CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 321



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 33



celebrada el jueves, 4 de octubre de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Decisiones sobre la celebración de las siguientes comparecencias:



- Del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial para
informar de las actuaciones que está llevando a cabo el Consejo
General del Poder Judicial en relación con la desaparición de varios
expedientes de los juzgados de Marbella. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000608.) . . .

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- Del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial para
que se explique las actuaciones del Consejo General del Poder
Judicial en relación a la sustracción de sumarios en la sedes
judiciales malagueñas acaecidos en los pasados meses de verano. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 212/000613.) . . . (Página 10062)

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Se abre la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.




DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA
INFORMAR DE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA DESAPARICIÓN DE VARIOS
EXPEDIENTES DE LOS JUZGADOS DE MARBELLA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000608)



- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA
QUE EXPLIQUE LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EN RELACIÓN A LA SUSTRACCIÓN DE SUMARIOS EN SEDES JUDICIALES
MALAGUEÑAS ACAECIDOS EN LOS PASADOS MESES DE VERANO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
212/000613)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión que tiene por objeto
debatir las peticiones de comparecencias realizadas por el Grupo
Socialista y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en
relación con el presidente del Consejo General del Poder Judicial en
orden a informar de las actuaciones que está llevando dicho órgano en
relación con la desaparición de varios expedientes de los juzgados de
Marbella. Se traen a la Comisión al no haber habido acuerdo unánime
en la Mesa sobre la denegación de estas comparecencias.




Para defender las posiciones de los grupos solicitantes de la
comparecencia, tiene la palabra, en primer lugar, el representante
del Grupo Socialista, don Javier Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Estamos en presencia de un debate o de una
situación con escasos precedentes en la Cámara, según la cual un
grupo parlamentario como el Popular ya anunció en la Mesa de la
Comisión que iba a rechazar la posibilidad de que comparezca el
presidente del Consejo General del Poder Judicial, solicitud de
comparecencia de la que es autor un grupo de la oposición. Además, se
da la circunstancia poco habitual de que una iniciativa parlamentaria
de la oposición, que parece que pudiera ser rechazada
por el Partido Popular, y eso ya es un dato al menos curioso, ha sido
calificada en su momento de manera correcta por la Mesa de la Cámara,
entendiendo que cuenta con todos los parabienes que hacen posible que
una iniciativa de la oposición pueda debatirse lógicamente en esta
Cámara, Cámara que fundamentalmente está pensada cuando de control
parlamentario hablamos para que las iniciativas de la oposición
tengan su curso, sean debatidas en los términos que fueren, o bien
por la vía de control o bien por la vía de información que era la vía
que usaba mi grupo parlamentario y otro, el de Izquierda Unida, ante
esta situación.

A nivel procedimental es un tema curioso, insólito, y estoy seguro
que tendrá alguna respuesta de carácter jurídico, no desde luego de
carácter político, ante unas circunstancias, señor presidente, que
son escandalosas, porque no todos los días leemos en los medios de
comunicación que trece expedientes judiciales han desaparecido de un
juzgado o han sido borrados de sus ordenadores y de sus archivos, y
no siempre desgraciadamente vemos en los medios de comunicación que
la policía judicial persiguiendo el crimen se encuentra con un
suicidio de uno de los agentes judiciales, suicidio acaeccido en el
día de ayer y del hoy los medios de comunicación nos informan.

El asunto es de una enorme gravedad, señor presidente, y da toda la
impresión de que este Parlamento tendría derecho a ser informado de
manera puntual. Los expedientes que han desaparecido son trece, la
inmensa mayoría de ellos o todos tienen que ver con alguna
circunstancia penal o de persecución penal del actual alcalde de
Marbella, señor Gil y Gil, de la corporación local que dirige, o de
alguna de las personas relacionadas con este señor.

La Junta de Andalucía conoció de este dato el día 17, como
consecuencia de una información dada por un funcionario de uno de los
juzgados, creo recordar que era el número 7, y en sucesivos días los
técnicos de la Junta de Andalucía fueron capaces de levantar los
expedientes haciendo uso de las medidas de seguridad informáticas que
tiene el sistema Adriano. Sin duda esta es una mala noticia para
aquellos que sustrajeron o borraron estos expedientes. Estos
expedientes fueron sustraídos y borrados, ya que se sustrajeron los
folios, los libros, que eran aproximadamente 25.000 folios y 58
tomos, por lo que era difícil que pasaran desapercibidos, y borraron
la documentación en ordenadores de una manera claramente
intencionada, como es evidente.

Esto significó no sólo que la Junta de Andalucía entrara, investigara
y recompusiera los expedientes, sino que el Consejo General del Poder
Judicial enviara a unos inspectores, cuyo trabajo fue contrastado con
la Junta de Andalucía, que sirvió además para un inicio de
investigación del propio Consejo General del Poder Judicial con
desplazamiento incluso de algunos vocales a la ciudad de Marbella,
que curiosamente ha sido archivado, es decir, que el Consejo General
del Poder



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Judicial entendió que en sus competencias nada había irregular en
esta situación descrita, que, insisto, si no hubiera ocurrido en
nuestro país, alguien pensaría que estábamos describiendo la
situación del juzgado de una república bananera; lo archivaron.

Después de un cierto tiempo, ha habido una apertura de deligencias
que ha dado lugar, entre otras cosas, al triste suceso de ayer con el
fallecimiento de uno de los agentes judiciales sobre el que pendían
serios indicios de ser uno de los autores que habían realizado
semejante escarnio a la justicia y escarnio a todos nosotros, señor
presidente.

No ha habido, que sepamos, hasta que aparece en los medios de
comunicación, ninguna actuación, ni del ministerio fiscal, por
supuesto, ni del decano, a no ser una actuación que por reparto
aparece en el Juzgado número 2, que creo se hace el día 9 de agosto,
aproximadamente unos dos meses y cuatro o cinco días posteriores a la
primera desaparición que se produce, según los datos levantados a
través de los expertos informáticos, los día 4 y 5 de julio del
presente año.

