CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 286



ECONOMÍA Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA



Sesión núm. 27



celebrada el jueves, 2 de agosto de 2001



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ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (Valiente Calvo), para informar de las actuaciones
llevadas a cabo por la CNMV en relación con la Sociedad de Valores
Gescartera (Número de expediente 212/000592) . . . href='#(Página8632)'>(Página 8632)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, se abre la sesión.

Como SS.SS. saben, el orden del día de hoy tiene únicamente un punto:
la celebración de la comparecencia de la presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, para informar de las actuaciones
llevadas a cabo por dicha Comisión en relación con la sociedad de
valores Gescartera.

Doy la bienvenida a la señora presidenta y le concedo la palabra.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Valiente Calvo): Señorías, comparezco a petición propia para
informar a esta Comisión sobre las actuaciones llevadas a cabo por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la sociedad
Gescartera Agencia de Valores, S.A., tanto con respecto a los hechos
que han desencadenado su intervención como con respecto al desarrollo
de los acontecimientos relacionados con la misma. Agradezco la
posibilidad de poder dirigirme a SS.SS. y, a través de ustedes, a la
sociedad española.

La actuación de la CNMV está sujeta a un deber de confidencialidad y
sigilo,, recogido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores,
que, en su apartado 2, señala que las informaciones o datos
confidenciales que la CNMV u otras autoridades competentes hayan
recibido en el ejercicio de sus funciones y la supervisión
o inspección previstas en ésta u otras leyes, estarán sujetas a secreto
profesional y no podrán ser divulgadas a ninguna persona o autoridad.


No obstante, dadas las circunstancias del presente caso en el que se
ha adoptado la decisión de intervenir una agencia de valores,
intervención que necesariamente es pública, daré la máxima
explicación de todos aquellos extremos sobre los que deba
pronunciarme.

Siempre con el máximo respeto a los principios legales que regulan
nuestra actividad, como presidenta de la CNMV he sido y soy
partidaria de actuar con la máxima transparencia, no sólo porque ello
contribuye al deber de dar cuenta y razón de nuestra actividad a la
sociedad, sino también porque creo que la transparencia es uno de los
mecanismos que contribuyen a la protección de los inversores. Creo
que la CNMV ha dado pruebas sobradas de esta actitud, siempre siendo
respetuosa al máximo con el principio de legalidad, no siendo
contrapuestos estos dos principios. La actuación de la CNMV en éste
como en otros casos se ha llevado a cabo con un pulcro respeto a la
ley y con la diligencia debida. Pero permítanme que comience con una
exposición de las decisiones tomadas por la CNMV, que yo presido,
para pasar a describir con posterioridad los hechos que la motivaron.

El día 14 de junio de 2001 el consejo de la CNMV fue convocado a las
19,30 horas para analizar como punto exclusivo en el orden del día la
propuesta de intervención de las sociedades Gescartera Dinero Agencia
de Valores S.A. y Gescartera Gestión Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, informando los directores
generales de supervisión y de inspección sobre las actuaciones
practicadas en relación con los hechos sometidos a examen del
consejo. El consejo de la CNMV adoptó por unanimidad, y estando
presentes todos sus miembros, intervenir las entidades citadas. La
sociedad Gescartera Dinero Agencia de Valores se intervino en base a
los hechos que pasaré a explicar. Por su parte, la sociedad
Gescartera Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva se intervino en atención a las coincidencias societarias,
accionariales y de dirección que existían entre esta sociedad y
Gescartera Dinero Agencia de Valores. Esta concurrencia de
circunstancias entre una y otra sociedad conllevaba un riesgo de
comunicación de la insolvencia que en su caso, pudiera sufrir la
agencia de valores. De forma inmediata, el consejo también acordó por
unanimidad dar traslado de los hechos que han motivado el acuerdo de
intervención al ministerio fiscal, así como en su caso a la autoridad
judicial competente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por si dichos hechos fueran
constitutivos de delito. Además, esa misma noche la Comisión se puso
en contacto con la Dirección General de Seguros para que de forma
coordinada pudiera tomar las medidas que considerara necesarias
respecto a la entidad supervisada del grupo Gescartera, cuyas
actividades se enmarcan en el ámbito de seguros, Gescartera Pensiones
Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones. Posteriormente, el día 19 de
junio de 2001, el consejo de la Comisión, también por unanimidad,
acordó incoar expediente sancionador a la entidad Gescartera Dinero
Agencia de Valores, a los miembros de su consejo de administración,
doña Pilar Giménez-Reyna Rodríguez, don José Manuel Pichel Jallas,
don Francisco Javier Sierra de la Flor y a sus apoderados, don
Antonio Camacho Friaza y don José María Ruiz de la Serna, por la
presunta comisión de dos infracciones muy graves: por llevar la
contabilidad y los registros legalmente exigidos con vicios o
irregularidades esenciales que impedían conocer la situación
patrimonial y financiera de la entidad y por la negativa o
resistencia de Gescartera Dinero a la actuación inspectora de la
Comisión, habiendo mediado requerimiento expreso y por escrito al
respecto.

Con relación a los hechos que llevaron a la intervención de
Gescartera Agencia de Valores, podemos decir que los hechos que
determinaron el acuerdo de intervención del consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores son los siguientes. Con fecha 19 de
abril de 2001 y como consecuencia de los análisis de



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los estados contables reservados remitidos a la Comisión por
Gescartera Dinero Agencia de Valores -en adelante citaré Gescartera o
la agencia-, correspondientes al mes de febrero 2001, la Dirección
General de Supervisión remitió un requerimiento a Gescartera
solicitando información relativa a las incidencias detectadas. Dicha
información hacía referencia fundamentalmente al cumplimiento del
coeficiente de liquidez por parte de la agencia y al depósito de
saldos en efectivo en entidades de crédito por cuenta de sus clientes
de gestión de cartera, que ascendían a la cantidad de 6.968 millones
de pesetas. Dicho escrito fue parcialmente contestado por la entidad
con fechas de registro de entrada en la Comisión de 7, 14 y 25 de
mayo de 2001. La documentación aportada en la última fecha citada
correspondía a un certificado emitido por La Caixa, relativo a 4.342
millones de pesetas, correspondientes a saldos de clientes de
Gescartera.

Ante la insuficiencia de la documentación aportada, se requirió
reiteradamente a los responsables de Gescartera que aportaran el
resto de la información solicitada. Ante la falta de respuesta a
dichos requerimientos, con fecha 11 de junio de 2001 se remitió nuevo
requerimiento por la Dirección General de Supervisión en el que se
pedía que completaran la información inicialmente solicitada, así
como otros extremos necesarios para las tareas de supervisión. En
dicha comunicación se solicitaba que ampliasen el contenido del
certificado emitido por La Caixa, remitido con fecha 25 de mayo de
2001, así como que aportasen la certificación acreditativa del resto
de la cuenta de efectivo, por importe de 2.615 millones de pesetas.

Se estableció como plazo límite para aportar dicha documentación el
12 de junio de 2001.

A la fecha de vencimiento y fuera del horario de registro oficial de
la Comisión, la entidad aportó un sobre conteniendo su respuesta al
requerimiento citado. Entre dicha documentación no se aportaban los
certificados requeridos descritos en el párrafo anterior. Ante esta
circunstancia, durante el día 13 de junio se instó, en reiteradas
ocasiones, a los responsables de la entidad para que aportaran los
originales de dichos certificados y se convocó una reunión en la sede
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A tal efecto, y por
motivos de urgencia, la Comisión intentó ponerse en contacto
telefónico con doña Pilar Giménez- Reyna, presidenta de Gescartera,
con don José Manuel Pichel Jallas, consejero-delegado de Gescartera,
director general de la Fundación ONCE y vicepresidentedel grupo de
empresas Fundosa, y con don Francisco Javier Sierra de la Flor,
consejero de Gescartera. Sin perjuicio de lo anterior, sólo
compareció a esta reunión don Antonio Camacho Friaza, accionista
mayoritario de Gescartera Holding y, por lo tanto, de manera
indirecta, de la agencia, que se comprometió a aportar al día
siguiente un certificado emitido por la entidad
bancaria en la que se encontraban depositados los 2.615 millones de
pesetas.

En la mañana del día 14 de junio, Gescartera aportó un certificado
emitido por un apoderado no identificado del Banco Santander Central
Hispano, por importe de 2.607 millones de pesetas. Ese mismo día,
ante las dudas sobre la autenticidad de dicho certificado, la
Comisión solicitó a la entidad emisora (Banco Santander Central
Hispano) acreditación de su autenticidad. Asimismo, se solicitó a La
Caixa que acreditase la autenticidad del certificado por importe de
4.342 millones de pesetas citado anteriormente. Simultáneamente se
procedió a citar de nuevo a doña Pilar GiménezReyna, a don José
Manuel Pichel Jallas, a don Francisco Javier Sierra de la Flor y a
don Antonio Camacho Friaza, al objeto de que comparecieran en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para aclarar extremos
relativos a la investigación en curso. Durante la tarde del día 14 de
junio, Banco Santander Central Hispano y La Caixa remitieron a la
Comisión sendos escritos en los que manifestaban no haber emitido los
certificados aportados por Gescartera, ni ser cierto su contenido.

La Comisión compareció en los locales de Gescartera la tarde del 14
de junio de 2001, encontrándose allí don José María Ruiz de la Serna,
empleado de Gescartera, el cual, en toma de declaración practicada en
dicho momento y ante la pregunta relativa a la identificación de las
entidades en las que se encontraba depositado el efectivo de los
clientes, manifestó: «Sin revisar la documentación, afirmo que son
Caja de Madrid Bolsa, Banco Santander Central Hispano y La Caixa. No
puede haber saldos significativos en otras entidades españolas o
extranjeras». En relación con la documentación soporte emitida por
las entidades arriba citadas, indicó: «Excepto el certificado de Caja
Madrid Bolsa, solicitado por la Comisión, no tenemos ningún otro
documento, puesto que mantenemos contactos verbales para conocer los
saldos conjuntos». Respecto a la documentación soporte con la que se
había informado a clientes y a la Comisión de los saldos de tesorería
de 30 de abril, manifestó: En abril no se ha informado a clientes. En
cuanto a la información remitida a la Comisión, se obtiene de la
contabilidad y no existe documentación soporte emitida por los
depositarios de esa liquidez en poder de Gescartera. La conciliación
con los saldos existentes en estas entidades se realiza obteniendolos
saldos de manera telefónica, (Caixa y Banco Santander Central
Hispano), o telemática (Caja Madrid).

El día 14 de junio de 2001, a las 17,10 horas, comparecieron en los
locales de la Comisión doña Pilar Giménez- Reyna, don Francisco
Javier Sierra de la Flor y don Antonio Camacho Friaza, sin que
compareciese el consejero delegado de Gescartera, don José Manuel
Pichel Jallas. Durante dicha reunión, los representantes de la
Comisión transmitieron a los responsables de la entidad que, tras las
comprobaciones realizadas, se concluía que el certificado aportado
por la agencia, y



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supuestamente emitido por Banco Santander Central Hispano, carecía de
autenticidad, tanto en la forma como en su contenido. Don Antonio
Camacho manifestó que la persona que envió la certificación debió ser
el apoderado de la agencia, don José María Ruiz de la Serna,
declarando, no obstante, su voluntad de adoptar las medidas oportunas
para resolver el problema. Doña Pilar Giménez-Reyna mostró su
sorpresa ante el hecho, considerando que debía de tratarse de un
error, y tanto ella como don Javier Sierra de la Flor manifestaron
también su disposición de ponerse de inmediato a buscar una solución.


De igual forma, y con posterioridad, ya que en ese momento no se
conocía este extremo, la Comisión les comunicó que, tras las
correspondientes comprobaciones, el certificado de La Caixa aportado
por la agencia había sido negado, tanto en su autoría como en su
contenido, por la entidad que presuntamente lo había expedido.

Durante la celebración del consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, ese mismo día 14 de junio, se recibió por fax un
documento en el que presuntamente se certificaba que Gescartera
Dinero Agencia de Valores, Sociedad Anónima, con cédula de
identificación española número tal, mantiene con nuestra firma la
cantidad de 15.671.262 euros con 64 centavos de euro, alrededor de
2.607 millones de pesetas, a fecha 28 de febrero del año 2001, siendo
los importes, según dicen, por cuenta de sus clientes. Ese documento,
enviado a la Comisión sin prueba de autenticidad, está emitido por
una entidad denominada L. Murrells, LLC, (LIMITED LIABILITY COMPANY),
domiciliada en Atlanta, Estados Unidos, y cuyo contenido contradice
la documentación remitida anteriormente a esta institución pública.

En conclusión, de los hechos anteriores resultaba que, a pesar de las
múltiples gestiones efectuadas por la Comisión, no se había
acreditado la existencia de los fondos propiedad de los clientes de
la agencia en la cuantía reflejada en los propios registros contables
de ésta y que habían sido presentados y registrados en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Con posterioridad a esa fecha, estando ya intervenida la agencia de
valores, el 21 de junio Gescartera remitió a la Comisión otro
certificado emitido por Martin Investment LLC, entidad domiciliada en
Delaware, Estados Unidos también, en el que supuestamente certifican
tener invertidos en activos no concretados a nombre de los clientes
de Gescartera 71,6 millones de dólares, equivalentes a 13.900
millones de pesetas. Adicionalmente, el 29 de junio se volvió a hacer
entrega a la Comisión por parte de los apoderados de Gescartera de un
escrito también de Martin Investment LLC, al que se adjuntaba la
situación de la cartera a 27 de junio de 2001, compuesta por valores
de renta variable norteamericana por importe de 17,6 millones de
dólares, equivalentes a unos 3.350 millones de pesetas, y repos sobre
deuda pública de Estados Unidos por 57,9 millones de dólares,
alrededor de 11.000 millones
de pesetas, por cuenta de clientes de Gescartera Dinero. Cuando se
entregó este certificado se requirió a los miembros del consejo de
Gescartera y a los apoderados la certificación de su autenticidad,
así como el depositario o custodios donde estuvieran localizados los
valores. Los miembros del consejo de Gescartera negaron el
conocimiento de ambos términos y los apoderados no contestaron.

Respecto a estos tres certificados, el emitido por Murrells y los dos
emitidos por Martin Investment, la Comisión ha solicitado la
colaboración del organismo regulador de los mercados de valores de
Estados Unidos, Securities Exchange Commission (la SEC en adelante),
en base al memorando de entendimiento firmado por este organismo con
la CNMV. Una vez recibidos dichos certificados de las entidades
americanas, el 25 de junio, la Comisión contactó con la SEC con la
finalidad de conocer de manera rápida si las referidas compañías
realmente existían, si estaban constituidas bajo la legislación de
Estados Unidos y cuál era su estatus jurídico. Al día siguiente, 26
de junio, la SEC informó a la Comisión de que estas compañías no
estaban registradas en la SEC ni en la National Association of
Securities Dealers; por tanto, no eran intermediarios registrados. La
SEC también informó que ambas sociedades eran sociedades de
responsabilidad limitada y que, de acuerdo con la información
facilitada por los secretarios de Estado de Delaware y Georgia, las
compañías estaban activas y al corriente de sus obligaciones en sus
respectivos Estados. Asimismo, la SEC facilitó los datos registrales
de ambas sociedades, donde se detectó que la dirección de contacto de
L. Murrells coincidía con el domicilio social de Martin Investment.

Posteriormente, el 5 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ha vuelto a solicitar la colaboración de la SEC a fin de
recabar la siguiente información: si los certificados habían sido
realmente emitidos por estas sociedades, identificando en su caso la
persona que los firmó y los poderes en base a los cuales los firmó;
en caso de que los certificados fueran reales, identificación de los
activos donde estaba invertido el dinero de los clientes de
Gescartera, así como la identificación de las empresas o entidades
financieras donde se encontrara depositado el dinero o los activos;
información sobre si el dinero o los activos mencionados en el punto
anterior estaban registrados a nombre de Gescartera, a nombre de los
clientes o a nombre de cualquier otra persona o entidad relacionada;
objeto social de dichas compañías y forma de proceder, en su caso,
para intervenir esos fondos depositados en Estados Unidos.

El día 19 de julio, la Comisión volvió a contactar con la SEC, que
puso de manifiesto que, de acuerdo con las leyes de Georgia y
Delaware, los representantes de las entidades americanas habían
alegado que no podían facilitar la información sin la autorización de
los propios dueños y administradores de las compañías, a no



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ser que mediara un requerimiento expreso y formal por parte de la
SEC. En consecuencia, y dado que para obtener la información
solicitada por la Comisión la SEC debería hacer uso de poderes
extraordinarios que tienen otorgados por ley y que para utilizar
estos poderes debería abrir un procedimiento formal cuya decisión de
apertura corresponde a su máximo órgano, se comunicó a la Comisión
que se precisaba una solicitud en la que constasen en concreto los
antecedentes de la intervención, las leyes supuestamente
transgredidas, la situación judicial del caso y cuantos aspectos
adicionales se considerasen oportunos a fin de que pudieran motivar
la remisión del requerimiento formal indicado. Esta solicitud se ha
remitido por la Comisión con fecha 25 de julio a la SEC, que se ha
comprometido a tramitarla y atenderla con la máxima urgencia. En el
momento en que obre en poder de la Comisión esta información se
pondrá de forma inmediata a disposición del Juzgado Central de
Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía
anticorrupción.

Por lo que se refiere a la autorización y registro de Gescartera,
expuestos los hechos que ocasionaron la intervención, paso a
describir el registro de Gescartera en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores primero como sociedad gestora de carteras y
posteriormente como agencia de valores. Gescartera fue inscrita en
los registros de la Comisión el 16 de junio de 1992 como sociedad
gestora de carteras. En el expediente de su inscripción ya se
evaluaron, entre otros, la memoria con descripción de los medios
disponibles humanos y materiales, el plan de negocio, la descripción
de su organigrama funcional, la relación de los socios, la relación
de los administradores y directivos y su experiencia profesional y
honorabilidad. Figuraban como miembros del consejo de administración
don José Camacho, como presidente; don Antonio Camacho, como
consejero delegado; y don Juan Suárez de Figueroa como consejero
delegado y director de gestión.

La sociedad gestora de carteras, Gescartera, se constituyó con un
capital social de 15 millones de pesetas, siendo los socios en un 70
por ciento don Antonio Camacho, y en un 17 por ciento don José
Camacho, estando el resto repartido entre los demás gestores. Con
fecha 2 de marzo de 2000, con anterioridad a mi nombramiento como
presidenta de la CNMV, se presentó por parte de Gescartera Dinero
Sociedad Gestora de Cartera, una solicitud de transformación en
agencia de valores. Esta solicitud constituía una propuesta de un
nuevo proyecto empresarial que fundamentalmente afectaba a los
siguientes extremos: cese del anterior consejero delegado don Antonio
Camacho y del director general y consejero don José María Ruiz de la
Serna de los puestos hasta entonces ejercitados; entrada como
consejero delegado de don José Manuel Pichel Jallas, director general
de la Fundación ONCE; entrada en el capital social de la agencia de
valores de la Fundación ONCE; en un 10 por ciento. Asimismo, había
una
declaración de intenciones de que en el futuro la Fundación ONCE
adquiriera hasta un 25 por ciento del capital de la sociedad
Gescartera Holding. En la propuesta presentada por Gescartera, doña
Pilar GiménezReyna pasaba a ocupar la presidencia del nuevo proyecto,
cubriendo la vacante de don José Camacho, fallecido en el año 1999.

Con anterioridad a este proyecto doña Pilar Giménez-Reyna ocupaba la
vicepresidencia de la Sociedad Gestora de Cartera.

Entre otros requisitos la ley exige honorabilidad y experiencia a los
miembros del consejo de administración y a los cargos directivos de
las empresas de servicios de inversión. En cuanto a la honorabilidad
ninguno de los nuevos administradores había sido sancionado
previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Respecto
a la experiencia, el Real Decreto 276/1989, en su artículo 2, letra
i), exige que la mayoría de los miembros del consejo de
administración cuenten con conocimiento y experiencia adecuadas en
materias relacionadas con el mercado de valores o hayan realizado
actividades de dirección al menos durante dos años. Todos estos
términos se cumplían en el presente caso.

La propuesta de transformación en agencia de valores fue elevada al
Consejo de la Comisión Nacional por el director general de Fomento.

Fue aprobada por el consejo de la Comisión con fecha de 13 de julio
de 2000, e informada favorablemente por el comité consultivo el 28 de
julio de 2000.

El comité consultivo es un órgano asesor de la Comisión que está
integrado, como SS.SS. saben, por representantes de los emisores,
inversores, miembros de las bolsas de valores, consumidores y
usuarios y representantes de las comunidades autónomas.

Con fecha 1 de septiembre de 2000, se adoptó la orden del Ministerio
de Economía por la que se autorizaba la transformación de Gescartera
Dinero Sociedad Gestora de Cartera en Agencia de Valores.

Posteriormente, el 2 de enero de 2001, Gescartera presentó ante la
Dirección General de Entidades su solicitud de inscripción en los
registros de la CNMV como Agencia de Valores. A la vista de dicha
solicitud, los servicios de la Comisión requirieron a Gescartera para
que acreditase que se habían cumplido los compromisos adquiridos para
llevar a término el proyecto de transformación. La Comisión verificó,
a 31 de enero de 2001, que efectivamente se había cumplido la entrada
de la Fundación ONCE en el capital de la agencia con un 10 por
ciento, el nombramiento como consejero delegado de la Agencia de
Valores de don José Manuel Pichel Jallas, la entrada como presidenta
de doña Pilar Giménez-Reyna y la salida del órgano de gobierno de don
José María Ruiz de la Serna y de don Antonio Camacho. Gescartera
quedó inscrita en los registros de la CNMV el 6 de febrero de 2001
con el número 186. Asimismo se adjuntó como documentación un informe
de auditoría, a 31 de diciembre de 1999 sin salvedades, realizado por
la firma Deloitte and Touche, y un informe especial de



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análisis de la situación de los recursos propios consolidados del
grupo Gescartera a 30 de septiembre de 2000.

En la fecha de inscripción como agencia de valores en los registros
de la Comisión Nacional figuraban las cuentas anuales, la memoria y
los informes de auditoría de la sociedad Gescartera Sociedad Gestora
de Cartera, cerradas a 31 de diciembre desde 1992 hasta 1999. Todas
sin salvedad alguna, es decir, auditorías limpias. Posteriormente, en
mayo de 2001 se ha aportado a la Comisión la auditoría relativa al
año 2000, también sin salvedad, en la que expresamente el auditor
declara que las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los
aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de Gescartera Dinero, SGC, a 31 de diciembre de
2000.

Por lo que se refiere a los antecedentes de supervisión de la
Sociedad Gestora de Carteras, en diciembre de 1998, en ejecución de
los planes establecidos, se empezó a realizar una actuación de
supervisión a Gescartera. A la vista de presuntas irregularidades
puestas de manifiesto en la citada actuación, en el mes de abril de
1999 el consejo de la Comisión por unanimidad acordó incoar
expediente sancionador a Gescartera y a los miembros de su consejo de
administración don José Camacho, don Antonio Camacho, doña Pilar
GiménezReyna y don José María Ruiz de la Serna. Es en este momento
cuando, como consejera de mercados primarios de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, tengo conocimiento por primera vez de
cualquier dato sobre la entidad Gescartera. El expediente se incoó al
ponerse de manifiesto una actitud de falta de colaboración por la
entidad en el ejercicio de la actuación supervisora de la CNMV y por
supuestas irregularidades en la llevanza de los registros contables.

Al no contar el consejo más que con una información provisional y no
definitiva sobre la situación económica de la sociedad, el consejo de
la CNMV instó a sus servicios técnicos a que continuasen con sus
actuaciones, al objeto de presentar un informe definitivo que
determinase la situación económica de la entidad. En el curso de las
actuaciones a que se refiere el punto anterior, los servicios
técnicos de la Comisión realizaron varias comparaciones entre las
posiciones de clientes obtenidas de los registros contables de la
sociedad y las que se deducían de las certificaciones expedidas por
las entidades depositarias de valores y efectivo. Estas
comparaciones, más los certificados bancarios aportados, permitieron
entonces concluir sobre la situación de la entidad que se presentaba
como correcta. Esta conclusión quedaba avalada por los informes de
auditoría de la entidad de los ejercicios de 1998 y 1999, que no
contenían salvedades, y por la ausencia de reclamaciones por parte de
los clientes.

