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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 212, de 18/04/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 212
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 2767 a la 2818. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 18 de abril de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Nieto González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas para clarificar la situación de los deportistas profesionales
nacidos fuera de la Unión Europea y que juegan en España con
pasaporte de algún país de la Unión Europea. (Número de expediente
181/000498.) . . . (Página 6368)
- Del señor Nieto González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsiones tras la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en
relación con las licencias de los jugadores de baloncesto
considerados 'comunitarios B'. (Número de expediente 181/000499.) . .
. (Página 6374)
- Del señor Martínez Laseca (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
la valoración por el secretario de Estado para el Deporte de la
denegación de ayudas por parte de la Federación de Atletismo a
deportistas de reconocido prestigio. (Número de expediente 181/
000615.) . . . (Página 6378)
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre previsiones para dar respuesta a las demandas de los ciclistas
comunicadas el 24 de febrero de 2001 en materia de seguridad vial.
(Número de expediente 181/000654.) . . . (Página 6381)
Comparecencia del secretario de Estado para el Deporte (Gómez-Angulo
Rodríguez), para informar sobre:
- El estado actual del plan ADO (Asociación de Deportes Olímpicos). A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000331.) . . . (Página 6383)
- Las medidas del Gobierno para recuperar el espíritu olímpico frente
a los resultados de la investigación en el Comité Paralímpico que
confirma fraude en la composición y fraude en la administración de
recursos destinados a becas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/000338.) . . .
(Página 6393)
Pregunta de la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario
Socialista), sobre valoración del informe del Comité Paralímpico
sobre la participación irregular de deportistas en la Olimpiada
Paralímpica de Sidney. (Número de expediente 181/000456.) . . .
(Página 6393)
Preguntas:
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista),
sobre valoración por el Gobierno de la aplicación del procedimiento
de acceso a los ciclos formativos de grado superior. (Número de
expediente 181/000607.) . . . (Página 6402)
- Del señor Rodríguez Sánchez (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
previsiones acerca de facilitar el acceso a los títulos de formación
profesional por parte de trabajadores con experiencia, integrados en
el mercado laboral. (Número de expediente 181/000676.) . . .
(Página 6404)
- Del señor Ripo González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
formación específica recibida por los profesionales que dedican parte
de su horario lectivo a la atención a la diversidad. (Número de
expediente 181/000697.) . . . (Página 6404)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas curriculares para mejorar
la atención a la diversidad. (Número de expediente 181/000698.) . . .
(Página 6406)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas previstas para la
escolarización de alumnos con características culturales, étnicas,
sociales o en situación de ilegalidad para mejorar la atención a la
diversidad. (Número de expediente 181/000699.) . . . (Página 6408)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas organizativas en los
centros escolares previstas para mejorar la atención a la diversidad.
(Número de expediente 181/000700.) . . . (Página 6410)
Comparecencia de la señora secretaria general de Educación y
Formación Profesional (Cousa Tapia) para informar sobre la campaña de
imagen de la formación profesional recogida en el Boletín Oficial del
Estado de 9 de noviembre de 2000, en la que se gastarán 850 millones
de pesetas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/000336.) . . . (Página 6412)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR NIETO GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS PARA CLARIFICAR LA SITUACIÓN DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES
NACIDOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA Y QUE JUEGAN EN ESPAÑA CON
PASAPORTE DE ALGÚN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente
181/000498.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Doy la
bienvenida de nuevo al
secretario de Estado de Deportes, don Juan Antonio Gómez Angulo, que
comparece en esta Comisión para contestar a las preguntas, así como
proceder a las dos comparecencias que asimismo figuran en orden del
día de la sesión.
Sin más preámbulos procedemos ya al desarrollo de los distintos
puntos del orden del día. En primer lugar, pregunta que formula el
diputado con Jerónimo Nieto González, del Grupo Parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Buenos días a todos. Bienvenido, señor
presidente del Consejo Superior de Deportes.
Voy a formular esta primera pregunta, que fue registrada en la Cámara
ya hace algo más de dos meses; para
ser exactos se registró el 14 de febrero, por tanto han pasado dos
meses y cuatro días. Sigue teniendo sentido pero evidentemente lo
tenía algo más en la fecha que se presentó en registro porque es
cuando comenzaba a surgir el asunto objeto de la misma.
La pregunta se refiere a qué medidas ha tomado el Gobierno para
clarificar la situación de los deportistas profesionales nacidos
fuera de la Unión Europea y que juegan en España con pasaporte de
algún país de la Unión. Le hacía esta pregunta -y se la hago también
en estos momentos-, señor secretario de Estado, para cooperar en la
clarificación de una situación que empezaba a crear cierta alarma y
para facilitar también al Gobierno la labor de aclarar ante los
ciudadanos un fraude que estaba aflorando en el mundo del deporte
profesional europeo, especialmente en el fútbol y pensábamos que en
aquellas fechas que se formuló la pregunta y también ahora, era el
momento de clarificar la situación y atajarla. Señorías, corresponde
al Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes y también a la
Federación Española de Fútbol garantizar que no exista ningún jugador
extranjero que utilizando un pasaporte falso se haga pasar por
jugador comunitario, y corresponde también al Gobierno, al Consejo
Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol cuando se
descubre alguna irregularidad de este tipo aclararla y cortarla de
raíz.
Señor secretario de Estado, permítame le diga que al contrario que la
Federación Española de Fútbol que sí ha actuado con cierta
diligencia, el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes ha mirado
para otro lado en este asunto, cuando surgió la crisis y en el
desarrollo de la misma. Pero permítame que le diga algo más, el
Gobierno, el Consejo Superior de Deportes como ejecutor de la
política deportiva del Gobierno, ha estado ausente especialmente los
dos últimos años en el seguimiento de este asunto que acabó por
estallar muy a finales del año pasado o a comienzos del presente.
Digo que ha estado ausente en los dos últimos años porque permítame
le recuerde que hace dos años -el día 20 de abril, pasado mañana se
van a cumplir dos años- fue aprobada por unanimidad en esta Cámara
una proposición no de ley que fue iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, que al final se transformó en una iniciativa asumida por
todos los grupos, con un texto pactado por todos los grupos, y
aprobada, repito por unanimidad. Se trataba de una proposición no de
ley que hacía referencia a la disminución del número de jugadores
extranjeros en las ligas profesionales. Además, la Cámara aprobó por
unanimidad aquella iniciativa para recomponer el equilibrio que había
roto la sentencia Bosman, sentencia que evidentemente no cuestionamos
-no la cuestionamos en su momento y no la cuestionamos ahora-;
sentencia que hay que acatar. A partir de la emisión de la sentencia
por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a finales del año 1995, se
rompe el equilibrio
que existía en relación con la participación de jugadores
comunitarios -extranjeros antes de la sentencia Bosman- en el deporte
profesional español. Evidentemente, lo que hace la sentencia Bosman
es establecer, como todo el mundo sabe, que los deportistas
comunitarios no ocupen plaza de extranjero. Por tanto, lo que viene a
hacer la sentencia es dinamitar el statu quo existente sobre la
participación y la consideración de extranjeros en el deporte
profesional de los países miembros de la Unión Europea.
En el caso español (a partir de este momento los españoles y los
comunitarios aparecen equiparados), los comunitarios no ocupan plaza
de extranjero y desde entonces disminuye el número de deportistas
españoles que participan en los clubes españoles, especialmente en
los de fútbol. Ni qué decir tiene que esta situación se hace más
complicada para los deportistas españoles - es un momento posterior-
a partir del momento que se produce la equiparación también como
comunitarios de los denominados comunitarios B, aquellos deportistas
que diversos tribunales y juzgados, con sentencias variadas y
diversas, empiezan a equiparar a los profesionales procedentes de los
países comunitarios.
Como le decía, la proposición no de ley trató de abrir un hueco a los
jugadores españoles limitando el número de extranjeros -insisto en
que se aprobó por unanimidad- y además el Gobierno tenía la
obligación de poner en práctica y vigilar el cumplimiento de ese
acuerdo parlamentario. Yo no digo que no lo haya hecho, pero es
verdad que a partir del momento en que empiezan a venir a España o a
participar en los clubes de fútbol españoles diversos extranjeros que
con pasaporte falsificado o irregular se cuelan por la puerta de
atrás como jugadores comunitarios, estamos poniendo muy en cuestión
ese acuerdo parlamentario; estamos haciendo que se incumpla ese
acuerdo parlamentario dando entrada por la puerta falsa a falsos
comunitarios. En estos casos, señor secretario de Estado, es donde le
digo que no han hecho nada, que han mirado para otro lado. Digo que
la Federación Española de Fútbol sí ha actuado con diligencia, pero
el Consejo Superior de Deportes creo que ha estado ausente. Si ha
hecho algo cuéntenoslo, porque la verdad es que no lo sabemos, y para
eso estamos aquí. ¿Qué ha estado haciendo el Consejo Superior de
Deportes en este tiempo? Quiero que lo aclare ante la opinión pública
por el bien de nuestro deporte; es lo que hay que hacer, actuar con
claridad y transparencia porque eso siempre es bueno para el deporte.
Se lo digo sin ninguna acritud, no se ponga a la defensiva, señor
secretario de Estado, como suele hacer habitualmente en este tipo de
comparecencias; se lo digo con ánimo colaborador, para que usted
aclare la situación, qué ha estado haciendo, porque, insisto, eso es
bueno para el deporte español. La situación lo demanda, loexige, lo
pide.
Le voy a dar algunos datos y voy a terminar esta primera parte de mi
intervención. En la primera división de fútbol en estos momentos
existen 98 jugadores con pasaporte comunitario. Estos datos los tengo
a través de la prensa, porque se lo pregunté hace dos meses al
Gobierno a través de una pregunta escrita y aún no me han respondido;
son los datos que he podido recopilar a través de los medios de
comunicación, no como información dada por el Gobierno, que aún no me
la ha facilitado a pesar de habérsela pedido, repito, hace dos meses.
De estos 98 jugadores, 35 han nacido en Europa y 63 han nacido en
países no comunitarios, por tanto el 64,2 por ciento son jugadores
que tienen pasaporte comunitario pero que no han nacido en ningún
país de la Unión Europea; 22 de ellos tienen pasaporte español y 41
tienen pasaporte de otros países de la Unión Europea. En el caso del
baloncesto, 32 jugadores con la consideración de comunitarios están
participando en la ACB y en otras competiciones y han nacido fuera de
la Unión Europea. Evidentemente la inmensa mayoría están en situación
regular, pero sí que han ido aflorando una serie de casos de forma
continuada. Empezó con los jugadores Álvaro y Baiano, de Las Palmas.
El equipo les quita la consideración de comunitarios para evitar
males mayores y los pasa a la situación de extranjeros, tenían
pasaporte portugués pero son de origen brasileño; la situación no
estaba muy clara y en este caso el club toma esa decisión. Sandro,
jugador del Badajoz, es acusado por el propio club de haber
falsificado su pasaporte y como tal el club le denuncia ante los
tribunales. En cuanto al jugador Toledo, de el Español, en primer
lugar la Federación de Fútbol pone el caso en manos de la fiscalía,
le suspende cautelarmente y finalmente termina suspendiéndole
definitivamente. Podría citarle el caso de Alyoon, en el Hércules,
que termina huyendo de España para no comparecer ante un tribunal que
le había citado, los casos de Bertol, de Herrera, de Keita, de
Barata, de Moya, en fin toda una serie de ejemplos que han ido
surgiendo en los últimos tiempos y que ahí están ante los cuales,
insisto, sí ha actuado la Federación Española de Fútbol, pero no
sabemos nada de lo que opina el Gobierno a través del Consejo
Superior de Deportes.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, le ruego que concluya.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Otros gobiernos europeos sí que han tomado iniciativas para tratar de
aclarar esta situación. Por tanto, insisto, le pido que nos aclare
qué está haciendo el Consejo Superior de Deportes, qué está haciendo
el Gobierno para clarificar esta situación y encauzarla de la forma
más adecuada. (El señor González Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, si es tan amable, aunque
al fin y al cabo quien ordena los debates es la Presidencia, me
gustaría que se estableciera un turno de tiempo limitado para las
preguntas, porque fundamentalmente lo que acabamos de ver -lo digo
sin acritud de ningún tipo- es una interpelación en toda regla; hemos
estado un cuarto de hora oyendo lo que el señor Nieto ha dicho. Lo ha
hecho muy bien, pero le rogaría, señor presidente, que en el ámbito
de las preguntas nos ciñéramos al tiempo establecido acordado por la
Mesa.
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo, señor diputado, que el tiempo de
que se dispone para la formulación de la pregunta es de diez minutos,
que son los que ha tenido el señor Nieto.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco por tercera o cuarta vez ante
esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en este caso para
responder a una serie de preguntas que se habían formulado, bien es
cierto que con un enunciado mucho más reducido que la intervención
que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, en este caso el
diputado que formula la pregunta, don Jerónimo Nieto. De entrada he
de decir que ha mezclado las dos primeras preguntas que figuraban en
el orden del día dado que ha tocado en su exposición no solamente el
tema en cuestión que se planteaba en esta primera pregunta, sobre la
situación de los deportistas profesionales nacidos fuera de la Unión
Europea, sino también el de los llamados deportistas comunitarios B,
haciendo una afirmación que tengo que rebatir, no en una actitud
defensiva sino en una actitud absolutamente transparente y de
explicación de las labores que se llevan a cabo desde el Consejo
Superior de Deportes. Creo que tuvimos ocasión, señor Nieto, de
debatirlo en una de mis comparecencias aquí, contestando a una
interpelación de los grupos parlamentarios Socialista y de
Convergència i Unió, donde dije que ya había tomado una medida que en
su día fue tremendamente polémica y que sin embargo algunos
tribunales de justicia, como veremos en la contestación a la segunda
pregunta, nos han ido dando la razón. Recuerde que como presidente
del Consejo Superior de Deportes, y en aras precisamente de hacer
valer ese acuerdo al que S.S. ha hecho referencia, tuve que suspender
cautelarmente la licencia de una serie de jugadores de baloncesto de
la liga ACB que tuvo como consecuencia la suspensión de algún partido
en la primera jornada de la liga ACB de baloncesto. No era una medida
fácil, señor Nieto, y sin embargo se tomó sin que temblara ningún
pulso desde el Consejo Superior de Deportes para defender el acuerdo
que se había tomado
por el Congreso de los Diputados, el acuerdo que está estipulado en
la Ley del Deporte y que no corresponde exclusivamente al Consejo
Superior de Deportes hacerlo valer sino que son tres, Federación, ACB
y la Asociación de jugadores de baloncesto los que tienen que ponerse
de acuerdo; no se pusieron de acuerdo y se actuó, que es cuando le
correspondía al Consejo Superior de Deportes de acuerdo con las
competencias que tiene encomendadas, de modo firme y en defensa de
ese acuerdo. En ningún caso el Consejo Superior de Deportes ha mirado
para otro lado sino que abordó una cuestión difícil, como era la
suspensión cautelar de esas licencias.
Yendo al contenido concreto de la pregunta que se me ha formulado con
relación a los deportistas profesionales nacidos fuera de la Unión
Europea, puedo informar a S.S. de lo siguiente, dentro de una
determinada limitación temporal que la práctica parlamentaria impone.
Como es conocido, las diversas federaciones nacionales europeas en su
labor de promoción del deporte nacional, que es la causa de su
existencia, regulan las competiciones deportivas de sus
correspondientes modalidades imponiendo limitaciones a la
incorporación de jugadores extranjeros. Esta práctica se ha mantenido
en el seno de las diversas federaciones que regulan la organización y
desarrollo de los deportes profesionales en España, Francia,
Alemania, Inglaterra e Italia, respecto de los denominados jugadores
no comunitarios. La existencia de estas limitaciones, conjugado con
el efecto producido por la sentencia Bosman, a la que S.S. ha hecho
referencia, hace que el acceso a un pasaporte de un país de los
integrados en el espacio económico europeo suponga un valor añadido
al jugador profesional al facilitarle la participación en las
competiciones oficiales de todos los países integrados en el
denominado espacio económico europeo. Consecuentemente, la obtención
de un pasaporte comunitario se convierte en una necesidad para
quienes desean desarrollar fácilmente, quiero subrayar la expresión
desarrollar fácilmente, sin limitaciones ni trabas, su actividad
profesional, bien en alguno de los países de la Unión Europea o los
añadidos en el espacio económico europeo. Para acceder a estos
pasaportes parece ser que se han ideado sistemas cuyo conocimiento y
explicación entra de lleno dentro de las competencias de los diversos
cuerpos de investigación policial al suponer la comisión de prácticas
delictivas, como la falsificación de documentos públicos, sea directa
o indirectamente mediante la aportación de documentos falsos, que
incorporados a los correspondientes expedientes administrativos
permiten la obtención de verdaderos documentos de identidad
comunitarios, pasaportes u otros similares.
La burda falsificación del documento, el pasaporte, se ha detectado
en España por el momento en un documento portugués, mientras que la
obtención de documentos auténticos, en función de falsificaciones
introducidas
en los expedientes administrativos, se ha detectado en el
caso de documentos españoles e italianos. No obstante, por las
peculiaridades de la legislación italiana sobre adquisición de la
nacionalidad en ese país, es en ese país donde se ha producido un
mayor número de casos de falsificación indirecta y donde se detecta
inicialmente el problema, falsificación de documentos incorporados a
los expedientes de nacionalización, y de ahí se extienden sus efectos
a toda Europa. Por ello, como veremos de la exposición de los datos
de que se dispone, el problema es aún mayor en su detección al
radicar los efectos de la falsificación fuera del ámbito del Estado
donde ésta se produce. Por ejemplo, el documento falso o ilícitamente
obtenido puede utilizarse, si así se desea, a los solos efectos de la
participación en una competición deportiva, porque para otras
actividades ciudadanas, por ejemplo, para viajar, puede hacerlo con
el que corresponde a su nacionalidad originaria.
He de decirle a S.S. que antes de que se detectara el problema, el
Consejo Superior de Deportes estaba en absoluta comunicación con la
Real Federación Española de Fútbol, federación que es la más afectada
como S.S. ha dicho pero no es la única, y en todo momento se ha
actuado en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol. A
tal efecto, tan pronto se tuvo conocimiento de los primeros casos en
Italia, ya se establecieron aquí contactos permanentes entre las
direcciones generales del Consejo Superior de Deportes, del
Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Interior, hasta tal punto
que en el momento de salir el primer caso esa misma tarde se propició
una reunión bipartita Comisión y Consejo Superior de
DeportesMinisterio del Interior, con asistencia del secretario
general de la Federación Española de Fútbol, en el Ministerio del
Interior y con responsables de la policía, al objeto de coordinar
todas las actuaciones a seguir.
Por otra parte, el Consejo Superior de Deportes ha apoyado cuantas
actuaciones han realizado las federaciones presuntamente afectadas,
especialmente la Real Federación Española de Fútbol, en orden al
esclarecimiento de estos hechos, y además de las investigaciones
llevadas a cabo por las propias federaciones ha solicitado la
correspondiente información, a las diversas federaciones deportivas
españolas, a baloncesto y fútbol con fecha del pasado 8 de marzo, y a
balonmano con fecha 9 de marzo, aunque ya se habían iniciado las
investigaciones en las respectivas federaciones, también a la
Asociación de clubes de baloncesto con fecha posterior, en el mismo
mes marzo, en cuanto pudieran verse afectadas por la presencia de
jugadores profesionales con pasaportes falsos o cuya adquisición
pudiera haberse realizado violentando las reglas que regulan su
concesión en el correspondiente país expedidor del documento. A tal
fin, por esta Secretaría de Estado se exhortó a las federaciones
correspondientes y a la Asociaciónde clubes de baloncesto, en razón
de las diversas
competencias que corresponden a cada una de estas organizaciones,
sobre la expedición de licencias a realizar una revisión de toda la
documentación justificativa aportada en su día para conseguir la
licencia federativa de cada jugador comunitario. En cumplimiento de
ello, se ha requerido por estas entidades la aportación de los
pasaportes originales así como testimonios de la legalidad de estos
documentos expedidos por los consulados y embajadas correspondientes
a los países emisores de estos documentos, y todavía se está
recibiendo la información porque es compleja. De la información
aportada hasta el momento, al margen de la que disponen las
federaciones deportivas de fútbol, baloncesto y balonmano, de la que
obra en poder del Consejo Superior de Deportes, debo informar a SS.
SS. de los datos siguientes que pueden ser orientativos, dado que
todavía, insisto, no han culminado las actuaciones, al exigir la
intervención de servicios diplomáticos y consulares de diversos
países, no sólo de autoridades administrativas españolas, al exigir
esa intervención sobre la situación que se ha planteado durante los
dos últimos años en cuanto al número de jugadores extranjeros
comunitarios que han participado en las competiciones españolas.
De los datos en poder de la Federación Española de Baloncesto se
deduce que, junto a otros jugadores extranjeros, a mi juicio mal
llamados comunitarios B, en España juegan 85 jugadores comunitarios
-hablo de baloncesto-, de los cuales 39 han nacido en territorio de
los países de la Unión Europea y 46 fuera; de estos 46 jugadores, la
nacionalidad de origen es americana, Estados Unidos, en 19 ocasiones,
de Argentina en 8, yugoslava en 5, brasileña en 3 y canadiense y
australiana en 2 cada una. Hay jugadores cuya nacionalidad de origen
era inicialmente Mali, Nigeria, Senegal, Rusia, Bosnia, Uruguay y
Suiza, exactamente 7, en una sola ocasión. La actual nacionalidad
detentada por estos jugadores es italiana en 15 ocasiones, española
en 14, francesa en 5, alemana en 4, holandesa en 3, griega en 2 y
sueca, irlandesa y portuguesa en 1 cada una de ellas, hasta completar
exactamente el número de 46. En el caso de la Federación de
Baloncesto no se han detectado supuestos como los planteados tras una
primera revisión de la documentación, sin perjuicio de que tanto por
ella como por la Asociación de clubes de baloncesto se siga
examinando y requiriendo la aportación de documentos y comprobantes,
de los cuales buena parte llegó ayer mismo al Consejo Superior de
Deportes.
La Federación española de Balonmano tan solo considera en esta
situación a dos jugadores, uno de ellos de origen cubano y
nacionalidad portuguesa y otro de origen yugoslavo y nacionalidad
holandesa. La federación española de fútbol es la más afectada por el
número de estos jugadores. En la actualidad ha suspendido
cautelarmente la licencia de ocho jugadores tras haber revisado la
documentación correspondiente. Los datos de
esta federación son los siguientes: el número de jugadores que
participan en las competiciones de liga de primera, segunda A y
segunda B nacidos fuera del territorio de los países de la Unión
Europea o del espacio económico europeo asciende en la actual
temporada a 326, de los que 114 ostentan actualmente nacionalidad de
algún país de la Unión Europea, siendo su origen el siguiente:
Argentina en 60 ocasiones; Brasil, 21; Uruguay, 12; Angola, 3;
Paraguay, 3; Venezuela, 2; Colombia, 2; Nigeria, 2 y una cada uno
Congo, Guinea Bissau, Zaire, Camerún, Madagascar, Costa de Marfil,
Rusia y Yugoslavia. De estos 114 jugadores, 60 tienen pasaporte
italiano, 31 español, 13 portugués, 5 francés, 2 austríaco, 2
holandés y un alemán.
A consecuencia de las investigaciones, la Real Federación Española de
Fútbol ha denunciado ante los órganos de la fiscalía al jugador don
Delio César Toledo, así como al jugador del club deportivo Badajoz,
Sandro Márquez Santos, siguiéndose actuaciones por falsedad al
jugador Sasa Pajic, al que el juzgado número 1 de Guadix ha retirado
el pasaporte alemán. Otros jugadores, como Bartel, del Rayo
Vallecano, Barata del Tenerife y Carlos Moya, del Granada han visto
suspendidas sus licencias cautelarmente al existir indicios
razonables, confirmados por el consulado general de Italia, sobre la
falsedad de los pasaportes de los dos últimos o de los documentos
determinantes de la resolución adoptada en el expediente seguido para
acceder a la nacionalidad italiana en el primero de los casos.
Asimismo, han visto suspendida cautelarmente su licencia los
jugadores de origen brasileño don Pedro Lima Dantes y don Martín
Paulino da Silva del Melilla club de fútbol. La investigación,
insisto, todavía no ha culminado, como ya he señalado, dada la
dificultad existente para lograr acreditar cuestiones derivadas de
expedientes tramitados en otros países y son documentaciones
indirectas que han permitido la obtención de los documentos
respectivos para participar en competiciones deportivas.
A la vista de esta información remitida por las federaciones
y organismos antes citados, el Consejo Superior de Deportes dará
traslado a los organismos correspondientes, incluso al ministerio
fiscal si es que por parte de las federaciones no se hubiere hecho
ya, a fin de que se depuren las responsabilidades de toda índole
a que hubiera lugar. En este sentido, tengo que indicar que también
recientemente, hace unos días, la fiscalía general se ha dirigido al
Consejo Superior de Deportes, dando cuenta de la existencia de unas
reuniones celebradas con asistencia de fiscales de Italia, Francia,
Portugal, Inglaterra y España, en las que se llegó a un acuerdo de
colaboración en estas materias, interesando diversa documentación
correspondiente a los distintos casos detectados, lo que determinó
una inmediata comunicación de tales solicitudes a las diversas
federaciones, con la indicación de que hicieran llegar directamente
a ese órgano toda la documentación solicitada,
que en ocasiones ya había sido puesta en conocimiento de los órganos
judiciales o de las autoridades del Ministerio del Interior.
Hasta aquí la contestación, señor presidente. Creo queda claro que
desde el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las
federaciones que son las que tienen la competencia para dar las
licencias y nosotros vigilar que se haga el cumplimiento del número
de jugadores extranjeros establecida en la norma, se ha actuado con
diligencia y al minuto ha seguido este caso de presuntas
falsificaciones o detección de irregularidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto, tiene la palabra.
El señor NIETO GONZÁLEZ: He intentado ajustarme en todo momento a lo
que marca el artículo 189.2 de nuestro Reglamento en cuanto a tiempo
y forma. Si no es así, ruego a la Presidencia que me llame la
atención y no el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Así lo ha sido, señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Después de escuchar su intervención, señor
secretario de Estado, me confirmo en lo que le decía en mi primera
intervención y en lo que pensaba de este asunto. Las Federaciones
Españolas afectadas, especialmente la Federación Española de Fútbol
que es la más afectada, han actuado correctamente desde el punto de
vista administrativo, que es la labor que tienen que hacer en cuanto
a la anulación de licencias de forma cautelar en unos casos y de
forma definitiva en otros, pidiendo la documentación cuando era
pertinente, pero el Gobierno, el Consejo Superior de Deportes en este
caso como órgano del Gobierno que dirige la política deportiva, tiene
que ir más allá. Yo creo que ha faltado criterio político por parte
del Gobierno, por parte del Consejo Superior de Deportes en este
asunto. Ustedes como Gobierno han actuado sin criterio político. ¿Por
qué? Porque han abordado el problema tarde, con pocas ganas y
fundamentalmente mirando para otro lado, para que no les salpicara lo
que pudiera salir de un asunto como este. Esa la pura realidad.
Ustedes han actuado tarde, en mi opinión mal, y han intentado -como
se dice vulgarmente- escurrir el bulto, mirar para otro lado.
A mí me hubiera gustado, señor secretario de Estado, que se hubieran
tomado algunas medidas por parte del Gobierno e incluso hacer algunas
propuestas de futuro, como han hecho otros gobiernos afectados. Por
ejemplo, le voy a citar el caso de Italia. En el caso de Italia se
toman medidas que parten del propio Gobierno. Se pide a la fiscalía
que investigue los posibles
casos de falsificación de pasaportes en varios casos, por iniciativa
del Gobierno, y la fiscalía actúa; se estudia también por parte del
Gobierno exigir un visado especial a los deportistas
extracomunitarios, que no se ha llevado a efecto pero se toma la
iniciativa de estudiar esa posibilidad. En el caso de Francia, hay
una investigación federativa pero también gubernativa de la situación
que afecta a varios jugadores con sospecha de pasaporte falso o
irregular. Eso en España no se ha hecho, la única que ha actuado ha
sido la Federación Española de Futbol o las otras federaciones
afectadas, pero no he oído ninguna iniciativa en ese sentido del
Gobierno. De cara al futuro, creo que también a usted le corresponde
hacer propuestas para que en el futuro no vuelvan a suceder estas
cosas. Por ejemplo, le puedo decir que el Gobierno italiano, a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha propuesto la colaboración de
todos los países del área Schengen que estén afectados por los
pasaportes falsos. Es una propuesta de este grupo de países para
llevar a cabo una actuación conjunta. El Gobierno español no ha dicho
nada en este sentido. El Gobierno británico ha propuesto un acuerdo
internacional para la revisión de los pasaportes dudosos y para la
imposición de penas comunes a todos los culpables dentro del área de
la Unión Europea. Por ejemplo Blatter, el presidente de la FIFA, por
no citar a un Gobierno pero sí a una autoridad deportiva?, propone
duras sanciones financieras, disciplinarias y deportivas contra los
jugadores que hayan falsificado sus pasaportes y la propia Real
Federación Española de Fútbol propone imponer sanciones ejemplares a
los culpables, pero no he oído ninguna propuesta por su parte, en
nombre del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno. En una
situación como ésta, un Gobierno responsable lo que tiene que hacer,
mirando hacia el futuro es propuestas al resto de los gobiernos
afectados en el área de la Unión Europea para que esto en el futuro
no vuelva a suceder y en el presente tiene que tomar medidas como
Gobierno para clarificar la situación y atajar la situación creada.
Eso tampoco lo he visto por ninguna parte, señor secretario de
Estado. Por tanto, desde el punto de vista político ninguna propuesta
para que en el futuro esto no vuelva a suceder y desde el punto de
vista político ninguna actuación en el presente para atajar la
situación que tenemos. Eso es lo que tengo que decir que ha hecho
usted como representante del Gobierno en un asunto como el que
estamos tratando.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor Nieto, me asombra la contestación que me ha dado,
porque el Gobierno francés, a tenor de lo que usted ha dicho, ha
hecho exactamente lo mismo que el Gobierno español:
recabar de las respectivas federaciones españolas en este caso, que
son las competentes para dar las licencias de los jugadores, que
remitan al Consejo Superior de Deportes, al margen de la
investigación que ellas han realizado, la correspondiente
documentación. Ellos son los que tienen la documentación; las
licencias no se expiden en el Consejo Superior de Deportes, señor
Nieto. Nosotros hemos recabado esas licencias y la documentación que
soportan los documentos que dan paso a la obtención de la licencia.
Podíamos no haberlo hecho, pero sí se ha hecho y le he dado las
fechas en que se ha solicitado la información complementaria para que
el Consejo Superior de Deportes tenga también, y en consecuencia el
Gobierno, esa información en su poder.
He estado en contacto telefónico con la ministra responsable del
Gobierno británico que ha actuado exactamente igual que el Gobierno
español. El Gobierno italiano ha podido tener mayor incidencia en el
tema porque como ya he expuesto en mi intervención ha sido en Italia
donde mayor número de casos se han dado. Tenga en cuenta que
solamente en dos de los supuestos han intervenido -valga la
expresión- funcionarios administrativos españoles en las embajadas o
consulados en Uruguay y Paraguay, habiéndose detectado
irregularidades y habiéndose tomado las medidas disciplinarias contra
esos dos casos. En ningún otro caso ha habido intervención de ninguna
autoridad administrativa española que haya dado lugar a cualquier
tipo de intervención por parte del Gobierno frente a este funcionario
o autoridad que hubiese podido colaborar en la obtención de una
documentación irregular. En todo caso he estado en permanente
contacto con las reales federaciones, incluida la de balonmano que
tiene menos incidencia en este tema, para que se velara en todo
momento por la pureza de la competición; pero la pureza de la
competición conlleva también, señor Nieto -y ha sido una preocupación
permanente del Consejo Superior de Deportes-, velar para que no se
produzca una indeterminación en los resultados deportivos de las
respectivas competiciones y de ahí que también haya tenido contacto
con los presidentes de la Federación para que las medidas que se
tomaran de suspensión cautelar fueran contadísimas y en aquellos
casos que existiera absoluta constancia de una actuación fraudulenta
en la obtención de algunos documentos, como así ha actuado la
Federación Española de Fútbol, porque no podíamos dar lugar a una
suspensión masiva solamente bajo la sospecha de alguna documentación
irregular, porque hubiese dado paso -insisto- a una indeterminación
en el resultado de la competición.