Lo que pedíamos señor presidente, y lo que seguimos solicitando de la
Comisión, que es la que tiene, al final, que formar la voluntad que
permita que la oposición siga manteniendo esta iniciativa o la
rechace, es que el Consejo General del Poder Judicial, que ha estado
presente en la investigación y que ha producido una decisión que es
el archivo, nos diera cuenta detallada, no por vía de control, sino
de información, de lo que había ocurrido en términos de oficina
judicial en los juzgados de Marbella. Pensamos que esto es posible
porque nada excluye que así se haga, ni la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ni el Reglamento de esta Cámara, que lo único que hace es
obligar a que presente la memoria el presidente pero en ningún
momento excluye su presencia para informar sobre otros datos de
especial relevancia, y de hecho hay precedentes en esa materia en las
distintas legislaturas, para decirlo en términos de futuro no hace
mucho hemos firmado los grupos parlamentarios más importantes un
pacto por la justicia que fue ratificado en esta Cámara en términos
legislativos con referencia al Consejo, donde se advierte, incluso,
que el nuevo Consejo tendrá que venir aquí a presentar lo que puede
ser su calendario y agenda de trabajo futura. Por tanto esta Cámara
puede y debe estar abierta a la presencia del tercer poder del
Estado, del Poder Judicial, para que nos informe de temas que
interesen al pueblo, a la soberanía popular, y no habrá muchos temas
de tal relevancia, como es el de Marbella, que pudieran justificar la
presencia del presidente del Consejo.

No hemos querido que comparezca el ministro de Justicia, aunque es
conocida la relación entre la secretaría de la oficina judicial y el
ministerio porque confiábamos, todavía confiamos, en que el Partido
Popular reflexione y permita que quienes han estado investigando, que
esos sólo son el Consejo General del Poder
Judicial, pudieran acercarse a esta Cámara e informar. Quiero
anunciar a la Cámara que en el caso de que no se permitiera la
presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial,
nosotros nos ratificaríamos en solicitar que el Ministerio de
Justicia -solicitud que hemos registrado ya y no renunciaríamos a
ella- que el Ministerio de Justicia nos diera cuenta de esta
sustracción que algo tiene que ver con la oficina judicial en los
juzgados de Marbella.

Señor presidente, y termino rápidamente, estamos en presencia de un
asunto gravísimo. Hasta tal punto grave que vamos a tener seguramente
escandalosas noticias en el futuro sobre este asunto. No tengo que
subrayar que resultaría cuando menos insólito que el Parlamento,
porque no tenemos fuente de información directa, tenga que conocer de
los asuntos, que sin duda va a desencadenar este acontecimiento, a
través de los medios de comunicación. Estamos, insisto, ante un tema
gravísimo. Quiero recordarles, por si este fuera el argumento, que la
competencia para la custodia de documentos en la oficina judicial,
como bien sabemos en esta sala que está compuesta, en general, por
juristas muy prestigiados, forma parte de las competencias del
secretario judicial y, en último término del juez, en atención a lo
que dicen los artículos 287 y 473 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por tanto, cuando solicitamos información no estamos
reclamando algo de lo que no sea competente la entidad reclamada y la
institución reclamada. No estamos en presencia de un problema de
seguridad en juzgados, puesto que esto se realiza durante el horario
de trabajo, no hay ningún indicio de que se haya operado por la noche
ni con las puertas cerradas, y por tanto no estamos ante un problema
de seguridad en instalaciones judiciales, sino ante un problema claro
de corrupción que desgraciadamente pende sobre la ciudad de Marbella
y muchas de sus instalaciones e instituciones desde que el alcalde es
el señor Gil y Gil, y presumiblemente ante un problema de corrupción
también dentro de los juzgados.

Por tanto, señor presidente, nos parece indispensable que, si se han
sustraído 13 expedientes de los juzgados 1, 5 y 7 de Marbella, si ha
habido una investigación por parte del Consejo General del Poder
Judicial por si hubiera algún tipo de diligencia, al menos
informativa, frente o contra algún funcionario que depende de ellos
y además estamos en unas situaciones cada vez más alarmantes, como pone
de manifiesto lo sucedido en el día de ayer, con apertura de
procedimientos, el Parlamento, es decir, la representación popular,
conozca de primera mano qué está ocurriendo en los juzgados de
Marbella, y que sea esta Comisión, que es la especializada en estos
casos, la que tenga un conocimiento detallado de este asunto. Esto es
lo que pedimos que la comisión tome en consideración, y que, como
consecuencia de ello, permita que dos grupos parlamentarios en la
oposición, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y Grupo
Parlamentario Partido Socialista,



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puedan hacer su labor de información ante sucesos gravísimos que han
ocurrido en los juzgados 1, 5 y 7 de Marbella.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: La verdad es que espero que estas
intervenciones no se queden en una simple exposición que no pueda
hacer variar lo que ha anunciado el Partido Popular, por lo que voy a
intentar convencer al Partido Popular de que su anunciada negativa
a que comparezca el presidente del Consejo General del Poder Judicial
es algo grave, no solamente frente al Parlamento, que lo es, porque
entendemos que supone una obstrucción a lo que debe ser el
funcionamiento normal del Parlamento -y este caso excepcional, como
se ha dicho, viene a evidenciar una situación que no debe repetirse-,
sino porque lo que gira en torno al Ayuntamiento de Marbella es algo
realmente grave.

Tengo que reconocer mi incapacidad, mi impotencia, y lamentar que en
los años que llevo de diputado no haya sido capaz de transmitir a SS.

