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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 243, de 29/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 243
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3679 a la 3718. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 11
celebrada el martes, 29 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Cortés Martín) para informar
sobre:
- La futura evolución de la ayuda humanitaria y de emergencia en la
cooperación del Estado español. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000296.) . .
. (Página 7281)
- Previsiones del Gobierno respecto de una reforma del sistema y
procedimientos de gestión de la ayuda humanitaria y de emergencia
española. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000359.) . . . (Página 7281)
- La política española de ayuda humanitaria y de emergencia. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 212/000522.) . . . (Página 7281)
- Conclusiones de la reunión del grupo consultivo para la
reconstrucción de El Salvador celebrada en Madrid el día 7 de marzo
de 2001, en el marco de las reuniones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y sobre la posición del Gobierno español en dicha
reunión. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 212/000426.) . . . (Página 7294)
- Conclusiones de la reunión del grupo consultivo para Centroamérica,
creado en 1998 como consecuencia del Huracán Mitch, celebrada en
Madrid los días 7, 8 y 9 de marzo de 2001, en el marco de las
reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sobre la
posición del Gobierno español en dicha reunión. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència Unió). (Número de expediente 212/
000427.) . . . (Página 7294)
- Resultados de las reuniones celebradas en España por los grupos
consultivos de El Salvador y Centroamérica. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/
000524.) . . . (Página 7294)
- El desarrollo reglamentario de la ley de cooperación. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/000352.) . . . (Página 7304)
- La puesta en marcha del nuevo Consejo de cooperación. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 212/000473.) . . . (Página 7304)
Preguntas:
- Del señor Clotas i Cierco (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
la forma en que va a articularse la relación entre la política de
cooperación y de la Agencia Española de Cooperación Internacional con
la creación y funcionamiento de la Fundación Carolina. (Número de
expediente 181/000704.) . . . (Página 7311)
- Del mismo señor diputado, sobre la forma en que va a articularse la
relación entre la política de cooperación y la Agencia Española de
Cooperación Internacional con la creación y funcionamiento de la
Sociedad Estatal de Acción Cultural en el Exterior (SEACEX). (Número
de expediente 181/000705.) . . . (Página 7311)
- De la señora Torrado Rey (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
consideración por el Gobierno de la ayuda humanitaria como
colaboración oficial. (Número de expediente 181/000721.) . . .
(Página 7314)
- Del señor Pérez Casado (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
motivos que han llevado al Gobierno a romper el acuerdo alcanzado en
el Consejo de Cooperación sobre la composición del mismo, en lo
relativo a la distribución de sus vocales. (Número de expediente 181/
000738.) . . . (Página 7315)
- Del mismo señor diputado, sobre papel atribuido por el Gobierno a
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en la política de
cooperación española. (Número de expediente 181/000803.) . . .
(Página 7315)
- Del mismo señor diputado, sobre resolución del conflicto originado
con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a causa de la
designación por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica (SECIPI) de representantes de estas
organizaciones en el Consejo de Administración. (Número de expediente
181/000804.) . . . (Página 7315)
- De la señora Pajín Iraola (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de cooperación, en lo
relativo a la aprobación del estatuto de cooperante. (Número de
expediente 181/000778.) . . . (Página 7316)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (CORTÉS MARTÍN) PARA INFORMAR
SOBRE:
- LA FUTURA EVOLUCIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA EN LA
COOPERACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/000296.)
- PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE UNA REFORMA DEL SISTEMA Y
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA
ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000359.)
- LA POLÍTICA ESPAÑOLA DE AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000522.)
El señor PRESIDENTE: Muy buenos días.
Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo con la presencia del secretario de
Estado. Se van a sustanciar tres bloques temáticos de comparecencias
y luego diversas preguntas, como SS.SS. conocen por el orden del día.
He de advertir que previa consulta con los portavoces, se va alterar,
de forma poco significativa, pero sí quisiera anunciarlo, el orden
del día para que sean tratadas, en primer lugar, las tres
comparecencias solicitadas, tal y como figura en el documento de
convocatoria, referidas a la ayuda humanitaria, es decir, las que se
corresponden con los números 1, 2 y 3; a continuación y también de
forma acumulada, las comparecencias que figuran con los números 6, 7
y 8, referidas al tema de Centroamérica; y, finalmente, tal y como se
había acordado en Mesa y portavoces, las números 4 y 5.
Agradeciendo como corresponde la presencia del secretario de Estado,
le cedo el uso de la palabra para que haga su intervención a
propósito del primer tema acumulado, que es el referido a la ayuda
humanitaria.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, al hablar de la
ayuda humanitaria de emergencia quisiera empezar haciendo mención,
para situar la cuestión,
a la Ley de cooperación internacional para el desarrollo. Según
su artículo 12, esta ayuda humanitaria consiste en el envío urgente,
con carácter no discriminado, del material de socorro necesario,
incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para proteger vidas
humanas y aliviar la situación de las poblaciones víctimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre o que padecen una
situación de conflicto bélico.
Esta ayuda la llevan a cabo las administraciones públicas
directamente o a través de organizaciones no gubernamentales y
organismos internacionales. Señala también la Ley de cooperación que
la cooperación española promoverá el respeto al derecho humanitario
y asimismo apoyará en este ámbito medidas para la prevención y
resolución de conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento
y consolidación de la paz, instrumentadas por medio de acuerdos
bilaterales y multilaterales.
A nadie se le escapa, señor presidente, que en los últimos años se ha
producido un gran aumento de las situaciones de crisis humanitarias
por diversas causas. Al mismo tiempo, la creciente presencia de
España en el ámbito internacional y, por tanto, en el de la
cooperación y ayuda al desarrollo, así como el incremento de las
partidas presupuestarias destinadas por España a estas
intervenciones, ha conducido a que las intervenciones españolas
destinadas a paliar los efectos sobre las poblaciones de desastres
naturales o provocados por el hombre tengan cada vez mayor entidad.
Consecuentemente, el Gobierno se ha ido dotando de mecanismos que la
propia experiencia ha señalado como adecuados para conseguir una
mayor eficacia, destinados a lograr que la ayuda humanitaria llegue a
las poblaciones afectadas.
Las actuaciones de España en crisis de grandes proporciones -huracán
Mitch, Kosovo, inundaciones de Venezuela y Mozambique y más
recientemente los terremotos en El Salvador e India- han demostrado
que la capacidad de la cooperación española para responder ante
crisis humanitarias sobrevenidas ha alcanzado ya unas cotas de
eficacia notables, principalmente en lo que respecta a la respuesta
inmediata y al suministro de ayuda en la primera fase de rescate y
ayuda a las víctimas. Además de estas acciones, bien conocidas por la
opinión pública y cubiertas por los medios de comunicación, existe un
buen número de actuaciones humanitarias de menor importancia que
también se llevan a cabo por parte de la cooperación española.
Acciones más de detalle ante crisis menos conocidas realizadas
últimamente son las de Belice, El Salvador, -la epidemia del dengue-
Etiopía, Angola, Cabo Verde, Cuba, Bolivia, territorios palestinos,
refugiados saharauis, Vietnam, antigua Yugoslavia, etcétera. Estas
acciones no incluyen intervenciones de rescate, porque no son
necesarias, pero responden a llamamientos de los gobiernos y
autoridades y son coordinadas sobre el terreno, tanto con las
autoridades como con organismosinternacionales y organizaciones no
gubernamentales.
Se consigue así proporcionar el auxilio que las víctimas necesiten.
En relación con los instrumentos de la ayuda humanitaria y de
emergencia, tendríamos que hablar en primer lugar del plan director.
La ayuda humanitaria es uno de los instrumentos de la ayuda oficial
al desarrollo, tal como señala el Plan director de la cooperación
española para el período 2001-2004, aprobado el 24 de noviembre de
2000 y dictaminado favorablemente por el Congreso de los Diputados el
14 de febrero de 2001. La acción humanitaria tiene como objetivo
primordial preservar la vida de las poblaciones vulnerables y se
define mediante dos acciones complementarias: la asistencia y la
protección. La ayuda humanitaria integral, la ayuda humanitaria de
emergencia en situaciones de crisis, la ayuda a refugiados,
desplazados y repatriados, la ayuda a la rehabilitación y
reconstrucción de infraestructuras económicas y sociales y,
finalmente, la prevención de conflictos y desastres naturales. Todo
ello supone una política activa de prevención de conflictos, de
planificación estratégica de la intervención, de actuación coordinada
de los donantes y la preparación de las condiciones de transición
entre las actuaciones de emergencia y el desarrollo. Por otra parte,
la canalización de este tipo de ayudas se realiza mediante envíos
directos a las contrapartes locales, financiación de proyectos de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y contribuciones a
organismos internacionales humanitarios. Además, existe la Comisión
interministerial para coordinar planes de ayuda humanitaria en el
exterior, creada por Real Decreto 810/1999, de 14 de mayo. Las
reuniones de esta Comisión que han tenido lugar hasta ahora han sido
motivadas por la crisis de Kosovo. Así, celebró cinco reuniones entre
el 19 de mayo y el 25 de junio de 1999 para organizar y canalizar la
ayuda a Kosovo y la acogida de refugiados kosovares en España. Además
de estas reuniones, la Comisión interministerial, en otros casos en
los que se ha producido emergencia humanitaria, como las inundaciones
de Mozambique en mayo de 2000 o los terremotos de El Salvador en
enero y febrero de 2001, ha seguido el mecanismo de la constitución
de un grupo de crisis, presidido por el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en el que han
participado altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, representantes de
otros ministerios implicados, singularmente el Ministerio de Defensa,
el de Interior -a través de la Dirección General de Protección
Civil-, el de Sanidad y Consumo y el de Economía, así como de Iberia.
Este grupo de crisis ha coordinado las acciones de ayuda humanitaria
de la Agencia Española de Cooperación Internacional y también las de
algunas otras instituciones públicas, al margen de las que hayan
podido llevar a cabo las mismas directamente: comunidades autónomas,
entidades locales y privadas, organizaciones no gubernamentales,
empresas y asociaciones.
Los principales instrumentos de respuesta, además de los
anteriormente mencionados -la Comisión interministerial para
coordinar los planes de ayuda humanitaria en el exterior y el grupo
de crisis que yo mismo presido-, son: la unidad de ayuda alimentaria
y de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional;
las unidades de apoyo ante desastres de la Dirección General de
Protección Civil; Fuerzas Armadas -Ministerio de Defensa-, que
proporcionan principalmente el transporte, además de su participación
en operaciones de mantenimiento y consolidación de paz; y el
Ministerio de Sanidad y Consumo, que suministra medicamentos de
acuerdo con criterios estrictamente técnicos. Los ministerios del
Interior, Defensa y Sanidad y Consumo trabajan estrechamente con la
Agencia para lograr la mayor efectividad y rapidez de respuesta ante
crisis sobrevenidas. El fortalecimiento de las capacidades nacionales
de prevención y respuesta ante desastres naturales y el apoyo a los
procesos de prevención de conflictos son ámbitos de actuación
preferente para atajar las causas de las crisis humanitarias. En
cuanto a la prevención de desastres naturales, las intervenciones del
Cedex en Iberoamérica o las actividades de la Dirección General de
Protección Civil en la formación de expertos, así como la
coordinación de las autoridades nacionales de prevención de
Protección civil, son líneas de actuación preferente de la
cooperación española. En los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001 las cantidades previstas para estas partidas son: ayuda
humanitaria, 1.913 millones, frente a los 1.825 de 2000; ayuda de
emergencia, 978 millones, frente a 930 en 2000; total: 2.891 millones
de pesetas. Mediante estas asignaciones presupuestarias se financian
intervenciones urgentes y directas, pero existen otras vías también
para destinar fondos a la ayuda humanitaria; por ejemplo, la
subvención de proyectos de organizaciones no gubernamentales incide
en este campo; o la transferencia directa de cantidades recaudadas en
la sociedad española, como ha sucedido con los terremotos de El
Salvador.
En lo que respecta a la ayuda alimentaria de emergencia, en el año
2000 se procedió al envío directo de alimentos a las poblaciones
necesitadas de Etiopía, Mauritania, Mozambique, Cabo Verde, Cuba,
refugiados saharauis y Yugoslavia. La ayuda alimentaria en especie va
disminuyendo en los últimos años en favor del apoyo a proyectos de
seguridad alimentaria. De este modo, además de evitar los efectos
distorsionadores de los mercados locales que puede producir el envío
directo de alimentos, se fomenta la capacidad propia de las
poblaciones amenazadas por hambrunas de producir y distribuir
alimentos y principalmente de acceder a los mismos. De este modo, la
cooperación española en el año 2000 financió proyectos de seguridad
alimentaria en Gabón, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Filipinas,
territorios palestinos, Vietnam, Bolivia, El Salvador, Haití,
Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En cuanto a las perspectivas de futuro, la Agencia Española de
Cooperación Internacional tiene en marcha un proceso de
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con los diferentes
actores que intervienen en una emergencia humanitaria. Las unidades
de apoyo ante desastres coordinadas por la Dirección General de
Protección Civil del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas,
las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, fundaciones y empresas llevan a cabo
una constante labor de coordinación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para lograr una acción conjunta española
cada vez más efectiva ante las crisis humanitarias. Este es uno de
los principales ejes en los que se incardina el trabajo actual de la
Agencia Española de Cooperación Internacional. El objetivo a corto
plazo es la elaboración de un protocolo de emergencia que recogerá
una serie de criterios para evaluar las crisis humanitarias tanto
desde el punto de vista de la vulnerabilidad y del tipo de catástrofe
como desde el de la capacidad de respuesta de la cooperación
española, considerando sus ventajas comparativas tanto geográficas
como respecto a los medios disponibles para afrontar la crisis. Este
protocolo establecerá también una clasificación de las actuaciones,
por la magnitud de la respuesta, por las vías de canalización de las
ayudas y por las sucesivas fases en que se descompone una crisis
humanitaria. La coordinación con otros actores de la ayuda
humanitaria, principalmente otras administraciones públicas y algunas
organizaciones no gubernamentales y empresas, es también un aspecto
de la cuestión que va dando sus frutos. Se han celebrado varias
reuniones de trabajo en las que los diferentes actores van
intercambiando conocimientos y experiencias, lecciones aprendidas
para ir mejorando en la efectividad de sus actuaciones.
Algunas comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales
particularmente activas en la ayuda humanitaria están logrando
también un alto grado de efectividad reforzando de este modo la
capacidad de la respuesta española. En este sentido, tenemos que
coordinar estrategias y aprovechar las sinergias. Estuve hace unos
días en la sede de Intermon en Barcelona y vi que tienen un
departamento especializado en las cuestiones de emergencia. No tiene
sentido que se dupliquen las actividades y debe existir coordinación
e identificación de qué puede hacer cada quién; una coordinación
entre las administraciones y las distintas organizaciones, sobre todo
con aquellas que tienen experiencia y capacidad acreditada, como es
el caso de Intermon, donde, como les digo, estuve recientemente,
aunque seguro que hay otras que tienen esta capacidad, y una
coordinación efectiva puede redundar en beneficio de todos, sobre
todo de aquellos que necesitan nuestra ayuda.
La reciente acción con motivo de los terremotos de El Salvador fue
una muestra de los avances logrados en el proceso de articular un
mecanismo de respuesta rápida
ante un desastre natural y en la puesta en marcha inmediata de un
importante programa de ayuda de la reconstrucción acordado con las
autoridades salvadoreñas. La coordinación sobre el terreno,
centralizada en las embajadas de España, es también un área que está
siendo impulsada en el ámbito de la ayuda humanitaria. La cooperación
con las autoridades locales, no sólo en lo que corresponde a la
creación o fortalecimiento de la capacidad de prevención y respuesta
ante desastres, sino también en lo que respecta al apoyo directo,
principalmente a través de organismos internacionales
y organizaciones no gubernamentales, a las poblaciones más propensas a
verse afectadas por los mismos es un ámbito preferente en el que se
engloban estrategias de lucha contra la pobreza.
La coordinación en el ámbito internacional es otra área en la que se
centran los esfuerzos de la cooperación española, pues hay un largo
camino por recorrer hasta que se alcance el deseado objetivo de
lograr que la ayuda humanitaria sea realmente un instrumento más de
la cooperación internacional en la que se engloben estrategias
comunes de lucha contra la pobreza. Su particularidad y carácter
temporal hacen que con mucha frecuencia no se produzcan los efectos
deseados para el desarrollo cuando surge una crisis humanitaria. En
la actualidad el acento se pone en tratar de eliminar las denominadas
zonas grises entre una y otra fase de la ayuda humanitaria y entre
ésta y la ayuda al desarrollo.
En el ámbito multilateral, la cooperación española participa
activamente en la ayuda humanitaria en la Unión Europea realizada
principalmente a través de la Oficina Humanitaria de la Comisión
Europea, ECHO. En concreto, la aportación de España a la Unión
Europea en este concepto en el año 2000 fue de 60.000 millones de
pesetas y en el año 2001 está previsto que sean 73.000 millones. Como
SS.SS. saben, la labor de esta institución, ECHO, y en general la
política de cooperación de la Unión Europea, deja mucho que desear
y ha sido ineficaz -escandalosamente ineficaz diría yo- en muchos casos
como es el de Centroamérica tras el huracán Mitch. España no ha
dejado de denunciar esta ineficacia y falta de operatividad ni de
plantear medidas para que pueda llegar a los necesitados esta ayuda,
sobre todo si se compara la eficacia de las agencias nacionales, no
sólo de las españolas, con la escandalosa ineficacia de la Comisión
Europea en estas cuestiones. Parece que la profunda reflexión
realizada el año pasado en el seno de la Comunidad Europea sobre la
ayuda humanitaria puede empezar a dar sus frutos y es algo que todos
esperamos. La creación de Euronaid como ente capaz de centralizar la
ayuda al desarrollo y el encaje de ECHO en el nuevo esquema
humanitario pondrán fin a un cierto espíritu de provisionalidad que
ha presidido hasta ahora las actuaciones comunitarias en el ámbito de
la ayuda humanitaria. Además de la Unión Europea, el Ministerio de
Asuntos Exteriores, a través de la Agencia, lleva a cabo la
cooperación multilateralpor medio de organismos internacionales
especializados
en ayuda al desarrollo y en especial con aquellos pertenecientes al
sistema de Naciones Unidas, agencias especializadas, programas y
fondos especiales, convenios, etcétera. En concreto, la aportación
española en el año 2000 a los organismos internacionales no
financieros para ayuda al desarrollo fue de 9.629 millones de
pesetas, cifra que en 2001 ascenderá, por el mismo concepto, a 10.675
millones.
Señor presidente, he querido hacer una mención específica a las
cantidades, por otra parte importantes -estamos hablando en el año
2001 de casi 85.000 millones de pesetas-, que España aporta a la
Unión Europea y a los organismos internacionales para que sirva
también de elemento de clarificación y se tenga en cuenta a la hora
de hablar de ayuda humanitaria y de emergencia. Esas instituciones
llevan a cabo importantes actuaciones de ayuda humanitaria y de
emergencia y España está presente en ellas por medio, entre otras
formas, de la aportación de recursos económicos. Es evidente que
nosotros mismos no podemos estar y acudir a todas partes donde se
producen crisis humanitarias; de ahí la necesaria especialización,
que en nuestro caso, y como no puede ser de otro modo, se dirige a
los países que se encuentran dentro de las áreas geográficas
establecidas como prioritarias por el plan director, pero la sociedad
española tiene que saber que España también contribuye, y creo que de
forma relevante, a paliar las necesidades urgentes de muchas personas
que se encuentran en otros lugares del mundo, de los que a menudo
sólo tenemos conocimiento de vez en cuando por los medios de
comunicación.
En el ámbito de las Naciones Unidas, la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, OCAH, es el principal foro donde se coordinan
las acciones humanitarias internacionales. Los progresos realizados
en los últimos tiempos hacen vaticinar que en un futuro este
organismo sea capaz de coordinar acciones conjuntas de la comunidad
internacional. Hasta ahora, los mayores logros de la OCAH consisten
en la difusión de información a través de Internet mediante un
mecanismo muy efectivo. España participa activamente en estas
iniciativas para lograr dotarse de una mejor capacidad de respuesta.
Otros organismos, como Acnur, Unicef, la Organización Mundial de la
Salud o el movimiento de la Cruz Roja, son también ámbitos en los que
participa la cooperación española. En particular, Acnur es objeto de
seguimiento y apoyo por parte de España, como lo demuestra por
ejemplo la realización, en septiembre próximo, por la Escuela
Nacional de Protección Civil, de un seminario sobre gestión de
emergencias.
Señor presidente, de toda esta exposición se puede concluir que
aunque en este campo lo que se hace nunca es suficiente y, por
consiguiente, el esfuerzo de los gobiernos y de las demás
administraciones públicas y del resto de las instituciones de los
países desarrollados que acuden en ayuda de aquellos otros que lo
necesitan de una forma urgente y prioritaria para su propia
subsistencia debe mejorar y aumentarse, porque, desgraciadamente, se
puede hacer todavía mucho más, con todo ello, la sociedad española
puede tener la tranquilidad de que las instituciones públicas cuentan
con instrumentos de ayuda humanitaria que, siendo mejorables, han
demostrado su eficacia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Tres
grupos son los que a propósito de la ayuda humanitaria presentaron
iniciativas parlamentarias. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor Cortés por su
información. Es evidente que el trámite de una comparecencia no nos
permite una reflexión a fondo sobre muchos de los aspectos que están
entrelazados con las necesidades de intervención de los países
fundamentalmente avanzados ante situaciones de desastre natural o de
origen militar en diversos lugares del mundo. Las reflexiones que
podríamos hacer aquí hoy son sobre la importancia que tiene la ayuda
humanitaria y de emergencia como red de seguridad última de los
países más vulnerables, la propia vulnerabilidad de estos países
derivada de su falta de desarrollo, que les hace especialmente
débiles ante situaciones que en otros países seguramente pueden ser
soportadas de manera mucho más racional; incluso, una reflexión mucho
más amplia sería sobre los criterios políticos con los que los
diversos gobiernos del mundo abordan las crisis en uno o en otro
lugar. Todas ellas son cuestiones de fondo importante y seguramente
el espacio de discusión debería ser diferente al de una Comisión
parlamentaria.
Para nuestro grupo parlamentario la comparecencia en el día de hoy
del señor secretario de Estado puede ser interesante en la medida en
que nos permite avanzar seis o siete consideraciones. La primera de
ellas es una cuestión a la que usted ha hecho referencia, el conjunto
de recursos que la AOD española destina a la ayuda humanitaria y de
emergencia. El señor secretario de Estado entiende que hoy este
esfuerzo presupuestario del Gobierno es correcto, ha dado sus cifras
y ha situado de manera destacada las aportaciones que España hace a
la Unión Europea, pero si analizamos lo que estrictamente
consideramos ayuda humanitaria y de emergencia, aquello que
constituye el esfuerzo propio de la cooperación española, estamos aún
lejos de las cifras que la media de los países del CAD parecen
alcanzar; incluso, en el propio plan director aprobado en noviembre,
cuando se analiza el instrumento de la ayuda humanitaria se afirma
que la dotación española para acciones de carácter humanitario,
modesta en comparación con la media porcentual de los donantes del
CAD, deberá aumentar. Creo que la primera consideración es que, más
allá de nuestro compromiso a través
de ECHO, la ayuda humanitaria española es modesta. Nos movemos en
alrededor del 2 por ciento del conjunto del AOD y la media de los
países del CAD está alrededor del 7 por ciento. Esto tiene además
consecuencias en otras cuestiones.
Por lo que hace referencia a la aportación a organismos
multilaterales y de manera significativa a Acnur, es bueno recordar,
y son cifras de la propia Acnur -esta Comisión tuvo la ocasión de
mantener una reunión de trabajo con representantes de la misma hace
unos meses y se nos entregó información sobre las aportaciones
españolas-, que el Gobierno español en este momento ocupa el
vigesimoprimer puesto entre los donantes, superado por Estados
Unidos, el Gobierno de Japón, Holanda, Suecia, la Unión Europea,
Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Alemania, Suiza, Australia,
Finlandia, Italia, Francia, donaciones privadas italianas, Bélgica,
donaciones privadas japonesas, donaciones privadas norteamericanas y
el Gobierno irlandés. Además, nuestras contribuciones per cápita nos
sitúan casi a la cola de los donantes de este Alto Comisionado tan
solo superando a Portugal. Muy específicamente este organismo en
materia de ayuda a refugiados ocupa un lugar muy importante en la
comunidad internacional y yo creo que nosotros deberíamos ser más
generosos y situarnos más cerca de los países más avanzados de
nuestro entorno.
La información suministrada por el secretario de Estado sobre la
elaboración de un protocolo de actuación sobre nuestro nivel de
gestión de los procesos de intervención de ayuda humanitaria y ayuda
de emergencia es importante, porque es evidente que constituye una de
las faltas de nuestra actuación en esta materia. Nos gustaría que la
comparecencia de hoy sirviese para clarificar un par de cuestiones.
La primera es sobre la unidad de la ayuda humanitaria de la AECI.
