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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 234, de 23/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 234
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3423 a la 3462. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles, 23 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Exteriores
(Nadal Segala) para informar sobre el 57.o período de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos. A petición propia. (Número de
expediente 214/000055) . . . (Página 7025)
Preguntas:
- Del señor Puig i Olivé (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
posición del Gobierno en relación con la oferta de Rusia a la OTAN
acerca de un sistema global antimisiles. (Número de expediente 181/
000617) . . . (Página 7035)
- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno en relación a
la ampliación de la Alianza Atlántica. (Número de expediente 181/
000618) . . . (Página 7039)
- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno respecto de
la aplicación del Pacto de estabilidad en los Balcanes. (Número de
expediente 181/000619) . . . (Página 7040)
- Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas
ante los brotes de xenofobia que se están produciendo contra la
colonia de emigrantes europeos en Venezuela. (Número de expediente
181/000655) . . . (Página 7041)
- Del señor Yáñez-Barnuevo García (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre modo en que va a concretar el Gobierno su objetivo de construir
un espacio iberoamericano, recogido en el Plan estratégico de acción
exterior. (Número de expediente 181/000681) . . . (Página 7043)
- Del mismo señor diputado, sobre acciones específicas que va a
llevar a cabo el Gobierno con el objetivo previsto en el Plan
estratégico de acción exterior de construir un espacio
iberoamericano. (Número de expediente 181/000682) . . . (Página 7043)
- Del mismo señor diputado, sobre medios que va a habilitar el
Gobierno con el objetivo de construir un espacio iberoamericano.
(Número de expediente 181/000683) . . . (Página 7043)
- De la señora Torrado Rey (Grupo Parlamentario Socialista) sobre
consideración de los convenios de cooperación entre ayuntamientos y
campamentos de refugiados saharauis como injerencias en la política
exterior del Estado. (Número de expediente 181/000722) . . .
(Página 7046)
- De la señora Moreno Sirodey (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
opinión del Gobierno acerca de si los convenios de cooperación entre
ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis se pueden
considerar injerencias en la política exterior del Estado. (Número de
expediente 181/000739) . . . (Página 7046)
Proposiciones no de Ley:
- Sobre medidas en relación con la situación de los derechos humanos,
la libertad y el autogobierno en el Tíbet. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000665) . . .
(Página 7047)
- Sobre el Tíbet. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000743) . . . (Página 7047)
- Sobre la no firma por parte de Estados Unidos del Acuerdo de Kioto
y la política del Estado español al respecto. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000688) . . .
(Página 7052)
Dictamen sobre:
- Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre
las partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en
París el 18 de junio de 1964, y protocolo por el que se modifica el
anexo de seguridad del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de 1998).
(Número de expediente 110/000070) . . . (Página 7055)
- Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el
Principado de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el
Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho en
Bruselas el 4 de diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000076)
. . . (Página 7056)
- Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el
Principado de Andorra, relativo a la entrada, circulación, residencia
y establecimiento de sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de
diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000077) . . .
(Página 7056)
- Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la
persecución de delitos graves mediante la superación de la
extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de
noviembre de 2000. (Número de expediente 110/000078) . . .
(Página 7058)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la
cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia
organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre
de 2000. (Número de expediente 110/000068) . . . (Página 7060)
- Declaración de España al Protocolo establecido sobre la base del
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, del Convenio relativo a la utilización
de la tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996. (Número de expediente 110/000069)
. . . (Página 7060)
- Canje de notas de fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo
de acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá, por el
que se enmienda el Convenio de cooperación cultural entre España y
Panamá de 2 de mayo de 1979 y se deroga el Convenio de reconocimiento
mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios
de 15 de marzo de 1996. (Número de expediente 110/000071) . . .
(Página 7060)
- Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos
violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983. (Número
de expediente 110/000072) . . . (Página 7061)
- Convenio de cooperación para la lucha contra la delincuencia
organizada entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Popular China, hecho 'ad referendum' en Pekín el 25 de
junio de 2000. (Número de expediente 110/000073) . . . (Página 7061)
- Convenio entre el Reino de España y la República Helénica para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y del patrimonio, hecho en Madrid el 4 de
diciembre de 2000. (Número de expediente 110/000074) . . .
(Página 7061)
- Aceptación por España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al
Convenio sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear,
1960, modificado por los protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de
París). (Número de expediente 110/000075) . . . (Página 7061)
- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República
Argentina modificando el Convenio de nacionalidad de 14 de abril de
1969, hecho en Buenos Aires el 6 de marzo de 2001. (Número de
expediente 110/000079) . . . (Página 7062)
- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de
España y el Gobierno de Jamaica, hecho en Puerto España el 4 de julio
de 1999. (Número de expediente 110/000080) . . . (Página 7062)
- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de
España y la Comunidad del Caribe (Caricom), hecho en Puerto España el
4 de julio de 1999. (Número de expediente 110/000081) . . 3462
- Convenio sobre seguridad social entre el Reino de España y la
República de Polonia, hecho en Madrid el 22 de febrero de 2001.
(Número de expediente 110/000082) . . . (Página 7062)
- Acuerdo marco de cooperación técnica, cultura y científica entre el
Reino de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago,
hecho en Puerto España el 3 de julio de 1999. (Número de expediente
110/000083) . . . (Página 7062)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya relativo a los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1980. (Número de expediente 110/000084) . . .
(Página 7062)
- Invitación a la adhesión de la República de Estonia al Convenio
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de
septiembre de 1988. (Número de expediente 110/000085) . . .
(Página 7062)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
(NADAL SEGALA) PARA INFORMAR SOBRE EL 57.o
PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000055.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Agradecemos la presencia del señor secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, que comparece a petición propia para informar sobre el
57º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Comparezco hoy ante SS.SS. para darles cuenta de los resultados del
57.º período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos, que se clausuró en Ginebra el 27 de abril pasado. Lo hago en
representación del señor ministro Piqué -como saben, se encuentra de
viaje en China-, quien a petición propia ha pedido informar a esta
Cámara sobre los aspectos más relevantes de la cita anual más
importante que en el campo de los derechos humanos se produce en el
ámbito multilateral.
De la creciente importancia que la comunidad internacional atribuye a
la Comisión de Derechos Humanos da buena prueba el número de
personalidades políticas relevantes que comparecen ante ella y que
este año ha sido cercano a la cincuentena. No sólo me estoy
refiriendo a los numerosos ministros de Relaciones Exteriores que en
nombre de su país han explicado las líneas directrices o defendido
las prioridades de sus respectivas políticas nacionales en materia de
derechos humanos -el propio ministro Piqué intervino ante la Comisión
el día 22 de marzo-, sino que también es de destacar la presencia
este año de un número elevado de dirigentes mundiales, como los
secretarios generales de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y
cinco jefes de Estado o de Gobierno.
Hay que decir que esta no ha sido una edición más de la Comisión en
Ginebra. En sus seis semanas de trabajo se han adoptado 86
resoluciones, de las que 51 fueron copatrocinadas por España, 16
decisiones y cuatro declaraciones del presidente de la Comisión, es
decir, un número mayor que el adoptado anualmente por la propia
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en un tiempo
comparativamente mucho más corto, y ello trabajando sobre más de
8.000 páginas de documentos oficialmente editados. Por otro lado, la
densidad y profundidad de las deliberaciones, la complejidad de la
negociación en muchos casos, la novedad temática de varios de los
proyectos de resolución considerados este año y, para España, el
hecho de que este período de sesiones sirve de pórtico al del año que
viene, al del año 2002, en el que participaremos en la Comisión
presidiendo la Unión Europea, han hecho de ésta una edición
ciertamente singular. No sólo ha sido una edición singular; tengo que
decir que además no ha sido fácil. Sin duda se han alcanzado logros
importantes. Así, la Unión Europea consiguió ver adoptados todos los
proyectos de resolución que había presentado, los cuales versaban
sobre los derechos del niño, sobre la pena de muerte y sobre la
situación de los derechos humanos en Irán, Irak, Birmania, Sudán, la
República Democrática del Congo y Chechenia y sobre los asentamientos
israelíes en los territorios ocupados. La Unión Europea se encargó
también de elaborar y negociar las importantes declaraciones
efectuadas por el presidente de la Comisión sobre Colombia y sobre
Timor Oriental. Además, la Comisión aprobó resoluciones sobre la
situación en otros países, como Cuba y Europa suroriental, referidas
en especial a la República Federal de Yugoslavia. Indudablemente
positiva ha resultado también este año la creación de un
relator especial para asuntos indígenas, de un grupo de trabajo que
se encargue de la redacción de un proyecto de convención sobre
desapariciones forzadas y de un experto independiente que estudie la
negociación en el futuro de un protocolo facultativo del pacto de
derechos económicos, sociales y culturales. Importantes han sido
asimismo la adopción de una resolución sobre el acceso a los
medicamentos para el tratamiento del sida y el consenso en la
adopción de la resolución referente al racismo. De todas estas
resoluciones, mencionaré muy brevemente aquellas que pienso que
pueden interesar más a SS.SS. Comenzaré con Cuba, que fue una de las
más polémicas. Creo que la Unión Europea realizó un esfuerzo
importante para conseguir que la resolución fuese equilibrada,
añadiéndole referencias a la situación económica del pueblo cubano.
Este esfuerzo moderador se vio recompensado por la victoria de la
resolución.
Otro de los temas candentes en el que España se esforzó por jugar un
papel positivo fue el de Guinea Ecuatorial. El grupo africano había
presentado un proyecto de resolución absolutamente insuficiente. La
Unión Europea intentó paliar las deficiencias de ese documento y
conseguir un texto que reflejase la verdadera situación de los
derechos humanos en dicho país y, sobre todo, que salvaguardase la
figura del representante especial para Guinea Ecuatorial. Estos
objetivos se consiguieron finalmente.
Otra cuestión importante en la que la Unión Europea y muy
especialmente España jugó un papel positivo fue la declaración de la
presidencia sobre Colombia. Estas declaraciones precisan el consenso
de todas las partes implicadas y de todos los miembros de la CDH.
Después de intensas negociaciones, en las que España tuvo una
importancia clave, se consiguió un texto que refleja objetivamente la
situación de los derechos humanos en Colombia y que no teme aludir a
cuestiones tan candentes como la de los paramilitares. Que se haya
llegado a ese consenso indica por parte del Gobierno de Colombia un
compromiso firme con el logro de la paz y la estabilidad en su país.
Lamentablemente, este período de sesiones ha ofrecido también
resultados no tan positivos. Por un lado, se ha roto el consenso que
tradicionalmente venía existiendo en la adopción de resoluciones
sobre cuestiones tan fundamentales como la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la libertad de opinión y expresión o los derechos de
la mujer. Por otro lado, algunos países que podríamos llamar
radicales, en cuanto al concepto que defienden de los derechos
humanos en relación con el que de ellos tienen los países
democráticos occidentales, han seguido utilizando la Comisión como
foro en el que promover una visión, yo diría una división, ideológica
de los derechos humanos incompatible con concepciones ya
universalmente asumidas. Otras delegaciones han insistido, bajo la
fórmula de una resolución, sobre la no difamación de las religiones,
en su empeño
de evitar una supuesta actuación de la Comisión contraria a sus
creencias religiosas. Otras, en fin, han recurrido a solicitar en
solitario votación sobre cuestiones en las que trabajosamente ya se
había logrado consenso. Este tipo de actitudes ha dejado este año la
incómoda sensación de la necesidad de mantenerse vigilantes y a la
defensiva para impedir daños irreparables a la coherencia de la
Comisión de Derechos Humanos y a la visión universal de tales
derechos.
En vista de todas estas circunstancias, podemos considerar que este
período de sesiones ha estado marcado por la polarización norte-sur,
la cual, yo diría, se ha manifestado en tres tendencias bastante
preocupantes. Primeramente, la voluntad de ciertos países de poner el
énfasis no tanto en las relaciones Estado-individuo, es decir, en
vigilar la garantía por aquél de los derechos de éste, como en las
relaciones entre Estados, suscitando alianzas entre ellos en torno a
determinadas cuestiones, con la consiguiente politización e
ideologización de la Comisión. En segundo lugar, el cuestionamiento
de la labor de ésta en la denuncia de la situación de los derechos
humanos en determinados países. Por último, la crítica destructiva,
efectuada por algunas delegaciones, del sistema de procedimientos
especiales, es decir, los relatores, representantes y expertos
especiales, que son el pilar fundamental de la efectividad de la
Comisión de Derechos Humanos. En suma, se trata del cuestionamiento
de la aceptación pacífica de la fiscalización por la comunidad
internacional del respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos constituyen una de las piedras angulares de la
política común de la Unión Europea y uno de los ejes básicos que
rigen la acción exterior de la Unión y de cada uno de sus Estados
miembros y por supuesto de España también. La adopción en el Consejo
de Niza de la Carta Europea de Derechos Fundamentales constituye la
prueba más cercana del compromiso de la Unión en esta materia. Pues
bien, en la conformación de este elemento básico de la acción
exterior común resulta fundamental la obtención del consenso, un
consenso logrado tras largas reuniones de concertación para conseguir
que la Unión se exprese con una sola voz en los foros internacionales
de derechos humanos. Para alcanzarlo a veces hay que matizar
determinados intereses nacionales en un proceso de recíproca
transacción entre los Quince. Ponerse de acuerdo a Quince, como es
fácilmente imaginable, sobre las resoluciones relativas a la
situación de los derechos humanos en tantos y tan diversos países
como los que antes he comentado resulta ejemplo expresivo de esta
conciliación de intereses. Estas circunstancias, unidas al hecho de
que siete Estados miembros de la Unión son actualmente miembros de la
Comisión y de que otros Estados occidentales presentes en ella, en
particular los Estados Unidos, han ido viendo reducido su papel en
ese foro, han hecho crecer el papel de la Unión Europea en la
Comisión de Ginebra, hasta el punto de que desde hace
unos años se ha convertido en uno de sus protagonistas principales y
creo que sin rubor alguno puede decirse que hoy es el principal
defensor en ese foro de la concepción de los derechos humanos propia
de las democracias pluralistas occidentales.
Deseo resaltar ante SS.SS. el relevante papel y actividad que España
ha desempeñado en este período de sesiones de la Comisión. La
participación española en la cita anual de Ginebra no se manifiesta
sólo en la presencia de la delegación de nuestro país en la sala de
reuniones de la Comisión, sino, lo que es más importante, en el
trabajo menos visible que detrás del escenario se lleva a cabo para
conseguir no sólo la armonización en el seno de la Unión Europea sino
la negociación con terceros países o grupos de países. Por razones
evidentes, nuestro país ha tenido este año en Ginebra, como en
períodos de sesiones anteriores, una voz destacada y muy
identificable en determinados temas que son objeto recurrente de los
trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, como los referidos a la
situación de estos derechos en Colombia, en Cuba, en Guinea
Ecuatorial o en los territorios palestinos, así como el seguimiento
del problema del Sahara Occidental, pero también en cuestiones
temáticas, como por ejemplo las relativas a las poblaciones
indígenas, los derechos humanos de los grupos más vulnerables, en
especial mujeres, ancianos y niños, o la pena de muerte, la
generalización del acceso a medicamentos para enfermos de sida, la
lucha contra la intolerancia religiosa, la independencia del Poder
Judicial, la erradicación de la tortura, las desapariciones forzosas,
las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la
protección de personas desplazadas. Este activo papel de España ha
quedado reflejado en el alto número de copatrocinios otorgado por
nuestro país. Por otro lado, quisiera señalar que entre las
cuestiones aludidas en su intervención, el ministro Piqué efectuó un
llamamiento a la pronta ratificación del estatuto del Tribunal Penal
Internacional, en el convencimiento de que la internacionalización de
la jurisdicción criminal contribuirá a evitar la impunidad de los
responsables de violaciones de los derechos humanos y a dar
satisfacción a sus víctimas.
Esta edición de la Comisión ha estado enmarcada por importantes
acontecimientos que han determinado su inicio y su orientación. En
septiembre de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en
Nueva York en la que se denominó la cumbre del milenio habían
trazado, a través de la declaración del milenio, ambiciosas metas en
el ámbito de los derechos humanos, el fortalecimiento de la
democracia y el buen gobierno. Por otro lado, este verano se
celebrará en Durban, Suráfrica, la conferencia mundial contra el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas
conexas de intolerancia. La creciente atención y actualidad que estos
odiosos fenómenos suscitan en muchos lugares del mundo refuerzan la
importancia de la cita de Durban. En este mismo orden de ideas, es
preciso no olvidar
que Madrid será escenario, el próximo noviembre, de la conferencia
sobre educación escolar en relación con la libertad de religión y de
creencia, la tolerancia y la no discriminación, una aportación de
España hacia la eliminación de la discriminación y de la
intolerancia. Previamente, en el mes de septiembre, tendrá lugar la
sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la
infancia, en la que España también participará activamente.
Finalmente, conviene recordar que España acogerá en el año 2002 la
Asamblea mundial sobre el envejecimiento, de cuyos trabajos y
conclusiones esperamos que surja un fortalecimiento de la acción de
los Estados y de su concertación internacional en este campo.
Este ha sido, señorías, muy brevemente el análisis que el Gobierno ha
efectuado del desarrollo de la reciente sesión de la Comisión de
Derechos Humanos. No les he ocultado los aspectos satisfactorios como
tampoco aquellos que nos producen inquietud ante el porvenir. En
cualquier caso, con el futuro que les he indicado, pueden estar
seguros de que el Gobierno y en particular el Ministerio de Asuntos
Exteriores seguirán esforzándose por fortalecer el papel de España en
la promoción, la defensa y la universalidad de los derechos humanos,
tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en los demás foros
internacionales competentes en esta materia. Finalmente y en esta
línea quisiera anunciar a SS.SS. que en este esfuerzo permanente del
Ministerio de Asuntos Exteriores por reforzar la política de derechos
humanos, es intención de este Ministerio crear en el seno de nuestras
embajadas la figura del encargado de derechos humanos. Su misión será
mantener contactos regulares con las instituciones del país de
acreditación relacionadas con los derechos humanos, coordinarse con
las embajadas de otros países, especialmente con las de la Unión
Europea, así como redactar los informes oportunos. Para poner en
marcha esta medida se ha previsto la organización de un curso sobre
derechos humanos en la Escuela Diplomática para los funcionarios
diplomáticos que saldrán destinados próximamente al exterior. Se
trata de una medida interesante y necesaria que sin duda dará más
operatividad y contenido a nuestra política de derechos humanos.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Después de oír la intervención del
representante del Gobierno, quisiera hacer algunos comentarios para
manifestar nuestra opinión sobre estas sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos y también sobre su propia intervención, porque hay
elementos que no hemos visto recogidos y quisiéramos que nos
comentase algo al respecto, si es que
hay algo que comentar, y, si no es así, simplemente no comentarlos ya
sería una forma de hacerlo.
Ha habido una frase que o no la he entendido bien o indica una
radical diferenciación entre su visión de los derechos humanos y la
nuestra. Creo que usted planteaba que hay concepciones ideológicas
que son mundialmente rechazadas en estos momentos. Nosotros creemos
que no hay un pensamiento único, que, por el contrario, la ideología
no ha muerto, sino que sigue existiendo una diferencia de ideologías,
y que hay una posición ideológica de los derechos humanos con la que
nosotros estamos radicalmente en contra. Desde esa visión, creemos
que el neoliberalismo es el principal enemigo de los derechos
humanos, y somos millones los que compartimos esa idea. Si usted ha
querido decir que hay en estos momentos un pensamiento único en el
mundo, se equivoca, porque -repito- somos millones los que creemos
que en la base del neoliberalismo está la esencia de la falta de
derechos humanos en muchos lugares del mundo. En estos momentos los
derechos humanos son una excusa en muchas ocasiones y en muchos
lugares del mundo son motivo de una interpretación realmente cínica,
porque escuchar hablar de derechos humanos cuando estamos viendo lo
que ocurre en Palestina, que se está matando a un pueblo, practicando
una cierta limpieza étnica con la complicidad de gran parte del
mundo; cuando vemos que a un continente entero como África se le está
condenando a la muerte, se le está condenando prácticamente a
desploblarse -no sabemos con qué objetivo-; cuando vemos que tiene
que haber un país como Suráfrica que libra una batalla para conseguir
el acceso a los medicamentos contra el sida; cuando vemos como el
derecho a la vida, a poder comer es negado a gran parte de la
humanidad, hablar de derechos humanos por parte de los países
demócratas nos parece sinceramente una gran hipocresía. Están muy
bien estas cumbres, están muy bien todas estas discusiones, pero
mientras haya un sistema económico que esté basado en buscar el
beneficio en función de la explotación, estos derechos humanos, el
derecho a la vida, el derecho a la simple alimentación serán derechos
que nunca se van a cumplir y -repito- nos parece un verdadero cinismo
hablar de derechos humanos y mantener el sistema económico basado en
la explotación de unos hombres sobre otros. Yo sé que esto le podrá
sonar antiguo, pero es tan antiguo como el mundo mismo.
Usted ha puesto algunos casos, pero no le he oído hablar del tema
palestino, salvo en el tema de los asentamientos. No sé si hay algo
que decir sobre cuál fue el papel de España, porque creemos que no
fue todo lo brillante que debiera haber sido. Usted ha hablado del
tema de Colombia y aunque reconocemos que puede haber algún avance,
sigue siendo corto, porque mientras exista el plan Colombia -no nos
engañemos-, que es un plan militar, como ya hemos denunciado aquí
otras veces, por mucho que se le quiera revestir de otros
elementos, todo lo demás son juegos de palabras y discursos de cara a
la galería. Habría que ir a una solución del conflicto en Colombia,
pero sobre la base de una verdadera negociación y no sobre la
militarización del conflicto. También ha hablado del caso de Guinea
Ecuatorial. Ahí estamos algo más de acuerdo con lo que usted ha
planteado, pero no se extrañe de que exista una polarización norte-
sur, porque hay una dinámica impuesta y acrecentada con la última
Administración de Estados Unidos de profundizar en esa
diferenciación, pues de alguna manera hay que sustituir la guerra
fría, hay que justificar el mantenimiento de una industria
armamentista y, una vez desaparecido el enemigo del Este, hay que
buscar otro enemigo, que es el enemigo del Sur, y cada vez va a haber
una mayor polarización porque o los países del Sur se defienden o al
final ya no van a ser colonia sino simples vertederos del Norte.
Tampoco le he escuchado decir nada -puede ser que me haya distraído
en ese momento- sobre algunas resoluciones sobre los derechos humanos
de las cientos de personas que mueren en el Estrecho, de esas cientos
de personas que chocan con ese muro que nos hemos construido los
países demócratas, esos países que tenemos especial celo por los
derechos humanos, simplemente para salvaguardar nuestro Estado del
bienestar. Hemos puesto un muro sobre el cual chocan y mueren cientos
de personas, porque hay que salvar la democracia de la contaminación
de los parias que vienen de otros lugares del mundo También ha hecho
alusión al tema de Cuba. Yo no pensaba hacerlo porque se ha
explicitado demasiado, pero usted ha manifestado algo que yo quiero
contestar, porque si no sería cómplice de lo que usted ha dicho.