SS., fundamentalmente al Partido Popular, las circunstancias
excepcionales que se dan en torno a este ayuntamiento y a todo lo que
supone el grupo Gil. Tengo que reconocer esa impotencia porque,
cuando hablamos de estos temas en esta Cámara, no encontramos la
sensibilidad que entendemos se requiere para poner en marcha las
medidas realmente eficaces que tiene la democracia en sus leyes para
poder defenderse de quienes la atacan, y no voy a repetir episodios
como el del Tribunal de Cuentas, donde al final la cosa quedó en muy
poco, y otras discusiones en esta Cámara que evidencian, repito,
hasta qué punto la excepcionalidad que se da en Marbella debe
atajarse.

Lo ocurrido ayer no es ni más ni menos que un espectáculo más, un
incidente más, lamentable porque empieza a haber vidas humanas en
medio, y no es la única, sino que ha habido antecedentes, no tan
graves como este, pero sí ha habido antecedentes en la zona. Por ello
realmente tengo que decir que habría que hacer ese llamamiento a esa
sensibilidad democrática, que entendemos no puede faltar en el
Partido Popular. Afortunadamente, en la Costa del Sol sí se entiende
y se ha entendido esta gravedad, y hoy funcionan acuerdos de
legislación democrática en los ayuntamientos de Ronda y Estepona y en
la propia mancomunidad de la Costa del Sol; acuerdos que han
permitido -y que hay que saludar y felicitar, gracias a la
sensibilidad de todos los grupos políticos que estamos en esta
Comisión- aislar lo que suponían los peligros del grupo Gil en estas
instituciones y demostrar que el Estado de derecho también puede ser
defendido en la Costa del Sol. Digo esto porque la negativa del
Partido Popular, si al final se produce aquí, no solamente va a ser
un revés a lo que
ahora proponemos sino también a todos los militantes del Partido
Popular, a toda la sociedad marbellí que estamos trabajando por que
se dignifique la justicia y por que sea posible que el Estado de
derecho y la Constitución también alcancen a Marbella.

Señorías, los hechos ocurridos -el robo y borrado de los sumarios- no
son hechos aislados, no es un incidente que se produce en un juzgado,
sino que es - y así lo venimos denunciando desde hace muchos años- un
episodio más de la degradación que desde hace años viene sufriendo la
administración de justicia en el partido judicial de Marbella; lo
hemos denunciado reiteradamente grupos profesionales, colectivos de
ciudadanos y partidos políticos. Todos hemos visto cómo en Marbella
la justicia en muchos casos tiene muy poco, y mucho más de otras
cosas. Por tanto, limitar la valoración de los hechos, por muy graves
que sean, a la simple cuestión de quién es el responsable de la
custodia supondría, una vez más desconocer los problemas de fondo que
padece la justicia en Marbella, concretamente las causas que han
contribuido a que se llegue a una situación tan de quiebra del Estado
de derecho en esa localidad y a que se consoliden espacios de
impunidad en determinadas personas. Repito, en esto coincidimos, al
menos en Málaga, todos los grupos políticos.

Entendemos que ha habido una escasa actividad sancionadora sobre la
trama judicial que existía, que ya fue denunciada en su día por la
jueza y que, al final, acabó pasando de denunciante a denunciada, y
en aquel momento fue la única que pagó con una condena. Luego han
venido ensañándose con la expulsión de la jueza Ramírez, que, por
cierto, está pendiente de revisión judicial y cuenta con alguna
posibilidad de retorno. Son los únicos hechos que han podido
producirse en Marbella cuando la realidad era conocida. No es casual
que haya una investigación judicial porque cualquier juez huye de ese
partido judicial ante la imposibilidad de enfrentarse con lo que allí
puede estar ocurriendo. El robo de los sumarios solamente es un
ejemplo más de que cuando se llega a cierto grado de impunidad ya
parece que todo es posible, y afortunadamente en este caso ha podido
ser denunciado por alguna persona que todavía puede quedar con cierta
dignidad democrática, pero, repito, explica ese grado de impunidad
que puede tener hasta que alguien piense que se puede producir ese
hecho y que no pasaría nada.

Ya no quiero referirme a lo ocurrido ayer, porque es muy triste, muy
grave, pero ayer produjo en toda la sociedad un impacto. Nadie puede
pensar que alguien se suicide exclusivamente por miedo a tener que
responder ante la justicia por el robo de un sumario. Digo todo esto
para ahondar en que estamos ante un caso excepcional. La
comparecencia aquí del presidente del Consejo General del Poder
Judicial vendría a reforzar a la gente que lucha a pie de calle por
la regeneración de la justicia en Marbella. Nosotros entendemos que
este



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hecho no tiene ningún problema legal ni de otro tipo, porque ahí está
la calificación de la Mesa. Por tanto la decisión que se toma hoy
aquí es exclusivamente política porque, en otro caso, tendría que
haber sido la Mesa del Congreso la que tendría que haber actuado, y
sería realmente un gran mazazo para muchas personas que creemos que
hay que devolver a Marbella, a la Costa del Sol, lo que hoy es normal
en cualquier otra zona del país.

No quiero referirme a que puedan existir vasos comunicantes entre Gil
y el Partido Popular, porque quiero que esta intervención sea
positiva y que sirva realmente para que el Partido Popular admita
esta comparecencia que es muy importante, repito, porque en la Costa
del Sol estamos trabajando todos juntos en una dinámica y lo que hoy
plantea el Partido Popular puede ser un mazazo. Temo que esa
sensibilidad que se ha demostrado en otras zonas aquí no se demuestre
y al final tengamos que creer que pueden existir esos vasos
comunicantes entre el Partido Popular y el grupo GIL.

