CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 331



RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA



Sesión núm. 12



celebrada el martes, 9 de octubre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. (Número
de expediente 212/000047.) . . . (Página 10408)

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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2002. (Número
de expediente 121/000047.)



- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (DE
COSPEDAL GARCÍA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (número de expediente 212/000785) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA (número de expediente 212/000728.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la reunión de la Comisión de
Régimen de Administraciones Públicas para escuchar las intervenciones
de los altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas.

Vamos a empezar por la comparecencia de la señora subsecretaria.

Seguiremos la norma habitual de estas comparecencias, es decir
daremos la palabra a los grupo solicitantes y el compareciente
responderá. Puesto que han pedido la comparecencia de la señora
subsecretaria tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular,
daremos la palabra en primer lugar al Grupo Socialista y después al
Popular.

Tiene la palabra doña María José López.




La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Buenas tardes.

En primer lugar me gustaría dar de nuevo la bienvenida a esta
Comisión a la subsecretaria ya que durante este ejercicio la hemos
tenido aquí en varias ocasiones, aunque hoy es especial; por tanto
quiero mostrarle mi agradecimiento por estar esta tarde con nosotros.

Como usted bien sabe, este tipo de comparecencias tiene un solo
objetivo, que es aclarar las dudas que tras el estudio del
presupuesto del ministerio han podido surgirle a este grupo
parlamentario, y por otra parte conocer con mayor profundidad algunos
aspectos del presupuesto y estamos convencidos de que lo lograremos
con sus aclaraciones.

La primera parte de mi intervención consistirá en una pequeña
reflexión que en nombre de su grupo parlamentario esta diputada
quisiera hacer ante la Comisión. Es la segunda vez que en un momento
delicado el Gobierno presenta unos presupuestos en los que la
situación económica internacional sufre una gran incertidumbre. El
año pasado esta situación venía determinada por una serie de
condicionantes económicos, pero este año desafortunadamente hemos
tenido un incidente internacional que en nuestra opinión de alguna
forma va a delimitar el marco económico que nos vamos a
encontrar a lo largo del año 2002. Como decía, en los presupuestos
del año 2001 el Gobierno se precipitó y no tuvo en cuenta a la hora
de presentar su presupuesto del ejercicio que estamos ejecutando
actualmente algunas situaciones económicas difíciles. Pero la
situación para el año 2002 viene más agravada por el momento
económico internacional que estamos viviendo.

Como decía, hay que hacer esta reflexión previa porque necesariamente
tras ella hay una conclusión y es que este grupo estima que no son
creíbles los presupuestos que nos presenta el Gobierno, en este caso
el presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas. Esto es
así porque tal como estamos diciendo hay una serie de elementos que
no han sido considerados. Es un presupuesto que se realiza en torno a
los meses de junio y julio; lógicamente la situación económica inicia
una variante de decrecimiento a partir del día 11 de septiembre de
este año. Esa variante no se ha tenido en cuenta y por tanto parece
que el Gobierno en su momento, una vez que hizo la planificación de
cuáles podían ser los presupuestos para el ejercicio 2002, debía
haber tenido capacidad de introducir otra serie de elementos que
estamos seguros de que van a influir mucho a lo largo del ejercicio
2002.

Me gustaría hacer una segunda reflexión, ya no tan genérica como la
primera, pero muy vinculada a ésta, si bien es más concreta respecto
a los presupuestos que nos presenta el Ministerio de Administraciones
Públicas. Hay que recordar, puesto que así nos lo indica la lectura
pormenorizada de su memoria, de todos los programas que constan en la
misma, que volvemos a hacer la misma reflexión y que releemos algunos
criterios que ya fueron suficientemente debatidos en los presupuestos
del año 2001. Me refiero concretamente a cinco elementos que a mí me
parecen importantes para este ministerio. El primero insistir en que
una y otra vez en este presupuesto -como decía con anterioridad-
volvemos a leer que existe la intención del control del gasto y la
racionalización del mismo, cosa que este grupo parlamentario a veces
no entiende que sea así, puesto que no se corresponde con lo que
hemos visto en distintos programas y en distintos capítulos que
posteriormente analizaremos.

Otra segunda objeción a la que hacíamos referencia, es que volvemos a
ver cómo se menciona y se refleja una y otra vez el modelo de
Administración, que en nuestra opinión sigue sin asentarse
definitivamente. Seguimos entendiendo que reiteradamente la
Administración dice que se tiene que acercar al administrado, que el
administrado tiene que estar mucho más en contacto con su
Administración; volvemos a leer en su memoria lo del Intranet, la
ventanilla empresarial, la ventanilla única, etcétera. Creemos que el
ciudadano percibe que sigue sin asentarse ese modelo de
Administración que tanto está reivindicando el Partido Popular -como
digo, es la segunda ocasión que lo leo en su memoria-, tampoco
percibe que esa situación esté en



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vías de corrección o que estemos en vías de llegar al objetivo que
efectivamente el Partido Popular se había planteado. La coordinación
de la Administración autonómica y local sigue apareciendo en su
memoria; la movilidad funcional; la distribución más racional de los
recursos humanos, pero nosotros creemos que esto sigue siendo un
reto, sin que se haya podido solucionar aún. Tengo que volver a
referirme al empeño del Gobierno en la subida salarial del 2 por
ciento, sin atender a la situación real y a la pérdida de poder
adquisitivo que están teniendo los funcionarios públicos. Una vez
leída de nuevo la memoria que acompaña a los presupuestos de este
ministerio para el año 2002, vemos que quedan pendientes de cumplir
algunos de los objetivos del Gobierno, por no decir casi todos ellos.

Por supuesto hay una reflexión general que este grupo parlamentario
sigue haciéndose y que se refiere a la percepción que tanto nosotros
como los ciudadanos tienen de que hay un grave deterioro de la
Administración del Estado. La Administración no controla, no hace un
seguimiento en relación a qué clase de servicios se están prestando y
con qué calidad llegan a los ciudadanos.

Hemos podido profundizar en algunos aspectos de la intervención del
año pasado y vemos que quedan pendientes algunos temas que nos
comprometimos si no a dejar resueltos sí al menos a hacer un
seguimiento de ellos. Le quiero decir a la subsecretaria que seguimos
teniendo unas cuantas asignaturas pendientes del curso pasado, yo se
las voy a recordar, y sería una buena idea intentar aprobarlas en
este curso. Me refiero, en concreto, a las oficinas de extranjería.

Me gustaría saber en qué situación está ese programa, cómo está el
proyecto, su cuantificación, la distribución y los criterios;
seguimos pendientes de esa información por parte de la Subsecretaría.

Seguimos pendientes de la territorialización del gasto y de la
inversión, porque estuvimos hablando también de ello en el ejercicio
anterior, con el compromiso de tratar de presentar ante esta Comisión
la territorialización de las inversiones por las circunscripciones;
recuerdo que en aquel momento le hice el razonamiento de por qué
parecía que tenía una lógica el que se presentara ante esta Comisión.

Nos queda pendiente también la posibilidad de tener acceso a los
informes de control financiero (yo sé que el de este año está aún
pendiente, pero el del ejercicio 2000 no lo hemos podido tener) y en
relación a la reflexión que este grupo le hacía respecto a los
inmuebles, a la utilización racional del uso de los inmuebles y de la
racionalización del gasto, control del gasto de ocupación de esos
inmuebles la Subsecretaría quedó ante esta Comisión en poder
presentar un acuerdo con la Dirección General de Patrimonio para
darle mejor uso a todos aquellos inmuebles que se habían incorporado
al ministerio como consecuencia de haber asumido el parque móvil y
los inmuebles que quedaban en la Administración periférica, cosa que
también ha quedado pendiente a lo largo de este ejercicio. Nos
gustaría que, como
le decía anteriormente, esas cuatro asignaturas pendientes pudiéramos
dejarlas resueltas para este ejercicio 2002.

De este presupuesto, y entrando ya en los programas cuya gestión
directa tiene la subsecretaria, me gustaría conocer algunos aspectos
que me han llamado poderosamente la atención. En este caso me voy a
referir al programa 121.A, relativo a la Dirección y Servicios
Generales de la Administración General, en cuyo capítulo 1 y en
cuanto los gastos de personal, observo que sufre un incremento
respecto del ejercicio presente del 85,6 por ciento. Supongo que
tendrá una explicación. Me gustaría conocer la causa por la cual en
este ejercicio aparece esta subida del 85,6 por ciento. Me imagino
que se puede justificar también el incremento del 30,9 por ciento del
concepto 11 respecto al personal eventual que, efectivamente y tal
como estoy manifestando este concepto aparece con un incremento del
30,9 por ciento debido, supongo, a que el salario de todos los
puestos de confianza, sean funcionarios o no, se agruparán en este
artículo. Me gustaría saber la causa y el criterio.

En el artículo 15, los incentivos al rendimiento se incrementan el
680,06 por ciento, en el cual se engloba el concepto 150 referente a
la productividad que por otra parte ya observo que aparece con un
incremento de 694,01 por ciento respecto del ejercicio anterior. Me
imagino que todos estos porcentajes a que hago referencia podrán
justificarse. Supongo que la centralización del crédito destinado al
incentivo en un único concepto tendrá algo que ver con todo ello y
puede facilitar algo la transparencia, pero mucho me temo que como
son Fondos con un tratamiento y una asignación discrecional puede
tener alguna complejidad más al aparecer dispuestos de esa forma. La
productividad ha sido un tema sobre el que esta diputada en concreto
ha preguntado varias veces al ministerio. Me parece importante
y además, por mejorar la opinión de todos, debería de ser lo más
transparente posible. No he entendido muy positiva la experiencia del
año 2001 en cuanto a la transparencia, pero vuelvo a reiterar la
pregunta que ya hice en su momento, cuya contestación no tenía que
ver nada con la misma. Yo solicitaba el desglose pormenorizado de la
retribución correspondiente al complemento de productividad percibido
por cada uno de los altos cargos, sigo entendiendo por altos cargos
los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales
o asimilados, entre otros ministerios el de Administraciones Públicas,
y usted recuerda que cuando yo hice la pregunta me refería a más de
un ministerio, no solamente al de Administraciones Públicas. En este
caso me gustaría conocer y que me concretara cuál es la situación en
el Ministerio de Administraciones Públicas y las mensualidades
correspondientes en productividad referentes a enero del año 2000 y a
enero del año 2001. Se trata simplemente de completar de la



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manera más sencilla el cuadro al que yo le hacía referencia.




Con relación al capítulo 2 nos han llamado la atención los gastos
corrientes de bienes y servicios. Entiendo que habría que explicar,
no por la cuantía sino por la novedad de sus contenidos, el concepto
227 -me refiero al de trabajos realizados por empresas y
profesionales- que se incrementa el 11,27 por ciento, apareciendo por
primera vez el subconcepto 99 que hace referencia a otros por importe
de 70.050 euros. Nos gustaría que nos explicara por qué los
contenidos y los objetivos de ese subconcepto. Ya alguna vez hemos
tenido posibilidad la subsecretaria y yo de referirnos a un extremo
parecido, pero me gustaría que en este capítulo tuviéramos más
conocimiento sobre cuáles son sus contenidos.

Respecto al programa 121.E, Administración periférica del Estado -y
volvemos a hacerlo por orden-, en el capítulo 1, Gastos de personal,
hay un descenso del 4 por ciento; el año 2001 aparecen 171.200 frente
a los 164.626 que aparecen en este ejercicio como presupuestado, y me
gustaría saber cómo se va a acometer el cada vez mayor volumen de
trabajo que parece ser van a tener como contenido las oficinas de
extranjería, que se supone están en la Administración periférica, con
esa cuantía y si tenemos en cuenta la reflexión que hemos hecho de
que puedan tener más contenido las oficinas de extranjería, cómo
vamos a poder darles contenido, y si se han creado esas oficinas de
extranjería, que era la reflexión que anteriormente yo le hacía, en
todas las capitales de provincia, fundamentalmente los contenidos,
las competencias y el personal que van a tener.

En el capítulo 2, referente a los gastos corrientes en bienes y
servicios, en el 222.01, comunicaciones postales, aparece un
incremento del 54,39 por ciento. Supongo que debe tener alguna
explicación, pero no entiendo el incremento en este tipo de
comunicaciones, cuando tal como usted y yo hemos hablado en muchas
ocasiones estamos tratando de poner el ministerio al día en todos los
sistemas informáticos y en la actualidad el correo electrónico suele
ser una buena vía de comunicación, a no ser que nos pase como en el
asunto Gescartera que se descubren algunas cosillas por el correo
electrónico; pero imagino que el correo electrónico es un medio
normal de comunicación. No sabría entender por qué ese incremento en
las comunicaciones postales. Hay un tercer concepto que es el 227
referente a los trabajos realizados por otras empresas y
profesionales, en donde no hay variación respecto al ejercicio
anterior; aparece además estudios y trabajos técnicos y otros, con
unas cantidades diferentes. Me gustaría que me explicara a qué se
debe esa división y cuáles serían los contenidos.

Volveríamos de nuevo a hacer una reflexión, porque hemos tenido
oportunidad en otras ocasiones de hacerla, sobre el tema informático
que aparece en el programa
121.B. En su capítulo 2, en el concepto 227, trabajos realizados
por otras empresas y profesionales, este año aparece con un
incremento del 99,74 por ciento. Dentro de este concepto, el
subconcepto 06, estudios y trabajos técnicos, vuelve a tener un
incremento del 116,53 por ciento, alcanzando una cantidad que no
parece nada despreciable. Sigo insistiendo en que no estoy convencida
-se lo he manifestado a usted en reiteradas ocasiones- de que sea
necesaria esa voluminosa contratación externa cuando hay cualificados
técnicos funcionarios del cuerpo de tecnología de información y
comunicación en el ministerio. Seguimos sin coordinar ese asunto con
el resto de los ministerios y a veces me hago la reflexión de si lo
que se pretende es una privatización encubierta de determinados
servicios que actualmente presta la Administración, como podría ser
el centro de información administrativa, si seguimos incrementado de
forma tan desorbitada todos esos conceptos.

Quizá la parte a la que me he referido anteriormente sea lo más
llamativo del proyecto de presupuestos. Hemos vuelto a ver en la
memoria reiterados conceptos que parecían ser objetivos ya cumplidos.

Las preguntas que le he hecho en esta comparecencia quizá serían las
básicas para entender algunos de los incrementos que a esta diputada
y este grupo parlamentario le gustaría conocer en profundidad. ¿Cómo
se va a distribuir ese gasto y por qué aparece ese gasto en este
presupuesto?



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Merino.




El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, querría preguntar si el
Grupo de Izquierda Unida va a intervenir en esta comparecencia porque
entonces desearíamos hacerlo en último lugar.




El señor PRESIDENTE: Señor Merino, no lo ha pedido, pero le aseguro
que la presidencia daría la palabra al señor Ruiz. En teoría, tienen
la palabra los grupos que han pedido la comparecencia.




El señor MERINO LÓPEZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
dar la bienvenida a esta Comisión a la señora subsecretaria, así como
felicitar a todo el equipo ministerial por el presupuesto que
plantean para el año 2002. Nosotros sinceramente, aunque los números
se dice que son muy sufridos y lógicamente la visión del Grupo
Socialista y la del Grupo Popular tienen que ser distintas,
comenzaríamos diciendo que este presupuesto es absolutamente creíble,
absolutamente realizable y ejecutable. Y no lo decimos porque sí, lo
decimos porque creemos que la trayectoria de cinco años de Gobierno
del Partido Popular en España han venido a reflejar con los hechos y
con la situación económica que vive España que los presupuestos han
sido ajustados a la realidad y a las necesidades de España y que han
sido unos presupuestos que han dado respuesta



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a los problemas con los que el Partido Popular se encontró cuando
llegó al Gobierno.

Entendemos este presupuesto que presenta el ministerio dentro de la
política global del Gobierno, una política de austeridad, una
política de equilibrio presupuestario, y como grupo parlamentario
agradecemos el esfuerzo que hace el ministerio en muchos casos con la
congelación de partidas presupuestarias que suponen un esfuerzo
importante a todo el personal del ministerio en esa línea de lograr
el equilibrio presupuestario que desde el Gobierno se ha planteado y
que todos los ministerios, al igual que el Ministerio de
Administraciones Públicas, llevan a cabo.

Nosotros discrepamos de la intervención de la portavoz socialista.

Son visiones distintas y a lo mejor hablamos con ciudadanos
distintos, pero nosotros creemos que la Administración central ha
mejorado en estos años, que es una Administración más moderna, una
Administración más eficaz y una Administración de calidad, que era
uno de los objetivos que el ministerio y el propio señor ministro en
su primera comparecencia ante esta Comisión llegó a formular.

Otro de los objetivos que se planteaba el ministerio y que se refleja
en las partidas presupuestarias, la racionalización y la
profesionalización de todos los miembros de la Administración
central, creemos que también queda reflejado. Se está haciendo un
esfuerzo muy importante pero cuando se quieren llevar a cabo grandes
proyectos los objetivos no se pueden cumplir en uno o en dos
ejercicios. El ministerio está llevando a cabo grandes proyectos de
modernización y nuevas tecnologías y entendemos que es absolutamente
imposible que en uno o en dos ejercicios se pueda cumplir, pero se
están llevando a cabo, como nos imaginamos que se podrá comprobar con
la explicación de la señora subsecretaria.




Nosotros entendemos que haya partidas donde la contratación externa
en cuestiones tecnológicas sea necesaria, porque ratificando la
magnífica preparación de los funcionarios que se ocupan de cuestiones
tecnológicas en el ministerio, creemos que hay programas y
actuaciones ministeriales que desbordan el propio trabajo que pueden
llevar a cabo los funcionarios para lograr ese objetivo de renovación
tecnológica que este ministerio se ha marcado y está llevando a cabo.

Confiamos que la coordinación con el resto de las administraciones
cada día va a ir siendo más eficaz y cada día va a ir teniendo más
incidencia en todos los administrados. Hoy ya se ha conseguido que
muchos trámites administrativos se puedan hacer a través de las
nuevas tecnologías. Creo que el año que viene las declaraciones de la
renta van a poder presentarse a través de estos nuevos sistemas
tecnológicos, lo cual viene a demostrar que nuestra Administración
central está cada día más modernizada y más preparada, facilitando al
administrado esas nuevas fórmulas y ese acceso directo y cómodo a la
Administración.

No querríamos dejar de pasar en esta intervención dos esfuerzos
importantes que hace el ministerio en este presupuesto, que es la
formación del personal. A través del INAP el ministerio hace un
esfuerzo muy importante para que nuestros funcionarios estén cada día
mejor preparados, y la política social que el ministerio lleva a cabo
con la protección social de los funcionarios a través de los
incrementos de importantes partidas en Muface, que creemos viene a
suponer unas mejores condiciones para nuestros funcionarios y para
todo el personal de la Administración central.

En cuanto a las retribuciones salariales, aunque supongo que
tendremos ocasión de debatirlo, estamos en condiciones de asegurar
que el incremento en el año 2001 no ha sido del 2 por ciento sino que
va a estar muy cercano al IPC real que se va a producir según las
previsiones existentes. Aunque es un latiguillo que el Partido
Socialista utiliza y que nos imaginamos va a seguir utilizando a lo
largo de todo el debate presupuestario, los funcionarios en estos
cinco años de Gobierno del Partido Popular (se puede demostrar con
las cifras), han ganado poder adquisitivo y hoy tienen una mejor
situación que la que tenían antes de la llegada al Gobierno del
Partido Popular, y sobre todo algo que nosotros consideramos muy
importante y es que tienen la tranquilidad de que la nómina se cobra
todos los meses. Creemos que esos son unos aspectos importantes que
hay que tener en cuenta.

Para terminar, querría formular una sola pregunta a la señora
subsecretaria. En el proyecto de ley de presupuestos del año 2002 se
observa que el Ministerio de Administraciones Públicas, sin
considerar a los organismos autónomos a él adscritos, se incrementa
el 1,4 por ciento en relación con el presupuesto del año 2001, lo que
parece responder a lo que hemos dicho con anterioridad relativo a las
líneas generales y globales del Gobierno de la austeridad y el
equilibrio. Nos gustaría que nos explicara las causas de este
incremento y a qué partida o partidas se va a destinar el mismo.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones realizadas,
tiene la palabra doña María Dolores de Cospedal.




La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (De Cospedal
García): Gracias, señores diputados, por la bienvenida y por el tono
de sus intervenciones. Si le parece bien al señor presidente y a SS.

SS., a la vista de cómo se han planteado las intervenciones del Grupo
Socialista y del Grupo Popular, entiendo que sería conveniente hacer
una reflexión general, que por otra parte también ha hecho el Partido
Socialista, acerca de los objetivos del ministerio y de los programas
presupuestarios con carácter general porque entiendo que así daría
contestación a muchas de las preguntas que ha formulado la señora



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López y las que me queden pendientes las iré contestando de manera
puntual.

El Ministerio de Administraciones Públicas tiene entre sus objetivos
algunos de los que ha señalado la representante del Grupo Socialista.

Uno de ellos es la racionalización y el control del gasto y entiendo
que en este presupuesto, como luego diré, se pone de manifiesto que
esta racionalización y control del gasto se está realizando. Es una
tarea que no se realiza de un año para otro, sino que se va a
haciendo de forma consecutiva año tras año, y creo que voy a poder
demostrar con mi intervención que esto se está produciendo.

Se plantea también como objetivo un modelo de administración más
moderna y más cercana al ciudadano, como bien ha dicho la señora
López, y creo este modelo se está asentando progresivamente. Los
programas de la intranet administrativa o de la ventanilla única
empresarial, del portal de las Administraciones Públicas, se han
puesto en marcha y se tienen que seguir desarrollando porque son
complicados y costosos, los seguimos desarrollando en el presupuesto
del año que viene y seguimos con trabajos para ponerlos en marcha,
así como nuevos programas y proyectos que tiene este ministerio, por
ejemplo, de racionalización de los boletines oficiales de las
provincias o la Ley de arbitraje de derecho administrativo u otro
tipo de programas que están puestos en marcha.

Asimismo, se está haciendo un esfuerzo importante de racionalización
de recursos humanos y de la política de recursos humanos y explicaré
a S.S. en qué sentido se está haciendo este año. En este punto, las
distintas partidas presupuestarias y las diferentes imputaciones que
ha apreciado S.S. responden a este criterio, y así lo trataré de
explicar. La señora López se refería a un deterioro de la
Administración general del Estado, cuestión a la que estamos
atendiendo y creo que solucionando. Pongo como ejemplo que, en la
práctica totalidad de las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, se están aprobando las cartas de servicios que identifican
todos los servicios que pueden prestarse desde cada una de las
dependencias de la Administración general del Estado a los
ciudadanos; se establecen también los baremos de calidad que se puede
exigir a cada dependencia, sea cual sea el área integrada en esa
delegación o subdelegación del Gobierno; se están llevando a cabo en
el seno de las administraciones públicas este año, por ejemplo -es un
tema de la Secretaría de Estado de las Administraciones públicas,
pero lo quiero destacar-, iniciativas tan importantes como los
premios a las mejores prácticas en la Administración pública, que
premia iniciativas de los empleados públicos para mejorar su
servicio, que se ve de manera objetivada en la calidad de servicio
que se presta a los ciudadanos, o los premios a la calidad en los
servicios públicos. Se están realizando tareas de autoevaluación en
las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, de acuerdo con los
criterios de la Asociación
europea de calidad y de la sección de las administraciones públicas a
la que pertenece el ministerio. Ese deterioro de la Administración
general del Estado, al que se estaba asistiendo desde hace algunos
años, lo estamos superando satisfactoriamente, pero aquí como en
todo, hay opiniones. Eso lo quería plantear como principio general.

El presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas sube este
año un 1,4 por ciento, desglosando, ministerio de los organismos
autónomos que están a él adscritos, el Instituto Nacional de la
Administración Pública y la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado. Al INAP me referiré más adelante muy someramente
y de la Mutualidad de Funcionarios se ocupará el secretario de Estado
de Administraciones Públicas. Centrándome, en primer lugar, porque
allí se ha centrado su intervención, en el ministerio excluidos los
organismos autónomos, voy a exponer a SS.SS. a qué se debe ese
crecimiento que es del 1,4. Es un presupuesto y un crecimiento
creíble, entre otras cosas, porque como no es un ministerio que tenga
un presupuesto demasiado extenso, como comentaba con algún miembro de
la Mesa, es muy creíble que sí lo podamos ejecutar, de hecho, este
año lo vamos a ejecutar en su práctica totalidad y así pretendemos
hacerlo el año próximo. El crecimiento del 1,4 por ciento, esto es de
6.202.000 euros, que son unos 1.032 millones de pesetas, se ocasiona
por las siguiente causas. En primer lugar, porque el presupuesto
inicial que tenía el ministerio en el año 2002, ha sufrido a lo largo
del año una serie de modificaciones que vamos a consolidar para el
ejercicio siguiente; se trata de incrementos derivados de
transferencias, desde otros ministerios u organismos autónomos, al
departamento y también decrementos ocasionados como consecuencia del
traspaso de algunos servicios a comunidades autónomas. En concreto,
estos incrementos y disminuciones en el presupuesto del ministerio
ascienden a 1.194.000,53 euros y el desglose sería el siguiente. Se
integra en el ministerio, a través de las delegaciones del Gobierno,
personal residual que quedaba del Fondo Español de Garantía Agraria,
una vez que se han completado los traspasos en esta materia a las
comunidades autónomas, lo que supone unos 115 millones de pesetas,
691.000 euros. También, tras el último decreto de estructura del
ministerio, como sabe S.S., pasan a ser competencia de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública los procesos de selección
del personal adscrito a los cuerpos generales de la Administración,
que hasta entonces se venía desarrollando en el Instituto Nacional de
la Administración Pública. Esos fondos se transfieren internamente en
el ministerio desde el INAP a la Secretaría de Estado, por tanto, al
ministerio, y supone una transferencia de unos 679.000 euros. Se
terminan también las integraciones para el año que viene de las
antiguas áreas o direcciones provinciales de trabajo en las
delegaciones del Gobierno; no es mucho, unos 6 millones



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y medio de pesetas. Asimismo, tras el último decreto de estructura
orgánica del Ministerio de Justicia, todos los servicios jurídicos de
los departamentos ministeriales pasan ahora, tanto el personal de la
Abogacía del Estado como el personal auxiliar, a depender de la
relación de puestos de trabajo del Ministerio de Justicia, con lo
cual todos estos créditos para las retribuciones del personal de los
servicios jurídicos supone también un decremento en el capítulo 1 del
ministerio. Por último, como decrecimiento también hay que hacer
mención a tres reales decretos de traspasos, que han tenido lugar
desde el 31 de julio hasta estas fechas, en materia de industria,
energía y minas y de legislación sobre productos farmacéuticos, que
han disminuido el coste para el ministerio, en un caso, en 45.000
euros y, en el otro caso, en 72.000 euros.

El resto del crecimiento del presupuesto asciende (diría que este es
el incremento real del presupuesto del ministerio porque son
cantidades consolidadas para el año que viene, pero que nos venía
dado por procesos de este año) a 5.800.000 euros, lo que supone un
crecimiento real del ministerio, descontada la consolidación -el 1,4
por ciento-, de un 1,1 por ciento. Este incremento se plasma
fundamentalmente en tres cuestiones. En primer lugar, por el
incremento del 2 por ciento en el capítulo 1, gastos de personal,
que, como ha dicho S.S., supone unos 700 millones de pesetas; en
segundo lugar, por el incremento, en el capítulo 2, de una partida
destinada a afrontar las elecciones sindicales, que se llevan a cabo
en el ámbito de la función pública el año que viene, una partida de
unos 100 millones de pesetas y, también, por un incremento del 2 por
ciento de la subvención que concede año tras año el Ministerio de
Administraciones Públicas, al Instituto Nacional de la Administración
Pública, que supone unos 33 millones de pesetas, 197.000 euros. Este
es el incremento real del ministerio considerado en su totalidad,
exclusión hecha del INAP y de MUFACE.

Por contestar a alguna de las preguntas que ha hecho S.S., y puede
ser aclaratorio, aunque no suponga incremento en el ministerio, sí se
ha realizado un ajuste entre capítulos, como muy bien ha observado.

En concreto, se produce un incremento de 1.500.000 euros en el
capítulo 2, gastos corrientes de bienes y servicios. No supone esto
un incremento real en el presupuesto total del ministerio, ya que
este incremento en el capítulo 2 tiene un decremento que es idéntico
en el capítulo 6, de inversiones reales. Este cambio en la imputación
de capítulo se ha realizado fundamentalmente para atender los
proyectos de tecnologías de la información y de la sociedad de la
información, en los que está inmerso el Ministerio de
Administraciones Públicas y a los que me he referido antes, para
afrontar y poder llevar a buen éxito las necesarias asistencias
externas y técnicas en la ayuda para seguir en la elaboración del
portal de las administraciones públicas. Es un tema que va
progresando día a día, el portal no se hace un día y se queda
ahí, hay que ir completándolo día a día e igual pasa con la intranet
administrativa o con la ventanilla única empresarial, aunque ese tema
supongo que también lo volverá a tocar el secretario de Estado.

Se han producido otros ajustes, a los que también se ha hecho
referencia, en un único programa de gasto, el 121.A, que gestiona la
subsecretaría. Como ha dicho S.S., estos ajustes tienen una razón
fundamental, la transparencia y la claridad en la gestión. Estos
ajustes se han dado ya hace muchos años en otros ministerios, donde
todos los programas de incentivos al rendimiento, que incluyen el
concepto de productividad y el concepto de gratificaciones, están en
un único programa y desde ahí se gestionan, porque los criterios
pueden ser más parecidos para todo el personal del ministerio y era
una cuestión que no se planteaba en el Ministerio de Administraciones
Públicas. Consultada esta cuestión convenientemente con la
Intervención General de la Administración del Estado, porque la
consulta la hicimos previamente, y teniendo en cuenta que en casi
todos los ministerios se planteaba así y que, como no podía ser de
otra manera, el Ministerio de Administraciones Públicas también
facilitaba la transparencia en la gestión, se ha realizado la
imputación de estos conceptos en un solo programa y por un solo
gestor; ahora explicaré cómo se gestiona. Eso responde a la pregunta
de por qué sube tanto el capítulo 1, en el programa 121.A, por los
conceptos de incentivos al rendimiento, la productividad y las
gratificaciones. También sube el programa 121.A en gastos derivados
de la formación del personal del ministerio, diferente de la
formación continua de los empleados públicos, que lleva a cabo el
Instituto Nacional de la Administración Pública, porque todo lo que
son costes sociales y gastos sociales de todos los empleados públicos
del ministerio, por esa misma claridad y transparencia en la gestión
y por mantener unos únicos criterios, se han imputado a un programa,
al 121.A. Esa es la razón de que el capítulo 1 crezca en el programa
que gestiona directamente la subsecretaría y, sin embargo, decrezca
en otro programa que también gestiona la subsecretaría, que es el
121.B. Todos esos créditos pasan a ese programa y decrecen también en
los programas que gestionan las otras dos secretarías de Estado en el
mismo capítulo. Es decir, lo que desaparece de unas se transfiere a
las otras, en el bien entendido de que las propuestas tanto de
productividad como de gratificaciones, no las hace exclusivamente
esta subsecretaría para todo el personal del ministerio, como se
puede imaginar; los procedimientos de propuestas vienen siendo los
mismos, pero todo se puede plantear y mirar con unos criterios más
objetivos al ser uno solo el órgano gestor.