El expediente sancionador fue instruido, siendo resuelto por acuerdo
del consejo de la Comisión con fecha 13 de julio de 2000. En la
resolución adoptada se
impuso una sanción de 7 millones de pesetas a Gescartera y de 3
millones de pesetas a don Antonio Camacho y a don José María Ruiz de
la Serna, sobreseyéndose respecto a don José Camacho, fallecido
durante la tramitación, y a doña Pilar Giménez-Reyna, al no darse por
acreditada su responsabilidad. Las sanciones citadas fueron impuestas
al entenderse cometidas dos infracciones graves de las recogidas en
la Ley del Mercado de Valores: una por no remitir en plazo y forma
adecuada a la Comisión la información y documentación por ella
requerida en el ejercicio de sus funciones, y otra por incumplimiento
de las normas vigentes sobre contabilización, formulación de cuentas
y forma de llevanza de los libros y registros oficiales.

Como han podido comprobar SS.SS., en esta misma fecha el consejo,
también por unanimidad, adoptó el acuerdo de transformación de la
entidad en agencia de valores. Aperentemente esta medida les
resultará contradictoria, máxime teniendo en cuenta los
acontecimientos posteriores a esta fecha, pero debo decirles que en
aquella sesión el consejo valoró por unanimidad los siguientes
extremos: el hecho de que del conjunto de la documentación obtenida
en el curso de la supervisión no se desprendía la existencia de un
descuadre patrimonial; la solvencia y prestigio de una entidad como
la Fundación ONCE, así como el hecho de que un director general de
dicha fundación se hiciera cargo, como consejero delegado, de la
actividad diaria de Gescartera; por último, que a las agencias de
valores se les exige no sólo mayores requisitos de capital y
solvencia que a las gestoras de cartera, sino además una obligación
de remisión de información en base mensual, ya que hasta ese momento,
en su condición de gestora, la información de Gescartera a la CNMV se
efectuaba semestralmente, como indica la norma.

Estas sanciones no fueron publicadas en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley del Mercado de Valores. La Ley del Mercado de Valores sólo
prevé la publicación obligatoria de las sanciones impuestas por
infracciones calificadas como muy graves (artículo 98.5), así como de
la apertura de expediente sancionador en el caso de entidades no
registradas, mediante advertencia al público, con la finalidad de que
no sigan captando fondos de clientes.

Por lo que se refiere a la labor de supervisión de la agencia de
valores realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
tengo que decir que desde mi nombramiento como presidenta de la CNMV
di instrucciones precisas para realizar un seguimiento cuidadoso
sobre Gescartera tan pronto como se registrara en la CNMV la primera
información contable reservada correspondiente a sus estados
financieros. El retraso que se venía produciendo en la incorporación
de la Fundación ONCE en el capital social de Gescartera Holding,
según la declaración de intenciones realizada en su día, así como la
detección por parte de la Dirección General de Mercados Secundarios
de alarmas por



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operaciones en el mercado carentes de lógica económica, fueron
algunos de los factores que se ponderaron para extremar la
supervisión de la entidad. La primera información reservada se
refería a 28 de febrero de 2001, último día del mes, registrándose el
día 27 de marzo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Recibida esta información, los servicios de la CNMV procedieron al
análisis habitual de la misma mediante comprobaciones generales que
se aplican a todas las entidades registradas en la Comisión y
mediante comprobaciones específicas que atienden a las circunstancias
que concurren en cada caso. Las comprobaciones generales se refieren
al control de la legalidad de toda la información que es aportada por
las empresas de servicios de inversión, detectándose en el caso de
Gescartera problemas con el coeficiente de liquidez. Adicionalmente,
en la supervisión específica se detectó que una gran parte del
patrimonio gestionado de cuentas de clientes estaba en depósitos en
efectivo, situación no común para una agencia de valores cuya
actividad usual es la inversión en valores.

Tal como se ha comentado en la descripción de los hechos que
motivaron la decisión de intervención de la sociedad, se requirió a
Gescartera para que aportara certificados de dónde se encontraba el
metálico. El mismo día en que se recibió el segundo de los
certificados, la Comisión se puso en contacto telefónico con las dos
entidades bancarias supuestamente emisoras de dichos certificados,
encareciéndoles que con la máxima urgencia adelantaran de forma
verbal los resultados que se dedujeran respecto a la veracidad formal
y material de los certificados aportados por Gescartera. Señorías,
este mismo día 14 de junio de 2001 tuvo lugar la celebración del
consejo de la Comisión en el que se decidió la intervención de
Gescartera.

Por lo que se refiere a actuaciones de la Comisión tras la
intervención de Gescartera, diré que en la fecha de inicio de la
intervención de Gescartera, el 15 de junio, la Comisión solicitó
listados de clientes donde se especificaran las posiciones tanto de
efectivo como de valores. A raíz de las actuaciones de supervisión
llevadas a cabo, apoyadas por los interventores designados, se fue
poniendo de manifiesto, entre los día 15 y 20 de junio, la aportación
sucesiva de distintos listados de clientes. En cada uno de ellos se
adicionaban clientes nuevos a los originalmente aportados por la
entidad el día 15 de junio, lo que ha puesto de manifiesto que, junto
a la contabilidad oficial y a la información remitida a la CNMV,
podría existir un universo de clientes y un patrimonio que han sido
ocultados por la agencia de valores a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Su detección está siendo posible gracias tanto a
la intervención de la CNMV como a las entradas y registros ordenados
por la juez, así como a las propias reclamaciones de los clientes que
se han producido con posterioridad a la intervención.

Hasta el momento de su intervención, la agencia de valores había
declarado a la Comisión disponer de un saldo de efectivo de 6.968
millones de pesetas y de valores por importe de 1.812 millones de
pesetas. Los clientes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores eran 1.204. Como resultado de las actuaciones de
supervisión y de los interventores, hasta la fecha de hoy los
clientes ascienden a más de 2.000 y el efectivo neto a favor de los
mismos se estima en 18.000 millones de pesetas. De la materialización
en valores de las posiciones de los clientes sólo se ha podido
verificar la existencia de depósitos de valores en diversas entidades
por un importe de 219 millones de pesetas. A la vista de que
Gescartera, con motivo de las actuaciones de supervisión realizadas
en el año 2001, presentó a la CNMV documentación bancaria falsa, se
ha realizado una comprobación de oficio para determinar si este
fenómeno se había producido con ocasión de actuaciones supervisoras
anteriores. Se ha constatado que parte de los certificados que
acreditaban los importes de efectivo de los clientes en actuaciones
previas han resultado falsos, circunstancia que ha sido comunicada el
24 de julio al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional.

Posteriormente, el 25 de julio de 2001, la Comisión ha remitido al
ICAC la auditoría presentada por Gescartera, cerrada a 31 de
diciembre de 2000, para que efectúe un control técnico ante la
existencia de indicios que podrían suponer algún incumplimiento de lo
previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas y sus normas de
desarrollo. Uno de los ejemplos que se citan en el escrito dirigido
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al ICAC se refiere a
que los estados financieros auditados incluyen, dentro de las cuentas
de riesgo y compromiso, información relativa a las carteras
gestionadas y efectivo de clientes. Asimismo las notas 4 punto 4.5 y
10 incluyen información relativa a criterios de valoración y
contenido de las cuentas de riesgo y compromiso. De acuerdo con la
información disponible por la CNMV, el importe de las carteras y
efectivo gestionado pudiera ser sensiblemente superior al reflejado
en las cuentas auditadas. Adicionalmente, existen también indicios de
que la cartera de clientes no se encontraba materializada en su
integridad en valores y efectivos, en contra de lo señalado en la
nota 10 de la memoria.

Por lo que se refiere a la operativa de Gescartera, como ustedes
pueden darse cuenta, la investigación de los hechos es harto
dificultosa por las inexactitudes de la información aportada y por la
falta de colaboración de los gestores de Gescartera. El conocimiento
del que vamos disponiendo día a día se debe a la labor realizada por
los interventores designados y a las reclamaciones que a raíz de la
decisión de intervención por la CNMV se han ido recibiendo. Debo
señalar que hasta ese momento los servicios de atención al público de
la Comisión no habían recibido nunca reclamaciones por



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parte de los clientes de Gescartera. Hasta el momento actual no se
puede determinar un sistema único de operar de la agencia de valores
respecto a sus clientes. Se ha observado que junto a los
procedimientos habituales y legales que utilizan las agencias de
valores hay clientes que manifiestan en sus reclamaciones que se les
ofrecían extratipos fijos mensuales, a pesar de tener inversiones en
valores de renta variable, según la documentación que se les
entregaba -caso de todas formas imposible-; otros manifiestan que se
les decía que tenían su dinero invertido en un producto denominado
depósito estructurado, entregándoles certificaciones de entidades
bancarias que también han resultado falsas; otros reclaman con
justificantes de supuestos pagarés de entidades financieras y algunos
de los reclamantes debieron hacer aportaciones en metálico sin tener
soporte documental que acredite sus inversiones. De esto se deduce
que en el momento actual no se pueda concretar con certeza ni el
universo de clientes ni el patrimonio afectado.

Sin perjuicio de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
continúe en las labores de intervención para que no haya
disposiciones de fondos que no hayan sido autorizados, la autoridad
judicial ha acordado designar peritos del Banco de España y de la
Agencia Tributaria a efectos de continuar y completar la
investigación. La CNMV seguirá prestando toda la colaboración que sea
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, teniendo nombrados
siete interventores de los servicios técnicos de la casa, que han
sido ratificados por la juez del Juzgado Central de Instrucción
número 3 de la Audiencia Nacional.

Por lo que se refiere a las reclamaciones de clientes, al margen de
estas actuaciones de supervisión, la Comisión ha prestado un servicio
de atención a los clientes afectados. Se ha abierto una ventanilla
especial para clientes de Gescartera, tanto para informarles sobre el
motivo y las medidas de la intervención como de los derechos y de los
cauces establecidos para su ejercicio. Desde el primer momento se
transmitió a los clientes de Gescartera la siguiente información: El
motivo de la información; que los hechos se habían puesto en
conocimiento del ministerio fiscal; las medidas de intervención que
se habían tomado a partir de esa fecha de intervención; que los
interventores designados estaban investidos de las facultades que
corresponden a la Comisión y, por tanto, tendrían acceso a toda la
documentación de la entidad intervenida. Una vez que se tuvo
conocimiento de la operativa de la apertura de diligencias en el
juzgado, a la información transmitida se añadió que tras las
actuaciones revisadas por los interventores a tales efectos, hasta la
fecha no se ha podido, con base a los datos facilitados por la
agencia, acreditar fehacientemente dónde y en qué forma se encuentra
la mayor parte de dichas inversiones; que estos hechos se han puesto
en conocimiento de la Audiencia Nacional y que el Juzgado Central de
Instrucción número 3 se ha declarado competente para conocimiento e
instrucción de las diligencias previas del procedimiento abreviado
240/2001, incoado en virtud de la denuncia efectuada por la Comisión;
que el Juzgado que instruye el caso ha ordenado a la Comisión que
continúe con la intervención y, en consecuencia, la intervención de
la Comisión se mantendrá hasta que la juez ordene otra cosa; que la
Comisión colaborará diligentemente con la Fiscalía anticorrupción;
que a partir de ahora pueden iniciar las acciones judiciales que
consideren oportunas, bien particularmente, bien agrupándose con
otros perjudicados.

Adicionalmente, el departamento de atención al público ha establecido
una serie de recomendaciones a los clientes de Gescartera: consultar
y guardar bien el último extracto de posiciones que les haya enviado
la entidad, los documentos acreditativos de la entrega de dinero o de
valores que hayan hecho a la sociedad y los contratos firmados por
Gescartera; entregar copia de dicha documentación a los interventores
en la sede de Gescartera o en la sede de la Comisión; saber que a
partir de ahora los administradores de la agencia no realizarán
ningún movimiento de valores ni de fondos sin la vigilancia y
autorización de los interventores de la Comisión, que estarán
físicamente en los locales de la entidad. Hasta el 1.º de agosto, el
departamento de atención al público ha atendido 527 llamadas
telefónicas y 243 visitas y ha recibido reclamaciones de 1.115
clientes, por importes que totalizan una suma de 13.116 millones de
pesetas. Como verán, señorías, nuestro servicio de atención al
público y la ventanilla de reclamaciones desarrollan una importante
labor para informar a los inversores y canalizar las quejas que
puedan tener sobre el comportamiento de las instituciones o las
reclamaciones formales frente a las mismas. Además, la Comisión
realiza una labor activa de alertar la cautela de los inversores y de
contribuir a su formación y mayor comprensión de sus inversiones.

Precisamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuenta con
un decálogo del inversor desde hace bastante tiempo, divulgado
periódicamente en diversos medios y disponible permanentemente en
nuestra página web. Entre otros aspectos, la Comisión aconseja a los
inversores que sean especialmente cuidadosos con las inversiones en
valores que ofrecen rentabilidades superiores a las del mercado o con
aquellas cuyo supuesto rendimiento se base en que están exentas de
impuestos o en que cuentan con alguna ventaja fiscal. También señala
que sus relaciones con la entidad que le ofrece servicios de
inversión deben formalizarse en un documento contractual y que el
inversor debe exigir de su intermediario información periódica del
estado de sus inversiones, de los gastos de mantenimiento y custodia,
así como información puntual de cada liquidación que se le practique
por sus operaciones o por los servicios prestados.

Señorías, espero que mi intervención haya respondido al propósito por
el cual he sido convocada por esta



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Comisión: dar cuenta completa de los acontecimientos que han llevado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a intervenir
Gescartera, así como de las diversas actuaciones que la Comisión ha
ido llevando a cabo respecto a esta sociedad. Desearía que hubiese
quedado claro que la actuación de la Comisión ha sido diligente,
dedicada y eficaz. Les recuerdo que la sociedad intervenida nunca
había sido objeto de reclamación alguna por parte de clientes, que
suele constituir una vía que nos alerta de la existencia de
problemas, y que todos los informes de auditoría presentados
estuvieron limpios de salvedades. Ni el sistema legal más rígido del
mundo ni la supervisión más eficaz puede impedir la aparición de
personas sin escrúpulos cuyas actividades sean presuntamente
constitutivas de delito. El primer objetivo de las actividades
ilícitas consiste en engañar o camuflarse ante las autoridades que
deben aplicar la ley. La labor de los supervisores consiste en tratar
de desenmascarar estos comportamientos, pero, por desgracia, a menudo
es imposible detectar la existencia de comportamientos irregulares si
no hay indicios suficientes y a veces la constatación de estos
indicios ya indica la presencia de quebrantos.

Espero haberles explicado con todo detalle que la actuación de la
Comisión tuvo lugar desde el inicio de la sospecha fundada de posible
quebranto patrimonial. Quiero resaltar que este es un caso atípico en
el comportamiento de nuestros intermediarios de los mercados de
valores. Las empresas de servicios de inversión españolas muestran
una situación de solvencia generalizada y también el sector muestra
un cumplimiento generalizado de legalidad. Las empresas de servicios
de inversión que gestionan carteras de clientes ascienden a 86, que
suponen un patrimonio gestionado de más de un billón de pesetas. Por
su parte, existen en la actualidad en España 4.461 instituciones de
inversión colectiva que gestionan casi 33 billones de pesetas de casi
ocho millones de partícipes, en concreto de 7.816.000. Una prueba de
la buena situación que muestra el sector de empresas de servicios de
inversión español lo constituye el interés mostrado por entidades
extranjeras en adquirir empresas españolas de cara a su instalación
en la Unión Europea. Así, en el año 2000 fueron doce grupos
españoles, que englobaban veinte entidades -en algunos casos agencias
o sociedades de valores y gestoras de instituciones de inversión
colectiva-, los que resultaron adquiridos por once entidades
extranjeras.

Señorías, las tareas que la ley encomienda a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores son la supervisión e inspección de los mercados de
valores y de cuantas personas físicas o jurídicas se relacionan con
el tráfico de los mismos, así como la vigilancia por la trasparencia
de los mercados de valores, la correcta formación de precios y la
protección de los inversores. Desearía que mi comparecencia hubiera
cumplido el objetivo de informar con detalle a esta Comisión sobre
las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión en relación con la
sociedad Gescartera, Agencia de Valores. Es por todos conocido que el
desarrollo de los mercados de valores depende en grandísima medida de
la confianza que los inversores depositan en los mismos y un elemento
básico para ello es contar con una regulación seria y una supervisión
efectiva. Espero que lo que es un caso particular, a todas luces
desgraciado, no ensombrezca ni la reputación de una institución
ejemplar ni el futuro de nuestros mercados. Señorías, quedo a su
entera disposición para todas las preguntas que deseen efectuar.




El señor PRESIDENTE: Para el turno de portavoces parlamentarios,
tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, don Antonio Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: Señora doña Pilar Valiente, le agradecemos
su comparecencia en esta Comisión y la información que nos ha dado de
lo que a su juicio ha supuesto el caso de Gescartera y la
intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Previamente le quiero decir que en nosotros va a encontrar usted un
tipo de oposición ajustada a los acontecimientos y a la realidad. Lo
digo porque estos días determinados portavoces de algún grupo
político han dicho que íbamos a hacer una oposición agresiva porque
estábamos comidos por el rencor. No se lo crea, de verdad. Vamos a
hacer una oposición en la que nuestro interés es aclarar qué ha
pasado aquí. También le advierto -y no sé si esto será también para
su tranquilidad- que va a ser una oposición, unas preguntas y una
intervención dura; duras porque lo que tenemos entre manos es muy
grave, como lo refleja su propia exposición y su talante. Usted es
consciente de la gravedad de la situación.

De la hora que ha durado el relato de lo que cree que debe decir aquí
hemos sacado pocas cosas en limpio, pero sí algunas; muy interesantes
que dejaré para el final. Se pone de manifiesto que hay una fecha, a
la que se remite en varias ocasiones -14 de junio-, que usted
considera algo así como la fecha eureka. Es el momento en que se caen
ustedes del caballo y dicen: aquí hay un pujo de cuidado. Parece que
anteriormente debería haber habido algo. Creo que debería haber
habido lo que es el funcionamiento normal, serio y correcto de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, cosa que no ha ocurrido.

Como decía un compañero hace un momento, cuando estaba usted
relatando las excelencias del sistema financiero español y de la
bolsa, por casualidad, porque con lo que usted nos ha contado, no
sólo podía ocurrir en esta empresa sino en cualquier otra. En esta
tenían la oportunidad de detectar que había irregularidades; la
tenían encima de las narices, estaban todos los días con ella. Puede
haber otras empresas -una agencia de valores o una sociedad gestora
de cartera-



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que no tengan ninguna reclamación, porque lógicamente los clientes no
reclaman hasta que no se encuentran con que les dan los rendimientos
y como usted bien sabe en estos casos de estructura piramidal de
captación de clientes se van pagando los dividendos con los nuevos
clientes; pero tratándose de ésta, parece increíble dada la relación
que ha habido y las incidencias en cuanto a los gestores de la
empresa. Usted es presidenta desde hace poco tiempo, pero ha sido
miembro del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
de modo que habrá tenido conocimiento de otras sanciones e
indagaciones anteriores. No llegaba aquí de nuevas; no le pasa como a
la presidenta de la empresa susodicha, que llegó allí, se encontró
con que aquello era una empresa y dijo: estoy en una empresa y me
están pagando.

Es imposible creer el relato que usted nos ha hecho. Falta lo
fundamental, que el día 14 o, mejor dicho, mucho antes del día 14,
cuando estaban inspeccionando -si es que lo estaban haciendo- y se
dieron cuenta de la gravedad de los acontecimientos, tomaran cartas
en el asunto de otra forma. Luego le diré por qué creo que no han
inspeccionado correctamente esta empresa; no sé si otras, pero le
diré por qué no han inspeccionado esta. Usted como presidenta tiene
su responsabilidad. Además de velar por que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores funcione correctamente, tiene que velar por que
los que integran la Comisión -el consejo y los funcionarios- respeten
escrupulosamente la ética y la competencia. En una comparecencia, no
hace mucho, hacía usted referencia a esto. Estaba contenta porque
decía que las cosas iban mejorando y decía textualmente: porque
gracias a la existencia de mayores posibilidades de diversificación
y al papel decisivo de los inversores profesionales en la gestión del
ahorro, fundamentalmente los gestores de inversión colectiva y fondos
de pensiones, los ahorradores disponen ahora de mecanismos más
eficaces para conseguir una adecuada relación entre rentabilidad y
riesgo. Entiendo que se refería usted a que la Comisión se estaba
empleando a fondo, de modo que cuando llegaba un inversor y veía que
tenía el sello de la Comisión, se informaba de que una empresa estaba
registrada y eso era una solvencia. Lo que ha pasado aquí es
imposible que pueda suceder, ni siquiera en el caso de que no
hubieran inspeccionado nada. Bastaba simplemente con las inspecciones
aleatorias y con lo que usted misma dijo en la comparecencia a la que
me he referido, que no voy a leer porque no tengo tiempo. Reléala
usted porque hablaba de que hay que hacer inspecciones aleatorias.

Por una serie de indicios, deberían haber sabido, primero, que en
esta empresa se estaba practicando algo que ha eludido usted nombrar
durante su intervención. La he seguido con atención para ver si lo
decía en algún momento; pues no. Usted ha dicho que se trata de una
situación no común para una agencia de valores. Me
estoy refiriendo al expediente que ustedes le abrieron porque las
cuentas de los clientes no guardaban relación y al parecer la
información facilitada reflejaba que podía haber cuentas en una
situación no común. Pues bien, yo le digo lo que es eso. Lo que
ustedes detectaron en aquel momento fue que estaban operando por
cuenta propia y usted sabe lo que eso significa. Es algo gravísimo en
una agencia de valores, teniendo en cuenta además el volumen que en
ese momento tenía, ya no le digo en una sociedad gestora de cartera.

Usted debería haber investigado inmediatamente esto a fondo y así se
habría encontrado con que, en vez de faltar 18.000 millones, hubieran
faltado 15.000. A 3.000 inversores, a lo mejor entre ellos los
huérfanos de la Guardia Civil, no las hubiera tocado, porque parece
ser que además había información privilegiada, enterándose unos antes
que otros de que aquí pasaba algo extraño, como la Marina, que tuvo
más suerte que la Guardia Civil y pudo retirarse a tiempo, o la
Iglesia -creo que el Arzobispado de Valladolid-; sin embargo, por las
mismas fechas a otros se les captaba en esa pirámide muy conocida
y muy tradicional.

Señora Valiente, el caso de Gescartera no es nuevo, sino que se trata
de un calco de otro que ocurrió hace tres años y que tuvo que ver con
una agencia que se llamaba AVA. Usted lo recordará, puesto que me
imagino que en aquel momento formaba parte del consejo y, si no,
supongo que leería la prensa como todo el mundo. Este caso es
prácticamente idéntico, dándose casi la misma situación de que
personas que trabajan en puestos relevantes en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores pasan a estas empresas para asesorar
mercantilmente, igual que ha sucedido en el caso de la empresa que
nos ocupa. Ya de por sí eso a cualquier gestor de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores debería hacerle pensar. Pero es que
además en el caso de AVA se daba otra circunstancia. Había personas
que tenían relación con otras relevantes, concretamente con el señor
Juan Emilio Iranzo, que entonces pertenecía a un grupo selecto de
economistas de la CEOE y del Instituto de Estudios Económicos y era
miembro asimismo del comité de expertos de la Bolsa de Madrid. En
esta empresa que ahora nos ocupa nos encontramos con personas como la
hermana del secretario de Estado de Hacienda. Consta en el sumario en
curso, es algo que también se ha podido leer en la prensa, que es una
fórmula normal para captar clientes, porque se trata una garantía y
de una solvencia. Es más, en el proceso de tramitación de conversión
de sociedad gestora a agencia de valores hay una especie de
negociación entre la Comisión Nacional y la propia empresa que no se
acaba de entender. Los expedientes o se aprueban o no, pero lo que no
puede ser es que en una memoria figure hasta la entidad que tiene que
tomar participación con un tanto por ciento determinado y que no
pueden estar determinadas personas. Efectivamente, no podían estar
porque estaban sancionadas. Tampoco se entiende que



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en un expediente ustedes convirtieran una sanción muy grave en grave,
para que no pudiera dársele publicidad. La sanción, señora Valiente,
estaba calificada como muy grave y no como grave. Esto también pasó
en el caso de AVA, que hubo varios cambios a la hora de calificar las
sanciones.

