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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 367, de 08/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 367
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 25
celebrada el jueves, 8 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Arias Cañete) para:
- Que «finalmente informe» sobre la situación ocasionada por el
informe remitido por la Fiscalía especial para la represión de
delitos económicos a la Oficina europea de lucha antifraude, las
consecuencias que extrae del mismo el Gobierno, los eventuales
resultados que se puedan derivar para el erario público, así como
cuáles deben ser las responsabilidades políticas que se deben extraer
de este «fraude generalizado». A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000268.) . . . (Página 12054)
- Que informe de las medidas que ha adoptado o piensa adoptar para
hacer frente a la denuncia de fraude generalizado en el caso de las
subvenciones para cultivar lino, que implica a su Ministerio. A
solicitud del Grupo Parlamentario federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/000273.) . . . (Página 12054)
- Que informe sobre el programa de reestructuración del sector
productor de vacuno. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000495.) . . . (Página 12074)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
(ARIAS CAÑETE) PARA:
- QUE «FINALMENTE INFORME» SOBRE LA SITUACIÓN OCASIONADA POR EL
INFORME REMITIDO POR LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA REPRESIÓN DE
DELITOS ECONÓMICOS A LA OFICINA EUROPEA DE LUCHA ANTIFRAUDE, LAS
CONSECUENCIAS QUE EXTRAE DEL MISMO EL GOBIERNO, LOS EVENTUALES
RESULTADOS QUE SE PUEDAN DERIVAR PARA EL ERARIO PÚBLICO, ASÍ COMO
CUÁLES DEBEN SER LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE SE DEBEN EXTRAER
DE ESTE FRAUDE GENERALIZADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000268)
- QUE INFORME DE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR PARA
HACER FRENTE A LA DENUNCIA DE FRAUDE GENERALIZADO EN EL CASO DE LAS
SUBVENCIONES PARA CULTIVAR LINO, QUE IMPLICA A SU MINISTERIO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 213/000273)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 25 de esta Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca con la comparecencia del
excelentísimo señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al
cual damos la bienvenida, así como a sus colaboradores y
colaboradoras, para que pueda informar sobre dos asuntos que
trataremos en dos bloques. El primero, el relacionado con el lino, a
petición de los grupos parlamentarios Socialista y Federal de
Izquierda Unida. Una vez que se haya procedido a las explicaciones
por parte del señor ministro, seguido del turno de portavoces y para
finalizar por el señor ministro, se iniciará la segunda comparecencia
solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista
Galego, relacionada con la reestructuración del sector productor de
vacuno.
Sin más preámbulos y volviendo a darle la bienvenida a esta Comisión
al señor ministro, le cedo la palabra para que pueda tratar este
asunto.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera centrar esta intervención fundamentalmente en el
tema de máxima actualidad, que es la investigación realizada por la
OLAF, centrada en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Portugal. En todas las
visitas de inspección se ha seguido el mismo método de trabajo, que
consistía en visitar las transformadoras de lino solicitando los
siguientes datos: número de trabajadores y turno de trabajo,
partiendo de las altas en la Seguridad Social; capacidad de
transformación de las máquinas, mediante pruebas de transformación
sobre el terreno, y declaraciones de lino transformado por las
empresas transformadoras. Asimismo, ha habido reuniones con
agricultores. En todas las visitas los funcionarios de la OLAF fueron
acompañados por funcionarios del FEGA, como órgano de coordinación,
como bien conocen SS.SS., conforme al Real Decreto 2206 de 1996, y
por funcionarios de la comunidad autónoma, como organismo pagador
encargado, según la normativa comunitaria, esto es, según el
Reglamento 1663 de 1995, de efectuar la gestión y los controles
previos al pago y consecuentemente poseedor de todos y cada uno de
los expedientes objeto de las investigaciones.
Transcribiendo literalmente el informe de la OLAF en sus páginas 8 y
9 conviene destacar lo siguiente. Durante estas misiones -dice el
informe-, y con el fin de alcanzar su objetivo preestablecido, los
funcionarios de la OLAF se consagraron a los aspectos siguientes. En
materia de comunidades autónomas, a los organismos encargados de la
gestión y los controles del sector, siendo el objetivo de las
entrevistas sobre todo definir posibles deficiencias en la
instauración y realización de los controles que habrían podido
favorecer la existencia de fraude. En materia de productores, los
funcionarios de la OLAF se entrevistaron con 16 productores para
recoger información directa de los beneficiarios de la ayuda
comunitaria. En materia de instalaciones de transformación o
transformadoras, se visitaron siete instalaciones de transformación,
de ellas dos en Portugal, durante la investigación, lo que representa
para España en términos de cantidades transformadas
en las campañas 1998-1999 y 1999-2000 aproximadamente el 40 por
ciento del total del país -saben SS.SS. que en España había 15
instalaciones de transformación en actividad durante estas campañas.
En Portugal, el porcentaje inspeccionado era del cien por cien. Añade
el informe que fue posible efectuar una prueba de transformación con
el fin de comprobar el rendimiento varilla-fibra de lino para cuatro
de ellas, una de las cuales en Portugal, y este procedimiento de
trabajo se puede contrastar asimismo a través de los informes
elaborados por la funcionaria del FEGA que acompañó a los
funcionarios de la OLAF en todas las visitas realizadas, así como con
los funcionarios de las comunidades autónomas, que, como no podía ser
de otra manera, informaron puntualmente de los diferentes mecanismos
y procedimientos utilizados en la gestión y el control de la ayuda en
cada comunidad autónoma. Este procedimiento de trabajo pone ya de
manifiesto cómo los funcionarios de la OLAF se entrevistaron con
todos aquellos sujetos activos en el marco de esta OCM, a saber,
productores y transformadores en cuanto beneficiarios directos de la
ayuda, y comunidades autónomas, en cuanto organismos pagadores
responsables de la gestión, el control y el pago de la ayuda directa,
esto es, de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. En la
página 58 del informe -y leo textualmente- se dice: Sobre la base de
las comprobaciones efectuadas, hay suficientes elementos para afirmar
que, basándose en los datos presentados por las instalaciones de
transformación, se pagaron indebidamente subvenciones comunitarias a
los productores en el marco de la ayuda a la producción de lino
textil.
Como han podido escuchar SS.SS., el informe no habla en ningún
momento de fraude generalizado - esto es importante-, sino de pagos
indebidos, lo cual es muy distinto. No habla de fraude generalizado,
sino de pagos indebidos. Por desgracia, en el marco de las ayudas
comunitarias de la PAC, pagos indebidos se dan en muchas líneas de
ayuda y la obligación de los Estados miembros consiste en tratar de
evitarlos mediante una correcta gestión y unos controles adecuados,
así como, en su caso, recuperar los importes indebidamente percibidos
en el caso de que estos existan.
Centrándonos en las ayudas directas, como es el caso del lino textil,
todas estas actuaciones en el caso del Reino de España y dentro de su
marco constitucional corresponderían de forma exclusiva a las
administraciones autonómicas. En la página 58 del informe se señala
lo siguiente: Los datos de los cuadros están calculados sobre la base
de los elementos siguientes: contabilidad de existencias que cada
instalación de transformación debe presentar a las autoridades
competentes para que los productores puedan cobrar las ayudas
correspondientes, documentos oficiales presentados por las
comunidades autónomas relativos a las capacidades de transformación
de las máquinas utilizadas para transformar en fibra la varilla de
lino así como
la capacidad anual máxima de transformación, listas de los obreros
empleados en las instalaciones declarados a la Seguridad Social
española y resultados de las pruebas efectuadas por la OLAF.De aquí
se deduce, señorías, que la gestión es exclusiva de las comunidades
autónomas, ya que son las titulares de los expedientes tanto de
control como de pago.
El FEGA, en su calidad de organismo de coordinación cuya existencia
viene impuesta por la normativa comunitaria, tiene como misión actuar
como interlocutor único ante la Comisión en materia del FEOGA-
Garantía debido a la existencia en España de 19 organismos pagadores
de ayudas o subvenciones y consiguientemente dar traslado a aquella
de los datos que en el ejercicio de esa actividad de gestión y
control le suministren las comunidades autónomas.Las conclusiones del
informe de la OLAF tienen un punto concreto referido a las
transformadoras en el cual limitan la cantidad máxima de lino
transformado basándose en los siguientes elementos: número de
trabajadores, número de turnos de trabajo, capacidad de
transformación de las máquinas. Concluye el informe, en su página 61,
lo siguiente, que cito textualmente: Después de analizar los datos
relativos a todas las instalaciones de transformación, se constata
claramente una situación fraudulenta teniendo en cuenta en especial
las cantidades de varilla que se declararon como enviadas a
transformación. Estas cantidades -se dice en el informe- fueron
infladas sistemáticamente por los transformadores con el fin de poder
expedir al productor un certificado de transformación para que éste
pudiera recibir una ayuda por una cantidad de varilla de lino que en
la mayoría de los casos nunca se produjo ni se transformó, o en la
mejor de las hipótesis sólo se produjo y transformó parcialmente. A
este respecto quiero señalar -y sólo a título informativo- que existe
un informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura en respuesta al informe remitido al FEGA el 17
de mayo de 2001, en el que la Junta de Extremadura discrepa
rotundamente de todos y cada uno de los datos utilizados por los
inspectores de la OLAF en la elaboración del informe, tanto en lo
relativo al número de trabajadores de la empresa transformadora, al
número de horas de trabajo por turno y a la capacidad de
transformación de la empresa. En definitiva, la Junta de Extremadura
defiende la gestión y el control llevados a cabo por la consejería,
sin perjuicio -se dice- de que pudiera haber existido alguna pequeña
irregularidad por parte de la empresa a pesar de todo. Esto se dice
en la página 4 del informe de la consejería de la Junta de
Extremadura, pero en este informe se avala la cantidad total
declarada como transformada por la empresa Lino Textil de Extremadura
en la campaña 1998-1999 y en la campaña 1999/2000. En los mismos
términos, y utilizando prácticamente los mismos argumentos, la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León
cuestiona las conclusiones del informe de la OLAF para las
transformadoras existentes en su comunidad.
Teniendo en cuenta que la única comunidad autónoma que no ha
cuestionado el informe de la OLAF ha sido Castilla-La Mancha, el
Gobierno deduce que en principio las irregularidades en este momento
se centran en ese ámbito territorial. Las demás comunidades niegan
irregularidades en su territorio y colaboran con el Gobierno en la
defensa de su inexistencia. Esta afirmación, por otra parte, queda
refrendada por el hecho de que en el uso de sus competencias
exclusivas en cuanto a la gestión y pago de las ayudas y como
consecuencia de los controles efectuados, esta comunidad autónoma, al
no poder personalizar los agricultores presuntamente culpables de las
irregularidades, ha practicado reducciones porcentuales del importe
de las ayudas con carácter casi general a la práctica totalidad de
estos agricultores. Las demás comunidades pagan las ayudas; Castilla-
La Mancha aplica reducciones porcentuales prácticamente a todos sus
agricultores porque no identifica los fraudes concretos. Es muy
importante dejar claro que el informe de la OLAF no habla en ningún
caso, lo repito, de fraude generalizado. Por ejemplo, en Cataluña se
concluye que la gestión y pago fue correcta.
A lo anterior habría que añadir que, aún asumiendo los datos del
citado informe, existen cantidades de lino perfectamente
transformadas en todas las comunidades autónomas lo que supone la
existencia de agricultores que obraron dentro de la más absoluta
legalidad y que están sufriendo las consecuencias de una nueva caza
de brujas. Por eso, el Gobierno no está dispuesto a consentir que se
culpabilice a las más de 4.000 familias que venían cultivando lino
textil en nuestro país. Si hay algún fraude, si este es real, tiene
que ser perseguido por quien corresponda, pero generalizar el fraude
se convierte en un ejercicio de irresponsabilidad que puede provocar
graves perjuicios a profesionales que lo único que buscan es gozar de
un derecho que les corresponde por haber reunido legítimamente los
requisitos que generan dichos derechos.
Antes de hablar de supuestas responsabilidades políticas creo que
conviene dejar claro de nuevo a quién corresponde la competencia en
la gestión, control y pago de las ayudas a la producción de lino
textil. Para comprender el reparto de competencias entre la
Administración general del Estado y las comunidades autónomas en
materia de ayudas directas, entre otras el lino textil y el cáñamo,
es importantísimo partir de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 28 de mayo de 1992. Dicha sentencia resuelve el conflicto
planteado en relación con la Orden de 29 de junio de 1988 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se
instrumenta la concesión de ayudas a la producción del aceite de
oliva para la campaña 1987 a 1988 en circunstancias similares a las
ayudas al lino. El alto Tribunal resolvió el conflicto otorgando la
competencia a la comunidad autónoma y fue a partir de entonces cuando
quedó claro el papel de cada administración en
la gestión de ayudas directas. Esto supuso que a partir de 1993 -la
fecha es muy importante- las comunidades autónomas gestionaban
directamente las ayudas independientemente de que ya en 1996 se
crearan sus propios organismos pagadores, lo que supone que las
comunidades autónomas efectúan los pagos una vez supervisada la
documentación que ellas mismas han requerido a los posibles
perceptores y que las comunidades autónomas efectúan los controles,
tanto administrativos como físicos, del citado cultivo sobre el
terreno. El papel de la Administración general del Estado en esta
gestión es nulo. El Tribunal Constitucional dejó claro que era
competencia de las comunidades autónomas y que cualquier actuación
por parte de la Administración general del Estado hubiera sido nula
de pleno derecho por ser manifiestamente incompetente.
Es obvio que el FEGA sigue siendo organismo de coordinación y que en
aplicación de la normativa comunitaria tiene que armonizar la
actuación de las comunidades autónomas al objeto de garantizar un
tratamiento uniforme de todos los profesionales del sector en el
ámbito nacional. También es muy importante destacar que esta faceta
de coordinador no supone otorgar facultades de control al FEGA sobre
la actuación de las comunidades autónomas. El FEGA puede trasladar e
incluso consensuar la interpretación de la normativa comunitaria con
las autonomías, pero no puede imponer una forma de actuar o de
gestionar estas ayudas debido al reparto competencial expuesto. A la
vista de esta teoría tenemos que centrarnos en la práctica. Aquí, en
cuanto al reparto competencial, el informe de la OLAF es
absolutamente taxativo; dice el informe: En España, la competencia
para la aplicación del derecho comunitario derivado en el ámbito
agrícola corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas, y el
Real Decreto 2206 de 28 de diciembre de 1995 establece la
responsabilidad de los organismos pagadores de las comunidades
autónomas para efectuar los controles y verificaciones de las
operaciones efectuadas en su ámbito territorial y financiadas por el
FEOGA-Garantía; por su parte el FEGA sigue siendo organismo de
coordinación a los efectos previstos en la letra b) del apartado 1
del artículo 4 del Reglamento 729/70. Sigue diciendo el informe: La
legislación nacional reserva también al FEGA el papel de autoridad
nacional de coordinación de los controles establecidos por el
Reglamento 3508/1992, de 27 de noviembre del Consejo, por el que se
establece un sistema integrado de gestión y control de determinados
regímenes de ayuda comunitarios; sin embargo la responsabilidad y
competencia para la realización de los controles y verificaciones de
las actividades que dan lugar a la percepción de ayudas directas, en
el ámbito de la política agrícola común en España pertenece
exclusivamente a las administraciones de las comunidades autónomas.
Por ello -añade el informe-, los servicios de las comunidades
autónomas son responsables de la gestión y ejecución
de los controles -vean SS.SS. que este párrafo es importante- a los
que deben someterse los productores de lino y las instalaciones de
transformación, con el fin de comprobar que se cumplen las
condiciones para optar a ayudas comunitarias. En el mismo orden de
ideas la Comisión Europea, en su respuesta de 14 de febrero de 2001 a
la pregunta parlamentaria 370 de 2001, afirma que sí, que la Comisión
está informada de que según la distribución de competencias propia
del derecho español la concesión y el control de pago de las
subvenciones de la organización común del mercado del lino es
exclusivamente competencia de las autoridades de las comunidades
autónomas españolas.
En cuanto al Parlamento Europeo, conviene destacar las siguientes
resoluciones: la de 14 de marzo de 2001, relativa al informe anual de
1999 de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros.
Dicha resolución dispone en su punto B.1.b) textualmente que en
algunos Estados miembros existe la sospecha de que se cometieron
irregularidades y fraudes graves en relación con las ayudas
comunitarias para el cultivo del lino. Al parecer, en España se
solicitaron ayudas a la producción -textualmente dice- que fueron
concedidas por las autoridades regionales, y todo ello violando las
disposiciones comunitarias relativas a la Organización Común del
Mercado del lino. Entre otras cosas las investigaciones han
demostrado -dice el informe del Parlamento- que solicitaron ayudas a
la producción para un producto que nunca se elaboró y se ocultó la
cantidad real de cultivo quemando existencias, de tal manera que
puede ser que se calcularan las subvenciones basándose en una
producción en parte ficticia. Continúa el informe: Es asunto
exclusivo de la justicia española aclarar las responsabilidades
penales y la OLAF ha anunciado que presentará su propio informe sobre
los casos ocurridos en España y otros Estados miembros, y que se
tendrá que aclarar hasta qué punto se violaron las disposiciones
comunitarias y si las autoridades nacionales competentes han
incumplido con su deber de vigilancia. Además de lo anterior, el 4 de
abril de 2001 el Parlamento Europeo aprobó la gestión de la Comisión
en la ejecución del presupuesto para el ejercicio de 1999. En su
resolución, que contiene las observaciones que forman parte
integrante de la decisión relativa a la aprobación de la gestión de
la Comisión, el Parlamento Europeo pregunta por qué motivo se tomaron
medidas insuficientes por parte de las autoridades competentes en
España, incluso si la Comisión y la Oficina de Lucha contra el Fraude
señalaron deficiencias en los sistemas de control, y pide a la
Oficina de Lucha contra el Fraude que examine irregularidades
similares en el sector del lino en otros Estados miembros. Pide a la
Comisión de Control Presupuestario que continúe siguiendo este
expediente y espera de la Comisión que aplique rigurosamente
sanciones financieras a España y a otros Estados miembros en el
contexto del procedimiento de liquidación de cuentas. Espera que la
Comisión
sancione adecuadamente la violación de la legislación
comunitaria, tanto por los productores de lino como por el sector de
transformación. Obviamente, las autoridades competentes criticadas
son las autoridades regionales, como el propio Parlamento Europeo, la
OLAF y la Comisión Europea han reconocido.
Por último, ha habido respuestas a preguntas parlamentarias en las
que la Comisión señala que está informada de las conclusiones de la
Comisión de investigación del Parlamento español de 17 de agosto de
1999, que exoneró a la ministra de Agricultura de cualquier
responsabilidad política en este asunto -es una respuesta de 13 de
febrero de 2001-; en otra el presidente de la Comisión sabe que la
señora De Palacio inició una acción ante los tribunales españoles con
el fin de que se puedan establecer las responsabilidades penales que
podrían derivarse del asunto del lino -respuesta de 15 de febrero de
2001- y hace ya varios meses que en el Parlamento Europeo no se
formulan preguntas sobre la cuestión del lino. Como el presidente
Prodi indicó en su respuesta de 25 de abril de 2001, la Comisión se
remite a la resolución del Parlamento de 4 de abril de 2001, sobre la
descarga en 1999 antes citada, que fue aprobada por 422 votos a favor
y 48 en contra, en la cual el Parlamento abordó entre otras la
cuestión del lino.
Centrándonos en el ámbito nacional, no creo que sea necesario
recordar a SS.SS. las conclusiones de la Comisión de investigación
del Parlamento español de 10 de agosto de 1999, las cuales no dejan
margen de duda respecto a la exoneración de la entonces ministra de
Agricultura y hoy vicepresidenta de la Comisión y comisaria de
Transportes y Energía de cualquier responsabilidad política sobre
esta cuestión. A todo lo anterior convendría añadir que la Fiscalía
Anticorrupción en su informe de 19 de diciembre de 2000 afirma
expresamente que, según el sistema de distribución de competencias
entre el Estado español y las comunidades autónomas, estas son las
competentes para la concesión de estas subvenciones y el control
tanto de los primeros transformadores como de los productores. Como
pueden observar SS.SS., instituciones europeas así como los servicios
de inspección de la Oficina de Lucha Antifraude y diversas instancias
nacionales han entendido el reparto constitucional de competencias en
nuestro país. Partiendo de esta realidad, reconocida hasta por las
instituciones comunitarias, convendría centrar el tema de las
posibles responsabilidades políticas respecto al supuesto fraude en
el cultivo del lino textil. Al ser competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, lógicamente en un debate político racional y
objetivo esa responsabilidad debería ceñirse a las comunidades
autónomas, porque son las que gozan de margen de maniobra y de
capacidad de reacción. Así pues, probablemente la pregunta sobre las
responsabilidades políticas sería más correcto plantearlaen otros
ámbitos parlamentarios. Es más, si asumimos,
como no puede ser de otra manera, los contrainformes elaborados por
las comunidades autónomas al informe de la OLAF y remitidos al
Ministerio de Agricultura, resulta lo siguiente. Castilla y León y
Extremadura califican de incorrecto el sistema de la OLAF, tanto en
cuanto a resultados como a metodología utilizada en la inspección, y
demuestran mediante argumentaciones avaladas por datos que la
realidad de la transformación realizada en su ámbito territorial es
correcta y lógicamente no responden de las cantidades transformadas
en otras comunidades autónomas. Por el contrario, Castilla- La Mancha
está de acuerdo con la metodología utilizada por la OLAF; discrepa
solamente de los resultados de transformación que señala el informe
de la OLAF. Es muy importante señalar que esta comunidad autónoma sí
admite la existencia de fraude en su ámbito territorial. Por tanto,
sólo una comunidad autónoma, sólo una -y esto es muy importante a
efectos de defender los intereses globales del Estado español-,
admite la existencia de fraude en su territorio. Desde la perspectiva
del Gobierno, si ha existido negligencia por su parte probablemente
deba ser en ese ámbito donde deban solicitarse las posibles
responsabilidades de carácter político, porque las demás
administraciones avalan con sus informes una gestión, control y pago
correctas de las ayudas al cultivo del lino textil.
Centrándonos en el reconocimiento por parte de Castilla-La Mancha de
la existencia de irregularidades en su ámbito territorial y teniendo
en cuenta que agricultores de otras comunidades autónomas
transformaron lino en Castilla-La Mancha, el FEGA en su faceta de
organismo de coordinación convocó reuniones en las que se solicitó a
la Comunidad de Castilla-La Mancha que personalizara las
irregularidades, con la única finalidad de suministrar esos datos al
resto de comunidades autónomas afectadas para que estas pagaran la
subvención a quien realmente hubiera transformado su lino y denegar
el pago a los que no lo hubieran hecho. Aquí hay dos grupos de
comunidades. Unas, que dicen: Lo que se ha transformado en mi
territorio está bien transformado, que son Extremadura y Castilla y
León. Otras, que dicen: No respondo de lo que se transformó en otro
territorio, Castilla-La Mancha. ¿Qué hace el Gobierno? Le dice a
Castilla-La Mancha: Individualice usted qué agricultores han
transformado bien y cuáles no han transformado bien. La respuesta de
Castilla-La Mancha fue un informe en el que no se individualizaba la
responsabilidad, hacía una estimación global de cantidad,
cuantificaba la irregularidad pero no decía qué declaraciones de
transformación eran irregulares. Ante la falta de datos
individualizados, y debido a la presión de las comunidades autónomas,
el FEGA volvió a pedir de nuevo los datos por escrito. Castilla-La
Mancha siguió sin individualizar los datos. Es decir, nos encontramos
con que las comunidades autónomas que han de pagar a los agricultores
que han transformado en Castilla-La Mancha
poseen una estimación de irregularidad, pero en ningún caso se
identifica al agricultor que ha cometido esta irregularidad. El
procedimiento penal seguido en la Audiencia Nacional sigue su curso,
por lo cual el Gobierno no valora las actuaciones del Poder Judicial.
