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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 314, de 02/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 314
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 32
celebrada el martes, 2 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana) para informar sobre:
- Cómo se están llevando a cabo las repatriaciones de ciudadanos
subsaharianos a sus países de origen, cuando España no tiene
convenios de devolución con esos países. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000528.) . . .
(Página 9834)
- El contenido de las negociaciones iniciadas durante estos últimos
meses entre el Gobierno español y la Embajada de Nigeria para regular
mediante convenio los flujos migratorios.
A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 212/000547.). . . . (Página
9834)
- Los términos en los que se ejecutó el día 15 de mayo de 2001 la
orden de expulsión de España de 38 ciudadanos de nacionalidad
nigeriana. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 212/000548.) . . .
- La actuación del Gobierno en los hechos acaecidos el pasado fin de
semana en una comisaría de Motril (Granada), así como el trato
recibido por un grupo de inmigrantes cercano a la cincuentena.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 212/000594.) . . . (Página
9849)
- Ofrecer un primer balance y valoración de la aplicación de la nueva
ley de extranjería y de su reglamento y para informar sobre la
actuación de las autoridades gubernativas en los hechos ocurridos en
Barcelona y en Cuenca, en respuesta a las solicitudes de
regularización presentadas por distintos colectivos de inmigrantes. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 212/000597.) . . . (Página
9858)
- Valorar el conjunto de actuaciones realizadas en Barcelona durante
el mes de agosto de 2001, en relación al desalojo de un grupo de
ciudadanos extranjeros concentrados durante semanas en la plaza de
Cataluña de esa ciudad. (Número de expediente 212/000615.) . . .
(Página 9859)
Preguntas:
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
el modo en que se ha llevado a cabo la repatriación de 37 ciudadanos
nigerianos trasladados al centro de internamiento de Capuchinos en
Málaga. (Número de expediente 181/000868.) . . .
- De la misma señora Diputada, sobre coordinación entre el Gobierno y
las comunidades autónomas para hacer frente a la situación de los
menores extranjeros que están solos en España, así como proyectos de
reinserción previstos para los mismos. (Número de expediente 181/
000904.) . . . (Página 9875)
- De la misma señora diputada, sobre opinión del Gobierno acerca de
la expulsión de cuatro menores extranjeros del centro de acogida de
la Montañeta, en Fuenteventura. (Número de expediente 181/000948.) .
. . (Página 9875)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y
LA INMIGRACIÓN (FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA) PARA INFORMAR SOBRE:
- CÓMO SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS REPATRIACIONES DE CIUDADANOS
SUBSAHARIANOS A SUS PAÍSES DE ORIGEN, CUANDO ESPAÑA NO TIENE
CONVENIOS DE DEVOLUCIÓN CON ESOS PAÍSES. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000528.)
- EL CONTENIDO DE LAS NEGOCIACIONES INICIADAS DURANTE ESTOS ÚLTIMOS
MESES ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y LA EMBAJADA DE NIGERIA PARA REGULAR
MEDIANTE CONVENIO LOS FLUJOS MIGRATORIOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente
212/000547.)
- LOS TÉRMINOS EN LOS QUE SE EJECUTÓ EL DÍA 15 DE MAYO DE 2001 LA
ORDEN DE EXPULSIÓN DE ESPAÑA DE 38 CIUDADANOS DE NACIONALIDAD
NIGERIANA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ) (Número de expediente 212/000548.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Damos la bienvenida una vez más al señor delegado del Gobierno a la
Comisión de Justicia e Interior y le cedo la palabra para que exponga
lo que estime pertinente en relación con las solicitudes de
comparecencia que figuran en los puntos 1, 2 y 3 del orden del día,
que se tramitarán agrupadamente. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, aunque lo hemos comentado
previamente a la sesión, a efectos de que pueda constar en el 'Diario
de Sesiones', simplemente quiero decir que por un error de
transcripción en el orden del día no figura la comparecencia número
615, de Convergència i Unió, que habíamos acordado en Mesa y
Portavoces que se incorporara a la sesión del día de hoy. Esa sería
la última comparecencia prevista en el orden del día, la 615, de
Convergència i Unió, cuyo tema es coincidente con la 597, del Grupo
Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Oportunamente se hará la referencia consiguiente
cuando lleguemos al punto 5, para que se tramite conjuntamente con la
comparecencia que no figura en el orden del día por error.
Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor presidente, señorías, es un
honor y una satisfacción estar una vez más en el Congreso de los
Diputados para responder a una serie de comparecencias y de preguntas
planteadas por SS.SS.
Me comunica el señor presidente que he de hacer frente en mis
intervenciones a las peticiones de comparecencia 1, 2 y 3 del orden
del día en un bloque, independientemente la 4 y conjuntamente la 5 y
6. Comenzaré mi primera intervención con la solicitud de
comparecencia expresada por el Grupo Parlamentario Socialista para
explicar cómo se están llevando a cabo las repatriaciones de
ciudadanos subsaharianos a sus países de origen cuando España no
tiene convenios de devolución con estos países. Querría empezar
diciendo que no es necesario para la expulsión, para la devolución
o para la repatriación de ciudadanos extranjeros que se encuentran
ilegalmente en España la existencia de acuerdos específicos con esos
países. Las relaciones diplomáticas existentes entre los distintos
países nos permiten iniciar las conversaciones, solicitar los
permisos o recibir los permisos correspondientes para proceder a la
expulsión de aquellas personas que se encuentran en situaciones en
las que nuestra ley permite proceder de esa manera. Los acuerdos o
los convenios específicos de devolución que existan simplemente son
instrumentos administrativos que agilizan o que facilitan
los trámites, las relaciones habituales entre países y por tanto
no es condición sine qua non y a nadie tiene que extrañar que se
puedan producir devoluciones o expulsiones de estas personas a sus
países, independientemente de la existencia de convenios o no.
En nuestra normativa vigente de extranjería, quizá sea interesante
recordarlo brevísimamente, son dos las figuras o situaciones que
pueden dar lugar o que implican la repatriación de personas
extranjeras en general: la expulsión y la devolución. La expulsión en
nuestro ordenamiento jurídico es una sanción administrativa. Estamos
hablando en cualquier caso de infracciones administrativas y la
expulsión es consecuencia de una sanción administrativa que viene
claramente recogida en los artículos 53, 54 y 57 de la vigente Ley de
extranjería, en los que no voy a entrar en detalle para no robarles
tiempo. Por otro lado, es un procedimiento sancionador que, como
consecuencia de la Ley 8/2000 y del reglamento que la desarrolla, y
más específicamente de los artículos 115 a 119 del mismo, pormenoriza
una serie de garantías que la persona que va a ser expulsada de
España tiene; una serie de garantías y de derechos de los que
disfruta esa persona. Nuestra legislación es absolutamente
garantista, llegando, como es lógico, y afortunadamente, a extremos
en los que por ejemplo las personas rechazadas en frontera, las
personas que todavía no han entrado en territorio español por no
cumplir con los documentos de viaje, con los requisitos Schengen, en
definitiva, tienen derecho a la asistencia letrada de oficio, si no
tuviesen recursos económicossuficientes, y también de forma gratuita
a la asistencia de intérprete. La segunda modalidad a la que antes
hacía referencia es la devolución, más allá de la expulsión, la
repatriación del extranjero, acordada por la autoridad gubernativa
competente, basándose en el artículo 58 de la ley, tampoco pretendo
extenderme en ello pero que tiene un plazo limitado de 72 horas para
poder ser hecha, puesto que si no, incoado un expediente de expulsión
y siendo necesaria la retención o detención de esta persona, se
comunica al juez para que autorice este internamiento o no.
Con respecto a la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), pidiendo información sobre el
contenido de las negociaciones iniciadas durante los últimos meses
entre el Gobierno español y la Embajada de Nigeria para regular
mediante convenio los flujos migratorios, efectivamente, así como
antes afirmaba, siendo cierto, que no es imprescindible la existencia
de convenios o de acuerdos con terceros países para poder procederse
a la expulsión de las personas que legalmente sea posible como
consecuencia de sus infracciones administrativas, sí hay otros casos
en los cuales, en función del número de personas que están en
situación irregular, de la intensidad -a lo largo de estos últimos
casi veinte meses se ha identificado una intensidad suficiente en la
espontaneidad de los flujos migratorios que se han producido
hacia España-, en este momento estamos en el proceso de poder llegar
a acordar una serie de convenios, entre los que figuran aquellos que
nos van a simplificar, a agilizar la repatriación de estas personas.
Ese es el caso de Nigeria. Por un lado, por el número creciente de
personas que llegan de nacionalidad nigeriana; por otro lado, del
incremento indiscutible en cuanto al número y a las características
de los movimientos migratorios hacia España, en los últimos tres o
cuatro años podemos considerarlo como un fenómeno auténticamente
nuevo en cuanto a la intensidad, variedad, necesidad para la sociedad
española de este fenómeno.
Los convenios en general y los convenios de readmisión en particular
tienen como objetivo fundamental en definitiva la política del
Gobierno. Se lo reitero brevísimamente, porque lo conocen SS.SS. Por
un lado, la regulación, la ordenación de los flujos migratorios, de
las migraciones laborales; el favorecimiento de la entrada de los
inmigrantes legales, de los extranjeros trabajadores en España con
sus contratos firmados desde su país de origen; disuadir e impedir
luchando activamente contra ella la inmigración ilegal; conseguir la
integración social de los inmigrantes y luchar, como SS.SS. saben y
viene perfectamente explicitado en el programa Greco, contra la
xenofobia y contra el racismo.
Dentro del capítulo de la ordenación de la llegada de inmigrantes, el
programa Greco, en la acción 1.3 de la primera línea básica se dice
específicamente que el objetivo es la ordenación de la llegada de
inmigrantes desde los países en origen mediante la firma de convenios
que contemplan todos los aspectos del fenómeno migratorio. El primer
convenio de readmisión se firma en el año 1992 con el Reino de
Marruecos, momento en el cual se comienzan los relaciones, el intento
de concretar en convenio la relación con este país, que se completa,
como bien saben, en el año 1999, con un convenio de regulación de
trabajadores de temporada, de temporeros, y que en julio de este año
de 2001 se amplía, haciendo síntesis de estas tres realidades, con un
convenio de regulación de mano de obra que viene a contemplar la
posibilidad de contratación, la regulación de los flujos para
trabajadores estables. En los convenios que hemos firmado ya tanto
con Ecuador como con Colombia, en Iberoamérica, aparece también la
posibilidad de readmisión, la posibilidad de ser devueltas estas
personas cuando se encuentran en España en situación irregular.
Con Nigeria, quizás el país de los países subsaharianos con el que en
estos momentos tenemos constatado un mayor número de llegada de
personas en situación irregular, hemos decidido comenzar nuestros
trabajos, ahondar en las relaciones con ellos mediante la firma de
este convenio. Llevamos trabajándolo aproximadamente unos siete u
ocho meses, con distintos viajes hechos por la delegación nigeriana a
España, con intercambio de distintos documentos a través de las
embajadas
y, por fin, el día 19 de junio del 2001 se rubricó, como un
primer acuerdo, el convenio entre el Reino de España y el Gobierno de
la República Federal de Nigeria en materia de inmigración. Este
convenio fue autorizado para su firma por el Consejo de Ministros el
día 27 de julio y en este momento estamos pendientes de determinar,
probablemente a mediados o finales del próximo mes, la firma
definitiva, para lo que nos desplazaremos a Nigeria. Consiste en
tener el instrumento administrativo que nos agiliza, que nos
flexibiliza la posibilidad recíproca -en el convenio así aparecerá-
de la devolución de nacionales nigerianos o españoles que se
encuentren en situación irregular en cualquiera de los dos países.
Hemos sido especialmente cuidadosos en todos y cada uno de los puntos
de este convenio, como ya lo habían sido otros gobiernos en otros
convenios anteriores, por ejemplo el que les mencioné con Marruecos,
y en el preámbulo se menciona de forma específica que el objeto de
este convenio es facilitar la repatriación de los nacionales de un
país que residan ilegalmente en el territorio del otro, garantizando
que sean tratados con dignidad y salvaguardando sus derechos
fundamentales. Se hace una regulación exhaustiva de los
procedimientos de readmisión o de repatriación, se especifican los
requisitos para el inicio del procedimiento, los medios para
acreditar la nacionalidad, los procedimientos especiales de
identificación, las condiciones para la repatriación, los gastos, la
readmisión de las personas, los derechos de las personas repatriadas,
las autoridades competentes para autorizarlas y para recibirlas, el
intercambio de información, la protección de datos personales, así
como, yendo más allá en lo que sin duda alguna es el inicio de las
relaciones que irán cuajando con la República Federal de Nigeria
hasta que alcancemos en su momento la firma de un convenio de
regulación de flujos como los que estamos firmando con otros países,
una serie de informaciones que nos transmitiremos sobre redes de
tráfico de seres humanos, de posibilidades de formación de personal
consular, facilidades y colaboración para la reinserción de las
personas repatriadas, la posibilidad de empezar a aproximar las
exigencias y las posibilidades, incluso la demanda que existe en
Nigeria para la entrada de trabajadores nigerianos en España. En
definitiva, ese camino que queremos alcanzar en su momento con ellos,
aparte de establecer, como es lógico, todas las garantías habidas y
por haber sobre el respeto a los derechos humanos, la información
inmediata a las embajadas respectivas de la detención de nacionales
por infracción de las leyes de inmigración, el libre acceso del
personal de las embajadas para visitar, tratar en privado y asistir a
las personas bajo custodia, la exclusión de la fuerza indebida,
tratos crueles, inhumanos o degradantes, la comprobación efectiva y
eficaz de la nacionalidad, la información al repatriado sobre su
situación y sobre sus derechos y sus posibilidades administrativasde
reclamaciones, etcétera.
En cuanto a la tercera comparecencia, solicitada también por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre los
términos en los que se ejecutó el día 15 de mayo de 2001 la orden de
expulsión del Estado español de 38 ciudadanos de nacionalidad
nigeriana, tengo que decir que efectivamente el pasado 14 de mayo se
llevó a cabo la repatriación de 36 ciudadanos nigerianos,
procediéndose a su traslado desde el centro de internamiento de
extranjeros de Capuchinos, en Málaga, hasta la ciudad de Lagos, en
Nigeria. El número de personas inicialmente previsto era de 37, pero
durante el momento previo al embarque una de ellas sufrió un
contratiempo en su salud, desaconsejando los profesionales sanitarios
que la atendieron que viajase, por lo que se quedó en España.Las
repatriaciones fueron llevadas a cabo en ejecución de las
resoluciones de expulsión dictadas por la Delegación del Gobierno de
Ceuta contra dichos ciudadanos. Podríamos decir que 35 de ellos eran
expedientes antiguos, expedientes que habían sido incoados y
resueltos en virtud de la aplicación del artículo 49.d) de la Ley
orgánica 4/2000. La expulsión se decide porque los ciudadanos
nigerianos habían cometido una infracción calificada de grave por la
ley, consistente en la entrada -leo textualmente- en territorio
español careciendo de la documentación o los requisitos exigibles por
lugares que no sean los pases habilitados o contraviniendo las
prohibiciones de entrada legalmente previstos. El expediente restante
había sido incoado y resuelto en virtud del artículo 53.a) de la Ley
Orgánica 8/2000, por encontrarse irregularmente en territorio español
por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga
de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos
cuando fueran exigibles y siempre que el interesado no hubiera
solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto
reglamentariamente.
Las resoluciones fueron notificadas a los interesados y a
continuación se aplicó el artículo 64 de la ley orgánica, que
establece que, una vez notificada la resolución de expulsión, el
extranjero vendrá obligado a abandonar el territorio español en el
plazo que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior a las 72
horas. Los ciudadanos nigerianos fueron detenidos y, con la
autorización del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, internados
en el centro Capuchinos, de Málaga; el día 14 de mayo, tras obtener
del mismo Juzgado de Instrucción la autorización para el cese del
internamiento, se procedió a ejecutar la expulsión. Todos los
ciudadanos nigerianos habían sido previamente documentados por su
embajada en Madrid, que a su vez había informado a su Ministerio de
Asuntos Exteriores y a los servicios de inmigración de Nigeria. 36
ciudadanos nigerianos, acompañados por un médico y un diplomado en
enfermería españoles, embarcaron en un avión que partió de Málaga a
las 0,30 horas de la noche del día 15; fueron entregados en el
aeropuerto de Lagos
sin ningún problema a las autoridades nigerianas, cumpliéndose con
ello todas las exigencias legales establecidas en nuestra
legislación.
Señor presidente, en principio creo haber contestado a las tres
cuestiones que me han planteado los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor delegado del Gobierno.
Primero van a intervenir los grupos solicitantes de las
comparecencias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Fernández- Miranda, vaya en primer
lugar mi satisfacción al haberme enterado de que están avanzados los
trabajos para la firma del tratado con Nigeria. Pero esto, que vamos
a ver cómo se aplica en el futuro -desde luego, puede estar usted
seguro de que nuestro grupo va a mantener su tradición de control
sobre las actividades del Gobierno al respecto-, no obsta para que
veamos qué es lo que ha ocurrido hasta este momento, tema al que se
refiere tanto la petición de comparecencia de mi grupo, el
Socialista, como las dos peticiones del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Lo cierto es que al final de su intervención,
señor FernándezMiranda, ha utilizado usted una expresión que yo
considero reveladora del sistema de actuación y al mismo tiempo
incompleta. Ha dicho usted, refiriéndose en concreto a las
expulsiones del día 15 de mayo de 2001, que se había cumplido así la
totalidad de las condiciones de la legislación española. En la
legislación española existe un precepto absolutamente fundamental al
respecto, que es el artículo 10 de la Constitución, artículo que,
como usted sabe -ignorarlo no puede, como se dice en el foro-, obliga
a la interpretación de las normas siempre de acuerdo con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los convenios y
tratados concluidos por España al respecto, al respecto se entiende
de los derechos humanos.
Lo que nos preocupa a nosotros, a todas las personas que intervienen
en los temas referentes a la inmigración, a las organizaciones
humanitarias, y lo que creo que ha de preocupar a toda persona de
bien es el hecho de la garantía del respeto de los derechos humanos
en el lugar de destino de los ciudadanos devueltos. Desde luego, si
no fallan mis informaciones sobre la vigencia de convenios
internacionales, la República Federal de Nigeria no tiene en estos
momentos ratificada la convención de Nueva York de prevención de la
tortura y tratos inhumanos y crueles. Existen informes, que estamos
convencidos que el Gobierno conoce, puesto que nosotros los
conocemos, referentes a situaciones al menos no concordes con los
derechos humanos a partir de la entrega a la policía de inmigración
de Nigeria. El internamiento sistemático en el centro de atención de
los nigerianos devueltos de España -y suponemos que de otros países,
pero estamos controlando al Gobierno de España- en condiciones que
desde luego no son las propias del estándar mínimo aconsejable de
respeto de los derechos humanos; las noticias, contrastadas en
distintas fuentes, de la imposición de la obligación de abono de
cantidades elevadas, desde el punto de vista económico -y observe que
no estoy calificando esto de multa ni de otra cosa, porque no ha
llegado a poder establecerse realmente cuál es la naturaleza jurídica
de esta entrega de dinero por parte de los devueltos como condición
para la puesta en libertad de aquel centro de detención-; la
existencia de diversas denuncias respecto al no respeto de los
derechos humanos en la República Federal de Nigeria y la calificación
de esta respecto al índice de corrupción en el mundo elaborado
internacionalmente, nos hace pensar que realmente la protección que
debe ejercer el Gobierno de España sobre todos los ciudadanos, sean
de la nacionalidad que sean, que desde este punto de vista se
encuentran bajo su tutela en el territorio español, debería haberse
esmerado mucho más. Porque si no discutimos -nada más lejos de
nuestra intención- que los derechos humanos son absoluta y totalmente
respetados por parte de la Administración española en el caso de los
ciudadanos españoles y también de los ciudadanos extranjeros, por lo
menos en estos casos ponemos muy en duda, muy en duda, señor
compareciente, que se haya extendido como debiera la tutela del
Gobierno para asegurar que en el extranjero ya no serían conculcados
estos derechos humanos.
Las noticias sobre la forma y condiciones de recepción por parte del
Gobierno de la República Federal de Nigeria de sus nacionales
devueltos por España eran conocidas mientras se producían las
devoluciones. Por tanto no nos encontramos ante un hecho descubierto
posteriormente, ante el que el Gobierno puede alegar la ignorancia de
cualquier denuncia sobre las malas condiciones de los derechos
humanos en el punto de destino. Los medios de comunicación se
hicieron eco abundante, escandalizados de la situación; las
declaraciones de responsables políticos fueron abundantes y las notas
de alerta de las organizaciones humanitarias fueron continuas. Sin
embargo la política ha continuado siendo la misma. Nosotros no
podemos estar satisfechos de la actuación del Gobierno a este
respecto. Consideramos que los derechos humanos son el principio
esencial de actuación de cualquier Gobierno, desde luego su respeto,
como también es esencial la protección de cualquier persona que se
encuentre, por el motivo que sea, bajo la tutela de un Gobierno,
tanto mientras está en su territorio como evitando devolverlo a
territorios donde aquellos derechos sean conculcados.
No vamos a entrar en argumentaciones jurídicas sobre la aplicabilidad
o no del principio de no devolución que compete a los refugiados y
asilados para el caso de la inmigración económica -refugiados o asilados
económicos-, porque sencillamente nos basta con la alegación de
la no suscripción o no ratificación por parte de la República Federal
de Nigeria de un instrumento internacional tan universal como la
convención de Nueva York, que es el estándar mínimo de respeto de los
derechos humanos. Como he dicho al principio, la no ratificación de
esta convención, añadida a las noticias existentes respecto al trato
dado a los connacionales devueltos, debería haber provocado una
rectificación inmediata de la política por parte del Gobierno. Ello
no fue así, reitero que nos alegramos de que ahora se esté
rectificando -seguimos en la tradición que tenemos, ya denunciada en
más de una ocasión, de que, cuando ustedes rectifican, a veces
aciertan- y esperemos que realmente todas las condiciones que usted
ha anunciado que se incluyen en el convenio de devolución con la
República Federal de Nigeria no sólo existan en el papel, de lo que
desde luego no tengo duda, sino que ustedes sean absolutamente
cuidadosos con el control y exigencia de su cumplimiento antes de
proceder a otras devoluciones que pongan en peligro la integridad
física y los derechos humanos de los ciudadanos devueltos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El conjunto de los grupos de la Cámara
coincidimos con el señor Fernández-Miranda en la necesidad de que en
la política global del Gobierno en materia de inmigración se
incorporen de manera activa los convenios de readmisión de nacionales
de los correspondientes países como instrumento para intentar
efectivamente una mejor gestión de los flujos migratorios y para dar
respuesta a una situación realmente compleja como es la inmigración
irregular. La necesidad, al parecer del secretario de Estado, de
plantear un convenio de readmisión con Nigeria, viene justificado por
el volumen del flujo migratorio de carácter irregular proveniente de
este país del África negra. A mi grupo le gustaría conocer cuántos
expedientes de expulsión se han planteado desde el año 1996 respecto
a nacionales de Nigeria y cuántos de estos expedientes de expulsión
de nacionales de Nigeria se han ejecutado efectivamente. Por las
cifras que nos constan a nosotros, el volumen de ciudadanos de
Nigeria en estos supuestos no es de los más relevantes del conjunto
del Estado, pero tampoco tenemos información más precisa. Querríamos
saber el número de expedientes de expulsión abiertos a ciudadanos de
Nigeria y el número de estos expedientes que se han ejecutado
efectivamente.
Dicho esto y entendiendo, como le decía, la necesidad de la
existencia de ese convenio de readmisión, a nuestro grupo le
preocupan dos cuestiones que son las que han motivado esta petición
de comparecencia. Laprimera, y a la espera de que se termine todo el
procedimiento
de elaboración y firma del convenio general de readmisión y ante la
perspectiva de un convenio global con Nigeria por parte del Estado
español en esta materia -en este sentido, la intervención del señor
Pedret es compartida por mi grupo-, es evidente que España y el
conjunto de Estados de la Unión Europea, cuando abordan sus
relaciones con estos países africanos, en este caso con Nigeria, no
pueden olvidar esa necesidad de una visión mucho más amplia de la
relación con Nigeria. Nigeria, que hoy es un país importante en el
África negra, es un país en el que todas aquellas cuestiones
relacionadas con los derechos humanos y con la seguridad de las
personas están más que en duda. Hace escasos meses una delegación o
un grupo de trabajo de Médicos Sin Fronteras se desplazó a ese país y
elaboró un informe realmente espeluznante sobre esa situación de los
derechos humanos. Nosotros pensamos que si el Gobierno va hacia un
convenio de regulación de los flujos migratorios con Nigeria, no
olvide que también es necesidad de la política, no ya de la política
de inmigración de España sino de la política exterior de España,
incorporar las cláusulas democráticas a la relación con estos países.
Nuestra sensación es que nuestra política en esta materia de
inmigración no va suficientemente engarzada con el conjunto de la
política exterior del Gobierno y con la política de cooperación al
desarrollo del Gobierno. Señor Fernández- Miranda, he de recordarle,
por ejemplo, que en el plan de cooperación para el desarrollo para el
año 2002 no hay ninguna referencia a Nigeria. Ese esfuerzo de
coordinación que los grupos estamos demandando, por lo menos que mi
grupo demanda, va en esta línea. Debemos ser capaces de enlazar una
cosa u otra, porque si no continuarán planteándose supuestos que nos
van a provocar indignación desde la perspectiva de los derechos
humanos en las próximas expulsiones que este Gobierno deberá
ejecutar. Invito al secretario de Estado a que aborde esta cuestión
con el resto del Gobierno de una manera más global.
Segunda consideración. La propia normativa de extranjería española
establece, en los supuestos de expulsión y al margen o no de la
existencia de este convenio, que la resolución de expulsión deberá
ser notificada al interesado con indicación de los recursos que
contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazos para presentarlos. Al parecer en este supuesto
se produjo la efectiva expulsión de estas personas sin que se
hubiesen resuelto los recursos que sobre las mismas se habían
planteado. Por lo menos es lo que aparecía en los medios de
comunicación. Nuestro grupo va a insistir en que, en los supuestos de
no existencia de convenio de readmisión con los países
correspondientes o en los supuestos de países como Nigeria, donde la
vulneración de los derechos humanos es más que evidente, las
efectivas ejecuciones de las órdenes de expulsión se produzcan una
vez que se hayan agotado todas las vías que permitan
garantizar que no estamos ante un supuesto de un posible
peticionario de asilo, ante un supuesto de una posible vulneración de
los derechos humanos o ante una situación de carácter humanitario,
que puedan hacer reconsiderar aquella decisión. No estamos en contra
de la utilización de los convenios de readmisión; nos parece que es
un buen instrumento. Nuestro grupo está por la aplicación de la ley
en toda su dimensión y de manera estricta, pero también está a favor
de la aplicación de la ley en lo referente a las garantías procesales
de las personas sometidas a un proceso de expulsión. Nos gustaría que
este tema dejase de tener una presencia reiterada en los medios de
comunicación y que en todos los procedimientos se fuese lo más
escrupuloso posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Las preguntas que hoy son objeto de esta
comparecencia están relacionadas fundamentalmente con aspectos de la
inmigración ilegal y con el creciente aumento de la inmigración
ilegal subsahariana. Efectivamente, este es un problema que, como SS.
SS. saben, tiene especial trascendencia enCanarias. En la misma línea
argumental de la exposición del compareciente y de otros grupos,
nuestro grupo también entiende la importancia y la conveniencia de
seguir profundizando en los convenios de readmisión, porque se trata
de una de las herramientas más importantes entre los elementos que
nos ayudan a poder encauzar la regulación de los flujos migratorios.
Por otra parte, nos gustaría saber qué perspectivas se piensan
plasmar en ese convenio que va ser firmado próximamente por los
gobiernos de España y de Nigeria en relación con aspectos que tienen
que ver con la génesis de la propia inmigración de estos países, no
sólo de Nigeria, sino también de muchos otros. Quisiéramos saber qué
elementos de cooperación para el desarrollo está previsto plasmar en
dicho convenio, incluyendo dentro de ellos el respeto por los
derechos humanos, o qué elementos de nexo se tienen previstos dentro
de la necesaria coordinación de la política de extranjería e
inmigración con el programa de cooperación que existe en España.
También venimos reclamando la necesidad de unificar las políticas de
extranjería e inmigración con las de cooperación para el desarrollo.
