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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 276, de 20/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 276
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4741 a la 4780. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Pregunta:
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre medidas previstas en relación a los gravísimos hecho ocurridos
en los últimos días en dos centros escolares de la ciudad de Melilla.
(Número de expediente 181/000686.). . . . (Página 8342)
Comparecencia de la señora secretaria general de Educación y
Formación Profesional (Couso Tapia), para informar sobre los planes
del Gobierno en materia de escolarización de inmigrantes, con
especial atención a la situación planteada en la ciudad de Melilla. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000225.) . . . (Página 8345)
Pregunta:
- De la señora Marzal Martínez (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre la decisión del Patronato del Museo del Prado de levantar el
depósito de los fondos de su propiedad en el Museo de Bellas Artes de
Murcia. (Número de expediente 181/000861.) . . . (Página 8355)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cultura (De Cuenca y
Prado), para informar sobre la política de su Ministerio en materia
de apoyo a la acción cultural de España en el exterior y la creación
de Seacex (Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior). A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000272.) . . . (Página 8357)
Preguntas:
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsiones acerca de adoptar alguna medida para asegurar la calidad
de la enseñanza en el sector privado de la enseñanza universitaria.
(Número de expediente 181/000300.) . . . (Página 8364)
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre previsiones acerca de modificar los órganos de Gobierno de las
universidades españolas. (Número de expediente 181/000821.) . . .
(Página 8371)
- De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsiones acerca de modificar los actuales Consejos sociales de las
universidades españolas. (Número de expediente 181/000825.) . . .
(Página 8374)
- Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
dirección en la que se van a reformar las pruebas de acceso a la
Universidad. (Número de expediente 181/000675.) . . . (Página 8378)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PREGUNTA:
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE MEDIDAS PREVISTAS EN RELACIÓN A LOS GRAVÍSIMOS HECHOS OCURRIDOS
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN DOS CENTROS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE MELILLA.
(Número de expediente 181/000686.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados,
bienvenida a esta Comisión la secretaria general de Educación y
Formación Profesional.
Conforme al orden del día, en primer lugar tendrá lugar la pregunta
que formula doña María Amparo Valcarce García, del Grupo
Parlamentario Socialista. Señora diputada, tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Buenos días, señora secretaria general. Mi
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, está
especialmente
preocupado por los hechos que se vienen sucediendo en las ciudades de
Melilla y Ceuta, en concreto la pregunta que nosotros le formulamos
se refiere a la ciudad de Melilla.
En estas dos ciudades el Gobierno central es directamente responsable
de la gestión educativa, por eso nosotros le preguntamos qué medidas
tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar los hechos
gravísimos que se produjeron en dos centros educativos de la ciudad
de Melilla.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general de Educación y
Formación Profesional, tiene usted la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Muchas gracias por su pregunta y me dispongo a emitir
la respuesta pertinente.
Los hechos a que se hace referencia, ocurrieron efectivamente en dos
centros de Melilla y tuvieron repercusión, como se sabe, en los
medios de comunicación en los primeros días de marzo. Uno de ellos
fue un supuesto simulacro de fusilamiento en un instituto, instituto
denominado Miguel Fernández. Naturalmente,
ante estos hechos el alumno implicado en este simulacro de
fusilamiento sufrió una crisis nerviosa, se pidieron explicaciones al
equipo directivo del centro y se denunciaron estos hechos ante la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación, que inició la
correspondiente investigación. Parece ser que incluso este tipo de
acontecimientos no era la primera vez que tenían lugar, pero también
parece que los alumnos habían presenciado este tipo de hechos. Estos
hechos son absolutamente reprobables, el equipo directivo así se lo
comunicó al profesor implicado y el profesor lo entendió
perfectamente. El citado equipo directivo propuso el cambio de
profesor a otro grupo. Ante este posible cambio han sido sin embargo
los propios alumnos y sus padres los que mediaron en la cuestión y
pidieron que el profesor siguiese en el mismo grupo con indicación
expresa de que no volvieran a repetirse hechos de esta índole, es
decir que hubo una implicación directa de la dirección provincial,
del equipo directivo, de los propios profesores del centro y de los
padres de alumnos del centro.
El otro hecho ha sido una agresión que ha tenido lugar en el centro
León Solá. Como se sabe en Melilla, porque la prensa, también los
medios lo han difundido ampliamente, igual que las reacciones y
diferentes manifestaciones de colectivos docentes y de padres de
alumnos, en la mañana del día 1.o de marzo el padre de un alumno se
presentó en la clase del profesor don Pablo Arenas pidiendo
explicaciones acaloradamente por el hecho de que el profesor había
separado a dos alumnos que se estaban peleando, uno de ellos su hijo
concretamente, a quien supuestamente había maltratado el profesor.
Éste le dijo que no podía atenderlo en el aula, y cuando salieron al
pasillo el padre agredió al profesor. La reacción del profesor, sin
embargo, fue completamente serena e intentó tranquilizar al agresor
indicándole que probablemente estaba mal informado porque no se había
agredido a su hijo, tal como suponía su padre, sino que simplemente
él había intentado separarles. Al comprenderlo, pidió disculpas al
profesor, pero lamentablemente el hecho ya había ocurrido.
Tan pronto se tuvo conocimiento de estos hechos, el director
provincial del Educación se puso en contacto con el agredido y le
propuso incluso que si lo necesitaba no asistiese al colegio al día
siguiente. Sin embargo, el profesor agradeció el ofrecimiento pero
rehusó diciendo que se encontraba perfectamente, tanto física como
anímicamente, y que su sitio estaba con los alumnos.
Con este motivo, la Junta de personal docente no universitaria se
reunió el día 2 de marzo y aprobó un paro en las clases para el
lunes, día 5, a las 12 horas, y una concentración en la Plaza de
España, a las doce y media, para expresar el apoyo de la comunidad
educativa y de toda Melilla al profesor agredido. A esta
convocatoria, apoyada por el propio director provincial y autorizada
por la Delegación de Gobierno, se adhieren distintos colectivos e
instituciones, como la Facultad
de Educación y Humanidades que divulga un comunicado. Hay algunos
párrafos que seguramente se pueden compartir desde algunos colectivos
docentes: La violencia en los centros no es un asunto que afecte
únicamente a los agredidos sino a cualquier enseñante, sea en la
etapa educativa que sea, pues de alguna manera todos se sintieron
agredidos aquel día. La violencia en los centros no es un problema
local sino que existe en toda Europa y su solución sobrepasa las
posibilidades de los docentes como colectivo profesional. La
violencia se genera en la sociedad y en ella tiene sus causas y las
posibilidades de corregirlas está en la sociedad en su conjunto. En
fin, luego se alude a lo que es la promoción de toda una cultura de
paz y de no violencia y también hay algunos párrafos referidos
concretamente al centro en cuestión en los que se menciona: Hace unos
años un nuevo equipo directivo hizo una labor impagable de
modernización y organización del colegio. Este equipo tenía como
director a don Pablo Arenas, no se entra en detalles de la misión que
desempeñaron de transformación de este colegio y de buenas
actuaciones en la vida escolar, sin embargo lamentan los incidentes
que se han manifestado en esos días.
De todas maneras, la implicación de la dirección provincial en estos
hechos por supuesto en apoyar al profesor agredido y en poner todos
los medios a su alcance como para que estos hechos no se repitan,
están en relación con acciones de sensibilización y con acciones de
formación.
Frecuentemente se alude al hecho de que ante fenómenos nuevos los
profesores no solamente deben tener información, que se complica
porque en Europa estas manifestaciones tampoco tienen un modelo fijo
de cómo actuar sobre ellas, pero en fin, no obstante sí hay ciertas
formas de sensibilizar y de formar a los profesores para
concienciarse y poder transmitir también a los alumnos lo que es una
convivencia en democracia y una convivencia pacífica.
De hecho, estas actuaciones de sensibilización y de formación se han
puesto en marcha a raíz de estos acontecimientos, pero en realidad
son actuaciones puntuales que vienen a corroborar también una serie
de actuaciones previas en este campo, no son exclusivamente después
de estos acontecimientos, pero en fin, hay que sensibilizar y cuando
se producen los hechos también hay que tener capacidad de reacción, y
así ha sido en este caso.
De hecho, se organizaron estas acciones de sensibilización y de
formación en los centros de profesores y recursos, por ejemplo,
cursos de aprendizaje, convivencia y conflictos en los centros
educativos, dirigidos a profesores y funcionarios en prácticas y que
tuvieron lugar en el centro durante los días de abril. Otros cursos
sobre convivencia y disciplina en los centros de secundaria, dirigido
a equipos directivos, también con orientadores de secundaria y con la
presencia de inspectores, es decir toda una participación amplia de
la
comunidad educativa, también en el centro de profesores y recursos de
Melilla durante el mes de abril.
Con estas medidas, a partir del reconocimiento y apoyo a los docentes
que con su inestimable labor son los que por un lado sufren estas
manifestaciones que nos traslada la sociedad a los centros escolares,
pero consideramos hay que seguir estimulando este tipo de
actuaciones, reforzar en todo momento la labor de los profesores y
mostrar el apoyo, por supuesto, a los profesores agredidos en todo
momento y también mostrar capacidad de respuesta.
En esta línea de trabajo, la Dirección Provincial de Melilla organizó
unas jornadas de convivencia en torno al juego entre los días 28 de
mayo y 1.o de junio, dirigidas a los alumnos de infantil y primaria,
que tienen por objeto la formación de ciudadanos responsables y
autónomos capaces de participar activamente en la construcción y en
la transformación de una sociedad verdaderamente democrática.
En fin, ésta es la respuesta: por un lado se han puesto en marcha
actuaciones puntuales que evidencian una preocupación insistente de
la dirección provincial sobre estos temas, un conocimiento expreso de
los hechos, que son una continuación de la preocupación que existe
respecto a cualquier manifestación de violencia o de indisciplina que
pueda tener lugar en los centros escolares, en este caso es el
territorio de gestión del ministerio, pero como se sabe no es
exclusivo de un territorio en concreto, ni siquiera de nuestro país
exclusivamente.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora secretaria general, desde nuestro
punto de vista, los dos hechos que han sucedido en Melilla, aunque
fueron coincidentes en el tiempo y causaron una gran alarma social de
la que se hicieron amplio eco los medios de comunicación, desde luego
son distintos en sí mismos y también el tratamiento es diferenciado.
Nosotros nada tenemos que objetar a la resolución del primer
conflicto. Indudablemente, la calificación que usted ha hecho hoy
aquí de esos hechos nosotros la compartimos, es un asunto muy
desgraciado; afortunadamente el propio centro educativo y el profesor
implicado así lo han admitido. Creemos que la resolución en el
contexto del propio centro educativo, con la participación no sólo de
la dirección provincial sino también del propio claustro de
profesores y la dirección del centro, es satisfactoria.
A nosotros indudablemente nos causa mayor preocupación el segundo de
los incidentes, un incidente en el cual un profesor fue agredido, y
esta situación creemos que no se ha resuelto adecuadamente. Creemos
que no se ha resuelto adecuadamente, y así se lo han hecho saber
tanto la Junta de personal docente de Melilla
también el propio centro, como desde muchas instancias de la
propia ciudad de Melilla.
Nosotros creemos que la respuesta por parte del Ministerio fue lejana
y tardía, lejana no sólo por la distancia física que separa Alcalá 34
de la ciudad de Melilla, sino por el distanciamiento de los hechos
allí acontecidos. Ustedes no supieron reaccionar ante la situación
que allí se planteó, de tal manera que los paros que se produjeron en
el resto de los centros educativos y la propia manifestación en la
ciudad de Melilla así lo evidenció, porque lo que se puso allí muy en
claro es la falta de reacción y la falta de respuesta adecuada por
parte del Ministerio, sobre todo de sensibilidad, ante un hecho
gravísimo que hirió profundamente al colectivo de profesores.
Usted ha hecho referencias a cursos en el Centro de profesores, usted
ha hecho referencia a las jornadas para estudiantes, pero el problema
que aquí se ha planteado es de un gravísimo enfrentamiento entre un
padre y un profesor, entre los padres y el centro educativo, y
ustedes no han hecho absolutamente nada, no han tomado ninguna medida
en cooperación con las asociaciones de padres.
En cualquier caso, ustedes no han dado cumplida satisfacción a lo que
la Junta de personal de Melilla les viene demandando, y es que
resulta absolutamente imprescindible el control del acceso a los
centros escolares, es absolutamente imprescindible, no es posible que
una persona, aunque sea un padre de familia, pueda entrar a un centro
educativo, recorrer todo el centro, buscar al profesor en el aula e
incluso agredirle delante de los estudiantes, éstas son las cosas que
no pueden suceder. Por ello, lo que se les está demandando es un
control exhaustivo en el acceso a los centros educativos, pero
también en el interior de los centros educativos, esto es
imprescindible, y desde luego ustedes nada han hecho por mejorar las
relaciones tutoriales entre los profesores y los padres, entre los
profesores y los estudiantes.
Por tanto, a nosotros nos parece claramente insatisfactoria no sólo
la reacción en su día por parte del Ministerio de Educación,
responsable educativo en Melilla, sino que las medidas que se han
tomado con posterioridad son claramente pobres, claramente pobres
porque no abordan el problema de fondo, que es cómo hacer un control
eficaz del acceso a los centros educativos y qué medidas de choque,
señora secretaria general, hay que adoptar para prevenir y resolver
los problemas de violencia escolar, que ya no son un hecho aislado,
ya son hechos que se vienen sucediendo con una gravedad muy, muy
importante.
No nos sirve de nada que esto esté sucediendo en otros países
europeos, desde luego lo que está sucediendo en Melilla, y como
veremos a continuación en Ceuta, está muy por encima de las
situaciones de violencia que se producen en cualquier otro centro
educativode España, y nosotros en esto no nos queremos
parecer a los centros educativos más degradados de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: La secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Yo creo que en mi respuesta inicial a su pregunta se
ha evidenciado que ha habido esta capacidad de respuesta que usted
niega; conocemos perfectamente la situación que se vive en la
sociedad en general en Ceuta y en Melilla y cómo deriva eso, cómo
traspasa las fronteras de los centros.
Me sorprende que usted evidencie la necesidad de un control de acceso
a los centros escolares, quizá se debiera aclarar esta idea porque
parece que usted está demandando un control extra, un control
distinto del que existe de manera natural, de manera ordinaria en los
centros escolares. Probablemente el personal no docente que estuviese
controlando estos accesos al centro, bien conocía al padre del
alumno, cosa que es muy frecuente y puede ocurrir, o bien el padre
mostró algún tipo de permiso o algún tipo de necesidad especial para
hablar con un profesor y se le permitió este acceso, pero yo le digo
que hay un control ordinario de acceso a los centros escolares, pero,
en fin, si hay otras medidas en las que estén pensando pues también
sería importante conocerlas porque me llama profundamente la
atención.
Desde luego el incidente no es frecuente, yo no estoy de acuerdo,
pues de su intervención deduzco que puedan interpretar que esto es
habitual y es corriente en los centros de Melilla, no comparto esta
visión y digamos que un incidente de estas características, aunque
estos incidentes vengan relatados en la prensa, siguen siendo de una
tipología que pudiéramos decir tienen un carácter extraordinario en
la vida de los centros, no hay que tratarlo como si fuese una
situación habitual en los centros escolares de Melilla.
Le puedo decir que el director provincial (tanto los directores
provinciales como los delegados del Gobierno) está perfectamente
implicado y perfectamente al tanto de todas las manifestaciones
educativas en Melilla y han reaccionado con la suficiente celeridad.
No solamente los directores provinciales sino que también en el
Ministerio de Educación, por ser nuestro territorio de gestión,
estamos perfectamente al tanto primero de la situación social en
Ceuta y Melilla, y luego la situación escolar y cómo hay una relación
directa entre una y otra. También puedo decirle que las direcciones
escolares, con instrucciones del propio Ministerio, con trabajos del
propio Ministerio de Educación, ponen en marcha cuantas actuaciones
están en su mano para evitar este tipo de situaciones que
lamentablemente tienen carácter extraordinario, que evidentemente han
ocurrido pero que hoy por hoy tienen carácter extraordinario.
Como usted sabe, en este tipo de hechos, que comienzan con
indisciplina y que pueden derivar en actos de violencia, el
tratamiento adecuado muchas veces es la prevención, y de hecho las
actuaciones que se han puesto en marcha tienen un carácter de
reacción inmediata ante unos hechos pero también tienen un carácter
de tipo preventivo, y así lo manifiesto una vez más.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL (COUSO TAPIA), PARA INFORMAR SOBRE LOS PLANES
DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ESCOLARIZACIÓN DE INMIGRANTES, CON
ESPECIAL ATENCIÓN A LA SITUACIÓN PLANTEADA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
CEUTA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000225.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que
es la comparecencia de la misma secretaria general para explicar los
planes del Gobierno en materia de escolarización de inmigrantes, con
especial atención a la situación planteada en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra de nuevo la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Paso a exponer los temas objeto de la comparecencia.
En desarrollo de los compromisos en materia educativa para esta
legislatura, se ha propuesto desde la Secretaría General el
desarrollo de un Plan estatal de atención escolar para alumnos
inmigrantes; esto ha sido incluido en el plan de acción del Gobierno
denominado Plan Greco. El conjunto de actuaciones que deseamos llevar
a cabo en este plan estatal quisiéramos desarrollarlo a través de las
comisiones competentes de la Conferencia Sectorial. Para ello se está
trabajando, y en la preparación de este plan se viene trabajando en
la Subdirección General de Comunidades Autónomas. Concretamente,
nuestras propuestas que estuviesen contenidas en este Plan estatal de
atención educativa para alumnos inmigrantes quisiéramos que tuviesen
los siguientes contenidos: conocer con la mayor precisión posible,
con la idea de prevenir, es decir con la idea de preparar el servicio
público educativo para la llegada masiva de alumnos inmigrantes, la
idea sería conocer perfectamente cuál es la situación y efectivamente
tener capacidad de respuesta para ello.
Quisiéramos que a través de este plan estatal se pudiese conocer cuál
es la evolución del alumnado inmigrante, que conocemos en algunos
sitios, pero la idea sería poder coordinar para tener un conocimiento
directo de cómo evoluciona el alumnado inmigrante; los inmigrantes
escolarizados por curso; los alumnos inmigrantes por procedencias; el
tanto por ciento de alumnos inmigrantes por municipios y países de
procedencia; alumnos inmigrantes por nivel de enseñanza; municipios
de cada comunidad autónoma con más alumnos inmigrantes; alumnado
inmigrante por cada mil habitantes, porque también hay un tamaño de
población crítica en la cual se hace más sensible la presencia de
alumnos inmigrantes; municipios con más de dos alumnos inmigrantes
por mil habitantes; escolarización de esos inmigrantes en los países
de mayor número de inmigrantes; organización de jornadas de trabajo
para tratar estos temas; actuaciones relativas en este plan estatal a
la formación de profesores, por supuesto, ya se han dado
instrucciones para ello de tal manera que en las actuaciones de
formación estén incluidas acciones de sensibilización para tratar al
alumnado procedente de la inmigración.
En cuanto a nuestra presencia y colaboración en programas europeos,
se ha puesto de manifiesto también la idea de desarrollar al máximo
actuaciones con otros países que tengan este tipo de problemáticas
para conocer cuáles son esas iniciativas y qué tipo de medidas se
ponen en marcha, a través ya digo de la colaboración con embajadas,
porque tenemos programas de formación de profesores que se realizan
con las embajadas, o a través de los propios programas con la Unión
Europea, que serían los desarrollados en el Consejo de Europa y a
través del programa Sócrates. Actuaciones de éstas ya están muchas de
ellas en marcha; por supuesto estas actuaciones se han puesto en
marcha también en los programas de colaboración con instituciones sin
ánimo de lucro.
Se ha propuesto también la idea de que hay que elaborar materiales
didácticos específicamente orientados para motivación hacia el
aprendizaje de los alumnos inmigrantes y después programas conjuntos
de formación de profesorado especial y profesorado procedente de los
países con cifras más elevadas de alumnos inmigrantes en España, es
decir intercambio de experiencias entre profesores pero realizados
aquí en España. En fin, la finalidad de este plan sería prevenir el
impacto y la repercusión de las nuevas poblaciones de inmigrantes en
el ámbito educativo español, favorecer la escolarización y atender de
forma especializada a los alumnos inmigrantes.
Hoy día conocemos que como consecuencia de la preparación de este
plan y de las bases que se están sentando, los problemas
fundamentales devienen del desconocimiento de la lengua de acogida y
también del desconocimiento de algunas materias de tipo instrumental
para incorporarse al sistema educativo, como pudieran ser las
matemáticas, pero fundamentalmente los mayores problemas proceden del
desconocimiento de la lengua y de los rudimentos básicos o de las
habilidades o capacidades básicas que hacen a la cultura de
acogida. Hoy sabemos que los dos elementos que mayor fricción causan
en la escolarización y atención específica a alumnos inmigrantes
serían esos dos tipos de actuaciones que hay que atender de manera
especializada.
Quisiera referirme especialmente a que de este plan debemos dar
cuenta progresiva cuando se vaya desarrollando, pero quisiera
centrarme ahora en la escolarización de inmigrantes relativa a los
centros de Ceuta.
A partir del presente curso, las competencias en materia de
escolarización en toda España dependen de cada comunidad autónoma,
excepto en Ceuta y Melilla que corresponden al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. De la formulación del tema de la
comparecencia se desprende un interés en conocer específicamente la
situación de Ceuta. De todos resulta conocida la situación específica
de la ciudad de Ceuta respecto a los movimientos de población
inmigrante procedentes no sólo de Marruecos sino de otros países y de
una multiplicidad de países que complican extraordinariamente las
atenciones de escolarización, por ejemplo, Irán, Irak, Argelia,
Ghana, China, India, etcétera. De la misma forma que en aspectos
asistenciales la ciudad se ha visto desbordada, obligando a
diferentes instituciones (Delegación de Gobierno, Asamblea de la
Ciudad Autónoma e Imserso, entre otras) a adoptar medidas de
acogimiento urgentes y que están poniendo en marcha con planes de
coordinación también para atender a entradas intensivas e imprevistas
de inmigrantes, la institución escolar no resulta ajena a esta
problemática, pues la obligación de escolarizar a todo menor que se
encuentre en la ciudad, con independencia de su situación legal o
ilegal se ha cumplido, aun cuando la posibilidad de realizar una
programación rigurosa debido a las circunstancias no ha sido la
deseable; no es lo mismo lógicamente un impacto de la situación de
inmigración de manera ordenada que de una manera imprevisible, como
ocurre todos los días y a todas horas en la ciudad de Ceuta.
Las circunstancias que concurren son básicamente las siguientes: en
primer lugar, reagrupación familiar. El permiso de trabajo, aunque
sea eventual, faculta a quienes tienen familiares a su cargo a
solicitar la reagrupación familiar. La mera solicitud con la
permanencia de los menores en Ceuta obliga a su escolarización; de
esta forma, familias enteras con un importante número de miembros (6,
7 hijos) llegan a la ciudad y solicitan, casi siempre fuera de los
plazos, puesto escolar para sus hijos conforme a criterios de edad,
produciendo la natural distorsión en los centros.
Otra situación es la de los menores transfronterizos. Por otra parte,
en la ciudad se atiende igualmente a menores transfronterizos que no
pueden conceptuarse como inmigrantes, dado que sus familiares, a los
que se pretende reintegrar, viven en Marruecos. Su número oscila
entre 40 y 70 alumnos de diferentes edades. La Asamblea de la ciudad,
en uso de sus competencias en
materia de menores, los tiene acogidos en el denominado centro San
Antonio. Durante el presente curso, 32 de estos menores se han
escolarizado en el colegio público Maestro Juan Morejón, previa
dotación de tres profesores por el propio Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en concierto con Cruz Roja. De estos menores, 15
se encuentran en condiciones de asumir el próximo curso una
escolarización normal y el resto recibirán las enseñanzas
correspondientes a las garantías sociales que se establezcan en razón
de las necesidades concretas.
