Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 389, de 11/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 389
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 43
celebrada el martes, 11 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de
subcomisiones y ponencias:
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Justicia e
Interior, sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.
Formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).
(Número de expediente 158/000026.). . . . (Página 12715)
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Justicia e
Interior, que realice un estudio y elabore unas conclusiones sobre el
derecho a la eutanasia y el derecho a una muerte digna.
Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 158/000029.) . . . (Página 12719)
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Justicia e
Interior, encargada de realizar un estudio sobre el derecho a la
disponibilidad de la propia vida y el derecho a una muerte digna
y elaborar propuestas concretas para el establecimiento o modificación
del marco normativo y el tratamiento necesario de la cuestión.
Formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto. (Número de expediente 158/000030.) . . . (Página 12719)
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Justicia e
Interior, encargada de realizar un seguimiento del conjunto de
medidas propuestas por el Gobierno tendente a la reforma de la
justicia española. Formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto. (Número de expediente 158/000032.) . . .
(Página 12726)
Proposiciones no de ley:
- Relativa al cambio de apellido en el Registro Civil. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000838.) . .
. (Página 12726)
- Relativa a la venta a precio simbólico al Ayuntamiento de Mandayona
(Guadalajara) de la casa-cuartel de la Guardia Civil. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
000850.). . . . (Página 12729)
- Para eliminar el trato discriminatorio que sufren las personas con
diabetes en el reglamento general de conductores. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000857.). . . .
(Página 12731)
- Sobre medidas para la rehabilitación de las personas homosexuales
perseguidas durante el régimen franquista. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000891.) . . .
(Página 12735)
- Relativa a la creación de un tercer juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en Carballo (A Coruña). Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000908.). . . .
(Página 12738)
- Por la que se insta al Gobierno a que traslade a la Fiscalía
General del Estado la posibilidad de llevar a cabo actuaciones contra
don Jorge Más Santos por sus actuaciones relacionadas con la empresa
Sintel. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 161/000937.) . . . (Página 12740)
- Por la que se insta al Gobierno a la creación de un servicio de
atención a la familia en la comisaría de Jerez (Cádiz). Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
000982.) . . . (Página 12740)
- Sobre creación de un servicio de atención a la familia en la
comisaría de policía de La Línea de la Concepción (Cádiz). Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/
001087.) . . . (Página 12740)
- Sobre aumento de la plantilla de mujeres del servicio de atención a
la familia en la comisaría de policía de Algeciras (Cádiz).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001086.). . . . (Página 12740)
- Sobre modificación del Código Penal para tipificar como delito el
maltrato injustificado de animales cuando esto comporte su muerte o
provoque lesiones invalidantes de carácter permanente. Presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/001067.). . . . (Página 12743)
- Por la que se insta al Gobierno a que por la comisión técnica que
estudia las reformas de penas contempladas en el Código Penal se
evalúe la posibilidad de tipificar el maltrato físico de animales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001082.) . . . (Página 12743)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados.
Comenzamos la sesión con un asunto previo. Se trata de la propuesta
de retirada del orden del día de la sesión de hoy del punto V, que es
una proposición no de ley del Grupo Socialista sobre los derechos de
los ciudadanos ante la justicia. ¿Algún grupo parlamentario tiene
algo que objetar? (Pausa.)
El señor MAYORAL CORTÉS: Sólo queremos indicar, señor presidente, que
sería en términos de aplazamiento.
El señor VICEPRESIDENTE: Muy bien, señor Mayoral.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE
SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E
INTERIOR, SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 158/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE: Comenzamos el orden del día con el punto I:
Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior, sobre seguridad vial y prevención de accidentes
de tráfico. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy a esta Comisión
de Justicia e Interior una propuesta de creación de una subcomisión
para tratar específicamente los aspectos que tanto preocupan a los
ciudadanos y a todos los grupos parlamentarios relativos a seguridad
vial y prevención de accidentes de tráfico. Es una propuesta que
formuló nuestro grupo cuando se inició en esta Cámara la tramitación
parlamentaria de la recientemente aprobada modificación de la Ley de
Tráfico y Seguridad Vial. Al estudiar las distintas enmiendas, nos
dimos cuenta de la complejidad de los aspectos que afectan al
tráfico, a la seguridad vial y a la prevención de accidentes. Esa
complejidad, señor presidente, señorías, le llevó a nuestro grupo a
mantener reuniones con múltiples colectivos, los cuales nos hacían
llegar su preocupación por el tema y también su inquietud por qué
tipo de ley íbamos
a hacer. Por eso, nuestro grupo presentó en el mes de marzo, esta
propuesta, pero aceptó también, y creo que ha sido positivo, que la
subcomisión no interfiriera en el trámite legislativo.
Hemos aprobado ya la ley, ha sido un primer paso, una ley de
consenso, pero a todos los ponentes nos ha quedado la sensación de
que hay aspectos que deberíamos mejorar, sobre los que podríamos
profundizar. Por eso sin prisas, sin ese calendario legislativo que
nos marca, una vez aprobada la ley, desde el consenso y sin ninguna
discrepancia sino intentando aunar posiciones, y buscar en cada
supuesto cuál es la solución más adecuada, nuestro grupo considera
oportuno crear la subcomisión para realizar un estudio global, serio
y riguroso sobre la situación del tráfico en España; un estudio que
debe tener varias partes. En primer lugar, esta subcomisión, cuya
aprobación espero pueda conseguirse por unanimidad de todos los
grupos, deberá citar a todos los colectivos que puedan aportarnos
algún aspecto en materia de seguridad vial: a los profesionales del
transporte, que tantas horas pasan en las carreteras; a las víctimas
y familiares de accidentes de tráfico para que nos den su experiencia
personal, porque también pueden hacer su aportación; a los expertos
en tráfico; a las autoridades de tráfico, las de la Administración
General del Estado, las de las comunidades autónomas que han asumido
competencias en este ámbito, para que nos den su visión sobre cómo se
ejercen esas competencias; deberemos tratar la educación vial:
deberán venir aquí profesionales que están desarrollando sus
conocimientos para impartir materias de tráfico; deberemos estudiar
el régimen sancionador y deberemos hacer un esfuerzo para dar un
mensaje de mayor prevención y menor sanción. Uno de los aspectos que
nuestro grupo considera necesario estudiar en esta subcomisión es el
permiso por puntos pues hay que estudiar en derecho comparado qué
países han adoptado ese permiso de conducir por puntos y de qué
manera lo podríamos aplicar a nuestro ordenamiento jurídico, qué
viabilidad tiene. Nuestro grupo considera posible incardinarlo en
nuestro ordenamiento y la nueva Ley de tráfico va en esa dirección.
Esa subcomisión, con el sosiego necesario, puede estudiar los
aspectos relativos a la de velocidad; estado de las carreteras;
colocación de las señales, si se colocan adecuadamente, si los
límites de velocidad son los adecuados o no, si cuando se pone una
señal en un determinado cruce es la adecuada etcétera. A muchos puede
parecerles un problema menor, pero no lo es, preocupa a los
ciudadanos, y a todos los grupos parlamentarios. Esta subcomisión
puede ser el instrumento necesario para solucionar aspectos como
algunos que hoy se tratarán en esta Comisión de Justicia e Interior.
A título de ejemplo, citaré las personas a diabéticos que en España
tienen que soportar unos controles que pueden parecer absurdos en la
subcomisión debemos tratar de qué forma algunos colectivos tienen que
padecer unas normas
de tráfico que, a lo mejor, no son coherentes. Debemos estudiar la
publicidad, esa publicidad que incita a todos a correr más cuando las
leyes de tráfico nos lo impiden; debemos tratar las campañas
institucionales, si hacemos bien la educación vial en España. ¿Dónde
debemos adquirir los conocimientos de educación vial, sólo en las
autoescuelas? ¿Debemos aplicarla en el sistema educativo español? Son
aspectos que deberemos tratar, en esta subcomisión, como el uso de
las motocicletas, la opinión de las asociaciones de conductores o de
los ciclistas. Hay muchísimos aspectos que, con ayuda de los
expertos, con la ayuda de los ejemplos del derecho comparado y, sobre
todo, con la ayuda de esta subcomisión, con un esfuerzo de consenso
entre todos los que formemos parte de la misma, poder, al final,
hacer una aportación positiva y que esta subcomisión sirva, aunque
nunca será una varita mágica como no lo es la ley, para llegar a la
conclusión de que hemos analizado el problema, hemos escuchado a
quienes puedan aportarnos datos objetivos y que, al final, seamos
capaces de realizar unas recomendaciones que, a lo mejor, nos
conducirán a una modificación legal, pero para eso está esta Cámara,
las Cortes Generales, para realizar en el momento preciso y con el
debate necesario las modificaciones legales pertinentes con un
objetivo único: disminuir el número de accidentes. España está a la
cabeza en número de accidentes de Europa. Murieron en nuestras
carreteras más de 4.000 personas el año pasado. Es un dato que debe
preocuparnos y, entre todos, tenemos que buscar esa fórmula de
mejorar la normativa y, sobre todo, la prevención y la educación
vial. Es el objetivo de nuestro grupo con esta propuesta de
subcomisión, que espero reúna las condiciones necesarias de consenso
para poder ser aprobada hoy y que sea una aportación positiva para
dar soluciones efectivas a una problemática que afecta a todos los
ciudadanos, porque todos, seamos conductores o no, podemos ser
víctimas potenciales de un accidente de tráfico.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la organización de los trabajos de las
señoras y señores comisionados a lo largo de la mañana, quiero
comunicarles que las votaciones del día de hoy no se producirán antes
de la una y media de la tarde.
A continuación, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, tenemos esta mañana una
iniciativa que nosotros inicialmente vamos a apoyar. Es verdad que mi
grupo parlamentario había planteado en su momento la creación de una
Comisión de carácter no legislativo que fuera capaz de abordar el
tratamiento de toda la problemática que tiene la seguridad vial, que
es bastante amplia en nuestro país y de hacer un informe y una
aportación de medidas que el Gobierno hubiera debido adoptar.
Nosotros propusimos esta medida, pero no fue aceptada.
Esto ocurrió en el debate de una interpelación de mi grupo sobre
la situación de la seguridad vial en España y la consiguiente moción
en la cual nosotros incluíamos, entre otras medidas, precisamente
ésta: la creación de una Comisión, de carácter no legislativo, que
fuera capaz de abordar el problema de la seguridad vial de nuestro
país y la propuesta de una serie de medidas que son, desde nuestro
punto de vista, necesarias. La actualidad del problema nos lleva a
apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) pues los últimos datos ponen de manifiesto la gravedad de lo
que ocurre en nuestras carreteras. En el último puente de la
Constitución y de la Inmaculada hemos visto cómo otra vez se ha
disparado la cifra de accidentes de tráfico y el número de
fallecidos. 62 fallecidos es el balance provisional de lo que ha
ocurrido durante cuatro o cinco días en las carreteras españolas.
Finalmente se acepta la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Nosotros no tuvimos la suerte de que el Grupo
Parlamentario Popular aceptara la nuestra. El Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) ha conseguido lo que nosotros no
obtuvimos en el Pleno, pero, bienvenida sea la subcomisión, señor
Jané, y creo que mucho trabajo tiene por delante.
A la hora de fijar la posición de mi grupo sobre este asunto quiero
decir que debemos trabajar con espíritu de consenso. Incluso me
atrevería a plantear un decálogo -si SS.SS. me lo permiten, sin que
esto sea ningún resorte de carácter religioso- para recordar puntos
que nosotros consideramos fundamentales en lo que se refiere al
funcionamiento de esta subcomisión. En primer lugar, debe estar
inspirada en el espíritu de consenso, en el trabajo conjunto de los
distintos grupos, buscando soluciones a problemas que todos debemos
compartir. En segundo lugar, debe profundizar en los temas. En seis
meses, tiempo que menciona la iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), no creo que se puedan abordar
demasiados temas. Seis meses pasan pronto, por lo que solicitaría que
se especificaran los asuntos a tratar una vez que esté constituida la
subcomisión y que se trabaje con la eficacia requerida. En tercer
lugar, no se debe perder el tiempo. Debemos abordar la cuestión en el
bien entendido de que no se trata de un entretenimiento sobre el cual
se esté debatiendo en términos de seminario de carácter teórico. Yo
espero que los problemas que se aborden sean reales y las soluciones
igualmente efectivas. Por otra, parte sería muy importante que esta
subcomisión fuera capaz -y así lo hará, estimo- de escuchar a los
afectados de todos los colectivos: a los conductores, a las víctimas,
a los ciclistas, pensando especialmente en aquellos que han sufrido
las consecuencias más graves de la inseguridad vial. El asesoramiento
de expertos independientes es fundamental. Obviamente habrá que
escuchar a la Administración, alos distintos agentes administrativos,
pero no debe olvidarse
que los expertos pueden dar muchísima luz. Después, hay que centrarse
en el objetivo. Desde el punto de vista de mi grupo, debiera quedar
claramente definido el objetivo, que no debe ser otro que el de la
elaboración de un informe que sirva de base para la mejora de la
seguridad vial en las vías interurbanas y urbanas para prevenir los
accidentes de tráfico al objeto -y este objetivo debe quedar
suficientemente remarcado- de reducir su número y el de las víctimas
en los mismos. Sería conveniente, si es posible, que se especificaran
algunas de estas consideraciones en la resolución que, tendremos que
aprobar. Por otra parte, las conclusiones deben ser propuestas y
medidas concretas, verificables y cuantificables.
En lo que se refiere a los plazos, sería una cuestión a considerar si
los seis meses de la iniciativa de Convergència van a ser suficientes
para abordar, con el sosiego del que hablaba el señor Jané el
tratamiento de temas tan importantes. Yo me atrevería a solicitar que
durante el año 2002 los dos períodos de sesiones fueran dedicados a
este trabajo, que, nos arrojaría una cifra aproximada a los seis
meses efectivos de trabajo real. Hechas estas consideraciones,
pediría finalmente que el trabajo que aquí hagamos contenga medidas
auténticamente útiles para abordar el gravísimo problema que tiene
nuestra sociedad en lo que se refiere a la siniestralidad en el
tráfico.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios que quieren
fijar su posición? Por el Grupo Vasco (EAJ.PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: A mi formación política le es siempre
difícil decir que no a cuanto proponga el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y a esta diputada personalmente le sabría muy mal decir que
no al señor Jané con el entusiasmo que le ha ido echando a este
asunto de la seguridad vial y a la existencia de una subcomisión por
él mencionada y pedida en todos y cada uno de los trámites de la
reciente ley, cuya tramitación en esta Cámara concluyó el 5 de
diciembre.
Es el ámbito de una norma quizá escaso para abordar todos los
problemas que suscita la compleja problemática que quienes me han
precedido en el uso de la palabra han expuesto en relación con la
seguridad vial. Estaría bien que en el seno de una subcomisión, con
un mayor sosiego -quizá el tiempo de seis meses es efectivamente
corto-, podamos abordar asuntos que tienen su importancia y que nos
permitirían mejorar esa situación que el señor Jané ha expuesto de
ser el Estado de la Unión Europea con mayor siniestralidad en esta
materia. Es interesante que exista esta subcomisión por todos los
puntos que el señor Jané ha señalado y que yo no repetiré, incluido
ese estudio del permiso por puntos, en el que el portavoz de
Convergència i Unió ha puesto tantísimo entusiasmo. Pero a mi
formación política le gustaría añadir dos aspectos más respecto de
los
cuales me he manifestado en muchísimas ocasiones en esta Cámara. El
primero es lo que hace referencia al seguro de conducción en toda su
amplia gama de problemas. Conocemos que ha quedado fuera de lo
aprobado en la ley la situación que se plantea por la tipificación de
la conducción sin seguro, pero también se ha abordado en la ley qué
ocurre con los ciclomotores y la negativa de la compañías de seguros
a matricularlos. Aquí no está en juego el valor seguridad vial, pero
debemos garantizar que no se incumple la normativa por quien asume un
riesgo, pone en peligro, o puede causar daños con un determinado
instrumento, si existe la obligatoriedad de estar asegurado. Repito,
seguro y conducción conllevan -y la sociedad así lo siente- una
amplia gama de problemas que deben ser objeto de especial estudio y
consideración en esta subcomisión.
Hay otro aspecto que mi formación política ha manifestado una y otra
vez que le parece que necesita solución y es el que hace referencia
al título competencial seguridad vial y otros conexos y las
competencias asumidas al menos por dos comunidades autónomas. La
Comunidad vasca tiene ab initio competencia en materia de tráfico y
seguridad vial, derivada de los derechos históricos actualizados en
el artículo 17 del Estatuto, y la Comunidad catalana la asumió por
una ley de delegación, por ser las que están llamadas a tener
policías integrales dedicadas a estas materias.
Desde el comienzo de la existencia de los estatutos de autonomía, del
sistema constitucional, están siempre pendientes y no se abordan las
posibilidades de expedición de títulos y permisos de conducir y su
retirada, siendo un problema siempre latente que, una y otra vez, ha
sacado la formación política a la que represento y que la
Administración vasca reivindica, igual que la catalana: ¿qué pasa con
los títulos competenciales en materia de centros de reconocimiento o
con las escuelas de conductores? Que se especifiquen todas estas
materias, que intentemos abordarlas con un estudio serio y ponderado
es propuesta que mi grupo hace como contenido de esta subcomisión que
se va a dedicar al estudio de la seguridad vial. Junto a ello y con
nuestro voto afirmativo, aportamos el trabajo constante para que el
producto de esta subcomisión pueda ser todo lo fructífero de quienes
la han propuesto y los grupos que han intervenido desean.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo para sumar el testimonio de mi
grupo a esta fijación de posiciones Coalición Canaria. Vamos a votar
favorablemente la creación de esta subcomisión que ha defendido el
señor Jané, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). La creemos oportuna para adecuarla a la ley, aunque la fecha
de presentación, el 3 de abril de 2001, cuando se nos comunica, es
muy anterior a la aprobación reciente en esta Cámara de las
modificaciones de la vigente Ley de tráfico y seguridad vial. Quiero
destacar la oportunidad de esta subcomisión porque va a permitir que
trabajemos en paralelo, obteniendo información, teniendo en cuenta
que en en las disposiciones finales de la Ley de tráfico y seguridad
vial, se incluyó una enmienda que presentó Coalición Canaria, para
que en el plazo de seis meses el Ministerio del Interior aprobara los
reglamentos correspondientes a una serie de aspectos que se
contemplan en ella. Van a ser tres los reglamentos que tiene que
aprobar el Ministerio del Interior en los próximos seis meses. Sería
bueno que esta subcomisión tuviera un criterio para impregnar los
nuevos reglamentos referidos a una serie de medidas que van a
desarrollar la ley que salgan del Ministerio del Interior. Como ha
resaltado aquí la portavoz del Grupo Vasco (EAJPNV), se deberían
contemplar las cuestiones relacionadas con los seguros de distintos
medios de locomoción, los problemas que surgen con los ciclomotores
que es necesario que tengan coberturas, sin daño a terceros, tanto
para las empresas aseguradoras como para las personas que pueden
resultar lesionadas o ser víctimas de accidentes de tráfico causados
por estos vehículos, con un desamparo muchas veces de obligatoriedad
de una serie de medidas correctoras, pero que en este caso también
están desamparados voluntaria o involuntariamente en las pólizas de
seguros; ni qué decir de un reglamento para las academias o escuelas
de conducción. Sería necesario que por esta subcomisión pasasen todos
aquellos que tienen que aportar algún conocimiento a la misma.
Por estas razones, señor presidente, y considerando de interés la
creación de esta subcomisión para la seguridad y prevención de los
accidentes de tráfico, mi grupo la votará favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE:
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular, como ya se lo
expresamos a CIU, también va apoyar esta iniciativa. El
vicepresidente primero y ministro del Interior, en su primera
comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, manifestó su
opinión favorable a que se creara esta subcomisión.
Quiero señalar al señor Mayoral que no se trata de preferencia. Como
ahora está tan de moda hablar de las autorías de determinadas
iniciativas, debo destacar que esta iniciativa fue de CIU y entonces
manifestamos nuestra conformidad. Todos nos habíamos mostrados
partidarios de esta subcomisión, estimenos que era el mecanismo
adecuado, y seguimos defendiendo esta opinión en este debate.
En cuanto a las posibles comparecencias, estamos básicamente de
acuerdo con la iniciativa de Convergència
que es muy completa. Como se ha dicho aquí, el tema de la
seguridad vial es muy complejo y no se agota en el diseño, en la
configuración de un adecuado marco normativo, que es lo que hemos
pretendido hacer con la reforma del proyecto de ley que acabamos de
aprobar. Al hilo de esta tramitación, como han señalado el señor Jané
o el señor Mayoral, han ido saliendo muchas cuestiones porque, como
decía, se trata de un tema de mucha complejidad que abarca campos muy
diversos que están interrelacionados, ha de proyectarse sobre
factores muy distintos y no se agota sólo con ese marco normativo. De
ahí el interés en que se cree esta subcomisión y que en la misma
puedan comparecer los expertos en las materias que han ido saliendo.
Si la tónica general ha sido la del diálogo entre todos los grupos y
ha traído como consecuencia no el consenso en sí, sino resultados que
todos entendemos que son muy fructíferos porque hemos ha conseguido
buscar la mejor solución, en este caso legislativa, al objetivo de
mejorar la seguridad vial en España; si seguimos con ese diálogo, con
ese acercamiento de posturas, dialogando entre todos y oyendo a los
expertos en los trabajos de la subcomisión, los resultados podrán ser
fructíferos también.
Entre los distintos contenidos mencionados, que nos parecen muy
adecuados, hay una referencia al informe que nos sirva de base para
mejorar la seguridad vial. Ese es nuestro objetivo, señor Mayoral.
Por lo que se refiere a las conclusiones, quiero señalar que ahora no
nos debemos anticipar. Nos podemos poner de acuerdo en los
comparecientes que van a venir, profesionales muy prestigiosos que
han aportado ya importantes sugerencias, pero no nos podemos
anticipar. Habrá que oirles y, en función de esas comparecencias y de
nuestros trabajos, las conclusiones podrán ser unas u otras.
La señora Uría ha hablado de los seguros de conducción, asunto que
trató en los trabajos realizados. Quedaba pendiente el tema de la
despenalización -no sé si lo ha mencionado en esta intervención- de
los delitos por circular sin seguro, cuestión que tendremos que
seguir abordando, así como problemas específicos que afectan a todos,
no sólo como conductores sino como peatones, con peculiaridades de
algunos conductores que son profesionales, de otros usuarios de la
vía que tienen mayor vulnerabilidad como son los ciclistas; personas
que, por alguna enfermedad, como los diabéticos, pueden tener
problemas específicos que tenemos que tratar de solventar.
