Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 410, de 06/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 410
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 6 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- Relativa al cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de fomento de las energías renovables. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000036.) ... (Página 13330)
- Para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000039.) ... (Página 13333)
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a reducir los índices de rendimiento neto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) aplicables a las actividades agrarias que se han visto afectadas por los temporales producidos los días
10 y 18 de noviembre de 2001. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió). (Número de expediente 1161/001118.) ... (Página 13337)
- Relativa a la cesión a los municipios de Argullana, Castell d'Aro, Colera, La Vall d'en Bas, San Joan les Fonts, Santa Coloma de Farners, Tossa i Vidreres, de la titularidad de los edificios de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000127.) ... (Página 13340)
- Sobre descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Lleida. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000354.) ... (Página 13344)
- Sobre descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Segovia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000387.) ... (Página 13344)
- Sobre modificación de la ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000030.) ...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PLAN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 158/000036)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
En primer lugar, deseo decir a SS.SS que las votaciones no se llevarán a cabo antes de la una y media. Si termináramos antes fijaríamos esa hora como mínimo.
Pasamos al debate del primer punto del orden del día, que es la solicitud de creación de la subcomisión relativa al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley después de innumerables iniciativas parlamentarias anteriores sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan de Fomento de las Energías
Renovables que el Gobierno aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros en diciembre del año 1999.
En los debates que en esta legislatura hemos tenido ocasión de celebrar tanto en Comisión como en Pleno sobre el Plan de Fomento de las Energías Renovables la conclusión que he podido sacar es que este plan va a menos y que las únicas
propuestas que se han aprobado tanto en Pleno como en Comisión han sido un verdadero contrasentido porque han sido las que el Partido Popular ha presentado para instar a su propio Gobierno a que cumpla los acuerdos de Consejo de Ministros. Aparte
de estas iniciativas, en las respuestas que el Gobierno nos ha dado por escrito a cantidad de preguntas que ha hecho el Grupo Socialista hemos recibido bastantes evasivas respecto a lo que sería una valoración por parte del Gobierno sobre el
cumplimiento de los objetivos del plan. Me voy a referir nada más a tres. Por ejemplo,en cuanto al cumplimiento de la limitación de las emisiones contaminantes a la atmósfera, concretamente el Gobierno nos respondió que hasta el año 2008 no tiene
ningún compromiso de cumplimiento con los objetivos de Kioto. Respecto a la valoración de cómo se está ejecutando el Plan de Fomento de las Energías Renovables, el Gobierno nos ha manifestado por escrito que hasta el año 2004 no tiene por qué hacer
ninguna evaluación. En la última respuesta, la más reciente, que a finales de año nos dio el Gobierno sobre el tema de los biocombustibles, después de explicitar todas las actuaciones que se han hecho por parte de cada uno de los ministerios,
simplemente acaba diciendo que, por el momento -estamos hablando de finales de octubre del año 2001-, es prematuro enumerar medidas concretas a aplicar a las diversas propuestas contenidas en las conclusiones del estudio sobre biocombustibles; es
decir, las respuestas que hemos recibido son absolutamente evasivas sobre un análisis del cumplimiento de esos objetivos. Hay más información. El IDAE, en su último boletín publicado en octubre del año pasado, hacía un repaso de cómo estaban las
distintas tecnologías de energías renovables y cómo habían cumplido en el ejercicio del año 2000 los objetivos que tienen asignados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Como conclusión se reflejan los siguientes datos. Por lo que se
refiere a la eólica, en el año 2000 se ha cumplido un 10 por ciento de los objetivos del plan. Yo creo que es la única tecnología que tiene una ejecución acorde con los objetivos que se plantearon inicialmente en el Plan de Fomento de las
Energías Renovables hasta el año 2010. La solar térmica, frente a un objetivo de más de 4 millones de metros cuadrados de paneles solares, en el año 2000 solamente se han puesto en marcha 36.000 metros cuadrados, mientras Alemania
concretamente ha superado con creces los 600.000 metros cuadrados. Se ha cumplido en la solar térmica solamente el 0,8 por ciento de los objetivos del plan. En la fotovoltaica se ha cumplido el 1,9 por ciento de los objetivos del plan, en la
biomasa el 0,8 por ciento y en la solar termoeléctrica el resultado es un cero por ciento, es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Realmente entre 1998 y 2000, que son los años de vigencia del Plan de Fomento de las Energías Renovables, el
consumo de éstas en cuanto a energía primaria se refiere aumenta una décima por año, es decir, que para cumplir los objetivos del plan necesitaremos por lo menos cerca de 100 años. Esto está confirmado por las opiniones del sector de las energías
renovables. Al finalizar el año 2001, concretamente la asociación de productores de energías renovables ya manifestó claramente que, al ritmo que llevábamos, no se podrían cumplir las previsiones de dicho plan si no había decisiones más claras por
parte del Gobierno.
¿Qué es lo que ha pasado para que no se hayan cumplido ni siquiera los acuerdos que se han tomado en el Pleno del Congreso de los Diputados al finalizar el año 2000 y el año 2001? Ha habido acuerdos para exigir el cumplimiento de los
objetivos del plan, pero prácticamente no se ha hecho nada o no se ha notado ningún efecto. En la comparecencia que tuvo en la Comisión Mixta de la Unión Europea la vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Loyola de Palacio habló de
voluntarismo respecto al apoyo a las energías renovables, voluntarismo que refleja algo más grave en el caso español y es que el Gobierno carece de una política energética y eso lo están sufriendo fundamentalmente las energías renovables. Creo que
hay también un fracaso de las medidas liberalizadoras que planteó el Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Queremos plantear claramente que en el caso de las energías renovables hay que abandonar ese voluntarismo que no conduce a nada y
sustituirlo por una voluntad política real de promover las energías renovables. Además ha habido cambios en el escenario que se diseñó en el año 1998 cuando se elaboró el Plan de Fomento de las Energías Renovables. La evolución de la oferta y la
demanda -está en los periódicos- se ha disparado y creemos que se deben de hacer cambios en los escenarios que se diseñaron en el año 1998 y se acordaron en el plan de fomento. Ha habido otros errores en la liberalización del sector energético que
nos hacen dudar y preguntarnos quién toma realmente las decisiones de política energética. Repito, cuando vino la vicepresidenta de la Comisión Europea fue ella la que dijo que había que promover la energía nuclear; la nueva presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear habla de política energética; le hemos preguntado al vicepresidente y ministro de Economía, señor Rato, en el Pleno del Congreso y dice que todas las decisiones a este respecto corresponden a la iniciativa privada, puesto que
se trata de un mercado liberalizado, y sin embargo ahora vemos cómo el Gobierno quiere investigar el uso del agua por parte de las compañías eléctricas en la generación de energía hidroeléctrica, que es precisamente una tecnología renovable.
Nosotros creemos que el Gobierno debe de decidir algo, no debe dejarlo todo a la libre iniciativa privada, debe decidir sobre todo una política energética. Insistimos una vez más en el error que ha supuesto la desaparición del ministerio de
Industria, sobre todo para el fomento de las energías renovables, que se han constituido en un verdadero barullo administrativo repartido en más de cinco ministerios. A estas alturas y desde el año 1998 se ha incrementado notablemente la
dependencia energética de España, se han incrementado las emisiones a la atmósfera y cuando el Gobierno dice que va a presentar al Parlamento la ratificación del Tratado de Kioto no dice cómo va a cumplir esos compromisos; solamente se ha hablado,
incluso hasta por la propia CEOE, de que la energía nuclear va a ser la solución para cumplir ese compromiso de Kioto.
En cuanto a I + D + I -innovación, investigación y desarrollo- el balance también es negativo. Han desaparecido los recursos que, vía tarifas, se destinaban al programa de investigación electrónica. En el Plan Nacional de Investigación
2000-2003 solamente se dedica un 1 por ciento a energía y las empresas privadas aún dedican menos esfuerzo a investigación en este campo.
En política europea también hay otros elementos cuyos efectos se deben de analizar de cara al fomento de las energías renovables. Me refiero concretamente a la Directiva sobre fomento y producción de las fuentes de energías renovables, al
Libro Verde sobre seguridad de abastecimiento energético, a las propuestas que la presidencia europea, ahora española, está planteando sobre liberalización de los mercados energéticos y sobre las interconexiones. Hay que evaluar los efectos que
esto va a tener en España, pero sobre todo y fundamentalmente lo que más preocupa ahora son los programas de gestión de la demanda, que el Gobierno ha abandonado absolutamente -ha desaparecido la única financiación que existía vía tarifa para estos
programas-. Todo lo que se habla en el libro verde y en la Comisión Europea sobre programas de ahorro y eficiencia no tiene una traducción concreta en política ni en decisiones de política energética en el Gobierno español. En esa directiva sobre
energías renovables de la Comisión Europea a la que antes me refería se dice que en un espacio de cuatro años habrá que tomar decisiones importantes sobre las primas a las mismas. Precisamente en España este año tendremos que estudiar lo que se
hace con respecto a lo que el Plan de Fomento de Energías Renovables establece referido a la redistribución
de las primas a las energías renovables. En el mes de diciembre, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuvimos ocasión de realizar, invitados por el Gobierno de Navarra, una visita a todas las instalaciones que el mismo y la empresa EHN
tienen sobre energías renovables y pudimos comprobar algo realmente sorprendente y es que la biomasa y la energía solar, hoy por hoy, son fuentes de energía alternativa no rentables. Se están haciendo inversiones muy importantes en Navarra, tanto
en energía solar fotovoltaica como en biomasa, que no son rentables, y nos lo decían los propios empresarios: estamos haciendo esto a sabiendas de que estamos perdiendo dinero; y estaban reclamando esa reordenación de primas sobre todo en lo que
respecta a la biomasa y todo ello se ha hecho a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero estamos discutiendo de energías renovables tanto en la Comisión de Economía como en otras comisiones de este Congreso porque no hay una verdadera
política del Gobierno que coordine y armonice las medidas correspondientes. Ayer mismo tuve ocasión dereunirme con representantes de bastantes comunidades autónomas y el IDAE sacó el mes pasado un boletín muy interesante sobre iniciativas
prioritarias del Plan de Fomento de las Energías Renovables, en cuya página 17 se puede comprobar cómo las comunidades autónomas han presentado innumerables iniciativas de política energética, no sólo en renovables sino en general, en cada uno de
los territorios de las comunidades autónomas. Puedo citar por ejemplo el Plan Energético de Andalucía, el Plan Energético de Aragón, el Plan de evacuación de energías de régimen especial de Aragón, el Plan de energía de Cataluña hasta el año 2010,
el Plan energético de Navarra, el Plan de estrategia energética de Euskadi hasta el año 2005 o el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que este es otro ejemplo claro de que las comunidades autónomas son
más sensibles y conscientes de sus problemas energéticos, de cara al presente y al futuro, y de que, en esta ocasión, como en otros temas, van por delante del Gobierno.
Finalmente, uno de los objetivos que nos gustaría conseguir con los trabajos de esta subcomisión es que se considere de una vez por todas las fuentes de energía renovables no como un elemento testimonial de nuestra política energética, sino
que debe integrarse en la política y estrategia energética y en la estrategia energética de España como un elemento fundamental de nuestro futuro. También queremos resaltar que las energías renovables forman parte de un sector económico creciente e
importante que crea riqueza y empleo y que debe integrarse de manera definitiva e intensa en nuestro sistema de innovación y de investigación y desarrollo; que es un sector fundamental para conseguir los objetivos de diversificación energética y de
seguridad de abastecimiento energético, que es una de las motivaciones fundamentales de los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables y de todas las iniciativas que está llevando a cabo la Comisión Europea. Creo que en esta Comisión
se tendría que acabar con algunas mentiras que se han planteado recientemente en los medios de comunicación; incluso la Comisión Nacional de la Energía ha dado pie a ello al decir poco menos que la energía eólica era la causante de los apagones o
que debería carecer de primas cuando en nuestra opinión se trata de errores de la política de liberalización del Gobierno del Partido Popular y de la falta de una planificación energética que estudie la evolución y la redistribución de las primas y
las necesidades de evacuación de esa energía eólica y de esas energías renovables que deben integrarse dentro de ese sistema o estrategia energética. Creemos que se debe estudiar esa reordenación de las ayudas a las energías renovables,
fundamentalmente a la biomasa y a la energía solar, y que en definitiva hace falta una política energética que modifique los factores de la misma de una vez por todas. Hay una plan del Gobierno, el Plan de Fomento de las Energías Renovables, que no
se está cumpliendo. Presentamos esta proposición no de ley porque creemos que se han modificado los escenarios que se contemplaban en ese plan desde el año 1998 y es necesario hacer una valoración y un análisis de cómo se están cumpliendo los
objetivos de ese plan, qué problemas y barreras hay que eliminar y que se adopten las resoluciones necesarias y oportunas en la Comisión de Economía para que se cumplan los objetivos.
El señor PRESIDENTE: De los restantes grupos, ¿quién desea intervenir? (Pausa)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, la opinión del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ante la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una subcomisión en el seno de la
Comisión de Economía con el objetivo de analizar y evaluar fundamentalmente el grado de desarrollo y cumplimiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables, de acuerdo con la aprobación del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 1999, es
que se trata de una buena iniciativa a fin de poder analizar en qué medida afecta a estos escenarios la evolución que se marcó en aquel momento y poder adoptar todas aquellas medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos para impulsar el
desarrollo de las energías renovables.
Pensamos que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista coincide en parte o en su totalidad con la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de crear, en el seno de la Comisión de
Economía, una subcomisión que se dedique básicamente a estudiar y promover todas aquellas medidas legislativas necesarias para una correcta planificación y desarrollo en las redes del
transporte eléctrico y gasístico. Creemos sinceramente que las dos iniciativas son posibles y con ello contribuiríamos a fomentar el uso de las energías alternativas en el caso de que los grupos mayoritarios de la Cámara se pusieran de
acuerdo en unificar los criterios para poder analizar, solamente en una subcomisión, las dos propuestas planteadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto la posición de Convergència i Unió
va a ser la de votar favorablemente las dos propuestas de creación de subcomisión, en el bien entendido que sería bueno que los dos grupos pudieran unificar estas dos propuestas en una sola subcomisión, a fin de tener un trabajo más racional y
presentable al efecto de conseguir los objetivos propuestos por las dos iniciativas parlamentarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señorías, para argumentar la posición contraria del Grupo Parlamentario Popular a la iniciativa que debatimos tengo que referirme, si bien brevemente, pues ya lo hará con mayor extensión y claridad nuestro
compañero don Luis Gámir a continuación, a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular de crear una subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas y tengo que hacerlo simple y llanamente porque nos parece que ese es el mejor
instrumento para conseguir los objetivos que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece que las energías renovables no deben seguir siendo vistas como un ámbito particular dentro del energético, un ámbito que, en cuanto particular,
tiene una cierta carga de anécdota, sino que debe contemplarse dentro de la política energética general y, por tanto, es en esa subcomisión donde debe tener cabida. Me parece que tampoco tengo que esforzarme mucho en explicar esto porque el propio
portavoz socialista ha dicho textualmente, cuando estaba hablando de los objetivos que perseguían con la subcomisión, que hay que terminar con el hecho de que las energías renovables sean un elemento testimonial y que deben integrarse en la política
energética. Pues bien, eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario Popular y, sobre la base de ese argumento consideramos que no es necesaria una subcomisión para un tema concreto cuando vamos a tener una subcomisión que aborde el sector en
su totalidad. Somos partidarios de que el Parlamento haga un seguimiento de la política energética española, pero no desde la perspectiva parcial de unos planes en concreto, sino, tal y como recogen las leyes de regulación de los mercados
energéticos en España, desde una perspectiva general, tratando el tema energético como un conjunto de objetivos a conseguir simultáneamente y no como el resultado de debates parciales que en nada beneficiarían a los objetivos que hay que conseguir
verdaderamente, como son la calidad ambiental, el autoabastecimiento o la diversificación energética, sin olvidar, que no lo olvidamos, señor García Breva, el de la gestión de la demanda.
