CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 211



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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 2723 a la 2766. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.

(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 24



celebrada el martes, 17 de abril de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno y
ministro del Interior (Rajoy Brey) para informar sobre:



- Las líneas generales de la política del departamento. A petición
propia. (Número de expediente 214/000054.). . . . (Página 6324)



- La política a desarrollar en su Ministerio. A solicitud del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/0000343.)
. . . (Página 6324)



- Las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 213/000360.) . . . (Página 6324)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión convocada para hoy a esta hora, que
tiene como objeto la comparecencia del vicepresidente primero del
Gobierno y ministro del Interior para explicar las líneas generales
de la política del departamento, comparecencia que se produce a
petición del propio Gobierno y de los grupos parlamentarios Federal
de Izquierda Unida y Socialista.

Creo que interpreto el sentir de todos si doy la bienvenida, en
nombre de la Comisión, al vicepresidente primero, en su condición de
ministro del Interior, que le vincula institucionalmente con esta
Comisión. Le deseamos todo género de aciertos en su trabajo, para
bien de todos.

Sin más preámbulos por mi parte, creo que lo que procede es que le dé
la palabra al vicepresidente primero del Gobierno para que lleve a
cabo su intervención, de acuerdo con el orden del día.

El señor vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a
todos, señoras y señores diputados.

Comparezco por primera vez en esta Comisión de Justicia e Interior y
quiero que mis primeras palabras sean para transmitir a todos los
grupos políticos aquí representados mi absoluta disposición para
trabajar y afrontar juntos esta nueva etapa al frente del Ministerio
del Interior.

Más allá de lo que puedan significar las diferencias ideológicas, que
indudablemente se plasmarán en los debates de esta Comisión, me
gustaría que trabajásemos juntos, desde el Gobierno y desde la
oposición, con espíritu constructivo, con prudencia y con vocación de
servicio a la sociedad y a los ciudadanos. Digo esto porque los temas
que corresponden al Ministerio del Interior no son asuntos
cualesquiera. Saben ustedes de la trascendencia e importancia que
tienen y, precisamente por ello, son siempre calificados como
políticas de Estado. Y como tales políticas nos exigen un esfuerzo
especial que consiste en la definición y diseño de actuaciones
conjuntas, buscando entre todos los puntos comunes que nos permitan
avanzar en la dirección adecuada. Por ello quiero reiterar mi
voluntad por encontrar el mayor grado de acuerdo y consenso posibles
y, por supuesto, reiterar a SS.SS. mi absoluta disposición y voluntad
de colaboración para el buen desarrollo de los trabajos de esta
Comisión.

Si me lo permiten y tratando de hacer una exposición lo más
sistemática posible, voy a ordenar los asuntos que desarrollaré a lo
largo de esta comparecencia. En primer lugar, voy a exponer las
grandes líneas de la política
del Ministerio en el tema del terrorismo, incluyendo la
cooperación internacional y los avances más recientes en el ámbito de
la construcción del espacio policial y judicial europeo; a
continuación pasaré a desarrollar los retos a los que nos enfrentamos
en la política de inmigración y las medidas tomadas por el Gobierno;
después hablaré de los grandes proyectos de seguridad en los dos
cuerpos policiales; luego haré unos comentarios sobre los proyectos
en materia de drogas; me referiré a algunos aspectos de la política
penitenciaria y del tráfico y, por último, haré una alusión a los
proyectos normativos que estamos impulsando.

Comenzaré pues mi intervención, de conformidad con lo que acabo de
señalar, haciendo unos breves comentarios sobre la política
antiterrorista del Ministerio. Les ruego me permitan no alargarme en
exceso en esta parte de mi intervención y no entrar -es mejor así- en
análisis históricos ni en según qué suerte de consideraciones
políticas o electorales que probablemente en este debate -al menos
eso me parece a mí- no nos iban a ser de mayor utilidad. Sobre este
particular les quiero transmitir a ustedes fundamentalmente que la
política antiterrorista del Ministerio será una política de
continuidad con lo que ha venido siendo hasta ahora, asentada por
tanto en los mismos pilares, porque esta política no es sólo la del
Ministerio del Interior, sino la política del Gobierno e incluso una
política de Estado. En consecuencia, quiero reiterar las grandes
directrices del Gobierno en esta materia.

El terrorismo es un problema de Estado que debe ser afrontado con la
mayor unidad posible de las fuerzas políticas. En este sentido, es
sabido que recientemente ha habido algunos pasos importantes en esta
línea. En segundo lugar, y como no podía ser de otra manera, el
problema del terrorismo debe afrontarse desde el respeto al marco
institucional que viene dado por la Constitución y los estatutos de
autonomía. En tercer lugar, quiero recordar que los derechos de las
personas, sus derechos individuales, los más sagrados, pues son los
que tienen en cuanto a ser humano, especialmente la vida y sus
libertades, no son negociables ni pueden ser condicionados ni objeto
de ninguna contraprestación política. Desde otro punto de vista, y es
el cuarto comentario que quería hacer, la lucha contra el terrorismo
pasa necesariamente por el respeto y apoyo a la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están realizando una
labor extraordinaria. Es por ello que en esta mi primera
comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior quisiera
trasladar, y que así conste en el 'Diario de Sesiones', mi
felicitación a todos los miembros de los mismos. En quinto lugar, me
parece importante precisar que las acciones policiales -en mi opinión
también las judiciales- deben tener en cuenta que el llamado entorno
de ETA no es entorno propiamente dicho, es sencillamente ETA, banda
terrorista que ampara y sostiene la violencia terrorista y que se
esconde detrás de siglas de grupos y formacionescon apariencia de
legalidad.




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En otro orden de cosas, antes de entrar en la última parte de mis
palabras sobre este asunto, quiero hacer una breve mención a la
participación de la sociedad en la lucha contra el terrorismo y a las
víctimas. La sociedad española, y de manera más particular la
sociedad vasca, ha asumido cada vez con mayor intensidad en los
últimos años un papel enormemente activo en el rechazo a la violencia
criminal. La asistencia masiva a las manifestaciones contra la banda
terrorista ETA, las concentraciones ciudadanas, el nacimiento y
activismo de grupos de intelectuales en defensa de la vida y de los
derechos de las personas, el papel de los medios de comunicación son,
sin ningún género de dudas, hechos de un enorme valor, por lo que
suponen de posicionamiento claro, inequívoco y contundente en defensa
de los seres humanos. Pues bien, este es un acervo ciudadano
-permítanme que lo llame así- que es necesario preservar y estimular
y que es fiel reflejo de un país sano, con principios y que, por
encima de cualquier discrepancia que puedan tener sus miembros,
quiere vivir en democracia y en libertad. En el mismo orden de cosas,
que es el orden de las personas, nunca debemos olvidarnos de quienes
son los más directamente afectados por la actuación de los
terroristas: las víctimas. Es por ello que es siempre preciso el
reconocimiento a todas y cada una de ellas y la preocupación
permanente del Gobierno en la línea de una política asistencial y
personalizada de las mismas y sus familiares.

Voy a finalizar mi intervención sobre la lucha contra el terrorismo
con dos consideraciones finales, en una de las cuales me alargaré.

Ninguna de las dos versa sobre competencias propias del Ministerio
que dirijo, pero la lucha contra el terrorismo requiere de muchos
esfuerzos y actuaciones compartidas y, por tanto, son obligadas las
referencias que voy a hacer, en primer lugar, al Gobierno vasco, y en
segundo lugar, a la cooperación internacional, a la que dedicaré
algunos minutos porque cada vez cobra más importancia y cada vez las
cosas se perciben mejor para la causa de la vida y la libertad.

Sobre el Gobierno vasco -sobre el que hay o sobre el que pueda haber
en el futuro- haré tres comentarios. La primera y más importante
obligación de los poderes públicos es garantizar los derechos y las
libertades de las personas, si no, no tiene sentido ni siquiera la
existencia de los poderes públicos. El segundo comentario es que los
medios públicos de comunicación sirven al interés general. El
tercero, es que el modelo educativo debe ser plural y respetar la
verdad.

En cuanto a la cooperación internacional -y con ello ya voy a poner
fin a esta parte de mi intervención-, su desarrollo y su
intensificación es una de las claves de la política del Ministerio
del Interior. Hoy, el balance de esta cooperación ofrece resultados
razonables, que nos permitirán avanzar dentro y fuera de España en la
lucha contra el terrorismo. Nos planteamos con ambición el desarrollo
de planes y proyectos para intensificar esta cooperación. Tenemos la
obligación de incrementar este esfuerzo desde el trabajo sostenido y
tenaz, ya que en
este terreno no existen medidas ni soluciones mágicas, pero es
importante seguir insistiendo en la sensibilidad internacional y en
el seno de la Unión Europea hacia este problema. Es sabido el rechazo
unánime de la opinión pública internacional con el terrorismo de ETA,
pero además, desde el convencimiento de que esta cooperación
internacional es absolutamente decisiva para afrontar el terrorismo,
puedo asegurarles que el Gobierno -y desde luego, yo, personalmente-
hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para profundizar y
ampliar este tipo de relaciones internacionales. En este sentido hay
que recordar que se ha producido un impulso importante por parte del
Gobierno en esta cuestión. Así, podemos citar cinco países de nuestro
entorno en los que se ha incrementado en gran medida esta
colaboración. En primer lugar, la cooperación con Francia, que merece
una mención aparte. A lo largo de los últimos años, la colaboración
en la lucha antiterrorista con este país, socio comunitario
imprescindible, ha sido muy intensa y se han alcanzado niveles
importantes, tanto en lo político como en las cuestiones
estrictamente operativas. Es un hecho cierto que durante los últimos
años se han multiplicado las extradiciones y las expulsiones de
miembros de ETA, sin que esta afirmación tenga ni mucho menos nada de
autocomplacencia. Sé que se trata de un terreno en el que hay que
seguir avanzando y mejorando y en el que aún se puede y se debe
continuar profundizando. Quiero recordar en este punto que durante
estos años, desde 1996 -me refiero a la época desde la que estoy en
el Gobierno- se han producido 23 extradiciones resueltas por Francia
y que del total de 53 personas expulsadas, 32 lo han sido de este
país, el resto lo han sido de México y de la República Dominicana.

Por último hay que destacar que de las 226 detenciones
internacionales, 218 proceden de Francia. Esta colaboración ha
permitido las detenciones de históricos dirigentes de ETA en Francia
y la desarticulación de muchas e importantes infraestructuras en ese
país, además de la desarticulación de la cúpula de los Grapo, con la
detención de siete miembros el pasado año.

Pues bien, seguiremos avanzando -al menos ese es nuestro objetivo,
como es natural- en la cooperación policial con Francia. Yo mismo me
reuní con mi homólogo francés el pasado lunes 2 de abril -este mismo
mes, pues- para agradecer esta colaboración e insistir en la
necesidad de que continúe mejorando. Puedo decirles que me he
encontrado con una buena disposición del ministro francés, señor
Vaillant, y con la voluntad de proseguir en esta profundización en la
lucha antiterrorista. Hemos acordado intensificar el esfuerzo y los
medios materiales y personales de los respectivos servicios
policiales dedicados a la lucha antiterrorista. Quiero destacar que
con ocasión de este encuentro bilateral en París, Francia anunció la
creación de una brigada de investigación e intervención en la lucha
contra ETA, con sede en Bayona, constituida por tres grupos
operativos para luchar contra los actos de violencia urbana y contra
la implantación de las estructuras etarras, cuyo ámbito



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de actuación abarcará todo el territorio francés. La creación de esta
brigada es una prueba más de la voluntad política del Gobierno
francés de proseguir en esta colaboración. Además, las autoridades
francesas han creado también una comisión interministerial con el
objeto de incrementar las medidas de seguridad en el transporte y
almacenamiento de explosivos. En el ámbito de la cooperación
judicial, les recuerdo que el año pasado se constató la buena
colaboración entre los dos países con el nombramiento de sendos
magistrados de enlace, que permitirán complementar esta colaboración
policial. También quiero destacar el esfuerzo que se hace desde el
Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia francesa vino a
Madrid a principios de febrero para reunirse con el ministro Acebes,
y de esta reunión surgió el compromiso de crear un grupo de trabajo
hispano-francés, una de cuyas tareas es proponer los instrumentos que
permitan que las resoluciones judiciales sean mutuamente reconocidas
y ejecutadas directamente para supuestos delitos graves de
criminalidad organizada, terrorismo, tráfico de seres humanos y otros
delitos graves. Este grupo de trabajo se ha reunido por primera vez
en París el pasado 26 de marzo, y la próxima reunión está prevista en
Madrid el 23 de abril, es decir el lunes de la próxima semana.

Otro país con el que mantenemos relaciones es Italia, intensas. Como
SS.SS. saben, se firmó en noviembre del año pasado un tratado para la
persecución de delitos graves mediante la superación de la
extradición en un espacio de justicia común. Recientemente el Consejo
de Ministros ha remitido el texto de este tratado a la Cámara. En
concreto, el tratado hispano-italiano suprime la extradición,
sustituyéndose por un régimen de entrega policial judicial muy
rápido, y además prevé la entrega temporal de la persona buscada para
su asistencia a las causas penales pendientes, y, por último, el
ámbito de aplicación de este régimen de entrega judicial rápida
incluye los delitos de terrorismo, y otros delitos muy graves que son
especialmente rechazados por nuestras opiniones públicas. La
cooperación con Italia ha sido excelente y puedo asegurarles que la
firma de este tratado es buena muestra de que en España no existen
fisuras jurídicas que permitan la presencia de delincuentes
perseguidos por la justicia italiana. A raíz de la firma de este
tratado, se ha considerado oportuno la creación de un grupo técnico
mixto, formado por los ministerios de Justicia e Interior de ambos
países para hacer un seguimiento del acuerdo y para profundizar en la
cooperación policial y judicial bilateral. Este grupo ya se ha
reunido en España el pasado mes de marzo.

En tercer lugar quiero citar a Bélgica. Este país ha dado muestras de
una mayor y mejor comprensión sobre la lucha antiterrorista a lo
largo del último año. De este modo, el mes de noviembre pasado se
celebró en Madrid el primer seminario hispano-belga sobre terrorismo
en el que se trataron temas importantes de índole policial y judicial
y del que se esperan mejoras y avances en el nivel de confianza y
entendimiento entre
ambos países. Desde un punto de vista operativo, estamos estudiando
las vías para potenciar los medios policiales en la lucha contra ETA.

Se están analizando también las líneas conjuntas de investigación que
podemos abrir en el futuro entre los servicios policiales de ambos
países para combatir este fenómeno.

Otro país que quiero mencionar expresamente es el Reino Unido.

Mantenemos una cooperación muy intensa con las autoridades británicas
y a lo largo del año 2000, y también del actual, se produjeron
reuniones a distintos niveles de responsabilidad, y yo mismo asistí
en Londres hace unas semanas a una reunión informal de cinco
ministros de Interior de la Unión Europea en la que pude apreciar la
sensibilidad que el ministro británico, señor Straw, tiene sobre la
lucha antiterrorista llevada a cabo en España. Además, desde el punto
de vista de la cooperación judicial, quiero recordar que el pasado 21
de marzo el ministro Acebes firmó en Londres con el ministro
británico una declaración en la que se establecen los principios para
la firma de un futuro tratado hispano-británico que tendrá como
objetivo la entrega rápida de delincuentes acusados o condenados por
delitos graves.

Tampoco quiero dejar de subrayar la importancia de las relaciones con
Alemania. Con independencia de las cumbres de primeros ministros
institucionalizadas y de las que este Ministerio participa
habitualmente, el año pasado se celebraron dos reuniones bilaterales
con el ministro alemán, señor Schily. En ellas se pudo apreciar la
gran sensibilidad alemana sobre los asuntos relacionados con la
delincuencia organizada y en especial el terrorismo. Precisamente el
año pasado se creó un grupo técnico de trabajo entre los ministerios
de Justicia y de Interior para profundizar en estos aspectos de la
relación bilateral.

Por último, señorías, en cuanto a la cooperación con México, quiero
señalar que el avance ha sido importante en los últimos años, y los
datos sobre concesión de extradiciones y expulsiones de miembros de
ETA así lo han demostrado. Son 21 las operaciones importantes con
este país entre extradiciones y expulsiones, y además quiero destacar
que el nuevo presidente, Vicente Fox, ha manifestado su voluntad de
mantener los elevados niveles de cooperación. Una muestra de todo
ello es la entrega de dos miembros de ETA a principios de este año,
lo que permitió, como SS.SS. recordarán, el descubrimiento de un zulo
utilizado por ETA durante el secuestro de Cosme Delclaux y José María
Aldaya.

Voy a hacer ahora algunos comentarios no ya sobre las relaciones
bilaterales sino sobre la Unión Europea en su conjunto.

Durante la pasada legislatura se produjeron avances de gran
trascendencia en los temas de construcción europea. Hay que
mencionar, en primer lugar, la aprobación del Tratado de Amsterdam,
que entró en vigor en mayo de 1999, y posteriormente la celebración
del Consejo europeo de Tampere. En ambos casos hay que destacar el
impulso decisivo a los temas de justicia e interior dentro de la
construcción europea, estableciendo



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las bases para un auténtico espacio de libertad, seguridad
y justicia.

El verdadero reto que tiene planteado la Unión Europea es la
construcción de un espacio policial y judicial europeo de cuyo
cumplimiento depende en gran medida la credibilidad de la Unión como
proyecto político, porque en cualquier caso ese espacio de libertad
que hemos creado en la Unión Europea debe ir acompañado de las
necesarias medidas que aseguren también la seguridad y la justicia,
de suerte que no sea en ningún caso un espacio de impunidad.

Las conclusiones acordadas en Tampere significan una reflexión
profunda en torno a las cuestiones relacionadas con la creación de
ese espacio de seguridad común en Europa, un espacio que sólo puede
construirse desde la mutua confianza en nuestros respectivos Estados
de derecho, en nuestros sistemas legales y judiciales y en nuestro
sistema de seguridad ciudadana, un espacio que debe construirse en mi
opinión a partir del singular tratamiento comunitario de determinados
delitos especialmente peligrosos para nuestro marco político y para
la libertad de los ciudadanos. En este sentido, en el ámbito del
crimen organizado, Tampere nos ha brindado la oportunidad de
identificar en los próximos meses y años los delitos más graves que
deben tener un tratamiento singular por la preocupación y alarma
social que generan. Para ello es necesario el establecimiento de un
sistema que permita la puesta a disposición inmediata del delincuente
ante la justicia del país en el que cometió el delito más grave. Ya
me referí antes a esos grupos técnicos que están trabajando en el
ámbito bilateral con varios de los socios comunitarios. Los
resultados de los debates en dicho ámbito bilateral nos servirán, o
debieran servirnos, para forjar y para impulsar la orden de busca y
captura europea. Esta orden de busca y captura tendría su reflejo en
la detención de una persona requerida por la autoridad judicial
competente de un Estado miembro al objeto de ser entregada
inmediatamente por la autoridad requerida de otro Estado miembro a la
autoridad requirente. Los delitos por los que se haría la solicitud
de detención y puesta a disposición inmediata de una persona en el
espacio judicial y policial serían los más graves, y entre ellos se
encuentra el terrorismo. Además, se daría prioridad a la gravedad del
delito, es decir, el detenido sería puesto a la disposición del juez
en cuyo ordenamiento el delito se considera más grave. Este es para
mí un objetivo muy importante de cara al futuro puesto que la
creación del espacio judicial y policial europeo sin duda alguna es
un avance decisivo y hará que la Unión Europea tenga un contenido
político, como también es muy importante conseguir una nueva y
homogénea cultura de la inmigración a nivel comunitario, puesto que
entre otras cosas es un problema común al conjunto de los países de
la Unión.

Con ello entramos en el siguiente punto de mi intervención que es la
política de inmigración. Nuestra realidad demográfica y la situación
social y política de
nuestro país confirman cada día que España se está convirtiendo en un
país de acogida. Por ello nuestra responsabilidad como Gobierno es
hacer frente a esa realidad con una política sensata, desarrollada
con el máximo acuerdo posible con las fuerzas parlamentarias
y sociales y teniendo en cuenta nuestros compromisos internacionales
como miembros de la Unión Europea; es muy importante que tengamos en
cuenta nuestros compromisos internacionales como miembros de la Unión
Europea, y por eso me fijo muy especialmente en este asunto. Nuestra
responsabilidad en el tema de la inmigración va mucho más allá de la
mera gestión de flujos a nivel nacional, de forma que el modo en que
abordemos el fenómeno aquí tendrá una inevitable y enorme
trascendencia a nivel europeo e internacional. Pues bien, conscientes
de la importancia y trascendencia de la política inmigratoria, a
comienzos de la presente legislatura se creó, como ustedes saben, la
Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración cuyas
misiones primordiales son la coordinación y el impulso de todas las
actuaciones en materia de inmigración y la formulación de la política
del Gobierno en relación con la extranjería, la inmigración y el
derecho de asilo. En cualquier caso, quiero señalar que al Gobierno
le preocupa significativamente el problema de la inmigración y sin
duda alguna es una de las políticas prioritarias a desarrollar en la
VII Legislatura. Las líneas prioritarias de actuación están recogidas
en la Ley modificada, como ustedes saben, recientemente en el
Congreso de los Diputados, y también en el reglamento que está en
este momento en trámite de aprobación -pretendemos hacerlo antes del
verano-, y también en el programa global de regulación y coordinación
de la extranjería y la inmigración, el Greco, desde el que se aborda
un tratamiento global de la inmigración para los próximos años.. Este
programa fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el pasado
30 de marzo.

Voy con brevedad a explicitar los grandes criterios sobre los que
vamos a asentar la política del Gobierno en materia de inmigración,
que es la consecuencia de las normas y de los acuerdos a los que
acabo de hacer referencia. Primero, es fundamental el diseño global y
coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para España en el
marco de la Unión Europea. Dentro de este apartado, hacemos un
estudio sobre el fenómeno migratorio en España, su evolución y
previsiones de futuro. Debemos saber el número de inmigrantes que
anualmente necesita España y, sobre todo, debemos ordenar la llegada
de inmigrantes desde los países de origen mediante la firma de
convenios. Además, estamos insistiendo en esos convenios en los
aspectos del codesarrollo de los países de origen de los inmigrantes,
teniendo en cuenta la política común de inmigración, fronteras y
asilo de la Unión. Como antes decía, la adopción de acuerdos
bilaterales con los países de procedencia de la inmigración es una de
las claves de la política española de inmigración. Con este tipo de



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acuerdos queremos fomentar la costumbre de la legalidad para que los
inmigrantes puedan trasladarse a nuestro país, al margen de la
irregularidad, de la marginación y de la explotación laboral.

El pasado 31 de enero se firmó el acuerdo con Ecuador que contempla
aspectos como la contratación de trabajadores ecuatorianos, la
tramitación de permisos y el impulso de codesarrollo en las políticas
activas con Ecuador. Por otro lado, el pasado 28 de marzo el
secretario de Estado de Inmigración y el ministro de Trabajo marroquí
cerraron la negociación del acuerdo con Marruecos, que se suma al
firmado en 1999, y que en esencia viene a permitir la contratación de
trabajadores estables, incorporando los derechos derivados de la
Seguridad Social. Este acuerdo tiene gran trascendencia para la
ordenación de los flujos migratorios con Marruecos, teniendo en
cuenta que existen en España 196.338 residentes legales marroquíes,
encabezando la lista de los inmigrantes no comunitarios en nuestro
país. El convenio incorpora la fórmula para determinar el cupo de
trabajadores marroquíes, según las necesidades y las cifras de empleo
disponibles que establezca el Ministerio de Trabajo español, lo que
con toda seguridad servirá para satisfacer las expectativas laborales
de Marruecos. Un aspecto relevante de este convenio es el impulso
a las campañas de información por parte de Marruecos para acabar con la
inmigración ilegal a través de las pateras, que tantas muertes
provocan, y también para disuadir a las redes y mafias que trafican
con seres humanos. El pasado mes de marzo finalizaron las reuniones
con Polonia para la próxima firma del acuerdo hispano-polaco y se
están negociando convenios similares con Colombia, República
Dominicana y Rumania.

Segundo criterio básico en materia de política inmigratoria: la
integración de los residentes extranjeros y de sus familias. Dentro
de este objetivo se están desarrollando fundamentalmente las
siguientes medidas para mejorar los procedimientos de adquisición de
la nacionalidad de acogida y atención de extranjeros en situación de
vulnerabilidad. Mejoras en la acogida de inmigrantes: se van a
construir nuevos centros de estancia temporal y se va a aumentar el
número de plazas de acogida; se regulan programas específicos de
ayuda a los sectores más vulnerables y se va a garantizar la
asistencia jurídica a los controles fronterizos; se va a ampliar la
dotación económica para la asistencia de atención sanitaria; se va a
reforzar la educación como factor de integración social. Respecto a
la inserción laboral se introducen medidas para facilitar la
incorporación del inmigrante al mercado de trabajo, mediante unos
itinerarios integrados de inserción. Se van a realizar campañas
informativas sobre la inmigración como fenómeno positivo y necesario
y con ello se trata de insistir en la sensibilización social hacia el
inmigrante y contra el racismo y también de fortalecer en el ámbito
educativo estos valores de tolerancia y aceptación.

En tercer lugar quiero referirme a la regulación de los flujos
migratorios para garantizar la convivencia en
la sociedad española. Dentro de este objetivo se están ordenando
medidas para evitar la explotación laboral de los inmigrantes y la
actuación de las mafias. Las reformas introducidas por la Ley 8/2000
introducen la tipificación penal de estas conductas y otras medidas,
como beneficios para quienes las denuncian. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo importante para la
desarticulación de redes de inmigrantes ilegales. Se van a implantar
unidades especializadas como la Ucrifd, del Cuerpo Nacional de
Policía. Los resultados a este respecto son bastante elocuentes y por
ello quiero aprovechar la ocasión para destacar, una vez más en esta
intervención, la extraordinaria labor que vienen realizando las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, por ejemplo, en el
año 2000 se desarticularon 307 redes y se detuvo a 1.010
responsables, frente a las 244 redes desarticuladas en 1999 y la
detención de 695 responsables, lo que supone un incremento del 30 por
ciento respecto a grupos desarticulados y un 45 por ciento en cuanto
a los detenidos. En este apartado queremos también intensificar los
planes específicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante el año 2000 la Inspección de Trabajo realizó casi 11.000
actuaciones en materia de extranjería, en las que se detectaron 3.800
infracciones, imponiendo sanciones por valor de más de 2.000 millones
de pesetas, datos que suponen un importante incremento respecto al
año 1999.

Desde la perspectiva europea hay que destacar que durante el año 2000
se han aprobado algunas medidas en el ámbito de los Consejos de
Ministros de Justicia e Interior que han significado avances de
importancia en este terreno. En el último Consejo de marzo del 2001,
último Consejo JAI en el marco de la actual Presidencia sueca, se
acaba de aprobar una red europea de prevención de la delincuencia. La
postura de España ha sido la de apoyar en todo momento la creación de
esta red, aunque debemos ser realistas desde la perspectiva de que
los pasos que se están dando, fundamentalmente en lo que se refiere a
armonización de penas, son todavía bastante incipientes. Los debates
sobre inmigración en este Consejo JAI versaron sobre dos asuntos: la
propuesta, todavía en fase de embrión, de diversos Estados de crear
una policía europea para luchar contra la inmigración ilegal y la
armonización con subida de las penas para luchar contra el tráfico de
personas en todos los países de la Unión. Dos asuntos que, repito,
están todavía en fase de debate por los distintos países que
conforman la Unión.

Cuarto criterio, mantenimiento del sistema de protección para los
refugiados y desplazados. En este punto es imprescindible adaptar la
normativa de asilo a las directrices de la Unión para proporcionar la
capacitación laboral, adecuar las instalaciones fronterizas y
establecer la adecuada protección para los que tienen la condición de
apátridas.




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Pues bien, señorías, esta es la política global de inmigración que
aplicaremos en los próximos años. Son cuatro criterios muy
elementales. Primero, España puede y debe ser un país de acogida;
segundo, tenemos que ordenar necesariamente el flujo de personas que
quieran venir a España; tercero, hay que hacer un esfuerzo de
integración de esas personas; y cuarto, hay que luchar de manera
implacable contra la inmigración irregular y contra el tráfico de
personas y de seres humanos. Este es un reto muy importante, hemos de
dedicarle el mayor esfuerzo y, en la medida que sea posible, el mayor
punto de encuentro con las fuerzas políticas, así como buscar una
política común de inmigración con el resto de los países de la Unión
que, sin duda alguna, es complemento inexcusable de la libre
circulación de personas establecida en el presente momento.

Dicho esto voy a hacer una breve referencia -y es difícil hacer
síntesis de temas de este calado- a los asuntos más importantes, una
vez fijados los criterios básicos que nos ocupan y nos van a ocupar
en las próximas fechas.

En primer lugar, la aprobación del reglamento de extranjería. Las
pasadas semanas hemos comenzado la conversación de este texto con
sindicatos y empresarios y con ello queremos analizar la situación
real del mercado laboral español fundamentalmente. También el
borrador de anteproyecto ha sido entregado a los grupos políticos con
la finalidad de que presenten las aportaciones que estimen oportunas
y convenientes. En este momento no voy a entrar en el análisis de
todos y cada uno de los aspectos del reglamento, porque no creo que
tenga excesivo sentido, pero sí quiero señalar que es uno de los
asuntos que nos preocupan de cara a los próximos meses.