Otra situación es la de los inmigrantes transaharianos. Los
inmigrantes propiamente dichos son atendidos en Ceuta con carácter
temporal en el centro de estancia temporal de inmigrantes hasta que
pasan a la península con sus familiares, lo que no permite aventurar
cifras concretas. Para su escolarización se ha proporcionado a dicho
centro un profesor integrado en su propia organización y asistido en
sus tareas por los servicios de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El número de alumnos de
distintas edades suele moverse entre los 15 o los 20. Por lo demás,
otros inmigrantes que se encuentran en la ciudad, ya sea con sus
familiares ya en acogimiento previo expediente, reciben atención
dentro de los grupos ordinarios de escolarización sin que respecto de
ellos existan estadísticas, habida cuenta de que son residentes
debidamente documentados a efectos escolares.
Es necesario hacer la observación de que el proceso de escolarización
en Ceuta se ha desarrollado con arreglo a la normativa que resulta
aplicable, que el es el Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, y la
Orden Ministerial de 26 de marzo de 1997, así como las instrucciones
emanadas de la Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, en tiempo comprendido entre el 15 de abril y
el 7 de mayo, por lo que hace a solicitudes de matriculación o cambio
de centro para el curso escolar 2001-2002.
Otra situación específica es la de escuelas musulmanas o coránicas.
Entre la población musulmana de Ceuta cada vez con mayor frecuencia
se pretende que los niños en sus primeros años de escolarización
obligatoria, de 6 a 12 años, acudan a estas escuelas coránicas,
basadas en estudios religiosos y del idioma árabe. Pasados estos
años, pretenden la escolarización en nuestro sistema educativo con
importantes carencias en materias básicas, sobre todo idiomáticas, lo
que supone un problema añadido. Hasta el comienzo del curso se han
presentado 45 solicitudes, pero resulta prácticamente imposible
calcular el número de alumnos en esta situación, lo que se puede
asegurar es que afloran en número creciente.
Otra situación complicada es la de los menores acogidos. Las
carencias básicas de la población marroquí en su conjunto, obligan a
familias musulmanas de Ceuta con parientes en Marruecos a acoger a
menores
(sobrinos, nietos, primos, en fin personal de su familia que pasan a
vivir en sus domicilios). En tales supuestos, una vez que se inicia
el expediente de acogimiento por los servicios del menor dependientes
de la Asamblea, se procede a su escolarización.
A lo expuesto aquí se podría añadir la situación de menores acogidos
en otras instituciones, tales como la guardería permanente El
Príncipe o el de mujeres objeto de malos tratos en el ámbito
doméstico, supuestos que dado su pequeño número se vienen atendiendo
dentro de la matrícula ordinaria.
Lo primero que destacan todos los grupos citados hasta ahora es la
ausencia del conocimiento más elemental del castellano, cuestión que
hace ilusoria la posibilidad de su escolarización en régimen
ordinario, en mayor medida teniendo en cuenta que muchos de ellos, en
razón de su edad, deben integrarse en niveles para ellos
insuperables, últimos cursos de educación primaria y enseñanza
secundaria obligatoria. Además, la carencia de conocimientos en
materias básicas implica todavía más dificultad de atención en el
régimen ordinario, siendo no obstante, tal como queda señalado, la
cuestión idiomática el factor que más influye para conseguir una
adecuada escolarización. Por otra parte, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte está en su más favorable disposición para procurar
mejorar la escolarización de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Para
ello, precisados al máximo los problemas de estos alumnos, estoy en
condiciones de desarrollar a partir del curso 2001-2002 los
siguientes programas, habida cuenta que no todos ellos son de
aplicación a estos probables beneficiarios: potenciación de programas
destinados a favorecer la inclusión social y el arraigo de alumnos,
el más destacado es el de compensación educativa que incluye
diferentes acciones; dentro de la atención a la diversidad,
intensificación de programas que preparen para la vida adulta y
laboral mediante programas de garantía social; para jóvenes de 18 a
24 años, fracasados escolarmente y sin titulación alguna, incrementar
los programas de educación permanente; en colaboración con ONG y
entidades sin ánimos de lucro, que el Ministerio propicie y siga
desarrollando actividades encaminadas a luchar contra la exclusión
social y lograr la máxima integración. Hay que hacer constar que el
Ministerio viene desarrollando todos estos programas citados
anteriormente, y lo que se requiere es la potenciación e
intensificación de los mismos.
En lo referente a nuevas actuaciones podrían plantearse, dentro del
programa Greco, programas de inmersión lingüística para alumnos
inmigrantes; ciclos específicos de preparación para el empleo
dirigidos a jóvenes sin titulación en edades superiores a la
escolarización obligatoria desarrollados en colaboración con
empresas. Todo lo que sea vinculación y orientación al empleo, cuando
la edad lo permita y cuando los conceptos de base también lo
permitan, se ha mostrado
como prácticas extraordinariamente satisfactorias. Hay un listado de
actuaciones que se han llevado a cabo también con la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ceuta. Desde agosto de
2000, el director general de Cooperación Territorial y alta
inspección se reunió con los directores provinciales de Ceuta y
Melilla y sindicatos de la Mesa Sectorial.
En el primer trimestre del curso escolar 2000-2001, ya en el mes de
septiembre, hubo una reunión del director provincial de Ceuta con los
subdirectores generales de Acción Educativa, de Administración de
Recursos Humanos y de la Oficina Presupuestaria. Ha habido una visita
a Ceuta de la entonces subdirectora general de Formación Profesional
para tratar precisamente los temas de adultos. En el mes de
noviembre, asesores técnicos docentes de educación compensatoria
fueron a tratar allí precisamente asuntos de escolarización de
inmigrantes. En el mes de diciembre, la Mesa Sectorial se reúne de
nuevo con la presencia de estos temas sobre la mesa permanentemente.
En el segundo trimestre ha habido también grupos de trabajo de la
Mesa Sectorial sobre asuntos de Ceuta. En el mes de marzo, alumnos de
la ciudad de Ceuta, y también para promover su visión más amplia de
la exclusivamente escolar y centrada en su medio educativo, fueron
invitados a visitar Aula. En esta coordinación de viajes se trataron
también temas de escolarización de inmigrantes. Visitas de
coordinación y seguimiento por parte de asesores técnicos docentes de
la Subdirección General de relaciones con las administraciones
territoriales y de funcionamiento de la Unidad de programas y mejora
de la calidad de los centros educativos, el tema de la escolarización
de inmigrantes siempre presente en estas actuaciones. Visita también
de la Inspección Central a la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Ceuta. Después, reuniones continuas del director
provincial de Ceuta con el director general de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa; nuevas reuniones de los grupos de
trabajo de la Mesa Sectorial.
Y en este trimestre, en el mes de abril reunión del director
provincial de Ceuta con el secretario general técnico para afrontar
también temas de cómo afrontar nuevas escolarizaciones para atención
a niños inmigrantes. En el mes de mayo, jornadas de coordinación con
los centros de profesores y recursos de Ceuta y Melilla, con
asistencia de directores provinciales y varios subdirectores
generales. El 17 de mayo, reunión del Ministerio con los consejos de
dirección de Ceuta y Melilla, siempre presente también la
especificidad de la escolarización de alumnos procedentes de la
inmigración, y recientemente hemos tenido una reunión en el
Ministerio de Educación.
Hay que añadir la creación de un grupo permanente de trabajo, la
propuesta de creación de un grupo permanente de trabajo entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la dirección provincial,
surgido de una reunión
mantenida el día 18 de mayo en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. La previsión es que se cree un grupo específico de trabajo
que coordine las actuaciones llevadas a cabo en el Ministerio, que se
constituya en julio y que se reúna trimestralmente para coordinar
todas las actuaciones que se llevan a cabo en distintas unidades del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El señor PRESIDENTE: La señora Valcarce tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: La escolarización de alumnos inmigrantes
en nuestro país es sin lugar a dudas el mayor reto al que se enfrenta
el sistema educativo español y conviene no desaprovechar este reto;
sin embargo la insuficiencia, cuando no la ausencia total de medidas
que no adopta el Ministerio de Educación, pone en riesgo la
integración de la población escolar inmigrante.
Si nos referimos a la situación concreta de Ceuta, es especialmente
grave, es especialmente grave porque en Ceuta es donde se producen,
dado que además aquí es de competencia exclusiva del Ministerio de
Educación, y por eso conviene que nos centremos en los problemas que
allí se plantean. En primer lugar la propia escolarización. Es muy
grave que derechos fundamentales no se estén reconociendo y
respetando en Ceuta; y el derecho a la educación de los niños y
jóvenes no se está respetando en Ceuta.
Señora secretaria general, usted sabe muy bien que hay niños en la
calle, niños y jóvenes en edad escolar en la calle, y eso en nuestro
país no debe pasar, no debe pasar porque nacionales en situación de
inmigración legal o en la situación de sin papeles, esos niños y esos
jóvenes tienen unos derechos que deben ser respetados y no se están
garantizando en Ceuta, no se están garantizando porque en Ceuta hay
niños y jóvenes en la calle. Pero además, el abandono temprano de la
escuela es un problema gravísimo en Ceuta, un problema que usted no
desconoce, un problema que no desconoce porque lo recoge la propia
documentación del Ministerio de Educación.
El Sistema estatal de indicadores de la educación dice que Ceuta
tiene la menor esperanza de permanencia previsible en el sistema
escolar y que cerca del 30 por ciento de los jóvenes entre 14 y 16
años no están escolarizados, y entre los 14 y los 16 es una edad de
educación obligatoria en nuestro país. ¿Cuáles son las razones?
Evidentemente hay una razón que es muy grave porque es de su
exclusiva responsabilidad, y es ser capaces de ofrecer un puesto
escolar a estos niños y a estos jóvenes, porque el problema que se
está planteando en Ceuta es que faltan plazas escolares, y el
Ministerio de Educación lo sabe, no hay plazas escolares suficientes,
luego veremos además que las que hay no son adecuadas para hacer
frente a los problemas de escolarización de la población de Ceuta.
Hay una segunda cuestión, además de la falta de escolarización que es
gravísima, el segundo problema es que la red de centros escolares
sostenida con fondos públicos no responde de manera equitativa y
justa a las demandas de escolarización. Usted sabe que la inmensa
mayoría de la población inmigrante escolarizada, y estamos hablando,
según el Sistema estatal de indicadores de la educación, en
porcentajes superiores al 90 por ciento, están sólo única y
exclusivamente escolarizados en los centros públicos y no así en los
centros concertados, y éste es un problema muy serio y muy grave
porque en Ceuta ya es una realidad que los centros sostenidos con
fondos públicos no escolarizan por igual a toda la población, se
produce una selección gravísima, una selección en la cual los alumnos
inmigrantes que tienen mayores carencias socioeducativas sólo están
siendo atendidos por la red pública, por los centros públicos, por la
escuela pública, y no así por la escuela concertada, con las
consecuencias que esto tiene. ¿Qué consecuencias tiene?
Indudablemente, tres.
La primera. Usted ha hecho referencia anteriormente al ámbito
europeo, al modelo europeo, y usted, señora secretaria general, no
desconoce cuál es esa primera consecuencia, es lo que en Europa se
llama la creación de escuelas negras. Esas escuelas son fruto y brote
de racismo, de fracaso escolar y de violencia, y esas escuelas, que
ya la experiencia la tenemos desde los últimos 20 años en Europa, es
lo que está sucediendo en Ceuta, y está sucediendo ante la pasividad
del Ministerio de Educación, ante su absoluta pasividad. Estas
escuelas son sólo escuelas públicas, única y exclusivamente escuelas
en la que buena parte de ciudadanos huye de las mismas. ¿Por qué?
Mire, ratio alumno por aula en Ceuta, según el sistema estatal de
indicadores de la educación 2000, publicado por el Ministerio de
Educación, está 8 puntos en infantil y en formación profesional por
encima de la media nacional; 3 puntos por encima de la media nacional
en educación secundaria obligatoria. Ratio alumnos por profesor, en
el caso de Ceuta 13 puntos por encima de la media nacional. ¿Esto qué
significa? Masificación en los centros públicos de Ceuta, pero es que
además es en Ceuta donde se producen los mayores niveles de fracaso
escolar de España. Según los mismos datos del sistema estatal de los
indicadores de la educación es donde la tasa de idoneidad en España
es la menor, es decir donde hay un mayor número de repetidores, está
nada menos que 15 puntos por encima de la media nacional, es donde
hay el mayor nivel de fracaso escolar de España, en Ceuta es donde se
produce una mayor tasa de abandono de estudios. Ceuta tiene, por
tanto, el triste honor de encabezar todos los rankings negativos de
los indicadores de la educación en España, y esto va unido,
masificación y fracaso va unido a violencia, de la cual usted hoy no
ha hecho ninguna referencia, y también es una triste consecuencia que
es de libro y que la experiencia de los últimos 20 años de otros países
europeos nos advierten: la concentración de los niños y jóvenes
en situación socioeducativa desfavorecida no sólo genera situaciones
de segregación escolar y social, no sólo produce más fracaso escolar
sino que además produce más violencia escolar.
Señora secretaria general, en Ceuta, en los cinco institutos, los
únicos que hay en la ciudad, con centros que tienen más de 1.000
alumnos cada uno, en estos cinco institutos y en lo que va de curso
escolar se han abierto 3.500 partes disciplinarios, esto supone que
el 20 por ciento de los jóvenes entre 14 y 16 años se han visto
involucrados en algún problema o conflicto escolar, algún problema de
violencia escolar. Esto ha merecido el siguiente comentario por parte
del Defensor del Pueblo: No es aceptable la situación escolar de
Ceuta. Sin embargo, usted hoy no ha puesto sobre la mesa ningún plan
de actuación ante una situación que para nosotros es gravísima.
Nosotros, señora secretaria general, le proponemos lo siguiente: no
es posible ya mirar hacia otro lado, no es posible ignorar lo que
está sucediendo en la ciudad de Ceuta, es necesario tomar medidas,
unas medidas que tienen que ser un plan de actuación urgente, un plan
de actuación urgente que tiene que atacar los problemas de fondo, y
el primer problema es la escolarización y la masificación. El primer
problema que hay que resolver es garantizar un puesto educativo a
todos los niños y jóvenes que viven y residen en Ceuta. Para ello,
señora secretaria general, es absolutamente imprescindible afrontar
una política urgente de construcciones escolares en Ceuta y Melilla.
Nosotros le proponemos en dos años la construcción en estas dos
ciudades de cinco centros educativos nuevos, con la dotación de
profesorado que ello implica. Nosotros creemos que en estos dos años
hay que hacer además una inversión, como plan de choque
imprescindible, de 2.500 millones de pesetas en acciones educativas y
socioeducativas.
La creación de nuevos puestos escolares con estas construcciones y a
la dotación de las correspondientes plantillas, sin embargo, creemos
que es absolutamente imprescindible complementarlo con el
reforzamiento de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica, es necesario dotarlos con profesores técnicos de
servicios a la comunidad, porque en esas acciones socioeducativas es
absolutamente imprescindible que se incorporen trabajadores sociales
y mediadores juveniles para prevenir y resolver las situaciones de
violencia que se están produciendo. Pero además es absolutamente
imprescindible que se pongan en marcha acciones educativas
específicas de acogimiento de los niños y jóvenes inmigrantes, pero
también con la creación de aulas temporales de adaptación
lingüística. Es absolutamente imprescindible que se pongan en marcha
programas de garantía social para la integración de los jóvenes
inmigrantes.
Si no aprovechamos ya este momento, la situación se agravará, y desde
luego usted no ha hecho referencia a una medida que sí han tomado y
que también la experiencia
europea nos aconseja no seguirla. Usted se ha referido a los jóvenes
acogidos porque no disponen de familia, y ustedes han preferido una
escolarización separada, una escolarización sólo en el turno de tarde
y separada. Esa experiencia usted sabe que no ha dado ningún
resultado, usted sabe que esa experiencia no resuelve los problemas
de estos jóvenes y es una experiencia que ya le anunciamos estaría
fracasada. En la pasada semana los hechos que se han producido, con
la movilización de profesores y padres en la ciudad de Ceuta,
desgraciadamente nos ha dado la razón.
La separación de los niños, la separación de los jóvenes no resuelve
ningún problema, la segregación escolar no resuelve ningún problema,
al contrario agrava todos, por eso nosotros además le exigimos que
rectifique medidas equivocadas y que, por el contrario, ponga en
marcha un plan integral en cooperación con la ciudad de Ceuta, un
plan que debe complementar medidas sociales con las medidas
estrictamente educativas, pero también una cosa es evidente, si
ustedes no resuelven el gravísimo problema de escolarización, de
masificación, de fracaso y de violencia en la ciudad de Ceuta, la
convivencia en la ciudad será imposible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Voy a pedir de la benevolencia de la
Presidencia que mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, se sitúe en dos estadios. Creí que venía aquí para una
comparecencia sobre la escolarización de inmigrantes. Sin embargo, me
he encontrado con una comparecencia, por parte en este caso del grupo
proponente, no solamente sobre la escolarización de los inmigrantes,
sino sobre todo el desarrollo global de la educación en Ceuta. Por lo
tanto, voy a hacer referencia a ambas cosas, fundamentalmente por dos
motivos: porque soy diputado por aquella ciudad y porque creo que
conozco bastante mejor la realidad que algunos de los que pueden
hablar sobre este tema.
Empezaré por la última parte y al final me centraré en lo que es
estrictamente la escolarización de los inmigrantes. Voy a leer un
documento que he preparado con sumo cuidado, y espero que nadie se
asuste de su crudeza. Relataré la realidad, no hay partidismo en él,
y nos enteraremos todos, espero, de una vez por todas de la realidad
tan complicada que tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta con respecto a
la inmigración.
Empezaré diciendo que en esta Comisión, o casi ya en este Parlamento,
va a empezar a ser necesario que cada vez que uno de los
intervinientes o parlamentarios utilicen la palabra se emplee o el
juramento o la promesa de decir la verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad, porque entiendo, señor presidente, que aquí estamos
para intentar solucionar problemas y no para contar historias que no
se ajustan en absoluto a la realidad.
Me ha dado la sensación, en algún momento de la intervención del
Grupo Socialista, que el Partido Popular llevaba gobernando veinte
años. Sobre centros educativos en Ceuta voy a ser muy explícito. En
los últimos cinco años, que son los que el Gobierno Popular ha tenido
la responsabilidad en este país, se han ampliado cuatro colegios de
educación primaria, duplicando la capacidad de alumnado; se ha
inaugurado un instituto, se han ampliado dos institutos más,
prácticamente duplicando su capacidad, y además hay en proyecto la
construcción de dos nuevos institutos. Creo que esto puede de alguna
manera ilustrar a aquellos que no lo hicieron en su momento.
Debo decir que el desconocimiento no es buen consejero a la hora de
describir un problema o una realidad. La educación en Ceuta, que
efectivamente depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
creo que ha acometido la problemática, y permítaseme la expresión,
como harían los que en su caso actúan en las plazas de toros
portuguesas, por los cuernos, se ha cogido la situación, realmente
después de una etapa muy desgraciada para nosotros, por los cuernos y
se intenta de alguna manera acotar toda esta problemática, que sí
existe, pero no en el grado de gravedad que se ha venido a plantear
aquí, porque, desde nuestro de punto de vista, la exageración, por no
denominarlo de otra forma, lo que hace es desvirtuar una realidad
social, una realidad educativa y una realidad de inmigración.
Tengo que decir que, después de haber oído en la intervención
anterior cuál es la pretensión -así lo he entendido o se ha
desprendido de una sugerencia del Grupo Socialista-, a partir de que
ellos lleguen a gobernar, que creo que será dentro de bastante
tiempo, nos encontraremos con arcos de seguridad o con guardias
jurados armados para un control más exhaustivo de lo que es la
entrada a los colegios, cosa que me parece una barbaridad, pero eso
se ha desprendido, para tener bastante más cerrado un centro que debe
ser de libre acceso prácticamente a padres, alumnos y profesores. Al
parecer, la pérdida de nervios de alguna persona puede conllevar a
tener esto en las puertas o en los centros escolares. No voy a entrar
más en este tema porque creo que con lo que acabo de decir sobre la
ampliación de plazas escolares y de profesorado es suficiente para
desmentir algo que ha quedado en el 'Diario de Sesiones' y que la
realidad, no mis palabras, desmiente.
Voy a pasar a leer ese documento, que espero se interprete de una
forma correcta, para que no solamente en base a informaciones
periodísticas o partidistas se conozca una realidad sobre la
inmigración y sobre la escolarización de la inmigración, porque aquí,
al parecer, también se pretende que un Estado pueda incluso llegar a
tutelar a inmigrantes sin tener la posibilidad de hacerlo, pudiendo
llegar a tener el Estado la condición de secuestrador si la denuncia
viene de otro Estado. Al parecer las leyes no se conocen lo
suficientemente para poder hacer este tipo de afirmaciones.
Diariamente a la Ciudad de Ceuta acceden 30.000 ciudadanos marroquíes
procedentes de las poblaciones cercanas, fundamentalmente de la
provincia de Tetuán, de Castillejos, de todo lo que rodea a la
ciudad, ya que no se les exige visado porque hay un acuerdo de
cooperación vigente y de amistad entre el Reino de Marruecos y el
Reino de España.
Por cierto, la secretaria general ha manifestado que la inmigración
es diversa. A los países que ella ha manifestado -Irán, Irak,
Argelia, Ghana, China, India-, añadiría Pakistán, Kurdistán, o mejor
dicho, kurdos en este caso, Sierra Leona, Liberia, Congo, etcétera,
etcétera, etcétera. Estamos hablando de otro tipo de inmigración; de
una inmigración que está recogida en un centro de estancia temporal,
cuyo destino final es la península, con sus puestos de trabajo, con
lo cual hay una atención específica para los niños que pudieran
llegar con ellos. Estamos hablando de los inmigrantes, de los en
algún momento mal llamados inmigrantes que acceden a la ciudad de
Ceuta, fundamentalmente de Marruecos, de nuestro país vecino.
Muchos de los menores de esta nacionalidad acompañan a sus familiares
para realizar compras de productos que luego venden en Marruecos y
visitan a parientes en Ceuta para comerciar. En algunos casos, estos
menores se separan de sus familias y deambulan por la ciudad,
ejerciendo la mendicidad, practicando pequeños hurtos, rebuscando
objetos en los contenedores de basura, y luego se reúnen con su
familia o vuelven solos a sus localidades de origen, dada la
proximidad existente. Para quien lo quiera entender debo decir que no
existe una sola posibilidad de retener a estos niños, porque la Ley
del Menor aprobada en este Parlamento entre otras cosas lo impide.
Otros menores, cuyo número es difícil de cuantificar dada la gran
frecuencia de sus entradas y salidas de Ceuta, acceden ilegalmente a
la ciudad donde suelen permanecer varios días buscando generalmente
oportunidades para pasar clandestinamente a la península, dedicándose
muchos de ellos a actividades ilícitas. La realidad está ahí y yo
espero que se interpreten bien mis palabras. Se trata de un colectivo
altamente conflictivo porque no han tenido nunca una oportunidad.
Estamos hablando de menores que desgraciadamente han llegado al
ámbito de la delincuencia como consecuencia de vivir en un país que
no les ha dado la oportunidad de poder acceder a una educación o
estar en el entorno de una familia normal, por decirlo de alguna
forma.
De estos colectivos, 32 niños han sido en este caso tutelados por la
ciudad autónoma y por el propio Ministerio, siendo atendidos en la
educación necesaria para que además tengan un futuro; 15 de ellos van
a pasar al próximo ciclo formativo, que eso es importante decirlo.
Muchos menores no logran pasar a la península, que es su objetivo.
Estos menores conocen equipos españoles como el Deportivo o como el
BarÁa, ya que la imagen de las televisiones europeas entra en sus
casas, en
los cafetines, y creen que llegar aquí significa estar en el paraíso;
desgraciadamente, ni una cosa ni la otra. Cuando no consiguen llegar
a la península suelen regresar a Marruecos y algún tiempo después
vuelven a Ceuta.
