesto en conocimiento de sus servicios
jurídicos esa denuncia? ¿Por qué el delegado del Gobierno en Andalucía actuó en silencio, cómplice o no? Es lo que queremos aclarar con la petición de comparecencia del señor Torres Hurtado. ¿Hubo complicidad del señor Torres Hurtado en la
omisión del traslado de esa denuncia que le trasladó el presidente de la Caja de San Fernando? Textualmente consta que el presidente de la Caja de San Fernando aseguró haber denunciado a mediados de septiembre al delegado de Gobierno en Andalucía
que sus servicios de escolta habían descubierto a personas que les seguían. No es de recibo, por tanto, que no informara al presidente de la Junta de Andalucía de que se había abierto una investigación en la que el señor Chaves era el principal
denunciado. Queremos saber desde el Partido Socialista cuál ha sido el grado de participación de esta trama del delegado de Gobierno en Andalucía. Tengo que afirmar que no cabe duda de que aquello fue un montaje mafioso, un intento de la derecha
de Andalucía por derrotar fuera de las urnas a Chaves y, además, con medios no democráticos. Insisto en que detrás de esta operación, que ha sido desmontada por la justicia, que ha actuado con celeridad porque estaba en litigio nada menos que el
honor del presidente de la Junta de Andalucía, estaban los poderes económicos y mediáticos de una derecha reaccionaria y carca que no es capaz de ganar en Andalucía y que intenta utilizar medios no democráticos, con tramas inventadas que se ponen al
descubierto y que no son propias de la España del siglo XXI, con montajes mafiosos como los que se urdieron contra el presidente de la Junta de Andalucía, y lo que queremos saber es si con la complicidad del delegado del Gobierno en Andalucía o no,
como dirían ahora el señor Rato y compañía.
Yo me pregunto: ¿No hubiera sido un acto lógico de lealtad institucional entre dos gobiernos que el representante del Gobierno en Andalucía hubiera trasladado la denuncia que conocía desde hacía dos meses al responsable del Gobierno
andaluz? ¿Por qué no lo hizo? ¿Hubiera actuado así si el señor Chaves, en vez de ser del Partido Socialista, hubiera sido del Partido Popular? ¿También la hubiera guardado en el cajón? Y, lo que es más grave, ¿por qué el delegado del Gobierno en
Andalucía, cuando estalla la trama, guarda silencio y no reconoce que tenía esa denuncia en su cajón? ¿Sería porque ya sabía entonces que era una farsa? ¿Saben ustedes qué decía el Juzgado número 16 de Sevilla, que dictó el auto archivando la
causa? Que no tenía ni pies ni cabeza la denuncia del señor López Benjumea; que no había habido seguimiento de ningún tipo, ni terrorista -porque se pensó en un momento que podía haber un seguimiento de ETA- ni político; incluso se llegó a decir
en el auto que había evidencias de que el vídeo que se había presentado era una manipulación.
