Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 255, de 05/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 255
*********************************************************************
NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 4081 a la 4096. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
*********************************************************************
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 17
celebrada el martes, 5 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte
(Del Castillo Vera) para informar sobre los borradores de proyectos
de ley de formación profesional y de calidad educativa. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000389.) . .
. (Página 7682)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. El orden del día de la
sesión de hoy es la celebración de la comparecencia de la ministra de
Educación, Cultura y Deporte, para informar de los borradores de
proyectos de ley de formación y calidad educativa; comparecencia
pedida por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Mixto.
Doy la bienvenida a la señora ministra, así como a todos los miembros
de la Comisión.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
La comparecencia, como ha señalado el señor presidente, es para
informar del borrador del proyecto de ley de formación profesional.
Para mí, como siempre, es un placer, y muy grato, estar en esta sede
parlamentaria para tratar de asuntos relacionados con educación,
cultura o deporte eventualmente, pero hoy con educación, e
informarles de las líneas básicas del borrador del proyecto de ley de
formación profesional y cualificaciones.
Como saben SS.SS., las tecnologías de la información y las
comunicaciones le han dado al trabajo un contenido basado en
destrezas clave y en la flexibilidad y la adaptabilidad de las
capacidades. En este sentido, los nuevos trabajos necesitan personas
bien formadas, con competencias técnicas, capacidades de gestión y de
adaptación a la evolución tecnológica y organizativa de los empleos.
Por ello, el aprendizaje se constituye en el verdadero motor de
desarrollo de nuestra sociedad, y resulta necesario no sólo
garantizar el acceso a una formación con los adecuados niveles de
calidad, sino también la posibilidad de una actualización permanente
de esa formación a lo largo de toda la vida.
En un contexto de globalización de los mercados y de desarrollo
continuado de las nuevas tecnologías, los sistemas de formación
profesional deben responder a los requerimientos de la sociedad del
conocimiento, proporcionar las competencias demandadas por el mundo
laboral para adaptarse a los cambios de las estructuras productivas,
de los contenidos de los empleos y de la organización de la vida
laboral. En definitiva, para responder a los retos impuestos por los
cambios de la nueva sociedad es necesario reconsiderar en profundidad
el papel de la formación profesional, su accesibilidad, los
mecanismos de validación de las competencias adquiridas a lo largo de
la vida, así como la interacción y cooperación entre las diversas
instancias competentes nacionales, autonómicas y locales y los
diferentes agentes sociales implicados. No cabe duda alguna de que el
logro de estos objetivos requiere una
respuesta previa a cuestiones de relevancia sobre la organización y
el contenido de los sistemas de formación profesional, puesto que la
educación y la formación a lo largo de la vida dejan carente de
sentido las fronteras tradicionales entre formación continua y
formación inicial, entre las competencias adquiridas en contextos
formales y no formales, y entre la formación general y la formación
profesional. De esta manera los sistemas de educación y formación
tienen que adaptarse a las nuevas realidades del siglo XXI, para
contribuir a la cohesión social, al empleo y al desarrollo de la
ciudadanía en general. España, como Estado autonómico plenamente
integrado en al Unión Europea, debe disponer de un sistema de
formación profesional que, en un ámbito de renovación permanente,
adapte los perfiles profesionales a las necesidades del mercado de
trabajo, impida la obsolescencia de las competencias adquiridas y
desarrolle, mediante enfoques formativos adecuados, esta formación.
Como es sabido también, en España actualmente una persona puede
recibir formación profesional a través de tres subsistemas: primero,
la formación profesional inicial, llamada también reglada, que se
recoge en la Logse, y es competencia de las administraciones
educativas y se imparte a través de los correspondientes ciclos
formativos de grado medio y de grado superior. Segundo, la formación
profesional ocupacional, competencia de las administraciones
laborales, es la que organiza a las personas desempleadas, posibilita
una formación, una readaptación a las personas desempleadas. Tercero,
la formación profesional continua, que llevan a cabo las empresas o
las organizaciones sindicales, con la finalidad de actualizar las
competencias profesionales de los trabajadores.
Pues bien, en la actualidad las competencias profesionales que se
obtienen por cualquiera de estas tres vías no son reconocidas por las
otras dos al no existir referencias comunes. Por tanto, la pregunta
debería ser: ¿qué debemos hacer para resolver esta situación?
Analicemos previamente lo que ya se ha hecho. En el marco de la
negociación con las organizaciones empresariales y sindicales, que se
convocó en junio de 1996 con la finalidad de insertar la formación
profesional dentro del conjunto de las políticas activas, mejorar su
calidad y su imagen social, se lograron entonces dos importante
acuerdos: uno, sobre las bases para una nueva política de la
formación profesional; y otro, sobre una nueva orientación para la
formación continua. En desarrollo del acuerdo de bases sobre la
formación profesional, el Gobierno promovió dos acciones de gran
importancia: en primer lugar, la reforma de la Ley reguladora del
Consejo General de la Formación Profesional, con el objetivo de
incorporar las comunidades autónomas a las tareas del Consejo
general. En segundo lugar, la elaboración de un nuevo programa
nacional de formación profesional. El nuevo programa nacional de
formación profesional, elaborado en el seno del Consejo General de la
Formación Profesional
y aprobado por el Gobierno en marzo de 1998, concibe la formación
profesional como una parte fundamental de las políticas activas para
contribuir al empleo estable, para contribuir a la promoción
profesional y social de los destinatarios de la formación y al
desarrollo de los recursos humanos en las empresas. Este programa
nacional de la formación profesional prevé, primero, la creación del
sistema nacional de cualificaciones y de un instituto nacional de las
cualificaciones profesionales. Segundo, la participación de la
Administración general del Estado, de las comunidades autónomas y de
los agentes sociales dentro del Consejo General de la FP. Tercero, la
integración de los sistemas de formación profesional con las
políticas activas de empleo en clave comunitaria. Cuarto, la
consideración de la formación profesional como una inversión en
capital humano; y quinto, un período de vigencia del programa de
cuatro años, 1998-2000. Y para finalizar, la tramitación de una norma
de carácter básico que posibilite la regulación de las acciones del
mismo, es decir, de lo contenido en este segundo plan.
Como he señalado anteriormente, el nuevo programa de formación
profesional prevé la creación del sistema nacional de las
cualificaciones profesionales, con participación de las comunidades
autónomas, que permita la formación a lo largo de la vida a través de
la integración de los tres subsistemas de formación profesional:
inicial, ocupacional y continua; que mantenga permanentemente
actualizadas las competencias de los trabajadores y posibilite la
plena integración en la sociedad del conocimiento. Pues bien, al
Ministerio de Educación le correspondía en el año 2000 la presidencia
del Consejo General de la Formación Profesional, y nos hemos
propuesto, de común acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, desarrollar el Programa nacional de formación profesional
creando por ley el sistema nacional de formación profesional y
cualificaciones, como norma básica que garantice la participación,
desarrollo y ejecución del referido sistema por parte de las
administraciones autonómicas y de los agentes sociales.
Esta iniciativa legislativa que ya adelanté en mi primera
comparecencia ante esta Comisión hace un año -y ustedes lo
recordarán- ha tenido hasta la fecha el siguiente desarrollo. Los
ministerios de Educación y Trabajo elaboramos una primera propuesta,
que calificamos como bases para una ley de formación profesional
y cualificaciones, que presentamos al pleno del Consejo General de la
Formación Profesional el día 19 de diciembre del año 2000, abriendo
un plazo para presentar observaciones al mismo hasta finales de enero
del año 2001. En el acta de esa reunión puede observarse la favorable
acogida de esta iniciativa por parte de las administraciones de las
comunidades autónomas y por parte de los agentes sociales. A la vista
de las observaciones formuladas los ministerios de Educación y
Trabajo han elaborado conjuntamente un borrador del anteproyecto de
ley que se ha presentado y debatido en
reuniones de la Comisión permanente del Consejo General de la
Formación Profesional hasta conseguir el texto que probablemente
muchos de ustedes conocen porque hayan tenido ocasión de leerlo, ha
circulado ampliamente entre todos los miembros del Consejo General de
la Formación Profesional, y el pasado día 31 de mayo se ha analizado
en la reunión del pleno de este Consejo.
Es importante señalar aquí que el Consejo General de la Formación
Profesional, creado por ley en 1986 como órgano consultivo de
participación institucional y de asesoramiento al Gobierno en materia
de formación profesional, compuesto por una representación de la
Administración general del Estado y por los agentes sociales, fue
modificado en 1997, como ya he subrayado antes, para que estuviesen
representadas en él también las administraciones educativas y
laborales de las comunidades autónomas. También es necesario indicar
que durante estos últimos meses en los que se elaboraron y debatieron
los borradores del anteproyecto de ley de formación profesional y
cualificaciones se desarrolló, además, un gran número de reuniones
bilaterales con los agentes sociales y con los directores generales
de las comunidades autónomas con la finalidad de que la participación
fuese lo más amplia posible.
Voy a pasar ahora, con la necesaria síntesis a que obliga una
intervención de esta naturaleza, a referirme a los contenidos del
borrador del anteproyecto de ley de la formación profesional y las
cualificaciones.
Lo primero que hay que decir es que cuando el 19 de diciembre del
pasado año presenté ante el pleno del Consejo General de la Formación
Profesional el documento sobre las bases para la ley de la formación
profesional y las cualificaciones, expliqué las razones que a los
ministerios de Educación y Trabajo nos movían para promover este
anteproyecto de ley, los grandes objetivos que perseguíamos y el
proceso que considerábamos que se debería desarrollar. ¿Cuáles son,
por tanto, esos objetivos y cómo se contemplan en el borrador del
anteproyecto de ley? Un primer objetivo: relacionar directamente la
formación con el empleo. Las empresas, señorías, para ser
competitivas necesitan que sus recursos humanos tengan la
cualificación apropiada y actualizada de forma permanente y para ello
es necesario que puedan obtener los trabajadores esa formación
adecuada y de manera permanente.
