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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 393, de 12/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 393
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 44
celebrada el miércoles, 12 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre creación de una agencia para la recogida y tratamiento de
datos sobre criminalidad.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001072.) . . . (Página 12828)
- Sobre dotación de medios personales y materiales a las comisarías y
Guardia Civil de la región de Murcia. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001073.) . . .
(Página 12834)
- Sobre aumento de la plantilla de examinadores para obtener la
licencia de conducir en la provincia de Cádiz. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001088.) .
. . (Página 12838)
- Sobre adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados
por los episodios de lluvia y viento huracanados acaecidos en el mes
de octubre de 2001 en varios municipios de la provincia de Granada, y
elaboración de un seguro agrario que se adecue a las demandas de este
sector. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001104.) . . . (Página 12840)
Decisión sobre la celebración de las siguientes comparecencias:
- Del delegado del Gobierno en Madrid para informar acerca de sus
declaraciones a raíz del incidente ocurrido en Pozuelo de Alarcón en
la madrugada del día 20 de junio de 2001, promoviendo la
privatización de los servicios de seguridad de los ciudadanos que
habitan en las urbanizaciones de la Comunidad de Madrid. Formulada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/
000575.) . . . (Página 12843)
- Del delegado del Gobierno en Andalucía para informar de sus
declaraciones acerca de la insuficiencia de la seguridad pública para
garantizar la seguridad ciudadana y de la necesidad de incrementar la
seguridad privada. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000830.) . . . (Página 12843)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a dar comienzo a la Comisión.
Empezamos por el punto decimoquinto del orden del día. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, ayer cuando se levantó la
sesión se fijó la hora de votaciones para hoy a la una. Digo esto
porque probablemente muchas señoras y señores diputados lo
recordarán.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Fijamos como hora de votación no
antes de la una.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE CREACIÓN DE UNA AGENCIA PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE
DATOS SOBRE CRIMINALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001072.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto decimoquinto, que se
refiere a la creación de una agencia para la recogida y tratamiento
de datos sobre criminalidad. La iniciativa es del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, hoy vamos a debatir en esta
Comisión una proposición no
de ley que al Grupo Socialista le parece necesaria. Esperamos que
esta necesidad la comprenda y la comparta el resto de los grupos
parlamentarios, ya que se trata de crear una agencia para la recogida
de todos los datos existentes en nuestro país sobre criminalidad, la
homologación del tratamiento de los mismos y la elaboración de una
memoria anual sobre dicha criminalidad, así como un informe
exhaustivo sobre el tema. Esta iniciativa, señorías, surge a raíz de
la diferencia existente entre los datos que aporta la Fiscalía
General del Estado y los del Ministerio del Interior.
Como SS.SS. saben, en España existen dos instituciones que elaboran
estadísticas sobre la criminalidad, la Fiscalía General del Estado y
el Ministerio del Interior, este último a través de la Secretaría de
Estado de Seguridad. Mientras la Fiscalía General del Estado publica
sus estadísticas -aunque normalmente muy tarde, ya que lo hace en
septiembre del año siguiente en una memoria anual-, el Ministerio del
Interior no lo hace. Por tanto, España es uno de los pocos países de
la Unión Europea en el que su Ministerio del Interior no elabora,
para conocimiento público, un informe estadístico anual sobre la
criminalidad.
No podemos ni debemos sustraernos a una comparación de datos. Por
tanto, hay que comenzar diciendo que los datos hechos públicos por la
Fiscalía General del Estado, relativos a la delincuencia conocida
durante el año 2000, arroja una cifra de 4.192.023 infracciones
penales mientras que, según el Ministerio del Interior, que agrupa
las estadísticas del cuerpo nacional de Policía, Guardia Civil y
Ertxantxa, las infracciones penales fueron muchísimas menos, ya que
se contabilizaron 1.789.990. Así pues, la diferencia estadística
global es de 2.423.033 infracciones penales a favor de la Fiscalía
General del Estado. Si para la Fiscalía General del
Estado hubo 3.525.036 presuntos delitos, con un aumento del 1,39 por
ciento, para el Ministerio del Interior esa cifra se reduce a
932.270, con una disminución del 4,01 por ciento respecto a 1999. El
número de detenidos según el Ministerio del Interior fue de 289.004,
con una reducción con respecto al año anterior del 8,19 por ciento.
Pues bien, hay que decir que con la estructura delincuencial de la
nación española parece imposible que se produzca a la vez una
reducción de los delitos de un 4,01 por ciento y una reducción de los
detenidos del 8,19 por ciento.
Se da la gran paradoja en las faltas porque, según la Fiscalía
General del Estado, hubo 666.987, con un aumento del 12 por ciento,
y, sin embargo, el Ministerio del Interior contabilizó 866.720
infracciones de esta naturaleza, con una disminución del 1,59 por
ciento. La gran paradoja es que lo lógico, lo habitual y lo universal
es que la policía califique las infracciones penales de manera más
grave que los fiscales y que, por lo tanto, como así ha sido
históricamente, contabilicen menos faltas que éstas. Pero, a partir
de 1996, comenzó a producirse esta disfunción que tiene, a nuestro
entender, como origen la aplicación del programa Policía 2000.
En lo que respecta a los delitos contra el patrimonio, que son los
más numerosos -hurtos, robos, estafas, sustracciones de vehículos,
etcétera-, la Fiscalía General del Estado contabilizó 2.291.273
frente a los 785.149 que sumó el Ministerio del Interior. La
diferencia de 1.506.124 nos hace sonrojar porque es una auténtica
tomadura de pelo por parte de una o de otra institución, aunque, a
nuestro entender, la Fiscalía General del Estado está más cerca de la
realidad que el Ministerio del Interior.
En cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física de las
personas, que son los que más preocupan a los ciudadanos, las
diferencias son también significativas. En la memoria de la Fiscalía
General del Estado los asesinatos y homicidios suman un total de
1.948, mientras que las estadísticas del Ministerio del Interior
rebajan esa cifra a 1.295, la diferencia es de 774 muertos. La
diferencia más espectacular se encuentra en los delitos de lesiones,
ya que para la Fiscalía General del Estado fueron 489.194 y para el
Ministerio del Interior, 10.164. Aunque incluyéramos las 77.478
faltas de lesiones que constan en las estadísticas del Ministerio del
Interior, el tramo que separa a ambas cifras es difícil de asimilar.
Por tanto, da la impresión de que alguien no sabe contar o,
sencillamente, no quiere contar a nuestros muertos y a nuestros
heridos.
En los delitos contra la libertad sexual las diferencias son más
cortas y así, según la Fiscalía General del Estado, hubo 8.508
delitos de esta naturaleza y, según el Ministerio del Interior,
7.276. Esta diferencia es bastante comprensible, ya que es lógico que
la Fiscalía General del Estado contabilice más infracciones penales,
pues tiene conocimiento de todas las denuncias que
se realizan en España, cosa que no sucede con el Ministerio del
Interior, aunque, a nuestro juicio, podría y debería poner los medios
adecuados para tener información. La Fiscalía General del Estado sumó
16.083 delitos de maltrato familiar del artículo 153 del Código
Penal, y el Ministerio del Interior menos de la mitad, concretamente
7.122. Aquí puede haber una explicación lógica, ya que los policías
locales y los mossos desquadra realizan muchos atestados por malos
tratos en el ámbito familiar. También se presenta un importante
número de denuncias y querellas por este delito directamente en los
juzgados.
Como pueden comprobar SS.SS., la comparación de las estadísticas de
los dos mencionados organismos produce un total desconcierto. Aunque
el Ministerio del Interior proclama que sus estadísticas son las
buenas, que es tanto como decir que los fiscales falsifican los
datos, todos los entendidos en esta materia que esta diputada ha
consultado manifiestan que las estadísticas de la Fiscalía General
del Estado son más acertadas, primero, por tener más información que
el Ministerio del Interior y, segundo, porque, al parecer, el
Ministerio del Interior manipula las cifras de la delincuencia. En
cualquier caso, todo tipo de explicación coherente sobre estas
profundas diferencias resulta inútil. Da la impresión, con los datos
en la mano, que el Ministerio del Interior está empeñado en una
campaña de imagen permanente, ocultando, por tanto, que la
inseguridad es ya un grave problema en nuestro país. Desde que se
implantó el programa Policía 2000, las cifras son elocuentes para no
merecer ningún comentario añadido y evidencian que España es un país
inseguro y violento y que, siguiendo el ritmo actual, seremos pronto
el país más inseguro de Europa, debilitando una de nuestras
principales fuentes de riqueza como, por ejemplo, es el turismo. El
incremento de la inseguridad entre enero y septiembre del año 2001 en
el ámbito de la Policía Nacional ha crecido el 9 por ciento. Como
ejemplo se puede poner Andalucía, con un aumento de un 11,5 por
ciento; Aragón, con un 26,7 por ciento; Huesca, con un 20,6 por
ciento; Teruel, con un 29 por ciento; Zaragoza, con un 27,1 por
ciento; Baleares, con un 16 por ciento; Castilla y León, con un 0,9
por ciento; CastillaLa Mancha, con un 10,5 por ciento; Cataluña, con
un 2,5 por ciento; Comunidad Valenciana, con un 29,8 por ciento;
Madrid, con un 9,9 por ciento; Murcia, con un 4,6 por ciento;
Navarra, con un 23 por ciento; País Vasco, con un 26,1 por ciento,
etcétera. De todas formas, en el Grupo Socialista entendemos que es
hora de crear una agencia para analizar esta anómala situación que
nos permite decir que en la actualidad, en España no tenemos ni
siquiera una idea aproximada de la realidad criminal dentro de
nuestras fronteras, por lo que estamos haciendo el ridículo más
espantoso en el ámbito internacional y, sobre todo, en la Unión
Europea, que vamos a presidir en el primer semestre del año 2002.
Ya es hora que el Ministerio del Interior, al igual que lo hacen
otros países de nuestro entorno, publique cada año sus estadísticas,
con un informe exhaustivo sobre las mismas y sin hacer posibles
trampas. En definitiva, ya es hora que el Gobierno se tome en serio
la seguridad de los ciudadanos realizando una política criminal
adecuada a las circunstancias de la España actual. Por el momento
esto es imposible, pues ignora la envergadura del problema, ya que no
sabe la cantidad exacta de heridos ni de muertos que hay.
Por todo ello, y para que no exista la sospecha de que el Ministerio
del Interior manipula las estadísticas para salvar el fracaso
estrepitoso del programa Policía 2000, para que el Ministerio del
Interior tenga conocimiento de la cantidad exacta de delitos, de
faltas, de asesinatos y homicidios, de delitos contra el patrimonio,
de lesiones, etcétera que ocurren en nuestro país y para que una vez
que el Ministerio del Interior, conocida la envergadura del problema,
pueda realizar una política adecuada a las circunstancias de la
España actual, es por lo que se ha presentado esta proposición no de
ley que, como ya dije al principio de mi intervención, el Grupo
Socialista considera necesaria y de sumo interés y esperamos sea
apoyada por todos los grupos.
Tengo que añadir, para finalizar, que dicha agencia, a nuestro
entender, debería estar integrada por una representación del
Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado, de las
comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y
Provincias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Mi grupo valora la buena intención, por
descontado, de la iniciativa. Es cierto que en esta Comisión,
comparecencia tras comparencia, bien sea en unos casos del ministro
del Interior, bien sea en otros casos del Fiscal general del Estado
al presentar su memoria, bien sea incluso del presidente del Consejo
General del Poder Judicial, no dejamos de percibir las diferencias de
datos que nos son suministrados por unos y otros en relación a la
situación de la delincuencia en España. Yo diría que uno puede tener
preocupación porque esos datos sean diferentes, con lo cual, quizás,
a través de la creación de una institución de esta naturaleza, una
agencia o un consorcio, podrían homologarse, pero sinceramente mi
grupo tiene dudas de que algunos de estos datos sean realmente
veraces.
Lo digo por lo siguiente, y en este caso va a prevalecer, si quieren,
más mi responsabilidad de justicia que la responsabilidad de
interior.
En la última reunión de la Comisión de seguimiento del pacto de
Estado por la justicia, acordamos los diferentes grupos
parlamentarios poner en marcha un denominado plan de transparencia
porque en estos momentos
no sabemos exactamente, y podemos tener dudas de esa veracidad
-de una veracidad-, al cien por cien, de cuál es el número de asuntos
que están pendientes ante las diferentes jurisdicciones en nuestro
país y, por tanto, también ante la jurisdicción penal. Quiero
recordar que, si bien la Fiscalía General del Estado suministra datos
sobre delincuencia, lo hace sobre la base de las diligencias que
están abiertas en los juzgados penales y en las audiencias
provinciales, es decir, que no son datos en principio propios. Lo
hace sobre la base de que la Fiscalía General del Estado, el
ministerio fiscal, está personado en determinados procedimientos en
todos los juzgados de primera instancia e instrucción y luego penales
y audiencias provinciales de toda España; datos, por tanto, extraídos
del Poder Judicial y datos que todos los grupos parlamentarios
pretendemos que sean transparentes, es decir, tener conocimiento y,
además, garantía de que se produce esa situación de veracidad. Si
mantenemos esa afirmación inicial de que es una situación a la que
hay que poner coto, querría llamar la atención de que debe hacerse
por abajo y no por arriba. Quiero decir que si generamos una
estructura administrativa que sigue obteniendo la información con la
misma garantía y veracidad con la que se está obteniendo en estos
momentos, creo que no vamos a tener lo que pretende el Grupo
Parlamentario Socialista, que es una certeza de cuál es la situación
de la delincuencia en España, qué número de delitos se han cometido y
en cuáles está interviniendo el ministerio fiscal. Si no logramos que
los juzgados estén absolutamente informatizados y que se sepa que
número de diligencias penales hay abiertas en toda la jurisdicción
penal en España, en las que puede estar personado el ministerio
fiscal, la creación de una agencia o de un consorcio no va a resolver
el problema.
