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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 385, de 28/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 385
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 28 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa de la Comisión.
- Elección de secretario primero. (Número de expediente 041/000011.)
. . . (Página 12602)
Comparecencia del señor secretario general de Comercio Exterior
(Utrera Mora) para informar sobre:
- Las estadísticas de exportacion de material de defensa y de doble
uso del año 2000. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/
000836.) . . . (Página 12603)
- Las exportaciones de material de defensa y de doble uso realizadas
en el año 2000. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000620.) . . . (Página 12603)
- Los datos esenciales de exportación de material de defensa y de
doble uso correspondientes al año 2000. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
212/000661.) . . . (Página 12603)
Proposiciones no de ley:
- Sobre rehabilitación de los combatientes guerrilleros españoles.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000528.) . . . (Página 12622)
- Sobre medidas relacionadas con los honores y ceremonias militares.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000669.) . . . (Página 12627)
- Sobre los polvorines de la Sierra de San Cristóbal. Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000705.)
. . . (Página 12632)
- Sobre solución a la perdida de poder adquisitivo de los
trabajadores de la base de Rota (Cádiz) Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000892.) . . .
(Página 12634)
- Relativa al traspaso al Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña) de la
titularidad del polígono de tiro de Doniños, desafectado por el
Ministerio de Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000995.) . . . (Página 12636)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN
ELECCIÓN DEL SECRETARIO PRIMERO. (Número de expediente 041/000011.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión. El primer punto
del orden del día es la elección del secretario primero. Va a ser
relevado el señor Ricomá, al que además quiero agradecer expresando
el sentimiento de todos, los servicios prestados en esta Comisión
como secretario en la Mesa. Se va a proceder a la votación del puesto
que deja vacante. Comenzamos sin más trámites a votar. Se hará por
llamamiento y ruego que cierren la puerta. ¿Hay alguna cuestión
previa? El señor Atencia tiene la palabra.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, con la venia, simplemente
quiero hacer una propuesta de candidatura en la persona de don Miguel
Campoy Suárez. Reglamentariamente no es posible, pero en todo caso,
si la Presidencia lo estimara conveniente a lo mejor el señor Campoy
tendría interés en contarnos qué intencionalidad tiene al proponerse
como candidato a la secretaría primera de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Que yo sepa, el señor Campoy no tiene ningún
interés en decir cuál es su motivación (Risas). De todas maneras,
esta presidencia
siempre ha sido muy libérrima para dejar el micrófono abierto a
cualquiera, aunque no procede. No perdamos tiempo. Se hará por
llamamiento. Aunque hay una sola candidatura, no cabe la votación por
aclamación. Tiene que procederse a la votación por llamamiento y con
el escrutinio correspondiente. ¿Hay sustituciones? (Pausa.)
Por el señor letrado se procede al llamamiento de los señores
diputados miembros de la Comisión presentes y representados.
Realizada la votación y verificado el escrutinio dijo:
El señor PRESIDENTE: El escrutinio de la votación celebrada hace unos
instantes ha sido 29 votos emitidos y todos ellos a favor de don
Miguel Campoy. Don Miguel Campoy, enhorabuena (Aplausos). Ocupe su
lugar. Con eso le damos posesión, no sin despedir, ya digo,
cordialmente al señor Ricomá.
La sesión de hoy, que es una sesión larga, tiene dos partes: una es
la comparecencia del secretario general de Comercio, tanto a petición
propia como de varios grupos, por lo que seguiremos el orden
específico que en estos casos tienen. A continuación daré un pequeño
descanso para empezar con toda la rapidez a ver las proposiciones no
de ley, que es la otra parte del orden del día.
Me dicen que la proposición no de ley número 5, ya que está fuera el
proponente, sea sacada del orden del día. No hay ningún inconveniente
por la presidencia. A
efectos de voto no se votará antes de la una. Lo digo para que los
que tengan que ir a otras comisiones o hacer otras cosas puedan
hacerlo. Antes de la una no se va a votar.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
(UTRERA MORA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE
USO DEL AÑO 2000. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/
000836.)
- LAS EXPORTACIONES DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO REALIZADAS
EN EL AÑO 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000620.)
- LOS DATOS ESENCIALES DE EXPORTACIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE
DOBLE USO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
212/000661.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos la bienvenida a don Francisco
Utrera, que aparte de ser secretario general de Comercio es un viejo
amigo del presidente y no quiere sustraer ese dato.
Su comparecencia es a petición del Gobierno y coincide también con la
solicitada por dos grupos parlamentarios, y es para dar cumplimiento
a la obligación que, por prescripción de un acuerdo de esta Cámara,
tiene la Secretaría de Comercio de venir a informar anualmente sobre
el comercio de armas que hay. En este sentido el método a seguir
será: intervendrá él en primer lugar por el tiempo que tenga por
conveniente, conforme marca el Reglamento de la Cámara, y a
continuación con tiempo tasado (y acentúo eso para que no nos vayamos
más allá de la hora razonable), primero, el Grupo Socialista, que es
el primer peticionario por fecha, cronológicamente, y después el de
Convergència i Unió. Intervendrán seguidamente en fijación de
posiciones, de menos a más, los restantes, para cerrar siempre el
grupo mayoritario.
En este sentido, si más preámbulos, don Francisco Utrera debe hacer
uso de la palabra cuando quiera.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR (Utrera Mora):
Gracias por esas palabras. Efectivamente nuestra relación es de
antaño. No es casualidad que yo estuviera en el Senado durante dos
legislaturas y también en ésta fuera diputado de esta Cámara, aunque
por un período muy breve.
Como recordarán SS.SS. el acuerdo del Pleno del Congreso de los
Diputados del 18 de marzo de 1997
instaba al Gobierno, entre otras acciones, a enviar semestralmente
los datos esenciales de exportaciones de material de defensa y doble
uso a la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores de esta Cámara.
Esta comparecencia tiene por objeto ofrecer un análisis en
profundidad de esas estadísticas correspondientes al año 2000 e
informar del grado de avance de las acciones que la junta
interministerial reguladora del comercio exterior, de material de
defensa y doble uso, la JIMDDU, ha ido tomando desde la anterior
comparecencia del pasado 5 de abril.
Permítanme SS.SS. antes de pasar a detallarles las cifras del año
2000 que me detenga brevemente en el proceso de obtención y
elaboración de estas estadísticas. La Secretaría General de Comercio
Exterior está en posesión de los datos de todas y cada una de las
licencias de exportación autorizadas, mientras que las cifras de
exportaciones efectivamente realizadas están disponibles en el
departamento de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Para obtener los datos correspondientes
a los últimos cuatro años se ha procedido a cruzar todas y cada una
de las referencias pertenecientes a licencias concedidas con las
exportaciones realizadas de material de defensa y doble uso,
comprobando aduanas cada envío. El proceso descrito implica
ciertamente un esfuerzo notable por parte de los servicios de la
Secretaría General de Comercio Exterior y del departamento de
aduanas, que debe ser valorado, tenido en cuenta por SS. SS. y desde
luego agradecido por este secretario general de Comercio Exterior. No
todos los países de nuestro entorno proporcionan datos reales de
exportación, sino que optan por ofrecer estadísticas que recogen las
operaciones autorizadas, tal y como sucedía con las estadísticas
españolas hasta el año 1995. En la Secretaría General de Comercio
Exterior hemos preferido consagrar, dedicar un mayor esfuerzo a la
comprobación de las realizaciones, ya que hemos entendido siempre que
merecía la pena que fuesen conocidos por el Congreso de los Diputados
los datos de las exportaciones efectivamente realizadas. Por tanto,
con esta premisa el informe correspondiente a las estadísticas
realizadas del año 2000, que se hizo llegar a esta Cámara el pasado 2
de agosto, está compuesto de seis epígrafes, en los que se incluye
como información principal la siguiente: En primer lugar, las
características del comercio exterior de material de defensa y doble
uso; en segundo, los foros internacionales de control y no
proliferación; en tercer, la legislación española y la normativa
comunitaria en la materia; en cuarto, una relación de los embargos
existentes; en quinto, una serie de cuadros con los principales
países exportadores e importadores de armas. Además de lo anterior se
han vuelto a incorporar a dicho informe el número de denegaciones
españolas derivadas de la aplicación del código de conducta de la
Unión Europea en materia de
exportación de armas, las revocaciones habidas de licencias y el
número de autorizaciones expedidas.
La principal novedad respecto de las estadísticas correspondientes al
ejercicio anterior, al de 1999, viene dada por la introducción de una
mayor información de las exportaciones de material de defensa,
habiéndose ampliado el desglose, las categorías de productos, que
pasan de las seis recogidas en el informe de 1999 a las treinta
categorías del año 2000. Con ello se da un paso decisivo en la
configuración de las estadísticas españolas relativas a comercio
exterior de material de defensa. De esta manera dichas estadísticas
sólo son superadas en grado de información dentro de la Unión Europea
por las de Luxemburgo y Finlandia, países sin una industria de
armamento relevante, así como por las de Reino Unido e Irlanda, que
proporcionan el número de licencias autorizadas para cada destino con
la descripción del producto. En estos casos los datos no se refieren
-insisto- a operaciones realizadas ni al valor de las operaciones.
España se sitúa incluso con las estadísticas que se aportan con este
informe del año 2000 por delante de países como Suecia, con una larga
tradición en materia de transparencia e información que no hace falta
que recuerde, y sobre todo por delante de países como Francia y
Alemania, que cuentan con una industria de defensa de un tamaño
significativamente mayor a la industria española. En los últimos años
el grado de transparencia en las estadísticas de algunos de los
principales países exportadores del mundo ha aumentado notablemente
como consecuencia de una legítima y encomiable mayor preocupación
política y social en el ámbito del comercio exterior de armamento. El
Gobierno de España ha sabido situarse en el grupo de cabeza de los
países con estadísticas más completas y esto es así desde 1997, al
dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de esta Cámara de 18 de marzo
de 1997, al que hice referencia con anterioridad. Además de este
significativo avance en el nivel de información de las estadísticas
españolas, la JIMDDU está estudiando cómo mejorar la estructura de
nuestras estadísticas, teniendo siempre presente que se trata de una
información sensible tanto desde el punto de vista del país vendedor
como desde la óptica del país comprador. Les puedo adelantar que en
los datos del año 2001 se incorporará una tabla adicional en las
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, con la
desagregación de lo exportado, como ocurre para material de defensa,
por categorías de productos.
Entrando ya en el análisis concreto de las estadísticas del 2000 lo
primero que ha de destacarse es la propia presentación del informe.
Esta se ha realizado de la misma forma que en el ejercicio anterior,
con una tabla de exportaciones de material de defensa por países de
destino, una tabla de exportaciones de productos y tecnologías de
doble uso también por países de destino y una tabla de exportaciones
de material de defensa clasificadas en treinta categorías por grupos
de productos.
Se ofrece además una desagregación de lo exportado en los dos
semestres del año. Como es habitual los datos vienen expresados en
pesetas y en euros. Insisto una vez más en que las cifras se
corresponden con exportaciones efectivamente realizadas y no con
simples autorizaciones o datos de licencias concedidas, cuya
agregación resultaría desde luego mucho más sencilla, pero al mismo
tiempo desvirtuaría lo que es el comercio exterior de estos
productos, puesto que no se llega a materializar todo lo que se
autoriza. En el año 2000 se tramitaron 1.302 solicitudes de
exportación de material de defensa y de doble uso. De ellas 1.012
licencias correspondieron a material de defensa y 290 a material de
doble uso, incluidas en ambos casos las rectificaciones de licencias.
Las licencias de material de defensa se distribuyeron de la siguiente
manera: 449 licencias individuales, 9 licencias globales, 200
licencias de exportación temporal, 5 tráficos de perfeccionamiento
y 349 rectificaciones, generalmente consistentes en un cambio de la
aduana o una ampliación del plazo de la validez de la licencia
otorgada inicialmente. Asimismo se aprobaron tres acuerdos previos.
Debo recordar a SS.SS. que una licencia global, a diferencia de una
licencia individual, permite efectuar un número ilimitado de envíos a
uno o varios destinos y a uno o varios países. Está especialmente
pensada en material de defensa para programas de cooperación
industrial amparados por los gobiernos, también es utilizada en doble
uso, pero para envíos entre empresas matrices y sus filiales o entre
fabricantes y distribuidores exclusivos o dentro de un marco
contractual que suponga la realización de envíos regulares entre
exportadores e importadores. Un acuerdo previo supone la conformidad
inicial de las autoridades españolas con las exportaciones derivadas
de un proyecto de exportación a partir de un contrato suscrito o que
se está negociando, pero las exportaciones requieren una a una la
presentación de licencias individuales.
Por lo que respecta a la evolución seguida por las exportaciones de
material de defensa en el año 2000 el valor total de lo realizado
pasó a situarse en cifras muy cercanas, muy próximas a las de 1999,
esto es, 23.007 millones de pesetas frente a 23.524 millones de
pesetas del año anterior. La ligera caída experimentada en el año
2000 de las exportaciones de material de defensa, de un 2 por ciento,
ha tenido lugar en un contexto de fuerte contracción del comercio
mundial de armas. Así, y de acuerdo con los datos del Instituto
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI)
las exportaciones de armamento han descendido un 26 por ciento en el
año 2000 en comparación con las habidas en el ejercicio anterior,
1999. Hay que señalar, no obstante, que lo exportado en el año 2000
supera significativamente lo materializado en 1995, que fue de 16.340
millones, y 19.474 millones en 1996. Cabría pensar que las
exportaciones podrían llegar en el futuro a reflejar valores más
cercanos a los obtenidos en el año, ciertamente excepcional, 1997 con
algo más de 95.000 millones
de pesetas de exportación de material de defensa, realizadas en buena
medida por la venta de un portaaeronaves a Tailandia. En efecto, esta
tendencia positiva dentro de un contexto internacional de
desaceleración del comercio de estos productos se explica por la
participación cada vez mayor de nuestro sector de defensa en
programas de cooperación industrial conjunta con países europeos,
como el caza de combate, el Eurofighter 2000 o el avión de transporte
militar A-400M. Cabe mencionar también la adjudicación en 1999 de un
importante contrato para la venta de cinco fragatas del modelo F-85
por la empresa IZAR (antigua Empresa Nacional Bazán) a la marina
noruega. Todos estos factores son de importancia decisiva para la
industria de defensa española, al permitirle entrar en una serie de
programas con un alto valor añadido y con desarrollo de tecnología
punta.
Las ventas de material de defensa se centraron en dos áreas que
configuran los mercados tradicionales de la exportación española de
armamento, la Unión Europea y los países miembros de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte. Las exportaciones a la primera, la
Unión Europea, supusieron el 34 por ciento del total, mientras que
las realizadas a los países OTAN ascendieron al 72 por ciento del
total de las exportaciones españolas. Seis países (Reino Unido,
Holanda, Italia, Grecia, Francia y Alemania) acumulan la práctica
totalidad de las exportaciones a la Unión Europea; con 7.654 millones
de pesetas exportados, representan sólo estos seis países el 33 por
ciento la tercera parte de las exportaciones totales, las ventas
totales en el exterior de material de defensa español. También son
importantes las cifras de exportación a Estados Unidos y a Islandia,
con 3.992 millones de pesetas en el primer caso y 2.242 millones de
pesetas en el segundo. Estados Unidos supone un 17 por ciento de las
exportaciones totales españolas, mientras que Islandia absorbe casi
un 10 por ciento. Hay que puntualizar que las ventas a Reino Unido e
Islandia se explican en gran medida por envíos de combustible de
especificaciones militares para buques y aeronaves. Estos envíos de
combustible son también importantes en el caso de Estados Unidos,
aunque las exportaciones a este país comprenden una mayor diversidad
de productos. Otro destino relevante en el ámbito OTAN viene
constituido por Turquía, que con 2.079 millones de pesetas representa
un 9 por ciento del total de las exportaciones españolas. Se puede
decir por tanto que, si se suma el porcentaje de los seis principales
destinos de la Unión Europea con el de los tres destinos principales
dentro de países OTAN que no son los de la Unión Europea -Estados
Unidos, Islandia y Turquía-, se alcanza a explicar prácticamente un
70 por ciento de las exportaciones españolas. Si los envíos a países
OTAN, como decíamos, suponen el 72 por ciento, el 28 por ciento
restante se reparte entre 40 países, entre los que destacan Arabia
Saudita, con 1.580 millones de pesetas; la India, con 1.419 millones
de
pesetas; y Marruecos, con 1.357 millones de pesetas. En los dos
primeros casos, Arabia Saudita y la India, se trata de munición
variada, bombas y morteros fundamentalmente, y en el tercero,
Marruecos, de vehículos blindados de transporte.
Otros mercados, pero ya de mucha menor importancia, se encuentran en
países de Iberoamérica y del sureste asiático. En el África
subsahariana sólo se han registrado dos exportaciones modestas, a
Camerún por 60 millones de pesetas y a Sudáfrica por 1.800.000
pesetas. Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Israel, Angola,
Colombia, Sri Lanka e Indonesia son señalados a menudo por las
críticas como destinos que deberían de estar prohibidos para la
exportación de material de defensa. Las exportaciones españolas
suponen, sin embargo, un porcentaje que calificaría de ridículo en el
total de sus compras. Así, el destino que absorbe unas mayores
exportaciones españolas de entre los mencionados, Arabia Saudita,
supone un 3,8 por ciento del total de sus compras, y los demás países
mencionados no llegan siquiera al 1 por ciento en sus compras.
Conviene recordar que varios de estos países son mercados de cierta
relevancia para la industria española, como lo demuestran las ventas
de aeronaves a Turquía en 1995, los componentes de éstas, de
aeronaves, a Indonesia en los años 1994 y 1995, las ventas de
patrulleras a Angola en los años 1991 y 1993 y el muy importante
volumen de exportaciones a Israel y Arabia Saudita en el período 1991
a 1996.
En cualquier caso, las operaciones de exportación son analizadas por
la JIMDDU una a una, tomando en consideración la situación del país
receptor, el tipo de producto, la naturaleza y el grado de fiabilidad
del adquirente, los convenios internacionales suscritos por España,
las resoluciones de las Naciones Unidas, las decisiones de la Unión
Europea sobre embargos y los créditos del código de conducta de Unión
Europea en materia de exportación de armas. De esta manera ningún
país sometido a embargo recibe exportación alguna española, ni
tampoco aquellos países que incumplen los citados criterios del
código de conducta. A modo de ejemplo de lo anterior debo informar a
SS.SS. que la cantidad que figura en las estadísticas del último año
correspondiente a Indonesia (19 millones de pesetas) se explica por
la materialización de licencias autorizadas con posterioridad al 17
de enero de 2000, fecha en la que la Unión Europea decidió no renovar
el embargo hacia dicho país. Asimismo, no se ha autorizado a este
país ninguna operación de venta de material antidisturbios o de otro
tipo que pudiese ser empleado en actos de represión interna.
Permítanme SS.SS. que aproveche el anterior ejemplo para hacer
algunos comentarios a algunas críticas vertidas por determinadas
personas sobre las estadísticas españolas y el comercio de armas.
Hace unos días se hacía eco un medio de comunicación español de las
reflexiones, que suponemos fueron realizados a título individual,
correspondientes a una
persona vinculada a movimientos de desarme. La lógica de estas
reflexiones no puede ser más simplista, en el término más amplio del
término: Puesto que -se reflexionaba- se ha vendido munición a
algunos países árabes, pudiera ser que parte de la misma esté siendo
utilizada en el conflicto afgano. Esa sería la línea general
reflexiva utilizada. Como contestación a esto les puedo asegurar que
no hay dato alguno que permita pensar que se haya podido producir
reexportación de los productos enviados a países árabes hacia ese
país en conflicto. De hecho, ya sea por mala interpretación o por una
información directamente equivocada, nos consta que ese movimiento
vinculado al desarme ha hecho saber a la prensa que tal información
es errónea. Debo precisar además que los envíos mencionados a países
árabes fueron autorizados después de un minucioso análisis caso por
caso llevado a cabo por la JIMDDU. En todos ellos se ha exigido un
certificado de último destino. Este documento cuenta con la garantía
del Gobierno del país receptor, plasmada en una cláusula que no
permite reexportar la mercancía o destinarla a un uso distinto si no
dispone previamente del consentimiento de las autoridades españolas.
Por otra parte, el autor de las reflexiones decía haber detectado que
algunas empresas de armamento españolas han sido autorizadas a
cambiar el código arancelario para evitar ser descubiertas. Tal
comentario no puede causar más que estupor, y desde luego les aseguro
que la Agencia Tributaria no ha procedido a una modificación de
arancel de ninguna naturaleza para este fin. Parece ser que algunas
de estas personas sugieren extrañísimas conexiones relativas a
nuestras exportaciones de material de defensa que, sin prueba alguna
y con argumentos simplistas, desprovistos de cualquier información
que las apoye, pueden llegar a tener consecuencias e implicaciones
internacionales muy graves. Una afirmación contenida en las críticas
a las estadísticas españolas destaca la ausencia de algunas ventas
importantes en los datos oficiales. De esta forma -se ha dicho-
España podría haber exportado el doble de material de defensa de lo
que comunican sus SS.SS. y ello se explicaría por la existencia de
exportaciones -según estos informadores- no contabilizadas de aviones
de transporte a Austria, Francia y la República Dominicana, un navío
de segunda mano a Mauritania, patrulleras a Camerún, munición
a Indonesia, Arabia Saudita e India y armamento ligero a Ghana y a
Guinea Ecuatorial. Por lo que respecta a los aviones de transporte de
ninguna licencia autorizada que estuviese vigente para este período y
que se refiriese a tales productos. Dichas ventas parecen
corresponder a aviones de la empresa EADS-CASA, tratándose más
concretamente de dos CN-235 a Francia y a Austria, en este último
caso en alquiler, y además tres aviones C-212 a la República
Dominicana. Ninguna de las cinco aeronaves, -insisto, ninguna de las
cinco aeronaves- tiene especificaciones militares. Conviene recordar
que estos aviones están catalogados por la Dirección
General de Aviación Civil como aeronaves civiles, y no están
incluidos en ninguna lista de control como material de defensa, de
ahí que su exportación no se someta a autorización salvo que tengan
especificaciones militares, que no es el caso.
En el segundo caso, existencia de supuestas exportaciones de navíos a
Mauritania y Camerún, tampoco hay constancia de autorización alguna
de elementos de estas características. Estos envíos corresponden,
para el primer país mencionado, Mauritania, a un buque de arrastre de
segunda mano de la Armada, que efectivamente ha sido vendido a las
autoridades de Mauritania, pero un buque de arrastre sin contenido
ninguno de material de defensa; y, para el segundo, a tres
embarcaciones de fibra de vidrio, destinadas a vigilancia costera. En
ninguno de los cuatro casos las embarcaciones tienen especificaciones
ni equipos militares de ninguna naturaleza. Asimismo, se mencionan
una serie de envíos a Indonesia, Arabia Saudita y la India. Les puedo
decir que efectivamente se ha exportado munición (granadas, morteros,
bombas de aviación con sus componentes) a estos países para los
respectivos ministerios de defensa; existe incluso una mención
explícita a estas exportaciones con destino a Arabia Saudita y a la
India en el informe de las estadísticas remitido a esta Cámara.
Por último, en esas críticas se emplea el argumento según el cual
determinadas exportaciones a países de África subsahariana no están
controladas. Efectivamente dichos envíos corresponden a productos no
sometidos a control ni en la legislación española ni en las
legislaciones de los países de la Unión Europea, por tratarse de
armas de caza deportivas, sus municiones, determinadas pólvoras de
uso industrial y arma blanca, que no son material de defensa ni
admiten uso militar. De hecho, el artículo 1 del anexo I del Real
Decreto 491/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Comercio Exterior de material de defensa y doble uso, excluye de
manera expresa las armas con cañón de ánima lisa usada en sentido
deportivo o en caza. Conviene insistir en el hecho de que estos son
productos muy concretos que tienen uso civil. Lo anterior viene
refrendado por la propia lista común del código de conducta de la
Unión Europea, en la que se han excluido todos aquellos productos,
entre ellos los señalados antes, que por sus características no
suponen peligro para el agravamiento de conflictos. Por lo tanto,
cualquier ejercicio que consista en sumar envíos de cualquiera de las
naturalezas de los que hemos mencionado a la lista de exportaciones
oficiales de material de defensa incurre en error notorio. Tales
envíos se refieren en algunos casos a armas, pero no tienen uso
militar. De cualquier forma se ha presentado a la Agencia Tributaria
una propuesta basada en el seguimiento de alguno de esos envíos que
sin tener naturaleza militar sí que comparten la característica de
armas. De acuerdo con dicho seguimiento en su mayoría se refieren a
cartuchosutilizados en minería y caza, productos que no
están sometidos a control y que desde luego no son empleados en
conflictos bélicos.