En segundo lugar, el proceso de regularización. Acabamos de culminar
el proceso de regularización más ambicioso en la historia de nuestro
país, es decir el mayor que ha habido nunca. Se ha regularizado en
los últimos tiempos a 200.000 inmigrantes y en este momento estamos
en el proceso de revisión de oficio que afecta aproximadamente a unos
60.000 y que concluirá los próximos meses de mayo o junio. Una vez
que finalice este proceso de regularización no habrá, como no lo hay
en ningún país de la Unión Europea, ningún proceso extraordinario de
regularización más aunque, como es evidente, el Gobierno está
trabajando en la determinación del contingente para trabajadores
extranjeros que será tan amplio como lo permitan las necesidades del
mercado laboral.

En tercer lugar -y es el tercer asunto que me preocupa en estas
fechas- estamos aplicando la Ley 8/2000, con solidaridad y con
generalidad a los extranjeros que se encuentran en España y
fundamentalmente respecto de los famosos 25.000 ecuatorianos. Como
SS.SS. saben, el artículo 31 de la ley regula la concesión del
permiso de residencia temporal en función de razones humanitarias y
de arraigo y eso es lo que está haciendo en el momento presente el
Ministerio del Interior en aplicación de las propias prescripciones
legales.




En cuarto lugar, hemos creado hace un par de Consejos de Ministros,
el Consejo Superior de Política de la Inmigración, concibiéndose como
un órgano de diálogo y participación de las distintas
administraciones públicas. La finalidad del Consejo será el
establecimiento de los criterios sobre los que debe asentarse la
política global de integración social y laboral de los inmigrantes
que asumirá una función esencial en el procedimiento para la fijación
del contingente de trabajadores.

En quinto lugar, también se ha creado no hace muchas fechas el Foro
-se ha modificado su regulación- para la integración social de los
inmigrantes órgano que, como acabo de señalar ya existía, y que se ha
reestructurado para adaptar su constitución, garantizando la
participación equitativa de administraciones públicas, asociaciones y
ONG. Se acaba de aprobar la nueva regulación del Observatorio
permanente de la inmigración, creado en 1994, con la aprobación del
plan para la integración social de los inmigrantes. Como consecuencia
de la creación en el Ministerio del Interior de la Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, se regula ahora este
Observatorio permanente que va a actuar como órgano colegiado
encargado de la recogida de datos, análisis del fenómeno inmigratorio
y la difusión de la información obtenida. La finalidad de este
observatorio será conocer la tendencia y evolución del fenómeno
inmigratorio y preparar propuestas dirigidas a la canalización de los
flujos migratorios y la integración de los extranjeros residentes.

Sobre este asunto, una reflexión final: La situación que se vive en
España en el tema de la inmigración respecto a otros países europeos.

En mi opinión, debemos saber administrar con prudencia y sensatez el
fenómeno de la inmigración, y además aprender de otros países de
nuestro entorno que conocen el fenómeno antes que nosotros y en mayor
cantidad; pero también debemos aprender de los errores que se han
cometido en muchos países europeos, que han centrado la inmigración
en un debate permanente de consideraciones ideológicas distintas, que
han fracturado y dividido a la sociedad de manera innecesaria, han
estimulado los sentimientos racistas y xenófobos, y en suma han
radicalizado a la sociedad. No permitamos que esto suceda en España.

Abordemos la cuestión entre todos con la necesaria dosis de reflexión
y sosiego que requiere uno de los fenómenos que más va a condicionar,
no lo olvidemos, la convivencia en España en los próximos años.

Debemos ser también especialmente sensibles y no desaprovechar la
magnífica oportunidad que nos brinda el hecho de pertenecer a la
Unión Europea para enfocar la inmigración desde la óptica
comunitaria. Según los más recientes estudios sociológicos, los
españoles en una gran mayoría parecen tener las ideas muy claras
acerca de la política de inmigración y de los sistemas de llegada de
extranjeros a nuestro país. De la última encuesta publicada por el
Centro de Investigaciones Sociológicas, se desprenden dos cosas
fundamentalmente. De un lado, que la inmigración es el tercer problema



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más importante para los españoles, después del terrorismo y del paro,
y de otro que el 79 por ciento de los españoles declara que la
entrada de inmigrantes debe hacerse con un contrato de trabajo. Hace
un año ese porcentaje estaba en el 65 por ciento.

Paso ahora a los grandes proyectos de seguridad. Uno de los grandes
retos que tiene en este momento nuestro país en materia de seguridad
es hacer frente a los nuevos tipos de delitos y a la dimensión
marcadamente supranacional con que se desenvuelve la delincuencia
organizada. En los próximos años, los problemas de convivencia y de
inseguridad en España van a tener un importante componente de
proyección exterior. Quiere ello decir que la delincuencia en España
adquirirá probablemente durante los próximos años un carácter
marcadamente transnacional que nos va a exigir un esfuerzo y una
adecuación muy singulares. Por ello, la respuesta que debemos dar
desde el Ministerio del Interior debe ser adecuada a ese diagnóstico
que acabo de describir; proyección exterior y criminalidad
organizada, que pasa por reafirmar los principios de la denominada
nueva cultura de seguridad que exige especializar, aproximar y sumar
como esfuerzos dirigidos en una única dirección. En este sentido,
quiero señalar que la obligación del Gobierno es confiar y respetar
la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
incorporando directrices, criterios y planes que sean capaces de
ilusionar a nuestros policías y guardias civiles, que sean capaces de
incentivar y animar el trabajo diario de los miembros de ambos
cuerpos.

Sería una relación muy larga y exhaustiva la de los proyectos
policiales que tenemos en marcha en ambos cuerpos de seguridad del
Estado para afrontar estos retos del futuro, sin embargo, en aras de
la brevedad me permitirán SS.SS. que les exponga únicamente aquellos
más importantes y novedosos.

En materia de policía, el programa Policía 2000 es el desafío
estratégico más importante de los últimos años. Con él se trata no
sólo de incrementar la seguridad subjetiva y objetiva de los
ciudadanos, no sólo de hacer que disminuyan las cifras de
criminalidad y de que aumente la sensación de seguridad de los
españoles, sino también de ilusionar a toda una corporación, de
incentivar su buen hacer y de premiar y primar su trabajo diario. La
proximidad y la especialización son los pilares básicos de este
programa policial, que debe seguir cumpliendo un papel importante del
cuerpo nacional de Policía en los próximos años. Los resultados de
1999 y los de 2000 nos permiten afrontar con esperanza los nuevos
retos a que debe hacer frente la policía española.

Los índices de delincuencia y criminalidad suelen ser de difícil
reducción y movilidad. Por ello, cuando encontramos datos
contrastados de disminución del nivel de inseguridad, los acogemos
con cierta satisfacción porque nos ilustran y nos marcan la buena
dirección del programa policial. Hoy podemos señalar que está
totalmente implantado el plan Policía 2000 en todas las comisarias
y los datos de evolución de la criminalidad son ya generales
para todo el territorio nacional. Comparando el año 2000 con
1999, tenemos una reducción de la criminalidad del 6,57 por ciento,
lo que representa que se hayan denunciado 85.478 infracciones menos a
lo largo del año en todo el territorio nacional. Algunos datos son
especialmente significativos. Por citar algún ejemplo, hay algunos
delitos que preocupan especialmente a los ciudadanos como los
tirones, atracos en la vía pública y demás robos con violencia o
intimidación y las sustracciones de vehículos. Pues bien, la cifra de
todos estos delitos en el año 2000 se ha reducido en 37.099, lo que
se traduce en que se hayan denunciado 102 delitos menos al día que el
año anterior. En cuanto a la evolución de los delitos más
significativos, la síntesis de los datos es la siguiente: La
sustracción en vehículos entre 1999 y 2000 se ha reducido el 5,85 por
ciento; la sustracción de vehículos el 5,61; los tirones el 18,44;
los robos con violencia e intimidación el 2,12; y el robo con fuerza
el 10,79 por ciento; en total, el 7,47 por ciento. Seguiremos en este
esfuerzo permanente de actualización y modernización policial y
queremos desarrollar en el marco de este programa Policía 2000 en los
próximos meses y años las siguientes actuaciones. En cuanto al
servicio de denuncias telefónicas, entró en funcionamiento en mayo de
1998, y a finales del año 2000 todas las comisarias provinciales y la
práctica totalidad de las comisarías locales y de distrito disponen
de este nuevo servicio. Los datos sobre denuncias recibidas son en
1998 más de 8.000; en 1999, 38.000 y en el año 2000 más de 63.000.

Estos datos reflejan el importante nivel de aceptación social de este
servicio por su rapidez, comodidad y atención personalizada. Queremos
avanzar en la reconversión policial, dispensando un mejor trato y una
atención personalizada al ciudadano en los trámites policiales,
eliminando tiempos de espera. Se completará y extenderá a todo el
país el nuevo sistema de denuncias telefónicas y por Internet.

Otro plan importante es el documento nacional electrónico instantáneo
que revolucionará el mundo de la identificación personal, tanto por
las características del documento como por la inmediatez en su
expedición. Este nuevo DNI llevará incorporados dispositivos de alta
tecnología que permitirán su utilización mediante firma electrónica.

Para la puesta en marcha de este proyecto se firmará un acuerdo con
el Ministerio de Ciencia y Tecnología para sufragar su coste
conjuntamente con el Ministerio del Interior. En todo caso, la
apuesta más importante de la policía para estos próximos años se
centra en la especialidad policial a través del programa 10 por 10.

Este programa desarrolla la vertiente de especialidad del programa
Policía 2000 y tiene como objetivo mejorar la eficacia policial en el
ámbito de la investigación de la delincuencia protagonizada por
grupos altamente organizados. Se pondrá en marcha en diez grandes
ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga,
Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife y Vigo, que
aglutinan el 80 porciento de este tipo de hechos y va dirigido a
combatir de



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forma prioritaria diez áreas delictivas tales como el narcotráfico,
la delincuencia económica, el blanqueo de dinero, las redes de
tráfico de seres humanos, así como los delitos de carácter grave
relacionados con el entorno del menor y de la familia. La principal
novedad de este programa es que unifica toda la información de
interés policial relacionada con la criminalidad para su análisis
y posterior distribución a los órganos operativos.

Por último, voy a hacer un par de referencias a dos asuntos que creo
tienen su interés. En primer lugar, uno de los retos básicos a los
que se enfrenta el cuerpo nacional de Policía en los próximos años es
la adecuación de su plantilla. Es un problema importante ya que en la
última década la plantilla de los funcionarios en activo del cuerpo
nacional de Policía ha disminuido de manera considerable. Ante esa
situación, como ministro del Interior, voy a hacer el máximo esfuerzo
de que sea capaz para que la oferta de empleo público para los años
2001 a 2004 sea una oferta de empleo público que cubra de manera
razonable lo que son las necesidades de este cuerpo nacional de
Policía. Además, estamos en un proceso de negociación para llevar a
cabo mejoras en la segunda actividad de los policías y para negociar
el catálogo de puestos de trabajo. A lo largo de esta legislatura me
gustaría llevar a buen término un objetivo que considera importante:
una ley del cuerpo nacional de Policía, al igual que se hizo en su
día una Ley de la Guardia Civil, es uno de los objetivos básicos para
lo que resta de legislatura.

En cuanto a la Guardia Civil, comenzaré haciendo una referencia al
SIVE. Como saben ustedes, España tiene dentro de la Unión Europea una
frontera azul frente a los fronteras verdes que tienen otros países,
lo que significa un reto para nuestro país a efectos de potenciar el
servicio marítimo de la Guardia Civil tanto en la vertiente de
vigilancia de la costa como en la de salvamento y ayuda humanitaria.

Este servicio de vigilancia exterior supone un reconocimiento de la
frontera marítima y un compromiso de nuestro país a la hora de
abordar un proyecto integrado de vigilancia, que significa introducir
más tecnología en nuestras costas para hacer frente a la lucha contra
la droga y a las redes de tráfico ilegal de personas que se mueven en
la zona del Estrecho. Con este sistema nuestro país da cumplimiento
a uno de los compromisos que asumió como miembro de la Unión Europea
tras la firma del Tratado de Amsterdam, especialmente en lo referido
al control de las fronteras exteriores.

Algunos datos al respecto nos ponen en la pista de lo que España
representa como frontera sur de la Unión Europea. Según Europol, la
Guardia Civil es el cuerpo policial europeo que mayor cantidad de
hachís interviene en toda Europa, con porcentajes próximos al tercio
del total decomisado. En cuanto a inmigración irregular, ha habido un
aumento importante de entradas irregulares en nuestro país durante
los últimos años y tenemos datos significativos de interceptación de
pateras y detención de traficantes de personas. Hay que
tener en cuenta que los procedimientos utilizados por los
narcotraficantes y por las redes de inmigración ilegal no permiten su
detención con el tiempo suficiente para ser interceptados, lo que
dificulta enormemente la actuación policial con los medios
disponibles. Para hacer frente a estos fenómenos, que sin duda
albergan dificultad y complejidad, la Guardia Civil ha diseñado este
proyecto SIVE, que se articulará a través de un soporte técnico de
vigilancia en una amplia franja del mar territorial trasladando la
información obtenida a centros de decisión. La principal novedad del
sistema consiste en la implantación de estaciones sensoras equipadas
con radares electrónicos.

Señoras y señores diputados, la construcción del espacio de libertad
y seguridad europeo y la desaparición de fronteras exteriores
trasladan a algunos países -el nuestro entre ellos- la
responsabilidad de atender la cobertura de dichas fronteras, lo que
pone de manifiesto un grado de solidaridad sin precedentes en tanto
que esos Estado asumen una parte de la seguridad de otros. Atendiendo
al principio de reciprocidad, los costes de un sistema de la
envergadura del SIVE deberían ser sufragados por todos los socios
comunitarios. Para ello, se ha instado a la Comisión Europea la
inclusión de parte del SIVE en la iniciativa comunitaria denominada
Interreg III con el nombre de Siprene, Sistema de información para la
prevención de naufragios en el Estrecho. El objetivo del Siprene es
velar por la vida e integridad física de los inmigrantes que de
manera irregular y a bordo de embarcaciones precarias pretenden
acceder al territorio de la UE; para ello, este sistema descansará
básicamente sobre lo que antes he descrito como SIVE. El proyecto
Siprene fue presentado a finales del pasado año a la Junta de
compromisarios de la Unión para que fuera aprobado en el plazo de
seis meses. A partir de este momento, nuestro país dispone de tres
meses para elaborar el correspondiente complemento del programa. El
SIVE tiene en este momento un compromiso presupuestario asumido por
el Gobierno de algo más de 9.000 millones de pesetas y son necesarios
unos 11.000 millones más que intentaremos sean satisfechos por la
Unión Europea en un proyecto que terminará en el año 2004, de
cumplirse las previsiones del Gobierno.

Otra importante actuación de la Guardia Civil para esta legislatura
es la creación de una nueva jefatura fiscal y de fronteras que
coordinará una nueva estrategia para potenciar las labores de
investigación en el ámbito de las redes de narcotraficantes
incrementando la vigilancia en nuestras fronteras e impulsando la
prevención en los sectores de mayor riesgo.

En cuanto al Seprona, la Guardia Civil se propone continuar con el
despliegue de efectivos e impulsar los compromisos de velar por un
medio ambiente más cercano al ciudadano y garantizar la calidad
alimentaria. La Guardia Civil potenciará este servicio para responder
a tales objetivos. Hemos pasado de 1.000 efectivos a 1.400 y
pretendemos alcanzar los 2.000 al final de la



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legislatura, lo que supondría un aumento de 518 efectivos en cuatro
años. Se crearán equipos del Seprona en las capitales de provincia y
se formarán patrulla urbanas para aproximar el medio ambiente a los
ciudadanos participando asimismo en la protección del patrimonio
histórico artístico. Haremos un esfuerzo también para ser más
eficaces en la lucha y prevención contra el fraude alimentario,
asunto éste muy importante, que lo será más en el futuro, y si no al
tiempo. Con todo ello pretendemos que el Seprona se consolide como la
primera y más eficaz policía ecológica de Europa, que ya está
sirviendo de modelo para implantar servicios similares en muchos
países.

Queremos hacer un esfuerzo especial en el ámbito de los recursos
humanos de la Guardia Civil. Hace muy pocas fechas el Consejo de
Ministros aprobó la oferta de empleo público de la Guardia Civil para
el año 2001, con un total de 2.280 plazas para la escuela de cabos y
guardias. Esta oferta se enmarca en un plan cuatrienal de recursos
humanos que prevé ese número de plazas para cada uno de los años del
período. Con tal esfuerzo se pretende cubrir la totalidad del
catálogo de puestos de trabajo en el año 2004. Personalmente, como
ministro del Interior estoy satisfecho porque era la petición que
habíamos formulado al Consejo de Ministros y a los ministros del
ramo.

Para terminar, quiero hacer una referencia al Sirdel. Como ustedes
saben, se trata de una red de comunicaciones digitalizada que nos
permitirá integrar las comunicaciones de los cuerpos policiales y una
conexión con otras direcciones generales del Ministerio del Interior.

Supone la sustitución de un sistema de comunicaciones analógico por
otro digitalizado, que integre las comunicaciones del cuerpo nacional
de Policía y de la Guardia Civil y será enormemente útil en la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado. El Gobierno ha
comprometido en el presupuesto 36.000 millones de pesetas y pretende
comprometer 39.000 millones más hasta el año 2005 para poder
extenderlo al conjunto de las comunidades autónomas españolas.

Mi exposición va a durar más de lo razonable. Intentaré hablar menos
en algunos puntos; hago lo que puedo.

Paso ahora a referirme a las líneas generales de actuación que
presidirán la actividad en las instituciones penitenciarias a lo
largo de estos años. Las agruparé en tres grandes apartados. Primero,
infraestructuras. Continuamos con el desarrollo del plan de
amortización y creación de centros, tras la revisión hecha por el
Gobierno en abril de 1998, que nos permitirá ir definiendo nuevos
objetivos y seguir modernizando las instalaciones penitenciarias.

Puedo adelantar que en el período 1996- 2000 se inauguraron 11 nuevos
centros, lo que ha supuesto una actuación sin precedentes en esta
materia.

La apertura de nuevos centros, además de permitir la renovación de
las antiguas infraestructuras, ha aportado un incremento de plazas al
sistema penitenciario, lo que en otras palabras, nos permite hablar
de una reducción de la tasa de ocupación desde cifras próximas al 134
por
ciento a la actual del 108 por ciento. Con ella nos aproximamos a los
niveles de nuestro entorno europeo -Alemania, 103; Francia, 109- y
nos situamos por debajo de países como Italia, 127 por ciento;
Grecia, 129; o Portugal, 134. En cualquier caso, nuestro objetivo es
alcanzar un nivel de ocupación próximo al cien por cien, lo que
supondría conseguir el principio celular de un interno por celda que
señala nuestra legislación penitenciaria. En cuanto a los centros en
construcción, el centro penitenciario de Zuera se inaugurará este
mismo año; el de Villena se inaugurará en el año 2002 y los centros
previstos a continuación son los de Canarias y Navarra, que
pretendemos entren en funcionamiento en 2004.

En cuanto a los centros de inserción social previstos en el plan de
infraestructuras, existe un calendario de inauguración y puesta en
funcionamiento de 24 centros, que se iniciará en el año 2002 con los
centros de Ciudad Real, Salamanca, Zamora, Toledo y Santander, y que
continuará en los próximos años a lo largo de lo que resta de
legislatura. Por último, en cuanto a la implantación de las 40
unidades de acceso restringido, todas estarán finalizadas y en
funcionamiento a lo largo de este año; se trata de tener módulos en
los hospitales para atención de la población reclusa.

Una novedad que podemos destacar dentro de las infraestructuras
penitenciarias es la implantación de controles telemáticos que
permiten la vigilancia electrónica como una alternativa a la prisión.

En abril del pasado año se puso en funcionamiento de forma
experimental un programa con internos en el centro de inserción
social Victoria Kent, de Madrid, en el que participan diez reclusos
clasificados en tercer grado. El desarrollo del programa fue
satisfactorio, por lo que se prevé implantar este control electrónico
no sólo con los internos de tercer grado para que puedan pernoctar
fuera del centro penitenciario, sino también en el seguimiento de las
actividades laborales de los mismos para el seguimiento de las
medidas de control aplicables a los liberados condicionales y si es
posible para el cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana.

Ya estamos sacando a concurso -creo que durará aproximadamente un
mes-, con un presupuesto de 300 millones de pesetas, los instrumentos
para la implantación de este control electrónico.

En segundo lugar, me quiero referir en esta área a la reinserción
social y laboral. Un grupo que nos preocupa especialmente es el de
los internos con problemas de toxicomanías, para el que nos
proponemos impulsar diferentes programas en el ámbito de la
prevención, la desintoxicación, el tratamiento con metadona, la
deshabituaciónen espacios terapéuticos específicos y los programas de
reinserción. En cuanto a los programas de deshabituación podemos
señalar que se han consolidado a lo largo de estos años y que durante
el año 2000 se han acogido a estos programas 7.644 internos. Respecto
a los programas de mantenimiento con metadona, en estos últimos cinco
años se han extendido a todos los centros penitenciarios. Durante el
año 2000 se ha atendido



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a 20.000 internos drogodependientes y el total de internos atendidos
que se han acogido a estos dos tipos de programa podemos afirmar que
entre los años 1996 y 2000 se ha incrementado el 136 por ciento. En
cuanto a los programas de intercambio de jeringuillas, nueve centros
penitenciarios ya los tienen implantados, habiéndose efectuado 4.261
dispensaciones y 5.868 intercambios de jeringuillas durante el año
2000.

Pues bien, desde el ámbito de instituciones penitenciarias seguiremos
haciendo un esfuerzo en materia de inserción laboral como una de las
principales necesidades de la población interna. Este era uno de los
puntos más endebles de la política de reinserción en 1996, ya que
menos del 10 por ciento de los reclusos tenían posibilidad de acceder
a un trabajo retribuido. En estos cinco años se han diseñado nuevos
planes y se ha conseguido intensificar la formación profesional
ocupacional y el trabajo productivo en talleres, en la que se pasó de
3.407 internos trabajadores en el año 1996 a 8.204 en el año 2000, lo
que supone un incremento del 141 por ciento. Seguiremos trabajando
para continuar adecuando la relación laboral a las circunstancias
actuales y así, por ejemplo, la última Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social para 2001 extiende al colectivo
objeto de relación laboral y a su órgano gestor las bonificaciones
previstas para los colectivos con dificultades de inserción. También
queremos aumentar el número de internos beneficiarios de los
programas operativos del Fondo social europeo para el período 2000-
2006 a través de los cursos completos de formación profesional y
laboral. Por último -para finalizar este apartado-, quiero destacar
que las ofertas de empleo público nos permitirán acceder en los
próximos años a 2.500 personas que se incorporarán a medida que las
necesidades sean determinadas por el plan de infraestructuras.

En cuanto al personal sanitario, la Ley general de Sanidad y diversas
iniciativas parlamentarias prevén la integración del personal
sanitario de instituciones penitenciarias en los servicios públicos
de salud para garantizar a los internos una sanidad pública
homologada y de calidad. En estos momentos la dirección general está
coordinando una mesa de negociación para intentar resolver este
problema.

Paso a ocuparme ahora de la materia de drogas. En esta materia
iniciamos la legislatura pasada con un plan de medidas urgentes para
luchar contra las drogas, aprobado en 1997 y que finalizó en
diciembre de 1999. Esta legislatura comienza asimismo con un proyecto
elaborado tras un largo proceso de debate y consulta en el que se ha
puesto de manifiesto el importante nivel de acuerdo parlamentario,
político y social en relación con el tema de las drogas, lo que nos
debe llenar a todos de satisfacción, por lo que cada uno de nosotros
y la sociedad en su conjunto se juega en este asunto. Me estoy
refiriendo a la estrategia nacional sobre drogas 2000- 2008. Con este
documento tratamos de abordar el fenómeno de las drogas desde una
perspectiva global, lo que supone incorporar todas las sustancias
objeto de
uso y abuso, con especial atención al alcohol y al tabaco, que son
las más utilizadas. El eje fundamental sobre el que gira la
estrategia es la prevención, por lo que las medidas para mejorarla y
extenderla constituyen la base de la futura actuación del Plan
nacional sobre drogas. Esta prevención atenderá diversos ámbitos y
colectivos con una incidencia destacada en la familia como célula
básica de la sociedad y la escuela como primera instancia de
socialización. Constituye, por tanto, uno de los objetivos básicos de
la estrategia la generalización de los programas de prevención en
todos los centros escolares. Otros ámbitos en los que también se
incidirá son el medio laboral, la comunidad y determinados
colectivos, como poblaciones de alto riesgo.

Uno de los objetivos más ambiciosos de la nueva estrategia es
alcanzar en los próximos años la plena cobertura asistencial y la
normalización de la asistencia a los drogodependientes. Para ello nos
proponemos normalizar las redes asistenciales, integrándolas de forma
coordinada con los sistemas públicos de salud y servicios sociales.

Igualmente pretendemos garantizar la plena asistencia ambulatoria a
los drogodependientes en el ámbito de su comunidad o ciudad autónoma
y dentro del área de salud de su residencia.

En cuanto al instituto nacional de investigación y formación sobre
drogas, previsto en la nueva estrategia sobre drogas, se encuentra en
ese momento en fase de creación. Desde el mismo se promoverá la
puesta en marcha y consolidación de equipos estables de
investigación, lo que nos permitirá, sin duda, conocer más a fondo
este problema de las drogas.

El último capítulo importante se refiere a la reducción de la oferta,
ámbito en el que se va a actuar en tres direcciones: la lucha contra
las organizaciones internacionales, la lucha contra la distribución
de drogas ilegales y la lucha contra las drogas al por mayor. Para
ello se pondrán en marcha medidas concretas tendentes a la
consecución de tales objetivos, siendo necesario incluso realizar
alguna modificación normativa a fin de dotar a las instituciones de
los instrumentos legales para combatir el crimen en general, el
tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. En este sentido,
queremos desarrollar un marco normativo para facilitar y potenciar la
investigación policial. Algunas propuestas que estamos estudiando son
la mejora de la regulación del secreto de las comunicaciones, la
regulación de la figura del colaborador de la justicia y la revisión
de penas por tráfico de drogas que no causen grave daño a la salud en
relación con el volumen de sustancia con que se trafica.

Desde otro punto de vista, continuaremos intensificando la
colaboración policial internacional y hay buenos resultados que
avalan avances en esta materia. Como SS.SS. saben, la Delegación del
Gobierno española para el Plan nacional sobre drogas ha sido
designada,en competencia con otros miembros de la Unión, para que
gestione la puesta en marcha de los planes nacionales sobre drogas de
Hungría, Eslovenia, Rumanía, Lituania y Letonia.




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Termino este apartado. Cada año, como ustedes saben, presentaremos un
plan de acción concreto sobre drogas que será fácilmente evaluable y
daremos cuenta de ello a la Cámara y a la sociedad en su conjunto. El
plan correspondiente a 2001 ya ha sido aprobado y se está
desarrollando en este momento.

Paso ahora a hacer algunos comentarios sobre el tráfico. La realidad
de los accidentes de tráfico en España sigue siendo preocupante por
la pérdida de vidas humanas. Los datos del año pasado en relación con
el principio de la década son algo mejores, ya que las víctimas
mortales han descendido; sin embargo, aún nos queda mucho por hacer
para reducir estas cifras. Hay que reconocer que no hay fórmulas
mágicas de hoy para mañana en la mejora de la siniestralidad vial; el
resultado es lento y la planificación a largo plazo. Por ello, las
actuaciones que desde el Ministerio del Interior vamos a llevar
a cabo pueden resumirse en las siguientes. En primer lugar, modificar
la Ley de seguridad vial que en estos momentos se está debatiendo en
el seno de esta Cámara y cuyas novedades SS.SS. conocen. En segundo
lugar, también estamos realizando modificaciones y actuaciones en el
reglamento general de circulación y en el reglamento general de
vehículos. Desde otro punto de vista, queremos completar la red
general de gestión de tráfico con la puesta en marcha de los centros
de La Coruña y Valladolid. Queremos poner en marcha oficinas locales
en distintos lugares de España. Respecto a los inmigrantes y a las
dificultades para conducir que se les presentan al no estar en
posesión de un permiso de conducción español, vamos a introducir
novedades que faciliten su obtención. Se van a implantar unos
sistemas adecuados, como pueden ser la traducción de las pruebas
teóricas a sus idiomas e incluso la realización de esas pruebas en
forma oral, en sus propias lenguas, mediante un sistema audiovisual.

Finalmente, en materia de vigilancia contemplamos el aumento del
número de componentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil
en casi 2.000 efectivos en los próximos años. Con ello pretendemos
alcanzar, al final de la legislatura, un total de 10.000 guardias
civiles de tráfico, respondiendo con estas medidas a un compromiso
del Partido Popular. Por último, reforzaremos las campañas de tráfico
y la actividad divulgativa en esta materia.

Voy a terminar con los proyectos normativos, me refiero a los legales
además del proyecto de ley de la policía al que antes he hecho
referencia. Son otros dos los que vamos a plantear a lo largo de esta
legislatura, además, repito, del proyecto de ley de la Policía y de
algunas modificaciones que presentaremos conjuntamente, o no sé si
serán presentadas por parte del Ministerio de Justicia, a las cuales
he hecho referencia en materia de droga. En cuanto al proyecto de ley
de asociaciones, disponemos ya del informe del Consejo General del
Poder Judicial, estamos pendientes del informe del Consejo de Estado
y a continuación remitiremos el texto a las Cortes Generales, lo que
previsiblemente podría llevarse a cabo a finales del próximo
mes. También estamos estudiando un proyecto de ley de actuaciones
para reparar los daños producidos en situaciones catastróficas. Ante
los acontecimientos de los últimos años derivados de riesgos
naturales, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la
legislación vigente. Las consecuencias de inundaciones y temporales
exigen una respuesta rápida y eficaz y requieren una pluralidad de
medidas paliativas y reparadoras. En los últimos años se han dictados
decretos-leyes para cada caso y riesgo individual, incorporando
medidas para la reparación de estos daños. Por todo ello, creemos que
debe existir una legislación general ante esos acontecimientos
extraordinarios pero frecuentes en nuestro país y fundamentalmente
para establecer una coordinación profunda y extensa entre el Estado,
las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En estos objetivos,
como he dicho, está trabajando el Gobierno para la elaboración de
este proyecto de ley.