Tengo una intuición sobre la discrepancia que tiene el Grupo
Parlamentario Socialista respecto al número de faltas entre el
Ministerio del Interior y los que facilita la Fiscalía General del
Estado. Esta intuición, que es muy fundada, es la siguiente: la
Fiscalía General del Estado ofrece un número inferior de faltas que
el Ministerio del Interior porque el fiscal no se persona en todos
los juicios de faltas; a lo mejor, porque es un juicio de faltas en
Olot y no hay un destacamento del ministerio fiscal o porque es un
juicio de faltas en un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en
una comarca donde no puede desplazarse el fiscal y teniendo en cuenta
que la falta no deja de ser esa infracción penal pero de bagatela, no
va el ministerio fiscal. La pura y simple creación de una
superestructura sobre los datos vigentes en estos momentos, creo yo
que, a pesar de la buena intención y de la necesidad, no nos
resolvería el problema. El problema está por abajo. En primer lugar,
en que los juzgados tengan y suministren esa información veraz y que
el ministerio fiscal, precisamente por estar personado en todos los
procedimientos,pueda asimismo suministrarlos. No vamos a votar
a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y quiero
que se lea nuestra abstención como un reconocimiento de la necesidad
de poner coto a este tema, de ir ganando en veracidad en esa
información y que no sólo los ciudadanos, sino también los poderes
públicos, contemos realmente con una información que nos permita
adoptar decisiones políticas. También nos vamos a abstener porque
nosotros creemos que no se puede meter a martillazos a las
comunidades autónomas, al menos a las que tienen competencia en esta
materia, en esta agencia. A nosotros nos hubiesen gustado dos cosas:
que el planteamiento de la propuesta hubiese sido que el Gobierno, de
acuerdo con las comunidades autónomas con competencias en la materia,
estudiase la forma de generar esa entidad administrativa o de
coordinar la información, porque, quizá, no haga falta tampoco crear
una nueva estructura administrativa a efectos de validar esa
información. Por tanto, sobre la base de que entiendo que el problema
no está por arriba, sino por abajo y que, por otra parte, la
propuesta debiera haber tenido más en cuenta a las comunidades
autónomas, (porque no todas tienen precisamente en esta materia las
mismas competencias), con competencia en esta materia, como es el
caso de Euskadi, Cataluña y, en parte, la Comunidad Foral de Navarra,
es por lo que procederemos a abstenernos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tengo que reconocer el difícil papel que ha
tenido que desempeñar esta mañana la señora Varela y valorarlo en ese
sentido, porque nosotros entendemos que esta iniciativa que se nos
propone, ya recurrente en el ámbito de los trabajos de esta Comisión,
es fruto de la contradicción y quiero señalar, con todo el respeto,
de una ignorancia intencionada. Contradicción e ignorancia
intencionada.
A lo largo de muchos meses llevamos planteando, siempre
sistemáticamente desde el ámbito del Grupo Parlamentario Socialista,
esta cuestión, la cuestión de la diferencia de datos proporcionados
por el Ministerio del Interior y por la Fiscalía General del Estado.
Precisamente se nos decía esta mañana que esa diferencia de datos es
lo que justifica la presentación de esta iniciativa. Ha habido
ocasiones de sobra, a lo largo de los últimos meses, de analizar la
naturaleza distinta de los datos y de los cometidos que corresponde
analizar, tanto a la Fiscalía General del Estado como al Ministerio
del Interior. La verdad es que ha sido un perfecto diálogo de sordos,
porque no hay nadie más sordo que el que realmente no quiere oír y
por las razones que fueren, sin lugar a duda legítimas, desde su
óptica parlamentaria, en esta cuestión el Grupo Parlamentario
Socialista está empeñado en no oír. Señalaba que esta iniciativa nos
parece fruto de la contradicción y de la ignorancia intencionada. De
la contradicción, ¿por
qué? Porque habría que recordar que la situación, ciertamente
tremendista que hoy nos ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista (y
digo el Grupo Parlamentario Socialista para no decir la señora Varela
que, insisto, creo que ha realizado un difícil papel porque la
fundamentación de la iniciativa es difícil), es una situación que
viene produciéndose desde hace 20 años. Por tanto, ese análisis, ese
camino de Damasco tuvo oportunidad de hacerlo en su momento,
corrigiendo o reordenando la situación en los términos que ahora
pretende, si realmente el Grupo Parlamentario Socialista hubiera
creído que había una cuestión de fondo que debía tratarse seriamente.
Durante mucho tiempo en esta Comisión -y llevar cerca de 12 ó 13 años
en esta Comisión supone haber oído muchas cosas en la misma- el Grupo
Parlamentario Socialista, las autoridades entonces comparecientes en
representación del Gobierno Socialista, nos estuvieron diciendo
sistemáticamente, (porque jamás este grupo parlamentario planteó ese
debate, en la medida en que tenía muy claras las cosas entonces, como
las sigue teniendo ahora) que los datos elaborados por la Fiscalía
General del Estado representaban una cosa, actividad de los órganos
jurisdiccionales, y los datos elaborados por el Ministerio del
Interior representaban otra, datos de criminalidad puros nacidos de
las actuaciones policiales o de las denuncias de ciudadanos, y se nos
insistió entonces por parte de los gobernantes socialistas que esa
era una realidad difícilmente controvertible, situación que nosotros
siempre les dijimos que tenían razón; es decir, no hicimos de esa
cuestión ningún debate. Se nos dijo, además, desde la perspectiva de
los anteriores ministerios del Interior en Gobiernos socialistas, y
nosotros siempre pensamos que tenían razón, que los datos del
Ministerio del Interior, a la hora de establecer un panorama de la
realidad criminal del país, eran más fiables que los que
proporcionaba la Fiscalía General del Estado precisamente porque esos
datos, elaborados por el Ministerio del Interior, tenían un origen
policial directo y puro, mientras que los elaborados por la Fiscalía
General del Estado tenían como origen esencial la medición de
actividad de los órganos jurisdiccionales. Se nos dijo así y nosotros
siempre entendimos que ciertamente era así.
Esta mañana, sin embargo, se nos dice como expresión de opinión del
Grupo Parlamentario Socialista, y creo que lo he recogido
literalmente, que los datos de la Fiscalía están más cerca de la
realidad que los del Ministerio del Interior, lo cual abunda en esa
contradicción que yo antes señalaba.
Y se indica, además, que el Ministerio del Interior dice que sus
datos son los buenos -el Ministerio del Interior siempre ha dicho que
sus datos son los correctos- en orden a medir la actividad criminal y
que son correctos los datos de la Fiscalía General del Estado en
orden a medir la actividad de los órganos jurisdiccionales. Al decir
el Ministerio del Interior que sus datos son los buenos, eso supone
que quiere hacer, como se ha
dicho también esta mañana, una manipulación de las cifras de la
delincuencia y además una conclusión añadida a esa, es decir, una
interpretación de que los fiscales falsifican los datos. Esas dos
afirmaciones hechas esta mañana, es decir pretender que el Ministerio
del Interior trata de insinuar que los fiscales falsifican los datos
y afirmar, como se ha hecho tajantemente, que el Ministerio del
Interior manipula las cifras de la delincuencia, probablemente están
fuera de la corrección de este debate. Por tanto, desde nuestro punto
de vista, contradicción en la iniciativa en relación con lo que fue
la doctrina tradicional del Grupo Parlamentario Socialista y del
Gobierno socialista (doctrina que nosotros compartíamos y, por tanto,
nunca planteamos la cuestión en los términos en que ahora se plantea
desde el Grupo Parlamentario Socialista) e ignorancia intencionada.
Ignorancia intencionada -insisto, intencionada, no creo que sea
ignorancia pura,- ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta mañana se nos
dice que el Ministerio del Interior no publica sus datos. Se nos dice
literalmente: los datos elaborados por interior no se publican. Tengo
que recordar que los datos obtenidos del programa estadístico de
seguridad son publicados periódicamente en el anuario estadístico del
Ministerio del Interior, y los referidos a los años 1998, 1999 y 2000
son accesibles también desde Internet en la página web de dicho
ministerio. Quiero entender que cuando se dice que los datos no se
publican, se está intentando establecer un argumento de ignorancia
intencionada para arropar una iniciativa pero que en modo alguno se
pueden corresponder con la realidad.
Vuelvo a repetir, por enésima vez en estos meses -porque este es el
enésimo debate que tenemos en torno a la cuestión-que los datos
referentes a delincuencia, elaborados por el Ministerio del Interior,
se obtienen del programa estadístico de seguridad y hacen referencia
a los hechos delictivos, delitos y faltas conocidos, bien por haber
sido objeto de denuncia por parte de los afectados o como
consecuencia de las propias actuaciones policiales en los ámbitos del
cuerpo nacional de Policía y de la Guardia Civil, y desde 1998
también se dispone de datos referidos a la policía autónoma vasca. La
estadística de la Fiscalía General del Estado recoge, por una parte,
los hechos de los que han tenido conocimiento los cuerpos policiales
anteriormente reseñados, los procedentes de otras policías
autonómicas con competencia en policía judicial, por ejemplo mossos
desquadra, y las actuaciones de las policías locales en aquellos
hechos delictivos en los que son competentes; y por otra, las
denuncias presentadas directamente por los particulares ante los
órganos jurisdiccionales.
La estadística de la Fiscalía General del Estado se encamina a
reflejar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, por lo
que un mismo hecho que da lugar a la tramitación de un único atestado
policial puede llevar consigo la apertura de diferentes expedientes
judiciales en distintos órganos, lo que ocasiona que ese único
hecho, contabilizado como tal único hecho delictivo o criminal en la
estadística del Ministerio del Interior, se contabilice varias veces
en la estadística de la Fiscalía General del Estado precisamente
porque genera varias o diversas actuaciones de los órganos
jurisdiccionales. Un mismo hecho criminal, un único hecho de
naturaleza criminal, medido por tanto como único por la estadística
del Ministerio del Interior, puede ser medido varias veces en la
estadística de la Fiscalía General del Estado, puesto que puede
suscitar o provocar diversas actuaciones de órganos jurisdiccionales
y es la naturaleza de la medición de los datos de la Fiscalía General
del Estado la que afecta a la actividad de órganos jurisdiccionales y
no a actividad criminal. Dado que las estadísticas del Ministerio del
Interior y de la Fiscalía General del Estado no tienen por qué
coincidir, ya que miden realidades distintas, nosotros no creemos que
sea procedente la creación de esta agencia, amén de otras razones
técnico-jurídicas, algunas de las cuales señalaba en su intervención,
y por tanto no las voy a reiterar, el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) señor Silva.
En definitiva, señor presidente, tenía razón el Grupo Parlamentario
Socialista cuando años atrás decía que los datos elaborados por la
Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior no tenían
por qué coincidir porque miden realidades y datos distintos; tenía
razón el Grupo Parlamentario Socialista cuando años atrás decía que
en materia de medición de la criminalidad los datos más fiables son
los del Ministerio del Interior porque miden el hecho criminal, no la
actividad de los órganos jurisdiccionales, y tenía razón el Grupo
Parlamentario Socialista cuando años atrás decía que en la
elaboración de esos datos el Ministerio del Interior jamás actúa con
sentido o voluntad de manipulación por razones muy obvias, porque al
final la realidad se puede intentar disfrazar, si se quiere hacer
así, a través de las cifras, pero ese es siempre un ejercicio inútil.
Como nosotros entonces pensábamos que la posición que esgrimía el
Gobierno socialista en esta cuestión tenía razón y no hicimos ningún
debate, hoy seguimos pensando lo mismo que pensaba hace 14 años el
Grupo Parlamentario Socialista. No deja de sorprendernos que hoy el
Grupo Parlamentario Socialista vuelva a repetir lo mismo por enésima
vez en esta Comisión, recorra a la inversa un camino parecido al de
Saulo en Damasco, pero esta vez para corregirse a sí mismo; para
corregirse a sí mismo incurriendo en el error. (La señora Varela
Vázquez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Varela, medio minuto.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señor presidente,querría aclarar una serie
de puntos (El señor Gil Lázaro
hace signos negativos.) Es un minuto solo, contabilizo en un momento.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, por favor.
La señora VARELA VÁZQUEZ: A la señoría del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) quiero decirle que, aunque las
comunidades autónomas tengan competencia en estas materias, sí
comparten la seguridad ciudadana con el Estado y tienen que tener
colaboración con él. Por tanto, no es meter nada con calzador.
También querría preguntarle si se ha leído bien el texto de la
proposición no de ley porque éste habla de homologación del
tratamiento de los mismos, es decir homologación de los datos, con lo
que ello conlleva.