Volviendo a las estadísticas oficiales me voy a referir a la
distribución por productos de las exportaciones de material de
defensa. Prácticamente un 40 por ciento de lo exportado correspondió
a combustibles militares: Un 7 por ciento a envíos derivados de
programas internacionales de cooperación en el ámbito militar,
especialmente el programa Eurofighter; un 24 por ciento a arma ligera
y un 7 por ciento a arma corta. Puede llamar la atención el elevado
porcentaje en arma ligera, y es debido a dos importantes contratos
para el suministro de munición de mortero a Arabia Saudita. La
diferencia entre arma corta y arma ligera se encuentra en la
clasificación que hace la acción común de la Unión Europea sobre arma
ligera y de pequeño calibre. La acción incluye como arma corta los
siguientes elementos: pistolas, ametralladoras, metralletas, fusiles
totalmente automáticos, subfusiles y silenciadores. En todo caso
deben estar especialmente diseñados para usos militares. En arma
ligera incluye piezas de artillería, obuses, morteros de calibre
inferior a 100 milímetros, tubos lanzagranadas, armas antitanque,
misiles antitanque y misiles antiaéreos o sistemas portátiles de
defensa aérea, denominados manpads.
Las exportaciones de todo tipo de armas están sometidas a unos
rigurosos controles, de tal manera que tanto las expediciones a la
Unión Europea como las exportaciones a otros países están
condicionadas a la presentación de un documento de control,
acreditativo del uso, destino y destinatarios finales. El documento
que se exige cuando el país de destino o el destinatario ofrecen una
mínima duda es un certificado de último destino firmado por las
autoridades del país importador; este documento incluye una cláusula
de no reexportación y de prohibición de uso del producto distinto al
autorizado. Esta sensibilidad especial hacia dichas operaciones se ha
materializado este año en una decisión tomada por la JIMDDU, en la
que se restringen las exportaciones de arma corta y ligera a
exclusivamente destinatarios públicos, fuerzas armadas o fuerzas de
seguridad en países concretos.
También durante el ejercicio 2000 la JIMDDU decidió denegar seis
solicitudes como resultado de la aplicación del código de conducta de
la Unión Europea en materia de exportación de armas. Concretamente,
cinco de las solicitudes fueron denegadas para arma corta por
vulnerar los criterios 1 (embargo existente), 3 (situación interna
del país de destino), 4 (mantenimiento de la paz, la seguridad y la
estabilidad regional) y 7 (riesgo de desvío). Otra solicitud, esta
vez de materiales antidisturbios, fue denegada por los criterios 2
(respeto de los derechos humanos) y 3 (situación interna del país de
destino). Todas ellas fueron comunicadas a los catorce restantes
países de la Unión. A las seis denegaciones mencionadas hay que
añadir cuatro revocaciones de licencias vigentes y tres denegaciones
no derivadas del código de conducta. Los siete casos correspondieron
a
operaciones de arma corta, considerando la JIMDDU que existía riesgo
de desvío en todas ellas. Además fueron retenidas once solicitudes de
munición de arma corta y ligera, por apreciar un posible riesgo de
desvío y estas no resultaron autorizadas hasta que se presentaron las
suficientes garantías documentales sobre los destinatarios finales.
Puedo adelantar a SS.SS. que el número de denegaciones españolas
durante el presente año 2001 ha experimentado un crecimiento más que
significativo, situándose en 29 denegaciones acumuladas hasta el mes
de noviembre, lo que coloca a España como tercer país dentro de la
Unión Europea con un mayor número de denegaciones.
Por último, la JIMDDU investigó en el año 2000 el caso denunciado en
prensa de una compañía española que había exportado grilletes para
pies y cadenas para la cintura sin autorización. De la comprobación
de la documentación de los envíos realizados se desprendió que no
había existido envío alguno a países embargados, y quiero destacar
que la secretaría de la JIMDDU se puso en contacto de manera
inmediata con la administración tributaria española para que
procediera a efectuar los debidos controles e investigaciones. Desde
la anterior comparecencia, el pasado 5 de abril, no se ha producido
ninguna exportación de estos dispositivos. Como saben SS.SS., tampoco
son empleados por las fuerzas de seguridad españolas; sin embargo,
los grilletes para pies y cadenas para cinturas son dispositivos
restrictivos del movimiento, cuyo uso puedo convertirlos en
instrumentos que atentan contra la dignidad de las personas y por
tanto contra el respeto de los derechos humanos. La preocupación
social sobre el empleo de estos dispositivos de forma indebida en
algunos países ha conducido a que exista una demanda cada vez mayor
para su prohibición. Las autoridades españolas haciéndose eco de esa
inquietud han estudiado en los últimos meses diversas alternativas
que puedan conducir a una regulación más estricta de tales
dispositivos. Dadas las dificultades vinculadas a la modificación del
reglamento de armas y la inevitable demora que supondría el tramitar
y aprobar un nuevo reglamento de comercio exterior de material de
defensa y doble uso, en el Senado se ha propuesto ya la inclusión de
una enmienda en la ley de medidas de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, por la que se
prohíben las exportaciones y las expediciones de estos dispositivos.
Es esta, en suma, una solución interna dictada por la sensibilidad
que dicha cuestión despierta en el Gobierno, a la espera de una
decisión internacional, posiblemente en el seno del grupo COARM de la
Unión Europea, sobre el comercio de los aludidos dispositivos.
Como último punto dentro del análisis de las exportaciones de
material de defensa, merecería la pena poner en su verdadero orden de
magnitud las ventas españolas en comparación con las de otros países.
Así según las estadísticas del Instituto de Estocolmo para la
Investigación sobre la Paz Internacional (el SIPRI) las exportaciones
de material de defensa españolas en el año 2000 supusieron el 0,33
por ciento del total de exportaciones realizadas de armamento
convencional. Hay cinco países que acaparan más de un 85 por ciento
de las exportaciones mundiales de armamento en dicho año; podemos
decir que esta es una industria que está muy concentrada. Entre
ellos, destacan poderosamente Estados Unidos y Rusia con un 35,8 y un
28,98 por ciento respectivamente, muy por detrás se sitúan países
como Alemania con el 8,05 por ciento, Francia con el 6,78 por ciento
y Reino Unido con el 6,75 por ciento. España se encuentra en el
puesto undécimo, por detrás de países como los cinco mencionados y de
Holanda, Ucrania e Italia. Entrando ya en el análisis de las
exportaciones de productos y tecnologías de doble uso, hay que dar
comienzo al mismo diciendo que las licencias se distribuyeron de la
siguiente manera: 256 licencias individuales, 13 licencias globales y
21 rectificaciones de licencias anteriores. En el año 2000 no hubo
ningún acuerdo previo.
Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones el incremento
habido en 1999 respecto a los dos años anteriores se quiebra
ligeramente en el 2000, con un retroceso en las cifras del 2,3 por
ciento. Las ventas ascendieron a 53.185 millones de pesetas. Dichas
ventas se concentran en bienes tecnológicamente avanzados que en
muchos casos no son productos terminados, sino elementos que acaban
incorporándose a otros productos. Los exportadores son en su mayoría
filiales de conocidas multinacionales establecidas en nuestro país y,
como es lógico, los principales clientes se localizan en países
industrializados y también en las economías emergentes del sureste
asiático, que es donde estas compañías tienen localizadas otras
plantas que continúan la cadena de producción. En consecuencia, el
valor de lo exportado en este tipo de productos está muy relacionado
con la evolución económica internacional e incluso con decisiones
empresariales de localización de plantas productoras, que pueden
alterar los datos de forma sensible de un año para otro. En este
sentido, y como SS.SS. saben, una de estas empresas multinacionales,
precisamente la segunda principal exportadora desde España de
materiales de doble uso, ha decidido recientemente vender su planta
de producción en nuestro país, en la que se fabricaban circuitos
integrados electrónicos. En consecuencia, es posible que a partir del
presente año, 2001, las cifras de exportación en doble uso
experimenten un notable descenso, si no hay continuidad en el tipo de
producción desarrollado en esa planta. Entre los artículos más
significativos de la exportación española cabe citar los generadores
de vapor y electrodos de grafito para acerías y centrales nucleares,
los ordenadores, sistemas de encriptado, circuitos integrados
electrónicos, cables de fibra óptica y productos químicos para la
industria farmacéutica y las empresas curtidoras de pieles. Estos
productos están sometidos a control debido a su posible empleo en usos
militarles. A título de ejemplo, el ácido nítrico utilizado en la
fabricación de fertilizantes podría ser empleado como oxidante en el
combustible de misiles. Otra muestra de lo anterior vendría dada por
determinados equipos de laboratorio y salas blancas para la
producción de vacunas; en este caso, dichos equipos pueden derivarse
hacia la fabricación de armas bacteriológicas o químicas.
En el año 2000, los dos destinos que sobresalen en la exportación son
Singapur y Estados Unidos con 21.474 millones de pesetas en
exportaciones de circuitos electrónicos integrados y material
informático criptográfico en el primer caso, Singapur, y 21.218
millones en envíos a Estados Unidos del mismo material además de
partes de reactor nuclear. Ambos destinos, Singapur y Estados Unidos,
acaparan el 80 por ciento de lo vendido en el exterior. Los dos
países que vienen a continuación en el orden de importancia con un
10,6 por ciento de lo exportado son Tailandia y China. Al primero le
corresponden unas ventas de circuitos electrónicos integrados y
material informático criptográfico, y al segundo los mismos
productos, a los que se añaden partes de reactor nuclear y electrodos
de grafito para acerías. El porcentaje restante, un 9,4 por ciento,
se distribuye entre 46 países de muy diversas áreas. De entre los
países más próximos geográficamente, las exportaciones a Libia (417
millones de pesetas) y a Argelia (344 millones de pesetas) se
refieren a electrodos de grafito para acerías, envíos estos que
vienen produciéndose desde hace años. A Marruecos se exportan 15
millones de pesetas, material de doble uso, básicamente productos
químicos. Por lo que respecta a las denegaciones habidas en material
de doble uso ascendieron a 8, todas ellas relativas a sustancias
químicas. Lo que motivó las 8 decisiones negativas fue la existencia
de un riesgo significativo de desvío para la posible fabricación de
armas químico-biológicas, cuestión de absoluta relevancia en el
momento presente.
En otro orden de cosas, y como bien saben SS.SS., España tiene
encomendada la presidencia de la Unión Europea durante el primer
semestre del año 2002, y esta parece ser una oportunidad excelente
para tratar de fortalecer aún más los controles en el comercio de
armas. La mayoría de los países ya cuentan con mecanismos de control,
caracterizados por un elevado grado de eficacia y de seguridad, y es
en el comercio ilícito de armas y de productos de tecnología de doble
uso donde queda bastante por hacer, sobre todo a la luz de los
acontecimientos del pasado 11 de septiembre. Aquí la presidencia
española podría y va a jugar un papel decisivo, consistente en dar un
nuevo impulso a anteriores iniciativas en el intento del control de
comercio de estos productos realizado por intermediarios. Nuestra
legislación no controla estas actividades ni define la
intermediación; sin embargo, las autoridades españolasson conscientes
de la importancia que tiene dicho control,
lo que ha llevado a una participación muy activa en las diversas
iniciativas que se están debatiendo en los distintos foros
internacionales. Les puedo adelantar que España abogará durante su
presidencia por la creación del registro de intermediarios y el
establecimiento de controles sobre sus operaciones, proponiendo que
se sometan éstas a autorización previa caso por caso. Asimismo, me es
grato anunciarles que la secretaría de la JIMDDU está estudiando en
la actualidad una normativa reguladora de las actividades de
intermediación en el comercio de armas, de tal forma que pueda ser
incorporada en la próxima modificación legislativa del reglamento de
comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Otro tema de interés es el control del comercio de material policial
y de seguridad. Aquí, tal y como ya he adelantado en esta
comparecencia, el grupo de trabajo del Consejo sobre armas
convencionales (el COAM) ha iniciado los trabajos para la elaboración
de una lista de productos civiles, que se incorporaría a la lista
común del código de conducta. En esta lista se incluirían
dispositivos restrictivos de movimiento de los seres humanos que han
sido mencionados, de esta manera su exportación se supeditaría al
cumplimiento del criterio 2 del código, esto es, el respeto de los
derechos humanos en el país de destino.
Déjenme, señorías, que concluya esta comparecencia haciendo una
valoración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras, celebrada en Nueva York los pasados 9 a
20 de julio de este año. El Gobierno español concede enorme
importancia a la lucha contra este tipo de comercio, ello ha tenido
una clara plasmación en iniciativas habidas en el pasado, como la
acción común sobre armas ligeras y de pequeño calibre en la Unión
Europea, aprobada el 18 de diciembre de 1998, en cuya formulación
España participó de manera decisiva. Vuelvo a repetir que los
procedimientos de la JIMDDU a la hora de autorizar operaciones de
este tipo de armas son enormemente restrictivos y exigentes. La
conferencia en sí se ha contemplado como un punto de partida, con un
conjunto de propuestas que deben ser desarrolladas en el futuro,
y entre ellas merece la pena destacar las siguientes: La generalización
de criterios de exportación tomando como base los criterios
establecidos en el código de conducta de la Unión Europea; el marcaje
de armas, de forma que sean singulares para cada arma y reconocidos
internacionalmente, desarrollando el actual protocolo internacional
de marcaje; el desarrollo de un acuerdo internacional jurídicamente
vinculante que permita el control efectivo de las operaciones de los
intermediarios; la cooperación en la recogida, control y destrucción
de estas armas, así como en la integración y readaptación de
combatientes; y, en último término, la intensificación de la
cooperación policial.
La actitud beligerante de las autoridades españolas con respecto al
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
ha quedado demostrada tanto en las tres comisiones preparatorias
como en el propio desarrollo de la conferencia. Entre las propuestas
españolas y de la Unión Europea en general destacan tres de especial
relevancia como son la creación de registros de control para los
intermediarios, la generalización del uso de documentos de control
efectivos y la búsqueda de una definición precisa de armas pequeñas y
ligeras. Por desgracia, no se pudo convencer a algunos países durante
la conferencia de la importancia que tienen estos tres puntos, que
sin embargo siguen siendo debatidos en otros foros internacionales.
Espero que toda esta información haya podido ser de utilidad. Sólo me
queda agradecer la atención prestada por SS.SS. y devolver al
presidente de la Comisión el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Utrera, por su completo
informe. Ahora se va a iniciar el trámite. Pero antes, se me había
olvidado, quiero dar la bienvenida a una nueva comisionada, Susana
Camarero. Bienvenida a esta Comisión, esperemos que se sienta bien y
que trabaje como sus colegas lo hacen también en la misma.
Los peticionarios, por orden cronológico, son, primero, el Grupo
Socialista. Y don Alberto Moragues entonces tiene la palabra.
El señor MORAGUES GOMILA: En primer lugar permítame darle una cordial
bienvenida al señor Utrera Mora y agradecerle la información que nos
ha facilitado y que completa oportunamente la contenida en el informe
del año 2000, que ya constaba en poder de todos los grupos
parlamentarios. Mis primeras palabras, como no podía ser de otra
forma, han de ser para saludar y agradecer los avances observados en
el informe que nos ocupa, avances que se concretan en un mayor
desglose de las exportaciones por productos, en la introducción de un
desglose de los tipos de licencias emitidos y en la incorporación de
la tabla donde se indican las exportaciones totales por país de
destino. Estos avances podrán ser calificados de tímidos o de
insuficientes, pero todos debemos reconocerlos. Y así lo hace mi
grupo, señor secretario general. Este es un avance en el camino
correcto y no debemos olvidar que el debate sobre las estadísticas
españolas de exportación de material de defensa y de doble uso es un
debate reciente en nuestro país, que deriva de un acuerdo del
Congreso de los Diputados de 25 de marzo de 1997. Y no podemos por
menos que aceptar que es un debate que va avanzando y mejorando cada
año. Todos, el Gobierno en primer lugar, que hace cada vez mejor sus
deberes, y la intervención de esta mañana del señor Utrera Mora yo
creo que es una muestra de ello; han mejorado sustancialmente las
intervenciones de los secretarios de Estado que comparecieron otros
años y la verdad es que me hadejado bastante vacío de argumentos a la
hora de hacer
esta intervención. Como decía, el Gobierno en primer lugar, que hace
cada vez mejor sus deberes, el Parlamento, que entiende y asume cada
vez más su papel de exigencia de control y de transparencia, y
también una serie de organizaciones, como son Amnistía Internacional,
Greenpeace, Intermón Oxfán, Médicos sin Fronteras y la cátedra Unesco
sobre paz y derechos humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona,
que, con sus campañas y sus argumentos a favor de desarrollar cada
día más unos mejores mecanismos de control público, van consiguiendo
que todos nos concienciemos e impliquemos más en nuestra labor. (El
señor vicepresidente, González Pérez ocupa la presidencia.)
Dicho esto, y animando al señor secretario general a continuar en el
compromiso adquirido por todos los grupos políticos de esta Cámara,
quiero unirme al coro de voces y opiniones que piensan que el informe
debería apostar por contemplar la transparencia en mayúsculas como un
bien en sí mismo. Ayudaría a que todos estuviéramos más conformes con
nuestra industria y nuestro comercio de defensa, porque esta apuesta
por el valor de la transparencia nos ayudaría a espantar los
fantasmas que siempre están rondando esta actividad. Cuando hablo de
transparencia, estoy hablando del cruce de información entre todos
los conceptos que conforman las estadísticas: país, producto,
importe. Por cierto, usted ha hablado, señor secretario general, de
la posibilidad de introducir los datos de los valores de las
licencias expedidas y de las operaciones realizadas. España, en las
estadísticas, sólo computa el dato de las operaciones efectivamente
realizadas. Muchos países europeos publican las dos estadísticas y a
lo mejor valdría la pena que este fuera un dato que incorporaran
ustedes en las estadísticas a partir de este año. Seguramente que
ayudaría a tener una mayor información y por tanto una mayor
transparencia en el tema que nos ocupa. Yo creo que es perfectamente
posible apostar por una mayor transparencia y, si no, fijémonos en
cómo lo han resuelto otros países de la Unión, como lo ha resuelto,
por ejemplo, Estados Unidos, que, siendo el primer productor y
comercializador de productos de defensa, ha logrado una transparencia
total y facilita la información cruzando todos los datos de todas las
operaciones. Si lo hace Estados Unidos, con un volumen de fabricación
y de comercio enorme, también lo podríamos ir haciendo nosotros. Y
aquí surge, señor secretario general, mi primera demanda: ¿para
cuándo unas estadísticas con cruce generalizado de datos entre
destino, producto y valor, y facilitar información generalizada sobre
el destinatario, el uso final o las empresas implicadas? Entiendo
perfectamente que si esta información en algunas operaciones tuviera
carácter confidencial, como pudiera ser, debería facilitarse con
todas las cautelas necesarias a través de los mecanismos que la
Cámara tiene para casos similares. Nuestro grupo acepta que a veces
pueda o deba reducirse el grado de transparencia en alguna operación
por las razones que estime
el Gobierno y que naturalmente debería explicar, pero le cuesta
mucho más entender que, además de sacrificar la transparencia, que es
responsabilidad gubernamental, también se acabe con el control, que
es responsabilidad del Parlamento y al que no podemos renunciar.
En cuanto a la información contenida en el documento del Gobierno que
hoy estamos analizando, es conocido de todos la existencia de
discrepancias entre la información oficial y la que manejan
organizaciones no gubernamentales. Y ante la comparación de los
últimos surgen irremediablemente una serie de interrogantes que
querría plantear. He de añadir inmediatamente que usted ha dedicado
una parte muy importante de su comparecencia a contestar el informe
de las cuatro ONG que antes he citado, más la cátedra de la Unesco,
un informe que nos mandaron a todos los grupos parlamentarios
y también me consta que al propio Gobierno. Incluso así, yo quiero
reiterar alguna de las cuestiones, para que tengamos oportunidad de
debatirlos esta mañana. Observando la panoplia de países
destinatarios de las operaciones, y sin citar ninguno en concreto,
¿se aplica, señor secretario general, en todas las operaciones el
criterio del código de conducta de la Unión Europea que prohíbe la
venta de armamento a países sancionados, inestables, en conflicto
armado, que vulneren derechos humanos, que no condenen el terrorismo
o que tengan una delicada situación de bienestar, que es así como lo
define el código de conducta europeo? ¿Quién es el responsable
gubernamental de velar por el cumplimiento del código de conducta?
¿Qué valoración hace el Gobierno de este cumplimiento?
En otro orden de cosas, también se habla en estos informes de las ONG
citadas de la existencia de operaciones opacas, que se conocen como
operaciones emboscadas. Como he dicho antes, usted ha intentado
explicarnos algunas de estas operaciones, pero a mí me han quedado
algunas interrogantes. ¿Puede ser cierto o no que operaciones de
venta de aviones o de componentes se hagan indetectables porque se
declaran desglosando sus componentes? Porque, en una labor de rastreo
de operaciones declaradas en la Dirección General de Aduanas,
efectivamente allí se encuentran algunas contradicciones entre datos
que tiene la Secretaría General de Comercio y la propia Dirección
General de Aduanas. De ahí mis preguntas. Yo pregunto al secretario
general de Comercio si es posible que esto ocurra. Usted seguramente
me dirá que todas las operaciones son operaciones legales, que es
imposible, pero yo me he quedado con la duda, con la duda razonable,
de que es posible que surjan o que se efectúen operaciones de
magnitudes importantes y que se hagan indetectables para las propias
estadísticas de Comercio. Porque usted ha comentado el tema de la
munición deportiva o de caza. La verdad, señor secretario general, es
que en algunos de los datos relacionados por ejemplo conGhana o con
Guinea no se incluyen, según los datos de
Aduanas, algunos importes. En el caso de Ghana, 322 millones en
munición, o en el de Guinea Ecuatorial, el Gobierno no incluye 182
millones de munición. A lo mejor puede ser efectivamente munición de
caza, pero la verdad es que, si la munición de caza en Ghana o en
Guinea Ecuatorial solamente en nuestro país es de esta magnitud,
haría muchos años que la caza habría desaparecido en África. Si este
dato que nos facilitan los cruces de datos de Aduanas y de la
Secretaría General de Comercio es cierto, alguna cosa no acaba de
funcionar. Yo pongo el interrogante sobre la mesa y me gustaría que
usted me lo pudiera aclarar. ¿Es posible, señor secretario general,
que munición de 15.000 pesetas la unidad no esté computada porque se
declara como munición de caza o deportiva y tiene como destino países
situados en áreas de conflicto? ¿Se trata de munición de caza? Para
los que son aficionados a la caza, incluso a la caza mayor, éstos son
precios efectivamente muy grandes y tras los cuales se puede emboscar
cualquier tipo de munición, incluidas municiones militares. Yo no sé
si eso es verdad o no y por eso se lo pregunto, señor secretario
general. Y aunque ya tuve ocasión de dirigirme por escrito a su
departamento y se me contestó negativamente, quiero insistir acerca
de una práctica que continúa denunciándose como cierta. Usted también
lo ha comentado y lo ha vuelto a desmentir, pero yo le hago otra vez
la pregunta. ¿Es posible que la Administración acepte declaraciones
de operaciones con los códigos arancelarios cambiados, que no
corresponda al material objeto de la transacción o con el código
arancelario en blanco? Ésta es una cuestión que ya le pregunté hace
algunos meses y a la que ustedes me contestaron que no. Estas
organizaciones no gubernamentales continúan denunciando esta práctica
y me gustaría que nos diera algunas razones más para que pudiéramos
apartar definitivamente de nuestra mente que esto sea posible
hacerlo. ¿Cómo puede ser, señor secretario general, que aviones de
transporte militar, o componentes de estos aparatos, o simuladores, o
buques, patrulleras, o camiones destinados a Fuerzas Armadas de otros
países no computen como material de defensa de doble uso y en cambio,
por ejemplo, sí que computen los combustibles que utilizan los
aparatos? Usted nos ha hablado de un buque de arrastre de la Armada.
