CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 241



*********************************************************************



NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3619 a la 3650. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
*********************************************************************



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA



Sesión núm. 16



celebrada el martes, 29 de mayo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia de la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte
(Del Castillo Vera), para informar sobre:



- Los borradores de proyectos de ley de Universidades y Formación
Profesional. A petición propia. (Número de expediente 214/000060.) .

. . (Página 7220)



- El borrador del proyecto de ley de reforma universitaria. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000391.) . . . (Página 7220)



- Posibles modificaciones a la ley de reforma universitaria. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000362.) . . . (Página 7220)

Página 7220



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
(DEL CASTILLO VERA) PARA INFORMAR SOBRE:



- LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE LEY DE UNIVERSIDADES Y FORMACIÓN
PROFESIONAL. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000060.)



- EL BORRADOR DE PROYECTO DE LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000391.)



- POSIBLES MODIFICACIONES A LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000362.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenos días, señoras y señores diputados. En nombre de la Comisión,
doy la bienvenida a la señora ministra de Educación, Cultura y
Deporte.

El orden del día de la presente sesión consiste en la celebración de
varias comparecencias de la señora ministra de Educación, Cultura y
Deporte, a petición propia para informar sobre los borradores de
proyectos de ley de universidades y formación profesional y a
solicitud de distintos grupos parlamentarios para informar sobre la
misma materia. Conforme a lo acordado por la Mesa y portavoces de
esta Comisión, vamos a unir los cinco puntos del orden del día,
dividiendo la sesión en dos partes. La primera será para informar
sobre el proyecto de ley de universidades y, después de un breve
descanso, continuaremos con la segunda parte de la sesión, en la que
se informará sobre el proyecto de ley de formación profesional.

Así pues, según lo que acabo de manifestar, tiene la palabra la
señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.




La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Buenos días, señorías, señor presidente y miembros de la Mesa.

El comienzo de mi intervención tiene relación con un hecho luctuoso e
inesperado: el fallecimiento, a consecuencia de un infarto del
catedrático Antoni Caparrós, hasta hace muy pocos días rector de la
Universidad de Barcelona. Quiero expresar aquí públicamente mi
condolencia a la familia, cosa que ya he hecho en privado, y mi pesar
por la pérdida de una persona con la que hasta hace muy poco días he
estado manteniendo una relación de cordialidad. Pero no sólo de
cordialidad, porque eso me ocurre con la totalidad de los rectores,
sino que también he dialogado mucho con él
cuando hemos mantenido reuniones con los rectores, habiendo sido una
persona con un espíritu siempre constructivo y positivo. Con toda
seguridad habrá manifestaciones en el plano institucional, puesto que
se trata de una pérdida lamentable, pero en el plano personal quiero
expresar que siento muchísimo que haya fallecido.

Paso a continuación al objeto de la comparecencia comparecencia que,
como ya saben todos ustedes, puesto que lo ha dicho el señor
presidente, se va a dividir en dos partes. En primer lugar, informar
en esta Comisión sobre el contenido del borrador de anteproyecto de
ley de universidades, anteproyecto que es públicamente conocido, por
tanto todos ustedes lo tendrán, igual que los miembros del Consejo de
Universidades, puesto que ha circulado ampliamente y, en segundo
lugar, hacer lo correspondiente con la formación profesional.

Pues bien, a efectos de hacer una presentación que resulte ágil y que
vaya a los temas sustantivos, a mi modo de ver lo primero que hay que
hacer es establecer los datos del contexto en los que se enmarca este
anteproyecto y, por tanto, esta propuesta de reforma del sistema
universitario.

Han transcurrido 18 años desde la entrada en vigor de la LRU. Desde
entonces ahora, el nuevo marco tiene las siguientes características
que hay que considerar. En primer lugar, ha culminado el proceso de
traspaso de competencias en materia de universidades a las
comunidades autónomas; en segundo lugar, se ha duplicado el número de
estudiantes universitarios. Hoy son 1.581.000 los estudiantes
universitarios, lo que significa un incremento durante estos 18 años
de 836.000 estudiantes. Es decir, que hace 18 años teníamos
aproximadamente la mitad de estudiantes universitarios que tenemos
ahora. En paralelo, ha habido un enorme crecimiento de universidades
públicas. El total de universidades nuevas creadas ha sido de 19, en
la actualidad hay 50 universidades que acogen a 1.479.000 alumnos, lo
que significa un 93,54 por ciento del total de estudiantes. Hay que
decir que se ha ido creando en los últimos 15 años prácticamente una
universidad cada seis meses. Por otro lado, se han creado 14
universidades privadas nuevas; hoy son 14 universidades privadas, más
cuatro universidades privadas de la iglesia. Estas universidades
privadas nuevas cuentan con un total de 102.000 alumnos, lo que
supone el 6,45 por ciento del total. En tercer lugar, tampoco hay que
olvidar, después de esta expansión cuantitativa que ha tenido el
sistema, tanto en número de estudiantes como en número de
universidades, el descenso de la natalidad y sus consecuencias de
futuro para predecir el marco en que nos vamos a encontrar, desde el
punto de vista del número de estudiantes, en la universidad española.

Por último, a efectos de lo que son los datos contextuales más
relevantes, hay que referirse también al inicio -este ya mucho más
reciente- del proceso



Página 7221



de desarrollo del espacio europeo de enseñanza superior, lo que
también hay que tener en cuenta a la hora de hacer una propuesta.

Pues bien, el siguiente plano en el que, a mi modo de ver, debemos
movernos para abordar la propuesta de reforma es el de cuáles son, a
lo largo de estos años, los problemas que se han identificado en el
sistema universitario y, por tanto, qué propuestas de solución se les
da y cuáles son las más convenientes. Yo me voy a referir, obviamente
haciendo una síntesis de esos problemas y subrayando aquellos que son
comúnmente compartidos, a los siguientes: primero, una falta de
agilidad y eficacia en la gestión universitaria; segundo, la
necesidad de mejorar el sistema de selección del profesorado;
tercero, la necesidad de una mayor movilidad de profesores y
alumnos; cuarto, la necesidad de revisar los sistemas de acceso a la
universidad; quinto, la ausencia de instrumentos que potencien la
actividad investigadora en la universidad; sexto, dificultades de
conexión en la actualidad entre la universidad y la sociedad;
séptimo, la insuficiencia en los procedimientos de evaluación de la
calidad y, por último, una insuficiente regulación de las
universidades privadas.

El siguiente aspecto que yo quiero destacar es que a lo largo de la
última década ha habido un debate creciente en las universidades
españolas en el que se han puesto de manifiesto distintos análisis,
distintas reflexiones sobre el fenómeno y se han hecho propuestas.

Este debate, que se ha reflejado por escrito en distintas ocasiones y
en distintos foros, tiene algunos documentos muy significativos. Por
ejemplo, el informe Universidad 2000, conocido como informe Bricall,
que fue solicitado por una asociación de derecho privado, como es la
Conferencia de Rectores de Universidades de España, cuyo objetivo era
analizar, diagnosticar y proponer soluciones. Más recientemente ha
habido el conocido también como informe Pascual, con los mismos
objetivos, encargado por la Generalidad de Cataluña al profesor
Pascual. También más recientemente ha habido el informe que ha
elaborado la Federación de Asociaciones de Catedráticos de
Universidad. Y en el seno del propio Consejo de Universidades hace
mucho tiempo que se vienen planteando debates que afectan a distintos
aspectos que hoy aborda la ley, bien sea el tema del profesorado,
bien sea el de los órganos de gobierno, etcétera. Es más, el Consejo
de Universidades ha realizado seminarios cuyas ponencias han sido
publicadas, por ejemplo, en los Cuadernos del Consejo de
Universidades, uno del año 1999 producto de un seminario que se hizo
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre sistemas de
gobierno de la universidad española, situación actual y perspectivas
de futuro; otro que se hizo en Burgos sobre el tema del profesorado y
muchos debates más. Hay una multitud de informes conocidos a este
nivel y de artículos académicos, incluso de tesis doctorales, de
pronunciamientos, etcétera, acerca de
cuáles son los problemas que tiene la universidad española y cuáles
podrían ser las soluciones, soluciones que, desde las distintas
perspectivas, en muchos casos son distintas, pero ha habido y hay un
debate abierto de manera casi continuada durante todo este tiempo.

Cualquiera que conozca la universidad española, siquiera someramente,
sabe que eso es así y no de otra manera.

La necesidad de una reforma de la ley universitaria es algo que está
totalmente consensuado. Por darles algunos datos empíricos, derivada
del seminario que realizó el Consejo de Universidades por encargo de
ese foro se hizo una encuesta (que está publicada por el propio
Consejo en un volumen sobre sistemas de gobierno) entre rectores de
universidades públicas y privadas, presidentes de consejos sociales y
consejeros de comunidades autónomas. Pues bien, a la pregunta de si
la reforma era necesaria, la respuesta de que es muy necesaria fue la
escogida por el 74 por ciento, bastante necesaria por el 92, de tal
manera que el 96 por ciento de representantes de distintos sectores
universitarios, sin equívocos, se manifiesta a favor de la necesidad
de una reforma.

Por lo que se refiere específicamente a la propuesta que hace el
Ministerio de Educación en este texto, tengo que decir que pretende
afrontar una reforma de la norma desde hace aproximadamente un año,
desde mayo o inicios de junio del año pasado, cuando tuvo lugar mi
primera comparecencia en esta Cámara para explicar las líneas de
política educativa y, por tanto, también las líneas de política
universitaria. A lo largo de este tiempo el Ministerio ha trabajado,
además de con la reflexión propia, con todo lo que se ha ido
produciendo a lo largo de estos años y ha tenido reuniones con
distintos sectores para recoger esas opiniones. Finalmente, el
Ministerio, cumpliendo con su labor, con su responsabilidad y con lo
que se le exige, ha elaborado un anteproyecto que ha puesto a debate,
que ha puesto en circulación, que presenté yo misma en el Consejo de
Universidades el día 19 de abril en sus líneas generales, pero muy
detalladas, y de acuerdo con el procedimiento que se aprobó en el
propio Consejo se ha procedido: se quedó en enviar el anteproyecto a
los miembros del Consejo para discutirlo en comisiones, la de
coordinación y la académica y, después, en un Consejo extraordinario,
y así se hizo. Posteriormente, los rectores, al margen de su
presencia, que sin duda ha de tener, en el órgano institucional que
es el Consejo de Universidades, que es donde se tiene que realizar el
debate, plantearon que ellos querían algún tiempo para debatir más el
proyecto y para presentar unas alternativas a los puntos que
consideraban más problemáticos y se comprometieron a hacerlo el 30 de
mayo; de hecho, hoy hay una reunión de la comisión permanente de la
conferencia de rectores y mañana una asamblea. Por razones obvias del
fallecimiento de Antoni Caparrós, el propio Ministerio ha pedido,
porque va a estar presente



Página 7222



también en las exequias de Antoni Caparrós y porque, lógicamente, sus
compañeros rectores querrán asistir, que se pasara al día siguiente,
de tal manera que la asamblea de la CRUE se pueda realizar el jueves
y no mañana, como estaba previsto, puesto que mañana es el entierro.

Los rectores fueron los que fijaron esa fecha del 30 de mayo y yo
estoy convencida de que son personas responsables y van a cumplir con
los compromisos que han adquirido. Los compromisos eran que el día 30
de mayo -será el 31, por las razones que acabo de expresar-
plantearían esas alternativas, esas propuestas sobre los temas que
ven más complicados, con los que están menos de acuerdo, y el
Ministerio tendrá en consideración aquello que considere que es
razonable tener en cuenta y hablará con los rectores. Las comisiones
de coordinación y la comisión académica, donde están presentes
también los rectores, seguirán también su curso para llegar
próximamente a un pleno extraordinario del Consejo donde por parte
del Ministerio ya se haga el informe último después de todo lo que se
ha ido recogiendo. Evidentemente, este anteproyecto se tramitará en
el Parlamento, que es el lugar donde en una democracia representativa
se produce el debate político social, porque es el foro en el que se
han de tener en cuenta los intereses de la sociedad respecto de un
determinado tema y no los intereses de quienes están afectados por el
tema. Es en el Parlamento donde se tienen que contemplar los
intereses de la sociedad con relación a la reforma universitaria.

Además, tengo que decir también que es la primera vez en nuestra
democracia que un debate sobre reforma universitaria se hace de esta
manera. Es la primera vez que un documento se envía al Consejo de
Universidades y se atiende a un conocimiento previo de los miembros
del Consejo de Universidades, de los rectores o de los consejeros de
Educación antes de dar traslado al Parlamento. Quiero recordar que,
en el trámite de la Ley de reforma universitaria, el proyecto de ley
remitido por el Gobierno fue publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales el día 1 de junio de 1983, exactamente a los 8 ó 9
meses de haber ganado las elecciones el Partido Socialista, se
tramitó por el procedimiento de urgencia a petición del Gobierno y se
acordó la celebración de sesiones extraordinarias en el mes de julio
en el Congreso y en los meses de julio y agosto en el Senado para la
discusión del proyecto, a solicitud del Gobierno. Finalmente, esta
ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de septiembre
de 1983.

Señorías, saben que esta ley va a comenzar su trámite parlamentario
al inicio del siguiente período de sesiones, es decir, que se va a
poder discutir durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
subsiguientes, dependiendo de cómo vayan desarrollando y abordando
los trabajos, y que ha sido ahora cuando se ha planteado este tema.

Por tanto, todos estos datos que
están en la realidad de cómo se ha elaborado este proyecto hay que
ponerlos sobre la mesa.

Pues bien, inicialmente hablaba de los datos contextuales en los que
se inserta esta propuesta de reforma, en segundo lugar, de la
identificación de los problemas, en tercer lugar, he hecho una
referencia al tema del debate y ahora voy a entrar en los objetivos y
el contenido de los grandes aspectos de este anteproyecto de ley de
universidades. Si tuviéramos que definir los grandes objetivos -y hay
que hacerlo- del anteproyecto de ley de universidades, hay que decir
que el objetivo central es la calidad en el sistema universitario. Es
necesario pasar de una expansión cuantitativa a un sistema que tenga
por objetivo la calidad de, entre otros, los siguientes aspectos. En
primer lugar, evaluación del sistema; para ello se propone la
creación de la Agencia de evaluación y acreditación de la calidad,
calidad en lo que se refiere al profesorado. En segundo lugar, un
sistema de selección más abierto, más competitivo y más transparente,
una ampliación del porcentaje de profesores contratados para
responder de forma ágil a las nuevas demandas, un reconocimiento del
principio de incentivos de la actividad de los profesores en función
de parámetros de calidad. Calidad en lo que se refiere y afecta a la
gestión, estableciendo procedimientos que faciliten la eficacia y la
agilidad en la gestión. La investigación es un elemento central de la
universidad y, en ese sentido, si lo contemplamos desde el objetivo
estratégico de la calidad, hay que hacer referencia a ello, y para
eso se han diseñado instrumentos que fomenten el desarrollo de la
actividad investigadora universitaria. Pues bien, en estos planos, en
el de la evaluación, en el del profesorado, en el de la gestión y en
el de la investigación incide fundamentalmente la ley.

Por lo que se refiere a la estructura del profesorado y la relación
del profesorado funcionario, versus funcionario contratado, en el
anteproyecto se recoge que el mínimo de profesorado funcionario habrá
de ser del 51 por ciento, mientras que el profesorado contratado
podrá llegar hasta un 49 por ciento. En la LRU, el sistema actual, se
establece que el profesorado funcionario debía ser de hasta un 80 por
ciento y un 20 por ciento en el caso del contratado; en las escuelas
técnicas estos porcentajes variaban, bajaba al 70 por ciento el de
funcionarios y subía al 30 por ciento el de contratados. Se establece
esta nueva relación de la estructura del profesorado, 51 por ciento
de funcionarios como mínimo, 49 por ciento de contratados, para dar
respuesta a una relación equilibrada, donde tengamos, por un lado, el
cuerpo de profesores funcionarios, con los elementos que tiene de
vertebración, estabilidad, etcétera, y, por otro lado, que haya
posibilidad de que las universidades, de acuerdo con sus propias
estrategias, puedan dar respuesta a demandas de una manera más
flexible y ágil.

Por lo que se refiere al profesorado, se plantea uno de los temas que
ha sido debatido con más intensidad



Página 7223



en estos años, incluso en foros más allá de la universidad, que es el
actual sistema de selección del profesorado funcionario y sus
consecuencias endogámicas, que ustedes conocen bien. El anteproyecto
propone que los profesores funcionarios, aquellos que se presenten
para una plaza de funcionario titular o catedrático -estas dos
categorías son las actualmente existentes y siguen existiendo- serán
examinados por una comisión. Esta comisión estará constituida por
siete miembros por sorteo con reconocimiento de investigación. Es
decir, las personas que componen la comisión, dependiendo de qué
categoría se trate, la de catedrático o funcionario, tienen que tener
reconocidos dos sexenios o, al menos, un sexenio de investigación, lo
que no ocurre ahora, pues pueden formar parte de las comisiones
catedráticos o titulares que no tuvieran reconocido ningún sexenio de
investigación. Parece lógico que quienes forman parte de estos
tribunales deban tener una acreditación adicional en el sentido de
que tengan reconocida la investigación. En el sistema actual, como
saben, las comisiones están compuestas por dos profesores nombrados
por la propia universidad y tres profesores por sorteo; en el sistema
nuevo, como digo, serán siete por sorteo y con reconocimiento de
investigación. Por tanto, se establece un sistema de selección que se
puede definir como más abierto, más competitivo y más transparente.

El siguiente tema que es necesario abordar es el de la estructura del
profesorado contratado. El profesorado contratado, que puede llegar a
ser de un 49 por ciento, de acuerdo con la propuesta del
anteproyecto, tiene la siguiente estructura, con variaciones respecto
de la situación actual. Actualmente, está establecida en la norma la
categoría de ayudante; no obstante, hay otra posibilidad, por
decreto, que es el ayudante doctor, pero estamos hablando de lo que
se recoge en la LRU. Pues bien, la categoría de ayudante sigue
estando reconocida en este proyecto; además, se establece la
categoría de profesor ayudante doctor y la de profesor contratado.

Estas dos categorías no existen en la actual norma, aun cuando, como
digo, de acuerdo con los decretos, existe la categoría de ayudante
doctor, no la de profesor ayudante doctor. ¿Qué sentido tiene esto?
Tiene el sentido de establecer una estructura del profesorado
contratado que permita un desarrollo. Normalmente, hay dos vías de
desarrollo de la vida académica universitaria, la vía de la persona
que hace el doctorado en la universidad, se convierte en ayudante,
hace la tesis doctoral y, luego, aspira a una plaza de ayudante
doctor y, después, a la de titular o catedrático. Hay otra vía, que
es la que interrumpe la relación con la universidad de origen porque
la persona se va al extranjero; cada vez se produce más que personas
que hayan iniciado su desarrollo académico como profesionales en una
universidad pasen luego una etapa larga en el extranjero y, cuando
desean volver, hay muchas dificultades para buscarlas un hueco,
para encontrar una fórmula que permita que vuelvan a la universidad.

Para estas personas, que en muchas ocasiones tienen tareas
preferentemente investigadoras y no sólo docentes, para que pueda
haber acomodo a todas estas necesidades que tienen las universidades,
se crea la figura del profesor contratado doctor, que encajaría con
aquellas personas con un nivel significativo, por tanto también
retributivo, que la universidad decida traer; ahora no encuentra la
fórmula de hacerlo porque hay que encajarlo en categorías inferiores
o tendría que obtener una plaza de titular o de catedrático
inmediatamente. Esta fórmula concede flexibilidad para que se puedan
incorporar muchas personas que están fuera y para que las
universidades puedan encontrar las personas adecuadas para satisfacer
demandas nuevas que tienen en sus proyectos estratégicos de
desarrollo. Además, estos profesores contratados pueden tener una
especialización, tanto en docencia como en investigación,
simultáneamente, o ser preferentemente investigadores.