El borrador de anteproyecto de ley establece el sistema nacional de
formación y cualificaciones profesionales previsto en el Programa
nacional de la formación profesional y crea un catálogo de
cualificaciones profesionales que estará constituido por las
cualificaciones identificadas como necesarias en el sistema
productivo. Asimismo, crea un catálogo modular de formación
profesional que estará constituido por los módulos de formación
necesarios para que las personas puedan conseguir cada una de las
cualificaciones del catálogo y establece la colaboración de las
empresas y de las organizaciones sindicales en la identificación de
las
cualificaciones necesarias, en la definición de la formación asociada
a las cualificaciones. Las empresas, a su vez, colaborarán
directamente en las acciones de la formación profesional, por una
parte formando alumnos y profesores, y, por otra, participando en los
procesos formativos con profesionales cualificados. En definitiva, se
crea un sistema para definir la formación que se necesita en cada
momento y mantener así actualizadas las competencias profesionales de
las personas, es decir, formar directamente para el empleo, y esto me
parece que hay que subrayarlo una y otra vez: formar directamente
para el empleo, ya sea para insertarse laboralmente por primera vez o
para mantener y mejorar el empleo.
El segundo objetivo es la integración de las ofertas formativas de
formación profesional. Como ya he dicho, en la actualidad las
diferentes ofertas de formación profesional inicial o reglada,
ocupacional y continua, no guardan ninguna relación entre sí, aunque
el objetivo de estas tres modalidades es formar para conseguir
o mantener el empleo. ¿Cómo relacionarlas? Pues bien, si la formación
necesaria para cada una de las cualificaciones la tenemos definida y
explicitada en un catálogo, las diferentes ofertas formativas se
organizarán con los módulos formativos de ese catálogo y, por tanto,
la formación superada en una modalidad podrá ser reconocida por las
otras. En definitiva, habremos conseguido que la oferta esté
integrada por los mismos contenidos formativos.
Las ventajas, señorías, son claras. Primero, el reconocimiento de la
formación y por tanto de las cualificaciones entre las diferentes
ofertas formativas. Segundo, se facilita a las personas el proceso de
autoformación para la cualificación. Tercero, se podrán organizar las
diferentes ofertas formativas de manera flexible y conforme a los
intereses y circunstancias de las personas, favoreciendo de esta
forma el aprendizaje a lo largo de la vida. Permite, por otro lado,
informar y orientar a las personas sobre las posibilidades de
formación para el empleo, de acuerdo con sus capacidades, con su
formación y con sus intereses.
Para favorecer la integración de las ofertas de formación profesional
se contempla en el borrador de anteproyecto de ley la creación de los
centros integrados, que serán aquellos que las administraciones
competentes creen o autoricen con la finalidad de impartir la
formación profesional inicial, la ocupacional y la continua, en
definitiva, la formación profesional que necesite cualquier ciudadano
en cualquier momento de su vida. Estos centros no sólo deben
posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional
sino que deben ser un referente importante para las empresas de su
entorno, donde el empresario pueda encontrar al personal cualificado
y pueda actualizar a sus propios trabajadores. Tienen que ser centros
con prestigio para el sector productivo, para los empleadores y para
la sociedad en general.
El borrador de anteproyecto de ley prevé también que el director de
los centros integrados de formación profesional sean nombrado
directamente por la administración competente, de acuerdo con los
requisitos que se establezcan. Se fija también en el borrador de
anteproyecto de ley que los profesores de formación profesional
podrán impartir docencia en la formación profesional inicial, en la
ocupacional y en la continua.
Otra acción importante que se conseguirá con el sistema nacional de
formación profesional y de las cualificaciones será la organización
de ofertas formativas a los grupos con dificultades de integración
laboral. Utilizando el catálogo de las cualificaciones y su formación
asociada, las administraciones podrán diseñar ofertas formativas
adaptadas a las necesidades de las personas y los grupos con especial
dificultad de integración en el mercado laboral; por tanto, los
llamados programas de garantía social y otros encontrarán aquí el
referente apropiado.
El borrador del anteproyecto de ley establece también la creación de
una red de centros de referencia nacional, especializados por
sectores productivos, con la finalidad de desarrollar en los mismos
acciones de innovación, experimentación y desarrollo de la formación
profesional cuando se trate de la Administración laboral; en lo que
se refiere obviamente a la Administración educativa central sólo
acciones de innovación y de experimentación. Estos centros deberán
ser centros bien dotados, en los que se desarrollarían también
acciones de formación de formadores y constituirían un lugar de
encuentro con el sector productivo correspondiente.
Tercer objetivo: Reconocimiento de las competencias y las
cualificaciones profesionales. Muchas personas, como SS.SS.
seguramente compartirán, poseen importantes competencias
profesionales como fruto de su experiencia laboral o de aprendizajes
no formales, pero no poseen ninguna cualificación reconocida o
acreditada oficialmente. El borrador del anteproyecto de ley
establece que las personas interesadas puedan evidenciar sus
competencias profesionales para que se les acrediten mediante
procedimientos objetivos y con el debido rigor técnico. Esto será
posible en el momento en que dispongamos de un catálogo de
cualificaciones que establecerá lo que las personas deben saber hacer
en los diferentes puestos de trabajo y ocupaciones.
El reconocimiento de las competencias profesionales tiene gran
importancia porque, primero, animará a las personas a formarse para
lograr las competencias propias de un título o de un certificado de
profesionalidad; segundo, posibilitará que las personas o grupos con
dificultades de integración en el mundo laboral no solamente vean
adaptadas las ofertas formativas a sus necesidades sino que podrán
ver reconocidas las competencias profesionales que figuran en el
catálogo de cualificaciones; tercero, permitirá que las
cualificaciones acreditadas sean claramente identificadas por los
empresarios y por los trabajadores. Y hay un aspecto
importante que son los efectos de las directivas europeas. También
establece el borrador del anteproyecto de ley que las cualificaciones
adquiridas y acreditadas tendrán los efectos establecidos en las
directivas europeas para facilitar la movilidad de los trabajadores.
El siguiente objetivo es regular y limitar los ámbitos competenciales
y de participación. La Constitución, en su artículo 40, establece que
los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno
empleo, que garantice la formación y readaptación profesionales. Para
dar cumplimiento a este importante mandato, y teniendo en cuenta las
competencias transferidas a las comunidades autónomas, se hace
necesario fijar los ámbitos de participación de las administraciones
y de los agentes sociales en el sistema nacional de formación
profesional y cualificaciones que se establece en este anteproyecto
de ley.
En el borrador del anteproyecto de ley se trata de dar respuesta a
esa necesidad, estableciendo lo que le corresponde desarrollar a la
Administración general del Estado y a las administraciones de las
comunidades autónomas, los ámbitos en los que deben participar
directamente las empresas y otras entidades, así como la
participación y cooperación de los agentes sociales con los poderes
públicos en las políticas formativas y de cualificación profesional,
o bien se habilite, en su caso, para desarrollar los oportunos
procedimientos de participación y cooperación.
El Consejo General de la Formación Profesional que, como ya he
indicado, es el órgano de asesoramiento del Gobierno en materia de
formación profesional, es, sobre todo, el órgano consultivo y de
participación institucional de las administraciones y de los agentes
sociales. Esto no hay que perderlo de vista y debe ser considerado
siempre en el horizonte el papel fundamental que tiene el Consejo
General de la Formación Profesional. Por todo ello, la actividad
fundamental del Consejo es de una enorme importancia, es fundamental
para el desarrollo del sistema nacional de formación profesional y
cualificaciones, y en el borrador del anteproyecto de ley, a lo largo
de todo su articulado, se va reforzando significativamente el papel
que le corresponde desempeñar.
Pasamos a un nuevo objetivo, el de la información y la orientación
profesional. Para que el sistema de formación profesional y
cualificaciones cumpla sus finalidades es necesario establecer y
desarrollar un proceso de información y orientación en materia de
formación profesional y empleo. En el borrador del anteproyecto de
ley se establece la participación de ese proceso de información y
orientación y encomienda a las administraciones públicas que se le
proporcione al alumnado el sistema educativo, a las familias, a los
trabajadores desempleados y ocupados y a la sociedad en general en
relación a las ofertas de formación y a los posibles itinerarios
formativos, las posibilidades de adquisición, evaluación y
acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales, así
como las oportunidades de
empleo y movilidad profesional en el mercado de trabajo. Por
consiguiente, el objetivo de la información y la orientación
profesional tiene también una enorme trascendencia.
Un nuevo objetivo es el de la calidad y evaluación del sistema
nacional de la formación profesional y cualificaciones. Este sistema
tiene que ver garantizada la calidad de las acciones incluidas en el
mismo y adecuarse de forma permanente a las necesidades del mercado
de trabajo; para ello, es necesario que sea sometido a un proceso de
evaluación y mejora de su calidad. El borrador de anteproyecto de ley
establece también que las administraciones, en el ámbito de sus
competencias, tienen que garantizar la calidad de las ofertas y
cooperar, tanto en la definición como en el desarrollo de los
procesos de evaluación que se realicen a nivel estatal.
En definitiva, con esta ley estaremos dando respuesta normativa a
todos y cada uno de los aspectos que se planteaban en el Programa
nacional de la formación profesional, aprobado por el Gobierno y
elaborado por el Consejo General de la Formación Profesional. Pero
para que nuestra sociedad del conocimiento, sometida a cambios tan
rápidos, pueda disponer de recursos humanos debidamente cualificados,
no es suficiente con disponer del Programa nacional de formación
profesional, aunque éste constituya un gran acuerdo entre
administraciones y agentes sociales. Es necesario que en esta materia
tan importante para el desarrollo de nuestra economía y el desarrollo
de la cohesión social todos participemos y desarrollemos las acciones
que nos corresponden en cada momento, con la debida calidad y de una
manera organizada en el marco de las competencias que nos
corresponden. Por tanto, considero que este proyecto de ley es
absolutamente imprescindible y urgente, y nos tiene que guiar para el
desarrollo de las acciones contempladas en el Programa nacional de
formación profesional y aquellas otras que tengamos que poner en
marcha de forma operativa.