Usted plantea que hay una resolución equilibrada. Yo la he leído y no
he encontrado la palabra bloqueo. Si ustedes consideran que eso no es
una agresión a los derechos humanos, evidentemente, todo lo demás que
ustedes digan de Cuba cae por su propio peso y todo lo que ustedes
digan de Cuba no tienen ninguna autoridad moral para decirlo, porque
si no hay una condena explícita y concreta de un bloqueo que sufre un
pueblo, sin par en la historia de la humanidad, durante décadas, todo
lo que ustedes digan de Cuba no tiene ninguna autoridad moral. Usted
habla de que se ha solucionado la situación económica. Es triste que
usted se conforme con eso y también que al final hable de la victoria
de la resolución. Efectivamente, la pueden considerar como una
victoria, pero también sabe a qué precio, cómo se presionó y cómo se
utilizaron todas las armas del imperialismo para conseguir un voto.
Es una triste victoria, que además ustedes saben que va a chocar con
la contundencia del pueblo cubano, que sigue creyendo todavía que es
mucho mejor vivir en la revolución que vivir la sumisión que ya han
conocido. Repito que es una triste victoria lo que ustedes pueden
ofrecer en este momento. Me gustaría saber qué papel ha
jugado España para que se condenase el bloqueo, contra el cual en
este país hay millones de personas que diariamente combatimos. Usted
sabe que en España hay millones de personas que diariamente
participan en movimientos de solidaridad en contra del bloqueo
inhumano que sufre el pueblo cubano por parte de los Estados Unidos y
de todo el sistema neoliberal.
Esta ha sido nuestra visión de esta sesión. Está bien que siga
reuniéndose y que siga existiendo la Comisión de Derechos Humanos,
pero permítanos que seamos muy poco entusiastas de estos foros
mientras que veamos el cinismo imperante en estos momentos en un
sistema económico que solamente se basa en la explotación de unos
pueblos por parte de unos pocos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Ante todo quiero agradecer la comparecencia del
señor secretario de Estado para informar sobre la reunión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyas
conclusiones y deliberaciones presentan una cierta dificultad, por
cuanto las intervenciones sobre temas de derechos humanos en dicha
Comisión tienen un sentido muy politizado, ya que están matizadas por
sus componentes y porque en ciertos casos algunos de los miembros no
ejercen el respeto a los derechos humanos que correspondería y, a
pesar de ello, participan en deliberaciones y recomendaciones que no
se corresponden con el sentido de su propia actuación.
Hemos entendido por parte del señor secretario que la intervención de
la delegación española ha ido en un doble sentido, la del propio
ministro en las sesiones plenarias y una serie de negociaciones que
se han mantenido fuera de las sesiones de cara a encontrar consensos,
delimitación o definición de lo que eran los grandes temas sobre los
cuales ha versado la gestión española: Cuba, Colombia o Guinea
Ecuatorial, en los que se nos presenta una serie de resoluciones
favorables para la defensa de los derechos humanos.
Dentro de su exposición, he echado en falta al menos un comentario
por parte del Gobierno sobre la exclusión de Estados Unidos en la
Comisión. Podemos aceptar que el posicionamiento de Estados Unidos
respecto a la pena de muerte o determinadas actitudes en cuanto a los
derechos humanos ante situaciones internacionales justificarían -o al
menos pueden hacerla comprensible- su exclusión, pero al mismo tiempo
no se nos escapa la consideración de que de alguna forma la exclusión
de Estados Unidos siendo, como es, uno de los líderes mundiales,
puede descafeinar o al menos tergiversar el posicionamiento de la
Comisión en los temas de derechos humanos. Por tanto, me gustaría oír
cuál es la posición del Gobierno respecto de este tema y cuáles son
sus consideraciones sobre la nueva situación que puede generarse a
partir de esta exclusión.
Nos hubiera gustado que hubiera sido más activo el posicionamiento
del Estado español en los grandes temas, en lugar de adoptar el de
otros grupos, y que la postura española en favor de la preservación
de los derechos humanos hubiera sido más definida, como por ejemplo
ha hecho Francia con una iniciativa sobre la moratoria indefinida de
la pena de muerte o con un posicionamiento más fuerte respecto al
comercio ilícito de armas. No elijo este tema demagógicamente sino
buscando una forma más constructiva y positiva del funcionamiento de
nuestras relaciones internacionales en cuanto a los derechos humanos.
Me felicito por la propuesta que ha presentado el señor secretario de
Estado en el sentido de promover en las embajadas la figura del
encargado de los derechos humanos, como una de las fórmulas que
probablemente nos va a permitir tener una relación más directa con
determinados países, para los cuales esta información puede ser
sustancial, para que nuestra voz en los foros internacionales, como
esta Comisión de las Naciones Unidas, nos permita obtener mejores
resultados. Nuestro grupo se felicita de esta iniciativa positiva
para el posicionamiento de España en la escena internacional sobre
este tema, en el que reitero nuestro deseo de un mayor protagonismo
o, al menos, de una mejor definición de nuestras propuestas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Quiero agradecer la presencia del
secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor Nadal, en esta
Comisión y decir que hoy debemos felicitarnos por esta comparecencia
y por la diligencia con la que se ha producido. Reconocemos que en
esta ocasión, al menos en cuanto a las formas, el Gobierno ha hecho
la tarea diligentemente. Asimismo he de decir -y no nos duelen
prendas reconocerlo- que en el contenido también parece que se ha
producido algún cambio o algún avance respecto a sesiones anteriores,
aunque no podamos estar satisfechos totalmente del resultado final de
este 57.o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Creo que nadie, ni el Gobierno, ni la oposición, ni
ningún grupo de esta Cámara podemos estarlo ni lo estaremos mientras
continúen las violaciones reiteradas y masivas de los derechos
humanos en países en permanente conflicto o en otros en los que no se
denuncian claramente porque priman otros intereses en las relaciones
con los gobiernos de dichos países que -como muy bien nos ha
comentado el señor secretario de Estado-, a través de negociaciones
políticas bilaterales, consiguen si no influir directamente en el
resultado final de las recomendaciones de la Comisión, sí atenuar,
diluir o evitar llamadas de atención y, por tanto, su fiscalización
-lo lamentamos profundamente y supongo que todos estaremos de acuerdo
con ello-; si no, no es
comprensible que se diga tan poco de algunos países o que desaparezca
casi de repente la gravedad de los informes anteriores sobre
situaciones que continúan exactamente igual. Es verdad que lo
importante es la valoración global del desarrollo de las sesiones, de
las recomendaciones aprobadas, de los avances en ciertos temas, pero
ahora mismo sería imposible hacer un listado exhaustivo de la
situación país por país. Me gustaría al menos dar unas pinceladas de
lo que lamentamos y constatar que persisten situaciones que van
cronificándose en países como China, que consigue una vez más,
utilizando en esta ocasión normas de procedimiento, sortear que se
tome medida alguna por su historial sobre los derechos humanos; o que
la Comisión ha eliminado de su programa a Ruanda, a pesar de los
esfuerzos de Canadá para mantener el mandato del representante
especial, cuando nos consta que la situación de ese país sigue siendo
sumamente inestable: siguen recibiéndose informes sobre
desapariciones, torturas, malos tratos a detenidos, sin cargos, sin
juicios, en condiciones que constituyen un trato cruel e inhumano.
Tampoco parece que la Comisión haya hecho demasiado caso a las
denuncias de graves abusos que se cometen en algunos de los países
más influyentes y que son miembros de la Comisión, como Arabia Saudí,
cuyo número de ejecuciones -123 en el año 2000; ejecuciones
conocidas, claro-, juicios celebrados en secreto o penas degradantes
crecen de manera alarmante, quedando en la mayor parte de los casos
en silencio. También se ha pasado de puntillas sobre otros países
como México, Argelia, Nigeria o Marruecos.
Comentaba que sin duda, a pesar de lo anteriormente dicho, estamos de
acuerdo en que se han producido avances, y nos felicitamos por ello,
junto con el señor secretario de Estado, porque lo hemos constatado.
Aunque continúan estas situaciones que nos hacen estar insatisfechos
permanentemente, hemos de resaltar, y lo celebramos, la decisión de
la Comisión de reiterar su llamamiento a favor de la supresión en
todo el mundo de las ejecuciones y de que no se imponga la pena de
muerte a nadie por delitos cometidos siendo menor de 18 años. Esto ha
supuesto un logro importante y otro ha sido la creación de un grupo
de trabajo para establecer un tratado que pueda poner fin a las
desapariciones forzadas. Esta es una grave violación que sigue
cometiéndose en todas las regiones del mundo. Tenemos noticias de que
esta propuesta fue iniciativa del grupo de países latinoamericanos y
de Francia y nos preguntamos si España también participó activamente
en esta resolución. Nos hubiera gustado que así fuera. Tenemos
noticias también de que se aprobó a pesar de la fuerte oposición de
Estados Unidos y Canadá. ¿Significa esto que habrá algún tipo de
entorpecimiento, dado el poder y la influencia de Estados Unidos?
Positiva también, por la novedad y por ser la situación tan reciente,
nos parece la enérgica resolución de la Comisión sobre Chechenia y la
Federación Rusa,
condenando el continuo uso indiscriminado y desproporcionado de la
fuerza por parte de los militares rusos y otras infracciones del
derecho internacional humanitario.
Me gustaría hacer referencia a que lamentablemente ha sido sólo
Bélgica quien ha invitado públicamente a todos los expertos de la
Comisión a visitarla cuando lo deseen, mostrando así un verdadero
espíritu de colaboración efectiva con los expertos de derechos
humanos. Mi pregunta será para cuándo España, con este protagonismo
recuperado, seguirá el ejemplo de Bélgica para invitar a los expertos
del resto de los países.
Quiero hacer algún comentario a propósito del discurso del señor
ministro que obra en nuestro poder. Nosotros hacemos una valoración
positiva desde el punto de vista de su contenido aunque he de decirle
que en el tema de Colombia, a nuestro juicio, estuvo una vez más
tibio con el Gobierno de dicho país. Las buenas relaciones no le
eximen de recordarle sus incumplimientos, como así lo ha hecho y lo
sigue haciendo año tras año la Comisión. Es verdad que las condenas
han sido muy fuertes y que los mayores responsables de las
violaciones de derechos humanos son la guerrilla armada, los
narcotraficantes y los paramilitares, pero todos sabemos también que
en ocasiones hay grupos muy próximos a determinados estamentos del
Gobierno que se miran con cierta indulgencia y justamente las buenas
relaciones con Colombia nos deberían dar una mayor autoridad moral
para pedirle a su Gobierno que no eluda su responsabilidad de cumplir
las resoluciones y las recomendaciones que año tras año le viene
haciendo la Comisión de Derechos Humanos.
Felicitamos al señor ministro por el protagonismo que tuvo en el
llamamiento a la ratificación del Tribunal Penal Internacional.
España fue uno de los siete primeros países en ratificarlo, y es
importante que sigamos en esta línea. También nos felicitamos por el
apoyo mostrado por el ministro al grupo encargado de elaborar un
protocolo facultativo de la convención contra la tortura, a pesar de
que, como ya nos temíamos, no haya sido posible terminar el trabajo.
Nos ha comentado el señor secretario de Estado que esta sesión de la
Comisión ha sido cualitativa y cuantitativamente diferente. Sus 86
resoluciones, de las cuales 51 han sido copatrocinadas por España,
parece que así lo demuestran en cuanto a la cantidad y también en
cuanto a la novedad temática. Nos gustaría saber si en ese
protagonismo activo que ha jugado nuestra delegación -es verdad que
dentro del conjunto de países de la Unión Europea- si ha tenido algún
papel relevante apoyando alguna iniciativa concreta, como en el caso
de Francia uniéndose a ésta de los países latinoamericanos que le
comentaba. Igualmente nos gustaría que si es posible, respecto de la
resolución de Cuba, calificada por usted, señor Nadal, como
resolución polémica, nos informara qué aspectos fueron los más
polémicos y
cuál fue el papel de España en concreto en esos puntos supuestamente
polémicos.
Finalmente, nos felicitamos por ese trabajo activo de España, que
tras siete años recuperaba su papel como miembro de pleno derecho de
la Comisión. Efectivamente parece que se ha logrado un mayor
protagonismo y que de alguna manera podemos estar recuperando ese
papel que teníamos en el pasado de un mayor peso en el exterior, no
solamente de presencia observadora, y nos felicitamos porque hayamos
podido ser una voz destacada en temas recurrentes de países que
siempre nos han preocupado especialmente, así como por las
resoluciones novedosas como la de las poblaciones indígenas o la
relativa al llamamiento en cuanto a la pena de muerte.
Le agradeceríamos que nos diera más información sobre esa figura
encargada de derechos humanos que vamos a poner en marcha en nuestras
embajadas, lo cual celebramos; si nos puede adelantar cuál va a ser
su contenido para que pueda tener un papel más allá de la apariencia,
que en principio es esperanzadora, qué posibilidades reales va a
tener de influir en los informes de derechos humanos, qué relación va
a tener con las distintas delegaciones que de la Comisión de Naciones
Unidas vaya a haber en terceros países, en fin, para que pueda tener
un papel efectivo, como le decía.
Le agradecemos su comparecencia y que haya seguido las
recomendaciones de la subcomisión que fue aprobada en esta Comisión
con motivo del cincuentenario de los derechos humanos. Eso nos hace
sentirnos al menos un poco más útiles en el trabajo de apoyo al
Gobierno en estos temas de Estado, como son los de exteriores y los
derechos humanos, y también nos da una cierta satisfacción, ya que
como parlamentarios hemos dedicado mucho tiempo a que en esta
Comisión se aprobara por unanimidad aquella subcomisión, una de cuyas
recomendaciones era precisamente que España pudiera cada año
recuperar ese papel más activo y más importante en los temas de
derechos humanos. Celebramos, por tanto, que esto se haya hecho así y
estaremos vigilantes para que en la próxima sesión, coincidiendo ya
con la presidencia española, sigamos avanzando en este protagonismo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: En primer lugar, me sumo al
agradecimiento de los otros grupos por la presencia en esta Comisión
del secretario de Estado, agradecimiento que doblamos desde el
momento en que esta comparecencia responde al compromiso adquirido a
raíz de las resoluciones y de las conclusiones de la subcomisión de
derechos humanos que aprobó esta Cámara en el año 1999. El año 2000
no pudo ser por razones obvias, las cámaras estaban disueltas, pero
puntual a su cita en el año 2001 tenemos
la presencia del Gobierno en esta Comisión para un tema obviamente de
gran sensibilidad y de gran importancia. No hace falta que insista
mucho si decimos que la celebración de un período de sesiones,
cualquiera de ellos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas representa un acontecimiento de suma importancia por el
altísimo grado cualitativo que envuelve las discusiones sobre los
desgraciadamente muchos y variados temas que ocupan sus trabajos. La
reflexión, el análisis y los pronunciamientos sobre aquellas
cuestiones que todavía hoy impiden que el mundo sea justo en sus
términos más elementales -el respeto a los derechos humanos- suponen
un ejercicio tan necesario como obligado para todos aquellos países
en los que el privilegio de su cumplimiento también debe convertirse
en bandera de su acción exterior. En este sentido nos ha complacido
escuchar las palabras del secretario de Estado remarcando la actitud
dinámica de la delegación española en los trabajos de la Comisión,
circunstancia que entendemos da perfecta cobertura a los diferentes
criterios de valoración que en cuanto a su actuación podamos
establecer. Quisiera destacar tres de ellos desde el Grupo
Parlamentario Popular.
En primer lugar, hay que resaltar el hecho de que nuestra delegación
se haya comportado de forma coherente y respetuosa con el avance del
posicionamiento que el Gobierno expresó en esta Cámara, en el seno de
la propia Comisión de Asuntos Exteriores, a respuesta precisamente de
unas preguntas de la portavoz del Grupo Socialista. Cabe recordar que
en este sentido el señor ministro de Exteriores a finales de febrero
del presente año expuso las líneas maestras que definirían el
comportamiento de nuestros representantes en Ginebra. Habló de
coordinación con la Unión Europea, de activismo y copatrocinio en la
adopción de resoluciones, de apoyo y colaboración con los mecanismos
de control, y en particular con los procedimientos especiales
establecidos en la Comisión, y habló también de la sensibilidad con
la situación por la que atraviesa el respeto a los derechos humanos
en diversas zonas del planeta y se abordó con bastante intensidad el
caso de Colombia. De las palabras del señor Nadal se interpreta el
seguimiento fiel a estas previsiones anunciadas por el señor
ministro, circunstancia que deja clara constancia de la rigurosidad
con que el Gobierno afronta estas importantes cumbres
internacionales, y el 57.º período de sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas lo es, definiendo previamente los
objetivos a defender así como la estrategia negociadora para intentar
acercarse el máximo posible a ellos.
En segundo lugar, está la actitud española aportando esfuerzos a la
consecución de consensos que vayan definiendo una acción común de los
países miembros de la Unión Europea. Tras la adopción en Niza de la
Carta Europea de Derechos Fundamentales, hubiera
supuesto un contrasentido importante, por no decir un desliz
considerable, priorizar aquellos matices de interés nacional no
incorporados a los posicionamientos comunitarios por encima de la
expresión de lo que para Europa representa su compromiso con la
democracia y con los derechos humanos. Temas en letras mayúsculas en
este terreno, como la situación de los colectivos más vulnerables, la
pena de muerte o la situación de la grave indefensión que sufren
poblaciones enteras expuestas a la tiranía de la imposición o a las
consecuencias de los conflictos armados, no podían obtener de la
Unión Europea más que un posicionamiento claro, directo y contundente
de condena. Por ello, valoramos muy positivamente los esfuerzos que
ha hecho nuestra delegación para conciliar voluntades y armonizar la
exigible flexibilidad de todos los países miembros para presentar el
papel de la Unión Europea como algo sólido y homogéneo, capaz, como
ha dicho el señor secretario de Estado, de convertirse, dentro del
seno de la Comisión, en el referente de la concepción actual
occidental y lógica de lo que son los derechos humanos. Y es aquí
donde desde este grupo entendemos que la referencia a Cuba ha
envuelto toda la intervención del señor secretario de Estado. Me
gustaría coincidir con el señor Centella en que los esfuerzos
internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos
parten de la premisa de que su mejor aval es la democracia y el
pluralismo político. Por ello, siempre tenemos presente la isla
caribeña, siempre tenemos presente Cuba, desde el momento en que ya
son muchas décadas en las que precisamente la ley cubana no emana de
la voluntad del pueblo. En este sentido es donde tenemos muy claro
que en Cuba hay que hacer grandes cosas para conseguir que el respeto
a los derechos humanos sea una realidad, insisto, en la concepción
que entendemos lógica de lo que hoy en día son los derechos humanos,
hoy en día y siempre, porque los derechos humanos evidentemente no
admiten excesivas flexibilidades.
En tercer término, valoramos positivamente la actitud de nuestra
delegación por la capacidad de sentar posicionamientos propios en
aquellas cuestiones de especial sensibilidad para nuestro país o en
aquellos temas que por recurrentes necesitan nuevos y renovadores
empujes. Destacable por su importancia cuantitativa y el trabajo
negociador que hay detrás de ella es la cifra expresada por el señor
secretario del copatrocinio español en 51 de las 86 resoluciones
aprobadas, pero mayor peso específico por su contenido político tuvo
la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, el
22 de marzo, intervención en la que, además de incidir en la
conveniencia de la ratificación del estatuto del Tribunal Penal
Internacional y en la inconveniencia de que determinados países sigan
manteniendo en su ordenamiento jurídico la pena de muerte, tuvo
palabras muy claras de condena hacia la violación de los derechos
humanos en aquellos conflictos que día a día sacuden la información
internacional. La lista es
larga. Destacaremos el posicionamiento que vemos claro en cuanto a la
guerrilla y los paramilitares colombianos o la política de
asentamientos llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados o
la preocupación por el proceso de paz en el Sahara. Todos ellos
fueron temas que certificaron el deseo de colaboración española con
la comunidad internacional para su pronta resolución. Todo ello nos
lleva a concluir que el papel jugado por la delegación española da
cumplida respuesta a los criterios de coherencia, de compromiso con
Europa, de suscripción de premisas básicas para garantizar el respeto
a los derechos humanos y sensibilidad con los colectivos que de forma
sistemática ven violados sus derechos fundamentales, criterios todos
ellos que entendemos que han de ser exigibles, y así se hizo
previamente al desarrollo de los trabajos de la Comisión.
Después del 57.º período llegará el 58.º, con un año por delante, y
el 58.º período de sesiones va a ser de especial significación para
España, pues, como ya ha señalado el secretario de Estado, se
desarrollará bajo la presidencia española en la Unión Europea. Si a
ello añadimos que en el transcurrir de este período de tiempo se van
a celebrar importantes asambleas, conferencias y grupos de trabajo
que aborden de forma sectorial muchos de los temas que hoy en día
preocupan en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
hemos de ser optimistas, siempre lo hemos de ser de cara al futuro.
Con todas estas premisas entendemos que se pueden dar nuevos pasos
adelante que permitan pulir aquellas actitudes que todavía hoy
dificultan el avance en el campo del respeto a los derechos humanos y
el sentido común y el esfuerzo de la comunidad internacional para
conseguir un mundo justo en su premisa básica, que es que cada
individuo tenga garantizados los mínimos que le corresponden por su
propia condición de persona, con lo cual habremos conseguido
bastante.
Por todo ello, felicitamos al Gobierno a través de su representante
hoy aquí, el señor secretario de Estado, por su compromiso de
cumplimiento con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y le
animamos a seguir en esta línea con la esperanza de que en su próxima
comparecencia el año que viene podamos tachar alguno de los problemas
existentes de la lista que para todos hoy sigue siendo excesivamente
larga.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para responder a las distintas observaciones que la han formulado los
grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
No sé si voy a ser capaz de contestar a todas y cada una de las
numerosas observaciones o sugerencias que se han hecho. En todo caso,
voy a tratar de ser lo más explícito posible. Me gustaría empezar
haciendo una apreciación
general y agradeciendo sinceramente el espíritu constructivo de las
intervenciones de todos los representantes de los distintos grupos
aquí presentes. Tratándose de derechos humanos, partimos de un
consenso básico: se trata de una cuestión fundamental, cuya
definición compartimos también básicamente (me alargaré sobre ello un
poco más cuando comente la intervención del representante del Grupo
de Izquierda Unida), y de un campo en el que siempre se puede hacer
más. En él no cabe, por tanto, bajar la guardia; sólo es posible una
actitud beligerante y ambiciosa en la que no tiene sitio la
autosatisfacción porque siempre hay nuevas metas que alcanzar. De
modo que quiero dejar constancia, en primer lugar, de mi
agradecimiento por ese espíritu constructivo que he detectado en
todas las intervenciones.
Entrando en el contenido de algunas de las intervenciones y por el
orden en que se han ido produciendo, le diré al señor Centella, de
Izquierda Unida, que no he hecho mención alguna al pensamiento único;
esas palabras no están entre las que yo he dicho. He hecho una
mención a la ideologización creciente que se percibe en la Comisión
de Derechos Humanos; quiero decir que los posicionamientos de los
distintos países responden más a posturas ideológicas predefinidas
que a la defensa de la universalidad de los derechos humanos. Esto es
muy importante, puesto que un principio fundamental de los derechos
humanos, con independencia de su contenido, es su universalidad; es
decir, la aplicación indistinta de esos conceptos a todos los países.