Repito, para terminar, que espero que no se impida esta
comparecencia, que se produzca; evidentemente no va a ser lo que
resuelva los problemas de Marbella, pero sí puede ser un acicate
importante para que desde Marbella desde la Costa del Sol, se vea que
hay sensibilidad en esta Cámara y que se empieza a tomar en serio de
verdad lo que allí está ocurriendo. ( El señor Ollero Tassara
pronuncia palabras que no se perciben.) Termino volviendo a pedir que
el Partido Popular acepte la comparecencia por una cuestión de
normalidad democrática y también de sensibilidad hacia todos los que
luchamos en la Costa del Sol por la regeneración del Estado de
derecho.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran tomar la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, también intervengo con
mucha brevedad. Al parecer, decía el diestro aquello de que lo que no
puede ser no puede ser y además es imposible. Lo que entiende mi
grupo como imposible es que, habiéndose producido los acontecimientos
iniciales de sustracción de los sumarios con el escándalo
correspondiente culminado, al menos a día de hoy, con el suicidio de
ayer, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no pueda
recibir una información sobre cuáles han sido las causas o qué es lo
que ha ocurrido, y no pueda recibirla del Consejo General del Poder
Judicial, es decir que en última instancia no estamos hablando de
Poder Judicial, no pedimos desde aquí a uno de los jueces de Marbella
que venga, estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces y
por tanto estamos hablando de la administración de justicia. Todos
sabemos que las competencias que inciden en estos ámbitos son plurales:
hay competencia autonómica, hay competencia estatal a través de
la figura de los secretarios, pero también estamos hablando de las
competencias que el Ministerio de Justicia todavía tiene respecto del
personal, y hay competencia del Consejo. Como digo, lo que a mi grupo
le cuesta admitir es que nadie deba venir aquí, si se le solicita, a
explicar lo que ha ocurrido o que la Comisión de Justicia no pueda
solicitar esa información. Quizás se nos diga -supongo que ese será
el argumento- que debieran comparecer autoridades de la comunidad
autónoma andaluza o que ya comparecerán ante el Parlamento de
Andalucía. Reconozco que planteamientos tan autonomistas ya me
gustaría oírlos en otros ámbitos en los que tiene interés
Convergència i Unió; pero tratándose de un poder del Estado como es
la justicia, reitero otra vez que me cuesta mucho entender que el
Congreso de los Diputados no pueda ser informado por autoridades del
Consejo o, en última instancia, por autoridades del Gobierno,
respecto de este tema.

Puede existir un elemento de discrepancia de fondo, y es que no todos
los grupos tenemos la misma idea acerca de la naturaleza de la
relación que pueda existir entre el Consejo General del Poder
Judicial y el Congreso de los Diputados. Habrá grupos que entiendan
que es una relación que se limita a la presentación de la memoria, a
informar en su caso, tal y como establece nuestro Reglamento,
enmiendas que puedan presentar los grupos parlamentarios. Mi grupo
entiende, y eso puede ser un elemento de diferencia de fondo con las
posiciones de otros grupos, que esa relación es y debe ser mucho más
estrecha, y de la misma manera que en algún caso ha comparecido, creo
recordar, el presidente del Consejo no pura y estrictamente para
presentar la memoria sino el libro blanco, efectivamente también
puede comparecer para explicarnos, sin romper ningún tipo de criterio
estrictamente judicial, qué es lo que ha ocurrido allí, que es lo que
ha fallado y, en última instancia qué es lo que puede mejorarse.

Desde luego, mi grupo jamás traería aquí al presidente del Consejo a
que nos explicase por qué se ha nombrado a alguien presidente de un
Tribunal Superior de Justicia o de una Audiencia Provincial, pero que
comparezca alguien del Consejo General del Poder Judicial para
explicarnos cuáles han sido las causas que han determinado que se
haya podido producir esa sustracción sí lo entenderíamos conveniente.

Por tanto procederemos a votar a favor.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, nuestro grupo se opuso en
la Mesa de la Comisión, que es el órgano soberano dentro de esta casa
para decidir sobre esta cuestión, a la posibilidad de que se
produjeraesta comparecencia, y lo hace en ejercicio, lleno de



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madurez a nuestro modo de ver, de lo que son nuestras
responsabilidades -las nuestras- que, entre otras cosas, supone
mantener una adecuada articulación entre los diversos poderes del
Estado en la que va empeñada la dignidad misma de esta Cámara. No se
puede jugar a provocar situaciones poco respetuosas con lo que
nosotros entendemos que es la articulación de esos poderes, aunque
cada uno puede tener su punto de vista, simplemente para buscar un
rendimiento político en los medios, quizá por la impotencia, como se
ha hablado aquí con sinceridad, o por la incapacidad de buscar vías,
que sin duda existen, para ejercer un control parlamentario riguroso
y estricto dentro de lo que son nuestras competencias, pero por lo
visto no se acierta a ello y se echa mano de lo primero que se
encuentra.

Nuestro grupo tiene una idea clara de la función de esta Comisión
respecto del Consejo General del Poder Judicial, que no olvidemos que
surge en nuestra Constitución precisamente con el afán de que el
Poder Judicial no se vea ni siquiera remotamente, y por supuesto no
de manera inmediata, condicionado por otros poderes. Y digo poderes
porque no se trata sólo del Poder Ejecutivo, como ocurría antes por
las competencias existentes y residenciadas en el Ministerio de
Justicia, sino que también es un poder, del Estado. La finalidad del
Parlamento, aparte de legislativa, es de control de quien tiene un
poder y entendemos que esa relación entre el Consejo General del
Poder Judicial y esta Cámara se realiza a través de la presentación
de la memoria oportuna, que para eso se hace, por cierto, y de manera
muy excepcional, como se ha apuntado, para la de un libro blanco que
está realizando el Consejo General del Poder Judicial, que al fin y
al cabo no viene a ser sino una memoria de las memorias y que
evidentemente nadie puede entender como afán de control sino, al
contrario, como un afán de tomarse en serio lo que hace el Consejo
General del Poder Judicial, dar el visto bueno a una comparecencia
con esa finalidad.