Señoras y señores diputados, con esto termino. Ha sido una hora larga
de intervención. No es fácil resumir todo lo que son las actuaciones
actuales y futuras del Ministerio del Interior porque son muchos e
importantes los asuntos a los que hay que hacer referencia. Yo he
intentado hacer una breve síntesis; no sé con qué acierto. A mí me
parece que con acierto, supongo que a otros les parecerá que con
menos, como por otra parte es natural. En cualquier caso, estoy a su
disposición para responder a las dudas, sugerencias, preguntas,
aclaraciones y también a las críticas que quieran hacerme en relación
con esta intervención o sobre cualquier otro asunto relacionado con
el Ministerio que dirijo e incluso sobre cualquier otro.




El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los grupos parlamentarios.

En primer lugar intervendrá el primer grupo de los solicitantes,
Izquierda Unida, y en su nombre, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Bienvenido a esta comisión, señor Rajoy. No
es malo que de vez en cuando visite un ministro esta Comisión. Usted
ha dicho -y yo coincido plenamente- que dos de los temas que concitan
más atención al pueblo español son el problema del terrorismo y el
fenómeno de la inmigración. Por tanto, usted lleva un Ministerio de
enorme trascendencia social, pública y política. En este sentido,
comprenderá que nos detengamos en estos dos asuntos. Respecto a la
lucha antiterrorista y al proceso de paz en Euskadi, es conveniente
hablar de ellos en esta Cámara, señor Rajoy; si no puede seguir
extendiéndose la desviación de que se habla mucho más en los medios
de comunicación que en esta Cámara, y no le voy a citar casos
concretos porque son tan reiterados que consumiría todo el tiempo.

Entenderá que me refiera, con la mayor brevedad posible, a este tema
de enorme importancia, el número uno en la secuencia de
preocupaciones del pueblo español. Nosotros creemos que ninguna de
las reivindicaciones de ETA legitima el uso



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del terror, el uso de la violencia armada. Estamos convencidos, señor
Rajoy, de que ETA es una total desgracia que padece la mayoría del
pueblo vasco y el conjunto de los pueblos de España. La vida nos ha
dado sobradas muestras de que no pueden aceptarse métodos infames
para conseguir fines aparentemente más nobles; el fin nunca justifica
los medios. No puede haber soluciones basadas en la amenaza o en la
muerte, y tampoco hay ninguna razón, desde el punto de vista de los
argumentos políticos, que justifique el uso de la violencia en
condiciones democráticas. La dimensión política del conflicto vasco
no puede ser en modo alguno razón que ampare o justifique ningún tipo
de violencia. También es inaceptable a nuestro juicio que esta
estrategia se acompañe de propuestas políticas, defendidas hoy por
Euskal Herritarrok, que cuestionan los derechos democráticos de miles
de vascos y vascas; pero tampoco se puede ignorar la legítima
aspiración de una parte importante de la población vasca a que le sea
reconocido el derecho a poder decidir autónomamente el modo y manera
de relacionarse con el resto de los pueblos de su entorno. Nosotros
no nos cansamos de recordar que ser demócrata implica aceptar las
opiniones y decisiones de los que piensan de manera diferente. Desde
este respeto, nosotros nos ubicamos de forma clara en una opción
federal. Creemos que esa opción genera un marco de convivencia más
integrador, más representativo y más democrático y es el que da
sentido a la condición plurinacional de España. De partida hay que
aceptar esto, condición plurinacional de este país, del que los Reyes
Católicos llegaron a decir que es una nación de naciones.

La contundencia, señor Rajoy, con que nos oponemos a la barbarie del
terrorismo no puede hacernos perder de vista que el conflicto vasco a
menudo oculta otros muchos problemas que requieren la atención de
todos nosotros. En esta dirección no compartimos que al amparo de la
legítima indignación contra el terrorismo se pretendan criminalizar
opciones, propuestas y reivindicaciones legítimamente democráticas, y
esto lo estamos sufriendo nosotros y otros partidos democráticos de
manera directa, contundente y diaria. Más allá de la opinión que se
tenga respecto a la vinculación de Euskadi en el Estado español,
opción que nosotros defendemos en el marco o dentro de un Estado
federal, mantener, defender y proponer el derecho a la
autodeterminación para Euskadi es una demanda democrática que está
ahí, que existe y que debe defenderse democráticamente. Nosotros
compartimos este Estado compuesto, federal, y por ahí desarrollamos
nuestra argumentación. Que ETA persista en sus acciones alienta la
confrontación social y un riesgo cierto de regresión política e
institucional, pero de ninguna forma nosotros podríamos entender que
pudiera pretenderse intentar que unos vascos se enfrenten
violentamente con otros. Tampoco nos parece comprensible una cierta
voluntad, a veces suicida, de extrañamiento entre lo vasco y lo
español. El mestizaje a nuestro juicio, esa especie de
contaminación cultural, como lo ha venido siendo desde hace muchísimo
tiempo, es la garantía de un futuro de libertad. La negación del otro
es un camino hacia el totalitarismo. Hay que aceptar al otro y hay
que aceptar mezclarse con el otro. Desde este punto de vista, en las
condiciones actuales pensamos que la prioridad debe ser hacer posible
un diálogo entre todas las fuerzas políticas comprometidas con una
solución democrática al conflicto. Por eso pensamos que es
imprescindible favorecer la creación de ámbitos de diálogo en todos
los lugares de expresión de este gravísimo problema. Lo hemos dicho
20.000 veces en esta Cámara. La necesaria unidad de todas las
organizaciones democráticas debe trabajar por la incorporación al
consenso de todos aquellos elementos mínimos que permitan a cada una
de las fuerzas políticas reconocerse en cualquier acuerdo y cuantos
más acuerdos mejor. Reconocer toda una dimensión política en el
trasfondo del conflicto a nuestro juicio existe, y en consecuencia
hay que entender la dificultad para poner fin a este proceso
exclusivamente mediante el uso de medidas policiales, por otro lado
legítimas en un Estado de derecho, y hay que llevar hasta su última
consecuencia.

También pensamos -recuerde el punto 10 de Ajuria Enea o el punto 9 de
Pamplona- que, en condiciones de cese total y completo de cualquier
actividad terrorista, debe facilitarse un diálogo sin exclusiones.

Creemos también que debe reconocerse el derecho democrático
a cualquier forma de pensar y buscar instrumentos que hagan posible la
expresión de la voluntad democrática de los pueblos vasco y navarro
entre sí y de éstos respecto a la relación institucional y política
con el resto del Estado. Nosotros le aportamos este análisis porque
no coincide exactamente con el análisis en el que ustedes basan la
actual política antiterrorista o el intento de alcanzar un proceso de
paz y normalización en el País Vasco. Pensamos, señor Rajoy -se lo
quiero decir con total moderación pero claramente-, que la
vinculación política entre el terrorismo y el nacionalismo es una
preocupante muestra de visión sesgada y limitada de la Constitución,
además de una equivocada propuesta para resolver el gravísimo
problema vasco. No avanzaremos un paso si en el camino criminalizamos
a uno de nuestros interlocutores (más allá de que no compartimos sus
planteamientos políticos; creemos que hay errores muy fuertes, por
ejemplo, en el PNV), sujetos imprescindibles para conseguir una
convivencia en paz en Euskadi y en España. Nosotros en absoluto
compartimos ningún tipo de estrategia frentista; nos parece
intolerable y propia de un comportamiento que solo vive en la
confrontación entre dos polos, muchas veces polos inventados;
pretende ser mantenida por algunos como una simple táctica hasta las
elecciones. Nuestro rechazo es claro en este sentido. Si esa es la
interpretación que extraen algunos políticos de un pacto
antiterrorista, no podemos estar más lejos de ellos y se está
utilizando de manera irresponsable esta argumentación.




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Esto nos induce a pensar, señor Rajoy, que no había una voluntad
mayoritaria de acuerdo en el reciente texto suscrito por el PP y el
PSOE; un acuerdo que pretende sumar a todas las fuerzas debe empezar
sumando. Nosotros pretendíamos una redacción más integradora, más
plural, en los términos filosóficos, teóricos, que ya le hemos
expresado multitud de veces, y en los términos concretos de los
acuerdos anteriores y de la necesidad de que este tema no sea una
lucha de partidos, una propuesta partidista, ni siquiera
bipartidista, sino que sea una propuesta de todos los demócratas. A
nuestro juicio, cualquier pacto debe incluir, necesariamente, una
propuesta política para la lucha contra el terrorismo y a favor de la
paz. Ya le he citado el punto 10 del acuerdo de Ajuria Enea y el 9
del pacto de Pamplona. También pensamos -por eso creo que es preciso
hablar en este Parlamento de estas cosas por lo menos al mismo nivel
con el que se habla a través de los medios de comunicación- que el
Parlamento debe constituirse en el lugar natural de residencia
política de cualquier acuerdo y de cualquier control de su
cumplimiento. Los representantes de la voluntad popular deben asumir
esa responsabilidad, que yo creo que les corresponde, en la lucha
contra el terrorismo y a favor de la paz. Con todos los respetos y en
función de que coincidimos en muchas cuestiones democráticas
fundamentales, señor Rajoy, no coincidimos en políticas concretas que
se han agudizado en este período y que espero que se distiendan a
partir del 13 de mayo.

Respecto a la inmigración, que es uno de los asuntos que también
concitan una alta atención del pueblo español, este fenómeno -que no
problema-, a nuestro juicio, no está siendo bien tratado por el
Gobierno del señor Aznar. Nosotros esperamos de usted que propicie un
giro a la Constitución y a la solidaridad en la política sobre
extranjería e inmigración, un giro hacia la lealtad constitucional.

No sólo seguimos pensando que esta Ley, la 8/2000, no es
constitucional -con independencia de este pensamiento y de la batalla
que vamos a seguir dando para cambiarla-, sino que, a otro nivel de
grado menor, vamos a intentar cambiar el reglamento que ustedes han
redactado y que nos parece que reproduce de manera sistemática (y al
pormenorizar agudiza o da a ver, explicita) la dureza de esta ley.

Habíamos confiado en que, siguiendo a Romanones, el reglamento
cambiara la ley, pero vemos que el señor FernándezMiranda no lee a
Romanones y ha hecho un trasunto directo, total y, por tanto,
permanece ese giro contrario, a nuestro juicio, a la lealtad
constitucional.

Estamos ante un problema respecto a la aplicación de esta ley. ¿Cuál
es el problema, señor Rajoy? Usted dice que hay que ver cómo andan en
ciertos países europeos. Por cierto, que ya han hecho este debate y
creo que lo han solucionado bien, porque le recuerdo que Le Pen se ha
venido abajo, a partir del coraje republicano, en sentido
democrático, de la sociedad francesa, que cambió una política de
barreras por una política de integración. Pero no se puede aludir a
la mala solución de este problema
en otros países europeos con una idea que no aparece directamente. En
España hay un 1,5 por ciento de inmigrantes con respecto a la
población total. Hay un millón, pero solo seiscientos mil son
auténticos inmigrantes, el resto, los otros cuatrocientos mil, son
comunitarios. Ni siquiera se puede hablar del 2,5 por ciento, cuando
en el resto de los países se puede multiplicar por nueve, por diez y
hasta por quince este porcentaje. Por tanto, han hecho ese debate,
pero tenga usted en cuenta que nuestro debate no es cómo reforzamos
la fortaleza, no. A nuestro juicio, si la inmigración es un fenómeno
social, ustedes no tienen política de inmigración. La prueba es que
todas las competencias de la política de Inmigración están
residenciadas en Interior. Y si el tema de la inmigración, en la
perspectiva de la integración, tiene un punto culminante, que es la
política laboral, la política de empleo, ustedes no tienen política
de extranjería, de inmigración. Ahora bien, si ustedes lo conciben
como un fenómeno de orden público, un fenómeno policial, un fenómeno
de estabilidad del Estado, entonces tienen ustedes la política
correspondiente, distinta al resto de la política europea y desde
luego distante de lo que corresponde a un país de emigrantes como es
España y a un país que en el año 2050 va a tener, no 40 millones de
habitantes, sino 31 millones de habitantes en razón de la propia
estabilidad de los sistemas correspondientes, de la propia
estabilidad del sistema productivo.

Yo creo que ustedes no tienen una política clara, acertada, con
respecto al fenómeno de la inmigración. En este momento ustedes están
dando pasos, porque no se puede hacer otra cosa, pero con renuencia,
con mucha resistencia a la regularización de todos los inmigrantes
que existen en este país, que son muy pocos. ¿Cuántos quedan? No se
sabe, pero muy pocos. Ustedes sí se han llevado una sorpresa con el
tema de los ecuatorianos. Plantearon un viaje pensando que serían
tres, cuatro o cinco mil, luego aparecieron veinticinco mil y ahora
hay que regularizarlos, sin duda. Ya lo ha anunciado el señor
Fernández-Miranda, hay que proceder a esa regularización. Hay que
proceder a la regularización de todos los inmigrantes que trabajan en
el servicio doméstico; por cierto, no sé si es una idea suya o del
Defensor del Pueblo. Yo sí sé que en el Ministerio de Trabajo
llevaban dos o tres meses trabajando en esta idea, no sé si ustedes
se lo han soplado al señor Múgica en una coyuntura determinada, pero
es un problema aparte. Señor Rajoy, hay que regularizar al resto de
los inmigrantes que quedan en este momento en España, no hay que
esperar más.

Vamos al segundo gran tema. ¿Cómo entran, cómo acceden, cómo se
integran los que están viniendo? Ese es el segundo gran problema. Y
no lo mezclemos con la idea de que hay efecto llamada o de que ya hay
muchos; ninguna de las dos cosas es cierta, porque desde que existe
la nueva ley sigue habiendo el mismo porcentaje de llegada, luego no
había efecto llamada con la ley anterior. En todo caso, lo que quizá
sí se ha conseguido, señor Rajoy, es que, en función de que



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pueden haber aumentado las dificultades, o por lo menos por el
anuncio de que van a aumentar, haya aumentado también el precio de
las mafias, pero no se ha bajado el porcentaje de los que llegan, eso
no se ha conseguido. Y, a partir de esa lectura literal, directa, de
la ley ustedes han desarrollado un reglamento que nos parece muy
negativo, porque convierte la posibilidad de la integración en una
auténtica carrera de obstáculos que no va a impedir que sigan
llegando, ni aquí ni en ningún otro país, porque no se le pueden
poner puertas al hambre, señor Rajoy. Usted sabe, como yo, que
actualmente en Estados Unidos hay cinco millones de irregulares, y
allí cada dos años proceden a un extenso proceso de regularización;
repito, actualmente hay cinco millones y seguirá habiendo esa
cantidad, aproximadamente, en el próximo período, porque no se le
pueden poner puertas al hambre, y si no entran por Tarifa entrarán
por Tenerife o entrarán a través de Holanda, porque no puede ponerse
una barrera entre el Tercer Mundo y el llamado Primer Mundo.

A nuestro juicio, el proyecto de reglamento destila sospechas hacia
el extranjero extracomunitario y responde a planteamientos que ya
hemos denunciado con respecto al sentido de la ley. La visión
policial de la inmigración y del control del ilegal recorre la mayor
parte del articulado de este reglamento, que desarrolla los
mecanismos de expulsión expeditiva de los extranjeros por estancia
ilegal y refuerza las medidas cautelares para todos los que caigan en
situación de irregularidad administrativa. Mantiene la parte
claramente restrictiva de la política inmigratoria seguida hasta
ahora en materia de visados de entrada, de expulsiones y control de
la estancia. En el tema de los visados, por el reforzamiento del
control a través del trámite de los informes gubernativos, por
ejemplo, mediante la imposición de requisitos que nosotros
consideramos abusivos, se va a generar un problema muy serio. Se
reglamenta, a nuestro juicio, la consolidación del visado. Usted me
dirá que eso pertenece a Asuntos Exteriores -quizá-, pero yo creo que
también a usted, porque está ya recogido en el reglamento. Y hubiera
debido ser una redacción reglada, objetivable, cosa que no existe en
ese reglamento, pasa al ámbito de la más estricta arbitrariedad y a
desempeñar el papel de mecanismo central para el control de la
inmigración. Por ejemplo, en el artículo 19.1 se dice: El visado se
utilizará como instrumento orientado al cumplimiento de los fines de
la política exterior del Reino de España y de otras políticas
públicas españolas o comunitarias, en especial la política de
inmigración, la economía española y la seguridad ciudadana. Esto,
ligado a la no motivación de las denegaciones, salvo en ciertos casos
de reagrupación familiar, configura un régimen de amplísima
disponibilidad para las administraciones y de inseguridad total para
los solicitantes.

En cuanto al tema de la reagrupación familiar se endurece hasta
límites insostenibles. Por ejemplo, el
ejercicio de este derecho requiere, en el mejor de los casos, al
menos año y medio -usted me puede decir que un año, pero si se habla
en el reglamento de un permiso de residencia renovado, el anterior de
un año, más lo que se tarda en renovar, pongamos año y medio- para
que los reagrupados queden sometidos al permiso de residencia del
reagrupante. Y quedan sometidos al reagrupante. Una mujer que llega
no tiene libertad real, queda sometida al reagrupante, lo que nos
parece que ni siquiera es constitucional.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, lleva 20 minutos y media hora
será el tiempo máximo de que pueda disponer, se lo digo a efectos de
que se organice.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy a intentar terminar enseguida, señor
Romay, pero es que se trata de temas de importancia en los que estoy
resumiendo muchísimo, aunque quizá no tenga la capacidad de resumen
del señor Rajoy.

Por ejemplo, en la reagrupación se exige -¡fíjese qué contradicción!-
que debe disponerse de una vivienda de características y amplitud
consideradas normales y acreditar condiciones de recursos
suficientes. Si esto se lo aplica usted a muchas familias españolas
no consiguen resolver el tema de la reagrupación y la residencia,
y esto se le exige al inmigrante, nos parece que con eso queda dicho
casi todo. Además, el permiso de residencia y el permiso de trabajo
suponen una carrera de obstáculos. Si no tienen permiso de trabajo no
tienen el de residencia y si piden el de residencia se les exige el
permiso de trabajo, es una pescadilla que se muerde la cola. El
régimen sancionador a través de la cláusula de expulsión es durísimo
y realmente no existe cláusula alguna de inexpulsión. Se endurece
todavía muchísimo más el derecho de asilo, mezclándose con temas que
habría que desbrozar de manera rigurosa, porque es un tema de enorme
importancia para este país.

Con respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
brevísimamente, señor Romay, le pido que le suba el sueldo a la
Guardia Civil. No sería lógico que un comunista contumaz como yo no
hiciera constantemente esta petición, pero no me siento incómodo en
ella teniendo en cuenta lo que ganan, 70.000 pesetas menos que un
policía municipal de Madrid o un mosso d'esquadra, y teniendo en
cuenta que no pueden organizarse para reivindicar sus derechos. Al
mismo tiempo es un cuerpo al que, para que no les suban el IPC -lo
hemos denunciado en esta Cámara-, se le dice: ustedes no son
militares, pero tampoco son funcionarios. Y ellos preguntan: ¿qué
somos? Hay que aclarar eso. Nosotros pedimos que tengan derecho de
asociación. No son funcionarios ni militares y, en este sentido,
también pedimos que dejen de ser un cuerpo militar. Su propio nombre
indica que no lo son, son guardias civiles, y aquí aparece un
anacronismo que habría que superar. Sería histórico su mandato, señor
Rajoy, si se consiguiera esto.




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En el aspecto de la seguridad vial y tráfico hay dos grandes frentes
abiertos, la alta mortalidad y la reforma del Código de circulación
en curso. Ha habido un 16 por ciento más de accidentes que el año
pasado, en la misma campaña, como muestra la cifra de muertos, 135,
así como muchos heridos, unos 177, y todo ello a pesar de la durísima
campaña publicitaria del Ministerio. No son inútiles estas campañas,
no quiero decir esto, pero es evidente que debe hacerse algo más,
mucho más, que meras campañas televisivas. Además, ¿qué sentido tiene
una campaña televisiva puntual cuando el gran mercado te dice que hay
coches importantísimos que corren mucho, a buena velocidad, y están
todo el día paseándose por la pantalla de la televisión? Es muy
difícil conseguir algo si no se pone una atención muy especial, no
sólo en este tema sino en temas que competen a otros ministerios,
como infraestructuras o el parque de automóviles, etcétera.

En todo caso, lo que sí le afecta directamente es la necesidad de
reformar el Código de circulación, teniendo mucho más en cuenta a los
grupos parlamentarios y a los agentes sociales de todo tipo que a la
propia Dirección General de Tráfico. Creo que hay que atender, al
cambio de una ley de tanta trascendencia social, a la opinión de los
distintos grupos parlamentarios, de los transportistas, de los
conductores profesionales, de los ciclistas, de distintas comunidades
autónomas, que tienen opinión, y de decenas de ayuntamientos, y no
estar directamente a lo que diga la Dirección General de Tráfico,
a la que también habrá que tener en cuenta pero en un contexto
muchísimo más amplio. Hace falta un enorme esfuerzo de diálogo en
este aspecto, pero este texto que está en el Congreso todavía tiene
que hacer un viaje de ida y vuelta y hay tiempo de rectificar.

Voy terminando, señor Romay. Al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida le preocupa que la población reclusa española ronde
las 41.000 personas, que haya crecido más del 27 por ciento en los
últimos diez años y que el objetivo resocializador del artículo 25.2
de la Constitución sea hoy más un mito que una realidad. Hay que
dedicar un enorme esfuerzo a solucionar esta situación que he
resumido aquí simplemente en unas cifras.

Quiero hacer una mención rapidísima a los procesos electorales de los
que su Ministerio también es responsable en parte. Hay que saludar la
campaña institucional de invitación al voto por correo de los vascos
y vascas censados en Euskadi y residentes fuera de ella, pero también
hay que decir que es la primera campaña estatal de estas
características, cosa que no han explicado ustedes. Por lo menos
deberían dar una explicación y deberían decir también que, si esta es
la primera, crea un precedente que deberá repetirse en el resto de
los comicios de las distintas comunidades autónomas, porque si no
tendríamos que conectarlo con razones electoralistas y sociológicas
que no es difícil extraer.

Respecto a las posibles irregularidades en el voto de españoles
residentes ausentes en las Islas Baleares,
señor ministro, le exigimos que, en defecto de las necesarias
actuaciones por parte del Partido Popular de la comunidad autónoma
implicada en este caso, proceda a limpiar -valga la expresión- ese
censo electoral. En España los muertos votaban con Cánovas y Sagasta.

Ha llovido mucho desde entonces y esperamos que se depuren hasta sus
últimas consecuencias las responsabilidades por los fraudes del
pasado y se impidan nuevos fraudes en el futuro. Le voy a dar un par
de sugerencias. Hay que limpiar las irregularidades electorales en
las Islas Baleares y no hay que perder de vista a otras comunidades
autónomas, una de ellas muy querida por usted. En fin, no le quiero
cansar más. Espero alguna respuesta satisfactoria.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: En primer lugar, señor Rajoy, bienvenido a
esta Comisión. Tengo que desearle que su paso por ella, como miembro
del Gobierno signifique efectivamente que el diálogo se establece
como uno de los instrumentos de la acción política fundamental entre
el Gobierno y la oposición, ya que la mayoría de los temas que se
tratan en esta Comisión son cuestiones de Estado que requieren un
tratamiento delicado, pero con la colaboración suficiente que permita
alcanzar soluciones en este terreno en nuestro país. Por tanto, la
exigencia fundamental que le vamos a plantear, señor Rajoy, va a ir
en función de las soluciones que S.S. aporte aquí para todo el pueblo
español. Esta será la lectura fundamental que haremos de su acción de
gobierno. Efectivamente, S.S. viene aquí ya con un bagaje importante
como resultado de su paso por el gobierno. Este es ya el tercer
ministerio que ocupa, en este caso además como vicepresidente
primero, lo cual quiere decir que su acción política se verá
indudablemente reforzada, es decir que va a disponer de instrumentos
adicionales que posiblemente otros ministros del Interior no han
tenido para abordar su actuación política. Por ello cabe tener una
expectativa superior respecto a S.S. en relación con las
consecuencias de su acción de gobierno y esperamos que esta acción de
gobierno aterrice sobre todos los temas fundamentales. Está bien el
discurso que nos echao aquí esta mañana. Evidentemente, ha sido
largo, aunque no es esa la cuestión más importante que tenemos que
valorar desde la oposición, porque la cuestión no es si el discurso
es largo o es corto, sino su contenido. En relación con el contenido
-a pesar de que todavía le quedan algunos días de ese período de
gracia de cien días, que en su caso debemos considerar un poquito
acortado por su experiencia pasada-, los socialistas tenemos que
decir que su discurso, con independencia de que sea largo o corto,
nos ha parecido que tenía un enorme tufo de continuidad o, por
decirlo en términos más peyorativos, de continuismo. Nos ha dado la
sensación de que prácticamente estábamos escuchando al señor Mayor
Oreja. Es



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como si el espíritu del señor Mayor Oreja se hubiera manifestado en
esta sala como una especie de paloma religiosa. No hemos encontrado
aportaciones importantes a lo que ha sido su acción de gobierno. Me
he estado leyendo los discursos del señor Mayor Oreja en sus
comparecencias aquí y podría decir que su discurso, señor Rajoy, ha
sido una especie de fotocopia de lo que el señor Mayor Oreja ha
venido diciendo a lo largo de su mandato. Por tanto, en cierta medida
nos ha parecido decepcionante, aunque es una decepción que
consideramos provisional, ya que esperamos que su acción de Gobierno
sea capaz de despejarla.

Señor ministro, su acción de gobierno abarca un conjunto de ámbitos
importantísimos que S.S. ha ido desgranando. He anotado algo así como
ocho capítulos a los que se refiere su actuación. En todos esos
capítulos apreciamos problemas, inquietudes y preocupaciones
importantes para la sociedad española. No me negará S.S. que la mayor
parte de los problemas que trata su Ministerio preocupan mucho a la
sociedad española y, por tanto, son cuestiones sensibles respecto a
las que hay que aportar una serie de soluciones. Su señoría ha hecho
una enumeración de temas: terrorismo, inmigración, seguridad, drogas,
política penitenciaria, tráfico y los proyectos normativos. Ha
resultado curioso que S.S. haya seguido el orden canónico o clásico
de las prioridades, es decir: primero el terrorismo, después el paro,
las drogas, etcétera. Le voy a llamar la atención sobre una cuestión,
y no está basada en apreciaciones de carácter singular o subjetivo.

Si examinamos las causas de fallecimiento de los españoles en este
país como consecuencia de factores de inseguridad, veremos que el
primer factor de inseguridad que origina muertes, señor ministro, es
la inseguridad vial, con cerca de 6.000 muertos. El segundo factor de
inseguridad que origina fallecimientos en nuestro país es la
inseguridad ciudadana, con una cifra que, según el fiscal general del
Estado, es de aproximadamente 2.000 ciudadanos en el año anterior,
aunque esa no es la cifra que da el Ministerio del Interior, cuestión
sobre la que me gustaría hacer luego algún comentario, porque es una
ocasión importante que tiene S.S. para corregir elementos de
políticas anteriores. El tercer elemento que origina inseguridad y
fallecimientos en este país es la inseguridad laboral, aunque esa no
es una cuestión que competa a S.S. Estos son los elementos que
podríamos poner en juego para establecer un orden de prioridades en
las actuaciones y las preocupaciones. En este sentido, nos ha
resultado particularmente decepcionante que S.S. haya situado las
desastrosas consecuencias de estas últimas vacaciones de Semana
Santa, por lo que se refiere a muertos en accidentes de tráfico, que
es una preocupación de hoy día, en un apartado final al cual ha
dedicado escasamente cinco minutos y para el cual no ha aportado
ninguna solución distinta a las que ya conocíamos de la acción de
gobierno desarrollada hasta la fecha. Esto es preocupante, porque si
la sociedad española se despertó ayer preocupada por este tema, si
todos los medios de comunicación y todos los ciudadanos quedaron ayer
asustados por la pérdida de 138 vidas y no se sabe qué número de
heridos en las carreteras españolas durante unas vacaciones de Semana
Santa, si esa es la preocupación nacional, no nos parece de recibo
que S.S. lo remita hoy a un apartado final de su intervención en el
que no incluye prácticamente ninguna novedad importante para abordar
esa cuestión ni para desarrollar una política distinta, porque se
pueden hacer políticas distintas. No voy a incurrir aquí en las
viejas y feas costumbres de atribuir al Gobierno la responsabilidad
de los fallecidos o de los heridos en accidentes de tráfico, porque
me parece impúdico hacer eso, pero sí quiero afirmar rotundamente una
cuestión, señor Rajoy, y es que se pueden hacer políticas para
reducir el número de fallecidos, el número de heridos y el número de
accidentes. Eso es lo que exigimos al Gobierno, que haga una política
distinta.

Desde hace meses, desde que vino a estas Cortes el proyecto de ley de
reforma de la Ley de seguridad vial, venimos clamando por la
necesidad de reformar la política de tráfico, porque hay datos
absolutamente preocupantes, datos alarmantes y escandalosos que hoy
día constituyen, por un azar del destino (o quizá por la situación
a la que, de pronto, se ve abocada la sociedad ante la brutalidad de un
hecho), datos evidentes que configuran y deben configurar un factor
de concienciación de la sociedad española. Posiblemente el Gobierno
debería actuar en la línea de concienciación de esa preocupación.