Además, teniendo en cuenta que estos flujos migratorios que vienen
del África subsahariana, a la hora de cruzar el Atlántico, lo hacen
desde las costas que tenemos frente a Canarias, fundamentalmente
desde Marruecos, es importante continuar actuando contra las mafias
organizadas. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, señor
Piqué, se ha referido a la evidencia constatada de la existencia de
organizacionesque actúan con cierta impunidad desde Marruecos,
embarcando inmigrantes en las pateras o en los llamados barcos
nodriza, cuya existencia también es evidente. Con independencia de
continuar actuando en los convenios de cooperación ligados a la
readmisión, hay que poner un mayor énfasis en la vigilancia de
fronteras. En Canarias creemos que hay que poner más recursos.
Entendemos que el Gobierno está haciendo un esfuerzo, y también lo
está haciendo el propio Gobierno de Canarias -por ejemplo, el
Gobierno de Canarias ha dispuesto algunas lanchas para el control de
la Guardia Civil-, pero hay que poner un mayor énfasis en esos
recursos si queremos desarrollar realmente una actuación preventiva.
Desgraciadamente, es dantesco el espectáculo de las personas
fallecidas, ahogadas en las aguas, flotando en torno a la isla de
Lobos o frente a otras costas turísticas de Lanzarote y
Fuerteventura. Además, hay que tener en cuenta que los fallecimientos
conocidos son bastantes, pero los desconocidos serán muchos más. Es
necesario actuar de forma preventiva, no sólo en la vigilancia de las
pateras y de los cadáveres cuando llegan a las costas sino más
adelante, en las fronteras, lo que implica empezar a actuar en la
propia mediana, en la propia frontera marítima. En ese sentido,
quiero preguntarle qué es lo que se tiene previsto en Canarias en
relación con el SIVE, el sistema de vigilancia exterior, que es un
programa que se está desarrollando. Nos gustaría saber qué
perspectivas se tienen concretamente respecto a Canarias y qué
perspectivas se tienen respecto a otros países del África
subsahariana, que están generando migraciones, en relación con la
posibilidad de desarrollar convenios de repatriación, pero ligados a
cooperación al desarrollo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, quiero comenzar saludando la
presencia del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, indicando que su presencia hoy no es puramente casual,
sino que para nosotros tiene una significación política muy especial.
Este grupo parlamentario, participando sin lugar a dudas de la misma
sensibilidad de todos los grupos de la Cámara, quiso propiciar que en
el inicio de este nuevo curso político, la primera autoridad
compareciente del Ministerio del Interior fuera precisamente el señor
delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, a fin de
poder contrastar con él algunos de los sucesos que se han producido
este verano y sobre todo para marcar ese tracto sucesivo en la
política de inmigración llevada a cabo por el Gobierno y en la
gestión política concreta del delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, que este grupo comparte y apoya
plenamente, y no por meras razones de identidad en la militancia sino
por otras razones mucho más
de fondo, como algunas que apuntaré en el transcurso de esta
intervención.
La mejor fórmula de establecer la posición de este grupo en relación
con los asuntos que hemos visto en este primer punto del orden del
día es hacer la propia mención de los requerimientos de información.
En el primer punto se solicitaba la comparecencia del delegado para
explicar cómo se están llevando a cabo las repatriaciones de
ciudadanos subsaharianos a sus países de origen, cuando España no
tiene convenios de colaboración con esos países. La mejor síntesis de
lo que el delegado del Gobierno ha dicho es, por una parte, que esas
repatriaciones se están llevando a cabo conforme a la aplicación
estricta y cuidadosa de la legislación vigente y, por otra parte, que
ese marco vigente permite poder desarrollar todas las previsiones de
la ley, aun cuando no existan convenios de devolución específicos con
algunos países, lo cual no obsta para que a su vez la Secretaría de
Estado para la Extranjería y la Inmigración esté impulsando, en una
política que nosotros compartimos plenamente, una serie de convenios
bilaterales en orden a reforzar precisamente las garantías de estos
procedimientos.
La segunda solicitud de información hacía referencia al contenido de
las negociaciones iniciadas durante estos últimos meses entre el
Gobierno español y la Embajada de Nigeria para regular mediante
convenio los flujos migratorios y tiene por tanto una relación
política e intelectual de fondo con lo que acabo de decir. La
legislación vigente es suficiente para poder llevar a cabo los
procesos de devolución de estas personas, con independencia de que
existan o no estos convenios. Sin embargo, el Gobierno, el Ministerio
del Interior y la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración han venido desarrollando una serie de trabajos
preparatorios para poder concluir un amplio paquete de convenios que
permitan reforzar de alguna forma esas ya importantes garantías que
siempre se aplican, establecidas en nuestra legislación vigente. La
mejor forma de dar cuerpo a esa información es, como ha señalado el
señor delegado del Gobierno, que existe ya un acuerdo firmado con la
República Federal de Nigeria; un acuerdo sustancialmente importante,
dado el flujo migratorio proveniente de este país.
Ha señalado algún grupo que existían dudas sobre si el Gobierno se ha
esmerado o no se ha esmerado en el caso que se citaba de ciudadanos
nigerianos por cuidar las garantías de su regreso al país de origen.
Incluso se ha dicho que se ponía en duda un poco ese celo in
vigilando del Gobierno español. Yo creo que la mejor fórmula es
recordar o informar a SS.SS. -desde luego este grupo parlamentario
quiere hacerlo- de algunos de los extremos literales del convenio
firmado con la República Federal de Nigeria y en donde cabe suponer
que el impulso intelectual para esa letra del convenio proviene, como
es natural, del Gobierno español. Así, por ejemplo, el artículo 20,
bajo el rótulo específico de
garantías de los derechos humanos, dice en su punto 1: Las partes
contratantes no recurrirán a la fuerza indebida, tortura ni tratos
crueles, inhumanos o degradantes en la aplicación del presente
acuerdo; y 2: Cada parte contratante se compromete a informar
inmediatamente a la embajada de la otra parte de la detención de un
nacional de ese país por una infracción de las normas y/o reglamentos
sobre inmigración, no someter a la persona detenida a fuerza
indebida, tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes,
permitir el acceso ilimitado de los funcionarios de la embajada de la
otra parte contratante para visitar a los nacionales de esa parte
contratante que se encuentren bajo su custodia y mantener con ellos
conversaciones privadas y, en larepatriación de inmigrantes ilegales,
permitir que el personal acreditado de las autoridades competentes
del Estado receptor tengan oportunidad suficiente de comprobar
y averiguar la identidad del inmigrante legal, y que se informe
debidamente al inmigrante ilegal antes de efectuar la repatriación.
También en ese texto, en el artículo 18, en cuanto a asistencia
técnica, se dice: El Gobierno del Reino de España se compromete,
dentro de los límites de sus posibilidades y recursos, a asistir al
Gobierno de la República Federal de Nigeria. Hace una serie de
referencias -quiero destacarlo porque me parece especialmente
interesante- a la organización de cursos de formación para personal
consular y de inmigración de ambas partes contratantes, a la
cooperación en materia de control de sida y de otras enfermedades de
transmisión sexual como parte del proceso de reinserción e
integración en la sociedad de personas interesadas, a la cooperación
para el desarrollo de capacidades para facilitar la reinserción de
las personas repatriadas a Nigeria, etcétera.
Señor presidente (y el tercer punto de la comparecencia objeto de
este primer punto del orden del día puede estar perfectamente ya
sustanciado en cuanto a la posición de este grupo en lo que acabo de
decir), la síntesis perfecta puede ser que efectivamente el Gobierno
está actuando, como no puede ser de otra forma, en estricto
cumplimiento de la legislación de extranjería y poniendo todo su celo
en acreditar que esas repatriaciones se hacen conforme no solamente a
los mecanismos de garantía establecidos en la ley, sino a esa
interpretación que se ha dicho por parte de algún grupo del artículo
10 de la Constitución. En segundo lugar, esa política de convenios
bilaterales tiene ya una referencia muy importante en el convenio con
la República Federal de Nigeria, con un especial acento, puesto por
parte del Gobierno español en lo que afecta a la redacción de ese
convenio, en lo que concierne a garantías de los derechos humanos y a
cooperación española para garantizar, dentro de las posibilidades de
nuestro Gobierno, todos los mecanismos de reinserción de esos
ciudadanos repatriados en su país de origen. Algunas cuestiones que
han podido aparecer durante este verano en los medios de comunicación
quizá respondan a
un no conocimiento exacto de la realidad de fondo sobre la que se
venía trabajando.
En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, señor
delegado del Gobierno, este grupo parlamentario respalda, como es
natural, las acciones que a propósito de estos requerimientos de
información se han llevado a cabo por parte de la Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): En primer lugar, contestando al señor
Pedret, le agradezco como siempre sus intervenciones, que están
cargadas de estilo parlamentario y de intención política, como es
lógico. Me alegra también que en algún momento de su intervención no
haya puesto en cuestión, yo creo que no podía ser de otra forma, la
realidad de las exclusiones, de las devoluciones de las personas que
se encuentren irregularmente en España. Como sabe el señor Pedret,
viene siendo una forma de actuación común a los países de la Unión
Europea y el diseño de ese espacio común que estamos buscando es uno
de los puntos más positivos, también en otros muchos, en donde vamos
avanzando. En este momento, muchas personas que quieren venir a
trabajar a España, también la sociedad española, empiezan a tener
claro que el esfuerzo legislativo y el esfuerzo de posicionamiento
político en ese afán de contribuir al espacio común europeo es que no
se puede entrar, no se puede residir, no se puede trabajar
irregularmente, ilegalmente en España, que estamos abriendo una serie
de puertas precisamente para potenciar los movimientos migratorios
laborales hacia España fundamentalmente porque nos son necesarios,
más allá de que puedan ser enriquecedores, más allá de que podamos
hacer demostraciones de solidaridad con terceros países, más allá de
otras cualidades que bienvenidas sean porque nuestro crecimiento
económico nos exige, si queremos seguir creciendo, poder llegar a
satisfacer puestos de trabajo que no son aceptados por los ciudadanos
españoles o de la Unión Europea.
Somos conscientes también -y es el enfoque que el Gobierno le ha dado
desde el arranque de esta legislatura, desde la redacción del
programa Greco, desde la intención con la que se modifica la Ley de
extranjería, desde el desarrollo del reglamento- de que el concepto
de ilegalidad o de irregularidad es sinónimo de víctima de tráfico de
seres humanos y de víctima de explotación laboral, con mayor o menor
crudeza, con mayor o menor dureza, pero es un binomio constante en el
cien por cien de las ocasiones y de que por lo tanto no solamente hay
que utilizar las sanciones administrativas como consecuencia de
infracciones administrativas, no solamente las devoluciones, las
exclusiones o
los rechazos en frontera, pero sí como un elemento disuasor, más allá
de los elementos de represión que formalmente se emplean contra los
traficantes y contra los explotadores, que aquí los tenemos, y los
tenemos como vergüenza propia. Debemos actuar y la nueva Ley de
extranjería nos lo permite.
La preocupación que S.S. demuestra por cómo son las condiciones en
las cuales son recibidas las personas extranjeras que son devueltas a
sus países de origen es una preocupación compartida por el Gobierno
en el mismo grado de intensidad en el que S.S. lo ha expresado. Somos
especialmente cuidadosos, en ocasiones más allá de no ejecutar las
órdenes de expulsión ya dictadas, no solamente por razones
humanitarias, como sucede en algunos países subsaharianos y
asiáticos, donde los conflictos bélicos civiles hacen absolutamente
indeseable la posibilidad de repatriación de estas personas, sino que
también, ante la no certeza absoluta del respeto de los derechos
humanos en algunos países, no procedemos a las expulsiones. Su
señoría me habla de que existen numerosos informes, de que existen
distintas fuentes, de que hay una especie de clamor generalizado. Yo
personalmente conozco, porque me lo hicieron llegar, el informe
emitido por Médicos sin Fronteras; no conozco más informes en este
momento donde vengan formalmente, y que conste que puede ser
desconocimiento propio, y con ello ni quito ni añado nada al informe
-con que sea uno es suficiente para ser cuidadoso-. En ese informe se
marcan como objetivo, en una visita hecha a Lagos entre el 9 y el 16
de julio del año 2001, la localización de una persona que identifica
con unas siglas, como es lógico, LO, para que otorgue poderes ante la
embajada de España en Lagos a favor de los abogados de Médicos sin
Fronteras.
El segundo objetivo es obtener información sobre la situación
sociosanitaria en Nigeria. En tercer lugar, obtener información sobre
las denuncias recibidas en cuanto a la detención y a la vuelta a su
país de ciudadanos nigerianos expulsados por España. En este informe
que arranca con un resumen de la visita, se habla de un centro de
detención llamado Alagbone Close. Es un centro que el informe
califica como peculiar y que el simple hecho de mencionar su nombre
produce terror a la población local. Afirma, a continuación, que no
se le considera exactamente una prisión, sino que sería más apropiado
hablar de centros de detenidos en el sentido de espacios físicos
donde realizar interrogatorios. Fuentes de información procedentes
del Comité Internacional de la Cruz Roja que desarrollan su trabajo
en prisiones de Nigeria explicaron que habitualmente se traslada este
centro para su interrogatorio al detenido relacionado con delitos
financieros, narcotráfico y delitos relativos al comercio sexual.
Dice también que -no voy a leerles el informe entero porque lo
considero ocioso y porque lo tendrán SS.SS.- el tiempo de estancia es
entre dos y siete días y que los inmigrantes son encerrados por haber
salido ilegalmente del país al haber «perdido» -lo entrecomilla, no
sé por qué- sus pasaportes una vez fuera de Nigeria. Más adelante, es
uno de los reproches que también S.S. planteaba, se refiere al pago
de fuertes multas -no sé si es la misma documentación que usted
tiene- como condición para su puesta en libertad. Es un informe que
nos indujo en su momento, primero, a la cautela con respecto a si en
Nigeria se respetaban los derechos humanos con las personas
detenidas, lo cual nos llevó a ponernos en contacto cuando estábamos,
además, negociando en aquellos momentos específicamente el acuerdo de
repatriación de personas en situación irregular en España, a recabar
información específica tanto de las autoridades nigerianas como de la
Embajada nigeriana en España y nos afirmaron que reunía las
condiciones de centro de interrogatorio y de detención, pero no como
lo calificó el señor Campuzano -es un adjetivo y cada cual los maneja
como prefiere- de un informe espeluznante. Yo lo calificaría de un
informe lo suficientemente preocupante, como para insistir en las
exigencias que hemos marcado y llevamos negociando desde hace muchos
meses, conscientes de las garantías que debemos conseguir para las
personas que son devueltas a su país, como lo hemos hecho con otros
países quizá con situaciones no tan complicadas o que no inducen al
grado de dudas que en ocasiones pueden inducir otros países.
Es un país que está en la última línea en la Organización
Transparencia Internacional, presentada el 26 de junio de 2001 por la
Fundación de Ortega y Gasset, que lo sitúa como el segundo país más
corrupto de la tierra. Indiscutiblemente es un país con el que por su
importancia y sus posibilidades de futuro debemos entrar en una
colaboración que sirva a la vez para que ellos entren en el respeto a
los principios de convivencia y a los derechos humanos con los que
estamos trabajando en este momento. No entiendo, quizá no lo comparto
y quizá no sea bueno, que mezclemos como ha hecho el señor Pedret,
conceptos que deberíamos mantener separados muy nítidamente porque
son conceptos que suponen distintas peticiones, distintas necesidades
de las personas que se ven obligadas a emigrar desde sus países.
No podemos hablar de refugiados y de asilados económicos porque el
concepto de refugiado y de asilado perfectamente definido por la
Convención de Ginebra no es lo mismo que ser emigrante económico, es
decir, no es lo mismo ser víctima de persecución personal por razones
de religión, creencias, género. No es lo mismo ser víctima como
grupos especialmente vulnerables de guerras civiles o de guerras
entre países que constituirían los refugiados, que simplemente estar
intentando buscar oportunidades de futuro para uno mismo o para su
familia. Debemos preservar el concepto de refugiado y de asilado
político por la importancia que tiene para todos nosotros, para todos
los que somos sociedades
de referencia en cuanto a luchadores por la libertad o a víctimas de
conflictos civiles, y diferenciado del de los inmigrantes laborales,
de la inmigración laboral, que vienen inevitablemente a todas las
sociedades que somos capaces de ofrecer puestos de trabajo para estas
personas, que es lo único que nos piden -si nos pidiesen otras cosas
serían asilados o refugiados-. Tenemos una capacidad de acogida que
viene limitada por la realidad de nuestro mercado laboral, así como
no debemos marcar límites a nuestra capacidad de asilo o de refugio
en donde las razones de justicia, las razones de protección, las
razones humanitarias deben primar. Es un debate, como SS.SS. saben,
importante el que se tiene en este momento en el seno de la Unión
Europea en donde se está intentando redefinir para alcanzar una mayor
exactitud el concepto de refugiado, en donde se está hablando de los
fondos que han de nutrir, desde el punto de vista de la Unión y desde
cada uno de los Estados miembros, la existencia a los refugiados, en
donde no se quiere privar a los refugiados de la capacidad de elegir
aquel país en el cual va a ser protegido, porque buscarán mayor
similitud cultural, de idioma, de costumbres, en definitiva, de
confianza. Debemos distinguirlo netamente, por el bien de todos, del
concepto de inmigración laboral. Entiendo que cuando dice refugiados
y asilados económicos habla de personas que están buscando su futuro,
personas que probablemente están en una situación económica
lamentable e inasumible desde cualquier nivel de conciencia social
básico, pero no confundamos unos conceptos con otros porque, al
final, perjudicaríamos a ambos grupos de forma especial. Concluía
diciendo el señor Pedret, que rectificamos -no sé a qué se refiere- y
avanzamos. Me parece perfecto, rectificando o no, lo que estamos
haciendo es avanzar notablemente dotándonos de una serie de
instrumento de los que no disponíamos al arranque de esta
legislatura. Entre ellos están los convenios y específicamente este
convenio con Nigeria -insisto en que podremos firmar allí el mes que
viene- porque así empezamos relaciones que en este momento, por
ejemplo con Marruecos, están concretadas en convenios donde ya se
habla de regulación de flujos o convenios de mano de obra, sin perder
la otra posibilidad de readmisión.
En cuanto al señor Campuzano, me había solicitado, en primer lugar,
el número de expulsiones de ciudadanos nigerianos que se habían dado
desde el año 1996. En este año se dictaron 170 expulsiones a Nigeria
y se ejecutaron, 24; en 1997, 337 y se hicieron ciertas 14; en 1998,
317 y 34; en 1999, 439 y 100; en el año 2000, 275 y no fue posible
ejecutar ninguna y en el año 2000 hasta julio han sido 266 las
incoadas y 94 las ejecutadas. En general en el año 2001, en este
primer semestre, prácticamente vamos a duplicar a final de año el
número de personas o que han tenido que abandonar España o que no han
podido entrar porque no reunían las condiciones Schengen. Se han
expulsado hasta
ahora, redondeando cifras, 1.500 personas; se han devuelto en torno a
15.500 personas y se han rechazado en frontera en torno a 5.000 en
general, de todas las nacionalidades, como es lógico. Las cifras de
los nigerianos son las que les proporcionaba a sus señorías.
Nos pedía, se lo acepto y lo hacemos -es bueno que S.S. me lo
recuerde, no se nos va a olvidar pero es bueno que S.S. nos lo
recuerde continuamente- que exijamos a todos los países a los cuales
son devueltos sus ciudadanos por la infracción administrativa
correspondiente, como nos exigimos a nosotros mismos, el respeto, el
cumplimiento de los derechos humanos para todos ellos, sin excepción.
Se cumplen en España todos los requisitos que nos marca la ley,
todos, sin excepción y en todos los casos, señor Campuzano. No le
quepa la menor duda de que de forma especialmente exigente, con
vigilancia, como es lógico, del Poder Judicial, con vigilancia de la
fiscalía, con vigilancia, como no puede ser de otra forma, de las ONG
que colaboran y por voluntad expresa y explícita de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado se cumple con todos los requisitos
legales. En ningún caso, hasta donde yo en este momento conozco y
humanamente es posible, se deja de atender ni una sola solicitud de
refugio o de asilo, independientemente de la forma de llegada de las
personas a nuestro país; en ningún caso. Igual ocurre en el resto de
los países de la Unión Europea, donde las solicitudes manifiestamente
infundadas son la inmensa mayoría de las solicitudes de asilo y de
refugio. Estamos haciendo y vamos a seguir haciendo el esfuerzo
económico que esto supone en los países de destino; digamos que es
preocupación habitual entre los ministros de Interior no solamente
dentro de la Unión sino de Canadá, Estados Unidos, Australia, por
tanto los países democráticos y libres, que nos gastamos muchísimo
más dinero, nos gastamos muchísimos más fondos públicos en el soporte
administrativo que necesitamos para saber a ciencia cierta que las
personas que nos solicitan asilo y refugio son merecedoras según la
Convención de Ginebra que lo que después nos gastamos en asilar o
refugiar a estas personas, lo cual es un auténtico disparate, porque
tenemos de nuevo una serie de recursos limitados, por mucho que
queramos dedicarlos con generosidad, que siempre sería preferible
utilizar en la protección activa de estas personas hasta su plena
integración en el tiempo que vayan a estar conviviendo con nosotros
que en el soporte administrativo que nos obliga a echar para atrás a
personas que con la excusa del refugio o del asilo simplemente
quieren venir a trabajar a nuestro país. De ahí la importancia que
antes le expresaba al señor Pedret en nuestro nivel de exigencia en
cuanto a distinguir netamente asilo, refugio e inmigración laboral.
Sí nos esforzamos en coordinar, en engarzar, como decía S.S., en este
caso concreto, los movimientos migratorios y el concepto de
codesarrollo; este concepto, así como el compromiso de codesarrollo
fue una de
las conclusiones de la Cumbre de Tampere, como S.S. sabe;
independientemente de que sea de las más espectaculares para ser más
difundidas en los medios de comunicación, está claro que es uno de
los firmes compromisos que la Unión ha adquirido con los países
subdesarrollados o en vías de desarrollo. Además nosotros hemos hecho
especial hincapié en nuestros convenios de regulación de flujos ya
firmados, que son Ecuador, Colombia y Marruecos, en que en sí misma
la existencia de una política de ordenación de los flujos migratorios
supone una contribución al codesarrollo de esos países y no solamente
por la transferencia de capital que se produce cuando están
trabajando aquí esas personas, sino que deberíamos ser capaces de
conseguir un valor añadido al hecho migratorio, al simple movimiento
físico de personas de un país a otros, de forma que con mayores
grados de cualificación o especialización adquiridos aquí,
probablemente en el ejercicio del trabajo, pudiesen volver en un
momento determinado a su país con mejor grado de cualificación
gracias a programas coincidentes entre ambos países que se estén
desarrollando en líneas productivas, económicas, de actividad
económica definitiva, que coincidiesen con los ámbitos en los cuales
han estado trabajando y desarrollando aquí su trabajo.
El señor Gil Lázaro, a quien agradezco inmensamente su intervención,
ha venido a recordarles que en el convenio con Nigeria hemos ido más
allá porque estamos esbozando los primeros pasos de colaboración con
este país. Obviamente hay programas específicos desde la AECI con
Ecuador, con Colombia y con Marruecos y programas específicamente
financiados desde la propia Unión Europea. Con Nigeria estamos dando
los primeros pasos en algo que sin duda alguna, dada su importancia,
su riqueza natural, su riqueza humana, su tamaño como Estado dentro
de Africa, nos llevará atener relaciones mucho más ricas que las que
mantenemos en este momento con este país. El señor Gil Lázaro,
insisto, en su intervención, que vuelvo a agradecerle, lo ha
expresado con absoluta claridad.
En cuanto a la señora Julios, ha comenzado por una de las
preocupaciones que también compartimos todos. Su señoría afirma el
creciente aumento de la inmigración subsahariana hacia Canarias y
entiendo que hacia la Península, hacia el resto de España. No podemos
hablar de un creciente aumento de la inmigración subsahariana, me
parece que se sigue manteniendo lo que el año pasado suponía una
proporción quizá aproximada -espero no errar mucho, considérelo como
tal- al 70-30 en cuanto a las personas, un 70 por ciento de origen
fundamentalmente marroquí y un 30 por ciento de personas
subsaharianas; incluso a lo mejor la proporción es mayor a favor de
las personas marroquíes, pero están llegando, obviamente, en mayor
número de lo que llegaron en el año 2000. Afortunadamente no se ha
pasado de 3.500 a 15.000, que fue el paso de 1999 a 2000, como todas
SS.SS. saben, sino que de momento
hemos pasado de un total en el mes de septiembre de aproximadamente
unas 13.500 personas a 15.000 en este año. Concretamente en el mes de
septiembre del año 2000 llegaron 1.331 personas y en septiembre de
este año han llegado 1.706 personas, con algunas llegadas muy
importantes como las acaecidas el día 13 de septiembre con 290
personas; el día 14 con 247; el día 16 con 40; el día 17 con 42, y el
día 23 con 49; sin embargo, no ha llegado ninguna embarcación los
días 19, 26, 28, 29 y 30. Sabe S.S. de sobra que habitualmente por
razones climatológicas, quizá en este momento por razones añadidas,
estos últimos días no ha llegado ninguna, aunque al final todavía
tenemos mayor número de llegadas en el mes de septiembre. Pensamos
que a lo largo de este mes el Gobierno marroquí ha comenzado con
actuaciones y actitudes distintas, que hacen que conozcamos con mayor
facilidad que antes lo que sucede. Empiezan a aparecer en los medios
de comunicación marroquíes imágenes de la realidad de la inmigración
irregular, del drama de la muerte en el Estrecho, donde
lamentablemente todos nos tememos que son muchos más los
desaparecidos que los cadáveres que encontramos, y esto puede estar
contribuyendo a que efectivamente haya un menor número de personas
que lleguen en situación de clandestinidad e irregularidad. Esa es,
no le quepa la menor duda, nuestra esperanza y nuestro empeño. El
ministro, señor Piqué, ha comunicado que, a finales del mes de
diciembre, tendrá lugar la reunión de alto nivel entre ambos
gobiernos.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego que vaya concluyendo,
si puede ser.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Concluyo inmediatamente, señor
presidente, y discúlpeme.
En ella, entre otras cosas, podremos, si así lo considera oportuno el
presidente del Gobierno en el momento de confeccionar el orden del
día de esa reunión de alto nivel, incluso llegar a constituir el
grupo mixto de trabajo que nos ha de llevar a crear los grupos de
selección y de contratación, para hacer realidad el convenio de mano
de obra y de regulación de flujos que firmamos en el mes de junio.
Estamos trabajando con otros países subsaharianos, y yo, de momento,
si me lo permite, no le voy a anticipar con cuáles, porque son
relaciones muy muy de inicio, en donde pretendemos llegar a dar pasos
como los que dimos con Nigeria, como los que en su día dimos con
Marruecos, como los que estamos dando con países iberoamericanos y
avanzando en esta línea. También estamos poniendo énfasis en la
vigilancia de las fronteras. Tenemos constancia de pateras, pero no
tenemos constancia en los últimos tiempos, yo diría, de los barcos
nodriza. En Canarias, concretamente, tenemos
constancia de la existencia de embarcaciones, por regla general
neumáticas, que vienen con suficiente combustible como para ir y
volver. Un barco nodriza manejado por unos especialistas tendría la
cantidad justa para recorrer los últimos kilómetros hasta aguas
jurisdiccionales españolas, no más allá, y por tanto, no llevarían
los depósitos llenos. Este énfasis en la vigilancia de fronteras nos
permite el planteamiento humanitario de la vigilancia de fronteras.
La Guardia Civil del Mar está salvando muchas vidas desde hace muchos
años, tanto en el Estrecho como en el mar que separa el continente de
las islas Canarias. La vigilancia de las fronteras es una vigilancia
de identificación de personas que, en muchos casos, ha evitado o está
evitando que naufraguen las embarcaciones en las que llegan y que
anticipan, sacándolas de esas embarcaciones en condiciones
deplorables, a las patrulleras de la Guardia Civil, la llegada para
su identificación y su posterior repatriación a España. Por
consiguiente, hacemos énfasis en la vigilancia de fronteras, pero
énfasis en el rescate humanitario de personas que están infringiendo
nuestras normas y que, sin embargo, han de ser devueltas después de
ser acogidas humanitariamente.