La falta de presencia continuada en la ciudad y el conocimiento que
se tiene de la existencia de la familia de estos menores, así como
algún testimonio que indica en ocasiones que son los propios padres
los que envían a los menores a Ceuta para sacar algún dinero y luego
regresar a sus domicilios, hace muy difícil, en puridad legal,
considerarlos en situación de desamparo, y por lo tanto de
acogimiento, tanto por parte de las autoridades nacionales como por
parte de las autoridades locales.
Por las circunstancias descritas anteriormente, existe una diferencia
sustancial entre estos menores no acompañados de nacionalidad
marroquí en Ceuta y los menores extranjeros no acompañados que
pudieran encontrarse en las ciudades peninsulares, al carecer de los
referentes familiares, la proximidad geográfica de Ceuta y Marruecos
y la facilidad de acceso y regreso rápido ya expresados
anteriormente.
Al propio tiempo, no parece existir en estos menores ningún deseo de
permanecer en la ciudad de manera definitiva, y mucho menos tutelados
por los servicios sociales, Ceuta es para ellos un objetivo de unos
días o puerta de acceso a la península, siendo casi imposible la
práctica del acogimiento y tutela efectiva de los mismos porque
incumpliríamos la ley. Marruecos podría llegar a denunciar al Estado
español de secuestro por atender a estos niños o acogerlos
simplemente, por lo cual tienen que estar en absoluta libertad.
Bastante se preocupan las autoridades para convencer en un sentido
o en otro que estos niños, sin que se consideren de ninguna forma
retenidos, accedan a este tipo de aulas de las que se ha hablado
anteriormente.
No obstante lo anterior, a fin de procurar su inserción social y
atención a su protección, la Ciudad Autónoma de Ceuta, que tiene
transferidas las competencias en esta materia en virtud del Real
Decreto 30/1999, de 15 de enero, habilitó una antigua residencia
militar, como ha dicho la secretaria general, conocida actualmente
como centro San Antonio. En él se alojan unos 70 menores, no
tratándose siempre de los mismos. Da la sensación de que todo el
mundo conoce aquí la realidad de Ceuta, cuando en realidad son muy
pocas personas. Yo llevo aquí desde 1993 y cada vez oigo versiones
distintas.
De los 70 menores de que estamos hablando, 30 se encuentran en el
centro con carácter permanente y han sido escolarizados porque se
sabe que no tienen posibilidades de reinserción familiar en este
caso, o de acogimiento familiar, o de reagrupación familiar, ya que
se hace de forma distinta, no desde Marruecos hacia España sino desde
España hacia Marruecos, que es donde tienen que acabar con sus
familiares.
Todo esto es como consecuencia de que no puede restringirse la
libertad a estos menores. Lo estoy repitiendo permanentemente para
ver si de una vez alguien se entera y empieza a describir la realidad
tal y como es, no tal y como le cuentan que es, o tal y como se
insiste porque el criterio político puede llegar a desgastar a un
gobierno o, en este caso, a un ministerio en concreto.
Las condiciones del centro San Antonio, anteriormente nombrado -el
anterior gobierno de la ciudad era del grupo GIL-, eran absolutamente
increíbles: falta de salubridad, hacinamiento e higiene mediocres,
por no decir algo más, y sólo era aceptable la manutención de estos
niños. ¿Saben por qué solamente era aceptable? Porque colabora otro
estamento de nuestra sociedad, el Ministerio de Defensa. El
Ministerio de Defensa es el que se encarga diariamente de atenderles
en su manutención, respetando incluso, como no podía ser de otra
forma, las religiones, aportando comidas que no les hacen, entre
comillas, pecar en aquellas costumbres religiosas que tienen.
El actual gobierno de la ciudad ha dispuesto con carácter de urgencia
una importante mejora de las instalaciones, la contratación de
personal cualificado y experto en atención a los menores, pidiendo
como segundo idioma el árabe -que se sepa porque ha sido denunciado
desde las filas del Partido Socialista en la Ciudad de Ceuta- a estas
personas que les van a atender. También debo dcir que se está
ampliando un programa educativo y de funcionamiento interno con
acuerdos entre la ciudad y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Voy a decir algo más. Cuando se habla de la integración, cuando se
habla de niños que van a una escuela, cuando se ponen como ejemplos
Francia o Bélgica, se nos está olvidando, y en esto voy a ser amable,
seguramente por descuido, que la lengua materna que conocen estos
niños inmigrantes es el árabe, el marroquí, el argelino o el que sea.
La segunda que manejan perfectamente es el francés, que además es la
lengua en este caso de los países de acogida. El español no lo
conocen.
Con esto creo que he intentado de alguna manera dejar un poco más
claro cuál es la realidad de Ceuta para que así no haya más
confusiones ni más morbo, que es lo que se crea con ciertas
afirmaciones que se oyen en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: La señora secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): En respuesta a los planteamientos de la señora
Valcarce, tengo que decir lo siguiente. El relato de las situaciones
que acaba de describir el diputado que ha hecho uso de la palabra
ponen de manifiesto una realidad
social específicamente compleja en la ciudad de Ceuta. Los
servicios públicos tienen que estar preparados para ello, pero con
unas características de urgencia que complican extraordinariamente el
escenario. No obstante, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, conjuntamente con su dirección provincial, ha puesto en
marcha actuaciones importantes.
Fíjense que en mi anterior intervención he puesto de manifiesto, y
así ha corroborado también el diputado que ha hecho uso de la
palabra, que al menos hay cinco situaciones diferenciadas en las
cuales se pueden englobar a estos niños que usted ha mencionado en su
intervención. Estas cinco situaciones específicas exigen centros
específicos, como ya se ha mencionado también, y además una atención
social y educativa directa específica que se viene manteniendo.
Quisiera decirle que lo mejor es responder con hechos que demuestren
las actuaciones que se están llevando a cabo. Consideramos
extraordinariamente importante que los servicios de educación tengan
una dotación adecuada, y así se ha hecho. Fíjese que para este curso
se ha llevado a cabo un aumento de las plantillas de un 10 por ciento
(todo ello, como comprenderá, orientado a atender adecuadamente a
todos estos niños en estas complejas situaciones que hemos
manifestado), distribuido en todos los niveles adecuados.
En cuanto al tratamiento de la red que usted decía, lo mejor es
también responder con hechos y demostrar las actuaciones que para la
reordenación y mejora de la red de los centros públicos docentes se
han llevado a cabo, se están ejecutando en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Es importante que las actuaciones educativas
correspondientes se puedan demostrar y se puedan manifestar con
hechos. Por ejemplo, actuaciones en educación infantil, primaria y
especial. En Ceuta en la educación infantil y primaria se han creado
16 unidades, que suponen un aumento de 21 puestos en plantilla, se
trata de regularizar la escolarización y mejorar las ratios. Teniendo
en cuenta los apoyos de compensatoria, todos los centros tienen al
menos lo que solicitan los sindicatos. En educación especial, aumento
de cuatro puestos de pedagogía terapéutica para mejorar la atención a
los alumnos con necesidades educativas especiales.
Vamos a ver ahora el primer ciclo de la educación secundaria
obligatoria. En seis colegios públicos se dejan de impartir
enseñanzas de primer ciclo, pero vamos a ver lo que ocurre en otros
ciclos. En institutos de educación secundaria se crean 30 puestos de
primer ciclo de educación secundaria obligatoria en tres institutos.
En educación especial se crean dos puestos de pedagogía terapéutica.
Es decir, aquí, no solamente hay que prever lo que es la atención a
las materias específicas del curriculo escolar, sino todos los apoyos
posibles que pueda tener esta actuación educativa. Los profesores de
pedagogía terapéutica y todos los profesoresde compensatoria
evidentemente son un apoyo extraordinario
para la atención y la escolarización de estos niños. Estos dos
puestos de trabajo han sido en los IES Almina y Siete Colinas.
En cuanto a la evolución de la plantilla de educación compensatoria,
en el curso 1997-1998 era de 18 cupos; en el curso 2000-2001 la
plantilla es de 42, y hay una previsión en el curso 2001-2002 de que
la plantilla sea de 50.
Respecto a la incorporación a la plantilla de los centros del
profesorado de compensatoria, hay que tener en cuenta que la
adscripción fija y definitiva del profesorado a la plantilla de los
centros impediría la flexibilidad en la respuesta educativa y el
seguimiento puntual de las actuaciones de carácter transitorio, que
son las más acuciantes y perentorias, como se deriva de la exposición
de las cinco características o grupos en los cuales se puede
inscribir a los niños que usted ha descrito en su intervención.
Otro tipo de actuaciones en centros de educación secundaria. Para el
curso 2001-2002, el departamento, teniendo en cuenta las necesidades
de escolarización y con el fin de obtener una mejora en la ratio
grupo/profesor, ha aumentado la plantilla orgánica en los institutos
de educación secundaria en Ceuta con la siguiente distribución: En
total se crean 3 plazas para profesores de educación secundaria de
formación profesional, 2 del grupo A y 1 del grupo B. Plantillas de
equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de equipos de
atención temprana. Como he dicho antes, todo lo que sea acompañar a
la atención específica en las materias del curriculo escolar es
extraordinariamente positivo en estas circunstancias. Los hechos
demuestran que en Ceuta se aumentan 3 puestos en la plantilla de
profesores de secundaria en los equipos, pasando de 5 a 8. En
programas de garantía social, para el curso 2001-2002 se aumentan 2
profesores técnicos de formación profesional en Ceuta. Las plantillas
de las escuelas oficiales de idiomas se aumentarán 3 plazas en los
tres idiomas correspondientes: inglés, francés y árabe. La atención
específica al árabe está orientada precisamente a una mejor
escolarización y preparación del futuro profesorado para atender a
estos alumnos.
Respecto a las obras que usted mencionaba, está previsto, en cuanto a
construcciones nuevas, un centro de educación especial para el año
2002 y un instituto para el año 2003. Y en cuanto a ampliación y
reparaciones, que supone una atención específica mejor a todos estos
niños en estas circunstancias complicadas, se han llevado a cabo
estas obras de ampliación en diez centros públicos. En lo que se
refiere a otras medidas de actuación, en el estrecho marco que
permite la legislación educativa vigente para atender estas
situaciones nuevas que se han producido en la sociedad, y por tanto
en la situación escolar, se ha puesto en marcha una actuación de
importante impacto que son las aulas de adecuación curricular y
atención a la diversidad.
Para dar una respuesta educativa adecuada a estos alumnos en
situaciones complicadas, la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación de Ceuta ha diseñado una medida extraordinaria, las aulas
de adecuación curricular. Con ellas se pretende ofrecer unas
experiencias educativas más acordes con sus intereses y necesidades
con el fin de remediar esta situación de abandono, de la marcha
escolar. Estas unidades pretenden ser una medida de promoción
educativa para los alumnos, que sin ella difícilmente podrían
continuar su proceso educativo. Por lo tanto, esta medida se ubica
dentro del marco de la compensación de desigualdades ante la
educación. Muchas de estas desigualdades tienen su origen en factores
socioeconómicos, familiares y culturales, otras veces están
relacionadas con experiencias negativas del alumnado ante una escuela
alejada de los intereses y necesidades de los alumnos.
La integración de todos los alumnos en una etapa obligatoria no
consiste en dar la misma respuesta a todo el alumnado, sino en buscar
las mejores soluciones para cada necesidad en el marco más
normalizado posible. Para poder incorporarse a estas aulas, los
alumnos del segundo ciclo de educación secundaria obligatoria tienen
que responder a un conjunto de características, o bien derivadas de
su historia escolar, como que sean alumnos que valoren negativamente
el marco escolar; que presenten serias dificultades de adaptación al
entorno escolar; que acumulen un retraso escolar que haga muy difícil
su desarrollo educativo en un grupo ordinario con alumnos de su edad
cronológica; que manifiesten deficiencias en la convivencia y serios
problemas de conducta en el ámbito escolar; o que tengan otro tipo de
problemas relacionados con la motivación o la adaptación al aula, por
ejemplo que sólo busquen en las actividades resultados inmediatos y
aplicables, alumnos que rechazan actividades escolares habituales
y que se sienten mucho más atraídos por lo que son actividades
eminentemente prácticas, tipo taller, en las que se percibe de forma
inmediata un producto tangible. Se trata, por tanto, de adaptarse al
estilo de aprendizaje del alumno.
Otros alumnos que pueden acceder a estas adaptaciones de tipo
curricular, estas aulas específicas, serían a través de niveles de
identificación; que garanticen que el alumno pueda identificarse al
final con el sistema educativo que tiene que acogerle; se trata de
que se valore positivamente el aprendizaje, por ejemplo, de un oficio
para un futuro y que puedan integrarse a través de él cuanto antes en
el mundo laboral.
Al disponer de un 50 por ciento del horario dedicado al ámbito
práctico (taller), es importante que se perciba en el alumno una
especial inclinación en este ámbito del desarrollo de su vida
escolar, es decir, a través de los talleres procurar una inserción
más adaptada al propio alumno hacia el sistema educativo o hacia la
vida laboral. También se pretende desde estas aulas tener
una mayor relación con las familias, con sus padres o con
representantes legales, en el caso de que estuvieran presentes en la
ciudad. Después se pretende también desde estas aulas realizar una
información continua del proceso de aprendizaje de los alumnos hacia
sus familias. Se trata de un conjunto de actuaciones, además de otras
propuestas de convenio con la Ciudad de Ceuta desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para hacer frente a esta escolarización
específica de niños transfronterizos agrupables en estos grupos que
antes hemos mencionado.
Resumiría el asunto poniendo de manifiesto la preocupación evidente
por una situación; pero esta preocupación no se manifiesta en mirar a
estos grupos de alumnos y a estas 30.000 personas que acuden
diariamente a la ciudad de Ceuta (al final muchas de estas 30.000
personas evidentemente son alumnos potenciales que vamos a tener en
el sistema educativo), sino que se trata de una serie de actuaciones,
hechos, como le he demostrado, que se han puesto en marcha en estos
últimos años, fundamentalmente en este curso pasado. Están previstas
también para el curso que viene medidas de refuerzo en todas las
posibilidades estrechas que permite el marco legal vigente.
Usted habla de que las propuestas que se hacen, o las medidas, son
insuficientes y que han fracasado. Lo que está fracasado, o más bien
diríamos que se puede considerar obsoleto en el sistema educativo, es
una legislación que no permite una escolarización distinta que no sea
por edades. Lógicamente, el sistema educativo y su legislación
vigente no están preparados para problemas nuevos que han ido
surgiendo en la sociedad y que muestran su máximo impacto en ciudades
como la de Ceuta. Hay que flexibilizar el sistema educativo, hay que
flexibilizar la legislación para que se puedan prever precisamente
fórmulas de escolarización para estos niños antes de su inclusión en
el sistema educativo. Si no es así, toda actuación escolar posterior
se verá como un fracaso, será imposible ser permeables con unos niños
que desconocen lo más elemental, que es la lengua, la cultura de
acogida, y algunos conocimientos rudimentarios de aquellas materias o
aquellas áreas o conocimientos previos para desempeñar un futuro
trabajo, será imposible hacer en un sistema educativo que,
lógicamente, no ha podido prever, porque son problemas nuevos que han
ido surgiendo en la sociedad, el extraordinario impacto que tiene la
inmigración en nuestra sociedad.
Se puede considerar fracasado, pero yo prefiero considerarlo
obsoleto, un sistema educativo cuya legislación no permite, una vez
que los alumnos están ya en el sistema educativo -lo de antes es
previo al sistema educativo- atender a los alumnos en sus diferentes
motivaciones y en sus diferentes estímulos.
La legislación prevé actualmente unos márgenes muy estrechos, pero se
están aprovechando en tanto no se formulan los cambios, que es
necesario hacer para
adecuar el sistema educativo a la nueva situación social. Se está
aprovechando al máximo toda la posibilidad que ofrece la legislación
y se están ideando fórmulas de escolarización y de atención social,
juntamente con todos los servicios que provee la Ciudad de Ceuta, en
colaboración estrecha con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, Dirección Provincial y las instituciones de Ceuta.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, al amparo del artículo
203 y por las afirmaciones que el portavoz del Grupo Popular ha
vertido sobre mi grupo parlamentario, le pido un tiempo de minuto,
minuto y medio.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Nosotros queremos rechazar enérgicamente
las imputaciones que aquí ha hecho el portavoz del Grupo Popular. En
ningún momento hemos hecho propuestas. Seguramente están más en su
mente y en sus objetivos y los quiere colocar a los demás. Desde
luego, ni arcos de seguridad ni medidas extraordinarias, de ninguna
de las maneras. Eso seguramente está en su mente y no en la de los
demás.
Ha hablado del pasado. La etapa del Gobierno socialista de 14 años ha
sido muy positiva para la ciudad de Ceuta. Yo sólo le quiero dar un
dato, y es desde la OCDE se ha llamado la atención a este Gobierno
porque ha quebrado las inversiones en educación en España,
especialmente donde tenía mayores responsabilidades, en Ceuta y en
Melilla, y de allí vienen muchos de los problemas.
Se ha referido al tratamiento de los niños y jóvenes en Ceuta. Son
niños y jóvenes sin papeles, pero tienen derechos. Sobre lo que ha
dicho aquí el portavoz del Grupo Popular, él tendrá papeles pero
desde luego es un indocumentado.
El señor PRESIDENTE: Señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: No esperaba otra respuesta, es el estilo
habitual de la portavoz del Grupo Socialista. Debo decir que mantengo
todo lo que he dicho porque me he ajustado estrictamente a la
realidad. Si eso duele, lamento profundamente que esa realidad no
quiera ser vista por aquellos que tienen bastante responsabilidad en
lo que hoy estamos sufriendo todos los españoles, y en concreto
ceutíes y melillenses, por qué no decirlo.
Debo decir que si para el Grupo Socialista las inversiones que se
realizaron en Ceuta consistieron en un plan de dotaciones básicas
(sin encomendarse a Dios ni al diablo fue la entrega de 5.800
nacionalidades a personas que no acreditaron en ningún momento su
estancia en España, en la ciudad de Ceuta), de aquellos polvos,
vienen estos lodos.
PREGUNTA:
- DE LA SEÑORA MARZAL MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE DECISIÓN DEL PATRONATO DEL MUSEO DEL PRADO DE LEVANTAR EL
DEPÓSITO DE LOS FONDOS DE SU PROPIEDAD EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE
MURCIA. (Número de expediente 181/000861.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día, pregunta
que formula doña Amparo Rita Marzal Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, ¿es cierto que
el Patronato del Museo del Prado ha ordenado el levantamiento de los
fondos de su propiedad en el Museo de Bellas Artes de Murcia? ¿Por
qué razón y dónde se van a instalar dichos fondos?
El señor PRESIDENTE: Doy la bienvenida al secretario de Estado de
Cultura, que tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado):
Intentaré contestar lo mejor que sepa y pueda a la pregunta de doña
Amparo Marzal.
En efecto, el Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en su
sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2000, determinó
solicitar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la
elaboración de la orden ministerial pertinente para el levantamiento
definitivo del depósito de todas las obras pertenecientes a la
colección estable del Museo del Prado y que estuvieran depositadas en
el Museo de Murcia. El traslado de esta orden ministerial lleva fecha
de 25 de enero de 2001.
La razón de ese levantamiento de depósito no es otra que las obras de
remodelación de la sección de bellas artes del Museo de Murcia. En
mayo de 2000, la dirección del Museo de Murcia solicitó permiso al
director del Museo del Prado para trasladar las obras depositadas
a un edificio situado en la calle Sierra Espuña de la ciudad de Murcia.
Posteriormente, en el mes de julio, siempre del año 2000, el Museo de
Murcia comunicó que, para velar por una mejor conservación de las
piezas, las obras iban a ser trasladadas a las dependencias de la
Policía Nacional en el término municipal de Sangonera la Verde, a 12
kilómetros de la ciudad de Murcia, y donde ya se encontraba la
colección de bellas artes del museo murciano.
Ante esa comunicación, la dirección del Museo del Prado decidió
enviar a uno de los técnicos de su plantilla a Sangonera la Verde con
el objeto de comprobar las condiciones del edificio: espacios,
control de temperatura y humedad, condiciones de seguridad y
cualesquiera otras circunstancias que pudieran afectar a la
conservación idónea de las obras depositadas.
Realizadas esas comprobaciones, ese mismo técnico del Museo del Prado
supervisó personalmente el traslado de todas las obras, a excepción
de tres, que por su gran tamaño hubieron de ser alojadas en el centro
de conservación y restauración de la región de Murcia. El resto ha
permanecido en el citado cuartel de la Policía Nacional, aislado de
las otras dependencias del edificio por una puerta metálica.
Más tarde, y a la vista de diferentes informes, la dirección del
Prado consideró que el cuartel de la Policía Nacional de Sangonera la
Verde, apto para una estancia breve, no era el lugar idóneo para la
permanencia prolongada de obras de arte adscritas al Museo Nacional
del Prado. Así, el 14 de diciembre de 2000, el Real Patronato del
museo informa favorablemente el levantamiento definitivo del depósito
y solicita del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la orden
ministerial que he mencionado al principio de estas palabras.
Tras varias conversaciones con el Museo de Murcia, hemos previsto que
las obras de arte aún depositadas ahí sean recogidas en fecha
inminente. Cuando lleguen a Madrid, las obras serán almacenadas: las
que correspondan cronológicamente al siglo XIX, que son la mayor
parte, permanecerán en los espacios cedidos al Museo del Prado por el
Museo Nacional de Antropología en su sede de la calle Juan de Herrera
de Madrid; las correspondientes a siglos anteriores se almacenarán en
el propio Museo del Prado. No obstante, y dado su estado general de
conservación, que no es el óptimo, muchas de ellas habrán de ser
restauradas.
Concluidas las obras de remodelación del Museo de Murcia, obras de
todo punto imprescindibles, especialmente en materia de
climatización, el Museo del Prado estará plenamente abierto a
estudiar la solicitud de un nuevo depósito en Murcia. Por lo demás,
me consta que la comunicación entre el Museo del Prado y el Museo de
Murcia es fluida y constante.
El señor PRESIDENTE: La señora Marzal tiene la palabra.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, le agradezco
mucho su información, que sin duda ha sido prolija, pero creo que, a
pesar de todo, ha sido usted económico con la verdad, es decir, no me
la ha facilitado toda. Dice usted mucho, y dice usted verdad, pero no
del todo, no completa.
El consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia ya
confirmó en su día el levantamiento del depósito, tal y como usted me
lo acaba de confirmar. La versión que él dio era que se trataba de un
trámite de carácter habitual, de un movimiento de las piezas para que
el Museo del Prado las revise, las actualice, las recupere y las
restaure, cosa, decía él, yo creo que dirigiendolos tiros hacia el
anterior Gobierno socialista pero volviéndose
las piedras contra su propio tejado, que nunca se ha hecho en la
historia de la comunidad autónoma.
De todas maneras, creo que las cosas no son tan simples. Puedo
afirmar, y además digo que fuentes del propio Museo del Prado me lo
han confirmado, que el levantamiento del Museo de Murcia tiene que
ver en parte con la desaparición de una escayola, fechada en los años
veinte, pérdida que se produjo hace aproximadamente unos diez años,
según el oficio de remisión, en fecha indeterminada. Pienso que,
después de diez años, tarde vienen ustedes a ajustar las cuentas.
Esa pérdida, a su vez, está directamente relacionada con el digamos
tirón de orejas que el Tribunal de Cuentas les ha dado a ustedes por
no controlar y conservar sus fondos adecuadamente, y vuelvo a las
palabras del consejero de Cultura de Murcia: revisar, actualizar,
recuperar y restaurar es algo que nunca se ha hecho en la historia de
la comunidad autónoma. Creo que podría dar su partido, el mismo del
consejero, a su vez un tirón de orejas a éste, al consejero, por
ponerles en evidencia, porque su opinión coincide con la del Tribunal
de Cuentas.
Quisiera saber, y es lo que más me preocupa, si el levantamiento de
un depósito es algo habitual. ¿En cuántas comunidades autónomas se ha
hecho? Me parece que es Murcia en la primera en la que se hace, pero
tengo noticias de que las demás comunidades podrían venir después,
que se van a seguir levantando depósitos en otras comunidades.
