Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 341, de 10/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 341
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. (Número
de expediente 121/000047.) . . . (Página 10880)
COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2002. (Número
de expediente 121/000047)
- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DÍAZ
GUERRA).
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 212/000780) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/000714)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, que como saben tiene por
objeto las comparecencias relativas a los Presupuestos Generales del
Estado y que, con arreglo al esquema que siempre tienen estas
comparecencias, se desarrollarán con la intervención, primero, de los
grupos que han solicitado la presencia en la cámara de altos cargos,
en este caso del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, para
recabar los datos que estimen oportunos en relación con el texto del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. La intervención
de los grupos será por orden de solicitud de comparecencia, esto es
conceder la palabra en primer lugar a los grupos que con antelación
hayan solicitado la comparecencia de las distintas autoridades y
altos cargos.
En este momento lo hace el subsecretario de Trabajo y Asuntos
Sociales, cuya comparecencia ha sido solicitada por los grupos
parlamentarios Popular y Socialista. Habiéndolo hecho en primer lugar
el Grupo Socialista, por lo tanto, para la primera intervención, que
corresponde al grupo solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra el diputado señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señor presidente. Señor
subsecretario, gracias por su comparecencia un año más.
Una vez analizados y examinados los presupuestos de su ministerio
para el año 2002, quisiera hacerle de forma breve una serie de
observaciones y algunas preguntas sobre tres programas. En primer
lugar voy a referirme al Programa 134.A, relativo a la cooperación
para el desarrollo. Los gastos presupuestados, excepto en el capítulo
1 que experimentan un ligero aumento -suponemos que debido
fundamentalmente a la subida de los sueldos de los funcionarios- son
exactamente los mismos que en los presupuestos para el año 2001. Ello
nos hace dudar de la voluntad real de su ministerio de contribuir al
desarrollo de los objetivos estratégicos que describe en el programa.
Creemos que, realmente,
en su ministerio no se creen muy mucho, según nuestra opinión, los
objetivos que se proponen.
En este programa podemos observar que en los presupuestos para el año
2002 continúan algunos proyectos de carácter plurianual y desaparecen
otros. Entre los que continúan figura el denominado «Proyecto Matac»,
de modernización del Ministerio de Trabajo en Centroamérica, Panamá,
Belice y República Dominicana. Éste es el quinto año en el que
aparece esta actuación. En su comparecencia del año pasado, ante los
presupuestos para el año 2001, nos dijo que dicho proyecto finalizaba
precisamente en el año 2001 pero que los ministros de Trabajo
centroamericanos, una vez evaluados los logros y los objetivos
conseguidos con el proyecto, pidieron que se ampliara. ¿Por cuánto
tiempo se ha ampliado? ¿Por uno o por dos años más?
Asimismo, continúa el plan de acción de más y mejor empleo para las
mujeres en México. ¿Cuánto tiempo llevamos participando en esta
actuación? Porque creo recordar que hay un año, el año 1999 o el año
2000, en que había desaparecido. Y ¿qué se ha realizado hasta ahora
con este plan de acción?
Entre los que desaparecen hay uno que para nosotros es de un especial
interés. Figura el proyecto de cooperación en un programa
internacional para la abolición del trabajo infantil, el denominado
Proyecto IPEC. Nos decía usted que este proyecto había finalizado el
año pasado pero que, debido a sus resultados y a que sus objetivos
estaban muy solicitados, se pretendía seguir ampliándolo los próximos
años. ¿A qué se debe el que no continúe? ¿Cuál fue el posicionamiento
de nuestro país en la Comisión mixta con la OIT, donde
presumiblemente se iba a acordar la continuación de este proyecto?
Nos adelantaba usted también que para el año 2001 se tenían previstos
otros proyectos multilaterales pendientes de diseño o aprobación
entre los que destacaban: un proyecto de empleo de mujeres pobres y
urbanas en tres países andinos, otro de formación a distancia en
materia de iniciativas locales de empleo en el Magreb y otro de
promoción de estabilidad en el empleo. ¿Se están realizando estos
proyectos? ¿Van a continuar en el próximo ejercicio? Y además de
estos, ¿podría informarnos qué otros proyectos tienen pendientes de
diseño o aprobación para el año 2002? ¿En qué consisten los cuatro
proyectos presupuestados de cooperación con la Organización
Internacional del Trabajo? ¿En qué proyectos de cooperación han
intervenido los expertos cooperantes enviados al extranjero durante
el presente ejercicio y en cuáles está previsto que intervengan en el
año 2002?
Respecto al Programa 311.B, referente a la inspección de trabajo y al
control de seguridad y protección social, lo primero que nos llama la
atención es que prácticamente se mantienen las mismas cantidades
destinadas para las retribuciones de los funcionarios del grupo A y
del grupo B, es decir, para los inspectores de
Trabajo y Seguridad Social y para los inspectores de Empleo y
Seguridad Social. Para los inspectores hay sólo un aumento de 32
millones de pesetas y, para los segundos, una disminución de seis
millones. Ante esto nos asalta una duda que espero nos despeje usted:
¿es qué no tienen previsto aumentar la plantilla de inspectores
y subinspectores?
En mayo del año pasado el señor ministro informaba en un Pleno del
Congreso que teníamos 734 inspectores; en octubre usted, en su
comparecencia ante esta Comisión, aseguraba que teníamos 868 si
incluíamos 30 plazas de oferta de empleo público que aún no se habían
cubierto. De todas formas, sean 734 o sean 868, y aunque desde su
ministerio se insista una y otra vez en que no existen datos
comparados fiables con el resto de los países de la Unión Europea, lo
cierto es que en España tenemos un inspector aproximadamente por cada
25.000 asalariados, mientras que la media en los países de la Unión
Europea se cifra en torno a uno por cada 7.000, existiendo países
incluso con un ratio de uno por cada 5.000. Creemos necesario, por
tanto, aumentar las plantillas. Creemos sinceramente que el
ministerio debería hacer un esfuerzo presupuestario en este tema para
homologarnos con el resto de los países de la Unión Europea en el
periodo de tiempo más corto posible. Con la actual plantilla
difícilmente se va a poder desarrollar con garantías el control de la
economía irregular, el control de los ingresos por cotización al
sistema de la Seguridad Social, el control de los incentivos a la
contratación estable y difícilmente se va a poder garantizar la
aplicación de las normas de seguridad y salud laboral, incluso aunque
se aumenten -como se aumentan, lo reconocemos- los gastos de
indemnización de productividad y de locomoción y dietas. En este
sentido, ¿podría explicarnos por qué se programan 376.000 visitas a
centros de trabajo para el control de la economía irregular y sólo
111.900, es decir, un 71 por ciento menos, para la vigilancia en el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral? ¿Es que el
tema de la siniestralidad laboral es un programa secundario para el
Gobierno? Creemos que este número de visitas es a todas luces
insuficiente en un país en el que se están produciendo más de un
millón y medio de accidentes laborales al año y que no cesa de
aumentar mes a mes y año a año.
Respecto al control de ingresos por fraude en la cotización a la
Seguridad Social, ¿podría decirnos cuántas actas de infracción se han
levantado en este año y qué porcentaje se ha cobrado realmente?
Por último, en cuanto al control de los incentivos a la contratación
estable, ¿nos puede informar de cuál ha sido el resultado de los
contratos investigados?
En otro orden de cosas vemos que, por segundo año consecutivo, se
tiene una partida de unos cien millones de pesetas -102 exactamente-
para formación y perfeccionamiento del personal. En el ejercicio
anterior justificaba esta partida aduciendo que el nuevo esquema
organizativo de la inspección requería que todos los inspectores
de trabajo y subinspectores de empleo conociesen a fondo cuáles son
los nuevos métodos, los nuevos objetivos, la aplicación de la nueva
metodología e incluso los nuevos avances informáticos que se están
introduciendo en la actividad inspectora, algo que desde luego
consideramos, además de necesario, loable, pero nuestras dos
siguientes preguntas las queremos formular ante la realidad de que
vemos que no crece la plantilla. Me gustaría saber, ¿cómo evalúa
usted las actividades realizadas en este sentido? ¿Cuáles han sido
las actividades realizadas con esos cien millones que presupuestaba
el año pasado? ¿Cuántos inspectores y subinspectores han participado
en estas actividades informativas? ¿Durante cuánto tiempo cree que va
a ser necesario seguir con este plan que usted denominaba el año
pasado intensivo de formación de la plantilla de inspectores y de
subinspectores? (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la
presidencia.)
Y, por último, algo que si es real no tenemos más remedio que
felicitarle, relativo al Programa 315.B, de prestaciones de garantía
salarial, es decir, a FOGASA. Para el año 2001, en el capítulo 8,
activos financieros, tenía prevista una inversión de 77.801 millón de
pesetas para adquisición de deuda del sector público, fruto de
excedentes de liquidación de ejercicios anteriores. ¿Se ha cumplido
la inversión prevista? ¿Cree usted que es realista la inversión de
155.000 millones que tiene presupuestada para el año 2002 también en
adquisición de deudas del sector público?
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Antes de dar la palabra al
señor subsecretario del Ministerio, creo que sería bueno acumular
comparecencia y dar la palabra al señor Azpiroz. Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: Bienvenido, señor subsecretario, a esta
Comisión. Algunas cuestiones que teníamos en cartera ya han sido
planteadas por el portavoz del Grupo Socialista que me ha precedido
en el uso de la palabra y, por lo tanto, no reiteraré. Pero una
consideración de carácter general sí haré y es que me parece que
estos son unos presupuestos -si así se puede decir- especiales, en la
medida en que son unos presupuestos por primera vez en euros, son
unos presupuestos que se producen también en una situación mundial de
cierta incertidumbre por la situación que todos conocemos y que,
indudablemente, de alguna forma influirá, no sabemos en qué medida ni
cómo. Se trata también de un presupuesto que ahonda y ratifica la
política gubernamental de equilibrio financiero como un elemento
político valorado desde el Gobierno Popular como elemento básico para
la creación de empleo ycomo un elemento que, en definitiva, en esta
difícil
situación en que nos encontramos, va a servir probablemente para que
nos encontremos en una mejor situación comparativa que otros países
que no tienen este ajuste presupuestario y que ya se ven inmersos de
salida en déficits públicos. Pero se trata también de un presupuesto
en el cual se han producido transferencias y, por lo tanto, se ha
vinculado a lo que ha sido la financiación autonómica y eso hace, en
el conjunto del departamento, la homogeneización, hace que los
criterios comparativos obviamente no sean exactamente iguales a los
que se produjeron en relación al presupuesto del año 2001.
En otro orden de cosas le preguntaría si dentro de los objetivos
básicos del departamento, la creación de empleo y la consolidación
del bienestar social, hay alguna modificación, algún matiz o algún
objetivo que se abandona u otro que se incorpora. Suponemos que en
los grandes elementos del departamento no, pero si usted quiere puede
poner encima de la mesa algún factor que considere de relieve en el
presupuesto del año 2002.
En cuanto a la inspección del trabajo es un tema que a todos nos
ocupa y preocupa. Se ha hablado con detalle de las cuestiones
numéricas sobre las que se sustenta la política del departamento en
la inspección y no voy a entrar en ningún tipo de debate ahora,
porque no es el momento oportuno, ya que ésta es una comisión
informativa. Pongo en tela de juicio simplemente el hecho del ratio
que se acaba de utilizar en cuanto a que pueda haber una proporción
de un inspector en relación -creo haber oído- de unos 25.000
ciudadanos. Obviamente lo que es discutible y más discrecional es si
se considera solamente una inspección estricto senso al inspector o
en un sentido más amplio y acorde con la Ley de inspección del
trabajo, lo que es la labor del inspector y de los llamados
subinspectores, que en su conjunto agregan una mayor cifra y, por lo
tanto, también salen unos ratios más favorables, sin perjuicio de que
desde una perspectiva política nosotros también nos sumemos a todos
los esfuerzos que en esta materia pueda realizar el Gobierno, porque
nos parece transcendental la función que la inspección del trabajo
pueda hacer en la represión del fraude, en la lucha en pro de la
seguridad del trabajo y combatir la siniestralidad y en todas
aquellas cuestiones vinculadas a los fenómenos de la emigración, tan
importantes en los últimos tiempos en nuestro país y,
previsiblemente, en el futuro inmediato.
Hay cuatro cuestiones puntuales sobre las que quiero solicitar su
criterio. Una se refiere al Programa 315.B, relativo al FOGASA, que
tiene un aumento del 49,1 por ciento en relación a la dotación
presupuestaria del año precedente, y otra al 323.A, que es promoción
de juventud, con un incremento de 21,8 por ciento. Señalo estos dos
porque, obviamente, tenemos en el conjunto del presupuesto
consolidado las secciones 19 y 60, con un incremento del 8,6 por
ciento, muy superior
a lo que implica el crecimiento previsto del IPC para el año que
viene, del 2 por ciento, del crecimiento del PIB, del crecimiento
nominal de la economía. Obviamente estos que acabo de citar superan
el porcentaje del 8,6 por ciento, que es el conjunto de subida del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por otro lado nos
encontramos con dos programas, uno que ya es objeto de progresiva
reducción desde el año 1999 aquí, como es el Programa 723.B de
reconversión e industrialización, que este año tiene una nueva
bajada, en este caso el 47,8 por ciento. El pasado año ya le
preguntamos, y con claridad nos respondió, por las razones por las
que esto era así, y de nuevo aprovechamos para preguntar al señor
subsecretario cuando prevé que definitivamente esto se va a extinguir
y va a acabar saliendo esta dotación y este programa del presupuesto.
Finalmente nos gustaría saber la valoración que nos puede hacer, la
explicación que puede dar a la Cámara, sin perjuicio de que si no
tiene el dato se lo podemos preguntar posteriormente a la secretaria
general de Asuntos Sociales. Es sobre el 314, relativo a las
pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, que tienen
una reducción del 15 por ciento.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Vamos a dar la palabra al
compareciente, señor Díaz Guerra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Gracias, señorías.
Voy a iniciar las respuestas en las mismas líneas que han solicitado
los señores diputados. En primer lugar, al diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, conmenzando por el Programa 134.A, de
cooperación al desarrollo. En efecto, estamos en una faceta de
continuación de grandes proyectos que se vienen realizando
precisamente en cooperación para el desarrollo y, concretamente, en
tres grandes áreas. Uno, relativo a la modernización de las
administraciones de trabajo en el área centroamericana, el proyecto
Matac; otro relacionado con el Programa de abolición del trabajo
infantil y, otro, relacionado con el Programa de más y mejores
empleos para las mujeres en México. Sobre cada uno de estos proyectos
ha hecho una serie de peticiones a las que voy a intentar responder.
El Programa Matac se inició en noviembre de 1997 con un presupuesto
de 2.130.000 dólares, financiado sustancialmente por el Ministerio de
Trabajo y por la Agencia Española de Cooperación Internacional, y es
el famoso proyecto Matac. En principio tenía previsto una duración de
treinta y tres meses, ahora bien, como ya dije el año pasado, antes
de finalizar esos meses se negoció una ampliación del plazo,
concretamente hasta que finalice el ejercicio del año 2002, lo que
daría alprograma una duración de cinco años. Esta ampliación
fue solicitada unánimemente por la Conferencia de los ministros de
Trabajo de los países de la región centroamericana reunidos en Costa
Rica en noviembre de 1999. Este programa ha tenido unos buenos
resultados y éste es el motivo de que se haya ampliado la solicitud
de plazo; ha tenido ya resultados bastante eficaces, como el que
varios de estos países hayan ratificado el Convenio 150 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la administración del
trabajo y haya otros países que están en vías de ratificarlo. También
se ha ratificado el Convenio 144 sobre la consulta tripartita tanto
por la República Dominicana como por Belice, y sobre todo -y es lo
que me parece más importante- se ha decidido en dos países
-prácticamente en tres en estos momentos- institucionalizar la
administración del trabajo, es decir, que se creen funcionarios
estables y permanentes en esos países básicamente en la línea de lo
que es la inspección de trabajo en nuestro país, con lo cual se va a
permitir que la administración del trabajo se consolide con carácter
estable en estos países, lo que tiene una gran trascendencia para la
eficacia y la modernización de las administraciones del trabajo. La
larga duración se debe fundamentalmente a que cubre varios países:
son ocho países, en los cuales ha sido difícil iniciar los trabajos
como consecuencia muchas veces de los propios cambios políticos o,
incluso, de alguno de los problemas o desgracias que han ocurrido en
algunos países. Sin embargo, no cabe duda de que es un programa que
está teniendo resultados objetivos palpables y, sobre todo, que ha
habido una solicitud unánime de su ampliación. Se solicitó ampliación
por más tiempo pero, en principio, hemos considerado que la
ampliación hasta finales del año 2002 podría perfectamente cubrir los
objetivos previstos.
El segundo de los programas a que he hecho referencia era el programa
IPEC, abolición del trabajo infantil. Éste también es un programa que
se lleva con la colaboración íntegra de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y que el Ministerio de Trabajo participa
enviando expertos asociados a la Oficina que tiene la Organización
Internacional del Trabajo en Lima. En su primera etapa el proyecto se
ha extendido durante cinco años, a partir de septiembre del año 1995,
y con una aportación de doce millones y medios de dólares USA. El
programa afecta a diecisiete países de la región y fue evaluado ya en
el año 1999 por una serie de consultores independientes, que
elogiaron los logros alcanzados, y que ha provocado que un país como
Estados Unidos haya ampliado sus propios presupuestos para trabajar
en esta misma línea del trabajo infantil. Se ha extendido, como
consecuencia de esos buenos logros que se detectó en la misión para
evaluar dicho programa, en una segunda fase que va a abarcar hasta el
año 2004 y que supone una nueva aportación financiera de siete
millones de dólares acordada precisamente a finales de noviembre del
año pasado (después
de mi comparecencia en la Cámara), en la Comisión Mixta España-
Organización Internacional del Trabajo; ahí es donde se acordó
definitivamente la ampliación del programa hasta el año 2004 y con
una ampliación presupuestaria de siete millones de dólares.
Los logros de este programa son evidentes pero, sobre todo, conviene
destacar algunos: que se hayan ratificado por la mayoría de los
países iberoamericanos las nuevas convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre todo, la 182, sobre las formas de
trabajo infantil que fueron aprobadas por la Organización
Internacional del Trabajo hace un par de años. Diríamos que éste es
uno de los programas que está teniendo más éxito, por no decir que es
el que tiene más éxito en la región.
Y el último de los programas, el de más y mejores empleos para las
mujeres en México. Este programa sufrió un retraso, su periodo
inicial era 1999-2001, es decir, debía haber finalizado en el año
2001, y su origen está en la Conferencia Mundial de la Mujer. Lo que
pretende es poner en marcha un plan de acción para mejorar las
condiciones de trabajo de las mujeres -especialmente en la industria
de exportación del Estado- en México, en dos estados: en Coagüila y
en el sector urbano del Estado de Guerrero. El proyecto, que debería
haber empezado en año 1999, se inicia en el año 2000; esa es la razón
por la que el proyecto lleva un retraso de un año y lógicamente se
finalizará en el año 2002. Este proyecto es gestionado directamente
por la Organización Internacional del Trabajo con sede en México.
Me ha preguntado por una serie de proyectos concretos, en torno a los
cuarenta proyectos que se vienen realizando con expertos en cada uno
de estos países. Evidentemente hay muchísimos de esos proyectos y voy
a remitirle una relación concreta de todos ellos pero, para que se
haga una idea, en el año 2001 uno de los proyectos fue en Bolivia,
dos en Centroamérica, tres en Colombia, en Costa Rica dos, en Ecuador
cinco, en El Salvador uno, en Guatemala dos, en Honduras uno, en
México siete, en Nicaragua tres, en República Dominicana uno, en
Uruguay seis, en Venezuela dos y, después, tres proyectos
específicos. La relación de todos ellos se la remitiré cara al año
2002, pero conviene no desconocer que la Comisión mixta con la
Organización Internacional del Trabajo se reúne siempre en el mes de
noviembre y es cuando estarán cerrados definitivamente los proyectos
que haremos en torno a estos cuarenta cara al ejercicio del año 2002.
Posteriormente me ha hablado del 311.B, el programa relativo a la
inspección de trabajo. Este programa ha contemplado un primer
problema que es el relacionado con el famoso tema de la plantilla y
los incrementos de plantilla. Puedo decir cuál ha sido la evolución
-se lo remitiré de todas maneras- de los programas de la plantilla,
de las dotaciones de la inspección de trabajo. Concretamente en el
año 2001 las dotaciones en
la relación de puestos de trabajo del Cuerpo superior de inspectores
de Trabajo y Seguridad Social es de 803, y de subinspectores de
Empleo y Seguridad Social de 853. La evolución que vienen sufriendo
es que todos los años se aprueba una oferta de empleo público en
torno siempre a 30 plazas para inspectores de Trabajo y Seguridad
Social; 25 ó 30, pero básicamente, en estos últimos años,
concretamente a partir del año 1999, han sido de 30 plazas, y en el
año 2002 en principio está previsto que sea también como mínimo de 30
plazas, y de 15 plazas para subinspectores. No se olvide que
últimamente, en el Cuerpo de inspectores de trabajo, el número de los
inspectores que realmente se están dedicando a la inspección se está
incrementando como consecuencia de que cuando llegan a los 65 años no
se suelen declarar vacantes, lo que quiere decir que todas las
ofertas de empleo público son siempre adiciones que se hacen a las
dotaciones, porque la mayoría de ellos no suele jubilarse a los 65
años, como consecuencia de que los funcionarios públicos pueden
ampliar su vida activa. En ese sentido puede decirse que los
efectivos de la inspección de trabajo se vienen incrementando, al
menos a lo largo de estos cinco últimos años.
Hay otro dato que quizás conviene destacar. Se utiliza mucho la media
europea. En estos momentos se está estudiando, a nivel de las
reuniones anuales que como consecuencia de la presidencia de la Unión
Europea se celebran por los administradores de la inspección de
trabajo, por las llamadas autoridades centrales, en la terminología
del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de la
inspección de trabajo, y se está viendo como homogeneizar
precisamente lo que podríamos denominar distintos cuerpos de
inspecciones de trabajo. España es uno de los países que tiene un
sistema de inspección de carácter generalista, como llaman los
expertos, frente a otros sistemas de inspección que están
diversificados y que lógicamente están especializados por áreas. En
consecuencia, no se pueden ofrecer datos homogeneizados a nivel
europeo en estos momentos y esa es la razón por la cual indicadores
resultan desgraciadamente difíciles de homogeneizar. Y lo mismo
ocurre en el tema de los accidentes de trabajo, por variaciones en
este terreno, a pesar de los esfuerzos que está haciendo España para
que se realice un estudio a fondo de cómo poder homogeneizar los
datos que se ofrecen sobre la siniestralidad laboral en Europa.
Espero que definitivamente se haga este estudio y se consigan datos
homogeneizados. Tampoco pueden darse datos comparados con otros
países de la Unión Europea en materia de siniestralidad laboral.
Hacía una pregunta en relación a que era difícil cumplir objetivos
con esta plantilla, ya que usted considera que su incremento está
siendo escaso. Le puedo ofrecer datos en este sentido que me parecen
significativos, en las áreas fundamentales en las que viene actuando
la inspección de trabajo. Por ejemplo, dobre la primera de ellas, la
relativa a seguridad y salud laboral, le puedo
decir que en el último periodo, entre el año 1996 y el año 2000, las
actas de infracción se han incrementado en un 136 por ciento, las
infracciones en un 145,7 por ciento, el importe de las actas de
infracción en un 245,6 por ciento y las paralizaciones de centros de
trabajo en un 261,5 por ciento. Y en periodo actual, de enero a junio
del año 2001 -no tenemos lógicamente los datos finales- esa tendencia
creciente en los indicadores más significativos sigue aumentándose.
Incluso hay un dato significativo que conviene destacar. Muchas veces
se habla de la siniestralidad laboral y de los accidentes de trabajo
haciendo la media de los accidentes de trabajo. Usted sabe
perfectamente cómo hay que distinguir entre los accidentes leves, los
graves y los mortales, que es quizás lo que nos ofrece una
radiografía mejor de la siniestralidad laboral en nuestro país,
siempre preocupante y la cual preocupa a todos los interlocutores
sociales y las distintas administraciones públicas, muy especialmente
la administración del Estado y las administraciones autonómicas, que
son las que ejecutan la legislación laboral en la materia. Pues bien,
verá que la tasa de incidencia -que es el único indicador fehaciente
para medir la siniestralidad laboral- que, como sabe, se calcula,
número de incidentes por cada 100.000 trabajadores, la tasa de
incidencia en graves viene descendiendo a lo largo de estos últimos
años; solamente hay un año en que sube un poquito, en el año 1997,
100,8 por ciento; en el año 1998 baja a 98,6 por ciento, en el año
1999 es el año que sube un poco, 100,7 por ciento; en el año 2000
baja a 94,3 por ciento. Y en los últimos datos a lo largo de este año
(aunque es difícil por mensualidades reflejar la tasa de incidencia,
porque sabe que los accidentes de trabajo tienen que sufrir después
la clásica depuración, aunque en el próximo ejercicio esa depuración
la podremos tener prácticamente en tiempo real, en los accidentes
mortales) la tasa de incidencia ha sido descendente siempre. Es
decir, en el año 1997, 10,1 por ciento; en el año 1998, 9,8 por
ciento; en el año 1999, 9,4 por ciento y, en el año 2000, 9,2 por
ciento. Lógicamente las variaciones relativas en todos los años han
sido negativas, salvo en ese año, en el caso de los accidentes
graves, que es donde creció un poco en relación con esta serie
descendente de los graves y los mortales.
Los leves, en cambio, creciendo permanentemente. Pero ya sabe usted
que, en base al informe que se hizo precisamente por don Federico
Durán, por encargo del Gobierno, en torno a la siniestralidad
laboral, uno de los temas graves que hay que resolver es el
crecimiento de los leves, que se ve muy afectado por problemas de
fraude concretamente en los accidentes de este tipo. Esa es la razón
por la que se van a proponer una serie de modificaciones normativas
en la materia. Espero que el secretario general de Empleo
posteriormente esta comparecencia lo podrá ampliar con mucho más
detalle. Una de las medidas que se proponían en ese libro, dirigido y
coordinado por don Federico Durán,
era la adopción de propuestas normativas para evitar este crecimiento
de los accidentes leves, que básicamente se incrementan como
consecuencia de acciones que no podremos llamar objetivas desde el
punto de vista económico.
Otro de los temas es el relativo a los resultados de la inspección de
trabajo en materia de migraciones y de economía irregular. En materia
de emigraciones y extranjeros, lógicamente son los dos últimos años
en los que se está ofreciendo un incremento tremendo de los
resultados de la acción inspectora, entre otras razones porque hace
dos años se fijó como una de las líneas prioritarias y muy
especialmente a partir de la aprobación de la nueva legislación,
concretamente en los comienzos del año 2001. Entre el año 1996 y año
2000 el incremento ha sido del 128,4 por ciento en cuanto a súbditos
extranjeros detectados por la inspección de trabajo, pero en el
periodo de enero a julio del año 2001, el incremento es muy superior,
hasta el extremo de que en los siete primeros meses del año se ha
detectado ya un número de infracciones muy próximo al de todo el
ejercicio precedente, al del año 2000, que ya fue un año importante a
la hora de detectar infracciones en materia de inspección de trabajo.
El importe de dichas infracciones recogidas en acta es también
significativamente superior. Para que se haga una idea, en los siete
primeros meses del año 2001 el importe ya era superior al del año
pasado. En estos momentos, concretamente es de 3.426 millones de
pesetas. Diríamos, además, que se han realizado unas campañas
especiales, en coordinación con los interlocutores sociales; una muy
concreta es la que se realizó desde el 23 de enero de este año en un
conjunto de diez provincias, con una duración de entre uno y tres
meses, con algunas operaciones especiales que conocerán sus señorías
porque tuvieron reflejo en los medios de comunicación, como es el
caso de algunas de las originadas en las provincias de Huelva,
Almería o Murcia.
En estos momentos se efectúa también una campaña especial, diríamos
que ha finalizado ya, pero los resultados no los tendremos hasta
finales de este mes o primeros de noviembre. Sin embargo, ya se han
detectado en esta campaña especial, que ha durado tres meses y en la
que se han efectuado 1.623 visitas, se ha detectado un crecimiento
enorme de súbditos extranjeros en situación irregular, con lo cual se
está observando que en esta materia efectivamente los resultados de
la acción inspectora son quizás de los más visibles a lo largo del
ejercicio del año 2001.
En materia de la Seguridad Social, en el año 2001 es en el único año
donde precisamente -entre otras razones porque el fraude ha bajado
mucho en materia de Seguridad Social- se ha producido una especie de
estancamiento, entre otras razones porque ha habido una modificación
como es la reducción del plazo de prescripción de las cuotas, que ha
bajado de cinco años a cuatro, operada por el artículo 21 del texto
refundido
de la Ley general de Seguridad Social en la nueva redacción que se
dio en la Ley de acompañamiento del año pasado, en la de 29 de
diciembre, con el fin de unificar el tratamiento tanto en el área
tributaria como en el área de Seguridad Social. Sin embargo, diríamos
que en este periodo se ha provocado por la inspección de trabajo, y
concretamente referido a enero-julio del año 2001, un total de 51.265
altas de trabajadores en el sistema de Seguridad Social; es decir,
que se encontraban trabajando sin haber sido dados de alta (bastantes
de ellos se solapan con los temas de extranjería) y esto ha supuesto
la promoción de sanciones a los empresarios responsables por un
importe de 1.191 millones de pesetas a lo largo de los siete primeros
meses de este año. Si sumamos las cifras de empleo irregular que le
voy a dar junto con éstas de altas en Seguridad Social, podríamos
decir que en el periodo de enero-julio del año 2001 la inspección ha
aflorado un total de 60.624 trabajadores en situación de empleo
irregular, que es un concepto que abarcaría tanto uno como otro.
Evidentemente en lo que es específicamente el área de economía
irregular es algo en lo que se está incidiendo fundamentalmente por
el área de la inspección de trabajo. Si le parece, le ofreceré una
evolución de los datos en estos últimos años en lo referido a
seguridad y salud laboral y de enero-julio del año 2001, así como los
referidos a emigración y extranjeros, con bastante desagregación en
este caso concreto, como los referidos al área de Seguridad Social y
al fraude en prestaciones, y también si es posible le facilitaré
-aunque posiblemente no se lo podré facilitar hasta primeros de
noviembre- algún dato del resultado de la campaña de control de la
economía irregular que ha finalizado recientemente y que ha cubierto
el periodo del primero de junio al 30 de septiembre del presente
ejercicio. Hay datos a 31 de agosto, y si no le puedo dar los datos
finales le daré al menos los datos que existan en la fecha en que se
lo remita, que será rápidamente. Igualmente le facilitaré los datos
en materia de contratación laboral.
Me preguntaba también en qué medida los ingresos generados por la
inspección de trabajo eran cobrables, concretamente esas actas. Pues
depende de la administración competente. Por ejemplo, si es en
materia de Seguridad Social le corresponde a la Administración
general del Estado, y si es en materia de relaciones laborales,
siniestralidad laboral, le corresponde a las propias administraciones
autonómicas. Yo le puedo dar datos de Seguridad Social, donde los
ingresos por recaudación y por recaudación ejecutiva -el secretario
de Estado de Seguridad Social seguro que ampliará todos estos datos-
son francamente enormes; podríamos decir que la situación de la
Seguridad Social en todos los terrenos, tanto en los ingresos
ordinarios por cotizaciones como en los ingresos por recaudación
ejecutiva, son extraordinarios, con una tendencia creciente, y esa es
una de las razones de los excedentes en
Seguridad Social, junto con el crecimiento del empleo, porque se ha
controlado el fraude en gran medida dentro del ámbito de la Seguridad
Social, lo que permite que en estos momentos los resultados de la
Seguridad Social sean tan espléndidos que se reflejan en el propio
crecimiento del fondo de reserva y en las próximas ampliaciones que
del mismo se irán efectuando.
Respecto al Programa 315.B, relativo a FOGASA, hablaré del capítulo 8
y tanto del año pasado como del actual. No cabe duda de que en estos
momentos el FOGASA se encuentra en una situación óptima debido a que
sus ingresos por cotizaciones, como consecuencia del crecimiento del
empleo, han crecido bastante, y también por una razón de fondo y es
porque las suspensiones de pago han descendido sustancialmente y las
crisis o insolvencias empresariales son escasas, lo que ha motivado
que tanto en el año 2000 como en el año 2001 se haya efectuado un
reajuste a la baja de 30.000 millones de pesetas que no se van a
cubrir porque no existe necesidad de ello. Esa es una de las razones
por las cuales, en activos financieros, las variaciones del
presupuesto para el año 2002 con respecto al año 2001 ha crecido el
99,9 por ciento. ¿Por qué? Porque se amplía lo que podríamos llamar
el fondo de reserva del FOGASA, que sirve para adquirir títulos de la
deuda pública, y al igual que el fondo de reserva de la Seguridad
Social diríamos que es un fondo de dotación que va a permitir que
FOGASA pueda seguir actuando en estos momentos siguiendo con esta
tendencia y tener cubierto el presupuesto de los dos próximos
ejercicios debido al fondo de reserva que tiene en estos momentos. Se
materializan deudas tanto a corto plazo como a largo plazo. En deuda
a corto plazo unos 48 millones de euros en números redondos y, a
largo plazo, unos 900 millones de euros en estos momentos.
El representante del Grupo Parlamentario Popular me parece que había
aludido a la misma materia y considero que este punto queda
contestado.
En relación con el representante del Grupo Popular hay una referencia
a que estos presupuestos siguen en la línea del año pasado, es decir,
el objetivo fundamental es que el diseño de las políticas del mercado
de trabajo contribuyan poderosamente a que el crecimiento económico
se transforme en crecimiento del empleo y, sobre todo, contribuyan
poderosamente a que en etapa de desaceleración económica sufra lo
menos posible el propio crecimiento del empleo. En este sentido, las
políticas que con consenso de los interlocutores sociales se han
venido desarrollando en años anteriores y que siguen prolongándose,
especialmente en la línea de política social y empleo, como
posteriormente ampliará el propio secretario general de Empleo,
permiten que en etapas de desaceleración económica el empleo sufra lo
menos posible.
También diríamos que estos presupuestos recogen las transferencias
que en materia de políticas activas, que son prácticamente las que
quedan, se registran en
las comunidades autónomas. En el presupuesto del año 2002 está
previsto que gran parte de esas transferencias se efectúen a lo largo
del ejercicio del año 2002, aunque algunas se han hecho ya a lo largo
del año 2001, y lógicamente eso se refleja también desde el punto de
vista de los presupuestos.
Ha hecho una referencia a la inspección de trabajo, aparte de los
datos referidos al personal, con lo que aprovecho para contestar
también a algo que había solicitado el representante socialista sobre
la formación de los inspectores de trabajo. En el ejercicio anterior,
como ya avancé, se hizo una operación basada fundamentalmente de
acuerdo con la nueva legislación de la inspección de trabajo, con los
nuevos reglamentos, un planteamiento de actualización que en
principio consideramos de actualización permanente aunque en este
primer año ha sido más intensivo, para lo cual se aprobó una partida
presupuestaria de cien millones de pesetas para cursos de formación
de los inspectores de trabajo. Puedo decirle que el número de cursos
realizados ha sido de 262 -tengo el desglose y se lo enviaré por
escrito, provincia por provincia-, que se están realizando a lo largo
del año 2001, porque no han finalizado todavía, así como también el
número de cursos por materias, algunas tradicionales, como seguridad
laboral, seguridad social, inspección, pero también se está
incidiendo en otras áreas, especialmente en el área de la
informática, porque el parque informático de la inspección de trabajo
en estos momentos se encuentra prácticamente al cien por cien y muy
modernizado. Puedo informarle asimismo de lo que podríamos llamar la
estimación de cursos para el año 2002, que va a ser de 348 cursos,
por un importe de 600.000 euros, así como también le enviaré,
desagregados por provincias, los cursos solicitados para el año 2002
por cada una de las provincias para concretar esa cifra de doscientos
ochenta y tantos cursos a la que he hecho referencia y su
distribución por materias.
Había hecho referencia también el representante del Grupo Popular a
los resultados. Consideramos de una gran importancia la modernización
que se ha hecho del parque informático de las inspecciones
provinciales de trabajo y asuntos sociales. El año pasado se hicieron
inversiones en el parque informático que permitieron tener al día ese
parque informático, así como provisiones para mantenimiento y algunas
actualizaciones; por ejemplo, se van a renovar algunos PC de
sobremesa y se van a renovar en torno a unos cien portátiles, pero
prácticamente las dotaciones para la inspección de trabajo en el
parque informático ya es de mantenimiento y de actualización y en el
año 2002 ascienden a 250 millones de pesetas.
Me parece que esos son los temas más destacados. Después, en relación
con lo mencionado por el representante del Partido Popular, sólo
decirle que nos encontramos en estos momentos con algunos programas
que se van minorando, especialmente el de reconversión
y reindustrialización por las mismas razones que aduje el año pasado.