Señorías, creo que se ha actuado con absoluto rigor, se ha pedido en
todo momento y antes de que surgiera el primer caso toda la
documentación a las federaciones afectadas y tanto desde el Consejo
Superior de Deportes, como desde el Ministerio de Trabajo, como desde
el Ministerio del Interior, se ha seguido este tema
minuto a minuto y prueba de ello es que no ha habido en España ningún
caso absolutamente escandaloso de falsificación de documentos dentro
de nuestro territorio, sino como consecuencia de unos documentos
obtenidos de modo indirecto, insisto, en algún país de la Unión
Europea, concretamente en Italia.
- DEL SEÑOR NIETO GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES TRAS LA RECIENTE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN
RELACIÓN CON LAS LICENCIAS DE LOS JUGADORES DE BALONCESTO
CONSIDERADOS 'COMUNITARIOS B'. (Número de expediente 181/000499.)
El señor PRESIDENTE: Segunda pregunta, que formula también don
Jerónimo Nieto González, del Grupo Parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En la misma fecha que la anterior pregunta
se registró la que voy a formular en este momento, que hace
referencia a los jugadores comunitarios deportistas, comunitarios B.
El texto de la pregunta es el siguiente. ¿Qué tiene previsto hacer el
Gobierno tras la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en
relación con las licencias de los jugadores de baloncesto
considerados comunitarios B?
El 13 de octubre del año 2000 el Consejo Superior de Deportes que
usted preside tomó la decisión de anular provisionalmente las
licencias que la ACB había tramitado como comunitarios a ocho
jugadores de países que no son miembros de la Unión Europea, pero que
sí son países asociados a la Unión Europea, y por tanto forman parte
del denominado espacio económico europeo, concretamente los jugadores
a que estamos haciendo referencia tienen pasaporte o documentación de
Turquía, Eslovenia, Chequia y Lituania, creo recordar. La decisión
que usted toma es, como no podía ser de otra forma, criticada por la
ACB y al mismo tiempo aplaudida por la Federación y por la asociación
de jugadores. Esa situación se produjo el 13 de octubre, tras la
decisión que tomó usted como presidente del Consejo. Hay que
recordar, además, que en aquel momento -y en este momento también-
existe un convenio firmado entre la ACB, la Federación de Baloncesto
y la Asociación de jugadores de baloncesto, mediante la cual en este
convenio se fija un máximo de dos jugadores extranjeros por club.
La ACB había tomado la decisión de tramitar como comunitarios a estos
ocho jugadores pertenecientes a terceros países asociados con la
Unión Europea, fundamentalmente en base a una sentencia, conocida
como la Sentencia Mills, sobre la que el juzgado número 12 de lo
Social de Barcelona reconoció al jugador Mills, que es un jugador del
Tau, con pasaporte turco, la posibilidad de ser contratado en España
en las mismas condiciones
que cualquier jugador comunitario al tener suscrito con Turquía
-decía esta sentencia- un acuerdo de asociación. Por tanto, Mills y
los otros jugadores que a continuación se acogen a esta sentencia son
los que consideramos como comunitarios B.
Cuando usted toma la decisión, el día 13 de octubre, el Partido
Socialista no critica su decisión. No criticamos el fondo de lo que
usted plantea porque quiere clarificar la situación; al contrario,
decimos que hay que clarificar la situación, que nos parece razonable
que se clarifique la situación en relación con los derechos que
puedan tener los jugadores considerados como comunitarios B, pero sí
criticamos y nos parece mal las formas y el momento. Esto se hizo el
día antes de comenzar la competición de la Liga y esto creaba una
serie de problemas. Nos pareció que el momento no era oportuno, las
formas -hacerlo el día anterior- tampoco, pero no cuestionábamos el
fondo que sí queríamos se clarificara. Lo que usted hizo, señor
secretario de Estado, produjo la suspensión de varios partidos el
primer día del comienzo de la liga, un mal clima en el mundo del
baloncesto, y además, hizo que se pidiera información por parte de la
ACB a la Comisión de la Unión Europea, y la Comisaría de Trabajo de
la Unión Europea mantuvo que, en parte, tenían razón los miembros de
la ACB, puesto que en la Unión Europea se consideraba que debían
recibir el mismo trato aquellos jugadores nacidos en la Unión Europea
y los nacidos en países no de la Unión Europea pero que sí tenían un
convenio de asociación con la Unión Europea.
Un poco más adelante, en noviembre de 2000, dos juzgados de lo Social
de Vitoria dan la razón a dos jugadores lituanos, también del Tau,
que le reconocen como comunitarios B, con los mismos derechos que los
comunitarios. En esa fecha el Consejo Superior de Deportes acata la
sentencia de los juzgados de Vitoria y extiende el contenido de la
sentencia de estos juzgados de Vitoria a los ocho jugadores afectados
por la resolución inicial suya. Deja usted en suspenso su resolución
del 13 de octubre y lo que sí hace es recurrir las sentencias de los
juzgados de Vitoria planteando un conflicto de competencias a través
de la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional.
En ese sentido usted ha cambiado de postura dos veces, en mi opinión,
la inicial de suspender, la siguiente de reconocer y la siguiente de
recurrir. No critico esta actuación, si en el fondo lo que se
pretende es la clarificación de la situación, que a nosotros nos
parecía bien inicialmente. Yo le pregunto si la Audiencia Nacional,
una vez que usted recurre a la misma este conflicto de competencias,
le da la razón a usted y establece que las competencias para resolver
los conflictos no corresponden a la jurisdicción Laboral y sí a la
Contencioso-administrativa. Antes esa situación, ¿qué medidas ha
tomado o piensa tomar el Consejo Superior de Deportes? Evidentemente,
la resolución definitiva de este contencioso no sabemos cuándo se va
a producir, posiblemente
se produzca después del inicio de la liga de la próxima temporada,
por tanto, la pregunta que yo le hago va en ese sentido. Teniendo en
cuenta la situación procesal en que nos encontramos ¿qué va a hacer
-y con ello termino, señor presidente- el Consejo Superior de
Deportes a partir de ahora?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señoras y señores diputados, no voy a establecer la
práctica parlamentaria de contestar con monosílabos ni con frases
cortas, sino que el respeto que me merecen SS.SS. me obliga a dar una
contestación un poco más larga. A la pregunta formulada de modo
escueto por el señor Nieto se podía contestar muy brevemente, pero
creo que la importancia del tema y las horas de trabajo dedicadas a
este asunto merecen una explicación más exhaustiva, con algunas
matizaciones previas que con toda corrección y cortesía pretendo
hacer al señor Nieto para aclaración del resto de SS.SS. y de cara al
acta de la Comisión.
En primer lugar, la pregunta tiene un error en su formulación. La
Audiencia Nacional no ha dictado una sentencia, ha hecho un auto por
el que reclamaba; una sentencia sería una pronunciación de la
Audiencia Nacional sobre el fondo de la cuestión.
En segundo lugar, en el preámbulo de su exposición el señor Nieto
-posiblemente ha sido un lapsus- ha ampliado el espacio económico
europeo. Los países originarios de los jugadores que plantean la
cuestión no son del espacio económico europeo, señor Nieto. El
espacio económico europeo lo forman los quince países de la Unión más
Noruega, Islandia y Liechtenstein, si es que no se ha ampliado en
estos días, que evidentemente no se ha ampliado. Esos países de los
que son naturales estos jugadores tienen tratados de asociación con
la Unión Europea, pero no son países pertenecientes al espacio
económico europeo, que insisto queda limitado por los quince países
de la Unión, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y ahora hablaré sobre
este tema en concreto.
Cuando el 13 de octubre, como bien ha señalado S.S., el Consejo
Superior de Deportes, o yo como presidente tomo esa decisión, no es
criticada por los partidos de oposición, y así se puso de relieve en
mi comparecencia del 21 de noviembre en esta Cámara, cosa que además
agradecí. Yo informé además al portavoz del Grupo Socialista en todo
momento de la decisión que se iba a tomar, y ahora ha dicho que se
hizo bien en el fondo pero mal en la forma, porque se hizo el día
antes. Señor Nieto, se hizo cuando pude hacerlo, es decir cuando en
la mesa del Consejo Superior de Deportes obraron las correspondientes
denuncias tanto de la Federación Española de Baloncesto, que llegó un
miércoles,
como de jugadores de baloncesto, que llegó un jueves, y el partido
del Real Madrid-Fuenlabrada se jugaba un viernes por la tarde. Me vi
obligado a hacer esa suspensión cautelar la mañana del viernes,
cuando realmente pude, y eso es culpa de cómo actuó la ACB en la
tramitación de esas licencias, pero no solamente clarificar, como ha
dicho S.S., que también, sino para defender el cupo de jugadores
españoles y por supuesto al deporte y a los deportistas españoles fue
lo que me llevó a tomar esa decisión, que yo creo fue bien entendida,
y a la postre, como usted también ha reconocido, la Audiencia
Nacional me ha dado la razón.
No es que yo cambiara de postura. Cuando se produce la sentencia de
los dos juzgados de lo Social de Vitoria la tuve que acatar, me
obligaron a ello, tenía que acatar la sentencia y así lo dije en mi
resolución previa de suspensión que me atendría en todo momento a las
sentencias de los tribunales. Lo que pasa es que ahí se iba a
producir un agravio comparativo, y como la situación de los otros
seis jugadores era idéntica a la de los dos sobre los que se había
pronunciado el Juzgado de lo Social, naturalmente se extendió esa
medida a los ocho jugadores, y naturalmente como presidente del
Consejo Superior de Deportes y en defensa, insisto, de los intereses
de los deportistas españoles, en el ejercicio insisto de esa defensa,
me vi obligado a recurrir esa sentencia, como cabía dentro del Estado
de derecho, a través de los servicios jurídicos de la Administración
del Estado, ante la Audiencia Nacional, porque entendía que se estaba
llevando a cabo un proceso de ingeniería procesal para producir un
fraude en la competición de baloncesto, y de ahí la razón que se nos
ha ido dando en algunos aspectos, como ahora tendré ocasión de
explicar, por la Audiencia Nacional.
Hechas estas pequeñas matizaciones, insisto en que creo que el tema
de los comunitarios B, como tendré ocasión de explicar ahora,
gramaticalmente es inadecuado, es impropio, pues se alude a
deportistas que carecen de forma indubitada de la condición de
ciudadanos comunitarios, ni A ni B, no son ciudadanos comunitarios.
Esta materia es compleja jurídica y procesalmente por la
proliferación de procedimientos judiciales iniciados ante diversos
juzgados de lo Social por deportistas profesionales no nacionales de
la Unión Europea o del espacio económico europeo que pretenden
obtener licencia como jugadores comunitarios, así como por la diversa
naturaleza laboral o administrativa atribuida por órganos de diversos
órdenes jurisdiccionales, de lo Social y de lo Contencioso-
administrativo, a la cuestión que integra el fondo del asunto: la
expedición de licencias federativas.
Al Consejo Superior de Deportes le consta al día de hoy que
actualmente 28 deportistas mantienen vivos pleitos sobre la materia
-once jugadores de fútbol, nueve jugadores de balonmano y ocho
jugadores de baloncesto-, no habiendo recaído sentencia firme en
ninguno de los procedimientos en cuestión. Por los juzgados
centrales de lo Contencioso-administrativo números 1, 7 y 8 se
han dictado varios autos requiriendo la inhibición de diversos
juzgados de lo Social, estando pendientes de resolución por el
Tribunal Supremo ocho conflictos de competencia. Está pendiente la
admisión a trámite en otros 16 procedimientos de los correspondientes
conflictos de competencia formalizados por la representación procesal
del Estado o de la correspondiente federación deportiva española. En
dos procedimientos, en los que precisamente el Estado no ha sido
parte, los jugadores han obtenido sentencias de instancia favorables
a sus intereses, mientras que en otros dos las pretensiones de los
demandantes han sido frustradas por desestimiento del actor o por
inadmisión a trámite de la demanda.
Toda esta compleja trama procesal pone de manifiesto la necesidad -y
en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo, señor Nieto- de dotar
de mayor seguridad jurídica a los procesos de aplicación del derecho
del deporte, cosa que ya puse de manifiesto en mi comparecencia ante
esta Comisión el pasado 21 de noviembre.
Debo informar a SS.SS. que, al igual que ocurre con otros asuntos
relativos al deporte -y hemos tenido también ocasión de comprobarlo
en la formulación y respuesta a la pregunta anterior-, estamos ante
una problemática que trasciende el ámbito de lo nacional. No es ésta
una cuestión planteada únicamente ante tribunales de justicia del
Estado español, ni siquiera ante tribunales de cada uno de los
Estados miembros de la Unión Europea. De hecho, y me interesa
detenerme en este tema pues se formulará una cuestión de fondo que
fue la que dio pie a la resolución que en su día hube de tomar el 13
de octubre, un tribunal alemán ha planteado cuestión prejudicial
sobre la materia que nos ocupa al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. En este sentido puedo avanzar a SS.SS. que es
muy probable que sea la Corte de Luxemburgo la que resuelva
definitivamente el fondo de la cuestión cuando tenga que pronunciarse
sobre el asunto C 438/00, que enfrenta a don Maros Corpac, jugador
eslovaco de balonmano, con la Federación Alemana de Balonmano.
Saco a colación este tema porque el Reino de España ha comparecido en
el citado procedimiento formulando observaciones en el sentido de no
considerar violentado el artículo 39 del Tratado de la Comunidad
Europea que reconoce la libre circulación de trabajadores, por la
persistencia de normas federativas que limitan la participación en
competiciones oficiales del número de jugadores extranjeros no
nacionales de países del espacio económico europeo. Tengo en mi poder
el escrito que la Abogacía del Estado ha presentado ante la Corte de
Luxemburgo, y me interesa resaltar tres puntos fundamentales que
también estuvieron presentes, pues yo recabé del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Abogacía del Estado la correspondiente
documentación para dictar la resolución, y básicamente
por resumir y no extenderme en la lectura íntegra del texto
presentado ante la Corte de Luxemburgo por el agente del Reino de
España quiero recalcar lo siguiente.
Cuando el nacional de un país tercero, es decir no miembro de la
Unión Europea ni del espacio económico europeo, ha entrado en un
Estado miembro y se ha integrado legalmente en su mercado laboral,
podrá alegar el principio de no discriminación por razón de la
nacionalidad, siempre que concurran los siguientes tres requisitos,
que tienen carácter acumulativo. Uno, que exista un acuerdo de
asociación entre la Comunidad y el país de origen del trabajador.
Efectivamente, en los casos que se plantearon en España existía tal
acuerdo y en el caso que nos ocupa y al que estoy haciendo referencia
de Alemania, también. Dos, que el acuerdo de asociación contenga una
cláusula de no discriminación por razón de la nacionalidad en materia
laboral. Y, tres, que esta cláusula imponga una obligación clara,
precisa e incondicional. En el caso que nos ocupa, y que es
trasladable a los que ocurren en España, el señor Corpac es nacional
de un país tercero, Eslovaquia, con el que la Comunidad ha celebrado
un acuerdo de asociación. Dicho acuerdo contiene una cláusula de no
discriminación en materia laboral en su artículo 38, pero que no
impone una obligación clara, precisa e incondicional, y dice el
agente del Reino de España, en este caso la abogada del Estado del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que no se cumple, como no se cumple
tampoco en los casos de España, uno de los tres requisitos enumerados
anteriormente, como es que la cláusula de no discriminación contenida
en el acuerdo de asociación imponga una obligación clara, precisa e
incondicional. Los Estados miembros del espacio económico europeo
pueden establecer en su legislación interna las condiciones y las
modalidades que estimen pertinentes para aplicar este principio a los
trabajadores, eslovacos en este caso.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo porque ha
consumido ya su tiempo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Dos minutos y finalizo.
En consecuencia, las autoridades deportivas de los países miembros de
la Unión pueden establecer normas en virtud de las cuales los clubes
sólo pueden utilizar en los partidos de competiciones nacionales un
número limitado de jugadores procedentes de Estados terceros no
pertenecientes a la Comunidad.
Para terminar, diré que, mientras se resuelven definitivamente estas
cuestiones por los órganos jurisdiccionales competentes, el Gobierno
va a seguir velando por el mantenimiento y cumplimiento de la
normativa vigente que ordena y regula las competiciones deportivas,
todo ello sin perjuicio del estricto cumplimiento, como he
dicho antes, de las resoluciones judiciales firmes que se dicten, así
como de las modificaciones de las correspondientes reglamentaciones
deportivas. Por ello, me ratifico en que los jugadores nacionales de
países no integrados dentro del espacio económico europeo, entre
ellos los mal llamados comunitarios B, seguirán siendo considerados
jugadores extranjeros no comunitarios y, en tanto no se produzcan
estas circunstancias modificativas, seguirán vigentes las actuales
normas federativas que ampara el Consejo Superior de Deportes, que
determinan el tipo de licencias a expedir en razón de la nacionalidad
de los jugadores.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Desde el punto de vista judicial, no hay
nada que objetar y, además, nos parece que debe clarificarse esta
situación. Es bueno para el deporte español y para el deporte
comunitario en su conjunto que se clarifique la situación, los
derechos que tienen los denominados comunitarios B, tanto en España
como en el resto de los países de la Unión Europea. A nosotros nos
interesa, al menos, clarificarlo aquí, aunque entiendo que por parte
del Gobierno también debía tomarse alguna iniciativa en las reuniones
de ministros de Deportes que se celebran en la Unión Europea para
tratar de que exista una norma de ámbito general de cara al futuro.
Pero si desde el punto de vista judicial hay que esperar la sentencia
de la Audiencia Nacional en este sentido, desde el punto de vista
deportivo, y por ahí iba mi pregunta, creo que el Consejo Superior de
Deportes sí tiene cosas que hacer y, señor secretario de Estado,
tiene que hacerlas usted antes de que estalle o esté a punto de
estallar el conflicto. Cuando digo que desde el punto de vista
deportivo tiene algo que hacer me estoy refiriendo al comienzo de la
próxima temporada, que está a la vuelta de la esquina. Está
terminando la actual -quedan unos meses-, pero la sentencia judicial
no se va a dictar en ese período de tiempo y habrá que tener una
previsión de futuro desde el punto de vista deportivo. Yo le pido -y
pensé que me iba a contestar en ese sentido- que empiece a ejercer
ese papel que no quiere ejercer desde que está en el cargo: el de
tomar iniciativas de mediación. Aquí tiene que tomar una iniciativa
clara. El Grupo Socialista le propone que se convierta usted en
mediador ante la ACB, la Federación de Baloncesto y la Asociación de
Jugadores para planificar el inicio de la próxima temporada en
relación con este asunto y que no haya ningún conflicto y no tenga
usted que tirar de decreto unas horas antes de comenzar la liga. Le
hago esta propuesta, que creo que es razonable, que es una propuesta
para ayudarle en su gestión y que, de llevarla a cabo, evitaría un
posible conflicto al inicio de temporada. Creo que la mediación suya
tiene que ir por que estos tresestamentos del mundo del baloncesto,
que están interesados
en que comience con normalidad la liga la próxima temporada, lleguen
a un acuerdo en tanto no exista una sentencia judicial firme en esta
materia. Pensaba que me iba a contestar en ese sentido, lamento no
haberlo oído, pero le hago la propuesta para que, si lo tiene a bien,
la tome en consideración y la ponga en práctica. Creo que eso
redundará en beneficio del baloncesto español.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor Nieto, podía haber comenzado haciéndome la
propuesta y la hubiese tomado en consideración. Yo he contestado a
una pregunta sobre un fondo en el que usted se ha extendido
suficientemente y, aunque no ha criticado el fondo de las decisiones
tomadas por el Consejo, sí parecía que había criticado alguna de las
formas. Naturalmente, he dado una explicación exhaustiva, que, como
no ha sido rebatida, parece que a S.S. le ha convencido.
No dude S.S. de que estamos en conversaciones con la Federación
Española de Baloncesto, con la ACB y con la propia Asociación de
Jugadores para que la ACB resuelva este tema de un modo amistoso.
Además, les corresponde a ellos el resolverlo, como he dicho en mi
contestación a la pregunta anterior. En tanto esto ocurre, el Consejo
Superior de Deportes, en cuanto organismo de la Administración del
Estado, tiene que esperar a que se resuelva esta cuestión de
competencias en el Tribunal Supremo y se pronuncie sobre el fondo de
la cuestión. Es muy importante el sentido en el que pueda
pronunciarse el Tribunal Supremo a la hora de decidir cuál será el
futuro de estos jugadores. En todo caso, tengo que referirme a mi
anterior exposición y decir que la cuestión planteada en la Corte de
Luxemburgo sobre el jugador eslovaco de balonmano que juega en la
liga alemana posiblemente sea la que marque doctrina, igual que la
marcó el tema Bosman sobre el asunto de los comunitarios B. Esta es
la impresión que tengo a día de hoy como secretario de Estado para el
Deporte en relación a estos jugadores.
En relación a las competiciones nacionales, he de decirle que el tema
se ha planteado exclusivamente de modo conflictivo en la Liga ACB por
una razón que yo espero que se corrija en el futuro: porque la Real
Federación Española de Baloncesto delegó la obtención de licencias en
la ACB. No ha sido así en las otras federaciones, como las de fútbol
y balonmano, donde también hay casos planteados, porque quien da las
licencias es la correspondiente federación española. En todo caso,
también me interesa informar a SS.SS. que, en relación con este
conflicto, se pidió un dictamen al Consejo de Estado y,
efectivamente, se nos dijo que el Consejo Superior de Deportes no
debía entrar a revisar
de oficio las correspondientes licencias deportivas y que son las
federaciones las que tienen que darlas, sin poder ceder la obtención
de las mismas a las ligas profesionales correspondientes a esa
federación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ LASECA, (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LA VALORACIÓN POR EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE DE LA
DENEGACIÓN DE AYUDAS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO A
DEPORTISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO. (Número de expediente 181/
000615.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, la
pregunta que formula don José María Martínez Laseca, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señor secretario de Estado para el Deporte,
al hacerse pública la lista de becados por parte de la Federación
Española de Atletismo, el pasado 14 de febrero, se produjo una cierta
polémica. Deportistas como Isaac Viciosa, Reyes Estévez y Fermín
Cacho, glorias sin duda del atletismo español, iniciaban el año 2001
sin la concesión de ningún tipo de ayudas, mientras que el fondista
Abel Antón, actual campeón del mundo de maratón, renunciaba a la que
se le asignaba de 700.000 pesetas anuales, que está considerada como
de quinta categoría.
En este orden de cosas, curiosamente la fundación del Numancia
ofreció de inmediato a Fermín Cacho y a Abel Antón dos becas de tres
millones en compensación por la que les negaba la Federación. Abel
Antón dijo que agradecía el gesto y que no lo aceptaba alegando que
nuestro problema con la Federación es de confianza y de trato. Por
otro lado, el maratoniano negó haber mantenido ningún tipo de
contacto con la Real Federación Española de Atletismo. Parece que
sigue muda -dijo- tras esta polémica por los criterios para la
entrega de las becas. De aquí la pregunta que le formulo: ¿Cómo
valora el señor secretario de Estado para el Deporte la denegación de
ayudas por parte de la Real Federación Española de Atletismo a
deportistas de tan reconocido prestigio como Reyes Estévez, Abel
Antón y Fermín Cacho?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado
para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor presidente, procuraré ser más breve en esta
explicación.
El señor diputado interpreta esto como una denegación de ayudas pero
en este momento no me consta que dichos atletas las hubiesen
solicitado, por lo que no habría denegación. Lo que ocurre en el caso
de estos atletas por los que S.S. muestra interés es simplemente que
no han conseguido los resultados deportivos que les daban derecho a
la percepción de alguna de las ayudas que establece la normativa de
esta Real Federación. Ante el incumplimiento de este requisito, el
Consejo Superior de Deportes no tiene ninguna valoración que hacer
porque estamos precisamente para que se cumpla la normativa, que es
lo que ha hecho la Real Federación Española de Atletismo a través de
su presidnte. Me gustaría darle algunas explicaciones por si S.S.
tiene interés por el tema a fin de que tenga total conocimiento de lo
que acabo de decir.
Es conveniente hacer referencia al proyecto deportivo que la Real
Federación Española de Atletismo mantiene desde 1980 respecto al plan
establecido de ayudas económicas, perfectamente definido, con
criterios objetivos y con el paso de los años ya consolidado. En
enero del año 2000, la Real Federación Española de Atletismo hizo
público, a través de la circular 15/2000, el sistema de ayudas a
atletas para el año 2000, donde se estructuraban los diferentes
niveles de becas, cuantías, criterios, requisitos, etcétera para la
concesión de becas y otros estímulos económicos. Este programa de
ayudas es complementario al establecido por el plan ADO y está basado
en los criterios de actuación que a continuación describo. Haré
hincapié sobre los dos primeros aunque no me voy a extender para
limitarme al tiempo que tengo para contestar. Uno es la igualdad de
oportunidades para todos los atletas; creo que en esto vamos a estar
todos de acuerdo. Todos los atletas, al margen de su palmarés
deportivo son iguales ante la norma que la Federación determine para
poder acudir a alguna de las ayudas o becas que ofrece. El segundo es
el acceso a las becas mediante criterios objetivos; eso me parece
absolutamente determinante y creo que también vamos a estar
totalmente de acuerdo. Es decir, la igualdad de oportunidades para
todos los atletas y el acceso a las becas mediante criterios
objetivos porque de lo contrario, dado que algunos de estos atletas
de alto nivel disponen de sus propios entrenadores, los informes que
pueden llegar a la Federación podrían ser de interés de parte. Y el
tercer criterio es divulgación y transparencia del sistema de becas
mediante circulares dirigidas a las federaciones territoriales de
atletismo en el ámbito autonómico, a los entrenadores y a los propios
atletas.
La estructura del sistema de concesión de becas establecido por la
Real Federación Española de Atletismo y el plan ADO para el año 2000
se organizaba en los niveles que voy a citar, pero dado que nos
estamos refiriendo al ámbito de la Federación dejaremos al margen el
plan ADO. Se trata de la beca olímpica especial, dotada con 3.250.000
pesetas; la beca olímpica A,
2.800.000 pesetas; la beca olímpica B, 2.300.000 pesetas; la beca
internacional, 1.200.000 pesetas; la beca nacional, 650.000 pesetas;
la beca promesa, dotada con 450.000, y la beca junior, de 120.000
pesetas. La duración aproximada de las ayudas de la Federación oscila
entre año y año y medio, dependiendo de cuando se consiga el
resultado deportivo que da derecho a la obtención de la beca. En el
presupuesto ordinario del año 2000, aprobado por el Consejo Superior
de Deportes, la Real Federación Española de Atletismo incluyó
partidas destinadas a becas por valor de 307.053.000 pesetas. Las
vías de financiación de esta cantidad procedían de los fondos de la
Federación (182 millones) y del plan ADO (124,5 millones).
Los atletas Abel Antón, Reyes Estévez y Fermín Cacho, por los
resultados deportivos conseguidos en 1999, cumplían criterios para
estar dentro del plan ADO en los niveles A-1 y A-2, percibiendo
durante el año 2000 las cantidades correspondientes a estos niveles
del citado plan: 5.250.000 pesetas en el caso de Abel Antón
y 4.750.000 en los casos de Reyes Estévez y Fermín Cacho. Los
resultados deportivos conseguidos por estos atletas en el año 2000
estuvieron por debajo de los criterios y baremos marcados por la Real
Federación Española de Atletismo y plan ADO para recibir una beca
cara al año 2001; en consecuencia no podían tener acceso a esas
ayudas porque pese al impecable palmarés deportivo de estos atletas
hubiese supuesto un agravio comparativo con el resto de los atletas
que sí han cumplido los requisitos, y en esto, señoría, creo que
estará usted de acuerdo conmigo. No obstante, y en escrito de la Real
Federación Española de Atletismo dirigido a los atletas Abel Antón,
Reyes Estévez, y Fermín Cacho se les comunicó que si durante el año
en curso conseguían un resultado que diera opción a alguna de las
becas establecidas, es decir, la olímpica especial, olímpica A y
olímpica B, se les abonaría con carácter retroactivo la totalidad de
la beca desde el 1 de enero. En este aspecto, por ejemplo, el atleta
Reyes Estévez, con la medalla de plata y la marca conseguida en el
recientemente celebrado Campeonato del Mundo de pista cubierta en
Lisboa ya ha conseguido la totalidad de la beca máxima que establece
la Real Federación para el año 2001.
La Real Federación Española de Atletismo ha incluido en el proyecto
de su presupuesto para el ejercicio 2001 la cantidad de 315 millones
para becas, ayudas médicas y de estudios, y los criterios para la
concesión de las mismas han quedado establecidos en la circular 9/
2001 de esta Federación, relacionándose en la primera lista de
becados en los diferentes niveles nada menos que 247 atletas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señor secretario de Estado, algo vale que
me haya hecho una anotación al final, porque deberíamos comprobar si
realmente llevamos ajustados los relojes ya que usted lo llevaba con
un retraso ni más ni menos que de un año: estaba hablando de la
concesión de ayudas en el año 2000 y yo me estoy refiriendo a las del
2001. Efectivamente, esa circular que ha señalado al final, la número
9/2001, se dirige a las federaciones autonómicas, a los atletas
becados y a los entrenadores de estos deportistas. Pero en este
sistema de ayudas para los atletas para el año 2001 hay un punto 7.º
que fijas las situaciones de excepcionalidad. Dice concretamente:
Esta Real Federación Española de Atletismo se reserva el derecho de
conceder beca a atletas en función del rendimiento que hayan obtenido
en los equipos nacionales o que debido a sus circunstancias
personales y técnicas se considere oportuno. Creo que sí se podría
haber aplicado algún tipo de excepcionalidad a estos atletas, y tengo
que hacerle una acotación en este sentido diciendo que estoy de
acuerdo con la igualdad de las oportunidades, pero eso de que todos
los atletas son iguales no lo entiendo así porque son de alta
competición y no es lo mismo un campeón olímpico que un campeón del
mundo, una medalla de oro que una de plata o una de bronce;
precisamente la competición es la que pone a muchos de estos atletas
en su sitio. Quizás cuando hablo de aspectos de excepcionalidad me
estoy refiriendo a que también hay que considerar trayectorias, no
solamente unos momentos, porque podemos decir que estos atletas a los
que estoy haciendo referencia llevan efectivamente una trayectoria de
muchos años, han atravesado un bache en 2000 -eso es incuestionable-
tienen un nivel deportivo más que demostrado y por las declaraciones
de estos atletas observamos, como decía aquella canción de Serrat,
que parece que hay algo muy personal entre el presidente de la Real
Federación Española de Atletismo y ellos. Sin duda, una clara falta
de confianza y de trato, que parece recíproca.
El artículo 33 de la Ley 10/1990 del deporte -ya se ha aludido aquí
en preguntas que se han formulado con antelación- plantea esa
relación: las federaciones deportivas españolas tienen una autonomía
indudable, pero quedan bajo la coordinación y la tutela del Gobierno
a través del Consejo Superior del Deporte, que es quien tiene que
ejercer un cierto control en esas subvenciones que se asignan a las
asociaciones, a las entidades deportivas, etcétera. Por eso usted
tiene que ver en el asunto, y tiene que ver el Ministerio de
Educación, de Cultura y Deporte. Voy a abundar de forma sintética en
dos aspectos, uno que entiendo que es de forma y otro que es de
fondo, para llegar a una conclusión final.
En primer lugar, entiendo que los modos o maneras que hemos observado
en este proceso no son los adecuados, ya que ante esas protestas
lógicas de los atletas afectados, desde la Federación Española de
Atletismo
se reacciona con afirmaciones de este tenor: No son fondos de
pensiones ni fondos vitalicios, como si se tratara de jubilaciones
anticipadas. O de forma más contundente y despectiva todavía
aplicando criterios empresariales al decir: No conozco a ninguna
empresa que te pague por no hacer nada. Yo entiendo que eso lo que
demuestra es una gran falta de tacto y de sentido pedagógico que debe
de tener el deporte, máxime cuando hay precedentes de atletas
lesionados en alguna temporada a los que no se les ha retirado ni ese
apoyo ni esa confianza. Por ejemplo, un dolido Abel Antón declaraba
respecto a las formas empleadas: Se nos informó hace un mes por
escrito de las becas. Todavía no me ha llamado nadie para preguntarme
por mi lesión, tras los Juegos Olímpicos de Sidney.
En segundo lugar, de fondo, porque esa participación en los Juegos
Olímpicos de Sidney 2000 supuso una gran decepción en los resultados
para el deporte español frente a lo que se había conseguido en
Barcelona 92, y precisamente da que pensar que se ha tocado un cierto
fondo en algunos aspectos, como el que haya que revisar este modelo
de ayudas y de estímulo al deporte. Lo que se ha venido aplicando
hasta ahora creemos que ha funcionado en otro momento, pero a tenor
de los nuevos tiempos quizás haya que aplicar una nueva dinámica.