Le decía al principio que su comparecencia ha tenido poco interés
desde el punto de vista de lo que hoy muchos ciudadanos que han
invertido sus ahorros estaban esperando conocer. Usted ha terminado
diciendo que se han evaporado 18.000 millones, que no se sabe dónde
están y que sólo hay por ahí 200 ó 219. Este ha sido el resumen de su
comparecencia, mientras que todos esperábamos aquí que nos explicara
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores había sido tan
diligente que había podido detectar dónde estaba el dinero y conocer
el mecanismo por medio del cual se ha defraudado. Pero sí le digo que
su intervención, que ha tenido poca relevancia en ese sentido, la ha
tenido en otro, y le voy a explicar por qué. En el mismo consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores -y esto lo ha dicho hoy
usted aquí, no es algo que yo me esté inventando- en el que se
imponen las sanciones a Gescartera se acuerda también abrir un
expediente para su conversión en agencia de valores, lo ha dicho
usted y ha reconocido que puede resultar contradictorio, creo que son
palabras textuales. Contradictorio, no; en realidad esto es inaudito
y desde luego de extremagravedad y revela una actuación arbitraria
que raya en la prevaricación.

Como le he dicho antes, en su declaración ha dado a entender que si
los gestores hubieran sido el señor Camacho y el señor De la Serna,
no se hubiera convertido en agencia, por falta de honorabilidad. Sin
embargo, usted omite, y debe reconocerlo, que la ley exige también
honorabilidad de los accionistas, y el señor Camacho era accionista,
pero, además, el señor De la Serna era el apoderado de la sociedad; o
sea, que el consejo aquí pintaba más bien poco, y eso era conocido.

Este caso tiene algo que a mí no me gusta y es que va ligado a una
especie de culebrón o a LA ESCOPETA



NACIONAL 3, puesto que desvirtúa la seriedad de lo que aquí estamos
tratando. La presidenta de esta sociedad se llama Pilar Gómez-Reyna
(El señor MartínezPujalte López: Giménez-Reyna.) Giménez-Reyna, el
señor Pujalte me corrige y seguramente tiene más conocimiento de
causa que yo para hacerlo (Risas.- El señor Martínez-Pujalte López:
Porque me he estudiado el tema.) Yo no la conocía de nada. Este es un
puesto realmente atractivo, ya que creo que cobraba un millón. Parece
que esta mujer ya sabe lo que es una sociedad anónima, dando a
entender que ella pasaba por allí. Estaba en la sociedad mucho antes
y además era muy conocida por altos funcionarios de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, pero es que además era hermana de su
hermano Enrique (Risas.), secretario de Estado de Hacienda en aquella
fecha.

Luego está su hermano José, que era coronel de la Guardia Civil,
ayudante del general Blanes, general que todavía hoy ocupa la
presidencia de la Asociación de Huérfanos del cuerpo, a la que le ha
tocado pagar el pato para que cobren los de la Marina y que invirtió
450 millones en Gescartera -es una forma de decir que invirtió,
porque yo creo que lo ha perdido-. Este señor además es conocido, no
voy a relatarlo, es aficionado al fútbol y se lo llevaron a un
hotel... Cualquier observador, cualquier persona se preguntará si
todo esto del hotel Crillon y del avión privado es solamente por
hacer una gestión para que se invierta. ¿Y cuánto vale darle a esto
apariencia de legalidad? ¿Usted se lo he preguntado, señora Valiente?
Yo si me lo he preguntado. Quien le da apariencia de legalidad es la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el consejo que lo aprueba.

Luego le haré unas preguntas sobre quién lo aprobó realmente y quién
hizo la propuesta en el consejo.

La saga sigue. Hoy nos hemos enterado de que otro hermano está en
equipos nucleares de la SEPI. Ahora entra la SEPI, de la que tantos
debates hemos tenido aquí, del señor Ferreras, etcétera. No quiero ni
hablar de eso. Bueno, tenemos a la familia Giménez-Reyna al completo.


Sabemos qué hacía Pilar, que era aprender economía, captaba clientes
del sector público y cobraba. Sabemos lo que hacían sus hermanos José
y Francisco. De lo que hacía Enrique... (La señora Rodríguez- Salmones
Cabeza: Esto no es serio.) Sí, es muy serio. Lo que no es serio es
que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores diga
que hay 18.000 pesetas que se han evaporado, que no saben dónde
están... (El señor Martínez-Pujalte López: Millones.), sí, millones, y
que no tiene ninguna responsabilidad. Luego resulta que este Gobierno
no mira hacia otro lado, que es transparente y que da respuesta
a todo lo que demandan los ciudadanos; es un Gobierno vigilante. Decía
que la familia Giménez-Reyna la tenemos al completo. Pero todavía
queda algo más, porque al final esto lo autoriza el Ministerio de
Hacienda, pero esto quizás sea objeto de otra Comisión.Lo que le
quiero decir es que la importancia de lo que se estaba cociendo entre
esta empresa y personas de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores es lo que hace posible que este fraude o esta estafa, de
llegar a concretarse, sea realidad; si no, no hubiera sido posible.

Si se ven los folletos explicativos y se hace una inspección
mínimamente seria y se detecta que no figuran los clientes de las
cuentas, que se está actuando por cuenta propia, que se tiene una
sola cuenta en un banco y que no hay nada (aunque llevaba operando
más años, parece que ha sido en el último año y medio cuando no se
estaba haciendo), se podía haber descubierto perfectamente, pero si
durante ese año y medio lo que se estaba intentando era ver cómo se
le daba otra apariencia, todo está explicado. Sigamos con esta
historia. Aunque hay a quien no le parece serio, yo creo que hay que
relatarla



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porque explica lo que hoy estamos haciendo aquí, explica que usted
hoy no sepa decirnos qué han hecho durante ese año anterior al 14 de
junio, porque las personas que tenían que vigilar esto estaban en
otras cosas.

El señor Rafael Camacho es el principal accionista y, según dice él,
amigo del señor Botella, que es inspector de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y amigo del señor Ramallo, antiguo vicepresidente
de esta Comisión, notario de Gescartera en diversas ocasiones, como
ha reconocido él mismo, que amablemente aceptó presentar a los
gestores de esta empresa a un banco europeo que, al parecer, quería
comprar una agencia de valores en España, y todo prácticamente
gratis, porque el señor Ramallo ni siquiera comió con ellos, según
dice; es decir, gratis todo, incluso se pagó el autobús. (Rumores.)
El señor Camacho parece que es compañero sentimental de Laura Morey,
que es hija de Jaime Morey, que es un afamado cantante de hace años y
que era director general del holding. Me imagino que cuando usted
explicaba que aquí tenía que haber personas de solvencia acreditada
se fijarían especialmente en el señor Morey, que supongo que de esto
tiene que tener una experiencia enorme, y solvencia, toda. Yo
confiaría en que el señor Morey llevara una agencia de valores o
cualquier sociedad, porque se dedica a todo; por cierto, también es
asesor del señor Zaplana (Rumores.) o era -parece que ha dimitido-.

Lo digo para que los señores del Partido Popular que nos siguen en
esto de la oposición tengan datos y no solamente miren para otro
lado. ¿Hacia dónde está mirando Zaplana? Eso sí, todo esto estaba
intermediado por el señor Ramallo. De asesor cultural a director
general de una empresa financiera... En la Comisión, ¿a nadie le
pareció raro todo esto, nadie se preguntó si esto era el circo Price
o si era una empresa seria? ¿Nadie pensó que podían hacer una pequeña
inspección para ver qué pasaba? Pero ¡cómo le iban a hacer una
inspección!. El apoderado de esta sociedad, el señor José María Ruiz
de la Serna, ejerció en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
creo que como jefe de la inspección y de allí pasó a esta empresa. El
señor Alberto Alonso Ureba, que es asesor mercantil de Gescartera, es
primo del actual director de entidades de valores de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, o sea, de lo que usted preside. ¿Ven
ustedes como es serio? (El señor Martínez-Pujalte López: El primo.)
No, el primo es otro; el primo es Juan Carlos Ballasote Ureba
(Risas.) y este dirige un departamento que es el que se encarga de
supervisar a estas entidades. En fin, creo que ya van cogiendo dónde
está esto de la transparencia y de mirar al lado correcto, que es lo
que dice el señor Arenas. Pues era bien sencillo, con haber mirado al
señor Ballasote lo tenían claro.

No acaba aquí la cosa, porque estas familias son increíbles. El señor
Alberto Alonso Ureba tiene un hermano, Antonio, que fue el director
general del servicio jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

Otra familia como la anterior, dos hermanos y un primo. Bueno,
un primo más los 3.000 primos que no van a recuperar el dinero. Pero,
hay más. Esto se lo digo para que a partir de ahora, como la veo muy
diligente, tenga más datos para que investigue a la propia Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que yo creo que es donde está el
quid de la cuestión. Si usted quiere saber dónde está el dinero en
esto, empiece investigando en su propia Comisión, empiece
preguntando, porque a lo mejor ahí lo saben. Pero hay más, Salvador
Alcaraz, que también está implicado en Gescartera, se encargó de
supervisar intermediarios financieros en la CNMV y también
encontramos más amistades y más relaciones, como la que tiene el
señor Ramallo o el señor Hernández-Sito, presidente de Cetarsa,
empresa que creo que ha invertido 150 millones en Gescartera, que no
es nada deleznable, o al delegado de esta agencia de valores en
Valladolid, don José María García Tejerina, hermano de la secretaria
general de Agricultura, Isabel García Tejerina, y a otro viejo
conocido en estas tierras, Javier Valenzuela, antiguo responsable de
Gescartera a través de una sociedad en Castilla y León, que fue
también director general de Minería con un famoso consejero que les
sonará a todos ustedes, Miguel Pérez Villar, condenado junto al señor
Valenzuela en el llamado caso de la minería. Fíjese, si hubieran
mirado un poquito, si hubira encontrado condenados, porque si ustedes
lo que pretendían era darle un certificado a una empresa que
solicitaba algo y que estuviera limpia, en vez de mirar para el sitio
equivocado, si hubieran mirado para el sitio correcto, hubieran
encontrado esto. ¿Cómo calificamos esto? ¿Curioso, sorprendente? Yo
creo que esto es una saga donde hay responsables de la Administración
que le daban apariencia de legalidad, ex diputados del PP, asesores
musicales, presidentes autonómicos, amigos y familiares, hermanos y
primos y todos o casi todos relacionados con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Aquí tenemos un club de amigos de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores -de la que usted es presidenta- en
pleno. ¿Usted se ha preguntado cuál ha sido su papel en esta
historia? Yo creo que es para preguntárselo, porque la
responsabilidad es muy grande. Esos 18.000 millones, aparte de lo de
los huérfanos de la Guardia Civil y los de la Armada y alguna otra
cosa más de la Iglesia, parece que son de pequeños inversores, gente
que ha metido ahí sus ahorros; luego usted tendría que estar
preocupada por eso. Si no hubiera habido connivencia y contaminación
en la propia Comisión, que yo no sé hasta dónde llega ahora mismo,
porque sabemos lo que ha salido aquí, no sabemos nada más; si no
hubiera habido información privilegiada, porque parece que unos se
enteraban antes y sí sacaban el dinero; si se hubiera actuado con
diligencia y si esa Comisión hubiera cumplido con sus funciones, así
como todo elconsejo, que, por cierto, fue un consejo como otros en



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estos organismos que tienen mucha importancia reguladora, como hemos
venido repitiendo en esta Cámara, con la Comisión Nacional de la
Energía o con este mismo organismo que ya nos chocó en su día,
veríamos que aquí no se puede poner sólo a personas que tienen una
relación a piñón fijo con el Partido del Gobierno; aquí tienen que
estar profesionales, gente que tenga otro sentido, que responda a la
voluntad democrática de esta Cámara, y no hacer un consejo nacional
del Mercado de Valores que en este caso ha servido para esto, pero
que en otros casos ha servido para otras cosas. No sé si usted se
acordará de la cuestión de Telefónica con el señor Villalonga o de
otra serie de incidencias que ha habido en esta Comisión Nacional del
Mercado de Valores, donde precisamente no ha sido un trabajo
brillante el que ustedes han desempeñado. Yo creo que han ido al
dictado del ministro señor Rato, que fue el que los nombró. Esto es
lo que explica que hoy usted no sepa qué ha pasado aquí y los
españoles no sepamos qué ha pasado en esta empresa. Por tanto, un
organismo que tiene que velar nada menos que por la seguridad en un
tema tan delicado como son las transacciones en bolsa hoy puede estar
en entredicho, y así hay muchas empresas y yo he leído artículos de
presidentes de empresas de bolsa que están desanimados, porque dicen
que si ellos trabajan correctamente por qué tienen que pasar estas
cosas.

Quiero dejar clara una cosa. Este no era ningún chiringuito
financiero. Gescartera era una empresa que tenía todos los vistos
buenos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los
inversores que iban allí lo hacían porque tenían esa garantía. No
vayamos ahora a derivar esto y a decir que es una estafa de un señor
que ha engañado a todo el mundo, como en algún momento de su
intervención parece que le he oído decir, como que estas cosas pasan
que en este caso han pasado y que se han burlado los controles. No,
no se han burlado los controles porque, primero, no los había y,
segundo, porque el controlador estaba relacionado con una afinidad
muy seria con esta empresa. Señora doña Pilar Valiente, estas
empresas no pueden quebrar, una agencia de valores no puede quebrar
o, mejor dicho, puede quebrar porque se gaste más en mobiliario o en
alquiler, pero en todo caso sería una cosa pequeña porque el dinero
que depositan los clientes tiene que estar a nombre de los clientes,
ellas no pueden actuar por cuenta propia. Luego, esto que usted está
diciendo aquí de 18.000 millones desaparecidos es posible porque
ustedes no han actuado correctamente en este caso, y esperamos que
solamente sea en este caso. Tienen que vigilar que la ley se cumple,
y la ley en este tipo de empresas dice taxativamente lo que pueden
hacer y lo que no pueden hacer. Para eso existe la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, que la pagamos todos los españoles, para que
vigile y tengamos la seguridad de que las empresas están actuando de
esa forma.

Quiero con brevedad pedirle que nos traiga y que nos dé una
información que necesitamos, porque como usted comprenderá esto no
puede quedar así, en el sentido de que con esta nebulosa tenemos que
saber qué ha pasado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y cómo está esto para el futuro. Por eso necesitamos que a la mayor
brevedad nos remita la siguiente información, y las preguntas que nos
pueda responder aquí, encantado.

En relación con el expediente a que fue sometido Gescartera Dinero
cuando era sociedad de cartera nos hace falta que nos de la fecha
exacta de los hitos principales del procedimiento, nos ha dicho
algunas, pero necesitamos saber cuál fue la fecha de apertura de la
resolución, el contenido literal exacto de la resolución
sancionadora, y a qué personas físicas afectó. ¿Contenía esta
resolución alguna prohibición de ocupar puestos directivos en
entidades supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores?
En relación con la autorización para la transformación de Gescartera
en sociedad de cartera y agencia de valores, ¿le parece a usted
normal un período de seis meses desde la resolución de un expediente
de este tipo? ¿En qué fecha emitió la Comisión Nacional del Mercado
de Valores la propuesta de resolución favorable y de qué órganos
internos de la Comisión Nacional procedían los informes que
sustentaban tal propuesta favorable? Yo creo que lo mejor es que nos
envíe el expediente completo que le remitieron al Ministerio de
Economía, me parece que es lo más fácil. ¿Hubo debate en el consejo
sobre este asunto? Ha dicho usted que la resolución fue por
unanimidad. La autorización del Ministerio de Economía está basada, y
el propio informe que aprueba la Comisión Nacional hace hincapié en
ello, en una autorización condicionada a que se cumplan determinados
supuestos. Se lo he preguntado antes, ¿cómo cambiaba la solvencia y
la honorabilidad de los directivos de Gescartera por el hecho de que
la Fundación Once tuviera el 10 por ciento del capital? Porque usted
ha expresado dos cuestiones: una, que la Fundación Once participara
en el capital y, otra, la honorabilidad de los miembros del consejo
de administración. ¿Cuáles eran las razones que daba el consejo para
que la Fundación Once le diera honorabilidad a este consejo, o cuál
era la razón por la cual tenía que estar una fundación determinada
con un capital determinado, y si era así era aprobado y si no era
así, no? ¿Había alguna razón de peso? ¿En el período anterior a esta
autorización comunicaron los directivos de la CNMV a los de
Gescartera la necesidad de que se cambiara este consejo, en el
sentido de que, como usted ha insinuado, dejaran el consejo Antonio
Camacho Friaza y José María Ruiz de la Serna?
En relación con la inscripción de Gescartera en el Registro de
Agencias de Valores dimiten los señores Camacho y Ruiz de la Serna
como consejeros y son nombrados Pilar Giménez-Reyna como presidenta,
y



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Pichel, de la Once, como consejero delegado. ¿Es normal que
transcurra un período de cinco meses entre la autorización y la
inscripción? Y si no es normal, ¿cree usted que se debe a alguna
causa determinada? Si los nombramientos de los órganos de gobierno de
las entidades supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores son notificados a ésta, ¿cuándo conoció la CNMV los cambios
en los órganos de Gobierno de Gescartera? ¿Comunicaron los directivos
de la CNMV a los de Gescartera que los cambios en el consejo de
administración eran condición necesaria para que se inscribiera la
sociedad en el registro? ¿ Y a pesar de que el señor Camacho y el
señor Ruiz de la Serna habían sido objeto de sanciones, seguían
manteniendo, según las indicaciones del señor Camacho, las relaciones
estables institucionales con Antonio Botella, director de supervisión
de la Comisión Nacional, a pesar de no tener en esos momentos ningún
cargo en el consejo? ¿Sabía la presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores que esto ocurría en el seno de la Comisión?



En relación con las actuaciones de supervisión e intervención
realizadas por la Comisión Nacional, ¿en qué fecha detectó la
Comisión la existencia de posibles irregularidades en la gestión de
Gescartera? ¿Cuándo se pone en marcha ese procedimiento? ¿Por qué
razón, por qué se detecta? Hay una denuncia de alguien, ¿es de
oficio, cómo ocurre y en qué fecha? ¿Existe alguna queja o
reclamación en la Comisión Nacional -creo que ha dicho usted que no,
pero yo se lo pregunto taxativamente- referente a Gescartera a partir
de marzo de 2000? ¿Detectó alguna irregularidad la Comisión Nacional
en el examen de las informaciones trimestrales de Gescartera
correspondiente a los tres últimos trimestres de 2000 y al primer
trimestre de 2001? ¿Cuándo conoció la Comisión Nacional del Mercado
de Valores la auditoría de 2000 de Gescartera? Teniendo en cuenta los
antecedentes de Gescartera, ¿realizó la Comisión Nacional alguna
actuación singular en relación con la citada auditoría o simplemente
se la creyeron? Creo recordar que en el caso anterior, en el caso
Ava, también había una auditoría favorable y que tampoco revelaba
ninguna información extraña. Si la Comisión Nacional decidió la
intervención porque las certificaciones presentadas por Gescartera
respecto a la localización de los fondos líquidos de sus clientes
eran falsas ¿cuándo había pedido por primera vez la Comisión Nacional
del Mercado de Valores a Gescartera que le presentase tales
certificaciones de localización de los fondos líquidos y por qué
retrasó la intervención hasta el 24 de junio de 2001?
En relación con las causas que motivan esta situación y las
propuestas para evitarlas en el futuro, ¿cree usted que la causa de
todo esto es independiente del marco regulatorio y de la gestión de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Ya nos ha dicho que
no, pero quiero conocer exactamente lo que usted opina.

Por otro lado, quiero hacerle unas preguntas puntuales muy
telegráficas. ¿Cuántas sanciones se imponen a Gescartera, cuándo y
por qué causa, antes y después de su conversión en agencia de
valores? ¿Las reiteradas infracciones no suponen en la Comisión
Nacional el encendido de todas las señales de alarma, máxime después
de lo sucedido en el caso Ava, o quiere decir que esos controles que
ustedes tienen como norma fallaron o no se realizaron? Me parece que
se lo he pedido antes, pero si no se lo pido ahora formalmente,
queremos el expediente completo de conversión de Gescartera en
agencia de valores. ¿Disponía la Comisión de los suficientes datos
económico-financieros de la entidad y de la regularidad en la
llevanza de sus registros al elevar la propuesta? y cuando se eleva
la propuesta favorable ¿dispone en ese momento de todos los datos y
toda la información que le fue requerida a Gescartera que según usted
decía al principio no se la enviaron? Se supone que una vez que
ustedes elevan el expediente es porque ya se los han enviado y tenían
todos esos datos. No sé si entiende bien la pregunta y se la vuelvo a
formular otra vez porque me parece importante. La pregunta es si
disponían de todos los datos que ustedes pidieron a Gescartera cuando
elevaron la propuesta favorable a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. ¿Considera que los gestores de Gescartera, en especial doña
Pilar Giménez-Reyna, cumplían las condiciones de experiencia y
cualificación profesional y técnica? ¿Conocían los miembros del
consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la propuesta
favorable elevada al ministro y quién la firmó o quién la presentó?
Porque alguien sería? ¿Conoce usted si el ministro de Economía
solicitó alguna información complementaria antes de proceder a la
autorización? ¿Por qué la inspección al parecer da a conocer posibles
riesgos e irregularidades de Gescartera selectivamente a algunos
clientes? Sabe usted que ha habido declaraciones públicas en algún
caso que han dicho que esto había pasado. ¿Por qué después de esto no
se supervisó de forma reforzada y sistemática esta entidad? ¿Podría
facilitarnos las actas del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores donde se trata algún tema relacionado con
Gescartera? ¿Comprobó la Comisión Nacional del Mercado de Valores si
los valores efectivos y operaciones en curso de cada cliente se
mantenían separados del resto de los clientes y del propio gestor
antes y después de que se interviniera? Porque ya nos ha dicho que
después de la intervención es lo que están investigando, pero, ¿antes
se comprobó en algún momento? Le he dado algunos nombres de miembros
de la Comisión Nacional que han pasado a Gescartera. Me gustaría que
me dijera si hay alguno más o si hay algún miembro en el transcurso
de los últimos cinco años -eso es fácil verlo- de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que haya pasado a



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esta entidad o a cualquier otra y que mantenga una relación con la
Comisión Nacional del Mercado de Valores por su actividad en la nueva
empresa. ¿Conocía usted o conoció en algún momento como presidenta de
esta Comisión que entre los clientes de Gescartera se encontraban los
huérfanos de la Guardia Civil, la Mutualidad de Previsión Social de
la Policía, el Servicio de Seguridad Social de la Armada y la Iglesia
católica? ¿Conocía que alguno de estos clientes eran de Gescartera o
le llegó en algún momento alguna preocupación de estas entidades o de
otras? Por último como pregunta, ¿existen mecanismos de colaboración
entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria?
Aunque implícitamente está en muchas de las preguntas, ¿tiene usted
como presidenta de la Comisión Nacional o la propia Comisión Nacional
indicios de que Gescartera podría estar actuando por cuenta propia
y gestionando dinero ajeno? Habitualmente, si esto ocurre en algún
caso, ¿qué hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Ya sé
que no habrá hecho nada porque no habrán detectado ningún caso, es
evidente.

Termino mi intervención simplemente con algo que me parece elemental.


En este caso, si fuera el primero que estuviéramos viendo podría
tener usted alguna razón o podría tener alguna escapatoria en el
sentido de que es la primera vez que pasa, no sabemos, pero es la
segunda vez. Desde que gobierna el Partido Popular, la era esta tan
lustrosa para nuestro país, es el segundo proceso de desplume -¿sabe
lo que quiere decir desplumar?- por un timo utilizando la estampilla
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este es el segundo,
el primero me parece que fueron 15.000 millones, éste no sabemos
todavía de cuánto va a ser pero creemos que tendrá un volumen
relevante. Hay implicadas personas honorables -hasta este momento,
claro- que están imbricadas con la Administración del Estado,
relacionadas con el Partido Popular y con las instituciones. Creemos
que es un caso gravísimo para nuestro país, para el sistema de
seguridad que tiene que presidir estas transacciones y las
inversiones en Bolsa, y paradigma de toda una época en la que los
controles y la regulación del sector público brillan por su ausencia;
más bien estamos en presencia de una práctica que desde la dictadura
no se conocía. Usted se acordará -si no lo habrá leído- de que la
dictadura en nuestro país tenía las leyes mejores en cuanto a
protección social, eran magníficas, pero es porque no había ningún
inspector ni nadie que fuera capaz de certificar una irregularidad.