En el caso de los profesores ayudantes doctores, para poder ser
contratado se exige, como en esta categoría, que haya tenido dos años
de desvinculación contractual con la universidad contratante, de tal
manera que se puede establecer un mecanismo que permita muchas cosas,
entre ellas la movilidad como concepto general, aunque eso no querría
decir nada si no definimos las consecuencias de la movilidad. Es
absolutamente aconsejable que un profesor haya estado fuera de su
propia universidad viendo el funcionamiento de otros sistemas
universitarios, de otras universidades (en el caso de que sea en
España), desarrollándose profesionalmente con esa información y esa
práctica externas a su propia universidad, a su propio departamento,
y hoy no se produce esa situación con mucha frecuencia. Por eso para
el caso de profesor ayudante doctor nos parece muy conveniente que se
produzca ese mecanismo que permita una movilidad, por las
consecuencias que he apuntado.

El sistema del resto de las categorías sigue siendo similar al que
estableció la LRU, por tanto el actual. El profesor asociado es
profesor asociado, aunque con una diferencia: hoy el profesor
asociado lo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial y, en el
anteproyecto, establecemos que sólo lo sea a tiempo parcial, porque
esta era la intención originaria de la creación de la figura del
profesor asociado en la LRU, que se ha desvirtuado haciendo que haya
muchísimos profesores a tiempo completo, que no es para lo que nació
la figura del profesor asociado. Por eso se requiere que sólo lo
pueda ser a tiempo parcial y no se deja espacio para que lo sea a
tiempo completo. En cuanto al profesor visitante y al profesor
emérito, su categoría es la misma que la actual, y la figura del
ayudante de escuela universitaria se convierte en profesor
colaborador.

Desde el punto de vista de las competencias para la regulación del
profesorado contratado, a partir de estas categorías que se
establecen, hoy día las comunidades



Página 7224



autónomas no tienen competencias. Lo que ocurre es lo que he señalado
al principio, la diferencia del contexto actual con el de 1983 es que
entonces el desarrollo de las transferencias a las comunidades
autónomas era incipiente, eran muy pocas las comunidades autónomas
que tenían competencias en materia educativa y, por tanto, en materia
universitaria. Hoy, esa situación es distinta, por eso la ley
establece todo un nuevo marco competencial para las comunidades
autónomas que es obligado desarrollar. Pues bien, de acuerdo con el
anteproyecto, las comunidades autónomas tienen ahora las competencias
de regulación del régimen jurídico del profesorado contratado. Como
decía anteriormente, al hablar de la nueva relación proporcional
entre personal contratado y personal funcionario, con el profesorado
contratado se pretende dotar de flexibilidad al sistema, de modo que
las universidades puedan hacer una mejor planificación.

Ya me he referido al tema de la movilidad, que voy a tratar ahora
específicamente, y voy a hacerlo en algún aspecto que no he
mencionado hasta el momento. Como decía, la mayoría de los profesores
universitarios españoles desarrollan toda su actividad en la propia
universidad, por eso es necesario promover mecanismos para fomentar
una mayor movilidad. Entre sus mecanismos, se requerirán dos años de
desvinculación de la universidad contratante para ser profesor
doctor, pero además la habilitación del profesorado funcionario
permite el cambio de universidad sin una nueva oposición. Por otra
parte, hay que señalar que se establece la posibilidad de que una
universidad pueda realizar convenios con otras universidades, con
otros centros educativos no necesariamente universitarios, con las
administraciones públicas y con las empresas u otras entidades, para
facilitar la movilidad de su personal y para que temporalmente pueda
desarrollar proyectos en otras instituciones distintas de la
universidad, y al contrario, para que el personal de esas
instituciones pueda colaborar temporalmente en las universidades.




El siguiente apartado al que me voy a referir es el de los órganos de
gobierno. Este es uno de los temas a los que se ha dedicado mayor
atención en el debate que se ha realizado estos últimos años. El
informe Universidad 2000 le dedica un espacio importante y el informe
Pascual también, pero sobre todo el Consejo de Universidades ha
desarrollado debates sobre este tema y, como les he mencionado, este
volumen de Cuadernos del Consejo de Universidades está dedicado
exclusivamente a sistemas de gobierno en la universidad española,
situación actual y perspectivas de futuro. Pues bien, ¿cuál es el
sentido de las propuestas que hacemos en relación con los órganos de
Gobierno? Se proponen tres ejes: En primer lugar, una clara
definición y distinción entre órganos de representación, órganos de
gestión y órganos de control; en segundo lugar, facilitar una mayor
agilidad y eficacia en la gestión, que es la
que tienen que desarrollar el rector y su equipo de gobierno, o cómo
ustedes deseen denominarlo, que no es lo sustantivo; en tercer lugar,
contemplar la necesidad de que haya una mejor interrelación entre la
universidad y la sociedad, que haya un esquema de corresponsabilidad
y un esquema de coparticipación entre ambas, porque no hay que
olvidar que la universidad pública es la universidad de la sociedad
española, que es quien invierte en tener una universidad. Por tanto,
en el contexto de respeto al principio constitucional de autonomía
universitaria, hay que buscar unas fórmulas razonables en las que
universidad y sociedad -la universidad es parte de la sociedad- se
encuentren desde el inicio y actúen en un sistema de
corresponsabilidad, para que la universidad pueda producir lo mejor
para la sociedad en la que está inserta. A mi modo de ver, esto no
hay que perderlo de vista en ningún momento.

Pues bien, los órganos de gobierno que se establecen en el
anteproyecto son los siguientes: el consejo de gobierno, el claustro,
el consejo social y el rector con su equipo de dirección, y además se
ofrece la posibilidad de establecer una junta consultiva, que tendría
el carácter de organismo consultivo, al que tanto el rector como los
demás órganos podrían consultar, que podría promover propuestas y que
vendría a ser algo así como un Senado consultivo, en el que hubiera
personas de la universidad que por su experiencia pudieran ser
consejeros o consultores y que pudieran aportar su extenso entender
en estas materias. En el sistema actual hay una junta de gobierno, un
claustro, un consejo social y un rector con su equipo de gobierno. Es
decir, desde el punto de vista del número de órganos, lo único que
introduce la ley de universidades es la junta consultiva, que es un
órgano de naturaleza consultiva, sobre el que se puede discutir si
tiene un papel imprescindible o si debe estar o no, etcétera. A
nosotros nos parece que puede ser un órgano interesante de apoyo y de
asesoramiento, y ahí está, pero desde el punto de vista de los
órganos con responsabilidades de gestión, de control o de gobierno,
en la actualidad hay cuatro: la junta de gobierno, el claustro, el
consejo social y el rector con su equipo de gobierno. La propuesta es
que haya cuatro: el consejo de gobierno, el claustro, el consejo
social y el rector con su equipo de dirección. ¿Por qué se proponen
estas cuestiones? Yo decía antes que había una confusión entre los
órganos, puesto que algunos de ellos tienen simultáneamente
competencias de representación, competencias de gestión y
competencias de control y era necesario, a mi entender, clarificar
esta situación. La primera disfunción que se produce actualmente en
los órganos de gobierno es esa confusión que le digo de las funciones
de gestión, representación y control entre los diversos órganos. La
solución que se propone es una distinción nítida entre órganos de
gobierno, de representación, de control y de asesoramiento -en este
caso sería el tema de la junta consultiva-. La segunda disfunción que
se produce es



Página 7225



que la responsabilidad académica y de gestión del rector está diluida
entre diversos órganos colegiados, y la solución que se propone es un
refuerzo del rector y del consejo de gobierno para dotar de eficacia
la toma de decisiones. La tercera disfunción es la débil relación
entre la sociedad y la universidad, y la solución que se propone es
un esquema de corresponsabilidad y participación, como decía, entre
ambas. De esta manera el consejo de gobierno tendría la función de
gobierno; el claustro tendría la función de representación; el
consejo social, las funciones de control y supervisión de las
actividades económicas; el rector, las funciones de gobierno y
gestión ordinaria, y la junta consultiva, como ya he mencionado, la
función de propuesta y asesoramiento al consejo de gobierno y al
rector.

En la actualidad, la junta de gobierno tiene funciones de gobierno,
de control y representación simultáneamente, y la propuesta es que el
consejo de gobierno, como digo, tenga la función exclusiva de
gobierno. En la actualidad, el claustro tiene funciones de
representación, de control y de gobierno; la propuesta es que ahora
el claustro tenga la función de representación exclusivamente. En la
actualidad, el consejo social tiene funciones de control y
supervisión de las actividades económicas, y la propuesta ahora es
que el consejo social, como tal consejo social, tenga funciones de
control y supervisión de las actividades económicas -y ahora me
referiré al tema del consejo de gobierno y el consejo social-. El
rector tiene ahora la ejecución de los acuerdos tomados por el resto
de los órganos, y va a tener la función de gobierno y gestión
ordinaria.

En cuanto al consejo de gobierno, que tiene la función de gobierno, y
vinculado a lo que acabo de manifestar, entendemos que, al igual que
ocurre en la inmensa mayoría de los sistemas universitarios europeos,
es necesario que haya una representación de la sociedad en el órgano
de gobierno de las universidades, representación que debe ser
minoritaria frente a la representación académica. Ustedes saben que
la representación académica está también en el consejo social, es
decir, que el consejo social, que es el órgano de representación de
la sociedad que tiene la competencia de control presupuestario, no
sólo está compuesto por representantes de la sociedad, sino también
por representantes del mundo académico hasta un 40 por ciento, es
decir que genuinamente procedente de la sociedad es un 60 por ciento
y procedente del ámbito académico hay un 40. Pues bien, lo que
proponemos es que una parte del ámbito no académico del consejo
social esté representada en el consejo de gobierno, que se
constituiría por un tercio nombrado por el rector, un tercio
procedente del claustro y representando al claustro y un tercio de
representantes de la parte no académica del consejo social.

Nos parece que hay que buscar fórmulas de corresponsabilidad
y cooperación, como decía antes, y no se puede dejar al albur, a la
posibilidad, al riesgo de un
conflicto institucional el que un consejo social no apruebe los
presupuestos de la universidad. Cuando en el sistema actual los
presupuestos de la universidad llegan al consejo social, ya se han
tomado todas las decisiones. Si el consejo social dice que no, crea
un conflicto institucional. Es mucho más razonable para los intereses
estrictamente académicos, universitarios, de quienes están dentro de
la comunidad académica, y para los intereses de la sociedad, del
entorno social en el que está inserta la universidad, que ad initio,
desde el inicio, haya una representación de la sociedad, una
representación del consejo social, un tercio frente a dos tercios
académicos, que plantee los problemas que ve cuando se adoptan
determinadas decisiones por parte de la comunidad académica
universitaria, de los rectores y de los órganos en los que se
funciona. Es mucho más interesante, es un esquema distinto de
cooperación y de negociación, que tiene mucha más rentabilidad al
final para el servicio que tiene que prestar la universidad a la
sociedad, y además esto se inserta en unos modelos que existen en la
práctica totalidad de los países europeos, en muchos casos de una
manera muchísimo más acusada desde la perspectiva de la presencia de
representantes de la sociedad.

Por último, dentro de los órganos de gobierno tengo que aludir, por
cuanto supone una propuesta nueva, a la elección del rector. Por lo
que se refiere a la elección del rector, ustedes saben muy bien que
hoy hay un sistema de sufragio universal indirecto, de manera directa
cada sector de profesores, estudiantes y personal administrativo y de
servicios -el PAS- elige a sus representantes en el claustro y éste
elige al rector. La propuesta que contiene el anteproyecto es un
sistema de sufragio universal directo, es decir, toda la comunidad
universitaria puede intervenir en la elección del rector, que luego,
mediante una ponderación de voto de los distintos sectores, que se
establece en la propia normativa, dará lugar al rector elegido. Este
es un modelo que ya ha habido en España durante un período de tiempo
con la UCD en el Gobierno, es un sistema que por un lado permite al
rector tener una legitimación directa de la comunidad universitaria a
la que se presenta como máximo director y que es importante,
combinado con las modificaciones de las funciones de los órganos de
gobierno, etcétera, a efectos de facilitar que el rector pueda
desarrollar su programa, y por otro lado permite una expresión
directa de todos los miembros de la comunidad universitaria. En ese
sentido creemos que con el sistema actual se puede establecer un
debate abierto, más interesante y sobre todo tiene estas dos
consecuencias que decía antes.

De acuerdo con la ley actual, la LRU, el claustro tiene que estar
compuesto por un mínimo de un 60 por ciento de profesores y por un
máximo del 40 por ciento de estudiantes. A la hora de la ponderación
del voto y traducido en representantes en la elección del claustro,
porque es la misma pauta, la propuesta que se hace en



Página 7226



el anteproyecto es que haya un mínimo del 70 por ciento de profesores
y del 30 por ciento de estudiantes y PAS. En la actualidad cada
estatuto reparte como le parece conveniente la representación de
profesores, estudiantes y PAS, teniendo en cuenta estas referencias
de un mínimo del 60 por ciento de profesores y un máximo de
estudiantes y PAS, pero esto puede llegar a lo que se quiera según lo
que decidan los estatutos. Ahora veremos qué dicen los estatutos de
las universidades. El cambio que se hace es que la propuesta sea de
un mínimo de 70 de profesorado y de un máximo de 30 para el resto.

¿Por qué se hace esta propuesta de reducir -no drásticamente como se
ha dicho, sino muy escasamente- el porcentaje correspondiente a los
no profesores? Han sido los estudiantes los que se han manifestado
más, pero también hay muchos rectores preocupados por que los
estudiantes tengan más participación. Habrá que ver si puede mejorar
la participación de los estudiantes en esa propuesta que hagan los
rectores. No sé si la contemplan o no, pero a lo mejor contemplan que
haya más participación de estudiantes, y tanto eso como otras cosas
con mucho gusto lo vamos a considerar. ¿Qué ocurre en la actualidad?
En los claustros de las universidades hay variaciones muy notables.

Por ejemplo, en el claustro de la Universidad Carlos III el 72 por
ciento está constituido por profesores y el 28 por ciento por
estudiantes y PAS. En el claustro de la Universidad Complutense de
Madrid, el 64 por ciento está constituido por profesores y el 36 por
ciento por estudiantes y PAS. En el claustro de la Universidad
Autónoma de Madrid, el 65 por ciento está constituido por profesores
y el 35 por ciento por estudiantes y PAS. En la Universidad
Politécnica de Madrid, el 66 por ciento por profesores y el 34 por
ciento estudiantes y PAS. En la Universidad de Cádiz, el 67 por
ciento son profesores y el 33 por ciento PAS. En la Universidad de
Salamanca, el 68 por ciento de profesores y el 62 por ciento de PAS.

En cuanto al porcentaje de profesores, la mayoría de universidades
supera el 60 por ciento que establece como mínimo la ley. Se quiere
hacer una reflexión contando con todos los datos de la realidad, por
qué vienen ocurriendo las cosas así, por qué los estatutos han
establecido estos porcentajes, etcétera. En términos generales
responden a unas decisiones llenas de sentido común por parte de los
rectores y de quienes en su día impulsaron estos criterios en los
estatutos que dan lugar a estos porcentajes. Al final, el personal
permanente vinculado a temas académicos y universitarios en general
son los profesores. Parece de bastante sentido común que sean los
profesores los que tengan un peso sólido y muy notable en todos esos
órganos que tienen distintas funciones, todas ellas desarrolladas con
el buen hacer de las instituciones universitarias. Por eso, aunque la
Ley de reforma universitaria establecía un mínimo del 60 por ciento
de profesores, hay muchas universidades que aparecen en los ranking
como universidades
que funcionan muy bien, pero que cuando han tenido que
hacer sus estatutos han establecido que la participación de los
profesores en el claustro tenga un peso notable, muy por encima de lo
que dice la LRU. Por esa razón, y atendiendo a esta lógica del
sistema y del funcionamiento de lo que es la institución
universitaria y de los instrumentos que debe tener la función
universitaria para actuar, es por lo que se ha establecido en el
anteproyecto que el mínimo de profesores sea 70 y el máximo del resto
sea 30. Esa es la lógica profunda a la que obedece esta reforma,
reconocer una situación establecida prácticamente de hecho en muchas
universidades españolas como una situación de derecho. Y esto,
combinado con el sufragio universal directo, permite que la
participación en la elección del rector, la manifestación de la
opinión acerca de quién pueda dirigir la universidad, sea en cambio
una participación del cien por cien de la comunidad educativa. Por
tanto, me llama la atención que se diga que se ha reducido
drásticamente la participación de los estudiantes en los órganos
representativos en el claustro, porque, de acuerdo con esta
propuesta, respecto de alguna universidad incluso la mejora. Y en un
número muy importante de universidades, la mantiene en el espíritu de
lo que están diciendo esos estatutos. Los estudiantes podrán estar
presentes en el consejo de gobierno porque el claustro tiene un
tercio de representación en el consejo de gobierno, de tal forma que
puede estar presente el PAS. Por tanto, hay que hablar con los datos
de la realidad si realmente se quiere desarrollar un debate
constructivo y positivo, que estoy convencida de que es lo que nos
demanda la sociedad española y no otra cosa.

En cuanto a la investigación, la LRU establece un reconocimiento de
tipo genérico de la función investigadora de la universidad con
carácter general. El tema de la investigación en la universidad no
tiene un desarrollo en la propia ley. El anteproyecto de ley de
universidades, que es lo que hoy estamos viendo, establece también un
reconocimiento de la función investigadora de la universidad con
carácter general, pero la desarrolla a través de un título propio en
la ley. Se hace posible -como he dicho antes- la contratación de
profesores preferentemente dedicados a la investigación en la
categoría de profesor contratado doctor -y esta es una aportación, a
mi modo de ver interesante a la hora de poder encajar la relación
entre investigación y universidad en la universidad-; se asume el
carácter interdepartamental de la investigación. La investigación hoy
día, como saben bien quienes conocen el mundo universitario, no se
desarrolla en un solo departamento, sino que tiene habitualmente un
carácter interdepartametal, por tanto el depositario, el sujeto que
desarrolla la investigación no es el departamento, sino que hay que
contemplar esta naturaleza interdepartamental. También se posibilita
la creaciónde estructuras mixtas de investigación, de la universidad



Página 7227



con otros organismos públicos o con organismos privados. Se
posibilita la vinculación de la investigación con el sistema
productivo, mediante la creación de empresas de base tecnológica por
parte de las propias universidades.

Entramos ahora en un aspecto que se ha empezado a desarrollar en
nuestro sistema universitario de manera más reciente, que es uno de
los grandes temas que se están intentando desarrollar desde una
perspectiva homologable y comparable en la Unión Europea y es el que
se refiere a la evaluación y acreditación de la calidad. La norma
actual -la Ley de reforma universitaria- hace una remisión genérica a
las universidades para el establecimiento de evaluación del
profesorado. Con el anteproyecto de ley de universidades se crea la
agencia de evaluación y acreditación de la calidad para la promoción
y la garantía de la calidad, para medir el rendimiento de un servicio
público, como es el que presta la universidad, para informar a la
sociedad, para fomentar la comparación y la competitividad, para
desarrollar y contribuir a las directrices del espacio europeo de
enseñanza superior; el ámbito de actuación de esta agencia será tanto
el de las universidades públicas como las universidades privadas.

Aspecto siguiente: acceso a la universidad. A la hora de abordar el
acceso a la universidad hay que tener en cuenta también algunas
características del contexto en el que se inserta el sistema recogido
en el anteproyecto. En primer lugar, que se operará dentro de un
contexto de distrito abierto, de manera que legal y jurídicamente
cualquier estudiante de cualquier comunidad autónoma podrá solicitar
el acceso a cualquier universidad de cualquier otra comunidad
autónoma. Se amplían, por tanto, extraordinariamente las
posibilidades para los estudiantes, y a la vez hay que decir que se
fomenta el interés de las universidades por ofrecer, digamos, cada
vez unos mejores servicios y una más alta calidad, puesto que frente
a sí van a tener al conjunto de la población universitaria española a
la que pueden atraer para que vayan a sus universidades.