Aquí, señor Rajoy, en poco tiempo han ocurrido hechos que nos llaman
muchísimo la atención, y podríamos calificar el acontecimiento como
un proceso que va desde el error a la tontería, lo cual, teniendo en
cuenta el número de personas que han perdido la vida en las
carreteras españolas creo que constituye un sarcasmo. ¿Cuál ha sido
el error? El error ha sido considerar, como se ha hecho por la
Dirección General de Tráfico, de su Ministerio, que con una campaña
de carácter truculento se iba a frenar el número de accidentes en las
carreteras. Todo el mundo venía advirtiendo que ese instrumento,
aunque se deba poner en marcha, no es resolutivo para nada, como se
ha demostrado reiteradas veces. Ahora ha habido 138 fallecidos en el
tráfico en estas vacaciones; hace dos años hubo 178, y se hicieron
y se vinien haciendo campañas reiteradamente. ¿Y qué es lo que ha
pasado aquí? Que, a pesar de la campaña, de la truculencia de la
campaña, su efecto ha sido prácticamente nulo. Ese ha sido el error,
porque es un error considerar que se puede curar un cáncer con una
aspirina. La sociedad española tiene un problema descomunal en ese
terreno y lo tendrá que abordar con políticas muy complejas que no
están todavía en escena, políticas más completas, en línea con las
directrices que ya la Unión Europea está marcando en este terreno, y
eso requiere un esfuerzo adicional, y desde luego sustituir ese
esfuerzo, esa política nueva y distinta por una campaña de tráfico es
pretender -repito- curar un cáncer con una aspirina. Finalmente, ¿qué
es lo que ha pasado?



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Que no ha sido posible frenar ese problema y, ahora, cuando se
produce el problema sale la explicación. Yo no sé si el director
general de Tráfico, o alguien de su Ministerio ha dicho eso de que la
responsabilidad de los accidentes derivaba del buen tiempo. Desde
luego si fuera esa la explicación real le diría, señor Rajoy, que ya
habíamos encontrado la solución mágica, aunque decía S.S. que no hay
soluciones mágicas. Apliquemos a la inversa el argumento: si el
número de accidentes se dispara por el buen tiempo, si hace mal
tiempo habrá menos accidentes, o si el número de accidentes deriva
del incremento del parque automovilístico, prohibamos a los españoles
tener coche, etcétera. Un conjunto de argumentos, señoría, que ronda
la tontería, la auténtica, diríamos, elementalidad, una ofensa a la
inteligencia de los españoles.

En este sentido, no voy a reiterar aquí porque tendremos tiempo de
debatir en la Comisión correspondiente, cuáles son las alternativas
que plantea mi grupo. Lo que sí le digo es que se va a perder una
ocasión importante si esta ley finalmente no sale profundamente
modificada. Yo no sé si debo creerle, porque a S.S. le considero una
persona de palabra (y tengo un buen concepto de S.S. en todo caso, a
pesar de la función de oposición que debo hacer), lo que nos ha dicho
con relación a la política de tráfico, de seguridad vial, que piensa
desarrollar y que ha centrado en dos o tres elementos que a mí me han
parecido absolutamente insuficientes. Dice que van a modificar la Ley
de seguridad vial. Ya sabemos en qué línea va. Nosotros hemos
denunciado elementos regresivos y peligrosos que contiene este
proyecto de ley. Dice que van a dictar un reglamento de circulación,
etcétera; completar la red de gestión de tráfico; facilitar a los
inmigrantes la adquisición del carnet. Muy bien, yo no sé si
incluirán ustedes a todos, los que tienen papeles y los no tienen
papeles. Dice que van a aumentar el número de componentes de la
Guardia Civil de Tráfico. Me parece muy bien esta medida, también
nosotros la estamos pidiendo, y lo que pedimos es que de verdad sea
efectiva. Finalmente habla usted de reformar las campañas de tráfico.

Sí habrá que reformarlas y hacerlas de otra manera, en vista de la
inutilidad en que han incurrido, como se ha demostrado en esta última
campaña.

Pero este conjunto de elementos no aporta nada nuevo ni nada
resolutivo para lo que es la situación del tráfico en España. Hay
6.000 fallecidos y 150.000 heridos por término medio anual. La
sociedad española tiene dos billones de gastos en este particular,
entre los cuales tenemos que incluir un billón de las aseguradoras
y 250.000 millones en materia de gasto sanitario. Esto es un
despilfarro descomunal para nuestra sociedad y debemos, señor
ministro, abordarlo, resolverlo y reducirlo. Planteémonos políticas
racionales, políticas continuadas, hagamos un plan de seguridad vial
auténtico y establezcamos instrumentos y objetivos que nos permitan
cuantificar incluso la cifra de accidentes que queremos reducir, como
está marcando la Unión Europea,
con una reducción de un 35 por ciento en lo que se refiere a
accidentes mortales y accidentes de tráfico en el ámbito de la Unión
Europea hasta el año 2009 ó 2010. Por tanto, se está moviendo todo
esto, hay soluciones y se pueden abordar.

En vista de esta situación, diríamos, de inoperancia y de falta de
solución en este terreno y ante la preocupación evidente de la
sociedad española le anuncio que mi grupo le va a presentar una
interpelación ante el Pleno del Congreso porque consideramos que esta
política no puede seguir. Créame que lamento tener que anunciarle
esta medida en una ocasión en que comparece S.S. por primera vez,
pero en este tema no es por primera vez, porque S.S. compareció ya
ante el Pleno del Congreso para presentar este proyecto de ley. Por
tanto, hagamos como una pieza separada en lo que se refiere a la
relación de mi grupo respecto a su posición de llegada al Ministerio
del Interior porque consideramos que en este terreno los cien días
han pasado, puesto que S.S. presentó ese proyecto de ley ante las
Cortes, un proyecto de ley que no nos gusta, por lo que esperamos que
exista el diálogo suficiente para que pueda ser modificado.

Su señoría ha aludido a otras cuestiones. Voy a ir suficientemente
rápido, porque tampoco creo que en la primera comparecencia de S.S.

tengamos que agotar todos los temas. Le tengo que decir que hay
cuestiones que comparto casi en su totalidad. ¿Qué voy a decir del
tema de la lucha antiterrorista y todo lo que significa el desarrollo
del pacto por las libertades y contra el terrorismo? Ahí sabe S.S.

que tenemos un pacto y que estamos luchando codo con codo en lo que
se refiere a la erradicación de este mal, a la defensa del Estado de
derecho y a la defensa de la Constitución y de los estatutos. Ahí no
le voy a hacer ninguna crítica, puesto que considero que existe este
acuerdo entre nuestros partidos que debe ser llevado adelante y en
esa actitud estamos.

En otras cuestiones sí le tengo que hacer algunas observaciones,
porque creo que es ocasión el comienzo de su mandato para que desde
nuestro punto de vista se realicen algunas correcciones respecto a
algunas actitudes, comportamientos, hechos o datos que nos preocupan
y que creemos que también preocupan mucho a la ciudadanía.

En materia de seguridad ciudadana hay una cuestión que está
preocupando, al menos en el ámbito de Madrid, y yo creo que a escala
nacional: es una cuestión que desde nuestro punto de vista es un
problema de concepción, orden público, versus seguridad ciudadana. Yo
creo que son dos elementos conceptuales que han evolucionado, antes
era orden público, en otro sistema político anterior era el elemento
de referencia fundamental; ahora hablamos de seguridad ciudadana
porque consideramos que ahí es donde se cataliza y se concreta
fundamentalmente lo que el Estado de derecho defiende
fundamentalmente respecto a las libertades individuales y las
garantías de derecho de todas las personas en el ámbito del Estado de
derecho, garantías de libertad queno son posibles si no existe la
garantía de la seguridad.




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Claro que, defendiendo la libertad y la seguridad, consideramos que
hay elementos que todavía están insertos en ciertas conductas
relativas al entendimiento del orden público entendido como trasunto
de una concepción del orden social y económico o cultural que algunos
quieren ver reflejado en la calle, considerando que cualquier
alteración, en lo que se refiere a la conducta en la calle, de un
colectivo implica sistemáticamente algo contrario al orden público.

Creo que esto habría que matizarlo, habría que considerarlo y había
que evitar que se produjeran comportamientos como el del delegado del
Gobierno en Madrid, que contínuamente se está comportando como un
auténtico ejemplo de cómo todavía sobreviven elementos conceptuales
de la vieja concepción del orden público en el desarrollo de la
política de seguridad ciudadana. En este sentido, nos preocupa que
haya 40 asociaciones cívicas que han pedido su cese, incluso ante la
ONU; que haya una reiteración de acontecimientos en los cuales
aparece confrontada sistemáticamente esta autoridad pública con
determinados grupos que reivindican cosas; tan respetables como la
condonación de la deuda, como el referéndum en el Sahara o como el
tema de la solidaridad con los palestinos, o los delegados
sindicales, o personas que en pequeños grupos aparecen en la plaza de
Las Cortes sin ánimo de asaltar el Congreso y que son tratados como
auténticos delincuentes. Habría que tener cuidado con lo que ocurre
en relación a este comportamiento, porque ayer en un diario
conservador se plublicaron unas declaraciones de esta autoridad
pública, respecto de la cual ya hemos pedido explicaciones a
anteriores autoridades del Ministerio, en las que decía que el
campamento de Sintel es insostenible, que no es forma de reivindicar
los derechos y que en cualquier momento se puede producir su
desalojo. Esa es la vieja concepción que le digo del orden público,
señor Rajoy, donde preocupa más si hay determinadas personas que
están manifestándose en la calle, que la injusticia que se pueda
estar cometiendo como consecuencia de una situación de conflictividad
laboral.

Respecto al crecimiento de la criminalidad, ya le he oído, señor
Rajoy, que asume la teoría Mayor Oreja de que estamos en el mejor de
los mundos y que está decreciendo. No podré creer en ese asunto,
señor Rajoy, mientras no vea más datos de los que podemos disponer en
este momento todos los españoles. No sé de los que dispondrá S.S.,
evidentemente de muchos más. Según datos del Ministerio del Interior,
en el año 1995, hubo 908.264 delitos conocidos y 918.000 en 1999, es
decir, 10.000 más. Según la memoria del fiscal general del Estado,
que nosotros tenemos que creer -cómo no vamos a creer al fiscal
general del Estado-, en el año 1995 se realizaron 2.733.000
procedimientos penales, no diligencias, y en el año 1999 hubo
3.476.000. Este es un indicio de evolución preocupante. Es decir,
según el fiscal general del Estado hubo un incremento en 1999 del 7,7
por ciento de procedimientos por litigiosidad criminal respecto a
1998. Sin embargo, los datos del
Ministerio del Interior ya los ha dicho S.S. Pues bien, esto origina
un problema, aparte de que esta discusión se puede eternizar, y es la
falta de credibilidad. Si no tenemos datos no podemos hacer una
política acertada. Ya hemos instado al Ministerio del Interior que
clarifique este asunto porque existe una duda sistemática,
fundamentada, respecto a los datos que maneja el Ministerio del
Interior; datos que algunos consideran que incluso están viciados y
condicionados por un sistema de aplicación de incentivos de
productividad, que se está aplicando en este momento como
consecuencia de la dirección por objetivos que ha establecido el plan
Policía 2000. En consecuencia, creemos que hay un cierto manejo
estadístico en toda esta cuestión y lo dicen muchos profesionales.

Por tanto, S.S. haría bien en despejar este tema. No voy a incidir
más sobre lo que es la evolución de los datos de criminalidad. Nos
tememos que el Gobierno no tiene todos los datos, entre otras cosas,
porque ya reconoció aquí el señor Mayor Oreja que, aparte de tener un
carácter orientativo, tampoco se disponía de muchos datos de
comunidades autónomas y ayuntamientos.

El plan Policía 2000, que considera S.S. que es uno de los
instrumentos de su acción de gobierno, es para muchos una pura
operación de imagen. El 6 por 6 que ahora se transforma en 10 por 10.

Antes eran 6 ciudades, 6 conjuntos de delitos menores, y ahora
pasamos a 10 ciudades por 10 delitos mayores. Esta no es manera de
combatir la criminalidad, señor Rajoy. Esto da la sensación de
ejercicios teóricos, de elaboraciones arbitristas, según los cuales
un día se nos ocurre el 6 por 6, otro día el 10 por 10 y otro día
vaya usted a saber qué se nos ocurre. La lucha contra la criminalidad
no admite ese tipo de multiplicaciones ni de fraccionamientos. Habrá
que buscar cuáles son los lechos fundamentales donde se produce,
dónde se está incrementando la criminalidad y cuáles son sus causas.

Es verdad que puede tranquilizar mucho a los ciudadanos el combatir
el tironeo, el pequeño delito durante las horas diurnas, pero qué
pasa a partir de las ocho de la tarde y qué pasa los sábados y
domingos. Esos son los días donde, según los expertos, existe mayor
riesgo de criminalidad y de acciones criminales.

La sociedad española, pese a ese intento de aportar seguridad
subjetiva desde el Ministerio del Interior con el PP 2000, sabe que
no tiene garantías y existe un temor difuso y generalizado en las
sociedades, y no solamente en la española, y una sensación de pérdida
de seguridad ya que la seguridad se está convirtiendo en un producto
privado que se consigue también en función a la capacidad de renta.

Eso está ocurriendo en las sociedades occidentales. Aquí podríamos
hacer un excurso en lo que están diciendo incluso muchos autores
conservadores como Robert Kaplan, que en un reciente libro titulado
La anarquía que viene denuncia precisamente este hecho de la
privatización de los espacios de la seguridad y del servicio de
seguridad. Esto lo va sabiendo la gente y se encuentra ante la
sensación



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de que el Estado de derecho no es igual para todo el mundo, ni todo
el mundo tiene las mismas garantías en relación a la libertad y a la
seguridad de la que puede disfrutar. Esas garantías son distintas,
según se viva en una parte de la ciudad o en otra. Esta es una de las
cosas que el Estado de derecho tiene que combatir.

Esperemos que, de verdad, se produzca finalmente ese incremento de
plantillas. Le felicitaremos si S.S. lo consigue porque el cuerpo
nacional de Policía y la Guardia Civil han perdido efectivos y
necesitan recuperarlos, sobre todo porque no habrá ningún plan
posible de incremento de seguridad, ni el PP 2000, ni la lucha contra
la criminalidad rural y su mejora. Sabe S.S. que la criminalidad
rural se está incrementando y el otro día lo reconocía aquí el
secretario de Estado, señor Morenés, que dio cifras muy preocupantes
sobre lo que está pasando en lo que se refiere al medio rural. Pues
bien, esperemos que todo eso se cumpla y que se realice un esfuerzo
de coordinación.

Su Gobierno creó la Secretaría de Estado de Seguridad y creo que fue
un acierto inicial. Sin embargo, creo que la Secretaría de Estado de
Seguridad no está aportando los elementos de coordinación
fundamentales que sería preciso tener entre los dos cuerpos. Hay una
crítica soterrada y continua de falta de coordinación que debe ser
reforzada.




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.




El señor MAYORAL CORTÉS: Finalmente, en este capítulo le recordaría
un tema que, si S.S. lo cumpliera, elevaría la moral de los
servidores públicos de la policía y la Guardia Civil, y me refiero al
tema retributivo. Las retribuciones de la Guardia Civil y el cuerpo
nacional de Policía son las más bajas en el ámbito de todos los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y creo que haría muy bien
S.S. si consiguiera abordar este tema y mantener la correspondiente
lucha con el departamento que está encargado de decir que no a estas
peticiones de los ministerios sectoriales.

En materia de inmigración, no tengo nada nuevo que decir -tampoco
nada nuevo nos ha dicho S.S.- salvo dos puntualizaciones y con ello
termino, señor presidente. La primera se refiere a que ha habido un
cambio en dos puntos y nos gustaría atribuirlo a su llegada al
Ministerio del Interior. Ha habido dos cambios que consideramos
significativos, buenos y satisfactorios: primero, acabar con la
delirante operación de devolución de inmigrantes al Ecuador para que
luego entraran por la puerta de manera ordenada y con los papeles
realizados en su respectivo país, operación en la que ha se gastado
ya del orden de 3.000 millones de pesetas y que si se cumpliera en
los últimos extremos implicaría un gasto todavía superior. Reconozco
que S.S. es una persona sensata y bastante objetiva. Debe haber sido
S.S., porque era absolutamente delirante la operación de enviar a la
gente fuera para que
luego volviera. Espero que se regularice la situación de esos
inmigrantes, porque o ha sido S.S. o el señor Fernández-Miranda, que
ha caído finalmente del caballo y ha visto la luz, como San Pablo en
el camino de Damasco.

En cuanto al Plan Greco, hay una cuestión que nosotros consideramos
un auténtico insulto a la inteligencia, señor Rajoy. El señor
Fernández-Miranda, en comparecencia en esta Cámara, nos dijo que el
coste del Plan Greco era de 7.000 millones de pesetas, y según
noticias posteriores resulta que es de 37.000 millones de pesetas.

Aclárense ustedes porque no se debe tomar el pelo a la oposición de
esta manera. Nosotros no tenemos datos, pero por lo menos tenemos la
capacidad para contrastar los datos que nos da el Gobierno, y aquí ha
habido una falta, incluso, de respeto.

Qué decir, finalmente, de lo que está ocurriendo con los
subsaharianos llevados a Fuerteventura, donde se les ha metido en un
centro de acogida que no es tal. Ojalá S.S. ponga en marcha cuanto
antes el número de centros suficientes, porque los vamos a necesitar.

En este momento, según todas las informaciones, incluida la de la
Cruz Roja, la situación de estos inmigrantes es parecida a una
retención carcelaria más que a un centro de acogida que, por cierto,
tiene muy pocas condiciones para ello.

En cuanto a política de inmigración...




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.




El señor MAYORAL CORTÉS: Concluyo, señor presidente. En cuanto a la
política de inmigración, por favor, no confundamos lo que es la Ley
de extranjería con la política de extranjería. La ley ha resultado
fallida en una serie de elementos que hemos denunciado y que,
incluso, hemos llevado al Tribunal Constitucional. Pero la política
de inmigración es un conjunto de actuaciones que todavía no las
vemos. El Plan Greco nos parece un plan evanescente, sin contenido y
con escasa capacidad de coordinación. Un plan que es más una
operación de imagen que una realidad que se esté notando en este
momento en la sociedad española. Esperamos, señor ministro, que tome
en consideración que, aparte de expresarle preocupaciones legítimas
por parte de la oposición en temas sobre los que nos gustaría que
tomara buena nota, nuestra intervención en ningún momento trata de
generarle ningún tipo de obstáculos, porque sabemos que S.S. tiene
necesidad de espacio para maniobrar. Pero no olvide que la cuestión
fundamental que preocupa hoy a los españoles son los 6.000 muertos
por accidentes de tráfico. Nos gustaría que este Gobierno tomara nota
de esta cuestión y aportara soluciones, o entráramos en diálogo para
buscar soluciones en esta Cámara, para que este drama español sea
menor.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras palabras, señor
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, de
bienvenida. La responsabilidad en el Ministerio del Interior, como ha
señalado usted con acertada frase que comparto, es política de
Estado. En cuanto a la política del Ministerio del Interior, debo
decir que siempre ha contado con el apoyo de mi grupo y el aliento
permanente en la responsabilidad encomendada, que se deriva
fundamentalmente de las leyes democráticas que tiene el Estado
español y que sanciona este Parlamento. Por lo tanto, en cuanto al
primer punto de su intervención, relativo a la política
antiterrorista, la postura de mi grupo ha sido de adhesión, sin
ninguna quiebra, al pacto por las libertades y contra el terrorismo.

Creemos, señor ministro, que en esta lucha, que desborda técnica y
geográficamente fronteras y medios, los acuerdos bilaterales de
cooperación internacional son fundamentales, sobre todo para intentar
crear una mentalidad, al menos en el escenario de la Unión Europea,
dado que los acuerdos bilaterales que ha señalado el señor Rajoy se
refieren a esta nueva comisión que se está haciendo con Francia, la
realizada con Italia, los casos de Bélgica, Alemania y del Reino
Unido, que tienen todos un factor común, y es que son miembros de la
Unión Europea. El deseo de nuestro grupo es apoyar la idea de que en
el marco de los acuerdos de Tampere, en el espacio judicial y
policial europeo se introduzca también esta nueva conciencia y este
criterio de que estos grupos organizados de terrorismo o de cualquier
otro tipo de delito como el narcotráfico, mafias, etcétera, se
encuentren con una legislación y una operatividad disuasoria,
suprimiéndose los largos procesos de extradición que tenían otra
filosofía, que venían de muy atrás en el derecho comparado, donde se
tenían que respetar los derechos políticos de los exiliados que
tenían que ser defendidos. Eso ya es un hecho pasado en la historia
y si quedan casos, que se mantengan los criterios para las
extradiciones de lo que no son delitos de sangre o delitos graves,
porque entendemos que ese espacio judicial europeo tiene que
contemplar estas cuestiones. Que estos acuerdos bilaterales se hagan
multilaterales, se supriman los largos expedientes de extradición y
se vaya a las entregas policiales rápidas e inmediatas de los
delincuentes que sean capturados en territorio distinto de donde
hayan cometido el mayor de los delitos.

Respecto al capítulo de la inmigración, el señor Rajoy sabe cuál es
en este momento la posición de mi grupo. Vamos a colaborar, con las
aportaciones que entendamos desde la óptica de lo que ocurre en
nuestro archipiélago, con el todavía hoy borrador de reglamento. Nos
congratulamos de la afirmación que ha hecho de que quiere tenerlo
aprobado antes del verano. Las observaciones que tengamos que hacer
al respecto van a
ser, no de índole de planteamiento en profundidad de lo que ha sido
nuestra constante. Creemos que la aprobación del Consejo Superior de
Política de Inmigración va a ayudar mucho a esto, junto a lo que era
el foro y el observatorio. Entramos a compartir una serie de
responsabilidades entre el Ministerio del Interior o cualquier otro
departamento del Gobierno central y las comunidades autónomas, como
el caso de la canaria. Como sabe muy bien el señor Rajoy, se viene a
recoger el principio de cooperación y de tener en cuenta las
opiniones de comunidades autónomas, ya que siendo España frontera sur
de la Unión Europea, también dentro de España hay comunidades
autónomas que son la primerísima línea de frontera sur, como es el
caso tanto de Andalucía como especialmente de Canarias por nuestra
proximidad al continente africano, que es quien genera estos flujos
inmigratorios, canalizados por mafias. Nuestra posición es de máxima
dureza contra los responsables y dirigentes de este tráfico humano.

Tenemos que llegar a las modificaciones que sean necesarias en
nuestra legislación penal y las actuaciones jurisdiccionales para que
los que se encarguen de este tráfico irregular reciban el peso de la
ley con carácter disuasorio.

Lo que sí le quiero plantear, señor ministro, es que se tenga en
cuenta que a estos gobiernos autónomos se les está cargando de una
responsabilidad técnica y económica al tener que ocuparse de estos
centros de acogida. Nos ha ocurrido con la construcción inmediata de
estos centros y reformatorios, según se ha referido usted en su
intervención, en cuanto a la política de instituciones
penitenciarias. Resulta tremendamente gravoso para la comunidad
canaria, que no tiene grandes presupuestos por su dimensión técnica,
geográfica y social. Esperamos que la Administración Central del
Estado conceda las máximas ayudas tecnológicas, financieras,
etcétera, para que se pueda atender tanto en los centros de acogida
como en los centros de estancia temporal. Se ha suscitado en estos
días una polémica, que ha recordado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. La Cruz Roja de Fuerteventura ha vertido
críticas sobre las condiciones humanitarias de acogida de lo que eran
las antiguas instalaciones en el aeropuerto de Fuerteventura, porque
dicen que no reúne las condiciones adecuadas. Espero que se superen
todas estas situaciones lamentables y haya una correspondencia. Yo
creo que el Consejo Superior de Política de Inmigración puede ser un
buen escenario, señor vicepresidente, para que se presenten allí por
parte de las administraciones de las comunidades autónomas y se
diluciden los problemas que están ocurriendo.

Con respecto a la seguridad ciudadana, compartimos plenamente el
planteamiento que ha hecho el señor ministro. Dado que van a ser dos
capitales canarias -Santa Cruz, en Tenerife, y Las Palmas, en Gran
Canaria- los centros informativos de las 10 capitales principales y
de los 10 delitos más importantes, no se le ocultará a usted, por las
informaciones que ya estará recibiendo en su departamento, que
Canarias es zona



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sensible a toda la actuación no ya en cuanto a inmigración, sino a
teatro de operaciones o al menos de escala intermedia en
narcotráfico, mafias internacionales ubicadas allí al amparo de la
libertad turística, que preocupan. Eso tiene que combatirse con la
mejor tecnología, profesionalidad de nuestras policías, tanto del
cuerpo nacional de la Guardia Civil como la correlación con las
policías de la Unión Europea o de países que suministran este flujo
de altos delincuentes.

Por otro lado, quisiera hacerle unas preguntas sobre las cifras de
sustracción de vehículos. En España están apareciendo unas mafias,
que no son ya las de unos jóvenes que se dedican sólo a la
sustracción del vehículo de fin de semana, que lo dejan abandonado al
día siguiente después de visitar localidades turísticas, sino que es
una mafia que se dedica a la sustracción para un comercio exterior
clandestino de vehículos de alta cilindrada, de lujo; son vehículos
que desaparecen porque son transformados y vendidos en terceros
países. Habrá que especializar también a nuestra policía de cara a
estas actuaciones. Mi grupo entiende que, ya que se hizo una ley de
régimen profesional de la Guardia Civil, se debe hacer también una
ley correspondiente al cuerpo nacional de Policía, para el que
queremos dedicar los mayores elogios. En este sentido, sabe usted que
nuestra comunidad autónoma ha optado por no gravar económica y
técnicamente con un programa de policía autonómica, teniéndolo
reconocido en nuestro estatuto, sino que hemos ido a un reforzamiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil
como Policía Nacional. Nuestra Administración autonómica, sobre todo
los cabildos insulares, han hecho un esfuerzo, ante las carencias que
ha tenido el Ministerio del Interior, en dotar de medios técnicos,
vehículos, fax, comunicaciones electrónicas, sobre todo a la Guardia
Civil, por lo que nuestro grupo apoyará cualquier proyecto que traiga
el Gobierno, siempre que figure en los presupuestos del Ministerio
del Interior. Aparte de que se está haciendo este esfuerzo por luchar
contra el delito, debido a la responsabilidad que tenemos de mantener
una seguridad ciudadana ante diez millones de turistas que llegan al
archipiélago canario, sería tanto como participar en los programas
del Ministerio de Defensa al dotar de armamento a las fuerzas
militares destacadas en el archipiélago. Estas son obligaciones de
los Presupuestos Generales del Estado, a los que no les faltará
nuestro apoyo, señor Rajoy. Creemos que va ser necesario este apoyo
presupuestario, señor vicepresidente, con los temas de la Guardia
Civil del Mar, que venimos reclamando en Canarias, para que todos
estos medios técnicos, que usted ha anunciado y que nosotros nos
congratulamos, a través del SIVE, el Ciprene, se complementen con los
que necesitan en espacios ecológicos muy castigados, no ya por
incendios forestales, sino por cuestiones de ilegalidad en nuestros
montes, aparte de las cuestiones alimentarias, y que está realizando
muy eficazmente el Seprona. El Seprona debe ser dotado de todos los
medios humanos
y técnicos, como las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil.

Como acaba de declarar el director general de Tráfico, los accidentes
lamentables que han ocurrido en esta Semana Santa tienen tres causas
fundamentales: exceso de velocidad, alcohol en los conductores y uso
de teléfonos móviles irresponsablemente. Esto requiere vigilancia y,
por tanto, significa aumento de las dotaciones de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en cantidad y en calidad para que sea
adecuado este servicio.

En su intervención, usted se ha referido a esta nueva tecnología de
comunicaciones digitales, que va a permitir integrar en rápidas
líneas informativas de lucha contra la delincuencia al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Mi pregunta es: ¿Se pueden
integrar o se va a tratar de integrar en Sirdee a las policías
autonómicas, sobre todo del País Vasco, de Cataluña y de cualquier
otra comunidad que la tenga, y al servicio de vigilancia fiscal?
Porque ha sido una queja permanente, muchas veces en los servicios
del Ministerio del Interior y sobre todo de la Guardia Civil, con
plena razón, que en la lucha contra el narcotráfico y las mafias
internacionales van por libre a veces los servicios de un lado y de
otro, me refiero a los que son del Ministerio del Interior y los que
son del Ministerio de Hacienda. Comprendo que hay siempre una especie
de emulación deportiva de ver quién mete el gol, de verse en la foto
de los alijos capturados o del buque capturado, dado que se están
haciendo operaciones muy importantes por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, incluso por el servicio de vigilancia fiscal,
de apresamiento de buques en aguas internacionales que se sospecha
que traen droga bien para la Península o Canarias, bien para el resto
de países de la Unión Europea. Todos nos sentimos orgullosos, y se
suma nuestra felicitación, de que usted haya influido a que Europol
considere a la Guardia Civil española como uno de los cuerpos de
eficacia y prestigio en las aprehensiones de los alijos de droga y
que esto se pueda mantener.

Termino, señor presidente, reiterando nuestro apoyo en esa línea.

Señor Rajoy, esperamos que la ley de asociaciones que usted ha
anunciado sea un nuevo documento de base y suprima las obsolescencias
de la vigente, adaptada plenamente a nuestro sistema democrático; que
no haya ningún colectivo que con derecho, legitimidad y fundamento
legal no pueda estar en el registro de asociaciones como una
participación de la sociedad civil al impulso del Estado y
concretamente de solidaridad a través de las asociaciones. Dado que
las asociaciones pueden ser locales, territoriales o autonómicos,
pero pueden también, como reconoce la propia ley, estar en todo el
territorio del Estado, deben ser un elemento de vertebración de la
sociedad civil. Por tanto, nuestro voto de apoyo a la política del
señor vicepresidente y ministro del Interior.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentariodel PNV, tiene la
palabra la señora Uría.