Estoy segura, porque este borrador de anteproyecto tiene una gran
coherencia, de que esta ley conseguirá configurar un sistema de
formación profesional y cualificaciones que reportará beneficios muy
interesantes, entre los que, y para ir finalizando, me gustaría
destacar los siguientes. En primer lugar, motivará a las personas
para que el desarrollo de sus competencias y el progreso de su
cualificación profesional sean constantes; en segundo lugar,
propiciará la creación de vínculos estables y sistemáticos con las
empresas; en tercer lugar, impulsará la puesta en marcha y la
expansión del nuevo contrato para la formación, fomentando el
intercambio de recursos humanos entre escuela y empresa; en cuarto
lugar, fomentará el autoaprendizaje y hará posible la formación
permanente; en quinto lugar, impulsará a los empresarios a invertir
en la formación de los trabajadores y, por último, apoyará y
fomentará la movilidad de los estudiantes y profesores de formación
profesional y también de los trabajadores, que es extraordinariamente
interesante e importante.
Señorías, con esto acabo y quedo a disposición de sus comentarios y
observaciones.
El señor PRESIDENTE: Tras la exposición oral de la señora ministra de
Educación, corresponde intervenir a los representantes de los grupos
parlamentarios empezando por el Grupo Mixto. El señor Rodríguez tiene
la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nos encontramos ante un anteproyecto de
ley que es explícito a la hora de reconocer que está elaborado en
función del proceso de globalización enmarcado en lo que conocemos
como Unión Europea. Cuando se habla de que se necesita mano de obra
cualificada formada y apta para la movilidad y libre circulación, tal
como establece el Tratado de Amsterdam, sin duda se está hablando de
un futuro inmediato donde, en todo caso, este objetivo debía
completarse con algo que es uno de los problemas de la formación
profesional en el momento actual, que es el axioma complementario, y
que haría valedera una situación política como la actual, que es
defender también el derecho a poder trabajar en el propio país, en la
propia tierra. Cuando el derecho de trabajar y vivir en el propio
país se conculca, realmente la libre circulación de trabajadores, la
movilidad, siempre puede funcionar para que cuando menos la
desigualdad territorial no aumente y se mantenga el derecho de todos
a un posicionamiento por lo menos equilibrado.
La segunda cuestión que el anteproyecto de ley plantea es la
correspondencia entre cualificaciones profesionales y las necesidades
del mercado de trabajo, objetivo con el que podemos estar de acuerdo
en el sentido teórico, pero no cabe duda de que cuando no se cumple
el axioma anterior -el derecho a vivir en el propio país- puede estar
también abiertamente desvirtuado. Todos sabemos que una sociedad se
puede dedicar a crear cualificación profesional que después va a
servir a necesidades de mercados ajenos o extranjeros.
En tercer lugar hay un objetivo que todos podemos seguramente
compartir, otra cosa es cómo se estructura este objetivo y con qué
visión política del Estado español, que es donde podemos discrepar.
Nos referimos en concreto al sistema integrado de las distintas
ofertas de formación profesional que se intenta conseguir utilizando
las siguientes estructuras y funciones: el sistema nacional de
formación profesional y cualificaciones, al que hizo alusión la
señora ministra, el catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, el consejo general de formación profesional, donde
participarán la Administración general del Estado, las comunidades
autónomas y los agentes sociales, y el instituto nacional de
cualificaciones, que según parece va a ser adscrito al Ministerio de
Educación y Cultura. Pero esta estructura que se nos presenta, a la
hora de concretarla en el articulado de la ley, notamos que va a
provocar algunos
efectos no deseados desde la perspectiva del Bloque Nacionalista
Galego y de ahí nuestra contundente oposición. En concreto va a
provocar mayor centralización del sistema educativo. Siempre que se
plantea una alternativa educativa, incluso como ésta, profesional y
muy necesaria, atendiendo a que la formación profesional sigue siendo
una asignatura pendiente importante en todos los territorios del
Estado español, cuando se plantea en términos tan genéricos, tan
abstractos y exclusivamente vinculados al aparato del Estado o al
espacio común de lo que se considera España, va a provocar una mayor
centralización porque el Gobierno del Estado o los organismos
estatales se reservan competencias nada menos que en dirección y
coordinación del sistema nacional de las cualificaciones
profesionales, en la estructura y contenido del catálogo nacional de
las cualificaciones profesionales, en el establecimiento de
requisitos básicos de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de experiencia laboral o de vías no
formales de educación, la determinación de los títulos y de los
certificados de profesionalidad e incluso el establecimiento de
requisitos básicos de los centros de FP, o los requisitos para
impartir docencia por el profesorado de los centros integrados de FP,
por no hablar incluso de la dirección de los procesos de evaluación
del sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Ya cuando debatimos el anteproyecto de ley de universidades nosotros
hicimos notar que pensábamos que se estaba sobrepasando lo
establecido en el artículo 149.1.30 de la Constitución española,
donde se establecen las competencias exclusivas del Estado. En este
caso queremos remarcarlo haciendo alusión a la Logse, a sus artículos
4 y 35.1, que deja claro que son las comunidades autónomas las que
establecen los currícula de las enseñanzas, de las que forman parte
también los mínimos estatales del 55 por ciento. Sin embargo, el
proyecto que ustedes nos presentan actúa al revés. El Estado
establece y determina los títulos y las comunidades autónomas pueden,
en todo caso, ampliarlos. Más grave o tan grave nos parece ese
objetivo de crear los llamados por ustedes centros nacionales de
referencia en todos los territorios del Estado español, enclaves
auténticos estatalistas y gubernativos del Gobierno central en las
comunidades autónomas, que no se justifican a no ser que se quiera
establecer también una especie de jerarquía no solamente normativa
sino docente -usted aludió ahora a la formación de profesores en
estos centros nacionales de referencia-, y no está justificado desde
el punto de la función ni de los objetivos a perseguir. Pensamos que
esto es un paso atrás y que, además, va a crear un entorno de
desigualdades, de jerarquías injustificadas que solamente tienen como
objetivo que, en todo caso, el faro luminoso de la formación
profesional esté en manos de una administración que no es la más
responsable directamente ante la sociedad del propio territorio.
Sin embargo, no avanza el anteproyecto en la integración de las
competencias administrativas referidas a la formación profesional,
algo que nos parece sustancial. Pensamos que no solamente no se
avanza sino que se va a crear un cierto galimatías vinculad primero
al proceso de privatización, que también establece la propia ley, y
lo agudiza cuando queda claro que las empresas van a poder ofertar
formación profesional reglada, ocupacional y continua, o cuando se
está dispuesto a no poner algún tipo de acotamiento a que los
profesionales cualificados -o no se dice o falta saber cómo va a ser-
puedan participar en la docencia en los institutos oficiales, o
cuando el profesorado oficial se va a poder desplazar en régimen de
pluriempleo a la formación profesional ocupacional o a la formación
profesional continua. En todo caso, sería interesante saber cómo va a
condicionar esta nueva dialéctica al estatus laboral del profesorado
de lo que hasta ahora fueron centros de formación profesional
reglada. Y no podemos estar en absoluto de acuerdo con el empeño
profundamente antidemocrático del anteproyecto de designar
directamente a los directores de centros y no hacerlo con un modelo
de carácter democrático en el que participe toda la comunidad
educativa. Sé que se puede pretextar que hay funciones que no son
propias precisamente de lo que sería el aspecto académico o de
formación en estos centros integrados o en toda la variedad que va a
haber y sus vínculos, pero no cabe duda de que incluso la legislación
actual permite la figura de un administrador o de un director
puramente administrativo y se debía dejar a salvo que la comunidad
educativa en el aspecto docente, en el aspecto de contenidos, en el
aspecto de lo que es nuclear en un centro de estudios, fuese nombrada
de forma democrática y no por libre designación.
Acabo diciendo, señor presidente, para que quede claro también
nuestro diseño, que somos favorables a que todas las competencias en
formación profesional, incluida la formación profesional continua,
dependan de la administración autonómica y en concreto de la Xunta de
Galicia; en segundo lugar, que se debe mantener el 45 por ciento de
capacidad de configuración curricular y en todo caso también la
elaboración de la programación de formación profesional para el país
por parte de la Administración Autonómica; y en tercer lugar, que se
debería elaborar un reglamento de oferta de formación profesional
ocupacional y continua en los centros de formación profesional
reglada con los debidos medios materiales y humanos, y además que la
formación profesional debería ofertarse a los adultos e incluso
establecerse una oferta parcial por módulos, al igual que integrar en
la formación profesional todos los programas de garantía social. En
definitiva, se trata de reforzar y ampliar la formación profesional
de base, también la reglada y la que es de carácter superior, en el
contexto de las comunidades autónomas, de implicar esa formación
profesional en las empresas y para eso sería interesante el
establecimiento y configuración con
ayudas a las empresas, con apoyo económico y con el debido control de
los contratos en prácticas, y la incardinación de toda la formación
profesional y especialmente los centros públicos en el servicio de
empleo y colocación. Sabemos que es más problemático -y no lo
discutimos aunque sí nos da un poco de reparo tal como está en la
ley- que existan cualificaciones obtenidas en procesos no formales,
pero quedaría claro que si el reconocimiento fuera por cargo de la
Administración pública, también debidamente controlado, desde luego
no contaría con nuestra oposición y, por supuesto, que todos los
cargos directivos sean de elección democrática por la comunidad
educativa. Este anteproyecto excede con mucho lo establecido en el
artículo 149.1.30 de la Constitución española, de ahí nuestra tenaz
oposición a este anteproyecto de ley de formación profesional.
El señor PRESIDENTE: La señora Castro, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora ministra, por su
comparecencia una vez más en la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte para explicarnos sus reformas educativas, en este caso la ley
de formación profesional. Me gustaría ser amable con usted alguna
vez; créame que sinceramente lamento tener que discrepar siempre.
Pero arrieros somos y en el camino estamos; a lo mejor algún día
podemos llegar a entendernos.
