CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 200



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 21



celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés
Eulate) para informar sobre:



- La evolución de los delitos cometidos en España en el período de
octubre de 1999 a octubre de 2000. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/
000337.) . . . (Página 5935)



- La disminución de efectivos que se ha producido en los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado desde el año 1997 hasta la
actualidad, especialmente de policías y guardias civiles en activo,
así como sobre la incidencia que esta reducción tiene sobre la
evolución de la criminalidad urbana y rural. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000373.) . . .

(Página 5935)

Página 5934



- La actuación del delegado del Gobierno en Madrid y de las Fuerzas
de Seguridad con motivo de una concentración pacífica convocada ante
la Embajada de Israel. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000178.) ... href='#(Página5952)'>(Página 5952)



- La carga desproporcionada de las fuerzas de orden público en
Granada el día 6 de octubre de 2000 en la estación de autobuses de
dicha ciudad. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000182.) ... href='#(Página5952)'>(Página 5952)



- La actuación de la Policía durante la manifestación antifascista
que tuvo lugar en Madrid el día 19 de noviembre de 2000. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000229.) . .


. (Página 5952)



- La actuación de la Policía al desalojar los locales del edificio de
la Dirección Provincial de Trabajo de Oviedo, ocupado por Comisiones
Obreras (CC.OO.), en la que han resultado heridos de distinta
consideración cuatro sindicalistas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000325.) . . . (Página 5952)



Preguntas:



- De la señora Torme Pardo (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre nuevas tecnologías puestas a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística
identificativa. (Número de expediente 181/000335.) ... href='#(Página5969)'>(Página 5969)



- De la misma señora diputada, sobre medidas para promover una
regulación específica de las condiciones laborales de las mujeres
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el
período de embarazo. (Número de expediente 181/000336.) . . .

(Página 5970)



- De la señora Sánchez Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
falta de vigilancia externa en el recinto de la prisión de máxima
seguridad de Puerto I y Puerto II. (Número de expediente 181/000413.)
. . . (Página 5972)



- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsiones acerca del desarrollo de la disposición transitoria
tercera del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el reglamento penitenciario. (Número de expediente 181/
000496.) . . . (Página 5974)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.





El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión convocada para el día
de hoy.

Por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, vamos a agrupar las dos
primeras comparecencias, que habían solicitado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista. Les
voy a dar cuenta también, señorías, de algunas otras novedades que
tenemos en el orden del día a solicitud de los propios grupos. Por un
lado, el aplazamiento de las comparecencias tercera, séptima y
novena, a iniciativa del Grupo Mixto y Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Por otro lado, se agrupan también tres de
Izquierda Unida, la cuarta, la quinta y la octava. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Antes de comenzar la sesión y sin necesidad de
ahondar en mayores explicitaciones por aquello de que a buen
entendedor llaman sabio y seguramente SS.SS. van a entender el
sentido de mi intervención una vez concluya ésta, sí quiero expresar
en nombre propio, y desde luego en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, nuestro reconocimiento, solidaridad, cariño y afecto hacia
el diputado don Ramón Jáuregui, miembro del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha sido portavoz de su grupo en esta Comisión de
Justicia e Interior y que hoy cuenta más que nunca con el cariño, con
el afecto y con la solidaridad de este grupo parlamentario, tanto él
como su familia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.




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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS
EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN ESPAÑA EN EL PERÍODO DE
OCTUBRE DE 1999 A OCTUBRE DE 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/
000337.)



- LA DISMINUCIÓN DE EFECTIVOS QUE SE HA PRODUCIDO EN LOS CUERPOS Y
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DESDE EL AÑO 1997 HASTA LA
ACTUALIDAD, ESPECIALMENTE DE POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES EN ACTIVO,
ASÍ COMO SOBRE LA INCIDENCIA QUE ESTA REDUCCIÓN TIENE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD URBANA Y RURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000373.)