¿Sería entonces ya cuando el señor Torres Hurtado conocía que todo aquello no tenía ni pies ni cabeza y por eso guardó silencio? Nosotros creemos que
estas cosas no pueden quedar así. Felizmente, ha terminado aquella trama, puesta al descubierto por un auto judicial que le da mayor legitimidad a lo que calificamos como tal, pero políticamente el señor Torres Hurtado, delegado del Gobierno, debe
comparecer aquí para aclarar su actuación sospechosa. Si no, su papel como delegado del Gobierno estará siempre ensombrecido y habrá siempre una duda sobre sus actuaciones y sobre su lealtad con el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Obviamente,
esta operación política mafiosa -la califico así con toda rotundidad porque no puede ser entendida de otra manera aquella denuncia- tuvo un fallo, pues no pensaron que podía haber un auto judicial que desmontara y pusiera en evidencia el montaje
mafioso que se produjo para intentar deteriorar la imagen de un Gobierno socialista y de un presidente, el señor Chaves, con el único objetivo de que si no se producía una actuación política clara, al final la correligionaria de turno sacara de
nuevo la bandera, como se hizo en 1993, del 'váyase, señor González', en este caso 'váyase, señor Chaves'. Ese era el final de toda esta trama mafiosa: urdir una campaña de desprestigio contra un presidente autonómico socialista que no es
derrotado por las urnas y que quieren derrotar por la calumnia y la injuria para, como digo, esgrimir de nuevo el 'váyase, señor Chaves, porque usted... etcétera'
No voy a continuar, porque felizmente aquello ha terminado y el episodio de la Caja de San Fernando también ha terminado, como no podía ser de otra manera, como tenía que terminar, y lo único que queremos
es que el delegado del Gobierno, cuyo papel ha quedado en entredicho, venga aquí a aclarar por qué ha actuado de la forma en que lo ha hecho, por qué no dio, traslado de esa denuncia al presidente de la Junta de Andalucía para que, a través
de sus servicios jurídicos, hubiera podido defenderse; por qué guardó silencio cómplice durante toda aquella semana convulsiva y por qué, en definitiva, ha mantenido una actitud de deslealtad institucional, como representante del Gobierno de
España, con el Gobierno de Andalucía. Hay motivos suficientes para que se pueda votar a favor de nuestra solicitud y se aclaren las palabras que estoy dirigiendo contra el representante del Gobierno en Andalucía.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad partiremos nuestro tiempo de intervención, sin excederlo, entre el señor Atencia y yo. Yo me voy a limitar a una cuestión puramente de procedimiento, porque entendía que ese iba a ser el objeto de
este debate, pero en la medida en que se han hecho algunas otras valoraciones de fondo, sobre ellas intervendrá el señor Atencia.
Desde la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, no hay nada más higiénico en el sentido democrático, por utilizar la expresión literal señor De la Encina, que el valor de la coherencia, es decir, mantener hoy lo que se decía ayer.
Durante 14 años el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista manifestaron reiteradamente su tesis ante esta Comisión en orden a lo que denominaban la jerarquía de la interlocución, esto es, que los delegados del Gobierno no tenían la
jerarquía de interlocución necesaria para comparecer ante esta Comisión, por más que pudieran tenerla reglamentariamente, pero no entonces en la valoración del Grupo Socialista en términos políticos, de manera que para cualquier asunto que afectara
a delegados del Gobierno la interlocución de fondo correspondía a sus superiores jerárquicos. Nosotros no hacemos hoy más que reiterar en virtud de esa de coherencia, lo que durante tantos años de legítimo Gobierno del Partido Socialista se nos
expresó como un criterio sólidamente establecido. En segundo lugar, recordamos que los delegados y los subdelegados del Gobierno, las autoridades en general, sea cual sea su signo ideológico las de una u otra formación política, todas se dedican
estrictamente, como no puede ser de otra forma, a cumplir la legalidad. No se dedican las autoridades, sea cual sea su signo ideológico, a operaciones mafiosas, ni se dedican a tratar de realizar no sé qué operaciones extrañas ni a dar tratos de
favor a este o a aquel. Se dedican básicamente a cumplir la legalidad. No se dedican, como es natural, al espionaje ni tampoco a interferir en lo que podíamos denominar peleas de familia, incluso a lo mejor legítimas.
Ateniéndonos estrictamente a la cuestión de procedimiento -sobre algunas de las valoraciones de fondo que se han hecho intervendrá ahora el señor Atencia-, vamos a negar esta comparecencia por entender, recogiendo la doctrina tradicional
esgrimida en su momento por el Grupo Parlamentario Socialista, que esta interlocución correspondería, en caso de que el grupo proponente quiera seguir legítimamente hablando sobre este asunto, a las autoridades superiores del Ministerio de
Administraciones Públicas o del Ministerio del Interior. Teniendo en cuenta, el estilo sobradamente acreditado en esta Comisión por el Grupo Parlamentario Popular y las autoridades del Ministerio del Interior en cuanto a su plena y permanente
disponibilidad para acudir a la misma y someterse al control político, entendemos que al decir que no en este momento a una cuestión puramente de procedimiento, dejamos las puertas abiertas a que, conforme a la jerarquía adecuada de comparecencias
de esta Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista, si quiere, pueda volver a plantear, solicitando la comparecencia de la autoridad correspondiente, este asunto de fondo.
