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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 377, de 27/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 377
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 42
celebrada el martes, 27 de noviembre de 2001
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés
Eulate), para informar sobre:
- Su actuación en relación con la circular de la Dirección General de
la Policía que somete a vigilancia especial a los nacionales
colombianos y ecuatorianos que viven entre nosotros. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
213/000561.) . . . (Página 12368)
- El conjunto de medidas que integran la denominada operación
«Ludeco» que afecta a los inmigrantes colombianos y clarificar en qué
medidas incide sobre aquellos ciudadanos procedentes de tales países
que no están incursos en actividad delictiva. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000833.) . . .
(Página 12368)
- La denominada operación «Ludeco». A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000564.) . . . (Página 12368)
- Las condiciones en que la policía cargó de forma desproporcionada
contra una concentración de estudiantes que manifestaban su
disconformidad con la ley orgánica de Universidades, el día 12 de
noviembre de 2001, en Santiago de Compostela (A Coruña). A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000570.) . .
. (Página 12382)
Preguntas:
- Del señor Barrero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre las
razones por las que ha sido eliminada la comisaría de policía situada
en la ciudad fronteriza de Rosal de la Frontera (Huelva). (Número de
expediente 181/001174.) . . . (Página 12391)
- Del señor Pedret i Grenzner (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
opinión del ministro del Interior acerca de que los niveles de
victimización de la población del área metropolitana de Barcelona
aconsejen una disminución del número de funcionarios policiales con
destino en la misma. (Número de expediente 181/001009.) . . .
(Página 12393)
- Del mismo señor diputado, sobre mantenimiento del número total de
funcionarios de los distintos cuerpos policiales en Cataluña,
mientras se produce el despliegue total de los mossos desquadra y el
correspondiente repliegue parcial de la Policía Nacional y la Guardia
Civil. (Número de expediente 181/001010.) . . . (Página 12393)
- Del mismo señor diputado, sobre opinión del ministro del Interior
respecto al déficit de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en
Cataluña y especialmente en el área metropolitana de Barcelona.
(Número de expediente 181/001013.) . . . (Página 12393)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS
EULATE), PARA INFORMAR SOBRE:
- SU ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON LA CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LA POLICÍA QUE SOMETE A VIGILANCIA ESPECIAL A LOS NACIONALES
COLOMBIANOS Y ECUATORIANOS QUE VIVEN ENTRE NOSOTROS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000561.)
- EL CONJUNTO DE MEDIDAS QUE INTEGRAN LA DENOMINADA OPERACIÓN LUDECO
QUE AFECTA A LOS INMIGRANTES COLOMBIANOS Y CLARIFICAR EN QUÉ MEDIDAS
INCIDE SOBRE AQUELLOS CIUDADANOS PROCEDENTES DE TALES PAÍSES QUE NO
ESTÁN INCURSOS EN ACTIVIDAD DELICTIVA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000833.)
- LA DENOMINADA OPERACIÓN «LUDECO».
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 213/000564.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a comenzar la sesión de la Comisión.
Damos la bienvenida, una vez más, al secretario de Estado de
Seguridad y le doy la palabra para que exponga lo que estime
conveniente en relación con las solicitudes de comparecencia que
figuran con los números 1.o, 2.o y 3.o en el orden del día, y que se
tramitan a instancia de los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida, Socialista y Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Buenos
días, señorías. Con el objeto de dar respuesta a las demandas de
comparecencia que ha citado el señor presidente, explicaré en qué
consiste la llamada operación LUDECO y cuáles han sido sus resultados
hasta el momento.
Saben ustedes que en los últimos años se han puesto en marcha por la
Jefatura Superior de Policía de Madrid operaciones específicas
dirigidas a combatir determinadas
modalidades de delincuencia, contra establecimientos de joyerías,
contra establecimientos de bebidas y restaurantes, contra grupos
organizados integrados por nacionales de diversos países que, no por
esta condición, evidentemente, sino por su agrupación en
organizaciones delictivas, estaban creando una situación de
inseguridad ciudadana notable en diversas ciudades españolas. Con
idéntica finalidad, por la subdirección general operativa de la
Dirección General de la Policía se articuló recientemente la
denominada operación LUDECO a la vista del incremento registrado en
la delincuencia protagonizada fundamentalmente por ciudadanos de
Colombia y de Ecuador. Se trata de un nuevo operativo policial, con
especial incidencia en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que
tiene un carácter urgente y un carácter provisional. Dicho
dispositivo tiene como finalidad específica descubrir y erradicar los
grupos organizados e individuos delincuentes que, aprovechando los
flujos migratorios, llevan a cabo actividades delictivas, con grave
repercusión en la seguridad ciudadana. Para ello, se ha tomado una
serie de medidas -las describiré sucintamente- tendentes a mejorar e
intensificar las actuaciones policiales preventivas de investigación
y de coordinación de las unidades operativas dedicadas a la lucha
contra la criminalidad. Tales medidas son: el establecimiento de
órganos concretos de canalización y tratamiento de toda la
información derivada de la operación, con reenvío de la misma a las
unidades operativas; la intensificación de la cooperación
e intercambio de información a nivel internacional, a través de
Europol, de Interpol y de las relaciones directas que mantenemos con
los organismos policiales de Ecuador y de Colombia; la utilización
del fichero GATI, Grupo de análisis de tratamientos de la
información, con el propósito de ayudar a la eficacia final del
dispositivo, y también cabe destacar el incremento del celo en la
actuación de las unidades policiales con el objeto de evitar la
entrada o la estancia irregular en España o de acreditar la verdadera
identidad del sujeto cuando, por sus antecedentes, por carecer de
documento de identidad o presentar la documentación con indicios
fundados de estar manipulada o ser falsa, se exija una particular
atención policial.
Los resultados de la operación a día de hoy -los publicaba la prensa
este último fin de semana- son alentadores: se ha conseguido detener
a 250 personas relacionadas todas ellas con el ámbito delictivo.
Quisiera señalar que es una operación que en absoluto va dirigida
contra grupos de nacionales de otros países por el hecho de ser
nacionales de otros países. España es un país de acogida, sensible a
las necesidades de emigración, como lo fueron en su día los propios
españoles y españolas que tuvieron que salir de nuestro país. Por lo
tanto, esto tiene que ver con la seguridad ciudadana y con nada más
que con la seguridad ciudadana.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
A continuación intervendrán los grupos solicitantes de la
comparecencia.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, nosotros vamos a
intervenir desde nuestra gran sorpresa y nuestro gran escándalo por
la llamada operación Café, que se emprende en principio desde la
Dirección General de la Policía en Madrid, pero que en estos momentos
se amplía a toda España. De este modo, se pone bajo sospecha a cerca
de 160.000 personas procedentes de Colombia y de Ecuador.
A nuestro juicio, esta circular que emana de la Dirección General de
la Policía supone un gravísimo ataque a un colectivo humano por el
mero hecho de su nacionalidad, colombiana o ecuatoriana, es decir,
priva de las garantías jurídicas propias de un Estado de derecho a
todo un colectivo por la actividad de unos pocos de sus integrantes.
Si esto lo hubiera hecho algún ayuntamiento o si se hubiese hecho en
El Ejido, nosotros hubiésemos señalado, y lo hacemos en este momento,
que bordea el tipo penal de incitación indirecta al racismo y a la
xenofobia recogido en el artículo 165 ter, apartado 1, del Código
Penal. Al mismo tiempo, la citada orden policial es también contraria
a los distintos tratados internacionales suscritos por España en
materia de derechos humanos. Señorías, pensamos que esta operación
-operación Café, operación LUDECO- es absolutamente incorrecta y
desde luego inconstitucional por el espíritu y por la letra. La
lectura del binomio seguridadlibertades se ha hecho de manera
absolutamente incorrecta, rozando principios racistas que no podemos
callar desde la óptica de Izquierda Unida y desde cualquier tipo de
oposición. Llamamos al Ministerio de Interior a la reflexión. Si
distintos portavoces, de Izquierda Unida, del PSOE, de Convergència i
Unió, del PNV, de Iniciativa, de SOS Racismo y distintas embajadas
entienden que la operación LUDECO es un disparate, pretendemos con
esta comparecencia y a raíz de esta intervención que el Ministerio de
Interior reflexione. No estamos sistemáticamente contra ningún
ministerio, ni siquiera contra el Ministerio de Interior. Hemos
felicitado al señor Rajoy por sus apreciaciones con respecto a la
Ertzaintza en un momento determinado, por el contenido de lo que dijo
y por el momento en que lo dijo. Desde ese punto de vista, comprenda
nuestra indignación contenida con respecto a esta operación.
Las actuaciones del Ministerio de Interior en este orden de cosas no
están en modo alguno en la línea de lo acordado en relación con la
tolerancia y convivencia entre razas, pueblos y culturas que se
recogió en la cumbre de Tampere en 1999, y que después, a pesar de su
espíritu restrictivo, se recogió en la Ley orgánica 8/2000, es decir,
la llamada Ley de extranjería del Partido
Popular, que sustituyó a la consensuada por todos los grupos
parlamentarios, la Ley orgánica 4/2000. Allí se recogía que los jefes
de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea
acordaron, en el mes de octubre de 1999, en Tampere, que se debía
garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que
residieran legalmente en el territorio de esos Estados miembros. Una
política de integración -se decía- debe encaminarse a conceder a
estos residentes derechos y obligaciones comparables a las de los
ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de
discriminación en la vida económica, social y cultural, y al
desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia. Se hace
absolutamente todo lo contrario.
Nosotros hemos denunciado la Ley 8/2000 como restrictiva, como una
involución, como una ley de óptica esencialmente policial. Pues bien,
esta circular de la Dirección General de la Policía nos lleva a las
cavernas. Es mucho más restrictiva, si es que es la palabra en este
caso, mucho más involutiva, mucho más inaceptable que la propia Ley
8/2000. Circulares policiales de este tipo están incluso, repito, en
confrontación con el citado texto de la Ley orgánica 8/2000 y supone
que se pone, bajo sospecha a unos colectivos nacionales y se limita
de facto sus derechos aún más de lo que lo hace la actual Ley de
extranjería del Partido Popular: el derecho a la intimidad, libertad
de circulación, residencia, reunión, manifestación, etcétera. Por si
todo lo dicho no fuera suficiente, es evidente que se trata de un
acto administrativo que pone bajo sospecha a todo un colectivo por su
mero origen nacional, desde luego, absolutamente contrario a la
Constitución desde nuestro punto de vista. En el artículo 10 de la
ley de leyes se obliga a interpretar y a aplicar en España las normas
relativas a derechos humanos, de acuerdo con los tratados
internacionales firmados en esta materia por el Reino de España y de
acuerdo también con los derechos inherentes e inviolables de su
persona. La citada orden policial rompe con bastantes tratados
internacionales suscritos por unanimidad en esta Cámara: la Carta de
las Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos civiles,
políticos, sociales y culturales de la ONU, el Convenio europeo de
derechos humanos, firmado en Roma en 1956, y choca también con la
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en materia de derechos
humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desgraciadamente, no podemos definir esta actuación del Ministerio de
Interior, sino como una extralimitación absurda, inaceptable que
implica de hecho un hostigamiento policial desde todo punto
injustificable. A partir de esta circular de la Dirección General de
Policía, se están implantando una serie de normativas, de formas de
actuación que rozan el racismo. En este caso se podría hablar de
racismo institucionalizado por esta circular, por esta orden de la
Dirección General de la Policía. Finalmente, esta situación que
implica la llamada operación LUDECO no sólo ha supuesto el rechazo
unánime
de las ONG españolas que trabajan en los campos de la inmigración
y de los derechos humanos, sino que también ha supuesto la protesta
diplomática de Ecuador, con petición expresa de la retirada de la
polémica orden.
En cuanto a nuestras relaciones con Colombia, mejor ni hablamos, pues
no sólo les exigimos visado de entrada en España, sino que en
operaciones policiales como la que hoy criticamos aquí les
consideramos potenciales delincuentes por el mero hecho de haber
nacido en un país determinado. Queremos apelar al Ministerio de
Interior, que empieza a tener cierta aureola de dialogante, de
flexible, de no dogmático, a que reflexione. Somos muchos los
portavoces de una extracción ideológica o de otra que estamos
protestando por esta normativa, por esta circular, por esta operación
Café, por esta operación LUDECO que hoy se extiende a toda España, no
sólo a la circunscripción de Madrid. Esta operación es un auténtico
disparate, estamos todos, y creo analizar objetivamente la situación,
escandalizados y preocupados ¿No sería conveniente reconocer el error
cometido y repararlo con la mayor brevedad posible?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Morenés, bienvenido una vez más a esta
Comisión, en esta ocasión para informar sobre una cuestión que es
delicada y tiene unos perfiles que convendría, desde nuestro punto de
vista, aclarar cuanto antes. Hemos observado que el Ministerio de
Interior tiene una tendencia orientada a combatir la delincuencia por
tramos, por sectores, por elementos diríamos singularizados. No
combate a toda la delincuencia al mismo tiempo, sino a algunos
delincuentes durante algún tiempo. Eso es lo que reflejan programas
como el 6x6, el 10x10, las operaciones Café, Yugo, Cóndor, etcétera.
Hay un largo etcétera de siglas y denominaciones más o menos
grandilocuentes que lo que encubren fundamentalmente es una política
de seguridad ciudadana vacilante y frecuentemente errónea. Así,
tenemos la operación LUDECO, creada para atajar el incremento de las
actuaciones delictivas de delincuentes procedentes de Colombia y
Ecuador. Nadie discute si hay que combatir esta delincuencia igual
que todas las demás, de los nacionales y de los extranjeros
delincuentes procedentes de todos los países, de Italia, de Rusia, de
Marruecos, de Nigeria, de México, de Norteamérica, etcétera. Mi grupo
cree que por eso se han definido programas como el 10 x10 que tratan
de contener un conjunto de elementos, unas estrategias de amplio
espectro que se orientan a combatir la delincuencia internacional, el
tráfico de inmigrantes, todo tipo de tráfico con seres humanos, el de
drogas, etcétera. Por otra parte, en la famosa circular sobre la
operación LUDECO aparece una actuación de caráctersingular, por
nacionalidades y, desde nuestro punto de
vista, hay que someterlo a una seria consideración puesto que si no
nos vamos a ver inmersos en políticas de seguridad pública que van a
tener sucesivamente perfiles próximos a discriminaciones por origen
nacional, étnico o religioso. Desde nuestro punto de vista, no se
debe singularizar el combate de la delincuencia por nacionalidades,
etnias, religiones, culturas, etcétera, porque causa efectos
indeseables. Da una imagen de discriminación que a veces puede ser
una discriminación por nacionalidad, querida o no, y esta es una
cuestión que todavía no ponemos sobre la mesa. Para demostrar el
efecto que produce este tipo de políticas singularizadas de
persecución criminal en términos étnicos, culturales, nacionales, que
obviamente hay que hacer en cuanto se trata de delincuentes, hagamos
el ejercicio de sustituir en esta denominación de la operación
LUDECO, donde se dice colombianos y ecuatorianos, por marroquíes y
nigerianos. Quedaría el siguiente título: dispositivo especial contra
la delincuencia perpetrada por nacionales marroquíes y nigerianos.
Señor Morenés, ¿qué tal le parece el título? Porque si este que se ha
utilizado de colombianos y ecuatorianos conduce a cierto escándalo
social, este otro que podría igualmente contenerse cualquier día en
una circular de la Dirección General de Policía, causa un efecto
todavía menos estético y más indicativo de que no se tienen en cuenta
o no se valora adecuadamente los elementos discriminatorios que
pueden existir en este tipo de políticas o de acciones, si se
realizan desde la perspectiva de nacionalidad o desde la de etnia o
desde la de cultura.
Voy a retomar el tema de los ecuatorianos y colombianos. Sería
conveniente prever los efectos indeseados y discriminatorios que se
pueden producir por la aplicación del punto 3 de la mencionada
circular. Se habla de actuaciones en el ámbito de extranjería sobre
ciudadanos no delincuentes que pueden verse transformados en
sospechosos por su incorporación a un archivo policial, al GATI, en
el que aparecerán a causa de la aplicación de las medidas que se
contienen en este punto 3 que mencionamos. Ahí es donde está el
problema fundamental, porque se habla, en primer lugar, de que estas
medidas se toman con el fin de incrementar la eficacia en la
aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería.
Diferenciemos, por tanto, esta parte: hay una serie de medidas que se
toman con el fin de incrementar la eficacia en la aplicación de la
normativa vigente en materia de extranjería y estas mismas medidas
también tratan de evitar la legalización en España de personas de los
referidos países que cometan hechos delictivos o pongan en peligro la
seguridad pública. Le tendría que decir, señor Morenés, que tengo
poco o nada que objetar a este segundo objetivo porque parece lógico
y normal que estas medidas se tomen contra los delincuentes y en
prevención de hechos delictivos. No obstante, respecto al primer
punto de incrementar la eficacia en la aplicación de la normativa
vigente en materia de extranjería, es otra cuestión, tiene otros
matices,
otros elementos y otra orientación. Se trata de tomar medidas sobre
la aplicación de la Ley de extranjería y no solamente de la
persecución de delincuentes. Desde nuestro punto de vista, la
eficacia que se predica en lo que se refiere a la aplicación de la
ley debe ser común y aplicable a todo tipo de inmigrantes, con
independencia de su lugar de procedencia. La lucha contra los
delincuentes oriundos de Colombia, Ecuador o cualquier otro país no
debe degenerar en trato más estricto a los nacionales no delincuentes
colombianos o ecuatorianos.
Las medidas que se prevén, las medidas a), b), c) y g), desde nuestro
punto de vista, no deben afectar a más ciudadanos ecuatorianos o
colombianos que a los investigados como sospechosos o como autores de
delitos o peligrosos para la seguridad pública. Del mismo modo
debería ser para cualquier otro nacional, entre cuyas personas pueden
existir también delincuentes. Así pues, señor Morenés, debería
clarificarse que las actuaciones previstas, las que se especifican
como análisis de solicitudes de permisos de residencia para arraigo,
comprobaciones de la situación administrativa, comprobación de las
relaciones laborales, reseña de los extranjeros conducidos a
dependencias policiales para identificar, todas estas medidas, se
deben aplicar, en sentido estricto de la investigación policial, sólo
sobre personas o sobre grupos, pero delincuentes, y no como grupos
nacionales, étnicos o culturales. Esta es la cuestión en la cual
nosotros queremos insistir, que no se actúa sobre grupos de carácter
nacional, étnico o cultural, sino sobre personas auténticamente
sospechosas, delincuentes o perseguidas por delitos ya cometidos o
sobre grupos de carácter delictivo, sobre mafias o sobre grupos
organizados para delinquir, pero nunca sobre grupos nacionales en su
conjunto. En este sentido, señor Morenés, le requerimos para que tome
medidas que rectifiquen esa circular de la operación LUDECO y
remitirla a su auténtico contenido, al que debe tener como lucha
fundamental y estrictamente dirigida contra la delincuencia.
Recientemente aparecía en la prensa que el jefe de la policía de
Oregón, junto con otros, se negó a realizar actuaciones de carácter
inconstitucional porque eran discriminatorias hacia grupo de personas
procedentes de otros países y a las que como tal grupo se
identificaba en sentido genérico como sospechosos, ya que según las
normas recientemente dictadas a escala norteamericana parece que
deberían ser objeto de interrogatorios como tal grupo nacional, como
tal grupo procedente de otros países. Para estos jefes de policía,
que han sido varios, según dicen los medios de comunicación, esto
significaba una discriminación por origen, una discriminación
inconstitucional. En esta misma dirección es como se debe aplicar en
España la legislación de extranjería y todo el conjunto de elementos
que existen en torno a esa legislación.
Bien es verdad que la seguridad tiene que ser defendida. Nosotros -y
ya se lo dije en otra ocasión- de ninguna manera propugnamos el
debilitamiento de las
medidas que deban ser tomadas para la persecución de grupos
criminales que hayan causado en nuestro país una serie de asesinatos
y que tienen un contingente ya conocido de personas encarceladas
procedentes de este país, pero esto no quiere decir que estas medidas
de seguridad deban dañar, tocar o afectar de alguna manera la
libertad y la dignidad de personas que no son delincuentes, de
personas que por el mero hecho de pertenecer a una nacionalidad no
deben ser objeto de ningún tipo de sospecha ni de ningún tipo de
acción que les conduzca a las listas o los archivos de los
sospechosos.