Al portavoz del Grupo Popular, si es que ha prestado atención a toda
mi intervención, debo decirle que esta proposición no surge sólo por
una diferencia de datos entre la Fiscalía General del Estado y el
Ministerio del Interior, sino por una falta de memoria anual del
Ministerio del Interior, como sucede en el resto de los países de la
Unión Europea y que en nuestro país no ocurre. Ya que S.S. dice que
por enésima vez volvemos este tema, debo decirle que en el año 1988,
es decir, gobernando el Partido Socialista, este Gobierno fue, a
través de una orden, quien comenzó a recoger los datos estadísticos
sobre criminalidad. Como el Gobierno no elabora en la actualidad esa
memoria y vemos que sigue habiendo una discrepancia, es por lo que
seguimos pidiendo que se cree esta agencia y estos temas se
actualicen. (El señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya, por favor.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Un momentito, por favor.
No es cuestión de sentir vergüenza. La manipulación a la que he hecho
referencia no me la he inventado, sino que todos los cuerpos de la
policía lo están diciendo continuamente y quería expresar, señores
del Grupo Popular, que escuchen a quien tienen que escuchar y no
vayan de prepotentes por la vida porque eso sencillamente no conduce
a nada. El papelón, por supuesto, no es el mío porque cuando se
defiende algo en lo que se cree no es ningún papelón. El papelón es
precisamente de quien vota en contra de esta proposición no de ley.
(Los señores Silva Sánchez y Gil Lázaro piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muy brevemente, señor presidente, sólo para
replicar que la proposición no de ley me la he leído, y rogaría al
Grupo Parlamentario Socialista que repase las cifras porque en uno de
los párrafos tiene un error de tres cifras en una resta. Afirmo,
desde luego, que me la he leído, pero les ruego a ellos que se la
repasen.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Para agradecer, en primer lugar, a la señora
Varela que con su intervención haya corroborado el sentido de la mía.
Ella misma ha recordado que en 1988 un gobierno socialista creó a
través de una real orden esta nueva fuente estadística de
conocimiento, es decir, la de datos de criminalidad, precisamente por
las mismas razones que yo acabo de señalar, esto es, porque se
contaba exclusivamente con los datos elaborados por la Fiscalía
General del Estado y se entendía que los mismos sólo medían
actividades de los órganos jurisdiccionales, faltando el conocimiento
de datos auténticos de criminalidad, como es natural atribuidos a la
medición del Ministerio del Interior. Por tanto, el argumento de
autoridad de la señora Varela, argumento que yo le agradezco, viene a
reafirmar mi tesis y el recordatorio de ese camino de Damasco a la
inversa que esta mañana, vuelvo a repetir, se produce por enésima
vez.
La invocación a la prepotencia me parece que ya forma parte del
manual de estilo del Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo
cuestiones tan genéricas como las que nos invitan a escuchar a los
cuerpos de Policía y a la opinión pública. A la opinión pública la
escuchamos con tantísimo respeto, vuelvo a repetirlo, como cuando se
expresa en las urnas y la opinión pública se viene expresando en las
urnas para unos y otros en los términos en los que lo hace. Como
usted comprenderá, no se puede hablar de forma genérica de
manipulación de los datos elaborados por el Ministerio del Interior.
¿Quién manipula esos datos, una especie de brujo Merlín que está
escondido en el ministerio? Los datos los elaboran los cuerpos de
Policía y no creo que ellos mismos se vayan a manipular ni a engañar.
Por último, el concepto de ignorancia intencionada. No quiero decir
que sea ignorancia, sino ignorancia intencionada para tratar de que
esta proposición tenga un cimiento del que ahora carece. Ha dicho la
señora Varela que no se publican datos por parte del Ministerio del
Interior y yo he manifestado en mi primera intervención, y lo repito
ahora literalmente, que los datos del programa estadístico de
seguridad son publicados periódicamente en el anuario estadístico del
Ministerio del Interior y los que se refieren a los años 1998, 1999 y
2000, que ya están elaborados, cualquier ciudadano puede acceder
mediante Internet y consultando la página web de dicho ministerio. Si
después de decirle esto, que S.S. puede consultar el anuario
estadístico y la página web, sigue insistiendo en que no se publican
los datos del Ministerio del Interior, probablemente esa afirmación
tendrá tanto valor científico como
pretender que en este momento son las cinco de la madrugada y es de
noche y no de día.
- SOBRE DOTACIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES A LAS COMISARÍAS Y
GUARDIA CIVIL DE LA REGIÓN DE MURCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001073)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto 15, pasamos al del
número 16, relativo a la dotación de medios personales y materiales a
las comisarías y Guardia Civil de la Región de Murcia.
Para defender esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Gallego. Es de Murcia, pero se apellida Gallego. (Risas.)
El señor GALLEGO LÓPEZ: Efectivamente, señor presidente.
Como voy a hablar de datos, quisiera enlazar con la intervención
anterior, ya que me preocupa algo que ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, y es que ellos están en contacto con la realidad cuando
ganan unas elecciones por mayoría absoluta. Me recuerda aquello del
despotismo ilustrado: Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Me gustaría invitar a todos los miembros de la Comisión a que
visitaran conmigo las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil de
la Región de Murcia, que hablaran con los profesionales e igualmente
que visitáramos poblaciones y pedanías y que asistiéramos a las
manifestaciones prácticamente semanales que hacen los vecinos. No es
la primera vez que se presentan iniciativas de este tipo para poner
de manifiesto la situación que se está incubando en la Región de
Murcia, una situación social grave como consecuencia de la creciente
inseguridad ciudadana. Es cierto que a nivel nacional también existe
una gran preocupación por la seguridad y no se trata de algo
reciente, provocado por los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Aquí estamos hablando de otra cosa, de la experiencia diaria, del día
a día, de incidentes que se producen y que crean un clima de miedo,
indefensión, desamparo y desconfianza en el ciudadano, el cual
recurre a los poderes públicos y no encuentra el auxilio necesario.
También se da esta preocupación entre los componentes de las Fuerzas
de Seguridad, que muestran descontento e inquietud por sus
condiciones de trabajo e incluso por sus retribuciones, como
demostraron hace unos días familiares de la Guardia Civil en una
manifestación en Madrid al darse cuenta de que el Gobierno no se
acuerda de sus sueldos como lo hace del sueldo del Fiscal general del
Estado.
En la Región de Murcia se está produciendo un hecho sociológico, la
inmigración, que hace aumentar los censos de las poblaciones en
porcentajes no previstos
hace sólo unos meses. Pues bien, este aumento de la población no
ha visto crecer paralelamente los servicios públicos de seguridad y
otros servicios necesarios del Estado. Según el mandato
constitucional, los poderes públicos deben ofrecer seguridad a la
ciudadanía. Así, el Grupo Socialista pide en su proposición no de ley
de hoy más medios y más personal para la Guardia Civil y para la
Policía Nacional, pero en el contexto más amplio de una política de
seguridad que afecta a otras acciones políticas gubernamentales: en
el campo del trabajo, en el de la Seguridad Social, en el de la
educación, en el de la vivienda y en el de los servicios sociales. Y
sin demagogia, pero tampoco sin esconder la cabeza debajo del ala, no
identificamos aumento de la delincuencia con inmigración, como se
está haciendo desde algunos estamentos. Desgraciadamente, la
ciudadanía tiende cada vez más a identificarlo, ya que el Estado se
excusa diciendo que no puede atenderlos por el aumento de la
inmigración. Estos hechos delictivos, que se podrían evitar y
prevenir con más presencia policial, con unidades especializadas, con
acciones coordinadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y de las policías locales, no se evitan ni se previenen por esta
falta de personal y de medios. Estoy intentando sintetizar una
realidad social que están manifestando en la Región de Murcia todos
los sectores de la sociedad: las asociaciones de vecinos, los
sindicatos, las organizaciones empresariales y los ayuntamientos de
todos los signos; incluso en la Asamblea regional se ha aprobado una
moción del PSOE con el apoyo del Partido Popular que demanda más
medios y más personal para las Fuerzas de Seguridad.
También hay que tener en cuenta los datos estadísticos. Se los voy a
proporcionar telegráficamente, ya que son muy ilustrativos. Si la
delincuencia ha aumentado en el conjunto de España un 11 por ciento
en los últimos meses, en la Región de Murcia lo ha hecho en más de un
21 por ciento. Según el informe de la Fiscalía de la región, ya que
antes se ha hablado de los datos de unos y de otros, en el año 2000
los robos con fuerza en casas habitadas y locales públicos han
aumentado un 244 por ciento. En algunos municipios el número de
delitos y faltas es de más de 150 por cada mil habitantes. En el
medio rural (Murcia cuenta con un alto porcentaje de población que
vive en pedanías en viviendas diseminadas), en la calle (invito a que
se vaya a la calle) se producen manifestaciones y concentraciones de
vecinos demandando protección. Llano de Brujas, que es una pedanía de
las proximidades de Murcia capital, es el punto álgido. Nos damos
cuenta de que cada fin de semana tienen lugar sucesos que con más
presencia policial se podrían evitar. Durante los fines de semana las
comisarías y los cuarteles de la Guardia Civil están bajo mínimos. En
contrapartida a esta realidad, las plantillas de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil en la Región de Murcia están infradotadas de
personal y medios. Muchas veces son las policías locales las que
son requeridas para actuaciones que son competencia del Estado, sobre
todo en el medio rural.
En la Región de Murcia sólo hay 486 guardias civiles, esto es, uno
por cada 2.770 habitantes suponiendo que trabajaran las 24 horas del
día, sin vacaciones ni días libres. La Guardia Civil en Lorca debe
atender a 4.000 habitantes y cubrir 900 kilómetros cuadrados. La
Policía Nacional parece ser que cuenta -por eso la necesidad de esa
agencia para otras cosas también- con 696 ó con 731 agentes -los
datos no coinciden- para toda la región y por cierto sólo hay tres
mujeres. Los borradores del catálogo de puestos de trabajo elaborados
por los sindicatos cifran en 1.050 la plantilla total mínima y la
potenciación de unidades especiales, fundamentalmente policía de
proximidad y unidad de inmigración, existentes como operación de
imagen, pero infradotadas y colapsadas a pesar del esfuerzo de los
profesionales.
No funcionan las juntas locales de seguridad, son inexistentes los
consejos de política de seguridad y no hay planes estratégicos para
territorios concretos, todo lo más un plan Sur, para todo el sur,
desde Huelva hasta Alicante.
Queremos traer a colación dos ejemplos concretos: Mazarrón y Lorca,
que no son los únicos; en próximas iniciativas puntualizaremos otras
situaciones concretas de la Región de Murcia. Mazarrón, al igual que
otros municipios murcianos con más de 20.000 habitantes, como
Águilas, Caravaca, Cieza, Jumilla, Torrepacheco o Totana, tiene una
problemática especial. Mazarrón tiene dos núcleos de población,
Mazarrón y puerto de Mazarrón, con numerosas urbanizaciones
turísticas que casi quintuplican su población en temporada alta y con
un turismo durante todo el año, que supone una presencia permanente,
pero que no aparece en los censos. En la actualidad, el censo de
población es de 23.297 habitantes; hay inscritos 1.870 inmigrantes
ecuatorianos y 2.151 procedentes de Marruecos, lo cual quiere decir
que en realidad hay el doble por lo menos. Agricultura y turismo son
las bases de su economía. Ambas actividades ocupan abundante mano de
obra discontinua y esporádicamente, lo que hace que quienes se
dedican a esto estén desempleados discontinua y esporádicamente, con
lo que siempre hay un flujo de población autóctona e inmigrante que
no tiene trabajo y carece de recursos. (El señor Ayala Sánchez: Y que
delinque.) En Mazarrón, en el año 2000, el porcentaje de delitos por
mil habitantes fue del 49 por ciento, y el de faltas, del 89 por
ciento, muy por encima de la media de la región y de Murcia. Por eso
creemos necesaria una comisaría en Mazarrón .
Lorca es otro caso especial. Daré unos datos telegráficamente.
Población: enero de 2000, 72.000 habitantes; enero de 2001, 77.075
habitantes; finales de noviembre de 2001, 79.800 habitantes -censo
oficial del ayuntamiento. Población inmigrante: aproximadamente 8.000
con papeles, lo que supone el doble en la
realidad; del Ecuador son 5.699, de Marruecos son 1.864, de Argelia
son 170, de Colombia son 195, etcétera; esto en un término municipal
que tiene más de 1.600 kilómetros cuadrados -96 kilómetros de norte a
sur, por mencionar una anécdota. Hay sólo dos cuarteles de la Guardia
Civil, uno en el núcleo principal de la población, en Lorca, con
trece agentes; otro en Zarcilla de Ramos, al norte del municipio, a
30 kilómetros de Lorca, con cinco agentes. Por tanto, hay un guardia
civil por cada 4.000 habitantes, un guardia civil que ha de cubrir
900 kilómetros cuadrados, trabajando 24 horas, 365 días al año. Hay
una comisaría del cuerpo nacional de Policía, que teóricamente tiene
81 miembros, pero que en realidad tiene 42. Hay 27 bajas en segunda
actividad, seis puestos no son operativos, seis bajas de larga
duración y un número indeterminado de miembros que están de escolta
de altos cargos de las instituciones del Estado en Madrid y otras
poblaciones. Como anécdota, se ofrecen cuatro plazas a cubrir, que no
se cubren, porque la condición es que renuncien a las dietas. No lo
entiendo. Desde los sindicatos y desde la misma comisaría se ha
elaborado un catálogo de puestos de trabajo que difiere del oficial,
del programa Policía 2000. En él se habla de 83, se pide un total de
102 funcionarios para todas las categorías y que no se rebaje de
categoría a la comisaría, que es otra de las cosas previstas en el
programa Policía 2000. Hay continuas peticiones desde el
ayuntamiento, que ofrece y proporciona medios, al tiempo que aumenta
la plantilla de la Policía local de Lorca, sobre la que, por cierto,
se cargan demasiadas responsabilidades.
