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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 304, de 26/09/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 304
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 17
celebrada el miércoles, 26 de septiembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés
Bertrán) para informar sobre:
- La política industrial de su departamento. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000444) . . .
(Página 9342)
- El estado actual del anteproyecto de ley de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico. A petición
propia. (Número de expediente 214/000066) . . .
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGíA (BIRULÉS
BERTRÁN), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000444.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar la sesión de la
Comisión de Ciencia y Tecnología. El punto primero del orden del día
es la comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología para
informar sobre la política industrial de su departamento.
Señora ministra, bienvenida. Tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Señorías, esta comparecencia es para dar información sobre la
política industrial del departamento y, ante todo, quisiera expresar
mi satisfacción por estar aquí con ustedes en este nuevo período de
sesiones. En la primera parte haré referencia a la política
industrial y en la segunda al anteproyecto de ley de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico. Espero
sinceramente que el diálogo que mantengamos hoy sobre estas
cuestiones sea fructífero, constructivo, porque ambas comparecencias
tienen una singular relevancia para el futuro económico y social del
país.
Voy a entrar en la política industrial del departamento. En primer
lugar quería hacer una breve referencia al contexto, a la coyuntura
industrial, para centrar luego mi exposición en el desarrollo de las
políticas y en las principales actuaciones que en el marco del
ministerio estamos impulsando siempre con la mirada puesta en la
competitividad de nuestro sector industrial.
Me referiré al entorno y a la coyuntura industrial. Como saben SS.
SS., el entorno en el que hoy se desenvuelve la industria española se
caracteriza, por un lado, por el elevado grado de apertura al
exterior, donde ha habido un crecimiento sostenido de nuestra
economía y en estos momentos con un marco de ralentización a nivel
internacional desde el punto de vista económico. El primero de estos
factores, la apertura al exterior, está determinado, por un lado, por
nuestra pertenencia a la Unión Europea, por la progresiva reducción
de las barreras al comercio internacional, la salida de las empresas
españolas al exterior y, sin duda, por la globalización
y mundialización de numerosos sectores económicos.
La economía internacional está afectada actualmente por elementos de
incertidumbre derivados de este menor crecimiento, al que hacía
referencia, respecto al
ejercicio anterior, sobre todo en Estados Unidos y en la mayoría de
los países de la Unión Europea, y por la recesión que en este caso
atraviesa la economía japonesa. Esta situación se ha visto afectada
por los recientes actos terroristas del pasado día 11 de septiembre
en Nueva York y Washington.
Los últimos datos sobre la evolución de la producción industrial a
nivel internacional, evidentemente anteriores a estos actos, ya
reflejaban elementos de incertidumbre. El índice de producción
industrial americana ha descendido en los últimos doce meses un 4,8
por ciento, el japonés un 9,8 y el de la zona euro un 1,4 por ciento.
Sin embargo, señorías, a pesar de que el índice de producción
industrial en España ha tenido una evolución desfavorable en los
últimos meses, ésta ha sido menor que en otros países y el resto de
los principales indicadores industriales y económicos nos permiten
afirmar que, tanto nuestra economía como nuestra industria, están
afrontando la situación mucho mejor que nuestros socios europeos, que
Estados Unidos y que Japón.
Saben que las reformas estructurales acometidas en la pasada
legislatura, cuyos pilares básicos han sido el incremento de las
inversiones en infraestructuras, la liberalización de sectores claves
como el energético y las telecomunicaciones, la reforma fiscal
reduciendo el peso de los impuestos sobre ciudadanos y empresas, todo
ello, junto con la flexibilización del mercado laboral y el
equilibrio presupuestario, nos están permitiendo acercarnos a la
convergencia real con los países más avanzados del mundo y mejorar la
competitividad de nuestro tejido industrial. Esta es una realidad que
hoy es claramente incuestionable, como lo demuestran algunos datos
que les mencionaré.
El producto interior bruto español creció el segundo trimestre del
año a un ritmo del 3 por ciento frente a un 1,7 por ciento de la
Unión Europea, el 1,2 por ciento de Estados Unidos y el -0,7 por
ciento de Japón. La producción industrial española presenta un
crecimiento acumulado desde el año 1997 hasta el año 2000 de 19,2
puntos frente a los 14,5 puntos de la Unión Europea. En el caso de
España estamos hablando de un crecimiento medio durante este período
del 4,8 por ciento frente a un crecimiento medio de la Unión Europea
del 3,6 por ciento.
Mientras que en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea el empleo
industrial ha descendido durante los últimos tres meses, en España
continúa creciendo cerca de un 2 por ciento. Por otro lado, el
indicador de clima industrial es cinco puntos mejor el de España que
el de la media europea y los precios industriales están creciendo en
España a un ritmo del 2 por ciento frente al 2,1 de la Unión Europea
y al 2,3 de la eurozona. Asimismo, como han visto por los últimos
datos referentes al segundo trimestre del año 2001, la formación
bruta de capital fijo se ha incrementado un 3,7 por ciento por encima
del cuarto trimestre del año 2000 y, después de
un primer trimestre sufriendo una ligera reducción la inversión en un
0,8 por ciento, la inversión en bienes de equipo ha crecido un 1 por
ciento durante el segundo trimestre.
A la vista de estos datos, y después de la reciente reunión del
Ecofin, creo, señorías, que debemos seguir incidiendo en las
políticas que han dado tan buenos resultados, y continúan dándolos,
sobre todo en lo que respecta al equilibrio presupuestario, por un
lado, y, por otro, a la profundización de las reformas estructurales
que nos proponemos impulsar y continuar impulsando ahora y durante la
próxima presidencia española de la Unión Europea, al mismo tiempo que
incrementamos, tal como hace el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2002, nuestra apuesta por la investigación,
la innovación y el desarrollo tecnológico, que es hoy clave del
crecimiento económico.
Después de esta breve referencia al entorno, pero que entiendo que es
significativa, quisiera pasar a exponerles las líneas básicas de
actuación que en política industrial hemos impulsado y estamos
impulsando desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El crecimiento económico al que me acabo de referir está
estrechamente ligado, como saben, con la competitividad de nuestro
tejido productivo. Por esta razón, la política industrial que
desarrollamos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología favorece
que las empresas españolas sean capaces de competir en unos mercados
cada vez más abiertos, en los que se suceden de forma continua nuevos
avances científicos y tecnológicos y en los que, además, el tiempo
necesario para lanzar nuevos productos es cada vez menor y en los que
la vida media de éstos es cada vez más corta. Así, señorías, la
consecución de cuotas altas de competitividad en ese marco explica el
renovado impulso dado por el Gobierno a la política industrial, que
se inicia ya en la pasada legislatura pero que encuentra su
manifestación más emblemática, si me permiten la expresión, con la
creación del ministerio y que marca un importante salto cualitativo
acorde con los retos que plantea el nuevo siglo y, sin duda, con la
revolución tecnológica en curso. Un cambio que encuentra su reflejo
tanto en el enfoque de la propia política como en los instrumentos
utilizados en la actuación administrativa.
Efectivamente, señorías, la nueva política industrial que está
realizando el Gobierno ha supuesto un importante cambio de enfoque de
forma que el fomento de la innovación tecnológica se convierta en uno
de los ejes principales de esta política, lo que plantea la necesidad
de retroalimentar el proceso industrial con ciencia y tecnología,
reforzar la interrelación entre los distintos agentes del sistema
español de ciencia, tecnología e industria y garantizar el acceso de
las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, a la sociedad
de la información, pues en ello está la base del proceso de
innovación y, por tanto, también de la competitividad. Teniendo
presente, pues, este importante cambio de
enfoque, y siempre con la mirada puesta en la competitividad del
sector industrial español, el Gobierno está impulsando políticas en
distintos ámbitos: políticas de mejora del entorno regulador;
políticas de desarrollo tecnológico y fomento de la innovación
industrial; políticas de inversión en activos intangibles,
fundamentalmente de apoyo a la calidad, la seguridad, el diseño
industrial, las patentes, las marcas; políticas de
internacionalización; políticas sectoriales industriales que
incorporan estrategias específicas acordes con la situación
y necesidades de cada sector y políticas de reindustrialización. En
este conjunto de políticas estamos trabajando, con avances
significativos; políticas que, unidas al marco de estabilidad y
confianza al que hacía referencia en el entorno de la política
económica del Gobierno, deben ser la base de un sector empresarial
español que, pese a las dificultades económicas internacionales, hoy
se muestra sólido, flexible y dinámico en líneas generales y tiene
una presencia internacional en algunos sectores que hace unos años
hubiera resultado impensable.
Me voy a referir, pues, a las actuaciones que estamos impulsando en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología en cada uno de estos aspectos.
Si entramos en lo que hace referencia a la mejora del marco
regulador, del entorno jurídico, desde la anterior legislatura el
Gobierno ha abordado una serie de reformas legislativas encaminadas
a crear el marco más adecuado para el desarrollo industrial y
empresarial. Este marco nos ha permitido eliminar muchas de las
barreras que históricamente dificultaban el quehacer empresarial o
que en muchos casos afectaban a sus resultados. Así, por ejemplo, se
ha finalizado la liberalización del sector de las telecomunicaciones,
con un importante incremento de la oferta de servicios, mejora de la
calidad y un muy considerable descenso de precios. Se ha reducido el
peso de los impuestos sobre empresas y ciudadanos, incidiendo en
aquellos aspectos como el marco fiscal de la investigación, el
desarrollo y la innovación, de especial importancia en la
competitividad de las empresas. Se han mejorado y adaptado a la
realidad empresarial los instrumentos financieros al alcance de las
empresas para promover mejores inversiones en investigación,
desarrollo e innovación y en creación y desarrollo de empresas de
base tecnológica. Se encuentra en sede parlamentaria la modificación
del marco legislativo en materia de marcas, y el ministerio está
trabajando en un anteproyecto de ley de protección jurídica del
diseño industrial con la idea de establecer un sistema más moderno y
adecuado a las exigencias empresariales. Se ha creado, a través de la
Ley 6/2000, una línea de apoyo al capital riesgo para fomentar la
participación de las entidades financieras en el capital de empresas
de alto contenido tecnológico. Se ha avanzado en el establecimiento
de estándares de calidad y seguridad mediante la trasposición de
directivas y reglamentos comunitarios y con la adecuación a la
evolución tecnológica
de los reglamentos nacionales de seguridad. Se ha facilitado el
acceso a la financiación en lo referido ala modernización
tecnológica, con las líneas de ICO y CEDETI, y la disponibilidad de
fondos estructurales para proyectos tecnológicos en regiones
objetivos 1 y 2 para la modernización de la pequeña y mediana
empresa. En definitiva, se han ido introduciendo modificaciones
legislativas para financiar actuaciones concertadas con fines de
investigación científica y desarrollo tecnológico en el ámbito
empresarial.
Si entramos ya más en detalle en el segundo eje, que es la política
de desarrollo tecnológico y fomento de la innovación industrial,
ustedes saben que para integrar la industria y la actividad
científico tecnológica y de innovación hay que trabajar, como se está
haciendo, en varios frentes, aumentando la financiación de los
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, estableciendo las
infraestructuras y organismos de intermediación entre estos dos
mundos. Se están favoreciendo los proyectos concertados y
cooperativos entre entidades públicas de investigación, centros
tecnológicos y empresas y facilitando la movilidad de investigadores
y tecnólogos entre el entorno público y el privado.
De este importante conjunto de actuaciones, quisiera referirme
expresamente a algunas de ellas. La puesta en marcha en el año 2000
del programa de fomento de la investigación técnica, el PROFIT,
integrado, como saben, en el Plan nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, constituye el
principal exponente de una política de apoyo a la innovación y supone
un importante salto cualitativo y cuantitativo respecto a los
programas de desarrollo tecnológico anteriores, con el objetivo de
incrementar la capacidad de absorción tecnológica de las empresas
innovadoras, favorecer a los sectores de elevado crecimiento
y estimular la creación de empresas de base científica y tecnológica.
Este programa ha tenido una gran aceptación desde el punto de vista
de los distintos sectores industriales y desde los distintos ámbitos
tecnológicos. A ello hay que añadir actuaciones como las del Centro
de Desarrollo de Tecnología Industrial, con un apoyo prestado a los
proyectos concertados y a los trabajos -de los cuales veremos una
próxima convocatoria- para impulsar la creación de empresas de base
tecnológica.
Para impulsar la oferta de tecnología, además de la red de las
oficinas de transferencia de las OTRIS, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología ha prestado un apoyo muy significativo a los organismos o
infraestructuras de intermediación, como son los centros
tecnológicos, los parques científicos y también los parques
tecnológicos. El desarrollo de los centros es fundamental para
fortalecer el apoyo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas y
para lograr la adecuada transferencia de tecnología; de ahí que el
departamento haya realizado también una actuación decidida de apoyo a
estos agentes en el marco del PROFIT y de la acción
horizontal específicamente prevista para ello, con un nuevo enfoque y
con unas ayudas que ya en el año 2000 ascendieron a 2.400 millones de
pesetas, afectando a 230 proyectos que presentaron 61 centros
tecnológicos que fueron beneficiados. A su vez, a través de una
convocatoria claramente innovadora, se han asignado en el mismo
período más de 30.000 millones para consolidar capacidades de
investigación y desarrollo tecnológico, con adecuadas dotaciones en
instalaciones e infraestructuras en los parques científicos, política
que se ha visto reforzada mediante el acuerdo que hemos suscrito
recientemente entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la
Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos.
También se están reforzando las actuaciones relacionadas, como les
decía antes, con la movilidad de los recursos humanos, y en
particular de los recursos humanos de investigación, para mejorar la
capacidad de investigación e innovación tecnológica de las empresas.
Además de la gestión del programa IDE, dirigido a fomentar la
incorporación de doctores y tecnólogos a empresas y centros
tecnológicos, el ministerio está ultimando una nueva actuación para
la incorporación de doctores y tecnólogos a las pequeñas y medianas
empresas, que será cofinanciada por el Fondo Social Europeo. También,
señorías, se han reforzado las actividades de evaluación científica y
tecnológica de los proyectos, hemos potenciado los estudios de
prospectiva a través de la Fundación Ciencia y Tecnología del
Observatorio de Prospectiva Tecnológica y la entidad RE.es está
trabajando en una de sus funciones, consistente en el desarrollo de
un observatorio de la sociedad de la información. Paralelamente, el
departamento continúa apoyando las actuaciones de formación de los
recursos humanos de nuestra industria a través de la fundación de la
Escuela de Organización Industrial.
Por lo que se refiere a las políticas de inversión en activos
tangibles, en este caso, y es el tercer eje, asegurar la
competitividad del sector industrial hoy y mañana, señorías, exige
también un cambio de mentalidad, en el sentido de ir asumiendo que la
competitividad ya no puede basarse exclusivamente en los factores
tradicionales de coste, esto es, el precio, por más que tengamos que
seguir incidiendo en este aspecto, sino que nuestro sector
industrial, y especialmente nuestras pequeñas y medianas empresas,
deben construir su ventaja comparativa en la diferenciación de
nuestra producción, esto es, en productos nuevos y mejorados. De ahí
que, además del fomento de la innovación, estemos reforzando otras
políticas que inciden en los factores de competitividad de carácter
inmaterial y trabajando en las actuaciones que potencian la calidad
de los productos y servicios, la seguridad industrial, el diseño
industrial y las marcas, así como la patentabilidad y la asimilación
de patentes. La calidad se ha consolidado como un sector estratégico
de primer orden. Hemos
replanteado la estrategia en este campo y hemos considerado más
conveniente centrar la actuación del departamento en la potenciación
de los elementos y entidades que forman parte de la infraestructura
de calidad y seguridad industrial de nuestro país y establecer
mecanismos de control de mercado que impidan que los productos menos
seguros y fiables puedan desplazarse de otros mercados al mercado
español, incidiendo negativamente en la competitividad de nuestras
empresas.
También hemos desarrollado un conjunto de disposiciones dirigidas a
la modernización del tejido industrial, al ámbito de la seguridad, a
la calidad de los procesos, instalaciones y productos industriales,
al fomento del diseño y a la producción industrial, así como en
materia de normalización y homologación. Hay que destacar también las
medidas para la introducción de tecnologías limpias y de seguridad en
diversos aspectos de la actividad empresarial, desde el
almacenamiento de productos hasta el transporte terrestre por
ferrocarril. Con el fin de contar con un sistema más adecuado de
patentes y marcas, hemos modernizado el sistema español de concesión
de marcas con una nueva Ley de Marcas, hemos realizado distintas
acciones para acercar la propiedad industrial al usuario, potenciando
y mejorando los procedimientos, los sistemas de acceso e incluso la
página web de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, hemos
puesto en marcha nuevos servicios de información y atención al
usuario, hemos mejorado el procedimiento de concesión de patentes
introduciendo el sistema de examen previo, hemos establecido un
convenio marco de colaboración con las comunidades autónomas en
materia de prestación de servicios en lo referente a patentes y
estamos cambiando la regulación sobre cesión y explotación de
invenciones en los organismos públicos de investigación y demás
centros de I+D.