Por esa razón le instamos, señor Morenés, a que prontamente se
rectifique, se module, se adapte esta circular de la Dirección
General de Policía, al objeto de evitar la impresión de carácter
discriminatorio que en este momento se está produciendo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Damos también la bienvenida al señor
Morenés, y queremos decirle que desde la perspectiva de Convergència
i Unió es evidente que la concepción de la operación LUDECO
constituye un error de la política de seguridad del Gobierno. En este
sentido las expresiones de los portavoces que han hablado hasta ahora
coinciden con el planteamiento de fondo de Convergència i Unió.
Es evidente que en Madrid existía una escalada criminal relacionada
con nacionales fundamentalmente de Colombia. Todos los portavoces
coincidimos en la necesidad de que por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado se actúe de la manera correspondiente;
además, cualquier medida de colaboración con las autoridades
policiales de estos países habrá sido bienvenida, y nos consta que
así ha ocurrido, pero nos parece que el planteamiento de la operación
LUDECO, en cuanto que globaliza al conjunto de ciudadanos de Colombia
y Ecuador, constituye un planteamiento equivocado y equívoco.
Generalizamos las sospechas a un conjunto de nacionales de países
que, por otro lado, constituyen dos de las más importantes
nacionalidades presentes en el Estado español en los últimos años, y
además este planteamiento generalizador lleva a nuestro grupo a
plantear algunas preguntas. ¿Existen delitos especiales o específicos
realizados por ciudadanos de Ecuador o Colombia? ¿Existen delitos
específicos o especiales realizados por ciudadanos de origen gallego
o de origen catalán? ¿Qué es lo que distingue en este tipo de
supuestos a esta serie de actuaciones? ¿Se da una cantidad suficiente
de delitos realizados por ciudadanos de Ecuador y de Colombia que
justifique un operativo especial? Las cifras indican que el número de
ciudadanos de origen colombiano y ecuatoriano detenidos en España por
delitos cometidos en España no es especialmente significativo, y ahí
quizá sería bueno que el
señor Morenés nos diese esa información y distinguiese entre los
ciudadanos detenidos en el aeropuerto de Barajas por transportar
algún tipo de drogas y los que han cometido delitos en el propio
territorio del Estado español.
Se ha dicho que este planteamiento choca con buena parte de la
legalidad internacional, seguramente incluso con la propia
Constitución, pero si me permite con la propia Ley de extranjería,
que en su capítulo IV, artículo 23, considera que representa
discriminación todo acto que directa o indirectamente conlleve una
disensión, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero
basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o
étnico, las convicciones y prácticas religiosas. Entendemos que esta
orden distingue por su nacionalidad a los nacionales de Ecuador y
Colombia. Supongo que al Gobierno no se le va a escapar además que
esta orden, por el escándalo social que ha provocado, por la cierta
alarma que ha tenido, estigmatiza a un conjunto de nacionales ante
una problemática difícil de gestionar, como es la de la inmigración,
la de la acomodación de estos ciudadanos en nuestros países. A nadie
nos interesa que desde la Administración pública se lancen mensajes
que concentren la atención de la ciudadanía hacia aspectos delictivos
de ciudadanos de determinados países, desde la perspectiva de la
integración absolutamente necesaria de estos nacionales en nuestra
sociedad. Se crea alarma alrededor de los nacionales de Colombia y
Ecuador, y recuerdo e insisto que estamos hablando de miles de
ciudadanos de estos países en el Estado español.
Además las medidas que se introducen en materia de extranjería, las
que se denominan actuaciones en el ámbito de extranjería y que
pretenden introducir un especial celo en toda la gestión
administrativa del proceso administrativo de esta materia,
precisamente generalizan al conjunto de los ciudadanos este tipo de
práctica discriminatoria. El riesgo que existe es que a buena parte
de los ciudadanos de Colombia y de Ecuador que padecen la mala
gestión administrativa de la Administración central del Estado en
esta materia se les añadan más problemas; que a la mala gestión
administrativa para la renovación de permisos de trabajo, renovación
de permisos de residencia, gestión de permisos de arraigo, con
retrasos de meses, le añadamos un nuevo foco de tensión para un
conjunto de miles de personas en todo el Estado español. No nos
parece que esa sea una buena práctica.
Nuestro grupo le querría plantear dos preguntas concretas sobre la
operación LUDECO. Una es qué medidas se han tomado para que un
ciudadano de Colombia o de Ecuador pueda acceder al fichero de la
Oficina SIRENE para comprobar si sus datos están presentes en ese
fichero y pedir su corrección o rectificación en el supuesto de que
hubiese errores de hecho o de derecho. ¿Existe en este sentido un
mandato legislativo específico? Debemos recordar que la
incorporación, a raíz de la
operación LUDECO, de ciudadanos de origen colombiano y ecuatoriano,
sistema SIRENE??, tiene consecuencias en todo el espacio Schengen
respecto a la libre circulación de estas personas y a su posibilidad
de acceder a un permiso de residencia en cualquier Estado de la Unión
Europea. Por tanto un error en España en esta materia alrededor de la
operación LUDECO tiene consecuencias en todo el espacio Schengen.
¿Qué medidas se tienen previstas para que se pueda producir esa
comprobación y esa rectificación en el caso de que así
correspondiese? Además en el propio plan, en el punto 6, se prevé que
como actuación de las demás unidades periféricas se diseñarán planes
específicos de actuación. ¿Se han diseñado planes específicos de
actuación en el marco de la operación LUDECO por parte de las
jefaturas superiores de la Policía donde exista, a entender del
Ministerio de Interior, un especial índice de delitos cometidos por
ciudadanos ecuatorianos y colombianos?
Son dos preguntas concretas y dos peticiones. Una petición es que
quizá sería bueno que el Gobierno elaborase algún código de conducta
que permitiese datar desde el ámbito de la seguridad ciudadana, los
delitos cometidos por ciudadanos de origen extranjero evitando al
mismo tiempo que ese tratamiento tuviese carácter discriminatorio,
como lo tiene la operación LUDECO.
Nuestro grupo le pide que retire la orden tal como está redactada y
se activen los mecanismos operativos policiales necesarios para
combatir la delincuencia, pero la delincuencia en general, no la
delincuencia atribuida a nacionales de determinados Estados.
El señor PRESIDENTE: ¿Resto de los grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor secretario de Estado, le doy la
bienvenida, aunque usted es casi un habitual de esta Comisión, lo
cual debería hacerle reflexionar acerca de por qué está tan en el
candelero la política de seguridad de este Gobierno.
Casi todo se ha dicho ya, y desde luego hay formas de caracterizar a
las personas y de dar instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado sin tener que referirse a su nacionalidad o su
origen étnico. Esto es contrario al artículo 14 de la Constitución y,
como también se ha dicho, alimenta un racismo cada vez mayor en esta
sociedad, un racismo que ya el año pasado en El Ejido provocó
acontecimientos bastante tristes, aunque ahora el recién nombrado por
su Gobierno presidente del Foro a la Inmigración diga que fue
simplemente una pataleta. Yo creo que fue un brote racista con todas
las letras.
Estas operaciones, con nombres como el de Café, aunque LUDECO parece
algo más aséptico, lo que hacen es poner sobre el papel, es decir,
codificar lo que en la práctica viene sucediendo, que si alguien
tiene un determinado color de piel o un determinado acento
cuenta con una posibilidad mucho más probable de ser abordado por la
policía, de ser hostigado e interrogado acerca de sus papeles, es
decir, de ser molestado. Esta circular viene, como digo, a codificar
esta situación, no digo a legalizar porque lo que supone actuar a
través de circulares y de instrucciones internas es extender a la
calle lo que sucede en el ámbito carcelario. En el ámbito carcelario
son recuentes estas instrucciones de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias en las que no sólo se establecen
criterios de interpretación de las normas sino que directamente se
crean normas nuevas. Aquí están haciendo ustedes exactamente lo
mismo, pisando la Constitución, pisando tratados internacionales
suscritos por España, y espero que esta comparecencia les haga
reflexionar. Hay que perseguir la delincuencia, hay que perseguir la
criminalidad, pero hay formas y maneras, siempre respetando el
ordenamiento jurídico, que no viene constituido ni integrado en esta
circular.
Espero que reflexionen y recuerden lo que dice nuestra Constitución,
y que la entrevista que el señor Aznar va a tener mañana con el señor
Bush suponga reafirmar esos principios que hoy yo creo que
unánimemente estamos recordando aquí, no vaya a ser que el señor Bush
convenza al señor Aznar -decía hoy por la mañana la televisión- de lo
buenos que son esos tribunales militares secretos o esos
interrogatorios voluntarios a personas simplemente por su origen
étnico o nacional. Es un buen momento para razonar y corregir
actitudes que pueden estar guiadas por un cierto apresuramiento o por
una cierta urgencia en solucionar situaciones que efectivamente crean
alarma social, pero también puede ser un buen momento para delante de
los corresponsales de prensa extranjera de estos países, informarles
de que hubo un error que se va a corregir y desde luego
transmitirles, como yo quiero hacerlo ahora, que una cosa es lo que
diga el Gobierno español y otra muy distinta lo que piensen los
representantes de la ciudadanía, que se oponen y no están en absoluto
de acuerdo con estas medidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor secretario de Estado, vaya por
delante la manifestación de que me sabe mal que sea usted el
destinatario de mis críticas sobre la cuestión objeto de esta
comparecencia, cuya paternidad evidentemente no le atribuyo pero sí,
por el cargo que ocupa, la responsabilidad política que le incumbe
sobre la misma.
Mi formación política no había pedido la comparecencia, pero sí se ha
manifestado en distintos medios sobre ella, considerándola no ya una
torpeza, que eso al fin y al cabo sería un mal menor, sino un
auténtico atropello a los derechos humanos.
En su exposición usted lo ha encuadrado como actuaciones preventivas.
Yo creo que no son tales, provenía de una actuación inicial de la
Jefatura Superior de Policía de Madrid que sólo lo fue para el ámbito
de Madrid, pero en aquel caso se derivaba de una situación concreta,
y verá más adelante por qué me refiero a ello. En aquel caso se puso
en marcha el 19 de septiembre tras la muerte a tiros dos días antes
de cuatro colombianos en un piso del barrio de Vallecas. Ahora, al
extenderse la operación con el nombre de LUDECO, se hace con carácter
genérico y respecto de todas las situaciones. Nosotros creemos que el
que se consideren actuaciones preventivas la anotación de los datos y
actuaciones que sirvan para prevenir amenazas o peligros para la
seguridad pública o reprimir infracciones penales siempre que
provengan de determinadas personas, es un grave atentado contra los
derechos humanos de esos grupos en cuestión, que se circunscriben en
el caso de la operación LUDECO a Colombia y a Ecuador, y que, sin
embargo, en el caso de Madrid se generalizaba de una forma más amplia
y se utilizaba el más genérico de origen sudamericano. Bien está que
se diga que se pretende prevenir delitos, pero la raza o el país no
delinquen, y sí lo hace, sin embargo, como le ha hecho notar el
portavoz de Izquierda Unida, la incitación a las conductas racistas.
No es la primera autoridad que comparece en esta Cámara para dar
razón de esta operación ni de los datos. Desde nuestra perspectiva,
importándonos lo que es la operación concreta, más nos importa la
permanencia de lo que de esta operación vaya a quedar, es decir, la
constancia en los ficheros de determinados datos. El día 7 de
noviembre comparecía en la Comisión Constitucional el director de la
Agencia de Protección de Datos, y a él se le hacía objeto de
importantísimos requerimientos por las distintas formaciones
políticas para que la Agencia, si es que quiere acreditar su
condición de Administración independiente y quiere que esta se
justifique en la tutela de lo que el artículo 18 de la Constitución
contiene como autodeterminación informativa -creemos que en este caso
sería obligado-, intervenga, como ya lo hizo en ocasión anterior, con
una actuación que en el ámbito de la Comunidad Valenciana puso en
marcha tiempo atrás, en la legislatura anterior, el mismo señor
Cotino, hoy director general de la Policía.
El artículo 22 de la Ley de Protección de Datos cuando regula de los
ficheros que puede tener la policía, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, dice que no se podrán tener sin consentimiento
de los interesados más que cuando se esté ante investigaciones
concretas -en este caso hablamos de un peligro genérico que viene
derivado de la raza o del país de origen de determinados ciudadanos-
o cuando haya un peligro real, no una amenaza abstracta o posible,
como es en el caso del que estamos hablando. Requiere, además, un
juicio de proporcionalidad que en modo alguno se ha dado respecto de
la operación concreta de la que se está hablando.
Siendo graves las consecuencias de la operación, más grave nos
parece la constancia documental de datos de ciudadanos, perfectamente
legales todos, con sus derechos y libertades, que van a quedar en
poder de quien se haga depositario de esos ficheros, desde nuestra
perspectiva a todas luces ilegales en función de lo que la Ley de
protección de datos permite. El representante de mi formación
política en la Comisión Constitucional le pedía al director de la
Agencia de Protección de Datos, que interviniese, entendiendo que de
lo que se estaba hablando no tenía encaje en la ley. Desde luego no
creemos que lo tenga en la Constitución, ni tampoco en la
interpretación que hace de ella el Tribunal Constitucional en estas
materias; ni en el Convenio europeo de derechos humanos, ni la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se invoca para
justificar actuaciones de este estilo. Los medios de comunicación se
han hecho eco de la petición de distintas organizaciones no
gubernamentales que se han dirigido a la Fiscalía General del Estado
para intentar que se pongan en marcha actuaciones de este estilo. A
nuestro grupo le gustaría -ya se le instó al director de la Agencia
de Protección de Datos- que la Fiscalía General del Estado
interviniese, pero todavía más, nos atrevemos a solicitar que sea la
propia Secretaría de Estado que usted ocupa o el Ministerio el que
reconsidere esta actuación que es un atropello, muy lejos de ser sólo
una actuación torpe. EL señor vicepresidente primero en distintas
ocasiones ha manifestado que en materia de inmigración y extranjería
no siempre se está acertando. El portavoz de Convergència i Unió ha
hecho referencia a la no feliz actuación administrativa en esta
materia. En derechos y libertades tampoco se está hilando
excesivamente fino, y por eso le instamos al Ministerio del Interior
a que retire o reconsidere esta operación puesta en marcha, puesto
que estamos hablando de ciudadanos de países respecto de los cuales
-no debe tampoco olvidarse- se ha vertido desde España abundantísima
literatura cuando se habla de la acogida de la madre patria. Es
particularmente cruel que quienes vienen buscando una vida mejor en
este país se vean en estas circunstancias.
Ha aludido usted a la eficacia. A todos nos gusta ser eficaces y que
la policía detenga, pero la detención de 250 personas a las que usted
ha hecho mención -este fin de semana salía oportunamente, por cierto,
en los medios de comunicación- no justifica el que otros muchos,
quizás miles, hayan sido objeto de atropellos en sus garantías y
derechos. No quiero ponerme excesivamente pesada, pero me gustaría
que el Ministerio, la Vicepresidencia primera, reconsiderase lo que
esto supone en cuanto a merma de derechos de un colectivo importante
de ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, elseñor Gil Lázaro tiene
la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Con carácter previo quisiera hacer una
consideración, en la medida en que ha surgido en la valoración hecha
por algún grupo parlamentario. Afortunadamente el señor secretario de
Estado es un habitual de esta Comisión. Pero ese hecho no debería
moverle, como le ha invitado algún portavoz, a reflexionar sobre por
qué está en el candelero la política de seguridad de este Gobierno,
que no es ésa la percepción de los ciudadanos. Probablemente ese
portavoz tendría que reflexionar sobre el respeto de este Gobierno a
las tareas de control ejercidas por este Parlamento, y me refiero tan
sólo a un ejemplo muy concreto. El punto siguiente del orden del día,
promovido legítimamente por este señor portavoz, se refiere a unos
hechos que tuvieron lugar el día 12 de este mes. Estoy hablando de
memoria, pero creo que el asunto tuvo entrada en Comisión el día 20 y
hoy 27 estamos debatiéndolo. Mi grupo celebra que el señor secretario
de Estado sea habitual de esta Comisión, pero en esa habitualidad no
hay una connotación de reproche hacia las políticas de seguridad de
este Gobierno, sino un acento en el profundo respeto de este Gobierno
y del Ministerio del Interior a las tareas de control ejercidas
legítimamente por los distintos grupos parlamentarios. En ese mismo
contexto de consideraciones previas y porque se ha utilizado, cierto
es que con matiz distinto -y quiero apreciar este hecho-, por los
señores Alcaraz y Aymerich, pero en la medida en que el señor Alcaraz
ha hablado de hostigamiento policial injustificable y el señor
Aymerich ha hablado de ciudadanos hostigados por la policía, todos
podremos estar de acuerdo en una valoración que me parece esencial,
y mucho más en las últimas horas: la policía democrática en un Estado
democrático y de derecho como es el Estado español actúa en el marco
del ordenamiento jurídico y, por tanto, no hostiga, sino que cumple y
hace cumplir las leyes; no solamente no hostiga, sino que en
determinadas circunstancias pierde la vida en el cumplimiento de su
deber. Aprovecho esta ocasión para expresar la solidaridad de mi
grupo con el dolor que en este momento vive la Ertzaintza y con el
reconocimiento del importantísimo papel que ésta tiene en la
normalización definitiva del País Vasco.
En relación con el asunto que nos ocupa, hay algunas consideraciones
que mi grupo tiene necesariamente que hacer. No compartimos la idea
de que se estén estableciendo controles indiscriminados sobre
nacionales de otros países, y particularmente en este caso sobre los
ciudadanos procedentes de Colombia y de Ecuador. Sí que hay una
política de prevención sobre determinadas personas adscritas a
organizaciones criminales profesionales. Como ha señalado el
secretario de Estado, estamos ante un planteamiento de carácter
urgente y profesional, frente a una delincuencia muy violenta que en
los últimos meses había provocado notable inquietud, fundamentalmente
en Madrid; notable inquietud entre los ciudadanos españoles y notable
inquietud entre
los ciudadanos colombianos y ecuatorianos que residen en nuestro
país.
Terminaré mi intervención haciendo una referencia a esta última idea.
Nosotros creemos que las medidas adoptadas lo son en el marco de
nuestro ordenamiento vigente, interpretación ésta que hacemos tan
legítima como la de los grupos que piensan que excede de ese
ordenamiento vigente, entre otras cosas porque los sistemas de
control y de garantía del Estado de derecho no permitirían hacer lo
contrario, que lo son con escrupuloso respeto a los derechos
individuales y que están engarzadas en un amplio marco de cooperación
internacional. Conviene no perder esta última perspectiva cuando se
quiere hacer una valoración de esta operación, en la medida en que
ese amplio marco de cooperación internacional tiene, como es natural,
una referencia muy principal a los servicios de seguridad y de
información de uno de los países citados en esta circular; no como
tal país, no con controles indiscriminados sobre ciudadanos en
genérico, sino sobre organizaciones muy señaladas, muy conocidas y
sobre delincuentes igualmente conocidos. Los resultados están siendo
notables y participamos del planteamiento del Ministerio del Interior
siempre que se habla de políticas de seguridad. Todo es
perfeccionable, todo admite evolución, es bueno no situar todo en el
terreno del dogmatismo siempre que para combatir ese riesgo no nos
situemos en el dogmatismo contrario. Hemos escuchado esta mañana que
esta operación ha producido gran sorpresa y gran escándalo. Es una
valoración sobre la que no tenemos nada que decir, puesto que es
subjetiva y tan legítima como cualquier otra, tan legítima como la
contraria que sostiene mi grupo. Se ha dicho también que priva a todo
un colectivo de las garantías del Estado de derecho y es una
afirmación que no podemos compartir, entre otras cosas, porque, de
ser verdad, estaría situando en un estado máximo de debilidad al
Estado de derecho, y las garantías del Estado de derecho son siempre
de suyo mucho más fuertes que cualquier tentación individual o de
grupo que pretenda dejarlas sin efecto. Se ha dicho también que roza
principios racistas, afirmación que no podemos compartir en la medida
en que sabemos que no es esa la política del Gobierno, que no es esa
la filosofía del Ministerio del Interior y que no es ese el modus
operandi de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
dependientes del señor secretario de Estado hoy compareciente.