Hay ironías del destino, como el carácter retroactivo que usted ha
señalado. Yo creo que lo aplica el destino con esas ironías. Mientras
estaba sucediendo...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Voy acabando rápidamente. Voy a ser más
breve que en ocasiones anteriores, señor presidente.
Como estoy diciendo, mientras esto sucede uno de los atleta
afectados, Fermín Cacho, es reconocido el mejor aleta español del
siglo XX. Al mismo tiempo, en esta fase -y lo ha recordado usted-
Reyes Estévez, excluido de la Olimpiada de Sidney, consigue la
medalla de plata para España en los Mundiales de pista cubierta en
Lisboa. Insisto en que estamos hablando del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y que un objetivo educativo consiste precisamente
en dotar a los jóvenes de una educación integral, a través de actos
y manifestaciones culturales y físico-deportivas que cubran sus
necesidades, apetencias y desarrollo de actitudes. De aquí que
debamos emplear el deporte como actividad formativa en actitudes y
comportamientos, por ser portador de valores positivos en la sociedad
actual, como son la nobleza, la superación, la solidaridad y la
cooperación. Por eso nosotros entendemos que el deporte como
espectáculo de alta competición precisa ser transformado por la
participación activa de todos los ciudadanos, canalizando además una
verdadera promoción físico-deportiva que podría
dar lugar en última instancia a un deporte de élite y de alta
competición.
Convendrá conmigo, señor secretario de Estado, que el impacto de las
tan emocionantes como celebradas imágenes del triunfo de Fermín Cacho
en los 1.500 en la Olimpiada de Barcelona 92 o de Abel Antón ganando
el Mundial del marathon en 1999 en Sevilla me ahorran palabras para
encontrar lecciones o ejemplos a seguir en este sentido de promoción
y de estímulo para el fomento del deporte en las generaciones nuevas,
en esa búsqueda definitiva de patrones en los que apuntalar el modelo
personal de muchos jóvenes que pueden recoger el testigo. Y es -y con
esto concluyo- que no somos para un día ni los buenos atletas
aparecen como las setas, de la noche a la mañana, porque esto hay que
abordarlo desde la base, generando el cultivo de nuevas promociones
desde el escalón escolar.
Transmítaselo, señor secretario de Estado, a la señora ministra de
Educación, Cultura y también de Deporte para que se tome algo más de
interés en resolver el asunto que hoy nos ocupa, porque nos preocupa
este tan grande desafecto para con estos atletas de tan reconocido
prestigio, como lo siguen siendo Reyes Estévez, Abel Antón y Fermín
Cacho, que todavía, que yo sepa, no se han jubilado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Referente a la última parte de la intervención de S.S.,
comparto el espíritu deportivo que anima la misma y los grandes
valores que encierra el deporte para ser transmitido sobre todo a las
generaciones más jóvenes; lo suscribo, como no puede ser de otra
forma, al cien por cien, pero eso nada tiene que ver con lo que aquí
nos ocupa. Estamos examinando la falta de requisitos por tres atletas
que usted ha citado para acceder a un tipo de ayudas. Naturalmente,
la circular de la Federación Española de Atletismo del 2000 es la que
fija los criterios para el 2000 y la del 2001 para este año. En
consecuencia, no estoy hablando desfasadamente, sino ateniéndome a
las marcas que se les exigía para acceder a las correspondientes
ayudas.
Usted ha citado la excepcionalidad. Está claro que el secretario de
Estado para el Deporte no va a corregir nunca a un presidente de
federación por lo que es la interpretación de un criterio técnico
dentro de su propia federación. El secretario de Estado para el
Deporte podrá corregir a un presidente de federación si ha habido una
vulneración de la norma y si cualquiera de estos atletas hubiese
cumplido los requisitos establecidos en la circular para poder
recibir una ayuda. Evidentemente, no va a corregir nunca a alguien
que hace una interpretación técnica, pues ellos son los expertos.
Usted mismo lo ha dicho en su intervención: la excepcionalidad
viene por una excepción evidentemente grave, como puede ser una
lesión o alguna otra circunstancia, cosa que la Federación Española
de Atletismo ha entendido que no se deba en estos casos. Nadie niega
-desde luego yo el primero- el excelente palmarés deportivo de estos
tres atletas, pero lo que sí es cierto -y usted no lo ha podido
rebatir- es que las marcas mínimas para la obtención de esas ayudas
no las han cumplido. En consecuencia, creo que el presidente de la
Federación Española de Atletismo ha actuado correctamente conforme a
la normativa vigente, porque lo contrario hubiese supuesto un agravio
comparativo para el resto de los atletas. Sí ha dejado una puerta
abierta para la obtención de esas ayudas con efecto retroactivo, como
ha sido en el caso del atleta Reyes Estévez.
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA, (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE PREVISIONES PARA DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS CICLISTAS
COMUNICADAS EL 24 DE FEBRERO DE 2001, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.
(Número de expediente 181/000654.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta, que formula doña
María Amparo Valcarce, del Grupo Parlamentario Socialista y que tiene
la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, en España un
millón de personas practica el ciclismo. Esto nos da una idea de la
importancia que tiene este deporte y esta actividad en nuestro país.
También me atrevería a decir que nos da una idea de la pasión por el
ciclismo que hay en España. Pero hay otro dato que es muy
preocupante: cada tres días muere un ciclista en la carretera. Esto
nos lleva a concluir que en España el ciclismo se ha convertido en un
deporte de altísimo riesgo. Esta situación ha creado una enorme
alarma social el pasado mes de febrero cuando dos ciclistas como son
los hermanos Ricardo y Javier Ochoa fueron atropellados por un coche.
Esto desató una verdadera alarma social, de tal manera que el 24 de
febrero 10.000 ciclistas, convocados por la Unión de Ciclistas, pero
también por la Federación Española de Ciclismo, se manifestaron en
Madrid pidiendo un ciclismo seguro y sin riesgo. Además, hicieron
llegar esta petición al presidente del Gobierno de España, al señor
Aznar. Esa carta fue recibida por usted como presidente del Consejo
Superior de Deportes.
Por eso mi grupo parlamentario le pregunta qué va a hacer el Gobierno
de España, qué va a hacer el Consejo Superior de Deportes a favor del
ciclismo y sobre todo en materia de seguridad vial para que el
ciclismo en nuestro país no sea un deporte de riesgo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ELDEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Me pide el
señor presidente extremada brevedad, por lo que voy a ser
extremadamente breve, señora Valcarce.
Le agradezco muchísimo no sólo el tono sino la preocupación que ha
expuesto, que puedo asegurar a S.S. que la comparto al cien por cien,
sobre el problema que afecta a un gran colectivo de españoles que
practican el ciclismo. Además creo que se ha expresado muy bien
cuando ha preguntado qué va a hacer el Gobierno. Entiendo -y
coincidirá conmigo S.S.- que el Consejo Superior de Deportes va a
apoyar cualquier iniciativa que el colectivo de ciclistas
profesionales, que son los que entran dentro del ámbito de la
competencia del Consejo Superior de Deportes, lleve a cabo.
Efectivamente, coincido con S.S. en que el accidente lamentable,
desgraciadísimo, fatal, de los hermanos Ochoa ha provocado alarma
social. Estoy totalmente de acuerdo con S.S. y aunque también
coincido en el dato de que cada tres días, según las estadísticas,
fallece una persona que circula en bicicleta por las carreteras de
España, es evidente que este aldabonazo del accidente que afectó a
estos dos ciclistas profesionales causó una sacudida de conciencia.
Ya existía una comisión interministerial sobre seguridad vial. En
aquellos días me reuní con diversos colectivos de ciclistas y
coincidimos en una cosa que me parece importante. Desde el Gobierno
el problema no puede ser abordado exclusivamente para solucionar un
tema que afecte al colectivo de ciclistas profesionales, porque la
circulación por carretera de todos los ciclistas es algo que va más
allá del deporte profesional. Hay que abordar el problema en su
totalidad. Y coincidirá S.S. en que se está abordando aquí, en el
Congreso de los Diputados, a través de las discusiones sobre la ley
de seguridad vial, que está en fase de tramitación en este Congreso
de los Diputados, y que ninguna de las cinco medidas que se pedían en
el escrito que tuve el honor de recepcionar por deferencia al
colectivo de profesionales que se manifestó aquel día en Madrid -hubo
otros que lo hicieron en otros lugares de España-, afecta a las
competencias directas del Consejo Superior de Deportes.
Sin embargo, en las reuniones mantenidas con el colectivo de
profesionales, a las que asistió también el director general de
Tráfico, se consiguió un compromiso formal, reconocido implícitamente
en el escrito que se presentó en el Palacio de La Moncloa y en la
carta dirigida al presidente del Gobierno, dado que en este momento
se aprecia una mayor sensibilidad en las autoridades administrativas,
para, a través del Reglamento, recoger algunas de las peticiones
referentes en este caso -entiéndame bien- al colectivo de ciclistas
profesionales, en aras a atender que algunas de estas demandas se
vean recogidas en el reglamento de seguridad vial que se discute en
la Comisión de Interior de esta Cámara.
En consecuencia, la buena disposición del Consejo Superior de
Deportes, como he puesto de manifiesto en
diferentes reuniones con estos diversos colectivos, es absoluta.
Hemos mantenido reuniones con autoridades del Ministerio del
Interior, y estamos pendientes de mantenerlas con el Ministerio de
Fomento, para tratar de apoyar las medidas que el colectivo de
ciclistas profesionales pretende, al margen de las más generales o
genéricas que son las que deben ser contempladas en la ley de
seguridad vial y que afectan a un colectivo muchísimo mayor que el
meramente profesional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA Señor secretario de Estado, comprenderá que
a mi grupo parlamentario le parezca absolutamente insuficiente no
sólo su respuesta sino, incluso, lo que el Gobierno -además de
aquello de lo que es usted responsable, el Consejo Superior de
Deportes- ha venido haciendo hasta este momento. De su respuesta
deduzco que se ha limitado a ser el correo de Aznar, o el correo del
zar o lo que a le parezca más oportuno. Pero es que el asunto tiene
suficiente calado y gravedad, como usted ha reconocido, como para
haber tomado ya algunas medidas.
Mi grupo parlamentario coincide con usted en que esto debe ser un
asunto de Gobierno y por eso, con muy buen criterio, los ciclistas
españoles se dirigieron al presidente del Gobierno. Lamentablemente
el presidente del Gobierno no ha tenido a bien poner en marcha
ninguna medida ni dar ninguna respuesta, lo que desde luego es muy
lamentablemente. Porque en este punto el presidente del Gobierno
tenía que haber impulsado -como usted ha apuntado hoy aquí- una
comisión interministerial que diera respuesta a algo tan grave como
es que un español o una española muera cada tres días arrollados por
un coche mientras prácticas el ciclismo. Esto tiene suficiente
gravedad como para tomar medidas sin esperar a reuniones para ver lo
que se decide en un sitio o en otro. Por tanto, estamos
verdaderamente alarmados con la pasividad con que en este momento
está contemplando las cosas el Gobierno. Contemplando o mirando hacia
otro lado, y eso es muy serio y muy grave.
En cualquier caso, puesto que lo que nosotros queremos es cooperar a
que se resuelva un asunto tan importante como éste, queremos señalar
aquí cuál es nuestra alternativa, que pasa por una comisión
interministerial que dé respuesta a este grave problema. Pero al
menos hay que tomar una serie de decisiones y esas decisiones pasan,
en primer lugar, por una campaña de información y de formación,
porque éste es un asunto que nos compete a todos, a los conductores y
a los ciclistas, y tiene mucho que ver con la formación de nuestros
niños y de nuestros jóvenes. Por tanto, en primer lugar, información
y formación, y eso le compete a usted, porque a lo puede hacer a
través del Consejo Superior de Deportes, sí puede hacerlo.
Es absolutamente imprescindible que se definan carriles bici urbanos,
interurbanos y vías verdes. Y es verdad que no toda la competencia es
suya, pero usted puede colaborar con ayuntamientos y comunidades
autónomas en impulsar las vías verdes para la práctica del
cicloturismo. Además nos preocupa encontrarnos con que importantes
vías de comunicación españolas no tiene arcenes. Los arcenes están
indebidamente limpios y las señalizaciones son muy deficientes. Por
tanto, arcenes con un mantenimiento integral y una señalización
adecuada pueden ser, señor secretario de Estado, una petición que
haga usted en esa comisión interministerial, que es por donde he
empezado.También nos parece absolutamente importante que las
bicicletas lleven un sistema reflectante homologado
reglamentariamente, y que cuando sea necesario, porque así lo marca
el Código de la Circulación, llevar la señalización lumínica, además,
el ciclista utilice una prenda reflectante, también homologada
reglamentariamente. Esto lo puede impulsar perfectamente desde su
Secretaría de Estado, aunque sean otros quienes lo tengan que
aplicar. En cualquier caso, ¿por qué no impulsa usted los estudios
necesarios para que también en nuestro país se vaya avanzando en lo
que se llama el sistema de conducción acompañada?
Se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo lo que hay que tener es
interés por resolver los problemas, y ese interés -y vuelvo al
primero de los aspectos que proponemos como medidas indispensables,
urgentes y que hay que tomar desde ya- es la información, y usted no
ha puesto en marcha campaña alguna de información al respecto, que es
por donde debe comenzar.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Me tengo que ratificar en mi anterior intervención.
Señora Valcarce, usted me ha oído ya en diferentes ocasiones en esta
Comisión y le recuerdo que soy escrupuloso con las competencias de
los demás. Esas campañas a las que usted hace referencia en ningún
caso entran, ni siquiera de modo tangencial, en las competencias del
Consejo Superior de Deportes. Me he ofrecido a que cuando se discutan
las normas de seguridad vial, y sobre todo el reglamento, trataré de
impulsar, en ese momento, las demandas que a mí, como presidente del
Consejo Superior de Deportes me han llegado desde el colectivo de
deportistas profesionales, en este caso de ciclistas profesionales,
que son los que entran de lleno en el ámbito de competencias del
Consejo Superior de Deportes. Ni el cicloturismo, ni los arcenes, ni
los sistemas reflectantes, ni las placas reflectantes que deben
llevar las bicicletas son competencia del Consejo Superior de
Deportes, ni los técnicos del Consejo Superior de Deportes tienen
necesidad de saber sobre ello. Existe
en esta Cámara la comisión correspondiente y ayer el propio
ministro del Interior informó sobre medidas de seguridad vial, no
sólo para ciclistas sino también para el colectivo de automovilistas,
que pueden ayudar a paliar el problema.
En el momento procesal en el que sea pertinente la intervención del
Consejo Superior de Deportes para velar por una parte de ese
colectivo total de ciclistas, que son los ciclistas profesionales,
impulsaré el coche de ayuda o la posibilidad de que algunos
entrenamientos circulen en paralelo, previamente señalizados,
insisto, por coches de apoyo. En ese momento, será cuando el Consejo
Superior de Deportes apoye esas iniciativas para que sean incluidas
en el reglamento de seguridad vial, en tanto en cuanto también
esperamos que en estas Cortes Generales, conforme solicitaron los
ciclistas, se cree ese comité que vele por la reforma de las leyes
que conciernen al uso de las bicicletas y que era una de las
peticiones que formularon en su escrito al señor presidente de
Gobierno. Y que tuve el honor de recoger, insisto, por deferencia al
colectivo de profesionales que se manifestó aquel día. Posiblemente,
si no hubiese habido ningún alto cargo del Gobierno recogiendo ese
escrito dirigido al presidente del Gobierno también se hubiese
criticado. Me siento absolutamente orgulloso de haber recibido a ese
colectivo, departí con ellos más de treinta minutos e hice llegar al
señor presidente del Gobierno el escrito que se me presentó, pues a
él iba dirigido. Si eso es ser correo del señor Aznar, me siento muy
orgulloso.
Respecto al correo del zar, me parece que de zares sabe usted más que
yo.
El señor PRESIDENTE: Conforme al artículo 68 del Reglamento, quiero
proponer a la Comisión la modificación o la alteración del orden del
día en el siguiente sentido: la portavoz de Izquierda Unida que era
la proponente de la comparecencia que figura con el número 5 en el
orden del día, está en otra Comisión. Me ha pedido si se podía
alterar el mismo, ya que ella estará en media hora en esta Comisión.
Entiendo que hay causa razonable para esta pequeña modificación y
someto a la consideración de la Comisión, si están de acuerdo, que
tratemos el punto 6 antes que el 5. (Asentimiento.)
Así se acuerda.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (GÓMEZ-ANGULO
RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR SOBRE:
- EL ESTADO ACTUAL DEL PLAN ADO (ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000331.)
El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos al punto 6 del orden del día,
que es el informe sobre el estado actual del Plan ADO que presenta el
Grupo Socialista.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor presidente, tengo que atenerme lógicamente a las
normas de funcionamiento de esta Comisión, pues estoy aquí
exclusivamente como autoridad compareciente. Sin embargo, tengo que
manifestar que me causa un cierto trastorno en mi exposición por
tenerla preparada de otro modo distinto. Deseo hacer ver que la
comparecencia con relación a las actuaciones del Comité Paralímpico
englobaba no solamente la solicitud de una comparecencia, sino una
pregunta que había formulado una señora diputada socialista. Se da la
circunstancia de que el portavoz que pidió en este caso mi
comparecencia en el tema de ADO no está. No tengo ningún
inconveniente en alterar el orden pero...(La señora Valcarce García:
¿Cómo que no esta, si es el Grupo Socialista?)
El señor PRESIDENTE: El peticionario de la comparecencia es el grupo
y hay portavoces que están presentes.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Bien, creía que estaba formulada por el señor Nieto.
No tengo ningún inconveniente en alterarlo.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que conforme a lo acordado por la
Comisión, proceda a efectuar la comparecencia del Plan ADO.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Comparezco en este caso para informar sobre el estado
actual del plan ADO 2004. El plan ADO desde su creación en 1988 ha
constituido un instrumento para el desarrollo del deporte de alta
competición y un medio que ha demostrado su eficacia en la
preparación del equipo olímpico español participante en los sucesivos
Juegos Olímpicos. Al mismo tiempo, ha constituido un claro paradigma
de lo que puede ser la armonización y cooperación del sector público
y privado para atraer fondos cuyo destino sea la financiación del
sostenimiento y desarrollo de los programas de preparación
técnicosdeportivos del deporte de alto nivel.
Después de 12 años, que significa el transcurso de los tres ciclos
olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sidney 2000 y de los
resultados obtenidos por el equipo olímpico español en los pasados
Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y tras un largo debate público y
social cuyo eco y reflejo tuvo lugar en esta misma Cámara en diversas
ocasiones, fue necesario abrir un período de serena reflexión para
analizar el contenido
del programa ADO, a fin de introducir aquellas modificaciones
necesarias para su actualización a raíz de las experiencias
obtenidas.
En el mes de mayo del año 2000, tres meses antes de que se celebraran
los pasados Juegos Olímpicos, se iniciaron los trabajos y reuniones
con las diferentes federaciones deportivas y el Comité Olímpico
Español, cuyas conclusiones quedaron recogidas en el documento:
Criterios para el plan ADO 2004. Este hecho demuestra el interés e
iniciativa adoptado en su día en cuanto a la necesidad de la revisión
y actualización del plan ADO. Los principios rectores del trabajo que
desde hace meses se vienen realizando y cuyo objetivo final es la
actualización y mejora del plan ADO 2004, tal y como anuncié ya en
esta Cámara en mi comparecencia en noviembre pasado para informar
sobre la política deportiva que pretende impulsar el Gobierno, son
los siguientes: Crear un plan ADO 2004 más exigente y selectivo;
integrar en el plan a los mejores deportistas; recabar más recursos
financieros a través de la posible incorporación a lo largo de todo
el ciclo olímpico y no en un momento concreto, de nuevas empresas y
entidades y de las ya existentes, con participación de las mismas en
los órganos de dirección de ADO recogiéndose así una legítima
aspiración planteada por los patrocinadores en los últimos años, para
lo cual ya se han modificado los estatutos de esta Asociación en dos
asambleas extraordinarias que se han celebrado en el primer trimestre
de este año; profesionalizar al máximo la gestión del plan ADO con
una serie de iniciativas que ya expuse en su momento; crear una
comisión técnico-deportiva que actúe con independencia de la actual
Comisión Técnica y de Asesoramiento; contratar a los mejores técnicos
en cada una de las modalidades deportivas integradas en el plan,
incluyendo a los entrenadores personales de los deportistas que por
su alto rendimiento aconseje en cada caso la adopción de esta medida
con el fin de obtener una mayor armonización en la planificación del
trabajo y en el rendimiento de cada deportista; seleccionar por la
Comisión Técnica del plan ADO, con el asesoramiento de las comisiones
correspondientes técnicas deportivas, a los deportistas propuestos
por las correspondientes federaciones deportivas españolas;
planificar el ciclo olímpico en coordinación con las federaciones y
el Comité Olímpico Español y elaborar un plan anual de seguimiento
y análisis por objetivos a cargo de un equipo técnico del Consejo
Superior de Deportes -en ellos se ha trabajado ya a través de los
informes que cada entrenador deberá remitir sobre el entrenamiento,
competiciones y resultados de sus deportistas-; revisar -de hecho ya
lo están para cuando se anuncie el inicio del plan ADO- los criterios
de concesión de becas sobre la base de nuevas ideas. Para los
deportistas integrados en deportes de equipo, la cuantía de su beca
estará condicionada a los días de estancia con el equipo nacional
cuando éste participe en competiciones oficiales o partidos
organizados por las respectivas federaciones deportivas.
Respecto a la cuantía de las becas de los deportistas de modalidad
individual, estos percibirán una beca de acuerdo con el nivel en que
se encuentren, siendo en cada nivel la misma cantidad. No obstante
este criterio de carácter genérico, en determinados casos y
circunstancias se estudiará la posibilidad de dar un trato específico
a algunos deportistas profesionales y a aquellos otros que destaquen
claramente sobre los demás con otras cantidades distintas de las
asignadas para cada nivel, pero previamente prefijadas por las
correspondientes comisiones técnico-deportivas. Impulsar y favorecer
el desarrollo de aquellos deportes olímpicos que por su naturaleza y
específicas características tengan la posibilidad de obtener
importantes resultados en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004;
definir los compromisos adquiridos por derechos de imagen de los
deportistas integrados en el plan ADO con el fin de evitar
incumplimientos que pudieran perjudicar la imagen de las entidades
patrocinadoras del plan; trabajar en la difusión de la imagen de
marca, a través de campañas específicas incluidas dentro del plan
ADO, es decir, la venta de la marca ADO; atender preferentemente los
deportes de invierno, que serán objeto de un estudio especial para
hacer posible que las modalidades de los deportes de invierno lleguen
a alcanzar el nivel que requiere nuestra tradición deportiva apoyando
a los deportistas de elite que cuenten con posibilidades de éxito en
las competiciones internacionales. Para ello se ampliarán las becas
del plan ADO a los deportes de invierno y compensar así la
desigualdad existente en la actualidad, respecto a los deportes
incluidos en los Juegos Olímpicos de verano. Estudiaremos el
desdoblamiento de la actual Federación Española de Deportes de
Invierno en dos, Federación de Deportes de Invierno y Federación de
Deportes de Hielo, y se acometerá el estudio, como tendré ocasión de
decirles, de la posible construcción de centros de alto rendimiento
dedicado a deportes de hielo.
La gestión del plan ADO, como saben SS.SS., se hace a través de la
Junta Directiva de la Asamblea General, Comisión Económica y Comisión
Deportiva, donde participan en igualdad de situación no solamente el
Consejo Superior de Deportes, sino el Comité Olímpico Español y el
Ente Público Radiotelevisión Española. Ello significa que las
decisiones pasan necesariamente por un proceso de estudio y reflexión
previos a las iniciativas que puedan adoptarse en un futuro
inmediato.
En estos momentos, señor presidente, señorías, nos encontramos en la
recta final de la negociación del Plan económico y de comunicación,
dado que el Plan deportivo ya está estudiado, del nuevo Plan ADO 2004
que será presentado con todo detalle en próximas fechas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Buenos días, señor secretario de Estado.
Quiero agradecerle su presencia en esta Comisión, sobre todo por
cuanto lamento que la señora ministra, como usted sabe, cuya
comparecencia habíamos solicitado no haya estimado lo suficientemente
importante informar a la Cámara sobre uno de los asuntos de mayor
trascendencia que tiene su Ministerio en materia de deporte, que es
hablar más concretamente de lo que debe de ser el futuro del deporte
olímpico en nuestro país.
Quiero agradecerle también a la Mesa la deferencia que ha tenido
permitiendo que se alteren estos puntos, y quisiera pensar que no se
debe a ningún prejuicio, señor secretario de Estado, el hecho de que
sólo porque haya visto usted mujeres socialistas sentadas en esta
Cámara haya creído que no habría nadie que le interpelara en una
comparecencia sobre deporte. Como quiero pensar que no es eso, le
diré que en cualquier caso es el Grupo Parlamentario Socialista quien
le responde.
Quiero comenzar también diciéndole que comparece usted, como sabe,
casi ocho meses después de la celebración de los últimos Juegos
Olímpicos, ocho meses de espera que no se le escapara tampoco que
suponen casi el 20 por ciento del ciclo olímpico, y que me parecen -y
le digo que me deja muy sorprendida, a razón de lo que usted nos ha
explicado aquí- ocho meses perdidos, y le explicaré por qué.
Quiero recordarle a este respecto que el Programa ADO para Sidney se
firmó en marzo de 1996, se firmó no se estudió y se reflexionó sobre
él, es decir, cuatro meses antes de los juegos de Atlanta. Espero que
por lo menos admita que ustedes están trabajando con una lentitud
alarmante en este caso, o cuanto menos están ustedes estudiando y
reflexionando muy profundamente sobre este asunto. Pero confiando en
que el tiempo no haya pasado en balde, y dado que la señora ministra
finalmente no ha tenido a bien honrarnos hoy con su presencia, quiero
recuperar alguno de los compromisos que contrajo, sobre todo para
pedirle que no nos repita usted su comparecencia del 30 de noviembre,
que hemos tenido la sensación de que ha sido exactamente lo que ha
hecho, es decir, cuál es su voluntad, qué es lo que ustedes van a
reflexionar, qué es lo que ustedes van, en definitiva, a estudiar,
pero, en cualquier caso, ni una contestación a las preguntas que ya
se formuló usted mismo para estudiar y, por tanto, dar respuestas en
aquel momento, y usted vuelve a esta Comisión, cosa que le
agradecemos, pero de nuevo para decirnos exactamente lo mismo.
Casi cinco meses después de aquella comparecencia quiero que me
concrete algunos puntos de aquella intervención que yo esperaba que
usted me concretara hoy, y no me ha concretado ninguno. Mis preguntas
son: decía usted, como ha repetido aquí, que ya se habían
conseguido más recursos financieros, quisiéramos saber cuáles son; en
qué número se han incrementado las empresas patrocinadoras; cómo se
ha diseñado la incorporación de estas empresas en los órganos de
dirección; en qué se ha incrementado la profesionalización, que usted
ya anunció, en la gestión del ADO; cuál es el plan de comunicación,
que usted ya nos dijo que haría, de la marca ADO; cómo se ha
constituido la Comisión técnica independiente, que usted ya anunció
y que hoy vuelve a anunciar; a cuántos técnicos han contratado, ya lo
anuncio, hoy nos lo vuelve a anunciar; a cuántos deportistas ha
seleccionado la actual comisión técnica del ADO, ya lo anunció, lo ha
vuelto a anunciar; si nos puede hablar de esta planificación de las
federaciones para el ciclo olímpico, y sepa usted que al Grupo
Socialista realmente nos alegró mucho que ustedes hubieran optado por
la planificación, pero volvemos a estar planificando ocho meses
después; qué deportistas tienen un trato especial, y me alegro que
ahora reconozca que algunos deportistas lo tienen, cosa que no ha
hecho cuando se lo ha preguntado mi compañero; cómo se va a controlar
este pago a los deportistas; cómo se han definido los derechos de
imagen de los deportistas; qué deportistas de la Federación de
deportes de invierno están dentro del Programa ADO, teniendo en
cuenta que el año próximo hay juegos de invierno; cuándo se ha
desdoblado la Federación de Deportes de Invierno de la de Hielo, que
usted ya anunció en su comparecencia; o en qué situación se
encuentran los estudios para la construcción del Centro de alto
rendimiento de hielo, que usted, repito, ya anunció y que hoy vuelve
a anunciar. Son esas cuestiones que usted puso ya sobre la mesa
también en su comparecencia en el Senado, y que se resumen en una
pregunta: ¿Han hecho ustedes los deberes? Toda la sensación que usted
nos ha causado aquí es sinceramente que no se han hecho.
Respecto a la cifra de ingresos, que usted también nos ha anunciado,
hay que decir, entre otras cosas -y aquí sí que me remito simplemente
a cuestiones que han salido en prensa, por cuanto usted no las ha
traído tampoco hoy a esta Cámara-, que los números que se barajan van
a ser básicamente los mismos que ya tuvimos o que se manejaron para
el período 1996-2000, cuyo resultado final, usted mismo lo ha dicho
aquí, no fue el esperado y, por tanto, fue decepcionante.
En cualquier caso quiero recordarle que el Programa ADO no es un fin
en sí mismo desde su propia creación, cosa que usted ya reconoce, lo
acaba de hacer en esta comparecencia, y que, muy al contrario, es un
programa finalista cuyo objetivo es la consecución de medallas para
los Juegos Olímpicos, que es un instrumento de coordinación entre el
Consejo Superior de Deportes, que usted preside, y el Comité Olímpico
Español para desarrollar todo el programa de alto nivel, pero con el
liderazgo y la responsabilidad de quien ostenta por ley la
competencia, que es el Gobierno,
según se reconoce en los artículos 6 y 8 de la Ley del deporte. El
Programa ADO, por tanto, es un instrumento para ejercer el liderazgo
que sólo desde la Administración es posible, y además de posible debe
ser célere para que no ocurra lo que ya nos ha ocurrido en los
últimos juegos.
Creo que el Programa ADO ha sido útil en la medida en que ha servido
para ejercer un serio control sobre las políticas federativas, cosa
que a usted tampoco se le escapará, en definitiva, políticas de
cooperación pero de rigurosidad es lo que nos parece a nosotros el
objetivo primordial. Además no hay que olvidar que si el Programa ADO
supone 2.000 millones para las federaciones el dinero público son más
de 9.000 millones. Por eso querríamos algunas respuestas que usted no
ha ofrecido y que tal vez pueda hacerlo en la réplica, ya que lo
esperamos por cuanto lo que usted nos ha dicho aquí ya nos lo dijo en
su última comparecencia, repito.
Creo que tan importante o más que saber cuánto va a ingresar el
Programa ADO, cosa que usted ya nos anunció y que yo esperaba que hoy
nos diera de forma más concreta, es conocer también cómo se van a
ejercer las políticas de alto nivel en el deporte español, y ahí
quería ir yo a mi segunda parte de la comparecencia. Le hablo de esta
primera porque esperaba respuestas que no he escuchado.
Por ello, y dado que más vale tarde que nunca, estas son las
preguntas cuya respuesta al Grupo Parlamentario Socialista le
gustaría conocer, las cuales le llevaron a la solicitud de esta
comparecencia: Quisiéramos saber, respecto a firmas de acuerdos, si
se ha firmado ya el acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes, el
COE y Televisión Española, en ese acuerdo que aporta Televisión
Española, y cuál es el retorno de publicidad que ofrece Televisión a
los patrocinadores, que creo que muy gustosos querrán una explicación
y un detalle sobre esta cuestión, también nosotros ¿Cuánto recibe el
COE por su participación en el programa? ¿A qué acuerdo se ha llegado
con los patrocinadores? ¿Qué empresas han firmado el acuerdo y por
cuánto tiempo? ¿Cuántas categorías de patrocinadores existen y cuáles
son las contraprestaciones para cada una de las categorías, que usted
ya ha apuntado que sería así? ¿Cómo se ha cerrado el acuerdo para la
utilización de la imagen de los deportistas que ingresan en el ADO?
¿Cuál va a ser la estructura final de este ADO? ¿Cómo se van a
configurar las comisiones técnicas? ¿Quién es el director técnico? Y,
en caso de que no esté elegido, quisiéramos saber cómo se va a
elegir, ¿será a través de concurso público? ¿Cómo se distribuye el
dinero del Plan ADO, becas, entrenadores, servicios médicos,
concentraciones? ¿Cómo se han clasificado los deportistas dentro del
Programa ADO, es decir, qué criterios han seguido o van a seguir
ustedes en este asunto? ¿Cuáles son las becas para cada uno de los
grupos que usted ha apuntado pero que tampoco ha concretado, o los
criterios para entrar y salir del Programa ADO?