En conclusión, y termino, solicitamos más personal de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional para toda Murcia, solicitamos más
medios, más coordinación, que funcionen las juntas locales de
seguridad, que ni se reúnen; que haya consejos de seguridad, que se
elaboren otros instrumentos que funcionan en otros países
democráticos, que se cumpla la legislación vigente, incluso -aunque
no nos gusta ni en sus procedimientos ni en alguno de sus puntos-
algunos puntos de la Ley de Extranjería que no se cumplen; que se
cree una policía especializada, con unidades especiales tanto de la
Policía Nacional como de la Guardia Civil. Pedimos también un equipo
EDATI, que hace unos meses se aprobó por unanimidad en esta misma
Comisión, pero que no sabemos dónde está, porque en los Presupuestos
Generales del Estado los medios para personal e infraestructuras en
Murcia están más infradotados; queremos una comisaría en Mazarrón y
queremos dotar a la comisaría de Lorca en condiciones, todo esto
-insisto-, y con ello concluyo, en el contexto de otras políticas
sociales que ayuden a la convivencia y que serán objeto de diferentes
iniciativas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy a manifestar la postura de mi grupo con
relación a la proposición no de ley del Grupo Socialista, referente a
la dotación de medios personales y materiales en los cuerpos de
seguridad del Estado en la Región de Murcia.
Cuando hice la primera lectura de la proposición no de ley que hoy ha
defendido con tanta vehemencia como sinrazón el señor Gallego, pensé
que era absolutamente inconcreta, superficial y ausente de cualquier
tipo de datos, por lo que no tenía sentido. Hoy nos ha dado unos
datos, que luego trataré de demostrar que no se ajustan a la
realidad. Su defensa de la proposición no de ley tiene hoy otra
naturaleza y otro carácter, es absolutamente catastrofista, da una
imagen apocalíptica, que no sé quién habrá ayudado a crear, si es que
existe, y, por supuesto, está residenciada en una demagogia y en una
ausencia de memoria histórica sobre la situación de los medios tanto
materiales como humanos en la Región de Murcia.
El señor Gallego habla de un aumento de delitos, de un aumento de
inmigración, de una media de edad muy alta, de una falta de datos,
pero en ningún caso justifica ni señala la relación que existe entre
esos aumentos y esos supuestos datos que nos ha facilitado. Habla de
inmigración. Desgraciadamente, hay un aumento de inmigración ilegal,
que no de la otra, pero luego tendremos ocasión de ver cuáles son
algunas de sus causas. Por último, hace una referencia a Lorca, su
pueblo, del que fue alcalde y que tiene que ser -y me parece muy
bien- una referencia permanente en sus intervenciones, presumiendo un
supuesto descenso de categoría de su comisaría y una pérdida de
efectivos. Todo ello, ¿para qué? Para pedir que se dote de personal
suficiente a las comisarías y a la Guardia Civil; suficiente es un
concepto indeterminado, cuya inconcreción hace que pueda tener la
misma razón que podemos tener otros cuando decimos que los medios son
parecidos a los que puede tener el resto del territorio nacional.
También habla de crear una nueva comisaría, que hoy nos hemos
enterado que debe estar residenciada en Mazarrón. Luego nos hace
otras dos proposiciones altamente curiosas: en primer lugar, reforzar
la coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la
Policía local; me pregunto cómo y con la colaboración de quién, y
ahora se lo explicaré. En segundo lugar, aceptar la propuesta de la
comisaría de Lorca, lo cual, en la proposición no de ley, es el colmo
de lo evanescente. ¿Qué propuesta? ¿Quién la conoce? ¿A quién se la
ha hecho? ¿Usted cree que la propuesta de la comisaría de Lorca es
como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que
son conocidas por todos? Que menos que hubiera traído usted aquí esa
propuesta de la comisaría. Quiero entender que la propuesta es ésa a
la que usted ha hecho referencia en su exposición, demandando 102
números de la Policía Nacional y la no pérdida de su categoría, pero
también hablaremos de eso.
Señor Gallego, se lo digo desde el cariño y el respeto, ya que somos
compañeros de la misma circunscripción: usted ha oído campanas, pero
en realidad no sabe dónde. La Región de Murcia no recibe ningún trato
discriminatorio ni diferenciado de otras regiones en circunstancias
similares a la nuestra, es más tiene un trato sensible e
individualizado por parte del Gobierno. Usted ha dado unos datos y yo
le voy a dar otros, que se basan en la realidad y no en la
discrepancia en cuanto a la actividad y los hechos realmente
delictivos que hemos estado discutiendo en la anterior proposición no
de ley. Las infracciones conocidas en España han tenido un
incremento, de enero a septiembre, del 8,67 por ciento, mientras que
en Murcia el aumento sólo ha sido del 4,63 por ciento. No digo que me
baste que hayan crecido menos que en el resto del España, casi la
mitad, no me satisface, pero no puede dar usted la idea apocalíptica
y catastrofista que ha dado esta mañana, siempre y cuando olvide
estos datos.
Es verdad también que la delincuencia en general no ha crecido, como
usted ha dicho, el 21 por ciento en Murcia sino que ha crecido el
23,48, -le rectifico el dato, míreselo usted bien.- pero el número de
detenidos ha subido el 23,80 por ciento, es decir, que las
detenciones en la región de Murcia han subido por encima del aumento
de la delincuencia en general. Esto quiere decir que ha habido una
respuesta adecuada y ágil a ese aumento de delincuencia y pone de
manifiesto, lo contrario de lo que usted señalaba, que sí que hay una
adecuada planificación y distribución de los medios y una permanente
atención y capacidad de reacción ante las circunstancias
sobrevenidas, con lo cual difícilmente estaremos en esa situación tan
negra, tan oscura, tan de averno como la que usted nos ha relatado.
Le quiero dar datos de lo que está haciendo el Ministerio del
Interior, el Gobierno del Partido Popular, con referencia a la
dotación de personas y a la adopción de proyectos concretos de
paquetes de medidas que van a ayudar a disminuir las ratios de
delincuencia que a todos nos preocupan. Tiene usted que saber que en
el ejercicio del año 2001 se han creado 3.150 plazas del cuerpo de
Policía Nacional y que en el ejercicio del 2002 está previsto crear
un total de 3.742 plazas que, añadidas a las 4.542 de la Guardia
Civil que se van a incrementar en el mismo ejercicio y a las 600
plazas de instituciones penitenciarias, van a permitir una
disminución de las ratios que tenemos.
Le voy a dar datos referidos a este ejercicio y al que viene, de la
región de Murcia. Murcia se ha incluido en el proyecto de diez por
diez, diez ciudades, diez delitos, que supone la fase inicial de la
policía de especialidad, a la que usted se ha referido, y yo le
confirmo que Murcia está incorporada a dicho proyecto. En lo
referente al área de extranjería se ha creado la unidad contra la red
de inmigración ilegal y falsificaciones documentales, y entendemos
que va a tener un buen
funcionamiento en la región de Murcia, porque efectivamente, tenemos
un problema con la inmigración. De un total de 985 policías en
prácticas que actualmente están en la academia de Ávila, se van a
incorporar 55 de ellos a Murcia, lo que supone destinar un porcentaje
muy superior al peso que nuestra región tiene en todo el ámbito
nacional. Eso es sensibilidad con la región de Murcia, señor Gallego.
El concurso de méritos que se está convocando en lo que se refiere a
Murcia, supone la dotación de 150 puestos de trabajo que se van a
cubrir en dicha región, y están abiertos a todos, a pesar de lo que
usted diga. Se va a crear una nueva comisaría de distrito, aunque
evidentemente no le puedo confirmar si es a la que usted se refiere.
(El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.)
Ahora vamos a llegar a un punto clave, en el que usted ha hecho tanto
hincapié, el catálogo de puestos de trabajo de Lorca. No sé cuál será
la propuesta de la comisaría de Lorca, lo que sí le digo es que en el
borrador definitivo de puestos de trabajo, en lo que se refiere a la
comisaría de Lorca, se aumenta el número de 81 puestos de policia que
usted ha reconocido a 100, no a 102; -lo siento en el alma, son a
100-, se mantiene la comisaría en su categoría y se destinan entre 5
y 15 policías en prácticas a la región de Murcia, además de admitir
una segunda actividad del 25 por ciento del número de la plantilla.
Esto supone que la comisaría de Lorca puede pasar de 81 efectivos a
140, un crecimiento, señor Gallego, del 75 por ciento. No creo que
pueda usted aquí arropar con estos datos el análisis que ha
realizado.
Con respecto a la inmigración, en la que usted hace especial
hincapié, aunque hace referencia exclusivamente a los ayuntamientos
administrados por el Partido Socialista, le quiero decir que teniendo
alcaldes como el de Lorca que, al grito de papeles para todos, están
incentivando el efecto llamada, mala solución podemos tener al
problema de la inmigración. Esa irresponsabilidad está creando
problemas para este país, evidentemente para la región de Murcia, que
no se basan en la inmigración. La inmigración es una necesidad del
país y que bien regulada y bien llevada a efecto nos va a ayudar a
crecer en nuestra economía y en nuestro progreso. Está propiciándose
la inmigración ilegal y dice aquí que personas que tengan un trabajo
temporal están llamadas a la delincuencia. Lo que usted ha querido
decir aquí que señores que solamente trabajan a tiempo parcial
delinquen, aunque quiero entender que usted no se estaba refiriendo a
eso. La inmigración, como le digo, tiene que ser un acto responsable
de todo el mundo y con actitudes como las del alcalde de su pueblo,
su sucesor, vamos a ir por mal camino.
Quiero hacerle una especial referencia a lo que usted ha demandado
aquí sobre la colaboración entre las Policía locales, la Policía
Nacional y la Guardia Civil. Usted demanda una mayor coordinación
entre estas tres policías. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo
y
creo que hay resultados más que satisfactorios en este campo. Existen
intercambios de información que dan buenos resultados, hay una
planificación periódica de las actuaciones y hay un protocolo con la
Guardia Civil en materia de extranjería que supone la obtención de
muy buenos resultado en cuanto a la investigación y detención de
delincuentes. Sin embargo, señor Gallego, esta colaboración sería
muchos más fructífera si determinados ayuntamientos socialistas no
tuvieran una actitud negativa para incrementar la dotación de la
Policía Municipal y adecuarla a las ratios de otros municipios
gobernados por el Partido Popular.
Le voy a dar una serie de datos relativos a la dotación policial en
la región de Murcia. Murcia capital con 350.000 habitantes, tiene un
policía local por cada 634 habitantes. Cartagena, mi ciudad, con
177.709 habitantes, tiene un policía local por cada 630 habitantes;
Molina de Segura, con 47.604 habitantes, tiene un policía municipal
por cada 680, y Lorca, su ciudad señor Gallego, con una población de
80.000 habitantes, tiene un policía municipal por cada 1.050
habitantes. Es decir, que Lorca está un 40 por ciento más bajo en la
dotación media de la región de Murcia en cuanto a policía local.
Difícilmente en Lorca se va a conseguir una coordinación como la que
usted nos está aquí demandando.
También le puedo dar -pero no me quiero extender más- datos sobre la
Guardia Civil. Ha habido un aumento de 30 guardias civiles para dotar
San Javier, Torre Pacheco y Totana. Están constituidas y funcionando
13 juntas locales de seguridad, pero depende de la voluntad de los
ayuntamientos, señor Gallego. Hay un equipo experimental de atención
al inmigrante en Torre Pacheco, lo cual demuestra nuevamente la
actitud del Gobierno. También, le tengo que señalar que la Dirección
General de la Guardia Civil está llevando a cabo una actuación
importantísima en materia de protección en las zonas turísticas y ya
este verano ha tenido un resultado, si no satisfactorio, por lo menos
podremos ver con buenos ojos el final de este proyecto del Gobierno.
No obstante, señor Gallego, el espíritu de mi grupo es de absoluta
responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Le quiero
demostrar que estamos empeñados en la mejora de las ratios referidas
a la seguridad de nuestros ciudadanos y también, en la disminución de
la delincuencia. Por tanto, para que no crea que pretendemos rechazar
sin más su proposición y que no tenemos esa sensibilidad a la que
estoy haciendo referencia, le propongo en este momento una enmienda
transaccional en los siguiente términos y que para la debida
constancia haré pasar a la Mesa. La enmienda transaccional diría así:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en relación con
el proceso de ampliación de plantillas, renovación tecnológica y
refuerzo de dotación material y de infraestructura que el Ministerio
de Interior viene llevando a cabo en los
últimos años, se continúe dotando a la región de Murcia de los
instrumentos policiales precisos en orden a la mejora permanente de
sus niveles de seguridad ciudadana.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gallego, ¿acepta o
no la transacción?
El señor GALLEGO LÓPEZ: Si me permite quisiera hacer uso de la
palabra un minuto porque hay precedente en el anterior debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gallego, no es el
trámite que estamos siguiendo, es simplemente para aceptar o no la
enmienda.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Le pido también un minuto, aparte de decir si
acepto o no la enmienda, simplemente para ilustrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): No, señor Gallego, porque
reabre usted un debate y vamos a estar permanentemente en él.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Ha habido un precedente, señor presidente,
cuando debatimos la anterior proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gallego, sea muy
breve, por favor.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Un minuto y muchas gracias por su
benevolencia, señor presidente.