Probablemente todas las afirmaciones que han hecho los demás grupos
parlamentarios poniendo entre comillas la salud jurídica de esta
operación -y naturalmente la que he hecho yo también afirmando que
esta operación lo es en los términos de nuestro ordenamiento vigente
y del Estado de derecho- tengan que estar siempre sometidas a quien
tiene en el Estado de derecho la competencia para hacer esa
interpretación y esa decisión, que no son sino los órganos
jurisdiccionales. Me quiero quedar con una afirmación hecha por el
señor
Alcaraz y con la que estoy absolutamente de acuerdo. Dice S.S. que el
Ministerio del Interior viene avanzando y ganando día a día pasos en
cuanto a una valoración no dogmática del mismo. Creo que eso es
cierto, que esa sentencia del señor Alcaraz es muy acertada porque
recoge perfectamente cuál es el espíritu con el que los responsables
del Ministerio del Interior quieren abordar su tarea. Eso quizá nos
permitiría a todos establecer un marco de reflexión compartido para
que nadie, ni desde una vertiente gubernamental ni desde una
vertiente legítima de oposición valorando los actos gubernamentales,
incurra en ningún género de dogmatismo. Se preguntaba si no sería
posible reparar el error (en la consideración del señor Alcaraz) de
esta circular. Yo no quiero entrar en esa cuestión, pero me pregunto
en términos paralelos -porque esta cuestión puede ser complementaria
de la anterior pregunta- si no sería posible que reflexionáramos
todos antes de hacer determinadas interpretaciones en genérico sobre
riesgos genéricos que no se dan y que no están ni en el marco ni en
la naturaleza de esta operación ni, desde luego, en las intenciones
políticas y operativas del Ministerio del Interior.
Mi grupo parlamentario comparte la afirmación del señor Mayoral
cuando dice que no se puede actuar sobre grupos de carácter étnico o
nacional, sino sobre delincuentes concretos y añade que, por tanto,
hay que rectificar la circular. Estamos convencidos -lo está el
Ministerio del Interior, desde nuestro punto de vista- de que no se
puede actuar sobre grupos de carácter étnico o nacional sino sobre
delincuentes concretos. Precisamente por eso lleva a cabo una
operación con ese carácter urgente y provisional que señalaba el
señor secretario de Estado que no tiene nunca la intención de poner
entre comillas o bajo sospecha a ningún grupo de carácter étnico ni a
ninguna nacionalidad en genérico, sino a delincuentes específicos.
Esa invitación a rectificar la circular que hacía el señor Mayoral.
Quiero complementar con una invitación a que todos reflexionemos más
detenidamente sobre la interpretación que desde alguna vertiente se
ha hecho de esa circular. Es cierto - lo decía el señor Mayoral y mi
grupo comparte esa opinión- que nadie discute que hay que combatir la
delincuencia procedente de otros países y decía el señor Mayoral que
para eso no se pueden hacer políticas de seguridad basadas en
discriminación por nacionalidad. Como no se están haciendo políticas
de discriminación basadas como fundamento último en un concepto de
nacionalidad, sino con referencia específica a delincuentes y a
grupos criminales profesionales organizados concretos, no vemos el
riesgo de que se esté efectuando ese posible deslizamiento hacia
tentaciones generalistas.
El señor Campuzano reconocía que en Madrid se había producido una
escalada delictiva protagonizada por delincuentes procedentes de
Colombia -creo que he recogido literalmente su afirmación- y añadía
que
LUDECO globaliza y estigmatiza. Volvemos a estar en la misma
interpretación; LUDECO no globaliza ni estigmatiza, sino que quiere
establecer medidas urgentes y provisionales sobre delincuentes y
grupos criminales organizados concretos. Con mucha inteligencia el
señor Campuzano se hacía un interrogante; decía: ¿Existen delitos
específicos protagonizados no por ciudadanos en genérico, sino por
delincuentes concretos procedentes de Ecuador y de Colombia? A
continuación señalaba también: ¿o gallegos o catalanes? Sobre
gallegos y catalanes es difícil hacer esa afirmación porque, entre
otras cosas, tendríamos que introducirnos in extenso en la
estadística, pero los últimos sucesos acaecidos en Madrid sí
demuestran que determinados grupos criminales organizados -es el
concepto esencial y después como concepto accesorio han resultado ser
ecuatorianos o colombianos- vienen protagonizando unos delitos
específicos de carácter muy marcadamente violento con los resultados
que son conocidos por todos.
En definitiva -y con esto concluyo, señor presidente- me gustaría que
todos fuéramos conscientes de dos cosas. En primer lugar, de que el
Gobierno, que el Ministerio del Interior, es el primero en cumplir y
hacer cumplir la ley en todas sus manifestaciones y consideraciones
y principalmente en aquello que facilite, permita y garantice la plena
integración en este país en términos de igualdad y de normalidad de
todos los ciudadanos extranjeros que quieren encontrar y buscar aquí
una legítima oportunidad. En segundo lugar, me gustaría también que
no perdiéramos de vista otra consideración y es que son esos
ciudadanos extranjeros que vienen a este país buscando su plena
integración en situación de normalidad y de igualdad los primeros
interesados en no ser víctimas -como vienen siéndolo, por desgracia,
con demasiada frecuencia- de la acción delictiva, de extorsión, de
secuestro, de crimen, de asesinato y de mafia organizada
protagonizada por ciudadanos de su misma nacionalidad. Luchar no
contra una nacionalidad en genérico sino contra delincuentes
concretos de ésta o de aquella nacionalidad es contribuir a liberar a
esos ciudadanos extranjeros que legítimamente quieren y deben
encontrar una oportunidad en este país del efecto criminal que muchas
veces ejercen delincuentes de su misma nacionalidad sobre ellos.
Todo es perfectible y mejorable -mucho más aquello que tiene, como
señalaba el secretario de Estado, un carácter puramente provisional-
y creo que en el diálogo constructivo entre todos los grupos
parlamentarios y el Gobierno podemos encontrar, sin lugar a dudas,
esa vía de mejor evolución.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): He
creído entender en todas las intervenciones de SS.SS. una
preocupación por dos
aspectos fundamentales. Por un lado, el aspecto jurídico de lo que es
una norma de funcionamiento interno; es decir, cómo pueden verse
afectados aquellos ámbitos de la ley, sobre todo de la ley
fundamental y de los acuerdos que España ha contraído. Por otro lado,
una mezcla -si me permiten- de lo que tiene de contenido de políticas
de inmigración con lo que tiene de políticas de seguridad. Quiero
explicarles cuál es, desde el punto de vista del Ministerio, el marco
jurídico en el que se mueve esta regulación interna, por qué es así y
luego destacar que la política que ha seguido el Ministerio en este
caso no es una política de inmigración, aunque por la nominación de
la nacionalidad de grupos delictivos pudiera tener mezcla con el
ámbito de la Administración.
La operación LUDECO -ya lo han dicho varios representantes, unos en
el sentido de que va luchar eficazmente contra el delincuente y otros
para solicitar que sólo vaya en esa línea, cosa que les puedo
garantizar- viene a poner remedio, desde el punto de vista de la
seguridad del Estado, a una actividad que consideramos peligrosa en
unos límites que yo, siguiendo el consejo de algunos comparecientes,
no entraré para no provocar reacciones xenófobas en otras partes de
la ciudadanía española, que no se pretenden. Tiene una importancia
grave en lo que son los índices de delincuencia que tenemos que
afrontar con el mandato que tiene el Ministerio de Interior. Voy a
ceñirme a la legalidad de la norma.
Tres han sido las críticas que se han formulado a esta norma desde el
principio. La primera de ellas es técnica, relativa a la
identificación de ciudadanos extranjeros. La segunda, denegación de
permisos de residencia y la tercera sobre tratamiento y utilización
de la información obtenida en este operativo. El resto entiendo -lo
handicho ustedes- que es pura actuación policial. Los 250 detenidos
que mencionaba yo no lo han sido en una redada, como se ha querido
hacer entender, sino que a lo largo del tiempo que ha estado
establecida la operación LUDECO lo han sido por delitos como
violencia, hurtos, robos con violencia e intimidación, falsedad
documental, homicidios a manos de sicarios y tráfico de
estupefacientes. La gravedad de los delitos que acabo de denunciar es
suficiente para entender que no hemos detenido a 250 ciudadanos de
Ecuador y de Colombia por el mero hecho de serlo, sino encartados por
las razones que he dicho.
Por lo que se refiere a las críticas vertidas sobre identificación de
ciudadanos extranjeros, conocen SS.SS. que la jurisprudencia ha
tenido numerosas ocasiones para pronunciarse sobre la corrección de
diligencias de identificación concretas, con un balance claramente
mayoritario para la Administración; y así lo ha hecho expresamente en
cuatro distintos aspectos, con especial incidencia en la obligación
legal de actuar que tienen los funcionarios públicos. En primer
lugar, sobre la potestad policial de comprobar la identidad que
incluya la obligación de comprobar la documentación obligatoria
para los extranjeros en España, según sentencia del Tribunal
Constitucional de 21 de mayo de 1996. En segundo lugar, sobre la
obligación de investigación de la policía en razón de sospechas
-alguien preguntaba aquí por que se investigaba por sospechas-, según
el auto del Tribunal Supremo de 20 de noviembre del año 1999. En
tercer lugar, sobre la identificación de sospechosos extranjeros al
encontrarse en un lugar donde habitualmente se comercia con drogas,
según sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1999. En cuarto
lugar, otra vez sobre la obligación que los agentes tienen de actuar
en razón de sospechas, según sentencia del Supremo de 27 de abril de
1994, de 2 de febrero de 1996 y de 9 de abril de 1999. En una de
estas sentencias hay un texto que me gustaría leer, si me lo
permiten, y que dice así: Si existe un sospechoso y no se comprueban
las causas de estas sospechas, quienes faltarían a su obligación
investigadora por omisión serían los agentes de la autoridad.
Por lo que respecta a las críticas sobre denegación de permisos, la
inexistencia de antecedentes penales constituye una exigencia legal y
es requisito necesario para la concesión del permiso de residencia.
Pero no es esta la única circunstancia que debe ser apreciada en
dicha concesión. Existe también una subordinación del estado de la
residencia del extranjero en España al cumplimiento de determinadas
condiciones. Así, hay causas excluyentes, como las derivadas de los
delitos comunes graves, la realización de actividades contrarias a
los intereses españoles o a los derechos humanos o las conexiones con
organizaciones delictivas nacionales o internacionales. De esta
manera lo han entendido diversas instancias, como el auto del
Tribunal Constitucional de 3 de octubre del año 1997 o la Sala de los
contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco de 27 de febrero de 1997, o la Sala de los contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1998, u otras
sentencias del Tribunal Constitucional de 1991 y 1994.
En cuanto a la tercera crítica relativa al tratamiento de la
información obtenida con este operativo, la Ley orgánica 1/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, enumera en
su artículo 11 las funciones a desempeñar por la seguridad pública y
señala que una de esas funciones es la captación, recepción
y análisis de datos que tengan interés para el orden y la seguridad
pública. Precisamente en el cumplimiento de este deber jurídico es
donde se enmarca la operación LUDECO. La recogida y tratamiento de
información más que ser una ayuda inestimable, se define como un
mandato legal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen
la obligación de recabar y analizar toda aquella información que sea
susceptible de tener relevancia en el ámbito de la seguridad pública.
Naturalmente, en el desarrollo de esta función, como en cualquier
otra, es imprescindible que sean respetados losderechos y las
libertades de los ciudadanos.
El Ministerio de Interior es muy consciente de que en este ámbito se
plantea el problema de una posible conexión entre el derecho a la
intimidad, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución, y el
derecho a la seguridad. Alguien hablaba del binomio -creo que era el
señor Alcaraz- seguridad y libertad. Les quiero asegurar que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para velar por los
derechos y por las libertades de los ciudadanos y no para otra cosa.
El artículo 8 del Convenio de Roma para la protección de los derechos
y libertades fundamentales señala en su apartado 2 -ya que ustedes
mencionaban ámbitos jurídicos y legales internacionales- que no podrá
haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio del derecho
a la intimidad, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista
por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática
sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden, la prevención del
delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de los
derechos y libertades de los demás. Por su parte, la Ley Orgánica de
protección de datos de carácter personal, señala en su artículo 22.2
que la recogida y tratamiento para fines policiales de datos de
carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
sin consentimiento de las personas afectadas, están limitados a
aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para
la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la
represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en
ficheros específicos establecidos al respecto, que deberán
clasificarse por categorías en función del grado de fiabilidad.
El artículo 22.3 dice que la recogida y tratamiento por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de los datos a que hacen referencia
los apartados 2 y 3 del artículo 7 podrán realizarse exclusivamente
en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de
una investigación concreta. Los datos regulados en el artículo 7 de
la ley son los denominados datos sensibles o especialmente
protegidos, tales como los que revelan la afiliación sindical, la
religión, creencias, el origen racial o la vida sexual. Esto está
recogido en la ley que les he citado.
La operación LUDECO contempla únicamente la recogida de datos
relativos a investigaciones abiertas, informaciones obtenidas, hechos
denunciados, fotografías y reseñas decadactilares realizadas que no
invaden el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Finalmente, procede también destacar que la operación LUDECO se
ajusta íntegramente a lo dispuesto en la resolución de 30 de junio de
1995, de la Dirección General de la Policía, por la que se dictan
instrucciones sobre determinados aspectos de esos ficheros policiales
de carácter personal, que dispone que la recogida y tratamiento
automatizado de datos personales con fines policiales debe limitarse
a aquellos que sean necesarios
para prevenir un peligro concreto o reprimir una infracción
determinada. Cuando la recogida afecte a datos especialmente
protegidos sólo podrán utilizarse aquellos que sean absolutamente
necesarios para los fines de una investigación concreta. Queda
prohibida la recogida de otros datos por el único motivo de su origen
racial, sus convicciones religiosas, etcétera.
Las críticas que ustedes han vertido pueden tener un contenido basado
en el título de una norma de funcionamiento interno donde se habla de
actividades policiales en el ámbito de la delincuencia de ciudadanos
de origen colombiano y ecuatoriano. Si la crítica viene más desde el
punto de vista de que alguien pueda pensar que los delincuentes lo
son por el hecho de ser ciudadanos colombianos o ecuatorianos, es en
sí misma falsa. No pueden ustedes pensar que el Gobierno crea -o los
que así lo han dicho- que el ecuatoriano o colombiano que vive en
España puede ser un delincuente. La crítica en sí misma, para mí, se
descalifica. No demuestra el Gobierno ningún tipo de actuación que le
pueda llevar a ser acusado de semejante y paladina xenofobia y mucho
menos en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, que
son los que administra el Ministerio de Interior. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado están para salvaguardar los derechos
y libertades.
Contestando a la pregunta concreta del señor Campuzano, los datos
introducidos en el sistema de información de Schengen - que es el
sistema SIS, no el Sirene- pueden ser objeto de consulta por
cualquier ciudadano y si son erróneos son rectificados; que cualquier
ciudadano puede ser español o extranjero residente en España. Es
evidente que no hay delitos en el Código Penal español que distinga
entre crímenes cometidos por ecuatorianos o colombianos, ni hay una
condición agravante, eximente o cualquier otro tipo de instrumento
jurídico penal que distinga entre ciudadanos de uno y otro país.
Entiendo, señoría, que su argumento iba más por el ámbito de la
ironía que por el del contenido, pero lo que sí le puedo decir es que
la incidencia de delitos cometidos por nacionales de países como los
que acabo de mencionar son preocupantes no por ser nacionales de esos
países, sino por el hecho de tener un origen en el cual venían
delinquiendo en su propio país; de ahí, la colaboración ofrecida que
tenemos por las policías de Ecuador y Colombia. Explicada la razón,
el fondo y a quién va dirigida la presente acción policial a los
representantes de esos países en España - en particular con el
embajador de Ecuador, con el que he hablado personalmente, porque no
me consta la queja del embajador de Colombia- no lo han entendido en
la forma en que ustedes lo han hecho.
El señor PRESIDENTE: Por parte de los grupos que han intervenido,
tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Quisiera hacer una rectificación en relación
a lo último que acaba de decir
el señor Morenés, porque, según me consta, sí que ha habido alguna
reacción crítica y negativa por parte de algún embajador respecto al
contenido de esta circular, incluso se ha hecho público por lo medios
de comunicación; me refiero al embajador de Ecuador.
En relación con los juicios que nos señala S.S., debe quedar claro
que no hemos venido aquí a acusar al Gobierno directamente de
xenofobia. (El señor vicepresidente ocupa la presidencia.) No ha
estado ni en el contenido ni en el ánimo de mis palabras hacer
semejante afirmación. Lo que sí hemos dicho, señor Morenés, es lo que
S.S. sintetizaba a la hora de interpretar nuestras intervenciones, y,
particularmente, me siento interpretado en relación a lo que hice.
Dice S.S. que preocupan dos elementos: por una parte el aspecto
jurídico de la circular, es decir, la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la redacción que tiene actualmente y,
segundo, la mezcla de política de inmigración y de seguridad. Este
era, precisamente, uno de los puntos que yo señalaba, señor Morenés.
Aquí hay dos elementos que, de alguna manera, se mezclan y originan
una cierta confusión, porque no es tanto la política de seguridad y
el contenido de ciertas actuaciones y disposiciones lo criticable,
sino el contenido de política de inmigración mezclada con la política
de seguridad; mezclar ambas cosas es un cocktail explosivo, es la
esencia de nuestra crítica. Esta circular ha originado unas
interpretaciones -no sería gratuito afirmar que lo ha hecho en todos
lo grupos que han intervenido aquí esta mañana, excepto en el Grupo
Popular- en la que todos hemos llegado una misma conclusión. Si hemos
llegado a la misma conclusión junto a organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales será porque hay elementos para ello. Esta
circular ha levantado sospechas y convicciones en esa dirección por
focalizar la lucha contra la delincuencia en grupos nacionales y
étnicos. Es ahí donde están los errores que, repito, yo sintetizaría
en tres elementos. En primer lugar que, como consecuencia de la
redacción que tiene esa circular, nacionales no delincuentes se
pueden ver afectados por la aplicación de esa norma. A nosotros nos
preocupan los ciudadanos pacíficos que, por tener ciertos orígenes se
puedan ver afectados por una sospecha que no les corresponde. En
segundo lugar, que la circular contiene elementos de discriminación
por carácter nacional a la hora de incorporar otros elementos de
política de inmigración. Finalmente, que la circular puede inducir a
xenofobia a nivel social. La circular es conocida, se publica en
medios de comunicación, dice lo que dice y tiene el título que tiene.
Tanto es así que, desde nuestro punto de vista, la Dirección General
de Policía tiene a su disposición planes diseñados donde esta
cuestión puede diluirse y organizarse de otra manera más correcta y
respetuosa con los principios constitucionales.
Desde esta perspectiva, señor Morenés, le pedimos que intervenga y
proceda a instruir a la Dirección General de Policía para que
modifique ese conjunto de elementos
que, en el mejor de los casos, están produciendo una serie de
malentendidos; y una política que origina malentendidos es una mala
política, señor Morenés. Es el consejo que mi grupo le da porque
actuaciones de este tipo deben ser evitadas, sobre todo en un tiempo
en el cual se están desarrollando sospechas muy generalizadas,
a veces infundadas, sobre aquel que es ajeno a nuestra raza o a nuestra
cultura. No es nuestro caso, porque nosotros defendemos el principio
de igualdad universal de derechos de todos los ciudadanos. Es
precisamente esa filosofía la que nos gustaría ver reflejada en la
actuación de la política de seguridad, teniendo en cuenta que esta
política está orientada a defender las libertades y a mantener el
sistema democrático.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la información del señor
Morenés y me gustaría hacer, con brevedad, cuatro consideraciones
partiendo de la concepción equivocada y errónea de la circular, en la
medida en que globaliza a ciudadanos procedentes de Colombia y
Ecuador. Hubiera sido más inteligente que la Dirección General de
Policía, hubiera incorporado a esta circular, esas mismas cautelas
que ha explicado el señor Morenés al final de su intervención.