Finalmente, ¿cómo se van a incorporar los deportistas jóvenes a los
programas ADO? ¿Cuáles son los criterios para pasar del programa de
alto nivel, financiado por el Consejo, al propio Programa ADO? ¿Qué
componentes tendrán las becas, fijo, incentivos, etcétera? ¿En qué
deportes se piensan pagar becas más altas, cosa que usted también
apuntó y quisiéramos saber? ¿Hasta la fecha, durante el año 2001, qué
deportistas tienen asegurado el cobro de los meses transcurridos?
¿Cuántos han cobrado hasta la fecha el Programa ADO? ¿Qué gestiones
se han realizado con las comunidades autónomas, importantísimo?
¿Cuántas gestiones se han realizado con las comunidades autónomas que
tienen también programas de alto nivel, los llamados ADO autonómicos,
o cómo se ha establecido la coordinación entre los mismos?
Nosotros creemos que estas son las preguntas básicas que hoy se
plantea en este sentido el deporte español. Todas hacen referencia,
como no se le escapará, en definitiva, al cumplimiento de sus propias
responsabilidades en materia de planificación, de liderazgo, de
supervisión, y, también muy importante, en materia de control. Como
le he dicho, no deja de ser preocupante que las siga formulando a
estas alturas, aunque me he quedado ya mucho más sorprendida por
cuanto que estamos haciéndole también las mismas preguntas que ya le
hicimos en la anterior comparecencia casi ocho meses después, como le
decía, de la celebración de los Juegos Olímpicos. Quisiera que hoy
pudiera usted respondernos a estas y a las anteriores, que
esperábamos que trajera ya concretadas, y demostrarnos al menos lo
que creo que a todos se nos empieza a no escapar, y es que en estos
ocho meses, señor secretario de Estado, han vuelto ustedes a perder
el tiempo en materia deportiva.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir en esta
comparecencia?
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Martí
tiene la palabra.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor secretario de Estado, señorías, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero
darle de nuevo la bienvenida a esta Comisión. A la espera de acumular
un poco más de tiempo posteriormente, quisiera hablar de lo que nos
ocupa.
En primer lugar, quería recordar que, en la comparecencia de la
señora ministra de Educación, Cultura y Deporte ante esta Comisión
del 28 de noviembre del año pasado para valorar los resultados del
plan ADO 2000 y las perspectiva de futuro de dicho plan, la señora
ministra, al igual que usted mismo pocos días antes -creo que fue la
semana anterior-, nos informó de los principales ejes inspiradores
del nuevo plan ADO 2004. Hablaban de un plan ADO más exigente, más
selectivo, que integraría a los mejores deportistas y técnicos y que
contaría con más recursos financieros a través de la incorporación de
nuevas empresas y entidades. Esas palabras han sido citadas
textualmente por el señor secretario de Estado.
Nosotros estamos hablando de futuro y no creo que tenga ningún
sentido volver la vista atrás analizando de nuevo los resultados del
plan ADO 2000 o que nos centremos en analizar las buenas intenciones
del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes en relación a este
plan que ya fue planteado en esta Comisión hace ocho meses. En su
intervención, muy brevemente -esperamos que posteriormente tenga
ocasión de ampliar la información a todos los grupos de esta Cámara-,
ya se ha referido a ello, ha repetido parte de su anterior
intervención en esta Comisión. Nosotros tenemos algunas dudas
-esperamos que después nos adelantará más datos-, pero desde este
momento damos todo nuestro apoyo, igual que hicimos hace ocho meses,
a las acciones y las iniciativas que se están poniendo en marcha,
aunque muy lentamente -a lo que también se ha referido la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista-, que deberán desembocar en un
nuevo plan ADO que garantice el éxito de la participación de los
equipos españoles olímpicos en la cita de Atenas el año 2004. Creo
que sobre esto hay una total unanimidad de todos los grupos
parlamentarios; de una manera más o menos crítica, hay un apoyo al
Gobierno para que los éxitos de los equipos olímpicos españoles sean
muy superiores a los obtenidos en la última cita olímpica.
Este portavoz ya expresó su preocupación, pero también su apoyo,
repito, señor secretario de Estado, a este nuevo plan ADO 2004
durante las comparecencias de usted mismo y de la señora ministra
ante esta Comisión del pasado mes de noviembre a las que me he
referido. Este diputado formuló el pasado 15 de febrero una pregunta
al Gobierno sobre el desarrollo de los contactos y las negociaciones
con las empresas patrocinadoras del plan ADO 2000, especialmente con
las posibles nuevas incorporaciones de entidades que podían
comprometer su participación en este plan ADO 2004. En su respuesta
a esta pregunta, el Gobierno precisaba que la negociación del plan
económico y de comunicación del nuevo plan ADO 2004 estaba en su fase
final y que sería presentado con todo detalle en próximas fechas. Son
palabras textuales de la respuesta escrita que el Gobierno facilitó a
este portavoz. Hoy mismo, usted se ha vuelto a referir a esas
perspectivas y, como la fecha de la respuesta a la pregunta de este
portavoz fue el 23 de marzo pasado, por tanto hace casi un mes,
queríamos reiterarle nuestro interés a (pues no nos lo ha dicho
porque ha repetido exactamente las mismas palabras que contenía su
respuesta) sobre esas próximas fechas, si se refiere a próximos días,
a próximas semanas o a próximos meses.
Por todo ello y al objeto de ampliar la información que nos ha dado
hace breves minutos, que repito ha sido demasiado sucinta, querría
que nos precisara la
cifra concreta de recursos de que se dispone en estos momentos para
financiar el plan ADO 2004. Usted ha dicho que las perspectivas se
refieren a todo el ciclo olímpico, por tanto no a las cifras
concretas, pero hoy queremos preguntarle sobre las cifras concretas
con que se cuenta para financiar el plan ADO 2004. También queremos
conocer las nuevas empresas que se han incorporado ya a la
financiación de dicho plan así como el grado de implicación de las
federaciones olímpicas en el mismo, atendiendo a que, como todas SS.
SS. saben, últimamente han aparecido en algunos medios de
comunicación algunas dudas de algunos presidentes que expresaban su
disconformidad con el divorcio que, al parecer, según ellos, existía
entre el Consejo Superior de Deportes y las federaciones que
presidían, al ser necesaria la comunicación y colaboración que debe
existir entre el Consejo Superior de Deportes y esas federaciones.
Las preguntas finales que le voy a plantear coinciden básicamente con
algunas de las que, de manera insistente, ha planteado la anterior
portavoz. Quisiera que nos informara sobre los contactos y los
posibles acuerdos de colaboración que, a nuestro entender, deberían
darse entre el Consejo Superior de Deportes y los responsables
deportivos o las administraciones deportivas de las comunidades
autónomas. Del mismo modo que no entenderíamos que el Consejo
Superior de Deportes actuara descoordinadamente con las federaciones
olímpicas, aún entenderíamos menos que esa descoordinación se
produjera en relación a las comunidades autónomas y sus responsables
deportivos. Como usted sabe muy bien, señor secretario de Estado,
algunas comunidades autónomas están impulsando ya planes autonómicos
equivalentes al ADO y creemos que debería buscarse el máximo de
complicidad entre el Gobierno y cada uno de los gobiernos y
responsables autonómicos deportivos de este país.
Estos son los apuntes que quería plantearle inicialmente. Esperemos
que en su segunda intervención concrete algunos puntos más, que creo
que merecemos estos grupos parlamentarios, y aclare sus
planteamientos de hace ocho meses en esta misma Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, en primer lugar, quiero
dar la bienvenida de nuevo al secretario general para el Deporte en
esta Comisión y agradecer sus explicaciones no solamente sobre el
ámbito de la comparecencia estricta, sino sobre las preguntas que
anteriormente le han formulado.
Quiero empezar mi intervención lamentando profundamente que los
portavoces de algún grupo parlamentario de esta Comisión no
comuniquen a quienes intervienen en relación con la comparecencia que
la decisión de que el secretario de Estado compareciera
en esta Comisión fue adoptada, según dice el orden del día, que al
parecer tampoco se han leído, el 4 de abril de 2001 por acuerdo de
Mesa y portavoces, no por incomparecencia de ningún alto cargo del
Ministerio o incluso de la ministra. No solamente eso, sino que es
tradición en esta casa -claro que eso quizá lo sepan las personas que
llevan más tiempo aquí- que los temas específicos sean tratados por
el secretario de Estado o el subsecretario correspondiente. Además,
se daba la circunstancia de que el secretario de Estado venía a esta
Comisión para responder a las preguntas específicamente, con lo cual
se acumularon las comparecencias para un tema específico que
corresponde al presidente del Consejo Superior de Deportes y
secretario de Estado en este caso.
Dicho esto, debo de haber escuchado otra intervención del presidente
del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado, pero también
es cierto que yo no traigo mi intervención escrita, por lo que no voy
a decir lo que tenía previsto sino que voy a intervenir en función de
lo que ha dicho al secretario de Estado. Al parecer, he oído una
intervención distinta a la de algún otro portavoz porque sí se han
dado respuestas, quizá no todas, a las preguntas que se han hecho, lo
que significa que cerrar una intervención a algo que se tenía
previsto, que puede incluso desequilibrar la propia intervención, no
es bueno para el Parlamento ni para el parlamentarismo español, pero
cada uno es responsable de sus actos y tomará la decisión oportuna en
cada momento.
Señor secretario de Estado, estoy absolutamente seguro de que usted,
cuando todo este proceso del plan ADO se cierre definitivamente, será
el primero en pedir la comparecencia en esta Comisión para explicar
las posiciones del Consejo Superior de Deportes, del Gobierno
español, con respecto a lo que yo no llamaría novedad, sino
ampliación, modificación y perfeccionamiento del plan ADO. Se ha
dicho incluso que los estatutos de la asociación han sido modificados
para que los aspectos financieros puedan ser aumentados paulatina
y permanentemente dentro del plan ADO con la aportación de las
empresas, cosa indudablemente interesante, y también hay que decir
que no ha habido desasistimiento a ningún deportista porque el plan
ADO sigue en funcionamiento y los deportistas siguen recibiendo
aquellas ayudas establecidas, otra cosa es que se esté trabajando en
la modificación del plan ADO actual. Por cierto, en el año 1996,
cuando se firmó, previamente a las olimpiadas de Sidney, en este país
no gobernaba el que lo hace ahora, y el tiempo establecido para la
firma de ese convenio con respecto a las olimpiadas fue muy justo y
había habido cuatro años por delante.
Señor secretario de Estado, desde este grupo parlamentario en ningún
momento va a tener usted presión, para que el trabajo, que estamos
seguros que se está realizando bien, lo haga en tiempo y forma. Desde
nuestro punto de vista, los tiempos en las decisiones que se vayan a
adoptar con el ADO para que nuestros deportistas tengan éxito en las
próximas olimpiadas de Atenas los debe marcar el Consejo Superior de
Deportes, que es el que establece los ritmos adecuados para la
consecución de los éxitos que todos esperamos.
A veces las prisas no son buenas, si no, hay que ver lo que está
sucediendo en Andalucía con la A-92, que, aunque no sea un tema a
tratar en esta Comisión, es una carretera que se está reestructurando
entera por las prisas que se tomaron en su día para construirla. No
existe la A-92, por tanto, queremos que exista una modificación del
plan ADO, con las mejorías suficientes para que nuestros deportistas
tengan las becas en tiempo y forma necesaria para obtener el mayor
número de éxitos.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor presidente, voy a tratar de responder a diversas
cuestiones que se han planteado por los distintos portavoces.
Agradezco el tono que han empleado y la colaboración mostrada por los
portavoces de Convergència i Unió y del Partido Popular. Señora
Chacón, estoy encantado de que tanto usted como la señora Valcarce
sean mis interlocutoras en esta Comisión, lo que sucede es que cuando
se planteó esta cuestión en mi anterior comparecencia actuó de
portavoz el señor Nieto y yo iba a hacer alguna referencia a aquella
intervención, del mismo modo que usted la ha hecho a la mía. Pensaba
que la ausencia del señor Nieto, motivada por la asistencia a otra
Comisión, podía perjudicar el orden de estas comparecencias. Estoy
absolutamente encantado que sea usted mi interlocutor.
Me dice que he repetido la intervención. No es así, lo que ustedes
han repetido es la pregunta. Ustedes han preguntado cuáles son los
criterios que inspirarán el nuevo plan ADO y me he tenido que referir
a los criterios que ya expuse en su momento, porque esos y no otros
serán los que inspiren dicho plan. No hay repetición, es una cuestión
de filosofía. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, la
señora Chacón ha formulado una serie de preguntas que sí son nuevas y
a esas voy a tratar de dar respuesta, en la medida de mis
posibilidades, porque no todos los criterios que usted me ha pedido
los tengo a mi alcance, aunque se los puedo hacer llegar, sobre todo
en lo que se refiere a las cuantías, que pueden subir. Tengo los
datos de las últimas, pero ahora le explicaré cuál es el sistema.
Tengo que hacer referencia a la intervención del portavoz socialista
en mi última comparecencia porque en la réplica que hizo a mi
intervención ponía el acento más que en la cuantía económica del plan
ADO, en lo que suponía la planificación deportiva y lo que conllevaba
de política de colaboración con federaciones y con comunidades
autónomas, que consideraba -y ahí coincido plenamente- importante
para el siguiente período olímpico, y no solamente el plan ADO, que
es una ayuda colateral que integra una asociación de la que el
Consejo Superior es una de las tres patas que soportan dicho
organismo. En este tiempo ustedes dicen, con esa frase que han
acuñado, que no se ha hecho nada (me imagino que otras comisiones
acuñarán otras de tipo parecido), y el señor Nieto dijo el día 21 de
noviembre: No vemos más dinero para el deporte federado; pero es que
en el proyecto de presupuestos para el año 2001, que ya debatimos en
su momento, no había más dinero. Ustedes saben -han omitido este
tema, aunque han tocado de pasada el tema de las federaciones- que se
ha cerrado el acuerdo de los presupuestos con federaciones, dándose
dos circunstancias muy importantes. En primer lugar, y de acuerdo con
el compromiso que adquirí en mi primera comparecencia en esta Cámara,
con ocasión de la discusión de los Presupuestos Generales del Estado,
el deporte español, en lo que a las subvenciones directas del Consejo
Superior de Deportes a las federaciones se refiere, no iba a tener
más dinero y, en efecto, ha sido el primer año postolímpico en el que
las federaciones españolas no han visto disminuir ni una sola peseta
sus presupuestos, en contra de la política de ejercicios o años
anteriores. Pero no solamente no han visto disminuir una sola peseta,
sino que el Consejo Superior de Deportes, aprobados ya los
presupuestos y en poder de las federaciones deportivas españolas,
olímpicas y no olímpicas, disponen exactamente, para el año 2001, en
contra de lo que así se dijo por parte del portavoz socialista de que
iba a haber menos dinero, de 481 millones de pesetas más, con unos
criterios (a los que usted ha hecho referencia y también que valen lo
mismo para el plan ADO que para las federaciones) en los que se
tienen en cuenta diversas circunstancias que quiero enumerarles
aunque sea de pasada. El año pasado, al ser olímpico, el Consejo
Superior -ya tuve ocasión de decirlo aquí- tenía una partida
específica destinada a la preparación de los Juegos Olímpicos o para
atender determinadas demandas que alguna federación española había
hecho al Consejo para una preparación específica de sus deportistas.
Esta partida, por razones obvias, dado que no es un año olímpico, ha
sido excluida para este ejercicio, por lo que la referencia que se ha
tomado para la distribución de las subvenciones ha estado
condicionada por este hecho.
Los criterios que se han tenido en cuenta para la concesión de estas
subvenciones a las federaciones deportivas españolas han sido los
siguientes: el contenido del proyecto deportivo para el ciclo
olímpico 2001-2004, y más concretamente para este año 2001;
inclusión, respecto al año 2000, en los calendarios de las
federaciones de nuevos eventos. Se ha tenido en cuenta quedurante
este año se van a celebrar muchos campeonatos
del mundo y de Europa, que no se hicieron el año pasado por ser
olímpico, y en eso puede haber resultado primada alguna federación o
se han atendido demandas de alguna de ellas; las propuestas de nuevas
actividades y proyectos que se han considerado de interés para la
evolución del deporte en cuestión; el reconocimiento y la
incorporación a los programas y calendarios deportivos de las
federaciones internacionales de nuevas especialidades y pruebas, por
ejemplo, en algún deporte de exhibición pero que ya es fijo en las
Olimpiadas: en taekwondo se pasa de cuatro pesos a ocho pesos y en
vela se ha creado una nueva clase olímpica. Estos detalles son los
que se han tenido en cuenta a la hora de fijar los presupuestos de
cada una de las federaciones. Se ha prestado apoyo especial a
aquellas federaciones que han planteado en sus proyectos deportivos
planes específicos para el desarrollo del deporte femenino, tal y
como me comprometí en mi comparecencia; apoyo a aquellas federaciones
que mantienen concentraciones permanentes en los CAR mediante
bonificaciones de las estancias, a lo que luego me referiré. Se ha
tratado de corregir subvenciones de federaciones que presentaban
deficiencias históricas y que han dado muy buenos resultados al
deporte español, en concreto la de judo, o bien que están en plena
evolución, dado su reciente reconocimiento aunque no sea olímpica -lo
digo a efectos del baremo de los porcentajes de aumento-, como es la
de surf. También se ha tenido en cuenta la carestía en aquellos
deportes que tienen un gran gasto anual en inversiones destinadas a
la adquisición y mantenimiento de material y medios.
Quiero resaltar que el Consejo Superior de Deportes, al margen de
estas subvenciones ordinarias, destina importantes partidas
presupuestarias para completar y apoyar los programas deportivos de
las federaciones, lo cual también se ha tenido en cuenta a la hora de
la distribución definitiva. Estas ayudas se concretan en programas de
detección de talentos y futuras elecciones, programas de centros de
alto rendimiento y tecnificación, apoyo biomédico a través del
Caricd, becas de alojamiento y manutención para deportistas en la
residencia Blume del CAR de Madrid, inversiones en infraestructuras
deportivas de las federaciones, colaboraciones con federaciones e
instituciones en la organización de eventos y en los distintos
convenios internacionales. De todo ello resulta esta aprobación de
las subvenciones a las federaciones españolas, que entran de lleno en
la planificación del período olímpico 2001-2004 y que, como S.S.
sabe, y hago referencia también a la intervención del portavoz de
CiU, en esta ocasión ha habido un apoyo unánime y un reconocimiento
absoluto, sin una sola excepción, de todas las federaciones a la
labor de negociación de la Dirección General de Deportes del Consejo
Superior de Deportes con relación a las subvenciones a todas las
federaciones. En efecto, hay algunas federaciones, en concreto,
atletismo, ciclismo, fútbol, judo e hípica, que tendrán un tratamiento
especial; por ejemplo, natación, con 50 millones de aumento,
o la vela, por la razón que he expuesto anteriormente, que van a
tener un apoyo importante. Los presupuestos marcan la línea política
de actuación de un organismo, cuál es nuestro criterio y cuáles son
nuestras líneas de actuación con referencia a los trabajos
preparatorios de este período olímpico. Se quiera o no, este
documento es fundamental a la hora de juzgar la política del Consejo
Superior de Deportes.
Política -y me refiero a la intervención del portavoz de Convergéncia
i Unió- que ha tenido un diálogo franco -como sabrá S.S.- con todas
las comunidades autónomas. Se ha estado en continua colaboración y se
han celebrado reuniones con las diferentes comunidades autónomas
-aunque no están institucionalizadas porque no existe un órgano
concreto- y he tenido ocasión, como secretario de Estado, de
reunirme, al margen del contacto personal, con algunos directores
generales, no ya con consejeros, que llevan el día a día de la
gestión deportiva en sus comunidades autónomas. En la última reunión,
celebrada recientemente en la ciudad de Murcia, hemos tenido el apoyo
de todas las comunidades autónomas, sin color político alguno, a la
política que desde el Consejo Superior de Deportes se les explicó que
estábamos siguiendo en este sentido.
Sin perjuicio de que posteriormente conteste a alguna de las
cuestiones específicas planteadas por la señora Chacón, quiero
resaltar que en estas reuniones con las comunidades autónomas hemos
expuesto lo que va a ser una filosofía política clara. El Consejo
Superior de Deportes va a asumir exclusivamente las competencias en
orden a subvenciones y en orden a construcción de nuevas
instalaciones para atender al deporte de alto nivel y para respetar
las competencias que las comunidades autónomas tienen transferidas en
aras al deporte, con el fin de que no haya ningún tipo de
superposición de competencias ni tampoco se entre en cuestiones que
no son específicamente nuestras. Se va a llevar a cabo una política
de franca colaboración en los eventos internacionales que se celebren
en cada una de las comunidades autónomas, en colaboración con los
ayuntamientos respectivos, y en eso creo que no hay ningún problema;
todo lo contrario, hubo un parecer unánime con los directores
generales que llevan la gestión deportiva de las comunidades
autónomas.
Ahora me referiré a cuestiones más específicas, aunque luego
concluiré con el tema relativo a la política de inversiones que en
obra propia queremos hacer desde el Consejo Superior de Deportes y
que está dirigida a apoyar al deportista de alto nivel en su
preparación de este período olímpico y de futuros proyectos, porque
no todo se acaba en un ciclo. Respecto a mi primera intervención,
ratifico los principios que van a inspirar el nuevo plan ADO en el
momento que se haga público, dentro de unos días, señor portavoz de
Convergéncia i Unió.
En cuanto al retraso, siempre se han firmado en el primer
cuatrimestre del año y hasta el 30 de abril estaríamos en un plazo
razonable, sin perjuicio, por supuesto, de que se atenderán las
demandas económicas que pudieran haber surgido en este período de
tiempo. De modo telegráfico también, tal y como me ha formulado su
batería de preguntas la señora Chacón, estoy en condiciones de
afirmar que la firma del acuerdo de la continuidad del plan ADO se ha
producido en tiempo y forma entre los tres entes que constituyen la
asociación de deportes olímpicos: el Ente Público Radiotelevisión
española, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de
Deportes. El retorno comercial que supone a las empresas su
participación se hará en función de dos categorías. Adelanto esta
información, sin perjuicio de que en la presentación pública contemos
ya con algunos detalles finales que en estos días se están cerrando.
En este sentido apelo a la comprensión de SS.SS, sin perjuicio de que
podría volver a comparecer para, como bien ha dicho el portavoz del
Grupo Popular, explicar algunos detalles más concretos todavía. Se
han establecido dos tipos de entidades colaboradoras. Se ha creado la
figura la figura del socio patrocinador, que formará parte, en
igualdad de derechos, con los otros organismos que hasta ahora
integraban el plan ADO; son aquellas entidades que han acordado con
el plan ADO aportar la cantidad de 200 millones de pesetas anuales,
en concreto son cinco entidades. Estas entidades pasan a formar parte
de la comisión directiva del plan ADO. Las restantes empresas
denominadas entidades colaboradoras tendrán un representante rotativo
-hay detalles que se tienen que concretar todavía- en la comisión
directiva y aportarán 100 millones de pesetas, cuyo retorno comercial
será del 90 por ciento. Radiotelevisión Española ha negociado
individualmente con cada una de las cinco empresas un plan de
comunicación específico que satisfaga las demandas lógicas de estas
empresas que hacen esta aportación al plan ADO. Tengo a su
disposición el nombre de estas empresas, pero se conocerán cuando
hagamos la presentación pública.
La filosofía que ha presidido esta negociación ha sido la de mantener
el mayor número de marcas, de las mismas firmas, para que no se vea
que ha habido un desenganche o desilusión por algún tipo de razones
deportivas. La respuesta ha sido buena, con algunas excepciones que
vienen obligadas por las nuevas normas que rigen los anuncios
comerciales. Me refiero, por ejemplo, al caso de la empresa Altadis,
antigua Tabacalera, que, al estar ligada al sector público, ve
limitada su posibilidad de anunciar marcas de tabaco y tiene que
recurrir a utilizar una de sus filiales, Aldeasa. Hay alguna marca de
cervezas que, por razones comerciales, ha sufrido un proceso de
fusión que me interesa resaltar, que puede haber alterado los planes
comerciales de algunas de estas empresas. También he de citar el caso
de dos entidades bancarias, ya que una de estas
entidades que ha ido a la fusión tenía el acuerdo con ADO, pero no la
otra entidad. Por tanto, ahí se ha producido una disfuncionalidad y
no es la misma empresa. Por lo demás, se ha mantenido este criterio.
Es verdad que se puede aumentar el número, pero hay una limitación,
en tanto ese retorno comercial tiene que producirse y no interesa que
vayan más de quince marcas porque el retorno comercial se hace
complicado, es imposible, y las propias empresas no aceptarían esas
condiciones. En consecuencia, no quiero aventurar ni fechas ni
cifras, pero nos vamos a mover en unas cantidades superiores, al
menos en lo que al plan ADO se refiere, al anterior período olímpico,
que se ven todavía aumentadas por la aportación directa que ha hecho
el Consejo Superior de Deportes a las federaciones -estamos hablando
de 500 millones de pesetas- y que también hay que tener en
consideración para la preparación de los períodos olímpicos.
Creo que con mi exposición he contestado a las preguntas sobre
empresas, categorías y estructura. Ya he dicho en mi intervención que
alguna de estas empresas pasan a formar parte de la comisión
directiva, de ella dependen otras dos comisiones, una técnico-
deportiva y otra económica. En este momento, señora Chacón, puede ser
que haya algún cambio en la composición, pero normalmente esa es la
estructura que se va a mantener. La modificación de estatutos la
tengo a su disposición, pero básicamente se trata de modificarlos
para dar entrada y concretar la figura de los socios patrocinadores
y que entren en la junta directiva.
En cuanto al tema de becas, tengo todas las cifras que han regido
hasta ahora, pueden variar, pero se las hago llegar tan pronto el
plan ADO esté firmado y presentado públicamente.
Con mi referencia al tema de las federaciones creo que contesto a las
cuestiones que me han sido planteadas, no obstante, como hay otro
turno, si queda alguna cuestión trataré con sumo gusto de afrontarla.
El señor PRESIDENTE: Tienen dos minutos, como máximo, todos los
señores intervinientes.
Señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Muy brevemente quisiera hacer una
aclaración. La señora ministra, en su comparecencia en materia de
deportes, anunció su voluntad de comparecer un día en esta Cámara.
Por ello nosotros habíamos solicitado la comparecencia de la señora
ministra y creíamos que ella, motu proprio, podía haber solicitado
dar explicaciones sobre el plan ADO, tal vez lo haga en el futuro, no
descarto esa posibilidad.
Espero sinceramente que, cuando el portavoz del Partido Popular habla
de falta de experiencia y de desconocimiento de los acuerdos tomados
por la Mesa o de quién contesta o deja de contestar como portavoz, se
refiriera solamente a mi persona; sería una gran falta de
deferencia hacia usted que lo dijera por su amabilidad de comparecer
hoy. Si he querido hacer esta aclaración es para que usted supiera
que, desde nuestro punto de vista, la ministra podía haber solicitado
la comparecencia tratándose de una materia tan importante como la
planificación deportiva.
Reitero mi agradecimiento por sus palabras y por las respuestas que
usted ha dado a la segunda batería de cuestiones. Insisto en que las
he hecho porque, como usted sabe, la petición de comparecencia se
basaba en el estado actual del plan ADO y no en los criterios,
principios o filosofía del mismo, que explicó usted en la
comparecencia anterior. Así, simplemente le he recordado que hablaba
de criterios ya expuestos, porque me ha parecido que se limitaba
usted a reiterarlos sin concretar. En la segunda parte de su
intervención ha concretado usted, y se lo agradezco.
Quedan cuestiones pendientes que entiendo que no puede aclararme hoy.
Le agradezco igualmente su amable disposición a comparecer de nuevo;
es probable que volvamos a solicitar su comparecencia para que nos
facilite esas concreciones.
También le agradezco que reconozca que existe cierto retraso o
lentitud que nos preocupa. Nosotros hemos solicitado estas
comparecencias sobre el estado actual de ADO y le decimos que su
desarrollo nos parece demasiado lento y usted nos comenta que está
todavía en estudio pero que se firmará en un plazo muy breve. De modo
que sólo nos resta decirle que la solicitud de comparecencia tiene
que ver con nuestra manifiesta preocupación por estas cuestiones y
por medio de ella le manifestamos también nuestro apoyo -como le ha
dicho el compañero diputado de Convergència i Unió- para que seamos
capaces de tener mejores resultados en los próximos juegos olímpicos
a pesar de la lentitud.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más desea intervenir?
Señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Intervengo muy brevemente, señor presidente,
para agradecer de nuevo la intervención del secretario de Estado, que
creo que ha respondido con bastante concreción a muchas de las
cuestiones que se le han planteado aquí, y para decir que me consta,
por informaciones que me llegan a través del contacto diario con el
mundo de la empresa y del deporte, el gran esfuerzo que está
realizando el Consejo Superior de Deportes para que el número de
empresas participantes en el ADO sea mayor y de superior calidad
económica e, igualmente, para que no se produzcan desenganches. Los
desenganches se pueden producir por los inevitables motivos que ha
expresado el señor secretario de Estado, la estructura de las
empresas, las fusiones o la imposibilidad de participación de algunas
de ellas porque no pueden hacer la
publicidad que desearían en el ámbito del deporte, o pueden ocurrir
por afirmaciones hechas en la sociedad o por algún grupo
parlamentario en vez de apoyar claramente el plan ADO y el deporte.
No me estoy refiriendo a nadie y no quiero que nadie se dé por
aludido, como ha ocurrido antes.
Con esto termino mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, con brevedad, por
favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Me parece importante hacer un comentario, a tenor de cómo
se ha desarrollado el debate. Además, supongo que cuando el plan ADO
se firme, que será dentro de muy poco, el Grupo Socialista pedirá la
comparecencia de la ministra y entonces sí que comparecerá la señora
ministra; de modo que pasará algún tiempo -si no ocurre nada anormal,
y espero que no ocurra- antes de que yo comparezca de nuevo ante esta
Comisión.
Les aseguro que las negociaciones del plan ADO van estupendamente.
Insisto en que la lentitud se debe al deseo de recabar algunos fondos
y también a algo que he omitido antes: es verdad que se firmaba en el
primer trimestre, pero los Juegos Olímpicos anteriores se celebraron
a principios de verano y estamos hablando de otros Juegos Olímpicos
que se clausuraron a finales de octubre, con lo cual el margen de
negociación ha sido más corto que en otras ocasiones.
Con la brevedad que su generosidad me permita, señor presidente,
quiero terminar informando a SS.SS. de que el plan de inversiones del
Consejo Superior de Deportes va a cambiar radicalmente de filosofía
para polarizarse en la ayuda al deportista de alto nivel. Esta
Comisión me parece el marco adecuado para hacerlo o, al menos, es
donde más cómodo me siento a efectos de que no se produzcan
filtraciones ni anuncios por adelantado a federaciones o comunidades
autónomas.
Por la brevedad que me pide el señor presidente, les ahorraré una
serie de detalles fundamentados en las competencias que tienen el
Consejo Superior de Deportes y las comunidades autónomas. Haré una
división en tres bloques: uno, la ayuda a las comunidades autónomas y
municipios que celebren eventos internacionales, establecida
claramente en los presupuestos de este año y para los tres ejercicios
siguientes.
A título de ejemplo, les citaré algunos acontecimientos: los Juegos
Olímpicos de la juventud que se celebrarán este año en Murcia; los
campeonatos ecuestres de Jerez, el año próximo; en Sevilla,
pirugüismo y remo; natación en Barcelona en 2003; una gran inversión
en Almería en 2005; campeonato de pelota en Pamplona. Todos son
acontecimientos internacionales, en colaboración con las comunidades
autónomas, y disponen de ayudas directas a las ciudades que los
organicen. Habrá una clara participación del Consejo Superior
de Deportes que tiene dispuesta la partida presupuestaria
correspondiente.
Luego está el bloque de obra propia del Consejo Superior de Deportes,
que ya les puedo adelantar que estará dirigida a cuatro objetivos
básicos. Se han reformado y están a punto de inaugurarse -queríamos
inaugurarlas la semana que viene- las instalaciones del CAR de San
Cugat -al 50 por ciento entre la Generalitat de Catalunya y el
Consejo Superior de Deportes-, que en este momento es el mejor dotado
de los tres que hay en España. Se han construido por primera vez en
España cuatro pistas de superficie dura y ha sido interés del Consejo
Superior de Deportes que no se pierdan las que había de superficie de
tierra batida; de manera que se están rehaciendo las cuatro que se
quitaron para hacer la nueva instalación.