El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al secretario de Estado y
queda en uso de la palabra para que desarrolle su comparecencia en
relación con los puntos 1 y 2 del orden del día.

El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Buenas
tardes, señorías. Como han decidido ustedes hacer conjuntamente la
primera y la segunda comparecencia, intentaré no ser reiterativo en
las argumentaciones que exponga, teniendo en cuenta que estaban
preparadas para contestar a dos aspectos que si bien vinculados no
exactamente iguales en las dos.

Durante el período de octubre de 1999 a octubre de 2000, el número de
delitos conocidos, considerando conjuntamente a la Policía Nacional y
a la Guardia Civil, fue de 819.940, cifra inferior en 39.312 delitos
a los del mismo período de 1998-1999. En términos porcentuales la
disminución global fue del 4,28 por ciento. Del total de estos
819.940 delitos, el 86 por ciento correspondieron a delitos contra el
patrimonio. Muy en segundo lugar figuran los delitos contra la
seguridad colectiva, esto es riesgos catastróficos, estragos,
incendios, delitos contra la salud pública, con un porcentaje que
apenas supera el 6 por ciento.

El análisis del conjunto de datos que obran en poder del Ministerio
del Interior me permite informar que durante el período por el que se
me pregunta, que es exactamente el de 1999 a 2000, ha habido una
progresiva disminución de este tipo de delitos que inciden de manera
más directa en la sensación de seguridad que tiene la ciudadanía.

Así, la totalidad de los delitos contra el patrimonio y en el orden
socioeconómico disminuyeron
el 3,82 por ciento durante el período objeto de estudio;
contra las personas, el 5,57 por ciento y contra la libertad e
indemnidad sexual, el 2,92 por ciento. Este último concepto se
refiere a agresiones, provocaciones y abusos sexuales, así como a
corrupción de menores, pornografía de menores y coacción en la
prostitución, y como digo disminuyó el 2,92 por ciento.

Los principales descensos porcentuales han sido del 59,16 por ciento
en delitos vinculados a la legislación especial (esto es en el
control de cambios, contrabando, fronteras); del 17,37 por ciento en
el apartado de relaciones familiares (esto es tráfico de niños,
quebrantamiento de custodia y abandono de menores) y del 11,80 por
ciento en falsificación de moneda, del DNI, del pasaporte, etcétera.

En cuanto a los grupos que han experimentado aumento, son únicamente
dos, Administración de justicia y orden público, con el 6,25 y el
5,61 por ciento, respectivamente. Administración de justicia hace
referencia a los delitos de encubrimiento y quebrantamiento de
condena, entre otros, y el orden público se refiere a atentados
contra la autoridad, resistencia, desobediencia, desórdenes públicos
y también terrorismo. He de señalar que gran parte de los delitos que
constituyen estos dos grupos son delitos en los que el índice de
esclarecimiento ha sido muy significativo, de manera que el hecho de
que aumenten las cifras está directamente asociado a la mayor
capacidad de descubrirlos y de intervenir en los mismos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se puede observar
que la tendencia a la disminución se ha producido sobre todo a partir
de los primeros meses del año 2000, apreciándose que dicho descenso
no es directamente imputable a la estación del año sino a la labor
que se viene realizando desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Y digo esto porque en años anteriores, y concretamente en el
período 1998-1999 sobre el que estamos realizando la comparación, los
delitos fueron bastante superiores entre los meses de febrero y
junio, y también notablemente superiores en los meses de verano. Así,
por ejemplo, frente a una media de 76.000 delitos entre febrero y
agosto de 1999, en el año 2000 esa media descendió a 69.000 delitos,
y en verano la media de 79.000 delitos en el año 1999 se recortó
a 75.000 en el año 2000. Esta tendencia parece seguir manteniéndose,
pero en todo caso me gustaría dejar claro que la disminución de los
índices de delincuencia no puede ser continuamente negativa a lo
largo del tiempo (quiero decir, no puede ir en una curva descendente
permanentemente), ya que existen unos niveles mínimos asintóticos,
por debajo de los cuales es prácticamente imposible descender, tanto
por la valoración de la seguridad ciudadana que se puede hacer en
España, como de la experiencia comparada con otros países.