Supongo que el fundamento práctico de este tipo de documentación es
hacerla llegar a las diferentes jefaturas superiores de policía para
que allí se pongan en marcha los mecanismos correspondientes. Pues
bien, en esa orden que se da a los responsables de policía se
deberían introducir esos principios de respeto a la intimidad y de no
discriminación por razón de sexo, raza, religión, etcétera, y que la
orden incorporase alguna medida cautelar que evitase que una mala
utilización o equivocada interpretación de la misma desviase la
atención del fondo de la cuestión, que es combatir determinados tipos
de delincuencia. En segundo lugar, estamos convencidos de que la
mayor eficacia en esta materia se puede producir con la cooperación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de estos países. Lo
más importante de esta materia es que miembros de las policías de
Ecuador y de Colombia, como así nos consta que se produce, lleguen a
España para colaborar con la policía española. Ahí está la eficacia
de la actuación específica. En tercer lugar, las embajadas de los
países de Colombia y Ecuador -este diputado tiene conocimiento
personal y directo de ello- se han mostrado preocupadas por el riego
de que se estigmatice a sus nacionales. Es evidente que las embajadas
tienen mucho interés en combatir la delincuencia que pueda afectar
negativamente a la vida de sus nacionales y a su imagen en España,
pero también tienen mucho interés en que esa imagen no se considere
negativa, y está claro que el Gobierno hubiese podido hilar más fino
en la elaboración de este documento. Mipregunta concreta es si se han
puesto en marcha planes
específicos en otras jefaturas superiores de Policía, a lo que el
señor Morenés no me ha respondido y me gustaría que me diera esta
información concreta.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente, quiero reafirmar lo que dije
en mi primera intervención. Yo creo que estas críticas constructivas
a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sólo
no ponen en cuestión el Estado de derecho sino que lo fortalecen.
Otra cosa es el entendimiento que algunos tengan del Estado de
derecho. Yo también creo -y no lo creo yo sólo, porque podríamos
hablar de mucha jurisprudencia- que una circular emanada no de un
ministerio ni de una secretaría de Estado sino de una dirección
general, que usted con cierta alegría ha calificado de norma, que
tiene efectos ad extra, es decir, para terceros ajenos a la
organización administrativa, en este caso para ciudadanos
caracterizados por su origen nacional, no puede calificarse como una
mera norma interna. Es una norma ilegal e inconstitucional; ilegal,
porque emana de un órgano que no tiene reconocida potestad
reglamentaria, y menos para innovar, e inconstitucional, también por
lo que dijimos, porque la forma que tiene de caracterizar a los
terceros destinatarios de esa norma es directamente contraria a lo
que establece el artículo 14 de la Constitución. No creo que sea muy
adecuado desde el punto de vista de la oportunidad política y de la
conveniencia, que parece que no es mucha, que esta norma pueda tener
-norma entre muchas comillas- para las relaciones con países a los
que nos hemos referido diciendo que somos 600 millones que somos
países hermanos, etcétera, y con los que tenemos relaciones en las
que se enmarca la actual visita del jefe del Estado en Perú. Creo que
el Gobierno tendría que tener cuidado con ciertas cosas. La propia
denominación de las operaciones, como la operación Café y la
operación Nécora, de hace ya tiempo, creo que no es demasiado
cuidadosa y que de hecho puede fomentar, aunque no sea un efecto
buscado, ciertas actitudes xenófobas o rayanas en la xenofobia. Desde
luego a mí no me gustaría que porque haya españoles o gallegos
condenados por ciertos delitos, ante los que supongo que el Estado y
el Gobierno tendría que reaccionar, en alguno de estos países se
dictase una orden de cariz semejante al de la circular a la que nos
estamos refiriendo, caracterizándonos a todos como sospechosos de
cometer ciertos delitos. Lo que no queramos para nosotros no debemos
quererlo para otros y me parece que hoy es un buen momento para
corregir y para rectificar errores, lo que además, como dice un
refrán español, es de sabios.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, yo creo que
queda suficientemente claro por la exposición del señor secretario de
Estado que no se produce aquí una confusión ni una mezcla de las
políticas de inmigración y las de seguridad; que precisamente este
Gobierno ha avanzado, y mucho, en materia de políticas de
incorporación, de igualdad y de integración de la población
inmigrante y que las políticas de inmigración son una cosa y las de
seguridad son otra. Por tanto tratar de confundir ese debate es
quedar sujeto al riesgo de una valoración o una interpretación
equivocada del mismo. Nosotros no creemos que los nacionales no
delincuentes se vean afectados por la redacción de esta norma ni
creemos por tanto que se produzca una dimensión de sospecha
generalizada. Lo ha dicho el señor secretario de Estado, está en el
espíritu de esta circular y sobre todo está en los hechos; es decir,
esta circular afecta tan sólo a investigaciones en marcha y en
consecuencia no se puede producir nunca esa dimensión de sospecha
generalizada ni en el efecto práctico de la circular ni mucho menos
en la intención o filosofía de origen de la misma. Por este mismo
argumento creemos que no se produce ningún elemento de discriminación
por nacionalidad ni se pueden producir por esta circular impulsos de
xenofobia en la sociedad. Nosotros creemos que, puestos a buscarle un
efecto en términos de xenofobia o antixenofobia, produce precisamente
el contrario, afortunadamente, es decir, produce efectos
antixenófobos, puesto que se señala el carácter singular de unos
delincuentes cuya nacionalidad es accesoria, carácter que no es
trasladable al conjunto de los ciudadanos de Colombia y Ecuador. Yo
creo que la sugerencia hecha por el señor Campuzano puede ser
interesante, concretamente la incorporación de las cautelas señaladas
en su intervención por el secretario de Estado. ¿Por qué no se ha
hecho? Probablemente porque alguien pudo considerar que podía ser
redundante en la medida en que los principios generales que
recordaban el señor secretario de Estado y el señor Campuzano de
respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea ciudadano
español o sea ciudadano de otro país, constituyen la norma de
actuación permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y por tanto no está puesto en cuestión el respeto a esos principios y
derechos fundamentales, pero bien está la aportación del señor
Campuzano y, en los mismos términos, el acento que ponía en la
necesidad de cooperación internacional, como ha dicho el señor
secretario de Estado y como yo he apuntado en mi intervención, es la
base de toda esta operación y es por tanto lo que singulariza las
actuaciones en el marco de esta operación y evita a su vez efectos
que serían claramente disfuncionales de riesgo de universalización o
de dimensión de sospecha generalizada. El trabajo que en este sentido
están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
españolas tiene, como es natural, un origen, una conexión y una
tramitación permanentes en relación con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de otros países.
Concluyo diciendo que para este portavoz individualmente, para el
grupo parlamentario al que represento y estoy convencido que para el
Gobierno uno de los elementos uno de los elementos que constituye una
cuestión de renovación y de acicate permanente es el de la crítica
constructiva. A la crítica constructiva, rotundamente sí y siempre;
lo que ocurre es que algunas expresiones, probablemente no dichas con
plena intención pero sí dichas, no son crítica constructiva sino otra
cosa. Decir, por ejemplo, que la policía hostiga no es crítica
constructiva sino que es sencillamente otra cosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para finalizar la
comparecencia, tiene la palabra el señor Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor
Mayoral, he tomado buena nota de lo que usted considera que son los
errores que se derivan de la circular, que no norma -creo que después
de decir norma lo corregí-, y considero que tiene una cierta base; es
decir, que aquí se pueda entender -que no es el motivo ni la acción-
que hay una mezcla de política de inmigración y de política de
seguridad es algo desafortunado. Me va a permitir que aquí sea un
tanto salomónico: no sé si desafortunado porque se puede entender o
desafortunado porque se quiere entender. Yo entiendo que es
desafortunado y en ese sentido declaro paladinamente que apoyo
cualquier clarificación -y esta comparecencia sirve para ello- que se
tenga que hacer respecto a que la política de seguridad del
Ministerio del Interior no está en absoluto mezclada con aspectos
vinculados a la nacionalidad y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado ejercen este criterio con absoluta convicción, como se ha
manifestado. Yo he querido decir anteriormente que no me constaba que
el embajador de Colombia hubiese protestado. Sí me constaba la
protesta del embajador de Ecuador, y por eso llamé al embajador de
Ecuador y no hice lo mismo con el de Colombia.
En cuanto a los elementos de discriminación, me voy a referir a un
argumento que se ha barajado. La circular no ampara ni puede amparar
-ni siquiera debe de incluir criterios, como me señalaba el señor
Campuzano, que yo he leído, por ser parte de la actuación y de la
convicción personal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado- ningún tipo de actuación discriminatoria y si
lo hiciere entonces, primero, entiendo que habría que corregirlo y,
segundo, estoy plenamente convencido de que nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, los que ponen en práctica lo que en
esa norma se solicita, serían los primeros, seguro, en haberlo
denunciado. En ese sentido no creo que esté ese tipo de actuación ahí
y si lo hubiera estado no creo que hubiese tenido ningún éxito ni
hubiese
sido bien recibida por ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Sé -y le agradezco que lo haya aclarado- que no se acusa al Gobierno
de xenofobia. Aquí se ha dicho que las acusaciones extremas tienen la
posibilidad de crear un ámbito de desasosiego en la crítica, pero no
dejan de ser tales acusaciones extremas. Nosotros no tenemos ningún
tipo de conciencia xenófoba y mucho menos en la Secretaría de Estado,
que es el ámbito donde de vez en cuando alguien podría acusarnos de
decir: como tienen ustedes temas tan grabes como los asesinatos, los
ajustes de cuentas, la droga, podrían tener una especie de venda
delante de los ojos que dijese que los naturales o nacionales de esos
países lo son por sí mismos. No, nada más lejos. Precisamente para
ello -y S.S. me lo decía al principio de su primera intervención-
tenemos operaciones concretas no contra nacionales, sino para
determinados delitos que preocupan a la ciudadanía; concretas para
nacionales de otros países, no por el hecho de ser nacionales, sino
por estar organizados ellos y sólo ellos en determinados ámbitos
delincuenciales que conocen y que practican perfectamente bien. Nadie
puede ser detenido, y nadie lo es, mucho trabajo tenemos y jamás lo
haríamos, por convicción, como para dedicarnos a detener nacionales
de países por el hecho de serlo. Cualquiera que conozca lo que es el
ámbito de la seguridad del Estado sabe la cantidad de trabajo que
tenemos que hacer para mantener unos niveles de seguridad ciudadana
que tratamos de mejorar día a día, y SS.SS. muchas veces nos
recuerdan que tenemos que luchar por ello. No estamos, señorías, como
para ir por ahí, permítaseme la vulgaridad de la expresión,
deteniendo a gente por razón de su nacionalidad. Está absolutamente
fuera de la convicción personal, corporativa y de la posibilidad
policial, o sea, que nada va en esa dirección.
Hablaba el señor Campuzano de incorporar las cautelas. Ya lo he
mencionado. Creo que las cautelas están incorporadas en la formación
de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde las
academias. En ese sentido no tengo ninguna duda. Si lo dice por el
hecho de que no se haya causado en la sociedad o en determinados
estamentos de la sociedad la alarma que se ha causado, debo de decir
que a lo mejor en esa parte sí tiene razón por la que se ha armado,
valga la expresión, pero me da la sensación de que es más por quien
lo recibe con ese escándalo que por quien lo publica sin esa
precaución porque considera de verdad que de cara al ámbito al que va
dirigido no necesita ese tipo de aclaración. Lo digo por llevarlo muy
dentro desde hace muchos años.
En cuanto a cooperación con otros países, es evidente. Le puedo
garantizar que las relaciones con la policía de Colombia y de Ecuador
en este particular caso y con otras policías en otros son
extraordinariamente fluidas e importantes. Son los primeros
interesados -y ya lo hedicho antes- en que los ciudadanos de esos
países en
España no estén envueltos en un ámbito de delincuencia y en que nadie
pueda identificar a los ciudadanos colombianos y ecuatorianos con un
ámbito de criminalidad. Por eso luchan para evitar que se dé esa
mezcla y sobre todo algunos problemas que ocurren con el tráfico de
personas -crimen execrable, como ustedes conocen, al principio del
siglo XXI- y que luego esos ciudadanos, que no son delincuentes,
cuando llegan aquí, por la extorsión a la que les someten sus propios
protectores que los traen a España, puedan caer al servicio de éstos
en el tema de la delincuencia. Es verdad que ha habido -y creo que lo
he aclarado antes- una protesta del embajador de Ecuador, con el cual
hablé, y no me consta la de Colombia.
En cuanto a los planes específicos, no están en otros ámbitos de la
geografía nacional porque en estos momentos se entiende que al
haberse concentrado en Madrid un impacto fortísimo en los últimos
seis meses de delitos de extraordinaria gravedad e impacto social,
sólo en Madrid y durante un determinado tiempo, vamos a intensificar
la tarea policial en este ámbito. Entendemos que es una buena medida.
Señor Aymerich, no sé si hacía usted alusiones al entendimiento del
Estado de derecho. No creo que el partido que sustenta al Gobierno ni
el Gobierno puedan ser criticados en ningún caso en cuanto a lo que
es el entendimiento del Estado de derecho. Quizá la única crítica
sobre el entendimiento del Estado de derecho -creo que he rectificado
antes- es que confundiera norma con circular, pero eso no tiene nada
que ver con el entendimiento del Estado de derecho, que está muy
claro para este secretario de Estado y para el ministerio y a eso
dedicamos permanentemente nuestros desvelos y nuestro trabajo: a que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan el Estado de
derecho que supone la garantía de la libertad y de los derechos de
todos los españoles. Una de las maneras de conseguirlo -y por eso
está la Secretaría de Estado de Seguridad- es garantizar la seguridad
de los españoles. Yo no sé si llamar Nécora a una operación contra la
droga es un error grave. Que yo sepa, esta operación se llama LUDECO.
Si le contase el nombre de algunas operaciones se extrañaría. A veces
a mí también me hacen gracia, pero solamente eso; no voy más allá, no
hay nada detrás del nombre de las operaciones. Las operaciones contra
el terrorismo de ETA también tienen unos nombres curiosísimos y jamás
se me ha ocurrido discutirlos ni entrar en ellos.
Cuando dice que no hagamos a otros lo que no queremos para nosotros,
eso es absolutamente evidente, es un principio en el que estamos
trabajando. Sólo queremos que los ciudadanos de Colombia y de Ecuador
que quieren venir a España a trabajar, como ciudadanos de otros
países, tengan la mejor de las acogidas, tengan trabajo, tengan la
comprensión y la amistad de la ciudadanía y jamás se les pueda
confundir con cualquier delincuente, sea de la nacionalidad que sea.
- LAS CONDICIONES EN QUE LA POLICÍA CARGÓ DE FORMA DESPROPORCIONADA
CONTRA UNA CONCENTRACIÓN DE ESTUDIANTES QUE MANIFESTABAN SU
DISCONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES, EL DÍA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2001 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000570.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al segundo punto
del orden del día, que es la comparecencia para hablar de los hechos
acaecidos en Santiago de Compostela el día 12 del presente mes de
noviembre. Para ello tiene la palabra el secretario de Estado, señor
Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El
pasado día 12 de noviembre y en protesta por la ley orgánica de
universidades, que se encuentra en fase aprobación parlamentaria,
sobre las 11 horas se celebró una concentración en la plaza del
Obradoiro, de la ciudad de Santiago de Compostela, en la que
participaron entre 3.000 y 4.000 personas. A dicha concentración se
sumaron los estudiantes que el día anterior se habían encerrado en la
Facultad de Geografía e Historia para presionar en contra de la
aprobación de la citada ley. Asimismo grupos de jóvenes
independentistas radicales del entorno se añadieron a la
concentración. Una vez concentrados todos los participantes, se
inició una manifestación no comunicada que incumplía de manera clara
la normativa vigente y que se dirigió hacia el recinto universitario
donde está situada la Casa de Europa y el Centro de Estudios
Avanzados, cuya inauguración estaba prevista a las 12 horas por los
duques de Lugo y el presidente de la Xunta de Galicia, con la
asistencia de distintas personalidades y autoridades políticas,
académicas y sociales. Al llegar a la zona del recinto universitario
donde se ubica la Casa de Europa, la manifestación no comunicada se
fraccionó en tres bloques con el propósito de colapsar todos los
accesos a la zona en el momento de la aproximación de las diferentes
caravanas oficiales al lugar. También se buscaba y se consiguió la
división de la unidad de intervención policial prevista para dar la
necesaria seguridad al acto institucional fijado con anterioridad.
Ante la situación planteada y tras un análisis in situ de los riesgos
que pudieran tener lugar, el mando policial dividió la fuerza en tres
bloques de forma que todos los accesos al lugar quedaran debidamente
protegidos, solicitándose igualmente el apoyo de efectivos de la
Guardia Civil a instancias del señor delegado del Gobierno.
Sobre las 11,30 horas el grueso de la manifestación se concentró en
la calle Vista Alegre en su confluencia con la calle Pelamios y calle
Salvadas de camino hacia la puerta principal de la Casa de Europa. En
este punto
un grupo de manifestantes realizó una sentada en la calzada, mientras
que el resto, puesto en pie a su alrededor y coreando las consignas
propias de la manifestación, cortó totalmente el tráfico rodado en
ambos sentidos de la marcha. Esta concentración, con su
correspondiente cacerolada y corte de tráfico de vehículos, obligó a
una de las caravanas, la del presidente de la Xunta en concreto,
a desviarse por uno de los itinerarios alternativos. A la vista de esta
situación, agravada por el hecho de mantenerse las otras dos
concentraciones en los aledaños del recinto de la Casa de Europa con
un claro y evidente riesgo de que en algún momento se pudiera
producir una invasión del espacio protegido, el mando policial
requirió repetidamente que se abandonara la calzada y se dejara
expedito el tránsito rodado. Los manifestantes, lejos de atender las
indicaciones de la policía, arreciaron en sus gritos y golpes con las
cacerolas manifestando de ese modo su absoluta negativa a abandonar
el lugar y a que se restableciera el orden en el tráfico. En ese
momento el corte de circulación duraba ya unos veinte minutos
empezándose a generar un claro peligro en la seguridad vial, así como
en los alrededores a los que el corte de tráfico estaba afectando
gravemente. El mando policial por medio de la megafonía de los
vehículos desplegados en la zona informó por tres veces sobre la
ilegalidad de la acción desarrollada por los manifestantes, así como
sobre la necesidad de que se restableciera el tráfico. Pese al
contenido de estos avisos, los manifestantes continuaron en su
actitud en claro propósito de no tomar en consideración las
indicaciones policiales. A consecuencia de todo esto, el mando
policial advirtió que procedería de manera inmediata a disolver la
manifestación si no se deponía tal actitud, a lo que los
manifestantes respondieron con graves insultos contra las autoridades
presentes en el acto, contra la policía y las fuerzas del orden, a la
vez que arrojaban piedras, botellas, sartenes, cacerolas de acero
y huevos. En esta circunstancia, y tras lanzar unas salvas y balas de
fogueo como último aviso, se procedió a la disolución de los
congregados con el empleo de la mínima fuerza imprescindible. En
ningún caso se hizo uso de artificios fumígenos, lacrimógenos o del
tipo que pudieran causar graves daños a las personas. Desde el pasado
día 7, en que comenzaron las protestas estudiantiles con
concentraciones y manifestaciones, no ha habido un solo incidente
grave en las cuatro provincias gallegas entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los estudiantes.