En lo que no estamos de acuerdo en modo alguno es en convertir esta
Comisión en un órgano de control del órgano de gobierno del Poder
Judicial. Estamos de acuerdo prácticamente con todo lo que se ha
dicho, en lo que no estamos de acuerdo es que tenga nada que ver con
la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder
Judicial. Incluso ha habido algunos deslices llamativos. Resulta
llamativo que un portavoz haya dicho que lo único que pretende es que
el presidente del Consejo General del Poder Judicial venga a
informarnos de sus competencias respecto a un asunto muy concreto de
un municipio español, aunque sea tan relevante como el de Marbella.

Al parecer se trata de que venga simplemente a informarnos. A
informarnos de por qué se han archivado las diligencias abiertas en
relación con la posible responsabilidad o no de los magistrados de
esos órganos judiciales. Sin embargo, curiosamente, el mismo portavoz
luego amenaza, si no
viene a informarnos el presidente del Consejo General del Poder
Judicial, con llamar al ministro. Por lo visto va a llamar al
ministro para que informe de por qué se han archivado unas
diligencias. Está claro que lo que se buscaba era un control
político, hasta el punto de que en ese control político el ministro
aparece como pieza subsidiaria originalísima. Y es que,
desgraciadamente, nuestra rica casuística en cuanto a comparecencias
de otro órgano que no es Poder Judicial, aunque esté funcionalmente
incardinado respecto a él, como es la Fiscalía, demuestra que se
utilizan determinadas comparecencias para hacer un curioso control
político del Gobierno estando el Gobierno ausente, lo cual nos parece
parlamentariamente impresentable, pero que lo estamos sufriendo una y
otra vez.

Entendemos que, desde un punto de vista formal, ahí puede haber algún
tipo de justificación y por eso lo soportamos; ahora bien, en este
caso entendemos que no hay, desde un punto de vista formal, donde un
punto de vista formal, ninguna razón para que aquí venga el
presidente del Consejo General del Poder Judicial a explicar una
actuación puntual derivada de una investigación puntual respecto de
un caso, lo cual no quiere decir que no entendamos que el caso es
grave. Es gravísimo, por supuesto que es gravísimo, lo que no
entendemos es que tenga nada que ver política y parlamentariamente
con una información que se puede pedir por vía de petición de
informe, si lo que se busca es información, del presidente del
Consejo General del Poder Judicial.

Desde luego, no acabo de entender que se haya dicho aquí, aunque se
hayan dicho tantas cosas por el mismo portavoz, que esto sería un
revés para el Partido Popular en Marbella. El que venga o no venga el
presidente del Consejo General del Poder Judicial a informar sobre
por qué han archivado algo que tiene que ver con magistrados es un
revés para el Partido Popular. Grandioso, es un asunto que exige un
salto silogístico, porque es una barbaridad, pero que tampoco
acabamos de entender. En todo caso se podrá decir que nos hemos
puesto de acuerdo con el presidente del Consejo General del Poder
Judicial, que no quiere venir -cosa que a mí no me consta-, para que
no venga, pero yo no sé que tiene que ver con el Partido Popular en
Marbella. Por lo visto, lo que se está insinuando es que esta Cámara,
y esta Comisión en concreto, debe convertirse en un órgano de
revisión de la capacidad inspectora que corresponde respecto a los
magistrados al Consejo General del Poder Judicial. Eso es simplemente
lo que no admitimos. Y cuando algo no se admite formalmente, no se
admite en ningún caso. No tiene ningún sentido, en un discurso como
el que hace mi grupo, que es de mutuo respeto entre los poderes y de
respeto a nosotros mismos para no convertir esta Cámara en un circo
por pura impotencia de hacerla funcionar como debe por parte de unos
diputados; una vez que se plantea así, no podemos decir que si es un
caso muy grave nos saltamos



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a la torera todo tipo de consideración formal. Estamos haciendo una
consideración formal y por tanto no admite excepción. Quiero recordar
que la finalidad de la Mesa de esta Cámara no es decidir estas
cuestiones; la Mesa de esta Cámara conoce suficientemente el papel
del Parlamento como para saber que la soberanía de la decisión de
estas cuestiones está en esta Comisión y no sustraérnosla. Si la
petición que se realiza es un despropósito, en el sentido de que
afecte a la Constitución, evidentemente nos va a ahorrar ese trabajo.

De lo contrario, para eso estamos nosotros, y así está previsto en el
Reglamento.

Por tanto el señor que argumenta que, puesto que ha hablado la Mesa
de la Cámara nosotros no tenemos nada que decir, no se ha leído el
Reglamento y tiene muy poco aprecio a la soberanía que esta Comisión
tiene, lo cual me parece que no es un modo muy inteligente de que los
diputados, que a veces nos quejamos de que estamos sometidos a los
grupos y a una serie de mecanismos en el Reglamento que nos impiden
actuar como tales, nos metamos debajo de la falda de la Mesa de la
Cámara porque no queremos que sea la Comisión la que, utilizando
argumentos, algunos tan pobres como los que se han utilizado, discuta
esta cuestión.

Aquí, de lo que estamos hablando indudablemente es de si viene o no
viene el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y punto.

Que conste que si hablamos de Marbella para nuestro grupo es
particularmente tentador, porque compartimos la idea de que aquello
es un caso muy grave, gravísimo y trágico, además, desde ayer.

Compartimos, además, muchísimos de los argumentos de los informes,
bien conocidos porque han salido en los medios de comunicación, del
Consejo General del Poder Judicial, de lo que pasa allí y por qué.