Este es un principio en el que todos convenimos; si no, sería muy
difícil ponernos de acuerdo sobre cuáles son los derechos humanos
básicos. Se trata de un principio fundamental de la Declaración de
Derechos Humanos de Naciones Unidas de hace ya 50 años, que se ha
mantenido y es consustancial al propio concepto de derechos humanos.
Por mi parte, he expresado la constatación que he hecho de la
ideologización de la Comisión de Derechos Humanos.
El señor Centella ha dicho que, a su entender, existe cierta
incompatibilidad entre lo que podríamos llamar sistemas económicos
capitalistas o de economía de mercado y la plena articulación de los
derechos humanos. Podríamos estar horas hablando de esto y,
probablemente, no nos pondríamos de acuerdo. Simplemente me atreveré
a lanzar una reflexión: desde la conciencia de que todo es
perfectible y de que, sin duda, en el ámbito de las economías
capitalistas -las desarrolladas y las no desarrolladas- el concepto
de derechos humanos es un concepto imperfecto susceptible siempre de
mejora, creo que no es aventurado decir que la situación de los
derechos humanos en los países de la órbita occidental en general, en
los que tienen economía de mercado, es mejor que la de los países que
han vivido bajo sistemas centralizados de planificación. De hecho,
esos países están en fase de transición económica y política hacia
economías en las que las fuerzas de
mercado son cada vez más relevantes. Sé que no le voy a convencer, y
no está en mi ánimo tratar de hacerlo, pero no me resistía a hacer
esta consideración.
Ha mencionado también el señor Centella a Palestina reclamando
explicaciones sobre el papel de España al respecto en el seno de la
Comisión. He hablado de ello de forma muy rápida en mi primera
intervención y puedo extenderme. España ha tenido un papel muy activo
en las resoluciones que se han adoptado sobre Palestina y sobre el
proceso de paz en Oriente Medio en general. Se han adoptado tres
resoluciones fundamentales: una, sobre la situación en los altos del
Golán, en la que la Unión Europea se abstuvo -España también-,
mientras que Estados Unidos votó en contra. Lo mismo sucedió con la
resolución sobre la situación de los derechos humanos en los
territorios ocupados. Debo decir que sobre ésta hubo una negociación
muy ardua y, al final, la postura de abstención de los países de la
Unión Europea fue plenamente comprendida por los países árabes.
Finalmente, hubo una resolución sobre los asentamientos en la que,
después de intensas negociaciones con los países árabes, la Unión
Europea -y España- votó a favor, contó con el voto en contra de los
Estados Unidos y, lógicamente, con el voto favorable de la mayoría de
los países árabes.
Hay que decir entonces que la cuestión de Palestina se ha puesto
insistentemente sobre la mesa y España ha jugado un papel muy activo
a la hora de conseguir las resoluciones más equilibradas. No digo
neutrales, sino equilibradas en el sentido de que se ha tratado de
reflejar en las mismas la situación sobre el terreno de la forma más
objetiva posible. El papel de España y el resultado del mismo han
sido reconocidos de forma clara por los distintos países árabes. Le
diré al señor Centella que, después de las votaciones, tuve ocasión
de estar en diversos países árabes de la zona y en ningún caso se me
hizo una mención negativa del papel o de la postura de España en las
distintas resoluciones; al revés, en general, ha habido declaraciones
claras agradeciendo el papel constructivo que ha jugado España en
estas cuestiones.
El señor Centella ha mencionado Cuba, y también lo ha hecho la
representante del Grupo Socialista. Creo que se ha logrado una
resolución equilibrada, como he dicho. La señora García Manzanares
lamentaba al inicio de su intervención que las resoluciones fueran
objeto de influencia por parte de los distintos países. Entiendo su
razonamiento, pero es parte consustancial al mecanismo de
funcionamiento de la Comisión. Es decir, las resoluciones de la
Comisión surgen del posicionamiento de los distintos países. Lo
importante es que, al final, se logre un consenso que refleje la
cuestión que se está tratando de forma mínimamente objetiva
y aceptable para todos los países que votan. El caso de Cuba es
paradigmático de esto que digo.
Quiero ser muy claro para que no quepan dudas: España no comparte la
política de embargo de Estados
Unidos hacia Cuba y cree que es contraproducente para los objetivos
que se persiguen, además de que tiene graves repercusiones sobre la
población cubana. Dicho esto, hay que decir igualmente que, si bien
la Unión Europea viene manifestando desde hace tiempo que el embargo
tiene un impacto sobre la situación humanitaria en la isla, podemos
convenir también en que la situación de los derechos humanos en la
isla no es resultado exclusivo del embargo, sino que hay elementos
adicionales derivados de la política del Gobierno cubano que tienen
un impacto en términos de derechos humanos que resulta pertinente
denunciar.
Dadas esas circunstancias, creo que la resolución adoptada es
equilibrada. Téngase en cuenta que hasta esta edición de la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos nunca se había
incluido, de forma directa o indirecta, alguna mención al embargo.
Esta vez se ha conseguido que figure en la propia resolución una
mención que para buenos entendedores sirve para reflejar el impacto
que el embargo está teniendo sobre la situación humanitaria en Cuba.
Es cierto que se podría hacer de forma más explícita de lo que se
hace en la resolución, pero también es cierto que si hubiese sido así
habría muchos países que no hubiesen apoyado la resolución. El hecho
de que por primera vez se haga una referencia a que se reconoce que
para apoyar la causa de los derechos humanos y el bienestar económico
en Cuba los Estados terceros deben adoptar medidas a fin de mejorar
la condición económica del pueblo cubano, me parece que es un paso
significativo y positivo con respecto a lo que había, aunque sin duda
insuficiente, en el sentido de poner sobre la mesa las consecuencias
que está teniendo el embargo sobre la situación en la isla. Además de
esta mención a la necesidad de que haya medidas por parte de los
Estados terceros, la Comisión Europea, en lo que son los anejos de la
resolución, hace una declaración explícita diciendo que, a su
entender, el embargo es una medida que va en perjuicio de la
situación de los derechos humanos en Cuba. La resolución es
equilibrada, pone sobre la mesa todos los elementos relevantes que
afectan a la situación de los derechos humanos en Cuba y ha servido
para construir un consenso importante y para ser finalmente aprobada.
El señor Grau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
preguntaba cuál era la posición del Gobierno con relación a la
exclusión de los Estados Unidos de la Comisión. El Gobierno comparte
la postura que ha manifestado el señor Grau en su exposición. El
punto de partida, obvio y fundamental, es que la Comisión tiene un
sistema de funcionamiento democrático, realiza sus votaciones y, en
primer lugar, lo que hay es un respeto a esa decisión de la Comisión.
Dicho esto, no cabe duda, como también ha manifestado el señor Grau,
de que Estados Unidos es un jugador demasiado importante como para
que se quede fuera de la Comisión, no sólo porque haya un interés por
parte
de Estados Unidos de participar en ella, sino porque creo que la
propia utilidad que puede tener la Comisión es mucho más completa si
aseguramos la participación de los actores más importantes que si se
queda alguno de ellos fuera, más todavía si se quedan fuera por
cuestiones ideológicas o por cuestiones que no forman parte
estrictamente de la esfera de la Comisión de Derechos Humanos. Es
difícil saber exactamente cuáles han sido las últimas causas que
explican que Estados Unidos haya resultado excluido de la Comisión.
Un analista externo convendrá fácilmente en que cuestiones como el
retraso en el pago de las cuotas y de los atrasos por parte de
Estados Unidos a Naciones Unidas o la denuncia reciente del Protocolo
de Kioto han causado un malestar importante entre distintas
delegaciones y ello se ha reflejado en la votación en el seno de la
Comisión de Derechos Humanos. Esperamos que el año que viene Estados
Unidos vuelva al seno de esa Comisión.
La señora García Manzanares, representante del Grupo Socialista,
dentro del espíritu constructivo que ha presidido la exposición de
cada uno de los grupos y, por supuesto, también la del Grupo
Socialista, decía que echaba en falta un posicionamiento más claro
por parte de España, en este caso del ministro, en su discurso ante
la Comisión con relación al tema de Colombia. Aquí me gustaría hacer
dos consideraciones. En primer lugar, la presencia del ministro en la
Comisión tuvo lugar en un momento en el cual había negociaciones
importantes en marcha en Colombia. Cuando usted ha hecho esta
apreciación he rescatado las palabras del ministro y déjeme que se
las lea porque, sin necesidad de entorpecer un proceso en marcha,
creo que son bastante claras. Decía así: Reconocemos los esfuerzos
desplegados por el presidente colombiano por mantener vivo el proceso
de paz, un proceso que España respalda, pero sin por ello dejar de
condenar las graves violaciones de los derechos humanos que en
Colombia se producen, especialmente por parte de paramilitares y
guerrillas. Debemos hacer pública la admiración que en medio de este
cruel panorama nos merecen tantos defensores de los derechos humanos
que a diario arriesgan su vida para tratar de mitigarlo. Es necesario
poner fin a la impunidad y reforzar los mecanismos legales que
permitan hacer frente a estas violaciones. La oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá está cumpliendo una
importante tarea en este campo, por lo que es preciso que el Gobierno
colombiano siga manteniendo su abierta cooperación con ella. Creo que
hay aquí una mención clara a la situación y a la necesidad de que
haya un compromiso y una participación por parte del Gobierno de
Colombia.
Mencionaba también la señora García Manzanares la posible
participación de España en la iniciativa belga. Estamos invitados a
visitar ese país, es un tema que está en estudio y veremos qué
posición tomamos al final.
Hacía referencia a si había alguna iniciativa especial por parte de
España. Ya he dicho que el papel de España
en el seno de la Comisión es muy activo, en el marco de la Unión
Europea es claramente de liderazgo. La iniciativa especial es
permanente. Un tema que ha salido en las distintas intervenciones de
los representantes de los diferentes grupos, en especial lo ha
mencionado el señor Ricomá -ya sé que es un tema distinto al de la
Comisión de Derechos Humanos-, es el relacionado con la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. España ha sido
beligerante no sólo en su contenido, sino también en la conveniencia
de que esa Carta no sólo tuviese un valor político sino jurídico. Eso
refleja la voluntad del Gobierno de tener un papel activo en el campo
de derechos humanos.
Con relación a los aspectos más polémicos de la resolución cubana, he
mencionado ya el papel del embargo. Finalmente, la señora García
Manzanares pedía mayores explicaciones sobre qué contenido van a
tener los encargados de los derechos humanos en las embajadas. Este
es un proceso que vamos a empezar ahora y su cometido fundamental
será ser la antena de España en materia de derechos humanos en los
países en cuestión; es decir, tener relación con todas aquellas
cuestiones que afectan a los derechos humanos en esos países. ¿Eso
qué implica? Tener contactos con todos los actores relevantes, ONG,
etcétera, tener contactos y coordinarse con las contrapartes de otros
países, sobre todo de la Unión Europea y, lógicamente, ser los
responsables de los informes que haya que hacer con relación a los
derechos humanos. Eso no quita que esas personas, esos encargados
estén abiertos a otras funciones que eventualmente quepa cumplir.
Aquí lo importante es que estamos creando, por decirlo de alguna
forma, la institución, es decir, la referencia y, a partir de aquí,
en función de cada caso, se adaptará a las necesidades que haya en
cada país.
He hecho un repaso bastante completo de las distintas cuestiones que
han surgido y simplemente reitero lo que he dicho al principio:
estamos ante una cuestión fundamental, estamos ante una cuestión
siempre perfectible y estamos ante una cuestión respecto a la cual el
Gobierno está abierto a la transparencia y a la colaboración con las
Cámaras.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado pro
sus explicaciones.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE RUSIA A LA OTAN
ACERCA DE UN SISTEMA GLOBAL ANTIMISILES. (Número de expediente 181/
000617.)
La señora PRESIDENTA: Damos paso al siguiente punto del orden del
día, que son las distintas preguntasque han formulado los grupos
parlamentarios.
En primer lugar, hay tres preguntas del Grupo Socialista, del señor
Puig i Olivé, que se formularán por su orden.
Tiene la palabra el señor Puig i Olivé.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señor secretario de Estado, cuando formulamos
esta pregunta no sabíamos que el tema iba a tener tanta actualidad,
ya que todavía no se había producido la declaración del presidente
Bush en relación a la organización de un sistema global antimisiles.
El hecho de que el presidente Bush haya hecho esa declaración y el
tipo de reflexión, de debate que ello ha producido da más valor a la
pregunta que yo quería hacer. Además, se produjo otra circunstancia
que vale la pena comentar, que es una primera declaración del
ministro de Asuntos Exteriores de España en relación a la declaración
del presidente Bush, que -avanzo ya- creo que fue un error, un error
de precipitación sin más gravedad, pero es que hay que tener en
cuenta que estamos ante lo que va a ser un debate largo, un debate
profundo, ya que el sujeto es enormemente trascendente no sólo para
un país como el nuestro, sino para toda Europa y, en realidad, para
la geoestrategia mundial, como todo el mundo sabe. ¿Por qué decimos
que hubo precipitación? En primer lugar, porque vemos lo que están
haciendo los otros gobiernos en Europa, es decir, actuar todos -y
nosotros en tanto que miembros de la oposición también queremos
hacerlo así- con gran prudencia, con una enorme prudencia. No hemos
visto por ahí que los ministros de Asuntos Exteriores o los primeros
ministros se precipitaran con frenesí a decir que les parecía muy
bien la propuesta, de ahí esta leve crítica a la reacción inmediata
del Gobierno español. ¿Por qué creemos que hay que ir con una gran
prudencia? En primer lugar, porque en realidad nadie está muy seguro
de lo que significa esta propuesta en el ámbito tecnológico, ni en el
ámbito geoestratégico, ni en el ámbito simplemente de la política
internacional. Hay muchas voces -tenemos informes de prestigiosos
institutos europeos- que dudan que se pueda plantear un sistema
global antimisiles a partir de las amenazas que los Estados Unidos
dicen que existen, porque hay mucha gente que no cree que Corea del
Norte, Irak o Irán puedan ser una amenaza para el territorio de
Estados Unidos. Desde el punto de vista de la justificación, digamos,
estratégica de una amenaza parece que hay dudas al respecto.
En segundo lugar, desde el punto de vista tecnológico, tampoco hay
seguridades y hemos tenido suficientes contactos, incluso con
nuestros amigos americanos, para saber que no está absolutamente
claro cuál puede ser el desarrollo de este sistema, que todavía hay
muchas dudas, muchas preguntas desde el punto de vista tecnológico e
incluso desde el punto de vista de que el sistema pueda significar un
verdadero paraguas de seguridad, un verdadero paraguas antimisil. Hay
quienes sostienen que también en este caso son posibles las
contramedidas y, por tanto, ni siquiera ese sistema, en el caso de
que fuera aceptado, sería tan seguro. En consecuencia, estamos ante
la posibilidad de que, en realidad, Estados Unidos, defendiendo sus
intereses, cosa muy lógica y muy legítima y a eso no hay nada que
decir, esté en una operación que va más allá de los riesgos reales
militares o de defensa y vaya a una operación que puede tener otros
significados, otras derivaciones, como, por ejemplo, un dominio
tecnológico sobre cualquier otro país del mundo, lo que pude ser un
buen negocio para el complejo industrial americano y, como digo,
legítimamente defendido por sus dirigentes, pero que entraña una
serie de problemas.
Los problemas que nosotros vemos y sobre los que hay que reflexionar
-pedimos al Gobierno español que reflexione y, desde luego, nosotros
vamos a ayudar en esta reflexión- son de orden político. Una
propuesta tal crea problemas con Rusia. Será interesante conocer las
entrevistas del presidente Aznar sobre estos temas porque nosotros
hemos escuchado a los rusos al más alto nivel -o al segundo alto
nivel- en Berlín hace dos semanas y lo que nos decían con respecto a
este sistema no era nada tranquilizador, lo cual no quiere decir que
no llegue el día en que pueda haber un acuerdo entre rusos y
americanos sobre ese tema, en ello se está trabajando. Pero tanto si
hay acuerdo como si no lo hay, el tema es suficientemente serio como
para reflexionar y no lanzarse a favor o en contra de una propuesta
tal.
Por lo demás, desde el punto de vista político, no se sabe muy bien
si esta es una actuación unilateral de Estados Unidos o quiere ser
algo más, si quiere ser una propuesta que puedan aceptar sus aliados,
pero que puedan aceptar los aliados, que somos nosotros, sin costes;
es decir, beneficiándonos todos de la seguridad, de la tecnología y
del negocio si lo hay, porque, de la misma manera que Estados Unidos
tiene legítimo derecho a defender sus intereses, nosotros no sólo
tenemos legítimo derecho, sino obligación de defender los nuestros.
Y para estar seguros de que Europa, en este ámbito de la tecnología, de
la defensa, no se queda en esta propuesta con la pata coja, hay que
hablar con nuestros socios, hay que estudiar a fondo las
implicaciones de esa propuesta en todos los ámbitos, en el ámbito
político y en el ámbito, por ejemplo, de la disuasión.
Se dice que este sistema va a cambiar un poco la situación respecto a
la disuasión nuclear; es decir, que comportaría la destrucción de una
cantidad enorme de cabezas nucleares. Eso es lo que dice alguien,
pero no hay ninguna seguridad ni sabemos de qué estamos hablando en
realidad, si se cambia disuasión por disuasión, hasta qué punto,
desde el punto de vista geoestratégico, es disuasión el sistema
antimisil o hasta qué punto va a seguir aumentando, digamos, la
carrera de armamento. Si esta propuesta comportara una reducción de
la carrera de armamento, si esta propuesta comportara
la resolución de los problemas con Rusia, si supusiera menos riesgos
y hubiera beneficio tecnológico para todos, seguramente sería mucho
más aceptable. Lo cierto es que hay muchas dudas. Muchos gobiernos
piensan que hay que estudiar a fondo el tema y nuestro Gobierno
también debe hacerlo, y debe hacerlo a nivel de país. Es decir,
espero que llegado el momento esto sea tratado en el Parlamento y no
se quede sólo en apoyos unilaterales gubernamentales. Además, espero
-y en eso baso mi pregunta- conocer la posición del Gobierno español.
Por esa razón pregunto al secretario de Estado si existe ya algún
proyecto de intervención en los foros en los que estamos -en la OTAN,
el primero, y en la Unión Europea y su ámbito de defensa, el segundo-
en el que quede plasmada una posición del Gobierno español al menos
tan prudente como la de cualquier otro gobierno europeo.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor secretario de
Estado para que le responda, pido disculpas públicamente, como ya lo
he hecho con él, porque tengo que ausentarme en este momento. Va a
pasar a ostentar la Presidencia de la Comisión la vicepresidenta
primera Ludivina García Arias.
El señor secretario de Estado tiene la palabra. (La señora
vicepresidenta, García Arias, ocupa la Presidencia.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
En primer lugar, quiero agradecerle la pregunta, porque no sólo es
pertinente, sino además muy importante.
Tengo que decirle de antemano que no voy a ser capaz de darle una
respuesta, porque estamos ante una cuestión de gran magnitud, una
cuestión que va a merecer un debate durante mucho tiempo y en la que
estamos más bien en fase de hacer las preguntas concretas que de
empezar a buscar contestaciones.
Quizás por eso mismo, no estoy de acuerdo con esa apreciación de
precipitación que usted ha hecho sobre la reacción del Gobierno en
esta materia. El Gobierno siempre ha dicho: estamos en un contexto
nuevo, estamos ante una iniciativa nueva de la cual no conocemos los
detalles; necesitamos conocer más a fondo cuáles son esos detalles y
valoramos muy positivamente el hecho de que por las partes -sobre
todo de Estados Unidos, Rusia y China- haya una voluntad de diálogo
y de consenso. Ese es el punto de partida del cual quiero dejar
constancia explícita.
Comparto gran parte del análisis que usted ha hecho. El punto de
partida es muy claro: estamos en un contexto nuevo, en el que se
plantea el fin de la guerra fría y la desaparición de los bloques, la
desaparición de la percepción de determinados países como una amenaza
(cuando el señor Bush anuncia su iniciativa de misiles dice
explícitamente que Rusia y China dejan de ser percibidas como una
amenaza), y la percepción de que la
amenaza está en otros países, que, a causa de la proliferación de
armas de destrucción masiva, han sido capaces de dotarse de esas
capacidades. Por tanto, esa es una amenaza -o así lo perciben los
Estados Unidos- a la cual hay que hacer frente. Lo que pone Estados
Unidos sobre la mesa es la iniciativa de misiles, que inicialmente
lleva el adjetivo de nacional, aunque parece que ese adjetivo se ha
caído, dando a entender que va a tratarse de una iniciativa más
comprensiva, que no sólo va a cubrir a los Estados Unidos, sino que
es susceptible de ampliarse al conjunto de los países aliados.
Con estas tres piezas in mente (fin de la guerra fría, aparición de
nuevos Estados como amenaza y la respuesta que Estados Unidos da a
esta nueva situación), se plantean dos cuestiones básicas a efectos
de encuadrar la discusión. En primer lugar, esta nueva iniciativa
tiene una repercusión en el contexto de la OTAN, es decir en el marco
de sus esquemas de seguridad o de defensa colectiva. Volvemos al
principio: sabemos tan poco sobre esta iniciativa, que debemos
esperar a conocerla a fondo para poder pronunciarnos. A nuestro
entender, la iniciativa reclama mayores explicaciones desde varios
puntos de vista. La primera cuestión, desde el punto de vista de su
adecuación conceptual, es: cuál es el sentido de esta iniciativa
desde el punto de vista geoestratégico. Hay una segunda cuestión
igualmente importante, un requisito fundamental, que usted ha
mencionado, que es la viabilidad técnica. Hay una tercera cuestión
que es el impacto presupuestario. ¿Estamos en una situación en la que
Europa va a compartir la seguridad colectiva financiada por Estados
Unidos? ¿Cuál va a ser el papel de Europa aquí en términos de coste y
de participación en los proyectos tecnológicos? Son preguntas que
están encima de la mesa y sobre las cuales ahora mismo no hay una
respuesta. Como he dicho al principio, lo importante es que haya una
voluntad de diálogo.