Antes de concluir quiero señalar que me parece muy interesante el
planteamiento del señor Mardones de que el Gobierno pueda venir aquí
a informar de los reglamentos que necesariamente han de ser
modificados como consecuencia de la aprobación de esta ley, o incluso
los que han de realizarse para desarrollar algunos de los aspectos
nuevos, tema en el que los grupos tendremos que opinar y será
oportuno que nos puedaninformar con anticipación.
Confiando que los resultados serán fructíferos, apoyamos esta
iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Con mucha brevedad, en nombre de Convergència
i Unió quiero agradecer las intervenciones de todos los portavoces
apoyando esta subcomisión y hacer una precisión antes de la votación,
compartiendo la intervención del resto de los portavoces, no sería
bueno encorsetar el plazo máximo de seis meses que es el que se da a
las subcomisiones en esta Cámara. Propondría que el término «plazo
máximo» que figura en la propuesta no se votará así, sino que se
hablara de plazo de seis meses, entendiendo que si después, el
consenso de todos los grupos nos lleva a aconsejar una duración mayor
ésta pueda realizarse. Del mismo modo, sin modificar ningún aspecto
del objeto, todo lo que han afirmado los portavoces tiene cabida en
la subcomisión, porque es un objeto amplio. Evidentemente, deberemos
tratar los temas competenciales en materia de tráfico, los que
afectan al seguro de tráfico y todo aquello que cualquier grupo
entienda que pueda contribuir al objeto de la subcomisión, que es
mejorar la educación vial y la seguridad en el tráfico. Agradezco el
tono de todas las intervenciones y considero que la subcomisión debe
tener ese objeto amplio de estudio y pediría, repito, que cuando se
vote, no se mencionara la palabra «máximo» cuando se refiere al
plazo, dando con ello respuesta a lo que es un objetivo de todos que
es no encorsetarnos, y si después necesitamos más tiempo entre todos
podamos decidir una prórroga.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Le quisiera hacer al señor Jané una
sugerencia, si lo estima oportuno, puesto que él es el autor del
texto. El párrafo segundo de la exposición de motivos se comienza
diciendo: Para Convergència i Unió..., lo cual es legítimo.
Considerando que esta proposición va a quedar en propiedad común, va
a ser socializada para el resto de los grupos, le sugeriría que
cambiáramos ese texto por alguna otra consideración más común.
El señor JANÉ I GUASCH: Estoy absolutamente de acuerdo porque no es
para Convergència i Unió, sino para todos los grupos, lo que pasa es
que no se vota la exposición de motivos. Lo que hoy se apruebe ya es
a partir de las reglas de organización y funcionamiento. Si pudiera
ahora autoenmendar la exposición de motivos, no diría que es para
Convergència i Unió sino para todos los grupos de la Cámara que
estamos preocupados por este tema. Acepto, aunque no se vote, la
sugerencia del señor Mayoral.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Quiero señalar que estamos de acuerdo en que
el plazo de seis meses no sea rígido. En principio se establece así
y, en función de cómo se desarrollen los trabajos, si es necesario
que se proceda a su prórroga, estaremos también de acuerdo con esta
cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE: Antes de pasar al segundo punto del orden
del día, quiero comunicar, por si alguna señora o señor comisionado
tenían previsto intervenir, que los puntos 9 y 17, que hacen
referencia a la comarca del Maresme en Barcelona, han sido retirados
del orden del día.
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E
INTERIOR, QUE REALICE UN ESTUDIO Y ELABORE UNAS CONCLUSIONES SOBRE EL
DERECHO A LA EUTANASIA Y EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA. FORMULADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000029.)
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E
INTERIOR, ENCARGADA DE REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL DERECHO A LA
DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA Y EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA Y
ELABORAR PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN
DEL MARCO NORMATIVO Y EL TRATAMIENTO NECESARIO DE LA CUESTIÓN
FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y
EL GRUPO MIXTO. (Número de expediente 158/000030.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al II punto del orden del día donde
se acumulan las iniciativas de los grupos parlamentarios Socialista y
Mixto, que hacen referencia a la petición de creación de una
subcomisión que trate y estudie el derecho a la eutanasia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señorías, hemos traído a la Comisión una
iniciativa, sé que compartimos con otros grupos parlamentarios, por
la cual solicitamos la creación de una subcomisión para estudiar,
debatir, reflexionar acerca del derecho a la eutanasia y a una muerte
digna. Así lo anunciamos hace unos meses en el Pleno del Congreso de
los Diputados, como consecuencia de un debate a instancias de un
grupo parlamentario, y hoy aquí queremos defender la creación de esta
subcomisión.
Este es un debate importante, somos conscientes de su importancia y
lo que queremos poner de manifiesto
es la necesidad del debate que impida algunas de las malas
consecuencias que tiene esta especie de clandestinidad en la que
ponemos algo tan importante como la posibilidad de una muerte digna.
Es un debate relativamente reciente en España, pero no así en el
resto de Europa; consecuencia fundamentalmente, de la primera
y segunda guerras mundiales. Lo que hoy venimos a pedir aquí es un
consenso que nos permita abrir este debate en el Parlamento español;
lo entendemos maduro, sereno, suficientemente responsable para hacer
de esto un debate apropiado a nuestras circunstancias. De no haber
sido hecho con anterioridad, señor presidente, hoy no hubiéramos
tenido un Código Penal como el nuestro. Si hubiéramos tenido
dificultades en este debate no hubiéramos despejado las dudas sobre
la impunidad de la eutanasia pasiva y por lo tanto hoy prolongar la
agonía de un enfermo todavía podría estar penalizado, tipificado en
nuestro Código Penal. Si este debate no hubiera sido posible durante
meses, en el año 1995 y anteriores, no hubiéramos despenalizado la
ortotanasia y por tanto los medicamentos dirigidos a paliar el dolor
pero que aceleren la muerte y aquel que hubiera tenido la autoría de
esos medicamentos sería titular de un delito y los hechos estarían
tipificados en el Código Penal. Si no hubiera sido posible ese debate
no tendríamos hoy despenalizadas algunas de las formas de auxilio al
suicidio, concretamente la colaboración no necesaria.
Señor presidente, es un debate de enorme importancia y queremos
hacerlo posible, insisto, en nuestro Parlamento. Este debate
-similar, no con las características que pedimos aquí- también se ha
realizado en el Parlamento catalán al aprobar hace poco el testamento
vital con el apoyo de todos los grupos, también del Grupo
Parlamentario Popular, y hace unas semanas entraba en el Congreso una
iniciativa de todos los grupos, que viene remitida por el Senado para
que trabajemos sobre este tema tan importante en sede del Congreso de
los Diputados. En este momento algunos países han debatido
suficientemente este asunto y han regulado la situación que han
considerado oportuna y le han dado una solución; otros países están
en ello y en varios Parlamentos de la Unión Europea, a la que
pertenecemos, países de nuestro entorno cultural están debatiendo
este asunto. Nosotros no podemos eludir este debate, rehusarlo es
permitir situaciones de clandestinidad y de arbitrariedad que están
ocurriendo en nuestro país. Excluir el debate y la reflexión serena
durante el tiempo oportuno que solicitamos es eliminar importantes
elementos de confusión sobre este asunto de la eutanasia o de la
muerte digna. Por estas razones propusimos en su día un debate en el
Senado que fue aceptado por todos los grupos parlamentarios, también
el Popular, y se creó una ponencia que no pudo terminar las
conclusiones que hoy aquí, a partir de esos trabajos, queremos
reiniciar. No es sólo un problema de definir, debatir y reflexionar
sobre los aspectos penales
de estas situaciones, seguramente esto es lo menos importante. Hay
que debatir efectos colaterales que tienen que ver con el tema que
nos ocupa, por ejemplo, el derecho a recibir cuidados paliativos como
un derecho; la formación en cuidados paliativos para incluir la
medicina paliativa en las facultades de Medicina, donde no está
incluida; la creación de unidades de cuidados paliativos, que
prácticamente no existen en nuestro país y en los últimos años las
pocas que existían han remitido o algunas de ellas han cerrado; los
equipos de cuidados paliativos a nivel asistencial domiciliario no
existen en nuestro país y de esto tenemos que debatir en esta Cámara;
la ampliación de la cobertura sanitaria para otros supuestos hoy no
contemplados; la mejora de la asistencia geriátrica, que puede
ayudarnos a que prácticamente no sea precisa -al menos en muy pocos
casos o ninguno- la eutanasia; la formación de profesionales
sanitarios en tratamientos de dolor, también, por cierto, unidades
cada vez más escasas en nuestro país; o determinadas regulaciones de
carácter laboral. Gracias a estos debates en Francia, en Dinamarca o
en Bélgica hay permisos laborales para cuidar a familiares
terminales. En nuestro país no existe esta posibilidad. Nosotros, con
toda la seriedad del mundo, queremos solicitar el apoyo de todos los
grupos para que hagamos posible un debate que permita medidas
destinadas a favorecer la autonomía del paciente, a que pueda
rechazar tratamientos, a que se reconozca la legalidad del «documento
de voluntad anticipada» o «testamento vital». Este debate queremos
conformarlo desde una concepción constitucionalista, como ya dijimos
en el Pleno cuando adoptamos nuestra posición sobre este asunto hace
unos meses.
Señor presidente, el Tribunal Constitucional considera la protección
de la vida -de esto tendremos que debatir- como algo que no tiene un
carácter absoluto. Leeré un pequeño fragmento de sentencia: «Como
sucede con todos los demás bienes y derechos constitucionalmente
reconocidos» -entiéndase la vida- «en determinados supuestos puede y
debe estar sujeta a limitaciones». La vida, señor presidente, es el
soporte indispensable de nuestros derechos, pero la dignidad humana
es el soporte constitucional de los derechos fundamentales. Por lo
tanto, de este debate tenemos que hablar en la sede parlamentaria
donde nos ha puesto el pueblo para que debatamos de sus cosas y de la
actualidad que le preocupa. El derecho a la vida del artículo 15 de
la Constitución debe interpretarse siempre a la luz de la libertad
como valor superior (artículo 1.1 de la Constitución) y de la
dignidad artículo 10 de la Constitución, que considera la dignidad
como fundamento máximo de nuestro orden político y de nuestra paz
social. Sólo la vida compatible con la libertad es objeto de
reconocimiento constitucional. De esto debemos debatir si hay otras
formaciones que tienen otra manera de pensar sobre este asunto,
asumible y aceptable por todos y, desde luego, por mi grupo
parlamentario. En todo caso,
las garantías del artículo 15 no deben llevar a mantener la vida en
condiciones inhumanas o degradantes en contra de la voluntad del
titular y de esto debemos debatir. La vida -voy terminando, señor
presidente- cuando está sometida a degradación, cuando no se espera
nada de la ciencia ni de la investigación, no puede imponerse a la
persona contra su voluntad. La vida impuesta contra la voluntad del
titular es posible que la amparen valores religiosos pero no valores
constitucionales, por lo tanto no se puede configurar como un bien
jurídico sometido a tutela penal.
Esta es nuestra forma de pensar, señor presidente, compatible con
otras que en todo caso deberían ir desgranándose en una subcomisión
que esta Comisión aceptara para que con tranquilidad, con serenidad,
pudiéramos cerrar y completar el debate parlamentario que se hizo en
el Senado con el apoyo de todos y cuyas conclusiones ojalá tuvieran
feliz terminación en este Congreso de los Diputados. Somos
conscientes de la complejidad de la materia, de la necesidad de
regular con garantías este tipo de asuntos, pero también somos
conscientes de que somos los parlamentarios quienes tenemos que hacer
posible esta regulación. No podemos mantenernos de espaldas a una
realidad y estamos seguros de que si la actualizamos la sensibilidad
de los ciudadanos que se sienten representados por nosotros cuando
nosotros hablamos de las cosas que a ellos les interesan, si somos
capaces de hacerlo, estoy seguro de que seremos aplaudidos por la
inmensa mayoría de los ciudadanos y especialmente por aquellos que
tienen en este momento una vida degradada sujeta al dolor y que no
tienen esperanza.
El señor VICEPRESIDENTE: Como se ha acumulado una iniciativa del
Grupo Parlamentario Mixto, para su defensa tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, como usted muy bien ha
dicho, hay una segunda iniciativa parlamentaria en relación con este
tema, firmada por el Grupo Parlamentario Mixto y por Izquierda Unida
para la creación de una subcomisión encargada de realizar un estudio
sobre el derecho a la disponibilidad de la propia vida y el derecho a
una muerte digna, y en consecuencia elaborar propuestas concretas
para el establecimiento o modificación del marco normativo y el
tratamiento necesario de la cuestión.
Como se ha dicho anteriormente por el portavoz socialista, ha sido un
debate que en distintas ocasiones hemos tenido en el Pleno, tanto en
la anterior legislatura como en ésta. Las posiciones de Iniciativa
per Catalunya- Verds han sido siempre favorables a la despenalización
de la eutanasia en base a lo que creemos es el derecho a una vida
digna pero también el derecho a una muerte digna, el derecho a la
libertad. Hoy no se trata de reproducir el debate de posiciones
favorables o contrarias a la despenalización, sino simplemente
recoger
lo que fue objeto de consenso. Desde posiciones favorables
y desfavorables, convinimos en que era un tema extraordinariamente
sensible, que merecía un estudio detallado por todos los grupos
parlamentarios y que comprendiera todos los aspectos. En algún
momento en el Pleno del Congreso se esgrimió como rechazo, lo cual
como era verdad, que en el Senado había una Comisión especial que
estaba estudiando este tema. Esta Comisión especial del Senado,
después de un año y medio de trabajos y de más de 40 comparecencias,
acabó sin informe ni conclusiones, se desperdició una oportunidad
extraordinaria para poner encima de la mesa opiniones distintas. Es
un tema que preocupa a la sociedad, que es objeto de debate, en las
propias encuestas del CIS hay opiniones divididas, pero
mayoritariamente favorables a la despenalización de la eutanasia. Nos
parece que este tema no puede estar ausente en el Congreso de los
Diputados. El objetivo de la petición de la subcomisión no es
reproducir un debate entre favorables y desfavorables sino
simplemente escuchar opiniones distintas en relación con este asunto,
porque, como he dicho antes, es un tema complejo. En aquellas
materias, como esta que atañe a consideraciones éticas de las
personas, es importante que pueda haber una instancia sosegada y
razonada para emitir conclusiones. En este sentido -y con esto
acabo-, nuestra propuesta es crear un marco en el que nos podamos
escuchar y en un plazo máximo de nueve meses, dentro de esta
legislatura, podamos tener unas conclusiones abiertas que le permitan
al Congreso de los Diputados conectar con lo que es una preocupación
de sectores amplios de la sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean
intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Escuchando el inicio de la intervención del
diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Barrero, nos
recordaba el planteamiento que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) realizó en el debate del Pleno del día 20 de
marzo de 2001 sobre la reforma penal de cara a la despenalización de
la eutanasia en virtud de unas proposiciones de ley presentadas por
el Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y no recuerdo si había alguna del Grupo Parlamentario
Socialista. Digo esto porque la reflexión que hacía mi grupo en
aquellos momentos eraque el debate no debía de ser eutanasia activa
sí o eutanasia activa no -el señor Barrero ha distinguido
perfectamente entre eutanasia pasiva o la no imposición del
encarnizamiento terapéutico-, sino que debería versar sobre la ética
del fin de la vida, por lo que debiera enmarcarse en el objetivo de
garantizar a nuestros enfermos terminales y a nuestras personas
mayores la
mayor y mejor calidad de vida en los últimos momentos de su
existencia. Podría hacer un resumen de aquella intervención sobre la
base de que en un país como España en el que únicamente se ofrece una
cobertura de cuidados paliativos al 20 por ciento de la población,
una despenalización de la eutanasia activa acaba convirtiéndolo
-aunque no lo contemplamos de esa manera- en un tratamiento
terapéutico normalizado, y acaba llevándonos a la situación de
Holanda con unas cifras reconocidas de eutanasia activa para el año
1990 de 5.000 personas, lo que significaría -decía yo en aquellos
momentos- como si en España tuviésemos unos 15.000 ó 16.000 supuestos
de eutanasia activa al año. Esto es algo que los ciudadanos no
asumen, ellos se dan cuenta de que la eutanasia activa está para
otras cosas y no para poner fin a la vida de 15.000 personas al año.
Nosotros instábamos a que en aquellos momentos debería efectuarse una
cobertura amplia o total de los cuidados paliativos y recordábamos
dos iniciativas políticas: en primer lugar, una realizada por el
Parlament de Catalunya, que pretendía favorecer el uso del cannabis
en los enfermos terminales como tratamiento paliativo del dolor y, en
segundo lugar, hacíamos referencia a la proposición de ley -cuya
tramitación debe estar a punto de terminar, si no lo ha hecho ya-,
firmada por todos los grupos parlamentarios, sobre los derechos de
información concernientes a la salud, a la autonomía del paciente y a
la documentación clínica.
El planteamiento de mi grupo, desde una perspectiva no religiosa sino
absolutamente laica, era que lo que convenía era garantizar esa
cobertura y esos tratamientos paliativos a toda la población, porque
si tenemos que hacer algún día una ley deberíamos hacerla pensando no
pura y exclusivamente en aquellas personas que tienen una convicción
muy profunda, firme, decidida y consciente de que quieren acabar con
su vida, sino tenemos que hacerla para todos los ciudadanos. Trayendo
a colación las conclusiones del informe Remmelink de Holanda en el
que se ponía de manifiesto que un 20 por ciento de las eutanasias
activas se habían practicado en aquel país sin conocimiento ni
consentimiento por parte del enfermo o de la persona mayor, tenemos
que hacer una ley que permita salvaguardar los derechos y las
expectativas de ese 20 por ciento de personas que, encontrándose en
esta situación en Holanda pudieron contemplar como se ponía fin a su
vida sin su conocimiento ni consentimiento.
El planteamiento de mi grupo parlamentario es que impulsemos
decididamente esa ética del fin de la vida, garanticemos la calidad
de vida de nuestras personas mayores y a nuestros enfermos,
equilibremos esos gastos públicos que son muy importantes en el
momento inicial de la vida -cuando hablamos del embarazo, del parto,
del nacimiento- y, sin embargo, se reducen notablemente cuando
estamos hablando del momento final y una vez llegada a esa situación
podremos hacer planteamientos de otra naturaleza. Mientras tanto, la
posición de mi grupo desde el punto de vista del fondo del asunto
-como recordaba anteriormente- es no ser favorable a esa
despenalización. No lo fuimos el 20 de marzo de 2001 y no lo seremos
dentro de nueve meses tampoco, porque el desarrollo de los cuidados
paliativos -y hablo desde una comunidad autónoma que garantiza un 60
por ciento de cobertura, cuando hay otras comunidades autónomas que
no garantizan ni el 10 por ciento- no habrá cambiado sustancialmente.
Reconocemos, como han hecho los dos portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, el señor Saura y el señor Barrero, la
importancia de los trabajos que realizó el Senado en la legislatura
pasada. En la legislatura pasada el Senado estuvo trabajando en este
asunto durante más de año y medio, nos consta que de unas 40
comparecencias que estaban previstas al final únicamente se
celebraron 25 precisamente por finalizar la legislatura. Fue una
ponencia que no acabó con conclusiones sino que tuvo una vigencia
interrumpida por la disolución de las Cortes y la convocatoria de
nuevas elecciones. Comparecieron 25 personas del mundo de la sanidad
y de la asistencia social, no del mundo del derecho, y sería una pena
que los trabajos de esa ponencia quedasen desaprovechados. El
planteamiento de mi grupo es que esa ponencia pueda continuar
adelante con sus trabajos y precisamente debe ser esta ponencia del
Senado -y no el Congreso- la que continúe aquella labor. Todos los
que hemos acudido a esas comparecencias para estudiar los debates que
hemos tenido sobre la eutanasia en marzo de este año hemos visto el
gran valor de todos estos trabajos, por lo que debe ser el Senado el
que los continúe.
Estos trabajos, como he dicho anteriormente, han sido realizados
durante un par de años y han dado lugar a más de 315 páginas del
«Diario de Sesiones» del Senado , por lo que entendemos que debe ser
el Senado y no el Congreso el que efectúe esa labor de estudio.
Nuestro planteamiento es ése. Estaríamos de acuerdo en que fuese el
Senado el que continuase esos trabajos y entendemos que el inicio
-por más que se aporten los «Diarios de Sesiones» del Senado- de esos
trabajos, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados tampoco
es lo que más nos convence ni lo que nos parece más conveniente. Por
tanto, nuestra apuesta sería por la continuación de los trabajos de
la subcomisión que se vieron interrumpidos por la convocatoria
electoral.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Intervengo a los solos efectos de que
quede constancia de la voluntad del Grupo Vasco de dar su voto
favorable a que en este momento, se constituya en la Cámara la
subcomisión que se solicita por tres formaciones políticas.
El representante del Grupo Socialista ha aludido a la importancia y a
la necesidad de que así se haga. A la
importancia de los asuntos que esta subcomisión debiera abordar y a
la necesidad de hacerlo ya. Finalmente, en las ocasiones en que se ha
planteado ante este Congreso, esta cuestión ha sido diferida a la
Comisión de Estudios del Senado -allí es ésa la denominación
correcta- que tiene, efectivamente, acumulado un material
valiosísimo, sin que exclusivamente comparecieran ante la misma
médicos. Por parte de la formación política a la que represento hubo
aportaciones - creo- de comparecientes del mundo del derecho, de
prestigiosos penalistas, que permitieron centrar algunas cuestiones,
pero no es el deseo de mi formación política que hablemos sólo de
tipos penales en el seno de una subcomisión de este estilo.
Además, creo que el no abordar de una vez el estudio de esta cuestión
está haciendo que se tergiversen, se manipulen o incluso se saquen de
contexto determinadas cuestiones en el ámbito de todo el Estado.
Ocurre que por no existir una regulación cierta o un estudio cierto
en esta materia, hasta en el ámbito municipal - al menos así ocurre
en los casos vascos- se está hablando de normas o de registros sobre
decisiones de los ciudadanos sobre disponibilidad sobre su propia
vida, mezclándose aspectos referidos al testamento vital, aspectos
sanitarios, aspectos registrales, con aspectos que hacen referencia a
otras cuestiones absolutamente importantes desde el punto de vista
humano, desde el punto de vista ético y, repito, no sólo desde el
punto de vista penal. En este mismo momento y en esta Cámara está
reunida la ponencia, de la que también formo parte, en relación con
la llamada ley de disponibilidad sobre la propia vida y testamento
vital, que se aborda en el seno de la Comisión de Sanidad.
La alegre asunción por parte del Senado de una iniciativa aprobada
por el Parlamento catalán ha hecho que en este momento, en algunas
cuestiones, estemos debatiendo más aspectos competenciales de títulos
sanitarios que lo que debiera ser el fondo real de un asunto de la
enjundia que, desde la perspectiva del grupo al que pertenezco, tiene
éste; fondo de la cuestión, fondo del asunto, que creemos que el
lugar adecuado para ser abordado ha de ser el seno de una subcomisión
como la que proponen tanto el Partido Socialista como el señor Saura
y creo que también Izquierda Unida, aunque no lo ha defendido en este
trámite.