Según nuestras informaciones parece que está compuesta por tres
técnicos; hay otras que dicen que la componen cuatro más dos personas
de apoyo. Nosotros creemos que para gestionar ese volumen de ayuda y
para gestionar, casi cada año un par de crisis humanitarias estamos
hablando quizá de una estructura de la Administración demasiado
pequeña. Por ello nos gustaría conocer si el Gobierno va a adquirir
el compromiso de incrementar las posibilidades estructurales de esta
unidad de gestión de la ayuda humanitaria.
El secretario de Estado se ha referido -y esta sería la segunda
cuestión- a la existencia de un grupo de crisis y, al mismo tiempo, a
la continuidad de la Comisión interministerial para coordinar planes
de ayuda humanitaria en el exterior, creada a raíz de la crisis de
Kosovo. Nos gustaría saber si hoy a efectos reales esa Comisión es
plenamente operativa o en la práctica ha sido sustituida por este
grupo de crisis y si entiende el secretario de Estado que este último
deberá tener también algún tipo de articulación normativa,
precisamente en la línea de procurar que este ámbito de gestión
respecto a la ayuda humanitaria se fundamente no sólo
en la existencia de recursos, sino en la existencia de protocolos, de
técnicos suficientes y preparados de la propia Administración y, al
mismo tiempo, que el conjunto del Gobierno en este tipo de
actuaciones responda a una misma lógica, porque a veces tenemos la
sensación de que sustituimos esa falta de recursos, de protocolos, o
de técnicos de la Administración con el voluntarismo de los propios
funcionarios, del propio secretario de Estado y de la sociedad civil.
Creemos que sería bueno debatir este tema.
Es evidente que las intervenciones españolas en supuestos de ayuda
humanitaria y de emergencia han ido acompañadas de una estricta
actuación con carácter de emergencia: envío de alimentos, de personal
técnico de apoyo para cuestiones relacionadas con el ámbito de la
salud y, posteriormente, de actuaciones más estrictamente de política
de desarrollo. Hemos echado de menos en su intervención la referencia
a estas cuestiones. En ese tipo de intervenciones juega un papel muy
importante la política relacionada con los FAD, FAD muy
liberalizados, con una alta dosis de donación, pero en definitiva
FAD, con todo lo que ello conlleva. No sabemos si esta línea continúa
siendo correcta en los procesos de intervención derivados de
desastres humanitarios. Creo que sería conveniente que el Gobierno
efectuase una mayor reflexión sobre este tema. Quizás sería bueno -y
yo lo apunto- que el Gobierno elaborase de cara a una reflexión
conjunta con la Comisión de Cooperación, su filosofía de política de
emergencia y ayuda humanitaria en relación a la utilización de los
instrumentos que después deben articular la política de desarrollo en
aquellos países afectados por este tipo de situaciones. En este
sentido quizá nos falte doctrina sobre el desarrollo y que le dé un
contenido humanitario a una actuación que se realiza en función de la
emergencia. Nos interesa mucho esta cuestión.
Sería bueno también que desde la perspectiva de la cooperación
abundásemos sobre la utilización de los medios militares en las
intervenciones de emergencia, porque las Fuerzas Armadas han hecho un
importante esfuerzo de intervención, que tiene aspectos positivos
evidentes -creo que nadie lo puede negar-, aunque también ha tenido
aspectos negativos; quizás el más destacado fue el relativo al campo
de refugiados que se puso en marcha a raíz de la guerra de Kosovo,
con un coste de más de 7.000 millones de pesetas, que supera
ampliamente las previsiones presupuestarias de la propia ayuda de
emergencia y, como recordará, con un impacto temporal muy escaso, dos
o tres meses. Fue una operación que nos costó cerca de tres millones
de pesetas por refugiado atendido en aquel campo. Yo creo que en
todas primó demasiado el impacto político de aquella operación sobre
el estricto sentido humanitario de la misma.
Nos parece que también deben ser objeto de reflexión por parte del
Gobierno otras cuestiones vinculadas a los aspectos de seguridad y
más aún cuando caen dentro de la responsabilidad de las Fuerzas
Armadas o
de la cooperación al desarrollo español, como el apoyo al desminado,
donde creo que nuestra labor continúa siendo muy modesta. En
respuesta a una pregunta parlamentaria que este diputado formuló
sobre el esfuerzo español en esa materia, el Gobierno reconoció que
la evolución en estos últimos años respecto a las aportaciones
españolas a los diversos organismos del sistema de la comunidad
internacional que participan en operaciones de desminado ha sido a la
baja. Esta cuestión nos preocupa.
Finalmente, esa falta de recursos que el propio plan director
reconoce, ha obligado a dos prácticas quizá discutibles, en primer
lugar, a movilizar recursos de otras partidas destinadas a la
cooperación para hacer frente a las crisis.
En segundo lugar, ha obligado al Gobierno a poner en marcha uno de
los elementos polémicos de su política desde el punto de vista
instrumental, como son las cuentas corrientes para facilitar la
movilización de recursos privados hacia la acción de ayuda
humanitaria del Gobierno. Ya tuvimos ocasión de debatir sobre esta
cuestión a raíz del desastre de El Salvador, nuestro grupo se mostró
crítico y creemos que hay que erradicar la práctica de la puesta en
marcha de cuentas corrientes del Gobierno. Sería bueno que el
Gobierno llegase a acciones de partenariado o de alianza con la
sociedad civil para movilizar recursos de ésta hacia las ONG, desde
el apoyo público del Gobierno a través de los medios de comunicación,
etcétera.
De su intervención no hemos podido conocer si el Gobierno tiene
previsto impulsar y desarrollar mecanismos de alerta temprana en
aquellos países donde sea previsible y en los que por nuestro interés
convenga introducir políticas más orientadas hacia la prevención que
hacia la intervención. Seguramente muchas veces ese tipo de
actuaciones deberá tener una dimensión superior, más allá del Estado
español, pero nos parece que en el desarrollo de políticas
preventivas ante los desastres humanitarios nos queda un importante
campo por recorrer.
Tenemos la sensación de que en esta materia se han hecho cosas. Hemos
movilizado recursos, la sociedad civil ha dado respuestas positivas,
pero quizá nos falte madurez, quizá nos falte doctrina, quizá nos
falte crecer en calidad de nuestra ayuda, en capacidad real de que
nuestra ayuda responda a las lógicas de fondo que nos parece debería
de responder. Nos gustaría que en su intervención aclarase algunas de
estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: El segundo grupo que había presentado la
iniciativa sobre ayuda humanitaria es el Grupo Parlamentario
Socialista. En su nombre, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
agradece la comparecencia del señor secretario de Estado en esta
Comisión para dar cuenta de la ayuda de emergencia y humanitaria que
habíamos pedido hace largo tiempo, sin embargo, si no supiéramos que
la ayuda humanitaria y de emergencia forma parte de la cooperación
internacional y por tanto de la acción exterior de nuestro país,
después de su intervención -lo digo con cordialidad-, me parecería
que la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional sería
un mero coordinador de la ayuda humanitaria y de emergencia que
ejecutan y llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y la
cooperación descentralizada en nuestro país. Usted mismo acaba de
mencionar que ha estado viendo Intermón en Barcelona y que le ha
sorprendido la eficacia y la unidad que tienen en ayuda humanitaria.
A mí me parece muy bien que usted se congratule con lo que hacen las
organizaciones no gubernamentales, pero de alguna manera el Gobierno
de España tiene la obligación de hacer ayuda de emergencia y
humanitaria como una parte de la acción exterior y de la ayuda
oficial al desarrollo. Así está establecido en la Ley de cooperación
y así aparece también en el real decreto por el que de alguna forma
se regula la ayuda humanitaria y de emergencia. Usted mismo ha dicho
que se ha reunido con el grupo de crisis de Kosovo en cinco
ocasiones, entre el 19 de mayo y el 25 de junio de 1999. Con respecto
al resto de desastres tanto humanitarios como de carácter natural se
han ido creando grupos de crisis en las inundaciones de Mozambique,
de marzo de 2000; o en el terremoto de El Salvador, entre enero y
febrero de 2001... No nos parece que sea un mecanismo. Voy a hacer tres
reflexiones, y no querría repetirme, sobre algunas cosas que ha
mencionado el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, porque estamos bastante de acuerdo con ellas.
En primer lugar, queremos poner de manifiesto la escasez de recursos
públicos presupuestados, porque la contribución de España al esfuerzo
humanitario global representa el 0,57 por ciento de la ayuda
humanitaria y de emergencia bilateral total de los miembros del CAD.
Esto se reconoce incluso por la Agencia. En los últimos años, la
cooperación descentralizada y la no gubernamental han aportado más
recursos que la del Gobierno central, exceptuando los ascensos
coyunturales que se debieron al huracán Mitch, que se llevó
prácticamente una tercera parte de todos los recursos, y más del 10
por ciento la instalación que mencionaba el señor Campuzano del
campamento de Hamallaj, en Albania, cuando la intervención en Kosovo.
Usted nos ha dicho que se va a efectuar un protocolo y nuestro grupo
se congratula de que eso sea así porque, de alguna forma, quizá
podamos romper esa inercia a la que España jamás ha tenido acceso ni
ha llevado a cabo esa ayuda de emergencia y humanitaria, que es el
continuo desastre desarrollo, y que es absolutamente fundamental en
lo que significa toda la ayuda oficial al desarrollo. Esa escasez
presupuestaria tiene además como consecuencia que cuando se producen
los desastres se producen descomunales desviaciones presupuestarias,
como ha dicho el señor Campuzano.
Por ejemplo, en 1999 se desvió un 634 por ciento del presupuesto
inicial que tenía la Agencia para la ayuda humanitaria. Además, esa
escasez de recursos viene siendo sustituida por un extraordinario
esfuerzo solidario de la sociedad española, del que usted habla de
manera bastante continua en forma de donaciones cuando se producen
esas situaciones de emergencia. Pero las aportaciones privadas no
deben sustituir sino complementar las previsiones presupuestarias
públicas para este tipo de catástrofes.
La experiencia demuestra que la solidaridad ciudadana se produce
especialmente en las horas cercanas a la tragedia. Los recientes
terremotos de El Salvador han certificado lo que además es
comprensible. La respuesta ciudadana ante el segundo y tercer
movimiento sísmico no puede compararse con la producida
inmediatamente después del primero, que fue infinitamente mayor. Y en
la respuesta ante el posterior terremoto de la India no cabe ninguna
comparación. En todo caso, como decía, la ayuda de emergencia forma
parte de la cooperación al desarrollo y es una política a la que los
poderes públicos no pueden renunciar y debe financiarse con cargo a
los recursos previstos en las leyes presupuestarias y tributarias. En
ese sentido quiero recordarle el voto particular, que fue el voto
número 3, que hizo mi grupo parlamentario al plan director en este
mismo sentido.
Otro aspecto que nos importa y que nos lleva a la reflexión es la
apertura de cuentas corrientes por el Gobierno para canalizar las
donaciones privadas. También lo ha mencionado el señor Campuzano,
pero yo quiero hacer incidencia especial en ello. Por un lado, tiene
un efecto doblemente negativo de sustitución de recursos por privados
y, por otro lado, el encauzamiento a estas cuentas de fondos
habitualmente destinados a cuentas y proyectos de ONG. Por ejemplo,
en 1999, durante la guerra de Kosovo, aunque no quiero volver muy
atrás, fue el vicepresidente Álvarez-Cascos el que reconoció haber
sugerido a los directivos de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros que los fondos particulares fueran ingresados en la cuenta
abierta con tal motivo por la Agencia de Cooperación Internacional,
a pesar de que existían otras cuentas por supuesto de las
organizaciones no gubernamentales.
Recientemente, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales
decidió trasladar este malestar a los responsables de Radiotelevisión
Española por el tratamiento informativo que habían dado a las cuentas
corrientes abiertas para la recaudación de fondos destinados a El
Salvador, anunciando una única cuenta corriente, sin indicar que el
titular de dicha cuenta era el Gobierno español mientras que en la
pantalla aparecían los nombres de varias organizaciones no
gubernamentales con sus teléfonos, lo que llevaba a la opinión
pública claramente a no diferenciar a qué cuenta estaban destinando
sus fondos.
La crítica que usted ha hecho a la ayuda de emergencia y humanitaria
de la Unión Europea la podríamos
compartir si la ayuda de emergencia y humanitaria que lleva a cabo el
Gobierno español y su Secretaría de Estado en concreto fuera un
ejemplo. Nosotros formamos parte del club de la Unión Europea,
formamos parte por tanto responsablemente de lo que hace la Unión
Europea con sus recursos en ayuda humanitaria y de emergencia y el
Gobierno español tiene que decir, en el seno de la Unión Europea, qué
tipo de ayuda humanitaria y de emergencia quiere y no denunciar en
una comisión lo mal que funciona la Unión Europea frente a lo bien
que funciona el Gobierno español otorgando ayuda humanitaria, porque
usted sabe que eso no es así. Usted sabe que no tenemos estrategia
definida ni planificación en lo que significa, como decía
anteriormente, el continuo desastre desarrollo. Eso, que es una
doctrina ya muy implantada, es cierto que España no lo tiene. No
hemos reflexionado lo suficiente y la Agencia y la Secretaría de
Estado tampoco han sido una vanguardia en el pensamiento de este
tema.
En segundo lugar, querríamos poner de manifiesto las graves
insuficiencias, la falta de planificación. No existen criterios de
actuación ni planes de contingencia definidos de antemano, y eso es
muy peligroso porque condiciona la efectividad de las respuestas ante
las catástrofes y, además, limita nuestra capacidad de actuación. Por
supuesto, voy a mencionar una cosa que de alguna forma ha constituido
un abuso con respecto a la ayuda humanitaria: los créditos FAD, la
excesiva utilización de este instrumento en relación con dicha ayuda.
En primer lugar, su carácter reembolsable los hace generadores de
deuda, lo que lastra la efectiva reconstrucción y el desarrollo
económico de los afectados, pero sobre todo su componente altamente
ligado a la adquisición de bienes y servicios españoles muchas veces
los convierte en ineficaces. Cuando lo que se necesita es construir
infraestructuras básicas, viviendas o carreteras, no tiene sentido
obligar a comprar las tejas y los ladrillos en España y usted sabe,
señor secretario de Estado, que la mayoría de las veces esto va
ligado a los FAD.
En tercer lugar, nos gustaría poner...
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, ya sé que se trata de un debate
abierto pero teniendo en cuenta las comparecencias pendientes, en
aras de que pueda dar tiempo a acabar todo el orden del día le
rogaría que fuese breve.
La señora BLANCO TERÁN: Sí, señor presidente. Voy a intentar ir un
poco más deprisa.
En último lugar, quiero referirme a la unidad de ayuda humanitaria de
la Agencia. Tiene muy poco personal técnico, no contando con
especialistas en el terreno, lo que demuestra la falta de un
compromiso continuado de estas políticas, de una visión integrada del
ciclo del que hablábamos antes y de la integración de otros
instrumentos de actuación a medio y largo plazo. La respuesta ante
las catástrofes humanitarias suele
consistir en el modelo definido por los expertos como Hércules más
FAD, no resolviéndose ni colaborándose demasiado en la solución de
los problemas derivados de las mismas.
Para terminar, quiero decirle que desde luego estamos abiertos a una
reflexión más profunda. Ustedes no pueden seguir empedrando el
infierno con buenas intenciones, que es la sensación que tiene el
Grupo Parlamentario Socialista cuando abordamos el debate de la ayuda
humanitaria. He puesto de manifiesto al comienzo de mi intervención
que la comisión interministerial para coordinar los planes de ayuda
humanitaria en el exterior no se reúne o lo hace tarde, mal y nunca,
celebrando reuniones de crisis ante cualquier emergencia humanitaria
y esa no es la forma, señor secretario de Estado, de abordar una
responsabilidad como la que tenemos nosotros en relación con la ayuda
humanitaria, como uno de los instrumentos de la acción exterior de
España y de la cooperación al desarrollo.
El señor PRESIDENTE: El tercer grupo que ha presentado iniciativas
sobre la ayuda humanitaria es el Grupo Parlamentario Popular,
correspondiendo el uso de la palabra al señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Quisiera hacer una reflexión previa,
reflexión que, aunque ya ha sido hecha por el señor secretario de
Estado, es importante volver a hacerla, puesto que todo lo que
hablemos en relación con este tema siempre puede parecer poco.
Nosotros hemos escuchado la intervención del señor secretario de
Estado, la cual se ha ajustado a los datos. En este sentido, quiero
decir que es muy difícil hacer un debate cuando realmente no hay
ningún debate que hacer. No intenta ser ésta una expresión rotunda y
ahora lo voy a explicar. ¿Por qué no hay debate? Porque la posición
de España es la posición de España y no la del Gobierno ni la de las
diferentes administraciones está suficientemente contrastada.
El debate de la ayuda humanitaria gira en estos momentos en torno a
cuatro cuestiones fundamentales que se han manifestado aquí: los
recursos, la coordinación y las mejoras en la gestión de los
procedimientos, la subordinación o no de nuestra ayuda humanitaria a
intereses políticos o comerciales -se ha hablado de ello- y el papel
que las Fuerzas Armadas juegan en esta cuestión. Pues bien, hablando
de estas cuatro cuestiones, a mí me gusta recordar siempre que
intervengo a propósito de este tema las palabras yo creo que muy
acertadas que dijo aquí y repitió con insistencia hablando de España
y de las políticas de Estado el que fuera ministro de Asuntos
Exteriores, Javier Solana, secretario general de la OTAN después y
hoy principal responsable de la política exterior y de seguridad de
la Unión Europea. Javier Solana dijo aquí que España, estando
condicionada por intentar legitimar nuestro proceso de transición
democrática y nuestra plena integración en el concierto
internacional, adoptó un
modelo de cooperación internacional consistente en apoyarnos
fundamentalmente en los organismos multilaterales. Por eso yo creo
que no se han dado aquí datos distintos de los reales. Todos los
portavoces parlamentarios, señorías, manejamos un informe de una
organización no gubernamental española sobre las cuestiones
fundamentales de la ayuda humanitaria y de emergencia, un informe que
además intenta mejorar los procedimientos y establecer un debate
sereno sobre esta cuestión, hablándose con claridad de datos
presupuestarios, y no de ejecución de presupuestos, y sobre ayuda
bilateral, porque resulta, señorías, que la ayuda española en este
sentido en el nivel presupuestario es fundamentalmente bilateral. Las
aportaciones de España cuando ocurren catástrofes naturales son
extraordinariamente importantes y así lo reconoce la comunidad
internacional y la propia sociedad española, que no establece
distinciones interesadas entre la cooperación de las organizaciones
sociales y la de las administraciones públicas o los propios
procedimientos tanto de cooperación de ayuda al desarrollo como de
ayuda humanitaria y de emergencia que hace la propia Administración
central atendiendo a unos lógicos parámetros de coordinación.
A nadie se le puede escapar que la presencia de España en la crisis
de Centroamérica fue especialmente significativa si la comparamos con
el concierto internacional. Otros países dedican menos esfuerzos en
este sentido y menos presupuesto a la cooperación multilateral; en
cambio, el caso de España es diferente y por eso el tercer problema
relacionado con esta cuestión se cae por su propio peso, porque si
resulta que España ha decidido desde hace muchos años con el apoyo de
todos orientar su política exterior, como se ha dicho, o su política
de Estado a través de los organismos multilaterales, financieros y no
financieros en este caso, entonces se puede entender perfectamente
que haya muy poca subordinación a intereses políticos o comerciales
concretos o al propio interés de España, legítimo como país. Yo no
entiendo ese argumento, ya que no se corresponde una crítica con la
otra. Es decir, si España participa de manera notable y progresiva en
el concierto internacional a través de los organismos multilaterales
y encima ahí es donde aplica la mayor parte de sus recursos, tenemos
que concluir que España realiza una cooperación fundamentalmente
desinteresada. Y lo demuestra el hecho de que España acuda a los
llamamientos internacionales en los que tiene intereses políticos
y estratégicos o comerciales y en los que no los tiene. El señor
secretario de Estado ha hecho una relación bastante exhaustiva de los
casos en los que España -yo repito siempre este concepto- ha acudido
a los llamamientos de otros países.
Señorías, hablar del papel que juegan las Fuerzas Armadas en la ayuda
humanitaria y de emergencia es un debate que la propia realidad pone
en su sitio. Y poner como ejemplo de elemento negativo la
participación española en el campo de refugiados de Hamallaj
en la crisis de Kosovo no me parece muy acertado. Hay que decir que
España acude a un llamamiento internacional y que en función del
mismo ubica el campamento de refugiados donde se le dice que lo
ubique, participando además plenamente con las Fuerzas Armadas
españolas dos grandes organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja
Española y Cáritas Española, que no sólo atendieron, señorías, a los
refugiados que Acnur envió a ese campo de refugiados, sino durante
muchos meses y después de la crisis a cientos de miles de ciudadanos
albaneses en la zona de intervención. Como consecuencia de la
presencia española, significativa, en el campo de refugiados de
Hamallaj se produjo después, señorías, y los datos están ahí, una
labor de España y de las organizaciones no gubernamentales españolas
en la reconstrucción, después de una emergencia extraordinariamente
importante.
En ese sentido, pensamos que podemos estar perfectamente -nunca
satisfechos, como decía al principio, y con esto voy a terminar-
orgullosos de lo que España en conjunto hace, así como de que existe
una coordinación, que siempre es mejorable, en el establecimiento de
los mecanismos de gestión para la coordinación del esfuerzo de España
en su conjunto -organizaciones sociales y administraciones públicas,
entidades privadas, etcétera- en estas cuestiones. Y eso siempre
tenemos que recibirlo, por lo menos, con cierta ilusión y con
optimismo, sabiendo que entre todos debemos poner el dedo en la
llaga, para saber dónde hay que mejorar, porque hay mucho que
mejorar. Pero no creo que de este debate se pueda concluir que España
tiene un papel limitado en función del que tienen otros países en
esta cuestión, porque los datos, señorías, indican todo lo contrario;
los datos, las actitudes y la progresión de nuestras políticas,
políticas que, señorías, creo que por encima del debate todos
compartimos. Por lo menos, hace bastantes años yo compartía de manera
clara la orientación que en ese sentido establecieron gobiernos
anteriores y, repito, hay una persona, un español importante, en el
concierto internacional, Javier Solana, que no se perdía en
porcentajes sino que se establecieron los mecanismos y las
orientaciones doctrinales para que la presencia española fuera lo que
es ahora, una presencia que creo que es mejorable pero que es una
presencia eficaz, una presencia coordinada y una presencia de la que
todos los españoles nos podemos sentir orgullosos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene el uso de la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, hoy estamos
hablando de ayuda humanitaria y de emergencia, otro día se hablará de
cooperación multilateral, otro día se preguntará sobre la educación
dentro de la ayuda a la cooperación, otro día se podrá traer aquí a
debate el papel que desempeña España en la preservación
del medio ambiente en el mundo, o la política de protección y
respeto de los derechos humanos o los servicios sociales básicos, que
se tratan en otro lado, o la atención a la cultura, con especial
incidencia en la defensa de los aspectos que definen la identidad
cultural dirigida al desarrollo endógeno, o el desarrollo de la
investigación científica y tecnológica, y estoy citando los distintos
aspectos que la propia Ley de cooperación señala. Y en todos ellos
siempre habrá un discurso que se podrá formular de dos maneras; una
es la que se ha decidido utilizar hoy, diciendo que lo que se hace es
poco, y se compara selectivamente con lo que hace otro país, pero
sólo selectivamente, o incluso utilizando la consigna que toca
durante esa semana, que la ha expresado, en primer lugar, Felipe
González en Barcelona y después todos detrás a repetirla: Que no hay
política exterior, ni política interior, ni política de cooperación
y que lo único que se hace es la coordinación. Eso se trae escrito y,
se diga lo que se diga, se sigue ese carril, pero esas cosas se
pueden plantear.
La cooperación española del Ministerio de Asuntos Exteriores, y, en
general, la participación española, porque el Ministerio de Asuntos
españoles tiene una participación más pequeña dentro de lo que es el
conjunto de la cooperación, gasta el cien por cien de sus previsiones
presupuestarias. Y yo todavía estoy por oír a alguien, que siempre
plantea el debate sobre la base de porcentajes, que diga que hay que
gastar más aquí pero menos en otro lado, porque no hay más remedio,
al final, que las cifras sumen cien. Si alguien me dijese que la
cooperación española está gastando mucho en promoción y defensa de
los derechos humanos y se podría destinar más a otra partida, a la
que sea; o que la partida destinada a los programas de protección
medioambiental se llevan mucho dinero, o que los servicios sociales
básicos, con especial incidencia en salud, saneamiento, educación,
seguridad alimentaria, información de recursos humanos, que es la
partida mayor de la cooperación, es excesiva y que se puede recortar
para dedicarlo a ayuda humanitaria o de emergencia, se podría hacer;
o que se está gastando mucho en cooperación multilateral y que
tendríamos que hacer más en cooperación bilateral en esta previsión
de las emergencias. Todo esto permitiría que hubiese un debate
coherente. Yo estoy muy de acuerdo con el señor Campuzano en que una
comparecencia de este tipo no permite una reflexión profunda, pero se
pueden plantear algunas cuestiones, aunque siempre tiene utilidad.
Tiene utilidad para que se sepa lo que hace el Gobierno y también
para que se sepa de qué forma se hace la oposición.