Como ustedes saben, el distrito abierto ya se ha puesto en práctica,
además con una dotación por parte del Ministerio para becas de
movilidad. De acuerdo con los requisitos exigidos nadie que haya
solicitado la beca y que haya tenido los requisitos académicos y
económicos exigidos se ha quedado sin ella y el Ministerio seguirá
potenciando las becas de movilidad a los efectos de facilitar el
funcionamiento del distrito abierto.

Hay que tener en cuenta también lo que ya he señalado al inicio, el
significativo descenso de la demanda por la caída de la natalidad y
sus consecuencias ahora en el número de estudiantes a nivel
universitario. Ya para este curso 2000-2001, el 50 por ciento de las
enseñanzas ofertadas no tenía límite de plaza y la proyección es que
para el próximo curso sea cercano al 65 por ciento el número de las
enseñanzas que no tendrá límite
de plaza. De manera que este es un dato importante y que ha
variado sustantivamente en los últimos años.

De acuerdo con el anteproyecto el requisito general de acceso a la
universidad será el título de bachillerato o equivalente. Las
universidades por la autonomía universitaria intervendrán en la
selección de sus alumnos conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad. El sistema facilitará también la personalización
en la evaluación de los intereses de los estudiantes. Por otra parte
se homologan al sistema de acceso en la Unión Europea acuerdos al
respecto que España no había podido suscribir y debido a lo cual
estudiantes de otros países encuentran muchas dificultades para que
vengan a cursar estudios universitarios desde el inicio, es decir, a
comenzar las carreras universitarias.

Aquí se ha planteado por algunos grupos parlamentarios en particular
la necesidad de que se defina antes cuál va a ser la ordenación
última del bachillerato en España una vez suprimida la selectividad y
va a haber ocasión de discutirlo con el conjunto de medidas que
afecten al sistema de enseñanza secundario, que es en lo que todos
saben que estamos trabajando. Además van a tener la oportunidad de
conocerlo cuando la ley se esté tramitando, en el otoño, que es
cuando tendremos perfilado el conjunto de medidas y por tanto el
modelo que estamos desarrollando para la enseñanza secundaria y el
bachillerato. A quienes una y otra vez buscan constantemente sólo la
respuesta a una pregunta en vez de contribuir al debate sobre la ley
de universidades -algunas de SS.SS. no tienen otra pregunta, no sé
cómo no pueden, ante un texto como el que se ha ofrecido, tener
opinión, me parece sorprendente-, les digo que no se puede argumentar
sólo con una búsqueda constante y repitiendo siempre: Va a haber
reválida, no va a haberla; y otra vez: va a haber reválida, no la va
a haber, y otra vez, cuando hay un anteproyecto y no se quiere
discutir del anteproyecto. Es la búsqueda constante de esa respuesta,
y no llevan razón, señorías, no llevan razón. Se arbitrará el sistema
que se arbitre y ese sistema que se arbitre para el bachillerato es
el que dará la lugar a la posesión del título universitario.

(Rumores.- La señora Valcarce García: Del título de bachillerato.)
Y no afecta al acceso a la universidad cómo se arbitre eso. Pero es que
además, señorías, no se precipiten, discutan ahora lo que tienen
encima de la mesa, sean capaces de contribuir de una manera positiva
a lo que tienen encima de la mesa. Van a tener ocasión de discutir el
resto cuando se vaya a establecer. Cuando se vaya a poner en marcha,
cuando se vaya a aplicar el nuevo sistema de acceso a la universidad,
va a estar funcionando el conjunto del modelo, señorías. Yo insisto
en que ustedes pueden hacer lo que consideren oportuno y me temo que
algunos de ustedes no se van a mover del guión y van a continuar con
la pregunta. Ustedes verán lo que hacen. Lo que hay es un
anteproyecto sobre el que se ha propuesto discutir, sobre el quehabrá
un debate parlamentario. El que quiera contribuir



Página 7228



de manera positiva y constructiva -con todas las discrepancias y las
críticas que consideren oportunas. ¡Faltaría más!- a lo que se dice
para la universidad puede hacerlo y el que no quiera, allá con sus
responsabilidades. No puedo decir otra cosa.

Me quedan unas cuestiones breves, pero que no quiero dejar de
mencionar. En primer lugar, los gastos derivados de las medidas que
introduce la ley. Derivan fundamentalmente de dos aspectos: uno es el
sistema de habilitación, que correrá a cargo de la financiación del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que antes corría a
cargo de las universidades, por tanto de las comunidades, y otro es
el de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que,
presupuestariamente, también correrá a cargo del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte. Yo he dicho en reiteradísimas ocasiones
que esto no es una ley de financiación de la universidad, sino una
ley de ordenación, de reestructuración del sistema universitario, y
que lo que se refiere a la financiación de las universidades hay que
debatirlo en el contexto del debate que se está celebrando ahora
sobre la financiación autonómica. Todos estos temas hay que verlos
dentro del debate de la financiación autonómica, del sistema general
de la financiación autonómica, que es donde está inserto todo el tema
de la financiación de la educación y también la universitaria. Ese es
el ámbito y ese es el foro para plantear otros aspectos distintos a
los gastos derivados de la ley y relacionados con la financiación de
las universidades.

Las universidades privadas. Lo que hace este anteproyecto es
establecer una regulación de las universidades privadas en un
contexto de desregulación de las universidades privadas, exactamente
lo contrario a lo que, sin fundamento, se ha dicho en algunas
ocasiones por algunos grupos o personas. La LRU establece el
reconocimiento de libertad de creación de centros, no regula el
régimen jurídico de estos centros. Las comunidades autónomas son, de
acuerdo con la LRU, las competentes para reconocer la creación de
universidades privadas, de universidades específicas. La LRU
establece el reconocimiento de libertad de creación y las comunidades
autónomas son las competentes para reconocer la creación de
universidades privadas. En la actualidad, las universidades privadas
participan de hecho en el Consejo de Universidades. ¿Qué establece la
ley de universidades? En primer lugar, lo mismo que la actual norma,
el reconocimiento de la libertad de creación de centros. En segundo
lugar, exige que la personalidad jurídica de la entidad promotora
esté diferenciada de la de la entidad de gestión universitaria,
porque nos parece que con esta diferenciación se da mayor posibilidad
para que la entidad de gestión universitaria acentúe el objeto
fundamental de esa entidad, que es desarrollar una enseñanza
universitaria. En tercer lugar, se establece el requisito de título,
como mínimo, de doctor para el desempeño de los órganos unipersonales
de gobierno; actualmente no se exige nada.

En cuarto lugar, se establece la evaluación de calidad igual a la de
las universidades públicas; se hará con los mismos parámetros, habrá
la misma información sobre los resultados de esa evaluación,
etcétera. Por último, se establece el reconocimiento de derecho de lo
que es una situación de hecho, que es la participación de las
universidades privadas en el consejo de coordinación universitaria,
salvo en los asuntos exclusivos del sistema universitario público.

Las universidades de la iglesia. Como ustedes saben, son cuatro. De
acuerdo con la normativa actual, establece que la aplicación de la
LRU en ese caso se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos del Estado
español con la Santa Sede, de 3 de enero del año 1979. El
anteproyecto de la ley de universidades en este aspecto tiene que
decir lo mismo, pero además se dice que aquellas universidades que
estén establecidas o que se establezcan después de este acuerdo se
someterán al régimen de las universidades privadas, salvo en lo que
se refiere a la creación, que se rige por los acuerdos del Estado
español con la Santa Sede. En lo demás, se regirá por lo mismo que he
mencionado para las universidades privadas.

Pues bien, como síntesis, las competencias de las comunidades
autónomas, además de las ya establecidas en la normativa actual, son,
entre otras, las siguientes: regulación del régimen jurídico y
retributivo del profesorado contratado; capacidad para establecer
retribuciones adicionales al personal funcionario, no sólo al
profesorado; aprobación de programas de financiación plurianual
conducentes a contratos-programa; capacidad para evaluar y acreditar
la calidad de las universidades de su competencia. Por lo que se
refiere a las universidades, además de las competencias ya
establecidas en la LRU se reconocen, entre otras, las siguientes:
establecer procedimientos para la admisión de estudiantes; autorizar
el reingreso en el servicio activo; acordar complementos retributivos
individualizados; propuesta de creación de centros y estructuras de
enseñanzas a distancia; constituir fundaciones y otras personas
jurídicas para el desarrollo de sus fines; colaborar mediante
convenio con otras entidades para la movilidad de sus personal.

Hasta aquí mi intervención, que deseo que se inserte -ese ha sido mi
ánimo en todo momento, antes, ahora, y lo será en el debate que vamos
a celebrar- en una línea de propuestas constructivas, de debate
constructivo y de dar una respuesta a las necesidades que tiene
nuestra universidad española y sobre todo nuestra sociedad en
relación con nuestra universidad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Ahora es turno de los grupos parlamentarios. Empezando por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.




Página 7229



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Una vez más tenemos la oportunidad de
hacer un debate sobre la política educativa en el Estado español, en
este caso referida al anteproyecto de ley de universidades, y una vez
más podemos observar la diferencia de análisis interpretativo que se
puede hacer con la actual Constitución española en la mano. Para eso
empezaré por recordar -en especial a la señora ministra, para que
después pueda juzgar no solamente de la legitimidad, sino de la
legalidad de las opciones que implícitamente están en el discurso del
Bloque Nacionalista Galego- el artículo 31 del actual Estatuto de
Autonomía de Galicia. Dice así: Es de competencia plena de la
Comunidad Autónoma de Galicia la regulación y administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española y en las
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma, lo desarrollan; de las facultades que atribuye al Estado el
número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución
española, y de la alta inspección, precisa para su cumplimiento y
garantía. Pero, curiosamente, si vamos al número 30 del apartado 1
del artículo 149 de la Constitución española, observamos que se dice
sólo, taxativamente: Regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución
española, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de
los poderes públicos en esta materia. Y el artículo 27 no habla más
que de poderes públicos, nunca recalca o establece un poder público
como la Administración General del Estado, como algo especial,
específico y de carácter jerárquicamente superior. Y, además, habla
exclusivamente de la autonomía universitaria.




En este aspecto, el anteproyecto de ley que usted nos acaba de
presentar responde a un análisis de la Constitución española muy
lejano de considerar solamente restrictivo o prescriptivo el número
30 del apartado 1 del artículo 149, que, en un Estado como el
español, se debía cuidar la regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos académicos. El actual
anteproyecto de universidades, después de analizar una serie de
características en cuanto a la forma en que ustedes lo elaboran y
ahora lo pasan a debate, no se restringe a este carácter de
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos.

En todo caso, es de agradecer que por primera se recalque de una
forma tan notoria, seguramente táctica, la importancia del Parlamento
para el debate político, el debate que excede a lo que es
exclusivamente corporativo. Esto no quiere decir que la sociedad no
deba participar en el debate previo y, en ese sentido, la reacción de
las juntas de gobierno y de los rectores de gran
parte de las universidades del Estado español han hecho un favor,
cuando menos al espíritu de transparencia y de posibilidad de
debatir, con sus posiciones abiertamente críticas. Saludamos este
énfasis en el debate político y parlamentario y agradecemos a quien
lo hizo su oposición a que el proyecto de ley se tramitase de una
forma excesivamente rápida y sin ciertos altavoces sociales,
precisamente para los sectores que menos pueden participar del debate
en su debido momento, como pueden ser el alumnado, los PAS, amplios
sectores del profesorado y, por supuesto, la sociedad en su conjunto.

Ustedes, a la hora de crear ambiente, hicieron mucho hincapié en que
había dos defectos fundamentales en la actual universidad del Estado
español, que nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, pensamos que
no se van a solucionar con este anteproyecto. En concreto, el tema de
la endogamia ustedes lo entienden solamente desde la perspectiva de
que participe más un marco de carácter estatal, lo cual no garantiza,
como después diré, que la endogamia desaparezca. En segundo lugar,
hacen énfasis en una cuestión, la movilidad del estudiantado y del
profesorado, que no puede ser el objetivo fundamental de la calidad.

Lo fundamental en un servicio público es ofrecer un servicio de
calidad en el propio territorio; otra cosa es, si ese servicio de
calidad en el propio territorio no existe, analizar por qué. La
inmensa mayoría de las familias de Galicia no están preocupadas por
si pueden mandar a su hijo a Barcelona, sino por si tienen la carrera
específica en su territorio y por si esa carrera ofrece las mínimas
garantías de calidad para que no sea necesario buscar un
sobreesfuerzo personal o familiar para que el alumno se pueda
trasladar a 500 ó 1.000 kilómetros. Está también la necesidad de que
la investigación o el propio profesorado cuente con la posibilidad de
trasladarse, pero no por el prurito burocrático de salir de su zona,
sino porque tiene algo mejor que aprender o algo más que contrastar.

Yo creo que ése sería el criterio y, sin embargo, ustedes estos
criterios los manejan más políticamente que desde el punto de vista
del interés social. ¿Qué peligros vemos en el actual anteproyecto de
ley de universidades, que reconocemos que es muy coherente desde el
punto de vista de los objetivos del Partido Popular? Primero, que
este anteproyecto de ley va a reincidir en la política
recentralizadora, que ya era suficiente y excesiva en el caso de la
LRU. Nosotros no vamos a hacer la comparación con la LRU, sino con el
espíritu potencial que tiene la Constitución española para poder
desarrollar otro tipo de marcos. En este sentido, por ejemplo, las
pruebas de habilitación, únicas a nivel estatal, tienen todas las
dificultades de una oposición y no van a hacer que desaparezca
ninguno de los problemas de la cooptación endogámica, sino que la van
a plantear en un terreno más reducido del profesorado y, además, con
los peligros, psicológicamente muy importantes, de que algunas
personas puedan llegar



Página 7230



a conseguir la habilitación y después tengan dificultades objetivas
muy fuertes para encontrar un lugar donde instalarse y, sobre todo,
un lugar adecuado a sus necesidades y su capacidad en las
universidades del Estado español. Va a haber una guerra sorda y
legítima porque las universidades querrán en todo caso cooptar al
profesorado habilitado que más les interese, a veces por motivos
lógicos y legítimos, incluso de capacidad o de adaptación
sociocultural, que es muy importante, y otras veces ilegítimos. En
todo caso, es someter al sector que pueda aprobar la habilitación,
por lo menos a una minoría, a unas circunstancias especialmente
graves desde el punto de vista psicológico. Y creo que es un error,
para iniciar el proceso de habilitación, que empiecen con tribunales
restringidos a los sexenios de investigación, porque, en determinado
tipo de edades de conocimiento, usted sabe que ese tipo de
catedráticos solamente se van a dar en determinado tipo de
universidades centrales y no periféricas, con todos los peligros que
esto tiene. Por no hablar, cosa que es grave también, de que las
áreas de conocimiento, tal como están estructuradas, muchas veces van
a provocar que, de los siete miembros del tribunal, no haya
prácticamente ninguno que sea capaz de valorar con corrección la
capacidad científica y la preparación intelectual y científica de
algunos de los aspirantes, porque va a ser sobre objetos o
parcialidades de esa área tan amplia. Y ya no me refiero a temas
concretos de lengua y cultura, donde los problemas van a ser graves y
se van a agudizar, sino incluso a temas relacionados con materias
científicas más estándares o tópicas.

Segundo, el proceso de recentralización va a aumentar con este
consejo de coordinación universitario, que es el encargado de
establecer el número de plazas en las universidades del Estado
español; de decir el modelo de financiación, pero sin preocuparse de
cómo hay que financiarlas; de establecer -aunque esto no sea más que
legitimar algo que ya se estaba haciendo- la presencia en un totum
revolutum de enseñanzas públicas y privadas. Creo que no es de
recibo, porque hay una distinción fundamental, que la mayor parte de
esta ley va a ser aplicada de forma muy clara, prescriptiva y,
además, con mecanismos de control, y sobre todo de control
democrático y de financiación, a las universidades que dependen de
administraciones públicas. Y para mí no es de recibo, y yo creo que
esto es importante desde el punto de vista metodológico, que puedan
estar mezclados los responsables de Educación de las comunidades
autónomas con rectores de las universidades privadas e incluso con
una institución que, francamente, va a tener un papel muy marginal,
cuando son las comunidades autónomas las que van a tener que pagar
y las responsables políticas directas ante la opinión pública de su
comunidad del servicio que se ofrece. Y más grave todavía para
nosotros es que ustedes hagan una agencia nacional de evaluación, que
va a ser la encargada incluso de homologar el plan de estudios y
de controlar la calidad de ese plan de estudios en todos los
territorios del Estado español. Y no nos vale que digan que se puede
montar otra comisión u otra agencia propia, porque, en todo caso, lo
que va a provocar es una confluencia de funciones y de competencias y
ya sabemos que, cuando hay jerarquía, y aquí hay una jerarquía
normativa muy clara, quien va a tener razón, poder y capacidad de
incidencia va a ser la de ámbito estatal.

En este marco tan cerrado nos preguntamos qué posibilidades van a
tener las comunidades autónomas de coordinación de su sistema
universitario. Van a autorizar las universidades, pero en un marco
tan restrictivo que, después, apenas van a desempeñar un papel que no
sea exclusivamente el de pagar o contribuir a pagar más en nombre de
una cierta competitividad que ustedes defienden dentro del seno del
profesorado. Por ejemplo, es excesivo que se vaya a hacer desde la
agencia nacional de evaluación el control de los méritos en la
contratación del profesorado, contratado o doctor. Esto es increíble
porque significa desprecio, incluso desconfianza, sobre la capacidad
intelectual y científica de los institutos universitarios de los
territorios diversificados en el Estado español. Si es así, hay que
plantear si no habrá que cerrar las universidades, porque se toma
determinado tipo de cautelas. O cuando, en el artículo 17 o en el 18,
el Gobierno puede establecer incluso el número de alumnos por
estudios en nombre de no se sabe qué directivas europeas. O cuando
incluso puede establecer el límite máximo de admisión de alumnos en
determinado tipo de estudios que hasta ahora, como usted sabe muy
bien, se hicieron con criterios clasistas y no con los de las
necesidades del mercado.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ha agotado su tiempo
reglamentario. Dada la importancia del tema, le concedo cinco minutos
más, como a todos los demás grupos. Pero le ruego que se atenga a ese
tiempo.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Procuraré hacerlo y acabar rápidamente.

En segundo lugar, señora ministra, usted defendió de forma
aparentemente fundada el papel restringido que se presenta al
alumnado y al PAS, pero no habló de la manera de elegir tanto al
claustro como al rector. Usted sabe que el rector va a ser elegido de
forma ponderada: el 70 por ciento el profesorado, lo cual es una
cortapisa evidente. Pero, encima, el claustro también es escogido de
una forma excesivamente volcada al profesorado. Una cosa es
distinguir entre cuestiones de contenido docente, donde estoy de
acuerdo que hay que dejarlo en privilegio casi exclusivo de las
personas que desarrollan la docencia, y otra cosa es el control de la
calidad de la enseñanza, la defensa de los derechos de los sectores
afectados y la gestión general de la universidad en lo que son
aspectos administrativos o económicos; en ese tema todo el mundo
debería tener por lo



Página 7231



menos una posición más equilibrada. O cuando se nombra al consejo de
Gobierno, que es un tercio nombrado directamente por un rector que ya
fue elegido de forma ponderada, un tercio por el claustro, que
también es elegido de forma ponderada, y un tercio por el Consejo
Social, que queda en gran parte precisamente en manos del Gobierno de
la comunidad autónoma. Con este sistema, cuando menos se va a
reforzar el carácter piramidal y corporativo de la institución
universitaria. Es desde luego mal negocio y desdice el espíritu de la
Constitución que una ley orgánica baje a esta minucia. Todo este
aspecto podría quedar tranquilamente para los institutos o las
universidades a partir de enunciar en una ley orgánica cuatro o cinco
principios de carácter constitucional que habría que respetar, el
principio democrático, el principio de igualdad de oportunidades.