Señora ministra, lo primero de todo es que esto de formar para el
empleo, formar para el empleo y formar para el empleo, machacona y
obsesivamente, me produce una especie de vértigo; formar para el
empleo entre comillas, porque la formación profesional no garantiza
para nada el empleo ni la formación en general para el empleo
garantiza éste. La segunda reflexión es que los alumnos y alumnas que
pasan al circuito de formación profesional y que se van a dedicar a
profesiones que no tienen que ver con el mundo del intelecto tienen
que estar formados para ser capaces de tener ganas de leerse El
Quijote, de leer a Saramago y La Biblia por la noche en su cama si
les apetece. Esto es lo primero que quiero decirle porque me aterra
este tipo de formación, porque esos chavales y esas chavalas no van a
tener más oportunidades educativas. Por tanto, lo primero que quiero
decirle es que para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
la formación profesional es un elemento esencial de la política
educativa, también formativa, de cualquier Estado democrático.
La formación profesional, como sabe muy bien todo el mundo aquí
presente pero no obstante lo voy a recordar, en la actualidad se
divide en tres subsistemas que voy a tratar de simplificar para no
ser pesada: reglada, que es la que se imparte en los institutos;
ocupacional, la que va dirigida a los desempleados y desempleadas y
desarrollada por las administraciones y también por otros organismos,
y la formación profesional continua, que va dirigida a los
trabajadores en activo y destinada a mejorar la cualificación
profesional. Pues bien, la opinión de los gobiernos autónomos, de los
agentes sociales, de los expertos, etcétera, era y sigue siendo que
estos tres subsistemas deberían estar integrados, estableciendo la
posibilidad de homologaciones entre los subsistemas que acabo de
decir, diseñando pasos para poder acceder de uno a otro siempre y
cuando se cumplan las premisas que se acuerden. Se plantea como
medida novedosa la figura del centro integrado de formación
profesional donde se puedan impartir cursos o ciclos de todos los
sistemas, de tal forma que estaríamos hablando de incrementar
servicios y a la vez de optimizar recursos públicos puesto que en una
parte importantísima de los IES no se abre por las tardes. Hasta ahí,
de acuerdo. Teniendo en cuenta todas estas opiniones, en marzo de
1998 firma el Gobierno Aznar el segundo acuerdo nacional de formación
profesional vertebrado en cuatro ejes fundamentales: el derecho al
reconocimiento y a la mejora de las cualificaciones de todas las
personas de cara a su mejor desenvolvimiento en el mercado laboral,
por cierto cada vez más inestable, y también para la mejora de la
competitividad de nuestras empresas; la integración de las distintas
vías formativas, es decir, de los distintos subsistemas; la conexión
del conjunto de la formación profesional con el mundo laboral para
que ésta tenga un sentido real de cara al empleo y la calidad de la
oferta formativa para prestigiar de una vez por todas la formación
profesional. En ese mismo acuerdo, señora ministra, se recogía la
necesaria redacción del sistema nacional de cualificaciones, que
sería la columna central desde los aspectos antes mencionados porque
ayudaría a la mejora de las cualificaciones de los trabajadores y
trabajadoras, serviría además de referente a las ofertas formativas y
estaría adaptándose constantemente gracias al trabajo de los
observatorios de profesiones.
Otra cuestión que yo añadiría es la estrecha relación que hay entre
la formación profesional y las políticas de empleo. Me refiero en
concreto, señora ministra, a la relación de la formación profesional
con los planes nacionales de empleo. Quiero destacar en nombre de mi
grupo que las directrices aprobadas en su día por el Consejo y la
Comisión europeos para la elaboración de los planes nacionales de
empleo de los Estados miembros, tanto en 1999 como en 2000, mantienen
una línea de continuidad con las aprobadas en 1998 en la cumbre de
Luxemburgo, por lo que las actuaciones a promover en política de
empleo se integran esencialmente, entre otros, en un pilar que es
mejorar la capacidad de inserción profesional de las personas
desempleadas, especialmente de los jóvenes. En este punto, señora
ministra, tengo que decirle que el Gobierno Aznar ha incumplido
claramente la resolución del Consejo de Luxemburgo sobre la
participación de los interlocutores sociales en todas las fases del
proceso de elaboración, desarrollo
y evaluación de los planes de empleo, de lo que se deduce que las
centrales sindicales españolas obviamente no han apoyado los planes
nacionales de empleo de 1998 y 1999.
Siguiendo en la misma dirección, distintos enfoques sobre nuevas
políticas para la creación de empleo en el ámbito europeo inciden
también en la necesidad de acercar el diseño y la gestión de las
políticas de empleo a los territorios planteando estrategias como el
fomento del potencial endógeno de las regiones o el desarrollo de
nuevos yacimientos, con un eje esencial, entre otros, la elaboración
de planes de formación e intermediación en el mercado de trabajo y
orientación laboral. Pues bien, resulta que el proyecto de ley
-supongo que el anteproyecto porque esta es la primera vez que la
oposición tiene la oportunidad de conocerlo- carece absolutamente de
apuestas novedosas, algunas de las cuales fueron precisamente
recogidas en los acuerdos nacionales de formación profesional,
especialmente en el segundo, firmado en el año 1998. A mí me preocupa
el grado de cumplimiento de esta ley y el grado de compromiso que
adquiere usted como ministra y el Gobierno al que representa, porque
si el director general de Formación Profesional e Innovación
Educativa afirma públicamente que el segundo plan nacional de
formación profesional suscrito con los agentes sociales era un gran
acuerdo pero no comprometía a nadie, a lo mejor esta es una gran ley
con unos magníficos contenidos, pero nos encontramos con que no va a
servir para mucho. Por tanto, entendemos que esto es una tomadura de
pelo. Que un director general se permita el lujo de decir que no
compromete a nadie un acuerdo tan importante alcanzado con los
agentes sociales, no creo que sea bueno para que la oposición
parlamentaria trabaje en asuntos que luego no van a ninguna parte.
Me gustaría decirle que me encanta y que suscribo su proyecto de ley,
pero por desgracia no puedo. Es una especie de cortina de humo. Su
proyecto de ley recoge propuestas como la del sistema nacional de
cualificaciones, ya recogida en ese acuerdo del que yo hablaba; la
elaboración de un catálogo de ofertas modulares que vayan asociadas a
las cualificaciones profesionales, también previsto en el acuerdo que
yo he mencionado; la necesidad de terminar un procedimiento de
acreditación y registro de las cualificaciones profesionales, también
recogido en ese mismo acuerdo; el desarrollo de un sistema de
información y orientación profesional, acordado en 1998; la mejora de
la calidad del sistema mediante evaluaciones del mismo, acordado en
1998; el papel técnico que corresponde al instituto nacional de
cualificaciones, el valor de los títulos de formación profesional
y los certificados de profesionalidad. Todo eso, que viene en su
proyecto de ley, señora ministra, está recogido en este gran acuerdo
del que yo le hablo del segundo plan nacional de formación
profesional. En definitiva, ¿qué me sugiere su proyecto? Me sugiere
un relato de los incumplimientos del Gobierno del presidente Aznar,
ni más ni menos; usted ha hecho una suma
aritmética de todos los incumplimientos del Gobierno Aznar en materia
de formación profesional. No quiero que se me olvide decirle que
están ustedes intentando limitar la capacidad de organización de los
centros integrados de formación profesional a los que hace alusión el
proyecto por parte de las comunidades autónomas, lo cual no sería de
recibo, preocupa a mi grupo parlamentario y queremos subrayarlo.
Señora ministra, los agentes sociales han recibido un tratamiento
pésimo en esta ley. Yo no voy a darle ningún consejo porque no me
considero moralmente autorizada, pero sí le voy a hacer un ruego. Yo
creo que usted podría hacer mejor las cosas, estoy absolutamente
convencida, y faltaría poquito para hacerlas mejor, y es que no se
debe olvidar de que en democracia la participación es el eje básico
de todas las acciones de gobierno. Una vez más pierde usted una
magnífica ocasión de dar la oportunidad de participar a los agentes
sociales en este proyecto. Por tanto, denunciamos este tratamiento
que reciben los agentes sociales en el proyecto de ley. Ustedes
mencionan únicamente a los empresarios, ignorando a los trabajadores
y a sus representantes sindicales, y desde Izquierda Unida creemos -y
yo pienso que necesariamente va a tener que coincidir conmigo, porque
en esto coincidimos todos- que la empresa juega un papel importante
en esta cuestión; nosotros lo suscribimos. Cuando este proyecto se
ocupa de este tema no hace otra que aludir a cuestiones que tienen
que ver con la formación en centros de trabajo o con la formación
docente, con la identificación de necesidades de cualificación. Estas
cuestiones, señora ministra, en mayor o menor grado ya están en
marcha, por lo que este proyecto de ley no aporta ninguna novedad de
cara a mejorar la vinculación de la empresa con medidas de otro tipo
como la inversión en formación, las desgravaciones fiscales, el
derecho de los trabajadores a la formación, al permiso de formación,
etcétera.