Los recursos que se destinan a ayudas de emergencia ascienden a cerca
de 3.000 millones -2.900 millones- y directamente está previsto en
los presupuestos a qué se van a dedicar. Es verdad que puede haber
desviaciones y es verdad que las ha habido, y muy grandes, porque
ocurrió el Mitch. Las hubo porque se consideróque la tragedia era de
tal envergadura y que la
responsabilidad de España era tal, que merecía la pena renunciar a
otras cuestiones para atender lo que estaba ocurriendo en esa región
centroamericana. Y eso lo hacía España en una proporción muy superior
a la de todos los demás países. Y hoy España ha contribuido a la
ayuda de emergencia humanitaria y a la reconstrucción de El Salvador
más que toda la Unión Europea junta. También podíamos hacer esa
comparación, también podíamos decirlo y no simplemente comparar que
hacemos menos que los escandinavos en la cooperación multilateral, lo
que es verdad, lo hacemos. Pero es que nosotros nos gastamos el cien
por cien de los presupuestos que tenemos asignados. ¿Qué si hubiese
más presupuestos podríamos gastar mucho más? No hay duda, es
evidente. ¿Qué si en la Agencia en vez de las cinco personas
exactamente que hay en la unidad de emergencia hubiese 35 éstas
tendrían trabajo? Sí lo tendrían, lo que pasa es que en la Agencia
hay lo que hay. En cualquier caso, hay más que lo que había antes, ha
mejorado. Y cuando hay una emergencia ese personal se duplica,
incluso hay momentos, como en el caso de El Salvador, en que todos
los efectivos de la Agencia se movilizan, porque había una auténtica
movilización nacional a favor de El Salvador. Por tanto, ¿qué eso es
mejorable? Sin duda, pero ésos son los datos con los que nos movemos.
Pero si, junto con 3.000 millones de previsión presupuestaria,
estamos hablando de 85.000 millones de pesetas que van a la Unión
Europea y al sistema de Naciones Unidas estamos moviéndonos en unas
cantidades razonablemente importantes. Y es verdad que no todo lo que
se hace con la Unión Europea o con los organismos del sistema de
Naciones Unidas es ayuda de emergencia y ayuda humanitaria, es
evidente, pero ahí se hace mucho más, proporcionalmente, que lo que
hacemos aquí. Esto sí que entra en el debate general y que me parece
que esta ocasión o cualquier otra es buena para plantearlo.
La cooperación española tiene peculiaridades, especificidades. La
cooperación española, por ejemplo, no participa del criterio que
tienen otros países de que sólo se debe atender a los países menos
avanzados. No participa de ese criterio y lo ha declarado
públicamente. Lo hemos dicho en la reunión de Bruselas, lo hemos
dicho en Naciones Unidas y lo hemos dicho en esta Comisión, pero no
sólo lo ha dicho el Gobierno, lo hemos dicho todos los grupos
parlamentarios cuando se aprobó la Ley de cooperación y en sucesivas
intervenciones. Después, al que quiere olvidarse de lo que ha dicho o
hecho lo único que le importa es que, como han tocado a rebato y
ahora toca sacudir árbol, ahora pasamos a que no hay política
exterior, ni política de cooperación, pero comprendo que hay que
justificar la presencia y que alguien pasará lista para ver si se ha
actuado en coherencia con las directivas que se han marcado esta
semana. Pero lo que es cierto es que en la Ley de cooperación figuran
estas prioridades. Figura Iberoamérica, y ninguno de los países
iberoamericanos está en la lista de los países menos avanzados,
ninguno; figura el Magreb y el norte de África, en la zona de
los territorios palestinos, sobre todo, que no están entre los países
menos avanzados; figura el África subsahariana, que sí está entre los
países menos avanzados, no así Sudáfrica o Namibia, y figura Asia,
donde están las Filipinas, que no está entre los países menos
avanzados.
A mí me gustaría mucho que los grupos que están hoy en la oposición
me dijesen si consideran que hay que revisar esta posición. Desde
luego el Gobierno no lo considera, pero a lo mejor los grupos que
están aquí opinan que España no debe hacer cooperación con
Iberoamérica. Si es así, dígase. Pero si se hace cooperación con
Iberoamérica, no cabe comparar nuestra cooperación con la sueca,
porque Suecia hace muy poca cooperación con Iberoamérica y mucha con
la zona de los Grandes Lagos, en África; es así. Lo mismo ocurre con
Holanda, con Francia o con el Reino Unido, que tienen unas zonas en
las que piensan que existen unas ventajas comparativas en cuanto a la
eficacia de la cooperación, porque tienen unos vínculos históricos,
culturales, afectivos y unos intereses en esas zonas, también
declarados desde el punto de vista español. Como muy bien han dicho
tanto el señor Campuzano como la señora Blanco, la política de
cooperación forma parte de la política exterior de un país, y
efectivamente hay unas zonas de interés que se atienden más, pero, al
final, todo eso tiene que sumar cien.
Dicho esto, en la política de ayuda humanitaria y de ayuda de
emergencia se ha avanzado mucho y se puede avanzar más. Estoy de
acuerdo con los dos portavoces de los grupos de la oposición en que
es importante la elaboración de este protocolo del que se está
hablando. Queríamos que se hablase de este protocolo cuando se
participase en un foro mucho más dado a la reflexión que una
comparecencia, como bien ha dicho el señor Campuzano, que es el
Consejo de Cooperación. Estamos en ello y vamos a avanzar en ese
camino, como he dicho antes.
La existencia de un grupo de crisis bastante informal, dentro de lo
que es una estructura administrativa, en vez de la comisión
interministerial, tiene también su justificación. La coordinación
entre la Administración existe, pero la comisión interministerial
-como bien saben- se creó para el caso de Kosovo, donde no sólo había
que llevar a cabo una actuación importante y bastante prolongada
allí, sino que además había que acoger a los kosovares en España. En
ese caso tenían que colaborar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Administraciones Públicas, y había
que coordinarse con las comunidades autónomas para que acogiesen a
estas personas que venían. Ninguna de estas cuestiones era necesaria
para enviar ayuda a El Salvador, y por eso se reunió simplemente lo
que he llamado un comité de crisis. Lo que pasa es que, a diferencia
de otras veces, el comité se reunió media hora después de saber que
se había producido elterremoto, y a diferencia de otras veces, el
primer avión
-el primero de todos los países del mundo- llegó a El Salvador al día
siguiente de producirse el terremoto. La generosidad española, que se
manifestó a través de distintos procedimientos, hizo que se
recaudaran mil y pico millones en la cuenta que abrió la Agencia y
3.400 millones -conocidos de momento- a través de otras cuentas de
ONG. Pero lo importante es la ayuda que llega a El Salvador. La
política de cooperación no debe estar al servicio de las
organizaciones no gubernamentales, ni al servicio de la Agencia de
Cooperación, ni al servicio de la ayuda descentralizada, debe estar
al servicio de aquéllos que la necesitan. Las organizaciones no
gubernamentales, la Agencia de Cooperación y las instituciones de la
cooperación descentralizada son puramente instrumentales. Los más de
mil millones que se recaudaron a través de esta cuenta corriente han
llegado a El Salvador íntegramente, no ha habido un solo centavo que
no haya llegado a su destino. No digo que esto sea mejor o peor que
lo que vaya a través de organizaciones no gubernamentales, digo que
ha llegado íntegro a El Salvador. Está aquí la ministra de Asuntos
Exteriores de El Salvador, que ha venido a dar las gracias -ha dicho
que hay cien millones de razones para dar las gracias- y a justificar
hasta el último centavo que se ha gastado allí. Ha habido otras
muchas cantidades, mayores que las que llegaron a través de la
Agencia, que fueron por otras cuentas. Lo que importa es que eso
llegue a El Salvador, lo que importa es que llegue a los que lo
necesitan. No se trata de hacer una carrera para ver quién recauda
más o de que la política de cooperación atienda al mantenimiento de
las estructuras de las organizaciones no gubernamentales, porque eso
no es prioritario, eso es instrumental. Es muy importante que haya
organizaciones no gubernamentales, y a ellas se dedica una parte
importante de los presupuestos de la ayuda oficial al desarrollo,
además con un sistema que también se ha innovado y que permite una
mayor previsibilidad y una mejor utilización de esos recursos, pero
eso en modo alguno empece que también pueda llegar y sea efectiva la
ayuda que pueda llegar por otros lados, y así lo dicen los
destinatarios de la misma.
Tanto la señora Blanco como el señor Campuzano han pedido una
reflexión sobre los FAD y han dicho que falta doctrina. Me ha
preocupado un poco más lo que ha dicho la señora Blanco. Ha hablado
de abuso en el uso de los FAD. No sé si ha sido un lapsus linguae o
es que verdaderamente piensa que el uso de los créditos FAD es un
abuso. Me gustaría conocer la posición del Partido Socialista, porque
no había sido ésta la postura que había mantenido hasta ahora. Además
de esta expresión, ha habido alguna inexactitud, pero para eso están
las comparecencias, para dar información a quienes no lo han leído en
la prensa y sacarlos de la ignorancia, porque no creo que lo que se
ha dicho haya sido por mala fe. No es verdad lo que ha dicho de los
ladrillos y las tejas que se compran allí. En concreto, en el caso de
la ayuda a El Salvador, todo se ha adquirido en
el mercado local, y eso se ha hecho últimamente en otras muchas
ocasiones. Es verdad que no se hacía siempre así; es verdad. También
es verdad que los créditos FAD que se han concedido están generando
obligaciones de pago de deuda por los países receptores. Pero, fíjese
bien, señora Blanco, con los períodos de carencia que tienen los
créditos FAD, todo lo que están obligados a pagar en estos momentos
los países receptores se concedió hace más de cinco años. Fíjese
bien, con los períodos de carencia, los créditos FAD que hoy se
tienen que devolver se concedieron hace más de cinco años. Si S.S.
sigue pensando que eso es un abuso, bien, pero no vaya a ser que
después de que le feliciten porque se ha metido en el carril de la
consigna de esta semana, le vayan a dar un coscorrón ahora (Risas.)
porque está calificando de abuso la política que han seguido los
gobiernos de su partido durante los años anteriores. Este Gobierno
sigue usando los créditos FAD, acogidos a los criterios cada vez más
restrictivos que marcan la OCDE y el Comité de Ayuda al Desarrollo de
la OCDE, que cada vez los limita más. Se siguen usando, pero antes se
usaban más, y yo no lo calificaría jamás como abuso. Desde luego, los
países receptores no lo califican como abuso, sobre todo si los
gobiernos han hecho un buen uso de ellos; cosa distinta es si el
gobierno receptor ha hecho un mal uso del crédito y, luego, el país
tiene que devolverlo. Pero, insisto, con los períodos de carencia que
tienen los créditos FAD, hoy no se está devolviendo ninguno de los
que se han concedido en los últimos cinco años. Revise usted su
opinión, porque quizás ayudaría a que este tipo de debates pudiese
ser más útil para el futuro de la cooperación. Me parece que es
importante que se haga esta reflexión sobre los créditos FAD, como
también es importante que se reflexione sobre la utilización de los
medios militares, que según el señor Campuzano han tenido efectos
negativos y positivos. Al final parece que el negativo sólo ha sido
uno, y ese uno había que matizarlo. Es evidente que toda actuación
puede estar sujeta a errores, pero no me parece serio el hecho de que
un error -en el supuesto de que lo haya habido- nos lleve a
descalificar de manera genérica la participación de las Fuerzas
Armadas españolas en la política de cooperación. Eso no lo ha hecho
el señor Campuzano. El señor Campuzano ha dicho que hay aspectos
positivos y aspectos negativos, lo que pasa es que luego se ha
extendido sobre el negativo y no nos ha dicho nada de los positivos,
pero tampoco pasa más. Sin embargo, sí puedo decir que el Ministerio
de Defensa es uno de los más eficaces en la cooperación española. Si
no hubiese sido por las Fuerzas Armadas, muchas de las labores en la
ayuda humanitaria y de emergencia no se hubiesen podido hacer. Eso lo
hemos visto muy especialmente en el caso más reciente de El Salvador,
pero sin duda con el Mitch se podía decir lo mismo, y hay personas en
esta Comisión que podían dar testimonio personal de lo que ha sido la
presencia y la participación de soldados
españoles en las zonas de Europa oriental sometidas a conflictos
especialmente graves.
Sí hay cuestiones en las que se tiene que mejorar. Creo que la
experiencia que se va acumulando es muy útil, que lo que se está
haciendo ahora es muy distinto a lo que se venía haciendo antes y que
hay una labor de coordinación muy importante, tanto en España como
internacionalmente. Es muy útil que se establezca este protocolo de
cooperación para que organizaciones como Intermon (y he puesto este
caso porque lo tengo muy reciente, ya que he hecho una visita a su
sede, invitado por sus directores, y he podido ver, y no me
sorprendió, porque sé que funciona muy bien, el departamento
enormemente eficaz que trabaja sobre estas cuestiones) puedan
coordinarse. No tiene mucho sentido que cosas que alguien hace bien
se dupliquen por otro lado; sin embargo, me parece que tendría mucho
sentido que hubiera una coordinación y se compartiera esa
información, como de hecho ya se está empezando a hacer en muchos
casos. Entiendo que hay que coordinarse en los organismos
internacionales y muy especialmente en la Unión Europea.
En esta sesión están pasando algunas cosas que no son muy habituales,
como que se diga que no hay que venir aquí a hablar de lo que pasa en
la Unión Europea. Yo creía que el Parlamento español quería tener
información, opinión y criterio sobre cuál es la información que
tiene el Gobierno (que puede tener un poco más que la Cámara y por
eso la comparte con ella) sobre el funcionamiento de la ayuda
comunitaria, ayuda que he dicho que es escandalosamente ineficaz.
Como no estoy de acuerdo en que no haya política de cooperación ni
política exterior ni interior, no voy a entrar en el debate de la
consigna de la semana. Lo que sí voy a decir es que el Gobierno
español lleva mucho tiempo pidiendo en el seno de los consejos de
desarrollo y en las reuniones bilaterales, con muchos de los países
miembros de la Unión, y lo están haciendo el secretario general de la
Agencia, el anterior y el actual, hablando con sus colegas, los
responsables de las agencias europeas, que queremos colaborar con la
Unión Europea para que su ayuda al desarrollo pueda ser más eficaz.
En el caso del Mitch, por ejemplo, dos años después del huracán no
había llegado un solo centavo de euro. Si lo que se pretende es que
estas cosas no se traigan a la Comisión de Cooperación del Congreso
de los Diputados, no se traen o no se adjetiva. ¿ No le parece a S.S.
que dos años sin que llegue un solo euro es una ineficacia
escandalosa? Su señoría dice: Usted, como no es eficaz, no tiene
autoridad moral para decir nada de lo que se hace en el otro lado
donde además tendría que decirlo. Pues bien, primero, la Agencia
Española de Cooperación y la cooperación española, en general, no es
ineficaz en la ayuda humanitaria y la ayuda de emergencia. Segundo,
el Gobierno español dice en los foros que tiene que decirlo,
bilateralmente con los demás países de la Unión y en el Consejo de
Desarrollo de la Unión, todo esto que estoy diciendo. Y el Gobierno
español quiere compartir con la Comisión de Cooperación del Congreso
de los Diputados, primero, que estamos haciendo un enorme esfuerzo
presupuestario en la cooperación multilateral para que no parezca que
hacemos muy poco en la bilalteral donde 3.000 millones tampoco es tan
poco; son 3.000 millones; no es que no sea nada; pero es que son
cerca de 85.000 en la multilateral. Si muchas veces estas cosas no
llegan se debe a que esas estructuras no funcionan debidamente y
estamos trabajando, junto con la Comisión y el comisario Nielson y
con los demás responsables de cooperación de los quince países de la
Unión en ver cómo se puede mejorar la eficacia de esa cooperación
que, hoy por hoy, dista mucho de ser todo lo eficaz que debería
serlo. La entidad que más cooperación hace en el mundo es la Unión
Europea que es el primer cooperante del mundo; sin embargo, la
visibilidad de esta cooperación y de su eficacia a la hora de ayudar
a los demás y de servir para que la propia Unión tenga la sensación
de que tiene una política exterior común que puede tener una eficacia
en la ayuda a los demás y como parte de la política exterior común,
está muy lejos de lo deseable.
Enlazando con lo que planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, en la última reunión del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE, y con iniciativa colegiada de varios países, y España entre
ellos, se ha planteado que en el Comité de Ayuda al Desarrollo toda
la ayuda, los créditos a los que se referían SS.SS., no puede estar
ligada. Creo que este es un avance que se puede presentar porque la
cooperación española es joven, no lleva mucho tiempo, pero alguno ya
tiene como para que quienes se sientan mínimamente solidarios con el
pasado más reciente de este país, no puedan hacer determinadas
valoraciones globales sin que, por lo menos, quien está en estos
momentos como eventual responsable de esto,pueda recordarles en el
debate que hoy se están haciendo las cosas razonablemente mejor con
el esfuerzo de todos, que queda mucho por recorrer, pero que si
alguien se atreve a decir que como las cosas no se hacen bien no se
puede criticar a otros, quizá convendría aplicarse ese cuento a los
efectos de saber qué es lo que se ha venido haciendo durante estos
años, de lo que yo sí me hago solidario. Creo que en la cooperación
española hay un constante mejorar desde que empezó. Yo no he
formulado, ni una sola vez, una crítica a lo que se hacía en el
pasado. Es más, estoy diciendo que todas las mejoras que se están
introduciendo no suponen una revisión crítica de lo que se había
hecho hasta ahora, sino la adaptación de la cooperación española a
unas nuevas circunstancias de España y del entorno en el que se tiene
que mover.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quería hacer una intervención muy
breve, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, teniendo en cuenta que han
salido temas que serían propios
de comparecencias específicas (y las hay pedidas sobre los FAD) que
hay comparecencias de varios grupos parlamentarios sobre la Unión
Europea, que asimismo ha habido alusiones por parte de los portavoces
y del secretario de Estado respecto a El Salvador y Centroamérica que
van a ser objeto de debate aquí, y puesto que voy a dar un turno a
los demás portavoces y al secretario de Estado, teniendo en cuenta la
hora en que nos encontramos y el orden del día tan apretado, le
rogaría que, por favor, lo acumulase a la intervención que va a hacer
en el siguiente punto del orden del día.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, no pretendo hablar de
ninguna de estas cuestiones y le anuncio que no voy a hacer un
segundo turno de intervención en la siguiente comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Campuzano, que haga ahora una
intervención brevísima, pero sepa que si los demás portavoces lo
tiene a bien lo pueden hacer también.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Todos debemos hacer un esfuerzo de
rigor en la utilización de las cifras. Si no recuerdo mal el propio
CAD, en el análisis que hace de la ayuda humanitaria de carácter
multilateral, en cifras del año 1998, reconoce para el conjunto del
CAD el 2,3 y para España el 0,2 por ciento. Cuando el CAD hace esas
valoraciones -insisto, 2,3 para la media del CAD y 0,2 para España en
la ayuda multilateral de emergencia-, quizá la propuesta que el
Gobierno español debería formular en el seno del CAD sería incorporar
en esas consideraciones sobre la ayuda multilateral las aportaciones
a ECHO, que seguramente el CAD no las considera a estos efectos ayuda
de emergencia o ayuda humanitaria. Me parece que esto es fundamental
también para determinar las cifras, y este 5 ó 7 por ciento a que
hacemos referencia incluye también la aportación multilateral de los
países del CAD.
En segundo lugar, yo creo que nos falta doctrina también en la
vinculación entre la intervención militar y las operaciones de ayuda
humanitaria. El hecho de que la intervención del campo de refugiados
sumase más de 7.000 millones de pesetas, más del doble que el
conjunto de la cooperación bilateral de ayuda humanitaria, implica
que quizá nos falte reflexionar a fondo sobre cómo debemos intervenir
desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas en la ayuda a la
cooperación al desarrollo. Yo creo que ahí estamos también verdes y
que al Gobierno español le conviene hacer ese esfuerzo de discusión a
fondo.
El señor PRESIDENTE: La señora Blanco tiene la palabra, con la misma
brevedad, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Incluso menos.
Lamento, señor secretario de Estado, que no pueda aceptar ni tolerar
ninguna intervención que no vaya en
su misma línea. Desde luego, mi grupo parlamentario no quiere
confrontar en este tema, quiere llegar a consensos en materia de
cooperación al desarrollo y en ayuda de emergencia, pero no vamos a
evitar una crítica que nos parece fundamental a la hora de configurar
la ayuda oficial al desarrollo y, por tanto, la ayuda de emergencia y
humanitaria dentro de la ayuda oficial al desarrollo y de la acción
exterior.
Por otra parte, en ningún momento he querido decir que usted no deba
dar cuenta de lo que estamos haciendo en la Unión Europea. Yo he
dicho que usted se ha centrado mucho en las críticas a la Unión
Europea cuando estábamos hablando de la ayuda oficial de emergencia y
humanitaria del Estado español. Por otra parte, las cifras que ha
dado el señor Campuzano con respecto al CAD son reales. España se
encuentra en un nivel de desarrollo que justificaría un esfuerzo
mayor en ayuda de emergencia y humanitaria. Por otro lado, usted
mismo ha reconocido que los 85.000 millones que se dan a organismos
multilaterales no todos van a ayuda de emergencia y desarrollo. Es
obvio, todos lo sabemos, que habría que desglosar esos 85.000
millones, porque aquí ha comparecido informalmente el Acnur y nos da
dado cifras, como compareció también el director financiero del
programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Por tanto, señor
secretario de Estado, acepte con mejor talante las críticas.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Muy brevemente.
El problema es hablar de porcentajes. Si hablamos de porcentajes
saldremos peor parados. Lo que he querido decir es que, si dedicamos
3.000 millones en los presupuestos y 85.000 millones en al ayuda
multilateral, algo de lo multilateral, no todo, ira también a la
ayuda humanitaria y de emergencia, teniendo en cuenta además que por
la propia especialización estos organismos internacionales tienen una
experiencia mucho mayor y llegan además a muchas zonas del mundo en
las que España no tiene presencia, porque tenemos una presencia
limitada y reducida a lo que señala nuestra propia Ley de
cooperación. Por tanto, lo que puede decir el CAD lo dice sobre este
aspecto de la ayuda de emergencia, pero no lo dice sobre los
porcentajes que dedicamos a Iberoamérica. Comparan unas cosas en las
que salimos malparados, pero no tiene ningún sentido que esto se haga
así. Estoy diciendo que la cooperación española tiene unas
peculiaridades propias, como las tienen otras cooperaciones. No estoy
planteando aquí que nosotros seamos diferentes. Cada una tiene sus
peculiaridades. Hay países que, como no tienen unas vinculaciones
históricas, culturales o afectivas con ninguna zona del mundo, lo
hacen principalmente a través
de organizaciones multilaterales plantean como prioritaria la ayuda
humanitaria y de emergencia. En la Ley de cooperación española no se
plantea como prioritaria, y aquí se me está diciendo que hay unos
porcentajes elevados -yo hablo de cifras absolutas-, pero sigue sin
decirme nadie de qué otra partida habría que reducirlo para subir ese
porcentaje . Eso es lo que supone hacer una oposición o una
contribución a la reflexión que pueda tener alguna utilidad práctica.
En cuanto a que la intervención militar se puede mejorar, estoy
seguro, y además en ese caso concreto quizá se puede mejorar más. Lo
único que tengo que decir es que ahí se atendió a lo que dijeron
instancias superiores de coordinación que asignaron a España tal
sección y de tal manera, pero estoy seguro de que se puede mejorar, y
me alegro de que sea una cuestión sólo de reflexión y no de
impugnación de la participación de las Fuerzas Armadas en la
cooperación y sobre todo en la ayuda humanitaria y de emergencia.
Señora Blanco, es evidente que acepto y tolero todas las críticas que
se digan y en el tono y con el tino con que se digan. Me concederá S.
S. que por lo menos tenga también la posibilidad de contestar a esas
críticas y que lo pueda hacer sobre todo cuando lo que se plantean
son cuestiones globales, en la línea de decir que no hay política de
cooperación, ustedes se limitan a ser un coordinador. Por tanto,
permítame también plantear la contestación con la misma libertad con
la que S.S. puede plantear las críticas; y las críticas a la Unión
Europea vienen precisamente porque España es un contribuyente muy
importante a la Unión Europea, cerca de 65.000 millones de pesetas a
la cooperación europea, que tendrían que ser utilizados de manera
eficaz para, entre otras cosas, estas cuestiones de las que hoy nos
estamos ocupando. Porque me imagino que no pretenderá S.S. la
renacionalización de la política de cooperación en la Unión Europea.
Es una opción, se ha planteado en el Consejo de Desarrollo de la
Unión, pero no ha sido atendida. Si es esto lo que se plantea, bien,
pero hoy estamos hablando de la cooperación y la participación
española en la ayuda humanitaria y de emergencia, y resulta que hay
3.000 millones en nuestro presupuesto que ejecutamos nosotros, y
cerca de 85.000 en el presupuesto de organismos internacionales a los
que transferimos como nuestra participación en organismos
multilaterales. Si en esta Comisión se me ha pedido que informe sobre
la ayuda española de emergencia y humanitaria, tengo que hablar de la
partida más importante con la que España contribuye, y esto,
desgraciadamente, en el caso de la Unión Europea tiene que ser de una
forma muy crítica, porque es altamente insatisfactorio lo que allí se
está haciendo.
- CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE EL SALVADOR CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 7 DE MARZO
DE
2001, EN EL MARCO DE LAS REUNIONES DEL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) Y SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN DICHA
REUNIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I
UNIÓ). (Número de expediente 212/000426.)
- CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO PARA CENTROAMÉRICA,
CREADO EN 1998 COMO CONSECUENCIA DEL HURACÁN MITCH, CELEBRADA EN
MADRID LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DE 2001, EN EL MARCO DE LAS
REUNIONES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN DICHA REUNIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
212/000427.)
- RESULTADOS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN ESPAÑA POR LOS GRUPOS
CONSULTIVOS DE EL SALVADOR Y CENTROAMÉRICA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/
000524.)
El señor PRESIDENTE: Como ya se anunció al comienzo de esta sesión,
se ha modificado el orden del día y los siguientes puntos a tratar,
que serán abordados de forma acumulada, son los que figuran con los
números 6, 7 y 8, referidos a las comparecencias pedidas por tres
grupos parlamentarios para que se informase por el secretario de
Estado acerca de Centroamérica y El Salvador.
Por tanto, para dar contestación a estas solicitudes de
comparecencia, tiene de nuevo la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Respecto de El Salvador, el 7 de
marzo se acogió en España al grupo consultivo de El Salvador.
Presidió la delegación oficial el presidente de la República y la
delegación española estuvo presidida por el vicepresidente segundo
del Gobierno y ministro de Economía. Sobre las consecuencias de los
dos seísmos y las miles de réplicas que hubo en El Salvador el 13 de
enero y el 13 de febrero, ha habido ya una comparecencia del ministro
de Asuntos Exteriores en el Pleno del Congreso el 7 de febrero, y en
esta Comisión yo comparecí el 28 de febrero, tanto para la primera
ayuda de emergencia como para las medidas encaminadas a la
reconstrucción del país. Creo que no tiene sentido, sobre todo por la
premura de
tiempo, que nos extendamos en los datos de lo que se ha hecho, porque
son datos conocidos tanto en la emergencia como en la reconstrucción,
así como en las gestiones que se han hecho con la Unión Europea,
donde España planteó un incremento de la ayuda de la Unión Europea
para esta zona, y en ese sentido ECHO ha adoptado una nueva decisión
de ayuda humanitaria por valor de 8 millones de euros.
Doy por sabidos los datos de las necesidades de El Salvador y lo que
ha hecho España; en cualquier caso, ,si alguna de las señoras o
señores diputados desean alguna precisión mayor estoy a su
disposición y puedo repetirlo en el debate posterior. Sobre el grupo
consultivo quiero decir que el objeto fundamental de esta reunión era
dotar de recursos económicos al plan de reconstrucción del Gobierno
de El Salvador, presentado bajo el título Unidos por El Salvador. El
total solicitado por el Gobierno de El Salvador superaba los 1.000
millones de dólares. Ante este requerimiento la delegación española
es la que comprometió más fondos para El Salvador: 110,55 millones de
dólares. Se utiliza esta moneda porque, como bien saben, la economía
de El Salvador está dolarizada y además es la medida empleada por el
Banco Interamericano de Desarrollo. Esos compromisos se llevarán a
cabo a través de diversas actuaciones. Las principales son: 7,85
millones de dólares en ayuda de emergencia y humanitaria de forma
directa y por medio del programa mundial de alimentos; 102,6 millones
de dólares en ayuda para la reconstrucción; 29,6 millones de fondos
reasignados y 73 millones de nuevos fondos con microcréditos,
inversiones en equipamiento e infraestructuras y en proyectos de
reconstrucción.
Asimismo, el Gobierno español, a través de los fondos que gestiona el
Ministerio de Economía ofreció un crédito especial para la
reconstrucción de El Salvador de 36 millones de euros, cien por cien
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, con un elemento de
liberalidad del 80 por ciento. De nuevo los créditos FAD en unas
condiciones infinitamente mejores que las que se habían venido
utilizando hasta ahora. Estos créditos tendrán, además, una
flexibilidad excepcional para la financiación de bienes y servicios,
de modo que se facilite la ejecución de todas las obras de
reconstrucción necesarias, sobre todo en los sectores de energía,
comunicaciones, agua y saneamiento, sismología, educación y salud.
Pero por si acaso los datos de la portavoz del Grupo Socialista no
son correctos, les diré que de estos fondos se pueden adquirir todos
los materiales en el mercado salvadoreño, no están ligados a la
adquisición de material español, en ninguno de los casos que aquí se
plantean.
Por su parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional está
estudiando con detenimiento el documento presentado por el Gobierno
de El Salvador y se propone hacer coincidir su plan de acción con el
citado documento, de tal manera que en la fase de emergencia, que
abarcaría hasta octubre de 2001, nuestro
país seguiría haciendo aportes; en particular, se ha aprobado ya
una ayuda de 500.000 dólares de ayuda humanitaria que se hará
efectiva a través del programa mundial de alimentos.
Hablo de que se seguirá haciendo porque esto es además de los 21
millones de dólares que ya se han dado a El Salvador y donde España
ha sido el primer donante de la Unión, pero con más fondos que toda
la Unión junta. Esto lo digo también a los efectos de hacer luego las
comparaciones que se puedan hacer entre lo que hace la cooperación
española y lo que hacer otras cooperaciones, aunque estoy seguro de
que este es un debate que no se plantea en estos términos en el
Parlamento sueco o en el holandés, pero conviene que lo planteemos en
el Parlamento español, puesto que se nos quiere decir siempre lo poco
que hacemos aquí comparado con lo mucho que hacen allí. En este caso,
insisto, se ha hecho una donación mayor que la del conjunto de la
Unión Europea, por valor de más de 20 millones lo que se ha hecho
hasta ahora, más de 110 millones lo que está comprometido a raíz del
grupo consultivo que es objeto de esta comparecencia.
España, de común acuerdo con El Salvador, se propone apoyar de modo
prioritario, a lo largo de este año y de años venideros, la
prevención de desastres naturales y mitigación de sus efectos, a cuyo
fin ya se han realizado distintas misiones técnicas y están
programadas diversas actividades a lo largo del presente año. Todo
esto pone de manifiesto la apuesta de España por El Salvador y su
economía. La economía salvadoreña es una de las más dinámicas de la
región centroamericana; tiene una estabilidad de precios y un control
de déficit público que en el año 2000 se situó en el 3 por ciento del
PIB; tiene un saldo de deuda externa que a finales del año 2000 no
superaba los 2.400 millones de dólares. Son indicadores
macroeconómicos dignos de alabanza, aunque como consecuencia del
terremoto, incluso con la ayuda internacional, es previsible que
tengan algún deterioro.
Por otro lado, el pueblo salvadoreño es plenamente consciente -quizá
también el largo conflicto interno ha servido de forzoso aprendizaje-
de que el desarrollo económico no se puede acometer sin la
participación de todos los sectores sociales a través de un sistema
libre y democrático que articule el país como un Estado de derecho en
el que se respeten los derechos humanos y cuya recuperación pasa por
la apertura de los mercados y el incentivo a la inversión productiva
externa. En este sentido, la apuesta por la continuación del proceso
de integración económica y comercial de Centroamérica es una de las
piezas claves para esa recuperación socioeconómica. El Salvador, con
el esfuerzo de todos los sectores de su emprendedora sociedad, tiene
grandes posibilidades de progresar en un mercado centroamericano más
unificado; los beneficios de la integración, de la que El Salvador ha
sido gran defensor, llegarán a medio y largo plazo a todaslas región,
e indirectamente a sus principales socios
comerciales, por las mayores economías de escala, por el mayor
mercado para las empresas centroamericanas. Por ello, el Gobierno
español está decidido a incentivar, además de la cooperación al
desarrollo, la inversión privada en El Salvador; el compromiso del
empresariado español con la región en el presente y en el futuro es
decidido, como se ha demostrado suficientemente en los últimos años.
Inmediatamente después del grupo consultivo sobre El Salvador se
celebró la reunión del grupo consultivo de Centroamérica. A esta
reunión, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en la
cumbre de Panamá, Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno
habían invitado a todos los jefes de Estado de Centroamérica a los
que se quería añadir Panamá y Belice. Así, se desplazaron a Madrid
los presidentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, el primer
ministro de Belice, el vicepresidente de Guatemala y el
vicepresidente de Panamá para participar en esta reunión del grupo
consultivo para América Central que se celebró en Madrid los día 8 y
9 de marzo.
En relación con el planteamiento y los objetivos de esta reunión,
quisiera señalar lo siguiente. Además de lo que era la evaluación del
esfuerzo de reconstrucción post Mitch, se pretendía para
Centroamérica (una región que ha tenido durante dos décadas
enfrentamientos civiles internos, en la que ha habido miles de
personas muertas, centenares de miles de desplazados y una situación
social y económica muy deteriorada) aprovechar esta reunión para
presentar toda la región, después de una serie de procesos de paz y
de transición, como una zona de democracia consolidada, en
definitiva, una región de oportunidades; considerar Centroamérica no
como una región de conflictos sino como una región de oportunidades.
En este contexto, los objetivos fundamentales de la reunión eran: en
primer lugar, dar un impulso política al proceso de integración
regional y tomar conciencia de la necesidad de superar los conflictos
territoriales; en segundo lugar, continuar el asentamiento
democrático, la liberalización económica, el fortalecimiento
institucional y la implantación de medidas sociales que permitan la
eliminación de las grandes desigualdades que existen en la mayor
parte de esas sociedades.
Hay un proceso de integración que ha ido avanzando con demasiada
lentitud, pero que ha ido avanzando: declaraciones trinacionales como
las firmadas por los presidentes de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua; la unión aduanera entre Guatemala, Nicaragua, El Salvador
y Honduras; el tratado de libre comercio del triángulo norte-Méjico,
que agrupa a Guatemala, Honduras, El Salvador y al propio Méjico, así
como la reciente incorporación de Belice y Panamá al sistema de
integración centroamericana, son buena muestra de que este proceso
avanza. Pero en el grupo consultivo se ha visto la necesidad de que
esta integración se acelere, sobre todo que se lleve a cabo superando
las diferencias que separan a distintos países, principalmente conflictos
territoriales que tanto dañan la imagen de la región y
potencialmente peligrosos para la estabilidad de una zona sensible y
frágil. Creemos que sólo la integración puede asegurar a
Centroamérica un lugar de cierta relevancia en la comunidad
internacional y para ello es necesario fortalecer y profundizar los
sistemas democráticos, así como la actividad de los sistemas
regionales de integración, muy particularmente del SICA.
La participación internacional en esta reunión, cuya inauguración y
sucesivas reuniones presidió el presidente del Gobierno español, fue
muy numerosa. Más de 50 delegaciones oficiales de países y de
organismos internacionales estuvieron presentes, así como elementos
de la sociedad de países donantes y de los centroamericanos, que
también participaron de una manera muy activa en todas las
discusiones. En total, más de 600 personas participaron en las
sesiones. El grupo consultivo estuvo organizado en torno a una sesión
plenaria y varios talleres de trabajo. Los talleres de trabajo
versaron sobre desarrollo empresarial y competitividad, desarrollo
humano y equidad social, reducción de la vulnerabilidad social y
mitigación de los desastres naturales, desarrollo de la
infraestructura regional, integración y desarrollo institucional y
gestión regional sostenible de los recursos naturales. También se
pasó revista al estado de los desembolsos de la ayuda internacional
y a los trabajos realizados desde el huracán Mitch. A este respecto
puedo señalar a la Comisión que el total de la ayuda española a los
países afectados por dicho huracán supera los 600 millones de dólares
-108.000 millones de pesetas al cambio actual-; interesa repetir la
cifra: 600 millones de dólares -108.000 millones de pesetas al cambio
actual-. Esta ayuda evidentemente incluye ayuda de emergencia, ayuda
humanitaria y ayuda de reconstrucción. Igualmente la reunión del
grupo se solidarizó nuevamente con El Salvador, que había objeto de
una reunión del grupo consultivo el día anterior.
Para terminar esta intervención, señor presidente, quiero referirme
muy sucintamente a las conclusiones de la reunión del grupo
consultivo. Los jefes de las delegaciones suscribieron una
declaración cuyos puntos fundamentales son los siguientes. Primero,
que Centroamérica ha iniciado una nueva etapa como una región
pacífica en la que la democracia se está consolidando como sistema
político y se están sentando las bases de un desarrollo económico y
social duradero, constituyéndose así en un espacio de oportunidades.
Segundo, los presidentes centroamericanos reiteraron su compromiso de
continuar y profundizar el proceso de integración regional y de
fortalecer las estructuras institucionales sobre las que se basa -el
SICA, el Banco Centroamericano de Inversiones, en el que España
decidió entrar como socio- y asimismo manifestaron su apoyo al
perfeccionamiento de la zona de libre comercio regional. En tercer
lugar, los presidentesdestacaron el importante papel que ha
desempeñado el
diálogo de San José en las relaciones de Centroamérica con la Unión
Europea y reafirmaron su especificidad e identidad, así como la
necesidad de renovarlo y adaptarlo a los nuevos retos y realidades de
ambas regiones. En cuarto lugar, expresaron su confianza en que la
integración centroamericana dé como resultado mejoras de la
productividad de sus países que les permitan competir en los mercados
internacionales. Concretamente, expresaron su deseo de que se
consolide la tendencia creciente de los flujos de comercio e
inversión entre España y Centroamérica. En quinto lugar, los
presidentes centroamericanos reconocieron el apoyo del Gobierno y del
pueblo español a la rehabilitación y reconstrucción de las zonas
afectadas por los huracanes Mitch y Kate, así como tras los recientes
seísmos que han asolado El Salvador y en ese sentido subrayaron la
importancia de la reunión del grupo consultivo regional para
Centroamérica. Sexto, los asistentes decidieron reunirse con ocasión
de la cumbre iberoamericana de naciones, en Lima, al objeto de dar
seguimiento a este encuentro y continuar impulsando el desarrollo de
la integración regional centroamericana. Esta reunión será de todos
los participantes, tanto los centroamericanos como el Rey y el
presidente del Gobierno español. En séptimo lugar, los presidentes
centroamericanos reafirmaron su apoyo al pueblo y al Gobierno de
España y a sus instituciones frente al terrorismo de ETA.
En conclusión, señor presidente, creo que la reunión del grupo
consultivo cumplió con creces las expectativas que se tenían de la
misma y esto ha sido recalcado por todos los participantes, por
cuanto se transmitió una imagen de Centroamérica en claro proceso de
integración y como espacio de oportunidades, especialmente para la
inversión empresarial, con las consecuencias que para el desarrollo
económico y social supone esa visión.
El señor PRESIDENTE: Asimismo sobre este bloque temático, tres fueron
los grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia. En
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Campuzano
tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer la información que nos
ha facilitado el señor Cortés. Nuestro grupo, en relación con
aquellas cuestiones que el señor secretario de Estado entendía que
quizá podrían facilitarse a la Cámara en este segundo turno, se
sentiría satisfecho si se nos facilitasen por escrito. Yo tan sólo
quiero plantear una reflexión. La propia Administración del Estado,
en un artículo publicado en el boletín económico del ICE, de abril de
este mismo año, firmado por el subdirector general de política
comercial con Iberoamérica y América del Norte, dice que debe quedar
claro lo mucho que aún queda por hacer con relación a la necesidad de
reducir la pobreza, aumentar la participación ciudadana en los
procesos de reconstrucción, disminuir la inequidad social y la
exclusión, dar más poder a los municipios y mejorar las condiciones
de vida de las clases más desfavorecidas. Estas frases de un miembro
de la Administración general del Estado, insisto, recogidas en un
artículo publicado en el boletín del ICE vienen a sostener que más
allá del discurso seguramente necesario que se impulsó en las dos
reuniones del grupo consultivo, la de El Salvador y la del conjunto
de los países afectados por el Mitch, hoy en Centroamérica continúan
siendo prioritarios esos grandes objetivos, junto con la necesidad de
fomentar la inversión privada, las relaciones comerciales y las
bolsas de crecimiento económico de estos países. Por tanto, no
olvidemos en este ámbito esa dimensión que es fundamental. Sería
conveniente que quedase claro. En algunos momentos durante los días
en que se celebraron en Madrid estas reuniones, parecía que esa
dimensión social no era quizá la prioritaria.
En segundo lugar, quisiera conocer si hay previsiones de otras
reuniones de este grupo consultivo, cuál es el futuro de este grupo
de trabajo establecido por los países donantes y los países
receptores, si existe un calendario y cuál es la previsión sobre la
posición del Gobierno en estas próximas reuniones de dicho grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, por su brevedad. A
continuación, el Grupo Parlamentario Socialista tiene el uso de la
palabra. Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Espero, señor secretario de Estado, que
no me anatemice por hacerle algunas críticas. Yo creo que estoy en la
obligación de hacerlas, no porque reciba instrucciones del señor
González. Yo no sé las instrucciones que recibe usted de Moncloa,
pero supongo que las asumirá gustosamente (El señor Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Cortes
Martín: Gustosamente.) Para eso está donde está. Sencillamente le voy
a hacer una serie de reflexiones que van acompañadas de crítica; es
mi obligación también porque lo pienso y porque creo que desde la
crítica se construye, señor secretario de Estado.
La primera de ellas es en relación con el retraso que se produjo en
la reunión del consejo consultivo. Me parece que se pensaba celebrar
los días 18 y 19 de enero y se aplazó, evidentemente y según ustedes
justifican precisamente por el desastre de El Salvador. Yo no sé si
fue una buena decisión o no; más bien pienso lo contrario, pienso que
era un momento ideal para haber coordinado desde ese grupo consultivo
las acciones que deberían de haberse producido de una manera
probablemente mejor, más coordinada y quizá con un mayor impulso si
se hubiera celebrado la reunión en el plazo previsto. Además, a mi
juicio, el aplazamiento fue una desconsideración para las más de 200
organizaciones aglutinadas en las ONG de España, más organizaciones
centroamericanas, más organizaciones de Suecia, Estados Unidos y
Canadá, que se encontraban
en Madrid esperando la reunión. Desde nuestro punto de vista, al
menos fue un desaire inoportuno el aplazamiento de dicha reunión.
Querría hacer alguna reflexión sobre el consejo consultivo, primero
en relación con El Salvador. Es una reflexión que ya se ha hecho,
pero no estorba. El crédito especial de 36 millones de euros -usted
lo ha dicho también- va íntegramente por la vía FAD. Esta ayuda tiene
un componente ligado al incremento de deuda externa que no nos parece
oportuno. Lo criticamos pues nos parece que no debería de
contemplarse este tipo de ayudas ligadas a la deuda, porque no creo
que beneficien ni muchísimo menos a la región. En segundo lugar, en
relación con el Mitch, usted ha dicho que cumplió con creces lo que
estableció el consejo de Madrid y que ha sido recalcado por todos los
participantes. Tengo que decirle que no parece que sea así. Al menos
la sociedad civil no dice lo mismo. Quiero expresar algunas cosas que
manifiesta la sociedad civil, con las que nosotros estamos bastante
de acuerdo. Ha habido, lo primero, una escasa participación de la
sociedad civil en el consejo consultivo, solamente en vía de
talleres; no ha habido intervenciones importantes por parte de la
sociedad civil y, entre otras cosas, quienes han intervenido han
dicho que está pendiente el continuo fortalecimiento de la
gobernabilidad en la región. Dicen que en lo que se refiere a
desastres se ha hablado mucho de la atención a las emergencias,
descuidando la disminución y manejo del riesgo y la vulnerabilidad;
que un reto más es el desarrollo de mecanismos que garanticen un
sistema transparente que permita el control y la auditoría social de
la ciudadanía, cosa que tampoco se produce, y al final concluye que
la declaración de Estocolmo no solamente está vigente, sino que está
pendiente de cumplirse. Les recuerdo que los puntos importantes de la
declaración de Estocolmo eran aquellos que iban no solamente en
dirección al desarrollo sino también a la transformación de la
región, donde se hace poco hincapié. También ha habido otra
intervención importante por parte de representantes de interforos de
Honduras donde dicen que continúa siendo una región caracterizada por
la vulnerabilidad global, asimetría entre los países e inequidad del
modelo de ajuste. Insisten en que ningún plan de desarrollo regional
se puede concebir sin entender que la base de las múltiples amenazas
que acechan a Centroamérica está en la inequidad social y en el mal
uso de los recursos naturales. ¿Cómo esconder que el 85 por ciento de
la riqueza de la región se concentra en el 9 por ciento de la
población y que el promedio de pobreza afecta al 71 por ciento de los
pobladores que viven en el área rural y al 56 por ciento del área
urbana? Baste recordar que el promedio anual de damnificados por los
desastres ocurridos en Centroamérica entre 1970 y 1994 era de 400.000
personas, cifra que en la actualidad se duplica y hasta se
cuadruplica. El Mitch dejó en 1998 más de dos millones de
damnificados y los terremotos de El Salvador contabilizan al
menos un millón y medio de damnificados. ¿Se puede echar toda la
culpa de este incremento al impacto negativo de la naturaleza o hay
complicidad humana en el trasfondo? Preocupa a la sociedad civil y
nos preocupa a nosotros que la agenda de Madrid tenga los mismos
convocantes del grupo consultivo de Estocolmo pero no le dé
continuidad; que se invisibilice el sector rural; que se abran las
puertas a un acelerado proceso de endeudamiento en la región; que se
promueva un proceso integracionista impulsado por fuentes bilaterales
y multilaterales que no se han comprometido a financiar su
seguimiento y que se margine la aplicación de los mecanismos de
auditoría social planteados desde la sociedad civil en cada uno de
los países. ¿A quién favorece, por tanto, la propuesta de Madrid para
los próximos veinte años teniendo en cuenta la situación, que se
sigue caracterizando por la pobreza, la distribución desigual del
ingreso y la degradación ambiental? ¿Al sector empresarial
exportador, muy vinculado a la política partidista de cada uno de los
países, a los gobiernos, que ven en los desembolsos externos vía
créditos o donaciones la válvula de escape temporal a sus programas
de liquidez, o a los organismos regionales como el Banco
Centroamericano de Inversiones? Por eso, este foro internacional
-concluyen- quiere dejar constancia de la necesidad de reinventar la
integración regional a partir de condiciones de inclusión y no
excluyentes.
Hay una conclusión de la coordinadora de organizaciones no
gubernamentales, que supongo que conocerá, pero que es importante que
se manifieste también en sede parlamentaria, porque es la voz de la
sociedad civil a la que a veces hacemos mucha alusión pero
excesivamente poco caso: La reunión celebrada, lejos de ser un
seguimiento del proceso que comenzó con la Conferencia de Estocolmo,
ha sido la de un grupo consultivo para tratar casi exclusivamente
temas comerciales y de oportunidades para la inversión de las grandes
empresas. Usted ha denominado a esa región como región de
oportunidades. Una región de oportunidades, ¿para quién y para qué?
¿Para resolver los problemas de la zona o son oportunidades de tipo
comercial para los países que tienen o pueden tener intereses en la
misma? La participación de las organizaciones de la sociedad civil en
esta reunión ha estado básicamente limitada a la discusión en los
talleres; por tanto, no ha habido -y debería haberla habido- una
participación importante de la sociedad civil. La evaluación oficial
de dos años de reconstrucción se caracteriza por la lentitud en el
desembolso de los fondos, problemas de transparencia, inadecuación de
los proyectos, etcétera. Se ha realizado una valoración sesgada de la
situación económica de la región; se ha ofrecido una visión de los
principios de Estocolmo como insuficientes, pretendiendo incorporar
criterios comerciales: inversiones, liberalización, apertura de
mercados y grandes infraestructuras; no se ha afirmado la necesidad
de una política común para la reducción de la vulnerabilidad
ecológica y social de la región. Por tanto, la reunión de
Madrid no ha sido tan clamorosa como usted plantea aquí, sino que,
según una parte importante de la sociedad, ha sido una oportunidad
perdida para reafirmar el compromiso con los principios de Estocolmo,
la transformación de la región y la lucha contra la pobreza.
Señor secretario de Estado, esa región merece una atención que no
quiero cuantificar en más o en menos. Usted planteaba si España
participa en mucho o en poco. Yo pienso que tiene que cambiar de
orientación y tiene que pensar que no se están produciendo los
objetivos que se marcaron en Estocolmo para transformar profundamente
esa región y me va a permitir que en esta ocasión el Partido
Socialista esté más al lado de la sociedad civil que de las
declaraciones pomposas del Gobierno de la nación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene el uso de la palabra
el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Nosotros recibimos con satisfacción los
datos que ha aportado el secretario de Estado en su intervención sbre
las conclusiones de los grupos consultivos de El Salvador y de
Centroamérica y queremos resaltar, tal como se ha hecho, la
importancia de la participación de España. Voy a decir dos cosas de
forma telegráfica. El Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE, que
hace una evaluación de la cooperación española cada cuatro años, hizo
en 1994 un examen de la cooperación española bastante preocupante, y
es un examen que hace dicho Comité en coordinación con la sociedad
civil, de la que se informa, con las administraciones públicas y con
todos los actores de la cooperación. No es un examen gubernamental o
provocado desde la Administración; de hecho, son personas
independientes, de países independientes, los que hacen estos
exámenes. En 1998 se hizo el segundo examen de la cooperación
española y en ese año el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
constataba literalmente lo siguiente: Es de reseñar el papel que
España realiza en torno a la paz, la gobernabilidad y el desarrollo
en Centroamérica. Además establecía elementos para el debate como los
que hoy hemos tenido oportunidad de conocer, como, por ejemplo, la
conveniencia o no de ligar más o menos los créditos FAD, etcétera. Se
establecían también en ese examen de 1998 los avances notables que se
habían producido en los últimos cuatro años en torno a la aplicación
del crédito al desarrollo dentro de las políticas de cooperación al
desarrollo y su coordinación más coherente y eficaz. Como digo, hemos
podido comprobar aquí hoy que efectivamente se están produciendo
avances notables en esa cuestión.