Vamos camino de un caso parecido. Nos estamos dotando de organismos y
de leyes que en teoría protegen a los inversores, que protegen a los
consumidores, sea en los temas de la energía o en cualquier otro,
pero los organismos que tienen que velar por ello no actúan o lo
hacen en connivencia con los empresarios desaprensivos de cualquier
sector.

Agradecemos su intervención, pero queremos decirle que para nada
hemos tenido la sensación de que usted haya actuado correctamente
como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El
quebranto para muchas familias es grave y nosotros no estamos
satisfechos. Esperaremos a que dé todas las contestaciones y
actuaremos en consecuencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el diputado señor Padrol.




El señor PADROL I MUNTÉ: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia ante esta Comisión, en esta tarde del 2 de agosto, de
la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
informar respecto de las distintas cuestiones que han envuelto la
crisis de la Agencia de Valores Gescartera. Quiero agradecer
sinceramente la amplitud, la extensión de los datos que nos ha
ofrecido la presidenta de la Comisión por cuanto nos ha hecho un
relato puntual de los hechos producidos durante lo que podríamos
llamar el desencadenante de la crisis de Gescartera que arranca el 19
de abril de este año con el requerimiento de la Dirección General de
Supervisión. También nos ha desgranado los hechos que podríamos
llamar del historial del Gescartera y de su entorno, arrancando en
junio de 1992, cuando se inscribe en el registro como sociedad
gestora de carteras y las actuaciones posteriores a la fecha de la
intervención de la entidad en junio de este año, con la remisión al
ICAC de la singular auditoría realizada a esta entidad, la
colaboración que se está produciendo entre el Banco de España, la
Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el organismo
judicial, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional. Lo cierto es que mi grupo político, el Grupo Parlamentario
de Convergencia i Unió, quisiera efectuar una intervención dividida
en dos partes: en primer lugar, hacer una valoración de los hechos
acaecidos con incidencia en las posibles responsabilidades en que se
haya podido incurrir por los distintos actores, directos o
indirectos, en la crisis de Gescartera y, en segundo lugar, el
balance sobre a qué reflexiones para el futuro nos tiene que inducir
el que se haya producido esta situación que ciertamente es grave y
que nos tiene que preocupar como españoles, como ciudadanos y como
políticos, con la posibilidad, por tanto, de llevar a cabo acciones
que puedan incidir en este tipo de cuestiones que afectan o que
pueden afectar, qué duda cabe, a la tranquilidad de los inversores.

En cuanto al análisis de los hechos ocurridos existe un primer ámbito
muy claro, clarísimo, para efectuar un balance de responsabilidades:
el de los gestores de Gescartera. El juicio, con todas las
salvaguardas de la actuación judicial en curso y el sumario secreto,
qué duda cabe que nos tiene que merecer un reproche, no ya sólo -con
todo el respeto al procedimiento en



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curso- en cuanto al contenido del Código Penal, si finalmente estas
conductas acaban siendo calificadas como delito, sino una reprobación
desde la ética y desde la moral en lo que es la gestión de dineros
ajenos y, por defraudar la confianza legítima de particulares e
instituciones, que depositan o hacen una aportación de sus ahorros,
en algunos casos ciertamente llamativo por las instituciones de que
se trata y por la finalidad de protección social que les es
inherente. Por tanto, este fraude a la confianza legítima depositada
por los ahorradores nos tiene que hacer expresar un reproche, tanto
desde la óptica del derecho, esperando ver cómo acaba la tramitación
del sumario, como desde la óptica de la ética y de la moral, y así
debemos afirmarlo con contundencia.

No me extenderé más respecto a la actuación de Gescartera,
simplemente queremos instar a cualquier institución que desarrolle
una función pública que permita esclarecer lo que ha ocurrido a que
exija las responsabilidades que puedan generarse y busque de la forma
más eficaz posible el dinero que ha sido distraído, así como a que su
colaboración sea intensa y eficaz.

Evidentemente, usted está aquí como presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y debemos reflexionar sobre lo que ha
ocurrido, sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en relación a la crisis de Gescartera. Desde este punto de
vista, agradezco particularmente el desglose de fechas que usted ha
efectuado respecto a los distintos supuestos en que Gescartera ha
entablado relación con la función de supervisión que desarrolla la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, relación que se inicia en
el año 1992 con la inscripción en el registro, que continúa en
términos esenciales en julio de 2000 con la transformación en agencia
de valores aprobada por el consejo de la Comisión, después las
sanciones el mismo día, en julio de 2000 y, posteriormente, el
desencadenamiento de esta crisis a partir del día 19 de abril hasta
el 14 de junio de este año 2001.

Si mi memoria no me falla, usted es presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde octubre de 2000, y lo que
ocurre a partir de esa fecha, que es cuando usted asume esa alta
responsabilidad para los sectores financieros españoles, es la
actuación, primero, de la Dirección General de Supervisión; las
contestaciones de 7, 14 y 25 de mayo de 2001; el nuevo requerimiento;
el nuevo instar a contestar el 13 de junio; la acreditación de la
farsa de los certificados, como consecuencia de actuaciones
efectuadas desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la
rápida intervención de la entidad. Por tanto, en cuanto a su papel
como la más alta responsable de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que asume a partir de octubre de 2000, estas actuaciones que
se producen no merecen, desde nuestro grupo parlamentario, un juicio
de incorrección. Es más, a partir de que usted es presidenta, la
Comisión actúa sin reclamación previa
por parte de ninguno de los afectados. Por ello tenemos que decir que
nos parece correcta pero, insisto, acotando el momento en que, usted,
autoridad compareciente esta tarde en esta Comisión, asume la alta
responsabilidad como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores; lo que ocurre a partir de esta fecha, no nos merece en
absoluto un juicio negativo de falta de diligencia. Desde este punto
de vista nos parece importante el hecho de que no hubiera habido
reclamación previa. Esto no quita gravedad a lo que ha ocurrido, pero
hoy ante usted, como autoridad compareciente en esta Comisión,
queremos hacer este pronunciamiento, basado en los hechos que usted
nos ha aportado y hemos conocido aquí. No nos parece que usted haya
sido una presidenta negligente, no nos lo parece, nos parece que ha
actuado con corrección desde que asumió las riendas de la Comisión
Nacional.

En cuanto a futuro, cierto es que una situación como la que ha
acontecido tiene que llevarnos a una reflexión política. Usted decía
en su intervención algo que es cierto: el fraude se basa en el
oscurantismo por definición. Eso evidentemente es cierto, pero
también lo es que una situación de decepción a determinados
impositores o ahorradores, hablando con mayor propiedad ahorradores,
sobre todo pequeños ahorradores y a veces pequeños ahorradores que
han canalizado expectativas de cobertura de situaciones de previsión
social a través de esta entidad Gescartera, nos debe llevar a una
reflexión que tienda a satisfacer dos intereses que están en juego:
en primer lugar, el del concreto ahorrador que está afectado y
perjudicado. Desde este punto de vista queremos instar al Gobierno a
que ponga, a la mayor brevedad posible, en plena operatividad el
fondo de garantía que permita cubrir a las personas que, estando en
estas situaciones, ven lesionados sus concretos intereses
patrimoniales legítimos como consecuencia de la actuación de personas
desaprensivas y presuntos delincuentes. Instamos al Gobierno a que
tome estas medidas de desarrollo del fondo de garantía a la mayor
rapidez posible. Porque lo cierto es que, con un organismo de
supervisión de mercados financieros absolutamente homologable con el
de los países de nuestro entorno, el objetivo político de todos los
que tenemos papel político o gestor, desde la política parlamentaria
o política gestora es que estas situaciones no deben volver a
producirse, pero hay que prever los mecanismos de reacción por si
vuelven a ocurrir. Hay que estar encima, muy encima de estos
problemas, porque nos lo demanda la sociedad, pero hay que poner en
plena operatividad este fondo de garantía para que si se produjera
otra vez una circunstancia grave como la ocurrida, se pueda mitigar
este daño a los pequeños ahorradores particulares que se hayan visto
lesionados por estas situaciones.

Una segunda óptica es la del sistema financiero. En primer lugar, la
del particular ahorrador y, en segundo lugar, la del sistema
financiero en general, el efecto inducido. Desde este punto de vista,
también queremos



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hacer una llamada a la responsabilidad. No podemos decir que el
sistema financiero español tiene una pérdida de credibilidad; no lo
podemos ni lo queremos decir desde una óptica responsable. Lo cierto
es que habido una situación grave, con un volumen cuantitativo
importante, que excede de los 18.000 millones de pesetas, y de la
misma forma en que nuestro juicio no debe ser general sobre el
sistema financiero, porque sería una irresponsabilidad efectuarlo, la
verdad es que debemos plantearnos cualquier medida adicional que
refuerce el papel de los organismos de supervisión y control. Una
cosa no quita la otra. El que no se dramatice no tiene que excluir la
responsabilidad que tenemos de dotar de los máximos recursos y de la
infraestructura material, personal y de medios legales al alcance de
los organismos supervisores, para que esta función pueda
desarrollarse con mayor intensidad, si cabe, en el futuro. Desde este
punto de vista, creemos en mi grupo parlamentario que la próxima ley
financiera que debe remitirse a esta Cámara, conocido es que debe
remitirse a esta Cámara en forma de proyecto de ley, puede ser un
vehículo interesante para reflexionar sobre si hay pasos adicionales
que dar, que seguro que los hay, siempre los hay sin que ello suponga
un juicio negativo sobre la situación actual -que lo he indicado
anteriormente-, para que la función supervisora de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y del resto de instituciones que
tengan participación y responsabilidad en la supervisión de la
seguridad y la confianza de este tipo de operaciones y transacciones
pueda reforzarse y tenga que reforzarse.

Estos son los puntos en los que quería basar la intervención como
portavoz de mi grupo parlamentario: el balance de lo producido y las
lecciones que podemos extraer de cara al futuro, siempre desde un
punto de vista de responsabilidad y de frialdad, porque creo que la
responsabilidad ante el sistema financiero general nos lo exige, y
hay que ser muy serios y valorar la gravedad del hecho, pero no
provocan extrapolaciones que podrían resultar peligrosas y dañinas.

Muchas gracias, señora presidenta, por su intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el diputado señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, gracias a la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores por su presencia.

Una sociedad de servicios de inversión se dedica a captar fondos, a
lavar dinero negro, a enriquecer a sus gestores ilícitamente, a no
invertir los fondos depositados y, al mismo tiempo, está rodeada de
lo que yo llamaría los hermanísimos, que en este país los
hermanísimos son muy hermanos; instituciones vinculadas a esto y a
altos responsables de instituciones: la ONCE,
presidente de una comunidad autónoma como Zaplana, un cantante... Solo
falta el torero (Risas.), ya solo falta el torero para tener ya
secuencia total de lo que ocurre en algunas áreas de nuestra
economía, de las finanzas, de la Bolsa, en definitiva, de la
especulación. Esta sociedad de servicios de inversión agasaja también
a altos responsables de la Administración pública, porque junto a la
Guardia Civil me imagino que hay más gente, con servicios de alto
standing, de lujo, muy necesarios por lo que se vé, para el
funcionamiento adecuado de la inversión en este país, del sistema
financiero, de la Bolsa, del negocio, etcétera. Es decir, es una
sociedad de servicios de inversión que roba, defrauda a Hacienda,
lava dinero de procedencia ilegal, soborna a funcionarios públicos
con importantes responsabilidades, falsifica recibos bancarios,
etcétera. ¿Estábamos hablando hace unos meses o hace un año de una
sociedad de servicios de inversión desconocida en nuestro país? No.

Gescartera fue investigada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que llegó en su momento a ponerle una sanción por
irregularidades, en concreto captar dinero sin autorización, en 1993
si no recuerdo mal, y luego fue investigado en 1999 un agujero de
1.000 millones de pesetas. Y es en este momento, con estos
antecedentes que afectan a personajes conocidos y muy concretos,
cuando se aprueba por la Comisión la transformación de esta sociedad
de servicios de inversión, servicio público obviamente, en agencia de
valores. Todo ello causa una alarma en la Comisión y ésta informa al
Ministerio de Hacienda, pero parece ser que no hay una actuación
contundente por parte del ministro de Hacienda ni del Ministerio de
Economía, que en vez de actuar clara y contundentemente intenta
evitar el escándalo. A mí me merece mucho respeto el sistema
financiero, las inversiones, los inversores, todo el mundo, pero yo
creo que todo el respeto a esta gente debe estar fundamentado en
leyes que se cumplan de forma rigurosamente estricta y que las hagan
cumplir los organismos que tienen las responsabilidades concretas
para que se cumplan estas leyes, siendo la Comisión Nacional del
Mercado de Valores uno de estos organismos fundamentales. En
definitiva, Gescartera ha timado a cientos de pequeños inversores, a
la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, a la Mutua de la
Policía, a la Armada, al Arzobispado de Valladolid, al de Astorga, a
una ONG católica y no se sabe más. Es paradójico que a la Iglesia le
coloquen el timo de la estampita. Con la experiencia de 2000 años que
tiene, que le coloquen el timo de la estampita, ya es. (Risas.)
Implicaciones jurídicas de todo esto, señor presidente. De estos
hechos se derivan responsabilidades civiles y penales para la
auditora privada que auditó Gescartera, pero que se deriven
responsabilidades civiles y penales a esta auditora no quita que el
Gobierno pueda desviar este asunto hacia la auditoría privada que se
hace. La Comisión Nacional del Mercado de valores ya



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es una superauditora, además pública, con absolutas responsabilidades
y obligaciones en este caso concreto y en todos. Además, entiendo que
tiene toda la infraestructura, todos los conocimientos, todo lo
instrumental para investigar hasta las últimas consecuencias y, si no
lo tiene, será cuestión de que se plantee un debate en este
Parlamento para dotar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de todos esos instrumentos, humanos y de todo tipo, y luego me
referiré en concreto a lo de humanos.

También hay responsabilidades políticas de los miembros del consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se deben ver en
concreto y nosotros lo queremos ver a través -ya lo avanzo- de la
creación de una comisión de investigación en este Parlamento, que
permita abordar todos estos asuntos y muchos más, para llegar a
conclusiones que sean dar un paso más en el control democrático de lo
que son las finanzas, las inversiones en nuestro país y en un control
y persecución de lo que es el fraude, el crimen económico, etcétera.


Además de todo eso -de que es necesario conocer la actuación exacta
de todos los miembros del consejo y de la Comisión-, es
incuestionable que el ministro de Hacienda ha sido informado de todo
este asunto y que sólo ha decidido actuar en el plano administrativo
y colaborar con la justicia una vez que el escándalo ha estallado en
los medios de comunicación.

En resumen, podemos apreciar, como mínimo, las siguientes violaciones
de la normativa vigente por parte de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y de los ministerios de Hacienda y Economía. En primer
lugar, obligación de la Administración de servir con objetividad a
los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al
derecho, según el artículo 103.1 de la Constitución. En segundo
lugar, obligación de la Comisión de garantizar el recto actuar de las
empresas de servicios de inversión, así como la protección de los
inversores, mediante una supervisión adecuada, una inspección
adecuada, la sanción cuando sea necesario, e incluso mediante la
elevación, cuando sea preciso, de propuestas de medidas al Ministerio
de Hacienda, según los artículos 13, 83 y siguientes de la Ley 181/
1988, del mercado de valores. En tercer lugar, en esta línea de
control, el Gobierno no ha utilizado su control prácticamente
absoluto sobre el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para garantizar los derechos de los inversores de Gescartera
y para perseguir a los delincuentes que dirigían la citada empresa,
tal como está mandatado por los artículos 17 a 20 de la citada Ley
181/1988, del mercado de valores.

El Ministerio de Administraciones Públicas no ha velado por el
cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades en el caso
del señor Ramallo, según el artículo 21 de la Ley 181/1988, del
mercado de valores, en conjunción con la Ley 12/1995, de
incompatibilidades de altos cargos. Y lo más importante, a nuestro
entender, el Ministerio de Hacienda no encabeza la persecución del
delito. Pone sanciones administrativas -bueno, puede poner-, pero da
la impresión de que lo hace más bien para no entrar en el fondo del
problema. De hecho, tiene la posibilidad de imponer sanciones
administrativas fuertes; por ejemplo, la suspensión temporal y/o la
revocación de la autorización de actuar a Gescartera, según los
artículos 73-75 de la misma Ley 181/1988, del mercado de valores.

Igualmente cabría el traslado al ministerio fiscal o a la Fiscalía
Anticorrupción de las responsabilidades civiles y penales, pero no lo
hace. Estando perfectamente informado, el Ministerio de Hacienda mira
hacia otro lado, impulsa tibias sanciones -como he dicho antes- y
lanza el grito al cielo y promete colaborar con la justicia cuando el
escándalo y las denuncias judiciales están ya en la calle. Es decir,
actúa cuando el bosque está ardiendo ya por los cuatro costados y no
antes con la prevención. Resumiendo, hay responsabilidades jurídicas,
administrativas y políticas. Quienes conocieron esta situación y no
hicieron lo necesario han sido el Ministerio y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

Ante todo ello, hago unas preguntas para su respuesta política
-procuraré ser muy esquemático, sucinto, resumido- y luego enunciaré
las propuestas que haremos, que no corresponden a esta Comisión pero
que anuncio que plantearemos también de forma inmediata. Las
preguntas son: ¿Por qué no se hace pública la sanción de 1999 que,
como mínimo, hubiese puesto en igualdad de condiciones a todos los
inversionistas?
Como da la impresión, por la explicación que ha dado la señora
presidenta de la Comisión, de que no tiene demasiada importancia,
pregunto: ¿No influye en nada la coincidencia de tres hermanos, uno
como presidente de Gescartera, otro como número dos en el Ministerio
de Hacienda y otro como coronel de la Guardia Civil, respectivamente,
y me parece que ahora sale otro en la SEPI? Además, la Guardia Civil
es uno de los principales inversores a través de la Asociación de
Huérfanos de la Guardia Civil. ¿No tiene ninguna importancia que la
gerente sea la primera persona dedicada al desarrollo comercial y a
captar fondos de Defensa, de la Armada y de la Guardia Civil, entre
otros? ¿Es posible que no se utilizara el nombre del Gobierno? En
todas partes ha salido, y esta señora lo acaba de declarar, que
seguramente la captaron para esta Presidencia porque tenía unas
relaciones estables y fluidas con personajes importantes de la
política y por tanto del Gobierno. ¿Qué explicación tiene el hecho de
que se hayan comprometido intereses muy superiores a los del mercado?
¿Cómo no se detectó a tiempo la forma de funcionar de Gescartera, que
durante un año sólo realiza operaciones ficticias y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores no se entera? ¿Cómo han funcionado
los inspectores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿ Y
cómo no se detectó a tiempo -se puede decir que se trata de un



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elemento aleatorio, ya que como esta empresa es privada, al igual que
se nos dice en otras respuestas, no se puede analizar lo que hace;
no, no; se tiene que analizar todo en este país, la política tiene
que analizarlo todo, empresas privadas y personas particulares- la
forma de vivir, los gastos de Antonio Camacho, propietario de la
agencia de valores? Porque parece que en este país la gente va como
si estuviese en un escaparate, luciendo el dinero que gana de forma
deshonesta y no pasa nada. ¿Por qué se avisa a algunos inversionistas
-Defensa, Arzobispado de Valladolid- y no a otros? Se ha jugado con
dinero negro. ¿En qué cantidad, 10.000 millones, 20.000, 50.000?
Sería interesante saberlo. ¿Es cierto que una serie de oficinas de
Gescartera no están registradas y en su caso no aparecen en la
auditoría? ¿Quién realizó la auditoría y qué responsabilidades se van
a pedir? ¿Por qué se autorizó la transformación de Gescartera en
agencia de valores, con los antecedentes de los personajes implicados
y los de otros cuyos nombres han salido aquí y que yo no tengo porque
no los conocía? Esto ya es motivo de una comisión de investigación.

Un montón de preguntas y cuestiones que se han hecho aquí. ¿Cuál es
la situación laboral, señora presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, de los empleados de la Comisión? ¿Por qué el
trasiego de la Comisión hacia las sociedades gestoras, trasiego de
personas que han trabajado en la misma y que luego van a las
sociedades gestoras, conociendo a fondo todo lo que es el trabajo de
la inspección y del control? ¿Cuál es la situación de esta gente?
Porque parece ser, se ha publicado alguna noticia, que muchas de
estas personas tienen contratos precarios, están en condiciones
deficientes, etcétera, y yo creo que en un organismo de la entidad de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores -en ningún sitio, está
claro- no debería haber gente que trabajase en condiciones precarias
o que tenga que ganarse la vida de otra forma que no sea a través del
cumplimiento estricto de las normas legales o de hacer cumplirlas.

Entre otras cosas, lo anuncio ya, vamos a proponer una investigación
de la Fiscalía Anticorrupción para las responsabilidades penales y
que se revisen las declaraciones de renta, patrimonio y sociedades de
las personas físicas o jurídicas afectadas por el caso. No todo el
mundo es ingenuo o pierde el dinero porque es tonto o porque no se da
cuenta. En este mundo hay de todo. ¡Estaría bien! Vamos a pedir una
comisión de investigación, con un contenido concreto y claro: qué
cantidad de dinero negro hay, qué enriquecimiento ilícito ha habido,
qué fraudes se han producido a Hacienda, que se han producido; la
hipótesis. La relación de Gescartera con altos cargos de la
Administración, del Partido Popular, en lo que corresponda. Dirimir
las responsabilidades de todos y cada uno.

Señor presidente de la Comisión, diputados y diputadas, Hipercor fue
un juego de damas, un juego de niños, comparado con esto, por lo que
más vale hacer
frente a todo esto con contundencia. (Varios señores diputados:
Ibercorp). Sí, Ibercorp, perdón. Y, finalmente, establecer la figura
del defensor del inversor, que Izquierda Unida viene proponiendo sin
éxito desde hace tiempo. No es que confiemos de una forma ciega en
esta figura, pero pensamos que puede ser otro elemento más de
control, de verificación, entendiendo que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en todos los temas que estamos tratando estos
días, es o debe ser la máxima garantía para el cumplimiento estricto
de la ley en todos estos asuntos. Por tanto, es fundamental el
esclarecimiento a fondo de responsabilidades que haya, por acción o
por omisión, de personas concretas o por el conjunto de la Comisión.

En definitiva, nosotros pensamos que hoy se ha hecho un primer
escarceo en relación con todos estos temas, un primer análisis, pero
que esto debe ser seguido de forma inmediata, con las
responsabilidades de este Parlamento, adoptando las medidas
oportunas. Nosotros hemos planteado alguna, otros grupos han
planteado otras, pero es necesario, de la misma manera que en otras
ocasiones, por casos que no han tenido la entidad, el volumen y la
importancia de éste, se ha creado una comisión de investigación. En
este Parlamento, en sus comisiones, se ha convocado a mucha gente que
a veces tenía una relación más indirecta incluso que muchas de las
personas que hoy se han citado aquí, las cuales tienen una relación
muy directa en muchos casos con todo lo que estamos tratando.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el diputado señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y
gracias también, como parlamentario, por la manera en que está
aplicando el Reglamento, que nos permite a los señores diputados
expresarnos libremente en este complicado y grave problema.

Señora presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
muchas gracias por su comparecencia aquí a petición propia. Yo
quisiera hacer una primera reflexión, antes de las preguntas que en
este asunto me demanda mi grupo parlamentario. En primer lugar,
nosotros queremos adoptar una posición constructiva y resolutoria de
los problemas que se puedan derivar de esta desagradable y lamentable
experiencia. No en vano me decían hace poco que estamos en un mes
agosteño, clásico de incendios forestales y, si nos faltaba alguno,
aquí tenemos un incendio financiero, en el que, afortunadamente, el
presunto pirómano, por decisión de la juez doña Teresa Palacios, está
detrás de las rejas en este momento, en prisión.