Desde el más profundo respeto, me permitiría aconsejar que no lo hicieran.
Lo que se quería decir ya está dicho e incorporado al 'Diario de Sesiones' y un debate en mayor profundidad podría reportar ciertas sorpresas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Algún comentario haré en relación con el fondo del asunto.
Señor De la Encina, aquí nos encontramos ante un hecho: una pelea de familia, dentro del propio Partido Socialista, como consecuencia de un problema en unas cajas de ahorro con sede en Sevilla. Aquí hay una cacería en toda regla contra dos
presidentes de dos cajas de ahorro, dos militantes del Partido Socialista, nombrados por el Partido Socialista para presidirlas. Eso es lo que ocurre. Por tanto, es una cuestión que al margen de su repercusión en el sistema financiero, en el
sistema político, etcétera, afecta al Partido Socialista. Señor De la Encina, todos los calificativos despectivos e insultantes que S.S. ha usado los está utilizando contra parte de su propio partido ¡Allá usted! En términos democráticos, me
parece absolutamente impresentable. Es como el que escupe hacia arriba, que le cae en el ojo. A usted le ha pasado exactamente igual. En cuanto a la mafia que usted menciona, ustedes sabrán de qué mafias hablan, ustedes conocerán sus mafias, y
sus métodos.
Se trata de una manifestación que de nuevo le vuelve a salpicar. No nos damos por aludidos. Por propia ingeniería democrática, sea prudente en sus manifestaciones. Hoy simplemente se ha limitado a repetir el discurso reiterado del
señor Chaves, que desde el primer día, en el tono en que habla, que no se le entiende
muy bien, quiso hablar de mafia. Ahora le hemos vuelto a entender a usted con alguna dificultad.
Respecto a lo del delegado del Gobierno de Andalucía -lo ha explicado muy bien el señor Gil Lázaro-, hace lo que tiene que hacer en su ámbito de competencias. Si el delegado del Gobierno en Andalucía recibe cualquier denuncia, lo que hace
es trasladarla, como lo haría cualquier autoridad pública. Ustedes han hecho una mezcla entre denuncia, investigación y no sé qué. Yo sólo le aconsejaría, señor De la Encina -espero que sea por ignorancia y no por otra razón-, que se estudiase la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para que vea cómo tiene que actuar cada uno. No sé qué principios de lealtad institucional tienen que ver aquí. En este caso de lo que se trata es de la aplicación de un hecho que pudiera ser o no delictivo en el que
actúan los órganos policiales y al final tiene su traslación a los juzgados. Este es el imperio de la ley que hemos establecido, salvo que ustedes tengan otra interpretación distinta y cuando hay un hecho delictivo que pudiera afectar a una
autoridad pública se da una situación de prevalencia y se establecen unas nuevas normas, al margen del derecho procesal que debe producirse. Me preocupa un poco lo que ustedes plantean. No sé si es que ustedes, en vez de utilizar determinados
nombres terminados en s, quieren que terminen en z. Yo no quiero ir más lejos. En este asunto, como en cualquier otro en que haya podido haber un delito de cualquier tipo, la justicia actúa independientemente.