Yo no sé muy bien qué debe ser un buque de arrastre de la Armada,
pero que los que nos dedicamos a la defensa en este país pensemos que
éstos son elementos que deben estar incluidos en las estadísticas de
material de defensa o de doble uso también es un argumento que usted
me podría aceptar. Yo no sé qué es un buque de arrastre de la Armada,
pero si es un buque de características militares es un buque que
debería ser integrante de las estadísticas del comercio de material
de defensa o de doble uso.
Todas estas cuestiones quieren poner de manifiesto la necesidad de
homogeneizar conceptos sobre lo que debe o no ser considerado
material de defensa y doble
uso y reclamar a la Administración española el cumplimiento inmediato
de la lista común de equipo militar aprobada por la Unión Europea el
13 de junio del año pasado y a la que deben aplicarse los criterios
contemplados en el código de conducta, cosa que nos evitaría que año
tras año estuviéramos discutiendo si tal o cual material debe o no
ser tratado como material sensible. Ello además me permite enlazar
con el debate, pendiente desde hace casi dos años, acerca de la
necesidad de que los grupos parlamentarios discutan una proposición
no de ley sobre nuevos criterios en pro de una mayor transparencia en
el comercio de armas, que ya cuenta con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios menos del Popular. Creo, señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular, que no deberían desperdiciar la ocasión para,
en el transcurso de esta comparecencia, aclararnos de una vez por
todas cuál es su postura acerca de la proposición presentada o cuál
es su propuesta alternativa, para que el resto de los grupos pueda
estudiarla y sumarse a ella, si fuera el caso. Es verdad que he
creído entender en la intervención del señor secretario general
algunas de las claves de una posible proposición no de ley, y me
gustaría saber si lo que ha entendido este portavoz es cierto o no.
De todas maneras, y aplicando el conocido principio aznariano,
ustedes deben mover ficha, el juego lo tienen ustedes paralizado y a
ustedes les corresponde desbloquearlo para el bien de todos,
inclusive para el propio bien de una actividad tan delicada como es
el comercio de armas.
Ya en otro orden de cosas, no querría finalizar mi intervención sin
plantear algunas cuestiones que me parece oportuno tratar y que
también ha adelantado el señor secretario general. Por eso le decía,
señor secretario general, que me ha pisado absolutamente todos mis
argumentos en su interesante intervención de esta mañana. La primera
hace referencia al programa de acción sobre armas ligeras aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de este año,
asamblea a la que desgraciadamente me parece que no asistió ningún
representante de nuestro Parlamento. Nosotros pensamos, señor
secretario general, que sería muy interesante que el Gobierno
estudiara, si es que no lo ha hecho -yo creo que sí lo ha hecho,
porque ya nos ha adelantado algo-, las conclusiones de la asamblea
general y remitiera al Parlamento un plan de actuación para cumplir
estas resoluciones en el cual nos pudiéramos implicar todos los
grupos parlamentarios. Es imprescindible que el Parlamento también se
implique en todas estas iniciativas que a nivel mundial se están
produciendo para el control, en este caso concreto, del comercio de
armas ligeras. Algunos diputados de esta Comisión tenemos alguna
experiencia en asistencia a reuniones regionales sobre esta cuestión
y creo que es imprescindible que los grupos parlamentarios, los
grupos políticos de esta Cámara, se puedan implicar de una manera
mayor. Está muy bien, naturalmente, que el Gobierno sea el que marque
los calendarios, pero yo
le diría al señor secretario general que, si tienen actuaciones
referidas a esta cuestión, estaría también muy bien que pudiera
comparecer en un futuro inmediato o cuando lo crea necesario, para
poder conocer los posibles planes del Gobierno. Otra segunda cuestión
que le quería formular hace referencia a los equipos de seguridad
y policiales de carácter no militar, que, como sabe, han sido objeto de
acuerdo por el Consejo Europeo y se ha aprobado la confección de una
lista común, de características parecidas a la del material de
defensa. ¿Qué tratamiento piensa dar el Gobierno español a este
acuerdo? ¿Piensa adoptar algún mecanismo para el control de estas
exportaciones? Nos ha adelantado alguna cuestión al respecto, pero me
gustaría que pudiera hablarnos del tratamiento que piensa darle a
partir de esta aprobación por el Consejo Europeo de la lista común de
este material.
La tercera cuestión por la que está interesado mi grupo es por
conocer cómo se está preparando el Gobierno de cara a la próxima
presidencia europea en materia de comercio de armas. Usted nos ha
recordado la actitud beligerante del Gobierno español en este
aspecto, cosa que es de agradecer y nosotros le animamos a que
continúe en este camino, y nos ha adelantado, si yo no he entendido
mal, dos iniciativas. Una, que ya ha sido objeto de debate en esta
Cámara y otra que para mí era nueva. Del marcaje de armas ya se había
debatido en esta Cámara y me parece una magnífica decisión por parte
del Gobierno. Usted le ha añadido algo que también me parece muy
interesante, el registro de intermediarios y el control de sus
operaciones. Me gustaría, señor secretario general, que nos pudiera
ampliar ambas cosas en su turno de contestaciones. ¿No cree el señor
secretario general que la presidencia española, además de estas
cuestiones que ya nos ha adelantado y que nosotros en principio
valoramos de una forma positiva, sería una magnífica oportunidad para
iniciar un diálogo sobre todas estas cuestiones entre todos los
interesados e implicados en el tema, incluidas naturalmente las
organizaciones no gubernamentales, que, a pesar de sus intentos y
peticiones formales, no han conseguido hasta hoy tener un contacto
fluido con su departamento? Es cierto, y así lo manifiestan las
propias organizaciones no gubernamentales, que tienen un fluido
contacto con Asuntos Exteriores, pero siempre tienen dificultades
para hallar un nivel de interlocución suficiente, por decirlo de
alguna manera, con el departamento de Comercio. Sería una muestra de
buena voluntad por parte de su departamento que en el marco de la
presidencia española, como se hace en otros países, haya un diálogo
fluido con las organizaciones no gubernamentales, independientemente
de que puedan pensar que son datos o interpretaciones más o menos
exagerados. Estaría bien que la Secretaría General de Comercio
pudiera tener una relación fluida para discutir las cuestiones, los
criterios, etcétera. No necesariamente para aceptar todo lo que
plantean las ONG. Así se podrían evitar precisamente
estas contracampañas o estas campañas, en las que lo único que
se hace es poner en entredicho las propias estadísticas oficiales.
Esto se hace en otros países, ¿por qué no se puede hacer en España?
Es una cuestión que le pido concretamente, señor secretario general.
Y para acabar hago una petición a la presidencia de la Comisión: que
estudie la posibilidad de establecer algún mecanismo administrativo
para que se nos haga llegar a los grupos parlamentarios la
documentación que tanto la Unión Europea como las propias Naciones
Unidas vayan generando en el futuro acerca del comercio de armas.
Usted sabe, señor presidente, que muchas veces los grupos
parlamentarios tienen acceso a esta documentación por el esfuerzo
personal de los diputados o porque algunas organizaciones nos hacen
llegar los documentos. No estaría mal que la propia Comisión de
Defensa estableciera un mecanismo administrativo para que toda la
documentación que se está produciendo, un elevado número de
documentos que se están haciendo, tanto a nivel europeo como a nivel
de la ONU, se nos hiciera llegar a los grupos parlamentarios. Y yo le
pediría muy concretamente al señor presidente que se reparta el
informe del Parlamento Europeo, de fecha 19 de septiembre del
presente año, sobre el segundo informe anual del Consejo, elaborado
de conformidad con la disposición operativa 8 del código de conducta
de la Unión Europea. Es un documento que yo creo que es magnífico,
que teóricamente el Parlamento Europeo hizo llegar a todos los
Parlamentos de los Estados miembros y que al menos a nuestro grupo no
le ha llegado. Señor presidente, este es un documento que podría ser,
a instancias de la propia presidencia de la Comisión, objeto de
debate en esta casa, porque estoy seguro de que esto nos ayudaría a
avanzar en criterios de homologación, de información, de
transparencia y de control.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Recibida la petición del
señor Moragues, se procederá hoy a tramitarla al departamento
correspondiente.
Sin que sirva de presión a los siguientes intervinientes, dada la
generosidad habitual del señor presidente de esta Comisión en el
reparto del tiempo, pediría que fuéramos ajustando las intervenciones
porque si no la Comisión podría terminar a horas intempestivas. En el
orden de petición de comparecencia del secretario general de Comercio
Exterior está ahora el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Tiene la
palabra el señor Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Agradezco la presencia del señor Utrera
y el contenido de su intervención que profundiza en aspectos que en
el documento remitido en su momento a la Cámara no constaban.
Yo, para empezar, quería hacerle tres apuntes de carácter general. El
primero sería que una simple comparaciónfísica entre el informe
remitido a la Cámara
en esta ocasión, con 45 páginas, y el primer informe recibido en el
año 1997, si no recuerdo mal, compuesto por 4 folios y unas
estadísticas que ocupaban tres folios más, indica que es evidente que
la proposición no de ley que se impulsó en 1997 fue especialmente
oportuna. Hemos pasado de una práctica y de una política del Gobierno
en esta materia casi inexistente a que 45 folios constituyan un
informe interesante en esta materia y que además el debate que
podemos tener en esta Comisión nos sea, a todos, al Gobierno, a los
grupos políticos, a la sociedad civil organizada y a la opinión
pública, extremadamente positivo. Y al señor Utrera, que ya es
veterano en estas lides, no se le escapa que si esto es posible es
fundamentalmente porque han existido organizaciones no
gubernamentales, precisamente aquellas que se dedican a hacer el
seguimiento de estos informes, que han venido planteando ese debate
desde hace muchos años. El Gobierno debería perder algunos complejos
que aún tiene para ser capaz de articular un diálogo inteligente con
esa sociedad civil. Los gobiernos europeos más inteligentes hoy son
aquellos que a estas reuniones, como por ejemplo la de Nueva York
sobre el control de armas ligeras, en las delegaciones oficiales no
van sólo funcionarios del Gobierno, sino que van acompañados de
organizaciones no gubernamentales, que tienen un papel crítico en las
políticas de aquellos gobiernos. Desde la cátedra Unesco, las
organizaciones que dan apoyo a esta institución de la Autónoma de
Barcelona -Greenpeace, Médicos sin Fronteras, Intermón, Amnistía
Internacional- hacen una valoración de este informe y se establecen
discrepancias. Yo no sé si la manera más inteligente o más elegante
de responder a sus planteamientos es en esta comparecencia
parlamentaria, sino un debate previo con estas organizaciones. Yo le
puedo asegurar que, si yo estuviese al frente de la Secretaría de
Estado de Comercio, el estilo hubiese sido otro. Es bueno que se dé
la explicación en el Parlamento, pero sería bueno articular ese
diálogo Gobierno-ONG al margen del Parlamento, sería inteligente por
la propia gestión política del tema, y además reconociendo que si
estamos donde estamos ha sido porque desde la sociedad civil
organizada se nos hicieron llegar estas consideraciones.
Es evidente que entre ese primer informe y el que hoy tenemos ha
habido un avance sustancial importante. Ese es un mérito político que
su Gobierno tiene y del que se pueden sentir absolutamente contentos
y orgullos. En esta Cámara y en la sociedad civil se les reconoce,
pero también sería bueno que situásemos las cosas en su lugar. Y este
informe del que S.S. el señor Moragues ahora hablaba, el informe de
19 de septiembre del Parlamento Europeo, en el que se efectúa este
análisis del conjunto de la política de los Estados de la Unión en
este ámbito, cuando valora los instrumentos de transparencia entre
los Estados de la Unión, sobre España dice lo siguiente: Si bien
España publica un informe anual, en este sólo se recoge el valor de
las
exportaciones y no incluye ningún tipo de detalles sobre las
licencias concedidas, el tipo y la cantidad de productos exportados,
el verdadero usuario final o las transferencias a las fuerzas
policiales o de seguridad. Es una crítica en un informe donde se
destaca que los informes, en el marco de la Unión, más positivos son
el de Gran Bretaña, el del Gobierno italiano y el del Gobierno de los
Países Bajos. Informe del Parlamento Europeo, no de la cátedra Unesco
o de una ONG, no, informe aprobado el 19 de septiembre por el
Parlamento Europeo. Nos permite hacer una valoración positiva sobre
lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora. Se ha avanzado, respecto al
informe del primer semestre del 2000 se ha avanzado, con esa
inclusión de 30 nuevas categorías, esa subdivisión sobre tipos de
licencia, y lo valoramos extremadamente. También sería bueno situarlo
en este contexto amplio que el propio Parlamento Europeo en este
informe, con esta visión amplia, nos puede reflejar. Por tanto, vamos
en la buena línea, pero aún estamos lejos de participar en todas las
posibilidades que apuestan otros socios de la Unión, algunos de ellos
con una industria de armamento más importante, algunos de ellos, como
Gran Bretaña, verdaderas potencias; no como es el caso del Estado
español, que es una potencia de carácter medio.
Dicho esto, entendiendo algunas consideraciones en la línea que ha
expuesto el señor Moragues, procuraré ser más breve por la petición
que el señor presidente nos hacía. Primera consideración. Creemos
nosotros que sería importante y normal que el próximo informe cruzase
ya de manera definitiva país, producto e importe, precisamente porque
el propio informe, no en su parte de gráficos, pero sí en su parte de
literatura, incorpora esta información. En aquello que pudiera ser
más polémico, o más sensible, más controvertido, el informe ya dice:
hemos vendido a tal país tal cosa y eso tiene tal justificación. Pues
normalicemos ya de una vez por todas y apostemos por el cruce de
estas informaciones. Nos permitiría a todos hacer un debate con más
rigor en este tipo de comparecencias y seguramente permitiría a
aquellos sectores interesados en estas cuestiones tener menos
necesidad de hacer operaciones de rastreo. En segundo lugar, y esta
cuestión sería bueno que se aclarase porque ya ha sido objeto de
discusión en la comparecencia del 5 de abril, estamos hablando de
esos productos que la Administración española entiende que no tienen
carácter militar, aviones de transporte, simuladores, barcos de
segunda mano, determinadas municiones y armas ligeras. Hay que
recordar que, en todo caso, y ya se ha dicho la lista común de equipo
militar del Consejo de la Unión de junio del año pasado parece
reconocer algunos de estos productos y por tanto están sometidos a la
lógica derivada del código de conducta. Y si no es así, nos gustaría
que el Gobierno, el señor Utrera, nos dijera claramente cuál de estos
productos no está incorporado en esa lista común.
He de decirle que en la comparecencia del señor Costa de 5 de abril
se produjeron dos compromisos. Uno relacionado con toda la cuestión
que hace referencia a grilletes y cadenas. Se hablaba entonces de que
se estaban estudiando alternativas para prohibir esas exportaciones.
Es una buena noticia que se nos diga que en el trámite del Senado de
la ley de acompañamiento se va a prohibir esta cuestión, nos
alegramos de ello. Lamentamos, como el conjunto de los grupos, que
sea en ese trámite del Senado, donde centenares de enmiendas en este
tipo de cuestiones tienen por desgracia un nivel de control
parlamentario y de debate político terriblemente escaso; pero nos
alegramos. También en esa comparecencia el señor Costa, me gustaría
que se refiriera a ello el señor Utrera, hablaba de la polémica que
provocó en su día la venta de tanta munición y de tanta calidades a
determinados países africanos. Mi grupo mostró su perplejidad por
este afán de los ciudadanos de estos países del África occidental de
practicar el noble deporte de la caza. Al propio señor Costa supongo
que en su día ele sorprendía. Decía el señor Costa que se pretendía
hacer llegar una propuesta a la Agencia Tributaria de modificación
del correspondiente arancel, una propuesta que trate de evitar
cualquier futuro problema de interpretación de las estadísticas o
control de las exportaciones, debido a que puede haber envíos para
los cuales no se contempla hoy en el arancel una subpartida
específica. Yo creo que es normal que nos preocupen estas cuestiones,
por la situación de estos países, por los riesgos de desvíos. Y yo,
señor Utrera, no sería tan contundente en afirmar que este tipo de
material no se vaya a utilizar en cualquier tipo de operación de
carácter bélico o de carácter terrorista. Yo ahí sería mucho más
prudente, la vida puede darnos sorpresas. Ésta era una segunda
cuestión que le queríamos plantear.
Se ha dado respuesta a una parte de las críticas que en el informe de
la cátedra Unesco se hacen sobre esta cuestión. Yo, sin entrar en el
detalle de todas y cada una de ellas querría conocer -no sé si lo ha
mencionado, y si ha sido así le pido que me disculpe-, si, cuando ha
hablado de las exportaciones de material de defensa a Camerún nos ha
hablado de 20 patrulleras y de 20 camiones para el ejército que se
vendieron a ese Gobierno y que, según informa la cátedra Unesco, no
forman parte los datos que se facilitan en el informe. 20 patrulleras
Rodman Poliships y 20 camiones Uro para el ejército. Estamos hablando
de un país africano y, a pesar de que el contexto global de las
exportaciones al África subsahariana tienen un espacio relativamente
pequeño, en el propio informe sí se hace constar que África en
general ha sido un continente donde, no respecto del conjunto del
Estado, pero sí respecto del conjunto del comercio mundial, ha habido
un aumento sustancial de las exportaciones de armas y quizás hoy es
el continente más azotado por guerras, guerras civiles, guerrillas, y
con una situación de pobreza generalizada.
Por tanto, en el continente africano debemos ser especialmente
contundentes. Es evidente que continuamos sin resolver una cuestión
que ya hemos debatido en muchísimas ocasiones, que es toda la venta
de aviones de la empresa CASA, el 100 y el 235, a Turquía, más la
venta de munición a este país; además, del riesgo de que en estos 340
millones de municiones que se han vendido a Turquía pueda haber
bombas de aviación y espoletas. Lo decimos porque, a pesar de que con
Turquía compartimos nuestra condición de socios en el marco de la
Alianza Atlántica, es evidente que Turquía tiene graves problemas de
vulneración de los derechos humanos y que una aplicación mínimamente
lógica del código de conducta nos debería de llevar a prohibir
cualquier tipo de venta de armas a este país. El código de conducta
sabemos que no es una normativa de obligado cumplimiento y es un
instrumento que orienta políticamente a los gobiernos en esta
materia, sabemos que hay ese límite, pero se nos hace difícil
entender que Turquía, que viene realizando una política de represión
muy contundente en toda la zona del Kurdistán, pueda continuar
recibiendo material que va a tener un uso militar, y ya no digo las
municiones, sino incluso estos aviones que vende CASA.
Planteadas esas dos cuestiones concretas sobre el informe de la
cátedra Unesco, a nosotros nos parecería que en los próximos informes
deberíamos avanzar en una mayor información sobre las razones de las
denegaciones. En la propia intervención del señor Utrera, y nos
alegramos de ello, se da mucha más información de esta materia que la
que figura en el informe. En el próximo informe lo que hoy se nos
dice en la Cámara quizás sería bueno que formase parte de esa
literatura y de esa justificación sobre la política del Gobierno, que
se incorporase esta prohibición de los productos no militares y que
se determinase por fin ya esta vinculación país-cantidad-producto. Y
quizás sería bueno que el informe estuviese acompañado de un apartado
que incorporase una visión de política global de esta materia. Usted
sabe que la propia Unión Europea, el propio Parlamento, la Comisión,
el Consejo, ya se han pronunciado sobre la necesidad de que la
política de comercio de armas sea coherente con los objetivos
políticos en materia de lucha contra la pobreza en los países en vías
de desarrollo, de prevención de conflictos y de respeto a los
derechos humanos. Sería importante que figurase en este informe una
reflexión del Gobierno sobre estos tres apartados de cómo enlazamos
nuestra política. Poco o mucho, hasta ahí. Yo supongo que esas
denegaciones responden a esa lógica, pero ahí una reflexión política
del Gobierno sería importante; nuestro grupo la agradecería.
Finalmente, de cara a la presidencia de la Unión Europea, junto con
los compromisos que el Gobierno ha anunciado, que nos parecen
importantes y sustanciales evidentemente, se debería avanzar en el
seno dela Unión, uno en todo lo que sea la armonización de
datos. El Gobierno dice: Tan sólo Austria y Finlandia, que no tienen
industria de armamento, van mejor que nosotros. El Parlamento Europeo
nos dice que no, que británicos, holandeses e italianos nos superan.
Quizás existe ahí un problema de datos. Nosotros queremos que el
Gobierno procure esa armonización de datos en el seno de la Unión
Europea. Dos, resolvamos en el seno de la Unión Europea toda la
cuestión del uso final, que es una de las cuestiones complejas y
difíciles y entendemos que no tiene solución fácil pero que está ahí.
Esa reflexión sobre Guinea, la venta de munición a Guinea, enlaza con
el riesgo alrededor del uso final de los productos. Que abramos
también un debate sobre nuestra capacidad de control sobre los
productos producidos bajo licencia de países de la Unión Europea en
terceros países; otra cosa que, en esa cuestión compleja del comercio
de armas, puede provocar efectos no deseados desde la perspectiva de
la prevención de conflictos. Y desarrollemos de manera efectiva los
compromisos asumidos en Nueva York en el ámbito de las armas ligeras.
Me sumo a la petición, que asimismo efectuaba el señor Moragues, de
que el Gobierno, junto a esa complicidad inteligente, que entendemos
que debía tener con las organizaciones no gubernamentales, también
buscase esta complicidad con el Parlamento, en el sentido de que el
Parlamento tuviese una asociación más profunda con esta política en
el seno internacional que el Gobierno impulse. Y es evidente que las
acciones en el ámbito del control de las armas ligeras puede ser un
buen espacio para encontrar estas fórmulas de trabajo en conjunto.
Señorías, termino. En las próximas semanas, en los próximos días,
políticamente podemos dar un nuevo paso en este compromiso que la
sociedad nos exige en esta materia. Desde el mes de junio, se han
presentado diversas iniciativas parlamentarias orientadas a dar un
nuevo impulso a esta materia en la misma línea del acuerdo del año
1997. Hasta ahora los grupos hemos estado prudentes, porque
entendíamos, de la misma manera que en 1997, que un acuerdo en esta
materia era importantísimo. No digo en esta legislatura, en la que el
Gobierno tiene la mayoría absoluta, tiene los mismos
condicionamientos que en los debates políticos de 1997, pero es
importante hacer un esfuerzo para que en este período de sesiones
finalmente podamos asumir nuevos compromisos políticos en esta
materia. Las proposiciones no de ley presentadas en el Registro de la
Cámara, la práctica de los últimos meses del Gobierno, la orientación
en el seno de la comunidad internacional, nos deberían hacer ver que
estas proposiciones no de ley no deberían tener ningún problema en
aprobarse. Nos gustaría que esta comparecencia sirviese, si fuera de
una manera explícita sería fantástico, para poder decir que hay luz
verde para un nuevo pronunciamiento político de apoyo a las políticas
que se están desarrollando en esta materia. Por nuestra parte, vamos
a intentar trabajar para que esto sea posible. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Gracias, señor Campuzano,
por corresponsabilizarse en la administración del tiempo con esta
presidencia.
Ha pedido la palabra para su fijación de posición dos grupos
políticos. Iniciaría este turno por Izquierda Unida el señor
Centella. Tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy a ser muy breve y pido disculpas al
señor Utrera, porque sus respuestas las tendré que leer en el «Diario
de Sesiones», ya que tengo que atender otras Comisiones.
Agradeciéndole, como no puede ser menos, su comparecencia y sus
explicaciones, tengo que mostrarle cierta sorpresa por el formato de
su intervención, quizá un poco debido a cierta deformación
profesional de su anterior condición de parlamentario. La verdad es
que me ha sorprendido que usted utilice su intervención no solamente
para dar explicaciones, sino también como una especie de turno de
réplica hacia entidades ciudadanas que no están aquí presentes. Le
agradecería que tomase usted nuestra intervención como el segundo
turno de réplica a su intervención. Dicho esto, nos parecen positivos
los avances que ha habido; ya se han resaltado por otros portavoces.
En ese sentido cuenta con nuestro apoyo y seguirá contando con él,
porque nunca será mucha la transparencia que en este tema podamos
tener. A partir de ahí, queremos hacerle algunas consideraciones. A
algunas ya ha contestado, pero entendemos que no suficientemente.