Me hizo igualmente una pregunta muy concreta sobre el Programa 314,
relacionado con las pensiones no contributivas y pensiones
asistenciales. La reducción de este programa, que se suele efectuar
todos los años, se debe a que desde que se aprobaron las pensiones no
contributivas, en el año 1990, sustituían a las pensiones
asistenciales. Es verdad que en aquella ley no se puso fecha de
caducidad para que todo el mundo pasara de pensiones asistenciales a
pensiones no contributivas, pero las pensiones asistenciales
prácticamente se están extinguiendo y, como consecuencia de eso, la
financiación que figura en ese programa es precisamente la
financiación correspondiente a las pensiones asistenciales y esa es
la rebaja que se viene sufriendo todos los años, que suele ser en la
práctica incluso superior a la que suele preverse normalmente en
presupuestos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Quiero agradecer la larga
exposición del señor Díaz Guerra y, muy brevemente, el señor González
Vigil ha solicitado la palabra para replantear alguna pregunta.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Agradecerle la amable explicación sobre las
preguntas formuladas. Solamente en el tema de la plantilla he salido
con más dudas que como he entrado porque, como indiqué en mi
intervención, el señor ministro de Trabajo, en mayo del año pasado,
en el Pleno del Congreso, dijo que tenían una plantilla de 734
inspectores. Usted, en su comparecencia -así consta en el Diario de
Sesiones-, nos dijo que teníamos 868 y hoy nos dice que en año 2001
tenemos 803. Para salir de la duda le rogaría que me dijese por
escrito el número de inspectores en activo al día de hoy, provincia
por provincia, y el número de subinspectores en activo. Y, si
pudiese, decirnos cuántos más hay que no estén en activo, explicando
las causas por las que no lo están.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El señor Díaz Guerra tiene
la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra):
Evidentemente acaba de hacer una matización muy interesante: en
activo, que es lo que normalmente se llaman efectivos. Muchas veces
depende de si se habla de efectivos o se habla de dotación. Por
ejemplo, ya incluyo en esa dotación que le acabo de dar la oferta de
empleo público del año 2001, la cual ha sido convocada pero no han
sido todavía adjudicadas las plazas, pero es una dotación que ya es
fija en la dotación de puestos de trabajo, aunque no están incluidos
en efectivos cuando le proporciono el dato. Lógicamente, dependerá
incluso de aquellos inspectores de trabajo que estén en otras
situaciones, unos se habrán jubilado, otros no -últimamente
no se jubilan-, otros han podido desempeñar otro puesto al margen
del área de la inspección de trabajo, han podido ser designados para
un cargo -suele ser muy normal tanto en las administraciones
autonómicas como en la Administración general del Estado-. Le haré
una desagregación para que la tenga al menos al día cuando se la
envíe, porque esos son datos dinámicos y van a estar cambiando. A lo
mejor en quince días o un mes los datos serán distintos, no en cuanto
a la dotación de la relación de puestos de trabajo porque en última
instancia figurará alguno como vacante que se haya podido producir;
la dotación sí es mucho más estable, pero el número de efectivos es
muy variable.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Agradeciendo nuevamente la
comparecencia del señor subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales damos por finalizada la misma y se suspende durante
unos minutos la celebración de la sesión. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediete 212/000781), DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 212/000757) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000715)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La siguiente comparecencia
es la del señor secretario general de Empleo, solicitada por los
grupos Socialista, Izquierda Unida y Popular. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Bienvenido señor Chozas. Quería aprovechar su comparecencia para
hacerle una breve reflexión sobre nuestro análisis del presupuesto y,
por tanto, en qué contexto se sitúan las preguntas que le quiero
plantear esta mañana en este turno de comparecencias del Gobierno
para explicar el presupuesto.
Hay una seria preocupación en todos los ambientes económicos y
políticos del país respecto al presupuesto en general del Gobierno de
España en el escenario macroeconómico en el que nos encontramos.
Tengo la impresión de que todos estamos con la preocupación de que a
partir no ya del 11 de septiembre, sino incluso antes, se estaban
notando evidencias de una desaceleración en el ritmo de crecimiento y
también en el ritmo de creación de empleo, y tengo la impresión de
que el Gobierno, un poco empeñado por dar al país la imagen de
optimismo y de confianza, casi como obligado por esa necesidad de
imagen que a veces la economía reclama,ha hecho un presupuesto
también en el Ministerio
de Trabajo cargado de un optimismo que no tiene lógica. En ese
sentido creo que el Gobierno se engaña y nos engaña. No hay una
previsión realista de lo que puede pasar y ese marco impregna todo el
presupuesto y todas sus cifras. Por eso lo que luego le comentaré
tiene que ver precisamente con esa primera reflexión.
La segunda reflexión que quería hacer es a propósito de nuestro
mercado laboral en general. Tengo la impresión, señor Chozas -todo lo
que le voy a decir se lo digo no solamente con respeto sino con el
afecto que usted sabe que le tengo-, de que las anomalías del mercado
español son ostensibles y crecientes. Es decir, los grandes problemas
de nuestro mercado laboral, que no son achacables al Gobierno del
Partido Popular ahora pero que tampoco este Gobierno ha corregido,
siguen definiendo un mercado laboral con unos parámetros que
tendríamos que ir corrigiendo y que no hemos aprovechado cinco o seis
años importantes de ciclo económico para corregir. Esta es la censura
que honradamente creo que ustedes merecen. La altísima temporalidad
no se ha reducido; no se ha hecho nada objetivamente por mejorar esta
anomalía tan grave de nuestro mercado laboral. Antes he oído al
subsecretario explicar datos sobre la siniestralidad laboral y
parecía que estábamos en el mejor de los mundos. Todo el mundo sabe
que las estadísticas pueden decir lo que quieran pero es evidente que
inclusive en ese terreno de la estadística nuestro país tiene una
altísima siniestralidad laboral en graves, en leves y en menos
graves. Ha aparecido un fenómeno que tendría que preocuparnos más y
todas las directrices de la Unión Europea de los últimos años
insisten en la calidad del empleo y aquí brilla por su ausencia
cualquier política, cualquier iniciativa, cuando sabemos que hay una
subcontratación rampante que provoca precariedad, que provoca
siniestralidad, que provoca malas condiciones laborales y bajos
salarios. Creo que la acción del Gobierno en todo este capítulo
brilla por su ausencia. Usted me dirá si me equivoco pero tengo la
impresión de que nos encontramos ante una circunstancia que puede ser
muy grave porque si dentro de unos pocos meses, tal como estamos
viendo ahora, el mercado laboral español sufre un impacto en el
empleo, ¿qué va a pasar con los tres millones y medio de trabajadores
que tienen un contrato eventual en España? Tenemos alguna experiencia
de esto y quiero recordarla; la tuvimos en el periodo 1992- 1993-
1994. Cuando llegó la crisis, el golpe al empleo temporal fue
tremendo y en muy poco tiempo, en un año y medio, se destruyeron casi
millón y medio de empleos. Lo que más preocupa en este momento al
Grupo Socialista es lo que parece que viene, el ritmo de
desaceleración no solamente en el crecimiento económico sino en la
creación de empleo, en la reducción del paro. Cuando la economía
española crece por encima del dos por ciento crea empleo. En los
últimos años con ritmos de crecimiento económico cercanos al cuatro
se ha creado también y casi paralelamente se ha crecido
en torno al tres y pico en ritmo de creación de empleo, pero
probablemente por debajo del dos por ciento de crecimiento económico
no solamente no se crea empleo sino que se destruye. Corríjame si
esta no es una apreciación correcta. Mi pregunta es ¿qué puede pasar
si en enero, en febrero, en marzo del año 2002 el ritmo de
crecimiento económico no llega al dos por ciento (ojalá me equivoque
pero por ahí vamos a andar) y empezamos a tener un impacto sobre el
empleo y sobre este mercado laboral tan anómalo que tenemos en el
cual, repito, hay tres millones y medio de personas absolutamente
volubles en cuanto al empleo y de una sensibilidad infinita a la
posibilidad de que sencillamente su contrato no sea renovado? Porque
no hay que hacer expediente, no hay que ir al Gobierno, a la
autoridad administrativa a que te autoricen una rescisión, no,
simplemente no se renueva y punto.
Señor Chozas, repasando su reacción presupuestaria, ese gran
instrumento de acción política del Gobierno, la respuesta a este
escenario -yo lo voy a calificar así- es una respuesta de rutina y de
insuficiencia; rutina porque las mismas políticas acompañan lo que se
ha venido haciendo hasta ahora, e insuficiencia porque ciertamente
los recursos que ustedes aportan a este escenario son prácticamente
los mismos, el dos por ciento de crecimiento, que no llega en muchos
casos al crecimiento previsible de la economía. Esto es un poco lo
que hace unos días le dije al ministro de Trabajo en una
interpelación en el Pleno del Congreso: que el país y sus políticas
han pedaleado cuesta abajo durante cinco años, pero es que ahora hay
que pedalear cuesta arriba porque el ciclo económico probablemente
está cambiando y hay que ver qué se hace. Mi impresión es que no se
hace nada, lo mismo de siempre, y lo que se venía haciendo no ha
servido para corregir las anomalías que citaba antes e incluso las
exigencias que el nuevo ciclo demanda no tienen una respuesta. No
tienen una respuesta tampoco, señor Chozas, a las exigencias que la
Unión Europea nos viene marcando, porque usted sabe mejor que yo que
se vienen haciendo una serie de controles sobre nuestras políticas de
empleo desde que las cumbres de Luxemburgo, Lisboa, etcétera, han ido
poniendo objetivos y marcando políticas a través de los planes
nacionales. Tengo la impresión de que las recomendaciones o
exigencias que la UniónEuropea nos viene haciendo tampoco encuentran
un reflejo en el presupuesto del año 2002. Hay que hacer más esfuerzo
en parados de larga duración. España tiene un millón largo de
personas que están anclados en el paro, muy difíciles, lo reconozco,
pero ¿realmente hacemos más esfuerzo por los parados de larga
duración? No lo creo.
Hay que subir la baja tasa de actividad femenina. Quiero recordar que
el horizonte que la Unión Europea ha marcado para España nos obliga a
subir casi 18 puntos de nuestra bajísima tasa de actividad femenina,
42por ciento, y hay que subir casi al 60 en el 2010, dentro
de ocho años, pero dudo mucho de que haya la más mínima inquietud o
por lo menos la más mínima política -usted me dirá dónde me equivoco-
para que nuestra tasa de actividad femenina pueda crecer. Hay que
fomentar la movilidad regional, dice la Unión Europea. Aquí no se
fomenta nada. Hay que coordinar territorialmente la intermediación,
la inserción laboral, mejorar el instrumento de acción, dice la Unión
Europea. Aquí no se mejora nada. Señor Chozas, el INEM, el gran
instrumento de la política de empleo está en un estado catatónico,
nadie sabe en qué va a quedar ni qué modelo futuro tiene ni qué
competencias. Por eso querría plantearle una serie de interrogantes
que creo que están detrás de este presupuesto a las que quiero que me
dé respuesta después de este -agradezco a la presidenta- largo
prolegómeno a lo que son las preocupaciones que querríamos ver
resueltas en esta primera comparecencia.
Puede confirmar el señor secretario general si en el año 2002, tal y
como yo deduzco de las cifras -voy a hablarle en pesetas porque estoy
todavía un poco anticuado; usted si quiere me contesta en euros y yo
ya pediré una calculadora- el Gobierno también prevé que la
diferencia entre cotizaciones para el desempleo de los trabajadores
españoles y el importe de lo que gastaremos en prestaciones es de
540.000 millones de pesetas, aproximadamente? ¿Es correcto mi cálculo
en el sentido de que aproximadamente casi 600.000 millones de pesetas
que los trabajadores cotizamos sobran? porque gastamos -como creo que
viene en el presupuesto- un billón 400.000 pesetas en prestaciones
frente a los dos billones de cotización. ¿Puede indicarnos, señor
Chozas, el balance de esta misma cifra en los últimos cinco años?
¿Sería correcto si yo dijera que en los últimos cinco años la
diferencia entre prestaciones y cotizaciones es de 2,2 billones de
pesetas? Dígame si es correcto. ¿Cuál es la previsión de liquidación
que hace el Gobierno para el presupuesto de ingresos y gastos del
INEM en el año 2001? Porque ustedes saben que siempre hay una
diferencia importante entre previsión presupuestaria y liquidación.
Hágame, si se puede, una previsión de liquidación para este año. En
su caso, si hay remanentes de tesorería en el INEM, ¿cómo funcionan?
Cuando se han producido en los años anteriores ¿dónde van los
remanentes? ¿Se trata simplemente de que hay un enjuague contable,
valga la expresión? No estoy haciendo ninguna definición despectiva.
¿Es que simplemente los dineros, como están en la Tesorería general
no van y no vienen? Pero insisto en que si el balance del INEM tiene
superávit en las liquidaciones respectivas ¿qué se hace con estos
remanentes y qué se ha hecho en los últimos años? ¿Es correcto que
las prestaciones por desempleo absorben en nuestro país en torno al
62 por ciento de las políticas de empleo? Si es así ¿puede indicarnos
cuál es la evolución de los gastos en políticas activas de
los últimos cinco años en relación con las pasivas? Es decir, este
porcentaje de lo que gastamos en pasivas ¿es aproximadamente el mismo
en los últimos cinco años? ¿Va evolucionando hacia arriba, hacia
abajo? ¿Cómo va esto? Más o menos, cogiendo una referencia europea,
se sabe que hay que gastar más en políticas activas que en pasivas,
se dice; se sabe también que la media de la Unión Europea de gasto en
políticas activas ronda el uno por ciento del PIB y aquí no llegamos
al 0,6 por ciento. Esta sería la cuestión. Háblenos de este
porcentaje en relación con el PIB y en relación con las activas para
saber si estamos avanzando en el sentido correcto o no. Precisamente
en esta dirección querría preguntarle si usted cree que el conjunto
de gasto en políticas activas del país se ajusta al volumen de
nuestro parados? En esta evolución también tendría que conocerse qué
es lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. Es decir ¿vamos
gastando más en relación con este colectivo de parados en políticas
activas para su inserción o reinserción laboral, para su orientación
laboral, información e inserción o realmente estamos gastando menos
en esta cuestión fundamental?
Otra cuestión que le querría plantear también, que es bastante
conocida por nuestra parte en cuanto que ha sido objeto de enmiendas
otros años, es la que se refiere a las bonificaciones a las empresas
para la contratación fija. Yo querría hacerle una consideración
porque tengo la impresión de que gastamos en torno a 300.000 millones
de pesetas cada año para estimular la contratación fija; este mismo
año creo que se han previsto 309.000 millones para este concepto.
¿Cuánto ha gastado España en estimular la contratación fija en los
últimos cuatro años, desde que se acordó con los sindicatos, creo que
en el año 1997, este procedimiento? No sé si es 1,5 billones. A
propósito de esto le quería plantear una consideración general.
¿Tenemos una evaluación de estas políticas? (El señor presidente
ocupa la presidencia.) Se lo voy a decir más bruscamente. ¿Podemos
tener la intuición de que en este mismo porcentaje de contratación
fija, ocho y pico por ciento, grosso modo, de los últimos meses,
incluso después de la reforma laboral del 5 de marzo, casi el nueve
por ciento -nueve de cada cien contratos se hacen fijos-, ¿se harían
los mismos contratos fijos aunque no hubiera subvención? Esto hay que
saberlo. Si llegáramos a la conclusión de que probablemente sí,
estamos tirando el dinero, por mucho acuerdo que haya con los
sindicatos. Si esto ha costado al país 1,5 billones de pesetas para
estimular la contratación fija y realmente no se estimula nada porque
aproximadamente se hacen los mismos contratos fijos que se hacían
antes, ocho, nueve o diez por ciento, mi pregunta es evidente:
¿Merece la pena este gasto? Si pudiéramos gastar estos 300.000
millones no en subvencionar a las empresas, es decir, no
extrayéndoselo a los trabajadores y a las empresas de sus cuotas para
bonificar a las empresas, sino para hacer políticas de empleo a los
parados, la capacidad sinérgica de potenciar el esfuerzo
en políticas de empleo es enorme. Creo que tenemos derecho a
preguntarnos eso y a preguntarle, señor Chozas, quién evalúa estas
políticas. En este país no evalúa nadie nada. En este país -y esto es
un problema general de España- las políticas públicas no las evalúa
nadie. En Francia, por ejemplo, hay un organismo autónomo que evalúa
todas las políticas de empleo con una capacitación técnica y una
objetividad profesional impresionantes. Aquí nadie evalúa. Se encarga
de vez en cuando a un profesor universitario, amiguete del Gobierno
generalmente, que haga un informe sobre no sé qué cosas y por
supuesto la política es formidable. Pero, por favor, para que este
país sea serio en políticas públicas tiene que evaluarse, y aquí no
evalúa nadie nada. Digo esto como puedo dar diez mil ejemplos más, es
un problema general de la Administración española y tampoco es de
ahora, por supuesto. ¿Pero -repito- hay una evaluación de esta
política y de otras políticas de empleo? ¿Quién evalúa las políticas
de empleo en España que todos los años son de casi medio billón de
pesetas en políticas activas?
Señor Chozas, ante este nuevo ciclo, ante esta nueva situación,
¿cuáles son las novedades presupuestarias en políticas, en dineros,
en recursos y en programas concretos que se prevén para el año 2002?
¿Cuáles son las políticas de empleo que han diseñado en el
presupuesto para una población laboral desocupada como la española,
más de un millón de parados de larga duración, con un problema de
rigidez laboral y de movilidad geográfica muy concreto y todos los
problemas que sabemos que existen sobre la formación profesional, una
de las partes claves de la política de empleo. Creo recordar que si
en políticas activas estamos en torno a 600.000 millones, casi
300.000 o un poco más son para formación profesional y la formación
profesional tiene algunos problemas. Esta mañana curiosamente me ha
llegado, enviado por usted mismo, un tocho de las irregularidades que
el Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita que yo había hecho a
ese respecto, ha detectado en formación continua; es un tocho así de
gordo, lo menos hay trescientas empresas con fraudes detectados en
formación continua. Pero en general la formación profesional -yo lo
he dicho en una interpelación al ministro- tiene parecidos problemas.
Hay una opacidad, una falta de transparencias, un fraude generalizado
y una ineficiencia en la formación profesional en España dignas de
consideración. La pregunta es si las políticas del Gobierno a este
respecto van a introducir alguna reforma, alguna modificación que yo
personalmente no he visto. ¿Puede informarnos, por ejemplo, de
cuántos parados de larga duración y cuántas mujeres recibieron ayudas
de inserción laboral concretamente o de formación en el año 2001 y
cuántos las recibirán en el año 2002?
Creo haber leído en una declaración suya -la tengo por ahí recogida-
algo así como que si la reforma laboral no funciona habrá que
cambiarla. Han pasado
siete meses y todo sigue igual. ¿Sigue pensando lo mismo? Si hubiera
que cambiar algo ¿qué cambiaría? Lo digo porque se ha puesto de nuevo
de manifiesto - y no quiero hacer un debate que no procede en este
momento- que la estimulación de la contratación fija y el pequeño
encarecimiento de la temporal que se ha hecho en la reforma laboral
no ha servido. Realmente seguimos estando en los mismos índices que
teníamos antes y por eso el propósito fundamental de aquella reforma
del 5 de marzo ha fracasado, aparte de que otros objetivos como, por
ejemplo, dinamizar la contratación de tiempo parcial o dinamizar la
contratación laboral en general también brillan por su ausencia
porque es evidente que no están evolucionando favorablemente, cierto
que por el ciclo, pero cierto también que la norma pretendía
precisamente estimular, ante un ciclo adverso, una mayor flexibilidad
de contratación y ésta no se está produciendo. ¿Cree usted que hay
que afrontar alguna revisión de esa reforma?
Hay un dato en la política de empleo que se repite y que yo querría
que usted nos aclarase y es este concepto de la renta activa de
inserción que lleva presupuestándose todos los años en torno a 50.000
millones de pesetas y curiosamente sólo se gastan de él mil y pico
millones cada año. Yo ya sé para qué está la renta activa de
inserción, pero la pregunta es si no habría que flexibilizar un poco
la aplicación de la normativa para que este concepto, que me parece
razonable desde el punto de vista de lo que pretende, fuera útil,
porque no parece lógico que sigamos presupuestando 50.000 millones
todos los años y gastando mil y pico. Ya sé que este año, a 1 de
julio, llevamos gastados tres mil y pico pero es igual, tres mil y
pico es aproximadamente el cinco o el seis por ciento de la partida.
Querría que nos dijera a qué obedecen las reformas que se han
introducido en los requisitos para el cobro del subsidio y de las
prestaciones. Yo las he deducido y quiero decirle honradamente que no
me parecen mal. Tiene bastante lógica lo que he leído por lo menos en
la Ley de acompañamiento, pero querría preguntarle: ¿Son las únicas?
¿Son las últimas? ¿Qué vamos a hacer con el INEM, señor Chozas?
Porque el organismo que practica la política de empleo en nuestro
país no puede seguir así. Creo que está desordenado internamente por
el problema de las transferencias, pero no se han obtenido las
consecuencias de un proceso que yo valoro positivamente, aunque
aprovecho para decirle que tenemos una pésima impresión de la
negociación que se está haciendo con algunas comunidades autónomas y
tenemos serias sospechas de partidismo en la negociación de las
transferencias con Andalucía y Castilla-La Mancha. Luego hablaremos
con la directora general del INEM y se lo diremos, pero tengo una
desagradable impresión a ese respecto porque no espero que un
Gobierno se comporte, en cuestión tan básica como ésta, de esa
manera. El INEM no tiene definido su modelo, nadie sabe muy bien
dónde
se va a acomodar, qué funciones va a realizar. Creo que está en un
estado de transición permanente y no se están haciendo cosas que son
básicas, y usted lo sabe tan bien como yo aunque mucho me temo que no
lo reconocerá, pero creo sinceramente que no puede seguir así.
Por último, creo recordar que a final de año pasado usted dijo que
tenían la idea de reformar la ley básica de empleo porque es de hace
veinte años y tiene que adaptarse. Yo compartía todas las razones que
usted adujo para acometer esta reforma y mi pregunta es cuándo. Mucho
me temo que siguen ustedes sin saber qué hacer con esto; tengo la
impresión -usted me corregirá- de que está muy retrasado. Por eso,
señor Chozas, en este marco de preocupación general que le señalo, me
gustaría obtener algunas orientaciones sobre estas cuestiones que le
he planteado para, en función de ello, determinar nuestra política
alternativa y establecer una política de enmiendas que seguramente
será una enmienda a la totalidad a todo su presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo la ordenación del debate que hemos
prefijado al comienzo de la sesión, tiene la palabra, por el Grupo
Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario General de Empleo,
la intervención que voy a hacer a continuación será sobre varios
aspectos de los cuales se desprenderán nuestras preocupaciones, que
espero que sean respondidas en esta comparecencia.
Respecto a la política de empleo, el paro registrado aumentó en
septiembre en 29.544 personas, una subida que duplica la del año
pasado en el mismo mes. Este dato se suma al clima de desaceleración
económica, reducción del ritmo de creación de empleo y rebaja del
paro estimado por la EPA. Resulta especialmente relevante que este
crecimiento se concentre en las mujeres, que ya representan el 61 por
ciento del volumen de paro registrado. Este paro registrado,
1.488.551 persona, no incluye a importantes colectivos como
demandantes de empleo coyuntural, 411.000 personas, trabajadores
eventuales agrarios, 219.000 personas, y estudiantes, 216.000
personas. En suma, consideramos que 2.300.000 parados exigen una
respuesta política, un papel activo del Gobierno, como ya reclamamos
el pasado año y hay que reconocer que con escasa fortuna. En este
contexto no cabe ninguna rebaja de los estabilizadores, prestaciones
por desempleo, ni de las políticas activas. Defendemos el criterio de
una política de gasto público que facilite especialmente la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Sólo el 8,7 de los
contratos realizados en septiembre han sido indefinidos, por debajo
de las tasas del año anterior, por lo que también estamos perdiendo
la batalla de la estabilidad y la calidad en el empleo.
En este contexto deben analizarse los Presupuestos Generales del
Estado, un documento cada vez menos creíble. Apenas dos días después
de iniciarse su tramitación en el Congreso, el Gobierno ya tuvo
necesidad de aprobar un paquete de medidas que vienen a reconocer la
incapacidad de estos presupuestos para afrontar la nueva situación
económica. Claro que estas medidas caminan en la dirección contraria
a la filosofía de afrontar el desempleo y defender los intereses de
los desempleados. Se trata de un paquete que apela a mayores rebajas
fiscales para las empresas, que no garantiza la inversión y el empleo
y amenaza la protección social. Un nuevo favor, creemos nosotros, a
las rentas más altas que se benefician de favores fiscales. En una
palabra, señor secretario, se renuncia a ingresos que podrían
constituir una cota de solidaridad que mejoraran las prestaciones por
desempleo o la cobertura del mismo.
El mejor indicador de la distancia entre la realidad y las políticas
del Gobierno y entre sus discursos y su voluntad política real es el
presupuesto que nos presentan del INEM. Antes de extenderme en
consideraciones sobre algunas cifras resumo nuestra interpretación de
este presupuesto. La economía española no realiza ningún ejercicio de
solidaridad con los desempleados; son los activos por cuenta ajena, a
través de sus cotizaciones, los que financian las políticas dirigidas
a los desempleados, como el fomento del empleo. Los ingresos que
ustedes presupuestan para el INEM suponen un reconocimiento implícito
a la caída de actividad económica muy fuerte. El escenario del
presupuesto no garantiza su equilibrio a pesar de sus esfuerzos
contables para proponerlo.
La primera de las afirmaciones es incontestable. Según sus cifras, la
distancia entre la recaudación por cuotas y las prestaciones
previstas supera los 3.200 millones de euros, es decir, 542.000
millones de pesetas, que se aplican al conjunto de políticas del INEM
sin que el Estado aporte ni una sola peseta. En consecuencia, son las
trabajadoras y los trabajadores los que se ocupan del desempleo, la
formación y las políticas activas, sin que el resto de la sociedad
realice ningún esfuerzo para afrontar el problema del desempleo. El
mensaje que lanzan ustedes es bastante evidente, que los trabajadores
se solidaricen entre ellos, que ustedes ya se solidarizan con las
empresas. La justificación que ustedes utilizan es la modificación
del artículo 208 de la Ley general de Seguridad Social que permite
destinar las cuotas sociales a otros destinos. Esta interpretación es
correcta, como lo es afirmar que esa ley nos obliga. Nosotros
sugerimos otra interpretación muy diferente de la política de empleo:
Úsense las cuotas para aumentar la baja cobertura del desempleo e
incorpórense partidas del Estado a políticas activas. Señor
secretario, las cifras no cuadran con los discursos oficiales, la
cantidad prevista para cuotas sociales no es coherente con el cuadro
macroeconómico y si se analizan
con detalle acaban reflejando un ritmo de actividad económica muy
inferior al del actual ejercicio.
Respecto a la coherencia requiere una explicación acerca de la
viabilidad de que un aumento de los ocupados de 1,8, con un
incremento salarial nominal del 3 por ciento, genere un crecimiento
de cuotas del 9 por ciento nominal sobre el ejercicio anterior. Lo
que ocurre es que, como tantas otras cifras de estos presupuestos,
esos datos no son reales. Me atrevo a afirmar que la evolución real
de las cifras del año 2001 es superior a la presupuestada y que las
cantidades de cuotas previstas son inferiores a las que se están
generando en este ejercicio. Desconocemos previsiones de liquidación
para el año 2001. No obstante, si se tiene en cuenta que la Tesorería
general de la Seguridad Social estaba ofreciendo para los primeros
ocho meses del año un crecimiento del 9,45 por ciento y que siendo
prudentes ante la desaceleración podría ofrecer un aumento del 7 por
ciento anual, resulta que el Gobierno está presupuestando una
reducción de cuotas del 4 por ciento; es decir, una reducción de la
actividad económica. Así que, en consecuencia, se enfrentan ustedes a
una evidente explicación de inconsistencia presupuestaria. O bien han
incorporado de tapadillo una crisis de actividad económica a los
presupuestos y deberían incorporar ingresos procedentes del Estado
para equilibrar el presupuesto, o bien se producirá superávit, con lo
que revelan no sólo que los trabajadores se solidaricen con ellos
mismos sino que pretenden utilizar su dinero para hacer algún favor a
los empresarios, por ejemplo, reducir sus cotizaciones. En una
palabra, las cifras del INEM son una parábola de una política
insolidaria que desprecia la evolución de la actividad económica e
ignora la necesidad de políticas activas reales, contundentes y de
intervención.
Respecto a las políticas activas, como ustedes saben, nuestro
criterio es que vean crecer sus dotaciones al menos en los mismo
términos nominales que se prevé para el crecimiento de la economía,
es decir, el 5,8 por ciento. Por tanto, cabe afirmar que todas estas
políticas crecerán este año -salvo el caso de formación profesional
y programas de escuela taller, a las que más adelante me referiré- por
debajo del crecimiento de la economía. Esto es, como ya se señaló,
que se no se realiza ningún esfuerzo de solidaridad con los
trabajadores en desempleo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les rogaría que, teniendo en cuenta el
programa y los horarios y que vamos muy retrasados, en lo posible
aligeren y sinteticen lo máximo posible las cuestiones y las
preguntas, porque si no nos encontraremos con que dentro un horario
razonable no podremos despachar las comparecencias que tenemos
previstas.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Tendré en cuenta la apreciación que
me hace. No soy de los oradores
que suelen emplear más tiempo. En cualquier caso, resumiré en
lo posible lo que estaba intentando transmitir al señor secretario.
Decía que los programas de bonificación de contratación indefinida,
contratación temporal y mejora de la ocupación de demandantes de
empleo tienen dotaciones muy similares a las del ejercicio anterior,
es decir, para nosotros muy insuficientes. La dotación para formación
tiene un crecimiento similar al previsto para la actividad económica,
la mitad de las dotaciones se refieren a dotación continua y la otra
mitad a formación de desempleados, que a diferencia de la anterior
crece por debajo. En el supuesto de escuelas taller, casas de oficios
y talleres de empleo el crecimiento es como el de la economía. Debe
considerarse que este presupuesto para políticos de formación es
notablemente insuficiente para cubrir las actuales demandas de estos
programas. Llevamos dos programas nacionales de formación profesional
publicados hasta la fecha, casi diez años de compartir un diagnóstico
y de señalar medidas, pero solamente eso. Los viejos problemas,
descoordinación entre administraciones competentes, recursos, ofertas
de ciclos formativos, distribución territorial, modularización de la
formación, etcétera, deben resolverse pensando en los nuevos retos,
acceso a la formación permanente, reconocimiento de la experiencia
laboral, etcétera.
En las prestaciones por desempleo el dato es objetivo y relevante:
Del millón y medio de personas desempleadas registradas en el INEM la
mitad no recibe ningún tipo de prestación económica. La mayoría de
quienes la reciben, el 57 por ciento, ingresan una cantidad
insuficiente, apenas 53.000 pesetas mensuales. La situación se agrava
si el desempleado es mujer, ya que apenas el 40 por ciento de las
desempleadas recibe alguna prestación. El diseño de los Presupuestos
Generales del Estado es buen momento para plantearse una aplicación
del nivel de cobertura de desempleo. Como hemos señalado, el sistema
financiero de protección del desempleo no está en quiebra, las
cotizaciones de los trabajadores cubren todas las prestaciones y el
Estado no pone ni un solo duro. Debería plantearse, por tanto, un
esfuerzo de solidaridad para ampliar esta cobertura. De cumplirse las
cifras oficiales, el gasto en prestaciones por desempleo mantendría
su peso en relación con el PIB respecto al año 2001, lo que es lo
mismo que decir que se reducirá el número de beneficiarios. La
dotación para prestaciones contributivas es inferior al gasto
previsto para el año 2001 y para el subsidio general; por tanto,
menos beneficiarios y menos prestaciones, el camino contrario a la
solidaridad con los desempleados.
Espero que en el transcurso de su intervención responda a las
inquietudes que le hemos planteado.
El señor PRESIDENTE: Con el mismo ruego, que no advertencia, al
portavoz del Grupo Popular le doy la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: Con ese ruego, porque estamos efectivamente
ya fuera de hora, haré dejación de planteamientos que pensaba
formular, pero aunque estamos en una Comisión de carácter
informativo, no puedo menos que manifestar un punto de vista previo a
dar la bienvenida y agradecer al señor secretario general de Empleo
su presencia en la Cámara para ver el grado de coincidencia entre lo
que yo pueda manifestar, a la vista del presupuesto que nos
presentan, y lo que él estima respecto al mismo.
Me parece que a veces las cosas pintadas tan de negro hacen ver como
que estamos en dos mundos diferentes y creo que la política
gubernamental del Partido Popular, a lo largo de estos años,
justamente en términos de creación de empleo, que es un objetivo
básico de todos nuestros presupuestos, no ha ido mal. Diría lo
contrario, creo que en términos generales ha sido un éxito y los
números ahí están, el crecimiento ahí está y el cumplimiento del
número de ocupados y la reducción de parados se está produciendo
progresivamente. No creo que haya sido ajeno a esto el cuadro
macroeconómico ni una política presupuestaria restrictiva en el
sentido de ir al equilibrio financiero y a conseguir una
desregulación también de sectores sometidos a competencia y una
reducción del precio del dinero. Todo esto creo que no ha sido ajeno
al impulso del empleo, como no lo es lo que se ha destinado, en mi
opinión, a la formación y que en el presupuesto de este ejercicio se
sigue haciendo. En este aspecto creo que hay que recordar que del año
1996 al año 2002 ha habido un incremento del 196 por ciento en
políticas de formación, en políticas de formación continua, que se
han traducido en una cifra que supera los cuatro billones 200.000
pesetas, porque aunque el presupuesto venga en euros creo que todavía
expresamos algunos capítulos en términos de pesetas que es muy
gráfico y descriptivo: más de cuatro billones de pesetas, y como digo
en permanente y constante aumento. Las políticas activas de empleo en
este presupuesto suben un 5,7 por ciento, que obviamente es superior
a la previsión de crecimiento del PIB, de la inflación y del
crecimiento de la economía. Y las políticas pasivas suben un 8,1.
A nuestro entender, el cuadro macroeconómico del Gobierno se ha
ajustado a la banda baja de las previsiones que tenía el Pacto de
Estabilidad y, por tanto, ustedes nos plantean una previsión de
crecimiento en empleo del 1,8, una reducción respecto al año 2002 del
2,2, y nos parece que es una medida prudente y un objetivo
alcanzable. El presupuesto, como su nombre indica, significa supuesto
previo y, por tanto, sometido a lo que luego la realidad depare a lo
que finalmente se consolide y ejecute. En este sentido empezaba mi
intervención, en la comparecencia del subsecretario del
ministerio, diciendo que es el primer presupuesto en euros, que es un
presupuesto en el cual se producen transferencias de competencias y
de financiación a las comunidades autónomas, que es nuevamente un
presupuesto de imprescindible equilibrio financiero como elemento
motor del crecimiento de la economía y de su traducción en empleo, y
también que hay una situación general de inestabilidad. Frente a una
situación general de inestabilidad se pueden hacer dos cosas: hacer
previsiones de me pongo la venda antes de la herida o marcarse
objetivos que uno pretende conseguir. Indudablemente, si lo que es
hoy a nivel internacional una acción antiterrorista se acaba
transformando en una conflagración mundial, pues apaga y vámonos
porque las previsiones que hoy podamos hacer aquí unos y otros,
nuestras respectivas posiciones ideológicas, en nada iban a incidir
con lo que al final resultara. Pero esperemos que esto no sea así y
desde luego tenemos que trabajar con un escenario realista,
previsible, el nuestro, e intentar marcarnos unos objetivos que a lo
largo de los últimos años pese a los agoreros que decían que no iba a
ser posible, hemos venido demostrando y acreditando en la práctica
que se iban cumpliendo. Desde esta perspectiva, el presupuesto del
departamento de empleo me parece que es creíble, que va a volver a
cumplirse y que va a continuar en esa senda del 2,9 por ciento del
PIB, traduciéndose en el empleo que ha marcado como objetivo el 1,8
por ciento. Insisto en que si entre lo que hoy digo y lo que ocurra
mañana nos encontramos una guerra nuclear, obviamente, sean retiradas
mis palabras de aquí; o una conflagración mundial, que esperemos que
no ocurra, pero quiere decir que en ese escenario mis palabras de
poco valen.
Insisto en que las políticas del departamento me parecen más que
razonables y lo que no se puede es hacer críticas en las que todo es
negro porque no responde a la realidad. Que se pretenda plantear
otras medidas para luchar contra la precariedad y la rotación,
plantéense. Nosotros hemos planteado una reforma laboral que se dice
que tiene siete meses de vida, yo diría que menos, porque en junio
fue aprobada en la Cámara y este proyecto fue objeto de
incorporaciones en el trámite parlamentario, tanto en el Congreso
como en el Senado, que enriquecieron y modificaron algunos de los
datos de lo que previamente era la reforma que se planteó en el real
decreto que convalidó la Cámara, y creo que hay que darle más tiempo;
es decir, el bebé todavía no se acaba de vestir. Pero también
recordaré, y no se me caen los anillos al decirlo -lo dije en el
Pleno creo que debatiendo con el propio señor Jáuregui- que si al
final se muestra que la reforma laboral no es eficaz en el grado que
precisamos o deseamos, seremos los primeros interesados en
modificarla y estaremos abiertos a escuchar las medidas y soluciones
que nos planteen los demás. Pero demos tiempo al tiempo y dejemos que
el bebé crezca, que se vista e incluso que ande. Entonces
comprobaremos si efectivamente es menester
adoptar otro tipo de medidas o al final han resultado eficaces en los
términos que deseábamos.
No voy a hablar más, señor presidente, porque soy consciente de las
limitaciones cronológicas, pero me parece que el presupuesto acierta
en sus previsiones de PIB, con carácter general, acierta en sus
previsiones de empleo y acierta también, aunque no sea objeto del
debate ahora sino esta tarde en la Comisión de Presupuestos, en las
previsiones yo diría mesuradas y prudentes en lo que va a ser un
elemento fundamental porque describe la realidad económica y la
realidad del mercado laboral, en el hecho del progresivo crecimiento
de las cotizaciones de Seguridad Social, que en mi opinión es el gran
termómetro del crecimiento de nuestra economía y de nuestra sociedad.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Intentaré no
hacer una exposición previamente preparada ignorando la información
que se me demanda y, por tanto, intentaré ir contestando lo más
amplia pero también concretamente posible las cuestiones que se me
indican. No es fácil porque algunas se refieren específicamente a la
presentación del presupuesto y otras muchas se han concentrado en
algunas consideraciones de política económica, de políticas de
mercado de trabajo, sobre las que sus señorías me trasladan
preocupaciones o dudas que a lo mejor comparto, porque son cuestiones
que en un momento -sería necio negarlo- de indudable incertidumbre,
en un escenario previo de desaceleración de la actividad económica y
del crecimiento general, y en el caso concreto de España aún con unas
cifras tanto de crecimiento como de creación de empleo que son las
más favorables de todos los países de la OCDE, o en el grupo en
cabeza de la OCDE, esto es que estamos en una situación mejor que la
mayoría del resto de los países pero en un momento de desaceleración
de ese crecimiento. A ello se han unido los atentados del pasado día
11 y estamos atravesando una situación de incertidumbre que en un
momento de elaboración presupuestaria genera una preocupación lógica.