Con relación a otro concepto, al que también se refería S.S., la
subida especial en el artículo 11, que puede dar lugar a una mala
interpretación, porque parece que sube el personal eventual del
ministerio, no sube el personal eventual del ministerio, seguimos
teniendo exactamente



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la misma dotación que el año anterior. Lo que ocurre es que, en
virtud de una orden y posterior resolución del Ministerio de
Hacienda, tenemos que imputar este año al artículo 11, personal
eventual, todos los gastos de los puestos ocupados en concepto de
personal eventual, sean funcionarios públicos o no sean funcionarios
públicos. Antes, cuando eran funcionarios públicos, lo pagábamos por
el concepto de funcionarios públicos y, cuando no lo eran, por el de
personal eventual; ahora, siempre que se ocupe un puesto eventual, se
sea o no se sea funcionario público, se paga por un mismo concepto,
pero el incremento no existe, sólo es un cambio de imputación.

Con relación al Instituto Nacional de la Administración Pública, se
produce también un incremento importante y, aparte de ese incremento
del 2 por ciento en la subvención que hace el ministerio anualmente y
que es la forma de financiar en su estructura Instituto Nacional de
la Administración Pública, que se produce este año y que supone 33
millones de pesetas y no más, el incremento viene dado principalmente
por el aumento en la transferencia, como decía el señor Merino, que
se recibe desde la Fundación para financiar la formación continua de
los empleados públicos. Este año ha subido, en las aportaciones que
se realizan al INAP desde el Ministerio de Trabajo, en un 8,9 por
ciento. En todo caso, más de un 85 por ciento de todo el presupuesto
que tiene el Instituto Nacional de la Administración Pública se
dedica, y se va a dedicar el año que viene también, a la formación
continua de los empleados públicos.

Creo que he contestado a todas las preguntas puntuales que me ha
hecho S.S., quizá quede alguna muy puntual. Me preguntaba, por
ejemplo, por la subida en algunos conceptos como trabajos técnicos.

Mirado concepto a concepto a veces es demasiado puntual, pero el
ministerio antes tenía un convenio con el Ministerio de Fomento
porque, como es un ministerio escaso y pobre, hay algunos servicios
que no tenemos nosotros y el Ministerio de Fomento en su oficina de
supervisión de proyectos nos supervisaba los proyectos de las obras
que nosotros financiábamos. El Ministerio de Fomento entiende que
este convenio no debe continuar. Para nosotros a veces eran muy
largos todos los procedimientos, porque cuando uno en su casa tiene
sus proyectos, primero revisa los suyos y luego los de los demás, por
eso sube un poquito esta partida, porque ahora los va a financiar el
propio ministerio. El tiempo de retraso que suponía que nos lo
hiciera otro ministerio lo ganamos financiándolo nosotros. Es verdad
que hay algunos conceptos que suben, como los postales. Eso sucede
porque baja el concepto de comunicaciones telefónicas. Como hemos
conseguido contratos ventajosos, gracias a sacar concursos integrales
no sólo de voz, sino de voz, de datos y de red, todo integrado,
tenemos mayores ventajas en las comunicaciones telefónicas y, como
con las comunicaciones postales, sobre
todo por los temas de oficinas de extranjería y de expedientes que
hay que mandar a consulados en el exterior, que a veces no están del
todo informatizados, sabíamos que nos iba a hacer falta el dinero de
esta partida; esa es la razón de que esté ahí. Si se fija,
prácticamente lo que crece uno es lo que disminuye el otro.

Creo que las preguntas puntuales acerca de los conceptos
presupuestarios de la señora López, y las generales, a las que se
refería el señor Merino, en torno a qué es lo que sube o qué es lo
que baja, están contestadas, si no, me lo dirán SS.SS. más adelante.

La portavoz del Grupo Socialista me preguntaba acerca de las oficinas
de extranjería. Efectivamente, en el ministerio se integran las
oficinas de extranjería en las delegaciones y en las subdelegaciones
del Gobierno, y este ministerio tiene la competencia orgánica en esta
materia. Le diré, contestando a la pregunta de cuántas oficinas están
creadas o se van crear (porque sí que hay un compromiso de crearlas
en todas las provincias, siempre que ello se considere acertado), que
se han creado ya oficinas de extranjería en Sevilla, en Almería, en
este momento están en tramitación la de Cádiz y la de Zaragoza; se
han creado en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Gerona,
Lérida; están en tramitación la de Coruña y Orense; se han creado la
de Mallorca, Murcia, Valencia, Alicante, Ceuta, Melilla y está en
tramitación también la de Madrid. Estas son las oficinas de
extranjería: creadas, 13 y en tramitación en estos momentos, ya
informadas para sacar a «Boletín Oficial del Estado», 5. Son los
puntos más conflictivos de oficinas de extranjería con los que nos
hemos encontrado.

Como consecuencia del esfuerzo importante que ha hecho el Ministerio
de Administraciones Públicas en esta materia, este año, gracias a la
dotación que recibimos el año pasado en el capítulo 1 para gastos de
personal, para oficinas de extranjería, se han creado 333 puestos
estructurales en todas las oficinas de extranjería de España. Como
sabe S.S. es un esfuerzo importante si se tiene en cuenta que el
presupuesto es austero y se tiene poca dotación para el capítulo 1.

Entiendo que supone una expresión de la racionalización en el gasto,
emplear los medios para los fines que de verdad se ve de manera
sistemática que son absolutamente necesarios; en este caso por lo
menos para el Ministerio de Administraciones Públicas, una de
nuestras prioridades en materia de personal y de dotar de unas buenas
infraestructuras a las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno
son las oficinas de extranjería. Se han realizado inversiones muy
importantes para dotar y mejorar las oficinas de extranjería en
Galicia y en las Islas Canarias. Están proyectadas ya las obras para
oficinas de extranjería nuevas en Aragón, se están realizando en
Cataluña, en Lérida, y se van a realizar también en Cádiz. Se hace
esto teniendo también en cuenta la racionalización en el uso de
edificios a la que se refería su señoría. Hay muchos edificios que



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se han recibido del Parque Móvil del Estado y que en la actualidad
pueden no ser tan útiles. En la práctica totalidad de las oficinas de
extranjería que estamos adecentando, adecuando o ampliando, estamos
utilizando esos edificios que nos venían del Parque Móvil;
generalmente son instalaciones que, adecuadas convenientemente, como
no están en lugares demasiado céntricos, pueden ser muy útiles para
oficinas de extranjería.

Es cierto que yo dije en mi comparecencia del año pasado que
estábamos pendientes de un acuerdo con la Dirección General de
Patrimonio del Estado para racionalizar el uso de inmuebles en todo
el territorio. Esto ya ha empezado. El acuerdo se ha plasmado
inicialmente en una relación, que se ha mandado desde todas las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, de todos los edificios
administrativos que tiene ahora mismo la Administración general del
Estado en todas y cada una de las provincias españolas. Desde el
Ministerio de Hacienda, desde la Dirección General de Patrimonio, se
está en este momento terminando el análisis de cómo tiene que ser el
uso más racional de estos edificios. O sea, que esto sí se ha puesto
en marcha, lo que ocurre es que no es una cosa tan fácil cuando los
edificios pertenecen a distintos ministerios. Es un trabajo que se
está haciendo ya desde la Dirección General de Patrimonio, en
colaboración con los subdelegados del Gobierno que también aportan
las ideas sobre cuáles creen que tienen que ser los usos más
racionales de los edificios, y en este sentido se les tiene en
cuenta.

Se ha producido también, y lo puede ver S.S. en el proyecto de
presupuestos, un ahorro en alquileres de inmuebles, sobre todo en el
programa de administración periférica. Esto también deriva de las
obras de acondicionamiento de delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno y de la concentración de servicios en edificios que sean
únicos y que den una imagen unívoca de lo que es la Administración
del Estado en la provincia. Eso se transforma en una disminución del
gasto de alquileres, que también se ve en el presupuesto y de los que
también tenemos cifras. Entendía yo, porque lo ha solicitado la
señora López, que el informe de auditoría del año pasado se lo
habíamos mandado, pero si no lo hemos hecho, se lo haremos llegar.

En relación con la última pregunta más puntual que me formulaba sobre
el tema informático, por lo que corresponde a los servicios que
gestiona directamente esta subsecretaría y en colaboración con la
secretaría de Estado de la que depende orgánicamente la de
Organización Territorial, sí le digo que durante este año, y
terminaremos el año que viene, el ministerio ha hecho un esfuerzo muy
importante en modernizar todo el parque informático y las
comunicaciones de todas las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno. Es un esfuerzo muy importante porque era un parque que
estaba muy obsoleto y se está modernizando creo que de una manera muy
satisfactoria.

Al mismo tiempo, también se ha hecho un esfuerzo importante en
informática -que está prácticamente terminado para lograr una gestión
más rápida, eficaz y centralizada de los temas de extranjería. Sobre
lo que decía la señora López sobre el gasto en contrataciones
externas en informática, aunque está discusión es verdad que ya la
tuvimos el año pasado, yo sigo pensando igual: que para realizar
determinados proyectos novedosos, si las ideas están fuera de la
Administración, ésta tiene que acudir a las mejores empresas, y
nosotros así lo necesitamos seguir haciendo para proyectos que son
muy avanzados, como es el tema del intranet administrativa o el
portal de las administraciones públicas. El incremento en este
sentido del capítulo 2, respecto al capítulo 6 responde a este
criterio.

Nada más, a salvo de lo que quieran sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora subsecretaria.




¿Quiere hacer uso de la palabra, doña María José López?



La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, para darle las gracias a
la subsecretaria de Estado por toda la información que me ha
facilitado y por la respuesta a todas las preguntas que le he
formulado.

No obstante, me gustaría decirle dos cosas a la señora subsecretaria
que sabe que son mi obsesión, por lo que me disculpará que vuelva a
insistir en ellas. Una es el tema de la productividad. Agradecería
que ese detalle pormenorizado, que creo que ha sido un olvido en su
intervención, me lo haga llegar, por favor, porque ya le digo que he
preguntado en esta Comisión en diferentes ocasiones y la información
que nos llega no es exactamente la respuesta a la pregunta.

Existe una segunda reflexión a la que he hecho referencia con
anterioridad, y voy a hacerlo de nuevo, sobre la contratación de las
empresas para la informatización y la modernización informática del
ministerio y la coordinación con el resto de los ministerios. Sigo
pensando que no existe correspondencia entre el gasto y la
efectividad que se produce con esas contrataciones. Le voy a hacer un
comentario divertido, un poco por romper la seriedad de este acto.

Aproximadamente a finales del mes de agosto, leía en el periódico «El
País» que se había hecho un gran esfuerzo por parte del ministerio
para que el ciudadano no tuviese que acudir al ministerio sino que
pudiera tener acceso a determinados servicios a través del portal
informático. El comentario de los que tenía alrededor, -y se lo digo
a la subsecretaria porque hay que tomar nota de algunas cosas- era:
Hemos pasado, María José, del vuelva usted mañana al conéctate
mañana. Porque no había forma ni posibilidad de tener acceso ese día
al portal ni a la información y aparecía en pantalla el conéctese
posteriormente, mañana. Entonces, de broma, me decía algún sector de
los ciudadanos: hemos pasado del vuelva usted mañana



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a la ventanilla, al conéctate mañana. A eso me refiero cuando le hago
la reflexión de que sigue pareciéndonos que no hay correlación entre
el gasto que se produce en ese tipo de contrataciones y el beneficio
que posteriormente se puede estar prestando al ciudadano. De todas
formas, muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Para terminar esta comparecencia, tiene la
palabra la señora subsecretaria.




La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (de Cospedal
García): Muy brevemente, y sólo por dejar contestadas esas dos
observaciones de la señora López.

El vuelva usted mañana, fue un problema de información que sufrimos
desde el propio ministerio. Se dijo que se iba a inaugurar el portal
un día, al final lo retrasamos al otro día y tuvimos que poner,
vuelva usted mañana. Por el chascarrillo tiene usted razón, tuvimos
ese problema de deficiencia informativa nuestra.

Con relación al tema de la productividad, se lo haré llegar en dos
días, porque las cantidades de productividad que tienen los altos
cargos del ministerio son las que fija Hacienda y no son otras. O
sea, que son comunes, conocidas, públicas y notorias.




- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO (ELORRIAGA PISARIK). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (números de expediente 212/000756 y 212/
000760) Y GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/
000727).




El señor PRESIDENTE: Reemprendemos los trabajos de la Comisión, con
la comparecencia de don Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de
Organización Territorial. Han pedido la comparecencia del señor
secretario de Estado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el
Grupo Parlamentario Socialista.

En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor don Antero Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): El pasado ejercicio, a través de
varias enmiendas, llamamos, la atención de SS.SS., con escaso éxito,
sobre algunas cuestiones concretas que no estaban siendo consideradas
por el Gobierno en materia de financiación autonómica. En primer
lugar, nos referíamos a esa política que ahorraba recursos mediante
la ignorancia de la evolución de la población. En este mismo campo de
la suficiencia de recursos, planteamos una serie de cuestiones
sustanciales para la pacificación del debate del modelo de
financiación autonómica, como era una correcta interpretación de los
principios de corresponsabilidad y de nivelación. El acuerdo de 27 de
julio ha venido a confirmar estos aspectos, a corregir el sistema de
financiación
y a ofrecer un marco de estabilidad apreciable. Algunas de
las cuestiones aprobadas merecerían mayor reflexión, pero merece la
pena experimentar un modelo potenciando el valor de consenso que este
acuerdo supone. No dejaré de señalar uno de los más evidentes riesgos
de futuro, la valoración incorporada a los servicios de sanidad
enmarcados dentro de la Seguridad Social. Nuestra impresión, bastante
fundada, es que ésta es una valoración deficitaria, que pesará
notablemente en el proceso de transferencias abierto y que la
garantía de la financiación de los modelos de salud pública debería
basarse en garantizar su crecimiento según el producto interior bruto
nominal. Sobre estas cuestiones no tenemos garantía alguna de que las
valoraciones incluidas en el citado acuerdo sean correctas.

Sobre las haciendas locales, una vez que se ha avanzado en la
definición de un modelo de financiación estable y corresponsable,
debemos señalar que queda pendiente, como tuvimos oportunidad de
indicar el pasado año, la superación de las ineficiencias que revela
el modelo de financiación local. Los ayuntamientos están percibiendo
desde hace algunos años tanto las limitaciones de los fondos que se
asignaron tras la aprobación de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, como los problemas para asumir, mediante pactos locales,
autonómicos, nuevas competencias ante la mala valoración en origen de
las transferencias del Estado y cierta cicatería de las comunidades
autónomas. Nuestras consideraciones atienden a la necesidad de
definir un nuevo modelo que, como señalé el pasado año, debe estar
abierto a una extensión de la corresponsabilidad fiscal a los
ayuntamientos, siempre que la nueva fiscalidad derivada de los
futuros acuerdos mantenga los necesarios equilibrios de nivelación.

Nuestras propuestas en estos presupuestos no sólo se refieren al
modelo general, sino a mejorar el principio de suficiencia. Debemos
enfatizar nuestra idea de que la debilidad de recursos locales estaba
vaciando el principio de autonomía política y el de subsidiaridad. En
este terreno, nos fijamos esencialmente en los municipios menores de
25.000 habitantes. La primacía del factor población, la no
consideración de características físicas, de núcleos de población,
etcétera, penaliza a estos municipios. Tampoco debemos dejar de
referirnos a los costes que los ayuntamientos asumen en políticas
asistenciales y de integración de emigrantes. Creemos que ésta es una
obligación estatal que deben gestionar los municipios y que debe ser
dotada en estos presupuestos.

La institución de que el sistema de financiación pública de los
gobiernos locales de España experimentaría una creciente dependencia
de las transferencias de los niveles superiores de Gobierno ha sido
plenamente confirmada por la evidencia. El otro riesgo subyacente en
la estructura fiscal contenida en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales era el de que los gobiernoslocales desarrollaran una
tendencia creciente al endeudamiento,



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que en la década anterior había colocado a la Administración local
española en una situación de colapso fiscal y financiero, lo que
motivó la necesidad de aplicar un programa enérgico de saneamiento
por parte del Estado. Junto a los problemas señalados en los párrafos
precedentes, hemos venido a constatar una creciente tendencia a la
divergencia entre los gobiernos locales, en términos de capacidad
fiscal, y, por consiguiente, de autonomía financiera real. En suma,
una tendencia a una creciente desigualdad entre los gobiernos locales
de las diferentes comunidades autónomas y entre las propias
comunidades autónomas. La idea de que los ciudadanos deben recibir el
mismo nivel de bienes y servicios públicos locales, con independencia
de su localización geográfica, equidad categórica, aspiración del
mandato constitucional, no pasaría de ser una pura utopía si no
dispusiéramos de un instrumento de igualación que complemente la
capacidad de la hacienda local en este caso. Esto supone un esfuerzo
de redistribución interterritorial muy superior al que se ha
realizado hasta el presente; lo que implicaría una reconsideración en
profundidad de las prácticas de los gobiernos central y autonómicos
en materia de transferencias discrecionales a favor de los gobiernos
locales cuando aquéllas no están vinculadas a criterios normativos
claros y precisos. Un marco fiscal inestable tiende a introducir
efectos de desorden financiero que ahora se ven seriamente
incrementados por el anuncio por parte del Gobierno de su intención
de suprimir el impuesto sobre actividades económicas y de modificar
sustancialmente el impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana. Si tenemos en cuenta el horizonte
diseñado para la integración plena en la unión económica y monetaria
a partir del 1 de enero del 2002, se hace inaplazable abordar una
reforma en profundidad del marco fiscal y financiero de la
Administración local española, en particular si se quiere dar un
contenido real a los principios constitucionales de autonomía
financiera y suficiencia de los gobiernos locales. El escenario
probable, en el horizonte de la próxima década para el
desenvolvimiento de la actividad de las corporaciones locales
españolas será el de una creciente asunción de nuevas
responsabilidades en la prestación de servicios públicos y en la
provisión de bienes públicos locales. El criterio de proximidad a los
ciudadanos y una interpretación correcta del principio de
subsidiariedad conducirá a una creciente descentralización de
funciones a favor de los gobiernos locales, lo que determina la
necesidad de dotarnos de los recursos fiscales adecuados que aseguren
su equilibrio presupuestario a corto plazo y en especial su
estabilidad financiera a largo plazo. La experiencia de aplicación
del llamado pacto local ha puesto de manifiesto las importantes
dificultades que aquél tiene sin contar con una estructura fiscal
adecuada. La hacienda local española presenta rasgos diferentes a la
de los países que constituyen la Unión Europea y en particular el
porcentaje de los recursos financieros locales que se obtienen del
sistema fiscal local nos aproximan a los países más avanzados de la
Unión. Sin embargo, la escasa o nula elasticidad impositiva del
sistema local impone la necesidad de introducir instrumentos
alternativos que contribuyan a dotar de estabilidad al sistema con el
fin de asegurar la autonomía financiera y la suficiencia de los
gobiernos locales. En nuestras enmiendas propondremos -y también hoy
a su reflexión- una respuesta basada en una aplicación flexible de
los principios de igualación y de corresponsabilidad fiscal. En
efecto, no tendría sentido proceder a una reforma de la hacienda
local basándonos pura y simplemente en criterios recaudatorios
olvidando los criterios de redistribución y equidad impositiva. En
función de los argumentos anteriores y de acuerdo con los datos
observados en relación con el comportamiento de las transferencias y
la capacidad fiscal de los gobiernos locales entendemos que la
respuesta lógica a los problemas del sistema de financiación local de
España sería la introducción de un impuesto local sobre la renta que
sustituiría, por la función de la corresponsabilidad, al ineficiente
sistema de transferencia que hoy constituye la base de la
financiación local.

Para terminar, le voy a realizar una serie de preguntas extraídas de
los programas, en este caso del 912.B, y que son las siguientes: ¿Qué
razón justifica que la Generalitat reciba para la financiación del
plan de obras y servicios provisional 19.436.000 euros, en vez de
recibirlos directamente las propias diputaciones catalanas? Segunda.

¿Qué razón justifica que la financiación de la inversión de los
ayuntamientos por parte de los Presupuestos Generales del Estado sea
prácticamente la misma que había ya hace un par de años, 135.822
millones de euros en el 2002? Es una cantidad prácticamente igual,
hay una diferencia insignificante desde el año 2000 hasta el año
2002. Tercera. ¿Cuál es el volumen de recursos del plan de
saneamiento del déficit municipal para este año 2001, qué uso se va a
hacer del mismo y cuál ha sido su evaluación en términos absolutos
y relativos en los últimos tres años? Cuarta. ¿De qué manera van a
contribuir los Presupuestos Generales del Estado para 2002 a
consolidar el pacto local firmado por todos los grupos políticos?
¿Qué medidas contienen los Presupuestos Generales del Estado del año
2002 de apoyo a los posibles pactos locales que se puedan firmar
entre las comunidades autónomas y sus respectivos municipios? Quinta.

En este programa 912.B ¿qué destino tiene la financiación de la
Federación Española de Municipios y Provincias, 1.600.000 euros? ¿Es
financiación finalista o sufraga gastos corrientes de la Federación
Española de Municipios y Provincias?
Sobre el programa 912.A, le hago las siguientes preguntas. ¿Cuál es
la liquidación definitiva del concepto 408, en los ejercicios
anteriores al año 2000? Dicho concepto mide el nivel de pago de la
Administración



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general del Estado a las corporaciones locales en su participación en
los ingresos del Estado. ¿Qué razones justifican tan alta morosidad
de la Administración general del Estado en las corporaciones locales
españolas, 639.823.000 euros? ¿Las transferencias a las diputaciones,
3.300 millones de euros, y a los ayuntamientos, 6.000 millones de
euros, obedecen a una determinada previsión de recaudación a la
liquidación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2000 o a algún otro valor?
Termino rápidamente. Paso a la novena pregunta. ¿Se ha preparado el
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2002 para dar
satisfacción a las demandas de los municipios de participar entre un
5 por ciento y un 7 por ciento en la recaudación del IRPF? Sobre el
programa 912.C, dos preguntas nada más y termino. ¿Qué razón
justifica que, en materia de aportaciones varias a los municipios,
los canarios estén separados de los del resto de España? Por último,
en materia de compensación de beneficios fiscales concedidos por
norma del Estado que afectan a las corporaciones locales, 45.656.000
euros, ¿a qué tributos locales afectan en la liquidación definitiva
de 2000 y en la provisional de 2001? ¿En qué cuantía afectan a cada
uno de los tributos locales?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Tomás Rodríguez Bolaños. Luego creo que también quiere
hacer uso de la palabra el señor Ripa.




El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Efectivamente, vamos a dividir la
intervención, señor presidente, en entes locales y comunidades
autónomas. Mi compañero, el señor Ripa, intervendrá en la segunda
parte.




El señor PRESIDENTE: Tendrán la benevolencia de ser breves, de forma
que nos parezca una sola intervención.




El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: En este campo podría ser no breve sino
vertiginoso, porque sencillamente con reiterar lo que dije
exactamente hace un año sería suficiente. Hace un año decía que había
un abandono total de las corporaciones locales por parte del Gobierno
del Partido Popular, que había un llamado pacto local que era un
engaño, que no había servido para nada y que estaban pendientes de
realizar una serie de cosas. Es curioso, porque hace un año el señor
Elorriaga me contestaba de la siguiente manera: Coincido bastante con
algunas de las reflexiones que hacía el señor Rodríguez Bolaños en
que en este proceso probablemente las corporaciones locales han
quedado un tanto apartadas -me parece que es lógico en términos de
frecuencia histórica-, lo cual no quiere decir que probablemente en
este momento convenga dirigir la mirada de forma muy especial a las
corporaciones locales y revisar su marco competencial. Esto es lo que
hace exactamente un año contestaba el señor Elorriaga, a quien no he
tenido la deferencia de dar la bienvenida. Bienvenido, muchas
gracias, etcétera. La verdad es que me voy a permitir decir que las
cosas cuando siguen igual de mal que el año anterior lo que pasa es
que empeoran. En este caso concreto, las corporaciones locales han
empeorado y siguen empeorando con el Partido Popular.

Hablando de los presupuestos para el año 2002, también quiero decir
al señor Elorriaga, como también decía mi compañera anteriormente,
que nosotros no nos creemos mucho estos presupuestos. Pero no es una
novedad porque creo que ustedes tampoco se los creen demasiado. Son
unos presupuestos elaborados en una coyuntura determinada.

Evidentemente ha cambiado la coyuntura después de un acontecimiento
triste y ustedes no han hecho nada; han sacado los papeles que tenían
antes del verano y los han puesto encima de la mesa. Valen los
presupuestos para cualquier tipo de coyuntura. Esperemos a ver cuál
es la evolución que se produce y si se modifican algunas de las
partidas presupuestarias, cosa que no creo, sobre todo en lo que
afecta a las corporaciones locales. Ustedes están basando una
financiación, unas transferencias a las corporaciones locales en un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo no
sé de cuándo data ese acuerdo ni qué acuerdo es, porque lo que yo sé
es que hay un acuerdo del Gobierno con la mayoría de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Si el acuerdo es del Gobierno,
Partido Popular, con la mayoría de la Federación Española de
Municipios y Provincias, Partido Popular, el acuerdo que ustedes han
hecho es del Partido Popular con el Partido Popular. Eso no me parece
que sea un acuerdo serio. Un acuerdo normalmente requiere que haya
dos partes en él; en todo caso ustedes no han hecho eso. Solamente le
recuerdo que la Ley de financiación de las corporaciones locales se
acordó entre el entonces Gobierno y la unanimidad de los grupos
políticos que conformaban la Federación Española de Municipios y
Provincias. Eso sí que daba credibilidad y solidez a un acuerdo.

En este caso no hay ni tan siquiera un acuerdo. No existiendo ese
acuerdo, ustedes lo que vienen haciendo año tras año y lo reiteran
para el año 2002 es una congelación en las partidas fundamentales de
las corporaciones locales. Congelan el Fondo de Cooperación, congelan
el Fondo de Transportes-. Además, en otras partidas no solamente
congelan, sino que decrece la partida prevista para las corporaciones
locales, por ejemplo, para corregir desequilibrios financieros, para
compensaciones a los municipios, los planes de obras y servicios. La
situación de las corporaciones locales con ustedes va de mal en peor,
ya es angustiosa. Pero durante el proceso que surge -no solamente una
legislatura, un año- son pocas las ocasiones que tenemos para hablar
de las corporaciones locales y ustedes lo que hacen es desatender
reiteradamente todas las reclamaciones



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que se producen por parte del sector local. Hace poco ustedes
consideraron sencillamente que no era buena una proposición no de ley
en relación con el IBI de las autopistas de peaje y la desestimaron.

Se les ha reiterado que dos años de congelación en el transporte
colectivo urbano no es razonable porque los productos energéticos han
subido bastante más de lo que es el IBI nominal; sin embargo ustedes
hacen sencillamente caso omiso de esa situación y congelan también la
partida para el transporte colectivo urbano. Sin embargo, los
ayuntamientos -y usted muy bien lo sabe- siguen asumiendo
competencias; a veces no son competencias propias, pero los
ayuntamientos precisamente por ser esa Administración pegada al
terreno, sensible con los problemas existentes, no tienen más remedio
que atender con muchísima frecuencia situaciones de emergencia.

Tenemos el problema de la inmigración, donde usted sabe perfectamente
que los ayuntamientos han tenido que dar la cara, y ha sido la
Administración que más la ha dado, haciendo un ejercicio importante y
un esfuerzo económico importantísimo para atender situaciones que
probablemente no eran de su competencia, pero que tenían que hacerlo
porque era la Administración pública inmediata que los ciudadanos
percibían.

Saben ustedes que las corporaciones locales siguen prestando atención
en materia de servicios sociales, para la que en algunos casos son
competentes y en otros, no. Mientras tanto, ustedes ponen en marcha
un llamado Plan Greco, creo que dotado con una cantidad de en torno a
los 30.000 millones de pesetas y donde la partida destinada a las
corporaciones locales de alrededor de 45 millones de pesetas. Hablan
también de un plan concertado de servicios sociales, donde no sé si
aparecen o no los ayuntamientos. Ustedes, en esta situación de las
corporaciones locales de abandono permanente, las marginan, las
ningunean, las olvidan, no saben nada de ellas, ponen en marcha
proyectos donde aparentemente hay atención a los ciudadanos y
desconocen la existencia de una administración como es la
Administración local, fundamental para el buen funcionamiento de la
prestación de los servicios. Además, cuando actúan, lo hacen en
contra de las corporaciones locales. Ustedes aprueban una ley del
suelo que persigue unos objetivos, entre ellos el abaratamiento de la
vivienda. No solamente ese objetivo no se consigue, sino que es al
revés, el abaratamiento de la vivienda no se produce, sino que se
encarece y además detrayendo de las corporaciones locales patrimonio
de suelo. Son las administraciones públicas que podían perfectamente
regular un mercado tan sensible, una situación tan complicada, con
puesta a disposición de suelo, que es público, y con unas situaciones
mejores que las del mercado, pero ustedes, enamorados del mercado,
dicen: Fuera el Estado, y el Estado en este caso, que son las
corporaciones locales, se quedan sin suelo y ustedes consiguen que la
vivienda no baje, sino que
suba. Eso es lo que consiguen hacer. Luego ponen en marcha una ley de
estabilidad presupuestaria, en donde dicen que hay que controlar la
economía, que hay que controlar todas las cifras macroeconómicas del
Estado y lo que hacen es un ejercicio de tutela que tiene muchísimos
visos de inconstitucionalidad, como se le ha dicho reiteradamente y
como en la última sesión del Pleno del Congreso de los Diputados se
lo volvimos a decir, no solamente el Grupo Socialista sino
prácticamente todos los grupos de la Cámara.

Conclusión de todo esto. Yo no sé si eso que me decía el año pasado
era por quedar bien o es sencillamente porque ustedes tienen alguna
voluntad de hacer algo alguna vez por las corporaciones locales. Le
voy a dar otro dato, sobre todo por que se lo transmita al señor
Gámir, que el otro día, hablando del proceso de descentralización,
decía que el gasto público de las corporaciones locales estaba en
torno al 20 por ciento. Eso es falso, radicalmente falso, yo creo que
está en torno al 13 por ciento, pero me gustaría, señor Elorriaga,
que me dijera cuál es exactamente la participación de las
corporaciones en el gasto del Estado. Insisto en que me parece que es
en torno al 13 por ciento. Este 13 por ciento es probablemente la
participación más escasa de todos los países de la Unión Europea en
cuanto al sector local, tanto en los países con fuerte
descentralización, como es Alemania, como en los países sin
descentralización, como es el caso francés. Cójame usted el ejemplo
que quiera y verá cómo las corporaciones locales en España son la
cenicienta del Estado. Ustedes son insensibles al sector local,
hablan de pactos locales que no son absolutamente nada -porque no se
produce ningún pacto y el pacto es asunción de competencias y por
tanto transferencias económicas para asumir esas competencias, cosa
que no se ha producido, en ese librito que ustedes sacaron a relucir
diciendo el pacto local- y con ustedes la situación de las
corporaciones locales va de mal en peor, están cada vez más ahogadas,
señor Elorriaga.

Yo querría finalizar con una serie de preguntas, a ver si usted me
puede ir contestando, pero si es posible con precisión, mejor que con
decir que están mal y es la hora de las corporaciones locales. A ver
si me dice para cuándo van a empezar a dejar de estar mal. Lo que le
acabo de decir, ¿me puede precisar cuál es la participación de las
corporaciones locales en el gasto público del Estado, sobre todo por
corregir, insisto, al compañero de su partido, el señor Gámir, que
habla de la cifra del 20 por ciento, cuando no pasamos del 12,5 o del
13 por ciento? ¿Qué va a pasar con el impuesto de actividades
económicas, señor Elorriaga? También podría decirle desde cuándo se
viene hablando sobre eso. No me diga que es de esta legislatura. En
las elecciones de 1995 el señor Aznar prometió la supresión del
impuesto de actividades económicas y además lo dijo así: Se suprimirá
el impuesto de actividades económicas. Pasó una legislatura, ni se
suprimió ni se movió, y se inicia



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esta legislatura diciendo también que se suprimiría el impuesto de
actividades económicas. Tampoco se ha hecho nada en ese sentido.