Después, dejar este aspecto no digo que a la competencia autonómica
sino incluso a la autonomía universitaria.




El cuadro de profesores que presentan ustedes es más complejo que el
anterior. Va a crear un desánimo muy fuerte y va a burocratizar
excesivamente la función docente y las posibilidades de acceder a un
puesto estable, algo muy importante, en contra de lo que se dice,
desde el punto de vista de la capacidad de los docentes y su
disposición a poder rendir. Incluso este modelo deja abiertas las
puertas a formas de selectividad montadas más en función de criterios
socioeconómicos y corporativos que en función de necesidades
educativas.

Por último, el criterio de la privatización. Da usted un dato muy
interesante. No se puede hacer una norma legal donde se intente
homologar lo que presta servicios al 6,45 por ciento del alumnado
universitario con el resto. Hubiese sido mucho mejor, eso sí, no
regular cómo se puede montar una universidad privada. Creo que es un
privilegio para la Iglesia católica que no tengan que pasar por la
Ley de reconocimiento, privilegio que ya sé que está vinculado al
Concordato, pero que sería necesario cambiar en un Estado laico, y
que, en todo caso, las universidades privadas quedasen sometidas a la
alta inspección, no solamente del Estado sino a la evaluación de las
comunidades autónomas en el territorio respectivo. Asimismo, quiero
llamar la atención sobre que es peligroso que dejen abierta la puerta
a que universidades de otras comunidades autónomas o universidades
privadas puedan montar, no sólo universidades, en otros territorios y
comunidades autónomas, sino un centro específico. Eso va a provocar
que pueda haber una alianza entre poder político y poder
universitario para introducir, por ejemplo, centros de elite en
determinado tipo de comunidades universitarias, haciendo su modelo
mucho más desigual, mucho más jerárquico y en definitiva menos
cohesionador desde el punto de vista social.

Acabo ya, señor presidente. Le vuelvo a repetir que desde su punto de
vista hacen una ley muy coherente
para sus intereses, que de todas maneras les va a crear problemas
serios; también en su funcionamiento, contradicciones serias.

Afortunadamente, es una ley muy reglamentista, llena de excesivas
coincidencias competenciales para las mismas funciones. Lógicamente,
este entuerto se va a deshacer por la vía de que el Estado y el
Gobierno tengan un papel preponderante. Además, francamente, no es
una ley orgánica en muchos aspectos -sería bueno eliminar gran parte
de ella- y no va a conducir a un mejor espíritu democrático sino a
mayor corporación y burocracia, a más recentralización y a aspectos
privatizadores evidentes. En todo caso, señora ministra, el sistema
universitario del Estado español no adolecía precisamente de
integración en los territorios de las comunidades autónomas,
especialmente de las que tienen lengua y cultura propia, sino todo lo
contrario. Y esto va a ser una nueva pega para que pudiese haber esta
integración eficaz. Por ejemplo, con el modelo que hacen de selección
del profesorado va a ser imposible que haya ninguna prueba de acceso
a la función pública que se desarrolle, por lo menos en el caso de
Galicia, en lengua gallega. Va a ser prácticamente imposible, en una
universidad que ya es escandalosamente contraria y que vive de
espaldas a la propia realidad del país. Por ejemplo, con el modelo de
investigación que ustedes presentan va a haber muchísimas más
dificultades para que la investigación vinculada precisamente al
sistema productivo propio se pueda abrir paso con más facilidad. En
el caso de Galicia, la investigación en biología marina es esencial:
por ejemplo, la investigación en el mejillón o en los temas
agropecuarios. Este modelo va a dificultar sensiblemente que se
puedan crear departamentos universitarios con todo el poder, toda la
fuerza y toda la legitimidad para desarrollarse cada vez más, porque
está muy interferido por un modelo muy estatalista y de genéricos
o de evaluaciones, que se van a hacer en plan central y que van a
promover lo que se considera investigación puntera, que no es
precisamente la que en este momento necesita Galicia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Señor presidente, en primer lugar, deseo
agradecer la presencia de la señora ministra en esta Comisión. (La
señora Valcarce García pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría, pero sobre este mismo tema del
proyecto de reforma de universidades el Grupo Parlamentario
Socialista tiene presentada petición de comparecencia y por tanto
corresponde el turno a dicho grupo. Tiene la palabra la señora
Chacón.




Página 7232



La señora CHACÓN PIQUERAS: Quisiera comenzar transmitiéndole mi dolor
personal y el de mi grupo parlamentario por el fallecimiento del
rector Caparrós, como saben, gran rector y además gran persona, pero
sobre todo una persona muy enamorada de la universidad. Yo le tuve
como rector y como amigo y quisiera que constara en el 'Diario de
Sesiones' el dolor de este grupo y la alegría de haberle conocido.

Y, como es de rigor, agradezco a la señora ministra su presencia hoy
en este Parlamento. Pero sepa S.S. que quiero dar a este
agradecimiento casi el énfasis de lo excepcional. Porque es verdad
que no es frecuente verla compareciendo en la Comisión de Educación
y, si me lo permite, más infrecuente aún ver a un ministro aplicando
regañinas a los grupos parlamentarios cuando comparece en una
Comisión de Educación, como creo sin ninguna duda que todos hemos
apreciado -serenamente, si usted quiere que lo llame así- respecto a
este tema. Lo digo porque aún es más difícil que, después de la
regañina, nos pida que seamos propositivos y que, además de decirle
qué pensamos de este anteproyecto, tengamos que ponerle encima de la
mesa cuales son nuestras alternativas. En cualquier caso, quiero que
sepa que no me parece de recibo que venga aquí a regañarnos. Respecto
a la asiduidad de sus comparecencias, no es sólo que no sea
frecuente, sino que es infrecuente. La última vez que vino usted a
esta Comisión lo hizo en diciembre y para el caso que nos ocupa
parece más que obligado. No obstante, déjeme que le diga que con toda
seguridad nos sentimos más afortunados que los consejeros y
consejeras de Educación de las comunidades autónomas, a quienes usted
ha visto en una sola ocasión desde que es ministra, y de eso hace ya
más de un año. No me entienda mal. Lo que le reclamo finalmente es
que venga usted y si le parece no nos recrimine de esa manera.

También le digo que hoy, cuando viene, lo hace además para
explicarnos al mismo tiempo dos leyes, y dos leyes importantes, la de
reforma de la formación profesional y la de la universidad, en una
sola comparecencia. Meses después -quiero decírselo- de haberlas dado
a conocer a la opinión pública. No me negará, señora ministra, que
cuando menos esto no parece muy serio. En cualquier caso, no gastaré
un minuto más y entraré en el debate que nos trae hoy aquí.

Quiero empezar por afirmar con claridad que los socialistas -y
creemos que es un lugar común esta cuestión- pensamos que hay que
revisar la LRU, que han pasado 18 años, que las cosas han cambiado
mucho, por cierto mucho y en general para bien -déjeme que se lo diga
así-, pero que es verdad que hoy la universidad española necesita una
revisión de su normativa vigente, aunque sin ninguna duda creemos que
tenemos la mejor universidad que hemos tenido nunca, la mejor de
nuestra historia, con toda seguridad en cantidad, pero también en
calidad, señora ministra. Y no me duelen prendas en empezar esta
intervención coincidiendo
dos veces con el Partido Popular. La primera con usted, señora
ministra, y la segunda con el presidente del Gobierno. Con usted en
que es necesario revisar la LRU -en eso sí que coincidimos- y con el
presidente en que tenemos las generaciones mejor formadas de la
historia de España, aunque en Valencia, a lo mejor por el influjo del
señor Zaplana, se le pasó y volvió al análisis catastrofista que
tanto les gusta a ustedes. En cualquier caso, sepa que tenemos las
generaciones mejor formadas de nuestra historia y que, aunque hoy
necesitemos hacer cambios en nuestra universidad, debemos seguir
mejorando para seguir teniendo, como tenemos, la mejor universidad
pública que nunca ha tenido España.

Quisiera también detenerme unos minutos en la forma en que usted ha
preparado esta reforma, cuyas líneas maestras nos ha expuesto. Y lo
hago, entre otras cosas, porque usted ha conseguido algo insólito,
desde el momento en que abandonó las filtraciones periodísticas
y expuso las líneas maestras de lo que pretende cambiar en la
universidad ante el Consejo de Universidades. Creo, señora ministra,
que usted ha alcanzado la unanimidad, pero la ha alcanzado en contra
del procedimiento que usted ha seguido y una práctica unanimidad
también en contra del contenido de su proyecto de ley. Ahí lo ha
conseguido. Unanimidad contra su forma de trabajar y contra el fondo
de lo que usted pretende.

Sobre el contenido volveré luego. Déjeme centrarme ahora en la forma
con que usted ha iniciado el proceso y sobre todo en la que usted
quiere terminarlo. Usted ha dispuesto un calendario para hacer una
ley autista, una ley al margen de lo que piensa la universidad, al
margen de la comunidad educativa, de las comunidades autónomas, de
los agentes sociales y al margen del resto de los grupos políticos.

Usted y su mayoría absoluta. En definitiva, una ley que pretende
aprobar como si en la educación superior española -y quiero incidir
en esto- no hubiera pasado nada en los últimos 25 años. Y ha pasado.

Los españoles aprobamos la Constitución y con ella un artículo, el
27, que establece que el sistema educativo español es un sistema
participativo. Establece también que la universidad es autónoma. Me
dicen que a usted esto no le gusta mucho y, a juzgar por su proyecto,
el disgusto es manifiesto. Da la impresión de que el único problema
que tenía la universidad española era su autonomía. Ahí sí que usted
ha metido mano. Pero en los problemas -y después le hablaré de los
mismos- creo que la ha metido poco o en algunos casos lo ha hecho
simplemente para no mejorarla. Luego seguiré con este tema. Quiero
decirle que, le guste más o le guste menos, esa autonomía debe
respetarse tanto en el fondo como en la forma de legislar; debe
respetar el contenido esencial de la autonomía universitaria, una
parte de la cual los socialistas entendemos que consiste precisamente
en elaborar las leyes previa consulta a la universidad, a la
comunidad universitaria,por supuesto a sus rectores, pero también a



Página 7233



los profesores, a los estudiantes -que le recuerdo que no son meros
clientes o usuarios de la universidad, sino miembros de pleno derecho
de la comunidad universitaria-, al personal de la administración y
servicios, etcétera. También le agradecería que no insultaran ustedes
a la inteligencia de parte de la comunidad universitaria cuando leo
de su portavoz en esta Comisión de Educación que el PSOE quiere
esperar a que las universidades abran después del verano, para irles
contando cosas que no son ciertas sobre el anteproyecto. A mí me
parece que es un insulto a la inteligencia que digan que el Partido
Socialista quiere más debate para ir mintiendo a los alumnos durante
el verano para que en septiembre estén perfectamente confundidos.

Díganos, señora ministra, a cuántas organizaciones de estudiantes ha
consultado usted, cuántos pronunciamientos de claustros, juntas de
gobierno, juntas de facultad conoce usted y, lo que es más
importante, está leyendo para introducir mejoras en el proyecto de
ley que ha propuesto. Le responderé yo: a ninguna y a ningunos.

Sencillamente, el calendario está pensado justamente, señora
ministra, para evitar la participación.

Y hay más. Usted no puede actuar como si las universidades no se
hubieran transferido. Las comunidades autónomas tienen competencia
exclusiva en la educación superior. En resumen, tienen que
desarrollar la ley del Estado, aplicarla y, según usted, además,
financiarla sustancialmente. ¿Le parece entonces a usted sensato no
contar con ellas? ¿Liquidar el debate en unas pocas semanas le parece
respetuoso? Han tenido que ser ellas las que le obliguen a usted a
reunirse con quienes tienen capacidad normativa y de total ejecución
de sus propuestas simplemente para que les informe.

Señora ministra, la educación española es así porque así la quisimos
los españoles, como una tarea compartida, y como tal exige consensos
y no imposiciones, diálogo y no autoritarismo. Y si usted tiene miedo
al debate, si lo quiere yugular estivalizándolo, por llamarlo de
alguna manera, usted aprobará la ley en este Parlamento porque tiene
mayoría absoluta, pero no alcanzará la mayoría educativa necesaria
para que esta ley sea eficaz. No habrá mayoría educativa que respalde
sus proyectos, señora ministra, y créame que, sin mayoría educativa,
corre el riesgo de que la ley acabe siendo papel mojado. Me ha dicho
un par de veces que la LRU se aprobó rápidamente. Claro que se aprobó
rápidamente, pero porque entonces era urgente tener un marco legal,
porque el debate sobre autonomía universitaria se había desarrollado
durante cinco años -quisiera que repasara la hemeroteca o el 'Diario
de Sesiones' de este Congreso-, porque la universidad española -y
usted lo sabe- estaba en la alegalidad más absoluta, que no es el
caso actual, porque la universidad debía constitucionalizarse.

Paradójicamente, fue casi la última institucióncuyo marco legal se
adaptó a la Constitución. Este ejemplo, pues, no nos vale. Además,
déjeme que le diga que la LRU se debatió en el
Consejo de rectores -no pudo hacerse en el Consejo de Universidades
porque no existía, tampoco con las comunidades autónomas, porque las
transferencias no estaban hechas- y por lo tanto el procedimiento,
cuando menos, fue perfectamente homologable al que usted dice que va
a pasar el actual. Ese ejemplo no nos vale. ¿Por qué no coge usted el
de la Logse? Si quiere un modelo de ley educativa socialista, de
forma de aprobación de una ley, váyase a la Logse, en la que hubo un
largo debate y amplio consenso. Y no me diga que este proyecto se ha
debatido mucho porque usted sabe que no es verdad. Usted impone en su
proyecto medidas que nunca se han debatido en la universidad. Y aún
peor, algunas -no todas- se han debatido y como usted sabe ya se han
rechazado.

Señora ministra, esta es nuestra primera petición: organice el
debate, traiga la ley consensuada al Parlamento, respete la
Constitución en el fondo y en las formas, busque la complicidad y el
acuerdo de quienes van a aplicar la ley, las comunidades autónomas y
las universidades, de los agentes sociales y, si quiere, de los
grupos políticos, pero no haga una ley autista. Va a modificar una
ley que lleva en vigor 18 años. Puede estar unos pocos meses más y
mejorar así la eficacia de la ley que la va a sustituir.

Entraré ahora en el fondo de la propuesta que usted ha esbozado. Y lo
voy a hacer empezando por lo que usted no dice y que, a nuestro
juicio, debería decir, y es qué modelo de universidad tiene en la
cabeza, hacia dónde pretende que vaya nuestro sistema universitario.

Y la pregunta es: ¿Lo tiene? Yo creo que lo tiene sólo a medias -y
quiero explicárselo-, que hay cosas que sabe y no dice y otras que a
lo mejor ni sabe ni dice. Pero, por ejemplo, una pieza elemental de
su modelo universitario -se lo decía- es su tamaño. Por ejemplo,
¿cree usted que las tasas de escolarización deben seguir aumentando
en la universidad o cree que ya son suficientes las que tenemos o que
hay que disminuirlas? Y no es una pregunta retórica ni la única que
tengo, la de la reválida, que también la tengo. De ella derivan
decisiones importantes. Algunas de ellas, por cierto, ya no están en
sus manos y de ahí la necesidad de compartir modelo y propuestas con
quienes la van a ejercer realmente, universidades y comunidades
autónomas como por ejemplo, señora ministra, la planificación, la
relación de la universidad con los estudios de formación profesional
superior y la planificación de estos últimos, la puesta en marcha de
nuevas carreras, las futuras plantillas universitarias y los procesos
de jubilación de los actuales profesores o los sistemas de acceso a
la universidad. Este tema, señora ministra, le guste o no, es de
crucial importancia y cuya importancia, valga la redundancia, usted
sí que ha querido resaltar a la hora de vender, si me permite la
expresión. Yo creo que usted quiere una universidad más elitista, con
menos estudiantes, un sistema universitario español más pequeño y
organizado internamente de una forma distinta, con más universidades



Página 7234



privadas y menos universidades públicas. Pero usted no se atreve a
decirlo. Díganos hoy, y se lo repito, porque es importante, cuál es
el sistema de acceso a la universidad que usted ha decidido
implantar. Se lo he preguntado ya dos veces en sede parlamentaria,
que es donde nosotros ponemos de manifiesto estas cosas. Lo hacemos
ahora y lo haremos de nuevo mañana. No vale decir que eso va en otra
ley. Estamos hablando de la educación superior, que es una parte de
la educación, íntimamente relacionada con la educación secundaria y
con el sistema educativo general. Usted anunció a bombo y platillo
cuando presentó su anteproyecto que iba a suprimir la selectividad y
quiero que ahora, en sede parlamentaria, nos explique de una vez qué
es lo que tiene en la cabeza. Porque usted sabe que la selectividad,
que los socialistas creemos que hay que reformarla y además hay que
hacerlo probablemente en profundidad, cumple tres funciones: por una
parte, garantiza el nivel académico para acceder a la universidad.

Supongo, señora ministra, que no caerá en la confusión extendida de
que eso no es así porque la tasa de aprobados en la selectividad es
muy alta, olvidando que la exigencia de calidad se manifiesta ya en
el COU y en el segundo de bachillerato, cuyos resultados son muy
distintos de los de las pruebas de acceso, como todos sabemos. En
segundo lugar, le decía, permite ordenar a los estudiantes en
aquellos centros en los que hay exceso de demanda, que por cierto aún
son muchos; en tercer lugar, homologa entre sí las notas de los
diferentes centros, públicos y privados.

Usted dice: Quito la selectividad y la segunda función que la prueba
ejerce, la de ordenación de entrada en los centros, se la encomiendo
a los propios centros. Voy a pasar por alto las disfunciones del
modelo que propone, aunque me gustaría que nos contara aquí qué puede
hacer un estudiante que quiera estudiar teleco y en una segunda
opción industriales, si suspende la prueba en la primera escuela a la
que opte, o sea teleco. ¿Se examina otra vez? ¿Y si suspende también
en industriales? ¿Cuántas pruebas tendrá que pasar ese estudiante
hasta garantizarse la plaza? ¿Cómo piensa organizar esto?
Creo que es de recibo que me diga hoy si renuncia a la primera de las
funciones que cumple la selectividad, una prueba externa que
establece un nivel mínimo, y la tercera, homologar conocimientos
entre centros públicos y privados. Si es así, le vuelvo a preguntar
lo mismo, ¿cuál va a ser el acceso de los estudiantes a las
universidades privadas? Si no hay prueba de acceso - de ahí nuestra
preocupación manifiesta-, seremos un país insólito en el mundo, en el
que un chaval a los tres años entra en un centro privado y sale del
sistema educativo con un título de ingeniero sin haber pasado una
sola prueba de la Administración estatal. Su responsabilidad es que
eso no suceda. ¿Usted cree que esto no es interesante para nosotros?
Debido a que necesito saber si existe o no la garantía
de igualdad de oportunidades, necesito esa respuesta; le digo que el
sistema educativo es único, es considerado global y merece una serie
de respuestas que nos gustaría aclarara usted aquí. Creo que no va a
poder permitir que no exista esa prueba. Déjeme que le diga que en
algún lugar fuera de esta sede parlamentaria, ya lo ha dejado caer y
sus colaboradores nos han dicho a nosotros hasta en italiano que van
a poner una reválida. Dígalo ya aquí porque en breve nos lo va a
decir. Le digo que lo cuente en sede parlamentaria y cuando nos
explica el sistema de acceso porque es parte del modelo de
universidad que tiene en la cabeza. Con la reválida, en la práctica
cambia la selectividad de sitio y pone una prueba para acceder a los
centros saturados -que no lo olvide son muchos y los más atractivos-
y donde había una prueba, va a poner dos o más. Eso es lo que pido
que me aclare hoy. Como pienso que va a poner una reválida y que no
lo dice por puro oportunismo, es por lo que creo que al dificultar el
acceso usted está redefiniendo el modelo de nuestra universidad, que
hoy por suerte es una universidad de masas y abierta al entorno
socioeconómico, y no de elites y cerrada.