En resumen, la valoración de los delitos cometidos en España en el
período de octubre 1999 a octubre2000 se ha de considerar positiva,
si dentro de este margen



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porcentual se puede considerar que la existencia de delitos puede
calificarse de esa manera en algún sentido. En los últimos cuatro
años se ha producido una curva descendente en el gráfico de la
delincuencia, y me parece que es la primera vez en 20 años que se ha
quebrado realmente la orientación durante un período prolongado de
tiempo. Esto no significa que en cualquier momento no pueda darse un
repunte en el tema de la criminalidad en España; debemos estar
preparados para ello y lo estamos, porque cualquier proceso de
mejoría se produce lógicamente en una secuencia (y en estos aspectos
más aún) de dientes de sierra. En definitiva, no podemos decir que
estamos contentos con la situación actual (ya dije que cuando se
habla de delitos uno no puede estar nunca contento), pero sí creemos
que la tendencia es positiva. En el día de hoy, la seguridad
ciudadana ocupa un quinto o sexto puesto en el orden de las
preocupaciones de los españoles, según las últimas encuestas del CIS.


Intento relativizar la importancia de las estadísticas porque las
cifras siempre hay que interpretarlas relativamente, sobre todo en
relación con este campo social, como señaló ya en su día el señor
ministro, que compareció para hablar de este mismo tema el 28 de
noviembre, y esto tanto cuando los datos juegan a favor como en
contra de los objetivos establecidos o cuando su apariencia engaña.

Por ejemplo, las denuncias por hechos delictivos pueden aumentar y no
necesariamente porque haya habido más delitos, sino porque la
actuación policial haya sido más intensa y se hayan producido en ese
sentido más descubrimientos de estas actividades criminales.

En relación con la segunda parte de la comparecencia, la que hace
referencia a los niveles de recursos humanos y su vinculación con los
aspectos de la estadística criminal, me gustaría hablar globalmente
de la evolución de los efectivos en la Policía Nacional y en la
Guardia Civil, y de los efectos que ésta tiene sobre la evolución de
la criminalidad. Tómese en consideración, sin embargo, que cada uno
de los cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil, tienen sus propias
características y los medios geográficos en que trabajan son
diferentes, de modo que los problemas a los que hacen frente también
son distintos. Les avanzo que los delitos, como ya dije antes, han
disminuido globalmente en España el 2,93 por ciento en el período
1999-2000, aunque hay un comportamiento dispar entre la zona de
acción de la Guardia Civil, donde han crecido, y el de la Policía
Nacional, donde han disminuido. Ahora, SS.SS. me permitirán que sea
un poco más prolijo y les facilite datos y detalles, porque me parece
que el asunto de esta comparecencia lo merece. La evolución de la
criminalidad en la demarcación de la Policía Nacional en el período
1997-2000, objeto de esta segunda parte de la comparecencia, ha
registrado un descenso del 6,31 por ciento en el número total de
delitos. La evolución de los delitos más significativos es la
siguiente: tirones, 24,12 por ciento; robos con fuerza en inmuebles,
13,43 por ciento; sustracción de vehículos, menos 7 por ciento;
robos con violencia e intimidación, 6,50 por ciento. Por comunidades
autónomas, en los últimos años se han registrado descensos
importantes de la criminalidad en Ceuta y Cantabria, con descensos
superiores al 20 por ciento; en Melilla, Extremadura, La Rioja,
Murcia, Asturias, Galicia, Aragón y Baleares, con descensos
superiores al 10 por ciento. Únicamente en la Comunidad de Castilla-
La Mancha se ha registrado un ligerísimo crecimiento del 0,62 por
ciento.