Para no cansar a SS.SS., puesto que quedan varios grupos por
intervenir y sé que ha tenido una mañana dura, voy acabar diciéndole
que mi grupo se pregunta dónde se han debatido estos temas, con
quién, qué opinión han recogido de los agentes sociales, qué opinión
tienen ustedes. Y lo decimos con pena, señora ministra; lo decimos
con pena porque no hay derecho a que la oposición parlamentaria, en
un Estado democrático, social y de derecho, no reciba la suficiente
información para poder hacer intervenciones más rigurosas, más
constructivas, si cabe, porque la labor de la oposición en democracia
no es venir al Parlamento a hacer de testaferros de lo que hace el
Gobierno porque trabajamos cotidianamente por este país y, por tanto,
nuestras opiniones deben ser tenidas siempre en cuenta por el
Gobierno, más allá de que sean asumidas o no. Créame, el mismo
interés que usted tiene en que las cosas funcionen lo tenemos los
grupos parlamentarios de oposición, por lo que una vez más tengo que
decirle, señora ministra, que el despotismo ilustrado está fatal
en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando se trata de
reformas educativas como las que nos anunció al principio de la
legislatura y está poniendo en marcha. Precisamente yo quiero poner
el énfasis en la importancia que tiene el proyecto de ley de
formación profesional, porque como ya dijimos de la reforma de
contenidos mínimos y de la reforma universitaria, aquí estamos
hablando de los hijos de los trabajadores, y usted lo sabe muy bien,
señora ministra, aquí estamos hablando de los que no van a tener la
oportunidad de ir a la universidad, por tanto, de la base social que
más le importa o por la que más trabaja este grupo parlamentario al
que yo represento. Mi ruego es que no olvide que por muy bonitos que
sean sus proyectos, por muy bien hechos que estén, por mucho interés
que plantee su contenido y por mucho respeto que me merezca cualquier
proyecto que el Gobierno traiga a esta Cámara, si sigue por este
camino, créame, señora ministra, que llegará un momento en que esta
portavoz no tendrá ganas de leer sus proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Lamento informarle que no voy a contribuir
a alegrarle la tarde. Lo digo por cómo han ido las intervenciones
anteriores. No sé si las que sigan serán más positivas para el texto
que estamos aquí comentando, pero la intervención de este portavoz no
va a ir exactamente en esa dirección. (La señora Castro Fonseca
pronuncia palabras que no se perciben.) No, contribuyo a no alegrarle
la tarde, en plena sintonía con los que me han precedido. Si alguno
de los portavoces que me han precedido entiende esto como
descalificación, lo lamento.
La señora CASTRO FONSECA: Señor presidente, yo no he hecho una
intervención negativa, quiero que conste en el 'Diario de Sesiones';
yo he hecho una intervención positiva, aunque no coincida con el
Gobierno. Me parece que ningún portavoz está legitimado para
descalificar a otro.
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Perfecto. Mi intervención será también
absolutamente positiva de principio a fin, pero profundamente
descalificadora del texto. No entiendo muy bien el tema. En todo
caso, si alguien se ha molestado, lo lamento. No entiendo muy bien
por dónde va. Debo estar espeso a estas horas de la tarde.
Señora ministra, yo entiendo que su departamento necesita algún tipo
de asesoramiento jurídico constitucional, su ministerio necesita un
abogado. Este portavoz ha tenido la fortuna de además haber tenido
tareas docentes haber actuado como abogado de empresas y
se ha encontrado más de una vez con empresas cargadas de buenos
propósitos, de buenas intenciones, con ganas de llevar a cabo
determinados proyectos, todos ellos interesantes y respetables y en
un primer momento perfectamente justificables, y que sin embargo a la
hora de materializarse resulta que no son acordes con el reglamento
jurídico porque viola las leyes de la competencia, el código de
comercio, la ley de sociedades anónimas o porque fiscalmente son
imposibles. Eso es lo que le está pasando a su ministerio. Le pasa en
otros frentes -que no son los que nos ocupan hoy pero que nos han
ocupado en sesiones anteriores- y le pasa en el tema que nos ocupa
hoy.
Este grupo parlamentario puede compartir la exposición de motivos de
este texto y puede compartir en abstracto, en buena medida, algunas
de las cosas que usted ha ido diciendo que le llevan a proponer este
texto y que le animan a traer en su momento a esta Cámara un texto
que intente modernizar la formación profesional en España y
homologarla en algunos puntos con lo que puede ocurrir en el resto de
Europa. Lo que ocurre es que usted es ministra del Gobierno del que
es ministra y no de otro. Usted no es ministra francesa. A lo mejor
se encontraría más cómoda como ministra del Gobierno de Francia, pero
es usted ministra del Reino de España. Y en el Reino de España, desde
1978, hay una Constitución, de la cual a veces da la impresión de que
los ministros de su Gobierno se olvidan, así como algunos ministros
de gobiernos anteriores, y ahí está la abundantísima jurisprudencia
del Tribunal Constitucional para recordarlo. Por fortuna el Tribunal
Constitucional -en el que algunos seguimos creyendo y esperamos
seguir haciéndolo durante mucho tiempo- recuerda a los gobiernos de
turno, a veces después de dos, tres, cuatro o cinco años, de qué
gobierno forman parte y en qué Estado están, porque da la impresión
de que se les olvida. El proyecto de ley que estamos debatiendo hoy
es uno de esos ejemplos de un texto cargado de buenas intenciones en
el que parece que todo su equipo ministerial ha olvidado de qué
gobierno forman ustedes parte. Ha olvidado lo que dice la
Constitución, ha olvidado lo que dicen los estatutos y simplemente
intenta llevar a la práctica toda una serie de buenos propósitos que
en abstracto podemos compartir. Y lo intentan ustedes salvar a base
de un recurso legislativo que algunos, que a lo tonto llevamos aquí
ya cinco años haciendo leyes o estando cerca del trabajo legislativo,
vemos que salva las cosas hasta cierto punto, porque si se fuerza
demasiado acaba llevando al ridículo los textos, y que es el famoso
'sin perjuicio'. Es decir, se le atribuye a la Administración general
del Estado lo que venga en gana y, eso sí, después se coloca un 'sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas', como si
eso permitiera salvar todo el ordenamiento constitucional. Y se cree
que colocando un 'sin perjuicio' después de ataques frontales a la
Constitución y a los estatutos de autonomía se salva la cara o el
derecho, pero la realidad es que eso no es así. Eso es lo
que ocurre en este texto, señora ministra, porque las comunidades
autónomas no son un colectivo de ONG ni una asociación de personas
dedicadas a la política en sus barrios.
Las comunidades autónomas son Estado. Tienen competencias propias que
arrancan de la misma fuente que las suyas. No son más que las suyas
pero tampoco son menos que las que usted tiene. Tienen la misma
legitimidad y el mismo origen jurídico-político que las que tiene
usted, exactamente iguales, e incluso que las que tiene esta Cámara.
Las comunidades autónomas -y se lo dije en su primera comparecencia
en esta Comisión, en la primera de todas- tienen sus propias
competencias en materia de educación. Y no son unas simples
competencias de soldados obedeciendo al sargento o al coronel, son
competencias para desarrollar políticas, para formular sus propias
políticas, y eso vale para la Generalitat de Catalunya, para la Junta
de Andalucía y para el Gobierno del señor Zaplana. Por tanto, son
competencias para, conforme a su color político, llevar a cabo sus
propios programas políticos, de los cuales responden ante sus
ciudadanos. Ese es el modelo que se deriva de la Constitución y de
los estatutos, y eso es lo que el Tribunal Constitucional ha ido
diciendo con formas muy claras a veces y otras más espesas. Por
ejemplo, cuando dice que las comunidades autónomas, en el ejercicio
de su autonomía, pueden asentar su acción de gobierno en función de
una política propia sobre esta materia orientada a la satisfacción de
sus intereses particulares, o cuando dice que el establecimiento por
parte del Estado de las bases de la ordenación no puede llegar a tal
grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa
competencia de la comunidad, lo que está diciendo es que ustedes
pueden llegar hasta donde pueden llegar y no más allá. Y a partir de
ahí salimos de la Comisión de Educación y nos vamos a la Comisión
Constitucional para ir a una reforma de los estatutos, de la
Constitución y del modelo de Estado que entre todos tenemos, que es
una opción. Pero mientras no retoquemos el marco jurídico que entre
todos nos hemos dado, ustedes no tienen competencia para entrar en
buena parte de lo que pretenden entrar aquí y nos tendrán enfrente.
Estoy profundamente convencido de que no sólo nos tendrán enfrente a
nosotros sino que, en el caso de que sigan adelante con un texto como
el que hoy nos traen, se encontrarán con que habrán puesto en marcha
un mecanismo que será demolido, absolutamente demolido y dinamitado
por una sentencia del Tribunal Constitucional en un plazo equis pero
a plazo fijo; no sabemos a qué plazo, porque lamentablemente tiene
mucho trabajo, pero a plazo fijo. Y ese es un riesgo que, como los
experimentos es mejor que se desarrollen con gaseosa y no con cava, y
menos aún cuando está en juego la formación de mucha gente, ustedes
deberían analizar.
No tienen ustedes ninguna base, ninguna, ni en la Constitución ni en
los estatutos de autonomía para poner en funcionamiento su sistema
nacional de formación
profesional y cualificaciones; no la tienen. Eso está colgado del
aire, señora ministra. No tienen ustedes ninguna base ni en la
Constitución ni en los estatutos de autonomía para crear de la nada y
sin ningún fundamento jurídico, más que su propia imaginación o, en
el mejor de los casos -y se lo digo con todo respeto-, su buena
voluntad, los centros nacionales de formación profesional de
referencia; no tienen fundamento alguno para crearlos. Evidentemente,
aquí entramos en un debate jurídico, insisto, y le hablo con la
tranquilidad de haber leído mucha jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en muchas materias en las que muchos ministros que le
han precedido han creído que estaban defendiendo las esencias del
Estado patrio, y después se encuentran con que se tienen que comer un
texto legal. Esperemos que eso no ocurra. Si ustedes siguen adelante
en la pretensión de la creación de centros nacionales de formación
profesional de referencia, creados por ustedes aunque sean después
gestionados como quien cede a un menor, como el padre que lo cede a
un hijo para que administre en sus ratos libres ese centro, eso no lo
podrán hacer. Podrán aprobarlo, tienen mayoría absoluta en esta
Cámara para hacerlo, con nuestros votos o sin ellos, pero pasado un
tiempo se encontrarán con un problema del que serán responsables,
independientemente de si en ese momento están en el gobierno o no.
Tienen ustedes abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sobre hasta dónde llegan sus competencias en materia educativa para
tener bien claro hasta dónde pueden ustedes llegar y hasta dónde no.