Ya lo ha dicho el señor Gil Lázaro: la doctrina de este grupo con respecto a las comparecencias de los delegados del Gobierno es coherente con la que ustedes mantenían, pero añado que no se ha dado ni una sola razón para la comparecencia
del delegado del Gobierno sobre este asunto. Lo único que ustedes pretenden es, aunque no ha sabido justificarlo, por lo que no hay motivo para que cambiemos nuestra posición, forzar las cosas, en función de una estrategia y de unos problemas que
ustedes tienen. Los problemas los resuelve cada uno en su sitio, los problemas de los partidos y de los gobiernos se resuelven en los propios ámbitos. Para eso no está el Congreso de los Diputados, para eso no está esta Comisión. Sí están para
eso los mecanismos de control que se han establecido.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto del orden del día. (El señor De la Encina Ortega pide la palabra.) Señor de la Encina, el asunto está suficientemente debatido. Lo que estamos tratando es la
comparecencia o no del señor delegado del Gobierno, no un debate de fondo sobre circunstancias que puedan haber sucedido. Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, he sido aludido personalmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): No ha sido aludido, el debate se ha desarrollado de una determinada manera y cada una de las partes se ha manifestado con una gran libertad. Por tanto, no hay nuevo nada que decir.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Yo creo que sí. Si me permite la palabra un minuto...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): No hay razones para ello y vamos a abrir un debate que no es el objeto del orden del día de esta Comisión. Con respecto al objeto que se perseguía, saber si comparece o no el delegado del Gobierno
en Andalucía, ya se ha debatido suficientemente.
- SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL DELEGADO DE GOBIERNO DE MADRID, ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, PARA DAR CUENTA DE LOS PREOCUPANTES BROTES DE RACISMO Y XENOFOBIA QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN EL DISTRITO DE CANILLEJAS DE MADRID, Y DE
LAS ACTUACIONES QUE PIENSA TOMAR PARA FRENAR DICHA SITUACIÓN. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/000901)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos, al segundo punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Tiene
la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señorías, si bien firmaba la petición de comparecencia del delegado del Gobierno de Madrid, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no solamente era este grupo el que estaba de acuerdo con ella
como ya explicaré más adelante, sino que más colectivos la apoyaban.
Quiero recordar que allá por marzo del año 2000 hubo unos brotes de racismo y xenofobia muy graves en el barrio de Canillejas, brotes que aparecieron en todos los medios de comunicación. Afortunadamente fueron sofocados en aquel momento,
aunque no por ello dejaron de tener una gran gravedad, sobre todo cuando son alimentados por bandas e individuos que llevan el racismo, la xenofobia y el fascismo dentro de sí. Durante todo ese año 2000 hubo bastante tranquilidad, puesto que se
emplearon los medios y las formas necesarias para erradicar ese brote, pero a partir de 2001 empezaron a reproducirse diversos incidentes en el barrio de Canillejas, protagonizados por una banda organizada, llamada Juventudes de Canillejas, banda
que utiliza octavillas de tipo racista y xenófobo, con apología del terrorismo. En una de ellas se dice que no
condenan a ETA por matar. Dicen concretamente: 'No les condenamos por matar porque, aunque no lo creáis, sus víctimas son en la mayoría de los casos enemigos de las ideas por las que nosotros luchamos: políticos, policías y demás'. En
fin, una octavilla que hace apología del terrorismo, igual que otras en que hacen apología del racismo y la xenofobía. En una de ellas se dice: 'Racismo no tiene nada que ver con el odio o el desprecio a otras razas. El racismo es la aspiración,
la superación de nuestra raza. El racismo busca la conservación de nuestra raza y la superación de la misma. Pero esto no se conseguirá mientras los blancos vivamos en sociedades heterogéneas y mestizas'. Este tipo de octavillas se reparte con
total impunidad en el barrio de Canillejas.