Por lo que se refiere al número de efectivos, la plantilla del Cuerpo
Nacional de Policía ha continuado el proceso de descenso que viene
registrando en los últimos años: desde 53.381 funcionarios en 1990, a
50.641 el 1.o de enero de 1997 y a 47.374 a día 1.o de febrero del
año 2001. Ello debido fundamentalmente a la avanzada edad de media de
los efectivos -de 46 años para el Cuerpo Nacional de Policía-, que se
acerca peligrosamente a la edad de pase a la segunda actividad, que
se sitúa en los 55 años para la escala básica y subinspección, en 56
años para la escala ejecutiva y en 60 años para la escala superior.

Para empezar a paliar dicho déficit, que se inició en el año 1990, el
pasado año se realizó un incremento de la oferta pública de empleo
para el personal de nuevo ingreso que alcanzó los 2.150 funcionarios;
cifra sensiblemente superior a cualquier otra habida en los años
anteriores. Durante este año 2001 está previsto que la oferta de
empleo público para el ingreso en el Cuerpo de la Policía Nacional
pueda mantener el ritmo de crecimiento del año anterior, o incluso
pueda superarlo. Estamos en plena negociación con otros departamentos
del Gobierno (como hemos hecho con la Guardia Civil y luego lo diré)
para tratar de sacar adelante la máxima oferta de empleo público para
la Policía Nacional. Permítanme señalar a SS.SS. que el Cuerpo de
Policía Nacional estudia en estos momentos el plan cuatrienal que
comentaba anteriormente, dirigido a aumentar las ofertas públicas de
empleo y a modificar la segunda actividad para evitar el futuro
deterioro de las plantillas.

Así las cosas, veremos que en el horizonte de la presente legislatura
el problema de efectivos, que no voy a negar que existe, entraría en
vías de solución. Por otro lado se vienen llevando a cabo una serie
de medidas encaminadas a posibilitar una optimización de los
efectivos disponibles, pudiendo señalarse, entre otras, la
reordenación y racionalización de los servicios acorde con las
necesidades; la recuperación para tareas operativas de personal que
desempeña labores burocráticas sustituyéndolo por personal de cuerpos
generales de la Administración civil; la incorporación de medios
técnicos, tales como dispositivos electrónicos de seguridad y cámaras
de videovigilancia, que permitan sustituir funcionarios en
determinadas funciones estáticas de seguridad; la reducción de
determinados puestos como consecuencia del análisis o racionalización
de los sistemas yprocedimientos de trabajo; la creación y adscripción
de



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puestos de trabajo para funcionarios en situación de segunda
actividad, de tal modo que cuando alcance la edad de paso a dicha
situación puedan continuar prestando servicio en funciones de apoyo y
gestión y la recuperación de mecánicos y personal de mantenimiento
del área de automoción gracias a la implantación de sistemas de
gestión de los vehículos y del transporte distintos a los que ahora
estamos practicando.

La policía, como conocen ustedes, ha establecido un sistema de
renting para vehículos que de alguna manera facilita que el
mantenimiento de los mismos, que conlleva un enorme gasto en
renovación y en mantenimiento de los vehículos, pueda ser asimismo
externalizado y puesto en manos de empresas que tienen más capacidad
de gestionarlo sin mengua de las condiciones que se exige a los
funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional en los aspectos puramente
operativos policiales. Gracias a dichas medidas se ha posibilitado
que con una menor plantilla global se pueda disponer de mayor número
de efectivos para tareas operativas y contando con la profesionalidad
del Cuerpo de Policía Nacional, que es absolutamente evidente, la
disminución del personal no tenga tantas consecuencias negativas para
la seguridad ciudadana. Además también ha influido el hecho de
mejorar su material y determinados elementos técnicos. Igualmente hay
que destacar que con la implantación paulatina desde el año 1998 del
programa Policía 2000 se está logrando una disminución del número de
infracciones conocidas, que en el período 1999-2000 alcanzó un menos
8,05 por ciento.