Quería decir que estamos haciendo especial hincapié, precisamente, y
además en Canarias, en la acogida humanitaria de estas personas; en
la acogida humanitaria, en la identificación, en la documentación y,
después, en la expulsión o devolución de las mismas. Para ello, en la
última reunión de la subcomisión de cooperación Estado/Canarias,
constituida y reunida hace pocas semanas, igual que en Cataluña con
el Gobierno de la Generalitat, una de las conclusiones que se
alcanza, ratificando las que venían de antiguo, es que somos
conscientes de la importancia del frágil equilibrio insular. Debemos
ser conscientes de que los centros de acogida de inmigrantes deben
tener una presencia geográfica equilibrada, y vamos, en definitiva, a
reforzar el centro de acogida que hay en Las Palmas, conocido por
usted y que sabe que hay que mejorarlo; vamos a abrir un nuevo centro
en Tenerife, en donde se está avanzando mucho para poder hacerlo en
la ubicación adecuada, y vamos a sustituir el actual...
El señor PRESIDENTE: Señor delegado, le ruego termine.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Termino, señor presidente,
y discúlpeme. Es que esta información es la más importante para la
señora diputada, sin duda.
El centro cedido por AENA en este momento, que es pequeño, en
palabras que he reiterado, lo que es muy criticado por otros grupos y
que además AENA nos ha solicitado que lo abandonemos porque van a
ampliar el aeropuerto, va a ser sustituido probablemente por un
campamento desafectado de la Defensa, del que estamos
estudiando en este momento si reúne las condiciones adecuadas.
Por tanto, esos centros de acogida, como el complemento a la
vigilancia que hay que hacer, pero vigilancia orientada hacia la
acogida humanitaria de estas personas.
Termino reiterándole mi agradecimiento, señor Gil Lázaro, y con mis
disculpas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un breve segundo turno. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNET: Señor presidente, no sé si atreverme a
prometer la brevedad, porque acostumbra a ser cláusula contraria,
pero voy a prometerla.
En primer lugar, me va a perdonar el señor compareciente, pero voy a
agradecer, ante todo, a mi compañero de Comisión el señor Gil Lázaro
el esfuerzo de síntesis de la intervención del delegado, pero le
aseguro que la había entendido ya. Lo digo porque en el futuro puede
confiar en mi capacidad de entender directamente lo que dice el
compareciente. (La señora vicepresidenta, Del Campo Casasús, ocupa la
Presidencia.) También le agradezco la lectura del proyecto de
convenio, faltaría más.
Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, me
reprende usted habitualmente por la lectura de los periódicos, en un
par de ocasiones, al menos, en esta Comisión. Le diría que, en el
caso de los nigerianos, aparte del informe de Médicos sin Fronteras,
cuya lectura le agradezco, aunque lo tenía yo delante también y ha
sido más parcial que la que ha hecho el señor Gil Lázaro de
determinados artículos del proyecto de convenio, existían otras
informaciones facilitadas por periodistas, no contradichas en forma
alguna posteriormente, que creaban una preocupación -no sé si simple
preocupación o sensación espeluznante, como ha dicho el señor
Campuzano- pero preocupación por la situación de respeto a los
derechos humanos. En mi caso, y estoy convencido también de que en el
caso de S.S., cualquier preocupación respecto al respeto de los
derechos humanos es grave; no hay infracción leve a los derechos
humanos. Cuando estos no se respetan o puede existir el riesgo cierto
de que no se respeten, la situación es grave; aquí no hay pecados
veniales, cualquier infracción al estándar mínimo deque nos hemos
dotado la sociedad civilizada con respecto a los derechos humanos, es
grave. Por ello nuestra preocupación, por ello nuestra incitación al
celo absoluto del Gobierno en la protección de los derechos humanos
de cualquier persona que se encuentre bajo su tutela, que es lo que
he dicho antes.
Le agradezco, desde luego, toda la información complementaria de su
segunda intervención, extensa pero llena de información. No quisiera
acabar sin decir queno todo aquello que no digo supone que esté de
acuerdo
con lo que hace el Gobierno, no. En cada comparecencia, hablamos de
un tema. Es imposible, al menos por parte de los diputados que
estamos en la sala y que estamos sometidos a un tiempo de
intervención referirnos a todo. Tampoco voy a hacer la cláusula de
estilo de dé usted por supuesto que estoy en desacuerdo en todo lo
que no digo; no es eso, pero no digamos que en aquellas cosas que no
digo estoy ante una ferviente adhesión a la política gubernamental,
porque no nos lo creemos nadie de los que estamos en la sala.
Para acabar, voy a estar de acuerdo con usted, desde el punto de
vista estrictamente jurídico, en la calificación de refugiados y
asilados, pero no puede S.S. ignorar la existencia de un debate
social, que se va a reflejar en debate jurídico, sobre la condición
de aquellas personas que no migran para mejorar sus condiciones de
vida o sus posibilidades laborales, sino que huyen del enorme
desastre en que hemos convertido todos nosotros buenas partes del
planeta en las que existe la imposibilidad práctica de la vida, y
este es el caso de buena parte del África subsahariana y la no
subsahariana. Es un debate que no tenemos tiempo de desarrollar aquí,
debate que a mí me interesa mucho y que interesa mucho a todos los
que estamos preocupados por estos problemas, pero desde luego desde
el punto de vista jurídico, en este momento de lege data, es así.
Espero, y también es importante, que de lege ferenda cambiemos
también este punto, para dar una concepción más amplia del estatuto
del refugiado y del asilado. Esto es lo que quería contestar a su
intervención.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): El señor Campuzano
tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, estoy seguro de que
el señor Fernández-Miranda, al que agradecemos su respuesta, no va a
tener un interés especial en convertirse en valedor de la política de
derechos humanos del Gobierno de Nigeria. Creo que ahí la petición
que hoy le plantean los grupos parlamentarios es una petición que
necesariamente el Gobierno debe de compartir. Nigeria no es un Estado
ejemplar desde esta perspectiva. No tan sólo podemos hacer referencia
al informe de Médicos sin Fronteras, sino simplemente la lectura de
los informes anuales de Amnistía Internacional que nos permiten
considerar cuál es la situación de esa cuestión en ese país. La
diligencia del Gobierno en esta materia va a ser fundamental y la
obligación de los grupos es exigirle estos planteamientos. Me
reafirmo en el concepto de que la situación de derechos humanos en la
República Federal de Nigeria es espeluznante y, por consiguiente,
pido al Gobierno que en los procesos de expulsión tengan en cuenta
esta cuestión. Segunda consideración, y basándome en las cifras del
año 1999 que el secretario de Estado nos ha manifestado y que le
agradezco: los 275 expedientes de expulsión en 1999 representan
alrededor
del 2 por ciento del conjunto de expedientes incoados en España.
En ese año, según nuestras informaciones, fueron incoados 4.600
expedientes a ciudadanos de Marruecos, cerca de 2.000 expedientes a
ciudadanos de Colombia, cerca de 3.400 expedientes a ciudadanos de
Argelia, cerca de 1.000 expedientes a ciudadanos de Rumania, 700
expedientes a ciudadanos de Brasil, cerca de 700 expedientes a
ciudadanos de Ecuador, más de 600 expedientes a ciudadanos de
Ucrania, más de 400 expedientes a ciudadanos de la República Popular
de China y más de 500 expedientes a ciudadanos del grupo de estados
de la CEI -Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán,
Moldavia, Turkmenistán y Uzbeskistán-. La única duda que se me
plantea es por qué el Gobierno ha priorizado este convenio con la
República Federal de Nigeria y no se ha abierto esta misma actuación
respecto a Argelia -3.317 expedientes- y quizá me parecería una
valoración oportuna de derechos humanos, o de la República Popular de
China. Hoy, por las cifras que me cita el propio Gobierno, Nigeria no
es uno de los principales Estados de donde provenga el flujo
migratorio de carácter irregular, al menos si hemos de hacer caso a
los expedientes de expulsión abiertos. Quizá las cifras de devolución
en frontera o de rechazo nos indicarían otra dimensión. Me gustaría
conocer un poco por qué hemos optado por Nigeria cuando representa
alrededor del 2 por ciento de los expedientes de expulsión incoados.
Otra cuestión que yo no entiendo: en el año 1999 sobre ese conjunto
de Estados que le he citado -Marruecos, Colombia, Argelia, Rumania,
Brasil, Ecuador, Ucrania, China, países de la CEI- sí que se ha
producido ejecución de expulsiones. ¿Por qué en el caso de Nigeria no
se produjo -por lo que veo- en el año 1999 ninguna ejecución del
expediente abierto?
Una última idea. Todos coincidimos en la filosofía de fondo sobre el
concepto de coodesarrollo, pero les reitero, léanse el Plan Anual de
Cooperación para el año 2002, y en la política de cooperación al
desarrollo del Gobierno no hay ninguna medida, ninguna iniciativa
presupuestaria. Yo le invito a su colega, al señor Cortés, a que esa
filosofía, esos principios que usted mantiene y que yo creo que el
conjunto de los grupos de las Cámaras compartimos se concrete en
incorporación efectiva a los convenios bilaterales con los países, a
los planes de cooperación al desarrollo. Ahí tenemos una necesidad
imperiosa de empezar a pasar del discurso a la política de los
hechos.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Señora Julios, por
Coalición Canaria.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor delegado, por las
explicaciones que ha dado a algunas de las preguntas que por mi parte
hice. No es mi intenciónentrar, ni mucho menos, en guerra de cifras
porque
no tendría sentido, pero sí me gustaría comentarle que de los últimos
años para acá, y en lo que se refiere a la inmigración irregular en
Canarias, nosotros hemos observado -y las fuentes de información son
las mismas- que el porcentaje de los que llegaban en pateras -antes
era fundamentalmente marroquí- se está invirtiendo de forma que en
las últimas cifras que yo conocía adquiría mayor importancia la
inmigración irregular en pateras procedente de la zona subsahariana.
Entendemos que el impacto que tiene esto para Canarias, con
independencia de que las cifras puedan estar más o menos por encima
en pequeñas cantidades, es debido a que, como usted mismo exponía y
también en información que hemos solicitado al Gobierno, el
porcentaje que había hasta ahora en cuanto a las posibilidades de
repatriación de este tipo de inmigración era prácticamente nulo, que
es lo que en alguna que otra comparecencia hemos venido repitiendo,
pero hay que afrontar la realidad tal como es. Tenemos personas con
nombres, con apellidos, con caras que son irregulares, que son
ilegales y no podemos buscar una salida dentro del contexto de la
legalidad ni, por supuesto, en el contexto de la repatriación ni en
el contexto de lo que entendiéramos son las posibilidades de una
integración social en condiciones, siendo por lo tanto carne de cañón
para la exclusión social. Es una batalla que llevamos planteando en
esta Cámara desde hace tiempo, es decir, son irregulares conocidos,
con caras y con nombres y hasta tanto no se pueda buscar una
solución, es responsabilidad de todos buscar por lo menos que estas
personas que hoy se encuentran en las calles no estén en esas
condiciones de exclusión social.
Nos parece oportuna la aclaración que ha hecho sobre los centros de
acogida porque, efectivamente, como usted exponía, tras la última
visita realizada en el seno de la Comisión Mixta que usted mencionó y
las noticias aparecidas en prensa, nos quedaban dudas con respecto a
los centros que se iban a rehabilitar o a los centros que se iban a
hacer nuevos. Nosotros entendemos, y corríjame si me equivoco, que de
sus palabras se desprende que efectivamente no pretendemos llenar las
islas de centros de acogida y, como quien dice, convertirnos en siete
san quintines a la deriva del Atlántico. En absoluto, creo que esa
sea una forma de resolver el problema, pero mínimamente debe haber
una respuesta para dar solución a la inmigración que hoy nos está
llegando en el contexto -así lo interpreto yo de lo que usted ha
expuesto- de un reequilibrio territorial. Entendemos que en las
islas, ya no sólo por razones geográficas, sino en razón de que el
desarrollo de los sectores económicos que tenemos allí es limitado,
por lo que es el índice de paro, y porque existen ya de por sí peores
condiciones que en el resto del Estado, las posibilidades de acogida
son bastante limitadas. En ese sentido, es necesario el reequilibrio
y la solidaridad con el resto del territorio ante este problema y no
sólo hablando del territorio español ya que entiendo que es
un problema en el que hay que hacer énfasis en la próxima presidencia
europea española puesto que atañe a todos por igual -debe afrontarse
de una forma homogénea en todo el territorio europeo- y, por
supuesto, hacer énfasis en la necesidad de los recursos en frontera.
Estamos de acuerdo en lo que usted ha expuesto en cuanto a la labor
humanitaria que está haciendo en este caso por lo que se refiere a
los cuerpos de seguridad y a la Guardia Civil -yo lo expresaba como
labores preventivas de control de fronteras, llamémosles
humanitarias, en el fondo nos referíamos a lo mismo-, pero deberíamos
poner énfasis en que haya más recursos que permitan que de alguna
forma ese control de frontera esté situado más allá de lo que son las
costas, en lo que es nuestra frontera marítima, para evitar en lo
posible los desgraciados incidentes que se están produciendo con
cierta frecuencia en nuestras costas.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Tan solo dos cuestiones. La primera, pedir
disculpas al señor Pedret, pero esto de tener que compatibilizar la
portavocía de Interior con la coordinación del grupo produce efectos
indeseados, como no haber podido atender debidamente su siempre
interesante intervención. Ruego me disculpe.
Segunda cuestión. Todos los grupos hemos hecho referencia a un
concepto en el que todos, los grupos parlamentarios y el Gobierno,
estamos de acuerdo: la necesidad de ser extremadamente diligentes en
materia de respeto a los derechos humanos. Por eso precisamente, y en
relación con el asunto que nos ocupa, debe quedar clara la
importancia de esa cláusula introducida por el Gobierno español en el
convenio con la República Federal de Nigeria de garantía de los
derechos humanos. Me parece una evidente prueba de esa diligencia, de
ese celo con el que el Gobierno español viene planteando, plantea y
planteará su política global de inmigración.
Sin lugar a dudas, el convenio con Nigeria va a ser un instrumento
muy importante. El señor Campuzano, que sabe de esto mucho más que
yo, decía que Nigeria no representaba en estos momentos una de las
corrientes de inmigración ilegal más importantes de las que recibe
nuestro país. Estoy hablando de memoria, pero creo recordar que en
este momento aunque a fecha del año pasado había alrededor de 3.392
ciudadanos nigerianos en situación de residencia legal en España y
que la mayoría de las estadísticas apuntan precisamente a que Nigeria
es uno de los países africanos que aporta mayores contingentes de
intentos de entrada ilegal en nuestro país, de modo y manera que ese
convenio significa, por una parte, poner freno a la acción de mafias
ilegales en orden a la regularización de la entrada de
ciudadanos nigerianos ilegalmente en nuestro país. No cité en mi
primera intervención que en la cláusula 18 del convenio, entre las
medidas de cooperación que el Reino de España se propone llevar a
cabo con el Gobierno de la República Federal de Nigeria está
precisamente la de promocionar la presencia legal en España de
ciudadanos de Nigeria. Por otra parte, ese convenio va a ser muy
importante para lo que a todos nos ocupa y preocupa: acentuar esas
garantías, esa diligencia de la que se hablaba en la aplicación de
los derechos humanos y no, evidentemente, por parte del Gobierno
español, que los tiene plenamente garantizados, sino por la otra
parte contratante del convenio, y lo digo así para no utilizar
términos más contundentes. Probablemente, todos compartimos los
análisis que se han hecho por parte de los grupos parlamentarios en
relación con la situación interior de Nigeria.
La señora VICEPRESIDENTA (Del Campo Casasús): Para responder, tiene
la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señor Pedret, me da un disgusto
diciendo que no está de acuerdo con el Gobierno en las cosas en las
que se calla. Mi ingenuidad me llevaba a pensar que algún acuerdo
podíamos haber alcanzado. Después tendremos ocasión de comentarlo.
Hay otras personas en su partido que sí lo están. Ya llegaremos a
esto en su momento.
Con respecto a los derechos humanos, que es el tema que de verdad nos
preocupa, le diré que a estas alturas de la fiesta nadie pretende dar
lecciones a nadie. Yo comparto absolutamente su preocupación, que
hace que aumente mi propia preocupación y la preocupación del
Gobierno. Usted planteaba que se trata de estimular el celo del
Gobierno para vigilar esas actuaciones. Lo acepto y nos comprometemos
a seguir mejorando en este control, que, lamentablemente, en algunas
zonas del mundo siempre será poco. Planteado de forma distinta, pero
también abundando en ello, el señor Campuzano nos exigía mayor
diligencia. Estamos dispuestos a mejorar incluso nuestra propia
diligencia. Todo lo que hagamos en este ámbito, todo aquello que
ustedes nos exijan, bien venido sea. Esperamos estar a la altura de
las circunstancias.
Por último, respecto a su defensa, si no jurídica, quizá política del
concepto de refugiados, le diré que es un tema que me preocupa
tremendamente porque las consecuencias en relación con lo que ellos
nos piden y nosotros tenemos que darles son muy importantes. Creo que
a lo largo de mucho tiempo algunos importantes países centrales de la
Unión Europea no han sabido deslindar asilo y refugio de inmigración
laboral y probablemente en este momento están pagando las
consecuencias los inmigrantes laborales. Es muy duro,
pero aquellas personas que literalmente se mueren de hambre en sus
países, esos dramas que hoy día somos capaces de ver en los medios de
comunicación, niños muriéndose cogidos a sus madres, tan resecos
ambos como la tierra en la que se van a morir con certeza absoluta,
no son los que emigran, señor Pedret, no tienen capacidad ni para
emigrar, no nos llamemos a engaño. Con ellos tenemos la misma
obligación moral que con los que sí son capaces de emigrar, pero
mayor urgencia en ser capaces de responder a esas necesidades que
allí, en sus propios países, les están costando la vida. Pero no son
los que emigran; los que emigran, y está comprobado, suelen ser
personas con unos niveles de necesidades que en la Unión Europea
serían impensables en este momento, pero con esa capacidad de
hipotecarse para el resto de su vida o hipotecar a su familia, en un
porcentaje alto trabajando de mala manera en sus propios países,
obviamente sin ningún tipo de garantía ni de derechos, ni de
prestaciones sociales; en definitiva, sin futuro. Aquellos que son
capaces de asumir el reto personal, la aventura personal de ir
primero ellos y en cuanto pueden se traen a su familia haciasitios en
los que se pueden ganar la vida, es porque tienen algo, y ahí es
donde nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerles tantos puestos
de trabajo como tengamos; tantos puestos de trabajo como tengamos,
pero como los que tengamos, porque si no abrimos ese binomio que a mí
antes me preocupaba y que preocupa profundamente al Gobierno:
ilegalidad-explotación. Por tanto estando de acuerdo con S.S. en lo
relativo a los desastres por el hambre, tenemos la obligación moral
de ayudarlas de forma bien distinta, que es favoreciendo sus
movimientos migratorios.
Señor Campuzano, no pretendemos validar a nadie. Yo he aprendido hace
años que lo de poner la mano en el fuego es complicado, fíjese si
encima lo hacemos por un tercer país o Estado. Lo que sí planteamos
son exigencias a través de los convenios que queremos firmar con
ellos, en los que el principio de respeto a los derechos humanos, el
principio de exigencia de trato dentro de ese marco que nosotros
respetamos y por el que peleamos cotidianamente debe ser una
realidad. Todo lo que hagamos en ese sentido es poco. Lo hicimos con
Nigeria porque en ese momento -y son seis, quizá ocho, los meses que
llevamos negociando- fue el único país regionalmente receptivo para
ponernos a hablar del asunto que, al final, hemos conseguido
transformar en un convenio. Afortunadamente, en este momento ya hay
otros países receptivos a esa realidad y empezaremos a avanzar con
ellos probablemente en la misma línea que con Nigeria. Porque, por
ejemplo, con Argelia está firmado un convenio en 1992, y si no me
falla la memoria, precisamente para la readmisión de ciudadanos en
situación irregular, que está funcionando, digamos perezosamente a
efectos administrativos, pero que está funcionando e, insisto,
firmado en 1992.
A la señora Julios tengo que decirle que se mantiene la proporción,
que todavía no es superior el número de personas subsaharianas que
llegan que los de procedencia marroquí, ni mucho menos. Pensamos que
se mantiene esa proporción 70-30 que da lugar a una realidad cierta:
son personas que llegan en situación irregular y nuestra obligación
es darles acogida humanitaria, documentarlos y si están en situación
irregular devolverlos a sus países.
La asistencia social, usted lo sabe, señora Julios, es competencia de
los gobiernos de las comunidades autónomas, es algo sabido, no estoy
descubriendo nada nuevo. Es más, es competencia también de los
ayuntamientos, si no recuerdo mal, según la Ley de régimen local, con
poblaciones superiores a los 20.000 habitantes. En definitiva,
estamos ahí viendo cómo cada cual responde a sus propias competencias
desde un principio que el Gobierno ha enunciado sin fisura de duda
alguna en la relación entre la Administración local, la
Administración autonómica y la Administración nacional desde el
concepto de corresponsabilidad. Lo han afirmado los ministros en esta
Cámara, lo he afirmado yo reiteradamente, lo hemos afirmado en la
constitución del Consejo Superior de Política de Inmigración, pieza
clave de esa coordinación entre las administraciones; estamos
haciéndolo realidad con la creación de las subcomisiones bilaterales
Estado-comunidades autónomas con Canarias y con Cataluña hace
prácticamente una semana. En definitiva, estamos esforzándonos por
que el planteamiento sea solidario.
He de decirles que la primera decisión que yo tomo hace ya dieciocho
meses, cuando tomo posesión como delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, es trasladar a una serie de personas
que se encontraban en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas, a
otras comunidades autónomas. Cuando yo llegué había en aquel momento
400 personas durmiendo al raso en aquel Parque y hoy por las últimas
cifras de las que disponemos no llegan a 80, y además no son 80 de
aquellas 400, actuaciones que son similares -y después tendremos
ocasión de hablarlo- desde otras comunidades autónomas. Este verano
cuando se detiene a una serie de personas para su identificación en
Barcelona no se quedan solamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña
sino que son enviadas algunas, con autorización judicial, a otras
comunidades autónomas vecinas, como ahora veremos. Por tanto, ese
planteamiento de la corresponsabilidad y de la coordinación es algo
queestamos haciendo cierto afortunadamente. El Gobierno canario
expresó su coincidencia absoluta en la reunión de la última
subcomisión de coordinación, y no solamente en ella sino en una rueda
de prensa posterior, y es que desde la aprobación y aceptación de las
normas de funcionamiento de la subcomisión, pasando por el concepto
de acogida humanitaria de las personas que llegasen irregularmente,
también hubo un acuerdo muy importante, igual que con la Generalitat
de Catalunya,
que es que los gobiernos autonómicos tendrán, en un proceso ya
iniciado, una participación imprescindible para el Gobierno de la
Nación en la configuración del contingente de trabajadores
extranjeros no comunitarios para el año 2002. Para el día 27 de
noviembre, si no recuerdo mal, tengo ya convocado el Consejo Superior
de Política de Inmigración en donde serán informados todos los
Gobiernos autonómicos y los representantes de los Gobiernos
municipales para que el Gobierno lo pueda alcanzar.
Concluyo diciendo que nos estamos moviendo afortunadamente. Canarias
tiene, y es la última cifra que le doy, un número importante -dice S.
S. que limitado- para poder tener inmigración laboral. Como cualquier
otro territorio español, pero Canarias tiene una especial necesidad,
no en balde puedo decirle que en este momento tiene el 8,5 por ciento
de todos los residentes extranjeros que se encuentran en España. La
última cifra oficial, sin sumar de momento los procesos de
regularización, era de 77.594 personas residiendo legalmente en
España, de las cuales, contando con que estamos en primera generación
en toda España, prácticamente el 85 por ciento está con permiso de
trabajo también. La riqueza de la comunidad canaria supone necesidad
de contratación de mano de obra y, por tanto, de presencia destacada
de residentes extranjeros. (El señor vicepresidente, Souvirón García,
ocupa la presidencia.)
- LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN LOS HECHOS ACAECIDOS EL PASADO FIN DE
SEMANA EN UNA COMISARÍA DE MOTRIL (GRANADA), ASÍ COMO EL TRATO
RECIBIDO POR UN GRUPO DE INMIGRANTES CERCANO A LA CINCUENTENA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 212/000594.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a empezar con la
cuarta comparecencia, que es a iniciativa de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración, señor FernándezMiranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Contesto a la comparecencia que me
plantea el Grupo Federal de Izquierda Unida para explicar la
actuación del Gobierno en los hechos acaecidos a finales de julio de
2001 en una comisaría de Motril (Granada), así como sobre el trato
recibido por un grupo de inmigrantes.
Permítanme que brevísimamente vuelva a reiterarles un poco, por
situarnos en la realidad en la que estamos a lo largo de este año, lo
que ha sido la evolución del
número de personas que han ido llegando a través del Estrecho de
forma creciente: en el año 1997, y tampoco es ir demasiado atrás,
llegaron 775 personas a las costas del sur de la Península; en el año
1998 fueron 2.596; en el año 1999 fueron 2.694; en el año 2000
llegaron 12.785, y en el año 2001 han llegado ya, a fecha 31 de
agosto, 11.517 al sur de la Península, estamos hablando. ¿Por qué
hago este hincapié en que al sur de la Península? Porque es
efectivamente en donde se plantea el tema sobre el que S.S. quiere
información del Gobierno.
Estas cifras, sin duda, explican en buena medida los problemas que en
este momento en algunas zonas de España tenemos que ir afrontando.
Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son las
administraciones públicas, tanto la nacional, como la autonómica,
como la local, son las organizaciones no gubernamentales que
contribuyen afortunadamente con las autoridades, las que están
haciendo frente a un fenómeno creciente y en algunas zonas de España
a fenómenos que constituyen auténticas emergencias.
Los sucesos ocurridos en Motril en el pasado mes de julio podemos
calificarlos como tal. Está sucediendo algo también importante. A
medida que vamos teniendo cada día un control más eficaz de lo que es
específicamente la zona del Estrecho de Gibraltar, estamos viendo
cómo las embarcaciones, los traficantes de seres humanos están
ascendiendo en el arco mediterráneo hacia el norte para desembarcar a
estas personas en playas o poblaciones que hasta ahora no habían
utilizado en ningún caso. Eso es lo que ha sucedido en Motril, en
Granada. El día 27 de julio fue apresada en las costas de Granada, en
el municipio de Motril, una embarcación con 67 personas, todas ellas
de nacionalidad marroquí. Tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, como el ayuntamiento de la ciudad y las ONG que operan en
la zona se vieron saturadas en su capacidad de actuación. Quiero
decir conscientemente saturadas, ni desbordadas ni barridas ni ningún
otro calificativo parecido que pudiese aparecer. Saturadas quiere
decir que respondieron adecuadamente, no sin dificultades por el
número que suponía el de 67 para ese pueblo y para la dotación que
existía en ese momento.
Lamentablemente, también hay que manejar la coincidencia de que,
hasta el mes de junio, se utilizaban en ese pueblo unas dependencias
denominadas Jesús Abandonado en las que podían ser acogidas las
personas que llegasen en situación irregular desde otras zonas de
Andalucía y, justo para los meses de julio y agosto, tanto la ONG
propietaria de ese albergue, que se llama Asociación Virgen de la
Cabeza, como la Junta de Andalucía deciden, acertadísimamente,
entendámonos -es la constatación de un hecho y nada más-, que ese
local se va a dedicar en los meses de julio y agosto a la acogida de
niños bielorrusos que vienen a pasar las vacaciones de verano a
España en programas
conocidos por todos y tremendamente positivos. El hecho cierto es que
eso complicó aún más las posibilidades de detención y retención de
las personas hasta el momento de su identificación y de su posterior
devolución. Ante esa situación, la ausencia de esas instalaciones, se
decidió que 3 de las personas detenidas permaneciesen en las
dependencias de la Guardia Civil, 18 en la comisaría local de Motril
y 44 en las instalaciones del puerto de Motril. Los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, ayudados por voluntarios de Cruz Roja,
como se suele hacer por regla general además en todas las operaciones
de acogida humanitaria a lo largo y ancho de las costas peninsulares
e insulares -la participación, como S.S. sabe, de Cruz Roja es
fundamental y prácticamente insustituible en estas labores, más allá
de otras muchas que realiza-, cumplieron con una doble obligación: la
de atender las necesidades humanitarias de estas personas,
proporcionándoles ropa seca, alimento y bebida -la valoración que
hicieron de su estado de salud no recomendó la evacuación de ninguna
de ellas-, y también la necesidad de satisfacer las obligaciones de
custodia de los detenidos para hacer frente en aquel momento, con las
características de los centros en los que se ocupaban, para su
posterior identificación.