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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Permítame, señor vicepresidente, primero,
que me una a la bienvenida que el presidente de la Comisión le ha
dado en nombre de todos, especificándosela en nombre del grupo al que
pertenezco y también en el mío propio. Debo además manifestarle que,
aunque le sorprenda, he oído con agrado su intervención, por supuesto
desde la discrepancia, en cuanto que se ha referido a las ofertas de
disposición, incluso de afrontar juntos políticas de Estado en
relación con la materia antiterrorista. En ese afrontar juntos,
aunque sé que rige un cierto bipartidismo, no he sentido en modo
alguno excluida la formación política a la que pertenezco. Su
intervención ha sido auténtica de ministro del Interior, todo lo
continuista que usted pretende predicar de ella, puesto que ha
hablado de continuismo con el anterior ministro, pero desde luego se
ha separado muchísimo de lo que en la primera comparecencia del
ministro Mayor Oreja quien intervenía en nombre de mi grupo calificó
como de actuación de un ministro para Euskadi. Evidentemente, una
cosa es la estrategia antiterrorista y otra muy distinta la política,
legítima política por supuesto, que una determinada formación pueda
tener en relación con el País Vasco.

Ha dicho usted que iba a omitir consideraciones electorales y lo ha
cumplido, aunque no del todo. En algún momento ha hecho referencia al
Gobierno vasco de hoy y al Gobierno que puede haber en un futuro tras
las elecciones. Yo también haré una pequeña trampa y una referencia
a ambas cuestiones. Si a lo que se refería con esa diferencia de matiz:
Gobierno vasco de hoy posible Gobierno de futuro, era eficacia
policial, la sensación que tengo, o lo que se me ha transmitido, es
que al menos desde que usted ocupa esta cartera, también en tiempos
pretéritos, la eficacia policial, las vías de comunicación se están
desarrollando de una manera satisfactoria, sobre todo en lo que puede
ser lo más grave o lo más dramático, dada la brutalidad de la
actuación de ETA en los últimos tiempos, que es en lo que afecta a la
seguridad personal. Los acuerdos sobre escoltas están a día de hoy
felizmente cumplidos por ambas partes: por el Gobierno vasco y por el
del Estado.

Me consta igualmente que se ha articulado a través de la Junta de
Seguridad un intercambio de la documentación incautada, lo cual no me
impide añadir que me parece que queda mucho por hacer a este
respecto. Por ejemplo, la Ertzaintza no tiene ninguna posibilidad de
trabajo con la información incautada o procedente de Francia, trabajo
que nos parece imprescindible.

Siendo muy diferente nuestro planteamiento del suyo, puesto que
ustedes hablan siempre de política antiterrorista y nosotros de
normalización y pacificación, que es por cierto el subtítulo del
acuerdo de Ajuria Enea que tan magnífico parece ahora a todo el mundo
-a nosotros también nos lo pareció en su día-, ha aludido usted a
tres pilares que regirán su actuación en lo que es todavía borrador
del programa electoral, puesto que no está presentado en público.

Pues bien,
aquí hago trampa yo también, saliéndome del esquema de la
comparecencia, para hablar de las elecciones previstas, y le digo
que, cuando se habla de un nuevo escenario de paz y de convivencia,
se consideran pilares fundamentales tres que usted ha citado: el
derecho a la vida y a la libertad de las personas y el respeto a las
instituciones y a los marcos jurídicos que hemos construido hasta
ahora por la voluntad mayoritaria de los vascos y de las vascas. Aquí
añadimos nosotros una cuestión que a ustedes no les gusta: Queremos
también el respeto a la legitimidad democrática de las opciones de
cambio que pudieran resultar de unas mayorías dadas por las urnas en
todo caso. En tercer lugar, nos planteamos la utilización de las
herramientas legales que el Estado de derecho pone a disposición de
los poderes públicos: la lucha eficaz y la utilización y persecución
de las conductas criminales forman parte también de los propósitos
con los que acude mi formación política. Son las pautas que hemos
seguido siempre, pero me he permitido mencionarlas puesto que ha
aludido usted a tres pilares fundamentales.

En cuanto a la delincuencia organizada, cada vez es más frecuente que
en todos los tipos de delincuencia, no sólo en la terrorista, lo
internacional o lo europeo cobren una fuerza mayor al resultar cada
vez más sencillo el traspaso de fronteras y no circunscribirse la
organización de delitos a ámbitos territoriales concretos. Me permito
ser menos optimista que el señor vicepresidente en cuanto a los
avances en el tercer pilar. Amsterdam y Tampere fueron hitos, pero
hitos de generalidades, si me lo permite. El acercamiento a
cuestiones más recientes me lleva a decir que, al tantear los vientos
que corren en Europa, se tiene la sensación de que pesan más los
comités veterinarios y la preocupación por el problema -grande para
muchos europeos- de la inmigración; parece que todo el mundo quiere
disfrutar de libre mercado y de libre circulación de capitales y de
ideas, mientras cierra las fronteras a esas personas desesperadas que
lo único que reclaman es el derecho legítimo a no morirse de hambre.

Quiero decir que la preocupación por estos problemas sanitarios o
agrícolas que han aflorado recientemente y por el problema de la
inmigración va mucho más allá que la que existe por la consolidación
del espacio policial y judicial del que tanto se habla en los últimos
tiempos.

Al aludir a la equiparación de los ordenamientos en el ámbito de la
Unión Europea, ha hablado usted de la situación de Italia. La fisura
jurídica que usted mencionaba no lo era en demérito de España sino en
su beneficio: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que
impedía la extradición de mafiosos lo hacía porque el sistema
italiano no permite el juicio en ausencia; parecía más garantista el
sistema español, que lo tiene prohibido. Por muchos acuerdos
bilaterales que haya, mientras no se consiga avanzar en la
equiparación de los sistemas procesales y en una cierta
homogeneización de los códigos penales, estos avances en el tercer



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pilar, en el espacio de seguridad y libertad, resultarán todavía
ilusorios, si me permite usted ser pesimista.

La formación política a que pertenezco ha sido muy crítica con la
postura sostenida por el Gobierno en cuanto a inmigración y
extranjería, sobre todo al final de la legislatura pasada y en el
comienzo de ésta. Nos opusimos a la reforma de la Ley 4/2000, fuimos
impulsores del recurso de inconstitucionalidad, no votamos la
modificación de la Ley 8/2000 y criticamos duramente el Plan Greco.

Quedan muchas cuestiones por explicar, queda mucho por saber sobre lo
que se va a hacer. El día a día evidencia que no existen soluciones
para los problemas que se van presentando.

El representante de Coalición Canaria aludía ahora a la llegada
masiva de inmigrantes a determinadas costas. Todavía está ahí el plan
que se hizo sobre los miles y miles de ecuatorianos respecto de los
cuales se dice ahora que se va a aplicar el artículo 41 de la Ley de
extranjería. El artículo me parece estupendo cuando habla de razones
humanitarias y de arraigo, pero ¿por qué con ellos sí y con otros no?
¿ Por qué se rehusó especificar en la tramitación de la ley a qué se
refería el artículo 31 de forma que resultase más acorde con la
seguridad jurídica y no quedase el sesgo de que se utilizaría con
unos sí y con otros no por muy generosas que quieran ser las razones?
Además, se oyen afirmaciones, en boca de responsables políticos, de
que se va a propiciar la inmigración de determinadas zonas, sólo los
católicos para facilitar la integración -estamos hablando de un
Estado laico-, o afirmaciones de otro tipo que nos llevan a pensar en
sobre qué se está hablando y hacia dónde va la política que se
propone en materia de inmigración.

En su primera comparecencia como ministro del Interior en un Pleno de
miércoles le formulé una pregunta que vuelvo a plantearle ahora
porque la cuestión no es tan puntual como podría parecer: ¿Por qué se
está negando la asistencia jurídica a quienes solicitan asilo al
llegar a las costas españolas? No tiene base en la ley -se lo dije
entonces- porque se empezó a aplicar en agosto de 2000, fecha que no
coincide con la entrada en vigor de la Ley 4 ni de la Ley 8; se trata
de pautas que se han dado. El delegado del Gobierno en el País Vasco,
por cierto, hizo unos esfuerzos jurídicos extraordinarios por
explicarlo, a través de un medio de comunicación, utilizando un
sistema de fuentes del derecho que le hubiese valido el suspenso en
cualquier facultad respecto a la antigua Ley de asilo y lo que dice
la Ley de inmigración y extranjería. Las asociaciones humanitarias de
ayuda al refugiado están ciertamente preocupadas por esta práctica y
les gustaría que se les aclarara, además de que el asunto está ya
residenciado en los tribunales.

En el mismo sentido, quería preguntarle qué criterio le merece que el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se haya pronunciado ya
en contra de la legalidad del procedimiento preferente de expulsión
empleado por la nueva Ley de extranjería, la modificación de la
Ley 8. Se dice que la medida cautelar de detención de un extranjero
hasta 72 horas, tal y como está regulada en la Ley de extranjería,
sólo podrá acordarse como previa a la adopción de otra más enérgica,
como puede ser el internamiento preventivo, para que se cohoneste con
los principios constitucionales que nos rigen. Es decir, que esto que
no se sabe muy bien si es una detención, una retención o a qué
obedece, cabrá con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la
prisión preventiva. Todas las formaciones políticas que propiciaron
la impugnación de la ley por inconstitucional se han referido a este
procedimiento preferente y ya hay un Tribunal Superior de Justicia
-el del País Vasco- que se ha pronunciado en contra de tal
posibilidad.

Como ponente de la Ley 4/2000, quería hacerle un matiz: Los
principios penales referidos a las mafias y a la persecución de la
delincuencia organizada en materia de tráfico de personas lo
introduce la Ley 4/2000, no la 8. Es decir, que la ley que fue fruto
del mayor consenso en esta Cámara es la que contiene las
modificaciones penales; la 8 no retoca estos preceptos, simplemente
contiene una proclama de que se dejará pasar un tiempo para ver qué
resulta de la adecuación de penas que se estaba estudiando en el
Ministerio de Justicia para evitar desequilibrios entre distintos
tipos penales. Los tipos penales nuevos se introducen -repito- en la
reforma que se hace por la Ley 4. Fui ponente de las dos, pero me
siento más orgullosa de la Ley 4/2000, qué quiere que le diga.

Quiero hacerle una pregunta como complemento de otra que le formulé
en su día sobre los cadáveres de los inmigrantes, sobre los
fallecidos al llegar a las costas del estrecho; he visto que Amnistía
Internacional se preocupa por ello, además de por los problemas de la
libre circulación de personas. Por la pregunta que formulé siendo
todavía ministro Mayor Oreja, quería saber cuántas personas habían
fallecido intentando acceder a las costas españolas en esta
legislatura y se me dio el número de 76. Desde entonces, ha habido
varias catástrofes en colectivos más numerosos que los de las
pateras, lo que me lleva a preguntarle por el destino final de las
decenas de cadáveres de inmigrantes cuando llegan a las costas del
Estrecho. Lo hago no por ningún tipo de morbo, sino exclusivamente
por razones humanitarias que me parecen especialmente atendibles.

Ni usted ni ninguno de quienes me han precedido en el uso de la
palabra han hecho referencia a una cuestión que desde la perspectiva
de mi grupo es extraordinariamente importante y es al balance que se
debe hacer -cierto es que tengo pedida su comparecencia, la tenía
pedida desde el mes de junio y espero que se produzca- de la
aplicación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo y
lo digo no por ningún morbo especial ni por detectar incumplimientos
del Gobierno, sino porque cuando se aprobó esta ley nos pareció que
era un acontecimiento histórico en la medida en que tuvo el consenso
de todas las formaciones políticas, incluso aceptamos la no
presentación de enmiendas. En



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mi intervención en la tribuna decía yo que creía que al aprobar ese
texto estábamos haciendo algo más que insertar unas normas en el
ordenamiento jurídico. Eso lo seguimos sosteniendo, aunque el
escenario de tregua en el que se aprobó evidentemente es bien
distinto de aquel, pero sí nos gustaría tener un pormenor más
específico de la aplicación. Finalmente de junio aquí he conseguido
obtener información de las resoluciones denegatorias, respecto de las
cuales debo manifestarle que no arrojan un mal balance en relación
con los criterios que se han utilizado desde el Ministerio. Sí nos
parece que se ha sido corto en cuanto a las pautas de un determinado
tipo de supuestos que varias formaciones políticas creíamos que
estaban ya dentro del texto de la ley.

Dicho sea entre paréntesis a mi grupo le parece bien la modificación
de la ley que ahora propugnan el Grupo Socialista y el de Izquierda
Unida en relación con que quede claro, clarísimo, que no es posible
volver a condecorar a personajes, a personas del estilo de Melitón
Manzanas. Nosotros creíamos que el texto de la ley actual y el del
reglamento no autorizaban a tal condecoración, pero nos parecía -y
por ahí va a ir la petición de modificación que mi grupo va a instar
de inmediato- que también debían caber en el texto de la ley, puesto
que se había puesto la fecha de 1968 -que a mi grupo no le parecía la
mejor pero en aras del consenso la aceptamos-, que debían incluirse
-en aras del carácter modélico y ejemplar que siempre se predica de
la transición, considerando que no siempre lo fue-, rescatar del
olvido a quienes habían padecido violencia ejercida por autoridades o
por poderes públicos constituidos en una determinada época, esa época
que va del final hasta el advenimiento de un sistema consolidado como
democrático. Creíamos que la capacidad de superación en aras de una
mejor convivencia no debía suponer olvido ni imposibilidad de
resarcimiento de esos daños padecidos y ahí es donde vemos el mayor
déficit que se ha producido en la ley. Los sucesos de Vitoria el 3 de
marzo de 1976, que yo misma mencioné entonces en la tribuna en nombre
de mi grupo, el llamado caso de Normi Mentxaka, una ciudadana de
Santurce o algún otro supuesto producido en Erandio que integran el
grueso de los no indemnizados nos parece que deben tener cabida
porque ya el espíritu de la ley lo permitía. Hablábamos de una
interpretación lo más amplia posible de sus contenidos, y decíamos
que de igual forma, si se rompía el hielo, abierto ese camino no
descartábamos posteriores iniciativas para contemplar sucesos de la
naturaleza referida. En esta pretensión fuimos acompañados por el
Grupo Federal de Izquierda Unida y no dudamos de que alguna otra
formación política considerará que también es buena la revisión de
estos asuntos e incluso la ampliación expresa de la ley a este tipo
de supuestos de daños ocasionados por violencia, repito, ejercida por
autoridades o por poderes públicos en una determinada época. También
nos proponemos solicitar del Gobierno que puesto que ha existido esta
equiparación temporal en cuanto a la percepción de indemnizaciones,
se lleve a cabo igual política en relación con las
pensiones. Quienes son pensionistas en razón a hechos de terrorismo
perciben cantidades muy distintas según de qué período sea el daño,
el asesinato o el atentado concreto que hayan padecido. Siempre la
regulación de las pensiones o la regulación de las indemnizaciones
-como conoce S.S.- ha ido en ley de acompañamiento, en ley
presupuestaria y hay quien percibe conforme al baremo normal el cien
por cien de lo que percibía su deudo, hay quien percibe el 160 por
ciento y finalmente respecto de los últimos tiempos y a partir del
año 1992 creo que se percibe el 200 por ciento. No parece justo que
existan pensionistas en razón de hechos de terrorismo de mejor o de
peor condición y es voluntad de mi grupo presentar una proposición en
este caso no de ley para solicitar que se equipare, desde la misma
fecha que se hace en la Ley de víctimas de la violencia, la
percepción de pensiones en estos casos.

Por cierto, señor ministro, que me ha sorprendido entre los 209 casos
denegados el número de ellos que hacen referencia a bandas islámicas
que por lo que se ve actúan en territorio del Estado. No me queda
claro lo de la denegación, puesto que están los nombres tachados, si
son de las dedicadas a tráfico de armas, de drogas o de personas pero
sí asusta en cierta medida el número de tramas que han pedido -es
conocido que en determinadas zonas del territorio como puede ser la
Costa del Sol sí se asientan-, amparados en estos datos,
indemnizaciones como víctimas del terrorismo.

Para acabar con lo policial quería hacer una referencia, en el mismo
sentido que la ha hecho el representante del Partido Socialista, a
los delegados del Gobierno. En principio la figura
constitucionalmente prevista lo es para dirigir la Administración del
Estado en cada comunidad autónoma y coordinarse, cuando proceda, con
la Administración del Estado, teniendo importantes cometidos en
materia de seguridad ciudadana. No me referiré -como supongo que
usted espera- al del País Vasco, porque creo que se define él mismo
día a día con sus actuaciones, con sus excesos verbales, si me
permite calificarlos así, y creo que cada día actúa más conforme a un
cinematográfico consolidado mote con el que es conocido en nuestro
ámbito. Pero puesto que estamos en Madrid y puesto que en la última
comparecencia del secretario de Estado se habló largo y tendido del
señor Ansuátegui, y puesto que esta tarde se va a debatir una moción
consecuencia de interpelación referida a Sintel, también quería
referirme a su talante, que lo evidencia de manera muy clara en la
larga entrevista que concede a ABC en el último fin de semana -se ha
referido a ella también el señor Mayoral-. Más que la parte que él
menciona -que desde luego es sorprendente y no acredita talante
democrático- me ha sorprendido el dato que él manifiesta y que es
objeto de titulares cuando dice que a él no se le podrá cesar hasta
que no haya un cambio de Gobierno. Quien es cargo de designación
puede ser cesado perfectamentepor el mismo Gobierno que le nombró o
por



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cualquier otro del mismo signo político, no es necesaria la
alternancia, salvo que se tenga una cierta idea del origen divino del
cargo que uno ostenta. Es perfectamente posible que quien le nombró
le cese como cargo de designación que es. Creemos que a los
principios de Gobierno de centro, conforme a ciertas pautas y
parámetros, que defiende el Gobierno del Estado, el mantenimiento de
delegados del Gobierno de este talante no les hace ningún beneficio,
se lo rogué al secretario de Estado, y creo que debe usted también
revisar la posibilidad de cesar al señor Ansuátegui. ¡Qué quiere que
le diga en estas fechas del tráfico! No me parecería oportuno -aunque
desde luego los datos hoy en todos los medios de comunicación son los
que son- hacer sangre de esta cuestión, conociendo que son muchos los
aspectos que inciden, pero realmente no sé de quién ha procedido la
explicación del buen tiempo; creo que obedece a lo que en días
recientes un conocido catedrático de la órbita socialista, rector de
universidad, llamaba argumentos estúpidos que se esgrimen en defensa
de determinadas cuestiones. Es más, mi grupo conoce que su primera
actuación parlamentaria en esta Cámara fue la presentación del
proyecto de ley del que tenemos concluido el período de enmiendas
para convocar en cuanto se pueda la ponencia, y mi grupo, repito,
está dispuesto a estudiar los elementos que inciden en esta cuestión,
pero creemos que no puede uno condolerse cada vez que hay una
operación salida y retorno por el número de fallecimientos, sino que
debiéramos -y aquí le ofrezco también la colaboración- entre todos
intentar que esto no vuelva a producirse porque el tráfico tiene que
ser regulado de una manera distinta en lo que hace tanto al tráfico
stricto sensu como en los agentes que lo cuidan o controlan o como en
las circunstancias de la señalización o las características de las
vías.

Se ha referido usted, en cuanto a las normas que va a presentar
inmediatamente a la Cámara, a los proyectos normativos, a una ley en
materia de catástrofes, y yo le iba a hablar de lo que me parece más
genérico, que es la protección civil. Me parece bien que la presente,
creo que existe gran laguna, si bien desde la opción nacionalista
a la que represento siempre que se dice que se va a presentar una ley
sobre una materia respecto de las cuales los títulos competenciales
están asumidos por las comunidades autónomas, se alienta ya esa
cierta prevención de si no se aprovechará para una cierta
horizontalización o recorte de las competencias. El señor
vicepresidente conoce mejor que yo que la materia de protección civil
está articulada en nuestro ordenamiento por el sistema de
competencias en cascada, cada parte tiene lo que tiene y cuando se
activa el plan municipal entra el siguiente, luego el siguiente,
etcétera, en función de cuál sea la magnitud del siniestro o de la
catástrofe. Es evidente que esto no está bien hecho y que no todo el
mundo tiene sus deberes cumplimentados, como se evidencia de forma
muy clara -y le remito a su lectura y estudio- en una comisión de
estudio que se hizo al respecto en el Senado, cuyo análisis es
ciertamente desolador. En numerosos comunidades, amparándose,
evidentemente -supongo que con razón-, en la inexistencia de medios
materiales, en la falta de una financiación adecuada, estos planes
están absolutamente en mantillas y existen numerosas partes del
territorio donde sería imposible, repito, esta articulación que en sí
debiera funcionar como una pieza de arquitectura en cascada. Repito
que, en principio, a mi grupo le parece bien que se haya pensado en
las lagunas que en esta materia existen y esperaremos a ver el texto
para ver si se confirman o no esos nuestros temores.

En relación con las cárceles y la política penitenciaria, tiempo
habrá de hablar de ella más largo y tendido. Todavía está caliente la
reciente comparecencia del director de Instituciones Penitenciarias,
señor Yuste, donde se vio que son muchas las cuitas que se le
plantearon desde distintas formaciones políticas. En concreto, de los
centros penitenciarios de su ámbito mi formación política le mostró
el absoluto disgusto, incluso la sorpresa, por el estado de deterioro
a que ha llegado la prisión de Nanclares, siendo como fue un centro
modélico cuando se construyó, hace 20 años, y con los intentos de
políticas sociales absolutamente pioneras llevados a cabo desde los
propios poderes públicos vascos o los poderes públicos del propio
territorio histórico de Alava, no sólo cuando ha estado gobernada por
nacionalistas -no me duelen prendas- también en los momentos
actuales. La situación a que se ha llegado con la prisión de
Nanclares, según nuestras noticias, que creemos que se puede
generalizar a otras prisiones del Estado, nos llevó a considerar que
la progresista legislación penitenciaria dista mucho de ser real en
cuanto al cumplimiento en el ámbito del Estado. Aprovecho la ocasión,
puesto que estamos otra vez en Comisión, para decir que el señor
director de Instituciones Penitenciarias, a petición de esta
diputada, ofreció a los portavoces de los grupos la visita a la
prisión de Nanclares que todavía no hemos podido cumplimentar. Me
dirijo especialmente al representante del Grupo Popular para ver si
su agenda le permite tener algún hueco o si no que establezca alguna
sustitución (El señor Gil Lázaro: Raro era no haber sido mencionado
en esta sesión.) entre sus numerosos compañeros de grupo. Señor
vicepresidente, comprenderá que el que esté agobiada de trabajo una
diputada de un grupo que tiene siete miembros, es normal, pero con
183 diputados ya puede elegir un sustituto para visitar Nanclares.

Bromas aparte, señor vicepresidente, no me voy a extender más.

Simplemente concluyo como empecé. Su oferta de posibilidades de
diálogo concluye con nuestra aceptación de ese diálogo, entendiendo,
claro, que ambas, la oferta que usted hace y la aceptación por
nuestra parte, deberán ir siempre acompañadas de unos ciertos
talantes que mi grupo, de momento, hará esfuerzos por mantener.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) quería agradecer la comparecencia hoy del señor
vicepresidente primero y ministro del Interior, dándole la bienvenida
a esta Comisión de Justicia e Interior, como ya han hecho otros
portavoces.

Pasando con brevedad a analizar algunos de los aspectos que el
ministro del Interior ha tratado hoy en su comparecencia, diré, en
primer lugar, que en materia de inmigración el señor vicepresidente
nos pedía a todos un cierto grado -recojo palabras literales del
señor vicepresidente- de reflexión y sosiego. Desde Convergència i
Unió le pedimos que a esta reflexión y sosiego se una el máximo
esfuerzo posible desde el Gobierno para aunar posiciones, para buscar
el consenso de todos. La inmigración es un tema de Estado que
requiere de ese amplio consenso, que requiere evitar posturas que
puedan rozar la demagogia; por tanto, nos unimos a ese esfuerzo y
desde nuestro grupo parlamentario le ofrecemos la máxima colaboración
en esa materia. Al hilo de ese necesario consenso, quería pedirle que
en el nuevo reglamento se arbitre ese consenso y se permita la
aplicación más generosa posible de la ley, porque la ley últimamente
aprobada permite aplicaciones generosas. Se ha hablado ya por parte
de otros portavoces de la posibilidad de aplicar las razones
humanitarias, el arraigo, que fue una propuesta que el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió hizo a la ley; hubo enmiendas
nuestras que fueron aceptadas, consensuadas con todos los grupos y
que permiten avanzar en la solución de muchos expedientes. Le pedimos
que se incorpore en el reglamento esa mayor facilidad para solucionar
los trámites, lo que no es incompatible, señor ministro, con lo que
usted antes reflejaba cuando nos citaba la encuesta del CIS. En esa
encuesta del CIS hay un dato muy relevante, y es que los ciudadanos
quieren que se regularice a aquellas personas que tienen una oferta
de trabajo, que están ya en el Estado español pero que tienen
posibilidad real de agilizar sus papeles y normalizar su situación.

Nosotros le pedimos que el nuevo reglamento facilite al máximo esta
puesta al día de los papeles que afecta a tantas y tantas personas
que ahora se encuentran en una situación irregular y que podrían
estar en una situación legal en nuestro territorio. Por tanto,
repito, le pedimos ese esfuerzo de consenso que debe pasar por esa
aplicación generosa de la ley también en el reglamento. Quiero
decirle también que ese esfuerzo de consenso debería contar con las
comunidades autónomas, con todos los poderes públicos, pero de forma
especial con las comunidades autónomas que deben poder intervenir
activamente en la fijación del contingente que corresponde a cada uno
de sus territorios. Eso, desde Convergéncia i Unió, se lo reclamamos
ya durante la tramitación de la ley y queremos insistir en ello.

También queremos trasladarle
una queja en este ámbito. Ahora se ha creado ya el Consejo
Superior de Política Inmigratoria. El texto final no ha sido
consultado con las comunidades autónomas, por lo menos no ha sido
consultado con el delegado del Gobierno en materia de inmigración de
la Generalitat de Catalunya. Creemos que el esfuerzo de consenso en
un órgano como es este Consejo Superior, en el que participan las
comunidades autónomas, un Consejo que, si me lo permite, señor
ministro, le diré que fue originariamente creado por Convergencia i
Unió en su primera proposición de ley sobre inmigración; hubo tres
textos, el único que contemplaba la creación de este Consejo Superior
de Política Inmigratoria era el nuestro y al final fue aceptado por
todos los grupos parlamentarios. Creemos que hubiese sido positivo
que antes de salir en el BOE la composición final de este Consejo y
cómo funcionará, se hubiese consultado previamente con las
comunidades autónomas. Tiempo habrá, señor ministro -tenemos
pendiente en esta Comisión una comparecencia del delegado del
Gobierno en materia de inmigración-, para ahondar en esta materia. Lo
que quiero ofrecerle, en nombre de Convergència i Unió, es la máxima
colaboración de nuestro grupo para intentar aunar posiciones y llegar
a este consenso en un tema que es prioritario para todos.

Un segundo aspecto que usted también ha abordado, señor ministro, es
la seguridad ciudadana. Desde la óptica del Grupo Catalán, en temas
de seguridad quiero hacer una especial mención a dos aspectos que
inciden de manera muy directa en mi comunidad autónoma, en Cataluña.

En primer lugar, le pido -y no es una crítica, sino simplemente una
solicitud, porque ya se está haciendo- que continuemos en el camino
de apoyar el pleno despliegue en Cataluña de su Policía autonómica
propia, de los Mossos d'Esquadra . Creemos que este despliegue tiene
que venir acompañado de una valoración económica del coste real del
traspaso de competencias, valoración económica que le pido que sea
adecuada; este despliegue tiene que venir acompañado de una
adecuación de plantillas que nos exigirá, señor ministro, una plena
coordinación entre repliegue y despliegue. Usted antes hablaba de la
dimensión europea de la seguridad, coincidimos con ello. Debemos
facilitar a las policías de las comunidades autónomas el acceso a las
redes policiales europeas y su participación en las estructuras de
seguridad pública europea. Por tanto, en un primer aspecto en materia
de seguridad le pido este apoyo a las policías autonómicas.

También en materia de seguridad, y al hilo del plan Policía 2000,
usted nos daba unas cifras de reducción de la criminalidad. Nos ha
dado varios porcentajes, y yo he tomado nota de uno muy
significativo, que bajaba en un 6,57 por ciento la siniestralidad.