En el contexto OTAN y de que Rusia ha dejado de ser una amenaza para
los países englobados en la OTAN, merece la pena el estudio de la
propuesta que ha hecho la Federación Rusa, que es la creación de un
sistema de defensa antimisiles paneuropeo. De nuevo estamos en una
situación parecida: sabemos muy poco. Sabemos que es una iniciativa
que pretende reunir a todos los Estados europeos y acompañarse a más
largo plazo de documentos jurídicos. Sabemos que es una iniciativa
que prevé un desarrollo en tres fases: primera, evaluación de la
amenaza; segunda, desarrollo de un marco conceptual, y finalmente,
determinación del procedimiento y calendario para su despliegue. No
sabemos mucho más. Incluso dentro de estos apartados que he
mencionado sabemos muy poco. Sí que es interesante el hecho de que en
la propuesta de esta iniciativa esté implícita la aceptación por
parte de Rusia de la existencia de una nueva amenaza. Esto permite
una convergencia en el análisis que puede ser fructífera en el
futuro. Es una iniciativa que, con todo el desconocimiento
desde el que la abordamos, merece como mínimo un estudio, una
reflexión conjunta que ya se está llevando a cabo. La semana que
viene se celebrará en Budapest una reunión del JPC -es decir, una
reunión entre los países de la OTAN y la Federación Rusa- en la que
este tema va a estar sin duda encima de la mesa, aunque, sin duda
también, no se va a resolver en esa reunión. Pero lo importante, como
digo, es que ese diálogo este teniendo lugar.
Al margen de la repercusión que la iniciativa americana tiene en el
contexto de la OTAN, también tenemos que hacer otra consideración que
ha estado implícita en su intervención. La iniciativa de misiles
responde, por un lado, al legítimo derecho de seguridad o de defensa
por parte de Estados Unidos. Ese es un derecho legítimo que
responderá a una razón de percepción -la seguridad en parte es una
cuestión de percepción-, a una razón de intereses de la propia
industria americana o a las razones que sean. Nosotros pensamos,
frente a ese legítimo derecho de defensa o de seguridad por parte de
Estados Unidos, que ese derecho no puede hacerse a costa de la
percepción de seguridad de países terceros, fundamentalmente de Rusia
y de China. Este nos parece un tema fundamental. Estados Unidos ha
insistido en que su iniciativa se dirige hacia los denominados rocks
states, pero es indudable que la iniciativa plantea lo que en
términos económicos denominaríamos una externalidad; es decir, un
efecto sobre terceros que no hay que menospreciar. De nuevo creo que
aquí, en el estadio en el que estamos, lo fundamental es que haya un
diálogo por parte de todos y que se vea cuál es el encaje posible que
sea aceptable por parte de todos. Creo que ese diálogo va a llevar
mucho tiempo.
En definitiva, creo que estamos en un momento clave, intelectualmente
fascinante, porque, en el fondo, lo que se está planteando es un
replanteamiento de los principios geoestratégicos que han estado
vigentes durante los últimos 30 ó 40 años y que lo que debemos hacer
por parte de España es estar en contacto permanente, como así ocurre,
con nuestros aliados y conocer con más detalle cuál es el contenido,
tanto de la propuesta rusa, como de la propuesta americana. En este
sentido puedo informarle que la próxima semana voy a desplazarme a
Washington y tengo prevista una sesión de explicación en el Pentágono
del contenido de la iniciativa americana y que en el seno del
Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha
creado un grupo de trabajo que está analizando las repercusiones de
la iniciativa. La iniciativa es de tal magnitud que el
posicionamiento y las acciones que España adopte al respecto serán
puestos debidamente en conocimiento del Parlamento, como no puede ser
de otra forma.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Después de analizar el
momento en el que estamos, teniendo en cuenta el orden del día que
tenemos hoy, rogaría a los diputados y al señor secretario de Estado
que sean breves para poder cubrir, en lo posible, el orden del día.
Tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG I OLIVÉ: Creo que lo podremos conseguir, señora
presidenta, sobre todo en este tema porque en los próximos meses y
años vamos a tener tiempo para hablar del tema, como se ha visto por
mi pregunta y la respuesta del secretario de Estado, al que le
agradezco las informaciones que nos ha dado.
Yo no he visto que las preocupaciones que ha avanzado nuestro grupo
sean distintas de las del Gobierno. Creo que el trabajo que hay que
hacer es de reflexión y de consultas. Espero que, si va a Estados
Unidos y tiene información de primera mano, tengamos ocasión de
conocerla.
Cuando yo señalaba que a mí me parecía demasiado precipitada la
salida del ministro, después de la declaración del presidente Bush,
lo hacía pensando en que no habíamos sido consultados. Nuestro
Gobierno es uno de los gobiernos europeos que no fue consultado;
otros sí lo fueron. Cuando un gobierno europeo, amigo y aliado, no es
consultado antes de una declaración de este tipo, lo justo y lo
prudente es no precipitarse en el apoyo explícito. Me parece,
incluso, -y perdone que utilice esta expresión-, de inteligencia
diplomática. Cuando no han contado contigo como con otros, tampoco es
tan necesario decir: nosotros sí. Esta fue la señal que ha dado
nuestro Gobierno.
Me dice usted que están atentos a la problemática, a las
implicaciones y a todo el papel de Rusia. Cuando Rusia ha ofrecido un
plan paneuropeo de misiles nosotros no hemos salido diciendo que nos
parecía bien, sino que simplemente hemos dicho: lo vamos a estudiar.
Creo que eso es lo que hay que hacer. En el caso de Rusia y Estados
Unidos hay que estar muy atentos a que el papel de Europa no quede no
en un segundo lugar, sino en un tercero. Algo tenemos que decir.
Estados Unidos y Rusia pueden decidir anular el Tratado ABM porque es
bilateral, pero el resto del sistema y del proyecto no es bilateral y
sería un gravísimo error que nosotros, como europeos, perdiéramos la
ocasión de mostrar en esa materia de defensa, de geoestrategia, en el
momento en que estamos intentando construir una defensa Europea, que
no somos unos comparsas, sino que jugamos un papel que, tanto en el
caso de unos como de otros, les interesa que sea relevante. El tema
es importante.
Sobre el desafío que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos con esa
propuesta, me permito decir que no me parece que por parte del
presidente Bush haya sido un ejercicio intelectual, pero sí pretende
cambiar bastante las bases de lo que ha sido hasta ahora la doctrina
geoestratégica. Uno se pregunta, en primer lugar, si estamos en un
momento en que esto cabe hacerlo, si es necesario intrínsecamente, y,
en segundo lugar, y usted ha aludido a ello, si esa propuesta, tal
como se ha
hecho, al margen de que ahora haya diálogo y todos estamos a favor de
él, cuando se ha dado como una decisión tomada por parte de Estados
Unidos -ya veremos si eso luego se amplía a los demás-, al final no
es algo desestabilizador. Como usted decía, en la propuesta hay
elementos exteriores que pueden crear nuevas situaciones de
desestabilización que no teníamos en este momento. Queda claro que
aceptamos todo el análisis que usted hace, esperamos que el Gobierno
actúe en ese sentido, en que estamos preocupados y que necesitamos
saber mucho más de todo ello, e insistimos en que nosotros, en tanto
que oposición y Comisión de Asuntos Exteriores, estamos muy
interesados en conocer toda la información que haya al respecto.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Brevemente, voy a hacer una aclaración y una reflexión. La aclaración
es que Estados Unidos no consulta con los distintos países, informa.
Lo que hace, cuando el presidente Bush anuncia la iniciativa, es
informar de ese anuncio fundamentalmente a aquellos países que ahora
mismo se sabe que van a estar más directamente afectados porque van a
tener estaciones de seguimiento en su territorio, pero obviamente hay
una vocación de extender esa información al conjunto de los países
afectados.
La reflexión se refiere al papel de Europa en este tema. Este es un
tema muy importante porque la Unión Europea está en una fase
acelerada y muy vital de construcción de lo que se llama la política
europea común de seguridad y defensa. Es una política que
deliberadamente nace con una vocación limitada, que es centrarse en
determinadas operaciones, fundamentalmente de mantenimiento de la
paz, pero que nace también con el principio de que la defensa
colectiva sigue circunscrita al ámbito transatlántico, es decir, al
ámbito OTAN. Este es un principio que está ahí y que debe servir de
orientación a la hora de abordar las consecuencias que tiene la
iniciativa americana.
Le diré que mi impresión es que, en el desarrollo de la posición
europea, va a ser más difícil conciliar los distintos
posicionamientos que pueda haber dentro del conjunto de la Unión que
conciliar la posición de la Unión en relación con los Estados Unidos.
Estamos ante un proceso muy incipiente, donde hay posturas de partida
en términos conceptuales, en términos de capacidades distintas en los
diferentes países de la Unión, en términos de opinión pública
también, resolver esas cuestiones va a ser la asignatura más
importante que habrá que ir superando, sin perjuicio de que
obviamente habrá que tener ese diálogo en el marco de la OTAN. En la
definición del papel de la Unión Europea que usted reclamaba lo
fundamental será la propia capacidad de la Unión de fijar una postura
común.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Simplemente quiero
recordarles que discutiendo este tema, que tiene una enorme
importancia, hemos tardado 40 minutos. Rogaría tanto a las diputadas
y diputados como al señor secretario de Estado que cooperen en las
siguientes intervenciones, de forma que todo el mundo pueda recibir
la suficiente información como ha requerido. (La señora García
Manzanares pide la palabra.)
Señora Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Colaborando con ese llamamiento que
hace, vamos a reducir a una dos preguntas que están formuladas,
porque por un error en la transcripción las preguntas números 9 y 12
son una única y serán formuladas por la señora Moreno Sirodey.
- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA ALIANZA
ATLÁNTICA. (Número de expediente 181/000618.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Puig tiene la
palabra para preguntar al Gobierno sobre la posición con relación a
la ampliación de la Alianza Atlántica.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señor secretario de Estado, no nos movemos del
mismo ámbito. Voy a ser breve porque no se trata de un problema de
rabiosa actualidad, pero sí de gran interés por nuestra parte para
conocer la posición del Gobierno en el tema de la Alianza Atlántica,
con los cambios que se han producido y con el nuevo marco que estamos
discutiendo en la pregunta anterior. Es verdad que después de la
primera fase de ampliación de la Alianza Atlántica ha quedado un poco
frenado el proceso, pero en la medida en que los países que aspiran a
ser miembros y en la medida que hay otros países que son plenamente
partidarios de la ampliación, con todo lo que conlleva con relación a
Rusia, como estábamos hablando ahora mismo y su posición, quisiéramos
saber cuál es la posición del Gobierno.
Había una lista de países como Eslovenia, Eslovaquia, Rumania,
Bulgaria. También hay una percepción en Europa en general de que
algunos de estos países, que podían haber estado en un determinado
lugar de la lista para entrar en OTAN, en este momento, por causa de
su propia evolución interna, parece que no estarían en ese mismo
lugar, es el caso que se comenta de Rumania, por ejemplo. No sé cuál
es la posición del Gobierno con relación a la ampliación: si nuestro
Gobierno es partidario de acelerarla, si tiene una idea de calendario
o defiende en el foro de la Alianza Atlántica un calendario
determinado, si tiene claro, en el caso de que haya ampliación, qué
países deberían entrar y si tiene alguna
propuesta concreta en este ámbito inmediato para la ampliación,
teniendo en cuenta que hay una ronda de conversaciones Rusia-OTAN y
otra Ucrania-OTAN desde 1997. Nos gustaría saber cuál es el estado de
estas conversaciones con los amigos y vecinos que tienen una
percepción negativa de la ampliación de la OTAN.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Si me permiten, puesto que
hay algunos diputados que están preocupados por la hora de la
votación, les diré que las votaciones no serán antes de la una. Serán
a partir de esa hora, según el momento en el que nos encontremos.
El señor secretario de Estado tiene la palabra para responder.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Señor Puig, la posición del Gobierno respecto a la ampliación de la
Alianza Atlántica responde a un doble principio. Por un lado, un
firme compromiso con el principio de puerta abierta, es decir, un sí
a la ampliación en la medida en que los países candidatos cumplan los
requisitos prefijados y, por otro lado, la posición del Gobierno con
relación a ese proceso de ampliación parte del principio también de
que es un proceso que se basa en el consenso por parte de los Estados
miembros de la Alianza y que, por tanto, habrá que apoyar ese proceso
de consenso. Elaborar y construir ese consenso es la tarea que ahora
mismo tenemos por delante. Estamos al inicio del proceso de
reflexión. La cumbre de Praga donde se van a debatir estas cuestiones
será en noviembre del año que viene -si no recuerdo mal- y le puedo
decir que en estos momentos todas las opciones están abiertas, desde
que no se llegue en esa fecha a consensuar el ingreso de ninguno de
los aspirantes, hasta que se admita a los nueve -posturas extremas-,
pasando por posturas intermedias. Ahora mismo no estamos en
condiciones de pronunciarnos sobre qué es lo que va a pasar y, por
tanto, hay que esperar.
Le puedo decir que desde el punto de vista de España la ampliación
debe contribuir a una mayor seguridad en el continente. Sé que este
es un principio muy genérico, pero es absolutamente básico y
compartido por todos. A partir de aquí, seguro que usted sabe que hay
distintas clasificaciones que están flotando en relación con las
distintas posibilidades de los diferentes países para poder entrar.
No es lo mismo la situación de los países bálticos (técnicamente es
muy avanzada, pero presentan una vertiente política relevante que hay
que tomar en consideración) que la de países como Eslovaquia y
Eslovenia, que seguramente son los más firmes candidatos, o la del
resto de países -Rumanía, Bulgaria, etcétera- que presentan una
situación distinta. Tenemos un año y pico por delante y habrá que ir
viendo cuál es al final el consenso que surge en el marco de la OTAN.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Puig, si quiere añadir
algo, muy rápidamente, por favor.
El señor PUIG I OLIVÉ: Solamente quiero señalar que nos quedamos con
las ganas de mayores precisiones, pero es verdad que esto es un
proceso y, desde luego, estamos de acuerdo en seguirlo. En cualquier
caso, antes de que se celebren las reuniones en las que se van a
tomar decisiones con respecto a la ampliación, quisiéramos tener
ocasión de conocer con más concreción los planteamientos del
Gobierno. Quizá después de la visita del señor Aznar a Moscú, donde
sin ninguna duda le habrán hablado de este tema, podremos conocer si
la posición del presidente del Gobierno ha sido más cercana a apoyar
una ampliación en su momento, si esa ampliación incluiría a los
países bálticos, que usted ha mencionado como un problema político
especial y cierto, o si, por el contrario, por los argumentos que
haya expuesto Rusia, el presidente Aznar va a estar más cercano a
tomárselo con calma. Como no lo sabemos, sólo le pediré que, aparte
de lo que leamos en la prensa, podamos tener una información más
concreta.
- DEL SEÑOR PUIG I OLIVÉ, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA
APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTABILIDAD EN LOS BALCANES. (Número de
expediente 181/000619.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos a la última pregunta
del señor Puig, sobre posición del Gobierno respecto de la aplicación
del Pacto de estabilidad en los Balcanes.
Para una breve exposición de su pregunta, tiene la palabra el señor
Puig.
El señor PUIG I OLIVÉ: Sí, señora presidenta. Va a ser breve porque
también trata de conocer la posición del Gobierno ante la nueva
situación. No voy a detallar aquí lo que ha sido el Pacto de
estabilidad, sus propósitos, sus objetivos y sus dificultades, pero
como había dificultades de aplicación antes de los últimos
acontecimientos (llámense problemas en Macedonia, la situación
concreta en este momento todavía no clara en Kosovo, todo el problema
de Serbia o Yugoslavia, el tema de Montenegro con sus últimos
acontecimientos), quisiera saber cuál es la opinión del Gobierno en
relación con la aplicación de este Pacto, con las reclamaciones que
algunos países hacen y con las acusaciones a Europa diciendo que
prometen pero que, a la hora de que las ayudas lleguen en
condiciones, todo es mucho más duro y difícil. Por otra parte, en
Bruselas esgrimen un argumento que debe tener su solidez, y es que
ese dinero no se puede mandar sin control, sin garantías y sin
seguridades de que estos apoyos van a ser utilizados para lo que se
pretende.
Quisiera saber, en esta nueva situación y ante fenómenos como el de
Montenegro, Macedonia, la situación de Albania y Kosovo, cuál es la
posición del Gobierno, si se siente satisfecho del nivel de
aplicación del Pacto de estabilidad, si cree que Bruselas está
cumpliendo y si cree que hay defectos y dificultades por parte de los
países que deberían ser receptores. Aunque sea general, nos gustaría
tener una idea de cuál es la opinión del Gobierno al respecto.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Puede usted responder, señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Empezaré diciendo que el Gobierno hace una valoración positiva del
Pacto de estabilidad, sin perjuicio de que, pensando en la situación
dinámica en la que se encuentra la zona, conviene no diré reorientar,
pero sí poner énfasis sobre determinados aspectos que pensamos que
puedan ser prioritarios en estos momentos. De forma muy breve diré
que, como es conocido, el Pacto de estabilidad fue adoptado en el año
1999 por parte de más de 40 países y organizaciones internacionales,
incluyendo los países de la región geográfica de los Balcanes, la
Unión Europea, sus Estados miembros y otros miembros del G-8,
instituciones financieras, etcétera. Dentro de los contenidos del
Pacto de estabilidad, sin duda, el elemento más importante fue la
celebración de la conferencia regional de donantes, que supuso la
selección de alrededor de 200 proyectos, por un valor de 1.600
millones de dólares. Hay que decir que esos proyectos no suponían, en
la mayoría de los casos, financiación adicional, sino que eran
proyectos que ya estaban encima de la mesa y que gran parte de esa
financiación provino de la Unión Europea. ¿Cuál ha sido el grado de
ejecución de esos proyectos? Según la información que tenemos, hasta
el día de hoy se ha ejecutado el 81 por ciento de la financiación, es
decir, de esos 1.600 millones de dólares. Por tanto, pensamos que,
apenas 15 meses después de la reunión de donantes que tuvo lugar en
marzo del año pasado, ha habido un buen ritmo de ejecución de los
distintos proyectos seleccionados.
Al Plan de estabilidad de los Balcanes se le superpuso el proceso de
asociación y estabilización, que, como es conocido, está circunscrito
al ámbito de la Unión Europea y cuenta con una afectación
presupuestaria de alrededor de 4.650 millones de euros, entre los
años 2000-2006, en el contexto de las perspectivas financieras.
Pensamos que en la situación en la que se encuentra la región es
necesario que haya un reconocimiento más explícito de que el proceso
de estabilización y asociación de la Unión Europea en relación con
esos países es el elemento estratégico de la posición de la comunidad
internacional en relación con la zona y que, dentro de ese marco,
conviene elaborar estrategias en una serie de sectores clave que
permitan la progresiva normalización
política y económica en la zona; sectores clave en materia de
infraestructura, en materia de cooperación regional en ámbitos
transfronterizos -por ejemplo, el de la energía nos parece muy
importante- y también en el desarrollo de las instituciones. Estamos
en un proceso, por decirlo de alguna forma, de reconstrucción de los
Estados y el fortalecimiento institucional nos parece imprescindible.
Volviendo al principio de mi respuesta, le diré que el Gobierno hace
una valoración positiva de lo que se ha hecho hasta ahora, pero es
consciente de la necesidad de dar un nuevo impulso a esa estrategia,
centrándose en aquellas iniciativas que pensamos que ahora pueden
tener un mayor rendimiento político y económico al hacer que los
Balcanes vuelvan a una situación de progresiva normalidad.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señora presidenta, sólo una pregunta
adicional, que no sé si me podrá contestar el secretario de Estado.
¿Piensa usted que la aplicación del Pacto de estabilidad, en el
futuro inmediato, va a seguir exigiendo la presencia militar actual?
¿Va a ser necesario que haya casi una administración militar? No me
refiero a Kosovo, donde las cosas exigen una presencia militar, pero
en Bosnia, por ejemplo, ¿piensa usted que la situación va a exigir
una presencia militar como hasta ahora o si, a base de una aplicación
exitosa del Pacto, vamos a entrar en una situación de más
estabilidad?
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Puig, eso merecía
otra pregunta y yo no sé si el secretario de Estado está dispuesto a
responder.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Sin duda estoy dispuesto. Muy brevemente. Creo que sí va a requerir
esa presencia. Es una presencia que ha ido disminuyendo en los
últimos meses y ha habido un trasvase de fuerzas de Bosnia hacia
Kosovo. En conjunto, ha habido una reducción, pero me parece que la
necesidad de esa presencia, aunque sea con una tendencia hacia la
reducción, todavía es necesaria.
- DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS
ANTE LOS BROTES DE XENOFOBIA QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO CONTRA LA
COLONIA DE EMIGRANTES EUROPEOS EN VENEZUELA. (Número de expediente
181/000655.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos al punto quinto del
orden del día, que es la pregunta de don Ceferino Díaz Díaz sobre
medidas ante los brotes de xenofobia que se están produciendo contra
la colonia de emigrantes europeos en Venezuela. Porrazón de su
presencia necesaria en otra Comisión nos
ha pedido que don Guillermo Hernández Cerviño le sustituya en la
formulación de la pregunta.
Tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señor secretario de Estado, en Venezuela,
en México y en otros sitios de Iberoamérica existe un evidente
problema de seguridad que afecta a la colectividad española,
principalmente a la gallega y por extensión a los emigrantes
europeos. Esta situación se sustancia en el sentido de que hay
amenazas, hay diferentes coacciones, hay campañas de desprestigio, e
incluso la prensa ha recogido a principios de año la noticia de algún
muerto, lo cual es preocupante. La prensa española también se ha
hecho eco de esta situación, sobre todo en Galicia que, como he
dicho, aporta la población más numerosa en cuanto a emigrantes
españoles se refiere.
En Venezuela en concreto hay dos tipos de emigrantes básicamente. En
el primer grupo se situaría el emigrante social, formado por antiguos
exiliados españoles, y el emigrante económico, por así decirlo, y en
el segundo grupo estaría la colonia económica de empresas y demás.
Ambas han contribuido al desarrollo del país que les ha acogido, pero
en el caso de los emigrantes constituido por antiguos exiliados hay
gente de mucha edad que se encuentran en estos momentos en una
situación de indefensión. En el caso de la colonia económica, formada
por inversores privados, empresarios, etcétera, el problema lo
solucionan en muchos casos dotándose de una seguridad privada que es
la única que les garantiza la propia seguridad. Las consecuencias de
esta situación para unos y otros ha sido bien sencilla: malvender sus
propiedades, con la huida y el cambio de residencia. Algunos de ellos
reclaman incluso la vuelta a España y algunos de sus descendientes
tienen problemas de nacionalidad por la pérdida de la misma que
tuvieron en su día, en fin, no vamos a entrar en este problema ahora,
pero sí en la inseguridad personal, social y económica.
No sabemos en realidad quién alienta todo esto, pero sí conocemos los
resultados. Por esta razón, queríamos preguntarle qué medidas piensa
adoptar el Gobierno con respecto a la situación señalada y cuáles son
las medidas tomadas por el Gobierno para dar amparo jurídico,
político y social a los españoles que se encuentran afectados por
este tipo de presiones, algunas de ellas xenófobas.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
El pasado mes de agosto la Embajada de España en Caracas informó que
la colectividad española en Venezuela había mostrado su preocupación
ante la aparición de panfletos en
los que se amenazaba a los españoles, italianos y portugueses
residentes en Venezuela.