Me parece que se ha utilizado la escayola, en este caso las obras que
usted está diciendo, como excusa para atreverse con una comunidad que
pueden ustedes considerar como más débil e iniciar de este modo un
proyecto de mayor envergadura, porque el informe del Tribunal de
Cuentas menciona, por ejemplo, 479 obras sin localizar y 28
destruidas ¿Van ustedes a utilizarlas como nuevos pretextos para
continuar con el resto de los levantamientos de depósitos?
Yo les diría, señor secretario de Estado, con todos mis respetos, que
conviene que se quiten ustedes la máscara porque queremos saber cuál
su plan, cuál es el calendario que tienen, cuál es la próxima
comunidad que va a verse obligada a devolver sus fondos en depósito,
porque no es casualidad el que todo este proceso esté coincidiendo
con el nuevo proyecto del Museo del Prado y la consiguiente
remodelación de los fondos del siglo XIX en el Casón del Buen Retiro.
Lo dicen fuentes bien informadas del propio Museo del Prado; parece
que quieren ustedes, a golpe de instrucción, que todas las obras del
Prado dispersas vuelvan a Madrid para reorganizarlas a su gusto. Que
se preparen las comunidades autónomas restantes, en Murcia ya sabemos
de lo que se trata ¿Cuál será la próxima? Sus intenciones están
claras, le voy a poner un ejemplo muy concreto.
El pasado 24 de mayo, sólo unos días después de que se destapase este
escándalo, el presidente del Patronato dio una conferencia en el Club
Siglo XXI sobre el futuro del Museo del Prado. El texto se distribuyó
a la prensa.
En él se incluía un párrafo, que el señor Serra no se atrevió a
leer, referido precisamente al reagrupamiento de los fondos
dispersos, en relación con los cuales se trataría, decía, de iniciar
una política de revisión de los antiguos criterios de depósito, así
como de tener en cuenta las necesidades futuras del Museo del Prado.
Esto fue lo que escribió, pero no leyó.
Creo que las intenciones son evidentemente claras, pero lo peor es
que además lo quieren ocultar, lo están ustedes intentando hacer por
la puerta de atrás, por eso el señor Serra omite deliberadamente este
párrafo, y yo pregunto, ¿no son ustedes los que siempre han dicho que
deseaban que todo lo relacionado con el Prado estuviera enmarcado en
el consenso parlamentario?
Mucho nos tememos, por el contrario, que estén ustedes pensando que
sea simplemente el Patronato, al margen del Ministerio de Cultura,
quien pueda decidir el levantamiento de los fondos o su distribución.
El Patronato, como usted sabe, está formado por personas de
reconocido prestigio en sus respectivas profesiones, no todas
relacionadas con el mundo del arte, pero fuera del control del
Ministerio de Cultura y de los responsables políticos. Así parece que
se plantea en el borrador de la ley que están ustedes elaborando y a
punto de presentar, que el Prado, constituido como órgano gestor,
pueda mover libremente los fondos sin pasar por el control del
Ministerio de Cultura.
Los socialistas queremos que el tratamiento del Prado disperso se
abra a debate público, como se lo venimos exigiendo para todo el
proceso de cambio jurídico que pretenden impulsar en el museo.
Denunciamos que están ustedes actuando con total secretismo y de
espaldas a la sociedad, denunciamos que quieren ustedes reservar para
unos pocos la gestión del museo, invalidando a la opinión política
más cualificada, y de alguna manera que quieran ustedes privatizar la
gestión de una institución de extraordinaria importancia dentro de la
cultura española.
Por último, ustedes, que tan amantes dicen ser del consenso, y
especialmente en este tema, ¿por qué no usan el Parlamento para
redefinir lo que es el Prado disperso en un Estado llamado de las
autonomías que ustedes parecen ignorar completamente?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): La
verdad es que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no
contempla la eventualidad de modificar su política actual de
depósitos en las diferentes comunidades autónomas; otra cosa es que
en el seno del Patronato se haya comentado insistentemente -en
algunas de las reuniones a las que he asistido yo así ha sido-, el
tema del levantamiento de depósito de algunas piezas,
fundamentalmenteatendiendo a su grado de conservación y
a la peligrosidad en que podrían estar esas piezas con respecto a su
futuro, pero en ningún momento con ánimo de herir a ninguna comunidad
autónoma.
Ha aludido usted también al tema de la ampliación del Museo del
Prado. Es un tema que ha sido objeto de amplio consenso con el
principal partido de la oposición y que en ningún momento eso va a
suponer que vayan a recuperarse masivamente los fondos alojados en
las distintas comunidades autónomas para que puedan ser exhibidos en
el Prado.
Hay que decir de una vez por todas que la ampliación no se efectúa
para que quepan más cuadros, sino, sobre todo, para que la colección
existente, inmejorable colección existente, pueda exhibirse en
mejores condiciones, o sea, el tema de la ampliación no debe ligarse
en ningún momento al tema de la recuperación de fondos, pero sí hay
una sensibilidad que yo he palpado en el seno de la Patronato según
la cual hay que revisar la política de depósitos.
Creo que el tema del Prado disperso, como S.S. ha dicho, sí es
importante. Es un tema que podría ser objeto perfectamente de
conversaciones con el principal partido de la oposición y creemos que
hay que atender también a lo que nos digan los expertos del
Patronato.
Tanto el partido de la oposición como el partido del Gobierno debemos
tener en cuenta lo que nos digan los expertos. Lo que nos están
diciendo los expertos hasta el momento es que hay que revisar la
política de depósitos. La verdad es que no creo que haya ningún tipo
de ensañamiento personal con Murcia, y mucho menos por el tema de la
escultura perdida, asunto lamentable en cualquier caso porque, como
usted ha dicho muy bien, el Tribunal de Cuentas alertó acerca de unas
cifras extraordinariamente penosas relativas a la pérdida de unas
piezas y deterioro de otras en un número considerable. No por ello,
no porque esas cifras sean más abultadas debemos dejar de lamentar la
pérdida de la escultura de Julio González en el Museo de Murcia. Lo
que sí le aseguro es que en ningún momento ha habido relación causa-
efecto ni intención de castigar a la Comunidad de Murcia por la
pérdida de esa escultura, sino que ha dado la casualidad de que la
prolongación de esos fondos en la ubicación nueva era excesiva, y
entonces los técnicos, solamente y simplemente los técnicos, fueron
los que decidieron que se levantaran los depósitos.
Le vuelvo a decir que se estudiará, una vez producida la ampliación,
con la generosidad diríamos mayor en estos casos, la devolución o el
reintegro, previa petición, naturalmente, a la Comunidad de Murcia de
los depósitos que crea pertinentes, porque el Prado no va a poder,
evidentemente, exhibir todo su fondo, y mucho menos recuperar todas
las piezas que tiene depositadas en las comunidades autónomas. Se va
a redefinir una política de depósitos, pero en ningún caso atentando
contra las comunidades autónomas y albergando en la zona expositiva
del Prado, el nuevo Prado ampliado,
todas las obras que pudieran ser objeto de esta nueva política de
depósitos.
En cuanto al modelo del Prado, esto es algo que hay que meditar. Lo
que no cabe la menor duda es que el Prado necesita una mayor
flexibilidad. Hay que estudiar cuál es el modelo mejor para adquirir
esa mayor flexibilidad. Yo creo que el modelo propuesto por el
presidente del Patronato es adecuado. Hay que estudiar la viabilidad
de ese modelo y, perdonen la palabra, su optimización, en el sentido
de que siempre caben mejoras con respecto a ese modelo. A nosotros no
nos cabe la menor duda de que instituciones como el Prado deben tener
mayor flexibilidad, pero yo creo que eso es más bien objeto de otro
debate, no del que hoy nos ocupa.
La sensibilidad que nosotros creemos tener con la Región de Murcia
para mí es evidente, en el sentido de que usted sabe perfectamente
cómo el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena -porque además
me parece que me hizo usted una pregunta en algún momento al
respecto- ha tenido unas vicisitudes bastante lamentables. La
Intervención General del Estado dijo que no se podían meter en el
mismo paquete proyecto y obra, se paró aquello de una manera
lamentable y después nosotros recurrimos. El Consejo de Estado nos ha
dado la razón y creo que muy pronto va a pasar al Consejo de
Ministros y vamos a tener ese proyecto en el que estamos tan
enormemente interesados tanto el Ministerio como la Comunidad de
Murcia. Quisiera terminar mi intervención insistiendo en que no hay
relación causa-efecto entre la pérdida de la escultura y el
levantamiento de depósito.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (DE CUENCA Y
PRADO), PARA INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DE SU MINISTERIO EN MATERIA
DE APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR Y LA CREACIÓN
DE SEACEX (SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL EN EL EXTERIOR). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000272.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, que es la
comparecencia suya para explicar la política de su ministerio en
materia de apoyo a la acción cultural de España en el exterior y la
creación de la Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior,
a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Para ello tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): La
proyección exterior de la cultura española viene siendo uno de los
objetivos fundamentales del Gobierno en estas dos últimas legis
laturas.
De acuerdo con esa relevancia, ha sido y es también asunto de estudio
permanente en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Culturales. Se trata, como todo el mundo puede entender, de un
objetivo interdepartamental que implica también de manera muy
singular al Ministerio de Asuntos Exteriores. En calidad de tal,
queda sometido ese objetivo a las tareas de orientación y
coordinación que ejerce el Consejo de Política Exterior,
recientemente creado en nuestro país, que agrupa a los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Economía y Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo fundamental de las políticas de proyección exterior de la
cultura española es afianzar en el mundo el conocimiento de nuestra
cultura, nuestras creaciones artísticas, literarias, etcétera,
pasadas y presentes, nuestro papel en el contexto de la cultura
universal, la relevancia de la lengua española como vehículo de
comunicación de una cantidad creciente de personas.
Tal y como la ministra de Educación, Cultura y Deporte ha expuesto
ante el Consejo de Política Exterior, estos objetivos generales han
de articularse en políticas concretas en función del área geográfica
de que en cada momento se trate. Grosso modo entendemos que esas
áreas son esencialmente tres: Hay un área de proyección cultural
consolidada, que se pueden imaginar que es el ámbito iberoamericano.
La presencia cultural de España en Iberoamérica es profunda y
creciente y se vertebra sobre políticas de cooperación en las que
aspiramos a conseguir una atmósfera de diálogo permanente.
Existe una segunda área, que denominamos como de proyección cultural
incipiente y que abarca distintos escenarios, pero todos ellos del
mayor interés: Brasil, Estados Unidos de América y el Extremo
Oriente, donde está una nación como Filipinas que tanta relación ha
tenido con España. Aunque se trata de áreas de muy diversa entidad,
cada una de las cuales requiere un tratamiento específico, todas
ellas caben bajo un objetivo común: mantener y potenciar la presencia
de la lengua y la cultura españolas, muy especialmente en el ámbito
de la educación. Tenemos, por último, un área que hemos denominado
como de proyección cultural cooperativa, que se corresponde con el
ámbito de la Unión Europea y donde la relación cultural sólo puede
entenderse bajo la forma de intercambio en el seno de una comunidad
de intereses horizontales. Esta descripción de áreas con objetivos
concretos en cada caso inspira la acción cultural exterior no sólo de
nuestro Ministerio, sino también de las otras instancias que
participan en la proyección cultural española fuera de nuestras
fronteras.
Desde el punto de vista material, la acción cultural exterior del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se canaliza a través de la
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural de la
Secretaría de Estado de Cultura, a lo que hay que sumar la permanente
actividad externa de las diversas unidades de este
departamento, y dentro de la Secretaría de Estado: las giras del
Inaem, las exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, la
presencia en ferias internacionales del libro de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, o de festivales cinematográficos a
cargo del ICAA, etcétera.
A título de ejemplo, en este primer año de legislatura hemos
desarrollado casi un centenar de actuaciones en el exterior, entre
las que podemos citar las siguientes: Programas España en Panamá,
España en Marruecos y España en Brasil, todos ellos en el marco de
los correspondientes convenios de intercambio cultural. En los tres
casos ha sido sobresaliente la presencia del Inaem y de la Dirección
General del Libro. Giras de la Orquesta Nacional de España en Estados
Unidos, con gran éxito, y de la Joven Orquesta Nacional de España en
el Concertgebow de Amsterdam. Presencia de España como país invitado
en las ferias del libro de Río de Janeiro, La Habana, especialmente
de Guadalajara, que es la principal feria del libro del mundo
iberoamericano, y que ha sido la que ha tenido más éxito en estos
últimos años desde el punto de vista comercial y de presencia
cultural. La ubicación de Guadalajara también propicia un mercado
importante en Estados Unidos de América. Exposiciones como El Galeón
de Manila, que además de tener lugar en Sevilla tuvo lugar en México,
en el Museo Franz Meyer; o de la Murillo, en Munich, así como las que
la Sociedad Estatal Carlos V y Felipe II, precisamente la sociedad
nutricia, el alma mater de esta nueva sociedad estatal Seacex, ha ido
realizando en España y en el extranjero, que es donde nos interesa
ahora subrayar este tipo de actuaciones. Ha habido también un ciclo
de cine español en Los Angeles, y les cito estas actuaciones sólo a
guisa de ejemplo, son casos concretos que hablan de la vitalidad de
la presencia de la cultura española fuera de España.
Otro ejemplo: en 2001, las unidades del Inaem van a realizar en total
más de un centenar de actuaciones en 31 de países de todo el mundo; y
si me permiten un nuevo ejemplo, añadiré el hecho de que España haya
sido elegida para presidir el Consejo Internacional de Archivos. Una
archivera española, subdirectora general de Archivos, Elisa de
Santos, ha sido elegida presidenta, por primera vez una mujer y por
primera vez una española o un ciudadano o ciudadana en este caso
española, en un momento que una institución como el Consejo
Internacional de Archivos aborda algo tan crucial como la entrada de
archivos, y también de bibliotecas, de todo el mundo en las nuevas
tecnologías informáticas. Son datos que hablan claramente de cómo se
percibe desde el exterior el vigor y la riqueza de la cultura
española.
Otro dato que todos ustedes conocen, la selección de seis nuevos
bienes culturales españoles como patrimoniode la Humanidad. En estos
últimos meses, yo creo
que en este último año, en dos reuniones, ha habido cinco por un
lado, y uno por otro, lo que convierte a España en el país del mundo
con mayor número de bienes de este tipo, por delante de Italia. Y el
trabajo continúa, el programa de nuestra proyección cultural exterior
para los próximos años intensifica esta presencia, especialmente en
Iberoamérica, en Europa y en Estados Unidos.
Toda esta actividad converge con la que ejecuta el Ministerio de
Asuntos Exteriores a través de sus órganos correspondientes, y en
lugar principalísimo hay que citar el trabajo que desarrolla el
Instituto Cervantes, que está efectuando una labor unánimemente
reconocida en la difusión de la lengua y de la cultura españolas.
En este contexto, y perdónenme lo prolongado del prolegómeno, la
creación de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, la
llamada Seacex, que sustituye, como ya he dicho, a la Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y
Carlos V, viene a dotar a nuestra proyección cultural de un órgano
ejecutivo que por lo que a nosotros respecta estamos convencidos de
que podrá desarrollar una excelente tarea para agilizar todas las
políticas ya en marcha.
Esta sociedad, compuesta a partes iguales (50 por ciento) por los
Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, Cultura y Deporte, sin
perjuicio de que en el consejo de administración, como en todos los
consejos de administración de sociedades estatales, haya también
miembros de Hacienda y de Presidencia del Gobierno, cuenta ya con un
programa de actividades propuesto por nuestro departamento y que
habrá de ser discutido en su consejo de administración, propuesto por
nuestro departamento, y lógicamente también propuesto por el
departamento de Asuntos Exteriores.
A título de avance puedo transmitir a SS.SS. algunas de las
iniciativas ya en marcha por parte de la Seacex. Démonos cuenta que
Seacex ha echado a andar en el primer trimestre del año 2001 y que ya
prevé algunas de sus exposiciones, porque fundamentalmente su labor
se va a centrar en la organización de exposiciones, a finales de este
mismo año. A finales de este mismo año se exhibirá en la Biblioteca
Nacional, y después viajará a Bruselas, una importante exposición
sobre esmaltes medievales que se titula De Limoges a Silos. Con
posterioridad a esta exposición inicial van a tener lugar otras
muestras, como la titulada Guatemala precolombina y virreinal, que va
a acompañar a la cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe y que
en Madrid probablemente, porque todavía no hay seguridad de ubicación
de espacios, tendrá lugar en el Centro Cultural de la Villa y viajará
probablemente también a Viena.
Otra exposición sobre los 'ismos' en torno a Ramón Gómez de la Serna
quizá, y sería lo deseable, viajará, desde luego viajará, porque
todas estas exposiciones
están pensadas para viajar, pero desearíamos que fuera Buenos Aires
el destino de esta exposición, un lugar tan ramoniano y donde Ramón
Gómez de la Serna vivió tantos años. Desde luego también Madrid podrá
disfrutar de la contemplación de esta muestra. Otra exposición
importante es Erasmo y el erasmismo en España, que va a celebrarse en
Salamanca coincidiendo con la capitalidad cultural europea de dicha
ciudad y que viajará a Rotterdam, la ciudad natal del gran humanista.
Y por último, entre los proyectos ya consolidados, hay otros muchos
en marcha, hay una exposición de 25 años de diseño en España,
prevista para llevar a Milán, diríamos que es la Meca del diseño en
Europa, y a Berlín o a Londres, esto todavía se discute.
Importa subrayar que todas estas iniciativas convergen con líneas
concretas de la política exterior española, por ejemplo la difusión
de la moda, con la cooperación del Icex y de otros organismos, dado
que la presencia de la moda española en el exterior es cada vez más
relevante, pero que estas iniciativas por sí mismas, al margen de que
actúen junto a líneas concretas de la política exterior española,
actúan, me parece, como vectores autónomos de proyección cultural, y
me parece que no otro debe ser el objetivo de la ación cultural
española en el exterior.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Bienvenido, señor De Cuenca. Esto, que iba a
ser una interpelación por parte del Partido Socialista, se ha
convertido en una comparecencia. De todas formas, con muy buen
criterio ha centrado usted la parte final de su intervención en
Seacex, que mi intervención se podría titular: El malestar en la
cultura y Seacex, aunque Freud, autor del libro 'El malestar en la
cultura', no era aficionado a las pastillas, la verdad es que Seacex
tiene nombre de medicamento, el nuevo bálsamo de fierabrás quizá de
la política cultural española. Esta sospecha viene avalada por el
hecho de que su secretario, el de la sociedad, se llama nada menos
que Pedro Ramón y Cajal, aunque yo no creo que tenga nada que ver con
la histología todo esto. ¿Pero qué es Seacex?, o mejor dicho, ¿para
qué sirve esta sociedad? Algo nos ha dicho usted, vamos, nos ha dicho
que hace exposiciones, aunque lo ha dicho muy elegantemente, pero
parece que algo más. Su nacimiento, para hacer un poco de historia,
parte de Exteriores y de Hacienda, y Cultura se entera por los
periódicos. A continuación vino un lío mediático con una foto montaje
de boxeo entre usted mismo y el otro secretario de Estado incluida.
La secuencia puede ser así: uno, don Miguel Ángel Cortés da una rueda
de prensa para anunciar el feliz parto de esta cosa; dos, los medios
de la derecha montan el pollo, señalando el malestar del Ministerio
donde está la
cultura, que es el suyo; tres, la ministra Del Castillo asegura que
el consejo de administración de Seacex aún no se ha constituido, a lo
que el señor Cortés replica que no sólo dicho consejo existe sino que
ya ha mantenido varias reuniones, todo lo demás mezclado con asuntos
y querellas personales que desde luego no hacen al caso.
Seacex, según su director el señor Elorza, pretende colaborar con
todos: Salamanca, capital europea de la cultura, el milenario de
Silos, etcétera, al parecer lo mismo vale para un roto que para un
descosido. Cito textualmente: España es España, empezamos con una
tautología infalible, esto dice el señor Elorza. España es España, y
todo el que quiera sumarse o solicitar nuestro concurso, desde la
parcela de la Administración que sea, lo va a tener, eso ha dicho.
¿Qué le gustaría hacer?, se le pregunta al señor presidente de
Seacex. Y él contesta: Destruir mitos, pues vivimos en un mundo que
alimenta mitos. Después de esta declaración tan amplia y tan
antimitológica, confieso que me gustaría saber la opinión del señor
Elorza, que no está aquí, sobre el bautizo de la nueva fundación
propiciada por Exteriores, otra nueva, que se llama Fundación
Carolina, y se llama Fundación Carolina en honor de don Carlos de
Gante, Carlos de Habsburgo, Carlos V, que como todo el mundo sabe,
fue contemporáneo de Cortés, pero no de don Miguel Ángel, de don
Hernando. ¡Hombre!, para buscar un nombre menos conflictivo se podían
haber buscado ustedes -ustedes es mayestático en este momento- el
nombre de Fray Bartolomé de las Casas, que también como se hace vale
lo mismo para un roto que para un descosido.
Pero el señor Cortés, esta vez don Miguel Ángel, dice también algo
que coincide con lo que usted nos ha insinuado: La Seacex -dice don
Miguel Ángel Cortés- es sólo un organismo para la realización de
exposiciones internacionales. Bueno, nos quedamos sin saber todavía
qué es Seacex.
Desde mi punto de vista, y en términos castizos, Seacex es un
chiringuito, uno más, un escaparate, cuya viabilidad y permanencia
son un arcano, cosa que no debiera de ser porque es una sociedad
estatal y las sociedades estatales debieran tener plazo y misión muy
concretas.
Mire, hay un personaje, creo que es de Wenceslao Fernández Flórez,
usted me puede corregir, al que todos llamaban 'fas que fas' en
gallego, haces que haces. La Seacex me lo recuerda, el Gobierno hace
que hace, hace que hace política cultural en el exterior, pero en
éste y en otros casos, no en todos, ¡ojo!, pero en éste y en otros
casos sólo se ocupa de eventos, conmemoraciones, exposiciones y otros
saraos, y yo la verdad creo que es una pena, primero se suprimió el
Ministerio de Cultura y luego se le ha dispersado, una diáspora que
tiene el riesgo de acabar, señor De Cuenca, en holocausto. Quizá por
eso el señor Elorza, tan citado aquí
por mí, claro, declara sic: Una de las cosas que me gustaría
contribuir a aclarar es qué fue de los judíos españoles, qué fue de
Sefarad. Mire, señor De Cuenca, déle usted una beca de estudios.
Pues bien, ante lo efímero y mediático, perdón por la redundancia,
cabe plantearse la política cultural en serio, como una acción
gubernamental permanente, cotidiana, pesada, sí, usted lo sabe bien,
pero eficaz. No digo que no tengan una parte de esa política, y esa
política está en Cultura, en el ministerio al que usted pertenece y
del que es secretario de Estado. La política de promoción cultural de
la producción española en el exterior no puede estar en el Ministerio
de Exteriores, ello equivaldría a colocar allí la política de pesca,
la industrial, el comercio exterior, y hasta el Banco de España, que
ya no va a emitir pesetas. El Ministerio de Exteriores existe, aparte
de sus competencias propias, para apoyar el conjunto de las
políticas, entre ellas la cultural, pero no debe administrarlas una a
una. ¿Por qué Cultura sí y las demás no, señor De Cuenca?
Mire, yo no le quiero meter a usted en un lío, de verdad, pero da la
sensación, y algo más que la sensación, que se está adecuando la
Administración a las personas y no las personas a los esquemas
orgánicos de la Administración, y esta adecuación al revés es una
perversión, tiene unas componentes personales que saltan a la vista
y que yo no quiero entrar en ellas, primero por el aprecio personal que
debo de tener a quienes son y han sido secretarios de Estado de
Cultura, y en segundo lugar porque meterse en ese jardín para un
grupo político es un jardín que yo no aconsejaría a nadie, pero el
jardín existe.