Respecto a todas las cuestiones relativas a lo acertado, desacertado,
credibilidad, no credibilidad del cuadro macro económico y cómo se
arrastra hacia las distintas partidas, concretamente a las del área
de mi responsabilidad, sólo puedo abogar dos cuestiones. Una, que
siempre que se ha hecho el ejercicio presupuestario, al menos en los
últimos años en los que a mí o a la gente con la que trabajo nos ha
tocado esa responsabilidad, hemos intentado pecar de prudentes para
que las situaciones de necesidad estén siempre cubiertas y no hacer
ejercicios de optimismo irrealizable; y dos, que ahí están los datos
de la ejecución presupuestaria de los últimos años en los cuales, en
líneas generales,
hemos conseguido garantizar la estabilidad y la disciplina
presupuestaria y cubrir todas las necesidades que tanto las leyes
como los programas de actuación señalan. Y tiene trascendencia lo de
garantizar la estabilidad presupuestaria porque la reducción del
déficit público y la disciplina en las cuentas públicas ha coincidido
con los años de mayor creación de empleo y mayor volumen de empleo de
nuestra historia.
Entrando, pues, en cuestiones concretas, aunque son un cúmulo
bastante grande las que se plantean, intentaré seguir el orden como
se me han presentado para ir haciendo comentarios e intentando
aclarar las políticas que se están desarrollando y las cuestiones
específicas que contienen los presupuestos. En los grandes problemas
del mercado laboral, señala el señor Jáuregui, no se han hecho
actuaciones para avanzar en su corrección. La temporalidad, la falta
de calidad en el empleo, el impacto en el empleo de las nuevas
situaciones, la situación con que tendrán que enfrentarse los
contratos eventuales, umbrales de creación de empleo han sido las
cuestiones fundamentales. En el ámbito de las políticas del mercado
de trabajo se podrá acusar al Gobierno de muchas cosas, sin duda
habrá tenido muchos errores, pero no de haber intentado corregir los
problemas a los que nos referimos. Desde 1996 hasta ahora creo que no
ha habido ningún aspecto del mercado de trabajo en que no se haya
intentado corregir alguno de estos principales problemas. El objetivo
fundamental de las políticas del mercado de trabajo ha sido dotar de
lo que desde la problemática española es el elemento esencial de
falta de calidad en el mercado de trabajo, que es la falta de
estabilidad. La búsqueda de la estabilidad se ha convertido en el eje
conductor de todas las reformas importantes que sobre el Estatuto de
los Trabajadores se han llevado a cabo en estos años, pero no voy a
hacer ahora una recopilación de todas las que se han producido. El
punto de partida es la reforma de 1997, apoyados en el Acuerdo
interconfederal de la estabilidad en el empleo, apoyados en el
diálogo social, y después el fomento de la contratación indefinida
para recuperar terreno respecto de la contratación temporal ha sido
el objetivo de todas las reformas que hemos llevado a cabo. Como
consecuencia de ello es cierto que todavía tenemos unas tasas de
temporalidad muy superiores a las del resto de los países europeos,
asumiendo que este concepto es difícilmente comparable entre las
legislaciones de uno y otro país, pero comparándonos simplemente con
nosotros estamos en unas tasas por encima del 30 por ciento, lo que
se considera excesivo para las necesidades de la economía. Pero no es
menos cierto que desde la reforma de 1997 todo el empleo que se ha
ido creando ha significado porcentajes del 75 por ciento o del 80 por
ciento de empleo indefinido. Es cierto que nunca ha habido tanto
empleo indefinido en nuestro mercado de trabajo y esperamos -luego
hablaré de ello- que con la última legislación aprobada,cuyo texto
definitivo no entró en vigor hasta julio de
este año, ese camino de recuperación de la estabilidad se vaya
manteniendo.
Una de las consecuencias de estas reformas laborales ha sido dotar de
mayor flexibilidad a nuestro mercado de trabajo. Hay varias figuras
por las que se ha apostado de manera decidida. Se ha apostado por la
contratación a tiempo parcial, conjugando estos dos requerimientos
necesarios de estabilidad y flexibilidad; se ha apostado por apoyar
la contratación indefinida, pero se ha apostado sobre todo en
aquellos colectivos que tienen más dificultades en acceder a la
misma, las mujeres, probablemente el elemento fundamental de la
mayoría de las reformas que se han llevado a cabo no sólo en el
ámbito laboral sino tocando al mismo pero extendiéndose a otras áreas
como pueden ser las de protección social, servicios sociales o
Seguridad Social, todo el esquema de protección al empleo de la mujer
y a la maternidad específicamente, y respecto a ello me remito a los
contenidos normativos que creo que todas sus señorías conocen.
Entrando en el ámbito de las actuaciones presupuestarias, se señala
que se cae en la rutina y en la insuficiencia, se habla de un
crecimiento general del 2 por ciento en el área. Claramente en el
área relativa a las políticas de empleo hay un 7 por ciento de
crecimiento. En un escenario presupuestario con la coyuntura que nos
toca vivir y con los requerimientos de disciplina presupuestaria, que
como señalaba son probablemente la mejor garantía de creación de
empleo, simplemente tengo que hacer la precisión de que el
presupuesto del INEM se incrementa en un 7 por ciento, el de
prestaciones económicas para los desempleados el 8,1 por ciento y el
de políticas activas en un 5,3 por ciento. ¿Qué esfuerzo se ha hecho
respecto de los parados de larga duración? Como saben sus señorías
hay un programa específico, el de renta activa de inserción, y las
actuaciones que el resto de los programas sitúan como objetivo
preferente dentro de las actuaciones de talleres de empleo, escuelas
taller, aunque no es la concentración de parados de larga duración en
los jóvenes donde más se produce, así como el resto de las
actuaciones. El esfuerzo por parado, se señala específicamente, ¿ha
evolucionado o no, porque no sabemos dónde está el horizonte? Este
dato lo tengo específicamente en euros pero es fácil convertirlo en
pesetas, y lo que sería la media de gasto en políticas activas por
desempleado pasa de 3.307 euros en este año a 3.699 para el próximo
año, esto es, se incrementa un 10 por ciento. Si tenemos una
perspectiva más histórica, desde 1996 hasta el año 2002 hemos pasado
de un gasto por parado registrado en políticas activas de 775 euros a
3.699 euros, esto es, se ha multiplicado por cinco ese esfuerzo por
persona en el gasto.
Respecto del horizonte del 2010 y cómo vamos a alcanzar los objetivos
que marcó la Cumbre de Lisboa, hay que hacer una precisión. Lo que
marca la Cumbre de Lisboa son tasas medias de empleo en la Unión
Europea, que no tiene que cumplir país por país sino que cada país
debe colaborar al cumplimiento de esas medias europeas.
Evidentemente, España que está con los indicadores más negativos,
tanto en tasas de actividad de hombres como de mujeres, tendrá que
incrementar sus tasas de actividad; nadie le ha exigido llegar
a cumplir esas medias comunitarias, pero tendrá que colaborar en su
cumplimiento. Ese es el contenido de las reformas que se están
llevando a cabo, precisamente en la última reforma laboral. Cuando
permite un mayor apoyo económico a la contratación de mujeres, cuando
todos los contratos indefinidos que se realicen con mujeres pasan a
estar bonificados, cuando estas bonificaciones se incrementan y se
extienden en los casos en que afectan a trabajadoras que están en
procesos de maternidad, lo que se está buscando es mejorar el acceso
de las mujeres al mercado de trabajo. (La señora vicepresidenta,
López i Chamosa, ocupa la presidencia.)
Una cuestión sobre las diferencias entre ingresos y gastos, que le ha
llamado la atención; después, ha insistido en ello el señor Ruiz
López. Preguntan SS.SS. por la diferencia entre ingresos por cuotas
de desempleo y el gasto en prestaciones económicas por desempleo y
hablan de 540.000 millones uno y el otro de 600.000 millones.
Efectivamente, la cifra es de alrededor de los 600.000 millones; no
tengo el dato exacto de los últimos cinco años, pero estoy seguro de
que ha sacado correctamente dicha información, que está disponible.
No voy a discutir la exactitud de estos datos, sí voy a discutir el
enfoque.
Creo que es un enfoque no excesivamente correcto señalar que estamos
ante un excedente, ante una situación que debería ser tratada de otra
manera. La cotización por desempleo, a raíz de la reforma del texto
refundido de la Ley de Seguridad Social a la que se refería el señor
Ruiz López, sirve para financiar todas las políticas de empleo; esto
es, esta cotización no tiene un excedente en sus ingresos de 600.000
sino que tiene que cubrir y atender a la financiación tanto de las
políticas de protección -políticas pasivas-, al gasto en las
prestaciones por desempleo, como a la financiación de políticas
activas, y con ello el presupuesto del INEM está equilibrado. Eso
respecto de lo que sería un análisis puramente presupuestario, pero
es que en mi opinión esa política o ese diseño es congruente con los
mandatos de la Cumbre de Luxemburgo, con la apuesta por el enfoque
preventivo y con la intención de que las políticas de empleo sean un
todo en su conjunto. Mal atenderemos a un desempleado si simplemente
sustituimos la renta salarial que ha perdido por una renta que le
paga el Estado; mal le atenderemos si no atendemos también aquellas
carencias que hacen que se encuentre en situación de desempleo, esto
es, si no buscamos la solución de su situación de desempleo mejorando
las posibilidades de formación, de información, de movilidad, de
acceso a proyectos que puedan permitirle
prácticas laborales, etcétera. Ese es el fondo de por qué se reformó
en 1999 el concepto de financiación de políticas de empleo, y eso es
lo que ha venido a modificar que la protección por desempleo no
consista únicamente en las prestaciones económicas sino también en
las políticas activas. Por tanto, todos los ingresos por cuotas en
protección por desempleo van destinados a políticas de protección a
los desempleados, si no se quiere en el término clásico, sí en el
término más amplio que incluye tanto las medidas activas como las
pasivas. ¿Cuál es la previsión de liquidación del año 2001? Estamos
trabajando con una previsión que superará los 70.000 millones de
pesetas. ¿Cómo funcionan los remanentes de tesorería? No van a
ninguna caja negra ni se esconden en ningún sitio, están en la
contabilidad del INEM. Eso está regulado por la Ley General
Presupuestaria, que permite su utilización como mecanismo de ingresos
en ejercicios futuros, no se pueden utilizar en otra cosa. De hecho,
si ven las cuentas correspondientes a los ingresos del presupuesto
que ahora se presenta, hay 25.000 millones de ingresos
correspondientes a remanentes de tesorería generados en otros
ejercicios. Esto, en cualquier caso, sería una garantía de solvencia
económica del sistema.
No es exacto, aunque es una cuestión de complejidad técnica, señalar
que las cuentas de la Tesorería con el INEM son cuentas de relación
de puros flujos de caja, no de los derechos, obligaciones y recursos
que tiene cualquiera de las dos instituciones. Como la Tesorería
recauda en nombre del INEM todas las cuotas y el INEM paga sus
propias prestaciones, pero también tiene que hacer ingresos a la
Tesorería, como son los ingresos por cotizaciones de los desempleados
que perciben prestaciones, se hace una cuenta de relación en la que
se incluyen ingresos y gastos de las dos instituciones, pero sin que
eso afecte a la contabilidad ni a los derechos reconocidos de una y
otra institución.
En relación con las prestaciones por desempleo y la evolución de las
políticas activas y pasivas, pregunta si estamos caminando en el
sentido correcto. Si el sentido correcto es el que marcó la Cumbre de
Luxemburgo, entiendo que sí; las políticas activas en el presupuesto
del INEM eran apenas el 10 por ciento del total de gasto en políticas
de empleo en el año 1996 y ahora son el 36 por ciento, o sea, están
ganando terreno de manera significativa. En lo que se refiere al
porcentaje del PIB, está previsto que las políticas activas, en el
año 2002, alcancen el 0,77 del PIB, porcentaje que se alcanzó en
1999, pero nunca anteriormente se ha alcanzado, ni de lejos, en la
historia del INEM. Es cierto que el conjunto de políticas activas y
políticas pasivas ha tenido aportaciones en su conjunto superiores,
específicamente en los años 1992, 1993 y 1994, exclusivamente por el
gasto en prestaciones originado por el aumento del desempleo de
aquellos años, que llevó a que en 1992 se superase el 3,18 por
ciento; en 1993, el 3,48
por ciento y, en 1994, el 3,15 por ciento del PIB de gasto en
prestaciones, únicamente en el ámbito de las políticas pasivas, en
aquellos años las políticas activas no llegaron ni al 0,4 por ciento
del PIB.
El volumen del gasto por parado ya lo he señalado.
Respecto de las bonificaciones y el gasto y su posible evaluación de
las políticas, probablemente a todos nos parecería deseable que el
porcentaje de contratos indefinidos fuera mucho mayor que el que
actualmente es, se ha citado bien que aproximadamente 9 de cada cien
contratos que se registran en el INEM son fijos. Eso es cierto, pero
como la duración de los contratos temporales es obviamente muy
inferior a la de los contratos indefinidos, no hay que confundir esto
con que, de cada cien puestos de trabajo que se crean, 9 sean fijos.
Todo lo contrario, de cada cien puestos de trabajo que se crean 80
son indefinidos o fijos y 20 son temporales. ¿Son poco o muchos?
¿Cuántos se harían si no bonificásemos estos contratos? Con la
hipótesis así planteada, para mí, es imposible dar una contestación,
yo no podría decir: Si no se bonificasen serían exactamente tantos.
Tenemos alguna información que nos da la experiencia. Antes de la
reforma de 1997, por tanto antes de las bonificaciones, se venían a
realizar 3,5 ó 4 contratos indefinidos por cada cien contratos, con
lo cual, después, se vino a triplicar prácticamente el porcentaje de
contratos indefinidos respecto del registro diario y la mayoría del
empleo que se está creando es de carácter indefinido. Estos efectos
son especialmente visibles en el caso de los colectivos con
dificultades, específicamente con las mujeres. Antes de la reforma
laboral de 1997, apenas llegaba al 30 por ciento el porcentaje de
contratos indefinidos que se suscribían por mujeres, esto se ha ido
recuperando desde entonces y ahora estamos en porcentajes próximos al
50 por ciento. De la misma manera se podría señalar la evolución de
la contratación indefinida de los mayores de 45 años y de los parados
de larga duración, aunque es cierto que con menor intensidad que la
de las mujeres.
En cuanto a la evaluación de esas políticas, permítame que le diga
que sí que se hace evaluación de estas políticas. Primero, todos los
programas que se desarrollan cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, tienen obligatoriamente elementos de evaluación, externa e
interna. Al denostado INEM le toca hacer parte de esa evaluación,
pero la gran mayoría de la evaluación de las políticas se hacen
mediante contrataciones públicas y externas, lejos de ser entregadas
a dedo a los amiguetes del Gobierno, como se ha señalado.
Respecto de las novedades de las políticas de empleo para el futuro
-y aquí se han aportado varias cuestiones entremezcladas, el tocho de
irregularidades, la formación profesional-, pocas materias hay que no
hayamos abordado. Se nos podrá acusar de haber acertado o de habernos
equivocado, pero pocas materias no se han tocado en estos últimos
años.
Respecto de la cuestión concreta que se plantea, la formación
profesional, hay un borrador de proyecto de ley que de manera
inminente será presentado a las cámaras y que ha sido analizado ya
por el Consejo General de la formación profesional y por el Consejo
Escolar. Se ha presentado un tocho de irregularidades, la formación
profesional está plagada de incumplimientos, de fraude, de opacidad.
Aquí creo que hay algunas cuestiones contradictorias. Permítame que
le indique que, si le estamos remitiendo tochos de irregularidades,
nos podrá calificar de incómodos o pesados pero no de opacos. A
partir de 1998 ó 1999 absolutamente todas las subvenciones que se
conceden por el INEM se publican en el Boletín Oficial del Estado, lo
cual genera bastantes tochos a la hora de publicar el Boletín Oficial
del Estado porque se producen subvenciones por miles. Los
beneficiarios en el caso de la formación continua -y habló de
memoria- el año pasado superaron los dos millones de trabajadores,
con lo cual que existan algunas situaciones de fraude y que éstas se
detecten, se publique y se persigan, creo que es un síntoma de buen
funcionamiento de los gestores de estas ayudas, sin perjuicio de que
cuando se aprecien responsabilidades también se les exijan.
Se es muy duro en la valoración de la reforma laboral. Se dice que
han pasado siete meses, que ha fracasado, que habría que cambiarla,
tomando unas palabras mías con las que indico que, si la reforma
laboral no resolviese los problemas para los que fue planteada,
habría que cambiarla, palabras en las que me mantengo. No han pasado
siete meses, el texto final se publicó en julio, después ha venido el
verano, que tiene un descenso general en las decisiones de
contratación de las empresas, y después, no por decisión del
Gobierno, ha venido un mes de septiembre que ha aportado muchos
elementos de incertidumbre que probablemente estén haciendo que gran
cantidad de empresas de nuestro país estén esperando un escenario más
estable o tranquilo para tomar decisiones sobre contratación. En
cualquier caso me parece prematuro, y esto es una insistencia que
vengo repitiendo en los últimos meses, hacer una valoración tanto
triunfalista como desastrosa de la reforma laboral, creo que hay que
darle su tiempo. Evidentemente, en función de los escenarios que nos
toque vivir en los próximos meses, habrá que tomar decisiones, pero
creo que la reforma tiene elementos muy importantes como son las
cuestiones relativas, sobre todo, a la flexibilidad, a la
contratación a tiempo parcial y a las medidas de apoyo en el empleo
de las mujeres, que entiendo que darán frutos positivos.
Renta activa de inserción. Se incluye todos los años flexibilizar la
normativa. Estamos de acuerdo. No se incluye todos los años, se
incluye desde 1999, es un programa nuevo que está todavía en fase de
ejecución o de cumplimiento que nos gustaría que fuera mucho más
intensa, pero también es verdad que tenemos ya una acumulación de
solicitantes que por estar en la primera
fase, la de activación, que tiene una duración de tres meses, van
bien a encontrar empleo -ojalá- bien a empezar a percibir sus
prestaciones en los próximos meses. Este volumen está ya por encima
de las 40.000 personas, con lo cual la ejecución presupuestaria,
parcialmente en el final de este año pero, sobre todo, en el año que
viene empezará a coger velocidad de crucero y a extenderse como un
programa real de protección. Este año se han flexibilizado los
requisitos para acceder a dicho programa y para extenderlo, porque
esa es la vocación del mismo en los próximos años, si fuera
necesario, seguiríamos ampliando los colectivos que se pueden
beneficiar del mismo. El año pasado habría que haber finalizado el
cobro de prestaciones previamente, este año no tiene que ser así; el
requisito de rentas incompatibles con el cobro de la prestación se ha
suavizado también pero, insisto, que si es necesario se seguirá
abriendo.
Pregunta si las reformas para el cobro del subsidio son las únicas y
las últimas. Probablemente no. Estas reformas que se han incluido en
la ley de acompañamiento son fruto fundamentalmente de algunas
insuficiencias o de cuestiones que no han funcionado suficientemente
bien o que no estaban suficientemente claras en la normativa y tienen
únicamente la vocación de aclarar a efectos prácticos un mejor
funcionamiento de los sistemas de protección actualmente vigentes.
Dice que se ha señalado por el Gobierno la intención de modificar el
sistema de prestaciones por desempleo y de modificar la Ley básica de
empleo. Y quiere saber cuándo espero que muy pronto, es cierto que lo
he anunciado en muchas ocasiones. Se me pregunta si no será que el
Gobierno no sabe qué hacer. Pues no, porque, aunque evidentemente es
difícil hacer futurismo sobre cómo va a quedar el cuadro final de una
ley antes de que exista un borrador o un anteproyecto del mismo, es
público y notorio que hemos alcanzado acuerdos sobre esta materia,
tanto en el consejo general del INEM, esto es, con los interlocutores
sociales, como en la conferencia sectorial de asuntos laborales, con
lo que los principios básicos sobre la reforma del servicio público
de empleo, que es uno de los elementos fundamentales de la nueva
regulación, están tratados tanto con los interlocutores como con las
administraciones que van a verse directamente afectadas por el nuevo
modelo de servicio público de empleo, como son las comunidades
autónomas. ¿Qué vamos a hacer con el INEM? Pues de lo que salga de
esa ley tendremos un dibujo más claro, lo que no quiere decir que
sean incongruentes los pasos que se están dando ahora, que significan
la transferencia de las políticas activas con un modelo común a todas
las comunidades autónomas, como usted señala. Le preocupa que estemos
actuando con partidismo en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Una vez más se nos podrá acusar de varias cosas pero no creo que la
preocupación de partidismo sea la que se alumbra por
el color de los gobiernos que están en la responsabilidad en estas
comunidades autónomas. Baste indicar que las dos últimas
transferencias que se han hecho han sido precisamente a Asturias y
Extremadura. No parece que el criterio sea dejar a un lado a unas
comunidades autónomas e incluir a otras en función de su color
político.
Esto es un repaso, obligatoriamente rápido, pero he intentado que sea
también concreto, de las cuestiones que se me plantean. Se finaliza
señalando que probablemente haya una enmienda a la totalidad y espero
que no sea necesaria con estas aclaraciones o con las otras que les
podamos dar, tanto yo como las personas que seguro que pueden
precisar algunas de las cuestiones de los presupuestos
específicamente del INEM, como es la Directora general.
Respecto de la intervención del señor Ruiz López, brevemente, porque
hay varias cuestiones que se han señalado, ha iniciado su
intervención con unas consideraciones sobre los datos de paro del
pasado mes de septiembre, que duplican los datos del año anterior
-eso es correcto-, le ha preocupado la situación de las mujeres y,
luego, ha comentado los criterios de exclusión de la orden que regula
el concepto de paro registrado.
Tal como señalamos en la valoración de los datos de paro de
septiembre, efectivamente, duplica los correspondientes al mes de
septiembre del año pasado, pero es cierto también, por dar la
información completa, que son los datos de paro más bajos en un mes
de septiembre desde 1980, nunca había habido una cifra de parados tan
baja desde 1980. Si tenemos en cuenta que, en 1980, el total de
empleados en nuestro país no alcanzaba los diez millones de personas
y que ahora estamos en prácticamente quince millones de personas, el
cuadro general no va siendo tan terrible como se pintaba. El
incremento del paro es prácticamente femenino, es cierto, pero de ese
incremento un poco menos de la mitad, el 40 por ciento , corresponde
a mujeres que se registran como desempleadas por primera vez, sin
empleo anterior, lo cual es un indicador del incremento de la
actividad que no debe ser recogido como un elemento negativo. Por
otro lado, si hacemos el análisis con un poco de perspectiva, el
descenso del paro interanual -esto es, lo que ha pasado en los
últimos doce meses- favorece fundamentalmente a la mujer.
Se señala que no se admitiría una rebaja en las prestaciones. Nadie
ha planteado, ni en el texto de la normativa de presupuestos ni en
las declaraciones del Gobierno, ningún escenario de rebaja de las
prestaciones por desempleo; se ha hablado de reformar, se ha hablado
de racionalizar, es verdad que puede que estas palabras preocupen a
muchas personas, pero racionalizar es la que se utilizó para la
reforma de pensiones y, finalmente, se consiguió un acuerdo con los
empresarios y el sindicato de Comisiones Obreras.
Dice asimismo que se está perdiendo también el ritmo en contratos
estables en septiembre. Vuelvo a lo mismo, habría que ver una
evolución anual, los años en los que se ha conseguido mayor número de
contratos indefinidos han sido estos últimos, a partir de 1999, se
supera el millón de contratos indefinidos, cosa que no se había
registrado nunca en nuestra economía; este año, con toda probabilidad
va a registrar una evolución similar a la de años anteriores y hasta
la fecha el cómputo anual es superior al de los ejercicios
anteriores. Se critica que, inmediatamente después de la presentación
del presupuesto, el Gobierno tuvo que presentar ya un paquete de
medidas con las que se discrepa. Creo que esto es más digno de elogio
que de crítica por cuanto que desde la presentación inicial de la
normativa de presupuestos, se han producido los hechos que todos
conocemos y, junto con unas medidas que están adoptando tanto en la
economía norteamericana como en la nuestra los bancos centrales, la
rebaja del precio del dinero, los gobiernos están intentando
reactivar, o facilitar la activación de la economía, no, como se
señala, favoreciendo a los más ricos y con comentarios generales
negativos sobre las modificaciones porque el último el paquete
aprobado busca reactivar la economía y, específicamente, da unos
determinados tratamientos fiscales a la reinversión empresarial,
especialmente en el caso de las pymes, específicamente en
investigación y desarrollo, en materia de nuevas tecnologías o en
planes de pensiones. Entiendo que la voluntad es precisamente hacer
frente a un posible escenario de ralentización de la actividad
económica y luchar contra el mismo.
El eje conductor de la intervención indica la supuesta falta de
solidaridad de los presupuestos y se señala que el equilibrio no se
garantiza porque no hay aportaciones del Estado, que la cotización de
los trabajadores es la única que hace un ejercicio de solidaridad y
se alude al artículo 208 del texto refundido de la Ley de Seguridad
Social. Aquí me remito a la filosofía que hemos intentado incorporar
a la estructuración y a la definición de las políticas de empleo
incluyendo tanto la protección, entendida en concepto clásico -la
protección económica-, como las políticas activas.
Aparte de la precisión de que si hay solidaridad, permítame que se la
extendamos también a la cotización de las empresas, porque en el caso
del desempleo y de la formación profesional es claramente
mayoritaria. Se insiste en que el Estado no aporta ni una sola
peseta. El Estado no aporta ni una peseta, pero garantiza
absolutamente los derechos, de todos los titulares de los mismos.
Dicho de otra manera, en un escenario que esperemos que no es
previsible que se produzca, si el gasto presupuestado en prestaciones
por desempleo fuera insuficiente el Estado lo garantiza; está por
delante, el derecho individual que la presupuestación. Habría que
modificar el presupuesto, pero el Estado garantizaría el pago de
todas las prestaciones.
Se hacen unos comentarios como que las cuotas no cuadran, pero me
señala por un lado, que la evolución es superior y, por otro, que las
cuotas son inferiores, criticando las dos cuestiones; o bien falta o
bien sobra, en el presupuesto del INEM, o bien cuadra; efectivamente,
una de las tres cosas ocurrirá. Aquí recurro una vez más a la
experiencia de los últimos años, no hemos tenido pensiones
presupuestarias y, en líneas generales, el presupuesto del INEM,
fundamentalmente si la evolución del empleo es como la prevista en el
cuadro macro económico, no tendrá pensiones presupuestarias; ello a
pesar del incremento del gasto en prestaciones porque, probablemente,
el incremento en ingresos, si el empleo sigue evolucionando
favorablemente, será superior. No busque, porque no la hay, una
intención de reducción de cuotas a los empresarios. Aquí,
relacionándolo con la intervención del señor Jáuregui, estamos
intentando hacer una reducción de cuotas selectiva; esto es, se
reducen las cuotas a quienes contratan indefinidamente y a quienes
contratan indefinidamente a los colectivos que están en mayores
dificultades. En ese sentido, sin ninguna duda, beneficiamos con una
reducción de costes a las empresas, pero beneficiamos también -es
justo reconocerlo- a trabajadores que están accediendo a contratos
indefinidos que de otra manera difícilmente lo harían.
Su consideración es que las políticas activas de empleo deberían
crecer al ritmo de crecimiento de la economía, esto es al 5,8 y suben
al 5,3. A todos nos gustaría, al menos a los gestores o a los que nos
toca participar en la gestión, que todas las políticas que se nos
encomiendan subieran permanentemente, pero esto hay que hacerlo
compatible con el equilibrio presupuestario. Se decía que sólo se
utilizan recursos de empresarios y trabajadores para las políticas de
empleo. Si se me permite, el Estado no tiene capital fundacional, o
utiliza recursos que se ingresan por cuotas de empresarios y
trabajadores o utiliza impuestos que se recaudan a los ciudadanos o a
las empresas. En ese sentido, cuanto menor sea la exigencia de
ingresos, cuanta menor presión fiscal tengamos sobre el mercado, más
posibilidades de inversión o de desarrollo tendrá el mismo. Ese es el
escenario general del equilibrio presupuestario, no es un fin en sí
mismo, sino permitir que el crecimiento se vaya trasladando al
empleo. Se dice: El presupuesto es insuficiente. Entiendo que el
presupuesto, dentro del escenario en el que estamos trabajando este
año, en el caso concreto del INEM sube más del 7 por ciento (esto es,
más que el crecimiento de la economía) es un elemento suficientemente
indicativo. La valoración de suficiencia o insuficiencia es más
complicada de profundizar.
Respecto de las prestaciones, se habla de la cobertura, de la
aportación del Estado y se señala finalmente que este presupuesto
significa menos beneficiarios y menos prestaciones. Pues permítame
que discrepe, la tasa de cobertura prevista para final del año que
viene
está rondando el 70 por ciento, tasa de cobertura que no se ha
conseguido nunca en la historia de la protección por desempleo en
nuestro país. Es cierto que depende fundamentalmente de cómo funcione
(no voy a hacer aquí ningún tipo de trampa) el programa de renta
activa de inserción y todavía no tenemos la certeza absoluta, pero si
llegan a cumplirse las previsiones con las que estamos trabajando,
estaremos rondando el 70 por ciento de tasa de cobertura, con lo cual
entiendo que estos presupuestos y el crecimiento de la protección por
desempleo en términos económicos, simplemente, sin hablar de otros
parámetros, por encima del 8 por ciento, es una garantía suficiente
para que estos presupuestos signifiquen más beneficiarios y más
prestaciones.
Poco más que añadir ya que el señor Azpiroz ha hecho simplemente unas
reflexiones en las que señala que está de acuerdo con la prudencia
que ha alumbrado la elaboración de las cifras macro y el presupuesto,
y agradecer sus deseos de que se acierte con estas previsiones.
Comparto ese deseo de que acertemos todos.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Gracias, señor Chozas.
Les rogaría la máxima brevedad dado el horario en que estamos, tiene
la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: No quiero convertir este trámite en un
debate con el secretario general, pero quiero puntualizar un par de
aspectos que son consecuencia de las afirmaciones que yo había hecho
anteriormente. La primera de ellas es a propósito del debate sobre la
calidad en el empleo en nuestro país y los efectos que en él haya
podido tener la reforma laboral. He sido reconvenido por el señor
Azpiroz y por el señor Chozas respecto a que ésta es una reforma que
acaba de echar a andar. Realmente, ustedes tienen que admitir que su
aportación en ese sentido no es correcta; el Real decreto entró en
vigor el 5 de marzo y las medidas fundamentales de ese Real decreto
entraron en vigor el 5 de marzo, no en julio. Es verdad que el
trámite parlamentario corrigió algo el propósito inicial del Gobierno
pero, repito, la reforma laboral entró en vigor hace siete meses, y
las reformas del trámite parlamentario fueron -como suele decirse
ahora- colaterales. De manera que dejemos las cosas en su lugar; creo
que ha habido un tiempo como para poder hacer una apreciación y es
oportuno, por tanto, reconvenir al Gobierno en el sentido de que debe
de reconsiderar si esta reforma sirvió o no sirvió, y yo creo que ha
fracasado.
Segundo, a propósito de las políticas sobre los parados de larga
duración, al final no me ha dicho nada porque me ha remitido a la
política de renta activa de inserción, pero insisto en que ese es un
programa que tiene 50.000 millones de previsión y que está gastando
3.000 o 2.000 de media. Dice: puede ser que aumente el año que viene.
Sí, pero es que tenemos un millón y pico de
parados de larga duración y las políticas sobre ellos brillan por su
ausencia.
No se me ha respondido gran cosa sobre lo que es el INEM. No quiero
zaherir y hacer del INEM un muñeco de vudú. No, quiero mucho al INEM,
y usted también, lo sé, (La señora vicepresidenta, Montseny Masip,
ocupa la presidencia.) y me parecería estupendo que tuviéramos un
instrumento y un organismo de política de empleo que funcionara. Un
dato que acabo de leer en el período de esta mañana -por poner un
ejemplo-, sólo el 5 por ciento de los licenciados que salen de España
desde las universidades van al INEM a buscar trabajo. Es que el 95
por ciento igual no saben ni que existe, buscan el empleo por otros
sitios. Es una cosa penosa. El servicio informático de intermediación
que el Gobierno quería poner en vigor desde hace años para empezar a
interconectar, desde el punto de vista informático, las oficinas y el
INEM para que, por ejemplo, los parados de Castellón sepan si en
Cataluña piden informáticos, soldadores o albañiles, no está
conectado. Esto sigue con una serie de complejidades que, al parecer,
deben de corresponder a premios nóbeles de informática, porque no sé
qué problema debe tener la conexión informática del INEM en sus
oficinas, pero eso sigue sin hacerse. Se podrían citar muchos más
ejemplos de lo que pasa con el INEM. Lo que temo es que se nos muera
por el camino. Hay que reformar la ley básica de empleo y luego
veremos que hacemos con él. Ya es hora de que se sepa qué queremos
hacer con el INEM y qué función va a tener, no puede seguir
esperando, porque éste ya es un enfermo con respiración asistida y me
temo que en cuanto hagamos la reforma de la ley básica y empecemos a
aplicar el modelo futuro del INEM lo tengamos ya muerto.
No hay incompatibilidad entre fraude y opacidad en la formación
profesional. Sin duda, que el Ministerio de Trabajo realice la labor
inspectora que le corresponde es bueno y eso evita la opacidad, pero
el hecho de que las inspecciones pongan de manifiesto un volumen tan
alto de fraude, inclusive suponiendo que no llegara a todo, pone en
evidencia que el mecanismo, el funcionamiento de los recursos en
materia de formación profesional, y más en concreto en algún aspecto
que en otro, tiene un fraude generalizado. Yo no las he contado, pero
igual habría trescientas o cuatrocientas empresas sancionadas por no
haber realizado los cursos que han cobrado; a mí me parece un
escándalo. Usted mismo señaló aquí un volumen económico tan
importante de fraude en la formación profesional continuada, por
ejemplo, que, provocó, me parece que dijo, 20.000 millones de pesetas
en el conjunto de fraudes, que es una cifra que llama a la
responsabilidad. Pero, en todo caso, déjeme que le diga que además de
que haya una intervención de la inspección es que hay cosas que no
están sometidas a la inspección. Por ejemplo, ya he dicho en algunas
ocasiones que la formación continua para llegar a la comisión
ejecutiva que decide qué cursos
se aprueban y cuáles no, paga corretajes, señorías. Muchos
centros de educación pagan corretajes a los sindicatos para que sean
aprobados sus cursos, corretajes del veinte o hasta del treinta por
ciento, y eso es opacidad más ineficiencia. No puedo alargarme, pero
de esto podríamos hablar lo que ustedes quieran.
También quiero decirle, señor Chozas, que aprecio su buena voluntad,
pero le escuché a usted mismo decir que había un acuerdo con
Andalucía para las transferencias y, al poco tiempo, nuestra
impresión es que el Partido Popular de Andalucía lo vetó, y como
sabemos que hay una obsesión política del Partido Popular con
Andalucía y que tiene una influencia evidente en la política del
Gobierno, tenemos derecho a sospechar que las transferencias en
Andalucía están vetadas por el Partido Popular andaluz. Esa es
nuestra impresión. Esas cosas nunca se pueden probar pero yo tengo
que decirlo aquí porque esto era lo que yo quería explicar como
posición política a ese respecto.
Y termino, usted decía: Lo hemos probado todo, políticas de empleo,
se ha probado todo, se ha intentado todo. Quiero decirle que cogiendo
el presupuesto de este año, se pueden hacer dos grandes
observaciones: una en el quántum y otra en el qué. En el quántum, si
usted se para en las políticas activas del Gobierno para este año,
que son ochocientos y pico mil millones de pesetas, si separamos
309.000 millones que van a bonificaciones a las empresas y 256.000
millones que van a formación continua y ocupacional, vemos que
aproximadamente lo que se gasta este país en políticas activas
directamente, que no sean, repito, ni formación profesional ni
bonificación a los contratos de las empresas, es en torno a 250.000
millones de pesetas, y creo que eso es poco, que este país tiene que
gastar más, entre otras cosas porque el Estado no aporta un duro a
las políticas de empleo. Yo ya sé que ese dinero que viene de las
cuotas no tiene por qué ser sólo para prestaciones, por supuesto que
lo sé, lo que quiero decir es que tiene que incorporarse más dinero
de la política de ingresos fiscales del Estado a las políticas de
empleo, porque España tiene un millón largo de parados de larga
duración y porque tiene unas cifras y unas estadísticas que reclaman
un esfuerzo mayor.
Y dice: ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, ¿estamos haciendo algo
para que la mujer que no está en el mercado laboral se coloque en el
mercado laboral? Creo que no. Si nos ponemos a pensar en serio dónde
podemos colocar ese millón largo de mujeres paradas en España y ese
millón y pico que tendría que incorporarse al mercado laboral,
siquiera demandando empleo, para que nuestra tasa de actividad
femenina sea la que nos corresponde, que ciertamente es la media de
la de la Unión Europea, andaremos por el 57 por ciento, que yo sepa,
en el 2010, de techo de referencia, y no llegaremos ni a diez puntos
por debajo. Para hacer algo, se me ocurre que lo que tenemos que
hacer estransformar en empleo mercantilizado la ayuda domiciliaria.