Finalizada la acción policial, que duró unos pocos minutos, quedó
restablecido el tráfico rodado. A consecuencia de la misma resultaron
heridos dos policías, uno de los cuales permanece de baja y el otro
sufrió daños en la cabeza, pese a la utilización del casco, por
impacto de una piedra de considerable tamaño. Con motivo de la
actuación policial el inspector al mando de la fuerza compareció en
la comisaria de Santiago de Compostela para dar cuenta de los hechos
en virtud de las diligencias
número 5.062. De igual manera, en comisaria se tramitaron las
diligencias número 5.061, presentada por doña Catuxa López y don
Antón Aldea Caamaño, que manifestaron que encontrándose de paso en la
zona de la manifestación recibieron golpes por parte de la policía,
así como la número 5.057, en la que doña Laura García Ruibal denunció
a un policía por omisión del deber de socorro al no atender a su
requerimiento de asistencia médica, dado que el funcionario estaba
implicado en el despliegue policial. Pese a la citada denuncia, debo
señalar que sí se atendió al requerimiento de esta ciudadana
solicitando por medios policiales la presencia del 061.
Como reflejo de la actuación policial en la prensa, baste la
transcripción de lo publicado, por ejemplo, en el diario La Opinión
al día siguiente de los hechos descritos, que dice así: Algunos
incidentes aislados empañaron en parte el comportamiento modélico de
los universitarios. Cuando la cacerolada ya parecía disuelta y apenas
un grupo de jóvenes permanecía concentrado, un individuo empezó a
provocar a los policías que todavía mantenían el cordón en torno a la
Casa de Europa. Después de increpar a uno de los agentes, el joven le
escupió sin que el antidisturbios se inmutara. Un teletipo de agencia
señaló por su parte que el portavoz estudiantil pidió a los
manifestantes que mantuvieran el tono pacífico de la protesta en un
momento en el que unos diez jóvenes comenzaron a arrojar piedras a la
policía. En términos generales los criterios de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con todo tipo
de movilizaciones o manifestaciones legales son las de cumplir los
cometidos y obligaciones que le vienen impuestas, como es natural,
por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ejercen sus funciones de acuerdo con lo
previsto en su ley orgánica. No quiero insistir en la línea de la
legalidad de la intervención, creo que se la he descrito y en ese
sentido la intervención de las fuerzas se ajustó a derecho, por un
lado, y a lo que es la práctica policial que he descrito, por el
otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor secretario de Estado, le decía en el
punto anterior y se lo vuelvo a repetir ahora que es tristemente
frecuente su presencia en esta Comisión para explicar actuaciones que
-siento disentir- no son conformes a lo que dice la Constitución ni a
lo que dice la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni
desde luego son oportunas para hacer frente, si es que hay que
hacerlo, a una manifestación y a una protesta pacífica.
Voy a comenzar por el relato de los hechos, porque los que nosotros
conocemos y los que publica la prensagallega no coinciden con la
versión policial. Efectivamente,
a las 11 de la mañana hubo una concentración de varios miles de
estudiantes en la plaza del Obradoiro en Santiago. Después, muchos de
esos jóvenes se dirigen hacia Vista Alegre al acto de inauguración
previsto de la Casa de Europa, en el que participaban los duques de
lugo, el presidente de la Xunta y otras personalidades. Cuando
estaban bajando por la calle Pelamios hacia Vista Alegre, una
dotación policial les impidió el paso, dieron la vuelta, fueron por
la calle Castineiros, y desde allí llegaron a Vista Alegre donde
desarrollaron una manifestación pacífica. En este lugar los
antidisturbios bloquearon el paso de los estudiantes, los estudiantes
siguieron cantando consignas contra la LOU y haciendo ruido con
utensilios de cocina. Viendo que los antidisturbios no se retiraban,
los estudiantes decidieron sentarse, una sentada pacífica para
manifestar y dejar también bien patente el carácter pacífico de la
protesta. Tras recibir la orden de carga, uno de los antidisturbios
anunció a los manifestantes que procederían a disolver la
manifestación en minuto y medio, a lo que el representante de los
estudiantes contestó solicitando un tiempo mayor para realizar el
desalojo sin ningún tipo de disturbios. La contestación de la policía
fue disparar pelotas de goma, iniciar una carga que no supone, como
usted ha dicho, el uso de la mínima fuerza imprescindible, sino un
uso desproporcionado e inoportuno de la fuerza y además
indiscriminado dado el carácter pacífico de la manifestación. Después
de esta carga la mayoría de los estudiantes se distanció de los
antidisturbios, escapó del lugar de los hechos, mientras una minoría
trataba infructuosamente de hacer entrar en razón a los agentes. Uno
de ellos, un estudiante, aparece en un vídeo emitido por Telecinco
con los brazos en alto y reclamaba precisamente que estaban
manifestándose pacíficamente y que no había lugar a esa carga
policial. La respuesta fue abrirle la cabeza con una porra. Usted ha
mencionado que hubo dos policías heridos, pero las noticias que tengo
yo de prensa no los mencionan. Lo que sí sé es cuántos manifestantes
necesitaron asistencia hospitalaria. En total cuatro jóvenes tuvieron
que ser atendidos en el hospital y en otros centros de salud: La Voz
de Galicia, diario no sospechoso de ser excesivamente crítico con el
Partido Popular o con el Gobierno del que usted forma parte, martes
13 de noviembre de 2001. Además, la versión policial está en
contradicción con lo que el propio delegado del Gobierno afirmó ese
día. El delegado del Gobierno, don Arsenio Fernández de Mesa (que ya
va siendo tristemente conocido y que creo que ya va siendo hora de
que lo cesen), dice que en ningún momento hubo carga policial,
simplemente cargas al aire. El actual conselleiro de Agricultura, Diz
Guedes, acumulando méritos como delegado del Gobierno, hablaba del
desplazamiento de la masa manifestante. Ahora aparece un nuevo
concepto que es cargas al aire. No sé qué son cargas al aire, lo que
sí sé es que dispararon cartuchos de sal y pelotas de goma, y no
precisamente al aire. Dice que el único herido contabilizado
se debió a las pedradas que lanzaron entre ellos los propios
manifestantes. Cuestión a la que usted no hizo referencia, que
tampoco parece constar en la versión policial y que es a todas luces
absurda porque los estudiantes pueden ser cualquier cosa menos
masoquistas, aparte de que no está comprobado que en esa
manifestación hubiese ningún lanzamiento de objetos por parte de los
estudiantes.
Hubo otras declaraciones curiosas, que ahora citaré por si las quiere
conocer. El señor Fraga dice que no pudo ordenar la carga policial
pero que no vacilaría en hacerlo. El señor ministro del Interior dice
que la policía no actúa con violencia en las manifestaciones y que es
un poco exagerado decir que responden a las críticas de la LOU con
represión. Yo creo que en este caso sí se respondió con represión y
que el día 12 se intentó desactivar uno de los puntos donde con mayor
fuerza se está manifestando esa oposición al proyecto de ley de
ordenación universitaria del Gobierno del Partido Popular, que es
Santiago de Compostela. Usted dice que desde entonces no se ha
producido ningún incidente grave en el resto de las protestas que se
han llevado a cabo en Galicia, y es lógico. Desde ese momento, la
reacción ciudadana y la reacción de los partidos políticos no hacía
demasiado presentable que hubiese otro tipo de intervención policial
frente a manifestaciones y protestas que, como usted también ha
reconocido, son absolutamente pacíficas.
Frente a esto yo le querría hacer algunas preguntas. Primero, que se
aclaren ustedes respecto a si hubo o no carga policial el 11 de
noviembre en Santiago de Compostela. Usted dice que sí y el delegado
del Gobierno (que parece ser quien lo ordenó porque, si no, ¿quién lo
ordenó?) afirma lo contrario, dice que no hubo carga policial. Si no
hubo carga policial ¿a qué responden esos heridos y contusionados y a
qué responde que se disparasen cartuchos de sal y pelotas de goma en
esa concentración? Si hubo carga policial ¿por qué no se observó lo
que manda la Ley orgánica de seguridad ciudadana respecto a advertir
con el tiempo necesario y requerir la disolución de la manifestación
antes de disolverla por la fuerza? ¿Quién ordenó la carga policial y
bajo qué criterios? Queremos saber si tiene usted constancia de esa
denegación de auxilio a la que se hizo referencia porque parece que
la respuesta por parte de ese número de la policía fue distinta a la
que usted ha referido. La respuesta fue: ¿No tienes móvil? Pues
búscate una cabina. Cuestión después ratificada por ciudadanos ajenos
a la concentración. También quisiéramos saber si antes de la
manifestación hubo actitudes violentas por parte de los manifestantes
y qué valoración le merecen esas declaraciones del señor delegado del
Gobierno, don Arsenio Fernández de Mesa, de que los heridos responden
únicamente a peleas o a piedras lanzadas entre los manifestantes,
unos contra otros. Aparte de la versión policial, de la que
lógicamente usted no tiene por qué dudar, nosgustaría saber si pudo
contrastar esta versión policial
con otros elementos de juicio como los que le ha podido proporcionar
el vídeo del centro territorial de Televisión Española en Galicia,
que en la desconexión territorial emitió ese informativo en el que se
ve realmente lo que ocurrió y parece que no se acomoda demasiado a lo
que se dice en la versión policial. Sé que usted no tiene competencia
para hacerlo, pero quisiera saber si va a instar o va a reclamar el
cese del señor Fernández de Mesa, porque ya son muchas las
actuaciones desafortunadas que está teniendo la Delegación del
Gobierno en Galicia. Con ánimo de crítica constructiva, insisto en
que si de lo que se trata es de que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado protejan el libre ejercicio de los derechos
y libertades por parte de todos, como dijo antes, y usted ha
rectificado y reconocido que en el caso de la circular en relación
con la operación LUDECO quizás pudo haber un error al mezclar la
política de Interior con la política de inmigración, yo creo que
ahora habría que dejar claro que la política de Interior no está
dictada desde el Ministerio de Educación, que las cargas policiales
no responden a la intención de desactivar protestas estudiantiles o
de desactivar una reacción pacífica y una reacción cívica que -esa ya
es otra cuestión- creo que a este Gobierno le está suponiendo un
coste político grave.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Otros grupos
parlamentarios que quieran intervenir en el debate? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor secretario de Estado, me temo que está
usted muy mal informado. Para nosotros -y le voy a dar otra versión-,
estamos ante una acción muy mal planificada y peor resuelta por los
responsables de la seguridad del Estado. En Santiago, organizado por
la universidad, se celebraba la inauguración de la Casa de Europa,
que contaba con una amplia cobertura de medios de comunicación
social. La inauguración coincidía en el tiempo con movilizaciones
estudiantiles; por cierto, movilizaciones imaginativas y pacíficas, y
también -reconozco- movilizaciones no autorizadas. Pero no me va a
pedir usted que los estudiantes, que llevan dos meses movilizándose,
estén todos los días solicitando permiso gubernativo para ello. Usted
sabe que ese tipo de movilizaciones son más o menos espontáneas y que
hay que aceptarlas así, pero por parte de los responsables de la
seguridad se sabía que había movilizaciones. Lo normal era esperar
que los estudiantes, para tener cobertura en los medios de
comunicación, se acercaran a donde había un acto social importante.
Eso era algo normal, como lo era también que los responsables de la
seguridad garantizaran que el acto de inauguración previsto se
celebrara y que los estudiantes pudieran manifestarse. Esa era su
responsabilidad. Las dos cosas eran compatibles y no tenía por qué
haber conflicto. Pero ustedes, los responsables del
ministerio, lo hicieron muy mal y al final hubo conflicto.
Los estudiantes no pretendieron en ningún momento boicotear el acto,
lo que pretendían era hacerse oír. No pretendieron en ningún momento
entrar en masa en el recinto -por cierto, un recinto cerrado- en el
que se estaba celebrando la inauguración, y usted lo acaba de
confirmar. Dése cuenta que estamos hablando de una finca que tiene
30.000 metros cuadrados, que en el centro está la Casa de Europa,
donde se estaba celebrando el acto y que los estudiantes estaban
fuera. Esta finca tiene tres vías de acceso y los estudiantes se
situaron en una de ellas, no cerraron las tres. Una parte importante
de las autoridades entró sin problemas en el recinto. Solamente
cuando llega un coche oficial que, en lugar de dar la vuelta y tomar
otra vía, viene por la vía de acceso que está cerrada, desalojan para
que pueda entrar por la única vía que está ocupada con los
estudiantes. Tengo que decirle que el desalojo violento de los
estudiantes se inició para facilitar el paso de una parte de las
autoridades por el único acceso que estaba ocupado por los
estudiantes. Hubiera sido muy fácil dar la vuelta y entrar por los
accesos que estaban libres en ese momento. Curiosamente, el desalojo
de los estudiantes coincidió en el tiempo con que los estudiantes
estaban empezando a sentarse para esperar. Como demostración de quién
tiene la fuerza el delegado del Gobierno quiere disolver utilizando
la fuerza más bruta y también la fuerza más irracional sin aviso o
llamada previa por megafonía: no hubo llamada por megafonía de vamos
a disolver. Está confirmado. El primer aviso, el único aviso son
porrazos y bolas de goma. Los estudiantes en su huida se desprenden
de las cacerolas que dificultan la carrera y puede que las cacerolas,
en lugar de ir para adelante, fueran para atrás, que es lo lógico en
una estampida donde hay mucha gente que no puede escapar y no se
puede llevar la cacerola otra vez para casa. En todo caso, la
desmedida violencia de las fuerzas de orden público es mayor si cabe
por falta de planificación, y si no pregunte usted señor secretario
de Estado cuántos miembros de las fuerzas de orden público estaban
cubriendo este acto. Usted dijo al comienzo que había 4000
estudiantes de una parte y que vienen los de Historia. ¿Quién le
contó que vinieron los de historia? El encierro siguió. También dijo
que había independentistas. Seguro, los hay siempre, pero son
claramente minoritarios. Los 4000 que se habían reunido en la plaza
del Obradoiro eran suficientes. ¿Cuántos agentes del orden público
estaban en un acto garantizando la seguridad sabiendo que en Santiago
ese día había movilizaciones? Muy pocos. Si hubiera en ese momento
una mayor previsión, si hubiera más fuerzas de orden público es
posible que su sola presencia actuara como agente disuasorio. Cuando
a muy pocos agentes les mandan disolver una manifestación -que repito
era pacífica- recurren a la violencia más extrema, pensando que es la
manera de disuadir, pero el problema no es de los agentes,
es de una mala planificación. Sabiendo el cariz de la movilización
había que tener unas fuerzas de orden público acordes con esa
movilización, y el número de agentes era claramente insuficiente para
que su sola presencia actuara como elemento disuasorio.
Como decía el portavoz del BNG, en este caso llueve sobre mojado y en
Galicia el personal empieza a entender que cualquier tipo de
movilización se va a terminar siempre a palos. Las fuerzas de orden
público empiezan a tener un comportamiento diferente al de hace muy
pocos años; la gente ve en las fuerzas de orden público un
comportamiento mucho más violento que el que tenían hace muy pocos
años, y la opinión pública empieza a entender que el problema no es
un de las fuerzas de orden público sino de las órdenes que recibe; es
un problema de la concepción que tienen algunos de cómo mantener el
orden y, en concreto, en Galicia parece que predomina la idea de que
la mejor manera de mantener el orden es a palos. Le estamos haciendo
un flaco favor con nuestro comportamiento a las fuerzas de orden
público y por otra parte, por estas improvisaciones y la falta de
planificación estamos desprestigiando lo que se entiende por
seguridad. En este caso, señor secretario de Estado, no era necesario
la fuerza. El recinto,la finca tiene dos puertas, hay tres accesos, y
solamente una parte de una puerta y uno de los accesos estaban
bloqueados por los estudiantes. No era necesaria la fuerza porque los
estudiantes nunca pretendieron entrar, la cacerolada del exterior no
impedía en modo alguno que el acto se celebrara con normalidad en el
interior, y la intervención es inadecuada y desproporcionada
y obedece a una mala planificación de la seguridad por los responsables
de la misma. Cuando se sabe que hay más de 4000 estudiantes que se
pueden movilizar, no se puede improvisar la seguridad. Era normal que
los estudiantes acudieran a este acto y también era normal que se
pudiera celebrar el acto sin que tuvieran que intervenir las Fuerzas
de Seguridad del Estado; si lo hicieron fue por una mala
planificación y por una concepción errónea de lo que debe ser el
orden público.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Desde el más profundo respeto, como es natural,
a los discursos de todo el mundo, después de haber escuchado algunas
intervenciones y al secretario de Estado de Seguridad me da la
sensación de que difícilmente se puede encontrar en esta problemática
una cuestión, salvo que como antes se decía se quiera encontrarla. Ya
sabemos que son movilizaciones no autorizadas, pero decir que estas
movilizaciones son más o menos espontáneas, más bien creo que no, es
decir, no son más o menos espontáneas sino, más bien, organizadas
legítimamente. Desde luego, lo que me parece tremendamente
imaginativo -luego haré una referencia también a otra consideración
imaginativa-
para tratar de contrarrestar o contraargumentar la versión de la
policía, es esta extraordinaria teoría de la cacerola que acabo de
escuchar por vez primera en mi vida. Me parece extraordinaria y
probablemente su autor tendrá que ser promovido al menos a una
candidatura previa al premio Nobel de Física, porque es ciertamente
extraordinaria e imaginativa la teoría de la cacerola: la cacerola
que va hacia delante pero queriendo ir hacia adelante va hacia atrás,
la cacerola que quiere ir al suelo o ser pacíficamente desprendida
pero que termina, en contra de las leyes de la física y de la materia
en la cabeza de un policía. Si se dice que la manifestación fue
absolutamente pacífica y si afortunadamente en este país, en Galicia
y en el resto de los países y regiones españolas, la modernidad hace
que las calles de las principales vías urbanas estén magníficamente
asfaltadas, es decir, que las piedras no se encuentren al alcance de
la mano y, por tanto, si hay piedras es porque alguien las ha traído
y si alguien las ha traído es porque no tiene ninguna intención
pacífica, yo creo que su aparición por sorpresa, en una especie de
fenómeno Poltergeist, tiene que ser añadido como complemento a la
extraordinaria teoría de la cacerola, lo cual constituye un plus
añadido que hace ciertamente curiosa la explicación de lo sucedido.
Sí además se dice que el problema de todo esto es una mala
organización, una mala planificación, y se desprende de ese discurso
que tenía que haber más policía, uno no sabe exactamente por dónde
quieren ir las afirmaciones de algunos.
El despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como nos ha
informado el secretario de Estado de Seguridad, era el normal para
hacer precisamente compatible lo que tenía que ser compatible, es
decir, la celebración normal de un acto institucional y el derecho de
unos ciudadanos a expresar pacíficamente su opinión. Por tanto, la
presencia de más policía, como se ha reclamado por algún portavoz
interviniente, hubiera introducido previamente y desde una de las
partes una disfunción en esa compatibilidad desde la normalidad entre
el derecho a celebrar un acto institucional, el derecho absolutamente
legítimo de otras personas a manifestar su opinión en términos
pacíficos y de sometimiento al ordenamiento jurídico vigente y el
tercer derecho esencial, es decir, el de los ciudadanos que ni iban
al acto institucional ni pensaban expresar legítimamente su opinión
en contra de un determinado proyecto de ley para poder circular con
libertad y con seguridad. Por tanto, nos da la sensación de que
algunos (y no me estoy refiriendo en modo alguno a las organizaciones
que pudieron de manera más o menos espontánea, menos espontánea que
más, convocar ese acto de protesta; no me estoy refiriendo a ellos
sino a algunos dentro de esos manifestantes) tenían ya la intención
clara y preconcebida de producir alteraciones graves del derecho de
los demás: del derecho de sus propios compañeros a manifestarse
pacíficamente, del derecho de los ciudadanos a poder circular con
libertad y con seguridad y del derecho de las instituciones
a poder celebrar ese acto institucional. (El señor presidente ocupa
la presidencia.) Me da la sensación de que esto es así desde el
momento en que, como ha señalado el secretario de Estado de
Seguridad, fue un portavoz estudiantil el que comenzó a decir que la
manifestación se desarrollara en términos pacíficos una vez que
algunos individuos comenzaron a arrojar esas piedras que, vuelvo a
repetir, en términos de Poltergeist aparecieron sin que nadie supiera
cómo habían llegado. En definitiva, me da la sensación de que la
opinión pública, en esa invocación genérica que se ha hecho de la
opinión pública, no tiene la misma percepción que tiene alguna de SS.