He de decirles que en este momento ya existe en la localidad de
Torrenueva, en el municipio de Motril, un centro que, construido en
cooperación con Cruz Roja, y regido por la misma, servirá en este
municipio, al que llegan excepcionalmente inmigrantes irregulares,
para hacer las funciones de acogida y de detención o retención que un
número mayor del habitual no permite ser acogido ni en las
dependencias de la Guardia Civil ni en la comisaría local de Motril.
En este momento, desde la subdelegación del Gobierno en Granada, se
ha comenzado una serie de gestiones y estudios para ver si puede ser
útil también la desafectación y utilización, bien por ONG o bien por
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en función de las
características de las instalaciones, de la antigua ayudantía de
Marina, con unas instalaciones militares desafectadas, para poder
hacer también funciones de acogida humanitaria.
En definitiva y reiterando la contestación que di anteriormente a la
señora Julios, estamos en el proceso de redimensionar efectivamente
los centros de inmigraciones, centros de acogida y centros de
internamiento, es decir, centros previos a la devolución o expulsión
de las personas que hayan entrado en situación irregular en el
territorio nacional. En este momento, como bien saben, existen los
CETI de Ceuta y de Melilla, los nuevos centros de inmigraciones que
nacen de la nueva ley y que se desarrollan en el reglamento, que
cumplirán unas funciones más amplias que las de los CETI, puesto que
el objetivo último de las personas en situación irregular será la
vuelta a sus países de origen. En Canarias existirán los centros de
Tenerife, Las Palmas y Fuerteventura; en Andalucía existirán centros
de inmigraciones
en Algeciras y en Tarifa, y se está estudiando que existirá un centro
en Madrid, probablemente en lo que fue el hospital penitenciario de
Carabanchel, que además se dotará de otras infraestructuras
policiales, y que es uno de los temas que se ha elegido de discusión,
conversación y trabajo para desarrollar en la subcomisión de
cooperación en inmigración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Eso es todo, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Ahora sí tiene la palabra
el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: La verdad es que me hubiese gustado haber
podido empezar, porque habría planteado al compareciente el fondo del
problema y a lo mejor no hubiese defraudado tanto su intervención
como lo ha hecho, pero el Reglamento es el Reglamento y el Gobierno
es el Gobierno, y por lo tanto la explicación ha sido como tiene que
ser.
Quisiera empezar diciendo que parece sorprendente que se hable de
situaciones de emergencia y de desbordamiento, porque a ustedes se
les veía muy convencidos en el año 1999 de que su Ley de Extranjería
iba a acabar con el efecto llamada y que, una vez aprobada dicha ley,
esto iba a ser paz y tranquilidad. La verdad es que los que no
estábamos ni estamos de acuerdo con aquella ley ya le dijimos en su
día que la ley podía servir para muchas cosas, pero no para frenar el
efecto llamada. Por lo tanto, si ahora a ustedes les sorprende, es
porque han hecho mal los deberes que tenían que haber hecho, porque,
repito, la avalancha no era producto del efecto llamada sino de una
realidad que ya se ha discutido en el punto anterior, que es la que
vive la casi totalidad del continente africano, por lo que el
tratamiento tiene que ser otro.
Le decía que me había defraudado su intervención, porque yo he creído
entender -y si no, me gustaría que me corrigiese- que las cifras de
esta avalancha o de la situación de emergencia pueden justificar un
trato inhumano. Yo creo que eso no es así de ninguna manera. Por
mucho que se desborde la situación, por mucho que las situaciones
sean de emergencia, no se puede justificar ningún trato inhumano ni
ninguna violación de los derechos humanos. Otra cosa que también le
he entendido y que quería que me aclarase es lo que ha dicho cuando
se ha referido a los voluntarios de Cruz Roja, que yo creo que ayudan
o colaboran con la policía en atender a las personas, pero no en su
custodia para su posterior identificación. No creo que sea ese el
trabajo que realizan los voluntarios de Cruz Roja ni de ninguna otra
ONG que pueda colaborar con el Gobierno en esta labor. Lo digo porque
ha quedado un tanto confuso y podría haber cierta conmoción.
Le decía que no se puede justificar ningún trato inhumano, y lo que
se produjo en Motril fue una situación que nosotros entendemos
contraria a los derechos
humanos. La verdad es que las declaraciones chocan con la realidad, y
como hay documentos gráficos y fotos que se han publicado en la
prensa, es evidente que la situación que se produjo no se puede
justificar de ninguna manera, por lo que a mí me hubiese gustado
haberle oído decir a usted que se ha abierto alguna investigación y
que se han determinado algunas responsabilidades. Ya estamos cansados
de que se intente anteponer el celo, la buena voluntad y el
humanitarismo de la Guardia Civil y de los funcionarios de la policía
en el trato con la inmigración frente a otras decisiones que
entendemos que son superiores a las del funcionario y el guardia
civil. Creemos que el humanitarismo del guardia civil de a pie no
tiene nada que ver con un reglamento y unas circunstancias que al
final sí son las que creemos que, en este caso al menos, han
provocado un trato que, repito, entendemos claramente injusto e
inhumano.
Si no, ¿cómo me puede definir que haya detenidos que duerman
esposados unos a otros? Repito, esto no recoge las condiciones
mínimas de trato a un ser humano. Anteriormente hablaba de terceros
países, ahora estamos hablando de nuestro país, donde ni siquiera a
los detenidos por algún delito se les trata de esta manera. Si no hay
condiciones para acogerlos no son culpables los que vienen. ¿También
les vamos a echar a ellos la culpa de que este país no se haya
preparado -y tiempo ha habido- para esta situación?
Nosotros creemos que, en primer lugar, hay que asumir
responsabilidades por lo que allí ocurrió y delimitar esas
responsabilidades; en segundo lugar, reconocer, como creo que usted
ha empezado a decir, que la Ley de extranjería puede servir para
muchas cosas (lo discutiremos en otro punto), pero no sirve para
frenar el efecto llamada y que por tanto hay que prepararse para esa
avalancha que no nos sorprende que provoque situaciones de
emergencia. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay que
cambiar la política del Gobierno. Estamos hablando de un caso
concreto pero hay que cambiar esa situación porque el inmigrante, en
primer lugar, es presa del hambre, de la miseria de sus lugares de
origen y posteriormente de las mafias, aunque peor es el que se queda
allí, como usted ha dicho, condenado a una vida miserable y a una
muerte más miserable, pero los que vienen tampoco lo hacen en aviones
particulares ni en primera clase. Los que vienen ya tienen demasiada
desgracia para que, encima, en este primer mundo de tantos adelantos,
ni siquiera tengamos un lugar de acogida digno y tengamos que
tenerlos esposados, durmiendo unos con otros.
Terminaré señalándole que denunciamos lo que ocurrió en Motril y que
sabemos distinguir la responsabilidad de los funcionarios de policía
de la responsabilidad de quienes dirigen la política de inmigración y
de quienes dirigen estas operaciones. Lo que sí le pedimos es que se
establezcan los mecanismos necesarios para que estos sucesos no se
vuelvan a repetir; mecanismos que
tienen que ser muchos; a usted le puede corresponder asumir que no
estamos ante un efecto llamada sino ante la consecuencia de una
situación mundial que, por desgracia, no tiene visos de acabar sino
de empeorar. Es muy difícil poner puertas al mar y por tanto las
soluciones deben ser otras.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Previamente quería agradecer al señor
delegado del Gobierno para la Extranjería su comparecencia en esta
comisión, así como efectuar una reflexión sobre el análisis que ha
hecho en su intervención anterior. Ha mostrado su preocupación por
los problemas que se estaban produciendo con la inmigración en
nuestro país, nos ha manifestado también la honda preocupación que
tiene el Gobierno por poder dar soluciones adecuadas en la aplicación
de la ley y, lógicamente, ha hablado de las responsabilidades que
corresponden al Gobierno para tratar de paliar todos estos problemas.
Yo quiero decirle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que
nos congratulamos de que efectivamente tengan ustedes esa
preocupación (nosotros también), pero no sólo con preocupación hemos
de combatir algunas situaciones que se están produciendo.
Tengo que hacerle una primera reflexión, y es que el señor
subdelegado del Gobierno en Granada no ha tenido una actuación
acertada en los asuntos de inmigración. No vaya a pensarse que la
situación que se produce el 30 de julio en la ciudad de Motril es una
situación aislada o esporádica porque no es así. Desde hacía más de
ocho meses, casi desde principios de año, veníamos advirtiendo al
subdelegado del Gobierno que, una vez que entrara en vigor la Ley de
Extranjería, el cumplimiento de la misma iba a traernos algún
quebradero de cabeza, especialmente en la provincia de Granada y
algún quebradero superior en Andalucía, como ya ha adelantado en su
reflexión. Sí quisiera aclararle algún punto que a mí me parece
confuso o que al menos no tiene demasiado claro el Gobierno, sobre la
situación y los acontecimientos que se produjeron los días 30 y 31 de
julio en la ciudad de Motril.
Señor Fernández-Miranda, en Motril existe una única comisaría, cuando
la ciudad de Motril es el eje económico, social y productivo de casi
toda la costa granadina, con una población estable de 50.000
habitantes y, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de
300.000 habitantes como consecuencia de la incorporación de todo el
turismo hacia la zona de la costa. He de anunciarle igualmente que es
la única comisaría que cubre 100 kilómetros de costa granadina, usted
lo sabe, y es una comisaría que tiene 92 puestos, tanto de oficiales,
de suboficiales como de policías, plantilla que, debo adelantarle, no
está cubierta en su
totalidad. Esta situación a la que estoy haciendo referencia se le
puso de manifiesto al subdelegado del Gobierno en sucesivas
entrevistas mantenidas con él para que comenzase a tomar medidas
antes de que el buen tiempo empezara a asomar y a provocar que
aparecieran más pateras en la costa granadina y por una segunda
cuestión que ya ha adelantado usted en su intervención anterior
cuando ha dicho que se está controlando más el Estrecho. Es cierto
que se está ejerciendo más control sobre el Estrecho y ello significa
que los inmigrantes que pretenden entrar en nuestro país busquen
otros cauces de la costa (quizá la nuestra, al ser un poco más
abrupta, cuando no hay oleaje hace que sea más fácil esconderse o
buscar algún recoveco en la roca), como ya se le puso de manifiesto
al subdelegado del Gobierno para que empezara a tomar medidas
efectivas. En primer lugar, que la plantilla se cubriera en su
totalidad aprovechando el plan de verano planificado que, según la
respuesta dada por el Gobierno a las preguntas de esta diputada,
haría que se uniesen a la plantilla 11 personas más en prácticas, lo
cual no ha sucedido, lo que hace que ya de antemano le adelante que
la situación de Motril viene siendo deficitaria desde hace mucho
tiempo. Usted también ha hecho esa misma reflexión cuando ha hablado
del número de inmigrantes que tiene la costa andaluza; nos ha dicho
que ha venido creciendo desde el año 1996 hasta el momento actual.
También le quisiera manifestar -esta es una cuestión que a nosotros
nos parece prioritaria- que, desde hace seis años, el Ayuntamiento de
Motril puso a disposición del Gobierno un terreno, lo suficientemente
espacioso como para construir una nueva comisaría, con unas
dependencias, como mínimo decentes, que pudieran dar cobertura a los
100 kilómetros de costa que dependen de esta única comisaría. El
Gobierno, hasta este momento, no ha emprendido ninguna actuación ni
ha incluido en sus presupuestos, a lo largo de estos ejercicios
presupuestarios, ni siquiera la posibilidad de construir esa
comisaría a la que le estoy haciendo referencia, con esas
dependencias que deberían de tener capacidad para poder cubrir las
demandas que en ese momento estaban teniendo lugar en la costa. No
quiero ni comentarle que, lógicamente, ahora hay una situación de
muchísima más demanda.
Por tanto, no nos puede decir ahora el subdelegado del Gobierno -como
nos dijo en aquella ocasión o nos ha dicho usted mismo esta mañana en
su comparecencia- que en la actualidad estamos en un proceso de
redimensionamiento. Hay que planificar con un poco de anticipación,
dicha anticipación viene demandada desde hace varios años, ya se ha
puesto en conocimiento del Gobierno que la comisaría de Motril no
está en condiciones ni presentable, pero no sólo para los inmigrantes
que podamos recibir en este punto de la costa, ni siquiera para los
propios ciudadanos de Motril; no tiene una plantilla suficiente ni
siquiera para cubrir la
seguridad de la ciudad de Motril, no quiero ni decirle desde la
entrada en vigor de la Ley de Extranjería, cuando estamos recibiendo
un flujo migratorio bastante fuerte, usted lo sabe y es consciente.
Las condiciones en las que se recibió a aquellos inmigrantes en
Motril el día 30 de julio fueron inhumanas y el trato que se les
dispensó fue vejatorio. Así de claro, de contundente y de duro,
porque esa situación no debe volver a producirse, no en la ciudad de
Motril, sino en ningún sitio del territorio español, ya que el
Gobierno tiene la absoluta responsabilidad de ser diligente para que
no se produzca, en ningún momento, este tipo de situaciones. Debo
adelantarle que las denuncias del SUP no surgieron el día 31 de
julio, sino que la situación ya había sido denunciada anteriormente
en varias ocasiones; ya se había denunciado lo que con anterioridad
le he comentado, que la plantilla ni siquiera cubría las necesidades
de la población de Motril, de esos 50.000 habitantes; que los
inmigrantes que se recibieron esa noche -usted no conoce donde está
la comisaría de Motril, pero yo sí- no sólo durmieron a la
intemperie, sino en una situación angustiosa, porque la Cruz Roja
sólo pudo dar colchones en los que podían estar hacinados hasta tres
inmigrantes, que, como no tenían suficientes números de la Policía
para vigilarlos, estuvieron durante toda la noche esposados -usted
conoce qué tipo de esposas tuvieron puestas, las que denominan de un
solo uso- hasta tres y cuatro inmigrantes juntos, de forma que acudir
por ejemplo al baño era prácticamente inviable o imposible. Por todo
ello, le vuelvo a hacer la reflexión que le hacía al principio de mi
intervención. Tenemos una honda preocupación por esas situaciones, no
pueden volver a producirse; no solamente tiene que haber preocupación
en el Gobierno, señor FernándezMiranda, tendría que haber
obligatoriamente una actuación en la previsión de que esas
situaciones iban a producirse, porque usted mismo ha dicho que
durante cinco años los datos venían siendo cada vez mayores, no me
puede contar que la previsión y la redimensión a la que ha hecho
referencia la tenemos que hacer en tres, en cuatro o en cinco meses,
desde que se aprobó la ley, esto tendríamos que haberlo previsto
antes.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Dicho con todos los respetos -y partiendo de la
consideración de que la expresión, aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid vale para todo, y naturalmente vale también para la
vida parlamentaria-, me da la sensación de que algún grupo
parlamentario ha planteado su intervención más que como un análisis
de la situación y de las necesidades de la comisaría de Motril
-análisis que es muy legítimo, pero que probablemente se tendría que
plantear al secretario de Estado de Seguridad-, como lo
que este grupo parlamentario intuye que hay de preocupación de fondo
en el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Entiende este grupo parlamentario que su
preocupación de fondo es por qué estas personas fueron instaladas en
dependencias policiales y no en otro tipo de dependencias. Además,
nos parece que el debate debe circunscribirse a eso si es la
verdadera intención de fondo del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y la del autor de la iniciativa. Desde luego no lo
podemos compartir y nos parece que debe ser singularmente injusto
calificar de inhumano y de trato vejatorio el que sufrieron estas
personas, porque estamos absolutamente convencidos de que tanto los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los
miembros de la administración local de Motril, como los miembros de
las organizaciones no gubernamentales que atendieron a estas
personas, todos ellos prestaron -como siempre ocurre, como es nota
permanente- su mejor esfuerzo para intentar que estas personas,
dentro de la dramática situación que estaban viviendo y dentro de las
dificultades materiales en las que estaban siendo alojadas,
estuvieran lo mejor posible. Además, cuando se hacen esas
manifestaciones, conviene tener en cuenta cómo fueron distribuidas
estas personas: 18 fueron a la comisaría local de Motril, 3 a
dependencias de la Guardia Civil y 44 a dependencias del puerto de
Motril. En todo caso, desde la posición de mi grupo parlamentario, lo
que importa destacar es lo siguiente: En primer lugar, que ante estas
situaciones que pudiéramos calificar de durísimas en el plano humano
y de emergencia humanitaria, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado -en el caso de Motril y en todos los casos en
que se viven este tipo de situaciones-, sociedad, instituciones,
tanto de ámbito estatal, autonómico como local, y voluntariado
social, es decir, todo el mundo se vuelca por poner su mejor esfuerzo
al servicio de esa dramática situación que están viviendo las
personas que pisan tierra después de haber cruzado ilegalmente el
Estrecho y de haber accedido a nuestro país de manera ilegal.
Por tanto, entendemos que los quebraderos de cabeza -por utilizar una
expresión literal que se ha utilizado esta mañana- no los produce la
ley ni la aplicación de la ley, sino que los puede producir el hecho
de que cada día intenten llegar más y más inmigrantes ilegales, en la
mayoría de los casos movidos por el negocio criminal de unas mafias,
que este Gobierno, esta sociedad y el conjunto de los grupos
parlamentarios estamos decididos a combatir. Probablemente una de las
lacras más vergonzantes del mundo occidental sea la del tráfico de
seres humanos. Nos parece que el debate se centra mucho más en lo que
ha sido la última frase del autor de la iniciativa, del portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, es decir, en que se
pongan los mecanismos para que situaciones como las de Motril no se
puedan repetir.
El señor delegado del Gobierno ha recordado que, en el caso de
Motril, además se produjeron unas circunstancias lamentables como
fueron no poder disponer de un determinado local que se venía
utilizando habitualmente, por la decisión de la propiedad, pero
también el señor delegado del Gobierno ha señalado -y conecto con el
requerimiento que hacía el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y que nosotros compartimos- los mecanismos
puestos para que situaciones como las de Motril no se puedan repetir,
los mecanismos puestos en el caso concreto de Motril con inversiones
y gestiones para disponer -como ya ha señalado- de un nuevo centro en
colaboración con la Cruz Roja y para poder disponer, en un futuro
inmediato, del uso de los locales de la antigua ayudantía de Marina,
como consecuencia de las gestiones que se están realizando con la
gerencia de infraestructuras de Defensa. Con independencia del caso
geográfico concreto de Motril, el señor delegado del Gobierno ha
hecho una mención de lo que viene siendo y va a seguir siendo la
política general de mecanismos puestos a disposición de la
Administración del Estado, precisamente para que estas situaciones
-como bien decía el señor portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida- no se puedan repetir. Tengo que recordar el acuerdo
del Consejo de Ministros, de 30 de marzo, aprobando el Plan Greco en
el que, entre otros extremos, se prevé la construcción de centros de
estancia temporal para inmigrantes en las comunidades autónomas en
las que se necesiten, destinados a albergar a extranjeros en los que
concurran circunstancias excepcionales de carácter humanitario, la
creación de plazas de acogida en colaboración con las organizaciones
no gubernamentales creando una red nacional de acogida, continuar el
proceso de adaptación de los centros de internamiento de extranjeros
a la normativa vigente, dotándoles de todos los medios y servicios
necesarios y un largo etcétera.
Por tanto, en este grupo parlamentario importa esencialmente
discernir si se están aplicando de manera diligente y suficiente los
medios para que situaciones como las de Motril no se vuelvan a
repetir, y nuestra respuesta tiene que ser necesariamente que sí. ¿Es
un sí desde la plena complacencia? No, es un sí desde la
autoexigencia, desde la autoexigencia que se marca el Ministerio del
Interior, desde la autoexigencia que se marca el Gobierno, que se
marca la sociedad, que se marcan éste y todos los grupos
parlamentarios, porque siempre habrá que hacer más. Yo creo -al menos
a este grupo parlamentario no le cabe la menor duda- que es
manifiesta la autoexigencia del Gobierno en materia de lucha contra
aquéllos que se lucran criminalmente de la necesidad vital de miles
de hombres y mujeres que quieren encontrar en este país y en Europa
un nuevo horizonte. Por otra parte y en segundo lugar, desde nuestra
perspectiva y dentro de los recursos disponibles, para nosotros es
también evidente la autoexigencia
del Gobierno para aplicar medios, en orden precisamente a que
estas personas, una vez llegan a nuestro país y previamente a los
procesos de repatriación en su caso, puedan estar acogidos,
albergados y tratados con todas las garantías que merece su condición
de seres humanos.
En todo caso, y con esto concluyo, señor presidente, lo que nos
parece esencial es volver a señalar que sociedad, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Administración del Estado, Administración
autonómica, Administración local, voluntariado social y
organizaciones no gubernamentales, ponen siempre todo su empeño en
que estas personas, en el momento mismo de estar viviendo una
situación dramática, puedan ser atendidas en las condiciones que
requiere su dignidad humana, y sobre eso no nos cabe la más mínima
duda.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a los
argumentos expuestos por los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA: No voy a abundar, por no robar
más tiempo a SS.SS., en los argumentos que ha expuesto de forma
impecable el señor Gil Lázaro, con los que el Gobierno coincide al
100 por ciento. Lean en su momento, si así lo consideran oportuno, la
declaración del señor Gil Lázaro y considérenla como si hubiese sido
la réplica genérica a los argumentos de SS.SS. Simplemente y más allá
de eso, que ha quedado bien claro, quiero hacer alguna matización
sobre algunas afirmaciones que creo que no pueden pasar sin un breve
comentario, hecho desde la cortesía a la que estoy obligado.
Señor Centella, yo no he justificado el trato inhumano, sólo
insinuándolo me ofende S.S. No he justificado el trato inhumano y
espero no haberme expresado con tanta torpeza, porque no lo hago en
otras ocasiones. Siempre hay una primera vez en esta vida, pero no
suelo expresarme con torpeza y, por tanto, por si ha quedado alguna
sombra de duda, quiero decirle explícitamente que no he justificado
trato inhumano alguno, primero, porque no lo haría jamás y, segundo,
porque en este caso no ha existido, por lo que difícilmente podría
justificar algo de lo que no tengo conciencia. Obviamente, por salvar
a la Cruz Roja, de nuevo, creo que no he estado tan torpe como para
que quepa alguna duda de lo que hace y deja de hacer la Cruz Roja.
Sólo faltaba que ahora tuviésemos dudas sobre si la Cruz Roja, como
organización no gubernamental básica a nivel planerario, hace algo
más que asistencia humanitaria, integración y asistencia a las
personas que lo necesitan. Señor Centella, ante su extrañeza le digo,
con todo respeto, que no hay peor entendedor que el que no quiere
entender. Parece como si estuviésemoshablando en distintos idiomas.
Termina usted -por no entrar en las recomendaciones ya contestadas
por el señor Gil Lázaro- afirmando rotundamente que hay que cambiar
la política del Gobierno. Estaría encantado de que usted plantee una
alternativa, cosa que hasta ahora no ha hecho. Plantee una
alternativa, la discutimos en esta Cámara, que es donde se discuten
estas cosas, SS.SS. votan, que para eso son representantes del pueblo
soberano, y avanzamos, como estamos avanzando desde hace un buen
número de años, afortunadamente para todos.
Con respecto a la intervención de la señora López González, también
haré algunas matizaciones sobre sus afirmaciones, por no dejar de
contestarlas con la máxima cortesía. Para su información, el
subdelegado del Gobierno en Granada se puso en contacto en reiteradas
ocasiones, en meses anteriores a este verano, con el alcalde de
Motril, en previsión de lo que sería la afectación de ese centro en
donde normalmente podrían acogerse los inmigrantes extranjeros a
otros fines, sin que hasta la fecha haya recibido contestación alguna
respecto a las posibilidades de que la acogida humanitaria se
produjese en otras circunstancias.
En cuanto a todo lo que S.S. me ha planteado con respecto a
deficiencias, tanto de infraestructuras como de personal, se lo
transmitiré con el mayor rigor posible al señor secretario de Estado
de Seguridad, puesto que, sin duda alguna, constituyen para el pueblo
de Motril asuntos de máxima importancia.
Simplemente quiero comentarle tres de sus últimas afirmaciones.
Motril no recibe en este momento un flujo migratorio fuerte, recibe
un flujo migratorio ocasional, en función del desplazamiento hacia el
norte, en la costa mediterránea, que yo mismo llego a reconocer en un
número muy escaso de personas; dado que, al no ser destino habitual
de las personas que entran clandestinamente en España, supone una
auténtica emergencia, está claro, pero no es un foco de llegada
masiva de inmigrantes, ni mucho menos. Creo que éste se produce más
al sur, en la propia costa andaluza, tanto en la mediterránea como en
la atlántica.
Habla usted de trato injusto, vejatorio y degradante y, además, dice
que me lo ha dicho claro, contundente y duro, pero porque me lo diga
usted claro, contundente y duro no pasa a ser cierto. Señoría, en la
línea que le he comentado también al señor Centella -no podría ser de
otra forma- y en la línea que lo ha afirmado el señor Gil Lázaro,
afirmo rotundamente que las condiciones con las que se procede a la
detención y a la retención de estas personas, previas a su
identificación y expulsión, son condiciones legales.
Por último, me afea que le informe sobre qué centros se va a
construir, en qué comunidades autónomas, en Andalucía, en Madrid, en
Canarias, en Cataluña, me dice que ya está bien, que ya podíamos
haberlo previsto y que ya podíamos haber espabilado. Señoría, no
podemos ni debemos olvidar, y el Gobierno no lo va a hacer, porque al
final acabaríamos pagando una factura
que en este caso no nos corresponde pagar, aunque hay otras cosas en
las que nos equivocamos, como cualquier hijo de vecino. No podemos
olvidar que podía ser previsible la evolución de nuestra inmigración,
de nuestra realidad, de nuestras necesidades con la Ley de
Extranjería del año 1985, sin duda. Sin embargo, ustedes, en el año
1999, decidieron poner un cartel -sé, que les irrita, que les
molesta, que van a ponerme de hoja de perejil a continuación, pero es
que son hechos irrefutables-, repito, decidieron poner un cartel así
de grande en todas nuestras fronteras que decía entrada libre. Al año
siguiente, después de tener un año el cartel de entrada libre, hemos
puesto un cartel que pone: entrada regulada, y nos está costando
trabajo regularla. Ya tendremos ocasión después, señor Centella, de
tocar un tema que parece que le atrae, pero también es un tema en
donde creo que se producen reacciones tremendamente complicadas, el
del efecto llamada. De momento, ahí no me asomo, ya hablaremos de él
a continuación, cuando me pidan ustedes la valoración de la Ley de
Extranjería.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muy brevemente, para decirle al señor
Fernández-Miranda que lamento si ha podido sentirse ofendido por
algunas de mis valoraciones, pero también le recomiendo que lea el
'Diario de Sesiones' de esta Comisión, porque, sin pretenderlo, ha
mezclado la labor de la policía con la de los voluntarios de la Cruz
Roja. Repito, aclarado queda, y no era mi intención hacer otra cosa
que esa llamada para que se pudiese rectificar.
Dicho esto, todavía después de sus intervenciones no nos ha llegado a
decir cuáles fueron las condiciones en las que estuvieron detenidos
estos inmigrantes. No nos han dicho si durmieron o no esposados al
aire libre; ni el señor Gil Lázaro ni usted lo han dicho y es el
centro de la cuestión. Si nos dice que no es verdad, bien, pero si no
reconoce que durmieron en esas condiciones que ha explicado la
portavoz socialista con más detenimiento que yo, quizá el problema es
que tengamos diferentes conceptos de lo que es trato inhumano. Queda
aclarado ese tema y tampoco habría más discusión pero el centro de
este debate es cómo durmieron estas personas y dónde. Todo lo demás,
me ha parecido que era justificar esas circunstancias, que no se
pueden justificar de ninguna manera. Nos preocupa que una vez
producido ese hecho, venga aquí y diga que no hay trato inhumano y
que, por tanto, no se ha abierto una investigación. Para nosotros, la
manera en que se trató a esas personas es trato inhumano. Repito, a
partir de ahí decimos que no debe ocurrir más, pero una vez ocurrido,
lo primero es asumirlo porque nos preocupa que usted siga manteniendo
que no hubo trato inhumano. Ha hablado de condiciones legales. Yo no
he entrado
ahí, le he hablado de condiciones inhumanas y pueden ser muy legales.
Si usted parte de admitir que no hubo ningún problema, nos tememos
que se pueda repetir. Termino con más preocupación porque, si no
admitimos que lo sucedido es algo que no debe repetirse, estaremos en
el mejor camino para que se repita.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias al señor Fernández-Miranda
por su contestación. Tengo que empezar tal como ha terminado el señor
Centella. Señor Fernández-Miranda, estoy más preocupada que antes.