Nosotros creemos que hay que acabar con cierto tono a la defensiva
que usted ha empleado y que se evidencia en que necesita en su
primera intervención ya salir a la contra de algunas informaciones.
Hay que dejar de utilizar doble lenguaje. Todavía falta mucho por
avanzar, pero la clave es intentar determinar dónde se utilizan los
productos. Esa es la clave y todo lo demás es dar vueltas en torno a
un punto. Nosotros no entendemos bien qué se pretende, si se pretende
tranquilizar conciencias, si se pretenden justificar actuaciones
o simplemente lo que se intenta es un poco la táctica de la confusión.
Nosotros pensamos que no se puede utilizar la lista común del equipo
militar de la Unión Europea para unos temas y para otros temas no. No
se puede utilizar un argumento en unos casos y en otros casos no.
Nosotros creemos que hay que ir, ya se ha dicho aquí antes también, a
un criterio eficaz. Es el primer elemento que tiene que haber. Un
criterio eficaz que nos permita saber hasta dónde llega el producto.
Todo lo demás repito que es mirar hacia otro lado. No podemos estar
de acuerdo cuando usted ha hablado de que no se incluyen determinados
productos porque son productos para la caza. No sé si usted sabe lo
que se caza en Guinea. Nosotros nos tememos que en Guinea lo que se
cace en muchos casos sean seres humanos. No debe ser incluido
solamente en material deportivo. Además, el caso de Ghana todavía es
peor, porque usted sabe que Ghana -se lo dice el informe de la
cátedra de la Unesco; usted la ha contestado, pero en este tema, no-
sí ha firmado la moratoria de la Comunidad Económica de África
occidental, porque el mismo Gobierno reconoce que en su país tiene
base el tráfico de armas hacia países como Liberia y Sierra Leona. Y
usted también sabrá el deporte que se practica en Sierra Leona.
Repito que los deportes que se practican en Sierra Leona, por
desgracia, tristemente no son la caza de animales.
Nosotros creemos que ahí hay que ser contundentes; si no, al final
nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y si algo no va a
encontrar en nuestro grupo es complacencia en tranquilizar
conciencias. Eso nuestro grupo no lo va a seguir. Y hay constancia,
usted lo sabe, nosotros también y lo sabe la sociedad civil que se
mueve en este tema, de que productos españoles acaban en países en
conflicto y acaban siendo utilizados por desgracia para fines que
quizá no eran los previstos inicialmente, pero que realmente a este
Gobierno y a este Parlamento le deben preocupar. A nosotros nos
parece que la aprobación de la proposición no de ley, que se viene
retrasando, es fundamental. Además, nos sorprende, porque parecía que
el Gobierno la tenía asumida; parece que en este caso el Partido
Popular es más reticente que el propio Gobierno, cuando normalmente
debería ser quizá al contrario. Es muy importante la aprobación de
esta proposición no de ley, no solamente porque le puede interesar al
Gobierno entrar en la presidencia de la Unión Europea con esta
proposición aprobada, sino porque es importante que de una vez por
todas este Parlamento asuma lo que ya la sociedad civil tiene asumido
y no nos mostremos como los más reticentes para avanzar en todo lo
que puede significar claridad y todo lo que puede significar
transparencia. Si el Partido Popular no asume su responsabilidad,
tendrá que asumir otra responsabilidad, que es decir que no en la
Cámara. Y sinceramente creemos que sería muy grave que el Partido
Popular se situase en la Cámara, en una votación, en contra. No ha
sido la intención de nuestro grupo, que ha sido siempre llegar a un
consenso, pero todo tiene un límite y el límite termina quizá en este
mismo período de sesiones. Por tanto, yo trasladaría la propuesta al
Partido Popular de que desde ya, desde esta misma intervención, se
posicionarse, como ya lo han hecho también otros grupos a esa misma
propuesta, para que en esta misma sesión pudiésemos alcanzar ese por
lo menos inicio de acuerdo que nos permitiese que, antes de terminar
este período de sesiones, pudiésemos discutir esa proposición no de
ley y aprobarla, como no puede ser menos.
Se le han hecho varias preguntas, que nosotros podemos reiterar.
Solamente querría añadir una en el sentido de si usted podía asegurar
aquí que los productos que nuestro país vende o ha vendido a
Marruecos no se encuentran en este momento entre el material con el
cual Marruecos mantiene ocupado militarmente el territorio de la
República Saharaui. Me interesaría, porque
es un tema en el que hay mucha sensibilidad en nuestro país y al
que el Gobierno, yo por lo menos no lo he escuchado en su
intervención, nos gustaría que respondiese. En lo demás, reitero lo
que ya se ha dicho de que no se trata de venir a salvar un poco la
cara de nuestro Gobierno, decir que estamos mejor que otros, o
estamos peor. De lo que se trata es de poner en marcha medidas. Las
que usted ha planteado las valoramos positivamente. Ya se ha dicho el
avance que ha habido en estos años. Y las valoramos de forma positiva
porque en este caso todos salimos ganando. El hecho de que nuestro
país juegue un papel de liderazgo en la Unión Europea y en las
Naciones Unidas en este tema beneficiará a todos, no solamente a los
españoles sino al conjunto de la sociedad. Por tanto nuestro grupo
siempre lo va a apoyar.
Para terminar, nos gustaría, ya se lo han dicho otros grupos, que
usted explicase cuáles son los planes, si los sabe, de España durante
nuestra presidencia de la Unión Europea. reitero que tiene que abrir
vías de comunicación con la sociedad civil, más de las que hay, que
le ahorren que en la próxima comparecencia tenga que contestar
directamente en esta Cámara, en lugar de establecer mecanismos que
permitan esa fluidez, porque seguro que su Gobierno también va a
ganar de esta comunicación.
El señor VICEPRESIDENTE Señor Rivas.
El señor RIVAS FONTÁN: Muy brevemente, presidente. Como ha sido
aludido el Grupo Popular reiteradamente, sólo quiero aclarar que en
este trámite de comparecencias no entra en ninguna cuestión. Que el
Grupo Popular en su día, cuando se discutan las cuestiones a las que
aluden, dará las razones. Y además apoyamos incondicionalmente en
esta ocasión al secretario general por la exposición que ha hecho,
que es la posición del grupo. Está absolutamente con el
compareciente. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Me imagino que de eso se
encargará el siguiente portavoz, que es el del Grupo Popular. En este
caso, la señora Asunción Oltra tiene la palabra para esa fijación de
posición del Grupo Popular.
La señora OLTRA TORRES: Señor secretario general de Comercio
Exterior, señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular y quisiera
en primer lugar dar la bienvenida al señor secretario general de
Comercio Exterior y agradecer esta comparecencia que ha tenido ante
la Comisión de Defensa para explicar las estadísticas de exportación
de material de defensa y de doble uso del año 2000. Me gustaría
resaltar en este punto que si bien es un acuerdo de Pleno del
Congreso de los Diputados el origen de la comparecencia de hoy, como
nos ha recordado el señor Utrera en su intervención,mi grupo quiere
agradecerle que lo haga a petición
propia y en los términos en los que se ha producido la misma.
Señorías, sin duda alguna, es el control del material de defensa y de
doble uso una cuestión que preocupa a todos los grupos de esta
Cámara, y como se deduce de su intervención, señor Utrera, también al
Gobierno de España. Esa preocupación llevó en la anterior legislatura
a adoptar por unanimidad el acuerdo al que me he referido con
anterioridad y es el que nos hace hoy estar en esta Comisión
pendientes de la información que con tanta minuciosidad nos ha
ofrecido el señor secretario general de Comercio Exterior. Quiero
asimismo reconocer en mi intervención la labor que en este sentido
hicieron en su día y continúan haciendo las organizaciones no
gubernamentales así como la cátedra Unesco sobre paz y derechos
humanos.
Paso a hacer un breve comentario sobre la exposición del señor
secretario general de Comercio Exterior y, si me lo permite, señor
presidente, a plantearle algunas cuestiones que se le suscitaban a
este grupo y que han sido resueltas en su mayor parte muy
satisfactoriamente, a criterio de esta portavoz, por el señor
compareciente. Mi grupo agradece el extenso y detallado informe que
hemos recibido. Quiero destacar, como lo han hecho ya otros
portavoces de otros grupos parlamentarios y las mismas ONG, el
incremento en el nivel de información que contiene el mismo.
Interesaba a este grupo temas como el que se ha hecho público por
algún medio de comunicación, en el sentido de que en las estadísticas
oficiales se estaba reflejando sólo la mitad de las exportaciones de
armas. Interesaban también a este grupo determinadas exportaciones de
armas que se hacían al África subsahariana y, como han dicho otros
portavoces, le agradecería al señor secretario general de Comercio
Exterior que incidiese sobre esta cuestión. También nos alegramos del
acuerdo que se ha tomado, que se tomará como enmienda en el Senado,
sobre los artículos que pueden considerarse atentatorios de la
dignidad humana. Por último, nos gustaría que se manifestase sobre la
suficiencia en el grado de transparencia de las estadísticas
españolas de exportación de material de defensa y de doble uso y
sobre si España ha vendido armas a países que se encuentran en guerra
o embargados.
Haré una referencia sobre la proposición no de ley, sobre esta
cuestión que se ha suscitado por todos los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. Todos ellos deben conocer que este
grupo ha tenido y sigue teniendo contactos con las asociaciones, ONG
y cátedra Unesco, que fueron los proponentes de la moción; estamos en
contacto con ellos para consensuar un texto y este grupo espera que
se pueda debatir en un breve espacio de tiempo. Señor presidente,
señorías, al Grupo Popular le han parecido esenciales las prioridades
que en esta materia se han puesto de manifiesto por el secretario
general de Comercio Exterior para la presidencia española de la Unión
Europea. Queremos mostrar nuestro respaldo a los objetivos que se
han mencionado. Creemos profundamente en el papel que España puede
ejercer como impulsor de avances en materia de control de comercio de
armas y transparencia en la información. Por tanto, recibimos con
satisfacción las propuestas hechas y que se puedan materializar en el
período de la presidencia española. Respecto de la conferencia de
Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas ligeras, en la que
España recuerdo que tuvo una participación muy activa, queremos
manifestar el respaldo de mi grupo parlamentario a seguir avanzando
en esta materia, ya que, aun a sabiendas de que el nivel de ambición
de España como miembro de la Unión Europea era muy superior, no
podemos dejar de reconocer que el documento final constituye una base
útil para iniciar el trabajo del que era objeto la conferencia de
Nueva York.
Para concluir, señor presidente, no me resta más que agradecerle la
respuesta a las cuestiones que le he planteado y reiterar el
compromiso y la confianza del Grupo Popular, así como el del Gobierno
de España, por seguir siendo un país de referencia en materia de
transparencia y control.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Para responder a las
cuestiones que han planteado los distintos grupos, tiene la palabra
el señor secretario general de Comercio Exterior, don Francisco
Utrera.
El señor SECRETARIO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR (Utrera Mora):
Quiero empezar, porque además es obligado por el tono, la forma y los
contenidos de sus intervenciones, agradeciéndolas muy
encarecidamente. Entiendo de la intervención de todos los portavoces,
tanto quienes habían solicitado esta comparecencia como aquellos que
no lo hicieron pero que han intervenido, que se congratulan,
y nosotros también, del avance informativo que ha supuesto este informe
2000 respecto de informes anteriores. Además, puedo asegurar que
nuestra línea de acción seguirá siendo la misma en el futuro. Toda
mejora en información, toda mejora en los contenidos, toda mejora en
la descripción de operaciones, está siendo estudiada, analizada y es
nuestra intención seguir progresando en esa vía. Únicamente lamento
ese tono general, bastante general, del sí, pero. Y permítanme que en
esto sea muy directo. Yo he dedicado una parte sustancial de mi
intervención anterior a dar certeza sobre las estadísticas de
comercio exterior de material de defensa y doble uso, que
corresponden al informe que fue remitido al Parlamento, porque lo que
debe quedar meridianamente claro es que los datos oficiales son datos
elaborados de acuerdo con metodologías rigurosas, que respaldan todas
y cada una de las operaciones autorizadas por la JIMDDU y todas y
cada una de las operaciones contrastadas con Aduanas, de tal forma
que estos son los datos. Las dudas, las incertidumbres, incluso, como
algún portavoz ha señalado, el doble lenguaje, estar a la defensiva,
salvar la cara, todo eso entiendo que forma parte de la pura y simple
retórica parlamentaria. Si no he conseguido el objetivo de dar
certeza a las cifras oficiales que en ese informe se remitieron al
Parlamento, no hemos conseguido el objetivo esencial de esta
comparecencia. Por eso me voy a dedicar primero a esta cuestión,
porque creo que es la cuestión capital. Si estuviéramos hablando de
cifras falseadas o estuviéramos hablando de cifras que no
corresponden a la realidad, todo lo demás, todas las conclusiones
posteriores no servirían para nada. Por tanto, la técnica utilizada
en mi intervención en modo alguno ha sido de contrarréplica previa a
la intervención de los portavoces, sino que entendía y sigo
entendiendo que formaba parte esencial de esa intervención eliminar
cualquier tipo de duda respecto de la certeza de los datos oficiales
que fueron remitidos a esta Cámara. Mi intervención no va dirigida
contra nada ni contra nadie, ni contra ninguna institución en
particular. No he mencionado ninguna de ellas ni he mencionado
personas. Simplemente lo que he pretendido, y creo que honestamente
he aportado datos relevantes al efecto, es reafirmar que los datos
oficiales de exportación de este tipo de material son los datos
constatables, ciertos, porque han sido elaborados de acuerdo con
metodologías rigurosas. Así, por ejemplo, se ha señalado que hay
autorizaciones, mejor dicho, que se han realizado efectivas
exportaciones a algunos países, y se ha mencionado el caso de una
embarcación a Mauritania o se ha mencionado el caso de embarcaciones
también a Camerún. Y no quiero extenderme en esta cuestión, ya lo he
detallado antes. Los equipos militares tienen especificaciones para
uso en guerra o para uso en conflictos. Los equipos no militares no
tienen esas especificaciones, aun cuando los ejércitos puedan
utilizados; de tal manera que una embarcación arrastrera, un barco
arrastrero, no es militar, por mucho que se use por la Armada; de la
misma forma que las flotas pesqueras también usan arrastreros,
también cualquier otra flota puede usarlos. No tienen otra
especificación que cumplir una misión. Cualquier equipo utilizado por
los ejércitos puede ser equipo militar o puede no serlo. En
definitiva, este buque arrastrero no tiene especificaciones
militares. Lo mismo ocurre con las tres embarcaciones, las tres
embarcaciones de vigilancia costera en Camerún. No es verdad que se
haya realizado autorización ninguna referida a patrulleras Rodman
Poliships a camiones Uro en el caso de Camerún. Es verdad que ha
habido anuncios en prensa de contratos por parte de algunas empresas
o de contratos que se estaban iniciando o que se estaban gestando,
pero desde luego autorización no ha habido, ni tampoco operación
ninguna de exportación correspondiente a unas licencias que no se han
otorgado, puesto que no se ha autorizado.
Creo que es importante también incidir sobre la diferencia entre
material incluido en la lista común y material
que está expresamente excluido de la misma. Las armas de caza,
armas deportivas y sus municiones están expresamente excluidas de la
lista común, a diferencia de lo que se ha sugerido en alguna de las
intervenciones anteriores. De hecho, la lista común del código se
elaboró a partir de la lista militar del arreglo de Wassenaav, que no
incluye estos productos. Consecuentemente, podemos todos hacer el
ejercicio, ejercicio por otro lado poco útil, de incluir materiales
que no forman parte de esa lista en una descripción de materiales
militares, pero no lo son, no lo son. Si nos enfrentemos a la
realidad de los hechos, los hechos son tozudos, no están incluidos en
la lista y, consecuentemente, no son ni están recogidos en
estadística ninguna, ni de España ni de otros países de la Unión
Europea. Por tanto, es función primordial, principalísima de esta
Comisión parlamentaria, de los grupos parlamentarios y desde luego
del Gobierno, entender que, con independencia de lo que se diga por
fuera del Parlamento, con independencia de afirmaciones gratuitas,
que incluso pueden en algunos casos ser sugerencias sin mayor apoyo
ni respaldo en hechos sobre que hay desvíos de armas, sobre que los
sistemas de control no son suficientes, sobre que las estadísticas no
contabilizan debidamente todas y cada una de las operaciones, es
aquí, en esta Comisión, donde tenemos la obligación, entiendo, todos,
de dar certidumbre, certeza, a los datos oficiales de exportación de
este tipo de material. Todas y cada una de las operaciones que se han
sugerido, que se han dado, están incluidas, o no, dependiendo de si
se trata de material militar o no, están incluidas en los datos
oficiales. Estos datos son verídicos. ¿Munición de caza? La munición
de caza es munición de caza. Tenemos establecido un sistema de
comprobación por Aduanas, por lo que, si bien la JIMDDU no puede
autorizar ni debe autorizar ese tipo de material, puesto que como
hemos dicho no está incluido en la lista común y por tanto no forma
parte de las operaciones que han de ser controladas por la JIMDDU,
ese material sí es controlado in situ por Aduanas en la exportación y
también lo es en el lugar de destino por otros servicios.
Consecuentemente, tenemos también la certeza de que ese material
corresponde a las especificaciones arancelarias que han permitido su
exportación. Ese material llega a países en los cuales se usa o se
reexporta, puesto que no esta sometido a cláusula restrictiva de
reexportación, pero, en definitiva, los capítulos corresponden a los
títulos arancelarios que les son propios. Otra cuestión sería un
fraude en la exportación de material, fraude que lógicamente tendría
que ser perseguido por los órganos jurisdiccionales correspondientes,
pero que desde luego no corresponde ni a autorización de la JIMDDU
con partida arancelaria distinta de la que corresponde, ni con la
lenidad por parte de las autoridades aduaneras en la exportación de
ese material.
Voy a referirme individualmente a las cuestiones que se me han
formulado y ruego que se me excuse si de alguna de ellas no he
conseguido tomar nota, puesto que han sido muchas. También voy a
intentar agrupar las cuestiones que se me han planteado por parte de
los distintos portavoces. Bien es verdad que si alguna información no
es objeto de respuesta en esta segunda intervención por mi parte,
ruego que se me haga saber y podríamos, si el presidente lo autoriza,
completar después las respuestas.
Quiero agradecer al señor Moragues su intervención, porque
efectivamente yo entiendo, junto con el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que la información efectivamente ofrecida
ha registrado avances sustanciales respecto de la información de hace
años y respecto de la información que se presta en otros países de la
Unión Europea. Es verdad que hay algunos países que bien porque
efectivamente no tienen industria militar ninguna, de material de
defensa ninguno, o bien porque se encuentran en una situación en la
cual no tienen dificultades, quizá por el tipo de materia o quizá por
la certidumbre en sus mercados, no tienen problema ninguno en avanzar
algunos otros conceptos informativos, pero nosotros entendemos que la
información que se suministra es más que suficiente, teniendo en
cuenta no solamente los cuadros estadísticos informativos, sino
también las explicaciones de texto y las explicaciones que se les
están ofreciendo en esta comparecencia.
No me atrevería yo a calificar de tímidos los avances que se han
producido, cuando tenemos clasificados en treinta grupos, treinta
grupos, por encima de Suecia, que los clasifica en veintiocho, y por
encima, por supuesto, de Francia, Alemania y otros países de la Unión
Europea, las exportaciones de material de defensa. El detalle,
ustedes lo tienen al alcance de su mano en el informe remitido,
alcanza a particularizar piezas, repuestos, municiones, incluso por
tipos de tecnologías de armamento. En definitiva, es difícil avanzar
en cuanto a las clasificaciones, a la desagregación de los materiales
de defensa, a la tipología y a la caracterización de los materiales
de defensa tal como vienen recogidos en este informe.
Se me formula si podríamos incluir los dos tipos de información, lo
exportado realmente a través de aduanas y lo autorizado por la
JIMDDU. Pues mire, señor Moragues, nosotros entendemos que estamos
dando la mejor de todas las informaciones posibles, que es la real.
Lógicamente, las autorizaciones que realiza la JIMDDU tiene como fin
natural la exportación. Esa exportación puede materializarse en el
mismo año en que se concede la autorización, mejor dicho, puede y
debe de realizarse durante el período autorizado para realizar la
exportación. Algunas no llegan a realizarse por la sencilla razón de
que vencen los contratos o, sencillamente, alguna otra circunstancia
lleva a que esas autorizaciones no se materialicen, pero qué duda
cabe
que la información más compleja, más difícil de obtener, más
laboriosa y desde luego la más completa corresponde a exportaciones
reales, que es la que nosotros le estamos dando. Por tanto, yo lo
miraría justamente a la inversión la cuestión. Limitarse, como hacen
algunos países de la Unión, a dar simplemente referencia de las
operaciones autorizadas, es dar una información incompleta, puesto
que no se corresponde realmente con las exportaciones, y ésa es la
información de la que ustedes disponen: las exportaciones
efectivamente realizadas por todos y cada uno de los grupos de
armamentos y de todos y cada uno de los países que reciben esas
exportaciones.
Me señala el caso de Estados Unidos, donde, efectivamente, se
realizan los cruces, no solamente exportaciones por países, sino
también por productos. Quisiera, en este sentido, incidir en dos
observaciones. En primer lugar, se trata ciertamente Estados Unidos
del primer exportador mundial, tanto de armas de tipo convencional,
material de defensa convencional, como no convencional. Esa
descripción de armamento, siendo como es muy detallada, se
corresponde con las propias decisiones que allí se han tomado en
Estados Unidos. En segundo lugar, que los mercados de Estados Unidos,
por el tipo de material que exporta, son mercados garantizados, de
alguna forma se está ejerciendo un papel casi monopolístico en el
suministro de determinados materiales.
En nuestro caso la industria militar está especializada en productos
mucho más estandarizados, mucho más convencionales. Por eso
información, que no tiene mayor contenido más que el conocimiento de
las operaciones que realizan las empresas, el limitado número de
empresas, la competencia en el sector lleva a que formular ese tipo
de información fundamentalmente puede dar lugar a pérdidas de algunos
contratos. Siendo eso así, respecto a esa información, que no aporta
sustancialmente casi nada, puesto que nosotros completamos en los
textos y en las intervenciones parlamentarias la información más
relevante referida a los países más sensibles, entendemos que esos
cuadros no son necesarios, que ese cruce de información no es
necesario.
Me pregunta también si se aplica el código de conducta en todos los
casos. De hecho, ha sido una pregunta bastante general de todos los
portavoces que han intervenido. En todos los casos, puesto que la
operatoria de la JIMDDU es operación por operación y en cada una de
esas operaciones, de acuerdo con la sensibilidad apreciada en los
distintos destinos se determina una a una las circunstancias que
ocurren en las operaciones. Ya he señalado antes que no solamente el
tipo de material, sino también el destino, el propio intermediario y
la credibilidad de los intermediarios, dan lugar a una valoración de
las operaciones una a una, que, de acuerdo con el tamiz de estos
criterios del código de conducta, llevan a la autorización o no, en
su caso. Por tanto,
es obvio, ya lo he señalado, que países que sufren algún embargo, ya
sea por Naciones Unidas, ya sea por la propia Unión Europea, quedan
excluidos -criterio primero del código de conducta-, de la
posibilidad de recibir operaciones, de ser objeto de exportación,
pero luego, en los demás casos, y de acuerdo con el resto de los
criterios, también se valoran las operaciones una a una. Se ha dicho
que no es jurídicamente vinculante, pero nosotros entendemos que sí
nos vincula moralmente y, en consecuencia, en todos los casos se toma
en consideración el código de conducta.
Se señalan, por ejemplo, algunos países concretos, y se afirma por
parte de alguno de los comparecientes que se debería prohibir
cualquier tipo de venta de armas a Turquía. No es nuestro criterio.
Nosotros entendemos que es país OTAN, pero se ha dicho aquí que
debería prohibirse cualquier tipo de venta de armas a este país. Bien
es verdad, me señalan, que no ha sido el Grupo Parlamentario
Socialista, pero sí un portavoz lo ha indicado. No es el criterio
compartido por el Gobierno. Entendemos que a este país, que es socio
en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se le está
suministrando un tipo de armamento convencional que cumple los
criterios exigibles a un país que, como digo, es próximo en la OTAN,
miembro de la OTAN y que en un futuro próximo, nosotros vemos con
buenos ojos que cuanto más próximo mejor, cuanto más cercano mejor,
será también miembro de la Unión Europea.