Después de 1998 se han producido en Centroamérica y en El Salvador
los acontecimientos que todos conocemos y no es extraño, señorías,
que España, por petición de la comunidad internacional y no solamente
de los países de la región, acoja al grupo consultivo de El Salvador
y al grupo consultivo de Centroamérica.
No sé yo si esto es un éxito o no lo es; lo que sí sé es que está
perfectamente justificado, no porque España tenga un papel relevante,
que lo tiene, sino porque el conjunto de la comunidad internacional,
más allá de la región, así lo ha solicitado y demando. Los españoles
tenemos que sentirnos satisfechos y orgullosos del papel que nuestro
país juega, papel en el que tiene mucho que ver lógicamente la
sociedad civil. No creo que sea el momento de decirlo, pero en esta
Comisión de Cooperación, que es entre otras cuestiones también de
control del Gobierno, conocemos de manera habitual los programas que
la Agencia Española de Cooperación y la cooperación española en su
conjunto realizan en Centroamérica. Yo no me he sentido aludido por
las críticas formuladas en la intervención de algún portavoz
parlamentario, porque la posición de España en Centroamérica engloba
las demandas de la sociedad civil con bastante claridad y rotundidad,
al menos a juicio de la comunidad internacional, que nos toma como
modelo de intervención en los aspectos integrales del desarrollo y
fundamentalmente, señorías -y con esto termino-, en los aspectos
sociales del desarrollo, y en Centroamérica, en ese sentido, la
participación de España es de gran importancia, peculiar y
significativa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): La información a la que me
refería, señor Campuzano, es el desglose de lo que ha sido la ayuda a
El Salvador, que ya ha sido facilitado a la Comisión, pero que
evidentemente se puede repetir. Lo que decía al principio de mi
intervención es que no creía que tuviese sentido repetir todos los
datos que se han dado, pero en cualquier caso, igual que se dio esta
documentación sobre la ayuda española en enero, con todos los datos y
los programas, por supuesto, se puede reiterar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Campuzano y
con lo que dice la persona que ha escrito el artículo en cuanto a que
queda mucho por hacer. Se trata de países que están en unos niveles
de desarrollo muy bajos y queda un largo camino para que lleguen a
niveles de desarrollo como el nuestro, que es la aspiración que debe
tener toda cooperación, es decir, que los demás sean iguales que
nosotros, si es que quieren serlo. Por supuesto que queda mucho por
hacer. Desde luego que hay un aspecto fundamental en la cooperación
con estos países, en la medida en que ellos lo quieran, que es el
fortalecimiento institucional. Para nosotros es prioritario, para la
ayuda española el fortalecimiento institucional y la educación son
los dos aspectos básicos para el desarrollo de un país y decimos con
rotundidad y lo hemos dicho en los foros internacionales también
-esta es otra peculiaridad de la cooperación española, compartida con
algunos países, pero en
la discrepamos de otros- que sin democracia, sin respeto a los
derechos humanos, sin Estado de derecho, sin igualdad entre hombres y
mujeres, no es posible el desarrollo. Podrá haber mayores o menores
niveles de renta, pero no es posible el desarrollo. Por lo tanto, la
condicionalidad de la cooperación, hasta donde sea posible, a la
existencia de democracia, de Estado de derecho y del propio
fortalecimiento y desarrollo institucional de estas sociedades es una
cuestión básica.
Esta, por ejemplo, no es la posición de los países que defienden la
ayuda prioritaria a los países menos avanzados; no lo es, y de hecho
tampoco es, por ejemplo, la posición del PNUD, que se blasona que es
una organización neutral, en el sentido de que no mira cómo funciona
el gobierno del país al que ayudan. Esto lo planteamos en la reunión
ministerial del PNUD y fue objeto de tremendas críticas por otros
países; o sea, no nos preocupa nada que el señor Rodríguez Bolaños,
en el ejercicio de su condición de portavoz de la oposición, critique
lo que haga el Gobierno. También fue criticada la posición del
Gobierno español incluso por gobiernos en esta reunión ministerial
del PNUD en septiembre del año pasado, precisamente porque
planteábamos que el PNUD debería tener en cuenta todas estas
cuestiones que le preocupan al señor Rodríguez Bolaños, al Partido
Socialista, a estos señores de interforos de Honduras y desde luego a
nosotros, que es que sin democracia, sin fortalecimiento de esa
democracia, sin un Estado de derecho lo más sólido posible, sin una
independencia del Poder Judicial, sin libertad garantizada de
opinión, de información, de enseñanza, no es posible que haya
desarrollo. Esta posición nos diferencia, como nos diferencia el
hecho de que nosotros consideremos a estos países, precisamente
porque queda mucho por hacer, prioritarios, teniendo en cuenta que
ninguno de ellos está en la lista de los países menos avanzados. Hay
alguno que está en una situación límite y que podría entrar en esa
lista, pero hoy no está ninguno y sin embargo los consideramos
prioritarios y vamos a seguir destinando en el futuro las partidas
más importantes de nuestra ayuda a Centroamérica, precisamente porque
estamos de acuerdo en que hay mucho por hacer.
Me importa aclarar que la reunión del grupo consultivo no es una
reunión del Gobierno español, es una reunión del Banco Interamericano
de Desarrollo; por lo tanto es el BID el que decide sobre la
convocatoria y el que decidirá, porque me planteaba el señor
Campuzano si había algún seguimiento, sobre si va a tener ulteriores
reuniones. Nosotros planteamos que queríamos que hubiese un
seguimiento, pero no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo único
que ofrecimos es España como sede y lo que se hizo es que a la vez
que se celebra esta reunión del grupo consultivo, en la cumbre de
Panamá se invitó a los jefes de Estado de los países centroamericanos
para que participasen en la reunión, en paralelo a la reunión del
grupo consultivo, precisamente para poder presentar esa nueva imagen
de Centroamérica.
Es verdad que es una zona que tiene muchas carencias y
dificultades, con unos regímenes frágiles en muchos casos, pero no
tiene nada que ver con la región en la que hace diez o veinte años
había multitud de conflictos civiles prácticamente en todos los
países, salvo Costa Rica, con dictaduras, vulneraciones de derechos
humanos, regímenes militares y una situación económica catastrófica
y, sin embargo, ahora, gracias entre otras cosas a todo el proceso de
Contadora, en el que España tuvo una participación destacadísima
y donde ha habido una presencia española muy importante, tanto de
fuerzas armadas como de fuerzas de seguridad, precisamente para
ayudar primero a la paz y luego a la recuperación de la democracia en
todos estos países, que lo han logrado básicamente, se pensaba que
podía tener interés que se aprovechase esa reunión, que, insisto, no
convoca España sino que convoca el BID, que se celebra en España,
pero que es una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, para
tener en paralelo esta reunión de jefes de Estado. Esta reunión
estaba prevista justo en la víspera del terremoto y entonces el Banco
Interamericano de Desarrollo y los jefes de Estado y los países
directamente afectados decidieron aplazarla. Comprenderá el señor
Rodríguez Bolaños que acepto cualquier cosa que S.S. me diga, incluso
aquellas en las que no tengo ninguna responsabilidad. Es mucho el
afecto que le tengo y desde hace mucho tiempo, pero conviene que
cuando se venga a estas reuniones se sepan estas cosas, porque esto
de querer echar la culpa de todo al Gobierno por principio y hablar
de la desconsideración con las ONG que ya estaban aquí, mayor
desconsideración hubiese sido con los que estaban en El Salvador en
este momento debajo de los escombros; había allí una tarea de
reconstrucción prioritaria tanto para el Gobierno de El Salvador como
para los gobiernos de la región, que también estaban ayudando muy
decididamente a El Salvador. Fue una decisión del Banco
Interamericano de Desarrollo y de los jefes de Estado de los países
de la zona, que era a los que consultó el que era el convocante de la
reunión. El señor Rodríguez Bolaños considera que fue desacertada. Le
trasladaremos a don Enrique Iglesias el parecer del señor Rodríguez
Bolaños, personal o del grupo al que representa, que seguro que lo
tendrá en una alta consideración y por lo tanto le será de utilidad
para el futuro.
Nosotros creemos que el desarrollo de la reunión fue muy positivo,
entre otras cosas por el aplazamiento, porque que se celebrase la
reunión del grupo consultivo de El Salvador inmediatamente antes de
la reunión del grupo consultivo de toda Centroamérica todavía sirvió
para movilizar más el esfuerzo y la solidaridad de la comunidad
internacional. Por tanto, no se trataba ya sólo de hacer balance de
lo que se había hecho después del Mitch, sino que se puso de relieve
que a pesar del esfuerzo que había hecho la comunidad internacional,
era una zona muy vulnerable y muy frágil y creo que se cumpliócon
creces lo que se había planteado como objetivo.
Dice el señor Rodríguez Bolaños que la sociedad civil no dice lo
mismo. Yo no sé qué es la sociedad civil, señor Rodríguez Bolaños.
Dice que la sociedad civil no estuvo representada. En los países
democráticos, la sociedad -no sé si la civil o cómo se adjetiva,
porque si la sociedad civil son otros, no sé si yo pertenezco a la
sociedad militar o a la sociedad eclesiástica; no tengo conciencia de
pertenecer, tengo un concepto de la civilidad tanto mío como de S.S.
y por tanto no sé si la sociedad civil es algo distinto de mí- está
representada por los gobiernos y está representada por sus
representantes, como lo está representada la sociedad española en
este Parlamento y en esta Comisión, y la sociedad, la civil o con el
adjetivo que se quiera, tiene una característica básica en las
sociedades libres, en las sociedades que pueden expresarse
libremente, que es la diversidad, la pluralidad. Por lo tanto, estoy
seguro que estos señores de interforos de Honduras representan a
mucha gente, pero desde luego no representan a toda la sociedad
centroamericana bajo ningún concepto. Los que han redactado ese
documento que es el que ha constituido el 80 por ciento de la
intervención del señor Rodríguez Bolaños representarán a quien
representen, pero tengo la certeza de que quienes representan al
pueblo hondureño, al pueblo salvadoreño, al pueblo guatemalteco, al
pueblo nicaragüense, al pueblo panameño o al pueblo de Belice son sus
respectivos gobiernos democráticos emanados de un proceso electoral y
con unos parlamentos, que no son exactamente igual que el nuestro o
el de otros países, pero que seguro que dentro de unos años habrán
mejorado mucho respecto a lo que tienen ahora. También nosotros hemos
tenido una evolución y vamos mejorando. Lo único que podemos aceptar
que pensaban esas sociedades es lo que digan sus gobiernos, porque,
si no, no puede estar contrastada la representatividad de esos
señores, que tienen desde luego todo el derecho a opinar lo que
quieran, como lo tiene el Partido Socialista Obrero Español a ejercer
la oposición de la manera que considere más oportuna, incluso
diciendo simplemente que hace suyo lo que digan otros.
Lo que no vale es decir que se está del lado de la sociedad y no del
de los gobiernos, como si fuesen dos cosas distintas. No es así. Hay
una parte de la sociedad que se querrá organizar en asociaciones y
que aceptará la portavocía de determinadas personas, pero las
sociedades democráticas se expresan sólo en elecciones democráticas
que dan lugar a instituciones, parlamentos y gobiernos. Me imagino
que sobre esta cuestión no habrá duda y, si no es así, sería bueno
que se supiese, porque los gobiernos democráticos de esos países eran
los que representaban a estos países, países que, efectivamente,
tienen una enorme vulnerabilidad no sólo sismológica o frente a las
inclemencias atroces de la naturaleza, como hemos visto en estos
tiempos, sino que acaban de salir muy recientemente de unos
conflictos internos atroces, son países donde el grado de
concertación o de acuerdo en el seno de sus sociedades no es,
desgraciadamente, tan grande como el que, por ejemplo, ha tenido
España en su transición; son países donde faltan muchas instituciones
intermedias y donde los partidos políticos, los sindicatos, la propia
estructura municipal tiene mucho que avanzar. Por eso precisamente en
Madrid no sólo se habló de comercio o inversiones, que se trató sin
duda, sino que se habló del fortalecimiento institucional, se habló,
como he informado a SS.SS., -aunque ha leído lo que han dicho unas
ONG y no ha contestado a mi intervención-, de la prevención de
seismos y de otros accidentes naturales, se habló del fortalecimiento
institucional como una cuestión prioritaria y se habló de algo muy
importante que tiene que ver con el desarrollo de esos países, que
son las cuestiones comerciales, y de plantear aquello como una región
de oportunidades para la inversión extranjera y para el comercio.
Yo hasta ahora creía que el Partido Socialista estaba también de
acuerdo con esto y que quería para los demás países, para los países
en vías de desarrollo, lo mismo que quiere para España, que quería
para esos países que puedan haber inversión, que puedan comerciar con
los productos que producen, que es la única forma para que se
desarrollen, que haya empleo, que la gente pueda elevar su nivel de
vida porque tenga oportunidades. Eso se tiene que hacer de la manera
que quieran esos países, porque ellos tienen que decidir sobre su
futuro, pero me parece que no estaría de más que desde España les
ofreciésemos toda nuestra ayuda para que lo hagan en la forma en que
a nosotros nos ha ido muy bien, con unos acuerdos políticos básicos,
con un marco institucional cada vez más sólido y perfeccionable
a medida que va avanzando y que vamos teniendo experiencia, y nosotros
estamos introduciendo reformas en nuestro marco institucional todos
los días, todas las veces que se pueda, además con amplios acuerdos,
y esa es una de las claves de nuestros éxitos, pero además con una
apertura económica y con una llamada a la inversión extranjera.
España, señor presidente, es el quinto país productor y exportador de
automóviles, no hay una sola empresa española, y gracias a que
tenemos esas inversiones podemos tener un nivel de vida y un nivel de
desarrollo que nos permite hacer luego inversiones con capital
español en otros sitios. No hay ninguna razón para que eso que
consideramos que es bueno para nosotros no sea bueno para otros
países, sencillamente porque son más pobres o porque son de otro
color. Estoy seguro de que esta no es la opinión del Partido
Socialista, no lo ha sido durante el tiempo en que ha tenido
responsabilidades de gobierno, no lo ha sido en ninguna de las
declaraciones responsables que han hecho sus portavoces en este
tiempo. Si ahora se quería hacer el brindis al sol de decir: nosotros
estamos con la sociedad civil, entendiendo que la sociedad civil es
una cosa distinta de lo que es la representación política de esa
sociedad, allá cada cual como quiere hacer la oposición, pero estoy
seguro de que el señor Rodríguez Bolaños, a
quien conozco, aprecio y admiro, está de acuerdo conmigo en que la
inversión empresarial, la apertura comercial es lo mejor que les
puede ocurrir a esos países para que tengan un mejor nivel de
desarrollo, para que se cree empleo, para que tengan riqueza, y esto
sólo se puede hacer si hay un marco institucional de garantías, de
garantías al Estado de derecho, de garantías al respeto a los
derechos humanos, de garantías en los procedimientos democráticos, de
fortalecimiento de las instituciones desde la base, desde los
municipios a las instituciones nacionales, de fortalecimiento del
papel que deben jugar en una sociedad libre y democrática las fuerzas
armadas y las fuerzas de seguridad, en definitiva, todo lo que está
haciendo España -insisto en que es el país que más hace de toda la
Unión Europea, pero más que toda la Unión junta-, 110 millones de
dólares sólo para El Salvador, de los cuales el señor Rodríguez
Bolaños se ha querido fijar en 36 millones de euros en créditos FAD,
con una liberalidad del 80 por ciento. Es hora de saber si el Partido
Socialista está en contra de los créditos FAD, es bueno que se sepa.
No lo ha estado hasta ahora, no estaba en contra cuando los créditos
FAD tenían unas condiciones mucho peores y ahora critica el señor
Rodríguez Bolaños un crédito de 36 millones de euros con un 80 por
ciento de liberalidad, el que se ha dado en mejores condiciones
y además con unas condiciones excepcionales que no tiene que haber
ninguna vinculación a que lo que se va a hacer allí -porque este
crédito es para reconstrucción de viviendas, escuelas y centros
sanitarios -, se puede hacer acudiendo al mercado local y no tiene
que estar vinculado a que sean empresas españolas las suministradoras
de esos bienes que se pueden pagar con este crédito. Sería bueno que
se supiese; insisto en que no ha habido nunca un crédito con unas
condiciones tan generosas como estas. El Gobierno salvadoreño
comparte esta opinión; no sé si la sociedad civil salvadoreña, a la
que conoce el señor Rodríguez Bolaños, como se identifica al margen
de las instituciones, comparte esta opinión, pero puedo asegurarle
que el Gobierno salvadoreño está muy agradecido de lo que aquí se ha
hecho y que esta reunión ha sido muy útil, porque, actuando España
como motor y como ejemplo de lo que se puede hacer allí, ha servido
para que muchos otros países de la Unión Europea y de la comunidad
internacional -ha habido 50 delegaciones en este grupo consultivo-
hayan mejorado la contribución que habían dicho que iban a tener. A
eso también contribuyó el que se hubiese aplazado y que se hiciese
inmediatamente después de la reunión del grupo consultivo con El
Salvador.
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra, no
por alusiones, sino para consumir un turno.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: El señor Cortés, al que devuelvo, y sabe
perfectamente, mi respeto,
mi admiración y mi estima, tiende a utilizar las cosas que uno dice
poniéndolas en un lado para confundir. Cuando yo hablo de sociedad
civil no estoy demonizando la democracia, ¡faltaría más!, yo sé dónde
reside la soberanía de un pueblo, pero también soy consciente de que
la democracia formal no es suficiente y que hay algo más, que es la
democracia participativa, y en un lado como la cooperación, donde,
afortunadamente, millones de personas voluntariamente están queriendo
colaborar, hay que hacer caso a esa parte de la sociedad que no forma
parte de la democracia formal, que es democrática y que también
colabora de una manera desinteresada para resolver los problemas. Por
tanto, ese respeto a mí me lo merece enormemente sin minusvalorar en
absoluto el respeto que me merecen los parlamentos.
Es habitual y es lógico que las declaraciones oficiales, sobre todo
cuando son por parte de los gobiernos, tiendan a minimizar los
problemas, a dar un tono positivo a las soluciones, a las
resoluciones, a las conferencias, y cuando se baja al terreno de
aquello que no forma parte del entramado de la democracia formal lo
ve de una manera distinta, y es absolutamente comprensible y es
normal que se tenga en cuenta ese otro lado. Cuando digo que la
sociedad civil no dice lo mismo, dice una cosa que es muy importante,
y en estas cuestiones deberíamos ser todos un poco más humildes y
plantear qué hemos hecho o qué estamos haciendo en la región. La
región, por mucho que se diga en una declaración de países miembros,
con un país anfitrión que es España, que es magnífico al que creemos
todos y le quieren todos, al final la región está hecha un desastre,
señor Cortés, y usted lo sabe. Es normal que desde aquí, desde el
Parlamento, se diga qué ha pasado en la región, qué está pasando en
la región y no nos conformamos con que cada dos años haya una reunión
donde digamos que estamos avanzando o tenemos que poner muchísima más
carne en el asador y decir que esto no va por buen camino, que si las
diferencias antes eran así, ahora o son así o son un poquito más
anchas, eso no es para consolarnos a quienes estamos en una Comisión
que se llama Cooperación al Desarrollo, ni muchísimo menos. Por eso,
nuestro partido está inquieto, no está conforme, critica las
posiciones porque creemos que son insuficientes, y lo seguiremos
haciendo. Y eso, señor Cortés, entiéndalo como quiera. Estoy seguro
-y usted lo sabe muy bien- de que cuando el Partido Socialista estaba
en el Gobierno había una crítica similar, porque es la crítica que se
hace desde quien sufre a los que gobiernan, y en este caso concreto
se hace desde aquellas personas que tienen unas necesidades brutales.
Por último, quiero decir que yo soy proclive a los grises. No me diga
usted que estoy en contra de los créditos FAD porque los critico.
Estamos de acuerdo con los créditos FAD. ¿Cuándo no estamos de
acuerdo? Cuando el componente mayoritario de ayuda es en créditos FAD
y cuando esta partida de 35 millones es el cien por cien en créditos
FAD, nos parece que podemos esta abusando
de una cooperación ligada excesivamente a la deuda. Eso es lo que le
he dicho y lo mantengo. Ayudas, sí; créditos FAD, sí, pero con
matices. Por tanto, que no toda la ayuda esté ligada a la deuda,
porque eso no resuelve los problemas de una región empobrecida.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Cuando el Partido Popular estaba
en la oposición evidentemente ejercía la oposición,pero cuando estaba
en la oposición, no se manifestaba partidario de la democracia
participativa ni criticaba la democracia formal por insuficiente.
Pero esto es algo en lo que el señor Rodríguez Bolaños -no, hasta
ahora el Partido Socialista; en ninguno de sus documentos lo hace- no
está solo, comparte esa opinión con el presidente de Venezuela. Son
los dos a los que he escuchado, en foros públicos, defender la
democracia participativa como superación de la democracia formal.
Sinceramente no conozco otro caso. Desde luego estoy muy satisfecho
de que en ninguno de los documentos oficiales del Partido Socialista
figure esa expresión que hoy ha manifestado el señor Rodríguez
Bolaños, que -insisto- no está solo; en la comunidad iberoamericana
hay alguien más que dice exactamente lo mismo que dice él.
Señor Rodríguez Bolaños, no se trata de dónde está la soberanía -eso
lo sabemos-, sino de dónde está la representación, que es otra cosa
distinta. Cuando vuelve a decir que la sociedad civil está en contra,
yo digo: No, será alguien que está en la sociedad civil, pero no la
sociedad, porque la sociedad es un conjunto y, como una abstracción,
sólo puede tener una expresión, si la tiene, democrática y
representativa. Sólo se puede decir que alguien habla en nombre de
una sociedad si ha habido un proceso de elecciones, con competencia,
con libertad de presentación de opciones distintas y con expresión
del voto. Evidentemente, habrá quienes, dentro de una sociedad, que
es muy plural, y cuanto más libre, más plural, discrepen de esa
posición, de hecho, en las propias instancias representativas de las
democracias hay opiniones distintas, como estamos teniendo
oportunidad de ver en esta Comisión, felizmente, con matizaciones en
los segundos turnos. Ahora ya sabemos que el Partido Socialista está
a favor de los FAD. El señor Rodríguez Bolaños está equivocado
respecto a los datos. Esos 35 millones de euros no son el cien por
cien de la ayuda. Le he dicho que el cien por cien de la ayuda son
110 millones de dólares, de los cuales hay 35 millones de euros en
créditos FAD, que tienen además una liberalidad del 80 por ciento. Es
decir, sólo el 20 por ciento de estos 35 millones de euros es lo que
generará deuda con obligación de devolver, en unas condiciones muy
ventajosas y con un período de carencia como el que tenían
tradicionalmente los créditos
FAD. Por eso decía yo ahora que los que se van a pagar a partir del
año que viene son los concedidos hace más de cinco años.