En cuanto a otras consideraciones que hemos oído y que creemos que no tienen mucho que ver con el fondo del asunto que ahora debatimos, que es si vamos o no a crear esa subcomisión, quiero decir que afortunadamente los hechos tienen partida
de nacimiento, que la Ley del Sector Eléctrico es del año 1997, que el Plan de Fomento de las Energías Renovables es del año 1999 y que son las dos grandes apuestas para el desarrollo de las energías alternativas en nuestro país, años 1997 y 1999, y
no antes, y ahí está verdaderamente la voluntad política; esa voluntad política no se expresó antes de ninguna manera. No digo que no la hubiera, pero probablemente no lograron la fórmula para llevarla al papel, que es al final lo que importa.
Por tanto, que nadie dude que el Grupo Parlamentario Popular está también detrás de la bandera del desarrollo de las energías renovables, unos lo hacemos con mayor realismo, otros lo hacen desde el voluntarismo, pero ahí estamos todos. Sí quiero
decir finalmente que si votamos en contra de la creación de esa subcomisión es porque vamos a votar a favor de la subcomisión del seguimiento de las infraestructuras energéticas, como todo el mundo sabrá, en cuanto que somos autores de la misma.
- PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000039)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día relativo a la solicitud de creación de la subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra en
su nombre el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, creo que es innecesario destacar el carácter estratégico y la especial importancia del sector energético y, dentro de él, del sector eléctrico y gasístico, pero no solamente de estos dos
subsectores. Es necesario destacar también la importancia de la oferta -posteriormente me referiré más ampliamente-, en cuanto a su cantidad, calidad, potencia instalada, competencia entre los diversos tipos de oferta y entre las diversas empresas
que la realizan; la demanda, su evolución, su crecimiento, el grado en que va a disminuir el ritmo de crecimiento, la liberalización del sector, que va a tener lugar desde la demanda en el año 2003, respecto de la cual ya se han dado pasos
importantes, al respecto y, al mismo tiempo, la re-regulación desde la oferta al mismo tiempo que se hace la liberalización. Hay otros
aspectos de la re-regulación desde la oferta, por ejemplo relacionados con el derecho de la competencia, pero aquí nos vamos a fijar especialmente en uno de ellos y es que la re-regulación desde la oferta incluye la planificación que está
recogida en la Ley de 1997, en la Ley de 1998 y en el Real Decreto 1955/2000. Creo que los conocimientos de esta Comisión son excesivos y sobrantes para que me ponga ahora a detallar los artículos que en cada una de las leyes hacen mención a la
planificación, sea gasística o sea relacionada con el sector eléctrico, en qué casos es indicativa y en qué casos es obligatoria, etcétera; todo ello lo conocen perfectamente SS.SS., aparte de que está en el texto de la ley. Por tanto me remito a
lo ya dicho en ese caso. Ahora bien, sí estimo oportuno que se establezca un principio de colaboración en este caso entre lo que podríamos llamar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en este caso en el seno de esta Comisión realizando un
trabajo a través de una subcomisión especializada en este tema.
Ocurre lo siguiente. Esta planificación a la que he hecho referencia va a ser realizada por el Gobierno, a propuesta del ministerio de Economía, con la participación de las comunidades autónomas y sometida al Congreso de los Diputados. Si
esto es así, es positivo que vayamos trabajando juntos en su preparación, porque de esta forma habrá un mayor grado si no de acercamiento, sí de conocimiento de las posturas diversas y de las aportaciones de los diversos grupos, y al final lo que
buscaremos todos es que el sector energético funcione mejor en España, que me figuro que es el objetivo último de todos los diputados. Por esa razón de que el tema va a venir al Parlamento, mientras tanto creemos que sería muy útil esta
Subcomisión, que tiene como objetivo dos temas básicos, el primero efectuar el seguimiento de la situación actual, de las previsiones de cobertura de la demanda, de las necesidades mínimas de desarrollo de las ofertas e infraestructuras eléctricas y
gasísticas, con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda en condiciones adecuadas de seguridad y calidad, y se deberá conocer y analizar las propuestas de los distintos agentes implicados en el desarrollo futuro de las infraestructuras
energéticas. Además, esta subcomisión deberá proponer -si lo estima oportuno- un conjunto de medidas de carácter administrativo, fiscal y financiero al objeto de crear un ámbito específico favorable al desarrollo de las redes de transporte
energético con el surgimiento y consolidación de empresas y proyectos e iniciativas empresariales. Como es lógico, esto incluye las energías renovables, el ciclo combinado, la energía hidráulica, etcétera. No parecería muy coherente crear una
subcomisión para cada una de ellas, sino una subcomisión en la que se presente todo este campo desde el punto de vista del seguimiento de las infraestructuras y de las propuestas.
Para la realización de estos trabajos la subcomisión que planteamos podría estar formada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara; dos representantes por cada uno de los grupos
con más de diez y un representante por cada uno de los grupos restantes. Para la realización de sus trabajos la subcomisión recabará la información y documentación que se presente desde las administraciones públicas competentes o de cualquier otra
entidad privada u organismo público que se considere conveniente, pero también se solicitará la comparecencia de representantes especializados de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas, operadores de los sistemas
eléctricos y gasísticos, entidades públicas, entidades sociales, asociaciones empresariales y consumidores energéticos, que permitan a la subcomisión evaluar globalmente las posibles medidas a plantear. La realización de los trabajos de la
subcomisión se efectuará a través de un primer documento de planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista, que será elaborado por el ministerio de Economía, y sus conclusiones se elevarían para su conocimiento y debate,
en su caso, a esta Comisión de Economía y Hacienda. Se trata de una propuesta de colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esta subcomisión va a tener unas misiones muy especiales, tanto de seguimiento en el campo de las
infraestructuras como de propuesta al respecto, con lo cual se imbrica precisamente la actuación de ambos poderes.
Termino mi intervención con una frase que ya he pronunciado a lo largo de esta intervención y que es la que querría destacar. Hemos sido elegidos parlamentarios, ha sido elegido un Gobierno y una de las principales misiones que tienen es
que las cosas funcionen mejor, en este caso el proceso energético, eléctrico y del gas. Si con el apoyo de todos consideramos que funcionamos mejor -que estoy seguro que es lo que buscamos-, habremos conseguido aquello para lo que hemos sido
elegidos por elección directa o indirecta y esta forma de satisfacer mejor los deseos y las necesidades de la sociedad española es la que se busca y uno de esos instrumentos es esta subcomisión. Por ello pedimos el voto favorable para la creación
de la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: A esta proposición de creación de una subcomisión por parte del Grupo Popular hemos presentado una serie de enmiendas que defenderé y explicaré, pero en primer lugar quisiera hacer algunos comentarios de
tipo general. Mi grupo estaría de acuerdo en que hubiera una única Subcomisión porque creemos que debe haber una visión global y general de la planificación energética, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular.
Partiendo de esta base, lo que queremos destacar es que si nosotros hemos presentado la proposición para crear una subcomisión en lo relativo a energías renovables, es porque en este caso existía un plan presentado por el Gobierno, como es
su obligación, según dice la ley. Habiendo un plan, creíamos que se podía crear una subcomisión para debatirlo, para presentar las iniciativas y para determinar cómo ven el plan los distintos sectores y los afectados, y por tanto creíamos que era
efectiva la creación de esta subcomisión. Si no se ha presentado un plan para la creación de una subcomisión para el estudio de la planificación energética, es porque ésta no existe. Efectivamente, la Ley del Sector Eléctrico es del año 1997 y la
Ley del Sector de Hidrocarburos es del año 1998, y ambas, en su artículo 4, obligan al Gobierno a presentar la planificación del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos. Por tanto, consideramos que lo primordial para la puesta en marcha de
una subcomisión es que el Gobierno cumpla con sus obligaciones. No se trata de evitar un principio de colaboración sino, todo lo contrario, se trata de que cada uno haga sus deberes y cumpla con sus obligaciones. Nosotros estamos dispuestos a
colaborar con el Gobierno cuando éste cumpla lo que dice en las leyes que él mismo aprueba y promueve, leyes en las que, como bien conocen todos los diputados que están en esta sala, este grupo no estuvo de acuerdo. Por tanto, que vaya por delante
nuestro interés en colaborar, en participar en esa subcomisión y en conocer la planificación global del sector energético, máxime en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, que afecta a millones de usuarios y ciudadanos con
apagones y restricciones eléctricas. Hay un montón de usuarios que están afectados, no hay calidad en el suministro eléctrico, y nosotros estamos convencidos de que esto se debe precisamente a la falta de previsión y planificación y a la falta de
cumplimiento del Gobierno de los deberes que tenía que haber hecho. De 1997 a 2001 han pasado cuatro años, y el Gobierno ha sido incapaz de presentar en esta Cámara la planificación energética. Cuando la presenten, nosotros estaremos de acuerdo en
colaborar. Ahora bien, ¿en qué condiciones queremos colaborar? A eso se refieren las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario relativas a la creación de la subcomisión, enmiendas que han ido en el sentido de que la subcomisión de la
Comisión de Economía y Hacienda no debe circunscribirse única y exclusivamente al seguimiento de las infraestructuras energéticas, sino que debe dedicarse, como bien han dicho los portavoces del Grupo Popular en su intervención, y constará en el
'Diario de Sesiones', al seguimiento de la planificación energética, que es el cumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos. Por tanto, creemos que, empezando por el nombre de la subcomisión, habría que presentar
una enmienda en el sentido de que no es una subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, sino que debería ser una subcomisión para el seguimiento de la planificación energética. Esta sería la primera enmienda que
plantearíamos, y la segunda enmienda se referiría a lo que he dicho en mi explicación anterior, que es que antes de iniciar los trabajos de la subcomisión, se debería conocer la posición del Gobierno, que es el que tiene capacidad para enviar a esta
Cámara -porque lo que está claro es que nosotros no tenemos los medios para conocer cuál es la demanda energética- su plan energético, como bien dice el artículo 4, en el que explique cuál va a ser la demanda de energía, cuál va a ser la potencia
mínima exigida para que haya una garantía en el suministro, que es el problema que hay ahora con los apagones, cuáles deben ser las instalaciones de transporte y distribución, las infraestructuras energéticas, que es una parte, cuáles deben ser las
líneas de actuación para que haya mejoras en la calidad del suministro, y algo muy importante que también ha dicho el señor Souvirón, que son las medidas de eficiencia y ahorro energético, porque estamos hablando de eficiencia y ahorro energético y
resulta que no hay ninguna medida para afrontarlo.
Por tanto, resumiendo, cuando el Gobierno presente en esta Cámara su plan, que creemos que debe ser presentado por el Gobierno en Comisión, no en la subcomisión, y debatido para que la subcomisión pueda iniciar sus trabajos, nosotros
estaremos de acuerdo en entrar a trabajar en la subcomisión. Así pues, presentación del plan por el Gobierno, debate inicial del plan, y luego puede empezar a trabajar la subcomisión conociendo las aportaciones a dicho plan de los distintos
sectores, de los afectados y de los usuarios, e incluimos también a las administraciones públicas, porque en una planificación energética a un plazo de diez años también nos interesa conocer las opiniones de las comunidades autónomas, como
afectadas, cuando además deben ser consultadas, como dicen la Ley del Sector Eléctrico y la Ley del Sector de Hidrocarburos, máxime cuando hablamos de infraestructuras en las que en algunos casos tienen competencias las comunidades autónomas en caso
de autorización. Consideramos, pues, que debe haber un debate en subcomisión, debate que aceptamos y en el que estamos encantados de poder colaborar, y queremos que las administraciones públicas, en términos generales, también puedan hacerlo.
Otra enmienda que presentamos a esta subcomisión, precisamente por el interés del debate, se refiere a que funcione abierta a la luz pública.
Creemos que la subcomisión, al menos en su trámite de comparecencias, debe ser abierta porque al
fin y al cabo no es más que una subcomisión de la Comisión de Economía y Hacienda. Lo pedimos simplemente por agilizar el trabajo, porque esta es una Comisión que tiene exceso de trabajo al recogerse en ella gran parte de la gestión del Gobierno
con los antiguos ministerios de Economía, Hacienda e Industria. Por agilizar y para que las cosas funcionen mejor, se plantea el trabajo en subcomisión,
pero creemos que las comparecencias tanto de los sectores implicados en el tema como de los afectados consumidores y usuarios y de las comunidades autónomas son de interés público y por tanto no tienen por qué realizarse al margen de la luz
pública. Otra cosa son las sesiones de trabajo a la hora de elaborar el informe, que no tenemos ningún inconveniente en que sean cerradas, pero queremos que las comparecencias sean públicas. Sé que se me va a decir que el hecho de que las
subcomisiones sean públicas es desnaturalizarlas, pero yo creo que nuestro lema es luz y taquígrafos y no tiene por qué ser una desnaturalización, cuando además la norma que regula las subcomisiones, que es una resolución de la presidencia del
Congreso de 26 de junio de 1996, establece en su punto tercero que la Comisión, cuando se va a crear una subcomisión -me estoy refiriendo por tanto a la Comisión de Economía y Hacienda-, en su propuesta de creación someterá a la aprobación del Pleno
la composición, las reglas de organización y funcionamiento y el plazo de finalización de los trabajos de la subcomisión, o sea que la Comisión es autónoma para presentar estos extremos al Pleno del Congreso. En el supuesto de que alguno de estos
extremos no quede resuelto expresamente, la composición y reglas de la subcomisión se ajustarán a lo dispuesto en la Cámara para las ponencias y el plazo de sus trabajos será de seis meses desde el acuerdo de creación.
