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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 281, de 28/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 281
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4909 a la 4956. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
Sesión núm. 31
celebrada el jueves, 28 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro del Interior (Rajoy Brey) para informar sobre:
- Causas que justificaron la denegación de asilo político al súbdito
turco de etnia kurda Alaattin Yildiz y su posterior devolución a su
país de origen. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000147.) . . .
(Página 8511)
- Las condiciones en que fue realizada la salida obligatoria de
España de los más de quinientos extranjeros en los últimos días y la
adecuación de su transporte a las leyes de seguridad en el mar. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000183.) . . . (Página 8511)
- Las actuaciones policiales y/o de las autoridades con competencias
en inmigración referidas singularmente a repatriaciones, en
condiciones según parece poco acordes con la dignidad
humana. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número
de expediente 213/000186.) . . . (Página 8511)
- La posible repatriación de inmigrantes en las bodegas de los buques
sin las debidas medidas de seguridad. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000187.) . . . (Página 8511)
- La deportación de emigrantes en las bodegas de buques. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000188.) . .
. (Página 8511)
- Las condiciones de seguridad para sus propias vidas en las que son
repatriados desde el Estado Español los inmigrantes indocumentados. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000190.) . . . (Página 8511)
- Las circunstancias de la muerte de un joven inmigrante
indocumentado, por un disparo de un miembro de las Fuerzas de
Seguridad el día 03/12/2000 en el Tejar, en Tarifa (Cádiz). A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/000246.) . . . (Página 8511)
- Las circunstancias en que se produjo la muerte de un inmigrante
marroquí, ocasionada por un disparo de un guardia civil en Tarifa
(Cádiz) el día 03/12/2000. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000248.) . . . (Página 8511)
- Las circunstancias por las cuales se produjo el fallecimiento de
una persona, inmigrante magrebí, al parecer por el disparo de un
miembro de la Guardia Civil. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000250.) . . . (Página 8511)
- Los hechos acaecidos en la muerte de un inmigrante magrebí a manos
de la Guardia Civil en las playas de Tarifa la madrugada del día 03/
12/2000. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 213/000254.) . . . (Página 8511)
- La aplicación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, una vez hayan transcurrido los primeros quince
días desde su entrada en vigor. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000300.) . .
. (Página 8511)
- Las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado desde el día 01/02/2000, para hacer frente a las
redes de inmigración ilegal y de falsificación de documentos, así
como de las previsiones de dicha actuación en un futuro para evitar
su proliferación. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000328.) . . .
(Página 8511)
- Razones por las cuales el Gobierno Español ha permitido que España
y diversos países de la Unión Europea (UE) exijan visado de entrada a
los ciudadanos colombianos, lo que ha originado la protesta del
Premio Nobel Gabriel García Márquez y de otros escritores y su
determinación de no venir en lo sucesivo a España. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000366.) .
. . (Página 8550)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DEL INTERIOR (RAJOY BREY) PARA INFORMAR SOBRE:
- CAUSAS QUE JUSTIFICARON LA DENEGACIÓN DE ASILO POLÍTICO AL SÚBDITO
TURCO DE ETNIA KURDA ALAATTIN YILDIZ Y SU POSTERIOR DEVOLUCIÓN A SU
PAÍS DE ORIGEN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000147.)
- LAS CONDICIONES EN QUE FUE REALIZADA LA SALIDA OBLIGATORIA DE
ESPAÑA DE LOS MÁS DE QUINIENTOS EXTRANJEROS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS Y LA
ADECUACIÓN DE SU TRANSPORTE A LAS LEYES DE SEGURIDAD EN EL MAR. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000183.)
- LAS ACTUACIONES POLICIALES Y/O DE LAS AUTORIDADES CON COMPETENCIAS
EN INMIGRACIÓN REFERIDAS SINGULARMENTE A REPATRIACIONES, EN
CONDICIONES SEGÚN PARECE POCO ACORDES CON LA DIGNIDAD HUMANA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de
expediente 213/000186.)
- LA POSIBLE REPATRIACIÓN DE INMIGRANTES EN LAS BODEGAS DE LOS BUQUES
SIN LAS DEBIDAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000187.)
- LA DEPORTACIÓN DE EMIGRANTES EN LAS BODEGAS DE BUQUES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000188.)
- LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SUS PROPIAS VIDAS EN LAS QUE SON
REPATRIADOS DESDE EL ESTADO ESPAÑOL LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000190.)
- LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE DE UN JOVEN INMIGRANTE INDOCUMENTADO,
POR UN DISPARO DE UN MIEMBRO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EL DÍA
03/12/2000 EN EL TEJAR, EN TARIFA (CÁDIZ). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000246.)
- LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO LA MUERTE DE UN INMIGRANTE
MARROQUÍ, OCASIONADA POR UN DISPARO DE UN GUARDIA CIVIL EN TARIFA
(CÁDIZ) EL DÍA 03/12/2000). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000248.)
- LAS CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES SE PRODUJO EL FALLECIMIENTO DE
UNA PERSONA, INMIGRANTE MAGREBÍ, AL PARECER POR EL DISPARO DE UN
MIEMBRO DE LA GUARDIA CIVIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000250.)
- LOS HECHOS ACAECIDOS EN LA MUERTE DE UN INMIGRANTE MAGREBÍ A MANOS
DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS PLAYAS DE TARIFA LA MADRUGADA DEL DÍA 03/
12/2000.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 213/000254.)
- LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE
ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU
INTEGRACIÓN SOCIAL, UNA VEZ HAYAN TRANSCURRIDO LOS PRIMEROS QUINCE
DÍAS DESDE SU ENTRADA EN VIGOR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000300.)
- LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO DESDE EL DÍA 01/02/2000, PARA HACER FRENTE A LAS
REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL Y DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, ASÍ
COMO DE LAS PREVISIONES DE DICHA ACTUACIÓN EN UN FUTURO PARA EVITAR
SU PROLIFERACIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000328.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a la sesiónde la Comisión. Le damos la
bienvenida al vicepresidente
primero y ministro del Interior, al que le expresamos nuestra
solidaridad con su trabajo y nuestra condena una vez más por todos
los atentados como el que hemos tenido esta mañana.
Sin más preámbulos, quiero dar cuenta a todas SS.SS. de que, por
acuerdo de los portavoces con la Mesa, se van a agrupar los tres
primeros bloques en uno sólo, y se dejará para un momento posterior
el debate del punto que figura en el orden del día como número 13,
que corresponde al cuarto bloque. Para exponer sus puntos de vista
sobre todas estas cuestiones, en relación con las cuales han
solicitado los grupos la comparecencia, le doy la palabra al
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): De conformidad con lo que ha decidido la Presidencia,
previo acuerdo con los diferentes grupos parlamentarios, voy a
comenzar mi exposición con la primera de las peticiones de
comparecencia que hace referencia a tres asuntos distintos. El
primero es la valoración de la aplicación de la reforma de la Ley 4/
2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, una vez hayan transcurrido -dice la petición de
comparecencia- los quince primeros días. En realidad han transcurrido
más días y si bien esto no es positivo desde un punto de vista, sí lo
es desde el que nos permite hablar con más conocimiento de causa y,
sobre todo, una vez que ha transcurrido un período de tiempo que nos
facilita hacer un cierto juicio de valor de lo que ha sucedido. El
segundo asunto de esta primera comparecencia hace referencia a las
actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el
1 de febrero de 2000, para hacer frente a las redes de inmigración
ilegal y de falsificación de documentos, así como de previsiones de
dicha actuación en un futuro para evitar su proliferación. Y el
tercer asunto es más concreto y versa sobre la denegación de asilo
político a un súbdito turco y su posterior devolución a su país de
origen. Después de ver estos tres primeros apartados de esta primera
comparecencia, abordaré, de conformidad con lo que se ha dicho, el
asunto que hace referencia al incidente producido por la repatriación
de un número significativo de inmigrantes en bodegas de un buque y, a
continuación, me referiré a los hechos acaecidos en la muerte de un
joven inmigrante por disparo de un miembro de la Guardia Civil el día
3 de diciembre de 2000, en las playas de Tarifa (Cádiz). Con su
permiso y el del señor presidente, voy a incidir de manera especial
en la primera parte de la primera comparecencia que se ha demandado,
porque es la más general; en ella intentaré dar una visión, que es la
del Gobierno y la mía, del fenómeno de la inmigración en España en el
presente momento.
Comenzaré esta primera parte de la primera comparecencia con una
consideración general. Después haré
una referencia a la legislación actual y a la inmediatamente
anterior. Es una referencia ya conocida por ustedes, pero hace al
caso en esta intervención. A continuación, explicaré lo que ha hecho
el Gobierno desde la aplicación de la ley, refiriéndome a lo que me
parece más esencial, sin entrar en temas menos importantes. Y, por
último, haré (es lo más interesante) un breve planteamiento de los
problemas que veo y de lo que debemos hacer en el futuro. Por tanto,
de conformidad con lo dicho en primer lugar, una consideración
general.
El fenómeno de la inmigración es probablemente el más novedoso de los
últimos años, al menos en sus aspectos cuantitativos; el más
sustancial que habrán de afrontar los gobiernos en los países con
mayor nivel de vida, especialmente los de la Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá, Suiza y otros y, además nos acompañará (este es un
dato revelador) durante muchísimos años, en mi opinión durante la
vida de todos los aquí presentes, que espero que sea muy larga. Voy a
dar algunos datos que avalan lo que acabo de señalar. Según los
últimos datos oficiales conocidos de la OCDE, en 1998 el porcentaje
de población extranjera residente en los países de la Unión Europea
oscilaba entre el 1,1 por ciento de Grecia, el 9,1 de Austria y el
8,9 de Alemania. Hoy en España hay aproximadamente 1.100.000 personas
extranjeras regularizadas, lo cual significa que el 2,5 por ciento de
la población que vive en España no es de nacionalidad española. Este
número se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años. A
título orientativo, a finales de 1995 estábamos hablando de 499.000
extranjeros en España, a finales del año 2000 es casi de 895.000 y
hoy, como digo, estamos aproximadamente en 1.100.000 personas
extranjeras que viven en España en situación de legalidad.
En cuanto a cuáles son las causas de la inmigración, cómo debemos
afrontarla y cuáles son los problemas que puede generar son las
preguntas a las que yo quiero dar respuesta en este apartado que he
llamado de consideraciones generales. Voy a responder a estas
preguntas de manera sintética, con brevedad y fijándome en lo
esencial, aunque sin duda alguna, si ustedes quieren, puedo
profundizar en una posterior intervención, pero no creo, dada la
amplitud del orden del día, que deba alargarme en exceso. Las causas
están claras: el deseo de muchos nacionales de otros países,
fundamentalmente países pobres o incluso países muy pobres, de llevar
una vida mejor o de llevar simplemente una vida digna. Por eso este
es un fenómeno que se produce de los países pobres a los países
ricos, como antes he dicho. ¿Cómo debemos afrontarla? Por una parte,
el mundo rico -y perdón por la expresión, pero es muy clarificadora-
debe hacer un esfuerzo para aumentar la cooperación con esos países,
y no sólo la que entendemos como cooperación económica stricto sensu,
sino la cooperación en materia de formación-educación de personas
para que no se vean obligados en un futuro a medio plazo -no nos
engañemos, porque esta es una
política de medio plazo- a tener que abandonar su país. Y por otra
parte, debemos afrontar este fenómeno con una actitud solidaria y
abierta; si podemos, porque las circunstancias de nuestro país nos lo
permiten y porque estas personas pueden encontrar aquí una vida
digna, hagámoslo, pero ordenadamente y mediante una regulación legal
adecuada. ¿Cuáles son, también explicitados de una manera general,
los problemas que se pueden generar? En primer lugar, puede haber un
problema de integración, que requiere actuaciones por parte de las
administraciones, las que sean y de cualquier país que sea, y también
la voluntad de integración -esto también hay que señalarlo- por parte
del propio inmigrante. En segundo lugar, se puede plantear, y de
hecho se plantean, actuaciones contrarias a las leyes particularmente
por mafias y grupos organizados que pueden generar tensiones en el
conjunto de la sociedad. Este es un asunto que por fortuna aún no se
vive en España con la intensidad que en otros países de la Unión
Europea, pero habrá que prestarle en el futuro una atención especial.
Además se plantean problemas importantes, en algunos casos
irreparables, como son las pérdidas de vidas humanas como
consecuencia de determinados casos de inmigración ilegal, que
desgraciadamente se producen de una manera muy cotidiana, y en
algunas ocasiones -y luego haré también una breve referencia a este
asunto- se pueden generar algunos problemas de delincuencia. Pues
bien, estas son las ideas que hemos pretendido plasmar en la
legislación que hemos aprobado y a la que se refiere esta petición de
comparecencia y que yo sintetizaría en cuatro: primero, España puede
y debe ser un país de acogida; segundo, la inmigración hay que
regularla, es decir, la inmigración debe hacerse legalmente, hay que
apostar por la legalidad; tercero, hay que hacer un esfuerzo de
integración, y, cuarto, hay que luchar contra la ilegalidad en la
inmigración, particularmente contra el tráfico de personas y las
mafias organizadas.
Paso ahora, después de hacer estas consideraciones de tipo general y
de principio (me parece necesario referirme a ellas en una
intervención de estas características) de conformidad con lo dicho al
principio, a hacer una referencia muy sintética, porque ya es un
asunto conocido, y sin más ánimo que el puramente descriptivo no
político, a explicar cuáles son los cambios más relevantes que
nosotros planteamos en la Ley 8 de la que aquí hablamos. Sólo
mencionaré los que en mi opinión son más importantes,
fundamentalmente cuatro: primero, la atribución de la Ley vigente de
derechos de corte social y político a los extranjeros sin tener en
cuenta su situación de legalidad o ilegalidad. Como ustedes saben,
este es el asunto que al final provocó problemas en los grupos y
recursos ante el Tribunal Constitucional. Segundo, hubo un asunto que
modificamos en la ley que nos parecía importante, que es la
deficiente regulación de la concesión de visados para la entrada en
territorio español. Tercero, hay otro asunto más importante aún,
que es que la anterior ley establecía un procedimiento permanente de
regularización de extranjeros al establecer que los que acreditaran
una estancia interrumpida en España durante dos años, siempre que
estuvieran empadronados, serían legalizados. Ahora se establece, de
acuerdo con los criterios mantenidos por la mayor parte de los países
de la Unión Europea, que este período de tiempo será de cinco años.
Hay algunos países, como Francia (y esto nos plantea algún problema)
en los que la exigencia es de diez años. Y por último, la ley no
contemplaba la posibilidad de expulsión de los extranjeros que se
encontraban irregularmente en España, y en estos casos eran
sancionados solamente con multa, pero no podían ser expulsados. Estas
son, a título de recordatorio, las razones más notables por las que
nosotros propugnamos una modificación de la Ley 4/2000 y aprobamos en
las Cortes Generales, con el apoyo de tres grupos parlamentarios, la
Ley 8/2000. Con ello ya finalizo -y, como he dicho, con la brevedad
debida- la segunda parte de esta primera de las tres intervenciones
a las que se refiere esta primera comparecencia.
Hemos visto las consideraciones generales, he hecho una breve
referencia a la legislación y voy ahora a exponer -esto tiene más
interés- las principales medidas que se han adoptado en estos meses.
Al igual que en las partes anteriores de mi intervención me fijaré en
lo más esencial pues el detalle haría interminable mi intervención.
Dejo de momento de lado las medidas relacionadas con la lucha contra
la inmigración ilegal a las que me referiré en la segunda parte de
esta primera comparecencia y me ceñiré a los siguientes temas de
mayor interés. En primer lugar abordaré las medidas de desarrollo
normativo de la ley y a la situación actual del proceso de
regularización que establece la Ley 4/2000, la revisión de oficio que
establece la Ley 8/2000, así como la interpretación del concepto de
arraigo previsto en el texto de la actual ley. En segundo lugar haré
una referencia a los acuerdos con terceros países que suponen una
apuesta importante por la inmigración legal, como ustedes conocen y,
por último, haré una breve referencia al Plan Greco.
En primer lugar, pues, desarrollo normativo de la Ley. Comienzo con
la reglamento de la Ley de extranjería. La Ley Orgánica 8/2000 prevé
la aprobación en un plazo de seis meses de un reglamento que la
desarrolle. El Gobierno ya ha elaborado el proyecto de reglamento de
ejecución de la Ley y se está culminando su proceso de elaboración
hasta su aprobación definitiva. El texto ha sido hablado con
diferentes partidos políticos, agentes sociales, económicos y se ha
tratado de llegar al máximo acuerdo posible. Se han incorporado la
mayor parte de las recomendaciones realizadas por el informe del
Defensor del Pueblo; acabamos de recibir el informe del Consejo
General del Poder Judicial y, como consecuencia del mismo, hemos
introducido algunas reformas; y en el día de ayer hemos remitido, por
ser preceptivo, este reglamento al Consejo de
Estado en la idea de aprobarlo de manera definitiva -lo hará como
ustedes saben el Consejo de Ministros, que es a quien corresponde- a
lo largo del próximo mes de julio. En segundo lugar, quiero referirme
al Consejo Superior de Política de la Inmigración. Este Consejo fue
creado por Real Decreto 4 de abril del año 2001, es decir, hace
escasas fechas; se constituyó el pasado 7 de mayo y se ha hecho en
desarrollo del artículo 68 de la ley. Se trata de un órgano colegiado
de coordinación y cooperación entre todas las administraciones
públicas en una materia que desborda el ámbito competencial de la
Administración del Estado y que exige la suma de esfuerzos de todos
los poderes públicos. En tercer lugar, el Foro para la integración
social de los inmigrantes está previsto en el artículo 70 de la Ley
de Extranjería. Este órgano ha sido desarrollado también, se ha
modificado mediante Real Decreto de 4 de abril de 2001, en el que se
regula la composición, competencia y régimen de funcionamiento del
mismo. Se configura como un órgano colegiado de consulta, información
y asesoramiento del Gobierno y en su caso de las administraciones
autonómicas y locales. Este órgano posibilita la participación en las
políticas de inmigración de las asociaciones de inmigrantes y de las
asociaciones sociales de apoyo. Recientemente hemos publicado la
orden ministerial que va a ser el requisito previo para proceder a su
constitución efectiva y, por tanto, a celebrar su primera reunión
tras la modificación. Por último el Observatorio permanente de la
inmigración. Como ustedes saben antes esta era una función más que un
órgano; ahora es un órgano que se constituirá en los próximos días y
se regula por Real Decreto 345/2001 como un instrumento para el
conocimiento y análisis de la realidad del fenómeno migratorio. Esto
en cuanto a las medidas de desarrollo normativo posteriores a la
aprobación de la Ley 8.
En segundo lugar, como he dicho, voy a hacer un breve comentario
sobre el proceso de regularización que establece la Ley 4/2000 sobre
el proceso de revisión de oficio que establece la Ley 8/2000 y sobre
la interpretación que hemos decidido hacer del concepto de arraigo
previsto en la ley hasta que se apruebe el reglamento. Como
consecuencia del proceso de regularización que aprueba la Ley 4/2000
solicitaron ser regularizadas en todo el territorio nacional un total
de 244.787 personas; de ellas se ha regularizado la situación de
150.053 y se ha denegado por distintas causas la de 81.462 personas,
fundamentalmente por no cumplir los requisitos establecidos en el
proceso de regularización. Ha habido, como consecuencia de la
aprobación de la Ley 8/2000, un proceso de revisión de oficio, sin
necesidad de solicitud, que afectaba a 57.766 personas, de las que se
han estudiado hasta ahora 50.193 expedientes, es decir, la práctica
totalidad (en próximas fechas terminaremos) y de ellas se han
aprobado y, por tanto, se ha regularizado la situación de 34.376
personas. Quiero decir con ello que el proceso de regularización
establecido en la Ley 4/2000 y el proceso de revisión de oficio
establecido en la Ley 8/2000 están prácticamente terminados, con lo
cual en un año se habrá regularizado la situación de alrededor de
184.000 personas, lo que supone un número muy considerable y muy
superior a cualquier proceso realizado a lo largo de nuestra
historia. A estas 184.000 personas como es natural hay que sumar la
concesión de situación de legalidad en España de todas aquellas que
han ido por la vía ordinaria prevista en la legislación vigente.
Además, y como ustedes saben, la ley establece una serie de
procedimientos para adquirir la legalidad en España. Una de las
modificaciones establecidas en la Ley 8/2000 es que permite la
legalización de algunas personas que, aun no cumpliendo los
requisitos generales, acrediten una situación de arraigo en España.
La definición del arraigo habrá de hacerse, se hace y se hará, en el
reglamento que aprobaremos, como he señalado antes, a lo largo del
mes de julio. Por tanto, hasta el presente momento, entre el lapso de
tiempo que media entre la aprobación de la ley y la aprobación del
reglamento el concepto de arraigo no está definido y lo hemos
definido diciendo que se considerarán arraigadas en España aquellas
personas que acrediten estar residiendo aquí desde antes del 23 de
enero del presente año 2001, es decir, el día de la aprobación de la
ley, y que acrediten otras circunstancias a las que luego puedo hacer
referencia si ustedes quieren. Como consecuencia de esta
interpretación del concepto de arraigo -alguna había que dar, puesto
que el reglamento no está aprobado de momento- han solicitado su
legalización 36.000 personas, expedientes que lógicamente se están
estudiando en este momento. Hay que señalar que algunas de las
personas que lo han solicitado ya habían pedido su legalización por
la vía ordinaria, otras están incluidas en el expediente de revisión
de oficio de la Ley 8/2000, a la que antes he hecho referencia, y
lógicamente habrá otras muchas que no cumplirán los requisitos, pero
eso ya lo veremos en su momento. Esa es la situación en la que
estamos en cuanto a los procesos de regularización de la Ley 4, de
revisión de oficio de la Ley 8, y de interpretación del concepto de
arraigo a que antes he hecho referencia, señalando que además hay
personas que acceden a la situación de legalidad en España por la vía
ordinaria prevista en la ley en vigor.
En tercer lugar, quiero hacer una breve referencia también al Plan
Greco, que es otra de las decisiones importantes que hemos adoptado a
lo largo de los meses que han transcurrido desde que se aprobó la Ley
definitivamente el pasado día 23 de enero. Voy a hacer simplemente un
comentario sintético sobre el Plan Greco con el ánimo de no
abrumarles a ustedes. Con mucho gusto luego puedo ampliar los datos.
El programa global de regulación y coordinación de la extranjería fue
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de marzo del año
2001, con una vigencia temporalde 4 años y con una dotación
presupuestaria para el
año 2001 de 37.766 millones de pesetas. Este programa, como saben
ustedes, se estructura en cuatro líneas básicas y se desarrolla
mediante 23 acciones y 72 medidas concretas y singulares a adoptar en
cada caso. La principal novedad que incorpora este programa es que
constituye la primera iniciativa diseñada y ejecutada en nuestro país
para tratar el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva
global e integradora. Desde el punto de vista político y
administrativo supone un esfuerzo de dirección unificada y de
coordinación y es el resultado directo de la creación de la
delegación del Gobierno para la extranjería y la inmigración. Desde
el punto de vista económico y financiero el programa Greco se
configura como la suma de todos los recursos públicos estatales
destinados de manera específica a afrontar, encauzar e integrar el
fenómeno de la inmigración en todas sus vertientes. Tengo aquí los
datos económicos, las principales partidas de este Plan Greco; con
mucho gusto luego puedo darlas a conocer a todos ustedes. Pero hay
algo que me interesa señalar porque es muy importante y es la de que
el Plan Greco no constituye ni mucho menos el total de recursos que
las administraciones dedican al fenómeno de la inmigración, porque
probablemente las más interesantes aportaciones al Plan Greco son las
derivadas de la asistencia sanitaria. En este momento hay más de un
millón de personas extranjeras que residen legalmente en España que
reciben asistencia sanitaria gratuita; además, aunque no residan
legalmente, como ustedes saben, también la reciben. No olvidemos que
la media de gasto sanitario en España por persona es de 123.000
pesetas al año. Por tanto, estamos hablando de elevadas cantidades.
Hay que señalar además que ya son muchísimos los hijos y las hijas de
personas que están en España en situación regular o irregular que
están en colegios públicos; la media de gasto es de más de 200.000
pesetas por alumno, siendo un poco mayor o menor según estemos
hablando de la enseñanza primaria o la secundaria. Ya hay muchos
inmigrantes que perciben prestaciones de desempleo y ayudas a
vivienda. Por tanto, el Plan Greco no es el único conjunto de
partidas presupuestarias con las que hay que abordar el fenómeno de
la inmigración sino que existen otras muchas partidas en el conjunto
de los presupuestos de las distintas administraciones públicas que se
refieren a este asunto.
Tras lo que he llamado consideraciones generales o de principio, tras
la referencia a la legislación anterior, a la presente, y tras la
síntesis que he intentado hacer -y créanme que no ha sido fácil- de
la actuación del Gobierno desde la aprobación de la ley, paso ahora
-en lo que es la última parte del primer bloque de estas
comparecencias- a hacer unos breves comentarios sobre el futuro y una
referencia a los problemas que se pueden plantear y que tendremos que
intentar resolver. A finales del próximo mes de julio, como he
señalado antes, habremos terminado el proceso normativo. A partir de
ese momento las reglas del juego estarán
claras. Hay una norma que regula con meridiana claridad cómo se
puede adquirir en España la condición de inmigrante legal y al mismo
tiempo establece las consecuencias de la inmigración ilegal en sus
diversos supuestos. ¿Qué debemos hacer ahora? Quiero explicarles los
problemas fundamentales con los que se encuentra el Gobierno. En
primer lugar, lo que es básico y fundamental, como es natural, es
hacer lo que debe hacer cualquier Administración, es decir, actuar
con la mayor agilidad y diligencia debida. Soy consciente de que
tanto la concesión de visados como la de permisos de residencia
debemos resolverla con mayor celeridad. En cualquier caso, quiero
señalar que en menos de un año, y como he apuntado antes, se ha
regularizado la situación de más de 200.000 personas en España, lo
cual ha supuesto un colosal esfuerzo por parte de la Administración,
al que no estaba acostumbrado porque nunca nos hemos encontrado en
una situación de estas características. Hay que hacer un esfuerzo; ya
en el Plan Greco se contienen importantes cantidades dedicadas al
reforzamiento de las oficinas de extranjería. Hace no muchas fechas
hemos incluido a 348 personas más dedicadas a esta función y también
estamos haciendo un gran esfuerzo en los consulados, pero debemos
continuar con él.
En segundo lugar, es muy importante hacer referencia a los
expedientes de expulsión que plantean dificultades en España. La ley
establece que es causa de expulsión la situación irregular en España,
la situación de ilegalidad de muchas de estas personas. La situación,
desde el punto de vista del Ministerio del Interior, es la siguiente.
En primer lugar, no hay ninguna dificultad en expulsar a aquellas
personas que son detenidas en frontera; es decir, las personas que
son detenidas en frontera, como las que vienen en pateras, llegan y
en el plazo de 72 horas vuelven a sus países de origen,
fundamentalmente a Marruecos. En segundo lugar, hay algunas
dificultades más para expulsar a aquellas personas que están en
España en situación ilegal. ¿Por qué la hay? Porque en muchas
ocasiones los trámites son dificultosos. Primero, necesitamos
autorización judicial para internar a esas personas en un centro de
internamiento durante el plazo de cuarenta días; después, cuando se
procede a la expulsión, necesitamos la autorización del juez para la
expulsión; luego puede ocurrir que interpongan recurso contencioso-
administrativo y el juez puede decretar la suspensión cautelar y,
además, necesitamos que el país, del cual es nacional la persona a la
que se va a expulsar, autorice la expulsión. En estos casos, que son
los generales, no hay excesivas dificultades. Donde las hay mayores
es cuando pretendemos expulsar a personas que están inmersas en
procesos penales. En este caso las dificultades son mucho mayores
porque la Policía detiene a la persona de que se trate, la pone a
disposición judicial, solicita la expulsión de España de la misma por
dos razones: por susituación de ilegalidad y por haber cometido un
delito,
pero en muchas ocasiones el juez no lo autoriza. Para que ustedes se
hagan una composición de lugar, quizá el caso más claro y entendible
es el del ciudadano moldavo que no hace muchas fechas cometió un
horrible asesinato en Madrid. Esta persona había sido detenida en
cuatro ocasiones por la Policía Nacional. En las cuatro ocasiones fue
puesta a disposición judicial, el juez, porque entendió que había
cometido delitos menores, no estimó oportuno el establecimiento de la
prisión preventiva y, aun así, la Policía Nacional solicitó la
expulsión de España, que fue decretada por el delegado del Gobierno
pero el juez no la autorizó por entender que esa persona tenía causas
penales en España y, por tanto, había que juzgarla antes de proceder
a su expulsión. Esto, como ustedes pueden entender, plantea
dificultades importantes a la Policía, que se encuentra en muchas
ocasiones con que detiene a personas una, dos, veinte veces, incluso
hasta cien (hay casos de más de cien detenciones en un año), y no se
le aplica nunca la prisión provisional, con lo cual está en la calle,
pero tampoco se la puede expulsar de España porque está pendiente de
que se la juzgue. Este es uno de los temas que está planteando más
dificultades al Gobierno y que yo intentaré resolver, no mediante
decisiones administrativas o del propio Gobierno, sino mediante
buenos oficios y las reformas legales que a buen seguro, estoy
convencido, se están planteando en el pacto de Estado para la
justicia, que espero que pronto vaya presentándose a través de
distintas leyes en las Cortes Generales. Este es el segundo problema
al que quería hacer referencia. El primero es que necesitamos un
mayor refuerzo de las oficinas de extranjería y el segundo es el
problema de las expulsiones.
En tercer lugar -no es propiamente un problema sino una necesidad-,
la necesidad de continuar la política de los convenios, que, como he
dicho antes, es un instrumento muy importante para fomentar la
emigración legal. Este instrumento está previsto en la Ley 8/2000 y
tiene como objetivo fundamental regularizar de manera ordenada los
flujos migratorios hacia nuestro país. Además, estos convenios se
completan con compromisos para la readmisión de los nacionales o de
nacionales de terceros Estados. Es decir -y ya me he referido antes a
este asunto-, cuando una persona entra ilegal o está ilegal en
España, para poder expulsarla se necesita que el país del que esa
persona es nacional acepte la expulsión. Y completamos estos
convenios con una potenciación de los proyectos de cooperación al
desarrollo, lo cual tiene mucho sentido y es algo a lo que hice
referencia en mi primera parte de consideraciones o de principios
generales. Aquí hay que hacer una política de medio y largo plazo,
que es generar formación, cultura y progreso económico en esos
países, para evitar que estas personas tengan que abandonarlos. Pues
bien, estos acuerdos parten de la premisa de que la inmigración
procedente de dichos países para España es un fenómeno positivo,
deseable,
enriquecedor, siempre que se canalice de acuerdo con las necesidades
de nuestro mercado de trabajo y en el marco de nuestra legalidad. Con
ello se pretende que los trabajadores de dichos países vengan a
España con todos los papeles en regla y con un contrato de trabajo
asegurado para que puedan integrarse plenamente en la sociedad
española y ejercer todos sus derechos. Pero tienen también un efecto
informativo y educativo, ya que propician la difusión de una cultura
de la legalidad y desincentivan las vías ilícitas de entrada y
estancia en España. Se han firmado hasta el presente momento acuerdos
con Colombia y Ecuador, están pendientes de firma los acuerdos con
Polonia y Marruecos y se están negociando con Rumanía y la República
Dominicana, habiendo también un embrión, porque hay unos contactos
preliminares, con Túnez. Esta es la tercera idea de cara al futuro.