Nos encontramos ante un caso de alarma social, ante una presunción de
una estafa a gran escala, de muy graves consecuencias, y mi grupo
desea que funcione el



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sistema jurídico y de protección español, basado fundamentalmente en
dos instituciones, en primer lugar, la institución judicial, como no
podía ser menos, residenciada en este caso en la Audiencia Nacional,
y, en segundo lugar, en la institución de que el Estado de derecho se
dotó para ordenar el sector financiero y de valores, como es la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, que usted preside. A las
responsabilidades de su mandato de presidenta yo también quiero
circunscribirme, como anteriormente, en sentido parecido, lo hacía el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Sí
quiero significar que en este ámbito competencial se produce un
triángulo: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Audiencia
Nacional y Administración, en este caso del Ministerio de Economía
y también del Ministerio de Hacienda, pero concretamente el Ministerio
de Economía.

Mi grupo entiende que este caso no ha hecho más que empezar. Es un
caso grave de presunta estafa, con una estructura de ingeniería de
engaños muy sofisticada y complicada en la que la figura de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores va a tener que seguir
jugando un papel muy importante. Pero, dada la estructura con que la
Ley del mercado de valores dibujó y diseñó las competencias de la
Comisión Nacional que usted preside, en usted, señora presidenta, por
el carácter presidencialista, en gran parte, que tiene en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, está residenciada una alta
responsabilidad y mi grupo va a ayudar a toda la institución por el
Estado de derecho, para que predomine el principio de credibilidad.

En primer lugar, lo que ha ocurrido tiene que servir de advertencia
a todo el segmento financiero español para el cumplimiento estricto de
la norma. Tiene que haber un principio de solidaridad y, si no está
por ello, lo tiene que aplicar la Administración a través de sus
instrumentos, es decir, el Poder Judicial y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. En segundo lugar, ante un caso como el presente,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede plantear también a
la Administración, como seguramente se lo planteará esta Cámara,
medidas de actualización y de corrección de la actual legislación. Si
es preciso modificar, a través de las iniciativas parlamentarias
pertinentes, del Gobierno o de los grupos parlamentarios, la actual
legislación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Ley
del mercado de valores en España, hágase, precisamente para
garantizar la confianza en el sistema, porque son fundamentales los
principios de fiabilidad, de credibilidad y de seguridad que debe
tener el sistema. Aquí están afectadas muchísimas personas, pero
también están afectadas las instituciones. Frente al daño a personas
físicas, está el daño a personas jurídicas y a instituciones de la
Administración.

Nosotros entendemos que se están adoptando, por su Presidencia, unas
medidas inmediatas de impulso corrector, posiblemente por el
conocimiento que usted
tenía de su época anterior de miembro del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, pero yo me quiero circunscribir a su
época de presidenta y quiero decir que se ha actuado diligentemente.

Aquí le haría la primera pregunta: ¿La decisión de llevar el asunto a
la Audiencia Nacional fue la consecuencia inmediata del acuerdo de
intervención del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores? Usted ha repetido varias veces que los acuerdos que tomó la
Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron por unanimidad. ¿Éste
fue un acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
reflejado en acta, o fue una decisión personal como presidenta? De
acuerdo con la Ley que regula la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por su carácter presidencialista, usted tiene facultades
para tomar la iniciativa de llevar el asunto al ámbito competencial y
jurisdiccional de la Audiencia Nacional y, a mi juicio, desde los
puntos de vista de credibilidad y de eficacia en la responsabilidad
que tiene, es muy importante que eso quede suficientemente aclarado.

Nos estábamos encontrando ante las actuaciones de lo que un ciudadano
normal puede calificar como auténtico granuja. Empleo con toda
responsabilidad esta palabra, dado que granuja no está en el Código
Penal pero lo entiende el ciudadano, y hoy en día la juez Teresa
Palacios le considera presunto delincuente y por eso le ha puesto a
buen recaudo, en la prisión. Y son necesarias las transparencias y
credibilidades pertinentes. ¿De la decisión que usted ha tomado se
deduce que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no tenía ya
otra capacidad de actuación sobre los responsables directos de
Gescartera para tener que pasar esa responsabilidad, complementaria y
penal, de presunción penal, a la Audiencia Nacional?
De todo lo que usted nos ha expuesto con gran claridad y sistemática
-y la quiero felicitar por ello, señora presidenta-, con un
seguimiento secuencial, cronológico, de todas las incidencias,
incluso de aquellas que como usted bien ha señalado contravienen el
principio de la lógica (porque es contradictorio que se aprueben unas
actuaciones punitivas sobre Gescartera y sus responsables y al mismo
tiempo se dé luz verde a su transformación en agencia) se deriva que
nos encontramos ante unas implicaciones que yo solamente voy a
enumerar, porque vuelvo a decir que creemos que esto no ha hecho más
que empezar. De las actuaciones que pueda seguir haciendo la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, pero sobre todo de las actuaciones
que se van a derivar de la competencia jurisdiccional de la Audiencia
Nacional, residenciada personalmente en la juez magistrado doña
Teresa Palacios, y en las actuaciones que haga y que ha comenzado a
hacer, afortunadamente, el Ministerio de Economía se van a encontrar
en el futuro inmediato una serie de responsabilidades y podemos ir
dilucidando cómo se va desarrollando toda esta historia.




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En su intervención ha citado una serie de personas, unas físicas y
otras jurídicas, que tienen que decir y explicar por qué están en
esta escena de este escándalo fraudulento. Me refiero, por ejemplo, a
la ONCE, que tendrá que explicar cómo aparece, con un 10 por ciento
de capital, cuando se adopta una decisión de transformación en
agencia en que se le exigen unos requisitos. Aparece esta figura con
nada más y nada menos que el 10 por ciento de participación. La ONCE,
en sus distintas instituciones internas, dos fundamentales y una de
ellas, aparece con unas responsabilidades de consejero delegado en
toda esta situación. En segundo lugar, hay un hecho gravísimo y, si
no está suficientemente afianzado en la legislación, habrá que
hacerlo. Es el grado de fiabilidad de las auditoras. Aquí, señora
presidenta, se ha hablado como de pasada de la auditoria que hace la
empresa que usted ha citado, Deloitte & Touche. Resulta que seis
meses antes esta empresa auditora privada realiza una auditoría y
dice que no hay ninguna objeción. Esto es como ir al médico con una
tuberculosis, hacer una radiografía y decir que en pantalla no sale
ninguna lesión de la patología que trae el enfermo. Sobre este tema
me parece que ha sido muy acertada la intervención del señor ministro
de Economía y vicepresidente del Gobierno, señor Rato, en el sentido
de ordenar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al
ICAC, que abra de oficio una investigación sobre la auditoría que ha
realizado la empresa Deloitte & Touche. Ustedes han hecho bien,
ustedes no tienen otra salida que fiarse de la auditoría que les trae
Deloitte & Touche, pero algún instrumento habrá en las distintas
responsabilidades de la Administración o de órganos financieros
correspondientes para ver el grado de adaptación a la verdad que
tienen las auditoras y que no hagan trajes a la medida del cliente.

Este es un problema muy grave que queda ahí. Esperemos y tendremos
que remitirnos a lo que disponga el Ministerio de Economía de la
investigación ordenada por el ministro Rato al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, señal de que algo debe haber
anómalo para que este instituto vaya a hacerle una radiografía
interna a la auditora Deloitte & Touche, para ver cómo realizó la
auditoría de Gescartera para que dijera con todo lo que venía ya de
carga patológica financiera dentro de ella, que aquello no tenía
ninguna salvedad ni objeción, como usted bien ha señalado. Tendremos
que ver qué hacemos con la legislación de las auditorías, tema que ya
es recurrente en esta Cámara, por la experiencia que yo tengo de
diputado, cuando el caso Mario Conde y el caso Banesto con las
determinadas compañías auditoras que actuaron sobre el Banesto del
señor Mario Conde. Se vio la disparidad de criterio con las
actuaciones posteriores de los institutos auditores correspondientes.





El tema no acaba nada más que empezar. Usted ha dicho una frase que
yo suscribo, pero que es tremenda, y es que en este momento procesal
-leo textualmente
sus palabras que he tomado a vuela pluma- ni se conoce el universo de
clientes de Gescartera ni el patrimonio afectado. Todo ello unido a
que no se sabe dónde están las inversiones, en qué forma, en qué
sitio, en qué lugar, o en qué paraíso fiscal o en qué caja de
caudales. Que se desconozca el universo de clientes, después de las
actuaciones que ustedes han tenido, tanto la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como las de la señora juez de instrucción de la
Audiencia Nacional como las reclamaciones de los clientes. Si en este
momento, con las reclamaciones de clientes que usted ha significado,
señalado y citado, desconocemos el universo de clientes, quiere decir
que hay clientes que o que no se han enterado de lo que está
ocurriendo o que no quieren enterarse, por el tipo de procedencia,
del dinero que estaban invirtiendo ahí. Nos encontramos en un
escenario de delitos conjuntos y correlacionados, pero de delitos y,
por tanto, de delincuentes, y habrá que ir poniéndole nombre y
apellidos y documentos de identidad, para que los poderes
institucionales, tanto de la Administración del Estado como sobre
todo de la jurisdicción procesal de la Audiencia Nacional, puedan
entrar a clarificar este tema, al cual mi grupo quiere prestar su
apoyo, en primer lugar, por la responsabilidad que usted ha venido a
exponer con toda naturalidad y normalidad, como no podía ser menos, y
con toda la descripción secuencial. Nosotros también tenemos que
tener la responsabilidad de que al culpable todo el peso de la ley, y
evitar trasladar la incertidumbre, el desasosiego, la incredulidad a
todo el resto del sistema ahorrador español, el sistema financiero, a
los miles de ahorradores españoles, personas o familiar que creen en
un sistema, que está vigilado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Y de ahí el grado de apoyo que quiere darle mi grupo a la
credibilidad en que usted tenga actuaciones firmes y no se deje
vencer por ninguna otra presión espuria al sistema de transparencia y
la confianza en los tribunales de justicia que aclaren esta
situación.

También es cierta una cosa que yo quiero significar de sus palabras,
que aquí tenemos que trasladarle no solamente al ahorrador con las
protecciones correspondientes y con lo que hagamos en esta Cámara,
con iniciativas legislativas de crear subcomisiones o comisiones de
investigación, de aclaración, de perfeccionamiento de los sistemas de
control del sistema financiero español y económico ahorrativo, sino
fundamentalmente a todos los intermediarios financieros que, frente a
un granuja que ha cometido estos actos de delito, están cumpliendo
perfectamente la ley y dentro de la transparencia. Usted ha citado
una cifra, creo recordar que de 4.461 intermediarios financieros que
vienen actuando correctamente. También en este momento tenemos que
defenderles a ellos, que vea el ciudadano español que hay confianza
en el sistema. El sistema tiene que regularse por sí mismo, ya nos
dotamos en nuestro sistema jurídico de esas leyes del mercado de
valores y de las competencias en delitos



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monetarios y económicos de la Audiencia Nacional. Vamos a
utilizarlos, y si hay que perfeccionarlos con la modificación al alza
de nuestras actuales leyes penales, económicas, financieras,
jurisdiccionales y del Mercado de Valores, hagámoslo.

Ante lo que ha ocurrido, nuestro deber fundamental es que protejamos
al todo el sector cumplidor, garantía de credibilidad para los
ahorradores, y perseguir a todos los que defraudan, utilizando todo
el andamiaje y toda la parafernalia que utiliza todo individuo que
hace actuaciones fraudulentas, que se dota de todos los certificados
falsos. Y aquí habrá otra responsabilidad, que tendrán que exigir las
entidades financieras que usted ha señalado, Banco Santander,
Central-Hispano o la Caixa, de buscar a los responsables de que se
hayan falsificado documentos de contabilidad y de acreditación, en
este caso totalmente falsos, de supuestos depósitos que tenían ahí.

Porque aquí se ha implicado no solamente a instancias
jurisdiccionales administrativas de la legislación española, sino
también a entidades privadas financieras que tienen derecho a ser
defendidas por las distintas instituciones de la Comisión Nacional o
de la judicatura frente a los que falsifican sellos, documentos,
extractos de cuentas, certificados de depósitos de valores, etcétera.


El tema tiene esa gravedad de alcance, y a ello nosotros queremos
dedicar nuestra atención legislativa, igual que a proteger a esos
4.400 intermediarios financieros de gestión de depósitos, de agencias
de cartera, que vienen colaborando con todo el sistema financiero
español, con un signo de credibilidad nacional e internacional, que
tienen que ser protegidos. Y trasladar confianza y seguridad al
pueblo español sabiendo que tiene estos instrumentos a su servicio.

Mi grupo, señora presidenta, está en esta línea de sensatez, de
sentido común y de colaboración, en el poder que tenemos en este
momento desde la Cámara para realizar estas reflexiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego considera
que es su deber hacer algunas observaciones antes de entrar en el
caso concreto, sobre todo después de escuchar las anecdóticamente
pormenorizadas informaciones de la presidenta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, doña Pilar Valiente. La primera que queremos
hacer es que resulta preocupante, aunque esté de moda y sea
hegemónico, que estemos disfrutando de un sistema capitalista que
negocia exclusiva y fundamentalmente con dinero, que se aleja
gravísimamente de la producción, de la productividad y de las
mercancías y que por tanto es muy proclive a la especulación pura y
dura. Si a esto añadimos que estamos en un sistema en el que, a pesar
de los controles de órganos burocráticos, la selva enmarañada en que
vivimos es tan clara que se puede pasar
de una incardinación de negocios en Madrid a prácticamente perder el
control de una operación transnacionalizada en Atlanta, en Delaware o
en Georgia, como dijo ya la presidenta, Pilar Valiente. Creo que esto
es interesante, porque es curioso que en este Congreso de los
Diputados no se pueda informar precisamente de la veracidad de
ciertos datos o incluso de dónde está una parte fundamental del
dinero, nada menos que un capitalismo que presume de democrático,
transparente y seguro.

En segundo lugar, y sin entrar en anécdotas personales, no se puede
olvidar ni obviar el hecho de que ese capitalismo es muy proclive a
actitudes de carácter feudal familiar. No cabe duda de que el control
de las instituciones del Estado por parte de determinadas familias
ideológicas e incluso de familias en el estilo más tradicional lleva
a utilizar estas instituciones con una actitud de favorecer
privilegios propios. Y no voy a hablar de los apellidos coincidentes,
pero sí de toda una red que sería imposible de montar si no hubiera
afinidades electivas que están basadas en la familia, en los
intereses y también en la concomitancia ideológica. En tercer lugar,
es gravísimo que el adelgazamiento del Estado, por una parte, no así
de la burocracia del Estado, lleve a que muchísimos órganos de
carácter público negocien con dinero público y no precisamente
depositándolo en el Banco de España. Sería muy interesante que se
llegase a una legalidad donde, cuando menos, lo que son órganos o
instituciones, como la Mutualidad de Policía, los huérfanos de la
Guardia Civil, el servicio de Seguridad Social de la Armada o
empresas vinculadas a la SEPI, si tienen que mantener algún montante
monetario durante meses, figurase incardinado específicamente en el
Banco de España. Pero quizá esto sea mucho pedir para los tiempos de
neoliberalismo que corren.

Hay un cuarto elemento fundamental, que también se evidencia en las
informaciones anecdóticas de la presidenta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, que son las informaciones privilegiadas
cuando acontece una crisis y la protección oficial de determinados
privilegiados, que precisamente son los que cuentan con más dinero en
estas operaciones. Ya se hizo referencia a cómo el Ministerio de
Defensa fue alertado debidamente o incluso el obispo o el arzobispo
de Valladolid. Un quinto elemento también fundamental sería
comprender que, en esta enmarañada selva de especulación y de masa
monetaria, de circulación de dinero, con el cual se negocia, se está
demostrando que todas las comisiones que funcionan como apéndice de
los gobiernos o de los estados son paralelas y en absoluto claramente
eficaces en el control del sistema. Estamos ante una maquinaria
clarísimamente obsoleta que sólo reacciona una vez que se han
producido los hechos delictivos o incluso los fraudes. Llama la
atención que precisamente sean los grandes defensores del
neoliberalismo y de la libre competencia los que más se benefician



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de la manipulación de instituciones del Estado o parapúblicas y
además los que tratan de lo público como si fuese privado y viceversa
con total desparpajo. Esto lleva incluso a que, ante una situación
como la que estamos viviendo, el Gobierno no tenga ningún empacho en
mantener una actitud también dual, como si lo que está aconteciendo
se tratase de un problema privado y no público. Pero señorías,
debemos tener en cuenta que fue afectado un secretario de Estado,
está afectada la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están
afectados órganos o instituciones públicas de carácter oficial o
incluso otras que tienen tutelaje oficial.

Vayamos ahora al caso concreto. La señora presidenta habló de la
transparencia y legalidad que tenían que dirigir las actuaciones de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero está claro que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores no consiguió impedir que se
montase una agencia que fue catalogada como de compleja arquitectura
financiera, perfectamente convertida en un búnker a efectos fiscales.


Es que no fue capaz no de inspeccionarla a su debido tiempo, ni
siquiera de hacer transparente con qué dinero negociaba y con qué
métodos y mucho menos de impedir el fraude.

La información que se fue produciendo desde el 14 de junio es
sintomática, información que pensamos que es la misma de la que
dispone la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se pasó de decir
que era una agencia con cien partícipes y 195 millones de patrimonio
a más de miles de personas afectadas y 12.000 millones de dinero
gestionado cuando el caso llega a la Audiencia Nacional. Está claro
que aquí no hay ningún tipo de transparencia en la información, ni
siquiera para el órgano máximo del Estado, que debe controlar
informativamente el comportamiento, las características y la
composición de estas agencias. Llama la atención que pueda circular
públicamente un folleto informativo, que fue calificado, incluso en
medios informativos, de chapucero, donde se hablaba de 59.000
millones de pesetas de depósitos, cuando solamente podría haber
14.000 millones de gestión de patrimonio, que era dinero claro y
legal. Por tanto, se estaba informando públicamente de que había una
importante bolsa de dinero que era dinero negro. En tercer lugar, no
se entiende tampoco cómo -y creo que aquí está una de las claves de
por qué saltó antes de lo que muchos pensaban el escándalo- seis
grandes grupos bancarios entran en negociaciones precisamente para
comprar Gescartera y es curiosamente ahí cuando empieza a haber los
problemas sobre la ilegalidad de esta agencia que estaba convertida
en una agencia de valores desde febrero del año 2001; y es aquí
también donde resulta muy llamativo el compromiso como notario de don
Luis Ramallo y sus vinculaciones anteriores a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Es más, ¿no es cierto que en 1994 ya fue
multado precisamente el principal accionista a través de sus
actuaciones en Bolsa Consulting,
una multa de 128 millones de pesetas? ¿No es cierto que la sanción de
7 millones de pesetas a la Agencia en 1999 y las de 2 millones de
pesetas al señor Camacho o de un millón de pesetas al señor Ruiz de
la Serna advertían de que se estaba tratando de personajes poco
honorables? ¿No es cierto también que, a pesar de todo esto, el año
2001 ustedes decidieron aprobar su conversión en agencia de valores?
Aquí llama la atención un argumento que usted utilizó que le
recomiendo que lo tenga en cuenta para otras veces precisamente para
no seguirlo. Es grave pensar o confundir que son personas honorables
u honradas todas aquellas que tienen cuartos o solvencia, desde el
punto de vista económico, o una situación relevante, desde el punto
de vista institucional. Cierto es que ya en el capitalismo del siglo
XIX y en muchas lenguas de Europa se identificaba honrado con gente
con dinero. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la propia Rosalía de
Castro advertía diciendo: Aquellos que tienen fama de honrados en la
villa, en el pueblo, me robaron toda la blancura que yo tenía.

Precisamente a través de un proceso de usura. En la lengua alemana
exactamente igual, se confunde la palabra honrado con la palabra
capitalista, pudiente o gente que es capaz de prestar dinero para su
interés. Este tipo de asimilación es gravísima para un sistema
democrático y lleva efectivamente a que se pueda cometer este tipo de
torpezas desde el punto de vista institucional. ¿No es además cierto
que la Agencia crece de forma espectacular desde 1996 en que empezó a
gobernar el Partido Popular? No digo que sea el Partido Popular como
Gobierno directamente, sino las amistades vinculadas precisamente a
influencias en las instituciones y en los instrumentos de gobierno
paralelos a los grandes intereses económicos.

En definitiva, señora presidenta, creo que hay desde luego muchos
miles de millones de pesetas en depósitos que no podían estar
autorizados legalmente y que había información, por lo menos
propagandística, a ese respecto. Por tanto, los compromisos de las
instituciones del Estado y de los personajes que están a su frente,
considerando que es legítimo y casi paralegal convertir las
influencias y los privilegios informativos en una especie de finca
particular, aprovechan además el anonimato y la opacidad de este
sistema capitalista. Es muy curioso cómo se utiliza siempre la
confidencialidad cuando interesa, no se hace esto con cualquier pobre
ladrón o con cualquier persona que paga con los huesos en la cárcel
por robar con un tirón un bolso. Esta forma de actuar es sintomática
de que estamos en un sistema profundamente dual. Además hay también
otra cosa muy clara. Cuando usted habla de auditorías limpias, querrá
decir auditorías formales, no inspectivas; igual que, cuando se tiene
claro que hay irregularidades desde 1999 y falta de colaboración en
el ejercicio de la labor investigadora de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, no hay derecho a que hayan ocurrido



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estos acontecimientos y pienso que existe una responsabilidad formal
muy clara por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por lo demás, cuando está vinculado un organismo como la ONCE, que
tiene tutela de carácter oficial, la Mutualidad de Policía, los
huérfanos de la Guardia Civil, el servicio de Seguridad Social de la
Armada o alguna empresa vinculada a la SEPI, creemos que el Gobierno
debe responder en términos políticos y no solamente llevando el caso
a la Audiencia Nacional.

Acabo ya con las siguientes preguntas, señor presidente. De las
reclamaciones que se están haciendo ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, ¿podría decir cuántas corresponden a pequeños
ahorradores, especialmente a damnificados que operaron legalmente,
con dinero no negro y con cantidades pequeñas? En segundo lugar, ¿hay
garantías de que se va a poder averiguar dónde está el dinero que no
aparece? ¿Con cuánto dinero va a contribuir el Fondo de Garantía para
paliar estos desaguisados, estos vicios privados, porque habrá que
remediarlo con dineros de carácter público? Por otro lado, ¿podría
decir por qué razón, si se conocían estos datos, se consintieron
alegalidades, que organismos o instituciones públicas vinculados a
ministerios, a la Administración pública, metiesen su dinero en esta
Agencia y que no lo ingresasen en el Banco de España, como hacen
algunas otras instituciones o ministerios, como puede ser la
Seguridad Social? ¿No cree usted, señora presidenta, que hay
responsabilidad no solamente del organismo que usted dirige sino de
la Agencia Tributaria, que está obligada a controlar, como nos
controla a todos, los movimientos de dinero y la fiscalidad en el
Estado español? ¿No cree que deberían comparecer concretamente los
ministros que están más afectados?
El Bloque Nacionalista Galego considera que se debe castigar civil y
penalmente a las personas más directamente vinculadas, pero pensamos
también, con total honestidad, que hace falta otra transparencia en
el funcionamiento del mercado de valores, que hay que depurar de otra
forma este funcionamiento y por tanto que se debe establecer una
cobertura legal más estricta y específica, para que no se pueda jugar
con el dinero ajeno de una forma tan irresponsable y que no pueda
haber dinero negro funcionando dentro del Estado español y siendo
trasladado, por vía transaccional, a paraísos fiscales.

Por último, señor presidente, pensamos que sería bueno -aunque
sabemos que es imposible, con la filosofía económica que gasta este
Gobierno- que se diferenciase más claramente lo público de lo privado
y que se establezca una legalidad más estricta para lo público que no
dé pié a estas tremendas confusiones que acaban creyendo -estoy por
asegurarlo- muchos de los protagonistas fundamentales de esta
historia, que piensan que, como es consustancial al sistema de
negocio, todo está permitido; incluso hay una legalidad suficientemente
light y ambigua que conlleva muchas veces que pueda haber
respuestas tan esotéricas como las que escuchamos de algunos de los
personajes más vinculados a esa visión taurina, tradicional y
folclórica del Estado español.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores por su comparecencia aquí
esta tarde. Quiero agradecer y valorar muy positivamente la claridad
en la exposición y la rapidez en la comparecencia.