Les anuncio la puesta en funcionamiento del CAR de Sierra Nevada -ya
está el concurso en el Boletín Oficial del Estado-, que estaba
abandonado. Ello posibilitará que los atletas ocupen esa instalación
magnífica, tanto desde el punto de vista deportivo como
arquitectónico -debida a los arquitectos Pérez Pita y Junquera-, que
la misma funcione al 100 por cien y, sobre todo, que no esté en
desuso la gran residencia que puede albergar hasta 180 atletas. A
esta residencia de Sierra Nevada se detinarán 350 millones en este
ejercicio y 500 en el ejercicio de 2002.
En este ejercicio se acometerá el acondicionamiento del vacío de las
gradas del CAR de Madrid, que supondrá un importe total en los tres
próximos ejercicios presupuestarios de 1.534 millones de pesetas.
Se va a construir una nueva residencia Blume en las instalaciones del
CAR de Madrid, puesto que la actual ha quedado desfasada y se ha
desbloqueado el plan general urbanístico de la Ciudad Universitaria.
Si la edificabilidad lo permitiera, mantendríamos la actual y, si no,
habrá que proceder a su sustitución o a su uso para aulas, dado que
hay proyectos aprobados de dar clases a los atletas internos en la
residencia Blume.
Además, tenemos la intención -y por tanto la reserva presupuestaria-
de acometer un nuevo CAR para deportes de hielo; me he referido antes
a él y también lo ha hecho la señora Chacón. Creo que la
diferenciación entre los deportes de nieve y los de hielo debe ser
clara. Ya se verá, porque una cosa es la voluntad política y otra que
hay que modificar algunas normas para llegar a esa separación. España
necesita un CAR de hielo. Según nuestras previsiones presupuestarias,
estaríamos en condiciones de abordarlo en el año 2003.
Del mismo modo, en el año 2002 queremos abordar la creación de un
centro nacional de hípica y, por tanto, impulsar algunas de las
instalaciones que en años anteriores recibió el Consejo Superior de
Deportes y que son importantes para un deporte que tenemos que apoyar
y en el que España ha dado bastantes campeones.
Con estas iniciativas dirigidas todas, insisto, a los deportistas de
alto nivel y una colaboración específica
con las comunidades autónomas en aras a impulsar inversiones en los
centros de tecnificación deportiva que dependen de ellas se pone de
manifiesto una filosofía política y, desde luego, un trabajo de meses
y una dirección muy firme de a dónde queremos destinar las ayudas en
las inversiones del Consejo Superior de Deportes. Insisto, todas
ellas dirigidas a las mejores instalaciones y a las mejores ayudas
para el desarrollo del deporte de alto nivel de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
- LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA RECUPERAR EL ESPÍRITU OLÍMPICO FRENTE
A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL COMITÉ PARALÍMPICO QUE
CONFIRMA FRAUDE EN LA COMPOSICIÓN Y FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS DESTINADOS A BECAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/000338.)
PREGUNTA DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA), SOBRE VALORACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ PARALÍMPICO
SOBRE LA PARTICIPACIÓN IRREGULAR DE DEPORTISTAS EN LA OLIMPIADA
PARALÍMPICA DE SYDNEY. (Número de expediente 181/000456.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al actual punto 6.º del orden del fía
(5.º en el orden del día antes de su modificación): Comparecencia del
señor secretario de Estado para el Deporte para informar sobre las
medidas del Gobierno para recuperar el espíritu olímpico frente a los
resultados de la investigación en el Comité Paralímpico que confirma
fraude en la composición y fraude en la administración de recursos
destinados a becas. A esta comparecencia se ha incorporado una
pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, quedando
acumulada por tanto y englobada la respuesta de una y otra.
Intervendrá el portavoz que decida el Grupo Parlamentario Socialista
acumulando pregunta y comparecencia.
Le ruego, señor secretario de Estado, que sea lo más breve posible.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Lo hago con mucho gusto, señor presidente, porque la
verdad es que tenía previsto hacer un poco de deporte cuando
terminara mi comparecencia, pero el deporte lo estoy haciendo aquí
dado que llevo casi tres horas al frente del micrófono.
Es un tema al que hemos dedicado mucha atención en el Consejo
Superior de Deportes. Trataré de intervenir
con la brevedad que me pide, pero voy a dar una serie de
explicaciones que me parecen importantes referidas al contenido de la
comparecencia, a la que inspira la magnífica intención de que el
escándalo que salpicó a una de las federaciones paralímpicas de
discapacitados no salpique el verdadero espíritu deportivo (en la
comparecencia se dice 'espíritu olímpico' pero en realidad es
espíritu deportivo) que debe animar la práctica del deporte
paralímpico en España. Creo que hubo una respuesta muy rápida del
Consejo Superior de Deportes, al que a veces se le niega el pan y la
sal. Pero los hechos son tozudos, son objetivos y las hemerotecas
están ahí y el 'Diario de Sesiones' también.
Tres días antes de tener lugar mi comparecencia en el Senado, en
fecha 30 de noviembre, unos días después de hacerlo en el Congreso,
había saltado la denuncia de un jugador discapacitado del equipo de
baloncesto paralímpico español. Hubo una reacción inmediata del
Consejo Superior de Deportes que, nada más tener conocimiento -cito
el 'Diario de Sesiones'- por medio de la prensa de la denuncia
efectuada por un miembro del equipo paralímpico español, contestó
inmediatamente solicitando del Comité Paralímpico la remisión
inmediata de un informe que aclarara hasta el último extremo y con
todas sus consecuencias la denuncia formulada por ese miembro del
equipo en salvaguarda del juego limpio que, como dije en esa nota,
debe primar en el deporte por encima de los resultados; y el juego
limpio implica indudablemente el competir en igualdad de condiciones,
porque de lo contrario, evidentemente, se altera el resultado.
Quiero recordar, como dije entonces,que el Comité Paralímpico Español
goza, al igual que el Comité Olímpico Español -y me interesa
resaltarlo- de absoluta autonomía de funcionamiento y nadie del
Consejo Superior de Deportes pertenece, como en el caso del Comité
Olímpico, a su comité ejecutivo. Empleo esta consideración sobre la
base de los criterios de selección de las diferentes modalidades
deportivas de cada discapacidad para participar en los Juegos
Paralímpicos de Sidney 2000, que se elaboraron a partir de las
propuestas realizadas por las diferentes federaciones deportivas
españolas de deporte de discapacitados a través de sus técnicos. Una
vez recopiladas todas las propuestas, esas federaciones las elevan a
la comisión de seguimiento del plan de preparación de Sidney 2000,
compuesta por el presidente y directores deportivos de cada una de
las cuatro federaciones deportivas olímpicas de discapacitados, que
procede a coordinarlas y unificarlas como consecuencia de que en una
misma modalidad deportiva existen diferentes clasificaciones en
función del grado de discapacidad, como SS.SS. saben. Es decir, que
desde el primer momento estuvimos allí.
También voy a dar lectura brevemente y de modo resumido, señor
presidente, a la pregunta que fue formulada al Gobierno por la
diputada doña Amparo Valcarce
-que en este momento no se encuentra en la sala- sobre la
opinión que le merece al Consejo Superior de Deportes el informe del
Comité Paralímpico sobre la participación irregular de deportistas en
la olimpiada (no en la olimpiada paralímpica sino en los Juegos
Paralímpicos de Sidney, dado que el enunciado de la pregunta aparece
incorrectamente formulado). El informe, efectivamente, ha sido
elaborado por el Comité Paralímpico Español, asociación sin fines de
lucro, y, como ya he dicho, dotada de personalidad jurídica propia,
que se rige por sus propios estatutos y reglamentos en el marco de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y del ordenamiento
jurídico español, siendo además la entidad que organiza la
inscripción y la participación de los deportistas españoles, como ya
he tenido ocasión de referirme en la lectura que he hecho de mi
intervención en el Senado.
Estas consideraciones previas son necesarias -y las que he hecho
antes también- para poder comprender el protagonismo del Comité
Paralímpico Español en las iniciativas adoptadas y la actuación del
Consejo Superior de Deportes ante unos hechos ampliamente conocidos y
en proceso de depuración de responsabilidades tanto en la vía
judicial como deportiva, aunque ya desde aquella fecha, como SS.SS.
saben, se ha avanzado muchísimo.
Ante la denuncia de los hechos, que quiero recordar se produjo el 25
de noviembre pasado, sobre la participación irregular de personas sin
discapacidad en equipos de deportistas españoles en los Juegos
Paralímpicos de Sidney, el comité ejecutivo del Comité Paralímpico
Español decide al día siguiente por unanimidad crear un comité de
investigación para aclarar las presuntas irregularidades. El 15 de
enero, en la asamblea general del Comité Paralímpico Español, se votó
una moción de censura para expulsar de dicho comité al presidente de
la Federación Española de Discapacitados Intelectuales, presunto
máximo responsable de las irregularidades y fraude denunciados.
El 13 de diciembre de 2000, el comité de investigación presentó las
conclusiones de su trabajo y enunció la solicitud de sanciones
deportivas y penales para los deportistas implicados y para don
Fernando Martín Vicente, presidente de la federación autora del
presunto fraude. Las conclusiones dan a conocer una serie de hechos
que a su vez provocan determinadas medidas. La existencia de
irregularidades en la participación de deportistas sin discapacidad
en los Juegos Paralímpicos; irregularidades económicas; alteraciones
de la verdad, incluso invenciones, en ciertos documentos; se procedió
a la devolución de las medallas fraudulentamente obtenidas; la
investigación del uso de las cantidades recibidas del Consejo
Superior de Deportes destinadas a la preparación de deportistas
participantes en los Juegos Paralímpicos.
Como consecuencia de estas conclusiones, se adoptarondos vías de
actuación, la judicial y la deportiva.
En lo que afecta a la vía deportiva, el Consejo Superior de Deportes
adoptó en su día las siguientes iniciativas. La reestructuración
total de la Federación Española de Deportes para discapacitados
intelectuales. La ordenación de la devolución de las medallas
obtenidas fraudulentamente. La presentación del caso al Comité
Superior de Disciplina Deportiva para que, según su examen,
sancionara a los dirigentes y deportistas implicados en el fraude, en
su caso. Congelación de la subvención económica a la Feidi mientras
no se depuren las responsabilidades a que haya lugar; eso se hizo al
día siguiente y depende exclusivamente del Consejo, con las
matizaciones que luego haré. En la vía judicial, la asamblea del
Comité Paralímpico Español aprobó la presentación de acciones penales
mediante presentación de una querella que fue admitida a trámite el
18 de enero de este año y que se tramita en el Juzgado de Instrucción
número 1 de los de Madrid contra don Fernando Martín Vicente y otros
13 miembros de la junta directiva de la Feidi.
Además de estas medidas, y consecuencia de los hechos, se han
sucedido otras actuaciones. El nombramiento de una nueva junta
directiva en la Feidi; la suspensión por el Comité Paralímpico
Internacional y como miembros del mismo de la Federación
Internacional de Deportes de Discapacitados Intelectuales y su
presidente; actuación del Comité Español de Representantes de
Minusválidos (Cermi) ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para que se suspenda ante la asociación que presidía esta misma
persona toda clase de ayudas. Además, se produce la dimisión del
señor Martín Vicente como presidente de la Federación Internacional
de Deportes para Disminuidos Intelectuales. Posteriormente, y como
SS.SS. saben, ha sido suspendido en actividades deportivas a
perpetuidad. A propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la Intervención General del Estado es requerida para
realizar una auditoría externa de ANDE. Se han revisado los controles
hasta ahora llevados a cabo para participar en unos Juegos
Paralímpicos por parte de un comité de investigación de los
organizadores de los Juegos Paralímpicos -cuestión que es de bastante
interés y, si SS.SS. lo solicitan, me podría extender- con una
auditoria a la Federación Española de Discapacitados intelectuales
pedida por el Consejo Superior de Deportes y que llevará a cabo la
Intervención General del Estado.
Señor presidente, señorías, estoy en condiciones de poder afirmar
aquí que el informe elaborado por el comité de investigación del
Comité Paralímpico Español sobre el fraude denunciado ha rendido un
valioso servicio no sólo al deporte de discapacitados, sino también
a la sociedad española, al desenmascarar una compleja estructura
organizativa con graves irregularidades económicas y deportivas, que
quiero hacer hincapié afectaban solamente a una de las cinco
federaciones deportivas de discapacitados, porque, y ahí está el
enunciado de la comparecencia que se me pedía desde el Grupo de
Izquierda Unida, no creo que esa actuación deba afectar al resto de
las federaciones de deportistas discapacitados ni tampoco a los
discapacitados intelectuales que, siguiendo las normas sobre los
baremos que fijan las autoridades sanitarias en su momento
correspondiente, pueden seguir practicando el deporte dentro de sus
discapacidades o limitaciones. En consecuencia, y para que ese
espíritu deportivo siga presente en estas federaciones, nosotros,
contestando más directamente al objeto de la comparecencia,
trataríamos de impulsar la integración de deportistas paralímpicos de
élite en un plan de preparación específica, lo que supondría mayores
condiciones de preparación que incidirían directamente en los
resultados deportivos, de hecho en algunos países algunos atletas
discapacitados se entrenan en muy contadas ocasiones con los atletas
de preparación olímpica; extender las medidas de acceso a los
estudios -grado medio, universitario y postgrado- de los deportistas
paralímpicos de alto nivel, lo que daría lugar a una perfecta
integración de su carrera deportiva con la académica que redundaría
finalmente en una integración profesional; fomentar la media y baja
competición del deporte paralímpico como medio de integración,
impulsando la creación de clubes y entidades deportivas en este
ámbito y, por último, se realizarán diferentes actuaciones,
seminarios y publicaciones con los representantes iberoamericanos que
nos lo han pedido al objeto de poder trasladar y compartir diferentes
iniciativas relativas al desarrollo y fomento del deporte de personas
con alguna discapacidad.
Atendiendo a su apelación a la brevedad, hasta aquí, señor
presidente, llega mi intervención, sin perjuicio que sobre alguno de
estos aspectos pueda responder a SS.SS. en un posterior turno.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco su brevedad.
Ahora corresponde el turno de los grupos parlamentarios. La señora
Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra.
La señora CASTRO FONSECA: En primer lugar, quiero pedir disculpas a
la Mesa, a las compañeras y compañeros diputados por mis entradas y
salidas y al compareciente por llegar tarde, pero ya saben ustedes
que los grupos minoritarios aquí tenemos que jugar a esto.
Señor secretario de Estado para el Deporte, bienvenido a esta
Comisión. Nosotros habíamos pedido su comparecencia hace muchísimo
tiempo, pero estamos hablando de un tema que, desgraciadamente, sigue
siendo objeto de preocupación por parte de los grupos parlamentarios
y de los ciudadanos españoles. Quiero agradecer las explicaciones que
usted nos ha dado y en nombre de mi grupo quiero manifestarle muy
brevemente, porque sé que lleva usted un maratón y también el resto
de los compañeros y compañeras que están en
la Comisión, algunas inquietudes. No es que no me hayan satisfecho
sus explicaciones, pero como no estoy en situación de juzgar si ha
habido tanta diligencia como usted dice, supongo que habrá que
dejarla en un camino intermedio. Este es un tema que tiene varios
ámbitos, nosotros estamos hablando aquí de una cuestión que es un
escándalo que tiene componentes de política deportiva, jurídicos, de
todo tipo, pero este es un marco para hablar de responsabilidades
políticas, de las políticas que ustedes van a poner en marcha para
controlar estos procesos a partir de ahora. A nosotros nos satisface
que este escándalo haya afectado sólo a una federación. Nosotros
somos españoles y tan patriotas como el que más, entendiendo por la
patria no el fusil y la bandera, sino el espacio territorial donde
todos convivimos democráticamente y tratamos de hacer la vida más
amable a todo el mundo, y en este sentido cómo no nos vamos a sentir
satisfechos de que sólo sea en una federación. Pero, aunque el
escándalo sólo se haya dado en una federación, tiene usted que
convenir conmigo que ha sido lo suficientemente importante como para
que esté justificada esta solicitud de comparecencia.
Lo que más me preocupa es cómo queda ahora la situación de ANDE. Nos
decía usted que se han suspendido todas las ayudas a ANDE. Yo lo he
anotado aquí, estoy esta mañana un poco complicada mentalmente de
tanto ir y venir de un tema a otro, pero he creído entender que decía
usted que se han suspendido todas las ayudas a ANDE. A mí me gustaría
saber cómo queda realmente la situación de ANDE a partir de ahora
y cómo piensan ustedes recomponer y controlar este estado de cosas.
Quería saber si han establecido controles complementarios, que hay
que plantearlos necesariamente, porque esto es lo que a mí más me
preocupa. ¿Cómo ha podido darse un escándalo de estas magnitudes, una
situación tan fraudulenta sin que los responsables políticos del
deporte percibieran ningún síntoma? Y lo digo con todo respeto, señor
Gómez- Angulo, porque usted me conoce de hace tiempo. Ustedes llevan
trabajando con ANDE muchísimos años, y cuando digo ustedes digo el
Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de la nación
o los órganos competentes en materia deportiva. ¿Cómo es posible que
ustedes no hayan tenido ninguna percepción de que se estaban
produciendo estas irregularidades y este escándalo, teniendo en
cuenta que en Sidney además estaban todos, incluido usted -que yo le
vi-, y estaban con el señor Martín Vicente? Le vi en Sidney a través
de la televisión; ojalá le hubiera visto en Sidney personalmente. Me
ha dado la sensación de que estaba usted contándonos una historia que
le era ajena y no puede ser ajena, aquí hay responsables políticos y
estamos hablando de política deportiva. Por tanto, más allá de estas
cuestiones, a mí lo que me interesa es cómo ha actuado el Consejo
Superior de Deportes, cómo va a actuar a partir de ahora para evitar
que se puedan plantear
situaciones como las que hemos tenido que vivir en los pasados
Juegos Paralímpicos.
Señor Gómez-Angulo, usted sabe que a mí me caracteriza la buena fe.
No le he hecho comparecer aquí para hacer de látigo del secretario de
Estado, únicamente me gustaría irme tranquila y estas son las dos
cuestiones básicas para mí. ¿Qué va a pasar con ANDE a partir de
ahora? Se han suspendido las subvenciones, pero ¿en qué terminos,
hasta cuando, sine die? Este es un escándalo muy grave y no se puede
permitir que una organización como ANDE pueda volver a estar
implicada en ningún acontecimiento deportivo, al menos así lo
estimamos desde mi grupo parlamentario.
Valoraré con mayor rigor su intervención, no estoy en condiciones de
hacerlo en este momento, puesto que estoy francamente agotada
-también eso nos pasa a los diputados y a las diputadas-. Espero que
podamos sentirnos todas y todos satisfechos, no sólo mi grupo
parlamentario, de las gestiones que realice el Consejo para reordenar
esta situación. Estamos hablando de unos deportistas que no se
merecen -ningún deportista se lo merece, pero particularmente estos-
que haya personas como el señor Martín Vicente que puedan estropear
sus ilusiones, sus expectativas, cargarse su sacrificio personal y
sus esfuerzos, pues, obviamente, tienen muchos pluses añadidos a los
de los deportistas de elite que no padecen minusvalías.
Por tanto, la exigencia de este grupo es sencillamente que se deje
tranquilos a los deportistas de nuestro país que están en esta
categoría de paralímpicos y, por supuesto, que se deje tranquilo al
conjunto de los ciudadanos. En este sentido, su respuesta me da un
cierto nivel de satisfacción, pero me queda la duda de si ANDE va a
volver a andar o no va a volver a andar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor secretario de Estado, señorías, en
nombre de mi grupo parlamentario quisiera agradecerle muy
sinceramente su intervención en relación con el tema que nos ocupa,
un tema gravísimo, como ya se ha ocupado de recordar la portavoz del
Grupo de Izquierda Unida. Queremos agradecerle su intervención porque
nos ha dado información complementaria de la que ya disponíamos a
través de los medios de comunicación y de algunas respuestas
parlamentarias que el Gobierno había dado a través del Consejo
Superior de Deportes a los grupos parlamentarios presentes en esta
Comisión.
La verdad es que estamos ante un tema que ha conmocionado a la
sociedad española. Esto ya se ha dicho, pero debemos subrayarlo,
porque ha sido gravísimo. Durante su comparecencia el pasado mes de
noviembre, este portavoz tuvo la oportunidad de referirse aeste
escándalo y a la necesidad de que el Consejo Superior
de Deportes actuara con rapidez y, sobre todo, con contundencia, al
objeto de depurar las responsabilidades que más tarde se han visto
confirmadas y se han acreditado a través de este informe de la
comisión de investigación del Comité Paralímpico Español, al que
usted se ha referido. Cuatro días antes, el 24 de noviembre, este
portavoz presentó ante el registro de esta Cámara una pregunta
parlamentaria sobre las medidas que iba a tomar el Gobierno al
respecto, pregunta que obtuvo la correspondiente respuesta el pasado
6 de febrero. Fue además unas pocas semanas después de que se hiciera
público el resultado de este informe de la comisión de investigación
del Comité Paralímpico Español al que me acabo de referir, informe
que, por cierto, fue contundente y hasta concluyente sobre las
responsabilidades de los máximos responsables de la Feddi.
A raíz de esa respuesta este portavoz presentó otra pregunta al
Gobierno el pasado 16 de marzo, a través de la cual nos interesábamos
por algunos aspectos que, en forma de actuaciones y medidas
emprendidas por el Consejo Superior de Deportes, integraban la
respuesta a la pregunta a la que me he referido. Este conjunto de
medidas o de iniciativas parlamentarias, igual que el resto de las
iniciativas parlamentarias de todos los grupos parlamentarios de esta
Comisión, demuestra el interés de nuestro grupo por el
esclarecimiento de las responsabilidades de los dirigentes de la
Feddi y por las medidas correctoras que entendemos deben propiciarse
e impulsarse, como ha avanzado el máximo responsable del Consejo
Superior de Deportes. En ese sentido le agradecemos otra vez, señor
secretario de Estado, la información que nos ha facilitado, que
demuestra claramente la voluntad política del Gobierno de cortar de
raíz cualquier práctica, a todas luces repugnante -permítanme la
expresión-, llevada a cabo por la Feddi y especialmente por su
dimitido presidente, el señor Fernando Martín Vicente, y sus
colaboradores más inmediatos. Permítame que le exprese, señor Gómez-
Ángulo nuestro estupor y nuestra indignación en relación con el hecho
de que un personaje como el señor Fernando Martín Vicente, en un país
como el nuestro y en una época como la que nos ha tocado vivir, pueda
llegar a levantar un imperio empresarial y a acumular un patrimonio
personal como el que ha acumulado, aprovechándose de sus cargos
federativos, sin que las máximas instancias del deporte español hayan
sospechado siquiera de sus actuaciones y de sus métodos. Aquí quería
sumarme a mi amiga Marisa Castro, que además es una excepcional
parlamentaria y es una persona que, salvando las diferencias
ideológicas, todos los miembros de esta Comisión, compañeros suyos,
debemos reconocer que va de buena fe. En ese sentido, nos sumamos a
su interrogante: ¿Cómo es posible que ninguna instancia superior del
deporte español haya advertido lo que sucedía? Y no sólo me refiero a
este Gobierno, sino a otros gobiernos anteriores,
porque todos sabemos la trayectoria histórica de este personaje,
que viene de lejos, incluso de épocas anteriores. Por tanto, quiero
reiterar esta preocupación por saber cómo es posible que haya
sucedido lo que ha sucedido sin que se hayan tomado las medidas
necesarias en su momento. Las medidas adoptadas que nos ha planteado
hoy son medidas buenas y acertadas, inmediatas, que dan respuesta a
esta preocupación de la sociedad española, pero le repito que la
actuación del Gobierno y de los máximos responsables deportivos de
este país no ha sido todo lo diligente que debería haber sido en
relación con el tema de la prevención, con las actuaciones a priori.
Quiero separar muy claramente, señor secretario de Estado, las dos
intervenciones posibles de cualquier responsable político: la de
prevención, la de actuar en relación con unos sucesos que se puede ir
viendo que se van produciendo, y las actuaciones a posteriori, que
son las que ustedes han tomado muy diligentemente.
Volviendo a la información que nos ha facilitado, sobre la que le
reitero que apreciamos esa voluntad política de dar solución a este
lamentable episodio, quisiera preguntarle acerca de la posición del
deporte paralímpico español en el concierto del deporte
internacional. En ese sentido a nadie se le puede escapar que este
escándalo ha cruzado nuestras fronteras, como usted ha dicho, y que
en estos momentos el Comité Paralímpico Internacional ha puesto en
cuarentena al deporte paralímpico español. Por ello, le pediría que
nos diese la máxima información posible acerca de los requerimientos
y las exigencias que el Comité Paralímpico Internacional ha planteado
al Gobierno para que las selecciones paralímpicas españolas no se
encuentren con problemas para competir en campeonatos
internacionales, como es el caso de la selección de baloncesto.
Finalmente, aunque sean cuestiones que se planteaban en la pregunta a
la que antes me refería, del 16 de marzo, a la que aún no tenemos
respuesta, quisiera aprovechar esta comparecencia suya para
repreguntarle o para pedirle que nos diese alguna información
complementaria a la que nos ha dado, porque alguna de las
subpreguntas que contenía mi pregunta parlamentaria han sido
respondidas por usted hace unos pocos minutos. Quería preguntarle
cuál ha sido el resultado de esa reestructuración que usted anunciaba
de la Federación Española de Deportes para Discapacitados
Intelectuales. También se ha referido usted al tema de las medallas
en función del informe de la comisión de investigación del Comité
Paralímpico Español que pedía la devolución de las mismas. Querríamos
saber si esas medallas obtenidas fraudulentamente han sido
efectivamente devueltas y cuándo. También querríamos preguntarle si
aparte de la querella que usted ha anunciado que se presentó el
pasado 18 de enero ha habido alguna acción penal complementaria que
haya tramitado el Consejo Superior de Deportes y cuál es el resultado
deesa inspección extraordinaria realizada a la Feddi. También
nos gustaría saber cuál es el estado de elaboración de la auditoría
de contraste encargada por el Consejo Superior de Deportes sobre la
gestión de la Feddi, a la que hacía usted referencia en su anterior
respuesta y a la que hacía también referencia el contenido del
informe de la comisión de investigación. Finalmente nos gustaría
saber si se han tomado otras medidas diferentes a las que usted ha
expuesto o si se tienen preparadas otras medidas distintas a las que
usted ha anunciado hoy y que previsiblemente puedan llevarse adelante
en los próximos días.
En cualquier caso, para finalizar esta intervención referida al
fraude en el deporte paralímpico español, nuestro grupo parlamentario
quiere pedirle que este episodio, en la medida de las posibilidades
que tiene el Consejo Superior de Deportes, no se vuelva a repetir y
que se tomen las medidas preventivas necesarias de cara al futuro por
el bien de la imagen exterior del deporte español y, sobre todo -como
decía la portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida-, por la
dignidad y por el espíritu participativo de todos los atletas de
cualquier disciplina deportiva que son paralímpicos o que tienen
algún tipo de discapacidad, que son los que menos se merecen este
tipo de escándalos, que nos han dejado a todos atónitos y que
esperemos que, por el bien de todos, no se vuelvan a repetir. Como en
la anterior comparecencia, reitero nuestro apoyo a todas esas
acciones. Sabe que puede contar con el Grupo Parlamentario Catalán.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señor secretario de Estado, quiero
agradecer su presencia en esta comparecencia para explicar un tema
que, como no se le escapa a nadie y ya se ha dicho aquí, es
enormemente preocupante, pero sobre todo enormemente indignante.
A nadie se le escapa que el deporte paralímpico está unido a valores
extraordinariamente positivos, como son los de la integración social
y la superación personal, que es preciso amparar ante cualquier duda,
no sólo respecto a ellos mismos y a su propio esfuerzo, sino también
respecto a lo que ellos querrían, es decir que de cara a los
ciudadanos se dejaran claras cosas que para nosotros ya lo estaban y
que usted ha dejado claras aquí: se trata de una sola federación. Por
tanto es un caso aislado, se va a controlar y se va a tratar de hacer
mejor para el futuro. En cualquier caso, la aclaración era
absolutamente indispensable y esa es una de las preocupaciones que me
traen aquí.
Quiero agradecerle su presencia y también que haya traído aquí lo que
usted declaró el 30 de noviembre en una comparecencia ante la
Comisión de Educación en el Senado cuando dijo: He solicitado del
Comité Paralímpico la remisión inmediata del informe para que aclare
hasta el último extremo estas cuestiones. No
obstante, y no se le escapará a usted, el 13 de diciembre, en una
sesión de control en el Pleno de esta Cámara, la señora ministra
contestó a una pregunta de esta diputada respecto a las medidas que
se iban a adoptar en este sentido y dijo que en el momento en que la
comisión de investigación, creada por el Comité Paralímpico a este
respecto, estableciera lo que iban a ser sus conclusiones, el
Ministerio valoraría las acciones a emprender. En la réplica afinó
algo más y señaló, y esto sí que lo quiero leer textualmente: En
cuanto esté el informe de la comisión, señoría, no tenga la menor
duda de que lo haremos público e intervendremos. Esto lo dijo la
señora ministra el 13 de diciembre, reconociendo, como ya había hecho
usted anteriormente en el Senado, que el asunto era grave, que
afectaba a la imagen del deporte español y que, llegado el caso,
intervendrían para depurar todas las responsabilidades.
Como usted sabe, y como ha reiterado aquí, la comisión del Comité
Paralímpico Español ha hecho un trabajo y ha establecido unas
conclusiones en las que quedaban muy claras cuáles eran las
responsabilidades del Gobierno en esta materia. A raíz de este
informe, la asamblea general del Comité Paralímpico, el 14 de
diciembre, justo un día después de que la ministra hiciera estas
declaraciones en una sesión de control en el Congreso de los
Diputados, aprueba una serie de acuerdos en los que, en cinco de
ellos, le pide al Consejo Superior de Deportes que intervenga. En el
primero pide que se le dé traslado a usted mismo, después que se
requiera a la Federación Española de Deportes para Discapacitados
Intelectuales, la incoación de los procedimientos que menciona que
son necesarios; se le pide también a usted que requiera al Comité
Español de Disciplina Deportiva para que ejercite su propia potestad
disciplinaria; que inicie el procedimiento extraordinario, etcétera;
todas estas cuestiones que usted sabe.
Usted nos ha dicho aquí que el Consejo Superior de Deportes emprendió
actuaciones rápidamente en vía deportiva y judicial. Pues bien,
déjeme que el diga una cosa: me va a costar mucho dudar de la
capacidad mediática de su Gobierno para que esto se sepa más y mejor,
pero le aseguro que en muchísimos casos, si alguien tenía
conocimiento de que se hubiera intervenido en estas cuestiones, era
el Comité Paralímpico Español; pero la respuesta a aquellas
recomendaciones, en algún caso reiterados requerimientos hacia a
ustedes, nos ha parecido débil, por cuanto creíamos que era
importante que mediaticamente se tuvieran claras estas cuestiones que
usted ha aclarado aquí hoy. Lo que yo creo que era importante
-teniendo estas resoluciones un día después de que la ministra nos
dijera que iba a intervenir, que iba a hacer público el informe y que
lo iba a traerlo a esta Cámara- es que ustedes después de que la
ministra contestara en una sesión de control, pidieran esta
comparecencia sobre todo a raíz de lo que se pedía en el informe del
Comité Paralímpico español. Ustedes eran los más interesados, de
acuerdo con lo
que estaban exponiendo y ante un tema tan grave, y le aseguro que lo
decimos con la mejor voluntad, que es el que nos trae a esta Cámara,
para que de alguna manera quedase claro lo que había sucedido en
todas estas cuestiones y que ustedes, de motu proprio dijeran -la
ministra o usted , y le agradezco que usted lo haga hoy- lo que se ha
hecho desde el Gobierno, desde el Consejo superior de Deportes a este
efecto.
Tal vez le sorprenda lo que le voy a decir, pero quiero trasladarle
lo que me causó mayor estupor de estas cuestiones y es que esta
diputada, que seguía preocupada, como lo sigue también mi grupo
parlamentario, respecto a qué actuaciones iban a realizar, hizo una
pregunta al Gobierno por escrito, preguntándole, tras el dictamen de
esa participación irregular, su ámbito específico, su magnitud,
cuáles iban a ser las actuaciones del Consejo Superior de Deportes.