Los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas
competencia plena para la regulación de la administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, sin perjuicio -y aquí sí coloca el Constitucional un
sin perjuicio- de la alta inspección. Ustedes pueden desarrollar una
ley básica, ustedes pueden desarrollar los títulos y mejorar el
marco; ustedes pueden perfeccionar la coordinación, tal como les ha
propuesto la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, o
llegar a la perfecta sintonía entre las distintas fórmulas de
formación profesional que existen en este momento, la reglada, la
ocupacional, etcétera, eso lo pueden ustedes hacer. Lo que no pueden
hacer es sacarse de la manga un sistema nuevo, nacional, que pretenda
dirigir y coordinar la gestión, que es libre de cada comunidad
autónoma, y de la cual no responden antes ustedes sino ante su propio
electorado y ante una inspección sometida a la ley, ni pueden crear
una serie de centros que ustedes designan como de referencia cuando
es libertad de cada comunidad autónoma designar libre y soberanamente
cuáles de sus centros serán de referencia y cuáles no. A partir de
ahí tenemos discrepancias en otros puntos en los que el tema ya no es
competencial sino de concepto. En centros de este estilo el hecho de
la creación del propio centro es lo que es discutible, en cómo se
nombra el director podemos tener discrepancias, y sobre eso podemos
hablar con calma, pero en este momento
no somos partidarios, en absoluto, de modificar el sistema y de ir a
un sistema de libre designación por la autoridad competente.
Reconozco que ese ya no es un tema competencial, pero el resto sí.
No entro en más detalles. Sé que puede parecer contradictorio con
esta intervención, pero en nombre de mi grupo le digo que estamos
dispuestos a negociar, que estamos dispuestos a hablar de una nueva
ley de formación profesional, que estamos dispuestos a mejorar, a
reformar, a modernizar la formación profesional en España, sobre la
base de una ley básica, que probablemente debería tener carácter
orgánico -y ésta no lo tiene, pero muy probablemente debería
tenerlo-, porque se trata del desarrollo en un ámbito muy concreto
del derecho a la educación, y sobre ese texto estamos perfectamente
dispuestos a ponernos de acuerdo. Sobre el texto que nos traen
ustedes y del que teníamos conocimiento, no. Sobre este texto hablar,
por supuesto, las veces que haga falta, pero con estas premisas
difícilmente podremos llegar a un acuerdo. Y sencillamente le digo
que es interesante -y no pretendo arrogarme ropas ajenas- y sería
bueno, señora ministra, que alguien se moleste en buscar cuántas
leyes de esta Cámara de mayorías absolutas del pasado, incluso leyes
aprobadas ya por el Gobierno del Partido Popular, han sido
modificadas y declaradas inconstitucionales por el Tribunal
Constitucional. Además de reflexionar sobre las necesidades que tiene
España en formación profesional -que lo debe hacer y hace muy bien en
hacerlo-, sería bueno que dedicara algún rato a considerar en qué
Ministerio trabaja usted, en qué Gobierno trabaja usted y cuál es el
Estado español del año 2001, del siglo XXI.
Al final de su intervención ha dicho una cosa que no sé si es cosecha
espontánea suya o si es de alguien que le ha ayudado en su
intervención y le ha traicionado el subconsciente. Ha dicho que el
anteproyecto de ley del que estamos hablando pretende dar respuesta a
todos y cada uno de los aspectos del programa nacional de FP. Pues
ese es exactamente el error. El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte del Reino de España no tiene competencias, conforme a la
Constitución y a los estatutos de autonomía, para dar respuesta a
todos y cada uno de los aspectos que se planteaban. Ustedes pueden
exponer aspectos y dar respuesta a algunos; la respuesta a otros la
darán las comunidades autónomas y responderán de ello ante su propio
electorado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Una ley de formación profesional es sin
duda una ley necesaria. En nuestro país, que es el país de la Unión
Europea con un mayor nivel de paro -un paro que además está
fuertemente vinculado a lo que se llama un paro estructural, un paro
que los expertos vinculan precisamente a la falta de formación-, la
formación profesional debe ser
una opción estratégica del Gobierno. Sin embargo, estimamos que los
sucesivos gobiernos del presidente Aznar han reaccionado ante esta
cuestión tarde y mal. Desaprovecharon la oportunidad de la cumbre de
Luxemburgo y, más recientemente, la de la cumbre de Feira. Estamos
por tanto ante una oportunidad y la invitamos a que no la pierda.
Indudablemente, el objeto de la ley tiene que ser, como no puede ser
de otra manera, mejorar la capacidad de inserción profesional. Desde
luego, debe ser una formación profesional para el empleo, pero no hay
que perder de vista -y esto es importantísimo para mi grupo
parlamentario- la movilidad de los trabajadores en el marco de España
y en el marco europeo. También debe ser objetivo de esta ley mejorar
la competitividad de las empresas, porque el capital humano es sin
duda el mayor rédito que puede aportar a dicha competitividad. Debe
aprovecharse esta oportunidad para reforzar el prestigio de la
enseñanza profesional entre los ciudadanos españoles, pero hay que
hacer una formación profesional moderna, innovadora y que esté a la
cabeza de la aplicación tecnológica en las empresas. ¿Es esto lo que
ha venido haciendo el Gobierno en la última etapa? Nuestra valoración
no puede ser más negativa, y lo es por varios aspectos. El II
programa nacional de formación profesional, cuya evaluación usted ha
evitado hoy, fue un fracaso. Nació tarde y usted no nos ha presentado
hoy su evaluación y su grado de cumplimiento, cuando tendría que
haber sido el diagnóstico en el que se apoyase la necesidad de esta
ley. Además, los sucesivos gobiernos del señor Aznar han venido
reduciendo drásticamente los requisitos de calidad de los centros que
imparten la formación profesional reglada, han establecido las
famosas pasarelas, que también debilitan el prestigio de la formación
profesional, y han reducido el número de plazas en la formación
profesional reglada. El Gobierno ha manifestado en sucesivas
ocasiones en sede parlamentaria que las acciones en formación
profesional van dirigidas a dos millones y medio de españoles,
fundamentalmente jóvenes, pero también personas que quieren mejorar o
que buscan su primer empleo. Y cada año, en nuestro país, según la
información del Gobierno, se dedicarían a este objetivo 630.000
millones de pesetas.
Comprenderá que el Grupo Socialista esté muy interesado en una ley de
formación profesional que salga adelante con las debidas garantías.
Sin embargo, señora ministra, tenemos que señalar que el anteproyecto
que usted nos ha presentado hoy no nos gusta y no lo compartimos, ni
en el fondo ni en la forma. Hemos tenido ya ocasión de expresárselo a
su equipo. No hemos encontrado receptividad precisamente para las
cuestiones que hemos señalado. Su anteproyecto de ley se caracteriza
por excesos y por insuficiencias. Es un anteproyecto de ley de
excesos, señora ministra, de excesos centralistas y reglamentistas.
Entendemos que es un verdadero exceso la configuración que usted da a
los llamados centros de formación profesional de referencia
nacional. Debe usted dar una nueva lectura al último de sus
borradores, porque creemos que en este modelo hay una clara invasión
de competencias propias de las comunidades autónomas. Le pido que
haga una lectura de lo que usted señala en el artículo 11. Señora
ministra, ¿cómo puede decir que se pueden establecer mediante
convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades
autónomas? ¿Acaso las comunidades autónomas no son Estado? De verdad
que la configuración que usted da a los centros de referencia
nacional necesita algo más que una lectura, bastante más que una
lectura, porque -insisto- invade competencias de las comunidades
autónomas. Continuamente se centralizan competencias en favor del
Gobierno, competencias de las comunidades autónomas se las apropia la
Administración central, con una continua remisión posterior a la vía
reglamentaria, que además se reserva en exclusiva la Administración
central, siempre en detrimento de las competencias de las comunidades
autónomas.
Además de parecernos reglamentista, no comprendemos cómo es posible
que se haga una ley de formación profesional prácticamente para una
sola cuestión, cómo hay que designar a los directores, cuando los
directores de los centros integrados no son objeto de esta ley de
formación profesional, ya que hay otras leyes -por cierto, de rango
orgánico-, como la LODE o la LOPEG, que se ocupan de cómo se realiza
la elección de los directores. Elección, no designación. Entendemos
que introducir esta cuestión no es más que un reglamentismo
innecesario, un reglamentismo excesivo, que además está unido a una
desregulación total de los centros privados, a los cuales se da la
oportunidad de transformarse en centros integrados, que imparten una
formación reglada y que reciben importantes subvenciones públicas, no
sólo vía conciertos en las comunidades autónomas en las que gobierna
el Partido Popular, sino también a través de Forcem o de otros
programas. Por tanto, no estamos de acuerdo ni con el exceso
reglamentista que tiene la ley ni con la excesiva desregulación de
los centros privados.
Si nos preocupan los excesos, no menos nos tienen que preocupar las
insuficiencias. Permítame que le señale algunas. En primer lugar, la
determinación de la naturaleza de las diversas modalidades de la
formación profesional. Esta ley no determina las finalidades y
naturalezas de la formación profesional reglada, la continua y la
ocupacional, ni la relación de todas ellas, ni la formación que cada
una de ellas da, o cuáles van a estar asociadas al sistema de
cualificaciones, con lo cual hace inútil esta ley. La hace inútil si
usted no empieza por eso. Nosotros entendemos que esta determinación
no puede hacerla la Administración central, tiene que hacerla en
cooperación con las comunidades autónomas. El desarrollo del sistema
nacional de cualificaciones profesionales para elaborar un catálogo
modular integrado para la formación no puede realizarlosolamente y en
exclusiva la Administración central;
tiene que hacerlo en cooperación con las comunidades autónomas.
El sistema de evaluación, del reconocimiento y la certificación de la
competencia, tiene que hacerlo en cooperación con las comunidades
autónomas. Y tampoco esto lo recoge usted. Nos preocupa, además, que
no cree una agencia para la evaluación de la calidad, que se
responsabilice de la evaluación de la calidad de la formación
profesional. Porque una formación profesional moderna e innovadora,
que no tenga en cuenta precisamente la evaluación de la calidad, no
tiene sentido. Por cierto, en las bases que usted presentó en el
Consejo General de la Formación Profesional el 19 de diciembre sí se
contenía, pero misteriosamente desaparece en el último de los
borradores que usted presenta del anteproyecto de ley de la formación
profesional.