No voy a entrar en un debate, sólo quiero manifestar, porque ha dicho
que no tengo datos, que los datos de delincuencia que he ofrecido son
una respuesta a mi compañera senadora María Antonia Martínez en la
Cámara Alta por el Ministerio del Interior, Boletín de las Cortes del
Senado de 10 de julio de 2001. Lo puedo poner a disposición de la
Comisión.
Con respecto a ese oscurantismo en cuanto al informe de la Comisaría
de Lorca, aquí está este informe, que obra en poder de los organismos
correspondientes del Ministerio del Interior.
Respecto a la enmienda que han presentado, le pediría al señor
presidente, porque hay precedentes en esta Comisión, que nos dejara
contestar a la hora de la votación, porque aunque básicamente estoy
de acuerdo, me gustaría hacer alguna precisión al proponente de la
enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Sin ningún problema, señor
Gallego.
Tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, con la misma brevedad que
el señor Gallego, para señalarle
que los datos que le he dado son actuales, que en algún caso han sido
superiores a los que él ha dicho y debe tenerlos en cuenta.
El informe de la Comisaría de Lorca lo tendrá él, pero no esta
Cámara. Le he hecho referencia al borrador definitivo de la relación
de puestos de trabajo que va a ser aprobada referida a esa Comisaría.
Espero muy gustoso la aceptación de la enmienda transaccional.
- SOBRE AUMENTO DE LA PLANTILLA DE EXAMINADORES PARA OBTENER LA
LICENCIA DE CONDUCIR EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001088.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley sobre aumento de la
plantilla de examinadores para obtener la licencia de conducir en la
provincia de Cádiz. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista y
en su nombre tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Traemos a debate esta proposición no de ley
ante la situación caótica que están viviendo en la provincia de Cádiz
tanto los ciudadanos que quieren obtener su permiso de conducir y que
estando preparados no pueden hacerlo por falta de examinadores, como
los propietarios de autoescuelas que están sufriendo importantes
pérdidas económicas.
Para ponernos en situación debo decir que la Dirección General de
Tráfico cuenta con sólo nueve examinadores y un examinador
coordinador, pero es que tres de ellos están en comisión de servicio.
Además en esta provincia hay una gran demanda para obtener esta
licencia, concretamente las autoescuelas preparan cada semana para
examen a 1.312 alumnos, que es lo que permite la Ley según el número
de profesores. Sin embargo, cada semana sólo se pueden examinar en la
provincia 800 alumnos, debido al número de examinadores existente,
con lo que quedan 512 personas aptas para examinarse, que no pueden
hacerlo. No lo pueden hacer porque el Gobierno de la nación, que está
abandonando los servicios públicos y al funcionariado, no ha cubierto
las vacantes que se han producido en la provincia y, si hace cinco
años teníamos en la provincia de Cádiz 17 examinadores, la cantidad
se ha visto reducida considerablemente. Todo esto demuestra, además,
una falta de planificación por parte de la Dirección General de
Tráfico, que no ha adecuado la Orden Ministerial de 4 de diciembre de
2000, en la que se establece que el cupo de alumnos a examinar
asignado a cada uno de los profesores de autoescuela es de cuatro
y esto no se corresponde con el número de funcionarios que pueden
examinar. Hubo una serie de concentraciones en el mes de octubre en
la provincia de los propietarios de autoescuela y se decidió, por
ejemplo,
que los examinadores volvieran a hacer horas extras, que se
paralizaron en el mes de julio, para que pudieran examinar por la
tarde. Desde luego esta no es la forma de solventar el problema, pero
al menos puede servir para disminuir esa bolsa de los no examinados.
Lo que no entendemos es que desde la Dirección General de Tráfico de
Madrid se diga que se ha liberado dinero para agilizar los exámenes
y, sin embargo, la Dirección Provincial haya establecido que en el
mes de diciembre sólo se pueda tener cupo dos días al mes por
autoescuela, cuando en los meses de diciembre de años anteriores,
debido a que es un mes festivo -se pueden poner ejemplos-, cada
autoescuela ha tenido tres días de cupo.
Todo este abandono no sólo se traduce en la acumulación de personas
que quieren examinarse, sino que afecta a todo el servicio de la
Dirección Provincial de Tráfico. Pongo un ejemplo: si antes una
expedición de licencia de ciclomotor tardaba un día, hoy tarda un
mes. Además hay que señalar que la provincia de Cádiz tiene la mayor
tasa de desempleo y hay muchas personas que deciden obtener el carné
de conducir por necesidades laborales; esto está retrasando su opción
a examinarse y no contribuye a disminuir el paro. Además otra cosa
que no ha tenido en cuenta el Gobierno es que el próximo año saldrán
como profesores titulados para impartir clase de conducir setecientos
profesores, y no van a poder ser contratados si las autoescuelas
siguen con este problema.
Quiero resaltar un tema que para mi grupo es fundamental. Hay que
tener en cuenta la propia seguridad vial y también la de los
ciudadanos que circulan por las carreteras en relación con las
personas que tienen que examinar, qué formación tienen, cuáles son
las circunstancias laborales de esos examinadores, porque su
bienestar en el trabajo también va a incidir en el mismo. Esa falta
de examinadores hace que no se pueda realizar el número suficiente de
exámenes, según la demanda que existe, y para diluir ese problema
también se acorta el tiempo de examen, como no se ponga solución
a este problema y no se cubran las plazas necesarias se seguirá
rebajando ese tiempo, lo que se vuelve a traducir en menos
posibilidad para decidir la capacitación del alumno que tiene que
obtener el permiso de conducir.
Por tanto, tenemos que decir que la política económica del Gobierno
al no invertir en servicios públicos está llevando a que los
funcionarios que se dan de baja no sean sustituidos por otros, por lo
que las plazas se quedan sin cubrir. Además, esta mala política está
afectando a empresas privadas, en este caso a las autoescuelas, que
están sufriendo pérdidas económicas y también, por supuesto, al
ciudadano al que no se le ofrece un servicio ágil, que garantice sus
necesidades y su propia seguridad.
Por ello instamos al Gobierno a que aumente en número suficiente la
plantilla de examinadores de carné de conducir en la provincia de
Cádiz en el menor tiempo posible y así se puedan solucionar los
problemas que a este respecto se vienen padeciendo en la provincia
desde hace más de un año.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar su posición con respecto a esta proposición no de
ley.
Tengo que iniciar mi intervención saliendo al paso de algunas
inexactitudes que se expresan en esta proposición no de ley,
concretamente en su exposición de motivos. En efecto, en el año 1997
el número de puestos de examinadores en la provincia de Cádiz,
incluido el puesto de examinador coordinador, era de doce y no de
diecisiete como se expresa en la exposición de motivos. Desde el año
1997 se han creado tres puestos más, con lo que el número de puestos
dotados presupuestariamente es de quince. Por ello, cuando la señora
diputada, en la exposición de motivos de la proposición no de ley,
dice que la política económica del Gobierno de no gastar en servicios
públicos está llevando a que cuando se jubilan, enferman o fallecen
funcionarios no sean sustituidos por otros sino que sus plazas no se
cubren, es cuando menos, por decirlo con suavidad, una expresión
totalmente gratuita.
Es cierto que en la actualidad de esos puestos de trabajo que están
dotados presupuestariamente sólo hay cubiertos diez, pero también
estoy seguro de que en la información que habrá recabado la señora
diputada aparecerá que ha habido sucesivos concursos de traslado para
que estos puestos sean cubiertos entre los funcionarios que pueden
acceder a ese puesto de trabajo, que no son todos, sino sólo los
funcionarios examinadores que han realizado un curso preceptivo, tal
como explicó el director general de Tráfico en una reciente
comparecencia ante esta Comisión. Esos concursos de traslado, por lo
que sea, han quedado desiertos, y la Dirección General de Tráfico, en
coordinación, como no podía ser de otra forma, con la Jefatura
Provincial de Tráfico de Cádiz ha llevado funcionarios en comisión de
servicios durante varios meses, que están actualmente prestando sus
servicios en la provincia de Cádiz, dedicados a paliar este tipo de
situaciones.
Quiero decir a la señora diputada que, efectivamente, este problema
no es nuevo. Tal como explicó el señor director general de Tráfico en
reciente comparecencia ante esta Comisión, este problema viene de una
reforma que hizo el Gobierno socialista de la Ley de reforma de la
función pública en 1984, y por mucho que les pese es así.
Recientemente hemos sufrido una huelga de examinadores, y si S.S.
conoce la tabla reivindicativa de esos examinadores, uno de los
motivos
de huelga de la primera tabla era el aumento de la plantilla de
examinadores. Sin embargo, en la segunda tabla reivindicativa
desaparece ese motivo de huelga. ¿Sabe S.S. por qué? Porque el
Gobierno se ha puesto a trabajar para solucionar este problema y ha
propuesto una serie de soluciones al comité de huelga, que están
siendo estudiadas y que en principio han sido aceptadas. Puedo
describirle alguna de ellas. Se ha propuesto unificar en un solo
puesto, denominado ejecutivo de tráfico, lo que hoy son los puestos
de examinador, investigador de seguridad vial, coordinador provincial
de educación vial y operador de centros de gestión de tráfico, con lo
que se aumenta el colectivo que puede examinar y, por tanto se va a
paliar este problema. También se ha propuesto, y se está estudiando,
incrementar la plantilla en 170 nuevos puestos y, a su vez, solicitar
el nombramiento de 170 examinadores interinos para cubrir aquellos
puestos cuando salgan a concurso público. También se está estudiando
el establecimiento de un sistema de productividad para conseguir el
retraso cero en este tipo de servicios. Todas estas medidas se están
estudiando y tienen que ser coordinadas por los Ministerios de
Administraciones Públicas y Hacienda. Una vez que se aprueben, no
tenga la menor duda de que se van a terminar estos problemas.
Este grupo no puede aprobar su iniciativa en los términos en que está
redactada la proposición no de ley, porque hasta que no se pongan en
ejecución las medidas que he anunciado no podemos aprobarla en el
sentido que S.S. quiere. Por eso estoy en disposición de proponerle
una enmienda transaccional que diría lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, una vez terminados los estudios
que se estén realizando por la Dirección General de Tráfico para
incrementar los puestos de examinadores y puestos los mismos en
funcionamiento, se dote suficientemente la plantilla de examinadores
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz. Espero que S.S. acepte
esta enmienda transaccional, puesto que recoge la inquietud que
aparece en su proposición no de ley y además estaríamos dando una
solución definitiva al problema planteado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora
Sánchez para manifestar su posición sobre la oferta transaccional del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Agradecemos al señor Romero que nos proponga
esta transaccional. Lo que le pedimos es tiempo para poder
estudiarla.
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LOS EPISODIOS DE LLUVIA Y VIENTO HURACANADOS ACAECIDOS EN EL MES
DE OCTUBRE DE 2001 EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA, Y ELABORACIÓN DE UN SEGURO
AGRARIO QUE SE ADECUE A LAS DEMANDAS DE ESTE SECTOR. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001104.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Punto siguiente del orden
del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
sobre adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados
por los temporales de octubre de 2001 en la provincia de Granada y la
elaboración de un seguro agrario. Para su formulación, tiene la
palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Los pasados días 11 y 12 de octubre
en primera instancia y posteriormente el 9 de noviembre, varios
municipios de la costa granadina se vieron azotados por temporales de
viento huracanado, incluso hubo tres tornados, y se produjeron
gravísimos daños en la agricultura de la zona, en varios e
importantes servicios municipales e, incluso, en algunos servicios y
domicilios particulares. Estos temporales afectaron fundamentalmente
a municipios como Motril, Salobreña y Albuñol, entre otros, pero
azotaron muy gravemente a varios anejos del municipio de Motril, como
es el caso de Carchuna, donde el tipo de agricultura es de carácter
intensivo, es decir bajo plástico. Esta agricultura es, en un 99 por
ciento, de pequeñas explotaciones familiares. Los daños han sido tan
graves que se han visto perjudicadas muy seriamente, tanto la
estructura y las instalaciones de los invernaderos como la pérdida de
las cosechas. En el caso de las producidas los días 11 y 12 de
octubre, estaban a punto de recolectar la cosecha, con gravísimas
consecuencias para el desarrollo socioeconómico de la zona. Los
ayuntamientos afectados y la delegación provincial de Agricultura de
la Junta de Andalucía han realizado las primeras evaluaciones de
daños en las explotaciones agrarias y sus resultados en el cultivo de
hortalizas bajo plástico, incluso al aire libre y en cultivos
subtropicales de la zona, que también han sufrido daños. Las pérdidas
superan ampliamente los límites mínimos del 30 por ciento
establecidos en la norma comunitaria para que los titulares reciban
ayudas que palien las pérdidas sufridas.
A esta grave situación hay que añadir algo relevante para la zona del
litoral granadino y para otros litorales. Por tratarse de agricultura
intensiva, hay tres cosechas al año y el seguro agrario subvencionado
por el Ministerio de Agricultura no se adecua a este tipo de
explotaciones, no tiene en cuenta la triple campaña anual y queda muy
bajo, por lo que los agricultores difícilmente pueden resolver por sí
solos la situación al no poder asegurar su producción en tres
ocasiones.