Y hay una política de dependencia que atender, hay novecientos mil
ancianos o disminuidos en España que necesitan ayuda, y eso es
empleo, señor Chozas y eso, además, cubre una laguna social
extraordinariamente grave de nuestro país. Esto requiere una política
activa, si usted quiere un poco keynesiana, superando esta ortodoxia
exagerada por el déficit cero, que sí es importante
macroeconómicamente, pero con flexibilidad, como el propio Gobierno
acaba de aceptar, porque nadie sabe lo que va a pasar el año que
viene y el señor Rato y el señor Aznar ya contemplan con buen
criterio que eso del déficit cero habrá que revisarlo un poco según
como vaya la cosa. Por lo tanto, hay que invertir en esto para crear
empleo y cubrir una laguna social.
Hay muchas aportaciones que nosotros vamos a hacer y yo lo único que
le puedo decir es que tanto en el quántum como en el qué hay una
política alternativa al empleo en este país y la vamos a presentar en
una enmienda de totalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, aunque yo rogaría brevedad dado el
retraso, tiene la palabra el señor Ruíz.
El señor RUÍZ LÓPEZ (don Antero): Solamente dos o tres cuestiones
porque tampoco es mi intención reproducir aquí otra vez el debate,
pero dos o tres cuestiones que sería bueno aclarar, sobre todo en
relación a las cifras de contratos temporales o contratos fijos. Si
queremos manipular las cifras y maquillar los datos lo podemos hacer,
pero la realidad es que nuestro país sigue siendo un país con una
tasa altísima de temporalidad y que eso no se ha querido acometer en
la reciente reforma laboral. La verdad es que una cosa es hacer
contratos y otra cosa es generar empleo, y el empleo que se genera en
este país, de cada cien contratos que se hacen nueve son empleos
dignos y de calidad, son empleos fijos, y el resto son contratos de
equis duración y demás, y eso no se puede catalogar como crear
empleo. En ese sentido las cifras son las que son, no las estamos
inventando y bien que nos gustaría que fueran otras.
Me quedo con la interpretación que ha dado el señor Chozas sobre el
tema de la reducción de cuotas que tienen intención de hacer; digo
que me quedo con eso porque eso es lo que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida estuvo intentando, y ahora, por parte del
Partido Popular que sustenta el Gobierno, se aceptará también en el
reciente debate de la reforma laboral. Efectivamente, estoy
toltamente de acuerdo en que se prime a aquellos empresarios que
hacen contratos fijos, que generan empleos y que se penalice a los
que abusen de la contratación temporal. Pero nuestra preocupación es
que los tiros no vayan por ahí y que el Gobierno lo que plantee sea
una reducción de cuotas de carácter general, con lo que nosotros no
estaríamos
nunca de acuerdo. De momento, me quedo con las palabras que usted ha
dicho y, efectivamente, nos vamos de aquí bastante más tranquilos.
Por último, en cuanto a la prestación por desempleo, no voy a repetir
otra vez lo que le he dicho, pero no me cuadran esas cifras que usted
da del 70 por ciento de la cobertura del desempleo por muchos números
que hago.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: En cuanto a la reforma laboral no voy a
entrar a discutir si son tres o siete meses; en todo caso siete
meses, aún dándole dialécticamente la razón en el plazo que no se la
doy en el fondo porque creo que no solamente ha habido efectos
colaterales en la reforma sino también sustanciales en el paso por el
Congreso, me sigue pareciendo un período insuficiente a la hora de
una evaluación. Es decir, si cada reforma legislativa al cabo de
medio año la estamos poniendo en solfa, me parece que es difícil
tener perspectiva de la evolución de la misma. (El señor presidente
ocupa la presidencia.) Esas cosas necesitan un mayor poso.
En segundo lugar, se ha hablado aquí del fraude en la formación
profesional continua. Se ha dicho algo así como que hay corretajes
del 20 ó el 30 por ciento que se abonan a sindicatos y empresarios.
No lo sé, lo que sí digo es que si se conoce la comisión de
irregularidades delictivas lo primero que hay que hacer es proceder
e ir al juzgado como a todo buen ciudadano corresponde y más cuando
tiene una responsabilidad política. No conozco el extremo pero me
parece una imputación importante y lo que digo es que hay que actuar
consecuentemente con esa información y esa manifestación.
En tercer lugar, la mujer. Creo que una de las cuestiones de la
reforma laboral fue el incentivo -y lo acaba de decir el secretario
general de Empleo en su anterior intervención- de su incorporación al
mercado laboral y, de hecho, se han hecho esfuerzos. Decir que de la
mujer no se ha hecho nada en este país es hurtar la verdad, pero
hurtar la verdad de una forma burda. ¿Podremos hacer más?
Evidentemente. ¿Habrá que hacer más? Sin duda. ¿Tendremos que
imaginar sistemas para facilitar la incorporación y, sobre todo, la
conciliación de la vida laboral y familiar de la mujer, la
posibilidad de incardinarla en el mercado laboral y a la vez ser
madre? Sin duda ninguna. Decir que la Ley de conciliación de la vida
laboral y familiar que hizo este Gobierno o las diversas
bonificaciones en cuanto al coste cero también de la persona
sustituta y no sólo de la sustituida o en cuanto a la incorporación
de mujeres cuando han sido madres y que provenían del desempleo,
cuestiones que ahora se van a flexibilizar para ampliar el abanico de
las mujeres que puedan ser beneficiarias,
es no hacer nada, creo, con todo aprecio y respeto que califica a
quien hace tales manifestaciones.
La dependencia es un fenómeno muy importante del cual hablaremos y
que, sin duda, en el futuro demandará mano de obra, pero el acuerdo
de 9 de abril suscrito entre Comisiones Obreras, el Gobierno y las
organizaciones patronales, establece un desarrollo y un estudio. En
toda Europa es un fenómeno muy nuevo. Y en los planes gerontológicos,
incluido el Plan Nacional Gerontológico español, no se ha abordado
específicamente de una forma concreta hasta fechas muy recientes el
tema de la dependencia que, sin duda, es un fenómeno social de
importancia para todos y, por ende, estoy de acuerdo en que generará
mano de obra pero que va a necesitar una financiación específica, ya
veremos cómo.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Como
comentario a sus intervenciones no voy a seguir en la polémica de la
entrada en vigor o no de la reforma laboral, creo que tiene razón S.
S. al decir: Vamos a dejar esto en su lugar. Ahí estoy de acuerdo. Lo
que pido es su comprensión para la reconvención que hace al Gobierno.
Me aceptará que algunas de las cuestiones fundamentales, como es el
haber recogido una limitación económica a las bonificaciones que se
podían percibir (porque cometimos un error incorporando de manera
incorrecta una limitación de la normativa europea que no procedía
aquí), sí puede haber tenido una influencia en la contratación
indefinida, con lo cual hay muchas cuestiones que han entrado en
vigor en marzo pero hay otras -y creo que esto le afecta a la
incentivación de la contratación indefinida- que lo han hecho en
julio.
Respecto de los parados de larga duración, no hemos ido a
contracorriente, pero sí hemos tenido que cambiar un poco el rumbo,
desde Luxemburgo, de lo que se pretendía en los ámbitos europeos. Se
pretendía con el enfoque preventivo dar sólo actuaciones a los
parados antes de que cumpliesen seis meses o doce meses de paro, pero
en las conclusiones de Luxemburgo se incluyó una actuación para que
esto fuera compatible con los parados de larga duración, precisamente
por el problema que tiene España con los parados de larga duración.
Le pido que me permita remitirme a la directora del INEM porque las
cifras de que en todos y cada uno de nuestros programas, que es lo
que intentaba señalar, hay un porcentaje en la selección que debe ir
dirigido a parados de larga duración, no quiere decir que no estemos
incluyendo cuestiones como los programas específicos que les
benefician, que son, sobre todo, talleres de empleo y renta activa de
inserción. Pero ello no quiere decir que en el resto de las
actuaciones no haya
porcentajes de parados de larga duración que se deban incorporar.
Respecto del INEM y compartiendo el cariño que proclama por la
institución tengo que hacerle también algunas precisiones. El sistema
informático va avanzando, probablemente de manera más lenta de lo que
a todos nos gustaría, pero también de manera más sólida, esto es, con
compromisos de todos los futuros gestores que puedan intervenir en
él, específicamente con compromisos de las comunidades autónomas. Que
no se plantee, como ocurría en los años 1992 y 1993, cuando se
empezaron a producir las transferencias, que hubiera generación de
programas informáticos incompatibles entre las comunidades autónomas
y el del propio INEM. A corto plazo -hablo de memoria y aquí seguro
que la directora del INEM lo dice con mayor precisión que yo- en el
escenario de diciembre-enero tendremos el sistema funcionando.
Sólo el 5 por ciento de los licenciados. Este dato que puede parecer
tan terrible, dicho de manera aislada, hay que matizarlo. Como sabe
usted, desde 1994 el esquema legal en nuestro país es que nadie está
obligado a ir al INEM a buscar trabajo ni las empresas están
obligadas a ir al INEM a buscar trabajadores; se considera
legalmente, como entiendo que asume todo el mundo, que cada cual debe
buscar empleo y trabajo de todas las maneras posibles y como mejor
considere. En este sentido los licenciados son los privilegiados del
empleo todavía en nuestro país, asumiendo este término de
privilegiados entre comillas, pero tienen una situación mejor que la
del resto de los colectivos si los distribuimos en función de los
niveles formativos. Y es así comparando simplemente sus tasas de
empleo y sus tasas de desempleo. ¿Qué ocurre? Que normalmente los
canales que utilizan los licenciados universitarios están más ligados
a las nuevas tecnologías o a los simples procesos de selección de las
empresas que ofrecen trabajo de más nivel. Esto no quiere decir que
ese 5 por ciento indique un peor acceso de los licenciados
universitarios al empleo porque el INEM no los protege.
Desgraciada o afortunadamente, como pasa en el resto de los países
europeos o en los países desarrollados, los servicios públicos de
empleo se tienen que especializar en quienes tienen dificultades, en
quienes no acceden al empleo por los procedimientos normales
(empresas de selección, selección de las propias empresas de calidad,
nuevas tecnologías, contactos personales, etcétera) que normalmente
están en manos de quien tiene más formación que en quien no la tiene.
Como digo, el INEM debe centralizarse y debe ayudar a quien tiene
mayores dificultades para acceder al empleo.
Sigo sin compartir que exista un fraude generalizado, aunque recuerdo
la comparecencia a la que aludía S.S. Otra cosa es que haya muchos
casos detectados que tengan una importancia económica, que vayamos
a perseguirlos y que los estemos persiguiendo, pero de todos esos
tochos que andamos enviando a un
sitio y a otro para que esto se conozca bien, hay que matizar una
cosa. No son todos por no haber realizado cursos. Hay muchísimas
cuestiones que, a pesar de comprobarse la realización de los cursos,
dependen de incumplimiento de plazos o de falta de comunicaciones
concretas. Por lo tanto, si se incumple la normativa, aunque se hayan
hecho los cursos, si éstos no se han hecho con el sometimiento a
todos los criterios con los que se concedió la subvención, hay que
reclamar cantidades. Esto no quiere decir que todos los casos sean un
fraude de ocultación o de incumplimiento. Aquí hay mucha materia
mezclada y tampoco convendría generalizarlo todo a peor.
Y algunas de las cuestiones que usted señala están detrás del tercer
acuerdo nacional de formación continua que se firmó en diciembre del
año pasado, por eso entra la Administración a gestionar la formación
continua, por eso en la gestión va a participar, a partir de la
convocatoria de este año, un equipo del INEM para garantizar la
objetividad y transparencia en las resoluciones. Y por eso se ha
suprimido la promoción obligatoria por parte de las organizaciones
sindicales y empresariales que existía hasta el segundo acuerdo
nacional de formación continua. Ahora cualquier ciudadano, cualquier
organización, estén afiliados o no a las organizaciones sindicales y
empresariales, pueden presentar, y de hecho ya han presentado porque
se ha acabado el plazo, acciones para ser financiadas en el programa
de formación continua.
Respecto de Andalucía me dice S.S. que tiene derecho a sospechar y
que son afirmaciones que no se pueden probar. Ahí acabo, me remito a
mi comparecencia que sobre la materia no hace mucho tuve en esta
Cámara.
Lo hemos probado todo en políticas de empleo. No, no he sido tan
ambicioso, he dicho que hemos tocado prácticamente todas las leyes.
Desde luego, la situación de nuestro mercado de trabajo hace que
debamos seguir probando, yo soy el primer insatisfecho con las cifras
de nuestro mercado de trabajo y creo que hay que mantener el
esfuerzo.
Se dedican pocos recursos a políticas activas. Si me quita todas las
bonificaciones, si me quita toda la formación profesional, al final
las cifras adelgazan sustancialmente, pero es que las bonificaciones,
en mi opinión, son una parte fundamental de las políticas activas
porque están permitiendo el mantenimiento del empleo a personas que
en otras circunstancias sería dudoso que lo tuvieran; y la formación
profesional, y más en los tiempos que nos está tocando vivir de
necesaria adecuación a los cambios tecnológicos, es uno de los
elementos fundamentales de las políticas activas.
Sin duda la ayuda domiciliaria, independientemente de otros
planteamientos que el señor Azpiroz ha señalado bien, es una fuente
para investigar y realizar programas de fomento del empleo. El
esquema legal que tenemos ahora lo permite y hay bastantes proyectos
que se están desarrollando por esta vía. Hablo otra vez de
memoria, pero en los últimos años estamos viendo como se están
potenciando las escuelas taller tradicionalmente referidas a acciones
alrededor del patrimonio histórico y a acciones ligadas a la
construcción y sectores conexos con ella, y los proyectos cada vez
son más numerosos en servicios sociales o servicios de proximidad. En
ese sentido nuestra idea, que también beneficia, por supuesto, a la
participación de la mujer en estos programas, va a seguir por el
incremento de estas actuaciones.
Presentarán una política alternativa y la enmienda a la totalidad.
Sólo puedo decir que todas las cuestiones que se planteen, que
colaboren para corregir las carencias de nuestro mercado de trabajo
bienvenidas sean y que las analizaremos con el mayor cariño y con el
espíritu constructivo que ello merece.
Al señor Ruiz López habla de manipular las cifras y de temporalidad.
Dice textualmente: Una cosa es hacer contratos y otra es crear
empleo. Totalmente de acuerdo, eso es lo que intentaba explicar yo
cuando decía que hay que matizar eso de que de cada cien contratos
que se registran nueve son indefinidos. Pero de esos cien restantes
hay muchos que duran un día, con lo cual, la aportación al empleo no
se mide bien diciendo: De cada cien contratos sólo hay nueve
indefinidos. Importa que esos nueve indefinidos, al cabo de uno o dos
años sigan vivos. Y es por ello, y no con intención de manipular
cifras, porque no estoy inventando ninguna, que yo me refiero a la
encuesta de población activa, porque es ahí donde se dice que el 75 o
80 por ciento en estos últimos años del nuevo empleo creado es
indefinido. O sea, que al cabo del tiempo, cuando se va sedimentando
la duración de los distintos contratos, el nuevo empleo que se está
creando en este país es mayoritariamente indefinido, y algo habrán
tenido que ver las reformas laborales que se han hecho en los últimos
años.
Ya he dicho que no hay una previsión de reducción de cuotas. Entonces
sí que sería incongruente el presupuesto, entonces sí que sería
imposible que el gasto en prestaciones por desempleo creciese el 8,5
por ciento y sería imposible que el presupuesto general del INEM
creciese más del 7 por ciento. Y aquí (discrepancias aparte sobre si
debe haber más aportación del Estado o menos) está claro que la
financiación de todas las políticas de empleo es fundamentalmente
cotizaciones. Si hemos incorporado unos compromisos de gastos como
los que hay, es que estamos atados a que las cuantías de las
cotizaciones sociales sean las que están actualmente vigentes.
Respecto de la prestación por desempleo también se insiste en los
recortes, y yo insisto en que nadie ha planteado ningún tipo de
recorte y que para abrir cualquier proceso de diálogo social o de
participación sobre esta materia la garantía fundamental para los
interlocutores sociales es que el presupuesto está ahí y que el
incremento en gasto en protección por desempleo está ahí, por lo que
difícilmente vamos a ir a un escenario
de reducción cuando estamos incrementando las dotaciones
presupuestarias que para ello están previstas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al secretario general de Empleo
por la información proporcionada y, como es natural, por haber
acudido al llamamiento de la Cámara en esta sesión informativa de los
Presupuestos Generales del Estado.
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (DANCAUSA
TREVIÑO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 212/000782), DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
(Número de expediente 212/000716) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/000767)
El señor PRESIDENTE: En relación con el programa 323.A, promoción y
servicios a la juventud, el disquete correspondiente de los
presupuestos está bien, pero en el libro editado hay un pequeño
error, por lo que la Secretaría General de Asuntos Sociales nos ha
facilitado unos ejemplares correctos de esta partida, que vamos a
distribuir.
Doy la bienvenida a la secretaria general de Asuntos Sociales y le
pido disculpas con toda la cortesía porque, señalada su comparecencia
a las doce horas, va a comenzar pasadas las trece treinta, lo que
obedece a la dificultad de prever la extensión de algunas
comparecencias, a pesar del esfuerzo que pido a sus señorías y que
han atendido, pero realmente es un presupuesto enjundioso, sobre todo
el de la Secretaría General de Empleo, que siempre produce un debate
muy dilatado y las previsiones de las comparecencias -lo digo en
descargo de la Mesa de la Comisión- responden a la visión acelerada
que la Comisión de Presupuestos tiene de este trámite. Procuraremos
despacharlo no aceleradamente, sino razonablemente, pero también
teniendo en cuenta que están esperando la directora general del INEM
y el director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, que están convocados a esta Comisión. Agradeciendo a la
señora Dancausa su presencia, vamos a comenzar el trámite tal y como
hemos hecho hasta ahora, con la intervención de los grupos que hayan
solicitado la comparecencia para pedir aclaraciones o datos en
relación con los Presupuestos Generales del Estado.
El Grupo Socialista solicita repartir su tiempo. Teniendo en cuenta
que hoy ya se manifiesta este tiempo como un bien escaso, les pido
una especial capacidad de síntesis y el hecho de que vayan a
intervenir dos señoras diputadas no suponga una justificación para el
alargamiento de su intervención. Seguro como estoy de lo mucho y bien
que pueden decir, les pido una muy especial capacidad de síntesis en
aquello que es más
importante en una comparecencia de esta naturaleza, que no es la
dialéctica sino la precisión, porque los números normalmente suelen
tener poca dialéctica. Van a intervenir por el Grupo Socialista la
señora García Pérez y la señora Cortajarena. En primer lugar tiene la
palabra la señora García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: Intentaré ser breve, aunque entendemos que
esta comparecencia necesita por lo menos igualdad de tiempos que
otras que se han tenido aquí por la cuestión tan importante que hoy
vamos a tratar, pero dentro de la brevedad no quiero dejar pasar por
alto ningún tema. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la
presidencia.)
En primer lugar, como una reflexión general a los presupuestos que
desde la Dirección General de Asuntos Sociales nos traen hoy a
debate, he de decir que si estos presupuestos se tuvieran que llevar
un premio en un concurso no sería el de la originalidad. Esto puede
entenderse como una gracia, pero al ser políticas cambiantes
relacionadas con colectivos cuyas necesidades también son cambiantes,
entendemos que las políticas que se establezcan se deben adecuar a
las necesidades de cada momento. Nuestra primera crítica en este
sentido es decir que ha habido momentos en los que si no hubiera sido
porque necesitamos un convertidor de euros a la hora de estudiar los
presupuestos parecería que estamos trabajando con los presupuestos
del año pasado.
Respecto a todo lo que tiene que ver con política en materia de
inmigración, tanto por parte del IMSERSO como por la Dirección
General de Ordenación de las Migraciones, querríamos hacer una
reflexión sobre lo que entendemos unos presupuestos totalmente
opacos; opacos para nosotros y me temo que también opacos para usted
porque con el capricho del Gobierno actual de tratar los temas de
inmigración trasladándolos al Ministerio del Interior como si fuera
una cuestión de orden público, y no una realidad sobre la cual hay
que trabajar, nos encontramos muchas veces con que estamos trabajando
con presupuestos que no sabemos realmente dónde se ubican. Los
distintos responsables en estas materias, cuando hablamos de las
acciones en materia de inmigración y sus presupuestos, si se hace en
Interior nos remiten al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Espero que las apreciaciones que aquí hagamos se nos expliquen y no
se nos intente trasladar a otros ministerios, porque al final estamos
mareando la perdiz y no estamos trabajando realmente por la población
de la que hablamos en estos momentos.
La primera pregunta es ¿dónde están los 36.000 millones de pesetas
que el Gobierno ha anunciado para el plan Greco de integración social
de los inmigrantes? La verdad es que no los encuentro por ningún
lado. Tanto los presupuestos de la Dirección General de Ordenación de
las Migraciones como los presupuestos del IMSERSO son prácticamente
igual a los del año
pasado. Es cierto que sumando los del IMSERSO con los de la dirección
general el año pasado eran diez mil y pico y este año son once mil y
pico, pero de 11.600 millones a 36.000 millones hay 25.000 millones
de pesetas que no encontramos dónde están. Creo que debemos tener una
respuesta a esta situación. No voy a entrar indicador por indicador
de los presupuestos que se nos han planteado porque necesitaríamos
mucho más tiempo del que tenemos, pero queremos dejar claro que en
esta Comisión nos gustaría que se facilitaran al Grupo Parlamentario
Socialista todas las partidas presupuestarias que afectan al plan
Greco, al plan de integración social de los inmigrantes. Porque
después de un año debatiendo en esta casa la necesidad de poner en
marcha políticas que realmente favorezcan la integración de los
inmigrantes, tenemos que encontrarnos en los presupuestos frases como
la siguiente: Se pretende evitar los desajustes del mercado de
trabajo por medio de la cobertura de puestos de trabajo rechazados
por nuestros nacionales. Señora Dancausa, prefiero no poner un
calificativo a esta frase pero creo que dice mucho sobre la
sensibilidad de este Gobierno con respecto al tema que estamos
debatiendo.
Por poner sólo un ejemplo de datos concretos del presupuesto, las
transferencias corrientes a corporaciones locales para trabajar en
acciones en favor de la integración social de los inmigrantes en el
año 2001 eran 45 millones. En los presupuestos del año 2002 hay 270,6
euros que convertidos a pesetas son los mismos 45 millones de
pesetas. Voy a poner otro ejemplo de lo que entendemos por ineficacia
de sus políticas. Ustedes, ante una pregunta parlamentaria que
realizamos sobre la ejecución de los presupuestos del año 2001,
asumen las demoras en algunos centros de estancia temporal de
inmigrantes, como el de Algeciras, que se prevé que pueda entrar en
funcionamiento en el año 2003. ¿No cree usted que si se invirtiera la
suficiente dotación presupuestaria no tendríamos que esperar casi dos
años para que este centro pueda comenzar a funcionar? Además, es una
cuestión urgente por lo que vemos todos los días tanto en los medios
de comunicación como en la realidad social que viven estas personas
que la están sufriendo. Por último ¿por qué en el año 2001 había
previstas 86 acciones a gestionar por el Consejo General de la
Inmigración y este año sólo aparecen 42 acciones? Podría seguir con
muchas otras cuestiones pero creo que ha quedado clara la principal
denuncia en este tema concreto, por lo que le vuelvo a preguntar
dónde están esos 36.000 millones de pesetas de los que estamos
hablando.
No me gustaría olvidar a toda la población de españoles que han
tenido que emigrar a otros países, sobre todo de América Latina,
personas que en estos momentos están sufriendo las graves crisis
económicas que tienen países como Argentina, Brasil, Uruguay. En los
presupuestos de este año vemos que no incrementan nada esas partidas
presupuestarias como pueden ser las
de asistencias sanitarias a estas personas o los programas de
formación. Para terminar con esta cuestión, vuelvo a repetir que: que
no se nos responda que aparece en otros ministerios, que está en otro
sitio, porque si es así queremos saber dónde, cómo y cuándo.
Respecto a la mujer tengo que hacer las mismas apreciaciones que
antes. Tanto las dotaciones presupuestadas para el Instituto de la
Mujer como la descripción de los programas son semejantes a los del
año pasado. Eso sí, ustedes durante todo este año se han dedicado a
prometer y vender planes de mujer, actuaciones en favor de la
igualdad de la mujer, pero entendemos que se deben materializar en un
esfuerzo presupuestario que no vemos reflejado en los presupuestos de
este año, aparte de que no se está haciendo un esfuerzo por ejecutar
los dineros que había. Ante una pregunta parlamentaria de este grupo
se reconoce por parte del Gobierno que del presupuesto del año 2001
para el segundo plan integral contra la violencia doméstica, a fecha
20 de septiembre, después de nueve meses no había ejecutada ni una
sola peseta, no había reconocida ni una sola obligación. Estos datos
no nos los inventamos sino que son respuestas del Gobierno ante
preguntas que el Partido Socialista ha realizado. En los datos
globales podemos ver que pasamos de 3.676 millones de pesetas
presupuestados en el año 2001 para el Instituto de la Mujer a 3.775
millones para este año, no llega a los 100 millones de pesetas de
incremento. ¿Cree usted que este incremento es suficiente para hacer
frente a todas las actuaciones que se deben desarrollar en esta
materia? ¿Cómo es posible que en la explicación de los programas por
indicadores se intente hacernos ver que se van a hacer más programas,
más convenios, que va a haber más atención personalizada a las
mujeres cuando los presupuestos son idénticos. ¿O van a ser de peor
calidad o es imposible que se pueda tener esa previsión y que sea
real. Para el fomento a la creación de empresas por mujeres, el
autoempleo femenino, en el año 2002 hay 99 millones de pesetas
presupuestados, los mismos que en el año 2001. En cambio, en los
indicadores vemos, por ejemplo, que si el año pasado se
subvencionaban cien empresas femeninas, este año 125. ¿Cómo vamos a
hacer eso con el mismo dinero? O se va a dotar de menos dinero o lo
vamos a hacer con peor calidad. Sé que me responderá que existen
otras partidas referidas a la mujer que vienen desarrolladas en otros
apartados...
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor García Pérez, le
recuerdo que comparte su tiempo con la señora Cortajarena.
La señora GARCÍA PÉREZ: Intentaré ser breve; me queda poco.
Nos gustaría que se remitieran también al grupo todas las partidas de
este presupuesto referidas a políticas
en favor de la mujer para así poder hacer un análisis global y real
de lo que suponen.
Para finalizar, en relación con la juventud se nos acaba de entregar
un documento. Permítanme que haga una reflexión en el sentido de que
si nuestra crítica generalizada era la similitud de los presupuestos
que estamos estudiando este año con los del año pasado, en materia de
juventud ya es el colmo del despropósito. No se han dignado siquiera
cambiar el programa. Imaginaba que había sido un descuido. Me hubiera
gustado que si así fuera se nos hubiera mandado antes a los grupos
este programa, y no al comenzar la comparecencia, pero ese descuido
también dice mucho del interés y de la sensibilidad con la que el
Gobierno trabaja en lo relacionado con los temas de juventud. Yendo
al fondo de la cuestión ¿por qué se dedican a vender un plan de
acción joven cuando no lo vemos materializado en los presupuestos? Si
no es así, como seguro que usted me responderá, al igual que lo hizo
en su comparecencia respecto a este mismo tema del INJUVE en la que
se hablaba de un plan cercano a 1,3 billones de pesetas, también le
vuelvo a repetir la solicitud de que haga llegar al Grupo
Parlamentario Socialista cómo, dónde y cuándo aparecen estos 1,3
billones de pesetas referidas al plan de acción joven, en qué
ministerios, cómo se va ejecutar y dónde. Por ejemplo, se puede decir
que se va a dedicar a vivienda. Hoy mismo el señor Cascos reconoce
que el presupuesto en materia de vivienda va a bajar. Pues si el
presupuesto en materia de vivienda baja pero se van a dar facilidades
para que los jóvenes accedan a la vivienda, o hay sectores de
población que quedan descuidados o no es cierto que se vaya a incidir
en que los jóvenes puedan incorporarse a esta primera vivienda. El
INJUVE está colaborando con el Consejo de la Juventud de España en
una campaña de asociacionismo porque existe una sensibilidad sobre
este tema. Entonces ¿por qué encontramos que la partida de
transferencias a asociaciones juveniles prestadoras de servicios a la
juventud no aumenta ni una sola peseta?
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora García, le ruego
que vaya terminando porque ha consumido trece minutos.
La señora GARCÍA PÉREZ: Termino diciendo que los presupuestos en el
Consejo de la Juventud son idénticos a los del año pasado, sólo
aumentan en 81 millones de pesetas, pero de esos 81 millones de
pesetas 78 millones son para gastos de personal y sólo 3 millones de
pesetas más para todas las actividades y todas las actuaciones que el
Consejo de la Juventud necesita desarrollar. Nos gustaría que nos
respondiera a esta cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Intentaré ser breve, rápida,
concreta, concisa, pero pediría un tratamiento más igualitario.
Coincide siempre que cuando nos toca intervenir a las mujeres parece
que las prisas agobian más, y no es la primera vez que nos ocurre.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Cortajarena, no
puedo permitir semejante afirmación en esta Comisión. Las mujeres
tienen más preferencia que los caballeros diputados. (Rumores.)
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Procuraré ser breve, dado el tiempo
que tenemos, ya que todos los miembros de esta Comisión tenemos
alguna otra necesidad complementaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Sólo le recuerdo que se ha
dividido el tiempo entre dos portavoces de un mismo grupo
parlamentario y se han consumido casi quince minutos cuando el tiempo
reglamentario es de diez, y llevamos muchísimo retraso. Le ruego
precisión y concreción.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia a la señora secretaria general.
Los Presupuestos Generales del Estado de este año son bastante
parecidos, yo diría que casi iguales, calcados, a los del año 2001,
eso sí, en euros. Se está utilizando la Seguridad Social para
equilibrar los Presupuestos Generales del Estado. El excedente que ha
habido en años anteriores, con una cifra de un millón y medio de
pesetas, no revierte en temas que son de gran calado social. Según el
último informe FOESSA, España tiene ocho millones de pobres, personas
que viven por debajo del umbral de la pobreza, y medio millón con
pobreza severa, y la verdad es que las aportaciones que hace este
presupuesto a este tipo de situaciones y de estados de necesidad no
las vemos por ninguna parte.
Quiero hacer una reflexión sobre los cuatro elementos que más nos
diferenciaban en la convergencia real con Europa. En primer lugar, en
relación con el empleo, el número de mujeres sigue aumentando.
Tenemos la tasa de actividad femenina más baja de la Unión Europea,
cerca de 908.000 mujeres que están buscando trabajo y apuntadas en el
INEM.
Otro de los déficit de la convergencia con Europa tiene que ver con
las nuevas tecnologías. A pesar, señora secretaria general, de la
espectacular presentación pública que se hizo del programa INFO XXI,
la verdad es que a partir de las 322 medidas y de los 824.000
millones de pesetas que ha comprometido el Gobierno del Partido
Popular para conseguir el acceso a la alfabetización digital a todas
las personas, según la última encuesta de deficiencias y
discapacidades tenemos 1.405.992 personas que van a tener
dificultades añadidas a la hora de acceder a las nuevas tecnologías,
a la
sociedad de la información. Los 275 millones de pesetas que ustedes
han dibujado para hacer frente a este 1.405.000 personas suponen 195
pesetas en tres años, es decir, 65 pesetas anuales. Dígame usted si
con 65 pesetas se puede acometer la alfabetización digital de
1.405.000 discapacitados.
Otro elemento que me parece importante es que en el ámbito de las
inversiones en España cada día vamos a peor. Los gobiernos
socialistas en la década de los noventa invertíamos un 5 por ciento y
en el año 2002 el proyecto de presupuestos marca un 3 por ciento.
Voy a pasar por alto ahora la referencia al gasto social, y la haré
al cierre de mi intervención.
Me llama la atención que no se ha incrementado la transferencia al
Consejo Económico y Social. Me consta que el pleno del Consejo
Económico y Social ha repetido permanentemente la queja de cómo
elaboran las leyes de acompañamiento y en el último año cómo han
remitido la adenda. En esta ley de acompañamiento y en esta adenda se
van a modificar 24 leyes, 7 reales decretos, 2 reales decretos-ley.
Es decir, estamos en una práctica abusiva de una ley de
acompañamiento que creo que no beneficia a nadie y menos a esta
institución.
En 1990 creamos la Ley de pensiones no contributivas en nuestro país.
Antes, para la protección social y la garantía de ingresos económicos
se tenía el Fondo Nacional de Asistencia Social, la Ley de
integración social de los minusválidos y con la democracia la Ley de
pensiones derivadas de la guerra civil. Estas personas perciben
24.935 pesetas al mes. Yo todavía -lo siento, señora secretaria
general- me manejo con más rapidez y soltura en pesetas, supongo que
el año que viene, como ya no habrá más que euros, todos acabaremos
hablando de euros. Con la responsabilidad de la presidencia de la
Unión Europea en el año 2002 tendremos que hacer un esfuerzo para
superar esta cuantificación económica de las 24.915 pesetas, porque
estos colectivos tienen dos características fundamentales: una, que
los del Fondo Nacional de Asistencia Social cada año decrecen en un
10 o un 15 por ciento, y otra, que muchas de las personas que están
percibiendo esta prestación no quieren acceder a la pensión no
contributiva bien porque son revisables, bien porque a veces les da
miedo el acceso, les genera inseguridad, etcétera. Me parecería
importante, y vamos a plantearlo en una enmienda, que se incremente
estas pensiones y superen el umbral de la pobreza, dado que no es de
recibo que el propio Gobierno habiendo aprobado el Plan Nacional de
Acción para la Inclusión Social del Reino de España, tenga
institucionalizadas una serie de prestaciones económicas que están
por debajo del umbral de pobreza, no de pobreza moderada sino de
pobreza severa.
Otro elemento que también me parece importante es que en las
pensiones no contributivas, que hoy en día abarca a medio millón de
beneficiarios, cuando ustedes decretan que el incremento del IPC
anual es del 2 por
ciento, están generando una ley por la cual congelan a la mitad la
percepción de este medio millón de personas. ¿Por qué se lo digo?
Porque me parece importante plantearse que cuando las previsiones del
IPC del Gobierno no coincidan con el resultante, con unas cuantía
económica de 41.900 pesetas al mes, tendríamos que hacerlo como en el
sistema de Seguridad Social: una paga de carácter único
complementando esta diferencia en la previsión, porque son personas
que están en el último extremo de las percepciones económicas en
nuestro sistema de protección social.
Paso al programa 313, otros servicios sociales del Estado. Aquí hay
dos cosas que me parecen importantes. El año pasado le dijimos que
nos parecía un poco duro traer un plan gerontológico con un
incremento de 815 millones de pesetas, pero es que nos parece
muchísimo peor que el presupuesto, que traen este año para el plan
gerontológico sumando los convenios con las comunidades autónomas y
lo que ustedes incrementan, es de 409 millones de pesetas, es decir,
justo la mitad que el año anterior. No sabemos cuál es el motivo ni
la razón. El plan de Alzheimer, que todavía no ha sido aprobado por
las comunidades autónomas y del que tenemos cinco borradores pero no
un referente concreto de con qué objetivos y medidas se quiere
trabajar, está en la misma situación. En su programa electoral decían
otras cosas pero espero que lo conozca usted mejor que yo. No se
puede dar en nuestro país atención a las personas dependientes con
estos incrementos presupuestarios y no podemos estar toda la vida
recurriendo a ralentizar la toma de decisiones. Yo sé que el acuerdo
sobre pensiones de abril de este año dice que se haga un estudio,
pero en la Unión Europea tenemos países como Alemania o Francia que
lo han regulado y en Inglaterra también lo han regulado y en Italia
lo están regulando. La atención a la dependencia no es algo que ha
surgido ahora; eso es falso. Plantearse un debate sobre la
dependencia es plantearse un debate sobre las personas que no tienen
capacidad o autonomía personal, y este tipo de personas existían con
la dependencia y sin la dependencia, es decir, desde el plan
gerontológico y mucho antes. ¿Cuál es una de las causas de que hoy la
dependencia nos preocupe tanto? Que las mujeres se están incorporando
mayoritariamente al mercado de trabajo y es su objetivo y el nuestro
que la red de cuidados informales que hasta ahora ejercitaban las
mujeres pase a depender de redes públicas o de compromisos de
cotización, que podrán hacer a través del sistema que acordemos, pero
yo creo que si seguimos impulsando el plan gerontológico y el plan de
Alzheimer estaremos dando cobertura a la falta de autovalimiento de
un colectivo que lo forman un millón y medio de personas en la
actualidad.
Me voy a referir al plan concertado. Leemos que el incremento para el
plan concertado -esto lo tenía en euros, pero nos vamos a entender-
el año 2001 eran 14.812 millones de pesetas y en el año 2002 son
15.108
millones de pesetas. Mire, señora Dancausa, yo voy a ser permanente,
insistente y machacona en este tema. Ustedes, como Administración
central, tienen un compromiso que cumplieron y que firmaron entre el
Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio de Trabajo,
las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias. En este compromiso asumido por las tres instancias
administrativas se decía que al cabo de diez años se llegaría a los
cien mil millones de pesetas, ya que ésta era la previsión de gasto
del Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Nos estamos encontrando
con que los ayuntamientos han superado su aportación, según el
estudio que ha hecho el propio ministerio, no lo dice la oposición.
Las comunidades autónomas están casi cumpliendo el 33 por ciento y
nos volvemos a encontrar en el proyecto de presupuestos del año 2002
con 15.000 millones de pesetas. ¿Sabe, señora secretaria general,
cuánto dinero deben ustedes a las comunidades autónomas? En este
momento, 18.000 millones de pesetas para el año 2002, pero es que
desde 1997 tenían que tener ustedes 33.000 millones de pesetas con lo
cual, a grosso modo, serían 76.000 millones de pesetas. Esto es algo
abusivo, los acuerdos se tienen que cumplir y, si no, se denuncian en
su momento. Lo que no se puede consentir es que con unos excedentes
de un billón y medio de pesetas no se cumplan ni acuerdos previos que
ya se tenían entre todas las instancias administrativas. Esta es una
responsabilidad de su secretaría general, no es responsabilidad ni de
los ayuntamientos ni de las propias comunidades autónomas, que ya he
dicho que lo están cumpliendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Cortajarena, le
ruego vaya concluyendo.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Hay un tema que me preocupa, no lo
voy a referir, en el programa de infancia y familia, y son las
adopciones internacionales. Señora Dancausa, esto tiene que tener
cara y ojos. El problema que ha ocurrido en Vizcaya con las
adopciones y la venta y compra de mil y pico niños supone que pueden
ser compras para unas adopciones magníficas o que los pueden comprar
para trasplantes de órganos o para abusos sexuales o para lo que
quieran. Yo le daría una idea y espero que la acepte. Pongan, por
favor, en todas las comunidades autónomas personas dependientes o
pagadas por la dirección general y también personas de cada una de
las comunidades. Hay que llevar un seguimiento exhaustivo con los
menores sobre qué tipo de adopciones se están haciendo porque nos
vamos a encontrar con esclavitudes que luego no vamos a querer ver y
nos va a pasar casi como con la Casa de Campo en otros ámbitos.