La sociedad centroamericana va por el buen camino ¡claro que va por
el buen camino!, pero le queda mucho por hacer. ¿De verdad puede
usted pensar que se va a convocar una reunión del grupo consultivo,
que van a venir los jefes de Estado de esos países para decir lo mal
que están las cosas? ¿Le parece que ese sería el mensaje que se tenía
que enviar? ¿Usted cree que la ayuda que debemos dar a las sociedades
centroamericanas es decir que aquello es un desastre? (El señor
Rodríguez Bolaños hace signos negativos.) Eso es lo que dice el papel
que usted ha leído, que es la opinión de unos señores. En vez de
poner de relieve que esas sociedades han hecho un enorme esfuerzo de
reconciliación nacional, de pacificación en esos países, que tienen
unas estructuras democráticas perfectibles, como todas -y aquéllas
más perfectibles que las nuestras-, y que piden la ayuda no sólo para
su desarrollo económico, la pura transferencia de recursos, sino que
piden también la ayuda -y así se aprueba- para el fortalecimiento
institucional porque son conscientes de que lo necesitan, lo que
usted pretende es que se hubiese pedido aquí que los presidentes de
esos países vinieran a decir lo mal que están aquí las cosas, como lo
dice esa organización, en vez de transmitir el mensaje de confianza
de decir: Señores, estamos por un camino de esfuerzo, nos está
costando, tenemos dificultades, estos son procesos largos, pero
colaboren con nosotros, tanto en el fortalecimiento institucional
como en inversiones, como en que se liberalice el comercio para que
podamos tener ingresos para mejorar nuestro nivel de vida. Eso es,
exactamente, lo que se ha hecho en una reunión en la que España fue
el anfitrión. Y considero la declaración que le he leído y que supera
las expectativas que había habido, porque hubo una respuesta muy
positiva de la comunidad donante internacional respecto de las
expectativas que se tenían al principio y de las que se contenían en
los papeles que había manejado el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es una declaración de los jefes de la delegación, no es la del
Gobierno español. Lo que yo he leído es lo que dijeron ellos en una
declaración final en la que, efectivamente, dos párrafos iban
dirigidos a España. Uno, para agradecer que España sea el país que
más ha ayudado a esa región -y está comprometido a seguirla ayudando-
y el otro para solidarizarse con el pueblo y con el Gobierno español
ante los ataques de ETA a nuestra democracia y a los ciudadanos
españoles. Esos son los dos únicos puntos que se dirigen a España. Y
España, precisamente porque es consciente de que queda mucho camino
por recorrer y de que son unas sociedades que tienen unas estructuras
muy frágiles, va a seguir considerando prioritarios a esos países, y
no simplemente haciendo declaraciones pomposas cada dos años, sino,
año tras año, día tras día, considerándolos prioritarios en los
presupuestos, en partidas que a S.S. le parecen insuficientes,
y a mí también. Ya me gustaría que -y enlazo esto con lo que le decía
al principio de mi intervención, en la comparecencia sobre la ayuda
humanitaria y de emergencia-, en el ejercicio responsable de la
oposición, me dijese: Eso es insuficiente. Retírelo usted de tal
programa y aplíquelo a éste, que lo consideramos prioritario.
Nosotros lo consideramos prioritario, consideramos que si hubiese
más, podría haber más, pero que dentro de la asignación de recursos
es la correcta, y eso nos está diferenciando del resto de países de
la Unión Europea, por ejemplo, que ni de lejos consideran prioritaria
la zona centroamericana.
En cualquier caso, estoy seguro de que, no en esta intervención, pero
sí en lo que es la política profunda del Partido Socialista, hay un
acuerdo básico, porque lo había en la Ley de cooperación y porque ha
habido una continuidad en la acción exterior de España, también en la
cooperación, en estos 25 años de democracia española.
- EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE COOPERACIÓN. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000352.)
- LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO CONSEJO DE COOPERACIÓN. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 212/000473.)
El señor PRESIDENTE: Tal y como se había advertido al inicio de esta
sesión, se tramitarán conjuntamente los puntos 4 y 5 del orden del
día. Son dos solicitudes de comparecencia, presentadas por los grupos
parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): El Consejo de Cooperación al
Desarrollo se creo en 1995, si bien sólo la Ley de cooperación
internacional le da un nuevo perfil al configurarlo no sólo como un
órgano consultivo de la Administración del Estado, sino como un
órgano de participación, a través de los agentes sociales, las
organizaciones no gubernamentales, expertos, etcétera. Este órgano
consultivo se reunió en varias ocasiones con la composición que tenía
con anterioridad a la reforma que -imagino- es el motivo de esta
comparecencia.
En la composición anterior el Consejo estaba integrado por 21
miembros: seis en representación de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo de mayor implantación en el ámbito
estatal propuestos por
la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo;
seis en representación de los agentes sociales de cooperación,
distribuidos de la siguiente forma: dos por organizaciones sindicales
más representativas, dos por las asociaciones empresariales más
representativas, uno por las universidades propuesto por el Consejo
de Universidades y uno por las asociaciones de derechos humanos en
cuanto que organismo de carácter privado; y además ocho expertos,
propuestos por consenso de los miembros del Consejo. Frente a esta
pluralidad de miembros, solamente uno, su presidente, representaba a
la Administración.
El Consejo fue funcionando, tuvo algunas reuniones y se vio
claramente la escasísima operatividad del mismo con esta composición,
pero además había un incumplimiento claro de lo que preveía la propia
Ley de cooperación, porque el artículo 22 establece que en el Consejo
de Cooperación al Desarrollo, además de la Administración, que era la
parte principal del Consejo, participaran los agentes sociales,
expertos, organizaciones no gubernamentales especializadas e
instituciones y organismos de carácter privado presentes en el campo
de la ayuda al desarrollo, pero además de la Administración. Esto
llevaba a que, siendo, como es, la cooperación española muy plural en
cuanto a los órganos que actúan en la cooperación -es decir, el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes, etcétera-, no estaban presentes en el Consejo,
con lo cual era muy difícil que allí hubiese un debate y una
confrontación de opiniones con los otros sectores representados. En
el propio Consejo, con su composición anterior, se planteó la
necesidad de esta reforma, y se llegó a un texto, a propuesta del
Gobierno, que fue dictaminado favorablemente dentro del Consejo. Este
texto es el mismo que luego se ha aprobado con una sola modificación,
y es que de los seis representantes de las organizaciones no
gubernamentales, en vez de ser los seis elegidos por la Asociación de
Organizaciones no Gubernamentales más representativas, son sólo dos
asociaciones de mayor implantación las elegidas por ésta o estas
asociaciones y cuatro representantes de organizaciones no
gubernamentales lo son por serlo de las organizaciones más
representativas.
Esta fue una modificación sobre el proyecto que había presentado el
Ministerio de Asuntos Exteriores al Consejo de Cooperación en el
trámite de la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios
previo al Consejo de Ministros, pero fue una iniciativa acordada por
distintos ministerios y desde luego plenamente asumida por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, porque la anterior composición del
Consejo llevaba a que hubiese una gran inoperancia en el mismo, ya
que, primero, estaban fuera del Consejo las organizaciones de mayor
representatividad y, al mismo tiempo, como los representantes de las
organizaciones no gubernamentales lo estaban en función de una
elección por unos representados,
no había forma de que ninguna cuestión se aprobase en un Consejo,
había que tener dos reuniones del Consejo porque, una vez que se
llevaba esta cuestión a dictamen, decían que tenían que ir a
consultar a las bases que los habían elegido. Por tanto, se optó por
esta fórmula. Había quien planteaba que tenían que ser las seis las
más representativas, pero se llegó a esta fórmula de equilibrio de
que hubiese dos en representación de la o las asociaciones de
organizaciones y cuatro las más representativas.
Esto tenía bastante sentido, primero por la experiencia negativa del
funcionamiento pasado, y luego porque, cuando en el Consejo se
pretende tratar de cuestiones de fondo de la cooperación española y
cuestiones que tienen que ver también con la actuación a largo plazo,
tenía mucho sentido que las organizaciones con más experiencia, con
más capacidad de actuación y con mayor volumen de actividad
estuviesen presentes en el Consejo con voz propia, en función de lo
que se representan a sí mismas, exactamente con la misma fórmula que
tienen los sindicatos o las organizaciones patronales. Es decir, no
hay dos representantes de los sindicatos elegidos por votación en una
reunión de todos los sindicatos que haya en España, donde tiene el
mismo voto el primer sindicato de implantación estatal y un sindicato
puramente local que pueda haber un un municipio cualquiera. Podría
haber sido esa la fórmula, no lo fue. Sin embargo, creemos que la
presencia de las organizaciones sindicales con este sistema de ser
las más representativas era enormemente operativa en el Consejo, como
lo era también la de las organizaciones empresariales, que hay muchas
y podrían también reunirse todas ellas y decir: vamos a ver si
votamos quiénes son los que están presentes.
Este decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros, y aquí también
importa dejar bien claro que el único que elabora los decretos es el
Gobierno; el Consejo de Cooperación es un órgano consultivo, no es un
órgano legislador, no se dedica a hacer normas, cosa que había hecho
en algún momento, y de hecho como presidente del Consejo, cuando se
preguntó si para el decreto de convocatoria de las ayudas creábamos
una comisión de redacción del decreto, tuve que decir que aquí no se
creaba ninguna comisión de redacción del decreto, aquí se escuchan
las opiniones de todos los que están representados en este Consejo y
sólo el Gobierno redactará el decreto, de lo que responderá ante el
Parlamento, ante la opinión pública e hipotéticamente ante los
tribunales, como debe ocurrir en cualquier sistema de democracia
formal, de la única democracia de verdad que existe en el mundo, es
decir, de la democracia representativa, donde los poderes públicos
son responsables y donde no se llega a un sistema de
irresponsabilidad general porque, con una polisinodia que supera a la
del tiempo de los Austrias, resulta que esto está lleno de consejos y
al final el Gobierno no es responsable de nada y puede presentarse en
cualquier sitio diciendo: no, si yo pensaba otra cosa. Cuando el
señor Campuzano me pregunte, yo le diría: yo estoy de acuerdo con el
señor Campuzano, ya querría yo haber hecho lo que dice el señor
Campuzano, pero como resulta que el consejo de tal dijo esto, el
consejo de cual dijo esto y el consejo europeo dijo lo otro, al final
yo no tendría ninguna responsabilidad porque me había tenido que
someter a los acuerdos con un sistema, yo creo que no bueno, que
tenía el Consejo en su funcionamiento, que es que necesariamente todo
tenía que salir aprobado por unanimidad. Los acuerdos son muy buenos,
y de hecho se han logrado en casi todo, pero otra cosa es que la
capacidad de tomar decisiones quede condicionada al acuerdo, porque
sería tanto como conceder derecho de veto a cualquiera de los que
están representados en el Consejo, y me parece que era muy importante
que el Gobierno fuese responsable ante la Cámara y ante la opinión
pública y que el Consejo fuese operativo.
Estaba la cuestión de, una vez decidido que son cuatro en
representación de las organizaciones más representativas, ver cuál
era el criterio para decidir quiénes eran las más representativas. Se
plantearon varias opciones en el seno de la Agencia, cabían sistemas
como por financiación pública, por financiación privada, por número
de voluntarios, por países en los que tienen actividad..., y al final
se vio que el sistema más objetivo, y por tanto de mayor garantía no
sólo para los que están, sino para los que no están y pudiesen
recurrirlo, era el volumen de actividad que tenía cada una de las
organizaciones no gubernamentales, volumen de actividad que
evidentemente refleja que si tienen una actividad muy importante será
porque tienen fondos privados y fondos públicos, delegaciones en
países, personal voluntario o cooperante, etcétera. Establecido este
criterio, las cuatro organizaciones que tenían que estar eran Cruz
Roja, Manos Unidas, Intermón y Ayuda en Acción, y a las cuatro se
invitó a participar. Con posterioridad, Cáritas Española informó y la
propia Coordinadora de organizaciones no gubernamentales dijo que
efectivamente era así, porque los datos que habíamos manejado
nosotros eran los del anuario de la Coordinadora donde venían los
recursos y Cáritas Española aparecía con dos mil y poco millones, sin
embargo tenía siete mil, porque lo que aparecía allí era la central
de Cáritas Española y no la suma de la central de Cáritas Española
más las Cáritas de todas las diócesis que al final suman una cantidad
superior a siete mil millones que la colocaba entre las cuatro más
representativas por este criterio que se había seguido, que la verdad
es que yo plantee en dos reuniones distintas del Consejo que si
alguien me decía un sistema alternativo objetivo estábamos dispuestos
a contemplarlo. Nadie lo planteó. Hubo quien dijo que se debían de
tener en cuenta criterios éticos, o unos códigos éticos, y dijimos
eso no es planteable porque no es objetivable y por tanto no es
recurrible, no ofrece garantías a los administrados, cosa que tiene
que hacer la Administración.
La Coordinadora de organizaciones no gubernamentales dijo que este
sistema no era aceptable para ellos, que ellos querían elegir a los
seis, como se venía haciendo anteriormente y que no se podía plantear
ese criterio que exigía el decreto de mayor representatividad, que la
representatividad viniese no por el volumen de sus actividades sino
por el respaldo electoral que hubiese tenido en la asamblea de la
Coordinadora. Esta posición no era aceptable, porque si se había
cambiado el sistema era precisamente para que fuese otro que tenía
las ventajas que acabo de explicar, y entonces decidieron no
participar. Se les envió un escrito en el que se les dijo que tenían
que designar a dos representantes, contestaron con un escrito en que
designaban a seis, y no se nombró a ninguno.
Con posterioridad, y en la primera reunión del Consejo, ha habido un
escrito de la presidenta de la Coordinadora de ONG en la que pide que
se nombre a los que representan a la Coordinadora. Se les ha dicho
que digan quiénes son los dos, pero sólo dos, y en esas estamos,
porque el escrito que teníamos era de seis y no de dos. No sabemos si
después de ser nombrados asistirán las reuniones o no; en cualquier
caso Intermón dijo que a la primera reunión no asistía y que iba a
tomarse un tiempo para ver cómo evolucionaban las cosas, declinó
participar en el Consejo por la falta de acuerdo entre la
Coordinadora y la Secretaría de Estado, y además porque -según
dijeron- ya habían estado en varios consejos y pensaban que les
tocaba también la oportunidad a otros.
En estos momentos el Consejo de Cooperación ha tenido ya dos
reuniones desde su nueva constitución prácticamente al completo, en
concreto el 24 de abril y el 21 de mayo de este año, donde han estado
representadas todas las organizaciones (sindicales, patronales,
universidad y representantes de las asociaciones de derechos
humanos), las cuatro organizaciones no gubernamentales que dice el
decreto, que al renunciar Intermón son Cruz Roja, Manos Unidas, Ayuda
en Acción y Cáritas Española, así como ya hay dos expertos que han
sido nombrados, porque los expertos los nombra el Gobierno pero tiene
que ser oído el Consejo, por tanto en la sesión constitutiva no
podían ser nombrados, tenía que ser oído el Consejo; se ha procedido
a unos nombramientos, faltaba uno por nombrar, que ya ha recibido el
oído del Consejo en la reunión del 21 de mayo, y habrá una profesora
de la universidad de Zaragoza que ya ha sido nombrada y participará
en la próxima reunión del Consejo.
En estas dos reuniones el Consejo ha funcionado como no lo había
hecho hasta ahora en la experiencia que yo tengo, ha tratado y ha
debatido en profundidad sobre cuestiones fundamentales de la
cooperación española, como es el Plan anual de cooperación para el
2001, que desde el mes de julio o septiembre, no me hagan mucho caso,
pero por lo menos desde septiembre no se había podido aprobar con el
anterior Consejo por esta historia de que había que consultar a las
bases.
Se ha hablado de los aspectos de la Presidencia española de la Unión
Europea relacionados con cooperación al desarrollo. Se ha hablado de
los programas de fortalecimiento institucional, con especial atención
a los programas específicos para partidos políticos, sindicatos
y organizaciones empresariales, que esta Comisión conoce bien porque
planteé aquí en el debate de presupuestos si se aceptaba que hubiese
unos programas específicos para partidos políticos, multiplicando por
cuatro la cantidad que se destinaba hasta ahora, así como otra línea
especial para cooperación sindical y cooperación empresarial,
especialmente con Iberoamérica, en la línea del fortalecimiento
institucional, que he visto es una preocupación compartida por la
Comisión con el Gobierno. Se ha hablado del balance de la tercera
conferencia de países menos avanzados, celebrada en Bruselas en
abril, y de la reunión de alto nivel del Comité de Ayuda al
Desarrollo, celebrada en París. Ha habido un informe y debate sobre
los créditos FAD y se ha hablado de la evolución y perspectivas del
programa de microcréditos. En ambos casos habrá dos comisiones que
trabajarán sobre el asunto, porque sobre todo en el aspecto de los
microcréditos son muchas las cuestiones en las que tenemos que
avanzar. Tenemos muy poca experiencia en la Administración, y sin
embargo hay organizaciones que tienen experiencia, hay expertos que
conocen el asunto. El representante de la Universidad en el Consejo
precisamente es especialista en esta cuestión, y se van a crear dos
grupos de trabajo para que la agencia en futuras convocatorias pueda
mejorar sus programas de microcréditos, así como respecto de los
créditos FAD. Se acordó también que se crease un grupo de trabajo
para el estatuto del cooperante, que es cuestión de la que se va a
tratar con posterioridad, que se ha aplazado hasta que estuviesen los
expertos, porque parece que eran quienes más tenían que participar en
este aspecto.
La simple enumeración de estos temas y las aportaciones de los
representantes del Consejo revelan que es el órgano consultivo que
necesita la Administración española en esta materia. En definitiva,
consideramos que la reforma era necesaria y que ha sido muy útil para
poder contar con un Consejo de Cooperación equilibrado y eficaz en su
funcionamiento.
Sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de cooperación, son pocas
las cosas que quedan en dicho desarrollo. Es decir, se han aprobado
todo los decretos. (El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón señor secretario, ha pedido el uso de la
palabra el Grupo Popular, que era el grupo que había presentado la
iniciativa.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Para aclararle al señor presidente que
como acordamos en Mesa y portavoces, esa iniciativa del Grupo Popular
que quedaba colgada de hacía tiempo, venía expresamente a la cuestión
del Consejo de cooperación, no a ninguna otra
cuestión. Por tanto, el señor secretario de Estado ha contestado a
nuestra petición de comparecencia amplia y cumplidamente con su
intervención anterior.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias, señor Izquierdo, por esa
aclaración. En todo caso, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Sí, queda el estatuto del
cooperante, pero eso es objeto de una pregunta específica y por eso
no me he referido a ella.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Por tanto, sustanciada la
intervención del secretario de Estado respecto de las comparecencias
solicitadas y concretada la solicitada por el Grupo Popular respecto
de la puesta en marcha del nuevo Consejo de cooperación, tienen el
uso de la palabra los grupos que habían solicitado la comparecencia,
y por tanto el señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANDADÉS: Gracias, señor secretario de Estado.
Su comparecencia esta mañana en este punto del orden del día, desde
el punto de vista de mi grupo parlamentario no da respuesta a la
cuestión principal, que es muy simple: ¿por qué si en octubre del año
2000 el Consejo dictamina favorablemente el contenido del borrador de
un real decreto en el que se prevé mantener la misma fórmula de
elección de miembros del Consejo en representación de las ONG al
desarrollo que viene funcionando desde el año 1995, posteriormente,
creo recordar que en marzo de 2001, sin que se produzca ningún factor
diferencial respecto del año 1995, el Gobierno decide cambiar en
exclusiva en real decreto la fórmula elección de los representantes
de las ONG al desarrollo?
El señor Cortés ha argumentado para justificar este cambio la falta
de operatividad supuesta que se produce en el Consejo resultado de la
necesidad, que quizá deberían tener los representantes de la
Coordinadora en el seno del Consejo, de consultar a sus
representados. De ahí creo que hay que hacer dos consideraciones.
Una, que en todo caso ese problema ya existía en octubre de 2000 y
que entonces el Gobierno entendió que el valor político de llegar a
un acuerdo en el Consejo pasaba por asumir que la fórmula de elección
continuaba siendo válida -insisto que desde 1995 hasta el año 2000-,
que en todo caso entre octubre de 2000 y marzo de 2001 no sucede nada
nuevo para justificar ese cambio y las reuniones que existen por
parte de la Coordinadora de relaciones internacionales para el
desarrollo en relación al Plan director en seguimiento de las
actividades de sus representantes en el Consejo es escasísima, se
limita a una sola reunión, por tanto
no se puede decir que la Coordinadora provoque lentitud en los
trabajos de la Comisión, en todo caso no había ni más ni menos que
los que se producían antes de octubre.
Segundo, nos parece que se ha conducido mal esta situación, que la
Secretaría de Estado ha creado una crisis grave que ha pasado por la
renuncia de una organización como Intermón a participar en los
trabajos del Consejo; la renuncia de expertos como Rafael Grasa y
Josep Rivera a la propuesta del Gobierno de incorporarse a los
trabajos del congreso y lo que para nuestro grupo es más inquietante:
ha introducido las semilla de la confrontación dentro del sector.
Creo que la responsabilidad de la Administración general del Estado
en su interlocución con los sectores sociales que trabajan en el
ámbito de la cooperación no es introducir la semilla de la
confrontación, la semilla de la discusión estéril, la creación de
condiciones que puedan permitir a las ONG que van a optar por
participar en las reuniones del Consejo enfrentarse con el resto de
la Coordinadora. Eso me parece irresponsable y que no nos lleva a
nada, o quizá nos lleve no a un Consejo que sea dócil el tiempo dirá
si el Consejo va a ser dócil o no, sino que nos lleva a una sociedad
civil organizada débil. Creo que una sociedad moderna, una sociedad
que se pretende madura, una sociedad que pretende dar juego también
al conjunto de otros actores que hoy aparecen como elementos
primordiales en la configuración de las agendas políticas y sociales,
exige una sociedad civil organizada fuerte, potente, con capacidad de
crítica, con presencia en los medios de comunicación, con capacidad
real de interlocución con el Gobierno y que sea capaz de pactar con
el Gobierno. Creo que desde el año 1995 hasta ahora el conjunto del
sector de cooperación al desarrollo en España ha demostrado un nivel
de madurez elevadísimo. Se pactó no tan sólo en sede parlamentaria
sino en sede social, una buena Ley de cooperación al desarrollo; se
mejoraron aspectos sustanciales del desarrollo de esa Ley; se
participó de manera responsable en la elaboración del Plan director;
se han mantenido discrepancias con el Gobierno y creo que eso no es
malo. El Gobierno gobierna desde la legitimidad que le dan las urnas,
desde la legitimidad del sistema y las organizaciones sociales
participan también desde su legitimidad en la configuración de esa
opinión y puede haber no coincidencias, pero eso queda ahí, quedan
las no coincidencias y queda la decisión del Gobierno. Creo que el
Gobierno se ha equivocado y no se ha equivocado porque las cuatro
organizaciones sociales no sean representativas, no se ha equivocado
porque pretenda quizá un Consejo menos crítico en sus planteamientos,
se ha equivocado porque se ha debilitado a los movimientos sociales
en términos generales, y creo que una sociedad moderna eso no se lo
puede permitir.
Quiero decirle, señor Cortés, que además en el conjunto de reales
decretos y de legislación que a nivel estatal regulan la
participación de los movimientos
sociales en diversos ámbitos como el de las personas mayores, en el
ámbito de las ONG de acción social, en el ámbito de los consejos
económicos y sociales, etcétera, se prevé siempre que los
nombramientos de los representantes de esa sociedad civil se
produzcan por esos propios representantes. Tal capacidad de
autoregulación del sector se acepta en función de diversas leyes. Por
ejemplo, en el campo sindical y empresarial, esa capacidad de
autoregulación del sector llevó en su día a que esta Cámara legislase
en esa materia y que se estableciese por ley -no por decisión del
Gobierno- el concepto de organización social más representativa, y lo
que determina que sean Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme los
representantes en el CES o en el Consejo de cooperación no es el
hecho de que tengan más o menos afiliados; lo determina el hecho de
que la ley dice cómo se establece esa representación. Pues bien, no
existe ninguna ley en España que establezca cuáles son los criterios
para determinar las ONG de ayuda al desarrollo más representativas.
Quizá sería bueno que el Gobierno, antes de lanzarse a modificar
unilateralmente el Consejo, hubiese formulado esa reflexión en
términos políticos. Creo que en ese aspecto se ha actuado de manera
prepotente y equivocada rompiendo lo que había sido una buena
trayectoria del Gobierno del Partido Popular.
En la pasada legislatura su Gobierno tuvo problemas y discusiones con
los sectores no gubernamentales. Todos participamos de ello; en esta
Comisión se habló y el Grupo Popular hizo esfuerzos de intermediación
entre la sociedad civil organizada y el Gobierno, y no les fue mal.
No le fue mal al Gobierno, no le fue mal a la política de cooperación
al desarrollo y no les fue mal a las ONG. En cambio, usted ha optado
por lo que cree que le va a resultar más fácil y cómodo; pero a medio
plazo nos va a complicar la vida a todos porque el Consejo de
cooperación perderá legitimidad, al menos a corto plazo, y espero que
la recupere a la larga.
Ahí está el hecho de que la Coordinadora haya recurrido la
elaboración del real decreto; el hecho de que Intermon haya decidido
no asistir; el hecho de que en el interior de otras ONG que van a
participar en el Consejo se haya vivido esta situación de manera
conflictiva. Usted sabe que una de las cuatro ONG no participó en la
reunión del 24 de abril y que los socios de otra de las
organizaciones han vivido con cierta dificultad todo este proceso.
Todo ello no ayuda al clima de entendimiento que parece nos conviene
a todos, y muy especialmente al Gobierno.
Creemos que se ha cometido un error y nos gustaría ver al Gobierno en
las próximas semanas en condiciones de corregirlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Este debate es ilustrativo de lo que fue
el debate de la Ley de cooperación,
a la que ha hecho mención el secretario de Estado al principio
de su intervención.
Hicimos entre todos y con un acuerdo parlamentario muy amplio una Ley
de cooperación, uno de cuyos puntos a debatir fue el papel del
Consejo de Cooperación que había sido creado por Real Decreto del año
1985, sin un marco jurídico que amparara su constitución, y que tenía
entonces unas características bien distintas de las del año 1998, en
que se pretendía otra cosa. El debate está en el 'Diario de Sesiones'
y ahí están también las posiciones de los diferentes grupos
parlamentarios en el punto del Consejo y también el espíritu del
legislador.