Con esta proposición no de ley, mi grupo pretende que, de forma
urgente, se apruebe un real decreto por el
que se adopten medidas que permitan reparar los daños causados que he
relatado, de manera similar a lo que se ha venido haciendo en
situaciones análogas. En segundo lugar, pretende que para hacer
efectivas estas medidas de carácter urgente, se puedan evaluar y
cuantificar de forma inmediata los daños causados en colaboración con
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con los municipios y con los
colectivos y organizaciones agrarias afectadas, y recoger en ese real
decreto, además de medidas urgentes, un crédito extraordinario con
suficiencia presupuestaria y declarar -para nosotros esto es muy
importante- objeto de indemnización con cargo a ese crédito
extraordinario del real decreto, los daños directos ocasionados sobre
producciones agrarias, cuando estos riesgos no estén contemplados en
las órdenes reguladoras de las condiciones del aseguramiento
correspondiente o cuando por el tipo de agricultura -les recordaba a
SS.SS. que la agricultura intensiva tenía esa dificultad en su
aseguramiento- no se ha permitido el aseguramiento al agricultor. Un
tercer punto de esta proposición no de ley, que para nosotros es
importante y entendemos que no sólo va a afectar al litoral
granadino, sino también al almeriense y a toda la zona del
Mediterráneo que practique este tipo de agricultura, es elaborar
conjuntamente con la las organizaciones agrarias, y en este caso con
la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, un estudio de
la situación y las necesidades actuales de la agricultura intensiva,
para que se piense en elaborar un seguro agrario subvencionado que se
adecue a este tipo de demandas del sector agrario.
Esta es una situación muy difícil para el litoral granadino que ha
sufrido gravísimos daños. Ayer mismo la Comisión de Agricultura del
Parlamento de Andalucía aprobó, por unanimidad de todas las fuerzas
políticas, una proposición no de ley en los mismos términos, pero
añadiendo un punto más del que quiero dejar constancia en el «Diario
de Sesiones». El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha
comprometido, al aprobar esta proposición no de ley, a cofinanciar y
participar en la línea de ayudas que apruebe el Gobierno de la Nación
para esta zona del litoral granadino. También el consejero de
Agricultura manifestó recientemente en el Parlamento, ante una
pregunta de un diputado del Partido Popular y otra de un diputado del
Partido Socialista, la voluntad y la decisión del Gobierno de
Andalucía de colaborar con el Gobierno central a la hora de conceder
esas indemnizaciones, tanto en las bonificaciones de intereses que se
puedan articular como en las líneas de ayuda.
Señorías, es muy importante que el Gobierno central, por tanto, el
Grupo Popular que le apoya, sea sensible a esta situación, como lo ha
sido a los daños del temporal en Murcia, en Cataluña o en otras
regiones. La próxima semana en el Pleno de la Cámara veremos alguna
iniciativa en este sentido. Espero el voto afirmativo del Grupo
Popular a esta proposición no de ley, en
primer lugar, por coherencia con lo que viene siendo habitual, la
aprobación de reales decretos de ayuda a situaciones similares y, en
segundo lugar, por coherencia con lo que ayer le demandaba al
Gobierno andaluz y al propio Gobierno central en una proposición no
de ley en idénticos términos pero con el compromiso del Gobierno
andaluz.
Señorías, espero que el voto afirmativo permita que el litoral
granadino salga de la situación que está atravesando por las graves
condiciones meteorológicas y climatológicas. Creo que con la
sensibilidad de todos lo podremos resolver.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En primer lugar, agradezco al Grupo
Parlamentario Socialista la presentación de esta iniciativa que nos
permite hoy manifestar a todos los grupos parlamentarios una
expresión de solidaridad y un compromiso, como no puede ser de otra
forma, de ayuda a la grave situación que esas condiciones
climatológicas desatadas, que señalaba la señora proponente, han
provocado en determinados municipios de la provincia de Granada. Por
tanto, compartimos la inquietud de fondo de esta iniciativa y
compartimos el sentido de solidaridad y de compromiso, como ya viene
siendo acreditado sucesivamente cuando se han producido situaciones
de esta naturaleza por anteriores gobiernos socialistas y por el
actual Gobierno Popular, porque ese tiene que ser, al fin y al cabo,
el compromiso de las administraciones públicas, tanto de la
Administración del Estado como de las diversas administraciones
autonómicas y locales.
Me parece justo decir que tanto la Administración del Estado como la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía como las
corporaciones locales afectadas como, en definitiva, el conjunto de
la sociedad granadina, supieron estar a la altura de las
circunstancias para arbitrar de inmediato las primeras medidas de
socorro una vez producidas esas adversas condiciones climatológicas.
La señora Pleguezuelos señalaba, y señalaba muy bien, en el principio
de su intervención que se han realizado ya las primeras evaluaciones.
Estamos precisamente en esa fase de las primeras evaluaciones y no en
la de las evaluaciones definitivas. En ese sentido, nos parece
oportuno recordar que el procedimiento que la señora proponente
incorpora a su proposición no de ley en su punto dos es precisamente
el método y el procedimiento legal establecido que se viene siguiendo
a la hora de, una vez efectuadas esas evaluaciones definitivas, poder
valorar, por parte de las administraciones, en este caso de la
Administración del Estado, el conjunto de daños a fin de arbitrar
definitivamente las medidas legales correspondientes de reparación y
de ayuda a los afectados.
Una parte del debate planteado esta mañana por la señora Pleguezuelos
probablemente no corresponde al ámbito de esta Comisión ni creo que
se deba agotar en el ámbito de esta iniciativa, lo que afecta a la
política de seguros agrarios. Sí que tengo que recordar, porque me
parece obvio, que tanto la Administración del Estado como la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía han venido
realizando notables esfuerzos en materia de política de seguros
agrarios, en algunos casos llegando a una subvención del 47 por
ciento del coste total del seguro. Probablemente, vuelvo a repetir,
aunque esta parte de la cuestión no sea típicamente propia del ámbito
competencial y temático de esta Comisión, todos los grupos
parlamentarios deberemos seguir reflexionando sobre ello en el ámbito
correspondiente, en la Comisión de Agricultura, para entre todos
aportar esfuerzos para mejorar esos niveles y esas prestaciones de
las políticas de seguros, teniendo en cuenta el esfuerzo que tanto la
Administración del Estado como las administraciones autonómicas
vienen realizando en orden a esa universalización y generalización
del seguro agrario.
Decía la señora Pleguezuelos que los efectos inicialmente citados en
su proposición no de ley que afectaban a las situaciones de temporal
que se vivieron en la provincia de Granada en octubre de este año se
reprodujeron días después, a principios del mes de noviembre, en los
mismos términos que se han vivido en otras comunidades autónomas,
como es el caso de Baleares, Cataluña, Canarias y la Comunidad
Valenciana. En el próximo Pleno tendremos oportunidad de hacer una
aproximación a esta cuestión.
En este momento quisiera ceñirme a ese concepto que compartimos con
la señora Pleguezuelos, en términos puramente técnicos, de invocación
de la fase en la que estamos. ¿En qué fase estamos? No en la de las
evaluaciones definitivas y cerradas, estamos en la fase de las
primeras evaluaciones. Por tanto, teniendo claro cuál es la posición
del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno Popular, teniendo
absolutamente claro cuál es la posición del Grupo Parlamentario
Socialista y del Gobierno Socialista de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, siendo prácticamente comunes ambas posiciones, a nosotros
nos parecía más adecuado que en el día de hoy esta Comisión de
Justicia e Interior pudiera aprobar una resolución que estuviera,
primero, afecta a lo que es típicamente el ámbito competencial de
esta Comisión y, segundo, afecta al momento procesal en el que
estamos y que, vuelvo a repetir, señalaba con acierto la señora
Pleguezuelos cuando situaba la cuestión en fase de primeras
evaluaciones. Por eso nosotros, suscribiendo las posiciones políticas
que ayer desde la óptica de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó
mi grupo parlamentario, hoy desde la óptica de la Administración del
Estado, que es lo que nos corresponde a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara, quisiéramos ofrecerle una enmienda
transaccional
que dijera lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración
con la Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios afectados,
concluya cuanto antes el proceso de valoración de daños producidos
por los episodios de lluvia y viento acaecidos en Granada, a fin de
arbitrar de inmediato las medidas legales de reparación y ayuda a los
afectados. Hasta aquí el texto de nuestra enmienda transaccional en
el día de hoy con el añadido de un compromiso claro de estar
abiertos, en el ámbito de la Comisión de Agricultura, a seguir
profundizando en los debates y en las aportaciones para la mejora,
por parte de todos, de esas políticas de seguros agrarios que, vuelvo
a repetir, han tenido un notable incremento por la acción de
anteriores gobiernos socialistas y del actual Gobierno Popular y,
naturalmente, nuestra voluntad y nuestro compromiso de que la
situación que ha vivido la provincia de Granada sea tratada en los
mismos términos y en la misma consideración con los que han sido
tratadas o vayan a serlo otras regiones afectadas por esas mismas
situaciones de fenómenos meteorológicos devastadores que acaecieron
en los primeros días de noviembre.
Sería bueno, complementando la expresión de voluntad unánime de todos
los grupos parlamentarios ayer en el parlamento de Andalucía, que hoy
pudiéramos, todos juntos también, aprobar esta proposición no de ley
con la enmienda de sustitución que hemos planteado, porque en esta
enmienda probablemente está mucho más ajustada la realidad del
momento que afecta a todo ese proceso, que tiene que ser concluido en
sus evaluaciones definitivas cuanto antes para así poder arbitrar
todos los mecanismos que el Ministerio de Administraciones Públicas
tiene previstos, a fin de señalar definitivamente la cuantía de los
daños y, en su consecuencia, en los procedimientos legales para la
reparación y ayuda a los afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar, aceptaría la
enmienda transaccional. Me gustaría leerla con más detalle, incluso,
si es posible, incorporar una o dos palabras, que dejarían muchísimo
más claro el tema.
En segundo lugar sólo quiero decirle, señor Gil Lázaro, que habría
sido mucho más razonable que ayer hubieran hecho esta misma propuesta
transaccional más el punto 2, que incluía el compromiso del Gobierno
andaluz de colaborar con el Gobierno central en la solución de los
problemas. Habría sido más razonable que esta enmienda se hubiese
aprobado también ayer en los mismos términos que hoy se han propuesto
porque ayer el Gobierno central tenía iniciados los trámites en los
mismos términos en que están hoy; habríasido más razonable, pero en
aras sin duda de llegar a
un acuerdo, en aras de seguir trabajando como hicimos -a mí misma por
poco me lleva el temporal porque estaba allí haciendo una visita
cuando empezó de nuevo-, en ese ánimo de conseguir que lleguen cuanto
antes las ayudas al litoral granadino, aceptaré, la transaccional
espero que con algún matiz que quiero añadir y pido unos minutos,
señor presidente, para resolver la situación.
Respecto al punto tercero, mi propuesta iba a ser, cuando le estaba
oyendo, que aprobásemos los demás y yo retiraba el punto tercero, que
podría ir a la Comisión de Agricultura. Si así fuera, podríamos
llegar a un acuerdo en esos términos y pasaríamos a la Mesa la
propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Intervengo para agradecer la posición de la
señora Pleguezuelos y para decir -lo he señalado en mi intervención-
que desde la óptica, acertada o equivocada, de mi grupo parlamentario
ayer se situaba mejor esta cuestión en los términos propios de las
competencias de la Junta de Andalucía aprobando ese texto y que este
texto de hoy afecta mucho más a las competencias propias de la
Administración del Estado, pero he querido decir -no sé si me habré
expresado bien, en todo caso lo reafirmo para que no haya ninguna
duda al respecto- que siempre que se ha producido este tipo de
situaciones, el Gobierno de la nación, y desde luego, el Grupo
Parlamentario Popular no solamente no tiene nada que decir, sino que
agradece profundamente la lealtad interinstitucional, la
colaboración, el esfuerzo y la ayuda, codo con codo, de la Junta de
Andalucía.
Efectivamente, lo he dicho en mi intervención, creo que ese punto 3
puede corresponder mejor al ámbito de la Comisión de Agricultura.
Nuestra posición distante en cuanto al punto 2 es porque señalamos
exclusivamente que ese punto es el procedimiento habitualmente
seguido y el que se está siguiendo siempre que se trata de una
evaluación de daños de esta naturaleza; por tanto, nuestra oferta de
transaccional pretende sustantivar lo que nos parece más importante,
es decir, el compromiso de todos -y, desde luego, de este grupo
parlamentario y del Gobierno- para que, como usted muy bien señalaba,
esa fase en que estamos de primeras evaluaciones se cierre cuanto
antes para, a su vez, cuanto antes poder arbitrar las medidas legales
oportunas de reparación a los afectados.
Esa es nuestra oferta transaccional y yo estoy convencido que
seguramente no habrá ningún problema en incorporar esas palabras que
me señalaba la señora Pleguezuelos. Celebro enormemente -porque yo
creo que lo celebran los ciudadanos- que cuando se trata de
cuestiones como éstas no haya, porque no puede
haber, ninguna diferencia institucional ni ideológica ni de interés
partidario.
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID PARA INFORMAR ACERCA DE SUS
DECLARACIONES A RAÍZ DEL INCIDENTE OCURRIDO EN POZUELO DE ALARCÓN EN
LA MADRUGADA DEL DÍA 20 DE JUNIO DE 2001, PROMOVIENDO LA
PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE
HABITAN EN LAS URBANIZACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FORMULADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/
000575).
- DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA PARA INFORMAR DE SUS
DECLARACIONES ACERCA DE LA INSUFICIENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA
SEGURIDAD PRIVADA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000830).
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto
del orden del día relativo a los debates que hacen referencia al
conocimiento de la posición de la Comisión sobre la celebración de
las comparecencias de los delegados de Gobierno en Madrid y en
Andalucía de forma acumulada. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Una vez más nos vemos obligados a pedir la
comparecencia ante esta Cámara de delegados del Gobierno, en este
caso se trata concretamente del delegado de Madrid y del delegado de
Andalucía. La pediremos siempre que veamos que por los delegados del
Gobierno se están adoptando posturas y haciendo manifestaciones que
consideramos lesivas incluso para el funcionamiento de nuestro Estado
de derecho, una de cuyas partes sustantivas es la preservación de las
vidas y de los bienes, la seguridad ciudadana, de la cual se tienen
que beneficiar todos los ciudadanos. Lo haremos -y esto queda ya
advertido para el futuro- porque, aunque sabemos inicialmente la
postura del Partido Popular, nos creemos obligados ante la opinión
pública a poner de manifiesto la situación que desde nuestro punto de
vista ha de producirse si la negativa a las comparecencias que
estamos requiriendo se va a mantener. En todo caso, consideramos que
será útil que la opinión pública conozca el rebote que se produce de
responsabilidades -y hablo de rebote
de responsabilidades, aunque no sea un término jurídicamente muy
correcto-, que significa que en el supuesto de que no sean
autorizados los delegados del Gobierno a concurrir a esta Cámara, se
pone en evidencia que el Gobierno del Estado, el ministro del
Interior, el presidente del Gobierno, el Gobierno en pleno, en
definitiva, amparan, toleran y están de acuerdo con manifestaciones
como a las que ahora me referiré.
Efectivamente se trata de la comparecencia de dos delegados del
Gobierno, el de Madrid y el de Andalucía, y posiblemente podríamos
haber pedido alguna más porque ya parece que esta lista de delegados
del Gobierno que hacen declaraciones improcedentes se va
incrementando y se van animando algunos representantes más del
Gobierno en las comunidades autónomas. Nosotros consideramos que son
representantes del Gobierno en comunidades autónomas, ante cuyos
parlamentos obviamente no tienen que responder, y que la única
exigencia de responsabilidad política posible ha de sustanciarse
aquí, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. En este caso
pedimos las comparecencias, señorías, por dos motivos, en definitiva,
por dos hechos similares. Ante graves delitos y ante la oleada
creciente de inseguridad producida en ambas comunidades autónomas,
ambos delegados del Gobierno han tenido la misma respuesta, han
planteado medidas similares que consisten, en que se incremente la
seguridad privada, lo que equivale desde nuestro punto de vista a
promover la privatización del servicio público de seguridad. Esto es
lo grave de la cuestión ante la evidencia de dos planteamientos que,
como mínimo, se podrían calificar de anarco-autoritarios, y sé lo que
quiero decir cuando utilizo esta palabra. Se tiene fortaleza frente a
las manifestaciones públicas de ciudadanos que ejercitan su libre
derecho a manifestación y se les somete a un cierto acoso o un gran
acoso, como ha ocurrido a veces en la Comunidad Autónoma de Madrid;
frente a esa prepotencia y fortaleza aparece una ineficacia palpable,
evidente y contrastada en la lucha frente al delito. Además existe
una abdicación respecto al deber que tienen estas autoridades de
ejecutar, realizar y cumplir obligaciones del Estado; en definitiva,
parece que hay un principio de abdicación, cuando se pide y se dice a
la ciudadanía que tiene que resolver los problemas de inseguridad que
padecen acudiendo a la seguridad privada. Desde nuestro punto de
vista, con estas manifestaciones el Estado abdica de uno de los
cometidos fundamentales que justifican su existencia: erradicar la
violencia. Esta es una de las razones por las cuales, efectivamente,
existió la aparición del Estado; el mantenimiento de la paz ciudadana
y del orden jurídico; son funciones absolutamente indeclinables para
el Estado. Estos señores, por otra parte, convierten en papel mojado
las garantías constitucionales, la libertad y la seguridad para todos
los ciudadanos que están garantizadas en nuestra Constitución, que se
tienen que garantizar
-valga la redundancia- con la existencia precisamente de un servicio
público de seguridad.
Es una cuestión, señorías, de gran calado, de enorme y grave
importancia en lo que se refiere a la estructura y al propio
comportamiento del Estado frente a los ciudadanos que, desde nuestro
punto de vista, está siendo frivolizada y, en cierta medida,
disminuida y degradada por la acción, el comportamiento y las
palabras de estos señores con relación a estos hechos, luctuoso en
algunos casos, asesinatos, incremento de la delincuencia que afectara
amplios sectores de la ciudadanía. El servicio público de seguridad
debe tener una cobertura universal y si no la tiene dejará de ser tal
servicio público garante de la libertad y la seguridad de los
españoles.
Está apareciendo, un nuevo factor de insolidaridad y de desigualdad
en razón precisamente a la capacidad de pago que tienen los
ciudadanos respecto a la dotación y cobertura de servicios de
seguridad. No todos los ciudadanos tienen capacidad económica para
abordar el pago de la seguridad privada que, en muchos casos se está
sugiriendo por autoridades del Partido Popular. Se ha dicho a muchos
ciudadanos que viven en urbanizaciones que tiene que proveerse de
seguridad privada. Eso lo han dicho el delegado del Gobierno en
Andalucía y el delegado del Gobierno en Madrid. En las urbanizaciones
viven personas ricas, personas que no lo son y personas pobres, y
evidentemente no se les puede situar ante esa tesitura de tener que
abordar la compra, la adquisición del servicio de seguridad después
de pagar los impuestos. Aquí se produce una situación que, quizá, ya
no sea paradójica. El Estado pobre, que en cierta manera se sitúa en
la filosofía que mantiene el Partido Popular, no beneficia, más bien
perjudica, a los pobres de este país, a los que viven en las
condiciones económicas más difíciles; en las urbanizaciones,
obviamente, habitan trabajadores, personas que tienen que esperar del
Estado, como mínimo, la cobertura de su seguridad pública. No se
trata, desde mi punto de vista, de puras ocurrencias de dos
autoridades públicas porque también en algún momento se podía haber
despachado el asunto diciendo: son ocurrencias del señor Ansuátegui o
del delegado del Gobierno en Andalucía. No, señorías se trata de
ocurrencias. Estamos ante expresiones y manifestaciones de dos
autoridades delegadas del Gobierno. Estos señores cuando hablan lo
hacen también por delegación y si hablan por delegación diciendo que
los ciudadanos tienen que acudir a la seguridad privada para
proveerse de este servicio, estos señores están hablando en nombre
del Gobierno del Partido Popular, por lo que el Partido Popular
comparte este planteamiento. Deberemos entender que el planteamiento
lo comparten el señor Rajoy y también el señor Aznar.
Por tanto, por lo que estamos viendo se deduce que definitivamente el
Gobierno del Partido Popular se declara impotente ante el incremento
de la inseguridad
ciudadana. El Gobierno del Partido Popular tira la toalla para
garantizar la seguridad ciudadana a los españoles y lanza la consigna
de sálvese quien pueda; quien pueda pagar que pague y el que no
tendrá que aguantarse. Ante este incremento de delitos, la respuesta
que origina esta situación está generando una enorme preocupación en
la población española. Ante el incremento de delitos y de la
inseguridad ya estamos viendo cuál es la respuesta. Desde nuestro
punto de vista es una respuesta ineficaz, insuficiente. Hay
presupuesto estancado en materia de seguridad pública, debido al
déficit cero, que, además, se quiere acompañar de una actuación
policial de tolerancia cero, pues lo que está contenido en la
filosofía del Plan policía 2000 es cómo hacer conciliar tolerancia
cero con déficit cero en el presupuesto del Estado en materia de
seguridad. Los sueldos más bajos de los agentes de la autoridad los
cobran los policías nacionales y los guardias civiles; tenemos las
plantillas incompletas; hay equipamiento insuficiente y, a veces, el
material que utilizan las fuerzas de seguridad es inferior al que
utilizan los delincuentes, (véase en el caso de los mecanismos e
instrumentos de navegación, me refiero a las lanchas o al material
móvil que hay en las carreteras, los coches, las patrullas que, a
veces, son inferiores en dotación y hasta falta la gasolina porque se
ha dado el caso de que actuaciones de las fuerzas de seguridad no se
han podido desarrollar por estar dosificada la gasolina de manera tal
que hace imposible un funcionamiento correcto y suficiente de los
servicios); en definitiva, se plantea la privatización de la
seguridad pública. Estamos ante un conjunto de elementos, de factores
enormemente preocupantes y es por lo que nosotros hemos estimado que
tienen que venir aquí también, aparte del ministro del Interior, que
comparecerá, y de otras autoridades del Ministerio, los delegados del
Gobierno. ¿Qué teme que ocurra el Partido Popular porque venga aquí
un delegado del Gobierno, porque sé que se van a oponer? ¿Qué va a
pasar? Aquí vienen otras autoridades públicas y se les interroga, se
les piden explicaciones, etcétera. ¿Por qué esconderse detrás del
burladero de una interpretación del Reglamento que, incluso, puede
tener su génesis? Aquí no estamos para revisar el pasado, aquí
estamos para preparar el futuro y el futuro se prepara también
incorporando a estas autoridades públicas, a estos delegados del
Gobierno, a la acción parlamentaria y a la explicación parlamentaria.
¿Qué tienen que temer los dirigentes del Partido Popular, el propio
Gobierno del Partido Popular? Creo que dar explicaciones, comparecer
y mantener un debate es lo normal y lo correcto en un sistema
democrático en el cual no hay nada que esconder.
Termino, señor presidente. Si el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno, no dejan venir a estos delegados
del Gobierno es lógico que entendamos, señorías, que les amparan,
comparten sus opiniones y defienden sus palabras. Por consiguiente,
entenderíamos que el Partido Popular se expresa a través de estos
delegados del Gobierno en los planteamientos que ellos reflejan; es
decir, que el Partido Popular estaría ya en una dinámica de defensa
de la privatización de la seguridad ciudadana, con la cual nosotros
no estamos en absoluto de acuerdo. Esta es la gravedad de la cuestión
y el motivo por el cual queremos que comparezcan aquí; queremos que
se contraste esa opinión y comprobar si es verdad que, como delegados
del Gobierno hablan en delegación del mismo sobre este tema
defendiendo la privatización de la seguridad pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tengo que felicitar al señor Mayoral con todo
afecto, con todo cariño, porque creo que el objetivo está cubierto.
El señor Mayoral ha expuesto desde su legítimo y particular punto de
vista, una magnífica proclama que podrá utilizar fuera de la Cámara
porque se ha mezclado todo, pero hay algunos datos muy importantes
que no ha señalado. Por ejemplo, no nos ha dicho que el
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior ha
comparecido ante esta Comisión para dar su opinión precisamente sobre
una de las cuestiones de fondo que plantea una de las solicitudes del
Grupo Parlamentario Socialista, de comparecencia del delegado del
Gobierno en Madrid, a propósito de determinados supuestas
declaraciones que realizó en su momento. Probablemente por su
inteligencia política, su experiencia, su brillantez dialéctica el
señor Mayoral ha sido muy cuidadoso, a lo largo de toda su
intervención para que no se le resbalara la mención de ese dato
porque con la mención de ese dato la justificación de la solicitud de
comparecencia de este delegado del Gobierno quedaba obviada. Se nos
dice que si no viene el delegado del Gobierno en Madrid, el Grupo
Parlamentario Popular, el Gobierno Popular, el vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior estarán asumiendo la
responsabilidad de no dar explicaciones, pero el dato se desmonta
porque resulta que el vicepresidente primero del Gobierno y ministro
del Interior ya ha comparecido ante esta Comisión para hablar de este
asunto. Algunos datos o expresiones de carácter más general no dejan
ciertamente de ser paradójicas, por ejemplo cuando se nos dice que
las actuaciones de los delegados del Gobierno son lesivas para el
Estado de derecho o se nos dice que convierten en papel mojado las
garantías constitucionales, pues esto último sería clarísimamente la
imputación de la comisión de un delito. No creo que sea esa la
intención del señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; pero
de mantenerse en sus términos sería en todo caso la imputación de un
delito, convertir en papel mojado las garantías constitucionales. O
cuando se hace alguna teoría, ciertamente interesante, sobre que en
la intervención
del señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha llamado
pobres, pero pobres que pueden vivir en urbanizaciones que
tradicionalmente, por situarse en los términos de la cuestión que
afectaba a la solicitud de comparecencia de los delegado del Gobierno
en Madrid y Andalucía y por utilizar la misma terminología que ha
utilizado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, son
de ricos; pues no deja de ser ciertamente un poco paradójico.