Por último, nosotros echamos en falta un calendario de aplicación de
esta ley de formación profesional y el marco de financiación de la
misma. Nos estamos refiriendo no sólo, señora ministra, a cuánto
cuesta la aplicación de esta ley. En nuestro país, buena parte de la
financiación de la formación profesional está cofinanciada con cargo
al Fondo Social Europeo. En el año 2006, el marco de financiación
cambiará sin duda, o puede cambiar de forma muy notoria. Alguna
mención a esta cuestión nos parece absolutamente indispensable.
Nosotros le hablábamos del fondo y de la forma. No compartimos el
fondo, pero es que nos preocupa la forma. Es verdad que usted comenzó
bien, usted presentó ante el Consejo General de la Formación
Profesional unas bases de desarrollo de lo que usted después
traduciría en un anteproyecto de ley. Nosotros en aquel momento
saludamos positivamente, y lo he dicho al empezar mi intervención,
las bases de aquel anteproyecto, porque creemos que es muy necesaria
una ley de la formación profesional. Además, las comunidades
autónomas han ido enviando desde aquel momento aportaciones en el
ánimo leal y constructivo de cooperar a sacar adelante la mejor ley
de formación profesional, por lo que significa para este país. Sin
embargo, de esas aportaciones nada hemos encontrado, y nosotros,
señora ministra, le exigimos que abra una negociación. Nos parece que
si usted no negocia el contenido de la aplicación de esta ley con la
financiación suficiente habrá desaprovechado una importante
oportunidad.
Cuando hablamos de negociación, señora ministra, no debe entender que
es una mera adhesión a sus postulados, y nos parece inaceptable que
siga usted pidiendo que le sigamos enviando papeles. Eso no puede
ser. Negociar, desde nuestro punto de vista, es, sin lugar a dudas,
la voluntad de llegar a un acuerdo, porque con una negociación en la
que se alcance un consenso todos ganamos. Nosotros lo que pretendemos
es compartir el diagnóstico. No se ha hecho todavía una evaluación
del segundo programa nacional. Nosotros queremos, por tanto,
compartir el diagnóstico. En esa negociación queremos coincidir en
los objetivos, pero también queremos
cooperar en las medidas que hay que poner en práctica. Para
ello le sugerimos que busque el marco de negociación adecuado, que
es, pensamos nosotros, la conferencia sectorial de Educación; ese
queremos que sea el marco adecuado de negociación, para poder
alcanzar un acuerdo. Si hay consenso, todos ganamos, señora ministra.
Si usted quiere, por el contrario, sacar sola esta ley, podrá
hacerlo, su Gobierno cuenta con un grupo parlamentario con mayoría
absoluta, pero su esfuerzo habrá resultado inútil y esta ley no habrá
respondido a las necesidades que tiene nuestro país. Sin duda, usted
fracasará si no responde a la necesidad de una negociación de esta
ley de formación profesional. Usted decide, o acertar y que esta ley
salga adelante con el consenso o, por el contrario, equivocarse y
fracasar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, quiero dar la bienvenida
a la señora ministra y agradecer la exposición que nos ha hecho, que,
como bien ha indicado, es sobre el borrador de anteproyecto de una
ley de formación profesional.
Entiendo, al oír a todos los grupos, que todos coinciden en la
necesidad de una nueva ley de formación profesional. Varios grupos
han dicho que indudablemente, ante una economía globalizada, ante los
últimos acuerdos de las directivas europeas, es necesario formar a
nuestros jóvenes para que la movilidad y los títulos puedan tener la
garantía de corresponsabilidad con el resto de los países de la Unión
Europea.
Nos decía la señora ministra que los nuevos trabajos de adaptación,
los niveles de calidad que tiene que tener en estos momentos la
formación profesional, el requerimiento de la sociedad del
conocimiento, etcétera, nos llevan a la necesidad de una nueva ley de
formación profesional. Además, yo he oído a los grupos algo que me ha
dejado un poco desorientado. Izquierda Unida decía que en este
anteproyecto de ley lo único que se había hecho era recoger los
acuerdos del segundo plan de formación profesional. Otros grupos, sin
embargo, decían que no tenía nada que ver este proyecto de ley con el
segundo plan de formación profesional. Yo me atengo más bien a lo que
ha dicho el primer grupo, que este proyecto de ley, como era lógico,
tenía que seguir las líneas del segundo plan de formación
profesional. El borrador del proyecto de ley distingue, como es
lógico y natural, la formación profesional reglada, la ocupacional y
la continua, y sigue manteniendo en la continua la colaboración de
empresas y sindicatos. Además, la continua obedece a que, en estos
momentos, chicos y chicas que terminen su formación profesional
reglada, durante tres, cuatro o cinco años, tendrán una ocupación,
pero a lo mejor posteriormentevan cambiando. Hoy se ve cómo a lo
largo de la vida
laboral se cambia cuatro o cinco veces de puesto de trabajo. De ahí
la necesidad de enlazar la formación reglada con la continua.
Quisiera decir que como directriz o como ley de bases estamos
absolutamente de acuerdo. Cuando llegue este borrador como proyecto
de ley a la Cámara, se comprenderá perfectamente, y en eso está de
acuerdo el Grupo Popular, que algunos grupos hagan enmiendas,
enmiendas que se estudiarán muy detenidamente, pero yo creo que las
líneas generales de este anteproyecto de ley obedecen a los criterios
y a los objetivos que tenemos todos sobre la formación profesional.
Voy a detenerme un momento para decir que hasta hace escasamente tres
años la formación profesional iba en una pirámide inversa a las
necesidades de empleo en el país; el número de chicos y chicas que
estudiaban formación profesional iba disminuyendo a medida que el
empleador o las empresas nos iban diciendo la necesidad de cuadros y
de trabajadores cualificados. En los últimos tres años esto se ha
rectificado y el número de chicos y chicas que van a formación
profesional va aumentando. Yo creo que algo bastante importante se ha
hecho para la dignificación, pero no es suficiente, y por eso es
necesario lo que se contempla en este proyecto de ley. Este proyecto
de ley sigue las directivas europeas, sigue los acuerdos del Consejo
de Europa de 18 de junio de 1992, sigue los trabajos de la Comisión
de la Unión Europea de fecha 30 de octubre de 2000, los memorándum
sobre aprendizaje permanente.
Se ha hecho una crítica muy fuerte diciendo que esta ley de formación
profesional puede ser inconstitucional. Ha habido veces en que el
Tribunal Constitucional -y para eso existe y todos creemos en él- ha
indicado que algunos aspectos o algunos artículos de leyes que se han
aprobado en este Parlamento se tenían que modificar. Ése es uno de
los papeles del Tribunal Constitucional. Pero no estamos en absoluto
de acuerdo con que se diga, como línea general, que va en contra de
las competencias de las comunidades autónomas. Porque las bases de
este borrador de proyecto de ley de formación profesional tienen muy
en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y porque en
todas las leyes que se hacen en este Parlamento, en la mayoría de las
leyes que pueden tocar competencias de las comunidades autónomas se
dice: Sin perjuicio de las competencias de las comunidades
correspondientes. Y eso es así desde el nombramiento del director de
los centros, que dice que compete a la Administración que le
corresponda, hasta la mayoría o una gran parte de los artículos. Por
tanto, entiendo que no es en absoluto inconstitucional. Yo haría una
observación y es que algún grupo de esta Cámara tuviera unos
servicios jurídicos que le asesoraran al respecto. Dicho esto
respecto de las diferencias de algún grupo, estoy seguro de que ese
grupo lo que hará será, en el período de enmiendas o incluso sería
conveniente antes, decir cuáles son las líneas con las que no está
conforme o aquellos aspectos
concretos con los que no coincide. También los puntos en los que
entiende que puede haber una disfunción entre la competencia de las
comunidades autónomas y la competencia de la Administración central.
Por supuesto, quiero reiterar, porque es nuestro criterio, que tanto
son las comunidades como la Administración central.
Señora ministra, todavía está abierto este borrador de proyecto de
ley hasta que se remita al Consejo de Estado y posteriormente al
Consejo de Ministros. Nuestro grupo siempre ha entendido que las
leyes que se refieren a la educación deben tener el máximo de
conformidad de todos los grupos. Ojalá hubiese sido así desde hace
muchos años, porque hubiésemos adelantado bastante. No fue así en
otras ocasiones. En esta ocasión, en lo que se refiere a la formación
profesional, y me dirijo fundamentalmente al Grupo Socialista, lo que
nos gustaría es que dijera -porque es así como se trabaja- aquellos
aspectos en los cuales no está de acuerdo o que remitiera la fórmula
alternativa. De lo contrario, una vez que entre el proyecto de ley en
esta Cámara, presentarán enmiendas los diferentes grupos y será el
momento de estudiarlas. Yo no entiendo lo que se quiere decir por
tener el máximo acuerdo posible. Yo entiendo que es cuando se debaten
los proyecto de ley en este Parlamento cuando se deben presentar
enmiendas, se deben estudiar por parte de los grupos y llegar a
acuerdos o, si no es factible, no llegar a acuerdos. Esa ha sido
siempre la metodología que hemos seguido en esta Cámara. Ojalá que
enmiendas que presentó nuestro grupo en otras leyes de Educación
hubiesen tenido éxito o por lo menos hubiesen facilitado un
acercamiento entre los dos grupos fundamentales.
Por lo que se refiere a Izquierda Unida, no voy a contestar. Sí
quiero decir que está superado ya en toda Europa occidental y en gran
parte del resto del mundo ese vocabulario y esa dialéctica de que los
hijos de los obreros van a formación profesional y no van a la
universidad. Señoría, que haya 1.560.000 universitarios quiere decir
que van a la universidad -y nos alegramos enormemente por el esfuerzo
que eso supone- muchísimos alumnos que pertenecen a todas las clases
sociales. Y a la formación profesional lo que queremos es que vayan
también hijos de todas las capas sociales. Eso es fundamental y es
una manera de dignificarla.