Sinceramente, y termino, creo que ustedes en el Ministerio de Cultura
debieran de asumir todo lo que es la dirección política de la
política cultural en el exterior, y desde luego, y esto es una
crítica o un punto de vista que difiere yo creo incluso de sus
propias palabras, usted ha estado hablando, por ejemplo, de presencia
española en el exterior, de proyección exterior, me gusta más la
expresión promoción de la producción cultural en el exterior, y eso
es una cuestión que no se hace sólo ni principalmente con
exposiciones ni con otras exhibiciones, sino con un trabajo que,
querámoslo o no, lo hacen los trabajadores, los técnicos y la
dirección política que usted representa en el Ministerio de Cultura,
y si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor secretario de
Estado, por comparecer con este tema, porque esto tiene algo de lo
que se suele decir que al final los curas el domingo acaban
sermoneando
diciendo que hay que ir a misa a los que tienen delante, en lugar de
sermonear al ausente, que es el que realmente precisaría el sermón en
esa ocasión; por tanto usted está aquí para que nos quejemos de lo
que han hecho otros, porque yo no puedo más que compartir palabra por
palabra prácticamente la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, aunque lamentablemente lo haga con un tono
mucho menos agradable como el que caracteriza al portavoz socialista
en este caso, porque realmente todo sería tan simpático como da la
impresión que es si no estuviéramos hablando de dinero público,
porque al final resulta que todos nos respetamos mucho, y ninguno
queremos realmente criticar a nadie. Decía el señor Leguina: ¿Cómo
voy yo a personalizar o a criticar a quien ha sido secretario de
Estado de Cultura? Entonces, los unos por los otros, en otros
ministerios realmente también nadie quiere crearse problemas, y
mientras tanto la única institución o la única parte de la
Administración, vamos a despersonalizarlo un poco, que sí tiene un
proyecto y que sí está dispuesto a pelear por sacarlo adelante, lo
está haciendo, a costa de dinero público y a costa de una dispersión
de recursos y a costa de privar recursos que tendrían que estar en
otros lados, primero tendrían que estar en la sociedad civil,
empecemos por ahí.
El famosísimo, a nivel de la Unión Europea, principio de
subsidiariedad, si en algo rige es en la promoción de la cultura. Yo
no me apunto en este momento al discurso sencillo de la desaparición
del ministerio ni mucho menos, conceptualmente sí quizá, no ahora, no
lo voy a pedir puesto no lo voy a pedir, creo que tiene su papel el
Ministerio de Cultura, creo que tiene su papel en el impulso público
a la cultura, lo tiene, sin ninguna duda, y lo tiene también en
España hoy por hoy. A partir de ahí, la proliferación de
instituciones que hacen por sí solas, o que pretenden hacer por sí
solas aquello que debería hacer la sociedad con el apoyo de los
poderes públicos y con la financiación complementaria de los poderes
públicos, eso sí me parece ya un principio de perversión. Si encima
esas instituciones, como también decía hace un momento el portavoz
que me ha precedido, no nacen de una elaboración seria, conceptual,
políticamente justificable de quién hace qué, sino que nacen
sencillamente de un reparto de personas y de juguetes atribuibles a
determinadas personas, y que las personas, en función de su cargo, de
la necesidad de ocuparse o de encontrarse especialmente cómodas en un
determinado sector desarrollen una determinada actividad, eso es otra
perversión. Y si eso lo que acaba siendo es no sólo, que ya sería
malo, el corrimiento de una parte del organigrama a un Ministerio que
no le corresponde, sino por la propia lógica estudiada desde hace
muchos años de la Administración Pública, la duplicación, porque si
hubiera, insisto, un simple movimiento de organigrama de
Cultura a Exteriores, ya nos parecería mal, pero lo que
previsiblemente, por no decir con absoluta certeza, va a ocurrir es
que tendremos dos, dos mejor que uno, y evidentemente toda la
actividad exterior del Ministerio de Cultura, que usted ha descrito
en los prolegómenos de su intervención y que ha definido algo así
como la acción externa de las propias direcciones generales, que me
parece perfecta, y la Dirección General de Bibliotecas se relaciona
por un lado, y la de Archivos, bueno, la de Archivos y Bibliotecas es
la misma, y el Inaem tiene su actividad exterior, y el ICAA tiene su
actividad exterior, y cada uno va teniendo su actividad exterior, ¿es
que la van a interrumpir?, ¿es que van a pedir permiso a la Seacex a
partir de ahora?, ¿es que sólo van a hacer aquello a lo que la Seacex
les autorice a hacer? No, y usted sabe perfectamente que no. Por
tanto, seguiremos con la misma actuación exterior de los organismos
del Ministerio de Cultura y hemos creado, con nuestro dinero, con el
dinero público, una sociedad que además tiene un control
parlamentario difuso, como todas las sociedades estatales, un control
parlamentario mucho más débil que cualquier otro organismo público de
otro tipo, y ésa es la principal astucia de la figura de la sociedad
estatal, una sociedad que con recursos públicos se va a dedicar a
hacer una acción cultural que usted hoy por hoy limita a
exposiciones, pero que veremos dónde va a parar.
Por tanto, nuestra oposición a esa entidad es total, frontal,
conceptual, de fondo y de forma, de fondo también por el otro
argumento que ha dado el portavoz socialista, y usted bien sabe
además que en este caso tengo la ventaja de acumular la doble
portavocía, también soy portavoz de Asuntos Exteriores de
Convergència i Unió, y por tanto no estoy entrando en conflicto con
nadie. En mi doble condición de portavoz de Asuntos Exteriores de
Convergència i Unió y de portavoz de Cultura de Convergència i Unió
le digo que es una barbaridad, que es absurdo que la acción cultural
en el exterior se desarrolle desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene evidentemente
que reforzar su dimensión cultural y reforzar la dimensión cultural
de las relaciones exteriores españolas, por supuesto, y cuando el
Gobierno español tiene entre sus prioridades por ejemplo abrirse
hacia Asia, y usted ha hablado antes de Filipinas, pues para abrirse
hacia Asia ahí no estamos sólo hablando de las inversiones españolas
que allí hay que fomentar y desarrollar, sino por supuesto, también
de la acción cultural, para lo cual el Ministerio de Asuntos
Exteriores tiene que tener entre sus prioridades el apoyo a las
acciones culturales en aquellas zonas del mundo donde la política
exterior así lo impulsa.
Acaba de terminar, al otro lado de esta pared, la comparecencia del
secretario de la Cooperación Iberoamericana, el embajador Lozoya, que
tiene como
función potenciar la cooperación iberoamericana y que evidentemente
ha desarrollado como uno de los ejes de la cooperación iberoamericana
la dimensión cultural, lógicamente, como tiene que ser, ¿pero
significa eso que a partir de aquí toda la cooperación iberoamericana
de dimensión cultural va a ser canalizada desde Exteriores? No, no,
hemos hablado de cine, en la Comisión de Exteriores se acaba de
hablar de cine, del impulso al cine, de los medios de comunicación,
de la sociedad de la información, por supuesto hay que apoyar eso, y
también de la cooperación de universidades. Uno de los ejes es la
cooperación de universidades. ¿Vamos a pasar toda la acción exterior
de las universidades al Ministerio de Asuntos Exteriores? Es absurdo,
es conceptualmente absurdo y sólo se justifica por una decisión
basada en la persona que lo ha impulsado.
Insisto, y retomo esa imagen, aquí estamos, puede tener esto un tono
agrio, que no pretende tener, a la parte que no en términos
personales, pero sí institucionales como secretario de Estado de
Cultura, puede verse perjudicado por esta actuación, pero usted es
parte de ese Gobierno, usted representa al 50 por ciento de esa
sociedad, y por tanto yo le puedo decir que nos parece absurda la
creación de esa sociedad estatal, que seguiremos de cerca, muy de
cerca sus actuaciones, con control parlamentario y con todos los
instrumentos de control parlamentario que tengamos a disposición. En
el momento en que llegue la Ley de Presupuestos veremos qué tipo de
manifestaciones tiene, porque es ahí, llegará la hora de la verdad de
saber cada uno dónde está y qué fuerza tiene, y en ese momento
tendremos que ver exactamente qué ocurre, y sepa usted que tiene
nuestro apoyo.
Veo que tal como están las cosas le va a servir de poco, veremos qué
más ocurre en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en todo caso
tiene usted nuestro apoyo, la cultura y la dimensión exterior de la
cultura nace de los responsables culturales del Gobierno, con el
apoyo absoluto del Ministerio de Asuntos Exteriores, igual que en el
comercio, igual que en la industria, igual que en la industria de la
automoción, igual que en el turismo, igual que en tantas y tantas
otras cosas donde el Ministerio de Exteriores evidentemente deja de
ocuparse de la alta diplomacia y se ocupa de dar apoyo a la dimensión
exterior del conjunto de la actuación política española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señora
Rodríguez-Salmones, tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor secretario
de Estado, por su comparecencia, tanto en la respuesta anterior sobre
los fondos del museo, como sobre la acción cultural en el exterior.
Considero que aquí se han expuesto, y desde luego no me toca a mí
rebatirlos, dos discursos hechos desde un punto de vista desde luego
anterior a lo que nos ha expuesto el secretario de Estado y anterior
a lo que el normal desarrollo de los acontecimientos nos lleva a
pensar sobre la cultura española en el exterior, y concretamente
sobre la función de Seacex.
Quiero decir que dos intervenciones que a lo mejor hace tres meses,
cuatro meses, cuando la creación de esta sociedad y sus incógnitas a
lo mejor tenían sentido, yo sencillamente hoy las veo sin mucho
sentido, tiene naturalmente el sentido que han dado sus portavoces,
y me parece bien, pero creo que ha quedado tan claro quién lleva la
coordinación de la acción cultural en el exterior, que por otro lado
no es tan simple como aquí alguna intervención ha parecido querer
decir, es mucho más compleja. ¿Y cuál es la función de Seacex y sus
exposiciones y de su política de exposiciones, que incluso el
secretario de Estado nos ha dicho su programa? Pues efectivamente no
sabemos cuál será su programa dentro de diez años, ni si existirá
dentro de diez años, pero lo que sabemos es el actual, y el actual,
como cualquier política de exposiciones, además es muy a la larga,
porque una exposición tarda a veces tantos años en hacerse que el
programa que nos ha leído el señor secretario de Estado despeja
muchas incógnitas, va a hacer exposiciones, las exposiciones tienen
una enorme envergadura, y no entendemos cómo se puede poner alguna
objeción a esto.
Por otro lado es Exteriores, pero es también Educación y Cultura
quienes están paritariamente, o incluso diseñando los programas más
Cultura que Exteriores, luego esa rivalidad que quizá tuvo su morbo
informativo, un morbo informativo que pasados quince días o un mes,
quedó completamente deshecho y hoy no tiene sentido.
Por otro lado, sí querría decir una cuestión que me parece
importante, nadie lo ha puesto realmente en cuestión, pero sí
veladamente. El prestigio no sólo del señor Elorza, sino de lo que ha
hecho el señor Elorza con las dos conmemoraciones de los centenarios
anteriores, es tal que también eso merece la pena ponerse encima del
tapete. Ha llevado a cabo unas exposiciones, una acción cultural en
el exterior de una envergadura y de un rigor que yo creo que hay que
reconocerlo y decirlo, no sólo su prestigio, por supuesto personal y
profesional. Entonces, lejos de ser algo que cuestiona, esto es algo
que da solvencia a un proyecto de hacer grandes exposiciones en el
exterior, que desde luego si fuera sólo eso posiblemente tendría
razón el portavoz socialista cuando ha dicho que si sólo fuera eso la
acción cultural en el exterior pues sería fachada, fachada importante
pero fachada, pero es que no es esto, ésta es una de las partes.
A mí me parece muy importante resaltar que para la promoción de la
cultura en el exterior, me parece bien
la palabra promoción que ha empleado el señor Leguina, la cuestión es
mucho más compleja. Creo que hay una parte que aquí no hemos tocado y
me parece importante señalar. Se hace presencia española en el
exterior cuando se está en el exterior, como está el Instituto
Cervantes, como están las grandes muestras españolas que se han hecho
fuera, como está nuestra presencia diplomática, como está la
cooperación, pongamos por ejemplo las escuelas-taller en Iberoamérica
y las grandes cosas que se están haciendo. Hay una presencia
exterior. Pero para mi gusto, y en esto está trabajando muy bien todo
el Gobierno, porque, como bien ha dicho el secretario de Estado, y
por eso yo hablo de la complejidad, hay esta Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Culturales. Cultura tiene la coordinación,
tiene la confluencia de todo, ¿pero cómo no va a ser algo mucho más
amplio que un propio departamento?
Esto me lleva a señalar un punto que creo que no hemos tocado y sobre
el que me gustaría que un día tuviéramos un debate. También la acción
cultural interior, lo que no se hace físicamente en otro país, tiene
una proyección, es un soporte muy grande para la proyección cultural
española. Y eso depende a veces de Cultura, a veces no, y a veces por
ejemplo de las comunidades autónomas. Quiero hablar de si, por
ejemplo, podemos poner en duda que quien ha hecho muchísimo por la
proyección cultural española es el Museo Guggenheim. El proyecto
inicial es americano, la financiación es de una comunidad autónoma y,
sin embargo, ha colocado a España de una manera espectacular en el
ámbito cultural. Hemos comentado antes si la Bienal de Valencia, que
tampoco se hace pero que se apoya y en la que se colabora, cuajara
-yo no he estado, no la conozco, espero que pueda tener la
envergadura que sus directores quieren-, nos puede colocar más de 40
exposiciones. A lo mejor es gracias a una cosa así. Surge de una
comunidad autónoma, tiene toda la colaboración del Ministerio. Y de
ahí es por lo que el Ministerio de Educación y Cultura, la Secretaría
de Estado de Cultura, tampoco puede abandonar lo que supone esa gran
proyección de acontecimientos internos.
Ha hablado el portavoz de Convergència i Unió de que Barcelona 2004
será una proyección cultural enorme española. Y a lo mejor están
presentes diversas culturas. Pero no cabe duda de que un
acontecimiento de ese tipo hace tanto por la presencia cultural
española, quizá de manera más fácil. Quiero decir más fácil que lo
que es crear una infraestructura que viaje, que no puede tener la
envergadura que está teniendo lo que he dicho, el Guggenheim, la
Bienal de Valencia, o Barcelona 2004, por citar cuestiones que
exceden con mucho de un solo departamento, incluso de una sola
Administración.
Yo, ayer precisamente, preparándome un poco esta comparecencia, veía
en la revista TIME de esta semana,
revista que tiene una difusión enorme y el prestigio que conocemos,
un artículo sobre la exposición de Córdoba, de cómo el Rey español la
inaugura con el presidente nuevo de Siria. Esto, para la cultura
española en el exterior, no lo lograríamos haciendo viajar a una
ciudad determinada una exposición. Cuando se inaugure Altamira, y con
esto quiero unir lo que supone para España el turismo, cómo no puede
Cultura dejar de trabajar con Turismo y cómo es de importante
precisamente en esta Comisión delegada, al estar todos los
departamentos, la línea de turismo cultural. No hay capacidad para
llevar fuera una imagen española como la va a haber con los millones
de turistas que van a venir a la réplica de Altamira y el museo.
Me parece que, cuando hagamos el debate sobre la proyección de la
cultura española fuera de nuestras fronteras -que es además la gran
llave de nuestro país, porque en otras cosas (a mí no me gusta
emplear la palabra potencia) no tenemos un peso tan importante, pero
en cultura tenemos un peso máximo-, es muy muy importante señalar la
multitud de España como país turístico de primer orden, la proyección
que en ella tienen los acontecimientos internos. Pueden ser de tanto
peso y necesitan tanto la dirección y la coordinación de la
Secretaría de Estado de Cultura como todos aquellos de los que hemos
estado hablando, por no hablar, también noticia de ayer, de lo que
suponen nuestras industrias culturales, el cine y los libros. La
cifra de exportación de libros españoles era también notable. No
podemos hacer al secretario de Estado responsable de todas las
editoriales, pero sí debemos pedirle y exigirle, que controle más
determinadas cuestiones personales y si las cuestiones surgen o no
surgen. Que las grandes industrias culturales, como es el cine y como
en este caso es sobre todos los libros, reciban por parte de Cultura
el apoyo, la promoción y la orientación necesarias.
Yo sólo quería decir esto. Me parece que las alusiones a Scocex, de
un portavoz más irónicas y de otro más duras, tendrían sentido hace
cinco o seis meses, pero ahora creo que ya no las compra nadie, no
nosotros, sino ni siquiera el morbo informativo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado de Cultura, tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): Pienso
que las tres intervenciones han sido extraordinariamente
interesantes. Agradezco el tono irónico del señor Leguina, también el
tono duro del señor Guardans y el tono más conciliador de doña
Beatriz Rodríguez-Salmones.
Ahora estamos en un momento en el que a mí me parece que mirar al
pasado no tiene demasiado sentido. La política cultural no está en
Exteriores, coincido con todos los diputados que han intervenido,
sino en Educación, Cultura y Deporte. Y también coincido con
doña Beatriz Rodríguez-Salmones en que la mejor política cultural
exterior a veces está en la promoción de la política cultural
interior. Ella ha mencionado los casos del Guggenheim de Bilbao, de
la Bienal de Valencia, Barcelona 2004, la exposición de los omeyas en
Córdoba o la inauguración de Altamira, que va a tener lugar el 17 de
julio, que va a ser un acontecimiento importantísimo, y que puede
hacer eje con el Guggenheim de Bilbao, para hacer del norte de España
un lugar privilegiado, desde el punto de vista del turismo cultural.
No creo, por tanto, que el Departamento de Exteriores sea quien deba
dictar la política cultural. No es el caso. Seacex es heredera de
otras sociedades estatales, una de ellas tan virtuosa en sus
resultados como la de Felipe II y Carlos V. Coincido con el
diagnóstico de la diputada Rodríguez-Salmones en relación con el
profesor Elorza, creo que es una figura importante y que debemos
esperar de él que lleve a buen puerto el proyecto de Seacex.
La acción cultural exterior emana de todas las unidades que dependen
de mi Secretaría de Estado y por tanto del Ministerio y no va a haber
mayor problema. Pienso que va a ser al revés, que va a ser útil la
Seacex, por cuanto las sociedades estatales ayudan a realizar
proyectos, por supuesto siempre dentro del margen más estricto de la
legalidad, proyectos que difícilmente podrían llevarse a cabo sin
este instrumento de la sociedad estatal.
Y, por último, porque tampoco vale la pena dilatarse más en estos
temas, que están un poco desfasados en cuanto al tiempo, quizá esta
discusión hubiera tenido más sentido hace unos meses, quiero decir
que por mi parte, por parte de la Secretaría de Estado de Cultura, sí
hay una intención de abrir los horizontes de Seacex a actividades que
no sean puramente expositivas. Esto es algo que se debatirá en el
consejo de administración. Me parece que esa sensación y esa realidad
de apoyo que significa Seacex sería importante no circunscribirlo
exclusivamente a exposiciones. Hay otros proyectos que podrían tener
cabida en Seacex. En un principio se habló de exposiciones, pero
podría aumentarse el radio de acción de la sociedad estatal a otras
actividades. En cualquier caso, eso es algo que se debatirá en el
seno del consejo de administración. Señor Guardans, sobre el dinero
público de una sociedad estatal como Seacex, que procede de otras
sociedades estatales previas, como la sociedad V Centenario, la
sociedad Goya, 250 años, la sociedad Felipe II y Carlos -hay una
especie de genealogía de estas sociedades, en este momento se ha
elegido un objetivo como la política cultural exterior-, no veo que
haya motivo para pensar que hay mala utilización del mismo. Los
proyectos son dignos, se van a llevar a cabo con rigor, con seriedad,
y, en cualquier caso, en lo que a mí respecta, estaré encantado de
comparecer cuantas veces sean necesarias para hablar de la marcha de
esta sociedad, porque yo pienso con ustedes que es importante el
seguimiento de cualquier
actividad llevada a cabo por una sociedad estatal, que es una
manera de hacer más fáciles las cosas. También es evidente que, por
esa facilidad, hay que extremar las medidas de control y de rigor con
cualquier actividad que emane de cualquier sociedad estatal, incluida
por supuesto Seacex.
Otra vez gracias por sus intervenciones y nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su comparecencia.
Dentro de tres minutos continuaremos la sesión con la presencia del
secretario de Estado de Educación y Universidades. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Damos la bienvenida al secretario de Estado de Educación
y Universidades.
Propongo a los señores diputados una ligera modificación del orden
del día y es que la pregunta 6 pase a convertirse en la última
pregunta del orden del día, si así lo estiman los señores diputados.
Me dice la vicepresidenta primera que la diputada que iba a formular
la pregunta 6 ya puede incorporarse. Por lo tanto, seguiremos con el
orden del día fijado.
Corresponde la pregunta número 5, de don Jaime Lissavetzky Díez, del
Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA ASEGURAR LA CALIDAD
DE LA ENSEÑANZA EN EL SECTOR PRIVADO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.
(Número de expediente 181/000300.)
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, agradecer al secretario
de Estado su presencia hoy, en esta Comisión.
La pregunta que quiero formularle tiene que ver con dos aspectos, la
calidad y las universidades privadas. Mi intervención, breve, esta
primera, va a estar más centrada sobre el tema de las universidades
privadas. Es cierto que hay que hablar de la calidad en el conjunto
del sistema público de enseñanza superior, pero en cualquier caso me
quiero centrar más en el tema de las universidades privadas, que es
un sector que ha ido creciendo mucho en los últimos años, que afecta
a un buen número de alumnos y por lo tanto de familias, más de
100.000 alumnos, que mueve mucho dinero y que forma parte de la
enseñanza superior. Es así como se concibe en la Ley de Reforma
Universitaria. Al formarparte de esa enseñanza superior y reconocer
esta enseñanza
como un servicio público, es importante, es obligatorio, que los
poderes públicos garanticen la calidad de ese servicio público. Esto
significa que la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas deben garantizar esa calidad de la enseñanza también en los
centros privados. Y no me refiero solamente a las universidades
propiamente dichas, sino al conjunto de los centros que imparten
enseñanza superior.
En mi anterior etapa en el Senado, en la anterior legislatura, ya en
el año 1998 realicé una interpelación a la ministra de Educación en
aquel entonces, doña Esperanza Aguirre, con una moción subsiguiente,
en la que me interesaba por lo que yo denominaba luces de alarma que
se encendían en ese sistema privado de enseñanza. La petición era la
modificación del Real Decreto 557/1991, la elaboración de un mapa
universitario y en cualquier caso la asunción de la responsabilidad
que se tenía también desde el propio Ministerio. Votó en contra de
esta propuesta del grupo mayoritario de la Cámara entonces, el Grupo
Popular. También ya en esta legislatura he realizado alguna pregunta
en el Pleno a la ministra de Educación actual.
Hay una serie de problemas que tiene esta enseñanza privada, esta
enseñanza superior, que tienen que ver, y no los voy a enumerar
prolijamente sino muy deprisa, con la igualdad de acceso a las
profesiones, que tienen que ver en algunos casos con la libertad
académica, que tienen que ver en algunos casos con una real falta de
calidad en los que algunos han llamado, y yo mismo lo dije en el
Pleno, chiringuitos de enseñanza superior, que tienen que ver con
algunas universidades, que no son tanto las de la Iglesia como
algunas que se han calificado del obispo, que han tenido, a mi
entender, un trato favorable, excesivamente favorable, por parte de
la propia Administración. En cualquier caso hay unas luces de alarma,
que se han convertido ya en un pequeño caos dentro del sector. Y hago
ya la primera matización. Nosotros, los socialistas, no estamos en
contra de la enseñanza privada a nivel superior, en absoluto. Estamos
a favor de la calidad de la enseñanza y sabemos que existen
universidades privadas de primera categoría en nuestro país. No
tenemos ningún empacho en reconocerlo, pero queremos que se asegure
esa calidad a todo el mundo.