Voy a referirme ahora a la política de internacionalización. A la
política de fomento de las exportaciones y de internacionalización de
nuestra industria, llevada a cabo, como saben, por el ICEX y que es
clave por la competitividad internacional, hay que añadir otras
políticas complementarias. Así, señorías, pretendemos avanzar en la
integración del sector industrial español en Europa y en el
reforzamiento de su presencia en otros mercados, lo que requiere en
muchos casos una apuesta decidida por la cooperación
interempresarial, especialmente por parte de las pequeñas y medianas
empresas. Estamos impulsando la participación de las empresas
españolas en programas internacionales, ya sea en el V programa
marco, Eureka o Iberoeka, y también en organismos como la Agencia
Europea del Espacio o el CERN y en grandes consorcios
internacionales, como puede ser Airbus. Además, estamos participando
en lo que son grandes infraestructuras de cooperación a nivel
internacional.
En cuanto a la participación en programas internacionales de las
pequeñas y medianas empresas, los
índices de liderazgo español en dichos programas, destacan los
resultados que se están obteniendo en el caso de la participación en
el V programa marco europeo, que ha superado el 63 por ciento de la
participación española, habiendo liderado el 54 por ciento de los
proyectos. También han sido brillantes, si me permiten la expresión,
los resultados obtenidos por la presidencia española del programa
Eureka, la cual finalizamos justo antes de este verano. Se han
aprobado 190 proyectos, casi un 20 por ciento más de la media de las
presidencias anteriores, y de estos 190 proyectos España participa en
53, lo que, añadido a aquellos en los que ha venido participando en
años anteriores, más de 400, sitúa a España en el tercer puesto de
todos los países de la red Eureka en cuanto a volumen de
participación, detrás de Alemania y Francia, suponiendo estos 53
proyectos una inversión total de 68 millones de euros, más de 11.000
millones de pesetas. Además de estos 53 proyectos participados por
España, es importante que 33 de ellos están liderados por empresas e
instituciones de nuestro país, de forma que España supera por primera
vez a Francia por número de proyectos liderados. De hecho, Francia ha
sido tradicionalmente número 1 en este campo. La presidencia española
ha supuesto una auténtica revitalización del programa, habiéndose
adoptado acuerdos relevantes, como la colaboración con el programa
marco de la Unión Europea para que Eureka sea una herramienta
efectiva dentro del espacio europeo de investigación e innovación, en
cuyo desarrollo está participando muy activamente España a través de
la definición del VI programa marco, que, como saben, se aprobará
probablemente durante la presidencia española de la Unión. Volviendo
a las políticas de internacionalización, quisiera destacar algunos
aspectos más, puesto que estamos fomentando el desarrollo de
infraestructuras en mercados objetivos para la industria española,
por ejemplo en los ámbitos de telecomunicaciones o infraestructuras
de telecomunicaciones, infraestructuras también satelitales en el
caso de Iberoamérica y asimismo los parques tecnológicos en los
propios países iberoamericanos o infraestructuras de cooperación.
Todo ello además va acompañado de otras actuaciones que fomentan la
imagen de marcas, ya sea a través del foro de marcas renombradas o
del propio Plan español de la moda. Finalmente, la política de
internacionalización también tiene otra vertiente y es que, además de
promover, evidentemente, la presencia de nuestra industria y de
nuestras empresas en el exterior, contribuye a atraer y a captar
inversiones extranjeras que se localizan en España, y ello en un
marco de colaboración con las comunidades autónomas y con un
importante soporte técnico de la oficina de promoción de inversiones
de la SEPI.
En cuanto a las políticas sectoriales, quisiera decir que, si bien el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha realizado el mayor esfuerzo
presupuestario en ayudas a nuestra industria para la investigación,
desarrollo e
innovación, sus actuaciones van mucho más allá de aumentar el volumen
de inversiones públicas en I+D+I, de forma que, atendiendo a la
situación, características y necesidades de los distintos sectores,
se han configurado, por un lado, como verdaderas políticas
tecnológicas- sectoriales y, por otro, como verdaderas políticas
industriales. La organización de las actividades de innovación que se
produce en la industria, como bien saben, varía en función de que se
trate de grandes empresas, tanto las que tienen integrado todo el
proceso como las especializadas en la parte de la cadena de valor, de
las pequeñas y medianas empresas, que pueden operar como
complementarias o en nichos de mercados específicos, muchas de ellas
especializadas en proporcionar servicios y soluciones a las
problemáticas de las grandes empresas, o de las empresas tecnológicas
en fase de arranque.
Esta diferencia determina sin duda estructuras y tecnologías
sectoriales y configuraciones empresariales diferentes, e
indirectamente conduce a la necesidad de políticas industriales
específicas, atendiendo a las necesidades de cada uno de los
sectores. Así, la política sectorial se dirige a incidir en los
diferentes tipos de innovación, proceso o producto, según el tipo y
el tamaño relativo de las empresas, atendiendo a la estructura
sectorial de las mismas, de forma que algunos sectores, como la
biotecnología, exigen poner énfasis en la política de I+D, mientras
otros, como el textil, la automoción o el sector de la construcción,
exigen ponerlo en la política de innovación. Asimismo, en algunos
sectores es más importante fomentar la innovación del proceso, por
ejemplo en algunos de la industria tradicional, mientras en otros hay
que fomentar la del producto, como en el sector de bienes de equipo.
Quisiera referirme en último lugar a las políticas de
reindustrialización, en particular a la política de
reindustrialización canalizada a través de un programa específico,
que el Gobierno puso en marcha en el año 1997 y que tiene el objetivo
de crear unas condiciones que permitan la reindustrialización de
aquellas zonas en las que se produzcan procesos de ajuste de
capacidad productiva o laborales de empresas que hayan estado en el
sector público, con la finalidad de generar mayor empleo alternativo
en otras empresas y sectores de mayor proyección futura. Además,
desde el ejercicio 2000, se introduce el objetivo de dinamizar
tecnológicamente a las empresas que lo solicitan en las zonas
citadas.
De acuerdo con estos objetivos esenciales del plan, el balance
durante este período 1997-2000 arroja un saldo francamente positivo
en términos de creación de empleo, orientación a sectores con
proyección futura y dinamización tecnológica de las empresas. Se ha
concedido un total de 55.000 millones de pesetas, con una inversión
movilizada superior a 175.000, que han supuesto la creación de casi
3.500 puestos de trabajo de empleo directo y otros tantos de empleo
inducido.
En esta etapa se ha presentado un total de 1.300 solicitudes y se han
aprobado unas 500, lo que indica el alto grado de aceptación del
programa, habiéndose impulsado la dinamización tecnológica de
diversas zonas denuestro territorio. En estos momentos el ministerio
está evaluando las solicitudes presentadas a las convocatorias
correspondientes a este ejercicio del conjunto del programa de
reindustrialización, así como la actuación específica iniciada en el
Campo de Gibraltar, puesta en marcha como tal por la especificidad de
la zona y sus problemas de empleo, que ha tenido una gran acogida,
con más de 139 solicitudes presentadas.
Hacía referencia, pues, a estas políticas de carácter horizontal o
intersectorial, centradas en sectores como la calidad, la seguridad
industrial, el diseño, el medio ambiente y la innovación tecnológica,
que se promueven en buen número de programas de carácter sectorial,
orientados a tratar de forma diferenciada sectores concretos, para
dar así mejores respuestas a los problemas, necesidades, retos y
oportunidades que se les plantean. Quisiera referirme a cinco o seis
de estos sectores para los que se ha dispuesto una política
específica, con programas diferenciados, atendiendo a su capacidad
tractora y de crecimiento, como es el caso de las tecnologías de la
información o de la biotecnología; a la aparición de nuevos retos y
oportunidades de negocio, como son las energías renovables; a la
capacidad para aglutinar grandes proyectos estratégicos, como el
sector aeronáutico; a su carácter competitivo y de liderazgo
internacional, como el subsector del calzado o la cerámica, o
finalmente, atendiendo al gran peso que tienen algunos sectores en el
producto interior bruto, como viene ocurriendo con la automoción.
Haré una breve referencia a los sectores motores y de alto
crecimiento, relativa a las políticas tomadas en relación con las
tecnologías de la información. En este caso es obvio y conocido que
el Gobierno ha realizado una fuerte apuesta por el sector de las
tecnologías de la información y ha elaborado acciones, como el Plan
INFO XXI, con una gran repercusión para todos los sectores de la
economía, para el conjunto de la sociedad y, especialmente, para los
sectores industriales. Esto tiene relevancia tanto en el campo del
diseño como en la ingeniería, ya que los procesos de producción, la
logística y, en definitiva, las tecnologías de la información y de
las comunicaciones permiten ir modernizando a pasos agigantados la
industria española. Por tanto desde el ministerio se viene prestando
atención especial a este ámbito de la industria, tanto por su
naturaleza propia como sector específico al que es preciso potenciar,
como por su capacidad para interactuar con los demás sectores
industriales. Ninguna empresa que quiera ser competitiva en estos
momentos puede prescindir de las tecnologías de la información y de
la comunicación en todas y cada una de las fases productivas, desde
el diseño a la logística, pasando naturalmente por las técnicas de
producción, automatización,
robotización y control de calidad. Son de destacar en este caso las
actuaciones para el desarrollo de aplicaciones sectoriales
específicas en los subsectores del calzado, de los bienes de equipo,
de las artes gráficas o del transporte, por poner algunos ejemplos.
En cuanto al sector de la biotecnología, se trata de un sector aún
incipiente, pero de enorme proyección, al que hay que dedicar en
consecuencia un volumen importante de recursos. Aunque se estima que
en España existen tan sólo unas 200 empresas, su volumen de negocio
ya se eleva a 500.000 millones de pesetas, razón por la cual el
propio Ministerio de Ciencia y Tecnología ha impulsado un programa
específico para apoyar a este tipo de empresas. Además, este sector
tiene la peculiaridad de conectar mejor que ningún otro los ámbitos
de la industria y de la investigación, desarrollando las capacidades
tecnológicas que necesita el propio sector. De hecho, más de 50
universidades, centros tecnológicos y de investigación están
trabajando en estos momentos en proyectos de biotecnología, en
colaboración con las empresas. La propia convocatoria PROFIT del año
2001 ha experimentado un importante crecimiento en el área de
biotecnología respecto a la del año anterior, tanto en número de
proyectos empresariales como en inversión asociada a los mismos. Así,
la inversión global de los proyectos presentados a este programa
duplica, con 14.000 millones de pesetas, los 7.000 millones del año
anterior. Se trata, por otra parte, de un sector propicio al
nacimiento de nuevas empresas a partir de núcleos de excelencia
tecnológica, así como a la utilización de instrumentos financieros
novedosos, como el capital riesgo, el capital semilla, que tenemos
intención de poner próximamente en marcha como cuarto instrumento de
apoyo financiero a la empresa, junto a las subvenciones, los créditos
reintegrables y el refinanciamiento de las garantías, ya plenamente
vigente. Nuestra política va orientada, por una parte, a dotar de
instrumentos financieros a este sector, y por otra, a dotarle de
capacidad de interlocución y a facilitar su penetración en los
mercados extranjeros, fuertemente dominados por las empresas
multinacionales. Asimismo nuestra política se orienta a ir
facilitando la adquisición de mayor masa crítica por parte de estas
empresas y a que existan las infraestructuras y capacidades para
disponer de las nuevas tecnologías que el sector requiere.
Si nos centramos ya en algunos de los sectores que presentan nuevos
retos y oportunidades, quisiera mencionar brevemente el de las
energías renovables. Saben que en el marco de las energías
renovables, y habiéndose aprobado el plan de fomento de estas
energías, que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), se han tomado una serie de medidas de
incentivación y apoyo público a las energías renovables, tendentes a
eliminar las barreras que limitaban su desarrollo, actuando en
particular sobre proyectos de demostración para el desarrollo de
tecnologías
vinculadas a las energías renovables que faciliten el despegue
del mercado, desarrollos tecnológicos para el diseño, fabricación de
prototipos, tecnologías energéticas nacionales, proyectos de
demostración de tecnologías innovadoras todavía no implementadas en
el mercado y, además, actuaciones para la estructuración empresarial
y la vertebración de algunas de las nuevas cadenas de valor que se
derivan de la explotación y el desarrollo de estas energías
renovables. También conviene destacar en este caso los importantes
avances que se han conseguido en materia empresarial y de capacidad
de producción en España, no sólo de utilización, sino de producción,
en los ámbitos de la energía solar y los altos desarrollos de la
eólica, que se ha doblado en el último año. De hecho, en el caso de
la energía solar nos encontraríamos casi en el primer puesto de
producción mundial. En el caso del desarrollo de la energía eólica el
incremento ha sido altísimo y estamos entre los tres primeros.
Quisiera recordar el decidido impulso que se está dando -y esperamos
que tenga sus frutos- a los biocarburantes y a la biomasa como fuente
de energías alternativas para que se vayan estructurando los sectores
correspondientes.
En cuanto a aquellos sectores que están vertebrados alrededor de
grandes proyectos estratégicos, destacaría el aeronáutico. El sector
aeronáutico, que está inmerso en proyectos internacionales de
carácter estratégico como el Airbus y el Eurofighter, ha cobrado en
el caso de España una nueva dimensión desde la integración de la
empresa CASA en el gigante europeo EADS, sin duda, una de las
alianzas industriales de mayor éxito en el ámbito europeo. El
Ministerio de Ciencia y Tecnología está apoyando este gran reto para
la industria española de la aeronáutica tanto para EADS-CASA, Airbus
España, las redes de proveedores como para el resto de las empresas
que realizan desarrollos propios bien de forma aislada o en
colaboración con otras empresas. Hemos estado apoyando, además, el
desarrollo de plataformas de estructuración sectorial aeronáutica en
diversas partes de España para diversificar más nuestra industria,
fomentar el crecimiento de mayores empresas y hacer que empresas que
vienen de otros sectores próximos se introduzcan en el ámbito de la
aeronáutica. Los mayores problemas a los que se enfrenta este sector
son los derivados de los largos periodos de maduración hasta llegar a
la explotación comercial; sin duda, la presión de la competencia y la
irrupción de las economías emergentes con salarios más bajos y, en
ocasiones, con ayudas estatales no muy transparentes ni ajustadas a
las leyes internacionales de la competencia. El Ministerio está
apoyando al propio sector aeronáutico a través de ayudas directas
finalistas en forma de anticipos reembolsables ligados a estos
grandes proyectos tecnológicos, como es el caso del Airbus y,
especialmente, del A-380, en el que España tendrá un papel importante
no sólo de producción sino, como sabentambién, de desarrollo
tecnológico y, asimismo,
mediante ayudas indirectas a la realización de proyectos de
investigación, desarrollo, innovación, bien sea en el marco del Plan
Tecnológico Aeronáutico II, bien sea en el marco de programas
internacionales de desarrollo d aviones regionales de 50 a 100 plazas
como es el caso del programa Paregio.
Hay sectores muy competitivos para España, con liderazgo
internacional, como es el de la cerámica y el del calzado, en los
que, siendo sectores que puedan parecer más clásicos y de tecnologías
maduras, en los que España ha alcanzado altísimas cotas de
competitividad tanto por parte de muchas empresas como de sus centros
tecnológicos, es importante continuar avanzando en su desarrollo
industrial. En casos como, por ejemplo, el de la cerámica y el del
propio calzado está claro que la inversión en tecnología es cada vez
más intensa, en los que España ha conseguido de estar en cuarto o
quinto lugar a ser en estos momentos, por ejemplo, en el caso de la
cerámica, el segundo productor mundial en azulejos y pavimentos
cerámicos, por detrás de Italia, y con unos niveles de liderazgo
tecnológico muy importante. Es cierto que, además, se trata en muchos
casos de sectores muy atomizados e intensivos en mano de obra y
configurados por empresas de pequeña o mediana dimensión. En estos
casos, por lo tanto, este tipo de cuestiones estructurales tienen
también su tratamiento desde el punto de vista de la política
sectorial.