También creo que a usted no le gusta el modelo departamental de
universidad, que quiere volver a la preeminencia de facultades y
escuelas, aunque no lo diga con claridad, pero lo apunta ya en la ley
cuando quita competencias a los departamentos o simplemente les
pospone en el orden de algunos artículos, como creo también que usted
está más preocupada por la investigación aplicada en la universidad
que por la básica. De hecho, la única medida concreta que se recoge
en al ley es la posibilidad de formar empresas de base tecnológica en
las universidades, que usted ya ha comentado - algo que ni es nuevo
ni es necesario-, y el resto me parece pura retórica.

Creo que quiere potenciar las universidades privadas, aunque no nos
lo diga claramente. Me dirá que lo que ha hecho es regularlas mejor,
poner a nivel de ley lo que ahora ya son decretos del Gobierno
socialista, que es exactamente lo que usted nos ha trasladado. Sin
embargo, le digo que hay ausencias que hablan por sí solas. Han
convertido en ley un decreto, pero se han olvidado -qué casualidad-
de un artículo, aquel por el que no se autoriza la compatibilidad
para el profesorado funcionario entre pública y privada.

También pienso, aunque usted no nos lo diga, que quiere restringir la
participación, al menos con toda seguridad la de los estudiantes,
aunque no sólo la de ellos. Por eso su normativa dificulta la
permanencia de los estudiantes en los órganos de gobierno, entre
otras cosas porque disminuye el porcentaje de participación en el
claustro, pero sobre todo porque prácticamente lo elimina del
gobierno de la universidad; nos quedaremos con el estudiante en el
gobierno de la universidad.

También hay consecuencias de las medidas que usted pone en su ley que
no nos detalla, tal vez porque tampoco ha caído, pero quiero
traérselo aquí. Parece



Página 7235



que usted se inclina por un modelo de profesorado de base
funcionarial; sin embargo, esta regulación de las figuras
contractuales de la universidad apunta a la existencia de una doble
vía que nos ha relatado. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su
modelo sobre esa doble vía? Es decir, considera la vía contractual
como una alternativa real y sabe los problemas que existen en la
universidad actualmente, igual que yo. ¿Es o no una alternativa real
a la existencia de los cuerpos docentes universitarios? Tampoco nos
dejemos las transitorias; aclárenos también este interrogante, si
puede.

En lo que concierne a la autonomía universitaria, tengo que decirle
que su ley, señora ministra, rezuma desconfianza hacia la universidad
pública española. Desde los órganos de gobierno hasta los sistemas de
selección del profesorado universitario, pasando por los mecanismos
de aprobación de los planes de estudio, con periodos tasados de
homologación temporal de los planes aprobados de las universidades,
la ley supone un retroceso importante en la autonomía de las
universidades, que como sabe ya ha merecido las críticas unánimes,
como le recuerdo, de la comunidad universitaria. Una vez más -no lo
dice pero es la verdad-, si la ley sale como usted la proyecta será
la ley de autonomía de las universidades privadas, las únicas que
parecen gozar de un derecho constitucional que se predica de la
universidad en su conjunto.

Claramente -y también creo que es unánime esta crítica-, su ley es
muy reglamentarista con las universidades públicas y deja en gran
libertad a las privadas, cuando debería haber sido al revés. No se
afronta ninguno de los problemas o abusos que han aparecido estos
años, se convalidan dudosas iniciativas, y entre otras cuestiones se
les permite participar en el consejo de coordinación universitaria en
igualdad de condiciones -esto dice su anteproyecto de ley- que las
universidades públicas. Tal vez asistimos hoy a la primera
rectificación -hecha por usted aquí hoy in voce-, pero creo que
asistiremos paulatinamente a muchas más rectificaciones de este
anteproyecto, probablemente muy positivas para nuestra universidad.




El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, ha agotado su tiempo. Vaya
conluyendo.




La señora CHACON PIQUERAS: Discúlpeme, hemos pedido una comparecencia
que creo importante, y me gustaría que fuera un poco generoso a este
efecto, como suele serlo. Gracias.

En resumen, nos habla del modelo de universidad que pretende
conseguir y yo le digo que hay cosas explícitas en su proyecto que
apuntan hacia donde a nuestro juicio no se debe ir: menos autonomía,
mayores rigideces y constreñimientos, por tanto menor diversificación
de nuestro sistema univesitario, una concepción limitada de la
investigación universitaria, una disminución del papel de los
departamentos, y una
potenciación, implícita pero notoria, de la universidad privada.

Hay otra cosa que creo también conviene que nos aclare, como qué
estructura final del profesorado pretende conseguir o finalmente,
cuál es el verdadero sistema de acceso. Por lo demás, establece unos
objetivos que somos incapaces de reconocer en el texto que ustedes
han puesto sobre la mesa. ¿Cree usted que se puede hablar de mejora
de la calidad universitaria sin poner encima de la mesa el compromiso
de financiación necesaria para que nuestras universidades abandonen
los puestos de cola que ocupan en estos momentos en materia de
recursos disponibles en el seno de los países de la Unión Europea?
¿Cree que se puede hablar de espacio universitario europeo cuando los
esquemas de selección de profesorado funcionario parecen estar
pensados justamente para impedir que ingresen en nuestras
universidades profesores de la Unión? A pesar de que aquí in voce nos
diga lo contrario, es lo que se infiere de esta ley. Decide, tal vez
a causa de no haberse pasado por Praga -nos habría gustado tenerla
allí-, justo lo contrario de lo que allí decidieron los máximos
mandatarios educativos europeos, que era otorgar mayor espacio de
decisión a los estudiantes. ¿Cree que se puede hablar de movilidad
estudiantil cuando no hay una concreción de los sistemas de ayudas
necesarias para que éste sea un derecho al alcance del universitario,
cualquiera que sea su situación económica? Como me pide la señora
ministra que hagamos alguna que otra propuesta, quisiera hacerla.

¿Cree que se puede hablar de calidad en la gestión universitaria
cuando crea un galimatías de órganos -y no somos los únicos que se lo
dicen, señora ministra-, cuyo funcionamiento ni siquiera lo pueden
explicar los redactores del proyecto de ley?
Primero, quiero decirle que no es exacta la diferencia de los órganos
de gobierno entre la normativa vigente y la que usted va a poner en
marcha. Nos dice que se pasa de cuatro a cinco y cuenta al rector,
pero no es así. Se pasa de tres a cinco si no se cuenta al rector o
de cuatro a seis si se cuenta. Ahora, tenemos al rector, la junta de
gobierno, el consejo social y el claustro, y en el futuro tendremos
al rector, al consejo de gobierno, al consejo de dirección, que usted
no ha mencionado aquí, al consejo social, al claustro y a la junta
consultiva.




Usted nos dice que hay una nítida separación entre gobierno de la
universidad, representación de la universidad, control de la
universidad y asesoramiento de la universidad. En el caso del órgano
de gobierno, que en definitiva garantiza, define y concreta la
autonomía universitaria, a nuestro juicio se le inserta un elemento
extraño que va a incorporar la fiscalización del órgano fiscalizado,
lo que hace que el control deje de ser externo y que al menos un
tercio del órgano no tenga como función garantizar la autonomía. Más
claro, los controladores se introducen en el órgano que garantiza la



Página 7236



autonomía universitaria para cumplir su función y no para
enriquecerla o potenciarla, lo que supone, repito de nuevo, afectar a
la autonomía. Además, complica el funcionamiento y debilita la figura
del rector, aunque nos diga lo contrario. Desequilibra el diálogo
natural que es interno con los decanos, directores y directores de
departamento, al convertirles simplemente en un órgano consultivo, y
además sustituye dicho diálogo por otro interno-externo con el
claustro, que es comunidad universitaria, pero también con miembros
no académicos procedentes del consejo social. Además, al ser el
consejo de gobierno un órgano con 30 miembros como número máximo, el
rector ni siquiera va a poder incorporar al mismo a su equipo de
gobierno, a los vicerrectores, y la presencia de los estudiantes va a
ser ínfima, porque sólo podrán integrarse en el tercio del claustro
lo que les convertirá -haga las cuentas- en marginales y casi
extrasistema, cuando créalo así son un elemento decisivo de diálogo
con el rector y las restantes autoridades académicas. Hubiera sido
mucho más sencillo que usted tuviera ganas de facilitar esta gestión,
de separar nítidamente las funciones y creemos que acabaremos
enmendando ese órgano mixto que usted ha dado, más modelo Zaplana que
el modelo que le están pidiendo los rectores cuando ellos le han
dicho a usted que es probablemente inconstitucional.

Va a tener que echar atrás esa propuesta. Esta interlocución en el
seno de los órganos que usted quiere hacer entre participación social
y comunidad académica vuelve a rezumar desconfianza hacia la
capacidad de gestión y de autogobierno de las universidades y también
le quiero decir que no somos los únicos que le estamos hablando sobre
estas cuestiones. Creemos que asistiremos posteriormente a esa
segunda rectificación.

Finalmente, déjeme que le diga que va usted como el conductor
suicida, en dirección contraria. Ha querido decirnos aquí que ha sido
el Partido Socialista el que está poniendo de manifiesto estas
críticas, pero quiero recordar que se ha manifestado la CRUE; lo han
hecho también diversos rectores de universidades de comunidades
autónomas, públicas y privadas; juntas de gobierno y juntas de
facultad; comunidades autónomas; sindicatos, Comisiones Obreras y
UGT; que lo han hecho también los partidos políticos, es decir todo
aquel que se ha pronunciado le ha dicho a usted que dificulta la
gestión del Gobierno en la universidad; que no mejoran los problemas
de profesorado; que no soluciona los problemas de las universidades
privadas y algunos de sus abusos y que no es de recibo que no exista
en una de nuestras grandes asignaturas pendientes universitarias, un
compromiso real y financiero de la universidad.

Queremos decirle que la universidad española merece otra reforma, que
ésta parece más una suma de ocurrencias que un conjunto de ideas
coherentes y ordenadas -déjeme que se lo diga así-; por eso le
pedimos que organice un debate serio y riguroso; que consiga una
mayoría educativa que es imprescindible, a través
del diálogo y no de la imposición; que escuche a la comunidad
universitaria, a las comunidades autónomas, a los agentes sociales;
que haga un modelo que pueda ser aplicado por los rectores y no una
ley -se lo han dicho ellos- que pudiera ser inaplicable. Den a la
universidad más autonomía como garantía de la calidad de servicio
público de la enseñanza superior aunque nunca lo he oído en su
vocabulario, y dé un mayor control a la sociedad.

Señora ministra, se pueden hacer las dos cosas a la vez y por eso:
aclárenos también cuál es su modelo; explíquele a los jóvenes y a las
familias cómo van a acceder a la universidad; desmienta que va a
hacer reválida, si es así; asegure una financiación adecuada que
permita a nuestras universidades converger con Europa; desarrolle una
política de igualdad de oportunidades con ayudas y becas a los
estudiantes; defienda la universidad pública que es su obligación y
no desconfíe de ella; construya el espacio europeo de enseñanza
superior y hágalo con la participación de todos y también de los
estudiantes que el jueves han decidido reunirse ellos, porque usted
no los ha reunido, para decirle qué opinan de su reforma. Defina el
acceso a la carrera académica con criterios de este siglo y no del
pasado, no la devalúe, y en definitiva mejore la calidad de las
universidades. Ahí le tenderemos la mano, para avanzar en ese
consenso sin apriorismos por su parte y por la nuestra. Hagamos un
buen debate y reformemos la universidad, pero hagámoslo entre todos y
abandone usted esa absoluta soledad en la que ha decidido instalarse
y contribuya a alcanzar esa mayoría educativa que acerque con
garantías la universidad española a los retos de futuro que merece
este país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios.




La señora JULIOS REYES: Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la señora ministra
en esta Comisión y disculparme porque no he podido estar presente, a
causa de la transporte, en prácticamente la totalidad de la
intervención de la señora ministra, y me va a ser difícil poder
sintonizar con algunos aspectos que haya comentado, con independencia
de que leeré atentamente el 'Diario de Sesiones' sobre lo expuesto.

Quiero manifestar algunas cosas que le parecen importantes a
Coalición Canaria. Ya hemos manifestado en anteriores ocasiones que
sin menoscabo de reconocer la importancia de la Ley de reforma
universitaria del año 1983, el impacto y la transcendencia que ha
tenido en la evolución positiva de nuestro sistema educativo
universitario superior, la realidad universitaria ha evolucionado muy
rápidamente y ha evolucionado en la misma medida que lo ha hecho el
entorno social y económico en el que todos vivimos en España y en las



Página 7237



comunidades autónomas. Me refiero no sólo a aspectos demográficos,
sino a aspectos relacionados con una mayor demanda de competitividad
tanto nacional como internacionalmente, con lo que significa el
impacto que están produciendo en todos los aspectos de la vida, pero
también en la universidad, las nuevas tecnologías de la información y
de las comunicaciones y en aspectos que es decisivo valorar en sus
justos términos para el futuro de la universidad y no de una forma
enfrentada a la posibilidad real que todos defendemos de la llamada
autonomía universitaria que son los siguientes. Por un lado, la
universidad se ha ido abriendo; ha habido una apertura de la
universidad pública hacia la sociedad y entendemos que estamos ante
una sociedad que exige cada vez más servicios, con más calidad y más
compromiso por parte de las administraciones públicas, incluso de la
propia universidad. Hay que entender esto como una conquista de la
sociedad y también como un mérito a reconocer a los profesionales que
trabajan en el entorno de las universidades, en el del mundo
académico, en el entorno del mundo de la investigación, como una
conquista porque en ellos hay también voluntad de apertura hacia la
sociedad. Estamos ante la oportunidad para no perder el tren del
progreso de la modernidad y de la competitividad de nuestras
universidades. Esto implica readaptaciones de la estructura
universitaria para dar respuesta a estos nuevos retos que son: tener
universidades que ejerzan un efectivo liderazgo de nuestra sociedad
como instancia crítica y científica basada en el rigor y en el mérito
y ser referente para todo el conjunto de la sociedad. En algunos de
los aspectos que están planteados en la reforma se recogen criterios
con los que podemos coincidir porque forman parte de la planificación
del Gobierno de Canarias en el sistema universitario de nuestra
comunidad autónoma. Por ejemplo, nos parece importante elaborar
programas plurianuales de financiación que conlleven la aprobación
consiguiente de los contratos-programas. En nuestra comunidad se
aprueba por el consejo de gobierno y existe un plan de financiación
del sistema universitario cuatrianual, es decir del 2001 al 2004.

Unido a eso debe generarse el debate en sede parlamentaria sobre las
necesidades de financiación con perspectivas de futuro de las
universidades de todos los territorios del país.

Hay aspectos en los que hay que profundizar en el sentido siguiente:
Creemos que ha de aprovecharse la sede parlamentaria para aportar y
generar un debate que sea constructivo en diversos aspectos como la
adecuación de oferta y demanda en los estudios universitarios;
mejoras, teniendo en cuenta las necesidades de nuevos diseños de
carreras profesionales, que den respuesta a lo que la sociedad está
demandando hoy en todos los ámbitos del territorio del Estado;
aclarar el acceso a los estudios universitarios; todo lo que puede
ser mejorar la competitividad del sistema; potenciar la calidad de la
universidad como servicio público; mejoras
en la eficiencia de los recursos, creo que hay que profundizar en
elementos que permitan profesionalizar la gestión dentro de las
universidades; y estimular la participación de la sociedad en los
programas universitarios. Creemos que se introducen elementos en este
sentido, pero también entendemos que el debate no está cerrado y que
merece la pena hacer un esfuerzo de consenso con las comunidades
autónomas y por supuesto a nivel político en este Parlamento.

Nuestras principales preocupaciones, y voy a centrarme en las que
pudieran ser más relevantes, son: por un lado y en lo que se refiere
a la investigación creemos que es necesario incorporar criterios de
mercado y de conexión con el mundo empresarial, es decir con los
sistemas productivos concretos de cada comunidad autónoma, que de
alguna forma se esté de acuerdo con las prioridades en la
investigación y con el desarrollo económico y social no sólo del país
sino con el diseño y particularidades de cada territorio autonómico.

Hay que buscar nuevos marcos de relación de la Administración con el
mundo de la empresa y el de la universidad. En este sentido está
pendiente la reforma de la Ley de mecenazgo que tiene mucho que ver
con los temas que estamos comentando, que debiera desarrollarse
paralelamente a lo largo de esta legislatura y que no quede como una
asignatura pendiente. Esto es importante, puesto que por razones
demográficas los ingresos producidos en las universidades a través de
las tasas si no queremos que las mismas aumenten lo normal es que
pensemos que no va a haber un crecimiento de la financiación por este
capítulo.

Otra cosa que nos preocupa es el sistema de habilitación para los
profesores universitarios. Entendemos que tal y como está planteado
es un sistema rígido, que reproduce los esquemas clásicos del sistema
funcionarial en cuanto a oposiciones, puede degenerar en una cultura
de escuelas dominantes o de universidades dominantes, y evidentemente
desde comunidades autónomas como la mía lo vemos como un elemento que
hay que intentar controlar por el bien del desarrollo de la totalidad
de las universidades del país. Nosotros pensamos que tal y como está
planteado pueden generarse distorsiones, y eso hay que analizarlo en
profundidad, pueden generarse perversidades, si me permiten la
expresión, ya que nos podemos encontrar con personas habilitadas que
no son seleccionadas por nadie, pero también con el problema
contrario que es tanto o más preocupante que éste, y son personas que
estando habilitadas pueden escoger -y normalmente escogen por su
propia procedencia- a las universidades en función de sus propios
intereses en donde quieren ejercer su actividad profesional. Eso
desde universidades de territorios alejados, como es el de Canarias,
nos produce una profunda preocupación. Voy a poner un ejemplo que no
tiene nada que ver con esto, pero que no quisiéramos encontrarnos en
esa misma situación. Usted sabeque para la formación de los
especialistas médicos en



Página 7238



España está el sistema MIR, y en nuestra comunidad nos encontramos
con que tenemos plazas que están acreditadas, plazas que están
financiadas, pero que sistemáticamente y año tras año no se cubren.

Eso conlleva disminución de la capacidad de formación de nuestros
hospitales con los consiguientes problemas, en los que no voy a
profundizar, de dificultad para encontrar personas con determinada
titulación para ejercer la actividad profesional. Sólo lo pongo a
título de ejemplo, pero insistimos en que no quisiéramos que
ocurriera semejante situación en las universidades canarias.

Nosotros pensamos que habría que profundizar en otros sistemas más
deseables que pudieran ir encaminados no hacia ese sistema rígido a
modo de oposición, sino a través de comisiones de expertos externos
que se evalúen méritos de los candidatos en cuanto a docencia,
investigación, transferencia de tecnología, etcétera, pero que luego
cada universidad pueda establecer sus propios criterios de selección.

Para concluir, hoy estamos en este trámite de Comisión pero todavía
queda otro trámite en esta sede parlamentaria, y creo importante que
se logre un consenso con las comunidades autónomas pero también en
esta Cámara a nivel político, ya que las comunidades autónomas son
las que luego ejercen muchas de las competencias para el desarrollo
de la ley que finalmente se apruebe. Esta reforma de la ley debe ser
una oportunidad para responder a los nuevos retos a los que se
enfrenta la universidad, pero que puedan responder con capacidad
todas y cada una de las universidades del territorio del Estado y
todas y cada una de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Castro.




La señora CASTRO FONSECA: Señora ministra, bienvenida al parlamento,
bienvenida a esta Comisión, gracias en mi nombre y en el del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida por su presencia, pero como
lo cortés no quita lo valiente permítame decirle a continuación que a
buenas horas mangas verdes.