Nosotros tenemos presentada una proposición no de ley dando una
solución a esa posible situación del impuesto de actividades
económicas, que no es supresión del mismo porque es un impuesto vital
para las corporaciones locales. ¿Para cuándo, señor Elorriaga, la ley
de financiación de las corporaciones locales? Han desaprovechado
ustedes una oportunidad magnífica. Ha habido un acuerdo en relación
con la financiación de las comunidades autónomas. Creo que era el
momento adecuado para hablar de la financiación de los entes
territoriales del Estado. Deberíamos habernos sentado las tres partes
del Estado -la Administración central, las comunidades autónomas
y las corporaciones locales- para llegar a un acuerdo sobre cuál es el
papel que a cada una de las administraciones le corresponde. No ha
sido así, ustedes han hablado de las comunidades autónomas, han
llegado a un acuerdo sobre la financiación de las mismas y de nuevo
las corporaciones locales se han quedado al final. ¿Piensa, señor
Elorriaga, que 45 millones de pesetas es una partida adecuada para
hacer frente a los compromisos y a las obligaciones que, insisto, son
obligaciones, porque es necesario que alguien las atienda y son la
administración que en mejor situación está para atenderla en el Plan
Greco? ¿Usted piensa que 45 millones de pesetas es una partida
adecuada para las corporaciones locales? ¿Piensan modificar esa
partida? ¿Qué piensan hacer para ayudar a las corporaciones locales
en su atención con los inmigrantes? ¿En qué medida van a tener en
cuenta, señor Elorriaga, a las corporaciones locales creo que es en
el plan de los servicios sociales. Me parece que el nombre es un
acuerdo o un plan en relación con los servicios sociales del Estado o
algo así. ¿Ustedes piensan tener en cuenta a las corporaciones
locales y en qué medida? ¿Van a impulsar ustedes el pacto local de
verdad? No me diga que van a hacer otro libro, digo si van a
impulsarle. En este caso, señor Elorriaga, admito que hay muchas
competencias que ya no están residenciadas en el Estado, sino en las
comunidades autónomas, pero también debería usted admitir -y así hubo
un compromiso por parte del Gobierno- que había una segunda parte,
como ustedes la llamaban. Yo la sigo llamando la primera porque creo
que la primera no ha existido; por tanto existe todavía la ausencia
de un pacto local. Llámese segunda, llámese primera ¿ustedes cuándo
van a impulsar ese acuerdo entre las tres administraciones, para que
se sepa realmente cuál es el papel de cada una de ellas y para que se
haga realidad ese principio de subisidiariedad que forma parte de la
Carta europea de autonomía local que el Gobierno suscribió, donde
habla claramente de que las competencias deben estar residenciadas en
el lugar más próximo a los ciudadanos y ése no es otro que las
corporaciones locales? Eso en muchos países
lo han entendido, pero ustedes no lo entienden de ninguna manera
porque estamos a la cola en cuanto a ese principio de subsidiariedad,
que es donde las competencias deben de estar residenciadas en este
nivel.

Para finalizar, tengo que decir que me choca un incremento
importante. Le he hablado a usted del transporte, de que llevan años
congelando el transporte de las corporaciones locales, de la
combinación del transporte colectivo urbano (en esta ocasión
incrementan el 5,9, lo que de hecho supone una congelación), pero hay
una partida, que es Fomento al transporte colectivo en Canarias, que
se incrementa un 22 por ciento. ¿Me dice por qué en Canarias ha
subido desmesuradamente el transporte y en el resto de España, no? Me
gustaría saber por qué esa diferencia. ¿O es porque hay un gobierno
con el que no se llevan demasiado mal y hay que estar a bien?



El señor PRESIDENTE: Para continuar la intervención del Grupo
Socialista, tiene la palabra don Vicente Ripa.




El señor RIPA GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, pido disculpas
por que mi afección de garganta es bastante alta y mi voz no será lo
agradable que me gustaría que fuese. Me adhiero a la bienvenida y
salutación que ha hecho mi compañero señor Rodríguez Bolaños al
secretario de Estado, señor Elorriaga, y quisiera poder cumplir con
la brevedad que marca el presidente.




Señor secretario de Estado, el Gobierno del Partido Popular presenta
en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de presupuestos
para el año 2002, por cierto, bonito número, 2002, pero me da la
impresión de que sólo es bonito el número porque los números del
presupuesto ya no me parecen a mí tan bonitos. Y no es que crea yo
que los números tienen que ser bonitos o feos, pero, en el caso del
presupuesto del Estado, por lo menos los números tienen que ser
ilusionantes, esperanzadores. Más bien creo que son rutinarios, sin
un análisis profundo de cuanto está ocurriendo; son unos presupuestos
ciegos, porque sus ojos están cerrados a la realidad que nos está
aconteciendo y probablemente van a incurrir en los mismos errores,
aumentados, que los del año 2001. A mí, que tengo formación de
letras, siempre me gustaban las matemáticas porque eran exactas,
aunque cada día que pasa me doy cuenta de que ni los números son
exactos, sobre todo en un presupuesto de trámite, improvisado y yo
creo que con la idea de ocultar información. ¿Las cuentas del próximo
año asumen el acuerdo de financiación autonómica? ¿Las cuentas del
próximo año prevén las transferencias que se tienen que producir
y que en estos momentos están todavía en el aire? ¿Va a mantener
Hacienda 1999 como año base para calcular los ingresos que recibirá
cada comunidad autónomadespués de aplicar el macromodelo de financia
ción?



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¿Se va a conseguir en el año 2001 el objetivo del dos por ciento
marcado por el Gobierno del Partido Popular del IPC? ¿No estaremos
casi doblando el objetivo y acercándonos al cuatro por ciento? ¿Qué
crecimiento económico habían previsto? ¿Me equivoco si digo que
dijeron que iba a ser del 3,6 por ciento? ¿Cuál va a ser finalmente
el crecimiento? ¿La posibilidad que tiene el Gobierno de la nación de
recurrir a las cotizaciones sociales para financiar tareas que son
competencia de las administraciones centrales, con recursos de la
Seguridad Social, lo pueden hacer las administraciones territoriales?
¿Verdad que no, señor Elorriaga? Por ello se produce una situación de
desigualdad, ya que los gobiernos de estas se verán obligados a
cumplir el objetivo de déficit cero y no podrán recurrir, como hace
el Gobierno del PP, a las cotizaciones sociales, generadas por los
agentes productivos para financiar gastos del Estado. Por cierto, el
déficit cero, que parecía algo elemental y condición sine qua non el
año pasado. Recurrir al déficit cero era lo que tenía que hacer todo
el mundo, gastar lo que ingresa. Nos lo explicaron cincuenta mil
veces. Sin embargo, ayer, el secretario de Estado de Hacienda y el
presidente del Banco de España empiezan a advertir que, si el
crecimiento de España no es para el próximo año del 2,9 por ciento,
probablemente no habrá déficit cero. íHombre! Pues para este viaje no
hacía falta tales alforjas. Eso ya lo sabíamos todos, que en años de
crecimiento es muy fácil hacer un déficit cero. Lo bueno es hacer un
déficit cero en años de no tanto crecimiento.

En este mismo contexto de ralentización económica, si los organismos
internacionales y los expertos en economía hablan de un renacimiento
de Keynes, es decir que el Estado tiene que invertir más, ¿cómo van a
llevar a cabo estas inversiones las comunidades autónomas si no se lo
permite la Ley de estabilidad presupuestaria y por supuesto si no
tienen suficientes recursos? La Ley de estabilidad presupuestaria es
injusta e inequitativa porque, aunque el nuevo sistema de
financiación autonómica le permite capacidad normativa sobre el IRPF,
que les permitirá fijar el mínimo exento y establecer bonificaciones
siempre y cuando mantengan el número de tramos y respeten la
progresividad y algún impuesto especial, los recursos que van a
obtener no les va a permitir hacer inversiones. Esta insuficiencia de
recursos para poder hacer inversiones en algunas comunidades
autónomas va a crear a las generaciones futuras una situación peor
que la que existe en la actualidad. ¿Cómo compatibilizaremos este
presupuesto con la Ley de estabilidad presupuestaria? El fondo de
suficiencia tiene como finalidad cubrir la diferencia entre la
necesidad de gasto y su capacidad fiscal. ¿Cómo se va a regular?
Antes del nuevo modelo de financiación autonómica las transferencias
eran el 70 por ciento del presupuesto de las comunidades autónomas y
los impuestos el 30 por ciento; ahora se ha invertido. ¿Con qué
cantidad se va a dotar el fondo de suficiencia?
¿Será suficiente, valga la redundancia? ¿Cómo se van a determinar las
necesidades de gasto? ¿Supone una mejora con respecto al anterior
modelo?
La necesidad de gasto en Sanidad está recogida a través de las
siguientes variables, a) población protegida, 75 por ciento; b)
población mayor de 65 años, 24,5 por ciento; insularidad, 0,5 por
ciento. Parece que esto es palabra de Dios. Aceptamos que la
población protegida recoge bastante bien las necesidades de gasto,
pero el ajuste del 24,5 por ciento de población mayor de 65 años
creemos que no. Los estudios empíricos vienen a demostrar que estos
ajustes de edad, género, etcétera, explican escasamente las
variaciones de gasto; sin embargo, otras variaciones, como la
utilización sanitaria en periodos anteriores, ingresos hospitalarios
recientes o estado de salud diagnosticado parecen explicar mucho
mejor la diferencia en el gasto y consiguientemente en las
necesidades financieras para hacerlos frente. Otra cosa diferente es
que estas variables sean difíciles de obtener. Yo comprendo que son
difíciles de obtener pero son variables que se ajustan mucho más al
gasto.

Los fondos de compensación interterritorial se mantienen para el
ejercicio 2002 en la misma cuantía que en el año 2001: 880,87
millones de euros. ¿Por qué esta cantidad? ¿Qué porcentaje de la
inversión pública, incluidos los Presupuestos Generales del Estado de
este año, se va a repartir con criterios de compensación
interterritorial? Teóricamente, el 35. ¿Y el 65 por ciento restante
con qué criterio se reparte? ¿Por qué no se considera la dotación de
capital público de las comunidades beneficiarias como criterio de
reparto? ¿Qué criterio se sigue para suscribir el Estado con los
entes territoriales convenios de financiación? A la hora de repartir
el fondo ¿no se debería tener en cuenta el déficit de
infraestructuras que tienen algunas comunidades autónomas?
El Fondo de Compensación no se ha variado, a pesar de que ha variado
la Ley de Financiación. Los únicos cambios son la incorporación de
Ceuta y Melilla y que el 25 por ciento de los fondos llamados fondos
complementarios puedan dedicarse también a gastos de funcionamiento.

¿Por qué no se han tenido en cuenta más variaciones? ¿Cuál es la
diferencia de los criterios de reparto entre el Fondo de Compensación
Interterritorial y el Feder? ¿Por qué Cantabria ha quedado excluida
del Feder y sin embargo está atenta al Fondo de Compensación
Interterritorial? ¿Por qué el Ministerio de Fomento no hace más
estudios sobre la dotación de las infraestructuras en las comunidades
autónomas y podríamos partir de algo cierto? ¿Va a haber algún
organismo en Sanidad que coordine la inversión y el gasto sanitario
de las comunidades autónomas una vez transferidas? No tenemos, señor
secretario de Estado, ninguna credibilidad en las previsiones de
gasto, puesto que no tenemos ninguna seguridad en los ingresos. Esta
situación afectará a la inversión pública, recortándose,



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como ha ocurrido en el 2000 y en el 2001. La financiación autonómica
ha variado a partir del 27 de julio, pero ¿se han introducido en los
nuevos presupuestos todas las variables que ello lleva consigo?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Rafael Merino.




El señor MERINO LÓPEZ: Voy a ser muy breve porque, ante el cúmulo de
preguntas que se han formulado al señor secretario de Estado, creemos
que lo más conveniente es que tenga el uso de la palabra. Sí
queríamos hacer algunas reflexiones sobre las intervenciones que ha
habido. No se puede estar criticando por un lado que los presupuestos
son restrictivos, que no son creíbles, y por otro lado pedir más
dinero, estar de acuerdo con que hay que ajustar los presupuestos,
por otra parte, criticar que no se apoya financieramente a los
ayuntamientos. Este año ya hemos conseguido dar un paso. El tema de
las comunidades autónomas tras ese acuerdo de financiación que se ha
producido no tuvo reflejo en el debate que tuvimos el año pasado y
confío que en el próximo debate no tengamos las mismas cuestiones que
se plantean sobre las corporaciones locales. Todos coincidimos en un
punto, en la necesidad de buscar un nuevo sistema de financiación de
las corporaciones locales. Todo el mundo decía que primero era
necesario llegar al acuerdo en financiación autonómica para, en un
segundo trámite, abordar el acuerdo en financiación local. Hoy parece
ser que el Grupo Socialista también critica que no se haya hecho el
acuerdo de financiación autonómica junto con el acuerdo de
financiación local.

Los presupuestos y los números se pueden estudiar y mirar de muchas
maneras, pero hay que decir desde el Grupo Popular una rotundidad con
claridad, los ayuntamientos hoy están mucho mejor que en la época en
que gobernaba el Partido Socialista, reciben mucho más dinero que
cuando estaba el Partido Socialista y, aunque el Partido Socialista
se centre solamente en el Ministerio de Administraciones Públicas
para observar la aportación del Estado y la contribución del Estado a
las corporaciones locales, nos gustaría que hiciera el esfuerzo de
mirar la globalidad del proyecto del presupuestos generales del año
2002 y podría comprobar que se produce un incremento en la aportación
a los ayuntamientos muy superior al IPC previsto, al IPC real o al
IPC que se quiera mirar. Esa es la realidad presupuestaria del año
2002 para los ayuntamientos y la corporaciones locales. Sin embargo,
desde el Grupo Popular nos gustaría hacer la reflexión de si el
Partido Socialista tiene voluntad política de apoyar financieramente
a los ayuntamientos, porque no se observa en las comunidades
autónomas donde gobierna el Partido Socialista ese apoyo a los
ayuntamientos. Reconozco al Partido Socialista que los ayuntamientos
cada vez cogen más competencias, competencias que no son de ellos,
pero,
como bien se ha dicho, ser la Administración más cercana al ciudadano
obliga a los ayuntamientos a asumir esas competencias, muchas de las
cuales tienen residencia en las comunidades autónomas y están siendo
asumidas por las corporaciones locales. Nosotros formularíamos una
pregunta: ¿Por qué las comunidades autónomas dejan que los
ayuntamientos asuman competencias que son de ellos y por qué las
comunidades autónomas no transfieren las cantidades económicas
necesarias para llevar a cabo esas competencias? No se puede estar
permanentemente en el discurso de que el Gobierno de España no apoya
a los ayuntamientos y olvidarnos de que muchas de las competencias
que antes tenía la Administración central hoy en día están
transferidas a las comunidades autónomas. Habría que formularse la
pregunta de por qué las comunidades autónomas no transfieren economía
suficiente a los ayuntamientos y a las corporaciones locales para que
puedan llevar a cabo esas actuaciones que realizan y han sido aquí
mencionadas.

Este proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno y que no ha
sido modificado tras los últimos y tristes acontecimientos ocurridos
era ajustado a la realidad de España, un presupuesto donde la
economía española es la que más crece de la Unión Europea y donde se
está aguantando mejor que en ningún otro país la situación planteada
en este año 2001 en el ámbito internacional. Y eso refleja la
fortaleza de la economía española. La actuación del Gobierno a través
de los Presupuestos Generales del Estado, que es donde se marca la
política del Gobierno, es satisfactoria, atiende las necesidades de
los ciudadanos y resuelve situaciones en una economía globalizada
como la que se ha producido en este año 2001 y que deseamos desde
este grupo parlamentario que no se vuelva a producir. Afronta la
realidad de España, la realidad de la economía y afronta los
problemas de las administraciones. Todos querríamos y desearíamos
más, pero creemos que, con una suficiencia presupuestaria para cubrir
las necesidades de las administraciones autonómicas y de las
corporaciones locales -y lógicamente, todas las administraciones
quieren más competencias y más capacidad financiera-, hay que
plantearse que estamos dentro de una realidad, dentro de una economía
y dentro de un marco que en otras épocas se han dado. Ya me gustaría
que en los catorce años de gobierno del Partido Socialista, cuando
había esos grandes crecimientos económicos, el Estado no hubiera
tenido los déficit presupuestarios que tuvo y no se hubieran
alcanzado los tres millones de parados. Ya nos hubiera gustado
a todos los españoles que se hubiera producido esa situación. Estamos
en una situación de crisis económica internacional y estamos hablando
de unos presupuestos de equilibrio presupuestario, de déficit cero.

Se está viendo en los presupuestos la capacidad de ahorro y el
esfuerzo que se está haciendo, no sólo en el Ministerio de
Administraciones Públicas sino en todos los



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ministerios, de racionalizar el gasto para lograr ese equilibrio
presupuestario. Ojalá se hubiera producido otros años.

Por lo que respecta al secretario de Estado que en estos momentos
está compareciendo, creemos que se ha hecho un esfuerzo por parte de
la secretaría de Estado para atender las necesidades reales dentro
del marco económico en el que nos encontramos. Es un presupuesto
absolutamente creíble, ejecutable y realizable, y estamos convencidos
de que vamos a ser capaces de afrontar esta crisis internacional que
nos afecta a todos como una de los países que mejor la van a llevar.

Estamos convencidos también de que en los próximos tiempos veremos
que en ese problema, y volvemos a recalcar que en su solución estamos
todos de acuerdo, se va a afrontar la solución a las haciendas
locales de las corporaciones y que en los próximos meses podremos ver
el fruto del esfuerzo. Confiamos en que esa voluntad del diálogo del
Gobierno y del Partido Popular se refleje en el resto de los grupos
parlamentarios y de los partidos políticos, porque el ejemplo que
hemos tenido con el acuerdo de financiación autonómica debe ser una
guía y una bandera para lograr ese acuerdo en financiación local.




El señor PRESIDENTE: Para responder a esas intervenciones, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Son muchas las cuestiones que se han planteado a
lo largo de las cuatro intervenciones y voy a procurar seguir el
orden de los temas abordados para no olvidar ninguno o reducir al
mínimo las cuestiones omitidas.

En primer lugar, quizá convenga recordar algunas cosas un poco
obvias, pero aparentemente ignoradas en alguna de las intervenciones.

Digo obvias y sobradamente conocidas por todos y por supuesto por los
miembros de esta Comisión especializados en la materia de
financiación local y financiación autonómica. La primera cosa que
considero obvia y que recuerdo es que en España desde 1978 hay una
distribución de competencias entre distintos niveles de
Administración territorial, que se ha ido perfeccionando, que se ha
ido materializando, que se ha ido instrumentalizando a lo largo del
tiempo y que hoy está casi plenamente desarrollada. Quiere eso decir
-y luego volveré sobre ello- que determinadas materias, como por
ejemplo los servicios sociales, son desde hace años competencia
exclusiva de las comunidades autónomas y supongo que cuentan para
ello con la financiación adecuada en sus presupuestos. La segunda
cosa obvia es que la Ley de Haciendas Locales es de 1985; por tanto y
salvo ajustes importantes no es una ley elaborada por este Gobierno.

En consecuencia, algunas de las críticas que
se hacen a esa construcción legal sobre el modelo de financiación
local, tal vez deberían ser respondidas con más propiedad por otros.

De todas maneras luego haré alguna consideración sobre cosas que se
han dicho en concreto sobre la ley. La tercera cosa que considero
obvia y que me parece también sobradamente conocida es que el
Gobierno y la representación de los ayuntamientos, la Federación
Española de Municipios y Provincias, se encuentran inmersos en un
proceso público de negociación sobre el modelo de financiación
explícita y públicamente desde hace seis meses. El pasado mes de
julio, si no me equivoco, por primera vez y en varias ocasiones nos
reunimos formalmente representantes del Ministerio de Hacienda y del
Ministerio de Administraciones Públicas con representantes de la
Federación Española de Municipios y Provincias, discutimos los cauces
más adecuados para proceder a iniciar los trabajos para la renovación
del modelo de financiación local, convinimos un procedimiento que es
público, que consiste básicamente en crear una comisión de trabajo,
que está creada desde el mes de julio y publicada en el Boletín
Oficial de Estado, con representantes elegidos de forma paritaria
entre la Administración general del Estado y las corporaciones
locales, comisión a la que se le ha pedido que en el próximo mes de
noviembre presente unas primeras conclusiones sobre los temas
sometidos a su consideración, que son prácticamente todos los que
están planteados en el mundo de la financiación local y no creo que
exista ningún tema que haya quedado al margen al menos en esta
primera fase de negociación con las corporaciones locales.

Lógicamente, una vez recibido ese informe en el próximo mes o en el
plazo de dos meses, se iniciará una etapa de negociación política en
la cual el Gobierno espera alcanzar un acuerdo lo más amplio posible,
tal y como ha hecho y ha demostrado que es posible a la hora de la
negociación del modelo de financiación autonómica. Esto último,
también obvio, lo quiero destacar al principio. Se ha firmado un
acuerdo de financiación autonómica el pasado mes de julio. Se ha
firmado en el órgano competente para ello, al menos en la primera
etapa, por ser más precisos se ha puesto de manifiesto en el órgano
competente, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha
recibido el respaldo unánime de todos los gobiernos allí
representados y el Gobierno de la nación. Recuerdo en esta
introducción general que en esa mesa del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, para financiación de comunidades autónomas, están
presentes gobiernos del Partido Popular, gobiernos nacionalistas,
gobiernos en los cuales el Partido Socialista gobierna con mayoría
absoluta y gobiernos en los cuales el Partido Socialista gobierna en
coalición entre otros con Izquierda Unida.

Dicho todo esto, partiendo de que la financiación autonómica está
pactada y recientemente pactada, partiendo de que la financiación
local en lo que se refiere al menos en su base jurídica es heredera
de una norma



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anterior, partiendo de que cada uno debe asumir sus
responsabilidades, podemos hacer un repaso a las cuestiones que se
nos plantean.

En relación con la intervención del portavoz de Izquierda Unida, más
allá de algún comentario en torno a los criterios de evolución de la
financiación y de corresponsabilidad y nivelación, me he quedado
sobre todo con una afirmación en torno a la posible valoración de la
sanidad en el pacto suscrito, el hecho de que hoy sea o no
deficitaria y ya nos manifestaba una preferencia por un criterio de
evolución distinto al planteado en el acuerdo. La valoración de la
sanidad que está contenida en el pacto es la que se ha acordado, y la
que se ha acordado es bastante clara: se incluye en la restricción
financiera inicial del modelo, con el año base de 1999, el resultado
de la liquidación del presupuesto del Insalud en el año 2000, y en el
pacto, en el texto del acuerdo se explicita que la cantidad que se
incluirá en cada una de las comisiones mixtas de transferencias, que
son las que materialmente permiten hacer la transferencia, será esa
cantidad o en su caso la que se acuerde en la comisión mixta. Es
decir, la restricción inicial opera como un mínimo de financiación,
no como un máximo, y está abierta la vía de la negociación en las
comisiones mixtas.

Dicho que queda abierta la posibilidad del pacto, también he de decir
que en principio en esta transferencia, como en todas desde que se
aprobó la Ley del proceso autonómico, el criterio básico para
calcular el coste de los servicios traspasados es el del coste
efectivo, es decir el traspaso de un servicio no es la ocasión para
elevar los niveles de prestación de ese servicio. Esa es una
discusión que sigue otro camino. Cuando se hace el traspaso de un
servicio lo que se decide de forma bilateral y por acuerdo entre el
Estado y la comunidad autónoma es con qué recursos está el Estado
prestando ese servicio en ese momento e íntegramente se transfieren
esos recursos a la Administración territorial correspondiente para
que se haga cargo de la prestación del servicio. Dicho de una manera
más clara, las transferencias por definición se hacen a coste cero,
lo que se da de baja en el Estado es lo que se da de alta en la
comunidad autónoma; por tanto, es lógico que el criterio básico, la
valoración principal, la central que debe servir para transferir
ahora la sanidad a las 10 comunidades autónomas que no la tienen, es
esa. Salvo los ajustes muy pequeños que puedan hacerse en el proceso
de negociación en las comisiones mixtas, el coste que debería tener
en el año base la gestión del sistema sanitario por las comunidades
autónomas debe ser idéntico al coste que la gestión de esos servicios
sanitarios ha tenido para el Estado la gestión del Insalud.

El portavoz de Izquierda Unida manifestaba una preferencia sobre un
criterio de evolución al PIB nominal. Insisto en el acuerdo, aunque
introduce un elemento de incertidumbre, es decir las comunidades
autónomas y el Estado hemos pactado, por decirlo de alguna manera,
compartir los riesgos de evolución del sistema tributario, en
principio me atrevo a valorar que probablemente en los términos del
pacto hace que la evolución previsible a día de hoy, sabiendo que es
una previsión de futuro y que no se puede garantizar, es que será
superior al PIB nominal en todos los años. Eso sí, existe una
cláusula de garantía incluida en el pacto, que con seguridad usted
conoce, incluida en el pacto, para que en los primeros años el PIB
nominal actúe como suelo de la evolución del gasto sanitario por si
acaso se diese algún tipo de problema. Pero insisto, la filosofía en
la que descansa el modelo que compartimos comunidades autónomas y
Administración general del Estado es que previsiblemente la evolución
de los impuestos, que se han cedido una parte de su recaudación a las
comunidades autónomas, tiende a ser en la práctica superior a la
evolución del PIB nominal.

En relación con los temas de financiación local que se han planteado
muchos, insisto en que obviamente es un modelo sometido a
negociación. El modelo vigente que inició su aplicación en el año
1999, está en este momento mediando la aplicación o la vigencia de
este modelo, y por tanto es en este momento en el que hemos empezado
a realizar los trabajos para su renovación. Con el mismo espíritu con
el que hemos abordado la financiación autonómica, es decir con el
espíritu primero de lograr un sistema de financiación lo más estable
posible, y en segundo lugar de alcanzar el mayor pacto o el mayor
grado de acuerdo posible.

Antes de ir a las preguntas sobre los temas que se han hecho algún
tipo de consideración genérica, sí quiero insistir en la línea que
decía antes en un tema que ha sido reiterado en la intervención del
portavoz socialista para los temas locales, el señor Rodríguez
Bolaños, sobre el tema de la atención a los inmigrantes y sus costes.

Creo que debemos asumir todos, y a veces eso requiere un esfuerzo,
cuáles son las responsabilidades de cada uno. Indudablemente, las
responsabilidades de la Administración general del Estado en materia
de inmigración son muchas y muy importantes, pero no son todas. Las
responsabilidades en materia de servicios sociales no son muchas; es
decir, al Estado le corresponde y lo intenta hacer (para eso aprobó
una Ley de extranjería y para eso la ha modificado en los aspectos
que creía que no eran del todo satisfactorios), velar por el control
de las fronteras, debe velar por el buen funcionamiento del mercado
laboral del conjunto del país, debe determinar las necesidades
laborales del conjunto del país, y por tanto, a partir de la
información que suministra las comunidades autónomas debe determinar
a partir del año que viene los contingentes anuales de inmigrantes.

Una vez determinado el contingente de inmigrantes, debe acreditar la
presencia de esos ciudadanos en territorio español, a través de los
permisos de residencia, de los permisos de trabajo y de todas las
tareas administrativas asociadas a su llegada.Por supuesto, es
también obligación de la Administración



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general del Estado, expulsar a aquellos inmigrantes que han entrado
en el país sin cumplir las normas legales vigentes a nivel europeo y
las específicas a nivel español, y así lo está haciendo de manera
creciente porque considera que esa es su responsabilidad. Ahora bien,
dicho eso y como estoy seguro que usted compartirá, los inmigrantes
una vez que se sitúan en España acogiéndose a los contingentes o a
los procesos de regularización y empiezan a vivir, a residir y en su
caso a trabajar en nuestro país, deben recibir los mismos servicios
y deben contar con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos
de nacionalidad española residentes en el territorio nacional. Esto
quiere decir que de la prestación de esos servicios públicos deben
encargarse las autoridades que de ordinario están encargadas de
prestar los servicios a los ciudadanos de nacionalidad española; por
tanto no se diferencian en nada la prestación sanitaria, y así debe
ser, que los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas
prestan a los inmigrantes de los que prestan a los nacionales o no se
diferencian en nada los servicios sociales que se prestan a unos o a
otros, obviamente atendiendo a sus necesidades específicas, y deben
de ser, insisto, porque el planteamiento era básicamente financiero,
las administraciones responsables de la prestación de esos servicios
lógicamente las que los financian. Eso no quiere decir que el Estado
en alguna medida no contribuya de alguna manera a ese esfuerzo y que
lo haga a través de los créditos, si se me permite ya muy residuales,
que permanecen tras las transferencias en el ámbito de la Secretaría
general de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo. Insisto, eso
son fondos complementarios, no es la esencia de la financiación de
estos servicios.

Hay algunas referencias a la falta de elasticidad del modelo de
financiación territorial, a la supresión del IAE, que luego volveré
sobre ello, a la modificación del incremento del impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos. Creo que todos esos temas
planteados genéricamente, luego me referiré a las preguntas
concretas, están siendo objeto de discusión en la mesa de negociación
que mantenemos insisto, todavía en un nivel técnico trabajando ya con
la Federación Española de Municipios y Provincias.

Luego había, y procuraré ser más preciso en cada uno de los temas,
una serie de preguntas concretas que creo he tomado nota de todas
ellas. En primer lugar se preguntaba por el hecho de que la dotación
de los programas de bienes y servicios destinada a Cataluña sea una
transferencia que se realiza a la Generalitat y no a los
ayuntamientos para el resto del territorio. Eso se deriva del propio
Estatuto de Autonomía para Cataluña que establece una especial
relación de los ayuntamientos con el Gobierno de la comunidad
autónoma y de la aplicación de un decreto que posteriormente ha
desarrollado esa previsión estatutaria hace ya varios años ya se
consigna igual que en años anteriores de forma diferenciada.

La especialidad simplemente la consignación diferenciada,
es decir el cálculo de la asignación se realiza de forma idéntica en
todo el territorio nacional lo único que la cantidad que
correspondería al conjunto de municipios catalanes, en virtud de la
previsión estatutaria, se entrega al Gobierno de la Generalitat para
que lo distribuya luego entre los municipios catalanes.

Me preguntaba a continuación por qué se mantiene estable el crédito
del 912.B, ya lo hemos hablando en otras ocasiones pero creo que la
participación de los ayuntamientos en los Presupuestos Generales del
Estado es una participación en su conjunto. No es fácil o no tiene
demasiado sentido fijarse en una partida o programa específico sin
fijarse en el conjunto de las dotaciones que desde los Presupuestos
Generales del Estado prevén para los ayuntamientos. Lo cierto es que
la evolución de los ayuntamientos en este año, en el conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado evoluciona al 7,8 por ciento, es
decir por encima de la inflación del PIB nominal y de cualquier otra
variación, por supuesto por encima de la evolución de los propios
Presupuestos Generales del Estado para la Administración general del
Estado, con evolución muy significativa en lo que es la partida
principal de financiación de los ayuntamientos en los Presupuestos
Generales del Estado que es el programa 912.A que se incrementa el
8,02 por ciento. Téngase en cuenta que el conjunto de esa
participación, la suma del 912.A, 912.B y 912.C (obviamente el más
significativo es el 912.A), el conjunto de esa participación suma en
este presupuesto más de 10.000 millones de euros que llevado a
pesetas que probablemente todavía lo entenderemos todos mejor, está
por encima del un billón 700.000 mil millones de pesetas. Es decir,
en esa masa el mantenimiento de los programas de obras realmente se
diluye de forma muy notable.