Yo sé que usted nos ha dicho aquí que le parece responsabilidad de
ustedes, como el propio informe les requería, pero quiero que sepa
usted que el Partido Popular, haciendo uso de su mayoría en la Mesa
de esta Cámara, ha decidido no admitir a trámite esta pregunta, y le
leo textualmente la respuesta: Su contenido no es materia de
Gobierno. Le anuncio que obviamente pedimos amparo a la Cámara por
cuanto no entendemos que se discrepe respecto de lo que usted nos ha
dicho aquí claramente, y además decía el informe. Por supuesto que la
resolución, la intervención, el control, etcétera, como ya había
reiterado la ministra y lo hace usted aquí, es materia de Gobierno y
además nosotros les solicitamos, y lo hacemos con toda la buena fe,
que ustedes intervengan. Usted me dice que ya lo han hecho, yo
desconocía que había sido a través de ustedes, ustedes me dan hoy
esta información y le quiero preguntar si comparte usted la opinión
de la Mesa; entiendo que no por cuanto que usted me dice aquí todo lo
contrario. Yo le comento lo que se me ha respondido y que he pedido
amparo a este respecto.
Los hechos son tan sumamente graves, y sobre todo relacionados con el
deporte paralímpico lo son en mucha mayor magnitud por una cuestión
simplemente de dignidad, que creemos que ha sido débil la
intervención por cuanto el impacto mediático no lo ha sido lo
suficiente respecto a las intervenciones por parte del Gobierno y,
por tanto, esa sensación de su máxima voluntad de depurar las
responsabilidades hasta el final para dejar claro a los ciudadanos, y
sobre todo a nuestros deportistas discapacitados, que esa voluntad
impresionante que tienen de esfuerzo, de capacidad de superación y,
finalmente, el magnífico ejemplo que dan nuestros deportistas en
cualquiera de las competiciones a las que nuestros deportistas
paralímpicos españoles asisten, requeriría una intervención mayor o,
si no mayor, mucho más eficaz mediáticamente, y yo no dudo de la
capacidad del Partido Popular a este efecto. Venía aquí con la
sensación de que ustedes no habían hecho lo suficiente, sí el Comité
Paralímpico Español,
pero que el requerimiento que se le hacía a usted a través del
informe no había sido suficiente.
En cualquier caso, le agradezco que usted nos traiga hoy esto aquí, y
sí nos hubiera gustado a todos que ustedes mismos, que creo que son
quienes tienen el máximo interés en que se depuren las máximas
responsabilidades y se limpie el nombre del deporte paralímpico
español en toda su magnitud, hubieran solicitado esta comparecencia.
Simplemente decirle esto y, como el diputado de Convergència i Unió
le ha puesto de manifiesto, quisiera saber también cómo van a
ejercer, que entiendo que tendrán previsto, un mayor control sobre
las federaciones para que no ocurran hechos tan desgraciados como el
que ha sucedido en los últimos juegos paralímpicos, y de nuevo
decirle que creemos que hay que ser especialmente pulcro y prudente
en esta materia por cuanto nos parece indignante y probablemente uno
de los episodios más lamentables de nuestro deporte. Ha sucedido,
efectivamente, en una sola federación, y entendemos que si todas
estas actuaciones por vía deportiva y judicial van a buen puerto
nunca más el deporte español tendrá que verlas de nuevo.
El señor PRESIDENTE: El señor González, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Lógicamente quiero agradecer la intervención
del secretario de Estado, que creo que ha sido muy pormenorizada y ha
dado las explicaciones suficientes para que todos estemos satisfechos
en esta Comisión, pero yo le voy a agradecer añadidamente una cosa,
señor secretario de Estado, que en este caso las informaciones sobre
las resoluciones adoptadas tanto por la propia Federación como por el
propio Consejo Superior de Deportes se hayan dado en Cámara
parlamentaria y no nos hayamos enterado por la prensa, como al
parecer se podría entender de alguna intervención. Yo le agradezco
sinceramente que esas explicaciones se hayan dado, que queden
reflejadas en el 'Diario de Sesiones' y no en ningún periódico, con
lo cual todos nos sentimos mucho más satisfechos todavía al ser en
este caso los parlamentarios, los que tenemos la obligación del
control al Gobierno, quienes hayamos sido los protagonistas
primordiales de sus explicaciones.
En segundo lugar, quiero dejar aquí una cosa clara, que yo creo que
todos la sabemos pero quiero que quede reflejado en el 'Diario de
Sesiones' -yo se la he oído al señor secretario de Estadio cuando se
inició todo el proceso del escándalo en el problema de los
paralímpicos nuestros en Sidney- y es que el Consejo Superior de
Deportes no tiene absolutamente nada que ver en la selección de los
deportistas que acuden a las olimpiadas, absolutamente nada que ver.
Si el Consejo Superior de Deportes hubiera hecho eso en este ámbito,
habría sido una tremenda equivocación y, por
supuesto, un intervencionismo absolutamente impropio del organismo
del que estamos hablando. Por tanto, cualquier referencia que se haga
a la intervención del Consejo Superior de Deportes en este aspecto no
es en absoluto materia de Gobierno.
Se ha preguntado aquí que cómo no se han tomado medidas en España
respecto a lo que podría pasar. Quiero recordar, y no lo hago con
ningún tipo de acritud, que estamos en un Estado de derecho y los
delitos o las irregularidades son perseguibles a partir del momento
en que se cometen, no anteriormente; todavía estamos en la presunción
de inocencia, por lo que no podemos señalar a nadie antes de
cometerse estas irregularidades o delitos. Por cierto, los delitos
los determinan los juzgados y no los estamentos deportivos.
También quiero decir que, desgraciadamente para el deporte
paralímpico, no solamente España ha estado implicada en fraude en una
olimpiada, lógicamente a través de los responsables de los que hemos
hablado anteriormente. En concreto, han sido investigados 17 países;
en cinco de ellos, Australia, Gran Bretaña, Polonia, Rusia y España,
se han encontrado irregularidades. Esto no significa exculpar a
España porque se ha acometido con absoluta diligencia lo que había
que hacer en el momento en que se descubrieron las irregularidades.
Aquí se está hablando de una persona que está donde está después del
fraude cometido, pero olvidamos algo también importante. Para que
esto se haya cometido, han sido necesarios cómplices, cómplices
actores, no cómplices por detrás. Aquellas personas que aceptaron
participar en competiciones deportivas sin tener las minusvalías,
desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, tienen el
mismo nivel de responsabilidad que el dirigente que está siendo
sometido no solamente a la crítica de esta Comisión sino a la de la
sociedad española y seguramente a algún tipo de respuesta judicial
que vendrá con posterioridad.
Señor secretario de Estado, voy a ser muy breve, sé que la hora no
permite alargar mucho las intervenciones. Según las notas que he
tomado de lo que ha dicho el señor secretario de Estado, desde el
Consejo Superior de Deportes, en la vía deportiva, se ha
reestructurado la Federación Española de Deportes de Discapacitados
Intelectuales, se ha ordenado la devolución de las medallas obtenidas
fraudulentamente y se ha procedido a la presentación del caso al
Comité de Disciplina Deportiva. Por cierto, hay que decir también que
el Consejo Superior de Deportes no tendría por qué estar, ni así lo
ha hecho, en la comisión de investigación, porque los resultados de
esa comisión de investigación se retomarían, a través del Consejo
Superior de Deportes, en el Comité de Disciplina Deportiva, por lo
que, permítaseme la expresión, no podía ser arte y parte de algo tan
grave como lo que estamos tratando aquí. Por último, se ha procedido
a la congelación de la subvención económica a la Federación en
cuestión mientras no se depuraran las responsabilidades.
Señor secretario de Estado, este grupo parlamentario, y no
simplemente por lo que podría entenderse como disciplina de partido,
tiene que felicitarle muy efusivamente por la actividad que ha
adoptado el Consejo Superior de Deportes respecto a lo que ya se ha
calificado aquí como hecho desgraciado en el mundo del deporte
paralímpico. Por tanto tenemos que decirle que su diligencia ha sido
perfecta y bien establecida, y no solamente eso sino que ha sabido
mantenerse al margen de algunas críticas absolutamente injustificadas
que se realizaron hace tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado,
rogándole brevedad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo
Rodríguez): Señor presidente, lamento la ausencia de la diputada doña
Marisa Castro, con quien me une una relación de amistad desde hace
mucho tiempo. Me gustaría haberle dado respuesta directamente dado
que, al margen del distanciamiento ideológico, como decía el portavoz
de Convergència i Unió, compartimos muchas inquietudes de orden
social desde hace mucho y comparto con ella y con el resto de los
portavoces de los grupos la indignación por el suceso que ha manchado
al deporte paralímpico español.
Al margen de papeles, quiero dejar clara una cosa y me gustaría,
insisto, que la señora Castro hubiese estado en esta sala. En primer
lugar quiero decir a la señora Castro, para que quede recogido en el
'Diario de Sesiones', que todas las afirmaciones que he hecho en el
escrito, como no puede ser de otro modo, son cien por cien ciertas,
¡hasta ahí podía llegar, comparecer ante el Congreso de los Diputados
para decir que se han presentado recursos que no se han presentado!
Están todos aquí y además hay una respuesta escrita. La señora
portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia a los temas
mediáticos, ha dicho que no se han recogido. Están en una respuesta
escrita a una pregunta del señor Martí, que me imagino que se publica
en el Boletín del Congreso, donde figuran las fechas exactas en las
que el Consejo Superior ha llevado a cabo todas las actuaciones, en
concreto a raíz del escrito que usted ha leído, aunque ya he dicho
que estaba contestado. Una de ellas es el 18 de enero de 2001, otra
de ellas el 1 de febrero de 2001. Está todo perfectamente indicado y
las actuaciones se han realizado al cien por cien. Por tanto le
quiero decir a la señora Castro que son absolutamente ciertas todas
las afirmaciones y que no dude nunca jamás de lo que este presidente
del Consejo Superior de Deportes pueda manifestar en esta Cámara y
fuera de esta Cámara.
Acto seguido quiero diferenciar dos cosas clarísimamente. Una cosa es
ANDE, asociación que no tiene la más mínima relación con el Consejo
Superior de Deportes, y a la que yo me he referido dentro de una
serie de actuaciones que se han llevado a cabo y que afectan al señor
Martín Vicente, que es quien la preside. Yo no he dicho que se haya
suspendido toda clase de ayudas, yo he dicho que ha habido una
actuación del Comité Español de Representantes de Minusválidos,
Cermi, ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pidiendo que
se suspenda a ANDE toda clase de ayudas; pero es al Ministerio de
Trabajo y no al Consejo Superior de Deportes a quien corresponde esa
iniciativa, porque no tenemos este tipo de facultades sobre estas
asociaciones. Es también a propuesta del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales que se requiere a la Intervención General del Estado
para realizar una auditoría externa a ANDE, del mismo modo que el
Consejo Superior de Deportes ha pedido a la Intervención General del
Estado que haga la auditoría a la Federación Española de
Discapacitados Intelectuales. Son dos campos absolutamente paralelos.
De ahí, señor Martí, que tenga que rechazar su afirmación de cómo
-además se ha referido a diversos Gobiernos, no me doy por aludido
personalmente- las autoridades deportivas españolas de un tiempo para
acá no se daban cuenta de las actividades de ANDE. Porque las
autoridades deportivas españolas no son las competentes para vigilar
las subvenciones que se dan a ANDE, sí a la Federación Española y ahí
sí hemos intervenido, como se ha puesto de manifiesto
contundentemente.
Pero al margen de papeles, señor presidente, quiero volver a dejar
clara una cuestión que la señora Chacón ha tocado, creo que
acertadamente. Hay cinco federaciones deportivas españolas de
deportes para discapacitados o paralímpicas: deportes para ciegos,
minusválidos físicos, discapacitados intelectuales, paralíticos
cerebrales y deportes para sordos. Hasta Sidney, en los juegos
paralímpicos sólo participaban tres de estas federaciones, porque la
de sordos no ha participado nunca y sí participaba por vez primera la
de discapacitados intelectuales. ¿Qué ha sucedido con la Federación
de Discapacitados Intelectuales? Al margen de que efectivamente, y
creo que lo han tocado los tres portavoces, han existido estas
cuestiones de engaño, el señor portavoz del Grupo Popular lo ha
puesto de manifiesto. No entendamos que el hecho se ha limitado única
y exclusivamente a España, no. Sucede que el presidente de la
Federación Española de Discapacitados Intelectuales lo era a su vez
de la Federación Internacional. ¿Qué sucedió? Que en su condición de
presidente de la Federación Internacional establecía las condiciones
para participar en los juegos paralímpicos de Sidney, es decir, medía
la discapacidad conforme al baremo que él quiso poner, saltándose
cualquier baremo expedido por autoridad sanitaria, no sólo de España
sino de cualquier país, para medir la auténtica discapacidad de estos
deportistas. Fijó un baremo sumamente superior y médicamente es
prácticamente inviable hacer la medición sobre él. De ahí que haga
una referencia a una de las resoluciones del Comité Paralímpico
Internacional, que dice que el proceso de evaluación y certificación
de los atletas discapacitados e intelectuales para los Juegos
Paralímpicos de Sidney 2000 no se llevó a cabo, ni se supervisó, ni
se auditó adecuadamente ni a escala nacional ni a escala
internacional y es la Federación Internacional para personas con
discapacidad intelectual la única responsable de estas infracciones.
¿Por qué? Porque fue la que fijó unilateralmente, al margen de
cualquier actividad sanitaria de cualquier país, ese baremo que en
Sidney era imposible de controlar. De ahí es de donde viene el
escándalo y, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, hay
muchos países implicados: Australia, Gran Bretaña, Polonia, Rusia,
España. Solamente la Federación de Discapacitados Intelectuales
comete esta anomalía, que no puede salpicar -y creo que en esto
coincidimos todos los grupos- a las otras federaciones de deportes
para discapacitados, que no tienen nada que ver porque,
desgraciadamente para muchos de estos deportistas, su condición de
discapacidad es absolutamente medible, constatable a simple vista. Es
emocionante verles participar, como tuve ocasión en las escasas 26
horas que estuve en Sidney, sobre todo en la piscina olímpica. Esta
cuestión hay que dejarla absolutamente clara y hay que hacer justicia
en orden a lo que rezaba el espíritu de la comparecencia, y es que el
espíritu olímpico o deportivo que debe animar a estos deportistas
debe ser mantenido por todos.
En consecuencia, a la única pregunta que queda sobre qué medidas se
van a tomar diré, en cuanto a esta Federación, que es donde se
plantea el problema y así lo haremos llegar a la Federación -aparte
de que la Federación Internacional ha tomado las mismas medidas-, que
solamente tiene valor el certificado sanitario de discapacidad
intelectual expedido oficialmente por las autoridades sanitarias de
cada país. Ahí se acaba el problema. Lo que no puede inventarse
ningún presidente de federación, por muy paralímpica que sea, es un
baremo distinto al que las autoridades sanitarias de cada uno de los
países expiden para demostrar la verdadera discapacidad de estos
deportistas. Con esto he aclarado bastante dónde está la raíz de este
escándalo que, en lo que concierne al responsable máximo, señor
Martín Vicente, tiene otras derivadas que afectan a su comportamiento
o su vida personal que no son objeto de esta comparecencia, ni las
derivadas del funcionamiento de esta otra asociación, ANDE que,
insisto, hay que separar totalmente de la Federación Española de
Discapacitados Intelectuales, donde ha habido una actuación
contundente del Consejo y una congelación de las ayudas, haciendo
frente -esto también me gustaría matizarlo para que no haya
perjuicios a terceros- solamente al pago de acreedores. De hecho, en
los presupuestos de este año 2001, así como el resto de las
federaciones han visto aumentados los mismos, la previsión -con
excepción de la Federación de Sordos,que no han justificado todavía
la subvención del año
pasado- de los discapacitados intelectuales tiene una estimación de
recorte del 8,96 por ciento, en tanto en cuanto se resuelva todo lo
referente a esta Federación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Ruego a los señores portavoces de los grupos parlamentarios que no
utilicen un segundo turno. Concluye así la comparecencia del señor
secretario de Estado. Le reitero nuestro agradecimiento, en nombre de
todos los miembros de la Comisión, por su presencia y por todas sus
respuestas, que quedan reseñadas en el 'Diario de Sesiones'. (Pausa.)
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA),
SOBRE VALORACIÓN POR EL GOBIERNO DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. (Número de
expediente 181/000607.)
El señor PRESIDENTE: Agradezco la presencia de la secretaria general
de Educación y Formación Profesional, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, doña Isabel Couso, para contestar a las preguntas
que figuran en el orden del día de la sesión y las comparecencias
subsiguientes.
Sin más preámbulo, pasamos al punto 7 del orden del día, la pregunta
que formula doña María Amparo Valcarce, del Grupo Parlamentario
Socialista, que tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora secretaria general, hace dos años
el Gobierno, a través de la Ley de acompañamiento de los
presupuestos, modificó el procedimiento de acceso a los ciclos
formativos de grado superior. Nosotros en aquel momento ya expusimos
nuestras razones en contra de esa modificación. Hoy, señora
secretaria general, le preguntamos al Gobierno qué valoración le
merece la aplicación de la nueva normativa derivada de ese cambio en
la Ley de acompañamiento que rectificó la Logse.
El señor PRESIDENTE: La señora Couso tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): En relación con la pregunta de cómo valora el Gobierno
la aplicación del procedimiento de acceso a los ciclos formativos de
grado superior, le puedo responder lo siguiente. El acceso a los
ciclos formativos de grado superior está regulado actualmente en los
artículos 31 y 32 de la Ley 1/1990, Logse, estableciéndose dos
sistemas: acceso directo para los alumnos que
posean bachillerato o mediante prueba para los que no tengan este
requisito o equivalente y tengan cumplidos 20 años. Por Ley 55/1999,
de 29 de diciembre, se introdujo un nuevo apartado, como usted ha
expresado, al artículo 32 de la Logse, por el cual el requisito de
edad para realizar la prueba se establece en 18 años para quienes
acrediten estar en posesión del título de técnico y deseen acceder a
un ciclo formativo de grado superior de la misma familia profesional
o de una familia afín reglamentariamente establecida. Asimismo, y
para este mismo colectivo, la prueba podrá sustituirse por la
superación de las enseñanzas que determinen las administraciones
educativas en la línea de adquirir la madurez en relación con los
objetivos del bachillerato y las capacidades referentes al campo
profesional de que se trate que completen las acreditadas por la
posesión del título de técnico.
Por la fecha de esta disposición, la entrada en vigor efectiva de
esta norma ha sido desde el curso 2000/2001, curso en el que, por
otra parte, en cumplimiento del calendario de aplicación de la Logse,
corresponde la implantación generalizada de los ciclos formativos de
grado medio, y son los titulados en este nivel educativo los que
podrán acogerse a lo previsto en la reforma introducida por Ley 55/
1999, por lo que no puede disponerse de datos estadísticos de su
aplicación por parte de las comunidades autónomas, que son las
competentes tanto para la realización de las pruebas de acceso a los
ciclos formativos como para la determinación de las enseñanzas
sustitutivas de las mismas. No obstante, las experiencias que se
llevan a cabo en las comunidades autónomas de Cataluña y Navarra nos
indican las medidas que facilitan el paso desde los ciclos de grado
medio al grado superior, que son muy positivas, y debe continuarse en
esta línea, con el fin de que las oportunidades de formación para los
ciudadanos españoles sean las máximas posibles y las más adecuadas
a sus intereses y aptitudes.
Por tanto, la valoración del Gobierno en el desarrollo y aplicación
del proceso de acceso a los ciclos de grado superior es positiva y
continúa trabajando en colaboración con las comunidades autónomas a
través de los órganos de cooperación establecidos para completar el
desarrollo normativo de la Ley 55/1999 y las medidas
correspondientes.
El señor PRESIDENTE: La señora Valcarce tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: En efecto, señora secretaria general, sólo
dos comunidades, Cataluña y Navarra, han desarrollado lo previsto en
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
Esto nos da una idea del escaso o nulo entusiasmo que semejante
reforma ha generado en el conjunto del sistema educativo español, en
la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, como nosotros
ya les hemos avanzado, porque el problema, señora secretaria general,
como usted sabe muy bien, no es reducir los requisitos académicos
para acceder a los ciclos formativos de grado superior, sino
incrementar la oferta de plazas para los estudiantes en los ciclos
formativos de grado superior.
Nosotros ya le hemos expresado nuestra preocupación por esa reducción
en los requisitos para acceder a los ciclos formativos de grado
superior, porque entendemos que van a quebrar la excelente imagen que
dichos ciclos tienen, pero es que además nosotros le hemos señalado
que técnicamente hay dificultades enormes para ponerlo en marcha, en
especial en una cuestión importantísima, como es el famoso curso
puente, del que usted hoy no nos ha hablado. Usted dice que no
dispone de datos, pero lo cierto es que las comunidades autónomas ya
han podido aplicar en el curso presente el criterio de edad y lo que
se refiere al examen de acceso a los ciclos formativos de grado
superior, y el interés para mi grupo parlamentario es saber cuántos
estudiantes han podido acceder a través de esta vía. Usted y yo
sabemos que es una cantidad insignificante en las comunidades que lo
han desarrollado, como es el caso de Navarra y Cataluña, ninguno en
el resto de las comunidades autónomas.
Usted no nos ha hablado de una cuestión que preocupa enormemente,
como es la puesta en marcha de ese famoso curso puente. Nos preocupa
que en el futuro la titulación pueda no ser equiparable en el marco
europeo; nos preocupa además un posible descenso de calidad y de
aprecio social de esta titulación, y desde luego queremos que nos
aclare si ustedes, en el proyecto de ley de formación profesional que
van a traer a esta Cámara, piensan regular algún aspecto relacionado
con lo que popularmente se llama la pasarela, es decir, el acceso por
la vía no ordinaria, que es la superación del bachillerato, a los
ciclos formativos de grado superior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Isabel Couso.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Es cierto que las experiencias son en Navarra y en
Cataluña e incluso le diré que estas experiencias, comparadas entre
sí, no son uniformes; es decir, que se han trabajado con distintos
criterios de interpretación de la norma.
El nulo entusiasmo al que usted alude yo no lo especificaría con esa
terminología. Creo que hay que ser muy conscientes del factor
calendario, que he mencionado en mi intervención; es decir, que hay
tiempo para que las comunidades autónomas reflexionen sobre la
organización de este curso puente y la prueba. Todavía estamos en los
albores de la aplicación. Usted sabe que en todo proceso de gestión
de la educación hay comunidades autónomas más ágiles a la hora de
interpretar,
o sus alumnos tienen unas demandas más fácilmente interpretables por
la Administración educativa, etcétera. Inciden muchos elementos que
no es cuestión de profundizar aquí, pero el caso es que siempre hay
comunidades autónomas que comienzan los procesos. Precisamente la
reflexión sobre cómo ha ido en estas comunidades autónomas servirá de
factor dinamizador para el resto. Tendremos oportunidad de tratar
esto cuando hablemos del proyecto de ley de formación profesional que
están preparando el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Usted alude a algunas cuestiones importantes. Le preocupa que no se
reduzcan los requisitos para acceder a la formación profesional. Yo
valoro extraordinariamente la intencionalidad que hubo en su momento
de que, profundizando en los requisitos académicos para el acceso a
la formación profesional, se iba a dar una nueva imagen a esta
formación profesional, que esto iba a aportar mayor calidad e iba a
dar más relevancia a estos estudios. Tal vez pudiese ser así en unos
primeros momentos, el texto podía ser interpretado de esta manera,
pero ahora, en el año 2001, esto hay que interpretarlo a la luz de la
experiencia. No ha resultado positivo academizar en exceso los
estudios de formación profesional. Quizá éste sea uno de los
elementos de reflexión importantes. Si queremos que esta formación
oriente específicamente para el empleo y vincule a los alumnos con el
mundo del trabajo en su vida adulta, academizar en exceso las rutas
por las que se accede a la formación profesional no iría en beneficio
de los alumnos. Tal vez en un primer momento se pensase que esto
podría ser un buen elemento para mejorar los estudios de formación
profesional y el famoso prestigio social que debemos todos a la
formación profesional pero, a la luz de la experiencia, no ha sido
una buena aportación. Piense que, en realidad, es una especie de
retorno para muchos alumnos que ya cursaron o que pueden cursar los
ciclos formativos de grado medio. Retornan al bachillerato, adquieren
esa formación académica postobligatoria y se incorporan después a los
ciclos formativos de grado superior. En fin, es un retorno que quizá
a esas edades no es demasiado positivo para los alumnos.
De todos modos, hay que contemplar el que en una sociedad abierta, en
una sociedad en que debe primar la flexibilidad de las oportunidades
de aprendizaje, existan distintas posibilidades de acceder y el que
exista esta prueba en estas condiciones y con unos requisitos muy
determinados, como usted conoce, es crear mayores oportunidades de
acceso a la formación profesional, que coexisten con las que ya
existen en la legislación vigente. Yo valoro positivamente el que
exista esta oportunidad y alentaremos a las comunidades autónomas
para que la pongan en marcha.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general.
- DEL SEÑOR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE FACILITAR EL ACCESO A LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES CON EXPERIENCIA, INTEGRADOS
EN EL MERCADO LABORAL. (Número de expediente 181/000676.)
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
FORMACIÓN ESPECÍFICA RECIBIDA POR LOS PROFESORES QUE DEDICAN PARTE DE
SU HORARIO LECTIVO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Número de
expediente 181/000697.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta que figura en el número 8 del orden
del día, formulada por don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, ha sido retirada. Pasamos a la pregunta número
9, relativa a la formación específica de los profesores que dedican
parte de su horario lectivo a la atención a la diversidad, cuyo autor
es don Vicente Ripa González, del Grupo Parlamentario Socialista, que
tiene la palabra.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Gracias, señora secretaria general de
Educación y de Formación Profesional. La verdad es que estoy
encantado de poder reflexionar hoy con usted sobre algo que apenas
hace un año yo discutía en mi instituto de educación secundaria en
Pamplona con mis compañeros de seminario, con compañeros de claustro,
con compañeros de consejo escolar, con compañeros de sala de
profesores: el tema de la atención a la diversidad, el tema de la
calidad del sistema educativo, que es fundamentalmente adonde tiende
la atención a la diversidad.
Las cuatro preguntas que he formulado van en esta dirección. Si yo
hubiera tenido más experiencia parlamentaria probablemente no hubiera
puesto el orden que figura sino, primero, las medidas previstas para
la escolarización, luego las medidas organizativas, a continuación
las medidas curriculares y finalmente la formación específica del
profesorado. Pero no me importa porque soy de los que entiende que la
implicación del profesorado es necesaria para llevar a cabo cualquier
sistema educativo, tanto si ello se entiende desde el supuesto de que
la buena educación exige buenos profesores como si se entiende desde
el convencimiento más pragmático y algo cínico de que en educación
nada funciona con la oposición del profesorado.
Por tanto, pregunto a la secretaria general de Educación qué
formación específica reciben los profesores que atienden total o
parcialmente en su horario lectivo la atención a la diversidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Diré en respuesta a su pregunta que la atención a la
diversidad es tratada desde dos ámbitos por lo que respecta a la
formación de los docentes que tienen a su cargo esta importante
función educativa: formación inicial y su repercusión en el
funcionamiento de los centros; formación inicial del profesorado en
educación primaria. La formación inicial se preocupa de la atención
a la diversidad en la formación del profesorado de educación infantil y
primaria a través de los departamentos de didácticas y organización
escolar, didácticas específicas y las diversas áreas de conocimiento
del mundo de la psicología, psicología evolutiva, modificación de
conducta, etcétera.
Sin embargo, la situación en el campo de la educación secundaria es
menos positiva por la evidente falta de una formación específica para
el profesorado de secundaria, muy en particular para el nivel
general, obligatorio y gratuito: la enseñanza secundaria obligatoria.
En la actualidad, el profesorado de secundaria es formado desde su
vertiente docente exclusivamente a través del CAP, tipo de formación
diseñado por la Ley de 1970 para un nivel no obligatorio. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha diseñado ya una
importante reforma en la formación inicial de este profesorado
a través del real decreto que regula el título profesional de
especialización didáctica, que se encuentra en este momento en
estudio por parte de los responsables educativos de las comunidades
autónomas y por parte de los responsables universitarios en la
formación del profesorado. No obstante, en los centros docentes de
secundaria se desarrolla también una importante labor en este
sentido, realizada con el esfuerzo del profesorado de las distintas
disciplinas.
Formación permanente y su repercusión en la acción profesional
docente. La labor reseñada en el punto anterior respecto a las
aplicaciones de la labor educativa del profesorado se apoya en
importantes acciones de formación permanente del profesorado. Desde
este punto de vista, la anterior Subdirección General de Formación
del Profesorado y el actual Instituto Superior de Formación del
Profesorado se preocupan de incentivar y apoyar acciones de todo tipo
para desarrollar en el profesorado una amplia formación desde estas
perspectivas. Así, el pasado año se invirtieron 230 millones de
pesetas en subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro que han
desarrollado actividades de formación, entre las que tenían lugar
destacado los cursos que se preocupaban de la formación del
profesorado en la atención a la diversidad en cualquiera de sus
formas. Por otra parte, alguna de estas instituciones son entidades
que trabajan específicamente este tipo de atenciones, asociaciones
referidas a diferentes minusvalías,
como las que se dedican al tratamiento de niños con dificultades
físicas de todo tipo, desde la psicomotricidad a las minusvalías,
etcétera, también instituciones que se dedican al tratamiento de las
minorías étnicas.
Por referirnos finalmente a actuaciones directas que el Instituto
Superior de Formación del Profesorado está llevando a cabo, citaremos
el curso sobre multiculturalismo titulado Diversidad y solidaridad en
la sociedad de hoy, en El Escorial, en el marco de los cursos de la
Universidad Complutense de Madrid; el curso profesional en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que atenderá a la
orientación de los alumnos en función de sus intereses profesionales,
o el curso, también en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
que se refiere a nuevas profesiones para el servicio a la sociedad.
De la misma manera, en convenio con la UNED se desarrollan cursos
para atención a alumnos de alta dotación.
El señor PRESIDENTE: El señor diputado tiene la palabra.
El señor RIPA GONZÁLEZ: No voy hoy aquí a polemizar sobre este tema
porque la verdad es que no me interesa. Creo que lo que debemos hacer
todos es trabajar en favor de la educación. Pero si sus palabras las
oyeran los profesores de instituto de bachillerato, sobre todo los
del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, en los que
está el problema fundamentalmente, esto les sonaría no a cánticos
celestiales. La realidad es muy diferente, y se lo digo desde la
experiencia de hace apenas un año.
La realidad es que los profesores que se dedican fundamentalmente
a atender la diversidad en sus diferentes variables son los profesores
que o bien han llegado al centro en el último momento y no tienen más
remedio que dar esas clases o bien son los profesores que
participaron en un concurso de traslados, porque esas plazas fueron
propuestas de modo especial, para situarse en ciudades más cercanas a
su domicilio. Pero estos profesores no están realmente imbuidos de la
inquietud, de la preparación, de la atención que merecen aquellos
alumnos que deben de tener esta atención a la diversidad.
No sé si nos damos cuenta de que dar clase a un grupo de alumnos de
secundaria en cualquier gran ciudad de España supone encontrarse con
inmigrantes, minorías étnicas, necesidades educativas específicas y
no solamente esto, sino que hoy día nos encontramos con grupos de
skins, punkies, raftas, heavies y otras tantas tribus urbanas o
suburbanas que nacen, crecen y desaparecen en períodos de tiempo cada
vez más cortos y debajo de la forma más o menos estrafalaria de
vestir que tiene cada grupo de éstos se encuentran teorías,
filosofías muy diferentes. El profesorado, al que le pedimos que
además de dar clase de historia, que además de dar clase de
matemáticas, entienda a todos estos diferentes
grupos de las ciudades, realmente resulta muy complicado. Tampoco
debemos olvidar que a veces les pedimos que impartan educación
sexual, prevención de drogas, atención a la solidaridad, al respeto,
etcétera. Me parece bastante complicado. Por lo tanto, si al
Ministerio realmente le interesa la calidad en la educación y no el
cambio de las leyes establecidas, tiene que aplicar una política de
profesorado integrada en un proyecto educativo general que vaya más
lejos de lo meramente económico y coyuntural y tenga en cuenta el
papel central del profesor en el proceso educativo de los futuros
ciudadanos. Hace falta un estatuto de la función docente, largamente
sentido como necesidad y reivindicado hasta ahora sin éxito; hay que
revisar el sistema de acceso a la función docente, garantizando una
adecuada preparación y las cualidades personales necesarias para la
tarea del educador; urge actualizar los temarios exigidos en las
oposiciones de ingreso y es necesario diseñar un nuevo modelo de
formación inicial que incluya la adecuada capacitación pedagógica y
la suficiente duración y programación de las prácticas; hace falta
que los estudios universitarios ofrezcan la didáctica de las
distintas materias científicas, lo cual abriría además una vía de
promoción profesional a los docentes de secundaria. El profesor de
secundaria carece de perspectiva profesional a medio y largo plazo y
de posibilidades reales de promoción, más allá del reconocimiento de
la antigüedad, trienios, y la formación, sexenios. La actual función
social del sistema educativo exige al profesor ir más allá del papel
tradicional de instructor. Hoy es un educador, pues no solamente
imparte contenidos conceptuales y procedimentales, sino
actitudinales. Por tanto, si queremos realmente que la calidad de la
enseñanza cambie totalmente debemos enfocarnos hacia la formación de
este profesorado.