En relación con la Guardia Civil, al principio de mi intervención he
dicho que han crecido los índices de criminalidad en su zona de
responsabilidad. La Guardia Civil tiene en estudio un plan de
recursos humanos 2001-2004, período similar o igual al de la policía,
que fija y establece las necesidades de efectivos en las próximas
convocatorias anuales de oferta de empleo público para la escala de
cabos y guardias. Como SS.SS. recordarán, la oferta pública de empleo
para el año 2000 fue de 2.262 efectivos, 1.262 en convocatoria
ordinaria, más 1.000 en convocatoria extraordinaria, dando inicio a
un proyecto de adecuación de la plantilla de la Guardia Civil al
horizonte establecido para el año 2004 y que no es otro que cubrir el
catálogo al cien por cien. El Ministerio del Interior está trabajando
a día de hoy sobre un plan de recursos humanos 2001-2004, que fija y
establece necesidades de efectivos en las próximas convocatorias
anuales. De momento les puedo adelantar que su objetivo es alcanzar,
ya lo he dicho, el catálogo de puestos y que la oferta para el año
2001, aprobada recientemente, es de 2.280 plazas, que serían las
plazas que se aprobarían a lo largo de estos cuatro años por esa
misma cantidad. Dicho plan contempla siete potencialidades: mantener
el despliegue territorial y potenciar la labor preventiva; potenciar
el servicio de información de la Guardia Civil, lo que se hizo ya en
el año 2000 con el propósito de fortalecer la lucha antiterrorista;
potenciar la policía judicial para mejorar los índices de
esclarecimiento de delitos, fundamentalmente en lo que se refiere a
la lucha contra la delincuencia organizada y transnacional y a la
investigación de los delitos de alta tecnología económicos y
fiscales; potenciar el servicio marítimo, con el fin de hacer frente
al aumento de los tráficos ilícitos de mercancías a través de
nuestras costas y a la inmigración irregular; potenciar el servicio
aéreo para ampliar la capacidad operativa de las unidades en tierra y
en el mar; potenciar la agrupación de tráfico como medio para
aumentar la vigilancia en las carreteras españolas y así contribuir a
disminuir la siniestralidad de las mismas; y potenciar el servicio de
protección a la naturaleza para satisfacer la creciente demanda
social en relación con el medio ambiente.

Ajustándome exactamente al período contemplado en la pregunta motivo
de esta comparecencia, es decir a los años 1997-2000, se observa una
disminución de los miembros de la Guardia Civil del 2,44 por ciento.

Las causas de disminución de los efectivos totales hay que
encontrarlas fundamentalmente en el pase por razones de edad a la
situación de reserva, 44,19 por ciento de los casos en el período
1995-2000, así como las bajas que se producen en la institución por
diferentes motivos: inutilidad física, 17,22 por ciento; petición
propia, 11,80 por ciento; pérdida de aptitud, 8,97 por ciento y
fallecimiento, 8,57 por ciento. En el período 1997-2000 los delitos
conocidos en el ámbito de responsabilidad de la Guardia Civil han
sufrido un incremento del 11,72 por ciento. En el período anterior,
de 1990-1996, el incremento fue del 19,5 por ciento. Los principales
tipos de delitos se desarrollan contra el patrimonio, que suponen el
76,29 por ciento del total de delitos conocidos por la Guardia Civil.


Dentro de esta clasificación, el robo con fuerza en las cosas
representa el 35,39 por ciento, el robo en interior de vehículos el
11,78 por ciento y el robo de vehículos el 11,14 por ciento. Los
delitos contra las personas, esto es con lesiones o contra la
seguridad colectiva, sólo representan el 1,71 del total.