Incluso tienen una página web, es decir, se puede acceder a los documentos de esta banda a través de una página web. Todos estos hechos han seguido siendo alimentados por pintadas en la asociación de
vecinos de Canillejas, en los locutorios donde los inmigrantes coinciden; ha sido reventada la cerradura de la verja de la Asociación de Vecinos y el buzón de Correos. Afortundamente, hasta el momento no tenemos que lamentar desgracias personales,
porque hasta ahora se están limitando a intimidar a los inmigrantes que residen en Canillejas y a las organizaciones, en este caso a la asociación de vecinos, que parece ser el blanco de esta banda. Estos hechos tuvieron su culminación el pasado
día 30 de enero, en una reunión que convoca la asociación de vecinos para denunciarlos. A esa reunión asisten todos los partidos políticos con representación institucional en la Comunidad de Madrid, es decir, Partido Popular, Partido Socialista e
Izquierda Unida. Se ponen de manifiesto todos estos problemas y todo el mundo coincide en la desidia con la que se están tratando, que, como he planteado antes, son graves e incluso el representante de la policía que estaba allí presente dice que
no se están tomando medidas especiales para erradicar estos problemas que se están dando. El propio representante de la policía dice que ellos solamente se limitan a intervenir cuando se les llama, cuando estas bandas tienen acorralados a algunos
inmigrantes, y a borrar las pintadas de tipo racista y xenófobo que se reiteran periódicamente, pero que no tienen órdenes de adoptar otras de medidas. Ante esta situación y ante la alarma social que están creando estas actividades en el barrio de
Canillejas, en esa reunión, donde había la representación que he mencionado antes, entre otras decisiones se toma la de que los grupos parlamentarios en el Congreso hagan la petición para que el delegado del Gobierno comparezca en la Comisión de
Interior del Congreso. Esa petición es apoyada por los partidos políticos allí presentes, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, y se decide que sea Izquierda Unida quien haga la petición, puesto que yo estaba allí presente. Esos
son los motivos por los que se pide esta comparecencia, motivos que obedecen a la alarma social que se está creando en el barrio de Canillejas, un barrio que tiene precedentes del año 2000 donde hubo un brote de racismo tremendo, un barrio que ve
cómo opera una banda juvenil donde muchos de sus individuos son identificados porque viven allí con total impunidad, y hasta tiene una página web. No hay que esperar a que se sucedan acontecimientos más graves y es necesario que el delegado del
Gobierno comparezca, en primer lugar, para saber si tiene conocimiento de estos hechos y si es así para ver qué medidas tiene pensado tomar para erradicar esta situación, porque no solamente nosotros, sino la sociedad organizada en Canillejas a
través de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, creen que es necesario tomar algún tipo de medidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervengo con toda brevedad para exponerle al señor Ruiz nuestra posición, que va a ser muy clara, porque va a incorporar una invitación. Nosotros vamos en votar en contra de la solicitud de comparecencia del delegado
del Gobierno en Madrid por las mismas razones que acabo de reiterar en relación con el punto anterior en cuanto a la jerarquía de control de las autoridades. La invitación que en este momento me permito hacerle al señor Ruiz es que hoy mismo
formalice la solicitud de comparecencia de la autoridad del Ministerio del Interior que estime pertinente, del director general de la Policía o del secretario de Estado de Seguridad, en relación con el fondo de este asunto y contará con el respaldo
inmediato de este grupo parlamentario para que cuanto antes se sustancie esa comparecencia. Quede sobradamente claro que nuestra negativa a la comparecencia del delegado del Gobierno lo es por coherencia con lo que viene siendo una norma
consuetudinaria desde hace muchísimo tiempo en el ámbito de esta Comisión, desde hace muchísimo, no desde los últimos seis años, sino desde los últimos veinte años. Al mismo tiempo, quiero dejar claro que en los términos en que el Grupo Federal de
Izquierda Unida formalice esa comparecencia de control de la autoridad correspondiente del Ministerio del Interior, que por las razones de fondo que ha expresado el señor Ruiz podría ser el director general de la Policía, nosotros apoyaremos
inmediatamente que se sustancie esa comparecencia. ¿Por qué? Porque todos los grupos políticos de esta Cámara, y desde luego el Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades y el Grupo Parlamentario Popular como grupo parlamentario que
sostiene y apoya al Gobierno, nos encontramos reconocidos en un patrimonio común de lucha contra el racismo, contra la xenofobia, contra aquellos grupos, afortunadamente minúsculos y minoritarios, que en el ámbito de la sociedad española tratan de
sembrar ese mensaje.