Por último, le diré, señora Dancausa, que el Gobierno del Partido
Popular va a los temas sociales como los sioux, borrando huellas, y
se lo digo por una cosa clarísima.
El Plan Nacional de acción para la inclusión social del Reino
de España establece una serie de medidas, que usted conoce mejor que
yo y no se las voy a decir, pero hay un elemento previo que es
fundamental: la recopilación estadística. Perdóneme, señora
presidenta, pero esto es el cierre. Simplemente le digo una cosa,
existía la encuesta de presupuestos familiares. Esta encuesta se ha
realizado cada diez años y permite valorar situaciones iguales y
equiparables. Nos encontramos en la actualidad con que ustedes van a
hacer la encuesta continua de presupuestos familiares bien a través
de lo que marcan los países de la Unión Europea, pero la
incorporación del módulo
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señora Cortajarena, por
favor, vaya concluyendo, llevan media hora entre las dos portavoces.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Le digo que la incorporación de un
módulo de la encuesta continua se prometió para el año 2000 y no se
ha hecho. Ustedes están diciendo que la van a hacer para el año 2002-
2003. ¿Me quiere decir cómo vamos a medir esta cosa que ustedes han
aprobado y que la han presentado en Europa? La verdad es que el
tratamiento que infligen a los presupuestos en materia de asuntos
sociales nos aflige.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro. A
pesar de la discriminación positiva que tenemos las señoras diputadas
en esta Comisión, sí le ruego que sea concreta y que vaya al fondo
del tema porque es muy tarde.
La señora CASTRO FONSECA: Se lo agradezco mucho, presidenta, pero en
esta Comisión las mujeres queremos tener el mismo trato que los
hombres; es a lo que aspiramos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Estoy de acuerdo con
usted, era echar un poco de humor a la celebración de esta sesión.
La señora CASTRO FONSECA: Abundando en el humor, lo que pido es el
mismo trato que han tenido mis compañeros esta mañana. De todas
maneras voy a ser muy breve.
Lo primero es que quiero es agradecer a la secretaria general su
comparecencia en esta Comisión para el capítulo presupuestario, tanto
en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como en
el mío propio por esta comparecencia. La he hecho comparecer
específicamente para hablar de las políticas presupuestarias de
igualdad de oportunidades. Esa es la razón por la que esta mañana
estoy presente en esta Comisión. Sinceramente, créame que la he hecho
comparecerporque entiendo que estos presupuestos
que nos trae el Partido Popular para el ejercicio del año 2002 son
unos presupuestos androcéntricos en la letra y en los números. Hay
algunas consideraciones que quiero compartir con SS.SS. y con la
señora secretaria general.
Hay una primera cuestión de los presupuestos que me llama
profundamente la atención. Es probable que parezca un dato de escasa
relevancia pero como desde el punto de vista de la sensibilidad
feminista llueve sobre mojado, no pasa desapercibido. Curiosamente, a
pesar de toda la credibilidad de la que han querido revestir sus
políticas dirigidas a la mujer, con numerosos discursos en muchas
ocasiones fagocitados totalmente de las posiciones que mantenemos
históricamente las mujeres que hemos militado en el movimiento
feminista y en la izquierda política y social, sin embargo, esa
intención no se corresponde en absoluto con estos presupuestos que
ustedes traen a la Cámara. Lo primero que hacen es despistarnos y
hacernos sentir mal, francamente. Creo que le debe pasar a usted
igual que a mí, sólo que yo puedo tengo la libertad de decirlo aquí
alto y claro y usted tal vez no. No me parece de recibo que en la
estructura de funciones y programas, justamente los programas de
igualdad de oportunidades es aparezcan en última posición, para
variar. Es decir, le estoy hablando a usted concretamente de la
función 3.2, protección social, en el subprograma 3.2.3., promoción
social y cultural y, además, nuevamente, un nuevo subprograma que es
impresionante, que es el programa 3.2.3.b., promoción de la mujer.
Esto ya revela el interés político que el Partido Popular le pone al
tema. Si nosotros utilizáramos su lenguaje y su tratamiento en los
programas dedicados a la mujer en este presupuesto, tendría que decir
que me sentiría profundamente avergonzada porque, si usted es
consciente, están catalogados como un sector exactamente igual, por
ejemplo, que el Consejo Económico y Social, y a mí esto me parece un
hecho francamente grave.
En cuanto a la presentación y a la literatura con la que ustedes
adornan el programa de promoción de la mujer, se comprometen -eso sí-
a los acuerdos dentro del Plan Nacional para el Empleo, a los
compromisos adquiridos con la Unión Europea, que dicen que están
basados fundamentalmente en cuatro pilares, de los que el cuarto
pilar compromete una serie de acciones a favor de la igualdad de
oportunidades. Sin embargo, esto es sólo pura literatura porque
cuando una va con interés desmedido a ver de qué manera avanzamos las
mujeres nos encontramos con que los programas concretos dirigidos a
la lucha contra la discriminación, a la violencia de género, a la
lucha contra la violencia de género, a los programas de empleo
específicamente dirigidos a mujeres, etcétera, están todos subsumidos
en otros programas.
Respecto a la descripción que hacen ustedes de las llamadas
actividades clasificadas en cuatro bloques, presentan características
muy llamativas. En el bloque
uno hablan ustedes de acciones positivas encaminadas a conocer y
mejorar la situación social de las mujeres. Esta actividad la definen
ustedes basándose en diecisiete indicadores, de los cuales yo le voy
a mencionar cuatro: Cursos de formación para mujeres, del año 2000 al
año 2002 se reduce en un 6 por ciento; las subvenciones a empresarias
en el mismo período de tiempo se reducen un 5 por ciento; las
subvenciones a proyectos de investigación relativos a las mujeres se
mantienen en las mismas cifras que en el año 2001 con lo cual no hace
falta decir que bajan; en el fomento empresarial de las mujeres
rurales -fíjese-, han pasado ustedes de 2.400 mujeres formadas en el
año 2000 a que sean mil las mujeres que van a ser formadas en el año
2002. En el capítulo 2 introducen el principio de igualdad de
oportunidades en la actividad de las instituciones públicas
y privadas. Esta actividad ustedes la fundamentan sobre cinco
indicadores, de los cuales queremos destacar sobre todo su similitud
numérica en cuanto a los años 2001 y 2002, salvo la excepción del
quinto indicador que pasa de 100 cursos de formación dirigidos a
profesores, personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad en el
año 2001 a 68 en el año 2002, es decir, disminuimos notablemente los
cursos que están siendo reivindicados permanentemente por el
asociacionismo de mujeres. Además, de 3.070 alumnas pasamos a 2.000
previstas, es decir que vamos como el cangrejo, para atrás.
En el capítulo 3, en lo que es participación en los foros
internacionales, señora Dancausa, no entiendo muy bien cómo es
posible que se mantengan esas partidas insignificantes con valores
prácticamente iguales todos los años, es decir. No sé si es que el
Partido Popular está muy entretenido en aprender feminismo de la
izquierda de este país, pero se olvida que tiene que aprender
feminismo de Europa y de otros foros internacionales y que las
mujeres que estamos aquí representando la voluntad ciudadana tenemos
ese mismo derecho. Desde luego estas partidas revelan que ustedes
están enrocados en lo concreto y en lo cercano, pero que no están
siendo muy conscientes de que estamos en un proceso de globalización
en el que no sólo lo que prima es la globalización de la economía,
sino que las mujeres saludamos el proceso de globalización siempre
y cuando sirva para corregir los déficit democráticos y las grandes
discriminaciones que sufren los amplios colectivos sociales de
mujeres que hoy pueblan la Tierra.
En el capítulo 4, impulso de los servicios sociales y de información
a las mujeres, en esta cuarta acción que parece la más social, los
seis primeros indicadores son básicamente informativos y, el resto,
permanecen con valores similares en los tres años reseñados
anteriormente: 2000, 2001 y 2002. Las becas de formación, por poner
algún ejemplo concreto, pasan de 29 en el año 2000 a 28 en el año
2001 y acaban ustedes haciendo ahí una especie de malabarismo para
pasar a tener 28
en el año 2002. Es sorprendente, francamente. La subvención
a programas de apoyo al Movimiento Asociativo de Mujeres pasa de
subvencionar 55 programas en el año 2000 a 43 en el año 2001, para
volver a quedarnos como estábamos, en 50 programas en el año 2002.
Evidentemente, estos no son datos alentadores para las mujeres y
sinceramente, yo la he hecho comparecer a usted porque me gustaría
saber, además, de estos capítulos específicos, el del Instituto de la
Mujer y el de promoción de la mujer, qué otras cantidades se destinan
en los presupuestos de este año en las diversas áreas y ministerios a
políticas específicas de igualdad sin conducirnos a la ya clásica
conducta errática de confundir las políticas sociales, de las que
debemos ser beneficiarios y sujetos de derecho todos los colectivos
sociales independientemente el género, con las políticas de igualdad
que tienen poco que ver con las políticas sociales.
Francamente, le confieso con toda sinceridad que no he podido hacer
una comparación sobre la base de lo gastado realmente en años
anteriores, me ha resultado prácticamente imposible por dos razones
fundamentales. La primera, porque en los presupuestos únicamente
aparecen las cantidades presupuestadas pero no las ejecutadas, con lo
cual entre que se nos han pasado los presupuestos en euros, entre que
una es de letras y entre que realmente no ha habido ninguna buena
voluntad política por parte del Partido Popular en facilitarnos el
trabajo, resulta complicado. Después, el cambio de pesetas a euros,
como los presupuestos sólo aparecen en euros, entorpece cálculos de
diferencias porcentuales, lo que me complica aún más la vida.
Estos presupuestos, señora Dancausa, y no voy a entrar en más
considerandos porque quiero ser respetuosa con los tiempos, no dan
respuesta a las principales expectativas y prioridades que el
colectivo de las mujeres tiene en este país, no van a reducir la
distancia entre las mujeres españolas y las europeas en tasas de
actividad, no van a corregir la precariedad ni la temporalidad del
empleo femenino, no van a servir tampoco para conformar un mayor
estado de bienestar social del que el colectivo de las mujeres somos
principales beneficiarias y, sinceramente, tampoco responden a una de
las expectativas más reclamadas desde el movimiento feminista y desde
el conjunto de la sociedad, que es la potenciación de las
organizaciones de mujeres y la necesaria permisividad para que la
participación pueda ser elemento clave y real en las políticas de
igualdad de este Gobierno o de cualquier otro. En esa medida, así lo
entendemos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
así lo entiende también esta diputada portavoz de los temas de mujer,
insisto en que son unos presupuestos en los que las mujeres hemos
puesto poca mano y creo que poco interés. Son unos presupuestos
androcéntricos, es decir machistas para el que no sepa lo que quiere
decir androcéntrico, son unos presupuestos hechos por hombres y para
hombres, no
responden en absoluto a las expectativas de los amplios colectivos de
mujeres, ni de las organizadas ni de las no organizadas, ni en cuanto
a política social se refiere ni en cuanto a política de igualdad. La
única incógnita con la que no me quiero ir de esta Comisión es cuál
es el presupuesto real del Partido Popular de este año para políticas
de igualdad dirigidas a mujeres. Repito, que agradecería el esfuerzo
de no confundir políticas sociales con políticas de igualdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer la presencia de la
Secretaria General de Asuntos Sociales y, obviamente, mostrar el
apoyo del Grupo Popular al presupuesto que plantea que, en
definitiva, tiene un incremento del 5,8 por ciento en relación al del
año precedente, lo que significa un incremento que excede el del IPC
previsto para el año 2002, y el del PIB, uno es el 2 por ciento y
otro es el 2,9 por ciento, y por tanto también de crecimiento nominal
de nuestra economía. Todos somos muy conscientes, y la primera la
secretaria general de Asuntos Sociales, de que en esta materia todo
es insuficiente y siempre hace falta más. Todas las demandas que se
pueden y se deben plantear, todos los requerimientos sociales, las
diversas acciones y programas en una cuestión de tanta importancia y
sensibilidad social nunca son satisfactorias y sería preocupante si
en algún momento alguien se diera por plenamente satisfecho. Por lo
tanto, nosotros damos nuestro pleno apoyo desde esta perspectiva que
sin duda comparte nuestra secretaria general.
No voy a hacer, no porque la presidenta, iocandi causa, me quiera
negar lo que el reloj me debe sino porque habitualmente procuro ser
breve, máxime a estas horas y cuando quedan dos comparecientes más,
a las cuatro y media algunos tenemos que participar en la Comisión de
Presupuestos para debatir con el Secretario de Estado y Seguridad
Social, y, en todo caso, porque creo que hay que ir al núcleo de las
cuestiones y, porque, en definitiva, hay debates repetitivos. Cuando
estaba releyendo el acta del año pasado, que se celebró el 11 de
octubre, vi cómo mi compañero interviniente en aquel entonces, a
respuesta de algunas imputaciones formuladas desde el Grupo
Socialista, hacía un recordatorio un tanto in extenso, simplemente
leo el principio. Recordaba que en los presupuestos de 1996, los
últimos que realizó el Gobierno del Partido Socialista, en asuntos
sociales se disminuyó un 5,9 por ciento, aunque el entonces
subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales lo calificó de
pequeña rebaja. Lo digo por ubicar las cosas y porque, en definitiva,
por encima de proclamas, al final, la política tiene como sustento el
presupuesto que es la política hecha números y hecha cantidades.
Pese a que el trámite sea una comisión informativa y de carácter más
bien inquisitorial que propiamente debate, no me puedo sustraer por
alusiones a algún comentario. Antes he hecho una referencia a la
cuestión de la dependencia en la que ratifico. La dependencia no es
considerada por la mayoría de la gente que actúa en la materia como
un fenómeno de hace mucho tiempo; de una forma individualizada se ha
venido prestando atención fundamentalmente desde los últimos años de
la década de los noventa y se sigue prestando atención hoy en día.
Los países de nuestro entorno tienen leyes con una antigüedad de no
más que cuatro años. Luxemburgo tiene planes desde hace tres años y
ahora está haciendo la revisión que la propia normativa de Luxemburgo
en la materia preveía y que se basa fundamentalmente en lo que es la
incentivación de la asistencia domiciliaria por horas según sea la
gravedad de las personas, el grado de discapacitación de la
dependencia. Le puedo decir, porque además, este viernes he tenido la
oportunidad, invitado por Europa Médica, de debatir estos temas en
Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, que había una coincidencia
generalizada de la enorme importancia incipiente, es decir, todavía
no estamos en un grado, por mucho que haya ya un grado de
importancia. Su compañero antes hablaba de 900.000 personas con
dependencia mayores de 65 años, las cifras son muy discutibles. El
primer problema es la sistematización de lo que es la dependencia, yo
le puedo decir que cifras más fiables hablan en España de 550.000 y
la mitad en personas de inferior edad, pero asociado al
envejecimiento que no es sólo el tema de la dependencia asociado al
envejecimiento. Sin duda ninguna esto va a precisar de importantes
recursos que los Estados y las sociedades deben arbitrar con un
debate que debemos hacer todos, porque la cuestión no es de tamaño
menor, la cuestión es realmente importante con las expectativas que
están existiendo de prolongación de la vida y, dicho sea entre
paréntesis, según Eurostat nuestro país da el índice más alto de vida
de las mujeres. Por lo tanto, y con las tendencias que se prevén de
que esto siga creciendo, lógicamente, va a haber más fenómenos de
dependencia y más requerimientos económicos y sociales para
paliarlos.
Yo me he referido al acuerdo de 1 de abril porque, por fin, en un
documento en el cual el Gobierno estampa su firma, hay un compromiso
por el que para finales de julio del año 2002 debe existir un
documento previo estudio y análisis de la situación y se debe hacer
un desarrollo normativo. ¿Que lo hubiéramos debido tener hace diez
años? ¡Ojalá!, pero era difícil de prever porque habitualmente el
derecho y la política transcurren por detrás de lo que es la realidad
social. Es importante que afrontemos con calma, imparcialidad e
interés un debate que a todos afecta y que nos va a afectar a muchos
probablemente a lo largo de la vida, no a todos. Esto es una
incertidumbre pero una posibilidad, y desde luego imputar las
afirmaciones que se han hecho
en relación a este tema me parecen desmesuradas, dicho con todo
aprecio a la señora Cortajarena, y fuera de lugar. Hay un enorme
camino que trabajar, hay unas enormes preocupaciones desde el mundo
médico, también se van a prolongar las dependencias en el tiempo por
las terapias que ahora se van a habilitar pero van a surgir porque la
vida se va a prolongar y, desde luego, va a haber un debate social y,
probablemente, un debate en términos de empleo de gente que se va a
poder dedicar a estas materias.
En la cuestión de las adopciones diré que comparto, cómo no, la
preocupación pero me permitirá -seguro que no lo ha dicho con esta
intención, pero literalmente ha afirmado que se puede comprar para
algo magnífico. Creo que comprar es malo en sí mismo y nunca, por
magnífico que sea el fin, la familia, nunca se puede comprar a
ninguna persona y menos a un niño. Por lo tanto, compartimos la
preocupación y la sensibilidad por los problemas que en la provincia
de Vizcaya se están planteando, pero no podemos olvidar que, desde la
demanda razonable que hacemos para que la Secretaría General de
Asuntos Sociales lidere en lo posible y persiga en lo posible -y yo
le animo expresa y contundentemente a que así se haga-, tenemos un
sistema jurídico y político en el cual hay competencias compartidas,
hay competencias descentralizadas y en este caso la Diputación Foral
de Vizcaya tiene bastante que decir como garante que es de la
fiscalización, de la evolución de los niños adoptados, de la
expedición de certificados de idoneidad, de la autorización de las
entidades colaboradoras de adopción internacional para que puedan
adoptar en el extranjero. Por lo tanto, comparto totalmente,
y también solicito, aunque no sea un tema estrictamente económico el
que planteamos, que desde el ministerio se haga todo lo posible y lo
imposible, pero tengamos presente que debemos también contar con las
autoridades directamente concernidas como es en este caso la
Diputación Foral de Vizcaya.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora
Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Voy a tratar de contestar a la mayoría de las preguntas que se me han
formulado.
En primer lugar, se achaca a estos presupuestos falta de
originalidad. Pues mire usted, es que no pretendemos ser originales,
lo que pretendemos es dar respuesta a las necesidades que, por
cierto, tampoco son originales, que se presentan. Le quiero recordar
que en la anterior legislatura, dentro de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, se crearon en cuatro años seis programas nuevos, es
decir, que ya se inició el camino de respuesta a muchas de las
demandas planteadas. En estos presupuestos lo que pretendemos es
consolidar e incrementar el camino que ya iniciamos en la anterior
legislatura con la creación de los seis nuevos programas y la
continuación de los que se venían realizando desde el anterior
Ministerio de Asuntos Sociales. También le tengo que decir que, a
pesar de que considere ridículo, pequeño, el incremento en su
conjunto, no cabe duda de que dentro de lo que es el marco
presupuestario de este año, de los objetivos que ya ha señalado el
señor Azpiroz, no cabe duda de que todos los programas tienen un
incremento, algunos más, otros menos, según las prioridades, la
relevancia y las necesidades que van teniendo los colectivos a los
que van dirigidos. En todo caso, lo que sí puedo decir es que los
presupuestos de la secretaría general han aumentado, desde 1996 aquí,
un 73,7 por ciento, lo cual es bastante más de lo que se
incrementaron los presupuestos en los doce años que gobernó el
Partido Socialista.
En cuanto al tema de emigraciones, señalaré que no son unos
presupuestos opacos. Evidentemente, yo no me he leído todos los
volúmenes que se establecen por los presupuestos y que se han
distribuido a SS.SS., pero los presupuestos destinados a la atención
de emigrantes y refugiados por parte del Imserso crecen este año un
37,29 por ciento, lo cual está muy por encima de todos los
presupuestos. Esto significa que se aumentan todas las partidas
destinadas a lo que es la integración social de los emigrantes, no
puedo hablar de lo que se está haciendo dentro de otros ministerios
porque no lo conozco, conozco lo que afecta a los presupuestos de mi
ministerio. Por tanto, le diré que entiendo que es un incremento
suficientemente relevante y que el plan GRECO, que no hay que olvidar
que es un plan para varios años y que, además, también tengo que
decir que es un plan que tiene un presupuesto, tendrá que verse
anualmente en el seguimiento que se haga del resultado del
presupuesto y de cómo se van cumpliendo las medidas, porque
lamentablemente la técnica presupuestaria no coincide en muchos casos
con lo que debe ser la evaluación de un plan y sería imposible o
ilegible casar las dos cuestiones. Como yo no quiero que le quede
ninguna duda de cuál es el dinero que destinamos en total, le tengo
que decir que este año ese 37,29 por ciento significa 46.014 miles de
euros cuando el año pasado había 33.515 miles de euros.
En el capítulo 1 el aumento es consecuencia del incremento de las
plantillas de los centros de acogida a refugiados y de los centros de
estancias temporal de emigrantes, los que ya se conocen como CETI. El
capítulo 2 se incrementa también en total un 34 por ciento; dentro de
este capítulo tengo que decir que las acciones más relevantes van
destinadas, en primer lugar, al programa que ha presentado el
Imserso, dentro de la iniciativa comunitaria, Programa ECUAL; a los
trabajos que se hacen dentro de los CAR, destinados fundamentalmente
a la integración de los refugiados y a la formación, que se efectúan
en colaboración con el Fondo Social Europeo, a los convenios con
emigrantes y refugiados y a los gastos de los propios centros.
El capítulo 4 de este presupuesto, destinado a emigrantes, crece un
26,4 por ciento. Aquí se concentran todas las subvenciones a las
entidades Cruz Roja, CEAR y Comisión Católica, que de 1.818 miles de
euros sube a 13.179 miles de euros; a los convenios de acogida básica
que se hacen con comunidades autónomas y corporaciones locales, a las
subvenciones de régimen general y a los programas cofinanciados,
también dentro del Fondo Social Europeo, para formación de
emigrantes. Por tanto, repito, este capítulo 4 también sube un 26,34
por ciento, Dentro del capítulo 6, que es donde se produce el aumento
más relevante, se incrementa un 202 por ciento el presupuesto
destinado a la construcción o puesta en marcha de los tres nuevos
CETI que están previstos en Andalucía, Canarias y Madrid.
Me preguntaba usted por el centro de Algeciras. Pues le tengo que
decir que no es un problema de este ministerio, es un problema
fundamentalmente del Ayuntamiento de Algeciras (que, por cierto, no
está gobernado por el Partido Popular), porque ha construido un
centro del cual nos vamos a hacer cargo y nos van a destinar la
gestión y resulta que no tiene los permisos necesarios para su puesta
en marcha. Desgraciadamente, nosotros no tenemos ni un problema de
dinero ni de aceptar o poder gestionar ese centro; el problema lo
tiene el propio ayuntamiento que construyó este centro sin nosotros
saberlo y que ahora quiere que nosotros lo gestionemos. Por lo tanto,
puesto que ya hay un centro construido, hemos decidido hacernos cargo
del mismo pero siempre y cuando todos los permisos tanto del
ayuntamiento como de la comunidad autónoma estén en regla, cosa que
desgraciadamente no ocurre.
Por otra parte, el centro de La Laguna, en Tenerife, ya está en
marcha, ya lo han visitado los técnicos y se prevé que a finales de
2002 esté en funcionamiento. Lo mismo sucede con el CETI de Madrid.
Lo importante es que estos presupuestos contemplen ya esos nuevos
CETI y lo hacen con el aumento del 202 por ciento de ese capítulo.
Por lo tanto, no puedo compartir con usted el que no se presta
atención a los emigrantes. Si esto lo unimos a que el plan Greco es
un plan a tres años y, por tanto, tendrá que verse dentro de la
memoria de seguimiento, pues, desgraciadamente, no hemos terminado el
año ni hemos terminado de ejecutar todas las acciones.
Señalaba usted también, por lo que respecta a los emigrantes
españoles en el extranjero, que tampoco les dedicamos una atención
muy especial. Tengo que recordarle, en primer lugar, que el plan de
atención sanitaria lo puso en marcha el Gobierno del Partido Popular,
no es un plan que nos hayamos encontrado, y que se han firmado, en
los pocos años que lleva en marcha, convenios con todos los países
donde hay emigrantes españoles que necesitan de una asistencia
sanitaria puesto que no la tienen allí. Es verdad que hay algunas
regiones excluidas dentro de los propios países; por ejemplo, dentro
de Brasil no están contempladas
las personas de Bahía, pero ni siquiera es un problema de dinero, es
un problema de que no encontramos la entidad sanitaria allí que pueda
o quiera hacerse cargo de la atención de estos emigrantes. Le puedo
asegurar que estamos trabajando en ello y estoy segura de que
encontraremos esas entidades colaboradoras con las cuales necesitamos
contar, puesto que son las que tienen que prestar esa atención
sanitaria. Termino señalándole el esfuerzo que se ha hecho para la
puesta en práctica de este plan que, como digo, está ya presente en
todos los países del área iberoamericana, aunque no en todas las
zonas dentro del país.
Por otra parte, el presupuesto que se destina a las pensiones
asistenciales de los emigrantes suben más de un 10 por ciento,
presupuesto que no ha dejado de crecer durante todos los años de
gobierno del Partido Popular. Incluso en este momento está a punto de
publicarse un decreto por el cual vamos a intentar compensar los
problemas que tenemos desde el punto de vista del pago de la moneda
(como usted sabe, el euro estos años ha estado muy caro) a través de
una paga única para estas pensiones asistenciales. Le tengo que decir
que España es el único país que exporta pensiones a los emigrantes y
debemos sentirnos orgullosos de ello. Creo que es relevante el
esfuerzo que se está haciendo respecto a los emigrantes. En esta
cuestión, puesto que la emigración está cambiando, hemos hecho un
esfuerzo también muy relevante en la construcción de centros de día y
de residencias en estos países, hemos prácticamente cuadruplicado el
presupuesto para este año y mucho más para el año que viene, porque
entendemos que la principal necesidad que tienen nuestros emigrantes
en el exterior es la que deriva de ser mayores y carecer de atención
sanitaria o de atención de acogida ya que no pueden valerse por sí
mismos y son personas dependientes.
En lo que se refiere a mujer, planteamos las mismas acciones. Como
sabe muy bien, el Tercer Plan de Acción de Igualdad concluyó a
finales del año 2000, a finales de este mes vamos a tener las tres
evaluaciones, está hecha la evaluación de implementación pero para
conocer mejor cuál es el resultado de las acciones que se han puesto
en marcha estamos haciendo una evaluación cuantitativa y, lo más
importante, cualitativa; es decir, si esas medidas que se han puesto
en marcha durante los tres años de vigencia del plan realmente han
cambiado la situación de las mujeres. Una vez que tengamos la
evaluación empezaremos a trabajar en lo que sería el cuarto plan de
igualdad, para el que, por cierto, ya tenemos un marco que no
solamente es la revisión de la plataforma de acción de Pekín que se
reunió en Nueva York el año pasado, sino también el quinto programa
comunitario de la Unión Europea, porque como ciudadanas europeas
tenemos los mismos problemas o parecidos en muchos países de la Unión
Europea. Por lo tanto, en este momento, las acciones que se dirigen
en el Instituto de la Mujer están dentro de esos marcos
y no cambiarán hasta que no tengamos aprobado el cuarto plan de
acción.
No puedo compartir las afirmaciones que se hacen de que vendemos
planes y no ponemos dinero. Creo que en esto hemos sido absolutamente
rigurosos, no hemos aprobado ni un solo plan que no tenga memoria
económica y que no tenga memoria de evaluación y seguimiento anual y
financiero de los últimos años. Si quieren conocer exactamente con
qué se ha hecho, tenemos hasta los usuarios, las localidades, con
quién hemos convenido, qué número de profesionales hemos formado;
está todo en las memorias de evaluación. Por tanto, hágame el favor
de leer esas memorias de seguimiento de cada plan y podrá saber de
dónde han salido los fondos, porque le puedo señalar que sin dinero
no se hacen las acciones. Sin embargo, hay un problema de técnica
presupuestaria porque no se puede ir reflejando en el presupuesto
cada una de las acciones que se llevan a cabo puesto que tienen su
propia organización de acuerdo con la Ley General Presupuestaria.
Por otra parte, y precisamente porque nos consideramos ciudadanos
europeos, en el Instituto de la Mujer hemos estado pulsando desde
hace ya dos años la integración de las políticas de mujer en otras
políticas, que es precisamente lo que se está haciendo en la Unión
Europea. Creemos que una de las principales funciones del instituto
no es que ponga en marcha programas de empleo, lo que tiene que hacer
el instituto son programas experimentales diferentes de los que está
poniendo en marcha el INEM, para ver si después el INEM los puede
asumir. Por eso nuestros programas tienen siempre carácter
experimental, son innovadores, distintos a los que se han venido
haciendo, pero lo más importante desde el año 1998 es tratar que
desde otros ministerios se hagan políticas de mujer con cargo a sus
propios presupuestos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros políticas de
empleo que tiene que hacer el INEM? Lo que tiene que hacer el INEM,
como ya está haciendo, es priorizar la formación en las políticas de
mujeres y contemplar las circunstancias que tienen las mujeres, que a
veces son diferentes de las de los hombres, para que esas políticas
de formación y empleabilidad den resultado. Por lo tanto, la
capacidad de crecimiento del Instituto de la Mujer en los
presupuestos no es lo más relevante, lo más relevante es si se está
realmente impulsando la integración de políticas horizontales en
otros ministerios.
Le tengo que decir que, durante todos estos años, hemos incrementado
la firma de convenios con otras instituciones. En estos días, por
poner un ejemplo, se ha firmado un convenio con TVE; es la primera
vez que se hace un convenio con TVE por parte del Instituto de la
Mujer desde que se creó. Se acaba de firmar otro convenio, o se va a
firmar en unos días, con el Ministerio de Defensa. Nunca se había
firmado un convenio con el Ministerio de Defensa, y puedo hacerles
partícipes -y les remitiré los dastos puesto que no los tengo aquí-
de que se han firmado convenios con instituciones
con las que jamás se habían firmado, lo cual significa no que
nosotros pongamos todo el dinero sino que lo ponen ambas, es decir,
firmamos pero ambas colaboramos.
Señalaban también el tema de las empresas de mujeres. Pues bien,
acabamos de firmar -y ya se ha hecho otros años- un convenio no
solamente con La Caixa y con el Banco Central Hispano para que pongan
dinero para financiar las empresas de mujeres, sino que por primera
vez el año pasado se firmó un convenio con la Dirección General de
pymes. Tengo que señalar que era la primera vez que la Dirección
General de pymes hacía acciones específicas para las mujeres
empresarias, cosa que hasta entonces no había hecho.
Por lo tanto, nuestra prioridad es seguir haciendo lo que hacemos
desde el punto de vista del conocimiento de la situación de la mujer,
de los estudios, de la investigación, de la información y el
asesoramiento a las mujeres; en segundo lugar, desde el punto de
vista de acciones innovadoras que podamos exportar a otros
ministerios y, en tercer lugar, la más importante, la que
probablemente dé mayores resultados, la más difícil, que la
transversalidad sea contemplada por otros ministerios y que desde
ellos se asuma que las mujeres tienen distintos problemas y por tanto
hay que hacer políticas de acciones positivas.
Se referían al tema de juventud. Lamento que les hayamos tenido que
dar el presupuesto real, tengo que decirles que no es un descuido,
por lo menos no por parte del Ministerio de Asuntos Sociales. He
traído incluso el disquete, que está a disposición de todos ustedes,
en el cual aparecía el presupuesto real de este año. Desconozco las
razones de por qué al pasarlo a imprenta (no es una competencia de
este ministerio, es del Ministerio de Hacienda) no han reflejado lo
que nosotros habíamos remitido, tal como consta en el disquete. En
cualquier caso se lo hemos comunicado cuando nos hemos dado cuenta,
que no ha sido hasta ahora ya que manejamos la cuestión informática.
Les pido disculpas y, en cualquier caso, creo que la intención al
darles el documento no era ocultar ningún tipo de información sino,
simplemente, reflejar algo que no es de nuestra incumbencia en el
sentido de que nosotros no somos los culpables. Cuando lo hemos
conocido, hemos querido dárselo de forma inmediata. Tengo que decir
que es precisamente el presupuesto del Instituto de la Juventud uno
de los que más crecen, pues el presupuesto de juventud aumenta para
el año 2002 un 21,3 por ciento, que es doble de lo que creció en el
año 2000, por ejemplo, que lo hizo casi el doble, un 13 por ciento,
que fue el año que más ha crecido desde que el Partido Popular
gobierna. Este presupuesto (que, como digo, va a ser de 27.636 miles
de euros) donde más se incrementa es en el capítulo 4, de
transferencias corrientes, que pasa a 9.048,240 euros; es decir, que
el capítulo 4 se incrementa en un 79,3 por ciento con respecto al año
anterior. Esto significa una apuesta importante
por las acciones que se hacen desde el propio Instituto de la
Juventud en colaboración con las comunidades autónomas, con las
corporaciones locales y las organizaciones no gubernamentales.
Hay una cuestión que me resulta en estas comparecencias un poco
curiosa. A veces SS.SS. se olvidan de que la competencia exclusiva de
las políticas sociales en esta área las tienen las comunidades
autónomas, que además tienen su propio presupuesto y sus propios
órganos. Nosotros tenemos que colaborar con ellos y la colaboración
se hace a través de esos convenios y de sumar, nunca de dividir;
nosotros no vamos a desempeñar el papel que tienen que ocupar las
comunidades autónomas, somos absolutamente respetuosos con esas
competencias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es colaborar,
luego no puedo tampoco compartir esa afirmación de que hacemos un
plan de juventud y no le dotamos de dinero, teniendo en cuenta que el
plan de juventud -y lo pone en su exposición de motivos- es un plan
también transversal; es que no vamos a asumir las políticas de
juventud ni siquiera del INEM, ni de sanidad y vivienda, pero sí el
impulso y los programas que también actúan de forma muy parecida a
como lo hacen los del Instituto de la Mujer, que se reflejan en este
presupuesto con un incremento del 21,3 por ciento. Cuando se vaya
ejecutando el plan de juventud, puesto que está previsto que se haga
un seguimiento y una valoración tanto del presupuesto como de las
acciones que en él se han puesto en marcha, les haremos llegar la
documentación pertinente.
No conozco el presupuesto de vivienda, lo que sí puedo decir es que
en el área de vivienda el Instituto de la Juventud ha incrementado el
número de convenios que se están haciendo con las comunidades
autónomas, fundamentalmente para la vivienda en alquiler, porque
creemos que es una de las carencias que existen en el sector de la
vivienda en España y porque es probablemente la que dé mayor
respuesta a las necesidades de los jóvenes.
Me preguntaba usted también por el Consejo de la Juventud. Pues el
Consejo de la Juventud incrementa un 30,3 por ciento, que es bastante
más de lo que se incrementan los presupuestos de la Secretaría
General, luego entiendo que el Consejo de la Juventud, que dispone
además desde el año pasado de un presupuesto propio, puede poner en
marcha las acciones que ellos entiendan como prioritarias porque para
eso son autónomos. Que estén en los presupuestos no significa que
tengan una menor autonomía. En este sentido se les incrementa un 30
por ciento. Pero es que además tienen suscrito un convenio para este
año con el Instituto de la Juventud en el cual se les concede 80
millones de pesetas, de los cuales 50 millones de pesetas son para la
campaña que acaban de poner en marcha, en la cual el Instituto de la
Juventud no solamente participa sino que la directora general del
Instituto de la Juventud haestado en la presentación. Lo digo por la
confusión que
existe en torno a esta campaña, porque se ha difundido una
información de que nosotros hemos vetado esa campaña.
Afortunadamente, nosotros no podemos vetar nada, no lo podemos hacer
porque, primero, no existe censura en este país; segundo, las propias
organizaciones y el Consejo de la Juventud tienen un presupuesto
propio y pueden hacer las acciones y la campaña que ellos quieran y,
como le digo, hemos colaborado con 50 millones y hemos estado
presentes en la presentación a las propias organizaciones y a los
medios de esta campaña.
Me decía doña Elvira Cortajarena que en España hay un 18 por ciento
de pobres. Creo que no son pobres, son excluidos sociales, lo cual es
un concepto bastante distinto, aceptado a nivel de la Unión Europea.
Tengo que reconocer que, efectivamente, ese dato es cierto, un 1 por
ciento más que tiene la Unión Europea. Precisamente por esta cuestión
es por lo que acabamos de aprobar en el mes de junio el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social, en el cual han colaborado todas
las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales.
Creemos que es un impulso muy importante para luchar contra la
exclusión, que tiene un aspecto muy difícil, porque es
multidimensional. No se trata ni de un problema de rentas ni es un
problema debido a una sola razón, sino que muchas veces las personas
excluidas o en situación de exclusión tienen distintas carencias que
tienen que ser abordadas desde una visión más integral. Por lo tanto,
espero que con la puesta en marcha del Plan de inclusión social y las
medidas que en él se contemplan podamos reducir las cifras de
personas que están en situación de exclusión social, de la misma
manera que la Unión Europea ha presentado ya sus propios planes de
acción.