Por tanto, nada impide a esta
Comisión establecer las reglas de funcionamiento, es decir, nada impide a esta Comisión establecer que las sesiones de la subcomisión puedan estar abiertas a la opinión pública. Si algo impide que la subcomisión sea abierta es la voluntad política
del partido mayoritario, y quiero que quede bien claro que es la voluntad política del partido mayoritario la que impide que esta subcomisión pueda funcionar con el consenso de la Cámara y con claridad hacia la opinión pública, hacia los sectores
implicados, hacia los consumidores y usuarios y hacia las administraciones públicas. Quiero que quede clara cuál es la voluntad que ha llevado al Partido Socialista a plantear estas enmiendas y por qué, si no se admiten estas enmiendas no podemos
participar en la creación de esta subcomisión, que, realmente, sería una mascarada. La creación de la subcomisión supone retirar de la Comisión de Economía y Hacienda un tema que en estos momentos es fundamental para la sociedad española;
retirarlo de la luz pública que supone la Comisión del Congreso para encerrarlo en una subcomisión, de la que no se conocería ningún debate y que prepararía un informe. Yo la denomino una subcomisión de entretenimiento; una subcomisión de
entretenimiento de la oposición y para echar balones fuera del debate público de esta Comisión. Por tanto, aunque estemos en carnaval, mi grupo, en estos momentos y en esta Cámara, no quiere hacer ninguna mascarada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gámir, para pronunciarse en relación a las enmiendas.
El señor GÁMIR CASARES: Por lo dicho en la última intervención, parece que se está de acuerdo en la lógica de que el Plan de Fomento de las Energías Renovables se estudie dentro de la subcomisión, por lo que dejo ese tema aparte. Parece
también, y no es el momento de entrar a fondo, que hay discrepancia de opiniones sobre cómo funcionan oferta y demanda. Yo podría remitirme a que los índices de calidad y de interrumpibilidad de los tres últimos años son claramente superiores a la
media de esos índices durante la época de gobierno del PSOE, pero creo que es precisamente la subcomisión la que debe estudiar eso. Por tanto, a ese comentario de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista simplemente diré que sea la
subcomisión la que estudie este asunto en profundidad.
Al hilo de lo que acabo de decir quiero aclarar que, cuando me refiero a miembros de otros partidos o de mi propio partido, lo hago siempre sin ninguna acritud y con el máximo respeto. Uno de los parlamentarios del Grupo Parlamentario
Socialista que más respeto en esta Cámara, y con el que estoy en máximo desacuerdo dentro del respeto, dijo una vez que Montesquieu había muerto. Yo creo que Montesquieu no ha muerto, que lo que pasa es que la teoría de la separación de poderes
expresada así se ha desarrollado después, en la teoría política actual, y no me voy a remitir a todo lo que se ha dicho al respecto, a través de la separación con la colaboración de poderes, de la independencia con la interdependencia de poderes.
Es precisamente desde la colaboración de poderes, y sin que Montesquieu haya muerto, en absoluto, desde donde se plantea una colaboración de poderes en los temas de seguimiento de las infraestructuras y en las propuestas. En ese sentido, esperamos
una colaboración de los grupos parlamentarios para que haya esa auténtica colaboración de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Si el Gobierno tiene que mandar un plan, le será muy útil conocer todas estas propuestas que vamos a hacer antes
de mandar el plan; habrá mucha mayor conjunción de voluntades al respecto, habrá mucha mayor coordinación, que es lo que debe, quiere y puede existir. Es mucho mejor para el Parlamento que antes de que se le mande la planificación esta subcomisión
haya hecho sus propuestas o las vaya haciendo al mismo tiempo.
Se ha hablado aquí de falta de claridad respecto a la existencia de esta subcomisión. Esto me recordaba algo la legislatura pasada. En la legislatura pasada yo estuve en una subcomisión sobre el euro, en la cual uno de los representantes
del Grupo Parlamentario Socialista era el señor Solbes. Se creó la subcomisión, deliberamos internamente, hubo una serie de comparecencias y, seamos sinceros, todos los comparecientes propuestos por uno u otro partido que tenían algo que decir y
consideraban que debían decirlo hacían sus declaraciones a la
prensa antes o después. Pregunten al señor Solbes, su compañero de partido, y verán que en aquella subcomisión, muy importante, que indudablemente no le quitaba la labor al Gobierno, todo lo que los comparecientes quisieron que fuera a la
luz pública fue a la luz pública y se actuó con total claridad. Las deliberaciones internas de la Comisión fueron las deliberaciones internas de la subcomisión. El resultado de esas deliberaciones pasa a esta Comisión y es discutido en esta
Comisión, con lo que pasa a ser totalmente público, existiendo la mayor claridad al respecto. Por ello, consideramos que este procedimiento, e imagino que igual les contestará si le preguntan al señor Solbes, no plantea ningún problema, como no lo
planteó entonces ante un tema tan importante también como era el tema del euro. Sin duda, las declaraciones que hicieron las personas llamadas a exponer sus posiciones en la subcomisión salieron con la mayor claridad en todos los medios de
comunicación. El señor Solbes puede transmitirle esto y que el Grupo Socialista conozca lo bien y con la claridad que se funciona en una subcomisión, cuyos resultados, repito, van luego a la Comisión.
Termino diciendo que, de las enmiendas presentadas, hay una que está en el texto. La que dice 'incluidas las administraciones públicas'. Figura como enmienda número 2 -página 5-, de adición al párrafo 5.º Es una enmienda aceptable.
Respecto a las demás, ya hemos visto las diferentes posturas de uno y otro grupo al respecto.
Por una vez, quiero acabar las dos intervenciones con la misma idea, que es la idea básica: que trabajemos de manera coordinada en lo que los ciudadanos quieren que hagamos, que es mejorar nuestro sistema energético en un momento complejo,
en que se está liberalizando y buscando al mismo tiempo que se resuelvan los problemas de demanda y oferta. Esto es lo que podemos conseguir entre todos, con la ayuda de esta subcomisión. Por tanto, mantenemos la propuesta de creación de esta
subcomisión, con la aceptación de la citada enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Mendizabal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Me parece muy bien que el señor Gámir acepte la enmienda, se lo agradecemos, pero por eso no vamos a votar favorablemente.
A efectos de enmiendas, quería hacer una aclaración, que le he hecho antes al señor Gámir personalmente, para que conste en el 'Diario de Sesiones'.
Que nuestra enmienda número 3 -no están numeradas, pero me refiero a la que corresponde al
número 3-, de adición de un nuevo párrafo, página 5, dice: Los trabajos en la subcomisión se iniciarán con la presentación por el Gobierno de la planificación eléctrica ...-en vez de 'eléctrica' debe decir 'energética'- a que se refiere el artículo
4 de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley del Sector de Hidrocarburos. Es decir, que estaba hecha sólo para el sector eléctrico. Y sigue diciendo: ...para iniciar los trabajos de la subcomisión, comparecerá el ministro de Economía, a fin de
que presente la referida planificación 'energética'. Es decir, no sólo eléctrica. Se refiere a la planificación energética en general y no sólo a la planificación eléctrica, como aparece en esta enmienda número 3.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir alguna cosa, señor Gámir?
El señor GÁMIR CASARES: Solamente recordar que se partirá de un primer documento de planificación y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasístico elaborado por el Ministerio de Economía. En el resto estoy de acuerdo, como
estoy de acuerdo con la precisión que ha realizado la portavoz socialista respecto al texto exacto que debe tener su enmienda; así está mejor redactada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REDUCIR LOS ÍNDICES DE RENDIMIENTO NETO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) APLICABLES A LAS ACTIVIDADES AGRARIAS QUE SE HAN VISTO AFECTADAS POR LOS TEMPORALES PRODUCIDOS ENTRE LOS
DÍAS 10 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2001. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001118)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3 del orden del día: Debate de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a reducir los índices de rendimiento neto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables
a las actividades agrarias que se han visto afectadas por los temporales producidos entre los días 10 y 18 de noviembre de 2001. El autor de la proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta iniciativa parlamentaria a través de una proposición no de ley por las inclemencias meteorológicas que afectaron
entre los días 10 y 18 de diciembre del año 2001 a Cataluña y otros territorios del Estado y que originaron graves perjuicios sobre determinadas explotaciones agrarias. En el caso de Cataluña, los principales efectos negativos de la adversa
climatología se concentraron básicamente en la comarca del Maresme, donde el temporal de
viento afectó básicamente a los cultivos de flor cortada, planta ornamental y hortalizas así como a los invernaderos bajo los que se protege dicha producción. En diversas comarcas de Tarragona también se produjeron desperfectos debido a una
fuerte granizada que afectó a los cultivos de hortalizas y de olivos, y también resultó afectado algún municipio de las comarcas de La Selva, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Vallès Oriental.
Por este motivo, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a pesar de que en el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de diciembre presentó una interpelación y la moción subsiguiente para poder paliar los graves
deterioros que se produjeron en estas comarcas y en otros municipios de Cataluña y también de España, presenta esta proposición no de ley a fin de instar al Gobierno para que a través de esta iniciativa pueda reducir los índices de rendimiento
utilizados para determinar el rendimiento neto de las actividades agrarias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio 2001, correspondientes básicamente a las producciones y zonas que se han visto afectadas por las
inclemencias climáticas excepcionales producidas entre el 10 y el 18 de noviembre del año 2001. De manera concreta, estas deducciones se aplicarían, en base a la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a reducir el
rendimiento sobre las actividades agrarias de obtención de productos del olivo, de hortalizas y de viveros de flores y plantas ornamentales obtenidas en el cultivo protegido. Asimismo, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Socialista, que me han hecho llegar la Mesa y el diputado de dicho grupo, a fin de poder incorporar una enmienda de adición a la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el sentido de adoptar las mismas medidas que
nosotros planteamos en esta iniciativa a las producciones y zonas del olivar afectadas por las nevadas y heladas entre los días 15 de diciembre y posteriores al 2001 en Cataluña. Por lo tanto, incorporaríamos en el texto de nuestra iniciativa
parlamentaria la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que va en la misma dirección y se basa en las heladas que se produjeron en las zonas del olivar y todas aquellas poblaciones que fueron afectadas por las nevadas y heladas
entre los días 15 de diciembre y posteriores al 2001, también en Cataluña. Este es el sentido de nuestra enmienda y espero de la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara poder aprobar esta iniciativa y en definitiva poder
reducir los resultados negativos que se han producido en estas explotaciones agrarias y de la flor.
El señor PRESIDENTE: Como acaba de señalar el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha habido una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, tiene la palabra el portavoz de dicho grupo.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señoras y señores comisionados, ante todo quisiera expresar mi satisfacción por ser la primera vez que puedo utilizar la palabra en esta Comisión, a la que no pertenezco, para tratar de un tema como el que ha
traído al orden del día el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que estamos discutiendo en este momento.
No vamos a rememorar aquí, porque son sobradamente conocidas por todos los diputados, las terribles consecuencias económicas que las inclemencias del tiempo llevan a un sector económico tan importante, tan fundamental como es el agrícola;
es conocido desde hace siglos y ahora no vamos a citar a Virgilio, por lo tanto no haremos literatura o retórica al respecto. Pero sí debo decir, y así lo demuestra el hecho de que el 18 de diciembre pasado 300 miembros de la Cámara votaran
favorablemente las iniciativas presentadas al respecto, que las circunstancias de los temporales que se produjeron a finales del año pasado en Cataluña -aunque no limitados sólo a Cataluña, con menor intensidad también afectaron otras regiones y
comunidades del país- fueron de tal intensidad que suscitaron una unanimidad poco habitual en la Cámara. La situación del sector, sobre todo en la comarca del Maresme y no sólo en ésta, también, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, en la de La
Selva, Baix Llobregat, Vallès Oriental y Vallès Occidental, pero también en el Baix Penedés, el Barcelonés y varias comarcas del Ebro, fue de una importancia notabilísima. Estamos acostumbrados a veces a que desde los ámbitos urbanos se acuse de
exageración al ámbito rural en cuanto a las consecuencias de los temporales. Puedo asegurarles que al menos en Cataluña la alarma y la solidaridad del conjunto de la población fueron inmediatas porque eran evidentes, claras, perceptibles a
cualquier observador las terribles consecuencias de aquellos temporales. Por ello, vamos a votar a favor de la proposición no de ley presentada hoy por el señor Sánchez i Llibre, y como él mismo ha adelantado en su exposición, hemos presentado una
enmienda de adición puesto que la iniciativa que discutimos fue presentada el 30 de noviembre y posteriormente. Viniendo a demostrar la fragilidad en este aspecto del sector económico de que se trata, se produjeron en el mes de diciembre de 2001
unas heladas que perjudicaron notablemente la producción olivarera en diversas comarcas de Cataluña. Por ello, sin ánimo de discrepar en absoluto de la proposición formulada por Convergència i Unió, sino para complementarla con hechos posteriores e
intentar resolver las consecuencias de los mismos que no se hubieran podido tener en cuenta, vamos a votar favorablemente, agradeciendo desde luego la aceptación de nuestra enmienda por parte del señor Sánchez i Llibre en representación de su grupo.
También apelamos, igual que el anterior interviniente, a la sensibilidad del conjunto de la Cámara para que voten favorablemente esta reivindicación, que es absolutamente unitaria del conjunto del sector
agrícola, cuyas principales organizaciones en Cataluña se han dirigido a todos los grupos políticos en solicitud de presentación de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
El señor AYLLÓN MANSO: Como ya se ha comentado anteriormente, en el pasado mes de noviembre nuestro país, y en especial las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias así como la ciudad autónoma
de Melilla, sufrieron las terribles consecuencias de temporales de lluvia, viento, nieve que todas SS.SS. recuerdan y que han sido perfectamente definidas por los oradores que han utilizado la palabra antes que yo. Dichas consecuencias, a pesar de
que aquí se está hablando únicamente del sector agrícola, afectaron de forma evidente a las comunicaciones, el suministro eléctrico, las actividades económicas y en definitiva a las condiciones de vida de los ciudadanos de dichas zonas. Se ha
demostrado que todas las administraciones afectadas supieron reaccionar de forma rápida y correcta ante dichas situaciones. Por poner un ejemplo, tenemos las medidas adoptadas enseguida por el Ministerio de Medio Ambiente para reparar parte de los
daños y de los problemas que se produjeron en esas fechas. Pero, si la reacción del Gobierno fue inmediata, también tenemos que dejar patente en esta Comisión lo positiva que fue la respuesta que esta Cámara dio en aquellos momentos, y lo fue
fundamentalmente por dos motivos. Primero, por la celeridad con la que la mayoría de los grupos presentaron diferentes iniciativas ante esta Cámara para hacer frente a las situaciones producidas en aquellos momentos y segundo, como ha recordado el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por el acuerdo casi unánime de los distintos grupos parlamentarios para llegar a un punto de encuentro que incluyera el espíritu de las cuestiones incluidas en las proposiciones no de ley presentadas por
cada uno de los grupos de esta Cámara. En el momento de la presentación de estas proposiciones se llegó a una enmienda transaccional, que fue aprobada prácticamente por unanimidad, en la que se instaba al Gobierno a elaborar un real decreto ley que
incorporara las medidas legales de reparación y ayuda a los afectados y demás medidas necesarias para la reparación de los daños causados. Como SS.SS. conocen perfectamente, el debate a que me estoy refiriendo se celebró en el pleno del día 18 de
diciembre, hace poco más de un mes, y entendemos que las conclusiones de aquel pleno están plenamente vigentes. En aquel pleno se habló fundamentalmente de dos cuestiones relativas al tema que nos trae hoy a debate a esta Comisión; por una parte,
a las pérdidas patrimoniales derivadas de aquellos temporales, y por otra parte al lucro cesante que determinadas actividades, sobre todo agrícolas, como ha recordado con anterioridad el señor Sánchez i Llibre, se han podido producir a partir de
esos temporales.