Desde luego, después de oír su intervención y de conocer lo que ha
pasado en esta sociedad, sobre todo después de la intervención, mi
Grupo no puede estar más que satisfecho con que fuera la Comisión
Nacional del Mercado de Valores quien descubriera esta situación.
A tenor de la intervención del señor Cuevas, parece ser que fue el
Grupo Socialista quien lo descubrió. ¡Pues, no! Fue la Comisión
Nacional del Mercado de Valores quien descubrió esta situación, no
fue mediante ninguna reclamación previa de clientes, ninguna
reclamación previa de inversores institucionales, ninguna salvedad de
la auditoría, ninguna reclamación ni protesta de los socios, ni
siquiera del socio de referencia. Yo debo valorar muy positivamente
esta actuación, así como me alegro de que el señor Camacho esté en la
cárcel una vez oído el relato de los hechos después del día 14.

Estamos ante una sociedad privada, como ha señalado muy bien el señor
Padrol, donde hay unos órganos de Gobierno y donde hay que depurar
responsabilidades. Hoy mismo la ONCE da un comunicado en el que dice
que prosigue una investigación interna sobre sus inversiones en
Gescartera. La ONCE era el socio de referencia y asumía el puesto de
responsabilidad de consejero delegado. No puedo más que valorar en
positivo la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y que los órganos jurisdiccionales hayan puesto al señor Camacho en
la cárcel. Sin ninguna acritud, debo decirle al Partido Socialista
que a lo mejor el señor Camacho con ellos era director general de la
Guardia Civil. (La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Te estás pasando,
Vicente!) Creo que estamos ante un asunto muy importante. (El señor
Caldera Sánchez-Capitán: ¡No charlotees!) Nos parece muy importante
por muchas razones, primero, porque hay muchos pequeños ahorradores
afectados.

El señor Cuevas, en su intervención deslavazada, ha dicho que los
pequeños ahorradores perjudicados son primos desplumados. Es una
falta de rigor y una falta de respeto hacia personas que nos
preocupan a nosotros. A mi grupo le preocupan tres temas
fundamentales. En primer lugar, la defensa del pequeño ahorrador.Por
eso, mañana el Gobierno aprueba, dando cumplimiento



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a un artículo de la Ley del mercado de valores, un fondo de garantía
para el pequeño ahorrador. (El señor Sevilla Segura: Con dos años de
retraso.) En segundo lugar, nos preocupa poner todos los medios
materiales y humanos al servicio de los órganos jurisdiccionales
desde el primer momento para que se depuren todas las
responsabilidades penales y civiles y para que intentemos rescatar el
dinero perdido. En tercer lugar, mi grupo quiere transparencia y
claridad, por eso hemos anunciado públicamente la creación de una
subcomisión para el análisis de los sistemas que den garantía
y seguridad a las empresas de los servicios de inversión y protección a
los ahorradores. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque hay
muchos pequeños ahorradores perjudicados. (El señor Sevilla Segura:
La tinta del calamar.) Y esa es la primera razón por la que este tema
nos parece importante. En segundo lugar, es un tema relevante porque
está en juego la credibilidad del sistema financiero español, y el
sistema financiero español es la sabia que necesita el árbol
económico para garantizar crecimiento, empleo y bienestar. Nos ha
parecido muy bien la rapidez de la comparecencia; nos ha parecido muy
bien que el Gobierno solicitara la celebración de esta Comisión, con
carácter extraordinario, el 2 de agosto, porque es absolutamente
necesario transmitir a los ciudadanos garantías y credibilidad en el
sistema financiero. Nos parece muy preocupante que el señor Cuevas
haya dicho -y le pido que lo rectifique porque en esa deslavazada
intervención que ha tenido ha habido palabras que no ha querido
decir- que cualquier otra empresa puede estar en igual situación.

Hacer daño al resto de las empresas que están funcionando en el
sistema financiero español es una grave irresponsabilidad del Partido
Socialista. Son palabras textuales del señor Cuevas. Por hacer daño
al Gobierno, no se puede deteriorar la imagen del órgano supervisor
-y luego hablaremos de él-, ni transmitir miedo a los pequeños
ahorradores. Desde luego, algunas intervenciones de la oposición
parecen niños jugando a cosas serias; niños que están jugando con el
sistema financiero español y con la credibilidad de los ahorradores.

Estamos ante un tema muy serio, pero también es verdad que estamos
ante un mundo globalizado, un mundo en el que las transacciones de
capitales cada día son mayores y, por tanto, se necesita introducir
mecanismos de seguridad y de credibilidad en el sistema financiero.

En la Unión Europea -yo no sé si el señor Cuevas lo sabe, pero es un
dato importante- se está y debatiendo el plan de servicios
financieros, que establece la total liberalización de los mercados de
capitales. Todas las empresas, según el proyecto actual, van a poder
actuar en todos los países y va a haber una competencia muy grande
entre los Estados para captar el ahorro, y esa competencia va a
depender, en gran medida, de la exigencia reguladora de la fiscalidad
y de la credibilidad de los sistemas financieros. Me parece muy
importante que en esta Comisión digamos con
seriedad, diciendo con seriedad que estamos ante un caso en el que
una empresa privada ha actuado irresponsablemente, una empresa cuyos
órganos de dirección han actuado fraudulentamente. Pero no estamos
poniendo en riesgo ni la seguridad ni la credibilidad del sistema
financiero.

Yo no sé a dónde ha querido llegar la oposición con la intervención
del señor Cuevas. No sé si quería hacer daño al Gobierno, si quería
restar credibilidad al sistema financiero, si quería saber la verdad.


Mi grupo quiere credibilidad y defensa del pequeño ahorrador, que
actúen de verdad los órganos jurisdiccionales, depuren
responsabilidades y busquen el dinero y, además, que en el Parlamento
comparezcan todos los que han tenido alguna implicación. Por ello mi
grupo ha pedido que en el seno de esa subcomisión, que nosotros hemos
dicho hoy que queríamos crear, comparezcan el presidente del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, porque algo tendrá
que decir (Rumores.), ya que es el órgano supervisor de las
auditoras; queremos que comparezca el presidente y el secretario
general de la ONCE, porque algo tendrá que decir el socio de
referencia y algo tendrá que decir la institución que tenía la
responsabilidad de la gestión. Queremos que comparezca la directora
general del Tesoro, que es miembro de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y, además, es la responsable de estos asuntos.

Queremos que comparezca la directora general de Seguros, que tiene
también funciones de supervisión. Y queremos, asimismo, que
comparezca el secretario de Estado de Defensa y el ministro de
Economía. (El señor Cuevas Delgado: ¡Con taquígrafos!) Nosotros
queremos luz y taquígrafos, queremos transparencia y llegar al fondo.


Lo que no queremos, señor Cuevas, es que hoy diga aquí unas cosas y
mañana dé una rueda de prensa y diga lo que no ha dicho hoy aquí, lo
que no ha tenido valentía de decir hoy aquí. Todo lo que usted quiera
decir, dígalo aquí, que es el lugar idóneo para debatir a fondo sobre
estos temas. No me parece que sea prudente seguir la línea del señor
Rodríguez Zapatero de no decir nada en un debate y luego ir
diciéndolo en distintos foros amañados para hablar de otros temas.

(Rumores.) Este problema es muy importante porque afecta a la
situación de terceras empresas, y el señor Cuevas ha vertido
irresponsable e ignorantemente dudas sobre la credibilidad de
terceras personas, de terceras empresas. Eso me parece muy grave,
porque el sistema financiero español tiene pequeñas, medianas y
grandes empresas. (El señor Cuevas Delgado: ¡Yo no comparezco aquí!)
Y cuando el señor Cuevas dice que cualquier otra empresa puede estar
igual, hace daño a esas empresas. Señorías, aquí estamos hablando de
un marco regulador que al señor Cuevas no le gusta nada. Ha dicho el
señor Cuevas que no le gusta nada. Yo le voy a leer lo que dijo el
portavoz de su grupo sobre el marco regulador: El Grupo Parlamentario
Socialista apoya globalmente el proyecto de ley porque en gran



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medida nos sentimos reconocidos en él. Añadía el portavoz socialista
-el señor Cuevas ha dicho que lo malo era el marco regulador que
había creado el Grupo Parlamentario Popular- que su grupo
parlamentario apoyaba globalmente el proyecto de ley. Es básicamente
similar al que presentó el Gobierno socialista en 1995, tan similar
que no ha tenido que pasar el dictamen preceptivo del Consejo de
Estado. Votación final de la sesión del órgano que regulaba el marco
jurídico, al que el señor Cuevas no ha hecho ninguna referencia -su
rigor jurídico en esta intervención ha quedado netamente manifiesto.

El marco regulador en el que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ha actuado viene de la Ley del mercado de valores y el
resultado de la votación fue el siguiente: Votamos, a continuación,
el texto del proyecto, votos a favor, 34; en contra, uno;
abstenciones, dos. El Grupo Socialista votó este texto. La única
diferencia es que nosotros -y usted ha hecho referencia a eso- hemos
puesto al frente del órgano regulador a personas independientes y
ustedes pusieron al ex ministro socialista de Industria. (Risas.-
Rumores.) Eso es una realidad. (El señor Fernández Marugán: No me
digas que es independiente. Será otra cosa, pero independiente, no.)
Pueden negar lo que quieran, pero es una realidad y entre 1988 y 1996
al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estuvo el ex
ministro socialista, persona independiente.( El señor Cuevas Delgado:
¡No ocurrió!) No ocurrió. De lo que ocurrió ahora hablamos. No se
preocupe S.S., porque vamos a hablar de lo que ocurrió con
profundidad.

Ha habido siempre errores, siempre ha habido golfos, siempre ha
habido empresas que quiebran, pero no se puede decir que porque haya
un enfermo el sistema público de salud no funciona. Lo que habrá que
ver es la reacción. Aquí no nos hemos enterado ni por los medios de
comunicación, ni por la oposición, ni por reclamaciones, nos hemos
enterado porque el órgano supervisor e inspector lo ha puesto en
conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Esa es la realidad.

Luego hablaré de medidas positivas. En este asunto estamos ante un
mercado financiero que funciona bien. Hay empresas pequeñas -el
número de sociedades es de 3.207 y creo que el de fondos asciende a
más de 2.500- que lo hacen bien, que los ahorradores tienen
aseguradas sus inversiones y están funcionando bien, y yo pienso que
es bueno que el señor Cuevas lo diga hoy aquí rectificando sus
palabras. El sistema español es sólido y el número de partícipes e
inversores es cada vez mayor. En 1999 el volumen negociado era más de
9.000 millardos. Es verdad que tenemos prestigio internacional y la
presidenta se ha referido a eso. Hay problemas en todos los países y
en todos los sectores, también en el sistema financiero. Yo les
quiero recordar que hace dos semanas una compañía financiera de
seguros británica, Independent, ha caído en quiebra. Tenía sucursales
y también hay pequeños ahorradores
en España afectados por la caída de Independent. No ha sido el
servicio de supervisión británico el que lo ha encontrado, ha sido la
auditora que había puesto una salvedad. En este caso, la auditora no
había puesto ninguna salvedad, ha sido la propia Comisión. El año
pasado, en Italia, le pasó a otra sociedad con más de 100 millones de
euros, una cantidad similar a la que podemos estar hablando aquí.

También tuvieron un problema enorme en el Reino Unido con un fondo de
pensiones; conocimos el escándalo por el suicidio -o, por lo menos,
extraña muerte- de su propietario. Ha habido problemas en Francia con
el Crédit Agricole. Ha habido problemas en muchos sitios, y en España
también -Gescartera, Ava, Ibercorp-, pero esta vez las alarmas han
funcionado. (Rumores.- Risas.-) Podemos preguntarnos si se puede
hacer mejor o si podían haber funcionado tres meses antes o tres
meses después, eso es subjetivo y lo comparto; vamos a estudiar para
que las alarmas funcionen tres meses antes, cada vez mejor.

Desde luego, aquí han sonado las alarmas. No ha sonado la oposición
ni los medios de comunicación, ni las reclamaciones de inversiones ni
las salvedades de auditoría; han sonado las alarmas. (Rumores.- El
señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡La tuya!- La señora Mendizábal
Gorostiaga: ¡Ha explotado la bomba!) Podemos decir -y eso es
subjetivo- que podían haber sonado antes. Pero les recuerdo que, a
diferencia del caso Ibercorp o del caso Ava, de los que nos enteramos
por los periódicos, aquí ha sido la Comisión Nacional del Mercado del
Valores la que ha hecho que suene. Hoy no estaríamos aquí hablando de
Gescartera si la presidenta de la Comisión no hubiera decidido
intervenir la sociedad sin tener ninguna salvedad en la auditoría o
reclamación de socio; sin que la ONCE -socio de referencia- hubiera
dicho nada. Ha sido la Comisión la que ha alertado, la que ha
intervenido y la que ha puesto el asunto en conocimiento de los
órganos jurisdiccionales. ¡Qué diferencia entre cuando nos
enterábamos por los periódicos o cuando el presidente del Gobierno no
se enteraba de nada, salvo por los periódicos, y cuando nos enteramos
por el órgano de supervisión! (La señora López i Chamosa: ¡Éste
tampoco se ha enterado ahora!- Rumores.) Ustedes pueden criticar (El
señor Sevilla Segura: ¡Muchas gracias!), pero aquí nos hemos enterado
por el órgano de supervisión. La oposición hace su discurso sobre dos
ejes: corrupción y mal funcionamiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. La intervención del señor Cuevas ha sido un poco
deslavazada, como decía antes, pero he creído entender que hablaba de
corrupción, por una parte, y de mal funcionamiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores -el órgano supervisor-, por otra. Me
voy a referir a ambos casos porque él ha hablado de corrupción.

(Rumores.) Ha dicho que hubo información



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privilegiada, que había prevaricación en el consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que había connivencia entre la
Comisión y la empresa... En fin, ha dicho varias cosas que hablan de
corrupción de políticos. (El señor Cuevas Delgado: ¡Sí, sí!) Ha
querido hablar de políticos, y yo quiero hablar de corrupción porque
me parece un debate serio. Es bueno hablar de ello. Yo creía que
corrupción era llevarse el dinero, y en época socialista estábamos
acostumbrados a eso. (La señora López i Chamosa: Aquí alguien se lo
ha llevado porque no sabemos dónde está.- Risas.- Rumores) Aquí
ningún político se ha llevado el dinero. Lo único que sabemos ya
metido en el saco de la corrupción el señor Cuevas, es que algunas
personas han perdido dinero. Es un nuevo método de corrupción: perder
dinero y llamarle a uno corrupto. No digo que no sea un método, pero
sí que es un método nuevo. Lo que ha pasado aquí es que hay unos
cuantos señores que han perdido dinero, y un responsable de una
empresa privada que ha sido denunciado por la Comisión a la Audiencia
y a la Fiscalía, y está en la cárcel.

Se ha hablado de corrupción. Vamos a hablar de corrupción y vamos a
seguir el método inglés de los precedentes; eso es lo mejor: hablar
de precedentes. En la democracia española ya han gobernado los dos
partidos mayoritarios, y se puede comparar el comportamiento de unos
con el de otros.

El señor Cuevas ha hablado del señor GiménezReyna. El señor Giménez-
Reyna, que ha sido un excelente secretario de Estado, ha dimitido
para no distraer la atención de lo importante. Se trata de uno de los
afectados, una de las de las personas que ha perdido dinero y lo que
ha hecho ha sido dimitir para que no nos perdamos en este tema.

Ibercorp. Según el señor Cuevas, en ninguna entidad financiera ha
habido ningún problema. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Aplique el Reglamento, señor
presidente!)



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señores de la oposición, les he
escuchado con paciencia y ustedes me van a escuchar con paciencia a
mí. Cuando se debate sobre corrupción es muy importante hablar de
precedentes. El señor Frutos ha hablado de Ibercorp, aunque él ha
dicho Hipercor. Yo también quiero hablar de ello, ya que me parece
relevante. Lo que ocurrió en Ibercorp, señorías, fue que el
gobernador del Banco de España fue condenado por pasar información
privilegiada al presidente de una sociedad para su enriquecimiento
personal y lo que hizo el ministro de Economía de entonces fue no
actuar y paralizar las investigaciones. Resulta que un ministro
socialista tenía ahí dinero negro, que nunca supimos de dónde
procedía y por eso tuvo que dimitir, porque había cometido un fraude
fiscal. Todos miembros del Partido Socialista. Eso es
corrupción: prevalecerse del cargo para enriquecimiento personal.

¡Qué diferencia entre el gobernador del Banco de España de aquel
entonces, que fue condenado por llevarse dinero, y la presidenta de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que lo que ha hecho ha
sido dar la voz de alarma y llevar el tema a los órganos
jurisdiccionales para que sea conocido por la opinión pública!
Podremos hablar de otros temas de corrupción, pero siempre nos
encontraremos con lo mismo: que en la época socialista lo que hubo
fue un valerse del cargo para un enriquecimiento personal. Así pasó
con los fondos reservados, con las comisiones del AVE, etcétera.

Hablamos de sentencias y de condenas de políticos. Hablar aquí de si
el señor Ramallo es compatible o no para firmar una escritura
pública, nos parece relevante y por eso el ministro de
Administraciones Públicas le ha abierto un expediente, a petición
propia, de inmediato, con rapidez y sin poner la mano en el fuego,
como antes se hacía en la época socialista y se la quemaban hasta
quedar chamuscada. Han hablado también de un coronel. Pues bien, el
coronel no es un cargo público; no obstante, también se han abierto
diligencias en el Ministerio del Interior para depurar
responsabilidades si hubiera lugar.

Han hablado asimismo de Saes, algo que me parece importante, aunque
quizás no sepan de qué han hablado. Parecía que el señor Cuevas no se
sabía muy bien la lección, ya que se ha referido a la SEPI. Para
venir a las comparecencias -se lo aconsejo al señor Cuevas- hay que
estudiarse bien los temas. (El señor Cuevas Delgado: ¡Qué listo eres!
¡Me dejas apabullado!) Simplemente se trata de prepararse, señor
Cuevas. No hace falta ser listo, sino trabajar. (Risas.- El señor
Cuevas Delgado: Tú estás muy preparado.) Saes es una empresa
participada en un 51 por ciento por Saes Capital y en un 49 por
ciento por Thompson. Es importante decirlo, ya que en el saco de la
corrupción y de querer confundir a los españoles y a la opinión
pública, ha hablado del señor Ferreras y de la SEPI; ha hablado sin
concretar, picoteando y vertiendo infundadas sombras de corrupción
sobre gente que ha actuado bien. Señor Cuevas, aquí hay que venir
preparado. Cuando hablaba usted de la SEPI hablaba de Saes, empresa
que está participada por las dos sociedades que he mencionado. Saes
Capital es una sociedad conformada por Izar e Indra. El señor que
tomó la decisión de invertir y que presentó Gescartera al grupo fue
el consejero de Thompson. Por cierto, señor Cuevas, ya podría hablar
también del Gobierno francés porque Thompson es una empresa
participada por el Gobierno francés. El señor Hermosín es uno de los
afectados, uno de los que ha perdido dinero. La SEPI, inmediatamente,
ha requerido la dimisión del director general de la compañía, el
señor García Blanco. La SEPI ha exigido la dimisión inmediata del
señor Ruiz Giménez, consejero de ITP,



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en representación de Izar, que fue presidente de Saes hasta el mes de
octubre.

Eso es actuar con rapidez, con transparencia, ir al fondo de la
cuestión y depurar las responsabilidades. Cuando usted hablaba del
señor Giménez-Reyna, el que hoy ha salido en la prensa, don Francisco
Giménez-Reyna, hay que decir que es un funcionario de nivel 30 del
Cedeti, que tiene un consejo en Ensa -y ustedes saben lo que es un
tener un consejo-, que no tiene nada que ver con Saes ni con la
decisión de invertir, según lo aparecido hasta ahora.

Señor Cuevas, si quiere hablar de corrupción hablamos de corrupción,
pero corrupción es llevarse el dinero y el dinero se lo llevaban
altos cargos del Gobierno socialista. (Rumores.) Aquí estamos
hablando de un asunto gravísimo en el que hay unos golfos,
presuntamente golfos, que yo los llamo así (La señora López i
Chamosa: ¿Quién se llevaba el dinero?), que están en la cárcel.

Nosotros queremos hacer todo lo posible para recuperar el dinero.

De corrupción podemos seguir hablando lo que quieran, porque hay una
diferencia entre su grupo y el nuestro abismal. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: ¡A ver, a ver!) Podemos hablar también del
funcionamiento de los órganos reguladores. Voy a hablar del
funcionamiento de los órganos reguladores. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen terminar al portavoz que está
en el uso de la palabra.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, pido la palabra
por una cuestión de orden.




El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, no puede interrumpir en este
momento. Un diputado está en el uso de la palabra y no se le puede
interrumpir. Tampoco lo permitiría si fuera de su grupo.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Caldera, entiendo que usted
quiera intervenir para corregir en algo la mala intervención de su
portavoz. Pero mañana tendrá oportunidad el señor Caldera de dar su
rueda de prensa diaria. (Risas.)
Ahora voy a hablar del funcionamiento del órgano regulador. Ustedes
han querido también... (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Ten
cuidado!) Señor presidente, me está amenazando el señor Caldera de
que tenga cuidado y cosas así. No sé lo que le pasa... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, ruego silencio y que dejen
terminar al portavoz que está en el uso de la palabra.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, ha llamado
corrupto a mi grupo parlamentario. Hay un artículo del Reglamento que
permite
invocarle para defender la dignidad de su grupo. Nos ha llamado
corruptos.




El señor PRESIDENTE: Tendrá la palabra cuando termine la intervención
del señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Caldera, no se ponga nervioso
porque yo estoy muy tranquilo. Ustedes han hablado de corrupción y a
mí me parece muy importante hablar de ello. Yo no he llamado corrupto
a nadie. He dicho que hay una diferencia abismal, cuando se habla de
corrupción del Partido Socialista y cuando ustedes quieren hablar de
corrupción del Partido Popular. Corrupción del Partido Socialista hay
señores en la cárcel, hay sentencias firmes, hay información
privilegiada de enriquecimiento personal, del gobernador del Banco de
España, del director general de la Guardia Civil, pero no he querido
más que responder sin acritud al señor Cuevas, que ha querido sembrar
dudas en este tema sobre corrupción. (El señor Sevilla Segura: ¡Qué
tendrán que ocultar!) Yo simplemente he dicho que si hablamos de
corrupción, hablamos de corrupción. Yo no pongo ninguna pega. Lo que
es verdad es que la Comisión ha actuado con corrección.

El segundo eje de las críticas socialistas es el mal funcionamiento
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hacen una crítica
dura sobre si ha actuado mejor o peor, antes o después. Lo que es
cierto es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado
el 14 de junio, como ha puesto de manifiesto la presidenta. El 14 de
junio se intervino la sociedad, como antes he dicho, sin mediar
reclamación alguna. La presidenta ha detallado exhaustivamente las
actuaciones de la Comisión. Alguien puede decir que tendría que haber
actuado antes, pero eso es subjetivo y, por tanto, no voy a entrar en
el antes o en el después. Lo que digo es que la Comisión ha actuado.

Desde la oposición se ha hablado de los servicios de inspección. La
Comisión cuenta con inspectores que supervisan a más de 5.500
sociedades. A mí me daba pena que el señor Cuevas quisiera decir que
todos los funcionarios de la Comisión eran unos corruptos. Me parece
patético que el señor Cuevas haya querido decir que todos los
funcionarios de la Comisión son unos corruptos; eso me parece de una
irresponsabilidad manifiesta. Y el señor Cuevas ha hablado de
parentescos de primos y hermanos en la Comisión. Los funcionarios de
la Comisión son unos profesionales que actúan con enorme esfuerzo,
que han actuado con enorme esfuerzo para hacer la inspección de
muchas sociedades, y en el caso de Gescartera, para poner de
manifiesto irregularidades que han llevado a la intervención y a
poner en manos de los órganos jurisdiccionales el tema que hoy nos
ocupa.