Debo decir que este procedimiento se abrió en base a una denuncia
planteada por la anterior ministra de Agricultura, Loyola de
Palacios. En cuanto a las medidas a adoptar por la Administración
general del Estado a raíz de estas conclusiones, lógicamente el
informe dela OLAF no va a cambiar la distribución competencial del
Reino de España establecida en nuestra norma fundamental, lo que
quiere decir que en el aspecto normativo la Administración general
del Estado tiene una capacidad de maniobra muy estrecha marcada tanto
por los reglamentos comunitarios como por las competencias exclusivas
de la comunidad autónoma.
En el ámbito comunitario, la postura de la delegación española en
todos los foros comunitarios en que se ha debatido la reforma de la
OCM del lino y cáñamo aprobada en 1993 ha sido apoyar siempre todas
las medidas propuestas de reforzamiento de los controles y de
reducción de la ayuda para frenar la rápida evolución alcista de las
superficies sembradas en la Unión Europea. La reforma de la OCM de
1993, al refundir las ayudas concedidas vía precios y mitad ayuda por
superficie en una única y más elevada ayuda por hectárea, no tuvo un
refuerzo proporcional de los controles. Esto permitió e incentivó el
incremento de superficies cultivadas y el cultivo reapareció en
países no tradicionales como Reino Unido y España. La reforma de la
OCM aprobada en julio 2000, que entrará en vigor a partir de la
campaña 2000-2001-2002, incorpora el lino y el cáñamo al régimen
general de cultivos herbáceos, cuyo elemento fundamental es la ayuda
por superficie establecida en la misma cuantía que la determinada
para el lino oleaginoso. Introduce además medidas adicionales para
reforzar los controles y los requisitos para acceder a las ayudas.
Por tanto, España siempre ha apoyado el reforzamiento de controles y
mejora de la OCM para simplificarla y evitar fraudes.
En cuanto al ámbito nacional, señorías, deberán entender que la
Administración general del Estado en materia de competencia exclusiva
de las comunidades autónomas sólo puede dictar normativa básica y
trasponer, si es necesario, la normativa comunitaria. En lo que al
lino se refiere, viene regulado por reglamento comunitario, no por
directiva, por tanto no hace falta trasposición alguna porque los
reglamentos tienen efecto directo en el derecho interno. No obstante,
el ministerio dicta a nivel básico un real decreto que recoge los
aspectos mínimos que partiendo de la normativa comunitaria, han de
respetar las comunidades autónomas. En el caso del lino han sido las
órdenes ministeriales y los reales decretos la herramienta que ha
utilizado la Administración general del Estado para endurecer las
condiciones de acceso a las subvenciones; es decir, incluso
antes de que interviniera la OLAF y antes de que se detectaran
irregularidades en el cultivo del lino textil, el ministerio tanto a
través del FEGA como de la Dirección General de Agricultura ya había
adoptado importantes medidas ajenas a la normativa comunitaria. Así,
por ejemplo, y siempre por delante de normativa comunitaria, la Orden
ministerial de 7 de marzo de 1996 recoge la obligación de una dosis
mínima de siembra. La Orden ministerial de 27 de noviembre de 1997
incluye el cultivo de lino textil dentro de los controles del sistema
integrado. El Real Decreto 1729/1999 exige un rendimiento mínimo en
varilla. No obstante lo anterior, me permito recordar a S.S.S.S. que
esto no quiere decir que el ministerio pueda dictar normas con el
contenido que desee, ya que si hablamos de normativa básica es
sobradamente conocida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en la que se establecen límites a este tipo de normas. Nos podemos
remitir a las sentencias 213/1994, 112/1995, 102/1995, 70/1997, 148/
1998, 22/1999 ó 128/1999, que dejan bien claro que una norma de
carácter básico no puede nunca limitar las competencias de las
administraciones competentes sólo puede establecer un marco que
permita su posterior desarrollo por las comunidades autónomas. En el
caso de que no se deje posibilidades de ulterior ámbito de
desarrollo, las actuaciones serían nulas por incompetencia, lo cual
daría lugar a conflictos ante el Tribunal Constitucional. De todo lo
anterior se deduce una realidad indiscutible. La Administración
general del Estado podrá y seguirá promulgando la normativa básica
que traspone al ordenamiento jurídico interno la reglamentación
comunitaria y podrá en algún caso endurecerla, como hemos visto, pero
nunca podrá ser responsable de la aplicación que las distintas
comunidades autónomas efectúen de esa normativa básica en su propio
territorio en el ejercicio de sus competencias exclusivas, sin que
por otra parte podamos olvidar que esa normativa básica podrá ser
desarrollada y endurecida por las comunidades autónomas en el
ejercicio de esas competencias exclusivas. Las comunidades autónomas
pueden establecer los condicionantes que estimen oportunos al cultivo
del lino textil, siempre y cuando respeten los mínimos marcados tanto
por el reglamento comunitario como por la norma básica. Es más, no
sólo pueden hacer lo anterior sino que no tienen que dar
explicaciones a la Administración general, ya que estamos hablando de
competencias exclusivas.
Así pues, señorías, y como conclusión, es indiscutible que si alguien
tiene la capacidad suficiente para evitar posibles fraudes en el
cultivo del lino textil son las comunidades autónomas. Entender otra
cosa sería jugar a desconocer la Constitución española; son las
comunidades autónomas quienes en el ejercicio de sus funciones de
gestión y control conocen la realidad de los hechos, y solo ellas
deben y pueden introducir las correcciones a esa normativa básica
para adaptarlas a su propia realidad. Partiendo de este marco a la
Administración
general del Estado sólo le queda realizar una labor muy
importante, que es coordinar a través del FEGA; no duden SS.SS. que
en el ejercicio de esa competencia se tratará de guiar a las
diferentes administraciones autonómicas hacia un mismo punto, que es
gestionar de la manera más eficaz protegiendo los intereses
financieros de la Unión Europea, sin olvidar que las comunidades
autónomas son muy libres de actuar como les parezca,
independientemente de la postura del FEGA. Si existe una forma eficaz
de evitar cualquier irregularidad en una OCM es establecer y efectuar
controles exhaustivos y eficaces. En este ámbito es indiscutible que
las únicas que deben hacerlo son las comunidades autónomas, que son
las que cuentan no sólo con competencia sino además con los medios.
No obstante, y para evitar confusiones, me gustaría aclararles
ciertos extremos de lo que se conoce como sistema integrado de
controles y la faceta de autoridad nacional que en esta materia
ostenta el FEGA. Sin ánimo de entrar en muchos detalles y normativa,
la cuestión se resume en que el sistema integrado de gestión
y control tiene como objetivo básico evitar que se declaren dos
cultivos partiendo de la misma superficie. Con esta finalidad el
FEGA, consensuado con las comunidades autónomas, dicta un Plan
nacional de controles administrativos y sobre el terreno se
distribuye entre los diferentes organismos pagadores de las
comunidades autónomas el porcentaje mínimo de controles a realizar en
ayudas por superficie, que constituye un marco de actuación que
posteriormente desarrollan y aplican las comunidades autónomas en sus
propios planes de controles. Debe quedar claro que estos planes se
centran en la superficie cultivada, no entrando nunca en los
controles específicos que exige cada OCM y que deben aplicar
directamente las comunidades autónomas. El lino no es una de las
ayudas inicialmente incluidas en el sistema integrado de gestión
y control. El Ministerio de Agricultura y Pesca lo incluye en la
campaña 1998-1999 y los reglamentos comunitarios no lo hicieron hasta
la campaña 2000-2001, pero los controles del sistema integrado para
el lino textil se limitan a comprobar la realidad del cultivo y la
dimensión de parcelas para evitar duplicidades, así como la dosis
mínima de siembra. No obstante, el supuesto fraude del lino,
partiendo del informe de la OLAF, radica en las transformadoras, por
lo que nunca el control sobre ellas estaría incluido en el sistema
integrado.
En este ámbito la Administración general del Estado sí que tiene
competencias como interlocutor único ante el FEOGA. Partiendo de esta
competencia es el FEGA quien deberá discutir y negociar con la
Comisión la corrección financiera propuesta. No obstante, señorías,
la defensa que planteará el FEGA sólo puede partir de los
contrainformes que elaboren las comunidades autónomas, porque son las
que al haber gestionado todopueden suministrar los datos necesarios
para cuestionar
la postura de la Comisión Europea. En este sentido les comunico que
ya se han recibido los informes de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Extremadura. Todos los informes, como he señalado, a
excepción de Castilla- La Mancha, consideran que el informe de la
OLAF es discutible, ya que utiliza una sistemática de control que no
puede suministrar datos reales de transformación. En el caso de
Castilla-La Mancha están de acuerdo con la sistemática utilizada,
pero no con el resultado de transformación que establece en el
informe. Así pues, si partimos de los informes de los organismos
pagadores se puede discutir la fiabilidad del informe de la OLAF.
Esta es la postura que va a adoptar el Estado miembro ante la
Comisión, porque lógicamente el Gobierno español apoya los criterios
de organismos pagadores antes que dar crédito total a un informe
elaborado por los servicios antifraude de la Comisión.
Es importante que tengan presente que la OLAF realizó una serie de
visitas de inspección y midió a todos por el mismo rasero, mientras
que los organismos pagadores realizaron controles exhaustivos y
estuvieron presentes en la totalidad de la campaña, por lo que se
supone que conocen mejor las posibles irregularidades que se pudieran
producir. Partiendo de esos informes, el Gobierno español nunca puede
admitir una corrección financiera del cien por cien, nunca, ya que
únicamente Castilla-La Mancha admite la existencia de fraude en su
ámbito territorial, por lo cual, si hay corrección financiera, deberá
ceñirse a las actuaciones realizadas en esa comunidad, y dentro de la
misma a las cantidades que se hayan pagado irregularmente con
certificados de transformación de empresas reconocidas y autorizadas
por la autoridad competente de Castilla- La Mancha. En cuanto al
resto de comunidades es intención del ministerio llevar su defensa,
si fuera necesario, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, ya que partiendo de sus informes no se puede admitir de
ninguna manera las conclusiones del informe de la OLAF.
Dentro de las actuaciones que correspondería efectuar a la
Administración general del Estado y que pudieran influir en la
gestión de las ayudas directas merece la pena -y esto es importante-
mencionar la corresponsabilidad financiera prevista en el artículo 44
de la Ley 55/1999. Este instrumento se resume de la siguiente manera.
Las comunidades autónomas responderán financieramente de las
correcciones impuestas por la Comisión debidas a irregularidades en
la gestión, control y pago de las ayudas directas, como es el caso
del cultivo del lino textil. Se espera que al sufrir las
consecuencias económicas de sus actuaciones las comunidades autónomas
pongan más empeño en perseguir adecuadamente las irregularidades que
se produzcan por desviaciones en el ejercicio de su competencia. Debo
decir a SS.SS. que esta corresponsabilidad, de acuerdo con los
informes de que dispone el Gobierno elaborados por la Abogacía
General del Estado de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, no es que se aplique desde
el año 2000, sino que tiene su origen ya en 1995 en la normativa
española reguladora del FEGA y en la Ley General Presupuestaria.
Esto quiere decir, lo siguiente, resumiendo esta intervención. El
Gobierno no comparte en este momento las actuaciones de la OLAF.
Negamos la existencia de fraude generalizado en su territorio. Nos
vamos a apoyar en los informes de las comunidades autónomas, que son
las competentes para hacer los controles de las industrias
establecidas en su territorio. Debo decir a SS.SS. que el Gobierno no
tiene un solo funcionario que pueda hacer un control en una
industria, no tiene un solo funcionario en ninguna comunidad autónoma
que pueda verificar la legalidad de un pago hecho a un agricultor.
Por lo tanto, el Gobierno descansa en la lealtad institucional de las
comunidades autónomas para suministrarles elementos de defensa que
permitan reducir la corrección financiera. El Gobierno va a poner
todos los medios necesarios para reducir la corrección financiera al
mínimo existente. En este momento hay dos comunidades autónomas que
rechazan la existencia de fraude en su territorio y que han
suministrado al Gobierno argumentos para justificar que el informe de
la OLAF es totalmente incorrecto en cuanto a metodología
y resultados. Hay otra comunidad autónoma que admite que hay fraude en
su territorio, que la metodología es correcta, pero discrepa del
resultado. Con estos mimbres, el Gobierno va a articular su defensa
jurídica, pero sabiendo que agotada la batalla jurídica en el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea la comunidad autónoma en
cuyo territorio se hayan cometido losfraudes se hará responsable de
la corrección financiera y la va a pagar con cargo a sus propios
presupuestos. De esta manera, cada cual va a estar en su sitio.
Dejaremos la caza de brujas y empezaremos a controlar las
producciones de nuestro territorio. Esta es la posición del Gobierno
español, la que va a seguir en este procedimiento del lino y en
cualquier corrección financiera que en el futuro pudiera surgir en
cualquier cultivo y en cualquier comunidad.
Este no es un tema de carácter partidista porque, de las tres
comunidades que he citado, hay una, Extremadura, que está gobernada
por el Partido Socialista, que niega la existencia del fraude en su
comunidad y que colabora con el Gobierno en la defensa de esta
posición. Hay otras que han decidido admitir el fraude en su
comunidad, que es lo mismo que admitir que no han hecho controles ni
inspecciones y que lo han consentido. El Gobierno no entra en caza de
brujas sino que va a defender al máximo como autoridad coordinadora y
como representante de la Unión Europea la inexistencia de fraude,
reduciéndolo a sus niveles reales con la colaboración de las
comunidades autónomas. Si hay una comunidad autónoma que no colabora
será corresponsable de sus propios errores. Debo decir que el
Gobierno va a exigir la corresponsabilidad financiera.
Esto probablemente sea una novedad que no se haya oído en el discurso
político hasta este momento. Yo no he hablado del lino desde que tomé
posesión, y he procurado comparecer cuando he tenido todos los
elementos jurídicos y procesales que me permitieran decir cuál es la
posición del Gobierno español no sólo en el lino, señorías, sino en
cualquier corrección financiera que en el futuro se imponga a
cualquier cultivo en cualquier comunidad autónoma de cualquier signo
político. La obligación del Gobierno es utilizar los mecanismos que
el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico comunitario nos
asigna. Si entendemos que no hay fraude generalizado, lo vamos a
demostrar. Hemos pedido la colaboración de las comunidades autónomas.
Unas han colaborado más que otras. Otras están más preocupadas por
otros temas. Al Gobierno lo que le preocupa en este momento es la
defensa de los intereses de los agricultores españoles y que no se
criminalice a los 4.000 productores de lino, porque el efecto que ha
tenido la batalla del lino en España es que el cultivo del lino ha
desaparecido. Los que iniciaron la cacería política han cazado 4.000
agricultores.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de palabra de los grupos
parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Yo no sé si el señor ministro ha
necesitado un año para estar preparado, como ha dicho, desde el punto
de vista jurídico, etcétera para comparecer, pero lo cierto es que en
diciembre del año pasado, hace un año, el Grupo Socialista pidió esta
comparecencia que celebramos hoy. Lo primero que tengo que decirle,
señor ministro, es que su intervención me sugiere una pregunta,
haciendo uso de la teoría que usted ha establecido sobre
responsabilidades y sobre competencias: ¿Para qué le necesitamos
a usted como ministro? Según su intervención el Gobierno de España y su
ministerio no pinta nada en esta historia. Habla de la OLAF, habla de
la Comisión Europea, habla de comunidades autónomas de una manera
bastante sui generis, muy propia -luego hablaré del informe de la
OLAF, de lo que dice de cada una de las comunidades autónomas-, pero
usted no tiene responsabilidad ninguna. Incluso la inspección que
decide hacer la OLAF la podía haber hecho el Gobierno de España si es
que tenía elementos de juicio. Dice que una funcionaria acompaña a
los inspectores de la OLAF. Voy a empezar por el final, por las
responsabilidades directas suyas. Esta funcionaria ha ido a declarar
como testigo a un juzgado de la Audiencia Nacional, y a preguntas del
juez ha dicho que se sentía efectivamente amenazada. Ha citado por
quien, ha hablado del responsable del SENPA. ¿Usted ha hecho algo al
respecto, porque ha sido conocido públicamente? Usted habla como si
pasara por allí, no tiene nada
que ver; es un alto inspector que vigila desde lo alto y que no tiene
responsabilidad ninguna. Usted las tiene todas. ¿Para qué le
necesitamos, si no a usted como ministro? ¿Ha hecho algo en relación
con ese dato concreto? Le diré más, usted dice que no tiene
responsabilidad ninguna y se refiere constantemente a otros; además
ahora dice que va a actuar con una enorme dureza y contundencia. Pues
bien, el propio informe al que usted se ha referido -ha citado
algunas páginas concretas- en la página 62 recoge una información que
supongo que le habrá hecho a usted actuar como ministro. Dice
exactamente a propósito de la inspección que se hace en Portugal por
parte de los inspectores de la OLAF: A este respecto conviene señalar
que la empresa portuguesa puede haberse beneficiado de informaciones
privilegiadas sobre la misión proyectada por la OLAF. En la fecha del
incendio ni la sociedad afectada ni el INGA portugués estaban
oficialmente al corriente de la misión de la OLAF, y el único que lo
conocía, a través de una comunicación que cita expresamente en agosto
del año de la inspección era el FEGA. Yo no sé si usted lo habrá
investigado, pero es una apelación muy fuerte e importante respecto
al comportamiento de su ministerio, no hablamos de otros. Aquí, en el
Congreso de los Diputados, hablamos de su responsabilidad, de la
responsabilidad del Gobierno y de la responsabilidad de su
ministerio. Para resumirlo, lo que ocurrió es que se le anuncia una
inspección y al poco tiempo aparece humo en Portugal, hay un
incendio, un hecho que se repite constantemente.
Yo no le he entendido, señor ministro, si al final usted está de
acuerdo con el informe de la OLAF o no. Usted se refugia, pone de
burladero a las comunidades autónomas. Al final, unas veces cita a la
OLAF como autoridad -cita la página- y otras veces la desautoriza;
unas veces cita la Fiscalía y otras la desautoriza; unas veces habla
de que no hay fraude generalizado en un informe y, sin embargo,
oculta que en el de la Fiscalía de Anticorrupción se habla de fraude
generalizado. Ha hecho usted una mezcla realmente explosiva, de la
que es muy difícil sacar conclusiones sobre qué es lo que ha pasado
exactamente. ¿Ha habido una trama o no ha habido una trama, ha habido
un fraude o no ha habido un fraude? Porque el informe de la OLAF dice
que sí. Desmiéntalo usted si es que no está de acuerdo y alguna
responsabilidad directa tendrá que asumir o, por el contrario, si lo
acepta, acéptelo con sus consecuencias. ¿Qué dice el informe de la
OLAF? Dice algo tan contundente como lo siguiente: Se trata de un
fraude organizado por las empresas de transformación de lino, va
comunidad por comunidad y habla del comportamiento de las comunidades
autónomas que usted ha obviado. Por ejemplo, ha obviado completamente
el comportamiento de una comunidad autónoma que tiene más de la mitad
de la producción, fábrica por fábrica, transformadora por
transformadora, y demuestra, como en su día hizo la Comisión de
investigación, sólo que
se recoge en un voto particular, con claridad -insisto- un fraude
organizado por las empresas de transformación del lino. ¿De qué otra
manera se puede entender que en los años del Partido Popular, de 1996
a 1999, se pase de 11.000 hectáreas a más de 90.000 hectáreas? Ya que
habla usted de defender a 4.000 familias, ¿en qué condiciones? Punto
número uno, OLAF. El coste de transformación es cien veces superior
al valor del producto final. ¿Qué sector productivo se puede mantener
en nuestro país cuando tiene un coste de transformación que es cien
veces superior al producto final? ¿Qué es esto?
En segundo lugar, el valor comercial del producto supone el 1 por
ciento de la ayuda. ¿Le dice algo esto? O, por ejemplo, que Procotex,
una empresa que sale como compradora constantemente en toda la
inspección sólo ha pagado el 2 por ciento de las supuestas compras de
fibra de casi 5 millones en la etapa de la inspección. Esto es una
trama montada en relación a un sector económico por unas
transformadoras, que por cierto difícilmente podían ser desconocidas
por un ministerio que las tenía dentro. ¿Cómo se puede lavar las
manos de esta manera desde el punto de vista de la responsabilidad?
Señor ministro, estamos hablando de asumir responsabilidades, que, no
se asumieron, y de un coste propuesto en este momento de 21.000
millones de pesetas. Usted dice que eso aparece pero no es una
posición de la comisión y por lo tanto tiene poca importancia. Sí que
se han hecho preguntas sobre el lino. La última el martes pasado, y
hay una respuesta del comisario Fischler, en la que se dice que la
Comisión Europea por su parte tiene la obligación de imponer una
sanción coherente con los resultados obtenidos en la investigación de
la OLAF y para ello utilizaremos todos los mecanismos de que
disponemos nada más y nada menos. Si esta no es una posición, ¿qué es
para usted una posición que sea clara y contundente?
Usted ha hecho una exposición de teoría de responsabilidades en las
que usted no aparece por ningún lado, el Gobierno no aparece por
ningún lado, y no se sabe si unas comunidades autónomas han actuado
bien, han actuado mal; es decir, usted al final dice: Yo soy un
simple espectador, y por lo tanto no me interesa ese asunto. No, aquí
ha habido cambios de posición, señor ministro. Si yo le preguntara
hoy a usted, ¿hay cazaprimas o no hay cazaprimas? ¿Ha habido
cazaprimas o no ha habido cazaprimas? Porque ustedes decían que no,
lo decían contundentemente, y ahora tenemos que observar un informe
donde se demuestra hasta qué punto ha habido cazaprimas. Pero es que,
además, el Ministerio de Agricultura, dirigido por doña Loyola de
Palacio, había sido advertida por la Comisión Europea de que se
habían constatado fehacientemente cazaprimas en España. ¿Hay
cazaprimas o no hay cazaprimas? Usted ha hecho una breve defensa de
doña Loyola de Palacio, la ha exculpado hoy, la ha exonerado de
responsabilidad.
La señora De Palacio sí sabía de la información que se
hacía desde Bruselas de este hecho, y se hacía lógicamente a sistemas
de inspección general del Estado que usted ha desmontado, usted se ha
cargado la Constitución de un plumazo, resulta que ya el Gobierno no
tiene obligaciones de inspección general, ya no tiene obligaciones de
ordenación de la economía en el conjunto del territorio. Usted, para
eludir responsabilidades, se lo ha cargado de un plumazo. Pues bien,
doña Loyola de Palacio fue advertida, y ella, a pesar de ser de ello,
viene al Parlamento el día 29 de julio de 1999 para decirle que no
hay cazaprimas. El Partido Popular no solamente mantiene que no hay
cazaprimas, sino que eso no está ni en el diccionario de la Real
Academia de la Lengua. Eso de los cazaprimas es un invento.