En cuanto a las pérdidas patrimoniales, yo creo que está fuera de toda duda que esa situación ya está perfectamente regulada en la normativa del impuesto y que por tanto no estaría incluida dentro de las medidas solicitadas en la proposición
no de ley. Yo recuerdo a SS.SS. que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 40/1998 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos afectos a actividades
económicas no se incluyen en el rendimiento de dichas actividades y deben cuantificarse de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del impuesto para las ganancias y pérdidas patrimoniales. Las pérdidas de elementos afectos a
actividades económicas ya están previstas y reguladas en la normativa del impuesto y por tanto no es necesario aprobar normas especiales puesto que la propia especialidad de esas circunstancias ya se encuentra recogida en la ley del impuesto.
Volviendo otra vez a lo que se debatió en el pleno del día 18 de diciembre, saben perfectamente SS.SS. que aquellas conclusiones serán observadas por el Gobierno, una vez valorados los daños por parte de las delegaciones del Gobierno en
coordinación con los gobiernos de las comunidades autónomas y las entidades locales afectadas. Digo todo esto porque no hay duda de que la proposición no de ley que hoy se presenta ya fue debatida de forma indirecta en esta Cámara el pasado 18 de
diciembre.
Su proposición habla concretamente de la posibilidad de reducir los índices de rendimiento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables a las actividades agrarias afectadas por aquellos temporales. De forma concreta
se refiere a la aplicación de deducciones a las actividades agrarias de obtención de productos del olivo, la horticultura y los viveros, flores y plantas ornamentales obtenidos en cultivo protegido. Pues bien, atendiendo a catástrofes similares a
las hoy descritas y que han tenido lugar en el pasado podemos observar cómo ante este tipo de situaciones el Gobierno aborda las cuestiones fiscales derivadas del lucro cesante a que antes me he referido producido en determinadas actividades
económicas afectadas por este tipo de acontecimientos. Estamos absolutamente convencidos de que ese real decreto ley que se dictará en breve incluirá todas las consideraciones recogidas en la proposición de ley que hoy se discute. Éste ha sido
hasta ahora el proceder de este Gobierno ante este tipo de situaciones y estoy seguro de que no tenemos por qué prever modificación alguna en los planteamientos. No nos cabe la menor duda de que la preocupación manifestada por el señor Sánchez i
Llibre, que también preocupa al resto de los grupos, como se demostró en la votación del día 18 de diciembre en el que fueron 300 los votos a favor de aquellas medidas, será perfectamente despejada cuando se presente ese real decreto ley. Tampoco
nos cabe
la menor duda de que el lucro cesante que se pudiera haber producido en las actividades agrarias de obtención de productos de olivo, horticultura y viveros, así como flores y plantas ornamentales, aparecerá incluido en las medidas que en su
momento dicte el Gobierno. Tampoco nos cabe la menor duda de que esas actividades no serán las únicas a las que se refiera la normativa que en su momento apruebe el Gobierno de la nación puesto que también se incluirán otras zonas afectadas por
esos temporales, como he dicho al principio de mi intervención, así como otro tipo de actividades que pudieron verse afectadas. En definitiva, no nos cabe la menor duda de que el Gobierno dará respuesta, en el momento procesal oportuno, al mandato
hecho en esta Cámara el pasado 18 de diciembre a que me he referido con anterioridad. Nuestro compromiso con los afectados por los temporales de los días 10 y 18 de noviembre creo que ha quedado claro con estas declaraciones pero sobre todo con
todas nuestras actuaciones tanto desde el Gobierno como por la proposición no de ley que en su momento defendió mi compañero Salvador Sanz en el Pleno a que tantas veces me he referido.
Nuestro grupo mantiene la confianza en el proceso que está en marcha y entendemos que la respuesta que ha de dar el Gobierno a los afectados por aquellos temporales está perfectamente encauzada en los trámites que se están llevando a cabo
desde los diferentes ministerios y que por tanto no existe la necesidad de parchear dichas situaciones con proposiciones que, en cierta manera, ya han sido debatidas de forma indirecta. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solamente para hacer una pequeña matización respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Reiteramos que la aceptamos y aprovechando la presencia en esta Comisión del portavoz de
agricultura del Grupo de Convergència i Unió queremos precisar que en la incorporación de esta enmienda hacemos extensivos los beneficios fiscales a todas aquellas producciones de las zonas del olivar afectadas por las nevadas y heladas del día 15
de diciembre y posteriores al año 2001 que se produjeron en Cataluña.
Queremos insistir en que nos referimos básicamente a la comarca de las Garrigas, que es donde realmente se produjeron heladas que ocasionaron muchísimo daño a los olivares y a
los árboles frutales, así como también a las comarcas del Urgell, Sarriá y Tarragona. (El señor Pedret i Grenzner pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Con muchísima brevedad, señor presidente.
Evidentemente, nuestro grupo no ha determinado con absoluta precisión en nuestra enmienda a qué comarcas se refiere, pero sí decir que coincide en su globalidad con las comarcas indicadas por el señor Sánchez i Llibre, que fueron las
afectadas por aquel temporal del 15 de diciembre a que se refirió nuestro portavoz en el Pleno del día 18 de diciembre, el diputado señor Edo. También queremos manifestar nuestra sorpresa por el hecho de que el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular no haya hecho ningún tipo de referencia a los perjuicios sufridos por estos productores olivareros.
- RELATIVA A LA CESIÓN A LOS MUNICIPIOS DE AGULLANA, CASTELL D'ARO, COLERA, LA VALL D'EN BAS, SANT JOAN LES FONTS, SANTA COLOMA DE FARNERS, TOSSA I VIDRERES, DE LA TITULARIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LOS ANTIGUOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000127)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 4 del orden del día: Proposición no de ley relativa a la cesión a diversos municipios de la titularidad de los edificios de antiguos cuarteles de la Guardia Civil.
El autor de la misma es
el Grupo Parlamentario Socialialista.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Las cosas de la dinámica parlamentaria nos llevan a contradicciones como la que se produce en este momento, y es que vamos a debatir una iniciativa bastante alejada ya en el tiempo cuando acabamos de debatir una muy
cercana. La proposición no de ley presentada por mi grupo que paso a continuación a exponer ha sufrido los avatares del paso del tiempo y de los acontecimientos que se han producido a lo largo del mismo. Esta proposición no de ley fue presentada
por primera vez en la anterior legislatura, en abril de 1998, en un momento en el que se estaba produciendo el despliegue de la Policía autonómica en Cataluña. En aquella ocasión no fue debatida, decayó al final de la legislatura, y mi grupo volvió
a presentarla en junio del año 2000, que es la que debatimos hoy. Los antecedentes se sitúan en el momento del proceso de despliegue de los mossos d'esquadra en Cataluña, que comportó el cierre de una serie de edificios de la Guardia Civil en
distintas localidades de la circunscripción de Girona, que fue la primera en implantar el despliegue de la Policía autonómica. La situación de esas instalaciones era diversa.
Había una serie de casas cuartel que eran propiedad de los ayuntamientos
que, durante muchos años, generosa y amablemente
habían cedido esos inmuebles para acoger los servicios de la Guardia Civil. En algunos casos estos servicios estaban instalados en propiedades privadas, casi siempre en régimen de alquiler. En unos casos, cuando estos acuartelamiento
cayeron en desuso, inmediatamente los ayuntamientos recuperaron el uso de estos edificios y los que estaban en régimen de alquiler se desalojaron; pero quedaron una serie de instalaciones propiedad del Estado, edificios que habían sido construidos
sobre terrenos cedidos por los propios ayuntamientos, y en algunos casos construidos con la colaboración de los mismos. Cuando esto empieza a manifestarse, en 1997, los ayuntamientos inician los procedimientos para reclamar la titularidad de estos
edificios, buscan documentación, a veces difícil de encontrar porque en algunos casos nos remitimos a épocas muy remotas, y ven la ocasión de recuperar terrenos, edificios o instalaciones muy necesarias para equipamientos públicos. Muchos de estos
ayuntamientos empiezan a generar expectativas para instalar en estos edificios centros de día, guarderías, dispensarios, centros cívicos, incluso instalaciones para la tercera edad, residencias, etc.
Desde la Dirección General de Patrimonio del Estado se recogen estas peticiones, pero en un primer momento se dilatan muchísimo las respuestas y se resiste a devolver ningún cuartel de la Guardia Civil de los que fueron construidos sobre
terrenos cedidos por los ayuntamientos. Hay que apuntar también que estas cesiones fueron de diversa índole. Algunas fueron terrenos producto de cesiones obligatorias, derivadas del planeamiento y desarrollo urbanístico, otras fueron cesiones de
particulares, ya que en muchas localidades había personas que regalaron al ayuntamiento terrenos para que se edificara el cuartel de la Guardia Civil y en otros casos incluso los ayuntamientos fueron los que compraron terrenos para ponerlos a
disposición de la Guardia Civil para que construyeran sus cuarteles o casas-cuartel. Se dilatan las respuestas, se inician las negociaciones y en la mayoría de los casos se intenta vender estos equipamientos a los ayuntamientos. Hay que manifestar
que los ayuntamientos, necesitados como están de equipamientos en la mayoría de las ocasiones, aunque sea a un precio considerado simbólico se muestran dispuestos a pagar y están en su derecho de aceptar las condiciones que consideren oportunas en
cada caso. Concretamente en la circunscripción de Girona y para los ocho municipios a que hace referencia la proposición no de ley del Grupo Socialista, este listado está obsoleto o caducado, porque de los ocho casos hay cuatro en los que los
acuerdos de compra han sido ya cerrados. En estos momentos, los antiguos cuarteles de Colera, La Vall d´en Bas, Sant Joan les Fonts y Vidreres son ya propiedad de los ayuntamientos a cambio de módicos precios, algunos considerados, como he dicho
antes, simbólicos: en Colera fueron siete millones, en La Vall d´en Bas y Sant Joan les Fonts entre 13 y 14 y en Vidreres 13 millones. Quiero hacer una reflexión sobre esto y es que creo que es lícito, tanto por una parte como por la otra, que se
llegue a estos acuerdos, pero hay que decir que para el Estado los siete millones de Colera no son nada y para un municipio pequeño con un presupuesto muy ajustado, como es el de Colera en el Alto Ampurdán, supone un pellizco muy importante a final
de año. Por tanto, la operación es lícita, legal, todo lo que ustedes quieran, pero la predisposición a la magnanimidad por parte del Estado para favorecer la instalación de equipamientos públicos podía haberse visto un poco más.
Quedan algunas negociaciones abiertas y es lo que nos ha hecho mantener viva la proposición no de ley, aunque considerándola un poco desfasada, como he dicho antes. Las negociaciones están abiertas en los casos de Agullana, Castell d´Aro,
Santa Coloma de Farners y Tossa de Mar. Creemos que hay que seguir facilitando, incluso mejorando, las condiciones para que los ayuntamientos que todavía tienen estas negociaciones abiertas puedan implantar la gestión de servicios públicos de los
que en la mayoría de los casos están especialmente escasos. En el caso de Agullana sabemos que la intención del ayuntamiento es incorporar el terreno a unas instalaciones deportivas porque el edificio está en ruinas y no se puede hacer otra cosa
que derribar lo que queda; en el caso de Castell d´Aro existe en estos momentos un acuerdo para incorporar una parte de esta superficie a una guardería municipal; en el caso de Santa Coloma tienen previsto destinarlo a un equipamiento cultural y
en el caso de Tossa de Mar, que es el que está menos definido, como se trata de una zona muy bien situada seguramente podría aportar algún tipo de equipamiento o servicio público interesante para el municipio. Hemos propuesto al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular actualizar la proposición no de ley a esta situación que acabo de describir, es decir, ajustarnos a la realidad existente, por tanto citar sólo los cuatro municipios que todavía tienen abiertas las negociaciones, y ajustar el
texto a cómo han ido los acontecimientos en los últimos años. Si en un principio proponíamos una reversión directa y sin condiciones para todos los casos, es evidente que se ha demostrado que cada caso es diferente y, por consiguiente, hay que
ajustar la cesión y/o reversión a cada una de las situaciones. Por ello propondríamos un texto transaccional que dijera básicamente dos cosas: en un primer punto que se impulse la cesión o reversión, cuando sea legalmente posible, de la
titularidad de estos edificios que han sido cerrados con motivo del despliegue de los Mossos d´Escuadra a los ayuntamientos, sin precisar en qué condiciones ni en qué plazos, sino dejando la posibilidad de que cada negociación se realice en las
mejores condiciones posibles, en un segundo punto, aceptando que están abiertas las negociaciones con cuatro de estos ayuntamientos, propondríamos agilizar los trámites para estos ayuntamientos
que ya lo han solicitado; concretamente para los de Agullana, Castell d´Aro, Santa Coloma de Farners y Tossa de Mar. No estamos ante una situación en la que pueda regir el puro mercantilismo, sino que se trata de establecer unas reglas de
juego basadas en la colaboración entre administraciones. Por tanto, nada impide que desde el Estado, respetando escrupulosamente la legalidad y las normas jurídicas establecidas al respecto, exista buena predisposición, una actitud positiva para
facilitar las cesiones en las mejores condiciones; cuando hablo de cesiones no me refiero a sin condiciones, sino en las que libremente establezcan las dos partes. Para el Estado estas cantidades representan muy poco, para cada ayuntamiento
representan mucho en relación con los paupérrimos presupuestos que tienen y para los ciudadanos puede suponer recuperar espacios públicos importantes y facilitar la implantación y la gestión de servicios públicos muy necesarios. Esperamos que el
Partido Popular quiera y pueda hacerlo, ya que por lo que he comentado con el portavoz de dicho grupo parece que existen dificultades de orden superior que impedirían que aceptaran esta transaccional que yo les propongo; una transaccional que es
bastante inocua, que no compromete a nada, que se ajusta perfectamente a la situación actual, lo que sería un gesto razonable por su parte.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con respecto a la proposición no de ley defendida por la señora Palma, relativa a la cesión a los municipios por parte
del ministerio competente de los terrenos que estaban afectos a actividades de la Guardia Civil y que debido al traspaso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los Mossos d'Esquadra están quedando deshabitados y sin uso, va a ser la de
votar favorablemente a dicha propuesta. De todas formas, a nosotros nos gustaría darle un contenido muchísimo más amplio a esta proposición no de ley en base a una resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña por todas las fuerzas políticas que
forman el mismo; una resolución según la cual se insta al Gobierno de la Generalitat a solicitar al Ministerio del Interior la reversión total y gratuita, aceptando también las matizaciones que ha hecho la señora Palma en el sentido de que en
algunos casos se ha pagado un precio simbólico y en otros no tan simbólico. En definitiva, se trata de intentar buscar la reversión de todos aquellos terrenos municipales cedidos gratuitamente para la construcción de cuarteles de la Guardia Civil,
previa petición previa de los ayuntamientos, en atención a la desaparición de las condiciones que propiciaron dichas cesiones. Como el sentido de la propuesta defendida por la señora Palma se basa única y exclusivamente en unos municipios que están
ubicados en Girona o en su provincia, a mi grupo, le interesaría, si es posible, que se aceptara una enmienda in voce para que esta cesión se haga extensiva a todos los municipios de Cataluña que se encuentran en la misma situación que los
anteriormente citados, ya que el traspaso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los Mossos d'Esquadra se va a hacer en todo el territorio catalán, existiendo en este sentido muchísimos municipios de diferentes lugares de Cataluña cuya
situación es la misma que la de los pertenecientes a Girona y que ha defendido la diputada socialista. Así pues, mi grupo votaría a favor de esta iniciativa si se aceptara una enmienda in voce que haga esto extensivo a aquellas poblaciones de
Cataluña que se encuentran en la misma situación.