Nuevas tecnologías e INFO XXI. Tengo que decir que el ministerio
participa en INFO XXI con acciones fundamentalmente destinadas a las
personas con discapacidad, con acciones desde el Instituto de la
Mujer y con acciones del propio CEAPAT. Pero he de decirle que este
es un plan nuevo, y es que cuando se pone en marcha un plan, a los
tres meses ya quieren ustedes resultados. Pues hay que trabajar en
los planes, y los planes los hemos hecho con un periodo de ejecución
que normalmente va de tres a cuatro años. Ya nos gustaría a nosotros
que en tres meses tuviéramos resultados, pero desgraciadamente no lo
podemos hacer así. Lo que sí le digo es que para este plan y desde el
propio Imserso se han presupuestado cuatrocientos y pico millones de
pesetas por primera vez y que también el Imserso, por primera vez, ha
entrado en el Plan I + D de Ciencia y Tecnología, lo cual considero
importante porque me parece que estos sectores no tienen que estar
excluidos de la investigación. La investigación que se refiere a los
discapacitados es tan relevante como el resto de la investigación que
se hace en nuestro país y, por tanto, nos parece que es notorio y
fundamental que
estén incluidos dentro del Plan de Investigación y Desarrollo.
Señalaba también que el área de inversiones decrece entre el 5 por
ciento que tenían en el periodo del Partido Socialista al 3 por
ciento actual. Este dato no creo que sea real, yo no he hecho la
comparación con los datos de cuando gobernaban ustedes porque no he
tenido esa picardía, lo que he hecho es decir las inversiones que
vamos a hacer. Hay dos tipos de inversiones, las inversiones que se
refieren a la mejora de los centros del propio Imserso y a la puesta
en marcha o finalización de centros que ya estaban en construcción y
que venían derivados de los compromisos de las propias transferencias
que quedaban pendientes. Para el año 2002 está previsto: 902 miles de
euros para la terminación del CEADAC, es un centro destinado a
paralíticos cerebrales que ya está terminado pero en el que se tienen
que hacer unas obras de adaptación; 3.606 miles de euros para el CRMF
de Bergondo, que es una construcción nueva; 1.202 miles de euros para
el CAMF de Alcuescar, que es una obra de reforma; 769 miles de euros
para el CAMF de Ferrol, que también es una reforma; 301 miles de
euros para el CAMF de Albacete, de reforma también, centros del
propio Imserso. Y que para construcción nueva están previstos: 1.689
miles de euros en Peñuelas, Madrid, que es una construcción nueva;
871 miles de euros para un hogar en Melilla; 871 en el Hogar Madrid
de Villaverde; 301 para una residencia en Melilla; 301 para un hogar
en Ceuta; 601 para ampliación de Ceuta; 951 miles de euros para el
CETI de Madrid; 951 para el CETI de Canarias; 953 para adaptación del
CETI de Andalucía; 150 para una construcción en Andalucía; 150 para
Madrid, de construcción nueva, y 1.442 para la ampliación del CEAPAC.
Estas cifras son en miles de euros. Esto, en total, supone 22.074
miles de euros en el capítulo 6 y 22.861 en el capítulo 7, lo cual
significa que no hay el descenso que usted dice. Yo no he hecho la
comparación con años anteriores, lo que le puedo decir es que el
Imserso está terminando todas las construcciones que se habían
iniciado y que hay centros nuevos que se refieren a otras cuestiones.
Además, habría que añadir lo que también en inversiones va para el
plan gereontológico, que, si bien está en el presupuesto de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, es gestionado por el Imserso.
Concretamente, este plan gereontológico sube un 6,8 por ciento con
respecto al año anterior. Por lo tanto, tengo que decir que ese
descenso que usted señala yo, sinceramente, no lo puedo deducir de
ninguna de mis cifras.
En segundo lugar, hacía usted referencia al CES. Sinceramente, el CES
no corresponde a esta secretaría general y por lo tanto, yo no le
puedo dar explicaciones sobre el Consejo Económico y Social, quizás,
se lo debían haber preguntado al propio subsecretario o al secretario
general de Empleo porque no tiene relación
con mi área y no conozco ni el presupuesto que tiene, si es escaso,
si ha aumentado o no ha aumentado.
En cuanto a la pregunta respecto al FNAS y a las pensiones de la
Lismi, tengo que decir que, como usted conoce muy bien, el FNAS y las
pensiones Lismi se congelaron en el año 1991, en el cual no gobernaba
el Partido Popular; sabe usted también que son pensiones que están en
extinción porque no se conceden nuevas pensiones sino que estas
personas pueden pasar a las pensiones no contributivas que en el año
siguiente también se pusieron en marcha gobernando el Partido
Socialista y que se han ido incrementando durante todos estos años.
La paga se hace por diferencias y se va actualizando al igual que se
hace con las pensiones contributivas. Usted me puede decir: «Pues son
pensiones bajas.» Efectivamente, y es por eso por lo que en el Pacto
de Toledo, donde se han asumido acuerdos entre las distintas fuerzas
políticas y los agentes sociales, hay la previsión de una serie de
mejoras que han entendido como prioritarias. Yo no le voy a dar
explicaciones de lo que ya se ha acordado porque lo conoce
suficientemente bien, todo el tema de las pensiones debe
desarrollarse en ese acuerdo social, es un valor importante de
consenso y hay que mantenerlo.
En lo que se refiere a otros servicios del Estado, ya le he dado los
datos: el plan gereontológico se ha incrementado y el plan de
Alzheimer también, luego tampoco sé de dónde ha sacado el dato de que
hemos bajado. El plan de Alzheimer, por cierto, también se puso en
marcha por este Gobierno, y se ha incrementado desde que se puso en
marcha, tenía 350 millones y este año tiene alrededor de los 900
millones.
Se refería también al plan concertado y al compromiso de llegar a
cien millones de pesetas. Ese compromiso nunca se suscribió; el
compromiso que se suscribió en el plan concertado es que tenía que
ser una financiación a tres partes, entre comunidades autónomas,
ayuntamientos y corporaciones locales, y que la misma parte, como
mínimo, tenía que ser puesta por las comunidades autónomas y
ayuntamientos. Ese fue el compromiso y eso es lo que se está
realizando. Es que aquí hay que compartir las responsabilidades, y
compartir las responsabilidades significa también que las
competencias exclusivas las tiene quien las tiene. Por tanto, el
esfuerzo también lo deben hacer ellos. Lo que sí le puedo señalar es
que el plan concertado, desde que gobierna este partido, se ha ido
incrementado durante todos los años, pero el compromiso de cien mil
millones, que yo sepa, mi información es que jamás se suscribió.
Señala usted el tema de las adopciones internacionales y lo que me ha
sorprendido muchísimo es que diga usted que pongamos una persona del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la comunidad autónoma.
Sinceramente, tengo tanto respeto a las autonomías que creo que las
propias autonomías tienen que ser conscientes de que cuando asumen
una competencia como
la adopción tienen que tener mecanismos de control que, por cierto,
ya tienen. Lo que le puedo decir es que la colaboración en este tema
es absoluta con las comunidades autónomas, que dentro del
observatorio de la infancia se ha creado un grupo de trabajo en el
que han estado todas las comunidades autónomas -por cierto, ha sido
oponente la Dirección General de Andalucía- y que se ha avanzado en
muchas de las cuestiones relacionadas con la proposición no de ley
que se aprobó en el Parlamento con respecto a este tema. Nosotros
vamos a dar y estamos dando ya toda la colaboración en estos temas de
adopción nacionales o internacionales que nos preocupan muchísimo,
porque creemos que tenemos una gran obligación con los niños, que son
probablemente los más desprotegidos, pero no puedo decir que vamos a
poner una persona. Vamos a colaborar, lo estamos haciendo, estamos en
contacto con la Comunidad del País Vasco y, desde luego, les vamos a
reforzar en todo lo que podamos, pero, sinceramente, la propuesta de
poner una persona dentro de las comunidades autónomas me parece
inasumible e incluso ofensiva teniendo en cuenta las competencias que
tienen las comunidades autónomas.
Plan de inclusión social. Hablaba S.S. de las estadísticas y de las
encuestas de presupuestos familiares. Pues bien, una de las
cuestiones que hemos visto -no solamente España sino todos los países
de la Unión Europea- es que faltan estadísticas en temas sociales. En
la Unión Europea está funcionando un grupo de alto nivel y, a su vez,
un subgrupo que depende del comité de protección social, donde
también está representado el Gobierno español. Ese subgrupo, que se
llama de indicadores, está elaborando en este momento indicadores
para hacer el seguimiento de los planes. Van a ser indicadores
acordados todos los países de la Unión Europea. Creo que van a ser 17
ó 18 los indicadores que se van a proponer y van a ser aprobados por
el Consejo Europeo. España los va a tener igual que el resto de los
países. Va a ser una primera etapa porque vamos a seguir trabajando
en otros indicadores para el Plan de inclusión social, en áreas que
están menos desarrolladas y en las que es más difícil ponerse de
acuerdo como, por ejemplo, el tema de educación y la vivienda. Por
otra parte, hemos creado un grupo de trabajo con el Instituto
Nacional de Estadística para que puedan desarrollarse esos
indicadores, no solamente dentro del ministerio, que nos parece
relevante pero no sustancial, sino del INEM, que es quien tiene que
tener un mayor número de indicadores sociales. Puedo garantizarles
que los indicadores que se van a aprobar son los de la Unión Europea
para que luego cada país, con esos patrones europeos que se han
acordado, pueda medir los avances en materia de inclusión social.
Paso a contestar a las preguntas que había formulado la diputada
Marisa Castro. Tachaba de escasos los presupuestos del Instituto de
la Mujer. Probablemente le baste mi respuesta con las explicaciones
que he dado al
Partido Socialista sobre esta cuestión y lo que significa para
nosotros la aplicación de la integridad de las políticas de mujer en
otros ministerios. Les tachaba usted de androcéntricos en la letra;
no lo comparto. No he visto redacción alguna que me haga pensar que
son androcéntricos, sino todo lo contrario, creo que son unos
presupuestos adecuados para las necesidades de las mujeres. En cuanto
a que estén en el subprograma, no es lo relevante. El que estén en un
programa o subprograma, no sé si tiene algún significado porque no
soy una experta en presupuestos, pero le puedo decir que no me parece
relevante; lo importante es que estén y tengan el dinero que tengan
que tener. Por tanto no comparto ese criterio.
Hacía usted referencia también a los indicadores. Quiero decirle lo
que a mí me sucede todos los años en este tema. Aparecen tres filas
de indicadores: lo realizado en el 2000, y lo presupuestado para 2001
y 2002. Los órganos directivos hacemos los presupuestos en el mes de
mayo, por lo tanto, no conocemos lo que se ha realizado en el año
anterior porque todavía no ha finalizado el año y tenemos que hacer
previsiones. El dato más válido, el que sí refleja lo que se ha
hecho, es el realizado, lo que figura en el 2000, porque los otros
son muchas veces previsiones. Tenga S.S. en cuenta que a veces es
difícil prever el número de usuarios que van a ir a los cursos de
formación. Puede que nosotros digamos que son cursos para 25
personas; pero a lo mejor se apuntan 20. Luego, ese número de
usuarios o de convenios son estimados, pero de lo que nos tenemos que
fiar es de lo que se ha ejecutado, de lo que tenemos la
certificación. Como digo, los datos previstos son estimaciones muchas
veces distintas. Si usted compara las previsiones y lo realizado con
los años anteriores verá que las acciones, usuarios y convenios han
ido creciendo, por una razón muy simple: porque el Instituto de la
Mujer ha aumentado su actividad, primero, porque ha tenido más
dinero; segundo, porque ha hecho muchos más programas, y tercero,
porque está haciendo que otros hagan. Si usted compara los datos con
otros años verá que no le va a resultar diferente y que va a haber un
crecimiento.
Habla S.S. de que no participamos en la Unión Europea, lo cual no es
cierto. Ese capítulo relativo a los foros internacionales se refiere
a los que organizamos desde el Instituto de la Mujer en España, pero
no a los que vamos. Como lógicamente son funcionarias, están cargados
en el capítulo 2, es decir, dietas y gastos de indemnización, que es
lo que cuesta desplazar a una funcionaria para que asista a esos
foros internacionales. No tengo inconveniente en enviarle una lista
de todos los actos internacionales donde están participando las
funcionarias, la directora o yo misma del Instituto de la Mujer, pero
le puedo garantizar que si participásemos más no podríamos hacer la
política del Instituto de la Mujer porque la Unión Europea está
cobrando una importancia de tal calibre que, sobre todo
las funcionarias, están haciendo un esfuerzo muy importante de
seguimiento y participación en los foros internacionales.
En lo que se refiere a las subvenciones de organizaciones no
gubernamentales, el número de programas no es significativo; lo
significativo es la cantidad que se destina. En todo caso, las
subvenciones, tanto del 0,5 como del IRPF en general, han crecido; no
el IRPF de este año en relación con el anterior. Sabe S.S. que había
un acuerdo con el Gobierno que contemplaba un techo de 19.000
millones y este año hemos tenido mil millones menos. Sin embargo,
hemos incrementado de una forma muy notable las subvenciones que,
dentro de los marcos comunitarios, se han dado por primera vez a
cinco organizaciones no gubernamentales para trabajar en los
colectivos de esta secretaría general, es decir, en jóvenes,
inmigrantes, voluntariado, gitanos y discapacitados. No solamente no
ha habido merma de las actividades, sino un incremento muy relevante
de los proyectos destinados a organizaciones no gubernamentales en
todos estos años.
Por último, dice S.S. que le gustaría conocer los presupuestos de
otros ministerios. Le puedo dar lo que convenimos y lo nuestro, pero
me siento incapacitada de ofrecerle esos datos porque tendría que
paralizar a todo el Instituto para que lo reflejaran. Lo importante
es que las acciones de integración están ya funcionando y que estamos
en el camino de que cada vez más las mujeres sean el objetivo de las
políticas de otros ministerios. Es el camino que tenemos que andar y
en el cual podremos conseguir avances y logros, como estamos
consiguiendo. Reconozco que todavía hay muchas cosas por hacer y en
ese sentido vamos a seguir trabajando.
Quiero darles las gracias por sus interpelaciones y creo haber dado
respuesta a todas sus inquietudes.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Quiero agradecer la amplia
exposición de la señora Dancausa.
Por un minuto, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Respecto al nuevo programa que se nos ha
enviado, me hago la misma reflexión que nos hemos hecho durante toda
la mañana: es el mismo programa que el del año pasado y si en algo se
diferencia es que ningún indicador del consejo de la juventud sube
sino que la mayoría baja. De esa subida de presupuestos del consejo
de la juventud, de los 81 millones, 78 millones son para personal,
para pagar la parte que el INEM pagaba antes a los trabajadores de
asociaciones juveniles y que, como ahora no los paga, se pagan a
través del consejo, con lo cual sólo restan 3 millones de subida del
presupuesto.
Con relación al vídeo de la campaña, no he sacado ese tema porque
considero que no es de presupuestos,
pero puesto que usted lo ha mencionado, quería decirle que censura ha
existido, sé que no lo he hecho, pero ese vídeo existe y que, si no
ha sido retransmitido, por algo será.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muchas gracias, señora
Dancausa por su amplia exposición. Sabe que siempre es bien recibida
en esta Comisión cuando viene a informarnos.
Suspendemos dos minutos la sesión.
- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INEM (CANO RATIA). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 212/00717)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Se reanuda la sesión.
Comparece, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Cano, directora general del INEM.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a
la Comisión a la directora general del INEM y agradecerle su
presencia. Voy a intentar ser lo breve que la hora requiere. Muchos
de los temas ya se han tocado en anteriores intervenciones
y preguntas, tanto de los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios como de las contestaciones del secretario general de
empleo, pero hay cuestiones que han quedado en el tintero y otras que
no se han planteado que corresponden más a esta dirección del INEM.
Me gustaría pedirle la previsión de liquidación del presupuesto del
año 2001 del INEM, así como a dónde irá destinado el superávit en el
año 2002 vemos en los últimos meses cómo hay un aumento del gasto del
desempleo. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la
presidencia.) El Gobierno lo ha anunciado, pero después parece que ha
paralizado la regulación de la limitación de las prestaciones de
desempleo, pero hemos visto como en la ley de acompañamiento se ponen
unos controles duros en esta materia. Si es así, nos gustaría que lo
comentara. No es que estemos en contra de esos controles pues los
vemos necesarios en algunas situaciones, pero los ciclos laboral y
económico están teniendo unas repercusiones un tanto diferentes de
las previstas, están cambiando, y no debemos mirar para otro lado
sino analizar bien esa situación y ver qué va a hacer el INEM ante
esa nueva situación. Me refiero a cómo está cambiando la pirámide de
edad en la población y cómo -por dar algún dato de la encuesta de
población activa- entre los mayores de 45 años el paro ha aumentado
unas 800.000 personas en los últimos años. Nos gustaría conocer su
posición sobre los indicadores en este cambio del ciclo. Reconocemos
que el paro juvenil se ha reducido en los últimos años, pero
también reconocemos que hay menos población activa juvenil que
durante los últimos años. Hay que unir a esos cambios la alta
temporalidad, como hemos analizado esta mañana, y una revisión -lo
hemos pedido, pero se nos ha dicho que es prematuro- de la reforma
laboral. Nos gustaría saber por dónde van a ir los cambios en estas
materias ante el nuevo ciclo laboral.
Había un superávit en las cotizaciones de la Seguridad Social, ya se
ha hablado anteriormente de a dónde va parte de ese superávit.
Estamos en contra, si bien el déficit cero era un objetivo compartido
por todo el mundo, estimamos que quizás estemos parcheando la
realidad. El Gobierno apunta cómo vamos a atajar el problema del
déficit cero, pero posiblemente tengamos que reconducirlo, pues
estamos viendo que se están pagando otros gastos del INEM como los
gastos corrientes, los gastos de personal, etcétera. Nos gustaría que
nos diera su opinión sobre este extremo, así como sobre esas cifras
mágicas que han salido hoy de los 540.000 millones de pesetas, que
debe dar mucho juego si se tiene contemplado dedicar parte de ese
dinero a políticas activas de empleo.
Como ha mencionado nuestro portavoz en la Comisión, el señor
Jáuregui, entendemos que el INEM debe ser un instrumento (denostado,
decía el secretario general de empleo, tenemos que reconocer que está
denostado y que necesita un cambio radical en la política que está
llevando a cabo) para corregir los defectos del empleo, pero desde
nuestro punto de vista la dirección general no está llevando a cabo
esa política. Sería mejor que se transformara en un servicio estatal
de empleo, descentralizado, ante las comunidades autónomas porque es
por ahí por donde van los derroteros al haber transferido muchas de
las competencias del INEM y de las políticas activas del empleo a las
comunidades autónomas. No podemos es ir a 17 INEM, se deben marcar
las pautas y la política del INEM que queremos en los próximos años,
porque ya hay transferidas esas competencias a algunas comunidades
autónomas, no a todas las que nos hubieran gustado. Se ha hecho
mención antes a Andalucía, donde me consta su implicación en la
negociación entre las partes y la armonía, como afirmaba en la
comparecencia de presupuestos del año pasado en esta Comisión. El
señor Chozas llegó a anunciar un acuerdo total en estas
transferencias, que no hemos visto que se hayan alcanzado este año.
Apuntaba usted en su última comparecencia en presupuestos, que, con
toda probabilidad, el 1 de enero del año 2001 estarían transferidas
las competencias a la Comunidad Autónoma andaluza. No lo hemos visto
lamentablemente en los presupuestos y creemos que ni las exigencias
de la Junta de Andalucía ni los acuerdos alos que me he referido del
Ministerio de Trabajo
hayan tenido nada que ver en que se hayan paralizado estas
transferencias.
También sabemos que las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y
Castilla y León las tienen pedidas. Me gustaría que nos comunicaran
si prevén transferir estas competencias a lo largo de este año, pero,
sobre todo, quiero recalcar que no entendemos cómo la Comunidad
Autónoma andaluza todavía no las tiene transferidas.
Incidiendo en esa coordinación central, me gustaría preguntarle qué
recursos va a destinar el INEM para coordinar las políticas activas
de empleo en lo que se refiere a medios informáticos, nuevas
tecnologías, etcétera, que acerquen a las comunidades autónomas y al
INEM a las demandas que hay de empleo, como bien exponía nuestro
portavoz; cuándo será posible esa famosa conexión informática de
servicios del INEM, para informar de las ofertas de empleo entre
provincias. Si nos atenemos a los presupuestos, observamos que hay
una pequeña mejoría, pero es muy insuficiente si queremos que este
año esté plenamente integrada esa conexión informática. Igualmente,
nos gustaría que nos dijera qué comunicación hay entre las ofertas
profesionales entre provincias que las empresas no pueden cubrir y
cómo fluye esa comunicación tan necesaria al día de hoy entre el
INEM, las empresas y los trabajadores. Sabemos que hay provincias que
tienen pleno empleo, pero hay otras con un paro de un 20 por ciento.
Cuando se le pregunta al trabajador si estaría dispuesto a moverse, a
que haya movilidad, la contestación en un amplio número de
encuestados es negativa. Por lo tanto, habrá que articular mecanismos
para que eso cambie, para que haya movilidad en nuestro Estado, como
la hay en países de la Unión Europea. Los datos que utilizo sobre
movilidad no son míos, son del ministerio.
En cuanto a los programas de fomento de empleo, vemos que hay muy
poca diferencia con los anteriores. Se le ha preguntado al secretario
general de empleo sobre las novedades y no ha contestado, nos ha
remitido al borrador de ley de la formación profesional.
Desgraciadamente, no ha aportado ninguna novedad ni la hemos podido
ver en los presupuestos y seguimos viendo en ese programa que ha sido
puntero durante muchos años como es el de los parados de larga
duración mayores de 45 años -me remitido a los datos que he dado
antes- cómo ha aumentado el paro, cómo no hay un impulso a esta
política tan necesaria de su departamento.
Quiero preguntarle por el FORCEM. Sabemos las actuaciones de la
dirección del INEM, bastante acertadas, pero se está pidiendo mayor
formación; hay muchísimos perjudicados por las actuaciones y creemos
que se deben retomar con total garantía estos programas de formación
continua. En cuanto a la formación profesional y ocupacional no vemos
ningún cambio. Me gustaría preguntarle cuál es el observatorio
que está planificando la formación profesional ocupacional, así como
quién coordina los cursos de formación acorde con las demandas,
porque una cosa es sacar un curso y otra sacar los cursos que
verdaderamente demandan las empresas. Me gustaría que, en la medida
de sus posibilidades, contestara a estas dos preguntas y, sobre todo,
la relativa al observatorio, fundamental para el buen seguimiento de
estos cursos.
En cuanto a la mujer, mostramos nuestra preocupación por los últimos
datos de desempleo. Nos ha contestado el secretario general de
empleo, pero desgraciadamente no vemos variación o impulso en estos
presupuestos para atajar el problema del desempleo femenino. Por lo
que se refiere a las casas de oficios y taller de empleo, nos llama
la atención no que no haya impulso sino que se prevén descensos en la
contratación de alumnos, directores, profesores y personal de apoyo,
así como una reducción de éstos. Nos gustaría saber a qué se debe
porque hacemos una valoración positiva de esos programas de las
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo; la demanda es
cada vez mayor, hay muy buenos programas, como decía el secretario
general de empleo, pero son muchos los que se han denegado. Hace unos
meses nos llegó una relación de las denegaciones por provincias y los
datos son desalentadores. Para la inserción laboral, así como para la
captación y formación en nuevos empleos, son fundamentales estos
programas, por lo que nos ha decepcionado el presupuesto para este
año.
También nos ha llamado la atención que en la selección de alumnos se
va a dar prioridad a los beneficiarios por desempleo. Nos hubiera
gustado que hubiera sido un programa alternativo, algo novedoso. ¿Qué
vamos a hacer con los alumnos que no quieren continuar los estudios,
quieren aprender un oficio y no han demandado empleo ni han percibido
ningún tipo de prestaciones por desempleo? ¿Son apartados de estos
programas, porque se va a dar prioridad a los desempleados, a los que
han percibido alguna prestación por desempleo? Me gustaría que me
aclarara este punto porque hay un epígrafe en estos presupuestos que
lo expresa de forma muy clara.
Asimismo, me gustaría que hiciera una valoración del subsidio agrario
(el antiguo PER ahora AEPSA) respecto del aumento de un 27 por ciento
en los últimos años, en concreto desde que gobierna el Partido
Popular. Si algunos emigrantes sin papeles son los que recogen
nuestras cosechas, no entendemos cómo puede aumentar el subsidio
agrario en un 27 por ciento.
Por último, nos gustaría que nos diera la previsión de su
departamento sobre el empleo para el año 2001 y los datos de creación
de empleo para el año 2002 porque sabemos que las cosas han cambiado
y que hay un escenario de incertidumbre.
Sólo me resta agradecerle su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra la
señora directora general del INEM.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INEM (Cano Ratia): Quiero darles las
gracias por haber solicitado la comparecencia de la Dirección General
del INEM para explicar algunos datos. Pasaré a dar aquellos que pueda
y de los que no disponga, se mandarán, aunque creo que los tenemos
todos.
En primer lugar, me preguntan por la previsión de liquidación para el
año 2001. Realmente es muy difícil hacer tal previsión de liquidación
si se tienen en cuenta dos cuestiones. La primera, la incertidumbre
económica en la que nos encontramos, así como la posible evolución
del empleo y del desempleo; la segunda, que una gran parte de nuestro
presupuesto está ejecutado por las comunidades autónomas que, en
definitiva, son gestores externos a nosotros; conocemos su ejecución
al finalizar el segundo semestre del año siguiente al ejercicio
económico. Como ha dicho el secretario general, si las cosas van
prudentemente bien y con las tendencias de otros años, podemos estar
en torno a los 70.000 millones de superávit en el año 2001, si bien
esta cifra es inferior a la que tuvimos en el año 2000 que fue de
129.000 millones de pesetas.
En segundo lugar, se ha referido S.S. al incremento del gasto en el
desempleo y ha hecho una pregunta muy concreta que también hizo al
secretario general de empleo sobre las modificaciones que aparecen en
la ley de acompañamiento en relación con prestaciones por desempleo.
Dice S.S. que se establecen controles duros que quisiera que se
aclararan. Se trata de una modificación que lo único que hace es
contemplar en una norma circular. Lo único que se dice es que en las
prórrogas del subsidio general se podrá comprobar -de hecho se viene
haciendo- que las personas que tengan prórroga carecen de rentas y
cumplen todos los requisitos, es decir, que no opera de forma
automática. Insisto en que esto ya se viene haciendo y que lo que se
ha hecho ha sido elevar a norma de rango legal la instrucción para
tener una mayor seguridad jurídica por parte de los afectados.
En cuanto a las políticas que se están poniendo en marcha en atención
a la estructura de nuestro mercado de trabajo, ha señalado usted
algunas cuestiones importantes como que tenemos el problema de
afrontar el envejecimiento de la población y seguir incrementando las
tasas de empleo de los mayores de 45 años. Esto es así por dos
motivos principales: primero, porque ahí están los objetivos de
Lisboa del año 2001 a los que anteriormente hizo alusión el señor
Jáuregui, y además la Cumbre de Estocolmo establece ya unos objetivos
intermedios para el grupo comprendido entre 50 y 64 años, que también
va a suponer un esfuerzo importante para todos los países de la Unión
Europea. En este sentido
las políticas que se han puesto en marcha y que probablemente
tengan que seguir reforzándose son las de bonificaciones de cuotas a
la Seguridad Social -saben ustedes que se modificó concretamente como
consecuencia de la reforma-, se establecen bonificaciones importantes
para aquellas personas que tengan más de 45 años y a su vez se
establecen otras bonificaciones adicionales o la posibilidad de unas
reducciones de cuotas para aquellos que puedan seguir trabajando
-quizás mejor que yo lo pueda explicar en su comparecencia el
secretario de Estado y Seguridad Social- como consecuencia del pacto
que recientemente se firmó con los interlocutores sociales y que de
alguna forma viene a complementar el pacto de pensiones, el Pacto de
Toledo.
En cuanto al paro juvenil estoy completamente de acuerdo en que se ha
reducido. No es malo que se reduzca el paro juvenil y le voy a decir
por qué; este es un debate que se está teniendo en la Unión Europea.
Evidentemente se está reduciendo el paro juvenil y la actividad de
los jóvenes porque probablemente es muy bueno para los países que su
capital humano esté muy bien formado, y eso requiere mayor
permanencia entre los sistemas educativos. Es verdad que ahora mismo
se está abriendo un debate del que España tiene que ser consciente;
en todos los países, salvo en los países nórdicos, en el ámbito de la
Unión Europea, no tenemos que contraponer la actividad de los jóvenes
con el hecho de que estén estudiando. Tenemos que empezar a
establecer mecanismos que permitan esa flexibilidad de compartir el
trabajo con otras actividades como puede ser el estudio. Los países
nórdicos son un ejemplo y esa es la tendencia que tenemos seguir. Ahí
puede jugar un buen papel la reforma que se hizo del contrato a
tiempo parcial y los resultados están siendo importantes para
fomentar esas nuevas conductas: bien que se reduzca el paro juvenil,
bien que las tasas de actividad vayan creciendo poco a poco en los
jóvenes o bien que se compatibilice el trabajo con el empleo. (La
señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.)
En cuanto a la tasa de temporalidad aquí ya se ha hablado mucho.
Efectivamente, tenemos una tasa de temporalidad que probablemente no
se conforme con la estructura que tiene nuestro mercado de trabajo,
desde luego estamos cerca de un 33 por ciento de tasa de temporalidad
que debe ir bajando poco a poco. Hemos conseguido que baje en cuatro
años; desde el año 1999 ha bajado casi tres puntos, que se puede
decir que es poco -a mí me gustaría que hubiera bajado más-, pero en
momentos de crecimiento económico suben tanto los contratos
temporales como los indefinidos. Lo bueno es que le estamos empezando
a ganar la batalla al empleo temporal; si ve la EPA comprobará que el
incremento de asalariados lo está siendo enempleo temporal; si ve la
diferencia en contratos de trabajo
del INEM de un año a otro -por ejemplo, tomo las cifras del mes de
septiembre- observará que en el mes de septiembre la diferencia en
contratos registrados en el INEM en relación con el año 2000 fue de
69.000 contratos más que el año pasado; de ellos, 63.000 fueron
contratos indefinidos. Esto quiere decir que hay que distinguir dos
cuestiones al hablar de la temporalidad: Primero, cómo el contrato
indefinido participa del volumen de empleo existente en el país - que
es lo que antes ha expresado el secretario general de Empleo- y,
segundo, los crecimientos en la contratación, cuál se está llevando
la contratación indefinida y cuál la temporal. Insisto, nos gustaría
que fuera menor, pero el camino iniciado es el correcto.
En cuanto a superávit de cotizaciones para el año 2002 es de 542.000
millones de pesetas y eso va dedicado a políticas activas, no así a
gastos de personal. Si usted ve la estructura de ingresos del INEM
existe una partida de remanente en Tesorería de 25.000 millones de
pesetas junto con otra partida de otros ingresos de 18.000 millones
de pesetas, sumando 43.000 millones de pesetas. Los gastos de
personal del INEM son subvencionados totalmente con remanente de
Tesorería y a su vez con otros ingresos. Todavía nos queda para
subvencionar en el capítulo 2 del orden del 70 por ciento. La
estructura presupuestaria así quedaría un poco más clara.
En cuanto a los cambios del INEM como directora del instituto me
duele que se diga que es un organismo del Estado en el que no se está
atendiendo a los desempleados y demás. Solamente le voy a dar algunas
cifras. En virtud de la estrategia europea de empleo nosotros venimos
obligados a combinar una estrategia preventiva con una estrategia
curativa de paro de larga duración. En esa estrategia nosotros
venimos atendiendo del orden de 1.100.000 personas en el año, de
ellas -y aprovecho para contestar al señor Jáuregui- exactamente el
25 por ciento son parados de larga duración y el 57 por ciento son
mujeres. Hablar de un instituto, apoyado con esfuerzo de todas las
comunidades autónomas, que atiende a 1.100.000 personas no es para
decir que es un instituto denostado, aunque tenemos que mejorar
mucho, evidentemente; esa es la misión que yo debería intentar
cumplir y que lo intento, no sé si la cumplo. A su vez me habla del
servicio estatal descentralizado. Me gustaría hacer una diferencia.
No es lo mismo descentralización que servicios autonómicos. Nuestro
marco constitucional es el que es, las políticas activas se tienen
que transferir en virtud de ese marco constitucional y tendremos un
servicio estatal como tal pero con servicios no descentralizados sino
servicios autonómicos coordinados, de otra forma iríamos contra la
Constitución; la coordinación está existiendo, eso es cierto. Está
existiendo con la colaboración de las comunidades autónomas. Aunque
esto engancha con otra pregunta que me ha hecho después, le tengo que
dar la visión global. En principio sería objeto -no tengo ningún
problema- de una comparecencia especial, dado que afecta mucho a
la unidad del mercado de trabajo. Podría explicarles los planes que
tiene el organismo en cuanto a dotarse del servicio estatal
coordinado con las comunidades autónomas y un servicio informático y
estadístico común a todo el Estado.
En el año 1998, empezamos a trabajar en el SISPE. Quisiera aprovechar
para contestar también al señor Jáuregui sobre si es tan fácil
hacerlo o no. Para quienes estamos fuera -esa misma pregunta yo me la
hice muchas veces- ¿es tan difícil unir sistemas informáticos
distintos? Es muy difícil porque los sistemas informáticos que se han
utilizado en las comunidades autónomas en aras de su competencia de
auto organización son absolutamente distintos al del INEM. Dentro de
los sistemas públicos de empleo de la Unión Europea solamente hay dos
servicios públicos de empleo que estemos utilizando el mismo
instrumento informático: el servicio público alemán y el servicio
público de empleo español; las comunidades autónomas están utilizando
todas otro distinto. Evidentemente, ellas no nos pueden obligar a
cambiar el nuestro ni nosotros el de ellas, lo que estamos haciendo
es establecer gestores de bases de datos que se entiendan entre
ellos. Eso no es tan fácil y acerca de los concursos que hemos hecho,
cuando se lo hemos dicho a las empresas, solamente existe una empresa
que es capaz de hacerlo, traducir los datos que tengan las
comunidades autónomas y los que tiene el INEM a un lenguaje común.
Eso lleva a otra cuestión: no solamente es traducir en un lenguaje
común es que todos entendamos lo mismo por las mismas cosas, es
decir, que cuando hablamos de un parado estemos hablando de lo mismo,
que cuando estamos hablando de larga duración estemos hablando de lo
mismo. Esto, aunque a usted le parezca mentira, no ocurría con las
comunidades autónomas y ahora mismo nos hemos puesto de acuerdo en
definir los conceptos importantes para que todos gestionemos de la
misma forma. Hubiera sido mucho más fácil pero mucho menos pacífico
políticamente si hubiéramos sacado una orden ministerial diciendo:
Esto se entiende así. ¿Es esa la forma de actuar de un servicio
público de empleo? Para mí no lo es porque lo que queremos es tener
un servicio público pacífico y que colaboremos entre todos para
prestar un mejor servicio al ciudadano. Eso ha llevado a que desde el
año 1998 el SISPE en dominios como la intermediación, es decir, con
una base de datos común en todo el Estado de ofertas, de demandas,
-de contratos no porque no han tenido sus propios servicios
autonómicos-, estará disponible en mayo del próximo año. Se
presentará -la Comisión Europea tiene mucho interés, nos ha cogido
como ejemplo de cómo articular servicios informáticos cuando están
los federalismos por ahí- en la Comisión Europea, con presidencia
española, en mayo. Esto no quiere decir que en determinados
territorios no sea posible saber cuántas ofertasde empleo hay de unas
características o de otras, pero
es verdad que no es en todo el territorio y hay que reconocerlo con
la realidad que se impone en los hechos.
Referente a la transferencia a Andalucía comenzó en el año 1998.
Hemos hablado mucho, había un principio de acuerdo si bien había que
concretar muchos aspectos técnicos tales como personas que se tenían
que transferir. Esto siempre es algo duro con todas las comunidades
autónomas porque en el INEM todos hacen de todo; por eso empezar a
definir qué personas pasan a un lado o que personas pasan a otro a
veces es mucho más difícil de lo que se piensa. Hay otros aspectos,
otros flecos que quedan por ahí y espero que se solucionen con mis
colegas de la comunidad autónoma con quienes tenemos una magnífica y
permanente relación.
Castilla-La Mancha. Bien me gustaría a mí que estuvieran disponibles
las transferencias el 1 de enero del año 2002; estamos trabajando en
esa línea y esperemos que no surjan problemas como no han surgido con
otras comunidades autónomas. Para Castilla y León esperemos lo mismo,
que esté disponible el 1 de enero del año 2002 y que no tengamos
ningún problema.
Había una pregunta sobre la que voy a ir más allá de lo que usted me
ha preguntado en relación con el SISPE. Usted me decía: No parece que
esté contemplado en los presupuestos las cantidades que tienen que
ponerse dentro del INEM para hacer estos servicios informáticos de
esta entidad. Sí lo están, y si observa el capítulo 2 y el capítulo 6
-si quiere algún número se lo puedo mandar, pero los tiene en los
presupuestos- en el capítulo 1, por ejemplo, baja el presupuesto
porque hay transferencias a comunidades autónomas; capítulo 2
lógicamente debería bajar, porque hay transferencias a comunidades
autónomas y por tanto eso es algo que se da de baja en nuestro
presupuesto, va a la sección 32 de los Presupuestos Generales del
Estado y ya se dotan por los propios presupuestos de las comunidades
autónomas. Fíjese que no los hay en capítulo 2 y en capítulo 6. En
capítulo 2 no lo hay por dos motivos: primero, presidencia española,
que va a obligar a unos gastos importantes y, segundo, por gasto
corriente de mantenimiento y demás para el SISPE, para este sistema
informático de todas las comunidades autónomas y del Estado. En
capítulo 6, como las inversiones en informática van por capítulo 6,
sí que lo tiene contemplado. No sé si con esto he contestado a la
octava pregunta en el sentido de qué comunicación hay entre las
provincias con ofertas de empleo y demandas. Lo he contestado
plenamente al decir que estamos trabajando en esa integración y ahora
mismo tenemos la integración a medias.