Aquí ha habido cambios de posición. Fíjese usted las vueltas que da
la vida y dónde le pone el tiempo a cada uno. Resulta que quien decía
solemnemente en el Congreso de los Diputados que eso era un invento
de los socialistas, que era un montaje político, se pone al frente de
la manifestación y va a denunciar que en España ha habido cazaprimas.
Entre un hecho y el otro hay una pregunta, señor ministro, que es a
la que debe responder. ¿Y las responsabilidades políticas por este
hecho? ¿Y los años que han pasado y lo que ha ocurrido en España? ¿Y
la gente a la que se ha frustrado con unas transformadoras
absolutamente inventadas? Por cierto, algunas cerradas, retirada la
licencia en alguna comunidad autónoma, y en otras no. Donde hay ocho,
se cierra una. En otra, se cierran tres de cuatro. Por lo tanto, ¿qué
es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo? Que se ha ido
cambiando de opinión, como si no pasara nada y sin asumir
responsabilidades políticas.
Hoy todos estaremos de acuerdo respecto a lo que describe la OLAF,
que es bastante contundente en relación a una investigación que hace
la OLAF. Antes, en muy pocos días, del 20 al 29 de julio de 1999, en
este Congreso de los Diputados se llega a las mismas conclusiones, es
verdad que no por mayoría, y se desechan; las mismas conclusiones
sobre el consumo de electricidad, el contrato de trabajadores,
etcétera. Sobre cómo, al final, las transformadoras son un negocio
que se monta en base a vender semillas, abonos y, sobre todo, a dar
una licencia de transformación para conseguir la ayuda. Se ha ido
cambiando de opinión constantemente. De aquello de la estética y la
ética, que decía doña Loyola de Palacio, se fue pasando al todo es
una manipulación política, después se fue pasando al yo no sabía
nada, esto es cosa de las comunidades autónomas y de ahí a la
denuncia en la Audiencia. Y, eso sí, el Partido Popular, el Gobierno
descalifica entre tanto a todo el mundo. Descalifica, por supuesto,
al Partido Socialista, descalifica a la Fiscalía anticorrupción. ¿Se
acuerdan de ese papelito del fiscal anticorrupción? Ese señor que no
se gana ni el dinero que le pagamos. ¿Se acuerdanen rueda de prensa
solemne del Partido Popular? Se ha
ido descalificando en medio de todo esto a todo el mundo, para, al
final, llegar a la conclusión en la que estamos: no asumir
responsabilidades políticas al final le sale muy caro al país. Porque
aquí ha habido una serie de intervenciones que se han ido produciendo
a lo largo del tiempo y después de las advertencias que se habían
producido de la no actuación, no se asume ninguna responsabilidad
política.
Segunda parte de la cuestión. Se dice: no, si esto es cosa de las
comunidades autónomas. No sé si es un problema de doña Loyola de
Palacio o del señor Lucas, pero en definitiva, como ahora toca hacer
este tipo de defensa, se lanzan balones fuera, y al final, de lo que
se trata es de que no se sepa exactamente qué es lo que ha pasado. Y
sí se sabe lo que ha pasado. Cuando aquí se dice que los planes de
cultivo no son importantes, que es una labor de coordinación, que no
se tienen medios, que no se tiene inspección, etcétera, se olvida una
cosa, que quien firma esas normas básicas de aplicación para todo el
Estado es un gran beneficiario de la trama del lino. Esas cuatro mil
familias a las que usted se refiere, ¿qué dirán cuando quien está
coordinando, negociando con Bruselas, etcétera, es a la vez quien
firma los planes de coordinación, los planes de cultivo y resulta que
es uno de los grandes beneficiarios? ¿O ya no se acuerdan ustedes?
Ministerio de doña Loyola de Palacio, el número dos, subvenciones
espectaculares, una de las empresas de transformación que hace lo que
dice la OLAF y ahora tenemos que asumirlo con absoluta contundencia,
bastante bien demostrado, por cierto. El mismo que tiene relaciones
con empresas que, por ejemplo, declaran una transformación de 15
millones de kilos y se demuestra que sólo tienen capacidad para
transformar poco más de dos, y son altos cargos del Ministerio de
Agricultura y usted dice que esto no tiene nada que ver con el
Ministerio de Agricultura, no tiene nada que ver con el Gobierno, es
una cuestión de otros, nosotros estábamos allí y no nos enteramos.
¿No se enteraron? ¿Y el director general de Ganadería, que en su
tiempo libre se dedicaba a cultivar lino y recibía más de seis
millones de pesetas de subvención? ¿No se enteraban en absoluto? (Una
señora diputada: ¡Qué barbaridad!) En un año. Y resulta que el jefe
comercial de Mercasa tiene una empresa que es una de las principales
transformadoras que hacen todo esto que dice la OLAF y no se
enteraban ustedes en absoluto. Y vienen a decir que a los altos
cargos del ministerio no les controlaban bien las comunidades
autónomas. A ese nivel de cinismo no se puede llegar, es excesivo. En
definitiva, es una trama creada en un ministerio, delante de una
ministra que está advertida de lo que está pasando por la Comisión
Europea y dicen ustedes que no sólo no se enteran, sino que no tienen
responsabilidad alguna.
El día 21 de enero de 1999, la Comisión remite al ministerio, al
FEGA, una carta donde dice que se ha
constatado la práctica de cazaprimas en España. ¿Eso no le obligaba a
actuar? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.
El señor CUADRADO BAUSELA: Usted habla de la responsabilidad de doña
Loyola de Palacio y dice que está absolutamente exculpada. Doña
Loyola de Palacio sabrá cuál es su responsabilidad política, pero
ella ha afirmado solemnemente en el Parlamento Europeo que dimitiría
si aparecía una situación de fraude en relación con el lino en el
tiempo en que ella fue ministra. Después de lo que ha ocurrido ¿no
cree que es tiempo de asumir responsabilidades políticas? (El señor
Isasi Gómez: ¡Bono, Bono!) Quienes denuncian esta trama quieren que
aparezcan ahora como los responsables. Y ustedes cuando lo denuncian
y no actúan y tienen multitud de comunicaciones, no sólo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de su Gobierno, también de
Extremadura, ¿quieren ahora convertir en culpables y responsables a
quienes denuncian lo que ustedes debieron hacer y no hicieron?
Dicen ustedes: hemos extremado las normas( por cierto, se refiere a
esto, y detalladamente, el informe OLAF) como prueba de que no
tenemos, no sólo responsabilidad en este asunto, sino que hemos sido
de los que hemos querido poner normas, se supone que para que los
altos cargos del ministerio actuaran más correctamente. Hay bastantes
pruebas fehacientes de que esto no es así, hasta el punto de que
quien era director general de Agricultura, don Carlos Díaz Eimil, en
una carta de abril de 1997, le comunica a la Comisión Europea, a
propósito de una propuesta de cambio para establecer más controles en
el cultivo y transformación del lino, lo siguiente: Esta propuesta
está creando una inquietud alarmante en el sector español de este
cultivo, inquietud que compartimos íntegramente. Por ello, lamento
comunicarle nuestra total oposición a dicho proyecto. Esta fue la
actitud, por otra parte bastante lógica, teniendo en cuenta que
quienes tenían que vigilar eran los principales beneficiarios de una
trama montada en los términos que antes he expuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, se le va terminando el tiempo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy a las conclusiones. No asumir
responsabilidades políticas tiene un coste muy alto, en este caso
para el conjunto de la sociedad española. Estamos hablando de una
propuesta de 21.000 millones de pesetas, cantidad muy importante.
Puede usted seguir refugiándose detrás del burladero de las
comunidades autónomas, pero el trabajo debió hacerlo el ministerio,
incluido usted, por ejemplo, abriendo una investigación por las
presiones recibidas por una funcionaria que había participado en la
inspección, o incluyendo una información privilegiada que es
puesta en conocimiento del ministerio por parte de la OLAF y que crea
un daño importante porque se produce un incendio intencionado en
relación con esto.
El trabajo que ha hecho la OLAF, lo tenía que haber hecho el Gobierno
de España y no lo hizo. El trabajo que ha hecho la fiscalía, lo tenía
que haber hecho el Gobierno de España y no lo hizo. El trabajo lo
está haciendo ahora un juzgado de la Audiencia y ustedes no hicieron
absolutamente nada. Eso tiene ya su camino que, desgraciadamente,
puede tener un alto coste. ¿Dónde están sus responsabilidades? ¿Dónde
están las responsabilidades de quienes de una manera bastante
evidente han permitido que esto ocurra? ¿Cómo es posible que ustedes
hayan participado en una comisión de investigación en bien pocos
días, de manera acelerada, sin información, como es lo habitual por
otra parte, sin dar la documentación, en una investigación en la que
dicen -y ustedes están retratados en el «Diario de Sesiones»- que
todo lo que ha sido descubierto de manera tan contundente e
incontrovertible era falso? Eso es lo que ustedes dicen en la
comisión de investigación en sus conclusiones. No había nada
absolutamente de lo que ahora se dice, y no sólo se dice sino que,
además, desgraciadamente se demuestra. Ustedes cambian después de
opinión y dicen que se ponen al frente de la manifestación y van al
juzgado. En medio hay responsabilidades políticas. Asuman las
responsabilidades políticas. Tienen la obligación de asumirlas. El no
hacerlo tiene un alto coste para la sociedad española. Es tiempo de
asumir las responsabilidades. Mezclar unos informes con otros liando
las cosas, no sirve para nada. Ustedes cometieron un gravísimo error
y es el momento, repito, de asumir esa responsabilidad. (Rumores. -La
señora Vázquez Blanco pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio para que pueda
intervenir el portavoz del grupo parlamentario solicitante de esta
comparecencia, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (El
señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
Sí, señoría.
El señor CUADRADO BAUSELA: He asistido bastante estoicamente a
insultos permanentes desde este lado, pero el último insulto que la
compañera me acaba de lanzar me parece que ya no es de recibo. Ha
sido lo suficientemente alto para que se escuche y todo el mundo lo
ha escuchado. Lo han hecho constantemente, y en cualquier caso, señor
presidente, me parece que eso sí que pone a cada uno en su sitio.
El señor PRESIDENTE: Yo intento poner orden en estas comisiones y
creo que he advertido reiteradas veces para que se guarde silencio.
Rogaría a los señores parlamentarios que, por cortesía parlamentaria,
se mantuviesen callados, que hagan los comentarios fuera
de esta sala y que escuchen atentos, porque en definitiva es a lo que
hemos venido. (El señor Isasi Gómez y la señora Vázquez Blanco
pronuncian palabras que no se perciben.) Señor Isasi, por la cortesía
parlamentaria que hemos invocado y para que podamos escuchar, le
rogaría, como a la señora Vázquez, que se mantuviese en silencio para
que pudiésemos escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida señor Centella.
Tiene la palabra, señor Centella.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Señor presidente, con permiso, yo, como
miembro de la Mesa, quisiera saber si, a la vista del incidente,
tengo que sentarme entre el resto de los diputados para por lo bajo o
en semitono ir interrumpiendo al portavoz del Grupo Popular cuando
esté interviniendo, como ha hecho un miembro de esta Mesa.
El señor PRESIDENTE: Les rogaría que mantuviesen la calma. Creo que
la cortesía y la educación parlamentarias que siempre han
caracterizado a este Congreso se pusiese en esta Comisión de
manifiesto. Las sesiones de esta Comisión de Agricultura son vivas y
la pasión ciega algunas veces a algunos parlamentarios, que realizan
comentarios en alto. Les reitero mi petición de que mantengan la
disciplina y el silencio que todos necesitamos para que nos podamos
escuchar mejor. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio, si no voy a
hacer alguna llamada al orden, y no me gustaría tener que hacerlo.
Vamos a mantener silencio y vamos a escuchar al señor Centella. Al
señor Gallego le diría que yo creo que estos incidentes ponen en su
sitio a cada uno y le rogaría que no abandone la Mesa y que
mantuviese silencio porque, en definitiva, creo que la intervención
del señor Centella será muy interesante, como lo será también la
réplica del señor ministro, y creo que el interés que suscita esta
Comisión debe ponerse de manifiesto en el silencio que todos
deseamos.
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Espero que, efectivamente, pueda interesar a
alguien la intervención de este portavoz, como ha dicho el presidente
de la Comisión.
Señor ministro, nos parece grave la forma en que ha terminado su
intervención. La verdad es que nos estaban decepcionando, como luego
le diré, sus explicaciones, pero nos parece grave que al final su
discurso se caliente para acusarnos de acabar con 4.000 agricultores.
No vamos a dejar esta acusación en el aire porque nos parece que no
solamente es injusta, sino que explica en algo por qué su partido ha
venido actuando en esta cuestión como lo ha venido haciendo.
A nosotros nos gustaría que usted nos explicase por qué se ha
terminado el cultivo del lino en este país. Nos
gustaría que nos diera -no sé si las ha dado, pero yo no lo he oído-
las cifras de cultivo que había en el año 1998 y las que hay en el
actual y nos diga por qué. No creo que este grupo político ni ningún
otro haya influido en nada. Lo que nos parece es que detrás de su
acusación -que, repito, no puede quedar en el aire- se quieren
ocultar responsabilidades de quienes incitaron a un cultivo que no
tenía rentabilidad simplemente para arropar a los que sí sabían lo
que hacían, que eran los principales beneficiarios de ese fraude y
muchos de ellos anidaban en el Ministerio de Agricultura. Era
necesario arropar con más agricultores un cultivo que no tenía
ninguna rentabilidad, como se evidenció en la comisión de
investigación, y luego me referiré a ello. Quien ha dejado a esos
4.000 agricultores desamparados ha sido quien propició el fraude,
quien no lo combatió y quien les incitó a un cultivo que en este país
no solamente no tenía rentabilidad, sino que el Gobierno tampoco se
preocupó de que la tuviera. Señor ministro, le repito que al final se
puede volver en contra de su Gobierno, que es el responsable de la
agricultura de este país y es el que ha dejado desamparados a esos
4.000 agricultores a los que usted se refería.
Como le decía al principio, nos ha defraudado su intervención, que
por larga que sea ha aclarado pocas cosas. Ha mantenido un solo
discurso que, repito, podía haber hecho en 10 minutos, podía haber
dicho: No al informe de la Unión Europea, y toda la responsabilidad
que venga, de las comunidades autónomas. Todo lo demás que ha dicho
usted ha sido intentar dar vueltas sobre el mismo camino. De verdad
creemos que es un error, por decirlo de una forma suave, este hilo
argumental que, por otra parte, es el intento del Partido Popular
desde que se evidenció que detrás del cultivo del lino había fraude.
Su partido, el Partido Popular, su Gobierno, el Gobierno anterior,
han estado mucho más preocupados de exculpar de responsabilidades a
la ministra Loyola de Palacio, de exculpar de responsabilidades
a altos cargos del Partido Popular que de ver cómo se podía aclarar la
situación. Siempre han estado a la defensiva, pensando que la mejor
defensa era un buen ataque y que la mejor defensa de su Gobierno era
atacar a las comunidades autónomas. En realidad, prácticamente no le
hemos visto ningún gesto para intentar aclarar la situación, que es
lo que nuestro grupo intentó desde el principio.
Aparte de pedir responsabilidades, lo fundamental era ver qué es lo
que pasaba y cómo se podía resolver ese tema. Se empezó a decir -ya
lo ha dicho otro portavoz- que la denuncia de la existencia de fraude
en torno al lino era un invento, que era una cuestión electoral, que
la oposición nos la habíamos inventado para desgastar al Gobierno en
una época de elecciones europeas, pero que no había nada de eso.
Luego, se intentó minimizar la situación para decir que podría haber
algo, pero que en ningún caso era fraude generalizado. Al final, es
la propia Loyola de Palacio la que en su
denuncia habla de fraude generalizado, señor ministro. Usted tiene
que decir aquí si está de acuerdo o no con lo que dice doña Loyola de
Palacio en su denuncia. No es ya con lo que dice este grupo político.
Usted debe decirlo porque al final, y luego hablaremos de ello, la
señora Loyola de Palacio se va a sentar junto con los comisarios que
van a dilucidar la sanción o la corrección financiera que le va a
corresponder a nuestro país. Si ella va al juzgado y denuncia un
fraude generalizado, ¿qué credibilidad va a tener luego para defender
lo que usted ha defendido aquí de que prácticamente no hay ningún
fraude en torno al lino? Al final es la señora Loyola de Palacio la
que ha puesto en un brete a su Gobierno y a la agricultura española
intentando lo que pretendía desde el primer momento, que era salvarse
ella aun a costa de lo que fuera. En este caso no le ha preocupado
poner en una situación difícil a su Gobierno y a toda la agricultura
de nuestro país.
Señor ministro, nos parece que negar a estas alturas que ha habido
fraude generalizado, mayoritario, como usted le quiera llamar, y que
con la mayor parte del cultivo del lino se tenía la intención de
buscar la prima antes que la rentabilidad, en contra de lo que dice
la PAC, en contra de cualquier principio mínimamente ético de lo que
es el cobro de subvenciones, supone o que realmente no se entera de
nada o, lo que puede ser peor, está intentando de nuevo volver a
tapar una situación que es cada vez más evidente. Todos creemos que
si algo aclaró la comisión de investigación fue que realmente existía
ese fraude mayoritario, generalizado. Pero ustedes estaban más
preocupados por terminar los trabajos de esa comisión sin asumir
ninguna responsabilidad, exonerar a todos los altos cargos del
ministerio y fundamentalmente dejar libre de cualquier sospecha a la
ministra Loyola de Palacio, que tenía que pasar en aquellos días el
examen del Parlamento Europeo.
Al final realmente no lo consiguieron y usted no puede, como cita de
autoridad, hablar de las conclusiones de la comisión sin decir que no
eran unánimes; eran mayoritarias, evidentemente, de su grupo. No
puede citar las conclusiones de la comisión sin citar también que
hubo otros planteamientos y votos particulares porque si no, al
final, se deforma el trabajo de esa comisión. Tan válidas pueden ser
las conclusiones a las que ustedes llegaron como las de nuestro
grupo, que eran diametralmente opuestas.
Por eso, señor ministro, creemos que sigue siendo un error negar la
evidencia porque, al final, lo que hace es dañar todavía más la
credibilidad que ustedes pueden tener ante la Unión Europea. No sólo
torpedearon los trabajos de la comisión de investigación, sino que
también han sido poco leales a la hora de colaborar con la justicia;
ahí está cómo el señor Garzón ha tenido que insistir para que ustedes
le diesen documentación de esa comisión de investigación; cómo han
intentado -en lo que han podido, evidentemente muy poco- no facilitar
los trabajos de investigación del señor Garzón precisamente,
como usted ha dicho, en relación con una denuncia de la señora De
Palacio. Es algo bastante contradictorio y lo que aquí no sabemos es
si la señora De Palacio actuó, como decía antes, de motu proprio o su
actuación era, en cierto modo, asumida por el Partido Popular. Me
gustaría que hoy usted, como ministro, también se pronunciase sobre
esa denuncia porque evidentemente no es una ciudadana cualquiera la
que se presenta en los juzgados, sino que es una ex ministra - en
estos momentos comisaria europea- y a nuestro grupo le gustaría saber
cuál es su opinión sobre la denuncia que plantea la señora De
Palacio.
Por eso, señor ministro, que venga usted hoy aquí a negar una
realidad, a negar que haya irregularidades generalizadas, a decir que
prácticamente no ha habido casi nada en torno al cultivo del lino, no
sólo nos defrauda, sino que además creemos que no va por el camino
que al final nos puede beneficiar al conjunto de la agricultura, que
es reconocer lo que ha habido, tomar medidas correctoras y asumir la
responsabilidad. No vamos a entrar en que asuma las responsabilidades
políticas -sabemos que eso es pedir peras al olmo y que es pedir un
imposible-, nos bastaría con que al final el daño a la agricultura
española fuese el menor posible. Creemos que ustedes, en este caso,
van a causar un grave daño a la agricultura española en general.
Señor ministro, claro que había agricultores que cobraban de forma
legal, ¿quién ha puesto eso en duda? ¿Quién ha puesto en duda que
había agricultores que cobraban de forma legal? Si usted se hubiese
leído -si no lo ha hecho- lo que opinamos los comisionados de la
comisión de investigación vería que nadie puso en duda eso. Lo que sí
dijimos es que junto a esos agricultores que cobraban de forma legal
(incluso alguno pudo haber sido engañado y alentado a participar en
el cultivo del lino con falsas esperanzas) había otros que sí estaban
haciendo un fraude, que eran mayoría y que eran además los que
anidaban en el entorno de la ex ministra Loyola de Palacio. Decir lo
contrario en estos momentos es perder la poca credibilidad que usted
pueda tener porque, repito, si sigue empeñado en negar eso, ¿qué más
le vamos a pedir, si usted sigue diciendo que en la gran mayoría de
cultivadores del lino todo estaba muy bien y todo era perfecto?
No le voy a repetir lo que dijimos en su día en la comisión de
investigación en torno a lo que se produjo porque no era ese el
objeto de nuestra petición de comparecencia, que no ha sido urgente.
Lo que ha dicho hoy aquí realmente lo podía haber dicho hoy y hace
tres meses; usted ha dicho que ha esperado a tener toda la lección
aprendida y no nos ha dado ningún dato que no nos lo hubiese podido
dar hace algún tiempo. Repito que no era nuestra intención delimitar
las responsabilidades que en su día ya dilucidamos en la comisión de
investigación. Nuestra intención -así lo planteábamos en la petición
de comparecencia- era que informase de las medidas que su Gobierno
había adoptado o que
pensaba adoptar para hacer frente a la denuncia sobre el fraude
generalizado que había hecho una compañera suya de partido, una ex
ministra y una comisaria europea. Sobre eso no ha dicho nada usted.
Nos parece muy grave esa situación y el Gobierno tendría que actuar.
Sabemos cómo ha actuado: negándole la colaboración al juez Garzón; de
esa actuación hemos tenido conocimiento público. Pero nos gustaría
saber aquí cómo su Gobierno va a colaborar con esa investigación,
para que no se repita, evidentemente no se va a repetir por falta de
cultivadores de lino, y que ahora nos encontremos con otro problema.
Señor ministro, que a estas alturas ustedes le echen la culpa a las
comunidades autónomas, que ustedes quieran centrar en el señor Bono
toda la responsabilidad, que el señor Bono quiera centrarla en
ustedes creemos que no es el principal problema. Cada uno tenemos
formada nuestra opinión y al final intentar rebatirla llega a muy
pocos sitios. Nos preocupa qué va a pasar ahora, qué está pasando
ahora, eso es lo que nos preocupa y ahí le repito que no nos mencione
como cita de autoridad las conclusiones de la Comisión de
investigación, fueron las conclusiones que su grupo impuso con una
mayoría parlamentaria y lo que fue el trabajo de aquellos días,
incluso con la desaparición de cintas, no vamos a revivirlo, pero la
verdad es que nosotros no lo reconocemos como cita de autoridad, si
no se menciona en su totalidad lo que fueron los trabajos de aquella
Comisión.