La oposición habla de la transformación y de la sanción, y a mí me
parece importante porque es un punto



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clave. Se puede preguntar si la Comisión debió aprobar la
transformación cuando a la vez estaba poniendo una sanción, y me
parece relevante, pero cuando el señor Cuevas quiere decir que en ese
momento ha habido prevaricación, tiene que justificarlo. (El señor
Cuevas Delgado: Yo no he dicho eso.) Señor Cuevas, usted ha dicho,
exactamente, prevaricación del consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Esas palabras están en el «Diario de Sesiones»,
señor Cuevas. (La señora López i Chamosa: ¿Ya lo has leído? Rumores.)
Señor Cuevas, se puede hablar de que, en ese momento, la Comisión
Nacional podía haber adoptado una decisión u otra, y es verdad. ¿La
Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado en el marco
legal? Sí. Uno puede decir que no es suficiente, y yo se lo acepto,
señor Cuevas, porque eso es subjetivo y todo lo que es subjetivo es
susceptible de opinión contraria. Uno se puede preguntar si en ese
momento se podía haber dicho no a la transformación y sí a la
intervención, pero es evidente que lo que la Comisión Nacional quería
en aquel momento era dar viabilidad a un proyecto empresarial y
proteger a unos ahorradores y para eso pide que haya un socio de
referencia solvente y le presentan a la ONCE. A usted, señor Cuevas,
no le importa ni Camacho ni la ONCE; a usted sólo le importa dañar la
imagen del Gobierno. (El señor Sevilla Segura: Que no, que no todos
somos como tú.- Rumores.) La Comisión actúa, pide un socio de
referencia y le traen a la ONCE; dice que se aparte a esos dos
señores de la gestión y le da la responsabilidad del puesto de
consejero delegado al representante de la ONCE. Le pone una sanción,
pero a la vez se piden los requisitos necesarios para que ese
proyecto tenga viabilidad, se proteja a los accionistas y se proteja
a los pequeños ahorradores. Es subjetivo. ¿Que se podía haber tomado
otra decisión? Sí, señor Cuevas. Al hacer quinielas los lunes, se
aciertan los 14, incluso se acierta el pleno al 15. Hoy, hablando del
pasado, se puede tomar otra decisión. ¿En aquel momento se tomó una
decisión ajustada a derecho? Sí; si no, señor Cuevas, diga aquí en
qué basa su acusación de prevaricación.

Se puede hablar de por qué se dio o no se dio publicidad a la
sanción, señor Cuevas, pero hay que venir con la ley estudiada. Señor
Cuevas, el artículo 98.5 de la ley dice -si lo encuentro- (El señor
Sevilla Segura: No te lo has preparado.): Las sanciones por
infracciones muy graves serán objeto de publicación en el Boletín
Oficial del Estado una vez que sean firmes en vía administrativa.

¿Fue muy grave esta sanción, señor Cuevas? No, porque las sanciones
graves son las del artículo 99 y las sanciones muy graves son las del
artículo 100 y el pleno de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores le puso una sanción grave, no una muy grave, le puso una
sanción grave, artículo 99, por tanto, sin obligatoriedad de
publicación. ¿Esto es un caso aislado? Me podía usted decir: estamos
ante un caso aislado, hay sanciones, todas se publican y esta no
se publicó. Pues no, señor Cuevas, no es así. En el año 2000 hubo
cuatro sanciones graves a otras tantas entidades y ninguna se
publicó, ninguna. ¿Por qué no se publican las sanciones? Le remito al
boletín de las Cortes y a la intervención del portavoz socialista al
aprobar la Ley del Mercado de Valores, en la que decía que era lógico
que no se publicitaran todas las sanciones impuestas a las empresas,
excepto las muy graves, para no perjudicar la viabilidad y para no
perjudicar a los ahorradores. Eso lo decía el portavoz socialista, no
lo decía yo. ¿Es discriminado? Tampoco es discriminado, señor Cuevas.


¿Se podía haber puesto una sanción del artículo 100? Sí, pero es que
la Comisión determinó que fuera una sanción según el artículo 99, de
las denominadas graves y, por tanto, sin obligatoriedad de su
publicidad. Decir hoy que la sanción tendría que haber sido muy grave
es evidente. Como antes le decía, qué fácil es hacer quinielas los
lunes, pero de hecho aquí quien lo ha descubierto es la Comisión,
aquí quien lo ha descubierto es el órgano supervisor. Yo entiendo,
señor Cuevas, que podamos dudar y decir: gángsters ha habido siempre
y se puede engañar a un ahorrador individual con nombre y apellido, y
se puede entender. También se puede decir que el señor Camacho, que
hoy está en la cárcel, engañó a inversores institucionales. La
Mutualidad de Policía, que es, por lo que conocemos en los
periódicos, el principal afectado -y no los huérfanos de la Guardia
Civil, señor Frutos-, es una entidad absolutamente privada, sujeta a
la Ley de ordenación y supervisión del seguro; es una mutualidad de
previsión social que invirtió 1.500 millones. Le engañó y tiene
analistas de inversión la Mutualidad de Policía y les engañó también.


No sólo engañó a inversores particulares y a ahorradores
particulares; engañó también a inversores institucionales; engañó a
instituciones que tienen analistas financieros. Es que engañó a la
auditora o por lo menos la auditora tiene una responsabilidad civil
clave, que no puso ninguna salvedad, desde el año 1992 al año 2000,
una tras otra, cuentas auditadas todos los años. También engañó a la
ONCE, que era el socio de referencia; es que engañó al consejero
delegado de la ONCE, al consejero delegado de la sociedad, que era
director general de la Fundación ONCE. Es que al único que no engañó
fue a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que fue el que les
pilló. Usted puede decir: les tendría que haber pillado antes. Eso es
evidente. Cuando un gángster roba cuatro bancos lo mejor es pillarle
cuando ha robado el primero. Antes no, porque es imposible, porque no
ha robado ninguno, pero después de que haya robado el primero. Lo que
es evidente es que quien le ha pillado es la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y figúrese si había personas y entidades
implicadas a las cuales engañó el señor Camacho. Después es muy fácil
hablar de publicidad. El Partido Socialista sale lo del orujo y dice
que hemos sobrerreaccionado. Aquí sale lo de Gescartera y dice que
hemos infrarreaccionado. Todo es subjetivo,



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cada cosa puede tener una lectura y está en el juego de la oposición
dar ruedas de prensa metiéndose con el Gobierno. Yo le digo que sigan
por ese camino.

A nosotros nos parece muy importante este tema para seguir hablando
del debate de fondo. El debate de fondo es dar credibilidad al
mercado financiero, a las entidades financieras que operan en nuestro
país y a los ahorradores para que se sientan seguros. Por eso nos
parece tan importante, y mi grupo va a estar siempre en la línea de
medidas positivas. Me parece importante la protección del ahorrador y
esencial la creación del fondo de garantía del ahorrador, que va a
cubrir los quebrantos de los pequeños ahorradores hasta una pequeña
cantidad, y eso me parece una gran noticia. Al Grupo Socialista eso
no le parece nada importante y no le da ninguna relevancia.

Nos parece importante que el Gobierno actúe con claridad, que lo
ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Nos parece muy
importante que el Gobierno lo haya llevado a la juez y haya puesto
todos los instrumentos materiales y humanos para que se investigue a
fondo y se depuren todas las responsabilidades. Se han puesto
inspectores del Banco de España, que los ha puesto el Banco de
España; se han puesto inspectores de Hacienda, que los ha puesto la
Agencia Tributaria, y se han puesto efectivos de la policía para que
sigan las investigaciones. Eso es importante, porque a nosotros nos
parece relevante que se hagan todas las investigaciones para depurar
todas las responsabilidades penales y civiles. Al Grupo Socialista
eso le parece muy poco importante; lo importante es si el ministro de
Administraciones Públicas le ha abierto ya el expediente o no al
señor Ramallo. No se preocupen, se lo ha abierto. Y nos parece muy
importante intentar recuperar el dinero, que eso tampoco le parece
relevante al Grupo Socialista. Cuando la presidenta de la Comisión
habla de todas las actuaciones llevadas a cabo para recuperar el
dinero en coordinación con la SEC americana eso no les parece
relevante. A nosotros nos parece relevante e importante y a eso vamos
a destinar todos los instrumentos.

También nos parecen relevantes la claridad y la transparencia, y por
eso mi grupo, como digo, ha solicitado esa subcomisión. Estamos ante
un caso grave en el mercado financiero que requiere una explicación
clara para dar credibilidad al mercado financiero y seguridad al
ahorrador, y eso es lo que está haciendo mi grupo. Desde la oposición
lo único que se está haciendo es aprovechar este caso para intentar
sembrar dudas sobre el Gobierno. Por ese lado van mal, porque desde
luego el Gobierno aquí ha actuado con absoluta claridad y
transparencia y lo va a seguir haciendo en la misma medida. A nuestro
juicio lo que hay que hacer es investigar que los señores que actúan
fraudulentamente estén en la cárcel, proteger al pequeño ahorrador
y buscar la recuperación del dinero perdido.

El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, tiene la palabra si desea hacer
alguna aclaración.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, para una
puntualización muy breve. Le agradezco su generosidad, pero créame si
transmito a usted, a la Mesa y al conjunto de los miembros de esta
Comisión e invitados múltiples, casi la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en pleno, mi pesar por la intervención del señor Pujalte.

Invoco el artículo del Reglamento que permite a su portavoz defender
la dignidad de su grupo, por cuanto el señor Pujalte en su
intervención, uno, ha sustituido a la señora Valiente, demostrándose
por cierto la independencia de ella, en un turno en contra en toda
regla, ajeno por completo a la naturaleza reglamentaria de la
explicación de posiciones que debería haber utilizado. Acabo
rápidamente. Dos, que se erige en juez, permitiéndose aventurar la
finalización del sumario instruido por una juez de la Audiencia
Nacional. Esperará usted a que acabe ese sumario para exonerar o no
de responsabilidad penal a los encausados. Y tres, y más importante,
señor presidente, cuando el señor Pujalte ha hecho en una desgraciada
y desafortunada intervención una acusación directa a mi grupo
parlamentario como grupo parlamentario corrupto, por cuanto ha
expresado que en materia de corrupción hay una evidente diferencia
entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, he de decirle, señor
presidente, que esto es inaceptable, que nunca me lo permitiría yo ni
nadie de mi grupo (Risas.) -acabo, señor presidente- en relación con
el Grupo Parlamentario Popular. Le diré por qué. Le recuerdo al señor
Pujalte, quien llevado de esa natural inconsciencia, alegría del
papel de correveidile que suele asumir (Rumores.), no sabe en
bastantes ocasiones -acabo, señor presidente- en qué territorios...

(Rumores.- Un señor diputado: Es impresentable.- El señor Sanz
Palacio: No está utilizando el artículo del Reglamento.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio, señorías.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN:... en qué territorios se inmiscuye,
que la corrupción y las responsabilidades penales en un Estado de
derecho se predican siempre con carácter individual, lo sabe usted.

¿Cómo se permite imputar a un Gobierno o a un grupo parlamentario esa
condición? ¿Cómo se permite, cómo se atreve a imputar a todo un
Gobierno como categoría general o a todo un grupo parlamentario una
responsabilidad de carácter penal? Eso es preconstitucional, como él
bien sabe, y es radicalmente inadmisible. Si alguien comete delitos y
pertenece a las filas del Partido Popular, el responsable será él (El
señor PérezHickman y Silván:¿Qué artículo es el que ha invocado? Un
señor diputado: Ninguno.- Otro señor



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diputado: Por hoy ya vale.), nunca será su partido y nunca será su
Gobierno como tal.

Acabo, señor presidente, creo que en esta casa, en este Parlamento,
en el Congreso de los Diputados son inadmisibles categorizaciones y
expresiones como las que ha hecho el señor Martínez-Pujalte, que
espero que se deban a esa inconsciencia a la que he hecho referencia.





El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, voy a ser muy
breve.

Señor Caldera, yo lo que tengo que decir lo digo en la Comisión, no
voy diciéndolo luego en ruedas de prensa, escondido en el anonimato
(Rumores.), yo lo digo aquí y me someto a debates públicos, con usted
lo que quiera, pero no doy ayer una rueda de prensa, sembrando dudas
de corrupción sobre el Gobierno, y hoy aquí, callado. Señor Caldera,
lo que tenga que decir lo dice aquí, porque sé que mañana va a
intentar dar una rueda de prensa para justificar la penosa
intervención de su grupo en este tema.

Señor Caldera, yo no sustituyo a nadie, yo fijo la posición de mi
grupo y además la fijo con enorme claridad. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores es la que ha descubierto este tema. Si usted me
dice que no, dígame en qué medio de comunicación se había anunciado
previamente, dígame si el Grupo Socialista lo había descubierto
previamente, dígame si es que había una salvedad en la auditora,
dígame si había una reclamación. No, ha sido la Comisión la que lo ha
descubierto y eso no lo puede negar usted, señor Caldera, aunque haga
de parapeto de su portavoz señor Cuevas. No lo puede hacer, señor
Caldera, porque ha sido la Comisión y la posición de mi grupo es
clara.

En segundo lugar, yo no me erijo en juez de nadie. Lo que digo es que
el Gobierno del Partido Popular quiere claridad y transparencia en
todos los ámbitos, y por eso en el ámbito parlamentario hemos pedido
la creación de una subcomisión y he leído una lista de comparecientes
y en el ámbito de los órganos jurisdiccionales he dicho que mi grupo
va a instar al Gobierno a que ponga todos los instrumentos humanos y
materiales a disposición de la juez para depurar responsabilidades.

En cuanto a hablar de corrupción del Gobierno socialista, señor
Caldera, más le hubiera valido coger el micrófono y pedir perdón (El
señor Caldera Sánchez- Capitan: ¡Pero qué día!- Rumores.), porque
coger el micrófono para decir que en el Gobierno socialista no hubo
corrupción... Usted ayer mencionó al señor Roldán en su rueda de prensa
(La señora López i Chamosa: Sigue en la cárcel.), que de todos es
conocido; hoy el señor Frutos ha hablado de Ibercorp y lo que quiero
decir es que hubo personas corruptas, pero también que hubo un
sistema, el sistema del Grupo Socialista, del Gobierno del Partido
Socialista, que hizo que las alarmas no sonaran y
que cuando la gente metía la mano en la caja nadie se enterara y nos
tuviéramos que enterar por los periódicos. Ahora las alarmas han
sonado y además no era nadie del Partido Popular. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos portavoces de los
grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Valiente Calvo): Voy a intentar ser concisa y ver si puedo atender a
todas las preguntas. Lo primero que quiero decir es que como
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde que
tomé posesión he manifestado públicamente mi reconocimiento a la casa
que hoy presido, que es una casa que ha tardado en consolidarse, es
joven, tiene doce años y realmente creo que se ha hecho un gran
esfuerzo durante todos estos años para llegar a tener el organismo
supervisor que hoy tenemos. Por tanto, lo primero que quiero hacer es
manifestar mi reconocimiento a todas las personas que trabajan en la
misma y que creo que dan seguridad a lo que es un sistema financiero
moderno, actual y reconocido mundialmente. También quiero decir que
vamos a hacer todos los intentos para mejorar en todos aquellos
aspectos en los que podamos hacerlo, para ser cada vez más diligentes
y que me comprometo a hacer todos los esfuerzos que estén en mi mano.


Como se ha mencionado a personas que trabajan en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, citadas con nombres y apellidos y de una
forma, creo, inconveniente, les quiero decir la verdad de los hechos
para que ustedes mismos los valoren y los aprecien. Se ha citado al
señor Botella porque parece ser que esta mañana han aparecido unas
declaraciones en prensa del señor Camacho, que se encuentra en la
cárcel, manifestando ser amigo suyo. Realmente no tienen ninguna
relación de amistad. El señor Botella es precisamente el director
general de supervisión en el momento actual, que es el que ha
propuesto al consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
el acuerdo de intervención cuando ha constatado que había una
situación de insolvencia patrimonial. Creo que es debido y obligado
portodos no atender a determinadas manifestaciones que pueden hacerse
intencionadamente por personas cuya credibilidad todos debemos
sopesar cuál es y, por tanto, que no puedan empañar el buen nombre ni
debilitar la recta actuación de aquellas personas que lo que están
haciendo es aplicar la ley, además con contundencia. Es verdad que el
señor Botella ha tenido que atender en múltiples ocasiones al señor
Camacho, pero lo ha hecho como consecuencia de la obligación de
realizar su actuación de supervisor e intentar esclarecer al máximo
todos los temas que estaban ocurriendo.




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También se ha citado a otras dos personas, una que se encuentra en
este momento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otra
que es el anterior secretario, que ya no se encuentra trabajando en
la Comisión. Se ha manifestado -y agradezco la oportunidad de
aclararlo públicamente- que el actual director de entidades, señor
Basallote, fue el que propuso y tramitó la transformación de la
entidad Gescartera. Esto es absolutamente imposible, entre otras
cosas porque el señor Basallote en la fecha en que se tramitó el
procedimiento de transformación de la sociedad Gescartera, que fue en
el año 2000, en fechas anteriores a julio, no recuerdo si era de
marzo a julio, no trabajaba en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, ya que su incorporación ha tenido lugar en el mes de
octubre.

Por lo que se refiere a su primo, que era el anterior secretario del
consejo, que ya no lo es, tampoco tuvo ninguna intervención en el
procedimiento de transformación de la gestora de carteras en sociedad
agencia de valores, puesto que como miembro del consejo no tiene voto
y por tanto no puede intervenir en la formación de la voluntad
colegiada del órgano. Esto por lo que respecta a las referencias
personales, porque creo que era importante aclararlo, ya que lanzar
sombras de duda sobre la actuación de un organismo de la naturaleza
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en ocasiones desde
fuera con toda intencionalidad, es desacreditarlo, mermarle su
credibilidad e incluso mermar su autoridad por aquellos que han
recibido pruebas de la misma, ya que se encuentran en este momento en
la situación en que están. Como presidenta de esa casa creo que es de
justicia hacer estas aclaraciones. Sé que a lo mejor muchas de las
manifestaciones que se hacen en sede parlamentaria se deben al fragor
del debate y las comprendo perfectamente, pero quería esclarecer
estos hechos.

En cuanto a la manifestación de si se podía haber detectado antes,
les aseguro que si se hubiese detectado antes se habría actuado con
todo rigor y con la misma contundencia con la que se ha hecho en este
momento, pero en cuanto a que se podía haber detectado antes, ¿a qué
fecha de la vida de la sociedad gestora de carteras nos remitimos?
Porque desde 1992 al año 2001, fecha en que se ha tenido ya la
convicción, las personas que trabajan en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores prácticamente son las mismas y quiero recordar que
han actuado con absoluto rigor y con absoluta diligencia. Con
anterioridad es verdad que hemos recibido documentación falsa, pero
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a pesar de eso, ha
conseguido detectarlo y ponerlo en conocimiento de la autoridad
judicial de forma inmediata. Lógicamente nuestros procedimientos son
con competencias administrativas que no exceden lo que está
determinado en la ley y por tanto no tenemos competencias como puede
tenerlas una policía judicial o cualquier otro funcionario que actúe
bajo las órdenes del Poder Judicial, que tienen
facultades exorbitantes o superiores a las que se les pueden
reconocer dentro del ámbito administrativo. Cuando con lo que se
encuentra uno es con una serie de actuaciones que pueden ser
presuntamente delictivas, lógicamente con esas facultades en
ocasiones los hechos nos sobrepasan. Por supuesto que habría
muchísimo más deseable que hubiésemos detectado esto de forma
inmediata, pero ya he dicho que hasta que no se produce no existe y
por tanto tampoco se podría detectar. En cualquier caso, creo que en
la Comisión se ha actuado con absoluto rigor y con absoluta
profesionalidad. Si con anterioridad hubiésemos entendido que existía
la misma situación que ahora, estoy convencida de que en cualquiera
de los años de actividad de esta entidad se hubiera actuado con el
mismo rigor y con la misma inmediatez con la que se ha actuado por
parte de los servicios de la Comisión en el presente caso.

Se ha planteado el tema de si ha habido información privilegiada,
como consecuencia de que ha venido saliendo en la prensa que existe
la apariencia de que determinadas entidades han podido retirar sus
fondos y que la misma obedece a que podían haber sido avisados por la
Comisión. Niego rotundamente que la Comisión avise a ningún cliente o
a ningún inversor, porque si la Comisión hubiera conocido que había
una situación de riesgo, lo que habría hecho es lo que ha hecho
ahora, que es intervenir directamente. Es verdad que en el caso de
uno de los clientes que han citado sí tuvo conocimiento, como
consecuencia de una práctica que se hace, en vía supervisora, de
circularizar clientes. Esta práctica consiste en que se cita a
algunos clientes, se les exhiben cuáles son las posiciones que
respecto de los mismos obran dentro de la contabilidad de la gestora
y confirman sus posiciones o las modifican. Es inevitable hacerlo.

Esa operación sí se realizó con el Arzobispado de Valladolid.

Respecto del resto de los clientes, hemos tenido conocimiento después
de la intervención, entre otras cosas porque en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores no obran registros en los que se diga quiénes
son los clientes de las distintas instituciones de inversión
colectiva; únicamente se tienen nombres de clientes en el momento en
que se realiza una determinada actuación de supervisión e inspección
y posteriormente estos listados son destruidos, ya que es una
exigencia de la Ley de protección de datos. Por tanto, no existe
obligación legal de que ninguna empresa de servicios de inversión o
ninguna institución de inversión colectiva tenga que remitir a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores listados de sus partícipes
o de sus inversores. En concreto, la Mutua de la Seguridad Social de la
Armada ha aparecido después de la intervención como consecuencia de
que venía dentro del listado, no de lo que eran los clientes
directamente de Gescartera, sino como partícipe del fondo que
gestionaba la sociedad gestora de carteras de Gescartera.




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Han citado otros nombres por si podían haber tenido información
privilegiada, pero niego absolutamente que alguien haya tenido algún
tipo de información privilegiada porque lo que no existía en la
Comisión es el conocimiento de que esta entidad estuviera en esa
situación; si no, se hubiera adoptado el acuerdo de intervenirla de
forma inmediata.

En cuanto al tema de la transformación, soy plenamente consciente de
que en este momento a SS.SS. es algo que les choca, entre otras cosas
porque no estamos en el año 1999 o en el año 2000, cuando fue la
transformación, sino que estamos en el año 2001 y después de haber
desenmascarado el entramado que existía bajo una apariencia de
legalidad de una serie de instituciones que cumplían formalmente con
sus obligaciones y, respecto a las cuales en esta ocasión no habrían
saltado todos los resortes que con habitualidad se pueden tener en
cuenta para determinar si existe o no una situación de riesgo.

Respecto a esta transformación, la Comisión no negocia nunca con el
cliente. Cuando hay una sociedad gestora de carteras que quiere
transformarse en agencia de valores, que es una situación que se
produce no de forma masiva pero sí paulatina y sucesivamente en el
tiempo, lo solicita a la Comisión. Este procedimiento, como toda
actuación que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
el resto de la Administración pública, es una actuación reglada en la
cual existe un proceso tasado que viene determinado por la ley y
desarrollado por los reglamentos. En esa materia de transformación
fueron los propios de Gescartera los que presentaron un nuevo
proyecto. Yo me imagino que lo hicieron de forma consciente, pero fue
algo que el órgano supervisor no objetó porque no veía que crease una
situación mayor riesgo respecto de la que existía, sino todo lo
contrario. En primer lugar, por la obligación mensual de remitir los
estados contables reservados; por tanto, se podía hacer un
seguimiento más preciso, como así ha sido. El primer estado contable
reservado después de su inscripción -como es mensual- era del 28 de
febrero y fue presentado el 27 de marzo, y desde ese momento se pudo
hacer el seguimiento. En segundo lugar, porque la propuesta que
hicieron era la retirada de los órganos gestores de esas dos personas
a las que se les estaba tramitando un expediente sancionador. La
coincidencia en la fecha debió ser precisamente porque no se quería
autorizar la transformación en tanto en cuanto no se hubieran
depurado las responsabilidades; la transformación en principio al
órgano supervisor, que se sustituyeran a dos personas que eran objeto
de un expediente sancionador; que entre una entidad con una solvencia
de todos conocida, como la ONCE; que dijeran que tenían una serie de
proyectos respecto de los minusválidos y que así se pudiesen
instrumentar futuros planes de pensiones para todo el colectivo que
ellos tutelan a través de una agencia de valores y de un grupo donde
hubiera una gestora, y que además interviniese directamente en su
capital,
fue lo que dio lugar a que no hubiera objeción por parte del
organismo supervisor.

Por supuesto que me pueden decir que todas estas cuestiones las
hicieron a propósito para que existiera. Probablemente, y de hecho,
el que ellos en sus cartas, no en los requisitos, porque éstos han
sido cumplidos taxativamente, tanto el del 10 por ciento, como el del
cese en los órganos gestores de Camacho y de José María Ruiz de la
Serna, como la entrada de la ONCE, se cumplieron inmediatamente.

