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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 356, de 06/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 356
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª BLANCA FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 6 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos
Talero) para informar sobre:
- El desarrollo de la moción, aprobada por el Pleno del Congreso de
los Diputados el día 19 de diciembre de 2000, por la que se insta al
Gobierno a diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas un
Plan integral de medidas de control del gasto farmacéutico y uso
racional del medicamento, así como a encauzar conversaciones con los
interlocutores implicados. A solicitud del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. (Número de expediente 213/000446.) . . .
(Página 11614)
- Las actuaciones que ha llevado a cabo su Ministerio respecto a la
retirada de las especialidades farmacéuticas que contiene
cerivastatina. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/000513.) . . . (Página 11634)
- Las medidas que piensa adoptar su Ministerio para evitar el uso de
nuevos fármacos que puedan producir muertes o reacciones adversas, y
las medidas de orden legal y sanitario a consecuencia del uso del
fármaco cerivastatina (Lipobay), cuyo uso ya ha producido dichos
efectos. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/000516.) . . . (Página 11634)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (VILLALOBOS
TALERO) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL DESARROLLO DE LA MOCIÓN, APROBADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2000, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A DISEÑAR CONJUNTAMENTE CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS UN
PLAN INTEGRAL DE MEDIDAS DE CONTROL DEL GASTO FARMACÉUTICO Y USO
RACIONAL DEL MEDICAMENTO, ASÍ COMO A ENCAUZAR CONVERSACIONES CON LOS
INTERLOCUTORES IMPLICADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICIÓN CANARIA. (Número de expediente 213/000446.)
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández-Capel Baños): Buenos días. Se
abre la sesión.
De acuerdo con lo establecido en el orden del día propuesto en las
anteriores reuniones de Mesa y Portavoces, se inicia la sesión con el
orden del día previsto, haciendo la salvedad de que se ha comunicado
a la Mesa la retirada del punto número 4, por medio de escrito en
forma del Grupo Parlamentario Mixto, por lo cual dicho punto decae en
la Comisión de hoy. Les comunico también que, tal como quedó acordado
en la reunión de Mesa y Portavoces, los puntos números 2 y 3 se
debatirán conjuntamente.
Punto 1 del orden del día: Comparecencia de la señora ministra de
Sanidad y Consumo, para informar sobre el desarrollo de la moción,
aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 19 de
diciembre de 2000, por la que se insta al Gobierno a diseñar
conjuntamente con las comunidades autónomas un plan integral de
medidas de control del gasto farmacéutico y uso racional del
medicamento, así como a encauzar conversaciones con los
interlocutores de los sectores implicados.
Antes de proceder a escuchar a la señora ministra, debo comunicar que
la señora representante del Grupo Parlamentario Vasco ha solicitado
de los portavoces y de la Mesa una ligera alteración del orden de las
intervenciones en atención a sus obligaciones en otras comisiones. Si
ningún portavoz tiene nada en contra, la Mesa procederá a concederle
el turno de palabra en el momento en que ella pueda hacer uso del
mismo. (Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero):
Señorías, es para mí un honor compartir con ustedes esta sesión para
informar sobre las actuaciones desarrolladas para dar cumplimiento a
la moción, aprobada el 19 de diciembre del año pasado, por la que se
instaba al Gobierno, en primer lugar, a diseñar conjuntamente con las
comunidades autónomas, y articulado a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un plan integral de
medidas de control del gasto farmacéutico y uso racional del
medicamento; y en segundo lugar, a encauzar paralelamente las
conversaciones con los interlocutores pertinentes de los sectores
implicados con el fin de propiciar un proceso de diálogo y consenso.
Les recuerdo a SS.SS. que las condiciones sobre las que debía basarse
el plan eran las siguientes: Consolidar y mejorar la calidad de la
prestación y prescripción de medicamentos del Sistema Nacional de
Salud, así como su uso racional; consolidar y mejorar la calidad de
la prestación farmacéutica, desarrollando los aspectos contenidos en
la Ley General de Sanidad sobre la consideración de la oficina de
farmacia como establecimiento sanitario, involucrado por tanto en la
dispensación sanitaria del medicamento y en el uso racional del
mismo; y al mismo tiempo establecer un diagnóstico común sobre los
factores que determinan el crecimiento del gasto farmacéutico,
fijando las actuaciones y compromisos que deben asumir las distintas
instancias interesadas para lograr un horizonte de estabilidad. Hoy
puedo decirles, señorías, que el plan ya es una realidad y que los
acuerdos en los que se sustenta y a los que me referiré más adelante
han sido ya suscritos con los distintos sectores. Básicamente estos
sectores se corresponden
con la industria farmacéutica, la distribución farmacéutica mayorista
y las oficinas de farmacia, los facultativos prescriptores y, por
último, los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Pues bien,
señorías, el pasado 31 de octubre se suscribió el acuerdo con
Farmaindustria y con el consejo general de colegios oficiales de
farmacéuticos; el día 5 lo hicimos con la Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles, con la Federación de Distribuidores
Farmacéuticos, con el consejo general de colegios de médicos y con
las once asociaciones de consumidores que se integran en el consejo
de consumidores y usuarios. Se trata por tanto de un acuerdo que en
su conjunto podríamos calificar de histórico, porque por primera vez
en la historia de la sanidad española -y perdónenme la redundancia-
se han aunado las voluntades de todos los sectores que participan en
la prestación farmacéutica pública, con un objetivo que no es ni más
ni menos que el contenido en la instancia que habíamos recibido del
Congreso de los Diputados.
A continuación, señorías, voy a referir las diversas actuaciones que
hemos desarrollado y los términos en los que se han suscrito los
acuerdos a los que hago referencia, en los cuales se sustenta el plan
integral de medidas de control del gasto farmacéutico y uso racional
del medicamento. El Ministerio de Sanidad y Consumo, con carácter
previo a la elaboración del plan, durante el año 2000 realizó los
oportunos contactos con las comunidades autónomas a través de la
comisión de gestión de farmacia del Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Estos contactos tuvieron por objeto
conocer las posibles prioridades y avanzar en líneas de propuestas.
Durante el primer semestre del año 2001 se mantuvieron conversaciones
con los distintos sectores, y a finales del mes de julio ya se había
alcanzado un elevado nivel de consenso con todos ellos. Durante los
meses de septiembre y octubre se han podido concretar los compromisos
con cada uno de los siguientes interlocutores: Farmaindustria, como
interlocutor del sector de productos y fabricantes de medicamentos;
consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos y Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles, como interlocutores del
sector de las oficinas de farmacia; la Federación de Distribuidores
Farmacéuticos, como interlocutor del sector de distribución de
mayoristas; el consejo general de colegios oficiales de médicos, como
interlocutor del sector de facultativos, y las once asociaciones de
consumidores y usuarios que integran el consejo de consumidores, como
interlocutores del sector de usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Hay que tener en cuenta que este sector lo componen los siguientes
elementos: la Confederación Española de Organizaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios; la Confederación Estatal de
Consumidores y Usuarios; la Confederación Española de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios; la Unión de Consumidores de España; la
Organización
de Consumidores y Usuarios; la Asociación Defensa de
Impositores de Bancos y Cajas de Ahorros; la Asociación General de
Consumidores; la Confederación de Consumidores y Vecinos; la
Federación de Consumidores y Usuarios Independientes; la Federación
Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España y la
Asociación de Usuarios de la Comunicación.
En función de los avances que se iban produciendo en las
negociaciones previas fueron informados los consejeros de sanidad de
las comunidades autónomas, con los que será necesario mantener
reuniones en fechas próximas, a fin de articular el desarrollo y la
aplicación de los distintos pactos alcanzados. A tal fin el pasado
día 30, se reunió la comisión científico-técnica de investigación del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la que
forman parte consejeros y directores generales de las comunidades
autónomas, como bien conocen SS.SS., para articular dichos
compromisos. Se buscará en todo caso la cooperación activa de todas
las comunidades autónomas y el trabajo en red siempre que sea
posible, así como el apoyo a proyectos concretos de investigación que
puedan tener carácter de interés general en las comunidades. Hay que
destacar que a efectos de cumplimiento de los acuerdos con cada
sector están previstas comisiones mixtas de seguimiento de carácter
paritario.
Por otra parte, debo señalar que en todos los acuerdos se han
establecido expresamente las causas de revisión o de denuncias de los
mismos, incluyendo en este punto su finalización por exigencias
derivadas de circunstancias presupuestarias. Los efectos económicos
totales de los acuerdos alcanzados comportan un total de 450.000
millones de pesetas, con menos gastos y menos ingresos por
aportaciones de la industria farmacéutica, así como de otros sectores
como es el de la distribución y en su caso las oficinas de farmacia.
Los acuerdos con las oficinas de farmacia consolidan dentro del
sector los efectos del Real decreto-ley 5/2000, que significa un
ahorro de 120.000 millones de pesetas. Las líneas maestras de los
distintos acuerdos son las siguientes: Por lo que respecta al acuerdo
con Farmaindustria el punto de partida es compatibilizar los
objetivos de apoyo a la investigación básica y un crecimiento del
gasto farmacéutico público asumible por los presupuestos con el
desarrollo industrial y la tecnología del sector. Para logarlo se
considera una tasa de crecimiento de las ventas de especialidades
farmacéuticas en el entorno de la evolución del producto interior
bruto nominal, teniendo en cuenta las ventas de especialidades
farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud a través de recetas
dispensadas por la oficinas de farmacia y valoradas a precios de
venta de laboratorio. Este acuerdo contiene actuaciones tendentes a
la consolidación de la comercialización de especialidades
farmacéuticas genéricas, mediante la mejora de los procedimientos
administrativos de autorización de los expedientes y
mediante el estímulo de su utilización; al establecimiento de nuevos
conjuntos homogéneos dentro del actual sistema de precios de
referencia; y a la revisión anual de los precios de referencia
atendiendo para ello a la normativa vigente. La repercusión económica
conjunta de las medidas durante el periodo de vigencia del acuerdo se
cifra en 105.000 millones de pesetas expresadas en precios de venta
laboratorio, que se corresponden con 167.000 millones de pesetas en
precios de venta al público.
Por otra parte, mediante la creación de uniones temporales de
empresas para la investigación, se pretende promover el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas farmacéuticas con el fin de optimizar
los recursos que destinen a la investigación. La industria
farmacéutica se compromete durante el periodo de vigencia del acuerdo
a crear y mantener un fondo que se nutrirá de sus propias
aportaciones y tendrá como finalidad la financiación de proyectos de
investigación de interés general. Este fondo tiene una previsión
total de 50.000 millones de pesetas. De ellos, 25.000 millones
constituyen una dotación fija y el resto serán aportaciones
complementarias en función de la tasa de crecimiento de las ventas de
especialidades farmacéuticas al Sistema Nacional de Salud. El plan de
pago a llevar a cabo por la industria farmacéutica en función de los
compromisos adquiridos es el siguiente: cinco dotaciones de 5.000
millones (dos de ellas en el 2000, otras dos en el 2003 y una última
en el 2004), así como aportaciones complementarias que correspondan
en función de la evolución del consumo entre los años 2003 y 2004. La
liquidación del conjunto de estas aportaciones económicas se
realizará con anterioridad al mes de mayo del 2005. En el caso de que
el incremento anual de las ventas de especialidades farmacéuticas del
Sistema Nacional de Salud, a través de recetas dispensadas por las
oficinas de farmacia y valoradas a precio de venta laboratorio,
supere en tres puntos el índice referencial se procederá a la
revisión del acuerdo. Por otra parte, estas dotaciones se harán
efectivas a través del Instituto de Salud Carlos III que, como bien
saben ustedes, proporciona apoyo científico y técnico al Ministerio
de Sanidad y a los servicios de salud de las diferentes comunidades
autónomas. Será, pues, este organismo autónomo el responsable de la
gestión y en su caso del seguimiento de los proyectos de
investigación afectados por el fondo. Dado el carácter finalista de
los ingresos derivados del acuerdo con la industria farmacéutica la
participación en ellos de las comunidades autónomas a través del
Instituto Carlos III será en función del interés general de los
proyectos de investigación propuestos. En consecuencia la prioridad
de financiación vendrá dada por la naturaleza y entidad de estos
proyectos, la posibilidad de realizarlos en red y que suponga la
colaboración entre dos o más comunidades autónomas. Como factores
correctores se tendrá en cuenta la población a que den protección
cada una de las comunidades, así
como el nivel de contención del gasto. Por otro lado, este acuerdo
implica que la industria farmacéutica se compromete a incrementar sus
inversiones en investigación relacionadas con proyectos estratégicos:
ciencias cardiovasculares, oncología, genómica y enfermedades
emergentes y degenerativas. Este incremento al que me refiero será en
un porcentaje superior al del crecimiento del producto interior
bruto, con independencia de las aportaciones al fondo mencionadas
anteriormente.
Para el periodo 2002-2004 la cuantía correspondiente a dichas
inversiones se establece en 225.000 millones de pesetas, destinándose
como mínimo 75.000 millones de pesetas a proyectos llevados a cabo en
instalaciones externas en el sector público. Con el fin de equiparar
los esfuerzos realizados por las partes el Ministerio de Sanidad y
Consumo adquiere el compromiso de mantener un marco regulador estable
y predecible, de manera que la industria farmacéutica pueda
planificar sus inversiones a medio plazo en investigación, desarrollo
e innovación, así como asumir compromisos crecientes. Así pues, entre
ahorros e inversiones el efecto económico total sobre el sector
público se sitúa en 442.000 millones de pesetas.
En lo que se refiere a los acuerdos con el consejo general de
colegios oficiales de farmacéuticos y con la Federación Empresarial
de Farmacéuticos Españoles se consolida el modelo de márgenes y
descuentos establecidos en el Real decreto- ley 5/2000, de 23 de
junio, sobre medidas urgentes de contención del gasto farmacéutico
público y racionalización del uso de los medicamentos, lo que supone
un efecto anual de 40.000 millones que en el periodo 2000-2004
comportara un impacto estimado de 120.000 millones de pesetas, como
le decía antes. Por otra parte, se acuerda la adopción de las medidas
precisas para actualizar anualmente, en función de la evolución del
gasto en especialidades farmacéuticas a través de recetas del Sistema
Nacional de Salud, la escala de deducciones para los productos de más
de 20.000 pesetas. En la misma línea de colaboración las oficinas de
farmacia se obligan a realizar aportaciones al Sistema Nacional de
Salud en el supuesto de que el crecimiento porcentual de sus
beneficios comerciales brutos anuales supere el porcentaje
correspondiente al producto interior bruto nominal, corregido por el
factor al que hice referencia anteriormente.
Por otra parte, se avanzará en la consolidación y mejora de la
calidad de la prestación farmacéutica, involucrando a las oficinas de
farmacia como establecimiento sanitario en la dispensación del
medicamento y en el uso racional del mismo, lo cual otorga un
considerable interés al consenso alcanzado con este sector. En ese
sentido, en el acuerdo se valora positivamente la implantación
generalizada de un modelo de atención farmacéutica en las oficinas de
farmacia, que permite desarrollar entre otros tres servicios básicos:
La dispensación
de medicamentos, entendida como una actividad soporte de la atención
farmacéutica clínica a través del consejo farmacéutico; la actuación
farmacéutica que demanda el paciente y el usuario en el campo de la
dispensación e instrucción sobre la correcta utilización de los
medicamentos no sujetos a receta médica; y el seguimiento
farmacoterapéutico personalizado, colaborando con los médicos y otros
profesionales sanitarios a través de actuaciones de detección,
prevención y resolución de problemas relacionados con la medicación.
Para incrementar la calidad de la atención farmacéutica, aspecto que
esta Cámara exigió como preferente, las partes también se comprometen
a colaborar en el diseño de estrategias orientadas a la consolidación
en el mercado de las especialidades farmacéuticas genéricas, así como
al fomento de su utilización. Además se comprometen a promover
medidas relativas a la mejora de la formulación magistral y
preparación oficinal por parte de las oficinas de farmacia, así como
a cooperar en la puesta en marcha de la receta electrónica,
desarrollo de medios de control informático y en la elaboración de
estrategias orientadas a mejorar el sistema de codificación de
medicamentos y de productos sanitarios. El acuerdo suscrito con la
Federación de Distribuidores Farmacéuticos supone otros 8.140
millones de pesetas durante el periodo considerado, 2002-2004, en
función de la evolución del gasto en relación con el producto
interior bruto nominal. Debe tenerse en cuenta que la distribución
farmacéutica mayorista es una actividad sanitaria que desempeña un
papel fundamental en la cadena del medicamento, acredita la
legitimidad de origen y la permanencia de las cualidades terapéuticas
inalteradas de dicho producto y hace posible que los medicamentos se
encuentren a disposición de los pacientes cuando éstos los necesitan.
En el acuerdo con los distribuidores mayoristas se pretende
compatibilizar un crecimiento asumible del gasto farmacéutico público
con el desarrollo de un sector que juega el papel que antes les he
descrito.
Atendiendo asimismo a la condición que debe fundamentar un plan
integral de conseguir un horizonte de estabilidad para los sectores
industriales y empresariales involucrados por su parte, el Ministerio
de Sanidad y Consumo se ha comprometido a cooperar para la creación
de un marco de seguridad en el establecimiento de los márgenes de los
almacenes farmacéuticos. En el supuesto de que los ingresos brutos
anuales resultantes de la factura del Sistema Nacional de Salud
superen el indicador de referencia, la distribución mayorista
aportará la totalidad de los ingresos que sobrepasen este indicador
hasta un máximo de tres puntos. Esta aportación se efectuará a través
del Instituto de Salud Carlos III, y su finalidad se corresponderá
con los proyectos de investigación indicados en el acuerdo con la
industria farmacéutica. Debo señalar que el sector de los
profesionales de la medicina es uno de los que ha venido colaborando
más activamente con el Ministerio
de Sanidad y Consumo en las actuaciones orientadas a la eficiencia y
estabilidad del propio sistema.