Nosotros estamos donde estábamos, preocupándonos porque ustedes sigan
intentando eludir responsabilidades, que ustedes sigan sin trabajar
como le compete al Gobierno, que es evitar que al final paguen justos
por pecadores. Señor ministro, al final ustedes nos van a llevar con
esa cerrazón a que paguen justos por pecadores, que al final aquellos
que ustedes han querido decir que defienden, que son a los
agricultores que honradamente cultivaban lino, también se van a ver
afectados por su cerrazón y por su nula voluntad de investigar, de
saber realmente qué pasaba en torno al cultivo del lino. Al final no
sabemos si serán 21.000 millones de pesetas la corrección financiera,
no sabemos cuánto va a ser, pero la verdad es que las cosas no pintan
favorablemente para la agricultura española en este sentido, no hay
muchos datos que ustedes puedan evidenciar, sobre todo si cogen ese
camino de negarlo todo. Si cogen ese camino al final no van a tener
credibilidad para conseguir lo que habría que lograr y es realmente
decir qué fraude ha habido en torno al lino.
Nos gustaría saber aquí -porque creo que eso lo ha dicho usted claro
al final- cómo se concreta el procedimiento para depurar las
responsabilidades que se deriven de esas correcciones financieras. Si
no he entendido mal al final usted ha puesto el foco en Castilla- La
Mancha y no sé si es que de los presupuestos de Castilla-La Mancha se
van a pagar los 21.000 millones de pesetas; no sé si he entendido
bien y si ha sido así
hay un dato que me imagino que a partir de ahora queda claro en la
postura de su Gobierno. Nosotros creemos que tienen que pagar los que
hayan cometido el fraude y pensamos que su Gobierno debe ser el mayor
interesado en que eso sea así. No sé a partir de mañana cómo caerá en
el Gobierno de Castilla-La Mancha el planteamiento que usted hace
aquí de que sea de los presupuestos de Castilla-La Mancha de donde se
paguen esos 21.000 millones de pesetas. Nosotros no estaríamos de
acuerdo en eso, como tampoco estaríamos de acuerdo en que fuese de
los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que tienen que pagar
los que han cometido fraude. Lo que ocurre es que ahí sí entendemos
sus temores, porque no estamos de acuerdo con lo que decía la
Comisión de investigación y sí creemos que al final los señores
Gonzalo Ruiz Paz, Carlos Moro y compañía van a tener que pagar, si al
final pagasen los que tuviesen responsabilidades, porque entendemos
que ellos estaban entre los que cometían fraude, ellos, sus señoras,
etcétera, y eso es lo que creemos que ustedes quieren evitar.
Por eso, señor ministro, para ir terminando porque no se trata de
alargar más esta comparecencia
El señor PRESIDENTE: Además se le está terminando el tiempo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo diciendo que nuestros
planteamientos están evidentemente claros en el sentido de
proponerles a ustedes que colaboren con la justicia como no lo han
hecho hasta ahora, que el Partido Popular colabore con la justicia,
con el señor Garzón como no lo ha hecho hasta ahora; de que no se
escuden en negarlo todo sino que se dediquen a dilucidar quiénes son
los que tienen que pagar, porque al final nos vamos a oponer a que
paguen justos por pecadores y ahí, señor ministro, sí le exigiremos a
usted responsabilidades. Si al final la agricultura española,
Castilla-La Mancha, Extremadura, quien sea tienen que pagar esos
21.000 millones, a usted señor ministro le exigiremos
responsabilidades, porque hoy aquí usted no se ha separado de lo que
venía siendo el esquema central del Partido Popular, ha asumido esa
herencia y por tanto hoy aquí se sitúa como máximo responsable de lo
que pueda ocurrir a esta agricultura.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra su portavoz el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor ministro, tuve oportunidad de
formar parte de la Comisión que investigó todo lo que hacía
referencia al lino; en aquellos momentos tuvimos ocasión de poder
debatir en profundidad toda la problemática que había en torno a ese
fraude, porque todo el mundo está de acuerdo en que hubo fraude,
aunque mi grupo en aquel momento y hoy está en esta línea de que el
fraude no ha sido generalizado,
ha habido fraude pero no ha sido generalizado porque no
podemos meter en el mismo saco a la gente que ha actuado bien. Quiero
creer que ha sido así, que ha habido agricultores honrados que lo han
hecho bien, aunque ha habido otros que no lo han hecho así, y quiero
creer que son minoría, aunque a lo mejor del volumen total de las
subvenciones se han quedado con la parte del león.
Señor ministro, no voy a entrar ahora a hacer un seguimiento, creo
que todos los portavoces han hablado de ese tema. De hecho es cierto
que en el año 1993, cuando comenzó de forma más importante el cultivo
del lino, estábamos hablando aproximadamente de 180 hectáreas y que
en el año 1998, por tanto en cinco año, se pasó a casi 90.000
hectáreas; es decir, multiplicamos por cincuenta la producción. Desde
luego, ni al FEOGA ni a las comunidades autónomas se les podía
escapar que debía ser un buen negocio, porque si en cinco años se
había multiplicado por cincuenta la superficie algo tenía que pasar.
Estoy de acuerdo, señor ministro, con el reparto de competencias que
ha hecho. La Unión Europea dicta normas y el Gobierno español tiene
la obligación de trasponerlas, o en su caso adaptarlas, pero a veces
nos quejamos, yo de forma especial, cuando no nos dejan casi espacio
para que sean las comunidades autónomas las que terminen de adaptar
esta normativa al propio territorio. En ese caso del que estamos
hablando soy de la opinión de que las competencias más importantes
están en manos de las comunidades autónomas y que éstas tienen la
obligación de hacer las cosas bien; por tanto la tramitación, el
control del campo, los controles administrativos lo realizan las
comunidades autónomas y además tienen la capacidad de poder legislar
a nivel territorial para afinar más si hace falta. Es decir, también
queda clarísimo que las comunidades autónomas -desgraciadamente en
este caso para un tema negativo- también tienen competencias al
respecto.
Hemos estado discutiendo con usted -y espero que sigamos haciéndolo
en el próximo futuro- de muchos temas relacionados con la
agricultura. En general y en cuanto a las cuestiones técnicas podemos
estar básicamente de acuerdo; a veces hemos tenido ocasión de hacer
aportaciones. Quizá en lo que tengamos diferencias más importantes
sea en temas competenciales. Usted ha marcado hoy una serie de
criterios que me gustan muchísimo. Por ejemplo ha hablado de
competencias exclusivas, ha hablado de la aplicación de los conceptos
de bases y del Tribunal Constitucional. Estoy absolutamente de
acuerdo con lo que ha dicho y espero que también en las próximas
leyes que su Ministerio elabore tendrá muy en cuenta esas
definiciones.
Soy de la opinión de que efectivamente las competencias en materia
agraria tienen que estar en manos de las comunidades autónomas y que
éstas tienen que colaborar con el Estado, con el Ministerio de
Agriculturapara hacer un frente común mientras no tengamos
representantes directos en la Unión Europea, cosa que también hemos
pedido en diferentes ocasiones, con lo cual en ese momento se
dirigirían directamente a nosotros y no al Ministerio; imagínese qué
descanso sería que la propia Unión Europea se dirigiera directamente
a las comunidades autónomas. En fin, es como es y espero que en un
próximo futuro mediante algún representante de las comunidades
autónomas por el sistema que sea podamos tener un contacto más
directo; pero me consta que en las mesas que hay a nivel de
Ministerio de Agricultura y comunidad autónoma se debaten muchos
temas que luego van a Bruselas. Por tanto, también hay buena sintonía
al respecto.
No me voy a alargar, señor ministro. Lo cierto es que a mi grupo
parlamentario le gustaría que se terminase con la idea que hay en
este momento en el aire de que toda la gente del sector del lino lo
ha hecho mal. Creo que eso no es así. Por tanto, aceptando en este
momento que las competencias son de las comunidades autónomas, al
Ministerio le quedan competencias de coordinación. En base a eso le
pido, señor ministro, que con las comunidades autónomas que están
afectadas hagan un frente común para intentar dejar las cosas claras
y que no sean los agricultores, los cultivadores honrados del lino
los que terminen pagando las consecuencias, sino que las paguen
aquellos que lo han hecho mal; asimismo, que sirva también para que
se encienda la alarma y evitar que en un futuro pasen cosas
semejantes.
Sería bueno, señor ministro, que en el marco de las conferencias
sectoriales hiciesen un análisis detallado porque mucho me temo que
no con la potencia del lino, quizá con menos, salgan temas donde hay
comunidades autónomas que lo hacen muy bien, hay agricultores que lo
hacen muy bien, y en otras hay menos control que puede favorecer que
los desaprensivos no lo hagan tan bien y en el futuro metamos otra
vez en el mismo saco a todos. Cierto control al respecto sería
positivo de cara a evitar que en un futuro no sucedan otros casos.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Bienvenido nuevamente a la Comisión, señor
ministro de Agricultura. En nombre del Grupo Parlamentario Popular
quiero agradecer al señor ministro la información que nos ha
proporcionado y sobre todo agradecer su magnífica disposición para
trabajar y pelear en beneficio de los agricultores en este espinoso
tema del lino, donde vemos que la postura de su ministerio está muy
clara, la apoyamos totalmente y estamos seguros que con tesón, que no
le falta, y ciencia, que tampoco le faltará, se llegará a una
resolución favorable para los intereses españoles. Asimismo, y a la
vista de la información que nos ha dado, mi grupo quiere agradecer la
colaboración
de comunidades autónomas, que en este caso han tenido una
colaboración muy positiva, como Cataluña, Castilla y León y
Extremadura.
Señor presidente, señorías, cuando aquí se hacen acusaciones
gravísimas contra la que fue ministra de Agricultura, cuando aquí se
califica de intencionado un incendio que no sé si ocurrió en Portugal
o no, porque no me ha aclarado dónde se ha dicho, pero cuando se
califican de esta manera o incluso se opina sobre lo que dice o deja
de decir una funcionaria en una declaración en un tema que está sub
iudice, entendemos que es una falta de responsabilidad absoluta y es
una frivolidad preguntar para qué le necesitamos como ministro.
Cuando se afirma, y cito textualmente, que no asumir las
responsabilidades políticas le sale caro al país -dicho por el
representante socialista-, mi grupo dice que lo que le sale caro al
país, lo que le sale muy caro a España es aguantar la demagogia de la
oposición. Señor ministro, en opinión de mi grupo el Partido
Socialista debe andar muy mal de argumentos cuando tiene que recurrir
a un tema como el del lino para intentar desgastar al Gobierno, y lo
peor del asunto es que no sólo emplea un argumento contrario a sus
intereses, lo cual indica una escasa inteligencia, sino que además
falta una vez más a la verdad, y una vez más muestra un talante
escasamente democrático, sin importarles en absoluto los graves
perjuicios que ya han causado a los agricultores y los que mi grupo
piensa que sin duda seguirán causándoles.
Es lamentable que a estas alturas me vea obligado a hacer un resumen
de los acontecimientos para que no sean dichos a la conveniencia de
quien los emplea como dardo contra el Gobierno, sino que entendemos
que la verdad es sólo una y tenemos que recordar aquí brevemente,
repito, casi con vergüenza, una escueta relación de los hechos. En la
legislatura pasada, donde no estaba el señor Cuadrado pero sí el
señor Amarillo, él hizo una denuncia en el Pleno del Congreso de los
Diputados haciéndose eco de rebote de las noticias que venían de
Toledo, de Castilla-La Mancha, del señor Bono. Además -da vergüenza
recordarlo- era en un momento electoral, había elecciones al
Parlamento Europeo y, repito, el señor Bono y el Partido Socialista
lanzan en ese momento urbi et orbi que en el Ministerio de
Agricultura existe una trama de altos cargos que se están
enriqueciendo con las subvenciones que la Unión Europea concede al
lino. Esto es lo que se investigó en esta casa, exactamente esto,
esta acusación gravísima infundada es la que se investigó en el
Congreso de los Diputados. La Comisión se constituyó también a
propuesta del Partido Popular y aquí hay que señalar dos cuestiones,
que no hay que dejarlas de paso: la primera, que la patraña y la
mentira sobre la que se montó la campaña electoral le dio muy poco
resultado al Partido Socialista dado su escaso éxito, y sin embargo
el Partido Popular tuvo un importante éxito, repito, en las
elecciones europeas con nuestra candidata número uno,
doña Loyola de Palacio y del Valle Lerchundi. El pueblo además sabe
lo que vota, incluso en Castilla-La Mancha y por supuesto en toda
España, y sabía muy bien dónde estaban las responsabilidades que se
les exigían a otros.
En segundo lugar, aquella Comisión emitió un dictamen, el Pleno del
Congreso de los Diputados lo aprobó, y es lamentable tener que
recordar aquí todavía cuál fue el referido dictamen, pero me veo
obligado a ello, y es que además de la sentencia del Supremo que nos
ha citado el señor ministro, el dictamen dice: son las
administraciones autonómicas las que se ocupan de tramitar, resolver
y pagar las ayudas al lino textil, efectuar los controles
administrativos y de campo previstos en la reglamentación comunitaria
y en la norma de coordinación del Ministerio, controlar la
realización de las labores normales de cultivo, así como autorizar y
vigilar el funcionamiento de las industrias transformadoras. Eso se
dice en la conclusión número 5. En la número 8 se dice: El grado de
transparencia y publicidad de las normas comunitarias nacionales y
autonómicas en materia de concesión de ayudas al cultivo del lino
textil, tanto antes como después de su adopción, impiden que pueda
imputarse a ningún alto cargo del Ministerio de Agricultura la
utilización de información privilegiada. Esa es la conclusión número
8. Y en la 13 se dice: Finalmente, y como consecuencia de todo lo
anterior, no cabe exigir a la excelentísima señora doña Loyola de
Palacio, ministra de Agricultura entre los años 1996 y 1999,
responsabilidad política alguna en relación con el objeto de esta
Comisión derivada de un supuesto conocimiento de actividades
presuntamente irregulares de personas designadas por ella para cargos
de confianza en el ministerio.
Es decir, la Comisión se constituyó exactamente para lo que he dicho,
las conclusiones son las que conocemos, y ahora digo que es
lamentable tener que hacer aquí este recordatorio, porque el señor
Bono y el Partido Socialista siguen diciendo cosas distintas a las
acordadas aquí en Pleno, lo que en opinión de mi grupo demuestra, que
el Partido Socialista tiene muy poco respeto a este Congreso de los
Diputados, y que adolece de un importante talante democrático.
En parecidos términos, señor presidente, señorías, se expresó el
Parlamento Europeo en el sentido de que no hay responsabilidades que
pedir al Gobierno de España ni a los altos cargos del Ministerio de
Agricultura cuando las responsabilidades de presuntas irregularidades
son exclusivamente achacables a las comunidades autónomas, y en este
caso a Castilla-La Mancha.
Como consecuencia, además, de la patraña montada, repito de la
patraña montada, la Comisión Europea endureció de tal forma las
condiciones para el cultivo del lino precisamente para España que el
mismo prácticamente ha desaparecido, y por tanto un cultivo libre,
con interés para determinadas zonas, especialmente de Castilla-La
Mancha, ha sido borrado del mapa y los
agricultores y España se han visto notablemente perjudicados por la
demagogia y la frivolidad de las actuaciones del Partido Socialista y
a su sombra de Izquierda Unida. Esta es una consecuencia medible en
euros, y entendemos que de esos euros debe responder la actuación
irresponsable de quienes han organizado este vergonzoso montaje
político. Pero es que una vez más el Partido Socialista nos demuestra
que le importa un bledo, que le importa bastante poco el perjuicio a
terceros, en este caso el daño producido a los agricultores.
Si seguimos el discurrir de los hechos nos encontramos en diciembre
de 2000 con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la ha citado el
señor ministro. En dicho informe, en la página 1 se dice, para que no
haya ninguna duda: la Fiscalía Anticorrupción emite el informe
a requerimiento del señor Knudsen director de la Oficina Europea de la
lucha antifraude. En la página 9, y cito textualmente, dice, señor
presidente, que según el sistema de distribución de competencias
entre el Estado español y las comunidades autónomas, éstas son las
competentes para la concesión de las subvenciones y el control, tanto
de los transformadores como de los productores. Es decir, nadie se
refugia en ningún burladero. La ley es la que es y la distribución
autonómica y la distribución competencial que tenemos en España es la
que es. No hay burladeros, lo que hay son mentiras.
Con esta cuestión quedan en evidencia nuevamente el señor Bono y el
Partido Socialista, porque el fiscal anticorrupción dice lo mismo que
el Congreso de los Diputados, el Parlamento Europeo y la propia OLAF.
Ya nos ha referido lo que dice la OLAF, y omito por tanto repetir
esas palabras. Además, señor Ministro, mi grupo entiende que la
Fiscalía Antifraude -y cito de la página 22 del informe- afirma que
de las investigaciones realizadas por esta Fiscalía especial resulta
la existencia de un fraude generalizado -lo dice el fiscal
anticorrupción, nadie más-, más que meras irregularidades en la
aplicación en España del régimen de ayudas comunitarias al sector del
lino. Ante esta afirmación se deducen dos hechos. En primer lugar, la
afirmación la hace el informe del fiscal anticorrupción y doña Loyola
de Palacio no acepta que haya fraude generalizado. Eso es un invento
que se ha dicho aquí, eso es una nueva bola que se ha soltado en esta
comisión. Doña Loyola de Palacio lo que hace es presentar una
denuncia en la Audiencia Nacional precisamente para que se aclare el
tema ante la gravísima acusación que hace el fiscal. Entendemos que a
través de esta denuncia los responsables de la Audiencia Nacional
tendrán que aclarar su desidia vigilando y tendrán que depurarse las
responsabilidades oportunas ante una acusación, repito, tan atípica
como la de fraude generalizado. De esta iniciativa ante la Justicia
como de las demandas que algunas personas privadas han puesto contra
el señor Bono y el señor consejero de Agricultura, ni este portavoz
ni mi grupo ni mi partido opinaremos
de momento, mientras estos asuntos estén sub iudice, y sobre ellos
esperamos el fallo correspondiente.
En segundo lugar, ante el informe de la Fiscalía Anticorrupción, se
produce en fechas recientes la comunicación de la OLAF sobre la que
el señor ministro nos ha hecho una perfecta descripción y nos ha
proporcionado una información adecuada, sobre todo en cuanto a la
postura del ministerio respecto a todos los puntos que nos pueden
interesar, como son la corrección financiera o lo que piensa hacer el
Gobierno frente a la Comisión Europea.
Volviendo a mis primeras palabras, estamos de acuerdo con todo lo que
ha expuesto el señor ministro y nos parece que con su firme actuación
está tratando de reparar los perjuicios que a nuestros agricultores
ha causado la frivolidad con que ha actuado y siguen actuando el
Partido Socialista, y a su sombra Izquierda Unida.
La única perla que nos faltaba por escuchar y se ha escuchado aquí
esta tarde es hablar de un producto sin valor y de un producto sin
rentabilidad. Mi grupo no puede decir una palabra más sobre este tema
y me gustaría que opinaran los agricultores españoles de cada uno de
sus productos, de la rentabilidad de sus explotaciones y de la
rentabilidad de sus productos. En la jerga comunitaria muchas veces
decir que un producto no vale para nada o que no tiene rentabilidad
se llama excedentes. Si aquí se ataca a ese producto no quiero
continuar para no ser cómplice de lo que nos puede venir encima para
otros. Los responsables son los que hablan aquí y fuera de aquí y
dicen imprecisiones y tonterías. (El señor Cuadrado Bausela: Lo dice
la OLAF.)
Señor presidente, me gustaría concluir, en nombre del Grupo Popular,
exigiendo a los frívolos un poco más respeto a la verdad y sobre todo
un respeto escrupuloso a lo que se acuerda en el Congreso de los
Diputados del cual somos miembros. El Grupo Parlamentario Popular
asume el paquete legislativo y todas las iniciativas parlamentarias
que ha habido en el Congreso sabiendo que se acordaron con una
mayoría distinta a la que actualmente existe. Eso se llama
funcionamiento democrático; eso se llama democracia. Cuando alguien
no entiende la democracia o tiene esos déficit democráticos, al menos
que quede constancia aquí que tienen que apoyarse en no dar por bueno
lo que aquí se acordó, aunque les afecte lógicamente, e inventarse
historias y volver a la película de hace unos años.
Nos parece muy bien, señor ministro, que asuman sus responsabilidades
por haber hecho mal las cosas aquellos que las han hecho y aquellos
que quieren endosarles responsabilidades a quienes no las tienen.
Nada más. (El señor Amarillo Doblado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, ¿qué desea?
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, obviamente como constará
en las actas, he sido aludido con nombres y apellidos por el señor
Madero. Además no sólo he sido aludido, sino que he sido gravemente
ofendido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, como presidente le pido que guarde
silencio. El presidente es el que ordena las sesiones. En ese sentido
le quiero decir que usted ha sido citado. Usted conoce perfectamente
el artículo que habla de las alusiones y lo que quiere decir esa
palabra. La palabra alusiones, y no tengo aquí el Reglamento, se
refiere a la dignidad de la persona, etcétera. El Grupo Socialista y
usted, señor Amarillo, han sido citados, en efecto yo se lo
reconozco, pero la alusión es muy diferente a la citación. Ustedes
también han citado a otra serie de personas, a otra serie de grupos,
pero no ha habido alusiones. Usted sabe perfectamente qué quiere
decir el término alusiones. Como el Reglamento viene a decir que si
se comprueba a posteriori que realmente han sido alusiones se pueden
rectificar en la sesión siguiente de la Comisión, yo estoy dispuesto
a releer el «Diario de Sesiones» y si realmente compruebo que han
sido aludidos, tal y como dice el Reglamento, yo estoy dispuesto a
rectificar y a cederles el uso de la palabra para que pueda constar
en el «Diario de Sesiones». A mi juicio, ustedes han sido citados, el
señor Amarillo ha sido citado como portavoz en el pleno del Congreso
de los Diputados en la legislatura anterior. En ese sentido, señor
Amarillo, le he de decir que usted no ha sido aludido en la
intervención del señor Madero tal y como yo he escuchado.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, con todos los respetos,
¡sí me ha llamado mentiroso! (Rumores.) Clarísimamente. Si para usted
es una alusión será en su moral, en la mía es una ofensa.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, yo estoy dispuesto a leer el
«Diario de Sesiones».
El señor AMARILLO DOBLADO: Es una ofensa injustificada, falaz y
grave.
El señor PRESIDENTE: Usted está diciendo falaz, etcétera, también se
puede entender por parte del señor Madero como una alusión.
El señor AMARILLO DOBLADO: Es una respuesta suave a lo que se merece.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, yo estoy dispuesto a leer con el
portavoz de su grupo y con usted mismo el «Diario de Sesiones».
El señor AMARILLO DOBLADO: Lo leeremos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Si hay alusiones, realmente podrá hacer la
rectificación que proceda, porque además el Reglamento así lo
entiende, en la sesión siguiente. (El señor Cuadrado Bausela pide la
palabra.)