Otros sectores a los que podríamos hacer referencia son, por ejemplo,
los sectores de gran peso en el producto interior bruto español, como
es el caso de la automoción. Estos son sectores que requieren grandes
inversiones y apoyo, en definitiva, de instrumentos de financiación
más potentes e imaginativos que las tradicionales subvenciones y, por
supuesto, políticas industriales comprometidas y acciones
estratégicas que incluyan tanto a las administraciones territoriales
como a los fabricantes a nivel de multinacionales, como es el caso
del sector del automóvil, para conseguir atraer hacia España el mayor
número de inversiones posibles, sin olvidar el apoyo necesario en la
implantación exterior a los fabricantes nacionales. Como les decía,
el sector de la automoción es un buen exponente de este tipo de
sectores, es uno de los sectores ahora en España que atraviesa uno de
los momentos más dinámicos, en los que los fabricantes de automóviles
han anunciado unas inversiones de un billón de pesetas para España en
los próximos tres años. Sin duda, para llegar a este punto ha sido
preciso un conjunto de elementos, desde un entorno competitivo a una
continuada acción de apoyo al sector, abriendo nuevas líneas y
valorando la capacidad de esta industria para generar valor añadido
y empleo. En este caso, el sector cuenta por parte del Ministerio de
Ciencia y Tecnología con un programa específico cifrado en 40.000
millones de pesetas para el período 2000-2003, orientado a la
promoción de tres tipos de acciones, especialmente en lo que hace
referencia
a los sistemas de seguridad en los vehículos, al reciclado y
mantenimiento, vehículos de transporte público y especiales. A todo
ello, evidentemente, hay que añadirle, como en todos los otros
sectores, lo que serían las actuaciones de carácter horizontal que
fomentan la innovación, el desarrollo y la investigación.
El sector de la automoción es capital para España. Actualmente es el
tercer productor europeo, el quinto mundial gracias a los casi 7
billones de pesetas que facturó en el año 2000 -esto es, casi un 7
por ciento del producto interior bruto- y en ese mismo año también
alcanzó un máximo histórico al superar también por primera vez los
tres millones de vehículos, de los cuales el 80 por ciento van
dirigidos a la exportación. Como bien saben SS.SS., la mayoría de los
fabricantes mundiales, las plantas españolas se encuentran entre las
más competitivas de Europa en buena parte por la existencia de unos
entornos que podríamos llamar clasters y, sin duda, de unos parques
de proveedores muy especializados que reducen los costes logísticos,
los tiempos de disposición de componentes a valores mínimos. Además,
para conseguir localizar inversiones en España el propio Ministerio
de Ciencia y Tecnología viene desarrollando una política activa en
cooperación con las comunidades autónomas para facilitar la
implantación de nuevos fabricantes o la asignación de nuevos modelos
en el marco de competencia internacional que se desarrolla en este
sector. En este caso, además, existen otros objetivos de política
industrial, como es la renovación de lo que es propiamente el parque
automovilístico. En este sentido viene funcionando satisfactoriamente
el Plan PREVER. En el año 2000 se acogieron al mismo casi un 20 por
ciento de las nuevas matriculaciones de turismo y, como ya es sabido,
pero lo traigo a colación aquí, se complementó también con una acción
especial para incentivar la baja de vehículos de gasolina con plomo y
su sustitución por vehículos con emisiones menos nocivas.
Finalmente -y por no extenderme más en un sector para el que existe
una firme política industrial y sobre el que podría estar hablando
mucho tiempo- se ha constituido una fundación denominada Instituto
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, sensible con las
crecientes demandas de seguridad que reclama la sociedad y que cuenta
este año por primera vez con una dotación presupuestaria. Forman
parte del patronato de esta fundación, sin duda, las principales
patronales del sector, tanto las de fabricantes de automóvil como las
de componentes, junto a la Dirección General de Tráfico y el propio
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Soy consciente, señor presidente, señorías, de que me he extendido
mucho en mi exposición, pero el abanico de políticas industriales y
de actuaciones que se están desarrollando en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología es muy amplio. Nuestros sectores industrialesestán
afrontando el reto de la competitividad y desde el
departamento estamos dispuestos a seguir trabajando muy intensamente
para que continúe siendo mañana, como lo ha sido ayer y lo es hoy,
motor del crecimiento económico.
Quedo a su disposición para atender las cuestiones que quieran
plantear SS.SS.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Celestino Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señora ministra, quiero agradecerle su
presencia en esta comparecencia sobre la política industrial de su
ministerio. Su ministerio ha sido hasta el momento, al menos en
términos de discurso público, el de la regulación del mercado de las
telecomunicaciones y no también el ministerio de la política
industrial.
La industria en este país todavía es, por suerte, una parte muy
importante de nuestro producto interior bruto -PIB- y depende
fundamentalmente de su ministerio. Hay partes que están en el
Ministerio de Economía, como la energía, la minería o las pymes y hay
partes que están en el Ministerio de Hacienda, como lo que queda de
la antigua SEPI.
Comparece usted por primera vez para hablar de política industrial a
petición de un grupo parlamentario, cuando, por la importancia que
tiene la industria en este país, por lo que aporta al PIB, debería
haber comparecido a petición propia. Si uno lee, analiza, tanto el
discurso de investidura del presidente, señor Aznar, como su
discurso, hace más de un año, en esta Comisión de Ciencia y
Tecnología, discurso-comparecencia inicial, ve el escaso peso que
tienen las políticas industriales. Hoy, por primera vez, ha hablado
algo más de política industrial de lo que venía hablando hasta ahora.
Ustedes han venido reduciendo la política industrial a las
privatizaciones, según una de las grandes aportaciones del Partido
Popular, a la política económica de este país y a las políticas
tecnológicas, investigación, desarrollo e innovación. No vamos a
poner esto en duda; es más, coincidimos en la gran importancia que
tienen y deben seguir teniendo, en el contexto de una clara apuesta
por la industria nacional, por su competitividad, las políticas
tecnológicas, la investigación, el desarrollo, la innovación, pero
está claro que ustedes han dejado un poco abandonada la industria
tradicional de este país. La política industrial depende de una
dirección general que se llama Dirección General de Política
Tecnológica. Por no haber, en su ministerio no hay ninguna
subdirección que se titule de política industrial. En estos momentos,
como ustedes saben y es honesto constatar, tienen un serio problema:
no hay la Administración adecuada para llevar la política industrial,
y eso les ha generado en los últimos tiempos serios problemas de
interlocución con muchos sectores industriales, tanto con los agentes
económicos como
con los agentes sociales. Desde luego, aunque pudo haber sido
aplaudido en su día, no se entienden las razones para que en el
Gobierno de este país no exista un ministerio encargado de la
industria y de la energía, como lo hubo en su día. La primera
reflexión que le hacemos es ésta y el planteamiento claro: ¿piensa el
Gobierno, piensa el Ministerio de Ciencia y Tecnología tomar medidas
para superar esta situación?
En los países de nuestro entorno se vienen haciendo esfuerzos por que
las políticas industriales sean más amplias de lo que ustedes vienen
planteando: privatizaciones y desarrollo tecnológico. Está claro que
apostar por una política industrial mucho más ambiciosa y no reducida
a privatizaciones, liberalización y políticas tecnológicas,
investigación y desarrollo, demanda más planteamientos, demanda
actitudes más ambiciosas e incorporar nuevos elementos al diseño de
política industrial que ustedes han hecho y por el que vienen
apostando. Desde luego, demanda, en primer lugar, dotar a la política
industrial del rango administrativo adecuado.
La Administración, y no es un problema de intervenir más o menos en
la política industrial, necesita una estructura capaz de saber qué es
lo que ocurre y capaz de apostar por una política industrial
integrada e integradora; una política industrial que no se reduzca
tanto, por muy importante que sea, al desarrollo tecnológico, sino
que contemple otras variables; una política industrial que, además de
apostar por otras variables, unas de carácter general, como las de
carácter fiscal, las de carácter laboral, la financiación de la
economía, y otras más concretas que influyan en la competitividad de
las empresas, en lo relativo a las tecnologías de la producción, en
lo relativo a la calidad, a la formación profesional, a la
internacionalización -algo ha querido hablar de esto ahora-, priorice
con planes específicos sectores en los que existen ventajas de
competitividad en nuestras empresas; una política económica que,
además de todo esto, contemple algo que no aparece: la variable
territorial. A nuestro entender, la política industrial debe ser un
factor de apuesta por la cohesión. Hablamos de una política
industrial que sirva y sea un factor importante para un desarrollo
equilibrado e integrador del conjunto del país, de una política
industrial que facilite su localización en el conjunto del país,
sabiendo que eso conlleva mayores esfuerzos en aquellas zonas con
mayores dificultades de desarrollo industrial, incentivos distintos
capaces de superar en las zonas con más dificultades el problema de
la localización industrial, esfuerzos en infraestructuras para
superar los estrangulamientos que aún existen o evitar nuevos
desequilibrios, como el que se puede producir con la
telecomunicaciones, esfuerzos en materia medioambiental, como factor
cada vez más importante a la hora de hablar de localización
industrial. Esta es una segunda reflexión que le hacemos.
Junto a la desaceleración en la producción industrial, a la que usted
ha hecho referencia en su intervención de hoy, en los últimos tiempos
hemos asistido a problemas de carácter mundial en sectores como puede
ser el de las telecomunicaciones u otros y en estos momentos estamos
todos preocupados -usted también lo ha manifestado- por las
consecuencias que puede tener en el crecimiento económico, en la
producción industrial la nueva situación mundial generada tras los
atentados en New York y Washington. Está claro que, por mucho que
ustedes digan que aquí vamos a aguantar mejor, no nos vamos a librar
de esta situación de caída del crecimiento a nivel global. Está claro
que eso va a repercutir irreversiblemente sobre la industria de
nuestro país; está claro que las expectativas son poco favorables
para los próximos meses. Todo indica que se va a producir una caída
de la demanda privada y que, aunque ustedes estén instalados en el
déficit cero, eso va a repercutir sobre la industria. Aquí hay que
hacerles la reflexión sobre si se están planteando decisiones
tendentes a hacer frente a esta situación y, sobre todo, a evitar las
consecuencias, en términos de caída de la producción, caída del
empleo y de las rentas. Por tanto, la reflexión que le hacemos es en
qué medida están analizando la nueva situación y en qué medida están
dispuestos a plantearse políticas para hacerle frente.
Los sectores tradicionales de la industria en nuestro país siguen
siendo -se viene diciendo desde hace tiempo- los olvidados, o parece
que no se les da la importancia que se debería dar desde el Gobierno
y desde su ministerio. Hoy, salvo alguna reflexión sobre alguno de
ellos, ha dejado de lado otros muchos, y tienen un peso muy
importante en el PIB de nuestro país y en muchas zonas y regiones del
país. Voy a empezar por el sector siderúrgico. Se ha producido una
caída de beneficios muy importante en el primer semestre de este año
con respecto al año pasado en Usinor -el 86 por ciento-, en Arbed -el
62 por ciento- y en Aceralia -el 4 por ciento-. Aceralia sigue siendo
la empresa más fuerte de estas tres que le he dicho, que sabe usted
que están en un proceso de fusión en estos momentos. La caída de esos
beneficios es por las limitaciones a las importaciones que ha
introducido Estados Unidos o los excesos de producción de Corea, que
también aparece aquí, y de los países del Tercer Mundo. Algunas de
estas empresas pueden entrar en números negativos no pasando mucho
tiempo, hay una contracción importante en el sector del acero, y
estas tres empresas están en estos momentos en un proceso de fusión,
que está siendo discutido por la Unión Europea, que va a posibilitar
la creación de una de las mayores empresas del sector siderúrgico del
mundo. Yo plantearía qué análisis hacen ustedes del sector
siderúrgico en estos momentos, qué perspectivas le ven al sector y,
en este contexto de caída de los beneficios, de contracción del
sector del mercado del acero, cómo ven ustedes
que esto puede afectar al proceso de fusión entre Usinor, Arbed y
la empresa española Aceralia.
Sigo con otro sector tradicional. Usted sabe que la Comisión Europea
ha hecho una propuesta al Consejo de Ministros de la Unión Europea
sobre el sector naval que contempla dos temas: por un lado, denunciar
ante la Organización Mundial del Comercio a los astilleros coreanos
y, en segundo lugar, poner en marcha un sistema de ayudas defensivo y
temporal a los astilleros europeos. La propuesta que en estos
momentos está haciendo la Comisión Europea, a nuestro entender, es
bastante reducida. Es más, el tipo de barcos que contempla ayudar
representa, según datos de su ministerio, un porcentaje muy reducido
en el tipo de barcos que se construyen en nuestro país, me parece que
el 3 por ciento. Al revés, es bastante beneficioso para la
construcción de barcos en otros países. En su día ya le planteamos en
otra comparecencia la necesidad de abrir esas ayudas a otros
segmentos de barcos en los que están bastante especializados los
astilleros de nuestro país, como pueden ser los gaseros, los ferrys o
todo tipo de quimiqueros. La Unión Europea debe tomar una decisión en
las próximas semanas sobre cómo van a quedar las ayudas al sector
naval, y aquí nosotros tenemos interés en saber en qué medida ustedes
están dispuestos a seguir trabajando por ampliar las ayudas.
Voy a aprovechar la ocasión para hacerle una pregunta. Una diputada
compañera mía le ha venido solicitando en los últimos tiempos al
Gobierno -quiero entender-, a su ministerio, información sobre Pymar.
Esta información viene siendo negada por su ministerio, información,
por ejemplo, relativa a los rendimientos financieros generados por
los fondos públicos aportados a Pymar o información sobre la propia
Pymar. Esta información no ha sido aportada por su ministerio, ha
sido reclamada desde el pasado mes de abril por la presidenta del
Congreso de los Diputados y sigue sin ser enviada a la diputada
socialista Arantxa Mendizábal. En ese sentido le pregunto si sabe por
qué se nos está negando la información que estamos solicitando sobre
Pymar.
Me gustaría preguntarle si la situación de Fene-Izar en Ferrol sigue
estando como estaba, si se sigue manteniendo el veto con respecto al
tipo de barcos que Fene puede construir y qué piensan de los
problemas que puede empezar a tener la empresa Izar en su factoría de
San Fernando, pues empieza a tener serios problemas en materia de
cartera de pedidos.
Con respecto al sector de bienes de equipo, no los de línea blanca,
tras la privatización de la Babcock, a nosotros nos gustaría
recuperar un planteamiento que se hizo antes de cerrar su
privatización, que era el de la necesidad de acometer por parte del
Gobierno la reordenación de este sector. Hay más empresas en el
sector, como puede ser el caso de Duro Felguera, y es necesario
-entendemos nosotros, y se lo planteamos-, paraevitar una situación
de desventaja a la hora de competir
entre estas empresas, que el ministerio se plantee reordenar el
sector con el claro objetivo de asegurar una situación de igualdad a
la hora de competir entre ellas.
Con respecto al sector del automóvil, me gustaría hacerle también
alguna reflexión. Por la incertidumbre que en estos momentos hay a
nivel general...
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Voy acabando, señor presidente. ..., todo
el mundo considera que va a conllevar caídas en la demanda, desde
luego va a repercutir sobre el sector del automóvil. Hay alguna
fábrica importante de automóvil, como es el caso de la Opel de
Figueruelas, que ha cerrado por tres meses antes de la nueva
situación mundial. Yo creo que no es nada desacertado pensar que el
sector puede tener problemas rápidamente. Por tanto, le planteamos en
este contexto cuáles son sus perspectivas con respecto al sector.
Sabe usted que los problemas de muchas empresas importantes del
sector del automóvil en nuestro país son también de otro estilo,
y nos gustaría saber si por su parte hay planteamientos para afrontar
otros problemas del sector.
Rápidamente le hablo del sector de la defensa. Está cayendo, y lo
estamos viendo, el transporte aéreo, hoy es Alitalia la que anuncia
despidos. Eso va a repercutir negativamente en el sector de la
aeronáutica. No es desacertado pensar que eso va a conllevar una
contracción en el sector de construcción aeronáutica. Usted ha
hablado de una empresa importante que tenemos en este país, que es
CASA, que está jugando un papel importante en el gigante europeo del
sector. Hay una corriente, todo el mundo lo aplaude, de solventar los
problemas que empieza a haber en estos momentos. Todos los días vemos
en los medios de comunicación -en alguna ocasión listas enteras- los
despidos que se producen. Aquí puede empezar mucha gente a
engancharse a la corriente de los despidos para resolver este
problema coyuntural. En empresas como CASA y en otras muchas eso
puede acabar siendo una verdadera descapitalización de la empresa.