SS. legítimamente, como es natural; no la tiene porque lo ha dicho en
las urnas muy recientemente, y no la tiene además porque don Arsenio
Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Galicia, es una persona que tiene profundamente acreditado a lo largo
de su trayectoria política en esta casa unas convicciones
democráticas profundas y un servicio profundo a la libertad
(Rumores.) Lo que resulta profundamente antitético es la valoración
de otros cuando por debajo dicen lo de personajes, desconociendo
evidentemente cuál es la acepción de ese término es decir persona
ilustre, que hace el Diccionario de la lengua castellana, o cuando se
permiten a priori poner en duda esta consideración. Yo jamás me
permitiré poner en duda que el señor Díaz es un demócrata profundo o
que el señor Aymerich es un demócrata profundo. Por tanto, me resulta
sorprendente, es decir, muy poco democrático, antitético con esa
consideración, que otros se permitan insinuar que el señor Fernández
de Mesa no lo es. Pero eso entra dentro del juego legítimo de las
afortunadamente diferencias de estilo y de talante político entre
unos y otros.
Yo creo profundamente la versión que ha dado el secretario de Estado
de Seguridad de los hechos acaecidos. Como tiene razón el señor
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior cuando
dice que la policía en términos generales no actúa con violencia, y
que en relación con lo que están siendo las legítimas - subrayo
legítimas- protestas pacíficas de ciudadanos respecto del proyecto de
ley de universidades no se está actuando con represión. Querer
construir un discurso sobre la base de que se aplica la represión
para disminuir la crítica es simple y sencillamente una pieza de
museo, es algo anacrónico, vetusto, pasado de rosca, que no se lo
cree nadie y que no está en el discurso político realista de la
opinión pública y de los ciudadanos. Por eso la opinión pública, que
ha sido invocada aquí, y los ciudadanos cuando están muy cansados de
oír ese discurso y tienen la oportunidad de elegir libremente lo
hacen, como lo han hecho en Galicia recientemente en relación con la
política del Partido Popular, y como también lo han hecho
recientemente en Galicia en relación con las políticas de las demás
fuerzas que han comparecido en esas elecciones, es decir, el Partido
Socialista y el Bloque Nacionalista Galego.
En definitiva, señor presidente, señor secretario de Estado -y con
esto concluyo-, si se produjo un determinado hecho fuera de la
normalidad, no fue porque lo provocaran, como se ha dicho las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, no fue tampoco porque lo
provocaran en conjunto los manifestantes, sino porque grupos
infiltrados quisieron vulnerar la normalidad, quisieron no respetar
el derecho de los demás y desoyeron sistemáticamente todas las
llamadas de carácter previo de la fuerza policial presente para
evitar que se tuviera que producir una dispersión de esos pequeños
grupos por la fuerza; por la fuerza utilizando los medios legítimos y
lícitos, y por la fuerza utilizando, dentro de esos medios la
gradación más inferior para que no se produjeran daños a las
personas. Vuelvo a repetir que podremos estar haciendo en estos
órdenes del día una y otra vez cuestiones de algo que no lo son,
porque si se quiere decir que este o cualquier otro gobierno en este
país, aunque sea de signo ideológico distinto, pretende utilizar la
represión para evitar la pluralidad se está haciendo ciencia-ficción
o se está deslizando uno intelectualmente hacia conceptos tan de
Poltergeist como el de la magnífica y extraordinaria teoría de la
cacerola.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): No sé
cuánto durará la sesión, aunque yo, aprovechando una entrada que me
hizo el señor Aymerich antes, estoy a su disposición, pero no me
gustaría tener que venir otra vez a contestar lo que me quede hoy, si
el presidente considera que hoy no se puede acabar con todo.
Respecto a la represión de las manifestaciones, término que se ha
utilizado aquí, les puedo asegurar que nada hay más lejos del ánimo
de quien manda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de
los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la
intervención en manifestaciones o concentraciones. Me pueden ustedes
creer o no, pero es así. Lo conozco porque estoy dentro. Nosotros y
todos los que estén en su día a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado con un concepto de garantía de los derechos de
los ciudadanos, con una trayectoria de legitimación de las
manifestaciones públicas reconocidas en las normas fundamentales que
se han dado los españoles para convivir, no tenemos la más mínima
duda de que sólo en el caso último de que no haya otra manera de
solucionar un problema que se considera de orden público porque
afecta a los derechos de otras personas que no se están manifestando,
y que son tan legítimos como los de los que están manifestándose, es
cuando se interviene, y siempre con una metodología. Nadie dirige una
intervención policial según se le va ocurriendo; hay una fórmula de
intervención que va desde los avisos, la negociación y el lanzamiento
de cargas
al aire, según ha entendido usted, que serán descargas al aire, es
decir, desde el ruido hasta que realmente se produce un daño a los
derechos de otros, por ejemplo, en la circulación, lo cual es
complicado porque se montan grandes caravanas que producen
dificultades y por eso se cortan las carreteras. Cuando se quiere
realmente hacer una manifestación que haga daño, que tenga una
resonancia, lo que se hace es cortar las vías de comunicación, y
ustedes comprenderán que por cuatro mil o cinco mil pensamos que se
manifestaran no se puede cortar la comunicación a otros cuatro mil,
cinco mil o diez mil que tienen que circular por determinados sitios.
Dicho esto, se negocia, se habla, se ruega que se retiren, se les da
la oportunidad de retirarse, pero cuando no se hace y encima se
agrede es cuando se interviene, y se interviene además intentando
causar el mínimo daño posible porque los profesionales de la
seguridad tienen esa frialdad de cabeza. Eso es así. Existirá matiz
de que a lo mejor un delegado del Gobierno da la orden un minuto
antes y otro la da un minuto después, pero en general es así porque
no puede ser de otra manera. Nadie se quiere meter, ni quiere meter a
las Fuerzas de Seguridad del Estado en un lío, ni nadie tiene un
sentido vengativo contra los que se manifiestan o unas fobias
inconfesables que saca a la luz en el momento en que puede dar una
orden en una manifestación. Estoy convencido de que no; estoy
convencido de la profesionalidad de la policía, de las unidades
antidisturbios, en este caso. La práctica que tienen, su serenidad,
su capacidad de actuación y su capacidad de sacrificio, son las que
les legitiman y me legitiman a mí para venir aquí a darles una
versión de lo ocurrido, una versión que creo firmemente. Entiendo que
se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo lo mínimo imprescindible
-como he dicho- para garantizar el derecho de todos los ciudadanos en
un ámbito en que pueden producirse conflictos entre sus derechos y
sus libertades en un momento determinado.
Sólo quiero recordarles que la manifestación no es autorizada o no
autorizada -nadie ha hablado de autorización, yo no lo he hecho-, es
comunicada o no comunicada. Si de eso se deriva la imprevisión del
número de fuerzas necesarias para atenderla, ya he dicho cómo fue,
cómo se desarrolló el operativo, cómo se dividió para liberar las
tres entradas y cómo se pusieron en cada una. Si hubo conflicto en
una, podría haberlo habido en las otras dos, y lo que se tuvo que
hacer en una por el despliegue, no tuvo que hacerse en las otras dos.
Esto es lo que he explicado, pero me interesa mucho más garantizarles
a ustedes que este Gobierno, y desde luego los que mandan las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tiene ningún interés -y puedo
decírselo con toda claridad- en utilizarlas para hacer políticas que,
afortunadamente, están ya lejos del ánimo de
cualquiera que tenga la posibilidad y el honor de sentarse en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Creo, señor secretario de Estado, que,
teniendo al señor Gil Lázaro, casi podría renunciar a su réplica
porque es usted mucho más mesurado que él a la hora de valorar los
hechos y de realizar sus intervenciones.
Quiero preguntarles si piensan que la asamblea de estudiantes de
Santiago o la coordinadora de profesores son peligrosos
alborotadores, porque también ellos consideraron que estaban ante una
carga policial de violencia desproporcionada para un acto totalmente
pacífico. Se ha hablado aquí de que la intervención policial fue
proporcionada y mesurada, que se llevó a cabo con el uso de la mínima
fuerza necesaria para compatibilizar la inauguración de un centro
oficial -la casa de Europa de la Universidad de Santiago- con el
derecho reconocido en nuestra Constitución de reunión pacífica de un
colectivo de estudiantes y de personas que se solidarizan con ellos,
profesores y miembros de la comunidad universitaria. No sé si fue
compatible o no, desde luego se impidió ese derecho de reunión y
manifestación pacífica. La manifestación no interfería el desarrollo
normal del acto. De hecho, mucha gente que participó y que estaba
dentro del edificio cuando la policía cargó contra los manifestantes
pacíficos no se enteró de que había una protesta ni se enteró de que
había habido una carga policial. Eso quiere decir que no hubo en
ningún momento amenaza o peligro ni para las personas ni para el
normal desarrollo del acto. ¿A qué responde entonces la carga
policial y la desproporción de su actuación? Sospecho -y creo que
cada vez con más fundamento- que responde a una intencionalidad
política. Una decisión de orden público se vio contaminada, en este
caso, por la intención política ejemplarizante de dar un escarmiento
a los estudiantes para ver si dejaban de manifestarse y de protestar
contra la ley; o, como mínimo, con la de que los padres cogiesen
miedo e impidiesen o prohibiesen a sus hijos e hijas acudir a esas
manifestaciones. Sospecho que eso es lo que se intentaba; si no,
¿cómo se explica que, siendo esta manifestación pacífica y siéndolo
también las que hubo antes y después de ella, fuese esta la única
carga y la única intervención policial desproporcionada? Es cierto
que las ha habido en otros lugares del Estado, como Las Palmas de
Gran Canaria, pero no en Galicia.
El señor secretario de Estado y el señor Gil Lázaro han hablado de
que había grupos infiltrados. Yo no tengo esa información, pero
parecen conocerlos ustedes muy bien. Conocen su filiación política
-jóvenes independentistas radicales- y parece que saben muy bien que
llevaban piedras. Ahora bien, si lo sabían ustedes y lo sabían desde
la manifestación de la plaza del Obradoiro,
¿por qué no intervinieron antes impidiendo con antelación que el
colectivo de manifestantes se dirigiera hacia Vista Alegre, hacia la
casa de Europa? ¿Por qué no les detuvieron antes o adoptaron las
medidas cautelares necesarias para que la manifestación se
desarrollara pacíficamente, como creo que se desarrolló de hecho?
Además, les conocen ustedes demasiado bien. ¿Quién infiltró a esas
personas en el grupo de manifestantes, si es que había infiltrados?
En cuanto a otras insinuaciones que se han hecho de si dudo o no de
las convicciones democráticas de don Arsenio Fernández de Mesa, yo
presumo convicciones democráticas a todo el mundo, incluso a personas
que merecerían por su trayectoria más una presunción en sentido
contrario. A las personas, sobre todo cuando ostentan un cargo
público, no hay que juzgarlas por sus convicciones sino por los
hechos. Supongo que a los estudiantes heridos que necesitaron
asistencia hospitalaria el día 12 de noviembre en Santiago les
importarán muy poco las convicciones democráticas de don Arsenio
Fernández de Mesa; lo que les importará es que ordenó una carga
policial desproporcionada contra una manifestación pacífica. Yo
comprendería que, desde ese día, ellos empezasen a dudar, igual que
yo -y no soy el primero, también hay otros-, de esas convicciones
democráticas.
En cuanto a los resultados electorales, se utilizan aquí para todo.
Se utilizaron hace poco en un Pleno, cuando el ministro de Trabajo se
quedó sin argumentos en una interpelación sobre la siniestralidad
laboral, para decir que los españoles estaban contentos en todo caso
con el Partido Popular y que por eso lo votaban. Me parece que ni los
trabajadores que mueren en un accidente laboral votan por morir en
tal accidente laboral, ni los estudiantes, que seguramente votaron
muchos de ellos al Partido Popular, lo hicieron para que les pegasen
o disolviesen su manifestación pacífica. Ya que hablamos de Estado de
derecho, los resultados electorales no legitiman cualquier cosa;
legitiman que alguien gobierne, pero que lo haga conforme a las
leyes, al ordenamiento jurídico vigente.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Termino enseguida.
Las cargas al aire me recuerdan aquello de disparamos al aire de los
pulmones. Pregunten a don Arsenio Fernández de Mesa qué es eso de
cargar al aire; no conozco la teoría de la cacerola ni las otras que
se están perfilando hoy aquí, pero le puedo asegurar que ni los
cartuchos de sal ni las pelotas de goma se dispararon al aire en este
caso.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Es muy difícil explicar una manifestación a quien
nunca ha acudido a ninguna; por
mi parte, no quiero discutir con el No-Do y me centraré en la
intervención del señor secretario de Estado, que me parece que es con
el único que se puede discutir.
El señor secretario de Estado tiene una versión que le tiene mal
informado, y yo he intentado darle una versión objetiva. Es la
versión de quien no pasaba por allí, pero pasa por allí con
frecuencia y conoce el entorno, y además fue a verlo antes de esta
comparecencia. Le decía que se trata de una finca de más de 60.000
metros, en cuyo centro está la casa de Europa, donde se celebraba el
acto. Lo que se haga fuera no repercute para nada dentro. La finca
tiene dos entradas, y únicamente una de ellas estaba parcialmente
bloqueada. Tiene tres accesos y sólo uno de ellos estaba bloqueado.
Parte de las autoridades pudieron entrar sin dificultades, y
únicamente tuvieron dificultades las que pretendieron entrar por el
acceso bloqueado. Había una opción, que consistía en dar la vuelta y
entrar por los accesos no bloqueados; no se acogieron a ella y se
tomó la decisión de disolver.
La disolución se hizo, señor secretario de Estado, sin previo aviso,
no hubo aviso por megafonía; y se hizo en el momento en que los
estudiantes se estaban sentando para esperar. Estaban allí buscando
fundamentalmente algo: repercusión en medios de comunicación, porque
ese acto tenía una cobertura a nivel nacional. Buscaban esa
cobertura, es algo normal y natural. El problema aparece por una mala
planificación, señor secretario de Estado, se lo repito, por una mala
planificación. Los responsables tenían que saber que se iban a
celebrar los dos actos y había que hacerlos compatibles. Para ello
previamente había que ordenar dónde tenían que estar los estudiantes
y las entradas que tenían que estar libres. No se hizo. Después se
manda disolver -alguien no me entendió pero usted creo que sí- con
muy pocas fuerzas teniendo en cuenta el volumen de la manifestación.
Si hubiera habido mayor número de fuerzas de orden público éstas
podrían haber actuado como elemento disuasorio y no hubiera habido
que emplear la fuerza. Cuando usted manda a un número reducido de
miembros de fuerzas de seguridad a disolver una manifestación de
miles de personas, recurren a una mayor violencia porque normalmente
tienen miedo de enfrentarse con esa masa. De ahí vino el problema.
Las agresiones de las que se habla fueron fundamentalmente de las
fuerzas de orden público. Si hay cacerolas que vuelan por el aire es
por algo, las cacerolas no se llevan allí para agredir a las fuerzas
de orden público, se llevan a la manifestación para hacer ruido;
nadie tira sus enseres, lo que pasa es que cuando uno va escapando al
final se pueden utilizar incluso para retrasar la represión o para
retrasar la actuación de las fuerzas de orden público. Las piedras no
se las llevan en los bolsillos; la mayoría de los estudiantes estaban
sentados delante de una verja que da a una zona verde, a un jardín,
en una parte de la finca, y allí hay piedras. Nadie se fue desde su
casa buscando piedras para llevarlas en los bolsillos con ese fin.
Las piedras surgen al final en medio de la
refriega por parte de un grupo claramente minoritario. Todo eso se
pudo haber evitado con una mejor planificación. Lo que ocurre es que
después la mala planificación provoca un incidente innecesario que
repercute negativamente en las fuerzas de orden público, repercute
negativamente, le guste a usted o no, en los responsables de orden
público y normalmente no es entendida por los ciudadanos...
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino, señor presidente.
No es entendida por los ciudadanos, que normalmente ven que a un acto
pacífico se le da una respuesta desmesurada por unas fuerzas de orden
público que están allí para proteger que las cosas se resuelvan con
normalidad y que al final terminan con incidentes graves.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Primero, la mesura consiste en hacer siempre
pedagogía democrática, esto es, en decir que el ejercicio del derecho
propio no puede agredir el ejercicio del derecho de los demás.
Segundo, yo no he hablado de grupos de infiltrados; el concepto
infiltrado lo ha traído a este debate el señor Aymerich. Tampoco he
hablado de filiación política de nadie. Me he referido estrictamente
a los hechos y los hechos son la intervención -y me parece ejemplar-
de un portavoz estudiantil frente a esa minoría violenta que comenzó
a agredir a la policía.
En tercer lugar, la convicción democrática -ya que también el señor
Aymerich ha hablado de convicciones democráticas- es siempre la del
respeto a la ley. No existe más convicción democrática que la del
respeto a la ley, porque la ley es el pacto social entre demócratas
para poder convivir en la pluralidad. A ver si tomamos nota a la hora
de formular algunos discursos que parece que quieren dejar de lado la
ley cuando conviene al interés particular o sectario.
Afirma el señor Aymerich: Dicen ustedes, señores del Grupo Popular,
que los resultados electorales se utilizan para todo. Mire usted, no.
Nosotros somos más bien mesurados, casi me atrevería a decir que
pacatos a la hora de invocar los resultados electorales. El problema
es que cuando los resultados electorales han sido los que han sido en
Galicia hace cuatro días y aquí algunos portavoces dicen, en
genérico: «La opinión pública opina, la opinión pública dice»,
entonces nosotros, muy modestamente, muy serenamente, tenemos que
recordar a esos portavoces lo que ha dicho de verdad la opinión
pública de manera libre en las urnas hace cuatro días. Por tanto, no
somos nosotros los que traemos a colación los resultados electorales
como una especie de vacuna o vanagloria para todos; son otros los que
ignoran cuáles han sido los resultados electorales o precisamente porque
no los ignoran invocan a la opinión pública para decir esto y
aquello.
Finalmente, voy a ser muy concreto, más probablemente de lo que haya
sido nunca en los años que llevo en esta Comisión. Señor Díaz, usted
no tiene ningún derecho a decir que no va a discutir con quien nunca
acudió a ninguna manifestación. ¿Pero usted qué sabe de cuál ha sido
mi trayectoria personal? ¿Qué sabe usted? ¿Sabe usted lo que me
parece una afirmación como la que usted ha hecho? Me parece que
denota una profunda ausencia de argumentos sólidos para abordar esta
cuestión que hoy es objeto de debate y, sobre todo, algo muy viejo y
muy deleznable: un tono inquisitorial y autoritario que francamente
preocupa. Pero con esos tonos inquisitoriales y autoritarios, señor
Díaz, no le extrañe que después en las urnas los ciudadanos de
Galicia les digan a ustedes lo que les dicen.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Creo que
ya he expuesto la relación de los hechos.
Quiero contestar solamente una cosa al señor Aymerich. Aquí se ha
dicho que la policía intervino de una manera dura, de una manera
extraordinariamente intensa, por decirlo suavemente, y que eso
produjo daños a los manifestantes. Señoría, creo que he descrito una
situación en cuanto a un enfrentamiento breve, un enfrentamiento que
produjo, y le creo -aunque no me consta-, cuatro heridos en una
manifestación de cuatro o cinco mil personas, según dice aquí, de los
cuales dos son policías, uno de ellos herido no por una cacerola sino
por una piedra. Lamento extraordinariamente que haya habido cuatro
personas contusionadas o heridas, no sé que grado de gravedad tenían
estos señores, y lamento profundamente también la baja de uno de
estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y las heridas del
otro.