Dicho esto como preámbulo, en el acuerdo alcanzado con la
organización médica colegial las administraciones sanitarias se
comprometen a adoptar medidas para asegurar a los profesionales de la
medicina, tanto si ejercen en centros de atención primaria como si lo
hacen en el ámbito hospitalario, lo siguiente: El acceso a una
información terapéutica independiente de carácter institucional; la
formación continuada en áreas de su interés, principalmente en el uso
racional de los medicamentos; y el respeto a la libre facultad de
prescripción. Por su parte los facultativos prescriptores prestarán
su cooperación a todas las actividades de estímulo y desarrollo de
las especialidades farmacéuticas genéricas, así como al fomento de su
utilización. Además se comprometen a colaborar en la función de
farmacovigilancia, bien estimulando la comunicación al sistema
español de farmacovigilancia de notificaciones espontáneas sobre
sospechas de reacciones adversas o bien comunicando a sus colegiados
o asociados las notas informativas emitidas al respecto por la
Agencia Española del Medicamento. Asimismo asumen la cooperación en
proyectos relacionados con la sociedad de la información y, junto con
los farmacéuticos, la puesta en marcha de la receta electrónica. Una
iniciativa como la que estoy refiriendo a SS.SS., que plantea como
objetivo incrementar la calidad de la atención farmacéutica recibida
por el usuario del Sistema Nacional de Salud, debe contar con la
información, criterios y experiencias provenientes de quienes en
definitiva son los destinatarios de dicha atención. Por esta razón no
podía faltar en este plan un acuerdo con las asociaciones de
consumidores y usuarios que forman el consejo de consumidores
y usuarios. Los compromisos alcanzados con este sector pasan por el
diseño de estrategias que contribuyan a proporcionar a los pacientes
una educación sanitaria adecuada, tanto en materia de promoción de la
salud como en prevención de la enfermedad. Para ello se desarrollarán
campañas informativas orientadas a proporcionar pautas sobre modos de
vida y comportamiento saludables; a que los ciudadanos conozcan la
enfermedad, sus síntomas y los síndromes menores, y a informar sobre
los riesgos inherentes a la automedicación sin control médico ni
farmacéutico. También está presente en este acuerdo la preocupación
por desarrollar actuaciones orientadas a la formación de expertos de
las organizaciones de consumidores en estas materias. Promover la
utilización de especialidades farmacéuticas genéricas entre los
ciudadanos con problemas de salud es una constante en las medidas
comprometidas. También lo es el fomento del conocimiento que los
usuarios deben tener sobre el funcionamiento del sistema de precios
de referencia con el fin de lograr la plena efectividad del mismo. En
definitiva, estas son las actividades que hemos desarrollado para dar
cumplimiento a la decisión adoptada en su momento por esta Cámara
y a los acuerdos alcanzados con los distintos sectores implicados.
Quisiera finalizar esta intervención resaltando algunos aspectos que
considero de especial relevancia y que, a modo de resumen, son los
siguientes. Primero, los acuerdos alcanzados con los sectores
implicados se han efectuado siguiendo el criterio establecido en la
moción aprobada en esta Cámara; segundo, esos acuerdos permiten, de
conformidad con la disposición parlamentaria, consolidar y mejorar la
calidad de la prestación y prescripción del medicamento en el Sistema
Nacional de Salud, participando por vez primera, además de los
representantes de las oficinas de farmacia, la organización médica
colegial y los consumidores y usuarios.
Señorías, creo que hemos sido capaces de desarrollar el acuerdo
conseguido en esta Cámara, en el Parlamento, a través de una moción
del Grupo de Coalición Canaria. A partir de este momento me pongo a
disposición de SS.SS. para las aclaraciones que consideren oportunas.
La señora VICEPRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra, por el
grupo solicitante de la comparecencia, Coalición Canaria, la señora
Julios.
La señora JULIOS REYES: En primer lugar, agradezco la presencia de la
señora ministra y la comparecencia que hoy tiene lugar.
Comienzo recordando que, tal como la propia ministra ha comentado, el
desencadenante de este proceso y de la comparecencia que hoy mi grupo
había solicitado es la aprobación de una moción en el Parlamento, una
moción presentada por Coalición Canaria en diciembre del año 2000,
que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Cámara. En
ella se instaba al Gobierno a que en el plazo de seis meses se
presentase información sobre la marcha de dichas actuaciones y el
contenido del plan integral al que hace referencia la moción. De
haberse cumplido con dicho plazo esta comparecencia debería haberse
realizado en junio, pero lo importante, lo relevante no es que en
junio estuviesen o no cristalizados los pactos que hoy se nos
presentan. Somos conscientes de la complejidad de esta tarea, somos
conscientes de que es la primera vez -y en este sentido lo ha
comentado la propia ministra-, que es una situación histórica que un
ministerio se siente a negociar con todos los sectores para buscar un
pacto en torno a la estabilidad de la prestación farmacéutica y para
dar cumplimiento a una moción aprobada por todos los grupos de esta
Cámara. Hacemos este comentario porque estamos ante un tema en el que
el Parlamento de forma unánime ha decidido involucrarse, consciente
de la importancia del asunto para el futuro de la prestación del
Sistema Nacional de Salud y sus posibilidades de cohesión, sobre todo
ante la inminente transferencia del Insalud al resto de las
comunidades
autónomas; lo ha hecho, se ha involucrado en un sentido concreto, que
es el expresado en la moción aprobada por consenso, por unanimidad de
esta Cámara. A ella me voy a remitir en este primer turno de
intervenciones, porque hay aspectos fundamentales de su contenido que
no están contemplados en lo que hoy se nos ha expuesto.
El sentido del comentario realizado al inicio de mi intervención
sobre el retraso habido en la comparecencia para dar explicaciones
sobre cómo estaba la situación -y no me refiero a que fuese en junio,
sino a septiembre, al inicio de este nuevo periodo de sesiones- es
porque se perdió la oportunidad o la posibilidad de haber podido
contrastar con los grupos políticos presentes en esta Comisión sobre
el sentido y las pretensiones de la moción y encauzar en la medida de
lo posible la confluencia de la acción del Gobierno, en este caso del
Ministerio, con la del Parlamento. Valorando, por tanto, en función
del propio texto de la moción, su primer punto decía -y leo
textualmente-: Diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas, y
articulado a través del Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud, un plan integral de medidas de control del gasto
farmacéutico. Señorías, el Consejo interterritorial, al igual que
esta Comisión, no ha estado recibiendo información puntual de la
marcha de este proceso; no hablamos sólo de la información sobre las
negociaciones, sino de que el Consejo interterritorial debía haber
sido un elemento activo, no un sujeto pasivo; debía haber participado
activamente en los términos que dice la moción: en la elaboración de
dicho plan integral. Cuando hablamos del Consejo interterritorial nos
referimos al plenario, en donde están los consejeros de salud de las
comunidades autónomas , no a que se hayan producido o no reuniones de
coordinación técnica, bien de la comisión de farmacia o de la
comisión científico-técnica; la de ésta en concreto se ha producido
con posterioridad a que el ministerio hubiera decidido los términos
de los pactos con los sectores. No se ha diseñado previa y
conjuntamente con las comunidades autónomas los términos y el
contenido principal de dicho plan integral. Este debía haber sido el
marco de referencia primero sobre el que podían y debían haberse
sustentado de manera más sólida los posteriores y necesarios pactos
con los diferentes sectores; primera apreciación por tanto, señora
ministra, respecto a lo expresado por usted. Desde nuestro punto de
vista no se ha cumplido el sentido de lo expresado textualmente en el
primer punto de la moción en relación con la elaboración conjunta con
las comunidades autónomas de un plan integral. La moción tenía y
tiene dos componentes básicos, dos elementos y no es sólo una
cuestión de estética; están ahí porque tienen un sentido y un calado
político en coherencia con lo que la moción pretende. El primer
componente es el ya comentado: Diseñar con las comunidades autónomas
un plan integral; este es el componente imprescindible de un pacto de
Estado, imprescindible para el éxito de dicho plan y para mantener la
cohesión del Sistema Nacional de Salud en torno a las prestaciones
sanitarias en general y a la farmacéutica en particular. Cuando
hablamos de un componente del pacto de Estado, señorías, lo hacemos
entendiendo que este es un Estado de las autonomías y más cuando son
éstas, las autonomías, las comunidades autónomas, las que adquieren
las competencias de gestión, las que adquieren la corresponsabilidad
en el déficit cero presupuestario y en una prestación en la que el
Estado -ahora sí hablo de Administración central del Estado- es el
que ostenta la capacidad normativa y legislativa básica a la hora de
poner en marcha medidas estructurales que eviten crecimientos
desmesurados en los gastos que padecen y tienen que afrontar las
comunidades autónomas.
El segundo elemento de la moción decía textualmente que paralelamente
se encaucen las conversaciones con los interlocutores pertinentes de
los sectores implicados con el fin de propiciar un proceso de diálogo
y consenso. Reitero que dice paralelamente, no exclusivamente o con
independencia de. Este es el segundo componente importante de la
moción que es el pacto de estabilidad, el pacto de debida
corresponsabilidad con la participación de los sectores implicados;
el pacto de estabilidad de la prestación y el de la también necesaria
estabilidad de los propios sectores implicados, fundamentalmente del
sector farmacéutico en todas sus vertientes. En esta parte, por lo
que ha expresado, ha hablado con los sectores identificados en la
moción y con todos ellos se ha llegado un acuerdo o un preacuerdo
firmado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de leer el acuerdo
firmado con Farmaindustria y con el Colegio Oficial de Farmacéuticos;
los otros nos acaban de llegar hoy y conozco los preacuerdos habidos
con anterioridad; me imagino que estarán en el mismo tenor que los
preacuerdos de los que anteriormente teníamos conocimiento por los
medios.
Pasamos a comentar los aspectos que nos preocupan en relación con
cada uno de los acuerdos, no sin antes hacer un comentario común a
todos ellos. En el texto de la moción y en este segundo punto, en el
del consenso con los sectores, se especifican una serie de
condiciones en las que debe basarse el plan que usted misma ha
expuesto; una de ellas dice: Establecer el diagnóstico común sobre
los factores que determinan el crecimiento del gasto fijando
actuaciones y compromisos que deben asumir las distintas instancias
interesadas. A nuestro entender -esta es otra apreciación importante-
este aspecto no está recogido suficientemente. Es necesario hacer un
buen diagnóstico para tener un buen pronóstico y un buen tratamiento.
En este diagnóstico -vuelvo a repetir- es importante la participación
de las comunidades autónomas y de los sectores implicados que conocen
en profundidad las variables que intervienen, los efectos que cada
una de ellas producen y las posibilidades, por tanto, de su control.
¿Cuál es la predicción
del gasto de seguir como estamos? ¿Cuánto crecimiento del
gasto es imputable al aumento del consumo y cuánto al aumento de los
precios? ¿Cuánto tiene que ver con la oferta existente y cuánto con
las circunstancias relacionadas con la demanda? Señorías, el pacto
debiera ser la plasmación de ese plan integral que identifique el
peso de cada una de estas variables y que actúe de forma decidida y
consensuada sobre todas ellas, en primer lugar, desde una visión
realista que sitúe el gasto farmacéutico español en el contexto
europeo del gasto per cápita, al igual que en el propio contexto del
gasto sanitario público en el resto de Europa.
En relación con el acuerdo con Farmaindustria, nos preguntamos cómo
aparece por la Administración pública como firmante del acuerdo la
ministra, el ministerio y el consejero de Sanidad catalán, que además
lo hacen en su condición de presidente y vicepresidente del Consejo
interterritorial de Salud, cuando el texto de dicho acuerdo -de
semejante características y profundidad en su contenido- no ha sido
debatido y aprobado en el seno del propio Consejo interterritorial;
es más, ni siquiera el texto firmado con Farmaindustria estaba en
poder del resto de los consejeros de Sanidad antes de su firma. ¿Cómo
es que se establece en el anexo de Farmaindustria una escala de
factores correctores adicionales al PIB nominal como un elemento de
comparación en el gasto de recetas de farmacia y, por ejemplo
(también está en el acuerdo con la distribución), no lo está con las
oficinas de farmacia? Lo acordado en este pacto no es compatible con
el crecimiento del gasto público sanitario adoptado en el último
acuerdo de financiación. El único margen de crecimiento de la
financiación sólo en los tres primeros años del acuerdo de
financiación sanitaria será garantizar el crecimiento del PIB
nominal; lo pactado con la industria son crecimientos de hasta cuatro
puntos por encima del previsible crecimiento del PIB nominal. En el
segundo punto del acuerdo con Farmaindustria se especifica un ámbito
de actuación que es el del Sistema Nacional de Salud, tanto Insalud
como comunidades autónomas transferidas. De los acuerdos con el resto
de los sectores que he tenido la oportunidad de conocer, sólo se
especifica así este punto en el acuerdo con Farmaindustria; que yo
sepa, en el de los colegios farmacéuticos o en el de la federación de
empresarios no está. Pregunto: ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué tipo
de compromisos se pretende que adquieran las administraciones
autonómicas cuando no han participado profundamente en este acuerdo?
Deben quedar claras y salvaguardadas las competencias de las
comunidades autónomas para actuar en el desarrollo de medidas de
contención del gasto farmacéutico, máxime cuando las que están aquí
expresadas no van a aportar lo suficiente a la hora de contener los
gastos en el crecimiento farmacéutico; aún más cuando no se garantiza
compatibilizar el crecimiento del gasto farmacéutico con el
crecimiento delgasto público sanitario y, por tanto, de la
financiación
sanitaria del gasto público; más aún cuando los acuerdos adoptados
con Farmaindustria no revierten en nada de lo que se ha acordado aquí
en las comunidades autónomas, cosa diferente de lo que parece en el
acuerdo con los colegios farmacéuticos. Los compromisos de
Farmaindustria van a revertir exclusivamente en el Instituto Carlos
III. En el texto que se firma con Farmaindustria figura que se
establece un periodo de tiempo en el cual se van a producir las
adhesiones individuales de los laboratorios. Yo me pregunto: ¿Cuál es
la intención del ministerio sobre validar o no este acuerdo con las
administraciones sanitarias que gestionan la prestación y que están
expresadas en el Consejo interterritorial?
No sé cómo voy de tiempo...
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Julios, está en el plazo
discrecional que le da la presidencia.
La señora JULIOS REYES: Tengo más elementos para valorar el acuerdo
con Farmaindustria. Cuando se habla de poner en marcha toda una serie
de medidas estructurales para la contención del gasto farmacéutico
falta un aspecto importante. Se mencionan tres, pero falta uno que es
el de la revisión de los mecanismos de aprobación de nuevos fármacos,
fundamentalmente de aquellos que van a ser financiados por el
sistema, así como de sus precios. Es imprescindible que este plan se
incorpore en el plan integral, porque es precisamente uno de los
factores que de forma más determinante está influyendo en el
crecimiento del gasto. Merece una explicación el tema de las
repercusiones económicas de las medidas estructurales que aparecen en
los puntos 1 y 2, máxime cuando estamos hablando de un margen de
crecimiento para la industria por encima del PIB nominal.
Señorías, me gustaría que quedara constancia de que nuestro grupo,
Coalición Canaria, considera importantísimo el papel de la industria
en la investigación de nuevas moléculas y en las inversiones en I+D+I
dirigidas a paliar los principales problemas de salud de la
humanidad. Nos parecen bien las medidas de apoyo en esta línea, pero
esto no exime de perder de vista el contexto económico en el que
estamos, el contexto económico de hacer sostenible la prestación y
compatible el gasto y los beneficios de la industria en función de
las posibilidades reales de este país de financiar el sector público.
Brevemente, respecto a los acuerdos con otros sectores, con las
oficinas de farmacia, reitero lo que ha dicho mi grupo en otras
ocasiones. Sobre el sector que hoy por hoy ha venido aportando en
gran medida a la propia sostenibilidad del sistema nos parece bien la
revisión de determinados aspectos del Real Decreto 5/2000 y lo
referente a las medidas para valorar los medicamentos cuyo precio
está por encima de trece mil y pico de pesetas, que ya lo habíamos
comentado en el debate de este real decreto. En general hay aspectos
positivos
importantes en los contenidos del resto de los pactos, pero
destacaríamos algunas ausencias importantes, sobre todo los referidos
a comisiones de seguimiento, porque no está expresado cómo van a ser
operativos. Ahí la moción continúa viva a la hora de implementarla
y desarrollarla.
La señora VICEPRESIDENTA: Vaya terminando, por favor, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Los contenidos de la moción -termino, señora
presidenta- siguen estando vivos incluso en su ejecución por parte
del Gobierno. Seguimos instando a que la misma y su desarrollo se
encaucen a través del Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud con el consenso de todas las comunidades autónomas,
entendiendo que las administraciones sanitarias públicas son las que
hoy por hoy soportan el gasto de la prestación farmacéutica. Así hay
que retomar la elaboración del plan integral mencionado.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: No sabe usted el favor que me hace, porque
estoy pendiente de otra intervención con el fiscal general del Estado
que está en otra dependencia de esta misma Cámara; por tanto, ruego a
todos los miembros de la Comisión, y especialmente a la señora
ministra, que si no estoy cuando me replique, tengan presente que no
es falta de respeto a su persona, que como miembro del Gobierno sabe
que respeto y aprecio profundamente, sino que además leeré con
interés aquello que me conteste.
Se nos presentan hoy ante la Comisión unos acuerdos, pero en realidad
el título o la petición de la comparencia del grupo canario era para
explicar en qué medida se había cumplido el contenido de una moción
que le cabe el mérito de haber presentado en su día como consecuencia
de una interpelación al grupo canario. Como la propia portavoz de
Coalición Canaria ha manifestado desde nuestra perspectiva no pueden
encuadrarse los acuerdos que la señora ministra ha presentado dentro
del contenido de esta moción, porque de los tres puntos de los que
constaba el primero y el tercero se han incumplido y el segundo es un
salto en el vacío que no responde ni al fondo ni a las formas
indicadas de lo que fue el parecer unánime de la Cámara, puesto que
por unanimidad se aprobó la moción. El acuerdo empezaba diciendo que
se iba a diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas y
articulado a través del Consejo interterritorial del servicio
nacional de salud. Salvo conversaciones particulares que se hayan
podido tener con determinadas comunidades autónomas, con otras no han
existido este tipo de negociaciones si exceptuamos la reunión
mantenida por una comisión, que no por el pleno, el día anterior a
la firma, que es cuando se enteraron de la negociación de estos
acuerdos, y con posterioridad todo se ha ido sabiendo a través de los
medios de comunicación. El Gobierno vasco recibió los dos primeros
acuerdos el miércoles día 31, el mismo día de la firma, pero por la
tarde, exactamente a las dieciséis y doce. Los cuatro acuerdos
restantes llegaron al Gobierno vasco ayer, es decir, en la víspera de
su comparecencia, el día 5 de noviembre, a las dieciocho y veintiuna.