Les planteamos si están pensando en medidas impulsadas desde la
Administración pública para hacer frente a estos problemas concretos
y coyunturales.
Usted ha sido la ministra reguladora del mercado de las
telecomunicaciones, pero de su ministerio también depende la
industria de las telecomunicaciones. Por diversas razones este sector
está sometido a una crisis de carácter mundial que las grandes
empresas del sector tratan de resolver con despidos y con
externalizaciones. Fundamentalmente son empresas con beneficios. Los
problemas entendemos que son bastante coyunturales, de saturación del
mercado o retrasos en la incorporación de la tercera generación. Nos
gustaría plantearle si la medida para solventar los problemas
coyunturales que tiene el sector en empresas con beneficios puede ser
los despidos por las externalizaciones. En segundo lugar, qué piensan
de la necesidad de una normativa europea que sea capaz de corregir el
hecho de que empresas con buenos beneficios acaben recurriendo
a medidas de ese estilo para resolver problemas de carácter coyuntural.
Termino con un tema que nos preocupa. La Empresa Nacional Santa
Bárbara, privatizada y vendida a la empresa americana General
Dynamics, que ahora me parece que se llama Santa Bárbara Sistemas, ha
procedido a designar un nuevo presidente. Este nuevo presidente es el
ex embajador de España en Estados Unidos y se llama Antonio de
Oyarzábal. En unas declaraciones suyas a medios públicos dice que
asume el puesto con ilusión, que es un bonito reto y que él participó
--quiero entender siendo embajador en Estados Unidos- en el inicio de
la operación, se entiende, de venta de la Empresa Nacional Santa
Bárbara a General Dynamics. Dice que desde su cargo hizo todo lo
posible para que General Dynamics comprendiera la importancia de la
compañía Santa Bárbara. Oyarzábal precisó, a continuación, que a su
vuelta a España -dejó de ser embajador en junio del año pasado o al
inicio del verano- se mantuvo al margen del proceso de privatización
de la empresa de armamento para cumplir con la Ley de
Incompatibilidades. ¡Qué quiere que le diga! Con declaraciones de
este estilo se alimentan sospechas. Quiero entender que uno se
mantiene al margen de algo para cumplir con la Ley de
Incompatibilidades cuando deja de ser un responsable público y pasa a
la actividad privada. Primera reflexión que hacemos. Segunda, creo
que aquí se continúa con la política de ocupación que se está
haciendo desde el Gobierno de las presidencias de empresas
privatizadas. No creo que esto sea aconsejable. Estas cosas dan pie a
pensar mal y a sospechar. Le pregunto si tiene opinión sobre esto.
Para terminar, señora ministra, hay lagunas importantes en su
política industrial. En primer lugar, les cuesta mucho trabajo hablar
de política industrial. Llego a la conclusión de que creen muy poco
en ella y se ha visto en su intervención de hoy. No hay una
administración para llevar la política industrial. Su política
industrial es muy reducida a la idea de las privatizaciones o del
desarrollo tecnológico y el I+D. Hay un abandono claro de la
industria tradicional en este país. Sabe usted igual que yo que
existe un serio malestar en el conjunto de los sectores industriales.
La industria es muy importante en el PIB de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, desde el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió quiero agradecer la
comparecencia de la señora ministra
en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Desde nuestro grupo
parlamentario nos gustaría hacer varias consideraciones. Una primera,
que valoramos muy positivamente, es la de que hoy ha expuesto sus
opiniones y sus proyectos acerca de los tradicionales sectores de la
economía española. Se ha referido en su exposición al sector del
automóvil, al de la cerámica, las artes gráficas y a otros sectores,
cuestiones que valoramos positivamente, ya que desde Convergència i
Unió siempre hemos manifestado en diferentes iniciativas
parlamentarias que era bueno para la economía española y también era
bueno que desde el Congreso de los Diputados la política industrial
española fuera la protagonista en esta legislatura, ya que en algunas
ocasiones nos hemos manifestado en contra de que este tipo de debates
de política industrial hubieran desaparecido de la Cámara y de las
diferentes comisiones desde las que era posible hablar de política
industrial. Con lo cual esta primera manifestación la consideramos
positiva ya que en su exposición ha hablado de los sectores
tradicionales de la política industrial de la economía española. Una
segunda consideración es constatar una realidad. Los fuertes cambios
que se han experimentado en todos los aspectos de la economía y del
proceso productivo han propiciado la aparición de nuevos sectores
económicos, basados en la innovación, en las nuevas tecnologías de la
información y en las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, lo
que hemos venido a definir como la nueva economía. También queremos
constatar que en la pasada cumbre de Lisboa, la Unión Europea instaba
a todos los estados miembros a avanzar en la especialización de las
nuevas tecnologías y liderar este mercado, para que Europa pueda
convertirse, a través de esta profundización, en la zona más
competitiva del mundo en los sectores de la información y las
telecomunicaciones, que hemos definido como la nueva economía. Pero
desde Convergència i Unió también consideramos que esta apuesta
favorable e intensa hacia los sectores de la nueva economía, no debe
dejar de lado al sector más tradicional de la economía española, como
podría ser la industria química, las industrias transformadoras del
metal, las industrias de extracciones, la industria automovilística,
la industria farmacéutica, la industria textil, la industria
manufacturera, la industria aeronáutica, la industria espacial, ya
que no podemos olvidar que dichos sectores tradicionales de la
economía española aportan el 25 por ciento del PIB y en términos de
empleo actualmente dan ocupación a casi tres millones de personas.
Por ello es importante que el sector industrial mejore sus niveles de
competitividad para hacer frente a los nuevos competidores y poder
mantener el ritmo de creación de empleo, ya que desde esta
perspectiva hay que tener en cuenta también que el 65 por ciento de
nuestras ventas al exterior proceden del sector tradicional
industrial español, que abarca alrededor de 250.000 empresas.
Queremos constatar una realidad que ha sido manifestada por los
diferentes grupos parlamentarios, incluido Convergència i Unió, en el
sentido de que la desaparición del Ministerio de Industria y la
aparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha producido que
competencias que antes estaban ubicadas única y exclusivamente en el
Ministerio de Industria, ahora tengan competencias diferentes
ministerios, lo que ha provocado una cierta descordinación ante el
sector industrial, a la hora de tener un interlocutor directo, como
antes podía tenerlo en el Ministerio de Industria. Por tanto pienso
que también es interesante que desde el Gobierno se tenga constancia
de que es una realidad que en el sector -y es lógico, con la
aparición de este nuevo ministerio y con la repartición de las
diferentes competencias- ha existido un cierto descontrol y una
cierta descoordinación que ha motivado que, en algunas ocasiones,
algunos sectores se hayan quejado de que no existe un interlocutor
determinado para algunos aspectos orientados a la política
industrial. De todas formas, si desde su ministerio se retoma esta
iniciativa en el sentido de que la política industrial vaya en una
misma dirección y que exista solamente un interlocutor válido, pienso
que haremos un buen servicio a los diferentes agentes económicos
implicados en el desarrollo de la política industrial y, lógicamente,
también su ministerio podrá ser más efectivo para poder atender las
diferentes peticiones y reivindicaciones del sector. Por este motivo,
desde la óptica de la política industrial y sin descuidar todo el
desarrollo que pueda competer a la profundización de las nuevas
tecnologías de la información y de telecomunicación, no podemos
olvidarnos de que el sector industrial continúa teniendo ciertos
problemas que necesitan respuestas urgentes por parte del Gobierno.
Entendemos que el seguimiento de los problemas industriales y de la
industria es un elemento fundamental del crecimiento económico del
país, como factor de arrastre de nuestra economía. Es cierto que los
hechos acaecidos el pasado 11 de septiembre, perfectamente conocidos
por todas SS.SS., han motivado una cierta incertidumbre desde la
perspectiva de los diferentes agentes financieros, económicos y
sociales; pero también es cierto que la economía española está en una
situación privilegiada con respecto al resto de las economías
europeas y de la estadounidense; y no por una cuestión de azar, sino
porque realmente desde el año 1993, y de forma intensificada a partir
del año 1996, se ha seguido una buena política económica de
saneamiento, de corregir los desequilibrios económicos que podrían
existir en determinados sectores; se ha impulsado una economía
orientada hacia la economía productiva que ha dado grandes resultados
en cuanto a la ocupación y, lógicamente, esto ha desembocado en un
cuadro macroeconómico que es la situación actual en la que, a pesar
de dichas incertidumbres, es cierto que nos encontramos en una
situación bastante más favorable
respecto a nuestros socios de la Unión Europea. Esto ha motivado que
las perspectivas, a pesar de dichas incertidumbres, sean bastante
positivas desde la óptica industrial y económica de nuestro país.
Dentro de esta perspectiva, desde Convergència i Unió siempre hemos
optado y apostado por determinadas medidas orientadas a mejorar
nuestra competitividad en el tejido industrial y a promocionar el
esfuerzo inversor en el desarrollo tecnológico e innovación
industrial en todo el tejido empresarial de nuestro país, pero
especialmente orientado a las pequeñas y medianas empresas. Esperamos
que las futuras modificaciones que se puedan realizar en el impuesto
sobre sociedades y en el impuesto de la renta de las personas físicas
tengan una traslación especial en cuanto a todas estas cuestiones que
afectan a la innovación industrial pero, sobre todo, en este tejido
tan competitivo como es el nuestro, el de las pequeñas y medianas
empresas. Entendemos que es necesaria una acción solvente y
contundente por parte del Gobierno -a pesar de que, también hay que
decirlo, ya se han dado pasos significativos- para potenciar todos
aquellos mecanismos que vayan orientados a mejorar la financiación de
las pequeñas y medianas empresas y de los proyectos que en un momento
determinado diferentes compañías puedan poner en marcha para afrontar
el reto de la competitividad como sería, por ejemplo, potenciar aún
más la participación de las sociedades de capital riesgo en los
proyectos de inversión. Este es otro de los grandes retos que se nos
presentan y que, especialmente para las pequeñas y medianas
compañías, puede ser una solución para poder desarrollarse aún más en
la internacionalización.
También entendemos que hay que incrementar y potenciar aún más la
política de internacionalización. Usted ha hecho mención en su
intervención a la política de internacionalización que ha puesto
sobre la mesa el ICEX, pero nosotros entendemos que desde la óptica
de las pequeñas y medianas empresas es muy necesario crear un
mecanismo mayor en cuanto a incentivos, a promoción y a implantación
de este tejido tan importante como son estas pequeñas y medianas
empresas, que en muchas ocasiones no cuentan con la estructura de las
grandes compañías, no ya para poder exportar sino para poder
implantarse en todo el mundo.
Pensamos que en función de los acuerdos asumidos por la conferencia
de Lisboa es importante reforzar el papel de los institutos
tecnológicos como agentes de difusión e innovación en el proceso
tecnológico entre las empresas y en especial también para las
pequeñas y medianas compañías. Hemos abogado y presentado diferentes
iniciativas que han merecido la aprobación del resto de los
diputados; también pienso que desde su ministerio vale la pena
tenerlos en cuenta, como prestar especial atención en la coordinación
económica del Gobierno al seguimiento de las políticas de fomento,
apoyo y promoción del sector industrial español.
Por último, entre las cuestiones que nosotros pensamos que sería
bueno que su ministerio tuviese en cuenta está una reivindicación de
sectores tradicionales de la economía industrial española, donde el
factor de la mano de obra intensiva es muy importante, como podría
ser por ejemplo el sector del textil, para crear una zona
euromediterránea que estuviera ubicada en el Magreb, a fin de que
diferentes compañías de sectores en los que el coste de la mano de
obra es muy importante, pudieran implantarse en estas zonas. Es una
consideración importante que hemos planteado en diferentes
intervenciones y en las diferentes comisiones, tanto en el Congreso
como en el Senado, para que se pueda tener en cuenta, ya que hay
ejemplos significativos, concretamente el ramo del sector textil que
se está implantando en el Magreb, que les hace más competitivos ya
que el coste de la mano de obra en estos países es mucho más bajo que
en España; además de esta forma podemos resolver temas importantes de
inmigración pues dicha mano de obra no provocaría, en caso de que
muchas compañías se pudieran instalar en dichas zonas, que en un
momento determinado pudieran venir a nuestro país.
Desde nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió teníamos
también una serie de consideraciones respecto a programas que están
en marcha por parte de su ministerio y nos gustaría, si es posible,
que nos lo pudiera contestar en esta comparecencia y, si no fuera
posible, no nos importaría que nos contestara por escrito cuando
usted lo crea oportuno.
Respecto a los programas del sector aeronáutico como podría ser el
que está influido por el EADS y el espacial vinculado a la Agencia
Europea del Espacio, ESA, nos gustaría saber cómo está funcionando el
sistema de los retornos, cómo afectarán dichos retornos a estos
sectores, especialmente al aeronáutico, dada la actual situación y la
actual coyuntura internacional. También nos gustaría saber cómo
afectará al sector textil el ingreso de China en la Organización
Mundial del Consumo, la OMC, y si tiene previsto el Gobierno algunas
medidas al respecto. Teníamos otra pregunta para hacerle como es si,
desde su ministerio, tiene previsto reestructurar el sector espacial
redefiniendo los papeles del INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aerospacial, y del CEDETI, Centro para el Desarrollo Tecnológico
e Industrial.
Quiero constatar -en su intervención ha quedado ya de manifiesto- que
los sectores aeronáutico, espacial, farmacéutico y el de las empresas
de biotecnología realizan importantes inversiones en I+D y en
innovación, I+D+I, en el sentido de que también en los presupuestos y
en las diferentes iniciativas que se puedan llevar a cabo se tengan
en cuenta al efecto de no paralizarlas, sino incrementarlas.
Por último, hay dos cuestiones que nos han hecho llegar diferentes
sectores respecto a distintas subvenciones que están funcionando muy
bien, a las cuales su
ministerio destina importantes cantidades, como es por parte del
PROFIT y las subvenciones del crédito del CEDETI. Diferentes sectores
que acuden a las subvenciones y a los concursos que saca su
ministerio creen que sería bueno para ellos que no sólo hubiera una
convocatoria para acudir a dichas subvenciones sino dos o tres
anuales, porque, finalizado el período de convocatoria, en
determinados proyectos no se pueden acoger a dichas subvenciones o
créditos reembolsables y en un momento dado se pueden paralizar
dichas inversiones. Por otra parte, en algunos casos su ministerio,
con respecto a los créditos reembolsables, pide el aval de la
compañía. Una pequeña y mediana empresa para pedir un crédito
reembolsable con un aval a 15 años encuentra muchas dificultades por
parte de las entidades financieras ya que el reembolso es a largo
plazo. Para determinadas compañías de pequeña estructura esto supone
una dificultad frente a las entidades financieras.
Quería hacer una valoración muy positiva del funcionamiento del
CEDETI. Los contactos que tenemos con los distintos sectores lo
valoran muy positivamente, y creo que ante una comparecencia de la
ministra en la Comisión hay que decir los aspectos positivos y los
negativos, para que puedan mejorarse.
Por último, y acabo señor presidente, quería manifestar que tengan en
cuenta desde su ministerio la importancia que tiene, para los
diferentes sectores afectados, y desde la óptica industrial, la
necesidad de tener un interlocutor que les pueda resolver las
demandas que se puedan poner encima de la mesa. En este momento la
implicación de diferentes ministerios en determinadas cuestiones que
sólo pueden afectar a una compañía a veces dificulta este diálogo
fluido que entendemos debe existir.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra don Jesús Manuel Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora ministra, por su
comparecencia en el día de hoy y, sobre todo, como S.S. se disculpaba
por la extensión de su informe, le doy las gracias por un informe tan
extenso, porque ha repasado usted no solamente uno a uno todos los
sectores de nuestra industria sino que nos ha explicado la situación
coyuntural y las medidas y las políticas que está poniendo y que va a
poner en marcha en los próximos años.