Esta oposición se siente humillada por su método de trabajo, y no
solamente humillada sino que encima solamente nos ha faltado poner
las manos como en la escuela de cuando yo era pequeña y usted sacar
la regla y darnos. Me parece un abuso y usted debe pedir perdón
a esta Comisión y a los representantes y portavoces de los grupos
políticos porque, señora ministra, hay otra forma de hacer las cosas.

No voy a coincidir con usted en la forma ni en el fondo, pero me
preocupan tremendamente las formas. Me preocupa que usted haga
declaraciones públicas diciendo que no hay que preocuparse por las
filtraciones. Sí, señora ministra, usted ha dicho en el Consejo de
Universidades que no hay que preocuparse por las
filtraciones. ¡Cómo que no hay que preocuparse por las filtraciones!
¿Qué opinión tiene usted del papel que juega la oposición en esta
Cámara? ¿Usted se cree de verdad que venimos aquí sólo a ponerla a
usted verde, a criticar al Partido Popular y a decir que todo lo que
hacen está mal? No, aquí hay una oposición seria, rigurosa
y responsable, que trabaja los temas y exige rigor por parte del
Gobierno, rigor que por otra parte nos exigimos a nosotros mismos.

Usted debe pedirnos disculpas, porque francamente ha sido una salida
de tono, que espero y deseo se haya producido en el fragor de la
batalla de una larguísima intervención y que usted realmente no se
haya dado cuenta del marco en que estaba.

Señora ministra, la he escuchado decir que hay que pasar de la
expansión cuantitativa a la cualitativa. Terror me da esto. Estamos
todos de acuerdo, yo creo que no hay nadie que se cuestione hoy la
necesidad de la reforma universitaria, pero cuando usted plantea
estas cosas y habla de la Agencia de evaluación yo lo primero que me
pregunto es qué esconde usted detrás de estas afirmaciones. Se habla
mucho de la palabra flexibilidad, que a mí me da pavor en su boca y
más particularmente en la ministra del Gobierno Popular.

Como usted sabe muy bien, señora ministra, nosotros hemos pasado de
una universidad elitista ya hace dos décadas a una universidad de
masas, la reforma hay que hacerla para afrontar los retos que nos
plantea este cambio, y usted viene a traer a esta Cámara a destiempo,
con retraso, un anteproyecto de ley que, permítame se lo diga, lejos
de dar soluciones a esos nuevos retos de la universidad de masas en
la que los hijos de los obreros hemos tenido y tienen la oportunidad
de acceder, usted lo que plantea aquí claramente es una
contrarreforma, es volver al pasado. Yo sé que la nostalgia es una
cosa muy frecuente, pero en política no es nada recomendable.

Este grupo parlamentario, señora ministra, ha pedido en esta Cámara
desde el inicio de la legislatura la constitución de una ponencia o
subcomisión en el seno de esta Comisión de Educación, Cultura y
Deportes, justamente para buscar el máximo acuerdo y consenso para la
necesaria modificación de la LRU. Frente a esto, el Gobierno del
Partido Popular que usted representa ha optado una vez más por seguir
un proceso de absoluto desprecio a la oposición parlamentaria y a los
agentes sociales implicados, desde los sindicatos a la comunidad
educativa.

Supongo que la señora ministra sabe que no tiene a favor de su ley ni
a los rectores, ni a los estudiantes, ni a los profesores
universitarios, ni a los sindicatos ni a los partidos políticos de
oposición. Sinceramente creo que es usted una persona inteligente y
debería saber que partiendo de esta base tendrá muy difícil sacar
adelante esta ley. La verdad es que no nos sorprende porque este
método lo inauguró usted ya con la primera reforma que nos trajo a la
Cámara, en la que también



Página 7239



humilló a la oposición gloriosamente: si ustedes quieren conocer el
contenido de mi reforma, manden un equipo de técnicos al Congreso y
estudienla. ¡Hombre, por favor! Esto no es serio. Aquí, en este
Parlamento, ministros de su mismo Gobierno trabajan de otra manera;
aquí, en este Parlamento, acabamos de sacar adelante la Agencia
nacional de seguridad alimentaria por consenso.

Una reforma universitaria es importantísima. Es evidente que usted y
yo no podemos coincidir en el modelo de universidad porque no
coincidimos en el modelo de sociedad, y por tanto no podemos
coincidir en el papel que la universidad puede jugar en la segunda,
pero podemos coincidir, señora ministra, en que para poner en marcha
una reforma tan importante que afecta al conjunto de la sociedad es
necesario partir de un amplio consenso social que usted no ha
buscado. Por tanto, la regañina frente al espejo y a usted misma, que
es quien se ha equivocado profundamente.

Valoramos negativamente su anteproyecto de ley de universidades por
varias razones, señora ministra. Trataré de ser breve porque hay aquí
gente que tiene muchas cosas que hacer, y no quiero pasarme en el uso
del tiempo. En primer lugar, falta un plan de financiación aunque
usted diga que no tiene nada que ver, -yo alucino cuando dice usted
que no tiene nada que ver- (Risas.) Y eso supone nada más y nada
menos que dejar sin voz ni voto en el debate sobre esta ley a los
representantes de la comunidad universitaria en un asunto crucial
para el futuro de los centros docentes y de la investigación, y más
si tenemos en cuenta que España está muy por debajo de la media
europea en gasto público para la enseñanza superior y para ayudas
a los estudiantes que disfrutan de la misma.

En segundo lugar, esta ley introduce claramente la arbitrariedad en
el sistema de acceso de los estudiantes a las universidades públicas
multiplicando las pruebas para optar a las diferentes carreras y
fomentando la discrecionalidad de los criterios de acceso a cada
universidad, lo que atenta a todas luces contra la igualdad de
oportunidades educativas de los universitarios y de los distintos
distritos y genera, además, diferencias inadmisibles en la
universidad del siglo XXI.

En tercer lugar, nos oponemos a su proyecto, señora ministra, porque
la ley multiplica artificialmente las categorías de profesorado con
funciones docentes o de investigación introduciendo nada menos que
hasta seis tipos de contratos al margen de los funcionarios
titulares. Ello conduce a aumentar el índice de precarización de
empleo del profesorado hasta casi el 50 por ciento, a alargar
considerablemente el tiempo para acceder a plazas de profesor
permanente, a complicar todavía más la forma de acceso a la
titularidad haciendo inviable la carrera docente e investigadora y a
minimizar la autonomía de cada universidad en la selección del plan
director de infraestructuras.

Nos oponemos también porque la nueva ley supondría un serio recorte
de la democracia interna en los órganos de gobierno de las
universidades al acentuar por un lado el poder de los rectores a
expensas del de los claustros, y al establecer por otro lado una
excesiva presencia externa en los consejos de gobierno, lo que
supondría a todas luces una clara injerencia de intereses totalmente
ajenos a la universidad, como son los intereses políticos y
empresariales. Todo ello, señora ministra, iría en detrimento de la
representación de los estudiantes, del profesorado contratado y del
personal de administración y servicios.

Por último, su proyecto es impulsor de un claro proceso de
privatización de la enseñanza y de la investigación universitarias,
señora ministra, puesto que facilita la creación y puesta en marcha
de universidades privadas y pretende incorporar automáticamente a los
rectores de tales universidades al consejo de coordinación
universitaria.

Decía usted que estaba convencida de que aquí había alguien que no se
iba a bajar de guión. Pues mire usted, Izquierda Unida no solamente
se baja del guión, sino que ha tenido la prudencia política, desde la
responsabilidad que asiste a este grupo parlamentario, de no hacer
críticas partiendo solamente por su presencia en el Consejo de
Universidades. Estábamos -ilusos de nosotros- esperando el
anteproyecto que nunca llegó para hacer una crítica rigurosa y seria.

Fíjese usted si nos preocupa este tema, que Izquierda Unida ha
convocado unas jornadas federales de educación con todos los agentes
sociales, a los que usted ha despreciado olímpicamente, para dar una
respuesta rigurosa a la propuesta del Partido Popular.

No hemos podido venir aquí con una valoración más positiva -que ya
nos hubiera gustado- porque es absolutamente imposible, señora
ministra. Ustedes no abren la universidad a la sociedad; con esta
reforma abren la universidad a la empresa. Esto no es lo que demandan
la comunidad educativa, ni la sociedad española ni los grupos
parlamentario de oposición.

Izquierda Unida quiere unir su voz esta mañana a la de todos aquellos
docentes y personas de la comunidad universitaria que exigen una
ampliación de los plazos previstos, y a los sindicatos que están
haciendo lo mismo. Se trata de debatir serenamente con todos los
sectores implicados y de hacerlo, por supuesto, con el respeto debido
a la oposición parlamentaria, que tiene espíritu leal y constructivo;
una reforma tan importante no se puede hacer aplicando
sistemáticamente el despotismo ilustrado.

Discrepo totalmente de los que me han precedido en el uso de la
palabra; usted sí sabe lo que quiere y el Partido Popular también,
nada de popurrí. Fíjese si saben ustedes lo que quieren: primero
filtra usted información -globo sonda- para ver qué reacciones hay e
ir articulando y acomodando su propuesta en base a esas reacciones.

Aquí ya somos todos mayores y sabemos



Página 7240



muchísimo de política, señora ministra, luego no nos va a colar
ningún gol por ahí.

En segundo lugar, ustedes no se han inspirado en un modelo único; han
hecho una superposición de modelos en la gestión de la universidad,
en el acceso de estudiantes a las facultades y escuelas
universitarias y también en el diseño docente y de investigación. Eso
sí, ya tiene usted que empezar a resolver las fisuras que se abren en
esta superposición de modelos. Ya se notan las constricciones que
representan los acuerdos de Bolonia para el marco europeo y los
acuerdos políticos que han suscrito ustedes con Convergència i Unió,
por ejemplo; no casan entre sí y van a tener ustedes que resolver
esto. Yo no me creo que esta reforma sea un mal sueño de la señora
ministra. Esta reforma el Partido Popular la tiene clara; sabe
perfectamente dónde quiere ir y lo único que ha pretendido con este
método es articular su propuesta pulsando previamente las reacciones
que se pudieran producirse en el conjunto de la sociedad, en la
comunidad educativa y en los partidos políticos. Con todo ello ha
conseguido usted lo que decía la portavoz socialista: unanimidad en
contra de su reforma.

Si de verdad quiere que esta reforma sirva para algo y dé respuesta a
los nuevos retos de la universidad actual, no le queda a usted más
remedio que plantear una moratoria que permita reconducir el proceso
incorporando al debate a todos los agentes sociales implicados. De
ese modo, los grupos parlamentarios tendrían la satisfacción de saber
que más allá del voto a favor o en contra de su propuesta, ha habido
una oportunidad para la comunidad educativa y para nuestros hijos,
que son el futuro universitario de este país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Martí.




El señor MARTÍ I GALBIS: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quisiera dar la bienvenida de nuevo a esta
Comisión a la señora ministra y agradecerle la exposición que nos ha
dado sobre los principales ejes de este borrador de anteproyecto de
ley de universidades, que ha sido fruto de diversas peticiones tanto
del Gobierno como de diferentes grupos parlamentarios.

Antes de trasladarle la opinión de nuestro grupo parlamentario al
respecto, quería lamentar y expresar las condolencias, tanto a título
personal como en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), por el fallecimiento de don Antoni Caparrós, que hasta hace
pocos días ha sido rector de la universidad de Barcelona, la
universidad de mi época estudiantil.

Desde nuestro grupo parlamentario, creemos que este borrador que nos
ha presentado hoy formalmente, cuyos principales aspectos nos acaba
de plantear y de los que teníamos constancia por algunos documentos
anteriores, es ciertamente necesario. Existe unanimidad
en que esta reforma es necesaria y éste es un buen momento para
ello. Usted hacía referencia a una encuesta, de la que ahora no
recuerdo el origen, la fuente o el organismo que la ha realizado,
que, según sus datos, el 65 por ciento de los encuestados estaban de
acuerdo con esta reforma pero, según nuestro criterio, creemos que no
tiene la urgencia con la que se intenta impulsar desde el Ministerio,
por lo menos hasta este momento. Como el resto de los grupos
parlamentarios presentes en esta Comisión, creemos que este
anteproyecto debe ser abordado y finalmente aprobado con el máximo
consenso de los grupos parlamentarios y de los agentes del ámbito de
la comunidad universitaria. Se necesita el máximo consenso para una
ley tan clave para el futuro de nuestra sociedad y de la comunidad
educativa. Por tanto, debe haber en el futuro un diálogo sincero,
sereno y constructivo con las universidades, con los rectores, con
los sindicatos, con los representantes de los estudiantes y del
profesorado de las comunidades autónomas, es decir, con todo el
mundo. En ese sentido, los ritmos marcados hasta ahora son
inadecuados y no es de extrañar que suscite un cierto sentimiento de
amplio rechazo en los sectores interesados, aunque esperamos que se
reconduzca. Sería muy negativo que en el futuro esta ley fuera fruto
del peso estricto de la aritmética parlamentaria, aunque esta ley
responda a planteamientos que el Gobierno defiende de buena fe, que
no dudamos en ningún momento, o desde el convencimiento de que este
es el único camino posible. Como para todas las cosas en este mundo,
no hay una única vía de alcanzar los objetivos, sino que hay
alternativas viables, y en este caso también las hay.

Nuestro grupo parlamentario comparte en buena medida el diagnóstico
del Gobierno y el que nos acaba de hacer la señora ministra, en
concreto con los temas que precisan de una adaptación de la actual
Ley de reforma universitaria. Estamos de acuerdo con la necesidad de
impulsar una reforma, concretamente una reforma que afecte a la mayor
parte de los aspectos incluidos en el borrador o anteproyecto que nos
acaba de exponer la señora ministra. En ese sentido, quiero avanzar
que el Gobierno puede contar con nuestra complicidad en todo aquello
que tenga que ver con un objetivo que, si me permiten, convendríamos
en llamar el impulso reformador, es decir, la necesidad objetiva de
reformar un sistema y unos mecanismos, porque existe una comunidad
que espera esta reforma. Vamos a dejar claro que no estamos en contra
de una nueva ley y sí estaremos a favor de la introducción de algunos
cambios en profundidad, y subrayo en profundidad, en la actual
normativa, si finalmente las vías de diálogo del Gobierno se abren y
hacen posible ese diálogo político entre todos los grupos de esta
Cámara. Sin embargo, señora ministra, a nuestro grupo parlamentario
no le convencen alguna de las propuestas y de las soluciones que
hasta ahora ha planteado el Ministerio, aunqueestamos convencidos de
que desde ahora hasta el debate



Página 7241



parlamentario de la futura ley sabremos encontrar esas vías de
diálogo que contribuyan a replantear o a reorientar estas diferencias
que tenemos a fecha 29 de mayo.

Antes de referirme a las cuestiones que ha expuesto la señora
ministra durante su intervención y con las que no podemos estar de
acuerdo, quisiera manifestarme con respecto a una discrepancia de
orden general, que no es exclusiva de este anteproyecto y que afecta
con demasiada frecuencia a otros anteproyectos del Gobierno, y es el
exceso de detalle que caracteriza a este borrador. Quisiéramos
denunciar, y es un argumento en el que se han reiterado ya anteriores
portavoces en esta Comisión, ese intento de encorsetar tanto los
centros universitarios. Creemos que en esta tentación subyace un gran
riesgo de laminación de la autonomía universitaria y de algunas
competencias autonómicas, ante lo cual, no podemos más que expresar
nuestras discrepancias. Es fácil entender, incluso apoyar, algunas
protestas que se están dando, tanto a nivel de la comunidad
universitaria como a nivel de los responsables políticos de
diferentes comunidades autónomas. Existe un riesgo mayor, que es el
de elaborar una ley que no tenga la flexibilidad necesaria y que no
prevea la evolución de la propia universidad española y de la
sociedad en el marco universitario europeo que se está construyendo.

Mi grupo parlamentario ha tomado buena nota de sus explicaciones,
sobre todo del déficit que tiene la actual normativa, a partir de lo
cual el Gobierno va a intentar aplicar su fórmula. No obstante, no
creemos que esta comparecencia nos obligue a poner sobre la mesa
todas y cada una de las cuestiones que, en el supuesto de que
estuviéramos ante un proyecto de ley, podrían ser objeto de
presentación de las correspondientes enmiendas. Más allá de la
discrepancia, a la que me referido hace unos segundos, sobre el
excesivo detalle, quisiera, aunque sea de pasada, comentarle alguna
de las cuestiones sobre las que, en mayor o menor medida, tenemos
puntos de vista diferentes a los expresados en el anteproyecto.

En primer lugar, estamos ante una necesidad de reforzamiento de la
figura del rector y de su autoridad. La fórmula propuesta de elección
mediante un sufragio universal ponderado, que no tiene el apoyo de
una práctica consolidada en ningún país de nuestro entorno, puede
tener graves inconvenientes en su aplicación práctica, por lo que
esperamos que esto no sea una fórmula cerrada y se pueda discutir en
el proceso de trámite parlamentario en los próximos meses.

En segundo lugar, universidades estatales. Las únicas universidades
de titularidad estatal son la UNED y la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo, con diferentes regímenes administrativos. Nuestro
grupo parlamentario no entiende -y hay gente que conoce nuestra
trayectoria política en el ámbito de la enseñanza superior- ni está
de acuerdo si el Gobierno, de una manera más o menos camuflada o
indirecta, se reservara
el derecho a crear en el futuro nuevas universidades, al margen de
la voluntad o de la participación de las comunidades autónomas.

En tercer lugar, por lo que respecta a la modificación de la
condición de profesorado, podemos avanzar que estamos de acuerdo con
las líneas básicas que rigen la actuación del Ministerio. El
reforzamiento de la figura de los profesores contratados creemos que
va en la buena dirección, pero el mecanismo de las diversas formas de
habilitación, al que también ha hecho referencia algún portavoz
anteriormente, tal y como aparece en el borrador, tiene varios
efectos y puede acarrear serios inconvenientes según nuestro
criterio, entre otros, que afectarían a la propia calidad del
profesorado, puede perjudicar al acceso del profesorado extranjero
o en general al que se haya formado en el extranjero. Asimismo,
defenderemos las garantías que aseguren que esto no supone una mayor
centralización o cualquier ventaja para los candidatos a profesor con
residencia o actividad de más proximidad a la capital, en detrimento
de la periferia, a la que también se ha referido anteriormente el
portavoz del Bloque Nacionalista Galego.

En cuarto lugar, las universidades privadas. Estamos de acuerdo en
que deben tener una regulación en la ley que se corresponda con el
peso que ahora tienen en el panorama universitario español y que
todas las fuerzas políticas, también el principal partido de la
oposición, han querido y han aceptado hasta la fecha, pero este
planteamiento no tiene por qué implicar, por ejemplo, la plena
equiparación entre rectores de universidades públicas y privadas en
la discusión y votación de todas las materias que se discutan en el
organismo que deba sustituir al actual Consejo de Universidades.

En quinto lugar, un breve comentario con relación a la selectividad.

Ciertamente hoy en día la selectividad, y aquí se ha dicho, es
ineficiente y no cumple con su teórico objetivo y su teórica función,
pero tenemos serias dudas sobre la fórmula que se nos propone y su
articulación con las propuestas que se anuncian para la secundaria.

En ese sentido, y teniendo en cuenta las repercusiones sociales,
políticas, personales, humanas y mediáticas de esta cuestión, creemos
que se debe aplicar la misma terapia que al conjunto del borrador, es
decir, diálogo, consenso y serenidad ante todo.

En sexto y último lugar, señora ministra, le avanzo dos cuestiones.