La cuarta idea de cara al futuro es la agilización en la fijación de
los cupos derivados de estos convenios. Nosotros hemos señalado que
haremos un cupo anual con los países con los que firmemos acuerdo
para que vengan a trabajar. Yo soy consciente, y este es un tema que
me parece muy importante, de que debemos arbitrar un procedimiento
que, con la mayor celeridad posible, pueda abordar estos problemas y
es uno de los retos más importantes que tiene el Ministerio del
Interior en las próximas fechas.
Hay un quinto asunto que me parece muy importante de cara al futuro y
es facilitar la integración de los inmigrantes. Aquí yo quiero
señalar una cosa y es que debemos hacer un gran esfuerzo de
pedagogía, pero un gran esfuerzo de pedagogía en esto no es hacer
norma, sino que es un gran esfuerzo de pedagogía dirigido al conjunto
de la opinión pública, pero también a las personas de fuera que
residen en España. Hay personas que se integran con absoluta
normalidad y hay otros nacionales de otros países que es muy difícil
que se integren y no hay nada más negativo de cara al futuro que se
puedan generar guetos, que pueden dar lugar a situaciones
conflictivas en determinadas ciudades españolas. Por tanto, en este
asunto el esfuerzo que hay que hacer, y no sólo por parte del
Ministerio del Interior sino por parte de quien pueda hacerlo, es una
labor pedagógica en la línea de que la integración es algo
absolutamente fundamental.
Por último, yo considero imprescindible, creo que es el tema más
importante, hacer otro gran esfuerzo, que es una mezcla de esfuerzo
de pedagogía, de campañas publicitarias y de intentar convencer a
determinados países de que las situaciones de inmigración irregular
que se están produciendo en este momento son sangrantes, porque están
produciendo la pérdida de muchas vidas humanas. El establecimiento de
un procedimiento como el que se hace de las pateras para la vía
ilegal, aparte de ser contrarios a muchos principios, está
produciendo muchas pérdidas humanas. Y tengo que decir que sólo la
extraordinaria labor de la Guardia
Civil en el Estrecho ha evitado que se produzcan muchísimas más
víctimas que las que se han producido a lo largo de estos últimos
años. Yo tengo algunos datos que con mucho gusto puedo aportarles.
En lo que va de año, aparte de lo que son detenciones stricto sensu
por parte de la Guardia Civil, como servicios humanitarios puedo
señalar los siguientes: rescate de una embarcación tipo Zodiac con 49
inmigrantes a bordo que se encontraba a la deriva; rescate de cinco
personas de un naufragio presentando cuadros de diversas heridas e
hipotermias, siendo trasladados, una vez en tierra, al hospital -en
esta misma operación se rescata un cadáver-; salvamento de dos
españoles y un marroquí que se encontraban a la deriva en una
embarcación semidirigida; rescate de un submarinista con caída al mar
de un oficial del cuerpo que participaba en las labores de rescate;
rescate de una embarcación de tipo Zodiac que se encontraba pinchada
en el medio del Estrecho con 52 personas a bordo y rescate de una
persona que se encontraba en el agua completamente exhausta y con
síntomas de hipotermia así como de la moto acuática en que navegaba,
que se encontraba prácticamente hundida. Además se interceptaron 68
embarcaciones, de las cuales 17 presentaban gravísimos problemas para
alcanzar la orilla, y se han rescatado, desgraciadamente, a lo largo
de este año un total de 37 cadáveres, de los cuales 24 se han podido
identificar y 13, no. Este es un asunto enormemente grave en el que
hay que hacer un colosal esfuerzo y es uno de los temas a los que
vamos a intentar aplicarnos desde el Ministerio del Interior a partir
de las próximas fechas.
Resumo -yo creo que es lo más importante y lo que tiene más sentido
en este momento- cuáles deben ser las prioridades del Ministerio: en
primer lugar, el reforzamiento de las oficinas de extranjería, en el
bien entendido que el esfuerzo que se ha producido en este último año
es colosal -más de 200.000 personas han regularizado su situación en
España-; en segundo lugar, refuerzo de las oficinas de los
consulados; en tercer lugar, resolver y agilizar los procedimientos
de expulsión, de conformidad con lo que antes he señalado; en cuarto
lugar, continuar la política de los convenios; en quinto lugar,
establecer un procedimiento ágil y rápido para la fijación de los
cupos; en sexto lugar, hacer un esfuerzo de toda suerte, pero,
insisto en lo que he dicho antes, hay un esfuerzo pedagógico
importante por parte de todos para facilitar la integración; y, por
último, intentar, además de hacer pedagogía y campañas publicitarias,
hacer un esfuerzo de convicción con algunos países, que, en cierta
manera, asumen una responsabilidad cuando muchos de sus nacionales
embarcan en pateras y desgraciadamente fallecen en el Estrecho.
He intentado hacer -créanme ustedes que no ha sido fácil, he
invertido 35 minutos- una síntesis de la síntesis de esta primera
parte de la primera de las tres
comparecencias a las que estoy respondiendo en este momento. Voy a
entrar ahora en el segundo asunto de la primera comparecencia.
El segundo asunto de la primera comparecencia hace referencia a un
tema concreto importante que es la lucha contra la inmigración
ilegal. En concreto, lo que me pide Convergència i Unió, su grupo
parlamentario, es que haga referencia a las actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el 1 de febrero del
año 2000 -haré incluso también una referencia anterior- para hacer
frente a las redes de inmigración ilegal y de falsificación de
documentos, así como previsiones de dicha actuación en el futuro para
evitar su proliferación de manera breve.
En principio, quiero señalar que contamos para luchar contra la
inmigración ilegal, como es evidente, con dos instrumentos, que son
de cajón y de sentido común: en primer lugar, la propia legislación
vigente y, en segundo lugar, la actuación policial consecuencia de la
legislación vigente. Quiero hacer algunas consideraciones porque me
parecen importantes sobre este asunto y aquí también quiero
introducir algunas ideas que han surgido en los consejos de ministros
del Interior de la Unión Europea, los dos que se han celebrado este
año y a los que yo he asistido -el primero tuvo lugar en marzo y el
segundo no hace muchas fechas-. El Código Penal español, en su
artículo 318 bis, establece determinado tipo de sanciones para las
personas que trafiquen con seres humanos y para la explotación o
violación de los derechos laborales de los mismos. No les voy a leer,
no tiene sentido, el artículo 318 bis del Código Penal ni el artículo
312.i) 2 y 313 del propio Código Penal. Quiero señalar además que la
Ley 8/2000, consciente de la gravedad de estas conductas y de la
necesidad de endurecimiento de las penas, ordenó a los ministerios de
Justicia e Interior que adoptaran las medidas necesarias para que la
comisión técnica -que se ha constituido, como ustedes saben, para
revisar penas, a iniciativa del Ministerio de Justicia y que está
incluida en el llamado pacto de Estado para la justicia- estudie la
reforma del sistema de penas, con las modificaciones necesarias en
relación con los delitos del tráfico ilegal de personas, en
particular en los casos en los que intervengan organizaciones que,
con ánimo de lucro, favorezcan dicho tráfico. Con esta previsión,
España ya se estaba anticipando a las directrices de los Estados de
la Unión Europea que están de acuerdo en el endurecimiento de las
penas para estas conductas, fijando penas armonizadas para toda la
Unión Europea. Voy a hacer algún apunte.
En el segundo Consejo de Ministros de Interior de este año, que tuvo
lugar los días 28 y 29 de mayo, se ha aprobado -desde luego, con
nuestro apoyo- una decisión marco destinada a reforzar el marco legal
para la represión de la ayuda a la entrada y a la estancia de
irregulares. Sanciona esta decisión marco la conducta de los llamados
pasadores con una pena que no puede
ser inferior a ocho años. Ninguna persona que pase clandestinamente
irregulares puede ser sancionada en ningún país de la Unión Europea
con una pena inferior a ocho años. Lógicamente traspondremos esta
decisión a nuestro derecho, porque así es obligado. Quiero decir que
las penas que establece en este momento el Código Penal, tanto en el
artículo 318 bis, como en el 312 y en el 313, son unas penas que
nunca exceden de cuatro años. Además, en ese Consejo de Ministros de
Interior de la Unión Europea se debatió sobre la aprobación de una
decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
No se trata ya de pasadores, sino de traficantes de seres humanos.
Aquí hay un debate, pero no ha habido acuerdo. España, junto con
otros países como el Reino Unido, Bélgica e Irlanda, entiende que la
pena mínima de estas personas debe ser de diez años, más los
traficantes de personas que los propios pasadores, mientras que hay
otros países que quieren que esa pena sea similar a la de los
pasadores. En fin, espero que este asunto se apruebe bajo la
Presidencia belga y, si no, será sin duda uno de los temas que
plantearemos durante la Presidencia española. Por tanto, en materia
de lucha contra estas mafias, que es el asunto que estoy intentando
responder, tenemos un marco legal, pero además de ese marco tenemos
la acción policial, que está para que se cumpla ese marco legal.
Quiero señalar que, hace pocas fechas, la Dirección General de la
Policía ha diseñado el plan director sobre inmigración y extranjería,
mediante el cual se incide en el ámbito operativo y de investigación
para la desarticulación de estas redes. Este plan director incluye la
creación de las Ucrifd -unidades contra redes de inmigración
y falsedades documentales- que se irán creando de forma paulatina y
serán coordinadas desde una unidad central establecida en la
Comisaría General de Extranjería y Documentación. Se crearán unidades
regionales y locales y lo que en términos policiales, se llaman
antenas, estas últimas en lugares en los que no sea necesaria una
unidad completa. Por parte de la Dirección General de la Policía, las
unidades regionales están previstas en Madrid, Ceuta, Melilla,
Sevilla, Algeciras, Granada, Málaga, Almería, Murcia, Valencia,
Alicante, Barcelona, Lérida, Baleares y Las Palmas de Gran Canaria.
La Dirección General de la Guardia Civil está implantando el sistema
integral de vigilancia exterior -SIVE-, sobre el cual puedo hacer
casi una comparecencia. En este caso simplemente basta con reseñar
que el SIVE es sin duda un instrumento muy útil a estos efectos.
Y voy a aportar algunos datos que me parecen de interés. Hasta el 31
de mayo del presente año 2001 se han desarticulado 56 redes de
prostitución; en el año 2000, habían sido 86. Por tanto, de seguir a
ese ritmo, sin duda alguna habremos detenido muchas más redes de
prostitución que el pasado año, con 236 detenidos. Redes contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros: en los primeros cinco meses
del año se han detenido
40; quiero señalar que en todo el año 1999 se detuvieron 60. Redes
de documentación falsa: se han detenido 30 en los cinco primeros
meses del año, frente a las 20 que se detuvieron en todo el año 1999.
Redes contra el derecho de los trabajadores: se han detenido 20 en lo
que va del año 2001, frente a 67 del año pasado. Redes contra el
fraude de contingente: se han detenido ocho en lo que va de año,
frente a 16 del pasado año. En total, el presente año se han detenido
154 redes en cinco meses, frente a las 317 del pasado año y a las 244
-un porcentaje mucho menor- del año 1999, con un total de 502
personas detenidas.
Estas son, en síntesis, las operaciones que se han realizado en la
línea a la que se he hecho referencia. Y los objetivos de futuro. En
primer lugar, la modificación de nuestra legislación, de acuerdo con
lo previsto por las decisiones comunitarias, a las que he hecho antes
referencia y de las que España, como es natural, participa
activamente, y, en segundo lugar, la creación de estas unidades de
policía y la continuación de la implantación del SIVE.
Voy a entrar en la tercera parte de la comparecencia, que es la
denegación de asilo político al ciudadano turco Yildiz Alaattin. Este
ciudadano turco llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 26 de julio
del año 2000, en un vuelo de la compañía turca, procedente de
Estambul. Efectuado el control de entrada y previas las oportunas
diligencias, se le denegó la entrada en España por cuanto el
pasaporte que portaba, a nombre de Atila Kan era falso. Igualmente se
acordó, en la misma resolución, el retorno al lugar de procedencia.
El interesado estuvo asistido de letrado del turno de oficio y de
intérprete, para conocer las causas que motivaron la denegación de la
entrada en territorio nacional y su retorno al lugar de procedencia.
Una vez notificada, explicada y comprendida la resolución, es cuando
manifiesta su intención de pedir asilo y además manifiesta que su
nombre no es Atila Kan sino Yildiz Alaattin, con el que se registró
la solicitud. El señor Alaattin demandó la asistencia de abogado, así
como la de intérprete de turco, para la tramitación de la petición,
lo que se produjo el día 27 de julio por un funcionario del órgano
instructor, en presencia del letrado designado por el turno de oficio
del Colegio de Abogados de Madrid y de un intérprete de turco.
Efectuada la preceptiva comunicación al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, se procedió al estudio de
la petición de asilo del señor Alaattin, y se dictó, a propuesta de
la Oficina de asilo y de refugio y acompañada del informe del Acnur,
desfavorable a la admisión a trámite de la petición, resolución en
dicho sentido el 28 de julio, que le fue notificada el día 30, con la
asistencia de un intérprete de turco. Ese mismo día 30, el señor
Alaattin formuló una petición de reexamen de su petición, asistido
por el letrado designado por el turno de oficio y del intérpretede
turno, que, previa la realización de los trámites oportunos,
entre los que se incluye el traslado al Acnur de la petición de
reexamen, que emitió un nuevo informe manteniendo su primer criterio
en el estudio de la misma, fue desestimada por resolución del 1 de
agosto. La resolución por la que se acordó la inadmisión a trámite de
la petición de asilo se dictó en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 5.o 6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado, en la redacción dada
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, que, si quieren ustedes, se la leo.
Quiero señalar que, además de este expediente administrativo, el
señor Alaattin interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, solicitando la adopción de
la medida cautelar de suspensión de la devolución a Turquía del
recurrente durante la sustanciación del recurso, lo cual no fue
aceptado por la Sala, por lo que el señor Alaattin iba a retornar a
Estambul el día 7 de agosto, pero, antes de hacerlo, solicitó
asistencia médica porque se encontraba enfermo. Fue asistido en el
hospital Ramón y Cajal y allí se dijo que no estaba enfermo, y,
después de cumplir todos los trámites, el ciudadano turco regresó
a su país.
En síntesis, este señor entró en España con documentación e identidad
falsas, a este señor se le asistió en todo momento por letrado de
turno de oficio y por intérprete, el Acnur dijo que no procedía el
asilo, la Oficina de Asilo al Refugiado dijo que no procedía el
asilo, la Administración también lo entendió así, y también lo
entendió la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional. Estos son los hechos y, a partir de ahí, sólo puedo ponerme
a su disposición sobre este tema y sobre los demás. Pero, antes, paso
a la segunda y tercera de las comparecencias que nos ocupan en el día
de hoy.
La segunda de las comparecencias se refiere a los hechos acaecidos en
la muerte de un joven inmigrante por disparo de un miembro de la
Guardia Civil el día 3 de diciembre del año 2000 en la plaza de
Tarifa (Cádiz). Esta solicitud de comparecencia nos permitirá
profundizar sobre las causas de este lamentable suceso que terminó
con la vida de una persona, un marroquí que trataba de entrar
ilegalmente en España. Esta solicitud de comparecencia es positiva
porque, ante lo dramático de los hechos, me parece importante poder
trasladarles una información rigurosa y veraz de lo sucedido la noche
del 3 de diciembre del año 2000.
Los hechos que tuvieron lugar son los siguientes. Sobre las dos de la
madrugada de ese día, miembros de la Guardia Civil de la Comandancia
de Algeciras detectaron una pequeña embarcación a escasa distancia de
la costa por lo que alertaron a los equipos de servicio para que
procedieran a su interceptación. Los agentes de servicio en tierra
comprobaron mediante visores nocturnos cómo varias personas acababan
de desembarcar en la zona y huían en varias direcciones mientras
otras dos permanecían en la embarcación y regresaban mar
adentro. La patrullera del Servicio Marítimo interceptó la patera,
identificó a estos dos ocupantes como de origen marroquí y puso la
embarcación a disposición de la autoridad judicial. En cuanto a los
que habían desembarcado en la costa, fueron detenidos nueve
inmigrantes ilegales de origen marroquí que posteriormente, tras ser
identificados y prestar declaración en el Juzgado de Instrucción
número 4 de Algeciras, fueron devueltos a su país. En el curso de
esta operación, uno de los agentes observó la huida de una persona,
por lo que se dirigió hacia ella enfocándola con la linterna con la
indicación de que se detuviese. Según la versión facilitada por el
agente, esta persona continuó huyendo por lo que aquél se vio
obligado a realizar un disparo intimidatorio al aire con su arma
reglamentaria. En ese momento el huido pareció detenerse y el agente
se dirigió hacia él con la pistola en una mano y una linterna en la
otra e intentó cogerle por los brazos. Entonces, y de forma
repentina, la persona interceptada intentó soltarse con un movimiento
brusco que hizo perder el equilibrio al agente, que cayó a tierra,
momento en el que se produjo un disparo fortuito al contacto con el
suelo. Inmediatamente después, el agente pidió auxilio mientras
intentaba taponar la herida del inmigrante con sus manos para impedir
la hemorragia. A continuación llegaron otros guardias al lugar de los
hechos y avisaron con celeridad a los servicios de urgencia, pero
estos ya no pudieron reanimar al herido, confirmando su
fallecimiento. El juez de guardia se personó en el lugar de los
hechos y ordenó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, esta
persona fue identificada con un nombre, Abdeldharri Lharramandi,
súbdito marroquí.
Vistos los hechos, podemos realizar las siguientes conclusiones.
Primera. Una vez producidos los hechos, la Guardia Civil actuó
cumpliendo rigurosamente la ley en un doble sentido, en primer lugar,
poniéndolos en conocimiento inmediato de la autoridad judicial, que
en la actualidad sigue las diligencias previas correspondientes en el
Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras. Y hasta el momento el
agente implicado se encuentra en calidad de inculpado, sin que el
juez haya efectuado imputación formal ni haya dictado auto de
procesamiento; tampoco ha dictado medida cautelar alguna sobre el
guardia civil en cuestión. En segundo lugar, la Dirección General de
la Guardia Civil, en el uso de sus competencias, inició la apertura
de un expediente disciplinario por la posible comisión de una
infracción de la Ley orgánica de régimen disciplinario de la Guardia
Civil y para depurar posibles responsabilidades en el ámbito
administrativo. No obstante, la instrucción de este expediente
permanece suspendida, tal y como establece la ley, hasta que se
resuelva lo procedente en el ámbito jurisdiccional penal. Segunda. Se
han adoptado medidas acordes con las circunstancias. Al guardia civil
implicado en los hechos, que ha permanecido de baja en el servicio
desde el 3 de diciembre de 2000 hasta el 16 de febrero de 2001,
debido a una
intensa crisis nerviosa, se le ha realizado seguimiento personalizado
y se le ha facilitado asesoramiento psicológico. Por otro lado, una
vez dado de alta en esa fecha, se le ha destinado a labores de apoyo
sin portar armas de fuego. Tercera. De las averiguaciones realizadas
hasta ahora no parece desprenderse contradicción alguna en relación
con la versión ofrecida por el agente, sin perjuicio de lo que la
instrucción judicial determine en su momento. Así, la versión de la
brusca caída a tierra del agente es compatible con el hecho de que
este presentaba una lesión traumática en una pierna por efecto de esa
caída. Por otra parte, la autopsia del cadáver verificó la existencia
del proyectil y de su trayectoria, entrando por el costado izquierdo
y alcanzando el maxilar superior, es decir, de abajo arriba, lo que
también es plenamente congruente con lo declarado por el agente. Por
último, hay que tener en cuenta que el arma estaba cargada y montada,
con un proyectil en la recámara, ya que el agente había efectuado
previamente un disparo intimidatorio al aire, de forma que el
automatismo del arma, mediante el retroceso y avance del mecanismo,
introduce un nuevo cartucho en la recámara tras haber expulsado la
vaina del anterior.
Señoras y señores diputados, esto es lo que hasta el momento sabemos
de los hechos. Quiero destacar que el Ministerio del Interior y
especialmente la Guardia Civil han actuado poniendo en marcha las
medidas que establecen las leyes, desde el convencimiento de que
somos los primeros interesados en clarificar este incidente con todas
sus consecuencias. Conscientes también de que la rigurosa aplicación
de las normas, la depuración de responsabilidades, en el caso de que
las hubiera, y la puesta en marcha de medidas adecuadas a las
circunstancias son avales de primer orden para el prestigio y la
profesionalidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El tercer asunto por el que se interesan diferentes grupos
parlamentarios es el incidente producido por la repatriación de un
número significativo de inmigrantes en bodegas de un buque. Si me lo
permiten, seré breve en esta intervención por cuanto el asunto que
nos ocupa ya ha sido debatido en varias ocasiones en sede
parlamentaria y ya se han dado los argumentos esenciales por parte
del Gobierno. Como recordarán mi predecesor en el Ministerio del
Interior, Jaime Mayor Oreja, ya intervino en dos ocasiones en el
Pleno de esta Cámara y una en el Pleno del Senado el pasado año y más
recientemente, en febrero de este año, el delegado del Gobierno para
la Extranjería y la Inmigración compareció para informar sobre este
mismo asunto en la Comisión de Interior del Senado. Por este motivo y
porque los argumentos de fondo, como es obvio, son los mismos, haré
únicamente unas consideraciones generales que, como es natural y como
no podía ser de otra forma, coinciden exactamente con lo que ya se ha
dicho en esta Cámara.
Primero, cumplimiento de la ley. Los traslados de inmigrantes se
realizan desde el año 1985, como no podía ser de otra manera,
conforme a lo establecido en la ley. Segundo, cumpliendo lo que
establecen los convenios internacionales, concretamente, la regla
20.3 del convenio internacional para seguridad de la vida en el mar,
Solas, modificado el 1 de julio del año 1997. Tercero, cumpliendo las
órdenes de los capitanes. Durante los últimos 15 años, desde la
entrada en vigor de la Ley de extranjería del año 1985, todos los
traslados marítimos de inmigrantes -todos- se han realizado
cumpliendo las prescripciones de seguridad que en su caso han
determinado los capitanes de los buques, que son la autoridad a
bordo. Según el convenio Solas, en su regla 20.3, tras la reforma de
1997, en todos los buques de pasaje de transbordo rodado, el capitán
u oficial designado se cerciorará de que, sin que ellos den su
consentimiento expreso, no se permitirá a ningún pasajero el acceso a
las cubiertas para vehículos, cerradas cuando el buque esté
navegando. Cuarto, condiciones de los traslados. Hay que señalar con
claridad que estos traslados no se hacen en las bodegas, este no era
un traslado hecho en ninguna bodega, sino en las plataformas
destinadas a los vehículos cuyas condiciones e instalaciones son muy
diferentes. En primer término, porque la decisión de acomodar allí a
los inmigrantes es previamente sometida a la consideración y
conocimiento del capitán, de conformidad con lo establecido por el
convenio internacional Solas. En segundo lugar, porque nos estamos
refiriendo a trayectos cortos, cuya duración oscila entre 30 y 90
minutos, en función de las características del barco. En tercer
lugar, porque el hecho de que estas personas hagan el trayecto en el
interior de los vehículos policiales no implica falta de condiciones.
He de recordarles que, además de los inmigrantes, viajan con ellos
los agentes que los custodian, viajan en los vehículos policiales,
los empleados y personal de servicio de los barcos, pasajeros que
viajan con vehículo propio y que, dada la brevedad del viaje,
prefieren permanecer en él e incluso, en ocasiones, ambulancias con
pacientes y personal sanitario incluidos. Estas plataformas de
estancia en las que va mucha gente son perfectamente válidas,
iluminadas y comunicadas durante todo el trayecto con las demás
dependencias del barco. Quinto, y como planteamiento de futuro, ante
la sugerencia de algunos capitanes, el Gobierno y una serie de
compañías se pusieron de acuerdo para firmar dos convenios con fecha
24 de octubre del año 2000, concretamente Euroferrys y
Transmediterránea, mediante los cuales ambas compañías se comprometen
a acomodar a los inmigrantes en salones independientes del pasaje o
con este, según las circunstancias y el número, que serán valoradas
por el capitán. De esta forma, si desde 1985 todos los traslados se
han venido realizando cumpliendo puntualmente las instrucciones de
los capitanes, desde la firma de estos convenios queda aún más claro,
si cabe, que son
estas autoridades las que han de valorar el lugar de acomodo de los
inmigrantes, en función de las circunstancias del viaje. Para una
correcta valoración, estos convenios prevén que la correspondiente
comisaría de policía notifique a las compañías con antelación
suficiente las circunstancias del viaje, día, hora y número de
personas trasladadas, número de agentes que les acompañan, etcétera.
Termino. Como he reiterado, este tipo de traslados se realiza
cumpliendo la ley y los convenios internacionales de acuerdo con lo
determinado por los capitanes de los buques y desde luego con el
máximo respeto a la dignidad humana de los trasladados y a las
fuerzas de seguridad que los acompañan.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, a su disposición estoy.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente, por la
brevedad conseguida, cosa que no era fácil, dado el contenido de la
comparecencia, pero yo estaba seguro de ello porque sé que el
vicepresidente conoce muy bien esa enseñanza de Cervantes, que espero
que esté además muy de actualidad estos años en las Cámaras (Risas.),
según la cual no hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo largo
lo parezca.
Dicho esto, doy la palabra a los grupos, a los que además agradezco
las facilidades que nos han dado para ordenar un debate que no era
fácil, porque la acumulación de iniciativas trastocaba cualquier
criterio que se pudiera aplicar simplistamente, en vista de lo cual
se optó porque la intervención fuera, de acuerdo con la norma general
de los grupos, de menor a mayor, y así se va a hacer. Tiene la
palabra la representante del Partido Nacionalista Vasco, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor vicepresidente, por
cuanto ha expuesto. La verdad es que abocamos a los altos cargos a un
tipo de comparecencias que se acaban convirtiendo en comparecencias
río, por el número de asuntos que en ellas se acumulan. Pienso que al
final no sé si resulta extraordinariamente esclarecedor, pese al
esfuerzo que por su parte se ha hecho, el que le sometamos a usted
estas palizas. Una no sabe al empezar a intervenir si esgrimir su
derecho a efectuar la labor de control al Gobierno o compadecerse de
usted e intentar ser lo más breve posible. En la medida en la que el
orden del día, usted lo puede decir, se fija por la Mesa y por los
portavoces de los grupos, quiero dejar ya sentado que voy a intentar
ser lo más breve posible, pero que desde luego no asumo en la
fijación de este orden del día más que el modesto papel de partidino,
dada la dimensión de mi partido y su ausencia respecto de la Mesa.
Creo que la proximidad en el tiempo respecto de los sucesos que
motivan las comparecencias y la mayor extensión posible de las mismas
al no introducirse en ellas tantas cuestiones resultaría más útil de
cara a esta labor de control.
Sin embargo, tiene usted razón cuando manifiesta que el tiempo
transcurrido desde que se piden algunas de las comparecencias hasta
el día de hoy, en que se han podido celebrar, nos da un balance de un
mayor tiempo posible, sobre todo cuando se trataba de valorar en qué
medida se están poniendo en práctica con éxito, o están teniendo la
utilidad social que se pretende de los textos legales, las
modificaciones normativas en materia de inmigración y extranjería. Me
parece además a mí, y creo que otros portavoces coincidirán, que esta
premura de distancia de tiempo entre la petición de la comparecencia
y el día de hoy en que se celebra nos permite conocer también un tono
distinto al que en tiempos pasados conocimos en relación con estas
cuestiones.
Su predecesor, lo he dicho en anteriores ocasiones, se refería
siempre a los problemas de inmigración y extranjería, o por lo menos
tal era la percepción que desde mi grupo se tenía, en términos más
vinculados a la seguridad, a la idea de cierre en relación con la
venida creciente de inmigrantes, y hasta en alguna editorial de
periódico se habló de actitud de alambrada. Creemos que el tono ahora
es distinto y eso se agradece. Usted se ha referido a España como
país de acogida que puede y debe recibir inmigrantes, y eso está
bien, creemos que eso es lo correcto, y ese cierto talante más
humanitario -si se me permite hacer esta apreciación- se ve también
en lo que se esgrime, y desde luego nosotros lo valoramos de forma
positiva.
Se ha referido usted a los desarrollos normativos o a resultados
habidos desde la entrada en vigor de la ley en relación con la
regularización que preveía la Ley 4/2000, la revisión de oficio que
preveía la Ley 8/2000 ó la novedad que el concepto de arraigo supone
en relación con lo previsto en el reglamento. Debo manifestarle -creo
que el señor vicepresidente lo conoce- la queja de la formación
política a la que pertenezco por la restringida oportunidad de
intervención eficaz que se nos ha brindado a estas alturas del
proceso de tratamiento de los fenómenos de la extranjería, cuando ya
el reglamento está próximo a llegar al Boletín Oficial, puesto que,
según hemos ido conociendo por la prensa, que no por otros conductos,
ya sólo le falta el informe del Consejo de Estado.
Es difícil, lo reconozco, que hubiese sido posible una colaboración
en principio, teniendo en cuenta la actitud que la formación política
a la que represento tuvo con el proyecto de ley, cuando se pretendió
modificar la Ley 4/2000 con lo que es ahora la Ley 8/2000, puesto que
siempre hemos considerado que los derechos que se limitaban eran
instrumentos de participación de la persona en los asuntos públicos o
de desarrollo de la personalidad con las demás personas a través del
contacto y de la comunicación y al amparo de la fuerza del grupo y
que, en esencia, y en consecuencia, eran derechos indisolublemente
unidos a la dignidad y a la libertad de las personas. Residenciado
está en el Tribunal Constitucional, con el apoyo de la formación
política a la que pertenezco en el Parlamento vasco, y tiempo
habrá para que esto se dilucide. Pero, repito, respecto de los
contenidos del reglamento, vamos conociendo lo que conocemos por
detrás incluso de los medios de comunicación, no por las
posibilidades de intervención que se nos haya dado a la hora de
elaborar el reglamento. Conste, señor vicepresidente, que, en la
medida en que la fuerza política a la que represento tiene
responsabilidades de gobierno en un ámbito concreto del territorio,
nuestra voluntad, puesto que allí el fenómeno de la inmigración no es
todavía como ocurre en otras zonas -en esto la diferencia de unas
comunidades a otras es evidente y entiendo que debe ser distinto- el
hecho diferencial que nosotros esgrimimos siempre a nuestro favor en
este caso es evidente que existe respecto de comunidades mucho más
necesitadas de atención prioritaria, puesto que tienen que atender al
fenómeno de la inmigración de una forma mucho más importante,
numerosa y acuciante respecto de los propios parámetros de
posibilidad de atención adecuada con que cuenten las correspondientes
administraciones públicas. En todo caso, me ha parecido que a usted
también le preocupa cómo se esté consiguiendo y que, incluso, tiene
alguna inquietud con relación a si se está o no acertando con las
modificaciones normativas y los procesos de integración, lo cual me
permite manifestarle que del debate del estado de la Nación y de la
parte que a esto dedicó el señor presidente del Gobierno salí un poco
estupefacta, puesto que me pareció que se encontraba encantado con el
grado de integración lograda, lo cual creo que denotaba poco sentido
crítico y poca constatación de lo que es la realidad si uno hace caso
al número de páginas que los medios de comunicación dedican todos los
días a este fenómeno, que en muchas ocasiones está teniendo
dificultades tremendas, sin que yo por eso le diga que es fácil o que
tengo las recetas para solucionarla. Simplemente quiero compartir el
problema y nos gustaría participar o haber podido colaborar de una
forma más clara también en las soluciones.