Por las intervenciones que he escuchado, creo que en el fondo estamos
todos de acuerdo. Las críticas que le han hecho esta mañana tampoco
son de gran calado. Se ha dicho que usted no venía a esta Cámara a
hablar de política industrial; la verdad es que tampoco se lo habían
pedido antes y ha sido en junio de este año cuando el Grupo
Parlamentario Socialista lo ha pedido, quizá porque no interesaba
mucho a la oposición que usted viniera a la Cámara. Acostumbrados a
hablar de
pérdidas milenarias de empleo en el sector industrial, a planes
salvajes de reconversión en determinados sectores, ahora estamos
hablando de incremento del empleo industrial, de un incremento
importante de nuestras exportaciones, de incrementos de la
productividad, y esto, lógicamente, no le interesa oír a un grupo de
la oposición. Se critica exclusivamente que su ministerio es el
ministerio de las privatizaciones, cuando las privatizaciones habían
empezando mucho antes, como pasó con una parte sustancial de Endesa,
buscando desesperadamente quien pudiera llevarse alguna empresa a
precio simbólico y no se encontraba. Esas críticas sólo las puede
hacer quien no cree en la sociedad y en la capacidad de nuestras
empresas y de nuestros empresarios para liderar en Europa una
actividad tan importante como la industrial. ¿Problemas de
interlocución en su ministerio? Su señoría lo decía en su
intervención: hemos de proceder a un cambio de mentalidad. No se
trata de una apuesta únicamente por un nuevo ministerio, se trata de
cambiar la mentalidad de esta sociedad. La industria no puede
mantenerse en los parámetros en los que tradicionalmente se venía
desarrollando, en un entorno globalizado y cada vez más marcado por
las tecnologías de la información, de la comunicación y del
conocimiento. La apuesta que el presidente del Gobierno hizo al
remodelar el gabinete y crear este ministerio ha sido una apuesta
tendente a generar en la sociedad española ese cambio de mentalidad
que la lleve a una deseable modernidad, modernidad que se está
alcanzando de la mano de la señora Birulés en el ministerio.
Si hablamos de sectores, no de los nuevos sectores, porque aparecen
nuevas oportunidades, como el sector de las energías renovables tan
importante con los compromisos que hemos adquirido con la Unión
Europea con la aprobación de una directiva y de un nuevo plan de
fomento de las energías renovables, con nichos de mercados nuevos
como los parques eólicos offshore que se empiezan a instalar en los
países nórdicos y que en España empezaremos también pronto con ellos,
si hablamos, repito, de sectores tradicionales, está el sector naval,
donde la operación que se ha hecho con la empresa Izar ha resuelto a
medio plazo los problemas más candentes de los astilleros públicos
españoles, un sector convulso en otras épocas y con otros gobiernos y
que en este momento vive épocas de tranquilidad; un sector como el
del automóvil, que no ha sufrido los varapalos y las incertidumbres
que en otros países de Europa sí ha podido sufrir; importantes
avances en la creación e implantación de empresas, empresas de gran
contenido tecnológico; programas como el de fomento de la
investigación técnica, que ha tenido una estupenda acogida por parte
de los sectores y que se nos ha ido un poco más allá de las
previsiones.
Señora ministra, el otro día hablando con un empresario me decía:
Está todo bien, todo funciona bastante bien interiormente. Nuestro
gran reto en este momento
es la externalización, y eso se lo he oído decir también a usted,
señoría. La pregunta que le quiero formular es: ¿va a promover el
ministerio la aparición de clusters de las empresas españolas para
favorecer la externalización de nuestro sector industrial? Creo que
con una respuesta a esta pregunta me daría por satisfecho, mucho más
después de haber escuchado la prolija explicación de su señoría.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias
por sus intervenciones, señorías.
En primer lugar, quería empezar por la última intervención, retomando
una afirmación del Grupo Popular. Efectivamente cuesta entender el
cambio. El cambio se está dando y este cambio requiere un cambio de
mentalidad, de actuación progresiva de nuestras empresas --ellas lo
saben perfectamente- para continuar siendo competitivos. Asimismo,
requiere una refocalización de lo que es la política industrial, y
esto también requiere cambios de mentalidad en la comprensión de qué
es lo que está ocurriendo. Hoy hemos tenido buenos exponentes de la
dificultad en la comprensión de este cambio de mentalidad porque, por
un lado, se le acusa a este ministerio -hoy se ha repetido aquí por
parte del Grupo Socialista- de la regulación de las
telecomunicaciones, como si fuera una acusación. La realidad es que
usted sólo se hace reflejo de algo que se proyecta en los medios de
comunicación, pero difícilmente parece entender la importancia del
sector en sí, porque cuando habla del sector no hace referencia a los
cambios que representan la convergencia tecnológica, la
reestructuración del sector, los cambios en las cadenas de valor, el
papel de las pequeñas y medianas empresas en este sector, lo que esto
significa desde el punto de vista de quién está haciendo la
investigación y el desarrollo, de quién está siendo no sólo un
suministrador dependiente de una gran multinacional sino también
empresas que están diversificándose en el mercado y que, por lo
tanto, atienden a distintos sectores.
Hoy estamos reforzando empresas en el sector de las
telecomunicaciones que proceden de ese sector para que pueda atender
claramente a las necesidades de la tecnología y el desarrollo de un
sector como el biotecnológico o, fíjese, el sector naval. Usted ha
mencionado varios sectores, y hay muchos; yo sólo he mencionado unos
cuantos a título ilustrativo, pero podemos repasar cuando quieran el
sector siderometalúrgico, el naval, el textil, el del calzado, el de
la cerámica, el de la máquina herramienta, el de los grandes bienes
de equipo, el del acero, el aeroespacial, el farmacéutico, el
aeronáutico -no quiero dejarme ninguno-; todos los sectores los
podemos repasar uno a uno y ver la situación de estas políticas. Pero
continuando con el sector
naval, hay que decir que eso que usted llama privatizaciones en
sentido despectivo fue una actuación dirigida a modernizar el sector
público para, a partir de ella, vertebrar, reconvertir y hacer
competitivo a un sector, en este caso el naval, que hoy no tiene nada
que ver con las dificultades internacionales ni tiene nada que ver
con lo que era cuando ustedes lo dejaron. El naval es hoy un sector
en el que hay 22 empresas que son privadas, una empresa pública que
es Izar, y además las empresas privadas, que son astilleros de tamaño
pequeño y mediano, están siendo competitivas, se están dedicando a la
construcción de buques civiles, mercantes, pesqueros y remolcadores y
ocupaban a finales del año pasado a más de 3.400 personas. Pero es
que además están siendo competitivas estas empresas y los astilleros
de tamaño grande y están desarrollando e incluyendo tecnologías
importantes en el diseño de los cascos, con introducción de medidas
de seguridad que les dan unos niveles de competitividad internacional
que no tenían anteriormente. Hay que decir que hoy España ocupa,
efectivamente, el cuarto puesto en la Unión Europea como país
productor de buques, el octavo puesto mundial, y que tiene un nivel
tecnológico y, por lo tanto, una capacidad de competir no sólo
similar a la de la mayoría de los competidores europeos sino en
algunos renglones incluso superior. Es cierto que en algunos casos
sufren la competencia de algunos astilleros de Extremo Oriente que,
con unas condiciones no comparables de marco de competencia, están
actuando de modo desleal no incorporando el coste real de las
inversiones y de algunos desarrollos tecnológicos. Sepa además que la
mayor parte de los buques se exportan a armadores de la Unión Europea
y que en los últimos años la exportación ha sido creciente y se está
exportando el 80 por ciento de la producción. Este es un sector cuya
posición en el mercado está cambiando radicalmente, así como su
capacidad de competir, y por lo tanto se está hablando con el sector
de desarrollo tecnológico, de introducción de medidas de calidad, de
incorporación de diseño de alto nivel e incluso de desarrollo de
nuevas modalidades de buques. A ello está siendo dirigida la política
industrial, que ha sido posible además por un proceso inteligente y
acorde con los requisitos del sector, y no un proceso de ayudas
entendiendo que continuaba siendo parte del sector público, que es lo
que ustedes entendían por política industrial.
Respecto a saber lo que ocurre, ¿usted sabe lo que ocurre en el
sector de la automoción? Porque seguramente sabrá que el sector de la
automoción se está redefiniendo desde el punto de vista del papel que
juegan los fabricantes, de dónde fabrican, de dónde diseñan y del
papel que está jugando la industria de componentes, ¿Usted sabe que
hoy la investigación y el desarrollo los está haciendo la industria
de componentes, que esa industria está claramente internacionalizada
y que debemos asegurar que la industria de componentes desde el punto
de vista de la dimensión
empresarial tenga una posición preeminente en las casas matrices y en
los mercados internacionales en los que está presente? Estas son las
políticas que se aplican cuando se hace política industrial, en las
que en unos casos juega claramente el papel del desarrollo
tecnológico. Respecto a otros casos, voy a hacer una referencia que
no había hecho, atendiendo a las consideraciones del representante
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en cuanto al
sector textil, que es uno de los sectores en los que el nivel de
incorporación de la innovación ha sido más alto, y que, pasando de
unas circunstancias de clara disminución de la producción y de la
competencia internacional, ha retomado posiciones que representan de
manera clara un salto importantísimo desde el punto de vista de la
competitividad. Déjeme decir que un buen exponente es que el primer
sector que tomó la decisión de constituir un portal que tenía en
cuenta la industria, los proveedores, los técnicos, los centros
tecnológicos, las universidades, el comercio electrónico y el
comercio electrónico entre empresas, es el sector textil, y esto
hecho además en un marco, en el que se está en estos trabajando,
momentos, de clara integración entre la moda, el diseño, las
características de los tejidos y la capacidad de producir en
dimensión con concertación entre diversas empresas en España para
poder atender mejor los mercados internacionales. Además, el sector
textil está desarrollando la capacidad de sustentar y fortalecer la
presencia de la marca en los mercados internacionales a través del
foro de marcas renombradas con otros sectores, como puede ser el
agroalimentario, el de la perfumería, incluso el farmacéutico, de
modo que se dé a conocer a través de la moda. Y la moda no es una
cuestión de farándula, sino que trata de presentar unas tendencias y
unas maneras de transmitir incluso cultura, tradiciones, gustos,
etcétera, todo ello además sustentado por el comportamiento de los
tejidos, la calidad, la capacidad de producción, la seriedad en
cuanto a los plazos y las entregas, y que esto no esté sólo declarado
sino que sea tecnológica y contractualmente defendible.
Podría hablar de otros sectores, entre ellos el farmacéutico, en el
que tiene un peso muy importante la investigación, el desarrollo y la
innovación, sobre todo teniendo en cuenta algo que es real, que son
los plazos de maduración de los productos desde los desarrollos
tecnológicos hasta que estos llegan al mercado. Esto requiere una
adecuación desde el punto de vista del marco fiscal que fomente el
desarrollo, aunque conlleve un alto nivel de riesgo, y que además se
cuente con la adecuada financiación, con un buen tratamiento de
fenómenos como las importaciones paralelas, con un buen tratamiento
desde el punto de vista de la evolución de la normativa de patentes o
con un buen tratamiento a la hora de colaborar con los hospitales o
permitir el desarrollo de empresas especializadas en el ámbito de la
biotecnología.
Podríamos hablar de otros sectores, como el de la madera o el de los
muebles, pero hay que decir que no se trata de una política como la
de otras épocas --alguien puede pensar que aún estamos en el pasado-,
de coger sectores, priorizarlos, y decir que esa es la gran política
industrial. Nuestra gran política industrial no es que los que
estamos aquí sentados -esta ministra seguro que no- somos los que más
sabemos de cómo se desarrollan en el mercado privado las empresas,
así como la competitividad a nivel internacional. No, señorías, esta
no es nuestra política industrial. Ya no lo era a finales del siglo
XX y mucho menos lo es en el siglo
XXI. La que requiere España es la que identifica los elementos de
competitividad diferenciales, aquellos en los que desgraciadamente
por actuaciones anteriores tenemos más retraso, como en el ámbito
tecnológico, en la colaboración entre el mundo de la investigación y
el de la empresa o en el desarrollo de productos y procesos, el
desarrollo, en definitiva, de lo que es una constante cultura de
estrategias empresariales basadas en la innovación, pero entendiendo
esto como continuo en la vida. Las empresas tienen que continuar
teniendo los menores costes, los mayores niveles de calidad y de
diseño, buscando las estrategias más adecuadas, teniendo en cuenta
las tecnologías más eficientes y también las más limpias. En
definitiva, viendo en cada uno de los sectores, como hacemos en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuáles son los factores críticos
específicos, además de aquellos diferenciales y de carácter general.
Pero es que además el proceso de conformación de esta política
industrial tiene otros ingredientes. Hay sectores en los que la
presencia de España es casi nula, sectores que como tal no están
vertebrados y que nosotros entendemos que son clave, sectores motores
en relación con los cuales no podemos dejar pasar el tren. Uno de
ellos es el aeronáutico, al que ya me he referido, otro es el
aeroespacial y otro es el relativo al material ferroviario. Hay que
aprovechar las actuaciones de la propia Administración, sus
decisiones, ya se trate de compras públicas, de regulación o de
responsabilidades políticas o legislativas, para facilitar un marco
que permita vertebrar sectores nuevos, pero no sólo sectores, que ya
es muy importante, que generen empleo hoy en día, sino que además
tengan una viabilidad futura y por lo tanto cuenten con estos
elementos de competitividad. Por ejemplo, en el caso del sector
ferroviario habría que aprovechar el importante nivel de inversión
que se está haciendo en España, así como el de los países europeos en
los próximos años en infraestructuras y en material ferroviario, para
que sea una realidad la estructuración de un sector fuerte hoy y
mañana y con capacidad para desarrollar tecnología propia. Esto es lo
que estamos haciendo. También existen, ya lo he mencionado, unos
planes de reindustrialización que afectan a muchas partes del
territorio y se ve que muchos de ellos se desconocen, o se quieren
desconocer, o bien lo que se desconoce es el territorio.
Se trata de planes muchos de los cuales se encuentran en un estadio
que supone una reindustrialización desde situaciones difíciles de
destrucción de ocupación y de actividad industrial, como en el
pasado, y además se están planteando los aspectos de cualificación
tecnológica que introdujimos ya en el año 2000. Hablar de tecnologías
de la información y de la comunicación en zonas de Andalucía que hace
poco se estaban reindustrializando desde cero, o hablar de plantas y
desarrollo de química fina en zonas que también han sufrido
claramente de una falta de política industrial y de unas necesidades
básicas de reindustrialización es algo muy diferencial y que
claramente va dirigido a completar con garantías de competitividad
este proceso de reindustrialización. Se trata de un elemento clave de
cohesión y equilibrio territorial.
Hay otros aspectos a los que quisiera hacer referencia. En este
proceso, cuyo cambio cuesta entender, también es costoso de entender
que las circunstancias especiales de un sector puedan ser utilizadas
para crear una situación de confusión. Sus señorías saben que esto
ocurre en la realidad, pero les tengo que decir que respecto al
seguimiento continuado de las políticas y las actuaciones llevadas a
cabo en el ámbito internacional, así como actuaciones específicas, ya
sea en materia medioambiental, de requisitos de homologación o en
materia de industria naval en el marco europeo, la interlocución del
Ministerio de Ciencia y Tecnología desde un punto de vista industrial
es única. Evidentemente, hay aspectos que van a ser específicos del
Ministerio de Medio Ambiente, que influyen claramente en este tipo de
cuestiones, mientras que otros, como los referidos a la energía, van
a corresponder al Ministerio de Economía, pero del mismo modo que
afecta la legislación o el tratamiento del marco laboral o lo que es
la situación desde el punto de vista del sector financiero.
Contestando a aspectos concretos, tengo que decir que la situación
del sector siderúrgico ha cambiado radicalmente. En relación con
dicho sector, al igual que en el caso del sector naval, ya he
contestado con motivo de preguntas orales, escritas e
interpelaciones, incluso en comparecencias, en la Comisión de Ciencia
y Tecnología de esta Cámara y en el Senado. Tengo que decir que nada
ha cambiado con respecto a lo que entonces manifesté, por lo que, si
se me permite, quisiera remitirme a ello en aras de la brevedad,
aunque sí quiero decir que, efectivamente, nos está permitiendo esta
reestructuración y esta vertebración tanto del sector siderúrgico
como del naval. Y en el caso del sector naval quiero reiterar que ha
sido precisamente esta ministra la que ha adoptado una posición
activa en todos los consejos europeos de Industria desde el mes de
mayo del año 2000, tanto por lo que se refiere a una posición firme
con respecto a Corea como por lo que respecta al hecho de que se
vayan identificando -así fue contemplado en el acuerdo por parte de
la Comisión y del propio Consejo- otros renglones dentro del
sector naval en los que existe competencia desleal por parte de
Corea. Así pues, desde el punto de vista de la respuesta que me
pedía, tengo que decirle que no ha habido voluntad de no responder,
como no podía ser de otra manera. Y en cuanto a las peticiones
relacionadas con el caso al que usted hacía referencia, va a obtener
inmediatamente una respuesta. Sólo quiero decirle que ha sido
necesario recabar alguna información, incluso histórica y de otros
ámbitos, sobre el proceso de la propia pregunta.