En primer lugar, nuestras reservas con relación a lo que puede
suponer para las comunidades autónomas la creación de la agencia
nacional de evaluación y acreditación. Usted conoce nuestra posición
al respecto, sabe que en Cataluña y en otras comunidades autónomas,
como es el caso de Andalucía, existen agencias de evaluación y
acreditación de la calidad de la enseñanza a nivel autonómico y
creemos que la creación de esa nueva agencia podría llegar a invadir
tranquilamente las competencias de las comunidades autónomas y podría
llegar a neutralizar de facto las



Página 7242



funciones de las agencias que existen en este momento o de las que se
puedan llegar a crear en el futuro; por tanto, necesitamos una
clarificación al respecto. En segundo lugar, nuestra prevención en
relación a posibles conflictos de constitucionalidad. Esta es una
cuestión de alta política que no es el momento oportuno de debatir,
pero que vamos a estudiar detenidamente, y el Gobierno, el Ministerio
y todas las comunidades autónomas necesitan un debate sereno, interno
esta vez, para asegurarnos de que el anteproyecto que nos presenta no
infringe las previsiones constitucionales respecto a las competencias
que tienen asumidas las comunidades autónomas en relación a la
enseñanza superior.

Termino mi intervención, señora ministra, señor presidente, como la
he iniciado, diciendo que estamos ante una cuestión de Estado, de
primer orden para el país en su conjunto y para el futuro de nuestros
hijos y que sería contraproducente tener excesivas prisas para
abordar la ley. La señora ministra ha dicho que el trámite
parlamentario se iniciará en el próximo período de sesiones que
comienza en el de septiembre, lo que implicaría poco más de un mes
hábil, teniendo en cuenta en período vacacional y, por tanto,
consideramos que no sería positivo tener tan poco tiempo para
dialogar no solo ustedes, el Gobierno, sino todos los grupos
parlamentarios con todos los sectores implicados de la comunidad
educativa del Estado español y, por tanto, necesitamos este plus de
tiempo que usted seguramente, señora ministra, comprenderá.

Más allá de las discrepancias que le he avanzado y que estoy seguro
que se podrán reconducir junto con el resto de los grupos
parlamentarios, señora ministra, quiero expresarle nuestra buena
voluntad para hablar de todo, desde un ánimo muy constructivo, como
siempre ha sido la posición de Convergencia i Unió en este Congreso y
en el Senado, sobre todo, en un tema de tanta trascendencia social
como el que nos ocupa. Por tanto, esperemos que en el futuro esta ley
salga con el máximo consenso y que no sea fruto de una mayoría
absoluta que no sería positiva para aprobar una ley de esta
importancia social.




El señor PRESIDENTE: Por último, le corresponde intervenir al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sean nuestras primeras palabras para
unirnos al pésame que ha manifestado la señora ministra, así como
todos los grupos parlamentarios por el fallecimiento del rector
Antoni Caparrós.

Quiero indicarle, señora ministra, que en la exposición que ha hecho
-y en esto estamos todos los grupos parlamentarios de acuerdo- se
pone de manifiesto la necesidad -desde hace más de tres años- de una
nueva ley de universidades. El documento Bricall,
como ha indicado la señora ministra, el informe Pascual, el documento
elaborado por la asociación de catedráticos de universidades, así
como las jornadas celebradas en la Universidad Menéndez y Pelayo, a
las que acudí como representante del Grupo Popular y a las que
también asistieron representantes de otros grupos políticos
y diferentes rectores, son unánimes también sobre la necesidad de
modificar la Ley. También el presidente Aznar en el discurso de
investidura anunció que era una prioridad para el Gobierno del
Partido Popular la elaboración de una nueva ley de universidades. Por
tanto, todos los grupos estamos de acuerdo en esta necesidad.

Como ya se ha indicado aquí se está realizando un amplio debate.

Desde hace más de tres meses se están debatiendo las líneas y la
filosofía de nueva ley de universidades. Estos debates se han
realizado en el Consejo de Universidades, en las reuniones con la
CRUE, con todos los rectores. Aquí se ha hecho referencia a los
plazos. Mirando hacia atrás vemos cómo se elaboró la Ley de reforma
universitaria y ahora se nos recuerda que no ha habido
constitucionalmente una ley de universidades. Pues bien, en este
sentido tengo que decir, con un vocabulario menos estridente que el
que ha utilizado algún grupo parlamentario, pero con un vocabulario
de más altura académica, que esa ley se hizo con urgencia y
nocturnidad cunado no había prisa ninguna.

Aquí se nos ha dicho que posiblemente a finales del mes de junio el
proyecto entrará en el Congreso, se empezará a debatir en el mes de
septiembre, tendremos los meses necesarios para su debate en esta
Cámara y posteriormente pasará al Senado. En esta ley quien tiene que
decir la última palabra es este Parlamento y este Parlamento va a
tener tiempo más que suficiente. Además, por lo que ha indicado la
señora ministra, en este borrador de proyecto -y subrayo el término
borrador porque no es exactamente el texto que se remitirá a este
Parlamento- se tendrá en cuenta lo que la CRUE y el Consejo de
Universidades, etcétera, manifiesten al respecto.

Señor presidente, en las líneas generales y en su filosofía nuestro
grupo está totalmente de acuerdo con este anteproyecto de ley. Quiero
indicar, por ejemplo, respecto a la habilitación, que es importante
que se haga por un tribunal formado por siete miembros -pueden ser
seis u otro número- y que se realice por sorteo. Todos tenemos
conciencia de una cierta endogamia de nuestras universidades y aunque
se ha dicho que será imposible quitar totalmente la endogamia, es
función del Gobierno y de los grupos parlamentarios, y
fundamentalmente de este grupo que apoya al Gobierno, adecuar las
medidas para que esta endogamia quede en el mínimo posible. Por ello,
insisto en que nos parece muy oportuna la habilitación a nivel
nacional.

Por otra parte, respecto a la carrera docente, se contempla la
situación del ayudante, el ayudante doctor y los profesores
contratados doctores, así como la posibilidad de rectificar algunas
cuestiones que estaban en el



Página 7243



espíritu de la LRU y que, sin embargo, en la letra no figuraron, como
son los profesores asociados a tiempo parcial. Todos sabemos los
problemas que hemos tenido durante diez años con los profesores
asociados a tiempo completo, con lo cual se estaba utilizando un
profesorado en unas condiciones que no eran las del espíritu de la
LRU. Por lo tanto, apoyamos totalmente a los profesores asociados a
tiempo parcial. En relación al profesor visitante se han hecho
algunas alusiones por parte de algún grupo que ponen de manifiesto la
necesidad de abrir nuestra universidad a profesores extranjeros
a través de los profesores visitantes.

Quiero subrayar aquí una cuestión importante: la agencia de
evaluación. Entiendo que esa agencia es necesaria para que las
universidades, además de mejorar su calidad, tengan una cierta
competencia que vaya en beneficio de los alumnos y en beneficio de la
sociedad.

Señor presidente, señora ministra, vemos cómo se quieren potenciar -y
esto ya se manifestó en la Universidad Menéndez y Pelayo y que se ha
expuesto por muchos profesores y rectores- las competencias del
rector. Asimismo la elección del rector la ralizará la universidad en
su conjunto, mediante voto ponderado. Entendemos -y nadie podrá
discrepar- que tendrán un gran peso en esa elección los propios
profesores de la misma universidad.

Respecto del Consejo Económico y Social, es indudable que cuando la
sociedad aporta, tengámoslo siempre en cuenta, aproximadamente el 80
o el 85 por ciento del costo de nuestras universidades tiene que
haber un control en materia económica y en materia de presupuesto; un
control que ya existe en estos momentos pero indudablemente hay que
otorgar unas funciones en este sentido de control de presupuesto al
Consejo Económico y Social, donde están integradas las propias
comunidades autónomas, comunidades autónomas que, en definitiva,
teniendo la competencia plena como tienen en las universidades,
aportan la mayoría de ese presupuesto.




Quisiera tocar un tema al que se ha aludido aquí y en declaraciones
públicas de algunos partidos, que es el de las universidades
privadas. En este borrador de proyecto de ley yo creo que, al revés,
lo que se hace es un mayor control de las universidades privadas.

Independientemente de exigir que el rector sea doctor, hay una
regulación que tendrán las comunidades autónomas y además la agencia
de evaluación nacional de calidad podrá intervenir en el control de
la calidad de estas universidades privadas, cosa que se ha pedido.

Recuerdo que hay una propuesta de un grupo, que no es el nuestro,
respecto del control de calidad de las universidades privadas, que
creo que no se ha debatido. En cuanto a la intervención enla
intervención en lo que va a sustituir al consejo, lo veo claro en el
texto, es decir, los rectores que participen por parte de las
universidades privadas no tendrán ninguna participación en lo que
respecta a las universidades públicas, e incluso en muchos temas
tendrán voz pero nunca voto. Por tanto, yo no veo esos fantasmas a
que se ha aluda que se alude,ido, quizá con afán torticero, diciendo
que aquí se intenta privatizar. El tema de las universidades privadas
está muy bien recogido en el borrador y no debemos de insistir
demasiado porque lo que se hace es regular estas universidades
privadas en lo que respecta a calidad y en lo que respecta a la
titulación de los rectores, etcétera.

Voy terminando porque si no me va a llamar la atención el señor
presidente, no sin antes hacer alusión a algunas cosas que se han
dicho, especialmente por un grupo parlamentario. Ha dicho poco menos
que la ministra había venido aquí a dar una regañina. Cuando todos
ustedes lean el 'Diario de Sesiones' verán que eso no ha sido así en
absoluto. La señora ministra lo que ha dicho es que no estaba de
acuerdo con algunasalgunas manifestaciones de los representantes de
los grupos parlamentarios. Eso no es regañina. Sí veo peor, aunque no
lo voy a contestar, en mi ánimo y afán de elevar el vocabulario de
esta Comisión de Educación, que se diga que eran manifestaciones que
insultaban a la inteligencia. Para contestarles a eso no tenemos nada
más que decirles que hay que ver lo que ustedes dijeron durante el
debate de la LRU cuando algún grupo de la oposición difería o
disentía de algunos aspectos de la citada ley.

Quiero decirles a ustedes que el debate va a ser amplio y, que hay un
tema importante, que como es el de la movilidad, en el cual no quiero
extenderme puesto que hablaría de las universidades europeas, de las
necesidades de nuestros alumnos, etcétera, y de que los alumnos
tienen más facilidades hoy en día para ir a la universidad de Lyon
que para cambiar de universidad entre diferentes autonomías e incluso
dentro de la misma autonomía.

Termino mi intervención diciéndole, señora ministra, que en la línea
y en la filosofía estamos totalmente de acuerdo y que ha señalado los
problemas de nuestra universidad. Nuestra universidad que ha llegado
a un número que no es ni bueno ni malo, es una realidad, que por una
parte es positiva y por otra parte tiene unos problemas de calidad al
contar con esos 1.560.000 estudiantes. Se preguntaba a la señora
ministra por el tamaño de esa universidad y su filosofía al respecto.

Ya sabemos todos que vamos a ir perdiendo anualmente entre 50.000 y
60.000 estudiantes por el descenso de la natalidad y que en el año
2010 tendremos una universidad con 1.100.000 estudiantes,
aproximadamente.

Finalmente, y ya termino, señor presidente, para que no me llame la
atención, sí quiero decir que en el acceso a la universidad, una vez
que se tenga el título de bachillerato, tema que en estos momentos no
compete a este borrador de proyecto de ley, las universidades tendrán
autonomía para indicar características y principios



Página 7244



para el ingreso en cada una de ellas. Ya se ha dado aquí el dato de
que el 65 por ciento de las plazas no se han cubierto y llegará un
momento, quizá dentro de año y medio o dos años, cuando entre en
vigor esta ley, en donde el 75 o el 80 por ciento de los
universitarios podrán elegir la universidad que deseen puesto que no
va a haber problemas. Indudablemente, hay algunas carreras que tienen
que someterse a las directivas europeas, como es es la facultad de
medicina o la de telecomunicaciones, etcétera, cuyas facultades que
ya hacen una cierta selección puesto que se exigen unas notas muy
altas en la selectividad. Me ha llamado la atención la defensa que
algún grupo ha hecho de la selectividad. Yo creía que todos estábamos
de acuerdo en que había que modificar la selectividad, pero veo que
algunos defienden la selectividad y no quiero entrar en los datos que
nos han dado.

Señora ministra, cuente usted con el apoyo de nuestro grupo
parlamentario. Le reitero que estamos totalmente de acuerdo en la
filosofía, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de elevar la
calidad aunque nuestra juventud en estos momentos es la mejor
preparada, lo cual es indudable puesto que han pasado 40, 50 ó 60
años e indudablemente nuestra juventud está mucho más preparada que
la de hace 30 ó 40 años, pero como queremos que nuestros hijos y en
definitiva la juventud que el día de mañana tendrá que dirigir este
país esté mejor formada es por lo que creemos que hay que elevar la
calidad de nuestras universidades. En esa filosofía tiene nuestro
total apoyo y en esa filosofía encontrará a este grupo, que está
totalmente de acuerdo con cuantas conversaciones sean necesarias y
precisas con los otros grupos, pero siempre y cuando se mantenga esa
filosofía que ha dirigido este borrador del anteproyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra para decir
lo que estime oportuno sobre la intervención de los distintos
portavoces.




La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): En primer lugar, quiero agradecer la intervención de todos los
grupos parlamentarios en relación con temas de carácter general que
algún grupo ha planteado. y Muestromostrar mi sorpresa porque creo
que el tono de mi intervención desde el principio hasta el final ha
estado presidido por el máximo deseo de explicar ante esta Comisión
los elementos sustantivos y más relevantes de este borrador del
anteproyecto de ley. Como todo lo que aquí se ha dicho queda
reflejado en el 'Diario de Sesiones' y somos muchos aquí, que cada
uno evalúe si ha habido o no un tono que no se correspondiera con la
actitud que se debe tener en esta Comisión por parte de la ministra.

En segundo lugar, sí hay una cuestión que me parece que debería de
aclarar la responsable del Grupo Socialista.

¿Qué es eso de las ausencias? ¿Significa las ausencias que se
me ha pedido que comparezca y no he comparecido? ¿Significa las
ausencias que no he comparecido en las preguntas de control? ¿Qué
significa eso de las ausencias? Me parece importante que el Grupo
Parlamentario Socialista aclare lo que quiere decir porque no lo he
entendido y me gustaría que no hubiera confusión al respecto.

Entrando ya en los aspectos planteados, yo agradezco a quienes han
ido en mayor medida al texto del anteproyecto de ley, quienes han
hecho referencias realmente a aspectos del anteproyecto. Insisto, y
no voy a dejar de hacerlo, en que, por primera vez, se ha hecho un
debate sobre una propuesta de reforma universitaria, que se ha
canalizado por diversas vías, por el Consejo de Universidades, que es
la institución en la que están representadas las comunidades
autónomas, los rectores y los representantes del Parlamento, mediante
un procedimiento que se acordó en el Pleno del día 19 de abril de
dicho Consejo. Las Comisiones se están reuniendo y, ante la petición
de los rectores de tener un período de reflexión para presentar
propuestas concretas respecto de algunos temas, fundamentalmente el
que se refiere a los órganos de gobierno y a la habilitación, se ha
considerado oportuno que sea así. Los rectores se van a manifestar en
un plazo muy breve y, como otras muchas consideraciones que hemos
recibido, vamos a tenerlo en cuenta. Asimismo, hemos mantenido
reuniones con muchas organizaciones, con varios sindicatos, con los
rectores y con profesores de distinto tipo. Se trata de un largo
debate sobre los problemas que tiene la universidad, la necesidad de
hacer una reforma y las distintas soluciones que hay que buscar, un
largo debate que dura ya varios años.

En este contexto, el Ministerio ha presentado un anteproyecto de ley,
que ha sido considerado coherente por los representantes de algunos
grupos parlamentarios, aunque a la vez hayan manifestado su
discrepancia. Además de concluir durante las próximas semanas las
conversaciones que están abiertas con distintos grupos y sectores,
tenemos ante nosotros la consiguiente tramitación parlamentaria,
cuando se presente como proyecto de ley. Será de gran importancia,
fundamental, para poder discutir y que los diferentes grupos
parlamentarios presenten sus críticas y sus alternativas. A efectos
del debate que todavía tenemos fuera del Parlamento y del debate que
se tiene que hacer en el Parlamento, a mí me parece que es muy
necesario que las críticas se fundamenten en lo que dice el texto.

Cuando se hacen afirmaciones acerca de la autonomía universitaria, de
las competencias de la comunidad o de las dificultades que puede
crear el sistema en uno y otro sentido, es muy importante que se
fundamenten, insisto, en el texto, ya que, al entrar en la discusión
de las propuestas, nos encontraremos en muchos casos con la agradable
sorpresa de que existenmenos discrepancias de las que parecen. No voy
a



Página 7245



insistir en el tema del debate y no voy a volver a contraargumentar
en relación con las condiciones y el contexto en el que se elaboró la
Ley de Reforma Universitaria. Los datos del proceso están ahí y
cualquier observador que tenga la información puede extraer sus
propias conclusiones, que a mi modo de ver son inequívocas en la
diferenciación de los dos procesos. No merece la pena insistir,
puesto que al fin y al cabo son datos de una realidad.

Para acabar esta parte más general, quiero decir que la situación
actual no se puede plantear en términos de que estamos solos. Esto
puede tener intencionalidades de otro tipo, pero en todo caso esa no
es la realidad. Los rectores se han comprometido a presentar el día
30 de mayo -ahora puede que sea el 31, por la desgraciada
circunstancia que hemos vivido hoy-, una alternativa a este proyecto.

En el seno del Consejo de Universidades y con las comunidades
autónomas ya se está discutiendo. Existen unas actas, señorías, en
las que se recogen las posiciones de los distintos consejeros en la
última reunión celebrada -se va a celebrar otra-, posiciones sobre
cada uno de los aspectos que se debatieron en la primera reunión. Las
actas, como digo, reflejan las opiniones y las posiciones de los
distintos consejeros y se discutirá también en la comisión académica.

Asimismo, hay juntas de universidad que han enviado al Ministerio un
análisis de la ley muy constructivo, con puntos de discrepancia;
algunos aspectos no los consideran adecuados, otros piensan que
habría que aclararlos y con otros están de acuerdo. Y si ha habido
tiempo, señorías, para pronunciarse en algunos casos con esa
rotundidad en contra de la ley, acerca de la autonomía universitaria,
de las competencias de las comunidades o de que no responde a las
universidades, será porque la ley se ha estudiado a fondo. Si no,
parece difícil que se hagan afirmaciones tan rotundas. De la misma
manera, todos aquellos que han manifestado desacuerdos tienen la
posibilidad, hoy y siempre, de decir cuáles son a su modo de ver los
aspectos que deben ser modificados y en qué dirección. Eso se puede
seguir haciendo, además de concluir los procesos que ahora tenemos
todavía abiertos en el Consejo de Universidades y con otras
asociaciones, como puede ser la de los rectores.

Son muchos los aspectos que parcialmente se han mencionado. A mí me
gustaría que, cuando hablen ustedes de la autonomía universitaria
desde su propia perspectiva, desde la perspectiva de lo que SS.SS.

son, representantes parlamentarios, explicaran -va a haber ocasiones
para ello- si están en contra de que una representación de la parte
no académica de los consejos sociales forme parte del órgano de
gobierno de la universidad. Los consejeros se han manifestado a favor
en una reunión extraordinaria, la única que ha habido, de la Comisión
de Coordinación en el seno del Consejo de Universidades. Y está en
las actas. Asimismo, los consejeros de comunidades gobernadas por el
Partido
Socialista se han manifestado a favor e igualmente está en las actas.

Esta es una visión y otra es la que tienen las universidades. Puesto
que hay objetivos distintos, puede haber perspectivas diferentes,
algo muy legítimo, pero hay que explicar si se está de acuerdo o no y
las razones. Hay un amplio debate y en sede parlamentaria a mí me
parece que es la gran ocasión para aportar argumentos en un sentido y
en otro todos los grupos parlamentarios.