Habló el señor presidente del Gobierno de que teníamos un marco
jurídico claro y razonable. No creo que eso sea lo evidente, a la
vista de las vueltas y las dificultades que está teniendo la propia
plasmación de algunas de las cuestiones que permitan una
regularización más generosa, o la propia definición del concepto de
arraigo de cara a las previsiones que se contenían en la Ley 4/2000,
en la 8/2000, si no queremos estar hablando de regularizaciones
permanentes, que el señor vicepresidente ha manifestado que pretende
erradicar como fórmula de encauzarse la situación de los inmigrantes
en la vida española.
Habló también de que se había buscado con seriedad el acuerdo.
Respecto de esto, ya le he manifestado que en el caso de la formación
a la que yo pertenezco, entiendo que no ha sido así. Ahora que se
habla tanto de cooperación en todos los órdenes, incluso se nos
anuncia una ley general de cooperación, ilustres miembros
de la doctrina más autorizada -yo en el seno del propio Ministerio de
Administraciones Públicas lo he oído- hablan de que más que normas
sobre la cooperación entre administraciones lo que hace falta es
voluntad, cultura y praxis. Que mi formación tiene voluntad, se lo
manifiesto; que tenemos cultura y que en ocasiones, incluso con el
propio señor vicepresidente cuando ha tenido otras responsabilidades,
esto ha dado fruto, creo que debiera hacerse extensivo a la totalidad
de las fuerzas políticas, fuerzas, repito, con responsabilidades en
estas materias y llamadas a gestionarlas en determinados casos.
Se dijo por el propio señor presidente, y en esto sí coincido con él,
en que fuera de la legalidad sólo hay marginación. Si esto es así, y
repito que coincido con la expresión, ampliemos las posibilidades de
legalización y aceptemos entonces las ideas y las actitudes que desde
otras formaciones puedan venir. Quiero manifestarle también que usted
salió mejor parado en el debate por boca del portavoz del grupo
mayoritario en la oposición, el señor Rodríguez Zapatero. Se oyó que
tiene usted un nuevo talante y unas actitudes distintas, puesto que
él también era crítico en relación a cómo se había venido produciendo
todo el fenómeno. Esta misma novedad de talante y de actitud creo que
es lo que se ha evidenciado de lo que ha sido hasta ahora mi
intervención. Mi grupo quiere anunciarle en esta comparecencia
nuestra voluntad de arrimar el hombro y hacerlo allí donde la
formación política a la que yo represento tiene responsabilidad.
Quisiéramos que se contara con nosotros tanto para la idea que se ha
expresado de hacer pedagogía, como para idear políticas posibles de
integración, porque, repito, creemos que el índice de integración
logrado hasta el momento no puede dejarnos encantados o felices, como
parecía deducirse de lo establecido en el debate sobre el estado de
la Nación.
Quisiéramos evitar la idea, que en algunos medios de comunicación se
ha esgrimido en tiempos recientes, de fracaso generalizado en materia
de inmigración. Creemos que todavía pueden hacerse cosas. Tenemos
voluntad de hacerlas y creo que si existe negativa cerrada
a modificar preceptos, cuando menos que desde el reglamento, desde las
políticas concretas, se vayan tomando en serio las posibilidades que
creemos que las normas todavía conceden, a pesar de no estar
conformes con algunas de las limitaciones de derechos que se
establecen. Cuando menos sí quisiéramos que se evitara la idea de
gran desorden, cuando se habla de los procesos de regularización y de
cómo casa lo previsto en la Ley 4/2000 con lo previsto en la 8/2000,
con lo que el reglamento va a decir. Se tiene esa percepción, que no
consiguió quitarnos de nuestro ánimo el señor delegado para la
Inmigración cuando, en el seno de esta misma Comisión, nos explicó
cómo se habían producido en las distintas partes del Estado, con
resultados tan distintos, los procesos de regularización. Nos
gustaría
que se consiguiese, cuando menos con el reglamento, si todavía se
está a tiempo, poner un cierto orden, dar instrucciones iguales o
parecidas a las distintas delegaciones del Gobierno y aprovechar las
potencialidades que las administraciones propias de las comunidades
autónomas, o la Administración foral en el caso de la Administración
vasca, que es a la que le corresponden las políticas sociales,
pudieran establecer como políticas que, junto con lo que es
competencia del Estado, pudieran permitir romper el infernal círculo
del contrato de trabajo para la posibilidad de estancia legal en el
territorio del mayor número posible de inmigrantes. Es el deseo de mi
formación política el que esto sea así y, si todavía estamos a tiempo
de algo, nos gustaría ser tenidos en cuenta, ya no en el
procedimiento de elaboración del reglamento, pero sí en la
articulación de políticas concretas o en las posibilidades de
enganche que, como miembros de nuestra formación política, podamos
tener en relación con lo que se gestione desde las administraciones
en las que mi propio grupo tiene responsabilidades políticas.
Le acepto las explicaciones que usted ha dado en relación con la
denegación de asilo político al súbdito turco, que en principio
parecen convincentes, si bien siempre existe la queja desde las
formaciones humanitarias que tienen prestigio social y que, por
tanto, nos convencen a los políticos y a los ciudadanos en general.
Quizá las explicaciones prontas respecto de cada proceso concreto
serían más útiles para lograr quitarnos de la conciencia a los
políticos y, repito, a la ciudadanía en general, esa cierta idea de
la restricción tremenda o lo escasamente timorato o lo tacaño, por
qué no decirlo, que se está siendo a la hora de facilitar asilo
político a quienes además por pertenecer a determinados pueblos les
es muy difícil el aportar la documentación que nuestra legislación
sobre asilo exige. Es muy difícil para quien ha salido huyendo de su
propio país, país que no es demócrata, país que por definición no
tutela los derechos y libertades, el poder constatar y poder
certificar, con las garantías que muchas veces se piden, la
documentación con la riqueza que en muchas ocasiones se exige, sobre
todo en vía administrativa, puesto que la vía judicial a veces
permite una mayor holgura o una mayor generosidad en la
interpretación de los preceptos. Mi propia formación política pedía
su comparecencia en relación con las repatriaciones en condiciones
-decíamos de forma tímida, no nos gusta prejuzgar-, según parece,
poco acordes con la dignidad humana. Son sucesos, señor
vicepresidente, acaecidos durante el mes de octubre del año 2000,
pero creemos que sí sirven, si no para juzgar ya el caso aquel, sí
para hacer alguna pedagogía en relación con cómo se contesta respecto
de estas quejas.
La legislatura pasada, en el año 1996, comenzamos con aquel incidente
tan famoso y tan notorio respecto del problema que existía y que se
había logrado solucionar. Allí hubo un cierto reconocimiento por
parte
del Gobierno de que quizá las cosas no se habían hecho de una forma
todo lo feliz o todo lo acorde con los parámetros de dignidad humana
que deben regir. En este caso concreto, que es el que motivaba
nuestra petición de comparecencia, que apareció en los medios de
comunicación en los primeros días del mes de octubre, el debate
sostenido defendiendo, a nuestro modo de ver, en muchos casos lo
indefendible respecto a las condiciones de repatriación, sea el viaje
largo o corto, llevaba a ampararse -por lo menos era lo que se decía
en los medios en los que se contestaba desde el Gobierno- en la
responsabilidad de los capitanes de los barcos en el traslado de
inmigrantes en normativa internacional que permitía o que incluso
obligaba a este tipo de transportes. Por cierto -y es ahí donde iba,
no me voy a extender más- el señor delegado del Gobierno también
decía que era cuestión que estaba a la sola decisión del capitán. Si
nos amparamos en la normativa internacional, la más cierta o la de
mayor rango (puesto que es conocido en esta Cámara el deseo de la
formación política a la que represento de ampararnos siempre en la
vigencia de las normas, ceñirnos al terreno de los principios y
parámetros que han de regir las conductas) creemos que, si hacemos
caso de estos principios, las normas vigentes, lo poco que tiene
institucionalizado el ordenamiento internacional, lo poco que existe
de constitución del mundo, puesto que todavía el tener un tribunal
penal internacional para la salvaguarda de lo que sea esta
constitución es la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la
que se hace eco especial el artículo 10 de la Constitución española.
Creemos que antes que otros tratados de índole más comercial o de
índole reguladora de transporte o de regulación de la navegación debe
hacerse caso a lo que está en la esencia de lo que debe ser todo el
ordenamiento. Los derechos y deberes, la dignidad de las personas,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, son los fundamentos mismos del sistema y
específicamente la Constitución española los recoge en su artículo
10.
Pensamos que cualquier otra norma deberá ser siempre interpretada
conforme a los tratados ratificados por España, el primero de los
cuales ha de ser siempre como parámetro de conducta la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Ceñirse a pautas de transporte
como si de mercancía estuviésemos hablando o a pautas de navegación
internacional o a posibilidades de que los capitanes de las
embarcaciones tengan determinadas potestades respecto a lo que
transportan creemos que debe ser un parámetro de enjuiciamiento
después de ver cómo se hacen estas cuestiones.
Le advierto ya, señor vicepresidente, que respecto de la materia de
extranjería y las posturas que mi formación política o yo misma
solemos sostener, he sido llamada ya en esta Cámara ingenua,
idealista, no insensata pero casi casi. Aunque ya una va para mayor
aliento la esperanza de mantener en lo que me quede de vida
-usted también ha hablado de la larga vida de los señores diputados-
estas mismas inquietudes y poder manifestarme en términos parecidos,
no sólo en lo personal sino también en lo político, puesto que es
querencia arraigada en la formación política a la que pertenezco.
Creo que si las normas de transporte permiten estas cosas lo que
debemos hacer es no cumplirlas, puesto que violan una norma de más
alto rango, que es la propia Declaración Universal de Derechos
Humanos y debe ser la pauta principal por la que se rijan y debe ser
esa la pauta de contestación que se dé desde las instancias políticas
cuando sobre estas cuestiones preguntamos quienes tenemos el deber de
controlar en alguna medida la acción del Gobierno.
El tercer bloque de las intervenciones es el que hace referencia al
desgraciado suceso en el que fallece un ciudadano cuando intenta
entrar en España. Sobre esta cuestión formulé al Gobierno una
pregunta por escrito pidiéndole datos sobre cuántos fallecimientos
por causas no naturales se habían producido de ciudadanos en su
intento de acceder a España. Realmente la contestación resultaba
dramática, en la medida en que el número de ciudadanos del Tercer
Mundo que intentan acceder a una vida mejor es grande, según me
contestaban ustedes con fecha 15 de marzo de 2001. De entonces aquí
se han producido muchos más casos, como cada día leemos en los medios
de comunicación. Del último que se citaba en el informe (con enorme
respeto, debo añadir) se decía que, como caso aislado, cabía reseñar
el trágico accidente acaecido en la madrugada del 3 de diciembre en
la playa de Tarifa cuando un inmigrante acababa de desembarcar y
resultó muerto por disparo fortuito efectuado por el arma
reglamentaria de un componente del cuerpo que intentaba detenerle y
con el que entabló un forcejeo.
Usted ha dado una explicación dentro de este mismo espíritu, quizá
excesivamente idealista, que anima mis intervenciones o la postura de
la formación política a la que pertenezco. A pesar de que
evidentemente era un intento de entrada ilegal en el territorio del
Estado, cuando se llega en condiciones tan depauperadas como llegan
quienes llegan por esos medios a las costas, nos resulta difícil
todavía comprender, y creo que así lo manifestamos ya entonces en
algún medio de comunicación, por qué asoman pistolas en
circunstancias como estas. Las imágenes que nos trasladan todos los
días los medios de comunicación de quienes llegan a tierra en pateras
o por medios de este estilo no nos permiten pensar en la peligrosidad
de quienes vienen muy necesitados de apoyo y de auxilio, que por
cierto debo reconocer que se les presta en muchísimas ocasiones por
personas del propio cuerpo al que pertenecía quien en esta ocasión
efectuó el disparo.
Quisiéramos tener algún dato más -suponemos que hay actuaciones
judiciales abiertas al respecto- que nos permita esclarecer por qué
se exhibieron armas en una circunstancia que era más bien de socorro
humanitario,
cualquiera que hubiera sido el destino posterior de las
personas que accedían a las costas españolas. Sin más, y a resultas
de lo que salga de futuras intervenciones, daría por concluida la
mía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor vicepresidente y ministro del
Interior por su comparecencia en esta Comisión.
Quiero tocar el tema de la inmigración en líneas generales y también
posteriormente los hechos que sucedieron en Tarifa en la madrugada
del día 3 de diciembre del año 2000. El otro tema ya lo contestó,
como usted ha dicho, el señor Mayor Oreja, y lo tocaré mucho más de
pasada o no lo tocaré al final. (El señor vicepresidente, Souvirón
García, ocupa la Presidencia.)
El tema de la inmigración está atravesando una coyuntura específica,
singular, que presenta, a nuestro juicio, en términos generales, un
perfil preocupante en estos momentos, no tanto por la actuación del
Ministerio del Interior -en este caso estoy hablando a nivel general-
como respecto a la cultura, a la alarma que se está intentando
transmitir a toda la población. A veces he insistido en que el
Partido Popular, o el Gobierno en general, suele tomar con demasiada
insistencia el modelo de El Ejido, que parte de la necesidad de
propagar un mensaje institucional específico que pone en guardia a la
inmensa mayoría de la población. Cuando sucede un hecho determinado
como el que estuvo en la base de los sucesos que todos hemos
comentado durante muchísimo tiempo, esa población a veces se
manifiesta y tiene reacciones de índole racista y xenófoba muy
importantes. En este momento creo que no se están cuidando
suficientemente los mensajes que se lanzan, por ejemplo, cuando se
repite -lo he visto repetido de manera insistente- en los medios
públicos de comunicación que el 43 por ciento de los presos
preventivos son inmigrantes, son personas extranjeras, o cuando se
utiliza de manera específica, como detonante a veces, lo que ha
pasado en uno de los barrios de Madrid y se hacen comentarios que
están generando una situación profunda de alarma en ciertos sectores.
Creo, señor ministro, que este país no es racista y que ese no es el
camino a seguir. Este país reacciona bien desde la solidaridad y no
se debe insistir en ese tema que en estos momentos nos preocupa
gravemente.
Como nos preocupaba, mucho más que en el caso de usted, la posición
cultural que mantenía el señor Mayor Oreja; posición cultural que
pivotó en muchas ocasiones con respecto a la expansión del denominado
efecto llamada. Recuerde usted que esa fue la bandera ideológica del
señor Mayor Oreja durante mucho tiempo. Estos mismos días han entrado
1.000 inmigrantes, 300de ellos fueron retenidos y otros 600 ó 700 no
pudieron
ser retenidos con una rectificación de la ley que por lo visto
provocaba el efecto llamada. Esto quiere decir que no había ningún
tipo de prudencia en aquellos comentarios. Esa es la prudencia a la
que yo apelo de manera general en principio, que no se puede perder,
no se puede seguir lanzando una especie de mensaje constante de
prevención, de delincuencia, asociándola a la inmigración, del tema
de las bandas o los presos. Esos temas son de una enorme delicadeza,
por eso, desde ese punto de vista, yo hago esta recomendación.
Con respecto a Huelva, la salida está siendo muy positiva y en parte
se debe a que ustedes han asumido en cierto grado una política de
coordinación que nosotros veníamos preconizando, incluso hablamos con
usted y nos pareció que era sensible a esta situación. Un asunto tan
potencialmente grave como es el de Huelva y el encierro masivo se
está solucionando de manera bastante interesante y positiva porque se
están coordinando esfuerzos y se están dando iguales condiciones para
todas las comunidades autónomas, para los delegados y subdelegados
del Gobierno; después de un caos serio están empezando a tener una
cierta coordinación, sólo cierta, pero en el caso de Huelva ha
funcionado de manera adecuada.
Como usted sabe, nosotros hemos estado desde el principio en la
plataforma, incluso coordinándola a través del coordinador provincial
de Izquierda Unida. En su honor he de decir que con usted resulta
fácil hablar, incluso por teléfono, a veces más fácil que hablar con
el responsable de finanzas de Izquierda Unida. (Risas.) Resulta fácil
hablar con usted para coordinar una serie de cuestiones que, en
aspectos como el de Huelva, han resultado positivas, aunque
encontramos dos elementos profundamente negativos en esta situación.
En primer lugar, está la ley y el reglamento, que imponen
limitaciones muy serias a la solución de los problemas. Ya sabe usted
nuestra posición, posición que no ha podido hacer variar la suya en
alto grado, simplemente en matices. Ese es un problema estructural de
primera magnitud en la perspectiva, hablando desde el punto de vista
legal: la ley y el reglamento. En segundo lugar, hay otro problema.
Yo voy a hablar a partir de ahora en positivo sobre qué es lo que
habría que hacer, desde el punto de vista de Izquierda Unida. Usted
ha dicho qué es lo que hay que hacer, cómo lo van a hacer, y yo le
quiero decir que en gran parte ustedes van a rastras, es decir, la
realidad les supera y corren detrás de ella, a veces mucho, a veces
poco, a veces ni siquiera corren en algunas delegaciones del Gobierno
de algunos territorios, pero van a nosotras, en general. No aprenden
suficientemente a tiempo de lo que está pasando en la realidad, como
veremos después en el caso de Tarifa, que es un caso aislado pero que
hay que corregir y criticar de manera rotunda por una serie de
razones a las que después aludiré. Ustedes no terminan de comprender
a tiempo la realidad.
Paso a decirle lo que, a nuestro juicio, habría que hacer, cómo
habría que actuar, teniendo en cuenta las limitaciones que supone la
ley y el reglamento a los que he hecho referencia anteriormente. Por
ejemplo, habría que fijar el término de la resolución de los
expedientes de solicitud presentados, darle un horizonte temporal lo
más corto posible, porque hay que regular el proceso de documentación
de inmigrantes, actualmente en curso, disponiendo -y usted ha hecho
alusión a ello- los medios materiales y humanos necesarios para el
desarrollo de estos plazos razonables que permitan que los
beneficiarios que tengan derecho lo tengan cuanto antes. Este es un
problema real, que está ahí, y estoy aludiendo, como usted ve, a
problemas que están en la vida cotidiana, después del discurso
general que he hecho al principio.
En segundo lugar, señor Rajoy, habría que crear las condiciones
necesarias para resolver en un plazo breve los expedientes de
solicitud de permisos de residencia y trabajo actualmente pendientes
en los distintos departamentos y comunidades autónomas, coordinando
las condiciones, que sean iguales. Si no, da la impresión, no sé si
se ha dado la orden o hay un mérito que alcanzar, de que se quiere
ver quién es más duro en las condiciones, quién genera más
dificultades, quién pone más trabas, y son distintas según las
provincias. Se va adelantando en la coordinación, pero parece que
algunos quieren apuntarse el mérito de que en su provincia
o comunidad autónoma se es más duro. Eso hay que coordinarlo; si no, no
saldremos de esta situación, que es bastante desagradable.
Nosotros pensamos con respecto a los inmigrantes de nacionalidad
nigeriana algo muy concreto, señor Rajoy. Cualquiera que sea su lugar
de estancia, el tratamiento que corresponde por razones humanitarias
es singular, es singular porque singular es la situación de Nigeria,
los graves conflictos que electrizan en este momento Nigeria. A
nuestro juicio, hay que frenar la expulsión de numerosos grupos de
personas de nacionalidad nigeriana o supuestamente de nacionalidad
nigeriana, en el caso de duda hay que concederles ese beneficio,
acogidos, por ejemplo, también en el centro de estancia temporal de
inmigrantes de Ceuta desde fechas anteriores al 23 de enero. La
mayoría de las personas expulsadas y de las que aún permanecen en
este centro y en otros sitios están amenazadas de expulsión sobre la
base de un presunto acuerdo España-Nigeria de repatriación. Nosotros
no estamos de acuerdo con esta situación. Hay graves conflictos
étnicos en Nigeria, se está publicando en la prensa europea, y miles
de nigerianos están huyendo de las luchas entre los distintos grupos.
Por consiguiente, hay que tener consideraciones específicas respecto
a este grupo humano.
Señor Rajoy, nosotros pensamos que hay que desarrollar un plan para
la creación de una red pública de centros de acogida de inmigrantes y
de menores inmigrantes, hay que invertir en ciudades autónomas como
Ceuta y Melilla de forma clara por las especiales circunstancias que
concurren aquí. Estos centros debieran ser gestionados directamente
por la Administración o por organizaciones no gubernamentales,
mediante, por ejemplo, convenios de colaboración, que ya están
reclamando angustiosamente medios y recursos humanos para la atención
de inmigrantes en Ceuta y Melilla y en otros sitios, y de manera muy
especial para los centros de acogida de menores. Aquí hay que
invertir de inmediato, ya que están sufriendo penosas e insalubres
condiciones que hemos denunciado desde hace tiempo. De otro lado,
señor Rajoy, nosotros creemos que el reglamento que desarrolla la Ley
orgánica 8/2000 debiera modificarse, de acuerdo, por ejemplo, con una
serie de matices incluidos por el dictamen del Consejo General del
Poder Judicial, especialmente en lo que se refiere a la motivación de
las denegaciones de visados y a la ampliación del plazo
extraordinariamente perentorio de 48 horas fijado para el trámite de
expulsión. Como verá usted, estoy hablando de cosas muy concretas y
muy fáciles de conseguir para destrabar una situación tensa, a veces
violenta, que se puede enconar y agravar.
Le voy a decir otra cosa, señor Rajoy, y espero que la entienda
porque para muchos los inmigrantes, puesto que no votan, son como
soportes, no son realmente personas. Si votaran muchos de ellos en
las próximas elecciones municipales, algunos de los problemas graves
se empezarían a solucionar y se les haría caso de otra manera a estos
hombres y mujeres. Pensamos, por lo tanto, que hay que permitir el
ejercicio del derecho de sufragio al máximo número de inmigrantes
residentes en nuestro país. Están ahí las elecciones municipales
y hay que tener en cuenta el artículo 6 de la ley modificada por la 8/
2000, que contempla el derecho de sufragio de los extranjeros en las
elecciones municipales atendiendo a criterios de reciprocidad y, por
consiguiente, habría que promover la negociación y firma del tratado
de reciprocidad que culminara con la ampliación de este derecho al
voto. Esto solucionaría bastantes cosas y, aunque parezca que estoy
hablando en abstracto, no es así. Cuando la gente vota, el que vota
manda o debe mandar y, desde luego, desde las instituciones
gobernadas por responsables públicos que han sido democráticamente
votadas se le atendería de otra manera.
Pensamos, y voy terminando con respecto a este punto, que en un plazo
breve el Ministerio del Interior debiera presentar en el Congreso el
balance de los acuerdos que ha firmado en materia de inmigración con
diversos países -Ecuador, Colombia, Polonia, algún otro que usted ha
citado- con el objetivo de ordenar los flujos migratorios en origen.
Habrá que analizarlo para ver los resultados. Desde luego, para
nosotros son condicionantes de gran interés a la hora de evaluar la
política del Gobierno en este aspecto, pero se dice
mucho, se enuncia mucho, se repite mucho el titular y no conocemos a
fondo la situación ni sus datos.
Finalmente, con respecto al tema de Tarifa, señor vicepresidente, el
3 de diciembre del año 2000 murió por un disparo Abdelhadi Lamhamdi,
de 23 años, originario de la provincia marroquí de Beni Mellal, una
zona rural entre Casablanca y Marrakech. Ya no volverá a ver este
abrupto paisaje. Fue matado por un guardia civil joven, de 24 años,
que no carecía de experiencia -lleva cuatro años destinado en la
Comandancia de Algeciras, primero, como guardia eventual, y luego,
con carácter definitivo-, por lo tanto, no hay falta de experiencia,
no hay accidente real en el sentido en que lo voy a enfocar ahora.
Pensamos que el guardia civil que mató a este hombre del sur de
Marruecos vulneró las normas sobre el uso de las armas. En efecto, la
versión que usted da es la que él ha confirmado ante el juez
correspondiente. El agente ratificó el día 5 ante el juez que el arma
se disparó accidentalmente cuando perseguía a un indocumentado -lo
alcanzó, éste se revolvió- y el agente, que lo había conminado, un
momento antes había hecho un disparo al aire. No se le hizo caso,
prosiguió la persecución con una linterna en una mano y la pistola en
la otra y surgió el segundo disparo, que mató al inmigrante; el
segundo. De aquí se deduce, como mínimo, la posible comisión de una
falta grave. Según la Ley orgánica de régimen disciplinario de la
Guardia Civil de 1991, se tienen que usar las armas en acto de
servicio o fuera de él y si no, habrá una infracción de las normas de
tipo grave. Pues bien, este uso de las armas en acto de servicio que
viene regulado por la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de 13 de marzo de 1986, dice que sólo se autoriza el
empleo del arma cuando exista riesgo grave para la vida o para la
integridad física de los agentes o de terceras personas o para la
seguridad ciudadana en general, y siempre bajo el principio de
proporcionalidad y el principio de congruencia como todos conocemos.
También hay una instrucción de abril de 1983 de la Dirección de
Seguridad del Estado en este mismo sentido. Los miembros de los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden hacer uso de las
armas, sin duda, pero sólo en dos supuestos: cuando hay una agresión
o para evitar la fuga de un presunto delincuente. La agresión debe
ser, según lo que se prevé, tan intensa y violenta que ponga en
peligro la vida o la integridad corporal de las personas o persona
atacada. Por lo tanto, esta circunstancia está excluida en este caso
que estamos tratando, ya que en la confirmación de los hechos el
mismo agente, el día 5 de diciembre, dice que no fue agredido en
ningún momento por el inmigrante. Respecto a la fuga, que sí existió
un intento de fuga, la instrucción permitiría disparar al aire o al
suelo con propósito de intimidación, siempre que no haya otra forma
de lograr la detención y que exista la certeza de que no se puede
lesionar a otras personas.
Sin embargo, el disparo al aire, que el agente reconoce haber
realizado, sólo está autorizado, según la instrucción del Ministerio
del Interior, en supuestos de delito grave, y la entrada ilegal en
España ni siquiera es un delito leve, es simplemente una falta
administrativa. Por tanto, la duda de que en vez de un inmigrante
irregular el perseguido fuese un presunto contrabandista o
narcotraficante tampoco justificaría el acto que allí se realizó,
puesto que la instrucción citada también dice que, si se duda de la
gravedad del delito o no es clara la identidad del delincuente, no se
debe disparar. En este caso no había ninguna duda dado el grupo
humano del que había salido corriendo este hombre para escapar a la
situación de cerco a la que estaban sometidos. Por tanto, la falta
disciplinaria está fundamentalmente en el primer disparo; el segundo
disparo es dramático, pero se produce por la falta disciplinaria del
primero. Cuando se produce el primer disparo -usted lo ha dicho- la
pistola vuelve a cargar automáticamente y mete la bala en la
recámara, y ahí es donde se da la situación que estamos denunciando.
Si no se hubiera efectuado el primer disparo, el segundo no hubiese
sido posible, y el primero, sin duda, es un disparo irregular. No
digo esto con ánimo de cazar a ningún guardia civil, lo digo porque
hay que evitar que de ahora en adelante pasen estas cosas. Han
ocurrido muy pocas veces, pero a veces suceden. Y suceden porque
existe la sensación de que la Guardia Civil está persiguiendo a
alguien muy peligroso o está presionada por la gran campaña que hay
alrededor -el efecto llamada, la alarma social- y, de pronto, ve
correr a un muchacho que quiere entrar en el paraíso y ocurre lo que
ocurrió esa madrugada del 3 de diciembre. Por tanto, señor Rajoy,
esto hay que dejarlo sentado. Fue un acto irregular y se produjo un
hecho que nunca debió de ocurrir, porque además el guardia civil
tenía más de cuatro años de experiencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Al final de mi intervención, el señor
Jané complementará muy brevemente algunos aspectos que nuestro grupo
entiende que están más vinculados a la seguridad ciudadana y que el
orden del día justifica que podamos considerar.
Dicho esto, quiero agradecer la comparecencia del señor
vicepresidente y, en la misma línea que la señora Uría, su capacidad
de síntesis para abordar un orden del día tan complejo y tan diverso.
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán, agradecemos
también la actitud con la que está abordando esta difícil gestión de
la inmigración dentro del Ministerio de Interior.
Todos los portavoces y el propio vicepresidente coincidimos en
algunos aspectos. El primero es la complejidad del conjunto de
actuaciones que se debe configurar desde el ámbito español, pero
también desde el
ámbito de la Unión Europea, para abordar el fenómeno seguramente más
difícil que tienen planteado las sociedades europeas, en aras de una
gestión inteligente de la inmigración. Es evidente que la principal
orientación de esas políticas públicas debe ser el sentido común. Con
mucho sentido común seguro que podremos encontrar las vías que
faciliten que la inmigración se convierta en un factor de progreso
para el conjunto de la sociedad. Además del sentido común, vamos a
necesitar paciencia. Ni las leyes, ni los reglamentos, ni los planes
de los gobiernos van a poder dar soluciones inmediatas a un fenómeno
que tiene como protagonistas fundamentales a las personas, las
personas que llegan y las personas que están, y que exige muchísima
paciencia y mucha capacidad de empatía, empatía para entender a las
personas que llegan y empatía para entender a las personas que ya
están aquí. Además de esa empatía y de ese sentido común, es
fundamental no excitar a la opinión pública. Los representantes
políticos, el vicepresidente y los portavoces de los grupos
políticos, tenemos una enorme responsabilidad: no excitar a la
opinión pública en ninguno de los dos sentidos en los que a veces
podemos estar tentados de hacerlo, en el sentido de excitar el
carácter humanitario de nuestra sociedad y en el sentido de excitar
los miedos de nuestra sociedad ante este fenómeno.
Finalmente, una sociedad como la española, con poca tradición en
inmigración, va a necesitar de sus responsables políticos, en este
caso del vicepresidente Rajoy, una visión amplia, que no esté
exclusivamente centrada en los aspectos de orden público. Siempre
hemos defendido que la ubicación orgánica de la cuestión de la
inmigración en el Gobierno del Estado, de la misma manera que lo
hemos procurado aplicar en el caso del Gobierno de nuestro país, de
Cataluña, debe situarse al máximo nivel posible y con la visión más
amplia posible. En esta nueva etapa se ha optado por que la asuma la
vicepresidencia política del Gobierno, y nos parece una decisión
acertada, aunque a veces nos sigue preocupando que la adscripción al
Ministerio de Interior no permita esa visión amplia y flexible que
nos parece que debe tener esta política. Sentido común, asunción de
la complejidad, paciencia, no excitación de la opinión pública,
visión amplia y flexible nos parece que van a ser requisitos para
intentar articular esa política pública en materia de inmigración,
que hasta ahora ha sido la gran ausente en nuestra sociedad.
También quiero decirle, y nuestro grupo no tiene intención de
polemizar al respecto, que es evidente que, si hiciéramos un balance
de lo que ha sido la evolución de la legislación española desde
finales de 1999 hasta ahora, nos encontraríamos con algunas
paradojas. La principal será que cuando, a finales de julio, el
Gobierno apruebe el reglamento de ejecución de la Ley 4/2000,
reformada por la Ley 8/2000, quizá nos van a quedar dudas sobre
algunos procesos de cambio legislativo que habremos impulsado a lo
largo de estos
meses. Por ejemplo, a mí la duda principal que me va a quedar es si
el famoso artículo 29.3 de la Ley 4/2000 es tan diferente de la
concreción del principio de arraigo que se ha hecho en el reglamento
de la Ley de extranjería. Personalmente, mi impresión es que para
este viaje no hacían falta esas alforjas. Quizá hoy nuestra
legislación, a través del reglamento, incorpore ya de manera
inteligente y racional un mecanismo de regulación para aquellos
inmigrantes en situación indocumentada, en la misma línea que preveía
el artículo 29.3 de la Ley 4/2000. En todo caso, ese es un debate
para los seminarios de verano de este año 2001, entre los expertos en
materia de inmigración.