Comparto la opinión del secretario de Estado sobre la relación
procesal de los hechos que ha enumerado. Pretendíamos distintas
cuestiones, y por acuerdo de todos porque ahí no hubo discrepancia,
entre otras por ejemplo que el Consejo de cooperación al desarrollo
fuera un órgano consultivo y de participación del Gobierno.
Entendíamos los legisladores que el Gobierno para acertar tiene que
estar en permanente contacto con la sociedad civil, con las
organizaciones sociales.
El sector de la cooperación es amplio, los agentes de la cooperación
son variados y están en el Consejo de cooperación. ¿Por qué digo
esto? No quiero extenderme, pero viene a cuento de la polémica de
fondo que ha habido hoy en esta Comisión sobre cuestiones relativas
a la democracia formal. En el debate hubo planteamientos bastante
radicales, en mi opinión, que pretendían que el Consejo de
cooperación fuera un órgano de control del Ejecutivo, y además del
Legislativo. Recuerdo a SS.SS. que en el antiguo Consejo de
cooperación existía una comisión de seguimiento Legislativo. Incluso
se llegó a pretender, y lo rechazamos todos los grupos
parlamentarios, que el Consejo tuviera vinculación con el Parlamento
más allá de la tramitación de los dictámenes. Entendíamos que quien
representaba a los ciudadanos y tenía que ejercer el control del
Gobierno, de las acciones del Ejecutivo y también de aquellas
organizaciones sociales que participan en programas gubernamentales,
era el Parlamento; de hecho el Parlamento español se constituye en
esa Ley de cooperación como un órgano rector de la cooperación.
En cuanto a la composición, el prejuicio de las organizaciones no
gubernamentales entonces era la falta de presencia de la
Administración. El Consejo quedaba devaluado por una presencia mínima
de la Administración. De hecho, el primer real decreto confirmó esa
prevención de las organizaciones sociales: no había presencia de la
Administración. Entiendo perfectamente que el Gobierno modificara ese
real decreto para darle mayor presencia a la Administración, porque
entre otras cosas así lo demandaban las organizaciones sociales.
En cuanto a la representatividad, señorías, las organizaciones no
gubernamentales en este país se asocian en diferentes grupos; los hay
de derechos humanos, de desarrollo, hay grupos que se dedican
fundamentalmente a las cuestiones de ayuda humanitaria y de
emergencia,etcétera. La representatividad, lo ha dicho el
portavoz del Grupo Catalán, es una cuestión que no se puede
determinar exactamente. Nosotros entendemos que el hecho de que en el
Consejo estén las organizaciones no gubernamentales más
representativas con dimensiones verificables y objetivas, sin
contestación dentro del sector y sin conflictos internos, es una
decisión acertada. Constatamos también lo que ha dicho el señor
secretario de Estado, no ya desde el Parlamento o desde alguna
posición partidaria, sino desde una posición de conocimiento de las
cuestiones que suceden en las organizaciones no gubernamentales o en
el conjunto de organizaciones que las agrupan. La cuestión de la
representatividad es una cuestión complicada que las propias
organizaciones no gubernamentales están revisando, por ejemplo las de
la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales, donde en su
junta de gobierno no se representan a las instituciones sino a las
personas. Las personas no se sienten legitimadas cuando van a órganos
superiores y tienen que volver a preguntar. Señorías, este debate es
de fondo pero también de formas y de renovación de instituciones en
las que todos debemos andar. Pensamos que el Consejo puede funcionar
perfectamente, que es un órgano consultivo del Gobierno y un órgano
de participación, donde tienen que estar las organizaciones no
gubernamentales, como van a estar, y las no gubernamentales más
representativas. No pensamos que se haya originado ningún conflicto,
el Consejo tiene que funcionar y puede hacerlo perfectamente en lo
que es su misión determinada por la ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Casado, le ruego por favor brevedad.
El señor PÉREZ CASADO: Seré breve pero, señor presidente, señor
secretario de Estado, tendré que hacer algunas consideraciones
previas en plan telegráfico.
El Partido Socialista, que tiene una larga tradición democrática a
sus espaldas, puede agradecer algún consejo, pero señor secretario de
Estado, le rogaría que se abstenga, ya nos lo hacemos nosotros
mismos; lo hacemos a lo largo de nuestros congresos y dentro de
nuestra organización, porque en definitiva cuando usted aludía a las
consignas, hace muchos años que nosotros dejamos en el armario de los
recuerdos aquello de la unidad, disciplina y fe en el mando, que
quizá pueda ser de aplicación en otros lugares pero nunca dentro del
Partido Socialista. Por supuesto no obedecemos a ninguna consigna
semanal, porque en todo caso nuestras iniciativas ya llevan muchas
semanas aquí y quizás incurriríamos en un desprecio a quien nos
hubiera puesto la consigna para ésta. Llevamos muchas semanas, muchos
meses trabajando en el tema de la cooperación internacional,
ateniéndonos a lo que es una voluntad común de contribuir al debate,
pero sobre todo a aplicar políticas, porque si no tendría que empezar
a decir que hay una perversión del lenguaje, y este terreno es muy
resbaladizo. Lo que en el Gobierno de
la nación se dice déficit cero, en mi Comunidad Autónoma Valenciana
es megadéficit, y no por ello entro a discutir las oportunidades que
cada uno de esos gobiernos tiene a bien aplicar.
Yendo ya al Consejo de cooperación, me ha parecido ilustrativa la
alusión a la España de los Austrias, por lo de la polisinodia. Creo
que la polisinodia concluía en una cosa tremenda, que era una
monarquía absoluta. Espero que ni el secretario de Estado ni el
presidente del Gobierno del Partido Popular se inclinen por
establecer consejos múltiples para acabar ejerciendo un poder
absoluto. No lo consentiríamos, por otra parte.
Finalmente, en esas consideraciones que sí tienen que ver con nuestro
tema, yo creo que si hay un espacio de interlocución, si hay una
organización autónoma que tiene sus propios cauces de expresión es
poco conveniente -en términos de democracia formal, pero también
participativa- introducir un elemento de discordia, de confrontación,
o en todo caso anular lo que eran decisiones que hasta hacía muy poco
no se consideraban perturbadoras del normal funcionamiento de las
instituciones. Visto a veces cómo se opera en el ámbito
reglamentario, se me ocurría pensar aquello de porque no se sabe
nunca, como diría El Principito, que a lo mejor era más conveniente
no siquiera desarrollar reglamentariamente nada. Estábamos bien como
estábamos puesto que había un ámbito de coincidencia y un ámbito de
trabajo común, porque pienso que no es un hecho casual -me gustaría
que lo fuera, debo confesarlo, como demócrata y como socialista- que
esto sea una vez más la vuelta de la espalda del Partido Popular a la
sociedad civil. Me va a permitir una pequeña y muy cortés
intervención. Estoy seguro de que el señor secretario de Estado ha
leído a Karl Popper, que es uno de los popes de cierta línea de
pensamiento, pero sin duda ninguna llevado de su inquietud habrá
leído también a Conforth acerca de la sociedad abierta y de las
instituciones intermedias. Eso es lo que nosotros los socialistas
llamamos sociedad civil y a ello se refería mi compañero Rodríguez
Bolaños, no hacia cualquier interpretación torcida que excluyera la
representación política como norma de aplicación y de ejercicio de
los poderes públicos.
Dichas estas bromas -que no eran en absoluto bromísticas-, le digo
que nosotros como grupo creemos ver en estos años, especialmente en
el último, cierta intención de subordinar esa sociedad civil, en los
términos que le acabo de describir con tanta brevedad, a los
intereses de Gobierno, no a los intereses de Estado o de España. ¿Por
qué? Porque hay una dejación creciente de las funciones públicas
derivándolas al ámbito privado, lo hemos visto y lo hemos discutido
en esta Comisión repetidamente. Insisto, quisiéramos no verlo así,
pero me hago una pregunta de fondo, y es por qué motivos se ha
logrado crispar de algún modo en el interior de organizaciones no
gubernamentales o dentro de las instituciones formales o casi
formales, como la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales
al desarrollo, por qué se ha introducido un elemento de perturbación
que en nada contribuye a cumplir lo que es una obligación derivada de
la ley, y es que exista un Consejo de cooperación representativo, con
capacidad de interlocución para informar. No nos haga decir lo que no
hemos dicho, señor secretario de Estado, y lo digo con todo respeto,
porque ahí vuelvo al terreno resbaladizo de la lingüística, y
Wittgenstein, que hace sólo 50 años que ha muerto, ya nos aconsejaba
que aquello que no sepamos, mejor nos callamos y que a veces las
palabras son su significado mismo. Aquí no hemos querido perturbar
ninguna conceptualización que ponga en cuestión la lealtad absoluta,
y a precios muy elevados a lo largo de la historia, la lealtad de los
socialistas hacia el sistema democrático y la lealtad de los
socialistas, hoy como ayer, hacia lo que son políticas en las que
entendemos debe haber, en las que es imperativo que exista una
coincidencia de la representación política con la representación
social para los objetivos últimos, que son -no me lo hagan reiterar-
ayudar en nuestro ámbito la lucha contra la pobreza, la lucha por la
igualdad de género, etcétera. Esto lo que lleva dentro precisamente
es reforzar los mecanismos de la sociedad civil en los términos a que
me he referido, insisto, en los que habla nuestro partido siempre
oficial, oficiosamente y aquí, en boca de este portavoz de manera
rotunda, que nos han llevado siempre a contribuir a que eso sea
posible. Cuando objetamos que a veces nos da la impresión de que la
cooperación internacional de España para el desarrollo no forma parte
de la política exterior del Reino de España, lo que estamos
expresando es una inquietud porque entendemos que debe ser uno de los
pilares fundamentales de la acción exterior de nuestro país. ¿Cómo
vamos a poner arena en el motor más sencillo, que es el que
representa a amplios colectivos sociales, que representa a una
sociedad viva y solidaria? ¿Por qué le ponemos arena para que
funcione? No hay ninguna necesidad. Esperamos y confiamos en que haya
una rectificación en el sentido más noble del término, que no
significa desdecirse o rechazar aquello que uno mismo piensa, sino
acomodarse a la realidad, y la realidad es que la coordinadora de
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo tiene cierto
disgusto porque no actúe el portavoz suyo. Me limito a recoger algo
que existe y a traerlo a la Cámara, como es mi obligación como
diputado y en nombre de un partido que siempre ha estado del mismo
lado de la ayuda. Le debo agradecer que cite -lo ha hecho con cierto
vehemencia- a dos significativos líderes de nuestro partido: don
Felipe González Márquez y don Javier Solana Madariaga. Creo que
hicieron una buena política exterior para el Reino de España, que
tuvieron la sensibilidad de recoger estas aspiraciones de la sociedad
civil y que el que desde los ámbitos de la responsabilidad que ahora
ocupan y de su propia libertad opinen, no debemos poner objeción
alguna, porque ahí sí que pondríamos una objeción clave al sistema
democrático, que es la libertad de cada cual de expresar sus
ideas.
Espero sinceramente que haya un camino de acuerdo para que ese
Consejo de cooperación, aparte de ser órgano consultivo que cumpla
legalmente lo que se le encomiende, sea además representativo y sea
un lugar donde las gentes contribuyan de buena fe y con sus
conocimientos a mejorar la cooperación internacional de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Casado, esta Presidencia ha sido
benevolente con usted dado que no solamente se ha limitado a fijar su
posición respecto a lo que ahora se debatía, sino que ha hecho
también constantes alusiones a otras intervenciones. Queda, desde
luego, a criterio del secretario de Estado entrar en ese otro tipo de
cuestiones que ya habían sido objeto de debate. Se agradece su
intervención. A continuación, tiene el uso de la palabra el
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, el consejo, tal
y como está configurado actualmente, es más operativo, más
representativo y tiene una mayor legitimidad que la que tenía en la
anterior composición.
El ejemplo de los sindicatos es muy adecuado. Efectivamente, están
los más representativos. Es una cuestión formal si esa decisión se
adopta por una norma con rango de ley o por una norma con rango de
decreto. La cuestión es si quien está representando allí es el más
representativo por algún criterio objetivo, como es el caso de los
sindicatos, o es simplemente alguien que elige una coordinadora.
Hay un consejo equilibrado por la presencia de la Administración, por
la presencia de las organizaciones no gubernamentales, porque hay una
presencia mixta: por un lado, están representantes de las ONG de
mayor implantación (dos), creo que sea algo cuantitativo. Si la
coordinadora como tal quiere tener una opinión, la puede tener
incluso con dos personas allí. Lo que se echaba de menos, junto con
la ausencia de la Administración, es que no estuvieran las
organizaciones más representativas, las más representativas, no las
que elige el Gobierno. Ahora están allí, con un criterio objetivo
para llegar a esa representación. Si resulta que hay alguien que
teniendo la responsabilidad de una mayor representatividad o la de
pertenecer a esa coordinadora no quiere ejercerla para tener una vía
de participación y un espacio de interlocución no sólo con el
Gobierno sino con la Administración y con otras instancias de la
cooperación, cada uno tiene que ser responsable de lo que quiera
hacer con la legitimidad y la representación que tiene. El Gobierno
es responsable de aprobar los decretos y es el Gobierno el que ha
aprobado este decreto que fue dictaminado por el Consejo de
cooperación en unos términos en el mes de octubre y que fue aprobado
con esa sola modificación porque, al margen de que
hay otros ministerios que opinan en la tramitación de cualquier
decreto -y opinaron en ese sentido-, el Ministerio de Asuntos
Exteriores no va a escurrir el bulto, acepta plenamente esa posición,
pero entre octubre y marzo pasaron muchas cosas. Por ejemplo, que el
plan director fue tres o cuatro veces al consejo y cada vez con
nuevas propuestas, de forma que había que retroceder a las bases; que
el plan anual todavía no está aprobado debido a esa falta de
operatividad y que se pretendió retrasar la aprobación del decreto
que establecía las bases del nuevo sistema de ayudas a las
organizaciones no gubernamentales, tuvo que ir dos veces al consejo y
volver a las bases. La propia coordinadora ofreció -tengo que
decirlo- que los que ellos elegían ya sólo se representarían a sí
mismos por haber sido elegidos, no tendrían que volver a las bases.
Hasta ahora no había ocurrido así y nos parece que tiene mucho más
sentido que cuatro de los seis sean los más representativos por
razones objetivas y no porque hayan sido elegidos en un colectivo que
ya tenía dos y, por lo tanto, puede expresar la opinión de ese grupo.
Las organizaciones más representativas tienen que estar en un consejo
que se pretende que sea operativo. Como bien enseña el maestro
Popper, es bueno acercarse al empirismo. En las dos reuniones que ha
habido del consejo, con la nueva composición, ha demostrado una
representatividad, una legitimidad y una operatividad que no había
tenido hasta ahora. Por tanto, esperamos que el escrito que ha
dirigido la presidenta de la cordinadora de ONG, solicitando ser
nombrados los dos miembros es porque van a asistir. Las otras
organizaciones asisten a justo título, porque son las más
representativas de entre las organizaciones no gubernamentales
españolas y están haciendo una aportación de enorme utilidad a este
consejo como espacio de interlocución entre la Administración y los
agentes de la cooperación. (El señor Campuzano i Canadés pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano. Le ruego
sea muy breve.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor Cortés, sus razones no nos
convencen, sino que nos preocupan más. El hecho de que entre octubre
y marzo de 2000 el plan director, el plan anual y ese decreto
tuviesen dificultades de interlocución en su debate en el consejo, a
pesar de que el plan director fuese aprobado y de que el plan anual
siga su tramitación, sólo indica algo que es característico de España
desde hace muchos años, que la política de cooperación al desarrollo
es el resultado de ese diálogo, de ese debate entre los sectores de
la Administración pública y la sociedad civil. Si hubiésemos seguido
esa filosofía que usted expresa, seguramente la Ley de cooperación al
desarrollo no hubiese salido de esta Cámara con ese apoyo
parlamentario tan amplio. Ahí está la cuestión principal que nos
preocupa. Es necesario que usted sepa escuchar lo que le plantea la
sociedad civil; que sepa tener
capacidad de interlocución y, en última instancia, sepa tomar las
decisiones. Eso nadie lo discute, porque usted es el Gobierno y para
eso fueron elegidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Precisamente para poder escuchar a
la sociedad hay que escuchar a los que la representan. Para ello
están las organizaciones que más representan y dos que representan a
la asociación de organizaciones, al margen de la representatividad
que tengan quienes quieran elegir como representantes. Según la
propuesta que se nos hacía, había unos que se elegían y otros que
estaban allí porque así se había decidido, sin mayor
representatividad. Por tanto, hay cuatro que tienen la máxima
representatividad y dos que tienen la representatividad que les
quiera dar la asociación de organizaciones no gubernamentales,
precisamente porque se quiere dialogar, porque se quiere que éste sea
un espacio de interlocución. En las dos reuniones que ha tenido este
consejo hemos visto que hay no sólo mayor legitimidad, sino mayor
operatividad que antes, que, insisto, era paralizante de la política
de cooperación. Lo hemos podido comprobar en bastantes reuniones de
este consejo, que nunca se había reunido tantas veces como ahora.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CLOTAS I CIERCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LA FORMA EN QUE VA A ARTICULARSE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA DE
COOPERACIÓN Y DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON
LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN CAROLINA. (Número de
expediente 181/000704.)
- DEL SEÑOR CLOTAS Y CIERCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LA FORMA EN QUE VA A ARTICULARSE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA DE
COOPERACIÓN Y DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON
LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN
CULTURAL EN EL EXTERIOR (SEACEX). (Número de expediente 181/000705.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que es el relativo a la contestación a las preguntas. Dada la hora,
no creo que tenga que pedir nada a las señorías intervinientes.
En primer lugar, para formular la pregunta que figura con el número 9
del orden del día, tiene la palabra el señor Clotas i Cierco.
El señor CLOTAS I CIERCO: En aras de una mayor brevedad, voy a
formular las dos preguntas en el mismo turno, dado que tienen una
naturaleza parecida. Sí ruego que conste que las dos han sido
formuladas, aunque lo haga en un mismo turno.
Hace unos meses, en diciembre, la opinión pública y los miembros del
Parlamento conocimos a través de los medios de comunicación dos
importantes decisiones: la creación de una Sociedad estatal para la
acción cultural en el exterior y la Fundación Carolina. Como todas
las decisiones que tienen trascendencia -y éstas indiscutiblemente la
tienen-, provocaron una cierta polémica en los medios de comunicación
en algunos aspectos a los que no va dirigida mi intervención; quizá
en otro momento podremos tener un debate más amplio sobre estas
cuestiones. Son dos iniciativas novedosas, sobre las que yo no me
pronuncio pues no tendría razón de ser ya que desconozco bastante
sobre ellas -conozco algunas actuaciones de la sociedad estatal-,
pero sí tengo una preocupación al respecto: la forma en que estas
instituciones -la fundación y la sociedad estatal- van a articularse
en su política de cooperación con la política de la Agencia Española
de Cooperación Internacional. Este es el sentido exacto de las
preguntas que le formulo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado,
para contestar a ambas preguntas de forma acumulada, como figurará en
el 'Diario de Sesiones'.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Efectivamente, el Gobierno ha
creado la Sociedad estatal para la acción cultural exterior; más bien
habría que decir que ha transformado una sociedad que ya existía, que
era la Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de
Felipe II y de Carlos V, que, a su vez, era la Sociedad estatal para
el centenario de Goya. Había cambiado el objeto social y el nombre,
pero era la misma estructura: una sociedad estatal instrumental para
estas actividades, dependiente de Patrimonio del Estado. La Sociedad
estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y de
Carlos V ha tenido una ejecutoria realmente excepcional en lo que ha
sido la presentación de su rendición de cuentas, por así decirlo, la
memoria de sus actividades; las exposiciones que ha tenido en España
y fuera de España; las publicaciones; aspectos musicales, teatrales.
La recuperación del patrimonio vinculado a la etapa de los dos
monarcas cuyos aniversarios se conmemoraban la presentan como un
modelo de buen hacer y un equipo que debía ser aprovechado para
actividades que el Estado necesita
y muchas veces se encuentra con dificultades instrumentales
y operativas. Se había decidido hace bastante tiempo que cuando
terminase el centenario de Carlos V, es decir, al final del año 2000,
esa sociedad, ese equipo humano y esa estructura permaneciesen para
algo que probablemente se necesitaba desde hace mucho tiempo pero que
ahora, en la medida en que España tiene una mayor actividad exterior,
una mayor presencia internacional y también en el terreno cultural,
se nota muy especialmente, que son las dificultades que sin duda S.S
conoce bien que se presentan cuando se hace una exposición fuera para
actuar en las contrataciones administrativas convencionales, que son
más lentas. Es una sociedad de capital cien por cien público, sujeta
por lo tanto a todos los controles y garantías que deben tener los
recursos públicos, pero instrumentalmente de una mayor agilidad, que
es la razón por la que gobiernos anteriores la utilizaron para el
caso de Goya, de las exposiciones universales o los centenarios de
Carlos V y Felipe II.
La incardinación en la polítical cultural exterior se hace mediante
la modificación de la sociedad anterior para convertirla en la
Sociedad estatal para la acción cultural exterior, y se establece que
será una sociedad de Patrimonio del Estado vinculada a los
ministerios de Asuntos Exteriores y Educación, Cultura y Deportes. El
Ministerio de Asuntos Exteriores tiene muchas responsabilidades
culturales en el exterior y alguna interior. Baste recordar todas las
consejerías culturales; los centros culturales en Iberoamérica; la
presidencia del Instituto Cervantes, que está orgánicamente adscrito
al Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque participan en él, como
bien conoce S.S., desde la génesis del Instituto tres ministerios en
origen, dos ahora; la Academia de Roma; la Casa de América en Madrid,
así como las bienales que se organizan en todo el mundo, que son
también responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores; el
programa de recuperación de Patrimonio tanto en América como en
África, que es uno de los programas más importantes; el programa
Ibermedia, que está radicado en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
y alguna otra actividad como la Biblioteca Hispánica, distintos
premios, los cuadernos hispanoamericanos, es decir, todas las
actividades que bien conoce S.S. Y son evidentes las
responsabilidades que tiene el Ministerio de Cultura no sólo por los
bienes culturales que custodia en el interior, sino también por la
proyección de estos bienes y de la cultura española en el exterior.
Por lo tanto, los dos ministerios tienen una participación en el
consejo de administración de esa sociedad y en el diseño de su
actividad, que se coordina también en el marco tanto del Consejo de
política exterior como de la Comisión delegada del Gobierno para
asuntos culturales. En ambos organismos está tanto el Ministerio de
Asuntos Exteriores como el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes.
La Fundación Carolina, que se constituyó a finalesdel año pasado pero
que se va a presentar públicamente
a finales de esta semana, es también instrumental de una de las
actividades que venía haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y
un programa nuevo. El patronato de la Fundación Carolina lo preside
el presidente del Gobierno, hay cinco o seis miembros del Gobierno,
son patronos personas especialmente relevantes en la vinculación de
España con América, sobre todo en el terreno empresarial, y han
aceptado la participación como patronos los ex presidentes
Sanguinetti, Betancourt, Zedillo y el ex primer ministro portugués
Pinto Balsemao, así como los presidentes de las empresas españolas
más relevantes que tienen participación en América.
Esta fundación va a desarrollar dos programas, uno de becas y otro de
visitantes. En los presupuestos de este año, aprobados por la Cámara
-es algo que se debatió en ese momento- están previstos 500 millones
para el programa de becas y 200 millones para el programa de
visitantes. El programa de visitantes es una novedad, no se venía
haciendo hasta ahora; otros países más desarrollados lo habían hecho
y ha llegado el momento en que estamos en condiciones de llevarlo
a la práctica y se va a hacer a través de esta fundación. En cuanto al
programa de becas, se pretende que tengan una mayor y mejor dotación
que las que se vienen dando hasta ahora. Son becas de postgrado para
artistas o profesionales que se anunciarán para toda la comunidad
iberoamericana en cursos distintos y especiales. Es decir, no es el
programa de becas que sigue teniendo el Ministerio de Asuntos
Exteriores, que son becas para doctorado o para postgrado en la
universidad española, que continúan, sino que serán becas para cursos
especiales que tendrá que aprobar el patronato, que precisamente se
reúne el viernes, por tanto, no puedo en estos momentos comprometer
ninguno de los cursos. Habrá cursos de derecho, cursos de economía,
cursos de cultura en lingüística, en música, en museología, medio
ambiente, Administración y Función pública, etcétera. Serán cursos
para grupos de entre cinco y 30 personas, combinando clases teóricas
y prácticas con estancias largas, en general nueve meses, aunque, si
lo aprueba el patronato, va a haber cursos que serán de tres meses
o más cortos. Serán cursos con los que ofrecer a los iberoamericanos
unas becas de un atractivo semejante al que puedan tener las becas
estadounidenses en estos momentos. Es algo que nos habían pedido los
gobiernos con los que cooperamos y entra dentro del programa de
cooperación a la formación en niveles superiores de países
básicamente iberoamericanos, aunque también abierto a otros países
con los que España tenga especiales vínculos históricos o culturales.
El programa de visitantes no está limitado a los países
iberoamericanos, es más, son básicamente otros países los que van a
ser beneficiarios de este programa aunque haya también países
iberoamericanos. Está abierto a todos los países del mundo para que
personas en estancias cortas, de una a tres semanas, puedan conocer
la realidad española en los sectores que más
les pueda interesar (política, periodismo, universidad,
investigación, cultura) y esto se hará en colaboración con las
embajadas respectivas, sin inventar nada nuevo sino al modo en que lo
hacen otros países, muy singularmente los Estados Unidos de América
con el visitors program.