Haciéndose eco de esta inquietud, el embajador de España en Caracas,
junto a sus colegas de Italia y Portugal, trasladó su preocupación a
las autoridades venezolanas y en particular al entonces ministro de
Relaciones Exteriores, señor Rangel, reclamando un pronunciamiento
explícito de condena contra la citada campaña por parte de las
autoridades venezolanas. El canciller Rangel dirigió una carta al
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela solicitando un
pronunciamiento de rechazo a esas manifestaciones xenófobas y
aconsejó al presidente Chavez que se refiriera a este asunto durante
una de sus alocuciones radiofónicas. El presidente Chavez, en su
habitual programa de radio Aló presidente, envió un mensaje
tranquilizador a las colectividades amenazadas, al tiempo que
descalificó a quienes habían lanzado la campaña xenófoba. Asimismo,
el grupo parlamentario venezolano del Parlamento latinoamericano
emitió una declaración condenando cualquier práctica de intolerancia
racial, xenofobia y discriminación, expresando su solidaridad con los
emigrantes extranjeros y sus descendientes.
De acuerdo con la embajada de España en Caracas las amenazas
contenidas en un panfleto repartido por la calle y por los buzones de
correo de miembros de las colectividades española, italiana y
portuguesa sería propio de un grupo marginal y poco numeroso que,
según las informaciones que tenemos, no parece constituir un peligro
grave para los españoles residentes en Venezuela. De hecho, desde el
pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha
vuelto a recibir información alguna sobre el asunto de referencia, lo
que nos hace pensar que la preocupación inicial entre nuestros
compatriotas ha tendido a remitir.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Hernández Cerviño,
¿quiere agregar algo?
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Sólo quiero matizar una cosa. Quería que
transmitiera a la embajada que el problema no es solamente recibir
información sino dirigirse a los que provocan la información: es
decir, que la embajada actuase en el sentido de dirigirse
individualmente a algunos de los personajes identificados como
objetivos, por ejemplo, para transmitirles esa seguridad personal por
parte del Gobierno de España y no relegarlo sólo a la respuesta
administrativa.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Puedo decirle que la Embajada de España está en contacto permanente
con la colonia española en Venezuela y estoy seguro que se les ha
transmitido toda la información de que se ha dispuesto en relación
con este caso, más allá de los
pronunciamientos que se hayan pedido al presidente de la república o
que se hayan hecho en el marco del Parlamento.
- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE MODO EN QUE VA A CONCRETAR EL GOBIERNO SU OBJETIVO DE CONSTRUIR
UN ESPACIO IBEROAMERICANO, RECOGIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
EXTERIOR. (Número de expediente 181/000681.)
- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE ACCIONES ESPECÍFICAS QUE VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO CON EL
OBJETIVO PREVISTO EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN EXTERIOR DE
CONSTRUIR UN ESPACIO IBEROAMERICANO. (Número de expediente 181/
000682.)
- DEL SEÑOR YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE MEDIOS QUE VA A HABILITAR EL GOBIERNO CON EL OBJETIVO DE
CONSTRUIR UN ESPACIO IBEROAMERICANO. (Número de expediente 181/
000683.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos al siguiente punto
del orden del día, que son las preguntas número 6, 7 y 8, del señor
Yáñez-Barnuevo, a quien me dirijo para saber si se podrían agrupar en
una sola intervención.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Sí, se pueden agrupar.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Muchas gracias. Tiene la
palabra.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor secretario de Estado, el
ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, presentó hace un año el
Plan estratégico de acción exterior, cuyo punto III es sobre
objetivos concretos para la presente legislatura y el punto II versa
sobre la construcción de un espacio iberoamericano.
Tengo que decir que este Plan estratégico de acción exterior fue bien
recibido por esta Comisión y, como es nuestra obligación, hemos hecho
un seguimiento sobre todo lo que tiene que ver con su ejecución en la
presente legislatura. Por ello he formulado al Gobierno estas tres
preguntas sobre el modo, las acciones y los medios con los que el
Gobierno piensa emprender o está emprendiendo la construcción de un
espacio iberoamericano. El desarrollo breve que en la síntesis de ese
plan estratégico contemplaba el Ministerio de Asuntos Exteriores nos
parece acertado aunque quizá insuficiente; es decir, una política
comprometida con el desarrollo de la democracia en Iberoamérica, el
fortalecimiento de la comunidad iberoamericana de naciones y del
espacio iberoamericano, la dimensión iberoamericana de España como
activo de nuestra proyección global, particularmente en Europa y
Estados Unidos, y promover mayor atención a Iberoamérica en la Unión
Europea, la segunda cumbre Unión Europea-América Latina durante la
presidencia española en el año 2002, asociación Unión Europea-
Mercosur y Unión Europea con Chile, seguimiento del acuerdo de la
Unión Europea con México, etcétera. Sin embargo, esto ya fue
planteado en su día como un esquema que el Gobierno iba a
desarrollar. Ha pasado un año y queremos recabar información del
Gobierno sobre qué pasos ha dado o que estudios y trabajos ha
desarrollado en la definición conceptual y práctica del espacio
iberoamericano. Queremos saber qué es un espacio iberoamericano desde
el punto de vista de un plan estratégico, qué significa ese concepto
y cuál es su grado de desarrollo en el momento actual.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Como el señor Yáñez ha dicho, el plan estratégico del Ministerio de
Asuntos Exteriores señala como uno de sus objetivos concretos la
construcción de un espacio iberoamericano. Quiero empezar diciendo
que en esta cuestión, como en otras muchas de política exterior de
España, no se trata de partir de cero ni de inventar nada nuevo.
Estamos hablando de impulso y en cierto modo de nueva etapa, pero
también de continuidad, es decir, de construir más sobre lo que ya
existía, que en el caso de Iberoamérica lógicamente era mucho. En ese
sentido, los grandes ejes de la política exterior de España son los
mismos desde el inicio del cambio de régimen. Los valores que
defendemos, las áreas geográficas prioritarias para nuestra acción
exterior y los intereses de cuya defensa y promoción nos ocupamos
están definidos y compartidos con un amplísimo acuerdo de las fuerzas
parlamentarias. Si esta continuidad y este acuerdo básico son pilares
de nuestra política exterior, que debemos mantener y reforzar, el
Gobierno piensa -y así está actuando- que España está en condiciones
de dar un impulso a su posición en el mundo, y en esta nueva
situación el Gobierno ofrece y recaba de las fuerzas parlamentarias
el mismo acuerdo que ha venido existiendo en toda nuestra etapa
democrática. Esta nueva situación es la que ha llevado a una nueva
estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores con tres secretarías
de Estado con responsabilidad por áreas geográficas y temáticas. Una
de esas secretarías de Estado es la encargada de forma específica de
las relaciones con Iberoamérica, que es la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, donde ahora se
ha encuadrado la Dirección General de Política Exterior para
Iberoamérica, que antes estaba adscrita a otra secretaría de Estado.
Este reforzamiento de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica refleja la voluntad clara del
Gobierno de reforzar todavía más las relaciones con los países de la
comunidad iberoamericana de naciones. Una política hacia Iberoamérica
debe englobar lo político, por supuesto, pero también lo económico,
lo social y lo cultural, es decir que cuando hablamos de espacio
iberoamericano estamos pensando en un espacio, por decirlo de alguna
forma, multivectorial, que no sólo incluye las relaciones Gobierno-
Gobierno o las relaciones económicas, sino que trata de trabar un
tejido a nivel social desde la afinidad cultural que existe en este
caso. En este contexto, la política hacia Iberoamérica tiene cuatro
grandes objetivos. Como usted ha hecho referencia, el compromiso con
el desarrollo y la democracia, el fortalecimiento de la comunidad
iberoamericana de naciones, la dimensión iberoamericana de España
como activo de nuestra proyección global, particularmente en Europa y
en Estados Unidos, y finalmente el promover una mayor atención hacia
Iberoamérica en la Unión Europea. Permítame que me refiera brevemente
a cada uno de estos objetivos.
En primer lugar, la aportación de España a la construcción de un
espacio iberoamericano significa una política comprometida con el
desarrollo y la democracia en Iberoamérica, a través de nuestra
contribución al fortalecimiento institucional de los países
iberoamericanos, de una orientación preferente de los recursos de la
cooperación española y de una política de inmigración de canalización
de los flujos procedentes de estos países que suponga una preferencia
iberoamericana. Siendo Iberoamérica el destino principal de la
cooperación española -se destina más del 50 por ciento de los fondos
de la AECI-, permítame que me extienda un poco más sobre la política
de cooperación en Iberoamérica. Esta política se basa en el principio
de un desarrollo humano y social sostenible y equitativo. Esto
significa que el objetivo principal de la ayuda al desarrollo es
contribuir a reducir la pobreza, pero seamos conscientes de que la
pobreza no supone sólo la falta de crecimiento o bajos niveles de
renta, sino que es un concepto que va mucho más allá pura de la
insuficiencia de renta. Hay otros factores que hay que tener en
cuenta, como la inestabilidad política y las deficiencias en materia
de buen Gobierno. Por eso, el fomento de los derechos humanos y de la
democracia debe estar en la base de cualquier cooperación al
desarrollo y, desde luego, lo está en la política española de
cooperación al desarrollo. Ese compromiso de la política exterior de
España con la democracia a través del fortalecimiento institucional
se traduce en apoyar de manera activa todas las actuaciones que
conduzcan a la vigencia del Estado de derecho, la responsabilidad de
los poderes públicos ante el Parlamento, ante la opinión pública y
ante los ciudadanos, la buena
gestión de los asuntos públicos, un sistema judicial independiente,
la libertad de mercado, etcétera. Esta atención especial hacia
Iberoamérica se refleja en los objetivos de nuestra política
exterior, uno de los cuales es, como ya he dicho, el fortalecimiento
de la comunidad iberoamericana. Este es un objetivo prioritario para
el Gobierno español. La idea de comunidad existe de manera latente
desde ya mucho tiempo, como es bien sabido, tomó forma en la cumbre
de Guadalajara del año 1991 y desde entonces va avanzando de manera
importante. En este sentido, es interesante resaltar que desde hace
unos meses se cuenta con un primer órgano permanente, la Secretaría
de Cooperación Iberoamericana, que puede jugar un papel fundamental
en la consolidación del espacio común. España seguirá apostando por
las cumbres como mecanismo fundamental de nuestra política exterior.
De manera inmediata esta apuesta supone prestar el máximo respaldo
tanto a los países sedes en la preparación de las próximas cumbres -
Lima en el año 2001, Santo Domingo en el 2002 y Bolivia en el 2003-,
como al fortalecimiento de los programas y proyectos emanados de las
diez cumbres anteriores. El interés y la trascendencia que España
concede al proceso de cumbres ha llevado al Gobierno a nombrar un
embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas. Las
cumbres constituyen el fuero político a más alto nivel existente
entre los países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones,
lo que facilita que aflore un consenso sobre aquellos temas que la
comunidad iberoamericana estima que son los fundamentales para su
porvenir y permiten situar en la agenda mundial los temas que
interesan a nuestra comunidad con el peso que nos da hablar con una
sola voz. En la preparación de las cumbres y como consecuencia de las
mismas se desarrollan multitud de contactos, entrevistas,
conferencias, seminarios, reuniones, tanto en el ámbito político como
en el ámbito de la sociedad civil, que contribuyen, sin duda, a la
consolidación de ese concepto de comunidad iberoamericana.
Nuestra acción exterior debe tener también como objetivo el atraer
hacia nuestra ámbito social, económico y cultural a los países que
comparten nuestros valores. Para favorecer tal integración España
continuará impulsando, por todos los medios a su alcance, una mayor
presencia de Europa en Iberoamérica. Desde el punto de vista
político, junto con el fortalecimiento de la comunidad
iberoamericana, España va a continuar favoreciendo una mayor
vinculación de la Unión Europea con la comunidad iberoamericana. Tras
el éxito que supone, como usted ha mencionado, la reciente firma del
acuerdo de asociación Unión Europea con México, uno de los propósitos
del Gobierno en esta legislatura es trabajar de manera firma para
conseguir una rápida negociación del acuerdo de asociación con
Mercosur y Chile. Nos gustaría que la aprobación de estos acuerdos
fuese posible durante la segunda cumbre Unión Europea- América
Latina, que tendrá lugar en España en el año 2002, pero somos
conscientes de que las prioridades políticas de distintos miembros de
la Unión
Europea van a hacer difícil que esos acuerdos se puedan finalizar
durante la Presidencia española.
En todo caso, volviendo al principio de mi intervención, quiero
reiterar que la consolidación y la articulación del espacio
iberoamericano constituye un objetivo prioritario de la política
exterior del Gobierno, que es un objetivo que, como he dicho, no es
nuevo, sino que se construye sobre lo que ya existía, y pensamos que
es un objetivo en el cual se va avanzando de forma muy importante.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señor Yáñez, ¿quiere
completar su pregunta?
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Permítame, señor secretario de
Estado, que cuente una anécdota a ver si alegramos un poco esta
sesión. Un veterano socialista, exilado en Bruselas, Curro López
Real, en el año 1977 fue a la embajada a recoger el pasaporte para
volver por primera vez a España desde los años cuarenta; esta persona
era miembro del Partido Socialista desde principios de los años 30.
Cuando fue a recoger el pasaporte, el embajador, muy amable, lo
recibió en su despacho para entregarle el pasaporte y le dijo: Señor
López Real, el momento es apasionante, el Partido Socialista es muy
importante, el Partido Socialista tiene que jugar un papel clave, el
Partido Socialista es magnífico, etcétera. Curro López Real, que es
un andaluz muy gracioso, cuando ya escuchó toda la perorata -muy
amable, por otra parte- del embajador, le contesto: Señor embajador,
en cuanto vuelva a España me voy a dar de alta en el Partido
Socialista; me ha convencido usted. (Risas.)
Si me permite la broma, señor secretario de Estado, me ha convencido
usted de la política que hemos hecho desde los años ochenta hasta el
año 1996 y me congratulo de que haya una continuidad, eso es bueno, y
lo es en la doble dirección: cuando el PP era oposición o cuando el
PSOE es ahora oposición, de eso no cabe ninguna duda. Sin ningún tipo
de acritud, en absoluto, le diré que lo que usted me ha descrito ya
lo conocíamos porque es la política que desarrolló primero el PSOE y
luego el PP e insisto en que ha habido una continuidad. Pero mis
preguntas iban dirigidas a lo nuevo, a qué hay de innovador, porque
aunque haya continuidad siempre se está innovando, siempre se está
creando y si el Gobierno avanza en la construcción de ese espacio
iberoamericano, es bueno saber con qué medios, con qué trabajos, con
qué documentos se va a hacer. Usted se ha referido al documento de
hace un año exactamente tal como ésta, pero no ha habido avance
nuevo, al menos yo no lo he percibido en su respuesta. El Gobierno
y el Ministerio pueden contar con la colaboración del Grupo Socialista
para concreción de los avances que se pueden hacer en la creación de
ese espacio iberoamericano. Obviamente habla usted a un convencido de
ello. Cuando desarrollamos el concepto de comunidad
iberoamericana se concretó después en algo muy específico que
eran las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno en el año 1991, y a
partir de ahí se han ido consolidando y avanzando.
Insisto, pensaba y sigo pensando que el Ministerio de Asuntos
Exteriores tendría algo nuevo que aportar respecto al espacio
iberoamericano, sobre la base de lo que ya existía.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Intervengo sólo para completar un poco la posición del señor Yáñez.
Insisto en que estamos ante un caso en el que, como he dicho al
principio, por suerte no escribimos algo sobre un papel en blanco,
sino que contamos con una política hacia Iberoamérica que tiene unos
parámetros muy sólidos y muy claros. A mi entender, no es lo mismo el
caso de Asia, donde claramente estamos en una etapa mucho más inicial
y por tanto de definición del marco conceptual de la política
exterior hacia la zona. En el caso de Iberoamérica las bases están
sentadas y obviamente eso no priva para que dadas esas bases la
política hacia la zona sea entendida como un proceso dinámico que
requiere una profundización y una vocación, si me permite el término,
de innovación constante.
He hecho referencia a distintas iniciativas, a distintas actuaciones
que se han tomado: la constitución de la Secretaría, el nombramiento
de un embajador, etcétera. Creo que también, en la línea de
profundizar en lo que se ha hecho, es importante destacar, por
ejemplo, el volumen de recursos que la Agencia está dedicando a
Iberoamérica; un volumen que ha venido aumentando en los últimos
años, no digo en los últimos cinco sino en los últimos diez, y que ha
alcanzado un nivel muy importante. Tengo aquí los datos. Estamos
hablando de que este año 2001 prevemos que se dediquen por parte de
la AECI alrededor de 23.000 millones de pesetas a la cooperación en
Iberoamérica. Es una cifra muy importante y sin hacer política, pero
para tener la referencia, le diré que en el año 1996 estábamos
hablando de 11.000 millones. Hay un compromiso claro de continuar el
proceso de relación preferencial con Iberoamérica. Obviamente, la
puesta a disposición de estos medios sirve a unos fines, a los fines
propios de la cooperación, que son los que he dicho: desarrollo del
buen gobierno, combatir la pobreza, la intensificación de la relación
cultural; en definitiva, la consolidación de un espacio
iberoamericano. Por tanto, que en el marco que ya teníamos, que no
hacía falta cambiar, se están haciendo cosas que van en la línea de
profundizar en la relación, como digo, preferencial con la zona.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Muchasgracias por la
brevedad.
- DE LA SEÑORA TORRADO REY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CONSIDERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTOS
Y CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS COMO INJERENCIAS EN LA POLÍTICA
EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 181000722.)
- DE LA SEÑORA MORENO SIRODEY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE
AYUNTAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS SE PUEDEN
CONSIDERAR INJERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de
expediente 181/000739.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos a las preguntas
números 9 y 12, que tratan sobre los convenios de cooperación entre
ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis.
La viceportavoz me había señalado que intervendría una sola persona.
Tiene la palabra doña Nazaria Moreno Sirodey.
La señora MORENO SIRODEY: Señor secretario de Estado, el pasado 13 de
marzo el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco
Javier Ansuátegui, anuló los hermanamientos de Torrejón de Ardoz con
Bir-Ganduz, Rivas Vaciamadrid con Tichlauserd y Tres Cantos con
D'Agüent, con estos poblados saharauis, porque España, según él, no
reconoce a la República Árabe Saharaui democrática como Estado
soberano independiente. El propio delegado del Gobierno afirmó que si
el Estado español no reconoce dicha república ningún municipio está
autorizado a firmar acuerdos con poblados saharauis. El señor
Ansuátegui se amparó en el artículo 149 de la Constitución en el que
se dice que el Estado tiene competencias exclusivas, entre otras
materias, en relaciones internacionales.
Los ayuntamientos citados anteriormente, pertenecientes todos a la
Comunidad de Madrid, tras comunicar a la Delegación del Gobierno,
como es preceptivo según la Ley de bases de régimen local, sus
acuerdos plenarios en los que se acordaba establecer hermanamientos
con poblados saharauis, recibieron la orden de celebrar un nuevo
pleno para anular dichos acuerdos, so pena de ser denunciados ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por injerencia en la política
exterior del Estado español. Esta diputada ha realizado varias
preguntas sobre qué pueblos de la Comunidad de Madrid tienen
hermanamientos con otros municipios o dairas de la República Árabe
Sarahaui democrática y la misma pregunta la ha realizado respecto a
la Comunidad Autónoma de Andalucía y a pueblos del resto del
Estado español. Se le ha contestado respecto a las dos primeras, no
habiendo obtenido aún respuesta a la última, aunque se formuló con
fecha 14 de marzo. Como resultado de esa respuesta, según los datos
de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, tres pueblos
tienen hermanamiento y según datos del Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, más de 50 pueblos tienen hermanamiento. En el
resto del Estado español sabemos que son más de 200, aunque digo que
no ha sido contestada aún la pregunta.
A la vista de estos datos, la pregunta es: ¿Los convenios de
cooperación entre ayuntamientos y campamentos de refugiados saharauis
los considera el Gobierno como injerencia en la política exterior del
Estado?
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias.): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
DE El señor SECRETARIO ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
El Gobierno comparte el esfuerzo solidario que la sociedad civil
desarrolla a diferentes niveles para ayudar a las poblaciones que más
allá de nuestras fronteras se debaten en situaciones de desamparo y
precariedad. Las crecientes cifras de recursos económicos destinados
a este fin, tanto directamente como a través del movimiento
asociativo y las organizaciones creadas al efecto, demuestran la
firmeza de dicho compromiso. Como es sabido, y como usted ha
mencionado, entre los destinatarios de la ayuda al desarrollo que han
figurado permanentemente en los planes oficiales de cooperación, se
encuentra la población saharaui establecida en la región argelina de
Tinduf, como han reconocido en multitud de ocasiones los propios
interesados y sus representantes. Esta importante contribución es
complementada con la que a través de la cooperación descentralizada
realizan las administraciones autonómica y local en nuestro país.
En virtud de todas estas consideraciones no puede afirmarse que la
colaboración que prestan los ayuntamientos a las mencionadas
poblaciones constituya una injerencia en la política exterior del
Estado español toda vez que, lejos de inmiscuirse en la acción
exterior del Estado, secundan eficazmente su actividad en el campo
que es objeto de la presente pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): La señora diputada tiene la
palabra.
La señora MORENO SIRODEY: Me congratula escucharle decir esto porque,
como usted bien sabe, los hermanamientos son expresión de solidaridad
y cooperación y a todos nos resultaría difícil de creer -por
centrarnos en la Comunidad Autónoma de Andalucía- que poblaciones
como Bollullos Par del Condado (Huelva), Algodonales (Cádiz), Cuevas
Bajas (Málaga), Camas, Casariche o Tocina (Sevilla), por citar
algunos de los que
vienen realizando hermanamiento desde principios de los noventa, y el
resto hasta completar los más de 50 pueblos que tienen protocolo con
otros tantos poblados saharauis, están haciendo injerencia en la
política exterior del Estado español. Por otra parte, el intergrupo
del Parlamento europeo, Paz para el pueblo saharaui, que se formó en
1986 por eurodiputados de todos los partidos políticos y está
presidido por la socialdemócrata Margot Kesler, censuró la decisión
de Ansuátegui e, igualmente, el eurodiputado socialista, señor
Carnero, se pronunció en el sentido de no entender cómo se quieren
anular los acuerdos de cooperación cuando España participa
directamente en el programa de cooperación con el pueblo saharaui de
la Unión Europea dotado con miles de millones de pesetas y que el
gobernador ha tomado una decisión que no se ha planteado ningún país
de la Unión Europea. Resulta una incongruencia del delegado de
Gobierno en Madrid. Usted bien sabe que los hermanamientos que se
pretendían anular son sólo una fórmula de cooperación por la que los
ayuntamientos adquieren el compromiso de colaboración con la daira o
poblado saharaui para aliviar la situación de precariedad y necesidad
que padecen desde hace más de 25 años y que se concreta en el envío,
entre otras cosas, de alimentos, medicamentos y, sobre todo, ayuda
humanitaria; colaboración ésta que se complementa mediante
aportaciones a cargo del 0,7 por ciento y proyectos presentados por
las ONG destinados a esta población, asimismo colabora Vacaciones en
paz por la que niños y niñas saharauis disfrutan de una estancia de
dos meses en nuestro país con familias de la localidad hermanada, con
el objetivo de hacerles un seguimiento médico, evitarles las
terribles temperaturas del Sahara en verano y complementar su
deficiente nutrición a la vez que darles la posibilidad de conocer lo
que es un río, una montaña, cosas que no verá nunca en los
campamentos de refugiados. Con todo esto entendemos que la actitud
del delegado de Gobierno en Madrid es insolidaria con este pueblo
y un querer dificultar la cooperación y ayuda humanitaria que la
ciudadanía española, muy sensibilizada con el pueblo saharaui,
pretende realizar para aliviar su difícil situación y sus duras
condiciones de vida.