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: ¿Usted no ha oído como he oído yo de
manera reiterada la palabra mentirosos, referida a miembros del Grupo
Socialista, que cuando se le calienta la boca lo hace con frecuencia,
el señor Madero? Lo hemos oído todos. Lo ha reiterado, usted no le ha
dicho nada, pero usted comprenderá que es obligación de mi grupo
hacerlo constar. Lo hemos oído todos y el presidente también. El
argumento fundamental que ha empleado es mentirosos, mentirosos
y mentirosos. Me parece que merecería una reacción por parte del
presidente.
El señor PRESIDENTE: Me reitero en lo que les he dicho. A mi juicio
ustedes han sido citados. Yo estoy dispuesto a leer con ustedes el
Reglamento y a analizar qué quiere decir la palabra
El señor AMARILLO DOBLADO: Mentiroso.
El señor PRESIDENTE: Y estoy dispuesto a rectificar en su caso.
(Rumores.) Señor Cuadrado. Ruego silencio a SS.SS. Las sesiones las
dirige el presidente. (Continúan los rumores.) Señorías, señor
Centella, le ruego silencio. Como les he dicho, si realmente ha
habido alusiones estoy dispuesto a rectificar en la sesión siguiente
y a cederles el uso de la palabra, pero tal como está en estos
momentos la situación, a mi juicio no ha habido alusiones, ha habido
citaciones. Por tanto, voy a cederle la palabra al señor ministro
para que pueda contestar a las preguntas. (El señor Madero Jarabo
pide la palabra.)
Señor Madero.
MADERO El señor JARABO: Señor presidente, doy por no oída la
afirmación de que al portavoz de este grupo se le calienta la boca.
(Risas.) La boca se le calienta a los caballos cuando le tiran del
bocado y no es el caso. Doy por no oída tal afirmación.
El señor PRESIDENTE: Tengo que retirarle también el uso de la
palabra, señor Madero, porque si no vamos a llegar a un diálogo.
Estamos en la comisión de pesca, y por no hacer alusiones realmente
al producto de la mar, vamos a pasar del tema. Entiendo que se ha
llegado a una situación que lo que procede es que conteste el señor
ministro a las preguntas que le han sido formuladas. (El señor
Cuadrado Bausela pide la palabra.)
Señor Cuadrado, dígame usted, porque realmente en estos momentos no
tiene ninguna
El señor CUADRADO BAUSELA: Es que puedo pedirle la palabra para un
turno y al mismo tiempo aprovechar para decir alguna sandez, y usted
lo ha permitido antes.
El señor PRESIDENTE: No. Usted también en estos momentos,
aprovechándose de la benevolencia del presidente, ha venido a hacer
también una adjetivación de una intervención. Usted ha dicho sandez y
en ese sentido vamos a obviarlo. Vamos a leer el «Diario de Sesiones»
y ahora cedemos la palabra al señor ministro para que pueda contestar
a sus preguntas, a sus sugerencias y a sus reflexiones. Por tanto,
para finalizar este primer bloque referente al lino, tiene la palabra
el señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Quiero comenzar por la intervención del señor Centella, que
me ha parecido particularmente grave por sus imputaciones. Quiero
decir con toda nitidez que el Ministerio y el FEGA han remitido toda
la documentación que ha solicitado el Parlamento y la Fiscalía, y que
el juez Garzón nunca ha tenido queja ni de la actuación del
Ministerio ni del FEGA, nunca. Se ha remitido toda la información de
que se dispone. Quiero que conste claramente en las actas, a los
efectos oportunos. Es muy fácil en actividades parlamentarias hacer
imputaciones, pero cuando no se ajustan a la realidad es obligación
del ministerio restablecer la verdad. Yo no califico absolutamente la
intervención del señor Centella, que me parece impecable en términos
parlamentarios.
Me ha preocupado muchísimo la afirmación del señor Cuadrado. Ha
dicho: ¿usted para que sirve? ¿Para que me necesitan si hay
comunidades autónomas? Hay comunidades autónomas porque hay un marco
constitucional y estatutario que este Gobierno reconoce como
existente, y a algunos les molesta mucho que ese marco exista. Cuando
tuvimos la encefalopatía imputaron todas las actuaciones negativas al
ministerio, que no tenía ninguna competencia y que, sin embargo, ha
participado activamente en la resolución de la crisis, coordinando.
¿Para qué sirve el ministro? Para lo mismo que hacían el ministro
Atienza y el ministro Solbes. No hago ninguna cosa distinta, hago las
mismas: Defiendo los intereses de España en la Unión Europea,
coordino, en la medida en que la Constitución me lo permite, la
actuación de las comunidades autónomas a través de los acuerdos a que
llego en conferencia sectorial, intento realizar una política agraria
nacional en materia de regadíos y desarrollo rural; intento hacer
exclusivamente lo que la Constitución me permite.
Su señoría dice: usted no inspecciona. Usted sabe perfectamente que
yo no puedo inspeccionar a una comunidad autónoma, es imposible
constitucional y estatutariamente. Sin embargo, ustedes exigen
responsabilidades políticas por no inspeccionar. Ese debate es
muy peligroso, señor Cuadrado, en clave constitucional. Ustedes nunca
inspeccionaron una comunidad autónoma cuando estuvieron en el poder,
jamás, y ahora le exigen al Partido Popular que viole el marco
normativo. No lo voy a hacer, pero voy a poner en marcha mecanismos
que van a hacer que cada comunidad autónoma cumpla con sus
obligaciones, cosa que ustedes tampoco hicieron.
Ha intentado usted un debate muy inteligente. Cuando ha visto que
estaba usted fuera de juego y que el informe de la OLAF, del
Parlamento, de la Constitución, del estatuto, residenciaba la
responsabilidades dónde estaban, dice: Vamos a hablar de una
funcionaria de Portugal. Vamos a hablar de las dos cosas. Yo no voy
a huir el debate nunca. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, usted empieza a
hablar de una funcionaria que fue presionada y me pregunta: ¿Usted
qué hizo? La presidencia del FEGA fue informada de que un funcionario
del organismo se había puesto en contacto con una funcionaria por si
quería información y asesoramiento, en una comparecencia en vía
judicial, y fue la funcionaria la que fue a la presidencia del FEGA y
además la funcionaria se negó a recibir todo tipo de información,
luego no ha habido ninguna influencia en el testimonio, porque la
propia funcionaria no ha recibido ninguna influencia y además se le
ha comunicado a la presidencia del FEGA. Son dos personas que, al
margen de su condición de funcionario, su actuación personal y sus
declaraciones dentro del ámbito del procedimiento penal no están
dentro de la relación de jerarquía que rige el Estatuto de la Función
pública, y la presidencia no puede forzar comportamientos. Pero es
más, la presidenta del FEGA aconsejó a la funcionaria que evitara
tener todo contacto con este caso y se apercibió al funcionario que
realizó la llamada, diciéndole que se abstuviera de este tipo de
contactos y de trasladar mensajes en causas que estaban siendo vistas
por tribunales. Por tanto, punto uno, actuación impecable de la
presidenta del FEGA.
Punto dos. Saca usted a colación Portugal. Dice: Es que además
ustedes alertaban a Portugal. El informe de la OLAF dice que ha
habido unas sospechas que pueden estar en la propia OLAF o en el
propio FEGA, pero lo curioso es que en ningún caso entre los escritos
de la OLAF al FEGA se le manifestó qué transformadora portuguesa se
iba a investigar, nunca se le dio el nombre, y el FEGA desconocía qué
transformadoras había en Portugal y también desconocía qué
agricultores españoles trabajaban en Portugal, porque ese dato sólo
lo tienen las comunidades autónomas.
Vamos a hablar de Portugal, señor Cuadrado. Fíjese usted lo que dice
el informe de la OLAF de Portugal, que es muy curioso. Dice: Durante
las misiones a las comunidades autónomas españolas, se habían
recibido informaciones concordantes relativas a movimientos
importantes de varilla del lino textil hacia Portugal, habida cuenta
de que en España se habían endurecido
los controles y que en Portugal eran más laxos. Pero se decía: era
verdaderamente curioso que todo el lino portugués se transformara en
Celitex, que era una empresa que estaba en Castilla-La Mancha; ese
transformador estaba a más de 600 kilómetros de la frontera
portuguesa y había transformadores en España mucho más próximos
a Portugal. Qué curioso, que todo el lino portugués se transformara en
Castilla-La Mancha. Qué cosa tan curiosa, señor Cuadrado. Qué
curiosidad científica. (El señor Cuadrado Bausela: en las comunidades
autónomas.) ¿Dónde están los controles en las comunidades autónomas?
Se ve que en Extremadura eran más duros. (El señor Cuadrado Bausela:
Se han cerrado bastantes transformadoras.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, para que el ministro
continúe.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Ese movimiento, señor Cuadrado, está en el informe de la
OLAF, no es una afirmación de este ministro. (El señor Cuadrado
Bausela: Lo he leído.) Este ministro no utiliza las comunidades como
burladero, pero reconoce las competencias de cada cual y ejerce sus
propias competencias. ¿Cuáles son las competencias que ha ejercido
este ministerio? Evidentemente, las que ha ejercido. Ha endurecido la
legislación vigente. Por ejemplo, antes entre el peso de semillas y
peso de la producción total recolectada no se seguía una relación, en
este momento hay un porcentaje del 20 por ciento; en el nivel máximo
de humedad e impureza de las varillas no había ninguna regulación,
desde la campaña 1999-2000 se establecen dos porcentajes del 12,5 por
ciento; se retiran las autorizaciones para transformación desde que
se detecta una irregularidad y, como mínimo, por dos campañas; se
exige un rendimiento mínimo en fibras; las pérdidas derivadas de la
transformación establecen un límite del 8 por ciento, que antes no
había; antes no había calidad en la fibra obtenida, ahora se pide
calidad comercial y un porcentaje máximo de impureza del 25 por
ciento; se establece que la producción transformada tiene que
destinarse obligatoriamente a las industrias del sector textil, pasta
de papel, otros usos industriales, etcétera. El Gobierno ha ido
endureciendo la legislación, poniendo trabas a cualquier posibilidad
de fraude, que es lo que hace el Gobierno en el uso de la legislación
básica que pone en marcha.
Ahora bien, ustedes han jugado al fraude generalizado, que es la
estrategia del Partido Socialista; estrategia que no siguieron en los
años 1994 y 1995, cuando de 187 productores se pasó a 3.618 -se ve
que no les convenía hablar de fraude-; ni en los años 1995-1996,
cuando pasó a 11.496; ni en la campaña del año 1996, cuando pasó a
47.100. Qué curioso que solamente se ponen ustedes a anunciar que hay
fraude cuando hay
unas elecciones europeas y una casi ex ministra está al frente del
tema. Qué cosa tan curiosa ese ataque de responsabilidad que de
pronto le surge al Partido Socialista, señalando que existen fraudes
en este país. Ustedes dicen que hay 21.000 millones de fraude y esto
exige unas responsabilidades políticas de carácter importantísimo.
Señor Cuadrado, cuando en la campaña 1992- 1993 tuvimos que pagar una
corrección financiera de 200.000 millones de pesetas por la cuota
lechera, ¿a quién le pidieron ustedes responsabilidades políticas?
¿Al Espíritu Santo? ¿Y en la campaña 1994-1995 que hubo una
corrección de 35.000 millones en herbáceos? Y ahora, que está
perfectamente claro que es de las comunidades autónomas desde 1995,
por los decretos que se publicaron en ese momento, se las exigen
ustedes al Gobierno de la nación. Señor Cuadrado, usted es un
diputado muy serio y debía tener un poquito más de coherencia en sus
intervenciones, desde mi punto de vista.
Si hay algo claro en este juego es que la que no es responsable es la
ministra Loyola de Palacio, que no tenía facultades de inspección,
que no podía dar una autorización a una transformadora, que no podía
inspeccionar las industrias, que no podía inspeccionar las
declaraciones de cosechas y que no podía autorizar los pagos. Resulta
que los señores Bono y Alonso dan los vistos buenos a las
transformadoras, autorizan las declaraciones de cosecha, autorizan
las órdenes de pago y además han pagado a todos. Qué curioso que en
Castilla-La Mancha hayan cobrado todos, que hasta a esas personas que
ustedes han nombrado como cazaprimas les han pagado el cien por cien.
Qué curioso. Dígame usted cuánto le han pagado al anterior
subsecretario, que no me acuerdo cómo se llamaba (El señor Cuadrado
Bausela: López de Coca.) Probablemente el porcentaje que le ha pagado
el señor Alonso. Dígame usted quién le ha dejado de pagar la prima.
Se la ha pagado el señor Bono. Sería correctamente, yo no lo sé,
porque no tengo ningún dato, pero cuando se habla de cazaprimas
asuman su responsabilidad, porque ustedeshan pagado a todos los
productores, les han reducido un pequeño porcentaje y han pagado a
todo el mundo. ¿Cuáles son los cazaprimas en Castilla-La Mancha?
Porque dígame usted la lista de los que no les han pagado las primas
en Castilla-La Mancha. Dígame los que están imputados en el juzgado.
Y dice usted: ¿qué hace el Gobierno? Se persona a través de la
abogacía en el juzgado. Y me preguntan qué me parece la denuncia de
Loyola de Palacio. Correctísima. ¿Por qué me parece correctísima?
Porque hemos estado viendo unos informes del fiscal, que no se
traducen nunca en denuncias o querellas y de pronto hay un ciudadano
que, en uso de su legítimo derecho de denuncia, le pide a los órganos
judiciales que determinen los responsables de las situaciones, que
haya imputados y que haya condenados. Eso al Gobierno le favorece
mucho y a las comunidades autónomas también porque nos va a permitir,
determinar el alcance del fraude en sede judicial, porque el
Gobierno no puede inspeccionar, pero el juzgado sí puede. El juzgado
tiene capacidad de investigación en sede penal. El Gobierno no lo
puede hacer, lo pueden hacer las comunidades autónomas. ¿Pero qué ha
hecho Castilla-La Mancha? Ha dicho que no puededar más que
porcentajes de fraude, no puede individualizar. ¿Qué han dicho las
otras comunidades? No hay fraude en nuestra comunidad autónoma. Son
aproximaciones muy distintas. No hay fraude en lo que se ha
transformado en nuestras comunidades autónomas, y que me diga
Castilla-La Mancha lo que mis productores han transformado en la suya
a los efectos de que les pueda pagar o no. Esa es la situación. No le
demos más vueltas a este tema.
Habla usted de responsabilidades políticas. Los pagos indebidos en la
concesión de ayudas y la corrección financiera, impuesta por los
servicios de la comisión, los va a recurrir el Gobierno ante las
instituciones europeas. Si al final hay responsabilidad, será culpa
de la mala y negligente actuación de las autoridades de control, pero
no se lo imputen ustedes a quien dicta la normativa básica. Es
curioso que el que viola la norma, el que tiene la obligación de
controlar la norma, ese no tiene ninguna responsabilidad. Y el que la
publica en el Boletín Oficial del Estado, el legislador, ¿ese tiene
responsabilidad? Señor Cuadrado, ese discurso no se sostiene, y lo
malo es que ustedes lo saben. Porque ustedes han estado jugando a un
juego muy peligroso que es la cacería política. Lo hacen siempre y
además fracasan, porque como cazadores tienen muy mala puntería. No
cazan nunca la pieza, pero como tiran mal, van matando al público en
general que pasa. En este caso a los productores de lino. El
deficiente control de los servicios de una comunidad autónoma, no
sólo trae consigo la posibilidad de una corrección financiera, sino
trae lo peor, que se ha culpabilizado a todos los agricultores.
Porque preguntaba el señor Centella: señor ministro, dígame usted que
ha pasado con el cultivo del lino. Pues que llegó hasta 126.000
productores en 1999- 2000, pero cuando empieza la criminalización
generalizada, el fraude generalizado, que tanto le gusta al señor
Bono, al año siguiente el agricultor no siembra el lino, y dice:
¿Para qué voy a sembrar lino? ¿Para sentirme culpable de sembrar lino
y para que me apunte el Partido Socialista con el dedo? Resultado,
sembraron 13. 789 personas, porque se ha criminalizado a los
agricultores. Hay muchos agricultores de los que eran legales, que no
cometían ningún fraude, que dicen: para qué voy a meterme en un
cultivo si voy a tener que estar todo el día sujeto a controles y
perdiendo más tiempo con el papeleo que en el campo, que es donde me
gusta estar. Ese es el efecto que ha tenido esta enorme y brillante
jugada política. Pero ustedes no contaban con la corresponsabilidad
financiera, y se la van a encontrar en el camino. Ahora vamos a ver
quién es quién. Ahora elque no controla, paga la corresponsabilidad
financiera.
Hemos pedido los informes jurídicos pertinentes del servicio jurídico
del Estado, donde las cosas son meridianamente claras. Desde 1995,
tenemos en España el Real Decreto 2.206, que dice en su artículo 13:
Los organismos pagadores y las administraciones de las que dependan
-y organismo pagador es la comunidad autónoma en cuestión- asumirán
la responsabilidad financiera que pudiera corresponderles por la
realización de actuaciones o pagos indebidos y en particular por las
correcciones financieras que pudiera aplicar la Unión Europea por
actuaciones derivadas de su gestión. Con un informe de la OLAF que
dice que el responsable del control es una comunidad autónoma. Pero
luego, la Ley de 29 de diciembre, de medidas fiscales, que no hace
más que desarrollar el procedimiento, además de recoger una
declaración de asunción de responsabilidad por parte de las
administraciones públicas cuando, de acuerdo con sus respectivas
competencias, realicen actuaciones de gestión y control de ayudas
financiadas por cuenta del Fondo Europeo de Garantía Agraria o de
cualquier otro fondo, establece en cuanto al iter procedimental que
las compensaciones financieras que deban realizarse como consecuencia
de las actuaciones del apartado anterior se llevarán a cabo por la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera mediante la
deducción de sus importes en los futuros libramientos que se realicen
por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros de la
Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de
ellos y con los procedimientos que se establezcan mediante orden del
Ministerio de Economía y Hacienda.
En definitiva, lo que nos dice el servicio jurídico del Estado es que
en futuros libramientos, cuando conozcamos la cifra en que se
establezca la corrección financiera, será la comunidad autónoma la
que verá reducidos libramientos futuros, y tendrá que aportar de sus
recursos presupuestarios propios, fondos para pagar a sus
agricultores. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando se juega a estos
juegos, los resultados son estos. Porque ahora tengo dos comunidades
autónomas que apoyan plenamente al Gobierno, dándole argumentos para
decir que no hay fraude y para que el Gobierno pueda defender ante la
Unión Europea y luego en el Tribunal de Justicia que no procede una
corrección financiera, y una que admite el fraude en su territorio,
imputa fraude generalizado a todo el mundo, busca responsabilidades
políticas donde no corresponde y juega a un peligrosísimo juego en
política. Siento mucho este juego, primero, porque soy el ministro
que le va a tocar defender este tema ante la Unión Europea y,
segundo, porque creo que no midieron ustedes muy bien los riesgos
cuando iniciaron esta cacería política. Espero que en el futuro cada
vez que haya una corrección financiera, el mejor aliado del Gobierno
sea una comunidad autónoma para defender su inexistencia y su
improcedencia. (El señor Amarillo Doblado: Si es mentira. Esto es
increíble.) Porque lo que estamos viendo en este momento es un
ejercicio de irresponsabilidad al servicio de un oportunismo político
a corto plazo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Por este camino vamos a progresar muy poco. Yo creo que este
es un tema en el que hay que hacer una política de Estado para
defender la realidad y buscar argumentos reales. Ahora bien, cuando
no se quieren dar argumentos, cuando se quieren ratificar por la vía
de los hechos las imputaciones políticas que se han hecho, se
debilita la posición de defensa ante las instituciones comunitarias.
(El señor Amarillo Doblado: ¿Esa es una política de Estado) Yo, con
ayuda o sin ayuda de la Comunidad de Castilla-La Mancha, voy a
defender a los agricultores españoles de todas las comunidades
autónomas, porque luego la comunidad autónoma que pague deberá
recuperar de los agricultores que hayan percibido indebidamente sus
recursos, y como no quiero que perjudiquen a los agricultores, haré
todo lo posible, lo que esté en mi mano, con colaboración o sin ella,
para luchar al máximo para disminuir todo lo que pueda las
correcciones financieras y que se reduzcan estrictamente a aquello
que jurídicamente sea impecable. (El señor Cuadrado Bausela pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, ¿a qué efectos desea intervenir?
El señor CUADRADO BAUSELA: Le rogaría que abriese un mínimo turno de
réplica, porque lo último que ha dicho el señor ministro incitando a
ocultar el fraude me parece de una extrema gravedad. Por ello sería
importante que abriera un turno de réplica, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, aquí se han vertido opiniones
muchas veces discrepantes, contradictorias, incluso contrarias, pero
yo entiendo que el Reglamento es bien claro y taxativo y usted sabe
cuál es la dinámica y cómo funciona esta Comisión. (Rumores.-El señor
Cuadrado Bausela: Léete en el «Diario de Sesiones», señor ministro.
Es tremendo lo que ha dicho.)
- QUE INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR
PRODUCTOR DE VACUNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000495)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio para pasar al
siguiente punto de esta comparecencia,
que se refiere a la reestructuración del sector productor de vacuno,
iniciativa y solicitud de comparecencia que ha sido realizada por el
Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para que pueda contestar a esta solicitud de comparecencia y a esta
cuestión, tiene la palabra de nuevo el señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Que no se ponga tan nervioso el señor Cuadrado. Yo sé muy
bien lo que he dicho, señor Cuadrado; he dicho que el fraude lo
sancionen por lo estrictamente cometido. (Protestas.-El señor
Cuadrado Bausela: ¿Hay turno o no hay turno, señor presidente?)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, yo le rogaría
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Yo estoy en mi turno. (El señor Cuadrado Bausela: No se
ponga nervioso, señor ministro; no dirija la sesión.)
El señor PRESIDENTE: Yo le rogaría tranquilidad. También al señor
ministro le voy a pedir, con toda humildad, que se atenga al tema de
esta segunda comparecencia.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Como quiera, señor presidente.
El programa de ordenación del sector productor de vacuno de carne
español que presento a SS.SS. atiende a la preocupación cada vez
mayor que manifiesta actualmente el consumidor por la sanidad y la
seguridad de los alimentos que consume y por las condiciones en que
son producidos en términos de conservación y respeto al medio
ambiente y al bienestar animal. Esta preocupación determina sus
opciones de compra a la hora de elegir los alimentos que consume y
que se manifiestan en la cadena de transformación y comercialización
de los productos, por lo que no pueden ser ignoradas por el sector
productor. El consumidor ha dejado de ser un actor pasivo y exige más
información y transparencia a la hora de tomar sus propias decisiones
de consumo y de apoyar las diferentes políticas sectoriales. Estas
nuevas preocupaciones adquieren tanta importancia al diseñar las
políticas agrarias y ganaderas como la necesidad de proporcionar una
oferta abundante de alimentos a precios razonables y no pueden ser
ignoradas por los responsables políticos de estas tareas. La Agenda
2000 se hizo eco de esta nueva sensibilidad y la reflejó en sus
objetivos. Pero, tras la aparición el pasado otoño de un mayor número
de casos de encefalopatía espongiforme bovina en la cabaña ganadera
de algunos países donde la enfermedad había sido detectada,
Reino Unido, Francia y Alemania, y la extensión de la enfermedad a
Estados hasta ese momento indemnes como España, los responsables de
diseñar las políticas agrarias y ganaderas comunitarias pudimos
apreciar de manera más intensa la preocupación de los consumidores
europeos por la sanidad y la seguridad en el consumo de la carne de
vacuno. La producción ganadera y concretamente la carne de vacuno se
encontró en el centro del debate. El programa de reestructuración del
sector vacuno responde a estas nuevas demandas del consumidor europeo
y es una medida más de las elaboradas por el Gobierno para afrontar
la crisis de oferta y demanda de este producto. Está en fase muy
avanzada de consenso con las comunidades autónomas, cuyas
observaciones han sido tenidas en cuenta y también ha sido debatido
con las organizaciones de productores agrarios y el sector productor.