Se sugiere que durante mi intervención se han señalado algunas claves
de una proposición no de ley que podría sugerir el Gobierno. No es el
caso y sí me gustaría despejar cualquier duda a este respecto. No nos
vamos a pronunciar en este momento sobre la proposición no de ley a
la que se ha hecho referencia en la intervención de los portavoces,
puesto que entendemos que ése es el trabajo de los grupos
parlamentarios aquí representados, y tampoco vamos a sugerir ninguna
proposición no de ley en esta comparecencia. No forma parte de las
actitudes ni de la acción de gobierno hacer proposiciones no de ley,
sino describir acciones a desarrollar. Dentro de esas acciones a
desarrollar, agradezco especialmente al señor Moragues que coincida
con nosotros en que el registro de intermediarios y el control de
operaciones de intermediarios, que pretendemos potenciar durante la
Presidencia española de la Unión Europea, también en común, sea una
iniciativa que se considere importante. En consecuencia, nosotros
vamos a potenciar esa línea de acción, pero no vamos a trabajar sobre
proposiciones no de ley, que es a esta Cámara a la que le
corresponden.
En cuanto al material de seguridad, material policial, los
comparecientes han incidido sobre esta cuestión. Es un compromiso que
se adquirió por la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo en la
anterior comparecencia para detallar en ese caso las operaciones de
comercio exterior de material de defensa y doble uso correspondientes
al año 1999, y concretamente nos
referimos a un tipo específico de equipos que no están incluidos en
la lista común, que son los grilletes y las cadenas de cintura.
Entendemos, como ya he señalado, que estos equipos inmovilizadores
pueden tener un uso, y de hecho frecuentemente lo tienen, un uso
degradante, un uso no compatible con el respeto a los derechos
humanos. En ese sentido, es una preocupación del Gobierno y también
de la JIMDDU, que ha de autorizar estas operaciones, que considera en
su amplitud este problema. Obsérvese que, por un lado, no es arma;
por tanto, hay dificultades para incluir en el reglamento de armas
una prohibición expresa a su exportación o expedición. Obsérvese, por
otro lado, que la modificación del reglamento por el que se rige la
JIMDDU llevaría también tiempo, y esa es la razón por la que hemos
optado por sugerir su inclusión como enmienda, que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado ha tenido a bien aceptar, en el
trámite de la Ley de acompañamiento de los presupuestos.
Esta enmienda, que tiene el número 266 de las presentadas al proyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden Social, añade
una nueva disposición adicional a este proyecto de ley, que lleva por
título: prohibición de exportación de determinado material de uso
paramilitar o de seguridad. El texto indica que queda prohibida la
exportación o expedición de grilletes para pies y cadenas para
cintura. No obstante, se señala después: Podrá el Gobierno establecer
por real decreto las condiciones a las excepcionalmente habría que
sujetarse la autorización de exportación de esta clase de
dispositivos restrictores del movimiento de seres humanos. En
definitiva, este segundo párrafo sirve para atender las
circunstancias que pueden concurrir de limitación de libre
circulación de mercancías en la Unión Europea; pero hemos de atender
a la primera parte del párrafo: queda prohibida la exportación y
expedición de grilletes para pies y cadenas para cintura. En
definitiva, aquél compromiso que entonces se asumió, compromiso que
la JIMDDU ha hecho suyo no autorizando desde el pasado mes de abril
ninguna operación de expedición o exportación de estos elementos,
lógicamente con el voto favorable de los grupos parlamentarios en el
Senado, se materializaría en una prohibición con la que todavía no
quedamos totalmente satisfechos, sino que además esta acción vendría
acompañada, durante la presidencia de la Unión Europea, del intento
de incluir dentro de la lista común este tipo de material, para que
sea una posición común de la Unión Europea la prohibición en la
expedición, exportación y en su caso comercialización de este tipo de
material. Entendemos que de esta forma se ha dado solución a una de
las preocupaciones, compartida por el Gobierno, ciertamente, una de
las preocupaciones en relación con un equipo que, sin ser armas, sí
son equipos de seguridad que pueden dar lugar a trato vejatorio.
Nos sugieren algunos de los portavoces que han intervenido contactos
fluidos con organizaciones no
gubernamentales. Nosotros, desde el Gobierno, aspiramos a mantener
esos contacto fluidos, no solamente en esta cuestión, sino en todas
las cuestiones. Por ejemplo, me gustaría en este momento darles la
información de que nosotros, por ejemplo, en relación con comercio
exterior, con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio,
hemos recibido a todas las organizaciones no gubernamentales a las
que se ha invitado, tanto a las de desarrollo, como a
medioambientales, como a las de acciones específicas de tipo médico-
farmacéutico, también se ha recibido a las asociaciones de interés
general -sindicatos, patronal, cámaras de comercio, etcétera-, para
conformar o recibir las sugerencias para conformar una posición
española que, junto con la posición del resto de países, ha
constituido la posición de la Unión Europea en relación con
negociaciones tan importantes como han sido las de la Conferencia
Ministerial de Qatar. Quiere decirse que los contactos son fluidos y
nuestra intención es que se mantengan, en ésta y en cualquier otra
cuestión, pero entiéndase bien, esos contactos, que han de ser y
serán fluidos, exigen ciertamente por todas las partes por lo menos
atenerse a la realidad de los datos y de los hechos y, exigen también
tomar en consideración las circunstancias objetivas, en este caso
legales, que concurren en la Junta Interministerial Regulador del
Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que tiene
atribuida la competencia exclusiva en la autorización de
exportaciones de esos materiales y, consecuentemente, va a seguir
ejerciendo esas funciones que tiene atribuidas.
El señor Campuzano ha incidido sobre algunas de las cuestiones que
hemos señalado anteriormente y sobre todo en las relaciones con
organizaciones no gubernamentales. En concreto señala, aunque no
entiendo bien la argumentación, que este Gobierno fruto de mayorías
tiene complejos, dificultades u otro estilo diferenciado respecto a
la legislatura anterior. Yo no comparto ese criterio en modo alguno,
creo que este Gobierno está dando muestras de avances relevantes en
muchas cuestiones y también en el control y en la información que se
rinde a esta Cámara en relación con las exportaciones de material de
defensa y de doble uso. Se nos imputa que no somos capaces de
articular un diálogo con organizaciones no gubernamentales al margen
del Parlamento. Bien, esa expresión es desde nuestro punto,
particularmente poco afortunada. Nosotros debemos articular
precisamente en el Parlamento, puesto que ese es el compromiso del
Gobierno, una información fluida y constante en relación con este
tipo de operaciones, pero, insisto, el diálogo con las organizaciones
no gubernamentales puede y debe mantenerse en el futuro.
Insiste también en que durante esta intervención se ha criticado a
organizaciones a las cuales no se ha mencionado. Quiero yo también
incidir de nuevo sobre este punto. No ha habido crítica a ninguna
organización no gubernamental ni gubernamental, entendiendo por terceros
países, de ningún tipo, únicamente se ha tratado de otorgar a
los datos oficiales la fiabilidad que tiene. Se señala el caso de
Camerún, y ya está suficientemente contestado: no ha habido ese tipo
de operaciones, no se han autorizado y creo que no debemos de mezclar
los datos de exportaciones realizadas, que son los oficiales, con
simple información de prensa y de medios de comunicación,
incorporados o no a unos informes que no son oficiales, en relación
con operaciones que no se han realizado y que no se han autorizado.
En cuanto a los cartuchos de caza, estamos otra vez en la misma
cuestión. Se señala que hay operaciones de 300 millones, poco más o
menos, a algún país subsahariano y que eso constituye o podría
constituir una desviación o una tergiversación de las funciones de
control de la Junta. Insisto en que ese no es el caso, es decir,
estos materiales no están incluidos en la lista común y por tanto no
le corresponde a la Junta su control, pero desde la Secretaría de
Estado sí se ha solicitado a Aduanas información sobre las cuantías y
destinos de ese tipo de material ya que, aunque no tenga que ser
autorizado previamente, sí tenemos la información correspondiente a
esas operaciones. De la información se deriva que esas operaciones
que desde otra perspectiva tendrían su razón de ser en que la
actividad de la caza está extendida no solamente a esos países que
son los importadores directos, sino también a los países de
alrededor, a donde se pueden reexportar y se están reexportando de
hecho esos materiales, tendríamos como consecuencia una exportación
que está siendo objeto de control, pero no de autorización por parte
de la JIMDDU, y desde luego, no puede ni debe ser incluida en listas
oficiales de exportación de material de defensa, porque no es
material de defensa, por mucho que lo digan algunas instituciones u
organizaciones que yo no he criticado en mi intervención.
En cuanto a los otros comparecientes, agradezco los comentarios que
se han realizado, puesto que entiendo que, incidiendo sobre los
mismos argumentos, la línea conductora de las intervenciones ha sido
considerar la información que se suministra en esta comparecencia y
en el informe que se rindió hace meses para justificarla, está
notablemente enriquecida. En ese ánimo y en el ánimo de completarla y
mejorarla en el futuro, agradezco una vez más la acogida en esta
Comisión y las observaciones que se me han formulado.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Con esta explicación ha
quedado perfectamente concluida la primera parte de esta Comisión,
que suspendemos durante un par de minutos mientras despedimos al
señor secretario general. Gracias, señor secretario general, por su
comparecencia y esta Comisión le recibirá siempre con estos brazos
abiertos que ha podidoobservar.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE REHABILITACIÓN DE LOS COMBATIENTES GUERRILLEROS ESPAÑOLES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000528.)
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Retomamos el orden del día
en el supuesto que se planteó inicialmente en la Comisión, que era el
aplazamiento de la proposición no de ley que figura con el número 5.
Por lo tanto, iniciamos esta segunda parte de la Comisión con la
proposición que lleva el número 6, sobre rehabilitación de los
combatientes guerrilleros españoles, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para cuya defensa tiene la
palabra el señor Alcaraz.
Tiene la palabra, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Hay dos últimas producciones
cinematográficas cuyos títulos resumen de manera adecuada nuestra
posición y fundamentalmente nuestro talante, nuestro comportamiento
general. Una se llama Guerrilleros de la memoria y la otra Silencio
roto. Son los dos términos que sustentan la lucha que se está
llevando, una lucha sostenida bastante difícil por cuanto se lucha
contra la desmemoria, una desmemoria organizada, una especie de
conspiración de desmemoria, y también sin duda una especie de
conspiración de silencio. Por eso se habla, sensu contrario, de
silencio roto cuando de alguna forma han logrado aflorar palabras que
caracterizan, que demuestran, que recuerdan la lucha de personas y
personajes que no se rindieron y que por no rendirse han concitado
iras, calumnias, infamias, injurias de todo tipo.
El otro día una de estas producciones, Guerrilleros de la memoria, se
presentaba en Gijón. A la presentación asistía mucha gente y la
inmensa mayoría era gente joven, de treinta años para abajo, que
entiende lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Esta producción
concitó un aplauso de más de veinte minutos, porque se está rompiendo
esa conspiración de silencio y está saliendo a la luz esa gente que
no se rindió frente a la dictadura y luchó como pudo y donde pudo, en
las peores circunstancias que se puedan imaginar. Gente que vio cómo
la sublevación franquista acababa con el régimen democrático
republicano que había sido legitimado y votado en las urnas, y que
frente al desierto que se planteaba como soporte del avance
franquista ellos se oponían con las armas en la mano, naturalmente,
como no podía ser de otra manera. Contra la tiranía, ya lo dice la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, vale cualquier tipo de
lucha, incluida la lucha armada. Esta gente luchó en las peores
circunstancias, con el peor acompañamiento posible, casi ninguno, y
lucho cayendo muchos de ellos. Quedan unos pocos,
entre 20 y 50, de los cuales 20 ó 25 están organizados, localizados,
con muchísima edad, pero al mismo tiempo con mucha coherencia y mucha
alegría, porque entregaron su vida y han luchado hasta el fin de sus
fuerzas, hasta cerca de los años sesenta, en contra de una
sublevación fascista, en contra de una sublevación antidemocrática.
Hay realizado esa lucha y después de esa lucha piden bien poco,
porque efectivamente están acostumbrados a poco, y lo poco que piden
no se les concede. Sucedió en la transición, esta transición concedió
indultos, amnistías, subvenciones, indemnizaciones, jubilaciones,
pensiones a muchísimos sectores, a muchísima gente, menos a los
guerrilleros. El otro día en el Pleno conseguíamos dar un pequeño
paso, que no se les considerara, como así es todavía en los archivos
de la Policía, de la Guardia Civil, como bandidos, como facinerosos,
como gente que se sublevaba contra la ley y luchaba de manera
injusta. Esto se aprobó el otro día en Pleno y supuso un paso delante
de orden simbólico, que no es poco, pero en el orden práctico todavía
no ha traído ningún tipo de consecuencia. Por eso uno de los puntos
que planteamos se refiere a la necesidad de que este tema sirva para
modificar el calificativo de bandoleros o malhechores en sus
expedientes, se revisen sus expedientes en los archivos
correspondientes, salga una orden del Gobierno cumpliendo los
acuerdos en plenario de esta Cámara y se empiecen a depurar esos
expedientes, porque muchas veces no sólo son los historiadores los
que realizan y elaboran tesinas y tesis y comprueban que siguen allí
estos expedientes, sino que incluso ellos cuando necesitan hacer
algún tipo de papeleo se encuentran con obstáculos de todo tipo.
Planteamos que se tenga en cuenta esta situación, que el otro día se
aprobó en Pleno, pero que todavía no tiene consecuencias prácticas.
De otra parte, ¿qué decir otra vez, que son muy pocos, que son muy
viejos, que han hecho lo que debían, lo repetimos, y que no consiguen
nada, ningún tipo de indemnización, que la transición los ha
olvidado, que los tenemos olvidados? Pues bien, si hay que repetirlo,
se repite y se pide, en este orden de cosas, que se tenga en cuenta a
efectos de la regulación y cobro de sus pensiones, de
indemnizaciones, de lo que se quiera, como se quiera llamar,
indemnizaciones, subvenciones, ayudas, aportaciones. No se pone ni
siquiera una cuantía simbólica. sin embargo, nos tropezamos
constantemente contra el muro por algo cuya situación no entiende
este grupo. Mientras la juventud de este país lo entiende, mientras
la gente que conoce esta historia la entiende perfectamente, la
comparte y se solidariza con ellos, esta Cámara va en ese sentido muy
retrasada en sensibilidad, en talante, y no reconoce esta situación.
Nosotros aquí de nuevo decimos que también nos vamos a convertir en
guerrilleros de la desmemoria, a favor de la memoria. Si esta
proposición hoy se derrota aquí, la volveremos a presentar y así
constantemente hasta el final de esta guerrilla de la
memoria que traemos aquí, al Congreso de los Diputados, guerrilla
contra la desmemoria y contra el silencio. Por lo tanto, amenazo con
volver a presentar esta proposición no de ley cuantas veces sea
necesario para que este silencio, roto por fin, no se acabe hasta que
no se consiga, en justicia, lo que corresponde a estas personas.
Y cuando se mueran los pocos que quedan, 20 ó 30, seguiremos
presentando la proposición no de ley con las consecuencias adecuadas
en orden a indemnizaciones o en orden a monumentos. Hablando de
monumentos, en todos los países democráticos los luchadores contra el
nazi-fascismo les han eregido monumentos públicos, guerrilleros
también, guerrilleros antihitlerianos, antifascistas, como aquí
antifranquistas, y tienen monumentos públicos en muchas ciudades de
Europa. En este país todavía se les mira desde cierta clase política
con resquemor, con sospecha, pensando que efectivamente siguen siendo
unos bandoleros, cuando nunca lo han sido. Ellos sí luchaban por la
legitimidad, ellos sí luchaban por un orden constitucional, ellos sí
luchaban por una república avalada por el pueblo, y luchaban contra
los que se habían sublevado, injustamente y de manera facciosa, en
contra de la legalidad constitucional.
Esta es nuestra idea y esperemos que el primer paso que se dio
repercuta en la revisión de los expedientes y se dé otro pequeño paso
de cara a estas indemnizaciones que solicitamos.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): A esta proposición no de
ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista,
para cuya defensa, si no tengo mal tomada nota, tiene la palabra el
señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señorías, esta es la tercera vez en lo que va
de legislatura que una proposición no de ley, tanto en Pleno como en
Comisión -la vez anterior el 21 de febrero, a instancias del grupo
que represento, el Grupo Socialista-, viene a la consideración de la
Cámara.
Permítame, señor presidente y señorías, que empiece de una manera,
como siempre me gustaría, sencilla. Hay una asociación cultural en un
pueblo muy pequeño de España que se llama Santa Cruz de Moya, en la
provincia de Cuenca y en el límite entre las provincias de Valencia y
de Teruel. Es un pueblo del interior, un pueblo que sólo figura en la
historia reciente de nuestro país porque tuvo lugar una acción de la
contraguerrilla de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del franquismo,
que se saldó con doce víctimas, en Cerro Moreno. En ese pueblo
sencillo y pequeño de la España interior hay una asociación cultural
que se llama La gavilla verde, porque quieren agavillar lo mejor que
tienen en la población y en ese entorno. En ese municipio sí hay, se
lo digo al colega y amigo Felipe Alcaraz, don Felipe Alcaraz, sí hay
un monumento a la guerrilla, construido
por los propios ciudadanos de Santa Cruz de Moya, por la propia
asociación La gavilla verde y por los propios guerrilleros que
sobrevivieron a aquel horrible encontronazo. En Santa Cruz de Moya,
provincia de Cuenca, municipio pequeño, sometido a la emigración,
a cierto olvido, se dan cita -este año han sido la segunda y prometen
seguir la tercera- historiadores, cineastas, periodistas y la
población, joven y anciana. Se dan cita para luchar contra el
memoricidio, para afirmar que aquel combate, que lo fue. No me voy a
citar a mí mismo, porque eso sería pedantería, pero la intervención
de 21 de febrero por parte de este portavoz y en nombre del Grupo
Socialista se exhibieron los datos y circunstancias que dicen que
aquello fue un combate, al menos entre 1944 y 1952. Fue combate
porque hubo armas, hubo encuentros violentos y porque la represión se
organizó en términos militares, con declaraciones de estado de
guerra, zonas de exclusión y empleo de fuerzas de seguridad, la
Guardia Civil, pero empleo también de fuerzas del Ejército de Tierra.
Es más, en una zona amplísima entre Albacete, Teruel, Cuenca,
Valencia y Castellón, se hizo un mando unificado a cargo del general
Pizarro. Lo dije entonces, lo vuelvo a decir hoy: no me cabe la menor
duda de que a la luz de doctrinas militares establecidas, se citaban
aquí, en otros países, el combate guerrillero era un combate con
carácter militar y con respuesta militar.
Desde luego, tampoco merece la pena recordar que entre las
aportaciones de nuestro idioma, tomado en préstamos, por otros
numerosos idiomas del mundo, aparte de la palabra sierra, que también
entra dentro del ámbito que estamos hablando, guerrilla a partir de
1808 es una de las aportaciones lingüísticas que en préstamo hemos
dejado que utilicen otras lenguas. ¿Qué sentido tiene escudarse tras
una barricada jurídica que empieza en 1976 y concluye ayer? Esa
respuesta por parte de la mayoría ya la tenemos y no quisiera tener
que recordar que el tránsito de la dictadura a la democracia en
nuestro país siguió ciertas pautas, ciertos escalones; que unas cosas
se pudieron hacer en determinado momento y otras no; que reconvenir
está bien, podrían haberse hecho todas, pero quiero recordar, por
ejemplo, y les hablaré en primera persona, que siendo yo alcalde de
la ciudad de Valencia mi ciudad fue ocupada por los carros de combate
del Ejército que estaba al servicio de nuestra población y de nuestro
país, garante de esa Constitución. ¿Era 1981-1982 quizá el momento de
traer a las Cámaras o de dictar desde el Gobierno medidas al
respecto? Pues tal vez no. Hubo prioridades y hubo su tiempo, pero
transcurridos veinticinco años de asentamiento democrático,
transcurridos más de cincuenta desde el término de los encuentros
violentos entre las Fuerzas del Orden y las fuerzas de seguridad y
las fuerzas del Ejército contra estos guerrilleros, ¿no habrá llegado
ya el momento de pasar la página,señorías?
La única manera de pasar la página que se nos antoja útil es
reconocer los hechos y reconocer los derechos. En este sentido
nosotros apoyamos esta iniciativa del Grupo Federal del Izquierda
Unida, como creemos recordar que obtuvimos ese apoyo de muchos grupos
políticos representados en esta Cámara, con nuestra iniciativa de
febrero de 2001. No basta con el reconocimiento moral, que por
supuesto merecen, hay que llegar más allá. ¿O es que alguien puede
sentir temor por que salgan a la luz pública, que vayan a los
archivos públicos documentos que pertenecen, precisamente por su
naturaleza, a esos archivos públicos? ¿Alguien todavía piensa que
determinadas órdenes del Ejército de Tierra en aquel momento, que
determinados interrogatorios de los servicios de la Guardia Civil han
de permanecer secretos? No hay ley que ampare que esa documentación
no esté al servicio de los investigadores y desde luego de los
propios interesados. No se trata, pues, de una cuestión solamente
jurídica, sino de que en este trámite, en este lugar, en la Cámara
que representa la voluntad popular de España, es el momento de
expresar una voluntad política y de articular esa voluntad política
por los medios que impidan que guerrilleros, los pocos que quedan,
enlaces, gentes que sufrieron la represión por el apoyo a esa lucha
guerrillera, dejen de estar en el silencio y en el olvido. Ese ancho
silencio que nadie puede soslayar, puesto que una vez y otra, una vez
y otra, sale a las páginas de nuestra historia. Desde luego, este
Parlamento, esta Cámara debe recoger esa exigencia, ese murmullo
insistente que se va a convertir en arrollo, porque les digo que La
gavilla verde, Santa Cruz de Moya, pero también el valle del Jerte o
las sierras de León o las sierras de Asturias tienen heridas abiertas
que sólo a partir del reconocimiento de los hechos podremos cerrar.
Mi grupo es, partidario no de abrir heridas, sino de cerrarlas de
modo definitivo.
Nosotros hemos planteado dos enmiendas. Una de adición, con ese
carácter básico de reivindicación de que toda documentación pública
debe ser depositada en los archivos públicos y permitir el libre
acceso a investigadores y a los concernidos. Una segunda, para que se
estudie, si así lo estima esta Cámara, la posibilidad de que tengan
la indemnización que les corresponde y que no se dé la contradicción
de que tengan pensiones de la República Francesa, de la República
Federal de Alemania, que tengan reconocimientos públicos en estos
países, y que en el nuestro, el suyo, por el que lucharon y por las
instituciones por las que dieron incluso su vida, no les reconozca en
absoluto estos mínimos derechos.
Por ello, señorías, y concluyo, señor presidente, gracias por su
bondad, insisto en mantener estas enmiendas y en anunciar nuestro
voto positivo en cualquier caso para la proposición no de ley que
presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): ¿Grupos que desean fijar su
posición?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En nombre del Bloque Nacionalista Galego,
nos gustaría empezar por recordar la doctrina oficial, la hegemónica
en el actual momento de la democracia española, que siempre que se
plantea algún tema sobre el pasado, y particularmente sobre nuestra
guerra civil, se habla de forma ostentosa de reconciliación. Nosotros
pensamos que una reconciliación significa no olvidar ni negar una de
las partes que tienen que ser reconciliadas. Por lo tanto, pensamos
que a estas alturas aún no hay un reconocimiento total, aún no hay un
olvido a efectos sociales, económicos e históricos, sobre lo que se
consideró uno de los bandos en litigio durante la guerra civil.