Por lo expuesto anteriormente, esperamos que este acto sea un hecho
aislado y que no se entorpezca la voluntad de solidaridad mediante
hermanamiento de los ayuntamientos del Estado español.
La señora VICESECRETARIA (García Arias): ¿Desea alguna aclaración?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Querría decir que la pregunta que formula S.S. se refiere
textualmente a los convenios de cooperación entre ayuntamientos y
campamentos de refugiados saharauis y he contestado estrictamente a
esa pregunta. Eso es distinto de los acuerdos de hermanamientos entre
ayuntamientos y esa diferencia es que la está en la base de las
actuaciones
que ha emprendido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
que, por otro lado, no hace sino responder a su obligación como
delegado de Gobierno y a su obligación derivada de la competencia
exclusiva del Gobierno en materia de política exterior. Por lo tanto,
esa diferencia entre hermanamientos y campamentos de refugiados que
no estaba en su pregunta es la que explicaría la cuestión que estamos
debatiendo aquí.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El punto número 10, que es
la pregunta de don José Luis Centella Gómez, ha decaído.
La pregunta número 11, de don Juan Fernando López Aguilar, queda
aplazada para otra reunión.
Vamos a interrumpir un momento para despedir al secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES (Nadal Segala):
Me gustaría despedirme. Quiero agradecer a todos ustedes la sesión y
espero volver a verles pronto.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS, LA LIBERTAD Y EL AUTOGOBIERNO EN EL TÍBET. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000665)
- SOBRE EL TÍBET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000743).
La señora VICESECRETARIA (García Arias): Podemos continuar con el
orden del día.
La proposición no de ley contemplada en el punto número 13 y la
contemplada en el punto 15 tratan sobre la situación en el Tíbet, por
tanto, las vamos a tramitar conjuntamente. La primera proposición no
de ley fue planteada con anterioridad por el Grupo Socialista. Por lo
tanto, tiene en primer lugar la palabra el Grupo Socialista.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señorías, efectivamente, como
usted ha referido, el pasado mes de marzo el Grupo Parlamentario
Socialista presentaba en la Cámara la proposición no de ley que
debatimos hoy. Nuestra intención, al igual que la de organizaciones
sociales en defensa de los derechos humanos, ...(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Me permite un momento, por
favor? Esta sala tiene problemas de audición. Entonces rogaría a los
diputados que abandonaran la sala, porque hay mucho eco y no podemos
escuchar bien a la proponente.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Como decía, nuestra intención, al
igual que la de organizaciones sociales en defensa de los derechos
humanos, en concreto, la Comisión de apoyo al Tíbet y Amnistía
Internacional, era que el Congreso de los Diputados instara al
Gobierno de España a que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas impulsara una moción en la línea con lo acordado por la Unión
Europea de rechazo a la sistemática violación de los derechos humanos
y a la opresión a la que se ve sometido el pueblo tibetano por el
Gobierno comunista de la República Popular China. Lamentablemente
estamos fuera del plazo, la Asamblea de Naciones Unidas ya se ha
celebrado, pero la cuestión de fondo más importante sobre la que
tiene que pronunciarse este Parlamento está en los contenidos de
nuestra iniciativa. En ese sentido, lo más importante es que esta
Cámara se pronuncie en la condena y reprobación del Gobierno chino
porque se merece, yo creo, la unanimidad por parte de todos. El Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una proposición dos meses después
en parecidos términos a la del Grupo Socialista y estaríamos
dispuestos a estudiar o transar en algunos aspectos. Antes de entrar
en los contenidos concretos de nuestra propuesta quiero recordarles a
ustedes cómo el 15 de diciembre de 1999 a iniciativa de mi grupo y
mía propia se debatió y aprobó una proposición por unanimidad en los
siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
continuar promoviendo la aplicación de las directrices de la política
común de la Unión Europea hacia el Tíbet basada en la defensa y
promoción de los derechos humanos y el impulso del diálogo entre el
Gobierno chino y el Dalai Lama, muy especialmente en la próxima
cumbre de la Unión Europea/ China que se celebrará el 21 de diciembre
en Pekín; a continuar incluyendo la cuestión del Tíbet y de los
derechos humanos en el diálogo bilateral entre España y China. Por
último: El Congreso de los Diputados acuerda que se adopten las
medidas oportunas con el fin de que el Dalai Lama pueda ser invitado
a esta Cámara a exponer ante ella el estado del diálogo con el
Gobierno chino, la situación del pueblo tibetano y sus propuestas
sobre la mejora de los derechos humanos, la libertad y el
autogobierno del Tíbet.
Como he mencionado, se aprobó por unanimidad, aunque ciertamente con
algunas resistencias por parte del Grupo Parlamentario Popular. Es
probable que con poca convicción, más con el temor de quedarse en
aquella ocasión en minoría en la Comisión. Un año y medio después
tenemos la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en la que se
excluye la posibilidad de que el Dalai Lama visite este Parlamento e
intervenga en él, después de no haber cumplido el mandato unánime de
esta Cámara, y me pregunto por qué. El Dalai Lama, Premio Nobel de la
Paz, ha sido recibido por Su Santidad el Papa, por Isabel II, reina
de Inglaterra, por el ex presidente Bill Clinton; hoy recoge la
prensa que va a ser recibido
por el actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
Ha visitado el Parlamento vasco, el parlamento catalán. ¿Cuál es la
razón? ¿Acaso incomodar a China es más importante que seguir
defendiendo los derechos humanos? ¿Acaso los derechos humanos tienen
que estar supeditados a intereses económicofinancieros? ¿Por qué en
un Estado sí y en otros no? Tenemos reciente esta mañana, en esta
comparecencia, cuál ha sido la actuación del Gobierno español en
Ginebra con respecto a la reprobación de Cuba, país, por cierto, que
con su voto, sumándolo al de China, consiguió que no se llegara ni a
debatir una moción de reprobación por la situación que vive el pueblo
tibetano. Una opresión, una persecución racial, cultural y política.
Estaremos de acuerdo en que todos los seres humanos merecen tener
libertad para vivir y para elegir, incluidos los tibetanos, incluidos
los chinos. Más de 500 nuevos fusilamientos este año vienen recogidos
por la prensa y diferentes informes de Naciones Unidas. ¿Qué pasó el
25 de junio del año pasado, cuando el presidente Aznar visitó China?
¿Cumplió su oficina el mandato de la Cámara o pasó de puntillas, tal
y como recogió la prensa? La visita se centró más bien en cuestiones
económicas. Es verdad que las perspectivas del empresariado español y
de las multinacionales son legítimas. Pero el papel que debe jugar y
ha jugado España en la cumbre es tibio. La actitud que hay que
mantener frente a los regímenes totalitarios -todos, incluida China-
debe ser una actitud de reprobación, de denuncia continuada. Aún
estamos a tiempo de cumplir nuestras convicciones si realmente las
tenemos. También nuestras obligaciones como miembros de la Unión
Europea.
Debemos promover y defender los derechos humanosen Tíbet y que se
inicien las conversaciones por el Gobierno comunista chino para que
se garantice su plena autonomía, la libertad cultural, la política y
la religiosa en la línea de lo planteado y de lo que se propone por
el Dalai Lama. No podemos mirar hacia otro lado. Moralmente es
inaceptable que se tengan diferentes varas de medir. El papel que
podemos jugar puede ser mucho más activo y positivo. España tiene voz
propia en Naciones Unidas, es miembro de pleno derecho. Exijamos,
pues, que se cumplan estos principios. No podemos admitir que China
se incorpore al mundo económico occidental sin exigirle a la vez que
acepte también las reglas del juego democrático y de valores de la
sociedad occidental. ¿Es políticamente correcto y moralmente
aceptable que China continúe en la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas mientras su Gobierno reprime, persigue y ejecuta a
los ciudadanos por defender sus libertades?
Volviendo al Tíbet, este es un territorio ocupado por la fuerza en el
que el despliegue chino y la colonización intensificada de los
últimos años está suponiendo que los tibetanos sean minoritarios. La
persecución a la que son sistemáticamente sometidos y el
machacamiento desu identidad y de su cultura hacen que nos tengamos
que plantear si éticamente es aceptable que se trate con tanta
tibieza a la República Popular china. En los meses de abril y de
julio del año 2000 aprobó el Parlamento Europeo una resolución
instando al Consejo a tomar la iniciativa en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, expresando su preocupación y denunciando esta
situación, instando a todos los países miembros a que hicieran todo
lo posible para que el Gobierno chino y el Dalai Lama negociaran un
nuevo estatuto para el Tíbet y que los gobiernos de los Estados
encaminaran la posibilidad de reconocer al Gobierno tibetano en el
exilio como único representante del pueblo tibetano en el caso de que
no se llegara a un acuerdo sobre este nuevo estatuto en el plazo de
tres años.
Hoy el Gobierno chino se lamenta en la prensa acusando a los Estados
Unidos de interferencia por su presencia en Taiwan y por la
invitación al Dalai Lama. ¿Cuál es la interferencia cuando se trata
de defender los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que mirar con
tanta complacencia los intereses económicos sin exigirles que cumplan
las mismas reglas políticas y morales que nos estamos exigiendo a
todos nosotros? ¿Acaso no está más que justificado que esta Cámara
repruebe el comportamiento de la República Popular China? Yo creo que
sí. Además estamos obligados por las resoluciones del Parlamento
Europeo. Pero es una buena oportunidad que el Parlamento español en
su conjunto tome una iniciativa como esta en la que podemos estar de
acuerdo todos los grupos. Hay un punto que nos separa, sin entender
este grupo cuál es la razón, la posibilidad de invitar al Dalai Lama
a esta Cámara. Como he dicho, ya se aprobó una resolución por
unanimidad en diciembre de 1999 y se ha incumplido. La volvemos a
traer hoy aquí porque creemos que es muy importante poder dar esa
oportunidad al representante del pueblo tibetano en el exilio. En
cualquier caso, también consideramos fundamental que se apruebe el
punto 1 de nuestra resolución, que pide que se adopten las medidas
que estén al alcance del Gobierno para que la República Popular China
y el Dalai Lama negocien un nuevo estatuto para el Tíbet que
garantice su plena autonomía en todos los sectores de la vida
política, económica, social y cultural, con las únicas excepciones de
política exterior y de defensa. Viene a coincidir en los contenidos,
a excepción del punto al que ya me he referido, con la propuesta que
se ha hecho posteriormente por el Grupo Parlamentario Popular. En
opinión de mi grupo, el esfuerzo de consenso en este caso no deja de
ser importante porque lo que tenemos que hacer como país -y también
tiene más responsabilidad quien gobierna- es en todos los foros
internacionales y principalmente en la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, de la cual formamos parte, tomar siempre una
posición positiva o decidida en la defensa de estos valores.
Para finalizar diré que no hay por qué hacer excepciones. No hay por
qué mirar hacia otro lado porque se trate de China. China se merece
el mismo trato que
cualquier otro país, que cualquier otra nación que esté violando los
derechos humanos. Por tanto, no hay que hacer interpretaciones
ideológicas a la medida y pensar que otros países, que en algunos
aspectos son aliados de China y comparten las ideologías y las formas
totalitarias de Gobierno, sí pueden ser reprobados porque
potencialmente no suponen ningún riesgo y después, cuando se trata de
la República Popular China, tener esa postura tan tibia.
Yo quiero finalizar mi intervención diciendo que sé que se sigue muy
de cerca por la embajada de la República Popular China estos debates,
y lo sé porque, después del 15 de diciembre, recibí en mi despacho un
sobre con unos folletos de publicidad en chino sobre el Tíbet.
Quisiera tener la oportunidad de poderlos leer en castellano, o acaso
en tibetano, aunque ya sé que en tibetano la República Popular China
no los publica, porque allí la lengua oficial es el chino, o, en su
caso, se puede hablar inglés.
Termino diciendo que esta no es una posición sobre la que, como
hablamos de tierras lejanas y del gran coloso, tengamos que hacer
discursos más o menos floridos; tenemos que centrar la cuestión en si
de verdad tenemos esas convicciones morales que decimos en defensa de
que todos los seres humanos merecen la libertad, merecen ser
respetados y merecen que sus culturas se puedan compartir con el
resto de las culturas del mundo.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, señorías, este debate trae
causa parlamentaria de otro celebrado el 15 de diciembre de 1999 en
la Comisión de Asuntos Exteriores del anterior Parlamento, del que
fue disuelto a las pocas semanas de aquel debate. Recordaré, creo que
es importante hacerlo después de las palabras de la diputada García-
Hierro, que sobre la causa política, que no sobre la causa
parlamentaria, sobre la razón del interés de esta Comisión y de esta
Cámara por la situación en esa lejana zona del mundo que es el Tíbet,
sobre las relaciones entre el Tíbet y China, sobre las relaciones
entre España, la Unión Europea y China, y la valoración que nos
merecían y nos merecen las violaciones de los derechos humanos en el
Tíbet, no había (y entiendo que hoy no hay, por lo que he escuchado)
grandes discrepancias entre los grupos de entonces y los de ahora,
entre los diputados de la anterior legislatura y los de esta.
Sin embargo, hay varios matices y varias diferencias que merece la
pena resaltar y que resaltaré sin duda alguna, diferencias que se
referían entonces y se refieren ahora -cito al entonces portavoz en
esta materia el diputado Francisco Ricomá de Castellarnau- a los
caminos para llegar a un objetivo que se comparte.
Existían algunas diferencias y entiendo que siguen existiendo sobre
los caminos que unos y otros proponemos, o los métodos o las vías
para defender mejor, más eficazmente un objetivo que, repito, se
comparte.
En primer lugar, hay una similitud verdaderamente notable, que es la
que se refiere al momento, al tiempo en que se plantea este debate.
De la misma forma que en diciembre de 1999, con una semana de
diferencia, se discutía sobre el Tíbet en la Comisión de Asuntos
Exteriores, se producía la cumbre Unión Europea-China. La de hoy
coincide, con pocas horas de diferencia, con una visita a Pekín de
nuestro ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, y con una semana
de diferencia se celebrará en Pekín la cumbre Unión Europea-Asia.
Quiero decir con esto que, como yo creo que en política no hay
coincidencias, y mucho menos en política exterior, España y la Unión
Europea tienen con China una relación desarrollada, mantenida,
compleja y continuada. Recordaré que esta proposición no de ley no lo
es sólo sobre el Tíbet, sino también sobre la situación del Tíbet
dentro de China, porque esta es la posición europea, y hay que tener
en cuenta que de lo que hablamos aquí no es exclusiva y
reductoramente de la posición de España y del resto de la Unión
Europea, sino también (y esta es la clave para entender este asunto)
de nuestras relaciones con China y del grado de interlocución que
tenemos con ese importante país y por tanto el grado o las
prioridades y los objetivos de nuestra política hacia China, y no
debemos nunca olvidar (y creo que la diputada García-Hierro no lo
hace) que lo que aquí decimos o aprobamos tiene un inmediato reflejo
en nuestra acción exterior que, como es natural, espero que esté
siempre basado en el consenso y en una línea de continuidad en el
tiempo y en el esfuerzo político.
Para más inri (repito que en política exterior no hay coincidencias
que valgan, porque es lo mismo que decir que las coincidencias en
política exterior matan), hoy se recuerda el 50 aniversario de la
entrada en el Tíbet de las tropas chinas, y el Dalai-Lama ha sido
recibido en Washington por el presidente Bush, lo cual ha provocado
un incremento notable de la tensión o de la incomunicación ya
existente entre los Estados Unidos y China.
Permítanme decir que la crisis en las relaciones chino-
norteamericanas es un hecho que nos preocupa, es un hecho negativo
que afecta a la estabilidad del mundo y que esperamos que pueda ser
reconducido pronto, y que en este tema no nos toca a los europeos
echar más leña al fuego de la estrictamente necesaria sino
exactamente hacer todo lo contrario para que esa crisis se
reconduzca. Hay una diferencia relevante que yo quiero señalar, y es
el tiempo político español en el que se debate esta proposición no de
ley. Nunca más que ahora hay que insistir en que la política en
general, pero especialmente la política exterior, tiene su base en la
oportunidad, esto es, en la correcta elección de la coincidencia
entre el momento y la acción, y que esta es la verdadera clave del
éxito en política y desde luego
del éxito en la política exterior, y que esta consideración no fue la
que prevaleció en el debate del 15 de diciembre de 1999. Entonces
estábamos en el último minuto de la última sesión de una Cámara que
iba a ser disuelta, como era conocido y sabido, porque se terminaba
la legislatura, se terminaban los cuatro años de período, y por lo
tanto en aquel momento creo que prevalecieron razones de urgencia y
de prisa más que las razones más atemporales y reflexivas de nuestra
política exterior, al menos como se entiende o se ha entendido
siempre en esta Comisión.
En aquella ocasión, después de un debate importante, buscamos una
fórmula de encuentro cuyos defectos entiendo yo que no podemos
repetir hoy, entre otras cosas porque aquella era una fórmula de
imposible cumplimiento. Se trataba entonces de encontrar una fórmula
que recordase ante la opinión española el caso del Tíbet, que
manifestase con toda rotundidad nuestra preocupación por la situación
de los derechos humanos en el Tíbet, que reiterase y continuase la
posición común europea, que incitase al Gobierno chino al diálogo con
el Dalai-Lama, en tanto que representante del pueblo tibetano, y que
promoviese la apertura del Gobierno de Pekín en este asunto y no su
cerrazón. Se encontró en ese espíritu que, repito, es muy positivo y
muy loable, una fórmula de invitación de imposible cumplimiento, esto
es, se entendió que para esos objetivos genéricos había que invitar
al Dalai-Lama de forma que esa invitación al final fuera imposible.
¿Por qué? Porque plantear una invitación a una tan relevante
personalidad extranjera a unas semanas de la disolución del órgano
que supuestamente debía formular la invitación era más bien un
brindis al sol que una propuesta concreta de trabajo, y pensar que
con ese gesto se podía actuar útilmente para promover el diálogo que
todos buscamos en este asunto, en primer lugar, entre la Unión
Europea y China y, en segundo lugar, entre el Gobierno de Pekín y el
Dalai-Lama, yo creo que era un error de apreciación que,
sinceramente, debemos evaluar de una forma distinta en el debate de
hoy. Por eso creo que el texto que presenta hoy el Grupo Popular a
esta Comisión refleja de forma más adecuada el verdadero interés de
España y de la Unión Europea y el verdadero objetivo de lograr esos
avances en el desbloqueo de una situación que a todos nos preocupa.
Yo creo que el impulso al diálogo es el verdadero corazón de la
política común europea y de la posición española. Eso significa,
naturalmente, y creo que nuestra proposición lo hace con más
corrección y con más claridad que la que nos presenta el Grupo
Socialista, seguir abordando la cuestión de los derechos humanos,
tanto en el marco de las relaciones bilaterales entre España y China
como en el marco entre la Unión Europea y China y también, por qué no
decirlo, en el marco más general entre la Unión Europa y Asia. Hay
que seguir explicando que la soberanía nacional no puede ser
obstáculo alguno para la defensa o el cumplimiento
de los compromisos en materia de derechos humanos, y que el principio
de no injerencia no puede utilizarse como barrera frente a la
universalidad que exigimos del respeto a los derechos humanos.
Por eso creo que no podemos sin más reiterar la resolución del 15 de
diciembre de 1999; debemos mejorarla y, en primer lugar, conviene
seguir recordando (y así lo hacemos) los parámetros europeos de
nuestra política en este asunto. Debemos seguir recordando a todos, y
especialmente al Gobierno chino, nuestra seria preocupación por la
situación en el Tíbet, y debemos también reconocer de esta forma el
desarrollo del grado de interlocución y de respeto mutuo entre China
y España logrado en los últimos años, de lo que es una prueba, entre
otras cosas, el aumento de la presencia de nuestro país en China.
Para seguir en este camino, que es un camino positivo, debemos seguir
abriendo puertas al diálogo y no dejando de valorar las propuestas
que hacemos pensando más bien en la declaración de intenciones que en
el resultado posible y efectivo. Ese es el camino que el Grupo
Popular propone hoy y esa es la sustancia de la política española
y europea en la que no se puede, con un mínimo de rigor, intelectual o
político, exigir que hagamos una mera imitación de la política de
otros.
La Unión Europea y España tienen que buscar sus propios caminos en su
relación con China y no pueden seguir automática e irreflexivamente
los altibajos de los caminos ajenos. Debemos ser, más bien, un
amortiguador de las tensiones que afectan a otros y que tienen
consecuencias muy negativas para la estabilidad de esa zona del mundo
y del orden mundial en su conjunto.
Señorías, yo creo que al final, habiendo señalado y reiterado la
coincidencia en los planteamientos generales de las dos proposiciones
no de ley, que tienen un punto de encuentro fundamental, como es la
posición europea, podemos y debemos hacer un esfuerzo de consenso en
este tema -a mí me gustaría que se hiciera- y desde luego que ese
esfuerzo de consenso tuviera en cuenta las consideraciones que acabo
de hacer sobre las razones de oportunidad, las razones de tiempo
y las razones de eficacia del esfuerzo de diálogo entre China y el
Dalai-Lama, de diálogo entre la Unión Europea y China en materia de
derechos humanos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Algún otro grupo quiere
intervenir en este punto?
El señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Deseo manifestar muy brevemente que nuestro
grupo no va a votar favorablemente las propuestas que se nos
presentan porque, cuando uno las lee -lamentando no haber escuchado
la mitad de la intervención de la portavoz del Partido Socialista,
porque estaba en otra Comisión-, parece deducirse que había una
situación en el Tíbet en el año 1950 totalmente diferente a la que
había. Parece que en el Tíbet había un Estado plenamente consolidado
y que
un ejército de un país extranjero lo invadió. Esa no es la realidad.
En el Tíbet había un régimen feudal, al que nos gustaría que se
hiciera alusión, de plena esclavitud, y eso hay que aclararlo, y
además no había un Estado plenamente consolidado. Había un problema
de nacionalidades, que se podía resolver de una manera o de otra,
pero, tal y como vienen planteadas las iniciativas, creemos que
pueden dar lugar a diferentes interpretaciones.