Por cierto, los de ayer por la tarde ni siquiera procedían de usted,
sino que eran remitidos por el director del gabinete técnico de la
Subsecretaría de Sanidad y Consumo. Estos son aspectos formales que
evidencian, desde lo que es la perspectiva de la formación política a
la que represento, ya un proceder chapucero, cuando menos en las
formas, pero me gustaría entrar en el fondo a teorizar de dónde
vienen o qué son estos acuerdos que tradicionalmente se suscriben
entre la administración sanitaria, la administración corporativa
profesional y la industria farmacéutica. Se enmarcan dentro de una
vieja trayectoria histórica de relaciones entre las tres, pero cada
uno de estos tres agentes ha ido evolucionando notablemente en el
marco del Estado español, incidiendo esa evolución desde una variada
gama de perspectivas que han venido a transformar y a enriquecer el
simple esquema de relaciones entre dos partes: una correspondiente
a los poderes públicos capaces de intervenir en el mercado de
producción, financiación y distribución de los medicamentos y otra
que serían los agentes privados que negocian las condiciones de
interés público que justifican la limitación de su originaria
libertad de empresa para el desarrollo de sus actividades en dichos
ámbitos.
De la industria podemos destacar su evolución a caballo entre la
dependencia de las grandes multinacionales (aspectos todos ellos
interesantes para analizar los contenidos de los acuerdos), los
mecanismos internacionales y privados de protección de su actividad
de fabricación y la elasticidad que ha demostrado para acoplarse a
los cambios, manteniendo una posición saneada y sacando adelante
alianzas estratégicas en los modelos más intervencionistas, como es
el caso español. Tiene pendientes importantes retos, que es la
adaptación al entorno europeo, pero también el riesgo de un
desarrollo que finalmente devenga alejado de los compromisos
sociales, que es la esencia que justificaría un modelo de
intervención. De la administración corporativa profesional podemos
señalar que se ha visto transformada por los cambios políticos que
también han obligado a descentralizarse, perdiendo la presencia
monolítica de interlocutor por la disociación en dos frentes del
papel relacional (uno respecto del ejercicio privado profesional más
liberalizado con las comunidades autónomas y otro respecto a las
condiciones económicas del mercado, que sí se relaciona con el
Estado). La mayor transformación le tocaba llevarla a cabo al Estado,
cuya adaptación al nuevo orden constitucional
implica importantes cambios, dando cabida a las comunidades autónomas
que emergen con un papel de titulares de la gestión sanitaria y
farmacéutica y a la vez intentando una simultánea modernización y
adaptación del sistema público con cambios en la universalización de
las prestaciones, en el desgajamiento del sistema de previsión social
centralista, en la financiación pública, etcétera. Estos cambios
forman parte de un proceso inacabado aún, una trayectoria de avances,
parones y retrocesos que no acaban de permitir trazarse un horizonte
claro a medio plazo, lo que hace más difícil el enganche y la
comprensión de cada una de las soluciones a corto que se van poniendo
en marcha.
Sobre las relaciones que mantiene el servicio nacional de salud con
Farmaindustria, en representación mayoritaria de la industria
farmacéutica española, incide el juego intervencionista que hemos
citado: precios de fabricación, distribución y venta al público,
financiación pública de Seguridad Social y el control por el Estado
de variables económicas generales de cierta importancia, el peso y
situación de la industria de referencia, el peso del consumo
creciente de medicamentos de financiación pública y otras varias.
Aparecen reflejadas estas cuestiones en el artículo 93.1 de la Ley
del Medicamento -haré gracia a SS.SS. de una cita de algo que todos
ustedes conocen o tienen posibilidad de consultar- y continuaré
manifestando que estamos en un momento de tránsito en el que el
Estado avanza en la universalización y plantea ya en sus presupuestos
generales la desvinculación financiera de las prestaciones respecto a
las fuentes de la Seguridad Social así como las previsiones de
extender la descentralización de la gestión, pero no es capaz aún de
construir su relaciones con la industria farmacéutica desde la base
de la gestión y la financiación de la actividad prestacional, desde
los planteamientos que hagan las comunidades autónomas gestoras y
financiadoras para acercar los comportamientos de la industria a las
necesidades sociales. Esta situación endeble desde la perspectiva de
actuar en las finalidades de un modelo público intervencionista en el
ámbito del mercado, unido a los fuertes deseos de mantener la
centralización política de liderazgo y escenarios de encuentro,
condiciona la relación con la industria a un exclusivo punto de vista
economicista en el que sólo juegan las variables del contenido
económico que controlan las partes de la Administración del Estado y
de la representación de la industria.
Con ocasión de presentarnos usted el año pasado aquel famoso Real
decreto-ley de medidas liberalizadoras le dije yo que por qué no lo
presentaba el vicepresidente segundo, señor Rato, porque me parecía
que su contenido era más economicista que propio de sanidad. La
igualdad en el acceso a los medicamentos sólo tiene su contrapunto de
racionalización en las medidas que pueden auspiciar unas comunidades
autónomas que luego no controlan ninguno de los instrumentos de
presión económica sobre la industria. El Estado, lejos de incorporar
a las comunidades autónomas en la construcción de la posición
negociadora de los poderes públicos, ha prescindido de todo aquello
que no controla directamente y mantiene los viejos esquemas de
monopolio centralista en las relaciones con la industria. La
industria -tampoco vamos a decir que es la gran beneficiada de esta
situación- saca adelante sus intereses, eso sí, de manera apropiada
sin tener que desplegar esfuerzos allí donde resultan más laboriosos
y arriesgados pero también más eficaces para todos. Vamos a concluir
entonces, señora ministra, que el pagano somos todos. Pagamos a
escote una factura incrementalista sin ninguna garantía de
reorientación futura de su equilibrio económico y social
sencillamente porque el Estado es incapaz de ejercer sus funciones
con sentido comprometido. Tenemos un agente regulador del mercado al
que le importan bien poco las funciones públicas y la sostenibilidad
financiera del sistema sanitario, negocia para que otros, las
comunidades autónomas, luego paguen y eduquen a la población en no
gastar. Todos sabemos que este esquema está condenado al fracaso y lo
que es peor, que no parece tener propósito de enmienda. La posición
que ha adoptado el Ministerio en esta negociación viene precedida de
una lamentable falta de consenso con las comunidades autónomas y éste
es el problema. Más allá del funcionamiento antiformalista de la
Conferencia sectorial y del Consejo interterritorial, debe saberse
que la misión del Ministerio no es pasar las plantillas por ese foro
y dar la apariencia de que se observa el artículo 93.3 de la Ley del
Medicamento para que aparezca el Consejo interterritorial como el
valedor de la posición negociadora del Servicio Nacional de Salud.
Eso es fácil de hacer, resulta fácil aprovechar la circunstancia para
obviar la interlocución autonómica, pero desde luego lo que no es es
eficaz. Este Ministerio, más que ningún otro, cree que puede
prescindir de la cooperación autonómica. La sensación es de que ha
forzado la situación sacando adelante una negociación oscura que
sobre todo no sirve al fin de la gestión pública sanitaria y
farmacéutica, porque no conocemos los compromisos que permitan
involucrar a la industria en la racionalización del gasto público ni
a la ciudadanía en los usos racionales de las prestaciones
farmacéuticas.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Uría, vaya terminando.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Voy concluyendo, señora presidenta.
Desde el punto de vista de encuentro que exteriorizan en los últimos
años las negociaciones, fondos para la promoción de la investigación
científica y técnica, se puede teorizar mucho, pero me interesa
señalar dos cuestiones: una, que en la reversión de fondos al sistema
como la que se anuncia -la señora ministra se ha
referido a ella- es el Ministerio de Sanidad el que fija la posición,
pero realmente lo hace el Ministerio de Economía, exclusivamente con
criterio macroeconómico, sin que conozcamos ningún criterio de
política sanitaria claro que haya guiado esta negociación; dos, debe
apreciarse que en la negociación el Ministerio ha representado al
Servicio Nacional de Salud. Lo lógico es que el fruto de la
negociación luego revirtiese al conjunto del Sistema Nacional de
Salud, es decir que debiera debatirse -ya sabemos que no se debatirá-
el destino de esos fondos que aportará la industria al fin de la
investigación entre las comunidades autónomas. Debe decirse además
que hay distinción entre unas comunidades autónomas y otras. Las
comunidades autónomas de régimen común alcanzan su financiación por
las vías de reparto y de participación en los impuestos, construyen
su política pública en materia de investigación desde el análisis que
hagan de la financiación autonómica que les corresponde, cuentan ya
con un fijo de salida. No es éste el caso ni de la Comunidad Autónoma
vasca ni de la Comunidad Foral de Navarra, que alcanzan su
financiación por el sistema de concierto o de convenio, esto es,
desde la recaudación propia de impuestos de la que se deduce la
aportación al Estado del cupo por las cargas no asumidas. Una de las
transferencias pendientes que tiene la Comunidad Autónoma vasca se
produce precisamente en materia de investigación científica y
técnica, donde, más allá de que puedan realizar funciones públicas
tanto el Estado como la comunidad autónoma, lo que ocurre es que la
Comunidad Autónoma del País Vasco financia sus propias actuaciones,
paga el 6,24 por ciento de la del Estado y nada le revierte de estos
compromisos, cuando la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Foral
de Navarra son consumidores de medicamentos. En definitiva, como se
puede comprobar, los manejos del Estado con la industria para
revertir fondos en investigación en la Comunidad Autónoma vasca y en
la Comunidad Foral de Navarra...
La señora VICEPRESIDENTA: Por favor, señora Uría, concluya que su
tiempo ya ha sido colmado.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Estoy concluyendo, señora presidenta.
Decía que en estas dos comunidades originan además una situación más
caótica y vergonzosa. Me gustaría que los diputados vascos y
catalanes del propio Partido Popular le explicasen cómo funciona la
financiación al respecto para que ellos mismos fuesen mejores
veladores de este triple gasto que hacen sus comunidades autónomas en
relación con la investigación.
Finalmente sólo quiero anunciarle que hay consejeros de Sanidad de
distintas comunidades autónomas, entre ellos de la mía, que están
barajando la posibilidad de pedirle una convocatoria urgente del
pleno del Consejo
interterritorial para tratar este tema, con la probable consecuencia
de que vayan a intentar además utilizar todos los instrumentos
jurídicos que puedan para intentar la revocación de los acuerdos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenos días, señorías. En primer lugar, en
nombre propio y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
quiero dar las gracias a la señora ministra por su comparecencia en
esta Comisión.
Nosotros no compartimos, señora ministra, ni en las formas ni en el
fondo estos acuerdos de los que usted nos informa a toro pasado en
esta Comisión de hoy. No compartimos las formas porque una vez más ha
perdido usted una oportunidad de oro de aprovechar los cauces que
democráticamente de alguna manera ha ido definiendo el pleno del
Congreso de los Diputados y de hacer un acuerdo, no al margen o con
la opacidad que usted lo ha hecho sino mayoritario de las fuerzas
parlamentarias de las comunidades autónomas y de los organismos
intermedios de representación. Usted una vez más nos sorprende con
unos acuerdos que son como la merienda de cuando era pequeña, del día
del tortillero; se juntan, deciden ustedes que van a hacer un acuerdo
magnífico pero no deciden con quién tienen que hacerlo. Siempre lo
hacen un poco así, lo cual nos incomoda en esta Comisión y usted lo
sabe bien, señora ministra. Tampoco compartimos el fondo, porque si
bien es cierto que usted nos dice que éste es un plan para mejorar el
gasto farmacéutico, nosotros entendemos que este plan sobre todo
tiene un objetivo muy concreto que es la estabilidad de la industria
farmacéutica; no persigue precisamente la contención del gasto
farmacéutico sino la estabilidad de la industria farmacéutica.
Nosotros pensábamos que la moción que había sido aprobada en el
Congreso de los Diputados el 19 de diciembre de 2000, de Coalición
Canaria, instaba al Gobierno a diseñar conjuntamente con las
comunidades autónomas un plan integral de medidas de control del
gasto farmacéutico y también del uso racional del medicamento así
como a encauzar conversaciones con los interlocutores de los
servicios indicados. La realidad, señora ministra, es que el gasto
farmacéutico va a aumentar en el año 2002 muy por encima del
incremento del IPC. Los presupuestos del Insalud para este año -usted
lo sabe- contemplan una subida del 9,2 por ciento del gasto
farmacéutico. El gasto farmacéutico en España mantiene un nivel
elevado tanto en proporción al gasto sanitario total como con
relación al PIB. Ese gasto, que es público en su parte principal,
tiende a crecer. Por tanto, es necesario controlar el ritmo de
crecimiento de este gasto, que en la actualidad alcanza
aproximadamente el 25 por ciento del gasto sanitario total.
Las tendencias del sector farmacéutico son la concentración
empresarial transnacional, con gran capacidad de presión sobre los
propios gobiernos, ya que actúan ante las autoridades sanitarias para
el establecimiento de precios de los medicamentos muy superiores
a los costes de producción. Concretamente, las empresas españolas
orientan su actividad al propio mercado español -sólo exportan el 20
por ciento de su producción- y tienen una penetración importante de
capital extranjero. Las características de lo que vienen a ser los
mercados farmacéuticos, demanda inducida de los usuarios y
prescripción por algunos médicos de la propia Administración
sanitaria mediatizados por la industria farmacéutica, en definitiva,
la importancia que tiene el gasto farmacéutico público, obligan a
numerosas intervenciones de los poderes públicos en este sector.
Además de garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos
hay intervenciones de la Administración sanitaria dirigidas al
control del gasto farmacéutico, medidas dirigidas a la oferta o la
demanda, algunas, desde nuestro punto de vista, coercitivas. Desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la
valoración de cualquier medida debe comprender no solamente el
control del gasto farmacéutico sino también la equidad de la medida.
El escaso resultado aparente de las medidas que se han adoptado hasta
ahora, casi todas coercitivas, obligan a adoptar otras formas de
control del gasto farmacéutico. El mantenimiento de la prestación
farmacéutica como prestación universal propia del Estado de bienestar
exige medidas dirigidas al establecimiento de un sistema uniforme de
precios con control público en su mantenimiento y con intervención en
la regulación de los precios.
Las actuaciones que deben adoptarse para el control del gasto y del
ritmo de crecimiento farmacéutico deben ser políticas de gobierno,
pues deben integrar intereses contradictorios, en este caso sociales
y empresariales, valoradas en su justa medida, pues la expectativas
de reducción del gasto farmacéutico, como bien sabe la señora
ministra, son muy limitadas: potenciar medidas ya adoptadas, como el
desarrollo de los genéricos, el establecimiento de precios de
referencia o la posibilidad de sustitución de la prescripción por los
farmacéuticos y adoptar nuevas medidas, como la modificación del
ejercicio profesional farmacéutico -el cambio de sistema retributivo
en las farmacias-, la constitución de centrales de compras de
medicamentos en el propio Sistema Nacional de Salud y el control de
las distintas formas de publicidad y de la inducción a la
prescripción. En nuestra opinión, el Ministerio de Sanidad y Consumo
debería establecer directrices de actuación sobre los tres niveles
principales que intervienen en materia de medicamentos: la industria
farmacéutica, el facultativo y el usuario. Con relación a la
industria farmacéutica, se deberían aplicar controles estrictos para
registros de especialidades farmacéuticas y establecer
unos precios de referencia así como favorecer la política de fármacos
genéricos. Si la Administración optara por una cadena pública de
distribución desde los propios centros sanitarios, los fármacos se
suministrarían en las dosis prescritas, con compras directas al
laboratorio mediante concurso, logrando un ahorro de la factura
pública farmacéutica. Con respecto a los facultativos, deberían
crearse farmacólogos en atención primaria que trabajen conjuntamente
con el médico para un uso más racional del medicamento. Y, por lo que
respecta al usuario, resulta primordial la educación sanitaria, no
sólo para informar sobre el gasto que origina a las arcas del Estado,
que también, sino básicamente informando sobre la utilidad de los
fármacos consumidos.
Las medidas coercitivas producen un incremento del gasto
farmacéutico, como ha ocurrido con los decretos de eliminación de
fármacos o con los llamados medicamentazos. La exclusión de
medicamentos perjudica siempre, señora ministra, a las capas sociales
más desfavorecidas del conjunto de la sociedad. La financiación
mediante el recorte de las prestaciones sanitarias no sirve de mucho,
sino que genera desigualdades sociales y puede aumentar el gasto. Es
lamentable pensar en gravar a los enfermos por el hecho de serlo y
más lamentable aún si se piensa en gravar a los pensionistas. Los
jubilados y pensionistas han estado cotizando durante toda su vida
laboral para adquirir un derecho ganado a pulso que no se les debe
arrebatar. Si existe un agravio comparativo con los parados, podría
buscarse la solución ampliando las prestaciones a éstos y no
disminuyendo las prestaciones a los jubilados. El elevado gasto
farmacéutico no debe resolverse con el copago, sino tomando medidas
contra aquellos que suben los precios de los fármacos, concretamente
los laboratorios, adoptando medidas que afecten a la distribución,
facilitando las dosis que se vayan a consumir, limitando el gasto en
publicidad y con medidas tendentes a la utilización de los llamados
genéricos.