Ahora ya estamos en un momento importante, han presentado ustedes el
anteproyecto de Ley de Universidades y yo creo que es el momento para
intentar atajar estos problemas, si es que estamos de acuerdo en el
diagnóstico de la situación. Lo que ocurre es que, cuando he tenido
oportunidad de leer su anteproyecto, me da la sensación de que no
ataja estos problemas o por lo menos no los ataja de modo suficiente.
Se establece de alguna manera un escenario en el que las
universidades y los centros privados son prácticamente los únicos que
gozarán de esa autonomía. Hemos llegado a decir desde mi propio grupo
que la única universidad autónoma es la privada, como un ejemplo de
lo que se
puede deducir del texto que ustedes presentan. Ha habido algunos
aspectos, como es la presencia inclusive de las privadas en el
Consejo de Universidades, que ya han rectificado ustedes. En una
intervención de la ministra en Pleno lo han rectificado y parece que
no van a tener ese voto, como solicitábamos nosotros. Sí deben estar
presentes para tratar otros temas, pero no pueden estar en pie de
igualdad con respecto a las públicas en un Consejo de Universidades.
Parece que se ha corregido y en ese sentido algo hemos avanzado.
Seguirán ustedes rectificando, me imagino.
En ese texto decían que estos problemas no se atajan, han hecho
ustedes un ejercicio de intertextualidad legislativa en lo referente
al Real Decreto 557/1991, en parte a la LRU, pero además han copiado
mal, han copiado unas cosas y otras cosas, no. Empeora. Han generado
incluso, yo creo, un problema mucho mayor. Hablan ustedes de lo que
podríamos denominar extraterritorialidad, la posibilidad de poner un
centro de las universidades privadas en otra comunidad. Yo no lo
entiendo, pienso que esto es una contradicción absoluta con el tema
de distrito único y que en ese sentido va a enmarañar más, si cabe,
el panorama en la universidad privada. Y ejemplos hay.
En definitiva, esa que llamábamos publicidad fraudulenta de centros
que no tienen calidad, esa situación de un cierto desamparo para los
padres de familia, que, aunque pongan ese dinero, algunos tienen que
hacer mucho sacrificio para poder pagar esas matrículas para sus
hijos. Hay una situación de cierto desconcierto, de cierto engaño, de
cierta publicidad fraudulenta. Y se debe de atajar desde los poderes
públicos.
Eso, unido a otros temas, y no quiero alargarme demasiado, que tienen
que ver con la investigación, qué investigación, qué tipo de
investigación, cuánta investigación se hace en las privadas, me lleva
a plantear la pregunta que consiste en qué van a hacer ustedes, qué
disposiciones nuevas tienen previstas para asegurar la calidad en los
centros privados de enseñanza superior.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Muchas gracias, señor diputado, por su intervención, que
me da pie a precisar y probablemente a aclarar algunas
interpretaciones erróneas que pueden tener algunas personas, no
dentro del Parlamento pero quizá fuera.
Como bien saben ustedes, en la LRU, la Ley de Reforma Universitaria,
la regulación de las universidades privadas es absolutamente mínima.
Prácticamente desde entonces se han creado 14 universidades privadas
nuevas, que se suman a las 4 concordatarias, y el número de
estudiantes que hoy por hoy estudian en
esos centros es en torno a un 6 por ciento del total nacional, unos
100.000 estudiantes. Por consiguiente, hoy es una realidad
ciertamente pequeña en términos de cantidad en relación con el número
de alumnos, pero una realidad importante y desde luego necesitada de
una regulación específica. La Ley de Reforma Universitaria, que
únicamente reconoce la libertad de creación del centro, garantizada
en el artículo 27.6, indica que son universidades privadas las
reconocidas por tales por una ley de la comunidad autónoma o bien de
las Cortes Generales. Previo informe del Consejo de Universidades, el
Gobierno determinará con carácter general el número de centros y
exigencias de materiales, personal mínimo, etcétera, que es necesario
al respecto para el desenvolvimiento de dichos centros. Y la LRU
especifica claramente que se regirán por sus propias normas de
organización y funcionamiento, sin perjuicio de lo establecido en la
propia ley de reconocimiento y homologación de títulos.
El Real Decreto 557/1991, al que ya ha aludido, desarrolló algunas de
las previsiones de la LRU en materia de requisitos mínimos de ratio
profesor/alumno, porcentaje de doctores, superficie, dedicación del
profesorado, etcétera. Y a partir de ese momento, a partir de ese
real decreto, u otro que viniera, y vendrá lógicamente en el futuro,
a reformar el vigente, es competencia de las comunidades autónomas
dictar cuantas medidas fueran precisas en desarrollo del real decreto
mencionado y, entre otras, la mejora de calidad en las universidades
en sus respectivos territorios. Por consiguiente, ese es el primer
elemento relevante a resaltar, pero lógicamente que las universidades
privadas fueran una realidad legal y constitucional, así como una
realidad fáctica, imponía algunas medidas de singular alcance. La
primera que fue notificada y de la que fue informado el propio
Consejo de Universidades, tanto por la ministra como por mí mismo,
era el propósito del Ministerio, que fue anunciado hace meses en
reiteradas ocasiones, de promover la evaluación de la investigación
de los profesores de las universidades privadas, sin ningún tipo de
efecto retributivo a cargo de ninguna de las administraciones
públicas, con objeto justamente de que sirviera para incentivar la
presencia de la investigación en la esfera y en la programación
específica de dichas universidades privadas. Un segundo eslabón ha
sido la aprobación, el pasado 20 de abril, del II Plan de calidad de
universidades, en el que también participan de manera voluntaria
tanto las universidades públicas como las privadas, y hay que decir
que prácticamente -no sé si hay una excepción porque no tiene
suficiente antigüedad- todas las universidades de uno y otro signo se
han incorporado al proceso voluntario de evaluación. En tercer lugar,
habría que decir que el anteproyecto de la ley de universidades
establece el procedimiento de reconocimiento de universidades
privadas, que es el mismo que el actualmente vigente, que, como saben
y ya les he mencionado, es
el establecido en la LRU, es decir, por ley de comunidad autónoma o
bien de Cortes Generales. Además de eso establece algunas previsiones
marco. No se sustituye en las previsiones del anteproyecto borrador
de la ley el Real Decreto de 1991 sino que se fijan únicamente unas
bases mínimas para el posterior desarrollo. En primer lugar, se
establece la necesidad de que las universidades privadas cuenten con
personalidad jurídica propia y diferenciada adoptando cualquiera de
las formas admitidas en derecho. Hoy día existía, jurídicamente al
menos, la posibilidad de que la entidad promotora y la propia
universidad fuera una y la misma cosa y eso parece que no es lo más
conveniente justamente para promover la especificidad del propio
proyecto universitario que pueda tener esa entidad privada. Entonces
se fuerza con la ley a que haya una personalidad jurídica propia por
parte de la universidad, por más que sus promotores, financiadores,
etcétera, tengan la que quieran, y se establecen unas bases mínimas,
por ejemplo, la prohibición de que las personas que esten incursas en
distintas condiciones de condenas, puedan formar parte de las
entidades que puedan promover dichas universidades, etcétera. Además
de eso, para garantizar la calidad de la docencia e investigación en
el conjunto del sistema universitario, se establece la previsión de
que el Gobierno, previo informe del consejo de coordinación
universitaria, determine con carácter general los requisitos mínimos
para la creación y reconocimiento de universidades, la ampliación del
número de centros y enseñanzas, contemplando los distintos tipos y
modalidades de enseñanza presencial y no presencial, y los medios y
recursos adecuados para el cumplimiento de las funciones de esas
universidades establecidas por la propia ley. En ese sentido y quizá
como instrumento absolutamente básico para el futuro seguimiento de
la actividad de las universidades públicas y privadas, la ley, como
el anteproyecto, como es bien conocido, anuncia la creación de una
agencia de evaluación y acreditación de la calidad y su ámbito serán
tanto las universidades públicas como las privadas, sin ningún tipo
de exclusión, como es obvio, en el propio borrador del anteproyecto,
y esa agencia va a permitir la promoción y garantía de la calidad, la
medida del rendimiento de la enseñanza universitaria, la información
a la sociedad, el fomento de la comparación y de la competitividad y
el seguimiento de las directrices del espacio europeo de enseñanza
superior. Dicha agencia va a tener competencias no sólo en materia de
docencia y de investigación sino también en materia de titulaciones y
de gestión del sistema de cada universidad. Por último, y a efectos
de homogeneidad en las relaciones interuniversitarias dentro del
sistema universitario español, los órganos unipersonales del gobierno
de las universidades privadas llevarán la misma denominación de las
que se establecen en dicho anteproyecto para las universidades
públicas y los titulares de dichos órganos unipersonales deberán
estar en
posesión del título de doctor cuando así se exija para los mismos
cargos de las universidades públicas, para evitar la anomalía
teórica, en absoluto práctica, que se podría dar de una universidad
privada que no contara en sus cargos más representativos, incluso el
del propio rector, con la titulación o los estudios que, sin embargo,
tendrían que acreditar una titulación muy superior al emitir sus
certificados y cuestiones por el estilo.
En relación con otros aspectos que ha mencionado también en su
intervención, ciertamente un anteproyecto de ley no es un instrumento
para atajar en concreto todos los problemas -ya se ha reprochado la
minuciosidad y la enorme amplitud de su contenido-, y evidentemente
mucha legislación derivada, entre otra el desenvolvimiento y
actualización del Decreto de 1991, de 12 de abril, establecerá la
adaptación y la profundización de esas medidas.
Ha hecho referencia a la presencia de los representantes de las
universidades privadas en el consejo de coordinación universitaria. A
mí me alegra profundamente coincidir con el Grupo Socialista en el
sentido de que les parece muy bien, como ha dicho, que estén
presentes en el citado consejo. Nosotros, evidentemente, no tenemos
en este punto que rectificar la ley; lo que tenemos que hacer es
clarificar para que otros no se equivoquen, que es muy distinto.
Verán ustedes que los hechos son notorios y las interpretaciones
desde luego son libres, pero de la misma manera que ni en el
anteproyecto de ley ni tampoco en la LRU se especificaban cuáles eran
las competencias que tenía cada uno de los sectores que forman el
Consejo de Universidades hoy, ni tiene las mismas competencias la
comisión de coordinación, que está formada sobre todo por
representantes de las comunidades autónomas, que la comisión
académica, formada sobre todo por rectores, ni tienen las mismas
competencias y en algunos puntos no votan los mismos temas -están
asignados específicamente a uno u otro- lógicamente eso seguirá
pasando en estas materias en relación con el consejo de coordinación
y con el consejo académico, es decir, con los rectores y con los
consejeros de universidades de las comunidades autónomas; de la misma
manera que eso pasa ya ahora formalmente y no está anunciado en la
ley, lógicamente era una evidencia para todos los miembros de la
comunidad universitaria en la esfera del ámbito del Consejo de
Universidades que no se iba a hacer presente una modificación de ese
tema en lo que se refería a la presencia de los rectores de las
universidades privadas en la esfera del consejo de coordinación
universitaria. Eso se aclarará expresamente ya en la ley, pero, como
digo, en absoluto rectificando, sino clarificando objetivos que
estaban presentes en la voluntad explícita del Ministerio en los
trabajos previos y en la propia sistemática que sigue esta misma ley,
que, como digo, no menciona que tenga competencias diferentes, y las
tienen los rectores y los consejeros autonómicos, y se había pensado
hacer ese mismo tratamiento en el
desenvolvimiento de la ley en lo que se refería a la presencia de los
rectores de las universidades privadas.
En relación con la extraterritorialidad, es un tema que en la medida
en que puede ser sometido a cualquier crítica -obviamente, puesto que
todas son absolutamente legítimas-, quiero decirle que la previsión
que contiene el borrador de anteproyecto endurece la realidad
legislativa, porque, como bien sabe, establece la necesidad del
acuerdo simultáneo de dos comunidades autónomas. Eso se puede hacer
en estos momentos con el acuerdo de una sola comunidad autónoma. Es
decir, que en manera alguna viene a hacer más livianos los controles
públicos, sino que viene a endurecerlos, puesto que se requiere que
dos comunidades autónomas, la comunidad de donde sale la universidad
y la comunidad en donde pretende crearse, den su conformidad
explícita. Hoy día eso se podría hacer con el acuerdo de una sola
comunidad, de modo que evidentemente esos extremos pueden ser
apreciados en la voluntad del Ministerio al respecto. En relación con
su pregunta eso es básicamente lo que quería decir en estos momentos.
El señor PRESIDENTE. El señor Lissavetzky de nuevo tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, obviamente, agradezco las
explicaciones y la exposición detallada que ha hecho el secretario de
Estado, pero he de decirle con toda sinceridad que no me ha
convencido suficientemente, porque yo creo que hay unos problemas
reales que tenemos que ver; los problemas son diversos y le ponía
algunos ejemplos. Un primer ejemplo es el tema de las titulaciones.
¿Qué interesa a este país? Pues a este país le interesa que se
garantice la igualdad de acceso a una profesión y ha habido una serie
que podría casi denominar de escándalos dentro de los centros
privados de enseñanza superior, que han permitido que aquellas
personas que podían pagar 1.100.000 ó 1.200.000 pesetas para que sus
hijos entraran en una universidad para cursar unas titulaciones que
tienen una gran demanda -los ejemplos son clarísimos, enfermería,
odontología- pudieran hacer mientras que en la pública, al haber una
gran demanda y una insuficiente oferta porque hay que ajustarla a las
demandas sociales, tenían una nota de acceso muy alta. Entonces,
evidentemente, la universidad ¿qué hacía? Un gran negocio: por
1.140.000 pesetas de matrícula pagaba por ejemplo al Insalud 140.000
-era la cifra hace un par de años- para que hicieran prácticas en los
hospitales públicos.
No voy a llegar a decir lo que dijo un consejero de una comunidad
gobernada por el Partido Popular, que los centros privados es a donde
van los niños tontos con dinero. Yo no llego hasta ahí, eso está
dicho y escrito por un consejero, que sigue siendo consejero en una
comunidad gobernada por el Partido Popular, pero lo
que sí nos interesa a nosotros es que de alguna manera se garantice
esa igualdad de acceso a la profesión y yo creo que en ese sentido
hay que tomar medidas. Otra cuestión es que una competencia como es
la programación general de la enseñanza se cumpla, porque ¿usted cree
que tiene sentido, entre nosotros, que haya universidades privadas
que estén ahora mismo planteando que se haga una licenciatura en
farmacia, cuando resulta que en la Comunidad de Madrid tenemos más
farmacéuticos o el mismo número de farmacéuticos que en todo Francia?
¡Hombre!, yo creo que esto es un poco insensato y todos tenemos unas
responsabilidades. Hay que participar en la programación general de
la enseñanza, ese es un problema real. En cualquier caso, me refiero
a lo que pone estrictamente respecto a lo que son las competencias de
la Administración general del Estado, porque luego entraré en el tema
de las incompetencias o, perdón, del traspaso de competencias, pero
muchas veces decir que las competencias las tienen otros es asumir
una cierta incompetencia, porque aquí lo que hacen falta son
soluciones políticas y no exclusivamente soluciones reglamentistas o
legislativas, con el respeto a la legislación, pero le recuerdo que
el Consejo de Universidades es un órgano que preside la ministra de
Educación y, por lo tanto, al presidir ese órgano, puede y debe, en
ese órgano encargado de coordinar y de planificar el sistema
universitario, tomar medidas o inducir a hacer estudios para que se
puedan llevar a cabo una serie de actuaciones.
Le hablaba de temas que han estado en los medios de comunicación: la
libertad académica, entendida como libertad de cátedra, de
investigación, de estudio. Ha sido relativamente frecuente el posible
despido de profesores en función de que no aprobaban a suficientes
alumnos; eso está en toda la prensa y es una realidad que no afecta,
repito, a todas las universidades privadas, pero sí a un número
notable e importante de éstas, lo hemos denunciado muchísimas veces y
tiene que ver también un poco con la concepción. Nosotros seguimos
pensando que la enseñanza no puede ser un negocio ni puede haber
detrás intereses urbanísticos exclusivamente, como en algunos casos
ha sucedido. Lo que hay es que concebirlo como ese servicio público y
lo hemos dicho más de una vez. Los profesores no son exclusivamente
vendedores de conocimiento, son formadores; los alumnos o los padres
de los alumnos, no son solamente los clientes; son personas que
forman parte de esa comunidad universitaria. Yo no digo que usted
piense eso. Digo simplemente que tenemos que sensibilizarnos para
tener un discurso que acabe defendiendo la enseñanza pública
respetando la privada pero poniendo unos límites que son los reales y
son los problemas que están ahí.
El tercer aspecto que tenía que ver con lo que yo denominaba
chiringuitos es que el propio Real Decreto 557/1991 recoge en el
artículo 2.4. lo que podríamos denominar publicidad fraudulenta o
engañosa y lo hace con todo lujo de detalles -lo leo muy
rápidamente-:
No podrán utilizarse denominaciones que por su significado puedan
inducir a confusión con los centros y enseñanzas a que se refieren
los apartados 1 a 3 anteriores. O sea, no podrán utilizarse
denominaciones que puedan inducir a confusión. Yo le ponía un ejemplo
a la ministra en el Pleno el otro día y se lo pongo a usted aquí. Si
una persona en un periódico ve que hay una universidad, en este caso
americana, y dice que hay ingeniería y, entre paréntesis,
aeronáutica, informática y eléctrica, puede llegar a pensar que su
hijo o su hija va a ser ingeniero aeronáutico si cursa esos estudios.
Este título no tiene validez oficial y si esto no es una publicidad
fraudulenta o engañosa, yo no sé qué lo es. Hasta el momento,
ingeniería aeronáutica hay en la Universidad Politécnica de Madrid.
Estaba en proceso, no sé si habrá terminado, que también la tenga la
Universidad Politécnica de Cataluña, pero, claro, una persona que lee
esto. Es un problema real, porque afecta a muchas personas, hay
además una norma en el real decreto al que he hecho referencia y eso
hay que atajarlo de alguna manera. No voy a entretenerme con el tema
de las universidades de la Iglesia, universidades católicas, que
tienen una excelente trayectoria y un buen nivel de investigación y
de docencia, pero, por lo menos a mi grupo lo que no le gustaría es
que ocurriera como en el caso de Soria, que se dio dinero público
para poner un centro, creo que no recuperaron la fianza que pusieron,
que era en torno a 30 millones de pesetas, porque luego no se pudo
inaugurar porque no había alumnos; o como sucedió en la Universidad
de Ávila, adonde doña Esperanza Aguirre fue a poner la primera
piedra, es decir, que al final haya también cesiones de dinero
público, cuando estamos en una situación en la que el gasto por
estudiante universitario, con todos los datos de la OCDE, muestra que
estamos retrasados en nuestro país.
Para ir terminando y no alargarme demasiado entro en el tema de la
investigación. Le voy a dar un dato. A mí las cosas que usted me ha
dicho me parecen bien, pero, en el curso 1999-2000 comparado con el
curso 1996-1997 -son datos de su Ministerio-, el número de alumnos
matriculados en el tercer ciclo en el conjunto del sistema ha crecido
exactamente en 1.022 en las universidades públicas, y ha decrecido en
372 en las privadas. Usted hablaba de que vienen a ser el 6 o el 6,5
por ciento del conjunto de la enseñanza superior. Sabe usted que en
el curso 1999-2000 había 1.940 alumnos matriculados en el tercer
ciclo. Pues si hay 1.940 alumnos, que vienen a ser el 3 por ciento
del total de los alumnos del tercer ciclo, significa que hay un
retraso bastante importante y si nos ponemos a ver el número de tesis
que se han leído en cada universidad privada, vemos algunas muy
serias, ahí tiene usted las estadísticas -no las voy a nombrar-, se
lee un número muy importante de tesis, y hay otras en las que no han
leído una tesis en ningún momento y ustedes lo que hacen
exclusivamente es una declaración de principios
en el anteproyecto de ley que no conduce más que a decir cómo nos
gustaría que fuera, pero sin tomar ninguna medida. Evidentemente, el
plan de calidad de las universidades es algo que nosotros hemos
apoyado. El primer plan experimental se hizo en el curso 1993- 1994,
luego nos sumamos a la experiencia europea y el I plan de calidad de
las universidades se hizo en el año 1996. Estamos de acuerdo, tampoco
es una novedad, pero sigamos en esa línea, que se incorporen las
privadas, no tenemos ningún inconveniente.
Me hablaba usted de algunos datos que vienen en el proyecto de ley.
El tema de personalidad jurídica propia yo no voy a negar que pueda
ser un avance. En cualquier caso no es una cosa suficientemente
significativa, se podía avanzar mucho más, aunque no voy a decir hoy
aquí cómo.
Ustedes hablan de la creación de una agencia de evaluación
y acreditación. No quiero centrarme tampoco hoy en este tema porque hay
más preguntas y la hora tampoco lo va a permitir -a pesar de la
bondad del señor presidente voy a intentar ajustarme lo más posible-,
pero es que, claro, no se define suficientemente. Yo no voy a estar
de acuerdo en que sea dependiente directamente del Gobierno. ¿Va a
ser independiente esa agencia? Vamos a estar a favor. ¿Qué
composición y qué competencias va a tener, cómo la vamos a hacer? Si
hacemos un órgano de verdad, bien; ahora, ¿que se crea una agencia de
evaluación y acreditación? Pongámonos de acuerdo en el contenido.
Nosotros no vamos a tener nada en contra de que se cree, pero que se
haga con todas las de la ley.
Respecto a la presencia en el Consejo de Universidades, no me
tergiverse usted. Yo lo que he dicho, y estará ahí anotado, tiene que
ver con algo que ya contemplaba la Ley de Reforma Universitaria, que
es el sentido común. En el artículo 24, apartado 5, dice
textualmente: Cuando el Consejo de Universidades o alguno de sus
órganos delibere acerca de asuntos que conciernan a las universidades
privadas los rectores de las universidades afectadas serán convocados
a la sesión correspondiente. Eso es lo que digo, ya estaba en la LRU,
no que esas personas, por ser de la enseñanza privada, tengan que
estar fuera, no. Nosotros no tenemos ningún impedimento. Lo que
ocurre es que ustedes anunciaron que iban a estar presentes en el
pleno del Consejo de Universidades y que iban a poder votar. Si lee
usted el texto -que luego lo aclare me parece bien-, es tal cual,
porque no lo han aclarado ahí. En segundo lugar, si yo le doy el
beneficio de la duda, tienen ustedes una lentitud en algunas cosas
que me sorprende muchísimo. ¡Si han tenido ustedes una crítica desde
prácticamente todos los sectores! Desde los rectores hasta los
sindicatos y hasta el grupo de la oposición lo han criticado y uno de
los aspectos en los que yo creo que había unanimidad es en el trato
que se daba a las universidades privadas y concretamente su presencia
en el Consejo de Universidades con derecho a
voto. Han tardado ustedes en rectificar casi una o dos semanas, es
así, porque ustedes rectifican cuando hay una pregunta en este
Parlamento; por lo tanto, no me interprete mal . Reconózcalo, si es
bueno rectificar, yalo he dicho alguna vez, si se acierta
rectificando; sigan ustedes rectificando porque a lo mejor van a
acertar en este proyecto de ley, pero tienen que rectificar mucho.
La verdad es que quedan, a mi modo de ver, muchas dudas en el aire.
En cuanto al tema de la extraterritorialidad, no estoy de acuerdo en
que se haga énfasis, como se hace en el anteproyecto de ley, y que se
quiera vender como que ahora se van a poner más requisitos, no. Yo lo
que sé es lo que pasó por ejemplo en Ferrol, donde parece, luego no
se comprobó al cien por cien, que la Universidad católica de Murcia
quería poner un centro me parece que era de odontología o
fisioterapia. ¿Tiene sentido que la Universidad católica de Murcia -o
cualquier otra, si al final no fue así-, ponga un centro de
odontología en Ferrol? Pues, mire usted, a mí no me parece sensato.