La guerrilla antifranquista consistió en una de esas partes del bando
antifranquista, que actuó contra un Gobierno que era ilegítimo, que
usó de la violencia para subvertir el orden constitucional y, por lo
tanto, no cabe duda alguna de que estaba con una actuación desde el
punto de vista democrático, debe ser cuando menos reconocida, no
negada ni olvidada. Digo esto porque, en todo caso, la única
diferencia que hubo entre el Estado español y otros Estados de la
actual Unión Europea, es que la evolución histórica fue distinta y,
desafortunadamente, el Estado español gobernado por Franco quedó
prácticamente con el perdón, la bendición explícita o implícita del
bando que ganó la II Guerra Mundial. Pensamos que la excepcionalidad
del régimen de Franco en el trato tenido de una forma explícita por
parte de Estados Unidos e implícita por parte de otros Estados
europeos, no nos debe llevar a nosotros a asumir que la historia fue
correcta, que se actuó durante tantos años en que duró el régimen
correctamente y, lo que es peor, que se actúa, después de veinticinco
años de instauración del actual régimen democrático, de una forma tan
perversa y tan poco comprensiva que no acepta el reconocimiento
público de un hecho y las consecuencias económicas y de amparo social
que se deben de derivar de este hecho.
Acabo por decir que en una sociedad como la gallega, donde,
francamente, los asesinatos estuvieron a la orden del día, donde
todas las familias tenemos escapados, huidos en los montes, que es
dificilísimo distinguir quién fue guerrillero, este amparo y este
reconocimiento sería contribuiría a que surja se ponga en primer
plano una historia francamente olvidada, sobre la que yo tengo que
decirles una cosa. Aún cuando empecé mi carrera en la Universidad de
Santiago, a principios de la década de los sesenta, quedaban los ecos
de los guerrilleros en los montes de Galicia, en concreto de
Foucellas y de otros muchos, al final ya connotados, efectivamente,
de malhechores y de bandoleros en gran parte para la doctrina
oficial, y en parte porque estaban ya
tan aislados de la propia sociedad que, en todo caso, aunque
cometiesen algún tipo de desmanes, no quiere decir que la legitimidad
histórica de su causa no fuera totalmente explicable.
Por todo esto, el Bloque Nacionalista Galego debe de apoyar esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y
espera que tarde o temprano se acabe abriendo paso. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILL: Cuando estaba escuchando al señor Alcaraz y
al señor Pérez Casado, se me ocurría pensar que si en «Diario de
Sesiones» no constara el nombre del ponente ni el partido, oyendo el
tono de la intervención, oyendo el contenido de sus palabras, y sobre
todo la simbología, algún partido que no votará a favor esta
proposición no de ley, seguro que podría votarla.
Sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Catalán, no desde el
partido que está en el Gobierno, ni desde el partido mayoritario de
la oposición, sino desde un partido nacionalista, en este caso
minoritario, mirado desde la óptica de la imparcialidad, ¿qué motivos
puede llevar a un Parlamento, a un Congreso, a no aprobar una cosa
tan mínima como es recuperar la dignidad de una gente que luchó
contra quien se había levantado contra el orden establecido? ¿Qué
motivo nos puede llevar, después de más de medio siglo, a seguir
debatiendo proposiciones no de ley, iniciativas parlamentarias que
dejarían morir en paz a un grupo pequeño de hombres que por sus
ideales de respeto al orden constitucional, a la democracia, se
lanzaron a la montaña a luchar? Equivocadamente o no, con más suerte
o menos, como ha dicho el portavoz del Bloque Galego, más aislados de
la realidad social de aquel momento, o no, no sé, pero que les movían
unos ideales que hoy en día les hacen ser gente aún sin ningún tipo
de reconocimiento desde el punto de vista social y político. Como
país y como Estado necesitamos tener memoria histórica, y esta
memoria histórica nos ha de servir para poner las cosas en su sitio.
Hoy no hablamos de truhanes, no hablamos de gente impresentable,
hablamos de idealistas, de idealistas que han vivido toda su vida
marcada y que de alguna forma han pagado un precio muy alto por estos
ideales, y lo siguen pagando los que han muerto y los que siguen con
vida.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, lo ha dicho el señor
Alcaraz, se pide una reparación económica pequeñita que seguro que no
es el aspecto principal, ni es lo que mueve a Izquierda Unida a
llevar esta iniciativa, ni es lo que priorizarían estas personas. La
reparación moral es lo que más necesita la gente y más gente que
tiene sensibilidad que les hace hacer cosas de este tipo, como
hicieron en su día, que entrañaba una decisión
importante en sus vidas. Quedan pocos, quedan muy pocos, y ¿sabe
qué pasa? Que nos podemos encontrar con la incongruencia, que ocurre
a veces en muchos sitios, de que cuando no quede nadie, entonces se
nos vuelva la piel más sensible, haya consensos y unanimidades,
levantemos monumentos, hagamos reconocimientos y aquello que ya
incluso puede no tener demasiado sentido desde el punto de vista de
reparación a los vivos, porque ya no habrá.
Decía el señor Pérez Casado que hay entidad que se llama La gavilla
verde, y dice: De éstas habrá muchas más y se seguirán reproduciendo.
Pues oiga, dúdolo. Yo creo que no,por desgracia gente tan sensible
como ésta y como unos pocos que aún hay en este Estado no se
reproduce, porque el día a día nos hace que perdamos un poco esta
memoria histórica y que después de cincuenta años, ¿por qué van a
reproducirse a partir de ahora y no hasta ahora? Sí que hay gente,
claro que hay, como esta gente, en cuyo pueblo murieron doce
personas, y a los que les levantaron un monumento que quizás sea el
único que hay en todo el Estado, pero quizás la sociedad no se
sensibilice a partir de ahora más. Es igual, hay un Congreso
democrático, hay un Congreso con fuerzas democráticas todas ellas,
que tienen que sensibilizar a la sociedad y tienen que reparar, por
tanto nosotros hemos de ser la gavilla verde grande, hemos de hacer
la gavilla verde de todo el Estado, hemos de ser un poco los
representantes de estos déficit históricos que tiene un país, en este
caso el Estado español.
No sé si nosotros conseguiremos que se sensibilice la sociedad. El
señor Alcaraz amenaza con que él seguirá presentándolo, lo cual le
dignifica, porque él dice que pase lo que pase seguirá insistiendo
para que haya reparación. Llevamos mucho tiempo hablando de esto
y quizás somos los políticos los que hemos de reparar lo que otros
malos políticos, dictadores, etcétera, hicieron en su día. Fue la
clase política de aquella época, y la no política de aquella época,
la que hizo este desaguisado y por tanto este Congreso, este Congreso
democrático, es el que ha de poner las piezas en su sitio.
Hace pocos días el señor Llamazares, el señor Anasagasti y yo mismo
estuvimos en Albacete invitados por la universidad, a dar una
conferencia sobre brigadas internacionales. Allí había brigadistas
muy mayorcitos, muy viejitos, algunos tullidos, de Estados Unidos
e ingleses, y los españoles que se habían incorporado a estas brigadas
internacionales, y estaban supercontentos de que el Congreso en su
día, hace poco, acordara el reconocimiento, el quitar esta lacra de
delincuentes a los guerrilleros españoles, pero yo le garantizo que,
como dicen ahora los jóvenes, alucinarían pepinillos si hoy vieran
que esta Comisión no aprueba una cosa tan, tan, tan simple como es
esta proposición no de ley. Y es que a más, a más, volviendo a los
jóvenes, ¿saben qué pasa? Que la juventud, que es muy sensible,
lógicamente,porque los jóvenes son sensibles, intensamente
sensibles, ven la guerra civil como historia, como algo que ha pasado
y que no debe volver y cuando lean en los medios de comunicación este
debate de hoy, no entenderán que hoy esto no se pueda votar a favor.
Nuestro grupo lo votará a favor porque como grupo lo creemos
racional, lógico y reparado. Lo votaremos a favor porque recogemos la
voluntad del Parlamento de Cataluña que, con una actuación parecida,
en su día aprobó este debate. Lo aprobaremos porque en Cataluña, que
fue uno de los territorios donde la guerra civil fue realmente dura y
sangrante, hay aún conciencia de que no podemos cambiar de siglo, no
podemos avanzar en el futuro dejando lagunas históricas como la de
esta gente que va muriendo gota a gota, día a día, y que dentro de
poco, por desgracia, por cuestiones de la vida serán historia. Ahora
desde el punto de vista físico aún son realidad algunos de ellos, muy
viejecitos, muy mayores, aún son historia, pero a medida que pasa el
tiempo se va acabando esta historia y por tanto hoy tenemos una
oportunidad para reducir ese déficit de reconocimiento democrático.
Para esto nuestro grupo votará a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Por el Grupo Popular tiene
la palabra el señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: En primer lugar, ya que aquí se ha aludido a
la memoria, quisiera que se tuviera presente también, para ser justos
a la hora de valorar las cosas, que hay que tener memoria no sólo en
lo lejano, sino también en lo cercano.
Respecto a esta iniciativa que trae el Grupo Federal de Izquierda
Unida, que como recordarán todas SS.SS., fue debatida en el Pleno de
esta Cámara en el pasado mes de mayo, yo quisiera en nombre de mi
grupo resaltar la importancia de lo que allí se debatió y, sobre
todo, de lo que en ese Pleno se acordó. Sobre el fondo de la cuestión
yo no puedo por menos que remitirme a lo que en aquel entonces dijo
mi compañero, portavoz de mi grupo en esta Comisión, el señor
Atencia, no por ser desconsiderado, ni muchísimo menos, ni por falta
de sensibilidad, que les consta a SS.SS. que en aquel momento este
grupo la tuvo y la sigue manteniendo, sino por evitar reiteraciones
en lo que al fondo de la cuestión se refiere.
Yo sí quisiera centrarme sobre todo en que en aquel momento se
debatió algo necesario, importante, trascendente para esa llamada
memoria histórica que un pueblo nunca debe olvidar, sobre todo de
aquella parte de su historia más trágica. El señor Alcaraz ha
aludido, y yo lo respeto, como no puede ser de otra manera, a un
pequeño paso, pero eso, que puede ser considerado por algunos un
pequeño paso, para otros fue un gran paso, un paso de reconocimiento,
de rehabilitación, un paso, si se quiere, de limpieza moral, justa,
necesaria, para curar heridas, como decía aquí algún otro portavoz,
curar heridas.
Es importante que SS.SS. tengan en cuenta -fue resaltado por el
portavoz proponente de esta iniciativa- la sensibilidad y la buena
acogida que tuvo en este grupo su iniciativa, lo resaltó públicamente
en su intervención en el debate del Pleno, y a su vez valoró el
esfuerzo que había hecho este grupo, pero yo quisiera resaltar el
esfuerzo que en aquel momento hicieron todos los grupos y dar a lo
que allí se acordó la importancia que tuvo, porque se acordó por
unanimidad. Por tanto, no me parece que sea aceptable, que sea
sensible, si se quiere, acusar a este grupo de incomprensión. Ni me
parece que este grupo se haya mostrado insensible respecto a este
asunto. Al contrario, cuando usted aludía al título de dos películas,
a dos palabras con gran significación, gran trascendencia -memoria y
silencio-, si algo quedó patente es que esa memoria está viva y está
presente, como no puede ser de otra manera en un pueblo como el
español. No creo yo que se pueda romper de mejor manera ese silencio
al que aludía que con la palabra de la soberanía del pueblo español,
que aprobó por unanimidad una moción, a cuyo texto este grupo se
remite, repitiéndole con todo el cariño que en aquel momento tratamos
el fondo de la cuestión y seguimos manteniendo, que ese pequeño paso
fue grande para otros muchos, sobre todo para los que directamente
tuvieron que padecer esa triste etapa de la historia de España. Esto
quiere decir que este grupo se va a oponer a esta iniciativa, pero no
porque esté en desacuerdo con ella, sino porque nosotros en aquel
momento dimos por resuelta esta cuestión y seguimos manteniendo la
misma posición, pues al fin y al cabo no han pasado sino unos pocos
meses.
Para terminar, señor presidente, yo quisiera reconocer esa actitud,
inquietud y voluntad que tienen otros grupos por dar más pasos. En
estos momentos, quiero también hacer mención expresa a que esta
iniciativa que ahora presenta Izquierda Unida también tuvo
oportunidad de presentarla en febrero, como así lo ha señalado, ante
esta Comisión el señor Pérez Casado. Yo creo que por cuestiones que
no se le escapaban al señor Leguina entonces existían esas
dificultades a las que aludíamos y fueron ya expuestas en el fondo de
la cuestión. Me gustaría terminar resaltando la importancia que tuvo
esa declaración, porque más que una moción fue una declaración, una
declaración de reconocimiento de esa memoria y de ruptura con ese
silencio. Por tanto este grupo no puede por menos, en sintonía con
esa postura que mantuvo en el debate del Pleno, que mantenerla en
todos sus términos.
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Sólo a los efectos de la
aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor presidente. Nosotros hemos querido
que se reflejara en los
expedientes lo que se aprobó en Pleno y no lo hemos conseguido
todavía. Ese era el sentido de mantener esta proposición no de ley.
Con respecto a la enmienda del Grupo Socialista, aceptamos la que
afecta a los archivos. Indudablemente nos parecería un avance de cara
a superar esta conspiración de desmemoria que existe todavía y que
afecta a los guerrilleros. Muchos de ellos, cuando ven que no se
aprueban estas pequeñísimas cosas, piensan -creo que con derecho- que
todavía hay cierto intento de castigo hacia lo que hicieron, que no
se les perdona totalmente. Son cosas pequeñísimas lo que se está
proponiendo para veinte o treinta personas, a quienes les quedan
poquísimos años de vida y piensan ellos que todavía son castigados,
que no se les perdona su sublevación frente a la ilegalidad fascista.
La segunda enmienda, que es bien intencionada, no podemos aceptarla,
señor presidente, por cuanto fundamentalmente iba a ser también
rechazada. En ese sentido, creemos que la comprobación real de que se
les perdona con comillas, por una mayoría de esta Cámara su
sublevación democrática y muy admirada por la gente, sobre todo por
la juventud, es que a estas veinte o treinta personas se les
concediera una indemnización por muy pequeña que fuese. Por lo tanto,
mantenemos ese segundo punto. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: Entiende esta Presidencia que se votará la
proposición no de ley íntegra, añadiéndole la parte que corresponde a
la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
No es habitual que la Presidencia lo haga, pero me siento en la
obligación de decir, fundamentalmente por como acaba de transcurrir
el debate de esta proposición no de ley, entre sugerencias cinéfilas,
entre frases realmente poéticas en algún momento, aunque se hayan
hecho en forma de prosa y con la sensibilidad con la que han
intervenido todos los ponentes en este caso, para que quede reflejado
en el «Diario de Sesiones», que agradezco profundamente la no
presencia del presidente titular al darme la oportunidad de presidir
un debate como el que se ha producido en esta Comisión.
Dicho esto, pediría que a partir de estos momentos fueran
colaboradores con esta presidencia a la hora de administrar el
tiempo, ya que nos estamos alargando en exceso de lo que estaba
previsto inicialmente.
- SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS HONORES Y CEREMONIAS MILITARES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000669.)
El señor VICEPRESIDENTE (González Pérez): Continuando con el orden
del día, pasamos al punto que llevaba el epígrafe como número 7, que
es una proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista,
sobre medidas relacionadas con los honores y ceremonias militares.
Tiene la palabra el señor Moragues para su defensa.
El señor MORAGUES GOMILA: Después de la solemne reivindicación
histórico-poética de la memoria, me toca a mí la peor experiencia de
tener que reconducir los pasos de esta Comisión hacia temas mucho más
perentorios, de orden mucho más práctico.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy para su debate en
comisión una proposición no de ley que pretende adaptar a los tiempos
y usos actuales algunas cuestiones de honda raigambre en el mundo
militar, como son los honores militares, las ceremonias de toma de
posesión de mandos y la asistencia religiosa en los actos y
ceremonias militares. Nuestra intención al plantear esta iniciativa
no es más que la de poner al día, y homologarlos en su caso,
ceremonias o actos que la Administración civil del Estado ha ido
conformando a lo largo de este período posconstitucional, sin
pretender olvidar en absoluto las costumbres y tradiciones existentes
en el mundo militar, que forman parte de su manera de ser y, por
supuesto, conforman también parte del acervo cultural de nuestro
pueblo.
Está claro, señor presidente, que esta iniciativa no va a significar
ninguna novedad radical en relación con lo que hasta el momento ha
sido la práctica común, pero también es verdad que, apreciando y
valorando el esfuerzo realizado hasta hoy para compaginar los
criterios de puesta al día y al mismo tiempo conservar tradiciones,
usos y costumbres, es innegable que podemos y debemos avanzar en
algunos aspectos que requieren de una mejor regulación para ajustarse
plenamente a los principios de nuestra Constitución. En un momento
como el que actualmente vivimos, en el cual todos los que tenemos
alguna vinculación con el mundo de la defensa no nos cansamos de
repetir que es imprescindible el desarrollar una conciencia de
defensa nacional, fundamentalmente dirigida y por tanto que sea
comprensible a y para la sociedad, resulta más necesario que nunca
hacer compresibles y homologables las ceremonias militares, como he
dicho antes, adaptándolas al nuevo mapa y a las nuevas prácticas
administrativopolíticas surgidas tras veintitrés años de vigencia
constitucional. La sociedad española debe ver como propias las
actividades de nuestras Fuerzas Armadas, por lo que éstas deben
hacerse con criterios, como ya he dicho antes, homologables a las del
resto de la Administración pública. Pueden y deben respetar las
tradiciones del colectivo militar, pero no es menos cierto que deben
introducirse las reformas necesarias para su puesta al día, tal como
el resto de la sociedad hace en su quehacer cotidiano.
Los honores militares están actualmente regulados por el Real Decreto
834/1984, de 11 de abril, y retengan esta fecha, señores y señoras
diputados. Este real decreto sustituyó al que hasta aquel momento
estaba
reglamentado, estaba en vigor, que era un decreto del 25 de abril de
1963, es decir, que el real decreto de 1984, que nosotros pedimos
ampliar o modificar en algunos de sus aspectos, es la primera
adaptación constitucional que se ha hecho en normativa militar en
cuestiones de honores militares.
El real decreto en cuestión, en su título cuarto, regula los honores
debidos a las autoridades civiles y considera como tales solamente al
presidente del Gobierno, a los presidentes del Congreso de los
Diputados y del Senado, a los presidentes del Tribunal Constitucional
y del Consejo General del Poder Judicial, a los vicepresidentes,
a los ministros del Gobierno y al ministro de Defensa. En el apartado
primero de nuestra proposición no de ley, se propone ampliar esta
relación incluyendo algunas autoridades que no se tuvieron en cuenta
en aquellos momentos, bien por su incipiente papel institucional,
como puede ser el caso de los presidentes de las comunidades
autónomas, bien porque no se tenía muy claro el rol que podían
desempeñar algunos órganos superiores del propio Ministerio de
Defensa. Ustedes, señores comisionados, han vivido como yo
experiencias asistiendo a actos militares cuando la presencia de
presidentes de comunidades autónomas copresidiendo los actos
oficiales han pasado sin tener ningún tipo de honor militar. Puedo
recordar dos casos en que algunos miembros de esta Comisión
estuvieron presentes, el desfile conmemorativo del día de las Fuerzas
Armadas de Barcelona del año pasado; según regula el Real Decreto
834/1984, en la formación correspondiente se dieron honores militares
a todas las autoridades relacionadas, pero cuando vino el presidente
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el honorable señor Pujol, fue
allí exactamente igual que si hubiera pasado cualquier otra persona
sin más importancia. El honorable señor Pujol en aquel momento estaba
representando al Estado, porque estaba copresidiendo con todas las
otras autoridades del Estado aquel evento que se estaba desarrollando
en su comunidad autónoma. Este verano, hace muy pocos meses, el Juan
Sebastián Elcano, atracando en el muelle de Santander, fue recibido
por el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria y tampoco fue
objeto de honores militares, cuando era la única autoridad que
representaba en ese momento no a la Comunidad Autónoma de Cantabria
sino a las autoridades del Estado.
Esto es sencillamente, señorías, lo que proponemos modificar. Dice
muy claramente nuestra proposición: ampliar el vigente reglamento de
honores militares para adaptarlo a nuestro Estado de las Autonomías,
incluyendo en el mismo a las autoridades de mayor rango de las
comunidades autónomas cuando presidan actos oficiales o visiten
oficialmente buques, bases o acuartelamientos.
En otro orden de cosas, dentro del mismo apartado también incluimos,
como ya he hecho referencia, la necesidad de definir los honores que
se deben dar, tanto
al secretario de Estado como al subsecretario y secretario general
del Ministerio de Defensa, que en muchas ocasiones presiden actos
militares y son los únicos presentes que no reciben honores
militares. No tiene ningún sentido, señorías, que un general pueda
recibir honores militares, estando por debajo, jerárquicamente
hablando, de la persona que está presidiendo el acto, que no recibe
ningún tipo de consideración o de honor militar. He dicho antes que
el Real Decreto del año 1984 relacionó las autoridades que se pensaba
en aquel momento que tenían que tener honores militares; después de
muchos años de práctica constitucional, parece que ha llegado el
momento de poner al día la relación de estas autoridades.
He de hacer un inciso en estos momentos para presentar una enmienda
al propio texto que el grupo ha presentado, introduciendo a
posibilidad, la conveniencia, la necesidad, de que también deben
rendirse honores militares a las autoridades civiles y militares de
organizaciones internacionales de las que forme parte España.
Comprenderán ustedes la situación muy fácilmente. Cuando visita
España en visita oficial el secretario general de la OTAN,
organización de la que nosotros formamos parte, o el responsable de
Seguridad y Defensa europea, el conocido como mister PESC,
presidiendo actos militares en nuestro país, es una autoridad que
tampoco recibe ningún tipo de consideración en cuanto a honores
militares propiamente dichos.
Nuestra propuesta, en este ánimo de poner al día estas cuestiones, en
su segundo punto también solicita regular la ceremonia de toma de
posesión de los mandos de unidad militar, de tal forma que, además de
la fórmula tradicional por la que se les da posesión, sea requisito
previo que el nuevo comandante o el nuevo jefe de la unidad presté el
juramento o promesa de cumplir las obligaciones del cargo con lealtad
al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución. ¿Por qué decimos
esto, señorías, señor presidente? Sencillamente porque en este caso
pretendemos homologar con el resto de la Administración civil del
Estado, las ceremonias de toma de posesión. Hasta hoy la toma de
posesión de las unidades, de los acuartelamientos, de los buques en
las Fuerzas Armadas se regula por las Reales Ordenanzas y no se hace
ninguna referencia al acatamiento constitucional, que todos aceptamos
que sí sea introducido, porque está regulado de esta manera, cuando
el que toma posesión de un departamento es una autoridad civil o
cuando, por ejemplo, los jefes de Estado Mayor de los ejércitos,
altos cargos militares de la Administración militar del Ministerio de
Defensa, sí juran lealtad a la Constitución cuando toman posesión de
su cargo. Por ejemplo, el director general de personal, etcétera, que
son altos cargos de la Administración militar del Ministerio de
Defensa, son por tanto militares, cuando toman posesión de este
destino deben jurar, como hace el resto de los funcionarios públicos.
Señor presidente, lo que se pretende es que lo regulado en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, de Presidencia del Gobierno, en el
que se establecen las fórmulas de juramento con cargos y funciones
públicas, sea extensible a los responsables de los mandos de
unidades, de acuartelamientos, de bases o de buques. Esta es una
pretensión que todo el mundo entenderá y no creo que vaaya a generar
ningún tipo de polémica.
Por último, señor presidente, y ya termino, la tercera cuestión que
presenta nuestra proposición no de ley hace referencia a culminar un
proceso de supresión de ceremonias de carácter religioso en los actos
militares, que ya tienen una antigua tradición constitucional en las
Fuerzas Armadas y que ha ido, efectivamente, redefiniendo cuál es el
uso o la costumbre en cuanto a la utilización de ceremonias de
carácter religioso. Quiero decir que, en las Reales Ordenanzas de
cada uno de los ejércitos, en el título correspondiente a las
asistencias religiosas correspondientes, se hace una declaración de
respeto, como no podía ser de otra manera, a la libertad religiosa
prevista en la Constitución. Se lo voy a leer, porque es muy breve y
me parece que muy ilustrativo. Dice concretamente, ya digo, se repite
en las tres Reales Ordenanzas de cada uno de los ejércitos: Los
mandos del Ejército respetarán y protegerán el derecho a la libertad
religiosa de sus subordinados en los términos previstos por la
Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Cuando
existan fieles de distintas iglesias, cuidarán de la armonía en sus
relaciones. Creo que debemos impulsar este llamamiento constitucional
que tiene introducido en las Reales Ordenanzas cada uno de los
ejércitos que componen nuestras Fuerzas Armadas.