Se va a desarrollar este programa a través de tres reales decretos.
El primero, sobre ayudas ganaderas; otro, regulará los requisitos que
deben cumplir las explotaciones de vacuno, y el tercero regulará el
fondo de derecho de prima de vacas nodrizas.
Como conocen SS.SS., porque lo he expuesto en anteriores
comparecencias, la demanda de vacuno descendió notablemente, los
sacrificios cayeron de manera inmediata en un 60 por ciento, se
derrumbó nuestro comercio con otros países y los precios registrados
se redujeron un 40 por ciento. Para afrontar esta crisis, el Gobierno
tomó en un primer momento medidas de carácter urgente, con dos
objetivos básicos: recuperar la confianza del consumidor lo más
rápidamente posible, reforzando todas las medida de control de la
enfermedad, la retirada de los MER, la extensión de los tests a todos
los animales destinados al consumo humano, a los mayores de 30 meses
en un principio y a partir de los 24 meses en la actualidad, la
prohibición de harinas de carne en la alimentación de animales,
etcétera. En segundo lugar, las medidas se dirigían a absorber el
excedente de oferta poniendo en marcha las medidas de intervención
acordadas por la Unión Europea.
Respecto a las medidas de intervención y aunque no sea objeto de esta
comparecencia, quiero aportar algunos datos que considero de gran
interés y que nos pueden dar una idea del importante apoyo que en los
momentos de crisis ha tenido el sector. España ha sido el país que
más ha utilizado este mecanismo de apoyo directo a los productores
comprando el 32 por ciento de la totalidad de la carne intervenida en
Europa. Desde el inicio de la crisis se han comprado en régimen de
intervención más de 64.000 toneladas de carne de añojo, lo que supone
casi el 10 por ciento de la producción total anual de nuestra carne
de vacuno y ha supuesto un desembolso para las arcas comunitarias
cercano a los 25.000 millones de pesetas. En los primeros momentos se
llegó a comprar una cantidad de carneequivalente al 75 por ciento de
la producción de añojo
para este periodo, es decir estuvimos retirando casi la totalidad de
la producción. También se han sacrificado y destruido más de 87.500
animales mayores de 30 meses en el primer semestre del año 2001. Esta
operación ha supuesto la retirada del mercado de unas 24.000
toneladas adicionales de carne y un importe pagado a los ganaderos de
más de 6.000 millones de pesetas, de los que el 30 por ciento se ha
realizado con cargo al presupuesto español. Es interesante señalar
que los precios de compra establecidos en este programa fueron
fijados utilizando como referencia unos niveles de precio muy altos y
por lo tanto este programa ha servido para mantener el precio de la
vaca a niveles superiores a los de 1999 durante la mayor parte de la
crisis. A partir del 1 de junio se ha puesto en marcha una nueva
medida de retirada de carne de vaca que hasta la fecha ha supuesto la
adquisición de más de 5.900 toneladas de carne, con un desembolso de
más de 9.300 millones de pesetas. Además, para paliar las pérdidas
del sector, el Gobierno realizó un nuevo esfuerzo presupuestario y
estableció las ayudas para vacas nodrizas y novillas, que no
disponían de ninguna medida comunitaria de apoyo, por un montante de
9.481 y 3.432 millones de pesetas, que se van a abonar a los
productores en las próximas semanas.
Gracias a estas medidas y a una significativa recuperación del
consumo interno, los precios pagados al productor experimentaron una
significativa recuperación durante el verano hasta situarse en los
niveles previstos en la Agenda 2000, es decir, un 13 por ciento
inferiores a los de 1999. No obstante, durante el mes de octubre
hemos podido comprobar cómo el mercado sufría un nuevo debilitamiento
que nos reafirma en la teoría de que una crisis como la pasada
requiere un periodo más largo para su resolución y necesita de
medidas estructurales a más largo plazo. Actualmente se han vuelto a
poner en marcha operaciones de compra para intervención para carne de
añojo y la delegación española, junto con otras delegaciones, ha
solicitado a la Comisión en el ultimo Consejo de Agricultura del
pasado mes de octubre que utilice al máximo todas las medidas de
apoyo directo a los mercados para frenar la caída de precios
retirando nuevos excedentes. Aunque podemos comprobar que el consumo
interno está alcanzando cifras similares a las anteriores a la
crisis, el comportamiento del comercio exterior dista de ser el
normal. Exportamos en menor cantidad a Italia y a Portugal, cantidad
que está siendo compensada en parte por una mayor exportación a
países terceros pero que pagan precios muy inferiores, y a su vez
importamos menos terneros, lo que determina una importante reducción
de la actividad. No obstante, hay que considerar que este sector
exportaba antes de la crisis casi el 25 por ciento de la producción y
que un mal comportamiento del mercado exterior tiene repercusiones
muy graves en el mercado interior.
Todas estas medidas, que me he permitido resumir a SS.SS. y de las
que he informado en anteriores comparecencias, son las que hemos
utilizado en la fase más grave de la crisis. Las de apoyo a los
mercados, incluso las medidas de apoyo directo a las rentas, han sido
efectivas en el corto plazo. Pero el plan de reestructuración del
sector del vacuno que el Gobierno está terminando de consensuar con
las comunidades autónomas contempla medidas estructurales a más largo
plazo, capaces de actuar sobre el binomio oferta-demanda de manera
más sostenida en el tiempo para lograr explotaciones ganaderas
vacunas nacionales competitivas. En esta línea hay que entender la
minirreforma propuesta por la Comisión y aprobada por el Consejo de
Agricultura el pasado mes de junio, que pone en marcha una serie de
medidas, casi todas transitorias, cuyo objetivo es reducir la oferta
en el medio plazo, de lo que tuvimos ocasión de hablar en mi última
comparecencia.
El Gobierno ha considerado necesario no sólo intentar controlar la
oferta sino también actuar sobre la demanda de una manera más
profunda que lo que supone una mera campaña informativa o la toma de
decisiones relativas a la protección de la salud. Estamos convencidos
de que lo único que puede asegurar la viabilidad de este sector de
una manera estable es conseguir que la sociedad pierda sus recelos y
que vuelva a consumir con normalidad y confianza la carne de vacuno;
si hay consumo hay futuro y no hay política de apoyo que pueda en el
medio y largo plazo sustituir al consumo.
Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el ministerio elaboró un
documento en el que trataba de recoger todas las inquietudes del
consumidor relativas a la seguridad de los productos que consume, a
la necesidad de una mayor información y transparencia, al respeto al
medio ambiente y bienestar de los animales y las ha tenido en
consideración al elaborar nuestras políticas para este sector. Lo que
hemos hecho es recoger en un solo documento toda la normativa que se
refiere al sector vacuno de carne y teñirla con esta nueva filosofía
en la que las inquietudes del consumidor son un elemento clave. A su
vez, el Gobierno ha tenido en cuenta el valioso potencial que el
sector productor de carne de vacuno tiene en nuestro país. Es un
sector dinámico que en los últimos cinco años ha experimentado un
incremento de la producción en un 25 por ciento buscando mercados
exteriores para vender su producción, ya que el consumo interno
estaba estabilizado. Es un sector que ha demostrado una enorme
capacidad de adaptación. Su actividad es el motor económico de
numerosas áreas de España en cuyo entorno se ha establecido un tejido
de industrias proveedoras de insumos para explotaciones, así como de
mataderos e industrias para la transformación y comercialización de
la carne. Además, su presencia permite mantener la población rural y
conservar el entorno en zonas que, de otro
modo, probablemente carecerían de alternativa y se verían abocadas al
deterioro derivado del abandono.
El programa está basado en tres líneas fundamentales: en primer
lugar, no fomentar crecimientos desordenados de la producción,
mejorar la dimensión de las explotaciones y facilitar el relevo
generacional. En segundo lugar, apostar por técnicas y modos de
producción que supongan una mejora de la imagen del sector para
reeditar el pacto de confianza entre productores y consumidores, como
única vía para asegurar su viabilidad. Finalmente, apostar por
políticas que apoyen este cambio de orientación, utilizando para ello
todos los elementos e instrumentos que la actual legislación, tanto
nacional como comunitaria, nos ofrece.
Con este programa queremos lanzar dos mensajes claros. A todo el
sector implicado, incluidas las administraciones, se les dice que el
consumidor y sus preocupaciones pasan a ser un elemento clave en las
políticas y los métodos de producción. Al consumidor, que hemos
entendido el mensaje, que tenemos en cuenta sus preocupaciones pero
que también tiene que entender que el modelo agrícola que nos
solicita es más caro y deberá estar dispuesto a pagarlo bien en el
mercado o bien con sus impuestos. No vale exigir a los productores
elevados estándares de producción y luego consumir productos
importados que, por no cumplir esos estándares, son más baratos.
El elemento legislativo que más importancia tiene para el sector de
carne de vacuno es el Real Decreto 1973/1999, por el que se establece
en España el sistema de gestión de ayudas comunitarias. Estas ayudas
van a suponer para el año 2002 un montante de 125.000 millones de
pesetas, de los que algo más de 5.000 son distribuidos por el Estado
miembro, teniendo en cuenta las necesidades específicas del sector en
su territorio con bastante libertad. El enorme volumen económico de
las ayudas y la posibilidad de introducir en ellas, gracias a la
creciente flexibilidad concedida a los Estados miembros, algunos
criterios específicos convierten este paquete de ayudas en el mejor
elemento para conseguir los objetivos previstos.
Teniendo en cuenta estas posibilidades, nuestra propuesta ha sido
utilizar al máximo la flexibilidad que la legislación comunitaria nos
concede para introducir elementos que ayuden al sector a orientarse
cada vez con más claridad hacia métodos de producción más acordes con
las preocupaciones del consumidor. El reglamento base del sector de
carne de vacuno prevé en su sección segunda, unos fondos de libre
disposición para los Estados miembros orientados a la realización de
pagos adicionales a los productores respetando un marco comunitario
básico. A España le corresponden en el año 2002 algo más de 33
millones de euros -5.500 millones de pesetas-, fondos que fueron
distribuidos entre las comunidades autónomas por la Conferencia
sectorial de Agricultura de octubre del año 1999. En dicha
conferencia se estableció que los pagos de dichos fondos los
harían las comunidades atendiendo a unos criterios establecidos en un
marco nacional. Los criterios que ahora están vigentes son una mera
repetición de los establecidos en la legislación comunitaria, no
añadiendo ningún criterio adicional. Sólo el País Vasco y Asturias
han introducido el criterio adicional de ser agricultor profesional.
Lo que ahora proponemos es que en todo el ámbito nacional se fije un
nuevo marco que incluya criterios que permitan incentivar o primar
con estos fondos métodos de producción que vayan más allá de lo que
legalmente es exigible en materia de sanidad, seguridad
y transparencia; también deben permitir apoyar explotaciones que por su
especial localización en zonas difíciles permiten la fijación de la
población y, por tanto, la conservación del medio natural. Es
importante insistir en la idea de que la mejor manera de conservar el
medio es utilizarlo de manera racional y constante. El abandono
produce degeneración.
En consecuencia, el actual marco sería sustituido por otro más
concreto y con criterios más exigentes. Cada comunidad autónoma podrá
elegir conceder pagos a sus ganaderos dentro del montante global
fijado por la conferencia sectorial en 1999, con arreglo a una o
varias de las siguientes modalidades. En primer lugar, pagos
complementarios a las tres primas existentes, de vaca nodriza, prima
especial o al sacrificio, para aquellos productores que están
comercializando animales a través de programas que tengan establecido
un etiquetado facultativo de carne de vacuno, de acuerdo con el
artículo 16 del Reglamento 1.760/2000. Con ello intentamos fomentar
mayor transparencia e información y por ello en la etiqueta deberán
aparecer menciones relativas a la alimentación del ganado, al modo de
producción o a los datos básicos del animal del que procede la carne.
En segundo lugar, pagos complementarios a explotaciones de vacas
nodrizas que reduzcan su carga ganadera. Se trata con ello de reducir
el excesivo impacto que en algunas zonas de nuestro país está
teniendo sobre el medio el constante incremento del número de vacas.
Esta medida también tiene un efecto estabilizador de la producción.
En tercer lugar, pagos complementarios a la prima especial de bovinos
machos para explotaciones de cebo que durante un periodo mínimo de
cinco años reduzcan el censo de su explotación al menos en un 20 por
ciento. En cuarto lugar, pagos complementarios para explotaciones
calificadas como explotación ganadera ecológica. En quinto lugar,
pagos complementarios a explotaciones que tengan la calificación de
producción ganadera integrada. Para ello habrá que definir las
condiciones que deban reunir estas explotaciones en una legislación
nacional específica. En sexto lugar, pagos complementarios a vacas
nodrizas autóctonas inscritas en libros genealógicos. En séptimo
lugar, pagos complementarios a la prima especial de bovinos para
explotaciones que engorden bovinos de razas autóctonas y sus cruces.
Con esta medida y con la anterior queremos realizar un
apoyo adicional a las razas autóctonas que están ubicadas en las
zonas más desfavorecidas de España. En octavo lugar, pagos
complementarios de explotaciones que contribuyan a fijar población en
las zonas desfavorecidas. Las comunidades autónomas podrán fijar
dichas zonas, así como establecer los criterios con arreglo a los
cuales valorarán la contribución de la explotación a fijar la
población. Se podrá establecer, por ejemplo, como requisito que el
ganadero resida en el propio municipio. En noveno lugar, pago
complementario a las explotaciones inscritas en el registro de
explotaciones prioritarias, establecido en la Ley 19/1995. En décimo
lugar, pagos complementarios a explotaciones que se encuentren
inmersas en planes de mejoras acogidos a los programas establecidos
en el Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para mejora y
modernización de las estructuras de producción de explotaciones
agrarias. En undécimo lugar, pagos complementarios a las
explotaciones oficialmente indemnes de brucelosis y tuberculosis. En
duodécimo lugar, pagos complementarios a ganaderos que engorden en su
explotación a terneros nacidos de sus propias vacas nodrizas, para
apoyar a aquellos ganaderos que se quieren responsabilizar de la
producción hasta el final y que contribuyen a crear un valor añadido
mayor en su entorno. Finalmente, pagos complementarios a los jóvenes
agricultores, si además cumplen alguno de los requisitos exigidos
anteriormente.
En el ámbito de ayudas a los ganaderos no sólo podemos actuar a
través de los fondos de libre disposición, también es posible
introducir algún otro criterio adicional. Por ejemplo, la exclusión,
efectos del cobro de la prima por extensificación de aquellas
superficies que hayan sido devastadas por incendios, para luchar
contra los incendios forestales asociados a prácticas indeseables en
ganadería; o bien la introducción de medidas de fomento para la
instalación de cebaderos comunitarios, con lo que se trata de
fomentar el cebo asociativo en zonas de vacas nodrizas para crear
mayor valor añadido en estas zonas que son muy desfavorecidas y para
establecer modelos de producción en los que sea fácil introducir
elementos de transparencia y trazabilidad a lo largo de toda la
cadena.
Hasta ahora sólo hemos hablado de elementos positivos, de apoyos
adicionales, pero la legislación comunitaria nos obliga en algunos
casos y nos autoriza en otros a introducir elementos negativos. Por
ejemplo, la retirada de todas las ayudas a los productores a los que
se encuentre utilizando productos prohibidos para el engorde de
animales -me refiero a la totalidad de las ayudas- y la retirada de
las ayudas a los productores que no tengan correctamente identificado
y registrado su ganado. Todo lo hasta ahora descrito tendrá su
reflejo en el nuevo real decreto de ayudas ganaderas, el primero de
los tres reales decretos que desarrollará este plan, que va a estar
en vigor el próximo año, y que, tras las discusiones con todos los
sectores implicados, aprobará
el Gobierno a finales de este año o en las primeras semanas del
próximo año.
La legislación comunitaria también introdujo en la Agenda 2000 una
serie de instrumentos horizontales en materia de ayudas que nos
permiten ligar la percepción de ayudas al cumplimiento de unos
requisitos medioambientales específicos. En este sentido, y desde el
punto de vista ganadero, se ha consensuado con comunidades autónomas
y organizaciones profesionales vincular el cobro de las ayudas
ganaderas a los siguientes requisitos. En primer lugar, a una gestión
correcta de los estiércoles, evitando prácticas que lesionen el medio
natural y que provoquen contaminación de aguas superficiales o
subterráneas. En segundo lugar, gestión correcta de los materiales
especificados de riesgo en las explotaciones para evitar la
incorrecta eliminación de cadáveres en las explotaciones que pueden
suponer una fuente de contaminación del medio rural. En tercer lugar,
adecuado cumplimiento de los programas obligatorios de erradicación
de enfermedades del ganado, siendo necesario enviar al sector
productor el mensaje de que no va a percibir ningún tipo de ayuda,
con independencia de las sanciones de todo tipo que le correspondan,
si no colabora adecuadamente en la erradicación de las enfermedades.
No sólo queremos incidir en las ayudas ganaderas; hay otros ámbitos
en los que es posible actuar para obtener los objetivos generales.
Uno de los elementos en el que más hemos trabajado -y seguimos
haciéndolo- es en el establecimiento de un sistema de identificación
y registro de los bovinos. Hoy, después de muchos esfuerzos e
inversiones por parte de todas las administraciones implicadas,
podemos decir que el sistema está implantado en España y que nuestros
bovinos están identificados y registrados. Este elemento es la base
para cualquier sistema de trazabilidad que queramos implantar y por
eso tiene para nosotros una prioridad máxima. En esta línea seguimos
trabajando para poder perfeccionar el sistema y asegurar un óptimo
funcionamiento de la base de datos nacional, denominada Simogan. Para
conseguir este perfeccionamiento y obtener la máxima colaboración de
todo el sector, hemos ligado estrechamente la obtención de cualquier
tipo de ayuda a un correcto cumplimiento de la legislación sobre
identificación y registro. Ningún animal que no esté correctamente
identificado y registrado podrá obtener una ayuda, ni nacional ni
comunitaria.
Otro elemento importante que ya contempla la legislación actualmente
en vigor, que también contribuye al objetivo de ofrecer una mayor
información y transparencia al consumidor, es el apoyo que desde el
ministerio venimos dando a los programas de carne de vacuno de
calidad que etiquetan su producto y están sometidos a un control
externo. En el año 2001, el citado sistema de apoyo ha acogido a 90
programas de calidad en toda España, con una subvención de 295
millones de pesetas.Para el año 2002 hemos incrementado el presu
puesto
en esta línea hasta los 350 millones de pesetas y vamos a introducir
ciertas modificaciones, entre las que me gustaría resaltar la
obligatoriedad de tener establecido un sistema de etiquetado
voluntario, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria sobre
el etiquetado de la carne de vacuno.
Para completar estas actuaciones, resulta imprescindible el
establecimiento de un marco jurídico nacional que regule y orden
todos los aspectos zootécnicos, sanitarios y medioambientales que
deban ser de aplicación a las explotaciones de vacuno, lo que va a
contribuir a una mayor eficacia de las medidas propuestas. Este marco
jurídico tendrá rango de real decreto, otro de los tres reales de
decretos de desarrollo del plan, y contribuirá, de manera decisiva, a
clarificar las condiciones que deben reunir las explotaciones de
vacuno en nuestro país. Esta normativa armonizará el tratamiento de
las explotaciones a escala nacional y, por tanto, introducirá grandes
dosis de transparencia y de igualdad de oportunidades. En ese marco
de ordenación es donde creemos que debe abordarse la definición de
ganadería integrada que, sin llegar al nivel de exigencias de la
producción ecológica, asegurará elevados estándares de calidad
respeto al medio ambiente y bienestar animal. Este nuevo estándar de
producción podría, además, abarcar un mayor número de explotaciones
que la simple ganadería ecológica.
En cualquier caso, la crisis y las nuevas orientaciones que el sector
debe asumir significan un importante reto para los productores. El
reto será convertir las nuevas exigencias del consumidor en valor
añadido. Se trata de seguir las indicaciones de la sociedad sin que
las rentas se vean seriamente afectadas. En este proceso de
reconversión las explotaciones de vacas nodrizas son las que mayores
dificultades pueden tener debido a sus características. De manera
natural se encuentran en las zonas más desfavorecidas del país y
además están muy ligadas al medio. Además, en muchos casos tienen un
tamaño muy reducido. Estas condiciones hacen que su estructura sea
rígida y que se dificulte su evolución. Por otra parte, la existencia
de derechos a la prima hace que el acceso a las ayudas, que son
fundamentales para poder mantenerse en el sector y la puerta de
acceso a las nuevas ayudas del sobre, que son las que deben apoyar la
reorientación de muchas explotaciones, esté condicionado a la
posesión de aquellos. Hoy, el precio de un derecho de prima a la vaca
nodriza es un bien escaso y hay aproximadamente 400.000 vacas
nodrizas por encima de nuestra cuota. El precio se sitúa por encima
de las 100.000 ó 120.000 pesetas, y este precio elevado de los
derechos es otro handicap más que tienen las explotaciones pequeñas
de vacas nodrizas para poder crecer y afrontar esa reorientación que
será necesaria para el futuro.
Con el objetivo de apoyar las explotaciones que tienen interés en
afrontar estos cambios necesarios y que en algunos casos estarán
obligadas a crecer, es por lo
que vamos a poner en marcha un programa de redistribución de
derechos. La idea, como comprenderán SS.SS., está tomada del Fondo
Nacional de Cuotas Lácteas, que está dando un buen resultado y que
desde un primer momento contó con el apoyo de la mayoría de los
profesionales del sector.
Los principios básicos del sistema son: que el Estado comprará
derechos a los productores que voluntariamente quieran abandonar el
sector; el precio de compra se situará ligeramente por debajo del
precio del mercado. Con esta medida se trata de que este programa
tenga un cierto efecto de estabilización de los precios. El pago de
los derechos abandonados se hará en un solo pago y durante la campaña
en la que se abandonen y el acceso a este abandono será compatible
con la jubilación anticipada. En esta medida de abandono se dará
prioridad a los productores de más edad y a los que tengan menor
número de cabezas. Los derechos así adquiridos se distribuirán entre
los ganaderos que reúnan unos requisitos mínimos y que, de acuerdo
con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales,
deban ser considerados prioritarios. Los derechos se concederán a
mitad de precio del valor por el que se adquirieron y con esta medida
se facilita el acceso a productores con menos recursos económicos. Al
no ser gratis, nos aseguramos de que los productores que acceden a
este sistema sean profesionales y tengan cierto grado de interés de
permanencia en el sector. Este abandono y redistribución de derechos
se hará a escala nacional y con criterios nacionales, aunque se va
a respetar un porcentaje fijo de distribución de derechos en la misma
comunidad en que se abandonaron para no contribuir a una excesiva
deslocalización de la producción.