Quiero decirle al señor Ruiz, en relación con el planteamiento que ha hecho, que hay un concepto que no podemos compartir, el de desidia. No hay desidia. Como el señor Ruiz sabe o debiera saber en el ámbito de todas las jefaturas
superiores de Policía existe un grupo policial de trabajo específico precisamente encaminado a luchar contra estos grupos de naturaleza fascista o parafascista que vertebran toda su acción violenta sobre la base de mensajes y actuaciones de signo
racista y xenófobo. Existe una preocupación importante en términos de investigación y de prevención que se completa después a pie de calle con los servicios ordinarios correspondientes en materia de seguridad ciudadana. Quiero invitarle
cortésmente a que revise las cifras porque en los últimos años, como consecuencia de la acción de trabajo de esos grupos en el ámbito de cada una de las demarcaciones policiales, se ha producido un importante número de desarticulaciones de este tipo
de grupos que tratan de manejar y de articular un mensaje siempre violento de signo racista y xenófobo.
Todos estamos en una misma empresa común, vinculados activamente a esta lucha contra este tipo de grupos y, por tanto, reitero -y con esto
finalizo mi intervención- la invitación que en nombre del Grupo Parlamentario Popular me permito hacerle al señor Ruiz en cuanto a la formalización inmediata de una solicitud de comparecencia de la autoridad que se estime del Ministerio del Interior
para poder hablar de esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Terminado el orden del día, y estando prevista la votación a las doce y media, suspende la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación de los asuntos que figuran en el orden del día de hoy.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley para la puesta en marcha de un plan policial de choque contra la delincuencia en la Costa del Sol.
El señor GIL LÁZARO: Conforme habíamos anunciado a lo largo del debate, ofrecemos una enmienda transaccional que diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando y reforzando las acciones especiales contra la
delincuencia en la Costa del Sol, proveyendo los medios personales y materiales precisos, especialmente en lo que concierne a la dotación de plantillas.
La señora PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, sintiéndolo mucho y viendo el enorme esfuerzo que hace el Partido Popular por alcanzar un consenso en este tema, vemos que se reitera una vez más una teoría que ya el año pasado se
reiteró bastante, nosotros la consideramos ya muy añeja.
No vamos a resolver nada con la aceptación de esa enmienda. Sintiéndolo mucho y de todo corazón, nos veremos obligados a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar la proposición no de ley a que antes me he referido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley que figura con el número II del orden del día, sobre la adopción de las medidas necesarias para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen las funciones de protección y vigilancia exterior en
los centros de internamiento de menores.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley que figura con el número III del orden del día, relativa a la seguridad ciudadana en la Vega Baja de Alicante.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, también como habíamos anunciado en el curso del debate, estamos en situación de ofrecer una enmienda transaccional que diga: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar desarrollando
las acciones puestas en marcha de naturaleza presupuestaria y operativa, a fin de reforzar las plantillas, infraestructuras y dotaciones policiales que prestan servicio en la comarca de la Vega Baja del Segura, a los efectos de seguir mejorando los
índices generales de seguridad ciudadana en aquélla'.
Por si algún portavoz tuviera esa duda, no es la misma que hemos ofrecido en la proposición no de ley anterior.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: No es la misma pero es casi igual, señor Gil Lázaro, y es más de lo mismo. Creo que el Partido Popular se reitera una vez más en soluciones de carácter puramente literario van a causar enorme insatisfacción
precisamente en la tierra del señor portavoz del Partido Popular. Pero ¡allá películas!, como dicen los paisanos de mi pueblo.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto V del orden del día, que se refiere a la solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía ante la Comisión de Justicia e Interior, para que explique su grado de participación en la trama en la que se ha
pretendido implicar al presidente de la Junta de Andalucía en un supuesto caso de espionaje.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto VI del orden del día, solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno de Madrid ante la Comisión de Justicia e Interior para dar cuenta de los preocupantes brotes de racismo y xenofobia que se están produciendo en el
distrito de Canillejas de Madrid y de las actuaciones que piensa tomar para frenar dicha situación.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, aunque no cabe una enmienda transaccional técnicamente, en este momento queremos reiterar el compromiso que hemos expresado al señor Ruiz en cuanto a la autoridad compareciente y al fondo del asunto.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.