Además, hay un dato que ninguno de los intervinientes ha aportado con
carácter previo, el de que si se hace caso de lo que cuentan los
medios de comunicación, y no hay por qué decir que no, parece -no
conozco el texto concreto- que la ONU ha recriminado en fecha
reciente al Estado español, a España, el tratamiento que en las
distintas instancias judiciales se dio al llamado caso Sampedro,
conocidísimo supuesto que motivó varios debates en esta Cámara,
entendiendo que quizá la normativa española no se adecua a lo que la
Declaración de Derechos Humanos establece sobre el derecho
a la vida o las posibilidades de disponer sobre ella. Desconocemos
cuál vaya a ser la reacción del Gobierno respecto de esta decisión de
Naciones Unidas, pero quizá sería otro interesante material de
estudio a abordar en el seno de esta subcomisión.
También desde una perspectiva laica, como ha manifestado alguno de
los intervinientes que me han precedido, pero sin desconocer las
respetables convicciones religiosas de una gran parte de la
población, mi grupo es partidario de que esta cuestión sea abordada y
de que la subcomisión que se pide se constituya en esta Cámara y en
esta legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Como han dicho varios de los
intervinientes, incluso el propio proponente, el señor Barrero, del
Grupo Socialista, esta es una cuestión harto compleja y sumamente
delicada. Lo digo así porque creo que ésta es una materia en la que
es necesario avanzar un criterio sobre una conciencia social que
pueda permitir algún día tener una legislación que pueda satisfacer a
todas las partes que aportan ideas al conflicto. Hablo de ideas
porque hay otras partes que aportan creencias. Este es, un poco, el
binomio que expresaba Ortega de ideas y creencias; en este caso, las
ideas y las creencias de Ortega y Gasset son ideas y creencias que se
confrontan. Se trata de personas y colectivos que tienen ideas sobre
la eutanasia o sobre la manera de facilitar una muerte digna -también
es llamada así incluso las iniciativas- y de personas que tienen
creencias al respecto, a favor o en contra, como ocurre con las
ideas.
Sin entrar a abrir a aquí, por mi parte y por parte de mi grupo, un
debate ideológico y de creencias de lo que podemos asumir en una
representación política popular, en este momento, mi grupo quiere
mantener una postura ecléctica, de respeto a esta situación, y en
esto mi grupo y yo personalmente coincidimos en una gran plenitud con
muchos de los argumentos que ha explicitado aquí el señor Silva, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
racionalizar los fenómenos que se están dando. Para entrar de lleno,
ante la propuesta de esta subcomisión cabe pensar que si tenemos ya
en la Comisión de Justicia y entre los grupos parlamentarios nuestras
diferencias, que se reflejan en la sociedad española, no sé si una
subcomisión de estudio puede resolver ese problema de fondo. Porque
el problema es de fondo, el problema no es de forma, de que podamos
hacer aquí una adecuación, una adaptación, como si estuviéramos
hablando de cualquiera de los otros temas que hemos tratado en esta
Comisión de Justicia e Interior, ya sea tráfico o sea otra materia,
que se reflejan en determinados códigos civiles, mercantiles o
penales. Aquí o se entra en la cuestión de fondo o todo lo demás es
perder el tiempo y entrar en un debate estéril. Mi grupo entiende que
todavía
no estamos, en este momento, en una disposición de ideas, ni de
creencias, ni de datos, ni de situaciones que permita resolver en una
subcomisión de estudio un problema de este tipo. Prueba de ello es el
efecto que se está produciendo en el Senado. Lo invocaba hace un
momento el señor Saura. Mi grupo lo que dijo entonces fue: Preferimos
que sigamos avanzando en unos escalones previos a unas
consideraciones que sí están ahí, en el día a día de nuestra realidad
-y las ha citado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió)-, con estudios comparativos con la situación holandesa, pero
entrar en una solución de un problema final de fondo como la
eutanasia y la muerte digna sin tener resuelto previamente el
problema de los cuidados paliativos, puede hacernos derivar hacia una
solución final drástica de lo que podría tener una solución, en
amplios porcentajes, por vía de los cuidados paliativos.
Se pone en evidencia el déficit que tenemos de estructura, de
servicios, de unidades, de equipos, de todo lo que es el contexto de
los cuidados paliativos, y tenemos, además, para decir la última
palabra en este Congreso de los Diputados, la proposición de ley que
nos llega del Senado de derecho del paciente a la información,
a tener un conocimiento de su autonomía como tal persona, como paciente
que necesita conocer y opinar, si llega el caso, sobre su situación,
expresada en una ficha clínica, realizada con unos criterios
científicos y técnicos de los profesionales de la medicina;
profesionales que tienen que actuar en relación a esta persona para
darle los datos objetivables que le permitan ejercer un derecho a la
información, porque la información es técnica y el derecho se le va a
reconocer jurídicamente. Si tenemos esa vía de un derecho a la
información del paciente sobre su salud, sobre su autonomía, sobre
sus documentos sanitarios, para que pueda adoptar una opción, y si la
sociedad en la estructura de la salud pública no le da toda una
estructura de cuidados paliativos, ¿cómo vamos a entrar directamente
a resolver el problema final de fondo de la eutanasia sin estas
cuestiones previas? ¿O es que cualquier persona privada de un derecho
o que no lo pueda ejercer porque no está legislado, un derecho a la
información, como tal paciente que sufre viendo una enfermedad
terminal con dolor o sin él, pero sin vuelta a un estado de salud, no
puede disponer de unos factores correctivos, técnico-sanitarios, como
son los cuidados paliativos para el mal en su profundidad patológica
o bien de todos sus efectos sintomatológicos con el dolor? ¿Cómo se
puede resolver este problema? Por esa razón, con el respeto a todas
esas ideas y creencias contrarias, pero pidiendo también el respeto
para las ideas y creencias que están en el otro favor, mi grupo
entiende que debemos, por un procedimiento en este caso formal, dejar
que la Cámara Alta, que el Senado, termine la función encomendada,
porque no sé tampoco qué resultado podemos presentar a la sociedad
española en todos sus ámbitos si trabajamos en paralelo para una
misma materia con dos comisiones o subcomisiones, llamada allí
Comisión de estudio. Esto no parece que tenga una lógica operativa en
el funcionamiento de las cámaras. No se ha dado ningún caso de que el
Senado y el Congreso de los Diputados hayan actuando en paralelo
sobre una misma materia desde que aprobamos la Constitución española
y funcionan las dos cámaras. El Senado tiene por delante un año, ya
que no hay para el año 2002 ningún proceso electoral abierto en
España, lo cual quiere decir que la clase política puede trabajar con
entera dedicación y sosiego sobre esta materia. Prefiero que en este
tema, con toda su profundidad y todas las aportaciones que tengan que
darse, el Senado ofrezca a la opinión pública, a la clase política
y a la sociedad española en general, un resultado de sus trabajos con
todas las confrontaciones entre ideas, creencias y soluciones
técnicas que se puedan aportar. Por todo ello, en este momento, mi
grupo va a votar en contra de la creación de esta subcomisión en el
seno de la Comisión de Justicia e Interior para las conclusiones con
respecto al derecho a la eutanasia, el derecho a una muerte digna.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ollero, tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: A veces, desde esta Cámara, se puede
trasladar la impresión de que acabamos incurriendo en un cierto
acostumbramiento. Son muchas las iniciativas que tenemos que debatir
cada día, muchas las votaciones que nos vemos obligados a realizar y
podría darse la sensación de que, a veces, el diputado es alguien que
no sabe de qué se está debatiendo y, a veces, vota sin saber muy bien
lo que está votando, lo cual no deja de escandalizar en alguna
ocasión, sobre todo a los visitantes a esta Cámara cuando lo ven
desde la tribuna. Sin embargo, en el tema que estamos abordando ahora
es difícil que se dé ese acostumbramiento. Puedo dar fe de ello
porque aunque en alguna de las intervenciones que han tenido lugar
aquí esta mañana se da la sensación de que es un tema inédito
o novedoso, la verdad es que pocas cuestiones se han debatido más en
esta Cámara. En concreto ésta que hoy nos ocupa es un clásico ya de
los debates parlamentarios y, quizá porque mi grupo me ha honrado
siempre al nombrarme su portavoz cuando se ha tratado esta cuestión,
puedo recordar perfectamente las muy diversas ocasiones en las que de
una manera reiterada y sin novedad en la argumentación, por otra
parte, hemos ido debatiendo esta cuestión. Es difícil acostumbrarse a
un problema tan profundo como el que este tipo de debates suscita. El
problema de la muerte digna es enormemente complejo porque lo que
pueda entender por digno cada persona depende mucho de la situación
de cada una de ellas, de sus propias convicciones, de su mundo
ideológico y cultural. Las mismas condiciones objetivas, desde un
punto de vista puramente sanitario
o científico, pueden considerarse dignas o indignas según cual sea el
marco cultural en el que esa persona se mueva. Por tanto, es un
problema de enorme dificultad. A eso hay que añadir otra segunda
cuestión que no cabe ignorar nunca, la dimensión relacional que el
derecho lleva siempre consigo, que hace que sería una manera
interesada o no de desfigurar este debate, de mirar esta realidad con
un solo ojo, el intentar plantearla como si estuviéramos discutiendo
sobre la existencia o no de una obligación de morir en condiciones
que uno considera indignas. La obligación de morir parece estar
empíricamente sentado que la tenemos, por desgracia o por suerte
-también en eso hay teorías. Ahora, el asunto de la dignidad del
contexto de ese trance tan decisivo para una persona, indudablemente
va a afectar a la vez porque el derecho tiene esa dimensión
relacional, querámoslo o no, a otras muchas personas, como ya se ha
puesto de manifiesto en una de las intervenciones, al aludir al
elevado número de personas que en el caso holandés han sufrido -no
han ejercido derecho alguno- la eutanasia sin conocimiento y sin
consentimiento.
Ya que se ha hablado de sentencias del Tribunal Constitucional,
citaré de una que tuve ocasión de estudiar incluso en una de mis
modestas publicaciones, la sentencia que deriva de las huelgas de
hambre de los terroristas del GRAPO en donde nuestro Tribunal
Constitucional distingue claramente entre lo que es un agere licere,
una posibilidad de realizar una acción que no está prohibida, por
tanto, una libertad en el ámbito de lo que se entiende como
jurídicamente no relevante, salvo en lo que tiene de ejercicio
lógicamente de la propia libertad, y lo que sería un derecho, que es
algo bastante distinto que sí exige un título en el que fundarse
porque da la posibilidad de acudir al ordenamiento jurídico para
eliminar obstáculos en el ejercicio de ese propósito. Eso es algo
bastante distinto y aquí quizá hablamos de derecho con demasiada
alegría cuando en esos términos constitucionales no podríamos hablar
ahí de derecho alguno. Esa sentencia es también suficientemente
ilustrativa.
Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico, la mal llamada
eutanasia pasiva, que no es tal y puede servir interesadamente para
mantener vivo un debate que en otros términos sería muy difícil
mantener por la repugnancia que produce a la mayor parte de la
población, esa mal llamada eutanasia pasiva, que es pasiva pero no es
eutanasia, nunca ha tenido ningún problema en nuestro ordenamiento
jurídico y no ha sido necesaria ninguna reforma penal; simplemente
con la buena práctica médica y el buen sentido de los jueces, nunca
ha creado problema alguno. Nuestro grupo ante esta cuestión siempre
mantiene, por lo que he dicho, un gran respeto y, por eso también, un
cierto temor a que pueda ni remotamente trivializarse algo tan serio
y tan grave como esto de que estamos tratando. Ha habido, como ya se
ha dicho, una Comisión en el Senado. Esa
Comisión ha realizado una aportación importantísima y lo digo porque
he dedicado muchísimas horas a leer la gran cantidad de material que
esa Comisión especial, que funcionó durante toda la legislatura, ha
aportado. Sería absurdo, a mi modo de ver, que pretendiéramos ahora
hacer una segunda lectura de esa aportación tan interesante y, desde
luego, la mejor subcomisión sería que todos, yo el primero,
releyéramos, alguno a lo mejor ni lo ha leído, todo ese material y
extraeríamos muchas consecuencias. Quiero señalar otra característica
de esa Comisión que me llamó muchísimo la atención, el escasísimo eco
que tuvo en la opinión pública, quizá porque determinados medios de
comunicación que se ocupan particularmente de esta cuestión, no
entendieron como políticamente correcta la mayor parte de las
intervenciones que allí se produjeron, porque fueron abrumadoramente
contrarias a cualquier despenalización de la eutanasia. Incluso
elementos que se han popularizado y que se han utilizado
testimonialmente por comunidades autónomas en leyes de mayor
enjundia, como el testamento vital, salieron mal parados de esa
Comisión cuando hablaban médicos que fuera de un contexto jurídico
exponían sus experiencias y la posible viabilidad práctica de esos
documentos. Todo eso ahí está y de todo ello hubo escasísimas noticia
en los medios de comunicación, quizá porque en algún caso interesaba
más un espeso silencio sobre el particular. En ese sentido sugeriría
que por el cauce que se considere oportuno, quizá la Mesa y
Portavoces de esta Comisión, se proponga al departamento de
publicaciones de las Cortes Generales que estudie -eso sí valdría la
pena estudiarlo- cómo dar mayor difusión a toda ese material
acumulado que prácticamente es desconocido. Es una tarea que ha hecho
las Cortes Generales y que no conoce prácticamente nadie.
Por otra parte, esa Comisión, como ya se ha dicho, no llegó a
conclusión alguna. No creo que se debiera a falta de tiempo, porque
funcionó durante toda una legislatura, es más, si se hubiera debido a
falta de tiempo, en el mismo Senado a estas alturas ya se habría
reabierto esa Comisión para llegar a unas conclusiones. Sospecho,
aunque evidentemente tampoco estoy en condiciones de afirmarlo
taxativamente, que simplemente no hubo manera de llegar a un acuerdo
conjunto que justificara la firma de unas conclusiones. Decir que
nosotros, con una subcomisión de mucho menor alcance que aquella y
con menores posibilidades de contrastar opiniones de las que allí
hubo tan generosamente, somos tan listos que vamos a llegar a unas
conclusiones con más facilidad, podría ilustrar sobre la mentalidad
que en esta Cámara con frecuencia se suscribe con respecto a lo que
es el Senado, pero sobre eutanasia, no, a mi modo de ver. De ahí que
nuestro grupo entienda que esta subcomisión no va, a pesar de la
buena voluntad de los proponentes, a cumplir ni remotamente las
finalidades que se autootorga y, por tanto, vamos a votar en contra
de su oportunidad.
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E
INTERIOR, ENCARGADA DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL CONJUNTO DE
MEDIDAS PROPUESTAS POR EL GOBIERNO TENDENTE A LA REFORMA DE LA
JUSTICIA ESPAÑOLA. FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO. (Número de expediente 158/000032.)
El señor VICEPRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es una
iniciativa de Izquierda Unida y del Grupo Mixto para la creación de
una subcomisión encargada de realizar el seguimiento del conjunto de
medidas propuestas por el Gobierno y tendentes a la reforma de la
justicia española.
En nombre del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Adelanto que vamos a proceder a la
retirada -lo hago en nombre de Izquierda Unida y del Grupo Mixto que
somos los firmantes de esta solicitud- de esta solicitud, pero quiero
dejar constancia de cuáles son las razones, que no son otras que la
creación de la ya mencionada Comisión de seguimiento mediante otra
iniciativa parlamentaria llevada a cabo y desarrollada en esta
Cámara. Efectivamente en julio de este mismo año entendíamos
necesario proceder a esta solicitud de la creación de esta comisión
de seguimiento, en la medida en que no sólo se había hablado al
presidente del Gobierno y al ministro de Justicia de propuestas
relativas a un pacto de Estado por la justicia con desarrollo de
distintas reformas a este respecto, sino que realmente se había
llevado a cabo un pacto, del cual no se había informado en esta
Cámara, desde nuestro punto de vista, entre el Partido Popular, el
Partido Socialista y el Gobierno, y entendíamos que era necesario,
por tanto, que hubiera una participación de todos los grupos
parlamentarios.
Como consecuencia de una iniciativa parlamentaria de esta diputada,
de una interpelación y la consecuente moción en la semana siguiente,
pudimos llegar a una serie de acuerdos entre todos los grupos
parlamentarios que creo que daban comodidad política a todos, y
también al Gobierno, para proceder a la constitución de esa Comisión
de seguimiento del pacto de Estado para la reforma de la justicia, a
la cual todos los grupos parlamentarios pudieran presentar
aportaciones, iniciativas, en definitiva tener la comodidad
suficiente entre todos, vuelvo a señalar, tanto el Parlamento como
también el Gobierno, para proceder al seguimiento de este pacto de
Estado por la justicia.
Por tanto, concluido, entendemos, ese primer objetivo de llevar a
cabo la constitución de esa Comisión de seguimiento, procedemos a la
retirada de esta solicitud
y a partir de ahí que se consiga llevar a buen término este objetivo
del pacto de Estado para la reforma de la justicia dependerá ya de
los grupos parlamentarios y el Gobierno a lo largo de este tiempo, en
esta Comisión y fuera de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE: Por tanto, se da por retirada la iniciativa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL CAMBIO DE APELLIDO EN EL REGISTRO CIVIL. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/00083.)
El señor VICEPRESIDENTE: Comenzamos, por tanto, el debate de las
proposiciones no de ley. Esta Mesa quiere proponer a los portavoces
lo previsto en el artículo 73, que es la posibilidad de, dado el
denso orden del día que tenemos por delante, reducir los tiempos en
las intervenciones. La Mesa velará por que, si los portavoces no
dicen nada en contra, reduzcamos los tiempos en principio a unos
siete minutos. ¿Alguna opinión en contra? (Pausa.)
Entonces pasamos al punto VI del orden del día, relativo a la
proposición no de ley relativa al cambio de apellidos en el Registro
Civil, que ha sido presentada por el Grupo Mixto y para cuya defensa
tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre
nombres y apellidos y orden de los mismos, estableció en su artículo
3 una modificación del artículo 55 de la Ley de 8 de junio de 1957,
del Registro Civil, de forma que el encargado del registro, a
petición del interesado o de su representante legal, procederá a
regularizar ortográficamente los apellidos cuando la fórmula inscrita
en el registro no se adecue a la gramática y fonética de la lengua
española correspondiente. Se abría así la posibilidad de que quien
quisiese pudiese restaurar a sus formas originarias, no deturpadas, o
bien a la forma propia de un determinado idioma oficial de una
comunidad autónoma, sus apellidos. La redacción del artículo es
paralela a la del párrafo último del artículo 2 de la misma ley que
dice: A petición del interesado o de su representante legal el
encargado del registro sustituirá el nombre propio de aquél por su
equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas.
Esta legalidad, por tanto, no ofrece dudas al respecto de la
legitimidad de adaptar los apellidos a formas genuinas de cualquier
lengua española, pero esta legalidad está siendo dificultada y
coartada por resoluciones de la Dirección General de Registros y
Notariado, como la de 23 de mayo de 2000, que además son
interpretadas muchas veces por los encargados de los registros
civiles de una forma que hace imposible en la práctica
llevar a cabo lo dispuesto en la Ley 40/1999 en lo relativo a esta
cuestión, y les voy a poner varios ejemplos reales, prácticos, no
inventados.
Por ejemplo, el Registro Civil de Ourense dice que Villameá, cuya
forma originaria es Vilameá, a pesar de ser un apellido tan
exclusivamente gallego que proviene de la toponimia del país con el
sentido de villa que está en la mitad, en la ladera media de un
monte, es un apellido castellano. Esta es una forma de proceder que
deja a capricho del encargado del registro la posibilidad abierta de
forma tan manifiestamente clara por la ley. No se trata de gallegizar
apellidos castellanos, sino de restaurar en sus formas originarias
apellidos que están deformados, en unos casos, el de Villameá, por
ejemplo, que figura incluso en partidas de nacimiento de anteriores
generaciones del propio afectado como Vilameá, por ejemplo a
principios del siglo XX o finales del XIX, incluso con esas
demostraciones. En otros casos, como por ejemplo el de Ponte, no se
trata de inventar un apellido que no existe en gallego, sino de
adoptar la forma gallega de apellidos que pueden existir en gallego y
en castellano. El apellido Rodríguez existe en gallego y en
castellano; el apellido Ponte existe en gallego y en castellano.
Si con esta claridad en estos dos apellidos se producen estos
fenómenos, ustedes imaginen lo que puede pasar con un encargado de
registro que diga que Otero no es Outeiro, porque como hay Otero por
España adelante no existe Outeiro, cuando todos sabemos que Otero es
precisamente una españolización de Outeiro, pero el señor encargado
del registro puede no saber eso, ni interesar saberlo, ni querer
saberlo; por ejemplo Soto todo el mundo sabemos que es Souto; por
ejemplo, un caso más claro, imagínense que un señor que se llama
Bello con bé, el encargado del registro diga que es un apellido
español y que le impida poner la forma Vello, que nada menos que es
semánticamente contraria y que en español significaría de viejo; pero
es que los Bello que hay en Galicia con bé son Vello con uve. Los
encargados del registro si quieren pueden impedir este tipo de
traslación.
No es de recibo que se diga que los casos en los que el supuesto
envuelve la traducción al gallego de un apellido castellano, como
dice el Gobierno en su respuesta, quedan por esta interpretación
excluidos a la indicación de ese camino más sencillo de la
regularización ortográfica por simple petición, pero ello no quiere
decir que los interesados no puedan lograr esta traducción, pues la
misma siempre es posible por la vía del expediente previsto en los
artículos 57 de la Ley de Registro Civil y 205 y 206 de su
reglamento. Para esto, lógicamente, no hacía falta que hubiésemos
modificado la ley.