Este diputado que les habla, y supongo que ustedes, que me escuchan,
también han notado que últimamente las ceremonias religiosas vuelven
a tomar más importancia en todos los actos militares. Yo no tengo
nada contra las ceremonias religiosas, obviamente, pero la
Constitución define muy claramente que las ceremonias religiosas
forman parte del ámbito particular de las personas, y en el
ordenamiento castrense de las ceremonias militares solamente en un
caso, en los entierros, la asistencia a los actos religiosos tiene
consideración de actos de servicio. El resto de implicaciones
religiosas en las ceremonias militares es algo que se debe vigilar
por el Parlamento. De ahí nuestro llamamiento a que se continúe con
el proceso de supresión de estas ceremonias, que se planteen como un
derecho individual y que no deben formar parte de las ceremonias de
carácter general. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Esto es todo, señor presidente, esperando que los demás grupos apoyen
esta proposición que esta mañana ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran manifestar su posición
respecto de esta otra enmienda? Por el Grupo Mixto, don Francisco
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Rapidísimamente, señor presidente. Vamos
a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
con su propia autoenmienda por dos motivos básicos. Primero, por
dotar de coherencia a la relación del Ejército con las autoridades
públicas democráticas; segundo, porque quede clara la subordinación
del Ejército a estas autoridades, y. Y tercero, para defender el
espacio de libertad de pensamiento, de ideología y de religión que
corresponde a todos los sectores de la sociedad española y de la cual
no debe de quedar excluido ningún sector.
Por este motivo de doctrina democrática, constitucional y de
coherencia, vamos a apoyar la proposición no de ley del Partido
Socialista. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: El Reglamento de honores militares legisla
sobre una materia de gran importancia para las Fuerzas Armadas, no
sólo porque son las encargadas de rendirlos en los actos y ceremonias
oficiales, según establece el artículo 21 de sus Reales Ordenanzas,
sino porque materializa y escenifica el respeto debido a las
distintas instituciones y poderes del Estado y la subordinación de
las Fuerzas Armadas hacia quienes en cada momento son sus máximos
jefes, ordenándolos con su gradación. Esta importancia lleva a la
necesidad de estudiar cuidadosamente cualquier cambio a introducir,
sopesando con rigor su necesidad, que debe estar plenamente
justificada.
El actual Reglamento de honores militares en vigor fue aprobado por
el Real Decreto 834/1984, de 11 de abril, por tanto siete años
después de que la aprobación de la vigente Constitución española así
lo demandara. Dicha norma vino a derogar el anterior reglamento de
actos y honores militares, aprobado por decreto de 25 de abril de
1963 y uno de sus fines es precisamente el de restringir el ámbito de
aplicación de los honores militares, con el fin de no desvirtuar su
utilización.
La proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista
propugna prácticamente lo contrario. En este sentido cabe recordar
que la total profesionalización de las Fuerzas Armadas supone la
necesidad de poner énfasis en todos los aspectos operativos, dado el
aumento del número de misiones operativas en organizaciones
multinacionales. Todo ello exigirá un mayor grado de preparación y
disponibilidad y, por tanto, una menor implicación en las actividades
relacionadas con honores y ceremonias militares. En consecuencia, no
parece lógico pensar en aumentar la relación de autoridades con
derecho a honores, sino, al contrario, reducirla en el ámbito externo
de las Fuerzas Armadas a las autoridades del Estado. La proposición
no de ley aumenta de forma destacada el número de autoridades
civiles, tanto ajenas, como pertenecientes al Ministerio de Defensa,
que son sujeto de honores militares. Como
autoridades ajenas estarían las de mayor rango de las comunidades
autónomas, que señala la proposición no de ley, término este
impreciso y que se podría traducir por el presidente de la comunidad
y el delegado del Gobierno de la misma. Estas autoridades ya son en
la actualidad objeto de un trato preferente, al contemplar el vigente
reglamento en su artículo 66.2,a) que sean recibidas y despedidas en
sus visitas a cualquier establecimiento militar ubicado en el
territorio propio de su comunidad por la guardia existente o piquete
nombrado expresamente para ello, que formaría con arma descansada.
Respecto a las autoridades civiles del ministerio el vigente
reglamento prevé también en el mismo artículo en el apartado b) un
tratamiento análogo al caso anterior. Aquí son igualmente aplicables
las razones antes expuestas, especialmente su no inclusión en la
cadena de mando de las Fuerzas Armadas, desaconsejándose su inclusión
como sujetos de honores militares. Por otro lado, su inclusión dentro
de los honores militares llevaría a la consideración de todos sus
homólogos en otros departamentos del Gobierno y la Administración, lo
que iría claramente en contra del espíritu restrictivo de la norma.
No obstante, la experiencia adquirida durante estos años de
aplicación, la promulgación de importantes normas legales en materia
de organización del Gobierno y de la Administración general del
Estado, así como la necesidad de que el vigente reglamento quede
plenamente concordado con las disposiciones introducidas por el real
decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el himno
nacional y en el que se establecen diferentes versiones y se enumeran
de manera pormenorizada los actos en los que procede la
interpretación de una u otra versión, hacen necesario conseguir una
mayor adaptación de la materia a las necesidades actuales. A este
grupo le consta que, dentro del programa de desarrollo normativo que
lleva a cabo el Ministerio de Defensa, está prevista la elaboración
de un nuevo reglamento de honores militares.
En lo que afecta al apartado 2 de la proposición no de ley, la orden
ministerial 302/1999, de 30 de diciembre, por la que se deroga la
orden de 4 de abril de 1978, sobre entregas de mando en el Ejército
de Tierra, atribuye al general del Ejército, jefe del Estado Mayor
del Ejército, la potestad de regular, mediante las disposiciones que
sean necesarias para entregas de mando de unidades independientes en
el ámbito del Ejército de Tierra, de forma que se adapte a la actual
estructura y organización. En este sentido, mediante la
correspondiente instrucción 8/2000, de 24 de enero, por la que se
regulan las entregas de mando de unidades independientes en el ámbito
del Ejercito de Tierra, el generaljefe del Estado Mayor reguló las
entregas de mando a unidades independientes en el ámbito del Ejército
de Tierra. No obstante, todos los componentes de las Fuerzas Armadas
han realizado, como requisito previo e indispensable a la adquisición
de la condición de militar
de carrera, de militar de complemento y de militar profesional de
tropa y marinería, el acto de juramento o promesa a la bandera de
España, regulado en el artículo 3 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
que conoce el señor Moragues, de régimen de personal de las Fuerzas
Armadas en el mismo sentido que propone el punto número 2 de su
proposición no de ley.
En cuanto al tercer punto planteado, la misma ley 17/1999, en su
artículo 150, correspondiente a los derechos, libertades y deberes,
ya señala que el régimen de derechos, libertades y deberes de los
militares profesionales es el establecido en la Constitución,
lógicamente; en las disposiciones de la misma y según lo previsto en
la ley orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la
defensa nacional y de la organización militar en las Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. En este sentido el artículo 177 de
las Reales Ordenanzas reconoce el derecho a la libertad de conciencia
y de religión, que incluye su manifestación individual o colectiva.
Por ello, todas las normas en vigor corresponden a los preceptos
antes señalados y en especial a la orden 100/1994, de 14 de octubre,
sobre regulación de actos religiosos en ceremonias solemnes y
militares.
Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular
considera que la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista debe ser rechazada y que debemos esperar a conocer el
borrador de ese futuro reglamento para pronunciarse, en su caso,
sobre los extremos que ahora ha traído su iniciativa.
El señor PRESIDENTE: El representante de Convergència i Unió tiene la
palabra.
El señor MALDONADO GILI: Gracias, señor presidente por su
benevolencia en alterar el orden de intervenciones y permitirme así
el uso de la palabra.
Señor Campoy: vaya papelony. (Risas.) Nunca mejor dicho con los
papeles que tiene en la mano. Ya veo que el papelón son papeles que
le han dado, que usted ha leído textualmente, con una auténtica
parrafada de artículos, decretos, etcétera, pero en medio, lo que le
han hecho hacer es un papelón, en honor a la verdad. Es un día
agridulce para usted, porque lo acabamos de votar...
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, yo le he dado a usted la
oportunidad de que cierre, pero no puede ser contradictorio con el
que le ha antecedido. Usted tiene que fijar su posición.
El señor MALDONADO GILI: No puedo obviar lo que se ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Lo que le quiero decir esque no haga de eso el
centro de su debate.
El señor MALDONADO GILI: No lo haré, pero no puedo obviar que se diga
que no es relevante que se rinda honores a un presidente de una
comunidad autónoma o que son autoridades del Estado las que han de
presidir, cuando el presidente de la Generalitat o de cualquier otra
autonomía es el representante máximo del Estado en el territorio. Yo
esto lógicamente, señor presidente, tengo que hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, es que el Grupo Popular no es
el proponente. Es una opinión. No se debate la opinión del Grupo
Popular. La que se debate es la del grupo proponente.
El señor MALDONADO GILI: Pero ha habido una definición y una
explicación.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe que yo no soy estrecho.No me importa que
comente eso. Como si quiere comentar la creación.
El señor MALDONADO GILI: No. La creación hoy no toca. (Risas.) Lo
otro sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Le digo que por coherencia en el debate, usted
se debe referir a la proposición.
El señor MALDONADO GILI: Es que al pobre señor Campoy le quería
aligerar un poco.
El señor PRESIDENTE: Ya le ha dado toda la caña que ha podido.
(Risas.)
El señor MALDONADO GILI: A él no, pobre. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Haga lo que yo le digo.
El señor MALDONADO GILI: Si me permite, seguiré como si no hubiera
oído al PP. Es difícil abstraerse después de oír lo que he oído, pero
voy a hacer un esfuerzo y no voy a tener memoria histórica a partir
de ahora.
Quería empezar diciendo que no vamos bien. ¿Esto lo puedo decir,
señor presidente? (Risas.) Cuando el presidente Aznar, no el señor
Campoy, dice: España va bien. Pues bien, utilizando sus expresiones
yo diría que, según que temas, cero patatero, porque hay cosas que no
van bien. Fíjese. Proposiciones no de ley: la primera, que ha decaído
por ausencia de su autor, habla de retirada por el Ministerio de
Defensa de la simbología fascista, totalitaria y franquista del
Panteón del soldado del Cementerio de Sant Andreu en Barcelona. ¡Qué
a estas alturas aún tengamos que debatir esto! No vamos bien. La
siguiente: Rehabilitación de los combatientes guerrilleros españoles.
Aún no hemos ha entrado en el debate, no la hemos hecho, pero ello
quiere decir que seguimos teniendo déficit de reconocimiento a
personas. La que estamos
debatiendo ahora: Medidas relacionadas con los honores y ceremonias
militares. Dicen, no el señor Campoy, que hay un nuevo reglamento en
el que se está trabajando. Tiemblo, porque me imagino a las
autoridades autonómicas haciendo lo que hacíamos cuando éramos
pequeños. Íbamos al cine y, como no podíamos pagar, mirábamos el cine
desde la valla. Me imagino a las autoridades detrás de la vaya
intentando ver lo que pasa dentro. Si me dicen que sobran
autoridades, con las que faltan en el territorio, mal vamos. Eso será
realmente cómico. Por tanto, vamos mal. Y vamos mal porque, a estas
alturas tenemos que debatir esto, con la democracia consolidada, con
el Estado de las Autonomías consolidado, con un reconocimiento de
seriedad política en el territorio, con un reconocimiento social por
parte del Estado del papel de las autonomías, con la presencia, el
reconocimiento legal de que al presidente de cualquier autonomía,
hablo por Cataluña, se le reconozca su papel como representante del
Estado que es, como ha comentado, y se lo agradezco, el portavoz
socialista . A mí particularmente me preocupa, repito, que aún
tengamos que debatir esto. Si esto es de cajón. Cuando digo que no
vamos bien lo decía por esto. No entiendo que tengamos aún que pedir
que se dé el rango que les corresponden a ciertas autoridades, entre
ellas las autoridades autonómicas. Si vamos a hacer un reglamento y
vamos a reducir, en catalán decimos malament rai, vamos mal, porque
hay un sentimiento de lejanía, que yo sé que no es en el Ejército ni
en los militares, y volvemos un poco a aquello de que los políticos
a veces no casamos la realidad con la práctica habitual. Tenemos que
empezar a ver en los centros militares la señera catalana, la bandera
oficial de cada país, de cada autonomía, de cada sitio, que están
legalmente reconocidas. Esto es una práctica de normalidad política.
Se tiene que dar el reconocimiento a los políticos que se dé. No
puede tener tener más reconocimiento un diputado porque es diputado
del Congreso, que un diputado del Parlamento de Cataluña porque es
del Parlamento de Cataluña o de otra autonomía. Esto no tiene ningún
sentido. Los dos son representantes populares, de ámbitos
territoriales diferentes pero que forman parte de un Estado. Estos
son pasos que crean cicatrices. Por tanto, el punto 1 es obvio.
En cuanto al punto 2, no entraré mucho en él, pero si los políticos
cuando tienen que jurar cargos tienen que acatar la Constitución, si
las autoridades acatan la Constitución, si incluso quien no está de
acuerdo, por imperativo legal la acata, ¿qué sentido tiene que los
garantes de esta Constitución no la juren o la prometan, si ellos son
los primeros que lo harán encantados? Somos nosotros los que no
ponemos este marco, porque yo estoy convencido de que ningún militar,
nadie de las Fuerzas Armadas, nadie del Ejército tendrá ningún
problema en acatar la Constitución, qué cosa más lógica, ¿no?
En cuanto al punto 3, aquí no estamos de acuerdo. No compartimos el
tercer punto. No creemos que nos
corresponda excluir las ceremonias de carácter religioso, es un tema
interno del Ejército que no nos corresponde. Además, España es la
realidad que es y, por tanto, no compartimos ese punto. Como no
podemos excluirlo, votaremos a favor de toda la proposición no de
ley, dejando claro que estamos de acuerdo en el primer punto, en el
segundo y que no compartimos el tercero. Sin embargo a pesar de que
he tenido la suerte de oír que esto no prosperará, yo creo que no
vamos bien, porque hoy estamos haciendo de esta Comisión un valle de
lágrimas: todo es negativo, todo es triste, todo es histórico, todo
es un reconocimiento Debemos positivar la política, el día a día, el
funcionamiento de este país. Si queremos que vaya bien, hemos de
pasar de puntillas por cosas pequeñas que no tienen más significado
que el reconocimiento, el sentimiento, el respeto. Este es uno de
ellos. Por tanto, a mi me gustaría que cuando el Grupo Popular vote,
vote a favor.
- SOBRE LOS POLVORINES DE LA SIERRA DE SAN CRISTÓBAL. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000705.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que
presenta doña Carmen Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los polvorines de la Sierra de San Cristóbal.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Primero quiero comunicar a la Mesa que en el
punto número 2 de la proposición no de ley hay un apartado que se
refiere al contencioso existente sobre las viviendas militares de la
base aeronaval. Quiero que no sea objeto de debate para centrarnos
única y exclusivamente en los terrenos del Ministerio de Defensa en
la Sierra de San Cristóbal.
Señorías, la proposición no de ley que traemos hoy a esta Comisión
fue registrada el 18 de abril. Se va a debatir, por tanto, siete
meses más tarde, pero al menos ese tiempo ha servido para la
recapacitación del Ministerio de Defensa, que a finales del mes de
abril y ya concretamente en el mes de junio, decidió proceder a la
desafectación de unos polvorines ya desmantelados y abandonados, que
se asentaban en unas antiguas cuevas, canteras, de donde se extrajo
una gran parte de materiales para la construcción de edificios
civiles y religiosos que hoy son considerados monumentos históricos.
Estos polvorines han sido ocupados precisamente hasta finales del año
pasado por una unidad terminal del grupo de transporte del Ejército
de Tierra, y fue comunicado inmediatamente después por el Cuartel
General del Ejército de Tierra que la mayor parte de los terrenos
ocupados por dicho ejército dejaban ya de tener interés militar por
traslado de esos efectivos. En esa finca además hay una torre de
comunicación, una estación sísmica y edificaciones donde se alojaban
militares responsables de la vigilancia y del mantenimiento
de las instalaciones. El Partido Socialista siempre ha visto
en estos terrenos, que están catalogados dentro del Plan General de
Ordenación Urbana como terrenos rústicos de especial protección
medioambiental, una zona que podría tener una extraordinaria
importancia por su contribución a un proyecto de desarrollo económico
de la localidad, encuadrado dentro de una oferta cultural y de ocio
que se complementaba con el recinto arqueológico de Doña Blanca.
También valoramos que tras su desalojo, la necesidad de la
desafectación venía porque estos edificios estaban considerados en
buen estado de conservación, pero esta situación de abandono podrían
conllevar su deterioro.
En octubre del año 1999 el pleno del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María aprobó por unanimidad, y por tanto con el voto de los
concejales del Partido Popular, solicitar al Ministerio de Defensa la
reversión al consistorio de los terrenos afectados a fines militares.
Es decir, se pedían los polvorines, la torre de comunicación y la
estación sísmica. Haciéndonos eco de esta moción del pleno y por
petición del grupo municipal socialista, es por lo que en nuestra
proposición pedimos las tres cosas que están sin utilización. A la
fecha actual podemos decir que hay una recapacitación por parte del
Ministerio de Defensa para la desafectación de los polvorines y se
han iniciado las negociaciones con el Ayuntamiento de El Puerto, que
creemos avanzada, pero no parece que desde el ministerio se esté por
la labor de enajenar el centro de transmisiones y la estación
sísmica, a pesar de que el Gobierno reconoce en respuesta a una
pregunta parlamentaria su desocupación, pero también me comunica que
no quiere deshacerse del centro de transmisiones ni de la estación
sísmica. Aún estando de acuerdo con esto, mi grupo parlamentario
estaría hoy dispuesto a que nos centrásemos sólo en la desafectación
de los polvorines, sin renunciar por supuesto a presentar más
adelante otras iniciativas con respecto a las demás peticiones, sobre
todo cuando podamos conocer cuál es el interés que tiene el
Ministerio de Defensa en esas otras instalaciones. Si nos centramos
en los polvorines, me gustaría comentar que en el mes de agosto el
Ayuntamiento de El Puerto dijo que a final de año los terrenos
podrían estar desafectados. Las últimas noticias que este
Ayuntamiento ha dado a conocer en el mes de noviembre es que el
Ayuntamiento va a exigir al ministerio que elimine todos los restos
de explosivos que puedan quedar en las cuevas antes de su
desafectación, y hasta la fecha, dice el Ayuntamiento, no se ha
llevado a cabo por falta de presupuesto. Lo que deseamos desde el
Grupo Parlamentario Socialista es que esta exigencia del
Ayuntamiento, que consideramos necesaria por la propia seguridad de
la zona, no alargue en exceso la recepción de los polvorines de la
Sierra de San Cristóbal, por lo que pedimos su desafectación y
reversión alAyuntamiento en el menor tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor
Mancha. Le ruego brevedad, aunque usted suele ser breve siempre.
El señor MANCHA CADENAS: Permítame, en primer lugar, que haga votos
pro su restablecimiento inmediato.
El señor PRESIDENTE: Yo también. (Risas.)
El señor MANCHA CADENAS: Si no pasa de ser un episodio sin
importancia. Voy a intentar ser breve y voy a ofrecerle a SS.SS,
principalmente a la señora Sánchez, un dato que me parece importante.
La provincia de Cádiz es la provincia donde existen mayores
servidumbres militares. Hay exactamente 213 inmuebles propiedad de
Defensa. En consecuencia, señorías, debemos estar preparados, porque
en esta Comisión y en esta legislatura es casi seguro que se van a
debatir hasta 213 proposiciones no de ley sobre desafectación de
inmuebles militares o de Defensa en la provincia de Cádiz.
Curiosamente en estos momentos en la provincia de Cádiz se están
realizando convenios, se están llevando a cabo negociaciones entre el
Ministerio de Defensa y los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, de
El Puerto de Santa María, de La Línea, de San Roque, de Tarifa, de
Vejer y de Chiclana. Eso significa millones de metros cuadrados que
van a ser cedidos a los municipios y que van a significar,
evidentemente, una eclosión de riqueza para los mismos.
Curioso es también que en esta Comisión de Defensa ya se ha debatido
sobre terrenos en San Fernando, en Barbate, en Cádiz y ahora en El
Puerto de Santa María, que son ayuntamientos que no están gobernados
por el Partido Socialista. Sin embargo, en las negociaciones que hay,
muy avanzadas, con los ayuntamientos socialistas de Vejer y de
Chiclana no ha habido ningún atisbo, ni intento por lo menos, de
alternativas a esas negociaciones que se están llevando a cabo. Es
bueno recordar que desde el año 1982 a 1996, bajo los gobiernos
socialistas, no se desafectó en la provincia de Cádiz ni un solo
metro cuadrado propiedad de Defensa.
La proposición no de ley -y voy a ser extraordinariamente rápido-
tiene entrada en el registro de la Cámara el 18 de abril del año
2001, es decir, que si no se ha debatido antes, conociendo todas SS.
SS. cuáles son los mecanismos de la Mesa y de la Junta de Portavoces,
evidentemente ha sido porque no ha considerado conveniente el Grupo
Socialista su inclusión dentro de su cupo. En su consecuencia, si
debatimos hoy aquí es porque el Grupo Parlamentario Socialista así lo
ha querido. Sin embargo, hay dos contestaciones de fecha 24 de abril
y 18 de junio, o sea posterior a la entrada de la proposición no de
ley, donde se da respuesta, con una claridad que yo calificaría
meridiana, a la señora Sánchez por el Ministerio de Defensa con esta
sentencia: Este ministerio está siempre en disposición de
llegar a convenios urbanísticos, tanto con entidades locales como
autonómicas, siempre y cuando dichos convenios satisfagan de manera
equilibrada las necesidades de ambas partes y atendiendo al carácter
primordial de los intereses de la defensa nacional.
Quisiera aquí hacer dos reflexiones, también de una manera
telegráfica, que me parecen importantes. El día 22 de noviembre hay
una nota del Ministerio de Defensa -es decir, hace exactamente cinco
días- en la que se dice textualmente: Se prevé formalizar un convenio
durante el primer trimestre del año 2002 con el Ayuntamiento de El
Puerto de Santamaría, que permita transmitir el pleno dominio del
citado bien inmueble de los polvorines de San Cristóbal, recibiendo
como contraprestación el Ministerio de Defensa el valor de tasación,
valor de tasación que no obligatoriamente debe de ser crematístico o
económico, sino que puede ser una permuta, una ordenación urbanística
de cualquier tipo.
La segunda reflexión que quiero hacer es que ayer mismo este diputado
que están en el uso de la palabra tuvo una larga conversación con el
delegado de urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santamaría,
independiente, el señor Alamillo, quien mostró sus satisfacción por
cómo se van llevando las negociaciones, y mostró al mismo tiempo el
descontento por que determinados grupos políticos hagan ruido en un
momento de la negociación y se produzcan, en su consecuencia,
cortocircuitos que no son positivos. El mismo día 4 de noviembre en
medios de comunicación de la provincia de Cádiz el señor Alamillo
dice: Estoy manteniendo una estrategia para llegar a un acuerdo con
Defensa, mi idea es tener hecho, aproximadamente en el primer
trimestre del año 2002, un total y absoluto concordato con Defensa, y
reconozco que el Partido Popular está haciendo una labor de mediación
muy importante. Aquí no hay alabanza de ningún tipo, pero es
importante. En su consecuencia, al haberse retirado el punto 2 de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, no tiene sentido, por
lo menos nos lo parece a nosotros, el punto 1, que dice que se inicie
de forma inmediata el trámite de desafectación, porque ya se ha
iniciado; el punto 3, que dice que se proceda a la cesión
provisional, pero inmediata, de las instalaciones de la sierra de San
Cristóbal, estamos en ese período. En cuanto al punto 4, al que se ha
referido la señora Sánchez, tengo que decir que lo ha abandonado
diciendo que es conveniente que hablemos más bien de los polvorines.