Señor ministro, todos podemos aportar datos, pero yo quisiera aportar
ahora unos distintos a este positivo que usted nos daba. Desde
Cataluña tenemos una creciente sensación de inseguridad ciudadana. A
esta sensación subjetiva-y La Vanguardia del pasado 31 de marzo se



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hacía eco de la encuesta de seguridad pública de Cataluña, que
corroboraba claramente esta subida en la sensación de inseguridad por
parte de los ciudadanos- se unen datos objetivos aportados por el
juez decano de Barcelona, Joaquim Bayo, en la presentación hace unos
días de la memoria judicial del año 2000. Si me permite, le daré
algunos datos de esta memoria en Cataluña que afectan a la
circunscripción de Barcelona, no únicamente a la ciudad de Barcelona,
donde, como media, se producen 600 delitos cada día. Esto equivale a
un delito cada dos minutos, de los cuales más de un 60 por ciento
corresponden a robos y hurtos. En cuanto a cifras, hay un aumento de
los delitos en más de un 7 por ciento, no una reducción, como usted
nos decía en su informe global, y concretamente en materia de hurtos
y robos el aumento es de más de 10.500 en un año. Esos delitos son
los que más contribuyen a que los ciudadanos tengan una sensación de
creciente inseguridad. Nosotros valoramos positivamente que, para
atajar esta situación, su Ministerio haya acordado 400 nuevas plazas
policiales para la demarcación de Barcelona a partir del próximo mes
de julio, pero sólo es un primer paso, debemos ahondar en esta
situación conflictiva que afecta también a situaciones de
multirreincidencia. Este fin de semana se han detenido a miembros de
la famosa banda de los peruanos en Barcelona, uno de ellos ha sido
detenido más de 45 veces. Deberíamos hacer una reflexión global para
ver si la respuesta jurídica a la multirreincidencia es en estos
momentos la más adecuada, con el consenso de todos, evitando
demagogias y respetando los derechos fundamentales de nuestra
Constitución. Debemos hacer una reflexión en voz alta para ver si la
respuesta legal ante estos supuestos en este momento es la más
adecuada, porque los ciudadanos no lo perciben así.

En materia de tráfico, señor ministro, usted se estrenó en esta
Cámara en la presentación del primer proyecto de ley sobre reforma de
la Ley de tráfico y en ese debate yo le pude exponer cómo la
modificación de la ley no iba a ser una varita mágica que de repente
disminuye el número de accidentes de tráfico; sin embargo, no hay
duda de que la ley actual no es la más adecuada; año tras año
aumentan las víctimas, en períodos concretos como la Semana Santa del
año 2000 o la del año 2001 ha habido más accidentes, más víctimas
mortales en nuestras carreteras. Nosotros hemos propuesto más de 60
enmiendas al proyecto de ley con un ánimo constructivo y positivo de
intentar buscar, con el consenso de todos los grupos, la mejor
solución posible. Hemos propuesto también el carné por puntos, donde
se puedan perder y recuperar puntos. En este ámbito le voy a hacer
una petición, señor ministro: que desde el Gobierno, desde el Grupo
Popular, se dé apoyo a nuestra propuesta de crear una subcomisión
sobre tráfico y seguridad vial, porque seguro que los ponentes de la
nueva ley nos encontraremos con aspectos que no podremos decidir con
rapidez, que requerirán de una reflexión más serena. Le pedimos que
se haga una subcomisión
dentro de la Comisión de Justicia e Interior que nos permita
a todos avanzar con más serenidad, presentar enmiendas, si es
necesario, en algún aspecto que no esté suficientemente maduro para
ser aprobado en la ley, que la ley siga su curso y mejore la
alarmante situación de siniestralidad en las carreteras españolas.

Señor ministro, como máximo responsable, le pido que nos dé apoyo en
esta petición que no va contra nadie sino que intenta mejorar la
situación de la siniestralidad en el tráfico.

Termino la primera parte de nuestra intervención con una referencia
al proyecto de ley que usted ha anunciado -ya lo hizo el señor Mayor
Oreja cuando era ministro del Interior- para situaciones de
emergencia. Ante este proyecto de ley, le pido el máximo respeto a
las competencias autonómicas en este ámbito y que nos sirva para que
no vuelva a suceder lo que pasó con el Decreto-ley 3/2001, dictado
tras la situación de daños catastróficos que hubo en Cataluña en
junio del año pasado, que llegó tarde, en febrero, transcurridos ya
más de ocho meses desde la catástrofe, y las subvenciones a las
corporaciones locales afectadas no fueron las que se habían acordado
previamente con la Generalitat de Cataluña y con los ayuntamientos,
que se habían acordado 1.500 millones y al final en el decreto-ley
sólo había 500 millones. Creemos que no fue un buen decreto-ley,
aunque usted no estaba de ministro del Interior, pero a lo mejor este
proyecto de ley que nos anuncia pueda servir para evitar situaciones
como ésta.

Cedo la palabra a mi compañero de grupo, Manuel Silva, que es el
responsable en materia de lucha contra el terrorismo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy a intervenir también con mucha brevedad.

Agradecemos la comparecencia del señor ministro y le reiteramos que,
de la misma manera que su antecesor en el cargo de ministro del
Interior -y él lo sabe como vicepresidente que era y es de este
Gobierno- contó con todo el apoyo de Convergència i Unió en la lucha
contra el terrorismo, usted va a continuar contando con este apoyo
absolutamente decidido. Queríamos felicitarle porque ha demostrado en
esta comparecencia, como lo hicimos constar en la comparecencia del
señor Mayor Oreja, que se puede hablar con toda firmeza de la lucha
contraterrorista sin hacer manifestaciones de beligerancia contra el
nacionalismo democrático. Creemos que son dos cosas absolutamente
diferentes. En este sentido tenemos que manifestarle nuestra
satisfacción, porque una cosa es lo que le incumbe como ministro del
Interior y otra cosa es la rivalidad política o considerar adversario
político, que en ese sentido no hay mayores problemas, a lo quepueda
considerar el Partido Popular al nacionalismo



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democrático, sea de un sitio o sea de otro. En cualquier caso, le
manifestamos nuestro más decidido apoyo.

En segundo lugar, mi grupo es consciente de que en materia de lucha
contra el terrorismo hay una fecha muy concreta que es el 13 de mayo,
y lo que esperamos es que, sea cual sea el resultado electoral de ese
día, se hagan esfuerzos más decididos para recomponer la unidad de
las fuerzas políticas democráticas en contra del terrorismo y no dar
ningún tipo de opción a los violentos. Mi grupo continúa pensando que
aquellos pactos de Ajuria Enea y de Madrid han sido hasta ahora los
instrumentos más eficaces en la medida en que han ofrecido una mayor
dosis de unidad sobre un contenido que hemos ofrecido las fuerzas
políticas españolas a nuestros ciudadanos en esta materia, pactos en
los que precisamente sí había un reconocimiento de algo que ha hecho
referencia el señor vicepresidente y señor ministro: la defensa del
pluralismo político, el rearme social -aunque no me gusta la
expresión de rearme hablando de este tema-, el aumento de la
fortaleza de la sociedad, la contribución de los medios de
comunicación en la lucha contra el terrorismo y la importancia de la
educación y formación de los jóvenes de cara a hacer que los que en
algunos casos se unen a la violencia y acaban siendo terroristas se
apunten al pluralismo político, a la tolerancia y a la defensa de los
derechos y libertades fundamentales. Después de esta pequeña
introducción, el resto de mi intervención también será breve.

Hay que valorar muy positivamente los avances en materia de
cooperación internacional. Yo aquí por un lado debo felicitar al
Gobierno por estos avances, que son notables, y por otro agradecer a
estos países que han ido entendiendo a lo largo de estos años lo que
es ETA, lo que es el terrorismo y sobre todo lo que supone para la
sociedad española cualquier tipo no quiero decir ya de connivencia o
de colaboración, sino de aceptación o justificación del terrorismo.

Como representantes de los ciudadanos creo que debemos agradecer el
cambio de posición que han ido experimentando estos países. Desde
luego, como decía el señor vicepresidente y ministro, todavía hay
algunas cosas por hacer. Ciertamente la sociedad española se
sorprendió muy desagradablemente con el asunto del robo en el
polvorín de francés de hace algunas semanas. Por tanto, es algo en lo
que hay que seguir avanzando. En cualquier caso, sí querríamos
hacerle dos preguntas fundamentalmente: una, ¿cuál es la situación
actual de cooperación de las comunidades autónomas que tienen policía
propia, como Euskadi y Cataluña, en la lucha contra el terrorismo y
la coordinación en este caso es satisfactoria? Segunda pregunta, y
quizá no me la pueda responder pues entiendo las limitaciones que
tiene una Comisión de estas características para hablar del
terrorismo, ¿existe alguna razón para la no actividad -digo actividad
en el sentido de atentados, asesinatos de ETA a lo largo de estas dos
o tres últimas semanas-, tiene algo que ver con las próximas
elecciones vascas e intentar reflotar a Euskal Herritarrok, o por el
contrario nos
encontramos con que ETA actúa cuando puede, lo cual no quiere decir
que lo mismo sea mañana, y en estos momentos, durante estas semanas o
durante estos días no ha podido desarrollar la actividad letal que ha
desarrollado en otros momentos?
Sabe el señor vicepresidente y ministro la posición de mi grupo,
sobre todo que siempre hemos intentado enviar también el mensaje muy
claro al mundo del terrorismo de que ciertamente no esperen, como
decía el señor ministro, la más mínima de las ventajas políticas
actuando en el sentido que lo están haciendo. Por lo demás,
ciertamente manifestamos también nuestra confianza a la
Administración, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a
las comunidades autónomas en las propias instancias judiciales para
que vayan precisamente depurando, como decía el señor ministro, hasta
qué punto el entorno es sólo entorno o es propiamente ETA y qué
aspectos del entorno son sólo entorno. Yo creo que también a lo largo
de las próximas semanas y de los próximos meses quedará todo más
aclarado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Quiero comenzar, como es natural, dando la
bienvenida al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro
del Interior en ésta su primera comparecencia ante esta Cámara y
dejar constancia, eso sí, a efectos de la posteridad y del 'Diario de
Sesiones', que esta bienvenida que le damos todos los grupos se
corresponde naturalmente con el gesto que el señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro del Interior tuvo con esta Comisión,
con todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión en
cuanto a su iniciativa de celebrar con nosotros en sede ministerial
un primer contacto para poder ir abordando ya asuntos propios de la
política de su departamento. Ese gesto, en su momento, del señor
ministro del Interior y el debate que hoy estamos celebrando, sirve
sin lugar a duda para construir, para dar forma a ese método, a esa
expresión de trabajar juntos, a esa reclamación que sin lugar a dudas
hacía hoy el señor ministro del Interior, y que debe ser en todo caso
el único cauce posible y no solamente el cauce deseable, para
articular debidamente los trabajos de esta Comisión. Celebro que
algún grupo parlamentario, un grupo parlamentario en concreto haya
entendido perfectamente que esa llamada a que todos trabajemos juntos
se realiza sin ninguna exclusión previa porque, efectivamente (así lo
interpreta este grupo parlamentario porque entiende que es la
posición del Gobierno y, desde luego, la de este grupo
parlamentario), no cabe ninguna exclusión previa entre quienes
estamos sentados y representados en esta Comisión a la hora de
abordar ese principio de trabajar juntos al que hacía referencia el
señor ministro del Interior; hacerlo desde luego con un espíritu
constructivo, con prudencia y con



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voluntad de servicio a los ciudadanos, expresiones de las que el
señor ministro del Interior hacía uso en el frontispicio de su
intervención y que ya obligan, eso sí, a un ejercicio muy especial
por parte de todos, especialmente cuando se trata de definir mensajes
siempre en esos términos constructivos y prudentes, o como es natural
también -porque es absolutamente legítimo-, poder expresar
discrepancias también en esos términos constructivos y prudentes.

Naturalmente, sin salirme de ello, tendré que hacer alguna referencia
al final de mi intervención a algún asunto que, al menos desde la
posición de este grupo, me parece profundamente discrepante en
relación con algunas cosas que se han escuchado este mañana aquí,
y desde luego, no por boca del señor ministro del Interior. En
definitiva, es un buen momento, es un buen inicio al comenzar hoy con
la presencia en esta Comisión del señor ministro del Interior para
definir las líneas generales de la política de su departamento, hacer
una nueva expresión de la voluntad que este grupo parlamentario al
menos ha venido haciendo en los últimos años como portavoz del propio
Gobierno que ha venido realizando en cuanto a la necesidad de que en
estos asuntos que abordan necesariamente políticas de Estado todos
seamos capaces de ir dejando de lado aquellos aspectos que marcan
nuestras legítimas y naturales diferencias para poder ir primando los
puntos en común, para poder ir construyendo poco a poco esos grandes
acuerdos desde el principio, desde la filosofía de que probablemente,
como en todo en la vida, pero desde luego cuando hablamos de lo que
estamos hablando, siempre es mucho mejor un pequeño acuerdo por
pequeño que sea que un magnífico desacuerdo. Esa ha sido la actitud
del Gobierno durante estos años en las cuestiones que afectan a este
Ministerio, sin lugar a dudas ha sido la actitud como trasunto de esa
política del Gobierno que ha desarrollado el anterior titular del
Ministerio del Interior y su equipo y es precisamente la política que
en esta mañana nos ha anunciado el señor ministro del Interior que va
a determinar el desarrollo de su gestión como tal ministro del
Interior. Por tanto, celebramos señor ministro que su política sea
una política de continuidad y por tanto no entendemos cómo se puede
decir -poniendo énfasis además en que se quiere decir
peyorativamente- que su política no es de continuidad sino de
continuismo, cuando además hay aspectos en donde se expresa por parte
de quien afirma como elemento peyorativo ese continuismo la necesidad
de mantener -y se dice se mantiene- un acuerdo de fondo con
determinadas políticas.

Su señoría ha construido hoy un discurso inteligente por ser el
discurso que correspondía a la ocasión; era el discurso de hacer una
breve recopilación, un recordatorio de lo que han sido las
actuaciones del Gobierno y del Ministerio del Interior en este tiempo
y de formular desde ahí compromisos muy concretos. Su señoría
ciertamente ha hecho un discurso denso porque tenía que ser un
discurso denso, pero para el que lo haya querido
escuchar, para el que lo haya querido analizar, para el que lo haya
querido diseccionar ha sido un discurso lleno de compromisos
concretos y algunos con un enorme calado cualitativo.

Ha abordado S.S. seis grandes cuestiones que, como bien definía, no
marcan meras políticas sectoriales o no representan simplemente
programas de actuaciones muy sectorializados. No, no, marcan
auténticas políticas de Estado en el ámbito del terrorismo, en el
ámbito de la inmigración, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito
de la Administración penitenciaria, en el ámbito de las
drogodependencias y en el ámbito de la seguridad vial, políticas de
Estado en esos ámbitos porque no cabe otra y porque nosotros hemos
dicho durante mucho tiempo y volvemos a reafirmar hoy que cuando se
abordan esas cuestiones, situarlas desde el planteamiento estricto,
chato, parco, miope de una mera dialéctica Gobierno-oposición es
equivocar radicalmente el discurso y mucho más cuando el discurso se
hace con conceptos o con formas profundamente desabridas, que yo creo
que en todo caso están de más, pero están de más -en este caso sería
de menos- cuando se trata de un acto de la naturaleza del que hoy
estamos celebrando.

Sin lugar a dudas, señor ministro, este grupo parlamentario celebra
que en ese gran ámbito de defensa de las libertades, de defensa de
los derechos básicos de los ciudadanos, de conjunción de los
esfuerzos de todos los demócratas por poner fin a la violencia
criminal y sin sentido de unos pocos S.S. nos haya anunciado que
habrá continuidad en el enfoque básico de la lucha contra el
terrorismo, que esa continuidad tendrá como trasfondo político la
búsqueda de la máxima unidad posible entre demócratas, que esa unidad
y esa continuidad, como es natural, tiene su cimiento no negociable
en la propia no negociación del marco jurídico que todos los
ciudadanos libremente nos hemos dado y que está cifrado en los
valores y contenidos de la Constitución y del Estatuto, todo ello,
además, desde un máximo respaldo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, una preservación y estimulación permanente
del protagonismo de la sociedad frente a los violentos, una atención
continua a las víctimas y una continua intensificación de la
cooperación internacional.

En nombre de mi grupo, simplemente por una razón de cortesía y no
porque lo consideremos patrimonio de nuestro grupo ni de este
Gobierno puesto que es patrimonio del conjunto de la sociedad
española, tengo que agradecer la felicitación que han expresado esta
mañana algunos grupos al Gobierno por los notables avances que en
materia de cooperación internacional se están llevado a cabo,
sabiendo, vuelvo a repetir, que todos los logros en esta lucha, que
es una lucha del conjunto de la sociedad española frente a la
violencia y frente al terror, no es patrimonio propio o particular de
nadie sino que, sin lugar a dudas, es todo un acervo común de quienes
no entendemos otra forma de articular la convivencia que precisamente
desde la pluralidad, desde la libertad, desde el respeto al derecho
de los demás y



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desde el entendimiento de que efectivamente ese valor de la paz, de
la libertad y de la convivencia es un valor superior que en modo
alguno puede estar excepcionado por una presunta hipotética razón de
signo político. En ese sentido, nos satisface enormemente haber
escuchado al señor ministro del Interior que el Gobierno y su
Ministerio se comprometen a contribuir de una manera protagonista,
como creemos que lo está haciendo el Gobierno español y la sociedad
española en su conjunto, a hacer de la Unión Europea un auténtico
espacio común de seguridad para poder abordar de manera decisiva el
tratamiento específico de algún tipo de delitos y naturalmente para
disponer de los instrumentos jurídicos concretos, como esa orden de
busca y captura europea, que nos permitan hacer efectivos los valores
de ese espacio de seguridad.

Permítaseme esta reflexión final. Desde la posición de este grupo
parlamentario y yo creo que desde la posición del conjunto de la
sociedad española, nunca se pretenderá criminalizar ningún
pensamiento legítimo, ningún pensamiento democrático; nunca se ha
pretendido ni se pretenderá criminalizar ningún pensamiento. El
problema es que ningún pensamiento legítimo, ningún pensamiento
democrático, involuntaria o voluntariamente, se vea utilizado o
sujeto por los intereses de otros grupos ciertamente espurios que no
casan en ese principio, en esa voluntad de hacer de la convivencia
una convivencia de todos, sino que por la fuerza y a través de la
violencia pretenden imponer a todos, incluido ese pensamiento
legítimo que nadie trata de criminalizar, un determinado sello
marcado por la violencia.

En segundo lugar, la política de inmigración que se inicia en esta
nueva etapa ha sido definida por el señor ministro del Interior en
unos términos que a este grupo parlamentario le parecen ciertamente
ajustados. Ha dicho que ésta tiene que ser una política sensata,
concordada con las fuerzas políticas y sociales, concordada en la
medida que por parte de las fuerzas políticas y sociales haya
voluntad de concordia (algún capítulo reciente ciertamente negativo
tenemos en sentido contrario) y desde luego acorde con los
compromisos europeos, entendiendo (así lo ha dicho el señor ministro
del Interior y yo creo que ese es un concepto que debe estar
permanentemente subrayado para que nadie pueda formular
interpretaciones sectarias, interesadas o equívocas) que este
fenómeno migratorio es deseable para España como país de acogida. Esa
posición tiene el Gobierno. Este fenómeno migratorio es deseable para
España como país de acogida y así literalmente lo ha expresado esta
mañana el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior
una vez más, reiterando las expresiones que en ese sentido ha venido
formulando el Gobierno desde hace largo tiempo. Pero todo ello
situado precisamente en el contexto y en el marco a que ha hecho
referencia el propio ministro del Interior, es decir la construcción
de una política sensata, concordada en lo posible con las demás
fuerzas políticas y sociales y desde luego acorde con nuestros
compromisos europeos. Por ello nos parece especialmente adecuada la
guía que el señor ministro del Interior ha señalado en sus cuatro
aspectos básicos para poder dar forma a ese principio: primar una
política de acuerdos bilaterales para incentivar la legalidad, primar
políticas concretas orientadas a la integración de los extranjeros y
de sus familias, regulación de los flujos migratorios para asegurar
una mejor convivencia y evitar la explotación y el tráfico de seres
humanos. Por eso, este grupo parlamentario hoy vuelve a repetir,
señor ministro y señor presidente, lo que ya hemos dicho en infinidad
de ocasiones: abordemos la cuestión con reflexión y sosiego para
evitar que en España se produzcan las fracturas sociales y xenófobas
que se han producido en otros países por no haber abordado este
debate con rigor, con altura de miras, con sentido común y desde
luego sin tentaciones partidarias. Por más que afortunadamente el
señor Le Pen haya desaparecido del panorama, sin embargo no han
desaparecido algunas de las muy dañinas consecuencias que en otras
sociedades de nuestro entorno esas doctrinas xenófobas han dejado
precisamente por no haberse abordado en su momento el tratamiento de
este fenómeno desde ese prisma de rigor, de altura de miras, de
sentido común, de búsqueda de políticas de Estado y no de intereses
partidarios, tal y como nosotros hoy volvemos a reclamar.

En la tercera de las grandes áreas creo que el señor ministro del
Interior ha sido especialmente claro. Los grandes proyectos de
seguridad, sin lugar a dudas son piezas esenciales para vertebrar un
avance en la calidad democrática de nuestra sociedad para poder
construir una sociedad más segura y por tanto más libre en su
conjunto y mucho más libre individualmente considerados todos y cada
uno de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos individuales y
sociales. Ha señalado el señor ministro tres orientaciones básicas:
responder a los retos de la nueva delincuencia trasnacional y
altamente organizada, hacerlo desde los valores básicos de la nueva
cultura de la seguridad, así como aproximar, especializar, coordinar
y sumar esfuerzos. En ese contexto, como es natural, ha hecho mención
de lo que son los compromisos inmediatos en materia del programa
Policía 2000, que hace efectivo el desarrollo de ese principio de
aproximación, del programa 10 por 10, que hace efectivo el desarrollo
de ese principio de especialización y de la adecuación de las
plantillas y de los medios materiales disponibles para hacer
efectivos esos valores de coordinación y de suma de esfuerzos.

Nos parece muy importante, aunque no se ha hecho mención de ello por
parte de algún grupo parlamentario, el anuncio del señor ministro del
Interior de poder remitir a esta Cámara a lo largo de la presente
legislatura un proyecto de ley que aborde todas las características,
estructuras y necesidades del cuerpo nacional de Policía en la medida
que ya se hizo así en la pasada legislatura con el de la Guardia
Civil. En ese ámbito de cosas, las tareas que está llevando a cabo el
cuerponacional de Policía y la Guardia Civil en materia de



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aproximación y de especialización, en materia de los procedimientos
de gestión para mejorar el rendimiento del servicio público de
seguridad y facilitar el acceso de los ciudadanos a ese servicio
público de seguridad y por tanto a la garantía de sus propios
derechos y desde luego la adopción de medidas muy concretas, como se
nos ha anunciado por parte del señor ministro del Interior, como en
el ámbito de la Guardia Civil continuar incrementando el desarrollo
de su papel como garante de la frontera sur de la Unión Europea y por
tanto del proyecto SIVE en su condición de instrumento básico para
poder llevar adelante ese papel; la creación de esa nueva jefatura
fiscal y de fronteras, o la potenciación del Seprona como gran
policía ecológica, nos parece que es un norte muy claro en orden a
continuar desarrollando ese proceso de modernización de la Guardia
Civil y de mejor prestación de sus servicios. En conjunto,
precisamente para garantizar esos mejores instrumentos de
coordinación y para poder hacer efectiva de manera más intensa la
respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente al delito
grande o pequeño, el desarrollo del programa Sirdee red de
comunicación digitalizada que va a suponer la integración de las
redes de comunicación del cuerpo nacional de la Policía y de la
Guardia Civil con otras direcciones generales del propio Ministerio,
nos parece una apuesta esencial.

Tres notas básicas (y luego haré algún comentario al respecto) en
relación con la Administración penitenciaria. Esta mañana, el señor
ministro del Interior ha definido como objetivos esenciales continuar
modernizando las infraestructuras para así disponer de mejores
espacios para reeducación social del interno (subrayo este aspecto:
reeducación social del interno); continuar impulsando programas
específicos en el ámbito de la prevención, rehabilitación y
reinserción de toxicómanos; continuar avanzando en materia de
formación y oferta ocupacional y laboral en el interior de los
centros penitenciarios (es decir, se va a seguir primando esa
política de resocialización y de reeducación), y finalmente se va a
continuar adecuando la plantilla de esta Administración tanto a las
necesidades surgidas de la apertura de nuevos centros, como a los
derivados de la atención especializada a los internos, es decir, se
van a servir los instrumentos técnicos y humanos para hacer posible
esa oferta que la sociedad, a través del Estado, da al interno para
poder vertebrar una segunda oportunidad a través de métodos de
reeducación. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia.)
En el quinto de los grandes ámbitos que ha señalado el señor
ministro, en materia de drogas se van a continuar desarrollando los
objetivos del Plan de estrategia nacional sobre drogas, se va a
incidir en los aspectos preventivos y formativos, con especial
referencia a la escuela y a la familia, y se va a insistir en la
reducción de la oferta a través de los programas operativos, y en su
caso reformas legislativas, a fin de coadyuvar mejor al fin
perseguido. Finalmente, en el ámbito de la seguridad
vial se van a abordar reformas legislativas y reglamentarias,
y se van a mejorar los procedimientos de gestión de tráfico; se va a
aumentar el número de componentes de la agrupación de tráfico de la
Guardia Civil en orden a mejorar la prevención y vigilancia, y se
intensificarán las campañas formativas de prevención y divulgación.

Por cierto, desde nuestro punto de vista, señor ministro, articular
el debate sobre seguridad vial en términos exclusivos de víctimas
(por dramático que sea este aspecto, y es un aspecto que hay que
tener muy en cuenta) comporta un planteamiento parcializado de un
asunto de enorme calado.

Concluyo diciendo que, en los mismos términos que nos parecía
importantísimo el anuncio hecho por el señor ministro de esa futura
ley de la Policía, nos parece muy importante también el anuncio hecho
en cuanto a la remisión de un proyecto sobre situaciones de
emergencia. Este planteamiento nos ha hecho esta mañana el señor
ministro del Interior y este portavoz ha tenido ocasión, escuchando
con atención su discurso, de poder vertebrar muy a vuela pluma.

Señor presidente, señor ministro, sorprende por tanto -y no deja de
sorprender-, que desde algún grupo parlamentario se haya querido
calificar este discurso, que nos parece un discurso dotado de un
contenido programático importante, simplemente como un discurso
echao. Y digo echao no por ser la expresión que yo hubiera utilizado
(en todo caso hubiera utilizado la de echado), sino por ser la
expresión que literalmente se ha utilizado. Se ha echao un discurso
esta mañana que se ha calificado de decepcionante y se ha dicho,
además, que incorporaba argumentos que rozaban la tontería o que
ofendían a la inteligencia de los españoles. Naturalmente, señor
ministro, señor presidente, este grupo parlamentario tiene que
señalar que le resulta decepcionante que quien por su importante
representación política y numérica en esta Cámara tiene la
responsabilidad de articular una alternativa, no sea capaz hoy más
que de presentar un discurso, de ocasión más que de fondo, que nos da
la sensación que no plantea ningún tipo de aportación en orden a esa
alternativa. Ha habido expresiones que nos parecen fuera del contexto
de las políticas de Estado propias de este Ministerio y que nos
debieran obligar a todos (y hacía referencia a eso al principio de mi
intervención) a cuidar mucho las cosas, y especialmente las formas.

En términos de contenido, ya es muy viejo el discurso de que la
seguridad ciudadana de este Ministerio y de este Gobierno se articula
sólo y exclusivamente en términos de represión. Ese discurso es tan
viejo que no merece ser contestado porque no se lo creen los
ciudadanos. Sí tengo que señalar frente a ese discurso que algunos
deberían hacer una reflexión muy sencilla: todo lo que se reivindica
es respetable, siempre respetable, mientras no se haga con violencia,
no altere el legítimo derecho de los demás y se atenga al respeto a
las leyes. Por tanto, pretender que la política de seguridad de este
Gobierno es una política represiva porque se actúa (y



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no se actúa por voluntad, por capricho o con un aire discrecional,
sino por imperativo legal) cuando una crítica legítima, cuando una
reivindicación legítima se instrumenta ya en términos de violencia,
de ataque al derecho de los demás o de no atención a las leyes, nos
parece que es un ejercicio dialéctico muy respetable, como cualquier
otro ejercicio dialéctico, pero carente del más mínimo fondo. Decir a
estas alturas que la política de seguridad de este Gobierno ofrece
unos resultados que son fruto de operaciones cosméticas o de
maquillaje, ignorando que los ciudadanos están diciendo lo que están
diciendo a través de las encuestas, ignorando que hace unos años la
preocupación por la seguridad ciudadana se situaba en el número dos
de las inquietudes colectivas de este país y que en la última
encuesta del CIS se sitúa en el número seis, lo cual es absolutamente
compatible, por cierto, con que en algunos puntos concretos de
nuestra geografía se produzcan determinadas situaciones que hay que
corregir, como es el caso, por ejemplo, del distrito de Ciutat Vella,
en la ciudad de Barcelona, y que este Gobierno, en coordinación, como
no puede ser de otra forma, con la propia Generalitat de Cataluña, ha
comenzado a abordar las soluciones pertinentes. El señor portavoz de
CIU recordaba la próxima remisión de 400 nuevos funcionarios para
poder cubrir esas funciones de seguridad en la ciudad de Barcelona.

En todo caso, señor ministro, insistir que en este país, en este
momento, como consecuencia de la gestión del Gobierno popular, como
consecuencia de la gestión del Ministerio del Interior, existe una
sensación colectiva de pérdida de seguridad o una sensación colectiva
de represión es un voluntarismo que probablemente esconde la única
razón argumental a esgrimir, es decir la de la vaciedad, frente a
contenidos mucho más elaborados. Por cierto, es una ausencia total de
contenidos elaborados (es decir de un conocimiento real de cómo
funcionan las cosas) decir, como se ha dicho esta mañana, que la
Secretaría de Estado de Seguridad fue una buena iniciativa innovadora
en su momento, pero que no está aportando nada a los elementos de
coordinación entre cuerpos. Eso es sencillamente no saber cómo viene
funcionando la Secretaría de Estado de Seguridad.