Existe una resolución del Parlamento de Cataluña y también un seguimiento por parte de la Consejería de Gobernación en el sentido de que a todos los municipios que se encuentren en esta situación se
les pueda revertir dichos solares para dedicarlos a equipamiento o a los menesteres que tenga a bien la corporación local.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, soy diputado desde el año 1993, por lo que he tenido ocasión de participar en algunos debates, pero créame que ninguno ha sido tan desconcertante como lo está siendo éste, que me está dejando
perplejo; voy a intentar desmenuzar mi perplejidad.
Estamos debatiendo un asunto que no tiene sentido, en relación con el cual vamos a votar que no porque ha sido sí; y me explico. El fondo de la cuestión está en la petición de reversión de ocho cuarteles que fueron propiedad de la Guardia
Civil. Pues bien, resulta que el de Colera ya se adjudicó directamente al ayuntamiento el día 10 de diciembre del año 2001, el de La Vall d'en Bas fue adjudicado también a su ayuntamiento el 5 de diciembre de 2000, el de Sant Joan les Fonts fue
adjudicado con fecha 14 de febrero del año 2001, el de Vidreres fue adjudicado el 14 de febrero del mismo año y el de Santa Coloma de Farners tiene autorizada la reversión en la Comisión Delegada del 20 de diciembre del año 2001.
Comprenderá, señor
presidente, que sea este diputado por Málaga el que interviene en esta ocasión, ya que el diputado por Gerona ha preferido hacer a decir y lo que ha hecho han sido las gestiones oportunas para que todo esto se lleve a cabo y darle a cada uno lo suyo
(La señora Cunillera i Mestres: ¿Y si hace por qué no lo dice?), debiéndose reconocer que en el caso de Santa Coloma también tuvo una importante participación el presidente de la comarca de la Selva, perteneciente al Partido Popular.
En cuanto a
los tres ayuntamientos que están pendientes, la verdad es que nada se puede hacer, puesto que todavía no están a
disposición del GIESE; es decir, siguen formando parte del despliegue logístico de la Guardia Civil, pero cuando eso termine no hay duda de que se seguirá el mismo camino que se ha emprendido con respecto a los otros cuarteles. Por tanto,
de ocho peticiones, cinco se han concedido y tres no se pueden conceder. ¿Qué podemos agilizar en este escenario? ¿A qué podemos instar al Gobierno? No hay nada que no esté hecho ni nada que se pueda hacer, y les aseguro que no existe ninguna
dificultad superior para que yo me manifieste en otro sentido; mejor dicho, la única dificultad es la del sentido común, que siempre es el sentido superior pero no siempre el más común. Yo comprendo que un despiste lo tiene cualquiera, pero no se
nos puede obligar a que maquillemos dicho despiste intentando dar una salida que no nos conduce a ningún lado. Por tanto, ¿qué podemos votar? Si votamos que sí, estaremos instando al Gobierno a hacer cosas que ya ha hecho o que en este momento no
puede hacer y, si nos abstenemos, estaremos facilitando que se inste al Gobierno en el mismo sentido, por lo que, después de que se ha hecho lo que se ha hecho, nos vemos obligados a votar que no, pero dejando muy claras las causas por las que lo
hacemos.
En cuanto a la enmienda del señor Sánchez i Llibre, tengo que decirle que no hay duda de que lo que nos propone se podrá tratar adecuadamente, pero precisamente una ley de este Parlamento creó el GIESE, una gerencia encargada de las
infraestructuras que tiene sus propias normas de funcionamiento, normas que le dio este Parlamento para limitar su capacidad de actuar discrecionalmente. Por tanto, nosotros somos los primeros que tenemos que someternos a sus propias reglas, que
por otra parte enmarcan claramente un camino para que se emprendan estas acciones, cuales son los convenios con las entidades locales que estén interesadas en esas reversiones. Con el balance de esta proposición no de ley podrá darse cuenta el
señor Sánchez i Llibre de que el camino se puede andar, no existiendo ninguna duda de que se podrá hacer en la mejor dirección, puesto que esa es la posición del Gobierno, demostrada con hechos y que deja sin sentido y sin contenido la proposición
no de ley que estamos debatiendo. No sé de qué otra manera decirlo. Simplemente vamos a votar que no porque ha sido que sí.
El señor PRESIDENTE: Señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Llegados a este punto tengo que decir que antes de que llegara el diputado del PP de Girona esto ya estaba en marcha; si no, pregunte usted a los ayuntamientos o al teniente coronel de la Guardia Civil en Girona,
señor Hervada -aunque ahora no está-, con el que recuerdo haber hablado muchas veces y haber intentado establecer un buen marco de diálogo para conseguir todo esto. Me estoy remontando al año 1996-1997, cuando el señor De Juan todavía no había
aparecido en escena.
Celebro que no diga y que haga, porque al final lo que queremos es que estos ayuntamientos recuperen los equipamientos y puedan dar el mejor uso a todos ellos para la población. Nuestra intención no era otra. No hemos
establecido plazos, no hemos puesto condiciones y con nuestra propuesta queremos dar confianza a los ayuntamientos que todavía no han cerrado las negociaciones. Llegados a este punto, desde una perspectiva puramente técnica y puesto que el Grupo
Popular no ha presentado enmiendas (siendo el grupo que da soporte al Gobierno y conociendo cómo estaban los trámites de la situación, yo estaba convencidísima de que hoy el Grupo Popular presentaría enmiendas que situaran esta proposición no de ley
del Grupo Socialista en el contexto real y actual) y por tanto no procede plantear una enmienda transaccional, propondría una autoenmienda, recogiendo también la propuesta del Grupo de Convergència i Unió, en cuyo primer punto aparezca impulsar la
cesión o reversión, cuando sea legalmente posible, de la titularidad a los ayuntamientos de los edificios de la Guardia Civil que han sido cerrados en Cataluña, que es lo que pedía el señor Sánchez i Llibre, diputado de Convergència i Unió, que no
nos limitáramos a la circunscripción de Girona puesto que el paso de los años ha provocado que el despliegue no sea sólo en Girona sino en las demás circunscripciones catalanas, previa solicitud de los ayuntamientos afectados, tal y como decíamos en
el texto original. En el segundo punto nos autoenmendaríamos también para ajustarnos a la realidad actual, es decir, suprimiendo los cuatro municipios que, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, han solucionado de una forma plenamente
satisfactoria estos trámites, y por ello citaríamos sólo los cuatro municipios que están todavía pendientes de cerrar los acuerdos y naturalmente cambiaríamos la palabra iniciar por agilizar, puesto que es evidente que el inicio de los trámites ya
se ha producido. Esta sería nuestra autoenmienda, que lamentaríamos no sea aceptada por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Queda recogida su autoenmienda.
Tiene la palabra el señor Souvirón por si tiene que hacer alguna aclaración.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Intervengo brevemente para decir y asegurar, desde el punto de vista anecdótico, que el señor De Juan ha tenido una participación desde el principio. Créanme, se lo digo yo. (Risas.) Además el señor De Juan
apareció en el escenario antes, puesto que antes de estar en el Congreso de los Diputados ya era interlocutor suficientemente válido. Por lo demás, comprendo que se autoenmienden una y mil veces y que se automaquillen lo que haga falta, pero la
verdad es que no tiene sentido. Nosotros no podemos votar el sinsentido que se nos plantea.
Vemos con simpatía la iniciativa del señor Sánchez i Llibre, que en principio no formaba parte del debate que hoy teníamos
planteado y ni siquiera tendríamos que entrar en él. Lo hacemos porque lo vemos con simpatía y porque creemos que el camino que ha de seguir es el de ponerse en contacto a través de los ayuntamientos interesados con el GIESE y concretar la
petición, porque quizás no todos los ayuntamientos quieren esta reversión; habrá que hacerlo uno por uno y como está mandado.
- SOBRE DESCENTRALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LLEIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000354)
- SOBRE DESCENTRALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN SEGOVIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000387)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Los puntos quinto y sexto son dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que yo rogaría tanto al grupo parlamentario proponente como a
los restantes grupos que pudiéramos unirlas. El punto quinto se refiere a descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Lleida y el sexto sobre descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en
Segovia.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Dado que todo hace prever que la respuesta del PP sea la misma para los dos, si es para facilitar el trabajo estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Por el Grupo Popular no hay ningún problema, porque hay conexidad evidente entre ambos temas, sin prejuzgar sentidos de voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, me pasa como al señor Pedret. No sé si es la primera vez que intervengo en esta Comisión, en cualquier caso sería la segunda, y agradezco mucho que me haya sido dado hacerlo en estas
circunstancias en las que he podido vivir que por primera vez, y creo que única, un miembro del PP hace y no se hace propaganda. Como no había visto nunca esto agradezco mucho haberlo podido vivir; no creo que me sea dado otra vez. (Risas.)
Pasando al punto del orden del día que nos ocupa, nosotros hemos presentado esta iniciativa porque, dada la gran campaña propagandística del Partido Popular, desde el año 1996, en lo que hace referencia a la Administración pública en el
sentido de acercarla a los ciudadanos y poder facilitar la relación entre ambos, hemos observado en los datos que maneja nuestro grupo en este momento que únicamente siete provincias españolas no tienen descentralizada la gestión especial de la
Agencia Tributaria, es decir, tienen sólo una delegación provincial ubicada normalmente en la capital de la provincia, y una de ellas es la de Lleida. Esta provincia tiene, según esos mismos datos que hemos podido conocer, un censo de 357.900
habitantes, una extensión de 12.028 kilómetros cuadrados y una renta per cápita de 1.716.994 pesetas.
Evidentemente ahora deberíamos traducirlo a euros, pero a efectos del debate nos sirve la referencia. Lo que no contemplan esos datos es la
particularidad de la provincia de Lleida por lo que hace a la distancia entre la capital de la provincia y las diversas capitales de comarca, las dificultades de desplazamiento sobre todo en medios públicos. Somos una provincia de las que ha
sufrido más claramente el parón de la inversión pública de la Administración central, también entre las capitales de comarca, y por ende las relaciones entre los sectores productivos, económicos y sociales que se mueven en aquellas comarcas. Es
evidente que si se produjera esa descentralización se facilitaría el desarrollo y la proyección de esas comarcas y, por ello, la necesidad de proceder a la creación de administraciones de la Agencia Tributaria se ha puesto de relieve de manera
continuada con reiteradas solicitudes que han hecho los ayuntamientos de todas las tendencias políticas, lo cual ha sido apoyado por todos los sectores que se verían beneficiados con una mejor atención en relación con la Administración, además (algo
que no hay que dejar de considerar), las continuas promesas que desde el año 1996 se han hecho desde el Partido Popular o desde la Administración de manera privada a los solicitantes, también de manera pública abundantemente en los medios de
comunicación, en el sentido de que esas peticiones se verían atendidas sin que ello haya sucedido.
En el caso de la provincia de Lleida, hablando ya concretamente, desde hace mucho tiempo tenemos presentadas solicitudes que responden a una auténtica necesidad. Me voy a concretar en algunas que han sido reiteradas como la Seu d'Urgell, en
la comarca del Alt Urgell, Tàrrega, en Urgell, Viella, en el Valle de Arán -seguramente esta es la que más le sonará al PP-, o Tremp, en el Pallars Jussà. La Seu d'Urgell dista de Lleida 140 kilómetros, es un pueblo de desarrollo importante del
Pirineo, es una comarca de más de 30.000 habitantes, sin contar un hecho muy importante a considerar como son los 30.000 españoles residentes en Andorra, que se encuentra a 10 kilómetros que lógicamente podrían tener así su Administración tributaria
más cerca. El ayuntamiento de esa ciudad ha pedido reiteradas veces que se proceda a la creación de esa administración. Tàrrega, en Urgell, tanto su ayuntamiento como la Cámara Oficial de Comercio e Industria han dirigido reiteradas
solicitudes también en ese sentido; cuenta con un radio de influencia directa e indirecta que afecta a una población de más de 73.000 habitantes, como mínimo, tiene más de 3.000 licencias de IAE en su ámbito comarcal y más de 5.000 si se consideran
las comarcas colindantes a las que beneficiaría la creación de la Administración. Según el estudio que han realizado esas instituciones, si se produjera esa descentralización habría un ahorro en el tiempo dedicado a las gestiones administrativas
que se generan en ese ámbito de alrededor del 20 por ciento. Viella, en el Valle de Arán, se encuentra a 160 kilómetros de Lleida y se comunica con una carretera que no ha recibido la más mínima atención por parte de la Administración del Partido
Popular. Dicho valle cuenta con alrededor de 7.500 habitantes, tiene una actividad económica más que notable en el sector turístico y de servicios y en esa población se ha venido anunciando sistemáticamente la inminente apertura de una
Administración de la Agencia Tributaria, sin que al respecto se haya visto ninguna concreción. Finalmente Tremp, en el Pallars Jussà, es el centro comarcal y de servicios de todo tipo: sanitarios, de educación y administrativos. Se demuestra como
centro neurálgico de esas comarcas de montaña, está distante de Lleida más de 78 kilómetros, muy cercano a su vez a distintas poblaciones importantes de esa zona. Es evidente, por tanto, que facilitaría las gestiones a los habitantes y empresas
allí radicadas y asimismo tiene planteada su solicitud desde hace años sin que las promesas que ha recibido por parte de la Administración se hayan visto atendidas. Yo creo que al diputado del Partido Popular le puede hacer mucha gracia, pero a los
habitantes de esa comarca muy poca. Todas estas propuestas están suficientemente avaladas en sus pretensiones para albergar administraciones de la Agencia Tributaria, que como he dicho antes sólo está presente en la ciudad de Lleida, y no merecen
estar al albur de que los representantes de la Administración o del Partido Popular hagan de esas promesas de descentralización una permanente campaña electoral, más bien creemos nosotros que ha llegado el momento de que se pase a la concreción de
esas previsiones que el Gobierno dice tener y sobre todo de los plácet temporales para esa concreción.