Yo estoy a favor del distrito único, de la apertura de la
universidad, de que haya una reserva de plazas, etcétera. Avancemos
por esa vía, pero a mí no me va a convencer, por mucho que estén de
acuerdo dos comunidades autónomas. Yo no lo acabo de entender
sinceramente; a lo mejor es un problema de percepción por mi parte,
pero no me parece racional. Estamos absolutamente en contra del tema
de la extraterritorialidad. Repito, no voy a llegar más lejos,
ustedes han copiado, han hecho un ejercicio de intertextualidad
legislativa en algunos aspectos y han dejado otros. Analice usted lo
que se han dejado y verá con lo que no estamos de acuerdo.
No veo que existan esas medidas. Creo que es un tema que tenemos que
tomarlo en serio. Llevan ustedes gobernando cinco años, aunque usted
lleve, obviamente, menos tiempo. Le repito de verdad que yo llevo
intentando avanzar en esta cuestión y con propuestas desde hace ya
varios años y no he recibido más que la votación, -porque no habré
sabido convencer- mecánica del Grupo Popular, tanto en el Senado en
la anterior etapa como ahora aquí, y me duele que haya una percepción
absolutamente equivocada de la realidad de un sector que cada vez
tiene más peso y que realmente está campando en muchos casos por sus
respetos. Por lo tanto, señor secretario de Estado, le agradezco una
vez más su intervención y le digo que se pueden hacer propuestas, que
nosotros evidentemente haremos, para mejorar esta situación que a mi
modo de ver es bastante caótica.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, si quiere
intervenir.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Desde luego, el Ministerio muy predominantemente y yo
mismo, como universitario y como responsable,
compartimos la preocupación por la calidad; precisamente por eso es
uno de los temas relevantes en varios aspectos que luego mencionaré.
Como una cuestión no marginal -nada de lo que se pueda decir es
marginal-, me gustaría hacerle alguna aclaración en relación con la
lentitud que constata o advierte por parte del Ministerio en el tema
de las aclaraciones. Yo le podría demostrar documentalmente que, no
aquí sino con notas de prensa, no la rectificación sino que la
aclaración se ha hecho de inmediato, en notas de prensa e igualmente
ante el Consejo de Universidades; que haya tenido mayor o menor
trascendencia pública, esa es otra cuestión, y que no hayamos entrado
a responder todas las imputaciones más o menos acertadas o que
sencillamente no tenían, a nuestra manera de ver, fundamento de hecho
es un problema de otra naturaleza, pero le puedo garantizar que ha
habido, por parte de la ministra y por parte mía, respuestas de
inmediato en el sentido de que evidentemente el espíritu de la ley,
la norma, la filosofía y la obviedad en el aspecto de la gestión iban
en la dirección que le he mencionado y así quedará consignado expresa
y formalmente. Desde luego, justamente como salvaguarda de la
coherencia, tenemos el hecho de que, no está anunciado en la propia
ley, la vigente, ni en la futura, cuando se desarrolle el nuevo
consejo de coordinación universitaria, que los consejeros de las
comunidades y los rectores de las universidades públicas tienen
atribuciones no absolutamente idénticas. Pensamos que de la misma
manera que no era imprescindible introducirlo en el texto del
borrador del anteproyecto, tampoco se introduciría lo otro, de modo
que no es que se haya esperado, sino que desde siempre ha estado en
la voluntad y en la convicción del Ministerio esa posición.
Realmente el tema de la calidad en las universidades es un problema
básico, no para la universidad pública, no para la universidad
privada, sino para los ciudadanos, y esa es la dimensión en que el
Ministerio justamente quiere situar el tema, no sólo en el plan de
calidad sino también en la regulación básica en la ley y en su
desarrollo en el futuro. En su intervención creo percibir que hay dos
dimensiones. La primera parte yo la interpreto más que como un
problema puramente de calidad, como un problema, digamos, como usted
mismo lo ha situado, de la programación general de las enseñanzas y
la planificación de las mismas, en qué medida un centro privado pueda
crear -la calidad es un tema unívoco en cualquier supuesto- un centro
de enseñanza cuando pueda haber unos niveles de saturación, como en
el caso de farmacia que usted mencionaba, en el conjunto de la
sociedad o en una región determinada. No sé si interpreto bien su
posición o no, pero el problema para abordar diferenciaciones en los
aspectos del orden de programación general de la enseñanza, que no
estaría situado sólo dentro de una comunidad autónoma sino en el
conjunto de ella,
desde luego trasciende del problema de calidad y sitúa la cuestión en
otro escenario, y no sé si en su propuesta o en su reflexión llegaba
hasta ahí, porque evidentemente esa es otra consideración que afecta
por las peculiaridades a las ciencias o a las especialidades
sanitarias, por el régimen de directivas europeas, etcétera, que es
el único hasta ahora en el que hay una limitación global en el
conjunto del país del número de alumnos que pueden cursar esas
materias. En todas las demás no hay ninguna consideración desde el
punto de vista de expectativas profesionales o de tasa de alumnos o
de tasa de licenciados, etcétera, en cualquier indicador que
utilizáramos: número de abogados, número de farmacéuticos, que usted
mencionaba; si lo utilizamos con un parámetro sólo de la Unión
Europea, probablemente esa reflexión que usted hacia en el caso
concreto de farmacia podría ser aplicable a otros muchos. El modelo
que se sigue en España es un modelo, una vez cumplidas las
condiciones, de libre acceso y el sistema, el público y el privado,
sencillamente ofrece sus plazas sin que haya ninguna restricción en
función de una cierta saturación del mercado profesional, como digo
salvo en el caso de las biosanitarias. Si hay otra postura por parte
suya, a mí me agradará conocerla y en ese caso yo me pronunciaría
claramente sobre ella igualmente.
En relación con el tema de la calidad de la enseñanza, constato que a
usted le parecen pocas las especificaciones que en este borrador se
inscriben en el campo de las previsiones de la calidad. Yo lo que sí
le puedo decir es que, lógicamente, derivado, en su caso después del
debate, de la aprobación de la ley, será ahí donde se puedan
establecer unos mecanismos más adaptados a la cuestión de la calidad
de las universidades y los requisitos mínimos de su funcionamiento.
No obstante, los problemas que en algunos casos menciona son
claramente, como la ley establece, competencia de las comunidades
autónomas. La decisión de crear una universidad pertenece a las
comunidades autónomas. No sé si eso se puede modificar, desde el
punto de vista constitucional tengo mis dudas. Es decir, el Consejo
de Universidades, en la Comisión de Coordinación Universitaria, lo
que puede hacer es un dictamen negativo, pero no puede llegar más
allá si una comunidad, en el uso de sus atribuciones, establece la
decisión de crear un centro, no podremos oponernos por más que haya
un dictamen del Consejo en contra.
Si usted me pregunta mi opinión personal, evidentemente, yo no creo
que sea imprescindible en absoluto crear nuevos sistemas
universitarios. No es que hayamos llegado a una saturación,
comparativamente el número medio de alumnos tampoco es excesivamente
bajo, sobre todo en relación con las buenas universidades, pero no me
parece que sea en absoluto una prioridad real hoy fomentar la
creación de nuevos centros universitarios, nuevas universidades, no
me parece algo
deseable. Si quien tiene la competencia establece lo contrario, pues
yo podré emitir mi opinión, pero no podré hacer otra cosa.
En relación con el tema de la libertad académica, en relación también
con la publicidad fraudulenta que usted señala, y que es cierta, y
sobre todo ya con los centros extranjeros cuya competencia tienen
también hoy por hoy las comunidades autónomas, el anteproyecto
definitivo estamos seguros que avanzará en algunos objetivos
concretos, rectificando la literalidad. El anteproyecto ha provocado
un debate muy intenso por parte de todos los sectores, y ese debate
lógicamente ha permitido recoger ideas muy sustantivas de todos los
sectores, y precisamente para eso se lanzó ese debate, para recoger y
mejorar el texto del borrador. Por consiguiente, como popperiano que
es uno, la prueba y el error serán muestras de mejora de un documento
que lo que queremos es que esté al servicio de la sociedad española y
de todos los ciudadanos.
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE PREVISIONES ACERCA DE MODIFICAR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 181/000821.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula
doña Amparo Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, viene siendo
habitual iniciar cualquier debate sobre el anteproyecto de ley de
universidades que ha presentado el Gobierno como una necesidad la de
modificar de la Ley de reforma universitaria porque ha cumplido una
etapa; 18 años más tarde hemos aprendido muchas cosas que nos pueden
permitir reforzar y mejorar los órganos de gobierno de las
universidades españolas. Sin embargo, el Gobierno presenta a
principios del mes de mayo su anteproyecto al Consejo de
Universidades. Una vez conocido, precisamente hay una unanimidad
generalizada en el rechazo a muchas cuestiones que plantea este
anteproyecto. Una en la que confluyen mayores críticas es la
propuesta que el Gobierno hace de reforma de los órganos que dirigen
la representación, la participación, la gestión y el control en las
universidades españolas.
Hay una coincidencia en el rechazo sobre todo a dos cuestiones: la
elección de rector y una nueva figura, que es el consejo de gobierno
de las universidades. En contra se ha manifestado no sólo la
oposición parlamentaria, no sólo el Partido Socialista, también se
han manifestado en contra amplios sectores de la comunidad
universitaria y sobre todo lo han hecho los sindicatos de profesores,
los sindicatos de estudiantes y la Conferencia de rectores.
Nosotros estamos seguros de que ustedes rectificarán y que
modificarán esta propuesta. Señor secretario de Estado, lo que
queremos hoy es conocer cuáles son sus previsiones a la hora de
modificar su anteproyecto de ley de universidades en lo que se
refiere a los órganos de gobierno de las universidades españolas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Con mucho gusto contesto y aclaro o mejoro la información
de la distinguida señora diputada.
Ha indicado que había una unanimidad en el rechazo. Realmente son
notorios los rechazos, y es obvio que están documentalmente
recogidos, pero el que sean unánimes creo que no es una cuestión de
valoración sino de hecho. Yo me permito recordar que ha habido una
importante asociación de profesores, la Asociación de Catedráticos de
Universidad, que se ha mostrado a favor. Le recuerdo igualmente que
500 catedráticos y profesores titulares de cierta relevancia en la
vida pública de 60 universidades públicas, todos ellos absolutamente
meritorios pero muchos de ellos de gran calado internacional y no
sólo nacional, se han mostrado también de acuerdo en las líneas
básicas y exigen incluso una línea de mayor énfasis en la excelencia
dentro de la ley, es decir, nos parece que todavía nos animan a que
lleguemos más allá.
Ciertamente ha habido abundantísimas informaciones de todo tipo,
críticas sobre el proyecto, pero le recuerdo que ha habido
editoriales en todos los periódicos nacionales que salen en Madrid.
La Vanguardia y el Grupo Correo (en muchos casos han salido varios en
la misma cadena), cuyos contenidos no han sido desde luego contrarios
sino sencillamente respetuosos con la ley y señalando alguna crítica
en algún aspecto concreto. Es cierto que ha habido pronunciamientos
de rectores en el sentido que es conocido, pero es menos conocido que
ha habido claustros que se han negado a respaldar decisiones tomadas
por esos mismos rectores. No digo que no haya habido críticas, Dios
me libre, eso es evidente, lo que sí querría es mostrar una cierta
salvedad en el hecho de que sean unánimes.
En relación con el tema de la elección de rector y el tema del
consejo de gobierno, lo que le puedo decir en este momento es lo
siguiente. En el tema de la elección de rector, ni siquiera los
rectores en la comisión académica del Consejo de Universidades han
mostrado una posición abiertamente crítica sobre esa posición, y hay
dentro de los rectores en este tema en concreto posiciones personales
diferenciadas. Si me lo pregunta en relación con los rectores, más
diferenciadas son todavía las posiciones de los propios consejeros de
universidades de las comunidades autónomas.
En relación al consejo de gobierno ,yo le puedo repetir aquí lo que
hemos dicho claramente desde el principio en la comisión académica
del Consejo de Universidades: el Ministerio tiene un principio básico
en materia de filosofía del anteproyecto y en materia concreta del
gobierno de la universidad, que es la necesidad de una mejor
sintonía, mejor sincronización o adaptación entre la sociedad y la
universidad. Ese es un principio básico y en el proyecto constan
varias acciones en esta dirección, y lo que se les ha dicho a los
rectores en este aspecto son varias cosas: una, que evidentemente la
cuestión se puede plantear en términos de acierto, desacierto,
conveniencia, no conveniencia, en términos de análisis de la
propuesta concreta que se ha llevado al texto del anteproyecto, pero
que desde luego nosotros no compartimos en manera alguna su
consideración desde el punto de vista de la autonomía universitaria,
no sólo porque tenemos algunas interpretaciones jurídicas en el
sentido de que no hay ningún ataque a la autonomía universitaria en
esa introducción de los representantes del consejo social en los
órganos de gobierno, sino por otro hecho que mostraría la evidencia
del asunto, y es que hay un gran número de universidades de toda la
Unión Europea, con una inequívoca tradición democrática en esos
países y con una inequívoca claridad en materia de autonomía
universitaria, donde la presencia incluso directamente gubernativa en
los órganos de gobierno es muy importante y nadie considera que la
autonomía de esas universidades esté puesta en tela de juicio. De
modo que el tema se puede, y nos parece absolutamente legítimo,
plantear en el terreno de la utilidad o no, de la conveniencia o no,
pero desde luego, desde un punto de vista jurídico- constitucional,
es muy discutible que quepa inducir ese hecho no sólo del argumento
comparativo sino incluso de las propias interpretaciones y la
literalidad de la sentencia de la Tribunal Constitucional en materia
del consejo social.
Lo que se les ha dicho a los rectores es que hay múltiples
modalidades para materializar ese objetivo. Se les ha dicho que el
que consta en el borrador era un sistema, que había otro sistema que
era delimitar claramente las competencias en las cuales pudieran
tener el derecho al voto los representantes del consejo social, que
habría la posibilidad de establecer un sistema mediante el cual se
pudiera materializar una intervención en el sentido de que cuando
tuviera efectos económicos, el consejo social tuviera un
posicionamiento informativo previo,ir a una separación, ir a fusionar
los dos órganos en uno, etcétera. Es decir que había muchas
posibilidades, y evidentemente todas se han ofrecido en el debate
intenso que se ha mantenido con el Consejo de Universidades, que es
donde están los rectores, representantes de los parlamentarios y
representantes de las comunidades autónomas. Todos esos escenarios
son los que podemos estar considerando,
porque todos ellos mantienen ese principio y todos ellos se han
debatido y se han expresado en los debates con el Consejo de
Universidades. Eso es lo que le puedo decir en relación con esos dos
puntos que me mencionaba.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir, señora Valcarce?
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, ustedes
presentaron un anteproyecto de ley que ha tenido críticas
generalizadas. Desde luego me merecen un gran respeto los 500
profesores que han expresado otra posición, pero fíjese, 500
profesores entre 70.000 denota la enorme soledad en las que ustedes
se encuentran. Por otra parte, usted sabe muy bien que quienes
representan a las universidades son sus rectores, y ahí no me negará
que ha habido unanimidad, y muchos claustros. Mire, si quiere yo le
puedo hacer referencia al claustro de la Universidad de A Coruña.
Pero la cuestión que hoy nos trae aquí es que ustedes han presentado
un anteproyecto que ha sido vapuleado, señor secretario de Estado, y
que a medida que iba pasando el tiempo y arreciaban las críticas,
usted y la señora ministra de Educación se han visto obligados a
corregir en parte, a admitir que habría que reconsiderar, que habría
que incorporar cambios, modificaciones, etcétera. Mañana se reúne el
Consejo de Universidades que va a dictaminar el anteproyecto de ley.
Ustedes se han negado a abrir y a ampliar el debate, a dar tiempo
para un debate en profundidad de este anteproyecto de ley. Mañana se
producirá el dictamen en el Consejo de Universidades,pero lo que no
sabemos es qué texto van a ofrecer ustedes mañana en el Consejo de
Universidades.
Señor secretario de Estado, está usted en el Congreso de los
Diputados, donde se representa la soberanía nacional, es increíble
que usted hoy sobre cuestiones concretas que se le están planteando
no diga qué van a presentar mañana, cuando nosotros tenemos aquí
textos en los que se ofrecen rebajas, cambios, modificaciones.
Por ejemplo, en lo que se refiere al consejo de gobierno, el famoso
consejo de gobierno, usted ha ofrecido que se puede pasar del 33 por
ciento de representación del consejo social en ese consejo de
gobierno a un 20 ó 25 por ciento, ¿pero de qué estamos hablando?
Usted hace un momento ha reconocido que está hablando con la
Conferencia de rectores, que está viendo la posibilidad de rebajar
aquí, modificar allá, pero lo que la Conferencia de Rectores, por
boca de su presidente, el señor De la Plaza, le ha dicho es que esto
no es un problema de porcentajes, que esto es un problema conceptual.
Por eso yo le reitero las mismas cuestiones que nos preocupan, y nos
preocupa la elección de rector. Ustedes han escuchado críticas muy
duras, se les ha acusado
de que el procedimiento de elección directa por sufragio universal
ponderado era un sistema con graves riesgos presidencialistas que
politizaba la elección de rector, sin embargo, no habría por qué
expresar grandes reparos a esta elección, pero ustedes han recibido
fuertes críticas sobre el modelo de elección de rector, sobre todo
porque el rector elegido por la comunidad universitaria por sufragio
universal directo y ponderado, sin embargo, puede ser cesado por el
claustro de la universidad. Además, los vicerrectores pueden también
ser recusados. Esto complica enormemente la vida de la universidad,
porque un rector que no es elegido por el claustro queda en una
situación dificilísima ante el claustro. Ustedes tienen una
posibilidad. Nosotros lo que les hemos propuesto es por qué no
reforzamos la autonomía universitaria y que la elección del rector
sea hecha por la comunidad universitaria conforme a lo que cada
universidad decida en sus estatutos, y esto resolvería el problema.
Sobre el consejo de gobierno, ustedes en el consejo de gobierno
introducen un elemento como es la parte social, no académica, del
consejo social de la universidad en el gobierno directo de la
universidad. Confunden participación, representación, gestión y
control. Desde muchos ámbitos se les ha dicho que ataca directamente
la autonomía universitaria, que este modelo no beneficia la gestión
eficiente de la universidad y que de esta manera desde luego ustedes
lo que pretenden es un control intolerable de las universidades que
va directamente en contra de la autonomía universitaria. Díganos cuál
es la oferta, la definición última que mañana ustedes van a presentar
en el Consejo de Universidades, porque desde luego nosotros lo
tenemos muy claro: hay que separar lo que es la participación y la
representación de la comunidad universitaria, que le corresponde al
claustro, hay que separar el control, que le corresponde al consejo
social, de la gestión eficiente que hay que pedir y que le debe
corresponder exclusivamente a la parte académica de la universidad.
Ésta es la cuestión fundamental. Desde luego a nosotros nos preocupa
que ustedes no hagan ninguna propuesta para hacer los claustros más
eficaces y que reduzcan de una manera tan notoria la participación de
la parte no docente, es decir del personal de administración y
servicios y de los estudiantes.
Por lo tanto, señor secretario de Estado, a nosotros nos parecería
inaceptable que después de comparecer hoy aquí, en el Congreso de los
Diputados, y habiendo avanzado tanto usted como la ministra de
Educación que están haciendo propuestas diferenciadas en estos
aspectos que son tan controvertidos y que tantas críticas han
generado sobre los órganos de gobierno que se contemplan en su
anteproyecto, nos fuésemos de aquí sin que usted nos diese ninguna
respuesta. ¿Qué van a proponer?, ¿cómo es posible que usted se vaya
de aquí sin habernos aclarado esta cuestión que mañana va al Consejo
de Universidades?
El señor PRESIDENTE: El secretario de Estado tiene la palabra, si
quiere hacer uso de ella.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Sí, muchas gracias, porque evidentemente comparto la
preocupación por la eficiencia y la calidad del sistema
universitario.
He de decirle a la señora diputada que yo no intervengo mañana en el
Consejo de Universidades y, por consiguiente, yo no puedo adelantar
una intervención que yo mismo no voy a tener mañana, yo no puedo
adelantar una intervención que no voy a realizar.
Sí me gustaría aclararle, por cierto, una expresión que ha utilizado,
porque no se corresponde con la realidad. Me ha dicho que estamos
hablando con la Conferencia de rectores. Nosotros hemos hablado en
todo momento, desde el punto de vista lógicamente de respeto a las
instituciones, en el Consejo de Universidades, son los rectores los
que se reúnen en su propia institución privada, pero los debates y
los análisis que se han tenido sobre la ley se han celebrado en sede
institucional y con convocatoria. Le aclaro que nosotros hemos
hablado en el Consejo de Universidades y claramente de todos los
aspectos.
En el tema de la elección del rector, yo respeto naturalmente todas
las críticas, pero si hacemos una estadística, probablemente el punto
que cuantitativamente menos críticas haya recibido haya sido ese. Ha
habido críticas, desde luego, pero cuantitativamente el número de
críticas ha sido el menor, y sobre todo en relación con el consejo de
gobierno ha sido un tema muy secundario, y le digo que incluso ha
sido un tema accesorio en el propio pronunciamiento escrito y desde
luego verbal en los debates con los rectores en el Consejo de
Universidades.
Por otra parte, me sorprende un poco los defectos y complicaciones
que ve usted en la aplicación del sufragio universal, no por una
razón obviamente de principio, que todos defendemos ardientemente en
el ámbito público, pero me sorprende por varias razones: en primer
lugar, porque sufragio universal para la elección de rector ya lo ha
habido en el sistema universitario español, no es una novedad; en
segundo lugar, el sufragio universal existe en la actualidad para la
elección del rector, lo que pasa es que es un sufragio universal de
segundo grado, pero absolutamente toda la comunidad universitaria
vota y se moviliza para la elección de sus representantes, que son
los que eligen al rector. Por consiguiente, la elección de rector por
sufragio universal ponderado creemos que es un instrumento que, una
vez ensayado durante una serie de años el procedimiento del sufragio
universal en segundo grado, no introduce ningún tipo de complicación
en la vida universitaria. Hay centenares de profesores que en otros
aspectos pueden estar en desacuerdo con uno u otro punto de la ley,
centenares de
personas de administración y servicios que llevan durante decenios
trabajando en la universidad y no han podido pronunciarse nunca
directamente sobre la cuestión y que realmente consideran que es una
posición de la suficiente relevancia como para que sea perfectamente
legítimo el derecho a pronunciarse. En lo que se refiera a la
elección de rector lo que no ha habido nunca (no me refiero a usted,
lógicamente, sino en el debate público) es ninguna argumentación de
cuáles son los problemas que justifican el que se impida dar la voz
directamente a las personas implicadas, que ése es el territorio en
donde ha de situarse la cuestión, es decir, la carga de la prueba ha
de residir en aquellas personas que están en la restricción de la
participación y no en su fomento.
En relación al consejo de gobierno, como ya he dicho, en el
transcurso de las deliberaciones del Consejo de Universidades se ha
debatido sobre muchos aspectos, sobre su constitucionalidad o no,
sobre si afecta o no a la autonomía. Yo lo que le he recordado es que
se ha mantenido con absoluta firmeza el principio básico, y en
segundo lugar, que hay posibilidades de articular distintas
posibilidades concretas de materializarlo. Cuál sea la última que se
lleve a cabo, pues evidentemente yo no estoy en este momento en
condiciones de responderle con claridad, lo que sí le puedo decir es
que el principio o el mecanismo que se arbitre, en la medida en que
se retoque esta cuestión, obviamente va a suprimir cualquier tipo de
cuestionamiento en relación al sistema, es decir que evidentemente
garantizará la presencia de la sociedad pero sin ningún tipo de duda
sobre su constitucionalidad o no, y más allá de eso, como la
intervención no la estoy preparando yo en estos momentos, no sé
exactamente en qué términos se va a mantener la propuesta.
Ha hecho una afirmación que tampoco se corresponde con la realidad,
en la medida en que nosotros nos hemos negado a ampliar el debate.