En cuanto a la movilidad. No se crea que hay tanta movilidad en
Europa como parece, no la hay salvo que usted me hable de las
transfronteriza, por ejemplo, Alemania y Austria. No es esa la
movilidad a que nos estamos refiriendo. La movilidad en España es
pequeña, estoy de acuerdo en que hay territorios con una tasa de
paro de más del 20 por ciento, como puede ser Andalucía, frente a
otras con una tasa de paro prácticamente estructural como puede ser
La Rioja. Las políticas de movilidad son lo más difícil que hay. Si
observa la EPA ve los porcentajes de las personas que responden
cuando se dice: ¿Aceptaría usted cambiarse por un salario menor a
cambio de ese puesto de trabajo? Hay algunas personas que dicen que
sí. ¿Estaría usted dispuesto a cambiarse hacia un trabajo que tenga
menos categoría profesional? También. La movilidad no, la movilidad
requiere un conjunto de políticas importantes que tenemos que empezar
a poner en práctica, es cierto. Cito algo que se podría extender a
otros territorios. La Comunidad Autónoma de La Rioja ha presentado un
plan de movilidad estructural. La comunidad autónoma vino a explicar
al INEM que tenía un problema de falta de mano de obra que estaba
agotando su modelo económico, no podía crecer más económicamente;
está poniendo en práctica unos apoyos a la movilidad que consisten en
traer personas de otro territorio, pero apuesta muy fuerte -y eso a
lo mejor lo tienen que hacer todas las comunidades autónomas y el
propio Estado- porque da ayudas para guarderías, garantiza un empleo
con un contrato indefinido y como mínimo de dos años; si no hay
acuerdo entre empresa y trabajador se extinguiría el contrato, pero
ya está garantizando una estabilidad en el puesto de trabajo y unos
plazos estudiantiles y también hay un apoyo a vivienda. Eso sí que es
un plan de movilidad. ¿Es justo decir que vamos a exigir a los
trabajadores moverse para contratos de dos meses? Esa pregunta nos la
tenemos que hacer todos. Tenemos que poner en práctica otras medidas
de ayuda a la movilidad. Tenemos medidas de ayuda a la movilidad a
las migraciones interiores, no las lleva el INEM, las lleva la
Dirección General de Migraciones. Afrontar estratégicamente la
movilidad requiere otras políticas que se han de poner en marcha. Las
políticas van más o menos por esa línea que le digo, este es un plan
piloto en el que el INEM entra también con financiación y si sale
adelante tendremos pistas para saber por dónde vamos. En Europa
tampoco es tan grande la movilidad como pensamos; es una de las
cuestiones resaltadas en el informe conjunto del empleo que tiene que
aprobar el Consejo de la Unión Europea en diciembre de este año. No
hay que echar las campanas al vuelo en Europa.
En cuanto a las novedades de los programas de fomento del empleo,
tenemos, lo que son las novedades de la propia reforma. Siete meses
no es tiempo para decir si funciona o no funciona. A título de
ejemplo, la estrategia europea de empleo necesita un plazo de cinco
años para ver si funciona o no. La primera reforma que se aprobó en
1997 el primer año funcionó aunque desde primeros de mayo hasta
diciembre no funcionó tan adecuadamente. Me parece que se necesita
tiempo para implementar las políticas y que no se deben cambiar
porque lo único que producen es cierto
desconcierto; este tiempo creo que es poco. ¿Está dando resultados?
La contratación indefinida lo está dando y en la contratación a
tiempo parcial también; evidentemente habrá que verlo con el tiempo.
Usted me comenta acerca de novedades para parados de larga duración,
mayores de 45 años y demás. Probablemente aquí el camino que se ha
iniciado es el que debe ser; es decir, políticas adecuadas a los
parados de larga duración por supuesto, pero también que se actúe
como se está actuando, combinando ese enfoque preventivo con ese
enfoque curativo que tiene que tener, estableciendo que hay un
porcentaje mínimo de parados de larga duración que tienen que
participar de todas las políticas como hemos hecho con las mujeres.
Esto a veces es la cuadratura del círculo, no se lo niego. De hecho,
comentaba el secretario general de Empleo que del enfoque preventivo
que pretendió Luxemburgo en 1997 hubo dos cuestiones que se metieron
por España: una era enfoque preventivo pero con el curativo, porque
nuestro paro es de larga duración y desde luego es importante; y otra
establecer que para cumplir la estrategia europea de empleo
necesitamos más plazos que los demás, porque partimos de niveles
bastante peores que el resto de la Unión Europea. Las políticas para
los parados de larga duración. Algo tienen que ver las políticas
puestas en práctica. Si usted ve desde 1996 hasta el año 2000 -son
datos de la Unión Europea no han sido manejados por España sino por
Eurostar- en España el paro de larga duración era del 12 por ciento y
en el año 2000 es del 5,6 por ciento; algo hemos hecho. Junto a
Irlanda y Portugal somos el país que más ha rebajado el paro de larga
duración. Esto se ha hecho con aplicación de las políticas que
tenemos. ¿Se podía haber hecho más? A lo mejor sí, pero para bajar en
cuatro años los índices que se han bajado algo han hecho las
políticas y los servicios públicos de empleo.
Hablábamos de FORCEM. Usted sabe que hay unos terceros acuerdos de
formación continua que se han firmado en diciembre. Los terceros
acuerdos dan bastante más transparencia al sistema de la que tenía y,
por supuesto, no sé si mayor objetividad; lo que sí va a dar va a ser
bastante más celeridad para el establecimiento y atribución de ayudas
a empresas que quieren hacer formación continua. Sí puedo decirle
-como dato curioso- que no lo estamos haciendo tan mal en los
terceros acuerdos cuando la media de solicitudes del año 1999 al año
2000 fue de 5.000 y ahora han entrado 7.000 solicitudes; se ve que
alguna confianza se ha depositado. No entiendo cuando me habla de
perjudicados de la formación continua, probablemente necesite alguna
explicación adicional.
En cuanto a la formación profesional ocupacional sabe que hay un
proyecto de ley de formación del que no es ponente el Ministerio de
Trabajo sino el Ministerio de Educación pero de cualquier forma el
Ministerio de Trabajo tiene bastante que decir. Aparecen en él unos
observatorios y le puedo hablar del observatorio
del INEM, no sé a qué otros observatorios se puede referir y a lo
mejor la pregunta hay que hacerla en otro foro. La oferta formativa
en España se determina de acuerdo con las necesidades que surgen de
las ofertas de trabajo que entran, de los demandantes que tenemos, de
los contratos que se realizan. Se supone que esa oferta formativa es
adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. ¿Se puede mejorar?
Probablemente sí que se pueda mejorar. Es el único observatorio que
nosotros estamos realizando.
En cuanto a la mujer, aunque no he estado en la anterior
comparecencia, supongo que la secretaria general de Asuntos Sociales
habrá dado cumplida información. ¿Qué se está haciendo desde el
Instituto de la Mujer? En principio establecer varias cuestiones: por
supuesto financiar las bonificaciones de cuotas que preferiblemente
bonifican las contrataciones de las mujeres -cualquier contratación
indefinida hoy es bonificada por el INEM cuando afecta a una mujer,
no así con los hombres- y a su vez otras dos cuestiones más que han
de tener incidencia en la mujer. La primera de ellas es que las
acciones del INEM van dedicadas a la mujer en el mismo porcentaje que
tiene sus tasas de paro en el conjunto de la población. El año pasado
hemos atendido a 531.000 personas, mujeres, y este año vamos a
atender al 58 por ciento de todas las acciones que llevemos que son
620.000 ó 630.000. El objetivo de la mujer -y le quiero decir que
esto no es del INEM, es de la propia estrategia- entra como
horizontal en todas las políticas de empleo. A su vez en las
escuelas-taller se ha establecido que tendrán prioridad las mujeres,
se ha establecido en discusiones internas pero se está respetando
bastante. Desde 1996 cuando la participación de las mujeres en
escuelas-taller no llegaba al 30 por ciento ahora ya estamos en un
cuarenta y tantos por ciento. Cuesta cambiar conductas porque las
escuelas-taller han ido dedicadas básicamente a recuperación del
patrimonio nacional, oficios muy ligados a la construcción, y la
presencia de la mujer en la construcción es mínima. Ahora bien,
también es verdad que desde hace dos años una parte importante de las
escuelas-taller se dedica a servicios de proximidad, de atención a
mayores, drogodependientes, niños, ancianos y demás. Eso sirve a un
doble objetivo: por una parte, no nos olvidemos que desgraciada o
afortunadamente -no entro en valoraciones- todas esas funciones han
caído prioritariamente en el ámbito de la mujer, con lo cual si
nosotros fomentamos esas escuelas-taller van a ir más mujeres
a trabajar ahí porque son las que están formadas para hacer eso o las
que tienen más condiciones tal y como funciona todo socialmente. Por
otra parte, porque lógicamente esa atención que se va a llevar a los
dependientes va a permitir que las mujeres se incorporen al mercado
ordinario de trabajo.
En cuanto a talleres de empleo me dice usted que vamos a realizar
menos escuelas-taller. No es la intención realizar menos escuelas-
taller ni muchísimo
menos, ni tener menos beneficiarios para las escuelastaller. En
principio, las cifras presupuestarias se acordaron sobre las primeras
cifras que el INEM puso encima de la mesa; lógicamente han sido
corregidas y habrá menos beneficiarios de los presupuestados
inicialmente, pero no de los años anteriores. La explicación es esa,
que el INEM salió con una propuesta de más incrementos en escuelas-
taller y se han quedado en menos incrementos como otras partidas que
por ajustes de lo que son los presupuestos han tenido que ser
reajustadas y a mí me gustaría que hubiera sido menos.
Prioridad de los desempleados. No hemos cambiado ninguna norma. Otra
cuestión es -y no afecta sólo a cuestiones de empleo sino a todas las
políticas en general- que hayamos establecido en instrucciones
internas, es verdad, no que haya una prioridad de desempleados
perceptores, sino que en las políticas activas tiene que haber un
peso de perceptores de prestaciones. Todo esto es un proceso en el
sentido de cómo estaba concebida inicialmente la protección, que no
digo ni bien ni mal, sino cómo estaba concebida y cómo ha ido
evolucionando. Hace años la protección estaba concebida como una
renta que se facilitaba a una persona que no tenía trabajo; como ya
la teníamos cubierta vamos a ocuparnos de aquellos que no están
cubiertos por otro lado. Esto ha cambiado afortunadamente entre otras
cosas por la propia estrategia europea de empleo, y ahora lo que
tratamos es que una parte de los beneficiarios de políticas activas
No solamente pasa en escuelas taller, pasa en los propios planes
indicadores de seguimiento del programa 312.A, se puede ver
perfectamente que hay una serie de acciones dentro de las políticas
globales que tienen que ir a perceptores de prestaciones para mejorar
la ocupación, pero no ha habido ningún cambio normativo, ninguno.
Subsidio agrario. Me dice usted que hay unos incrementos importantes,
evidentemente los hay, y se derivan de varias cuestiones: primero, de
que cada vez tenemos beneficiarios con mayor edad que permanecen más
en el sistema porque ya se sabe que el subsidio agrario está también
modulado en función de la edad de las personas, se perciben más días
o menos días, tenemos beneficiarios de más edad y, por lo tanto, hay
mayor gasto; hay también otra cuestión y es que hemos presupuestado
de acuerdo con lo que se ha venido gastando en los últimos años. Hay
unas diferencias importantes en subsidio agrario en los últimos años
y hemos ido a una presupuestación real del gasto que vamos a tener.
Si compara con otros años anteriores hay un incremento derivado de la
modificación, que se introdujo en el año 2000 pero que se aplicó a
mediados del 2000 sobre la compatibilidad de las rentas con el
subsidio a efectos de dar mayor claridad al mercado de trabajo.
Anteriormente una persona llegaba a un nivel de rentas derivadas del
propio subsidio se retiraba y trabajaba en negro o no trabajaba, eso
no lo sé; ahora, sin embargo, con esa modificación de hacer
compatibles
esas rentas con el trabajo se están aflorando jornadas reales
trabajadas. Evidentemente es mayor gasto, pero hay que medir que
también son mayores ingresos para el sistema, ya que están aflorando
esas jornadas reales cotizadas. De cualquier forma más allá del gasto
cualquier sistema que lleve a una mayor transparencia del mercado de
trabajo es una baza importante a cumplir.
En cuanto a la previsión de empleo puedo decirle que no he hecho
ninguna, porque me he guiado por el cuadro macroeconómico que nos dio
el Ministerio de Economía. (El señor Velasco Sierra pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tenemos que interrumpir
cinco minutos la celebración de la sesión porque, como se ha
prolongado mucho más de lo que cabía esperar, nos tenemos que
trasladar de sala, ya que a las cuatro en punto esta sala estaba
reservada para otra Comisión.
El señor Velasco tiene la palabra.
El señor VELASCO SIERRA: No voy a entrar en estadísticas ni en
números pero nos ha pintado usted un INEM cuasi maravilloso. Me
gustaría creer que esa es la realidad, pero la realidad va por otro
camino, desgraciadamente está denostado, así lo dicen muchísimos
usuarios, así lo dicen muchos ayuntamientos, así lo exponen y se lo
han expuesto a usted en muchas comunidades autónomas, y algo habrá
que hacer para corregir ese déficit acumulado en años sucesivos.
Antes lo decía nuestro portavoz, no es una cuestión de los últimos
años nada más, ya viene con coletazos de años anteriores. Por lo
tanto, si bien no me quedo muy satisfecho con la percepción de ese
servicio estatal de empleo. Si antes me he expresado mal, lo quiero
corregir ahora: la descentralización se está haciendo ahora y lo que
queda después es una coordinación, como bien ha explicado usted, pues
no la veo planificada actualmente ni en los Presupuestos Generales
del Estado ni en el objetivo del INEM.
En cuanto a la última explicación sobre el subsidio agrario, si bien
comparto el análisis presupuestario que usted ha hecho del porqué de
esa cuestión, la explicación que usted nos ha dado es que cada vez -y
así es- hay más personas mayores y, si mis datos no me fallan,
aquellos que llegan a los 45 años y, dentro del mismo régimen, pasan
por otras condiciones a la hora de percibir el subsidio obrero, van a
ir aumentando, por lo que pueden tener un déficit peor,
presupuestariamente hablando, del que han previsto para este año. Si
en los años anteriores ha sido mejor fue porque las cantidades eran
mayores de las presupuestadas y ha habido un superávit en ese
sentido, posiblemente, si es tan real como ahora, una vez que haya
más personas mayores de 45 años puede haber ese problema.
Ha dicho usted que La Rioja ha apostado fuerte, mi pregunta es: ¿Y el
Gobierno de la nación no apuesta fuerte por la movilidad, tienen que
ser las comunidades
autónomas las únicas que apuesten fuerte por la movilidad?
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora
Cano.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INEM (Cano Ratia): Creo que ya
estamos en el terreno de las opiniones y las opiniones son bastante
libres. Lo que he intentado decir con que el INEM no estaba denostado
es justo sacarle números, no opiniones. De cualquier forma, dicho
esto, sí quiero comentar una cuestión. Dice: El Estado ¿debe apostar
por la movilidad? Le digo: Sí. He dicho que el INEM está participando
en este programa piloto y está financiando políticas activas para
este programa piloto. ¿Que esto se debe llevar a nivel de todo el
Estado? Creo que sí, pero que los experimentos hay que hacerlos con
gaseosa, vamos a ver si esto sale bien y en función de eso se podrá
extender.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Queremos agradecer la
comparecencia de la señora Cano y rogar a SS.SS. que se trasladen a
la sala 1 de la planta baja. Muchas gracias. (Pausa.)
- DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (FERNÁNDEZ SÁNCHEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000718)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Comparece ante esta
Comisión el Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, señor Fernández Sánchez, al que agradecemos de antemano
esta comparecencia en virtud de la cual nos va a informar de los
cometidos del mencionado instituto.
Tiene la palabra la señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Quiero comenzar dándole las gracias al
señor Fernández por su comparecencia en esta Comisión para tratar
sobre los presupuestos que afectan al Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Quiero empezar recordándole algo que ustedes
mismos reconocen y es el hecho de que después de seis años desde la
promulgación de la Ley de prevención de riesgo y después del tiempo
pasado desde la promulgación del reglamento de los servicios de
prevención, concretamente cuatro años, no se puede afirmar que
dispongamos de los profesionales cualificados que requiere la nueva
normativa. Por tanto, señor director, mi primer interrogante es
conocer su opinión sobre el porqué de esta situación, el porqué aún
no tenemos esos profesionales cualificados. ¿Qué habrá que hacer para
tenerlos? ¿Cuál es la clave para conseguirlo? ¿De qué depende, del
presupuesto o de
voluntad o de falta de voluntad y, sobre todo, si tienen calculado
desde su instituto el tiempo estimado que se tardará en tenerlo.
Una de las tareas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo es la de ofertar una serie de actividades formativas
dirigidas a completar, especializar y actualizar la formación de los
profesionales en activo, de la prevención de riesgos laborales, y esa
oferta formativa suya está realizada en diversos niveles. Una primera
oferta va dirigida a los trabajadores en general y se centra en el
diseño y edición de materiales docentes y ayudas pedagógicas,
preferentemente en soporte CdRom interactivo multimedia de
autoaplicación por las empresas, tiene un enfoque sectorial y pueden
estar disponibles en Internet. Por tanto, aparte de los datos que
aporte con posterioridad, le pregunto sobre algo que me preocupa y
es, en primer lugar, saber si tienen cuantificado el número de
trabajadores que poseen ordenador, el número de empresas que lo
tienen y los trabajadores que pueden acceder a él, cuántos
empresarios y trabajadores están conectados a internet, etcétera,
porque de eso depende también la tarea preventiva. Por último, si
considera que es más positivo la autoaplicación por parte de las
empresas que los cursos presenciales o en directo, en el
entendimiento de que ambas cosas son necesarias.
Otra de las ofertas formativas que ustedes tienen es la formación de
delegados de prevención y para ello el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha puesto en este curso un texto a
disposición de las empresas y entidades interesadas en utilizarlo.
Por lo tanto, las preguntas que surgen son obvias. ¿Cuántos de esos
textos para delegados de prevención se han utilizado, cuántos
delegados de prevención se han formado con ellos y qué cantidad
económica ha revertido en el instituto, si es que ha revertido algún
dinero?
En tercer lugar, ofertan formación a trabajadores designados para
realizar funciones preventivas a nivel básico, según anexo 4 del
reglamento de los servicios de prevención. Para esta formación el
instituto que usted dirige tiene editado un texto específico para
estos trabajadores, en sus versiones de 30 y 50 horas, pero se trata
de un curso de auto aprendizaje que tampoco imparte directamente el
instituto. No puedo negar, señor director, que me pica la curiosidad
por saber cuántos trabajadores realizan cursos de autoaprendizaje, me
gustaría saber cuántos se apuntan a los cursos de 30 horas y cuántos
a los de 50, pero, sobre todo, lo más importante, si tienen
cuantificado el coste de esos cursos si fuesen presenciales. ¿Cuánto
supondría de elevación de los Presupuestos Generales del Estado si
los cursos se diesen directamente o presencialmente y no fuese sólo
de autoaprendizaje? Suponiendo, por supuesto, que el sistema de
cursos presenciales fuese más rentable que el de autoaprendizaje que
es un dato que desconozco.
Por último, tienen la formación de expertos, para la que para este
año 2001 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
dedica el grueso de su actividad formativa directa, a la formación y
actualización de expertos en las áreas de seguridad. Como todavía no
hemos terminado el año 2001 obviamente supongo que no podrá disponer
de los datos reales sobre esta formación de expertos, pero sí
estaríamos agradecidos si en cuanto los tuviese los hiciese llegar a
esta Comisión de Política Social y Empleo.
Otra función del Instituto es el apoyo técnico y la colaboración con
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su
función de vigilancia y control prevista en el artículo 9 de la Ley
de prevención de riesgos laborales. ¿Podría detallarnos en qué
consiste ese apoyo técnico? ¿Qué apoyo técnico le ofrecen? ¿Qué
colaboración realiza concretamente con la Inspección de Trabajo;
número de reuniones, etcétera? También quisiéramos conocer el número
de reuniones que su instituto ha realizado durante este año con los
técnicos correspondientes en las diversas comunidades autónomas.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo preside la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a su vez
tiene adscrita la Fundación para la prevención de riesgos laborales,
que precisamente tiene como finalidad promover la mejora de las
condiciones de seguridad y salud, especialmente en las pequeñas
empresas. Por tanto, la pregunta sería: ¿Podría informarnos de
cuántos cursos se han realizado o qué trabajo se ha realizado y con
qué presupuesto se ha contado y a qué número de empresas se ha
llegado para promover esa mejora en las condiciones de seguridad
y salud, tanto en este año como las previsiones que tienen de cara al
año 2002?
Si entramos más directamente en los presupuestos para el año 2002,
tengo que decirle que nos encontramos con lo siguiente. El montante
de los sueldos de los funcionarios del grupo A para el año 2002 es
ligeramente inferior al del 2001, y los sueldos de los funcionarios
del grupo B están 27 millones por debajo del presupuesto del año
2001. Además, en el apartado 1.3 relativo a personal laboral hay una
caída de presupuesto bastante importante, se pasa ni más ni menos que
de 257 millones en el año 2001 a 226 millones para el año 2002, esto
supone 31 millones de pesetas de reducción de sueldos para personal
laboral de cara al año que viene. Por tanto, no se entiende que si
los salarios al menos tienen que subir el IPC, el presupuesto
destinado a funcionarios del grupo A baje ligeramente, los del grupo
B desciendan llamativamente y los de personal laboral bajen
estrepitosamente, a no ser, claro está, que se haga un seguimiento
del instituto que usted dirige, en cuanto a personal se refiere, en
cuyo caso nos encontramos con que en el año 2000 el número de
funcionarios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo descendió considerablemente, se perdieron 19
puestos de trabajo: 7 en los servicios centrales, 5 en el Centro
Nacional de Nuevas Tecnologías en Madrid, 9 en el Centro Nacional de
Medios de Protección de Sevilla, y se ganaron 2: uno en el Centro
Nacional de Condiciones de Trabajo en Barcelona y, otro, en el Centro
de Verificación de Maquinaria en Vizcaya. Esto, señor director, nos
da un saldo negativo de 19 funcionarios porque se pasó de un total de
517 en 1999 a 498 en el 2000. Además, con el personal laboral ha
ocurrido lo mismo, se han perdido 9 puestos de trabajo: 4 en los
servicios centrales, uno en Madrid y 4 en Vizcaya; se ha pasado de 95
a 86.
Si tenemos en cuenta que en los presupuestos que se elaboraron para
el año 2001 en el capítulo gastos de personal ya hubo una rebaja de
138 millones de pesetas y que en los presupuestos del año 2002 en los
sueldos de los funcionarios del grupo. A ni siquiera se contempla la
subida esa del IPC, sino todo lo contrario, y si tenemos en cuenta
que en el apartado de sueldos funcionarios del grupo B para el año
2002, para este presupuesto que estamos tratando, existe la
disminución presupuestaria que le he mencionado de 27 millones de
pesetas y que para el personal laboral se pierden 31 millones de
pesetas, esto quiere decir, sin lugar a dudas -y sino sáquenos de
esta preocupación que tenemos-, que el instituto que usted dirige
sigue perdiendo puestos de trabajo. Por tanto, ¿nos puede decir en
cuánto ha disminuido la plantilla en el año 2001? ¿Qué pérdida de
personal prevé usted que va a haber de cara al año que viene? También
queremos preguntarle sobre lo que piensa usted hacer para poder
frenar esta caída de personal y, en todo caso, lo que piensa hacer
para aumentar -si es que lo considera necesario que a lo mejor no lo
es- el número de trabajadores, tanto funcionarios como laborales del
instituto que usted dirige.
Llama también la atención que la cantidad de la partida destinada a
gastos de formación y perfeccionamiento de personal no varíe con
respecto a la del año pasado. ¿Cuál es la razón de esa no variación
cuando la lógica nos dice que debería aumentar? De igual manera llama
la atención que el presupuesto que tienen asignado para reuniones,
conferencias y cursos descienda tan drásticamente y pase de 160
millones a 94 millones, aunque quizás esto haga entendible lo de los
cursos a distancia por Internet, etcétera, no lo sé.
Es posible que al hilo de esto pueda también explicar lo siguiente.
El número de proyectos nacionales programados por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha ido descendiendo, ha
pasado de 127 proyectos en 1999 a 98 en el año 2000 y a 78 en el año
2001. Esto supone una reducción aproximada del 39 por ciento, es como
si fueran cuesta abajo, parece que van en caída libre. Por eso le
preguntamos, ¿cuál es el número de proyectos nacionales que tiene
programado el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
para el año 2002? Y, sobre todo, ¿cuál es su distribución y su
presupuesto? ¿A qué se debe esa
reducción? ¿Se debe realmente a la falta de presupuestos o no?
También nos ha sorprendido otro apartado del presupuesto que ustedes
tienen asignado de cara al año 2002, el que hace mención a las
indemnizaciones por razón del servicio, es decir, las dietas y la
locomoción. Verá usted, si cada año existe menos personal, si existe
menos presupuesto para reuniones, conferencias y cursos, si de año en
año se hacen menos proyectos nacionales, la verdad es que no parece
muy lógico y no parece que tenga mucho sentido que el capítulo de
indemnizaciones por dietas y locomoción aumente en 21 millones de
pesetas. ¿Cómo se come esto? Seguro que tiene alguna explicación que
a mí se me escapa y espero gustosa que nos la dé.
De todos modos, tengo que decirle, señor Fernández, que estos
presupuestos ponen de manifiesto la voluntad política del Ministerio
de Trabajo y la verdad sea dicha es que dejan mucho que desear
respecto de la posibilidad de fortalecer el único organismo técnico
que posee la Administración general del Estado en materia preventiva.
Pasando a otro asunto, que también tiene que ver con los
presupuestos, quiero resaltar que el 6 de octubre del año 2000 tuvo
lugar la celebración del plenario del Consejo General del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el cual el Gobierno
presentaba el Plan estratégico 2001-2004. Desde luego, el instituto
necesita una nueva forma de planificación que resulte más coherente
respecto a lo que viene siendo habitual y, en este sentido, usted
sabe que hay que definir prioridades y fijar objetivos a medio y
largo plazo, con el fin de racionalizar los recursos y conseguir
mayores cotas de calidad y efectividad en la mejora de la salud y la
seguridad de los trabajadores. Usted sabe que el instituto necesita
un plan que contemple el diseño de la nueva estructura y en el que se
aborde una nueva catalogación de los puestos de trabajo con mejoras
retributivas y aumento de los niveles salariales, un plan de
formación interna, un sistema de incompatibilidades con el papel de
los centros nacionales en esta nueva estructura y eso, señor
director, se traduce sencilla y llanamente en pesetas, se traduce en
euros. Ni en aquel momento ni en la presentación ni en los
presupuestos que hemos revisado del año 2001 ni en estos -y corríjame
si me equivoco- existe una consignación presupuestaria adecuada para
llevar adelante el citado plan estratégico. Usted sabe que cualquier
plan debe tener incorporados los medios y el coste estimado del
mismo. Esta reiterada falta de valoración y cuantificación hace poco
creíble que la aplicación entre el plan que ustedes presentaron en el
año 2000 alcance los objetivos planteados con la eficacia y
eficiencia precisa. Existe a nuestro entender una clara falta de
voluntad y de interés político y, por lo tanto, a pesar de los años
que lleva este Gobierno en el poder y a pesar de una legislación
ampliamente consensuada,
parece que seguimos sin tener definido un modelo preventivo
por parte del Gobierno.
Hoy que tengo la oportunidad de interrogarle quisiera, si es posible,
que me diese su opinión -y esto es al margen de los presupuestos-
sobre si piensa que podría ser interesante o no que se considerase la
posibilidad de crear un instituto de salud laboral que integrase,
entre otros, al actual Instituto de Medicina el Trabajo, al Instituto
Nacional de Silicosis y al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, o si conoce que entre los planes del Gobierno figure
tal decisión en un futuro a medio plazo.
En cuanto a la siniestralidad laboral, usted conoce el Plan nacional
de seguimiento de empresas con alta siniestralidad que realizó el
servicio de estudios e investigación del instituto que usted dirige y
las conclusiones a las que se llegó son muy sustanciosas. A grosso
modo y en breves líneas resulta lo siguiente: Sólo existe delegado de
prevención en el 33,4 por ciento de las empresas de 6 o más
trabajadores, lo que supone un tercio de las mismas. A pesar de que
la Ley de prevención de riesgos laborales establece la obligatoriedad
de los comités de seguridad y salud, resulta que sólo se han
constituido los comités en un 42,1 por ciento de las empresas que
cuentan con 50 o más trabajadores, es decir, en menos de la mitad de
las empresas; un 30,8 de las empresas analizadas en el plan no ha
adoptado ninguna modalidad preventiva; un tercio de las empresas no
dispone de ningún recurso, ni propio ni concertado, para desarrollar
sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales; sólo
un 34,6 por ciento de las empresas visitadas en el plan ha realizado
una actividad preventiva; la evaluación de riesgos, actividad básica
para la planificación de la acción preventiva, no ha sido realizada
por el 48,1 por ciento de las empresas; un 69,2 de las empresas
visitadas no ha facilitado formación a sus trabajadores. Esto va
unido a lo que hablaba al principio. La vigilancia de la salud no ha
sido realizada por el 39,1 por ciento y sólo un 12,6 por ciento de
las empresas tienen elaborado el plan de emergencia. Señor director,
¿qué tiene que decir a todo esto?
No podemos negar que es fundamental seguir desarrollando acciones de
promoción y apoyo a las empresas en materia de prevención y por ello
le pido que me conteste a esta pregunta: ¿Considera que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recibe los presupuestos
adecuados para poder desarrollar toda la actividad que tiene por
delante? El Grupo Socialista considera que es un presupuesto bajo, es
un presupuesto inmovilista, no existe incremento respecto al año
anterior y, por tanto, deja mucho que desear. Parece que no existe
voluntad política por parte del Ministerio de Trabajo para fortalecer
el instituto que usted dirige ni de que se cumpla la normativa
vigente ni de definir un modelo preventivo ni de potenciar los
recursos enmateria preventiva, ni de que, por tanto, se reduzca la
alta siniestralidad laboral existen en nuestro país, siniestralidad
que por cierto no corresponde a una situación coyuntural ya que dura
varios años y tiene tendencia al alza año tras año.
Para terminar quisiera mencionar que la prensa publicó que el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo iban a firmar un
acuerdo para que los forenses realizasen análisis sobre el contenido
de drogas en el cuerpo de los trabajadores fallecidos en accidentes
de trabajo y, al parecer, según esa nota de prensa, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo iba a aportar dinero
para esa finalidad. Le pregunto: Si esos análisis en la actualidad no
está permitido que se realicen sin su consentimiento a los vivos,
¿cómo es posible que se realicen a los muertos y con qué finalidad se
quieren efectuar? ¿Se va a culpar de los accidentes laborales a las
drogas? ¿Puede esto servir para justificar los accidentes y no
trabajar en la prevención laboral? ¿Va a servir de excusa? ¿El
instituto va a aportar fondos y si va a aportarlos qué cantidad o
cómo va a ser el tema?
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra el señor
Fernández Sánchez.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO (Fernández Sánchez):
En primer lugar, he de agradecerles la deferencia que han tenido con
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para poder
comparecer ante ustedes y explicar, en la medida que ello sea
posible, porque me temo que no voy a poderle dar respuestas concretas
a la primera intervención, que sirve un poco de marco a la mía propia
en estos momentos. Prácticamente ha dado un repaso a todo, no sólo al
presupuesto sino a la actividad, y más allá incluso del instituto, a
la política del Gobierno, pero procuraré ser sintético y rápido.
Ha empezado diciendo, como es un hecho cierto, que desde hace seis
años tenemos la Ley de prevención de riesgos laborales y el
reglamento sobre seguridad y prevención desde hace cuatro años.
Parece que en principio podría ser un tiempo suficiente para
experimentar algunos cambios de tendencias en la materia preventiva,
en las condiciones de seguridad y trabajo de los trabajadores
españoles; puede parecerlo -5 años, 6 años, 4 años- pero hay que
matizar los tiempos. La Ley de prevención sí tiene 6 años, pero no se
puede poner en práctica debido al reglamento de seguridad y
prevención y el Reglamento de seguridad y prevención no se puede
poner en práctica hasta que no haya servicios de prevención
establecidos. Estos servicios de prevención establecidos son de hace
menos de 4 años, después se necesitaría una orden ministerial de
desarrollo y después que se estableciera propiamente y se acreditaran
por parte de las comunidades autónomas. Todo ello
resulta importante a la hora de centrar mi contestación a su
intervención porque, efectivamente, en España la ejecución de las
políticas de prevención de riesgos laborales corresponde a las
comunidades autónomas y no le corresponde al Estado. El instituto no
hace políticas activas de prevención, que son competencia de las
comunidades autónomas, lo que hacemos es diseñar, hacemos las
normativas y diseñamos ideas o políticas de prevención par que sean
adoptadas o no por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus
competencias. Esto me lleva al tema de la formación. La formación no
la tiene que hacer el Estado, porque en principio es una
responsabilidad empresarial, es al empresario a quien corresponde
hacer la formación en prevención de riesgos laborales con respecto a
sus trabajadores. Las administraciones públicas lo que hacemos es
ayudar en nuestro ámbito a que esta formación sea real. Desde este
punto de vista entiendo que son las comunidades autónomas quienes
tienen que hacer este apoyo más directo, más de ejecución en materia
formación y de riesgos laborales que el propio Estado. Nosotros lo
que hacemos básicamente es diseño de herramientas o instrumentos
preventivos, divulgativos, que puedan ser usados por quien aprende en
prevención de riesgos laborales, pero usados también por el
responsable de que se aprenda, de que se conozca o se estudie la
prevención en sus ámbitos correspondientes, que no es ni más ni menos
que el empresario. Yo no diría que hay dejación, pero sí una menor
intensidad en la acción formativa del Instituto porque hay cada vez
más entidades formativas acreditadas por las comunidades autónomas
y a ellas es donde acude el empresario. Como organismo público estatal
tendremos siempre obligación subsidiaria, pero dados los limitados
medios con que contamos y ya se han puesto de manifiesto en esta
intervención, lo que hacemos es intentar utilizarlos o tener de ellos
un resultado lo más eficiente posible. Por tanto, no somos un centro
formativo dependiente de la Administración general del Estado ni
siquiera somos cabalmente un centro formativo de la Administración
general del Estado para trabajadores de la Administración general del
Estado, podríamos serlo, pero no es nuestra obligación dar formación
o dedicarnos a dar formación. Entendemos que la formación que tenemos
que dar es más específica, más presencial, que es esta formación de
especialistas a las que ha hecho usted referencia, de esa gente ya
tiene una formación para especializarles, o también, en colaboración
porque forman parte de la Administración general del Estado, dar
formación propia, directa y presencial a funcionarios de distintos
organismos, según nos lo van pidiendo y según las posibilidades
humanas, porque la formación básicamente es un problema de
profesorado, con las posibilidades que tenemos de profesorado
atendemos estas solicitudes.
Ha hecho usted referencia a que hay déficit de profesionales. No he
captado si es en general en España que
hay pocos profesionales o se refería al Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. No voy a negarle que las cifras
que ha dado usted básicamente son correctas, hemos tenido en los
últimos tiempos una disminución neta de efectivos, no hablemos ya de
la disminución que se ha producido por el hecho del proceso de
transferencias a las comunidades autónomas, que ha causado
lógicamente que muchos funcionarios de la casa hayan pasado a
pertenecer a otras administraciones públicas. Tenemos una disminución
neta, es un problema que se ha venido arrastrando en los últimos
años, yo diría que en los últimos diez años se pone de manifiesto de
manera notable y que se ha agudizado mucho en los últimos años, y se
ha agudizado mucho por algo que puede parecer un contrasentido,
porque la administración general del Estado y también la de las
comunidades autónomas está empezando -no vamos a decir que haya
culminado ni muchísimo menos- a tener una postura más seria en
materia de realización de riesgos laborales y, por tanto, utiliza
profesionales. ¿Qué profesionales utiliza? Desgraciadamente para el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se está
tirando básicamente de profesionales ya formados, con experiencia
contrastada, que son los propios del instituto nacional y, de hecho,
las reducciones más importantes de personal que ha sufrido el
instituto es porque han acudido a servicios de protección de la
propia Administración general del Estado, es decir, a otros
departamentos ministeriales que según van constituyendo sus servicios
de prevención echan mano -perdón por la vulgaridad- de los mejores
profesionales. ¿Dónde están los mejores profesionales? Se lo puedo
decir con un cierto orgullo porque todavía es así, están en el
instituto. Sin embargo, la realidad es que se quiere a nuestros
profesionales aunque sea como los directores que diseñen la
prevención en sus respectivos departamentos; después otros técnicos
de prevención son formados por el instituto o por otras entidades
formativas externas a la Administración General del Estado. Esa es la
razón de que hayamos bajado mucho. Efectivamente, esta referencia que
ha hecho usted es prácticamente la última gran sangría de técnicos
que ha tenido el instituto, que han sido 12 personas a principios del
año pasado. No sé si fueron 15 ó 16, de una sola vez y en un solo
departamento, al Ministerio de Defensa. Tenemos antiguos técnicos
nuestros en el Ministerio de Administraciones Públicas, en el
Ministerio de Hacienda, en la Agencia Tributaria, en el Ministerio de
Fomento, en todos los ministerios hay ya prácticamente algún técnico
de la casa. ¿Por qué se nos han ido? Pues una cosa es que nos lo
pidan y otra que la gente quiera irse. Se han ido también porque
durante mucho tiempo se ha ocasionado un cierto agravio comparativo
en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Piense
que los técnicos superiores del instituto son técnicos del grupo
A que han entrado por una oposición superior, son
todos licenciados superiores, casi todos son de carácter
eminentemente técnico: ingenieros, químicos, etcétera y tenían un
nivel administrativo hasta hace tres meses, que era más propio de un
grupo B de la Administración General del Estado. Hace esos tres meses
aproximadamente, un poco más, se ha conseguido la reclasificación de
los técnicos superiores del instituto a un nivel 26, que es más
acorde con lo que es un grupo A dentro de la generalidad de la
Administración general del Estado. Eso lleva consigo una mayor
retribución económica que, por lo menos, en cuanto al aspecto
económico hace menos necesario que se vayan del instituto para ir a
ocupar otros puestos que habitualmente tenían más nivel y, por tanto,
más incentivo económico que en otros departamentos ministeriales. Eso
creo que hoy en día se ha parado, por lo menos por la vía económica.