Por decirlo suavemente, no coincidimos o no hacemos la misma
valoración sobre lo que es responsabilidad, trato inhumano y
vejatorio. Es mucho más fácil y más honesto reconocer que esta
situación se produjo, que vamos a tratar de poner en marcha todos los
mecanismos en nuestra mano para que eso no se vuelva a producir más
en Motril ni en ningún sitio, como le he dicho con anterioridad. Eso
es mucho mejor que negar una evidencia como la que se produjo en
Motril la noche del 30 al 31 de julio. Señor Fernández-Miranda, eran
67 inmigrantes; veinte se quedaron en la comisaría de Motril y le
insisto, no tiene ni la más remota idea de cómo es la comisaría de
Motril; veinte personas en los calabozos de la comisaría de Motril
hacen a ésta impracticable e inhumana. Si encima le digo que el resto
estaba a la intemperie, esposados cada tres y cuatro en cuatro
colchones, que fue lo que pudo poner a su disposición la Cruz Roja,
la situación es mucho más cruda de lo que usted trata de plantear.
Sobre todo, porque no podemos estar repartiendo responsabilidades a
todas las administraciones que tenemos alrededor cada vez que nos
sale un grano. Me ha contestado que el Ayuntamiento de Motril no le
ha dado ninguna respuesta al señor subdelegado del Gobierno. Con
todos los respetos le diré, señor Fernández-Miranda, que no es
verdad, que falta a la verdad. Desde hace seis años el Ayuntamiento
de Motril ha puesto a disposición del subdelegado del Gobierno otras
dependencias, pero tomó la decisión de dejarlos en el patio. Le voy a
decir algo que me guardaba por no exponer una realidad tan cruda.
¿Sabe lo que le pidió el subdelegado del Gobierno de Granada al
Ayuntamiento de Motril? Las casetas de la feria. Seis días después
Motril estaba en feria y las casetas se construyen en esa época. Le
pidió una caseta de la feria que no está cubierta, sino al raso y en
un terreno mucho más intransitable que en el que se quedaron los
inmigrantes. Ahí fue donde el señor subdelegado del Gobierno en
Granada le pidió al Ayuntamiento de Motril que le cediera esas
dependencias. Es más serio, más respetuoso y como he dicho antes,
señor Fernández-Miranda, mucho más sensato, admitir que se ha
producido esa situación y que estamos dispuestos a que no se produzca
nunca más. El trato inhumano y
vejatorio que no se les da ni a los delincuentes; efectivamente lo
fue para esas personas que el único delito que habían cometido es
haber accedido a una costa de nuestro país para buscar una vida, un
trabajo y una situación mejor para su familia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Prefiero quedarme con los aspectos positivos de
fondo de este debate y creo que el aspecto fundamental positivo de
fondo es la preocupación de todos para que situaciones como las que
se pudieron producir en Motril no se vuelvan a reiterar. Eso no puede
obviar algunas consideraciones. No puede obviar que, de tres años a
esta parte, la situación de inmigración ilegal, probablemente como
consecuencia de un anterior cartel original al que ha hecho
referencia el señor delegado del Gobierno, se ha complicado
sustancialmente. Tampoco puede obviar que el Gobierno, como todas las
administraciones en el ámbito de sus competencias, viene realizando
un esfuerzo muy notable que se ha concretado en el denominado Plan
Greco. Cuando se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
convendría no olvidar, por ejemplo, la constitución de los llamados
EDATI, equipos de atención e información al emigrante, por la Guardia
Civil, que por cierto han recibido el respaldo unánime de esta
Cámara, o la configuración del llamado Plan director de extranjería e
inmigración en el ámbito de la Dirección General de la Policía, que
ha producido constantes normas y referencias de estilo en orden a
cuál debe ser el trato a estas personas; trato que, vuelvo
a insistir, desde la consideración de mi grupo en lo que afecta a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a organizaciones no
gubernamentales, a todas las administraciones, es siempre exquisito
dentro de las dificultades. Sin embargo, convendría no olvidar una
circunstancia que se plantea en el caso de Motril. Lo ha dicho el
señor delegado del Gobierno; Motril no tiene un flujo constante de
presencia de estos desembarcos de inmigración ilegal, sino que ha
venido teniendo una presencia aleatoria, pero fuerte en cuanto al
contingente de intento de entrada de una sola vez. Los sucesos a los
que estamos haciendo referencia son de fecha 27 de julio.
Lamentablemente, unos días antes de ese 27 de julio el albergue
llamado Jesús Abandonado que tradicionalmente se destinaba...
(Rumores.) Sí, llamado Jesús Abandonado, que tradicionalmente se
destinaba a albergue de acogida para personas que habían desembarcado
en nuestras costas de manera ilegal, fue cambiado de uso por una
decisión conjunta de la propiedad y de la Junta de Andalucía. Si esa
decisión -absolutamente legítima- conjunta de la propiedad y de la
Junta de Andalucía no se hubiera producido, seguramente estas
personas habrían podido hacer uso de ese albergue
y no habrían tenido que estar repartidas en dependencias policiales y
dependencias del puerto. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante
para el futuro es ese compromiso de autoexigencia que a todos nos
vincula y lo más importante, amén del marco general que determina el
Plan Greco, es que en lo que afecta a la situación de Motril ya se
han adoptado las disposiciones a las que hacía referencia antes el
delegado del Gobierno y yo mismo, en cuanto a inversiones y
gestiones, para disponer de los locales oportunos. Por tanto, mejor
que corrijamos todo lo que tengamos que corregir, pero mejor que
siempre intentemos todos servir nuestro pequeño granito de arena para
hacer una visión de futuro en la que todos nos podamos reencontrar
juntos y no tengamos visiones excesivamente parcializadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar el debate,
tiene la palabra el señor Fernández- Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Tomo la palabra con toda brevedad.
Señor Centella, las condiciones de la detención de todas estas
personas fueron legales, lo cual quiere decir que fueron condiciones
humanitarias; las condiciones no humanitarias son siempre ilegales.
No entremos en un juego de palabras, usted pretende que han sido
legales, pero no humanitarias, pero no puede darse esa posibilidad.
En cualquier caso, basta que a ustedes, como grupo parlamentario, o a
cualquier otra persona, aquellas condiciones les hayan parecido
inhumanas para que, desde este momento, ante lo que están ustedes
planteando de mejorar esas condiciones que se producen a lo largo y
ancho de este país en cuanto a la detención o retención de personas,
tengan nuestro compromiso de mejorar dichas condiciones.
Señora López González, su grupo parlamentario no sabe si va o viene,
independientemente de que altos dirigentes de su partido parece que
van en un sentido. Al final usted afirma rotundamente que todas estas
personas no han cometido ningún delito, que el delito ha sido venir a
buscar su futuro entre nosotros; es decir, usted sigue siendo
partidaria del cartel de entrada libre en este país, y no es posible.
Ojalá pudiésemos nosotros, desde nuestra propia economía, acabar con
el paro y la miseria de todo el mundo, y colocásemos aquí a todos
aquellos desheredados de la fortuna que no solamente no tienen empleo
sino que se están muriendo de hambre en sus propios países; ojalá
fuese así, pero no podemos hacerlo. Nuestra capacidad de acogida
laboral es limitada y viene limitada simplemente por nuestro mercado
laboral, porque hay 1.200.000 españoles desempleados, que son nuestra
primera obligación y
responsabilidad. Hay todavía 1.400.000 españoles que emigraron en su
momento y quieren volver, que son también nuestra primera
responsabilidad. Como consecuencia de nuestro crecimiento económico,
afortunadamente hemos descendido nuestros niveles de desempleo hasta
cotas inimaginables que no alcanzan el 9 por ciento, cuando hace seis
años estábamos en el 22 por ciento y podemos ofrecer a trabajadores
de terceros países la posibilidad de venir a trabajar a España. En
1996, el número de residentes extranjeros legales en España, a
principios del Gobierno del señor Aznar, eran de 500.000. Al final
del año 2001 probablemente van a ser 1.200.000 personas las que estén
residiendo legalmente en España, de las cuales entre el 85 y el 90
por ciento, además del permiso de residencia, tienen permiso de
trabajo.
Ante esa realidad, que nosotros estamos empeñados en hacer cierta, no
podemos seguir planteando que elúnico delito que estas personas
cometieron era venir a España a buscar trabajo. Primero, porque no es
delito, es una infracción administrativa y, segundo, porque en España
no se puede ni entrar ni residir ni trabajar ilegalmente, y eso es una
realidad que tenemos que hacer presente cada día si queremos de
verdad completar uno de los retos, objetivos, que este Gobierno se
tiene marcado, que es favorecer la inmigración laboral de este país
en función de nuestras propias capacidades, a no ser que alguien
quiera poner, considerando este posicionamiento indeseable, en sus
programas electorales que nuestra primera responsabilidad es ofrecer
trabajo a las personas extranjeras que no lo tienen. Pónganlo.
Nosotros lo decimos al revés: primero a los españoles de aquí,
segundo a los españoles que emigraron... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora López, por favor.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): ...y, tercero, si podemos, a las
personas que no tienen trabajo en terceros países. Eso es lo que pone
en nuestro programa; esa es la política de inmigración laboral de
este Gobierno, diferenciando netamente lo que es inmigración laboral
de asilo y de refugio, y eso lo estamos consiguiendo con la Ley de
Extranjería que ahora, a instancias de Izquierda Unida, comentaremos
como una de las muchas piezas de nuestra política de extranjería y de
inmigración. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Una cuestión de orden, a efectos de conocimiento
de todos los miembros de la Comisión.
Los portavoces de Justicia del Grupo Popular y del Grupo Socialista
parece que han llegado a un acuerdo y pedirían a la Mesa que
convocara Comisión para el próximo jueves al finalizar el Pleno,
siempre que éste termine antes de las dos de la tarde; si el Pleno
finalizara después de las dos de la tarde, sería a las cuatro de la
tarde a fin de sustanciar los puntos nueve y diez del orden del día.
De modo que la Mesa convocará la sesión para el jueves al finalizar
el Pleno, siempre que éste termine antes de las dos de la tarde y, si
no, a las cuatro de la tarde, para sustanciar los puntos 9 y 10 del
orden del día y sus correspondientes votaciones. A continuación de la
sesión, celebraríamos la Mesa y portavoces prevista.
Me han pedido los portavoces de ambos grupos que lo transmita a la
Mesa y lo pongo a consideración de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, ¿hay
acuerdo de todos los grupos en este sentido?
El señor GIL LÁZARO: A mí me han transmitido el acuerdo los
portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro, por
facilitar el trabajo de todos los comisionados, ¿no sería posible que
mañana, que tenemos Comisión y empieza a las doce de la mañana, se
pudiera hacer el debate al finalizarla o un poco antes?
El señor GIL LÁZARO: Hay una coincidencia de incompatibilidades el
martes y el miércoles de unos y de otros, por eso se ha buscado la
opción del jueves.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Bien, señor Gil Lázaro. Si
es así y hay acuerdo de todos los grupos, esta Mesa no puede más que
estar de acuerdo. (El señor Centella Gómez pide la palabra).
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Nuestro grupo no ha sido consultado. No sé
si habrá acuerdo o no, pero me vendría bastante mal. Si hubiésemos
sido consultados esta mañana lo podríamos haber visto, pero no a
estas alturas del día. No sé las circunstancias de otros portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Centella, ¿usted
está seguro de que esto no se le ha comentado a su portavoz en esta
Comisión?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Seguro. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, yo no he sido el gestor del
acuerdo sino el mero transmisor, por tanto, no sé si se ha consultado
o no con el señor Centella. En todo caso, lo haremos cuando
terminemos la sesión, pero parece ser -y por eso lo he querido
adelantar para que entre otras cosas pudieran disponer de sus agendas
los señores miembros de la Comisión- que, dada la hora, es imposible
poder sustanciar este asunto ahora, y también, por horas y
compromisos previos, sustanciarlo el miércoles. La voluntad del Grupo
Socialista, según me transmiten, y del Grupo Popular, era poderlo
sustanciar esta misma semana. (El señor Mayoral Cortés pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Creo interpretar la voluntad de mi colega
portavoz en esta Comisión para temas de justicia, en el sentido de
que se tenga en consideración la opinión de los restantes grupos, al
objeto de definir cuál es el momento en el que todos nos ponemos de
acuerdo para que se celebre esa sesión. Si no han sido consultados
los grupos aquí mencionados anteriormente, estimo que deberían serlo.
Represento en este momento la voluntad y la expresión de mi otro
colega en esta materia. Nosotros creíamos que esto estaba hecho, pero
parece ser que no. (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En la medida en que son dos iniciativas
que corresponden al Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida y
no corresponde a ninguna iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), nuestro grupo va a estar de acuerdo en
cualquier solución que encuentren los grupos directamente interesados
en esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Entonces el acuerdo está
exclusivamente a expensas de que se consulte con el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, que es directamente interesado porque tiene
una iniciativa en este sentido. En principio, quedamos pendientes de
esa consulta con el Grupo de Izquierda Unida. Como mañana tenemos
Comisión, y ya es imposible hacerlo ese día, tomaremos la decisión
definitiva.
- OFRECER UN PRIMER BALANCE Y VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA
LEY DE EXTRANJERÍA Y DE SU REGLAMENTO Y PARA INFORMAR SOBRE LA
ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES GUBERNATIVAS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN
BARCELONA Y EN CUENCA, EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE
REGULARIZACIÓN PRESENTADAS POR DISTINTOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 212/000597.)
- VALORAR EL CONJUNTO DE ACTUACIONES REALIZADAS EN BARCELONA DURANTE
EL MES DE AGOSTO DE 2001, EN RELACIÓN AL DESALOJO DE UN GRUPO DE
CIUDADANOS EXTRANJEROS CONCENTRADOS DURANTE SEMANAS EN LA PLAZA DE
CATALUÑA DE ESA CIUDAD. (Número de expediente 212/000615.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al siguiente punto
del orden del día, que comprende la acumulación de dos iniciativas,
la solicitud de comparecencia del Grupo de Izquierda Unida, relativa
a la actuación de las autoridades gubernativas en los hechos
ocurridos en Barcelona y en Cuenca, y la del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que se refiere a las actuaciones
realizadas en Barcelona durante el mes de agosto de 2001.
Tiene la palabra el señor Delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Procuraré ser lo más sucinto posible
dado que la primera parte de la comparecencia que plantea el Grupo
Federal de Izquierda Unida es el balance y valoración de la
aplicación de la nueva Ley de Extranjería y su reglamento y, a
continuación, entiendo, la valoración de los hechos ocurridos en
Barcelona y en Cuenca en respuesta a las solicitudes de
regularización presentadas por distintos colectivos de inmigrantes,
siendo en esta parte de Barcelona en la que entiendo que se produce
la acumulación puesto que hay una solicitud posterior de
comparecencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Balance y valoración de la aplicación de la nueva Ley de Extranjería
y su reglamento. Debo empezar afirmando rotundamente que tanto el
balance como la valoración son, desde el punto de vista del Gobierno,
positivos. Bien es cierto que hablamos de dos normas con una vigencia
muy corta -menos de nueve meses la ley y apenas dos meses el
reglamento, que se aprobó en el plazo prácticamente que nos daba la
ley- pero, a pesar de transcurrir este tiempo tan breve, creo que los
resultados están siendo positivos y este nuevo marco legal está
contribuyendo, como una pieza más dentro de un engranaje mucho más
complicado que esbozaré al final de mi intervención, a hacer realidad
la política de extranjería, de inmigración laboral, asilo y refugio,
que el Gobierno del presidente Aznar y del Partido Popular ha querido
poner en marcha en la presente legislatura. Pensamos, analizándolo de
forma muy resumida y condensada en grandes bloques o capítulos, que
los derechos y las libertades de los extranjeros que
podían conectarse con el régimen sancionador y con las garantías en
el ejercicio de las cautelas, reservas e impugnaciones que las
personas extranjeras puedan hacer, está funcionando adecuadamente, es
decir, la realidad de la tutela judicial efectiva como un derecho
consagrado en la ley creemos que está siendo una realidad.
En segundo lugar pensamos que se está haciendo realidad también uno
de los segundos grandes retos del planteamiento de la política
general del Gobierno, que es conseguir que los ciudadanos extranjeros
que quieran venir a trabajar a España lo hagan con plenas garantías,
con el contrato firmado debajo del brazo y, por lo tanto, capaces de
disfrutar de todos sus derechos, tanto de los derechos fundamentales
como de los derechos sociales. Se determina la obligatoriedad de
ofrecer, sólo a los extranjeros que se encuentren fuera de España, el
número de contratos de trabajo que concretados en el contingente
anual de trabajadores no comunitarios nos hemos impuesto como una
posibilidad en función de la situación nacional de empleo. Están ya
reuniéndose las comisiones ejecutivas provinciales e insulares de
empleo, con participación de los agentes sociales, sindicatos y
empresarios, con participación de las autoridades de Trabajo,
autónomicas o nacionales-en función de que el INEM esté transferido o
no, distinta circunstancia, pero con presencia de ambos-. Esperamos
que los trabajos de determinación desde el ámbito provincial
inicialmente y con las responsabilidades antes expresadas estén
finalizados para que en el mes de noviembre pueda elevar un primer
informe el Ministerio de Trabajo a la comisión interministerial de
extranjería, que en principio está prevista para el día 15 de
noviembre y que, a su vez, aceptada esa cifra, que será la suma de
las opiniones emitidas desde las distintas provincias y comunidades
autónomas, el día 22 de noviembre también el Gobierno esté en
condiciones de someter a la consideración del Consejo Superior de
Política de Inmigración -por lo tanto, a todos los gobiernos
autonómicos y a los representantes de los gobiernos municipales- el
contingente de trabajadores para el año 2002 no solamente en cuanto
al número, sino en cuanto a los perfiles laborales que hagan realidad
ese contingente, para que, posteriormente y a lo largo del mes de
diciembre, el Gobierno pueda decidir de forma definitiva en Consejo
de Ministros, como competencia exclusiva del Estado, el contingente
de trabajadores no comunitarios para el año 2002.
Hemos avanzado sin duda alguna también como consecuencia de la
aplicación de la ley -y no se lo voy a reiterar porque lo he
mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de mis intervenciones
del día de hoy- en ahondar en uno de los objetivos que en la ley se
marcaba como prioritario, el objetivo de deslindar, de diferenciar
claramente las situaciones de legalidad o ilegalidad o de regularidad
o irregularidad por seguridad jurídica de las personas afectadas y
por seguridad jurídica
de la sociedad española. Pensamos que ese esfuerzo está siendo
tremendamente útil para todos, que ese esfuerzo además nos ha
aproximado de forma radical a la media de la legislación del resto de
los países miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, estamos
participando activamente -y, además, a lo largo de los dos semestres
anteriores al semestre de la presidencia española- a conformar ese
espacio común en extranjería, en inmigración, en asilo y en refugio
por el que estamos luchando todos los Estados miembros dentro de la
Unión. Hemos avanzado también notabilísimamente como consecuencia de
la existencia de la ley, de su entrada en vigor y del propio
reglamento en un esfuerzo que antes también he esbozado como una de
las prioridades del Gobierno: la coordinación entre los poderes
públicos, trabajar desde el principio de corresponsabilidad entre las
distintas administraciones yéstas con los grupos, con las
organizaciones no gubernamentales que consideramos piezas clave en
aquellos ámbitos en los cuales están trabajando como es el de la
asistencia humanitaria, por un lado, y el de la integración social de
los inmigrantes, por otro. En ese sentido, quiero destacar de la Ley
8/2000 la constitución -lo dije antes, lo reitero brevísimamente- del
Consejo Superior de Política de Inmigración que formaba parte de la
Ley 4/2000, que es el órgano imprescindible para esa coordinación a
la que antes hacía referencia. Quiero destacar también el refuerzo,
la potenciación del Observatorio permanente para la inmigración como
ese instrumento imprescindible para acumular todos los datos posibles
en inmigración y movimientos migratorios no solamente en España, sino
a nivel de la Unión Europea, para que sea también un centro de
análisis, un centro de valoración, desde el punto de vista
científico, de esas cifras que nos sirvan como elementos de juicio lo
suficientemente sólidos tanto a la Administración nacional como a la
Administración regional como a la Administración local para tomar
decisiones en función de sus propias responsabilidades.
Se ha redefinido también, y lo saben SS.SS., el foro para la
integración social de los inmigrantes, coincidiendo además en el
tiempo la entrada en vigor del reglamento con el final del período de
validez de los grupos sociales y organizaciones que lo habían
constituido a lo largo de los últimos cuatro años. Se ha vuelto
a convocar a través de convocatoria pública, obviamente, y ya está
resuelta en una primera instancia, abierta a posibles alegaciones, la
resolución después de que actuase la comisión de selección del nuevo
foro para la integración social de los inmigrantes. Se ha potenciado
la comisión interministerial de extranjería, donde solamente estaban
los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo, Justicia e Interior y
ha pasado a estar nutrido por los ministerios de Economía, de
Hacienda, de Educación, de Administraciones Públicas, de Sanidad y de
Presidencia, enriqueciendo notablemente no sólo la presencia, con el
nivel habitual, de Secretarios de Estado
y subsecretarios, sino también la de los Secretarios generales y
Directores generales, enriqueciendo, por tanto, no sólo el espectro
de ministerios que participan en esta Comisión, sino también los
distintos niveles técnicos que vienen reflejados en él. La Comisión
interministerial de Asilo y Refugio nace de la Ley de 1984, reformada
en 1994, y yo siempre destaco algo que la hace peculiar en España: la
presencia, la participación activa del Alto Comisariado de Naciones
Unidas para los Refugiados, ACNUR, pieza clave del equilibrio de
nuestras propias decisiones y con un acierto indiscutible.
No quiero dejar de mencionar, como consecuencia de la aplicación de
la ley y, por tanto, como otro rasgo absolutamente positivo de cómo
estamos siendo capaces de hacer realidad nuestra política de
extranjería, la creación de dos subcomisiones de coordinación Estado-
comunidades autónomas. Una, el día 21 de septiembre, Estado-Comunidad
Autónoma de Canarias, y otra, el 25 de septiembre, Estado-Comunidad
Autónoma de Cataluña donde, en primer lugar, como paso básico, hemos
aprobado las normas de funcionamiento de estas subcomisiones de
coordinación y los miembros por parte del Gobierno de la nación y de
los gobiernos autonómicos; en segundo lugar, hemos decidido plantear
como temas prioritarios en la agenda de trabajo la acogida
humanitaria y, por tanto, redes de centros, integración social y
participación de los gobiernos de las comunidades autónomas en la
determinación del contingente del año 2002. Desde mi punto de vista,
un nuevo acierto en la aplicación de la nueva ley.
Como consecuencia de esta nueva ley, y primero cumpliendo el mandato
de la Ley 4/2000, se finalizó el proceso extraordinario de
regularización que nace del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero,
de forma absolutamente impecable, con un inmenso esfuerzo que hay que
reconocer a los funcionarios de las distintas oficinas de
extranjería, delegaciones y subdelegaciones, que llevaron a conceder
el permiso de residencia, sobre 244.790 solicitudes, a 150.426
personas. Como consecuencia de la aprobación de la Ley 8/2000, se
decidió hacer una relectura, un reexamen de oficio de aquellos
expedientes que no cumplían el requisito de encontrarse en España
antes del 1 de junio de 1999, que aparecía en el real decreto antes
mencionado. Ese proceso está finalizado, salvo los últimos flecos; un
3 por ciento de expedientes con dificultades incluso de
identificación de las personas, mejora de documentación, etcétera. De
estos expedientes, se han revisado 57.616 y se han concedido 36.013
permisos de residencia favorables. También, como consecuencia del
período transitorio que decidimos poner en marcha entre la entrada en
vigor de la ley, a principios de enero de este año, y la entrada en
vigor del reglamento, a principios de agosto, se decidió la
posibilidad de -no existía el reglamento donde debería desarrollarse
el concepto dearraigo-, ir un paso más allá en un esfuerzo no sola
mente
administrativo, sino fundamentalmente humanitario para las personas
que aún permaneciesen en España de forma irregular, y que invocando
el concepto de arraigo pudiesen solicitar la regularización. Lo
hicieron hasta un total -tras la depuración de las listas por las
repeticiones que se estaban produciendo a lo largo de toda España- de
295.791 personas y están resueltas positivamente 13.127 solicitudes.
Todas esas actuaciones, consecuencia de la ley y de su reglamento,
deben enmarcarse de forma absolutamente indisoluble -no podría
entenderse lo uno sin lo otro- en otra serie de actuaciones que el
Gobierno ha puesto en marcha y que voy a resumir en dos. Una, la
elaboración y aprobación, por acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de marzo de este año, del programa global de regulación y
coordinación de la extranjería y la inmigración en España, programa
Greco, compromiso de legislatura en siete ministerios, con el visto
bueno de Economía y Hacienda para hacer realidad las 72 medidas que
en él se contemplan y esbozado a lo largo de cuatro líneas básicas,
que les recuerdo que eran: diseño global y coordinado de la
inmigración como fenómeno deseable para España en el marco de la
Unión Europea; integración de los residentes extranjeros que
contribuyen activamente al crecimiento de nuestro país y de sus
propias familias; regulación de los flujos migratorios para
garantizar la convivencia en la sociedad española, y mantenimiento
del sistema de protección para los refugiados y desplazados. A lo
largo del año 2001 se va a aplicar para estos objetivos, utilizado y
presupuestado en todos y cada uno de los ministerios protagonistas de
este hecho, una cantidad de prácticamente 38.000 millones de pesetas,
como ya se ha comunicado, a los que hay que sumar los distintos
convenios internacionales en materia de inmigración que,
prácticamente, teniendo ya firmados los de Ecuador, Colombia y
Marruecos, supone tener los instrumentos administrativos necesarios
para poder favorecer el 80 por ciento de los flujos que de forma
espontánea se han producido.
Todo ello hará realidad la política de extranjería, inmigración
laboral, asilo y refugio del Gobierno, y quiero, además, afirmarlo
rotundamente, destacando mi satisfacción personal y la satisfacción
del Gobierno ante las afirmaciones recogidas en el artículo de
opinión que se llama España y la inmigración, que el 28 de septiembre
publica don Manuel Chaves González en un diario de tirada nacional.
En este artículo, y lo he leído con la máxima atención, el presidente
de la Junta de Andalucía, que ya es importante, y presidente del
Partido Socialista, que no es menos importante, coincide con todos
los postulados que el Gobierno viene expresando en esta legislatura
con respecto a extranjería, inmigración, asilo y refugio, por lo que
simplemente le invitamos a que rubrique el programa Greco y podamos
seguir avanzando juntos, codo con codo, en la política que contiene y
que he tenido ocasión de exponer
ante sus señorías. Me siento auténticamente satisfecho ante las
afirmaciones que, por escrito, el señor Chaves ha hecho.
Paso a la segunda parte de la comparecencia: los hechos ocurridos en
Barcelona con un grupo de inmigrantes concentrados en la plaza de
Cataluña. Les relato los hechos. Durante el verano del año 2000 llegó
a la plaza de Cataluña, en Barcelona, un grupo importante de personas
extranjeras, sobre todo de países subsaharianos, en situación
irregular, reivindicando legalizar su situación y la cobertura de sus
necesidades de alimentación, vivienda y sanidad. En un momento dado,
llegaron a ser unas 109 personas. Hay que recordar que en aquellos
momentos se estaba procediendo a la regularización extraordinaria de
personas extranjeras, según lo previsto en la Ley 4/2000; hice
mención antes al real decreto en función del cual se admitieron
solicitudes de regularización entre el 21 de marzo y el 31 de julio.
Con ayuda de la Cruz Roja se consiguieron ofertas de trabajo y la
mayor parte de aquellas personas extranjeras concentradas en la plaza
de Cataluña fueron documentadas. En noviembre de ese mismo año la
concentración se volvió a producir; un grupo entonces de unas 120
personas, también en situación irregular, se instaló en la misma
plaza con idéntica reivindicación. En esta ocasión se procedió a
estudiar caso por caso la situación de cada una de las personas
concentradas para decidir sobre su futuro en función de sus
circunstancias, documentándose a la inmensa mayoría de nuevo,
prácticamente hasta 107 personas, si no me falla la memoria.