Aquí se ha dicho que no es un problema de seguridad, sino de
corrupción, como si eso fuera un dilema. No es un dilema. La
corrupción funciona a mansalva cuando la seguridad es de chiste,
cuando la seguridad es de vergüenza, cuando quien ha asumido las
competencias sobre esa seguridad no las practica. Uno se encuentra
con que lo que ha ocurrido es que los armarios no cuentan con
cerradura y llave, y queremos que venga el presidente del Consejo
General del Poder Judicial a informarnos de por qué los armarios no
cuentan con cerradura y llave. Nos dirá, teniéndonos por analfabetos,
que eso se lo preguntemos a la Junta de Andalucía, que es la
competente en esa cuestión. Alguno de los armarios no tiene ni
siquiera puerta. Así la corrupción entra y sale con gran facilidad,
incluso a través de las corrientes de aire, como ocurre con el aire
acondicionado, en que a veces hay determinadas infecciones. El
archivo que hay... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor OLLERO TASSARA: Ustedes quieren que hablemos de esto y vamos
a hablar de esto. El presidente
del Consejo General del Poder Judicial no, nosotros sí.

El archivo que hay, que tiene llave, la tiene siempre puesta. Vamos a
llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que
nos explique por qué el archivo tiene siempre la llave puesta...

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ollero.

Señores diputados, guarden silencio, por favor. Vamos a seguir
escuchando al señor Portavoz. (El señor Villarrubia Mediavilla: Que
se relaje.)
Señor Villarrubia, por favor.




El señor OLLERO TASSARA: El armario del magistrado donde se guardan
las causas sobre las cuales hay secreto de sumario, dada su escasa
capacidad, no es capaz de albergarlas. Le preguntaremos al presidente
del Consejo General del Poder Judicial por qué no ha puesto un
armario más grande allí. Dirá que le preguntemos a la señora
Hermosín, bien conocida de alguno de los que han intervenido aquí.

(El señor López Aguilar: Al hermano de Hermosín.)
Por otra parte, en el informe se insiste una y otra vez -nosotros nos
hemos mantenido en silencio, aún habiendo estado escuchando
verdaderas barbaridades y algunos detalles de pésimo gusto, por
cierto- en que no ha habido fractura ninguna, ni siquiera se ha
forzado nada, porque, claro, cuando no hay puerta, ya me dirá usted
qué se puede fracturar. Habría que llamar a alguien para fracturarle
algo. Han entrado sin más y se lo han llevado todo sin ningún
problema. Es más, el informe dice -eso lo podía haber manifestado el
presidente del Consejo General del Poder Judicial- que un magistrado
ha costeado de su bolsillo un cerrojo que posteriormente ha sido
inutilizado. Eso lo dice el informe y, si el presidente hubiese
tenido que contarlo aquí, se habría abochornado, pero es así y la
competencia es de la Junta de Andalucía.

Con respecto al sistema informático Adriano, puesto por la Junta de
Andalucía, se trata de un sistema que, aparte de que quienes lo
utilizan lo dejan abierto continuamente, sin salvapantallas siquiera
-están peor que nosotros, porque mi ordenador tiene salvapantallas y
esta casa precisamente no es generosa en cuanto a medios-, y aparte
de que no ha sido capaz de asumir la información existente en el
sistema anterior, resulta que no tiene previsto que, para poder
borrar un documento, haya que activar la clave de entrada, con lo
cual, como está abierto durante todo el día, se han podido borrar
perfectamente los documentos. Así que se ha pedido a la Junta de
Andalucía que haga el favor, puesto que es un aspecto técnico bien
conocido, de programarlo de tal forma que, para borrar un documento,
haya que activar una clave, algo que yo tengo incluso en el
WordPerfect que utilizo, un programa que no es el último grito. De
hecho, a mí se me ha olvidado el procedimiento y tengo documentos que
no consigo borrar,



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puesto que hace falta activar una clave para ello. Bien, pues el
sistema informático tan vanguardista que ha puesto la Junta de
Andalucía no tiene esto.

La vigilancia de los servicios es escasa y los medios para llevarla a
cabo insuficientes y lo mismo ocurre con las limitaciones en cuanto a
la seguridad del sistema informático. Esto es lo que realmente ha
ocurrido allí y el informe es generoso una y otra vez al recordarlo.

Por ejemplo, dice el informe: Expresa su inquietud el Consejo General
del Poder Judicial -no hace falta que venga el presidente a decirlo
aquí, lo leo yo, está en el informe- por las deficiencias advertidas
en materia de seguridad en los edificios sede de los órganos
judiciales mencionados, debiendo en consecuencia oficiar a la
Consejería de Justicia y a la Administración pública de la Junta de
Andalucía para que, con toda urgencia, adopte las precisas medidas de
seguridad del edificio donde se ubican los juzgados de Marbella,
incluido el arreglo de los medios de seguridad, en la actualidad
inutilizados, y asimismo que se dirija una comunicación a la misma
consejería -evidentemente, este debate debió tener lugar en el
Parlamento andaluz, que es donde corresponde- para que proceda a
dotar a la aplicación informática Adriano de los medios técnicos
adicionales de seguridad necesarios en los terminales informáticos de
la sede judicial de Marbella que imposibiliten la posible comisión de
los hechos ya mencionados.

Que con motivo de un asunto que debería ruborizar a los responsables
autonómicos socialistas de la Junta de Andalucía se pretenda montar
un numerito en esta Cámara haciendo venir al presidente del Consejo
General del Poder Judicial es más de lo que nuestro concepto de la
dignidad de esta Cámara puede soportar y precisamente por eso vamos a
votar en contra con una gran tranquilidad, conscientes de la gravedad
de lo que está ocurriendo en Marbella, de la tragedia en la que todo
esto está derivando, y desde luego dando por no oída una
incalificable insinuación de uno de los portavoces, la cual no mancha
nuestro partido, sino que simplemente demuestra a qué niveles puede
llegar él cuando hace uso de la palabra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, acabamos de presenciar un
ejemplo claro de lo que es la dignidad de la Cámara a través de la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, dignidad
que nosotros no queremos estimular ni excitar ni tampoco sentirnos
cómplices.