En cuanto a las consideraciones de política general que ha hecho el
señor ministro, me gustaría enfatizar algunos aspectos. El primero es
que hoy el principal esfuerzo que España debe realizar en este ámbito
debe ser para conseguir la capacidad, de verdad, de ordenar los
flujos migratorios de carácter laboral, y el señor ministro ha
mencionado dos aspectos. Un primer aspecto es la política de
convenios y un segundo aspecto es la dotación de las oficinas
consulares españolas en los países de origen. En estos momentos, a
nosotros nos preocupa mucho más el segundo aspecto que el primero.
Los convenios está bien que se hagan, nos parece que eran necesarios,
pero si no van acompañados de que los consulados españoles en el
exterior, en esos países, tengan los medios para poder actuar con
acierto y diligencia, tales convenios se van a quedar en papel
mojado. Sería bueno que el Gobierno concretase ese compromiso que ha
señalado el señor vicepresidente de aumentar esas dotaciones; que
dijese en qué va a consistir exactamente, especialmente en países
como Marruecos, Colombia, Ecuador o países del África subsahariana.
Primera consideración importante, a nuestro entender.
La segunda consideración está en relación a la ordenación de los
flujos migratorios. Ha sido una mala noticia el no acuerdo final -no
se ha alcanzado- con los sindicatos y las patronales para ir a una
mayor participación de los agentes sociales en esta política de
ordenación de los flujos de carácter laboral. Proponemos al señor
vicepresidente que haga un nuevo esfuerzo y llegue a un acuerdo con
los sindicatos y las organizaciones empresariales, para ser capaces
de gestionar conjuntamente estos flujos migratorios de carácter
laboral, junto también, lógicamente, con las comunidades autónomas.
Ahí es donde hay que dar la batalla esencial para que la inmigración
se produzca de manera ordenada. Hoy en España el fenómeno de la
inmigración irregular tiene una especial relación con el no
funcionamiento de los mecanismos previstos en las leyes desde los
años 1985 y 1993, en materia de ordenación de los flujos migratorios.
Es la no aplicación de las leyes, por la falta de medios, por la
insuficiencia de voluntad política, lo que nos ha llevado a
configurar el Estado español como un Estado en el que la inmigración
se caracteriza fundamentalmente por esa dimensión irregular.
En este mismo sentido de organización de los flujos migratorios, la
cooperación con los países emisores de emigración es fundamental. Hoy
no es previsible regular racionalmente el flujo migratorio desde el
norte de África sin una estrechísima cooperación con Marruecos; por
tanto, el vicepresidente debe trabajar a fondo políticamente para que
la relación con Marruecos en esa materia funcione. De lo contrario,
no sólo va a ser muy difícil hacer frente al drama de las muertes en
el Estrecho, sino ser capaces de introducir cierta racionalidad, por
ejemplo en la inmigración proveniente de los Estados del África negra
o subsahariana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Esta política de inmigración debe poner un especial acento en las
políticas de acogida y de integración social de la inmigración. Ayer
se aprobó una propuesta de resolución conjunta entre su grupo y el
Grupo de Coalición Canaria. Esa propuesta va a tener que implicar un
compromiso presupuestario para que el conjunto de las
administraciones públicas que desarrollan las políticas de acogida e
integración tengan los medios suficientes para poder impulsarlas,
algo que va a ser fundamental. El señor ministro ha hecho referencia
al gasto que nos provoca la inmigración. Quizás también hubiese sido
interesante que hubiese hecho referencia al incremento presupuestario
que supone. He de recordar que en año 1998 las cuotas a la Seguridad
Social de inmigrantes extracomunitarios supusieron cerca de 400.000
millones de pesetas, que las aportaciones al IRPF supusieron cerca de
60.000 millones de pesetas y que las aportaciones en tasas supusieron
unos 12.000 millones de pesetas. Fíjese que esos tres ingresos
-cotizaciones sociales, IRPF y tasas- van a ingresar a las arcas del
Estado y en cambio los gastos que suponen la mayoría de ellos hoy
están ya en manos de las comunidades autónomas. Ahí seguramente
existe el elemento de reflexión: para el Estado la inmigración tiene
un saldo financiero positivo; le puedo asegurar que para las
comunidades autónomas como Cataluña, con cerca del 32 por ciento de
la inmigración extracomunitaria, lo que hoy se pone de manifiesto es
la necesidad de que las administraciones catalanas, tanto la
Generalitat como la Administración local, tengan más recursos para
hacer posible de verdad esa política de acogida y de integración
social.
Finalmente, existe una dimensión en su reflexión que considero
fundamental y es cómo articulamos una política europea en materia de
inmigración. Creer hoy que podemos dar respuesta a las cuestiones que
tenemos planteadas encima de la mesa sin contemplar la dimensión
europea es imposible, empezando por la relación con Marruecos. En ese
tema le recomiendo el análisis en profundidad de la última
comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo -
seguro que usted lo conoce- donde precisamente se apuesta por esta
visión amplia y flexible del fenómeno de la inmigración. La filosofía
que expresa la Comisión Europea en ese documento debería inspirarnos
a todos.
Hechas estas consideraciones de carácter general que estoy seguro
comparte el señor vicepresidente con nuestro grupo, expondré algunos
comentarios más puntuales. Uno de ellos de preocupación y advertencia
ante lo que puede suceder este mes de julio en la demarcación de
Lleida. Sabe usted que las organizaciones agrarias y empresariales
-en concreto, Unió de Pagesos y otras- han apostado por la
contratación en origen de inmigrantes para trabajar en temporada de
verano en la recogida de fruta. Hubo una experiencia positiva el año
pasado que se ha ampliado este mismo año. Pero también se empieza a
constatar que de nuevo están apareciendo ciudadanos extranjeros
documentados en los Ceti de Ceuta y Melilla que sin ofertas laborales
en Lleida se están desplazando allí con el riesgo de encontrarnos de
nuevo con acumulación de ciudadanos extranjeros a la búsqueda de
trabajo por aquellas comarcas. Lo inquietante es que han llegado
desde los Ceti de Ceuta y de Melilla documentados, con documentos
expedidos desde esos centros. Le rogaría, señor vicepresidente, el
máximo rigor en la gestión de estos flujos internos de inmigrantes
documentados de manera provisional en estos Ceti porque si no este
mes de julio nos encontraremos en Lleida, y en concreto en el Valle
del Seguer con problemas de difícil gestión desde la perspectiva de
los alcaldes responsables de mantener la mínima convivencia
ciudadana. A nuestro grupo le preocupa esta situación. Hay algo que
no termina de funcionar en nuestra ordenación interna del flujo
migratorio.
Segunda consideración, nosotros estamos pendientes de conocer el
nuevo borrador de reglamento. No sé si hoy nos puede ya avanzar qué
incorporaciones se han producido como resultado de las aportaciones
del informe del Consejo General del Poder Judicial o qué aspectos
concretos hay previsto incorporar tal y como usted ha anunciado.
Quiero decirle cuatro o cinco cuestiones muy puntuales y concretas.
Una, desde el segundo borrador nos preocupaba que aún mantuviésemos
una visión muy rígida del concepto de situación nacional de empleo.
Usted sabe, y hemos tenido ocasión de hablar con usted personalmente
de esta cuestión, que debemos encontrar un mecanismo que nos permita
definir un concepto de las situaciones de demandantes de empleo que
responda de verdad a las demandas de las empresas. Hoy en Cataluña se
da la circunstancia absurda, y estoy seguro de que en otras partes
del Estado sucede lo mismo, de que entre la existencia de parados,
españoles o extranjeros, y las ofertas...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego vaya concluyendo,
teniendo en cuenta que tiene que intervenir su compañero.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy concluyendo.
Entre las ofertas de empleo por parte de las empresas y la existencia
de demandantes de parados españoles existe un gap importante, un gap
que no resolvemos cuando a veces no otorgamos permisos de trabajo,
que no pueden satisfacer las necesidades de nuestras empresas. En ese
sentido sería bueno que el reglamento fuese flexible. Sería bueno
también que el reglamento tuviese capacidad de dar solución a una
cierta celeridad en la gestión de los permisos de trabajo y de
residencia y muy específicamente en el supuesto de los menores
indocumentados. Nos preocupa el punto 4, del artículo único del
reglamento, que es una incorporación del nuevo borrador, en la medida
que extiende los supuestos de expulsión por la vía del retorno a
supuestos no previstos en la Ley 8/2000. Esa cuestión nos inquieta.
En relación con el conjunto de las comparecencias que planteaba
nuestro grupo, quisiera hacer los siguientes apuntes. En primer
lugar, nos damos por satisfechos de la respuesta dada en el supuesto
del ciudadano turco de origen kurdo, al que no se le aceptó su
petición de asilo. Es bueno que los grupos estemos preocupados por
estas situaciones, el asilo es un fundamento esencial del modelo de
derechos humanos de Europa y, por tanto, es bueno que seamos
diligentes en esa exigencia de responsabilidades al Gobierno. En
relación con la petición de comparecencia sobre la cuestión de la
lucha contra las mafias que trafican con personas, quiero recordarle
que en el debate en el Parlamento Europeo abierto sobre esa acción
común de trata de seres humanos habría que distinguir entre aquella
llegada irregular de carácter voluntario y lo que es estrictamente la
trata de seres humanos. Es bueno que sepamos distinguir entre los
culpables y las víctimas, y que nuestra legislación en esa materia
contemplase a las víctimas del tráfico de seres humanos como tales,
distinguiendo lo que son sus responsables con independencia de cuál
sea su nacionalidad. Nos parece que en el debate europeo sería bueno
que el Gobierno español mantuviese este planteamiento.
Finalmente, no sé si está en condiciones el señor ministro de
avanzarnos más información acerca de cómo piensa abordar esa
problemática, que compartimos con usted, que es la existencia de
ciudadanos extranjeros imputados por delitos y que no se les puede
expulsar. No sé si el problema se plantea en los términos que el
vicepresidente lo ha planteado o quizás habría que plantearlo sobre
la necesidad de generalizar los juicios rápidos como mecanismo para
dar respuesta no tan sólo a un problema en el ámbito de la
inmigración, sino en el conjunto del funcionamiento de la justicia
o dar respuesta positiva a la cuestión de la multireincidencia para
encontrar soluciones más que un planteamiento específicamente
centrado en el ámbito de la inmigración.
Señor presidente, lamento haberme extendido en mi intervención, pero
las cuestiones abordadas por el
señor vicepresidente son muy amplias y justifican intervenciones
largas por parte de los portavoces.
Paso la palabra a mi colega, el señor Jané.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor vicepresidente, al hilo de su
comparecencia hoy aquí como ministro del Interior y teniendo en
cuenta que se abordan cuestiones de seguridad ciudadana, hoy usted en
su comparecencia hacia referencia a que una de las solicitudes
pedidas llegaba tarde por la propia organización de esta Cámara. Nos
pasa a menudo, para una comparecencia pedida en un momento dado, en
la que se dice que se informe dentro de los primeros quince días, han
pasado meses y hoy es cuando se produce la comparecencia. Hace cuatro
días, el pasado domingo 24 de junio, en Barcelona, mi ciudad, se
celebró una fiesta, una marcha ciudadana, antiglobalización. En esa
manifestación, en la que miles de ciudadanos libremente expresaron
sus posturas e ideologías amparados en su legítimo derecho de
manifestación, se produjeron lamentablemente incidentes, no por culpa
de los miles de ciudadanos que pacíficamente se manifestaban -son
siempre grupos reducidos-, incidentes que después causan una gran
alarma social. Sólo el pasado domingo 119 pintadas, 22 escaparates
rotos en el Paseo de Gracia, 22 detenidos y 32 personas heridas. Al
hilo de esa fiesta y de esa marcha ciudadana antiglobalización
ocurrida en Barcelona, se abrió una polémica sobre la forma en que se
produjo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Esa polémica no es positiva en tanto que pone en duda la
actuación de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Toda vez que hoy
tenemos aquí al ministro del Interior y vicepresidente primero del
Gobierno, queríamos en sede parlamentaria conocer cuál es su versión,
la información oficial que usted puede aportarnos. La Vanguardia del
lunes 25 de junio, de esta misma semana, publicaba lo siguiente: Los
organizadores de la campaña contra el Banco Mundial acusaron ayer a
la Policía de estar detrás de los actos violentos previstos, a la
carga policial que puso fin a la manifestación antiglobalización del
mediodía en la Plaza de Cataluña. Los convocantes de la protesta
aseguran tener pruebas fehacientes, testigos, vídeos...
El señor PRESIDENTE: Sea muy breve en este tema, porque sabe S.S. que
no figura en el orden del día.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, al ser un tema de tanta
actualidad -y termino ya-, si hay oportunidad, quería conocer del
Gobierno y de su máximo responsable como ministro del Interior, el
señor vicepresidente Rajoy, cuál es su versión oficial de estos
hechos que han causado esta fuerte polémica en Cataluña y en
Barcelona.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Victorino Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sea bienvenido una vez más, señor ministro,
vicepresidente primero.
Yo no voy a aprovechar el hueco que nos ha abierto el señor Jané para
cambiar el orden del día, pero obviamente uno puede tener esta
tentación. Vamos a centrarnos en los temas que ha tratado el señor
ministro y que fueron objeto de la petición de comparecencia de los
grupos.
Yo no voy a repetir ese tópico de que el señor ministro no ha dicho
nada nuevo. Ha dicho cosas, nos ha dado una versión muy bien
estructurada, hasta podría decir que una brillante conferencia sobre
el tema de la inmigración. La cuestión es que a veces, como decía el
clásico, el mundo de las ideas es una cosa y el mundo de la realidad
es otra; o, como decía Goethe - es una cita frecuente-, la realidad
es el venir a menos de la idea. De eso precisamente voy a hablar, a
ver de qué manera las realidades que sufrimos, que padecemos, que
vemos, son un venir a menos de este propósito que el Gobierno tiene,
que yo reconozco. El señor ministro ha hecho una definición de los
principios en que se basa su política, de algunas de las actuaciones,
quizá de las más importantes, pero aquí está la oposición para
introducir un poquito de realidad y hacer este venir a menos de la
idea que S.S. expresaba.
En primer lugar, voy a hacer una alusión a un caso práctico, porque,
hablando de hechos, no hay cosa mejor que escoger uno, analizarlo y
extraer las consecuencias que se derivan de lo que ha acontecido. Voy
a referirme -aunque luego hablaré del tema más general de la política
de inmigración, de la aplicación de la ley- al ciudadano magrebí que
murió en Tarifa; en la playa, señor ministro, no en la plaza, creo
que ha tenido S.S. un cierto lapsus, murió desgraciadamente en la
playa de Tarifa. Un inmigrante ocupante de una patera, de las muchas
que cruzan por la noche el Estrecho, que vino a morir a tierra
española como consecuencia de un hecho que inicialmente tengo que
calificar de desgraciado. No creo que el agente de la Guardia Civil,
que fue el causante inmediato de este fallecimiento, tuviera
intención de actuar de manera tan contundente con este ciudadano
magrebí.
Lo primero que tengo que decir en relación con este asunto es algo
que siempre nos causa gran preocupación del papel de este Parlamento.
Sé que S.S. lleva muy pocos meses al frente del Ministerio del
Interior y que ha manifestado voluntad de cumplir los deberes que
como ministro del Gobierno le corresponden en lo que se refiere a la
asistencia a esta casa. Pero es verdad que esta imagen queda dañada
en la medida en que acontecimientos que ocurrieron hace tantos meses,
vienen a sustanciarse, debatirse y exponerse en un momento en el que
ya ha habido un olvido de la opinión pública de lo que aconteció y
una cierta pérdida de interés sobre cuestiones que no debieran nunca
dejar de perder
interés. Estamos en un momento de comunicación donde hay una prisa
enorme, una aceleración en lo que se refiere a transmisión de
noticias y una pérdida de actualidad inmediata en muchas cosas. Esto
va en detrimento de la calidad humana, de la consideración de los
derechos y de la valoración de los sufrimientos de las personas que
padecen determinados acontecimientos.
Sólo conocerse la muerte de este ciudadano magrebí, pedimos al
ministro del Interior que viniera al Parlamento y aclarase lo
sucedido. El señor Mayor Oreja dijo el día 4 de diciembre que estaría
dispuesto a venir al Parlamento para explicar lo sucedido. Luego no
lo cumplió. Finalmente, S.S. se encuentra con este marrón que ha
tratado de explicarnos por qué y cómo ocurrió. Señor ministro ¿qué
queremos saber con relación a este asunto? S.S. ha hecho un relato
que es la versión habitual, típica de este tipo de acontecimientos,
pero tenemos que profundizar algo más. No voy a decir que el relato
está hecho con la técnica literaria de aquella novela tan conocida
Pantaleón y las visitadoras en la que hay una descripción fotográfica
de los hechos, pero que no dice nada. Es curioso cómo hay fotografías
que en el fondo no dicen nada. Estas descripciones en el fondo no
dicen nada. El relato que nos ha hecho, señor ministro, no dice nada.
Nos habla de unos hechos en unos términos casi mecánicos: que si
desenfundó, que si corrió, que si le empujó, etcétera. ¿Pero qué hay
detrás de eso? Eso es lo que queremos saber. S.S. nos dirá que la
investigación interna ordenada por la Guardia Civil no está
disponible en este momento porque el asunto está sub iudice, y esta
es una cuestión que quizá habría que clarificar. S.S. no podría
remitirnos el expediente que hizo la guardia civil, que es quizá lo
que deberíamos tener en este momento. Tratándose de un asunto sub
iudice, tenemos que esperar a que este asunto se sentencie, pero ya
nos ha dicho S.S. en qué situación se encuentra el Guardia Civil que
fue sujeto de esta acción, ni siquiera está imputado, aunque el
proceso sigue hacia delante. Desde esa perspectiva y en función de la
aplicación de esa ley, tendríamos que esperar muchísimo tiempo para
conocer una versión que fuera capaz de clarificar si hay imputación o
no. El Gobierno debiera informarnos no tanto de ese tipo de cosas,
descripciones más o menos fácticas de lo ocurrido, como de otras
cuestiones que están más en el fondo de la política, en el fondo de
las instrucciones, en el fondo de las responsabilidades jerárquicas
que el Gobierno tiene respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y, particularmente en este caso, de la Guardia Civil. Es
importante saber en este asunto si hay instrucciones, directrices o
instrumentos de formación orientados al desarrollo de una cierta
conducta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
particularmente a la intervención de todos y cada uno de sus agentes.
Es importante saberlo, porque es lo que puede determinar que un
acontecimiento de este tipo se vuelva a reproducir o no. En el fondo
de esta cuestión, señor Rajoy, lo
importante para nosotros sería llevarnos la tranquilidad de que
sucesos como éste no volverían a ocurrir. Si nos lleváramos esta
convicción daríamos por muy bien celebrada esta comparecencia y este
resultado, a pesar de que ya hace tiempo que sucedieron.
No nos basta con los elogios habituales que S.S. pueda prodigar a la
Guardia Civil, nosotros también podemos entrar en ese pugilato de
elogios hacia una fuerza de seguridad del Estado cuya eficiencia y
buen hacer todos conocemos. Pero no podemos olvidar que la Guardia
Civil es un medio, un instrumento, y que actúa en función de una
política, de unas directrices, de unas órdenes que se imparten desde
el Gobierno, desde los responsables de los Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de S.S., del secretario de Estado, del director
general de la Guardia Civil y de toda la escala jerárquica que hay
más abajo. El señor ministro nos tendría que explicar -yo no quiero
hacer una calificación negativa de las actuaciones- si se está
dotando a la Guardia Civil de los medios suficientes, adecuados
y modernos para actuar. Sabemos que existe el Plan SIVE, que lo debe
ejecutar la Guardia Civil, pero me ha llamado mucho la atención que
no haya hecho mención alguna, a la hora de hablar de esta actuación,
de las consecuencias y circunstancias que hay en este hecho, que no
haya dicho absolutamente nada del SIVE, ni siquiera cuando ha hablado
de la política general de inmigración en la faceta que corresponde al
control de la entrada en territorio español y la prevención de la
entrada de las pateras. Yo sé que se está desarrollando este plan,
pero va muy lento y tiene un plazo todavía indeterminado. Venimos
hablando desde hace mucho tiempo, casi años, del Plan SIVE, pero no
está en ejecución, a pesar de que en el año 2000 fueron detenidos
15.409 inmigrantes no documentados en Andalucía que intentaban entrar
por la vía irregular. De ellos, 12.611 en el Campo de Gibraltar.
Luego ocurren las cosas que ocurren, porque cuando no se tienen
medios, cuando la actuación puede venir determinada por
precipitaciones, por carencia de despliegue, por carencia de recursos
y por carencia de instrucciones, pueden ocurrir cosas como éstas.
¿Cuándo vamos a tener unas estructuras suficientemente eficaces para
que la actuación de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
particularmente de la Guardia Civil en el control de la frontera, no
acarree consecuencias como las que ya hemos conocido en este caso en
el que un ciudadano que comete una falta administrativa es perseguido
pistola en mano, o el caso que hemos visto también de una embarcación
que al parecer no estaba dotada suficientemente para el abordaje, que
causó la desaparición de 15 emigrantes subsaharianos en las Islas
Canarias? Esta es la cuestión.
Quisiera poner de manifiesto que este hecho afecta no solamente a la
intervención que hizo usted sobre el ciudadano magrebí, sino también
a la política de inmigración del Gobierno. Este hecho también pone de
manifiesto la necesidad de dotar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado de los instrumentos adecuados de personal y
material para dar la batalla a las mafias que transportan a las
oleadas de inmigrantes que llegan a nuestras costas.
Hay un acontecimiento reciente, lo que ha pasado ayer o anteayer:
veinte pateras son detectadas a través del sistema de radar, pero las
fuerzas de seguridad del Estado solamente son capaces de intervenir
nueve. Faltan medios, recursos y es conveniente, para racionalizar la
política de inmigración en esta faceta de control de acceso a nuestro
país, cambiar más las cosas.
Señor ministro, hay una imagen terrible -no digo que la estemos
dando- en relación a todo lo que está pasando en el Estrecho, una
imagen de vuelta a una situación de barbarie. Por una parte, tenemos
cómo se miran estas cosas desde el Estado que está en la otra parte
del Estrecho, quizás con un cierto grado de impasibilidad; cómo entre
el otro Estado que está más allá del Estrecho y nosotros no somos
capaces de establecer una colaboración adecuada. S.S. ha hablado del
acuerdo que habría que suscribir con Marruecos y que todavía no está
suscrito. Tengo que decirle, señor Rajoy, que el señor Mayor Oreja ya
hablaba de la necesidad de suscribir un tratado con Marruecos que
todavía no está suscrito. El contingente más importante que viene de
inmigrantes es de Marruecos; tanto por la vía legal como la ilegal,
siempre será el país que aporta un mayor contingente de inmigrantes a
nuestro país. De todas las prioridades a la hora de elaborar y
concluir un acuerdo, el prioritario debiera ser Marruecos. Con
Ecuador han hecho ustedes un acuerdo, por el cual le felicitamos,
pero quizá no sea tan continuo, tan largo, porque imagínese la
trayectoria histórica de relaciones que tenemos entre España y
Marruecos de siempre, de hace miles de años. Creo que es una relación
tan geopolítica y tan fundamental que es necesario dotarla
inmediatamente de una adecuada configuración legal de convenio.
Luego tenemos, en esta imagen de barbarie, cómo son las bandas de
traficantes quienes canalizan la búsqueda de porvenir y de trabajo de
los inmigrantes ilegales. No es el Inem, no son los consulados, no
son las oficinas de extranjería. Aquí quien coloca a la gente, quien
la traslada son los grupos de mafias de este tipo de delincuentes. Su
Ministerio, señor Rajoy -luego se lo dirá posiblemente el señor
Pedret que intervendrá en esa faceta-, tiene un dispositivo creado de
especialización policial, un grupo de actuación policial, el llamado
Ucrifd. He leído las contestaciones por escrito que dio y las que se
dieron oralmente sobre él, cómo se ha constituido y, si me permite
usted la comparación, es como un juego de cubiletes: ahora está aquí
o puede estar allí el dado, en uno de los cubos. Es una especie de
reorganización que no aporta nada. El Ucrifd utiliza los mismos
medios humanos y materiales que ya tienen las brigadas de
extranjería. No estamos poniendo nada nuevo, estamos poniendo
títulos, unos referentes virtuales a lo que debe ser una política más
efectiva.
Señor ministro, me gustaría que nos explicara esta parte de la
política de inmigración del Gobierno y, sobre todo, la cuestión de
fondo que afecta a lo que le ocurrió a este inmigrante, a esta
persona que desgraciadamente murió al llegar a nuestro país, cuando
sólo una persona que había cometido una falta administrativa, no un
delito. Según las normas que rigen la utilización de armas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto la Ley de cuerpos y
fuerzas como las instrucciones del año 1983, ninguno de los supuestos
de uso de armas que están en esas normas se daban en esta situación.
Sería conveniente que se revisara, en términos de formación o de
instrucción, el uso de armas de los agentes de la autoridad,
particularmente en estos hechos. A un señor que corre, anque sea un
inmigrante ilegal, no se le puede identificar con un delincuente, y
es lo que ha verificado quizá la opinión pública. No sé si esa
trasposición que existe en términos de ciudadania, desgraciadamente
existe también en algunos agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Si existe esa trasposición habría que evitarla a toda costa.
Finalmente, paso a hacer unos comentarios sobre la política de
inmigración que hacía S.S. Solamente haré algunos comentarios sobre
supuestos que considero que son relevantes en relación con su
exposición, señor Rajoy. En primer lugar, quisiera mencionar la
regularización de inmigrantes. Reconozco la buena voluntad de poner
orden en el caos que se encontró usted en el Ministerio, porque se lo
encontró. Tengo que decirle que la imagen que se ha estado
transmitiendo permanentemente es la de una confrontación de ideas
entre el Gobierno y la oposición, particularmente en lo que se
refiere a mi grupo. Hemos estado instando en distintas ocasiones a
que los procesos de regularización se ordenaran y se reconociera la
realidad existente. Hemos tenido sucesivas regularizaciones -después
de haberlas negado se han hecho- que han venido precedidas de
encierros; hemos tenido encierros en Valencia, en Huelva, en
Barcelona, en Madrid y hemos visto cómo las consecuencias del
encierro, a efectos de regularizaciones, en un sitio eran distintas
de otros. Por ejemplo, en Huelva no tuvo efecto alguno -según la
información que yo tengo- y en Barcelona sí. Finalmente, hemos
encontrado una situación en la cual el Gobierno negociaba con
personas que estaban ejerciendo derechos humanos y fundamentales que
nosotros hemos defendido pero que la Ley de inmigración no reconocía.
Ultimamente se ha anunciado otra regularización, la que usted ha
mencionado, relativa a aquellas personas que se encuentren en España
antes del 23 de enero. Muy bien, regularicemos de una vez y dejemos
las cosas claras. Lo que es muy importante, desde mi punto de vista,
es que en esta situación de tira y afloja, de regularizaciones sí o
no, sería importante que la imagen predominante en el país fuera que
ha venido un número determinado de ciudadanos de otros países, de los
que sean, como consecuencia de un tratado o convenio
que hemos firmado y están llegando en función de los cupos que se han
pactado entre ese país y las autoridades españolas. Esa debería ser
la imagen, porque eso es lo que transmite de verdad una idea de que
las cosas se están haciendo de una manera regular y no regularizante.
Sería conveniente que esta situación cesara desde el punto de vista
de la regularización de la acción del propio Gobierno. Hemos podido
observar en estos últimos meses una serie de ocurrencias del señor
Fernández Miranda que nos gustaría que no se produjeran, porque
generan alarma y un cierto grado de preocupación. No vamos a insistir
en el tema de los ecuatorianos...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego que termine ya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Estoy terminando ya, señor presidente.
Habría que recordar al menos que ha habido tres actuaciones del señor
Fernández Miranda -que yo recuerde- que han sido auténticas
ocurrencias y que han determinado algunas actuaciones que son
sorprendentes. El tema de los ecuatorianos, la reclamación a los
alcaldes para que no empadronaran inmigrantes y aquello de lo que él
había hablado, que no desmintió en esta misma sala, relativo a que en
función de las determinaciones culturales, religiosas y de lengua
había más o menos posibilidades de tener ubicación y empleo dentro de
nuestro país; un país que tiene una sociedad secularizada y un Estado
laico en el que estos elementos, que yo sepa, no se están conjugando
de ninguna manera para ningún tipo de política. Él reconoció que
efectivamente lo había dicho.
Ha hablado usted del Plan Greco y de su financiación. Diré solamente
tres cosas. Primero, que el Grupo Popular rechazó en esta Cámara una
enmienda en la cual pedíamos que en el presupuesto del Estado el Plan
Greco fuera dotado de 30.000 millones de pesetas adicionales; repito
que fue rechazado el Gobierno del Partido Popular. Segundo, meses
después en los Presupuestos Generales del Estado aparece lo que
entonces se dijo que no se contenía y figuran 37.000 millones de
pesetas, que son los que dotan al Plan Greco. Tercero, no se puede
mantener ese principio de que estas cosas corresponden al Gobierno y
no al Parlamento, como llegó a decirse. Hubiera sido más elegante y
más respetuoso con esta Cámara haber debatido aquí si había o no ese
dinero para el Plan Greco y haberlo dejado expresado en términos
contables financieros, como corresponde a cualquier actuación
importante del Gobierno que esté enmarcada dentro de los Presupuestos
Generales del Estado.
Otra cuestión económica relativa a la inmigración es el tema que S.S.
mencionó el otro día, y ha vuelto a mencionar, sobre el gasto público
que tenemos respecto a los inmigrantes. Señor Rajoy, no debemos hacer
esa cuenta, no debemos decir que, aparte de los 37.000 millones de
pesetas del Plan Greco, los inmigrantes se benefician de la educación
que les damos, de la sanidad que les damos, etcétera, porque no
olvide que ellos son cotizantes de la Seguridad Social, son
contribuyentes y, como cualquier otro ciudadano, no se les debe hacer
esa contabilización puesto que aportan algo y, que yo sepa, aquí no
están de becarios, están tratando de ganarse la vida contribuyendo
con su esfuerzo a la mejora de nuestra economía y de nuestra
sociedad.
Sobre convenios y acuerdos ya le he dicho, señor Rajoy, que es
importante que el asunto de Marruecos se resuelva cuanto antes, y
respecto a las unidades de lucha contra la red de inmigración, ahora
el señor Pedret se lo comunicará.
Señor presidente, acabo definitivamente, diciéndole, señor Rajoy, que
estamos ante un asunto de una gran trascendencia futura para la
sociedad española, nadie lo duda y repetirlo es un tópico más pero,
aunque sea un tópico, tendremos que seguir insistiendo en la
necesidad de que esto constituya un acuerdo entre los españoles,
entre los partidos, de tal manera que, con visión de Estado y con
altura de miras, seamos capaces de abordar entre todos una parte
sustancial de la definición y organización de nuestra sociedad
presente y futura.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, sintetice S.S. todo lo posible
porque el tiempo se ha agotado.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente, por
cederme la palabra. El esfuerzo de síntesis a veces cuesta tiempo,
pero voy a intentar ser al mismo tiempo sintético y breve, cosa que
no es fácil.
En primer lugar, agradezco a mi compañero, señor Mayoral, al haberme
cedido el honor de expresar, en nombre de mi grupo parlamentario
-seguro que es el sentimiento de los otros grupos y del conjunto de
la Cámara-, nuestra más radical, absoluta y total condena al atentado
que se ha realizado esta mañana en la villa de Madrid, que pone una
vez más sobre la mesa la necesidad del mantenimiento del acuerdo,
como se ofreció por nuestro secretario general en el debate sobre el
estado de la Nación, respecto al terrorismo y al acuerdo por las
libertades para que, entre todos los demócratas, acabemos de una vez
con estas actuaciones totalmente contrarias a la convivencia. Era
necesario en la Comisión de Justicia e Interior referirnos a ello, y
por eso lo he hecho con la brevedad que me ha pedido el presidente.