Lamentablemente, tengo que decir que en el año 2000 han aumentado
algunos de los delitos tipificados como más graves, estos han sido
asesinatos y homicidios, con un incremento del 17,52 por ciento sobre
un total de 483 casos; agresiones y abusos sexuales con un aumento
del 7,16 sobre un total de 1.601 casos y robos con violencia con un
aumento del 2,02 por ciento sobre un total de 6.153 casos.

En conclusión, el número de delitos ha disminuido globalmente en
nuestro país en los últimos tiempos y concretamente en la cifra
porcentual que daba el 2,93 por ciento en el año 2000, y tanto en el
Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil se están
desarrollando programas internos de mejora de eficacia y tienen en
estudio sus correspondientes planes cuatrienales para disponer de la
plantilla adecuada para elmejor desempeño de sus funciones en el
horizonte



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de 2004. En el caso de la Guardia Civil, sépanlo ustedes y ya lo he
dicho antes, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la plantilla
inicial para el año 2001 en el número que les he comentado.




El señor PRESIDENTE: Por los grupos que han solicitado la
comparecencia, tiene la palabra, en primer lugar el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Si el señor Mayor Oreja hubiera comparecido
con el ritmo suficiente, tenía que haberle dicho que España en
seguridad pública empieza a ir mal y empieza a ir de forma negativa
con un ritmo creciente bastante rápido. Le voy a hacer dos
comparaciones, una con un espacio de tiempo mayor y otra referida al
año 1999, para ver las cifras y ver también -a nuestro juicio estamos
viendo las cifras desde un desconcierto amplio- que se está
produciendo un maquillaje de las cifras en el Ministerio del
Interior. Ahora me referiré concretamente al año de 1999. Con
relación a la comparación amplia, en los últimos 12 ó 13 años aparece
una gran progresión en la delincuencia y la tasa de criminalidad se
deteriora de manera progresiva y muy rápidamente. Por ejemplo, en el
año 1987 los ciudadanos denunciaron un total de 1.487.500
infracciones penales. A finales de 1999, esta cifra se elevó a
1.851.604; en consecuencia, la tasa de criminalidad es mucho más
alta. En el Gobierno del señor Aznar, durante la etapa del ex
ministro Mayor Oreja, a nuestro juicio esta cifra ha empeorado
bastante. La izquierda siempre relaciona -habitualmente lo hace así-
las cifras de delitos, de faltas de toda clase, de abusos respecto a
la propiedad y de tipo penal con las disfunciones sociales, con las
situaciones de crisis y con la falta de cohesión social que se
produce en determinados momentos. Lo que aparentemente vemos en la
actualidad es un escaparate vistoso y muy bien iluminado, un
escaparate a partir del cual se puede deducir el eslogan España va
bien, pero en la vida cotidiana, en función de estas disfunciones
sociales, de la microfísica y de la microeconomía diaria, en función
de cómo se refleja esto en las estadísticas -cifras oficiales a las
que ahora me referiré-, nos parece que España va peor. Aumenta su
grado de negatividad respecto a estos temas y es porque está habiendo
una cierta crisis de cohesión social, crisis que por ejemplo también
se detectó en el Reino Unido, en la etapa thatcheriana. Las cifras
macroeconómicas iban bastante bien en un determinado período, así
como la iluminación del escaparate, pero paralelamente las cifras
diarias de las faltas y los delitos iban progresivamente a peor, el
mismo fenómeno que se ha producido durante los últimos cuatro o cinco
años del mandato del señor Mayor Oreja. ¿Qué políticas se han puesto
sobre la mesa para atacar y reducir las causas de esta criminalidad y
contrarrestar sus efectos? Una política social negativa que está
empeorando, aunque no voy a entrar en este tema,
puesto que ya se conoce nuestra opinión. ¿Y qué clase de política
policial? A nuestro juicio, prácticamente ninguna en estos temas de
la vida cotidiana. El señor Mayor Oreja -no voy a entrar en el
sentido profundo de su posición- ha dedicado no todo el personal,
pero sí todo su tiempo a la lucha contra ETA, algo que está
justificado, pero lo que no está justificado es que habiendo policía
en todas partes y prácticamente el mismo número hasta ahora que han
empezado ustedes a reducirlo hasta que llegue la convocatoria del año
2004, no haya habido una política real para que la policía actúe a
todos los niveles, surgiendo así una política de imagen centrada en
el tema que le he dicho y en el de la inmigración, con el famoso
efecto llamada en el último período. Si quiere datos, le diré que hay
una escalada de la delincuencia violenta, así como de la delincuencia
rural y un aumento alarmante de la ineficacia en la lucha contra la
delincuencia organizada, que como se sabe cada vez utiliza con mayor
asiduidad nuestro territorio como terreno de juego de sus operaciones
mafiosas.