Preguntaba por los planes de saneamiento. En los últimos tres años no
se han suscrito nuevos planes de saneamiento con los ayuntamientos lo
cual creo que como es obvio es una buena noticia. Quiere decir
primero que la estabilidad de las finanzas municipales es una
tendencia clara, y en segundo lugar que lo que se pretendió con las
últimas grandes operaciones de saneamiento, algunas no son fruto de
este Gobierno sino fruto de Gobiernos anteriores del Partido
Socialista, donde se hicieron algunas operaciones de gran envergadura
de tipo financiero para compensar el déficit acumulado por algunos
ayuntamientos, ha dado su resultado, y por tanto han permitido sanear
notablemente las cuentas municipales.

Preguntaba si los Presupuestos Generales del Estado para el 2002
consolidan el pacto local y específicamente los pactos locales
autonómicos. Creo que aquí volvemos no a un viejo debate, pero sí a
un viejo tema, que es de nuevo el de las competencias de cada cual.

Los pactos locales autonómicos deben de ser financiadospor las
comunidades autónomas. Es decir, el pacto



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local, ese pacto que el señor Rodríguez Bolaños no tiene del todo
claro si existió y en todo caso si se ha llevado a la práctica,
partía de una reclamación de la Federación Española de Municipios y
Provincias que incluía una doble reivindicación: una reivindicación
dirigida a la Administración general del Estado y una reivindicación
dirigida a las comunidades autónomas. La pasada legislatura, la
Administración general del Estado atendió íntegramente las peticiones
que le iban directamente dirigidas y que requerían de algún tipo de
acción, modificación legal o iniciativa de alguna naturaleza para
implementarse. Una vez dado este paso dijimos y decimos que debe
implementarse la segunda parte de los pactos, que son los pactos
locales autonómicos, pero dijimos a continuación, y decimos y
mantenemos, que la responsabilidad de sacar adelante esos pactos es
básicamente de las comunidades autónomas. Por supuesto, no el
Gobierno de la nación, sino el Partido Popular -y espero que me
permita el portavoz por un momento arrogarme también esa
representación- apoya rotundamente esos pactos, y junto en primer
lugar con el Partido Socialista, pero con el ánimo de extender ese
acuerdo a otras fuerzas políticas, está buscando un acuerdo político
nacional que permita realizar esos pactos locales autonómicos; pero
desde luego no sería en modo alguno riguroso que desde el Gobierno de
la nación tratásemos de interferir en el ejercicio de sus
competencias a las comunidades autónomas, tratando de que las
transfiriesen o las delegasen a los ayuntamientos de su zona.

Dicho esto, es decir expuestos nuestros compromisos políticos con
esos pactos locales autonómicos y desde luego puesto de manifiesto
una vez más nuestro completo respaldo y nuestro compromiso de impulso
en la medida de lo posible, creo que habría que dirigirse a cada una
de las comunidades autónomas para ver lo que está ocurriendo. En ese
sentido sí puedo decir ante esta Comisión que son muchas las
iniciativas que están en curso, que no todos los gobiernos de las
comunidades autónomas las acogen con el mismo entusiasmo o con el
mismo ánimo y que en la medida en que sea posible invito a todos los
portavoces de los partidos políticos aquí presentes a que transmitan
a sus respectivos partidos que ocupan gobiernos de comunidades
autónomas ese deseo de progresar en la descentralización a favor de
las corporaciones locales.

En relación con el 912.D se me preguntaba por la asignación a la
FEMP. La asignación a la FEMP, que ya figuraba el año pasado fruto de
un acuerdo que se celebró el año pasado y que este año se mantiene en
la misma cuantía, es una financiación incondicionada que financia
gastos ordinarios de funcionamiento. Es simplemente una ayuda al
sostenimiento de la FEMP del mismo tipo de algunas asignaciones que
hay para sindicatos o para algún otro tipo de organización que cumple
una función evidente y muy importante en la organización
del modelo territorial, en este caso en la articulación de
la representación de los ayuntamientos.

En cuanto a la evolución del 412.A, es la liquidación de ejercicios
anteriores. El 912.A, transferencia de ayuntamientos a diputaciones y
cabildos insulares evoluciona al 5,90, que es la previsión del PIB
nominal a coste de los factores, y luego la liquidación definitiva de
participación en ingresos ha evolucionado al 53,25. La evolución de
la liquidación es por la buena marcha de la recaudación impositiva.

Es decir, el modelo de financiación pactado y vigente en la
actualidad es que los ingresos de los ayuntamientos evolucionan a PIB
nominal a coste de los factores con carácter provisional y se
liquidan con carácter definitivo en función de la recaudación real
-que se refleja en los ITAE- que ha tenido el Estado de los impuestos
que se computan. Esa recaudación, aunque ha habido muchas dudas sobre
la gestión económica, ha sido suficientemente buena en los últimos
años como para arrojar un saldo a favor de los ayuntamientos de
639.823 euros. Eso provoca que siendo la subida prevista del 5,90, el
conjunto del programa crezca al 8,02. Las diputaciones siguen
exactamente el mismo mecanismo; es decir la asignación se calcula a
PIB nominal a coste de factores y luego se liquida la diferencia con
los ITAE reales. Obviamente este presupuesto no refleja lo que no es
un compromiso de este Gobierno, que es la participación de los
ayuntamientos en el IRPF, sin perjuicio de que ése sea también un
tema puesto sobre la mesa de negociación en este momento abierta.

Por lo que se refiere al 912.C, pregunta por qué aparecen separadas
las asignaciones a Canarias. Todas estas asignaciones están basadas
en contratos-programa específicos. En el caso de Canarias es la
relación en función de su singular modelo de descentralización, y
para lanzar una flor más a nuestros socios de Gobierno o por lo menos
respaldados en el Gobierno de Canarias durante estos años, el modelo
de descentralización de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es uno
de los más avanzados que hay en España a favor de los cabildos y que
probablemente podría ser tomado como modelo en muchas comunidades
autónomas, hace que las competencias que en otros sitios desempeñan
los gobiernos de las comunidades autónomas, en el caso de Canarias
las reciban los cabildos insulares. Al variar el sujeto, los cabildos
insulares forman parte de la Administración local y tienen una
consignación presupuestaria diferente.

También me preguntaba por la compensación de impuestos, en qué
cuantía afecta a cada tributo local. No lo sé, aunque es un dato que
se puede facilitar. No tengo el desglose exacto de la cuantía, pero
quiero destacar un tema que aunque no se ha planteado en esta
comparecencia, recuerdo que se planteó en la del año pasado, en la
cual algún portavoz habló de la insuficiente dotación precisamente de
esa partida de compensaciónde impuestos. Esta partida el año pasado



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estaba congelada respecto al anterior, y entonces yo manifesté que si
bien era cierto que se mantenía congelada, se había hecho así porque
en ninguno de los años anteriores se había consumido íntegramente el
crédito, y asumimos el compromiso de movilizar en la medida de lo
posible a los ayuntamientos a través de la FEMP, para que nos
reclamasen, por decirlo así, el derecho que tienen de compensación de
los beneficios fiscales introducidos por normas legales si aumentase
la recaudación. Efectivamente, esas compensaciones se han ido
aumentando, y por tanto este año se aumenta la dotación
presupuestaria prevista. En todo caso y sin perjuicio del desglose
pormenorizado, básicamente esa partida se nutre de compensaciones por
el IBI, por el impuesto sobre bienes inmuebles, que es donde se han
ido introduciendo en la práctica más beneficios fiscales
unilateralmente por parte del Estado.

Paso a las dos intervenciones del Partido Socialista y quizá una
breve consideración en torno a los aspectos más generales de la
primera intervención, la parte de financiación local. Había una
crítica o un comentario en torno a que el acuerdo adoptado con la
FEMP, el acuerdo vigente de financiación local lo había sido con la
mayoría, y eso parece que anulaba la naturaleza contractual del
pacto. El hecho de que la mayoría en la FEMP sea del Partido Popular,
me permitirá el señor Rodríguez Bolaños que al menos me permita
interpretarla en el sentido de que no debemos tener tan abandonadas,
tan despreciadas y tan ignoradas a las corporaciones locales; y el
hecho de que pactemos con la mayoría significa que con un sujeto
legal y políticamente distinto, hemos alcanzado un acuerdo. Por
supuesto -y a eso me sumo y no quiero obviarlo-, hubiésemos preferido
que el anterior pacto fuese más amplio y trabajamos porque el pacto
futuro tenga la mayor amplitud; pero si el pacto sólo se puede
alcanzar con la mayor representación de los ayuntamientos españoles,
nos daremos al menos parcialmente por satisfechos.

Había alguna consideración general sobre la evolución de los
ingresos, sobre el problema de la inmigración, que doy por
contestado. También había alguna referencia a la Ley del Suelo, en
donde evidentemente discrepamos. Decía el señor Rodríguez Bolaños que
privar a los ayuntamientos de su capacidad de intervenir y de regular
un mercado tan sensible probablemente podía perjudicar el nivel de
precios. No quiero ir yo a una discusión porque me parece que nos
saca del objeto de esta comparecencia, pero desde luego sí quiero
dejar clara mi posición, que es exactamente la contraria. Me parece
que el exceso de regulación administrativa sobre el suelo, la
retención de suelo para viviendas y para otros usos en general, la
elevación artificial del suelo, y del precio de la vivienda en
consecuencia, mediante una contención decidida y buscada de la oferta
de suelo en el mercado es lo que está repercutiendo en los precios, y
no creo haber visto ningún estudio
económico que tenga una opinión contraria. A más oferta -es una de
las leyes básicas de la economía- disminuyen los precios,
manteniéndose las mismas condiciones; por tanto, en sentido
contrario, cuando se restringe la oferta aumenta el precio, que es lo
que ha estado pasando en España en las últimas décadas.

Entiendo que había una pregunta referida (y que conste que no
discrepo; digo esto por el recuerdo que hacía de la intervención del
año pasado. En ese punto sigo sin discrepar con el señor Rodríguez
Bolaños) a cuál es la participación de las corporaciones locales en
el conjunto del gasto público. Según los datos que me pasan, que no
certifico que sean exactos, pero sí muy aproximados, porque me suena
mucho, en este momento, en el año 2001, el Estado administra el 58,8,
las comunidades autónomas, el 27,62, y las corporaciones locales, el
13,58 por ciento del gasto público medido en términos de PIB. Luego
más o menos tiene razón el señor Rodríguez Bolaños en su aproximación
a los porcentajes. Y comparto con él que ese es un porcentaje pequeño
y lo es en términos comparativos a nivel internacional. He dicho en
alguna ocasión que el mero hecho de que ese porcentaje se mantenga
prácticamente inalterado -no hay una variación más allá de un punto
porcentual- desde 1975 pone de manifiesto que el proceso de
descentralización no ha llegado a las corporaciones locales, cosa que
asumo plenamente. Ahora bien, todas las competencias que reclaman en
este momento las corporaciones locales son competencias fijadas
constitucional y estatutariamente en el ámbito de las comunidades
autónomas y, por tanto, son las comunidades autónomas las que, a
través de los mecanismos que consideren más convenientes -de
transferencia, delegación, convenio, encomienda de gestión-, deben
ponerlas en manos de los ayuntamientos. Desde luego es una cantidad
que se mantiene constante durante los últimos 20 años. Yo comparto su
opinión de que es una participación insuficiente en el conjunto del
gasto público. Eso sí, insisto en que es la responsabilidad de las
comunidades autónomas llevar adelante los pactos locales.

Me recordaba -yendo a las preguntas concretas- el señor Rodríguez
Bolaños que ellos habían propuesto la supresión del IAE que nosotros
habíamos prometido en el programa electoral y que no se había tomado
en consideración su proposición. Permítanme ser un poco distendido en
este punto, pero lo del IAE es una cosa gloriosa. Señor Rodríguez
Bolaños, seguramente recordará usted que el IAE lo inventó -si
podemos decirlo así- el Partido Socialista Obrero Español; lo llevó a
la Ley de Haciendas Locales con la oposición del Partido Popular y un
año después de su entrada en vigor se comprometió en esta Cámara a
derogarlo, pero no lo hizo. El Partido Popular -lo dije el año
pasado- se comprometió en el programa electoral a suprimir el IAE,
por las razones mil veces apuntadas de que es un impuesto que
distorsiona la actividad económica y



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genera unos incentivos desfavorables a la creación de riqueza. En
este momento, el Partido Popular y el Gobierno, en la responsabilidad
que a mí estrictamente me corresponde, han puesto sobre la mesa de
negociación con la FEMP la desaparición del IAE. Por supuesto, en el
esfuerzo de negociación que estamos haciendo estamos esperando los
resultados de esa negociación y espero que seamos capaces de
convencer en esa mesa a la Federación Española de Municipios y
Provincias de que la financiación de las corporaciones locales se
puede realizar a través de otras vías sin necesidad de distorsionar
la actividad económica local. Pero insisto en que respetaremos lo que
pactemos en la mesa de negociación.

Preguntaba por qué no se habían simultaneado los procesos de
negociación con la Ley de financiación autonómica. Creo que ese es un
tema del que ya hablamos el año pasado. Había una discrepancia en la
oportunidad por parte del Partido Popular y del Partido Socialista.

Nosotros entendemos que el modelo de financiación local, que inició
su vigencia en 1999, estaba apenas comenzado y que por tanto el orden
correcto era abordar uno y después otro, ambos con el mismo espíritu.

Me preguntaba por los 45 millones del plan Greco. Creo que está
respondido. Al margen de que el plan Greco no es estrictamente un
programa ni elaborado ni gestionado por el Ministerio de
Administraciones Públicas, vale lo dicho sobre quién es el
responsable de la gestión de los servicios sociales también en
relación con los inmigrantes.

En relación con el impulso del pacto local, creo que he dicho en
general lo que pensaba. Luego me hacía una pregunta específica sobre
la evolución de la dotación para el transporte colectivo en Canarias
y el incremento que había experimentado este año, que se deriva, como
todas las dotaciones de ese programa, de la marcha de los convenios;
es decir, los convenios que sostienen la financiación del transporte
colectivo tienen dos partes y están desglosadas así en los
presupuestos: una destinada a la financiación de infraestructuras, de
inversiones, y otra, a la cobertura de las pérdidas de explotación
que se pueden generar en la actividad. En función de los contratos-
programa firmados se establecen las asignaciones anuales.

En relación con la financiación autonómica, el portavoz del Partido
Socialista -si me permite la broma-, para ser de letras, ha entrado
en todos los temas, incluso en los más macroeconómicos. Trataré más o
menos de responder a las cuestiones, al menos a las que he sido capaz
de plasmar en mis notas.

En primer lugar se pregunta -y creo que es una pregunta importante-
si el pacto de financiación está plasmado en los Presupuestos
Generales presentados y si se asume. Obviamente la respuesta es sí.

Ahora bien, quizá merece una explicación. El proyecto de Presupuestos
Generales del Estado refleja el pacto de financiación
del mes de julio en su actual grado de puesta en marcha. ¿Qué
quiere esto decir? Quiere decir que, como se sabe, hemos incorporado
el gasto sanitario al modelo de financiación general, así como los
gastos sociales, y que en este momento hay algunas comunidades
autónomas que tienen asumida desde hace muchos años la gestión
sanitaria y otras que no la tienen. De esa realidad y del hecho que
hemos vinculado la asunción de la competencia en materia de sanidad a
la participación en los impuestos indirectos, tanto en el IVA como en
los impuestos especiales, en los porcentajes establecidos, se deriva
que en tanto que no celebremos las comisiones mixtas de
transferencias y hagamos efectiva la transferencia de la sanidad con
fecha 1 de enero no podemos saber, es decir, no es posible reflejar
en el presupuesto la asignación concreta a cada una de esas 10
comunidades autónomas. Eso lleva a que en el presupuesto tenga una
plasmación un tanto heterogénea, si se quiere decir así. Para
aquellas comunidades que tienen asumida la gestión sanitaria el
presupuesto, por un lado, minora los ingresos del Estado en la
cuantía correspondiente a la nueva participación de las comunidades
autónomas en los impuestos especiales, en los impuestos indirectos en
general, y, por otro lado, desaparece en la partida de gastos la
transferencia que hasta ahora se venía realizando a favor de esas
comunidades. Por tanto, disminuye globalmente el importe del
Presupuesto del Estado. En las comunidades donde eso no ocurre, el
Insalud tiene que seguir contando con la dotación presupuestaria para
continuar con la prestación del servicio a partir del mes de enero;
por tanto, los créditos del Instituto Nacional de la Salud para el
año 2002 contemplan la financiación íntegra de la prestación del
servicio sanitario en el año próximo. Si no hubiese traspasos, por la
razón que fuese, el Insalud seguiría funcionando y lógicamente tiene
sus dotaciones presupuestarias. En consecuencia, no es posible dar la
baja en la partida de ingresos correspondiente por una participación
que todavía no sabemos si se va a realizar. Obviamente, a medida que
se vayan, por un lado, firmando los traspasos, haciendo las
comisiones mixtas de traspasos con cada comunidad autónoma para que
asuma la sanidad y, por otro lado, haciendo las comisiones mixtas de
financiación que hagan efectiva la asunción de las competencias, la
asunción de la recaudación de los impuestos indirectos, habrá que ir
ajustando el presupuesto y, por tanto, trasladando las partidas de un
sitio a otro. Insisto, yo creo que el presupuesto refleja lo que
puede reflejar, es decir, es una foto fija a 20 ó 27 de septiembre,
que es cuando se cierra el presupuesto y, por supuesto, lo contempla.

Me hacía una pregunta que no he alcanzado a entender del todo bien
sobre el año base de 1999. El año base de 1999 es el año base pactado
en el seno y, por otro lado, es completamente neutro, es decir, daría
lo mismo que hubiésemos tomado el año 1999 que el año 2002,es
intranscendente. El año 1999 es el pactado y sobre él



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opera la restricción financiera inicial y no creo que haya mayor
problema en torno a la determinación del año base.

Le preocupa, entiendo, la previsión del IPC. Despreocúpese usted. El
modelo de financiación en este modelo no tiene nada que ver con el
IPC, con lo cual, haya acertado o no el Gobierno en sus previsiones,
no lo van a padecer en modo alguno ni las comunidades autónomas ni
las corporaciones locales, dado que sus ingresos evolucionan en
función de los ingresos en los que participan; o, en el caso del
Fondo de suficiencia, para aquellas comunidades autónomas que
necesitan completar su participación en ingresos del Estado con una
aportación complementaria, evolucionan según el ITAE. Obviamente el
ITAE, si la inflación es más alta, evoluciona a tasas mayores en
términos nominales, que es lo que podría preocupar.

Luego ha hecho unas consideraciones no muy exactas en torno a la
diferencia que existe entre la Administración general del Estado y
las administraciones territoriales a la hora de apelar a los recursos
de la Seguridad Social para la financiación de sus gastos. Nada más
alejado de lo que ha ocurrido en estos años y de lo que ocurre en
este presupuesto. Lo explico brevemente, aunque creo que también es
sobradamente conocido. En los últimos años el proceso de saneamiento
de la Seguridad Social por parte del Gobierno de la nación ha ido
destinado precisamente a descargar a la Seguridad Social de la
financiación de los servicios que no le son estrictamente propios; es
decir, en muy pocos años hemos dado cumplimiento al Pacto de Toledo
y hemos ido a una financiación íntegra impositiva del gasto sanitario
que antes estaba financiado por la Seguridad Social, hemos sacado
también de la financiación todo el gasto social que estaba antes en
la Seguridad Social y esa es la razón, aparte de la buena marcha del
mercado laboral, por la cual el presupuesto de la Seguridad Social no
sólo está saneado sino que arroja superávit. Insisto, el proceso es
exactamente el contrario, es decir, de manera constante la
Administración general del Estado ha asumido contra su presupuesto
cargas que durante décadas habían sido atendidas con las cotizaciones
de los empleados, con toda la incoherencia de ese modelo en el cual
los empleados estaban financiando a través de sus cotizaciones las
prestaciones sanitarias que se prestaban a los empresarios, que era
el caso que siempre se ponía como ejemplo más paradójico. Ahora
hacemos exactamente lo contrario. Otra cosa distinta es que el
presupuesto de este año, y a los efectos que interesan que son los
efectos de consolidación de las cuentas en términos de contabilidad
nacional, permita todavía en este ejercicio compensar el superávit
que se produce en la Seguridad Social y que se retiene en la
Seguridad Social y que financia el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social. Ese saldo contable de superávit en la Seguridad Social, del
cual yo creo debemos todos alegrarnos, compensa en términos
macroeconómicos, si lo queremos decir así, en términos de
contabilidad nacional, el pequeño déficit que todavía persiste en el
presupuesto de la Administración general del Estado. No quiere eso
decir en modo alguno, insisto, más bien al contrario, que exista
ninguna transferencia desde el presupuesto de la Seguridad Social al
presupuesto de la Administración general del Estado; insisto, todo lo
contrario, es el presupuesto de la Administración general del Estado
el que está financiando los gastos que hasta hace seis años eran
financiados por la Seguridad Social.

Hacía una consideración sobre el déficit cero. Me parece que parte de
una visión parcial de lo que se dice en torno a la necesidad de
alcanzar el equilibrio presupuestario y al contenido concreto de la
ley de estabilidad. La ley de estabilidad no bloquea, por decirlo
así, presupuestariamente ni a la Administración General del Estado ni
a las administraciones territoriales hasta el punto de impedirles
incurrir en déficit. De hecho, en la Administración general del
Estado, efectivamente, el juego de los estabilizadores automáticos,
tanto vía ingreso como vía gasto, puede provocar un déficit de
ejecución sobrevenido. Lo que plantea la ley de estabilidad es que
cuando esto se produzca, primero, se haga explícito inmediatamente a
las Cortes Generales, se rinda cuentas, y segundo, se determinen
explícitamente los programas, las vías, los caminos para reequilibrar
las cuentas públicas. Eso obliga, tanto en el nivel central como en
el nivel regional, a aprobar planes de saneamiento, a hacerlos
públicos y a asumir un compromiso político de equilibrio
presupuestario. Eso es lo que quiere decir exactamente y no otra
cosa.

Hacía un comentario sobre las inversiones y sobre la insuficiencia
para hacer inversiones en los distintos niveles de las
administraciones públicas. Yo creo que también debemos ser claros. En
las administraciones públicas las inversiones no son un gasto
coyuntural, son un gasto permanente y, por lo tanto, su tratamiento
presupuestario debe ser tal. La vieja Hacienda pública sostenía que,
ante grandes inversiones esporádicas, era legítimo que las
administraciones públicas se endeudasen y luego devolviesen el
préstamo concedido, una vez que se amortizaba la utilización del
bien. Hoy en día carece totalmente de sentido, es decir, las
administraciones públicas dedican porcentajes constantes de sus
presupuestos a la inversión y, por lo tanto, no se puede hablar de la
inversión pública como un gasto coyuntural que pueda ser
coyunturalmente financiado. Por eso el modelo tiene que tender,
lógicamente, a financiar las inversiones con gastos corrientes. De no
ser así, entramos en una dinámica, como la que teníamos en el año
1996, en la cual, lógicamente, el proceso se alimenta año a año y se
generan déficit crecientes. Cada año hay que financiar no sólo las
inversiones de un año, sino la evolución de las inversiones
realizadas en ejercicios anteriores, y si eso se hace así de manera
constante sobre todos los años al final del proceso,



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obviamente, hay un déficit y un endeudamiento crecientes que creo que
no procede ahora recordar.

Preguntaba sobre cuál va a ser la dotación del Fondo de Suficiencia y
si será suficiente. De nuevo me remito al acuerdo. El Fondo de
Suficiencia se deriva del acuerdo de financiación, no hay que
fijarlo, está fijado y lo está con el acuerdo de las 15 comunidades
autónomas de régimen común, que son las que pueden acceder a él, no
hay debate sobre ese tema. El Fondo de Suficiencia se fija por la
diferencia entre el resultado de la participación en ingresos del
Estado de las comunidades autónomas en los términos convenidos y la
restricción financiera inicial, es decir, las necesidades de
financiación pactadas medidas en el año base 1999. Para ser un poco
más claro, con cada una de las comunidades se han fijado cuáles son
sus necesidades de financiación en un año base y se le ha dado una
participación en los ingresos. Si la participación que se le da en
los ingresos -el 30 por ciento del IRPF, lo que sea, el cien por cien
de unos impuestos especiales, el 40 por ciento de otros, lo que sea-
suma esa cantidad, no se le da ninguna cantidad vía Fondo de
Suficiencia; si no llega a esa cantidad, el diferencial entre la
necesidad de financiación y el resultado de la participación se
financia vía Fondo de Suficiencia. En todo caso, el Fondo de
Suficiencia se deriva directamente de la restricción financiera
inicial que figura en el texto del acuerdo del mes de julio. Por lo
tanto, no hay debate ni incógnita ninguna sobre cuál va a ser la
dotación de ese Fondo de Suficiencia.

Hacía un comentario que me ha sorprendido, en el cual manifestaba sus
críticas a la introducción del criterio de ponderación en la
distribución del gasto sanitario, el criterio que atiende a la
población protegida de mayores de 65 años. Una observación que me
sorprende por el mismo argumento que he utilizado ya varias veces:
esa ponderación es fruto del acuerdo con todas las comunidades
autónomas. Yo creo que no hay demasiado debate sobre si existe una
relación directa muy clara entre la edad de la población cubierta y
el coste del servicio de atención sanitaria, y fijarlo exactamente en
un 24,5 por ciento como elemento de ponderación es fruto del pacto en
la mesa de negociación con todas las comunidades autónomas. No me
consta que exista ningún tipo de reserva en ninguna comunidad
autónoma firmante del pacto sobre esa ponderación, que a mí, por otro
lado, me parece muy razonable.

Había también unas consideraciones en torno a la dotación del Fondo
de Compensación Interterritorial. De nuevo me remito a algo ya
conocido. El Fondo de Compensación Interterritorial consigna cada año
un importe que se deriva directamente de la Ley vigente del Fondo de
Compensación Interterritorial, es decir, es un porcentaje fijo sobre
la dotación de inversión nueva que figura en los Presupuestos
Generales del Estado. En un presupuesto que está esencialmente
congelado, por decirlo de manera coloquial, en términos generales es
lógico que la cantidad también se mantenga porque
no varía ese porcentaje; sólo varía, efectivamente, por la
incorporación de Ceuta y Melilla, como se ha señalado en alguna de
las intervenciones.

Hacía también una observación en torno a si va a ser posible
coordinar las inversiones y los gastos sanitarios desde el Ministerio
de Sanidad. Dicho en esos términos, yo diría que no es que no vaya a
ser posible, es que no es constitucionalmente posible, para
entendernos. Insisto. Tenemos un modelo descentralizado y por tanto
las inversiones las decide cada comunidad autónoma en el ejercicio de
su autonomía política y financiera; otra cosa es que desde el
Ministerio de Administraciones Públicas, en este caso a través de una
conferencia sectorial específica como es el Consejo Interterritorial
de Salud, se adopten medidas de manera constante en el pasado y en el
futuro que permitan garantizar la cohesión general del Estado y la
igualdad en la prestación del servicio en todo el territorio
nacional; garantías que en este momento existen y que se refuerzan en
el pacto suscrito de financiación del pasado mes de julio. Se
refuerzan en dos vías que son sobradamente conocidas. Existe un
compromiso por parte de todos en mantener esa política de
coordinación, de armonización, si lo queremos decir así, en la
determinación de los niveles de prestación de servicios en el
territorio nacional pero, en todo caso, esa política se refuerza
mediante la creación de un fondo específico que tiene una doble
finalidad; por un lado, la atención a los ciudadanos desplazados, es
decir a los ciudadanos que residiendo en una comunidad autónoma
reciben atención sanitaria en otra, y por otro lado, una financiación
específica en ese fondo que queda desglosada y que va destinada
precisamente a incentivar, a favorecer, a hacer más fáciles los
mecanismos de coordinación del sistema. Es una vía más de estímulo,
más participativa con las comunidades autónomas, por la cual se
intenta mantener una absoluta garantía de los principios básicos de
igualdad que lógicamente deben de estar presentes en la prestación de
un servicio básico como es el servicio sanitario.

Creo que con esto, más o menos, he contestado al conjunto de los
temas planteados.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Intervengo brevísimamente para hacer
alguna precisión. Ustedes, con frecuencia, echan la mirada atrás y
echan balones fuera, las dos cosas. El señor Merino dice que antes
había más paro y ahora hay menos, que las comunidades autónomas
gobernadas por los socialistas son peores, que los ayuntamientos
ahora están mejor y antes estaban peor. Pues ninguna de esas cosas es
cierta, señor Merino. Los ayuntamientos hoy están peor, francamente
peor que estaban hace cinco o seis años. ¿Por qué? Sencillamente
porque en la medida en que se



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estancan, en la medida en que no evolucionan, en la medida en que
pasa el tiempo y están parados, lo que hacen es estar peor
comparativamente con el resto de las administraciones. El señor
Elorriaga también ha hecho una referencia a lo anterior: La ley es de
1985 y por tanto cúlpese a otros. Efectivamente, la ley es de 1985,
pero es que desde 1985 han pasado muchas cosas, y sobre todo ha
pasado algo importante, que se ha producido la descentralización del
Estado. A lo mejor en el año 1985 era una ley adaptada a un momento
determinado, con una Ley de Bases del Régimen Local que se acababa de
aprobar, pero de 1985 a 2001 yo creo que no es justificable que no se
haya movido absolutamente nada en relación con la financiación de las
corporaciones locales. Y además creo que coincidimos, porque usted
está de acuerdo en el escaso peso específico. Yo lo que le reclamo es
que hay que poner en marcha un proceso de descentralización, donde
los ayuntamientos formen parte de manera fundamental de un Estado
descentralizado.

Quiero corregirle algo porque creo que no me ha entendido en relación
con el impuesto de actividades económicas. Hay una proposición de ley
del Grupo Socialista donde no se habla de la supresión de este
impuesto sino de su modificación. Veremos cuál es el trámite
parlamentario y si ustedes la tienen en cuenta o no, porque lo que
nosotros pretendemos, independientemente de cuál sea el resultado de
la financiación de las corporaciones locales con el Gobierno (se
suprima o no se suprima), es que el objetivo que se persigue sea de
una vez real, porque no vale estar seis años diciendo que se suprime
el impuesto de actividades económicas para beneficiar a la pequeña y
mediana empresa. Pues pongámoslo en marcha. Nosotros tenemos una
proposición de ley en ese sentido. No de supresión, señor Elorriaga,
sino de modificación, porque entendemos que mientras no haya una ley
que diga ahí hay otros impuestos, o que se modifique la situación
impositiva del sector local, el impuesto de actividades económicas es
fundamental para los ayuntamientos en este momento,
independientemente, insisto, del resultado de la negociación. Por eso
no hablamos de supresión en este momento sino de modificación pero
que sí cause los efectos pretendidos para la pequeña y mediana
empresa.