Acabo diciendo que es totalmente improcedente que la citada dirección
general esgrima una instrucción de 11 de diciembre de 1998, dictada a
raíz de la Ley catalana, 1/1998, para impedir aplicar el
procedimiento
de cambio de apellidos instaurado e incluido por voluntad expresa del
legislador en el artículo 55 de la Ley de Registro Civil, después de
la aprobación de la Ley 40/1999, puesto que de esta modificación
legislativa se deduce claramente que a partir de la entrada en vigor
existe un procedimiento abreviado para proceder al cambio de
apellidos, distinto del regulado en el artículo 57 de la Ley de
Registro Civil, que simplifica los trámites de manera que los
interesados deben obtener el cambio de apellidos con una simple
petición dirigida al encargado del registro. Se están produciendo
estos casos tan claros y tan alarmantes porque no puede ser que unos
encargados del registro digan a todo que está bien, y hace años en
Galicia que no ponen pegas de ningún tipo, mientras que a otros
ciudadanos, a los que les toca el señor intolerante que interpreta
una resolución de la Dirección General de Registros de esta manera no
solamente tan errada, tan restrictiva de la ley, sino además tan
torpe y bárbara desde el punto de vista lingüístico y de la
diversidad cultural lingüística, tienen que aceptar estas
discriminaciones, ir por una vía lenta, llena de fárragos
burocráticos, aunque al final venzan. Se trata, por tanto, de
facilitar a los ciudadanos el uso de la ley. De ahí proviene nuestra
proposición.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pigem por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) anuncia que va a votar favorablemente esta
propuesta del señor Rodríguez. Voy a intervenir muy brevemente
haciendo caso de las indicaciones del señor presidente. Para el Grupo
Parlamentario Catalán(Convergència i Unió) fue especialmente valorada
la Ley 40/1999 que permitía adecuar a la gramática y fonética de la
lengua, en este caso catalana, los apellidos cuya fonética por
diversos motivos se había castellanizado con el paso del tiempo. Esta
ley y su desarrollo reglamentario tenían como objetivo facilitar y
simplificar el procedimiento de este cambio de apellidos para que
fueran correctamente escritos en las lenguas gallega, vasca y
catalana. Lo que ha puesto de relieve el señor Rodríguez implica que
este derecho sustantivo vigente, amparado en esta Ley 40/1999, queda
impedida y obstaculizada por este vericueto procedimental que lo que
hace es alargar, cuando no impedir, lo que viene reconocido en esta
Ley 40/1999 y en el correspondiente desarrollo reglamentario. Por
este motivo, creemos que este desarrollo procedimental lo que ha de
hacer es adecuarse al espíritu del derecho sustantivo que en su día
se aprobó. Por ello, vamos a apoyar la propuesta que nos hace el
señor Rodríguez.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la propuesta del señor Rodríguez, con
el que compartimos ponencia en la Ley 40/1999. Aunque en estos
momentos esté en discusión, desde el punto de vista técnico y
académico, la existencia de una interpretación auténtica de las
leyes, hay que decir que todos los que fuimos ponentes en aquella ley
estábamos convencidos de que aprobábamos una norma que había de
servir para facilitar y hacer posible en la práctica, con los mínimos
trámites burocráticos, la adaptación fonética y gramatical de los
apellidos a cualquier lengua española. Es decir, que el señor que
tiene un apellido gallego mal escrito y reside en Ciudad Real, pueda
escribirlo en gallego ante el Registro Civil de Ciudad Real, o como
el señor que lo tiene mal escrito en aranés, en Viana do Bolo lo
pueda hacer igualmente. Para ello se necesitaba una norma estatal de
aplicación al conjunto del territorio y de obligatorio cumplimiento
para todos los registros civiles, y ello es lo que hicimos. Hubo
manifestaciones concretas absolutamente favorables a esta posibilidad
de la reforma para facilitar la adecuación de los apellidos por parte
de todos los grupos intervinientes. Quisiera destacar especialmente
en el Pleno de 13 de mayo de 1999, la de la señora Sainz, portavoz
entonces del Grupo Parlamentario Popular, diciendo que estaba de
acuerdo con la facilidad para la modificación y adaptación a la
realidad fonética y gramatical de los apellidos en cualquier lengua
española.
Es cierto que en la misma sesión del 13 de mayo de 1999, la señora
Uría, que intervenía en nombre del Grupo Vasco, nos recordó que en la
práctica en los registros civiles el orden de las fuentes del derecho
acostumbra ir al revés, es decir que la circular de la dirección
general es mucho más importante que la ley aprobada por el
legislador, porque el funcionario sigue lo que diga la circular. Esta
es una postura de pragmatismo jurídico que, viniendo de la insigne
jurista que es doña Margarita Uría, nos tiene que hacer reflexionar a
todos. Es importante lo que hagamos aquí, pero hemos de conseguir
luego que las circulares recojan lo que decimos, no sólo los
reglamentos, y que los funcionarios, que son muy respetables y los
encargados de aplicar la legalidad aprobada por las Cortes Generales,
lo hagan de forma correcta y de acuerdo con la voluntad expresada por
las Cortes Generales, que en este caso es indudable. Estoy
absolutamente de acuerdo con las palabras pronunciadas por los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por ello,
señor presidente, señores y señoras comisionados, vamos a votar
afirmativamente la proposición que estamos debatiendo, porque
entendemos que este derecho que está inserto en el artículo 10 de la
Constitución como una manifestación del libre desarrollo de la
personalidad, debe ser protegido de una forma clara, sencilla y al
alcance de cualquier ciudadano, sin tener que meterse en vericuetos
jurídicos, sino por la simple manifestación de su
voluntad, y a ello deben contribuir los poderes públicos. El artículo
9 de la Constitución, al cual me refiero habitualmente, obliga a los
poderes públicos a actuar positivamente y remover los obstáculos para
la igualdad y la libertad. Ello, señorías, es lo que debe hacerse
a través de la Dirección General de Registros y Notariado en este caso,
facilitando lo que aprobamos en la legislatura anterior y lo que es
la voluntad expresada por el legislador.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: En relación con esta proposición no de ley, el
Grupo Parlamentario Popular tiene que manifestar lo siguiente. La
proposición no de ley insta a que el cambio de apellidos en el
Registro Civil, con objeto de adaptarlos a las lenguas gallega, vasca
y catalana, se practique sin necesidad de recurrir al expediente
regulado en el artículo 57 de la Ley del Registro Civil; pero el
último párrafo del artículo 55 de la Ley del Registro Civil,
redactado por la Ley 40/99, de 5 de noviembre, establece textualmente
que el encargado del registro, a petición del interesado o de su
representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los
apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se adecue a la
gramática y fonética de la lengua española correspondiente. Este
precepto, que tiene su precedente en el artículo 19 de la Ley
catalana de política lingüística 1/1998, de 7 de enero, ha sido
desarrollado por el artículo 198 del reglamento del Registro Civil,
redactado por Real Decreto 193/2000, de 11 de febrero, que en su
último inciso establece que cuando no fuere un hecho notorio, deberá
acreditarse por los medios oportunos que el apellido pertenece a una
lengua vernácula y su grafía exacta en ese idioma. La interpretación
literal y lógica de estos preceptos lleva a la conclusión de que lo
que se permite sin expediente y por la sola petición del interesado
es la regularización de apellidos vascos, catalanes, gallegos,
baleares o valencianos a la ortografía actual de estas lenguas. Así,
se ha admitido por la Dirección General de los Registros y Notariado
la sustitución del apellido gallego al que ha hecho referencia el
proponente Villameá por Vilameá, y del apellido valenciano Zaragozá a
Saragossá, pero lo que no admite el centro directivo, de acuerdo con
la norma legal, es que apellidos claramente castellanos puedan ser
traducidos a las demás lenguas españolas. Así se ha indicado respecto
de los apellidos castellanos Vázquez, Puente, Pascual, Castañera
y Abad, y la traducción de estos apellidos a otra lengua española la
requiere por no estar el supuesto comprendido en la permisión legal
la tramitación del expediente previsto en el artículo 57 de la Ley
del Registro Civil, que se instruye en el registro civil del
domicilio y que decide por delegación del señor ministro de Justicia
la Dirección General de los Registros y Notariado. En
definitiva, de acuerdo con la ley la sustitución de un apellido por
su correspondiente en una lengua española requiere, para que ello sea
posible por la simple petición del interesado, que el apellido
pertenezca a una lengua vernácula y que esté correctamente escrito en
esta lengua. En cambio, la regularización ortográfica de apellidos es
lo que permite la ley, que no alcanza al supuesto de traducción
-entre comillas- de apellidos, a la cual requiere expediente. Por
todo ello, vamos a votar en contra.
- RELATIVA A LA VENTA A PRECIO SIMBÓLICO AL AYUNTAMIENTO DE MANDAYONA
(GUADALAJARA) DE LA CASACUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000850.)
El señor VICEPRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a
la venta al Ayuntamiento de Mandayona (Guadalajara), de la casa-
cuartel de la Guardia Civil. Para su defensa tiene la palabra el
señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Voy hacer una breve historia de los
antecedentes que justifican nuestra proposición no de ley, que se
refieren al esfuerzo que entre los años 40 y 60 realizaron el
Ayuntamiento y los vecinos de Mandayona, municipio de la provincia de
Guadalajara, para construir la Casa Cuartel de la Guardia Civil en
ese municipio. El ayuntamiento se endeudó, los vecinos colaboraron
material y personalmente en estas obras, y ese endeudamiento hizo que
a partir de 1962 el ayuntamiento tuviera la necesidad de ceder, tanto
las obras como el edificio a la Dirección General de la Guardia
Civil, con la deuda que el ayuntamiento había contraído de 175.000
pesetas en aquellos tiempos.
En noviembre del año 1994 el cuartel se cierra porque se traslada al
municipio de Sigüenza y el edificio se declara parte del patrimonio
del Estado y se pone a disposición de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado. El Ayuntamiento de Mandayona, por acuerdo
plenario de 5 de junio del año 2000, solicita a la Administración
competente la cesión de esta casa-cuartel para una finalidad pública,
para dedicar ese edificio a educación ambiental, concretamente para
que fuera el centro de interpretación del futuro espacio natural
protegido del Río Dulce. A partir de ese momento lo único que se le
ha ofrecido al Ayuntamiento de Mandayona por parte de la Gerencia de
Infraestructuras es enajenar la casa-cuartel de la Guardia Civil
-mediante un procedimiento de adjudicación directa- por un precio de
15.369.000 pesetas que es imposible de asumir por el ayuntamiento;
estamos hablando de un municipio de menos de 400 habitantes y de un
presupuesto municipal que apenas llega a los 40 millones de pesetas.
Sin embargo, este es un edificio emblemático que el ayuntamiento y
los vecinos quieren que siga teniendo una utilidad pública, como tuvo
en su origen. Por eso, el objeto de nuestra proposición es facilitar
esa cesión o esa adjudicación al Ayuntamiento de Mandayona por el
procedimiento que sea más factible y con un precio que sea accesible
para dicho Ayuntamiento.
Esta es una historia muy simple no solamente del patrimonio del
Estado, sino del municipio de Mandayona que cedió ese edificio -que
se identificaba con la ciudadanía y que era emblemático para el
propio municipio- para un servicio público. ¿Qué ha hecho el
ayuntamiento? El ayuntamiento ha contribuido a construir ese
edificio, lo ha pagado también, en parte, lo ha cedido para una
utilidad pública, para un servicio a los ciudadanos y de esta manera
el ayuntamiento también ha acrecentado no sólo el patrimonio
municipal sino también el patrimonio del Estado. ¿Qué ha hecho el
Estado? El Estado ha eliminado la utilidad pública de ese edificio y,
desde el año 1994, ha contribuido también al deterioro material de
ese patrimonio del Estado, puesto que desde ese año no tiene ninguna
utilidad; ha decidido también enajenarlo sin tener en cuenta ni el
servicio público para el que fue cedido por el ayuntamiento ni los
intereses de los ciudadanos que contribuyeron a su construcción. Sin
embargo, creo que el Estado va a hacer algo más; va a especular con
un bien público, en este caso con el patrimonio de los vecinos de
Mandayona porque, señorías, ¿qué es si no pasar de un precio de
175.000 pesetas a 15.300.000 pesetas? Además no garantiza ni el
servicio público ni la utilidad pública que tenía encomendado en la
cesión que hizo en su momento el ayuntamiento y no tiene en cuenta
las necesidades actuales que tiene el municipio, que ha encontrado
una finalidad de educación ambiental en ese plan de ordenación del
Río Dulce. Esa finalidad pública que el ayuntamiento y el municipio
han encontrado requiere que se le devuelva al ayuntamiento y a sus
vecinos aquello que dieron. Esos datos que he referido al principio
de que el ayuntamiento apenas llega a los 400 habitantes y que el
presupuesto apenas alcanza los 40 millones de pesetas, habla a las
claras de la escasa capacidad financiera ni siquiera para especular
del ayuntamiento. Desde este punto de vista reclamamos un mayor
respeto a los municipios y a la política local en estas decisiones.
En segundo lugar, creemos que no se debe practicar lo que yo llamaría
la política del ecónomo del Arzobispado de Valladolid, ese que
utilizaba las donaciones de particulares para especular e incluso
invertirlo en Gescartera. La finalidad pública -en este caso la
educativa- se contradice con la especulación de todo tipo. Queremos
mantener la utilidad pública que es lo único que garantiza el
mantenimiento y que no se pierda el patrimonio. Lo contrario es dar
recursos a la Hacienda
pública, igual que los impuestos de la gasolina que vamos a pagar a
partir de enero para cubrir un agujero presupuestario y la pérdida de
ingresos que se prevén para el año que viene. Hacer viviendas o
cualquier promoción inmobiliaria en un edificio que fue un cuartel de
la Guardia Civil es una pésima gestión del patrimonio del Estado y en
este caso, además, es un abuso ante un ayuntamiento pequeño que lo
dio todo para dotarse de un servicio público, de un patrimonio
necesario y digno y que ahora se lo arrebatan sin ninguna
consideración. Finalmente, creo que es la paradoja de una derecha -en
este caso la del municipio de Mandayona- que siempre caciqueó en este
pueblo y que en su preocupación por lo público no ve más que su
posible enajenación para sacar un suculento beneficio económico.
Con esta proposición no de ley pretendemos, en definitiva, defender
el patrimonio de un pueblo, de un municipio y esa defensa no supone
ninguna pérdida de patrimonio público sino la atención a las
necesidades de unos ciudadanos y la defensa de lo que ellos hicieron
posible un día.
El señor VICEPRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad. Como es natural, prescindo de
las impresiones puramente subjetivas de las que ha hecho gala el
señor García Breva al final de su intervención volviendo a recuperar
ciertos lugares comunes muy viejos en el discurso socialista, que
nadie se cree y que, desde luego, no se creen los ciudadanos a la
hora de acudir a las urnas. Esto de la vieja derecha, la
especulación, los planes anticipados a los que hacía referencia el
señor García Breva están muy bien, quedan exclusivamente en el ámbito
de su presentación dialéctica, pero no tienen más alcance.
La realidad es que una vez suprimido el puesto -con fecha de 5 de
marzo de 1994- por la Dirección General de la Guardia Civil, el
referido inmueble quedó a disposición de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado el día 2
de marzo de 1999. Tras ser realizada la depuración física y jurídica
del expediente del inmueble en cuestión se comprobó que el
ayuntamiento, por acuerdo del pleno de 13 de marzo de 1997 solicitaba
la cesión gratuita a favor del mismo, la cual fue denegada por
resolución del consejo rector de la Gerencia adoptado en acuerdo de
12 de julio de 2000 al entender que el Estado tenía consolidada la
propiedad sobre el inmueble al haber permanecido operativo durante
más de 30 años; resolución que ha cobrado firmeza al no haber sido
recurrida por dicha corporación local. Posteriormente, ante el
interés del ayuntamiento por el referido acuartelamiento, con fecha 8
de agosto de 2000, se le ofreció al mismo por el precio de tasación
que ascendía a la cantidad de
15.369.043 pesetas, como recordaba el señor García Breva, contestando
dicho ayuntamiento en escrito de fecha 3 de noviembre de 2000 su
intención de adquirir el inmueble tan pronto como dispusiera de los
recursos necesarios. Desde entonces se han seguido manteniendo
contactos con la corporación citada encaminados a la consecución de
la enajenación proyectada; es decir, está abierta una vía de diálogo
permanente con dicha corporación.
Frente a esta síntesis de los hechos, nosotros creemos que la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en el
Congreso, en el sentido de que se proceda a la venta del inmueble al
Ayuntamiento por un precio simbólico, supondría que se podrían
producir efectos que, estoy convencido, no son deseados por parte de
los propios autores de la proposición; teniendo en cuenta, además,
que los estatutos de la Gerencia, los que rigen la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad, no permiten realizar operaciones de
la naturaleza de las que se incorporan en esta proposición no de ley.
Además entendemos -de ahí esa mención a los efectos indeseados- que
si se aceptara en los términos de la presente iniciativa se
establecería, sin lugar a dudas, un precedente que podría implicar
comprometer bienes patrimoniales del Estado y, en su caso, posibles
agravios comparativos con otros ayuntamientos en similares
o parecidas circunstancias. Por eso nos parece esencial señalar tres
ideas-fuerza. En primer lugar, que el municipio de Mandayona pueda
disfrutar de ese inmueble para destinarlo a uso público. Esa es
nuestra intención de fondo. Repito, primera idea-fuerza: arbitrar los
procedimientos para que el municipio de Mandayona pueda disfrutar de
ese inmueble para destinarlo a uso público. Segunda idea-fuerza: que
en todo punto, para el objetivo y el cumplimiento de tal fin, se
respete el procedimiento administrativo y la legislación vigente
puesto que no puede ser de ninguna otra forma. Tercera idea-fuerza:
que no se produzca -porque no se puede producir- menoscabo
patrimonial para el Estado ni situaciones que pudieran resultar
agravios comparativos para otros municipios con pretensiones
similares o que pudieren afirmar precedentes que, en todo caso,
supusieran una línea de colisión o de frontera de colisión con la
legislación vigente, amén de ese señalado precedente negativo en
orden a cómo se han resuelto algunos otros casos similares con
anterioridad o cómo se pueda producir su resolución en el futuro.
Teniendo en cuenta, por tanto, estas tres ideas-fuerza, nosotros
estaríamos, en este momento, en situación de ofrecer un texto
alternativo, un texto que precisamente se vertebrara sobre la idea de
que el municipio de Mandayona pueda disfrutar de ese inmueble para
destinarlo a uso público, que se respete la legislación vigente como
no puede ser de otra forma, que se eviten o que se pretenda desde el
Congreso de los Diputados decirle al Estado que no cumpla con la
legislación vigente o se
creen situaciones de discriminación en relación con otros
ayuntamientos.
Antes de proceder a la lectura de ese texto transaccional,
naturalmente vuelvo al principio de mi intervención. Dejo de lado
todos esos conceptos, algunos ciertamente curiosos que el señor
García Breva ha esgrimido, como especular con un bien público, con el
patrimonio de Mandayona, como exigir el mayor respeto a la política
local. Señoría, no se especula con un bien público, esté sito en
Mandayona o en cualquier otro municipio del Estado, cuando la
Administración del Estado lo único que hace es cumplir con la
legislación vigente y que, desde luego, la mejor forma de garantizar
el conjunto del patrimonio del Estado, del patrimonio de las
corporaciones locales, del patrimonio de las comunidades autónomas es
que, en todo punto, cada Administración, en cada paso que tenga que
dar, sea estrictamente rigurosa y cumplidora de la legislación
vigente.
En ese contexto nosotros le ofreceríamos un texto transaccional que
dijera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que por
parte de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado,
se continúe llevando a cabo los contactos ya iniciados -porque ya hay
una vía de diálogo abierta en esta cuestión- con el Ayuntamiento de
Mandayona, a fin de formalizar las condiciones de la enajenación
proyectada de la casacuartel de la Guardia Civil de dicha localidad,
conforme al precio de tasación oportuno, para que dicha casacuartel
pueda ser destinada a usos de disfrute público. Entendemos que con
este texto que nosotros ofrecemos estamos siendo respetuosos,
primero, con la voluntad y la idea de que esa casa-cuartel, en su
caso, pueda ser destinada a uso público. Segundo, con que el
cumplimiento de tal fin, se arbitre en todo punto siguiendo y
cumpliendo la legislación vigente. Tercero, en el cumplimiento de la
legislación vigente y dentro del marco de esa legislación vigente y
del diálogo ya iniciado con la Administración local de Mandayona,
poder formalizar, poder consensuar, poder pactar las condiciones de
la enajenación proyectada. Nos parece, en definitiva, que este texto
transaccional representa mucho mejor el fin que se persigue, pero
también el camino imprescindible para llegar a ese fin, porque la ley
es la ley y la ley no podemos dejarla de lado o hacer el traje a
nuestra medida según los intereses particulares, por muy legítimos
que sean, de éste o de aquél municipio. Por tanto, nuestra oferta es:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que por parte de la
Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado se continúe
llevando a cabo los contactos ya iniciados con el Ayuntamiento de
Mandayona, a fin de formalizar las condiciones de la enajenación
proyectada en la casa-cuartel de la Guardia Civil de dicha localidad,
conforme al precio de tasación oportuno, para que dicha casa-cuartel
pueda ser destinada a usos de disfrute público.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿El señor García Breva quiere opinar sobre
la intervención anterior?
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, quiero decir, muy
brevemente, que a mí me encantaría poder aceptar esa transaccional,
pero no modifica en absoluto las condiciones que ya se han puesto al
Ayuntamiento de Mandayona con respecto a los 15 millones de pesetas,
es decir, al valor de tasación.
No estoy aquí abanderando el incumplimiento de la ley, pero creo que
esa negociación o diálogo debería de contribuir a buscar una solución
que fuera viable o accesible al Ayuntamiento de Mandayona, a las
finanzas del Ayuntamiento de Mandayona. Hoy por hoy, eso es
imposible, con lo cual lo único que nos está ofreciendo es repetirnos
en una propuesta que ya han hecho al municipio de Mandayona y que yo
aquí, como no advierto ninguna modificación, no puedo aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor García Breva.
- PARA ELIMINAR EL TRATO DISCRIMINATORIO QUE SUFREN LAS PERSONAS CON
DIABETES EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000857.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto
del orden del día, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto, para eliminar el trato discriminatorio que sufren las personas
con diabetes en el reglamento general de conductores.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, paso a defender en nombre
de Iniciativa per CatalunyaVerds la proposición no de ley para
eliminar el trato discriminatorio que sufren hoy en el Estado español
las personas con diabetes según el reglamento general de conductores
y, en concreto, para la renovación del permiso de conducir.
El actual reglamento que regula el permiso de conducir dice
claramente que cada seis meses o cada año es necesario renovar el
carné de conducir. Esta es una situación claramente discriminatoria
para las personas que padecen diabetes y que, además, no tiene en
cuenta ni la evolución de la ciencia médica ni el perfeccionamiento
de las técnicas de autocontrol ni la actualización de la cultura de
los afectados. Aquellas personas que conocemos de cerca algún amigo o
algún familiar que tiene diabetes sabemos perfectamente cómo está
evolucionando la ciencia médica y cómo hoy es muy distinta la
situación de esas personas a la de hace 8 ó 10 años. En ese sentido,
aún existe una gran ignorancia o falta de conocimiento de la propia
sociedad en relación a este tipo de enfermedades y el reglamento es
una
prueba de ello. Es importante saber y que se reconozca en la
legislación que unos controles serios y razonables producen una
igualdad de estas personas con el resto de la población en cualquier
ámbito.