Por otra parte, se ha aprovechado fuera de toda cuestión para hacer
un ataque contra la Junta de Andalucía, ataque al que nosotros no
vamos a responder, en primer lugar porque respetamos la Cámara -esto
es incuestionable- y en segundo lugar porque forma parte de unas
sesiones políticas que parecen ser que tiene ahora
el Partido Popular y nosotros, señor presidente, no estamos
dispuestos a servir de terapia, algo que por otra parte parece que
ellos no buscan. Que cada uno solvente sus obsesiones como buenamente
pueda.

Voy a dar un dato que estoy seguro que el señor Ollero conoce,
porque, aparte de su nivel de demagogia, tiene que tener algún nivel
de información que le permita conocer determinados datos. En el año
1997, la seguridad de los juzgados de la Comunidad Autónoma de
Andalucía dependía exclusivamente de los Presupuestos Generales del
Estado que votaba el señor Ollero -yo no, señor presidente, ni mi
grupo-, y esa seguridad ascendía exclusivamente a 87 millones de
pesetas. El presupuesto de este año para la seguridad de los juzgados
de la Comunidad Autónoma de Andalucía -cuya competencia es de la
propia comunidad autónoma, dirigida y regida por los socialistas-
asciende a más de 330 millones de pesetas.

Dos. Para que haya algo de seriedad y de responsabilidad en este tipo
de información voy a aportar algunos datos para que figuren en acta.

El sistema Adriano -que ha significado ese tipo de adjetivo por parte
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sin duda, por
desconocimiento- es el que ha hecho posible, a través de su código de
seguridad, que se recuperen los tres expedientes borrados en su
momento, y no se echen de menos los 25.000 folios y 58 tomos que han
desaparecido de la oficina judicial de tres juzgados de Marbella.

Señor presidente, nosotros seguimos pensando que el tema es de enorme
gravedad. Si hubiera sido un problema de seguridad externa -y ahora
le comentaré por qué no ha sido así-, seguramente la Comunidad
Autónoma Andaluza hubiera asumido su responsabilidad - no sé si la
está asumiendo o no, sospecho que no-, pero parece ser que este no ha
sido el problema. Entre otras cosas por una razón, porque el propio
Consejo General del Poder Judicial, en vías de investigación, asume
que tiene algo de competencia en el asunto, como no podía ser de otra
manera. Comprendo que pueda haber alguna desorientación en algún
parlamentario que no esté acostumbrado a que salte la noticia de que
en determinados juzgados desaparecen trece expedientes judiciales, no
desaparecen llaves de armarios, no hablamos de que los armarios sean
suficientes o insuficientes, sino que hablamos de expedientes
judiciales enteros que, además, tienen que ver con la actuación
-presumiblemente delictiva en muchos casos- del alcalde de Marbella,
-el señor Gil y Gil-, de su corporación local y de personas
relacionadas con él. Por lo tanto, son expedientes judiciales que
tienen que ver con la oficina judicial, por lo que alguna
responsabilidad tendrán o no los jueces -que en última instancia son
los máximos responsables-, el secretario o quien fuere; para eso fue
el Consejo. Lo que estamos pidiendo es que nos digan para qué fueron,
qué consiguieron y, si les parece bien, que nos digan las causas,



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la justificación del archivo. Esto es una cosa evidente, señor
presidente, al margen de que se quieran hacer esfuerzos para romper
la dinámica que suele acompañar al sentido común. Además, al
presidente del Consejo General del Poder Judicial, -en la
intervención que realizó el día 29 de marzo de 2001, que fue la
última ocasión en la que intervino ante los diputados para informar
sobre la memoria del Consejo, cuando muchos diputados le recordamos
-por cierto, creo recordar que también lo hizo el Grupo Parlamentario
Popular, pero es posible que me falle la memoria- que en esta Cámara
debería de estar presente el Consejo, a través de su presidente o de
alguno de sus vocales, para informarnos de los temas importantes que
se suscitaban durante el año, no sólo le pareció muy oportuno ese
interés que manifestábamos varios grupos parlamentarios, sino que
dijo que estaba dispuesto a hacerlo y a venir todas las veces -tanto
él como cualquier vocal- que fuera necesario como consecuencia de
asuntos de especial interés.

Señor presidente, para que conste en acta, le voy a leer lo que decía
el señor presidente, el 29 de marzo de 2001. En este caso me
contestaba a mí creo que ya había contestado anteriormente a otro
parlamentario y decía: Estoy de acuerdo en que este debate global de
la memoria, acumulando tantos temas en una mañana, puede resultar
poco efectivo y adquirir el aire de una formalidad. Aún así, desde mi
punto de vista (para mí oírle siempre ha sido interesante, decía),
podría completarse, como ya he señalado antes, y subrayo, con otras
comparecencias más de tipo monográfico y con la persona adecuada que
mejor pueda proporcionar datos y conocimientos sobre los temas de que
se trate. Cierro la cita. Seguramente, en el año 2001 no hay un tema,
que se haya producido en la oficina judicial, de mayor gravedad,
alarma y escándalo que el que se ha producido con la sustracción de
13 sumarios judiciales en sede judicial en los juzgados 1, 5 y 7 de
Marbella. Es muy difícil encontrar un caso tan insólito, tan
alarmante y tan escandaloso, señor presidente. Nosotros pedimos que
comparezca la persona que, a poco que se le invite, está dispuesto a
venir, porque él dijo que le llamáramos cada vez que hubiera un
asunto de estas características o similar, de esta importancia, y que
estaría dispuesto, él o cualquier vocal, a informar a la Cámara. Es
decir, señor presidente, a llenar de dignidad a la Cámara mediante la
información detallada a los representantes del pueblo, de un poder
del Estado como es el Consejo General del Poder Judicial.