Aparte de que esos emplazamientos creo que se defienden por sí solos, me gustaría establecer un par de comparaciones, sin ánimo de que no vengan al caso, que ponen de relieve que como otras provincias, no sé si con los mismos problemas
geográficos pero sí con los mismos datos, tienen otras administraciones. Por ejemplo, Lugo, que tiene un censo de 367.751 habitantes y 9.803 kilómetros cuadrados de extensión cuenta con dos administraciones descentralizadas que dan servicio a Foz,
con 9.520 habitantes, y a Monforte de Lemos, con 19.933; Burgos, con un censo de 346.355 habitantes y 14.309 kilómetros cuadrados, tiene asimismo dos administraciones descentralizadas que son Aranda de Duero, con 29.641 habitantes, y Miranda de
Ebro, con 35.397. Son dos provincias de parámetros similares, pero les podría citar otras en las que con menos habitantes, menos extensión geográfica y menos dificultades de comunicación, tienen también esas administraciones. No lo voy a hacer
porque se ha justificado sobradamente la pretensión de la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo y que -insisto- no es otra que la de instar al Gobierno a que se proceda a esa descentralización de la Agencia Estatal de la Administración
tributaria en Lleida en cuantas administraciones sean necesarias para un mejor servicio de los ciudadanos y ciudadanas y que deben tener en cuenta todos los datos que he expuesto anteriormente.
Es una obligación del Grupo Popular tomar hoy aquí el compromiso de dar cumplimiento a las promesas realizadas durante tanto tiempo. No nos vale que hoy nos digan, una vez más, que ya lo tienen previsto, que lo van a hacer. Esa teoría del
no que es sí en realidad lo que quiere decir es no y practicar esa religión de antes morir que votar algo que venga del Grupo Socialista, pero yo creo que debemos hacer una llamada a la responsabilidad para que nos digan claramente cuándo lo van a
hacer, porque no estamos hablando aquí de pretensiones que no estén justificadas ni de la reivindicación de un solo partido o de una sola institución, sino de los ciudadanos y ciudadanas de Lleida que tienen derecho a un mejor servicio de la
Administración tributaria, y estamos hablando también del derecho de los sectores económicos y sociales de Lleida que tienen a desarrollarse y crecer en las mejores condiciones que la Administración les puede ofrecer.
Quiero recordar que la iniciativa de nuestro grupo es de diciembre del 2000, que ha pasado un tiempo suficiente, lo que incluso podría servir de acicate al Grupo Popular para haber llevado a cabo esa descentralización, cosa que no ha
sucedido. Ha habido promesas y comunicaciones a los medios, por lo que instamos al Grupo Popular a que apoye con su voto esa descentralización para y así hacer realidad aquello de que dicen y hacen.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Parlamentario Popular se dividirán el tiempo los señores De Juan y Blancas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, una cuestión de orden. Esta intervención la ha de hacer el señor Padrol, que ya está viniendo. Si no le importa, podría intervenir después que el Grupo Parlamentario Popular o entre las
intervenciones de los dos diputados. Veo que ya está aquí el señor Padrol, por lo que mi
intervención ha valido para que pueda hablar en su momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, hemos acordado que los puntos quinto y sexto se debatiesen conjuntamente.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, con arreglo a lo que usted acaba de decir, me correspondería intervenir a mí, si es que se van a debatir los dos puntos conjuntamente. No sé cuál es el procedimiento que el señor
presidente quiere adoptar.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Tal vez no me he explicado yo bien. Se va a hacer un debate conjunto de los puntos 5.º y 6.º, y en algún caso se ha pedido dividir el tiempo entre dos portavoces, lo cual se puede hacer siempre.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, si hay dos proposiciones no de ley acumuladas, las dos del Grupo Parlamentario Socialista, entiendo que el procedimiento a seguir es que primero haga uso de la palabra la señora
Cunillera respecto de su proposición no de ley, como ya ha hecho, que a continuación se exponga la otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz sería yo, y luego fije posición el resto de los grupos. Me da igual,
señor presidente, no tengo inconveniente en que se repartan los tiempos que quieran.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega, creía que con la intervención de la señora Cunillera el Grupo Parlamentario Socialista había terminado.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: La señora Cunillera ha defendido su proposición no de ley y yo quisiera defender la mía.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor presidente.
Como se ha dicho en la anterior intervención, uno de los principios de cualquier administración moderna que pretenda ser eficaz y dar cumplida respuesta a los problemas de los ciudadanos, sirviendo con objetividad a los intereses generales,
es evidentemente el de acercarlos los servicios públicos, descentralizando los mismos cuando determinadas circunstancias, volumen de trabajo o población, vías de comunicación e incluso climatología, así lo aconsejen. El artículo 103 de la
Constitución española, respondiendo precisamente a estos objetivos, mandata a las administraciones públicas a que actúen precisamente con arreglo a esos principios de descentralización y desconcentración. Nos encontramos con que la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria es uno de los órganos de la Administración general del Estado que presta un servicio al ciudadano de primera necesidad en el ámbito económico, al tiempo que es el órgano de la Administración del Estado a través del
cual se exige al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo por tanto uno de los órganos a los que los ciudadanos deben dirigirse con frecuencia tanto en el ámbito de la actividad económica y empresarial como en el de su
propia condición individual de ciudadano en sus relaciones con la Hacienda pública.
Como se señalaba en la anterior intervención, en el ámbito de la política de descentralización y desconcentración de la Hacienda pública, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha abierto centros en distintas capitales de
provincia, pero algunas de ellas han quedado excluidas de ese proceso de apertura de descentralización y desconcentración en la política de acercamiento a los ciudadanos. Segovia es una de las provincias que no se ha beneficiado de esa política de
apertura de las administraciones públicas en el ámbito económico, no existiendo fuera de la capital de la provincia ninguna oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con lo que además de producirse una discriminación respecto a
otras provincias que sí disfrutan de esa política de descentralización se está dejando de atender con eficacia al ciudadano en la prestación de un servicio público esencial. Las características peculiares de la provincia de Segovia, con más de
doscientos municipios, la mayoría de ellos con menos de quinientos habitantes dispersos en un territorio en algunas de cuyas zonas las comunicaciones no son ni buenas ni fáciles y en ocasiones se ven agravadas por una climatología muy dura,
aconsejan atender a lo que es una reclamación, un requerimiento de todos los sectores sociales, profesionales y económicos de la provincia, así como de las diversas comarcas, de abrir oficinas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Hay al menos tres zonas, tres puntos en la provincia de Segovia que exigirían la apertura de esas oficinas, tanto por razones de población, de asentamiento en este caso de la población, como desde el punto de vista de la actividad económica,
profesional e industrial, y desde luego, del mayor grado de dificultad que en esas zonas comporta el acceso a la capital de la provincia. Una de ellas es la zona de El Espinar, en la que la expansión urbanística del municipio y de las poblaciones
colindantes, el aumento de la población, ya van más de 15.000 habitantes, y la confluencia de importantes vías de comunicación la sitúan en un lugar estratégico respecto del que si se está reclamando la constitución o incluso la creación de un nuevo
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, cuanto más la de una oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que todo ese sector de expansión económica pueda tener unas relaciones eficaces y fluidas con la Hacienda pública.
La segunda sería la zona de Sepúlveda-Riaza, con una población también creciente de entre 15 ó 16.000 habitantes y un importante sector de turismo rural y de servicios en expansión, al que hay que facilitar también sus relaciones con las
administraciones públicas y que se encuentra, además, con un nivel de dificultad y de distancia con la capital que no se nos puede olvidar y que obviamente aconsejarían también la apertura de esa oficina, tal y como ha sido reclamada en diversas
ocasiones.
Finalmente, señorías, está la zona de Cuéllar. Este municipio cuenta con más de 10.000 habitantes distribuidos en diez núcleos de población. El área de influencia de Cuéllar esta representada claramente por la comunidad de Villa y Tierra
Antigua de Cuéllar y junto a ella hay otra serie de municipios que tienen una salida natural hacia esa localidad, ya que representa un centro comercial y de servicios importante; por ejemplo, los municipios que determinan el área de actuación del
programa Proder. Cuéllar ha sido designada como una de las áreas funcionales de la provincia de Segovia en las directrices de ordenación del territorio de Castilla y León. Actualmente, acoge gran parte de los servicios que se prestan en el
noroeste de la provincia de Segovia, supone el centro comercial más importante de la comarca al que nos hemos referido y, desde luego, aglutina un porcentaje elevado de las actividades económicas de la provincia. A pesar de estos datos que
confirman la importancia de Cuéllar para el desarrollo económico y social de los municipios de esta comarca de marcado carácter rural y que necesita además políticas claras de asentamiento de la población, aún carece de determinados servicios, sobre
todo de carácter institucional, que permitan cubrir las necesidades no sólo de este municipio, sino del resto que forma parte de su área de influencia como medida para posibilitar la permanencia, repetida cantinela que estamos oyendo a los
representantes del Grupo Popular, pero que no se acompaña nunca de las medidas políticas necesarias para que se logre ese asentamiento de la población y de las empresas generadoras de empleo en la misma.
Señorías, en esta zona a la que me refería, hay más de 1.400 empresas en la comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar y se ha puesto de manifiesto la actividad económica y el esfuerzo que están llevando a cabo. Esto obliga a constantes
desplazamientos a la capital de la provincia para sus relaciones con la Hacienda pública y con la Agencia Tributaria. El número de desplazamientos que se ha calculado por cada una de las 1.407 empresas que se encuentran sólo en esta zona, varía de
un lado a otro, pero es un volumen de diez veces al mes, lo que multiplicado por el número de empresas y por el número de meses que tiene el año, da una actividad muy importante y la necesidad que los ciudadanos tienen de desplazarse constantemente
para solucionar sus problemas con la Administración. El cien por cien de esas empresas están interesadas en la apertura de esa delegación. El volumen de actividades económicas de esas empresas va más allá de las 2.000 operaciones al año. Esto
exige, si ponemos en relación el coste directo que tienen que realizar y los perjuicios que se les ocasionan, que se les facilite a esos ciudadanos, que están en una zona que no es privilegiada, sino que tiene problemas y hay que que impulsar y
asentar, desde la Administración del Estado, los servicios necesarios para poder cumplir con su finalidad y poder llevar la prosperidad a una zona que lo requiere.
Estas son las razones, señorías, por las que el Grupo Socialista demanda, en el mismo sentido de la proposición no de ley respecto de la provincia de Lleida, que el Congreso inste al Gobierno para que de una vez atienda a provincias como
Segovia, que en estos momentos está sufriendo un auténtico abandono por parte de los servicios públicos de la Administración general del Estado. Hay que dar mejores servicios a esos ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta las características de
población, las características geográficas, climatológicas y económicas de una provincia en la que es necesario asentar su población para evitar la desertización que se está produciendo. No se debe hacer a los ciudadanos de esas provincias
ciudadanos de segunda o tercera categoría respecto de otros que están en mejor situación. Por ello, solicitamos del Gobierno que adopte las medidas necesarias para que en la provincia de Segovia se proceda a la descentralización de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en cuantas zonas de la misma sea necesario, como son las zonas de El Espinar y de Sepúlveda-Riaza y, sin duda, en la de Cuéllar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Voy a realizar una breve intervención simplemente para fijar la posición de mi grupo, fundamentalmente con relación a la proposición no de ley que afecta a la petición de descentralización de la operativa o mejor
dicho de la sede de la Agencia Tributaria en la provincia de Lleida. La Agencia Tributaria desde su creación por la Ley de Presupuestos del Estado para 1991 ha seguido un doble proceso, uno de reagrupación y otro de descentralización. El de
reagrupación se ha producido en lo que es estrictamente inspección, que de existir unidades inspectoras en distintas localidades de una misma provincia durante la década de los años noventa se ha procedido por razones operativas y por razones de
racionalización de trabajos a una reagrupación. En cambio, en lo que es información y asistencia al contribuyente, materia en la que este portavoz ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas comparecencias y creo que la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria desarrolla una labor magnífica de información y
asistencia al contribuyente, se ha procedido a una fuerte descentralización de los servicios de información, de recepción de documentación, declaraciones, etcétera. Es una labor de capilaridad que se ha desarrollado de manera efectiva, pero
existen todavía algunos ámbitos del territorio español donde tiene que realizarse con más intensidad. Un caso muy claro es el de la provincia de Lleida donde hay un amplio territorio y una economía que establece que determinados contribuyentes,
particulares y unidades productivas estén diseminados en su territorio, para lo cual existe, única y exclusivamente, la delegación, la central para entendernos de manera coloquial, en la capital de la provincia y no existen las conocidas como
administraciones que son sucursales, dicho coloquialmente, de la delegación que está en la cabecera de la provincia. Por tanto, la posición de mi grupo es que es favorable para el servicio al contribuyente dentro de un contexto de buena prestación
del servicio al mismo, pero en el caso de Lleida tiene que incidirse en la creación de administraciones que acerquen esa prestación del servicio público tributario a los ciudadanos, máxime si tenemos en cuenta que las personas, los particulares que
se verían más favorecidos con una mayor proximidad física, incluso de dependencias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a su propia situación geográfica, no serían las grandes empresas, sino los pequeños contribuyentes para los que
los desplazamientos y las gestiones tienen un coste importante, en términos relativos, en cuanto a ocupación de tiempo, en cuanto a molestias burocráticas, etcétera.
Esta petición de descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Lleida le parece a mi grupo positiva.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer lugar, el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Voy a ser muy breve. Como usted ha anunciado antes, mi grupo se repartirá el tiempo de la intervención entre este ponente y el señor Blancas.
Con relación a Lérida, mi grupo no comparte algunas de las afirmaciones que se han oído. No practica ninguna religión sobre si votar o votar no al Partido Socialista y no nos hace gracia la situación existente en la Administración del
Estado, sea positivo o sea negativo. Mi grupo apoya al Gobierno, apoya a un Gobierno que ha impulsado un programa económico importante de modernización de nuestro sistema tributario, de mejora del servicio público que se presta a los contribuyentes
y de modernización de la Administración pública. Por eso -y no quiero entrar en el tema del sí o el no - vamos a votar que no. (Rumores) en el sentido de que pese a la incontinencia verbal que padecen algunas diputadas del Grupo Socialista,
consideramos que mal se puede instar al Gobierno a hacer lo que está haciendo y que otros no hicieron.
En este momento no el Gobierno, pero sí la Agencia Estatal de Administración Tributaria, está elaborando un estudio sobre la estructura territorial de las delegaciones de las agencias tributarias, a fin de ajustar más adecuadamente sus
disponibilidades en recursos humanos y presupuestarios. Las conclusiones de esos estudios, que obviamente vendrán condicionadas por las circunstancias de flexibilidad laboral o presupuestaria que afectan a este organismo, no se conocerán antes de
verano, y habrá que analizar aquellos casos en los que no exista esa situación de descentralización o de desconcentración de servicios, como es la que anima la proposición no de ley que venimos debatiendo, analizando concretamente las circunstancias
de densidad de población y otras que afectan especialmente a Lleida.