Cuando se promulgó este real decreto se hizo sin el suficiente
diálogo con las asociaciones y federaciones de personas afectadas y,
en este sentido, la propuesta que traemos hoy aquí es producto,
fundamentalmente, y creo que es necesario decirlo, de las iniciativas
de las asociaciones y federaciones de diabéticos. En concreto, quiero
expresar el agradecimiento por el trabajo que ha hecho la Asociación
de Diabéticos de Cataluña y a su presidente, Xavier Bosch, y lo que
proponemos es que, independientemente de que la Directiva 91/439, en
su anexo 3, fija unas condiciones para los conductores diabéticos
sobre la base de que la propia directiva, en su artículo 7.3, dice
que ese anexo 3 es revisable de acuerdo con los avances médicos, la
proposición no de ley que planteamos dice que el Gobierno emprenda de
forma inmediata diálogo con las asociaciones y federaciones de
personas con diabetes, con el fin de modificar el Real Decreto 772/
1997, y se elimine el trato discriminatorio para las personas que
padecen esta enfermedad.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Sánchez Garrido tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señor presidente, tomo la palabra para
fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a esta
proposición no de ley que presenta el señor Saura.
Quiero decir que ya hicimos referencia a esta problemática, que nos
preocupa seriamente, en la ponencia que se constituyó al efecto para
estudiar la nueva ley de tráfico, y nuestra preocupación ha quedado
patente, puesto que hemos presentado una proposición no de ley para
su debate en el Pleno en este mismo sentido.
Si bien es cierto que esta proposición no de ley se ve hoy aquí, en
esta Comisión, y que tiene el mismo espíritu que la que nosotros
hemos presentado, no es menos cierto que lo que nosotros estamos
pretendiendo es que el Gobierno agilice una solución rápida a la
situación que padecen estas personas enfermas de diabetes. A ello
quiero referirme, porque no solamente consiste en un diálogo, que es
necesario, sino a que también haya una modificación de una serie de
artículos del reglamento de conductores. Si con ese diálogo en la
práctica no se modifican esos artículos, nada avanzaremos.
Quiero decirles también que hay algunos artículos, el artículo 14.2,
el artículo 47.3 y, sobre todo, los anexos del reglamento de
conductores en sus puntos 8 y 1, que son altamente restrictivos;
sobre todo quiero mencionar el del anexo 8, cuando se establece que
los afectados de diabetes mellitus tipo 1 y quienes requieran
tratamiento con insulina aportando informe favorable
de un endocrinólogo, excepcionalmente podrán obtener o prorrogar el
permiso con un período de vigencia máximo de seis meses. En las demás
situaciones que precisen tratamiento con antidiabéticos orales, se
deberá aportar informe favorable de un endocrinólogo y el período
máximo de vigencia será de un año. Lo anteriormente expuesto es la
regulación que afecta a los diabéticos, en cuanto al permiso de
conducción se refiere, que se contempla dentro del reglamento general
de conductores.
Nos queremos hacer eco de lo que dice la Federación Española de
Diabéticos en cuanto a que el tratamiento legal antes aludido, es
claramente discriminatorio para la persona con diabetes, ya que no se
ha tenido en cuenta la evolución de la ciencia médica, el
perfeccionamiento de las técnicas de autocontrol ni tampoco la
actualización de la cultura de los afectados, que en los últimos años
ha modificado positivamente la calidad de vida de estas personas.
Actualmente hay una campaña llevada a cabo por la federación
española, donde se han recogido más de 400.000 firmas pidiendo a la
Dirección General de Tráfico que modifique esta ley, puesto que los
discrimina de forma masiva. También quiero hacer una referencia -y no
me quiero extender mucho- a que la duración del carné de conducir
para los diabéticos queda restringida por el reglamento general de
conductores ante la hipótesis de que un día se pueda padecer un
accidente como causa de una hipoglucemia. Es una hipótesis tan remota
que hasta hoy no se ha registrado ni un solo accidente por este
motivo. Consideramos que esta posibilidad tan remota, y que hasta
ahora no se ha dado, es absolutamente injusta como para penalizar a
más de 2 millones de personas que padecen esta enfermedad. Creemos
que la Dirección General de Tráfico no tiene ningún motivo para
justificar su postura y perjudica a muchísimas personas.
También quiero hacer referencia al gasto adicional que le supone al
diabético la renovación anual o semestral de los permisos de
conducción, aparte de ser discriminatorio, como puede ser fotos,
impresos, tasas, reconocimientos médicos que con esa periodicidad que
decía antes no tiene cualquier otra persona. Ello da lugar a una
discriminación laboral absolutamente injusta.
Por todo esto, aunque nosotros pensamos que se debe avanzar y
profundizar más (y no solamente quedar en el diálogo a emprender, que
es importantísimo, es una de las cosas que precisamente reclaman las
asociaciones), hay que trabajar para modificar en concreto una serie
de artículos del Real Decreto 772/1997, aprobado el 30 de mayo, a fin
de que el reglamento general de conductores sea adecue a la realidad
y no sea discriminatorio y perjudicial para todas estas personas que
padecen esta enfermedad. En el sentido en que está redactada la
proposición no de ley, mi grupo la va a apoyar.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente, para manifestar el apoyo del
Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa.
Voy a introducir también algún nuevo dato en el debate. En una
respuesta que el Gobierno nos hizo llegar el día 21 de junio de 2001
se decía que las razones de estas limitaciones introducidas en el
Real Decreto 772/1997 estriban en los riesgos de accidentes asociados
a los episodios de hipoglucemia. Pero admite a continuación el
Gobierno que actualmente está en estudio una modificación de la norma
respecto del período de vigencia del permiso o licencia de conducir
para las personas afectadas de diabetes que, aun manteniendo una
frecuencia de revisión mayor que la población general, resulte menos
incómodo para el diabético. Este no es un problema nuevo y yo creo
que desde el 21 de junio ya ha pasado tiempo suficiente como para que
por parte del Gobierno se nos haga entrega de los resultados de este
estudio. Como de lo que se trata es de cambiar una norma
reglamentaria (el trámite de modificación de un real decreto no es ni
tiene por qué ser, si hay voluntad política, excesivamente largo ni
prolongarse demasiado en el tiempo), debe modificarse de una vez este
real decreto para acabar con una situación insostenible. Me remito
únicamente a que por parte de SS.SS. y por parte de la presidencia se
revise el número elevado de solicitudes que por parte de distintas
asociaciones de diabéticos se dirigieron a la Comisión de Peticiones
de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, nuestro grupo parlamentario va a
votar a favor de la proposición no de ley que hoy ha presentado en
esta Comisión el Grupo Mixto, concretamente el diputado Joan Saura,
de Iniciativa per Catalunya. Seguro que es un tema que deberemos
estudiar con profundidad, pero ya cuando se debatió la ley de tráfico
provocó que diversos grupo lo tratáramos y no se llegó a un punto de
consenso. Nuestro grupo se hizo eco de las peticiones de este
colectivo, un colectivo importante, un colectivo que está sufriendo
una reglamentación que les obliga a controles reiterados, cuando no
se aplican en otros supuestos. Parece como si desde la Administración
pública nos hubiéramos fijado concretamente en un colectivo. Nuestro
grupo no puede entender a qué se debe esta demanda de controles, de
renovaciones reiteradas del permiso de conducción, que causa un grave
problema a las personas que ya sufren la enfermedad de diabetes.
Nuestro voto va a ser favorable a esta proposición no de ley, que
insta al Gobierno a emprender de forma inmediata un diálogo con las
asociaciones y federaciones
de personas con diabetes, con el fin de modificar el real decreto
por el que se aprueba el reglamento general de conductores, con el
fin de eliminar el trato discriminatorio para las personas que
padecen esta enfermedad. En los términos en que está redactada esta
proposición no de ley entendemos que podría ser aprobada por acuerdo
unánime hoy porque se trata de emprender un diálogo con esas
asociaciones, buscar una respuesta para que ese trato discriminatorio
que existe pueda resolverse. Por tanto, nuestra solidaridad con este
colectivo, nuestra solidaridad con estos enfermos; desde el
Parlamento hoy, aprobando esta proposición no de ley que plantea el
diputado Joan Saura. Queremos darles el mensaje de esperanza de que
vamos a resolverles este tema. Incluso coetáneamente a lo que sería
esta modificación del reglamento, hoy decidimos crear esta
subcomisión sobre tráfico, en donde podemos tratar este tema, pero no
es incompatible porque la proposición no de ley tiende a una
modificación futura; no se aprobaría hoy la modificación del
reglamento, sino que se estudiaría con las asociaciones de afectados.
Busquemos una solución, podemos debatirla coetáneamente en la
subcomisión, pero no demos hoy un mensaje negativo a este colectivo
porque estoy convencido que todos los grupos de esta Cámara
coincidimos en que este trato que reciben puede calificarse de
discriminatorio. Merece una rectificación del reglamento y un estudio
para que pueda los propios afectados puedan buscar lo que sería una
solución definitiva, evitando lo que sin duda es un trato
discriminatorio. Este es el sentido del voto del Grupo Parlamentario
Catalán, que es favorable a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Quiero empezar esta intervención señalando que
la preocupación que late en el fondo de la iniciativa que ha
presentado el señor Saura es compartida por todos los grupos
parlamentarios y así ha quedado de manifiesto en distintas sesiones
de trabajo que hemos mantenido, en concreto en el proyecto de ley de
modificación de la ley vigente en materia de tráfico. Junto a esa
consideración inicial de preocupación compartida y de voluntad entre
todos de arreglar los problemas que se plantean, quiero también
anunciar que vamos a presentar una enmienda transaccional. En función
de los argumentos que voy a exponer a SS.SS., espero y confío que
tanto el grupo proponente, en concreto el señor Saura, como el resto
de los grupos parlamentarios, puedan compartir nuestro criterio.
Como decía, la sensibilidad que ha tenido el Grupo Mixto al recoger
las reivindicaciones de este colectivo,esa preocupación que ellos
tienen ante unas exigencias
en algunos casos excesivas de renovación del permiso de conducir, es
compartida por todos. De hecho tengo yo aquí, entre mis papeles, una
iniciativa que fue redactada hace ya unos cuantos meses por dos
compañeros míos del Grupo Popular, los señores Bueno y Blancas. Esta
iniciativa quedó en suspenso precisamente porque en los trabajos de
modificación de la ley de tráfico surgieron entre los demás grupos
problemas que se nos planteaban, pero entre todos acordamos dar
traslado de ellos al Ministerio del Interior, a los responsables de
la Dirección General de Tráfico, así como a la propia subsecretaria.
En las reuniones que hemos mantenido para examinar enmiendas
concretas de la ley de tráfico, hemos dado traslado de estas
demandas, que nos parecían legítimas. Como decía, esta iniciativa
quedó precisamente en suspenso al dar traslado de las mismas y ver
que eran bien recogidas; y no sólo eso, sino que ya se habían
iniciado los contactos, las reuniones por parte de los responsables
del Ministerio del Interior con las asociaciones y fundamentalmente
con la federación que las agrupa, la Federación Española de Personas
con Diabetes. Nos comunicaron el inicio de esas reuniones, y de la
última que tengo constancia es de una que mantuvieron con el director
general de Tráfico el 1 de junio, precisamente organizada a
instancias de estos dos diputados que he mencionado.
Nos comunicaron también a los grupos parlamentarios en el debate de
esas enmiendas que habían solicitado un informe a la Sociedad
Española de Diabetes sobre la posibilidad, a la que también ha hecho
referencia el señor Aymerich, de ampliar el plazo vigente para la
renovación del permiso de conducir. Por último, nos señalaron que en
la Ley de acompañamiento a los presupuestos iban a incorporar una
propuesta de reducción de las tasas de control médico para la
renovación del permiso en los centros autorizados. Nos parecía que
eran datos que estaban avalando esa sensibilidad hacia ese problema:
evitar, por una parte, ese mayor desembolso económico ante una
renovación con una frecuencia mucho mayor que para el resto de los
ciudadanos y, por otra, el informe no tenía otra justificación que
proceder a una modificación del reglamento de conductores.
Haciendo un poco historia de los antecedentes de esta situación, muy
someramente, he de señalar, como ya lo han dicho y como justifica
también el señor Saura en su proposición no de ley, que en 1997 se
modifica el reglamento general de conductores, y es ahí donde se
establecen unos plazos de renovación del permiso de conducir muy
cortos en el caso de las personas diabéticas insulinodependientes,
que son de un año para los conductores no profesionales y de seis
meses para los conductores profesionales.
Aquí el señor Jané señalaba que por qué esta rigurosidad o estas
exigencias, muy por encima de las que se exigen para el resto de los
ciudadanos. Las cosas no se hacen sobre la nada, había un informe de
la Sociedad
de Endocrinología que aconsejaba que esa vigencia fuera menor para
este colectivo. Desde luego es cierto lo que el mismo señor Saura
plantea en su exposición de motivos, que hay avances médicos
considerables, que hay un mayor conocimiento sobre cuál es esta
enfermedad y las consecuencias que tiene, que son distintas en
función de ese grado de diabetes. Todo ello justifica que se pueda
proceder a otra modificación, pero para basarse también en datos
científicos la propia Dirección General de Tráfico encarga hace más
de un año un informe a la Sociedad Española de Diabetes que ha sido
remitido creo que muy recientemente.
Me parece oportuna la reivindicación que hace el señor Aymerich, y a
mí también me gustaría conocer ese informe, así que yo misma
solicitaré que nos sea remitido a los grupos parlamentarios. Por los
datos que tengo al interesarme sobre este informe, parece que son
partidarios de que se pueda ampliar ese plazo de vigencia. Creo que
se podría llegar a los cuatro años para los conductores no
profesionales (en este caso siempre podría haber un período menor,
pero ya en función de las características particulares de cada
enfermo y del diagnóstico que pueda hacer el médico que está llevando
su enfermedad) y a un año para los conductores profesionales.
El reglamento general de conductores ahora mismo se está modificando
y el señor Aymerich señalaba que no ha de ser un trámite
excesivamente largo. Yo le quiero decir que en este caso sí, porque
la modificación que se está efectuando ahora mismo responde a una
trasposición de una directiva comunitaria. En torno al año se ha
remitido a Bruselas, a la Dirección General de Transportes y Energía
de la Comisión Europea, ese proyecto de modificación para que den el
informe favorable y se pueda trasponer a nuestro ordenamiento. Como
decía, yo creo que tráfico ha mostrado su sensibilidad con las
actuaciones que ha venido realizando y con el traslado de las
inquietudes que hemos manifestado los distintos grupos parlamentarios
al Gobierno y si en ese informe se considera por parte de los
expertos que puede ser oportuno ampliar el plazo de vigencia, eso es
lo que va a hacer tráfico. Está en tramitación en Bruselas y a veces
los informes no son tan rápidos como nosotros desearíamos, pero en
todo caso creo que el plazo máximo para que esté traspuesta la
directiva es el 2003 y yo espero que, si ya lleva un año en la
Comisión en Bruselas, próximamente tengamos ese informe y el
reglamento pueda ver pronto la luz.
Concluyo señalando que, compartiendo la preocupación que ha motivado
la presentación de esta iniciativa por parte del Grupo Mixto, señor
Saura, y las demandas manifestadas por la Asociación y Federación
Española de Diabéticos, presentamos en este momento la siguiente
enmienda transaccional para su consideración por el señor proponente.
El texto sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a continuar el diálogo ya iniciado con las asociaciones y
federaciones de diabéticos con el fin de adecuar la legislación
vigente a las necesidades específicas de las personas que padecen
diabetes. Consideramos que, teniendo en cuenta los argumentos que he
mencionado ahora, puede ser considerada y aceptada por el proponente.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Agradezco las intervenciones de todos los
portavoces, porque yo creo que el consenso viene a partir de una
sensibilidad o de una preocupación compartida, y acepto la enmienda
transaccional en el sentido de que lo que plantea es el diálogo como
mecanismo de adecuar la legislación vigente. Creo que es una
transaccional adecuada y, por tanto, la acepto con el objetivo de que
cuanto antes mejor se pueda producir este cambio en el reglamento
general de conductores.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES
PERSEGUIDAS DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000891.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas para la rehabilitación de las
personas homosexuales perseguidas durante el régimen franquista. Para
su defensa tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Paso a defender, en nombre de Iniciativa-
Verds, la proposición no de ley para la rehabilitación de las
personas homosexuales que fueron perseguidas durante el régimen
franquista y hasta 1979. Creo que no descubro nada si digo que
durante el régimen franquista, y también durante los primeros años de
la democracia, distintas personas fueron perseguidas por su
orientación sexual. Sólo en el período 1970-1979 fueron encarceladas
en el Estado español más de mil personas, en base a la Ley de
rehabilitación y peligrosidad social, simplemente por ser
homosexuales. Estos días nos escandalizamos de los hechos que están
ocurriendo en Egipto con relación al encarcelamiento y los juicios a
personas por ser homosexuales; pero no hace tanto tiempo, hace
treinta años, en el Estado español se encarcelaba a centenares de
personas simplemente por ser homosexuales.
En España esto viene de lejos. La Ley de vagos y maleantes de 1954
incluyó a las personas homosexuales en este concepto de vagos y
maleantes, y la Ley de peligrosidad y rehabilitación de 1970, que
sustituyó a la anterior ley, mantuvo esa situación y muchas personas
fueron procesadas; incluso en una orden posterior, de 1971, se
establecía un centro de homosexuales en
Huelva como centro de reinserción, de medidas de reeducación. No fue
hasta el año 1979 cuando se derogaron determinados supuestos de
peligrosidad relacionados con la homosexualidad, a pesar de que esto
no fue derogado hasta el Código Penal de 1995.
Las personas objeto de esta persecución, de esta discriminación que
se dio durante muchos años en el Estado español y que no fue derogada
hasta hace poco tiempo, no fueron beneficiarias posteriormente, con
la llegada de la democracia y con la aprobación del nuevo Código
Penal, del indulto, de la amnistía ni de ningún tipo de
indemnización. Incluso hoy, en estos momentos, existen en los
ficheros de la policía los documentos con estos antecedentes que en
su tiempo fueron calificados como de delito. Evidentemente, es
necesario preservar esta documentación para la memoria histórica,
para que eso nunca más vuelva a ocurrir, pero una de nuestras
primeras demandas en esta proposición no de ley es que se haga
efectivo el cumplimiento de las normas que establecen la eliminación
de cualquier antecedente policial generado por la Ley de vagos y
maleantes y por la Ley de peligrosidad y rehabilitación social de
1970, en concreto para todas aquellas personas que sufrieron esta ley
en función de su orientación sexual.
Planteamos también que esta documentación sea trasladada a los
archivos históricos asegurando la intimidad de las personas afectadas
y que no se pueda permitir consultar los datos hasta 25 años después
de su muerte. También nos parece importante que, igual que se ha
procedido a realizar con personas que sufrieron los excesos de la
dictadura, se inicien los trámites oportunos para la indemnización a
las personas homosexuales perseguidas y condenadas por su orientación
sexual. Creo, señoras y señores diputados, que es de justicia que hoy
el Congreso de los Diputados pueda aprobar una iniciativa de estas
características, sobre todo porque hace referencia a personas,
insisto, que fueron perseguidas, encarceladas, tratadas como
delincuentes simplemente por su orientación sexual.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran
intervenir en el debate?
Por parte del Grupo Socialista, señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: Voy a intervenir con la brevedad que impone
lo abultado del orden del día, pero no puedo dejar pasar la
proposición del señor Saura sin intervenir respecto a la misma.
Es lo cierto, señor presidente, señoras y señores comisionados, que
la memoria de la infamia debe de mantenerse porque sólo la memoria
nos puede hacer evitar el volver a incurrir en situaciones como las
que se produjeron durante la dictadura de Franco, de persecución de
las personas por muchísimas causas, pero una de ellas,
indudablemente, como ponía de manifiesto el señor Saura, por su
orientación sexual. Por ello
estamos de acuerdo con la proposición, tal como viene formulada.
Nosotros entendemos que debe de permanecer en la memoria histórica
del país lo que hizo la dictadura con los homosexuales, porque no ha
desaparecido el peligro, porque no es sólo Egipto, hay 119 países en
que la homosexualidad tiene tratamiento penal. Hay ejecuciones
sumarias en determinados países por el delito de ser homosexual.
Existe discriminación social prácticamente en todos los países por la
orientación sexual, diga lo que diga la legislación vigente en los
mismos. Por ello es necesario mantener la memoria y hay que mantener
las condiciones de la memoria, es decir, en los archivos a los que se
refiere la proposición. Pero hay que eliminar lo que aún queda a
través de estos archivos de esta memoria de estigma social para las
personas que están nominadas en los archivos. Por ello es
imprescindible que desaparezca cualquier referencia a la orientación
sexual o a las consecuencias que hubiera habido de las mismas en
todos los archivos respecto a la publicidad de la condición de una
persona, a su libertad, a la posibilidad del conocimiento social
indeseado de la orientación sexual de una persona. Hemos de crear las
condiciones de absoluta libertad. Cada persona tiene el derecho a
manifestar o no en público su orientación sexual. Nadie puede ser
obligado a decir si es heterosexual, homosexual o su orientación
sexual. Pero hay que evitar también que se difunda, en contra de su
voluntad, su orientación sexual o que haya cualquier atisbo de esta
posibilidad.
Por ello, resumiendo, señor presidente, señorías, vamos a votar a
favor íntegramente de la proposición porque entendemos que hay que
restaurar la digna memoria de los homosexuales perseguidos durante la
dictadura franquista, porque nuestra Constitución establece la
absoluta igualdad de todas las orientaciones sexuales, en una lectura
adecuada de la misma, y porque hay que mantener la memoria de lo que
ocurrió. No podemos olvidarlo, no podemos negar la existencia de la
historia y por ello votaremos a favor de la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Creo que comentaba el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra que es preciso mantener la memoria.
Ciertamente es preciso mantener esa memoria desde la perspectiva de
la reconciliación. Creo que era el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, en un debate que guarda algunas analogías con el
presente, que tenía lugar en la Comisión Constitucional el 25 de
junio de 2001, relativo a la revisión de sentencias y restitución
moral de los españoles fusilados durante el franquismo por motivos
políticos y de conciencia, el que reclamaba la necesidad
de abrir, antes de cerrar, entre comillas, ese libro de la
historia, antes de pasar esa página, desde luego nefasta del libro de
la historia; que era preciso poner a la luz el libro entero. Desde
luego, el libro entero es la situación de los represaliados por el
franquismo por motivos políticos, es la situación también de los
represaliados por el franquismo por su condición de personas
homosexuales. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el Grupo
Parlamentario Catalán va a votar a favor del primer punto de la
proposición no de ley del señor Saura. Es preciso efectuar una
restitución moral, es preciso que quede claro que la condición de las
personas homosexuales no puede vincularse no ya con el delito, sino
con la peligrosidad, como establecía la Ley de 1970, y también alguno
de sus antecedentes. En estos momentos se hace todavía más
inaplazable cuando leyendo el informe de Amnistía Internacional sobre
esta materia nos encontramos con un buen número de países en los que
esta condición de persona homosexual o con esta orientación sexual,
como también se suele denominar, puede llevar aparejado hasta la pena
de muerte. En algún país de estos conocidos como los tigres asiáticos
se pone de manifiesto que si un ministro de otro Estado comparece en
un viaje oficial acompañado no de su compañera, sino de su compañero,
ambos serían inmediatamente expulsados, como podíamos leer hace
escasamente 15 días en los periódicos que pasaba en Singapur. Por lo
tanto, es precisa esa restitución moral.