Hay algo más que nos preocupa de la iniciativa. Para nosotros, el
Dalai-Lama representa ese régimen de esclavitud, ese pasado feudal al
que no se debe volver, y a veces se suele cometer ese error por el
que ahora se pagan algunas consecuencias. Uno tiene que recordar cómo
a los talibán se les llamaba los luchadores por la libertad y cómo se
les ayudó por parte de occidente simplemente porque se oponían a la
entonces Unión Soviética. Nos preocupa que, por oponerse a otro
régimen, se alienten fuerzas que al final son fuerzas integristas que
representan pasados a los que no se debe volver. Entendemos que
volver a un régimen integrista religioso, sea del ámbito que sea, no
es una buena solución para el Tíbet. En ese sentido, creemos que hay
que apostar por el diálogo para resolver el conflicto en el Tíbet,
como también en el Kurdistán y en todos los territorios donde haya
nacionalidades sin Estado. En ese marco es donde podrían ir
iniciativas que apostasen por la paz y por el diálogo. Nos consta que
el Dalai-Lama no está en ningún caso por ese diálogo, por esa
dinámica; está por la que ha venido representando desde que es el
heredero de ese régimen feudal, de ese régimen de esclavitud que
había en el Tíbet antes de 1959.
Como creemos que las propuestas no son adecuadas, no van a recibir
nuestro voto favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
Grau Buldú, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GRAU BULDÚ: Solamente deseo manifestar la posición de
nuestro grupo favorable a esta propuesta porque entendemos que,
aunque como dice el portavoz del Grupo Popular, en definitiva de lo
que se trata es de que tengamos una posición concordante con el
principio de actuación internacional de la Unión Europea y de las
conversaciones que está manteniendo nuestro Gobierno con el de la
República Popular China, no se falta al principio de objetividad de
los temas referentes al Tíbet por el hecho de que establezcamos una
posibilidad de diálogo y de invitación al Dalai-Lama para
conocimiento objetivo de la otra parte, estableciendo un diálogo en
el que podamos demostrar una amplitud de criterios en cuanto a las
conversaciones que podamos tener con nuestros interlocutores, en este
caso de la República Popular China.
Por esta razón, nuestra posición es favorable a esta invitación y
nuestro voto será afirmativo a la propuesta del Grupo Socialista
sobre esta resolución.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Como no ha habido acuerdo
entre los dos grupos que han introducido propuestas de resolución,
vamos a pasar directamente a la votación. (El señor Robles Fraga pide
la palabra.) Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, sugeriría que se acumulasen
las votaciones de las dos proposiciones no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): De acuerdo.
- SOBRE LA NO FIRMA POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS DEL ACUERDO DE KIOTO
Y LA POLÍTICA DEL ESTADO ESPAÑOL AL RESPECTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000688)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Pasamos ahora a la discusión
de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la no firma por parte de Estados Unidos del acuerdo de
Kioto y la política del Estado español al respecto. Se han presentado
dos enmiendas que se discutirán posteriormente.
El representante del Grupo Mixto, don Guillermo Vázquez Vázquez,
tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, hace no mucho tiempo, en una entrevista, decía el
presidente... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Esta sala tiene unos
problemas muy especiales de eco y es difícil oír a las personas que
intervienen. Les ruego, por favor, que reduzcan al mínimo tono sus
conversaciones.
Señor Vázquez, tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que, recientemente, el presidente del
Consejo de la Tierra afirmaba que tenemos el poder para decidir si
vamos a sobrevivir o no. Es decir, que los seres humanos, por tanto
los gobiernos, tienen conocimiento suficiente sobre los problemas
medioambientales que sufre el planeta, los riesgos que para el futuro
tiene seguir agrediendo y alterando las condiciones que permiten la
vida, por tanto la capacidad de adoptar medidas que eviten esos
riesgos, cuando menos en lo posible.
La verdad es que, sin necesidad ninguna de ser apocalípticos, pero
tomándonos en serio cuestiones como el efecto invernadero, creemos
que los gobiernos deberían prestar atención a los reiterados avisos
de los científicos, que aseguran que existe una relación directa
entre las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera
y el cambio climático, a cuyas primeras manifestaciones estaríamos
asistiendo ya. El calentamiento del planeta como consecuencia del
manto que el CO2 y otros gases forman alrededor de la Tierra,
impidiendo la disminución del calor, estaría en el origen de muchas
de las catástrofes que ya se están produciendo. Es difícil tomar
medidas que lleven a que los gobiernos actúen con decisión por la
resistencia de los que tienen interés en que no se tomen medidas
restrictivas, que son muy poderosos. Está claro que existen sectores
de la industria que, con una visión egoísta, donde la obtención de
beneficios es el único norte que les guía, ejercen presión y a veces
consiguen frenar esas medidas correctoras. Como ejemplo, la decisión
reciente de Estados Unidos de desvincularse de los acuerdos de Kioto
referidos a la reducción de la emisión de gas a la atmósfera.
Es evidente, desde nuestro punto de vista, que Estados Unidos, como
principal emisor de estos gases y consumidor de energía, puede echar
al traste todos los avances y compromisos, por escasos y tímidos que
fuesen, que, por cierto, con mucha dificultad se fueron tejiendo
desde la cumbre de Río de 1992. Esta decisión de Estados Unidos, que
está recibiendo las críticas generalizadas de la comunidad
internacional, no se toma simplemente porque al frente de este Estado
esté un personaje más o menos insensible al problema o que
dudosamente tenga las luces adecuadas; yo creo que se toma como
consecuencia de que se ponen en primer plano los intereses de cierto
sector de la industria norteamericana, al que le resulta más barato
emitir gases a caño libre y situar sus productos en el mercado en
condiciones más favorables para sus intereses. Esto encaja también
con la decisión de seguir consumiendo energía barata, aunque para eso
haya que hacer centrales térmicas a base de carbón, etcétera, lo que
se incluye en los planes anunciados recientemente por el señor Bush;
energía barata y ningún límite medioambiental que, por tanto, sitúan
a los industriales de Estados Unidos en mejor posición en el mercado.
Mientras tanto, dentro de la comunidad internacional, la Unión
Europea se opone a esta decisión de Estados Unidos, se lamenta de
esta posición y hace poco más. El problema es si la mayoría del mundo
puede limitarse a lamentar que no se avance en los compromisos de
Kioto o habría que hacer algo más. Nosotros creemos que hay que hacer
algo más. Por un lado, creemos que es necesario informar con claridad
a la opinión pública acerca del peligro de los gases invernadero y de
la necesidad de disminuirlos, en fin, que la opinión pública tome
conciencia del problema que existe; en segundo lugar, adoptar por
todo el mundo el compromiso serio de avanzar en la reducción
paulatina de las emisiones y, en tercer lugar, adoptar medidas contra
aquellos que incumplan esos compromisos y que se permiten sacar
beneficio de esa posición aun perjudicando los intereses de la
humanidad entera, algo que implícitamente reconocía el Gobierno, en
una respuesta
de febrero de este año, al afirmar que era necesario 'el
establecimiento de un régimen de cumplimiento eficaz de los
compromisos de reducción a los que se han comprometido los países
desarrollados'.
En esa línea, el Bloque Nacionalista Galego propone que el Gobierno
defienda medidas del tenor de las que aparecen en nuestra proposición
no de ley, unas medidas que sin duda podrían ser sustituidas por
otras de otro tipo, que estaríamos dispuestos a debatir si son
eficaces para avanzar hacia el fin que se propone. En todo caso,
quiero decirles que empiezan a aparecer desde diversos ámbitos
propuestas de que se tome alguna medida eficaz contra esta decisión
de Estados Unidos que, como sabemos, puede llevar a que no se avance
en el protocolo de Kioto. Recientemente, yo recibí -y supongo que
ustedes también- una propuesta de la UGT que decía que el Gobierno no
autorizase la construcción de centrales térmicas de capital total o
parcialmente norteamericano.
El espíritu de nuestra proposición es expresar el deseo de que
impulsemos el avance de la ratificación y cumplimiento de los
objetivos de Kioto, no permanecer en el lamento y actuar con medidas
eficaces, porque creo que todos nos jugamos mucho. Nuestra
proposición dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno,
primero, a defender en el seno de la Unión Europea que se estudie, en
el marco de la OMC, la imposición de sanciones a Estados Unidos por
prácticas de dumping derivadas de la no firma del acuerdo de Kioto.
Segundo, a defender también, en el seno de la Unión Europea y de la
OMC, el incremento de los aranceles que gravan los productos
norteamericanos en tanto en cuanto los Estados Unidos no suscriban el
acuerdo de Kioto.
Como dijo la señora presidenta, existen dos enmiendas formuladas por
el Grupo Socialista y por el Grupo Popular a esta proposición no de
ley, enmiendas que hemos leído con atención. Para conseguir cuando
menos un pronunciamiento de esta Comisión en un sentido favorable al
cumplimiento de estos acuerdos y después de hablar con los grupos, si
les parece, formularemos una propuesta transaccional, que también se
la daremos a conocer a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Como dije antes, hay dos
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular.
En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: En nombre de mi grupo, quiero felicitarle
por la presentación de esta iniciativa, porque es muy positivo que en
esta Comisión se debata sobre una cuestión que tiene una indudable
dimensión internacional, que afecta a las relaciones entre los
Estados, que también afecta al mundo que queremos construir y, por
supuesto, pone en cuestión la
acción que se viene llevando a cabo en otros ámbitos de decisión, por
ejemplo, para eliminar las barreras y la competencia desleal entre
los Estados, pero sobre todo suscita un problema de fondo, que es el
deterioro constante del medio ambiente que compartimos. Como acaba de
decir el portavoz del Grupo Mixto, está claro que hasta hace pocas
décadas se había conseguido mantener un equilibrio frágil en los
daños que se producen en la atmósfera, pero hay una tendencia
evidente por la que las emisiones de gases de efecto invernadero
podrían originar a lo largo de este siglo una velocidad de
calentamiento atmosférico, probablemente mayor que ninguna otra, en
los diez mil últimos años. La principal causa es la mayor actividad
humana con esos efectos y, entre ellos, el aumento de temperaturas
que se ha registrado en los últimos cincuenta años. Esos efectos se
van a sentir, se están sintiendo ya, en consecuencias como la
desertización, la erosión, la contaminación, la destrucción de la
capa de ozono, la destrucción de hábitats y la pérdida de la
diversidad, que tendrán especiales consecuencias negativas para la
región mediterránea.
Es bien sabido que el CO2 constituye la mayor aportación a ese cambio
climático negativo, en torno al 65 por ciento, seguido del metano con
el 20 por ciento, aunque esas proporciones se están alterando. La
Unión Europea ha adoptado algunas medidas porque se prevé que se
incrementen, entre 1990 y 2010, en un 6 por ciento las emisiones y ha
establecido criterios que crean lo que se denomina una burbuja
comunitaria, en la que se intentan equilibrar las situaciones de los
distintos países. El convenio marco que se adoptó en Río en 1992 fue
el primer intento de abordar y atajar las consecuencias de los gases
de efecto invernadero. El protocolo de Kioto supone un gran salto
adelante al establecer ya objetivos específicos para los distintos
países signatarios. En el protocolo se prevé, por ejemplo, que los
países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 5 por ciento, por debajo de los niveles de 1990
para el período 2008/2012. La Unión Europea ha aumentado este
objetivo y ha asumido objetivos más ambiciosos, elevando el objetivo
propio al 8 por ciento, pero es evidente que el convenio no solamente
establece esos objetivo, sino que exige que su consecución sea un
progreso demostrable. Ha habido 84 países que han suscrito el
protocolo de Kioto, en septiembre de 1999, en el que se establece
para su entrada en vigor que lo hayan ratificado partes signatarias
que representen el 55 por ciento total de las emisiones. Hasta ahora
solamente lo han ratificado 16 países.
Especialmente preocupante, señora presidenta, es la situación de
España que, además de la indefinición política y de las expresiones
de comprensión, a veces, hacia la actitud americana, luego sí ha
actuado en una posición común con el resto de los países de la Unión
Europea. Estamos viendo cómo a nuestro país, al que dentro de la
Unión Europea se le habían admitido unos
niveles superiores, si se mantuviesen las pautas de consumo actuales,
llegaría al 2010 con un aumento del 48 por ciento y con las medidas
anunciadas, no todas ellas con la financiación necesaria, podemos
tener un aumento del 28 por ciento, prácticamente el doble de lo que
está previsto en los acuerdos en el marco de la Unión Europea. En esa
situación es especialmente preocupante el anuncio hecho por el
Gobierno de Estados Unidos de no vincularse al protocolo de Kioto.
Naturalmente, si Estados Unidos no participa hace muy difícil la
consecución de las ratificaciones necesarias y, en cualquier caso,
supone que el principal contaminador del mundo, en torno al 25 por
ciento, queda fuera de este importante -aunque limitado, sin duda-
instrumento para limitar el deterioro de nuestra atmósfera.
Por ello, apoyando la iniciativa que se presenta, hemos formulado una
enmienda que va dirigida, fundamentalmente, a estimular al Gobierno a
que continúe en el ámbito bilateral y en el de la Unión Europea,
intentando impulsar la vinculación del mayor número de países al
protocolo de Kioto, especialmente en esos dos ámbitos en el caso de
Estados Unidos con una toma de posición muy clara, y es el rechazo a
cualquier actuación o propuesta que pretenda devaluar, retrasar el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Kioto para la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha presentado una
enmienda transaccional sobre la que oportunamente nos pronunciaremos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Señorías, si existe una
enmienda transaccional, como se ha dicho, les rogaría que la hiciera
llegar a la Mesa para el posterior momento de su votación.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles para
defender sus enmiendas.
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, mi intervención será breve,
porque muchas cosas ya han sido dichas.
Permítanme, que sin reiterar cuanto se ha dicho sobre el convenio
marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que es el origen
de denominado protocolo de Kioto de 1997, en el que se establecen
compromisos voluntarios para la reducción de las emisiones nacionales
de gases contaminantes y tras señalar que la delegación
norteamericana tuvo una muy activa participación en las negociaciones
para ese protocolo, la Unión Europea ha expresado su decepción por la
decisión adoptada por la administración deEstados Unidos de no
suscribir este protocolo. La Unión Europea ha manifestado también su
compromiso de ratificarlo con el fin de contribuir al cumplimiento de
los requisitos necesarios para su entrada en vigor en el plazo más
breve posible. La Unión Europea ha reafirmado su posición favorable
al protocolo, entendiendo que los objetivos y el calendario allí
señalado son asumibles
por los europeos. Nosotros esperamos, conjuntamente con
nuestros socios europeos, que los Estados Unidos participarán y
presentarán nuevas propuestas en la próxima sesión negociadora que
tendrá lugar el próximo mes de julio en Bonn.
Hay que señalar que el protocolo de Kioto todavía no está en vigor,
todavía no genera obligaciones contractuales para sus partes
contratantes. Considerar a estas alturas eventuales medidas
sancionadoras relacionadas o que tengan causa del protocolo, que
todavía no ha entrado en vigor, es prematuro. Si un Estado no
ratifica ese protocolo no asume obligaciones jurídicas
internacionales, con lo cual difícilmente se le podría sancionar por
ello.
Sin embargo, hay que reiterar, una vez más, nuestra posición y la
posición del Gobierno, como ya se hizo en el debate del Senado el
pasado 17 de mayo en el Pleno celebrado en esa Cámara, el compromiso
nuestro y del Gobierno en la cuestión del cambio climático que ha
motivado concretas medidas, como son la creación del Consejo Nacional
del Clima, en febrero de 1998; la aprobación del Plan de fomento de
energías renovables, de 1999 y la muy reciente creación de la Oficina
del Cambio Climático, entre cuyas funciones tiene la de coordinar la
actuación de los distintos organismos implicados en la materia con el
objetivo de estrechar la colaboración entre los distintos organismos
y administraciones públicas.
En la lucha contra el cambio climático es necesaria la participación
de todo tipo de entidades, públicas, privadas y agentes sociales.
Este es un esfuerzo continuado por este Gobierno que conviene
resaltar en este debate. No hay que olvidar en ningún caso que las
actuaciones contra el cambio climático no pueden ser las de un país
en solitario. Tenemos que hablar de la necesidad del consenso, de una
ratificación conjunta por el mayor número de países. De eso se debe
tratar y está incluido en la transacción a la que ha hecho referencia
algún portavoz. Se trata de que ese protocolo pueda entrar en vigor
con el mayor número posible de Estados firmantes, de la misma forma
que hay que realizar gestiones bilaterales y multilaterales para que
el país más importante en lo que se refiere a la emisión de gases
contaminantes, los Estados Unidos, cambie su posición y vuelva
a participar en un proceso de negociación en el que, repito, tuvieron
una participación muy activa y determinante con la administración
Clinton. El compromiso de la Unión Europea con la búsqueda de un
cambio de posición de Estados Unidos es una de las claves de la
entrada en vigor del protocolo de Kioto, con la esperanza de
contribuir a la reducción de la emisión de gases contaminantes, que
son los que provocan el efecto del cambio climático. Sería bueno
llegar a ese acuerdo, entre otras cosas porque existen dificultades
técnicas y jurídicas para que podamos asumir algunas de las
propuestas de la proposición no de ley originaria del GrupoMixto. Si
el texto de la transacción recoge nuestras
inquietudes, nos sumaremos a este consenso y el grupo mayoritario de
la Cámara podrá contribuir a la mayor unanimidad posible en este
importante asunto.
Conviene recordar que estamos hablando de las relaciones de la Unión
Europea con los Estados Unidos, estamos hablando del vínculo
trasatlántico, que es la más importante relación de la Unión Europea
con cualquier otro Estado o grupo regional. Ese es el eje de nuestra
ligazón con y de nuestra presencia en el mundo. Será en el seno de
esa relación en la que convendrá aclarar uno de los malentendidos o
discrepancias más importantes, que mayor irritación y perplejidad han
causado en Europa por parte de la nueva administración
norteamericana. Nosotros creemos en ese vínculo, en la necesidad de
resolverlo y de trabajar dentro de él para aclarar esta importante
discrepancia creada por el anuncio de la nueva administración
norteamericana de no ratificar el protocolo de Kioto.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): ¿Algún grupo quiere
intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Sería conveniente leer el texto de la
transacción para conocimiento de todos los grupos, que haremos llegar
a la Mesa. Dice lo siguiente. El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a: 1.) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para
elaborar y poner en práctica la estrategia española de lucha contra
el cambio climático, con el objetivo prioritario de cumplir los
compromisos derivados del protocolo de Kioto y reducir las emisiones
de CO2 y demás gases de efecto invernadero. 2.) Adoptar las medidas
necesarias en el plano bilateral y multilateral, y especialmente en
el seno de la Unión Europea, dirigidas a rechazar cualquier propuesta
que pretenda devaluar, rebajar o retrasar la entrada en vigor de los
compromisos en la lucha contra el cambio climático y en especial
persuadir a los Estados Unidos de América de la necesidad de asumir
el protocolo de Kioto. 3.) Defender en el seno de la Unión Europea el
estudio y puesta en práctica de medidas eficaces que ayuden a
conseguir la ratificación para el mayor número de Estados del
protocolo de Kioto.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Entendemos que el proponente
acepta la enmienda transaccional. (Asentimiento.)
Pasamos a votar las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos
las dos proposiciones no de ley sobre las relaciones con el Tíbet,
relativas a los puntos 13 y 15 del orden del día y, en segundo lugar,
la enmienda transaccional sobre el acuerdo de Kioto, punto 14.
Votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre medidas en
relación con la situación de los derechos humanos, la libertad y el
autogobierno en el Tíbet.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular sobre el Tíbet.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 13; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda transaccional presentada a la proposición
no de ley sobre la no firma por parte de Estados Unidos del acuerdo
de Kioto y la política del Estado español al respecto.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobada por
unanimidad.
DICTÁMENES SOBRE:
- ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN NUCLEAR ENTRE
LAS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (TRATADO ATOMAL) (HECHO EN
PARÍS EL 18 DE JUNIO DE 1964) Y PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ANEXO DE SEGURIDAD DEL ACUERDO (BRUSELAS, 2 DE JUNIO DE 1998).
(Número de expediente 110/000070)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Entramos en la última parte
del orden del día, que son los dictámenes. Si les parece, pasamos
directamente al punto 18. ¿Grupos que quieren intervenir con relación
al acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre
las partes del Tratado del Atlántico Norte y el protocolo por el que
se modifica el anexo de seguridad del acuerdo, firmado en Bruselas el
2 de junio de 1998?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Brevemente, quiero señalar la importancia de
este acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear
entre las partes del Tratado del Atlántico Norte, el llamado Atomal,
que es el instrumento jurídico que faculta a los países miembros,
pero muy especialmente a los Estados de
Unidos de América, a compartir en el seno de la Alianza información
sobre sus activos nucleares. Este acuerdo tiene un anejo técnico, un
anejo de seguridad, que ha sido objeto de algunas modificaciones.
Desde el primer momento de su adhesión a la Alianza Atlántica España
tuvo acceso a esta información en aplicación de un procedimiento
específico, porque este acuerdo no fue, hasta el día de hoy,
ratificado por España. La reciente desclasificación de todas las
partes, incluyendo el anejo técnico de las partes que componen este
acuerdo, ha despejado por fin el camino para su firma y ratificación
por nuestro país. Eso es especialmente necesario por la entrada de
tres nuevos miembros en la organización que tienen muy avanzada esta
ratificación. Por eso es necesario, repito, que España regularice su
situación jurídica en relación con este importante acuerdo, entre
otras cosas porque así podremos seguir obteniendo una información que
nos es fundamental en tanto que miembro pleno de la Alianza.
Asumimos -y es importante recordarlo- el compromiso de aplicar las
normas de seguridad y de confidencialidad contenidas en este acuerdo.
Es por eso por lo que creo que un país como el nuestro que participa
activa y plenamente en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte debía finalmente asumir los compromisos y regularizar, como ya
he dicho, nuestra situación jurídica en relación con este tema. Mi
grupo votará a favor de este convenio.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene ahora la palabra, por
el Grupo Socialista, el señor Marsal Muntalá.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Nosotros vamos a votar también
favorablemente la ratificación de este texto. Como muy bien ha dicho
el señor Robles, España siempre había tenido acceso a esta
información por un proceso específico. En este momento la
desclasificación va a permitir que este Parlamento lo vote
favorablemente. Es también una muestra importante del proceso de
transparencia y apertura de esta organización, la OTAN, en el nuevo
contexto internacional. Debemos felicitarnos tanto por la mayor
transparencia como por que podamos ya votar este texto en este
Parlamento.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL
PRINCIPADO DE ANDORRA, RELATIVO A LA CIRCULACIÓN Y ESTANCIA EN EL
PRINCIPADO DE ANDORRA DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS, HECHO EN
BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000076)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL
PRINCIPADO DE ANDORRA, RELATIVO A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN, RESIDENCIA
Y ESTABLECIMIENTO DE SUS NACIONALES, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE
DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000077)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Seguimos el orden del día y
vamos a iniciar la discusión de los puntos números 24 y 25 del orden
del día.
Tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Vamos a votar a favor del punto número
24, cosa que no haremos con el punto 25 del orden del día. En este
convenio nos vamos a abstener por los motivos que muy brevemente
expondré.