Le aseguro -porque sería un elemento de alarma- que en el caso del
sector del automóvil, en relación con la empresa y con la planta a
las que hacía referencia, el período de disminución de empleo y de
horas trabajadas fue resultado del acuerdo con los trabajadores, y no
tuvo nada que ver ni con la situación posterior al 11 de septiembre,
ni con el hecho de que esta planta estuviera en dificultades. Por el
contrario, junto con la planta holandesa, es una de las plantas más
rentables y más productivas, y en ella -como tuve ocasión de
presentar junto con el presidente de la propia compañía- se han hecho
inversiones adicionales y se han incorporado además aspectos
tecnológicos en la nueva versión de los modelos que se van a
producir, en este caso, en la fábrica de Figuerolas.
Creo que le he contestado claramente en el caso de la industria de
telecomunicaciones. En un ámbito mucho más amplio que abarca la
industria de la electrónica, de la informática y de los bienes de
consumo en este sector, se están redefiniendo las cadenas de valor,
en las que estamos actuando de manera clara. De hecho, las
externalizaciones que se llevaron a cabo durante el año 2000 han
demostrado que, orientadas adecuadamente, pueden ser un elemento
adicional de competitividad, de diversificación y de garantía para
las pequeñas y medianas empresas, que atienden no sólo a las casas
matrices, sino al conjunto del mercado.
No es que digamos que vamos a aguantar mejor, no es que digamos que
aquí no ocurre nada; decimos que estamos llegando mejor, que tenemos
una situación más sólida, una mayor fortaleza económica, una
competitividad superior a la de otras épocas y, por tanto, una
flexibilidad y una capacidad de reacción que nos van a permitir, con
el imprescindible seguimiento de los distintos sectores, ir
reorientando la actividad y tomando aquellas medidas que sean
necesarias, desde el punto de vista sectorial, para continuar
fortaleciendo la competitividad de nuestras empresas, de nuestras
industrias y de nuestros sectores económicos, que sostienen el peso
del 25 por ciento del producto interior bruto, que crean empleo y que
además son un elemento tractor importante para el desarrollo
tecnológico de otros sectores como el de servicios.
Quiero decir al representante de Convèrgencia i Unió que el CEDETI es
un buen ejemplo de algo que estamos persiguiendo y que estamos
llevando a la práctica en cuanto a flexibilidad, a capacidad de
reacción y
a capacidad de atención a una serie de necesidades de financiación,
de asesoramiento tecnológico e incluso de asesoramiento para la
creación de empresas. Esto requiere un conjunto de modificaciones
normativas, como el marco regulatorio, al que antes he hecho
referencia en mi intervención. Hemos realizado un conjunto de
modificaciones en la legislación de patentes, unas que ha estudiado
la Cámara directamente, y otras que tienen otro rango normativo.
Hemos hecho modificaciones sustanciales en los sistemas de
financiación, de modo que sean más adecuados a las pequeñas y
medianas empresas. También forma parte de esta adecuación -y no sólo
se trata de gestión, sino que se trata de entender cómo se toman las
decisiones empresariales- la antelación con la que se producen las
convocatorias, antelación que tiene que ser más acorde con la
planificación empresarial, con la toma de decisiones de la industria
y con la toma de decisiones de las empresas, de modo que no sólo sea
acorde con los proyectos que se están planteando -tal como decía S.
S.- sino que también tenga en cuenta otros aspectos, como la
importancia de que se doten de avales, que es imprescindible en
algunos casos. Evidentemente, la antelación suficiente permite que
los proyectos estén más desarrollados y, por tanto, que se minimice
la disponibilidad de estos avales, lo cual es muy beneficioso para
las pequeñas y medianas empresas. Esta política industrial sobre la
que estamos hablando aquí tiene que tener claramente en cuenta
cambios y transformaciones muy sustanciales en muchos sectores, mucho
más en aquéllos que ya están siendo muy internacionalizados. En estos
momentos no sólo tenemos multinacionales en el ámbito de la energía o
de las telecomunicaciones, sino que tenemos empresas con un fuerte
componente de carácter multinacional en sectores como la cerámica, la
automoción o la química. Hay que tener en cuenta los cambios que se
están desarrollando. La política de internacionalización también
tiene que tener en cuenta estas nuevas necesidades y estos cambios en
la estructuración de los sectores y en la manera de hacer los
negocios. En este sentido son claves todos los temas que facilitan la
concertación, los temas de financiación y los temas de capital
riesgo. En estos momentos ya está finalizando en la Unión Europea el
trámite para la dotación de los 6.000 millones de capital riesgo para
las empresas, claramente focalizado hacia las pequeñas y medianas
empresas, y esperemos que a final de año esté disponible en el
mercado. En próximos días también se va a llevar a cabo actuaciones
en el marco de las empresas, incluso de las más pequeñas, las que
nacen de las ideas innovadoras, que es el capital semilla.
La participación de las pequeñas y medianas empresas en el VI
Programa marco de la Unión Europea es muy importante. Hemos tenido
una actuación especial y un tratamiento específico, no sólo en el
ámbito general, sino también en sectores tan concretos como el
aeronáutico o el aeroespacial. Necesitamos tener no sólo grandes
empresas, sino también empresas pequeñas y medianas en estos ámbitos,
que muchos países intentan que sean únicamente patrimonio y monopolio
suyo o de las grandes empresas.
Podría continuar, pero creo que estoy abusando de su atención. Sí
quiero decirle que los cambios en la cadena de valor, los elementos
de la externalización y el nuevo papel que juegan las pequeñas y
medianas empresas en muchos sectores son totalmente novedosos; en
ello estamos. En referencia a esta cuestión se han tomado algunas
medidas que espero que la Cámara debata en la próxima ley de
presupuestos, así como en las medidas de acompañamiento.
- EL ESTADO ACTUAL DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000066.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
que es la comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología para
informar sobre el estado actual del anteproyecto de ley de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Buenos
días, señorías --creo que antes no les he dado los buenos días.
Creo que es un tema importante. Estoy de nuevo aquí, en este caso,
para informales sobre el estado actual del anteproyecto de ley de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
El anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico no es sólo importante porque aumenta
nuestro potencial de crecimiento económico, nuestra competitividad y
nuestro desarrollo empresarial, sino también por las oportunidades
que ofrecen los servicios de la sociedad de la información y el
comercio electrónico al conjunto de los ciudadanos para la mejora de
su calidad de vida y bienestar. Pero ya, centrándonos más en lo que
es propiamente el anteproyecto de ley, creo que la importancia y las
oportunidades se derivan principalmente del entorno transaccional en
el que se desarrollan estas actividades electrónicas, que, como bien
saben, es fundamentalmente la red Internet, una red que tiene la
característica de ser de alcance mundial, con grandes posibilidades
de comunicación, superando barreras de espacio y de tiempo para la
interacción. Ello conlleva unos beneficios innegables para los
ciudadanos pero también para las empresas en cuanto a lo que supone
de incrementos de productividad y de mayor competitividad en una
economía cada vez más globalizada.
Internet y los servicios de la sociedad de la información que se
aportan a través de esta red añaden nuevos elementos a la actividad
económica tradicional, porque, además de los bienes, se intercambia
información sobre productos, sobre clientes, sobre nuevas tendencias.
Se busca y se logra además una mayor personalización en el
acercamiento al público. Esto, sin duda, está permitiendo, por un
lado, que continuamente surjan nuevas modalidades de negocio y, por
otro, también la aparición de nuevos agentes en el mercado que antes
no existían. Por tanto, contempla y permite que ocurran aspectos
relevantes en la actividad económica que no estaban contemplados en
ninguna normativa.
En este sentido, el principal objetivo que perseguimos con esta
iniciativa regulatoria, además de hacer la necesaria transposición de
la directiva comunitaria sobre la materia, es atender la necesidad de
establecer un marco jurídico estable que además dé certidumbre y
seguridad en aras a favorecer el desarrollo rápido y vertebrado de la
sociedad de la información y del comercio electrónico en España
porque, de hecho, para que todos nos podamos beneficiar de las
oportunidades que nos ofrece esta nueva situación, para hacer frente
de manera decidida a los no pocos retos que plantean estos cambios en
las empresas, en los ciudadanos y en las administraciones, en
definitiva, en todo el conjunto de la sociedad, es necesario disponer
de un marco regulador que elimine incertidumbres jurídicas, lógicas
ante la novedad de lo que significa esta sociedad de la información.
Entiendo que ésta es una necesidad prácticamente asumida por parte de
todo el mundo -por parte de todos los grupos, las instituciones, las
asociaciones, las organizaciones y foros de opinión-, incluso de los
más radicales. Además, este marco jurídico también viene a colaborar
con el objetivo del Gobierno de conseguir que nuestros ciudadanos,
empresas, administraciones tengan acceso a los nuevos servicios y
actividades económicas que permitan estas nuevas tecnologías de la
información y de las comunicaciones y, evidentemente, como les decía
antes, puedan beneficiarse de las oportunidades que conlleva. Estas
acciones del marco regulatorio se enmarcan dentro del objetivo
estratégico de la Unión Europea, apoyado ya en Lisboa y que va a
tener un impulso adicional en Barcelona bajo nuestra presidencia
europea, que es impulsar una economía basada en el conocimiento que
refuerce la creación de empleo, la reforma económica y la cohesión
social.
El objetivo del anteproyecto de ley es, como les decía antes,
establecer este marco jurídico estable. Para ello se incide en dos
aspectos básicos: primero, lo que es la protección de los derechos de
los usuarios, generando la confianza necesaria para potenciar el uso
de las nuevas tecnologías y de los diferentes servicios accesibles a
través de Internet, en especial del comercio electrónico, y, al mismo
tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los prestadores de servicios, de
manera que puedan conocer con precisión sus obligaciones y el
régimen de responsabilidades aplicable en cuanto a los servicios y a
los contenidos que faciliten a través de Internet. Por lo tanto, el
anteproyecto de ley pretende la regulación de cinco aspectos
fundamentales que son, evidentemente, el ámbito de aplicación tanto
objetivo como subjetivo, las obligaciones y responsabilidades de los
prestadores de servicios de la sociedad de la información, las
comunicaciones comerciales por vía electrónica, la contratación por
vía electrónica y, como no puede ser de otro modo, la solución de
conflictos y régimen sancionador.
En el ámbito objetivo de aplicación, el anteproyecto de ley, que
tiene como objetivo regular los servicios de la sociedad de la
información, entendidos estos como los prestados normalmente a cambio
de una remuneración, prestados a distancia por vía electrónica y
previa petición individual del destinatario del servicio, se incluyen
los servicios no remunerados en la medida en que constituyan una
actividad económica para el prestador, es decir, que todos aquellos
otros tipos de relaciones que siendo no remunerados no constituyan
una actividad económica para el prestador no son objeto de este
anteproyecto de ley. Por ejemplo, no lo serían las páginas web
personales no relacionadas con actividades económicas, como tampoco
lo son en este caso los servicios de telefonía de voz o el envío de
fax por el hecho de utilizar este sistema de comunicaciones.
En cuanto a lo que hace referencia al ámbito subjetivo, que es el
aspecto básico de la directiva y está recogido en el texto elaborado,
es la estricta aplicación del principio de país de origen dentro del
ámbito de la Unión Europea y del espacio económico europeo. Este
principio es un elemento fundamental para incrementar la seguridad
jurídica de los prestadores de servicios al garantizar que con
carácter general estarán sujetos a la legislación del país en el que
estén establecidos. No obstante, la directiva recoge un conjunto
limitado de excepciones a la aplicación de este principio. Por lo
tanto, la futura legislación y las demás disposiciones serán de
aplicación a los prestadores establecidos en España, a los
prestadores establecidos en otros países de la Unión Europea y del
espacio económico europeo que presten en España servicios que afectan
a cierto número de materias como derechos de propiedad intelectual
o industrial, obligaciones nacidas de los contratos celebrados con
consumidores, actividades de seguros, licitud de las comunicaciones
comerciales no solicitadas, etcétera. También será de aplicación a
los prestadores establecidos en países no miembros de la Unión
Europea y del espacio económico europeo y, en este caso, se sujeta la
norma a prestadores de terceros países cuando dirijan específicamente
sus servicios al territorio español al objeto, en este caso, de
evitar la deslocalización de prestadores españoles hacia países en
los que existan menores garantías para los usuarios.
El segundo de los grandes aspectos recogidos en el anteproyecto de
ley es establecer un régimen específico
aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información, regulando sus obligaciones y el régimen de
responsabilidad al que están sometidos. En este sentido, se incluyen
aquellas obligaciones de constancia registral del nombre de dominio y
las obligaciones mínimas de información a los usuarios, con objeto de
que éstos puedan reconocer quién es el prestador y mejorar su
seguridad.
En cuanto a las responsabilidades de los prestadores de servicios,
diré que, además de estar sujetos al régimen general de
responsabilidad, se regula un régimen específico de responsabilidad
de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en
relación con los contenidos. En este caso, los prestadores de
servicios sólo serán responsables por los contenidos que ellos mismos
elaboren.
Además, el anteproyecto de ley prevé que la Administración del Estado
impulsará la elaboración y aplicación de códigos de conducta con la
participación de todos los agentes interesados para hacer efectivo lo
dispuesto en la ley, especialmente en lo relativo a la detección
y retirada de contenidos ilícitos, en su caso, y la protección de los
usuarios frente al envío de comunicaciones comerciales no
solicitadas.
El tercer aspecto que merece especial mención es la regulación de las
comunicaciones comerciales no solicitadas, lo que se ha venido a
denominar el span. En la norma se prohíbe su envío, salvo que
previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por
los destinatarios de las mismas. El objetivo es establecer un sistema
suficientemente garantista de los derechos de los usuarios y para su
protección frente al span, sobre todo teniendo en cuenta que, en este
caso, tiene consecuencias económicas para el receptor.
Como cuarto aspecto, el anteproyecto de ley regula los aspectos
específicos y diferenciales aplicables a los contratos electrónicos
en el marco de la normativa general sobre contratación. Se concede
plena validez y eficacia a los contratos electrónicos, sin que sea
necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de
medios electrónicos, concediéndoseles, por tanto, el mismo valor
jurídico que a los formalizados en cualquier otro soporte documental.
En quinto lugar, en el anteproyecto se recogen los aspectos relativos
a la solución judicial y extrajudicial de conflictos y el sistema de
supervisión, control y régimen sancionador. En este sentido, el
anteproyecto de ley pretende potenciar igualmente un sistema de
solución de conflictos, tanto judicial como extrajudicial.
Sintéticamente, éstos son los aspectos principales del anteproyecto
de ley del cual quería informar a sus señorías. Hay una consideración
a añadir de carácter general: que este anteproyecto de ley no
introduce nada que no esté ya contemplado en las legislaciones
sectoriales u ordenamientos específicos a los cuales se remite y, por
tanto, lo que aporta son los elementos diferenciales a los que he
hecho referencia por la aparición de
nuevos fenómenos y nuevos agentes no contemplados en normativas
anteriores ni contemplables en normativas de carácter sectorial.
También quisiera hacer referencia a algunos aspectos relacionados con
la tramitación de esta propuesta regulatoria. Respecto al
anteproyecto de ley, cuya tramitación está llevando a cabo el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en estrecha colaboración con los
demás departamentos ministeriales, en especial los Ministerios de
Economía, Justicia y Sanidad y Consumo, me gustaría recalcar que
desde el primer momento nuestro interés ha sido el de promover un
procedimiento abierto y participativo para la elaboración del
anteproyecto de ley. Así, en aras de garantizar la mayor
transparencia y la participación en el procedimiento, el ministerio,
a través de su página en Internet, ha hecho públicas las sucesivas
versiones y mejoras que se han ido introduciendo en el proceso de
elaboración de este anteproyecto de ley como consecuencia de las
contribuciones recibidas de las distintas organizaciones,
asociaciones e instituciones, sean del sector o de la población en
general. Evidentemente, con esta amplia colaboración perseguimos la
elaboración de una norma que goce de una amplia aceptación entre
todos los afectados y sirva para promover el uso de Internet y el
desarrollo del comercio electrónico en España.