La propia industria farmacéutica, a través de Farmaindustria,
reconoce que la producción anual de medicamentos en España supera
ampliamente el billón de pesetas y que los recursos que la industria
farmacéutica destina a I+D rozan los 65.000 millones de pesetas. Las
cifras son elocuentes, hablan por sí mismas, señora ministra. El
coste del medicamento se descompone de la siguiente forma: un 60 por
ciento para el laboratorio, un 30 por ciento para la oficina de
farmacia y un 10 por ciento para las cadenas de distribución. Del 60
por ciento del laboratorio, una mínima parte, minimísima, se refiere
al coste de producción. Por tanto, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el pacto de estabilidad en
el gasto farmacéutico anunciado por usted, señora ministra, no va
a suponer una eficaz medida de control del gasto y de uso racional del
medicamento. Nosotros entendemos que fundamentalmente va a garantizar
la estabilidad de
la industria farmacéutica, con una compensación que podríamos
considerar humillante, basada en unas aportaciones para
investigación. Estas aportaciones, aparte de ser ridículas, van a
condicionar la acción del propio Ministerio. Pensamos que debían ser
asumidas por los Presupuestos Generales del Estado, que es para lo
que están. Si se quiere una compensación por esta estabilidad en la
industria farmacéutica, búsquense fórmulas de abaratamiento de los
productos farmacéuticos y no se recurra a fórmulas que son más de lo
mismo, que sabemos que no van a dar ningún resultado y que además, de
una manera francamente humillante, ponen a los pies de los caballos
al sistema público de salud de este país.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señora ministra, bienvenida en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Voy a intentar ser sintética en mis apreciaciones y no voy a insistir
en comentarios u observaciones que han hecho otras portavoces con
anterioridad. Quisiera que la posición de mi grupo pueda leerse casi
a nivel telegráfico. Punto número 1. Coalición Canaria nos presentó
una moción muy importante y de hondo calado, tanto por el fin que
perseguía como por las formas a las que instaba a trabajar para
conseguir este fin. Punto número 2. La moción de Coalición Canaria
obtuvo el respaldo unánime de los grupos que tenemos representación
parlamentaria. Punto número 3. En la moción nos dábamos un plazo para
llegar a un acuerdo, el mes de junio, y usted misma, señora ministra,
solicitó, digamos que de manera informal pero que tuvo validez, que
no tomásemos el término en el sentido estricto, al objeto de poder
llegar a acuerdos con todos los sectores. Pedía para este fin la
complicidad de todos los grupos y la tuvo. Nadie hizo cuestión de que
a finales de junio no trajera un acuerdo a la Cámara y entendimos que
dos meses arriba o abajo no podían cuestionar un trabajo laborioso y
que se pretendía que fuese ante todo provechoso. Punto cuarto. El
pacto, el acuerdo a que insta la moción, tenía un reto importante.
Implicar a todos los sectores que intervienen en lo que, tal como
acordamos, debía ser un gran acuerdo de estabilidad que rompiese de
una vez por todas que sistemáticamente, ante necesidades normalmente
justificadas pero necesidades coyunturales, tomásemos medidas también
coyunturales que respondían muchas veces a la necesidad imperiosa de
ingresar más dinero en caja, por decirlo de manera llana y sencilla,
para plantearnos unos acuerdos que pudieran tener un calado mucho más
estructural y que permitiesen dar esa estabilidad al conjunto del
sistema, a los sectores implicados, a los usuarios y, por qué no, a
todas aquellas comunidades y
ministerio que tienen responsabilidades importantísimas para llevar a
buen término el Sistema Nacional de Salud.
Usted hoy trae a la Cámara un acuerdo en el que se ha conseguido
implicar a todos estos sectores: a Farmaindustria, a los médicos, a
los prescriptores, a los farmacéuticos, a los consumidores, a los
distribuidores y a los empresarios farmacéuticos. Conclusión,
podríamos decir: estamos ante un compromiso razonablemente cumplido
por parte del Ministerio en cuanto implicación de los sectores que se
pretendía que formasen parte de este acuerdo y estamos ante un
periodo de cumplimentación que, como he dicho anteriormente, si bien
ha sobrepasado el plazo del mes de junio podríamos decir que está
dentro de unos parámetros razonables. Si esto así, y creo que lo es,
¿por qué las intervenciones que se han oído hasta ahora, señora
ministra, la mía incluida, no van a ser del todo favorables, si
parece que estamos ante una situación en la que hoy estuviéramos
todos en un contexto de celebrar lo que tiene que ser un gran acuerdo
de estabilidad?
Mi grupo opina, señora ministra, que las formas que se han utilizado
para llegar a este pacto ponen en cuestión el fin, lo cual no quiere
decir que mi grupo valore negativamente el acuerdo final. No es el
caso. Es más, con toda sinceridad, señora ministra, nosotros pensamos
que todas las cosas son perfectibles (también estos acuerdos),
constatamos y sabemos la dificultad de negociar y trabajar con tantos
sectores y por tanto pensamos que los acuerdos que usted pone encima
de la mesa podrían ser mejores pero que en todo caso son mejores que
los que teníamos hasta la fecha. Esto es así y me parece que es justo
que en nombre de mi grupo parlamentario yo haga este reconocimiento.
Por primera vez, sobre todo con Farmaindustria, hay un acuerdo. Por
descontado, podría ser distinto, pero hay un acuerdo, que es el
acuerdo de poner dinero encima de la mesa para el conjunto del
sistema, al margen del crecimiento del gasto farmacéutico. Esto, por
definición, es un concepto importante que aporta este pacto y que
nosotros valoramos positivamente puesto que rompe una dinámica que
hasta ahora siempre se había dado, que es que, si Farmaindustria
crecía muy por encima de los parámetros establecidos, ponían más
dinero. Pero esto es un pez que se muerde la cola, porque ese mismo
crecimiento del gasto farmacéutico, que acababa revirtiendo en más
ingresos para el sistema, a su vez rompía un equilibrio de
crecimiento de esa tendencia que todos decimos que es necesario
aplicar de no extralimitarnos y de ir hacia el uso racional del
medicamento. Estábamos en una dinámica que acababa haciendo siempre
del mal una virtud y cuando se encendía la luz roja de alerta había
una negociación que terminaba con una aportación por parte de la
industria al Sistema Nacional de Salud. Por primera vez, si bien los
pactos contemplan que en el caso de sobrepasarse los incrementos
razonables haya aportaciones extra, el pacto contempla
una aportación fija al margen del crecimiento. Pensamos que ésta es
la parte más positiva de estos acuerdos y así quiero señalarlo.
Déjeme, señora ministra, que me remita otra vez al inicio de lo que
yo le decía. Si hay sustancialmente valoraciones positivas en estos
acuerdos, y las hay, ¿por qué en el fondo las apreciaciones que le
hacemos en nombre de los grupos parlamentarios no son del todo
conformes o en algún caso son absolutamente disconformes? Porque las
formas con las que se ha trabado el acuerdo no han tenido
suficientemente en cuenta una cuestión primordial que también estaba
en el pacto, que somos conscientes de que tenía dificultad pero que
pensamos que era imprescindible, que es la complicidad para conseguir
estos acuerdos; la complicidad en el sentido más positivo de la
palabra, no el de cómplice para cometer un delito sino el de cómplice
para llegar a buen fin. Y el Consejo interterritorial de Salud ha
tenido aquí un papel excesivamente pasivo o exclusivamente receptor
de acuerdos, no pudiendo, con la representación que tienen en él los
consejeros de las comunidades autónomas, tener un papel más activo,
tal como se reclamaba en el texto de la propia moción. Y, si los
hechos se han desarrollado de esta manera, las conclusiones finales
forzosamente tienen que ser las que hoy se dan. No ha habido esa
complicidad necesaria y deseable para que todo el mundo haga suyo
este acuerdo; las comunidades autónomas, que de alguna manera son las
que luego tienen que llevar a buen término en su territorio lo que
aquí se fragua, haciéndolo desde la responsabilidad de las
competencias que de acuerdo con la Constitución y los estatutos
tienen en esta materia, se sienten simplemente informadas pero no
consultadas. No se sienten partícipes. Señora ministra, nosotros
pensamos que en el día de hoy esta situación de escasa participación
en la elaboración de este acuerdo, de ser las comunidades autónomas
más receptoras de información que partícipes en la elaboración de
todo este proceso, de alguna manera malversa lo que quizá hecho de
otra forma estaríamos valorando de forma mucho más general incluso
como un buen acuerdo.
Como la intención de mi grupo parlamentario es, dentro de lo posible,
que esto vaya donde debe estar y que acabe bien, que es lo que
deseamos todos, nosotros le pediríamos, señora ministra, que, a ser
posible, más allá de los acuerdos que hoy usted presenta aquí en sede
parlamentaria y en la Comisión de Sanidad, se recondujese el tema de
tal manera que todos los consejeros autonómicos representados en el
Consejo interterritorial de salud puedan hacer de este acuerdo su
acuerdo, puedan sentirse partícipes y sobre todo tengan un papel
mucho más definitorio y ya que no lo han tenido en la primera parte
lo puedan tener mucho más resolutivo en cómo se va a repartir el
dinero que se trasluce de estos acuerdos y de alguna manera podamos
encontrar esa complicidad que es totalmente necesaria para el buen
éxito de este pacto de estabilidad. Nosotros
pensamos que aún puede fomentarse este diálogo como punto de
encuentro y que podría terminar en lo que debería ser, de haberse
trabajado bien las formas al igual que el fin, un marco de
estabilidad en el que en lo sucesivo evitemos sorpresas a todos los
sectores, a la industria, a la farmacia y a los consumidores. Desde
la responsabilidad política de cada uno y muy en concreto de la del
Ministerio, dejar de trabajar basándonos en globos sondas y en
fórmulas que, de llevarse a cabo, puedan tener más o menos
efectividad, pero que siempre van introduciendo elementos de
incertidumbre, que no ayudan en absoluto al sosiego y al buen
desarrollo que debe tener el Sistema Nacional de Salud.
Señora ministra, concluyo mi intervención en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con la afirmación que he
hecho. Probablemente estamos ante un pacto de estabilidad que,
teniendo aspectos positivos -reitero que los tiene,- se ha visto
deformado en su objetivo, más por las formas en que se ha llevado a
cabo, que por el propio texto que ustedes nos presentan hoy. Por
tanto, querríamos que dentro de lo posible se reconduzca el tema para
que sea un pacto a satisfacción de todos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señora ministra, al inicio de su
intervención calificaba usted el acuerdo con Farmaindustria como un
acuerdo histórico. Yo añadiría más, es un excelente acuerdo, pero
desafortunadamente no para el Sistema Nacional de Salud, sino para la
industria farmacéutica.
De los datos que se desprenden del contenido del acuerdo y de las
cifras que usted nos daba, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
sin miedo a equivocarnos, podemos deducir que es el acuerdo más
ventajoso que la industria farmacéutica ha firmado con un Ministerio
de Sanidad en toda su historia. Si vemos los términos del acuerdo, da
la sensación de que ha sido redactado de nuevo por el Ministerio de
Economía más que por el Ministerio de Sanidad. Este plan integral,
que se deducía de la moción presentada por Coalición Canaria, a la
que todos los grupos de esta Cámara dimos un voto de confianza
aprobándola por unanimidad, era para la elaboración de medidas de
control del gasto farmacéutico y uso racional del medicamento. Señora
ministra, los términos de esta moción no se han cumplido. No se han
cumplido tampoco los plazos temporales, porque ustedes empezaron a
negociar muy tarde, el 30 de junio, precisamente cuando el plazo para
presentar en esta Cámara este plan integral terminaba. Y lo que es
más importante, no se ha cumplido desde el punto de vista del diseño
conjunto con las comunidades autónomas y articulado a través del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ha sido un
plan elaborado a base de acuerdos negociados de forma
independiente, en compartimentos estancos; una parte prácticamente no
se enteraba de lo que se negociaba con el Ministerio de Sanidad. La
industria farmacéutica negociaba directamente con el Ministerio,
negociaban los empresarios de oficinas de farmacia, el Consejo
general, por lo que durante el periodo de la negociación una parte no
sabía lo que estaba negociando la otra. Se negociaba en
compartimentos estancos, de tal manera que ahora, al exponerse
públicamente el acuerdo, nos damos cuenta de que las oficinas de
farmacia siguen aportando directamente más dinero que la industria
farmacéutica.
Señora ministra, el plan integral llega tarde. Al Grupo Parlamentario
Socialista no nos hubiera preocupado si el contenido hubiera sido lo
suficientemente bueno para el Sistema Nacional de Salud, pero no ha
sido así. Es desfavorable para el mismo, además es incompleto y tiene
una perversión importante, que cuanto más medicamentos se consumen,
más dinero se revierte. Por tanto, mi primera pregunta es: ¿queremos
hacer una política de uso racional del medicamento, de moderación del
gasto farmacéutico público, como dice el acuerdo y como decía la
moción presentada por Coalición Canaria, o queremos conseguir única y
exclusivamente financiación de los laboratorios para la investigación
sanitaria pública? Digo esto, señora ministra, porque también me
gustaría que me contestara a otra cuestión que es una mera
curiosidad. El Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, en el año 2000, vio reducidos sus
presupuestos, cuando se aprobaron, en 1.000 millones de pesetas. En
aquel momento, en el año 2000, se negoció la aportación, por lo menos
así apareció en los medios de comunicación, de 5.000 millones de
pesetas al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La propia
industria denunciaba que, de esos 5.000 millones, habían ido a parar
a este centro solamente 900 millones. Mi segunda pregunta es: ¿Dónde
han ido a parar los 4.100 millones restantes que teóricamente aportó
la industria y que no están en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas? Este centro, en el presupuesto del año 2002 también
vuelve a sufrir, por parte de su Ministerio, otro recorte de 1.200
millones de pesetas. Al ver el acuerdo con Farmaindustria lo
entiendo, porque al parecer los laboratorios van a financiar -repito-
la investigación sanitaria pública de este país. Espero que financiar
no signifique dirigir las investigaciones públicas prioritarias en
materia sanitaria, señora ministra.
El Grupo Parlamentario Socialista no puede compartir estos acuerdos y
por cierto algunos nos han llegado esta mañana, porque se puede
deducir que lo único que al Ministerio le ha interesado -por eso
antes decía que parece que lo ha elaborado el Ministerio de Economía-
es garantizar la cuenta de resultados de los laboratorios y de cada
uno de los elementos que componen la cadena de los fármacos o de los
medicamentos. Dentro
del acuerdo con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos incluyen
ustedes cuestiones que nada tienen que ver con este pacto. Aparte de
que son bases para un acuerdo -con lo que me imagino que después se
tendrá que desarrollar el mismo-, a mí me gustaría saber si
efectivamente se van a basar en los puntos que aparecen en este
documento o si a la hora de la negociación se van a cambiar
sustancialmente, porque a mí y al Grupo Parlamentario Socialista nos
da la sensación, señora ministra, de que garantizar un modelo
planificado de oficinas de farmacia en todo el territorio nacional no
es un punto que se deba incluir en esas bases para el acuerdo con el
consejo general de colegios de farmacéuticos. ¿Se compromete el
Ministerio con los colegios de médicos a dar una información
independiente sobre farmacología? Usted acaba de exponerlo cuando
hablaba del acuerdo con los colegios de médicos; yo pensaba que esto
ya se estaba haciendo. Si los médicos de la sanidad pública de este
país están recibiendo información farmacológica exclusivamente de los
laboratorios y de la industria farmacéutica, permítame que le diga
que el Ministerio está haciendo una dejación importante de sus
funciones. Para garantizar la imparcialidad de la prescripción,
señora ministra, la información tiene que venir del Ministerio y no
puede venir -como al parecer está ocurriendo- directamente desde los
propios laboratorios.
Decía que el Grupo Socialista no puede aceptar estos acuerdos
parciales o este plan integral -no sé cómo llamarle- por dos motivos:
por cuestiones formales y por cuestiones de fondo. Por cuestiones
formales -ya le apuntaba anteriormente alguna-; incumple los términos
de la moción. Además -quiero hacer especial hincapié en esto- los
consejeros de salud de las comunidades autónomas con o sin
transferencias no han sido convocados en ningún momento al pleno del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar de
estos acuerdos o de este plan. No diga usted, señora ministra, que la
comisión científico-técnica está integrada por los consejeros porque
no es cierto y lo ha dicho en su intervención. Esa comisión se
convocó un día antes de firmar el pacto con Farmaindustria y no hubo
pronunciamiento de los técnicos que cada comunidad autónoma envió. Le
recuerdo que la decisión ha de ser política, por lo tanto, una
decisión adoptada en el seno del consejo y por todos los consejeros,
con lo que todavía me parece más impresentable -perdóneme la
expresión- que el pacto con Farmaindustria esté firmado por la señora
ministra y por el señor consejero de salud catalán, como presidenta y
vicepresidente del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud. Compromete las voluntades de las comunidades autónomas que no
le han dado el visto bueno. Tampoco han participado en esa
elaboración los propios consejeros, máximos responsables políticos de
la sanidad de cada comunidad autónoma.
Me preocupa más, señora ministra, el fondo del acuerdo. Si éstas son
todas las medidas de carácter estructural que se pueden adoptar para
que la factura farmacéutica no siga creciendo, me da la sensación de
que han negociado mal, que se han quedado cortos en la negociación,
que no beneficia este pacto al Sistema Nacional de Salud. Si este
acuerdo se hubiera suscrito hace unos meses, Andalucía, por ejemplo,
posiblemente no hubiera podido adoptar un acuerdo que me parece
importantísimo, poder prescribir sobre la base de principios activos,
porque eso hubiera sido motivo, según su firma en el acuerdo con
Farmaindustria, para rescindir ese pacto.
La señor VICEPRESIDENTA: Señora Valentín, vaya concluyendo.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señora presidenta, espero que tenga la
misma benevolencia con el Grupo Socialista que con el resto de los
grupos de esta Cámara, porque si, después de tanto esperar, no nos
deja usted expresarnos o al menos expresar lo que este grupo
considera respecto al pacto de estabilidad, más vale que no nos
convoquen.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Valentín, esta presidencia está
ajustando el tiempo exactamente igual a todos los grupos
parlamentarios. En este momento usted ha sobrepasado ya su tiempo y
tiene el mismo periodo de gracia que han tenido los demás.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Termino enseguida, señora presidenta.
Muchas gracias.