Por último, en relación con el pacto local, he de decir que el pacto
local es una cuestión de Estado y no vale echar balones fuera. No
vale decir que las competencias las tienen los demás. La
reivindicación del pacto local que se hace en la Asamblea de A Coruña
tiene dos patas, una de financiación y otra de competencias. Ustedes
hacen un librito, que es un acuerdo, donde ni contemplan financiación
ni contemplan competencias. Es un librito de acuerdos de organización
mejor del sector local pero no tiene nada que ver con el pacto local.

Dice que las competencias son de otros. Sí, pero lo que estamos
pidiendo es que el Gobierno, porque es una cuestión de Estado,
impulse la negociación del
pacto local, sentando a las tres administraciones públicas de este
país, viendo cuál es el lugar adecuado para residenciar las
competencias en cada nivel. Se lo estamos diciendo por activa y por
pasiva, se lo llevamos diciendo desde hace muchos años, se lo
reivindicamos el año pasado y hay una carta del consejero de
Gobernación de la Junta de Andalucía -por cierto, señor Merino,
gobernada por el Partido Socialista Obrero Español sensible a que se
pongan en marcha- donde se le pide al señor ministro que cuanto antes
se convoque una conferencia sectorial para hablar precisamente de la
necesidad de descentralización hacia las corporaciones locales. Se lo
dice un consejero de una comunidad autónoma gobernada por el Partido
Socialista Obrero Español. Yo no estoy hablando aquí de quién
descentraliza más, si los del PP o los del PSOE; estamos en una
situación donde las corporaciones locales son la cenicienta de este
país; lo han sido el año pasado, el anterior, el anterior y el
anterior, y no digan que cuando el Partido Socialista también porque
el Partido Socialista por lo menos puso en marcha dos elementos
fundamentales, que son la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de
Financiación de las Corporaciones Locales, pero me parece que ya ha
pasado tiempo y ustedes no acaban de llegar. Llevan siete años en el
Gobierno y de esto, cero.

Termino con una cosa importante. Usted habla del tema de la
inmigración diciendo aquí no ha pasado. En el problema de la
inmigración cada Administración sabe lo que tiene que hacer. Muy
bien, pues que lo haga. ¿Por qué entonces el Gobierno pone en marcha
el plan Greco? ¿Por qué? Porque es verdad, y en eso me da la razón,
que es una contingencia excepcional, hasta el punto de que destinan
partidas por acciones en favor de los inmigrantes a las comunidades
autónomas, a las corporaciones locales, a empresas privadas, a
familias e instituciones sin fines de lucro, ayudas para emigraciones
interiores (137 millones), pensiones asistenciales para retornados
(550 millones), ayudas para emigraciones y retornados (850 millones
de pesetas). ¿Qué quiere decir esto? Que este país se ha encontrado
con un problema y con una contingencia y a esa contingencia hay que
darle una respuesta desde el Estado. Y el Estado somos todos. Yo
pregunto: ¿qué papel consideran que las corporaciones locales tienen
en eso? Yo digo que las corporaciones locales han jugado un papel muy
importante en esa materia y ustedes toda la sensibilidad que han
tenido es decir: ya saben lo que tienen que hacer; si quieren que lo
hagan y si no, no. ¿Tienen que hacer pabellones las corporaciones
locales para residencias de los inmigrantes cuando llegan en pateras
por la noche o lo tienen que hacer otras administraciones? ¿O se
cierra los ojos y se dice que pase lo que pase? Y sin embargo están
dando respuesta a un problema que es un problema de Estado, y
ustedes, dentro de un presupuesto de 30.000 millones de pesetas,
destinan 45 a las corporaciones locales.




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Ese es un ejercicio de insensibilidad absoluta hacia las
corporaciones locales, como insisto y reitero. El PP desde que está
gobernando no ha hecho más que incidir en lo mismo. Por tanto, las
corporaciones locales con ustedes han ido un poquito más abajo. Qué
pena porque es importante el papel que desarrollan en el Estado
español.




El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Ripa.




El señor RIPA GONZÁLEZ: Tomo la palabra un minuto porque tengo que
coger el avión. Quiero agradecer al secretario de Estado su
contestación y advertir que cuando he hablado del objetivo del 2 por
ciento del IPC no se refería a la cuestión de las transferencias y
comunidades autónomas. Sólo quería advertir que el presupuesto hay
que hacerlo contando con esas variables del IPC y del crecimiento
económico, porque al final sería un presupuesto falso. No está sujeto
a lo que realmente ocurre en el país. Por tanto, ese presupuesto que
está hecho sobre variables falsas tendrá su repercusión. A lo mejor
este año no, pero al año siguiente se irá sumando esa falsedad, entre
comillas, al no haber valorado adecuadamente el IPC y el crecimiento
económico.




No me ha contestado a la pregunta de si el Fondo de Compensación
Interterritorial y el FEDER tienen el mismo criterio de reparto, por
qué la Comunidad Autónoma de Cantabria ha quedado fuera de uno de
ellos.




El señor PRESIDENTE: El señor Merino tiene la palabra.




El señor MERINO LÓPEZ: Voy a ser breve porque en la primera
intervención preferimos escuchar al secretario de Estado para que nos
diera datos que vinieran a confirmar lo que habíamos planteado,
aunque el señor Rodríguez Bolaños siga empeñado en lo contrario.




Señor Rodríguez Bolaños, por mucho que quiera manifestar que los
ayuntamientos y las corporaciones locales están peor con el Partido
Popular, las cifras son las que son y cuando el secretario de Estado
ha dicho que se produce un incremento del 7,8 por ciento es una
realidad que existe en los presupuestos y que mejora a las
corporaciones locales. Cuando el programa 912.A se incrementa en un
8,2 por ciento, esa es otra realidad que no quiere ver usted en los
presupuestos, que no quiere ver que beneficia a las corporaciones
locales, pero está ahí esa realidad. Otro dato importante que ha dado
el señor secretario de Estado y que viene a demostrar que los
ayuntamientos están hoy mejor que en la etapa del Partido Socialista
es que, afortunadamente, no es necesario llevar a cabo programas de
planes de saneamiento. Señor Rodríguez Bolaños, no creo que el
Partido Popular lo haga tan mal y los ayuntamientos estén tan mal
cuando en las últimas elecciones municipales nuestro partido ha
ganado en muchas ciudades de
España. No creo que la cosa esté tan mal en las corporaciones
locales, salvo que usted me quiera decir que los ciudadanos no saben
lo que están votando o están votando en contra de sus propios
intereses.

Señor Rodríguez Bolaños, la supresión del IAE la plantea el Partido
Popular y el presidente del Gobierno en su programa electoral y en
esta legislatura se va a ejecutar dicha supresión. No se va a
perjudicar económicamente a los ayuntamientos; por mucho que ustedes
estén todo el día con la cantinela de que se va a provocar un
perjuicio a los ayuntamientos y una disminución no va a ser así.

Ustedes crearon este impuesto ante la caótica situación que tenían
los ayuntamientos (un impuesto que gravaba la creación de empleo) y
lo establecieron para sufragar los déficit que tenían. Esa es la
realidad del impuesto sobre actividades económicas que perjudicó a la
economía, llevó a este país a una cifra de tres millones de parados y
no resolvió los problemas de déficit de los ayuntamientos.

Ha hablado usted de una autonomía que procuro evitar por ser de ella,
pero no me puedo callar. Usted no puede venir aquí a poner a la Junta
de Andalucía y al presidente del Partido Socialista y de la Junta de
Andalucía, señor Chaves, como bandera de intención y de voluntad de
pacto local. Le traigo a usted una montaña de papeles de propuestas
del Partido Popular y de iniciativas del Grupo Popular en el
Parlamento andaluz solicitando al señor Chaves que inicie las
negociaciones del pacto local en el ámbito autonómico. Usted me
enseñará una carta, pero el próximo día le traeré montañas de papeles
y tendremos que verlos fuera porque necesitaremos camiones. Usted no
puede venir aquí con este planteamiento, señor Rodríguez Bolaños.

Usted es de Castilla y no es de Andalucía, pero a los andaluces no se
nos puede venir así con estas cosas. La FAMP, la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, no se reúne y está presidida por el
alcalde de Granada. Fíjese usted el espíritu municipalista que
ustedes tienen, aunque luego dicen que el PP pacta con el PP en la
mayoría del PP y en Andalucía no podemos ni pactar porque no nos
reunimos; ni la Junta de Andalucía puede pactar con la FAMP porque no
se reúne, y eso que hay mayoría del PSOE en ambos sitios. Usted no
puede venir a decirnos que nosotros somos los malos de la película y
ustedes son maravillosos porque no es un planteamiento serio. Me
hubiera gustado que usted, después de las cifras de incremento que ha
dado el secretario de Estado. Hubiera reconocido el esfuerzo del
Gobierno. Usted obvia esas cifras y se centra en lo que usted quiere.

Dice que llevamos gobernando siete años cuando no es así. Usted
cambia las cifras a su antojo, nos dice que propusimos el IAE en
1996, pero del año 1985 a 1995 que van diez años, señor Rodríguez
Bolaños, ¿qué pasó? ¿La situación de la economía de las corporaciones
locales era la misma? Ustedes aprobaron la Ley de Haciendas Locales
en 1985 y tuvieron diez años hasta 1995 y a nosotros que llevamos



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cinco años en el Gobierno están todo el día diciéndonos que cambiemos
la ley ¿Qué hicieron ustedes en esos diez años?, ¿No evolucionó la
economía a peor? ¿No se incrementó el paro en esos años? ¿No se
incrementó el déficit de los ayuntamientos en esos años? ¿Qué decían
ustedes? Que la Ley de Haciendas Locales era magnífica. Ustedes
tuvieron diez años para cambiarla y a nosotros que llevamos cinco,
que estamos a punto de cumplir el sexto aniversario -ya me tiene loco
con las cifras de cuándo llegamos y cuándo nos iremos- (Risas.),
están todo el día dándonos la matraca con las haciendas locales.

El señor secretario de Estado ha dicho que hay una mesa técnica de
negociación importante. Señor Rodríguez Bolaños, le pido
encarecidamente que transmita al señor Chaves ese espíritu
municipalista y de pacto local que tiene y le estaremos agradecidos
todos los andaluces, porque queremos verlo plasmado. Quiero ver a la
Junta de Andalucía, en las competencias de servicios sociales,
pagando a los ayuntamientos las cantidades que les adeudan; quiero
ver a la Junta de Andalucía pagando impuestos que no les está pagando
a los ayuntamientos. Eso es lo que quiero ver del Partido Socialista
y de la Junta de Andalucía.

Respecto a los inmigrantes, ha dicho el señor secretario de Estado
que asumamos cada uno nuestras competencias. ¿Quién tiene
transferidas las competencias en servicios sociales? ¿Quién tiene
transferidas las competencias en vivienda?. ¿Quién tiene que hacer
las viviendas? Ha dicho el señor secretario de Estado que la
Administración general del Estado está para coadyuvar y colaborar,
pero cada uno tiene que asumir sus competencias y sus
responsabilidades. Es muy fácil venir aquí a echar balones fuera y
que todo lo haga papá Estado, pero esa no es la situación de España
hoy día. Hoy está papá Estado, mamá comunidades autónomas y todo lo
que queramos. (Risas.) Usted habla de servicios sociales y de
viviendas y quiero ver que las comunidades autónomas respecto a la
inmigración cumplen con sus competencias y lo hacen desde su
responsabilidad, lo mismo que el Estado lo hace desde la suya.

Para concluir, tengo que decir que por mucho que se niegue el apoyo
que hay desde el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado a
las corporaciones locales incrementa y casi se va a duplicar el IPC
previsto, y que hoy se está colaborando y trabajando más con los
ayuntamientos y las corporaciones locales. Deseamos, de verdad, que
ese espíritu impregne a todos los grupos políticos y a todos los
partidos políticos para que podamos alcanzar -lo decimos sinceramente
desde el diálogo- ese acuerdo de financiación local que entendemos
necesario para modificar una ley de 1985 que hizo el Partido
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para cerrar este turno de
intervención el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
(Elorriaga Pisarik): Seré breve, pero trataré de cumplir con todos
los temas que habían quedado pendientes.

Señor Rodríguez Bolaños, me da la impresión de que no se cree usted
el significado de la descentralización. Dice que desde 1985 han
cambiado las cosas. Evidentemente que han cambiado las cosas, las
comunidades autónomas han asumido responsabilidades políticas y
financieras y han asumido competencias exclusivas, y las competencias
exclusivas que han asumido con las dotaciones financieras
correspondientes les obligan a atender las necesidades sociales que
se derivan de esas competencias. Eso es un Estado descentralizado, lo
cual no quiere decir que los demás, en la medida de nuestras
responsabilidades, tanto corporaciones locales como Administración
general del Estado, contribuyamos a la mejor satisfacción de esas
necesidades públicas; pero insistir en que las responsabilidades
están en los niveles en los que constitucionalmente se han fijado
y ese es el eje del debate.

Me precisaba que lo que ha presentado es una proposición de ley de
modificación del IAE. Sinceramente, sin haberla visto y sin perjuicio
de que podamos dar otra opinión, no la considero oportuna
precisamente por lo que ya hemos reiterado. Está en marcha un proceso
de negociación y lo que debemos hacer ahora es atender la marcha de
esos contactos entre la FEMP y la Administración general del Estado y
en su caso ajustarnos a sus conclusiones. Por otro lado, en el seno
del Senado (creo que todos reivindicamos su función de Cámara
territorial) en la Comisión de Corporaciones Locales está trabajando
un grupo en torno a la financiación local que está conociendo estos
temas. Yo no multiplicaría mucho el mismo debate en foros distintos a
la vez. Creo que está sobradamente respondida la iniciativa del
consejero de Andalucía y, por otro lado, tampoco tengo yo nada que
decir, sólo apuntar una cosa. Aquellas comunidades autónomas que han
querido realizar descentralizaciones en su seno hasta ahora no han
necesitado al Ministerio de Administraciones Públicas. Eso no quiere
decir que no nos sea muy grato que se pida nuestra aquiescencia o
nuestra participación. Antes le apuntaba el caso de una comunidad y
le puedo apuntar otros para que sean comunidades completamente fuera
de la órbita de gobierno del Partido Popular. Tanto en Canarias como
en las Islas Baleares hay avanzados modelos de descentralización en
los cuales hasta el momento no ha sido necesaria nuestra
participación más allá, primero, de tener voluntad real de transferir
responsabilidades de gobierno a un nivel inferior territorialmente
hablando, como son las corporaciones locales, y segundo, tener
disposición a financiarlas, que es lo que algunas comunidades
mencionadas me temo que no tienen.

Volviendo al tema de inmigración, yo creo que está suficientemente
claro, pero quería hacer una precisión



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en torno a un aspecto muy concreto que ha mencionado: los centros de
internamiento. Es verdad que el Estado financia los centros de
internamiento, los está financiando y los va a seguir financiando y
va a seguir construyendo más cuando hagan falta, pero eso forma parte
de nuestra responsabilidad. Le decía en mi intervención anterior que
nuestra responsabilidad es velar por una marcha ordenada de la
inmigración y, en su caso, procurar la expulsión de aquellos
ciudadanos de otros países que entran en España sin la documentación,
fuera de contingentes, sin los permisos de residencia, y repatriarlos
a los países de origen. Como es conocido, en ese proceso es necesario
algún sitio que no es exactamente una cárcel, porque no son
delincuentes, sino los centros de internamiento que por supuesto se
están construyendo y ampliando en este momento en las partes de
España donde son más necesarios.

En relación con la última cuestión, la coordinación del Fondo de
Compensación Interterritorial y el FEDER, si bien cada una sigue sus
normas y sus pautas específicas, es cierto que Cantabria se encuentra
en un momento de transición por su salida del Objetivo 1. Eso lleva a
que, de acuerdo con la normativa del Fondo de Compensación
Interterritorial, la Comunidad Autónoma de Cantabria sigue siendo
receptora de dicho fondo. En concreto los fondos de este año son
1.892 - supongo que miles de euros- que se incrementan prácticamente
un 3 por ciento en relación con la asignación del año anterior. De
los fondos europeos administrados directamente por la Secretaría de
Estado de Organización Territorial, en concreto el más novedoso es la
subvención global del Fondo Social Europeo, que se ha asumido hace
muy pocos meses y que va precisamente destinado al mundo local para
satisfacer necesidades de formación y práctica laboral de
desempleados. En este fondo se ha tratado de contemplar la situación
específica de Cantabria y, por tanto, una cantidad va destinada a los
perceptores de Objetivo 1, otra a los perceptores de Objetivo 3 y hay
una cantidad asignada a Cantabria, que hemos llamado ayuda
transitoria, con unos criterios específicos. En general y en la
medida de lo posible, cuando las leyes y el marco financiero lo
permiten, se está tratando de dar a Cantabria una situación adecuada
a su peculiar situación de tránsito y de salida del Objetivo 1.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.




- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(GONZÁLEZ GONZÁLEZ), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 212/000755) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de expediente 212/000726).

El señor PRESIDENTE: Señorías, la siguiente comparecencia es la del
señor secretario de Estado para la Administración Pública, solicitada
por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista, que
por este orden van a intervenir.

En primer lugar tiene la palabra don Antero Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor secretario de Estado, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, un año después, cree
que la situación no ha cambiado sustancialmente. Por eso yo estaba
dudando, dada la hora que es, entre repetirle el mismo discurso del
año pasado o ir directamente a las preguntas que le quería hacer.

Pero no me resisto y voy a repetir algunas cosas que ya decíamos el
año pasado y que vuelven a incidir en estos presupuestos.

En cuanto a las retribuciones, he de decir que las rentas ligadas a
las decisiones presupuestarias desde las pensiones y el salario
mínimo a las retribuciones de los funcionarios sufren especialmente
el incumplimiento de las previsiones de inflación de los últimos
años. Estas desviaciones han creado un problema de credibilidad en la
política económica y lesiones a importantes sectores de la población
española, especialmente en los dos últimos años. En el año 2000 la
inflación dobló la previsión oficial, 4 por ciento, frente al 2 por
ciento, lo que provocó que, ante la posición del Ejecutivo de
mantener una previsión del 2 por ciento también para el año 2001,
ningún analista o sector social incluyera esta cifra en sus
proyecciones. En este contexto, la reiteración de cifras similares de
inflación para el año 2002 es difícilmente asumible. Esta falta de
rigor ha constituido un mecanismo para aminorar el gasto público
sobre la base de degradar las rentas de los empleados públicos. A
ello se ha sumado una política explícita y sostenida de congelar las
retribuciones. Desde que gobierna el Partido Popular, la pérdida
acumulada de poder adquisitivo supera ya los cinco puntos y medio.

Las políticas previstas para este ejercicio se basan tanto en el
incremento sobre un ficticio IPC, tan alejado de la previsión de
cierre para este año 3,7 por ciento hasta agosto como del racional
IPC para el 2002; una retribución variable del 0,5 de la masa
salarial no consolidable y sin depender de ningún criterio objetivo
fomentado de arbitrariedad, el clientelismo y la desigualdad; un plan
de pensiones cuya configuración no ofrece garantías para hacerlo
viable y se ofrece como moneda de cambio frente a subidas salariales
directas.

En consecuencia, como decía antes, se reitera la pérdida de poder
adquisitivo, se niega la negociación colectiva y se lesionan una vez
más los intereses de los empleados públicos.

Acabar con la precariedad es un objetivo necesario para la política
de empleo público y planificación de recursos humanos. La congelación
de los contingentes ha propiciado una sustitución de empleo fijo por
temporal que ha significado un incremento del 31 por ciento



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en la tasa de temporalidad, pasando del 15,5 en 1996 al 20,3 en el
año 2001. El levantamiento real del perverso mecanismo del límite a
la tasa de reposición es, entre otras medidas, imprescindible para
restablecer una estabilidad de empleo que nunca debió verse
deteriorada. Sigue estando pendiente la necesidad de recuperar algo
tan esencial como los criterios de igualdad, mérito y capacidad en
los procesos de selección y provisión de puestos. La movilidad del
personal, al margen de la negociación colectiva, es la estrategia que
el Gobierno impulsa junto a la consolidación de efectivos sin acabar
con la tasa de temporalidad. Existen desequilibrios en organismos de
la Administración, falta de personal en ámbitos funcionales o exceso
de efectivos en otras unidades administrativas. No se aplica el
régimen ordinario de concursos y se aplican procedimientos
excepcionales de provisión. La Administración del Partido Popular se
obstina en mantener los procedimientos actuales de promoción, al
tiempo que limita el derecho de los empleados públicos a participar
en los procedimientos de promoción.

Respecto a la jornada, la única propuesta que ha formulado la
Administración es la concesión de un día más de vacaciones en función
de si se llevan prestados 15 ó más años de servicios en la
Administración pública. La instauración de la jornada de 35 horas,
con la consiguiente creación de empleo estable, es la referencia que
demandan los sindicatos. Las experiencias existentes demuestran que
esta medida no está creando problemas en la prestación del servicio,
sino que contribuye a mejorar el mismo, así como la calidad laboral
de los trabajadores y, lo que resulta más importante, a crear empleo
público. No dejaremos de señalar el comportamiento de hipocresía del
Gobierno desde las denuncias al Tribunal de Cuentas hasta los
recursos de los delegados del Gobierno, ya que por un lado en
diversas administraciones del mismo signo político que el Gobierno
central ya han sido aprobadas estas medidas y, por otro, se denuncia
a aquellas administraciones regidas por otras formaciones políticas.

Le pongo como ejemplo la situación en la Comunidad de Madrid, con más
de veintitantos convenios impugnados, casi todos del mismo signo
político. Ni siquiera en un asunto tan importante como éste -me
refiero a la salud laboral- el Gobierno ha sido capaz de acercar
posiciones con los sindicatos. La actitud del Gobierno es tan
irresponsable como temeraria. Debe tenerse en cuenta que el 18,6 de
los accidentes laborales en el sector de servicios y el 7,5 del total
de accidentes del país vienen produciéndose en el conjunto de las
administraciones públicas.

Las cantidades presupuestadas en este ejercicio para la calidad de
los servicios y los diversos indicadores contenidos en las memorias
del departamento sobre esta cuestión revelan una reducción, en
términos reales, de las dotaciones y la preocupación por mejorar la
calidad de los servicios. La defensa o la crítica de un presupuesto
de las administraciones públicas tiene mucho que ver con la
filosofía política con la que se considera lo público. No es este el
momento de extenderse en este punto -no cansaremos a SS.SS y al
secretario de Estado-, tan sólo afirmamos que este presupuesto es un
buen indicador de la débil importancia que el Partido Popular viene
confiriendo a las administraciones públicas en los distintos niveles
en que éstas deben ser potenciadas: primero, la profesionalización de
la Administración; segundo, la mejora de la calidad de los servicios
que se prestan, y tercero, su consideración en el contexto de un
Estado descentralizado. Desde esta triple perspectiva, los
presupuestos de la sección 22 no cumplen ninguna de las expectativas
de mejora que cabrían esperar, lo que sólo cabe interpretar como una
ausencia de voluntad política de disponer de un instrumento público
que asuma una función de liderazgo e impulse en la economía los
comportamientos públicos de las instituciones españolas.

Desde el punto de vista de la profesionalización de la
Administración, las carencias determinadas por la falta de voluntad
política para avanzar en este terreno son evidentes. Nos encontramos
ante un mantenimiento a la baja, como hemos señalado ya, de la
Administración actual; una administración cada vez con menos
protagonismo que debilita sus recursos humanos. Las exigencias de
políticas de calidad de las administraciones públicas que ustedes
suelen enfatizar en sus intervenciones carecen de apoyo. La lentitud
e insuficiencia de las dotaciones a infraestructuras y mecanismos
precisos, por ejemplo, para el impulso de las ventanillas únicas es
el mejor indicador de las débiles políticas de calidad. Pocas
ventanillas y, además, en estas oficinas se produce la paradoja de
que la ventaja para el ciudadano de disponer de una ventana única no
se corresponde con el ejemplo de programas informáticos que trasladen
la documentación a todas las administraciones.




Termino aquí mi planteamiento político y paso a realizarle las
preguntas que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
entendemos que deben tener alguna respuesta en esta comparecencia que
hemos pedido del secretario de Estado de Administraciones Públicas.

Sobre el programa 121.B, ¿cuál va a ser el destino de los 5.658
millones de euros de inversión del Ministerio de Administraciones
Públicas? Nos gustaría que aportase detalle del destino de dichas
inversiones. En ese mismo programa 121.B, ¿a qué campañas de
publicidad se van a dedicar los 3.000 millones de euros del gasto en
inversión inmaterial del programa 121.B del Ministerio de
Administraciones Públicas? En el programa 121.C, ¿a qué familias e
instituciones sin ánimo de lucro se van a dedicar los 14.000 millones
de euros de subvenciones de este programa y en qué condiciones y
mediante qué criterios sevan a repartir?



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Ya con carácter general, tres o cuatro cuestiones. En primer lugar,
¿cómo se ha compensado la pérdida de poder adquisitivo de los
empleados públicos entre el 2 por ciento y el 4 por ciento de los
ejercicios 2000 y 2001? ¿Qué partidas presupuestarias va a dedicar el
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado del 2002 a
compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios a lo
largo de este ejercicio? ¿Maneja el Ministerio de Administraciones
Públicas la idea de crear un fondo especial para compensar estas
cantidades? Si es así, ¿en virtud de qué criterio se compensará a los
trabajadores públicos, productividad, otros? ¿En qué situación se
encuentra en estos momentos el Estatuto de la Función Pública, así
como la potenciación de la carrera funcionarial? Y por último, ¿qué
recursos presupuestarios piensa destinar el Ministerio de
Administraciones Públicas a frenar la pérdida de prestigio de la
Función pública como consecuencia de la apuesta del Partido Popular
por lo privado?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Juana Serna.




La señora SERNA MASIÁ: Buenas tardes-noches, señor secretario de
Estado. Espero que podamos centrar el tema adecuadamente y que no
acabemos discutiendo el señor Merino y yo sobre la bondad o maldad
del señor Zaplana. A ver si podemos centrarlo realmente sobre los
programas de la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Supongo que igual que todos los portavoces y que ustedes mismos hemos
dedicado todo el fin de semana a analizar presupuestos, a coger
nuestras calculadoras puesto que era la primera vez que venían en
euros, a reconvertirlos en pesetas, a hacer reglas de tres, etcétera.

Yo tuve no sé si la valentía o la cobardía de dejarlo todo eso a la
mitad y marcharme a escuchar a un hombre inteligente como es Juan
José Millás, en una conferencia de lo más interesante que me hizo
cambiar el rumbo de la intervención que yo pensaba tener esta tarde
con usted. La tesis que mantenía Millás hablando sobre periodismo es
que a menudo los periódicos tienen exceso de datos y carencia de
significados. Quizá porque yo estaba entonces inmersa en los
presupuestos, pensé que eso exactamente les pasaba a los
presupuestos, que a veces tienen exceso de número y, por tanto, les
falta significado, y eso es lo que me gustaría que buscásemos esta
tarde. Por este motivo muchas de las preguntas que pensaba hacerle
-en total eran 25-, simplemente las voy a trasladar a la Mesa, para
que en el tiempo reglamentario me sean contestadas por el ministerio,
entre otras cosas porque muchas de ellas usted no las podría ni
contestar. Cualquiera que haya estado en el Ejecutivo sabe que, tal y
como están montados los departamentos, hay cosas sobre las que mejor
te pueden contestar los jefes de área, los jefes de servicio, por
tanto, lo dejo para ellos; porque me parece que su comparecencia es
mucho más interesante esta tarde. Pensaba más bien centrar mi
intervención en las dudas que me han ido surgiendo en relación con
algunas cifras y en los temas que son clave o que yo considero que
son el corazón de la secretaría de Estado que usted dirige. En ese
sentido, en relación con las dudas me surgían las siguientes.

Viendo el famoso libro amarillo de presupuestos, una de las dudas era
sobre el papel y el peso político del Ministerio de Administraciones
Públicas. Esto no solamente tendría que contestarlo la subsecretaria,
sino también usted. He visto que en los presupuestos generales del
2001 por ejemplo el Ministerio de Administraciones Públicas, en el
ámbito de presupuestos de gastos no financieros del Estado
distribuido por secciones, tenía nada menos que un peso del 10 por
ciento, desde luego por delante del resto de los ministerios; por
encima de él solamente estaban el Tribunal Constitucional y el
Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, con una cierta
sorpresa, no buena, veo que para este año, en el mismo ámbito de
presupuesto de gastos no financieros del Estado ha pasado de
representar el 10 por ciento que le indicaba al 1,4, y por ejemplo
Presidencia, que el año pasado no tenía nada, ha pasado nada menos
que al 24 por ciento. ¿Qué significado podríamos encontrarle a esto?
El Ministerio de Administraciones Públicas, al igual que los
ministerios de Economía y Hacienda, es un ministerio horizontal, que
debería tener un fortísimo peso político en el Gobierno, y lo que me
planteo, y por eso le dirijo a usted esta pregunta, es si es que el
Ministerio de Administraciones Públicas acabará siendo un simple
gestor de la Función pública. De ahí que se lo haya preguntado
a usted, que dirige esta cuestión.

Las otras dudas que me surgían se refieren al programa 121.B,
dirección y organización de la Administración pública, en relación a
tres capítulos: capítulo 1, gastos de personal; capítulo 2, gastos
corrientes, y capítulo 6, inversiones. En cuanto al capítulo 1, de
gastos de personal, veo que disminuye un 5,33 por ciento en relación
al año pasado. Está claro que no es porque bajen el sueldo a los
funcionarios, sino simplemente porque los incentivos al rendimiento
han quedado sin dotación. ¿Qué significado hay que dar a eso? El
significado desde luego que da el Grupo Parlamentario Socialista es
que ha habido un fuerte fracaso del MAP con los sindicatos y, por
tanto, como han fracasado las negociaciones, este año por primera vez
no aparece la dotación de incentivos al rendimiento que el año pasado
era nada menos que de 182 millones. El capítulo 2, gastos corrientes,
sin embargo, nada menos que aumenta un 128,8 por ciento. Entiendo que
una de las promesas electorales importantes que ustedes hicieron en
su día es que acabarían precisamente con ese despilfarro del gasto
público y de los gastos corrientes en los gobiernos socialistas y,
mire por dónde, me encuentro con que en los presupuestos generales
del 2002 los gastos corrientes del capítulo 2 de su programa aumentan



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ese 128 por ciento. En el capítulo 6, inversiones reales, y don
Antero Ruiz se lo preguntaba también, aumenta un 131 por ciento el
apartado nuevas inversiones para funcionamiento operativo de los
servicios. En total su programa aumenta -si está de acuerdo con mis
cálculos- un 5,51 por ciento. Otra duda que me surgía era que también
hay un aumento importante de los organismo que a usted le competen,
el INAP aumenta un 13 por ciento y MUFACE un 6,8 por ciento. No voy a
entrar en el análisis pormenorizado, pesado, de cada uno de estos
organismos. Yo considero que usted los conoce suficientemente y que,
por tanto, nos explicará esos aumentos tan importantes, pero voy a
decirle algo también como conclusión de este asunto. Fíjese que su
programa ha aumentado año tras año, y voy a recordar algunas cifras.

En el año 1999 aumentó un 4,7, en el año 2000 aumentó un 4,8, en el
año 2001 -y usted y yo discutimos con cortesía, pero fuertemente al
respecto- un 42 por ciento, y este año un 5,51 por ciento. Es decir,
que sus programas y estos organismos están aumentando en relación a
la inflación real y, sin embargo, los salarios de los funcionarios
simplemente se quedan reducidos a la inflación virtual que el
Gobierno año tras año nos está haciendo creer, y sobre esas
virtualidades, yo quería recordarle algunos datos; van a ser también
breves, pero me parece que son jugosos y que en el Congreso estas
cosas deben decirse.