Les informo ahora de los principales hitos de elaboración de este
proyecto. Se inició con el primer borrador en septiembre del año
2000. Se abrió a consulta pública y envío a todos los ministerios en
octubre de 2000 y se han recibido más de 60 contribuciones
específicas, con centenares de observaciones de asociaciones
y entidades y también con amplia respuesta del resto de ministerios.
Con todo esto, grupos de trabajo especializados han trabajado
conjuntamente y en enero de 2001 se sometió a informe del Consejo
Asesor de Telecomunicaciones y en marzo, también de 2001, a informe
de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, de la Agencia de
Protección de Datos, del Consejo de Consumidores y Usuarios, del
Colegio de Registradores y de la Comisión General de Codificación. En
junio de este año fue presentado el anteproyecto a la Comisión
Delegada, a finales de julio notificado a la Comisión Europea y en
estos momentos está en el propio Gobierno y pendiente de los informes
del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, con
lo cual está previsto el envío a las Cámaras a principios de
diciembre de este año a más tardar.
Hago mención de este proceso porque precisamente ha sido en esta fase
de consulta pública y de participación de las diferentes
organizaciones y asociaciones cuando se han vertido críticas, algunas
exacerbadas, ya no sólo sobre el contenido del anteproyecto de ley,
sino incluso sobre su propia oportunidad. Por ejemplo, ha habido
quien ha defendido que no debería existir una ley sobre servicios de
la sociedad de la información o sobre el comercio electrónico, sino
que bastaría con
modificar un conjunto heterogéneo de leyes especiales, adaptándolas
en cada caso a las peculiaridades de Internet y de la tramitación
electrónica o telemática. Esta opinión, al margen de prescindir total
y absolutamente de la voluntad expresada por todos los Estados
miembros de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo al
tramitar y aprobar la directiva, olvida que hay servicios, materias y
situaciones creadas por la sociedad de la información e Internet que
deben recibir una regulación propia adecuada, sin que ésta sea
reconducible a ninguna norma ya aprobada. Por ello, lo que pretende
el anteproyecto de ley es partir de la aplicación a las actividades
realizadas por medios electrónicos de las normas, tanto generales
como especiales, que las regulan, ocupándose tan solo de aquellos
aspectos que, ya sea por su novedad, ya sea por las peculiaridades
que implica su ejercicio por vía electrónica, no están cubiertos por
dicha regulación ni corresponde a las propias regulaciones cubrir
estos aspectos.
En lo que respecta estrictamente al contenido del anteproyecto de
ley, y al margen de la multitud de comentarios, observaciones,
sugerencias, que se han realizado sobre el mismo y que en muchos
casos han enriquecido enormemente el texto, diré que han trascendido
a la opinión pública algunas opiniones sobre que el anteproyecto de
ley, tal como estaba redactado, iba a vulnerar los derechos
fundamentales de libertad de expresión y de información, lo cual iba
a implicar, si me permiten la expresión, la desaparición de Internet
en España, aparte de otros efectos. Obviamente no puedo estar sino en
total desacuerdo con estas opiniones.
Así, en el anteproyecto de ley se consagra el principio de libre
prestación de servicios, que no se sujeta a autorización previa
alguna. No es objeto, como he dicho, del presente anteproyecto de ley
establecer nuevas potestades de las autoridades administrativas
respecto de las que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, de
manera que los prestadores de servicios de la sociedad de la
información estén sujetos a unas condiciones iguales a las existentes
con carácter general fuera del mundo virtual. No se establecen por
tanto nuevas obligaciones para los prestadores de servicios por el
hecho de prestar sus servicios u ofrecer contenidos por medios
electrónicos, ni se otorga a las autoridades facultades que no
tuvieran ya en la legislación sectorial vigente. Incluso, porque es
un tema que también ha salido, como aspectos de tributación de las
empresas, se mantiene como cualquier otra actividad económica.
Incidiendo otra vez en los aspectos relacionados con el respeto a los
derechos constitucionales, a la libertad de expresión y a la libertad
de información, el anteproyecto ha sido especialmente cauteloso, como
no podía ser de otra manera, en garantizar su protección. Otra
cuestión es que, más allá del propio anteproyecto de ley, sabemos que
la libertad de información no es un derecho absoluto, igual que el
resto de derechos objetivos,
incluidos los derechos fundamentales y libertades, pues esa es
la base de todo Estado democrático y de nuestra Constitución, tal
como ha reconocido además en innumerables ocasiones el Tribunal
Constitucional. La libertad de uno, evidentemente, llega hasta donde
empieza la libertad del otro, de manera que los derechos
fundamentales de las personas en este sentido tienen las limitaciones
de que nos hemos dotado y que nos hemos concretado en otros derechos
fundamentales y libertades públicas, como es el derecho a la
intimidad, al honor, a la protección de la infancia y de la juventud,
etcétera, del mismo modo que no es posible comercializar o publicar
datos de carácter persona en la red, porque lo mismo ocurre fuera de
la red. Vuelvo a reiterar que en el anteproyecto de ley se ha evitado
atribuir nuevas competencias a las autoridades respecto a las ya
existentes en nuestro ordenamiento jurídico, de manera que los
prestadores de servicios de la sociedad de la información están
sujetos a los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro en
cada ámbito de actividad respectiva. Ello implicaría, por ejemplo,
que retirar de la circulación un periódico digital, cuyo objeto
principal y esencial es hacer práctica la libertad de información y
expresión, nunca va a poder ser llevado a cabo por una autoridad
administrativa sino exclusivamente, en cumplimiento del artículo 20
de la Constitución, por una autoridad judicial.
Tampoco debe confundirse que todo servicio de la sociedad de la
información, todo dato o información que se canalice por medios
electrónicos, afecta al contenido esencial de la libertad de
información y expresión. Un contrato electrónico, que tiene como
única especialidad que, en lugar de plasmarse en papel, el acuerdo de
voluntades se manifiesta por vía electrónica, de manera que Internet
no es sino un cauce más de entre los muchos existentes, no afecta a
la libertad de expresión, sino a la libre autonomía de voluntad de
las partes, como ocurre siempre en la realización de negocios
privados; o, poniendo un caso más llamativo, no se puede enmascarar
con que vulnera la libertad de información prohibir la actividad de
un prestador de servicios consistente por ejemplo en vender por
Internet armas de fuego a cualquiera, incluso a aquellos que carecen
de la licencia de armas oportuna. En este caso no es que se vulnere
la libertad de información, salvo la de informar de la venta ilegal
de armas, y en cambio sí se vulneran determinadas normas dirigidas a
garantizar la seguridad ciudadana, por lo que es posible e incluso
resulta obligado que la autoridad administrativa, como en la vida no
virtual, pueda imponer el cese de actividad de este prestador.
Deseaba hacer estos comentarios porque me parece que este es un
anteproyecto de ley que tiene un carácter vertebrador y de eje para
lo que es el desarrollo de los servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico y no debemos confundirlo con
otros aspectos y temas tan importantescomo son los derechos
fundamentales, la libertad de
expresión u otros que están recogidos claramente en nuestra
Constitución.
Ya para terminar esta intervención quisiera transmitir a SS.SS. que,
sin perjuicio de las mejoras que puedan ser introducidas hasta su
aprobación como proyecto de ley y durante su tramitación
parlamentaria, esta futura ley de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico va a permitir, gracias a las
aportaciones de las instituciones y asociaciones interesadas, avanzar
en los objetivos que el Gobierno se había fijado con esta norma, que
son los de impulsar el desarrollo de los servicios de la sociedad de
la información, incluido el comercio electrónico, en España y ofrecer
a los actores implicados un marco jurídico claro, predecible y
equilibrado que facilitará el uso de estos nuevos servicios, siempre
visto en el marco de la necesaria armonización a nivel europeo y en
un próximo futuro a nivel internacional.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por
Convergència i Unió, el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora ministra de Ciencia y Tecnología, en
primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, queríamos
felicitar a su ministerio por el proceso seguido en la elaboración de
este anteproyecto. Es un proceso novedoso en esta Cámara, novedoso en
el íter de todos los proyectos de ley que hace el Gobierno y queremos
hacer una valoración muy positiva. Ustedes han puesto el anteproyecto
en la web del ministerio y todos aquellos ciudadanos que han querido
acceder al mismo han tenido conocimiento del borrador, han podido
hacer aportaciones y yo le agradezco que hoy venga aquí, antes de que
sea proyecto de ley, para dar una primera explicación a los
diputados, a los grupos de esta Comisión de Ciencia y Tecnología. Por
tanto creo que es un buen proceso, abierto y participativo, que nos
debería llevar -y ese será el ánimo de nuestro grupo- a que al final
la ley que resulte, tras su paso por el Congreso y por el Senado, se
vea enriquecida con las aportaciones de todos y que pueda dar ese
servicio de impulso. Usted ha aludido a uno de los objetivos de este
proyecto de ley, que es el de aumentar nuestro potencial de
desarrollo económico y nuestra competitividad. Nos ha hablado de la
vocación del proyecto de impulsar un mayor desarrollo de Internet y
del comercio electrónico en España. Por tanto, en primer lugar,
reciba esa felicitación porque es un proceso, repito, ejemplar desde
un punto de vista de tramitación legislativa.
Estamos ante un proyecto que va a ser de gran importancia. Hay una
serie de sectores que están esperando cuál será el resultado final de
esta tramitación legislativa: las tiendas y establecimientos de
comercio electrónico, los portales, los prestadores de firma
electrónica, los operadores de telecomunicaciones, los medios de
comunicación, los medios de pago, los prestadores
de servicios financieros o las propias consultorías. Todos
están siguiendo este proceso y están muy vigilantes de cúal puede ser
el resultado final de esta ley, una ley que usted ha explicado hoy
que va a regular los servicios de la sociedad de la información, la
contratación por vía electrónica, las obligaciones y
responsabilidades de los prestadores de servicios que actúan como
intermediarios en la transmisión de contenidos, las comunicaciones
comerciales, las garantías necesarias, los códigos de conducta o la
creación de un régimen sancionador.
Señora ministra, este ámbito objetivo, que es muy importante, tiene
una dificultad, la dificultad de que en el ámbito de la sociedad de
la información, en el ámbito de este proyecto de ley del comercio
electrónico, no existe una presencia física de las partes. Eso
jurídicamente genera una complejidad mucho mayor. Es más difícil
regular una transacción cuando las partes no se encuentran
físicamente. Son mayores las garantías, mayores las cautelas y de
hecho usted cuando planteaba este proyecto decía que es necesario
para dar una cohesión jurídica. Nosotros compartimos ese criterio.
Hace falta un proyecto de ley de comercio electrónico. Discrepamos de
las voces que están alertando que no hace falta este proyecto de ley.
Es necesario, pero quizá, señora ministra -hoy no es el día adecuado,
pero lo haremos cuando se tramite en forma de enmiendas-, deberíamos
tener en cuenta ciertas luces de alarma sobre algunos aspectos del
contenido del actual borrador. No es una crítica al mismo; es una
advertencia de que debemos estar vigilantes para que al final el
proyecto que se presente genere confianza en el sector de las
telecomunicaciones y genere un mayor uso de Internet que no suponga
un límite. Señora ministra, me gustaría que el proyecto de ley que
usted presente ante las Cortes sea el proyecto del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, que no haya interferencias de otros
ministerios, que por querer introducir garantías, que siempre son
necesarias, el resultado final no sea un proyecto demasiado
intervencionista, demasiado sancionador, un proyecto que pueda llegar
a frenar el desarrollo de Internet y del comercio electrónico en
España. En España el comercio electrónico no tiene un índice de
utilización muy alto y quizá no lo tendrá nunca al mismo nivel que
otros países de la Unión Europea. Si me permite una apreciación
personal, el clima de España y nuestro carácter abierto evita que
muchas personas utilicen el comercio electrónico y realicen esas
compras desde sus domicilios o despachos. Hay un aspecto lúdico del
comercio no electrónico que en España pesa más que en otros países,
cuya climatología no aconseja realizar esas compras en esa modalidad
que en España, repito, tienen un carácter lúdico. Es deseable que sea
el proyecto de su ministerio, que sea el proyecto diseñado por
quienes creen en el desarrollo de la sociedad de la información,
porque existen lucesde alarma que entienden que este proyecto tiene
un
ámbito de aplicación demasiado amplio que sobrepasa el marcado por la
directiva. Hay quien entiende que el articulado del proyecto puede
frenar iniciativas que por tener un carácter de pequeñas y medianas
empresas pueden verse ante el temor de no poder hacer frente a
elevadas sanciones y frenar con ello el desarrollo de ese comercio
electrónico. Hay quien cree que la Administración tiene excesivas
facultades de restricción e intervención en la prestación de los
servicios. Le invito a que sigamos adelante con el proceso -va a
tener la colaboración de nuestro grupo- y le invito también a que en
ese proceso de elaboración del proyecto prime más lo que debe ser el
impulso del comercio electrónico y de la sociedad de la información,
impulso que estoy convencido que desde su ministerio se quiere
otorgar. Señora ministra, el comercio electrónico tiene futuro.
Básicamente se llega a él a través del PC, pero hay más instrumentos
que van a permitir la utilización de los servicios de la sociedad de
la información (agendas electrónicas, telefonía móvil, los propios
televisores). Eso tiene un gran potencial. No lo frenemos. Hagamos un
proyecto de ley que lo impulse. Tendrá, señora ministra, la
colaboración de mi grupo parlamentario y con ello seguro que daremos
un buen servicio a lo que debe ser una mayor expansión de la sociedad
de la información en España.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señora ministra, en primer lugar,
quiero agradecer su comparecencia, porque el hecho de colgar un año
un proyecto de ley en la web del ministerio, con aportaciones que sin
duda ha habido por parte de muchos colectivos y por parte de
ciudadanos, como usted misma dice, me parece importante y, como decía
el representante de CiU, novedoso. Lo que no sé -posiblemente usted
me lo puede aclarar-, es si esta comparecencia es también para
recabar de los grupos, antes de la tramitación parlamentaria, esa
participación que usted ha obtenido con ese procedimiento abierto y
novedoso por parte de otros colectivos. Me gustaría que nos dijera si
está invitándonos también a las fuerzas políticas a aportar nuestra
visión antes de la tramitación parlamentaria de enmiendas, no sólo de
este texto, sino de ese largo recorrido que ha tenido en el año,
desde lo que empezó siendo un anteproyecto de ley que se remitía más
al comercio electrónico a esta última versión que tiene unos ámbitos
más amplios en el concepto genérico que ahora comentaré, de servicio
de sociedad de la información. Si esa es la voluntad de la ministra
en esta comparecencia, recabar de nosotros, de las fuerzas políticas,
de su grupo y del resto de los grupos, valoraciones, sugerencias y
propuestas, sin duda está en el buen camino. Interpretándolo así
quiero hacerle las
aportaciones que desde mi grupo entendemos que son positivas, pero
también sobre algunos aspectos que no compartimos. Por ejemplo,
quisiéramos saber si en ese procedimiento que usted está siguiendo va
a ser posible incorporar algunas de esas alarmas que compartimos y
que han planteado el portavoz de CiU y algunos colectivos, no sólo
colectivos que prestan servicios en la red o colectivos de
internautas o usuarios, sino también prestigiosos juristas que
cuestionan algunos aspectos de este anteproyecto de ley, tanto en la
definición del ámbito de aplicación, como en algunas intervenciones
de las autoridades administrativas. En este sentido, señora Birulés
quiero agradecerle su comparecencia y le ruego que me clarifique
luego el sentido de la misma, si es este, que espero que así sea. En
todo caso, voy a pasar a comentarle algunos aspectos más puntuales y
concretos del contenido de este anteproyecto de ley.
En primer lugar, compartimos la necesidad de que haya un proyecto de
ley. Ahora bien, el ámbito del mismo podía haber sido exclusivamente
comercio electrónico, lo cual no nos inhabilitaba para hacer
posteriormente un proyecto de ley más amplio. Podía haber sido una
opción en la que, a lo mejor, con más calma, con un proceso similar,
hubiéramos podido aportar y definir aspectos que creo que hoy son los
conflictivos de este anteproyecto. Es verdad que el sector y las
empresas españolas que operan que tienen ambición de operar en el
comercio electrónico necesitan este instrumento. Por ello es mejor
que se haga cuanto antes, en el marco jurídico más estable, con la
mayor seguridad jurídica y donde cada uno sepa cuáles son sus
obligaciones y sus derechos. Quizás al haber ampliado el ámbito de
servicio de sociedad de la información, con esa definición tan
extensa que han recogido en el anexo, donde todo lo que se mueve por
la red -aunque me alegro que haya aclarado que las web personales no,
pero sí algunos otros aspectos- al final queda regulado, hay algunas
situaciones que no compartimos. Voy a empezar por lo positivo.