Señora ministra, la industria farmacéutica ha conseguido con usted lo
que no ha conseguido con ningún otro gobierno, a pesar de que lo ha
intentado, obtener toda la información sobre facturación, recetas
detalladas por laboratorios, especialidades, comunidades autónomas,
detalles que desde nuestro punto de vista van más allá de lo que
requiere la aplicación de este pacto. Y lo que va a obtener la
industria de este país van a ser muchas ventajas desde el punto de
vista comercial y de marketing de la industria. En cuanto a los
incentivos fiscales, señora ministra, sabe usted que deducir como
gasto de los beneficios empresariales supone una disminución
importante de la aportación que la propia industria farmacéutica está
haciendo y a la que se está comprometiendo. Este conjunto de
incentivos fiscales, el aumento a diez años de la protección de los
productos no protegidos por patentes en España, más las
consideraciones que hemos hecho anteriormente, creemos, desde el
Grupo Socialista, que están lesionando los intereses generales de
control del gasto y de uso racional del medicamento y que benefician
de forma unilateral a una sola parte, repito, a la industria
farmacéutica. Por tanto, si el Gobierno, si el Ministerio de Sanidad
está dando por bueno un crecimiento del 9,5 por ciento del gasto
farmacéutico público, tal como
se plasma en el acuerdo con la industria farmacéutica y tal como se
plasma también en los Presupuestos Generales del Estado, me da la
sensación de que ustedes no tienen ninguna confianza en todas las
medidas que hasta este momento han ido adoptando y en las que se
incluyen en este pacto de estabilidad farmacéutica, porque parten de
la idea de que no se va a cumplir en absoluto.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Valentín, un momento, por favor.
Vaya concluyendo.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señora ministra, haré una última
consideración. Yo decía que el pacto es incompleto. ¿Se acuerda usted
del Real Decreto 2000, sobre medidas de racionalización y
liberalización de productos farmacéuticos y gasto farmacéutico? ¿Se
acuerda usted del artículo 5.º? Decía que iba a regular usted en el
periodo máximo de 31 de octubre del año 2000 todas las cuestiones
relacionadas con la promoción y la publicidad de los medicamentos?
Creo que también tendrían que haberse incluido aquí. ¿Por qué no ha
negociado usted con la industria? Ya está bien de gastarse dinero,
que luego repercute en el precio del medicamento, en promocionar
fármacos e indirectamente en ir influyendo también en determinados
prescriptores? Última pregunta, señora ministra. ¿Piensa usted
desarrollar el artículo 5.º de este real decreto? Por no hablar de
los medicamentos genéricos, que en este acuerdo quedan malparados?
Caía en picado el mercado de medicamentos genéricos pero desde luego
aquí no se ponen las bases, por supuesto, para que se relance ese
mercado tan importante. Sólo le pido, con respecto a los medicamentos
genéricos, que se cumpla lo dispuesto en la Ley del Medicamento en
materia de sustituciones y bonificaciones, realizándose las
inspecciones farmacéuticas oportunas por parte del Ministerio para
que el mercado de genéricos pueda ser competitivo y se pueda
beneficiar de él el Sistema Nacional de Salud.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Señora ministra, bienvenida una vez más a
esta Comisión de Sanidad, especialmente hoy, que viene usted a
exponer el trabajo de nueve o diez meses, derivado de una apuesta
formal de todos los grupos de la Cámara por una propuesta inicial de
Coalición Canaria, como han repetido los diputados que me han
precedido en el uso de la palabra. Era una apuesta de extraordinario
riesgo político para usted, señora ministra, que usted aceptó con el
espíritu de diálogo y de consenso que lleva usted demostrando en un
año y medio al frente del Ministerio de Sanidad. El Grupo
Parlamentario Popular participó en la enmienda de esa propuesta,
sabiendo de las dificultades del reto. Quiero resaltar que, en uno de
los apartados
de ese acuerdo, se dice que la ministra venga a exponer a la
Cámara la situación del plan, la posibilidad de llevarlo a cabo, o
qué conversaciones se tienen en un momento determinado en relación
con este punto. Eso figura en la última parte del texto de la moción
presentada.
Diez meses después, la ministra trae a esta Cámara un acuerdo
histórico, realizado con transparencia, realizado en contacto
continuo con todos los responsables de las comunidades autónomas, de
gestión transferida y de gestión no transferida; con reuniones de los
responsables de las comunidades autónomas en la comisión de Farmacia
del Consejo interterritorial y sobre todo con el diseño conjunto de
lo que se entiende que era la aproximación a este gran problema del
medicamento. Y la ministra ha conseguido que todos los sectores
implicados se pongan de acuerdo en algo que no es que sea
extremadamente difícil es que tiene intereses contrapuestos. Poner de
acuerdo por primera vez a los consumidores y usuarios, al Consejo de
colegios médicos, al Consejo de colegios farmacéuticos, a la
Federación de empresas de la farmacia, a Farmaindustria y a los
distribuidores es un hecho histórico, por el cual el Grupo
Parlamentario Popular le da su más sincera enhorabuena, señora
ministra. Porque los logros en todos los acuerdos tienen que ser en
virtud de una negociación de ambas partes. Y lo que ha venido a hacer
el Ministerio de Sanidad es recoger el espíritu de los objetivos que
se plasmaban en el acuerdo del Congreso de los Diputados. Y en cuanto
a las expectativas económicas, la ubicación o la definición del 6,5
por ciento del crecimiento del gasto del medicamento, la potenciación
del uso racional del mismo y las inversiones en investigación no
están marcadas con criterios del Ministerio de Economía o del
Ministerio de Hacienda, sino fundamentalmente para prevenir aquellas
causas que más frecuentemente inciden en la salud de los ciudadanos
españoles en la actualidad, como son la oncología, la cardiología, la
genómica y las enfermedades emergentes, con criterios de prevención
de la salud y nunca con criterios económicos. Además, por primera vez
también, hay aportaciones a la investigación sin incremento del gasto
sanitario en medicamentos, otro logro importantísimo. Poner de
acuerdo, y voy terminando señora presidenta, a los médicos y a los
farmacéuticos en sus máximos representantes colegiados en la dinámica
de la discusión en relación con la prescripción facultativa ha sido
otro gran logro. Potenciar que el farmacéutico sea un agente
sanitario de primer orden, que se comunique con los consumidores y
usuarios y que estos se impliquen en lo que es el conocimiento no
solamente de la terapéutica sino del uso de los medicamentos. Y
convencer al consejo de colegios médicos con relación a la mejor
información -el consejo de colegios médicos sabe perfectamente cuál
es la información que recibe y si hubiera tenido alguna dudarazonable
con relación a este acuerdo no lo hubiera firmado-
respetando la independencia y la profesionalidad de su colectivo.
Además, se fija un plazo prudente, tres años, y una comisión de
seguimiento, como es razonable, mixta, para ambas partes que han
hecho los acuerdos, para ver cuáles son las posibles desviaciones.
Objetivo del gasto, 6,5 por ciento. No 9,5 por ciento, como se ha
dicho. Las desviaciones, en virtud de aportaciones de todos los
sectores implicados en el gasto de farmacia para todas las
comunidades autónomas. En el seno del Consejo interterritorial y como
es lógico en la comisión científico-técnica es donde se determinarán
los proyectos de investigación en todo el territorio español, en
todas las comunidades autónomas, primando los proyectos de
cooperación entre las distintas comunidades autónomas, es donde se
marca cuál es el dinero destinado a cada proyecto de investigación.
Por tanto, los fines, conseguidos; los medios, respetados y, el
resultado del pacto, histórico.
Señora ministra, la más cálida enhorabuena del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora ministra de
Sanidad y Consumo, para responder a las cuestiones planteadas.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias
a todos los intervinientes en esta sesión.
En primer lugar me gustaría contestar a la señora Julios en tanto en
cuanto es la proponente y la primera interviniente de esta
comparecencia. En muchas de las cuestiones que le voy a responder
están implícitas posiblemente muchas de las preguntas que me han
hecho otros portavoces, de modo que nadie considere que no le he
contestado porque hay cuestiones que han sido planteadas de forma
unánime por todos ustedes, algunas con matices. La elaboración de
estos acuerdos son debidos a una moción. Es así, pero cuando se habla
de unanimidad, y agradezco mucho las palabras del representante del
Grupo Popular, no hay que olvidar que el grupo que sostiene al
Gobierno al que pertenezco lo apoyó decididamente. Por eso se aprobó,
porque era un tema que yo entendía y entendíamos desde el Grupo
Popular que era bueno apoyarlo. Lo he hecho en otras ocasiones y es
la forma de participar en la solución de los problemas en este caso
de la sanidad española.
Hay una cuestión previa que me crea una cierta duda: cuando una
comisión parlamentaria insta al Gobierno, insta al Gobierno, le dice
al Gobierno que haga determinadas cosas, las que sean. En este caso,
que hagamos este plan integral y, segundo, que lo hagamos contando
con el Consejo interterritorial. Después puede haber interpretaciones
de cómo hemos hecho bien o no el tema del Consejo interterritorial,
pero esto es lo que insta esa moción. Si SS.SS. hubieran considerado
necesario que se hubiese planteado una participación,
como ha dicho la señora Julios, una involucración de la Cámara
más clara, que la Cámara y los grupos políticos se hubieran
involucrado en la solución de los problemas, tendría que haberse
creado una subcomisión y no se hubiera instado al Gobierno. Por
tanto, hemos cumplido perfectamente con la moción en lo que significa
la participación de los grupos políticos de esta Cámara. Yo hubiera
aplaudido que los grupos de la Cámara hubiesen querido participar más
activamente, porque quiero recordar a SS.SS. que en mi primera
intervención en esta Comisión hablé de la necesidad de que en sanidad
hubiera un pacto de Estado, aquí en esta Cámara, y que se incorporara
exactamente igual que se ha hecho el Pacto de Toledo que afectaba a
la Seguridad Social, lo que se refiere a pensiones. En cualquier
caso, yo siempre soy partidaria de que los temas importantes puedan
ser debatidos con una cierta serenidad en el Parlamento, en una
subcomisión de esta comisión, donde puedan intervenir técnicos,
etcétera. Sin embargo, esa no fue la decisión de esta Cámara, la
decisión fue instar al Gobierno y por tanto yo creo sinceramente que
esa parte está bien cumplida. Después, cada cual interpretará lo que
quiera. Se podrá decir que el pacto podría haber sido más agresivo,
más duro. Cierto, por lo visto sólo con Farmaindustria. Es posible,
pero he llegado hasta donde he podido llegar. A lo mejor otro
ministro mucho más inteligente hubiese conseguido sacar a la
industria farmacéutica 500.000 millones de pesetas. Tengo mis serias
dudas porque no es el primer pacto que se firma con esta industria.
Hay precedentes de pactos con la industria farmacéutica, no con el
conjunto de todos los sectores que intervienen en el posible control
del gasto farmacéutico. Había ese precedente que significaba que, al
margen de cómo se crecía, había unos ingresos que variaron en función
de cada pacto en cada momento. Se pasó de 17.000 millones a los
30.000 en situaciones muy diferentes, pero estaban ahí. ¿Cómo nos
enfrentamos desde el Ministerio de Sanidad a este plan integral?
Señorías, compartiendo con todos ustedes su preocupación y la
necesidad de aunar todos los objetivos, nos pusimos a ello. Lo
hicimos, partiendo, en primer lugar, de un documento, que se debatió,
Medidas de contención del gasto farmacéutico, donde se analiza en
primer término por qué se produce el incremento del gasto, cuáles son
las razones del incremento del gasto. Se van analizando cada una de
las medidas posibles. Digo posibles, no que se fuesen a tomar. Este
trabajo elaborado por la Comisión de Farmacia del Consejo
interterritorial, exactamente igual que elaboramos, por expertos, uno
sobre listas de espera, como ustedes recuerdan, está elaborado al
margen de lo que significaría después la toma de decisiones
políticas. Por eso aquí se analiza hasta el copago. Son los técnicos
los que lo hacen, estudian y analizan las debilidades, los puntos
fuertes de cada una de las medidasque se podrían tomar, sin ningún
tipo de limitación
política. Todas las que se podrían tomar y lógicamente se analizan
por qué crece el gasto del medicamento. Aparte, señora Julios, de que
todos sabemos por qué crece el gasto farmacéutico. No seamos
hipócritas. Todos sabemos que los nuevos medicamentos son
excesivamente caros, todos sabemos la presión que existe ¿Por qué, si
no, plantea usted en su moción que lo negociemos con todos los
grupos? Porque todos sabemos de qué estamos hablando, porque en el
sector hay una cierta cultura sobre esta cuestión. Por tanto, este
documento ha sido distribuido y se discutirá en el pleno del Consejo
interterritorial, donde podremos analizarlo.
A mí me preocupa que en el Consejo interterritorial solamente se
pueda hablar en los plenos. Quiero recordarle que en la concepción
actual del Consejo interterritorial, en los plenos no solamente están
los consejeros, sino que también está la Administración central. Es
paritario, comunidades autónomas y Gobierno central, tal como se
concibió en su inicio. Inciso que planteo en este momento en el
sentido de que en el ministerio, una vez transferida la gestión de la
asistencia sanitaria, también estamos analizando cuál sería el
Consejo interterritorial más adecuado para esa cooperación y
participación que, les puedo garantizar a todas SS.SS., es la base
fundamental de nuestro trabajo, nos podremos equivocar a veces, pero
es el eje fundamental de nuestro trabajo: la cooperación y la
coordinación. Yo soy muy respetuosa con las competencias de las
comunidades autónomas y lo que me gustaría es que las comunidades
autónomas fueran respetuosas con las competencias del Gobierno
central, que están claramente delimitadas. Lo que tampoco se puede
pedir en el Consejo interterritorial es que lideremos determinados
procesos y si los lideramos se nos riña porque lo hemos hecho. Quiero
decir algo que me preocupa por lo que pueda significar en cuanto a
cómo vamos a conseguir trabajar hacia ese futuro. Aquí se ha
planteado por diferentes portavoces cuál es la situación -creo que ha
sido por parte de la señora Julios- de la financiación de la sanidad
de las comunidades autónomas. A mí me gustaría despejar un error que
tienen algunos consejeros y algunas de SS.SS.: la sanidad es una
prestación de la Seguridad Social. Eso no ha cambiado un ápice. Por
tanto, las competencias de comunidades autónomas y de la
Administración central están regidas por lo que la propia
Constitución delimita sobre cuáles son las competencias de las
comunidades autónomas y de el Gobierno central. Lo que ocurre es que
nuestro sistema de Seguridad Social ha sufrido una transformación
importante que, además, se recoge y se pone en marcha a raíz del
propio Pacto de Toledo, e incluso anteriormente. Como ustedes
recuerdan la sanidad empezó financiándose con cuotas, pero cuando la
Ley de Sanidad la convierte en universal empieza a financiarse parte
por cuotas y parte por los impuestos del conjunto de los españoles.
Ese modelo dual se va cerrando progresivamente
y se cierra definitivamente en el año 2000, cuando la
sanidad se financia con impuestos. Sin embargo, esto no significa que
la sanidad no sea una prestación de la Seguridad Social, significa
que, al ser universal, no afecta sólo y exclusivamente a los
trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos, que son los que
componen el sistema de prestaciones de cuotas de la Seguridad Social.
Antes había una enorme injusticia puesto que los trabajadores pagaban
dos veces, vía impuestos y vía cuotas -este tema fue muy debatido en
la Comisión de Política Social en épocas pasadas- y en el año 2000 se
cierra, como así aparece claramente reflejado en el Pacto de Toledo,
y se dice claramente que la sanidad, desde el momento que es
universal, tiene que financiarse por impuestos del conjunto de los
españoles. Por tanto, hay un principio de cohesión y de solidaridad
básico y fundamental. Es en el proyecto de ley de presupuestos que en
este momento está siendo debatido en las Cámaras donde se da una
definición clarísima de las fuentes de financiación de la Seguridad
Social y se delimitan claramente cuáles son vía cuotas y vía
impuestos. Otro de los acuerdos que se completará en pocos años son
los complementos de mínimos, que también pasarán a ser cien por cien
de los impuestos, insisto, del conjunto de los españoles, de la
solidaridad interregional, intersectorial, intergeneracional de los
españoles. Eso sigue siendo así, es bueno para todos y queda
reflejado en el pacto de financiación. Quiero decir que en las
negociaciones con el Gobierno, el Partido Socialista lo defendió
exactamente igual que el Ministerio de Sanidad, en los mismos
términos. Ese es el principio fundamental de la solidaridad y del
Estado que nos hemos dado todos los españoles en la Constitución
española. Eso es así y no se puede decir que es la comunidad autónoma
la que paga la factura farmacéutica, sino que son los españoles los
que pagan también la factura farmacéutica, como pagamos la asistencia
sanitaria y la educación. Como debe ser. ¿Cuál es la competencia de
la comunidad autónoma? Es la gestión de la asistencia sanitaria y les
puedo garantizar que respeto la competencia al cien por cien, al
margen de quien sea cada presidente y cada consejero de sanidad en
cada momento y en cada una de las comunidades autónomas. Aquí quiero
decir que no me parece adecuado en un ataque que considero legítimo
del Parlamento en este momento hacia la ministra de Sanidad -y lo
considero legítimo porque es la base fundamental de nuestro sistema
democrático- se intente involucrar al señor consejero de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, que ha actuado de buena fe, ejerciendo las
obligaciones que tiene de vicepresidente del Consejo interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, cumpliendo sus obligaciones. Que nos
hemos podido equivocar, señora Riera, en el sentido de que nos
debíamos haber reunido con todos los consejeros con competencias
transferidas en asistencias para hacernos la fotojuntos,
posiblemente, si me he equivocado en eso, no
me cuesta ningún trabajo decirlo y todos ustedes me conocen, pero en
lo que no me he equivocado es en dos cosas. Primero, en que conocían
a fondo los textos. Ha sido negociado y hablado por el subsecretario
del Ministerio de Sanidad con todos ellos y no una vez, como no podía
ser menos, al margen de que sus directores generales de Farmacia
hubiesen hecho un documento y conocieran en profundidad hasta dónde
podríamos llegar. Por tanto, información a las comunidades autónomas,
sí. Que en la foto no estaban, también, aunque yo no estoy
simplificando esto en una foto. Quiero decir que me podría haber
reunido con cada uno de ellos para explicarles claramente lo que ya
sabían. Le admito, señora Riera, que eso puede haber sido un error
del ministerio y asumo ese error personalmente, yo, la ministra. No
nos hemos equivocado a la hora de negociar porque si el planteamiento
es que esta cuestión la tienen que negociar las 17 comunidades
autónomas conjuntamente con nosotros, señorías, veo bastante difícil
que hubiese sido posible un pacto, éste u otro, porque en los pactos
anteriores con Farmaindustria, que son los únicos que preocupan a S.