No voy a hacer esto muy pesado. El señor Díaz me hablaba de la
planificación. Nosotros no creo que fuésemos a impedir la
concentración en el Obradoiro, simplemente, por la lectura de los
hechos, por la información que tengo, teníamos que impedir que el
tráfico de las personas que querían circular por allí fuese
interrumpido. Estuvimos veinte minutos -lo he dicho, pero parece que
se olvidan ustedes- intentando que se restableciera, solicitamos que
se restableciera. Hablan ustedes de la policía, pero también quienes
se manifiestan tienen que tener una cierta conciencia de que su
acción tiene y provoca unos inconvenientes, los profesores y los
estudiantes tienen una cierta inconveniencia frente a otras personas
que reclaman el poder ejercitar libremente sus derechos.
Creo que en la defensa del derecho a manifestarse, elderecho a
concentrarse, el derecho a expresar su opinión,
tiene que haber un equilibrio. Los que garantizan que haya ese
equilibrio son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y
volvemos otra vez al principio, los que garantizan los derechos y las
libertades de las personas. Tienen que tomar decisiones y están
acostumbrados a tomar decisiones, ellos y quien les manda. Esas
decisiones siempre están basadas en criterios de proporcionalidad,
porque les vuelvo a decir que a nadie que mande Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado le gusta, le motiva o le satisface de una manera
especial utilizar más medios de los necesarios para poder atender esa
misión que tienen de garantizar la pacífica convivencia.
Puede haber errores, se puede planificar bien o se puede planificar
mal; pero creáme que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
conocen perfectamente su oficio y conocen perfectamente los riesgos
en los que incurrirían de no tomar determinadas acciones en un
determinado momento. No tengo la menor duda que allí, vista la
información que les han dado a ustedes, lo que hicieron fue impedir
que los accesos al lugar donde se celebraba el congreso, en la casa
de Europa, fuesen cortados, advirtiéndolo de antemano, porque está en
las normas. ¿ Usted puede creer a alguien que le diga que nadie les
dijo nada? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo hacen siempre,
primero lo advierten con megafonía, luego con salvas. No es que aquí
se les haya olvidado, es que se trata de una práctica reglada y, por
lo tanto, no creo que no lo hayan hecho. Les creo más a ellos que
a quien diga que no parece que lo hicieran o que no lo oyeron. Nunca
intervienen sin avisar, sin negociar y sin estar, por lo menos, como
lo estuvieron aquí, veinte minutos intentando que los manifestantes
accedieran a no cortar el tráfico; porque para ejercitar su derecho a
la manifestación lo podían haber hecho exactamente igual que sin
haber intentado esa medida de fuerza, que es la única que se
disolvió.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR BARRERO LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS
RAZONES POR LAS QUE HA SIDO ELIMINADA LA COMISARÍA DE POLICÍA SITUADA
EN LA CIUDAD FRONTERIZA DE ROSAL DE LA FRONTERA (HUELVA). (Número de
expediente 181/001174)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al asunto siguiente del orden del día:
preguntas de las señoras y señores diputados. Por acuerdo de Mesa y
portavoces, vamos a empezar con la que figura en el orden del día con
el número 12, que formula el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente, por permitir que
mi pregunta, que es la número 12, pueda ser debatida al inicio de la
serie de preguntas que conforman esta parte del orden del día de la
Comisión
de hoy. Se trata de una pregunta muy sencilla, como habrá tenido
ocasión de comprobar el secretario de Estado, que reclama una
información detallada acerca de un hecho que se ha producido hace
unos días y que paso rápidamente, a describir. Creo que fue la Orden
del Ministerio del Interior de 10 de septiembre del año 2001 la que,
al desarrollar la estructura orgánica y funciones de los servicios
centrales y periféricos, excluyó el puesto policial de Rosal de la
Frontera, que se encontraba en la frontera entre Portugal y España,
concretamente en la provincia de Huelva, y que mantenía sus funciones
hasta esta fecha. No tengo que recordarle -porque lo habrá seguido en
los medios de comunicación, señor secretario de Estado, y le habrá
sido remitido por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huelva-
que han sido varios los medios de comunicación que se han hecho eco
de la alarma que esto ha significado para la opinión pública y en
todo caso, para los alcaldes de 30 pueblos, que han puesto de
manifiesto su malestar por la exclusión del control fronterizo de la
unidad de extranjería y documentación de Rosal de la Frontera. Esta
unidad daba servicios que son difíciles de conseguir a no ser que se
vaya a Huelva, que está a 150 kilómetros de las zonas de las que
estamos hablando, que son las zonas de la sierra y del Andévalo de
Huelva; servicios tales como la tramitación del documento nacional de
identidad, pasaportes, tarjetas de residencia de extranjeros,
etcétera, aparte del servicio mayor, que es procurar lo que se llama
la seguridad objetiva a las poblaciones del entorno por parte de la
Policía Nacional. No se ha dado una información detallada de este
asunto ni una argumentación clara sobre el tema, y han sido varias
las voces (al margen de los ayuntamientos, que es una voz muy
legitimada en cuanto que habla en nombre del pueblo) que han
mantenido un sentimiento de intranquilidad. Por ejemplo, el
secretario general del Sindicato Unificado de Policía sostenía que
era una medida irresponsable y frívola, si no recuerdo mal, y que iba
a repercutir -y leo- de forma negativa y directa contra todos los
ciudadanos de la comarca y, en especial, contra la comarca. Esto
decía literalmente en unas reflexiones que hacía a un medio de
comunicación de la zona. No tenemos una idea clara del porqué de este
asunto. El subdelegado ha dicho que las tareas que realizaba esta
unidad de policía eran meramente burocráticas, y no sé si esa es la
tesis que sostiene el señor secretario de Estado. En todo caso,
parece que no va a redundar en beneficio de la seguridad objetiva de
la zona. Quizá, señor secretario de Estado, la provincia de Huelva no
sea en estos momentos el sitio más adecuado para quitar fuerzas de
seguridad, cuando - según datos del Sindicato Unificado de Policía,
que asumió como propios en su día el propio delegado del Gobierno de
Andalucía- la provincia de Huelva es de toda las de España donde más
se ha incrementado la inseguridad en los últimos meses.
Concretamente, el incremento de la criminalidad en esa provincia
respectoal año anterior es de más del 19,5 por ciento. Por tanto,
conocido ese dato, lógicamente, los pueblos de la zona se han sentido
especialmente alarmados. Sé que han remitido al ministerio la
reclamación de que se reubique de nuevo esa unidad en la zona, en
Rosal de la Frontera, con la seguridad - eso esperan y eso espero yo
también, señor secretario de Estado- que sean atendidas sus
reivindicaciones y se renuncie a la resolución de la orden de
septiembre del 2001. Ese es el objetivo de mi intervención, que busca
la información, que se pueda volver atrás en esta decisión y se
recupere esa unidad en Rosal de la Frontera.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La
aplicación del acuerdo Schengen ha supuesto para los países adheridos
al mismo la supresión de las fronteras interiores y,
consecuentemente, la de España con Portugal, por lo que dejaba de
tener sentido y justificación la existencia de aquellos puestos
fronterizos, que es de lo que estamos hablando, que no tuvieran la
condición de comisaría conjunta, con la excepción de aquellos de
especial importancia estratégica como puesto fronterizo. En el
acuerdo con Portugal sobre la creación de comisarías conjuntas, de 19
de noviembre de 1997, no se contempló Rosal de la Frontera como tal
comisaría conjunta, ni tampoco reunía la segunda de las condiciones
reseñadas, que es que tenga una importancia estratégica en el ámbito
de la propia seguridad. La limitación de efectivos que actualmente
tiene el Cuerpo Nacional de Policía abunda en la necesidad de
racionalizar la distribución de los mismos en las ciudades que tiene
encomendadas y, sobre todo, de no atomizar la presencia del Cuerpo
Nacional de Policía de manera poco sensata, como sería tener en
marcha determinadas comisarías que obedecen solamente a uno de los
criterios por el que en su día se establecieron y no a otros. En la
orden de 5 de febrero de 2001 se suprimieron diversos puertos
fronterizos, no solamente el que usted menciona, en orden a lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales y con el
fin de alcanzar una mayor racionalización de los servicios
policiales, según dice el acuerdo Schegen en lo que respecta a la
desaparición de las fronteras comunes. Rosal de la Frontera está
ubicada en demarcación territorial de la Guardia Civil en lo que a
los aspectos de seguridad se refiere, que es a quien le corresponde
la prestación del servicio en esa materia. Por lo que se refiere a la
documentación, la población de la comarca tendrá el mismo tratamiento
previsto para las localidades que no disponen de plantillas del
Cuerpo Nacional de Policía. Luego, en lo que a la documentación se
refiere, la zona será tratada según lo hacen los grupos rurales de
documentación, que se desplazan desde la capital a los diferentes
pueblos para facilitar la tramitación de documentos.
En cuanto a los funcionarios, a quienes creo que usted no ha
mencionado, destinados en Rosal de la Frontera, se les dispensará el
trato más favorable a través de las medidas previstas en la
reglamentación de puestos de trabajo; se contempla la mejor
disposición para sus solicitudes de traslado, reubicación, jubilación
o cese de servicio. Por lo tanto, señoría, primero, en cuanto a los
aspectos de seguridad, Rosal es ámbito de la Guardia Civil, donde
tiene la exclusiva responsabilidad; segundo, el acuerdo general del
ámbito Schengen, que ciertos países de la Unión Europea han puesto en
marcha, hace que no necesitemos comisarías en las fronteras porque ya
no existen esas fronteras a los efectos de la Policía, y, tercero, en
los aspectos de documentación que la Policía tramitaba, empezará a
ponerse en marcha un servicio que ya está en marcha en otros lugares
donde no existen las comisarías: Estas se trasladarán a los pueblos
para hacer las tareas correspondientes a la documentación, a fin de
que los ciudadanos puedan de esa manera evitarse los inconvenientes
de tan largo traslado, como usted señalaba.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor secretario de Estado, es verdad que el
Tratado de Schengen contempla la desaparición de puestos fronterizos
y también es verdad que establece controles móviles y selectivos de
la Policía para evitar las dificultades que esa falta de control
fronterizo pueda producir. Se ha olvidado usted de mencionar la
segunda parte, y eso es lo que reclamaban por cierto la Policía y los
alcaldes de los pueblos. No en vano estuvo allí esa comisaría, cuyas
competencias no se limitaban solamente a aspectos burocráticos, sino
que, como he mencionado, también cumplían funciones en determinados
aspectos de seguridad objetiva, indispensables en zonas
transfronterizas, que reclaman al menos una cierta vigilancia.
Insisto en que el Tratado de Schengen también habla de que en la
frontera son exigibles controles móviles y selectivos de la Policía.
Si usted me dice qué efectivos móviles y selectivos va a tener la
Policía en la zona -no me diga que la Guardia Civil, porque esta ha
estado siempre y está en línea de una población alejada, que es
Aracena- y qué decisión se va a adoptar, asumiendo el convenio
Schengen, que no sea exclusivamente el de que no es necesario tener
vigilancia fronteriza, yo me quedaré mucho más tranquilo.
La cuestión de los servicios se va a notar, señor secretario de
Estado, porque evidentemente no es lo mismo tener cerca de los
pueblos los servicios de extranjería, pasaporte, documento nacional
de identidad, etcétera, que no tenerlos. Eso es dar menos servicio a
los ciudadanos, como es obvio, y por eso 30 pueblos se lo reclaman,
y habrá que contarles que ustedes no tienen la misma sensibilidad,
obviamente, que los que están en aquellas zonas, porque muchos de
ellos se preguntan por qué esto se hace ahora. El Tratado de Schengen
se firmó hace mucho tiempo, se ejecuta hace mucho tiempo,
funcionaba con relativa normalidad, daba seguridad a la zona, y en
este momento se cancela. ¿Porque hemos caído ahora en que se
racionaliza los asuntos de personal de esta manera, o se debe a otras
causas en las que no entramos? Por ejemplo, a nosotros nos preocupa,
señor secretario de Estado -no voy a entrar mucho en ese tema, pero
quiero que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de la
Comisión-, que el delegado del Gobierno en Andalucía -por eso hemos
solicitado su comparecencia...
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: No, no voy a estar fuera de la cuestión
porque lo comentaré...
El señor PRESIDENTE: No le llamo a la cuestión, le aviso por razón
del tiempo.
El señor BARRERO LÓPEZ: Bien, termino rápidamente.
Nos preocupa porque no hace mucho el delegado del Gobierno en
Andalucía sostenía que toda seguridad pública que no sea posible
ejercer habrá que compensarla con seguridad privada. Lo decía hace
poco y entendía además que el Estado no era capaz de dar toda la
seguridad pública que requerían los ciudadanos. Mi miedo es que en
este momento estemos también intentando estimular el negocio de la
seguridad privada, señor secretario de Estado, rebajando el servicio
de la seguridad pública, que hasta ahora funcionaba razonablemente en
lugares alejados de las capitales de provincia, como Sevilla y
Huelva, y cerca de zonas transfronterizas, con lo que eso significa
de control de mercancías y personas, etcétera. Esa es nuestra
preocupación, señor secretario de Estado, y esto no tiene el cariz de
un control en el que se busque ningún desgaste al Gobierno, como
usted comprenderá, porque bastante desgaste va a tener con que 30
pueblos se sientan a partir de ahora inseguros, razonable o
irrazonablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, concluya, por favor.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Lo que yo querría es que, a través de mí y de los medios de
comunicación, diera sensación de tranquilidad para evitar alarma y
desazón en una zona en la que había unas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, con Policía Nacional y no sólo Guardia Civil, y
ahora sencillamente no están ya.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría,
referente a las sensaciones que usted mencionaba, creo que le he
explicado
que las sensaciones las produce quien las produce, y en ese
sentido yo le he explicado que la sensación de seguridad la da la
Guardia Civil; no creo que haya ningún pueblo de Andalucía que tenga
la más mínima duda sobre la sensación de seguridad que le produce la
Guardia Civil. En cuanto a la comodidad de la ciudadanía en diversos
aspectos, sobre todo en lo relativo a documentación, el servicio que
daba el Cuerpo Nacional de Policía se va a trasladar a los
correspondientes pueblos para hacer en patrullas rurales las tareas
que faciliten el servicio de documentación a la gente. La elección -y
gobernar, como S.S. conoce bien, es elegir- de Rosal que, como usted
nos señalaba, viene además con otras muchas, como Vera de Bidasoa,
Echalar, Sallént de Gállego, Bielsa, Feces de Abajo, Puentes Varjas,
Fermoselle, en fin, una larga lista, es para dar una mayor seguridad
general a todos los españoles de una manera racional y posible.
Además, respecto a lo que usted dice sobre las medidas de personal,
este Gobierno es precisamente el que ha elaborado el plan de empleo
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto para la
Policía como para la Guardia Civil, más ambicioso de los últimos
quince años.
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
OPINIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR ACERCA DE QUE LOS NIVELES DE
VICTIMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ACONSEJEN UNA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE FUNCIONARIOS POLICIALES CON
DESTINO EN LA MISMA. (Número de expediente 181/001009)
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MANTENIMIENTO DEL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS
CUERPOS POLICIALES EN CATALUÑA, MIENTRAS SE PRODUCE EL DESPLIEGUE
TOTAL DE LOS MOSSOS DESQUADRA Y EL CORRESPONDIENTE REPLIEGUE PARCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/
001010)
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
OPINIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR RESPECTO AL DÉFICIT DE FUNCIONARIOS
DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN CATALUÑA Y ESPECIALMENTE EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE BARCELONA. (Número de expediente181/001013)
El señor PRESIDENTE: Para formular las preguntas que figuran con los
números 5.o, 6.o y 7.o del orden del día, tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Estoy convencido de que la Comisión en
pleno va a aplaudir la decisión de acumular las preguntas en un solo
trámite. (El señor Gil Lázaro: Absolutamente) No me cabía duda de que
el señor Gil Lázaro iba a intervenir también en el trámite de
preguntas, como es su costumbre.
Señor Morenés, la sensación subjetiva -porque es así- de
victimización en el área metropolitana de Cataluña es tal en este
momento, que ha pasado a ser la primera preocupación de los
ciudadanos de Barcelona. La sensación de desprotección e inseguridad
es algo que está relacionado vagamente, pero no directamente, con el
numero de delitos realmente efectuados, con el número de detenciones,
de acusaciones o de condenas. Lo que preocupa enormemente a los
ciudadanos -y cuando digo enormemente es porque lo plantean como
primer problema que les preocupa- es la desprotección que sienten en
el área metropolitana de Barcelona. Frente a esto, nos encontramos
con una situación de falta de dotación de la totalidad de las plazas
de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y, en mucho menor
grado, de la Guardia Civil en aquella área geográfica.
Nosotros entendemos que la obligación del Estado, evidentemente, en
el ámbito de su competencia, es proporcionar a los ciudadanos la
necesaria seguridad para poder desarrollar libremente la totalidad de
sus derechos. Cuando un ciudadano se siente inseguro y no se atreve a
salir a determinadas horas u oye cantidad de relatos respecto a
delitos, seguramente multiplicados por el rumor, la sensación de
abandono por parte de las fuerzas policiales es mala, es mala para la
libertad de los ciudadanos, es mala para la moral ciudadana y yo creo
que es también mala para el Gobierno, pero desde luego esto no es
algo por lo que yo deba alarmarme extraordinariamente; debían de
alarmarse ustedes, en cualquier caso.
Por esta situación, no exagerada, no apocalíptica, sino muy ajustada
a la realidad, de lo que siente la población en el área metropolitana
de Barcelona y en el conjunto de Cataluña posiblemente, le formulo
las preguntas tal y como vienen el orden del día; es decir, me
gustaría saber su opinión respecto a si los índices de victimización
existentes en la actualidad en el área metropolitana de Barcelona
aconsejan una disminución del número de funcionarios policiales con
destino en la misma; su opinión también sobre el déficit de
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña y
especialmente en el área metropolitana de Barcelona, y cuáles son sus
intenciones respecto al mantenimiento del número total de
funcionarios de los distintos cuerpos policiales en Cataluña,
mientras se produce el despliegue total de los mossos d´esquadra y el
correspondiente
repliegue parcial de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Tengo
que hacer mías, como no puede ser de otra manera, las palabras que el
vicepresidente primero del Gobierno, el pasado 20 de noviembre, dijo
en esta Comisión en relación con la misma preocupación que ha
planteado S.S. Las previsiones de este departamento en materia de
personal, tanto en el área metropolitana de Barcelona como en el
resto de Cataluña, son las de mantener el necesario ritmo de
incorporaciones de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y
miembros de la Guardia Civil para cubrir las vacantes que se vayan
produciendo. Dichas actuaciones se irán adaptando durante el periodo
de sustitución al plan de despliegue de los mossos desquadra,
asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para
garantizar en todo momento la seguridad ciudadana. Según refleja el
resumen estadístico sobre delincuencia correspondiente al periodo
eneroseptiembre de 2001, los datos comparativos con el mismo periodo
anterior en el apartado de delitos y faltas conocidos en la
demarcación de policía, área metropolitana de Barcelona y grandes
núcleos urbanos, arrojan un aumento del 3,9 por ciento, cifra -debo
decir- sensiblemente inferior a la media nacional.
Me pasan una nota diciéndome que la intervención del vicepresidente
señor Rajoy no fue ante la Comisión, sino ante el pleno del Congreso.
Presento mis excusas. (El señor Pedret i Grenzner: Le consta al
diputado, que estaba presente.)
En la provincia de Barcelona, el incremento es del 1,6 por ciento. El
número de policías en situación de revista en la provincia de
Barcelona, a 30 de septiembre, era de 4.931 policías y el de la
Guardia Civil de 2.185. Para dar una idea a SS.SS. sobre el ritmo de
incorporaciones, señalaré que en los meses de junio y julio se
realizó la cobertura de las vacantes. En julio se incorporaron 615
policías a la provincia de Barcelona y el 1 de septiembre otros 235
policías más en prácticas.