El formato de la reunión de hoy de la Comisión nos ha llevado a un
debate general sobre la política o la falta de política de
inmigración por parte del Gobierno. No me voy a referir a ello porque
no tenemos tiempo y para intentar ceñirme en todo lo posible al orden
del día. A pesar de ello, y puesto que otro portavoz, el señor Jané,
de Convergència i Unió, se ha referido a
hechos muy recientes en Barcelona el domingo pasado, el día de San
Juan, me hubiera gustado poder hablar hoy de los mismos porque se
hubiera tramitado, con la rapidez con la que supongo que lo hará el
Ministerio, el señor Rajoy, la solicitud de comparecencia voluntaria
para aclarar dichos hechos. Los consideramos graves y nos sentimos
acompañados con las declaraciones del muy honorable Jordi Pujol en el
día de ayer en el Parlamento respecto a los fallos de la Policía.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, el señor ministro no tiene
inconveniente en referirse a esa cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Ninguno.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, insistiendo en la brevedad, he
hecho esta advertencia.
El señor PEDRET I GRENZNER: Estamos ante una buena cuestión, señor
presidente de la Comisión, señor vicepresidente del Gobierno, para
referirme a dos puntos concretos contenidos en el orden del día de
hoy. Uno de ellos es el de las condiciones del traslado de
inmigrantes expulsados en los ferries. En aras de la brevedad, voy a
adherirme totalmente a las expresiones de la señora Margarita Uría
respecto a la primacía del convenio internacional sobre derechos
humanos, al que nos obliga el artículo 10.2 de la Constitución, y que
debe primar en la interpretación por encima de cualquier otro texto
internacional o nacional. La Constitución está ahí, también el
artículo 10.2, y la debemos cumplir. Pero comprenderán ustedes que si
el que les habla es un diputado catalán (socialista pero catalán), no
pueda dejar de referirse a El llibre del consolat de mar, código de
derecho marítimo universal durante siglos, producido en Barcelona, en
el que ya se distinguía entre transporte de mercancías y transporte
de personas. Lo cierto es que allí ya se establecían condiciones
completamente distintas para las mercancías y para las personas, como
no puede dejar de ser. Desde nuestro punto de vista y desde el de la
estricta legalidad, tratándose de extranjeros expulsados -respecto a
los cuales, por cierto, en respuestas escritas a este diputado el
Gobierno ha llegado a afirmar que no estaba disponible el dato de la
nacionalidad de los expulsados en determinadas provincias, cosa que
me sorprende, porque entonces no sabe hacia dónde se les puede
expulsar-, se encontraban en aquel momento bajo la tutela del Estado.
El Estado a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad era el
responsable de la seguridad, de la vida y de la integridad física de
aquellas persona; ello, señor ministro, señor vicepresidente, no
puede en modo alguno delegarse en capitanes de la marina mercante. La
responsabilidad propia del Gobierno, del Estado es la de asegurar la
seguridad de todos, pero muy especialmente la de aquellas personas
que están directamente
bajo su custodia en una situación de dependencia, de sujeción
administrativa especialísima, como es la de los detenidos. Por ello,
señor vicepresidente, no nos ha convencido su intervención; nos ha
convencido su intervención pero no las razones de su intervención. No
puede hablarse simplemente de un convenio internacional de categoría
inferior, repito, desde el punto de vista de nuestra Constitución, al
del Tratado sobre los Derechos Humanos, y no puede delegarse en un
convenio con compañías de transporte marítimo o en capitanes de la
marina mercante la seguridad de personas bajo la custodia directa, y
con especial sujeción, del Estado. No podemos tampoco aceptar el
hecho de que puede haber unas condiciones mejores o peores, con mayor
o menor riesgo respecto a los que se transportan. No voy a hablar de
bodegas -en nuestra petición de comparecencia no se habla de
bodegas-, sino de condiciones que no están de acuerdo con la
legislación porque el tiempo del traslado marítimo no es un factor
que influya en la seguridad, señor ministro. Todos tenemos en la
memoria el desgraciado accidente del Spirit of enterprise, que
naufragó con 125 muertos justo a la salida de la bocana del puerto de
origen, antes de salir del puerto. No es, por tanto, la proximidad
del Estrecho (que ya provoca tantas muertes a través de las pateras
por la proximidad de los dos continentes en aquel lugar del Estrecho)
causa suficiente para ser negligente con esta especialísima necesidad
de asegurar la vida y la integridad física de las personas que
compete al Estado.
Respecto al otro punto -y concluyo, señor presidente- en el que se va
a centrar mi intervención, el referente a la lucha contra las redes
de tráfico de inmigrantes, de falsedades documentales, etcétera, la
verdad, señor vicepresidente, es que ha conseguido usted
despistarnos. Yo oí al presidente del Gobierno en el debate sobre el
estado de la Nación decir que era un problema gravísimo el de las
mafias y redes de trata de inmigrantes y de personas. Manifestó
incluso que tenía constancia de que tenían muchísimo poder e
influencia y que era uno de los graves problemas con el que nos
enfrentábamos dentro de esta gran cuestión, no problema sino gran
cuestión, que es cómo nos interpela a toda Europa el fenómeno de la
inmigración en los próximos años. Y ustedes cada vez nos dicen una
cosa distinta, señor ministro. El 27 de febrero de 2001 compareció
ante esta Comisión su secretario de Estado de Extranjería
e Inmigración; dio unas cifras vaporosas, reconoció las diferencias de
cifras que se habían dado en varias ocasiones y prometió enviarnos
por escrito a todos los miembros de la Comisión cifras concretas al
respecto. No lo ha hecho, de tal forma que este diputado ha tenido
que presentar pregunta por escrito solicitando cuál era el concepto
de plazo inmediato para ver cuándo íbamos a recibir estas cifras que
nos habían prometido el 27 de febrero. El 30 de mayo su otro
secretario de Estado, el secretario de Estado para la Seguridad, don
Pedro Morenés, ...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo rápidamente, señor presidente.
Don Pedro Morenés manifestó en la contestación a la pregunta oral
formulada por quien le habla: cuando usted -se refería a mí- dice que
no hemos hecho nada nuevo, es verdad; cito textualmente del 'Diario
de Sesiones'. Han hecho ustedes algo nuevo, por tanto, desmiento al
señor Morenés; han hecho ustedes un baile de efectivos y de cifras de
unos a otros lugares del organigrama de la Policía, pero nada más
allá de eso. Como yo estoy de acuerdo en este punto con el presidente
del Gobierno y con lo que manifestó también el señor Fernández
Miranda en el sentido de que era un tema importantísimo y fundamental
y que, como yo llevo diciendo desde que estoy en esta Cámara en esta
legislatura, afecta directamente a la dignidad de las personas y, por
lo tanto, a la nuestra también si no somos capaces de garantizar la
de todas las personas, solicito una vez más que tengamos una
aclaración real de cuál es la actuación auténtica (más allá de las
cifras que nos ha dado usted hoy, que se refieren al número de redes,
pero no al número de detenidos ni a consecuencias penales de estas
detenciones), que yo considero absolutamente preferente de su
Gobierno contra estos traficantes de personas, contra estos modernos
esclavistas que son la lacra de nuestra sociedad. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Desde luego, con carácter previo, este grupo
parlamentario tenía previsto también hacer una referencia al atentado
de esta mañana para mostrar nuestro afecto hacia los heridos, nuestra
plena y absoluta solidaridad con el ejemplar esfuerzo y tarea que
están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
la reafirmación de la inutilidad del terrorismo en la consecución de
sus fines -nunca van a lograr vencer- y, finalmente, en consecuencia,
la necesidad de hacer cada vez más grande la cohesión de los
demócratas frente a esa detestable expresión criminal que es el
terrorismo.
En relación con los numerosos aspectos que hoy conjugan esta
comparecencia quiero señalar en primer lugar lo que concierne a este
debate general de valoración sobre la Ley 8/2000. Con ella desde
luego este grupo parlamentario considera que se ha iniciado la
definición de una nueva política global de inmigración y extranjería,
en cuya construcción se sigue avanzando. Es una política de
inmigración caracterizada por ser consecuente con los compromisos
internacionales contraidos por España; por ser realista en función de
las posibilidades auténticas de acogida que permite la estructura
socioeconómica española, sin poner en duda nunca que España en esos
términos y en el contexto
que acabo citar quiere ser y va a ser un país de acogida; y,
finalmente, por ser manifiestamente solidaria y progresista en la
concepción del fenómeno inmigratorio, a tenor de su comparación con
las legislaciones de nuestro entorno y desde luego con la Ley
española de 1985. Es una política de inmigración que tiene una
vocación amplia, que se hace con perspectiva amplia y no
reduccionista y vertebrada además desde dos conceptos básicos: en
primer lugar, el de la legalidad, por entender que sólo desde esa
invocación de la legalidad se puede hacer una política útil para los
intereses legítimos de España y para los intereses legítimos de los
ciudadanos extranjeros que desde dicha legalidad se instalen en
nuestro país; y una política eficaz en la lucha contra las redes y
mafias que trafican con seres humanos. El segundo de esos dos grandes
pilares sobre los que se vertebra esta política de inmigración -lo
es, sin lugar a duda, de compromiso y de talante- es la vocación y el
compromiso del diálogo y de la búsqueda permanente del consenso. El
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular hemos reiterado hasta la
saciedad que la política de inmigración y extranjería no puede estar
sujeta ni a la mera dialéctica partidista ni a la confrontación ni a
vaivenes pendulares motivados en su caso por la alternancia política.
Desde el Gobierno se ha insistido en el ofrecimiento del diálogo y
acuerdo y este seguirá siendo sin duda una señal esencial de
identidad en la acción y en la metodología gubernamental. Ciertamente
tenemos que decir, sin pretender abrir ningún debate, que nuestro
grupo considera que los déficit que en la práctica se hayan podido
apreciar en este sentido no se pueden imputar ni al Gobierno ni a
este grupo parlamentario.
En esta línea hay que tener muy presente que en el diseño de esta
nueva política global de inmigración y extranjería, el Gobierno ha
actuado, en primer lugar, con transparencia y coherencia, haciendo la
política que explicó a los ciudadanos en la pasada campaña electoral
y que recibió el respaldo ampliamente mayoritario de las urnas. Por
tanto, en el ejercicio de esa política no hay trampa ni cartón. En
segundo lugar, el Gobierno ha actuado con diligencia en la aplicación
de los medios precisos, a fin de no recalar en una política meramente
discursiva, sino consecuente en esa aplicación de medios con los
fines perseguidos. Baste recordar, por ejemplo, por no ser
excesivamente exhaustivo, la celeridad en el desarrollo del proceso
de regularización, la inminente aprobación del reglamento, la
importante aportación de recursos públicos que incorpora el programa
Greco, la propia novedad básica y capital de este programa Greco o de
la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, como
elemento institucional coordinador, el alcance de futuro que comporta
la estrategia de convenios bilaterales con los principales países de
origen -por cierto, en este ámbito se está concluyendo ya un número
de convenios significativamente mucho más importante que el que se
pudo hacer en otros momentos- y el esfuerzo realizado
para la provisión de medios para la lucha contra las redes de
inmigración. No parece, por tanto, que el Gobierno, como se ha dicho
en alguna intervención anterior, vaya en este asunto a rastras de la
realidad.
Entrando en el segundo gran apartado de esta comparecencia, el
fundamento básico de la acción del Gobierno ha sido y será dotar de
toda prioridad a las tareas de desarticulación de aquellos grupos
organizados que trafican con seres humanos en cualquiera de sus
formas. En ese sentido, es indiscutible (y ahí están los elementos de
la realidad) que se ha avanzado notablemente en la coordinación
interadministrativa, en la creación y despliegue de grupos operativos
específicos en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y en el perfeccionamiento de la formación especializada de los
miembros de las fuerzas y cuerpos destinadas a estas tareas. En el
terreno operativo se ha hecho mucho y nuevo, y convendría no tratar
de descontextualizar algunas afirmaciones, en concreto las del
secretario de Estado de Seguridad ante esta misma Comisión. En el
terreno operativo se ha hecho mucho y nuevo, porque la conjunción de
estrategias y medios que comportan, por una parte, la aplicación del
proyecto SIVE, bajo la ejecución de la Guardia Civil, y por otra, el
Plan director sobre inmigración y extranjería definido por la
Dirección General de la Policía, constituyen un adecuado
planteamiento de base para integrar esfuerzos y medios para lograr la
máxima eficacia de respuesta frente a esta detestable actividad
criminal. Tratar de presentar el programa SIVE como una especie de
operación de márketing supone fundamentalmente un profundo
desconocimiento de la realidad. Decir que este programa SIVE sigue
estando puramente en el terreno de la entelequia abunda, sin lugar a
dudas, en ese desconocimiento de la realidad. Por otra parte, poner
un acento de pura trasposición de elementos, insistiendo en esa vieja
tesis del maquillaje, en relación con la importancia que tiene el
Plan director sobre inmigración y extranjería formulado por la
Dirección General de la Policía sigue constituyendo la expresión
clara de un desconocimiento de la realidad.
Los resultados concretos ofrecidos por el señor vicepresidente en lo
que concierne a desarticulación y detenciones en el ámbito de redes
de prostitución, redes contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, redes de documentación falsa, redes contra el derecho de
los trabajadores y redes de fraude al contingente evidencian que, aun
cuando está siendo creciente la actividad delictiva de este tipo de
organizaciones (y en eso hay una preocupación coincidente del
conjunto de los grupos parlamentarios y coincidente con el Gobierno),
hay que reconocer el alto grado de eficacia en las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en el bien entendido siempre (y esta es una
formulación que establecen como norma de conducta las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno) de que ese
reconocimiento de la eficacia no supone nunca autosatisfacción,
sino que se enmarca en el permanente compromiso de
autoexigencia. Cuando algún portavoz dice algunas cosas como las que
se han alegado en relación con el caso de Tarifa, al que luego me
referiré, en el contexto de lo que estamos hablando, convendría no
olvidar tampoco la tarea que estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado desarrollan, desde una perspectiva que podríamos calificar de
social, en la protección de aquellas personas que son o que pueden
ser potencialmente víctimas de estas redes. En este mismo contexto
cabe situar, por ejemplo, la iniciativa de los equipos Edati de la
Guardia Civil, iniciativa que cuenta y ha contado con el respaldo
unánime de esta Cámara.
En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, este
grupo parlamentario se siente orgulloso de la tarea que el Gobierno
está llevando a cabo en el conjunto general de las políticas de
extranjería e inmigración; este grupo parlamentario reafirma su
disposición y su más plena vocación al diálogo y al consenso con los
demás grupos, para dar forma a esas políticas desde el mayor grado de
acuerdo posible y, por tanto, este grupo parlamentario considera, en
relación con los dos asuntos principales objeto de las comparecencias
de hoy, que la Ley 8/2000 ha supuesto un singular avance en lo que
concierne a la regulación de la situación de los extranjeros en
España, especialmente en lo relativo a la garantía y protección de
sus derechos, y que el Gobierno está aplicando eficazmente todos los
recursos a su alcance para combatir esa inhumana expresión criminal
que es el tráfico y la explotación ilegal de inmigrantes por parte de
redes y mafias organizadas.
En el caso del ciudadano turco nada hay que añadir, sino resaltar la
coincidencia plena de todos los estamentos competentes en cuanto a la
no procedencia de la concesión de asilo, con lo cual está todo dicho.
Respecto del incidente de Tarifa quiero formular, muy brevemente,
tres consideraciones esenciales: en primer lugar, que estamos ante un
suceso que debe ser calificado como un accidente involuntario y
fortuito, aunque ciertamente con un resultado lamentable, pero,
además, como un suceso aislado; en segundo lugar, que, producido el
hecho, la Guardia Civil actuó en todo momento cumpliendo
escrupulosamente la ley y adoptándose además las medidas
complementarias adecuadas; y en tercer lugar, que lo sucedido no
puede en modo alguno (sé que no ha sido ésa la intención de ningún
grupo parlamentario y me alegro de que en eso coincidamos todos)
empañar la permanente entrega, vocación de servicio y profesionalidad
del cuerpo de la Guardia Civil. Este es y debe ser el mensaje
fundamental. Más allá del resultado de este trágico accidente lo
cierto es que la tarea de la Guardia Civil en el Estrecho consiste
esencialmente en salvar vidas, y basta comprobar el número y la
naturaleza de las intervenciones realizadas para acreditar que esta
valoración no ofrecela más mínima duda. Por cierto, a propósito de lo
dicho
por algún portavoz, estoy convencido de que en este asunto de Tarifa,
como en todos, el auténtico interés de todos debe ser hallar la
verdad real y no el mero interés mediático, porque sin duda otra cosa
sería, en sí misma, perversa. También quiero señalar que cuando algún
portavoz pone entre comillas o habla de la falta de colaboración con
Marruecos se olvida de que durante muchos años ni siquiera se
constituyó la comisión bilateral hispano-marroquí, y que ha sido este
Gobierno el que ha abierto y ha institucionalizado este cauce de
recíproca colaboración; o se olvida, por ejemplo, del reciente viaje
del delegado del Gobierno de la Extranjería a Marruecos, visita en la
que se han sentado las bases de un importante trabajo en común entre
los dos países.
Finalmente y antes de pasar al último bloque objeto de estas
comparecencias, quiero decir que tiene razón el señor Mayoral cuando
habla del caos encontrado en el Ministerio, tiene toda la razón.
Simplemente el señor Mayoral se equivoca de protagonista y de fecha:
el caos no se lo encontró el señor Rajoy en el año 2001 sino el señor
Mayor Oreja en el año 1996, y por motivos de sobra conocidos tanto
por la opinión pública como por los tribunales.
En lo que concierne al traslado en buques sorprende que la invocación
de la ley no convenza a alguien, o que alguien señale que por parte
del Gobierno, de los responsables competentes, se está intentado
ampararse en la ley sino en el cumplimiento estricto de la ley; este
no supone un amparo o acogida en nada, sino cumplir la función
principal que corresponde a cualquier gobierno. Por tanto, los
traslados a los que se refiere esta comparecencia se realizan
siempre, como ha dicho el señor vicepresidente y no puede ser de otra
forma, con atenimiento a la ley y a los convenios internacionales,
siguiendo las determinaciones específicas (subrayo el concepto, que
es importante: determinaciones específicas) formuladas por los
capitanes de los buques, que son la máxima autoridad a bordo, y desde
luego y en todo caso con el máximo respeto a la dignidad humana de
los trasladados y de las fuerzas de seguridad que les acompañan.
Afortunadamente, nadie pretende hacer un discurso que ponga en tela
de juicio lo dicho o que trate de cargar las tintas sobre
valoraciones o actitudes del Gobierno que no se corresponden con la
realidad. Nadie trata de hacer eso porque quien lo persiguiera
sencillamente estaría incurriendo en un monumental despropósito,
carente de credibilidad que sólo perjudicaría a quien lo formulara.
Desde la perspectiva de este grupo parlamentario agradezco el tono
general de casi todas las intervenciones, porque en todas se puede
encontrar un acento positivo. Como decía el señor Campuzano, todos
coincidimos en lo sustancial y ese debe ser nuestro común equipaje
para el diálogo. También agradezco al señor Alcaraz las valoraciones
que ha hecho sobre la actitud y el talante del señor ministro y la
facilidad para comunicar
con él. Finalmente, haré una referencia puramente metodológica,
ya que la intervención de la señora Uría y la del señor Mayoral
también dan pie a ello; agradezco esas referencias hechas por ambos
para poder formular esta reflexión puramente metodológica. Esta
Comisión que hoy cierra el periodo de sesiones ha celebrado sesión
durante los cinco meses de duración del mismo todas las semanas, haya
habido Pleno o no lo haya habido -insisto: todas las semanas durante
estos cinco meses ha celebrado sesión-, incluso algunas semanas ha
celebrado doble sesión, como en los viejos cines. El señor
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior lleva
cuatro meses en el ejercicio de su cargo y en ese tiempo ha
comparecido tres veces ante esta Comisión, lo que acredita sin lugar
a dudas una magnífica predisposición por su parte y un respeto
profundo, muy profundo, que hay que valorar en esos términos, a lo
que significa la tarea de esta Comisión y la de control del Gobierno
por parte de la oposición. Ello debería obligarnos a todos en el
futuro a una selección de iniciativas, evitando duplicidades y
reiteraciones de asuntos ya vistos en otras instancias y refiriendo
asuntos más puntuales a otras autoridades de este Ministerio, que
también han comparecido ampliamente en esta Comisión. Quiero
recordar, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que durante
este periodo de sesiones han comparecido en esta Comisión el
secretario de Estado de Seguridad, el delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración, el director general de la Policía, el
director general de la Guardia Civil y el director general de
Instituciones Penitenciarias, entre otros. Por tanto, y concluyo,
señor presidente, convendría en el futuro aprovechar las
comparecencias del señor vicepresidente primero y ministro del
Interior para formular los grandes, los importantísimos debates
afectos al ámbito de la seguridad. Como es natural, esta reflexión no
pretende poner cortapisas a la iniciativa de nadie, pero convendría
que pensáramos todos en ello a fin de hacer más útil y dinámico el
debate y la tarea de control en esta Comisión. Este grupo
parlamentario tiene que concluir haciendo -como ha hecho- la
referencia a lo intenso de este periodo de sesiones, agradeciendo y
valorando en mucho la contribución y la tarea de todos los grupos
parlamentarios. Todos, desde nuestra legítima perspectiva, hemos
tratado de contribuir a que el debate político y la tarea de control
del Gobierno fuera seria, rigurosa y efectiva. (Rumores.-Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Quince
minutos he tardado. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Señor vicepresidente, tiene S.S. la palabra para contestar a los
grupos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DELGOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias por sus intervenciones, señoras y
señores diputados.
Voy a intentar en la medida de lo posible dar respuesta a todos y
cada uno de los planteamientos que se han hecho por parte de los
distintos intervinientes. Hay algunos asuntos que han sido repetidos,
incluso en algunos casos se han usado los mismos argumentos, por lo
que es probable que algunas de las contestaciones a los diferentes
portavoces sean lógicamente más cortas para no repetir ideas.
Ha comenzado el turno de portavoces con la intervención de la señora
Uría. Ha hecho un breve comentario sobre los principios generales a
los que yo hacía referencia en mi intervención. Yo he dedicado una
parte de ella a algo que llamaba consideraciones o principios
generales que creo que tiene su interés, porque al final lo que se
plasma en leyes en su desarrollo normativo y en las propias
actuaciones son principios, y creo haber dejado sentado de una manera
clara cuál es la posición del Gobierno en materia de inmigración.
Hago un recordatorio de las cuatro ideas fundamentales que son: la
consideración de España como país de acogida -por lo menos esa es la
posición del Gobierno y creo que coincidimos los grupos-, la apuesta
clara por la inmigración legal, el esfuerzo que entre todos debemos
hacer de integración y, por último, la lucha contra la inmigración
ilegal. Hay un aspecto que incluyo dentro de las consideraciones
generales que ha hecho la señora Uría sobre la participación de su
grupo parlamentario en la elaboración del reglamento y el antecedente
al que ella ha hecho referencia en el tema de la ley. En él no hace
al caso establecer debates sobre votaciones y sobre planteamientos.
En el tema del reglamento no tengo ningún inconveniente en hablar de
él con el Partido Nacionalista Vasco y mucho menos con la señora
Uría, como ella puede intuir aunque no tenga ninguna prueba. De
hecho, he hablado del reglamento con bastantes grupos parlamentarios,
con todos los aquí presentes, bien es cierto que con la única
excepción del Partido Nacionalista Vasco. Quiero recordar que el
reglamento se le entregó al Partido Nacionalista Vasco, se le
pidieron observaciones y, al menos, que yo sepa -puedo estar
equivocado-, el Partido Nacionalista Vasco no remitió ninguna
observación al reglamento. Por eso, cuando yo le pregunté a los
distintos grupos parlamentarios si querían hablar de sus
observaciones, no me dirigí al Partido Nacionalista Vasco, pero no
hay ninguna otra razón diferente de esa. He de añadir que algunos
miembros del Grupo Mixto enviaron sus planteamientos y sus
sugerencias al reglamento, otros, sin embargo, estimaron oportuno no
hacerlo. En cualquier caso, como ella ha hecho una oferta de
colaboración, yo la acepto muy gustoso porque me temo que no estemos
aquí ante un asunto, como ha quedado claro después de las
intervenciones que se han producido, estrictamente ideológico y de
grandes diferencias en cómo abordarlo, sino que el
verdadero problema es de gestión, que ustedes saben (no digo que
intuyen) que no es fácil.
Ha hecho referencia a las políticas de integración y se ha referido a
la intervención del presidente del Gobierno en el debate de
investidura. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia.) No voy a entrar en disquisiciones, pero comparto la
política de inmigración del presidente del Gobierno y, por tanto, no
he hecho un análisis de todos y cada uno de los párrafos, pero algo
habré tenido que ver yo en lo que ha dicho el presidente del
Gobierno, como con cualquier política de otro ministro. Son políticas
del Gobierno, y no he entendido bien lo que ha dicho.
Hay una referencia al presidente del Gobierno con la cual ha
manifestado su conformidad: que fuera de la legalidad sólo hay
marginación. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso, pero tengo que
manifestar alguna discrepancia con la consecuencia que extrae la
señora Uría de su afirmación. Si fuera de la legalidad sólo hay
marginación, ampliemos las posibilidades de legalización. En este
asunto tenemos una legislación equilibrada, tanto en la ley como en
el reglamento, y aquí se ha hablado -y yo hablaré luego también- de
política europea. Se ha dicho que si hay leyes más flexibles, menos
flexibles, más permisivas y menos permisivas. Para conocimiento de
las señoras y señores diputados (es un puro hecho objetivo, créanme
que no pretendo aquí hacer ningún juicio de valor), el acceso por la
vía ordinaria es igual en la práctica totalidad de los países
europeos, pero hay tres asuntos en los cuales hay diferencias muy
sustanciales. Luego haré algún comentario sobre otro que ha hecho el
señor Campuzano en relación con este tema que me ha parecido
interesante y procuraré aclarar algunas ideas. En primer lugar, el
concepto de arraigo no existe en buena parte de las legislaciones de
nuestro entorno. En algunas sí, pero luego hablaré porque voy a
matizar alguna cosa que me ha parecido interesante. En algunos países
como Francia sí existe y lo que se exigen son diez años en lugar de
los que nosotros hemos establecido en el propio reglamento. En
segundo lugar, el concepto de reagrupación familiar que establece
nuestra legislación contempla también a los ascendientes. En la Unión
Europea no se contempla a los ascendientes, y es más, está en debate
en los Consejos de Justicia e Interior el establecimiento de una
directiva común, y en este momento la posición más mayoritaria -bien
es verdad que esto requiere unanimidad- dice que solamente se pueden
reagrupar a los cónyuges y descendientes. Esa es la posición más
mayoritaria en el debate de una directiva que todavía no se ha
aprobado, pero quiero que sepan ustedes este dato. Es un dato, no una
opinión.
Por último, hay otro dato que creo que también debe ser conocido por
los presentes, que es que la política de cupos no la hay en casi
ningún país. ¿Por qué? Probablemente porque el número de inmigrantes
en los países de la Unión Europea sea, en relación a su población
absoluta, mayor que el de España. Ya he citado antes que en el año
1998 Austria y Alemania tenían un 9 por ciento de su población
extranjera. Este es un dato del que debemos ser conscientes. A partir
de ahí cada uno puede decir lo que estime oportuno y conveniente,
pero yo desde luego digo y aporto datos, y esto es importante. Yo
creo que nuestra legislación es equilibrada. No hay legislaciones
perfectas, pero pienso que al menos es una legislación equilibrada y
no me parece a mí que el problema esté en la legislación sino en las
dificultades, que yo he expresado en la primera parte de mi
intervención, de la gestión, y en las que luego volveré a insistir a
lo largo de este turno que estoy utilizando en este momento.
Hace también la señora Uría una observación sobre lo que ha ocurrido
desde la ley que se aprobó a finales de 1999 -yo creo que fue a
finales de 1999 y debió entrar en vigor a principios del 2000-, con
la regularización, la revisión y el arraigo. Sobre esto también se
han posicionado algunos de los distintos intervinientes y aprovecho
la intervención de la señora Uría para aclarar cuál ha sido la
posición del Gobierno en este asunto, que no es fácil. La Ley 4/2000
establecía un procedimiento de regularización, una regularización. Ya
he señalado antes que, como consecuencia de esa regularización, en la
cual se nos presentaron 244.000 solicitudes de personas que querían
ser legalizadas, se produjo al final una legalización de 150.000
personas. Después, para conseguir que algunas personas que habían
solicitado su regularización en base a esa que ha sido la única
regularización como tal, la Ley 8/2000 estableció un procedimiento de
revisión de oficio para todas aquellas personas a las cuales no se
les había aceptado su solicitud como consecuencia de la
regularización de la Ley 4/2000, por no poder acreditar una fecha de
estancia en España; se ha aceptado, ya he señalado antes que afectaba
a 55.000 personas, que tenemos estudiadas - son cifras aproximadas-
unas 50.000 personas y de ellas en este momento se ha aceptado el
número al que me he referido antes, que creo que eran unas 38.000
personas. Esto es lo que ha sucedido.
Por último, el concepto del arraigo. No supone ninguna
regularización. Lo que pasa es que la ley establece que hay una forma
distinta de la vía ordinaria para poder ser regularizado, que es lo
del arraigo, procedimiento que no existe en otros países de la Unión
Europea, existe en algunos, pero no en todos. El arraigo no estaba
definido en la ley, lo tiene que definir el reglamento, pero hay un
período de tiempo, desde la aprobación de la ley hasta la aprobación
del reglamento, en el que algún criterio había que dar sobre el
arraigo. Y hemos dado uno que creo que es razonable, porque a partir
de ahora el reglamento exige una permanencia en España de tres años
para ser legalizado vía arraigo, aparte de otros requisitos, y
nosotros hemos dicho, en esta situación de transitoriedad, que la
fecha es la de residencia anterior en España a la del 23 de enero del
presente año. Esa es la posición del Gobierno sobre este asunto. Todo
esto al final nos ha llevado a una legalización de prácticamente
200.000 personas a lo largo de un año, que no es ciertamente una
cifra menor.
Acepta la explicación que he dado sobre la no concesión de asilo al
ciudadano turco. Yo le agradezco que lo acepte. Hace un comentario
que yo entiendo, y no le digo que no le falte razón, y es que los
grupos parlamentarios y las señoras y señores diputados tienen que
estar atentos a las quejas o a las protestas que en determinados
momentos hagan distintas organizaciones sociales. Yo se lo acepto. Me
ha parecido muy positivo que usted acepte la explicación que yo le he
dado. Pero también me gustaría decir una cosa. Esto de tener razones
absolutas es muy difícil. Lo que hay que evitar es que siempre pueda
pensarse que quien protesta tiene la razón. Alguna vez la
Administración, sea la actual o sea otra, podrá tener la razón. Esto
vale para muchas cosas, para algunas de las que hemos tratado hoy y a
las cuales haré referencia. Lo del ciudadano turco ha sido una
demostración de un cumplimiento clarísimo de la legislación vigente.
Ha tenido intérprete y ya he contado las peripecias. Pasaporte falso,
nombre falso, se ha ido a un hospital, se ha ido a muchos sitios.