En el segundo trimestre del año 2001 la situación volvió a
reproducirse. Un grupo numeroso de extranjeros en situación también
irregular se congregó en el mismo lugar con las mismas
reivindicaciones que en ocasiones anteriores. Durante este período se
puso en marcha la aplicación directa del artículo 31.4 de la Ley
vigente de extranjería 8/2000, que prevé la documentación por
arraigo. Ante esta situación la Administración municipal, en
ejercicio de sus competencias sobre utilización de las vías públicas,
ordenó el desalojo de dichos extranjeros de la plaza de Cataluña a
principios del mes de agosto. En concreto, fue doña Inma Mayol,
Teniente de Alcalde, Alcaldesa en funciones, elegida por las listas
de Iniciativa per Catalunya-Verds, la que ordenó a la guardia urbana
desalojar a las personas concentradas en la plaza de Cataluña. Al no
haberse programado ningún plan o programa alternativo a ese desalojo,
como después pudimos enterarnos, estas personas pasaron a
concentrarse en otro lugar de la ciudad de Barcelona, en la plaza de
André Malraux. El número inicial se vio, según informes de la
subdelegación, muy pronto incrementado por la presencia de nuevas
personas que querían todas globalmente acceder a la documentación que
solicitaban. Ante esta situación, en aplicación de la Ley Orgánica 8/
2000, el día 16 de agosto y a petición del Ayuntamiento de Barcelona
funcionarios
de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona procedieron a la
identificación de los extranjeros concentrados en la plaza de André
Malraux. Como resultado de esta actuación 112 personas fueron
trasladadas a las dependencias de la sección operativa de
extranjeros; cuatro de ellas -tres ciudadanos españoles y un
ciudadano italiano- fueron puestas en libertad una vez identificadas.
De las 108 personas restantes, una vez identificadas y analizada su
situación documental, el resultado fue el siguiente: 36 personas
fueron puestas en libertad; se solicitó a la autoridad judicial el
internamiento de 72 personas con fechas 18 y 19 de agosto; fue
autorizado el internamiento de 37 personas en el centro de
internamiento de Barcelona, 10 en el centro de internamiento de
Murcia, y 9 en el centro de internamiento de Valencia. Antes le
comentaba a la señora Julios, de Coalición Canaria, cómo también
desde otras comunidades autónomas se procede obviamente, en función
de la capacidad de los distintos centros, al internamiento en
distintas comunidades autónomas de las personas detenidas o
retenidas. El total de internados fue, por tanto, de 56 personas. De
los 16 extranjeros cuyo internamiento no fue autorizado, cuatro
fueron puestos en libertad y doce sometidos a presentación periódica
por orden judicial.
Se inició procedimiento de expulsión a todos los extranjeros
internados y se llevaron a cabo gestiones para su documentación por
los países teóricamente de origen en función de sus propias
declaraciones. Hasta el momento se han ejecutado 31 resoluciones de
expulsión en 26 personas marroquíes, dos argelinas y tres de
nacionalidad nigeriana. Tres personas de las inicialmente internadas
han sido puestas en libertad al habérseles concedido el permiso de
residencia durante el tiempo de su detención. Las 22 personas
restantes han sido puestas en libertad el día 17 de septiembre, sin
agotar el plazo máximo de detención que, como bien saben, marcado por
ley es de 40 días con conocimiento judicial, sin que hasta el momento
hayamos conseguido que sean identificados como nacionales por ninguna
representación consular a las que hasta ahora hemos consultado.
Siguen en marcha, por tanto, las investigaciones con respecto a estas
22 personas puestas ya en libertad. Se han incoado expedientes de
expulsión para todos ellos por encontrarse ilegalmente en España; se
realizaron y se siguen realizando distintas gestiones con los
consulados, con el cónsul de Nigeria, con el cónsul honorario de
Ghana y con asociaciones de Sierra Leona, que hasta el momento no han
dado ningún resultado positivo en cuanto a la identificación de estas
personas, identificación a la que ellos obviamente no contribuyen en
absoluto. Se ha remitido a otros servicios de exteriores de países
sin representación diplomática en España fotografías, reseñas
dactilares, datos de identidad, información obtenida en los
cuestionarios policiales en espera de contestación; en definitiva, la
investigación tan elemental como la de poder llegar a
determinar la nacionalidad de estas personas está en marcha, sin que
ninguna de ellas haya solicitado asilo o refugio político, y sin que
ninguna de ellas, que podía darse el caso, se hayan declarado como
apátridas. Todas las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades
competentes respecto a las personas concentradas en Barcelona han
sido todas ellas, lo reitero, ajustadas a derecho y han tenido como
objetivo fundamental, como no puede ser de otra forma, como medida
disuasoria, combatir la inmigración ilegal y, por tanto, luchar
contra el fortalecimiento de las redes que trafican con estas
personas y también de las que aquí posteriormente les explotan desde
el punto de vista laboral.
Por último, los hechos ocurridos en Cuenca, y con ello termino. El
pasado día 6 de agosto de 2001, se concentró junto a la puerta de la
sede de Cruz Roja en la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca, un
grupo, de 70 inmigrantes de origen magrebí. Según manifestó uno de
los portavoces del grupo, la concentración se realizaba reivindicando
que se legalizara su situación en España y que se les proporcionara
vivienda, trabajo y comida, todo manifestado por un portavoz del
grupo. El día 7 de agosto, al no ver atendidas sus reclamaciones, 42
de ellos emprendieron una marcha a pie hacia Cuenca capital, con
objeto de manifestarse ante la Subdelegación del Gobierno. El día 8
prosiguió la marcha y durante el mismo día se condujo a las personas
que componían el grupo al acuartelamiento de la Guardia Civil de La
Almarcha para proceder a su identificación conforme a la legislación
vigente en materia de extranjería.
La identificación fue realizada por miembros de la brigada de
extranjería de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cuenca,
auxiliados por componentes de Policía judicial e información de la
Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca. De la identificación
efectuada resultó que todos los integrantes del grupo disponían del
correspondiente pasaporte y de la correspondiente solicitud de
residencia temporal en España por motivo de arraigo, que estaba en
tramitación. Durante la identificación no se produjo incidente alguno
y al finalizar la misma se reanudó la marcha hacia Cuenca, si bien en
número de 38, ya que cuatro de ellos necesitaron atención médica y
fueron ingresados en el hospital Virgen de la Luz, donde, tras ser
tratados, se les dio de alta médica.
En el transcurso de esta marcha fueron incorporándose más extranjeros
y cuando llegaron a la plaza de España, en Cuenca, frente a la sede
de la Subdelegación del Gobierno, se les unieron los inmigrantes que
les esperaban en este lugar, alcanzando la cifra de 85 personas
aproximadamente. El mismo día de su llegada a la ciudad, una
delegación compuesta por dos miembros del sindicato Comisiones
Obreras y por tres personas representantes de los inmigrantes fue
recibida por el subdelegado del Gobierno, a quien solicitaron la
concesión de los permisos correspondientes y, en todo
caso, la agilización de la tramitación de los expedientes. El
subdelegado les manifestó que, respetando la normativa vigente, se
procedería a estudiar con el máximo interés y la máxima diligencia
todas y cada una de las solicitudes de residencia temporal
presentadas no solamente por ellos sino por todas las personas que lo
habían hecho en aquella subdelegación. No obstante, después de esa
entrevista, el grupo decidió por unanimidad permanecer en el lugar
hasta que se vieran satisfechas positivamente -y lo entrecomillo como
declaraciones del grupo- las peticiones de la totalidad del grupo
(cierro comillas).
La Unidad de Extranjería y Documentación de la comisaría de policía
identificó a las personas que se habían incorporado al grupo durante
la marcha y en Cuenca capital e intentó, sin conseguirlo en todos los
casos, por la negativa de los interesados, notificar personalmente
a muchos de ellos el escrito por el que se les concedía el plazo legal
para la subsanación de las deficiencias ya identificadas en sus
solicitudes dentro del procedimiento de arraigo. Durante la
permanencia en Cuenca del grupo se anunció en diferentes ocasiones el
inicio de una huelga de hambre para presionar en la resolución
favorable de sus peticiones. Al conocer esa decisión y su puesta en
práctica puntual por algunos de los manifestantes, el Instituto
Nacional de la Salud dispuso la alerta correspondiente en los centros
de atención sanitaria y se acordaron con Cruz Roja, que venía
realizando labores de atención social por encargo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, las formas de actuación para
atender a quienes precisasen de asistencia médica. Dicha actuación
conjunta quedó posteriormente formalizada y plasmada en un protocolo
de actuación de colaboración. Bajo este sistema se realizaron en los
centros del Insalud un total de 38 actos de asistencia sanitaria,
todos ellos como consecuencia de patologías de carácter leve, según
los informes médicos. El día 22 de agosto, los extranjeros
solicitaron que se ampliara el plazo de 10 días establecido por ley
para la subsanación de errores y que vencía el día 25 de agosto. Ante
la respuesta, como no podía ser de otra forma, negativa y reiterada
ante los inmigrantes por el personal de la Unidad de Extranjería y
Documentación de la comisaría de policía, asistidos en todo momento
de intérprete, las personas extranjeras comenzaron a abandonar la
ciudad de Cuenca gradualmente durante ese día y el siguiente.
Únicamente quedaron en Cuenca capital diez inmigrantes por falta de
plazas en los autobuses que cubren las líneas que habían solicitado,
por lo que Cáritas y Cruz Roja les proporcionaron comida y
alojamiento para pasar esa noche, abandonando Cuenca en la mañana del
día 24 de agosto. Desde el comienzo de la marcha hasta su
finalización, la Guardia Civil mantuvo un dispositivo para garantizar
la seguridad en prevención de posibles accidentes o de otras
situaciones que pudieran poner en peligro tanto a las personas que
marchaban como a los
automovilistas o usuarios de la vía pública. El Subdelegado del
Gobierno en Cuenca convocó diferentes reuniones con representantes de
las administraciones locales y autonómica, a las que asistieron
también miembros de Cruz Roja, de Cáritas y del sindicato Comisiones
Obreras, con el fin de incidir y recordar, sin ningún problema, las
obligaciones de cada administración ante la situación, y en especial
en lo relativo al alojamiento y atención social de los inmigrantes.
Esos fueron los hechos que sucedieron -y con ello termino, señor
Presidente- en la ciudad de Cuenca. (El señor Mayoral Cortés pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Dígame, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Para una cuestión de orden, pido la palabra,
señor presidente, en razón a la referencia que ha hecho el señor
delegado del Gobierno para la Extranjería a la figura del señor
Chaves en esta Comisión. Quiero hacer constar una protesta expresa de
mi grupo por que se haya utilizado de esa manera tan innoble y se
haya traído al debate a una persona que está ausente, sin duda
utilizando todo tipo de argumentos para cubrir vergüenzas que son
evidentes y recurriendo a falacias, porque se ha utilizado un
argumento falaz. El argumento más falaz de todos ha sido utilizar al
señor Chaves, que no está presente aquí y no se puede defender. Creo
que es impresentable, señor delegado del Gobierno para la
Extranjería, que usted traiga aquí estos argumentos. Tienen SS.SS.
sobrados motivos para hacer toda la propaganda que quieran o para
defender como quieran su política, pero quiero hacer constar mi
enérgica protesta y la de mi grupo por que se haya utilizado tan
falazmente la figura del señor Chaves que, repito, no se puede
defender. Puede haber escrito un artículo o un tratado, pero creo que
utilizar de esa manera las cosas es incurrir, por otra parte, en una
política estrictamente partidista, que no le corresponde a usted como
delegado del Gobierno para la Extranjería. Está bien que el señor
Arenas trate debatir al señor Chaves y utilice los argumentos y
recursos...
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, creo que ya
ha quedado clara su posición, y no vamos a ampliar esta incidencia.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Por la misma cuestión de orden, para señalar que
el señor Mayoral acaba de incurrir en manifiesta contradicción cuando
cita al señor Arenas, que no está presente en este debate. Por otra
parte, el señor Fernández-Miranda ha hecho una intervención a nuestro
juicio ciertamente elogiosa del artículo que ha mencionado del señor
Chaves. Y, por otra parte, no entiendo este turno; para decirle lo
que le ha dicho al señor Fernández-Miranda está el turno normal
del Grupo Parlamentario Socialista, y para que el Grupo Parlamentario
Socialista exprese su desacuerdo con el artículo del señor Chaves, a
tenor de la intervención del señor Mayoral, también.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Volvemos al orden normal
de las cosas, y tiene la palabra, ahora sí, el señor Centella, como
representante y portavoz de uno de los grupos que han pedido
acumulación de comparecencias, y concretamente el que presentó la
iniciativa primera, según consta en la Comisión.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Lo primero que tengo que decir es que
aceptamos el cambio del orden del día que se nos proponía para
atrasarlo hasta el jueves y que pido disculpas al señor Fernández-
Miranda porque no escucharé su contestación a mi intervención, por
intentar solucionar algo que me impide estar aquí el jueves. La leeré
en el «Diario de Sesiones», y no se preocupe que lo haré con atención
y quizá con preocupación. De todas formas, se ahorrará usted mi
réplica, y eso que saldrá ganando.
Señor Fernández-Miranda, la verdad es que me preocupa mucho la forma
en que terminó su intervención en la anterior comparecencia y cómo ha
iniciado esta. Es preocupante que ustedes sigan utilizando la
inmigración para hacer electoralismo, además del más burdo -perdóneme
que lo diga así- Usted ha hablado de que primero son los trabajadores
españoles y del paro que hay en España, y ese discurso es muy
peligroso porque luego nos encontramos con la confrontación que se
provoca en los pueblos. Nos parece que el tono que ha empleado usted
no le corresponde, y le repito que nos preocupa. Menos mal que hoy al
menos no ha dicho algo que he leído, si es verdad que usted lo dijo,
respecto a comparar los problemas de la inmigración con el atentado
terrorista contra Estados Unidos. (El señor delegado del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración, Fernández-Miranda y Lozana,
hace signos negativos.) He leído hoy en la prensa que parece que
usted ha dicho que con problemas de la inmigración se acaba con
atentados. Si no lo ha dicho, mejor, y volveremos a echar la culpa a
los periodistas, que no le recogen bien sus declaraciones. Le repito
que nos preocupa que se intente enfrentar a los parados españoles,
que ya tienen demasiada desgracia con estar en el paro, con los
inmigrantes, que también tienen sus problemas, y por lo tanto,
repito, no creo que sea ese el camino.
Por otra parte, le noto muy satisfecho, como no podía ser menos -si
no, no estaría ahí, o al menos, si no estuviera satisfecho, lo
tendría que aparentar-, con la ley que ustedes aprobaron. Le recuerdo
que la ley de 1995 también la aprobaron ustedes, porque parece que no
quedaba claro. Pero es lástima que esa satisfacción no la compartan
ni las asociaciones que trabajan en la
inmigración ni, por supuesto, los inmigrantes, que son los sujetos de
esa ley, y que la ley haya provocado más problemas de los que
resuelve. No vamos a discutir aquí la política de inmigración del
Gobierno, que puede ser motivo de otra comparecencia. Estamos
hablando de la ley, cuyo objetivo debe ser resolver problemas.
Nosotros entendemos que usted no nos ha hablado de los problemas que
ha resuelto la ley, y le podemos hablar de los problemas que ha
generado y sigue generando dicha ley. Es una ley que no debió ser
aprobada y que debía ser modificada. Ustedes tienen mayoría y ustedes
han utilizado este tema de una forma que nosotros creemos no acorde
con los intereses generales, y me preocupa que lo sigan haciendo.
Desde la aprobación de la ley, hemos asistido a situaciones
y actuaciones desconcertantes. No vamos a repetir lo que ya le hemos
dicho en otras ocasiones sobre los viajes pagados de ida y vuelta, de
ida y no vuelta; no se lo vamos a repetir, pero está ahí. Ustedes
también dijeron que no iba a haber más procesos de regularización y
al final tiene que haberlos. Los acuerdos que se alcanzaron en
Barcelona y en otros sitios entendíamos que lo que pretendían era
apagar un fuego generado por la aplicación de su ley. Ustedes se
niegan a reconocer un hecho evidente y siguen manteniendo que no hay
más solución que la expulsión de los inmigrantes que ya están en este
país. Nosotros sabemos que eso es imposible y ustedes lo saben
también, por tanto entendemos que hay trampa en esa argumentación.
Entendemos que de lo que se trata es de mantener inmigrantes
ilegales, entre comillas, o inmigrantes sin papeles en este país para
que sean presas de esas mafias que el portavoz del Grupo Popular
(entiendo que está haciendo méritos para ser portavoz del Gobierno ya
que le hacen a usted las intervenciones) venía a decirnos en su
anterior intervención que eran las causantes del problema, pero no es
así. Los que vienen aquí no vienen movidos por las mafias, vienen
movidos por la miseria, y si no viniesen no resolverían el problema,
usted lo ha dicho, sino que acabarían muriéndose de hambre en sus
países de origen, pero, eso sí, no nos molestarían ni nos causarían
situaciones desagradables. El problema, repito, no son las mafias
sino una consecuencia del problema. Con su ley, lo que están haciendo
es fortalecer las mafias. En su mismo lenguaje ustedes encarecen el
negocio y consolidan las mafias; mafias que precisamente se basan en
la necesidad de una ley que se avecina ineficaz y que hace que el
inmigrante tenga que acogerse a situaciones como las que luego se
producen. Por tanto, su ley no va contra las mafias sino que, al
contrario, las potencia. No reconocer que hay que regularizar a todos
los extranjeros que estén en este momento en este país es contribuir
a que se siga potenciado esa economía sumergida, esas situaciones que
se han denunciado, y que hemos visto todos a través de los medios de
comunicación, de semiesclavitud, que se producen precisamente por la
falta de
legalización laboral de los inmigrantes. Una ley que no ha frenado el
flujo migratorio, como usted ha reconocido, que ha generado
situaciones de emergencia, como usted también ha reconocido, una ley
que no viene a resolver los problemas, no podemos entenderla. Díganos
cuáles son las ventajas de esta ley. Usted ha hablado de coordinación
y de otra serie de elementos que podemos discutir si son efectivos o
no pero que no tienen relación con lo esencial de la ley. Le repito
que nos parece que su ley no solamente es una mala ley sino que
además se está demostrando que es una ley inútil, que es lo peor de
una ley, en lo esencial que ustedes decían pretender. Me cuesta creer
que ustedes se lo creyesen, pero había unas elecciones en el año 2000
y ustedes echaron ahí todos los argumentos posibles.
Usted me planteaba una posibilidad y decía que no le había escuchado.
Yo no suelo ser portavoz de mi grupo en estos temas, pero usted habrá
escuchado a otros portavoces de mi grupo y seguramente habrá
escuchado alternativas, porque si algo viene haciendo no solamente
Izquierda Unida -en esto no somos nada originales- sino el conjunto
de organizaciones que trabajan en la solidaridad y en la ayuda
humanitaria y otras muchas fuerzas políticas es hacer propuestas.
Otra cosa es que cuando no coinciden las propuestas con lo que piensa
el Gobierno al final acabe diciendo que no hay alternativa. Las
alternativas existen, como existe que se regularice el flujo de
inmigración en origen, como existe la necesidad de un funcionamiento
mucho mejor de los consulados españoles y sobre todo como existe la
necesidad de documentar a todos los inmigrantes que actualmente se
encuentran en nuestro país. Usted podrá estar de acuerdo o no con
estos planteamientos pero son los que nosotros ofrecemos a la
sociedad española para este debate. Usted sabe, como sabemos todos,
que este no es un problema que termine si no que, por desgracia y
porque la situación en el mundo no va para mejor en este sentido, es
un problema que vamos a sufrir con más crudeza en los próximos años.
Parece ser que al final las consecuencias de los atentados lo va a
terminar pagando el continente africano, como parece que hoy el Fondo
Monetario venía a adelantar. Por tanto, podemos estar ante un
recrudecimiento del problema. En esta situación yo le volvería a
insistir que no repitiese eso de que primero los españoles y segundo
los españoles de fuera, porque eso, dicho así, suena a confrontación,
que creo que es lo que hay que intentar evitar. Nosotros, con toda
sinceridad, lo hacemos. El ejemplo de Izquierda Unida en Huelva y en
otros sitios es evidente. Por tanto, volvemos a pedir al Gobierno que
no actúe de esa manera porque no nos gustaría que se repitiesen los
incidentes que por desgracia ya se han dado en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que espero que no se vuelvan a repetir.
Por último, le reitero mis disculpas. Si pudiese escucharle, me
encantaría y, si no, sepa que con toda seguridad leeré su respuesta
en el DIARIO DE SESIONES.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nuestro grupo parlamentario va a
centrar su intervención en la segunda parte de la explicación del
delegado del Gobierno, por tanto orientado a los hechos acaecidos en
Barcelona este verano.
Sobre la primera parte de su comparecencia quería remarcar
simplemente dos cuestiones. En primer lugar, la transcendencia que va
a tener el proceso de elaboración del contingente. Si el Gobierno y
el conjunto de administraciones y grupos sociales implicados en el
mismo es capaz de convertir el contingente para el año 2002 en un
contingente puro, un contingente que efectivamente sirva para regular
la entrada de trabajadores extranjeros en España y no un proceso
falso de regularización como ha sido hasta ahora la tradición, yo
creo que habremos avanzado en ese esfuerzo que todos compartimos de
regulación de los flujos migratorios. En segundo lugar, creo que es
muy importante la constitución de esas dos subcomisiones previstas en
la Ley 8/2000, muy especialmente la subcomisión creada en Cataluña,
en la que mi grupo parlamentario tiene esperanzas de que sirva para
mejorar lo que hoy no termina de funcionar, que es la coordinación
entre las administraciones.
Entrando en el tema de Barcelona y reconociendo la complejidad de
todo este proceso, creo que no nos podemos sentir satisfechos de cómo
se ha resuelto esta situación. Lo vivido en Barcelona es la evidencia
de importantes disfunciones en la regulación de la cuestión
migratoria en estos momentos en España. Desde mayo de este año se
tenía conocimiento por parte de la autoridad municipal y por parte de
la Administración del Estado en Cataluña de la ubicación de un grupo
de subsaharianos en la plaza de Cataluña en situaciones complicadas.
Como mínimo, los primeros informes del Ayuntamiento de Barcelona
sobre esta cuestión interna son de mayo de este mismo año y además
esos mismos informes reflejan la presencia de dotaciones del cuerpo
nacional de policía en esa plaza de Cataluña. Mi grupo cree que ha
existido una dejación de responsabilidades por parte de la Delegación
del Gobierno, específicamente de la Subdelegación del Gobierno en
aras de lo que prevé el artículo 95 del vigente reglamento de
ejecución de la Ley 8/2000. El artículo 95 dice: El procedimiento
sancionador se incoará de oficio por el órgano competente que tenga
noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los
preceptos de la ley. En el punto segundo de dicho artículo se dice:
Serán competentes para ordenar la incoación del procedimiento
sancionador los delegados del Gobierno en las comunidades
uniprovinciales y los subdelegados del Gobierno en el resto de las
provincias. Es evidente que como mínimo desde mayo del año pasado la
Subdelegación del Gobierno tenía conocimiento de situaciones que
podían constituir infracciones previstas en nuestro ordenamiento
jurídico.
La actuación no se produce hasta agosto de ese año y se produce con
una falta de previsión más que evidente respecto a la situación que
se generaba una vez que ese grupo de personas son expulsados de la
plaza de Cataluña e inician un itinerario por diversas plazas de la
ciudad de Barcelona. Lo que se pone de manifiesto -más allá de la
intervención que se produce por parte de la Policía con esas 108
personas detenidas y esas 62 personas ingresadas en diversos centros
de internamiento- no es tan solo que existe una dejación de sus
responsabilidades por parte de la Subdelegación del Gobierno con
respecto a esta previsión del artículo 95, sino que se pone de
manifiesto, lo que en la anterior comparecencia hemos tenido ocasión
de debatir, la situación de personas que tienen un expediente de
expulsión abierto, dictado y no ejecutado. Aquí las cifras que
citábamos anteriormente son contundentes. Por ejemplo, hablando del
año 1999, se abrieron un total de 19.000 expedientes de expulsión de
los que fueron materializados 5.232. La pregunta que nos planteamos
es qué hacemos con estas personas que tienen una orden de expulsión,
que no puede ser ejecutada, y que terminan vagando por las calles de
nuestras ciudades. En concreto, refiriéndome a lo sucedido en la
plaza de Cataluña, el propio secretario de Estado hablaba de 22
personas con expediente de expulsión abierto y que en estos momentos
circulan en una situación de absoluta indefensión. La existencia de
esa orden de expulsión aparentemente imposibilita la regularización
de estas personas. Nuestro grupo, señor Fernández-Miranda, le plantea
dos reflexiones: Que en el marco de la ley y del reglamento
encontremos fórmulas que puedan permitir dar algún tipo de
estabilidad a estas personas y no dejarlas en esta situación de
irregularidad -dejo a su opinión si usted entiende que en el marco de
la ley y del reglamento podríamos encontrar mecanismos para que no se
permitiese a estas personas, estar expuestas a la explotación
laboral, a caer en la pura delincuencia, a tener que esperar de la
asistencia social de las ONG o de las administraciones municipales o
quizás deberíamos empezar a estudiar sistemas que, por ejemplo, están
funcionando en Alemania, que introducen, para las personas con un
expediente de expulsión no ejecutado la obtención de un permiso de
residencia a precario, provisional, que llega a durar hasta dos años
y una vez que se comprueba que ese expediente de expulsión no se
puede ejecutar se procede a una normalización administrativa. Las
cifras son suficientemente escandalosas y los hechos acaecidos en
Barcelona y en otras ciudades son suficientemente preocupantes para
no
poder conformarnos con lo que hasta ahora hemos realizado en esta
materia.
Voy a realizar dos consideraciones más. En toda esta polémica el
Gobierno ha afirmado que los aspectos de carácter social no
correspondían a su competencia, sino que correspondían a la
Administración del Estado, a la Administración autonómica o
municipal, pero quiero recordarle que el artículo 145 del reglamento
de la ley, cuando establece la red pública de centros de migraciones,
afirma que para el cumplimiento de los fines de integración social
que tiene encomendados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
éste dispondrá de una red pública de centros de migraciones destinado
a las funciones de atención, acogida, intervención social y, en su
caso, derivación de extranjeros que tengan condición de solicitantes
de asilo, desplazados, refugiados, apátridas o de inmigrantes que se
hallen en situación de vulnerabilidad o corran riesgo de exclusión
social. En la medida que en Barcelona no existe ningún centro de
estas características, para poder cumplir estas funciones que la ley
asigna al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que hace
referencia a inmigrantes que se hallen en situación de vulnerabilidad
o corran riesgo de exclusión social y el colectivo de personas
situadas en la plaza de Cataluña podríamos considerarlo en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, mi pregunta es: ¿Qué
medidas de carácter social había tomado el Gobierno en relación con
estas personas? Sabemos que, desde mayo de este año hasta ahora,
respecto a esta obligación que le marca el artículo 145, el Gobierno
tampoco había asumido ninguna responsabilidad. Más allá de la
necesidad de que en Cataluña también exista algún tipo de instrumento
legal que responda a estas características y que se debe de hacer en
colaboración con el resto de administraciones públicas implicadas en
estas cuestiones -usted sabe que el Gobierno de Cataluña ha planteado
al respecto algunas consideraciones-, lo que es evidente es que lo
que sucedió en la plaza de Cataluña también es responsabilidad del
Gobierno español y de la Subdelegación del Gobierno. Nuestro grupo
espera que esta situación no se vuelva a producir y que en el seno de
la subcomisión de cooperación, constituida hace pocos días, se puedan
resolver este tipo de incidentes. El espectáculo que el conjunto de
administraciones dieron este verano en Barcelona fue lamentable y las
noticias aparecidas, hace escasos días, con ocasión de la celebración
de una rueda de prensa por parte de estas personas, afirmando que su
situación legal y administrativa volvía a ser aquella que se producía
entre mayo y agosto del año 2001, no solamente producen perplejidad
entre la ciudadanía sino que provocan una profunda irritación. La
lealtad entre las administraciones es necesaria y la Administración
del Estado debe de asumir sus responsabilidades en esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, voy a intentar
no alargarme demasiado y voy a referirme exactamente al balance que
usted ha hecho de la ley y del reglamento, y en el último momento voy
a hacer una breve referencia a los incidentes y la situación que se
produjo este verano en Barcelona. Nuestro grupo parlamentario está
bastante de acuerdo con el análisis que ha efectuado el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Voy a intentar ser escrupulosa con las palabras que usted ha usado.