Por no extenderme, no voy a realizar la repetición de debates que
hemos tenido en esta Comisión sobre algunas de las afirmaciones que
ha hecho el señor Mayoral. Por ejemplo presupuesto estancado en
materia de seguridad pública. Ya hemos tenido ocasión de expresar a
lo largo de los últimos ejercicios presupuestarios el crecimiento
constante de ese presupuesto y mucho más en lo que afecta al
presupuesto para 2002. Otro ejemplo: sueldos más bajos. Este Gobierno
ha realizado en los últimos años un esfuerzo ciertamente importante
-dentro de las restricciones presupuestarias- para ir acomodando las
retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los
niveles que se adecuen y sean suficientes y dignos para la
importantísima gestión que realizan, y naturalmente eso sigue siendo
un esfuerzo permanente de autoexigencia. Por ejemplo, tuve ocasión de
recordarle en el debate presupuestario que no siendo para echar
cohetes la retribución que en este momento recibe la Guardia Civil
por horas extraordinarias, que es de 800 pesetas, sin embargo esa
retribución ha supuesto un incremento del 800 por ciento porque en
otro momento, en otra época, la retribución que recibía la Guardia
Civil por horas extraordinarias o en días festivos era exactamente
igual a cero pesetas. Evidentemente, el incremento, el esfuerzo y el
compromiso están ahí. Equipamientos insuficientes. Bueno,
equipamientos insuficientes, cuando este Gobierno ha puesto en marcha
planes tan importantes como el plan SIRDEE, de renovación y
modernización de todos los sistemas de comunicación integral de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o el plan SIVE, Servicio
Integral de Vigilancia del Estrecho, o una serie de planes concretos
de modernización y renovación tecnológica e incorporación de las
nuevas tecnologías a las infraestructuras de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Cuando se sigue hablando de la falta de
combustible, vienen aquí los directores generales y nos dicen, dígalo
usted, es que a mí no me hace falta en este momento combustible
porque afortunadamente, como consecuencia de un plan de
racionalización y optimización de los recursos, tengo cubiertas mis
necesidades de combustible. O cuando se habla de plantillas
incompletas y se obvia que durante estos cinco últimos años se ha
hecho un esfuerzo notabilísimo -ahí está la oferta de empleo público
para este año- en materia de adecuación y renovación de las
plantillas. Todo eso forma parte de un razonamiento que está bien
traerlo (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Un momento, señor Gil
Lázaro. Señorías, por favor, mantengan silencio para que podamos oír
a los intervinientes.
El señor GIL LÁZARO: Digo que está bien traerlo a colación esta
mañana para justificar un debate más general, pero no tiene nada que
ver ni con la realidad ni con el asunto de fondo que nos ocupa.
Concluir que lo que pretende el Gobierno Popular, el Grupo
Parlamentario Popular es ir a una privatización absoluta de la
seguridad ciudadana, a tirar la toalla, a reconocer nuestra
impotencia y al sálvese quien pueda, vuelvo a repetir que son
inteligentes y hábiles y curiosos y hasta si se me permite la
expresión ingeniosos recursos dialécticos, pero desde luego no tienen
ningún trasfondo ni ninguna solvencia política. Yo no sé qué se
entiende por privatización de la seguridad, desde luego la única
referencia que yo tengo en este momento -y quiero ser muy elegante-
de una autoridad pública que haya podido querer hacer uso de
seguridades o de investigaciones privadas es la que es y no se
corresponde con ninguna autoridad pública del Partido Popular ni del
Gobierno popular. En fin, y en definitiva con esto concluyo señor
presidente, me encanta esa expresión que ha utilizado el señor
Mayoral de anarco-autoritarios. No sé a qué se refiere, probablemente
entenderá que manifestarse, como corresponde a cualquier autoridad
sea del ámbito que sea y desde luego a las autoridades del Estado, en
defensa de la libertad y de los derechos de los ciudadanos es
anarquía o es autoritarismo. No sé qué habrá querido decir, pero no
deja de ser una expresión, vuelvo a repetir, ciertamente curiosa.
Concluyo, señor presidente, diciendo que las cosas son como son y que
rectificar es de sabios. Nosotros, durante algún tiempo, un tiempo
muy corto, allá por los años 1989, 1990 y 1991 llegamos incluso a
plantear que viniera aquí algún delegado del Gobierno, pero nos
convencieron entonces, porque rectificar es de sabios, las
manifestaciones, los conceptos y razones dadas por el Gobierno
socialista y por el Grupo Parlamentario Socialista para decir que
estaban de más las comparecencias de esos delegados del Gobierno
porque quienes tenían que responder de sus actos eran las autoridades
correspondientes, en este caso del Ministerio del Interior. Lo que
pasa es que ese argumento, que al final se demostró tenían razón,
nunca se complementó con la segunda parte del razonamiento, es decir
que comparecieran las autoridades correspondientes del Ministerio del
Interior para dar las explicaciones oportunas. Aquí, se quiera decir
lo que se quiera decir, ha venido ya el vicepresidente primero del
Gobierno y ministro del Interior para asumir su responsabilidad y dar
las explicaciones. Esa es, como siempre, la diferencia. Por último,
felicitar al señor Mayoral porque desde su punto de vista la proclama
ha sido perfecta. (Risas. El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Señor Mayoral?
El señor MAYORAL CORTÉS: Sí, señor presidente, para hacer alguna
observación que creo conveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muy breve.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy breve, lo más breve que podamos. (Un
señor diputado: Como Gil Lázaro.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): A ver si es posible.
El señor MAYORAL CORTÉS: Por lo menos. (Risas.)
Es que yo tenía interés en explicarle al señor Gil Lázaro lo que he
querido decir cuando he hablado de anarco-autoritarios porque
efectivamente son términos contradictorios. Pero esa es la cuestión
de cómo se defiende, por una parte, y se manifiestan actitudes de
dureza, de jerarquía y de imposición tradicional en lo que se refiere
al ejercicio de ciertas libertades públicas y sin embargo cuando se
trata de proteger la seguridad ciudadana se mantienen teorías,
comportamientos y actitudes ácratas que consisten en decir bueno, yo
ahí no me considero concernido tan profundamente como para no hacer
una apelación a que parte de mi autoridad no tengo por qué ejercerla;
esa parte de la autoridad que yo no puede ejercer, que se la compren
estos señores y la paguen a través de empresas privadas de seguridad.
Eso es lo que he querido decir y ese es un comportamiento. Otros lo
podrían decir de otra manera, porque hay otra versión de este asunto,
se ha hablado de anarco-capitalismo y yo he utilizado solamente el
anarco-autoritarismo, que es otra derivación que tiene las mismas
raíces ideológicas y filosóficas.
En relación a toda esta cuestión, quizás lo más importante de toda la
historia, más que recordar el pasado -que si el Partido Socialista
dijo, hizo o no hizo-, como el pasado ya está amortizado y el pasado
ya pasó, ahora tenemos que hablar del futuro y del presente, de lo
que hace el Partido Popular y de cómo nosotros quisiéramos hacer las
cosas hacia el futuro a partir de lo que está pasando en este
momento. Es eso lo que tiene validez. No la tiene que digan que en el
pasado, hace no sé cuántos años, se hizo así o de la otra manera.
Ahora somos otras personas y son otros tiempos y en relación a estos
tiempos lo que nosotros hemos planteado es muy sencillo y es una
cuestión a la cual no se nos ha dado respuesta. No es cuestión de
utilizar recursos retóricos por aquí o por allá, es ir a la esencia
del planteamiento y del problema y la esencia es que ha habido
manifestaciones de autoridades públicas delegadas del Gobierno,
representantes máximos del Gobierno en dos comunidades autónomas, con
lo que
ello significa, que han hablado -y se entiende que lo han hecho por
delegación, como todo lo que hacen- y por delegación han dicho que en
el tema de la seguridad pública el Gobierno no la puede garantizar en
las urbanizaciones, muchas de ellas habitadas por gente sin capacidad
económica -la inmensa mayoría-, y cada cual se tiene que buscar
soluciones que consisten en pagar esos servicios. Esto es lo que
desde el punto de vista jurídico-constitucional de la defensa de un
Estado de derecho, que nosotros queremos completo porque debe
garantizar en términos universales la seguridad pública a todos los
ciudadanos, nos ha parecido escandaloso. Por eso queremos que aparte
de que el ministro del Interior haya venido aquí, como es su deber
porque el ministro del Interior cuando viene aquí no viene de visita
pastoral, señor Gil Lázaro, viene cumpliendo un deber democrático que
le corresponde, nosotros entendemos, digo, que junto al deber
democrático de comparecer el señor ministro están los otros deberes
democráticos de comparecer, el reglamento tiene resortes suficientes
para ello, y si no se quieren utilizar es porque no hay voluntad
política para que eso ocurra. Existen resortes para que los señores
delegados del Gobierno vengan a esta Cámara y expliquen sus
conductas, ya que los mismos no son responsables ante los parlamentos
autonómicos por razones obvias. Si tiene que haber un ámbito para el
ejercicio de la responsabilidad política de estos señores, ese ámbito
es esta Cámara, en la cual obviamente esta es una de las cuestiones
fundamentales y primarias que tenemos que debatir. Quién, cómo y
cuándo se garantiza la seguridad de la vida y de los bienes de
ciudadanos españoles. Desde luego mal garantizada está cuando, como
S.S. comentaba hace un momento hablando de las retribuciones de los
guardias civiles -únicamente me voy a ceñir a este punto-, se dice
que las retribuciones que reciben los guardias civiles no son para
tirar cohetes, incluso habiéndoles incrementado el complemento de
productividad. ¿Cómo va a ser para tirar cohetes que le paguen a un
señor 115 pesetas la hora por realizar servicios extraordinarios? Eso
no es para tirar cohetes, es para otras cosas. Tan escandaloso es el
asunto -esta cuestión tendremos que debatirla en el futuro, en el año
2002, que ya se aproxima- que el Defensor del Pueblo considera en su
informe un dato asombroso no solamente la acumulación de quejas por
parte de la Guardia Civil, sino también lo que se refiere a la falta
de soluciones por parte de la Administración del Estado. Esto lo dice
el Defensor del Pueblo en su informe y a él me remitiré en el futuro.
Ahora solamente quiero insistirles que piensen ustedes en la
conveniencia de abrir este espacio de presencia de los delegados del
Gobierno cuando dicen las cosas que dicen y que tienen un calado
político muy importante, la posibilidad de que vengan aquí a dar
cuenta de sus responsabilidades políticas, que por otra parte es de
las únicas que yo he hablado, señor Gil Lázaro, y no de ningún tipo
de
responsabilidad penal. A ver si ahora vamos a tener que coger el
papel de fumar, como se dice por ahí en términos vulgares. Lo que yo
he dicho ha sido en términos de responsabilidad política y no penal.
He hablado en términos de cumplimiento de deberes que se fundamentan
en derechos constitucionales para todos los ciudadanos. A eso me
remito, queremos que cuando los delegados del Gobierno hablan más de
la cuenta o con la cuenta debida y por delegación del Gobierno,
vengan aquí y lo expliquen de la misma forma que el señor ministro o
el señor secretario de Estado justifican y razonan sus
manifestaciones como las consideran convenientes. Así pues, esta es
la cuestión de fondo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Voy a intervenir con más brevedad que el señor
Mayoral.
Tan sólo quiero decir que tiene absolutamente toda la razón y que mi
grupo parlamentario suscribe sus afirmaciones cuando dice que el
pasado ya está amortizado, que hay que servir al futuro y que el
objetivo no puede ser otro que la defensa del Estado de derecho
completo. Precisamente esa es la gran aportación que el Gobierno
popular ha hecho a este país, a la democracia y a las libertades al
normalizar definitivamente el Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Antes de comenzar las
votaciones pediría a los portavoces de los grupos que han presentado
las proposiciones no de ley que manifiesten su opinión sobre las
transaccionales que les han sido planteadas.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Gallego para que nos
explique la posición del Grupo Socialista.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Señor presidente, estoy esperando al diputado
Ayala, con el que había quedado en vernos aquí antes de que se
iniciara la votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a suspender durante
cinco minutos la Comisión para ordenar las votaciones. (El señor
presidente ocupa la presidencia. Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Quiero informar a la Comisión, conforme habíamos
quedado a lo largo del debate, que como resultado de la negociación
en el punto número 22, sobre la enmienda transaccional que había
ofrecido el Grupo Parlamentario Popular y las propuestas que sugiere
el Grupo Parlamentario Socialista, el texto quedaría de la siguiente
forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el
ámbito de sus competencias y en colaboración con la comunidad
autónoma de Andalucía y los municipios
afectados, se concluya cuanto antes el proceso de valoración de daños
producidos por los episodios de lluvia y viento acaecidos en el
litoral granadino, a fin de arbitrar de inmediato la elaboración de
un real decreto-ley que incorpore las medidas legales de reparación y
ayuda a los afectados.
El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: La acepto en los términos en que ha
sido narrada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.
Proposición no de ley número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto número 16. Señor Gallego, ¿acepta la enmienda?
El señor GALLEGO LÓPEZ: No aceptamos la enmienda propuesta por el
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Entonces, votamos la proposición no de ley en
sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 21. Señora Sánchez, ¿acepta la enmienda?
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Una vez analizada la transaccional que nos
presenta el Grupo Parlamentario Popular, proponemos la sustitución
del término estudios por gestiones, quedando redactada de la
siguiente forma: Una vez terminadas las gestiones que se están
realizando por la Dirección General de Tráfico para incrementar los
puestos de examinadores y puestas las mismas en funcionamiento, se
dote suficientemente la plantilla de examinadores de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Cádiz. En estos términos, la transaccional
será aceptada.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar la proposición no de ley en
los términos resultantes de esta transacción.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley número 22.
Señora Pleguezuelos, ¿acepta la enmienda?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Aceptada la transacción en los términos
propuestos, se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, sometemos a votación el punto 23, que se refiere a la
admisión o no de la comparecencia del delegado del Gobierno en
Madrid.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto número 24, que se refiere a la
comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.