En primer lugar, nos vamos a abstener y no vamos a votar en contra
porque nos parece un hecho positivo el que las relaciones entre los
tres países vecinos, España, Francia y Andorra, se vean reguladas por
un convenio ya que son amplias e intensas, pero nos impide dar
nuestro voto afirmativo el que, a pesar de que el título reza que es
relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de
nacionales, no da respuesta a los graves problemas y situaciones en
que viven en su gran mayoría los residentes españoles en el
Principado de Andorra, que son un número cercano, si no supera, los
30.000. Debemos tener en cuenta que en Andorra la totalidad de los
habitantes no llega a los 65.000 y si hablamos de nacionales
andorranos no estaríamos superando tampoco los 20.000. Aunque Andorra
sea un país pequeño, estrechamente vinculado a España y Francia, no
me desmentirá ninguno de los grupos si digo que está muy
especialmente vinculado a España, como lo demuestra el gran número de
españoles que residen en aquel país y el hecho de que esos residentes
nacionales españoles han visto defraudadas sus expectativas, cuando
se anuncia la firma de este convenio, por la actitud del Gobierno
español que no ha sido capaz de defender sus reivindicaciones ante
las trabas y discriminaciones a que son sometidos. Hoy lo vamos a
comprobar en la discusión de este convenio trilateral, pero también
podemos comprobar la posición del Gobierno español cuando se niega a
considerar la reforma de la Ley del impuesto sobre la renta de las
personas físicas a pesar de las protestas de los residentes españoles
que se le han hecho llegar de manera continuada, de las iniciativas
de nuestro grupo parlamentario en el Senado y otras que tenemos
pendientes de discusión en este Congreso y a pesar también de las
reiteradas peticiones de los defensores del Pueblo, tanto español
como andorrano. Seguramente veremos esa misma actitud cuando más
adelante tengamos que considerar la revisión del convenio de la
Seguridad Social entre España y Andorra.
Es en este contexto global de relaciones de nuestro país con Andorra
donde se producen las discrepancias puntuales con este convenio que
nuestro Gobierno ha firmado con los otros dos países. La primera
discrepancia seria de nuestro grupo respecto a las condiciones de
establecimiento en general, que recoge el artículo 4 del tratado,
estriban en que para los andorranos que residan en España o Francia
se establecen unas condiciones tan favorables como las que aquí y en
Francia se aplican a los ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea, mientras que a los españoles residentes en Andorra se
les aplica la legislación de aquel país, tal y como se refleja para
casos concretos en los artículos 7 y 8, con la salvedad de que nunca
tendrán condiciones menos favorables a las de cualquier otro país.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Voy a explicar brevemente y en detalle lo
que esto supone para los nacionales españoles.
En lo que se refiere a los trabajadores por cuenta ajena, se está
ante el sometimiento a una legislación, la de Andorra, que tiene un
carácter ultraliberal. Citaré sólo a título de ejemplo que esto se
traduce en despido libre, con un simple preaviso con una duración
mínima de quince días y máxima de seis meses, sin desempleo, sin
Seguridad Social a los veinticinco días de haber cesado en un puesto
de trabajo, por el motivo que sea. En cuanto a los trabajadores por
cuenta propia, excepto profesiones liberales, se les exige una
residencia efectiva e ininterrumpida en Andorra de diez años, sin que
en este convenio quede clara la fecha de inicio del cómputo de estos
años. Quiere decirse que no sabemos si se va a aplicar a los señores
y señoras que lleven más de esos años en Andorra o si empieza a
contar a partir de este convenio. Finalmente, si hablamos del
ejercicio de una profesión liberal, este convenio se remite a las
condiciones de las legislaciones internas de cada Estado, lo que
supone para cualquier español o española que quiera ejercer en
Andorra la exigencia de residir en aquel país de forma efectiva e
ininterrumpida 20 años. Discrepamos también de la reserva que este
convenio hace en cuanto al acceso a la función pública andorrana, de
tal manera que la primera convocatoria está totalmente reservada a
los ciudadanos andorranos y sólo en el caso de que haya vacantes y,
en consecuencia, una segunda convocatoria, los españoles tendrían el
derecho a optar a ese acceso. Para ese caso, los ciudadanos
andorranos tienen en España los mismos derechos que cualquier otro
ciudadano de la Unión Europea.
Señora presidenta, creo que he acreditado suficientemente las
reservas que mi grupo parlamentario tiene respecto de este convenio
que se somete a la aprobación de esta Comisión, que impiden que lo
podamos apoyar con nuestros votos aunque, como he dicho antes, nos
vamos a abstener porque tiene algún aspecto positivo. Por ejemplo, la
creación de la comisión mixta tripartita que se introdujo, aunque
fuera a última hora, responde a una reivindicación reiterada y da
satisfacción así a esta reivindicación del consejo de residentes
españoles en
Andorra. También quisiera decir, y que quede muy claro, que nuestras
críticas de insatisfacción van dirigidas al Gobierno español porque
no ha sido capaz de defender los intereses de nuestros ciudadanos
residentes en Andorra y van dirigidas única y exclusivamente hacia
ese Gobierno. No es nuestra responsabilidad ni nuestra obligación
ejercer el control y la aprobación de este convenio respecto de los
otros dos firmantes del convenio, los cuales deberán responder ante
sus propios parlamentos. De hecho, nuestros colegas parlamentarios
andorranos, que no han podido asistir a esta sesión pero que la están
siguiendo por los monitores internos de la Cámara, tendrán esa
función. Querría dejar muy claro y también constancia de que es una
pena que tantos ciudadanos y ciudadanas españoles que residen durante
muchos años en Andorra, que tienen una reivindicación muy clara, que
tenían una expectativa respecto de la firma de este convenio, se
hayan visto defraudados y el Gobierno español debería pensar un poco
en la falta de defensa de los intereses de esos españoles. Ese
convenio no va a dar esa satisfacción justamente, y también
seguramente, porque se ha pactado precipitadamente, porque se pactó a
escasos meses de las elecciones andorranas y así se ha producido lo
que nosotros les advertimos, que era la posibilidad de utilización
electoral por algunos partidos de aquel país, como así sucedió. Por
eso, el Gobierno español ha tenido otros intereses que han primado
por encima de los que debían ser prioritarios, como son la defensa de
los intereses de esos 30.000 españoles residentes en Andorra y que
hoy no han tenido un Gobierno que les haya defendido.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intentaré ser breve y sobre todo no repetir
algunos de los argumentos que ha utilizado la señora Cunillera. La
situación de los más de 30.000 trabajadores españoles en Andorra, de
los cuales más de 5.000 son gallegos, no es una situación que pueda
llevar al Gobierno español a la satisfacción o que pueda llevar al
Gobierno español, que es la actitud que está adoptando, a la
inactividad o a la actividad en contra de sus intereses. No voy a
repetir los argumentos que ya se han mencionado respecto del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, que se equipara a los
trabajadores españoles por cuenta ajena a personas que fijan en
Andorra su residencia fiscal por otro tipo de motivaciones o incluso
se los hace de peor condición porque esas personas cuando llevan más
de cinco años en Andorra ya no deben tributar a la Hacienda española.
No voy a hablar de que en Andorra el único sindicato que existe está
tolerado, no legalizado, está legalizado simplemente como asociación
cultural pero no como sindicato, es decir, nos retrotrae a
situaciones del siglo XIX. No hay elecciones sindicales, no hay
representación sindical en las empresas. No me voy a
referir a que, según recientes declaraciones del ministro de Asuntos
Exteriores de Andorra, el Gobierno andorrano no sabe cuándo va a
ratificar la Carta Social Europea. No voy a decir tampoco, como acaba
de señalar la señora Cunillera, que hay despido libre, que las
denuncias ante la inspección laboral derivan de forma fatal y siempre
en el despido del trabajador, que no hay jurisdicción social,
etcétera. Todo esto parece que no le interesa demasiado al Estado
español, que incluso presta sus propios servicios de empleo para
llevar gente a Andorra. Esa es, al parecer, la preocupación que tiene
el Estado español por el empleo y la preocupación que tiene el Estado
español por el paro y por la salida de muchos jóvenes que van a
Andorra, y desde luego muchos gallegos, a trabajar como temporeros.
Para nosotros todo esto es inaceptable; es inaceptable que a través
de este convenio, un convenio que -ya se ha dicho- está absolutamente
falto de reciprocidad - por cierto, como el convenio entre la Unión
Europea y Suiza-, se pretendan extender a Andorra, y en el marco de
las relaciones trilaterales entre España, Francia y Andorra, las
libertades comunitarias básicas de libre circulación,
establecimiento, residencia, etcétera, porque para nosotros estas
libertades comunitarias básicas, esta libre circulación de
trabajadores, si es que existe intención de evitar el dumping social
y si es que de verdad se pretenden defender los derechos de los
trabajadores, deben ir siempre acompañadas del reconocimiento no sólo
sobre el papel, sino de manera efectiva, de derechos sociales y
laborales que hoy constituyen, o deberían constituir, un acervo común
a toda Europa. Si el Gobierno andorrano, y hablo con el más exquisito
respeto a la soberanía y la independencia del Principado de Andorra,
no está dispuesto, no parece mostrar intención de mejorar esta
situación, de ratificar la Carta Social Europea, el Gobierno español,
que es el destinatario de nuestra demanda, no debería haber
presentado este convenio para su ratificación parlamentaria.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego se va a oponer a la
ratificación, a la autorización de este convenio porque, como digo,
reconocer la libre circulación de trabajadores sin derechos es tanto
como legalizar la explotación laboral y el dumping social y, desde
luego, para esos objetivos que nadie cuente con el BNG.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tiene la palabra el señor
Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CATELLARNAU: No podemos olvidar que estamos
hablando de la ratificación de un convenio internacional, es decir,
de un convenio que se establece entre países extranjeros, y ello
conlleva un respeto absoluto hacia la independencia que tiene cada
uno de los países firmantes en cuanto a su capacidad legislativa, en
cuanto a su capacidad normativa. En este sentido a nadie se le escapa
que en
Andorra el régimen general de extranjeros es un régimen muy
discrecional, incluso lo podríamos calificar de duro, lo que hace que
la situación de los ciudadanos españoles que se encuentran allí
probablemente sea de una calidad inferior a la que a todos nos
gustaría pero, precisamente para evitar que esto se prorrogue,
convenía presentar a ratificación por parte del Congreso un convenio
que regule, que facilite, que dignifique y avance en el tratamiento
que deben recibir los ciudadanos franceses y españoles que a partir
de la ratificación de este convenio se desplacen a Andorra. Conseguir
la igualdad de trato para el ejercicio del trabajo por cuenta ajena
con los ciudadanos andorranos es un avance; mejorar las condiciones
que se exigían a los ciudadanos españoles para acceder al empleo en
el sector público andorrano es un avance; reducir la moratoria para
desarrollar actividades por cuenta propia en Andorra es un avance y
conseguir que la reagrupación familiar ya no requiera un período
previo de estancia es también un avance. En consecuencia, nosotros,
el Grupo Parlamentario Popular, celebramos que el Gobierno presente a
esta Cámara la ratificación de este convenio, precisamente con
Andorra, principado al que le unen gran cantidad de puentes
familiares con España y, en concreto, por vecindad, con la comunidad
catalana. También se ha cuestionado el tema de la reciprocidad,
además desde una formación nacionalista. Me choca un poco que no se
entienda por parte de esta formación que el que no exista esta
reciprocidad lo justifique Andorra para preservar su propia
identidad. Hay que tener en cuenta el desequilibrio que existe en
cuanto a ciudadanos extranjeros y trabajadores extranjeros en
Andorra. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se
ajusten a esta no reciprocidad y por tanto no vemos obstáculo para
dar nuestro apoyo a la ratificación del convenio por parte de esta
Cámara.
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA
PERSECUCIÓN DE DELITOS GRAVES MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE LA
EXTRADICIÓN EN UN ESPACIO DE JUSTICIA COMÚN, HECHO EN ROMA EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000078)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 26 del orden del día:
Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la
persecución de delitos graves mediante la superación de la
extradición en un espacio de justicia común, hecho en Roma el 28 de
noviembre de 2000. ¿Algún grupo desea intervenir en este punto?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Moreno.
La señora MORENO SIRODEY: Señora presidenta, con la ratificación de
este convenio se soslayan los requisitos y trámites establecidos en
la legislación y los convenios sobre extradición sustituyéndolos por
un procedimiento de entrega casi inmediata. Además, el tratado
establece otras normas, como la posibilidad de detención preventiva
preliminar por un plazo de 30 días, el traslado temporal de una
persona para su enjuiciamiento o la preferencia de este tipo de
entregas sobre peticiones de extradición de terceros países.
Los antecedentes de los que trae causa este convenio internacional se
pueden resumir en la objeción establecida por nuestro Tribunal
Constitucional a la extradición de ciudadanos italianos convictos en
rebeldía. La justicia italiana admite, a diferencia de la española,
que un imputado sea condenado penalmente sin estar presente en su
juicio, por lo que el Tribunal ha rechazado extradiciones ya
otorgadas por la Audiencia Nacional considerando que su juicio no
había ofrecido suficientes garantías procesales. Esta situación
generó un cierto flujo de delincuentes italianos refugiados en
España, el consiguiente malestar de las autoridades italianas y la
dificultad para lograr la extradición de uno de ellos especialmente
importante, afincado en Mallorca, que determinaron una gestión
directa del Gobierno italiano en el mes de junio del pasado año que
dio lugar a la firma en noviembre del convenio que ahora se pretende
ratificar.
El Gobierno español ha entablado contactos con Alemania, Francia,
Bélgica y Portugal. Sin embargo, ninguno de estos contactos ha
fructificado por ahora en convenios similares. Portugal ha aducido
problemas constitucionales irresolubles para sumarse a esta
iniciativa y sus máximos responsables han manifestado que solo podrán
aceptar la supresión de los juicios de extradición mediante una
iniciativa comunitaria en un contexto de ampliación de la cooperación
judicial entre los países miembros de la Unión Europea, pero en
ningún caso mediante acuerdos bilaterales. Tampoco han tenido
resultados positivos las negociaciones con Francia, que hasta ahora
ha evitado comprometerse a superar el procedimiento de extradición
por la vía bilateral. Debe entenderse, por tanto, que la finalidad
que ha acompañado la elaboración y firma del tratado, como se ha
dicho, no es otra que salvar las objeciones establecidas por nuestro
Tribunal Constitucional a la extradición de ciudadanos italianos
convictos en rebeldía.
Conscientes de la posibilidad de que graves delitos puedan quedar
impunes en los supuestos en los que por aplicación de las garantías
procesales recogidas en nuestra Constitución no se concedan las
extradiciones solicitadas, el Grupo Parlamentario Socialista presentó
en junio de 2000 una proposición no de ley, aún pendiente de debate y
votación, en la que se insta al Gobierno a hacer valer nuestros
principios constitucionales en los supuestos donde se encuentren
afectados o puedan no ser respetados los derechos fundamentales. El
Gobierno se ha equivocado en su pretensión de solucionar
el problema mediante la elaboración y aplicación de este
tratado, en primer lugar porque la creación de un espacio judicial
común debe realizarse utilizando los instrumentos propios de la Unión
Europea, no mediante acuerdos bilaterales como ya le han recordado
algunos países y, en segundo lugar porque al pretender eludir la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia lo que
realmente está intentando soslayar son los principios
constitucionales y más concretamente libertades y derechos
fundamentales.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una alternativa, en
forma de la ya mencionada proposición no de ley, que pretende
compaginar los derechos fundamentales previstos en nuestra
Constitución con la necesidad de que no queden impunes graves delitos
en los supuestos en que por aplicación de las garantías procesales no
se concedan las extradiciones solicitadas. Por ello, la posición del
Grupo Socialista ante la solicitud de autorización requerida por el
Gobierno para ratificar este tratado no puede ser otra que la
abstención.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): El señor Robles Fraga, tiene
la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Siento mucho escuchar las palabras de la
portavoz del Grupo Socialista. Este tratado es importante. Es un paso
para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y
justicia y si efectivamente dos países quieren avanzar a mayor
velocidad que los otros, no entiendo que se pueda alegar la necesidad
de resolverlo entre todos cuando existen mecanismos para ir avanzando
de forma bilateral. En eso consiste el espíritu de construcción
comunitaria en el que los que menos avanzan no pueden ni deben
retrasar el camino de los que quieren profundizar en la construcción
de un espacio comunitario. Este es un tratado importante que evita
problemas concretos y específicos entre España e Italia, que partían
de un espacio de impunidad o un espacio jurídico que podía ser
aprovechado para obtener la impunidad de crímenes tan graves como
puede ser el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de
estupefacientes, el tráfico de armas, la trata de seres humanos y el
abuso sexual contra menores. Es un acuerdo que parte en su primer
considerando de que ambos Estados reconocen que se basan en
principios democráticos y que ambos respetan las obligaciones que
establece el convenio para la protección de derechos humanos y de las
libertades fundamentales, el convenio de Roma de 1950. Es la
consecuencia de esa primera asunción y al suprimir los procedimientos
de extradición entre España e Italia en estos delitos y con las
condiciones establecidas en el tratado, se abre un camino que debe
ser seguido por otros Estados de la Unión. Si el primer convenio se
hace entre España e Italia, eso también obedece a necesidades e
intereses compartidos entre el pueblo español y el pueblo italianoque
desean luchar de la forma más eficaz posible
contra quienes cometen delitos tan graves como los ya mencionados. Se
trata de acabar con un espacio de impunidad o un espacio que pudiera
ser aprovechado para la impunidad en estos delitos. Por eso el Grupo
Popular no solamente apoya el tratado sino que se alegra de la
presentación del mismo por el Gobierno para su ratificación en esta
Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Tengo entendido, según me
han señalado los portavoces, que no se ha solicitado ninguna
intervención sobre el resto de los puntos del orden del día. Por
tanto, puedo dar por concluido el debate de este apartado de
dictámenes y proceder a las votaciones.
A diferencia de otras reuniones de la Comisión, en esta ocasión ha
habido en algunos puntos opiniones distintas respecto a cada uno de
los temas. A efectos del 'Diario de Sesiones' y para que queden
claras las votaciones, voy a ir leyendo el convenio de que se trate
y procediendo a su votación. Intentaré hacerlo muy rápidamente.
-- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA SOBRE
LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y OTROS DELITOS GRAVES, HECHO EN MADRID EL 27 DE NOVIEMBRE
DE 2000. (Número de expediente 110/000068)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 16. Dictamen sobre el
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la
cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia
organizada y otros delitos graves, hecho en Madrid el 27 de noviembre
de 2000.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- DECLARACIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL
ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA
INTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN
DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO EN
BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/
000069)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 17. Declaración de
España al protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación con
carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de
la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el 29 de
noviembre de 1996.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN NUCLEAR ENTRE
LAS PARTES DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (TRATADO ATOMAL) (HECHO EN
PARÍS EL 18 DE JUNIO DE 1964) Y PROTOCOLO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ANEXO DE SEGURIDAD DEL ACUERDO (BRUSELAS, 2 DE JUNIO DE 1998) (Número
de expediente 110/000070) (Votación)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 18º. Acuerdo sobre
cooperación en materia de información nuclear entre las partes del
Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de
junio de 1964 y Protocolo por el que se modifica el anexo de
seguridad del Acuerdo firmado en Bruselas, el 2 de junio de 1998.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- CANJE DE NOTAS DE FECHAS 18 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2000, CONSTITUTIVO
DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR EL
QUE SE ENMIENDA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL ENTRE ESPAÑA Y
PANAMÁ DE 2 DE MAYO DE 1979 Y SE DEROGA EL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
MUTUO DE VALIDEZ DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DE 15 DE MARZO DE 1926. (Número de expediente 110/000071)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 19º. Canje de notas de
fechas 18 y 20 de diciembre de 2000, constitutivo de acuerdo entre el
Reino de España y la República de Panamá por el que se enmienda el
Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá, de 2 de mayo
de 1979, y se deroga el Convenio de reconocimiento
mutuo de validez de títulos académicos y de incorporación de estudios
de 15 de marzo de 1926.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- CONVENIO EUROPEO SOBRE INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
VIOLENTOS, HECHO EN ESTRASBURGO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número
de expediente 110/000072)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 20. Convenio Europeo
sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, hecho en
Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983.
Efectuada la votación, dijo
La señor VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA, HECHO AD REFERENDUM EN PEKÍN EL 25 DE JUNIO
DE 2000. (Número de expediente 110/000073)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 21. Convenio de
cooperación para la lucha contra la delincuencia organizada entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular
China, hecho ad referendum en Pekín el 25 de junio de 2000.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA HELÉNICA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN MADRID EL 4
DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000074)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 22. Convenio entre el
Reino de España y la República Helénica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid, el 4 de diciembre de
2000.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN DE ESLOVENIA AL
CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN MATERIA DE ENERGÍA NUCLEAR,
1960, MODIFICADO POR LOS PROTOCOLOS DE 1964 Y 1982 (CONVENIO DE
PARÍS) (Número de expediente 110/000075)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 23. Aceptación por
España de la solicitud de adhesión de Eslovenia al Convenio sobre
responsabilidad civil en materia de energía nuclear, 1960, modificado
por los Protocolos de 1964 y 1982 (Convenio de París).
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por
unanimidad.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL
PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA CIRCULACIÓN Y ESTANCIA EN EL
PRINCIPADO DE ANDORRA DE NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS, HECHO EN
BRUSELAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000076)
(Votación)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 24. Convenio entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra
relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de
nacionales de terceros Estados, hecho en Bruselas el 4 de diciembre
de 2000.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado por unanimidad.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL
PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO A LA ENTRADA, CIRCULACIÓN, RESIDENCIA
Y ESTABLECIMIENTO DE SUS NACIONALES, HECHO EN BRUSELAS EL 4 DE
DICIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000077) (Votación)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 25. Convenio entre el
Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra
relativo a la entrada, circulación, residencia y establecimiento de
sus nacionales, hecho en Bruselas el 4 de diciembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, uno; abstenciones, 13.
La señora VICEPRESIDENTA (García Árias): Queda aprobado.
- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA
PERSECUCIÓN DE DELITOS GRAVES MEDIANTE LA SUPERACIÓN DE LA
EXTRADICIÓN EN UN ESPACIO DE JUSTICIA COMÚN, HECHO EN ROMA EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000078) (Votación)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Punto 26. Tratado entre el
Reino de España y la República Italiana para la persecución de
delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio
de justicia común, hecho en Roma el 28 de noviembre de 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
abstenciones, 14.
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Queda aprobado.
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
ARGENTINA MODIFICANDO EL CONVENIO DE NACIONALIDAD DE 14 DE ABRIL DE
1969, HECHO EN BUENOS AIRES EL 6 DE MARZO DE 2001. (Número de
expediente 110/000079)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE JAMAICA, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 4 DE JULIO
DE 1999. (Número de expediente 110/000080)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM), HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL
4 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000081)
- CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE POLONIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 2001.
(Número de expediente 110/000082)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TRINIDAD
Y TOBAGO, HECHO EN PUERTO ESPAÑA EL 3 DE JULIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000083)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
DE TRINIDAD Y TOBAGO AL CONVENIO DE LA HAYA RELATIVO A LOS ASPECTOS
CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA
EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000084)
- INVITACIÓN A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA AL CONVENIO
RELATIVO A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES
JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LUGANO EL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 1988. (Número de expediente 110/000085)
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Ahora podemos votar
conjuntamente los puntos 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA (García Arias): Quedan aprobados por
unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.