¿Significa eso que haya una merma o disminución de calidad en la prestación del servicio que corresponde a la Administración tributaria? Nosotros entendemos que no, entendemos que se ha avanzado considerablemente en lo que es la labor de
colaboración y asistencia al contribuyente y que la Administración tributaria desde el año 1996 está haciendo un ingente esfuerzo para colaborar o facilitar las obligaciones formales que afectan a los contribuyentes, y podríamos citar los múltiples
servicios de asistencia e información que se prestan dirigidos al contribuyente y también, obviamente, en la provincia de Lleida.
Hablemos, por ejemplo, del servicio de información tributaria básica, que permite resolver telefónicamente las dudas y
consultas que en materia tributaria se plantean al contribuyente, con unos horarios cada vez más amplios para que puedan facilitarse esas obligaciones formales que incumben básicamente a los sujetos pasivos; del servicio telefónico de asistencia
integral, que se debió a una proposición no de ley que presentó mi grupo, que por cierto creo que fue votada en contra por el Grupo Socialista; servicio de declaración por teléfono; unidades de reconocimiento de voz, que posibilitan, por ejemplo,
la petición de etiquetas identificativas; obviamente las nuevas tecnologías de la información, que permiten cumplimentar obligaciones formales vía Internet, e incluso creo recordar que en la reciente ley de acompañamiento se introdujo una
modificación en la Ley General Tributaria, concretamente creo que era en su artículo 105, sobre notificaciones electrónicas, también con el voto contrario del Grupo Socialista, que no es partidario de la modernización de nuestro sistema fiscal, ni
de la Administración tributaria ni de favorecer el cumplimiento de las obligaciones formales de cara a los contribuyentes, como demuestra la trayectoria y el sentido de voto de sus posicionamientos. Hablaríamos también de la página web de la
Agencia Tributaria, en la que se ofrece un amplio elenco de servicios a los contribuyentes, modelos oficiales de declaraciones, programas de ayudas, modelos para solicitar aplazamientos,
compensaciones, fraccionamientos de pago, modelos para formular ante la Administración cualquier tipo de comunicación, alegaciones, etcétera.
En definitiva, no quiero que se me acuse, como se me ha acusado, de propaganda, yo creo que no es propaganda, pero lo que tengo que decir, señorías, es que mi grupo dice y hace, y otros decían y no hacían cuando tenían responsabilidades de
Gobierno; que nuestro grupo continuará apoyando al Gobierno en lo que es la modernización del sistema tributario, en lo que es la racionalización de la presión impositiva, en lo que es la mejora del servicio público que se presta al contribuyente,
y también seguirá estudiando esas posibilidades de desconcentración de los servicios de la Agencia. Por eso vamos a rechazar esta proposición no de ley, no porque no estemos de acuerdo en que se estudie la estructura territorial, como está haciendo
la Agencia Tributaria y no el Gobierno, sino porque entendemos que carece de sentido instar al Ejecutivo a hacer aquello que ya está haciendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Contesto a la diputada María Teresa Fernández de la Vega en cuanto a la proposición no de ley relativa a la provincia de Segovia. Mi compañero De Juan ha explicado los principios generales en los que se basa el
programa del Partido Popular en cuanto a la Agencia Estatal Tributaria, y no se puede negar que el esfuerzo que se está haciendo y que han hecho el Partido Popular y el Gobierno desde el año 1996 para acá ha sido ingente y reconocido por todos los
contribuyentes.
Otra cosa es que algunas zonas, comarcas o pueblos todavía no tengan acceso a esos servicios que él ha definido claramente vía telefónica, informática o telemática, pero yo me voy a ceñir un poco más a Segovia.
Me he llevado una sorpresa grande al ver la densidad de población de Segovia, porque ademas de que su superficie es pequeña -9.642 kilómetros cuadrados-, la más pequeña, por cierto, de la comunidad castellano-leonesa -y digo esto para
centrarnos un poco en el tema de Segovia-, Segovia tiene una población de poco más de 160.000 habitantes.
Casi cualquier pueblo o municipio de mi tierra, Andalucía, puede superar toda esta población, pero no es el caso de establecer comparaciones.
Digo esto para continuar con el símil que la diputada ha expresado de las tres zonas indicadas: El Espinar, Sepúlveda y Cuéllar.
Efectivamente, Segovia, con esta población provincial, tiene la máxima población en capital con 55.000 habitantes -según en el censo último- y con una delegación que cubre toda la provincia, pero quiero decirle que hay cinco partidos
judiciales -Cuéllar, Riaza, la propia Segovia, Sepúlveda y Santa María de Nieva- y lamentablemente el mayor de estos municipios no llega a 10.000 habitantes. Usted me dirá: es que todos tenemos derecho, la Constitución ampara a todo el mundo.
Estoy de acuerdo, pero no podemos establecer administraciones de la Agencia Estatal Tributaria, con el coste que eso lleva, en Cuéllar, en Riaza, Sepúlveda y El Espinar, por ejemplo, que es una población creciente y turística.
Con los servicios establecidos vía telefónica, como he dicho anteriormente, vía informática o vía telemática, los contribuyentes pueden tener acceso no solamente a la Agencia Tributaria, sino a los ayuntamientos de sus municipios, los cuales
tienen concierto con la Agencia Tributaria para prestar ayuda y realizar sus declaraciones e informaciones tributarias correctamente. Le voy a dar un dato. ¿Cuántas declaraciones de renta se han presentado en toda Segovia en el año 2001? No
llegan a 14.000. ¿Cuántas declaraciones del impuesto sobre sociedades? Aproximadamente 3.000. Cualquier Administración tributaria de mi provincia -y no quiero hacer comparaciones- realiza el doble y el triple de declaraciones que toda la
provincia de Segovia. Todo el mundo tiene derecho, pero Segovia no está discriminada, ni mucho menos, y digo esto porque en Segovia, con todos mis respetos -preciosa provincia y ciudad, visitada en más de una ocasión por este que habla en su época
de residente en Madrid-, a pesar de que haya 234 municipios -con 400, 500 ó 600 habitantes-, no se puede establecer una Administración tributaria para atender a un censo de población de 5.000 habitantes. Todos queremos viajar en AVE, todos queremos
lo mejor para todos, pero hay que pensar que los presupuestos están para repartir equitativamente y hacer una buena Administración, equitativa e igualitaria para todos, y considero que si la Agencia Tributaria presta los servicios de diversa forma y
están atendidos los contribuyentes, no ha lugar a establecer tres nuevas administraciones tributarias.
Quiero añadir que no está discriminada por cuanto que Ávila, por ejemplo, tampoco tiene Administración tributaria, como tampoco la tiene -y permítame que se lo aclare si no lo sabe- Soria, que tiene más extensión y más población, y en las
otras provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, gobernada, por cierto, por el Partido Popular y que están atendidas suficientemente, tienen una administración en Zamora, una en Palencia, dos en León, dos en Salamanca y una en
Valladolid. Le doy los datos para que vea que no están discriminadas en absoluto y los servicios a los contribuyentes están perfectamente atendidos.
¿Que ustedes quieren establecer Administración tributaria en cada comarca? Me parece muy bien, pero realmente la Agencia Estatal Tributaria comenzó a funcionar en el año 1991 y, a partir de la VI legislatura y de la entrada del Gobierno del
Partido Popular, se ha revalorizado y modernizado. No quiero cansarles con datos y cifras, pero ahí están y los contribuyentes españoles saben lo que está haciendo el Gobierno del Partido
Popular por ellos, acercando la Administración a los administrados, que es realmente lo que se está realizando en estos momentos.
Por mi parte, nada más, señor presidente. (Las señoras Cunillera i Mestres y Fernández de la Vega Sanz piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, de acuerdo con el Reglamento, en este momento no cabe ningún tipo de intervención. Acostumbramos en esta Comisión a ser realmente flexibles, pero en este momento no caben intervenciones y, sobre todo,
si es para rebatir algún punto de los distintos intervinientes.
La señora CUNILLERA I MESTRES: En mi caso, señor presidente, sería para hacer una aclaración, no para rebatir porque lo tendría difícil. Si me lo permite, se lo explico muy brevemente. (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Digame, señora Cunillera
La señora CUNILLERA I MESTRES: He entendido de la división que ha hecho el Grupo Popular que claramente el segundo interviniente se ha dirigido en concreto a Segovia. Me es difícil entender que el primer interviniente se haya dirigido a
Lleida porque no ha dado ningun dato ni ha argumentado posición en contra respecto de la provincia de Lleida, pero sí hay un tema que me gustaría, señor presidente, que quedara claro. Quiero con toda seriedad contestar a las acusaciones de
incontinencia verbal que yo entiendo dirigidas a mí, por cuanto el segundo interviniente se ha referido a Segovia, pero, en cualquier caso, sean para las dos. Yo quiero decir, con toda la seriedad que soy capaz y con todo rigor, que he intentado
intervenir aquí con el máximo de datos. Creo que he aportado datos, avales y necesidades de la provincia a la cual yo represento muy gustosamente y además lo he hecho sin faltar ni denigrar a ninguno de los intervinientes pasados y posteriores. Me
parece que si a quien interviene en defensa de los intereses de sus electores, de los ciudadanos de esa provincia se le acuse de incontinencia verbal, señor presidente, con ello se recurre a la descalificación en lugar de al argumento. Esto lo
quería dejar claro.
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, no se trata de defender a ninguno de los intervinientes, pero realmente en el argot parlamentario estimar como una ofensa si se habla de incontinencia verbal es llevar las cosas un poquito al extremo.
La señora CUNILLERA I MESTRES: No, no, señor presidente. Yo no he dicho ofensa, en cualquier caso diría exageración y desmesura.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que sea muy breve, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVAL: Quiero utilizar unos segundos para decir que en mi ánimo, en absoluto, en ningún momento he faltado al respeto a la señora Cunillera, pero antes me ha acusado de que me hacía gracia y, por tanto, yo tengo que
decir que a mí no me hace gracia, en absoluto. Si he hablado de incontinencia verbal es porque cuando yo estaba hablando, ella estaba hablando, sencillamente por eso, en absoluto por los argumentos totalmente legítimos y que cumple su función al
defenderlos. En modo alguno estaba en mi ánimo, señor presidente, faltar al respeto, sino, sencillamente, decir lo mismo que ella había dicho de mí antes, cuando me había acusado de que al diputado del Grupo Popular le hacía gracia. (La señora
Fernández de la Vega Sanz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No caben reglamentariamente ahora las intervenciones, sobre todo si es para tratar esta cuestión. Usted ha planteado la proposición con mucha claridad y con una serie de argumentos y quienes han contestado han
planteado otros pero no se trata en este momento de abrir un debate, es que no cabe reglamentariamente.
-SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO TURÍSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000030)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7, proposición no de ley sobre modificación de la ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. El autor de la misma es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Estamos ante una iniciativa que se presentó en el registro de esta Cámara el 10 de mayo del año 2000. Sin embargo, a pesar de haber pasado ya casi dos años, no solamente no ha perdido vigencia, sino que, por el
contrario, vistos los escándalos de los últimos meses, estamos ante un debate que todavía es más necesario que cuando se presentó. Tras la aprobación de la Ley de uso compartido de bienes inmuebles de uso turístico, se empezaron a dar una serie de
circunstancias que entendíamos debían de obligar a un análisis del desarrollo de su aplicación para ver en qué medida ha sido coherente con lo que los legisladores pretendían al aprobar esta ley. Se ha empezado a comprobar cómo algunas de las
empresas que se dedicaban en años a la venta de lo que entonces se llamaba multipropiedad fueron cambiando su denominación, incluso su objeto, y empezaron a hacer lo que se denominaba Clubes de vacaciones. De esta manera se conseguía burlar los
derechos que la ley confería a los consumidores y estos clubes de vacaciones quedaban
al margen de la aplicación de la ley que, por cierto, tardamos más de diez años en aprobar en este Parlamento. Podríamos señalar, para recordar algunos de estos derechos, que con la actual ley existe la obligación de que las empresas
promotoras den toda la información sobre lo que se oferta tanto al posible comprador como a las asociaciones de consumidores y fuera una máxima importante que no se pudiese cobrar ningún dinero en depósito ya que éste era un poco el objeto de la
gran mayoría de los fraudes, el dinero que se cobraba en depósito y que luego, si se arrepentía el comprador, no se devolvía. En este sentido también se le daban al posible comprador seis meses para que se pudiese arrepentir de su opción sin que
tuviera gasto alguno derivado de este compromiso. Por tanto, eran y son evidentemente derechos que el consumidor adquiere con la ley que, repito, se aprobó en esta Cámara.
Después empezaron a surgir otras trampas que han ido agrandando lo que sería el intento de burlar la ley. Por ejemplo, ya que la ley establece un mínimo de tres años para que sea considerado un bien afectado por esta ley, se empiezan a
firmar contratos por 30 meses, por 32 meses, de manera que ya no se cumple el plazo de los tres años y el contrato se prorroga indefinidamente, pero el que ofrece el bien inmueble no tiene que cumplir los requisitos de la ley. También empiezan a
surgir, y estos han sido quizá los últimos escándalos que más repercusión han tenido, fundamentalmente en Canarias y en la Costa del Sol, cobros de comisiones adelantadas por la gestión de estos bienes, posibles traspasos etcétera, actuación que
estaba claramente en el ánimo del legislador evitar. En definitiva, todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar medidas para evitar que sigan sucediendo escándalos, que no solamente deterioran a este sector -que, por cierto, bastante
devaluado está ya porque los posibles escándalos y posibles fraudes han sido objeto de una gran difusión en la prensa internacional-, sino que esta circunstancia repercute, querámoslo o no, en todo lo que es el entorno turístico de nuestro país. En
un momento como el que acabamos de vivir como es la Feria Internacional de Turismo, donde a la industria turística se le da muchas palmaditas en la espalda, se le recuerda la importancia que tiene tanto en el producto interior bruto como en la
generación de empleo y en toda la economía nacional, se hace más evidente que hay que intentar evitar que cualquier elemento pueda dañar esta industria que, hoy por hoy, es uno de los motores de nuestra economía y que tendríamos no solamente que
cuidar, sino que mimar. Por eso, cuando vemos que algunos de los fraudes -y todo el mundo está de acuerdo- se deben a vacíos legales o por interpretación de la ley -que es normal, es una ley muy reciente- consideramos que necesita evaluarse. Por
tanto, se hace mucho más imprescindible que los legisladores hagamos este balance y tomemos cartas en el asunto para evitar, repito, que cada dos meses, tres meses la prensa europea, entre ella la prensa británica, nos salpique con escándalos que,
repito, preocupa mucho al sector turístico y no solamente a los que actúan directamente en este producto del uso compartido. En el año 2000 ya presentamos esta propuesta porque entendíamos que había que actuar y poner los medios jurídicos para
evitar que se sintieran desamparados y que siguieran acampando a sus anchas quienes estaban tratando de hacer fraude en un sector donde, por cierto, la gran mayoría de los empresarios son gente honrada, que tienen afán de servir al turismo, que
trabajan, que sufren las consecuencias de un producto muy deteriorado. Sabemos que en estos momentos cuesta mucho trabajo convencer a alguien de que una empresa que trabaje en este producto no es una empresa fraudulenta, porque, evidentemente,
aunque sea una minoría la que ha actuado de mala manera, su repercusión, al final, hace, como se dice, que paguen justos por pecadores. Por tanto, sería importante que hoy aquí se aprobase una iniciativa que permitiese que el sector vea que detrás
de las buenas palabras de todo el mundo que hace unos días ha desfilado por Fitur, también hay actos.