Hemos tenido hasta informes del Acnur y la propia resolución de los
tribunales de justicia. Creo que la Administración ha actuado. Otra
cosa es que alguien crea, que no es su caso, que esto es un país de
fronteras abiertas, el único del mundo, y no hay nada que decir. Pero
eso no es lo que usted cree. Por tanto, le agradezco que diga que le
convencen mis razones. Sólo quería hacerle ese comentario. Por
definición, la Administración no está siempre carente de razón y, por
definición, cualquier persona que proteste no siempre tiene razón. Yo
no me voy a preguntar a mí mismo ni ustedes le van a preguntar a esa
persona que acusa a la Administración, pero creo que la obligación de
actuar con un cierto equilibrio no es sólo de la Administración, sino
de todos los grupos parlamentarios, independientemente de lo que
a esos grupos les parezca o no la Administración.
Ocurre algo parecido con el asunto de las bodegas, a las que han
hecho referencia distintos intervinientes. Yo también estoy de
acuerdo con la declaración universal de derechos del hombre y del
ciudadano y con la Constitución. Ya sé que nadie me lo ha dicho, pero
yo no soy menos y tampoco más que nadie a la hora de defender los
derechos y libertades de los ciudadanos. Eso no lo puedo aceptar y no
hay nada en mi biografía que permita argumentar en contra de esta
afirmación. Lo que sí quiero señalar es que hemos hecho exactamente
lo mismo que se ha hecho desde que entró en vigor la Ley de
extranjería del año 1985, cumplir los convenios internacionales.
Insisto en lo que he dicho antes, no creo que estas personas hayan
sido trasladadas de tal suerte que se hayan violado sus derechos y
sus libertades fundamentales. Con esas personas iban también los
agentes de policía, cuyos derechos y libertades
fundamentales no se han violado, los empleados y el personal al
servicio de los barcos, muchos pasajeros, que van en un vehículo, que
van por su propia voluntad, porque consideran que es más cómodo ir en
un vehículo que ir sentados en otro lugar; todas y cada una de las
personas que son trasladadas en ambulancia y las personas de
profesión sanitaria que les acompañan. Por tanto, es el trato que
tienen muchísimas personas y que además otras tienen de una manera
voluntaria. Insisto, no puedo aceptar eso. Si se me demuestra que han
sido violados los derechos fundamentales de alguien, no tengo ningún
problema en aceptarlo. Pero en este caso nadie me ha demostrado que
se hayan vulnerado los derechos de ninguna persona. En cualquier
caso, y como yo he señalado antes, en el ánimo de no sembrar ni
siquiera dudas, que yo no las tengo, hemos procedido a la firma de
dos convenios con dos compañías que operan en el Estrecho, las cuales
se comprometen a acomodar a los inmigrantes en salones independientes
del pasaje o con el pasaje, según las circunstancias y número. Pero
alguien tiene que valorar si esas personas van o no con el pasaje.
Decía la señora Uría en su intervención que a veces le llaman ingenua
e idealista. Eso no es malo. Una cierta ingenuidad y un cierto
idealismo no sobra, sobre todo en los tiempos en que vivimos. Piense
S.S. lo que a veces llaman a los responsables de Interior. Casi es
mejor que le llamen ingenuo e idealista a que le llamen algunas cosas
que se le llaman a algunos responsables. A cualquiera; a mí no me han
llamado muchas -de momento ya me llamarán- a lo largo de los últimos
tiempos. (Risas.)
Sobre el asunto de Tarifa, también ha habido por parte de distintos
intervinientes algunos comentarios, pero a este asunto me voy a
referir en la segunda parte de este turno, que, mas que de réplica,
es de aclaraciones, cuando conteste al señor Alcaraz, que ha hecho
una serie de consideraciones y de propuestas, en algunas de las
cuales coincido, porque incluso yo las he enunciado al principio de
mi intervención. En la primera parte, cuando el señor Alcaraz habla
de cuidar los mensajes, en el fondo está diciendo algo similar a lo
que yo apuntaba cuando hablé de la pedagogía. No ha sido el ministro
del Interior el que ha dado el dato de la delincuencia. El ministro
del Interior nunca dará un dato de esas características. No sé quién
lo dio. Yo también lo he visto publicado y efectivamente no es el
mejor de los datos para transmitir al conjunto de la opinión pública.
Tampoco me han parecido justos algunos de los comentarios que se han
producido con ocasión del desgraciado asunto de Moldavia. En el
asunto de Moldavia -éste es un tema que he tratado en la primera
parte de mi intervención- en lo que tengo verdadera preocupación es
en lo que antes he señalado. Luego hablaré de lo que ha dicho el
señor Campuzano de los juicios rápidos y de la reincidencia. Se trata
de una persona a la que se detiene cuatro veces y se le expulsa de
España, creo que con razón, aunque no pudimos expulsarle y no pudimos
lograr que ingresase en prisión. Es evidente que con eso, porque sólo
supone la constatación de una realidad, no vamos a arreglar nada,
pero sí intentaremos trabajar dentro de las pocas posibilidades
y poco margen que tiene el Ministerio del Interior para evitar que
estas cosas no sean así. Repito que luego haré algún comentario sobre
este asunto. Por tanto estoy de acuerdo en que hay que hacer
pedagogía y sobre todo hay que actuar con equilibrio. En ningún sitio
está escrito que nadie sea mejor que nadie y menos si ese análisis se
hace por grupos de personas o por nacionalidades, porque en todas
partes habrá de casi todo.
En cuanto a problemas más concretos y de gestión, si he dado
instrucciones iguales a todos los delegados del Gobierno -sobre este
asunto también se han preocupado algunos intervinientes- sobre la
interpretación del concepto de arraigo. Las he dado. He enviado una
circular a todos los delegados y a todos los subdelegados. No me
parece que el problema sea tanto de criterios absolutamente
contrapuestos entre unas y otras personas, sino que hay mas problemas
de gestión en unos que en otros lugares. La población extranjera se
concentra en determinadas zonas de España y, por tanto, otras pueden
resolver los problemas con una mayor rapidez y con una mayor
agilidad. Esto es un tema menor, pero es que hablar con los de
finanzas, ya sean de partidos o ya sean del Gobierno, créame usted
que no es ciertamente cosa fácil. Supongo que porque los de finanzas,
ya sean de los partidos o de la Administración, intuyen muy bien
cuáles son los asuntos que se les va a plantear. En cualquier caso,
sobre sus temas concretos, la Ley y el reglamento, es verdad que
ustedes tienen un criterio diferente, pero ya he explicitado antes
las razones fundamentales que han motivado el cambio de la ley y no
creo que haga falta ahora recordarlo. No estoy de acuerdo con que
vayamos arrastras. Lo que pasa es que este es un asunto que genera
muchos problemas para gestionarlo, y usted se ha referido a algunos
y en algunas cosas yo he coincidido con usted.
En primer lugar, me pide que debemos fijar el término de resolución
de los expedientes de solicitud presentados. Me gustaría, y yo he
dado instrucciones de que esto se haga a la mayor celeridad posible,
pero éste no es un problema que afecte de manera única y exclusiva
a la solución de estos expedientes de solicitud planteados por los
ciudadanos. Ya querría yo que la Administración pudiera funcionar en
24 horas. Hay otras administraciones distintas de la ejecutiva que
tardan en resolver los temas, como ustedes saben, ocho y diez años.
Sin duda alguna, éste no es un problema menor. Quiero que se pondere
un dato que he apuntado antes: en menos de un año se ha regularizado
la situación de más de 200.000 personas. Y este ha sido un esfuerzo
muy importante y alguna palabra de aliento habrá que decirl, no ya a
los responsables de Interior, que esas ya nos las decimos a nosotros
mismos, sino a
los propios funcionarios que han hecho y siguen haciendo un esfuerzo
colosal. En segundo lugar, la resolución de los permisos de
residencia y trabajo coordinando que todos los hagan igual. Sobre
este asunto ya le he hecho antes un comentario y por tanto creo que
no hace al caso reiterarlo ahora.
En cuanto al famoso asunto de los nigerianos o presuntos nigerianos,
tengo que decir que, cuando nosotros expulsamos a una persona a un
país, tenga usted la absoluta seguridad de que siempre es nacional
del país de que se trata, porque todos estos países son bastante
reticentes a que las personas que estén en situación irregular
vuelvan a sus países de origen y desde luego, como no tengan
acreditado por todos los medios habidos y por haber que son
nacionales del país de que se trate, en ningún caso nos lo van a
permitir. No tengo conciencia de que se haya expulsado a Nigeria a
alguna persona que no fuera natural de allí. Sí quiero señalar una
cosa, el Gobierno no expulsa sólo a nigerianos -eso no lo ha dicho el
señor Alcaraz, pero sí lo he oído-. El Gobierno expulsa a personas de
muchas nacionalidades; expulsa a personas que no cumplen los
requisitos establecidos en la ley. Ahí no tenemos, yo, por lo menos,
ni los responsables del Ministerio, ninguna suerte de prejuicio. Es
verdad que se han producido expulsiones en los últimos tiempos de las
que algunas fotografías resultan ciertamente espectaculares, pero
también tengo que decirles que la profesionalidad y el oficio con el
que han actuado ahí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son
dignos de un gran elogio. Y no sólo por parte del Gobierno, con su
permiso. Créanme ustedes que en muchas ocasiones no es fácil hacer
frente a según qué suerte de situaciones. Casi nunca las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado son los que tienen un comportamiento
irresponsable.
El asunto de los votos. Usted quiere que hagamos convenios con todos
los países. Nosotros cumplimos en este momento la legislación en
vigor y en este momento el Gobierno no tiene planteada -no digo lo
que vaya a ocurrir en el futuro- ninguna modificación de las leyes.
No está mal que hagamos un balance de los acuerdos en su momento.
Pasamos ahora al asunto de Tarifa, donde su tesis, al final, creo que
se puede resumir diciendo que lo que se ha producido ahí es que no
debiera usarse el arma en una circunstancia como la que nos ocupa en
este momento. No ha dicho usted ninguna otra cosa sobre que hubiera
ni mala fe ni algo similar. Ha hecho una interpretación jurídica del
ordenamiento vigente que no voy a discutir. Sólo quiero decirle una
cosa. La Guardia Civil ha actuado de forma irreprochable, ha puesto
este asunto a disposición judicial. Siempre hacemos caso, hasta ahí
podíamos llegar, a las resoluciones judiciales, pero antes he
apuntado un dato que me parece muy importante. Esta persona, este
guardia civil, una vez que se puso el asunto en conocimiento
judicial, hasta el presente momento -sobre esto también ha hecho una
referencia el señor Mayoral, pero qué quiere que le diga- el juez no
ha efectuado imputación formal, no ha dictado auto de procesamiento y
tampoco ha dictado ninguna medida cautelar. Y nosotros hemos abierto
un expediente que, porque así lo dice la ley, tenemos suspendido
hasta que se resuelva lo procedente en el ámbito jurisdicción penal.
Lo que hemos hecho es hacer a esta persona -que crean ustedes que no
lo pasó bien, luego haré un comentario sobre lo que dijo el señor
Mayoral en este asunto- un seguimiento personalizado y ha tenido que
estar sometido a tratamiento psicológico. Después se le ha dado de
alta y se le ha destinado a labores de apoyo sin portar armas de
fuego.
Todos los datos a los que he hecho referencia hoy -y nadie ha dicho
lo contrario aquí y yo me congratulo de que eso sea así- dicen que
desde luego no hubo ni la más mínima intención por parte de la
Guardia Civil de disparar hacia esa persona; repito que ese es un
dato positivo. Pero también quiero señalar una cosa, que es un hecho
aislado y que también debemos ponderar lo que es la labor de la
Guardia Civil, y no me refiero en el resto del país, sino a su
actuación en las aguas del Estrecho. La Guardia Civil ha impedido que
se produjeran muchas víctimas mortales como consecuencia de su
actuación y créanme ustedes que la labor de la Guardia Civil
patrullando la costa todas las noches del año no es ciertamente una
labor grata ni una labor fácil. Aquí se ha producido un
acontecimiento, vamos a ver qué es lo que nos dice el juez. En
cualquier caso, la actuación de la Administración me parece que ha
sido irreprochable y desde luego, máxime después de lo que ha dicho
el juez y teniendo en cuenta lo que es mi convicción sobre este
asunto, no puedo tomar medidas distintas de las que ya se han
adoptado.
Al principio de su intervención el señor Campuzano ha dicho algo con
lo que yo estoy de acuerdo, ha hablado de la complejidad del asunto
que nos ocupa, ha hablado de que es un tema difícil, y estoy de
acuerdo; estoy de acuerdo con lo que ha dicho del sentido común, de
la paciencia, de la empatía y de no excitar, que es la pedagogía. Yo
añadiría una cosa más, que, además de necesitar sentido común,
paciencia, empatía y pedagogía, se necesita suerte; fíjese usted la
de cosas que se necesitan (Risas.) Además, estoy absolutamente
convencido de que ustedes también lo entienden así. Nosotros hemos
fijado una política, lo he señalado antes, y creo que la he
sintetizado en el día de hoy. Luego tendremos dificultades de
gestión, que las vamos a tener, pero creo que la política del
Gobierno está suficientemente clara, está fijada en este momento y he
intentado explicarla en el día de hoy. Sobre la ubicación orgánica de
la delegación del Gobierno para la extranjería estoy dispuesto a
negociar. En cualquier caso, uno siempre asume sus responsabilidades,
hasta ahí podíamos llegar.
En cuanto al balance que se ha producido desde la aprobación de la
primera ley en el año 1999 hasta el día de hoy, usted ha dicho algo
que a mí me gustaría aclarar.
Es verdad que no ha hecho una afirmación categórica, demostrando sin
duda finura, pero ha dicho si es lo mismo el artículo 29.3 que el
proyecto de reglamento que nosotros hemos planteado en el presente
momento. Yo le digo que hay diferencias. En mi opinión, la
fundamental no es la concesión o no de derechos, sino la regulación
que se ha hecho de los visados. La segunda diferencia, y muy
importante, es que la ley anterior establecía que por la sola
circunstancia de permanecer dos años en España uno ya estaba en
situación de legalidad y además -y este es un tema enormemente
importante- no establecía como causa de expulsión la situación de
ilegalidad, con lo cual, si una persona estaba en España ilegalmente,
sólo podía ser sancionado con una multa y no con la expulsión, además
a los dos años quedaba regularizado. Por tanto, si bien el reglamento
y el concepto de arraigo son flexibles, hay diferencias importantes
entre una y otra ley.
Ha puesto énfasis en algunos asuntos a los cuales yo me he referido
en mi intervención: la ordenación de los flujos laborales, los
convenios y que es clave que los consulados funcionen. Es verdad,
estoy de acuerdo. Nosotros, en el presente ejercicio, hemos
establecido una dotación importante algo más de 1.000 millones de
pesetas -no tengo el dato exacto ahora- para la potenciación de los
consulados a los efectos a los que usted hacía referencia. No tengo
conciencia de que no haya una posibilidad de acuerdo entre
sindicatos, patronal y comunidades autónomas, aunque sí la tengo, y
lo dije en mi intervención cuando planteaba el futuro, de que éste es
uno de los asuntos más complicados de resolver, establecer de manera
clara cuál es el cupo y cuántas son las personas que pueden venir a
España en cada momento, sobre todo porque empieza a ocurrir algo que
nos genera dificultades. Pero ya le digo que este es un asunto que
estamos estudiando ahora el Ministerio. Además de que existen muchas
personas en el seguro de desempleo, que, en ningún caso, al no
existir movilidad -este es un tema que tenemos que arreglar-, no
trabajan, se empieza a producir un importante incremento de personas
provenientes de otros países que acceden al seguro de desempleo y al
famoso PER, con lo cual puede darse el caso de que estemos fijando un
cupo para que vengan determinadas personas cuando hay muchas que
pueden trabajar pero están en el PER o en el desempleo. Este es uno
de los temas más importantes y más difíciles de resolver y al que
habremos prestar una especial atención en los próximos tiempos.
Ha hablado, y no ha sido el único, de Marruecos. Este es un tema muy
importante. Nosotros tenemos con Marruecos dos acuerdos, uno de
readmisión de personas que entran en España ilegalmente. Marruecos se
compromete a readmitir a sus nacionales y también a los nacionales de
terceros países. En la práctica, Marruecos acepta la readmisión de
sus nacionales pero nos encontramos con todas las dificultades del
mundo
para que acepten la readmisión de nacionales provenientes de otros
países. Incluso aunque en la misma patera vengan marroquíes y
personas de otras nacionalidades, se nos dice que en esa patera sólo
había marroquíes. Tenemos además un acuerdo de temporeros y estamos
negociando un acuerdo similar al que hemos firmado recientemente con
Ecuador y con Colombia. Yo estoy haciendo el mayor esfuerzo que soy
capaz, pero esto no es fácil, a lo mejor es que no soy el más
inteligente de los negociadores, pero créame que no es fácil. En
cualquier caso, alguien ha hecho referencia, y con razón, al tema de
nuestras relaciones con Marruecos y a la necesaria cooperación con
otros países. Este es el tema de verdad y, como casi todos los temas
de verdad, es un tema de medio y de largo plazo. Ustedes lo van a
entender perfectamente. Hace 30 ó 40 años España era un país de
emigración. Yo lo conozco y en mi tierra es difícil encontrar a un
solo ciudadano que no haya tenido, incluso que no tenga aún, empiezan
a volver, un pariente en el extranjero, en Europa y fundamentalmente
en los países iberoamericanos; esto ocurre en mi tierra y en otras
muchas tierras de España. Lo cierto es que la evolución de los
tiempos, el crecimiento económico, la formación y la cultura, que es
clave, han dado lugar a que España ahora esté en una situación
distinta a la que estaba hace 30 ó 40 años. Yo no soy pitoniso ni voy
a dar mi opinión, pero puede intentarse que, dentro de 30 ó 40 años,
algunos países tengan una evolución similar a la que ha tenido España
desde aquellos tiempos de la emigración.
A finales del año 1998, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión
Europea, formado por los 15 ministros de Asuntos Exteriores, aprobó
la creación de un grupo de alto nivel asilo-migración, cuyo cometido
era la presentación a la aprobación del Consejo de unos planes de
acción para cinco países que presentaban una mayor problemática en
relación con los asuntos de asilo y migración que afectan a la Unión.
El proyecto de plan de acción para Marruecos, que era uno de los
cinco países, se presentó el 15 de septiembre de 1999 y España fue la
coordinadora de este asunto que nos importa y mucho. Esto no ha sido
fácil en las últimas presidencias de la Unión, aunque en octubre de
ese año 2000, y tras mucha insistencia por parte de España, pudo
llevarse a cabo un viaje de una delegación de la Unión Europea a
Rabat para explicar el plan. España había propuesto y reiterado en
numerosas ocasiones la necesidad de realizar este viaje, por entender
que las medidas contenidas en el plan -esto es puro sentido común- no
podían aplicarse sin el acuerdo entre Marruecos. Quiero decir que no
fue fácil romper las reticencias que, entre otros, tenía un país como
Francia. ¿Qué pretende ese plan? Primero, conseguir una ordenación de
los flujos migratorios, organización de campañas de información,
lucha contra las redes de tráfico de seres humanos, acuerdos de
readmisión, ayuda a la integración, trabajo temporal y otros; en
segundo
lugar, pretende potenciar programas de desarrollo y de cooperación en
Marruecos, como la formación y reconversión profesional, fomento de
pequeñas empresas en regiones con elevada presión migratoria y, en
tercer lugar, incrementar el diálogo entre Marruecos y la UE en
asuntos migratorios. Yo creo que este plan es muy importante si somos
capaces de llevarlo a término.
Tras múltiples vicisitudes y todas las presiones del aquí presente,
el pasado 21 de junio se celebró la primera reunión del grupo de
trabajo de asuntos sociales y migración Unión Europea y Marruecos y
el resultado más importante de esa reunión fue la aceptación marroquí
de la constitución de un grupo de trabajo informal, de momento -esto
es complicado-, sobre migraciones, cuya primera reunión se celebrará
el próximo día 23 de julio. Por lo menos hemos conseguido encontrar
un foro adecuado para debatir el plan de acción de Marruecos y que
este plan no caiga en el olvido. Yo sólo puedo asegurarle que por mi
parte estoy dispuesto a hacer lo que sea, dentro y fuera de un orden,
para que podamos firmar este tipo de acuerdo, que sin duda alguna es
muy importante.
En políticas de integración -este sí que es un asunto que me gustaría
comentar, y siento que mi intervención sea tan amplia pero quiero
contestar a todos los temas que se han tocado- se dice que yo hago
referencia al gasto. Eso también lo ha dicho el señor Mayoral. Yo sí
hago referencia al gasto, pero por una sola razón: porque a mí se me
está diciendo (a mí o al Gobierno) que no gastamos nada en materia de
inmigración. Si a mí se me dice que no gastamos nada en materia de
inmigración, yo tengo que decir que sí estamos gastando en materia de
inmigración, que hay un plan Greco y que además el conjunto de la
ciudadanía contribuye al pago de servicios sanitarios, educativos,
desempleo, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que no debemos entrar en
un debate sobre si gastamos o no, pero esa es la única razón. Yo
estoy de acuerdo en que no debemos hacer un debate sobre si hay una
partida para esto o para lo otro, pero todos debemos actuar en
consecuencia.
El señor Campuzano tenía que hacer un comentario autonómico y yo, que
ya sabe usted que no soy un nacionalista convencido, tengo que hacer
otro comentario en defensa de los ciudadanos que viven en esas
autonomías, porque los ciudadanos que viven en esas autonomías algo
tendrán que ver con esas autonomías. Una vez me preguntaron sobre si
la rebaja del IRPF -esto me lo preguntaron en Galicia- perjudica a
los intereses de Galicia por el modelo de financiación autonómica.
Pues depende. Si los gallegos tienen algo que ver con Galicia,
beneficiará; si los gallegos nada tienen que ver con Galicia, aunque
vayan a pagar menos impuestos, perjudicará. Aquí ocurre lo mismo. Las
cuotas a la Seguridad Social que pagan estas personas, y por fortuna
ya hay más de 500.000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad
Social, repercuten en beneficio de los ciudadanos de todas las
autonomías, porque
pensionistas hay en todas las comunidades autónomas, igual que
cotizantes a la Seguridad Social hay en todas las comunidades
autónomas; incluso el IRPF, como usted sabe (aunque este es un asunto
sobre el que podríamos hablar años), forma parte y condiciona la
financiación de las comunidades autónomas. En fin, este es un asunto
estrictamente autonómico, en el que yo ya sé por dónde va usted y
usted ya sabe por dónde voy yo.
En relación a que hay que articular la política europea, es un hecho
objetivo. Yo le he dado antes un ejemplo claro del tema de Marruecos.
Yo creo que hay que articularla y en eso se está trabajando;
recientemente hemos aprobado una decisión sobre la subida de las
penas a los pasadores de personas, ahora estamos debatiendo las
penas. Es verdad que Europa está mucho más preocupada por lo que es
la parte de la represión; ahora se quiere hacer una policía europea
en los Balcanes; la presidencia belga ha organizado unas inspecciones
en las que van a ser nuevas fronteras europeas, es decir, en los
países de la ampliación, etcétera, pero a nosotros, aparte de eso,
nos interesa mucho también una buena cooperación con otros países
porque, repito, es la política del medio y del largo plazo. Luego me
ha hecho unos comentarios puntuales.
El asunto de Lleida es el problema de la movilidad al que yo he hecho
referencia. Lo decía en una parte de mi intervención. Uno de los
temas más difíciles es la fijación de cupos y contingentes, porque a
Lleida pueden ir a trabajar personas que estén en España. A lo mejor
no hace falta traerlas de fuera, a lo mejor se traen de fuera y hay
personas que saben que allí hay trabajo, van y no lo encuentran. Este
es el tema más difícil y para el que yo tengo que decir con absoluta
claridad que no tengo una varita mágica pero al que necesariamente
hay que dar una vuelta, y yo no soy muy partidario aquí del
establecimiento de compartimentos estancos. Esto es algo sobre lo
que, sin duda alguna, tenemos que dar una pensada importante de cara
al futuro, porque aquí está metido el tema de la movilidad, está
metido el PER, está metido el desempleo y otra serie de asuntos.
Expulsión vía de retorno o expulsiones no previstas en la ley. ¿Que
hemos establecido algunos supuestos de expulsión en el reglamento
distintos a los establecidos en la ley? Eso sería ilegal, el Gobierno
no hace ilegalidades, pero, en cualquier caso, yo me preocuparé de
ese asunto.
Estoy de acuerdo con la filosofía general que usted ha planteado
sobre el asilo y le agradezco mucho que le haya satisfecho la
explicación que le he dado sobre el ciudadano kurdo al que antes nos
hemos referido.
En la lucha contra el tráfico de personas se me hace una observación
sobre la distinción entre víctimas y culpables. Se dice que éste es
un criterio que mantiene la Unión Europea; desde luego, y nosotros
también. Las personas que son objeto de tráfico o que son trasladadas
por mafias o por pasadores (que también son conceptos distintos) no
delinquen. Es más, la propia
ley prevé que si estas personas denuncian a estas organizaciones
estarán exentos del requisito del visado para obtener el permiso de
residencia en España. Por tanto, no puedo sino estar de acuerdo con
ese asunto.
Luego hace referencia a un asunto que es otro de los capitales, es
decir, es otro de los que a mí me preocupan, de los cinco o seis a
que hice referencia, de cara al futuro, que es el de los extranjeros
imputados por delitos y que no podemos expulsar. Usted ha hecho
referencia a que hay dos vías legales que pueden resolver este
problema, pero no en su totalidad. Es verdad que si hay juicios
rápidos -esos juicios de 24 horas- algo habremos avanzado, y también
es verdad que si la multirreincidencia tiene más pena, sin duda
alguna algo habremos avanzado, pero hay un tema que es muy difícil,
que es el de la prisión preventina y, además, en este caso, el de la
pena. Es decir, a una persona por un delito de un hurto, por un
delito de un robo o por un delito menor, hasta que cometa un delito
mayor, como el caso del moldavo, es muy difícil ponerle una pena de
privación de libertad y hay que establecer en dónde la reincidencia
le pone una pena superior a seis años. Por eso mi tesis es que si se
trata de una persona que está incursa en alguna de las causas
establecidas en la ley y, a mayor abundamiento, delinque, lo
razonable es que, ya que no se le puede poner en la cárcel, se le
pueda expulsar, porque lo que no tiene sentido es que se pueda
expulsar a una persona por situación irregular y sin embargo no se
pueda expulsar a una persona por situación irregular y que además ha
delinquido, eso es lo que no tiene ningún sentido. En cualquier caso
esas dos vías a las que usted ha hecho referencia no están mal,
suponen un avance y tengo la firme convicción de que en los proyectos
de ley que tienen su origen en el pacto de Estado por la justicia se
abordará este importante asunto.
Si quieren, al final de mi intervención, doy una breve explicación
sobre el asunto de Barcelona, al que se ha referido el señor Jané. Lo
someto a la consideración de los señores diputados y quedo a
disposición de la Presidencia.
Ya he contestado a algunos de los planteamientos del señor Mayoral,
voy a contestar a otros y, a lo mejor, matizo algunos temas. En las
consideraciones generales ha dicho que el mundo de las ideas es una
cosa y que la realidad es otra, y que la realidad es el venir a menos
de la idea. Dice que la oposición introduce la realidad, y yo se lo
agradezco, porque tengo que estar en ella. Sin duda usted está
inmerso en esta realidad de la inmigración, y yo también, porque algo
de mi tiempo le dedico a este asunto. Ha comenzado por el caso
práctico de Tarifa, que es un tremendo asunto, porque siempre que hay
una muerte estamos ante un tremendo asunto. Hay muchos más tremendos
asuntos, porque todas las personas que desgraciadamente mueren en
pateras son tremendos asuntos. Por otra parte, hay asuntos de los que
debemos congratularnos. Más de 200.000 personas han visto legalizada
su situación y
más de 500.000 están trabajando en España, con su seguridad social;
esos son asuntos reales y positivos.
Al final, sobre el tema de Tarifa, usted ha hecho una fina
intervención, porque no ha criticado a la Guardia Civil ni al
Ministerio del Interior, por lo menos yo no he percibido una crítica.
Sin embargo, sí ha preguntado: ¿Qué instrucciones le da usted a la
Guardia Civil? Y luego ha dicho: ¿La Guardia Civil tiene los medios
suficientes para evitar que se produzcan estos acontecimientos? Si yo
hubiera estado en la oposición -no lo he pensado porque no lo estoy-,
probablemente hubiera hecho algo parecido. Si usted hubiera estado en
el Gobierno, probablemente hubiera hecho algo parecido a lo que yo
voy a hacer ahora, lo cual no es ni bueno ni malo, porque
probablemente usted tenga algo de razón y yo también, usted en lo que
dice y yo en lo que hago. Nosotros le damos a la Guardia Civil tres
tipos de instrucciones. La primera y básica, que cumpla la ley en su
actuación, porque no podemos darle otra. La segunda, más concreta en
estos casos, que proceda a la detención de las personas que entran
irregularmente en España, porque eso es cumplir la ley. La tercera
(que no se la damos, porque la propia Guardia Civil ya lo sabe y lo
hace), es salvar a muchas personas de fallecer como consecuencia de
las pateras. Estas y no otras son las instrucciones que damos a la
Guardia Civil, que no hace falta que se las demos, porque la Guardia
Civil es un cuerpo que tiene plena conciencia de lo que tiene que
hacer. ¿La Guardia Civil tiene medios o no los tiene? Yo creo que
tiene medios. Ahora bien, esta pregunta vale para cualquier sector de
la actividad pública. ¿Tenemos los medios suficientes para
proporcionar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos un nivel de
educación razonable? Podríamos tener más. ¿Tenemos los medios
suficientes en nuestros hospitales? Podríamos tener más. ¿Tenemos
todos los trenes de alta velocidad posibles? Podríamos tener más.
España es un país de los de mejor nivel de vida del mundo, pero
tampoco es el mejor. Además, yo no sabría decir cuál es el mejor,
porque hay alguno que por sus cifras macroeconómicas y su PIB
probablemente sea el mejor, pero en sus servicios sociales no lo es,
como es el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la situación del SIVE? Yo
no he hablado del SIVE, lo he mencionado, pero no he hablado de él,
porque quería hacer una intervención razonable, de no más de una
hora, y he conseguido hacerla. Como usted comprenderá, tengo
información suficiente sobre el SIVE. ¿En qué situación estamos en el
SIVE en el presente momento? Durante los años 1998 y 1999 se hicieron
los estudios tendentes a definir los sistemas y los medios necesarios
para paliar los fenómenos sobre todo de tráfico de drogas y de
inmigración irregular, previéndose ya en aquellas fechas el auge que
se ha producido ahora. El SIVE aborda dos líneas de actuación
complementarias: primero, la instalación de un soporte técnico, que
es un sistema de vigilancia pasiva
basado en el aprovechamiento de nuevas tecnologías y en el
aprovechamiento eficiente del recurso humano, y segundo, la
potenciación de los medios necesarios para las unidades de
interceptación.
Por lo que se refiere al soporte técnico, su coste y, sobre todo, la
ausencia a nivel mundial de modelos en funcionamiento -y este es un
dato muy importante- aconsejan su implementación progresiva, que
hemos iniciado con un sistema prototipo, desplegado en la zona del
Campo de Gibraltar, al que seguirá el resto del litoral de la
frontera sur, y que finalizaremos en el año 2004, pero aún no hay
modelos. En esto España es uno de los países pioneros del mundo. Este
soporte técnico prevé la instalación de medios optotrónicos y radares
cuyo período de fabricación, en algunos casos, es de 18 meses, a
contar desde la fecha del contrato, por lo que tampoco es posible una
mayor celeridad del proceso. Hay un sistema prototipo, que está
compuesto por tres estaciones sensoras y un centro de mando y
control, cuya entrada en funcionamiento está prevista para agosto de
2002, con el siguiente calendario: noviembre de 2001, fabricación de
la primera estación sensora, con óptica y radar; abril de 2002,
segunda y tercera estaciones sensoras, y agosto de 2002 entrada en
funcionamiento del sistema prototipo. Luego, fabricación y suministro
de dos nuevas estaciones sensoras en el período 2001/2002 y de cuatro
en el 2002/2003.