Ha dicho que en general los resultados, tanto de la ley como del
reglamento, son positivos, que el régimen sancionador de esta ley se
ha usado adecuadamente y que la tutela judicial efectiva se ha
respetado. Ha empezado por decir estos tres conceptos con los que
nosotros no estamos de acuerdo y un cuarto concepto en el que usted
resumía y decía que la Ley 8/2000 deslinda perfectamente entre
regulares e irregulares. Esto es una forma -y mi grupo parlamentario
así lo mantiene- de ver y de analizar la ley 8/2000, pero no es la
única forma. En primer lugar, a mí me sorprende la contundencia que
usted ha tenido al afirmar que el respeto a los derechos humanos y a
la tutela judicial efectiva en las modalidades sancionadoras de la
ley, como es el rechazo en frontera, el retorno, la devolución o la
expulsión del territorio español, se han cumplido adecuadamente. Me
extraña porque es difícil que un responsable político pueda decir con
tanta contundencia, cuando hay hechos que demuestran lo contrario,
que este respeto ha sido tan escrupuloso. A mi grupo parlamentario lo
que fundamentalmente -y usted es consciente de ello, porque a lo
largo de las discusiones del trámite parlamentario de la ley lo
hicimos saber en muchas ocasiones- nos preocupaba enormemente era el
régimen sancionador. A nuestro modo de ver las cosas, esta ley tiene
una vocación de generalización en la práctica de las expulsiones, en
la agilización del retorno en frontera y en las devoluciones. No
vamos a entrar a analizar cómo se ha hecho todo esto. Aquí tengo un
informe de la Oficina del comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, en el que se nos solicita que elaboremos un
informe sobre este asunto a lo largo de estos meses de entrada en
vigor de la ley. Al mismo tiempo, la Oficina del comisario para los
Derechos Humanos del Consejo de Europa ha establecido -y usted las
debe de conocer- unas normas de derechos humanos de aplicación a la
retención de extranjeros que deseen entrar en un Estado miembro del
Consejo de Europa y a la ejecución de decisiones de expulsión, así
como la Directiva 2001/40, del Consejo, de 28 de mayo de 2001,
relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de
expulsión de nacionales de terceros países. Ninguna de las dos son
gratuitas. Ninguna de las dos acepta el reconocimiento
de las expulsiones de un país miembro de la Unión Europea si no
respeta escrupulosamente determinados convenios internacionales,
entre otros el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Asimismo, si no respeta la Convención de Ginebra de 1951, para el
respeto de la opción de asilo y refugio, como usted muy bien conoce.
Nosotros no somos tan optimistas como usted y nos sorprende -insisto-
la contundencia que ha tenido al afirmar el respeto escrupuloso a la
tutela judicial efectiva y a los derechos humanos. Esta mañana se ha
hablado aquí de esa falta de respeto en dos ocasiones, en concreto, y
sobre todo en Motril, pero no voy a volver sobre ese tema que ya
hemos debatido.
En segundo lugar, desde mi grupo parlamentario queremos decirle que
no estamos de acuerdo, aunque usted crea que la coordinación entre
las distintas administraciones pueda mejorarse, pero ya es muy buena,
en que esa coordinación exista. No existe coordinación entre los
delegados y los subdelegados del Gobierno. Hay un trato y una
interpretación de las normas diferentes. Y usted lo sabe porque, a lo
largo del proceso de regularización, ha quedado sobradamente de
manifiesto que esto era así. No hay coordinación entre la
Administración central, la autonómica y la local. No la hay, señor
delegado del Gobierno y, entre otras cosas, no la hay porque no hay
recursos para integración desde el Gobierno central.
Además, nos preocupa algo que ya ha mencionado el portavoz de
Convergència sobre el contingente. Que el contingente lo base
fundamentalmente en el sistema nacional de empleo -ya lo dijimos en
su día- puede ser enormemente problemático. Están contando ustedes
con los sindicatos y con la patronal, en las subcomisiones de
coordinación que ha habido ya con Cataluña o con Canarias. ¿Estaban
presentes los sindicatos y la patronal? Esperamos que sí, porque si
no es así es muy difícil esa coordinación y va a ser extremadamente
dificultoso establecer un contingente puro, es decir, de los que
pueden entrar, no de los que se hallan irregulares, y que el
contingente sirva para regularizar a los irregulares que ya se
encuentran en nuestro país, lo que no significaría un contingente
puro.
También querría preguntarle qué pasa con las comunidades autónomas
donde no ha habido subcomisiones de coordinación y que, como usted
sabe, tienen altas tasas migratorias, como Andalucía, Madrid,
Levante, Murcia, etcétera.
Me voy a referir al Plan Greco. Usted se ha referido a él, ha dado
una cifra de 38.000 millones de pesetas, pero seguimos sin saber
cuáles son los ministerios protagonistas de este plan. Es un totum
revolutum, es una lista larga de buenas intenciones, como dijimos en
su día, donde nos es enormemente difícil deslindar las
responsabilidades y las competencias de cada ministerio, comunidad
autónoma y administraciones locales en este tema. No se diferencian
las partidas presupuestarias
y siguen sin dar el protagonismo que tiene que tener el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en materia de integración. Durante la
primera etapa de esta legislatura, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha estado absolutamente fuera de juego en temas de
migración. Últimamente, con el cambio del ministro Rajoy, parece que
eso se va enmendando lentamente, esperemos que se siga enmendando y
sigan dándoles las competencias que deberían no haberles quitado
desde un inicio.
Quiero añadir alguna cosa más. Según los presupuestos del año 2001,
que ustedes han remitido a esta Cámara, hay una reducción
considerable de su delegación del Gobierno, de la que usted gestiona
y es responsable.
También me voy a referir muy brevemente al foro para la integración
social de los inmigrantes. Ya lo debatimos en su día, a lo largo del
trámite de la Ley 8/2000. Es verdad que ha cambiado fundamentalmente
este foro y es verdad que ha cambiado para mal. Es verdad que las
organizaciones no gubernamentales no están satisfechas de las formas
en que ustedes han hecho, han exigido y han implantado el reparto de
competencias dentro del foro. Y, sobre todo, está su incomodidad
porque directamente se les ha venido a convertir en una comparsa de
la Administración central. Señor delegado del Gobierno -y lo sabe
usted mucho mejor que yo-, con buenas palabras se puede llegar hasta
un punto, pero no más lejos, porque los hechos son muy tozudos.
Ustedes reconocen la labor de las organizaciones no gubernamentales;
la reconocen porque en muchos casos son subsidiarias de la
Administración; subsidiarias de lo que debe ser la responsabilidad
del Gobierno. Y eso significa que las organizaciones no
gubernamentales no pueden, en muchas ocasiones - en su mayor parte-,
suplir lo que es la responsabilidad del Gobierno y de la
Administración central.
Aquí voy a terminar y sólo voy a añadir una cosa con respecto a
Barcelona. Cuando discutíamos en trámite parlamentario la Ley 8/2000
le hicimos saber, en diversas ocasiones, la situación de los
ciudadanos subsaharianos que no tienen en sus países un convenio de
retorno. La mayor parte de estos ciudadanos provienen del África
subsahariana, excepto Nigeria, donde está este acuerdo en marcha.
Estos ciudadanos, como usted sabe, provienen en su mayoría de los
CETI de Ceuta y Melilla. Tienen una orden de expulsión debajo del
brazo y se les traslada a la Península, orden que no puede ser
ejecutada por ninguna administración. Yo me uno a la petición del
portavoz de Convergència i Unió porque, entre todos, tenemos que
buscar una salida para el contingente, para este grupo de ciudadanos
subsaharianos que estamos directamente lanzando a una situación de
precariedad y de posibilidad de delincuencia, porque no tienen
ninguna otra salida legal dentro de la Ley 8/2000 ni del reglamento.
Entre todos tendremos que buscar una solución.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente.
En relación con los sucesos de Barcelona y Cuenca, nada que añadir al
relato de los hechos que ha señalado el señor delegado del Gobierno.
En el espíritu al que me referiré ahora, quiero apuntar que
probablemente algunas reflexiones hechas por el portavoz Convergència
i Unió puedan ser instrumentos útiles para abordar, a su vez, una
reflexión en común.
En cuanto al tema principal que nos convoca hoy aquí, quiero recordar
que el pasado 30 de junio esta misma Comisión de Justicia e Interior,
a petición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), celebró una
sesión monográfica con el señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro del Interior, precisamente para abordar un análisis de lo
que había sido la experiencia de la puesta en práctica de la ley y
del reglamento. Por tanto me refiero ya en este acto, dándolas por
reproducidas, a las valoraciones que en su momento, en esa sesión de
30 de junio, hizo mi grupo parlamentario al respecto. Por dejar
nuestra posición lo suficientemente clara y, al mismo tiempo concisa,
quiero decir que, en relación con lo que han sido los ejes
vertebrales de la intervención del señor delgado del Gobierno, mi
grupo considera que los resultados de la puesta en práctica de la ley
y del reglamento han sido positivos; que mi grupo considera que el
régimen sancionador se ha utilizado adecuadamente, y decir qué mi
grupo considera que ha habido un respeto permanente hacía el
principio de la tutela judicial efectiva. Que entendemos además que
todo eso se ha hecho, y ésta es valoración de mi grupo, con un
espíritu ciertamente progresista, con un espíritu socialmente
integrador, con un espíritu permanente de protección humanitaria y
con garantía de los derechos humanos. Valoramos igualmente, de manera
muy satisfactoria (de manera muy satisfactoria en los términos que
vengo diciendo esta mañana, desde el compromiso permanente de
autoexigencia), los niveles de coordinación entre la Administración
del Estado intramuros, digámoslo así, y entre ésta y las demás
administraciones.
Vuelvo a insistir, siempre he puesto ese acento de la permanente
autoexigencia y valoramos en mucho el esfuerzo de las organizaciones
no gubernamentales y del voluntariado social. Quiero recordar muy de
pasada que desde ciertas nadas anteriores hemos llegado al Programa
Greco y que seguimos entendiendo que este programa es un instrumento
muy sólido, muy completo y muy multidisciplinar para abordar en
términos de apoyo, la aplicación de la ley y la aplicación de la
política global del Gobierno.
Por último, puesto que se han utilizado esas dos palabras, que más
que dos palabras configuran un concepto, el de buenas palabras,
permítaseme decir que
este portavoz y su grupo parlamentario entienden que en democracia
con buenas palabras se llega siempre al respeto recíproco y, desde
ahí, al diálogo y al logro de los mejores acuerdos. Es conveniente
hacer esa reflexión porque de lo que se trata, y esa ha sido y será
siempre la posición de mi grupo parlamentario, es de avanzar juntos,
de integrar juntos reflexiones y de entender que esta política de
inmigración, por el interés de España y por el interés de las
personas afectadas, es una política de Estado que no puede, no debe
estar sometida a los legítimos vaivenes de la dialéctica Gobierno-
oposición. En esas buenas palabras, en el respeto a las razones de
los demás grupos parlamentarios políticos y sociales y en nuestra
voluntad de avanzar juntos, se nos encontrará siempre.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Fernández-Miranda.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): En primer lugar, muchas gracias, señor
Gil Lázaro. En segundo lugar, y lamento muchísimo que el señor
Mayoral se haya ido, sigue empeñado en decir de qué podemos y de qué
no podemos hablar, lo cual no deja de ser sorprendente en un régimen
democrático y en un país libre.
He recordado aquí un artículo de opinión publicado en un diario de
tirada nacional por el señor Chaves, que es presidente hasta donde
alcanza mi conocimiento del Partido Socialista Obrero Español y
presidente de la Junta de Andalucía; tiene una doble condición
partidista e institucional que ostento yo con mayor modestia, pero de
forma similar, con la única diferencia de que él está presidiendo el
Partido Socialista y yo simplemente estoy afiliado al Partido
Popular, con lo cual me he alegrado, me ha halagado la decisión que
toma el señor Chaves de decir lo que dice en este artículo de
opinión, que suscribe punto por punto lo que constituye el Programa
Greco y la política de extranjería e inmigración del Gobierno. Y, al
final, no sé lo que le ha molestado al señor Mayoral, si el contenido
político del artículo o mi mención absolutamente respetuosa del señor
Chaves.
Es cierto que (tampoco me extraña nada porque la señora Blanco
empieza por estar de acuerdo con el análisis que hace el señor
Campuzano, de Convergència i Unió, con respecto a los hechos de
Barcelona) el señor Clos, alcalde de Barcelona, del Partido
Socialista de Cataluña, este verano solicitó la expulsión de las
personas que estaban en la plaza de Cataluña. Bien es cierto que el
señor Bono hace un par de meses dijo que él no iba a pedir papeles a
nadie en Castilla-La Mancha, como si él tuviese que pedirlos. Por
otro lado, el alcalde de Jumilla, del Partido Socialista, este verano
dijo que no iba a empadronar a nadie más en su pueblo, que se
acabaron los empadronamientos y lo que tuve que
oír cuando le pedí a los alcaldes que fuesen rigurosos y cuidadosos
con el empadronamiento, con una función sumamente importante. Por
otro lado, el señor alcalde de Lorca pide expulsiones y hace
demoliciones de edificios ocupados por extranjeros en situación
irregular y hace bien poco tiempo l a señora Rumí, nos ofrecía una
rifa para dar los permisos de residencia. Ante este mare-mágnum, no
me extraña que al señor Mayoral le haya sonado raro que reconozca el
acierto del señor Chaves escribiendo lo que ha escrito, que siendo
como es presidente del Partido Socialista va a contribuir a alcanzar
ese pacto de Estado que están solicitando desde el Partido
Socialista, pero desde el Gobierno tenemos una dificultad ya
aminorada por el artículo, que no sabemos qué es lo que hay que
convenir porque no conocemos la política de inmigración del Partido
Socialista. Más allá de esto y reivindicando desde el respeto y la
cortesía parlamentaria como uno de los artículos el Reglamento poder
hablar de aquello que considere adecuado, me he referido con todo mi
respeto y en buena medida admiración, al señor Chaves por el artículo
que ha escrito recientemente en un periódico de tirada nacional.
En cuanto al señor Centella, se ha ido. Lo lamento muchísimo. Lo
leerá en el «Diario de Sesiones», pero quizá sus ocupaciones sean en
ese sentido tan importantes como las nuestras y a veces vamos a
economizar tiempo. Solamente -y quizá lo lamente- debo decir que en
España no hay racismo, no hay racismo organizado, no hay partidos de
extrema derecha, no hay enfrentamiento en los barrios de las
ciudades, no se queman casas con extranjeros dentro, no hay partidos
políticos que se sienten en el Parlamento invocando el racismo como
su razón de ser. No hay racismo y tenemos que seguir peleando para
ello y es lo que estamos haciendo todas las fuerzas políticas, todas
las fuerzas sociales, todos los profesionales de la educación, día a
día transmitiendo a nuestros niños y a nuestras niñas esos principios
y esos valores que son los que constituyen nuestra Constitución. No
hay racismo y no sé en ocasiones si con eso al señor Centella le
faltan argumentos para poder oponerse al Gobierno.
Señor Campuzano, afirma usted rotundamente al principio de su
intervención que desde el mes de mayo el Ayuntamiento y la Delegación
del Gobierno conocían la realidad de la plaza de Cataluña; y la
Generalitat, no vaya a ser que una instancia administrativa
competente en el ámbito de la asistencia social pareciese, de su
intervención, que no estaba enterada, entre otras cosas porque no
tenía que estar enterada y nada más lejos de la realidad.
Estamos en este momento, y quizá debamos esforzarnos por hacerlo,
además en el seno de la subcomisión de coordinación (señora Blanco,
nada tiene que ver la subcomisión de coordinación para la emigración
Estado-comunidades autónomas, con las comisiones provinciales
insulares de trabajo porque son dos cosas
totalmente distintas que ahora le explicaré) y quizá sea el sitio
donde debamos, en ese esfuerzo que estamos haciendo con eficacia,
volver a recordarnos cuáles son nuestras competencias y dónde debemos
asumir compromisos en función de las competencias que tenemos y dónde
no. No consiste en que todos hagamos lo mismo a la vez como
administraciones, señor Campuzano, porque nos equivocaríamos
radicalmente. Así como el expediente sancionador es -usted lo ponía
como ejemplo- competencia y obligación de la delegación o la
subdelegación del Gobierno, la acogida humanitaria es responsabilidad
y competencia de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona que
por su tamaño, por su número de habitantes tiene competencias también
en este sentido.
Estamos acabando de gestionar en este momento una realidad que ahora
no es deseada por nadie, que es la realidad de que después de tres
procesos extraordinarios -dígame usted qué país de la Unión Europea
ha hecho eso en año y medio-, donde van a revisarse más de medio
millón de expedientes, con el esfuerzo que eso supone para la propia
Administración (que a la vez ha de atender todos los procedimientos
ordinarios y estamos siendo capaces de hacer frente a ellos), hasta
ahora se han regularizado ya más de 200.000 personas que estaban en
situación irregular. A la pregunta que usted me hace cuando decimos
qué hacemos con estas personas que tienen expedientes incoados y que
de momento no hemos podido ejecutar, debo contestar que acogerlos de
forma exquisita desde el punto de vista humanitario, hasta que la
vuelta a su país sea una realidad. El único futuro de las personas
que se encuentren al final del proceso de arraigo irregularmente en
España es la vuelta a su país de origen. Mientras tanto, nuestra
obligación (estoy de acuerdo con que, independientemente de las
competencias formales, el concepto de corresponsabilidad debe seguir
primando) es acogerles para que sus derechos fundamentales básicos no
sean vulnerados. No hay estabilidad posible de futuro para esas
personas. No podemos vulnerar la ley, entre otras cosas, porque la
ley ya nos impide satisfacer el contingente con personas que se
encuentren dentro de España, entre otras muchas matizaciones.
Ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para entrar de verdad
en la ordenación de los flujos migratorios, para que estas personas
sean acogidas y protegidas hasta que la vuelta a su país sea una
realidad. Tenemos que ser bien claros, cuando hablamos del esfuerzo
de integración social, porque el Estado, a través de cualquiera de
sus administraciones, pero con las competencias perfectamente
asumidas, debe hacer un esfuerzo inmenso, ya que es responsabilidad
de todos nosotros. Esa integración ha de hacerse por aquellas
personas que van a convivir, que van a residir legalmente entre
nosotros. Es un esfuerzo sin límite, donde han de conocer, si no lo
conocen, la lengua que se hable en el territorio español donde estén
viviendo, han de
conocer nuestras leyes, sus derechos y sus obligaciones, así como
compartir y disfrutar con nosotros sus costumbres, lo mismo que
nosotros con ellos. Eso es integración y deseo de que convivan como
pueden hacerlo siendo, desde el punto de vista laboral o
administrativo, ciudadanos de primera, y muchos de ellos, los
ciudadanos de la Unión Europea, con derecho a voto para conformar los
gobiernos municipales.
Señora Blanco, más allá de los discursos que se puedan plantear en
esta Cámara o donde a S.S. le parezca más apropiado, he de afirmarle
de nuevo rotundamente que la ley española respeta todos los
convenios, todos los tratados internacionales y hace cierta la tutela
judicial efectiva y el respeto a los derechos humanos en todos los
casos. Cuando no suceda así, los primeros que estamos interesados en
que esos hechos se conozcan, se denuncien y se juzguen, somos
nosotros, en compañía mutua, probablemente ninguno más que el otro.
Por tanto, no haga usted esas afirmaciones tan rotundas de que la ley
española no respeta ni convenios ni tratados ni la tutela judicial
efectiva ni el respeto a los derechos humanos porque, con toda la
cortesía del mundo, no es cierto.
Hablaba antes S.S. del contingente y de la dificultad (quizá en un
lapsus, confundiendo la subcomisión de coordinación con las
comisiones provinciales ejecutivas o insulares de empleo) que
supondría considerar la situación nacional de empleo. ¿Qué vamos a
considerar si no es la situación nacional de empleo? ¿Quién cree S.S.
que va a contratar a esas personas? Los empresarios. ¿O cree que van
a hacer ofertas públicas de empleo para traer a trabajadores
extranjeros? Son los empresarios los que van a decir si, en función
de sus posibilidades de crecimiento, van a necesitar más o menos
trabajadores, y esos trabajadores van a ser nacionales o no en
función de su experiencia previa. Claro que participan en las
comisiones provinciales insulares como piezas absolutamente claves.
¿Y es el Partido Socialista el que dice al Gobierno que respetemos el
contingente? Porque hasta hace bien poco aquí del contingente ustedes
no querían hablar. Un ponente en Comisión, el señor López Garrido, en
el trámite de la reforma de la ley, defendió que teníamos que dar
permisos a las personas extranjeras para venir a buscar trabajo
a España; y ahora usted me dice (me encanta y se lo agradezco porque
veo que efectivamente se han convencido, al menos usted) que es
fundamental que el contingente sea tal cual está planteado en la ley,
es decir, sólo para personas que están trabajando fuera. Por eso es
imposible, señor Campuzano, que al final de este proceso, donde
habremos visto medio millón de expedientes y habremos regularizado
probablemente más de 250.000 personas, estas personas tengan
posibilidad de trabajar legalmente en España. Perseguiremos a los
explotadores, y hemos endurecido la Ley de Extranjería, para que
precisamente y lo que antes se solucionaba con medio millón de
pesetas suponga una
cantidad por cada contrato ilegal importante y la posibilidad del
cierre de la explotación laboral o la posibilidad de la incautación
de los útiles o materiales.
Vuelve usted, señora Blanco, a hablar de los 38.000 millones de
pesetas del programa Greco. Yo no puedo nada más que pensar que usted
no se ha leído ni los Presupuestos Generales del Estado para el año
2001, pero más allá de eso, que es muy complicado -yo creo que en mi
vida me los he leído enteros después de mi historia de diez años de
parlamentario-, es que tampoco se ha leído una comparecencia que yo
tuve específicamente aquí para dar cuenta a su grupo parlamentario de
todos y de cada uno de los miles de millones de pesetas que aparecían
en cada una de las partidas presupuestarias del año anterior y que
consta en el DIARIO DE SESIONES. No sé qué más puedo hacer. Se daba
cuenta hasta la última peseta de esos 38.000 millones de pesetas que
estaban previamente, tal como sostuvimos desde el principio,
asignados a aquellos ministerios que tienen competencias ejecutivas
en política de inmigración. Tampoco ha leído, qué le vamos a hacer,
ni siquiera el real decreto que crea la Delegación del Gobierno para
la Extranjería y la Inmigración.
Yo, como delegado, en mi vida he gestionado, ni pretendo gestionar,
nada relacionado con la extranjería, la inmigración, el asilo y el
refugio. Todavía S.S. no se ha enterado que es un órgano de impulso,
diseño y coordinación de la política de extranjería del Gobierno. Se
lo reitero encantado, pero difícilmente puedo arrebatar la gestión al
Ministerio de Trabajo cuando yo no la he ostentado y sigue haciéndolo
fantásticamente bien como pieza clave de la política de extranjería e
inmigración; de inmigración laboral, que es fundamentalmente eso, una
realidad laboral que tenemos que sercapaces de ordenar y de regular.
Difícilmente la podemos devolver, ni siquiera con el nuevo impulso
que el ministro Rajoy está dando a la política, porque nunca se la
habíamos quitado. Por consiguiente, su imaginación llega a jugarle
malas pasadas.
Afirma usted rotundamente, como el señor Centella, que ninguna
asociación, que ningún inmigrante comparte esta política. Qué rotunda
afirmación universal. Usted dice que no está nada satisfecha de cómo
se ha resuelto la comisión de selección (en la que, por cierto, yo no
participo y están los nuevos componentes del foro; estamos en periodo
de reclamaciones y, por tanto, démosle tiempo al tiempo y no hablemos
de nombres propios) en donde van a estar presumiblemente las ONG más
importantes de este país. No está mal, hasta ahora no estaban. Aunque
solamente haya sido por esa incorporación (estoy seguro que se han
respetado las condiciones del concurso, que, por cierto, estaban
publicadas en el BOE y aceptadas por todo el mundo, nadie ha
planteado ningún recurso ante esas condiciones), tendremos un foro
como la pieza clave de asesoramiento, de vigilancia, de opinión, de
una perfecta actuación del Gobierno en integración social de los
inmigrantes, pieza clave que como tal nace, como S.S. sabe, por real
decreto en el año 1994 como foro para la integración social de los
inmigrantes.
Habla usted después de las expulsiones y de las no expulsiones de
ciudadanos de Nigeria y de otros países subsaharianos. Hay un largo
listado en donde, al final, desde distintos países, en el año 2000 se
han ejecutado 1.226 expulsiones y hasta el mes de julio de este año
2001 se han ejecutado 1.508. Se habían dictado 6.579 en el año 2000 y
6.463 en el año 2001. Estamos en este momento, entre otras cosas, con
300.000 personas que tienen un proceso administrativo abierto y, por
lo tanto, pendientes de que, resolviéndose de una forma u otra,
podamos llegar a ejecutar esas órdenes dictadas, si es que existen.
Termina su intervención -y le he contestado en buena medida, señor
Campuzano- pidiéndome una solución para las personas irregulares en
España. No hay solución para las personas que después de finalizar el
proceso de arraigo en España, en el mes de diciembre, continúen de
forma irregular. No hay solución. Tendrán que volver a sus países de
origen, haciendo ciertas las órdenes de expulsión que habremos
dictado para todos ellos. El futuro de los trabajadores extranjeros
en España es un futuro de legalidad, es un futuro de derechos y es un
futuro de garantías, es decir, todo lo contrario de ese binomio que
hoy padecemos: ilegalidad, tráfico de seres humanos, explotación, en
la más amplia acepción del término.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor Fernández- Miranda, intentaré ser
lo más breve posible.
Evidentemente el Gobierno de la Generalitat conocía los hechos que
estaban sucediendo en la plaza de Cataluña, como los conocía
cualquier ciudadano que pasease por esa plaza, empezando por un
servidor de usted. He citado expresamente la autoridad municipal y el
Gobierno del Estado por dos razones, porque la propia Ley de
extranjería, en su artículo 14, cuando establece el derecho a la
Seguridad Social y a los servicios sociales, en su punto 3 dice que
los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa,
tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Como
usted sabe, estas responsabilidades corresponden a la autoridad
municipal. Por otro lado, el artículo 95 del reglamento establece que
en materia administrativa la responsabilidad es de la Administración
central del Estado. La competencia del Gobierno de la Generalitat es,
en términos generales, de asistencia social, y ahí hay una vaga
determinación. Además, ese artículo 145, en el que se establece la
red pública de centros de migraciones, atribuye a los fines que tiene
encomendados el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la atención
de emigrantes que se hallen en
situación de vulnerabilidad o corran riesgos de exclusión social. Yo
supongo que mientras no se organice en Cataluña un centro o una red
pública de estas características, alguna responsabilidad en esta
materia debe tener el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Yo
espero -y reitero- que en el seno de la subcomisión las
administraciones competentes encuentren la solución que corresponda.
Yo entiendo su filosofía en relación a la situación de las personas
irregulares, y en el papel puede parecer una filosofía correcta y la
dirección de nuestra política migratoria debe ser hacia el fomento de
la regularidad, pero eso nos llevaría a un debate muy largo que no es
momento de plantearle, pero nuestra experiencia de los últimos seis
años, como mínimo, es muy significativa. En 1995, expedientes
abiertos, 16.000, expulsiones materializadas, 5.000; en 1996,
expedientes abiertos, 16.000, expulsiones materializadas, 4.800; en
1997, expedientes abiertos 15.0000, expulsiones materializadas,
4.700; en 1998, expedientes abiertos 18.000, expulsiones
materializadas 5.500; en 1999, expediente, abiertos, 19.000,
expulsiones materializadas, 5.000; en el año 2000, expedientes
abiertos, 12.000, expulsiones materializadas, algo más de 3.000. No
es cuestión tan sólo de las 300.000 personas que están participando
del proceso de arraigo, sino de aquellas personas que no pueden ser
expulsadas porque el Estado reconoce que no puede expulsar y terminan
vagando por nuestras calles. De ahí que yo le reitere con toda calma
y con toda perspectivas analizar lo que otros Estados de la Unión ya
han activado, que son fórmulas que no condenan a la expulsión a
personas que no podemos expulsar; no es que no se quieran ir, es que
no podemos expulsar. Es evidente que el sentido común, la prudencia
y esa necesidad de evitar el conflicto nos van a obligar a buscar
alguna solución. Yo no pretendo que hoy me dé la razón ni mucho
menos, pero le planteo la necesidad de encontrar soluciones. Me
gustaría conocer al año que viene las cifras de expulsiones
planteadas y materializadas a lo largo del año 2001 y, si usted tiene
razón, no me costará nada dársela, pero creo que la intuición nos
hace ver que continuaremos con esta realidad, de personas con orden
de expulsión que continúan residiendo en España, en ese limbo legal
que no favorece nada ni la gestión del fenómeno migratorio ni evita
situaciones muchas veces de difícil solución.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado, yo creo que usted confunde
nuestro respeto a la legalidad, y desde luego el mío propio, y a la
actual Ley de extranjería 8/2000 con que no discrepemos en nada.