Concluyo, señor presidente, diciendo que a este grupo parlamentario
le sorprende profundamente que en el discurso de algún portavoz no se
haya hecho ni la más mínima referencia a dos aspectos de una índole
tan importante en términos sociales, en términos progresistas, en
términos de compromiso social, como son los que afectan a la
Administración penitenciaria, es decir a todo el complejo mundo que
trata de dar una nueva oportunidad a las personas que están privadas
de libertad, y a todo el ámbito de las drogodependencias, es decir a
todo el complejo mundo que trata de prevenir y rehabilitar la
enfermedad de la toxicomanía, y desde luego perseguir de manera
drástica y sin excepción a aquellos que hacen del tráfico de droga la
más deleznable de las actividades criminales, junto
con el tráfico de seres humanos. Sí hemos oído decir en muchos
lugares comunes que este país está viviendo una política de
represión, que este país se siente inseguro, pero no hemos oído
mención alguna a dos aspectos tan singulares como estos, que marcan
el calado y el compromiso social y progresista de un grupo
parlamentario, y que han tenido un reflejo extenso y amplio en la
intervención del señor ministro en nombre del Gobierno. Por eso no
nos extraña -y con esto concluyo- que ese mismo grupo parlamentario
haya dicho que no tiene nada que aportar en materia de inmigración o
que se haya atrevido a calificar como un elemento de imagen un
compendio de planificaciones, medidas, orientaciones, compromisos
y objetivos tan claros como es el plan Greco. Desde luego, nos preocupa
que se diga que no se tiene nada nuevo que decir en materia de
inmigración. Frente a eso, el señor ministro del Interior ha
demostrado esta mañana que en el desarrollo de una política
felizmente, de continuidad se pueden aportar, como él ha aportado
esta mañana, nuevos retos, nuevos compromisos programáticos, nuevas
expresiones de voluntad de servicio a la sociedad, precisamente,
porque cuando se trata de lo que se trata, cuando se habla de las
políticas que afectan a este Ministerio, nunca cabrá (desde luego,
nunca cabrá en este grupo parlamentario y nos consta que nunca cabrá
en el Gobierno) ni el más elemental contenido de autocomplacencia.

Muchas gracias, señor ministro. Le felicitamos por lo que hoy ha sido
su intervención y por los contenidos de fondo que en esa intervención
han quedado incorporados. (El señor Mayoral Cortés pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, ¿a qué
efectos pide la palabra?



El señor MAYORAL CORTÉS: Para contestar a las alusiones del señor Gil
Lázaro que han sido reiteradas, repetidas y reincidentes.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, tendrá
usted su turno de palabra. Por tanto, no aumentemos el debate. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, el señor Mayoral no ha dicho nada. (Risas.)



El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero precisar aquello de que el
que se pica ajos come, porque no he mencionado al señor Mayoral ni al
Grupo Parlamentario Socialista ni a ningún otro portavoz ni grupo
parlamentario, salvo al señor Jané, en toda mi intervención. Será que
el que se pica ajos come y que a lo mejor alguien se siente
reconocido cuando le releen los despropósitos. (El señor Mayoral
Cortés pide la palabra.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Mayoral, le
invitaría a que su debate gastronómico lo añadiera usted a su
intervención futura.




El señor MAYORAL CORTÉS: No creo que sea un tema de ajos, es de
cebollas, porque hay que llorar de risa ante determinadas cosas que
se escuchan. Dirija S.S. el debate, pero me gustaría hacer unas
clarificaciones con relación a las alusiones elípticas que nos ha
hecho permanentemente el señor representante del Grupo Popular,
respecto al cual -con esto acabo- siempre compruebo que acusa todos
los impactos.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para responder a las
intervenciones de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el vicepresidente primero del
Gobierno y ministro de Interior, señor Rajoy.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Voy a intentar, en la medida en que sea posible, que
necesariamente tendrá que serlo, hacerlo de una manera breve y, al
menos, con un cierto orden y sin acusaciones a nadie para que nadie
pueda sentirse ni siquiera presuntamente aludido.

En cuanto al terrorismo, sobre el cual se han producido dos o tres
intervenciones, no tengo más que hacer sino ratificarme en lo que he
dicho al principio de mi intervención, cuando he fijado cuáles eran
mis obligaciones como ministro del Interior, donde naturalmente he
planteado lo que entendía que eran principios básicos, de los cuales
uno no debe moverse porque son, lógicamente, convicciones, y poco
más. Si algo debemos tener todos claro es que ni el derecho a la vida
ni los derechos individuales de las personas en cuanto tales ni, por
supuesto, la democracia pueden ser objeto de ninguna suerte de
negociación ni conversación de tipo político. A partir de ahí, a
quienes pretenden privar a los demás de sus derechos más elementales
como personas, empezando por el derecho a la vida, hay que
combatirlos, como todo el mundo está de acuerdo, con los
procedimientos que establece el Estado de derecho.

Dicho esto, sobre el modelo y la forma de Estado cada uno puede
opinar lo que estime oportuno y conveniente. Hay quien dice que
quiere un modelo de Estado federal, hay quien dice que quiere un
modelo de Estado plurinacional, hay quien define el modelo de Estado
federal de una forma, hay quien lo define de otra. Yo soy partidario
del modelo de Estado autonómico que es el que hay y que creo que ya
está suficientemente consolidado tras veinte años de aprobación de la
Constitución en el año 1978, y creo, por mi parte, que no hace falta
ninguna reforma sustancial en el modelo de Estado, si acaso el nuevo
modelo de financiación autonómica. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) A partir de ahí, cada uno puede pensar lo que estime
oportuno y conveniente y cada uno puede combatir las ideas
con las que no está de acuerdo, cada uno puede criticar las políticas
que se aplica en defensa de esas ideas y cada uno puede presentar
alternativas tanto aquí como en cualquiera otra comunidad autónoma.

Esa es mi posición sobre ese asunto, que está suficientemente clara
y, por tanto, no requiere de otra cosa salvo agradecimiento a los
partidos que han manifestado su apoyo al Gobierno en materia de lucha
antiterrorista.

En segundo lugar, voy a intentar ordenar la contestación aunque no sé
si seré capaz -ni siquiera es contestación, sino comentarios- a lo
que se ha dicho sobre la posición del Gobierno en materia de
inmigración. Hay dos o tres temas que me parecen sustanciales y hay
otros dos o tres que no es que no sean sustanciales, pero son mucho
más puntuales y precisamente por ser puntuales pierden una parte de
sus sustancia. Primero, sobre la reforma de la Ley de inmigración, es
conocida la posición del Gobierno. La reforma de la Ley de
inmigración se ha hecho no hace muchas fechas y, por tanto, el
Gobierno no tiene intención de modificarla. Tuvo un apoyo importante
en la Cámara, ya que fueron más de 200 diputados los que dieron este
apoyo a la reforma de la ley. Es una ley como la que existe en la
gran mayoría de los países de nuestro entorno y hay quien entiende
que es inconstitucional y ha decidido presentar un recurso ante el
Tribunal Constitucional. Por el contrario, hay quien no lo ha
entendido así. Quiero recordar que el Gobierno no lo ha entendido
así, si no, no hubiera presentado este proyecto de ley. Los dos
órganos a los que el Gobierno obligatoriamente tenía que someter a
informe la ley, como son el Consejo General del Poder Judicial y el
Consejo de Estado, órganos que deben merecer el mismo respeto que
puede merecer cualquiera que voluntariamente haya interpuesto el
recurso, entendieron que no había tacha de inconstitucionalidad.

A partir de ahí, quiero decir una cosa que ya he señalado en alguna
ocasión pero que me parece oportuno reiterar. El tema importante en
materia de inmigración, no lo olvidemos, no son los derechos de
manifestación, reunión y asociación. El tema importante en materia de
inmigración es la política de inmigración sobre la cual quiero hacer
un comentario. No obstante, después de haber hecho el comentario que
acaban de oír sobre la ley, quiero decir -a esto se han referido
algunos de los intervinientes- que el Gobierno tiene la voluntad de
acordar el reglamento con quien quiera, pero éste en ningún caso
puede vulnerar los principios de la ley. Yo he tenido algunas ofertas
para llegar a un acuerdo en materia de inmigración que, sinceramente,
no me parecían aceptables. Esto es, no se me puede decir: para no
interponer recurso no modificamos la ley, pero la vamos modificando
parcialmente en leyes sectoriales, en la de asociación, en la de
reunión, en la de manifestación. No me parece que eso sea lo más
serio. Estamos dispuestos a acordar el reglamento. Estamos dispuestos
a flexibilizar lo que haya que flexibilizar y, según el artículo 31
de la ley, el Gobierno, atendiendo algunas



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indicaciones que se han hecho desde distintos foros e incluso desde
los partidos políticos, creo que reglamentariamente lo ha hecho de
una manera razonable. Insisto, el reglamento es importante, pero no
puede suponer modificaciones de la ley.

En tercer lugar, lo que me parece más importante, más incluso que la
ley y el reglamento, es la política de inmigración que seamos capaces
de fijar. El Gobierno tiene una política de inmigración. Hay otras
políticas de inmigración, que son las que se hacen en otros países de
la Unión Europea, y hay otras que no están claramente definidas o
que, sin definirlas, dan a entender algo así como que el mundo es un
espacio libre y abierto por el que cualquier ciudadano puede
trasladarse. Esa es una política y una posición, pero tengo que decir
que esa posición no existe en ningún país del mundo. No hay ni un
solo país del mundo al cual pueda acceder cualquier ciudadano de
cualquier otro país del mundo y pueda ser regularizado. Cierto es que
esa posición se puede mantener y si hay quien la mantiene tiene
perfecto derecho a hacerlo y a defenderla. ¿Cuál es la política del
Gobierno en materia de inmigración? Está clara. Primero, España debe
ser un país de acogida. Lo hemos dicho, por razones históricas,
culturales, sobre todo en relación con los países iberoamericanos,
y porque en estos momentos, ya veremos en el futuro, España es un país
al que, por suerte, pueden venir personas que no tienen la fortuna de
poder llevar una vida digna en sus países, ese es un dato muy
positivo. Yo creo que en los últimos tiempos se ha demostrado que
España podía ser un país de acogida y quiero dar algunos datos para
que también SS.SS. tengan plena conciencia de dónde están. En 1997
había en España 277.000 inmigrantes legales -hago abstracción de los
comunitarios, es decir, de las personas que viven en la Comunidad-.

Hoy ya hay 655.000, es decir, casi se ha triplicado en tres años el
número de inmigrantes legales en España y, por tanto, éste es un dato
importante y es bueno que lo conozcamos. Ojalá cada vez pueda haber
más personas procedentes de otros países en España que puedan llevar
aquí una vida digna y que puedan disfrutar del resto de los países de
la Unión. La primera idea, por tanto, es que este tiene que ser un
país de acogida, y los datos demuestran que lo es.

En segundo lugar, y esto también me parece importante, creo que hay
dos maneras posibles de regular el fenómeno de la inmigración: una no
regularlo y otra regularlo. Son las dos posibilidades que hay.

Podemos no regularlo y, por tanto, el procedimiento de entrada en
España es cualquiera; esa es una posibilidad, pero a mí no me gusta.

Yo prefiero el sistema que ha puesto en marcha España, que es el
sistema de convenios con otros países, que yo creo que es razonable y
que lleva aparejada la fijación de un contingente anual. Esa es la
segunda idea, una inmigración regulada mediante el establecimiento de
convenios.

En tercer lugar, medidas de integración, que es el tercer aspecto
importante de la política de inmigración.

Aquí se han hecho muchas disquisiciones, no hoy, pero sí a lo largo
de estos últimos meses, sobre cuánto cuesta o no, cuánto vamos a
aportar o no. Lo de los 7.000 millones ya lo había desmentido el
señor Mayor Oreja. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? En este
momento, como medidas específicamente destinadas a la inmigración,
los Presupuestos Generales del Estado este año contemplan la partida
que se ha anunciado como plan Greco, que significa 37.000 millones de
pesetas; pero hay datos que no debemos olvidar para que sepamos
exactamente de qué hablamos. Todos los inmigrantes legales tienen
derecho a la sanidad, exactamente igual que lo tienen los ciudadanos
españoles; pero es más, no sólo los inmigrantes legales, también los
ilegales. Por tanto, aquí estamos hablando de cantidades que superan
en mucho lo que es el plan Greco, porque el gasto medio por español
en materia sanitaria son 123.000 pesetas anuales y en España hay más
de un millón de extranjeros legales en este momento, entre
comunitarios -más de un millón- y no comunitarios -más de 700.000,
como he dicho antes-. Pero es que luego el derecho a la educación lo
tienen todos los hijos de inmigrantes legales e ilegales, y el gasto
medio en educación primaria y secundaria es algo más de 200.000
pesetas por alumno. Pero es que luego los inmigrantes legales tienen
su seguro de desempleo y su derecho de acceso a vivienda, al igual
que el resto de los ciudadanos españoles. Por tanto, no digamos: es
que se dedican a las políticas de inmigración sólo esos 37.000
millones del plan Greco. No, más todos los derechos fundamentales
como persona que tienen esos ciudadanos, que son la sanidad, la
educación, los cuantiosísimos gastos que hacen las comunidades
autónomas en servicios sociales, el seguro de desempleo y las ayudas
a vivienda. Por tanto, yo creo que es importante que todos tengamos
en cuenta eso, y cuando hablamos de integración qué duda cabe que la
política educativa es un elemento clave de la integración, no es que
sea un elemento clave, es que es el elemento por excelencia, y
políticas educativas se hacen muchas dentro de las políticas que hace
el conjunto de las administraciones públicas. Por tanto, la tercera
idea es la integración social.

La cuarta idea es la lucha contra la inmigración ilegal, donde hay
que ser implacables, lo ha dicho alguno de los portavoces en el día
de hoy y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hoy es más rentable
el tráfico de personas -me refiero a rentable económicamente para
quien lo hace- que el tráfico de drogas. Debemos ser conscientes de
que esto es así, y esta es la preocupación que hay hoy en Europa. En
el último Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión
Europea en el que yo estuve presente los puntos del orden del día
eran: primero, creación de una policía europea para luchar contra la
inmigración ilegal en la zona de los Balcanes, y segundo, incremento
y armonización del código penal para luchar contra la inmigración
ilegal. En este momento las penas en España están en un máximo de
seis años, oscilan entre dos, cuatro y seis



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años; el debate que se produjo allí era si las penas iban a ser de
ocho o de diez años, ese fue el único debate que se produjo en el
Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea. Por
tanto, yo creo que este es el cuarto pilar básico en materia de
inmigración. Esa es la política de inmigración de futuro. A partir de
ahí, ahora tenemos una etapa transitoria, y yo ya sé que hay
problemas, los hubo en la ley, en la que desgraciadamente no nos
hemos puesto de acuerdo y se ha interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad. Yo preferiría que no hubiera sido así, pero si
a mí se me dice que o hago esto o hay recurso de
inconstitucionalidad, pónganse ustedes en mi lugar. Al final, si uno
tiene la mayoría, tiene que gobernar, porque, si no, no hacemos nada.

Yo espero que con el reglamento no ocurra lo mismo, pero no me pidan
ustedes cosas que saben ustedes que yo no puedo aceptar, porque
entonces ¿qué quieren que haga? ¿Qué haga lo que digan ustedes? Eso
tampoco voy a poder hacerlo.

Es verdad que hemos tenido un problema importante con las
regularizaciones, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos
hablando, y en los últimos tiempos se han regularizado 200.000
personas. Estamos ahora en un proceso de regularización de oficio,
establecido en la ley, que va a afectar a más de 60.000 personas y,
atendiendo a las peticiones y a los comentarios y a una propia
reflexión interna que nosotros hemos tenido, estamos haciendo un
esfuerzo para resolver de una manera razonable el problema de los
24.000 ó 25.000 ecuatorianos, que por otro lado hay incluso una
cierta obligación por parte de un Gobierno que pide que se apueste
por la legalidad y se encuentra con que hay unos señores, que son
esos 25.000, que apuestan por la legalidad. Parece razonable que el
Gobierno haga una apuesta también por esas 25.000 personas.

Estos son problemas transitorios, problemas difíciles, pero creo que
la política de futuro está claramente fijada, en el bien entendido,
no lo olvidemos, de que este es un fenómeno con el que vamos a
convivir durante mucho tiempo y que aquí las medidas tienen que ser
en el medio y largo plazo, y probablemente la medida más inteligente
en el medio y largo plazo -y hay políticas que hay que hacer a medio
y largo plazo- sea hacer el mayor esfuerzo que seamos capaces para
incrementar el desarrollo en esos países. La gente no viene a España
de otros países lejanos porque le apetezca, sino por la misma razón
por la que muchos españoles se tuvieron que marchar a otros países a
donde no quisieron ir hace muchísimos años, pero si este país hace
treinta años era un país de donde la gente se iba y ahora es un país
a donde la gente viene, parece razonable que hagamos un esfuerzo para
que todos esos países sean países donde la gente, dentro de sabe Dios
cuántos años, se pueda quedar o incluso pueda recibir personas.

En cualquier caso, no crean que esto es un asunto menor. Entre otras
propuestas que yo me he encontrado en la Unión Europea estaba una que
hacía Alemania que llevaba por título 'Reparto de cargas', y el
reparto
de cargas consistía en que nos distribuyéramos toda la población
inmigrante entre los diferentes países de la Unión Europea. Ese es
otro de los asuntos que tenemos planteados. Por tanto, no tiene
sentido no llegar a entendimientos en este tema.

Se ha hablado del visado y de la reagrupación. Podemos hablar cuando
se regule el reglamento, pero todos los países del mundo tienen
discrecionalidad a la hora de otorgar los visados, es una cosa que
hay en todas partes. No tendría sentido que no fuera así, podría ser,
podríamos decir que aquí puede venir quien quiera, podríamos hacerlo,
pero no me parece lo más realista ni lo más sensato.

Paso al tercer asunto. Voy intentando responder en el orden por el
cual yo he ido presentando los temas en mi intervención inicial.

Después del terrorismo y la inmigración está el tema de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha habido diversas intervenciones
relacionadas con este tema. Yo también estoy de acuerdo en que se le
suba el sueldo a la Guardia Civil, para qué voy a decir lo contrario,
es la verdad, ya me gustaría a mí poder hacerlo. Es verdad que en los
últimos tiempos ha habido unos aumentos en productividad, que a mí me
parecen insuficientes, ya se lo digo con meridiana claridad, y que
intentaré, al igual que en los temas de la oferta de empleo público,
donde las cosas creo que han ido bien para la Guardia Civil, como
ocurrió con la Policía, que las cosas vayan mejor. Conseguirlo o no
depende de mí, en parte, y también depende del resto del Gobierno.

Hay un asunto que es el del crecimiento de la criminalidad. Los datos
que he apuntado son los que me proporciona la Dirección General de
Policía y la Dirección General de la Guardia Civil y son datos que
nosotros publicamos. Sí que me gustaría hacer un comentario en
relación con los datos que aporta la Fiscalía General del Estado y
que siempre dan lugar a distintas polémicas. Voy a ver si soy capaz
de explicarlo con claridad. Los datos son los que yo he dado y que
demuestran que la delincuencia se ha reducido en el último año. Los
datos del Ministerio del Interior hacen referencia a los hechos
delictivos conocidos, bien por haber sido objeto de denuncia por
parte de los afectados o como consecuencia de las actuaciones
policiales en los ámbitos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia
Civil y policía autónoma vasca, en esos ámbitos. La estadística de la
Fiscalía General del Estado recoge, además, los procedentes de otros
policías autónomas, Mossos d'Esquadra, que se integrarán pronto en lo
que es la estadística del propio Ministerio, de las policías locales,
así como de los propios órganos judiciales. Quiero apuntar estos
datos: figuran contabilizados bajo el mismo epígrafe en la memoria de
la Fiscalía General del Estado las diligencias previas incoadas
derivadas de los partes facultativos que no revisten carácter penal y
que, en consecuencia, debían quedar excluidas del campo delicuencial;
asimismo, las diligencias indeterminadas, así como bastantes
ampliaciones de diligencias efectuadas



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por estos últimos; asimismo, hay duplicidades en la contabilidad de
las diligencias previas incoadas por el fiscal general del Estado;
esto se produce en relación con aquellos hechos que conoce el Juzgado
de Instrucción de guardia, que registra con el correspondiente número
de diligencias y que, en virtud de las normas de competencia, son
remitidas al decanato, que procede a su reparto y asignación al
juzgado correspondiente, el cual vuelve a incoar diligencias previas.

Por tanto, a ver si somos capaces de entendernos entre nosotros, la
Fiscalía General del Estado lo que mide es la actividad o carga de
trabajo de la Fiscalía, y el Ministerio del Interior lo que mide es
el volumen de los hechos delictivos en aquellos territorios en que
conoce la Policía, la Guardia Civil, y la policía autónoma vasca.

Comparando los datos del año 1999 con los del año 2000 en lo que es
el ámbito y lo que mide el Ministerio del Interior se ha producido un
descenso de la delincuencia, lo cual es un buen dato pero,
naturalmente, mientras haya un solo delito que se cometa es evidente
que tendremos que seguir haciendo un esfuerzo en la buena dirección.

En materia de seguridad también se han hecho, aparte de lo que he
señalado aquí, algunos comentarios en relación con la Policía 2000,
la proximidad y la especialización. Yo tengo que decir que esto no es
algo así, como se ha querido señalar aquí, como una especie de
eslogan o algo publicitario, yo creo que la policía de
especialización, lo que llamamos ahora el nuevo modelo 10 por 10,
tiene mucho sentido. Se trata de hacer un esfuerzo en diez grandes
ciudades españolas para intentar luchar contra diez delitos que han
adquirido una importancia muy grande en los últimos tiempos. En esas
diez ciudades españolas se cometen el 80 por ciento de esos nuevos
delitos, que fundamentalmente son crimen organizado, blanqueo de
dinero, etcétera. Eso supone lógicamente un aumento de plantillas, un
aumento de medios técnicos, pero yo creo que tanto la policía de
proximidad como la propia policía de especialización ha producido
unos éxitos importantes en los últimos tiempos y por eso el Gobierno
quiere mantenerlo.

Es verdad que es necesaria la mayor coordinación de que seamos
capaces con la Policía y la Guardia Civil. Aquí estamos ante algo
puramente subjetivo, hay quien puede decir que la coordinación de la
Policía y la Guardia Civil es mala, hay quien puede decir que es
buena, y yo digo que es mejorable como casi todas las cosas que se
pueden hacer en esta vida, pero es verdad que aquí tendremos que
seguir haciendo un esfuerzo.

Esto es lo más importante que tengo que decir en materia de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Es posible que de algunas cosas me
olvide. Pero algo quisiera añadir. En el tema de las mafias
internacionales, sobre todo en cuanto a las drogas, hacía una
referencia especial a Canarias uno de los intervinientes, y es
verdad, pero tanto el SIVE como el Sirdee van a ser enormemente
útiles para la lucha contra el tráfico de
drogas, sobre todo a través del archipiélago canario. Es verdad que
nosotros con la oferta de empleo público que se ha aprobado para la
Guardia Civil y los compromisos que hay para los próximos tres años
vamos a aumentar, como he dicho antes, en 518 guardias civiles el
Seprona, pero también la Guardia Civil del Mar en 362 efectivos a lo
lago de los próximos años.

En cuanto al Sirdee, que es sin duda una comunicación digital que
integra Guardia Civil y Policía, sí puede integrar al resto de
policías, tanto a la Ertzaintza como a la policía de Cataluña,
siempre y cuando haya una solicitud por parte de ellas. Yo creo que
cuando se trata de luchar contra la delincuencia, en cualquiera de
sus fórmulas, lo que no tiene ningún sentido es no hacer el mayor
esfuerzo de que se sea capaz para coordinar, para poder utilizar los
medios técnicos y para tirar todos del mismo carro. Otra cosa es que
luego por la vía de hecho todo sea más complicado, pero desde luego
me parece elemental el decir esto que acabo de señalar aquí.

El siguiente asunto importante es el del tráfico, y además es
especialmente importante en el día de hoy, y es verdad que se
producen demasiadas muertes al año y también es verdad que no es un
tema de fácil solución. Es bueno que se me haga una interpelación en
materia de tráfico, porque así se me aportarán las ideas que hoy,
porque se reservan para la próxima interpelación, no se me han
aportado. En cualquier caso, tengo que decir que éste es un asunto
difícil, que algunas medidas se han tomado en los últimos años. Yo
tengo aquí las más recientes que ha tomado la Comisión
interministerial de seguridad vial: la rebaja del límite del alcohol
en sangre; se está estudiando la implantación del permiso provisional
por dos años; la posibilidad de realizar los cursos de reciclaje; la
posibilidad de creación de un pictograma en los envases de los
medicamentos para alertar de la peligrosidad de la ingesta de los
mismos y la conducción; la prohibición de venta de alcohol de más de
20 grados en carretera; la creación de un instituto tecnológico de
seguridad vial; el estudio de seguridad en los túneles; el desarrollo
del programa marco de prevención de tabaquismo y consumo de alcohol
en jóvenes; el estudio del uso de luz de cruce diurna en los
vehículos pesados. Sin duda alguna también influirán las carreteras,
yo creo que las cinco radiales que se están haciendo en Madrid, que
es una de las zonas en donde más se concentra, ayudarán en el futuro.

Creo que hay que hacer un esfuerzo en materia de educación vial.

Todas las apelaciones que se puedan hacer por vías publicitarias o de
campaña al equilibrio creo que nunca están de más. Hemos anunciado
hoy que habrá más de 2.000 guardias más en lo que queda de
legislatura. Son un conjunto de muchas medidas que se pueden aportar
para la solución del problema, pero tengo que decir que no es fácil,
y sobre todo es complejo en épocas como Semana Santa, en la que se
han desplazado, como en esta ocasión, 23 millones y medio de
vehículos. Yo tengo los datos, puedo dárselos, de las



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razones fundamentales que han motivado el número de accidentes,
porque pueden tener su utilidad: el 3,6 por ciento de los accidentes
de estos días ha sido en autopistas de peaje; el 49 por ciento en la
red estatal; el 29 en la autonómica; y el 15 en la red de
diputaciones. Ha subido la siniestralidad sobre todo en la red de
diputaciones y en las locales, y los factores que más han influido
han sido: la velocidad, el 27; las maniobras antirreglamentarias, el
17; la distracción del conductor, el 16; y la invasión de la
izquierda, el 11.

Ahora, es lo cierto que los datos de esta Semana Santa, peores que
los del año pasado, 2000, mejores que los del año 1999, no son para
sentirse ni mucho menos satisfecho, y como todo el mundo ha hecho un
ofrecimiento, que yo sé que es sincero, para que tratemos este tema,
yo no tengo ningún inconveniente en que se cree la subcomisión a la
que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió. Sin duda
alguna este es un tema en el que tendremos que seguir trabajando
porque, vuelvo a insistir, los datos de esta Semana Santa no son
buenos y, en general, no lo son los de los últimos años y ya desde
hace bastante tiempo.

Sobre optimismos en el tercer pilar europeo, tampoco tengo un
optimismo desbordante. Uno, por fortuna, mantiene el equilibrio, por
lo menos de momento. Lo que sí tengo claro es que hay que hacer el
mayor esfuerzo de que seamos capaces para que el tercer pilar europeo
sea el tercer pilar europeo, porque si no no estaremos en Europa,
sino en otro sitio. Será una unión más o menos económica, que es lo
que fundamentalmente es en este momento. Pero si queremos una unión
política, parece razonable que haya una política exterior de defensa
y de seguridad común, y así como en Europa hay una libre circulación
de mercancías, capitales, servicios, personas, e incluso
delincuentes, sería bueno también que hubiera una libre circulación
de resoluciones judiciales y de policía, y en esto es en lo que hay
que trabajar en el futuro. ¿Se ha avanzado poco? A mí me hubiera
gustado que se hubiera avanzado más, pero tenemos que hacer todo lo
que esté en nuestras manos para que se avance. Yo tengo la firme
convicción de que hay una gran mayoría de partidos aquí representados
que piensan exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido que alguien
pueda poner en tela de juicio el funcionamiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de otros países, su Estado de derecho o las
resoluciones de sus jueces. Este es un reto muy importante de cara al
futuro. La unión económica y la unión monetaria llevó su tiempo.

Vamos a ver si en esto tenemos suerte y lleva menos, pero desde luego
lo que tenemos que hacer es todo cuanto esté en nuestras manos para
conseguirlo.

En relación con el tema de la asociación de víctimas del terrorismo,
se han resuelto 5.100 solicitudes, que representan el 97 por ciento
del total solicitadas. Se han invertido 39.000 millones de pesetas y
el coste total es de 41.000 millones. Se prevé la mejora del
tratamiento asistencial mediante la ampliación del ámbito temporal
de la ley, mediante la elevación de las pensiones extraordinarias por
terrorismo y mediante la culminación del plan de formación y empleo
con más de 200 millones. Esta fue una ley que se hizo con el acuerdo
de todos los grupos políticos, lo cual es un dato muy positivo. En
una ocasión dije, y ahora reitero, que cualquier modificación de la
misma debe hacerse con el acuerdo de todos los grupos políticos, y
que nosotros, puesto que hay proposiciones presentadas para
reformarla, vamos a hablar sobre esas proposiciones, pero que también
agradeceríamos que, puesto que se trata de leyes que han sido objeto
de grandes acuerdos, que se las cuenten a uno antes de
presentárselas, que al fin y a la postre tampoco cuesta nada.

También hay consideraciones variadas y diversas sobre delegados del
Gobierno. Por parte de un portavoz hay consideraciones sobre un
delegado del Gobierno y por parte de una portavoz hay consideraciones
sobre dos delegados del Gobierno. Sobre algunos son muy personales.