Desearía también, como indicaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en aquel debate del 21 de junio de 2001, hacer una
restitución moral global, un debate general que nos permita, después
de poner a la luz esas páginas de la historia, cerrar ese libro. Han
sido muchas las personas y los colectivos que tienen derecho a esa
restitución moral e incluso material. Permítanme que por motivos
familiares pueda hacer referencia a otro: los muertos en los
bombardeos en Barcelona en marzo de 1938, que podían constituir, en
la medida que afectaban a población civil, sin objetivo militar,
crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, eso hay que abordarlo.
Mi grupo tiene más dudas, y por eso procederemos a abstenernos en el
segundo punto, en lo que hace referencia a la indemnización
económica. Y lo decimos porque la restitución moral es algo que
podemos ir efectuando gradualmente, aunque sería mejor una
restitución global. Desde la perspectiva de la indemnización
económica, mi grupo lo que querría tener más claro es si existe algún
otro colectivo que se encuentra en una situación similar, si hasta
ahora en las proposiciones o en las medidas que se han ido aprobando
nos encontramos con algún otro colectivo que no haya gozado de esta
restitución o indemnización económica. En cualquier caso, es algo que
debiera efectuarse por ley, estableciendo también por ley cuáles son
los criteriosde esta indemnización. Para resumir, debiera decirles
que restitución moral, toda, que es lo que nos corresponde en estos
momentos, pero en cuanto a los planteamientos de indemnización
económica nos gustaría verlo con un poco más de calma. Entre otras
cosas porque tampoco puede calificarse de justicia aquello que
existió a lo largo de los 40 años y por lo tanto yo creo que son
muchas, no ya las personas, sino los colectivos que no siendo
discriminados o atacados por su condición política, no siendo
discriminados o atacados por su orientación sexual, se vieron
perjudicados por una justicia inicua, y perdóneseme la contradicción,
que puede parecer in términis.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría.
La señor URÍA ETXEBARRÍA: Voy a intervenir a los solos efectos de que
conste, como he indicado en alguna otra intervención previa, la
voluntad del Grupo Vasco (PNV) de que sea aprobada la iniciativa
presentada por el señor Saura. A estas alturas, causa sonrojo pensar
que en tiempos pretéritos alguien pudo haber sido perseguido por su
orientación sexual. Quizá no tanto si tenemos en cuenta las ciertas
inercias que todavía parecen existir en la formación mayoritaria que
apoya al Gobierno en relación con el pleno reconocimiento de la
identidad sexual respecto de otras cuestiones, cual pudiera ser la de
reconocerles plenos derechos a una vida en pareja. Pero esas son
cuestiones distintas.
La iniciativa se ciñe al concreto tema de quienes fueron perseguidos
por su homosexualidad en el régimen franquista, y a mi formación
política le parece bien que tengan esta rehabilitación no sólo moral,
por lo que votará a favor también del resarcimiento económico, puesto
que estamos hablando de personas concretas de un tiempo pretérito,
que no suscitaría, creemos, ningún quebranto económico desmedido,
dado el tiempo transcurrido desde que estas conductas se produjeron.
Me gustaría aprovechar la ocasión respecto de otro de los contenidos
de la iniciativa, para manifestar ante esta Comisión que en la
legislatura pasada, al aprobarse la Ley de protección de datos, el
grupo al que represento presentó una enmienda en la cual se
solicitaba que fuesen rescatados de donde estuvieren -porque no
resultaba posible saberlo con certeza- los expedientes de la llamada
legislación de vagos y maleantes, después de peligrosos sociales,
porque no quedaba claro si los tenían las policías, los juzgados o
dónde se ubicaban estos expedientes. Se pedía igualmente que los
mismos se rescatasen por su valor histórico, por la memoria histórica
a la que han aludido distintos representantes que me han precedido en
el uso de la palabra, pero sobre todo se decía que también debían ser
objeto de especial protección, respetando el valor histórico por lo
que afectaba al contenido de datos que afectan a la esfera de la
autodeterminación informativa de la que cada uno de los ciudadanos
tiene derecho a disponer.
Es quizá buen momento, y esta iniciativa me lo recuerda, para
formular pregunta al Gobierno sobre qué se ha hecho en relación con
esta cuestión, si se han encontrado estos expedientes, si se han
reconducido a lugar cierto y si la Agencia de Protección de Datos,
que es lo que se pretendía, tiene finalmente el control, el registro
y la tutela sobre ellos. Mucho nos tememos que no sea así y la
iniciativa del señor Saura nos servirá de recordatorio a este
respecto.
Nos gustaría felicitar al grupo proponente, puesto que, aunque hay
otros colectivos, como ha manifestado el señor Silva, que también
sufrieron agravios durante el régimen previgente, bien está que por
lo menos unos u otros vayan viniendo, en fecha próxima vendrá la
masonería, otro gran colectivo de agraviados, sin que en ningún
momento hagamos parecidas ambas cuestiones; aquello es una opción en
un asociacionismo determinado, pero el que ha sufrido persecución por
una opción tan personal, como es la de la orientación sexual, nos
parece que hora es ya de que tenga una rehabilitación y un
reconocimiento por parte de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señores comisionados de esta Comisión de
Justicia e Interior, el Grupo Parlamentario Popular entiende que la
iniciativa que acaba de ser defendida por el señor Saura está llena
de buena intención y como tal la recibimos. Se ha manifestado en
algunas intervenciones anteriores la necesidad de una restitución
moral de situaciones producidas durante la dictadura, que no han
tenido encaje en la normativa tras la conquista de las libertades,
con la finalidad de evitar situaciones de discriminación o producir
situaciones de igualdad de trato, tanto en el período de la Guerra
Civil como lo que se ha ido aprobando en este tiempo. Es verdad que
puede haber situaciones que no han sido suficientemente contempladas
en la normativa previa a las primeras elecciones libres, pero también
es verdad que la situación que está planteada por el señor Saura en
la ley del año 1978, que entró en vigor el mismo día que la
Constitución, que modificaba la ley de peligrosidad social del año
1970, ya derogaba una serie de conductas que estaban condenadas como
peligrosas, que a todas luces no eran acordes ni con un país moderno
ni mucho con un país que ya tenía un Parlamento libre y acababa de
aprobar una Constitución que establece como uno de los principios
fundamentales el de la igualdad entre los ciudadanos españoles y que
condena expresamente cualquier tipo de discriminación por cualquier
razón, entre ellos la orientación sexual.
Tras esa ley del año 1978, y en aplicación de su disposición
transitoria, se ha llevado a efecto de oficio la anulación de
cualquier efecto que la normativa anterior
representara, incluso establece determinadas medidas en relación con
los procedimientos que se hubieran iniciado. Además, establece un
mandato de destrucción de archivos de referencias específicas a la
orientación sexual. Es cierto que desde la aplicación de la
Constitución en ningún archivo policial, bien de la Guardia Civil o
del cuerpo Nacional de Policía, se ha vuelto a incluir ninguna
referencia a la orientación sexual de ninguna persona. Es verdad que
existían archivos antiguos, pero de acuerdo con la información que el
Gobierno ha facilitado a esta Cámara -y me remito a una respuesta del
año 1999 a una pregunta del Grupo Mixto, concretamente de Eusko
Alkartasuna- en los registros tanto de la Dirección General de
Policía como de la Guardia Civil no existe ningún expediente
específico que recoja antecedentes de personas a las que se hubiera
incoado en su día algún procedimiento al amparo de esta ley de
peligrosidad social. Se había producido de oficio la cancelación de
cualquier referencia que apareciera en la ficha, aunque pudiera haber
errores puntuales como consecuencia de su no informatización. Como ya
se hacía referencia en esa pregunta, con la ley que entonces regulaba
el tratamiento automatizado de datos de carácter personal del año
1992, modificada hace apenas un año, ya no había ninguna referencia
de ese tipo.
En cualquier caso, este grupo parlamentario, entendiendo que se ha
dado cumplimiento a ese mandato, que parte de la propia Constitución
y de la normativa que hemos adoptado, es partidario de esa
restitución moral a la que acaba de hacer referencia el señor Silva
y otros portavoces. Por tanto, nuestro grupo está dispuesto a respaldar
el primer punto de la iniciativa, si bien buscando una redacción que
recoja la realidad, y es que desde el año 1979 se ha procedido a la
anulación de cualquier referencia que pudiera figurar en la ficha,
independientemente de que pueda haber algún dato de otro tipo.
Hay una segunda parte en esta iniciativa que dice que los documentos
deberán ser trasladados a archivos históricos, sometidos a la Ley de
patrimonio histórico. Es voluntad del Gobierno, y concretamente de
los ministerios de Justicia y de Educación y Cultura, redactar un
proyecto de real decreto sobre archivos judiciales que regule estas
materias, desarrollando lo que la propia Ley Orgánica del Poder
Judicial y la Ley del patrimonio histórico español establece para
resolver el problema planteado. En cualquier caso, la filosofía que
anima al Grupo Mixto puede ser respaldada por este grupo. Nos
gustaría, aunque lógicamente no cabe desde el punto de vista
reglamentario, proponer una enmienda, que sería in voce si hay
unanimidad, a fin de buscar una redacción antes de la votación que
pudiera ser respaldada por todos los grupos.
Respecto al segundo punto, me remito a las palabras que el portavoz
del Grupo de Convergència i Unió
acaba de hacer referencia. Toda la legislación que desde la
transición democrática se ha aprobado para restañar las heridas de la
Guerra Civil y las consecuencias de un régimen que hemos sufrido
durante esos años resuelve todas estas situaciones, pero hay algunas
que no han quedado suficientemente bien resueltas y nos parece
razonable que se puedan ir analizando una tras otra, además de la
propia inconcreción que representa un colectivo y determinados
mecanismos de acceso a la indemnización. En cualquier caso, sin
rechazar de plano la voluntad que se plantea por el Grupo Mixto, no
vamos a poder respaldar ese segundo punto, sin perjuicio de poderlo
resolver en un concepto de carácter general porque no es la única
situación que ha podido quedar aisladamente fuera de las soluciones
de carácter legal y judicial que se le ha dado a las consecuencias de
la Guerra Civil y el régimen de la dictadura. Por tanto, queda
expresada nuestra posición y la voluntad de poder sacar un texto que
por lo menos el primer punto pueda ser respaldado por el conjunto de
esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Quiero agradecer las intervenciones de los
diversos portavoces. Hubiese sido más deseable aprobar los dos
puntos, sin que la redacción del segundo punto signifique que
inmediatamente se ha de hacer, sino que el Gobierno, como en otros
casos, aprueba un reglamento y dicta las normas. De todas maneras,
entiendo de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que decir no al punto dos hoy no cierra la puerta para que lo
podamos estudiar. En ese sentido, estoy dispuesto a retirar el punto
dos en el bien entendido que estudiemos qué solución de futuro puede
tener el espíritu que nos anima y aceptaremos el punto primero con
una redacción que, en definitiva, signifique la restitución moral de
este colectivo de homosexuales que han sido perseguidos,
represaliados y encarcelados durante la dictadura.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN TERCER JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN EN CARBALLO (A CORUÑA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000908.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la creación
de un tercer Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Carballo,
A Coruña.
La iniciativa es del Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa
tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Hace prácticamente un año, el día 20 de
diciembre de 2000, se discutía en esta misma Comisión una iniciativa
también del Bloque
Nacionalista Galego referida a la creación de un tercer Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción en Carballo. Los datos que en aquel
momento aducíamos en apoyo de esta proposición no de ley siguen
manteniendo hoy día, un año después, todo su vigor. Tanto por el
número de asuntos como por el extraordinario retraso que los procesos
judiciales acumulan en la comarca de Bergantiños, en el partido
judicial de Carballo, en A Coruña, es necesario crear un tercero e
incluso hay quien dice, por parte de colectivos de abogados
y procuradores, que hasta un cuarto juzgado. Decíamos ya entonces que
procesos tan importantes para la buena marcha de la actividad
empresarial, como puede ser un ejecutivo cambiario, duraban en
Carballo más de dos años, o que procesos que afectan de una forma tan
directa a la vida de las personas, como puede ser un proceso de
divorcio, duraban en Carballo normalmente más de seis meses, sin
parangón alguno con lo que sucede en otros partidos judiciales y,
desde luego, con lo que debía ser una Administración de justicia
eficaz y de calidad.
En aquel momento, el Partido Popular a través del diputado Pérez
Corgos, que hoy creo que no está, justificó el voto negativo del
Partido Popular a nuestra iniciativa diciendo que no tenía sentido
votar a favor cuando el Gobierno ya había aprobado la creación de
este tercer juzgado. Decía que realmente lo que procedía no era
presentar una proposición no de ley, sino felicitar al Gobierno por
lo que en aquel entonces él ya consideraba un hecho: la creación de
un tercer juzgado en Carballo. El señor Pérez Corgos decía,
concretamente, que lo que procedía era felicitar al Gobierno y que el
grupo proponente retirara su proposición no de ley.
No desconfiábamos de la palabra del comisionado del Partido Popular,
que hoy prudentemente no está en la sala, pero ateniéndonos a los
antecedentes realizamos una pregunta por escrito y el Gobierno, en la
contestación, confirma nuestro temor y reconoce que en la
programación de nuevos órganos judiciales para el año 2001 no está
prevista la creación de este tercer juzgado en Carballo, en contra de
lo que había afirmado y dado como cierto el señor Pérez Corgos
-consideramos que de acuerdo con una mala información del Ministerio
de Justicia-, y que tampoco se prevé la creación de este nuevo
juzgado para el año 2002. Estamos a la espera de lo que suceda con
los Presupuestos Generales del Estado aún en tramitación en el
Senado.
Durante este año han sucedido algunas cosas, por ejemplo, que entre
el Partido Popular y el Partido Socialista se firma un Pacto de
Estado por la justicia. Nosotros tampoco abrigamos demasiadas
esperanzas respecto de este Pacto de Estado (siempre lo vimos como un
reparto de vacantes y de prebendas, y creo que los hechos nos dieron
la razón, en órganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo
General del Poder Judicial), pero en la exposición de motivos de este
pacto se habla de mejorar la calidad de la justicia, de
acercar la justicia a los ciudadanos, es decir, de una serie de
cuestiones que, si no van a ser ciertas para el conjunto del Estado o
para el conjunto de Galicia, mucho menos lo van a ser para la comarca
de Bergantiños y para Carballo.
Volvemos a presentar esta proposición no de ley para darle al Grupo
Popular la posibilidad de restablecer la verdad, es decir, de
corregir la mentira en que incurrió el año pasado el señor Pérez
Corgos, seguramente por causas ajenas a su voluntad, y también para
restaurar la justicia en Carballo. Un procesalista uruguayo dice que
en un proceso el tiempo es algo más que oro, es justicia. Por tanto,
llevemos la justicia a Carballo, evitemos retrasos judiciales y
cumplamos de una vez unas promesas que llevan ya demasiados años
siendo postergadas. Promesas que se hicieron por parte del Gobierno
español y promesas del conselleiro de Xustiza de la Xunta de Galicia,
que afirmaba que antes de diciembre del año 2000 estaría ya creado y
dotado ese tercer juzgado en Carballo. Repito, restablezcamos en
Carballo la verdad y la justicia.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren
intervenir en el debate?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Costas.
La señora COSTAS MANZANARES: Señor presidente, señorías, voy a
intentar fijar la posición de nuestro grupo de una manera breve y
concisa, respetando así el compromiso adquirido en el orden del día
de hoy.
Vamos a partir de la base de que la Ley de demarcación y planta
judicial, en su anexo sexto, establece una previsión, en materia de
plan judicial, de dos juzgados para el partido judicial número 6 de A
Coruña, con sede en Carballo. Estos dos juzgados inicialmente
previstos están en pleno funcionamiento, aunque es cierto que en
instalaciones adecuadas, como se señala en el texto de la proposición
no de ley. Esto se va a solventar de una manera casi inmediata,
señorías, porque el nuevo edificio de juzgados de Carballo entrará en
funcionamiento en el mes de diciembre del año 2002, por lo menos esta
es la previsión de futuro. De manera que esta necesidad no ha pasado
desapercibida para la Consellería de Xustiza, Interior e Relacions
Laborais de la Xunta de Galicia, ya que se encuentra en plena fase de
ejecución.
Expuesto esto, vamos a centrar el tema en la necesidad real de la
creación de este tercer Juzgado de Primera Instancia en el partido
judicial para Carballo, una necesidad que no puede ser planteada en
términos que no sean acordes con los parámetros establecidos para
superar estas previsiones iniciales de plantilla, de acuerdo con el
artículo 20.1 de la referida Ley de demarcación y de planta, que no
son otros que la carga competencial de los órganos en funcionamiento.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial,
encargado de recopilar y de elaborar las estadísticas judiciales, nos
ha facilitado ya unos datos que conocemos todos. Los dos juzgados de
Carballo, en el año 1998, soportaron 351 asuntos civiles y 2.536
asuntos penales; en el año 1999, la carga de trabajo soportada sufre
un considerable descenso, que se traduce en 273 asuntos civiles y
1.965 asuntos penales. Hablamos, señorías, de un descenso de un 25
por ciento, aproximadamente, de los asuntos civiles y un 23 por
ciento en asuntos penales. En estos términos, las cargas de trabajo
que existen hoy en estos dos juzgados son asumibles y se encuentran
por debajo de los módulos establecidos por el Consejo, que se fijan
en 380 asuntos civiles y 2.500 asuntos penales.
Por otra parte, y lo decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Aymerich, asistimos a importantes cambios en el ámbito de la
justicia. El Pacto de Estado para la reforma de la justicia suscrito
por los dos principales grupos parlamentarios de esta Cámara y el
Gobierno prevé un nuevo mapa judicial, con criterios que permiten
ajustar la organización a la carga de trabajo existente en cada parte
del territorio nacional. Un nuevo mapa que responde al índice real de
litigiosidad de las distintas zonas de España, en cuya función se
determinará la planta idónea y el número necesario de juzgados. Este
pacto insiste también en la cobertura de todas las plazas con jueces
profesionales. En ello están trabajando los servicios técnicos del
Ministerio de Justicia y están realizando un seguimiento detallado de
la evolución real de la carga de trabajo en los órganos judiciales.
Falta saber qué tendencia se va a consolidar. En el momento en que se
aprecie un aumento significativo de la misma, se procederá a incluir
la necesaria creación en la programación anual correspondiente.
Al margen de estas matizaciones objetivas que se imponen y por las
que ya anuncio que nuestro grupo votará en contra, quiero decirle,
señor portavoz del Grupo Mixto, que el 25 de octubre del año 2001 la
Consellería de Xustiza remitió escrito al Ministerio de Justicia
interesando órganos de nueva creación para el venidero año 2002,
calificando algunos como absolutamente imprescindibles, otros como
muy necesarios y otros como necesarios. Dentro de los muy necesarios
figura otro Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para Carballo.
Y le puedo decir más. El nuevo edificio, el que le he dicho que
entrará en funcionamiento en el año 2002, lleva una previsión, en
cuanto a su configuración en el espacio, para ubicar tres Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción.
Señorías, todo va a depender del nuevo mapa en el que se está
trabajando y de la evolución que sufra el número de asuntos
soportado, toda vez que la carga de trabajo en estos momentos se
encuentra dentro de los módulos que se estiman adecuados por el
Consejo General del Poder Judicial.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE TRASLADE A LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO ACTUACIONES CONTRA
DON JORGE MAS SANTOS POR SUS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA
SINTEL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 161/000937.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del
día, que es una iniciativa del Grupo de Izquierda Unida. (Pausa.) Al
no estar presente para su defensa, se entenderá por decaída.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA EN LA COMISARÍA DE JEREZ (CÁDIZ). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000982.)
- SOBRE CREACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN LA
COMISARÍA DE POLICÍA DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
001087.)
- SOBRE AUMENTO DE LA PLANTILLA DE MUJERES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A
LA FAMILIA EN LA COMISARÍA DE POLICÍA DE ALGECIRAS (CÁDIZ).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/001086.)
El señor VICEPRESIDENTE: Proposiciones no de ley presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista por las que se insta al Gobierno a la
creación de un servicio de atención a la familia en la comisaría de
Jerez, que se acumula a las proposiciones números 13 y 20, que tienen
el mismo objetivo en las comisarías de La Línea de la Concepción y
Algeciras.
Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Traemos a esta Comisión el debate de dos
proposiciones no de ley que tienen el mismo objetivo: la creación de
un servicio de atención a la familia, uno en la ciudad de Jerez y
otro en la ciudad de La Línea. Hablamos de un servicio de atención a
la familia porque algo que creamos los socialistas en el año 1982
como un servicio de atención a la mujer, en principio, como una
experiencia piloto en determinadas comisarías, actualmente ha
derivado en una aglutinación de servicios para personas menos
protegidas y más desfavorecidas y el Gobierno del PP
ha querido presumir diciendo que había multiplicado este servicio. Lo
que habéis hecho es cargaros el servicio de atención a la mujer,
llamándole ahora servicio de atención a la familia, y unificando éste
con el grupo de menores y atendiendo también a discapacitados y
ancianos. El resultado -y más aún cuando ha entrado en vigor la Ley
del Menor- es que se tiene estructurado este servicio con la
aplicación de esta Ley y la atención a la mujer ha quedado en segundo
plano.
Centrándonos en el debate, traemos esta proposición no de ley, en
primer lugar, forzados por la necesidad de que estas dos ciudades
cuenten con unos servicios adecuados, con una especialización en el
tema y que, además, sea atendido por mujeres. Por necesidad, podemos
decir que Cádiz es la segunda provincia de Andalucía donde más
denuncias por violencia doméstica se han puesto, pero es la primera
por número de habitantes. Concretamente durante los años 1998, 1999
y 2000 se han denunciado en la provincia de Cádiz como malos tratos,
específicamente en el ámbito familiar, 403 delitos y 2.013 faltas.
También por necesidad podemos hablar de que estas mujeres, que son
víctimas de violencia doméstica, necesitan contar con unos medios y
apoyos específicos en una situación bastante difícil para ellas.
Porque, sinceramente, cuesta mucho trabajo decirlo a una mujer que
denuncie, que no aguante, cuando sabemos que no van a encontrar unos
servicios con garantías que les facilite el momento de la denuncia y
con unas personas que le inspiren confianza para la ayuda, el
estímulo y el apoyo que la mujer necesita en ese proceso de toma de
decisión y de búsqueda de recursos. También traemos esta proposición
no de ley por la necesidad de estas dos ciudades, ambas con una
comisaría catalogada de local de primera; Jerez cuenta con una
población cercana a los 200.000 habitantes y La Línea con 70.000. La
primera, es la ciudad de Andalucía donde más denuncias por malos
tratos físicos y psíquicos se han registrado. En La Línea se han
puesto este año 121 denuncias por malos físicos y psíquicos, siendo,
además, esta ciudad un lugar en el que también conviven muchas
mujeres inmigrantes.