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, se cubrieron las vacantes
de plantilla de la Comandancia de Barcelona con la incorporación de
284 guardias civiles. Además del esfuerzo realizado para la cobertura
de plantillas, los dispositivos de refuerzo propios de la operación
verano, en Barcelona y sus zonas turísticas, fueron de 205 agentes
entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Su distribución
fue 165 policías y 40 guardias civiles.
También deseo hacer notar que, paralelamente al impulso de los
recursos humanos, el Ministerio del Interior ha realizado fuertes
inversiones en la renovación del parque móvil de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en los equipos de transmisiones, en sus
sistemas
informáticos y en la adecuación de las instalaciones correspondientes
a Cataluña. Insisto, por tanto, en que durante el despliegue de los
mossos desquadra se mantendrá el ritmo de incorporaciones para
adaptarlo al periodo de sustitución. El programa aprobado contempla
las demarcaciones de Bajés y el Vallés Oriental para el año 2001,
Maresme para el 2002, Badalona, San Adriá de Besós y Santa Coloma de
Gramanet para el 2003 y ciudad de Barcelona y Hospitalet del
Llobregat para el 2005. Este programa, sin embargo, está sufriendo
variaciones sobre la marcha, según tendré ocasión de informar a S.S.
al dar respuesta seguidamente a la pregunta que me hacía usted y que
acumulaba, relativa al mantenimiento del número total de funcionarios
en Cataluña. En el próximo mes de diciembre y con carácter general,
en el conjunto de España está previsto asignar a las comisarías que
presenten unas necesidades más perentorias 1.000 policías-alumnos que
se encuentran en la actualidad cursando sus estudios en el centro de
formación de Ávila.
Igualmente, tengo que indicar que, como norma general, según lo
dispuesto en la normativa vigente, durante el segundo trimestre del
próximo año se convocará el oportuno concurso general de méritos para
reordenar la adscripción de personal entre las distintas plantillas
y en función de las vacantes existentes en cada una, ofertándose
posteriormente en concursos sucesivos a los funcionarios de nuevo
ingreso o que hayan ascendido a categorías superiores las vacantes
resultantes del anterior concurso. Debe tenerse en consideración que
las actuaciones que se vienen llevando a cabo para incrementar la
dotación global del Cuerpo Nacional de Policía con la convocatoria de
nuevas plazas (3.150 para este año, que consolidaremos en el año
venidero y en los siguientes), así como el aumento de la edad de pase
a la segunda actividad, permitirá mejorar las dotaciones de personal
de las distintas plantillas. Comenzaremos a notar esto a medio plazo,
una vez que completen el periodo de formación, que saben ustedes que
es de dos años.
Hay que hacer notar, por otra parte, que la ciudad de Barcelona es la
segunda ciudad española con más policías, con unos efectivos reales
de 3.204, más 254 alumnos en prácticas. Estas cifras coinciden con
que en el área metropolitana, el total de delitos y faltas en el
periodo enero-septiembre de 2001 se haya reducido en un 4,2 por
ciento respecto de igual periodo del año anterior. En el caso de
Barcelona, la suma de delitos y faltas ha subido un 3,9 por ciento,
como dije al principio.
También hay que reseñar que es en el distrito de Ciutat Vella de
Barcelona donde se comete un tercio de los delitos de la capital.
Pues bien, durante el mes de octubre los tirones han descendido un 48
por ciento; los robos con fuerza en vivienda, un 11,8 por ciento; los
robos con intimidación, un 20,5, y los robos con fuerza un 53,3 por
ciento. En general, los delitos y faltas
en la Ciutat Vella han bajado un 8,7 por ciento en octubre y un 1,8
en lo que va de año en general.
Como ya señaló el pasado 20 de noviembre el vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior, existe un importante grupo de
delincuentes habituales o multirreincidentes que, cometiendo pequeños
delitos como tirones, hurtos o incluso robos con violencia e
intimidación, no ingresan en prisión por consideración legal como
faltas de muchas de estas acciones o por la levedad de las penas que
prevé el Código Penal. En lo que va de año, en la ciudad de
Barcelona, 500 personas acumulan más de 4.000 detenciones; si nos
remontamos al año anterior, 418 delincuentes acumulan más de 12.000
delitos, gozando la mayoría de ellos de libertad y consolidando entre
los ciudadanos la idea de impunidad del delincuente, pese a sus
múltiples detenciones.
Frente a estos hechos, se ha puesto en marcha desde el pasado mes de
marzo la prueba preconstituida cuando los delincuentes son detenidos
in fraganti con la comparecencia de víctimas, testigos y detenidos en
los juzgados de guardia, así como la prestación de declaración
e identificación, que son válidas para el día del juicio, aunque las
víctimas no asistan al mismo. Esta medida, desarrollada con la
colaboración del juez decano de Barcelona, está consiguiendo una
positiva celebración de juicios con condena y ayuda a evitar la
impunidad del detenido in fraganti. De marzo a septiembre de este año
se ha conseguido instruir un promedio de 1,5 atestados diarios, lo
que supone unos 400 delitos que no quedarán impunes para final de
año. A iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), el Gobierno está estudiando implantar juicios inmediatos,
a celebrar en menos de 72 horas, para delitos y faltas flagrantes. Su
objetivo es aplicarlos a delitos reiterados de robos y hurtos,
siempre que la pena estimada sea inferior a tres años. También se ha
considerado una instrucción del fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de petición de ingreso en prisión preventiva,
con lo que se ha conseguido un promedio de un 80 por ciento de
ingresos en prisión por estos delitos, con un promedio de estancia en
prisión de 25 días.
Para terminar, y volviendo al hilo original de mi respuesta, quiero
dejar constancia de que, con el fin de optimizar los recursos humanos
y materiales de que dispone el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia
Civil de Barcelona, se ha buscado la coordinación de las patrullas de
ambos cuerpos durante el pasado verano, la implantación de patrullas
mixtas de ambos cuerpos en los distritos de LEi-Xample y Montjuich
para el desarrollo de trabajos conjuntos de policía de proximidad y
para el establecimiento de oficinas mixtas de denuncias y atención al
ciudadano.
En definitiva, los hechos y las previsiones demuestran que el
Ministerio del Interior está cumpliendo con sus compromisos respecto
al número de funcionarios policiales en el distrito metropolitano de
Barcelona y lo seguiremos haciendo en función de las disponibilidades
de personal, que obedecen a un plan de incremento de las plantillas
en el futuro, como ya he señalado. Como S.S. conoce, existe una
importante oferta de empleo tanto para Policía como para Guardia
Civil. Con esto he contestado a su pregunta primera.
En relación con el mantenimiento del número total de funcionarios en
los distintos cuerpos policiales en Cataluña, mientras se produce el
despliegue total de los mossos desquadra y el correspondiente
repliegue parcial de Policía Nacional y Guardia Civil, he de decir
que el mantenimiento de funcionarios de los distintos cuerpos
policiales en Cataluña estará absolutamente garantizado por el
Ministerio del Interior. Este entendimiento que tenemos con la
comunidad autónoma se ha plasmado en una serie de reuniones que han
tenido lugar en la Secretaría de Estado de Seguridad en la que han
participado las direcciones generales de la Policía y de la Guardia
Civil y de la seguridad ciudadana de la Generalitat de Catalunya. En
ellas se han ido marcando las pautas de acomodo de los respectivos
repliegues en función del despliegue de la policía autonómica, siendo
ello complicado. Para ello se ha buscado un modelo de
complementariedad que evite la duplicación de esfuerzos, en aras de
una mayor economía de medios, pero de forma que se garantice en todo
momento la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que es lo que garantiza asimismo la sensibilidad que S.S. señalaba
ante los aspectos de la seguridad ciudadana, así como un efectivo
ejercicio de las funciones que les corresponden a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con los principios, sobre
todo, de eficacia y cooperación con la policía autonómica que es uno
de los fines esenciales de nuestra presencia actualmente en Cataluña.
En el desarrollo del modelo policial catalán, los mossos desquadra
asumen la seguridad ciudadana y el orden público así como el tráfico.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hacen cargo de los
delitos que trascienden el ámbito de la comunidad autónoma y el del
Estado español, aquellos que tienen una especial transcendencia como
la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, el
tráfico de personas y todos los delitos vinculados con la
inmigración, así como competencias propias tales como documentación
y extranjería, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía, o vigilancia
de fronteras, intervención de armas o resguardo fiscal, en el caso de
la Guardia Civil.
Actualmente, las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sólo
tienen competencia en materia de seguridad ciudadana en toda la
provincia de Tarragona y en la provincia de Barcelona, exceptuando
las comarcas de Osona, Berguedá, Bages y parte del Vallès Oriental.
En dichas comarcas y en las provincias de Lleida y Girona, las
competencias de seguridad están transferidas a la policía de la
Generalidad, sin que eso impida la cooperación necesaria entre todas
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras dure el
periodo de sustitución
en esta comunidad autónoma, la policía de este ministerio,
tanto en materia de personal como en infraestructuras inmobiliarias y
recursos materiales, seguirá haciendo el esfuerzo para mantener los
equilibrios - Barcelona, es la segunda capital española teniendo en
cuenta el número total de fuerzas policiales- y mantendrá también las
dotaciones presupuestarias necesarias para asegurar la disponibilidad
de recursos humanos y materiales que puedan garantizar en todo
momento la seguridad ciudadana.
A fines del mes de septiembre, los efectivos reales de la Guardia
Civil eran 2.185 en la provincia de Barcelona, 992 en Tarragona, 592
en Girona y 512 en Lleida, lo que arroja un total de 4.281 sobre una
dotación de catálogo de 4.556. En la misma fecha, el número de
miembros del Cuerpo Nacional de Policía era de 4.931 en la provincia
de Barcelona, 285 en Tarragona, 291 en Girona y 231 en Lleida, lo que
suma 5.738 sobre un catálogo de 7.051 funcionarios. El 20 de mayo de
1994 se celebró la Junta de Seguridad de Cataluña en la que se
acordaron las funciones y despliegue de los mossos y se garantizó la
presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el
ámbito de la comunidad autónoma y el ejercicio de las funciones que
le corresponden de acuerdo con el principio de eficacia y que
constituye uno de los fines esenciales de la actuación policial. El
despliegue inicial de los mossos estaba previsto que se llevara a
cabo en un periodo de ocho años. El 15 de abril de 1997 se celebró
otra junta...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le ruego que abrevie
lo que pueda, sin perjuicio de que alguna información pueda remitirla
por escrito.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Pido mis
excusas por lo prolijo de mi intervención. Iba a dar unas cifras,
pero puedo facilitárselas a S.S. cuando le parezca oportuno.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Este diputado no tiene más que someterse
a las facultades de dirección del debate de la presidencia, pero
desde luego no había ninguna intención por mi parte de cortar su
explicación, que es interesante en varios puntos.
Me congratulo al oír que asumen ustedes el compromiso de mantener en
el futuro todo lo que hay ahora, pero lo que me preocupa es lo que
hay ahora, lo que me preocupa es que una parte de su intervención no
haya proporcionado datos nuevos. El señor compareciente se ha
ajustado exactamente a lo dicho en el Pleno del día 20 de noviembre
por su superior jerárquico en el ministerio, el señor Rajoy, pero hay
otros datos que nos han aportado novedades en la ya larga colección
de datos distintos sobre presencia de fuerzas policiales en Cataluña,
en el área metropolitana y en la ciudad de Barcelona,que hemos ido
coleccionando a través de las respuestas
escritas o del envío de documentación solicitada al amparo del
artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Nos resulta
curioso que difícilmente coinciden algunas de las cifras que dan
ustedes respecto a la situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad
en Cataluña, en el área metropolitana y en Barcelona.
Quisiera dejar claro que la situación respecto a la presencia de la
Guardia Civil es completamente distinta que la situación respecto a
la presencia del Cuerpo Nacional de Policía. En las fuerzas en
revista respecto al catálogo en la Guardia Civil, hay un ligero
desfase que no creo que sea superior al que existe en otras zonas del
Estado y que se debe -supongo- a la penuria de personal en labores no
directamente policiales; nos gustaría que se ajustara exactamente,
pero no nos supone una extraordinaria preocupación. Sí nos preocupa
la situación del Cuerpo Nacional de Policía, primero, porque no
conseguimos llegar a saber cuál es la realidad, pues los datos que
ustedes nos dan varían constantemente. En enero de 2001 nos
contestaron ustedes unas cifras que daban un descuadre de 1.529
funcionarios entre la plantilla y los puestos ocupados. En septiembre
de 2001 -no lo que usted dice ahora de septiembre de 2001, sino lo
que nos contestaron ustedes en septiembre de 2001, referido a julio
de 2001-, el descuadre era ya de 1.800; en abril de 2001, respecto a
Barcelona el descuadre era de 900. Nosotros no sabemos exactamente
cuántos policías hay siguiendo únicamente las informaciones por
ustedes facilitadas. Sobre esas informaciones tengo que decir que
siento no poder estar de acuerdo cuando ustedes computan como
presencia del Cuerpo Nacional de Policía las prácticas de los alumnos
de la academia de Ávila. Los alumnos en prácticas deben estudiar,
deben formarse prácticamente, me parece muy bien que lo hagan en
Barcelona sean 615, sean 205 o sean prácticamente un millar, como han
anunciado, para la época navideña a la que nos acercamos, pero no
tienen el carácter pleno de agentes de la autoridad, no pueden
proceder, por tanto, a las funciones policiales durante las 24 horas
del día y están allí para formarse. Quizá se pueda dar la sensación
de que colocamos más uniformes en la calle, pero no existe una
auténtica dotación de policía, están ejerciendo sus funciones de
aprendizaje no de policías. Además, respecto a determinadas funciones
que no van a acabar nunca en Cataluña por parte del cuerpo nacional
de Policía, a las que se ha referido S.S. y no tengo más remedio que
coincidir porque es la objetividad legal, respecto a extranjeros,
fronteras, crimen organizado, etcétera, hay datos de plantilla de
ocupación que nos resultan notablemente preocupantes. Así, por
ejemplo, en el aeropuerto de El Prat, en enero de 2001, última fecha
en que tengo proporcionado por ustedes el dato exacto, la plantilla
teórica era de 132 funcionarios del cuerpo nacional de Policía,
mientras la plantilla ocupada era de 17 funcionarios. Nos parece que
17 funcionarios en el aeropuerto de Barcelona para cubrir las
guardias de 24 horas, con las incidencias de
enfermedades, bajas, otros destinos, etcétera, que pueda haber,
resultan, al menos, escasos. Pero es que el sábado, día 24 de
noviembre de 2001, en el aeropuerto de Barcelona, para cumplir todas
las funciones de seguridad, de control, etcétera, que tiene
atribuidas el cuerpo nacional de Policía, había siete funcionarios de
guardia del cuerpo nacional de Policía para todo el aeropuerto de El
Prat. Además, hace 15 días o tres semanas -no recuerdo la fecha
exacta- se produjeron unos incidentes en la comisaria del cuerpo
nacional de Policía de Cornellá de Llobregat, donde los tres
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban en aquel
momento de guardia -tres para los 140.000 habitantes que comprende el
distrito de aquella comisaria- tuvieron que refugiarse en el
interior, y creo que hicieron muy bien, mientras un grupo bastante
numeroso, de estos que vienen en denominarse marginales, realizaba
pintadas absolutamente injuriosas en la pared, en los suelos,
enfrente de la comisaria, etcétera. Comprenderá usted, señor
secretario de Estado, la sensación de inseguridad que se puede dar a
la población del Bajo Llobregat viendo a la policía acuartelada
dentro, mientras se están realizando esas actividades fuera, porque
no tienen la posibilidad de hacer otra cosa, a no ser que queramos
que se produzca un desastre. Es una sensación que hay que combatir,
no sólo con la contabilidad creativa de contar los alumnos...
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, le ruego concluya por favor.
El señor PEDRET I GRENZNER: Acabo inmediatamente, señor presidente,
pero tenga en cuenta que hemos acumulado tres preguntas.
No puede hacerse sólo con la contabilidad creativa, decía, de un
aumento teórico de policías a base de los alumnos de la academia de
Ávila, que creo que hacen muy bien, insisto, en ir a formarse allá,
sino que debe tener un fundamento en la realidad, que sea perceptible
por los ciudadanos, y esto es lo que no ocurre en estos momentos,
señor secretario de Estado. Nosotros quisiéramos creer que va a
ocurrir en el futuro, pero nos cuesta creerlo teniendo en cuentas los
antecedentes.
Para concluir, señor presidente, para que no me vuelva a llamar S.S.
al orden en cuanto al tiempo, le voy a decir que respecto a los
juicios -cosa por la que no le preguntaba- tenemos en Barcelona una
muy buena experiencia con los juicios rápidos -creo que es el único
lugar donde se han estado practicando a lo largo del tiempo- y hemos
tenido ya ensayos de juicios inmediatos. Yo he celebrado juicios en
24 horas en la guardia del juzgado. Confiamos en la colaboración del
muy valioso decano de los jueces de Barcelona, ilustrísimo señor don
Joaquín Bayo, y estamos convencidos de que vamos a poder funcionar en
el futuro en este tema y en el pacto por la justicia, en el cual
estamos básicamente -como no puede usted ignorar- el Partido
Popular y el Partido Socialista Obrero Español, vamos a estudiar la
posibilidad de los juicios inmediatos en 72 horas. Esto nos va a
resolver una parte del problema, pero, además de los juicios, para
hablar de seguridad, hay que hablar de políticas sociales, hay que
hablar de políticas urbanísticas, hay que hablar de políticas
educativas, etcétera, pero no hay posibilidad de hacerlo aquí. Por
tanto, respecto de lo que le pregunto, respecto a la realidad de la
presencia del cuerpo nacional de Policía, que también es un elemento
importante, aunque no el único, para que los ciudadanos podamos tener
la convicción de sentirnos seguros y libres, no me ha acabado de
convencer, porque ha vuelto a dar cifras distintas de las que nos
habían dado hasta ahora. Lo siento.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Muy
brevemente, señor presidente.
En cuanto a los antecedentes, señoría, simplemente quiero decirle que
en estos momentos en Cataluña, entre Policía, Guardia Civil y Mossos,
es decir, fuerza policial, hay 16.519 personas; en el año 1994 había
13.400. En cuanto a la contabilidad creativa, señoría, yo he venido
aquí a darle unos datos que son los que a día de hoy obran en cuanto
al despliegue policial en Barcelona, en lo que responde a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le he dado también los datos sobre
la inseguridad ciudadana en cuanto a Cataluña, a Barcelona provincia
y a Barcelona capital y creo que esos datos son elocuentes. En cuanto
al futuro, que a usted le preocupa y a mí evidentemente, le he dicho
que tenemos unos planes de incorporación, primero, de personas que si
están en prácticas es evidente que no son policías en su concepción
general profesional final cuando salen de la academia, pero hacen una
extraordinaria labor, sirven como S.S. reconocía, para hacer
presencia policial, elemento
clave a la hora de poder garantizar y dar una sensación de
seguridad ciudadana, que es muy importante porque el concepto de
seguridad es extraordinariamente subjetivo. Señoría, en estos
momentos los antecedentes, el hecho actual, desde luego mejorable y
en línea de mejorar, garantiza que en un futuro, primero, nosotros
estemos en aquellos sitios donde tenemos la responsabilidad
compartida, solapándose los dos despliegues, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Mossos dEsquadra, y en aquellos otros en donde la
tenemos encomendada la garantizaremos hasta que ese solapamiento
termine y sean los Mossos dEsquadra los que tengan la
responsabilidad en toda Cataluña.
Señoría, yo también siento no haberle convencido, pero creo que le he
dado datos suficientes para haberlo hecho.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene interés el Grupo Parlamentario Socialista
en que se conteste hoy alguna pregunta más? Podríamos abordar una
más.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, habida cuenta de la hora y
del esfuerzo que indudablemente está desarrollando el secretario de
Estado, tampoco queremos agotar con él todas las posibilidades.
Tiempo habrá antes de Navidad para que podamos volver a encontrarnos.
(El Señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Convendría precisamente por todas estas
cuestiones que el señor presidente pudiera convocar Mesa y
portavoces, por ejemplo para mañana a última hora, sobre la una y
media más o menos.
El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto del orden del día,
levantamos la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.