Termino, señor presidente. Señora ministra, queremos agradecer la
exposición que nos ha hecho y cuando venga el proyecto de ley
estudiaremos los acuerdos que haya respecto de enmiendas concretas de
los otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Voy a comenzar por la última intervención, dando las gracias
al portavoz del Grupo Popular por su apoyo y sus consideraciones.
Muchas gracias también a los restantes
grupos parlamentarios por sus reflexiones en esta sesión de hoy, en
la que presentamos el borrador de anteproyecto de ley de la formación
profesional.
Son importantes las consideraciones que les he dicho al principio,
que marcan este borrador de anteproyecto y que si se olvidan a la
hora de hacer el resto de la reflexión nos pueden conducir o bien a
conclusiones erróneas o bien a una cierta confusión. Conviene, por
tanto, conocer bien, y yo no ignoro que ustedes lo conocen, poner de
relieve una vez más esos datos contextuales en los que se ha
desarrollado este borrador y a lo que responde.
El segundo programa nacional de la formación profesional es el
resultado de un acuerdo entre las administraciones y, además, los
agentes sociales. De ese segundo programa nace la demanda de
establecer una normativa básica sobre los aspectos contenidos en el
programa, de tal manera que de un acuerdo que no tiene fuerza legal
-en todo caso la tendría moral, pero no la tendría legal a la hora de
poder desarrollar cada uno de los aspectos del acuerdo- se pueda
producir una situación en la que, con una norma con fuerza legal se
puedan desarrollar esos acuerdos del segundo programa nacional. A
esto responde el esfuerzo que han hecho las administraciones y los
agentes sociales y, desde el punto de vista de la Administración
central, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, en un objetivo sumamente difícil,
porque ni se trata exclusivamente de una norma que tenga una
dimensión educativa, y por tanto de competencias de las
administraciones educativas, ni se trata de una norma en la que tenga
competencia solamente la Administración laboral. Además, las
administraciones educativas y laborales tienen una distribución de
competencias distintas en nuestro ordenamiento.
Este borrador de anteproyecto de ley ha logrado que en torno a él se
concitara un importante acuerdo social, que se manifiesta en la
posición explícitamente adoptada y expresada en el Consejo General de
la Formación Profesional, en su Pleno del pasado 31 de mayo, por los
interlocutores sociales. Los sindicatos y la asociación patronal han
manifestado que este era un avance muy positivo, que era un texto que
realmente daba, en lo sustantivo, respuesta a las demandas que había
desde el II plan nacional de la formación profesional y que
consideraban que era una respuesta muy positiva y un avance
significativo. Esto es muy importante, señorías. Es muy importante
que se haya conseguido un nivel de acuerdo social en torno a este
borrador de anteproyecto tan significativo. Y, por lo que se refiere
a las comunidades autónomas, algunas han mostrado claramente su
apoyo, han valorado muy positivamente la norma, y otras han hecho
consideraciones en unos aspectos no tan positivas y en otros, sí.
Le quiero además decir otra cosa desde el punto de vista del
procedimiento, antes de entrar en algunas consideraciones que se han
hecho del contenido, bien de los aspectos competenciales o de otros.
El proceso de
debate que se ha desarrollado en la elaboración de este borrador de
anteproyecto ha contado con la participación de todos los miembros
presentes en el Consejo General de la Formación Profesional. En 1997,
como he dicho antes, se incorporó a las comunidades autónomas, para
que pudieran también estar presentes en ese debate, tanto en la
configuración de lo que sería el segundo programa como en su
desarrollo posterior. Ha habido muchas reuniones en las que han
participado las comunidades autónomas y los agentes sociales. Hay
muchas observaciones tanto de uno como de otros. Se han ido
recogiendo e incorporando a lo largo de los sucesivos borradores
aclaraciones, consideraciones hechas por parte de muchas comunidades
y por parte de los agentes sociales. Ha habido -y creo que esto hay
que manifestarlo aquí- por parte, por ejemplo, de los directores
generales de las comunidades autónomas en el área educativa una
participación que hay que reconocer y que ha sido constante. Se han
hecho observaciones, se ha ido discutiendo. Esta mañana se ha puesto
de manifiesto, con una abundancia de datos notabilísima, en la
conferencia sectorial. Ha habido todo ese proceso, ha habido toda esa
intervención. Por supuesto el procedimiento es mejorable. No me voy a
atrever a calificarlo como modélico, nada lo es probablemente en la
vida, pero les puedo asegurar -y así lo reconocen la inmensa mayoría
de quienes han participado en este proceso y los interlocutores
sociales, sean sindicatos o empresarios, además de muchas comunidades
autónomas- que ha habido realmente un proceso de participación muy
significativo, siendo el resultado, en lo que se refiere a los
agentes sociales, una valoración tan positiva de este texto; también
por parte de muchas comunidades autónomas.
Cuando se celebró el plenario del Consejo General de la Formación
Profesional, allí mismo se plantearon algunas cuestiones adicionales
que los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Educación,
Cultura y Deporte quedaron en recoger en el texto definitivo, antes
de que fuera al Consejo Económico y Social, al Consejo Escolar y al
Consejo de Estado. Se abrió la posibilidad de que inmediatamente se
mandaran observaciones que no se hubieran enviado hasta ese momento
-evidentemente, insistir en las que ya se habían discutido no tenía
sentido- y en la conferencia sectorial de hoy se ha dado la
posibilidad de que, si hay alguna comunidad que quiere enviar
observaciones que no se hubieran enviado y discutido -porque no
tendría sentido, insisto, lo contrario- procediera a hacerlo de
manera inmediata. La Comunidad del País Vasco mostraba desacuerdo,
pero de todas formas ha dejado tres informes sobre el tema y allí
mismo han sido recogidos. Yo creo, señorías, que el procedimiento que
se ha desarrollado antes del debate parlamentario realmente ha
recogido un esfuerzo enorme de participación de todos los miembros
del Consejo General de la Formación Profesional e insisto en la
valoración positiva y
claramente manifestada que ha merecido desde muchos sectores.
Me refiero ahora a algunos problemas de contenido que se han
manifestado. El portavoz de CiU ha hecho un alegato en cierta medida
con un juicio de intenciones que le tengo que decir que no comparto.
Todos sabemos muy bien en el sistema político que estamos, la
configuración que tiene nuestra Constitución y desde luego le aseguro
que no tengo ninguna intención de que nadie trabaje el doble o el
triple, ni el Ministerio haciendo borradores, ni el Parlamento
discutiendo borradores que pudieran tener elementos de
inconstitucionalidad, ni desde luego el Tribunal Constitucional, al
que, si se puede aliviar la tarea, mucho mejor. Tengo que decirle
sinceramente que, si los problemas que pudiera plantear están
relacionados con una confusión, con una interferencia, digamos, en
las competencias que tienen las comunidades autónomas y por tanto con
una no buena definición de la distribución de las competencias, me
deja muy tranquila, porque creo que, en el caso concreto de su grupo,
si esas son las preocupaciones, se van a poder aclarar cuando
entremos en el texto de una manera pormenorizada en el debate
parlamentario. No hay correspondencia con esos miedos -entre
comillas- y lo que luego dice el texto.
Hay algunas cuestiones que todavía, porque estamos, desde el punto de
vista parlamentario, en el inicio y esto es una presentación que hago
en una comparecencia, no se han entendido o no se han interpretado
bien. Pongamos por ejemplo el asunto de los títulos. Título no es
igual a currículo. Título es una cosa distinta. El título establece
la competencia profesional y la formación mínima para conseguirlo y
el currículo lo establecerán las comunidades autónomas, que tendrán
que incorporar la formación propia del título. Pero el currículo lo
establecerán las comunidades autónomas. El tema de los centros de
referencia. No se trata de crear una red de centros nacionales de
referencia donde se imparta formación profesional. Evidentemente que
no. Esto sería un error tan de bulto, tan de bulto, tan de bulto, que
me imagino que, a estas alturas, el representante de CiU no me
atribuirá a mí la posibilidad de que el error tan de bulto, tan de
bulto, se pudiera cometer. Es obvio quién tiene que desarrollarlo. Es
evidente. Los centros de referencia, en lo que se refiere a la
administración educativa, podrán desarrollar tareas de investigación
y de innovación. Esas sí son competencias que tiene reconocida
la Administración central del Estado. No tareas de formación a los
alumnos, pero sí tareas de investigación e innovación; tareas de
investigación, en último término, si quiere denominarlo así. En el
caso de la administración laboral, existen hoy centros de referencia
para determinadas formaciones profesionales y algunos de ellos en
Cataluña. Y en esos centros de referencia la administración laboral
podrá desarrollar aquello que puede desarrollar en virtud de sus
competencias. Y la Administración del Estado también puede
desarrollar algo que no es formación pero sí tareas de investigación
y de innovación educativa en materia de formación profesional. Sí es
una competencia que tiene la Administración del Estado. El sistema
nacional de las cualificaciones es competencia del Estado, porque el
mercado de trabajo es único, y el sistema desarrolla la formación
profesional para la cualificación, es decir, para el empleo, por
citar un par de ejemplos que ha señalado en su intervención. Sus
señorías van a tener la posibilidad de desarrollar un debate
parlamentario tan largo como consideren oportuno, y en ese contexto
se harán las aclaraciones previas necesarias por parte de los
ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Educación, Cultura y
Deporte.
Con respecto a quienes han planteado problemas de relación
competencial, tengo el convencimiento de que no hay ninguna materia
que ponga en colisión las competencias de las comunidades autónomas y
de la Administración central del Estado. En esto hemos sido
extraordinariamente rigurosos y cuidadosos. Estoy segura de que a
medida que se vaya desgranando el contenido de los artículos de este
borrador de anteproyecto estos temas van a quedar absolutamente
clarificados.
Les agradezco a todos ustedes sus aportaciones. Por mi parte nada más
a no ser que, de haber nuevas intervenciones, fuera necesario
intervenir otra vez. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, no va a haber intervenciones en
esta ocasión.
Agradecemos a la señora ministra su exposición y sus intervenciones.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.