En segundo lugar, traemos esta proposición no de ley por
incumplimiento del Gobierno del Partido Popular. El 11 de diciembre
de 1998 el Ejecutivo responde por escrito a mi compañero de grupo
Jordi Pedret que para el año 2000 está previsto que se creen los
servicios de atención a la mujer de Algeciras, Jerez y La Línea. Pero
concreta aún más, cada uno de ellos - dice- contará con una
funcionaria de escala básica y cuatro de escala ejecutiva. Casi dos
años más tarde, sólo se ha llevado a cabo el servicio de atención a
la familia en Algeciras, aunque -hay que decirlo- mal dotado, y no se
ha creado ni en Jerez ni en La Línea. Y no sólo hay un incumplimiento
del Gobierno del Partido Popular, sino que tres años más tarde
retroceden en la decisión de crear estos servicios. En respuesta a
una
pregunta formulada por mi compañero Salvador de la Encina y por esta
diputada, el Ejecutivo dice ahora que no se va a implantar porque no
está previsto ni en el primero ni en el segundo plan de acción contra
la violencia doméstica. Si la creación de estos servicios va a
depender de un plan que no tiene ni siquiera partidas presupuestarias
concretas y específicas y de las que no se puede hacer un seguimiento
y que sólo ha servido para lanzar una campaña de marketing para que
se visualice la apuesta del PP por las mujeres, lo llevamos claro.
En la comisaría de Jerez no ha habido una mujer policía hasta hace
mes y medio, cuando en el mes de julio esta diputada, tras una
reunión con los sindicatos policiales y el comisario de la ciudad,
solicitó a la Dirección General de la Policía que al menos convocara
en comisión de servicio alguna funcionaria de escala básica de
segunda categoría para que pudiera atender esta demanda en la ciudad
de Jerez. La respuesta del subdirector general -que la tengo aquí
delante- fue que se iba a cubrir en comisión de servicio por dos
funcionarias del cuerpo Nacional de Policía. Hasta la fecha hay que
decir que sólo ha llegado un agente, lo cual es totalmente
insuficiente. Aunque sí quiero dejar claro una cosa. Por la
profesionalidad de esta persona y por la entrega es la que está
haciendo posible que incluso se atiendan casos de malos tratos fuera
de la jornada que tiene establecida. Pero no es cuestión de que un
funcionario tenga que cargar con las deficiencias de la
Administración.
Todos y todas podemos coincidir en que la violencia doméstica es un
problema social en el que el sistema político, el judicial y también
el administrativo y la sociedad en general debemos incidir para
resolverlo. Sin duda habrá aspectos más difíciles de resolver que
otros, pero lo que hoy estamos solicitando en esta Cámara es
competencia del Gobierno de la nación, que no debe rehuir sus
responsabilidades dando la espalda a la situación que viven estas
mujeres, sólo tiene que poner voluntad política y una dotación
presupuestaria. Por tanto, pedimos que en las comisarías de estos dos
ciudades, Jerez y La Línea, se pueda contar con unos servicios que
garanticen medios humanos y técnicos, así como un programa
especializado que constituya una intervención con garantía. Por ello,
queremos instar al Gobierno a crear un servicio de atención a la
familia en estas ciudades pero que, además, se incluya en el catálogo
de puestos de trabajo que se está elaborando, con el objetivo de que
estas mujeres encuentren en los servicios de la policía el apoyo y la
información que necesitan.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la formulación de la propuesta relativa
a la comisaría de Algeciras, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En términos similares a los que se ha
manifestado mi compañera que acaba de intervenir, voy a defender esta
proposición no de ley solicitando el aumento de plantilla de mujeres
para el servicio de atención a la familia en la comisaría del cuerpo
Nacional de Policía de Algeciras. Esta ciudad, que cuenta con más de
120.000 habitantes y una población muy flotante, necesitaría de un
servicio de atención a la familia, puesto que actualmente la
comisaría solamente cuenta con cinco hombres y una mujer inspectora
para desarrollar esa importante labor.
Tal y como consta en la proposición no de ley, el primer lugar donde
acude una mujer cuando va a solicitar los servicios de la policía por
haber tenido una agresión de este tipo, es precisamente un lugar muy
necesitado de personal especializado y en este caso si es una mujer,
mucho mejor. Sabemos los inconvenientes que ha habido en los últimos
años para aumentar la plantilla de policía y más en el ámbito de la
mujer, pero ello no es óbice para que el Gobierno cumpla su
compromiso de dar mayor calidad a los servicios públicos. En el caso
concreto de esta ciudad, se demuestra con datos la necesidad de
incrementarlo, puesto que en respuesta parlamentaria el Gobierno nos
dice que en el año 1999 fueron 39 los delitos de agresión sexual y
338 las faltas que se denunciaron en la comisaría del cuerpo Nacional
de Policía de Algeciras.
En el año 2000 han sido ya 44 las denuncias realizadas en esa
comisaría por delitos de agresión sexual y ni más ni menos que 475
faltas; como digo, todas ellas atendidas por una sola mujer
inspectora. Por tanto, se hace muy necesario -y concluyo- que se
aumente la plantilla de mujeres en este servicio de atención a la
familia en la comisaría del cuerpo nacional de Policía y que además
se incluyan en el catálogo de puestos que está elaborando el
Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren
intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo para expresar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en estas tres iniciativas del Grupo Socialista.
Quiero comenzar mi intervención diciendo que parece que la señora
Sánchez ha tenido un lapsus, puesto que el servicio de atención a la
familia fue ideado, configurado y puesto en funcionamiento por el
Gobierno del Partido Popular, en un trabajo conjunto de los
ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio del
Interior. Por tanto, nos complace que el Grupo Socialista exija ahora
la implantación de este servicio en distintas localidades de la
provincia de Cádiz, puesto que eso es prueba evidente de que este
servicio, como digo, ideado, configurado y puesto en funcionamiento
por el Gobierno del Partido Popular, funciona bien.
En el primer plan de acción contra la violencia doméstica ya se puso
de manifiesto la necesidad de incrementar el número de unidades
específicas de atención a las mujeres en las comisarías del cuerpo
nacional de Policía y en los demás cuerpos de seguridad del Estado y
que estas unidades estén integradas, en la medida de lo posible, por
mujeres. Quiero decirle que durante los tres primeros años de
vigencia de dicho plan se aumentó el número de estas unidades,
pasando de 16 que funcionaban en 1998 a 43 que funcionaban en el año
2000. Por tanto, no hay ningún incumplimiento por parte del Gobierno.
El principal obstáculo con el que el Gobierno se está encontrando
para la implantación de estas unidades es perfectamente conocido -y
S.S. lo sabe- y no es otro que la baja proporción de mujeres que
existe dentro del cuerpo nacional de Policía, lo que muchas veces
hace imposible satisfacer toda la demanda. Por tanto, los proyectos
inmediatos son la implantación de dicho servicio en todas las
capitales de provincia para posteriormente ir creando estas unidades
en aquellas ciudades en las que tengan especial incidencia estos
delitos. No obstante, hay que señalar que en aquellas localidades
donde no existe el SAM o el GRUME, el servicio de atención a los
menores, las actividades referidas a víctimas de delitos sexuales o
de malos tratos son atendidas por personal debidamente cualificado
perteneciente a la Policía judicial.
Por lo que respecta a Jerez, su señoría lo ha dicho, existen en la
actualidad no una sino dos funcionarias en comisión de servicios que
están desarrollando su labor y por tanto cubriendo las necesidades de
dicha localidad. Por lo que se refiere a Algeciras, además del SAF de
Cádiz la misma comisaría de Algeciras cuenta con una mujer policía de
la escala ejecutiva que viene prestando sus servicios desde hace un
año, que se dedica a la tramitación de todas las denuncias relativas
al mal trato doméstico y a la violencia contra la mujer, apoyada por
un grupo compuesto por cinco hombres, un oficial, un inspector y tres
policías. Hemos de decir, por tanto, que esperamos que en las nuevas
ofertas de empleo público que se van a llevar a cabo se pueda contar
con un número mayor de mujeres en el cuerpo nacional de Policía y así
atender a las demandas que hoy se realizan. Por ello, sería una
irresponsabilidad que aprobáramos esta proposición no de ley sin las
garantías necesarias para que pudiera cumplirse. Ello no depende ya
de la voluntad política del Gobierno sino que en las próximas ofertas
públicas de empleo debe aumentar el número de mujeres que presta sus
servicios en el cuerpo nacional de Policía. Por ello me atrevo
a proponer en este acto una enmienda transaccional a su proposición no
de ley que vendría a expresar lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en la medida en que lo permita la
disponibilidadde recursos humanos del cuerpo nacional
de Policía se proceda a estudiar la más rápida implantación posible
del servicio de atención a la familia en las comisarías de Jerez, de
Algeciras y de La Línea. Entendemos que con este texto recogemos su
iniciativa, damos solución al problema que todos creemos que debe
solucionarse y al mismo tiempo comprometemos la instalación de este
servicio según la disponibilidad del mismo. (La señora Sánchez Díaz
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Tendremos que decir si aceptamos la enmienda
y además me gustaría hacer una salvedad.
Don Aurelio Romero tiene mucha más memoria histórica que yo. Desde
luego está claro, y coincidimos, que los servicios de atención a la
familia los ha creado el Partido Popular, pero en el año 1982 los
socialistas creamos el servicio de atención a la mujer. Pero lo
habéis diluido, habéis cogido el servicio de atención a la mujer y
los habéis mezclado con el Grume, pero además atiende a
discapacitados y a ancianos, con lo cual, repito, el servicio queda
diluido. Hecha esta salvedad, tenemos que decir que aceptamos la
transaccional del Partido Popular. (El señor Romero Girón pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¿A qué efectos solicita la palabra?
El señor ROMERO GIRÓN: Señor presidente, si se hubiese limitado
exclusivamente a aceptar o no la enmienda yo no tendría turno de
palabra, pero creo que si la señora Sánchez ha tenido posibilidad de
explicar una parte de mi exposición, creo que debo tener el mismo
tiempo que ella.
El señor VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Señora Sánchez, creo que hay que ser serios en
los planteamientos y su iniciativa se refiere exclusivamente a la
implantación del servicio de atención a la familia y a eso me he
referido exclusivamente. Por tanto, efectivamente, tengo más memoria
histórica que S.S.
- SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO EL
MALTRATO INJUSTIFICADO DE ANIMALES CUANDO ESTO COMPORTE SU MUERTE O
PROVOQUE LESIONES INVALIDANTES DE CARÁCTER PERMANENTE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
(Número de expediente 161/001067.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE POR LA COMISIÓN TÉCNICA QUE
ESTUDIA LAS REFORMAS DE PENAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO PENAL, SE
EVALÚE LA POSIBILIDAD DE TIPIFICAR EL MALTRATO FÍSICO DE ANIMALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001082.)
El señor VICEPRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día que
acumula dos iniciativas y que tienen como objeto tipificar en el
Código Penal el maltrato a los animales. Son de los grupos Catalán
(Convergència i Unió) y Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, permítanme, en primer lugar,
expresar la satisfacción por intervenir en esta Comisión por primera
vez, teniendo en cuenta que no soy miembro de ella, pero como
portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Medio Ambiente
traigo a esta sesión la proposición no de ley que a continuación voy
a defender.
Tengo que expresar mi satisfacción porque esta es la primera
iniciativa de este tenor que ha tenido entrada en el registro de la
Cámara en estos últimos días, posteriormente han entrado otras
iniciativas parlamentarias de otros grupos, para su discusión tanto
en Comisión como en Pleno, todas con el común denominador de la
defensa y la protección de los animales a raíz de acontecimientos
a los que me voy a referir a continuación. ¿Cuál es el origen de esta
proposición no de ley? Como todas SS.SS. saben, el origen es el de
los hechos que tuvieron lugar en las instalaciones de la Sociedad
Protectora de Animales de Tarragona el pasado 3 de noviembre, hace
poco más de un mes, en los que varias personas entraron ilegalmente
en las instalaciones de esta Sociedad Protectora de Animales y
mutilaron salvajemente a quince perros, los torturaron y finalmente
los mataron de una manera absolutamente salvaje. Este no es un caso
aislado, hay antecedentes numerosos, recientes, por toda la geografía
del Estado de maltrato a los animales, sean domésticos o no; pero
esta es una diferenciación que en todo caso después podemos debatir.
Hay antecedentes con violencia, con violencia extrema, con violencia
de diverso grado contra animales en instalaciones análogas a las que
antes me refería, a las instalaciones de la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas de la ciudad de Tarragona. Coincidirán todas SS.
SS. con mi grupo parlamentario en que la barbarie extrema de tales
actos ha provocado una gran indignación, una gran conmoción y alarma
social. Por ello, se han puesto en marcha numerosas campañas e
iniciativas de la sociedad civil de sensibilización ante
la gravedad de esos casos. Hay campañas de recogida de firmas por
todo el territorio del Estado con varios objetivos, pero uno
principalmente, el de la modificación del Código Penal, modificación
de otras leyes sectoriales, leyes que en su día fueron aprobadas por
las diferentes comunidades autónomas con el objeto de proteger a los
animales. Hay campañas de solidaridad a favor de los animales,
importantes campañas a través de la red, a través de Internet, de las
que todos hemos podido ver su eficacia. Debo hacer justicia haciendo
un reconocimiento expreso de una campaña concreta que lleva a cabo de
manera muy exitosa la Fundación Altarriba en colaboración con otras
entidades, con la misma Sociedad Protectora de Animales de Tarragona,
con otros operadores de ese sector, colegios de veterinarios,
entidades a favor de los animales, ONG, etcétera. Por tanto, estamos
ante una gran efervescencia, ante una gran reacción social y
ciudadana ante hechos tan execrables como los que sucedieron en la
Sociedad Protectora de Animales de Tarragona el pasado 3 de
noviembre. Asimismo, los medios de comunicación se han hecho eco
extensamente de las reacciones de la sociedad ante estos hechos.
Quiero destacar también la manifestación, los actos que tuvieron
lugar hace escasamente ocho días, el 2 de diciembre en la ciudad de
Tarragona, ante las instalaciones de la Sociedad Protectora de
Animales, a los que tuve ocasión de asistir y participar junto con
otros diputados y personas responsables de diversas administraciones
públicas y de la sociedad civil, que tuvieron una gran participación,
más de 3.000 personas se congregaron en esas instalaciones para
protestar y para pedir a los políticos y a las administraciones
públicas actuaciones contundentes para evitar la reproducción de
tales hechos. Allí estábamos todos, en una cadena humana, para evitar
que se vuelvan a reproducir estos hechos a los que me he referido.
Desde nuestro punto de vista, esos hechos demuestran que la normativa
actual, tanto en el ámbito estatal como autonómico, es insuficiente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que los
políticos y los grupos parlamentarios de esta Cámara no podemos
permanecer inactivos ni decepcionar las exigencias de cambio que nos
traslada la sociedad. Creo que hay una gran madurez de la sociedad
española en relación al necesario respeto que deben tener los
animales. Debemos tender a la tolerancia cero hacia este tipo de
actividades, de actos execrables, como decía antes, que tienen por
objeto a los pobres animales indefensos. Tenemos referencias de
legislaciones europeas, de países de nuestro entorno que regulan
claramente este tipo de actos con unas penas muy disuasorias, penas
de las que no dispone ahora mismo el Estado español. ¿Cuál es el
contexto legal de esta problemática? Todas SS.SS. conocen que el
Código Penal establece en su artículo 632 una prohibición expresa de
los espectáculos públicos que conllevan sufrimiento de
animales cuando no hayan sido autorizados. Es un artículo que
tipifica como falta el maltrato a los animales, con sanciones
administrativas a nuestro criterio claramente insuficientes. Son
desproporcionadas por mínimas y no son disuasorias, como decía antes,
para que gente de la calaña, permítanme la expresión, como los que
actuaron el día 3 de noviembre en Tarragona puedan reproducir estos
actos. Creemos que las multas establecidas en este artículo, de 10 a
60 días, son muy poco disuasorias, son insuficientes y debemos entre
todos hacer un esfuerzo para modificar esta normativa y que las
sanciones sean mucho más contundentes.
Es importante hacer una memoria histórica, recordar unos antecedentes
parlamentarios que no debemos olvidar. Ya en la anterior legislatura,
en concreto en el mes de abril del año 1999, se aprobó por esta
Cámara una moción fruto de una transacción en la que intervino
directamente mi grupo parlamentario, en la que el Congreso instaba al
Gobierno a modificar el Código Penal al objeto de poder castigar con
mayor objetividad los maltratos a los animales, así como crear una
comisión estatal de protección de los animales. Señor presidente, han
pasado más de dos años y medio desde la aprobación de esta moción.
Nosotros creemos que no se ha hecho nada o casi nada en la línea
aprobada por esa moción y no podemos estar dos años más sin actuar.
Para más inri, tampoco existe ninguna ley de ámbito estatal de
protección de los animales. No creo que esté equivocado si afirmo que
el Estado español es el único país de la Unión Europea que no dispone
de una ley general de protección de los animales. Afortunadamente, la
mayoría de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos
han aprobado durante los últimos años diversas leyes de protección de
los animales. Quiero destacar que la primera ley aprobada por un
parlamento autonómico en esta línea fue en el año 1988 por el
Parlamento de Cataluña. Actualmente es una ley que está en fase de
modificación para adecuarla a la coyuntura actual. Tenemos, como
decía, referentes legislativos europeos mucho más avanzados, como es
el caso de Italia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña y Suiza, estos dos
últimos países incluso prevén la tipificación de este tipo de delitos
con sanciones privativas de libertad, hasta seis meses en el caso de
Gran Bretaña.
Por tanto, ¿nosotros qué proponemos con esta proposición no de ley?
Proponemos que se modifique el Código Penal en el sentido de que se
tipifiquen como delito los maltratos a los animales. Estamos de
acuerdo en que no debe impulsarse una modificación precipitada.
Debemos tener en cuenta que son modificaciones sensibles, es un
terreno muy delicado. Debemos procurar que no haya sanciones
desproporcionadas respecto a sanciones en relación a actuaciones
contra las personas. Por tanto, señor presidente, y voy acabando, voy
a citar en concreto cuáles son los términos de la proposición no de
ley que pedimos que todos los grupos le den apoyo. Pedimos que el
Congreso inste al Gobierno a
aprobar, en el plazo de un mes y previo informe de la comisión de
reforma del Código Penal, un proyecto de ley de modificación del
Código Penal, al objeto de que se incluya la tipificación como delito
el maltrato injustificado a animales cuando esto comporte su muerte o
provoque lesiones invalidantes de carácter permanente. No podemos
dejar de actuar en esta línea, pero repito, con toda la serenidad
posible, con todos los estudios profundos que requiera el tema, pero
en ningún caso podemos mantenernos quietos a la espera de que pase el
tiempo. La sociedad nos exige con contundencia una modificación del
Código Penal. Por eso, señorías, les pedimos su apoyo y esperemos que
esta modificación vea la luz lo antes posible.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
para explicar su iniciativa y las enmiendas planteadas, tiene la
palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra en la Comisión de
Justicia hoy para fijar la posición de mi grupo en relación con la
iniciativa que acaba de presentar el señor Martí, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y simultáneamente para
defender nuestra iniciativa, que ha sido enmendada por mi grupo
parlamentario, igual que ha sido enmendada la iniciativa de
Convergència i Unió, para intentar llegar a una aproximación con este
grupo parlamentario. La enmienda que nosotros hemos presentado en el
día de ayer pretende que el Congreso inste al Gobierno para que en el
ámbito de los trabajos de la comisión técnica que existe dentro del
Ministerio de Justicia y que estudia las modificaciones que se
pudieran producir en el Código Penal en relación a tipificación de
nuevos delitos o simplemente corrección de algunas de las
tipificaciones que en él se incluyen, se valorara la oportunidad de
perfeccionar el Código en relación al maltrato injustificado de
animales, cuando esto comprometa su muerte o provoque lesiones
invalidantes de carácter permanente. Este planteamiento de la
enmienda de mi grupo que, como he dicho, afecta a nuestra propia
iniciativa y también a la iniciativa de Convergència i Unió, está
imbuido de un principio de coherencia con la posición que mantiene el
Gobierno de no introducir modificaciones en el Código Penal fuera de
una modificación completa del mismo, no ir a soluciones parciales o
modificaciones parciales del citado Código. Y desde luego lo que sí
está claro es que, tal y como el señor Martí ha señalado en su
intervención, nuestra posición está marcada por la prudencia, por la
responsabilidad que hoy mi grupo tiene, ya que no solamente ostenta
la responsabilidad de sostener al Gobierno, sino además tiene la
mayoría absoluta en la Cámara. Por tanto, si nosotros no actuáramos
de forma responsable, podríamos ir motivando modificaciones parciales
del Código Penal que no es el camino más correcto. (Rumores.)
Nuestra posición en este debate ha quedado ya manifestada, no
solamente por la iniciativa presentada sino por distintas
manifestaciones en medios de comunicación; en cualquier caso,
conviene repasarla. En primer lugar, para nuestro grupo parlamentario
los hechos ocurridos en Tarragona no tienen un carácter general.
(Rumores.) No podemos decir que la sociedad española de forma
mayoritaria y de manera habitual maltrate a los animales porque sí.
En principio, entendemos que estos hechos responden -el señor Martí
los ha definido como calaña- a una patología específica que puede
afectar a un determinado grupo de ciudadanos, pero siempre
restringido. En ningún caso podemos decir que sea un comportamiento
general de la sociedad. En todas las manifestaciones que se han hecho
ante los medios de comunicación de los actos que ocurrieron a
principios del mes de noviembre en la Sociedad Protectora de Animales
de Tarragona nuestro grupo parlamentario los ha calificado como una
crueldad absolutamente condenable. Ese tipo de actos lo condenamos de
una forma totalmente rotunda, no tiene ningún tipo de justificación y
no hay paliativo alguno para calificar una conducta tan condenable,
tan absolutamente criticable como la que ha dado lugar a la muerte de
estos animales. (Rumores.)
Por otra parte, la sociedad española hace demostraciones permanentes
de amor y respeto a los animales. Para preparar la posición de mi
grupo en esta iniciativa, tomaba como parámetro -que entiendo que es
objetivo, que puede demostrar el interés de nuestra sociedad hoy por
el amor y el respeto a los animales por lo que aportan de positivo a
la convivencia y a la vida ordinaria de los ciudadanos- el número de
inscripciones que se produce en el libro de orígenes que custodia la
Real Sociedad Canina. Si tomamos una media de las inscripciones que
se han producido en los últimos cinco años, podríamos estar en torno
a una media de 96.000 ejemplares anuales. (Rumores.) Teniendo
presente que la vida media de un animal, concretamente de un perro,
puede estar en torno a diez años, podríamos decir que hoy exista, en
la mayoría de los casos conviviendo con familias españolas, con
ciudadanos de nuestro país, una población canina que supera el millón
de ejemplares; esto sin contar otros animales de compañía o también
otras familias que tienen... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: ...perros que no están inscritos en el
libro de origen. Esto quiere decir que es justo reconocer a nuestra
sociedad la sensibilidad por el respeto a la vida animal.