El señor PRESIDENTE: La señora Couso puede intervenir, si lo desea.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): La diversidad en el conjunto de problemas que usted ha
enunciado la calificaría de uno de los grandes retos y de los grandes
problemas por resolver que hoy existen en la educación,
fundamentalmente en nuestro sistema educativo centrado en la
educación secundaria y sobre todo en el tramo más complicado de
resolver, desde el punto de vista del tratamiento en directo de las
aulas por los profesores, en la etapa de educación secundaria
obligatoria. En ese sentido, las propuestas que existen en la
legislación vigente son claramente insuficientes, no dan respuesta a
los nuevos problemas que han surgido en la educación y no dan
respuesta a los problemas que vive a diario el profesor en las aulas.
Quisiera decirle que no es posible que la educación dé una respuesta
única, una respuesta que intente aunar todas las motivaciones e
intereses de los alumnos y en
paralelo exigir que los profesores sean capaces de tratar y gestionar
la diversidad de las aulas. Eso es una contradicción en sí mismo y
hay que dar otro tipo de soluciones. De por sí, el tratamiento de la
diversidad es un tema complejo y para el que no existen soluciones
brillantes en ningún país europeo, eso se lo puedo garantizar. En el
Ministerio reflexionamos muy a menudo sobre ello y estudiamos y
analizamos todas las propuestas que hay y el tratamiento que se hace
de estos temas en todos los países europeos. Ahora mismo hay un
planteamiento de propuestas interesantes, pero soluciones
contrastadas con evidencias para los nuevos problemas que tenemos en
la educación, como un gran modelo de referencia que se pudiese
aplicar ahora mismo, no existen. Existen impregnaciones de problemas
en algunos países, existen tipos de respuestas que se están
analizando muy profundamente, pero no existe un único modelo de
referencia para solucionar estos complicados problemas.
La legislación española educativa vigente en la actualidad es
insuficiente para dar solución a estos problemas, porque los alumnos
que están ante el profesor tienen motivaciones e intereses muy
diferentes. Si el profesor está ante alumnos de estas características
es muy difícil que pueda dar un tratamiento homogéneo a sus
problemas. Nosotros consideramos que el conjunto de problemas
producidos por la diversidad hay que tratarlo desde una perspectiva
organizativa, desde una perspectiva de ordenación académica. El
sistema educativo debe dar respuestas para que el profesor pueda
gestionar mejor los problemas que tiene en el aula. Y básicamente,
aunque esto podría llevar muchísimo tiempo de reflexión y de debate,
el profesor tiene ante sí alumnos que van a irse a una vida activa,
que van a incorporarse a unos empleos cuando terminen la etapa de
escolarización obligatoria; tiene ante sí y en la misma aula alumnos
que quisieran cursar estudios de formación profesional cuando termine
su etapa de educación obligatoria a los 16 años, y tiene también ante
sí y en las mismas aulas alumnos que van a hacer estudios
posteriores, en la etapa posobligatoria, y estudios universitarios, y
además con elementos nuevos añadidos, como es el contexto de la
inmigración que usted menciona. A todo ello hay que darle nuevas
respuestas. Son nuevos problemas que han surgido en la sociedad, ante
los que la educación española -y comparto con usted la preocupación-
tiene que dar respuestas nuevas. Nuevos problemas que surgen, nuevas
propuestas para la educación, pero que incluyan también una
perspectiva nueva, organizativa y de ordenación académica.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS CURRICULARES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
(Número de expediente 181/000698.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta -como ha dicho
antes el señor diputado giran todas en torno a la misma cuestión- que
se refiere a medidas curriculares para mejorar la atención a la
diversidad.
Tiene la palabra el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Hace 12 ó 13 años, desde mi puesto de
director provincial de Educación en Navarra, debía ir por los centros
explicando la Logse, la Ley de ordenación general del sistema
educativo. Yo me entusiasmé con ella, creo en ella; creo que es una
buena ley, que a lo mejor 10 ó 12 años más tarde necesita alguna
reforma, algún cambio, pero dentro de la propia Ley. Como tal
profesor, estoy preocupado, porque me da la impresión de que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este momento quiere
cambiar la Lode, quiere cambiar la Logse, quiere cambiar la Lopeg y
quiere cambiar todas las leyes. Esto me recuerda a aquel director
provincial de Educación que cuando llegaba a la dirección provincial
-y recorrió varias-, para hacerse notar cambiaba el despacho y lo
ponía en otra esquina, al secretario de la dirección provincial le
llevaba a la otra esquina y a la inspección la llevaba arriba o
abajo. De esa manera, parecía que había cambiado algo pero no había
cambiado nada, porque la dirección provincial seguía las mismas
pautas, aunque evidentemente tenía el despacho en diferente lugar.
Una ley de educación necesita 20 ó 25 años para ver si está dando
realmente los frutos y se están cumpliendo los objetivos para los que
se hizo. Esta ley, la Logse, lleva funcionando apenas diez años desde
su aprobación, por tanto se ha ido poniendo en práctica curso a curso
y apenas hace uno o dos años que hemos terminado de aplicar el
segundo curso de bachillerato. Por tanto, a mí esta preocupación por
parte del Ministerio actual por la calidad de la enseñanza me lleva a
formular la siguiente pregunta: ¿Qué medidas curriculares quiere
aplicar el Ministerio de Educación para atender mejor a esta
diversidad de alumnos?
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): En respuesta a su pregunta le puedo contestar lo
siguiente: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su
territorio de gestión directa va a seguir impulsando la labor de los
equipos y departamentos de orientación de los centros educativos, que
son los responsables de la aplicación de las adaptaciones
curriculares (procesos de adecuación poco significativa del
curriculum a un grupo reducido de alumnos o a un alumno determinado)
y/o diversificaciones curriculares (adaptaciones significativas del
currículo para adecuarlo a necesidades específicas de alumnos
conjugando criterios de exigencias mínimas, optatividad o tempo
ralidad)
para mejorar la calidad en la atención a la diversidad en los
centros. Las comunidades autónomas han asumido la gestión del sistema
educativo y por tanto son responsables de las medidas organizativas y
curriculares que permitan prevenir y compensar las desigualdades en
la educación, derivadas de factores sociales, económicos, culturales,
geográficos o étnicos, recibiendo a través de los Presupuestos
Generales del Estado los fondos necesarios para la aplicación de la
política educativa, por lo que es a ellas a las que compete la
adopción de las medidas necesarias para mejorar la atención a la
diversidad en sus ámbitos geográficos respectivos, al igual que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte realiza en su propio
territorio de gestión directa. No obstante, es importante también la
labor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como aliento,
como liderazgo, para que estas medidas se puedan llevar a cabo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Me he permitido el lujo de repasar un poco la
Lode, la Logse y la Lopeg y ver las citas que estas leyes tienen
respecto a la atención de la diversidad en las adaptaciones
curriculares o en el currículo de cara a esta diversidad. He visto,
por ejemplo, que en la LODE, en el artículo 1.1, cuando habla del
derecho de todos a la educación, de una enseñanza comprensiva hasta
los 16 años, trata el tema de la adaptación curricular; que el
artículo 6.1.f) de la LODE, sobre el derecho del alumno a la
orientación educativa y profesional, vuelve a insistir sobre el mismo
tema; que en la Logse hay nada menos que veinte artículos que inciden
sobre esta adaptación curricular o sobre el currículo para esta
diversidad y que en la Lopeg también hay tres artículos que detallan
esto. Por tanto, insisto en lo de antes: ¿Por qué esta necesidad de
cambiar las leyes? ¿Por qué tenemos que eliminar la Logse cuando
prácticamente no la hemos aplicado? Hablar de diversidad en la
escuela implica constatar que los niños y las niñas que en ella se
agrupan presentan la misma diversidad que hallamos en la sociedad;
son niños diversos porque la sociedad es diversa; lo que ocurre es
que para estos niños diversos evidentemente planteamos una educación
comprensiva hasta los 16 años. Todos los niños deben estudiar el
mismo núcleo de contenidos importantes, aunque después evidentemente
tengamos que hacer adaptaciones curriculares, diversificación
curricular, atención a la diversidad u optatividad en el segundo
ciclo de la educación secundaria obligatoria, porque como digo a
niños desiguales o diversos, también hay que plantear como usted
decía antes situaciones diversas, y el Ministerio debe responder.
La diversidad lo es desde múltiples puntos de vista, geográfico,
social, cultural, económico, pero también por causas familiares, por
formas de ser individuales,
ritmos y estudios de aprendizaje, procedimientos de construcción del
propio pensamiento, y asimismo por las motivaciones con la relación
que cada niño o niña tiene frente al aprendizaje y la escuela en
general.
Respetar las diferencias y no convertirlas en desigualdades ha de ser
el objeto que la escuela ha de tener en cuenta, y aunque no pueda
pretender resolver problemas de diferencias que tengan su raíz en las
desigualdades de la sociedad, sí ha de proponerse que dichas
desigualdades no constituyan un obstáculo para el cumplimiento de su
función educativa.
Conviene destacar que el respeto a las diferencias, a pesar de la
existencia de desigualdades, es fuente de enriquecimiento desde todos
los puntos de vista, pedagógicos, culturales, recreativos, etcétera.
La escuela ha de ser integradora y ha de tener como finalidad
proporcionar una formación común a todos los alumnos que favorezca la
igualdad de oportunidades.
Una concepción global de la escuela supone definir unos
planteamientos sobre la atención a la diversidad y aplicar las
estrategias oportunas a fin de dar respuesta a los diferentes
intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado, y a eso
tienen que tender las adaptaciones curriculares que nosotros
proponemos. No se trata de bajar el nivel, no se trata de eso tan
manido del fracaso escolar, que no existe tal fracaso. ¿De qué
fracasa un niño a los 11 ó 12 años? ¿De qué fracasa?. Realmente, es
una pregunta que debería dejar aquí mismo. ¿Podemos decir que a un
niño a los 11 ó 12 años le tenemos que eliminar ya socialmente? No
fracasa de nada. A lo mejor, resulta que tiene la capacidad de
aprendizaje más retardada, más lenta, ha podido estar enfermo, tal
vez las condiciones sociales le han llevado a esa incapacidad
momentánea, pero no fracasa de nada. Por lo tanto, yo creo que el
Ministerio de Educación en este momento debería replantearse muy a
fondo la situación de la calidad, pero dentro de la Logse.
El señor PRESIDENTE: Si quiere contestar la señora secretaria
general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Muy brevemente. Usted ha mencionado que no comprende
esta intencionalidad del Ministerio de Educación por cambiar la
legislación educativa vigente, las tres grandes leyes que estructuran
nuestro sistema educativo. Piensa usted que la legislación debe tener
un plazo de 25 años para poder analizar y reflexionar sobre los
resultados producidos. Observo que tiene un interés, una curiosidad
especial porque ya se pueda abrir el debate de lo que significa la
calidad de la educación, pero tiempo tendremos para los debates
correspondientes.
Sí le quiero decir que soy una persona convencida de que en la
educación la prudencia, hacer las cosas con
tranquilidad, que los cambios puedan ser asumidos por la comunidad
educativa son el mayor beneficio que podemos hacer a la educación,
pero como le he dicho en mi anterior intervención hay problemas que
surgen en esta nueva sociedad. Si usted abre la prensa hoy, ayer,
mañana seguramente, estamos absolutamente inundados de los nuevos
retos, de los nuevos desafíos de la sociedad del siglo XXI; y ahora
mismo vengo de inaugurar precisamente un acto de este tipo. Eso tiene
que estar contemplado en la educación, porque la educación tiene que
preparar para esos nuevos retos. Por decirlo de una manera muy breve
de los temas nuevos que están surgiendo en la sociedad y que operan
con mayor presión sobre la educación para que sepamos dar respuesta
desde la Administración, le diría que por una parte notamos una
extraordinaria presión de la sociedad para que los alumnos adquieran
plenamente con solvencia, con eficacia y con un grado de excelencia
los conocimientos básicos para su vida adulta y para las futuras
profesiones. Otro elemento nuevo de presión importante en la
educación es el impacto de las tecnologías de información y
comunicación, que estas tecnologías de información y comunicación
puedan estar presentes en los currículos escolares y que los
estudiantes puedan manejar también con soltura todo lo que es la
instrumentación de las nuevas tecnologías. Por último, un tercer gran
problema nuevo, como hemos visto antes y seguramente vamos a ver a
continuación, es todo el contexto derivado de la inmigración. Son
problemáticas nuevas ante las cuales el Ministerio de Educación se
siente plenamente concernido, es decir no podemos mirar para otro
lado, no podemos dejar de dar respuesta, y si hay que mejorar la
legislación para que abarque este nuevo contexto, para que abarque
estos nuevos problemas y para que mejore la actuación de los
profesores y el desempeño de su puesto de trabajo en las aulas, yo
creo que es importante hacerlo en beneficio de la educación, pero le
puedo garantizar que las mejoras de toda la legislación que hayan
sido sustanciales se van a conservar precisamente en beneficio de la
educación, y solamente tenemos que dar respuesta a los nuevos
problemas que surgen en la sociedad.
Le aseguro de verdad que no es el afán de los cambios, en el símil
que me ha hecho usted con los cambios de despacho, porque nada es más
complicado -ustedes lo saben perfectamente- que cambiar la
legislación, es decir que esto no es un capricho sino una
manifestación de responsabilidad ante los nuevos retos de la sociedad
y cómo la educación debe dar respuesta a ellos.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS PREVISTAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON
CARACTERÍSTICAS CULTURALES, ÉTNICAS, SOCIALES O EN SITUACIÓN DE
ILEGALIDAD PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Número de
expediente 181/000699.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que la formula también el
señor Ripa. Tiene la palabra.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Como he dicho al principio las preguntas van
unidas y concatenadas.
No sé si estoy muy seguro de lo que me acaba de responder, porque
estoy convencido de que estos planteamientos que la sociedad hace hoy
al sistema educativo se pueden resolver dentro de la Logse; si no
fuera así diría: es verdad que hay que cambiarlo. Los temas de
inmigración, de minorías étnicas, de objetores al sistema, como he
dicho antes, todo eso se puede recoger perfectamente en la Logse,
está ahí en la atención a la diversidad, lo que pasa es que no la
estamos aplicando, y no lo estamos haciendo porque evidentemente es
una filosofía educativa. Lo de la comprensividad con la diversidad es
una filosofía educativa y una política para aplicar esa filosofía.
Hay que creer en la comprensividad, hay que creer realmente en que
nuestros niños y niñas hasta los 16 años pueden estudiar lo mismo y
que eso no significa degradar el sistema ni bajar la calidad, porque
cómo medimos esa calidad si resulta que un niño llega a casa -y esto
desde siempre ha sido así- el padre le pregunta cuáles eran las
mujeres de Felipe II y no las sabe. Yo digo ni falta que hace.
Probablemente, y soy de historia, este niño deberá estudiar hoy de
otra manera y cosas diferentes, pero no pretendamos nosotros los
padres intentar que nuestros hijos sepan lo que nosotros
estudiábamos, porque hoy no es eso lo que se pretende. Por tanto, la
calidad de la educación hay que medirla de diferente modo a como la
medíamos hace 15, 20 ó 25 años.
Llevo en esto casi 30 años. Hemos discutido en los claustros siempre
lo mismo, lo anterior siempre era peor, los alumnos siempre venían
mal preparados, y realmente no es así. Lo que hay que hacer es tratar
de que las medidas de escolarización de los centros respondan a la
realidad, pero no podemos pretender que los centros públicos acojan a
alumnos de minorías étnicas, alumnos que hemos dicho de
diversificación curricular, y los centros privados o concertados
solamente reciban lo que decía yo en cierta ocasión la gracia de
Dios. No, la gracia de Dios, en el sentido peyorativo, debería ser
repartida para todos por igual. Por tanto, le pregunto: ¿Qué medidas
tiene previstas el Ministerio de Educación y Ciencia para la
escolarización de esos alumnos?
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra la señora
secretaria.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso
Tapia): En respuesta a su pregunta le puedo informar de que en el
territorio de gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte se han tomado las siguientes medidas. En la ciudad autónoma
de Ceuta para los alumnos en situación de ilegalidad, se trata de
menores que atraviesan la frontera y no son reclamados de inmediato
por sus familiares dada las condiciones de subdesarrollo, graves
problemas económicos y la elevada tasa de natalidad que se produce en
el vecino Reino de Marruecos y de forma muy significativa en su zona
norte. La Consejería de Salud Pública y Bienestar Social de la Ciudad
Autónoma de Ceuta tiene transferidas las competencias en materia de
tutela de los referidos menores, y para ello cuenta en la actualidad
con un centro residencial tutelado por personal afecto a dicha
consejería y por una ONG denominada Mensajeros de la Paz.
En cuanto a la escolarización, y dado que los referidos menores en su
inmensa mayoría no tienen el mínimo conocimiento del idioma español,
por parte de la dirección provincial se implantó en el actual curso
escolar un programa de alfabetización para extranjeros que pretende
paliar esta situación en el menor tiempo posible, a fin de que en un
futuro próximo puedan insertarse en el vigente sistema educativo
español Este programa está dotado con tres profesores maestros que
han realizado cursos idóneos para el desempeño de esta labor,
impartiéndose las clases en aulas de colegios públicos de la ciudad.
Otro grupo de alumnos que conocen adecuadamente el idioma español y
reúnen los requisitos de edad necesarios, se encuentran insertados en
programas de garantía social, como los que se imparten en el IES
Siete Colinas. Para el próximo curso se pretende ampliar la oferta a
diversos perfiles de los referidos programas. Otro tipo de actuación
está dirigida a los alumnos en situación de compensación educativa.
Estas actuaciones se realizan a alumnos que están en situación de
desarraigo social y familiar o también a aquellos que por su
condición de pertenencia a la cultura islámica no tienen como idioma
materno el español y por ello poseen dificultades desde su
escolarización para seguir las enseñanzas que le corresponden
cronológicamente. En el programa de educación compensatoria hay en la
actualidad un total de 33 maestros y nueve profesores técnicos de
formación profesional que están distribuidos entre los 15 colegios
públicos con que cuenta la ciudad en la actualidad. Para el próximo
curso se pretende incrementar el número de profesores para apoyar
estas actuaciones en los colegios que tienen un mayor número de
fracaso escolar debido a las situaciones reseñadas y también para
favorecer la existencia de diversas culturas y mejora de la
convivencia en estos centros y en los restantes.
En cuanto a la Ciudad Autónoma de Melilla, los menores acogidos por
la Ciudad Autónoma de Melilla, cualquiera que sea su origen y
situación documental, en virtud de lo establecido por el Real Decreto
1385/1997, de 29 de agosto, BOE de 24 de septiembre, sobre el
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en
materia de asistencia social, y en el artículo 9 de la Ley orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, se escolarizan en centros públicos de
niveles acordes con las edades de los mismos, a los que se dotan de
recursos humanos y específicos para atenderlos. Asimismo, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está preparando
disposiciones normativas que desarrollen el artículo 9 de la Ley
orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, que permita el
pleno cumplimiento del mismo en los centros educativos españoles.
En lo que concierne a las comunidades autónomas con su ámbito de
gestión, le podría responder lo mismo que en la pregunta anterior, es
decir que en sus ámbitos de gestión impulsan medidas, pero le
respondo más detenidamente en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Espero que a través de la conferencia de
consejeros estas medidas se exijan a las diferentes comunidades
autónomas, porque ahora el Ministerio de Educación solamente tiene
competencias en Ceuta y Melilla y se podría decir que ya casi sobra
este Ministerio, porque un Ministerio como éste, sólo para Ceuta y
Melilla da la sensación de que sobra algo aquí; pero evidentemente, a
través de la conferencia de consejeros se deberían impulsar estas
medidas.
Por otro lado, me gustaría que viniera conmigo por Pamplona, que
conozco bastante bien, y recorriésemos los diferentes centros
concertados, porque ya no hay ninguno privado son todos concertados,
incluso algunos que no reúnen los requisitos que reclama la LODE para
su concertación, por aquello de ser centros digamos unisexo, es decir
chicos o chicas, y no está contemplado así; como digo, me gustaría
que diéramos una vuelta por estos centros que también están
concertados y viéramos cuántos niños gitanos hay en el colegio del
Redín, en el colegio Miravalles, en el colegio de Jesuitas o en el
colegio Larraona, y sin embargo cuántos niños gitanos hay en el
colegio público San Jorge. Verá que allí el 20 ó 25 por ciento de los
alumnos son de procedencia de minoría gitana y en los demás no
existe, no hay. ¿Por qué? Porque todos sabemos la manera de ahuyentar
a estos alumnos. Les vamos a poner un uniforme y evidentemente el
niño gitano dice que no; le vamos a exigir el comedor escolar y el
niño gitano a lo mejor dice que no y evidentemente ellos mismos se
retrotraen y se van. ¿Por qué? Porque no les hemos puesto las
condiciones de escolarización que ellos exigen, de tal manera que
luego cuando hablamos de
resultados esto clama al cielo. Hablar de resultados comparativos
entre una enseñanza con unos determinados alumnos seleccionados
prácticamente comparándola con otra donde los alumnos no se
seleccionan y van de todas clases no nos puede llevar a decir luego
que los resultados en selectividad en tal colegio son formidables
respecto a tal instituto cuando éste tiene el alumnado que tiene y el
colegio privado tiene los alumnos que tiene. No podemos comparar.
¿Qué ocurre con esto? Que va en detrimento de la enseñanza pública,
porque los padres al final por aquello de la propaganda, demandan que
su hijo obtenga unos buenos resultados en selectividad para que pueda
elegir la carrera que quiera. Ahí es donde el Ministerio de Educación
y Ciencia debía intensificar y decir que la escolarización de los
alumnos debe ser igual para todos los centros y no para unos lo bueno
y para otros lo malo.
El señor PRESIDENTE: Por último tiene la palabra la señora secretaria
general.
La señor SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Sobre la primera apreciación estoy de acuerdo en que
el nuevo marco de cooperación institucional que quiere desarrollar el
Ministerio prevé que a través de la conferencia sectorial se traten
muchas medidas y muchas propuestas y actuaciones que interesan al
conjunto de la educación. La conferencia de educación le recuerdo que
también es Ministerio de Educación, es decir que no podemos tratarla
aisladamente como si el Ministerio de Educación fuese un ente aparte
de lo que son sus instancias o sus propios organismos de cooperación
institucional.
Quisiera decirle también que usted analiza la pregunta que ha hecho
desde el punto de vista de entrar en un debate sobre lo que es la
concertación, los centros concertados y cómo se realiza la
escolarización. No veo una relación de causa-efecto entre la pregunta
inicial que usted me ha hecho y este tipo de debate, pero en
cualquier caso creo que en España deberíamos dar un paso más en este
tipo de debate. Creo que no se trata de debatir dónde se deben
escolarizar los alumnos, en qué centro de deben escolarizar los
alumnos, porque a veces forzando la maquinaria incluso podríamos
hacer que los alumnos se tuvieran que escolarizar a una distancia
infinita de sus domicilios. Creo que el debate no es ese sino qué
servicio educativo se está ofreciendo a los alumnos. Pienso que el
debate centrado en dónde deben estar escolarizados los alumnos, qué
colegio o qué centro público les corresponde no beneficia al servicio
educativo y a la educación que deben recibir finalmente estos
alumnos. Propongo que finalmente se reflexione más sobre la educación
que se presta a los alumnos en condiciones socioeconómicas
desfavorecidas que -siendo respetuosa, perdóneme- seguir
enquistados y continuar en una reflexión que pienso no es la que
corresponde hoy día.
Sobre el tema de los conciertos no pienso que sea el momento de
profundizar, aunque es un tema importante en la educación, pero
cuando usted alude a uniformes o comedores escolares, no lo he visto
en la regulación que existe sobre los conciertos, no lo he visto en
la regulación que se lleva a cabo también en las comunidades
autónomas, en la legislación vigente no se contempla y en los
requisitos para acceder a los conciertos en todo lo que hace a la
legislación sobre conciertos no se debe de contemplar la anulación de
las señas de identidad y de los proyectos educativos de los propios
centros. Creo que hay elementos que son señas de identidad de los
propios centros, conocidos, asimilados por las familias y pienso que
no es un elemento de debate que deba intervenir en cómo se está
prestando finalmente ese servicio a través de los conciertos
educativos.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LOS CENTROS ESCOLARES PREVISTAS PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Número de expediente 181/000700.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12 que formula
también en señor Ripa, que tiene la palabra.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Es sobre medidas organizativas en los centros
escolares previstas para mejorar la atención a la diversidad.
Entendemos que los centros escolares deben tener mayor autonomía
partiendo de un marco normativo que facilite la consecución de
objetivos sin desviarla hacia una privatización del centro. El
consejo escolar, el claustro de profesores, el equipo directivo y los
departamentos deben tener la autonomía suficiente para organizar los
centros de tal manera que no tengan que sujetarse a un horario
estricto, a unos determinados horarios lectivos, valga la
redundancia, de hora, sino que puedan hacer otro tipo de horarios que
resuelvan mejor después la atención, la diversidad.
Por tanto, mi pregunta es esa. Qué medidas tiene previstas el
Ministerio para adaptar esta organización a la atención a la
diversidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Couso.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): En relación con la pregunta que usted me dirige, la
respuesta podría ser muy parecida, porque está íntimamente
relacionada con las adaptaciones curriculares y con las
diversificaciones curriculares. Todo ello
supone una organización específica para atender a grupos diferentes
de alumnos. Se trata, pues, de una organización espacio temporal
adecuada para los alumnos que lo necesiten. El espacio, el tiempo y
los recursos humanos y materiales existentes tanto en las aulas como
en los centros son elementos al servicio del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de cualquiera de las actividades que se desarrollan en
ellos, por lo que deben ser utilizados y distribuidos adecuadamente
para posibilitar al alumnado una educación de calidad que desarrolle
al máximo sus potencialidades. Por ello, las decisiones con respecto
a dichos elementos son una tarea que implica al centro escolar en su
conjunto. Es el centro el que establece las condiciones y criterios
de selección, adaptación y organización de los elementos espaciales
para que estos faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje en los
alumnos y favorezcan la movilidad y autonomía en el centro.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Desde mi punto de vista le voy a proponer una
serie de medidas organizativas que creo que se deberían aplicar en
los centros de secundaria obligatoria y que probablemente resolverían
bastantes de los problemas que conlleva la atención a los alumnos
diversos.
En primer lugar, proponemos una autonomía curricular y organizativa,
pero efectiva; dejemos que los centros organicen sus adaptaciones
curriculares, sus diversificaciones curriculares, evidentemente
siempre que no rompan el currículum general marcado por el
departamento, en este caso por el Ministerio de Educación. Defendemos
claramente que la elección de la dirección escolar por la comunidad
educativa representada en el consejo escolar -órgano de participación
y que así se establecía en la Lode-, pero en estos momentos
reclamamos más autoridad para la dirección, entendida como liderazgo
y tarea de equipo. Hay que reforzar la figura del director como
dinamizador y reforzar igualmente su liderazgo y autoridad, emanados
de su competencia profesional, de la legitimidad de su elección y de
su proyecto de actuación. Es importante que la figura del director se
consolide, ya que en este momento está bastante vituperada. Por otra
parte, tenemos muy poca gente que se quiera presentar a la dirección.
Hace falta un reglamento orgánico de centros coherente con los
objetivos educativos y organizativos. Los jefes de departamento deben
ser las personas más idóneas para llevar adelante el proyecto
propuesto para el centro, no el más antiguo, porque no siempre es el
mejor para ser jefe de seminario o jefe de departamento. Es necesario
lograr la coordinación entre los profesores de una misma etapa, ciclo
y curso, habilitando para ello la figura y el tipo de reuniones que
sean necesarias; las reuniones de tipo horizontal son muy importantes
y no se llevan a cabo en los centros. Pensamos
que, como ocurre en los centros privados, en la enseñanza pública
hace falta una mayor y más eficiente coordinación entre etapas,
facilitando la percepción por parte de los alumnos y las familias de
una transición graduada, sin sobresaltos ni contrastes excesivos,
hablando del 3-18, donde los alumnos tengan una referencia clara,
aunque se escolaricen en un centro de 3-12, pero que sepan que luego
tiene el 12-18 ahí esperando, porque a veces tampoco lo tienen muy
claro.
Conviene a la enseñanza pública aprovechar mejor los espacios de los
centros, abriéndolos a la sociedad y colaborando con las
instituciones del entorno. Debería flexibilizarse el horario del
personal no docente adaptándolo a lo más importante, que es la vida
escolar, y no supeditándolo a las exigencias de este personal. Los
institutos de educación secundaria deberían tener al menos, digo yo,
400 alumnos, excepto en las comarcas rurales donde por demografía no
se pueda hacer, y un máximo de 800, porque esa población es la que
realmente, desde un equipo directivo, se puede estructurar mucho
mejor. El proyecto de convivencia debe incluirse en el proyecto
educativo y contar con todos los recursos y figuras disponibles:
educadores de calle, policía de barrio, personal de menores,
asistentes sociales, etcétera. Hay que institucionalizar la
cooperación entre padres, alumnos, profesores y sociedad, y fomentar
las asociaciones de alumnos y ex alumnos como forma de participación
democrática y mecanismo para patrimonializar colectivamente el
centro.
Finalmente, defendemos la semejanza de recursos para atender en
condiciones de igualdad al mismo tipo de alumnos, que deben
distribuirse equitativamente entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos. Pedimos para la concertada igual transparencia en la
gestión e idéntica exigencia en la rendición de cuentas sociales.
El señor PRESIDENTE: Señora Couso.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Con relación a la reflexión que me hace, usted me
plantea un conjunto de medidas que desde su punto de vista podrían
mejorar el tratamiento a la diversidad. Profundizar en todas ellas en
el espacio de tiempo del que disponemos sería difícil, pero comparto
que hay algún tipo de propuestas que pueden mejorar el tratamiento
a la diversidad, aunque realmente puede ser insuficiente. Le aseguro
que tanto en los profesores como en los centros se trata
exhaustivamente de atender la diversidad y la heterogeneidad de los
alumnos, pero no existen posibilidades legislativas suficientes para
resolver con soltura este nuevo desafío en la educación.
La autonomía curricular que usted me propone está prevista en la
legislación vigente y se viene realizando.Por otra parte, con motivo
del planteamiento de los reales
decretos de las enseñanzas mínimas que se ha realizado y su
aprobación en el mes de diciembre último, se ha analizado muy
profundamente por la comunidad educativa el reverso negativo de la
moneda, que significa un exceso de autonomía curricular o este cierre
de currículos cuando afecta o pudiera comprometer la movilidad del
alumno o de las familias o comprometer el derecho a establecer el
domicilio en diferentes comunidades autónomas. Como principio
general, es importante que los centros dispongan de un nivel de
autonomía en todos los órdenes, porque es un elemento de calidad. El
tema de los currículos ya fue profundamente debatido. Existen unos
elementos positivos pero también otros negativos que se han ido
manifestando ya.
En cuanto a lo que significa la figura del director para mejorar el
tratamiento a la diversidad, desde el punto de vista de que el
director tenga esta autoridad en el centro para poder decidir sobre
la distribución de los espacios y de los tiempos de la manera más
adecuada posible, tal vez así podría mejorar el tratamiento a la
diversidad, pero esto sigue siendo insuficiente. No sólo es necesario
el liderazgo del director, no sólo es necesario una tarea de equipo,
sino que es preciso reforzar y profesionalizar todo lo que significa
la función directiva. Comparto con usted que todo lo que atañe a la
figura del director y a la función directiva es un elemento decisivo
para la calidad de la educación, pero quizás hoy en la educación
española los directores no disponen de este grado de
profesionalización adecuada, de este ámbito de autonomía y autoridad
suficiente como para poder, sólo con estos elementos, hacer frente a
la ingente tarea que es el tratamiento de la diversidad en los
propios centros.
El conjunto de elementos que usted plantea, le vuelvo a repetir, se
están poniendo en marcha en los centros. Los profesores trabajan
profundamente en muchos de los elementos que usted menciona, pero le
vuelvo a repetir lo que he manifestado en intervenciones anteriores:
existen problemáticas nuevas en la sociedad para las que este
conjunto de elementos hoy día no son suficientes y hay que
reflexionar desde posturas nuevas, desde abrir la educación al nuevo
contexto europeo y mundial en el que se desarrolla la educación.