Respetando la ley, porque la respetamos y porque efectivamente yo no
he dicho y creo que usted ha interpretado mal mis palabras, ha dicho
que la ley respeta la tutela
judicial efectiva, y efectivamente el problema es que en la práctica
de las expulsiones, devoluciones y retorno en frontera eso no se
respeta en todas las ocasiones. Yo no he dicho que en ninguna, he
dicho que en todas no se respeta. Hemos visto los sucesos de Motril y
hemos visto también la forma de expulsión de los 37 ciudadanos
nigerianos. Son dos ejemplos de cómo a veces no se respeta esa tutela
judicial efectiva y me ha sorprendido su afirmación de que siempre se
respeta, porque yo creo que ningún responsable político puede hacerse
cargo en su totalidad de que se respete escrupulosamente y nuestra
obligación como grupo parlamentario es controlarles, controlar al
Gobierno para que eso se respete.
Dicho eso, me quería referir muy brevemente al artículo del señor
Chaves, que lo que hace es defender el propio plan de integración que
la Junta de Andalucía ha sacado para la inmigración. ¿Que en aspectos
coincide con lo que usted piensa? Nos alegramos muchísimo y no voy a
extenderme más. Con respecto a la expulsión de determinadas personas
que tienen una orden de expulsión que ninguna administración puede
ejecutar, ninguna administración puede llevar a cabo, y usted sabe
que no la pueden llevar a cabo porque no tenemos convenios con sus
países de origen ni admiten la devolución de estos ciudadanos, le
conminamos a que busquemos soluciones para estos ciudadanos y
ciudadanas a los que no se puede aplicar la orden de ejecución que
está dictada, y como se ha mencionado anteriormente, las cifras nos
lo demuestran. Hay muchas más órdenes de expulsión de las que se
pueden ejecutar. Yo entiendo también que usted quiera deslindar
claramente entre la irregularidad y la regularidad, que quiera
arropar, cuidar, etcétera, como todos queremos, la inmigración
regular, pero tenemos que ver qué hacemos con aquellos ciudadanos
irregulares que proceden de países donde no hay acuerdos de
devolución ni de retorno a esos países. Esa es una realidad y esas
cifras se están incrementando, señor delegado del Gobierno, y usted
lo sabe. Es verdad que no se han invertido, es verdad que todavía son
ciudadanos del Magreb la mayoría de los que entran por nuestros pasos
fronterizos de forma irregular, pero es verdad que se está
incrementando el número de ciudadanos subsaharianos con los que no
tenemos convenios de retorno, que proceden de países con los que se
hace difícil conseguirlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, para poner
el acento en lo que señalaba al final de mi intervención anterior,
esto es, en la conveniencia de que todos, cada uno desde sus
legítimas posiciones y desde la discrepancia, como es natural, seamos
capaces de avanzar juntos en reflexiones en
común en orden a esto, que es por definición una política de Estado.
Me sumo, como es natural, no lo mencioné en mi anterior intervención,
al entusiasmo del señor delegado del Gobierno en relación con el
artículo del señor Chaves, dicho sin ningún término de ironía, como
tampoco lo ha señalado así el señor delegado del Gobierno, sino en
términos absolutamente exactos; lo importante no es quién es el padre
original de este o de aquel plan, sino que todos seamos capaces,
vuelvo a repetir, de abordar un espacio en común de reflexión y de
trabajo conjunto.
Quisiera pedir disculpas a la señora Blanco y al señor delegado del
Gobierno porque me hubiera gustado mucho poder escuchar ahora sus
preguntas, pero, como bien sabe el señor delegado del Gobierno, me
tengo que ausentar en este acto porque tengo que asistir a una
reunión para seguir hablando de inmigración con el ministro del
Interior de un importante Land alemán que está entre nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para finalizar el debate,
tiene la palabra el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señora Blanco, va a permitirme que
empiece a contestarle a usted primero. Hace usted afirmaciones
absolutamente gratuitas y lo peor del caso es que esta misma mañana
en una de mis intervenciones he dicho -yo creo que se me ha
entendido, a lo mejor estaba tan torpe como antes le recordaba yo a
la representante de Izquierda Unida- que en cuanto a las expulsiones
no es cuestión de que haya convenios o no los haya, que no es
cuestión ni siquiera de que con unos se haga porque hay convenios y
con otros se deje de hacer porque no los hay. Los convenios son
instrumentos que agilizan la posibilidad de expulsiones. Expulsamos a
personas a países con los que tenemos convenio y con los que no
tenemos convenio, no tiene absolutamente nada que ver desde el punto
de vista administrativo. Las personas a las que no podemos expulsar
es porque no sabemos su nacionalidad, lo he dicho también esta
mañana; por cierto, proceso en el que estas personas no colaboran
absolutamente nada, la mejor forma de demostrar el deseo de
integrarse en nuestra sociedad, respetando nuestras leyes y nuestras
normas. No conocemos su nacionalidad y es en esos casos, cuando no
conocemos su nacionalidad, cuando no se producen las expulsiones, a
no ser que la alternativa sea simplemente empujarles hacia el abismo
de la frontera exterior, cosa que desde luego desde el Gobierno no
vamos a hacer.
No es cierto, señora Blanco, que esté incrementándose el número de
personas que se quedan en España porque no sabemos su nacionalidad,
no es cierto, simplemente
no es cierto; es que está aumentando el número de personas
que sí podemos expulsar, en un esfuerzo muy importante de relación
con países como Nigeria, Senegal, Ghana, Guinea, que hace un año no
podíamos expulsar porque no existía el mecanismo administrativo y la
relación diplomática con estos países para producir las expulsiones.
Por tanto, no solamente no es que no se estén incrementando el número
de las personas de las que no conocemos su nacionalidad, que es una
afirmación que no es cierta, sino que está aumentando el número de
personas que sí podemos llegar a expulsar porque conseguimos conocer
su nacionalidad, independientemente de que haya convenio o no, que no
tiene nada que ver. Con Senegal o con Nigeria, con Ghana o con Guinea
no tenemos convenios de expulsión, señoría, y está expulsándose y
repatriándose a personas que se encuentran aquí en situación
irregular.
Empezando por el principio de su intervención, yo no he interpretado
mal sus palabras. Usted ha dicho que no respetamos la ley y que en
Motril, con los ciudadanos nigerianos, etcétera, ilegalidad absoluta.
Legalidad plena en todos los casos, señora Blanco, porque si no se
respetase la legalidad yo lo sabría y ordenaría que se actuase en
contra de la vulneración de la legalidad. No hay ninguna actuación
ilegal que se conozca desde el Gobierno, ni una, de lo que puedo
deducir que todas lasactuaciones son legales, y cuando no ha sido así
se han abierto los expedientes informativos y sancionadores
correspondientes, los que marca la ley, históricamente, y no me haga
que eche la memoria atrás porque probablemente me falle. Por tanto,
no conozco ninguna actuación ilegal, porque si la conociese ordenaría
la actuación para que no fuese posible.
Por último, en cuanto a afirmar que el señor Chaves coincide con lo
que yo pienso, señora Blanco, yo se lo agradezco inmensamente, me
hace un inmenso honor. El señor Chaves coincide con el Boletín
Oficial del Estado, con el acuerdo del Consejo de Ministros de marzo
de este año, en donde se aprueba el programa global de regulación y
coordinación de la extranjería y de la inmigración en España, no
conmigo, pobre de mí, que fui simplemente un coordinador, como antes
le decía, de los trabajos realizados por nueve ministerios. Por
tanto, con eso es con lo que coincide, al menos en el artículo que yo
he leído en este diario de tirada nacional. Yo no sé si después no es
así o yo simplemente lo he entendido mal.
Señor Campuzano, estamos de acuerdo sustancialmente en que tenemos
que avanzar, porque tenemos además el foro en Cataluña con el
Gobierno de la Generalitat, para resolver esos flecos que empiezan a
quedar pendientes como evidencia de una nueva realidad que tenemos
que ser también capaces de gestionar en sus complicaciones más
difíciles. Usted sabe, señor Campuzano, que esa red pública a la que
hace mención no existe en Cataluña, entre otras cosas porque el
Gobierno de la Generalitat tampoco lo ha querido
nunca. Nunca ha hablado de una red ni de los CETI que pudiesen
existir del estilo de los de Ceuta y Melilla, que son los únicos que
hay en este momento en España con la concepción que respondía a la
anterior Ley de extranjería. Siempre se ha hablado más -y es algo en
lo que coincidimos- de la posibilidad de que a través de distintos
acuerdos sean las importantes ONG, afincadas unas exclusivamente en
Cataluña y otras en Cataluña y en el resto de España, puedan actuar
para utilizarparte de esos 14.000 millones de pesetas que a lo largo
de este año están recibiendo por hacer integración social de
inmigrantes, acogida humanitaria en definitiva también de inmigrantes
que están en situación irregular.
Yo he de decirle, y seguro que me va a entender perfectamente, que
ante el reto que tenemos delante de poder llegar a cuajar esa
potenciación de la inmigración legal hacia España y de cómo
gestionaremos o cómo gobernaremos sobre ese grupo humano de personas
en situación irregular, llevamos prácticamente tres años que no
salimos de lo excepcional, de lo extraordinario, de lo
complementario, de la relectura, de lo extraordinario previamente
decidido. Es tal el esfuerzo que hemos hecho para que estas personas,
víctimas de los traficantes, víctimas de los explotadores, víctimas
de su propia realidad personal o familiar, víctimas del desbarajuste
que entre todos hemos creado a lo largo de los dos o tres últimos
años a efectos normativos, prioritarios y no prioritarios, que hemos
creído que se merecían el esfuerzo de revisar más de medio millón de
expedientes en dos años, para que todos aquellos que razonablemente
deban ya residir legalmente en España y poder trabajar, que es a lo
que vienen, puedan hacerlo, y eso vamos a conseguirlo a final de
diciembre, pero a partir de ese momento nuestra obligación, con ellos
y con nosotros mismos, por mucho que al señor Llamazares primero -que
ya hizo sus afirmaciones públicas- y ahora al portavoz de Izquierda
Unida, señor Centella, le moleste, es la de ser ser capaces de
responder a la decisión que hemos asumido en este caso, y en
diciembre será una realidad, con más de 1.200.000 ciudadanos
extranjeros que van a residir legalmente entre nosotros.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, si me permite, diez
segundos para aclarar los términos de una información que va a
coincidir con los planteamientos del secretario de Estado, pero que
creo que es importante a efectos del DIARIO DE SESIONES.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Diez segundos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, muy amable.
Yo creo que la discrepancia con el Gobierno de Cataluña se mantiene
en la forma de organización de esta
red. Después de la experiencia de Calais, en Francia, y los
inconvenientes de la creación de un gran centro de acogida, la
Generalitat plantea la necesidad de centros de carácter más pequeño y
en colaboración con las ONG. Yo creo que ahí es donde hay que activar
los mecanismos adicionales de respuesta.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Ahora, después de ese ejemplo de
Caláis, y antes también, es decir, son concepciones distintas en
donde yo estoy más próximo a esos pequeños centros que a grandes
centros masificados.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MODO EN EL QUE SE HA LLEVADO A CABO LA REPATRIACIÓN DE 37 CIUDADANOS
NIGERIANOS TRALADADOS AL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE CAPUCHINOS EN
MÁLAGA. (Número de expediente 181/000868.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al último punto
del orden del día, que son las tres últimas preguntas. Antes de darle
la palabra a la señora Blanco para que formule la primera, para su
propia administración, esta presidencia sería receptiva o incluso muy
receptiva a si usted considera que puede acumular las dos últimas
preguntas, puesto que se trata de menores. En cualquier caso, la
decisión es suya, como es lógico.
La señora BLANCO TERÁN: Sí, señor presidente. No tengo ningún
inconveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señora
Blanco. Entonces, pasamos a la primera pregunta, que hace referencia
al centro de internamiento de Capuchinos en Málaga.
La señora BLANCO TERÁN: Se refiere -se ha hablado de ello
sobradamente esta mañana- al tema de Capuchinos y de los 36
ciudadanos nigerianos que fueron repatriados o expulsados. Voy a ser
muy breve porque se ha hablado, como decía, profusamente de este
tema.
Esta expulsión -quiero que conste y por eso he mantenido la pregunta-
tiene visos de haber vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva de estos ciudadanos nigerianos, tiene visos, digo, de
haberlo vulnerado. Se lo digo porque se ejecutó antes de que el
Juzgado de Ceuta que ordenó su expulsión respondiera a la revocación
de la orden adecuada que solicitaron cada uno de los ciudadanos
nigerianos afectados. La
anulación de la expulsión la argumentaron con que la fue firmada en
octubre y se basó en una norma ya derogada de la anterior Ley de
extranjería 4/2000. Según la vigente Ley de extranjería, la 8/2000,
en casos de entrada ilegal, como es el caso de este grupo, sólo
contempla la devolución, que no supone, como la expulsión, la
prohibición de volver a entrar en diez años y no establece la
reclusión en centros de internamiento, por lo que la permanencia de
este grupo de ciudadanos nigerianos en el centro de Capuchinos de
Málaga habría sido -o tiene visos de haber sido- contra la legalidad.
Además de eso, estas personas llevaban siete meses residiendo en el
CETI de Ceuta, lo que significa que tenían ya una trayectoria de
integración. Fue muy rápida la expulsión; sabe usted que se tomó la
decisión la noche del 15 de mayo y quisiera decirle que aquí es donde
se ve, a veces, dónde debería ser más escrupuloso el Gobierno, en
este tipo de ejecuciones de expulsión y también en las instrucciones
que se dan a determinadosdelegados y subdelegados del Gobierno y que
no parecen ser las mismas en todos los casos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señora Blanco, sobre instrucciones que
no parecen ser las mismas, sobre la posibilidad remota de que
actuemos en ilegalidad, de que lo que deben ser pruebas ya ni
siquiera son indicios y son visos de..., es tal grado de
inconcreción... Le hago primero una afirmación y segundo una
petición, agradeciéndole inmensamente su pregunta y su intervención
posterior. Le reitero lo que he afirmado ya. Las expulsiones que se
hacen desde territorio español son plenamente legales y si no fuese
así, si existiesen incluso visos -aunque lo de los visos no sé cómo
podríamos tifipicarlo desde el punto de vista jurídico; digamos
indicios, aunque parece que lo de los visos es un poco menos que los
indicios y los indicios un poco menos que las pruebas-, ayúdenos,
denúncielo. En definitiva no tengo ningún interés en que existan
dudas sobre si administrativamente se actúa como es debido o no. Si
existen indicios o visos -no digamos ya si hay pruebas- denúncienlo
por favor porque es la mejor forma de que la justicia decida si
efectivamente hemos acertado o no en la aplicación de las leyes, que
es nuestra obligación, como la de cualquier otro ciudadano.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, ¿quiere
decir algo más sobre este tema?
La señora BLANCO TERÁN: Quiero decir que me sigue sorprendiendo la
contundencia con la que usted pone la mano en el fuego, ya que al
principio de su intervención esta mañana decía que no se puede poner
la mano en el fuego por nada ni por nadie y resulta que
ahora pone la mano en el fuego por todas las ejecuciones de expulsión
y de devolución que se dan en todo nuestro territorio. Me parece una
afirmación cuando menos muy arriesgada por su parte.
En cuanto a que presentemos denuncia, por supuesto. De todas formas,
sobre esta expulsión ya hay una denuncia y usted lo sabe, señor
delegado del Gobierno. No juguemos al ratón y al gato porque usted
sabe que hay una denuncia. De cualquier forma, nuestra tarea de
control -que es nuestra obligación- implica que, aunque a usted a
veces no le guste estar aquí contestando determinadas cosas, nuestra
obligación es que las conteste.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García) : Señor delegado del
Gobierno, tiene usted la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Su obligación es preguntar y la mía es
contestar, señoría, sin ninguna duda. Además es de esas obligaciones
que cumplo encantado, porque es, entre otras cosas, un mandato
constitucional. Insisto, todas las actuaciones que conozco hasta la
fecha son legales. Las denuncias que pueda haber o dejar de haber yo
se las planteo como ayudas en el casoen que no llegásemos a conocer
con la profundidad suficiente los hechos que usted, por las razones
que sea, su grupo parlamentario o quien sea pueda conocer. Ayúdenos
para que el procedimiento sea impecable y para que podamos, como yo
pienso que estamos haciendo, presumir como país y como sociedad
democrática de cómo se aplican nuestras leyes.
- DE LA MISMA SEÑORA DIPUTADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA
HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS QUE ESTÁN
SOLOS EN ESPAÑA, ASÍ COMO PROYECTOS DE REINSERCIÓN PREVISTOS PARA LOS
MISMOS. (Número de expediente 181/000904.)
- DE LA MISMA SEÑORA DIPUTADA DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXPULSIÓN DE CUATRO MENORES
EXTRANJEROS DEL CENTRO DE ACOGIDA DE LA MONTAÑETA, EN FUERTEVENTURA.
(Número de expediente 181/000948.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco, tiene usted
la palabra para formular las dos últimas preguntas relativas a la
coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para hacer
frente a la situación de los menores extranjeros
que están solos en España y los proyectos de reinserción previstos,
así como a la expulsión de cuatro menores del centro de acogida de la
Montañeta, en Fuerteventura.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, yo creo que el
tema de menores requeriría una comparecencia mucho más amplia que dos
preguntas; por ello me voy a autolimitar el tiempo y voy a tratar de
ser muy sintética, porque yo creo que este tema habría que tratarlo
monográficamente en una comisión, ya que es extremadamente complejo.
Voy a empezar reconociendo la complejidad del tema de los menores
extranjeros no documentados y no acompañados. El título que hemos
decidido darle todos significa la complejidad que tiene este tema.
Desconocemos, como usted sabe, el número preciso de estos menores;
sabemos que proceden mayoritariamente del Magreb y en mucho menor
número del África subsahariana. Son menores procedentes de familias
muy desestructuradas y que normalmente ya tienen un largo recorrido
de vivir en la calle en su país de origen (en Marruecos el mayor
número de ellos), que es enormemente difícil la reinserción, que es
muy difícil la coordinación entre la Administración central, las
comunidades autónomas que tienen competencias en este tema, los
jueces tutelares de menores, las fiscalías de menores y los
ayuntamientos donde residen. Todo ello hace que de alguna forma este
tema sea extremadamente complejo, así lo entiendo, para la
Administración y para las organizaciones que se ocupan a veces de su
acogida y educación, así como para las comunidades autónomas.
Una vez hecha esta introducción, que como verá intenta acercar
posiciones porque de verdad considero que es un tema especialmente
difícil y nada fácil de resolver, sí me gustaría hacer algunas
reflexiones, porque creo que deberíamos ir avanzando todos en una
misma dirección. Tenemos pocos centros de acogida y los pocos que
tenemos se encuentran al límite de su capacidad y están en malas
condiciones en general. No lo digo yo, lo dice desde la institución
del Diputado del Común, en Canarias, hasta los educadores de los
centros y los jueces tutelares de menores. Existe falta de educadores
especializados. Los menores que han llegado recientemente conviven en
general con otros que llevan un proceso educativo y de adaptación
enfocado a esa integración de recorrido y de itinerario más amplio,
lo que no ayuda ni a los que ya están ni a los que acaban de llegar.
Hay muchos menores no escolarizados entre ellos. Hay menores a los
que no se les han realizado los pertinentes análisis médicos para ver
si son portadores de enfermedades infectocontagiosas y hay falta de
seguridad en los centros de menores. Hay menores no acompañados,
indocumentados extranjeros que conviven con menores ya normalizados
en un itinerario de inserción mucho más amplio y, sobre todo, señor
delegado del Gobierno, yo sé que usted es sensible
a este tema, hay niñas menores en esta situación, que son
especialmente vulnerables por lo que todos sabemos y que ni siquiera
voy a mencionar. Usted sabe cuál es el último tramo del recorrido de
las menores extranjeras no documentadas cuando no se hace un
verdadero itinerario de inserción.
Quiero decirle algunas otras cosas y esto tiene que ver con la última
pregunta, sobre los cuatro menores expulsados del centro de acogida
de la Montañeta, en Fuerteventura. Hay menores que han logrado una
cierta integración, que cuentan con un itinerario que les permitiría,
dada su cercanía a la mayoría de edad, integrarse en nuestro país,
que están a punto de conseguir su permiso de trabajo y residencia y
sin embargo son expulsados. Es verdad que no es lo común, que no
sucede con frecuencia, pero también es verdad que ocurrió en el
centro de acogida de la Montañeta el 29 de mayo. Se personaron seis
agentes del grupo de operaciones especiales en un centro de menores
que no hacía un año que había sido atacado por encapuchados,
probablemente jóvenes canarios, según se deducía de la denuncia y de
las posteriores investigaciones, y se los llevaron del centro. Dos de
los menores estaban a cuatro meses de cumplir la mayoría de edad y
los informes del CAME del Centro de Acogimiento de Menores
Extranjeros, tanto para la Consejería de Asuntos Sociales como para
el juez tutelar de menores eran positivos. Estaban plenamente
integrados, hablaban castellano y acudían a los cursos de formación
profesional con otros muchachos canarios. De estos cuatro menores se
dejó de tener noticias unos días después de ser expulsados. Lo último
que se supo es que estaban en Casablanca, que habían logrado
encontrar a su familia, su padre había fallecido y su madre no se
sabía dónde estaba; los otros tres no tenían ninguna familia de
acogida. Pues bien, no se ha vuelto a saber nada más de estos cuatro
menores.
Yo sé que esto no es habitual. Insisto en ello para que usted
entienda que en absoluto quiero dramatizar más de lo que ya es en sí
mismo muy dramático, sabiendo que a usted le preocupa tanto como a
todos nosotros. Desde mi grupo parlamentario solamente queremos decir
una cosa: intente que estos hechos no se vuelvan a producir; intente
que no se expulse a menores si no se tiene la certeza de que tienen
padres o tutores que les puedan recoger o circunstancias de acogida
que puedan permitir su desarrollo posterior. No sólo debe intentarlo,
sino que es su obligación tratar de que no vuelva a ocurrir. En
relación con esto, señor delegado del Gobierno, no solamente es
necesario celebrar en esta Comisión una sesión monográfica, en la que
nos ocupemos de los menores extranjeros no documentados, sino que
todos los grupos parlamentarios debemos hacer un gran esfuerzo para
tratar de resolver un problema que va en aumento y que mucho nos
tememosque va a seguir aumentando.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Señora Blanco, comparto con usted la
preocupación que ha puesto de manifiesto, preocupación que también
comparte el Gobierno sin ningún tipo de reservas, así como todos los
gobiernos de todas las comunidades autónomas. Puedo dar fe de ello,
puesto que en la primera reunión del Consejo Superior de Política de
Inmigración, celebrada hace ya algunos meses en Sevilla, fue uno de
los temas que, por decisión de los propios gobiernos, se trató
monográficamente, llegándose a una primera conclusión por parte,
insisto, de todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas
españolas. El objetivo de la Administración pública, de las
comunidades autónomas y del Gobierno de la nación, para los niños que
están solos en España es conseguir la reagrupación familiar o el
rescate de la tutela establecida a través de la patria potestad, o
bien de sus familias o bien de organizaciones en su país de origen
adecuadas para ello o por parte del Estado, que, ante la ausencia de
la familia, de los padres, de la nacionalidad de ese menor, debe
ostentar la patria potestad.
Con respecto a la segunda pregunta, ya la contesté, y S.S. lo sabrá,
con fecha 5 de junio, formulada por el señor López Aguilar y ampliada
posteriormente porque, como consecuencia de la literalidad del texto,
no había forma de saber a qué se refería el señor diputado y una vez
que fue posible saberlo le contesté con toda suerte de detalles. Yo
le transmito lealmente la misma preocupación que le transmití al
señor López Aguilar en aquel momento. Indiscutiblemente, nosotros
sabemos perfectamente de qué estamos hablando, en qué sociedad
vivimos, qué valores, qué principios de convivencia estamos
transmitiendo; peleamos por ellos cada día, porque los consideramos
los mejores, no en balde lo hacemos y luchamos por ello. Sin embargo
no podemos olvidar que la nacionalidad, la cultura, los orígenes, las
raíces, las familias o el propio Estado de muchos de estos niños
-usted marcaba como el grupo más numeroso de nacionales a los de
Marruecos-, tienen también su importancia para ellos. Se lo dije al
señor López Aguilar y se lo reitero, no vaya a ser que caigamos, con
absoluta buena fe, por entendernos rápidamente, en lo que cayeron los
anticastristas con el niño Elián, que no querían devolvérselo a su
padre bajo ningún concepto porque consideraban que él tenía que estar
también como ellos en el anticastrismo y en un planteamiento que no
era en este caso el que quería ni su propio padre. Acuérdense de la
batalla de varios meses en donde, afortunadamente, la justicia
estadounidense dicta que la patria potestad tiene que estar en donde
tiene que estar, y existía un padre, cosa que es la dificultad que S.
S. plantea, porque en ocasiones no se
puede llegar a identificar ni a las familias. En estos casos, debe
ser el Estado de procedencia, el Estado de la nacionalidad de ese
menor, directamente con instituciones públicas o a través de ONG en
esos países, losque ejerzan la patria potestad, acojan a esos niños,
los eduquen y los hagan personas con posibilidad de futuro, en
definitiva, lo que estamos haciendo aquí con algunos menores, con
personas, por tanto, perfectamente integradas.
Termino ya. Usted esbozó una serie de problemas en los centros de
acogida. Es un tema importantísimo y apasionante. Las niñas son casi
excepcionales, porque además no van a los grandes centros, siempre
entran en hogares de acogida muy pequeños, y ahí es donde quería
llegar yo. Tenemos que hacer el esfuerzo de diseñar pequeños centros
de acogida en donde el trato sea muy personalizado y muy familiar. El
problema es la selección de los niños, en qué centros entran, muy
masificados o poco masificados, hay que tener en cuenta rasgos de
personalidad que muchas veces hacen prácticamente imposible su
integración en grandes grupos humanos, aunque sea gente de su edad.
Todo eso es lo que deberíamos ser capaces de hacer. Yo estaré
encantado de comparecer para estudiar monográficamente,
específicamente, este asunto y yo creo que sería bueno también
ahondar en ello desde la responsabilidad como competencias exclusivas
que tienen las comunidades autónomas, tanto en el Consejo superior de
Política de Inmigración como en los parlamentos autonómicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, yo estoy de
acuerdo en que el respeto a los derechos del menor, a convivir con su
propia familia biológica, es incuestionable. El problema es que
estamos hablando de niños -y usted mismo lo ha reconocido- que en su
mayor parte no se encuentran fácilmente sus familias y cuando se
logra sus familias no se quieren hacer cargo de ellos. Por otra
parte, estamos hablando de Estados con muy pocas infraestructuras
para poder proceder a la rehabilitación y al desarrollo social de
todo tipo y humano de estos menores.
Quizás el reto más importante en menores pase también por
codesarrollo entre los países de los que proceden. Ahí -y antes no se
lo había dicho- me parece absolutamente fundamental que no sólo la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional se involucre,
se fundamente y se responsabilice más de este tema, sino de alguna
forma usted, como responsable de la inmigración, y la secretaría de
Estado, como responsable de la cooperación internacional; o bien se
establece una política adecuada de codesarrollo -y ahora que estamos
hablando de menores es absolutamente fundamental- o tiene muy difícil
solución. Cuando nos encontramos con que la mayor parte de los proyec
tos
de codesarrollo dirigidos a menores en los países de origen han sido
rechazados por la Agencia de Cooperación, no entendemos que está
pasando.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del
Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Cuando hablamos de menores solos, no
hablamos de inmigración, señora Blanco, hablamos de otro problema
bien distinto, porque al final, independientemente de si la familia
biológica es identificada o no, donde mejor van a educarse esos niños
-y es codesarrollo, y son líneas prioritarias,
y son convenios, y son infraestructuras y medios- es en el seno
de su propia cultura, de sus propios países. Eso no quiere decir -y
sería la segunda parte, donde el codesarrollo pasa a ser básico- que
con eso pretendamos negarles ninguna oportunidad de futuro, ni
muchísimo menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):Muchas gracias, señor
Fernández-Miranda por sus respuestas y por su comparecencia ante esta
Comisión durante la larga mañana de hoy.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.