Actualmente este asunto se está negociando con los servicios de la
Comisión para ponerlo en práctica en el año 2002; de hecho, en el
proyecto de presupuestos que hemos presentado, que se debate en esta
Cámara, ya existe una dotación de 1.400 millones de pesetas para esta
cuestión. Este fondo de derechos se regulará en otro de los reales
decretos que aprobará el Gobierno.
Para terminar mi intervención, quiero dejar muy claro que la
intencionalidad del Gobierno a la hora de elaborar y consensuar este
plan es abordar una reorientación de las políticas en el sector de la
carne de vacuno que cuente con el apoyo de todas las administraciones
y de los profesionales del sector. Queremos atender las demandas del
consumidor y mejorar la imagen que tiene la sociedad del sector. En
ningún momento se pretende la desaparición de explotaciones
ganaderas, sino que lo que hacemos es instrumentar los mecanismos
para hacerlas competitivas, de acuerdo con las nuevas demandas del
consumidor. Hemos tenido en cuenta las características especiales de
los sistemas de producción de todas las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de portavoces. En primer lugar,
por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Parlamentario
Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra su portavoz,
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Empezaré, como siempre, agradeciendo la
comparecencia del señor ministro para hablar de un tema francamente
importante y que afecta a un sector del que vive mucha gente. Esto no
es un reproche, para nada, porque aquí prácticamente no hay nada que
reprochar, pero cuando se producen las comparecencias, señor
ministro, todas estas directrices y líneas generales del Gobierno ya
se filtraron a los medios de comunicación, ya lo sabe todo el mundo.
Da igual, pero lo normal es que una Cámara tenga oportunidad de
discutir con tiempo suficiente, que sea uno de los primeros foros
donde se discutan algunas cuestiones. No lo digo como un reproche
sino simplemente porque lo que usted nos está anunciando hoy ya lo
sabemos todos porque lo leemos en los periódicos. En todo caso, usted
viene a informar que, desde el punto de vista del Gobierno, existe un
exceso de producción para la demanda que hay en este momento y existe
también la necesidad de fomentar la producción de carne de calidad y
recuperar la confianza del consumidor en buena parte debido a la
crisis de las vacas locas que se sufrió hace poco tiempo.
Lo que quiero decirle para empezar es que lo de cambiar el modelo de
producción me parece estupendo, es lo que nosotros venimos
defendiendo. Lo que no acabo de entender muy bien es qué relación
guarda cambiar este modelo basado en una alimentación natural del
ganado, en la tierra y en los forrajes vegetales con el tamaño de las
explotaciones. No sé en principio qué relación guarda una cosa con
otra, pero en todo caso alguna debe de guardar.
El Gobierno nos presenta un plan con una serie de medidas que en
algunos casos son razonables y en otros tienen apariencia de
razonables, pero que al final, señor ministro, ya sé que usted lo
acaba de negar en su primera intervención y lo seguirá negando en las
siguientes, a mí me parece que van a perseguir como uno de los
objetivos fundamentales, y así le parece a mucha gente del sector, la
disminución del número actual de productores. En la práctica se va a
fomentar la disminución o la desaparición de las explotaciones
pequeñas y medianas y mucho nos tememos, señor ministro, y ojalá nos
equivoquemos, que al final esa disminución de producción se va a
hacer a costa de este tipo de explotaciones pequeñas y medianas. A
nosotros no nos parece eso una buena solución porque va a tener, como
usted de alguna manera también se refirió aunque fuese colateralmente
-que es un término de moda actualmente-, una especial repercusión en
algunas comunidades autónomas, en concreto en Galicia, y también en
otras que tienen un tipo de explotaciones parecidas.
Usted sabe que el número de pequeñas y medianas explotaciones en
lugares como Galicia es muy elevado, no sólo en términos absolutos
sino también en términos relativos, y son este tipo de pequeñas y
medianas explotaciones las que contribuyen de manera muy importante a
fijar esa población rural de la que ustedes siempre nos hablan, pero
que luego esa política que ustedes practican no se ve corroborada en
los estudios demográficos que hace el Instituto Nacional de
Estadística. Resulta que no se aumenta la fijación de la población
rural, sino que desaparece a toda velocidad. Digo esto porque ustedes
afirman constantemente: uno de los objetivos de nuestra política es
fijar población rural, porque si no hay población en el medio rural
esto es pernicioso. Pues en el caso de Galicia usted sabe que
desaparece a ritmos agigantados, y algo tendrá que ver con esas
políticas que está haciendo el Gobierno, y esta medida que se va a
tomar va a contribuir aceleradamente a la desaparición de esa
población de la que tanto se habla que es necesario que esté.
Tengo que decirle, no sé si estos datos son ciertos, pero figuran
públicamente, que de las 77.600 explotaciones que tiene Galicia más o
menos 37.000 tienen menos de seis vacas, con lo cual podríamos decir
sin arriesgar mucho que estas 37.000 de entrada están en peligro.
Esto que le estoy diciendo aquí, como usted sabe muy bien, también lo
perciben organizaciones sindicales, organizaciones de productores,
todos ellos muy preocupados y contrarios a los términos en los que se
está basando la reforma propuesta por el Gobierno. Es verdad que el
sector productor de carne tiene problemas, uno de ellos derivado del
incorrecto, y en la práctica discriminatorio, reparto de las ayudas
comunitarias. Vuelvo a insistir en el tema de Galicia porque es más
que evidente que hay una distribución de las primas que otorgan estos
derechos muy por debajo del número real de cabezas de ganado, eso lo
sabemos todos; o los derivados del tema de los precios, que usted ha
venido a afirmar en su intervención que más o menos gracias a las
medidas de intervención del Gobierno, etcétera, se consiguió la
mayoría de los meses mantener unos precios semejantes a los que
tenían antes de la crisis de la EEB. Menos mal que hizo usted
referencia al mes de octubre, porque ahí cayeron otra vez en picado
dándose los casos, como sabe usted, de las famosas vacas de desvieje
que prácticamente hay que regalarlas porque total para lo que cuestan
no sé si compensa el transporte al mercado, es decir, que la cosa por
ahí no está ni mucho menos solucionada. El nivel de renta, no
solamente debido al que se perdió en los momentos álgidos de la
crisis, sino a que esos precios aún no se recuperaron para muchos ni
por asomo, a pesar de que se acercasen unos más que otros, está ahí
también. Menos mal que me reconoce que en octubre esto cayó y que es
necesario seguir actuando en ese terreno porque si no la cuestión
seguirá parecida.
Decía que tienen propuestas positivas. Usted insistió en alguna de
ellas y a mí, desde luego, me parece bien, por ejemplo, esa que
propone aumentar las ayudas para las producciones consideradas sanas,
seguras y de calidad. Ahí estoy de acuerdo, pero el problema en el
fondo no va a ser ese. El problema es que volvemos a lo que le decía
antes, que, al final, las explotaciones pequeñas van a tender a
desaparecer. Usted nos propone un plan, por ejemplo, de
redistribución de los derechos similar al que se planteó en el sector
lácteo y que usted ve como muy satisfactorio. Yo estoy convencido de
que para los que vayan quedando en el sector también lo será, pero,
desde luego, fue muy poco satisfactorio para los que tuvieron que
desaparecer a marchas forzadas. Ese es el problema, ese sistema de
redistribuir lo que hay sin aumentar que al final nos lleva a lo de
siempre, es decir, disminuimos las explotaciones y mantenemos unas
más grandes, pero el sector por ahí no avanzará. En el sector lácteo
está claro. Siempre lo mantuve en esta Comisión. Los colegas
diputados y el señor presidente están cansados de oírme una y otra
vez lo mismo. Si uno hace una reestructuración sin aumentar la cuota,
obviamente, lo que hace es un sector más raquítico pero no más
preparado para competir cuando, a lo mejor, acabe el mercado de las
cuotas en 2002. El otro día volví a leer un informe -no sé si era del
Tribunal de Cuentas Europeo o de otro órgano- en el que se vuelve
a hablar de esta cuestión. Eso va a estar ahí y ya veremos las
consecuencias que tiene en su momento, sobre todo sin un sector
industrial detrás. En fin toda esa serie de cosas que todos, más o
menos, sabemos.
Señor ministro, para llegar al sector es necesario consensuar estos
planes, y usted ha hecho referencia a ello o, si no es así, lo leí en
algunas declaraciones. Es obvio que hay que consensuarlo con las
comunidades autónomas y también, desde luego, con las organizaciones
representativas del sector, incluso diría que con todas. Digo esto
porque consensuar no solamente es oír al que está al lado. Uno puede
estar oyendo las propuestas de las organizaciones y no hacerles ni
caso. Le voy a citar alguna de las medidas que propone, supongo que
poco sospechosas, como es la Mesa de la carne de Galicia, en la que
se agrupan organizaciones sindicales, cooperativas y el sector
transformador y comercializador, que sin duda usted conocerá, y, si
no es así, sería una pena, y que hacen hincapié, por ejemplo, en
cuestiones tan básicas como que, para empezar, cualquier plan debe
tener en cuenta el modelo productivo específico de cada comunidad. No
se podrá hacer un plan igual para todo el Estado español porque las
realidades productivas son distintas. Propone también algunos
criterios o medidas para la concesión de primas especiales al
sacrificio de vacunos machos -que se lleva discutiendo tanto tiempo-
y que se haga de acuerdo a los kilos. Plantea la exención de
penalizaciones en el caso de sobrepasar esos famosos derechos de
primas globales para aquellos terneros criados en ciclos
cerrados. Esto, además, parece que sigue la línea que apunta el
ministerio de fomentar esas producciones de calidad.
Asimismo, proponen impedir la compraventa de los derechos de vacas
nodrizas a las que usted hizo referencia, porque, efectivamente, no
solamente está dando lugar a un fenómeno especulativo, sino que, al
final -y usted nos habla de estas cantidades y, efectivamente, son
así o a veces mayores- lo que está pasando es que los propietarios
con mayor poder adquisitivo son los que se están haciendo con estos
derechos. Esto contribuye, una vez más, a concentrar los derechos en
pocas manos. Todos sabemos que se están retirando estos derechos de
las zonas deprimidas y usted hacía referencia a que el Gobierno
trataría de no contribuir excesivamente a la deslocalización de los
derechos, pero eso es lo que está pasando porque ganaderos con
dificultades económicas tienden a vender. Naturalmente. Y ¿quién
puede comprar? Pueden comprar, efectivamente, los más poderosos. Esa
es la realidad y lleva a una concentración en este terreno frente a
la cual me parece que el Gobierno tendría que hacer algo más y,
efectivamente, impedir esa compraventa a lo mejor sería una buena
idea. También hay propuestas tan elementales, desde nuestro punto de
vista, como que se defina la figura del pequeño productor. Es una
figura que debería ser, según nuestro criterio, apoyada por la
Administración. Otra propuesta es que la gestión de los MER se
garantice por la Administración y no se impute a los ganaderos.
Nosotros creemos que medidas como estas -no digo que sean la solución
mágica para el sector porque soluciones mágicas no hay- son,
probablemente, otra visión de cómo se ayudaría a configurar un futuro
mejor para el sector productor de carne, más ligado a la tierra, a la
alimentación natural del ganado. Así se podría conseguir esa carne de
calidad que todos deberíamos querer que hubiese a disposición de los
consumidores, la demanden o no. Es una obligación garantizar que lo
que llega al mercado efectivamente esté en buenas condiciones.
Permitiría también fijar esa población rural que se dice, querer
fijar, pasando a depender de subvención, como está ocurriendo en
muchos casos, o siendo expulsados los excedentes agrarios sin que esa
mano de obra sea absorbida por otros sectores, que es también lo que
está pasando. Me limito a decir que creemos que, efectivamente, hay
otras posibilidades.
Por último, y voy a acabar, señor ministro, porque tendremos tiempo
de hablar sobre esto en sucesivos debates, usted hizo referencia a
que no se trataba de ir contra las explotaciones pequeñas y tal.
Quiero entonces que nos conteste en su segundo turno de intervención
si cree que este plan del Gobierno no va a hacer desaparecer
sustancialmente las explotaciones pequeñas y medianas o si, por el
contrario, sería mejor que nos anunciase con este plan cuántas
explotaciones calcula que desaparezcan. Digo esto porque si vamos a
dimensionar las explotaciones por el sistema, vuelvo a insistir, de
redistribuir lo que hay, alguien tiene que desaparecer -para que
alguien aumente su dimensión alguien tiene que desaparecer- porque
los trechos no van a aumentar. Díganos una de dos, si ustedes creen
que este plan se dirige a garantizar la actividad de estas pequeñas
explotaciones o si no, díganos -yo creo que es mejor- cuántas
explotaciones tienen previsto que desaparezcan una vez que se empiece
aplicar este plan; si no lo iremos sabiendo poquito a poquito a
través de las preguntas; pregunta por escrito: Señor ministro de
Agricultura, díganos cuántas explotaciones han desaparecido en el
periodo 1999-2001, en fin. Sería mejor aclarárselo a la gente y que
así nos enteremos todos de qué va un poquito esto.
Nada más y, perdone, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor ministro, nos imaginamos que cuando
usted aborda la intención de elaborar tres decretos es porque se
considera competente y que, por lo tanto, la responsabilidad de lo
que resulte en ellos será suya y no se la podrá imputar a Bruselas ni
a las comunidades autónomas ni a nadie, porque será usted el que los
redacte. Veremos después si estos tres famosos decretos que se nos
anuncian merecen la pena y el nombre de decretos o a lo mejor con una
orden ministerial bastaba y sobraba. Si queremos reordenar a fondo un
sector como el vacuno, lo primero que hay que hacer es partir de la
realidad que tenemos y ver cómo queremos que evolucione esta
realidad, tenemos que tener unos fines y unos propósitos claros. Ya
es extraño intentar abordar la reordenación profunda del sector
ganadero sin tener en cuenta los otros, pero vamos a pasarlo por alto
y a suponer que eso es factible. Lo que ya resulta muchísimo más
chocante es que se intente abordar la reforma del sector vacuno sin
hablar para nada de las bases territoriales ni de los ecosistemas ni
de los sistemas de alimentación que tenemos. Aquí hay que partir de
lo que se tiene. ¿Qué tenemos nosotros fundamentalmente en el sistema
de producción de carne en España? Algo que es original nuestro y que
normalmente no se da en otras zonas de Europa o se da con mucha menos
intensidad. Tenemos zonas de vacas productoras y en un porcentaje muy
elevado -bien en la zona norte de los pastizales húmedos, bien la
zona sur adehesada, zonas que usted conoce muy bien- los terneros
españoles, que se destetan a los tres o cuatro meses, son muy
viajeros, son llevados a muchos kilómetros y allí son cebados de
manera intensiva en una ganadería de carácter industrial. La primera
pregunta concreta que le hago, más allá de las palabras y, si es
posible, a ver si me la puede responder con concreción, es: ¿van a
seguir ustedes
apoyando este sistema o quieren corregirlo? Si lo quieren mantener,
es una posición, si lo quieren corregir, es otra, pero en ese caso
tendrán que decirme cómo. Es un tema compatible con la PAC, con
cualquier normativa comunitaria, con las competencias que tienen las
comunidades autónomas, con todo. Esta es una decisión de su Gobierno
que en política ganadera es enormemente importante. Si realmente
quiere entrar en profundidad en que abordemos la reordenación del
sector de vacuno y tienen ustedes claros los fines sobre cómo
hacerlo, más allá de la prima tal, la prima cual, etcétera, entonces
nos tendrán que decir con qué recursos económicos cuentan y los
calendarios para hacerlo. Además expliquennos los dineros con
claridad. Ofrézcanos un presupuesto claro, señor ministro,
diciéndonos que el dinero de Bruselas es éste, el dinero que va a
aportar el Estado es este otro, el dinero que vamos a pedir y vamos a
intentar que pongan las comunidades autónomas es este otro. Así
sabremos qué dinero tenemos para cumplir los fines que usted
pretende. A ver si después de tanto estamos hablando de 5.000
millones de pesetas para repartir y para reordenar todo el sector.
Hagan una orden ministerial modesta, con eso sobra; no hay que hacer
los tres decretos ni muchísimo menos.
Si queremos reordenar la demanda, que a usted le preocupa, claro que
hay que reordenar la oferta. Hay que reordenar la oferta de vacuno
porque la demanda está muy contraída y los precios están por los
suelos. Vamos a tomar medidas, pero de verdad. Etiquetemos la carne,
pero toda. Si vamos a proceder a etiquetados facultativos diciendo
que estamos haciendo un esfuerzo de etiquetado no es aceptable;
etiquetemos toda.
Entremos a fondo en el mundo de los piensos. Es muy difícil también
hablar de la reordenación del sector de la carne sin entrar a fondo
en el tema de los piensos. Seguimos teniendo problemas con
etiquetados de piensos. Hemos tenido graves problemas con los
etiquetados y con los contenidos de los piensos. Tendremos que entrar
también y reordenar ese sector. Habrá que obligar a ello y tendremos
que dar las normas pertinentes para que eso ocurra. Si, como
consecuencia de todo ello va a haber una pérdida de explotaciones,
que probablemente la haya, habrá que cuantificar cuál es y los ritmos
a que el Gobierno prevé que se van a ir perdiendo esas explotaciones.
Habrá que establecer criterios de priorización en las ayudas y en las
primas que se den; esos criterios de priorización podrán ser
discutibles: si vamos a sujetar la población o no a un determinado
territorio, si vamos a primar elementos de eficacia económica, si
vamos a tener en cuenta criterios económico-sociales, son criterios
que habrá que fijar, compatibles por supuesto con la normativa
comunitaria, y por supuesto con todas las competencias que tengan las
comunidades autónomas. Es decisión suya, decisión del Gobierno. Una
vez que hayamos establecido ya cuál es el ritmo y hayamos tipificado
este tipo de explotaciones sería bueno establecer si esos recursos
tenemos que modularlos o no -nosotros sí somos partidarios
clarísimamente de que se modulen-. Después tenemos que ver qué nos va
pasando, y ver los derechos, como el de la vaca nodriza por poner un
ejemplo, para ver qué va pasando con ese mercado que se está
estableciendo ahí, decidiendo si queremos que siga, si es un mercado
totalmente libre o no, o si por el contrario todo ha de ir encauzado
a través de la reserva nacional que sería nuestra posición. Esas son
cosas que hay que decir. Tenemos que empezar a definir claramente y
a cualificar las explotaciones, haciendo un baremo de las explotaciones
y concretándolas por territorios, por zonas, unidos a la base
territorial; esas clasificaciones las tendremos que hacer.
Si queremos entrar también en elementos de sanidad, respetando por
supuesto todas las competencias de las comunidades autónomas y toda
la normativa comunitaria, habrá que establecer la famosa
coordinación; por cierto nosotros siempre decimos coordinación
imperativa en el sentido de que la Constitución le da a usted la
ordenación general como competencia exclusiva del Gobierno, la
ordenación general de la economía y todo lo que de ella se deriva.
Nos parece gravísima la dejación del Gobierno de esa parte porque es
básica.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, se le va a terminar el tiempo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Voy terminando inmediatamente, señor
presidente.
Independientemente de todo ello, en esta gestión de coordinación
sanitaria, son las administraciones las que tienen que realizar la
gestión correcta de los MER y no se pueden imputar a los ganaderos.
Tampoco se puede tener a los ganaderos de una manera indefensa. A los
ganaderos tenemos que garantizarles mecanismos para poder contrastar
los resultados de los análisis, de las inspecciones y de las pruebas
que se hacen, porque es un derecho que tienen. Si hablamos de todo
esto, si las respuestas que usted nos da son mínimamente positivas,
podremos hablar de reordenación de un sector ganadero y reordenación
del sector del vacuno. Si no, desgraciadamente, como en muchísimas
ocasiones, tendremos que decir solamente: palabras y palabras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Voy a ser muy breve.
Usted ha hablado de la situación del sector productor del vacuno y se
ha referido a tres reales decretos que tiene preparados diciendo que
con toda seguridad se publicarán a finales de este año o principios
del próximo. Yo le rogaría, señor ministro, que antes de que estos
decretos lleguen al Congreso para debatirlos se
discutan en las mesas sectoriales en todas las comunidades autónomas,
porque ellas tienen competencias en ese tema y estamos hablando de la
reestructuración y de la producción. En el Estado español hay
diferentes tipos de producción y alimentación y, por tanto, el tema
es lo suficientemente complejo para que salgan unos reales decretos
consensuados, que permitan el desarrollo de los diferentes tipos de
ganadería que hay en el Estado español, ya que de lo contrario podría
darse el caso de que saliese un solo modelo que favorecería a algunos
-quizás a los más competitivos-, pero podría olvidar a algunas zonas
del territorio. Por tanto, señor ministro, lo primero sería debatir y
canalizar con los responsables de las comunidades autónomas estos
temas, sobre todo antes de que los decretos vean la luz y antes de
que tengamos la posibilidad de debatirlos en el Congreso.
Me voy a referir a otros temas muy brevemente. Usted se ha referido a
un asunto al que siempre le he dado mucha importancia, que es el de
la calidad de los alimentos. Se ha referido usted a la confianza del
consumidor; sin confianza el consumidor no va a consumir, y por tanto
las diferentes producciones difícilmente serán rentables. En este
momento existe ya un régimen de etiquetado, por ejemplo, en el caso
del bovino. También existe la posibilidad de que las comunidades
autónomas puedan realizar un etiquetado, de carácter voluntario.
Quiero hacerle una reflexión de tipo personal. Tengo la sensación de
que los etiquetados que existen ahora son estrictamente sanitarios,
pero no llevan la información que el consumidor querría. Yo no digo
que no se tenga que hacer desde el punto de vista sanitario un buen
seguimiento, pero se podía avanzar en algunos temas, por ejemplo: el
tipo de alimentación, zona de la que vienen, la fecha del sacrificio,
etcétera, aspectos que desde el punto de vista del control sanitario
pueden ser menos importantes, pero no lo son desde la óptica del ama
de casa que va al mercado y que quiere saber de qué zona o qué tipo
de alimentación o qué edad tiene la carne del animal que va
a comprar. También hay que ser consciente de que demasiada información
no se puede dar porque la etiqueta sería incomprensible. Habrá que
hacer unas etiquetas que sean comprensibles, que tengan esa dualidad:
que nos puedan dar un seguimiento sanitario del animal pero que
aporten también información que dé más confianza al consumidor.
Ha hablado de la intervención pública que se ha hecho. Nos
felicitamos porque ha sido una buena acción la que llevado el
Gobierno, pero en este momento sabe que la carne almacenada hay que
ponerla en circulación porque los almacenes están a tope, por tanto
habría que hacer algún esfuerzo al respecto. Hay experiencias, por
ejemplo, con leche escolar en el FEGA. Habría que pensar en la
posibilidad de que la carne almacenada de vacuno pudiese llegar al
gran consumo en hospitales o grandes colectividades. Habría que pen
sar
qué podemos hacer para rebajar las concentraciones que hay de carne
en los frigoríficos. En el caso de la carne de vaca, que también se
ha tenido que intervenir y de la que hay gran cantidad, habría que
ver la posibilidad de que se pudiese llevar a la industria cárnica,
buscando los precios equivalentes.