Hay cuestiones que hacen referencia al profesorado y a los sistemas
que se establecen tanto para el profesorado contratado como para
seleccionar al profesorado funcionario. Cuando ustedes puedan debatir
esto más en el Parlamento, verán que la consecuencia no es
necesariamente la que alguno de ustedes ha planteado. Ahora mismo la
selección del profesorado universitario la hacen los cuerpos de
catedráticos y de titulares. No la hace ni el Ministerio, ni la
propia universidad, ni la comunidad autónoma. La hacen los cuerpos de
catedráticos y de titulares. Lo que ocurre es que la hacen con una
composición de las comisiones que prima a los departamentos a los
cuales corresponde la plaza convocada. Eso ha generado una serie de
disfunciones, aunque no siempre, evidentemente. La selección ha sido
de calidad en muchas ocasiones, pero también ha generado
disfunciones. Esa prima para el departamento también ha tenido
consecuencias negativas. Lo que ahora se propone es que sean de los
cuerpos, pero todos, por sorteo, simplemente. La selección varía
exclusivamente en esa dirección.

También hay otras cuestiones. Por ejemplo, en la definición de los
órganos de Gobierno se insiste en que hay confusión en muchos
órganos, etcétera. Cuando se habla del Consejo de dirección se trata
del Consejo de dirección del rector. En este caso, en la propuesta
figura el Consejo de dirección del rector, que después es aplicable
al resto de los niveles, pero en la actualidad figura el rector y su
equipo de gobierno. Que figure en el anteproyecto de ley no quiere
decir que ahora no exista esa figura, la del rector y su equipo de
gobierno. Señorías, creo que se hace un notable esfuerzo de
clarificación de las funciones de representación, de las funciones de
control y de las funciones de gestión. No sé si puede haber
alternativas mejores -¿por qué no?-, pero siempre hay que mantener el
objetivo de clarificar esas funciones, que el objetivo sea que no
haya ese solapamiento en las funciones dentro de los distintos
órganos, porque eso dificulta la clarificación a la hora de que la
universidad cumpla con sus objetivos.

Se han planteado otras cuestiones relativas a la movilidad y a la
categoría de la movilidad, como categoría de referente de calidad,
aunque, evidentemente, la calidad no sólo tiene relación con la
movilidad. Intentamos potenciar mecanismos que permitan la movilidad,
porque consideramos que establecer la posibilidad de que los
profesores tengan formación fuera



Página 7246



del ámbito de su propia universidad es importante. Y en España nos
encontramos con que las tasas de movilidad son las más bajas de
Europa, con diferencia. Lo que se pretende es establecer mecanismos
que potencien esa movilidad. De ahí la eficiencia de un período de
dos años, para la categoría de profesor ayudante doctor, en el que no
haya tenido relación contractual con la universidad que lo contrata.

Se trata de mecanismos para alentar, para fomentar, la movilidad, que
es un aspecto vinculado a la calidad, pero que, por sí solo no define
la calidad.

Habida cuenta del tiempo que tenemos -y el presidente arbitrará una
fórmula para abordar el segundo tema, el de la formación
profesional-, me voy a referir, por último y una vez más, al tema del
acceso y al del modelo. Señorías, nadie del Ministerio ha dicho que
vaya a haber una prueba de reválida, y lo digo aquí, en público.

Nadie lo ha dicho. Desde hace mucho tiempo, insisto, desde hace mucho
tiempo, he planteado, y lo mismo han hecho todos los portavoces del
Ministerio que han hablado sobre el tema, que todas las reformas
relativas a la enseñanza secundaria y al bachillerato serían
contempladas en otra propuesta de reforma, que hemos denominado de
calidad, de cuyos ejes esenciales hablé en la primera intervención
parlamentaria que tuve en esta Cámara. Insisto, señoría, estamos
hablando del acceso a la universidad. Y para el acceso a la
universidad se dice que se requerirá el título de bachillerato
o equivalente; que las universidades intervendrán en la definición de
los criterios para la selección de los alumnos, y que consideramos
que, como consecuencia de ello, también se favorecerá una evaluación
más personalizada y por tanto favorecedora de los intereses de los
estudiantes.

Cuando llegue el momento hablaremos de los demás temas y lo haremos
en un período de tiempo en el que el conjunto del sistema se podrá
valorar. En todo caso estamos hablando de unas medidas que no serán,
obviamente, de aplicación inmediata. Serán medidas que, cuando se
apliquen, el conjunto del sistema estará funcionando. Y se puede
perfectamente, señorías, discutir acerca del contenido de la Ley de
universidades sin necesidad de abordar ahora mismo cómo va a quedar
el bachillerato con relación a pruebas externas o internas, la
enseñanza secundaria obligatoria. El conjunto de aspectos, que están
interrelacionados, y que, por estarlo, hay que presentarlos
conjuntamente, que afecten a las propuestas de reforma de la
enseñanza secundaria y bachillerato se considerará en los próximos
meses.

Quiero hacer una mención específica a algo que había olvidado. He
aludido, en lo que se refiere a las universidades privadas, al
derecho a la intervención en el Consejo de Universidades y he dicho
que, salvo en los asuntos exclusivos del sistema universitario
público, no podrán intervenir. Y es verdad que no figura en el texto,
pero también es verdad que esto se ha dicho en
las reuniones de la comisión de coordinación del Consejo de
Universidades, que han tenido lugar recientemente. Es una aclaración
que entendíamos que está en la propia práctica actual y en el
espíritu de lo que se está diciendo de las universidades privadas,
pero me parece muy bien que se explicite con ese detalle en el texto.

Y lo vamos a recoger, ya lo hemos dicho. Esto surge precisamente de
debates que hemos tenido, en los que ha habido quien nos ha planteado
que esto no está suficientemente explicitado. Y hemos pensado que
éste era el espíritu de este aspecto y que vamos a explicitarlo, como
tantas otras cosas, señoría.

Me llama la atención -no sé si también se considerará una descortesía
parlamentaria decir esto- que se diga: han rectificado. Y
rectificarán muchas veces más, porque vamos a ver que este texto se
va a rectificar. Por supuesto que se va a rectificar. Se va a
rectificar, se está rectificando, se han rectificado ya unos cuantos
aspectos y se van a rectificar más, precisamente en función del
debate que estamos teniendo. Y se rectificará más, imagino, en el
curso del debate parlamentario, como no puede ser de otra manera. No
se puede exigir un debate y que, cuando se introduce o se modifica un
aspecto, se evalúe como una especie de paso atrás de no se sabe qué
batalla. Aquí no hay ninguna batalla, aquí hay una propuesta de
reforma del sistema universitario, con un texto que, insisto, recoge
un largo debate -éste sí que ha sido un largo debate, de verdad- en
las universidades españolas y además un debate concreto en torno a
estos aspectos. Y se rectificarán todas aquellas cosas que vayan a
mejorar realmente el proyecto. Que a nadie le quepa la menor duda.

Respecto al modelo de universidad que se persigue -cosa que creo que
ha planteado en exclusiva la representante del Grupo Parlamentario
Socialista-, es un modelo de universidad que tenga calidad en una
situación de extensión cuantitativa máxima del modelo universitario.

En España, señoría, el número de estudiantes es de 1.600.000, número
que va a disminuir, no por ninguna intención de unos o de otros o por
medidas que se tomen o no, sino como consecuencia del descenso de la
natalidad, que va a reducir el número de estudiantes, que lo está
reduciendo ya. De hecho, desde el punto de vista de la oferta de
plazas, el año pasado sobraron ya 40.000 plazas en el conjunto del
sistema, y hay universidades que están teniendo que reconvertir
determinadas licenciaturas, porque no pueden sostenerlas, debido a la
escasa demanda que existe. Por tanto, el modelo de universidad es un
modelo de calidad, y de calidad para todos. ¿De qué dependerá la
calidad? Un marco normativo puede establecer solamente aquellos
instrumentos que favorezcan políticas de calidad o desarrollos de
calidad, pero la calidad al final va a depender en primera instancia
de lo que hagan las propias universidades, de lo que quieran hacer
los actores de la comunidad universitaria. De eso va a depender
fundamentalmente la calidad. El marco normativo establece



Página 7247



mecanismos que impulsan en esa dirección al sistema universitario.

Con ese objetivo se han establecido las propuestas de reforma de
órganos de gobierno, de profesorado, de la evaluación y la
acreditación, de la investigación, etcétera. Eso es lo que queremos,
una universidad de calidad para todos los que estén en el sistema
universitario, que hoy son 1.581.000 estudiantes y que, dentro de un
tiempo, simplemente por efecto de la curva demográfica, serán
inevitablemente menos. Lo que se establece es un marco para potenciar
la calidad, que es el modelo que queremos y el que demanda la
sociedad española para nuestra universidad.




El señor PRESIDENTE: Dada la importancia de este debate y con
carácter excepcional, voy a conceder un máximo de dos minutos a los
portavoces que deseen intervenir. Serán dos minutos no con la medida
de la benevolencia de esta Presidencia, sino dos minutos de reloj, a
los efectos de lo que establece el Reglamento para este tipo de
comparecencias, para hacer alguna aclaración o hacer alguna pregunta
escueta que no haya quedado clara en la intervención de la señora
ministra. ¿Algún portavoz quiere intervenir a estos efectos?
Señora Chacón.




La señora CHACÓN PIQUERAS: Si me permite, antes de consumir esos dos
minutos, quiero responder a la pregunta directa que me ha hecho la
señora ministra. Señora ministra, no sé si usted lo desconoce, pero
hoy hemos recibido el último orden del día de la Comisión de
Educación y tiene usted 18 comparecencias pendientes en esta Cámara.

Tal vez usted no lo sepa, en cuyo caso debería hablar con su grupo
parlamentario, que es quién no se lo dice.

A partir de ahí, quiero decirle un par de cosas respecto a lo que me
ha dicho. Hablábamos de autonomía. Primero, déjeme que le diga una
cosa: no estamos de acuerdo en lo que es debate. Usted dice que las
juntas de facultad, las juntas de gobierno se van reuniendo, toman
decisiones y luego se las mandan a usted. Eso no es un debate, señora
ministra; un debate es otra cosa. Por tanto, probablemente nos
tendríamos que poner de acuerdo sobre ese tema. Segunda cuestión:
Muestra usted sorpresa porque le decimos aquí que su proyecto
conculca la autonomía universitaria. Le voy a dar un solo ejemplo,
que creo que es muy claro. Pasamos de una LRU de cincuenta y tantos
artículos a una nueva ley con más de 150 artículos, más las
transitorias, más las adicionales, más el preámbulo, que no tenemos.

Me parece que es un ejemplo muy significativo, aunque usted dice que
no es una rectificación, que, después de tanto reglamentarismo,
justamente no figure que la voz y el voto no sean para las
universidades privadas en aquello que atienden las públicas. Después
de todos los artículos que tiene esta ley, muestra ahí sorpresa.

Otra cuestión que le comentaba respecto a la autonomía universitaria:
Usted me pregunta en qué más la
conculca. Lo que ustedes llaman habilitación no es otra cosa que las
antiguas pruebas de adjuntos de los setenta, las oposiciones
nacionales. Lo que usted llama habilitación no permite seleccionar al
profesorado de las universidades en un 51 por ciento. Usted me dice
que no se hará una rectificación. Tendrá usted que rectificar. Iremos
a una acreditación estatal que permita -y que no sea de suma cero- la
selección real del profesorado por parte de las universidades. Ya lo
veremos señora ministra. También llegará un día, señora ministra, en
el que usted se va a sonrojar, porque tendrá que venir a esta Cámara
a decirnos que habrá revalida o prueba de maturitat. No me lo he
inventado. Tendrá que venir usted y repetir palabras que ya se nos
han repetido. Y ese día se sonrojará.

Quiero preguntarle quién está en contra de un modelo de calidad
universitaria. Nadie le va a decir: Mi modelo de universidad no es un
modelo de calidad. Yo le digo que usted nos pone sobre la mesa
generalidades y después hay unas propuestas concretas que se
contradicen con las generalidades. Una última cuestión importante.

Usted me dice que hay un acta de la última comisión de coordinación y
que los consejeros socialistas han dicho que están de acuerdo en algo
que nos parece de nuevo una intromisión en la autonomía
universitaria, que es la participación social en el consejo de
gobierno. Se trata de un acta que no está aprobada, como usted se
imaginará. A partir de ahí le digo que es falso que los consejeros
socialistas se manifestaran así. Concretamente, por el Partido
Socialista intervino el consejero de Asturias, y lo hizo rotundamente
en contra. Sépalo usted, aunque imagino que lo sabe. En cualquier
caso, el acta no debe estar aprobada.




El señor PRESIDENTE: Señora Castro.




La señora CASTRO FONSECA: Señora ministra, después de su intervención
y de su réplica, no me ha quedado claro de qué autonomía
universitaria hablan ustedes y a mí me parece que ese es un tema
clave. Cuando hablan ustedes de autonomía universitaria, ¿a qué se
refieren? ¿A la autonomía de las Universidades respecto al poder
central y autonómico o, por el contrario, están planteando la
autonomía de las Comunidades respecto a las políticas educativas? Ese
es un tema muy importante y a mí no me ha quedado claro. Tal vez con
este trajín de entrar y salir me lo he perdido; si es así, pido
disculpas.

Quiero hacer únicamente un apunte. A usted le gustaría que entráramos
en el articulado y el contenido de la ley. Aquí no hay tiempo para
eso. Usted sí tiene tiempo, pero los demás no lo tenemos. Nuestra
obligación es hacer la crítica política. No obstante, eso no es falta
de rigor por parte de la oposición. En Izquierda Unida tenemos 18
documentos trabajados y unas conclusiones y unas jornadas federales
que están a disposición del Gobierno y de la sociedad, pero a mí no
me da tiempo



Página 7248



a analizar aquí la ley como usted pretende. Sería lo cómodo para
usted y tal vez para mí, pero con esta forma parlamentaria de
funcionar no hay posibilidades de hacerlo. Por tanto, admita usted
que la oposición tiene serias limitaciones. Y no sigan ustedes
añadiendo déficit democráticos. Cuenta usted con Izquierda Unida para
reiniciar el proceso, tiene usted nuestra mano tendida para esta
reforma que consideramos sustancial e importante, siempre que ustedes
partan de definir cuál es el papel que juega la universidad en la
sociedad y de considerar que ese papel es el punto de arranque para
presentar una universidad como servicio, como motor o como impulsión
de la conciencia social. Creo que ustedes tampoco parten de ahí.




El señor PRESIDENTE: Señora Castro, ha concluido su tiempo.




La señora CASTRO FONSECA: Acabo, señor presidente.




Como en la primera intervención no sabía de cuánto tiempo disponía, y
ruego a la Mesa que en las siguientes sesiones se nos diga a los
grupos de la oposición de cuánto tiempo disponemos para poder
responder a la ministra, se me olvidó sumarme, como Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y como diputada que hace las
veces de portavoz en esta Comisión, a las muestras de condolencia de
la ministra y de los demás portavoces parlamentarias por la muerte
del rector Caparrós.




El señor PRESIDENTE: Señora Castro, le recuerdo que al comienzo de la
sesión marqué los tiempos, dando cinco minutos por encima de lo que
dice el Reglamento.

Señor Rodríguez, tiene la palabra.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En primer lugar, señora ministra, el
debate depende de los ojos con que se mira. Nosotros consideramos que
un debate es un problema de carácter social y no un problema de
órganos con funcionamiento interno opaco, derivado del sistema
burocrático que padecemos y de cómo llega la información a la
sociedad cuando se provoca algún debate político o hay oportunidad.

En este caso, el debate va muy atrasado. Sería penoso que en pleno
mes de septiembre llegásemos a un debate parlamentario con
resoluciones concretas y sin vuelta atrás. Dicho esto, sólo quiero
recordarle una cuestión a la que usted aludió que creo que es muy
significativa, el solapamiento de funciones. Yo le garantizo que, si
se lee bien esta ley, quedan escuálidas las competencias de las
comunidades autónomas, y la autonomía universitaria no se sabe muy
bien en qué consiste. Hay una cuestión muy importante también, y es
que este anteproyecto no beneficia nada la incardinación del sistema
educativo en los territorios de las comunidades autónomas. Este es un
especial motivo de crítica, por lo menos para una
fuerza que cree en el marco autonómico y que aspira a desarrollar la
Constitución en este momento en una orientación muy distinta a la del
proyecto.

No se puede negar tampoco que es muy evidente el carácter
reglamentista y detallado, porque deja sin opción de una actuación
medianamente concreta y de una especificación por parte de las
universidades y de las comunidades autónomas al desarrollo de esta
ley. En todo caso, me gustaría como gallego que, antes de que se
hiciera todo esto, tuviéramos un sistema universitario gallego de
verdad, que no lo tenemos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Quiero hacer alusión a las 18 peticiones
de comparecencia, porque la señora diputada que ha intervenido no
acude a la Mesa más que esporádicamente. Todas las comparecencias que
se han pedido a la ministra, al secretario de Estado de Cultura y
secretario de Estado de Deportes... (Rumores.) Perdón, señorías, pero
estoy acostumbrado a callarme cuando hablan los demás diputados y
cuando hablo yo se suelen callar los demás diputados. Puede que sea
por la vehemencia, que admiro en S.S. Quiero decir que a veces se
piden comparecencias, como por ejemplo, sobre el presupuesto, para lo
que es tradición parlamentaria que venga el subsecretario. Pero,
aparte de eso, tenemos dos reuniones de la Comisión al mes y no se ha
puesto ninguna cortapisa. La señora ministra, en un año que lleva
ejerciendo el cargo, ha venido tres o cuatro veces a esta Comisión.

Para los temas específicos de deportes o de cultura, comparecen los
secretarios de Estado de Deportes o de Cultura. Por tanto, en este
tema estoy en desacuerdo con lo que ha manifestado esta mañana alguna
de SS.SS.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra de Cultura,
para concluir este debate.




La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Efectivamente, para concluir, intervengo muy brevemente.

Señoría, le voy a hacer llegar privadamente, para que no se sonroje
en público, las manifestaciones de sus compañeros de partido
responsables de comunidades autónomas, en concreto del consejero de
Asturias en la reunión de la Comisión de Coordinación Académica. Se
lo voy a hacer llegar en privado porque no creo que haya que
introducir más ruido a esta situación, simplemente para que S.S.

tenga constancia de los términos en los que se manifestó el consejero
de Asturias.

Yo no me voy a sonrojar, señoría, cuando haya que presentar el
anteproyecto de ley de calidad de la enseñanza, porque trato de ser
coherente desde el principio hasta el final. A veces puede que no lo
consiga en su totalidad, como todos los seres humanos, pero lo tengo
como guía, como norte y como principio. Desde el primer momento



Página 7249



he dicho que se está evaluando si tiene que haber una prueba externa,
qué tipo de prueba en caso de que la hubiera, si tiene que haber
pruebas internas además de prueba externa, o si no tiene que haberlo.

Señoría, así me he manifestado desde el primer momento y ese
argumento es el que estoy manteniendo. Cuando yo venga aquí a
explicar el borrador de anteproyecto de la ley de calidad, en el caso
de que haya prueba, no me tengo por qué sonrojar de nada, señoría,
porque he mantenido la coherencia en el método y en la gestión de
estos temas desde el principio. Le vuelvo a insistir: el Ministerio
planteará el conjunto de medidas que afectan a la secundaria y al
bachillerato. No hay que sofocarse por nada cuando se hacen las cosas
con coherencia y con la intención -y no la pongo en duda de nadie- de
contribuir a que las situaciones mejoren, desde una responsabilidad o
desde otra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora ministra.

Ha concluido el debate de esta primera parte de la sesión.

Lo único que tiene claro esta Presidencia es que nos merecemos cinco
minutos de descanso. Voy a citar a los portavoces para ver cómo
organizamos la continuación de la sesión. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión y mañana se reanudará a
las nueve y media en la sala que los servicios de la Cámara
habiliten.




Eran las dos de la tarde.