S. en este momento y de los que estamos hablando, no se negociaron en
el Consejo interterritorial, ni se sentaron los 17 consejeros con el
representante de Farmaindustria para negociar. Hubo un liderazgo
mejor o peor en cada caso, que yo no voy a juzgar. Que después
algunos de ellos los firmaron los consejeros, sí, pero la negociación
de esos acuerdos la llevó quien tiene que liderar el Sistema Nacional
de Salud, respetando las competencias. Que después, en eso que yo he
simplificado en una foto de la firma, en algunos aparecían los
consejeros con competencias transferidas, sí, pero no hay otra forma
de negociar, señorías. No se puede negociar con 27 persona a la vez,
ni, por supuesto, el ministerio está dispuesto a renunciar a las
competencias que le reconoce la propia Constitución, la Ley de
Sanidad y la Ley del Medicamento. Por tanto, puedo haberme equivocado
al no hablar más con determinados consejero, pero no en el
conocimiento que tuvieran esos consejeros del pacto. Por cierto, no
son todos los consejeros, ni siquiera todos los transferidos, los que
han planteado ninguna cuestión. Ha sido el consejero vasco y, por
cierto, señora Valentín, en esa reunión, a la que no van los
consejeros porque no quieren porque delimitan su representación en
función, lógicamente, de su propia autonomía -y hasta ahí podía
llegar la broma-, sí hubo una cuerdo y el único que dijo que no le
gustaba el pacto fue el representante del País Vasco, el único que
planteó que el pacto no le gustaba. (La señora Valentín Navarro: Pero
si no se lo ha explicado.) No es la primera vez que el representante
del Gobierno vasco muestra esta actitud, también lo hizo, por
ejemplo, en el pacto de 1998, sin embargo, sí participó, lógicamente,
de lo que significó el reembolso de dinero a las comunidades
autónomas.
¿Por qué ligarlo a la investigación? Cuando nos planteamos el pacto
con la industria farmacéutica lo hicimos partiendo de la base de que
eran necesarias varias cuestiones. Primera, España forma parte de la
Unión Europea y tiene que ir adecuando también determinadas políticas
a las de la Unión Europea. Segundo, en este momento la industria
farmacéutica, al margen de los conceptos ideológicos que cada uno
pueda tener sobre la misma -y los respeto todos-, está sufriendo,
como ha dicho algún portavoz en su intervención, creo que ha sido la
señora Uría y también algo la señora Castro, una concentración, pero
no solamente concentración por unión entre diferentes industrias,
sino también una concentración en las zonas y en los países en donde
invertir en investigación. De forma cada vez más importante la
industria farmacéutica está abandonando centros de investigación en
algunos países europeos porque, puesto que conseguir una
investigación de una molécula cuesta en torno a 200.000 millones de
pesetas, según datos de la propia industria, a ellos les interesa
concentrar sus esfuerzos en determinados países. Una de las
cuestiones que más nos preocupaba a nosotros era que la industria
farmacéutica abandonase España en lo que es investigación para
utilizar sus fondos en otros países. Por eso para nosotros era
necesario garantizar que 225.000 millones de pesetas se los gastase
la industria farmacéutica en investigación en sus diferentes órganos
de investigación en España, con investigadores españoles, y que
75.000 millones de ese dinero se van a dedicar a la investigación
extramuros, es decir, en el Sistema Nacional de Salud. Lógicamente va
a estar controlada por la comisión de seguimiento la inversión de la
industria farmacéutica extramuros en el Sistema Nacional de Salud, y
además un fondo para la investigación que en el caso de no
crecimiento son 25.000 millones y en el caso de crecimiento a PIB más
tres puntos serían los 50.000 millones. Además lo que marcamos
claramente es un campo de juego estable para todos, también para la
industria, pero también para los farmacéuticos, también para los
médicos, un campo estable de viabilidad hacia el futuro y en ese
campo entendemos que también era necesario dotar no al Ministerio de
Sanidad, sino al Sistema Nacional de Salud de la suficiente
financiación para la investigación.
Dice algún portavoz, ¿es que la industria va a financiar la
investigación pública? Sí, como en el resto de los países, ni más ni
menos. (La señora Valentín Navarro: Y el ministerio cada vez menos.)
La investigación pública va a participar, lógicamente de forma
activa, en lo que va a significar esta investigación, como en el
resto de los países, exactamente igual que está haciendo Alemania,
gobernada por los socialdemócratas, Francia gobernada por los
socialistas, Italia, España, Portugal y el Reino Unido, gobernado por
los laboristas, socialdemócratas. ¿Eso significa que van a financiar
el cien por cien? No, que van a participar. ¿O
es que no es investigación la financiación pública que significa el
Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿O es que no es investigación
biomédica el FIS donde en estos momentos tenemos 5.500 millones y
hemos conseguido acuerdos de dinero FEDER también para investigación
biomédica? (La señora Valentín Navarro: Pero si el FIS se financia
con la industria farmacéutica.) Pero simplemente hay que ir a más. ¿O
es que no es inversión pública el dinero público para los diferentes
centros nacionales dependientes del Carlos III como es el CNIO o el
Cardiovascular? Todo ese dinero es público, es decir, del conjunto de
los españoles, del bolsillo de los españoles, pero es necesario,
porque la investigación biomédica es excesivamente costosa, que la
industria también participe. ¿Eso significa que el Ministerio de
Sanidad va a utilizar esos fondos para el CNIO? No, señoría.
Significa que el Sistema Nacional de Salud va a tener un instrumento
de financiación para la investigación en red, es decir, en todo el
territorio nacional. ¿Quién va a evaluar esos proyectos? Como se hace
en todos los países que tienen un nivel de investigación importante,
los evaluadores internacionales. ¿Quién va a aprobar definitivamente?
Le recuerdo que tenemos la Comisión de investigación en el Consejo
interterritorial, con la presencia, por supuesto, de las comunidades
autónomas. No vamos a sacar ningún beneficio en el Ministerio de
Sanidad. Estoy convencida de que hemos trabajado para el Sistema
Nacional de Salud y haremos en ese acuerdo que aquellas comunidades
autónomas que tienen masa crítica en investigación, como son la
Comunidad Autónoma de Cataluña o la de Madrid, que tienen un núcleo
importante, tiren de la investigación en otras comunidades autónomas.
Por eso obligamos a que en los proyectos que se aprueben haya
presencia cuanto menos dos o tres equipos de investigación de
diferentes comunidades autónomas, con lo cual conseguiremos que todos
podamos también llegar a la cohesión social en la investigación en
este país, que creo que es necesario. Estoy convencida de que el
esfuerzo que han hecho los investigadores en determinadas zonas de
España, como en Cataluña, en cierta forma en Madrid y en cierta forma
en el País Vasco, se deriva de un esfuerzo anterior, pero también se
deriva de la cohesión con el resto de España. Es el momento de que
esas comunidades autónomas también colaboren con otros equipos de
investigación de esas comunidades autónomas y sé que las comunidades
autónomas lo quieren hacer. Por eso también me extrañan algunas
posiciones poco solidarias con este mensaje que, insisto, ha sido
transmitido a todos los consejeros.
Me pregunta la señora Julios por qué no aparecen en estos pactos los
nuevos medicamentos, su aprobación y sus precios. Porque no estoy
dispuesta a negociarlo con la industria, señora Julios, porque eso es
competencia exclusiva mía y por tanto la decisión de cuáles son los
medicamentos que entran en el sistema no pienso negociarlo
con la industria. ¿Por qué? Que alguien me dé una
justificación para pedirle permiso a la industria para introducir un
nuevo medicamento en el sistema y por qué el precio también. La
elaboración del precio en el medicamento, si hiciéramos caso a las
presiones de la industria farmacéutica, iría mal. En este país desde
hace muchos años el precio del medicamento es de los más bajos, por
no decir el más bajo de la Unión Europea, y creemos que tenemos que
seguir en esa línea. (La señora Valentín Navarro pronuncia palabras
que no se perciben.) Yo comprendo que no le guste lo que digo a la
señora Valentín, pero por favor téngame un mínimo de respeto porque
yo se lo he tenido a usted, no me interrumpa permanentemente, se lo
ruego.
La señora VICEPRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Solamente le pido que mantenga silencio porque no se oye la
intervención. Comprendo que tenga que hacer comentarios con sus
compañeros, pero hágalo en voz baja porque la señora ministra se
dirige a toda la Cámara y tenemos dificultad para oírla.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Si se
dirige a su compañero, señora presidenta, permítame que se lo diga,
no me importa, pero sí cuando se dirige a mí que es lo que está
haciendo.
Los nuevos medicamentos, como le he dicho, la aprobación y sus
precios dependen del Ministerio de Sanidad y así va a seguir siendo y
no pienso negociarlo con la industria. ¿Por qué? No tengo por qué.
¿Qué tengo que negociar con la industria? Un marco estable. ¿De qué?
De crecimiento. ¿Qué me comprometo a no hacer? A algo que fue
profundamente pasado en el pasado, los medicamentazos, porque no
fueron positivos. Aquí tengo la evolución del gasto farmacéutico por
años. En el año 1987 el crecimiento era del 19,8 por ciento, mientras
el PIB crecía al 11,8; en 1988, el 18,45 mientras el PIB crecía al
11,1; en 1990, el 16,20, el PIB al 11; en 1991, el 17,10, el PIB al
9,5, y así hasta el año 1996 que crece el 11,36, con el PIB al 6.
¿Qué es lo que pretendemos? Que el crecimiento sea conocido por todos
y creemos que en los últimos años ha habido un crecimiento controlado
importante que hay que seguir manteniendo. Es decir, cuando en el año
2000 se crece al 7,46 y el PIB al 7,7, estamos haciendo un buen
trabajo por el gasto farmacéutico y por el gasto sanitario. Por
tanto, lo que le estamos diciendo a todos los sectores es: señores,
PIB -insisto, precio laboratorio, no estamos hablando de precio de
venta definitiva en farmacias, estamos hablando de venta a
laboratorios, PVL-; PIB más 3 puntos. A partir de ahí, se rompe el
acuerdo y negociamos todo. En ese acuerdo, se habla de genéricos, que
para nosotros es muy importante. En una situación de genéricos que,
por cierto, enestos últimos años es cuando se han desarrollado los
genéricos, no antes, hay un acuerdo donde decimos que las medidas en
torno a aprobación de genéricos y precio de referencia, grupo
homologado y grupo de precio de referencia, tendrán como límite en
tres años 165.000 millones de pesetas precio de venta al público,
precio de venta de laboratorio, 105.000 millones. Señorías, es
bastante más del esfuerzo que estamos convencidos que podemos hacer;
vamos a hacer un esfuerzo enorme para poder cumplir esos parámetros,
porque lo que en este momento significa el número de envases
utilizados por el Sistema Nacional de Salud en genéricos, para
comparar datos homogéneos, enero-junio del año 2000, alcanza en el
año 2000, los 7.780.000 envases, por un valor de 12.928 millones de
pesetas. Durante este mismo periodo de tiempo, enero-junio del año
2001, el número de envases, ha sido de 15.821.000 y el gasto, 28.916
millones de pesetas. Es decir, estamos avanzando en la aprobación de
especialidades genéricas y en el mes de diciembre lo van a ver
ustedes, porque ya ha sido distribuida para su conocimiento,
cumpliendo las normativas legales, la nueva modificación del decreto
de precio de referencia para que aparezcan nuevos grupos homogéneos
y, por tanto, nuestro trabajo va a seguir siendo el que tiene que
ser. En el compromiso con Farmaindustria, no coartamos para nada, y
esto me gustaría dejarlo muy claro, las competencias de las
comunidades autónomas.
He seguido con mucha atención la intervención de la señora Valentín.
Sus argumentos son los mismos que me plantea el consejero de Sanidad
de la Junta de Andalucía en una carta que me remitió el día 2 de
noviembre, con fecha de 19 de septiembre, con las mismas cuestiones
que ha hecho la señora Valentín. Señoría, el pacto para nada
interviene en las competencias exclusivas de las comunidades
autónomas; el pacto que usted alaba en Andalucía, significa
simplemente lo siguiente: que cuando un médico prescribe un principio
activo, el farmacéutico dará el genérico más barato; eso lo hacemos
todos, los transferidos y el Insalud, todos, y no hay ninguna
interferencia en las competencias de una comunidad autónoma, de
ningún tipo. La Comunidad Autónoma de Andalucía es la única que ha
pedido por escrito que no le afecte el pacto y, por tanto, no lo
quiere. Mi pregunta es qué va a pasar con los investigadores
andaluces; ¿no van a poder utilizar este dinero? Porque el pacto de
1998, que fueron 60.000 millones, nos costó un cierto esfuerzo y fue
este ministerio el que consiguió llegar a la definición del reintegro
de este dinero, pero la Comunidad Autónoma andaluza no recibió los
11.000 millones que le correspondían porque el señor consejero se
había desvinculado del acuerdo, y no los recibió. Luego, el Sistema
Andaluz de Salud se quedó sin 11.000 millones de pesetas, pero fue su
decisión. Si esto significa también, por la misma norma, que los
investigadores andaluces. En cualquier caso, este es un tema con el
consejero de Andalucía y no con la portavoz del Grupo Socialista.
Discúlpeme, señora
Valentín. ¿Va a haber una fiscalidad especial? No, la que está en los
Presupuestos Generales del Estado, definitivamente.
Quiero agradecer a los intervinientes en esta comparecencia lo dicho
sobre la valoración del resto de los pactos. Creo que ha sido
importante que hayamos empezado a trabajar con la distribución; creo
que es importante que estén las asociaciones de consumidores
y usuarios; creo que es importante que los médicos acepten la orden de
precio de referencia, donde el farmacéutico es quien, como ustedes
recuerdan, al final, si el paciente prefiere el genérico en vez de la
marca, se lo da; creo que hemos llegado a un acuerdo que marca un
sendero de entendimiento con todos.
Quiero decir, señorías, primero que, efectivamente, no he cumplido
los plazos. Lo he reconocido desde el principio. Ha sido imposible.
Segundo, sí hemos comunicado a los comunidades autónomas; tal vez hay
un defecto de forma y comparto el planteamiento de la representante
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en el sentido de que la
forma también podía haber sido de otra manera; es probable. Hemos
llegado al límite de lo que se podía conseguir y creemos que hemos
conseguido unos objetivos importantes: dinamizar la investigación
biomédica en nuestro país; crear un marco estable de relaciones para
todos y unas fórmulas que respetan absolutamente las competencias de
las comunidades autónomas, pero sostienen, como no podía ser menos,
cuáles son las competencias del Gobierno central.
Gracias, señoría, y perdonen, tal vez, por mi extensión. (La señora
Valentín Navarro pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias por sus palabras, señora ministra.
Perdón, señora Valentín, ¿con motivo de qué pide la palabra?
La señora VALENTÍN NAVARRO: Para dejar constancia de que he formulado
preguntas muy concretas y no han sido contestadas por la señora
ministra.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Valentín, un momento. Usted sabe que
no hay turno de réplica. Ha consumido usted seis minutos más que el
resto de los portavoces. Esta presidencia cree que ha sido
suficientemente generosa con usted en el tiempo, en atención a que
ningún grupo ha puesto ninguna objeción. No hay segundo turno de
réplica. Por tanto, si usted tiene que hacer alguna pregunta, sabe
que la señora ministra puede contestarlas por escrito. Plantéelas por
escrito y se le contestarán.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señora presidenta, no estoy pidiendo
tiempo; estoy diciendo que las preguntas concretas que he formulado,
no han sido contestadas por la señora ministra.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Valentín.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señora
presidenta, no es descortesía por mi parte, pero creo que he
contestado a las preguntas de la señora Valentín.
Sobre los incentivos fiscales, como he dicho, son los que aparecen en
los presupuestos. La información que se le da a la industria -perdón,
ésta no se la había contestado- es la misma que se le ha dado siempre
que se ha firmado un pacto, la misma que se le ha dado... (La señora
Valentín Navarro: Es un documento de Sanidad, un artículo del Real
decreto-ley.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Valentín, por favor, no reabra el
debate. Está hablando la señora ministra. Un momento, guarde el orden
parlamentario y un poco la cortesía parlamentaria.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Creo que
he contestado a todas las preguntas de la señora Valentín. (La señora
Valentín Navarro: Las que no quiere no las contesta.)
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señorías, vamos a dar cinco minutos de descanso, a solicitud de la
Mesa y de algunos de los portavoces. (Pausa.)
- LAS ACTUACIONES QUE HA LLEVADO A CABO SU MINISTERIO RESPECTO A LA
RETIRADA DE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENE
CERIVASTATINA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 213/000513.)
- LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR SU MINISTERIO PARA EVITAR EL USO DE
NUEVOS FÁRMACOS QUE PUEDAN PRODUCIR MUERTES O REACCIONES ADVERSAS,
Y LAS MEDIDAS DE ORDEN LEGAL Y SANITARIO A CONSECUENCIA DEL USO DEL
FÁRMACO CERIVASTATINA (LIPOBAY), CUYO USO YA HA PRODUCIDO DICHOS
EFECTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000516.)
La señora VICEPRESIDENTA: Como se ha comunicado al inicio de la
Comisión, los puntos 2.º y 3.º del orden del día se van a tratar
conjuntamente. Según la normativa vigente, el orden de intervención
corresponde al grupo solicitante que ha registrado en primer lugar la
solicitud de comparecencia.
Para su exposición, tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y
Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero):
Comparezco para explicar las razones que ha tenido y las actuaciones
que ha llevado a cabo este ministerio para la suspensión temporal de
la comercialización de las especialidades farmacéuticas que
concretamente contengan el principio activo cerivastatina.
Como bien saben SS.SS., ningún medicamento tiene la consideración de
especialidad farmacéutica ni, en consecuencia, podrá ponerse en el
mercado sin la previa autorización sanitaria de la Administración
general del Estado y simultánea inscripción en el registro de
especialidades farmacéuticas. Esa autorización es condición previa a
su comercialización. Como ustedes saben también, señorías, la
farmacovigilancia es la organización de sistemas que permiten reunir
las notificaciones espontáneas de los profesionales de la salud que
durante sus tareas asistenciales sospechen de una posible reacción
adversa ocasionada por el medicamento usado por el paciente. Esta
actividad permite identificar nuevos riesgos hasta este momento
desconocidos, que después deberán cuantificar y evaluar las
autoridades reguladoras del medicamento a través de sus comités de
expertos.