Sí es bueno que sepamos que cuando entra en el escenario el interés
de la defensa no se puede producir un encuentro como quisiéramos. Por
tal motivo, las servidumbres que tiene la Sierra de San Cristóbal, el
Ministerio de Defensa solicitó informe al Estado Mayor conjunto de la
Defensa y al cuartel general de la Armada sobre la posibilidad de
trasladar sus instalaciones a otra ubicación y se negó dicha
posibilidad, pero en este momento se está estudiando que haya zonas
que
puedan liberarse para acceder a su desafectación posterior.
Señor presidente, sospecho que va a haber más iniciativas de
desafectación en la provincia de Cádiz. Esas iniciativas son
bienvenidas, pero al mismo tiempo ensombrecen un poco las
negociaciones. Sólo en el año 2001 se ha llegado ya a 28 conciertos
con municipios gobernados por el Partido Socialista. Es impresionante
el embargo. Se van a llevar a cabo negociaciones, por ejemplo, en
Huesca, gobernada por el Partido Socialista; en Cádiz capital se va a
efectuar un concierto el 10 de diciembre sobre bienes inmuebles
militares por valor de 450 millones de pesetas.
Para resumir mi intervención diré que creemos que esta proposición no
de ley no está bien orientada, carece de la mínima información, es
erróneo su planteamiento y no está ajustada a la realidad. Terminaría
solicitando muy respetuosamente a la señora Sánchez cierta quietud,
si es posible, y que no ponga obstáculos a una correcta negociación,
como el propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha
manifestado muy recientemente a los medios de comunicación.
- SOBRE SOLUCIÓN A LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS
TRABAJADORES DE LA BASE DE ROTA (CÁDIZ).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000892.)
El señor PRESIDENTE: Se da por debatida esta proposición. Entramos en
la siguiente, en la que nuevamente doña Carmen Sánchez interviene
para defender la proposición relativa a la solución a la pérdida de
poder adquisitivo de los trabajadores de la base de Rota.
Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: En un año se ha hablado en varias ocasiones
en este Congreso sobre la pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores de la base de Rota. Creo que no es necesario repetir
antecedentes ni historias sobre esta pérdida de poder adquisitivo,
porque todos nos lo sabemos de sobra. El 7 de noviembre del año 2000
aprobamos en esta Comisión una proposición no de ley presentada por
mi grupo parlamentario y en la que el Grupo Popular nos propuso una
enmienda que aceptamos. Tengo que decir que el Grupo Parlamentario
Socialista dio su confianza al Gobierno español para que instara al
Gobierno americano a resolver la pérdida de poder adquisitivo de
estos trabajadores a la mayor brevedad posible. Un año después este
tema sigue sin resolverse, pero con un agravante más: en vez de casi
un año ahora son casi dos los que llevan 1.200 familias ingresando al
mes un 30 por ciento menos de su salario.
El diputado señor Mancha nombró en esa Comisión del 7 de noviembre
del año 2000 a muchas personas que habían mostrado su preocupación
por la problemática de los trabajadores; por ejemplo, nombró al señor
Trillo, al señor Piqué, a los secretarios de Estado de Defensa y de
Asuntos Exteriores. Un año más tarde nos tenemos que preguntar:
¿Tanta gente preocupada, tanta gente con tanto mando, con tanto poder
y con mayoría absoluta no ha sido capaz de hacer nada? Seguro que el
Partido Popular habrá buscado ya a alguien a quien echar la culpa,
probablemente a los americanos, pero a los ciudadanos de Rota, a las
1.200 familias de la base esto les parece más bien falta de voluntad
política para resolver el problema.
De ese mismo día decía el diputado del Partido Popular, el señor
Mancha, que las autoridades navales norteamericanas habían mostrado
su disposición a continuar realizando gestiones para que se
solucionara el problema. ¿Qué ha pasado que ni tan siquiera se ha
sido capaz de negociar con Estados Unidos 500 millones de pesetas,
que es la cantidad anual con la que se resuelve este tema?
Tenemos más antecedentes de buenos propósitos, que no de buenas
acciones, por ejemplo, en el Pleno del Congreso del 14 de marzo de
este año, en el que el ministro de Defensa, dirigiéndose al señor
Centella le recuerda que en su exposición sobre las consecuencias
para España de la ampliación de la base naval no se había referido a
un tema que era el de garantizar el poder adquisitivo de los
trabajadores de Rota. Además, el ministro de Defensa ha dejado claro
en reiteradas ocasiones que una condición para que se firme el
convenio entre Estados Unidos y España es que se garantice ese poder
adquisitivo. Parece que ahora la vigencia de ese tratado ha sido
ampliada hasta mayo de 2003. Por tanto, debemos entender todos que
tendremos que esperar año y medio más hasta que se vuelva a negociar
el convenio para dar una solución a los trabajadores de la base de
Rota.
Hoy ha aparecido en algún medio de comunicación, y personalmente me
lo han enviado los trabajadores en un comunicado, que el ministro de
Defensa se había comprometido a que las obras de optimización de la
base aeronaval tan pretendida por los americanos para construir 18
hangares para los C-15 pasa ineludiblemente por solucionar el
problema de los trabajadores. Parece que el Gobierno tiene todo a su
favor para solucionar este tema y no firmar ninguno de los convenios,
ni siquiera la modernización. Señores del Grupo Popular, estamos
hablando de 500 millones al año. La Armada arriesgó 300 millones en
Gescartera; no entiendo por qué no se arriesga un poco más y a cambio
conseguiríamos solucionar el problema de estos trabajadores, de sus
familias y de todo el movimiento económico de la ciudad, que se ve
resentido por este problema. Hoy tienen la oportunidad de ser
coherentes con lo que anuncian en el Congreso y sobre todo con lo que
dirigentes
del Partido Popular prometen en tierras gaditanas directamente a
estos trabajadores. A los ciudadanos de Rota les gustaría ver a los
dirigentes del Partido Popular defendiendo este tema con la misma
fuerza con que acusan sin pruebas a concejales del Partido Socialista
de compra de otros concejales, como ha reconocido la Fiscalía, con un
solo objetivo: hacerse con el poder de una ciudad, no a través de las
urnas sino por medio de la difamación y la confusión.
Señores del Grupo Popular, si quieren ganar un ayuntamiento, háganlo
a través de las buenas acciones, y pueden empezar con Rota, aprobando
la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se comprometa en el
menor tiempo posible a destinar una partida presupuestaria que
permita solucionar la pérdida del poder adquisitivo de estos
trabajadores mientras se llega a ese acuerdo con el gobierno de los
Estados Unidos. Ello no supone que el gobierno ponga el dinero sino
simplemente que lo adelante y luego lo pueda recuperar tras la firma
de ese convenio.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular
tiene la palabra el señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Los trabajadores de la base de Rota están
inmersos en dos problemáticas distintas. Una es la negociación del
segundo convenio colectivo, que va siguiendo su camino, aunque, como
bien ha dicho la señora Sánchez, sufrió una alarma cuando se llevó a
cabo la prórroga del tratado. Las negociaciones del convenio
colectivo continúan y lógicamente aquí se produce un respeto a la
autonomía de las partes. Otra problemática extraordinariamente
conocida y debatida en esta Cámara es la pérdida de poder
adquisitivo. Los canales de solución son totalmente distintos. Uno es
la autonomía de la voluntad de las partes en el convenio colectivo,
donde no tenemos ningún papel que desarrollar, excluyendo lógicamente
lo que son las partes del convenio; y el otro aparece enganchado al
tratado de buena amistad y cooperación con los Estados Unidos de
América.
El 7 de noviembre de 2000 se votó en esta Comisión una proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Socialista y está
claro que la señora Sánchez votó a disgusto. Votó a disgusto porque
no habían transcurrido ni dos meses de esa proposición no de ley
cuando ya interpelaba al Gobierno sobre la solución de este
contencioso. Me van a permitir que ponga de manifiesto algunas perlas
de la contestación que el Ministerio de Defensa traslada a la
diputada señora Sánchez. La contestación del Ministerio de Defensa
dice textualmente: Estamos llevando a cabo intensos esfuerzos,
encaminados a lograr una solución satisfactoria para los
trabajadores. Obtener una solución que permita la recuperación
inmediata del poder adquisitivo.
Se matiza que las gestiones realizadas por la Administración
española han llevado a la Administración norteamericana al
convencimiento de la necesidad de atender la reclamación de los
trabajadores. Para finalizar, el Ejecutivo matiza que la aproximación
de posturas entre las partes española y norteamericana permitía
esperar razonablemente la conclusión de un acuerdo inmediato que, sin
embargo, no ha sido posible en el breve plazo establecido.
Permítanme tres reflexiones que me parecen importantes. En primer
lugar, este grupo parlamentario se alinea totalmente con los derechos
de los trabajadores - y lo sabe S.S.- y apuesta, como segundo punto,
por esos derechos. En tercer lugar, tenemos que hablar de
legitimidad; la solución de este problema para bien o para mal se
encuentra en el tejado de los Estados Unidos. De pronto el Grupo
Parlamentario Socialista realiza un salto copernicano que se desmarca
de la propuesta de noviembre del año 2000 y presenta una proposición
no de ley, instando al Gobierno de España a que se comprometa en el
menor plazo posible a destinar una partida presupuestaria que permita
solucionar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la
base de Rota mientras no se llegue a un acuerdo con los Estados
Unidos. Esa propuesta nos parece peligrosa, engañosa, demagógica y de
difícil legitimidad. La adopción por parte de la Administración
española de medidas de carácter presupuestario no debe considerarse
como una opción o posible medida transitoria hasta que se llegue a un
acuerdo en las negociaciones que se mantienen con Estados Unidos,
además carece de base legal alguna y sería difícilmente justificable
cara al resto de los trabajadores del sector público que se
compensase por la pérdida de poder adquisitivo de su salario a un
colectivo de 1.300 trabajadores, precisamente cuando sus
retribuciones han experimentado un incremento en comparación con el
resto del personal al servicio de la Administración de un 3,8 por
ciento. Por tanto, no es posible olvidar al adoptar cualquier
iniciativa de este tipo que las retribuciones del resto de los
empleados públicos van a asociadas al incremento del IPC, tributan en
su totalidad y no prevé la fijación de sistemas de compensación para
paliar posibles pérdidas de poder adquisitivo. El mantenimiento de un
tratamiento singular para este colectivo -y esto me parece muy
importante-, supondría, además de consolidar y dar por bueno un
privilegio sin base jurídica alguna, una manifiesta discriminación de
carácter positivo, sin ningún tipo de justificación objetiva y
razonable, justificación que nuestro Tribunal Constitucional viene
exigiendo para considerar acorde con la Constitución la adopción de
este tipo de medidas. No es posible, por tanto, señora Sánchez,
aceptar esta propuesta como literalmente insta en su proposición no
de ley. Por ello, presentamos una enmienda que lógicamente no tiene
otra misión que la congruencia, la coherencia, el respeto a las leyes
y, por supuesto, significa una apuesta clarísima
por los trabajadores. De no aceptar esta enmienda, señoría -y tiene
lógicamente su libertad-, se va a provocar un flaco favor a los
trabajadores. Ayer yo fui llamado por el presidente del comité de
empresa, con quien mantuve una conversación y le hice ver que ese no
era el camino. Aquí pasa algo parecido lo que sucedió a cuando
debatimos el tema de los terrenos militares de San Fernando con
organismos de Fomento; había un error en unos terrenos, y aquí pasa
igual. Saben el Grupo Parlamentario Socialista, los trabajadores
y todos los grupos que legalmente es imposible introducir una partida
presupuestaria para algo que el propio Grupo Parlamentario Socialista
reconoce que no es competencia del Gobierno de la nación.
En consecuencia, presento la enmienda que dice que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a continuar con las negociaciones
tendentes a llegar a una solución que satisfaga a todas partes. Ese
es el camino y esa es la línea que debe continuar el Grupo
Parlamentario Popular. Solicito al Grupo Parlamentario Socialista que
acepte la enmienda y no busque caminos complicados, difíciles y de
dudosa legitimidad.
El señor PRESIDENTE: A los solos efectos de decir si admite o rechaza
la enmienda tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: En primer lugar, la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Popular no se corresponde para nada ni con el
espíritu ni con la esencia de la proposición presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Además hay otro motivo para no aceptarla.
Un comunicado que acaba de llegar del comité de establecimiento del
personal laboral de la base de Rota dice que la enmienda del Grupo
Popular supone una burda dilación. Por lo tanto, yo no puedo aceptar
esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Yo quiero dar la bienvenida a esta Comisión a
don Héctor Esteve, que se ha incorporado por vez primera, bienvenida
que yo había omitido. Siéntase como en su casa, porque lo es, y a
trabajar, que es lo que hay que hacer.
- RELATIVA AL TRASPASO AL AYUNTAMIENTO DE FERROL (A CORUÑA) DE LA
TITULARIDAD DEL POLÍGONO DE TIRO DE DONIÑOS, DESAFECTADO POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000995.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la última
proposición no de ley, que está reflejada en el punto 10 del orden
del día, relativa al traspaso al Ayuntamiento de Ferrol, de A Coruña,
de la titularidad del polígono de tiro de Doniños, desafectado por el
Ministerio de Defensa.
Don Francisco Rodríguez tiene la palabra para defender dicha
proposición no de ley.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Hablar del polígono de tiro de Doniños,
en Ferrol, no es hablar solamente de un polígono de tiro sino también
de su ubicación en una playa que es la más frecuentada del municipio
de Ferrol y a la que acuden miles de personas a diario durante el
verano; una playa que además reúne unas características que conforman
un conjunto paisajístico y un ecosistema peculiar en toda la costa,
ya que cuenta con una de las barreras dunares más impresionantes de
toda la costa gallega y tiene además una laguna litoral de agua dulce
que es la más profunda y e importante de las que existen en Galicia.
Esto es así hasta el extremo de que es uno de los centros de
instalación de aves migratorias, y entre otras variedades de flora se
producen nenúfares que de forma espectacular aparecen y desaparecen
según las épocas del año. Digo todo esto porque se debe comprender
que era una anormalidad que un polígono de tiro estuviese situado en
una playa tan frecuentada y con estas características. Tanto es así
que durante años se produjeron accidentes de los que fue víctima la
población civil, llegando en muchos casos a producirse problemas tan
graves que llevaron a los afectados a ser hoy prácticamente personas
inválidas. Lógicamente, conforme los tiempos fueron cambiando, esta
ubicación y los graves perjuicios que causaba a la población civil
dieron lugar a reclamaciones de carácter social y popular. Quiero
recordar en este sentido que cuando nosotros llegamos a este Congreso
de los Diputados ya hubo un debate muy acalorado en esta Comisión de
Defensa cuando planteamos la cuestión a la luz de tantos accidentes y
del lugar donde estaba ubicado el polígono, porque se trataba de
pegar tiros prácticamente por las dunas sin más indicación que
algunos paneles de color rojo o alguna advertencia. Se provocó un
debate muy acalorado porque se seguía manteniendo que aquel era un
lugar adecuado y que el Ministerio de Defensa no lo iba a abandonar.
En 1996 desgraciadamente nuestras iniciativas salieron rechazadas por
la mayoría de este Congreso de los Diputados, a pesar de que había
peticiones para que el polígono de tiro se cerrase y que con el
tiempo pasase a formar parte de los lugares de ocio público, ya que
estaba situado en una zona tan emblemática y con unas características
tan singulares desde el punto de vista del ecosistema. Así el
gobierno municipal de Ferrol, entonces del Partido Popular,
solicitaba ya en 1995 esta clausura y posteriormente la petición se
siguió cursando hasta que definitivamente el Ministerio de Defensa
dejó de ser persistente en su obcecación y a partir de 1997 recurrió
a un subterfugio increíble, que fue abandonar el tiro en toda la zona
dunar, pero crear una galería de tiro de cemento en el mismo lugar.
Gastó 90 millones de pesetas en hacerlo, y da la casualidad de que
esto, a pesar de las advertencias de que el lugar no
era idóneo y de que tarde o temprano lo iban a eliminar, se hizo en
1997 con afectación del paisaje. Hoy se puede contemplar sobre todo
desde alguna montaña la terrible huella que provoca en ese espacio
tan característico y tan peculiar esta galería de tiro, para
reconocer en el año 2000 que tienen que cambiar de postura, que ya no
lo necesitan, que efectivamente no es de utilidad para el ejército,
que la Armada ya tiene posibilidad de utilizar un polígono de tiro
que existe hace años y que está además en un lugar apropiado, que es
la sierra de Parga, por lo que están dispuestos a su desafectación.
El proceso entre el año 1996 y el 2000 es de por sí elocuente para
ver cómo muchas de esas administraciones públicas mantienen
posiciones indefendibles desde todo punto de vista, porque ella misma
acaba rectificando. El problema viene ahora. Sería equivocado
mantener una posición similar en relación con la posibilidad de que
el polígono de tiro, tal como está cercado en cuanto a los edificios
que constituyen la estancia de los militares (edificios por cierto,
muy bien conservados y que están justo en la zona en que se inicia el
lugar de protección o lo que debe de estar protegido desde el punto
de vista medioambiental); sería equivocado mantener una posición de
no comer ni dejar comer, que se deteriorasen los edificios que están
bastante bien integrados en el medio ambiente y que lógicamente
cuando otra Administración pública se hiciese cargo de ellos
estuviesen en un estado de deterioro y de ruina total. Las
administraciones públicas deben ayudarse mutuamente y favorecer el
intercambio de bienes inmuebles entre ellas.
A la altura del año 2001 la situación está de la siguiente manera:
según resolución del secretario de Estado de Defensa de 10 de julio
de 2001 se declaró el pase a la situación previa de desafectación de
esta propiedad, con el fin de que por la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa se proceda a su depuración física y
jurídica, para su posterior enajenación, de acuerdo con lo
establecido en la ley que regula dicho organismo autónomo, según
respuesta del Gobierno por escrito a este diputado del 10 de
septiembre de 2001. Se trata, por lo tanto, de que a partir de ahora
las opciones públicas se abran paso, que las construcciones militares
perfectamente integradas se conserven y no se permita su deterioro y
su ruina, y además que no ocurra como sucedió con todas las baterías
de cabo Prior o con el observatorio de Monte Ventoso, cuyo estado es
auténticamente deprimente observar, por la obsesión y por la
obcecación de Defensa de no negociar en términos aceptables su
entrega a la Administración civil de carácter local. Nosotros lo
único que proponemos en esta proposición no de ley no es que se le
regale al ayuntamiento, sino que una vez realizada la desafectación y
depuración física y jurídica de la propiedad conocida como polígono
de tiro de Doniños, en Ferrol, incluya este inmueble en un futuro
acuerdo, que se está negociando por lo menos en su primera fase, a
suscribir con el ayuntamiento para el traspaso de su titularidad. Por
lo tanto, se trataría de una negociación dentro de la órbita de la
Ley de la gerencia de infraestructura de la Defensa. Espero que en
esta ocasión no se repita la misma situación de insensibilidad que en
el año 1996, -la recordará algún diputado que está aquí- y que al
final acabemos en el año 2005 aceptando una entrega de este inmueble
pero en un estado de deterioro total. Este sería el peor y el más
flaco servicio que podemos hacer. Vuelvo a repetir que no se trata de
regalarlo, sino de que entre a formar parte de una negociación global
que -insisto- ya se ha iniciado con intereses urbanísticos que pueden
ser perfectamente atendidos por el Ministerio de Defensa.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas en esta proposición, pero sí
hay fijación de posiciones por parte del Grupo Socialista. Don
Guillermo Hernández tiene la palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Vamos a votar a favor de esta proposición
no de ley sobre el polígono de tiro de Doniños. Hace años en el
concello de Ferrol se trató este tema, en el que se llevaba la
bandera por la recuperación de este polígono, incluso en los plenos
del ayuntamiento. Como ha descrito el compañero, es un lugar
privilegiado y además peculiar. Allí hay un polígono de tiro, y hoy
yo dudo que alguien consiguiera una autorización para hacer lo que se
hizo allí. Hoy es el día en que una parte de este polígono ha pasado
al ayuntamiento. Después del gasto y del destrozo que se hizo se
vuelve un elemento inútil y por esta razón se desafecta y se procede
a la posterior enajenación. Nuestra posición es apoyar esta
proposición no de ley, que cuenta además con el apoyo del concello,
como hemos dicho antes. Ya hemos hecho otras propuestas en este
sentido para otras propiedades del Ministerio de Defensa en las que
solicitábamos el pase de la titularidad a los ayuntamientos. Quería
recalcar que en muchos casos estos ayuntamientos tienen economías
débiles, aunque no es el caso de Ferrol, por lo que debería
necesitarse el concurso de otras administraciones, en concreto la
autonómica, para que se produzcan acuerdos y convenios que marquen
una conservación, utilización y disfrute por parte de la vecindad.
Por esa razón reitero otra vez que vamos a apoyar la proposición no
de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Rivas.
El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, voy a ser breve.
Como en esta ocasión estamos tratando un asunto que afecta al
polígono de tiro de Doniños solamente quería decirles a los diputados
de Galicia que, aunque hay una gran parte de verdad y exactitud en
sus manifestaciones,
no esta toda la verdad y la exactitud que requiere un trámite
político y administrativo. Al diputado ferrolano - si me lo permite-
he de comentarle que lógicamente no voy a enseñarle cuál es el camino
parlamentario que debe dar a sus iniciativas, pero desde mi punto de
vista este asunto más que una proposición no de ley podría ser
perfectamente una pregunta parlamentaria al Gobierno, puesto que él
sabe y lo ha dicho -aunque no lo ha dicho todo- que dentro de la
política del Ministerio de Defensa se encuentra la enajenación de un
montón de propiedades a través de la Gerencia de Infraestructuras de
la Defensa para ayudar a financiar nuestros planes para el ejército
profesional, etcétera. No es nada nuevo para nadie que en general
entre el Ministerio de Defensa y las corporaciones locales españolas
existen unas buenísimas relaciones de las que muchos de los que
estamos aquí somos testigos, así como en el caso de Ferrol como no
podía ser de otra forma. Respecto a esta propiedad de Doniños hay ya
un trámite administrativo, que fue efectuado el día 10 de julio por
el secretario de Estado de la Defensa, por el que ya se acordó el
pase a la situación previa de desafectación. Por otra parte, hay
conversaciones entre la corporación municipal de Ferrol y el
Ministerio de Defensa para iniciar lo que se puede llamar un borrador
de convenio. Por tal motivo desde la Administración central ya se
está en posición de transferir esta propiedad al Ayuntamiento de
Ferrol; dicha corporación desea que se le transfiera, por lo que
solamente queda ultimar el convenio en su redacción definitiva para
que sea firmado. No tiene ningún sentido que se esté estimulando una
acción del Gobierno que ya está en trámite, lo que cabría saber sería
en qué situación está este trámite. Como acabo de decir es un
convenio cuyo borrador se está redactando. En principio hay acuerdo
entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa, a través
de la Gerencia de Infraestructuras, y por tal motivo no tiene ningún
sentido estimular al Gobierno a una acción que ya está desarrollando.
Por esta razón el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido este trámite, por lo que vamos a
proceder a las votaciones. Ruego a los portavoces de los grupos
parlamentarios que hagan el recuento de sus efectivos, porque en dos
minutos vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, el motivo de esta digresión ha sido poder completar la
lista del Grupo Popular, porque no ha habido unas sustituciones y no
se puede completar. Son veinte los que votar por el Grupo Popular, a
falta de que adscriban a uno más a la Comisión.
Empezamos con la votación de la primera proposición, que es la número
6. Se vota junto con una enmienda de adición que ha hecho suya el
Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la segunda proposición no de ley, que es la
número 7 del orden del día, sobre medidas relacionadas con los
honores y ceremonias militares. Hay una autoenmienda, que forma parte
ya del cuerpo de la proposición, que se somete también a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Les recuerdo que la votación anterior llevaba implícita la inclusión
de un apartado y la supresión del otro.
A continuación, pasamos a la proposición número 8 del orden del día,
de la que sólo se someten a votación los apartados 1, 3 y 4 según los
deseos de la proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la proposición no de ley número 9, sobre
solución a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la
base de Rota. A esta proposición se ha presentado una enmienda del
Grupo Popular, que ha sido rechazada, por lo cual se vota en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la última votación, relativa al número 10 del orden del
día, sobre el traspaso al Ayuntamiento de Ferrol de la titularidad
del polígono de tiro de Doniños.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones»», de la Comisión de Defensa,
del miércoles, 28 de noviembre de 2001, no guarda relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.