Fíjese usted la cantidad de consideraciones personales que podría
hacer yo sobre distintas personas -voy a utilizar expresiones
dudosas- (Risas.) que pululan por la vida pública española, pero yo
creo que no hace al caso. En cualquier caso, quisiera hacer un
comentario sobre un asunto que me parece importante, siempre para que
todos seamos capaces de tener un juicio ponderado y equilibrado, sin
perjuicio de que cada uno arrime el ascua más hacia su sardina, que
eso es inevitable en este complicado negocio en el que todos estamos.

En Madrid se han celebrado 754 manifestaciones desde que la persona
por la cual algunos de ustedes se han interesado asume la
responsabilidad que ya conocen. Se han prohibido 10, se han recurrido
contra esas prohibiciones en ocho ocasiones y los recurrentes han
ganado una vez. No fueron autorizadas 45 por estar comunicadas fuera
de los plazos reglamentarios. Esto tiene que hacerse así, porque si
se autoriza fuera de los plazos reglamentarios, el que está
incurriendo en ilegalidad es el que lo autoriza. Ha habido que actuar
y han provocado polémica tres casos: una, frente a las Cortes, ante
el intento de empapelamiento del edificio, dice aquí, donde hubo -y
ya lo hemos dicho-una actuación discutible; otra, con los
trabajadores de Sintel ante la sede del Partido Popular en la calle
Génova, que acabó con una persona herida; y la tercera, con motivo de
una manifestación el 20 de noviembre, protagonizado por grupos
radicales de izquierdas que destrozaron abundante mobiliario urbano y
escaparates de entidades bancarias en la zona de Jacinto Benavente y
por lo cual parecía razonable proceder contra ellos.

Se han hecho algunas disquisiciones que son interesantes -al final en
la práctica pueden tener influencia- sobre el concepto de seguridad.

Se ha dicho, y es verdad, que la seguridad puede tener dos objetivos
-por eso digo que es una disquisición interesante y por eso la
comento-: uno, garantizar la libertad y la seguridad de la gente. Ése
es realmente el verdadero sentido; y otro, garantizar el orden
público. Pues es



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parecido, lo que pasa es que si se incide más en uno, por eso digo
que es una disquisición que la cito porque es interesante, aunque al
final luego no tengo nada más que decir. Lo que sí tengo que decir es
que el Gobierno quiere garantizar la libertad y la seguridad de los
ciudadanos y además lo he dicho antes hablando del terrorismo. Hice
una crítica casi sin que se notara hacia quien no garantiza la
libertad y la seguridad de los ciudadanos porque no funcionan bien
los cuerpos y fuerzas del Estado, no digo por quién iba eso.

En cuanto a prisiones, yo creo que funcionan razonablemente bien. No
he oído mayores críticas. Por lo que se refiere a la ley de
asociación, la presentaremos dentro de pocas fechas en las Cortes.

Luego hay algunas preguntas muy concretas a las que no puedo
responder en este momento, que fundamentalmente me las ha hecho la
portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, la del asilo y
otra, ya se las responderé, porque la verdad es que no había oído
hablar de ese asunto, sobre todo del destino de las personas
fallecidas en las pateras. Lo que me dice el sentido común es que si
se puede, se repatrían a sus países de origen, y si no se sabe cuáles
son sus países de origen, lógicamente habrá que proceder a su
enterramiento en un cementerio público. Eso es lo que el sentido
común me dice, pero no sé qué es exactamente lo que hay detrás de
todo esto.

Quiero darles a todos ustedes las gracias por sus intervenciones y
por sus palabras de bienvenida.




El señor PRESIDENTE: Voy a dar un turno muy breve para los grupos
parlamentarios, en atención a la hora y al tiempo de que dispusieron
en su primera intervención.




Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Esta es su primera comparecencia; es una
comparecencia de debate político y, fundamentalmente, un término que
se ha enunciado aquí es el de continuidad o no. El continuismo
nosotros lo dábamos por hecho. Pero de todas formas yo tengo en este
momento una sensación diferente, extraña, como si no fuese
exactamente continuismo y fuese más bien una especie de tutela del
señor Mayor Oreja. ¿En qué sentido? En el sentido de que deja todo su
equipo y parece como si usted le hubiera dicho: vete un rato que yo
te mantengo el quiosco y ya veremos después lo que pasa. (Risas.)
Esta es la sensación que yo tengo en este momento más que de
continuismo. Efectivamente, usted tiene una serie de habilidades,
quién se las niega, y alguna cualidad que yo no voy a discutir porque
me parece muy interesante, como es la ironía.

Entre sus cualidades está la de evitar siempre el debate. Por
ejemplo, el tema del terrorismo lo evita usted tranquilamente y
cumple así una de las condiciones fundamentales que ustedes han
conseguido, creo que por razones de habilidad, que es silenciar a
esta Cámara. Le voy a contar una pequeña anécdota. El otro día esta
Cámara emitió una declaración institucional
muy importante que hablaba de diálogo de todos los demócratas,
hablaba de diálogo en el marco de la Constitución y del Estatuto de
autonomía de Guernica y que cuantos más fuésemos, más unitarios, más
fuerza tendríamos frente al terrorismo. Consiguieron ustedes que no
se emitiera en el telediario de máxima audiencia de las nueve de la
noche. A eso me refiero.

Desde luego ustedes han ganado alguna batalla porque el otro día
cuando el señor Arenas decía que en función del acuerdo firmado algún
otro partido no tendría derecho a ciertas alianzas, daba a entender
que efectivamente ustedes han limitado este debate a extremos que van
a suponer un debate cerrado, frentista en el próximo período.

En el tema de la inmigración, usted ha hecho el mínimo esfuerzo
porque ha venido a decir sí o no sin más matices. Por ejemplo, en el
tema de ¿quieren ustedes que los inmigrantes circulen libremente por
todo el mundo? ¿Es eso? ¿Sí o no? Situando simplemente ahí el debate.

Es un principio que en la etapa de globalización -lo ha expuesto la
señora Uría y estoy de acuerdo- si circulan capitales debían circular
también personas. Pero eso no es una política, es un principio. El
tema de fondo es que hay políticas diferentes. Por ejemplo, política
4/2000; por ejemplo, política 8/2000. ¿Hay diferencia o no? Luego
maticemos no digamos: Sí o no; si ustedes quieren que circulen
globalmente sin ninguna cortapisa, nosotros creemos que hay que poner
cortapisas. Eso no es entrar en un debate matizando conceptos, eso es
no hacer un esfuerzo para entrar en el debate. Hay dos políticas: 4/
2000, 8/2000, y la 4/2000 correspondía al tema del Ministerio de
Trabajo -no voy a hablar del señor Pimentel, no se preocupe- y la 8/
2000 habla del Ministerio del Interior y todo lo que estamos
discutiendo en este momento.

Igual ha hecho con lo de los visados: ¿Ustedes quieren que no haya
visados? ¿En qué país del mundo no hay visados? No queremos eso,
señor Rajoy. Por ejemplo, actualmente, en el reglamento...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego vaya terminando.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy terminando, no se ponga nervioso, señor
Romay, termino en seguida; doy media verónica y termino en seguida,
ahora que estamos de feria en Sevilla.




El señor GIL LÁZARO: La Presidencia nunca se pone nerviosa.




El señor ALCARAZ MASATS: Teniendo estos peones de brega.




El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias por lo de peón de brega, maestro.




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El señor ALCARAZ MASATS: No queremos eso, señor Rajoy, nosotros
matizamos. Por ejemplo, la exigencia para solicitar el visado de un
seguro de viaje, artículo 11.1.b), ¿por qué? La potestad de la
administración consular de realizar entrevistas personales a los
solicitantes de los visados; la eventual aportación del solicitante
tiene que ir con respecto a los intereses españoles y las
posibilidades del solicitante de adaptación a la sociedad española.

Ya es discrecional, verles en los ojos si se van a adaptar o no a la
sociedad española. (Risas.) Por ejemplo, los plazos para la concesión
de visados son impropios de un Estado moderno, tres meses,
establecido esto con carácter general y todo tipo de solicitudes,
disposición adicional tercera del reglamento. Pero incluso puede
ampliarse por cualquier causa que considere la administración
consular. O sea, no es que queramos que no haya visados -por cierto,
hay países que no necesitan visados para entrar en España-, ese no es
el problema, estamos matizando, nos estamos pegando al terreno, oímos
crecer la hierba, señor Rajoy. Pero usted ha hecho como si
estuviéramos locos. No, le hemos aportado un documento perfectamente
matizado.

Termino con dos cosas. Después de las declaraciones del señor
Ansuátegui a ABC es un tema que no pertenece a su competencia, por lo
menos teniendo en cuenta la gravedad política que puede suponer.

Señor Rajoy, ¿ha dado usted orden para desmantelar el campamento de
Sintel? Una pregunta concreta.

Luego la Ley de víctimas del terrorismo. ¿Sabe usted por qué
nosotros, Izquierda Unida, presentó un intento de reforma de esa ley?
Porque hubo una respuesta en Pleno del señor Aznar a una pregunta en
la que nosotros argumentábamos que con esa ley no se le puede
conceder la Gran Cruz a un torturador, por el preámbulo de la ley,
por el artículo 10 de la Constitución y porque incluso el tema de
1968 -y aparece, se puede matizar en la ley- iba más bien referido a
indemnizaciones que a condecoraciones. El señor Aznar no respondió:
Vamos a cambiar la ley entre todos. El señor Aznar dijo: Ocúpese
usted del Pacto de Estella y de lo que hicieron. Ante esto no tenemos
más oportunidad que intentar cambiar esa ley, que van a seguir
interpretando de esta manera absolutamente inaceptable desde el punto
de vista democrático.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino.

Desde ese punto de vista lo que le preguntaría al señor Rajoy es, si
como se ha publicado en algún sitio, ustedes tienen alguna
negociación con el PSOE con respecto a esta ley. Lo queremos saber
para ver qué hacemos nosotros, porque si persiste la posición del
señor Aznar y no se cambia la ley vamos a ver cuando lo pida un
narcotraficante asesinado por ETA si se le da la Gran Cruz o no, o un
presunto etarra asesinado por
otra banda de ultraderecha. Si es automática la ley pueden darse
estas circunstancias. Nosotros pensamos que no es ley automática y
cuando hay huecos el artículo 10 de la Constitución dice que hay que
contemplar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
respuesta del señor Aznar nos llevó a esta única salida, señor Rajoy.

Por tanto, no teníamos por qué consultar nada más, era el presidente
del Gobierno, sigue siéndolo, aunque parece ser que sólo le quedan
tres años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, ahora el señor
Rajoy en realidad no nos ha echao un discurso, no nos ha echao, como
decía el señor Gil Lázaro, una arenga; nos ha hecho una cosa mucho
más hábil, y es que mientras se fuma el puro nos ha hecho un riego
por aspersión, de manera alegre, cantarina, como si esto fuera un
jardín alegre y donde todo va bien como España misma. Pues bien, esto
es mejor, en todo caso, que hacer un discurso desparramao
o hemorrágico, como también frecuentemente oímos por aquí, porque las
hemorragias, desde luego, son un acontecimiento grave para la salud
porque uno puede perder toda la vitalidad en un exceso retórico de
estas características.

De todas maneras, en el retablo que acompaña al señor Rajoy es
evidente que con algunos elementos que le acompañan, algunas de las
hornacinas que están al lado y que actúan y contribuyen en un momento
determinado del discurso político, por ejemplo esta mañana aquí en
esta Comisión se aprecia una especie de resorte de oposición de la
oposición, que en vez de sostener al Gobierno más bien lo que hace es
desplazar la batería para hacer de oposición de la oposición. Es una
manera de hacer política, pero no creo que sea correcta ni sana ni
buena ni que finalmente a usted le beneficie, señor Rajoy, porque
hacer de oposición cuando en realidad se está gobernando creo que es
desviar la atención y desviar muchas cosas, pero no voy a dedicar más
espacio a esta cuestión porque el señor presidente me va a llamar la
atención, y además ya estamos en unas horas un tanto extremas.

Solamente quería hacerle algunos pequeños comentarios sobre
cuestiones que S.S. ha tenido a bien contestar y valorar en relación
a mi intervención. Lo importante es tener una política de
inmigración. La ley es una parte de la política, pero lo importante
es tener una política de inmigración. Ustedes han tratado de
referenciar esa política de inmigración en el llamado Plan Greco. Ahí
es donde se sintetiza el conjunto de elementos y aportaciones que hay
que poner en marcha para que esa política sea algo real y no pura
fantasía. Pero imagínese, señor Rajoy , ¿cómo vamos a dar nosotros
credibilidad a esa política si un día viene el secretario de Estado y
nos dice que su importe es de 7.000 millones de pesetas y otro día
viene usted y nos



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dice que son 37.000 millones de pesetas? Esto lo dijo el señor
Fernández-Miranda en una Comisión en esta casa y por tanto pido que
si hace falta se traiga el 'Diario de Sesiones' para demostrar la
afirmación que hago. Luego se dice: Pero si no son solamente 37.000
millones de pesetas, ¿y la educación que les damos a los pobres
emigrantes? ¿Y la sanidad, es que no se benefician de la sanidad?
Señor Rajoy, por favor, no haga esa cuenta a los inmigrantes, porque
no se la puede hacer ni a los nativos de este país. ¿Es que no pagan
impuestos esos señores? ¿Es que no pagan también la Seguridad Social?
¿No se espera que la Seguridad Social en España reflote como
consecuencia de la incorporación precisamente de este contingente de
trabajadores inmigrantes? Por favor, no quite usted credibilidad a lo
poco que hagan, porque esto es una manera de quitar credibilidad a
las cosas, es un argumento del carácter como el que decía -y no lo
quiero faltar, señor Rajoy- el otro día don Gregorio Peces Barba en
un artículo, no se pueden hacer argumentos tan deleznables con
relación a materias tan importantes.

Hay otra cuestión que le quería comentar. Su señoría acude al espacio
de juego que tenemos pendiente y quedará pendiente mientras no lo
aclaren ustedes -nosotros no lo vamos a aclarar porque somos la
oposición-, y me estoy refiriendo a los datos sobre la evolución de
la criminalidad en España. Si yo tomo los datos del Ministerio del
Interior, del año 1997 a 1999 hubo un incremento de la delincuencia
en España, los 10.000 delitos más conocidos están ahí, los he visto
porque el anterior ministro me envió esta información que no está
actualizada en este momento puesto que los del año 2000 todavía no
nos han llegado, aunque deberían estar ya en conocimiento de la
opinión pública.

Otra cuestión realmente grave y gruesa es que es un auténtico
escándalo que por parte de un representante del Gobierno, del
vicepresidente del Gobierno, se cuestione lo que dice el fiscal
general del Estado en su memoria. Evidentemente que el fiscal general
del Estado no está hablando de delitos en concreto. A lo que se
refiere el fiscal general del Estado es a los datos que tiene con
relación a procedimientos incoados, no a diligencias, de los cuales
muchos se archivan y son el elemento que permite afirmar que el 50
por ciento de los delitos cometidos son desconocidos o no llegan a
ningún fin. El fiscal general del Estado dice que se trata de un
indicio del crecimiento de la criminalidad que arroja un 7,7 por
ciento. En todo caso, el Gobierno nombra al fiscal general del
Estado, luego de alguna manera forma parte de la estructura del
Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego que concluya.




El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando, señor presidente.

En consecuencia, pónganse ustedes de acuerdo. Nosotros no podemos
hacer más. Le sugeriría y le plantearía,
señor Rajoy, que se constituya un órgano que abarque a las
distintas administraciones públicas, que lo lidere el Ministerio del
Interior y que afecte también a la Administración de justicia para
homologar y establecer unos procedimientos que permitan conocer
realmente qué es lo que está pasando en España en términos de
criminalidad porque, tal como están las cosas, es imposible
conocerlo.

Finalmente, está la cuestión de tráfico, como decía su señoría. Esto
suena a esa emisora de Radio Nacional de España, Radio 5, que da
tantas informaciones sobre tráfico. Me da la impresión de que S.S. ha
querido dar una especie de taconazo de lado a esta cuestión diciendo:
ya me aportará usted las ideas. Le puedo aportar 20.000 ideas, señor
Rajoy, porque a mí me las han aportado gente que conoce este tema y
padece esta situación. ¡Claro que hay ideas! Hay multitud de ellas,
otra cosa es si S.S. va a ser inmune a esas ideas, que es lo grave de
la situación. Las ideas de todos los grupos, en particular del Grupo
Socialista, las va a tener sobre la mesa. Hemos planteado esta
iniciativa de hacer una interpelación porque nos ha alarmado después
de oír de S.S. la explicación que ha dado con relación a la política
que desea desarrollar en materia de tráfico y ver la inanidad
absoluta en la que se sitúa ese planteamiento. Por eso queremos que
este tema se debata en el Congreso y se conciencie en la sociedad
española.

Decía el periódico conservador que tan frecuentemente les apoya a
ustedes: Los resultados de la campaña de tráfico de Semana Santa
abren el debate sobre la Ley de tráfico. Abrámoslo y aportemos todas
nuestras ideas pero, por favor, señor Rajoy, no utilice la ironía
gálica para hacer un desplazamiento del adversario, porque no vamos a
conseguir absolutamente nada, ya que ideas tenemos. No es cuestión de
remedar al profesor Pangloss que, como sabe S.S., consideraba que las
cosas eran como eran y no podían ser de otra manera, porque se había
creído al pie de la letra la ley de la gravitación universal de
Newton.

Por favor, entienda que los hechos humanos también se pueden
transformar a través de una voluntad política de carácter
transformador y S.S. lo puede hacer porque, además, es vicepresidente
primero del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad. Quiero agradecer al
señor Rajoy las contestaciones que ha dado a los temas concretos que
había respecto a Canarias. Nosotros creemos que es oportuno que se
hayan incluido las dos capitales canarias en el programa informativo
de los 10 delitos en 10 poblaciones, ya que en estas 10 capitales se
comete el 80 por ciento de todo el volumen cuantitativo de
determinado tipo de delitos. Cualquier estudio estadístico hoy día
aconseja crear las bolsas de datos informáticos e informativosque
tienen que permitir a los servicios policiales



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la lucha contra este delito organizado, tanto cualitativamente por
mafias como cuantitativamente por el número de delitos que se
cometen.

Con respecto a la inmigración, se nos ha planteado y se le ha
planteado a las autoridades de su departamento con el último caso de
llegada de inmigrantes ilegales, concretamente al puerto de Santa
Cruz de Tenerife, el problema de las devoluciones; es decir, que se
cierren por el Ministerio de Asuntos Exteriores los acuerdos
convenientes con aquellos países con los que no existe tratado,
acuerdo o convenio de devolución de inmigrantes ilegales, como ha
sido el caso de Sierra Leona, en el que nos encontramos inermes. Aquí
mi grupo apoyará al Gobierno en cualquiera de las fórmulas y
soluciones, por supuesto legales, que entren dentro de los acuerdos
bilaterales con cualquier país africano, en este caso Sierra Leona.

Entendemos que la situación de guerra y de caos que se vive en este
país imposibilita muchos cierres diplomáticos de estos acuerdos bien
por convenio bien por cláusula económica de compensación. Estos
países aceptan las cláusulas económicas de compensación para poderles
devolver los inmigrantes irregulares que han llegado, aunque esto
puede ser una competencia, en principio, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, sin perjuicio de otras directas de los servicios
policiales, como se hizo en épocas pasadas con los servicios de
seguridad del Estado, cuando se extraditaron desde Francia a etarras
a países de Latinoamérica. Sin un acuerdo diplomático y fáctico entre
los servicios de seguridad y policiales se pudo hacer esta política.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del PNV, la señora
Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Intervengo, señor vicepresidente, en
legítima defensa. Mi referencia a los delegados del Gobierno ha sido
porque tienen alguna vinculación con su Ministerio. No ha sido opinar
por opinar, sino que usted conoce bien cuál es la dependencia
orgánica y funcional, cómo quedó esto en la Lofage porque los
delegados del Gobierno en determinadas materias se vinculan
directamente con el Ministerio del Interior y por eso lo he
mencionado. No he hablado yo de autorizaciones de manifestaciones,
puesto que en el ámbito vasco no las concede el delegado del Gobierno
sino el Gobierno vasco, como también usted conoce perfectamente.

Respecto al delegado de Madrid, le he imputado otras conductas,
excesos en relación con el cometido propio de ese Ministerio, pero no
estrictamente con la autorización de manifestaciones que, por cierto
y si me permite corregirle, según el Tribunal Constitucional funciona
un poco distinto que como usted ha dicho: pedidas fuera de plazo, hay
que concederlas si hay tiempo bastante a que se las pueda responder y
celebrarse la vista correspondiente. Ya sabe esa idea que rige
siempre en las autorizaciones en materia de derechos
fundamentales de facilitar el ejercicio del derecho. Se lo digo
porque como administración vasca lo he padecido en muchas ocasiones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Con mucha brevedad, para agradecer al
vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior la
predisposición positiva que ha mostrado en su respuesta a que pueda
crearse en esta Cámara una subcomisión en materia de tráfico y
seguridad vial. Mi grupo considera que esta puede ser una vía
adecuada para poder hacer con serenidad, sin la rapidez que a veces
nos obliga una tramitación parlamentaria, aportaciones todos, tener
comparecencias de expertos y contar con la colaboración de su
Gobierno. Usted ha expuesto en la respuesta diversos planes que ya
están iniciados, que todos tienden a mejorar la situación. Ponerlos
encima de una mesa, poder analizarlos, poder compartirlos todos los
grupos y ser objeto de consenso será una buena solución y quería
agradecerle esta predisposición que ha mostrado en su respuesta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, quiero señalar que nos
reafirmamos en todos los contenidos de la anterior intervención, que
ha puesto el énfasis fundamentalmente en los importantes contenidos
programáticos que ha aportado el señor ministro del Interior. Este
peón de brega se permite decirle al maestro Alcaraz que no cree que
sus capacidades como futurólogo -otras son muy importantes-, y el
tiempo lo dirá, vayan mucho más allá.

En materia de política de emigración -lo ha dicho el ministro, lo ha
dicho el Gobierno, lo viene diciendo este grupo parlamentario hasta
la saciedad- nos parece un exceso decir que el Gobierno no tiene
política de emigración, que el Gobierno mantiene una permanente
sospecha sobre el extranjero no comunitario o que el Gobierno se
mueve en una mera visión policial de la política de emigración. Nos
parece un exceso que no se corresponde con la realidad.

Me voy a permitir hacerle una recomendación, señor ministro del
Interior: no haga usted esfuerzos innecesarios. Llevamos infinitas
sesiones de esta Comisión con el anterior equipo ministerial, ahora
con usted, intentando que algún grupo parlamentario vea que no son lo
mismo los datos que surgen de los estudios estadísticos del
Ministerio del Interior que los de la Fiscalía, y ustedes erre que
erre, más de lo mismo, siempre la contumacia en el mismo error,
cuando se sabe sobradamente que miden cosas distintas y, por tanto,
no son comparables. Por cierto, en el año 1995 -hago referencia a
1995 por razones obvias- los de la contumacia en esteerror sostenían
que eran cosas absolutamente distintas,



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que no eran comparables y que los datos fiables en términos de la
evolución de la delincuencia eran los que daba el Ministerio del
Interior. Por esta misma razón comparto la valoración que ha hecho el
señor ministro del Interior en cuanto a la anunciada próxima
interpelación, y celebro, eso sí, casi con tres lustros de retraso,
que se nos vayan a ofrecer 20.000 ideas en materia de tráfico. En
todo caso, señor ministro, entenderá que este grupo no hace oposición
a la oposición. Algunas intervenciones de la oposición tienen la
categoría de hacerse la oposición a sí mismas.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, para cerrar el debate.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Solamente unos breves comentarios, señor
presidente.

En realidad, el señor Alcaraz ha hecho una consideración y me ha
formulado una pregunta. Ha hecho referencia, sobre temas de un cierto
fondo, a la inmigración; ha reconocido que tenemos una política de
inmigración, lo cual es un dato muy positivo y, además, es verdad,
con lo cual no ha hecho sino reflejar un hecho objetivo, lo cual no
quiere decir que no tenga mérito porque hay veces que ni los hechos
objetivos se reflejan. Es posible que me falten matices, aunque a mí
normalmente lo que no me faltan son matices, pero ésa puede ser la
excepción que confirma la regla general que yo acabo de enunciarle.

En cualquier caso, estoy dispuesto, como ya he señalado, y ahora
reitero, en mi intervención anterior, a ver en qué puntos del
Reglamento podemos llegar a algún entendimiento. En cualquier caso,
cuando usted viaje pregunte si lleva o no un seguro médico de viaje.

En relación con las víctimas del terrorismo, vuelvo a manifestar lo
de antes, es decir, la voluntad del Gobierno -y entiendo que también
la del Grupo Parlamentario Popular- de tener una conversación sobre
este asunto.

Usted me pregunta: ¿ha dado orden o no para desmantelar Sintel?
¿Usted qué cree? (Risas.) Si yo hubiera dado orden para desmantelar
Sintel y no se me hubiera hecho caso, porque, que yo sepa, no está
desmantelado, pues incluso podría confirmarse su tesis, lo cual
demuestra la coherencia de la primera parte de su intervención,
cuando dijo que yo estaba por aquí una temporada (Risas.), pero no es
así. Nunca se sabe si es para bien o si es para mal, si es para mi
bien, para mi mal o para el de todo el mundo. (El señor Alcaraz
Masats: No me ha quedado claro lo del Sintel.- Risas.)
Señor Mayoral, yo no me he metido con usted (El señor Mayoral Cortés:
Ni yo con usted.) y que conste que yo lo podría haber hecho y no lo
he hecho (Risas.), y desde luego no he hecho la oposición de la
oposición. En otras muchas ocasiones lo hago. (El señor Mayoral
Cortés: El señor Gil Lázaro.) ¿Ha sido el señor Gil Lázaro? Pues
entonces que se defienda el señor Gil Lázaro. (Risas.) Nada que decir
sobre ese asunto.

Sí quisiera hacer un par de comentarios sobre el asunto de los
inmigrantes. Sin más consideraciones, el 27 de febrero del año 2001,
el señor FernándezMiranda, en Comisión, decía lo siguiente. Le he
puesto una serie de ejemplos, señor Mayoral. No vaya a aparecer en el
'Diario de Sesiones' que el dinero que el Gobierno le va ha dedicar
de fondos públicos al programa Greco va a ser 7.000 millones. Hay
muchos más fondos públicos y no quiero que aparezca ni siquiera ante
mi silencio como real la cifra que usted da, descalificándola, porque
tendría toda la razón del mundo para descalificarla si quisiéramos
destinar 7.000 millones de pesetas para toda la política que hay que
hacer con respecto al fenómeno de la inmigración.

Yo quiero decirle una cosa, que es lo que más me importa, porque esto
es un anécdota sin importancia. El verdadero proceso de integración
de una persona de otro país en un país ajeno, es precisamente el
disfrutar de los mismos derechos que tienen las personas de ese país.

Por eso yo digo que su integración en el sistema sanitario, la
integración en el modelo educativo, la posibilidad de percibir seguro
de desempleo, esa es la integración por excelencia. Yo no he querido
dar ejemplos ni de un tipo ni de otro. Naturalmente que pagarán
impuestos y cotizarán a la Seguridad Social, como todos los
ciudadanos. Precisamente esa integración, que lo es en derechos y que
también lo es en deberes, es la integración por excelencia. Ese era
el asunto en el que yo quería poner énfasis en mi intervención
anterior, sin duda explicándome mal.

Sobre los datos del fiscal general del Estado, voy a hacer caso a lo
que ha dicho el señor Gil Lázaro, pero como usted ha planteado una
duda, yo se la voy a resolver. Usted ha dicho: son ustedes los que lo
tienen que aclarar de una manera definitiva. Entonces, hágame caso a
mí que, además, soy el ministro del Interior y los datos buenos son
los que da el Ministro del Interior (Risas.) Los otros son buenos
pero para otros efectos. Yo creo que con eso ya nos podemos quedar
tranquilos y ya el señor Gil Lázaro no tendrá que hacer nunca más una
intervención como la que ha hecho. (Risas.)
Señor Mardones, es verdad que en el 10 por 10 está Santa Cruz. Dentro
del programa Greco y del establecimiento de lugares para acogida de
inmigrantes, después de lo que se ha producido en Fuerteventura, dos
centros previstos por el Imserso son precisamente Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife. Son dos de los previstos y no lo dije en mi
intervención anterior porque fui incapaz de recoger todas las
preguntas que ustedes me hicieron.

Hay algunos países con los que tenemos convenios de devolución, por
ejemplo, con Marruecos que es muy importante y funciona muy bien. Se
está avanzando mucho en el tema de Nigeria. Tiene usted razón, con



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países como Sierra Leona y otros las cosas son bastante más
complicadas, pero nosotros seguimos en ello.

Señora Uría, en legítima defensa, yo no he pretendido atacarla.

Efectivamente, usted ha hecho referencia a esas dos personas porque
es verdad que tienen una dependencia, por lo menos parcial, del
ministro del Interior que hoy aquí les habla, y precisamente yo no
tengo que utilizar el turno de legítima defensa porque los aludidos
por mí no dependen de mí y por eso ni siquiera fueron aludidos,
tampoco dependen de usted. (Risas.) Nunca se sabe, por lo menos, de
momento no dependen de usted, ya veremos en el futuro. Yo acepto su
corrección jurídica, eso me pasa por no leerme las sentencias del
Tribunal Constitucional. En cualquier
caso, debía intuirlas, porque normalmente son sentido común
codificado.

En cuanto a lo que ha dicho el señor Jané, yo creo que lo de la
subcomisión de Tráfico es una buena idea. Vamos a ver si somos
capaces de hacer algo razonable en esa cuestión.

Al señor Gil Lázaro le agradezco su intervención y la defensa de las
posiciones del Gobierno que, por otra parte, es una justa causa.

(Risas.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Concluido el debate, se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.