COMPARECENCIAS:
- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL, COUSA TAPIA, PARA INFORMAR SOBRE LA CAMPAÑA DE IMAGEN DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL RECOGIDA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE
9/11/2000, EN LA QUE SE GASTARÁN 850 MILLONES DE PESETAS. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/
000336.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto decimotercero del orden del
día, que es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista a la secretaria general de Educación y Formación
Profesional para dar cuenta de la campaña de imagen de la formación
profesional, recogida en el Boletín Oficial del Estado de 9 de
noviembre de 2000, en la que se gastarán 850 millones de pesetas. En
primer lugar, tiene la palabra la señora secretaria general y después
intervendrán los distintos grupos parlamentarios.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): En relación con el tema objeto de comparecencia, les
puedo informar lo siguiente: la campaña de comunicación sobre la
oferta de formación profesional inicial reglada del pasado mes de
diciembre es una acción de información y orientación institucional
que se enmarca dentro del Plan de comunicación para la divulgación y
mejora de la imagen de los estudios de formación profesional inicial
reglada. La campaña de imagen de formación profesional no es una
iniciativa aislada, sino que es continuación y refuerzo de anteriores
campañas de comunicación que se realizaron en noviembre de 1999 y en
mayo y junio de 2000 y además complemento efectivo a otros tipos de
acciones, como muestras y ferias que se han desarrollado en estos
últimos años. Esta necesidad de dar a conocer a la sociedad en
general y orientar a los jóvenes y sus familias, trabajadores y
empresarios en particular sobre los objetivos y la oferta de
formación profesional inicial reglada e incidir en la mejora de la
imagen social de la FP ya se plantea en la Ley orgánica de ordenación
general del sistema educativo en el Título IV, De la calidad de la
enseñanza.
El marco de referencia de estas acciones lo encontramos en el actual
programa nacional de formación profesional, que tiene como tercer
objetivo básico desarrollar un sistema integrado de información y
orientación profesional a través de la difusión de la oportuna
información. El programa nacional establece, entre otras medidas, la
de informar sobre los contenidos de la formación profesional, así
como de las perspectivas y oportunidades profesionales a los
distintos colectivos y sectores implicados. También hay que destacar
que estas acciones de información y orientación, derivadas de los
objetivos del Programa nacional de formación profesional, responden
de forma coherente a los objetivos de los fondos estructurales. En el
Objetivo 3 del nuevo programa operativo 2000-2006 del Fondo Social
Europeo se plantea como una tarea fundamental del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte prestigiar la formación profesional
mediante campañas de alcance nacional, focalizadas en los jóvenes
estudiantes. La implantación de los ciclos formativos, con la
sustitución progresiva de la formación profesional de primero y
segundo grado, ha supuesto un cierto factor
de confusión sobre la nueva oferta de estudios de formación
profesional que produjo una disminución de la población escolarizada.
Se ha observado que durante el curso 2000-2001, con la generalización
de los ciclos de grado medio y casi completada la implantación de los
ciclos de grado superior y las campañas de imagen y acciones de
información de los últimos dos años tanto en ámbito nacional como
autonómico, ha dado como resultado un incremento de matriculación,
según estimaciones efectuadas por la unidad de estadística del
departamento, del 16 por ciento en ciclos medios y un 21 por ciento
en los ciclos de grado superior. Por tanto, esta campaña de
comunicación es una acción más que contribuye a la mejora de la
imagen de la formación profesional, orientando sobre los posibles
itinerarios de formación profesional inicial reglada como una
alternativa tan oportuna y digna como el bachillerato y la
universidad, con posibilidades inmediatas de inserción profesional.
De igual forma, es fuente de información para toda la sociedad,
incluido el sector productivo, que es el motor de empleabilidad.
Con la campaña, por tanto, se ha pretendido conseguir los siguientes
objetivos: incidir en una imagen de calidad de la formación
profesional inicial reglada llena de dinamismo, fiabilidad, seriedad
y empleabilidad; informar a la sociedad acerca de los títulos de
formación profesional inicial reglada y de su importancia como una
vía ágil y actualizada que permite la inserción laboral de los
alumnos titulados a través de una oferta muy amplia, 136 títulos de
22 familias profesionales, basada en los requerimientos de
cualificación de los diversos sectores productivos; dar a conocer que
los títulos de formación profesional inicial reglada del sistema
español se enmarcan entre las formas educativas más avanzadas de la
Unión Europea, destacando que a través de los mismos se puede acceder
a los programas europeos de movilidad existentes; destacar la
posibilidad que ofrecen los títulos de formación profesional inicial
reglada para la adecuada inserción de su poseedor en el mundo
laboral; potenciar la opción de realizar formación profesional
inicial reglada como una más del sistema educativo actual para que
responda a las necesidades de la sociedad.
En cuanto al marco geográfico, el plan de comunicación abarcó todo el
territorio nacional. En relación con público objetivo y los mensajes
específicos que se desarrollaron, en primer lugar fue dirigida la
campaña a padres con hijos en edad escolar, valoración de la
formación profesional como una vía académica con vigencia actual y
perspectivas de futuro profesional para sus hijos, siendo una
alternativa tan válida como el itinerario de bachillerato, basando el
mensaje en el óptimo nivel de equipamientos, la competencia de
profesorado y enmarcando los títulos de formación profesional inicial
reglada en la línea de la formación profesional europea más avanzada.
En segundo lugar, dirigida a los alumnos reales y potenciales de
formación profesional
inicial reglada: confianza en alcanzar una cualificación
y competencia profesionales suficientes que le aseguren una inserción
laboral satisfactoria con perspectivas de futuro; transmitir, en
definitiva, las ideas de formación dinámica, práctica, actualizada;
relacionada con las empresas, funcional, creativa e innovadora. En
tercer lugar, dirigida a empresarios y trabajadores: importancia
y necesidad de su participación y colaboración en el desarrollo de los
estudios de formación profesional, considerando a los titulados como
recursos humanos actualizados que enriquecen y aportan valores
añadidos a las empresas; transmisión de ideas de formación
actualizada y eficaz, reconocimiento de la profesionalidad de los
titulados, adaptación continua de la formación impartida al cambio en
las necesidades del mercado laboral e intervención de las empresas en
los procesos formativos. También fue dirigida al cuerpo docente para
transmitir la idea de reconocimiento y valoración de su labor
profesional ante el resto de la comunidad educativa y laboral y
fomentar su confianza en el sentido de que se sientan partícipes de
una labor de gran trascendencia económica y social.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señora secretaria general, gracias por
estar aquí con nosotros y haber respondido a nuestra petición.
Valoramos positivamente su comparecencia.
Como usted ya sabe, el Grupo Socialista ha requerido su asistencia
ante esta Comisión para que nos explique algunas de las
circunstancias que aconsejaron en su día el concurso urgente para la
contratación de un plan de comunicación para la divulgación y mejora
de la imagen de la formación profesional.Usted nos ha explicado
algunas de las razones que les llevaron a ello y nosotros no vamos a
criticar en absoluto el interés de la campaña porque sabemos que son
varios los sectores y los organismos que han aconsejado que campañas
de este tipo se pudieran hacer, sin embargo sí vamos a solicitar
información sobre algunos extremos en relación con esta campaña.
Nos parece en primer lugar sorprendente -y usted no lo ha mencionado-
la premura que les llevó a ustedes a convocar ese concurso, solamente
10 días hábiles, incluyendo dos sábados desde su publicación en el
Boletín Oficial del Estado hasta la fecha límite de presentación de
ofertas. El Grupo Socialista cree que no era tiempo suficiente para
que las empresas interesadas en concurrir tuvieran oportunidad para
ello. De hecho pensamos que tanta premura puede inducir a que se
levanten sospechas respecto a que podrían no tener ustedes demasiado
interés en que se difundiera la posibilidad de presentarse. Es muy
probable que algunas empresas estuvieran enteradas, no nos cabe duda,
pero quizás no todas a las que hubiera podido interesarles.
Hemos recibido algunas quejas en este sentido y es que están
convirtiéndose ustedes en especialistas en convocar concursos por la
vía rápida. Esto, como digo, está levantando sospechas, quejas y
cierto malestar entre los afectados. Lo mismo sucedió, por ejemplo,
no hace mucho en diciembre del año 2000 en la convocatoria de ayudas
para parques tecnológicos, que ocasionó numerosas quejas entre las
universidades, que apenas tuvieron tiempo para presentarse, si es que
consiguieron tener noticias de la convocatoria con tiempo suficiente.
Algo parecido ha ocurrido ahora. No me cabe duda de que cumplen
ustedes con la preceptiva publicidad, pero, ciertamente, creemos que
no son demasiado generosos con los plazos, lo que induce a levantar
sospechas y a provocar ciertamente malestar.
Queremos saber también cómo este plan de comunicación, para favorecer
la imagen de la formación profesional, ha supuesto, a nuestro juicio,
un monto económico muy importante: 850 millones de pesetas. El año
pasado se destinaron a este objetivo 700 millones y este año se
destina un 21,4 por ciento más que en el año 2000. Al comparar las
cifras no cabe duda que ustedes han considerado prioritario realizar
esta campaña y que han dedicado mucho dinero, en términos absolutos y
en términos relativos. Por ejemplo, en la misma página del Boletín
Oficial del Estado salen a contratación por parte del Consejo
Superior de Deportes dos pistas polideportivas cubiertas por valor de
60 millones de pesetas. Con el dinero de su campaña publicitaria se
hubieran podido levantar 22 pistas polideportivas cubiertas en otros
tantos centros o construir dos institutos de enseñanza media. Ustedes
lo han dedicado todo a esta campaña publicitaria.
Si estas cifras las comparamos con las cantidades destinadas a otros
conceptos, se produce un agravio comparativo al contrastar estos 850
millones de pesetas con los escasísimos 1.183 millones que, por
ejemplo, destinaron al capítulo de nuevas tecnologías aplicadas a la
educación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Ahora que ustedes hablan de crear el centro nacional de la
información y de la comunicación educativa, ahora que quieren
corregir las desigualdades en origen a través de la dotación
informática de los centros, ahora que estos grandes proyectos van a
salir a la luz, esta dotación ridícula de 1.183 millones para ellos
supone muy poco más de lo que han destinado ustedes a una campaña
publicitaria, quizás eficaz, pero sin duda tremendamente fugaz
comparada con el otro dato.
Mucho más desproporcionada es la cantidad que ustedes han dedicado a
este plan, sobre todo si lo comparamos con lo que se destina a
educación compensatoria. Hoy hemos tenido ocasión de comentar aquí
algunos de estos aspectos. Tan solo han destinado a este plan 961
millones, con un descenso del 36,88 por ciento respecto a los datos
del año pasado, frente al 21,4 por ciento de incremento de los gastos
de la propaganda
que estamos comentando. Es preciso recordar, porque a veces parece
que podría habérseles olvidado, que la educación compensatoria -se lo
recuerdo- incluye las ayudas para la escolarización de los
inmigrantes, de colectivos marginales, de minorías, incluye también
los fondos para la garantía social. Ustedes han elegido simplemente
la propaganda, parece ser que está entre sus prioridades, porque
destinan cantidades muy importantes y las aumentan notablemente de un
año a otro.
La conclusión a la que el Grupo Socialista llega después de este
análisis es que parece que ustedes han confundido cuál es su papel al
frente de un ministerio que ha transferido la mayoría de sus
competencias. En vez de ser líderes en el avance educativo, en vez de
servir de impulso, tan necesario en muchos sectores, entre ellos el
de la formación profesional, ustedes se dedican a las campañas
publicitarias. Como autoridades educativas que son, creemos que
tienen escasa convicción sobre el papel que deben asumir, a partir de
ahora, en la financiación de la educación de todo el país y pongo
algunos ejemplos. Hoy, que ya hay 96.000 inmigrantes escolarizados,
ustedes se olvidan de favorecer, como asunto prioritario, la cohesión
social de la escuela ante la nueva realidad impuesta por la
inmigración. No hay objetivos para ello en los Presupuestos Generales
del Estado como tampoco hay dinero. Tampoco tienen ustedes, a nuestro
juicio, una visión de suficiente calado para superar el actual
retraso existente con los países de nuestro entorno en materia de
nuevas tecnologías. Ya lo he comentado antes. Y para qué hablar de
tantas cosas que hemos dicho en esta comisión, como puede ser el tema
del libro, la lectura y las bibliotecas, con 65 ridículos millones de
pesetas, o el exiguo 2,5 por ciento de incremento en becas y ayudas
al estudio. Nos da la impresión que ustedes han renunciado a jugar el
papel que les correspondería. Se limitan a ocuparse de cuestiones
administrativas como ésta: a contratar la publicidad y la propaganda.
Yo le preguntaría aún más. ¿Qué objetivos ha cubierto esta campaña?
¿Para qué ha servido? ¿De qué resultados disponen ustedes respecto a
su contribución a la mejora de la imagen de la formación profesional?
Porque la imagen que nosotros tenemos grabada es la de jóvenes
haciendo cola en la calle para poder matricularse en algunas de las
escasísimas plazas de formación profesional de la Comunidad de
Madrid, porque lo que sabemos respecto a la formación profesional es
que en esta comunidad concreta han faltado más de 7.000 plazas de
formación profesional. Y sabemos que esa escasez general es
extensible a todas las comunidades autónomas, especialmente en los
ciclos más demandados, los ciclos de grado superior, como
consecuencia de una ausencia tremenda en la programación general de
estas enseñanzas que impide que muchos alumnos puedan acceder a
ellas. ¿Para qué ha servido esta campaña? Porque el 40 por ciento de
los institutos de secundaria,los antiguos institutos de bachillerato,
carecen hoy de
enseñanzas de formación profesional y la oferta de ciclos de grado
medio y de grado superior es escasa e incompleta, como ya he dicho,
en la mayoría de los municipios. De ahí las cifras que maneja el
Consejo Escolar del Estado cuando informa que el número de alumnos de
formación profesional desciende cada año.
Usted me acaba de comentar que ha habido un incremento de la
matriculación como resultado de esta campaña de un 16 por ciento en
los ciclos de grado medio y de un 21 por ciento en los ciclos de
grado superior. El informe del Consejo Escolar se refiere al curso
1998/1999 pero las estadísticas que ustedes han elaborado para el
curso 1999/2000 no hablan para nada de ese aumento en el último año.
Entre ciclos de grado superior y enseñanzas de formación profesional
de segundo grado no se alcanzan este año los 300.000 alumnos, cifra
muy por debajo de otras anteriores, en las que se rondaban los
450.000 alumnos. Algo parecido sucede con los ciclos de grado medio.
Todo ello a pesar de que la escasez de titulados en nuevas
tecnologías en Europa y en toda España es algo conocido y presente en
los medios de comunicación; todo ello a pesar de que el titulado de
formación profesional es precisamente el idóneo empleado para las
pequeñas y medianas empresas, que en la mayoría de las comunidades de
nuestro país constituyen algo más del 90 por ciento del entramado
empresarial.
Decía la señora ministra el día 17 de octubre de 2000, en Haro, ante
los consejeros de educación, que era preciso consolidar
definitivamente los estudios de formación profesional en España ya
que no se encuentran al nivel de los países europeos más punteros.
Como única solución, a los 15 días, sale el concurso para publicitar
la formación profesional, con un gasto desmesurado, con dudosos
resultados y para colmo con escasa transparencia en la licitación.
Nosotros nos preguntamos y le queremos preguntar a usted. ¿Para
ayudar a la formación profesional no se les han ocurrido más medidas
que las meramente publicitarias? ¿No hubiera sido más adecuado
atender las interesantes líneas de trabajo aportadas por el Consejo
Escolar del Estado, que acababa de publicar su informe, o quizá haber
tenido en cuenta a la Federación Española de Municipios y Provincias,
que recientemente demandaba en un estudio mayores recursos para la
formación del profesorado de formación profesional, para nuevos
cursos de garantía social y para mejorar las infraestructuras? ¿No se
les ha ocurrido haber prestado atención al mundo empresarial, que
continuamente demanda cualificaciones que la oferta educativa no
proporciona? ¿O quizá a los agentes sociales, que están solicitando
continuamente políticas eficaces para relacionar la empresa con la
formación y para favorecer la orientación de los alumnos y alumnas
para que escojan profesiones con mejores salidas laborales?
Sabemos que hay muchas cosas por hacer -estoy terminando, señor
presidente-, pero no parece que
estén ustedes a la altura de lo que les corresponde y se les exige.
Una apuesta como es mejorar la formación profesional requeriría mucho
más que mera publicidad. En definitiva, creemos que han hecho ustedes
un flaco favor a la formación profesional, han malgastado los escasos
fondos de que la educación dispone en España, los han derrochado
simplemente, y están haciendo ustedes dejación de responsabilidad en
relación con las obligaciones que su papel como órgano coordinador de
la educación les exige.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui, del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, doy la bienvenida una
vez más en esta Comisión a la secretaria general de Educación y
Formación Profesional.
Antes de hacer algunas preguntas a la secretaria general, quiero
decir que he escuchado aquí algunas cosas que me llaman enormemente
la atención. En primer lugar, creo que ha habido una serie de
argumentos que no escuché cuando se debatieron los presupuestos, que
era el momento de haber debatido muchos de estos temas, lo que
consideran ustedes que se debería haber llevado a nuevas tecnologías,
etcétera. Por tanto, no voy a entrar en ellos porque sería repetir
aquí lo que fue la discusión del presupuesto.
En segundo lugar, quiero decir, para dejar constancia en el 'Diario
de Sesiones', que se han hecho unas afirmaciones que son absoluta y
rotundamente falsas. Se ha hablado aquí de escasa transparencia, de
diez días hábiles o de que hay una cierta nebulosa sobre este
concurso. Señoría, cuando se hacen esas afirmaciones hay que traer
datos concretos. Es más, yo creo que lo que se debe hacer, si ustedes
tienen pruebas, es ir al juzgado de guardia correspondiente, porque
yo creo que no se pueden hacer esas afirmaciones aquí, en sede
parlamentaria, nada más que diciendo que algunas empresas, que se
considera, que parece, que había escasa transparencia... No, señoría,
estas cosas no se pueden hacer en sede parlamentaria, en sede
parlamentaria hay que ser más serios y, cuando se hacen estas
afirmaciones, dar pruebas, y en todo caso, ya digo, si ustedes
consideran estos temas tal como los ha expuesto, para eso están los
juzgados.
Dicho esto, yo quiero hacer referencia a la financiación a través de
los fondos estructurales. Por parte de la Unión Europea hay unas
indicaciones concretas de prestigiar la formación profesional y estas
campañas no solamente se hacen en España, sino en la mayoría de los
países de la Unión Europea. En España se tienen que hacer estas
campañas -y yo creo que han dado un resultado muy positivo- porque,
como usted ha indicado, estaba disminuyendo el número de alumnos
hacia la formación profesional reglada, tanto en el grado medio como
en el grado superior. Yo creo que la primera
campaña que se hizo tenía dos objetivos: primero, prestigiar la
formación profesional, y segundo, hacer una afirmación real de que
los chicos y chicas que van a la formación profesional se emplean al
cabo de seis meses, un tiempo muy inferior al de los universitarios
españoles, que por los datos que tenemos, tardan alrededor de dos
años. Además, es verdad, porque las empresas y el Ministerio de
Trabajo así lo indican, que se necesitan técnicos en una serie de
materias que en España no existen: mecánicos de aviación,
informática, etcétera.
Yo creo que los resultados de estas campañas han sido positivos.
Nosotros estamos francamente satisfechos con los datos que ha dado la
secretaria general de que ha aumentado un 16 por ciento en lo que
respecta al grado medio y un 25 por ciento en el ciclo superior. Yo
no sé si conoce S.S. el coste que tiene cualquier campaña que se haga
en medios de comunicación, especialmente en televisión. Es
sorprendente que se diga que una cifra de 850 millones de pesetas es
excesiva, cuando anteriormente se ha dicho que la campaña era eficaz;
por lo menos yo lo he entendido así, que no dudaban de la eficacia de
la campaña pero que no daban por buenas las cifras de la secretaria
general. Estas campañas han sido necesarias y van a seguir siéndolo
para la formación profesional si queremos que se recupere el terreno
perdido y que haya un equilibrio como el que existe en otros países
de la Unión Europea; cito, por ejemplo, Alemania donde la formación
profesional, además de tener una enseñanza cualificada en clases
presenciales, mantiene cooperación con las empresas. ¿O es que
queremos mantener esa pirámide invertida que tenemos ahora de
universitarios en España respecto a los chicos y chicas que van a
formación profesional?
Tenemos que abandonar la creencia de que a la formación profesional
van alumnos y alumnas menos dotados que los que van a la universidad,
porque no es cierto. Tenemos que hacer ver a las familias que el
alumno y la alumna pueden tener unas aptitudes más acordes con la
formación profesional que con el mundo universitario. Debemos
corregir la mentalidad que persiste en España, producto de muchos
años en los que ustedes gobernaron, según la cual la formación
profesional es una formación de segunda y para aquéllos que no
consiguen ir a la universidad.
Quiero decir algunas cosas sobre la formación profesional, aunque me
aparte un poco de la campaña. La aprobación por la ley de
acompañamiento de la llamada pasarela fue producto de una resolución
del debate del estado de la Nación apoyada por diferentes grupos de
esta Cámara e iniciativa del CiU, creo recordar, y no del Partido
Popular. Hay una gran preocupación en cuanto a la formación
profesional y al grado superior.
Para no entrar en más pormenores, quiero terminar diciéndole a la
secretaria general y a la ministra que deben seguir con estas
campañas de formación profesional.
Creo que han dado un magnífico resultado por las cifras que
nos ha traído la secretaria general. Además, quiero hacerle a la
secretaria general tres preguntas muy rápidas: ¿tiene previsto la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, como
objetivo de su departamento, desarrollar, además de estas campañas,
un programa de información y orientación profesional? ¿Cómo se va a
difundir la oportuna información? ¿Se ha tenido en cuenta la
importancia de los medios audiovisuales como difusores de la
información, que cuesta mucho dinero? Los precios de publicidad en
televisión son mucho mayores que en prensa. Por fin, ¿no ha podido
desorientar a los alumnos y familias la implantación de los ciclos
formativos que sustituyen a la formación profesional de primero y
segundo grado, provocando una disminución de matriculación? Me consta
que muchas familias no tienen claro todavía la diferencia entre lo
que era el primero y segundo grado de formación profesional y lo que
es ahora el grado medio y el grado superior, conforme a la Logse.
Nada más, señor presidente, dada la hora que es. Reitero el
agradecimiento de mi grupo a la secretaria general.
El señor PRESIDENTE: La señora Couso tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
(Couso Tapia): Agradezco su aportación a la representante del Grupo
Socialista y voy a tratar de responder brevemente a sus preguntas.
Usted alude, en primer lugar, a cuestiones de urgencia. La urgencia
tiene su explicación en el calendario. Fíjese, yo tomé posesión el 8
de mayo. El Ministerio de Educación ha sufrido una reorganización
importante, como usted sabe. El organigrama y la designación de todos
los cargos correspondientes, con los nombramientos efectivos y el
tratamiento administrativo adecuado para que las personas pudieran
empezar a desempeñar su trabajo en los despachos, se terminó a
finales de septiembre o primeros de octubre. Pues bien, una campaña
de publicidad de esta envergadura, precisamente por el tratamiento
técnico que lleva, por todo el tratamiento jurídico previo, por toda
la información, el diseño de los pliegos, las posibilidades de
contratación, por la reflexión sobre cómo había ido la campaña
anterior cuando, además, no éramos los mismos equipos ministeriales,
etcétera, tenía un grado de dificultad grande y solamente disponíamos
de los meses de noviembre y diciembre para llevarla a término. Debido
a esto, y descontando del plazo para realizar la campaña los días
entre el 18 y el 31 de diciembre, nos vimos impelidos a realizar un
tratamiento de urgencia, ya que, como digo, de no ser así no se
hubiera podido realizaren el plazo en que el presupuesto estaba
disponible.
Esto es importante que lo sepan porque realmente nos produjo más de
una incomodidad. Hubo que ver cómo podíamos llegar a los plazos y, a
su vez, dar el tratamiento técnico adecuado a la campaña de difusión
y publicidad. De ahí que, si vamos descontando del calendario días y
viendo en qué fechas se produjeron las elecciones, los nuevos
nombramientos, etcétera, verán que cuadran perfectamente las fechas.
Además, disponemos de todos los datos necesarios para demostrarlo de
manera efectiva, pero, repito, básicamente se debió a esto, que es la
única explicación para el tratamiento de urgencia.
En cuanto al presupuesto, que usted considera excesivo, tengo que
decirle que la cofinanciación con el Fondo social europeo ofrece
oportunidades importantes. Como usted sabe, siempre debe estar
dirigido a la inserción profesional y, en este sentido, las campañas
de difusión y de publicidad son un elemento fundamental. Usted, en
general, valora el que se haga difusión de la oferta de formación
profesional y una de las formas de hacer evidente la difusión de una
oferta formativa es mediante campañas de comunicación y de publicidad
y de ahí que se pueda utilizar esta oportunidad que ofrece la
cofinanciación. En realidad, el beneficio que se persigue, el
objetivo, es exactamente ése: mejorar las posibilidades de inserción
de los jóvenes en el mercado laboral a través de un conocimiento
suficiente de la oferta formativa que anime a las nuevas
matriculaciones y que anime a las familias a considerar esta oferta
de formación profesional.
Efectivamente, como usted dice -no hace falta que yo lo mencione;
traía datos al respecto, pero me ha resultado extraordinario que
usted me lo recuerde y que lo valore así-, distintos organismos han
aconsejado hacer este tipo de campañas de promoción, de difusión y de
publicidad al respecto y han sido muchos los organismos que nos han
propuesto que hagamos este tipo de promoción de la formación
profesional.
En cuanto al presupuesto, a la cifra en sí del presupuesto, quiero
decirle que usted conoce los precios de las inserciones en los
distintos medios de comunicación y sumando y multiplicando por las
inserciones que se han realizado en esta campaña, verá que da
justamente la cifra cabal de lo que se ha invertido. Puedo decirle
-traigo todo el soporte de cómo se ha realizado la publicidad- que la
campaña se desarrollo entre el 18 y el 31 de diciembre de 2000, como
le he dicho antes, en diversos medios. La financiación tenía que
cubrir, en televisión, 885 spot publicitarios; en prensa, 378
inserciones en diarios regionales y nacionales; en cine, 2.866, que,
además, dirigimos con especial atención al mundo de los jóvenes; en
radio, 297 y también en Internet.
Me pregunta usted qué resultados ha producido esta campaña. Hay dos
tipos de resultados: unos, de tipo cualitativo, difíciles de medir y
con apreciación subjetiva -se lo digo de forma respetuosa- y otros,
de tipo
cuantitativo. En cuanto a los resultados cualitativos, le puedo decir
que hemos recibido numerosas felicitaciones por la campaña, pero,
además, desde ámbitos de la educación absolutamente diversos. Hace
poco me decían en una visita a un centro que a raíz de la campaña
-porque los padres lo mencionaban así-, es decir, que a raíz de haber
visto los anuncios correspondientes, querían ver cómo era la oferta y
que esos mismos centros se habían animado a considerar la posibilidad
de ampliar su oferta de ciclos formativos o aquellos que no la
tuvieran se habían animado a complementar su oferta educativa con la
formación profesional. En fin, son apreciaciones cualitativas
difíciles de medir, subjetivas, pero le voy a señalar también algunas
apreciaciones cuantitativas. Una vez finalizada la campaña, se ha
efectuado, de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones técnicas, un postest con las siguientes conclusiones: el
76 por ciento de los espectadores asistentes al cine sí recuerdan el
spot y el 24 por ciento manifestaron no recordarlo. En cuanto a los
datos de notoriedad por edades, de personas menores de 20 años lo
recuerdan un 79 por ciento; de personas mayores de 40 años lo
recuerdan un 70 por ciento; de personas de 21 a 30 años lo recuerdan
un 83 por ciento y de personas de 31 a 40 años lo recuerdan un 67,5
por ciento, todo lo cual evidencia un alto nivel de notoriedad. Los
espectadores recuerdan detalles de los spots y consiguen captar el
mensaje que se quiere transmitir. De las encuestas se percibe que el
anuncio consigue reflejar la idea de novedad y de mejoría que se
pretendía para los estudios de formación profesional. Conceptos como
la conjunción de teoría y práctica, salidas profesionales y demanda
empresarial y social son asimilados por los espectadores.
Después me he referido al aumento de matriculaciones como
consecuencia de estas campañas de publicidad. Comparando cifras
homogéneas, la matriculación en ciclos formativos de grado medio, en
el curso 1999-2000 en comparación con el curso 2000-2001, ha pasado
de 158.337 a 184.579; comparando los ciclos formativos de grado
superior en el curso 1999-2000 y en el curso 2000-2001, se ha pasado
de 148.439 a 179.770, y en programas de garantía social que pudieran
estar próximos en su ámbito a la formación profesional, que son
siempre los de iniciación profesional, se ha pasado de 15.075, en el
curso 1999-2000, a 42.502 en el 2000-2001. Es verdad que esto no es
solamente fruto de las campañas de difusión, pero es un elemento
importante, como también lo son las exhibiciones, las muestras, las
ferias, el empeño que las comunidades autónomas ponen en exhibir la
oferta y las bondades de la formación profesional, y nosotros creemos
que hay que seguir haciendo estas cosas precisamente para animar la
matriculación en la formación profesional. Es cierto que las cifras
globales de formación profesional, comparadas, por ejemplo, con los
estudios de bachillerato, no nos satisfacen y que hay que seguir
incidiendo
en ello. En ese sentido, uno de los elementos que consideramos
importantes, que se sugieren no solamente en organismos españoles
sino tambien en organismos europeos y en instituciones de todo tipo,
es hacer difusiones y campañas de comunicación.
En fin, yo creo que comparar estas difusiones de la oferta de
formación profesional con otras cosas, como ha hecho usted con las
nuevas tecnologías o con los temas de emigración, no es adecuado por
la oportunidad de financiación que nos puede facilitar el Fondo
social europeo y porque habría que analizar con detenimiento lo que
usted menciona respecto a las nuevas tecnologías y los temas de
inmigración. Si usted recuerda, en mi comparecencia en presupuestos
ya comentamos que el presupuesto para nuevas tecnologías lo habíamos
multiplicado por cuatro. Es verdad que en la educación nunca
alcanzamos el techo que nos parezca suficiente a todos. No conozco a
ninguna persona dedicada a la educación que tenga una satisfacción
plena ni de las cifras ni de los recursos implicados. Es cierto que
todos quisiéramos tener más y quisiéramos ver siempre una
disponibilidad mayor de recursos, pero le puedo decir que las cosas
están en su justo término y de manera adecuada, y nuestro esfuerzo va
por ese camino.
Contestando, por último, las apreciaciones que me ha hecho el señor
Guerra Zunzunegui, tengo que decirle que agradezco su aportación
personal en nombre del Grupo Parlamentario Popular y centraré mi
respuesta en la importancia de la información y orientación
profesional. En este sentido, el marco más adecuado es el referido al
nuevo proyecto de ley de formación profesional, y le puedo garantizar
que por lo menos como propuesta del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está en el
borrador del proyecto la consideración de la información y de la
orientación profesional. Hay un
tratamiento específico de cómo se va a realizar esta oportuna
información sobre las posibilidades de empleo en los centros
educativos, cómo podemos utilizar de forma inteligente los recursos
de ambos Ministerios para mejorar la inserción laboral de nuestros
alumnos. También tendremos un marco importante para ver la nueva
consideración de la orientación profesional en el debate del proyecto
de ley de formación profesional. Considero que la orientación
profesional, tanto en lo que hace a la formación profesional como al
resto de los estudios, es un elemento de calidad de la educación y a
ello hay que dedicar especial atención.
Quiero agradecerle también que valore la importancia de los medios de
comunicación, así como lo que cuestan las inserciones, lo que cuesta
realmente desarrollar este tipo de campañas. Si todos sabemos más o
menos los precios extraordinarios que alcanza cualquier inserción
única, un día, en diarios de tirada nacional, imagínense, por los
datos que he dado, lo que ha supuesto el conjunto de inserciones y
medios que abarcó la campaña. Ciertamente ha sido así y le agradezco
de nuevo su apreciación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general.
La mañana ha sido muy densa, la sesión obviamente también y les voy a
proponer que el punto 14 del orden del día quede pospuesto a una
ulterior sesión; la Mesa lo tratará otro día y convocaremos asimismo
a la señora secretaria general.
Muchas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.