Nuestro grupo presentó una proposición no de ley por la cual se insta al Gobierno a que presente en un plazo de seis meses -evidentemente esto no puede ser negociable- una propuesta para modificar la ley, de manera que todo el mundo que
trabaje en este sector se vea incluido en la ley y no haya posibilidad de escape bajo ningún truco. Esta iniciativa que podía significar el inicio de esta modificación y revisión, sería interesante que se aprobara hoy. Comprendiendo que desde el
año 2000 hasta la fecha han surgido nuevos elementos, estaríamos también en disposición de proponer, si fuera posible, algún acuerdo transaccional -en la medida que fuese aceptado por el resto de los grupos y de forma fundamental por el grupo
mayoritario- que permitiese que hoy aquí no solamente hubiese palabras, sino también un acuerdo que nos uniese a todos. Al no haber presentado enmiendas suponemos que la propuesta será rechazada sin ninguna propuesta alternativa y ello nos
evidencia que el Grupo Popular no tiene en estos momentos una alternativa, cuestión que nos preocupa porque estuvimos diez años esperando la aprobación de la Ley, pasaron todos los gobiernos del Partido Socialista, se presionó mucho al Partido
Popular para que finalmente se aprobase la ley y, por tanto, no podemos continuar en esta situación de indefinición que, por otra parte, también se sufre en otros aspectos del sector turístico. Nosotros, repito, estamos en disposición de estudiar
cualquier propuesta que se plantee en esta línea y que pueda servir para comprometer la acción del Gobierno, porque en caso contrario veríamos con cierta contrariedad que el Partido Popular no tenga en estos momentos ninguna propuesta ya que ello
supondría dar la espalda de nuevo a un sector que, hoy por hoy, es quizás el motor más importante que tiene nuestra economía. Si hubiese esa voluntad, si se pudiese
vislumbrar en el Partido Popular esa posibilidad, nosotros haríamos una propuesta transaccional, en caso contrario simplemente mantendríamos nuestra proposición no de ley tal y como se ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Me va a permitir que le diga, señor De Juan, que yo no sé si usted sufre alguna incontinencia; es evidente que las diputadas socialistas no sufrimos ninguna. Yo no sé si es que a los diputados -a algunos, no a
todos, porque no se puede generalizar- del Partido Popular o al Gobierno lo que les gustaría es una oposición callada, amordazada y que no pudiéramos decir nada. Yo le recuerdo que estamos en sede parlamentaria, en el lugar para el que nos han
elegido y donde cada uno viene a decir lo que piensa, cómo lo piensa y cómo lo quiere. Esa es la decisión. En cuanto a que su partido dice y hace, a veces sería mejor que no hiciera nada, porque viviríamos mejor los españoles, especialmente los
trabajadores. Y, sobre todo, por favor, no rebajen las pensiones a las mujeres. Quédense quietos y nos ahorramos esfuerzos. (Rumores.)
En cuanto a la proposición no de ley que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida, cuando se hizo la ley su pretensión era regular algo que no estaba en el sector turístico y, a la vez, adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la
Directiva 94/47 de la Comunidad Europea. Como bien decía el portavoz de Izquierda Unida, hablamos de un sector fundamental para nuestro país no solo por la importancia que tiene en el producto interior bruto y en el empleo, sino por el contexto y
la distribución del mismo. Nuestro objetivo debe ser que en el futuro podamos seguir creciendo en este sector que vive de la imagen que podamos dar y de los servicios que podemos ofrecer no solo a nuestros conciudadanos, sino a los ciudadanos de
otros países que vienen a disfrutar sus vacaciones a nuestro país, pero también debemos darles todas las garantías para defender los productos que se les venden y que se cumplan en ley. Por consiguiente, la ley ha cumplido un objetivo fundamental.
Todo el debate que se hizo en el año 1998 demostró que los objetivos de los distintos grupos parlamentarios eran dar una herramienta al sector para que la mayoría de los empresarios del sector que trabajan con honestidad pudieran sentirse protegidos
de aquellos -que también los hay desaprensivos- que realmente pretenden otras cosas. Lógicamente -y eso pasa con muchas leyes y en muchas actividades de nuestra vida- una vez dictada la norma siempre hay personas que se dedican a ver cómo se la
pueden saltar y dónde pueden encontrar un resquicio para seguir haciendo aquello que venían haciendo. El nuevo sistema denominado clubes de vacaciones puede llevar a que no se garanticen los derechos de los ciudadanos como consumidores. Por
consiguiente, pensamos que la iniciativa que presenta Izquierda Unida, que tiene el mismo espíritu y objetivo que la Ley 42/1998, lo que pretende es garantizar de nuevo esos servicios y derechos de los conciudadanos, dando una herramienta a los
empresarios del sector que arriesgan su capital y que además son innovadores y que trabajan por el bien común del sector, para que vean que también desde el Parlamento, desde los poderes públicos vamos en cada momento adecuando las normativas para
que puedan utilizarlas. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar afirmativamente esta proposición no de ley, compartiendo la idea del portavoz de Izquierda Unida de que si con posterioridad se entendiera que tuviéramos que debatir
aquellas nuevas necesidades que tiene en el sector, estaríamos abiertos a esa discusión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: No voy a hacer como otros intervinientes que han hablado de cosas que no vienen al caso, soltando mítines como el que acabamos de escuchar, sino que me voy a centrar directamente en el tema que nos ocupa, en la
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que tiene por objeto la modificación de la Ley 42/98, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas
tributarias.
Teniendo en cuenta que España es el segundo país en el mundo en el sector de tiempo compartido, con más de 500 complejos turísticos, 130 solo en la comunidad andaluza, además de ser un amplio fenómeno que atrae a una gran cantidad de
turistas extranjeros a nuestro país, me gustaría hacer varias precisiones sobre el tema. En primer lugar, hablar de la oportunidad de la ley. Se trata de una ley necesaria, adecuada y oportuna. Una ley que, como se ha comentado, contó con el
respaldo de todos los grupos de la Cámara, que fue consensuada con el sector y que fue producto de muchos meses de trabajo, por parte de los ponentes de la misma, con el Gobierno y con el sector. Por lo tanto, señorías, se trata de una ley que
nació a gusto de todos. Además, es una ley que se preocupa de cubrir una laguna legislativa importante, tanto por el hecho de regular una situación que se estaba extendiendo en la práctica pero que carecía de regulación como por la existencia de la
Directiva europea 94/47, de 26 de octubre de 1994, del Parlamento Europeo que trataba de poner fin a la desprotección que sufría el consumidor dada la cantidad de abusos que se estaban produciendo en el sector. Existió, por tanto, señorías, un
vacío legislativo en el ordenamiento jurídico español de cuatro años, a pesar de la existencia de esta directiva europea que había que transponer a nuestro derecho. Ese mismo fue el ánimo al aprobar esta ley: garantizar los derechos de los
consumidores, estableciendo mecanismos fuertemente
protectores y evitando, en lo posible, los abusos que pudiesen producirse.
Entrando de lleno en la proposición no de ley que estamos debatiendo, sin embargo se aprecian, señor Centella, errores de planteamiento que me gustaría destacar. En primer lugar, el nombre de la Ley 42/98, de 15 de diciembre, es el de Ley
de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; no es Ley de uso compartido de bienes inmuebles, como usted decía. Yo sé que en el momento de aprobar la ley ya existían unas discrepancias entre
los grupos acerca del nombre de la misma y parece que hasta el día de hoy se mantiene este criterio en contra de la denominación establecida. Sin embargo, señor Centella, es importante no modificarla en este momento porque es descriptiva del objeto
que trata de regular.
Por otra parte, señores diputados, el plazo que establece la ley para desistir de los contratos de adquisición de derechos de aprovechamiento por turno es de diez días y no de seis meses, como erróneamente dice la proposición. Si usted lee
el artículo 10.1 de la ley, verá que queda bastante claro. Otro plazo distinto es el de tres meses del que el adquiriente dispone para resolver el contrato en el caso de que el promotor incumpla el deber de información que la misma ley le impone,
como establece el artículo 10.2. Además de lo dicho anteriormente, y para tranquilizar al sector, debemos decir que en este momento es previsible la modificación de la Directiva Europea 94/47, lo que llevaría a la modificación de la ley en los
aspectos controvertidos. Ciertamente se viene observando que determinadas sociedades, unas con sede en España y otras en otros países, articulan un sistema bajo la fórmula club de vacaciones, con períodos de tiempo inferiores a los tres años de
aprovechamiento, aunque prorrogables, lo cual parece llevar el propósito de eludir esta ley, que es una de las más detalladas y estrictas de las que traspone la directiva europea.
La Comisión Europea está estudiando, a solicitud de los ministros de Consumo de la Unión Europea, desde su sesión del pasado 13 de abril, la actualización de la directiva de tiempo compartido (actualización que contemplaría precisamente la
aparición de nuevos productos en el mercado de la multipropiedad) y la utilización de bienes inmobiliarios a tiempo parcial por un período inferior a tres años, así como la posibilidad de suscribir contratos de este tipo por un período inferior a
una semana al año y también la ampliación del período de reflexión, como decía anteriormente, que ahora es de diez días, en el que el adquiriente pueda retirarse del contrato. Sin embargo, y por desgracia, señor Centella, como comentábamos
anteriormente, toda norma es susceptible de provocar un fraude de ley o un incumplimiento de la misma. Por ello, la organización de tiempo compartido está realizando campañas para erradicar o reconducir las actividades de empresas que actúan de
forma fraudulenta. Entre otras medidas, en colaboración con el Gobierno, están apoyando a las comunidades autónomas para que, a través de sus departamentos de consumo, promuevan una mayor información sobre la industria y puedan firmar decretos para
ampliar las garantías de los consumidores, igual que ocurre con determinados ayuntamientos, como por ejemplo el de Fuengirola, gobernado actualmente por el Partido Popular, que han aprobado ordenanzas municipales que permiten vigilar el cumplimiento
de las normas por las empresas de tiempo compartido de modo que cuando no reúnan los requisitos establecidos por la ley y no ofrezcan las garantías de protección al consumidor, no les den las licencias necesarias, ya que el fraude que puede
producirse perjudica no sólo a los derechos de los consumidores, sino también, como usted decía anteriormente, a los intereses y reputación de las empresas serias y solventes que operan en el sector. La industria de tiempo compartido se encuentra
en estos momentos decidiendo qué hacer con la cantidad de nuevos productos de vacaciones que están surgiendo y que no reúnen los requisitos necesarios para estar sujetos a la ley sobre derechos de aprovechamiento por turnos. Podemos hablar en estos
momentos de diversas figuras, como son los paquetes de vacaciones, los clubes de vacaciones, los productos renovables, el sistema de puntos o los paquetes de salidas. Por lo tanto, son demasiados los nuevos productos que han aparecido en el
mercado, no solamente los que usted citaba en su exposición de motivos, y habría que estudiar con mucho cuidado si todos ellos deben o no ser incluidos en la Ley sobre derechos de aprovechamiento por turnos, tal como usted pide en la proposición no
de ley. Quizá lo más sensato será ver qué decide el Parlamento Europeo, ya que este tema trasciende del ámbito español, ver cómo queda la modificación de la directiva europea y a partir de ahí determinar qué normativa es la más adecuada para estos
nuevos productos. Además, teniendo en cuenta que se tiende en este momento a un espacio jurídico común, no deberíamos ser nosotros los que fuésemos por libre en un tema tan trascendental como este. Por ello, señor Centella, y comprometiéndonos a
apoyar, como lo hemos hecho hasta ahora, al sector para buscar las soluciones más oportunas en cada momento, no vamos a apoyar esta proposición no de ley por considerar que es más prudente y más oportuno esperar la modificación de la normativa
europea.
Por último, señor Centella, y aludiendo a sus últimas manifestaciones, no creemos oportuno llegar a una transaccional, pero sí que me gustaría dejar claro que el Partido Popular no da la espalda al sector turístico.
Usted es conocedor del
sector y no creo que tenga que recordarle las cifras que está teniendo el sector turístico en los últimos años en los que gobierna el Partido Popular. Sabe usted de sobra que cada año estamos mejorando a pesar de la desaceleración económica, a
pesar de la crisis económica y a pesar de los atentados
del 11 de septiembre; a pesar de todo ello, el sector turístico español está teniendo unos magníficos resultados. Usted conoce estas cifras, por lo que no voy a entrar en ellas, pero se constata que España se sigue manteniendo como segunda
potencia turística mundial. Tampoco vamos a dar la espalda a la industria de tiempo compartido. Le recuerdo que ha sido este Gobierno, el del Partido Popular, el que impulsó que se aprobase la ley. Como he dicho en mi intervención anterior, la
directiva europea data de 1994 y hasta 1998, poco tiempo después de la llegada al Gobierno del Partido Popular, cuando se empezó a estudiar cuál era la mejor legislación que podíamos hacer para trasponer esta directiva, no se aprobó esta ley. La
voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha quedado puesta de manifiesto anteriormente y por supuesto vamos a continuar apoyando al sector, como lo hemos hecho hasta el momento, pero consideramos que lo que no debemos hacer, porque perjudicaría al
sector, es plantear una modificación sin criterio, de forma chapucera o errónea, y creemos por eso, señor Centella, que lo más oportuno es esperar al criterio superior del Parlamento Europeo y modificar la ley cuando sea necesario.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta la una y media.
ERAN LAS DOCE Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL MEDIODÍA.
Se reanuda la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
En primer lugar, pasamos a votar el punto número 1 que era la solicitud de creación de una subcomisión relativa al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto número 2 creación de una subcomisión para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, con la incorporación de la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el punto número tres: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a reducir los índices de rendimiento neto en el impuesto sobre la renta de las personas fisicas aplicables a las actividades agrarias que se han
visto afectadas por los temporales producidos entre los días 10 y 18, con la incorporación de la enimenda del Grupo Parlamentario Socialista y con el inciso añadido por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto número cuatro: proposición no de ley relativa a la cesión a varios municipios de Gerona de la titularidad de los edificios de los antiguos cuarteles de la Guardia Civil, con la incorporación de una autoenmienda presentada
por el propio Grupo Socialista, que era el autor de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos el punto número cinco: proposición no de ley sobre la descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Lleida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto número seis: proposición no de ley sobre la descentralización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Segovia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos el punto siete: proposición no de ley sobre modificación de la Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.