La Ley del Medicamento, en sus artículos 57 y 58, establece el marco
legislativo que determina en España la obligación, tanto de los
profesionales sanitarios como de las compañías farmacéuticas -y
recalco esto último también-, de declarar las sospechas que tengan
sobre reacciones adversas, en concordancia con el artículo 99 de la
Ley General de Sanidad, y también establece la estructura y
funcionamiento del sistema español de farmacovigilancia. Debo
recordar que el sistema español de farmacovigilancia, coordinado por
el Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española
del Medicamento, integra las actividades que realizan las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas para recoger
y elaborar la información sobre sospechas de reacciones adversas de
los medicamentos. En el momento actual este sistema, que funciona
desde 1985, se estructura en 17 centros autonómicos de
farmacovigilancia y un centro coordinador ubicado en la Agencia
Española del Medicamento. Todos estos centros están conectados a
través de un sistema informático que permite la integración de la
información recogida en una base de datos de acceso compartido por
los centros, denominado farmacovigilancia española, datos de
reacciones adversas. Además, el sistema español de farmacovigilancia
dispone de un comité técnico de farmacovigilancia encargado de
armonizar los criterios de actuación en todos esos centros, así como
de detectar las señales de alerta sobre riesgos asociados al uso de
los medicamentos.
Por otra parte, la Agencia Española del Medicamento cuenta con el
Comité de Seguridad de Medicamentos, que actúa como órgano colegiado
de asesoramiento en materia de seguridad de medicamentos para uso
humano. Las actividades del sistema español de farmacovigilancia se
coordinan, además, con las realizadas por el resto de los Estados de
la Unión Europea a través del grupo europeo de farmacovigilancia,
ubicado en la Agencia Europea para la Evaluación del Medicamento. La
misión fundamental de este sistema es detectar riesgos inesperados
con los medicamentos, bien sea en su naturaleza, esto es, reacciones
adversas no conocidas; en su gravedad, es decir más graves de lo
previsto, o en su frecuencia, con incidencia mayor de la esperada. En
este sentido, el programa de notificación espontánea o de tarjeta
amarilla es la herramienta fundamental. Esta información se evalúa y,
como he dicho anteriormente, se carga en una base de datos común que
se encuentra en la Agencia Española del Medicamento, a la que todos
los centros tienen acceso en tiempo real. Cuando el sistema español
de farmacovigilancia cree estar ante una de esas señales, emite un
informe al Comité de Seguridad de Medicamentos de uso humano. Se
trata de un órgano asesor de la Agencia Española, integrado en su
mayor parte por expertos externos a la misma. En este comité se
evalúa el problema, se acuerdan las recomendaciones que se consideran
apropiadas para proteger la salud pública. A su vez, estas
recomendaciones se elevan a la Agencia Española del Medicamento para
que adopte una decisión. El proceso se completa con la comunicación a
los organismos competentes de la Agencia Europea y a los Estados
miembros de la Unión Europea con el fin de compartir la información y
tratar de armonizar las decisiones.
Centrándonos en la suspensión temporal de la comercialización de las
especialidades farmacéuticas que contengan el principio activo de la
cerivastatina, es mi intención informarles sobre todos los pormenores
que han conducido a esta decisión. Me gustaría demostrar con ello y
dejar perfectamente claro que las actuaciones llevadas a cabo por la
Administración y los órganos responsables han sido las correctas.
Para comenzar, diré que la primera especialidad farmacéutica con el
principio activo de cerivastatina se autorizó en España el 16 de
abril de 1998, según el procedimiento comunitario denominado
reconocimiento mutuo. En este caso, el Estado miembro de referencia
fue el Reino Unido, en donde se autorizó inicialmente en el año 1997.
En virtud del referido procedimiento, la autorización del medicamento
implica que el país que ha concedido la primera autorización asume el
papel de administración sanitaria de referencia, durante todo el
periodo de comercialización, frente al resto de las administraciones
sanitarias de los Estados miembros. Desde el momento de su
autorización se conocía que este principio activo al que me refiero
podía producir alteraciones musculares como efectos adversos, entre
ellos rabdomiliosis,
hecho que también ocurría con otros fármacos del grupo y
que aparecía reflejado en su ficha técnica desde su autorización. Se
sabe que las estatinas, grupo al que pertenece este principio, muy
raramente producen estos trastornos, a pesar de lo cual todo el mundo
acepta que la relación beneficio/riesgo es muy grande para las
indicaciones autorizadas. Desde su autorización se desaconsejó su uso
asociado a gemfibrocilo, que es un fármaco hipolipemiante, pero de
otro grupo, como consecuencia de que pudiera incrementar el riesgo de
los efectos adversos a los que antes me he referido. Hechas estas
puntualizaciones, pretendo explicarles la secuencia de los hechos.
En el mes de marzo del año 2001 el sistema español de
farmacovigilancia comenzó a dar señales de que este principio activo
podía estar relacionado con una mayor frecuencia de casos en los que
se daban estos efectos adversos. Por esa razón, fue incluido ese
asunto en el orden del día del Comité de Seguridad de Medicamentos de
uso humano, que se celebró los días 25 y 26 del mes de abril. En esa
reunión se presentaron los casos comunicados hasta la fecha. El
comité apreció que la señal era consistente y pidió que se acopiase
toda la información disponible en el sistema español, que se
contactara con la compañía para que aportase toda la información
disponible y que con ella se preparase un informe completo de
evaluación. Así se hizo y este informe fue presentado al pleno del
comité el día 24 de mayo; en ese momento habían comunicado 34 casos,
la mayoría de los cuales tenían asociado el fármaco al que
anteriormente hice referencia, es decir el gemfibrocilo. El comité
decidió que la agencia emitiera una nota informativa haciendo énfasis
en el riesgo de estos efectos adversos de la cerivastatina,
especialmente cuando iba acompañada del fármaco al que me he referido
antes, en no utilizar la asociación y en seguir el escalonamiento de
la dosis que se indicaba en la ficha técnica, debiendo respetar la
dosis máxima de 0,4 miligramos día. La agencia remitió esta nota
informativa a los profesionales sanitarios a través de las
instituciones y, además, lo hizo público a través de su página web el
día 30 de mayo.
Por otra parte, el comité decidió que la delegación española de la
Agencia Española del Medicamento, en el grupo de trabajo de
farmacovigilancia de la Agencia Europea, propusiera la introducción
urgente en la ficha técnica de la contraindicación del uso asociado
al fármaco de referencia. Debe entenderse que el medicamento se había
autorizado mediante el procedimiento europeo de registro y por tanto
España debía tener en cuenta la opinión del resto de los países de la
Unión Europea que tuvieran la cerivastatina autorizada y
comercializada. El 12 de junio tuvo lugar una reunión en Londres
donde los funcionarios de la Agencia Española que asistieron a la
misma presentaron un informe de evaluación y plantearon la adopción
urgente de lacontraindicación, como anteriormente he señalado.
Asimismo, se propuso solicitar a Bayer la paralización de la
solicitud de registro de la dosis de 0,8 miligramos.
Pues bien, todas las propuestas planteadas por España fueron
aceptadas de forma unánime e incluso los Estados miembros
agradecieron a España que hubiese dado la voz de alarma ante este
problema. Más aún, el Reino Unido, que era el Estado miembro de
referencia y que para entonces ya tenía aceptada la presentación de
0,8 miligramos, solicitó a Bayer su anulación. Existió por tanto un
consenso en la Unión Europea de considerar que el problema de la
cerivastatina estaba fundamentalmente causado por dos factores: por
su asociación con este determinado medicamento y por el uso de dosis
altas, es decir de más de 0,4 miligramos día. Para que SS.SS. tengan
conocimiento de todos los hechos, debo decir que la compañía Bayer ya
había presentado una solicitud de modificación de la ficha técnica,
que se encontraba retenida por Francia porque este país pidió que se
estudiase la interacción de la cerivastatina con otros fármacos.
Desde este inciso, me cabe señalar que, a través del consenso, la
Unión Europea también propuso que las medidas adoptadas (introducir
la contraindicación, así como difundir la información a los
profesionales sanitarios y las condiciones de uso del medicamento)
tuviesen efecto. Es decir, que el riesgo del efecto adverso provocado
por este principio activo se situase en el nivel del resto del grupo
de estatatinas a las que pertenece la cerivastatina.
La modificación de la ficha técnica fue autorizada por todos los
Estados miembros el 27 de junio, se hizo público el 2 de julio, a
través de los procedimientos internos de comunicación, a los
profesionales sanitarios, a las instituciones y también a través de
la página web de la Agencia Española del Medicamento. El día 18 de
julio, la agencia francesa celebra una rueda de prensa sobre las
medidas adoptadas y a partir de ahí todos los medios de comunicación
de la Unión Europea recogen esta rueda de prensa. El 18 de julio
tiene lugar una reunión con los responsables mundiales de la compañía
Bayer en la Agencia Española con el fin de discutir la situación en
general y en particular los resultados de un estudio epidemiológico
realizado por dicha compañía Bayer, en el cual se indicaba que el
riesgo de este efecto adverso no asociado al referido fármaco era
similar al de las demás estatinas. La Agencia Española había recibido
este estudio de Bayer a mediados del mes de junio. Sin embargo, la
agencia consideró que era necesario hacer nuevos estudios
epidemiológicos al margen del realizado por la compañía Bayer. No
obstante, como ustedes saben, el 8 de agosto la propia compañía
británica decide pedir la suspensión y retirada de este medicamento
salvo en Japón, donde a finales del mes de agosto también se retira
la cerivastatina.
En este momento, la Agencia Española del Medicamento está siguiendo
lógicamente los casos de los afectados por el uso de la cerivastatina
unida a gemfibrocilo
y tomará las medidas que se acuerden en el Consejo de la Unión
Europea sobre control y evaluación de los medicamentos. La Agencia
Española del Medicamento también ha tenido reuniones variadas con
asociaciones de pacientes y creemos, como conclusión, que la
intervención de la misma en el grupo de trabajo de farmacovigilancia
de la Agencia Europea fue clave para que el resto de los países
tomaran conciencia del problema y adoptaran la decisión de
modificación de la ficha. Por último, debo decir que el trabajo
realizado por el sistema español de farmacovigilancia ha sido el
correcto, así como la actuación de los funcionarios de la Agencia
Española del Medicamento.
Creo, señorías, que con esto cumplo el compromiso de las acciones
llevadas a cabo por el ministerio en torno a la retirada del producto
Lipobay.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: En primer lugar, señora ministra, quiero
agradecerle su comparecencia, aunque tengo que decir que ha sido un
tanto descafeinada, ya que por unos u otros motivos ha tenido lugar
de forma diferida en el tiempo. Lo cierto es que se trata de una
comparecencia tardía, pues hablar a estas alturas de lo ocurrido con
la cerivastatina sólo se justifica porque en este asunto se han
producido graves daños para las personas (hay que recordar que en
España se han producido 6 muertes, 82 casos de insuficiencia renal
grave y cientos de afectados) y porque la transparencia exigida no ha
quedado suficientemente satisfecha a pesar de las iniciativas
parlamentarias del mes de septiembre. Han pasado ya tres meses desde
que saltó a la opinión pública, en el mes de agosto, este problema,
tiempo durante el cual se han producido en el mundo acontecimientos
que hacen palidecer de alguna manera todo aquello que nos preocupaba
enormemente en verano. Sin embargo, por los afectados, y también por
nuestro sentido de la responsabilidad para con el sistema, creemos
que esta es una buena oportunidad para evitar que se cierre en falso
el debate iniciado, a pesar de que seguimos creyendo que los
mecanismos de alarma no han funcionado adecuadamente o con la debida
diligencia, siendo en este caso lo más preocupante una sensación de
seguidismo y una actitud ciertamente dubitativa, con una política de
comunicación probablemente errónea que ha transmitido el ministerio,
pues además de la demora en las actuaciones o posible demora en el
calendario que nos ha expuesto la ministra, sólo en parte explicable
por el devenir democrático, la toma final de decisiones se ve
demasiado condicionada por la estrategia comercial y empresarial del
laboratorio. Nos preocupa que este asunto pudiera haber coincidido
con la negociación con Farmaindustria y con el Pacto de Estabilidad.
Quieroque se me entienda bien y sólo para que sirva de ejemplo
de los mecanismos delicados que subyacen en la relación de la
Administración con los proveedores, los cuales exigen la mayor
transparencia toda vez que estamos hablando de volúmenes de negocio
billonarios que ejercen una presión indudable sobre las partes.
Nuestro grupo presentó en su día una moción, la cual fue finalmente
aprobada por unanimidad, aportando ideas para garantizar mejoras en
la seguridad y en la calidad de nuestro sistema y de ello haremos el
oportuno seguimiento. Por cierto, quiero recordar que entre las
medidas, hablando del tema de la diálisis -es un tema colateral con
respecto a esto, pero aprovecho la ocasión para recordarlo-, el
primer punto era determinar las causas exactas de los fallecimientos
de los pacientes renales usuarios de hemodiálisis, habiéndose
comprometido la ministra a traer a este Parlamento el informe cuando
fuera elaborado. Pues bien, el informe está hecho, por lo que le
rogaría que nos lo hiciera llegar a la máxima brevedad posible.
Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión que
pretende ir más allá de las medidas coyunturales y de la cuestión
concreta del Lipobay. Todos los años cientos de nuevos medicamentos
son autorizados por la Agencia Española del Medicamento, pero la
práctica clínica demuestra que la gran mayoría no son lo
suficientemente útiles ni efectivos y además generalmente son muy
caros. Eso nos obliga a hacer una primera reflexión. Por otra parte,
solamente un tercio de los estudios poscomercialización o
posautorización realizados por industria están dirigidos a garantizar
la seguridad de estos medicamentos, con lo cual aquí tenemos también
un terreno abonado para el trabajo de la agencia. Además, hay que
tener en cuenta que la estrategia empresarial del laboratorio en este
caso se había basado para los siguientes años en el Lipobay, lo que
se trasladó a una agresiva campaña comercial orientada a introducir
en el mercado más producto y dosis más altas; por lo tanto, más
tóxicas, pero también más caras. He aquí una cita de un cardiólogo
ilustre, afín ideológicamente a la señora ministra y gallego como yo,
que se preguntó, al igual que lo hicieron todos los medios de
comunicación, que por qué se recetaba tanta cerivastatina si no se
tenía la evidencia científica y el tiempo de seguimiento necesario
para demostrar que era mejor que otras. La respuesta quizá la
insinúen los casi 200.000 millones de pesetas, 1.000 millones de
euros, que se mueven anualmente en España en torno a los fármacos
anticolesterol, cifra por cierto que se ha triplicado en los últimos
tres años.
La Constitución consagra el derecho a la protección de la salud,
siendo la primera máxima del sistema sanitario en este afán la de no
hacer daño, y los poderes públicos han de garantizar que así sea. La
Agencia del Medicamento es un instrumento más en su actuación y la
misma debe guardar un equilibrio entre las garantías sanitarias y los
intereses lícitos de la actividad industrial. Por eso, ante el vacío
legal y administrativo de la
determinación de responsabilidades en estos casos, las agencias deben
adoptar un papel más activo en defensa de los ciudadanos y del
interés general. Ese ha de ser su compromiso, señora ministra, y la
responsabilidad política exigible es que garantice por encima de todo
la primacía del derecho a la salud de los ciudadanos y el desarrollo
de las políticas adecuadas para ello. Nos jugamos no sólo su
credibilidad como ministra, sino también la credibilidad de todo el
sistema público de salud en un entorno que cada vez presiona más y
está más mercantilizado.
Finalmente, quiero hacerle una sugerencia o una recomendación. Al
hilo del motivo de la comparecencia anterior, creemos que es un error
estratégico, además de las inevitables consecuencias, ligar la
investigación sanitaria pública, al menos la básica, a los intereses
de la industria farmacéutica. La investigación sanitaria es una
necesidad y es un bien público y, tal y como recomienda la Ley de
Sanidad, el 1 por ciento del presupuesto se debe dedicar precisamente
a ello. Como insisto en que estamos en un momento en el que hay una
gran presión mercantil y en donde los beneficios son los que marcan
la pauta en muchos ámbitos, en este primordialmente, creo que al
menos deberíamos impulsar un código ético para la industria
farmacéutica, un código en el que la industria se comprometa, en
primer lugar, a no realizar estudios para inducir a prescripción; en
segundo lugar, a que los diseños de investigación se realicen
separadamente de la red de ventas; en tercer lugar, a que los
criterios e incentivos sean explícitos y transparentes para los
investigadores y en cuarto lugar, a que se propicie la denuncia de
las compañías que realizan estudios promocionales encubiertos. Usted
ha pretendido el éxito en la consecución de un pacto de estabilidad y
usted es nada más y nada menos que la ministra de Sanidad, por lo que
le solicito que ejerza la autoridad en representación de los
españoles e impulse ese código.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Señora ministra, quiero agradecerle su
comparecencia en relación con este asunto, un asunto que parece
menor, dado que estamos en otros tiempos parlamentarios, pero en su
momento el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo
Parlamentario Socialista estimamos oportuna su comparecencia en esta
Comisión para explicarnos cuál había sido la actuación del ministerio
que usted dirige en relación con los fármacos contra el colesterol.
La verdad es que, a pesar del esfuerzo que usted ha hecho para ser
rigurosa en su respuesta respecto a las preocupaciones de los grupos
parlamentarios que hemos solicitado su comparecencia, tengo que
decirle, señora ministra, que hay algunas cuestiones básicas que a
esta portavoz no le han quedado claras.
A mediados de julio del año en curso el Ministerio de Sanidad que
usted dirige informó de la muerte de cuatro personas y de la
presencia de reacciones adversas en otras 56 como consecuencia del
consumo de un grupo de fármacos contra el colesterol elaborados a
base de cerivastatina. Aseguró que estos productos eran seguros y que
por tanto se mantendrían en el mercado a pesar de haberse registrado
episodios de insuficiencia renal en pacientes cuando se ingerían en
combinación con otros medicamentos elaborados con gemfibrocilo.