Voy a hacer algunos comentarios, porque tampoco quiero largar un
rollo, y voy a intentar sintetizar. Potenciación de unidades. En el
Servicio marítimo, en diciembre de 2000, se contrató la fabricación y
suministro de 2 patrulleras de 24 metros que estarán disponibles en
septiembre de este año 2001. En diciembre de 2000 se contrató la
adquisición de 3 embarcaciones semirrígidas, cabinadas, disponibles
en junio de 2001, implementación de sensores optotrónicos a 2
patrulleras y mejoras de radares a otras 15 patrulleras.
En el Servicio aéreo instalación en 4 helicópteros, Fuerteventura,
Rota, Málaga y Murcia, de sistemas de vigilancia y equipamiento IFR,
que estará finalizado en mayo de 2002. Instalación en estos 4
helicópteros de equipamientos de rescate y vuelo de mar, que
finalizará en mayo de 2002. Equipamiento de bases de helicópteros
y adquisición de distinto equipamiento, posicionamiento
y supervivencia, disponibles en septiembre de 2002.
En el Servicio fiscal se han adquirido, en 2001, vehículos y medios
portátiles, visores nocturnos, cámaras térmicas, prismáticos para
patrullas fiscales, territoriales y unidades de reserva. También se
ha instalado un sistema de identificación automático de matrículas en
los puertos y pasos fronterizos de Cádiz, Málaga, Almería, Alicante,
Ceuta y Melilla, y en cuanto a la fabricación y suministro de los
equipos móviles de vigilancia estamos elaborando los pliegos de
prescripciones técnicas. Para el Servicio de policía judicial, en el
2001 hemos adquirido módulos de intervención técnica, equipos de
detección de falsificaciones y equipos
de identificación de personas. Esto está en marcha, algunas cosas se
han hecho y otras se están haciendo.
También le puedo hablar de lo que se está haciendo con el Sirdee y de
las negociaciones que estamos haciendo en la Unión Europea con el
Siprene, pero creo que esta es la demostración de que estamos
actuando razonablemente, no utilizo siquiera otro calificativo.
En materia de lucha contra las mafias y personas detenidas y
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como muy
bien sabe usted, porque esto sí que lo sabe (El señor Mayoral Cortés:
A ver qué es.), ya verá como lo sabe, cuando he llegado al ministerio
he dado una batalla importante para que hubiera una oferta pública de
Policía y Guardia Civil. La oferta pública de Policía -permítame no
que presuma, pero sí que lo diga- es la más importante por lo menos
desde 1980, antes no he mirado, y estoy satisfecho. Y la oferta
pública de Guardia Civil -una oferta para cuatro años- de 2.250
efectivos para este año también es importante. Además, actúo desde la
convicción de que la primera obligación de un Estado moderno
y civilizado es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos,
que para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por
eso, y también porque soy ministro del Interior, he dado esa batalla,
pero sobre todo por lo primero.
Algo me han dicho respecto a que no he dado los datos de todos los
que hemos detenido, pero los tengo aquí y estoy dispuesto a dárselos.
El número de responsables de redes detenidos hasta el 30 de mayo del
año 2001 es de 502 personas, en el año 2000 fueron 1.010 y este año
le sigue en esta proporción -aunque es muy difícil aventurar datos
creo que va a ser muy superior- y en el año 1999 fueron 695 personas.
Es decir, estamos hablando de que se ha incrementado al menos la
eficacia en la lucha contra estas personas, un tema que es muy
difícil, muy complejo. Ya he hecho antes referencia a las
modificaciones normativas que se han planteado y a la posición que ha
sostenido España en los Consejos de Ministros de Justicia e Interior;
es decir, es un tema en el que estamos trabajando y que no es sólo
nuestro sino también del resto de los países de la Unión Europea, que
quieren hacer políticas conjuntas y desde luego el Gobierno español,
y supongo que ustedes también, apoyan esta posición.
El tema de Marruecos es importante, tiene usted toda la razón. Hay
firmados dos tratados, el de readmisión -antes he hecho referencia al
grado de cumplimiento- y el de trabajadores temporeros. Estamos
intentando llegar a un entendimiento para firmar el mismo tratado que
hemos logrado firmar con las autoridades ecuatorianas y colombianas;
tenemos un principio de acuerdo con Polonia y también estamos
hablando con la República Dominicana y, como he dicho antes, con
Rumania y con Túnez.
El resto de su intervención, señoría, ha sido un apartado de críticas
a la anterior gestión del Gobierno. La
primera parte de su intervención ha sido de aportaciones y de
preguntas concretas y la segunda de críticas. Sobre la regularización
hace una historia que es conocida y yo no voy a reiterar lo que ya he
dicho aquí a los distintos intervinientes. Hay un proceso de
regularización que usted votó porque es el de la Ley 4/2000, hay el
de revisión y también la interpretación que hemos dado del concepto
de arraigo. Fíjese, tengo la intuición de que usted no está ni en
contra del proceso de revisión de la Ley 8/2000 ni en contra de la
interpretación del concepto de arraigo que ha puesto en marcha el
Ministerio del Interior. Y en lugar de felicitarme por ello, me
critica. (Risas.) Hay una cierta contradicción en sus afirmaciones,
pero tampoco es un tema tan importante. Es verdad que lo de los cupos
es un asunto no menor, le he explicado lo que se hace en algunos
países de la Unión Europea y es algo de lo que debemos ocuparnos en
próximas fechas. Ha hablado de los ecuatorianos. En este tema ocurre
lo mismo, usted está de acuerdo conmigo en lo de los ecuatorianos.
(Risas.-El señor Mayoral Cortés: Se hizo después.) Señoría, si está
de acuerdo conmigo, ¿por qué me lo recuerda? Si acaso, diga: ¡Oiga,
lo de los ecuatorianos está muy bien hecho! (Risas.) Pero no tiene
mucho sentido decir otra cosa diferente. (El señor Mayoral Cortés: No
se han depurado responsabilidades.) Frente a la oposición, yo también
tengo que decir algo, ¿no? (Risas.)
En cuanto al plan Greco, vale lo que he dicho antes a alguno de sus
colegas parlamentarios. A mí no me gusta estar debatiendo y hablando
de duros ni creo que sea lo razonable. Pero si se me dice, oiga, es
que usted no se gasta un duro en esto, entonces tengo dos opciones,
o callarme, con lo cual la gente puede creerse que no es cierto y eso
nunca es bueno porque a la gente hay que informarla de lo que
realmente ocurre, o hacer lo que hago. Por tanto, en eso tengo la
firme convicción de que voy a encontrar su colaboración. Al final ha
dicho una cosa con la que estoy de acuerdo, eso del acuerdo entre
partidos; pero claro, hay que ver cómo se hace, porque si usted
anuncia que quiere un acuerdo conmigo en materia de inmigración tengo
que decirle que yo sí quiero un acuerdo en materia de inmigración,
entre otras cosas porque sería un disparate por mi parte no querer un
acuerdo de inmigración, máxime cuando dicen ustedes, con razón, que
se puede hacer un acuerdo a pesar de la ley y del reglamento. Es
verdad, porque aquí el problema no es tanto de legislación como de
gestión de un tema que no es ciertamente fácil. Yo estoy hablando con
su partido y con el resto de las fuerzas políticas y vamos a ver qué
es lo que es posible hacer. La política que se está planteando en
este momento es una política sensata.
Señor Pedret, a mí se me hace un poco duro (a usted también se le
haría si se lo dijesen) que me recuerden que no es lo mismo el
transporte de mercancías que el transporte de personas. Comprenderá
usted que se me
haga un poco duro oír esta afirmación. No tengo mucho más que añadir
respecto a lo que usted señalaba. Esto del Libro del consulado del
mar es un tema muy importante. Yo estoy de acuerdo en que estas
personas están bajo la tutela del Estado, estoy de acuerdo en que
esto no se delega en nadie, pero insisto en lo que he señalado antes,
y es que se han respetado los derechos y libertades de esas personas,
y he dado un argumento que es muy difícil de rebatir, aunque no
pretendo que nadie me rebata ni me deje de rebatir, y es que ahí van
todas las personas que van en las ambulancias, van los propios
policías, van muchas personas voluntariamente, porque les gusta ir en
su coche; yo creo que a esas personas se las ha tratado como lo que
son, como personas y seres humanos. Por tanto, en ese caso ya no
admito la mayor. Este es el procedimiento que se lleva utilizando
desde el año 1985. Supongo que en los aviones el que está al frente
del avión es lógicamente el comandante y en un barco está al frente
otra persona. Esas personas cumplen las leyes, y si no las
cumplieran, actuaríamos en consecuencia, pero es que no teníamos
conciencia de que eso se hubiera producido.
En cuanto a la lucha contra las redes de tráfico instituidas por el
señor Morenés y el señor FernándezMiranda, yo le he dicho lo que
estamos haciendo en esta materia. Le he aportado algunos datos, he
hecho alguna referencia tanto a la parte puramente legal como a la
parte operativa. Yo no sé si hay contradicciones, no me puedo leer ni
oír todo lo que dice una persona u otra, pero la posición del
Ministerio es bastante clara, y si usted ha hecho un esfuerzo por
encontrar contradicciones, yo no lo sé, pero quédese, si le sirve,
con lo que yo le acabo de señalar en el día de hoy.
Por último, agradezco la exposición que ha hecho el señor Gil Lázaro,
coincidente con lo sustancial con las ideas del Gobierno, y le pido
su apoyo, como se lo pido a todos, especialmente al grupo Gobierno
Popular, para abordar los importantes problemas de gestión, que son
los que he intentado (y a ellos me he referido además en numerosas
ocasiones a lo largo de mi intervención) dejar explícitos en la
primera parte de la mía.
Creo que no me queda nada más, salvo el tema de Barcelona.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Agradezco al vicepresidente del Gobierno que
se ofrezca hoy, a dar una explicación aunque no era uno de los
motivos de la comparecencia. Pero, debido a la proximidad en el
tiempo y si el vicepresidente, como ha hecho, se ofrece hoy aquí,
sería bueno para esta Cámara. Los que estamos en la ponencia del
Reglamento del Congreso estamos trabajando para que esta Cámara pueda
ser fiel reflejo de lo que se debate en la sociedad. Si ahora dejamos
esto para ulteriores comparecencias, que seguro se
van a producir sobre este tema, cuando se produzcan estaremos tan
alejados que habrá perdido sentido. Por tanto, yo agradecería que esa
explicación pudiera darse en esta Cámara hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Efectivamente, el asunto
no estaba en el orden del día, pero, dada la disposición del
vicepresidente para abordar ese tema, entraremos en él. (El señor
Mayoral Cortés pide la palabra.)
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Sin ánimo de interrumpir la disposición del
señor vicepresidente a desarrollar esta cuestión, porque si él quiere
hacerlo está en su derecho, quiero llamar la atención sobre que este
asunto debe ser solventado con las garantías de publicidad, de orden
del día y, por tanto, en las condiciones habituales, lógicas y
pertinentes del propio Reglamento de la Cámara.
No tengo inconveniente, señor vicepresidente, en que de usted las
explicaciones que quiera aquí o en el pasillo, pero esto no debe
entenderse ni mucho menos, al menos desde el punto de vista de mi
grupo, como que se solvente la petición que mi grupo particularmente
tiene hecha de comparecencia suya en esta Cámara para explicar esta
cuestión. Me parece muy bien que se den todo tipo de explicaciones en
cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, pero va a ser un
poco extraño que teniendo nosotros solicitada una comparecencia suya
en esta Cámara para hablar de esta cuestión, y no habiéndose
solventado y realizado todavía dicha comparecencia, la demos hoy por
hecha y la formalmente solicitada por nosotros se desarrolle ad
calendas graecas que decía el clásico.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE INTERIOR
(Rajoy Brey): Lo que no voy a hacer es comparecer dos veces sobre el
mismo asunto. Si usted no quiere, pues muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Mi grupo no habría puesto impedimentos a
que se celebrase esta comparecencia, pero considerando que ahora no
se va celebrar, sí me gustaría preguntarle al presidente si hay
posibilidad de puntualizar en algo las manifestaciones que ha hecho
el señor vicepresidente, en un segundo turno muy breve, como se suele
hacer en otras comparecencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Uría, usted tiene
suficientemente acreditada en esta Comisión su capacidad de síntesis,
y le pediría que la ejercite una vez más.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muy breve, a los efectos de no quedar ante
la Cámara y en el 'Diario de Sesiones' como una vaga o, lo que es
peor, como desinteresada en relación con el Reglamento, quisiera que
quedase constancia de cuál es nuestra posición, no la mía, sino la de
mi grupo parlamentario, con esta cuestión.
Antes de Semana Santa yo recibí la llamada del señor delegado del
Gobierno diciéndome que nos dábamos ese respiro de la Semana Santa y
que después de ella hablaríamos. Hice mis notas, las tengo aquí,
sobre el Reglamento fijando la posición de mi formación política, y
quedé a la espera de ser nuevamente llamada a palacio, como suele
decirse, para poder plantear cuál era la disposición de mi grupo; no
lo fui, y con el transcurso del paso del tiempo me fui enterando por
la prensa de que los demás ya iban yendo. Después no he enviado las
alegaciones porque ya no sé si se corresponden con lo que es el texto
actualmente tramitado, tengo la sensación de que no por lo que el
señor Campuzano tiene la amabilidad de comunicarme en pasillos, fruto
de esta buena fraternidad nacionalista que llevamos, pero me cabe
pensar que siempre me quedará por lo menos la capacidad de sorpresa
cuando esto aparezca en el Boletín Oficial. No se han presentado las
alegaciones porque quedamos en que íbamos a ser llamados en los
turnos en los que me consta que han sido llamadas las demás
formaciones políticas.
Me gustaría hacer una segunda observación en relación con lo
manifestado por el señor vicepresidente en cuanto a las posibles
imputaciones o a la presunción de legalidad del actuar del Gobierno.
Yo creo firmemente en él. Me muevo en el parámetro de los artículos 9
y 103 de la Constitución, y he sido además durante dieciséis años
directora de lo Contencioso de los servicios vascos; es decir, he
defendido siempre la legalidad del actuar administrativo, y por eso
en la petición de comparecencia en relación con el traslado de
personas yo le decía trasladadas en condiciones presuntamente poco
acordes. No prejuzgaba el que fuese así, sino que simplemente, tal y
como le he manifestado, sí organizaciones humanitarias, sí los medios
de comunicación, sí las explicaciones que se dan desde el propio
Gobierno, no diciendo que las condiciones son buenas, sino diciendo
la culpa será del capitán, pues creo que es mi deber y hasta mi
obligación y desde luego mi derecho como diputada, el formular la
pregunta al Gobierno pero, repito, confío plenamente en la legalidad
normal del actuar administrativo.
Una última cuestión, que ya no está referida al señor vicepresidente
sino al portavoz de la formación mayoritaria. Primero darle las
gracias por esa oferta que ha hecho de apertura a retomarlos climas
de consenso, y sobre todo por posibilitar el que todos nos vayamos de
vacaciones con la conciencia más tranquila. Nos ha hecho una
exhaustiva enumeración de cuál ha sido el quehacer de esta Comisión
en este período de sesiones. Como soy la única portavoz de mi grupo
en ella, he
visto que cumplo con normal aprovechamiento los quehaceres de la
Cámara, repito, y me ha dado la satisfacción de pensar que he
cumplido durante el período de sesiones y que por lo menos merecemos
el aprobado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Campuzano. Si sigue
usted la pauta de la señora Uría, se lo agradeceré.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Simplemente quiero agradecer la
intervención del señor ministro. Sería bueno que tuviésemos ocasión
de abordar algunas de sus consideraciones sobre estas políticas, pero
no con la premura de tiempo de una comisión de control como ésta. En
los próximos años el diálogo entre los grupos políticos y el Gobierno
será fundamental para encauzar el fenómeno de la inmigración en
nuestra sociedad. Quiero anunciar que el señor Jané y yo nos
marchamos ya y no estaremos en la siguiente comparecencia por una
cuestión de logística derivada del puente aéreo de Barcelona.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: En primer lugar, quería referirme a una
afirmación que ha hecho el señor Gil Lázaro. Aunque él suele hacer
mención a un portavoz, yo se lo digo directamente. Señor Gil Lázaro,
me he referido al tema del desorden, del caos en el Ministerio de
Interior, fundamentalmente en cuanto a la política sobre inmigración,
no a otras cuestiones. Entre otras cosas porque creo que ha sido
precisamente el Partido Popular el que ha creado la Delegación del
Gobierno para la inmigración y el que ha puesto al frente de la misma
al señor Fernández-Miranda. Con eso queda dicho todo. Cuando decía el
señor Rajoy que había aludido a ciertas críticas, no he querido
insistir en esa cuestión porque creo que tiene usted bajo sus órdenes
a una persona cuyas manifestaciones sobre ciertas cuestiones luego ha
tenido que rectificarle. El tema de los ecuatorianos, se lo he sacado
para decirle: muy bien, señor Rajoy, usted ha rectificado lo que era
un despropósito, pero ese despropósito estaba ya inicialmente
lanzado. No voy a seguir sobre esta cuestión porque quiero hacer
puntualizaciones muy breves.
Señor Gil Lázaro, nos vamos a separar. Estaremos sin vernos durante
dos meses, por lo menos, algo que sentiremos ambos. Nos vamos a
encontrar distintos sin podernos ver en este tipo de encuentros.
Efectivamente, esta Comisión ha trabajo mucho. Usted ha trabajado
mucho, pero el trabajo fundamental, reconózcalo, lo hemos aportado la
oposición y los que han venido en nombre del Gobierno, que unas veces
han estado en una situación más cómoda y otras no. Usted tiene su
mérito, pero graduemos los méritos. No nos los atribuyamos todos, no
hay que monopolizarlos.
Aparte de estas consideraciones, señor Rajoy, quiero referirme muy
brevemente sobre algunas cuestiones que ha explicado y luego ha
remarcado en su contestación. Efectivamente con Marruecos no llegamos
a establecer la necesaria relación que impida el espectáculo del
Estrecho. Es un espectáculo ya mundial y deprimente para la sociedad
española y para todos nosotros. Ha estado exponiendo una serie de
dificultades objetivas que se encuentran en las relaciones, pero le
alentaría para que siguieran y realizaran este esfuerzo, sabiendo que
van a tener nuestro apoyo y nuestra comprensión. Habría que forzar
esta situación un poco más, sabiendo que es difícil pero
absolutamente necesario.
Respecto al gasto con los inmigrantes en nuestro país, le reafirmo,
una vez más, que no es de recibo hacer la suma de lo que cuestan los
servicios públicos en la parte que utilizan los inmigrantes. Eso no
lo hacemos con ninguna comunidad de ningún tipo. No se ha hecho con
ninguna comunidad étnica de las que existen en España. Se podría
haber hecho, pero yo no lo hubiera compartido. Deberíamos considerar
que como gasto adicional existe lo que existe, lo que dicen ustedes
que es el Plan Greco, 37.000 millones de pesetas, gasto adicional
para la integración de inmigrantes, más lo que gasten las comunidades
autónomas que no está contabilizado en esos 37.000 millones de
pesetas. Pero, a pesar de que sea una despedida de vacaciones, me va
a permitir que le diga que no me creo que el Gobierno se esté
gastando 37.000 millones de pesetas adicionales. Se está gastando
37.000 millones de pesetas remodeladas en las distintas partidas
presupuestarias que hay. Por ejemplo, gran parte del Plan Greco es
también gasto en seguridad, el SIVE, que ustedes han puesto dentro
del plan Greco, pero podría no estar. Y eso lo han decidido después
de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, insisto
en que hay ahí unos artilugios, unos manejos de carácter ténico-
presupuestario, que hacen que las cosas aparezcan de una manera o de
otra.
En lo que se refiere al tema de Tarifa, señor Rajoy, lo que quería -y
es lo que le pediría- es que no nos quedemos con la simple y pura
descripción de los hechos. Los hechos son como usted ha dicho, y creo
que el agente de la Guardia Civil lo está pasando mal. La Guardia
Civil actuó diligentemente cuando puso el asunto en manos del
juzgado, actuó diligentemente cuando suspendió en el ejercicio de la
función a este hombre que ha tenido esa mala suerte de que se le
escapara un tiro. Pero yo no estoy hablando ahora ni he querido
referirme a la materialidad del hecho, sino a las conclusiones que
tenemos que extraer. He hablado de elementos de formación, de
instrucciones, de adiestramientos más a pie de obra, más a pie de los
agentes. Porque este agente, señor Rajoy, entiendo que sacó la
pistola de una manera natural porque creía que era lo que debía
hacer. Esa es la cuestión, porque a lo mejor habría que explicar que
eso no es lo que hay que hacer
en este tipo de intervenciones, y a lo mejor eso se hace porque hay
una cierta carencia de medios que implica que se tenga que actuar en
términos de fuerza. Esto es lo que yo le decía en relación a los
medios.
Sobre el tema del SIVE, lo único claro que me llevo esta tarde, señor
Rajoy, es la cuestión de los sensores optotrónicos. Del resto
solamente he entendido que hay unas fechas que van referidas al 2002,
2004. Efectivamente, cuando esté puesto en marcha el Plan SIVE, yo
creo que han entrado ya todos los inmigrantes que quieren entrar
ilegalmente desde el Estrecho a España. Se manejará fundamentalmente
para contrabando, que eso sí seguirá existiendo, pero habrá una
saturación de inmigrantes de procedencia irregular, y entonces el
Plan SIVE solamente nos servirá para eso o para pescar ballenas, que
no sé si se puede reutilizar también para eso.
Finalmente, en lo que se refiere al tema de las plantillas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, le reconozco que usted
está intentando hacer un esfuerzo en lo que se refiere a cubrir esas
plantillas. Esas plantillas como consecuencia de la evolución
generacional, sobre todo en el Cuerpo Nacional de Policía, están en
una situación en la cual el balance es negativo. Es decir, se jubilan
más policías de los que ingresan en las pruebas que ha habido hasta
la fecha. Pero le voy a decir una cosa, porque este asunto no creo
que le pueda dar más rédito al Gobierno actual y a su formación
política. No es de recibo que después de seis años -el señor Morenés
lo dijo el otro día y otras veces lo oímos también, incluso
recientemente se ha publicado en una nota de la Dirección General de
Policía- se diga que la culpa de la situación actual de las
plantillas de los cuerpos de Policía la tiene el Gobierno socialista.
¡Ya son seis años! Sabe S.S. que la plantilla es la misma: cincuenta
y tantos mil policías y setenta y tantos mil guardias civiles. Luego
se dice: Pero es que solamente hay cuarenta y siente mil policías y
no sé cuántos guardias civiles. Pues usted tiene ahí la plantilla,
puede cubrir todos los puestos que quiera o no cubrir ninguno, y como
el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular e Interior no
han sido diligentes en la cobertura de vacantes durante cinco o seis
años, le ha pasado lo que le ha pasado, pero la culpa no la tienen
los socialistas. Los socialistas si hubieran gobernado habrían
publicado las convocatorias suficientes para cubrir la plantilla,
dotar las plazas presupuestariamente y cubrirlas mediante las
correspondientes oposiciones. El problema que han tenido ustedes es
que se ha producido un desfase, pero porque no han convocado, no por
la culpa de los gobiernos socialistas. Ese tema ya no da más de sí.
Imagínese que llegan a gobernar diez años, que Dios no lo quiera,
imagínese que al décimo año dicen: es que esto que está pasando ahora
es porque hubo un Gobierno socialista hace dos lustros. Iba a quedar
un poco extraño, ¿no le parece, señor Gil Lázaro? (El señor Gil
Lazaro: No.-Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad y sin entrar en algunas de las
cuestiones que ha señalado el señor Mayoral, cuyas valoraciones
obviamente no compartimos, pero por las dos referencias que me ha
hecho muy directamente voy a contestarle.
Me precisa usted que lo del caos se refería exclusivamente al caos en
inmigración, pues seguimos sin estar de acuerdo. Nosotros creemos que
se ha avanzado muy notablemente desde el año 1996 hasta la fecha y
que en el tránsito entre el señor Mayor Oreja y el señor Rajoy se
sigue desarrollando una política intensa en los mismos términos con
que se vino aplicando por el Gobierno desde el momento mismo de su
constitución como tal en ese año 1996.
En segundo lugar, léame con detenimiento, aunque sea pedirle a lo
mejor un esfuerzo, señor Mayoral, y verá como yo he hecho referencia
a todos los grupos de la Cámara, a todos, poniéndome en lo que afecta
a mi persona el último, casi una cosa insignificante y pequeñita.
(Risas.) Ahora, al Grupo Parlamentario Popular no, porque cuando en
el discurso legítimo de SS.SS. pero constante está el decir que el
Grupo Parlamentario Popular trata de obstaculizar en el conjunto de
la vida parlamentaria la acción de control al Gobierno, resulta que
en una Comisión de la singular trascendencia e importancia política
como ésta de Justicia e Interior, en cinco meses de período de
sesiones hemos celebrado sesiones todas las semanas y, como decía, en
alguna semana sesión doble. Esa realidad de hechos casa muy poco con
lo de la falta de actuación, y es sin lugar a dudas mérito del Grupo
Parlamentario Popular.
Al señor ministro simplemente decirle que desde nuestro punto de
vista lo más importante es insistir en lo que se ha puesto
básicamente de manifiesto esta tarde, es decir, insistir en la
voluntad de diálogo entre todos, poner siempre el acento en los
conceptos fundamentales que nos unen a todos y desde luego
agradecerle las exhaustivas explicaciones dadas hoy por el señor
ministro y porque como antes lo he dicho lo repito ahora: me parece
esencial que se tome en consideración que un ministro de Interior que
lleva cuatro meses en el ejercicio de su cargo haya comparecido tres
veces ante esta Comisión. Eso acredita un talante que no se debe dar
por sentado sino que se debe valorar en sus justos términos y por lo
menos así lo acredita este grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE INTERIOR
(Rajoy Brey): Con suma brevedad.
Tengo que darle la razón al señor Gil Lázaro, pero no por razones de
afinidad política, sino porque el señor
Gil Lázaro me ha hecho venir aquí tres veces y aún quería que viniera
alguna vez más. Es un dato del que deben ser conocedores los miembros
de la Comisión. (Risas.)
Dicho esto, señora Uría, como usted comprenderá no hay ninguna razón.
Probablemente se deba a algún malentendido que no hace al caso y que
se puede subsanar en el futuro. Me parece bien lo de defensa de la
legalidad efectivamente respecto a personas trasladadas presuntamente
de una manera poco acorde con lo que dicta el sentido común, la
lógica y el respeto a esas personas, pero lo que he sostenido aquí es
que las condiciones del traslado han sido buenas. Es decir, a mí
nadie me ha demostrado que no lo hayan sido. Si me lo hubieran
demostrado tendría que aceptarlo, como es evidente, pero es que nadie
me lo ha demostrado, no me ha llegado ningún informe, nadie me ha
dicho, en ningún lugar he visto que hayan sido trasladados de una
manera no correcta.
En cuanto al señor Mayoral en lo de Marruecos estoy totalmente de
acuerdo. En lo de los gastos también estoy totalmente de acuerdo,
pero si ustedes me dicen que nosotros no gastamos nada, vuelvo a
insistir: ¿Qué quiere que le diga yo? O me callo o tengo que decir
que sí gastamos, entonces me critica porque dice que decimos lo que
gastamos. Por tanto, como en eso estamos de acuerdo, los dos tenemos
que actuar en consecuencia: usted no me vuelva a preguntar por los
gastos y yo no hablaré del asunto y así nos ahorraremos algunas
polémicas que ciertamente no son tales.
El Programa Greco creo que es un buen programa. Tiene ayudas de
asistencia técnica a los países de los que proceden los emigrantes;
tiene un fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de
desarrollo social básico en esos países; prestación de asistencia
sanitaria en fronteras; creación de plazas de acogida en colaboración
con organizaciones no gubernamentales; hay convenios con autonomías y
ayuntamientos; apoyo a ONG, por tanto creo que es un buen programa.
¿Que puede estar mejor dotado? Como todas las partidas de los
Presupuestos Generales del Estado, pero para ser la primera vez no
está mal.
En el tema de Tarifa poco tengo que añadir. Dice que si no hay
información o instrucciones. La Guardia Civil sabe lo que tiene que
hacer, cuándo tiene que usar el arma y cuándo no. En este caso lo
hemos puesto en conocimiento del juez y estamos a la espera de lo que
él resuelva, pero permítame que dé un apoyo de manera general a la
actuación de la Guardia Civil porque su labor -y no me refiero a su
labor en general sino en este caso- es ciertamente admirable.
Le he explicado lo que es el SIVE. Se lo remitiré por escrito para
darle con detalle todo lo que estamos haciendo, pero si no se ha
enterado será sin duda alguna porque yo me he explicado mal, porque
otra razón no la hay.
Poco más, nunca le he echado al PSOE las culpas de nada. Podría
hacerlo, pero tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí puedo decirle a
usted es: simplemente
léase las ofertas de empleo público de la época del PSOE, y no me
meto con el PSOE simplemente le hago una recomendación.
Por último, comprenderá usted que no pueda compartir -yo que comparto
con usted tantas cosas- las críticas que hace a mis responsables y
colaboradores que gozan de mi total apoyo y sin los cuales yo no
podría estar donde estoy.
Muchas gracias.
- RAZONES POR LAS CUALES EL GOBIERNO ESPAÑOL HA PERMITIDO QUE ESPAÑA
Y DIVERSOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) EXIJAN VISADO DE ENTRADA A
LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS, LO QUE HA ORIGINADO LA PROTESTA DEL
PREMIO NOBEL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y DE OTROS ESCRITORES Y SU
DETERMINACIÓN DE NO VENIR EN LO SUCESIVO A ESPAÑA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000366.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al último de los
puntos del orden del día, que es la solicitud de comparecencia del
vicepresidente primero del Gobierno para que se manifieste sobre la
exigencia de visado de entrada a los ciudadanos colombianos. Es una
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar exponer de una manera resumida y clara cuáles son las
razones por las cuales el Gobierno español ha permitido que España y
diversos países de la Unión Europea exijan visado de entrada a los
ciudadanos colombianos, lo que ha originado protestas del Premio
Nobel Gabriel García Márquez y de otros escritores y su determinación
de no venir en lo sucesivo a España.
El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea
adoptó -ya era yo ministro de Interior y estaba presente en aquel
Consejo, porque tuvo lugar el 15 de marzo- el Reglamento número 539/
2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos
nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las
fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales
están exentos de esa obligación. Ese reglamento comunitario, que
entró en vigor el pasado día 10 de abril, es el que impone la
obligación del visado a los nacionales colombianos.
Hay que recordar que Colombia era el único país que estaba en la
llamada lista gris, esto es, el inventario de Estados a cuyos
nacionales algún Estado Schengen exige el visado. El Gobierno español
había procurado
-y en este sentido había realizado importantes esfuerzos- que pasaran
de la lista gris a la lista de exentos del visado, es decir, a la
lista blanca, el mayor número posible de países iberoamericanos.
Dicho esto, también hay que señalar que por una o por otra razón
quedaron incluidos en la lista negra, la de los países sometidos a la
obligación del visado, Cuba, Perú y la República Dominicana. De este
modo conseguíamos que todos los demás país latinoamericanos quedaran
consolidados en la lista blanca con la única excepción de Colombia,
que hasta ahora estaba en la lista gris, precisamente porque España
se había opuesto a que pasara a la lista de obligación del visado.