En cuanto a esa virtualidad, yo recuerdo que el crecimiento económico
que había pensado el Gobierno para los presupuestos del año en curso
era del 3,6 y va quedar reducido a un 2,5 por ciento. En este momento
los analistas privados, importantes en nuestro país, nos están
diciendo que en nuestro crecimiento económico, tal y como están las
cosas -le acepto que en este momento ni los economistas saben muy
bien cuáles van a ser los resultados del 11 de septiembre, es una
cuestión bastante obvia- no deberíamos ser optimistas y que no irán
más allá de un 2 por ciento. De nuevo el Gobierno, optimista el señor
Rato, nos dice que un 2,9 por ciento. Llegamos al ámbito de la
inflación, y este año nos dicen que un 2 por ciento. Lo importante de
este ámbito de la inflación es que ya estamos en el 4 por ciento y
que la media anual quedará situada en el 3,5 por ciento. Llegamos al
producto interior bruto, que sería una de las tres grandes
cuestiones, y de nuevo se empeñan en que se va a crecer a un 6 por
ciento. Señor secretario de Estado, estar en el Ejecutivo significa
fijarse en algunas cuestiones, y si nos fijamos en ingresos y gastos,
en la caja, vemos que los gastos han aumentado en este momento un 5
por ciento y los ingresos sólo han aumentado un 1,9 por ciento. ¿Sabe
lo que eso significa para su Gobierno, verdad? Que en este momento el
déficit del Gobierno está situado en 1,7 billones. Esas son las
cuentas. ¿Qué es lo que ocurre con esto y qué es lo que yo le quería
decir? Pues eso da lugar a que a veces se escriban y se digan algunas
cosas muy importantes. Esta que le voy a leer, que es
de Cinco Días, siento muchísimo no haberla firmado yo. Son de esas
cosas que a veces uno lee una novela, y dice: qué pena que no sea
mía. Estoy plenamente de acuerdo y le ruego que le preste atención.

Dice en relación a la inflación: El 2 por ciento presupuestado para
este año está ya casi en el 4 por ciento y el incremento medio anual
será del 3,5 por ciento. El Gobierno insiste para este año en el 2
por ciento. En esto la credibilidad está totalmente perdida. En el
fondo no es un error -error entre comillas- sino que simplemente lo
que quiere el Gobierno es fijar las retribuciones de los empleados
públicos muy por debajo de los precios. Como los agentes sociales no
lo toman en consideración durante la negociación colectiva y tampoco
afecta a los que se benefician de las cláusulas de revisión en
convenios o en prestaciones, caso de los jubilados y de los
trabajadores en empresas privadas, lo que se hace es establecer por
ley -la Ley general de presupuestos- una -y lo subrayan con negrita-
congelación parcial de los salarios en la Función pública. ¿Por qué
ocurren estas cosas? En mi opinión, porque -ahí no estoy de acuerdo
con el señor Ruiz- sí han cambiado muchas cosas en relación con los
presupuestos del año pasado y al debate de lo que está siendo este
año. Si se escriben esas cosas es porque han surgido en el ámbito -y
pasaría ahora al campo de los temas propios de su secretaría- de la
remuneración una serie de problemas muy importantes. Ustedes se han
metido en una maraña de la que no han sabido salir -se lo digo, como
siempre, con toda cortesía pero también de forma crítica, como me
exige mi propio grupo-, que es la siguiente. Han creado unas falsas
expectativas a los funcionarios en cuanto a lo que les iban a subir.

Voy a leer simplemente titulares. La Vanguardia, miércoles 16 de
mayo: El Gobierno compensará la pérdida de poder adquisitivo de los
funcionarios. La Gaceta, 17 de mayo -la foto es suya, señor
secretario-: El MAP negociará nuevas fórmulas de retribución. Lo
entiendo muy bien. Usted lo que quería -si le entendí en su día- era
desvincular, porque lo consideraba una cultura sindical antigua, el
tema de los salarios del IPC. Eso es lo que creo que ustedes querían
y buscaban una fórmula más imaginativa. Esto es de Expansión, lunes,
18 de junio: El Gobierno ofrece 18.000 millones para los planes de
pensiones de funcionarios. De nuevo Expansión, lunes 19 -este es de
marzo-: El Gobierno estudia implantar la retribución variable y los
planes de pensiones para los funcionarios. Por último, con foto suya
y de doña Elvira Rodríguez, el día 18 de septiembre: El MAP impulsa
un plan de pensiones para 480.000 funcionarios. Son ustedes quienes
crean estas expectativas a los funcionarios. ¿En qué ha quedado todo
esto? En nada. Es una falsa expectativa que ha dado lugar a que los
funcionarios de este país nos anuncien -lo leí en ABC- que ahora,
cuando llegue la presidencia española de la Unión Europea, lo que va
a ocurrir es que en vez de tener en este país la paz suficiente



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para hablar de cosas enormemente graves a nivel internacional
tendremos huelgas continuas de funcionarios ante Presidencia, ante el
ministerio, etcétera.

Hay más problemas, porque ustedes han fracasado con las mesas que
ustedes mismos crearon, que ustedes mismos convocaron con los
sindicatos; mesas de retribución, de política social, de empleo,
etcétera. Ustedes envían un borrador a esas mesas. El borrador tiene
un título III, retribuciones, capítulo 4, con el incremento general
del 2 por ciento que todos conocemos; capítulo 5, plan de pensiones,
un 0,5 por ciento de la masa salarial global durante los tres años de
vigencia del presente acuerdo; capítulo 6, retribuciones variables,
asociadas a la consecución de objetivos de carácter económico, como
ustedes saben, un 0,4 por ciento de la masa en concepto de
retribución variable, un 0,1 por ciento en virtud del cumplimiento de
la previsión de inflación. No quiero cansarles, señorías, simplemente
quiero decir que esto que ustedes mandan como borrador ha
desaparecido del proyecto de ley de Presupuestos Generales de 2002.

Llegamos a las comunidades autónomas y de nuevo un fracaso. Ya le han
dicho mis compañeros dónde está ese fracaso, se lo han dicho al
anterior secretario de Estado de Organización Territorial. ¿Por qué
tienen un fracaso? Porque ustedes plantean solamente para la
Administración General del Estado esos planes de pensiones y esas
retribuciones variables, pero, ¿qué ocurre? Perdone la expresión, que
dejan con el culo al aire a las administraciones y a las
corporaciones locales. ¿Por qué? Simplemente porque ustedes, el
Gobierno, contará con un superávit de la Seguridad Social para
deshacer el desequilibrio presupuestario que seguramente va a tener,
como tiene en este momento, repito, la cifra de 1,7 billones. Sin
embargo, ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales
tendrán posibilidad de acceder a esos superávit de la Seguridad
Social. También hay otra cosa, y es que además -y se lo han dicho a
usted mismo en una comida que tuvieron con usted y con la señora
directora de la Función Pública- tendrán que cumplir con una ley de
estabilidad. Frente a eso, si sacaban en la Ley de Presupuestos el
plan de pensiones y las retribuciones variables obligaban a que ellos
entrasen en una negociación colectiva cuyos presupuestos no se lo
permitían.

De todas maneras, yo he hecho los cálculos de esas grandes cifras y
espero que usted esté de acuerdo, señor secretario de Estado. El plan
de pensiones significaba sólo 1.346 pesetas al mes; el 0,4 de
retribuciones variables, 1.000 pesetas; el 0,1, si se cumplían los
objetivos, 269 pesetas. La verdad es que las grandes cifras que los
ciudadanos leen en la prensa dan lugar a que piensen que el
funcionario cobra más, pero cuando sumas todo esto compruebas que lo
que ocurre es que el funcionario sigue cobrando poco. Le voy a ir
uniendo más cuestiones.

Ustedes han entrado en una maraña legislativa importante. Ustedes
saben que el plan de pensiones tenía problemas y le recuerdo la frase
que les dije, tanto a usted, señor secretario de Estado, como al
señor ministro, en la comparecencia que tuvo ante esta Cámara: Están
intentando algo para lo que yo les deseo -y recuerdo la frase- éxito
y fortuna; espero que la recuerde también mi oponente: éxito y
fortuna. En el fondo yo también siento que no la hayan tenido, pero
ustedes se metieron en esa propia maraña legislativa con tal de no
hacer una cosa que ha pedido siempre la oposición, que es una
cláusula de revisión salarial, ese punto de más que han esperado
tiempo y tiempo los funcionarios, los empleados públicos. Ahora
resulta que como ellos consideran que ese punto no ha subido -el 0,5
de las pensiones más el 0,5 de las retribuciones variables- se
sienten frustrados y engañados. ¿Qué es lo que consideran las
organizaciones sindicales? Cuando uno lee con toda corrección la
memoria de su programa se encuentra ante la maraña y ante el problema
de que han empezado la casa por el tejado y ahora quieren hacer lo
que deberían haber hecho antes, que es lo siguiente: página 91 de sus
propios presupuestos, señor secretario de Estado: Contratar con el
Instituto Europeo de Administración Pública, de Maastricht la
realización de un estudio sobre retribuciones variables y planes de
pensiones en las administraciones públicas de los Estados miembros de
la Unión Europea. Todos sabemos lo que eso significa, que es dar
largas al asunto. Han hecho un convenio con el IEAP, el Instituto
Europeo de Administración Pública, que, por cierto, me alegra que
este año le guste, porque el año pasado discutimos usted y yo -yo
decía que estaba bien y usted decía que estaba regular-, pero me
parece muy bien, todo eso no tiene ni la más mínima importancia, son
chascarrillos políticos. Lo único que le digo es que si eso es así y
si al final hay un freno a los planes de pensiones, le voy a hacer
una pregunta sobre algo que no acabo de entender. ¿Es verdad o no que
en la sección 31, gastos de los diversos ministerios, hay en torno a
10.000 millones de pesetas presupuestados por si acaso durante el
debate parlamentario hubiese un acuerdo sindical, en cuyo caso el
Grupo Popular presentaría una enmienda diciendo que ese dinero se
convertiría en planes de pensiones? Eso no se entiende, porque como
le dijeron muy bien los representantes de las comunidades autónomas,
los representantes de la Función pública, para poder hacer eso tiene
que haber además algo que no hay en la ley de acompañamiento, que son
cambios normativos. Los planes de pensiones tienen problema de
concurrencia de pensiones, tienen problemas estructurales y para que
eso fuese, habría que cambiar las normas puesto que serían un salario
diferido. Como yo no lo he entendido, le ruego, con toda cortesía,
que usted me lo cuente.

Hay otro problema, y no solamente el de la remuneración -y voy a ir
terminando, para que el señor presidente,



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con toda razón, no me llame la atención-, y es el de empleo. Como
usted sabe, y yo no le digo nada, esa es la opción que tiene su
Gobierno, es la opción que tiene el Partido Popular, ustedes siguen
insistiendo en la tasa del 25 por ciento. De verdad que lo hemos
discutido tantas veces que no voy a insistir más, porque usted ya
sabe que para nosotros esa tasa genera una altísima temporalidad y
precariedad. En este momento, estamos en el 20 por ciento. El
compañero de Izquierda Unida, el diputado don Antero Ruiz, dice que
en el 20,3 por ciento. Así serán esas tres décimas que a mí me
faltaban. Sin embargo, lo que yo le quiero preguntar es qué van a
hacer con la tasa de reposición; ¿la consideran o no la consideran
una posible causa de la temporalidad? Porque usted, en una
comparecencia, me dijo que quizá era posible y que tenían que hacer
un estudio. ¿Está hecho ese estudio? ¿Está contemplado en los
presupuestos para el 2002? Habla usted en La Gaceta, el 19 de marzo,
y su titular: Si tenemos que cambiar la tasa de reposición, se hará,
porque si esto significa que aumenta la temporalidad, habrá que
aplicar otro modelo que evite que los efectivos públicos aumenten de
forma desmesurada. Eso es lo que usted dice, señor secretario de
Estado.

En definitiva, no quiero acabar mi intervención sin hacerle tres
preguntas que me parecen también de enorme importancia. Cuando usted
indica en la memoria de esos objetivos que quiere establecer una
nueva política de personal y que va a promover la calidad de los
servicios públicos, y usted precisa que para ello se necesita una
alta motivación de los empleados públicos, lo que yo le pregunto,
señor González, es lo siguiente: ¿Cree usted, de verdad, que en este
momento, los empleados públicos están motivados? Si usted ha leído la
prensa de hoy, resulta que el gasto en los hogares españoles ha
aumentado en el segundo trimestre un 4,6 por ciento, el más alto
desde el año 1999, y ustedes se empeñan en decir que dos millones de
españoles siguen teniendo un alto poder adquisitivo cuando están
viviendo con el 2 por ciento, y se empeña el Gobierno, una y otra
vez, cansadamente, en repetir algo que no es así.

Quisiera preguntarle por otra cuestión. ¿Existe alguna partida
presupuestaria para llevar a cabo el estudio sobre los problemas del
trabajo de la mujer, que el día 14 de mayo, a propuesta de esta
diputada, a propuesta del Grupo Socialista, se aprobó por unanimidad
en esta Comisión? Yo lo quería restringido al INAP, solamente lo
quería para la carrera administrativa, pero acepté una enmienda del
Grupo Popular, donde decía que había que establecerlo para todas las
mujeres, que había que establecer por tanto un convenio entre el
INAP, el Instituto Nacional para las Administraciones Públicas, y el
Instituto de la Mujer. No he visto que eso esté presupuestado, y le
pregunto porque tengo un altísimo interés en saber esto.

Señor secretario de Estado, en este momento, en España hay 908.570
mujeres sin empleo. El aumento
del desempleo en septiembre se ceba en las mujeres, y le recuerdo,
según datos del INEM, que el cien por cien de los nuevos parados del
INEM son del sexo femenino. A mí, ese estudio me parece de una
urgencia enorme y yo no lo he visto presupuestado; quizá no he
percibido bien, no he comprendido bien los presupuestos que usted nos
presentaba.

Por último, le quería decir algo. Señoría, en el punto 7 del programa
121.B, relación de puestos de trabajo y los sistemas retributivos de
los empleados públicos, le pregunto: ¿Existe algún aspecto que se me
haya pasado por alto o desapercibido, pero que nos permita entender
que para resolver el problema de las relaciones de puestos de trabajo
y los sistemas retributivos, en breve, el ministerio presentará algo
que ya han prometido cuatro ministros del PP de Administraciones
Públicas, que es un proyecto de ley del estatuto básico de la Función
pública? (El señor Merino López pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, ¿quiere hacer uso de la palabra?



El señor MERINO LÓPEZ: Sí, señor presidente, intervendré con brevedad
y le agradezco su generosidad.




Quiero dar la bienvenida al secretario de Estado, y creo que del
debate que hasta ahora se ha llevado a cabo, se deducen algunas
cosas, señor secretario de Estado. En primer lugar, que su trabajo,
para la oposición lo hace mal, muy mal, y para el Grupo Parlamentario
Popular lo hace bien, muy bien. En segundo lugar, la señora portavoz
del Grupo Socialista le hace un seguimiento exhaustivo de sus
declaraciones en prensa. Eso queda constatado, además de las
conferencias a las que acude y que la ilustran. Tengo que decirle a
la portavoz del Grupo Socialista que o tenemos presupuestos o leemos
los números de forma distinta o la máquina no nos ha funcionado igual
a los dos, y lamento que la portavoz del Grupo Socialista no haya
dado algunos datos que son beneficiosos para el conjunto de los
funcionarios.




Quiero empezar diciendo que la inflación ya no la fija el Gobierno,
sino el Banco Central Europeo, y en Europa se está para lo bueno,
para lo malo y para lo regular. Ese es un criterio que se ha marcado
desde Europa y que, desde luego, el Gobierno de España tiene
obligación de seguir.

Con respecto a las retribuciones, y el año pasado ya fue objeto de un
debate importante el incremento del 2 por ciento de las retribuciones
y entendíamos que este año iban a serlo también, me imagino que el
señor secretario de Estado nos podrá ilustrar ahora en su exposición
con datos concretos, pero nosotros entendemos en primer lugar que
desde que el Partido Popular está gobernando España los funcionarios
han tenido un incremento de salarios superior al IPC y que en el año



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2001 el incremento de las retribuciones de los funcionarios ha sido
superior al 2 por ciento. ¿Que es cierto que el Gobierno ha puesto en
la mesa de negociación con los sindicatos nuevas fórmulas donde se
contempla el fondo de pensiones y donde se contemplan algunos
sistemas nuevos de incentivos para los funcionarios y para los
empleados públicos? Es evidente. Yo creo que el fracaso, señora
portavoz del Grupo Socialista, no es sólo del Gobierno. Cuando hay
una mesa de negociación, los aciertos y los fracasos son de las dos
partes que están, no se puede echar solamente la culpa a una de
ellas. Este grupo confía en la capacidad de negociación tanto del
Gobierno como de los sindicatos y en que se lleguen a acuerdos, pero
hay datos que no se han dado en esta comparecencia, que son buenos y
que reflejan las sensibilidades del Gobierno del Partido Popular, por
ejemplo, el incremento del 4,7 por ciento de las pensiones de Clases
Pasivas, como otros que iremos diciendo luego, que son incrementos y
que benefician al conjunto de los funcionarios en una política social
clara que el Gobierno de España del Partido Popular está llevando a
cabo.

Con respecto a la oferta de empleo público, el Gobierno y el
ministerio están haciendo esfuerzos importantes por reducir la
precariedad, se están acelerando los procesos selectivos y se están
procurando adoptar las medidas que tiendan a resolver ese problema
que no es sólo de la Administración general, sino también de las
administraciones autonómicas y de las administraciones locales y al
que hay que ir dando soluciones, aunque es absolutamente imposible
llevarlo a cabo en un ejercicio. El Gobierno y el Ministerio están
adoptando medidas que tiendan a reducir la precariedad en el empleo.

Solamente le voy a decir una cosa a la portavoz del Grupo Socialista
respecto a la tasa de reposición. La primera vez que aparece esa tasa
es en los Presupuestos Generales del Estado del año 1995 y esos
presupuestos los elaboró el Gobierno del Partido Socialista. Con eso
le contesto a usted sobre todo lo que tengamos que hablar acerca de
las tasas de reposición. Hay aspectos también importantes que
favorecen al conjunto de los funcionarios y de los ciudadanos como es
el esfuerzo que el Gobierno, a través de los presupuestos, está
haciendo para la formación. Este año se produce un incremento del
13,2 por ciento -más de 10.700 millones de pesetas, 64,5 millones de
euros- que vienen a favorecer y a motivar a los funcionarios. (Aunque
digan los portavoces de los grupos de la oposición que los
funcionarios están desmotivados, nosotros sinceramente no lo
creemos.) Un incentivo es precisamente la propia formación de los
funcionarios, donde este Gobierno está demostrando año tras año un
esfuerzo muy importante.

Se sigue hablando de la mala situación y la mala actuación de la
Administración, pero creemos que los programas que se han puesto en
funcionamiento de
mejora de la calidad y de los servicios y la simplificación de los
trámites administrativos han sido un avance positivo. En este sentido
quisiera que el señor secretario de Estado nos informara sobre cuál
es la actuación del Gobierno en materia de simplificación
administrativa, porque es bueno saberlo y creemos que está
beneficiando al conjunto de los ciudadanos. Se están haciendo
esfuerzos importantes en modernizar la Administración, ya lo hemos
comentado antes en otras comparecencias, en todo lo relativo a la
tecnología. Hay incrementos importantes en los capítulos 2 y 6,
dedicados precisamente a modernizar la Administración; por tanto, no
se puede estar diciendo que la Administración no funciona, que la
Administración está anticuada y que el personal está desmotivado y,
al mismo tiempo, criticar la fuerte inversión que se está realizando
en capítulos que van precisamente a mejorar la calidad del servicio
de la propia Administración, como puede ser el plan INFO XXI o el
portal de las administraciones o intranet o diversos programas que
existen dentro y fuera de este ministerio. El dato que ha dado la
señora portavoz del Grupo Socialista respecto al incremento de un 128
por ciento en el capítulo 2 no coincide con el mío. El dato que yo
tengo es que hay un incremento del 62 por ciento. Lamento que la
señora portavoz del Grupo Socialista no tenga en cuenta que este año
hay elecciones sindicales también y que hay una aportación muy
importante del ministerio para que se pueda llevar a cabo
democráticamente ese proceso electoral que nosotros consideramos
importante y que está en torno a los 101 millones de pesetas, si no
recuerdo mal, además de los contratos que se realizan precisamente en
la modernización de la Función pública y de la Administración
respecto a tecnologías, empresas y profesionales, que, como hemos
dicho en otras comparecencias, esas funciones no pueden ser asumidas
por los magníficos funcionarios que desarrollan su trabajo dentro del
ámbito tecnológico en el ministerio, y es necesario buscar una
contratación interna. Asimismo hay que relacionar ese dato con otro
dato que no ha dado la señora portavoz del Grupo Socialista y es que
el capítulo 6, relativo a inversiones reales, decrece un 13,9 por
ciento, porque se produce un traspaso de un capítulo a otro.

Siguiendo con esa política social del Gobierno de España del Partido
Popular tampoco se ha hablado aquí, por parte de los portavoces del
grupo de la oposición, del incremento del 6 por ciento que se lleva a
cabo en MUFACE; tampoco se ha hablado del incremento del 15,2 por
ciento que dentro del capítulo 4 correspondiente a la MUFACE hay
respecto al subsidio e indemnizaciones, incapacidades y asistencia a
gran invalidez; y tampoco se ha hablado aquí -y nosotros desde el
Grupo Popular sí queremos decirlo porque es una ayuda y una
colaboración a los funcionarios- del 5,7 por ciento de incremento que
se produce en el programa 412.L relativo a la asistencia sanitaria.

En definitiva,



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se trata de un conjunto de actuaciones dentro de este departamento
del ministerio que va en beneficio de los funcionarios, que nosotros
consideramos sinceramente que es adecuado a la realidad que está
viviendo el país y a las necesidades que tiene la Administración
general del Estado, ajustado en cuanto a los gastos. No creemos, en
absoluto, que haya derroche, como aquí se ha manifestado; nosotros,
todo lo contrario, queremos felicitar -como hemos hecho con los
anteriores comparecientes- a la Secretaría de Estado de la
Administración Pública por el esfuerzo realizado, así como a todo en
el departamento ministerial, al ajustar los gastos al máximo, reducir
aquellos gastos que son superfluos y que no son en muchos casos
necesarios, como ocurría en otra época, y, por lo tanto, consideramos
que este presupuesto está dentro de la política global del Gobierno
de lograr el déficit cero, que es un esfuerzo loable y deseable por
parte de todos y nos gustaría contar con el apoyo de todos porque
creemos que los resultados de la política económica del Gobierno
están ahí y se ven. Por ello por parte del Grupo Popular lo único que
nos resta es felicitarnos por el trabajo que en este proyecto de
presupuestos presenta esta secretaría de Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Buenas tardes-noches, como decía la portavoz del
Grupo Socialista. Voy a tratar de dar contestación a sus
intervenciones teniendo en cuenta que han ido de una intervención
general a una intervención más concreta, aunque con todo el cariño
también a la portavoz del Grupo Socialista quiero decirle que de su
intervención general a la concreta, creo que hemos pasado también a
una intervención general y trataré de ir contestando luego al
detalle, si es que soy capaz de asociar la intervención general a la
concreta en los términos en los que ella lo ha hecho.

Por resumir lo que yo creo que es el fondo de sus intervenciones
frente a las cuestiones que no son estrictamente del presupuesto de
la secretaría de Estado sino que son cuestiones que reflejan los
Presupuestos Generales del Estado y que de alguna manera afectan a la
competencia aquélla en el sentido de que todas las políticas de
empleo y retribuciones tienen que ver con nosotros, quiero decirles
que su posición es de nuevo reiterativa sobre el discurso que
tradicionalmente hemos venido manteniendo en la Cámara. Tanto el
señor Ruiz como la señora Serna vienen a no coincidir con el criterio
del Gobierno sobre cómo debe de enfocarse desde el punto de vista
económico la situación de las condiciones de empleo y retributivas en
el sector público dentro del conjunto de la situación económica y de
los objetivos de política económica. Esa es una
realidad, pero los datos están ahí. Nosotros hemos apostado por una
política económica de contención del gasto, de reducción del déficit,
de reducción de la presión fiscal y una política que, en definitiva,
se ha plasmado en unos resultados que han permitido a nuestro país
seguir creciendo económicamente por encima de la media europea,
seguir creando empleo por encima de la media de crecimiento de empleo
del resto de los países de nuestro entorno y con otra serie de
variables que ya hemos comentado en otras ocasiones y en las que no
me voy a extender, pero que yo creo que lo que reflejan es que la
gestión económica del Gobierno y los parámetros a los que responde y
que se ven reflejados año a año en su presupuesto es una política que
está dando excelentes resultados para el país. Yo comprendo que
ustedes puedan no compartirla pero nosotros no solamente la
compartimos sino que la defendemos y demostramos esos resultados con
los hechos que la propia situación económica pone encima de la mesa.

Lo que hacen estos presupuestos es seguir en esa senda con otra serie
de elementos realmente importantes. Es decir, son unos presupuestos
que apuestan por una consolidación del crecimiento del empleo, algo
menor que el año pasado pero con crecimiento, con un crecimiento
económico por encima de la media del crecimiento europeo, con una
consolidación del modelo de financiación de las corporaciones locales
a futuro, con un crecimiento extraordinario para la mejora de los
servicios transferidos, con una consolidación del sistema de
separación de fuentes, con una consolidación del sistema de Seguridad
Social, en definitiva, en una senda de consolidación y de garantía de
la calidad y de la prestación de los servicios públicos, pero al
mismo tiempo con un fortalecimiento de la actividad económica y de
favorecimiento de la creación de empleo y de riqueza no sólo por el
sector público sino también por el sector privado, cuestión en la que
nosotros también creemos y a la que luego me referiré. Es presupuesto
que apuesta por el gasto social al destinar más del 51 por ciento del
mismo al gasto social. Seguimos haciendo una política de apoyo a la
investigación, a las infraestructuras, a la educación, etcétera, y
eso tiene su reflejo en todas las partidas del presupuesto, como muy
brevemente señalaré a continuación. ¿Qué pasa con las retribuciones?
No coincidimos en el discurso recurrente que ustedes utilizan y que
han explicado muy profusamente en sus intervenciones. Ustedes
consideran que la política retributiva que está siguiendo el Gobierno
tiene por objeto drenar recursos al sector público, favorecer al
sector privado, castigar a los empleados públicos, hacerles perder
poder adquisitivo y colocarles en unas condiciones laborales, si les
escucharan a ustedes, inaceptables o realmente graves. Yo voy a tener
que volver a repetir el discurso de todos los años y volver a
insistir en que eso no es así. Nosotros hemos hecho una apuesta
específica y concreta por el diálogo social. Yo creo que la simple
relación de



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hechos que ha hecho la señora Serna pone de manifiesto la cantidad de
veces que hemos hablado con todo el mundo para tratar de llegar a un
acuerdo. Las distintas propuestas que se han manifestado aquí por los
portavoces y que hemos ido haciendo a lo largo de muchos meses son
reiteraciones de esa voluntad de diálogo y de acuerdo, aunque sobre
este tema volveré luego, Para acordar, los dos que quieren acordar
tienen que querer acordar; si uno de los dos no quiere, es realmente
difícil llegar a un acuerdo. No obstante, nosotros no nos vamos a
cerrar nunca a la posibilidad de llegar a un acuerdo y vamos a seguir
manteniendo el diálogo como lo hemos mantenido hasta ahora. Además,
seguiremos avanzando, en lo que no tengamos acuerdos, en unas
políticas de mejora de las condiciones laborales, retributivas y de
empleo de los trabajadores públicos que entendemos que son buenas
para el conjunto del país, de la Administración pública y de la
marcha de la economía.




Dicho eso y entrando en concreto en el tema de las retribuciones,
volvemos al recurso recurrente, a la situación de las pérdidas de
poder adquisitivo y de la penalización de los empleados públicos. Ya
les ofrecí el año pasado y se lo vuelvo a reiterar este año: para
hablar de pérdidas o no pérdidas de poder adquisitivo tenemos que
ponernos de acuerdo en las referencias que manejamos, y yo manejo el
concepto de pérdida de poder adquisitivo que se contiene en el
acuerdo Administración- sindicatos del año 1995, firmado por quien lo
firmó, es decir por todos los sindicatos y el Gobierno de entonces.

Como ya he tenido de oportunidad de decirles en muchas ocasiones, ahí
la pérdida del poder adquisitivo se referencia en una serie de
variables relativas al crecimiento económico, al objetivo de
inflación, etcétera, para que se pueda demostrar que efectivamente ha
habido una pérdida de poder adquisitivo. Tomando esas variables, y
pese a que ustedes insistan reiteradamente en ese ámbito, si tomamos
las variables que están en ese acuerdo y hablamos en términos de
salario medio, vemos que lo que ha ocurrido desde el año 1996 hasta
el momento es que en ningún año se ha producido pérdida de poder
adquisitivo, en ningún año. Ha habido una apreciación en términos de
salario medio del poder adquisitivo de los empleados públicos, sin
contar las otras variables, a las que también nos hemos referido
aquí, como ha sido una política de reducción de impuestos, una
política de mejora de precios, etcétera, que también suponen un
beneficio indirecto sobre la capacidad adquisitiva de los empleados
públicos como ciudadanos de este país. En ese sentido, podemos
reproducir el debate del año pasado porque sobre lo que vaya a pasar
a futuro estamos hablando de previsiones; pero también hacíamos
previsiones el año pasado y ahora tenemos datos.

Cuando el año pasado comparecíamos aquí en un momento en que parecía
que estábamos penalizando de una manera poco menos que tremenda a los
empleados
públicos en cuanto a la situación de pérdidas de poder adquisitivo y
condiciones de empleo, etcétera, porque nos encontrábamos con una
inflación que estaba en el entorno del 4 por ciento y habíamos
pactado un incremento retributivo del 2 por ciento porque no había
sido posible llegar a un acuerdo con los empleados públicos, se
hablaba de la terrible pérdida de poder adquisitivo que los empleados
públicos iban a tener y nosotros ya hablábamos de cómo se estaba
comportando la evolución de salarios en el sector público, que
parecía indicar que esa pérdida de poder adquisitivo al final del año
no se iba a producir, porque estaban evolucionando los salarios en el
sector público por encima de cómo los estaban haciendo en el sector
privado; pero es que además estaban muy próximos a la inflación real
que se estaba produciendo en esos momentos. Pues bien, si miramos
ahora lo que ha pasado en el año 2000, vemos que la evolución de los
salarios en el ámbito de la Administración del Estado ha sido del 4,9
por ciento, con una inflación real de final de año del 4 por ciento.

Es decir, no ha habido nuevamente una pérdida de poder adquisitivo,
sino que ha habido una apreciación. Esos son datos de la liquidación
de la Intervención General del Estado. Pero si tomamos como
referencia los datos que maneja el Banco de España, también
publicados en los medios de comunicación y creo que explicados en
esta Cámara por el señor gobernador, el incremento de los salarios en
el sector público el año pasado ha estado en el 5,9 por ciento.

Luego, ¿qué es lo que se produce? Lo que se produce es que el
incremento de los salarios del conjunto de los empleados públicos no
es exclusivamente la previsión de inflación, como hemos hablado
muchas veces, sino que la evolución de los salarios está condicionada
por toda una serie de políticas de empleo público que van dirigidas
lógicamente, además de a mejorar sus condiciones retributivas, a
mejorar también sus condiciones laborales, y eso es lo que ha pasado.