Una última reflexión, señor ministro. Deseo saber si el Ministerio
tiene alguna previsión para la reestructuración y reconversión de la
industria de fabricación de harina de carne y de hueso, pensando en
la incertidumbre que se puede dar a partir del uno de enero de 2002.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias al señor ministro por la
extensa información que nos ha dado en esta Comisión. Señor ministro,
se va a marchar con nota alta de esta comparecencia a tenor de las
intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Todo el mundo
está de acuerdo en que hace falta una reordenación del sector,
independientemente de los matices. También es entendible, visto que
en esta Comisión están representadas no sólo fuerzas políticas de
ámbito nacional, sino de distintas regiones y comunidades autónomas,
lo difícil que le ha de resultar a usted en las conferencias
sectoriales tratar de aglutinar criterios y acuerdos para que al
final la política que se tenga que presentar por el ministerio en las
negociaciones que lleva con la Unión Europea sea viable y pueda
beneficiar a todas las partes.
Ha habido un cambio espectacular en la producción de ganado vacuno
después de la reforma de 1992, cambiando el criterio de apoyo a la
pérdida de las rentas por la importante bajada de los precios. Se
puso la cláusula de los 90 animales por explotación con derecho a
primas. Hubo un aumento del 20 por ciento del pago de las primas para
compensar la bajada de los precios. Como bien ha dicho usted, según
los datos del ministerio la producción ha crecido un 23 por ciento y
un 12 por ciento más de número de animales por explotación, lo cual
según los datos que obran en nuestro poder deja a comunidades, como
Galicia, con una dispersión y unas unidades por explotación por
debajo de lo que es la media nacional. La clave de este salto
cualitativo y cuantitativo del sector productor del vacuno español ha
estado basado en la exportación que, como ha reflejado muy bien,
habida cuenta de que en los últimos meses hemos padecido la EBB y
alguna otra cuestión relacionada con sectores ganaderos, ha producido
la pérdida de una exportación que a España le venía de maravilla,
especialmente en el caso de Italia y de Portugal. Conseguimos un
aumento de número de primas, crece su explotación. Se consigue una
regulación del sector. Bien es cierto que, como usted sabe y no se ha
dicho en esta Comisión, el aumento de la producción no es real
en el cien por cien, teniendo en cuenta que cuando se hicieron las
primeras declaraciones hubo consejerías de gobiernos autónomos que
presionaron más o hicieron mantener una serie de garantías, desde el
punto de vista de lo que eran las cartillas ganaderas, y eso ha
llevado a que haya comunidades autónomas que actualmente están muy
por debajo de las producciones de animales bovinos según sus derechos
históricos. Caso grave son las penalizaciones que está soportando el
sector. En este año aproximadamente es un 75 por ciento, lo cual
quiere decir que bajamos de cobrar 90 animales por explotación a una
media de unas 60 cabezas.
Dicho esto, quisiera preguntarle si con la normativa actual el Estado
español estaría en condiciones de hacer una regulación, de bajar por
explotación el número de cabezas, adecuándolo a lo que sería para no
tener esas sanciones por parte de la Unión Europea; o ya que hemos
entrado durante estos últimos meses en el capítulo de regionalización
en cuanto a las cuotas de algún producto cerealista, si también el
ministerio está trabajando en la posibilidad de que sean las
comunidades autónomas las que pudieran tomar este tipo de acuerdo.
Las consecuencias de la EEB, sin tener prácticamente nada el Estado
español, han sido desde nuestro punto de vista muy negativas para el
sector: han dado una mala imagen para el sector, lo que ha retraído
el consumo; ha habido unos precios ruinosos durante unos meses para
todos los productores y ha habido también pérdida de la exportación,
que a nuestro juicio sigue siendo, tal como usted ha dicho en su
intervención, el talón de Aquiles, por lo que habría que hacer
también esfuerzos importantes para recuperarla. La verdad es que se
ha ido solventando; estamos viendo los precios testigo que el
ministerio está enviando a Bruselas en los últimos meses y hay una
recuperación importante por el sector, especialmente por el consumo
interno, pero no acabamos de recuperar la exportación. Hasta aquí he
expuesto resumidamente los hechos de los últimos meses y años en
cuanto al productor.
A partir de ahora el señor ministro nos presenta una batería de
actuaciones que desde nuestro punto de vista persiguen unos objetivos
claros, concretos y -lo más importante- alcanzables. Otra cuestión es
que no está en manos del ministro ni del Ministerio de Agricultura
que el sector reaccione en la dirección que usted ha planteado esta
tarde, porque eso significaría a nuestro juicio tener unas
explotaciones viables y poder seguir siendo competitivos en el
mercado en el ámbito de la Unión Europea. Ahora bien, se enciende una
luz ámbar, que no es roja todavía, y estamos otra vez ante conceptos
de distintos puntos de la Unión Europea, especialmente de los países
del centro y norte de Europa, capitaneados por su homóloga ministra
de Agricultura alemana, desde donde se intenta colocar los sistemas
de alimentación. El señor Amarillo y el señor Vázquez se referían
anteriormente en relación con los distintos sistemas de alimentación,
a que, habida cuenta de la
tradición que pueda haber en Galicia o en la cornisa cantábrica,
encajan en esas zonas a la perfección, pero lógicamente en el resto
del Estado español podríamos vernos con graves problemas si
triunfaran las tesis de estos países, porque están intentando colocar
el mensaje de que el animal consumidor de hierba es sano y el
consumidor de cereales y paja, que es el sistema tradicional español,
tiene riesgos. Ante estas afirmaciones hemos hecho indagaciones y la
verdad es que no hemos sido capaces de encontrar ningún sitio donde
nos lo aclaren, porque tan peligroso puede ser un animal que come
hierba y al que después se le apliquen una serie de productos en su
proceso alimentario como el que se alimenta según un sistema
intensivo como es el español. En cualquier caso, yo quiero pensar -y
así se está viendo- en el esfuerzo que están haciendo el sector y el
ministerio desde el punto de vista de la aplicación de estas nuevas
normas que procuran regular la calidad y la seguridad alimentaria.
Esta es una batalla importante que usted tendrá que defender en
Bruselas, porque a nuestro juicio dar pasos en el sentido indicado
podría poner en grave riesgo a un sector tan importante que fija
población realmente no sé si en todas las comunidades autónomas, pero
sí donde hay cultivo o explotación intensiva de estos productos.
Dicho esto, me atrevería a hacer una propuesta que puede ser hasta
atrevida en esta Comisión en relación con lo que decía anteriormente
el responsable del Bloque Nacionalista Gallego respecto al sistema de
alimentación y a los derechos de las vacas nodrizas. Habida cuenta de
los planteamientos que está haciendo la Unión Europea, no sería una
cuestión descartable ni estaría fuera de lugar el hecho de tratar de
destinar con estas políticas que usted ha anunciado numerosas normas
y numerosos conceptos a la hora de primar una serie de actuaciones
tendentes a que las explotaciones tanto de Galicia como de la cornisa
contábrica se convirtieran realmente en la mina -por llamarlo de
alguna forma- de terneros que posteriormente se podrían cebar en
zonas tradicionales. De hecho, eso nos llevaría a una menor
importación de animales -como es bien sabido últimamente proceden de
Francia y también de Portugal- y a que se pudiera dar mayor salida y
mayor potencialidad a las producciones en estas zonas que en muchos
casos están degradadas y, como estamos viendo por los datos que
tenemos, son comunidades de explotación bastante pequeñas. En
cualquier caso, en el sistema de producción española: competitividad,
calidad y control; en la calidad de la carne estamos asistiendo
durante estos últimos meses a la aparición de alguna certificadora, y
recuerdo que he leído varias cosas estos días con relación a
Certicaf. Ya hay bastantes ganaderos que están entrando en esta línea
de producción. Me parece que son los pasos que hay que ir dando. El
propio sector se ha dado cuenta y aunque hay un porcentaje mínimo de
ganaderos, en algún caso de mataderos, que hayan podido cometer
irregularidades,
el propio sector ha tomado buena nota, ha tomado conciencia de que,
como bien decía usted anteriormente, son los consumidores los que
marcan, los que tienen las demandas. En definitiva, habrá que
decirles a esos consumidores que una mayor garantía, una mayor
calidad supone también un mayor precio que tendrán que estar
dispuestos a pagar.
Una referencia rápida al tema del transporte. En cuanto a la
directiva comunitaria, los 500 kilómetros tienen que ser
necesariamente abrogados en cuanto a los descansos preceptivos del
ganado. Esta también nos parece una medida muy de centroeuropa porque
los puestos de sacrificio en un radio de 500 kilómetros pueden
alcanzar distintas opciones y en el caso de España tendríamos una
penalización. En cualquier caso, señor ministro, habría que plantear
en la Unión Europea -a buen seguro que ya lo habrá hecho usted- una
normativa de obligado cumplimiento para los Estados miembros, pero
cuando la Unión Europea exporta carne a Líbano o a terceros países
esa normativa se la pasan por donde... -perdón por la expresión- . El
transporte de los animales tiene que estar totalmente garantizado,
pero son los propios ganaderos a quienes interesa que los animales
lleguen al sacrificio en las mejores condiciones, porque eso tiene
una repercusión directísima sobre el precio final.
En relación a la EBB haré una referencia muy concreta. Los casos que
ha habido en España los tenemos exactamente controlados, pero hay un
dato muy importante y es la edad mínima de los animales que han
salido con priones de EBB. Sabe usted que el 1 de enero era de
obligado cumplimiento que las industrias cárnicas y los mataderos
tenían que tener una máquina succionadora de la espina dorsal para
todos los sacrificios de animales de 12 meses. Durante esta última
semana hemos oído -creo que al comisario de Sanidad, no recuerdo
exactamente si era él- que se hablaba de la posibilidad de ampliarlo
a animales de 24 meses. En este caso el noventa o noventa y tantos
por ciento del sacrificio que se produce en España de terneros
bovinos está situado en edades que oscilan entre los 16 y los 17
meses, con lo cual se quedaría por debajo.
Para terminar, en cuanto al régimen sancionador les pedimos que tal
como están haciendo durante estas últimas semanas consensúen con el
sector exactamente hasta dónde se puede llegar, porque hemos visto
algunas cuestiones que nos preocupan, como el caso concreto de la
pérdida de un crotal (falta de identificación), que es un caso
tipificado como muy grave con denuncias a partir de 9.900.000
pesetas. Esta misma semana, en una explotación ha habido la pérdida
de dos crotales accidentalmente; se dieron cuenta, avisaron
inmediatamente a la zona veterinaria y no ha habido ningún problema.
En el caso de que llegue la zona veterinaria a hacer una inspección y
que esos crotales se hayan perdido, habida cuenta de lo que supone
una denuncia o una sanción de estas características, habría que
trabajar
para ver exactamente si hay posibilidad de flexibilizar y hasta qué
punto se tipifica como muy grave.
Estoy totalmente de acuerdo con los conceptos de ganadería integrada,
me parece que es un paso muy positivo. Existe la expulsión de cobro
por extensificación o por incendio, habida cuenta de los problemas
que hemos tenido durante estos últimos meses. La instalación de
cebaderos comunitarios me parece que es una de las herramientas
claves sobre todo desde el punto de vista de las zonas
desfavorecidas, para aglutinar la producción y poder hacer ofertas
conjuntas, no como hasta la fecha. Aparte están los productos
prohibidos, el ganado correctamente identificado, el sistema de
verificación de carne, primas, vacas nodrizas. La reordenación que
usted plantea es muy ambiciosa, cuenta con medios suficientes;
lógicamente tenemos que contar con la participación de las
comunidades autónomas, pero en definitiva las medidas deben ir en
apoyo de la competitividad, a la recuperación de la garantía y la
sanidad de la carne y también un apoyo decidido a la industria
cárnica española porque ya no es sólo un potencial, sino que está
dando muestras de una gran fortaleza y al final eso es un valor
añadido que se queda dentro de lo que es la economía española.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro para que
conteste a las preguntas y a las reflexiones efectuadas por sus
señorías.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señorías, por todas sus aportaciones. Comprenderán
ustedes que no es fácil abordar un plan de ordenación del sector
productor de carne de vacuno español; no es fácil en un Estado
autonómico que tiene la complejidad de puesta en marcha de las
medidas fundamentalmente basada en la voluntariedad de las decisiones
que tienen que tomar las comunidades autónomas. Me decía don
Guillermo Vázquez: ¿Quiénes van a desaparecer y cuántos? Este es un
plan absolutamente voluntario para los productores y discrecional y
voluntario para las comunidades autónomas que tienen una panoplia de
medidas que pueden aplicar. A ninguna se le obliga a aplicar las
trece medidas o las medidas restrictivas; se les da unas
posibilidades y cada una en su territorio puede apoyar su propio
modelo de producción. Sí quisiera darle un dato -porque a veces
hablamos de oído- en cuanto a las explotaciones que desaparecen
o dejan de desaparecer. Es curioso que el número de explotaciones y de
vacas nodrizas ha crecido desde 1993 a 1999. Por ejemplo, de las
explotaciones que están entre tres y nueve cabezas teníamos 41.000 en
1993 y tenemos 43.000 en 1999; no es un crecimiento espectacular,
pero es un crecimiento. Teníamos un total de explotaciones de 104.000
en 1993 y el dato que manejo son 123.000 en 1999, y las que
descienden son las de cien y más, de las que había 4.000
en 1993 y no llegan a 3.000 en 1999. Si hacemos un banco de derechos,
¿de dónde van a venir los derechos? No exactamente de pequeños que
desaparecen para que crezcan grandes. Si se mantiene la tendencia de
las cifras de 1993-1999, pueden venir de explotaciones grandes para
conseguir consolidar las pequeñas. Por tanto, no entiendo ese debate
que yo he oído mucho, sobre todo en Galicia, de que van a desaparecer
las de menos de 6,6. ¿Por qué? En primer lugar, no sé por qué 6,6 y
no otro porcentaje y, en segundo lugar, el programa no establece el
cierre de ningún tipo de explotación. El programa de compra de
derechos de vacas nodrizas para su redistribución entre ganaderos
prioritarios lo que quiere es comprar a precio de mercado a aquellos
productores que quieren voluntariamente abandonar la producción -que
muchas veces son gentes que se han metido en grandes inversiones que
luego no han sido rentables-, para que luego estos derechos se
distribuyan a bajo precio a productores que deban ser considerados
prioritarios. No creo que nadie considere prioritaria a una
explotación de cien vacas. Eso irá en el sentido común de cada
comunidad autónoma y en el modelo que quiera desarrollar. El Gobierno
lo que hace es ofrecer un abanico de posibilidades a las comunidades
autónomas para que cada una pueda impulsar aquello que considera más
razonable de acuerdo con su realidad productiva.
En el tema de la leche hemos actuado razonablemente bien; hemos
aumentado la dimensión de las explotaciones más pequeñas; hemos
conseguido rentabilizarlas y estabilizar el sector, que además ha
tenido la suerte de que en medio ha experimentado un incremento de
precio.
Este es un programa que se está consensuando a todos los niveles, con
todas las comunidades autónomas y con todas las organizaciones
profesionales, porque lo tienen que aplicar los productores y las
comunidades autónomas. No tendría sentido, señor Amarillo, que nos
inventáramos un programa en una mesa de laboratorio, lo pusiéramos en
marcha y tuviéramos la hostilidad de aquellos que están llamados a
aplicarlo. Por eso estamos tardando en ponerlo en marcha. Señor
Amarillo, probablemente desde que hemos entrado en la Unión Europea
ningún gobierno ha hecho un programa de carácter tan social. Es un
programa que apoya especialmente a las vacas nodrizas; es un programa
que apoya las producciones tradicionales y a las razas autóctonas,
normalmente pequeñas explotaciones, y es un programa que quiere
transparencia en el sistema de etiquetado. En definitiva, es un
programa que tiene un período largo de gestación, que tiene que tener
un contenido social importante y que tiene que tener eficacia.
Es cierto, además, volviendo al portavoz del Bloque que, si repasa la
realidad de Galicia y la compara con las medidas que están en el
programa de ordenación, sobre todo las ayudas adicionales del sobre a
las primas ganaderas, se puede observar que es un programa que
recoge bastante el modelo de producción en esa comunidad y en otras
similares, porque apoya el etiquetado y las marcas de calidad, apoya
las razas autóctonas, apoya las zonas desfavorecidas y apoya a los
ganaderos de vacas que ceban sus propios terneros. Tengo mucho
interés en decir que, sin perjuicio de que sea un modelo que pueda
ser muy adaptable a la realidad gallega o de la cornisa cantábrica,
el Gobierno no quiere abordar en este programa el falso debate de lo
extensivo o lo intensivo, y vuelvo a una cosa que ha dicho el señor
Amarillo. Nosotros queremos apoyar las buenas prácticas y eliminar
las malas prácticas ganaderas. Buenas prácticas y malas prácticas hay
en extensivo y en intensivo. Este debate es falso. Es cierto que en
este debate queremos apoyar aquellas explotaciones que disminuyen la
carga de madera, lo cual comporta una apuesta clara por la
extensificación, pero también han dicho otros portavoces que la
realidad de España es muy distinta y no se puede condenar a muerte al
modelo intensivo cuando se hacen explotaciones razonables que tienen
condiciones de seguridad, higiene, sanidad. Como somos en este
momento un país netamente exportador, que ha crecido fundamentalmente
en los últimos años, hay que ser muy rigurosos en excluir un modelo u
otro, hay que tener un marco que podamos apoyar todos dentro de
buenas prácticas ganaderas.
Es cierto -contestando al Bloque para no eludir ningún tema- que
nosotros no contemplamos tres cuestiones que muchos gallegos pueden
considerar importantes: lo de aplicar la prima especial en el momento
de sacrificio; lo de no regionalizar en el año 2003 el techo de la
prima especial o bien introducir la figura del pequeño productor para
excluirlos del coeficiente de reducción de la prima especial, que
supongo que era por eso la inquietud del pequeño productor. La verdad
es que estos asuntos no los hemos podido incluir en el programa
porque la conferencia sectorial de agricultura de 1999 estableció que
en el año 2003 se abordaran estas cuestiones y que en el año 2002 se
estableciera un grupo para fijar la clave de reparto de los derechos
de prima especial y, en su caso, la introducción de la figura del
pequeño productor. En la conferencia sectorial del 24 de septiembre
se trataron de nuevo estas cuestiones y se ha creado un grupo ad hoc
que va a preparar una decisión de futuro para la conferencia
sectorial. Es un tema enormemente complejo.
Hemos entrado, a partir de la conferencia sectorial de septiembre, en
un camino muy complejo que es el de la regionalización de los
derechos de las cuotas y los señores consejeros de las autonomías han
optado por un modelo que considero muy complicado cuanto menos. Las
asociaciones profesionales agrarias están bastante en contra de la
regionalización, pero tengo que decir que los consejeros de las
autonomías apuestan por la regionalización. Creo que es un debate muy
complicado, unas veces se gana y otras veces se pierde. Cuando se
regionaliza todo hacemos una foto fija de la
agricultura de todas las comunidades y estamos manteniendo un statu
quo que a veces no es lo mejor en términos de competitividad y de
progreso, pero soy muy respetuoso con los acuerdos de las
conferencias sectoriales y tengo que observarlos como presidente de
las mismas.
Decía el señor Amarillo que con qué dinero contamos. Contamos con que
la Unión Europea da 125.000 millones de pesetas al año que podemos
utilizar, configurar y dirigir: podemos privar de estas ayudas a los
ganaderos que no observan buenas prácticas o utilizan productos
prohibidos, a los que hacen incendios, en definitiva, a los que no
observan la retirada de cadáveres, a los que no gestionan bien los
estiércoles. Además, tenemos una parte discrecional, que en este
momento es de 5.500 millones, pero si el modelo es bueno podemos
ampliar en el futuro. Dentro de los 125.000 millones no hay que
excluir que en una ulterior reforma haya sobres nacionales más
grandes. Ahora mismo en la reforma de la OCM del ovino hay países que
quieren sobres nacionales para poder hacer una política de gestión
del sector del ovino desde la perspectiva del Estado, pero con esos
5.500 millones de pesetas podemos pagar determinados complementos de
prima en este momento. Además, para el programa de distribución de
derechos contamos inicialmente en este presupuesto con 1.400 millones
de pesetas, que son la puesta en marcha del programa, y los iremos
incrementando si el programa tiene el mismo éxito que el que ha
habido en las cuotas lácteas. Este es un programa ambicioso en el
medio y largo plazo, por tanto no es un programa que nosotros
lancemos hoy y muera mañana.
Al portavoz de Convergència debo decirle que el etiquetado está
recogido en las primas al etiquetado de la transparencia, el origen
del animal, el sistema de alimentación, por tanto es un tema que está
resuelto. Y respecto de la fabricación de harinas de carne y hueso,
no tenemos en este momento previsto ningún mecanismo de apoyo para
las mismas porque entendemos que es una actividad que tendrá que
seguir realizándose. El hecho de que el Gobierno de la nación durante
un año haya estado apostando por colaborar con las comunidades
autónomas en cofinanciar el tema de las harinas no implica que en el
futuro los materiales especificados de riesgo no deban seguir
transformándose en harinas, al margen de que lo pague el sector, las
comunidades autónomas, los intermediarios, los mataderos o cualquier
otro agente económico. La gestión de los residuos tendrá que seguir
realizándose.
Respecto a la observación que nos hacen sobre qué pasa con la carne
congelada, entendemos que esta carne aguanta bien dos o tres años y
este no es el momento más oportuno de sacarla al mercado; hay que
sacarla cuando no distorsionemos los mercados y cuando tengamos menor
impacto sobre los precios a nivel interno y los precios de
exportación. En este momento,
gracias a las salidas a Rusia, al Líbano, a Egipto, estamos sacando
excedentes de carne nacional. Si sacáramos ahora mismo la carne
congelada impediríamos estos canales de comercialización.
Quiero señalar a los señores portavoces que este es un plan abierto,
que se sigue dialogando, que se traducirá en tres reales decretos,
porque nos ha parecido que tenía que tener este rango normativo si
queríamos tener un impacto real sobre el territorio -nos parecía que
era más adecuado que una simple orden ministerial-y porque, en
definitiva, estamos regulando temas que tienen un carácter básico en
el Estado de las autonomías, sin perjuicio de respetar plenamente las
competencias de las comunidades autónomas. Veremos cómo va. Como todo
plan será revisado permanentemente en función del éxito o aceptación
que tengan sus distintas medidas. Ninguna norma es inmutable y menos
en temas de carácter económico; hay que estar adecuándose a las
cambiantes situaciones del mercado. Dada la situación del mercado en
este momento, dada la necesidad
de recuperar la confianza de los consumidores, nos parecía que
no hacer nada era suicida, que dejar medidas de intervención o
medidas a corto plazo no era suficiente y que tenemos que empezar a
pensar en medidas estructurales que, por una parte, den una
producción alimentaria más segura, más trazable, que dé más confianza
al consumidor y que, por otra parte, adecuemos algo la oferta, porque
las perspectivas de evolución del mercado de carne en su conjunto no
apuntan a un crecimiento expansivo como hemos tenido en los últimos
años, y eso nos obliga a rentabilizar todas las explotaciones, sobre
todo aquellas más débiles que tienen más dificultades para la
competencia en momentos en que los precios se deterioran.
El señor PRESIDENTE: Agradeciendo la presencia del señor ministro en
esta Comisión, así como la de sus colaboradores y colaboradoras,
levantamos la sesión.
Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.