Había también una declaración de intenciones sobre que la ONCE
entraría a formar parte del holding, lo cual, aunque no era
obligatorio, ni lo hubiéramos podido exigir legalmente, chocó porque
se pensó: por qué se retrasa esta incorporación en el holding, puesto
que van a presentar una contabilidad consolidada, cosa que nos
gustaba, si tenían tanto interés en esta situación. Todas esas
circunstancias fueron las que se tuvieron en cuenta para el proyecto
de transformación. El director general de Desarrollo en aquella época
ya no está en la Comisión hoy en día, pero actuó con absoluta
diligencia respecto al procedimiento reglado que hay para las
transformaciones.




Una de las cuestiones que se analizan en ese momento, además del
proyecto, es la del régimen de idoneidad de las personas que
participan. Tienen ustedes toda la razón cuando me han dicho que la
idoneidad no solamente se exige respecto de los administradores o
directivos de la propia agencia de valores o gestora de cartera, sino
que también se exige de los accionistas en el artículo 67 de la Ley
del mercado de valores. Sin embargo, les quería explicar por qué,
también en este caso, entendieron los servicios que se era idóneo y,
de la misma manera, se propuso al consejo, se aprobó por éste y lo
autorizó el comité consultivo. Es como consecuencia de que, de forma
automática, dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y
además porque jurídicamente no puede ser de otra forma, no se puede
identificar honorabilidad con no sancionado ni tampoco sancionado con
honorable. Porque hay una sanción específica, que es la
inhabilitación, que en otro caso supondría que cualquier sanción,
fuera la que fuese, implicaría necesariamente la inhabilitación.

Comprendo que existe una apariencia extraña, por lo que quería
explicarles y justificarles el porqué la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, desde hace tiempo, tiene adoptado este criterio.

Tampoco quiere decirse que porque sea una persona no sancionada,
tenga honorabilidad, porque puede ocurrir que exista otra serie de
circunstancias que, a pesar de no haber sido sancionado por la Ley
del mercado de valores, hagan que dicha persona no sea honorable.

Me han preguntado sobre los requisitos a cumplir por la presidenta de
la sociedad que se transformaba, es decir, de Pilar Giménez-Reyna. La
presidenta, Pilar Giménez-Reyna, tenía que cumplir, como todos los
demás miembros del consejo, dos requisitos: experiencia



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y honorabilidad. El requisito de la honorabilidad lo cumplía, puesto
que con anterioridad nunca había sido sancionada por la Ley del
mercado de valores ni constaba circunstancia alguna sobre la que se
pudiese fundamentar una actuación objetiva en otro sentido. Sobre el
requisito de la experiencia, el real decreto, de forma expresa,
regula, en el artículo 2, que en cuanto a experiencia, se debe exigir
de la mayoría de los miembros, pero en este caso se cumplió respecto
de todos los miembros del consejo de administración, ya que la
experiencia se concreta en que haya trabajos relacionados con el
mercado de valores durante más de dos años o se hayan ocupado puestos
de dirección de empresa durante más de dos años. La señora Giménez-
Reyna llevaba diez o veinte años, creo, trabajando dentro del sector
en distintas empresas; por tanto, cumplía el requisito de experiencia
sobradamente, igual que el resto de los miembros que presentaron el
proyecto.

Respecto de la apariencia tan extraña que tiene lo de la
transformación de la gestora en una agencia, lo que quiero transmitir
es que era una actuación absolutamente reglada, en la cual se dieron
la totalidad de los requisitos. Hoy lo conocemos más gracias a haber
intervenido y a haber podido contar con la autoridad judicial y con
la fiscalía anticorrupción, que están haciendo una serie de
actuaciones, respecto de las cuales -como ya he dicho anteriormente y
así de paso respondo a otra de las preguntas- la Comisión no tiene
competencias, porque la Comisión no tiene competencias de entrada y
registro en ningún domicilio, ni tiene competencias para incautarse
documentación, ni puede hacer seguimientos en cuentas corrientes para
ver los flujos del dinero, ni de dónde salían, ni adónde iban, ni qué
otras empresas pueden estar relacionadas. Es decir, nosotros no
contamos con esa serie de competencias que tienen otros organismos y
por eso se han nombrado peritos, que estarán cumpliendo lo que la
jueza ordene para poder realizar toda esa otra actuación
complementaria de despejar todas las incógnitas que,
desgraciadamente, tenemos en este momento, como pueden ser cómo o
dónde han ido los flujos monetarios y cómo, dónde o en qué se ha
aplicado los dineros captados por parte de esta agencia y en fraude
de los inversores.

En cuanto a que el mismo consejo aprueba a la agencia la
transformación y aprueba el expediente sancionador, ya he dicho los
motivos por los que creo que ocurrió tal circunstancia. En relación a
quién propuso al consejo la transformación, todos los acuerdos del
consejo van previamente propuestos por el director del departamento
correspondiente y con el visé por parte del servicio jurídico. Por lo
que se refiere a que don José María Ruiz de la Serna trabajó en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, este señor trabajó y dejó
la Comisión hace cinco o seis años. Respecto a cuál es el régimen
legal que tienen, todos los técnicos que están en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores tienen relación laboral, tienen
contrato laboral
con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero están sujetos a
la Ley de incompatibilidades públicas, exactamente igual que
cualquier funcionario y se cumple y se sigue escrupulosamente. Además
de eso, hay aprobado un código de conducta, por el que las personas
que trabajan en la Comisión no pueden directamente ir a entidades
supervisadas -entidades supervisadas no son las cotizadas, sino las
empresas de servicio e inversión o las instituciones de inversión
colectiva en un determinado período-, pero ese reglamento interno de
conducta es del año 1997 y este señor salió con anterioridad de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cualquier caso, que haya
gente que actúe de forma contraria al ordenamiento jurídico no puede
jamás implicar que manche al resto de los compañeros que actúan con
absoluta diligencia y con absoluta pulcritud. De hecho, estos mismos
compañeros son los que hoy en día, cuando han tenido las pruebas, han
hecho todo lo posible para que se haga la intervención y sean tomadas
las medidas que eran oportunas.

En cuanto a si el período de cinco meses entre la autorización y la
inscripción es normal o no, la verdad es que no hay un período medio
en la tramitación de expedientes. En muchas ocasiones la propia
entidad tarda en aportar papeles y en otras es superdiligente. En
este caso concreto, por ejemplo, por parte de la Dirección General de
Entidades antes de proceder a su inscripción se requirió de forma
expresa para ver si habían cumplido todos los requisitos y se detectó
que habían cumplido los requisitos que venían en el proyecto, pero no
el compromiso que habían manifestado de participar y de ir entrando
en el holding y se les escribió preguntando qué pasaba con ese
retraso y me parece que contestaron que iban a entrar sin prisa pero
sin pausa. Esto junto a, por ejemplo, las operaciones a que han hecho
referencia, que son operaciones intradía y que en muchas ocasiones no
muestran una realidad económica que esté detrás, habían sido
detectadas también por los servicios que habían puesto a investigar,
se había transmitido por parte de la Dirección de Mercados
Secundarios y se estaban estudiando y viendo qué ocurría con esas
aplicaciones. Estas circunstancias motivaron, por supuesto, que se
actuara de forma inmediata sobre el primer estado contable que se
remitió a la Comisión, que es lo que ha originado la posibilidad de
intervenir con anterioridad.

En cuanto a que figure la señora Giménez-Reyna, creo que se me ha
dicho que esta circunstancia podría haber afectado en algo al
expediente. Les aseguro que no ha afectado en nada. En de la Comisión
no se trata a las entidades que se supervisan en función de quiénes
sean los familiares de unas u otras, se actúa con absoluta y total
neutralidad. De hecho, en este caso, la presidenta de esta agencia de
valores era precisamente la hermana del secretario de Estado de
Hacienda, que es compañero y amigo personal mío. Espero que eso se



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pueda hacer, como debe ser, ahora, en el futuro y en todo momento.

Por lo que se refiere a una serie de recomendaciones que se me han
transmitido, las acepto plenamente. Me parece extraordinario lo de
que se tomen todas las medidas posibles para dotar de credibilidad al
sistema financiero y para que entre todos consigamos mejorar lo que
tenemos ya acumulado desde hace 12 años, o por lo menos mantenerlo en
la misma situación en la que recibimos tal patrimonio. Por supuesto
que estará muy bien que se adopten medidas que doten a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de más medios humanos y recursos para
que pueda ir desarrollando su actividad de una forma cada vez más
correcta y adecuada.




El señor Frutos ha hablado de revocación o suspensión temporal y de
traslado al ministerio fiscal. Lo que ha hecho la Comisión en esta
ocasión ha sido precisamente adoptar todas esas medidas que usted tan
acertadamente me ha recomendado. Se ha acordado la intervención y, de
forma inmediata, se ha dado traslado al ministerio fiscal y, además,
al Poder Judicial.

Me preguntaban si este acuerdo lo había tomado unilateralmente o en
consejo. Este acuerdo se tomó en consejo por unanimidad; no hubo
ningún voto discrepante. Todo el mundo estuvo absolutamente de
acuerdo desde el primer momento en que se adoptara esta decisión;
y no sólo en intervenir, sino también en remitirlo de forma inmediata
al ministerio fiscal y a la Audiencia Nacional. Entre otras cosas,
cuando aparecen hechos que puedan ser presuntamente constitutivos de
delito, estamos obligados a ponerlos de forma inmediata en su
conocimiento.

También tiene S.S. toda la razón en que exceden el ámbito de nuestras
facultadas las labores de inspección que procede que se realicen de
ahora en adelante. Por supuesto que nosotros desarrollaremos todas
aquellas que estén en nuestra mano, todas las que se nos pidan. Ya
hemos llevado a cabo toda la actuación en el ámbito internacional,
que tal vez pueda tener resultados -¡ojalá!-. También hemos remitido
al ICAC la auditoría de cuentas; el ICAC es la institución pública
a la que compete pronunciarse sobre la situación real de las auditorías
que se vienen presentando respecto de esta gestora de cartera y
posteriormente agencia de valores. Dentro de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores actuamos con unos sistemas de control que se basan
en la obligación de presentar auditorías. Por lo tanto, no nos es
indiferente que las auditorías se presenten de una u otra manera,
puesto que el sistema de control está basado precisamente en la
intervención de las auditoras y en la fiscalización de las cuentas
por parte de éstas. Es imprescindible que se haga un control riguroso
de todas las auditorías que se aportan como elemento de control
respecto de las instituciones financieras.

Estoy totalmente de acuerdo, señoría, con el hecho de que las
instituciones tienen que actuar con total objetividad y además velar
por el interés de todos los administrados. No puede ser de otra
manera, ya que todos perderíamos credibilidad y eso daría lugar a un
perjuicio irreparable.

En cuanto al trasiego de personas hacia el sector privado, ya he
explicado cuál es el régimen laboral y el de incompatibilidades. A
las personas que han trabajado en o para la Administración por
supuesto no se les pueden imponer prohibiciones más allá de las que
determinan las leyes para que puedan acceder a otros puestos de
trabajo. De todos es conocido que dentro de la Administración pública
desgraciadamente se perciben retribuciones que generalmente no tienen
parangón con las que se perciben en el sector privado. En esta
institución de momento, como es una institución joven, la gente que
trabaja en ella entró cuando era muy joven y todavía tiene edad para
seguir aguantando, pero es lógico, lo vemos todos los días, que, como
consecuencia de las diferencias de retribución, pasen del sector
público al privado.

En cuanto a las iniciativas de mejoras normativas, no sólo me parecen
aceptables sino que es importante que todas las instituciones aporten
cosas buenas y busquen cómo mejorarlas y perfeccionarlas. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores hará todo lo que esté en su mano y
las apoyará.

Por lo que respecta a la manifestación que ha hecho la señoría
perteneciente al Bloque Nacionalista Galego, estoy totalmente de
acuerdo con Rosalía de Castro. Por supuesto, no se puede entender que
las personas vayan a ser o no honorables por el patrimonio que las
mismas tengan. Es una afirmación absolutamente cierta y la comparto
plenamente. Dentro de la Comisión no conocemos el patrimonio de nadie
más allá de lo que puedan conocer SS.SS., ya que no tenemos acceso a
ninguna información particular de ninguna de las personas que con
nosotros se relaciona, pero estoy de acuerdo con que la honorabilidad
no va vinculada en ningún caso a la riqueza.

En relación con el fondo de garantía de inversiones, lo único que
quiero aclarar es que no va a ser dotado con fondos públicos, sino
con aportaciones de las propias entidades del sector. El sistema es
crear una gestora que va a estar integrada por las distintas empresas
de servicio e inversión, ya sean agencias o sociedades de valores.

Esta gestora será la que en su momento diga cuáles son las
aportaciones y a quién se indemniza y gestionará todo lo que es el
fondo, que, al igual que otro fondo de inversión, es una entidad sin
personalidad jurídica y por lo tanto un patrimonio, patrimonio que va
a ser dotado por las empresas de servicio e inversión. Se va a hacer
una dotación global de acuerdo con el metálico y los valores que hay
y, posteriormente, para distribuirlo entre las distintas empresas de
servicio



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e inversión, se tendrá en cuenta además el número de clientes que
tenga cada una de ellas.

Efectivamente, lo que ha pasado es una desgracia, una situación en
absoluto satisfactoria. Como presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores me habría encantado que jamás hubiera ocurrido,
pero tengo que manifestar que los servicios de la Comisión han
actuado de una forma totalmente correcta y desde luego ello nos
servirá para mejorar en el futuro todo aquello que podamos mejorar.

Espero haber podido atender a las preguntas, les agradezco muchísimo
la atención que me han prestado y quedo a su entera disposición. (El
señor Cuevas Delgado pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, de acuerdo con el Reglamento, es
discrecional del presidente otorgar las intervenciones en estos
casos. Le rogaría que fuera muy breve y matizando lo que crea
conveniente.




El señor CUEVAS DELGADO: Voy a ser muy breve y además me voy a ceñir
al propósito que nos trae aquí, que es analizar la comparecencia de
la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Le agradezco muchísimo la intervención y la contestación que ha dado
a la mía. Es verdad que hay determinadas preguntas que le he
formulado a las que no me ha contestado, pero espero que me las
remita por escrito, porque tampoco pretendía que lo hiciera ahora.

Vuelvo a repetir que le agradezco su intervención porque ha intentado
con rigor responder con argumentos -algunos compartiré, otros no- a
lo que yo le había planteado. Por tanto, ha entendido perfectamente
mi intervención, no le ha parecido penosa ni falta de rigor jurídico
y nos hemos adherido al juego democrático. Yo le he planteado una
serie de cuestiones y usted ha respondido con lo que cree que ha
hecho correctamente dentro de su gestión. Por eso se lo agradezco.

Hoy ha prestado con su intervención un buen servicio a la democracia.


Ojalá todo fuera igual, aunque no estuviéramos de acuerdo.

Volviendo a un tema que me parece crucial en esta cuestión, es verdad
que usted ha dicho y ha mantenido, porque es un eje que avala su
argumentación, que la Comisión Nacional no podía ir directamente
inspeccionando si la otra parte no le daba determinada documentación
y que no tenía la obligación de estar permanentemente controlando que
figurara en los registros y que esa empresa se comportara de acuerdo
con la ley. Lo que sí es cierto es que este tipo de agencias de
valores, igual que antes cuando era sociedad de gestión de cartera,
tienen que llevar una serie de controles por ley y encontrarse a
disposición de la Comisión Nacional. Lo que yo le he planteado antes
es que en las inspecciones que se realizaban, aleatorias o no,
debería de haber habido un mayor rigor porque no era la primera vez,
no era el primer caso y como se ha puesto de manifiesto con el
resultado final, que son estimaciones de la propia Comisión, 18.000
millones de quebranto es muy preocupante. Yo sé que hay muchas
empresas, que es difícil y que todo cuesta trabajo. Pero en este
caso, atendiendo a la propia idiosincrasia de esta empresa, donde
había un proceso paralelo en el que se estaban revisando las
estructuras de la empresa, estaba más que justificado que esto se
hubiera hecho antes. Es mi versión y mi tesis. Usted mantiene la
contraria. En todo caso, voy a sostener mi conclusión. Usted me ha
respondido a la actuación de los funcionarios y ha entendido
perfectamente que yo no he acusado a ningún funcionario de corrupción
ni de nada parecido. Solamente he dicho que había determinado
trasvase entre funcionarios que antes estaban en la Comisión, que
después han pasado a empresas y usted me ha explicado que en unos
casos obedece a normativas anteriores y en otros ni siquiera se podrá
saber, porque es verdad que a lo mejor se está prestando servicios a
una empresa y ni siquiera se sabe que se está asesorando o que hay
información privilegiada y es muy difícil llegar a la conclusión de
que hay esa información privilegiada. Pero el resultado de lo que ha
pasado parece concluir que algo de esto ha habido con profusión,
porque si no es difícil -y es mi tesis- que esto se hubiera mantenido
un año y pico en esta situación.

Por lo tanto, y ya concluyo, si esto es así o si el resultado final
es que ha habido dos procesos, uno con el caso Ava y otro con el caso
Gescartera, en los que ha sucedido este tipo de quebrantos, se pone
en entredicho el propio sistema. Es verdad que en ningún momento he
puesto en entredicho el sistema. Si hay que reafirmar aquí, como
algún interviniente ha exigido, que el sistema es sólido, yo lo digo,
pero el sistema no será más sólido porque yo lo diga o porque lo
digamos 20.000 a coro; el sistema será más sólido si la Comisión
Nacional del Mercado de Valores es capaz de garantizar la seguridad
de los inversores. Y eso, en este caso, no ha ocurrido. Y en el caso
de Ava tampoco. Por eso nosotros creemos que si cuando se produce una
situación atípica como ésta y cuando se reacciona pasa demasiado
tiempo, se llega a este resultado, que de 18.000 millones solamente
quedaban 200, muy poquitos. Le pedimos que usted trabaje por ello,
porque creo que le viene bien a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Por eso, nosotros queremos que la investigación de lo que ha
pasado, para que no vuelva a suceder, la hagamos en un órgano como es
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debe responder a la
democracia de este Parlamento. Nosotros queremos que se haga esa
investigación, pero no, como se propone, en una subcomisión. Una
subcomisión está para hacer un estudio sobre algo o para ponerse de
acuerdo en cómo están funcionando determinadas cosas en la
Administración. No, queremos una comisión de investigación, donde hay
taquígrafos y a la que se puede llamar a las personas para saber qué
ha pasado. Es necesario que podamos



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estudiarlo y sacar conclusiones; usted nos las ha pedido al final de
su intervención. Estamos dispuestos a sacar esas conclusiones y a
colaborar, desde nuestro grupo, para que el sistema mejore en su
conjunto. Ese es nuestro reto, nuestra preocupación y nuestro
compromiso, pero para ello hace falta esa comisión de investigación.

Quiero decir a todos los grupos y a todo el que quiere transparencia
que no se les llene la boca con la palabra transparencia, que acepten
la creación de esa comisión de investigación, porque es lo más
democrático y lo más eficaz.




El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo muy brevemente, señor
presidente, para decir que mi grupo acepta y se hace solidario con la
propuesta que había trazado el señor Martínez-Pujalte, de creación de
la subcomisión. La considero imprescindible y necesaria.

Quiero decir también a la señora presidenta de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores que mi grupo deposita en usted su confianza y
su credibilidad, extensible por supuesto al órgano que preside.

Entiendo que algo tendremos que hacer para dotar a la Comisión de
medios humanos, materiales y competenciales, porque, con la cifra de
4.400 intermediarios financieros, el cuerpo de inspectores de que
dispone se nos va de las manos. Habrá que regular por ley también el
concepto de fiabilidad de las auditoras privadas que actúan. Es un
requisito previo, pero se da por buena la auditoría cuando
precisamente ustedes han tenido que intervenir cuando descubrieron la
insolvencia patrimonial. La gran pregunta para las auditoras sería:
¿Cómo no vieron ustedes la insolvencia patrimonial? Eso se ve
perfectamente.

Respecto a la cuestión competencial, quisiera hacerle una breve
pregunta. ¿Entiende usted que la nueva legislación que se pueda
proponer debería dotar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de un poder ejecutivo? Después de oír lo que usted ha dicho de tener
que remitir al ministerio fiscal o a los tribunales competentes de la
Audiencia Nacional, como jurisdicción especial de delitos económicos
y monetarios, cualquier sospecha o presunción de delito, ¿a quién
corresponde la ejecución de las multas que ustedes ponen? Deduzco de
sus palabras que estos interfectos, que han sido capaces de
falsificar lo más increíble, no han pagado la multa que ustedes les
impusieron. Me da la sensación de que, al no tener los poderes del
director general de Tráfico o de cualquier organismo ejecutor de las
sanciones, poner ustedes una sanción es anunciar un papel mojado de
antemano. No le había hecho antes esta pregunta, pero se la hago
ahora porque quisiera saber si estos interfectos llegaron a pagar la
multa que les puso.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Yo agradezco a la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores todas las contestaciones que
hoy ha dado en esta Comisión y todas las explicaciones, tanto de la
primera intervención como de la segunda. Me uno a la afirmación del
Grupo Socialista de que hoy aquí usted ha hecho un buen servicio a la
democracia. El Grupo Parlamentario Popular había pedido esta
comparecencia y el Gobierno había solicitado la habilitación para que
la Comisión de Economía celebrara una sesión extraordinaria y creo
que ésta ha sido positiva. Así lo reconoce el Grupo Socialista y yo,
también. Creo que hemos trabajado bien, por tres motivos. En primer
lugar, porque damos credibilidad al mercado financiero. Agradezco al
Grupo Socialista que en esta segunda intervención haya cambiado el
tiro y haya manifestado que también cree en la solidez del mercado
financiero español y que cree en la solidez y en la seguridad que da
a los ahorradores el sector financiero y las pequeñas y medianas
empresas. Es muy importante el mensaje de seguridad a los
ahorradores. Es muy importante asimismo reseñar el trabajo esforzado
y profesional de los miembros y de los funcionarios de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Es importante también que pensemos
en el futuro qué medidas hay que poner para seguir mejorando, porque
hay que seguir mejorando continuamente y cada vez más en un mundo
cada vez más globalizado. Por eso es importante que empecemos
a trabajar en esa subcomisión, que mi grupo va a pedir que se incorpore
como un punto del orden del día de la primera reunión de la Comisión
de Economía, que ya tiene cerrado el orden del día para el día 6 de
septiembre; vamos a ver si la mesa se puede reunir y lo podemos
incorporar. Es importante empezar a trabajar para conocer la opinión
de todas esas personas que ya he detallado y para proponer medidas de
futuro. Igual que me parece muy importante que hagamos esfuerzos para
garantizar, con ese fondo que mañana se va a aprobar, la puesta en
marcha lo más rápido posible y para que puedan acogerse todos los
pequeños ahorradores de Gescartera. Me parece muy importante que se
inste al Gobierno a seguir poniendo todos los recursos humanos
y materiales al servicio de los órganos jurisdiccionales para poder
seguir investigando a fondo. En este sentido, creo que su
comparecencia ha sido positiva y el trabajo de esta Comisión de hoy
es positivo.




El señor PRESIDENTE: Señor Padrol.




El señor PADROL I MUNTÉ: Intervengo brevísimamente para sumarme a la
valoración extraordinariamente positiva que, si en mi primera
intervención la hacía de su mandato como presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, ahora la hago del tono y del
contenido de su intervención, de la calidad técnica y de contenidos
que ha tenido en su respuesta, incluso del tono positivo, que ha
permitido cerrar esta



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Comisión con un sabor de boca agradable y positivo más allá de algún
momento de cierto enconamiento que ha existido a lo largo de la misma
y que es lógico, por otra parte. Quiero reiterar la felicitación por
su intervención y darle las gracias, señora presidenta.




El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, tiene la palabra, si quisiera
añadir alguna cuestión.




La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Valiente Calvo): No conozco si ha pagado o no ha pagado, porque la
gestión de cobro no la lleva directamente la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. En cualquier caso, mañana voy a enterarme de cómo
se
encuentra esa situación. Es bastante complicado, porque, si se
falsifica con total pericia documentación increíble, es muy difícil
deshacer toda esa apariencia de realidad y de legalidad.

Agradezco muchísimo a todos haber permitido que explique cómo ha sido
la actuación que hemos desarrollado.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve y veinte minutos de la noche.