¿Qué es lo que explica la evolución del 4,9 o del 5,9? Ya se lo
decíamos el año pasado: porque se iban a consolidar los fondos del
pacto de 1999; porque además se estaban haciendo acuerdos de mejora
dentro de la negociación en los distintos sectores; porque además
había que computar las derivas, etcétera. Todo eso es lo que arroja
un saldo final a diciembre de un 4,9 por ciento. ¿Qué es lo que va a
pasar este año? No lo sabemos. Efectivamente, como dice S.S., tenemos
una inflación del 3,7 -por cierto, le recuerdo que hace nada estaba
en el 4,1- y por lo tanto vamos a ver cómo se comporta al final del
año la inflación real. Vamos a ver también cómo evoluciona el
conjunto de los salarios en el sector público al final de año, pero
ya le digo que llevamos una buena senda de deslizamientos, una senda
bastante importante de deslizamientos, por muchos acuerdos, por
acuerdos que explican la evolución del capítulo 1 -contesto a alguna
cuestión singular-. El capítulo 1 del presupuesto general de este año
en términos de Estado crece



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el 5,3 y en términos consolidados el 5,6. ¿Qué refleja eso? Todo el
conjunto de políticas a las que me estoy refiriendo y es lo que
explicará que al final de año, en términos de salario medio, tengamos
unas retribuciones de los empleados públicos que seguramente estarán
por encima de la inflación real, porque ya se está reflejando a lo
largo de este año. Tenemos un acuerdo muy importante en materia de
retribuciones de las Fuerzas Armadas, tenemos acuerdos importantes en
el ámbito de la sanidad, tenemos acuerdos importantes en el ámbito de
las instituciones penitenciarias, tenemos acuerdos importantes en
materia del Ministerio de Trabajo por reclasificación de servicios,
etcétera. Todo eso tiene un coste que, al final, se consolida y va al
bolsillo de los empleados públicos. Si ustedes, en la misma senda que
los sindicatos, se empeñan en no computar ese salario que le va a los
empleados públicos a su bolsillo, ya me dirán quién demonios lo
computa y cómo se computa a efectos de términos de poder adquisitivo,
porque a algún sitio va y alguien se lo lleva a su bolsillo. Insisto,
desde el punto de vista de las retribuciones, no compartimos el
criterio, y los datos demuestran que el criterio que ustedes
pretenden compartir no se ajusta a la realidad. No ha existido
pérdida de poder adquisitivo en ninguno de los años del Gobierno del
Partido Popular. Sobre futuribles, ya veremos. Creemos que tampoco va
a existir pérdida de poder adquisitivo en los próximos años y, desde
luego, ese no es nuestro deseo.

Entro en el ámbito de la negociación. Lo que no me pueden hacer
ustedes es cogerme -permítanme la expresión- por delante o por
detrás, es decir, no me echen la culpa de lo que ofrezco y no me
echen la culpa de lo que no aceptan, porque entonces estoy en una
disquisición de la que difícilmente voy a salir. ¿Qué es lo que
decimos nosotros? Queremos mejorar permanentemente las condiciones
laborales y retributivas de los empleados públicos y lo queremos
hacer desde el diálogo social, pero dentro del respeto a lo que son
las prioridades y objetivos de gestión. Lo que no podemos hacer es ir
a una senda que cambie los criterios económicos que tan buenos
resultados nos ha dado. Por eso, ¿qué es lo que decimos? No es que
queramos subir el IPC como referencia general para el incremento de
salarios. No señor, queremos tomar como referencia de incremento
generalizado el IPC, el objetivo de inflación, que, como decía el
portavoz del Grupo Popular, no lo fija el Gobierno, lo fija el Banco
Central Europeo dentro del Plan de Estabilidad que no se ha
modificado, pese a que las circunstancias económicas, como ustedes
bien dicen, han cambiado. En ese sentido, lo que decimos es que
manteniendo esos parámetros de no penalizar la inflación, de tener
contención del gasto público, de marcar medidas dentro del equilibrio
presupuestario y de reducción del déficit, vamos a ver cómo mejoramos
y ofrecemos dos fórmulas que nos parecen muy coherentes con eso y con
la mejora de la
situación de los empleados públicos: una, que es, como usted dice, la
retribución variable asociada a la consecución de objetivos; otra, el
establecimiento de planes de pensiones en el sector público. ¿Por
qué? Porque entendemos que con la primera de las ofertas los que
hacemos es mejorar condiciones retributivas y laborales de los
empleados públicos y, al mismo tiempo, primar la consecución de
objetivos que mejoren la prestación de esos propios servicios y con
la segunda lo que pretendemos es mejorar las condiciones retributivas
de esos trabajadores sin introducir presión sobre la inflación y, al
mismo tiempo, generar la posibilidad de fondos de creación de riqueza
y de empleo. Ese es el objetivo y a eso es a lo que responde. Lo que
no me pueden decir es que por ofrecerlo estoy penalizando a los
empleados públicos y porque ellos no lo acepten también les estoy
penalizando. Dígame usted si la propuesta le parece bien o mal y
luego discutamos a ver qué es lo que nos parece, en esa oferta buena
o mala, cuál ha sido la posición de los sindicatos y si es la
responsable o no desde el punto de vista de las mejoras de la
situación de los empleados públicos, pero discutamos sobre eso,
porque si no me siento -perdone la expresión- pillado por los dos
lados.

Desde el punto de vista retributivo, señorías, yo creo que el
planteamiento es bastante evidente. Nosotros no nos negamos a seguir
dialogando con los empleados públicos ni a la posibilidad de alcanzar
acuerdos con ellos, sino que seguimos estando en la senda de mejorar
las condiciones, pero dentro del escenario que yo les acabo de
señalar y, si dentro de esas negociaciones podemos llegar a alcanzar
algún acuerdo, evidentemente dichos acuerdos tendrán los reflejos
presupuestarios correspondientes. Tan es así -usted me preguntaba por
ello- que es verdad que en la sección 31 hay una dotación de 10.500
millones de pesetas que responde a nuestro compromiso ofrecido en la
mesa del 0,5 por ciento de la masa salarial del conjunto de los
empleados de la Administración del Estado para el establecimiento de
un fondo de pensiones en el ámbito de dicha Administración, pero no
hace falta que usted presuma nada. El literal de la sección 31 dice
eso: para el establecimiento de un plan de pensiones en el caso de
que se llegue a alcanzar un acuerdo con los sindicatos. Eso que dice
así de literal es lo que quiere decir. Si llegamos a un acuerdo, lo
formalizaremos. Aprovecho para contestarle que evidentemente el
cambio del modelo retributivo en lo que a planes de pensiones se
refiere exige una modificación de la legislación actual sobre los
mismos. Como usted sabe, se está analizando una nueva legislación en
materia de planes de pensiones y además nosotros tenemos un grupo de
trabajo constituido con los sindicatos, grupo de trabajo al que por
cierto han mandado a los mejores expertos de sus organizaciones
confederales en materia de planes de pensiones precisamente para ver
cuáles son las modificaciones que tenemos que llevar a cabo para
desde el



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punto de vista de la regulación actual de los planes de pensiones
hacer factibles esos planes de pensiones del sector público con la
legislación general de planes de pensiones.

Lo que pone de manifiesto todo esto es que, lejos de querer
perjudicar a los empleados, lejos de querer quitarles poder
adquisitivo y lejos de querer castigarles, lo que queremos es mejorar
sus condiciones y seguiremos tratando de hacerlo de acuerdo con los
sindicatos, puesto que creemos que es la vía para conseguir esas
mejoras, con el consenso con los representantes de los trabajadores,
pero insisto en que para llegar a un acuerdo las dos partes tienen
que querer; si una de las partes no quiere, es imposible llegar a ese
acuerdo. Lo que nosotros no vamos a hacer, eso lo hemos dicho por
activa y por pasiva, es entrar en la senda de la consolidación de
crecimientos lineales inflacionistas en las retribuciones de los
empleados públicos que no respondan a nada, y los planteamientos de
pedir reconocimientos de pérdidas de poder adquisitivo que no han
existido, consolidados en los gastos del capítulo 1, más peticiones
del 6 por ciento y estas que se han hecho a lo largo de la
negociación, nosotros no los vamos a aceptar por un principio de
responsabilidad y por coherencia con nuestros criterios de actuación
en la política económica, lo cual no significa que no estemos
dispuestos a introducir mejoras en las condiciones laborales y
retributivas de los trabajadores, como le acabo de explicar.

La segunda gran cuestión que es recurrente en el discurso es el
problema de la política de empleo y sobre todo de las cuestiones
relativas a la tasa de reposición. Tengo que insistir en los
criterios que hemos venido manejando en anteriores debates y
presentaciones presupuestarias. El Gobierno quiere y desea mejorar la
calidad del empleo público y para eso está tomando una serie de
iniciativas, iniciativas que yo les he explicado en otras ocasiones,
pero que con mucho gusto les voy a reiterar brevemente ahora,
dirigidas a hacer factible esa mejora en la calidad del empleo
público con un adecuado uso y racionalización de los efectivos de los
que disponemos. En cuanto al asunto de la tasa de reposición, que es
recurrente, ustedes saben que nosotros siempre hemos sostenido que se
trata de un factor de racionalización en el uso del empleo público,
pero, como usted decía, siempre hemos estado dispuestos a considerar
sus matizaciones o sus modificaciones si, tras la realización de un
estudio en profundidad por el conjunto de las administraciones
públicas y con los representantes de los trabajadores llegamos a la
conclusión de que, efectivamente, la tasa de reposición es la causa
que penaliza la temporalidad en el sector público.

Es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, que nos sigue preocupando
la situación de temporalidad en el sector público. Es verdad, y
aprovecho un dato que usted ha señalado, señora Serna, que estamos en
el ámbito del Estado en el 20,3, pero dígame cómo ha
evolucionado en los últimos años en el ámbito del Estado. Siga la
secuencia del Ministerio de Trabajo, no se quede sólo en el último
año y dígame cómo vamos bajando la secuencia de la temporalidad en la
Administración del Estado en estos últimos cuatro años, que yo se la
voy a decir luego con mucho gusto. ¿Cuál es el problema? Lo hemos
dicho por activa y por pasiva. El problema que tenemos es que la
temporalidad está creciendo en el ámbito de las corporaciones locales
y de las comunidades autónomas y estamos ofreciendo la posibilidad de
sentarnos con ellos y con los sindicatos para ver realmente cuáles
son esas causas. Hasta ahora, sinceramente, no lo hemos conseguido.

Le voy a decir más, estamos tan dispuestos a flexibilizar la tasa
que, como usted sabe, nosotros la hemos excepcionado tanto que, como
yo he llegado a decir, la tasa es la excepción. Es decir, la
aplicación del 25 por ciento hoy en las políticas de empleo público
es la excepción. Están excepcionados la justicia, la sanidad, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las policías locales, los
servicios de extinción de incendios, los ayuntamientos de menos de
50.000 habitantes. Dígame usted qué grandes colectivos quedan en el
conjunto del empleo público, que son los que dan volumen a la oferta
de empleo, que estén penalizados por la tasa de reposición. Esa misma
pregunta se la he hecho a sus compañeros de comunidades autónomas y a
los sindicatos y, sinceramente, todavía no tengo la respuesta. Le
aseguro que si yo tuviera la respuesta y de verdad en el conjunto del
empleo público la tasa fuera lo que penaliza esos crecimientos, con
mucho gusto haríamos lo que fuera necesario para mejorar esas
condiciones de temporalidad en el sector público.

Podemos seguir discutiendo de esto y, como usted habrá visto, porque
la veo que está bien informada de nuestras negociaciones de estos
meses y tiene todos los papeles en su poder (La señora Serna Masiá:
Es mi obligación.) por supuesto, no se lo critico y me parece que
además es lo correcto, me parece que debería usted también decir que
nosotros hemos vuelto a hacer una oferta ahí y en la mesa de seguir
flexibilizando la tasa, por si hubiera algún colectivo donde
realmente se esté penalizando con esa limitación la oferta de empleo
en esos servicios, pero yo no he tenido ninguna propuesta. Lo que me
contestan los sindicatos es que no. No me han hecho ninguna oferta,
ni ninguna petición de excepción de tasa de reposición de nuevos
colectivos. Insisto en que nosotros tenemos mucha preocupación. No es
esta la tendencia, afortunadamente, que se está produciendo en el
ámbito del Estado; es una tendencia que se está produciendo en el
ámbito de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Nos preocupa y vamos a seguir incidiendo en esas políticas, pero
vamos a ver qué es lo que podemos hacer para avanzar en esa
situación.

La senda de evolución de la temporalidad en el Estado, según los
datos que nos facilita el propio Ministerio



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de Trabajo y que usted también podrá tener, es que en el año 1996
teníamos el 26,2 , en el año 1997 el 27, en el año 1998, el 25,6, en
el año 1999 el 23,7 y el año pasado el 20,2. ¿Qué es lo que estamos
intentando hacer desde el punto de vista de la temporalidad? Yo ya se
lo he dicho en otras ocasiones, creo que uno de los problemas que
grava la temporalidad en el sector público es una gestión no adecuada
de los procesos selectivos en cuanto a los plazos y los tiempos.

Nosotros para combatir este asunto, en la oferta de empleo, tal y
como les anuncié el año pasado, hemos introducido una serie de
criterios que pueden ayudar a reducir la temporalidad. Quizás el más
significativo sea haber acortado los plazos para la celebración de
las convocatorias que se contienen en la oferta de empleo público, de
manera que hoy prácticamente la totalidad de la oferta de este año
está casi convocada; es decir, de las 1.700 y pico plazas que
tenemos, hay unas 1.550 convocadas y esperamos que se cumplan los
plazos que hemos establecido en el nuevo decreto. También hemos dicho
-y, por cierto, ese recorte de prensa no me lo ha leído usted, pero
se lo recuerdo yo- que penalizaremos en las ofertas de empleo a
aquellos que no se adecuen a plazos razonables de selección de los
empleados, precisamente para no consumir oferta que penalice las
condiciones de consolidación de empleo de calidad y de entrada de
empleo fijo en las condiciones que marca la ley. En ese sentido,
hemos introducido una segunda actuación, que nosotros sólo vamos a
autorizar nombramientos de personal interino, temporal, para aquellos
puestos estructurales en que sea absolutamente indispensable, y si en
el plazo máximo de diez meses ese puesto no se cubre por los
procedimientos ordinarios será obligatoriamente incorporado a la
oferta.

Estas y otras medidas -no me quiero extender porque es tarde-, todas
estas medidas, y seguro que están al alcance de S.S., van orientadas
a reducir la temporalidad en el sector público, por lo menos en
nuestro ámbito de gestión. Donde no gestionamos tenemos dificultad
para poder aplicar medidas de esta naturaleza. Creo que los
resultados de cómo evoluciona la tasa de temporalidad en el Estado
son buenos, no son satisfactorios, no son suficientes, porque
seguimos teniendo un porcentaje de temporalidad importante, pero es
verdad que estamos en la senda de la reducción. Si usted toma como
referencia qué representan los interinos o qué representan los
laborales temporales en el conjunto de las dotaciones de empleo
público que tiene la Administración del Estado, por lo menos me podrá
reconocer que estamos en unos porcentajes realmente inapreciables. Es
decir, debemos estar en el uno, algo desde el punto de vista de los
laborales temporales, y en algo parecido, un poquito más, en el
ámbito de los funcionarios. Desde el punto de vista del planteamiento
general, creo que estas son las cuestiones recurrentes en el debate
de presupuestos de todos los años y espero haber contestado
convenientemente.

Sí me interesaría hacer alguna matización a la intervención de don
Antero Ruiz, de carácter general, porque creo que ha utilizado
algunas expresiones que, con todo cariño se lo digo, me parece que no
son razonables ni justas con respecto a lo que está ocurriendo en la
gestión. A mí me parece que decir que estamos degradando a los
empleados públicos, que estamos provocando el clientelismo y la
arbitrariedad, utilizar ese tipo de expresiones con las que se ha
referido usted a nuestras ofertas retributivas y a los procesos de
selección, de oferta de empleo, etcétera, me parece, se lo digo
sinceramente, que son injustas y que, además, no se ajustan a la
realidad. Le contesto solamente con una referencia que usted ha
hecho. Dice: Ofrecen ustedes una retribución variable que no se
concreta y que responde, poco más o menos, a estos parámetros que le
acabo de decir de clientelismo y arbitrariedad.

Yo no sé si usted tiene la documentación que tiene doña Juana Serna,
pero, si no, con mucho gusto se la hago llegar. Ahí se concreta cuál
es nuestra oferta de retribución variable. Y nuestra retribución
variable habla de un 0,5 por ciento, del cual el 0,1 por ciento es
por objetivo de inflación y el 0,4 es por el cumplimiento del
equilibrio presupuestario. Además, dice cómo se va a pagar y dice
también en qué condiciones y cuándo. También le recuerdo, como usted
ya sabrá, que por primera vez hemos hecho a los sindicatos una oferta
a tres años. Es decir, nuestro compromiso es tan serio que lo que
hemos pretendido es garantizar que estos criterios de mejora
retributiva los íbamos a mantener toda la legislatura. De esta
manera, nosotros hemos ofertado por escrito, y ahí está, que íbamos a
mantener una aportación del 0,5 de la masa salarial en cada uno de
estos años hasta el final de la legislatura. Y también hemos ofertado
la retribución variable, negociada año a año con los sindicatos
durante los próximos tres años. Creo, si me lo permite, que esas
calificaciones no son, a mi modo de ver, ajustadas a lo que el
Gobierno ha venido ofreciendo.

Tampoco me parece razonable -yo entiendo que usted nos traslade aquí
la posición sindical porque es recurrente- esa estrategia de negar la
existencia de diálogo social, que es una actitud sistemática y
reiterada por parte de los sindicatos, porque creo que no conduce
a nada. Es decir, la simple relación de los sucesos, que nos ha tenido
la amabilidad de relatar la señora Serna, podrá gustar o no, podrá
haber sido fructífera o no, pero desde luego lo que pone de
manifiesto es que nosotros estamos intentando dialogar
constantemente. Tan es así que simplemente, si me perdona y en los
momentos tan álgidos de la discusión por la huelga del año pasado y
por la famosa sentencia de este año, nosotros hemos suscrito dos
acuerdos con los sindicatos, nada menos que el tercer acuerdo de
formación continua, hasta el año 2004, que creo que es un acuerdo lo
suficientemente importante como para resaltarlo, porque abarca todo
el programa de definición de la formación



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continua del conjunto del empleo público y de las Administraciones
públicas para los próximos tres años. Otro acuerdo ni más ni menos,
que con la oferta de empleo, y por eso me gustaría que cuando usted
diga que recuperemos la igualdad, el mérito y la capacidad, me dijera
a qué se está refiriendo porque creo que es una afirmación que no se
ajusta a lo que estamos haciendo. Hemos alcanzado un acuerdo, sobre
la oferta de empleo, sobre la promoción interna, pero es que hemos
alcanzado algún otro acuerdo mucho más importante, por lo menos desde
mi punto de vista, como es el cierre de las categorías profesionales
del convenio laboral único, una parte muy importante de actualización
y de equiparación retributiva del personal laboral y, por primera
vez, un concurso de movilidad para todo el personal laboral del
conjunto de la Administración pública del Estado, por supuesto, de
más de 3.200 plazas. Seguramente, esto se valorará según el color del
cristal con que se mira. Yo creo que son importantes, a lo mejor para
la otra parte no son tan importantes. Desde luego, no es eso lo que
defendían cuando los negociábamos. Por eso, sinceramente, le
agradecería que cambiase la calificación.

Me ha planteado usted también una cuestión relativa a la salud
laboral. Me dice que nosotros reducimos las dotaciones. Sinceramente
no sé de donde ha sacado usted ese dato, porque le aseguro que
también el tema de la salud laboral y de la prevención de riesgos nos
preocupa y lo venimos tratando desde hace mucho tiempo. Además, lo
tratamos no sólo nosotros sino que estamos intentando hacer un
trabajo serio con la colaboración del Ministerio de Trabajo y del
conjunto de las comunidades autónomas, porque como usted ha dicho,
afecta al conjunto de las Administraciones públicas y por lo tanto,
todas estamos afectadas en esa situación. Afortunadamente, es un
porcentaje relativamente pequeño, lo cual no justifica nada, pero es
bueno resaltar que estamos en un porcentaje bastante pequeño del
conjunto de los trabajadores del sector público, porque además habría
que hacer muchas matizaciones sobre dónde se producen esos accidentes
dentro del sector público, etcétera, como usted sabe. Sí le diré que
en el ámbito que nosotros gestionamos, hemos ampliado los servicios
de prevención. En estos momentos tenemos ya más de 120 servicios.

Hemos ampliado el conjunto de técnicos que dedicamos a estas tareas,
tenemos en el Estado más de 1.100. Tenemos ya 231 comités de
seguridad y salud, hemos firmado un acuerdo en el ámbito de la
formación continua, que gestiona el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas, a lo largo de este año para formación
específica de personal nuestro que va a hacer tareas de prevención,
por 50 millones de pesetas; hemos elaborado una serie de
cuestionarios que en este momento están siendo enviados para recabar
datos concretos al resto de los departamentos ministeriales y a las
comunidades autónomas para conocer en profundidad cuál es la
situación, hemos
aumentado la oferta de plazas para salud laboral que en estos
momentos está en 354 funcionarios las plazas que ofrecemos este año,
más 92 laborales. Probablemente todo esto no sea suficiente para
combatir adecuadamente este tema que nos preocupa, como a ustedes,
pero le aseguro que vamos avanzando año a año en la senda de la
mejora de las condiciones laborales para evitar todo tipo de
siniestralidad en el ámbito por lo menos de la gestión de las
administraciones públicas, que es a lo que nosotros nos dedicamos.

Me ha planteado luego una cuestión muy singular dentro de la
exposición general a título de ejemplo, que era el asunto de la
ventanilla única, dice: Tienen pocas ventanillas y sin programas
informáticos. Yo estoy de acuerdo con usted en que todo esto es poco
o es mucho, como le decía antes, dependiendo de cómo lo queramos ver,
pero el conjunto de las actuaciones que hasta ahora hemos puesto en
marcha en materia de ventanilla única, le recuerdo que desde el año
1996, es que en estos momentos tenemos ya más de 1.224 ayuntamientos,
tenemos 10 comunidades autónomas y vamos a firmar ahora con Asturias
antes de que termine el año, y esperamos que este plan de ventanilla
única lo podamos extender, como a todos nos gustaría, mucho más
deprisa en los próximos meses. Sería bueno en este sentido, que
aquellas comunidades autónomas que no han suscrito todavía el
programa de ventanilla única lo hicieran, porque sinceramente cuando
nosotros tenemos convenio marco con las comunidades autónomas vamos
bastante más deprisa. Hoy por hoy todavía nos falta Navarra, Aragón,
Cantabria, La Rioja, País Vasco y Andalucía, y le aseguro que estamos
haciendo todos los esfuerzos por poder llegar a tener esto firmado
cuanto antes, pero no le oculto que con algunas comunidades autónomas
es prácticamente imposible.

En cuanto a los desarrollos informáticos para hacer la ventanilla
electrónica, que es el siguiente paso de la ventanilla única, como
usted sabe nosotros hemos desarrollado el programa Pista-1 y estamos
haciendo, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
el programa Pista-2, que lo que busca en esos momentos es permitir,
no el traslado físico de papel, pero sí las anotaciones de las
presentaciones de los documentos para que pueda iniciarse desde ese
punto de vista la tramitación. Cuando luego me refiera a las
inversiones le seré quizá un poco más explícito.

Desde el punto de vista de las preguntas concretas, y entrando en lo
que es el programa de la Secretaría de Estado, me hace usted algunas
relativas al programa 121.B, que es el que gestiona la Secretaría de
Estado, y me pregunta usted qué inversiones vamos a hacer y qué
destinos les vamos a dar. Como usted puede comprobar en el libro de
presupuestos vamos a invertir 9.304 millones de euros en este
sentido. Esto significa una reducción del 13,9 por ciento de nuestro
presupuesto del año pasado por un ajuste presupuestario que ahora le
explicaré. Esa dotación del capítulo 6 la vamos a



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diferenciar en tres artículos, uno es el artículo 62, que es la
inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los
servicios, en donde hay tres proyectos básicos, que son: la Intranet
administrativa, el portal de las Administraciones, y lo que nosotros
denominamos NEDAES, que es la nómina estándar descentralizada de las
administraciones que en este momento da servicio a más de cien mil
empleados del Estado en cuanto a la gestión de su propia nómina.

En cuanto a la inversión de reposición asociada al funcionamiento
operativo de los servicios se incluye todo lo que es la
informatización de la Dirección General de Función Pública, lo que
nosotros denominamos el portal de los recursos humanos, que son las
operaciones de explotación asociadas al registro de personal, y luego
la actualización de todos los sistemas informáticos que gestiona la
inspección de servicios, la Dirección General de Calidad.

Por último, en el programa de inversiones de carácter inmaterial
tenemos una inversión de 40 millones que destinamos a la creación de
un observatorio de nuevas tecnologías, para mejorar el conjunto de
los datos que en estos momentos manejamos a través de los informes
que hacemos, el Reina y el Iria, que tratan, en definitiva, de
adaptarse un poco más, en cuanto a la información que tenemos, a la
realidad que en estos momentos presenta el conjunto de las
administraciones públicas.

Tenemos una inversión para el Plan director de la Intranet de 240
millones de pesetas. En cuanto a NEDAES, para lo que son aplicaciones
operativas, 175 millones de pesetas, y para el portal 55 millones de
pesetas. El conjunto de las inversiones responden básicamente a estos
cinco proyectos. Es decir, para la Intranet administrativa vamos a
destinar al año que viene 624 millones de pesetas, para el portal 537
millones de pesetas, para NEDAES 249 millones de pesetas, para el
portal de los recursos humanos 56 millones de pesetas y para el
observatorio 40 millones de pesetas . A eso debe añadírsele -en este
sentido tengo alguna pregunta por aquí- el incremento del capítulo 2,
que son 250 millones de pesetas, que es el 13 y pico que baja el
capítulo 6, que se traspasa al capítulo 2, como ha explicado al
principio de la tarde la señora subsecretaria, y que es simplemente
un ajuste derivado de los condicionantes que impone la intervención
general en cuanto a la gestión de este tipo de gasto; no permite hoy
por hoy hacerlo en el capítulo 6 y nos obliga a hacerlo en el
capítulo 2.

Señor presidente, voy a intentar reducir, pero me gustaría contestar
a sus señorías. También me ha preguntado algo sobre publicidad. En
publicidad en inversiones no nos vamos a gastar nada. En el 121.C,
que se refiere al tema del INAP, para la mejora de la formación
continua, me pregunta quién se va a gastar el dinero de familias.

Pues los sindicatos. Eso que se llama así: familias, instituciones
sin ánimo de lucro, es la
manera, si quiere metafórica, de no poner sindicatos, y esa es la
cuota que le corresponde, dentro del acuerdo de reparto de los fondos
de formación continua, a los sindicatos de trabajadores del conjunto
del sector público para planes de formación a lo largo del año que
viene.

Por otro lado, me ha planteado algo que creo que ya le he contestado,
que es la compensación de la pérdida de poder adquisitivo y si
tenemos algo previsto presupuestariamente para compensarla. Pues no,
no hemos previsto nada para compensar algo que entendemos que no se
ha producido. También me ha hecho una referencia muy general, que
creo que no responde a ninguna pregunta, de la pérdida del prestigio
de la Función pública en favor del sector privado, como si
estuviéramos haciendo una especie de traspaso. Creo que eso ya lo
hemos hablado en otras ocasiones. Yo creo que decirnos nosotros
mismos que nuestras administraciones son muy malas, que nuestros
funcionarios están desmotivados, que nuestros servicios funcionan
fatal, me parece, primero, que es injusto y, segundo, que no es
inteligente. Además, creo que durante todos estos últimos años, no
estos cinco o seis o siete, como ustedes quieran contar, sino desde
hace ya unos cuantos años, se están haciendo muchos esfuerzos por
mejorar nuestra Administración. Nuestra Administración hoy, con todas
las dificultades que tiene la Administración, es bastante buena,
bastante moderna, que funciona razonablemente bien, en unos servicios
muy bien, en otros probablemente no tan bien y en otros a lo mejor no
funciona nada bien, pero el conjunto yo creo que está funcionando
francamente bien. Creo que ha mejorado mucho, que le queda mucho por
mejorar, y a mi me parece que hacer un planteamiento catastrofista y
de carácter general no es razonable ni bueno y creo que no es
inteligente. Yo, desde luego, como secretario de Estado de
Administraciones Públicas no lo voy a hacer. Ahora bien, igual que le
digo eso quiero decirle que no soy un defensor a ultranza de lo
público, sino más bien de lo contrario. Pero creo que la discusión en
materia de servicios públicos no es si es público o es privado, es si
se presta con calidad o no, y si satisface las demandas de los
ciudadanos. Allí donde el sector público sea capaz de dar mejor
servicio a mejor precio, yo estaré de acuerdo, donde no lo sea y esté
el sector privado, le aseguro que yo apoyaré al sector privado. Dicho
eso, si usted quiere que le concrete algo en alguna partida puntual
sobre la que incida esta afirmación, con mucho gusto se lo hago.

En cuanto a la señora Serna, vivo en una desazón, porque me ha hecho
usted una intervención mezclando lo concreto y lo general, de unas
cosas a otras, y la verdad es que voy a tratar de contestarle,
intentando al mismo tiempo ser breve, como me pide la presidente,
pero no sé si lo voy a conseguir. Ha hecho usted una introducción que
yo comparto: las afirmaciones del señor Millás. Es verdad lo del
exceso de número y la



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falta de significado. Para eso estamos aquí, para contestar a sus
planteamientos y a sus dudas. Le digo lo mismo que le decía antes. Ha
hecho usted una asociación de ideas sobre cómo es la posición de la
evolución del presupuesto del Ministerio de Administraciones Públicas
en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado para, sin
decirlo, concluir: ustedes no pintan nada. Sobre eso cada uno puede
opinar lo que considere oportuno, pero lo que no puede hacer, desde
mi punto de vista, es utilizar datos que no son comparables para
llegar a una conclusión que me parece muy bien que usted quiera
hacer, pero que yo no comparto. Evidentemente, para que usted diga
eso, tiene que comparar presupuestos homogéneos y usted no lo está
haciendo. El peso relativo cambia dependiendo de cómo tomemos las
cifras; primera cuestión. Segunda cuestión, también la evolución de
los presupuestos de otros ministerios tiene su explicación. Dice
usted que por qué crece el Ministerio de la Presidencia un 24 por
ciento. Pues muy sencillo, porque ahí se han metido los gastos
extraordinarios que se van a producir como consecuencia de la
presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre
del próximo año. Tiene un importante crecimiento, fundamentalmente en
partidas de personal, por esta razón.

Me hablaba usted de cómo evoluciona el capítulo 1 que baja del 5,33;
entiendo que es en los presupuestos de mi Secretaría de Estado. Creo
que la señora subsecretaria lo ha explicado esta mañana
suficientemente; se trata de un ajuste interno. ¿Cómo se hace ese
ajuste interno? Pues como consecuencia de la reorganización que hemos
hecho incorporamos a la Dirección General de la Función Pública todo
lo que es la gestión de los procesos selectivos dentro de esas
medidas que yo le decía dirigidas a la mejora de la calidad del
empleo y a tratar de incentivar los procesos selectivos y, al mismo
tiempo, hemos pasado a la otra Secretaría de Estado lo que
antiguamente era una subdirección de la Administración periférica y
también la Subdirección de Función Pública Local, dentro de la
Dirección General de Administración Local. Por otra parte, se ha
producido un ajuste por parte de la propia Subsecretaría que ha sido
la concentración de lo que era la partida de productividad
e incentivos al rendimiento dentro de una sola partida, con lo cual la
señora subsecretaria nos ha quitado a todos la productividad y no por
el fracaso sindical; será porque hemos fracasado los dos secretarios
de Estado en nuestra relación con ella pero le aseguro que por el
fracaso sindical, para nada. El dinero sigue estando, está en otra
partida y eso es lo que explica nuestra bajada en gratificaciones y
productividad; es decir, ya me encargaré yo de que tengan la
productividad en las retribuciones los empleados del Ministerio de
Administraciones Públicas y de mi Secretaría. No sufra usted por
ello, que más sufro yo y me encargaré de que así sea.