Digo esto, porque es importante destacar que el Gobierno español ha
mantenido una postura muy activa durante la negociación del
reglamento de visados en estos años. Quiero señalar, porque también
es importante que seamos conscientes de esto, que las autoridades
españolas han mantenido contactos permanentes con las autoridades
colombianas informándoles puntualmente de los extremos y pormenores
de esa negociación. Insisto, se han mantenido contactos permanentes
con las autoridades colombianas.
Pues bien, de conformidad con el tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la denominada lista gris tenía que desaparecer por
imperativo legal, de acuerdo con la armonización total prevista en el
artículo 62 del tratado. La decisión sobre la consolidación de estas
listas no podía ser bloqueada por España, ya que desde Maastricht, en
1992, se aceptó que esta decisión se tomara por mayoría cualificada.
Es decir, en Maastricht, en 1992, se dijo: La decisión acerca de los
países cuyos nacionales necesitan visado para entrar en la Unión
Europea ya no la puede tomar un país, sino que se toma por mayoría
cualificada. Este es un dato muy importante.
Una vez explicado este dato, vamos a ver las razones por las que
España se abstuvo en el debate del reglamento de visados, se abstuvo.
Lo primero que debemos recordar es que la propuesta de este
reglamento de visados había sido formulada por la Comisión, si bien
la Presidencia francesa había introducido modificaciones en su
articulado que interesaban a todos los Estados miembros. Hay que
tener en cuenta que según el artículo 250.1 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea la modificación por los Estados miembros de
una propuesta de la Comisión sólo puede ser adoptada por unanimidad
de dichos Estados miembros. En este sentido el tratado establece que
la abstención no rompe la unanimidad.
Por ello, un voto en contra por parte de España hubiera supuesto
volver a la propuesta de la Comisión que habría sido adoptada por
mayoría cualificada aun votando España en contra, quien habría
quedado claramente en minoría. Y además, se hubiera impuesto el
visado a Colombia con un texto de reglamento que no incluía el
artículo 6 del posteriormente aprobado, aspecto éste muy importante
para España, ya que afectaba a la postura sobre la cuestión de
Gibraltar. Ese articulo 6, ¿qué dice?
Que el reglamento no afecta a las competencias de los Estados
miembros en cuanto al reconocimiento de Estados y entidades
territoriales, así como de los pasaportes, documentos de identidad o
de viaje que hayan sido expedidos por las autoridades de los mismos.
En consecuencia, con esta cláusula queda obviado el riesgo de que
entidades territoriales de tipo Gibraltar pueda expedir autónomamente
estos documentos sobre cuyo reconocimiento se decidiría por mayoría
cualificada.
En síntesis, señor López Garrido, cuando había una propuesta de la
Comisión nosotros votamos en contra. Era igual, porque la decisión
era por mayoría cualificada, con lo cual, Colombia no tendría visado.
Pero esa propuesta de la Comisión fue modificada por la Presidencia
francesa que introdujo el artículo 6, relativo a Gibraltar, y en ese
caso se necesitaba la unanimidad de todos los miembros; como la
abstención no rompía la unanimidad, nosotros nos abstuvimos y salió
adelante el reglamento con la cuestión de Gibraltar, que nos venía
muy bien, y con la de Colombia. Pero si hubiéramos votado en contra,
volveríamos a la propuesta de la Comisión, y también se exigiría
visado a Colombia por parte de todos los países europeos. Por tanto,
lo que hemos conseguido con esta abstención es este artículo sobre
Gibraltar que considero que para España es sumamente importante. A
partir de ahí, nosotros, que estuvimos en contacto con las
autoridades colombianas antes, también lo estuvimos después. Yo
estuve con el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia y con el
embajador colombiano previamente, que entendieron perfectamente la
cuestión. Hemos firmado uno de los primeros acuerdos que se hicieron
en materia de inmigración y nosotros intentaremos que en próximas
reuniones de la UE esta norma pueda ser modificada. Pero lo cierto es
que la posición del Gobierno español no podía ser otra porque,
hiciéramos lo que hiciéramos, el visado a los ciudadanos colombianos,
al ser la decisión por mayoría cualificada, en ningún caso la
hubiéramos podido evitar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Efectivamente este reglamento al que usted ha
hecho alusión, sobre la lista de los países cuyos nacionales tienen
la obligación de ser titulares de visado para cruzar la frontera
exterior, entró en vigor el 10 de abril, habiendo contado la votación
en el Consejo con la abstención de España. La cuestión que a nosotros
nos importa en este momento son las razones de esa abstención y qué
puede hacerse en el futuro. Este reglamento está ya en vigor y los
efectos en relación con Colombia han sido muy negativos.
En cuanto a las razones, la razón técnico-política que usted da no
nos convence, porque últimamente el Gobierno saca el asunto de
Gibraltar para todo. El otro día, en la Comisión de Asuntos
Exteriores, tuvimos que forcejear duramente para que el Gobierno se
dejase instar
por el Parlamento en cuanto a la necesidad de firmar la Convención
europea penal y civil sobre la lucha contra la corrupción. La
propuesta del grupo Greco, como usted sabe -ese informe que no tiene
nada que ver con el Plan Greco aunque se llama igual-, hace una serie
de recomendaciones importantes al Gobierno en relación con la
Fiscalía y con ese convenio y el Grupo Popular sacó a colación el
asunto de Gibraltar. Otra vez sale aquí el asunto de Gibraltar, que
usted mencionó en la pregunta que le hizo mi compañera de grupo María
Teresa Fernández de la Vega en el Pleno, una pregunta muy rápida, que
no da para las explicaciones o el razonamiento que puede hacerse más
detenidamente en la Comisión. El reglamento número 539/2001 al que ha
hecho alusión señala en su preámbulo que sus disposiciones no son
aplicables ni a Irlanda ni al Reino Unido. Eso dice el considerando
número 4 del preámbulo, haciendo alusión al Protocolo sobre la
posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión
Europea. Es decir, que este reglamento no es aplicable ni a Irlanda
ni al Reino Unido. Luego, ¿qué tiene que ver esto con Gibraltar? No
tiene nada que ver. No puede aplicarse al Reino Unido. El asunto de
Gibraltar es un pretexto, no tiene nada que ver con eso. Este
artículo 6 tiene una historia, usted ha comentado que lo sacó la
Presidencia francesa pero no es aplicable a Gibraltar, por
consiguiente, da igual que esté a esos efectos este artículo. Esa
razón no es admisible. España, incomprensiblemente, sobre todo
después de la intervención que tuvo antes de la aprobación de ese
reglamento en el Parlamento Ramón de Miguel, secretario de Estado de
Asuntos Europeos, quien nos indicó que España iba a votar en contra,
estableció claramente que la posición española, muy importante
simbólica y políticamente, iba a ser la de votar en contra. Sin
embargo, España incomprensiva e innecesariamente se abstiene. Esto es
algo que no puede entenderse ni por los ciudadanos españoles ni
colombianos. Esta abstención de España, esta posición y este
reglamento, como usted sabe, producen unos efectos profundamente
negativos.
Dice usted que hubo contactos, pero sirvieron de poco. El Gobierno
colombiano expresó inmediatamente su contrariedad, por medio de su
ministro de Asuntos Exteriores y del presidente Betancur, respecto a
esta exigencia de visado de la Unión Europea y también en relación
con la posición española. Pero probablemente lo más negativo sea el
impacto que eso tiene en la sociedad colombiana y específicamente en
intelectuales, escritores, literatos colombianos que reaccionaron,
como S.S. sabe, de forma contundente y muy quejosa ante ese
reglamento, ante la actitud de la Unión Europea y de España. Estos
intelectuales, en una carta que encabeza Gabriel García Márquez, pero
también Fernando Botero, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, William
Ospina, Darío Jaramillo Agudelo, Héctor Abad y Osfacio Lince,
dirigida al presidente del Gobierno, José María Aznar, explican por
qué es un despropósito que el
Gobierno de José María Aznar no haya votado en contra y por qué, como
consecuencia de ello, mientras se exija un visado a un colombiano
para venir a España, ellos no van a visitar la península Ibérica. Es
una carta muy dura pero muy sentida en donde se expresa el
sentimiento de pertenencia a la hispanidad, a lo que representa
España, a la lengua mayoritaria en Colombia, a los referentes
culturales, a la solidaridad cultural de las naciones hispanas y
americanas -que no es un asunto meramente retórico- y en la que, con
mucha razón, dicen que no se puede sumar a estas naciones, a estos
pueblos iberoamericanos para lo que interesa y restarlos cuando
conviene a la Unión Europea o cuando le interese estratégicamente a
España, por alguna razón que no entendemos.
El que encabeza esa lista de personas que firma esa carta es Gabriel
García Márquez. Yo ayer tuve la ocasión de hablar con él largo y
tendido sobre este asunto porque me interesó saber qué es lo que
piensa en este momento el que tuvo el protagonismo de este asunto,
una vez que ya ha pasado tiempo, algunos meses, de esa decisión. Las
palabras que me transmitió Gabriel García Márquez, que supo por mí
que se iba a producir este debate hoy en esta Comisión, son
absolutamente razonables y yo las hago mías. Esa carta dirigida a
José María Aznar por este grupo de personas, primero, era una
iniciativa solidaria porque es evidente que el visado no se le va a
negar a Gabriel García Márquez, a Álvaro Mutis o a Botero, pero la
tomaron junto a los colombianos y a los países hispanos porque se
siguen sintiendo españoles. Desde que nacen la idea de españa, esa
palabra que a veces puede tener connotaciones un tanto retóricas de
la madre patria, es una realidad simbólica y culturalmente y sin
embargo, de golpe y porrazo se encontraba con que en nuestro país
tenían que tener las mismas exigencias que en Estados Unidos, es
decir, el visado: España igual Estados Unidos, pero qué lejos
culturalmente España y Estados Unidos están en referencia con
Iberoamérica. Es una iniciativa de esas personas precisamente por
cariño a España, no por lo contrario. Como me repetía ayer Gabriel
García Márquez, es como si me exigen un permiso para ver a mi madre,
es una humillación inadmisible. Se trata de una cuestión moral, de
principio -y en eso hacía mucho hincapié Gabriel García Márquez-; una
actitud, por cierto, muy española. Me decía que es lo que hubiera
hecho un español si se le hubiera exigido en sentido contrario, cosa
que no se le ha exigido nunca; a un español nunca se le ha exigido
para entrar en un país iberoamericano. Es un ejemplo -en este caso,
sin retórica- de lo que es o debe ser la hispanidad, que nada tiene
que ver con esta decisión, en donde lo sorprendente no es sólo que la
Unión Europea lo haga, sino también la actitud que tiene España en
este caso.
El sentido de ofensa que tiene este reglamento, esta inclusión de
Colombia como país, a cuyos ciudadanos se les exige visado para venir
a la Unión Europea, tiene que ver con el hecho de que se junta a
todos en el
magma de los narcotraficantes, se trata a todos igual, pagan justos
por pecadores y no hay ninguna distinción. Es una impresión muy
negativa y dañina a la cultura de la hispanidad, a la cultura
española en el sentido más amplio, expresada en estos eminentes
literatos, en estos escritores, en estos intelectuales, que veían que
esta medida era bastante inútil. Las grandes organizaciones de
narcotráfico tienen otros medios para actuar y, por tanto, no es una
medida útil. El único efecto que tiene negativo es precisamente éste,
el que esas personas dicen que no van a venir a España mientras
tengan que pedir un visado. A la pregunta que yo le hice ayer a
Gabriel García Márquez, me respondió, con toda contundencia:' No iré
a España; que quede claro, no iré a España mientras exista esa
condición. A mí no me importa ir a Italia, a Francia, a Alemania y
pedir un visado, no hay problema; si hay que pedir un visado para ir
a Alemania, a Italia, al Reino Unido, si hay que hacerlo, se hace,
pero para España, no; para ir a mi casa no'.
Ese es un efecto profundamente dañino para la relación con estos
pueblos a los que siempre se apela como una auténtica comunidad y una
fuerza cultural importantísima y, por qué no decirlo, de la política
exterior española. El Gobierno repite acertadamente la importancia
que tiene la comunidad hispanoamericana como eje de la política
exterior española. Desde luego, esto no contribuye para nada a la
profundización de esa comunidad, que no tiene por qué estar en
contradicción con la construcción europea. La construcción europea no
tiene por qué ser algo incompatible con la construcción de un espacio
iberoamericano. Esa decisión de exigir visado a los ciudadanos
colombianos es una estigmatización de una sociedad que es lo último
que necesita; lo que necesita son apoyos, no esto. ¿Por qué toma la
Unión Europea esta decisión respecto a Colombia y por qué España, no
siendo necesario, se abstiene? Hubiera salido lo que hubiera salido,
pero si España, en vez de abstenerse, hubiera votado en contra,
hubiera dejado clara su posición. ¿Por qué se hace eso con Colombia?
¿Qué ha pasado en Colombia desde el Reglamento anterior, del año
1999, para que se le sitúe en la lista negra? ¿Qué evolución ha
sufrido? ¿Qué efectos tenemos en nuestro país de la acción de los
colombianos? Tengo aquí las cifras de la Fiscalía general del Estado
sobre los detenidos colombianos que ha habido en la década de los
noventa. En dicha década, el número de detenidos de nacionalidad
colombiana por tráfico de drogas ha pasado de 565 personas, un 38 por
ciento, a 354, es decir, ha descendido. En 1999, que es el último año
del que tenemos las cifras de la Fiscalía, fueron muchos más los
detenidos por tráfico de drogas de otras nacionalidades -francesa,
624; portuguesa, 764; británica, 432; italiana, 375- que los de
nacionalidad colombiana. De los 6.289 detenidos extranjeros en 1991,
el 15 por ciento eran colombianos, y en 1999, sólo el 5 por ciento.
No se entiende lo que ha pasado, porque la evolución ha ido en
sentido contrario, ya que el número de detenidos de nacionalidad
colombiana ha
descendido hasta un tercio del total y, sin embargo, se ha tomado
esta decisión absolutamente incomprensible con Colombia. No se tienen
noticias de que España haya buscado una minoría de bloqueo o haya
intentado hacer algo para que eso no saliese adelante, y además, se
ha abstenido incomprensiblemente.
Aparte de descubrir lo que ha pasado y cuál es la razón, nos interesa
saber qué va a hacer el Gobierno para intentar rectificarlo. Ahora
hay una buena oportunidad. España va a tomar la Presidencia de la
Unión Europea el 1 de enero del año que viene, puede impulsar cosas y
puede hacer esto, aunque necesitaría el apoyo de la Comisión, porque
para una reforma de este reglamento es necesario que haya una
propuesta de la Comisión. España debería hablar con un espectro
multilateral para cambiar esta situación, hablar con la sociedad
colombiana, con su Gobierno, con estos intelectuales. Siento aludir
otra vez a esta conversación con Gabriel García Márquez, pero él me
decía ayer: Por cierto, José María Aznar no nos ha respondido a esta
carta. Sería deseable que nos respondiera. No ha habido una
respuesta, es otro desaire. Esto es lo que el Gobierno español
debería disponerse a hacer....
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Garrido,
termine por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
El Gobierno español debería hablar con todos estos sectores sociales,
culturales, políticos e intentar cambiar esta situación, que no tiene
sentido alguno, desde cualquier punto de vista, y que a España, a la
cultura española y a la cultura hispánica le ha hecho un daño enorme,
un daño que intentaremos entre todos que no sea irreparable.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, con toda brevedad, pero con
carácter previo.
Este asunto que estamos debatiendo se puede insertar perfectamente en
esa invitación a lo que yo llamaba reflexión metodológica, que hacía
en mi intervención anterior. Estamos ante un asunto que se debatió en
el Pleno del Congreso el pasado 4 de abril, en el que el tema de
fondo sigue siendo el mismo, en el que la autoridad interrogada sigue
siendo la misma, y en el que lo único que cambia es la voz -como es
natural legítima y siempre importante- del Grupo Parlamentario
Socialista, entonces la señora Fernández de la Vega, hoy el señor
López Garrido. Pero la reiteración de este debate no aporta nada
nuevo y probablemente podríamos situar este caso -esto viene como
anillo al dedo- en esa reflexión metodológica que antes señalaba.
Alguna novedad sí hemos tenido en relación con el debate anterior,
que yo celebro y de la que tengo que
confesar que me siento profundamente envidioso. Como un enamorado
literario del señor García Márquez, me gustaría poder tener con él
esa interlocución directa, con el sin lugar a dudas ilustre escritor,
que nos ha acreditado hoy y así quedará en el 'Diario de Sesiones'
para la posteridad, que tiene el señor López Garrido. Créame, señor
López Garrido, que en eso le tengo una, aunque sanísima, profunda
envidia.
A mí me gustaría recordar que el Gobierno -como se ha dicho- no saca
Gibraltar para todo, el Gobierno saca Gibraltar para lo que es
necesario en términos de defensa estricta del interés legítimo de
España. Por cierto, se ha hecho una mención inmediata que no es
rigurosamente cierta. A propósito de que el Gobierno saca Gibraltar
para todo, se ha señalado que el otro día, en la Comisión de Asuntos
Exteriores, se dijo: Tuvimos que forzar al Gobierno para que... pero
se les olvida que el otro día en la Comisión de Asuntos Exteriores
nuestro portavoz dijo con toda claridad que no había por parte del
Gobierno, como lo manifestó en su momento el señor presidente del
Gobierno, ningún inconveniente para el refrendo de esas dos
convenciones que afectaban en términos penales y civiles a la
corrupción, simplemente había la prevención en el caso concreto de
Gibraltar. Y fue nuestro grupo el que presentó una enmienda haciendo
clarísima salvedad y clarísima excepción del caso de Gibraltar, lo
que permitió, de consuno, la aprobación de la citada iniciativa, en
los términos responsables en que hay que hacerlo, es decir, dejando a
salvo el interés legítimo de España en relación con el asunto de
Gibraltar que no le parece a este grupo un tema menor.
Las consideraciones que ha hecho el señor López Garrido son, como
siempre, muy respetables, como lo son las que puede hacer cualquier
grupo parlamentario, se trate del asunto de que se trate, pero lo
cierto es, situados en el mundo de la realidad, que no hay más
remedio que determinar que la explicación dada por el Gobierno es la
que se corresponde estrictamente a las posibilidades de un Estado
miembro de la Unión Europea, en el ámbito del marco de decisiones
propio de la Unión Europea, teniendo en cuenta que España ha actuado
y actuará siempre, en el conjunto de las diversas normativas y
políticas de la Unión Europea, con una clara vocación y compromiso en
relación con la búsqueda permanente del mejor resultado posible para
los legítimos intereses directos de nuestro país, y directos
e indirectos de la comunidad hispanoamericana de naciones, conforme a
nuestros vínculos con estos países que, por otra parte, se han
reforzado y ampliado en los últimos años. En segundo lugar, se pueden
hacer las disquisiciones que se quieran que, vuelvo a repetir, son
respetables. Pero en el caso que nos ocupa la abstención española se
insertó en esa filosofía general, por cuanto la misma supuso
preservar nuestra posición respecto de Gibraltar y, a la vez, no dar
un apoyo formal a la imposición de visados para Colombia.
El señor López Garrido puede hacer la valoración que quiera y me
parece muy legítimo, pero yo considero mucho más fiable la valoración
hecha por el Gobierno en
los términos de señalar que esa abstención no ha supuesto conflicto
ni tensión con las autoridades colombianas.
Hay dos ideas que me parece necesario resaltar, y quiero hacerlo como
conclusión de esta intervención; quiero hacerlo, para que no se me
malinterprete, con el más escrupuloso respeto. Y decir otra cosa
antes de lo que voy a señalar, decir a posteriori otra cosa sería
faltar a la verdad. Con el más escrupuloso respeto a las personas.
Pero desde ese más escrupuloso respeto a las personas y, desde luego,
desde el reconocimiento y la admiración personal de este portavoz y
de este grupo parlamentario hacia las figuras firmantes de esa carta
a la que alude el señor López Garrido, hay que decir que ser un
insigne intelectual no obliga a conocer cuáles son los mecanismos
técnicos de adopción de decisiones en el seno de la Unión Europea. Y
a lo mejor, conociendo el detalle de esos mecanismos, no se hubieran
hecho determinadas valoraciones. En términos generales -y con esto
concluyo-, si hay algo que no se puede poner en cuestión es la
intensa colaboración y solidaridad que el Gobierno de España está
prestando al Gobierno de Colombia y a la sociedad colombiana respecto
de los problemas que la aquejan. Dicho desde el máximo respeto, el
señor García Márquez y también hoy el señor López Garrido no debieran
perder esta perspectiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor vicepresidente del
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Con suma brevedad.
En realidad, no tengo más argumentos que aportar a los que ya
presenté a las señoras y señores diputados en mi primera
intervención. Si acaso, alguna aclaración que hace referencia a las
palabras pronunciadas por el señor López Garrido, que me van a servir
para hacer un resumen y dejar claras tres o cuatro ideas.
Primero, en lo que todos estamos de acuerdo es en que, hiciera lo que
hiciera España, la Unión Europea iba a aprobar que a los ciudadanos
colombianos se les exigiera un visado, por lo que antes he explicado.
Las propuestas de la Comisión se adoptan por mayoría cualificada,
España estaba en minoría absoluta, y aunque hubiéramos votado en
contra hubiera salido la propuesta de la Comisión. Una vez que
Francia, que tenía la Presidencia, propone una modificación, se exige
la unanimidad. Nosotros nos abstuvimos -que no rompe la unanimidad-
por algo que nos convenía. Aquí es donde quiero hacer una aclaración
porque no puedo compartir el argumento que ha utilizado el señor
López Garrido. Una cosa es, efectivamente, que el preámbulo del
Reglamento 539/2001 que nos está ocupando diga en su apartado cuatro
que, en aplicación del artículo 1 del Protocolo sobre la posición del
Reino Unido e Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado constitutivo, no participan en la adopción de este reglamento
-esto es evidente porque es en aplicación de ese artículo 1 que trae
su origen en la posición del
Reino Unido e Irlanda que usted ya conoce-, y otra cosa es que esta
norma que se ha introducido por la Presidencia francesa no afecte a
Gibraltar. Sí afecta a Gibraltar, señor López Garrido, sino no lo
hubiéramos hecho. Confíe un poco en los criterios de nuestros
diplomáticos y los servicios jurídicos del Gobierno, que no es el
Partido Popular. El artículo 6 de este reglamento dice que no afecta
a las competencias de los Estados miembros de la Unión en cuanto al
reconocimiento de Estados y entidades territoriales, así como de los
pasaportes y documentos de identidad de viajes. Por tanto, si lo que
tiene usted ahí es una interpretación jurídica diferente a la mía,
debo decirle con manifiesta claridad que no puedo estar de acuerdo
porque, si no, no hubiéramos adoptado esa decisión. La razón no es
técnica, es puramente política.
Esos son los dos comentarios que quería hacer, que en el fondo no son
sino reiteración de los que he hecho antes. Naturalmente, podemos
discutir jurídicamente sobre ese asunto sine die. Pero yo le aseguro
que ese es el argumento que ha manejado la delegación española cuando
votó en el sentido en que lo hizo.
Hay otros dos comentarios que sí son nuevos. El Gobierno español,
como es natural, tiene el máximo respeto y admiración por todas las
personas que usted ha citado, pero hay otros valores que también
debemos tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones. Eso no
implica en absoluto falta de respeto y consideración hacia esas
personas, lo único que implica es que hay unos valores que como
Gobierno español debemos defender, y es lo que hemos hecho,
fundamentalmente los que ser refieren a este artículo 6 del
reglamento a que antes hemos hecho referencia. ¿Qué hay que hacer en
el futuro? Yo sugiero lo siguiente. En primer lugar, el Gobierno y
los grupos parlamentarios que lo estimen oportuno deben hablar con
las autoridades colombianas. Nosotros lo hemos hecho antes y después:
yo mismo y, desde luego, el ministro de Asuntos Exteriores y el
presidente del Gobierno. Yo mismo he recibido no hace muchas fechas
al ministro de Asuntos Exteriores de Colombia y antes al embajador.
Lo han entendido y, además, es el primer país con el que firmamos un
acuerdo en materia de inmigración, después lo hicimos con Ecuador, lo
cual es una muestra de la disposición de nuestro Gobierno. Fue el
secretario de Estado a Bogotá y después vino el ministro de Asuntos
Exteriores a Madrid, es una muestra de que España tiene la voluntad
de que vengan personas de Colombia a nuestro país. Eso es lo primero
que hay que hacer.
Segundo, tendremos que hacer esfuerzos, lo que pasa es que, como
usted muy bien sabe, no es ciertamente fácil en la Unión Europea
imponer lo que uno quiere; más bien sucede lo contrario hay que
negociar, hay que ceder en algunas cosas, hay que transigir. Lo hacen
todos, no sólo España sino incluso los países que por razones
históricas, económicas y de otra suerte tienen más fuerza incluso en
la Unión Europea.
Por último, usted ha citado -si no, yo no lo hubiera dicho- sus
conversaciones de las cuales yo deduzco
que tiene usted una buena relación personal con el señor García
Márquez. Usted podría ayudar haciendo pedagogía, es decir, explicando
esto que yo estoy manifestando. El señor García Márquez, como hombre
inteligente y abierto que es, y más si usted se lo pide que es su
amigo, podrá cambiar de posición. Eso es lo que se me ocurre que hay
que hacer de cara al futuro y es lo que dejo sobre la mesa.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: En cuanto a lo que han señalado el señor Gil
Lázaro y señor vicepresidente, hay una importante variación en este
caso, algo que no pudimos expresar el día que se formuló esa pregunta
en el Parlamento y es el argumento técnico-político que ha esgrimido
el Gobierno hoy aquí. Señor vicepresidente, S.S. ha leído el apartado
4 del preámbulo, pero se ha parado en un punto. Yo le instaría a que
sigiera leyendo. Ese apartado 4 del Reglamento 539/2001 continúa
diciendo: Por consiguiente, las disposiciones del presente reglamento
no son aplicables ni a Irlanda ni al Reino Unido. Eso dice el
reglamento: no son aplicables, luego es igual que estuviera ese
artículo o que no. Este reglamento no es aplicable al Reino Unido,
sencillamente no lo es; da igual lo que se ponga en ese artículo o en
siete artículos más que se quiera poner sobre Gibraltar. Es
indiferente, no se aplica. Es el único argumento que ha expresado el
Gobierno aquí y el otro día como justificación de su abstención, pero
no es un argumento válido. Tampoco me parece un oportuno decir: para
conseguir una cosa que tiene que ver con Gibraltar y la posición
española, voy a votar contra mis convicciones profundas sobre cómo
deben ser las relaciones entre los ciudadanos colombianos y Europa.
Es una especie de intercambio político que no es de recibo pues son
cosas totalmente distintas. Inténtese lo de Gibraltar, por un lado,
que ya hemos dicho que no tiene ni arte ni parte en este asunto, y
aparte está el tema de Colombia y los valores de la comunidad
hispanoamericana, que son dos cosas distintas. No se puede hacer un
intercambio de una cosa por otra. Ese tampoco es un argumento
suficiente.
En cuanto a lo que puede suceder en el futuro, a mí me gustaría que
el Gobierno español hiciera esos esfuerzos, como en su primera
intervención me pareció entender. Hacer esfuerzos para variar esa
orientación y para restituir esas relaciones, que están en alguna
medida quebradas, entre España y Colombia cultural y socialmente como
consecuencia de ello.
La última petición que me ha hecho de que le explique a García
Márquez lo que nos ha expuesto y que le haga cambiar de opinión, es
muy fuerte. Es muy fuerte que usted me pida a mí que yo vaya a
Gabriel García Márquez y que le diga: Como ha dicho esto el ministro
del Interior y vicepresidente del Gobierno español, vengo a decirte
que no tienes razón y que cambies de opinión. Para eso tendría que
cambiar primero yo de
opinión, cosa que en absoluto se produce. Me parece absolutamente
razonable, correcto y me identifico mucho con esos sentimientos de
Gabriel García Márquez. Una persona española se identifica muy
fácilmente con esa reacción de intelectuales colombianos, que tiene
mucho que ver con el sentimiento español. Desde luego, no me
comprometo a intentar cambiar la opinión de Gabriel García Márquez
porque tendría que cambiar antes la mía, y en este caso, es
completamente imposible. Yo espero, a pesar de todo, que el Gobierno
español haga un cambio en esa orientación y se mueva en una posición
diferente y explícita. Esa es la pedagogía que se exige en este
momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente.
Nosotros desde luego no apreciamos que haya habido unas relaciones
quebradas. En segundo lugar, nos sumaríamos a esa petición que hace
el señor vicepresidente al señor López Garrido. Por utilizar el
propio símil que ha relatado el señor López Garrido, utilizado por el
señor García Márquez, y que el señor López Garrido ha hecho suyo,
siempre es bueno considerar que cuando puede existir un malentendido
o distancia entre un hijo y la madre conviene que el hermano, si lo
hay, medie en esa distancia, y en este caso parece claro que el
hermano es el señor López Garrido. Desde luego si él hace esa
gestión, contribuirá a una labor pedagógica ante tan admirado
y querido escritor en beneficio de la alta estima de la que el señor
García Márquez goza en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor vicepresidente del
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE INTERIOR
(Rajoy Brey): Dos comentarios solamente. El primero es para coincidir
con el señor Gil Lázaro; si yo fuera amigo del señor García Márquez y
además creyera, como creo y como también usted cree, que era bueno
que el señor García Márquez viniera a España, yo intentaría
convencerle. Esa es mi opinión. Segundo, ha dicho usted que cambiamos
nuestras convicciones profundas por una cuestión de un cambalache,
cambiamos una cosa
por otra. Hay una convicción profunda en nuestra relación con
Colombia, pero nuestras convicciones profundas no se agotan ahí,
también las tenemos en el tema de Gibraltar, con una diferencia, que
lo de Colombia no lo podríamos evitar por muchas convicciones
profundas que pudiéramos tener y, sin embargo, lo de Gibraltar sí
podíamos evitarlo. Ese es un dato muy importante a considerar, es
decir, no es ningún cambalache. Otra cosa es que nuestro voto pudiera
servir para parar el tema de los visados a Colombia y para que no se
exigieran, pero esa no era la situación. Ha dicho usted lo del Reino
Unido e Irlanda, que es el argumento jurídico, que es un poco la
razón que ha esgrimido el Gobierno. No se aplica porque no están en
Schengen; lógicamente las normas de visado no se le aplican, pero eso
no tiene nada que ver con que no se pueda aplicar en su día el
artículo 6 del Reglamento de Gibraltar. Créame que esos son los
informes de todos nuestros diplomáticos y de todos nuestros servicios
jurídicos, y no se nos ocurriría hacer una genialidad de esas
características.
Por último, estoy de acuerdo (lo he dicho al principio y lo reitero
ahora) en que hay que hacer esfuerzos para convencer a los países de
la Unión de que esta no es una buena situación, como hay que hacerlo
también con otros países centroamericanos. En este momento no es
Colombia el único país a cuyos nacionales se exige visado en el
territorio de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor
vicepresidente, por su nueva comparecencia en la Comisión de Justicia
e Interior, por la extensión de sus intervenciones en los asuntos que
se han planteado, e incluso por su disponibilidad para responder a
aquellos otros que algún grupo parlamentario ha querido plantear
aunque no estuvieran en el orden del día. Le felicito también por el
acierto en cuanto a la duración de esta Comisión frente al clamoroso
error de los portavoces de los grupos mayoritarios, a los que ha
podido una vez más la laboriosidad, que nos ha traído hasta este
momento, en el que, al quedarnos solos en el Parlamento, estamos en
disposición de clausurar el presente periodo de sesiones.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.