Hay otros aspectos fundamentales para que una persona quiera cambiar
de trabajo, para que quiera abandonar en este caso el instituto -ya
lo ha puesto usted de manifiesto- y es que ha habido una cierta falta
de iniciativa en cuanto a una actuación que sea incentivadora para
esos funcionarios cuya labor es eminentemente técnica, y creo que
ahora se está cambiando también esa tendencia. Aun así y todo
singularmente se van, pero las bajas que seguimos teniendo
últimamente por este motivo son menores y en los últimos meses han
sido prácticamente nulas, no sé si son una o dos personas las que se
nos pueden haber ido. Ya digo que siempre habrá motivos para cambiar
de trabajo. También tenga en cuenta que el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo como organismo técnico era él en sí
mismo. Hoy, esos técnicos sí tienen funciones dentro de otros
departamentos ministeriales donde no había anteriormente. Sin
embargo, no queda eso ahí, hemos perdido gente, hemos perdido
funcionarios en la casa. Cierto es que se han puesto algunas medidas
y entre ellas la más lógica es que en la convocatoria de oposiciones
anuales se han concedido diez plazas, que siguen siendo menos de los
que se nos han ido, pero la Administración pública nos ha autorizado
a contratar 12 funcionarios interinos para cubrir la última gran
bajada de funcionarios, además de la convocatoria de 10 plazas. Si
cubriéramos todas las plazas que salen a concurso-oposición, que eso
depende de muchos factores, básicamente de que haya opositores y de
que superen las pruebas, tendríamos 22 personas más. La voluntad del
Ministerio de Trabajo es que la convocatoria se siga manteniendo año
tras año, en unos volúmenes parecidos a estos de 10 plazas. No vamos
a cubrir el déficit que hemos acumulado durante muchos años, no lo
vamos a solventar en dos o tres años pero, realmente, se puede
empezar a pensar que parando la salida y cubriendo esos huecos que
nos han dejado por la vía de la contratación interina que nos han
permitido este año, más las oposiciones y si se mantienen estas
oposiciones a lo largo de unos cuantos años más podemos concluir con
que a lo mejor no tenemos tan pocos técnicos.
No obstante, siempre vamos a tener déficit porque la tendencia de
cualquier organismo y también del instituto es hacer más cosas de las
que hacemos, mejor si podemos, pero también hacer más cosas.
Efectivamente parece un contrasentido que -y con esto le contesto a
la referencia que hacía a lo de las dietas- con menos gente, más
dinero para dietas. La realidad es que este año 2001 vamos a
multiplicar por dos el costo de viajes, de transportes, porque para
bien del Instituto, tanto en España como en la Unión Europea -es un
referente todavía- se está multiplicando por mucho la participación
en grupos de trabajo de la Unión Europea, dentro de la Agencia
europea también. Hay algunos proyectos de la Unión Europea que le han
sido concedidos a España, es la primera vez que hemos solicitado
liderar un proyecto europeo y nos ha sido concedido, en concreto el
referente a las encuestas nacionales de condiciones de seguridad y
salud en el trabajo. Estamos multiplicando nuestra presencia en foros
científicos y técnicos, no solo para dar una charla. Por su aspecto
numérico, en lo que se refiere a normalización y certificación
europea. En todos los grupos de normalización está el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el grupo de
enfermedades profesionales de la Unión Europea está el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, somos el punto focal
de la Agencia Europea, el representante español, como no podía ser de
otra manera y el que se relaciona con la Agencia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo que tiene sede en España, en Bilbao. Por eso
necesitamos más dinero, tendremos a lo mejor menos gente, estamos
perdiendo recursos humanos pero los que quedamos, para nuestra
desgracia las más de las veces, tenemos que viajar mucho más de lo
que se viajaba antes; y viajamos más no porque nos guste o nos deje
de gustar sino porque somos un referente en esta materia en España y
en el contexto europeo porque se está solicitando cada vez más
nuestra presencia. Eso es lo que justifica la cuestión de las dietas.
Aparentemente puede parecer un contrasentido.
Datos muy concretos sobre cursos impartidos, sobre todo, en lo que se
refiere a trabajadores, a prevención. En el diseño que he comentado
no es la responsabilidad o la competencia, la responsabilidad la
tenemos todos y creo que hay que asumirla y la asumimos a priori. No
damos cursos a los trabajadores, establecemos y hacemos herramientas
para que los trabajadores puedan formarse. Por tanto, no tenemos
datos concretos de cuántos trabajadores se autoforman mediante los
instrumentos o herramientas a distancia que pone a su disposición el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. No lo
sabemos. Sabemos, por ejemplo, que en empresas muy grandes -pero eso
se sabe por un conocimiento más personal debido a motivos diversos-
muchos miles de trabajadores están accediendo a esta formación. ¿Es
suficiente esta formación? Evidentemente, no. Una de las cuestiones
en que tenemos
que incidir mucho es que un mero título de técnico de prevención
no lo es todo y, si vamos bajando en el nivel de título, un titulado
superior algo más sabe, el intermedio algo menos y el básico, porque
realmente son cosas muy básicas porque están pensadas para empresas
muy pequeñas donde los riesgos existentes son menores, lo cual es una
pequeña trampa porque lo evidente puede ser un riesgo menor pero, si
desenterramos un poquito, en cualquier tipo de trabajo puede haber
riesgos un poco más importantes de lo que a primera vista puede
parecer. En todo caso, es el diseño que recoge la normativa española
en esta materia, normativa que además es muy parecida a la europea.
También nos puede llamar la atención que en otros países no hay
tantos accidentes como tenemos nosotros. Entre nosotros se produce
una circunstancia muy extraña y es que, pensando seriamente y con
algunos datos, que se están mejorando las condiciones de trabajo,
están mejorando al menos las condiciones técnicofísicas sin embargo,
parece un contrasentido que sigan aumentando los accidentes de
trabajo. También es verdad que esta tendencia está invirtiéndose en
los últimos tiempos, y si queremos una mayor diferenciación de los
accidentes entre leves, graves y mortales, los accidentes mortales ya
llevan unos años que van a la baja tanto en número total de personas
fallecidas como en índices, tanto en valores absolutos como en
valores relativos; en los accidentes graves llevamos el año pasado y
éste una bajada en números absolutos de accidentes graves y, por lo
tanto, también de índices, toda vez que la población activa sigue
subiendo, y donde se ha producido el aumento de accidentes es en
accidentes leves. Accidentes leves vienen a ser el 98,8 por ciento
del total de accidentes de trabajo y donde está la subida es en los
accidentes leves, no en los graves y los mortales, lo cual nos lleva
a pensar que realmente las condiciones de trabajo puede que estén
mejorando. Los accidentes leves han estado subiendo exponencialmente
durante unos años y últimamente está también refrenándose, pero las
subidas leves implica la subida general de lo que son los accidentes
de trabajo por el volumen que ocupan sobre el total.
Dentro de los accidentes leves lo que ha venido subiendo en los
últimos años son los sobre-esfuerzos. Este concepto de sobre-esfuerzo
parece un poco ilógico en los primeros momentos; porque cabe
preguntarse cómo en una sociedad cada vez más tecnificada resulta que
la sobrecarga muscular es el número uno de causa de accidentes de
trabajo en cifras cercanas a las 250.000 ó 260.000 bajas anuales,
cifras impresionantes, prácticamente un 56 por ciento del total de
accidentes de trabajo. Estamos incluyendo, por lógica y por evolución
social, una serie de patologías que no son sobre-esfuerzos en el
sentido tradicional del término sino que estamos metiendo ahí los
trastornos musculoesqueléticos y otras patologías que no son
estrictamentede esfuerzo físico sino también de esfuerzo de estrés,
otro tipo de esfuerzos que causan una serie de disfunciones
musculares. La amplitud con que consideramos este tipo de patologías
lleva consigo que sea una de las causas del aumento de los accidentes
de trabajo.
Si vamos a las enfermedades profesionales tenemos muy pocas, en
números absolutos y en números relativos, por ejemplo, con respecto a
Europa. Esto no quiere decir que nuestra salud laboral sea muy buena
y el estado de salud de los trabajadores españoles sea mejor
o especialmente mejor que el de los europeos, lo que quiere decir que
tenemos un sistema de calificación de la enfermedad profesional malo
y antiguo, las dos cosas, y no importa que se diga en público porque
es verdad. De hecho, en la Unión Europea, el grupo de enfermedades
profesionales, está trabajando una nueva lista que tendrá un sistema
mixto, si sale como parece ser que se va perfilando, de lista cerrada
de enfermedades con posibilidad de ir incorporando nuevas
enfermedades profesionales, porque en nuestro país en este momento el
listado de enfermedades profesionales está recogido en un decreto del
año 1978 y no se ha modificado desde entonces. Yo no sé si en aquella
época era buena o mala la lista, pero lo que les puedo asegurar es
que hoy en día esa lista está absolutamente fuera de lugar, está
atrasada. Eso lleva consigo que, como no está en la lista de
enfermedades del año 1978, no se puede considerar como enfermedad
profesional, aunque la cobertura existe porque se incluye como
accidente de trabajo pero no hay enfermedad profesional. Tenemos por
lo tanto pocas enfermedades profesionales porque es un sistema muy
malo, es muy difícil que ingrese alguien con una enfermedad
calificada como profesional y al revés un sistema muy abierto en lo
que es accidente de trabajo. Probablemente el sistema más abierto de
Europa en concepto de accidente de trabajo, dado que -por poner
simplemente un ejemplo- en accidentes de trabajo mortales, que vienen
a ser unos 1.100 anuales, excluyendo los accidentes in itínere, que
no se incluyen en estadística por considerarse que no tienen un
contenido técnico preventivo, por lo menos directo. Son al ir o al
volver del trabajo, pero no tienen factores ténico-preventivos que
hayan de ser considerados. El 30 por ciento de los accidentes
mortales son patologías no traumáticas: infartos, derrames cerebrales
que prácticamente creo que sólo en Francia y en ninguna otra
normativa europea son considerados como accidentes de trabajo. En
cambio, ese concepto tan amplio que tenemos de accidente de trabajo
en nuestro país nos llevan a una cifra de accidentes muy superiores a
los de otros países.
Esta mañana se ha hecho una referencia a Eurostat en cuanto al
establecimiento de algún tipo de indicadores comunes para Europa,
para ciertas materias. También se está trabajando en eso en este
momento, pero Eurostat también ve la dificultad, prácticamente la
imposibilidad, de establecer los indicadores comunes para los países
europeos para saber cuál es el estado
cabal de uno con otros en función de la estadística, porque en otros
países, por los motivos que sean, más de uno y más de dos países de
la Unión Europea, el índice de notificación de accidentes de trabajo
no pasa del 50 por ciento. En España, aunque pueda haber
singularmente en algún caso algún otro tipo de calificación, aquí
tenemos el cien por cien porque el propio sistema de prestaciones
sociales invita a que todo lo que es accidente de trabajo sea
considerado accidente de trabajo y a que algunos que no lo son,
también sean considerados como tales. Todo esto es un matiz, porque
sería mucho más extenso hablar de este tema, pero es una de las
posibles razones por las cuales tenemos la estadística de accidentes
que tenemos y por qué va hacia el aumento. Lo que está aumentando es
un tipo de patología que no tiene consideración como enfermedad
profesional y pasa por tanto a accidente de trabajo, que hasta hace
muy poco tiempo en España y en Europa no se tenía por tan grave,
cuando hoy en día en España y Europa es la causa número uno de bajas
por accidente de trabajo.
En cuanto a cuestiones como que bajamos en el capítulo 1, no le puedo
dar la cifra de grupo A, grupo B y personal laboral, pero en el
capítulo 1 nuestra propuesta, lo que tenemos al día de hoy, si la
Oficina Presupuestaria lo ha dicho bien, es que tenemos un aumento
del 2 por ciento, no sé si en pesetas implica un tipo de bajada dado
que también hemos bajado en plantilla, pero en principio en gastos de
personal de unos y de otros, de todos, tenemos un aumento del 2 por
ciento.
En otros capítulos no tenemos aumento, tampoco nos lo han bajado.
Otra cosa es que la plantilla que se tenga como referencia y que si
tenemos menos plantilla haya menos dotación económica para esta
cuestión, o sea, en pesetas puede ser menos pero tenemos ese aumento
del 2 por ciento. Yo podría tratar de dar alguna explicación para
dárselo con mayor rigor, buscaremos esa explicación y se la
mandaremos inmediatamente.
Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Efectivamente, el artículo 2 de la ley dice que tenemos que colaborar
en la prevención, en lo que se refiere a la Administración general
del Estado. ¿Qué estamos haciendo? De momento tenemos una instrucción
conjunta con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para prestar apoyo a la inspección cuando tenga que
hacer actividades preventivas en los centros de trabajo de la
Administración general del Estado. Con independencia de ello, cuando
no son de la Administración General del Estado, dado que la
competencia ejecutiva la tienen las comunidades autónomas, donde
tiene que acudir la inspección de trabajo es a los gabinetes o a los
institutos regionales de seguridad e higiene que son los competentes.
Nosotros estamos encantados de ayudar si nos lo piden, pero es que no
tenemos competencia, la competencia la tienen las comunidades
autónomas, la relación inspeccióninstituto nacional es sólo referente
a centros de la
Administración general del Estado. Tenemos una actuación conjunta por
la cual articulamos cómo va a ser nuestra colaboración. Tampoco
tenemos que perder de vista que también la Administración, también la
Administración general del Estado tiene obligaciones en prevención de
riesgos laborales y tiene que tener su servicio de prevención. Por lo
tanto, no puede ser que nos llamen porque sí para hacer un cierto
tipo de mediciones, porque no tendríamos medios, nos haría falta una
plantilla multiplicada por diez, nos haría falta contar con diez
veces más técnicos. Hemos articulado en esta colaboración que hagan
ellos la labor que tengan que hacer en cuanto a muestreos, análisis,
etcétera. Caso de que o no exista -que no existe en todas las
administraciones servicios de prevención- o no tengan medios
suficientes, lo que deben hacer es acudir a un servicio de prevención
ajeno que lo haga y caso de que no sea posible por falta de
presupuesto, falta de tiempo o lo que sea, es cuando el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará en ayuda o en
la colaboración que se nos exija con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. De momento ya estamos colaborando de esta manera y
recibimos solicitudes por parte de la Inspección de Trabajo y
nosotros acudimos y hacemos lo que nos piden; suelen ser cuestiones
de mediciones y de riesgos higiénicos toda vez que la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en general tiene capacidad técnica
suficiente, por su propia preparación, para atender los
requerimientos de seguridad en el trabajo.
No le pruedo dar la relación del número de acciones con técnicos de
las comunidades autónomas, pero son decenas los que tenemos.
Afortunadamente sí puedo decir que desde hace más de un año se están
multiplicando también por mucho porque, una vez más, después de unos
primeros tiempos de actuar autónomamente cada uno, hemos visto la
necesidad de actuar colectiva y coordinadamente. Esta colaboración se
está llevando a efecto, le diría que existe incluso oficialmente
constituido un comité técnico mixto Ministerio de Trabajo-comunidades
autónomas, del que forman parte en nombre de la Administración
General del Estado, el INEM, el director general de Trabajo, director
general de Inspección de Trabajo y yo mismo, y cuyos contenidos
fundamentales son la coordinación y la colaboración con las
comunidades autónomas en todo este tiempo de cuestiones de seguridad
o de prevención de riesgos laborales.
En relación con la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, únicamente le matizaré, sin ánimo de rectificar. No somos la
presidencia, somos el secretariado, el Instituto es el secretariado,
el presidente es el Secretario General de Empleo. Nosotros ponemos la
intendencia para que se puedan celebrar reuniones de la Comisión
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, elaboramos lo que son
los órdenes del día y gestionamos y colaboramos en todos y cada uno
de los grupos de trabajo que son muchos, son ocho los que hay en
activo en este momento, y que se crean desde la comisión para
problemas concretos: sector agrario, sector marítimo-pesquero, el que
sea; participamos activamente en cada uno de estos grupos, pero
nuestra labor es más gestionar la posibilidad de que se celebren con
normalidad los trabajos de la comisión nacional.
Desde ese punto de vista se hace referencia a la fundación que
depende o está adscrita a la comisión nacional. Esta Fundación ¿qué
ha hecho? Pues ha tardado tiempo, porque la verdad es que es de
naturaleza privada, no es una fundación pública. Con esto no quiero
decir más que lo que digo, que es privada, que es muy autónoma para
hacer lo que sea, estamos en el patronato de la fundación, la
Administración general del Estado con las comunidades autónomas y con
los sindicatos más representativos y organizaciones empresariales.
Diría que ha tardado como tres años, aunque sólo sea para poner de
acuerdo a todos y teniendo en cuenta que el patronato tiene una
composición sencilla de 78 miembros a imagen y semejanza de la
Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ha tardado
mucho tiempo en elaborar estatutos, en decidirnos a hacer un diseño
de para qué tipo de actuaciones, etcétera. Se han hecho actuaciones
por primera vez en el año 2000 y el dinero que se utilizó el año
pasado fue de 2.500 millones de pesetas.
No se ha hecho todavía una valoración de la eficacia de estas
acciones. Vaya por delante también que dado que nosotros no tenemos
competencia ejecutiva en materia de prevención, la Administración
General del Estado es la única que no tiene actuaciones. Nos dejan
una actividad de trabajo residual para un tipo de actuación muy
genérico de publicidad, que en el año 2000 fue en relación con los
trastornos musculo-esqueléticos, coincidiendo con el contenido de la
Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y quien lleva a
cabo las actuaciones son las comunidades autónomas y los agentes
sociales. Soy miembro del patronato por parte de la Administación
general del Estado, pero no gestiono esa fundación, que se rige por
un equipo que es de naturaleza absolutamente privada. Se podría
solicitar de la fundación que nos diera el numérico de cuántas
acciones ha hecho; me consta que se han hecho centenares, no de muy
grandes acciones en volumen económico, pero importantes en cuanto que
han llegado a muchos sitios siempre teniendo en cuenta la pequeña y
mediana empresa y, además, a solicitud y gestionada, por tanto, de
manera más o menos directa, según los casos, por los propios agentes
sociales, por los sindicatos, por las asociaciones empresariales y
por las comunidades autónomas. El Estado, en este caso, tenemos una
misión de vigilar y que los dineros se apliquen correctamente. El
origen de estos dineros es dinero público aunque una vez adscrito a
la fundación tiene carácter privado, pero son públicos y queremos que
se
gasten lo mejor posible. Nosotros no hacemos directamente gestión de
actuaciones porque no tenemos competencia para hacerlo.
La partida de reuniones y conferencias ha bajado. Esto entra en
contrasentido con lo anterior de las dietas. Si en las dietas parecía
difícil de atender, si resulta que cada vez vamos a más reuniones y
hacemos más actos, ¿cómo es que bajamos en reuniones y conferencias?
Esto es debido a algo muy concreto y es que el congreso nacional que
se va a celebrar este año en Valencia, del 20 al 23 de noviembre,
Congreso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
tiene un costo; ese costo se presupuestó, nos fue concedido ese
dinero y el concepto donde estaba era en reuniones y conferencias; en
el año 2002 no tenemos congresos, con lo cual desaparece la partida.
Ese es el motivo. Verá que son cien millones de pesetas más o menos
lo que habrá bajado, pero es por los costos del congreso que se
celebra este año.
El Plan estratégico del Instituto, fue aprobado por el consejo del
instituto con el voto favorable de la Administración General del
Estado y de las organizaciones empresariales, y con la abstención de
las organizaciones sindicales. No quiero hablar en su nombre, pero
aunque ven positivo lo que es el plan estratégico, creen que lo que
le falta -como decían ellos en su momento- es dinero para ponerlo en
marcha y dónde están esos medios para ponerlo en marcha, en tanto que
no veamos esos medios no vamos a dar un voto positivo a un plan
estratégico que puede ser humo o poco serio. Estamos trabajando en
ello. De hecho, es una de las cuestiones que usted ha apuntado. No es
que bajemos en número de proyectos, no es tanto que se haga menos
sino por hacerlo mejor. Hemos detectado, y eso se va viendo con el
tiempo y es algo conocido dentro del propio Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo que eso de hacer muchas acciones
tiene unos aspectos positivos o hacen que hacemos, pero a lo mejor la
calidad o el rigor de algunas de ellas no está a la altura de las
circunstancias o tienen una utilidad hacia afuera menor de lo que es
nuestra función fundamental, que es dar instrumentos y trabajar hacia
la sociedad a la que servimos. Por tanto, lo que se ha hecho es
racionalizar y esa racionalización ha llevado a un menor número de
proyectos pero serán mejores y darán algunos resultados hacia afuera,
cosa que he de reconocer que no siempre ocurría. Se ponía nombre a un
proyecto, pero había uno o dos técnicos trabajando en algo que a lo
mejor tenía escasa eficacia o escaso valor hacía afuera. Estamos
reorganizando la labor del instituto y con el Plan estratégico
estamos reorganizando todo lo que son las funciones. En este sentido
decirle estamos trabajando internamente, en diálogo con las
organizaciones sindicales del propio instituto, sobre la nueva
estructura del instituto y la nueva RPT. Efectivamente hemos dado una
reclasificación a los técnicos superiores y a los medios, pero la
estructura del personal
de la casa tiene sus deficiencias para todo el mundo en general,
los técnicos han solucionado sus problemas pero falta resolver otros
evidentes que tenemos con otro tipo de personal y pasando con
anterioridad por una nueva estructura del instituto. La estructura
que tenemos ahora es exactamente la que teníamos antes de entrar en
la Unión Europea y antes de la Ley de prevención, y ahora resulta que
la propia Ley de prevención nos califica como un instituto
científico-técnico, nos da otras funciones, estamos en un escenario
distinto, se han producido las transferencias, pero seguimos teniendo
exactamente la misma estructura. Lo que ha quedado del instituto,
tras las transferencias, tiene la misma estructura que hace quince o
veinte años luego hace falta darle otra estructura para que a su vez
podamos dar soluciones a los problemas que se nos plantean.
Me ha hecho una pregunta sobre ese instituto integral de salud
laboral, en el que incluiría la silicosis. No tengo conocimiento,
aparte de algunas ideas que siempre tenemos o algunas conversaciones
que mantenemos, en cuanto a unificar el Instituto Nacional de
Medicina del Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, al día de hoy un proyecto solvente no existe y, por
tanto, no existe ninguna decisión por parte del Gobierno.
Los datos que me ha dado del plan de choque, contra la siniestralidad
laboral han sido publicitados por nosotros mismos con lo cual vamos a
pensar que está bien. Son datos que nosotros recogemos. Hacemos una
labor de coordinación con las comunidades autónomas de lo éstas nos
van diciendo. Como sabrán, el plan de choque contra la siniestralidad
laboral tiene su origen en el conocimiento de unos hechos que estando
ahí anteriormente sin embargo no teníamos ese conocimiento, y es que
un 4 por ciento escaso de empresas de este país acumulan un 50 por
ciento de accidentes. Estamos hablando de unas 35.000 ó 36.000
empresas. ¿Qué se pensó hacer? Lo hizo primero como una experiencia
piloto la Comunidad Autónoma de Aragón y dio un buen resultado,
resultado en bajada de incidencia en 20 puntos aproximadamente, en
general. Visto lo positivo y visto lo bueno, Aragón lo presentó en la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y se adoptó para
hacerlo a nivel estatal, a nivel nacional que es lo que se ha hecho.
Y el plan implica no sólo vigilar y sancionar sino que implica
también conocer la situación estructural de la apreciación de riesgos
laborales en las empresas, conocer las condiciones de seguridad en el
trabajo, requerir una información y, en último extremo, si alguien no
cumple o no se ve voluntad de que cumpla, se sanciona
correspondientemente. Se está notando una gran bajada de los índices
de siniestralidad, en esas empresas; también se puede hablar de que
en parte se están subnotificando los accidentes porque no quieren
estar en ese listado de empresas de mayor siniestralidad que lleva
aparejado quenecesariamente van a ser visitados, no ya sólo por la
inspección, por los institutos regionales de seguridad y salud en el
trabajo, por las mutuas, por los servicios de prevención y también
hay una participación muy elevada por los propios delegados de
prevención de los sindicatos en las empresas o delegados sindicales
con conocimientos preventivos. Se está notando una mejora de los
resultados, pero lo que estamos viendo es que las acciones
preventivas en nuestro país desafortunadamente no han calado todavía.
La ley lleva seis años pero la normativa de prevención de riesgos
laborales o de seguridad e higiene en el trabajo la tenemos hace más
de cien. No ha calado nunca, tampoco es una cuestión de decir que
ahora..., antes tampoco se cumplía, donde no hay comités de seguridad
y salud en el trabajo ahora seguramente no había comités de seguridad
e higiene antes. Donde no hay delegado de prevención antes tampoco
habría ningún tipo de trabajador, especialmente responsable del
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Quiero pensar, al menos, que poco a poco se vaya mejorando, porque
estamos haciendo cada vez más actuaciones, y no sólo la
Administración desde el punto de vista oficial. No quería dejar de
señalar que existe un acuerdo marco, un acuerdo entre el Ministerio
de Trabajo y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo por el
cual unos muy considerables recursos económicos se permite que queden
en el ámbito de mutua para llevar a cabo labores de prevención de
riesgos laborales distintas a las que puede llevar a cabo como
servicios de prevención, es decir, con cargo a cuota, labor pública.
Al fin y al cabo las mutuas de trabajo son colaboradoras de la
Seguridad Social, por tanto, tiene una función pública que hacer
también en materia de prevención o se les puede utilizar para que
hagan una labor pública de prevención, y aquí hablamos de muchos
miles de millones de pesetas con los que anualmente cuentan las
mutuas para hacer esta labor. En la medida que poco a poco se va
haciendo, pues esto lleva cuatro años en marcha, se están notando
también unas mejoras donde hacen actuaciones las mutuas con cargo a
cuota y también se nota unas mejoras de la siniestralidad de las
condiciones de trabajo y de la siniestralidad por ende. Por lo tanto,
creo que poco a poco se van haciendo cosas pero también hay que decir
que la problemática de la siniestralidad laboral no se va a
solucionar ni en un día, ni en un año, ni en dos ni en cinco años.
Hay un problema mucho más de fondo y mucho más importante que es un
problema cultural, que es donde no hemos llegado todavía, es
introducir la cultura de prevención. Es decir, que la normativa de
prevención se tiene que cumplir porque sí, no porque haya una
inspección o haya un peligro de sanción.
Y para finalizar, ha hecho una referencia al convenio entre el
Ministerio de Justicia, el Plan nacional sobre las drogas y el
Ministerio de Trabajo. Lo que sí puedo decir es que tengo la total
seguridad de que con ello no se pretende excluir del sistema de
seguro a la persona
que tras la realización de la autopsia se compruebe que estaba bajo
los efectos del alcohol o de algún otro tipo de drogas, no existe
absolutamente ningún interés en ese sentido; la intención, hasta
donde nosotros sabemos -y creo que lo sabemos todo- es simplemente
tener conocimiento de algo que no tenemos en absoluto conocimiento en
nuestro país. Cada vez es más importante el tema del consumo de
drogas en los centros de trabajo, en el ámbito laboral, y no tenemos
absolutamente ni un solo dato en España sobre esa cuestión, no
sabemos si es poco o si es mucho, no sabemos si va para arriba o va
para abajo, no sabemos si es el alcohol o son otro tipo de
estupefacientes, no tenemos ni idea. Se tienen idea por datos
indirectos, por encuestas epidemiológicas que hacen algunos
institutos, privados la mayoría de ellos, que vienen a darnos una
idea muy preocupante pero una idea sin rigor científico de ningún
tipo. Es la manera de saber qué es lo que tenemos para poder actuar
preventivamente en cuanto a dependencias en los centros de trabajo.
Es la idea que hay y no hay más que eso. ¿El Instituto Nacional
aporta dinero? Aporta dinero por una sola vez -y son 10 millones de
pesetas- y para compra de material que al parecer hace falta a los
forenses para llevar a cabo su acción, nosotros y el propio
Ministerio de Justicia, que somos los dos que aportamos, una cuantía
por una sola vez para compra de materiales que sean necesarios para
poder llevar a cabo esta aplicación. Pero, realmente no hay
absolutamente nada detrás, no se trata de exculpar al empresario ni
se trata de eliminar o sacar del sistema de Seguridad Social o del
seguro al trabajador, porque como estaba bajo los efectos del
alcohol..., en absoluto, no hay nada de eso. Por todos los datos le
puedo asegurar, en ese proyecto del convenio que no está formado
todavía está claro y se dice que son anónimos, que no interesa saber
qué trabajador es, qué ha sido, qué no ha sido, simplemente, el mero
hecho cuantitativo de decir: Señores, si en España mueren 1.100
trabajadores anualmente..., no va a ser a todos a su vez. Yo me
atrevo a decir que no va a ser una parte muy importante, que es lo
que se puede identificar como accidente de trabajo de manera pura,
porque un infarto es un infarto y la autopsia la harán o no la harán
pero no creo que lo vayan a asimilar fácilmente con la realización de
un trabajo. Donde haya un accidente típico de trabajo, producido por
el entorno laboral en sentido estricto, se hace la autopsia y se
tienen los datos porque a nosotros sí nos interesa saber cuál es el
problema en este país para poder hacer los demás instrumentos o
diseñar políticas para que puedan ser ejecutadas por otros en esta
materia. Para hablar de la drogodependencia en el trabajo, no tenemos
ningún dato absolutamente pues al Gobierno le ha parecido que había
que cambiarlo y tener ese conocimiento científico y no lo que nos
digan las encuestas epidemiológicas que seguramente van a ser
correctas pero
que no ofrecen demasiado rigor a la hora de poder establecer
políticas para evitar estas cuestiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Muchas gracias, señor
Fernández Sánchez.
La señora Varela tiene la palabra.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Me gustaría conocer su opinión sobre qué se
puede hacer para mejorar esa seguridad. ¿Qué políticas harían falta,
aparte de esa prevención o de esa educación en prevención que parece
que no está calando? ¿Qué habría que hacer para que cale? ¿Cuál es el
tema?
Otro tema que me llama la atención. Es cierto que ustedes en el
Instituto hacen los estudios correspondientes y diseñan ese material
formativo, educativo para prevención, pero le pregunto: ¿Hacen algún
seguimiento, precisamente cuando envían a las empresas ese material,
a los trabajadores, si los trabajadores lo dejan simplemente en la
estantería o lo dejan guardado? ¿Lo han utilizado? ¿Hasta qué punto
ese material que elaboran es correcto o está equivocado? ¿Hay que
corregir de alguna manera ese material didáctico? ¿Cómo evalúan? O si
cree usted que deberían ser ustedes los propios que deben evaluar ese
material, porque da la sensación de que están por encima del bien y
del mal.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El señor Fernández Sánchez
tiene la palabra.
El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO(Fernández Sánchez): No pretendemos estar por encima del bien
y del mal. Es más, no sé si lo habrá deducido de mis palabras en mi
primera intervención... ¿Quién nos evalúa? Pues tenemos un consejo
que nos evalúa, para eso está el consejo. En el consejo, están cuatro
organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, está también
parte de la Administración general del Estado, singularmente las
organizaciones sindicales, porque son con las que más contacto
tenemos con diferencia; tenemos mucho contacto con las organizaciones
empresariales, pero con los sindicatos yo diría que día a día,
trabajamos con ellos y ellos conocen todo lo que hacemos y nos
critican lo que hacemos. ¿Quién nos evalúa? Pues nuestro propio
consejo y en este sentido tenemos unos duros evaluadores, que son los
sindicatos. Lo que ocurre es que, a lo mejor, desafortunada o
afortunadamente, creo que afortunadamente, para nosotros por lo menos
como Instituto, las evaluaciones que nos hacen suelen ser positivas.
Los materiales que utilizamos son buenos, así dicen ellos, y es la
percepción que yo tengo al menos. Y nos lo dice todo el mundo. De
hecho, nuestros materiales son utilizados por comunidades autónomas,
es muy frecuente que tanto empresas privadas como comunidades
autónomas, como la propia mutua de accidentes de trabajo,
que tiene muchos más medios económicos que nosotros, cojan nuestras
publicaciones, nuestras guías técnicas y nos pidan permiso para
utilizarlas ellos como medio didáctico, nuestras guías técnicas y
prácticas. Parece que el contenido es bueno. ¿Hacemos seguimiento?
No, no hacemos seguimiento. Eso es una realidad, no hacemos
seguimiento y, a lo mejor, hay que plantearse en un futuro próximo
hacer ese seguimiento, o en colaboración con las organizaciones
sindicales y empresariales. ¿Dónde tenemos el déficit? ¿Qué habría
que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas y no hay que descartar
ninguna a priori. Nosotros dentro del Instituto estamos planteándonos
la posibilidad, la necesidad tal vez, de modificar alguna norma.
Incluso a lo mejor la Ley de prevención de riesgos laborales. ¿Dónde
está el gran problema de la prevención en nuestro país? En la micro-
empresa, en la muy pequeña empresa. Ahí no hemos llegado, yo le diría
que la gran empresa española está bien en general en materia de
prevención de riesgos laborales, y ha evolucionado mucho en los
últimos años. La mediana empresa va evolucionando también de manera
creo que significativa y sensible. Donde no hemos llegado porque no
hemos llegado física y materialmente es a la muy pequeña empresa que
es a donde tenemos que llegar. ¿Cómo? Pues hacemos lo que podemos, lo
que sabemos, y tenemos esos críticos -en el buen sentido de la
palabra- permanentemente que suelen ser las organizaciones sindicales
para decirnos qué hacemos mal o qué hacemos bien, pero utilizamos
todo lo que podemos, hasta donde nosotros llegamos. De hecho, el
comité técnico mixto Ministerio de Trabajo- comunidades autónomas es
un intento importante para hacer políticas homogéneas en todo el
Estado, por más que la competencia es de las comunidades autónomas
y vemos, por parte de las autoridades laborales autonómicas, que hay
decisión de que se hagan cosas comunes y generales para todo el
territorio nacional. Estamos todos intentando incidir básicamente en
lo que son las pequeñas empresas, las pymes, pero no pymes, la micro-
empresa, que es donde no hemos llegado. En la página de Internet, por
los medios más modernos. Me preguntaba por la utilización. Pues sólo
la página del Instituto tiene una media de 1.800.000 a 2 millones de
entradas mensuales. Parece que hay interés y que la gente accede y
básicamente, dentro de las entradas generales a la página del
Instituto, se incide fundamentalmente en lo que es normativa técnica,
hecha también por el Instituto, sobre herramientas útiles y guías
técnicas, normativa jurídica y guías técnicas, es la inmensa mayoría
de las entradas que tenemos en el portal entero que es la página del
Instituto. Lo tenemos que hacer entre todos; las mutuas, con este
dinero que se les permite gastar con cargo a cuotas, también tienen
dirigidos sus objetivos hacia la pequeña y mediana empresa, hacia la
muy pequeña empresa. Lo ideal sería apoyarlo conjuntamente con otras
medidas.
La educación. Estamos bastante avanzados en diseño de la introducción
de una asignatura transversal en la enseñanza básica obligatoria en
materia de prevención de riesgos laborales, muy básica también porque
es para que la gente se vaya acostumbrando. Está a muy poco, espero
que semanas, pero puede ser algún mes, porque me consta que ya está
finalizado y cerrado el decreto que va a establecer el título de
titulado superior, aunque será de carácter intermedio en formación
profesional, un título especial de formación profesional de
prevencionista, de técnico de prevención. Tenemos una experiencia
piloto en Barcelona para el titulado superior, para un título
universitario de prevención de riesgos laborales, que estamos en
trámites con el Consejo de Universidades; la experiencia está
funcionando ya hace dos años en Barcelona. Parece que tenemos el
apoyo de esa experiencia en el Instituto pero el Instituto no es
sólo, son las tres universidades de Barcelona y además una mutua que
es la que nos da apoyo económico para este proyecto pionero todavía,
pero que queremos conseguir que sea utilizado en otras universidades
españolas para que el Consejo de Universidades en su momento dé carta
de naturaleza al título de licenciado superior, licenciado en
prevención de riesgos laborales, además de una mayor introducción de
la materia en todas las carreras técnicas. Son aspectos parciales
pero tal vez, entre unas cosas y otras, consigamos introducir la
cultura preventiva y llegar. ¿Cómo llegamos? Pues desde las escuelas
vamos a tener oportunidad de llegar a todos los ciudadanos de este
país, no inmediatamente
pero con el tiempo, todos tendremos un mayor conocimiento,
una mayor apreciación de la prevención de riesgos laborales, de algo
a lo mejor tan simple como que las personas sepan que todos los
accidentes de trabajo pueden ser evitados. Y si desde pequeñitos lo
sabemos probablemente nuestras actuaciones irán dirigidas a que eso
sea así y no esperar a la diosa Fortuna que es una de las razones que
más se esgrimen para los accidentes de trabajo. ¡Mala suerte, quien
se lo iba a esperar! Pues sí se puede esperar casi siempre y la mala
suerte muy pocas veces juega de una manera autónoma. Más o menos en
eso estamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Después de casi siete
horas de duración de la Comisión de Política Social y empleo, esta
presidencia quiere agradecer la amplia información al director
general del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo y decirle
que siempre será bien recibido y que está en su casa. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social, del miércoles, 10 de octubre de 2001 no guarda relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios deSesiones» ya elaborados.