El señor PRESIDENTE: Señor Clotas, brevísimamente, por favor.
El señor CLOTAS I CIERCO: Con toda la brevedad posible, señor
presidente.
En primer lugar, deseo agradecer al secretario de Estado la
información que con premura ha tenido que dar, como mi respuesta
ahora también va a ser breve por el tiempo que llevamos ya reunidos
hoy, aunque quiero concretar algo.
Entiendo en parte lo que ha explicado sobre la sociedad estatal. Es
cierto que ha habido una sociedad estatal, el Partido Popular ha
tenido una tendencia, a nuestro parecer excesiva, a la creación de
sociedades estatales. El convertir esa sociedad estatal en una
sociedad estatal que haga una labor continua no parece, en principio,
reprochable. Desde luego, tendremos que juzgarlo a la vista de los
resultados y quizá algún día profundizar en la propia naturaleza de
una sociedad estatal que no se crea para una cuestión ad hoc, ya sea
el V Centenario o Felipe II, sino que tiene una vocación de
continuidad. En este sentido, le agradezco la información pero quizás
debamos producir el debate un poco más tarde.
En cuanto a los dos objetivos de la fundación, conozco la demanda de
la que ha hablado el secretario de Estado y espero que también pueda
responder a la misma. Más allá de esta presentación meramente
operativa de ambas iniciativas, lo que hoy no ha planteado el
secretario de Estado -quizá no debería hacerlo yo porque es un debate
más profundo que se realizará en un futuro- es que el servicio
exterior de la cultura española no es perfecto o es perfeccionable. Y
en esto no va incluida una crítica, que seguramente podría hacerse,
tanto a lo que ha realizado el Partido Popular en el Gobierno como a
lo que hicimos los socialistas cuando estuvimos en él, sino
simplemente dejar constancia de algo que es conocido de todos y por
supuesto por el secretario de Estado, que es que el sistema de
nuestro servicio exterior en materia cultural es perfecionable. Se
han introducido dos elementos muy decisivos aunque hayan sido
presentados incluso con modestia y que tienen repercusiones que a lo
mejor éste no es el momento para debatir en profundidad, no es hoy el
día. De lo único que quiero dejar constancia al secretario de Estado
es que sin que mi grupo se pronuncie en esta Comisión de una manera
taxativa respecto a estas iniciativas y aceptando sus explicaciones,
queda pendiente un debate un poco más globalizado sobre lo que debe
ser un buen servicio exterior de la cultura. La cultura española es
algo que tiene demanda,
en esto coincidimos, y lo hemos dicho en nuestros respectivos
programas, el Partido Popular y el Partido Socialista, y debemos
tener un servicio a la altura. Hay dos iniciativas y las vamos a
considerar con mayor profundidad.
No alargo más la sesión. Reitero el agradecimiento por las
explicaciones a la vez que solicito en cierto modo que haya un
próximo debate con mayor profundidad.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Por supuesto, estoy encantado de
tener este debate y es muy sensato que se plantee que la Sociedad
estatal para la acción cultural exterior -que, insisto, es sólo para
la organización de determinadas exposiciones, no tiene otra finalidad
y es donde están los dos ministerios coordinados- se juzgue a la
vista de sus resultados. Desde luego, los que ha tenido hasta ahora
son espléndidos y en esta nueva etapa tendrá que ser juzgada no sólo
por la Cámara sino por los propios responsables y habrá que ir
haciendo la evaluación. En cuanto a los dos objetivos de la
fundación, tanto las becas como el programa de visitantes, son dos
proyectos todavía no nacidos aunque de momento han venido dos
visitantes. Son dos programas por hacer y es buena tanto la
información como la participación en los mismos y el debate que se
pueda tener en toda la profundidad y extensión que considere la
Cámara.
- DE LA SEÑORA TORRADO REY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CONSIDERACIÓN POR EL GOBIERNO DE LA AYUDA HUMANITARIA COMO
COLABORACIÓN OFICIAL. (Número de expediente 181/000721.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que figura con el número 11 del orden
del día. Tiene la palabra para la formulación de la misma la diputada
señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Señor secretario de Estado, como usted sabe,
el pasado día 14 de marzo el delegado del Gobierno en Madrid,
Francisco Javier Ansuátegui, anuló los hermanamientos de Torrejón,
Rivas Vaciamadrid y Tres Cantos con poblados saharauis. El señor
Ansuátegui se apoya en una sentencia que anuló un hermanamiento
porque cuando el Estado español no ha reconocido a otro Estado un
municipio del primero no puede entablar relaciones con un pueblo del
segundo hasta el punto de acordar hermanamiento y máxima colaboración
oficial entre las corporaciones de ambos, por lo que mi pregunta es
la siguiente: ¿Considera el Gobierno español la ayuda humanitaria
como colaboración oficial?
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Sí.
El señor PRESIDENTE: Señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Muchas gracias por la brevedad.
La semana pasada, en una pregunta similar en la Comisión de Asuntos
Exteriores, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor
Nadal Segarra estuvo en su línea y puntualizó que las actuaciones que
ha emprendido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid
responden a su obligación derivada de la competencia exclusiva del
Gobierno en materia de política exterior. Me va a permitir que le
diga que ambos toman el camino contrario por el que va nuestra
ciudadanía. Deberían preguntarse por qué más de 200 municipios a lo
largo de toda la geografía española han tomado la decisión de
hermanarse con dairas saharauis, donde existe una población que no
llega a las 250.000 personas. Deberían preguntarse por qué este
fenómeno no tiene equivalente con otros países con los que también
tenemos lazos históricos. Usted conoce las circunstancias que
rodearon el éxodo saharaui. La retirada de España de esta colonia
tras los desafortunados acuerdos de Madrid abrieron el camino a las
ambiciones expansionistas de Marruecos. El pueblo saharaui fue
perseguido y obligado a refugiarse en el desierto de Argelia. Desde
entonces miles de familias están divididas: una parte sobreviviendo
en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia y la otra
soportando las reiteradas violaciones de los derechos humanos por
parte de las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sahara occidental
ocupado. Imagino que compartirá el apoyo que desde todas las
instituciones internacionales se da al Plan de arreglo que firmaron
ambas partes para la celebración del referéndum para la libre
determinación del pueblo del Sahara occidental. Pero, después de casi
diez años de espera y de que la ONU haya dedicado un enorme esfuerzo
humano y económico, la actitud de Marruecos sigue entorpeciendo el
proceso, dilatando su culminación en el tiempo y ha provocado que
exista un grave riesgo de que se reanuden las hostilidades.
Son más de veinticinco años que este pueblo soporta los rigores del
desierto con la esperanza de volver a sus casas, y durante todo este
tiempo siempre ha tenido a su lado al pueblo español, que se ha
organizado para enviar ayuda humanitaria a los campamentos y, sobre
todo, acogiendo a los niños saharauis a través del programa
Vacaciones en paz. Son dos meses en nuestro país en los que a estos
niños se les aporta un complemento a su deficitaria nutrición, un
seguimiento médico que detecta a tiempo numerosas enfermedades,
perfectamente curables en nuestro país, y una temperatura diez o
quince grados menor que en el desierto, sobre todo en estos meses de
verano; pero sobre todo se llevan
el cariño de quienes los han tenido en su hogar, y es esta
movilización silenciosa de los ciudadanos, que creen que la causa es
justa y que consideran que las instituciones deben involucrarse, la
que provoca que los ayuntamientos sensibles a esta llamada acudan al
protocolo de hermanamiento para comprometerse a colaborar en mayor
medida en los proyectos de ayuda humanitaria a una determinada daira
sahararui. No hay más que ganas de ayudar por parte de estos
ayuntamientos, por lo que considero que aún podría rectificar el
señor Ansuátegui y entender que no vamos a dejar a los saharauis
abandonados en el desierto; al contrario, este año van a venir más
niños que nunca, y cuando se vayan habrá muchos más hermanamientos,
porque así lo quieren los ciudadanos.
Espero que usted sepa transmitir a todos los delegados al Gobierno
este deseo del pueblo español y no vuelva a producirse nunca más una
actuación tan deplorable.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene el uso de la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, si S.S. hubiese
formulado una pregunta en la que me hubiese anunciado que íbamos a
hablar sobre el pueblo saharaui, yo estaría en condiciones de
responderle, y con mucho gusto lo haré cuantas veces quiera. Si S.S.
me pregunta si considera el Gobierno la ayuda humanitaria como
colaboración oficial, le reitero que sí lo considera.
La señora TORRADO REY: Así es como la han transcrito. Si le enseño
tal y como yo la formulé estaba indicado que era lo que le he
mencionado.
El señor PRESIDENTE: Señora Torrado, de lo que dispone tanto esta
Mesa como lógicamente el órgano, en este caso la Secretaría de
Estado, que es convocado para contestar a las preguntas, y realizar
las comparecencias es expresamente lo que figura en el orden del día,
de la documentación que se haya podido aportar, no más. Por tanto,
esta Presidencia no entra a calificar los extremos a los cuales usted
se ha referido.
- DE DON RICARD PÉREZ CASADO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ROMPER EL ACUERDO ALCANZADO EN
EL CONSEJO DE COOPERACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL MISMO, EN LO
RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE SUS VOCALES. (Número de expediente 181/
000738.)
- DE DON RICARD PÉREZ CASADO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
EL PAPEL ATRIBUIDO POR EL GOBIERNO A LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA.
(Número de expediente 181/000803.)
- DE DON RICARD PÉREZ CASADO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ORIGINADO CON LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO A CAUSA DE LA DESIGNACIÓN POR LA
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA
(SECIPI) DE REPRESENTANTES DE ESTAS ORGANIZACIONES EN EL CONSEJO DE
COOPERACIÓN. (Número de expediente 181/000804.)
El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, el siguiente
punto del mismo se refiere a la pregunta que formula el señor Pérez
Casado, que tiene el número 12 del orden del día. En todo caso, esta
Presidencia no tiene por qué reiterar la hora que es, pero sí la
conexión evidente de la pregunta 12 que formula el señor Pérez Casado
con las número 14 y 15 del orden del día. Esta Presidencia no puede
disponer de las preguntas que se formulan, pero sí puede realizar
este ruego, dada la conexión, acerca de la acumulación o no o el
tratamiento que el preguntante tenga a bien realizar.
El señor Pérez Casado tiene el uso de la palabra para formular las
preguntas.
El señor PÉREZ CASADO: Señor presidente, compartimos semejante
inquietud, incluso por los términos de mantenimiento físico de estos
diputados y diputadas. Por tanto, voy a ser muy breve.
Las tres tienen conexión y, por supuesto, constarán en el 'Diario de
Sesiones' de esta Comisión como formuladas. Voy a empezar por la que
se refiere al papel atribuido por el Gobierno a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo en la política de cooperación española,
puesto que a partir de ahí, junto con las explicaciones anteriores y
la contestación que tenga a bien darnos ahora el señor secretario de
Estado, se podrían entender mejor las otras dos, la relativa a los
motivos que han llevado al Gobierno a romper el acuerdo alcanzado con
algunas ONGD y la referida a cómo piensa resolver el conflicto que
sin duda alguna se ha generado. Soy consciente de que buena parte de
la argumentación del señor secretario de Estado ya me ha sido
proporcionada -así lo entiendo-, por lo que en aras de la brevedad no
voy a reiterar la argumentación de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): El Gobierno considera que la
cooperación en la ayuda al desarrollo es cosa de todos, de toda la
sociedad, por lo que se tiene que hacer no sólo por las instancias de
la Administración, por lo que es la ayuda oficial, o por las
organizaciones multilaterales, a las que también España contribuye,
sino que, cuanto mayor sea la generosidad y la entrega de la sociedad
española, mucho más valiosa será su cooperación en la ayuda al
desarrollo. Así pues, en la medida en que esta cooperación se haga a
través de organizaciones no gubernamentales, el Gobierno les atribuye
un papel decisivo y querríamos que cada vez fuese mayor y más
importante. Es más, uno de los aspectos por los que estamos luchando
en estos momentos en los foros internacionales es para que se
reconozca que en España hay una contribución mayor que en otros
países precisamente a través de estas organizaciones privadas,
cuestión que no se tiene en cuenta a la hora de ver cuál es la ayuda
que prestan los españoles a otros países, porque la ayuda la
proporciona España. Los españoles pueden ayudar a través de sus
impuestos o de sus aportaciones a las organizaciones no
gubernamentales, mediante sus donativos, sus apadrinamientos o los
procedimientos que quieran. Nosotros estamos en la línea tanto de que
se pueda computar, para que los españoles conozcan lo que de verdad
están haciendo, como de adaptar la colaboración de la ayuda oficial
al desarrollo con las organizaciones no gubernamentales, donde se han
dado pasos muy importantes, como la aprobación de las nuevas normas
de concurrencia, las ayudas oficiales, que por primera vez ya no son
anuales, sino que se permite a las organizaciones con mayor
experiencia y volumen de actividad, a las más representativas, que
puedan tener estrategias de cuatro años y programas durante dos o
tres años para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, tenemos
una opinión tan positiva de las organizaciones no gubernamentales que
hemos querido que sean las más representativas las que participen en
el Consejo de Cooperación junto con los que actúan en representación
del conjunto de todas ellas a través de su asociación. Por pura
economía procesal, me remito a lo dicho en la anterior comparecencia,
ya que no tengo nada que añadir. Pero, si el señor Pérez Casado
quiere que repita lo que he dicho antes, lo haré con mucho gusto aún
a costa de la hambruna que ya se está extendiendo por la sala.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: En todo caso, no dependería solamente de lo que
pueda pretender el señor Pérez Casado, sino también de lo que esta
Presidencia tuviera a bien. Evidentemente, el debate se ha
desarrollado ampliamente y yo creo que el señor Pérez Casado no
pretenderá intervenir.
El señor PÉREZ CASADO: Pretendo intervenir, pero con la brevedad que
me caracteriza.
El señor PRESIDENTE: Sus propios compañeros y los miembros que
asisten a esta Comisión le agradecerán lo que usted tenga a bien
hacer.
El señor PÉREZ CASADO: No era necesario introducir una ruptura. No
podemos compartir sus criterios. Somos conscientes de que cada cual
tiene su responsabilidad, pero manifestamos que no podemos compartir
esos criterios y que, en virtud de esa actuación unilateral por parte
del Gobierno, no se puede prescindir de una ONG como Intermón, por
ejemplo. Simplemente quería constatar esto. Señor presidente, he sido
breve.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Nadie ha prescindido de Intermón
-Intermón ha decidido no participar en el Consejo, aunque estaba
invitada- de la misma manera que también se podría decir que no se
puede prescindir en el Consejo de Cruz Roja, de Cáritas, de Manos
Unidas o de Ayuda en Acción, tres de las cuales no estaban antes y
son las más representativas. Hay que buscar un equilibrio entre las
que son más representativas y aquellas que tienen la representación
del conjunto de las organizaciones asociadas. Esa es la razón por la
que se ha llegado a esta formulación del decreto, en el que espero
que la responsabilidad de todos, por la representación que tienen,
les lleve a participar en un Consejo, que va a tener muchas cosas que
hacer, porque hay muchas cosas que realizar en la cooperación
española; hay mucho que ir adaptando, mejorando, tanto en España como
en el concierto internacional, donde la cooperación española es cada
vez más activa.
- DE LA SEÑORA PAJÍN IRAOLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE COOPERACIÓN, EN LO
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE COOPERANTE. (Número de
expediente 181/000778.)
El señor PRESIDENTE: Por último, la pregunta que figura con el número
13 del orden del día. Tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Con el permiso del señor Izquierdo -lo digo
por la oportunidad o no de generar un debate en esta Comisión- y
esperando que el señor Cortés sea más extenso en la respuesta que en
la anterior pregunta, al Grupo Socialista le preocupa un tema que se
tendría que haber desarrollado y del que no
tenemos noticia. Nos preocupa porque, si hacemos un análisis objetivo
del desarrollo general de la Ley de cooperación, no podemos estar
satisfechos con esa gestión. Y no podemos estarlo porque a nadie se
le escapa que la constitución del Consejo -y no voy a entrar ahora en
el contenido del mismo- no se hizo hasta dos años después de la
entrada en vigor de la ley, tampoco se constituyó en plazo la
Comisión Interterritorial y en la elaboración del plan director se
puso de manifiesto el incumplimiento del entonces ministro Matutes,
pues se constituyó dos años después de la aprobación de la ley. En
ese sentido y por esa preocupación, le voy a recordar hoy al
secretario de Estado cuál es el artículo 38.2 de la Ley de
cooperación, que dice textualmente que se regulará el estatuto del
cooperante, en el que se fijarán entre otros aspectos sus derechos y
obligaciones, régimen e incompatibilidades, formación, homologación
de los servicios que presta y modalidades de previsión social. En la
disposición final segunda se mandata al Gobierno a promover las
reformas necesarias para la aprobación del estatuto en el plazo de un
año, plazo que -como usted sabe-, acabó en julio de 1999. A la luz de
la contestación por escrito que su Secretaría le envió a nuestro
portavoz, y después de lo que ha dicho usted en la anterior
comparecencia y la retirada de la iniciativa del Grupo Popular, no
está entre las prioridades de su Secretaría de Estado el desarrollo
de este estatuto, a no ser que ahora nos deslumbre con la respuesta.
Ante la necesidad de que haya un marco jurídico contractual
apropiado, me gustaría saber qué está haciendo el Gobierno para
desarrollar el estatuto del cooperante, qué sistema de consultas
piensa iniciar el Gobierno para cumplir ese mandato legal de la ley
con las organizaciones no gubernamentales, con la coordinadora, con
representantes de las organizaciones no gubernamentales en el
exterior, con las OTC que conocen la problemática y las especiales
dificultades a las que se enfrentan estas personas, todas con una
vocación y profesionalidad a prueba de bomba. ¿Qué explicación cabe
hacer y qué propuestas va a plantear este Gobierno cuando tras casi
tres años de vigencia de la Ley de cooperación ha incumplido el
mandato legal de la disposición final, que establece, como les decía
antes, el plazo de un año para promover cuantas acciones y reformas
legislativas sean precisas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): A estas alturas de la tarde, no
está entre mis objetivos deslumbrar a la señora diputada con ninguna
contestación, pero si S.S. hubiese consultado con algunas otras
personas que tengan alguna experiencia en esta materia sería
consciente de la complejidad del asunto. No quiero escudarme en
esto, porque uno tiene responsabilidades para hacer cosas difíciles,
y si no debe dejar paso a otro; pero esa no es la cuestión. La
cuestión no es que el asunto sea difícil, sino los muchos efectos no
deseados que puede tener el que se actúe de una manera que no sea la
correcta, pero no sólo para la cooperación española como una cosa
abstracta, sino, por ejemplo, para las propias organizaciones no
gubernamentales. Aquí entramos en cuestiones de relaciones laborales
muy complejas; conviene conocer también la opinión no sólo del
Ministerio de Trabajo, sino también de los sindicatos sobre la propia
esencia del voluntariado y si esto tiene contraprestaciones o no las
tiene, si genera derechos o no los genera, porque tiene unas
consecuencias fiscales muy serias. Hay aspectos consulares de la
mayor importancia, porque no se trata de que el estatuto lo tenga el
cooperante en España, sino de que lo tenga fuera y allí no se lo
puede dar España, se lo tendrá que dar el país en el que está. Se
puede hacer una simple pantomima y sacar una norma en la que se diga
que los cooperantes serán aquellos que actúan en el exterior con
carácter voluntario, sin que tenga ninguna consecuencia. El asunto
lleva estudiándose en la Agencia con muchas organizaciones no
gubernamentales, por expertos, con la Dirección General de
Consulares, hablándolo con las OTC, con todos los que ha mencionado
S.S., y desde hace bastante tiempo; sinceramente, no se le encuentra
solución, porque cuando se ve que hay algo que podía ser bueno,
resulta que tiene contraindicaciones. Hay organizaciones que
funcionan con personal voluntario y, si se les reconoce una
vinculación laboral con la empresa, con la ONG como empresa, no
podrían tener personal o no querrían tenerlo; así, por querer ayudar,
estaríamos perjudicando a las organizaciones no gubernamentales e
impidiendo, llenos de buena voluntad, que se desarrollara el fenómeno
del voluntariado. Por ejemplo -y esa es una de las cuestiones que
habría que contemplar- al mismo tiempo cabría la posibilidad, si no
se hacen bien las cosas, que por la vía de ese voluntariado se
estuviese haciendo cosas que las normas laborales o la práctica
sindical no desea: que haya personas haciendo trabajos sin
retribución, precisamente porque es voluntariado. Por tanto, el
asunto tiene una gran complejidad y esta es la razón por la que desde
la primera reunión del Consejo se planteó que se crease un grupo de
trabajo. Luego el Consejo tomó otra dirección, y ahora en la nueva
composición del Consejo se ha dicho que va a haber un grupo de
trabajo; pero parece que tenía sentido que se esperase a que
estuviesen nombrados los expertos que, como he explicado antes, lo
estarán una vez oído el Consejo. En estos momentos hay un experto que
está funcionando como tal y ha sido nombrada otra experta; tenemos
dos plazas por cubrir. No obstante, en la Agencia, en la Dirección
General de Consulares, en el Ministerio de Trabajo siguen tratando
este asunto que no tiene una fácil solución y, probablemente, cuando
se tenga toda la información en la mano habrá que tener
otro debate donde se vea si, tal vez llevados de buena intención, en
lugar de resolver un problema se crean tres, pero esto es algo que se
tiene que ver con bastante rigor y sentido de la responsabilidad y
hablando con todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Coincido con usted, señor secretario de
Estado, en que este es un tema complejo, pero convendrá conmigo en
que es su obligación y además mandato de la propia Ley de
cooperación, a la que tantas veces se refiere el señor portavoz del
Grupo Popular, y entiendo que debe ser un mandato que debemos cumplir
entre todos. Precisamente porque considero que es un tema
imprescindible y en el que tenemos que opinar todos, no solamente la
sociedad civil, sino también los grupos parlamentarios, me atrevo
a sugerir una serie de propuestas.
El señor PRESIDENTE: Señora Pajín, le recuerdo que es un trámite de
preguntas no de propuestas.
La señora PAJÍN IRAOLA: Yo en mi respuesta puedo decir lo que crea
oportuno.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, pero estamos ante un trámite de
preguntas.
La señora PAJÍN IRAOLA: Yo puedo fijar posición y decir las
propuestas que yo considere oportunas en mi respuesta.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, señora Pajín, y usted lo sabe,
pero lo que le ruego es la brevedad que corresponde al trámite en que
estamos, que es una pregunta oral en Comisión.
La señora PAJÍN IRAOLA: Muy brevemente, señor presidente.
Lo que mi grupo parlamentario le quiere decir hoy aquí, señor Cortés,
es que pretendemos que ponga los mecanismos adecuados a la mayor
brevedad posible para dar satisfacción a la necesidad de concretar la
promoción de la formación continuada de estos cooperantes, la
homologación y reconocimiento de los servicios prestados a la
cooperación española y las modalidades fiscales y de previsión social
que deben asistirles, en los que la Administración pública debe
concentrar sus
propuestas para dar un cumplimiento adecuado a la finalidad social y
de compromiso que realizan nuestros cooperantes.
Además, quiero adelantarle que nuestro grupo parlamentario -y hoy no
las voy a plantear por la brevedad del tiempo- tiene una serie de
iniciativas que sugerirle; estaríamos encantados de poder hablar con
usted acerca de ellos y de que este debate se haga con espíritu de
consenso, porque es absolutamente necesario.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, el señor secretario de Estado
tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, me reitero en lo
que he manifestado. Me alegro que se comparta que es una cuestión
compleja y -como bien sabe la señora diputada- tanto en la Cámara
como fuera de ella este Gobierno está no sólo abierto sino deseando
el diálogo y las aportaciones, sobre todo en estas cuestiones en las
que sinceramente hay muchos argumentos o razones que pueden tener
aspectos positivos, pero que también pueden ser contraproducentes.
Los hemos estudiado ahora, como antes, pero no se ha encontrado fácil
solución. También hay otros trámites en marcha. Si lo que se plantean
son cuestiones fiscales no es este el terreno, lo será cuando se
debatan las medidas de mecenazgo que se pueden plantear. Las
cuestiones laborales tendrán que verse por otro lado, pero bien sabe
la señora diputada que estamos abiertos al diálogo y deseando tenerlo
sobre la base de que se lleve a cabo en el Parlamento, con
iniciativas que planteen y que se puedan contrastar o, simplemente,
mediante un diálogo para intercambiar opiniones y ver cuál puede ser
el procedimiento, avanzando en esta línea o, tal vez, en la de
rectificar las disposiciones de la propia ley, si se ve que no es
posible o deseable el llegar a esta norma, porque lo que pueda tener
de bondad para algunos aspectos lo tiene de negativo para otros.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a SS.SS. presentes hasta el
final, a los servicios técnicos de la Cámara y, de una manera muy
singular, al secretario de Estado por el esfuerzo que ha hecho en
esta sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.