Por otra parte, nuestra posición es consecuencia de un interés
manifiesto de mi grupo parlamentario por determinados parámetros
relacionados con el mundo animal, vegetal y con el entorno
medioambiental. En las dos últimas legislaturas, en nombre de mi
grupo parlamentario,
tuve ocasión de formular más de 26 preguntas, algunas escritas, unas
orales en Comisión y otras orales en Pleno, preocupándome por la
situación de determinadas poblaciones de animales de nuestro país,
generalmente sobre la fauna española. También hemos tomado
iniciativas en relación a mejorar el respeto y la conservación de
nuestra flora. No debo olvidar, en relación al mundo animal, que en
general se produjo una alarma importante en la opinión pública
derivada de determinados ataques, que se habían producido también de
forma singular, de animales a personas y que perjudicó la imagen que
estos animales tienen en el conjunto de la sociedad. Nuestro grupo, a
través de una votación de la Cámara, estimuló y después participó
activamente en una ley que pretendía establecer las condiciones para
que quien quisiera tener un animal de compañía pudiera tenerlo sin
molestar o sin causar una amenaza para cualquiera de sus convecinos.
Del conjunto de iniciativas que mi grupo ha sometido a la Cámara,
preocupado por los parámetros medioambientales o de respeto a los
animales y a las plantas, quiero destacar una que ya ha tenido
respuesta por parte del Gobierno, y es el factor educativo. El factor
educacional en el tema como el que ocupa hoy la Comisión es un
detalle fundamental. En la legislatura pasada tuve la oportunidad de
defender una proposición no de ley para que se elaborara un programa
de educación medioambiental, convencido de que cualquier mejora de
ese parámetro iba a significar un beneficio en doble partida para el
conjunto de la sociedad; por un lado, íbamos a evitar agresiones, en
cualquiera de las distintas vertientes, al medio ambiente, ya sea a
los sujetos pasivos de la agresión, como al propio medio ambiente, a
la flora, la fauna y, por otro, para mejorar el concepto de educación
medioambiental de los ciudadanos de este país, fundamentalmente de la
población de jóvenes y de niños; íbamos a conseguir auténticos
activistas para la protección de los valores que, en el trasfondo de
las dos iniciativas sometidas a debate, hoy estamos intentando
potenciar.
La enmienda que ha presentado mi grupo y que establece nuestra
posición en relación a este asunto también se sustenta en lo que son
instrumentos que hoy existen para conseguir que hechos como estos no
se produzcan. En este capítulo quiero hacer una especial referencia a
las competencias que las distintas comunidades autónomas tienen en
esta materia. Las asambleas legislativas de muchas comunidades
autónomas, haciendo uso de las competencias que tienen, en muchos
casos han regulado y promulgado leyes de protección de los animales.
Este es el caso de comunidades como La Rioja, Valencia, Castilla y
León, Baleares y Cataluña. Concretamente, y el señor Martí hace
referencia a la Ley de protección de animales de Cataluña, donde se
contempla hoy en día una sanción de dos millones y medio para actos
como los que se han producido y que han dado lugar a estas
iniciativas. Según
la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, el Parlamento
catalán, salvo que ya haya culminado su tramitación, está revisando
la citada ley y eleva las sanciones por malos tratos a animales hasta
diez millones de pesetas. Con esta referencia lo que quiero decir es
que la Administración central tiene sus responsabilidades, las
administraciones autonómicas también las tienen, así como
instrumentos específicos que pueden ser utilizados muy eficazmente
para prevenir y para perseguir a quienes de forma singular, vuelvo a
repetir, puedan ocasionar semejantes actos, sobre los cuales yo
utilizaría el mismo adjetivo que el señor Martí, porque por ventura
creo que la calaña que es responsable de estos actos no es un caso
general entre nuestra ciudadanía.
Es evidente que el Código Penal es un instrumento que compete
directamente a la Administración central, por lo menos a esta Cámara.
El señor Martí ha hecho referencia a algún artículo del Código Penal,
concretamente a los artículos 632 y al 625, que pueden ser aplicados.
El artículo 632 es sobre el trato cruel a animales en espectáculos no
autorizados y el artículo 625 dice que serán castigados con penas de
arresto de uno a seis fines de semana los que intencionadamente
causaren daños cuyo importe no exceda de 50.000 pesetas. Revisando
los antecedentes he observado una sentencia de la Audiencia
Provincial de Sevilla que aplica el artículo 625. Por otra parte,
aunque es cierto que es dentro del capítulo de delitos contra el
patrimonio, existe otro artículo, el 263, que, cuando habla de
propiedad ajena, daños causados contra la propiedad ajena, también se
podría aplicar. Es evidente que si yo tengo animales, ya sean perros
o cualquier otro animal, para cría, comercialización, etcétera, y hay
una persona que atenta contra ellos en la forma que se ha producido
en Tarragona, me entendería lesionado en el patrimonio; por tanto,
desde el punto de vista de lesión a mi patrimonio, podría ser de
aplicación el artículo 263. Esta referencia que he dado significa que
algunas posibilidades de actuación existen en el ámbito del Código
Penal actual. Mi grupo parlamentario, con la presentación de
iniciativas, dejó muy claro lo que antes dije: la condena rotunda de
los hechos y nuestra voluntad de poder llevar a esa comisión un
estudio del caso concreto que nos ocupa por si fuera necesario un
perfeccionamiento del Código en esos extremos. Igual que el señor
Martí, yo he recibido muchísima información a través de los medios de
comunicación, de Internet, señalando la conveniencia de actuar en
esta materia. Nosotros somos receptivos a cualquier planteamiento que
signifique un perfeccionamiento del Código Penal, en esa línea está
redactada nuestra iniciativa. No nos oponemos a que la comisión
técnica evalúe, pero consideramos que se tiene que hacer con los
mismos parámetros de sensatez, de prudencia y de responsabilidad que
el propio señor Martí señalaba. Por lo tanto, yo espero que el Grupo
Catalán analice con detalle el texto de nuestra enmienda, al igual
que los demás grupos presentes en
la Comisión, porque es el camino más correcto para que, quienes
siempre hemos demostrado respeto a los animales, podamos, si cabe,
perfeccionar los instrumentos para que todas las administraciones
públicas -la central, la autonómica y también las corporaciones
locales, que tienen mucho que decir en la materia- puedan actuar
eficazmente contra los ciudadanos que pueden llegar a ser tan
desaprensivos como los responsables de los actos de Tarragona.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieren
intervenir en el debate? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Confieso que también estoy indignado por los
hechos acontecidos en Tarragona. Entiendo que, al calor de esa
indignación y con toda justicia, se realicen demandas de reforma del
Código Penal, de tipificación penal de conductas salvajes, de
conductas incivilizadas como mutilar animales, como matarlos
salvajemente, pero la tipificación penal de estas conductas merecen
una reflexión y una prudencia que quizás no nos acompañen cuando
estamos bajo este estado de indignación. Por ejemplo: ¿a qué animales
nos referimos cuando se quiere tipificar el maltrato, la muerte
intencionada de animales, a mamíferos, a vertebrados, a insectos?
Sería un primer problema. Estamos hablando del Código Penal y de la
tipificación penal de ciertas conductas. Hay éticas evolucionistas,
de acuerdo con una cierta antropología que entienden que son tanto o
más merecedores de protección aquellos animales que en la cadena
evolutiva más se aproximan al hombre, por decirlo sintéticamente.
Podríamos ver si esto se refleja en la tipificación penal o no.
Quiero decir con esto que el Bloque Nacionalista Galego no es
demasiado partidario de hinchar el Código Penal, es decir, de
reaccionar frente a conductas que son de todo punto rechazables a
través de la represión o de la respuesta penal, porque para nosotros
el derecho penal debe seguir manteniendo ese carácter de última ratio
dentro del conjunto de instrumentos represivos que los poderes
públicos tienen a su disposición y porque antes de llegar a la
tipificación penal de estas conductas -que, por otra parte,
indirectamente ya lo están, bien sea como delitos contra el medio
ambiente, bien sea como delitos contra el patrimonio-, hay también
otro tipo de protección como es la civil. Efectivamente, cuando el
animal es propiedad de alguien, está en la obligación de indemnizar
por el daño causado. También existe una amplia panoplia de medidas
administrativas represivas, de sanciones administrativas que son
competencia de las comunidades autónomas. Aquí estamos ante un
problema muy grave que se manifiesta no sólo con los animales, sino
que en general es un síntoma de males sociales más profundos que
merecen una reflexión y una atención muy pausada
antes de llegar de manera directa a esta tipificación penal de
ciertas conductas, que, además, desde un punto de vista técnico,
tiene ciertos problemas.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Intervengo para pronunciarme en parecidos
términos a como lo ha hecho el representante del Grupo Mixto, en esta
ocasión el señor Aymerich.
La formación política a la que represento siempre ha sido partidaria,
cuando se trata de modificar el Código Penal, de aguantar el genio,
no legislar en caliente como reacción frente a sucesos concretos, por
crueles que estos nos puedan parecer, cuando se trata de sucesos
terribles pero felizmente aislados o no frecuentes, si bien es bueno
y conveniente ir anotando defectos que podamos ir advirtiendo en la
materia punitiva para modificar el Código Penal en un futuro o para
trasladarlo a la comisión que está en este momento revisando el
sistema de penas y de infracciones del propio Código Penal.
Creemos que es importante respetar el equilibrio de valores y bienes
que el Código Penal protege, no vaya a ocurrir que resulte más penada
una determinada conducta frente a animales -todo lo respetable que se
quiera, con la imprecisión que el término animal tiene y que el señor
Aymerich ha señalado con enorme acierto- que otras conductas en
relación con personas. En definitiva, no somos partidarios de
penalizarlo todo; tampoco nos oponemos a que haya alguna mejora en
los tipos penales que protegen ahora la crueldad frente a los
animales, pero, repetimos, penalizarlo todo no debe ser la solución.
Quizá sea mejor la vía de las infracciones administrativas, más altas
si se quiere por la crítica que el señor Martí hacía respecto de
ellas, pero en muchas ocasiones resultan más expeditivas en su
imposición y quizá también más disuasorias para quien comete este
tipo de conductas. Nos parece más adecuado, y sin que sirva de
precedente, estudiar el asunto, valorarlo en su justa medida,
trasladarlo incluso a la comisión que en este momento estudia
posibles reformas del Código Penal, como figura en la enmienda que
presenta el Grupo Popular, que decidir directamente esta Comisión que
el Código Penal ha de ser reformado. Preferiríamos que se valorase
antes de introducir nuevos tipos penales y sobre todo que se tengan
en cuenta las distintas objeciones que se han hecho desde otras
formaciones políticas a una introducción rápida de nuevas
tipificaciones y a la luz, repito, de un suceso concreto, ya que el
legislar a la carta o para un asunto no es buena técnica legislativa,
no lo es en ninguna materia, pero menos en materia penal.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Seré breve.
La cuestión que nos trae aquí ahora, a iniciativa de Convergència i
Unió y también del Partido Popular, nos parece importante. Nosotros,
quiero advertirlo, tenemos una iniciativa, articulada en forma de
proposición de ley de carácter orgánico puesto que intentamos
modificar el Código Penal, que se verá en su momento en el
Parlamento. Quiero que sepa S.S. que el Grupo Parlamentario
Socialista no articula una definición de doméstico, no articula una
serie de conductas que tipifica después y a las que pone una sanción
de forma espasmódica y como consecuencia de los gravísimos sucesos
ocurridos en Tarragona. En el año 1995 sancionamos por primera vez
como falta este tipo de maltratos, hasta 1995 no hubo en el Código
Penal reflejo de estas actitudes tan absolutamente reprochables.
Hemos hablando internamente de este tema en más de una ocasión, pero
aunque fuera sólo como consecuencia de los hechos ocurridos en
Tarragona, no lo consideraríamos como algo espasmódico, algo poco
sereno, sino sencillamente como la consecuencia lógica de
representantes del pueblo que tienen la sensibilidad social
suficiente como para estar atentos a aquello que en este momento
están reclamando muchos ciudadanos. Quiero que ustedes sepan que hay
algunas páginas web que está reclamando de los ciudadanos apoyo para
conseguir medio millón de firmas que permitan una iniciativa
parlamentaria en esta línea. Atentos a ello, nosotros, insisto, hemos
presentado una iniciativa de carácter articulado, la tramitaremos en
el Pleno y allí tendremos ocasión de debatirla, pero quisiera
comentarles algunas cuestiones.
No creo que tengan menor sensibilidad social que nosotros, más bien
al contrario, determinados parlamentarios, por ejemplo, de Francia,
de Austria o de Italia, que en este momento están debatiendo este
asunto para imponer penas incluso superiores a las que ya hay en el
derecho comparado. Quiero recordar, para quienes se escandalicen, que
Francia permite hasta una sanción de seis meses para supuestos de
este calibre y Austria e Italia incluso llegan al año -de prisión,
estoy hablando- para los supuestos como los que nos conmovieron tanto
de Tarragona. Les diré más para que sepamos de lo que estamos
hablando. Si la policía cogiera a los autores de la salvajada de
Tarragona y un fiscal, en cumplimiento de sus deberes, los calificara
correctamente, no podría calificarlos con sanción mayor que la de una
simple falta de tráfico, por cierto de las más pequeñas faltas de
tráfico. Es decir, en este momento, a pesar de que en el año 1995
fuimos los primeros que impusimos una sanción para estos supuestos,
es mucho más barato hacer lo que ocurrió en Tarragona con unos
animales que cometer una infracción de tráfico.
Frente a eso queremos ponernos, y a aquellos que hicimos el Código
Penal de 1995 y que tuvimos la serenidad suficiente para esperar
hasta 14 años, desde el año 1981 hasta 1995, para hacer ese Código
Penal, que fue prácticamente aprobado por unanimidad, quitando
la abstención del Partido Popular, no nos importa decir que es un
buen momento, sin necesidad de esperar, para hacer un cambio
legislativo que les animamos a que defiendan con nosotros en el
Pleno. ¿Por qué esto no y las modificaciones últimas que hemos hecho
en el Código Penal exactamente hace un año, sí? ¿Porque es más
importante la definición, que sin duda lo podrá ser, de conductas de
la complejidad antiterrorista de la kale borroka y otras que este
asunto? ¿El Código Penal debe transformarse o cambiarse solamente
cuando determinada política del Gobierno en temas de enorme agresión
frente a la sociedad, por ejemplo el terrorismo, se hacen
ineludibles, o también cuando la sociedad nos está diciendo que, si
no hemos hecho bien la tipificación de una conducta hace seis años,
debemos ahora reflexionar seriamente para cambiarlo? ¿Por qué lo
remitimos a una comisión de penalistas o de especialistas para que lo
estudien cuando podemos estudiarlo nosotros en el trámite
parlamentario, que para eso nos pagan y para eso representamos al
pueblo en esta casa? ¿Que el trámite parlamentario tiene que ser
lento para que sea más reflexivo o más profundo? Hágase. Hay aquí
algunas iniciativas, como la de retención de menores, el secuestro de
menores, que llevan más de año y medio en trámite parlamentario, en
las que la reflexión, el debate y la búsqueda de consenso seguramente
son indispensables, porque así lo han entendido los ponentes. Este es
el lugar para hablar del Código Penal y de las dificultades que puede
acarrear la tipificación de unas determinadas conductas, como decían
el portavoz del Grupo Mixto y la portavoz del PNV. Algo hay que
hacer.
Nosotros queremos, por ejemplo -lo advierto ya, señor presidente,
aunque hoy sólo vamos a fijar nuestra posición, pero es bueno
adelantarnos ya al debate-, que haya también un tipo básico de
conducta que sea sancionada en forma de delito. El que maltrate
cruelmente a animales domésticos -la definición es importante- debe
ser sancionado por la sociedad, que no entenderá que en la ordenación
que se da a la misma por vía legislativa, por vía parlamentaria, este
tipo de conductas tengan una reprobación menor que la de una simple
multa de tráfico. Sin duda, habrá también una causa agravada, que es
aquella en que el maltrato significa muerte o una crueldad que lleva
a graves padecimientos a esos animales domésticos, y habrá -espero
que la haya- también una falta, de manera que el simple maltrato sin
crueldad tenga una mínima sanción, al igual que el abandono.
Decía un gran penalista -y permítanme que lo diga aquí para que
seamos todos conscientes de lo que estamos haciendo, de que no es un
tema menor-, el señor Ruiz Vadillo, al que todos hemos admirado y
muchos nos hemos considerado muy modestos discípulos suyos, que toda
persona que maltrata a los animales maltrata también a las personas.
Tengamos muy en cuenta esto, señor presidente, recuperemos nuestra
sensibilidad social y comprendamos que estamos reprimiendo
conductas que son violentas en general, no exclusivamente para y
contra los animales.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martí, a los
simples efectos de manifestarse sobre la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y con la mayor brevedad.
El señor MARTÍ I GALBIS: Si me permite, quiero agrader en general las
intervenciones de los diferentes portavoces que, con distintos
matices, han expresado esta sensibilidad que la ciudadanía nos exige.
Por tanto, doy las gracias a todos.
Por lo que se refiere a la enmienda transaccional que ofrecía el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo quería decirle que le
agradezco enormemente su interés en dar un paso adelante, en mejorar
en algunos aspectos el texto presentado como proposición no de ley,
aunque debo decirle que mi grupo parlamentario no está en disposición
de aceptarla debido a que nuestro compromiso político es muy firme.
Creemos que debe haber una tipificación penal de este tipo de
maltratos en el Código Penal y entendemos que la vía que nos ofrece
el Partido Popular no va en esa dirección, no asegura al cien por
cien la pretensión, el objetivo político que persigue nuestro grupo
parlamentario. Se lo agradezco, pero no vamos a poder aceptarla.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Comentábamos el portavoz del Grupo Socialista y
yo mismo, y se lo hago llegar a la Mesa, que probablemente convendría
suspender en este momento la sesión de hoy, proceder a las votaciones
y convocar, como estaba inicialmente previsto, la sesión para mañana,
quizá un poco más tarde, a las once horas. Quiero recordar a la
presidencia y a los grupos que, como consecuencia de las
acumulaciones efectuadas durante el debate de la mañana de hoy, el
orden del día de mañana comprendería los puntos números 15, 16, 21 y
22, más los debates que figuran con los números 23 y 24. Según me
manifestaba el portavoz del Grupo Mixto, señor Aymerich,
probablemente se va a proceder a la retirada del número 25. En todo
caso, ese sería el orden del día de mañana. También ruego que la
sesión se convoque a las once y que se fije previamente por la Mesa
una hora de votación, que podría ser a partir de la una.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Confirmo lo que acaba de decir el señor Gil
Lázaro. Sustanciaremos esta iniciativa, esta petición de
comparecencia, en otra comisión, seguramente en la Comisión de
Exteriores, ya que se trata del voto de los residentes ausentes,
materia en la cual el Ministerio del Interior, según la nota que
gentilmente me ha dejado ver el portavoz del Grupo Popular, no se
considera competente.
El señor VICEPRESIDENTE: Por tanto, el punto 25 del orden del día
desaparece del mismo para mañana.
Comenzamos las votaciones. Votamos, en primer lugar, el punto primero
del orden del día, la solicitud de la creación de una subcomisión
sobre seguridad vial.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el segundo punto del orden del día, presentado por el Grupo
Socialista, sobre creación de una subcomisión de estudio del derecho
a la eutanasia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto tercero del orden del día, del Grupo de Izquierda
Unida y del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos favor, 14;
en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto sexto del orden del día, proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto sobre cambio de apellido en el Registro Civil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazado.
Proposición no de ley relativa a la venta al Ayuntamiento de
Mandayona (Guadalajara), del cuartel de la Guardia Civil, presentada
por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 23; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para eliminar el
trato discriminatorio que sufren las personas con diabetes en el
Reglamento General de Conductores. Se vota en los términos
resultantes del debate.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la número 10. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En relación con la proposición número 10, el
Grupo Parlamentario Popular había anunciado al proponente que antes
de la votación sometería a su consideración una enmienda
transaccional. Por tanto, propondríamos en este acto, como tal
enmienda transaccional, que el punto 1 de la proposición no de ley
sustituyera, en principio, la expresión «hacer» por «continuar
haciendo» y cuando habla de que «estos documentos deberán ser
trasladados», añadir «en su caso, a los archivos históricos»,
etcétera, y eliminando el punto 2 de la proposición original. Esa
sería la propuesta transaccional que habíamos prometido ofrecer al
proponente, deseando vivamente que la acepte.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Como he dicho en mi intervención cuando hemos
discutido esta proposición no de ley, aceptamos esta transaccional. Y
en relación con el punto 2, que versaba sobre iniciar los trámites
oportunos para la indemnización, en la medida en que el Grupo Popular
ha dicho que no votaría a favor hoy, pero que dejaba abierta la
posibilidad, reitero que presentaremos próximamente una iniciativa en
este sentido. Aceptamos la transaccional que nos ha propuesto el
Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Entonces procedemos a votar la iniciativa
con la transaccional del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la creación de un tercer Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción en Carballo, A Coruña, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la creación de un servicio de
atención a la familia en la comisaría de Jerez. (El señor Gil Lázaro
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: A resultados del debate, se ha ofrecido una
enmienda transaccional, que creo que ha sido aceptada por los
autores. De manera que esa enmienda transaccional sustituiría al
texto original de las proposiciones números 13, 19 y 20.
El señor VICEPRESIDENTE: Así consta en la Mesa y así se procederá en
la votación.
En primer lugar, la relativa a la comisaría de Jerez, que es la
iniciativa número 13, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Seguimos las votaciones de acuerdo con el orden del día, por lo que
pasaríamos a la número 14, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), relativa al maltrato de animales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 22.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a la número 18, también relativa al maltrato
de animales, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: En los términos de la propia enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular a su proposición original.
El señor VICEPRESIDENTE: Así consta en la Mesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley que figura en el orden del día con el número
19, relativa al servicio de atención a la familia en la comisaría de
Policía de Algeciras, del Grupo Socialista, en los términos que
constan en la Mesa.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, votamos la iniciativa del Grupo Socialista relativa al
servicio de atención a la familia en la comisaría de Policía de La
Línea de la Concepción, teniendo en cuenta la enmienda transaccionada
con el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Antes de levantar la sesión, debo comunicar que, de acuerdo con el
deseo de los portavoces, la misma se reanudará mañana a las 11 de la
mañana con los puntos del orden del día que han quedado por debatir.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.