En cuanto al capítulo 2, como explicaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el crecimiento es del 62 por ciento pero,
básicamente, eso responde a lo que le acabo de explicar, es decir, al
ajuste por razones de la intervención del traspaso del capítulo 6 al
capítulo 2 en lo que es el contrato de asistencia técnica para la
prestación del servicio externo de ayuda al portal y por el
incremento de 100 millones de pesetas, 101 aproximadamente, que es el
coste previsto para abonar los gastos de las elecciones sindicales
que se celebrarán el año que viene y que nosotros, como usted sabe,
sufragamos en gastos de publicidad, propaganda, papeletas y este tipo
de cuestiones. Al mismo tiempo hay una consolidación del programa de
ventanilla única empresarial que el año pasado se incorporó a mitad
de lo que era la tramitación presupuestaria, que se consolida este
año y que es el que desarrolla todo el tema de ventanilla única
empresarial.

Me pregunta por qué y cómo evoluciona el presupuesto del INAP. Este
presupuesto es, como usted sabe, el que se encarga básicamente de
reflejar cómo evoluciona la formación continua y los recursos que se
destinan a ella. Como decía esta mañana la subsecretaria, el 85 por
ciento de su presupuesto se destina a formación y ese crecimiento
tiene una explicación bastante simple. Por una parte, una de las
razones del crecimiento que tiene su reflejo en el capítulo 1 es
porque se ha producido un incremento de los gastos del personal en
prácticas, es decir, en la medida en que nosotros seamos capaces de
atender en mayor medida y con mayor celeridad las ofertas, como ya
nos está pasando, tenemos que abonar los gastos de funcionarios en
prácticas que son crecientes y se abonan a través del INAP. Por otra
parte, fundamentalmente, por la evolución que va a tener el año que
viene la dotación del fondo de formación continua. Como usted sabe,
ese es un cálculo que se hace sobre las bases de cotización aplicando
unos porcentajes y que para el año que viene nos va a suponer un
incremento de más de 800 millones de pesetas, el 8,9, para mejorar
los recursos destinados a los planes de formación continua que se
distribuyen entre Administración del Estado, comunidades autónomas,
corporaciones locales y sindicatos, y que tiene su reflejo dentro del
presupuesto del INAP.

Me preguntaba también por la mutualidad. La mutualidad de
funcionarios, como usted sabe, configura el grueso del presupuesto
del ministerio; para el año que viene tenemos más de 211.000 millones
de pesetas, que supone un incremento del 6,52 por ciento y esto tiene
sus explicaciones muy sencillas. Desde el punto de vista de los
ingresos la evolución más importante se produce en el capítulo I y es
como consecuencia del incremento de la aportación de pasivos por
parte del Estado y de la actualización de los salarios, la
actualización de las pensiones de clases pasivas, es decir, de las
personas que reciben en el ámbito de clases pasivas esas pensiones y,
además, porque aumenta



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el colectivo de beneficiarios. Por otra parte, hay un aumento
importante en inversiones, el 400 por ciento, que es como
consecuencia del proceso que tenemos en marcha de venta del
patrimonio inmobiliario de la mutualidad de lo que, como sabemos, se
ha hablado aquí en otras ocasiones. Por quinto o sexto año
consecutivo, no lo sé, volvemos a congelar las aportaciones de los
empleados públicos a la mutualidad.

Las principales variaciones en los gastos se producen en el programa
de prestaciones sociales y asistenciales, dentro de lo que es el
capítulo 4, porque están creciendo extraordinariamente, al igual que
se está produciendo en el ámbito de la Seguridad Social, los gastos
de ILT, de incapacidad laboral temporal, y es un tema preocupante
para el que estamos tratando de estudiar medidas conjuntamente con
Hacienda, porque, como usted sabe, nosotros a partir del tercer mes
de baja asumimos el pago de los salarios y para el año que viene
vamos a incrementar esta partida más de un 30 por ciento. También
sube mucho el gasto de invalidez y lesiones y tomamos como referencia
cómo se ha ido comportando el gasto este año. Por lo que se refiere a
la otra partida, que es la de asistencia sanitaria y farmacéutica ahí
hay un incremento importante en el capítulo II, como todos los años,
que responde a la negociación de los conciertos con las entidades
privadas y que vuelve a reflejar otra vez la evolución de la
inflación y el aumento del colectivo más la negociación de las
prestaciones que se hacen con las propias entidades colaboradoras.

También hay un incremento en el capítulo IV, de farmacia, que crece
un 7,70, en razón de cómo se prevé y cómo se ve que evoluciona el
gasto de farmacia, siempre en este caso, afortunadamente, por debajo
de cómo está evolucionando el gasto en el sistema público de salud,
es decir, en el Insalud en nuestro caso.

Me hacía luego unas consideraciones generales que entiendo que se
refieren un poco a la negociación. Cuando ha hecho el repaso de todo
lo que ha habido en prensa pienso que básicamente a todo lo que se
refiere usted es al tema de la negociación sindical y creo habérselo
contestado. Me ha hecho alguna referencia a los planes de pensiones,
a nuestras conversaciones con las comunidades autónomas y un poco al
fracaso. Entiendo la posición de algunas comunidades autónomas
y especialmente entiendo la de algunas comunidades autónomas. Por eso,
cuando habla usted de las comunidades autónomas le rogaría que
precisase de qué comunidades autónomas estamos hablando, porque creo
que no todas defienden la posición a la que usted ha hecho
referencia, curiosamente suelen ser las mismas las que defienden la
misma posición y además una posición bastante bien orquestada, cosa
que me parece razonable, y no lo digo como crítica sino simplemente
como crónica de los hechos que se han venido produciendo en la
negociación de este año. En este sentido, debo decirle por lo que sé
-seguramente usted tendrá mejor información de esas comunidades
autónomas- que ha habido una primera crítica en relación con que no
han tenido conocimiento de la oferta que el Gobierno estaba haciendo
a los sindicatos. Le agradezco el repaso de prensa que ha hecho,
porque creo que es tan exhaustivo y empieza tan atrás que lo que
desde luego pone de manifiesto es que no se nos podrá acusar de eso,
se nos podrá acusar de otra cosa, pero creo que de eso no, como les
dije a algunos de los representantes de esas comunidades autónomas en
una mesa que efectivamente celebramos recientemente. Además, le diré
que, por primera vez, tal y como reconocieron algunos de los
representantes de esas comunidades autónomas, el Gobierno ha ofrecido
a lo largo de todo el año la conversación, el diálogo, la posibilidad
de acuerdo para hacer una oferta conjunta de las administraciones
publicas en materia laboral y retributiva. Lamentablemente, no
conozco ninguna propuesta; no la he conseguido. Reitero lo que en
algunas ocasiones he dicho: lo que no se puede es querer jugar a las
dos cosas, es decir, si lo me ofrecen me gusta, estoy de acuerdo, si
lo que no me ofrecen no me gusta, entonces no hay diálogo y no hay
acuerdo y usted no lo puede hacer. Eso, como le he explicado antes,
el Estado y el Gobierno, en su responsabilidad, no lo va a hacer.

Seguiremos intentando llegar a acuerdos, pero lo que no vamos a hacer
es renunciar al ejercicio de nuestras capacidades y de nuestras
competencias, como también les manifesté a esas comunidades
autónomas.

Señoría -y me va a permitir que use su expresión-, yo no entiendo
cómo traducimos el fracaso de esas conversaciones en dejar con el
culo al aire a las comunidades autónomas, especialmente a esas
comunidades autónomas. Me parece de una complejidad absoluta decir:
ustedes ofrecen un plan de pensiones, lo meten en la ley, pero como
van a jugar, para dotar a ese plan de pensiones, con el superávit del
sistema de Seguridad Social, lo que están haciendo es ahogando a las
comunidades autónomas, porque como además les pone la ley de
estabilidad... Es tan truculento que no se me había ocurrido. Sí le
digo que ni ese es el objetivo ni esa es la realidad. Como les dije a
sus compañeros de comunidad autónoma (por cierto, no me lo pudieron
decir en una comida porque no se quedaron), sorprende estas
acusaciones cuando en estos momentos, y según los datos obrantes en
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio
de Economía, existen 513 planes de pensiones de ayuntamientos,
organismos autónomos, que afectan a más de 48.583 trabajadores, con
un patrimonio acumulado de más de 33.856 millones de pesetas, de los
cuales, la mayoría pertenecen al País Vasco y a dos comunidades, que
que son suficientemente representativas, Aragón y Asturias. Acusarnos
como he oído a algún compañero suyo, en algún medio de comunicación,
a raíz de esta famosa reunión y de esa no comida de que lo que
queremos es quitar recursos al sector público para pasarlos al sector
privado y perjudicar el sistema público de pensiones,



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nada más lejos de nuestra intención, nada más lejos de nuestro
interés, nada más lejos de dejarles con el culo al aire, sino todo lo
contrario, de darles una cobertura legal a todos estos organismos y
entidades que en estos momentos tienen muchas dificultades para
enmarcar legalmente esos acuerdos que han establecido. Le aseguro que
nosotros vamos a seguir intentando un acuerdo en esa línea. Si lo
conseguimos, bien; si no lo conseguimos, yo personalmente lo voy a
lamentar, porque creo que es un error, como demuestra ya lo que ha
venido produciéndose en todos estos años en un ámbito importante del
sector público y, como ve usted, muy extendido en las corporaciones
locales.

Señoría, el conjunto de nuestra oferta se lo he dicho antes es
bastante más importante, si lo expone usted en términos de pesetas/
funcionario, de lo que significaría dar un punto más o dos, que
entiendo que es a lo que usted se estaba refiriendo cuando hablaba de
una cláusula de revisión salarial, que estaría referenciada a 2
puntos respecto al año pasado. Nuestra oferta, en estos momentos,
estaba siendo el 2 por ciento más el 0,5 del fondo de pensiones más
el 0,5 de variable más los deslizamientos más los acuerdos que ya
están, que si quiere, con mucho gusto se los digo.

El conjunto de la oferta es bastante más ambicioso que lo que usted
está planteando y, además, a tres años.

Pregunta por el Instituto Europeo y asocia la retribución variable a
que como nos hemos metido en un jardín, vamos a hacer un estudio. No,
no. Le vamos a encargar al Instituto Europeo de Administraciones
Públicas un estudio de acuerdo con las reuniones que estamos
manteniendo en la troika de cara a la presidencia española porque es
un problema que preocupa al conjunto de los países miembros de la
Unión. Dentro de los distintos temas que estamos tratando para la
reunión de ministros que tendrá lugar el año que viene bajo la
presidencia española, éste es uno de los asuntos, como muchos otros,
que se va a estudiar. Se ha decidido en el seno de la troika y de las
reuniones de directores generales que sea el Instituto Europeo quien
lo haga y a mí me parece bien. Ya sabe usted lo que yo opino del
Instituto Europeo y espero que aquí nos haga un estudio brillante.

Desde luego, nosotros vamos a tratar de contribuir a que esto sea así
porque es un tema de mucho interés y de mucho futuro, no es algo que
nosotros nos hayamos inventado, está en el conjunto del sector
privado, en un montón de administraciones públicas y en otros
Estados.

Creo que he contestado a casi todas las preguntas. Ha hecho una
referencia al problema de la mujer. Sinceramente no conozco el
convenio entre el INAP y el Instituto de la Mujer, me enteraré, pero
en mi ámbito de gestión puedo responder a varias preguntas que SS.SS.

han hecho en relación con el volumen de mujeres en el sector público,
en el ámbito de las administraciones, a cómo han evolucionado. Creo
que hemos contestado y hemos dado información de lo que obra en
los registros públicos. Desconozco a lo que usted se refiere, pero
con mucho gusto lo miraré.

Para terminar, S.S. y el señor Antero han hecho referencia al
Estatuto de la Función Pública. Le agradezco que se haya referido a
ello porque, como usted sabe, es nuestro deseo, como hemos anunciado,
sacar un estatuto de la Función pública con el mayor consenso posible
en la Cámara y, fundamentalmente, a ser posible, con el Grupo
Socialista. Usted sabe que hemos tenido algún contacto y lo que
deseamos es avanzar mucho más deprisa en la posibilidad de ver si hay
un acuerdo o no. Si ese acuerdo lo tuviéramos, no le quepa la menor
duda de que lo traeríamos rápidamente a la Cámara.

Por último, quiero agradecerle al señor Merino lógicamente su
felicitación. Ha hecho una petición concreta a lo que pasa con el
programa de calidad y simplificación. Brevemente, porque no me quiero
extender, le voy a decir cuál es la política que vamos a seguir en
esta cuestión, que es continuar con lo que ya habíamos anunciado el
año pasado y que tiene su reflejo en el presupuesto del Estado. Las
políticas de calidad se sustentan básicamente, como ha explicado esta
mañana la subsecretaria, en los procesos de autoevaluación,
fortalecimiento de cartas de servicios y los premios. Ya celebramos
la primera edición, yo creo que han funcionado francamente bien en
colaboración con el Club Europeo de Gestión de Calidad y con empresas
muy importantes del sector privado que han formado parte, además de
los evaluadores y de los tribunales, y espero que este año siga
subiendo. Tenemos convocados ya los segundos premios y estamos en
estos momentos recibiendo ya peticiones.

El segundo aspecto de la simplificación tiene tres ejes: el plan de
simplificación, las ventanillas únicas a las que me he referido antes
y la ventanilla empresarial. El plan de simplificación, como saben,
era un compromiso que estaba recogido en la Ley de Procedimiento.

Constituimos la comisión de simplificación, elaboramos el primer
plan, celebramos el primer plan y ya hemos hecho la evaluación de los
resultados del primer plan, que, además, hemos remitido a la Cámara
en contestación a algunas de las preguntas que se nos han formulado.

Allí hemos recogido más de 206 acciones, en las que han participado
todos los departamentos de la Administración del Estado con tres
objetivos básicos: reducción de trámites y de documentación
innecesaria, reducción de los silencios negativos, la generalización
del silencio positivo y la introducción de los proyectos de nuevas
tecnologías a los que antes me he referido. El segundo plan, que ya
está en marcha y está en estos momentos en fase de recabar también
documentación, responde básicamente a tres objetivos, que son seguir
potenciando las nuevas tecnologías, reducir los documentos en poder
de la Administración, aprovechando estas nuevas tecnologías, e
incorporar al sector privado el análisis de las demandas y propuestas
para reducir los trámites. Hemos firmado este año un convenio con



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las Cámaras de Comercio para constituir un grupo de trabajo y
seguimiento del que obtener los sectores más sensibles para la
reducción de trámites y de simplificación de la gestión de cara a la
creación de empresas. A eso responde también el proyecto de
ventanilla única empresarial, que sigue en marcha. Hemos abierto ya
11 ventanillas, se han creado más de 3.750 empresas, más de 5.000
empleos y tenemos en elaboración y espero que en funcionamiento a
finales de este año la ventanilla virtual para poner este sistema de
creación de empresas en regla.




El señor PRESIDENTE: Como he observado que las respuestas del señor
secretario de Estado han durado prácticamente el doble del tiempo del
resto de las intervenciones, voy a dar dos minutos al señor Ruiz, dos
minutos a la señora Serna, y le ruego al señor secretario de Estado
que en cuatro minutos responda a esas dos intervenciones.




El señor RUIZ LÓPEZ: Voy a ver si en menos de dos minutos le resumo
al señor secretario lo que quisiera decirle. He llamado también
perversa también a la tasa de reposición, porque nosotros creemos que
dificulta la estabilidad en el empleo. A partir de ahora, voy a tener
cuidado con las expresiones. Pensaba que lo que decía no podía herir
a nadie, pero viendo la sensibildad del señor secretario de Estado,
me comprometo a repasar los discursos y suprimir las palabras que
pudieran herir. Le remito a los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara
para que vea las lindezas que se dicen ahí, esto es peccata minuta.

El contenido del discurso y de las propuestas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida no van a cambiar. Reconozco que cumple su
misión al venir a contarnos la buena marcha del Gobierno y la
responsabilidad que usted tiene, pero voy a seguir teniendo
diferencias con usted. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de
temporalidad, voy a seguir insistiendo en que en 1996 estaba en un 15
por ciento y que en el 2001 está en un 20 por ciento. Usted me podrá
decir que va bien y que baja; cuando hablemos de siniestralidad
laboral y de los accidentes, voy a seguir insistiendo en que me
parecen muchos los accidentes que hay en la Administración pública,
aunque usted entienda que son pocos; cuando dice que no privatizan,
voy a seguir insistiendo en que efectivamente el Gobierno del PP
privatiza mucho, y usted hoy nos ha dicho cuáles son sus
preferencias. Usted va a seguir diciéndonos que el diálogo social con
los sindicatos es estupendo y que han firmado últimamente dos
acuerdos, pero yo le tengo que contestar que este grupo -ya se lo
dijimos una vez al señor ministro- está preocupado por el deterioro
de las relaciones con los sindicatos, creemos que no son el mejor
modelo para presumir. Voy a seguir diciendo usted seguramente lo
rechazará- que se niega la negociación colectiva a los funcionarios
públicos, y usted que la negociación
colectiva está ahí y que esto funciona bien. Y digo que la subida es
un 2 por ciento y usted afirmará que es el 4,9 por ciento. No me
gustaría entrar en un diálogo de besugos, año tras año. No es un
problema que tenga usted con este diputado o con la oposición, es un
problema de criterio que tiene con los sindicatos, con esos que
negocian acuerdos, con esos sindicatos civilizados, negociadores, de
este mundo. Esos sindicatos siguen diciendo que pierden poder
adquisitivo y nosotros estamos de acuerdo. En mis años de
sindicalista negocié muchos convenios, llegábamos a acuerdos todos
los años, pero firmábamos un acuerdo que suponía el 4 por ciento de
subida salarial y al día siguiente la empresa repartía una octavilla
y decía que nos había subido el 10 por ciento. Nos reuníamos con
ellos y lo que ocurría es que sumaban todo. Yo no sé si ustedes hacen
lo mismo. Sumaban si había habido reducción de horas extraordinarias,
sumaban la subida de los complementos, sumaban todas las mejoras
sociales y lo contabilizaban como subida salarial porque a la empresa
eso le costaba dinero. Yo no sé si estamos en ese caso, pero si así
es no vamos a reconocer mejoras salariales o prebendas como subida
salarial.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Juana Serna.




La señora SERNA MASIÁ: Señor presidente, voy a ser lo más breve
posible porque voy a contestar telegráficamente, lo cual significa
que no argumentaré mucho y espero que el señor secretario me
disculpe.

Al señor Merino le tengo que decir que claro que sigo al secretario
de Estado y al ministro; les sigo exhaustivamente porque es mi
obligación. Les sigo más de lo que ellos creen.

Señor secretario de Estado, el PP es el único que dice que ha subido
el salario de los empleados públicos. Yo, como siempre, me atengo a
los datos. No es que les quiera leer, es que me gusta el rigor.

Anteayer, La Gaceta: «El repunte de la inflación dispara los
salarios». Al día siguiente, Cinco Días: «Si la economía no reduce la
inflación, dicen los sindicatos, no podremos moderar los salarios».

El repunte de la inflación no lo digo yo, no lo dice el Grupo
Socialista, lo dice todo el mundo. Usted lo puede negar. ¿Se acuerda
usted de ese cuadro maravilloso de Magritte en el que aparece una
pipa y debajo pone: esto no es una pipa? Eso significa que una cosa
es la representación de la realidad y otra cosa es la realidad.

Ustedes se pasan la vida diciendo que los Presupuestos Generales del
Estado que presentan son los mejores y que realmente eso es la
realidad. Esa es la realidad que ustedes creen y la que ustedes
representan. Nosotros creemos otra cosa. Yo pertenezco al Grupo
Socialista y no le voy felicitar como si fuese la señora del señor
Merino, le critico lo que me parece que hay que criticarle. Lo que
está bien, como por ejemplo que ha bajado la oferta de empleo público



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y ha cortado los plazos, estupendo. ¿Yo le he dicho algo de eso? No
he dicho nada. Le podría decir que el señor Zaplana, que es del PP,
en estos momentos tiene el 37 por ciento de interinos en la docencia.

Afirma usted que el PSOE es reiterativo, pero los presupuestos
también lo son. He hecho el esfuerzo de elaborar un discurso distinto
al del año pasado precisamente para que el señor Merino, cuando me
leyese, me tuviese que decir otra cosa.

La reducción del déficit es un éxito en este país. Pues bien, le
recuerdo que está en 1,7 billones en este momento. La gestión
económica está teniendo excelentes resultados. Mire. Ustedes
confunden continuamente la buena marcha económica, el buen ciclo
económico -que estoy contentísima de que lo haya tenido España, pero
que también lo ha tenido todo occidente- con una política económica
correcta. Son dos cosas distintas. La buena marcha económica es una
cosa y la política económica correcta es otra, hasta el punto de que
si ustedes han leído hoy la prensa habrán visto que el señor Montoro
rectifica y dice que, estando las cosas como están, está dispuesto a
revisar el déficit cero.

Dice usted que el 51 por ciento del presupuesto se dedica a gasto
social. De nuevo confunde los datos. Una cosa son los presupuestos
iniciales y otra cosa son los presupuestos ejecutados. En estos
momentos, el mayor problema ambiental que tiene España, dicho por el
señor Mata, ministro de Medio Ambiente, es el río Segura. Pues bien,
Aguas de Cuenca del Segura, que había presupuestado inicialmente
4.000 millones para el año 2001, acaba de ejecutar 36. Y ya veremos
en qué queda el 51 por ciento que ustedes presupuestan inicialmente.

Señala que la negociación ha salido mal pero que la culpa es de las
comunidades, que algunas ni siquiera se quedaron a comer con usted
(yo creía que había sido una y que se había disculpado, pero lo mismo
me da), y de los sindicatos. Yo creía que los sindicatos estaban
encantados con el plan de pensiones. Sigo afirmando -y estoy
encantada de que conste en el «Diario de Sesiones»- que se han
introducido en una maraña legislativa y que el plan de pensiones y la
retribución variable requieren cambios legislativos que tendrían que
haber venido en la Ley de Acompañamiento. Usted dice que no los traen
porque todavía no han negociado. A mí me sorprende porque el año
pasado la movilidad geográfica la trajeron en la Ley de
Acompañamiento y, desde luego, no habían pactado nada y sabe que
sentó bastante mal.

Hay algunas contradicciones. Usted dice que los funcionarios están en
el cuatro y pico -no recuerdo, lo que haya dicho me parecerá
correcto-; pero quien afirma que el Ministerio está en deuda con los
sindicatos, que hay que hacer algo e inventarse un nuevo sistema
retributivo no es el Grupo Parlamentario Socialista, es el ministro
en comparecencia pública aquí y está recogido. Otro elemento que me
ha parecido muy interesante es que usted destaca que la tasa, es una
excepción.

De 1996 hasta hoy, en seis años, ha bajado a punto por año; me
gustaría muchísimo que se diesen más prisa en bajarlo, un punto por
año es muy poco porque las empresas privadas lo han bajado siete
veces más. Si la tasa es una excepción, ¿me permite un consejo, señor
secretario de Estado? íQuítela! Si es una excepción, quítela.

Por último, una broma, la ley de estabilidad y el equilibrio
presupuestario que va a conseguir el Gobierno a través del superávit
de la Seguridad Social. Le he escuchado con muchísima atención a
usted, con quien tenía que debatir; pero también al secretario de
estado de organización y a la subsecretaria del ministerio y le
aseguro que lo que he estado oyendo no tiene nada que ver con lo que
ha pasado en las sesiones plenarias del hemiciclo. No sé si presentar
una proposición no de ley pidiendo que, en vez de que los ministros
comparezcan vengan ustedes porque ustedes se lo saben mejor, lo que
hemos oído es totalmente distinto. De hecho, en la ley de estabilidad
el PP ha estado solo con Coalición Canaria y el resto sí ha
considerado que ni las comunidades autónomas ni las corporaciones
locales podían tener acceso a las cotizaciones sociales y van a tener
grandísimas dificultades para cumplir con la ley de estabilidad. Eso
es lo que yo quería decir con el culo al aire. Si le parece una mala
expresión, señor presidente, la retiro rápidamente.

Por último, respecto al Estatuto de la Función Pública estoy cansada
de oír que como los socialistas no queremos consensuarlo ¡que por eso
no la traen, porque ustedes consensúan todo! Lo consensúan cuando
quieren y cuando no, hacen lo que consideran. En ese punto de
contacto del que usted ha hablado, que yo sepa -y creo que lo sé
bastante bien si usted lo acepta- fue en una comida cuando se dijo:
ía ver si hablamos de esto! Y nosotros contestamos: cuando ustedes
quieran hablaremos del Estatuto de la Función Pública, pero como
también ha dicho el ministro (supongo que usted debe saberlo), si no
ha llegado el estatuto a esta Cámara no es por nada, simplemente está
guardado en el cajón porque se está a la espera de lo que diga el
Tribunal Supremo sobre la sentencia de la Audiencia Nacional. Si el
capítulo de la negociación colectiva no es obligatorio retirarán del
estatuto el capítulo 18; y si es obligatorio lo dejarán. Cuando el
Tribunal Supremo se pronuncie, lo cual es muy triste, ante una
decisión judicial, tomarán la decisión política. Perdóneme que le
diga que estamos en el Congreso, estamos los políticos y que me
parece bastante deleznable que una simple propuesta política, una
decisión política, la tengan que tomar en este país, los jueces. (El
señor Merino López pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Merino.




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El señor MERINO LÓPEZ: Un segundo a raíz de la última intervención de
la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

No creo que sea de recibo decir que este Gobierno no presenta el
estatuto a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. (La señora
Serna Masiá: ¡Lo dice el ministro!) El Gobierno del Partido Popular
ya presentó este proyecto en la anterior legislatura y lo ha dicho el
señor secretario de Estado. Cuando ustedes quieran, nos sentamos y
negociamos porque queremos que ustedes estén en la discusión del
estatuto, cosa que no pasó la vez pasada. Si están dispuestos, me
gustaría que usted lo dijera hoy aquí para que constara en el «Diario
de Sesiones»: que están dispuestos a negociar el Estatuto de la
Función Pública. Verá qué poco tiempo tardamos en presentarlo y
muchísimo antes de que salga la sentencia del Tribunal Supremo.




La señora SERNA MASIÁ: Señor presidente, estamos de acuerdo. Ya puede
constar en el «Diario de Sesiones». Muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor presidente, siguiendo sus recomendaciones
voy a tratar de ser breve, aunque creo que se han abierto otra vez
todos los temas.

Don Antero, efectivamente usted y su grupo están en su papel y
nosotros en el nuestro. Le agradezco la rectificación de las
expresiones. No lo hago por mí, porque me hiera, sino porque cuando
estamos hablando de cuestiones que afectan a terceras personas, que
son funcionarios o gente que aspira a entrar en el sector público, me
parece que no son las mejores. Eso con independencia de que haya
otras -seguro que tiene usted razón- mucho más virulentas, en esta
Cámara. En cuanto a la temporalidad, los accidentes, la
privatización, el diálogo social, etcétera, todo es interpretable por
las partes, lo que no es interpretable son los hechos a los que me
acabo de referir. Podremos discrepar en el alcance, pero no podemos
negar la evidencia. Respecto a lo que contaba de su empresa, no sé lo
que pasaba allí, pero sé lo que pasa aquí. Se lo he dicho antes y se
lo reitero. Me gustaría que me dijeran si la aprobación del nuevo
reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, que
va a suponer un conjunto de 30.000 millones de pesetas para los
trabajadores del Ministerio de Defensa, son retribuciones o no; si el
acuerdo con instituciones penitenciarias de mejora de las condiciones
retributivas de sus trabajadores por el régimen de turnos de personal
suponen este año más de 1.050 millones de pesetas, ¿son retribuciones
o no; si el acuerdo de que para el 2001 hay en el ámbito del Insalud,
para el grupo B, 2.500 millones de pesetas, ¿son retribuciones
adicionales o no y dónde lo computo.

Señora Serna, hay algunas cosas en sus planteamientos que no
entiendo. No creo que tengan nada que ver los repuntes de las
inflaciones con las pérdidas de poder adquisitivo. Al final, estamos
comparando cómo han evolucionado los salarios con cómo ha sido la
inflación a final de año y eso, no lo dice sólo el P.P. Me voy a
permitir, una broma a estas alturas; yo también me he traído un
recorte. No lo he utilizado antes, pero también tengo aquí Expansión.

Dice muy claramente qué está pasando en la evolución de salarios en
este año, las preocupaciones que tiene el sector económico sobre qué
es lo que está pasando en el conjunto de salarios del país y lo que
esto va a suponer para la situación económica en la que estamos en
estos momentos. No lo digo yo, lo dice el señor gobernador del Banco
de España en una carta, donde da los datos específicos de evolución
del sector público. Probablemente, el Banco de España también estará
equivocado pero hay alguien más -le aseguro que me merece mucha
seriedad- que también lo dice. Reconózca que los datos de la
situación económica no han sido malos que por lo menos, en términos
relativos de comparación con los países de nuestro entorno, son
mejores, porque los datos están ahí. Reconozca que algo tendremos que
ver en la situación económica para que esa ola de beneficios del
mundo en nuestro caso la cojamos mejor que otros. En cuanto a los
interinos, le he dado los datos de cómo está la Administración del
Estado. Le iba a dar el dato de Andalucía (me va a regañar el
presidente), pero si lo comparo con el del señor Zaplana, le aseguro
que es demoledor. Respecto a los planes de pensiones, si los
sindicatos están tan de acuerdo ¿por qué no lo firman? (La señora
Serna Maciá: ¡Ese es su problema, no el mío!)



El señor PRESIDENTE: No entren en diálogo a estas horas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Como usted ha afirmado que los sindicatos están
de acuerdo, estoy encantado, pero que lo firmen. Si lo hacen, mañana
mismo lo firmo.

Por lo que respecta a inventar un nuevo sistema retributivo, es
verdad. Hemos dicho que el sistema retributivo tradicional, por lo
que acaba de explicar don Antero, es un sistema agotado. Hay que ir a
fórmulas nuevas y eso es lo que hemos intentado hacer este año. En
cuanto a la tasa de reposición, es tan excepcional que por eso no la
quitamos. Sobre el Estatuto de la Función Pública, sin acritud,
déjeme, ya que no me cree, que le cuente con quién como, dónde como y
qué es lo que decimos en las comidas. Déme la credibilidad de lo que
pasa en esas comidas porque yo sí asisto y que yo sepa,conmigo
presente, usted no ha estado en ninguna de



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esas comidas a las que me he referido, por cierto muy gratas.

Quiero hacer una matización respecto a lo que ha manifestado el señor
ministro en relación con la sentencia. Lo que ha dicho el ministro es
que la sentencia puede condicionar el contenido del estatuto. Espero
que a S.S. le parezca bien que no propugnemos normas que contravienen
la legislación vigente, porque si hay
una sentencia del Tribunal Supremo que dice que una cosa no se puede
hacer, no podemos recogerla.




El señor PRESIDENTE: Cerramos en este momento el orden del día de
esta Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.