Algunas de las mejoras que se han introducido respecto a evitar la
deslocalización de los prestadores de servicios españoles frente a
otros prestadores me parecen muy acertadas, de la misma manera que la
regulación del span ha sido muy afortunada y la mejor para que
podamos tener ese ámbito de aplicación de forma correcta. Creo, sin
embargo, que meter en este cajón de sastre todo lo que se mueve en la
red no es positivo ni para las empresas ni para los operadores ni
para los usuarios, porque hay confusión en el texto y yo me permito
decirle -con toda la suavidad que implica analizar un texto que
todavía no está en la Cámara- que creo de verdad, señora ministra,
que debe usted dedicar un poco más de atención a algunas cosas,
porque mezclar el comercio electrónico en la red con servicio en
general de la sociedad de la información para determinados aspectos
como suministro de información, por ejemplo, de periódicos o
revistas, alojamiento de información,
para ofrecimiento de instrumentos de búsqueda, para acceso, para
recopilación de datos, es extender el ámbito más allá de la
realización de actividades económicas. Me parece que al final eso
puede perjudicar a aquellos usuarios pasivos que no aspiran a ser ni
vendedores ni compradores en la red y que, por tanto, no deberían
sentir que navegan menos en la red, sino que navegan con más
seguridad jurídica. Esa es la primera observación que quería hacer.
En segundo lugar -y quizá, desde el punto de vista de mi grupo, esto
sea lo más grave-, nosotros creemos que en este anteproyecto de ley
hay una concepción bastante intervencionista por parte de la
Administración. En algunos aspectos -a pesar de que la ministra haya
dicho lo contrario- la autoridad administrativa va más allá del
razonable sometimiento al control judicial que debe establecerse con
cualquier derecho fundamental de los ciudadanos y que desde luego
recoge nuestra Constitución. Sin duda eso no va a generar seguridad
jurídica precisamente, sino todo lo contrario; y si realmente
queremos que el comercio electrónico sea un instrumento eficaz para
que todos nos beneficiemos: los proveedores, las empresas y los
usuarios, así como de la oportunidad de la sociedad de la
información, no debemos hacer que nadie se sienta inseguro en la red
porque, en ese caso, no habrá operaciones de ninguna índole.
Coincido con usted en que algunas actuaciones de determinadas páginas
web han sido demasiado catastróficas, pero la animo. Ha habido mesas
redondas, ponencias, artículos de analistas y de juristas que
insisten en que, de verdad, el papel de la autoridad administrativa
en el control excede con mucho los principios constitucionales. Por
favor, no es baladí lo que le estamos diciendo; no sería prudente por
parte de su ministerio. Si la voluntad era recoger estas actuaciones
--alarmas, como las llamaba el portavoz de CiU-, está usted en
disposición de hacerlo y de insistir, si se puede modificar; si no,
tendrá desde luego la oposición de mi grupo, de muchos sectores
sociales y de gente que se mueve por la red. Hace días, antes del
verano, la propia página web de IBM, concretamente, también
cuestionaba aspectos como éste. Con ello quiero decirle que no se
trata sólo de algunos internautas un poco embravecidos -permítame el
argot-, que adoptan una posición drástica; son juristas y empresas
del sector, en definitiva, los que al final van a aplicar este
proyecto de ley cuando sea ley.
También creo que este anteproyecto de ley impone a las empresas on
line, las empresas que operan en Internet, unas cargas adicionales:
se les duplican los requisitos, los órganos de control y las posibles
sanciones. Eso no incentiva en absoluto a nuestras empresas para que
se adentren en la red y, por tanto, para que podamos, como parece que
todos queremos, situar a España a la cabeza de esta nueva economía
digital. Las pequeñas y medianas empresas no van a tener mucha
facilidad para
intervenir en la red, en Internet si no les facilitamos todos y cada
uno de los términos, recogiendo todas las obligaciones y derechos que
tienen como usuarios, pero facilitándoselo porque Internet y los
medios electrónicos se tienen que legislar de acuerdo con los mismos
principios que cualquier medio de comunicación, no se les puede
exigir más. En ese sentido -y termino, señor presidente- reitero el
agradecimiento por su comparecencia y la solicitud de que se
considere que algunas de estas alarmas no son baladíes, ni son temas
que debamos obviar; por el contrario, tendríamos que dedicarles mucho
más tiempo. Quiero insistirle que sería importante que modificase
usted el texto de manera que se asegure la necesidad de la
intervención judicial y que desde luego no salga con el papel que
tiene la autoridad administrativa en este anteproyecto de ley; que se
haga como ante cualquier otra situación que afecte a derechos
fundamentales y a libertades públicas. Creemos que el ámbito al que
se debe circunscribir este anteproyecto de ley es el de Internet
comercial, referido a las actividades económicas y que no regule ni
la web de quienes realizan actividades sin ánimo de lucro ni de todas
aquellas organizaciones, como periódicos, que al final no realizan
actividades económicas. En esa línea, señora ministra, encontrará
usted la colaboración de mi grupo. En la tramitación parlamentaria
haremos que el texto sea el mejor posible para dar confianza
a quienes tienen que aplicar posteriormente esa legislación, pero, por
favor, dedique un poco más de tiempo a los aspectos que han resultado
conflictivos no sólo por algunas páginas web que, como usted decía,
han sido muy drásticas y dramáticas, sino por empresas, por
colectivos, por juristas, por grupos políticos y, desde luego, por
gente que se mueve en la red y que quiere seguir utilizándola con
seguridad jurídica, con una buena prestación de servicios y con los
mismos derechos que cualquier otro medio de comunicación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora ministra, en primer lugar y como han
hecho otros grupos parlamentarios, quiero agradecerle muy
especialmente su comparecencia en esta Cámara y también -y me sumo al
agradecimiento y felicitación unánime de todos los grupos- el
procedimiento que se está llevando a cabo para la aprobación de este
proyecto de ley antes de presentarlo a la Cámara. A nuestro grupo no
le sorprende, desde luego, porque sabe cuál es el talante que ha
mantenido el Gobierno del Partido Popular; siempre hemos mantenido
que éramos un Gobierno dialogante y que a pesar de las mayorías, eso
no era importante, sino que lo importante era que todo el mundo
tuviera algo que decir y pudiera opinar sobre las cuestiones que se
iban planteando. Así se ha hecho en este caso, no sólo poniendo este
anteproyecto en la página web del ministerio,
como está, sino que también se ha elaborado tras un amplio proceso de
consulta con empresas, asociaciones de internautas, grupos, agentes
con interés en estas cuestiones, el Consejo Asesor de
Telecomunicaciones, la Agencia de Protección de Datos..., en fin, una
cantidad de personas que tienen mucho que ver con esta cuestión y que
dan una garantía muy importante sobre el contenido de este
anteproyecto. Eso es también una garantía para nosotros.
No sé si era intención de la ministra con esta comparecencia sobre el
anteproyecto que los grupos le diéramos nuestra visión pero, en todo
caso, se la hemos dado. Por tanto, fuese o no ese el objetivo -que
estoy segura que lo era- se ha cumplido, porque hemos tenido la
oportunidad los distintos grupos de manifestar nuestra opinión sobre
este proyecto que, sin duda, es un proyecto del Ministerio de Ciencia
y Tecnología y también de todo el Gobierno porque, como sabe usted,
señor Jané, este Gobierno actúa coordinadamente y la prueba de que
todos estamos en el proyecto de desarrollo de los sistemas de
información es que INFO XXI es un proyecto que se está haciendo en
colaboración con todos los ministerios y todos ellos están
invirtiendo en el proyecto. Este proyecto lo es no solamente del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino de todo el Gobierno y del
propio presidente José María Aznar, lo cual da más garantía. ¿Por
qué? Porque decía la ministra, en una doble vertiente, que este
proyecto pretendía aumentar el potencial de crecimiento, la
competitividad en la creación de empresas y también ofrecer más
oportunidades para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de
vida.
Lo veo así por lo que se ha manifestado en esta ocasión. Este es un
proyecto de comercio electrónico y también de desarrollo de la
sociedad de la información. Se estudian y se analizan los servicios
de la sociedad de la información y nosotros compartimos ese criterio.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sociedad de la información, de
la sociedad del futuro o de la sociedad de las oportunidades -como
nos gusta llamarlo- , igual que en industria decía la ministra que
cuesta entender el cambio, el cambio aquí ya se ha producido y a los
ciudadanos también les cuesta entenderlo. Tienen que entenderlo lo
antes posible para que se incorporen rápidamente.
Tenemos que conjugar dos aspectos: la protección del derecho de los
usuarios, para potenciar su acceso a las nuevas tecnologías -desde el
momento en que los usuarios se sientan protegidos seguro que
accederán más a esas tecnologías-, y dar seguridad jurídica a los
prestadores de los servicios. Esto no quiere decir que uno sea más
importante que otro, son igual de relevantes. Hay que conciliar estos
aspectos y tener mucha precaución en tasar muy bien los límites.
Nosotros, que somos portavoces en materia de telecomunicaciones, de
televisión, en esta legislatura y en la pasada, cuando hablamos de
los contenidos de la televisión -por cierto,
hoy por hoy son mucho más escasos de lo que serán en un futuro, a
través de Internet-, nos hemos preocupado de que fueran lícitos, de
que no afectaran a los menores, y hemos tomado ciertas precauciones
para no perjudicar a la libertad de información o de expresión. En
los medios de comunicación habituales también nos hemos preocupado de
vigilar la publicidad. Este anteproyecto da un paso adelante en la
línea en la que todos hemos trabajado durante esta legislatura y en
la anterior: proteger los derechos de los menores, los derechos de
los usuarios y proteger a los usuarios frente a la publicidad que va
a arrasar en Internet, como no puede ser de otra manera. Los derechos
y los intereses de los prestadores de servicios son distintos a los
de los consumidores. Nosotros queremos aumentar el potencial de
crecimiento de las empresas porque es lo que nos lleva al pleno
empleo, que es nuestro objetivo fundamental, pero, por encima de
todo, está el interés de los usuarios que van a acceder a Internet
frente a la publicidad y frente a contenidos que pueden perjudicar a
menores. Seguramente en este tema nos pondremos todos de acuerdo.
Felicito a la señora ministra porque es un proyecto que protege tanto
a los usuarios como a los prestadores de servicios y va a dar una
garantía jurídica que va a permitir que el acceso a Internet por
parte de ambos se potencie más de lo que se ha hecho hasta ahora. El
número de usuarios de Internet en un año ha crecido más de un 80 por
ciento, cifra importante. En cinco años hemos pasado de 200.000 ó
300.000 internautas a tener siete u ocho millones. Esta es una buena
noticia, sin perjuicio de que tenemos que seguir incrementando el
número. Es verdad que estamos creciendo más que otros países. Según
la señora ministra, entraremos a debatir este proyecto de ley en el
mes de diciembre y los grupos parlamentarios aportaremos nuestra
opinión. Nos viene muy bien esta comparecencia para ponernos
a trabajar directamente en el tema. Esta es una ley que, como nos
concierne a todos, debe tener un consenso general, y agradezco a la
señora ministra que nos haya dado esta oportunidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Señorías, les agradezco sus intervenciones, en primer lugar por
cortesía, por el tono de las mismas y, en segundo término, por el
fondo, para que nos situemos en una posición acorde con la
importancia que tiene el anteproyecto de ley de servicios de la
sociedad de la información. Debemos tener un buen proceso que aporte
un marco jurídico estable, que dé certidumbre, seguridad, confianza,
acorde con las garantías para nuestros usuarios, para nuestros
ciudadanos en el funcionamiento económico, político, legal,
institucional y a la vez que juegue como elemento clave
de impulso de esta sociedad de la información que todos queremos que
esté desarrollada para disfrute de los ciudadanos.
Yo pedí esta comparecencia a finales de junio o principios de julio.
Aunque no eran unas fechas muy adecuadas, la intención era que lo
tuviéramos antes del envío a la Comisión Europea. Ha estado
disponible desde el punto de vista de información pública, ha habido
contactos con los grupos y hoy es el que corresponde a una
comparecencia previa a la remisión a las Cámaras de este anteproyecto
de ley. Les agradezco el enfoque de sus intervenciones.
Este anteproyecto de ley va dirigido a regular aquello que aparece
como estrictamente nuevo y diferencial; no es asignable a ninguna
normativa sectorial, está en el ámbito de aquello que se tiene que
regular, que en este caso son los servicios de la sociedad de la
información que tienen efectos económicos, bien porque son
directamente onerosos o porque hay un interés económico desde el
punto de vista del prestador. Tenemos que regular, por un lado, los
derechos de los usuarios y, por otro, las obligaciones, derechos y un
marco seguro de los prestadores de la sociedad de la información.
Reitero que no hay ni páginas web ni comunicaciones personales ni
cualquier otro tipo de comunicación que, utilizando la red, no tenga
efecto económico. Un tema que se ha ido reforzando en el texto -y yo
he hecho referencia a muchas contribuciones, unas muy específicas,
otras más técnicas y otras con un alcance general- para que en su
redacción quedara bien explícito -si es necesario lo reforzaremos
más- es la sujeción de los prestadores de servicios a la normativa
general o sectorial aplicable a su actividad, con independencia de la
utilización de medios tecnológicos para su desarrollo. Esto está
reflejado en un conjunto de artículos que, si tienen interés, estoy a
su disposición para detallárselos. El único deber que se busca
establecer por parte de los prestadores de servicios es el que se
deriva del hecho imprescindible del cumplimiento de las resoluciones,
ya que la interrupción de la prestación de servicios vendrá ligada a
resoluciones del ámbito judicial. No es, en absoluto, un enfoque
intervencionista. Si hay que mejorar algún aspecto de la redacción
para que sea totalmente clara lo podremos hacer en el trámite
parlamentario -hay disposición para llevarlo a cabo-, transmitiendo
seguridad, confianza, y consenso, que se corresponden con la voluntad
del Gobierno y con el talante al que hacía referencia la
representante del Grupo Popular. De esta manera conseguiremos no sólo
que el anteproyecto cumpla sus
finalidades sino que el proceso desde el inicio transmita un mensaje
claro de cuál es la manera en la que se deben llevar a cabo estos
procesos, para dar mayor confianza a los ciudadanos y avanzar lo más
rápidamente sin dejar de estimular el desarrollo de los servicios de
la sociedad de la información y del comercio electrónico que, en
definitiva, es la sociedad de la información.
Quiero decirle a la señora Pleguezuelos que no es un cajón de sastre
ni es todo lo que se mueve en la red, sino que es un anteproyecto de
ley serio que contiene los principios que he reiterado y sobre los
que he puesto énfasis en mi primera intervención, que son los
derechos fundamentales, los derechos de información y de libertad de
expresión, siempre en el marco constitucional y del ordenamiento
jurídico, que hace referencia a aspectos tan importantes como los de
protección de la infancia, derecho a la intimidad u otros ya
contemplados en la legislación de protección de datos.
Somos muy conscientes, señor Jané, de que no se puede entender que
los prestadores de servicios tienen que ser de una dimensión y de
unas características determinadas. Evidentemente, los prestadores de
servicios serán los que vaya determinando el mercado por su propia
dinámica. Estoy segura de que con este anteproyecto de ley vamos a
conseguir que sean muchos, diversos y que tengan diversas
características y capacidades económicas. Toda la normativa se
adecuará a esta realidad para que no sólo no sea una barrera sino que
incluso sirva de incentivo en esta dirección.
Hemos visto, pues, cuáles son los principios, que quiero reafirmar, y
hemos estado viendo muchas de las contribuciones que se han producido
recientemente. El ministerio, viendo que algunos aspectos no quedaban
suficientemente claros, considera que hay que afinar, aunque sea en
estos términos, las formulaciones. Está claro que los objetivos de
confianza, validez, seguridad e impulso a la sociedad de la
información para el desarrollo del comercio electrónico en un marco
claramente garantista, que es el que tenemos, para nuestros
ciudadanos, son los que inspiran el anteproyecto de ley, con una
predisposición clara de que así quede explícito.
El señor PRESIDENTE: Acabamos esta sesión de la Comisión de Ciencia y
Tecnología con nuestro agradecimiento por la comparecencia de la
señora ministra. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.