Tiene usted en este campo concreto una información que no es
correcta. El pleno del Consejo de Universidades aprobó el
procedimiento y su calendario, y eso está, lógicamente, reflejado en
las actas del propio Consejo de Universidades, del que forman parte
personas respetables como son los rectores y como son los
representantes parlamentarios y los miembros de las comunidades
autónomas, y quedó aprobado ese calendario. Una vez aprobado ese
calendario, el Ministerio lo que ha hecho es lo contrario que usted
dice, ha sido ampliar el proceso.
Por otra parte, la información que tienen los rectores en este punto
en concreto no es en manera alguna desde el día que se distribuyó el
anteproyecto sino desde el discurso de la ministra, que se entregó
por escrito y que contenía específicamente todos los contenidos
concretos que luego han sido objeto de debate singular, como es el
tema del consejo de gobierno y algunos otros, y la presencia del
consejo social estaba
ya expresa y literalmente descrita con toda precisión en el documento
que se repartió a todos los miembros del Consejo de Universidades el
18 ó 19, no recuerdo bien, de abril.
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE MODIFICAR LOS ACTUALES CONSEJOS SOCIALES DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 181/000825.)
El señor PRESIDENTE. Pasamos a la siguiente pregunta, que formula la
diputada del Grupo Socialista doña Juana Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Buenos días, señor secretario, la verdad es
que oyéndole me he llevado la sorpresa de que realmente no ha
contestado usted a las preguntas que ha hecho la diputada Valcarce
sobre qué es lo que va a decir usted mañana o qué es lo que se va
a indicar en el Consejo de Universidades, pero si eso es así, pues
supongo que entonces tendré más de dificultades en relación a mi
pregunta, que es sobre las previsiones de modificación de los
consejos sociales por parte del Gobierno.
Supongo que estos días habrá visto que en la residencia de
estudiantes se ha estado debatiendo sobre los cambios profundos que
está habiendo y que va a haber en el futuro en nuestras sociedades.
En esas intervenciones han estado presentes Anthony Geaders, Alain
Touraine y el catedrático de sociología español don Manuel Castell.
Precisamente el señor don Manuel Castell ha sido investido doctor
honoris causa por la Universidad de Valencia, y aunque sabe que estos
discursos suelen pasar mediática y socialmente desapercibidos, pues
allí se ha producido un cierto revuelo, porque la idea central de su
discurso era precisamente que la universidad no puede sobrevivir sin
libertad y que para que haya libertad desde luego tiene que haber
autonomía, en este caso autonomía universitaria. ¿Por qué se ha
producido allí ese revuelo? Pues porque, como supongo que usted
también sabrá, hemos estado durante un par de meses sin parar de
debatir el proyecto de ley de consejos sociales que ha presentado el
señor Zaplana, y lo que nos preocupa es que desde hace unos años,
desde que gobierna el señor Zaplana en la Comunidad Valenciana,
aquello se ha convertido en el laboratorio de pruebas de los
proyectos nacionales. Podría ponerle ejemplos: la financiación
autonómica, la ley de la Función pública, que en este momento el
señor Posada tiene guardada en el cajón a la espera de mejores
situaciones y que, sin embargo, él ha debatido estos días, y ahora y
en estos momentos la ley sobre el consejo social.
¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Pues que tiene unas prisas y
unas premuras hasta el punto de que en este momento lo está
tramitando por vía de urgencia. Y eso no es algo que yo le digo,
señor secretario, sino que en uno de los exámenes preceptivos que
tiene que pasar, tanto el del Consell Jurídico de la Comunidad
Valenciana como el de la Comisión Económica y Social. Precisamente en
el primer punto de ese dictamen se dice que el Comité Económico y
Social de la Comunidad Valenciana entiende, cuando ya se ha anunciado
públicamente por parte de la ministra de Educación la modificación de
la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, que el contenido
del presente anteproyecto de ley de consejos sociales puede verse
afectado por el contenido de la citada modificación. Por tanto, nos
sorprende enormemente que el señor Zaplana tenga esas prisas, a no
ser que el modelo que él está presentando, que es de un altísimo
control político por parte del Ejecutivo en los consejos sociales,
sea el modelo que el Gobierno piensa imitar. Precisamente le decía
antes a mi compañera la diputada Valcarce que este control político
también se está produciendo en la junta de gobierno, lo que ustedes
llaman el consejo de gobierno de la universidad, de manera que ahora
introducen en su anteproyecto que debería haber un tercio de miembros
procedentes del consejo social.
Usted sabe que hay dos grandes principios de las administraciones
públicas (yo creo que ahora estamos de acuerdo todos), el de la
eficacia y el de la eficiencia, y nos sorprende muchísimo esta medida
precisamente porque ni va a ser eficaz ni va a ser eficiente. ¿Por
qué esos miembros del consejo social en las juntas de gobierno?,
¿Sobre qué van a debatir? ¿Sobre qué van a discutir? ¿Sobre dónde
tiene que estar ubicada la asignatura de filosofía del derecho, o si
tiene que haber o no tiene que haber un departamento de didáctica de
la historia o didáctica de la física o de la filosofía? Nosotros
sabemos que lo que ocurrirá -y usted lo sabe también, señor
secretario de Estado- es que no van a asistir, y si no van a asistir
¿para qué se hace esto? Pues porque sí asistirá un miembro del
Ejecutivo, que es el director general de Universidades, y eso a
nosotros nos sorprende enormemente.
Por eso en estos días y con un cierto sentido del humor se les
acusaba -lo he visto en dos o tres ocasiones-, de zaplanear la
universidad, y eso viene a cuento precisamente de lo que yo le
comentaba de la Comunidad Valenciana. Si no recuerdo mal, en el argot
o diccionario lingüístico de la universidad, zaplanear significa
hacer interferencias, control político en definitiva mangonear. Puede
que parezca un poco fuerte, pero le podría poner múltiples ejemplos
de lo que significa zaplanear en mi comunidad. Pero no se los voy a
poner, sino que me voy a centrar en el tema que nos ocupa, que es el
de los consejos sociales. En ese sentido, de las múltiples medidas
que se
plantean en este anteproyecto de ley hay dos que llaman poderosamente
la atención. Una es que habrá 35 miembros, de los cuales 18, es decir
casi el 51 por ciento, serán nombrados por el Ejecutivo autonómico
y por las corporaciones locales, por ejemplo por la Consejería de
Educación, por la Consejería de Hacienda, por las diputaciones y por
los ayuntamientos. Y la otra medida bastante sorprendente es que
hablá un consejo interuniversitario en el que estarán presentes todos
los presidentes de los cinco consejos sociales de mi comunidad. Sobre
ese consejo interuniversitario, en el cual no estarán presentes los
rectores, varios constitucionalistas de mi comunidad hacen el
siguiente comentario: El presidente de ese macroconsejo universitario
ejercerá como verdadero rector de todo el sistema educativo
valenciano. Y acaban diciendo: Los actuales responsables políticos
creen que la universidad es suya. A nosotros esto realmente nos
parece muy grave y lo que nos preguntamos es si ustedes no consideran
compatible la autonomía universitaria con el control social.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted que ir concluyendo su pregunta,
señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Enseguida, señor presidente.
Nosotros sí que consideramos que es compatible, hasta el punto de que
pensamos que debe potenciarse tanto la autonomía universitaria como
ese control social. ¿De qué manera? En el procedimiento. A usted le
he oído decir que sí, pero en los procedimientos que ustedes plantean
no lo vemos y, sin embargo, en los procedimientos, en el cómo
hacerlo, lo que nosotros planteamos precisamente es dar mayor
autonomía académica, dar mejor papel a los consejos sociales. Le voy
a poner ejemplos.
Nos parece que sería fundamental despolitizar las juntas de gobierno,
lo que ustedes llaman consejos de gobierno; desacademizar los
consejos sociales, dar mayor legitimidad al presidente del consejo
social. En esto tenemos una diferencia profunda. Mientras ustedes
plantean que tiene que estar nombrado por el Ejecutivo autonómico,
nosotros planteamos que tiene que estar nombrado por una mayoría
cualificada de las asambleas legislativas autonómicas. Para nosotros
tendría que haber un equilibrio natural entre sus miembros: un tercio
tendría que ser nombrado por el presidente del consejo social, un
tercio por el rector (naturalmente nunca serían miembros de la
comunidad educativa) y un tercio por las comunidades autónomas, según
fuese legislando cada uno en sus gobiernos.
En definitiva -y acabo, señor presidente-, le pedimos que hagan
realmente compatible la autonomía universitaria con el control
social. Nunca estaremos de acuerdo con el control político que
plantean
las medidas del consejo social del señor Zaplana y las medidas que
ustedes están planteando con la reforma de la Ley Universitaria. Nos
parece que están creando marcos legales no para potenciar el control
social, sino para camuflar un control político que nos parece
totalmente inaceptable; y estamos plenamente de acuerdo en ese
sentido con las palabras del doctor Manuel Castell.
Y que querría simplemente decir una cosa. Nos ha parecido que ha
quedado mal, realmente mal, el mensaje que ustedes han dado a través
de los medios de comunicación, y es enfrentar a los rectores con la
sociedad, ¿En qué sentido? En el que lo que parecía es que quien está
queriendo salvar la universidad española es el Partido Popular y, sin
embargo, lo que quieren los rectores es de alguna manera guardarse un
pequeño chiringuito de poder. A nosotros eso nos parece bastante
inaceptable. Por último, le rogamos -de ahí nuestra pregunta de
cuáles son las previsiones del Gobierno acerca de los consejos
sociales- que no imiten el modelo que en este momento aparece en
España como el mayor control político de las universidades, como la
mayor injerencia de los ejecutivos en las autonomías universitarias,
que es el modelo Zaplana.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Muchas gracias por la intervención;
Me gustaría aclarar varias cosas. Me ha parecido -he tomado
literalmente nota- que estamos estableciendo marcos para camuflar
controles políticos. Yo no sé si hay controles políticos o no -ahora
hablaré de ello- pero si los hay, esos marcos están hechos por
ustedes cuando legislaron, porque en ningún caso esa legislación
deriva de una legislación estatal que haya sido cambiada. Por
consiguiente, le guste más o menos las potencialidades o los usos
sobre materias -yo no me voy a pronunciar aquí en estos momentos- esa
legislación deriva de regulación legislativa en materia de LRU,
respecto a los consejos sociales, que fue una materia marco puesto
que no ha sido modificada.
Nosotros no hemos dado ningún mensaje -ya nos hubiera gustado dar
alguno con éxito- y mucho menos enfrentar rectores y sociedad. Ni
siquiera hemos respondido a ataques en muchas ocasiones
extremadamente duros y, desde nuestro punto de vista, como se
mencionaba antes, absolutamente injustificados, incluso en algunos
aspectos derivados de interpretaciones que no se correspondían con la
voluntad manifiesta. De modo que si hay ese tipo de enfrentamientos
no será ciertamente el tema el que los evidencie. Quien ha empleado
artillería no ha sido el Ministerio; probablemente hay otros
sectores, según refleja la prensa, en que la dureza de las
intervenciones es mucho más clara.
Nosotros compartimos que la autonomía y el control social son
absolutamente compatibles. Estoy seguro de que se harán, no sólo por
parte del Ministerio sino por parte del Parlamento, todos los
trabajos necesarios para garantizar plenamente ambas dimensiones, la
autonomía y el control social. Como ya adelantaba antes en relación
con el contenido de esta misma pregunta hay múltiples escenarios que
posibilitan el que ambos instrumentos sean perfectamente posibles, el
control social y la autonomía. Éste se considera por parte del
Ministerio un instrumento óptimo y, puesto que no se ha explicado
nunca, me permitirá que le expresemos las razones subyacentes del
tema, que son muy sencillas. No es sólo el ejemplo que usted me ha
puesto de comunidad autónoma, y luego hablaré de él. No es la única
comunidad autónoma en la que ha habido problemas entre el Ejecutivo y
las universidades. Si quiere puede mirar la hemeroteca y ver también
alguna comunidad socialista que ha tenido problemas análogos. Las
relaciones entre la universidad y los poderes públicos, sean quienes
sean los poderes públicos y sea quien sea el titular de la
universidad, pueden tener unos elementos, sobre todo en materia
económica, estructuralmente complicados, como es obvio. Puesto que se
ha constatado que el modelo que actualmente existe es
estructuralmente conflictivo porque la universidad toma sus
decisiones y, una vez que las ha tomado, en muchos aspectos de
naturaleza económica interviene el consejo social, éste se encuentra
con que no tiene más margen que decir que sí, y a menudo genera un
conflicto ulterior con las comunidades autónomas, sean gobernadas por
quien sea, o decir que no, y entonces hay un conflicto con la propia
universidad. Esos son los hechos, al margen de las etiquetas
políticas que pongamos a cada uno de los factores que intervienen en
el proceso. El Ministerio ofreció un modelo que establecía procesos
de negociación desde el inicio de la toma de decisiones; es decir,
que no había que esperar a que la toma de decisión fuera hecha para
iniciar procesos de diálogo, de debate interinstitucional. Ese era el
ofrecimiento previo, que ha sido analizado únicamente desde el punto
de vista de la lógica del argumento, y las razones por las cuales se
ha impulsado este modelo radican precisamente en favorecer un modelo
estructural de negociación que evite los problemas de conflictos que
van a ser cada vez más frecuentes porque las demandas de las
comunidades universitarias y de las comunidades autónomas son en
muchos aspectos, sobre todo económicos, estructuralmente divergentes,
en porcentajes mayores o menores, sean cuales sean los actores
políticos que estén involucrados en el proceso. Y le repito que ha
habido comunidades autónomas con gobiernos socialistas que también
han tenido sus problemas, lógicamente, con las universidades.
Por cierto, mencionaba que en el proyecto no iban a ir los
representantes del consejo social al consejo de
gobierno. Pues eso evitaría en parte el problema que usted señalaba y
tampoco justificaría en esa hipótesis tan graves preocupaciones al
respecto si hace usted esa previsión tan negativa. Y en cuanto a que
asistiría el director general de Universidades convendría que
averiguara dónde ha podido producirse ya esa hipótesis, pues es un
tema que también está sometido a cuestión. Obviamente, en relación
con la Comunidad Valenciana yo no me voy a pronunciar en absoluto. El
problema no son las gestiones políticas que hagan unos gobiernos
autonómicos u otros. La cuestión que a mí me gustaría conocer es si
el Grupo Socialista está diciendo que desde la Administración central
se restrinja la autonomía de las comunidades autónomas en materia
universitaria; si es eso que lo diga, y entonces lo veremos, pero no
se puede cuestionar si el problema se tiene que situar en términos,
al menos desde nuestro punto de vista, de legalidad constitucional y
de legalidad administrativa; es decir, si hay o no legalidad en las
decisiones, que yo desconozco y no tengo ni por qué amparar ni por
qué criticar ni por qué pronunciarme sobre las mismas. Si en la
esfera de la autonomía un gobierno hace lo que hace, me podrá usted
decir si le gusta o no le gusta, eso es perfectamente legítimo, pero
me tendrá que decir si usted está en contra de esa esfera de
autonomía de cualquier comunidad autónoma -no me refiero sólo a una
de ellas- o si usted considera que para evitar que se produzcan esas
situaciones hay que reducir la autonomía en ese campo. Por
consiguiente, yo no me tengo que pronunciar sobre el uso que haga
cada comunidad de sus propias políticas.
El señor PRESIDENTE: Señora Serna, le concedo dos minutos como máximo
de reloj porque ya ha tenido mucho tiempo para formular la pregunta.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente. Voy a ser
disciplinada.
Yo no le voy a contestar a si estamos de acuerdo con la autonomía o
no porque nosotros, los socialistas, lo pusimos en las leyes, y por
tanto lo que hay que hacer es leerse toda la legislación española y
ver el enorme potencial que dimos los socialistas a las comunidades
autónomas, que es un sistema en el que creemos totalmente, pero sí
que le voy a decir algo. Alguien dice que la dirección de
Universidades valenciana trabaja muy de cerca con el Ministerio en
una serie de proyectos jurídicos que facilitarán el engranaje del
sistema universitario valenciano dentro del nuevo marco de la LOU.
Según las mismas fuentes, del Ministerio y de la Comunidad, a finales
de junio entrará en el Congreso la LOU y estará lista, etcétera,
mientras tanto la Administración valenciana trabaja y viene con todos
los proyectos que está elaborando para plantear esta cuestión. Yo he
partido de la hipótesis de que usted sabía que allí hay un
laboratorio de pruebas y que todo lo que piensan
hacer los distintos ministerios (he nombrado tres, Economía,
Administraciones Públicas y ahora Educación) se va haciendo. Yo
desconozco en este momento el modelo de ustedes, lo desconozco porque
no me lo han contado; lo que sí que conozco y muy bien porque lo leo
todos los días es el modelo del señor Zaplana, que es de un altísimo
control político. Nosotros -se lo acabo de decir- estamos totalmente
de acuerdo con el control social; si está en la LRU, cómo no vamos a
estar de acuerdo. Ahora, ante estos cambios que va a haber (nosotros
estamos de acuerdo con que se puede modificar porque llevamos 18 años
de LRU), no estamos de acuerdo en cómo ustedes los plantean, lo cual
es una postura absolutamente legítima. Entonces, ¿qué es lo que
nosotros indicamos? Que los consejos sociales, tal y como se plantean
en la Comunidad Valenciana, si ustedes los van a imitar, son de un
alto control político y, por tanto, simplemente le sugerimos que ése
no sea el modelo.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): El Ministerio no puede establecer en las leyes ningún tipo
de control político. La función en este campo de la legislación
propuesta por el Ministerio es establecer un marco jurídico, sobre el
que se podrá usted posicionar en los términos que considere
conveniente, pero ese marco jurídico será el que las comunidades
autónomas, en el uso de su autonomía, desarrollen en una dirección
u otra. Por consiguiente, podrá usted decir si le parece que el marco
abre esa potencialidad a lo que usted denomina control político. No
sé si usted lo que quiere es una crítica política, que está fuera de
lugar que me la haga a mí puesto que no soy responsable de ningún
tipo de medida y ni siquiera las conozco con precisión. Por
consiguiente, tendría usted que trasladarla al foro adecuado para
realizarla. Si usted lo que me está diciendo es que el marco jurídico
abre demasiadas posibilidades para que eso pueda llegar, entonces
dígame que quiere cerrarlo, pero no me acuse usted de lo uno y de lo
otro, o no me da alternativa de ninguna de especie. Una de dos, o
usted me dice que es una crítica política, en cuyo caso yo la oigo
con todo el respeto pero no es de mi competencia, o si usted lo que
dice es que el marco jurídico de la legislación vigente da mucho
campo para que luego se puedan derivar políticas concretas en una
dirección que a usted no le gusta, dígame si es que de eso debo
inducir que usted quiere que lo cierre o cuál es la salida, porque no
veo otra alternativa.
Y en relación con esa información, que yo desconozco plenamente, que
usted ha leído y que me imagino o sospecho que era de prensa pero no
lo ha aclarado, está claro que la Comunidad Autónoma Valenciana ha
trabajado intensamente con el Ministerio, naturalmente,
en el Consejo de Universidades durante decenas de horas (más de 200
intervenciones ha habido en la Comisión de coordinación), allí se ha
hablado y a nadie se le ha restringido el uso de la palabra en ningún
momento, hasta que ha habido unos representantes de unas determinadas
comunidades autónomas que decidieron libremente no seguir asistiendo
a esas reuniones sin que hubiera habido ningún tipo de posición que
desde el punto de vista interno del Consejo se hubiera impedido
ningún tipo de debate, pronunciamiento y crítica al respecto. Por
consiguiente, el trabajo con las comunidades autónomas, con todas, es
intensísimo, y en ese aspecto únicamente es donde se ha movido el
Ministerio.
- DEL SEÑOR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
DIRECCIÓN EN LA QUE SE VAN A REFORMAR LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD. (Número de expediente 181/000675.)
El señor PRESIDENTE. Pasamos a la última pregunta, que formula don
Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, quien
tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El hecho de que el Ministerio haya
anunciado la supresión de las pruebas de selectividad en el futuro
creó cierta confusión o engaño, derivado de lo que es la información
al público cuando se habla de verdades a medias. Nuestra pregunta va
destinada a que el señor secretario de Estado nos clarifique si esta
supresión, primero, conllevará una prueba de reválida que será la que
homologue los estudios de bachillerato, en concreto si es condición
sine qua non para obtener este título de bachillerato que hoy se
alcanza sin ninguna prueba de carácter externa al propio sistema; y
segundo, si la selectividad homologada y genérica que hacen las
universidades (con excepciones porque hay centros para los que no
hace falta esta prueba de selectividad) será sustituida por una ad
hoc por centros, por universidades, o por tipo de estudios, y en todo
caso si todos estos problemas van a ser planteados y formalizados en
la denominada ley de calidad educativa.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, la ley de
calidad va a proponer la regulación de los aspectos de toda la
enseñanza anterior a la universidad, y ahí estarán reguladas
específicamente las modalidades de superación de todas las enseñanzas
para acceder a la universidad. Por consiguiente, en esa ley estará
regulada en su momento esa situación de cómo se finaliza
la enseñanza secundaria y qué trámites en el último curso, en el
penúltimo o el anterior, en todos ellos, hay que realizar. Le puedo
adelantar que la Ley de universidades va a regular específicamente la
situación del alumno, sea cual sea su recorrido, porque se contempla
no sólo el acceso a través del bachillerato sino a mayores de 25
años, que persistirá, y a continuación cuál será el acceso a la
universidad. Como es notorio, el acceso a la universidad estará
sustentado en un sistema en el que la inmensa mayoría de las
titulaciones será abierta, es decir, sin más requisito que el cumplir
las condiciones de superación de la enseñanza secundaria, se podrán
inscribir en cualquier titulación en el conjunto del sistema
universitario español; habrá otras que tendrán un requisito de nota,
y otras que tendrán un requisito suplementario, como ocurre hoy
también. Esas tres situaciones son las que hoy hay en el sistema
educativo universitario, en el que hay titulaciones abiertas,
titulaciones con notas y también titulaciones que después de aprobar
la selectividad tienen una prueba suplementaria, con el handicap,
desde 1998, de que en la actualidad no hay ninguna norma, ni estatal
ni autonómica, que garantice que en esas facultades donde se hacen
pruebas después de la selectividad se materializa el principio de
igualdad, mérito y capacidad. El anteproyecto anuncia que en los
casos en que haya un sistema específico de acceso de una universidad
determinada habrá una normativa especial que garantizará los
principios de igualdad, mérito y capacidad y, obviamente, el sistema
universitario tendrá una coordinación que impedirá esa caricatura que
se ha hecho de que igual uno tendrá que ir a 14 universidades a
examinarse sucesivamente. Hay mecanismos de coordinación en el
sistema universitario público para que esas situaciones no se
produzcan, y una vez aprobada la Ley de universidades se regularán la
coordinación para evitar ese tipo de problemas y la normativa básica
que garantice los principios esenciales de igualdad, mérito y
capacidad, que hoy día no están garantizados por la ley pero yo creo
francamente que sí están garantizados por la práctica, en el futuro
se reforzarán aún más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En todo caso, no se excluye la
posibilidad de que haya una normativa general que dé cobertura a esa
dinámica particular en cómo se puede hacer el proceso selectivo para
entrar en las universidades o centros o tipos de estudios que
requieran unas pruebas de acceso específicas o generales, en el
sentido de una nota determinada o algún tipo de requisitos. En
segundo lugar, está claro que va a hacer falta la prueba anterior de
homologación del bachillerato, que sería una reválida o se le llame
como se le llame.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias
de Ussel): El anteproyecto no es que no lo excluya, sino que anuncia
que habrá una normativa básica para garantizar esos principios de
igualdad, mérito y capacidad; está expresamente anunciado el tema, y
luego en la ley de calidad, la que regula el sistema de enseñanza
anterior, será donde habrá que establecer lo que sea conveniente.
Todavía no está definido cuál será el mecanismo en ese momento, pero
los éxitos o las deficiencias del sistema previo habrá que situarlos
en ese momento y en el análisis de la propuesta que venga del sistema
de enseñanza en la ley de calidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Educación,
Cultura y Deportes, del miércoles, 20 de junio de 2001, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.