El señor PRESIDENTE: Señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo brevemente, porque al final el
señor Ollero se habrá convencido él mismo y quien haya querido
convencerse, pero no puede poner en boca de otros portavoces lo que
no hemos dicho. No queremos controlar, sino ayudar, queremos
colaborar con el Consejo General del Poder Judicial, porque el
asunto de los sumarios no es un hecho puntual. Ya lo hemos dicho, y
lo reconoce todo el mundo -y usted tiene bastantes amigos en el mundo
judicial- (El señor Ollero Tassara: ¿Cómo lo sabe usted? Me asombra.)
que la situación en el partido judicial de Marbella es un episodio
más de la degradación que se viene sufriendo desde hace muchos años,
no es un hecho puntual. Lo que vamos a preguntar es cómo colaborar
para recobrar la credibilidad de la justicia en Marbella, porque no
es grato para nosotros tener que manifestarnos frente a los juzgados
de Marbella, acompañados de muchos militantes del Partido Popular.

Eso es lo que queremos hacer y la comparecencia puede ser interesante
en ese sentido. Su negativa de hoy es un mazazo -y se lo vuelvo a
repetir- no al Partido Popular, sino a muchos militantes del Partido
Popular que quieren regenerar la justicia en Marbella, como la
queremos regenerar todos los demócratas de la Costa del Sol. Su
negativa no se puede entender, porque es una negativa política y no
hay más argumentos que los políticos. Nos preocupa que no haya más
argumentos que los políticos para que ustedes se opongan y nos
preocupa porque al final no queremos que se traslade a la sociedad,
que está luchando por que el Estado de derecho y la Constitución sean
una realidad en Marbella, que hoy no lo es, y que no se vea
respaldado por el acuerdo de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Intervengo brevemente. Yendo por orden,
hemos oído en estas últimas intervenciones algún insulto que otro; la
dignidad de la Cámara me lleva a guardar silencio, que es una manera
digna de comportarse.

Quiero hacer ver al señor Barrero que se equivoca cuando dice que
gracias al sistema Adriano se han rehecho los expedientes. No tiene
ni idea de lo que está diciendo. Gracias al sistema Adriano se han
podido recuperar los documentos que había en la base informática,
pero, evidentemente, todos los documentos de las partes no se han
recuperado, porque no habían sido escaneados ni estaban incluidos
dentro del sistema informático. Por tanto, se han perdido y perdidos
están. Lamento que el señor Barrero esté tan poco informado de lo que
ha pasado, que es mucho más grave de lo que él piensa.

En cuanto a la voluntad del presidente del Consejo General del Poder
Judicial que, lógicamente, como cualquier jurista mediano sabe,
cualquier tipo de manifestación hay que interpretarla en su contexto,
en su contexto la suscribimos plenamente y no tiene nada que ver con
lo que se intenta hacer aquí hoy. De todas maneras, viene muy bien
que rubrique mi afirmación anterior, no hay ninguna connivencia entre
el GrupoPopular y el señor presidente del Consejo General del



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Poder Judicial en el sentido de ahorrarle venir aquí. Tal vez, dado
que ya está de despedida, le gustaría tener una última visita a esta
casa como tantas otras autoridades que entienden que es un honor
venir aquí.

Curiosamente nadie ha podido apuntar, a lo largo de todo este debate,
qué ventaja puede sacar el Gobierno si no tiene lugar esa
comparecencia, nadie ha podido ni remotamente insinuarlo, que es lo
que podría darle alguna vulnerabilidad política a nuestra actitud.

Casualmente, los únicos que tenían interés en que no se hablara
demasiado aquí son precisamente los que tienen algo que ver con la
Junta de Andalucía. Si de lo que se trata es de ayudar, habría dos
maneras de hacerlo. Una, que no voy a hacer y es decirle a algún
diputado de esta Cámara lo que yo haría si quisiera hacer lo que él
quiere hacer, pero que debido a su impotencia, según sinceramente
confiesa, no acierta; creo que no es mi misión. Dos, puestos a ayudar
plantearía que, en la reunión de la Mesa que va a tener lugar a
continuación, el señor presidente planteara la posibilidad de que los
miembros de esta Comisión, dado que el incremento presupuestario tan
astronómico que ha habido en la Junta de Andalucía no ha sido capaz
de poner una puerta en uno de los archivos de Marbella, hiciéramos
una suscripción entre nosotros, costeáramos una puerta y estoy seguro
de que el señor Barrero no tendrá inconveniente, dado su afán de
colaboración, en llevarla él personalmente a la señora Hermosín.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, ya imagino que no le
gustará, pero le ruego que ampare a nuestro grupo cuando haya unas
intervenciones de este
tipo, que bromean sobre un tema de especial alarma en Málaga, en
Marbella y en Andalucía, y que merece un cierto respeto. Le aseguro
que todos los grupos parlamentarios, asociaciones, medios de
comunicación, abogados, letrados, etcétera, están asociándose entre
ellos para ver qué fórmula hay para recuperar el Estado de derecho en
la ciudad de Marbella. Incluso hay una actitud muy positiva del
Partido Popular, que no se corresponde con este estilo de broma final
que ha utilizado el Partido Popular a través de su portavoz.




El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que el señor Ollero no ha
querido molestarle. Cuente con el amparo de la presidencia.

Señor Ollero, le ruego que no reabra el debate.




El señor OLLERO TASSARA: Simplemente quiero insistir en que me parece
un despropósito que ese problema tan grave se resuelva con que venga
aquí el presidente del Consejo General del Poder Judicial a explicar
por qué ha archivado una diligencia.




El señor PRESIDENTE: Vamos a dejar el debate cerrado y vamos a
proceder a la votación de esta iniciativa.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las dos peticiones de
comparecencia.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.