Curiosamente, veinte días después de defender con tanta contundencia
su seguridad y su permanencia en el mercado, el Ministerio de Sanidad
prohíbe taxativamente su venta. La decisión oficial se produjo,
señora ministra -y esto no deja de ser sintomático-, después de que
los laboratorios Bayer anunciaran la intención de retirar el fármaco
Lipobay tras haber constatado que su consumo asociado con
gemfibrocilo llevaba aparejada la aparición de disfunciones y de
insuficiencias renales en particular. Tres semanas después, la
Agencia Española del Medicamento decidió prohibir estos productos
farmacológicos. Los hechos son así. ¿Qué dudas le quedan a esta
portavoz? Que de los hechos expuestos hasta ahora queda
manifiestamente claro que se han producido fallos importantes en la
seguridad sanitaria, que obligan al Ministerio de Sanidad a dar una
respuesta que vaya en la línea no solamente de saber por qué se
producen esos acontecimientos, sino de adoptar las medidas necesarias
-que es lo que le preocupa a mi grupo- para evitar que estos hechos
se repitan en el futuro. No han funcionado adecuadamente los
mecanismos de alarma, señora ministra, al menos no con la diligencia
deseable, cuando se trata de riesgo para la vida y para la salud de
las mujeres y los hombres españoles, como desgraciadamente se ha
constatado. Usted, señora ministra, y la Agencia Española del
Medicamento han llegado tarde, galopando sobre la alarma social.
Permítame que le diga que no es explicable que el Gobierno galope
sobre una alarma social, que tiene una gran influencia mediática y
que afecta a un amplio colectivo social. Su obligación y la de su
ministerio es intervenir en los procesos en tiempo y forma, para
evitar precisamente que se genere esta alarma social, con esa
voluntad decidida de emplear tanto medidas de orden legal como
sanitario para evitar que en el futuro se vuelvan a producir
acontecimientos como éste, con coste de vidas humanas, que no es
deseable para nadie y que estoy segura que todos los miembros de la
Comisión lamentamos. No obstante, señora ministra, permítame que le
diga que, aunque usted se haya quedado contenta con su explicación,
esta portavoz parlamentaria entiende que las medidas que ha propuesto
el Grupo Socialista y que en otras ocasiones hemos tenido oportunidad
de debatir en la Cámara son medidas a tener en cuenta por usted y por
su ministerio para que no nos
sigamos sorprendiendo en el futuro con situaciones que parecen
coyunturales, pero que pueden empezar a ser una especie de goteo. A
usted le inquieta -y no solamente le inquieta, sino que también le
indigna-, pero a los portavoces de la oposición también nos inquieta
y nos indigna, y estamos tan legitimados para inquietarnos
o indignarnos como usted en todo lo que tiene que ver con actuaciones
de salud pública. Por esa razón, no me siento satisfecha con la
respuesta dada por la señora ministra. Es más, me genera mucha
preocupación conocer la falta de diligencia con la que se actuó,
cuando el 24 de mayo ya tenían conocimiento -como usted ha explicado
en esta Comisión- de 34 casos de reacciones adversas al medicamento
que contenía el principio básico de la cerivastatina. Francamente,
parece inexplicable que dos meses después el ministerio siguiera
afirmando -además con cierta actitud de prepotencia, que no de
seguridad- que estos medicamentos no comportaban ningún riesgo para
la salud y que por tanto los mantenían en el mercado.
Me hubiera gustado decirle, como en otras ocasiones, que la
explicación me sirve, aun a riesgo de que usted me lo eche después en
cara y me diga en alguna intervención en el hemiciclo: parece mentira
que usted, que se conformó con mi explicación, venga a ahora aquí a
decirme esto. En esta ocasión no me conformo y creo que usted tampoco
debería hacerlo. Debería haber hecho un esfuerzo para venir con
medidas que tranquilizaran a la oposición parlamentaria y a los
consumidores de estos fármacos o de otras generaciones de fármacos.
Nos quedamos pensando que de esta comparecencia de la señora ministra
en el Congreso de los Diputados no se deduce mayor tranquilidad para
los consumidores ni para la oposición parlamentaria, porque lo que
usted nos ha venido a contar, señora Villalobos, legítimamente, es
que gracias a nosotros se enteraron en Europa, y menos mal que se
enteraron, porque, si no, probablemente este problema que hemos
tenido que enfrentar en nuestro país hubiera sido grave en toda la
Unión Europea. Permítame decirle, señora ministra, que me encantaría
que jugáramos ese papel de liderazgo en la Unión Europea, no en esta
cuestión sino en otras muchas, pero lamento decirle que no es esa la
percepción de la ciudadanía ni tampoco la de este grupo
parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señora ministra, bienvenida de nuevo a
esta Comisión y muchas gracias por sus aclaraciones y por su
exposición, que ha sido amplia y detallada, en la línea de su
intervención en el Pleno del día 19 de septiembre y después de un
debate entre los diversos grupos políticos que tuvo lugar el día 25.
En nombre de mi grupo, señora presidenta, quisiera poner de
manifiesto que estamos asistiendo a un debate recurrente, en el cual,
diga lo que diga la señora ministra, siempre quedan en el aire
afirmaciones, bien que colaterales, y a la hora de fijar posición, me
veo obligado a hacer las nuestras. Se achaca permanente al ministerio
que hace una política dubitativa, se saca colateralmente el tema de
la financiación pública de la investigación pública y se dice que se
llega tarde a determinados problemas, que se crea alarma social y que
el ministerio actúa con prepotencia, pero nuestro grupo tiene un
criterio absolutamente distinto. Voy a empezar por el asunto
colateral, para fijar la posición de mi grupo en el tema medular que
nos ocupa, señora presidenta.
En primer lugar, después de escuchar a la señora ministra, tanto hoy
como en el Pleno, no nos parece que la política sea dubitativa en el
tema que nos ocupa. Como ha quedado plenamente de manifiesto, el
problema de la cerivastatina empieza a preocupar a las autoridades
sanitarias debido a un trabajo realizado en España y por la
información que llega de las distintas comunidades autónomas, de los
distintos servicios que atienden a los pacientes y que analizan los
científicos de la red de farmacovigilancia, a los que no me voy a
referir, por mera cortesía debido a la hora y porque S.S. ya se ha
referido a ellos. No se puede decir que se utiliza de forma
dubitativa el procedimiento cuando la Agencia Española del
Medicamento es la que lo detecta, la que avisa a la europea y la que
lo analiza. Nosotros -seguramente porque estamos en otra posición-
vemos el problema de una manera totalmente distinta. Insisto, es la
agencia europea la que analiza la cuestión, a petición de la agencia
española, decidiendo anunciar al conjunto de los responsables
sanitarios de la Unión Europea que no pueden unir la cerivastatina
con el fármaco al que se ha hecho mención, porque causa reaccionas
adversas. De esto a decir que es una política dubitativa o que es una
política tardía media un abismo grandísimo, que solamente se puede
invocar cuando se quiere hacer un debate recurrente como el que antes
he mencionado.
En segundo lugar, de manera colateral, ya que otros grupos políticos
lo han mencionado, quiero referirme a la utilización de la
financiación pública para la investigación pública. A criterio de mi
grupo, nunca se ha invertido tanto dinero público para la
investigación sanitaria pública como ahora. Lo digo aquí no a efectos
de debate sino de constancia en el «Diario de Sesiones».
En tercer lugar, colateralmente se ha hablado de la prepotencia del
Ministerio de Sanidad y Consumo cuando la señora ministra, tanto
ahora como en su comparecencia en el Pleno del día 19 de septiembre,
lo único que ha puesto de manifiesto es que para juzgar la bondad o
no de ciertas modificaciones en determinadas fichas técnicas de los
medicamentos hace falta sucesivos
ensayos clínicos para detectar las dosis nocivas o las dosis
terapéuticamente indeseables. De eso a prepotencia me parece que
también media un abismo. Por tanto, con independencia del debate
recurrente y de la permanente utilización de conceptos que no por
aleatorios dejan de sorprendernos, desde el Grupo Parlamentario
Popular nosotros creemos por el contrario que se ha actuado, y lo
digo con toda sinceridad, de forma rápida, de forma científica y de
forma seria, tal como la señora ministra ha puesto aquí de manifiesto
en la mañana de hoy.
También queremos insistir en algo que no quiero que quede difuminado
al hilo de mi intervención. El informe de la Agencia Española del
Medicamento y de la Agencia Europea del Medicamento a las autoridades
es el que provoca la retirada del medicamento del mercado, después de
comprobar las reacciones adversas de éste junto al gemfibrocilo y que
después la compañía Bayer lo retira con todas sus consecuencias por
una decisión tomada desde el punto de vista empresarial, y es por lo
que nosotros creemos que tanto la agencia española como la agencia
europea han tomado las medidas científicamente correctas y de ahí que
coincidamos en el criterio que la señora ministra había utilizado
antes de la corrección de todos y cada uno de los mecanismos
implicados y de todas y cada una de las fases del proceso.
Señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular al fijar su
posición coincide con las apreciaciones de rigurosidad con que la
señora ministra ha enfocado el tema en la mañana de hoy.
La señora VICEPRESIDENTA: Para el turno de réplica tiene la palabra
la señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señor
Fidalgo, agradezco el tono de su intervención, porque en un tema como
éste la obligación de los responsables no es trasladar alarma social
sino todo lo contrario, tranquilidad.
En este tema concreto del Lipobay, de la cerivastatina, la Agencia
Española del Medicamento ha actuado de forma absolutamente diligente,
y está al margen del debate político que usted como representante del
Partido Socialista y yo como ministra del Partido Popular podamos
tener. La profesionalidad y la eficiencia de los funcionarios y
trabajadores de la misma están al margen de cualquier duda y esta
mañana lo he dejado claramente demostrado. En este caso, en una
situación donde los medicamentos son cada vez más complejos, el
sistema de farmacovigilancia tiene que ser más activo. Por eso, señor
Fidalgo, sobre esa moción que efectivamente se aprobó con los votos
del Grupo Popular que sostiene a este Gobierno se está trabajando en
el consejo interterritorial, en cuya última reunión, y llevéel texto
de la moción, hemos creado el grupo de trabajo
para incidir en aquellos aspectos que den todavía más agilidad a la
Agencia Española del Medicamento para el cumplimiento del compromiso
que se recoge en esa moción a la que usted se refiere. También de
forma colateral quisiera decirle que el informe sobre diálisis estará
en dos o tres días y lógicamente será remitido a todos los grupos de
la Cámara. Espero que el mecanismo utilizado sea más eficiente que el
que utilizó el ministerio para hacer llegar los acuerdos con vistas a
la comparecencia que tuvimos anteriormente.
Comprendo y acepto que los laboratorios son estructuras empresariales
fuertes o no tan fuertes, pero lo que no puedo admitir es que se
pueda dejar en el aire la sensación de que la Agencia Española del
Medicamento y la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
acepten la presión de los laboratorios, porque estaríamos mintiendo.
Por tanto ellos harán la presión que consideren oportuna. El tema no
es la presión que ellos hagan, sino la aceptación de esa presión por
parte del funcionario de turno, y ahí, señor Fidalgo, sinceramente le
digo que no funciona, que los funcionarios, y a su frente el director
general de Farmacia, así como la Agencia Española del Medicamento con
su director al frente llevan muchos años en el sector y saben
aguantar determinadas presiones. El tema no es que la empresa o la
industria farmacéutica presione; el problema es qué hacemos nosotros
con esa presión. Le puedo garantizar que no hay ninguna duda sobre la
fuerza y la fortaleza para resistir esa presión.
En segundo lugar, me alegro que usted haya separado lo que era el
pacto farmacéutico del tema del Lipobay o de la diálisis, y, como
usted sabe, la reacción de la empresa Baxter es debida a que este
país tiene un sistema de investigación mucho más rápido que cualquier
otro. Hay en Estados Unidos un caso concreto de un medicamento en el
que los sistemas de alerta y de vigilancia y por tanto de
investigación han tardado cinco años y medio en resolver el tema.
Aquí hemos tardado poquísimo y no hemos tardado menos por culpa de la
empresa Baxter. El sistema funciona porque es independiente entre
otras muchas cosas. La Agencia Española del Medicamento trabaja con
rigor, con transparencia y con absoluta independencia, porque además
creo que debe de ser así. La agencia trabaja ahora y ha trabajado
siempre así, sinceramente se lo digo, al margen de los errores que
puedan surgir temporalmente en cada caso.
Yo no creo que sea un error ligar la investigación biomédica pública
con una participación de las entidades privadas. El error no estaría
ahí. Insisto, se ha hecho, se hace y se hará no solamente en España.
El tema es en qué formulación está esa colaboración. Creo que en el
pacto queda muy claro cuál es esa formulación y las cartas están boca
arriba para todos. A mí las cartas ocultas no me gustan demasiado.
Las cartas, sobre la mesa, y creo que el pacto esta ahí, precisamente
para que las cartas siempre estén sobre la mesa. Las
comunidades autónomas no es que van a conocer lo que se va a hacer,
sino que van a participar en lo que se va a hacer. En este país no va
a haber compartimientos estancos en investigación, porque van a tener
que trabajar en red, como se trabaja en los países donde más han
avanzado las investigaciones biomédicas. Tendremos que recuperar los
años perdidos en investigación y por tanto no es malo contar con
ellos. El tema es si las negociaciones son bajo cuerda y yo le puedo
garantizar que bajo cuerda no hay nada.
Código ético para la industria, bien que me gustaría. Yo no tengo
nada en contra de la industria farmacéutica ni de ninguna otra, pero
en temas sanitarios de salud pública, que también se han planteado en
el Senado, alguna vez hemos hablado de códigos éticos, y me estoy
refiriendo a anorexia y bulimia: estoy esperando todavía a que lo
cumpla alguien. Prefiero que las cosas estén muy marcadas y no dudo
de los códigos éticos de nadie y en principio tengo la obligación de
creer que todos actúan con un código ético, esté o no escrito, pero
prefiero, en los 75.000 millones que tiene que dedicar la industria
de su investigación en tres años a esos ensayos clínicos, estar yo
presente y saber cuáles son y dónde están. Ese código ético me gusta
más y creo que a usted, señor Fidalgo, también, no sé por qué, pero
estoy convencida de ello. ¿Esto quiere decir que la industria
farmacéutica no tiene código ético? No. Estoy segura que lo tiene y
lo cumplen, pero a mí eso no me tranquiliza. Prefiero que existan
unas normas transparentes y claras y no creo que haya vacío legal.
Creo que hay una adecuada contemplación de las responsabilidades de
cada cual. Lo que ocurre es que tiene que ser el juez el que
determine lógicamente cuáles son esas responsabilidades en cada caso.
Por tanto se ha actuado adecuadamente por la agencia española.
No estoy de acuerdo señora Castro, cuando habla de que no retiramos
el medicamento. La cerivastatina si no está unida al gemfibrocilo no
produce ningún efecto diferente al resto de las estatinas y por lo
tanto quedó claro en la recomendación de la agencia española que no
ligara al gemfibrocilo. Ha sido la empresa la que lo ha tenido que
retirar, y le voy los datos de las retiradas de medicamentos que
muchas veces las empresas plantean por múltiples motivos, no
necesariamente porque sean malos - ya que para eso estamos nosotros
para controlarlos-, sino por otros normalmente empresariales y desde
mi punto de vista absolutamente legítimos. Se retiran medicamentos
bien porque no han dado el resultado económico que ellos pensaban o
porque no les interesa ese medicamento. En España, medicamentos
anulados a petición de los laboratorios en el año 2000 ha habido 639;
en el año 2001, datos de octubre, 888; en el año 1994, 419; en 1995,
626; en 1996, 686... ¿Por qué motivos? Normalmente porque la empresa
considera que tiene -y además lo tiene- derecho a retirar el
medicamento suyo que considere oportuno. Es decir, un laboratorio
puede retirar un medicamento.
Si no se hubiera retirado el medicamento por parte de Baxter, la
pregunta sería -y se la voy a responder- qué hubiese hecho la agencia
española. Lo que había dicho, hacer estudios epidemiológicos para
analizar si tenía que retirar el Lipobay, pero como ya lo ha retirado
la empresa, corta esas líneas de investigación, que ya son
innecesarias, puesto que el medicamento está retirado, como sigue
retirado en este momento.
No es precisamente la administración sanitaria la que galopa sobre la
alarma social en este caso -vamos a ver este caso, no quiero abrir
polémicas-, porque es la Agencia Española del Medicamento la que lo
comunica. No es una comunicación que recibimos de otro país, no es
una sentencia judicial, no es una advertencia de un laboratorio. Es
un trabajo realizado por la red de alerta de farmacovigilancia y por
el comité de expertos de medicamentos de uso humano; son los que
detectan y comunican el problema, primero a la agencia española
e inmediatamente a la agencia europea. Por tanto creo que no se ha
creado alarma social. Insisto, y lo dije también en otras
comparecencias, no es el primer caso que aparece en la página web de
la agencia española, en la página del Ministerio de Sanidad, con
advertencias sobre algunos medicamentos. Se hace con frecuencia;
aparte de comunicarlo a los médicos de asistencia primaria, a las
instituciones sanitarias, a los centros hospitalarios, etcétera,
también se mete en la página web, y no es el primero, insisto, ni
será el último.
Sinceramente, creo que hemos funcionado adecuadamente y en este caso
yo me siento orgullosa de cómo ha funcionado la Agencia Española del
Medicamento, no de mí, que lógicamente estoy sujeta a la crítica
legítima de todos los grupos parlamentarios, por supuesto, sino que
creo que el funcionamiento de la red de alerta de farmacovigilancia,
el funcionamiento del comité de expertos en medicamentos de uso
humano y el funcionamiento en general de la Agencia Española del
Medicamento ha sido de diez, lo digo sinceramente, y yo no me pongo
absolutamente ningún mérito. De mí se puede decir que yo me expreso
mal, que he llegado tarde al Parlamento, políticamente lo que
quieran, pero la red de alerta creo que en este caso ha funcionado
convenientemente y estoy convencida de que con esa reunión con el
comité de expertos creado en el seno del consejo interterritorial,
donde vamos a analizar todos los parámetros sobre esta cuestión,
vamos a conseguir mejorar, si aún cabe -y siempre cabe mejorar las
cosas-, una red de alerta más perfecta que la que tenemos hoy y un
sistema de alerta y alarma y por tanto un sistema de apoyo en
científicos todavía más importante que el que tenemos en este
momento.
La señora VICEPRESIDENTA: Terminado el orden del día, se levanta la
sesión no sin agradecer antes a los servicios de la Cámara su
colaboración. Gracias.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.