Nuestra opinión es que se ha abandonado toda idea de renovación del
modelo policial español, y ahora me voy a referir a datos concretos
relacionados con esta aseveración que le estoy haciendo. Hoy en
España se producen tres muertos diarios por inseguridad ciudadana,
que se elevan a cinco según la memoria de la Fiscalía General del
Estado. Y aquí es donde aparece una disfunción que no terminamos de
entender. Me voy a remitir al año 1999, pero se viene produciendo
fundamentalmente a partir de la puesta en funcionamiento del programa
2000. A nuestro juicio hay una especie de ingeniería estadística que
intenta ocultar esta situación de la que le estoy hablando. España
irá bien en cifras macroeconómicas o a otros niveles, pero en la vida
diaria va bastante mal respecto a estos temas. En España existen dos
instituciones que elaboran las estadísticas sobre criminalidad: la
Fiscalía General del Estado, que las publica, y el Ministerio del
Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, que no
las publica; esto es no se conoce públicamente el informe estadístico
anual sobre la criminalidad que hace el Ministerio del Interior y
nosotros pensamos que estas estadísticas se maquillan. Por ejemplo,
la cifra relativa a la delincuencia durante el año 1999 que ha
publicado la Fiscalía General del Estado es de 4.072.028 infracciones
penales, mientras que, según el Ministerio del Interior, que agrupa
las estadísticas del Cuerpo de Policía Nacional, de la Guardia Civil
y de la Ertzaintza, el número de infracciones penales fue menor,
contabilizándose 1.842.517. La diferencia es tremenda, 2.229.512
infracciones penales. Para la Fiscalía General del Estado hubo
3.476.504 presuntos delitos, con un consiguiente aumento del 7,71 por
ciento respecto a 1998; para el Ministerio del Interior esa cifra se
reduce a 961.786 en 1999, teniendo lugar una disminución del 1,85 por
ciento respecto a 1998. Con relación a



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otros temas, la disfunción sigue siendo la misma y eso nos
desconcierta profundamente; no sé si usted podrá darnos una
explicación. Por ejemplo, en cuanto a los delitos contra el
patrimonio, que son los más numerosos, robos, atracos, sustracciones
de vehículos, la Fiscalía General contabiliza 2.008.326 y el
Ministerio 813.467; esto es, para el Ministerio disminuye respecto
a 1998 y para la Fiscalía aumenta el 6,5 por ciento. En relación con
los delitos contra la integridad corporal y la vida de las personas,
que lógicamente son los que más preocupan, las diferencias son
también muy significativas. En la memoria de la Fiscalía, los
homicidios y asesinatos suman un total de 1.979 mientras que las
estadísticas del Ministerio del Interior hablan de 1.102 casos. Pero
la diferencia más espectacular se encuentra en las lesiones dolosas;
mientras que para la Fiscalía fueron 507.771 más 11.890 delitos
relacionados con el maltrato en el ámbito familiar, para el
Ministerio del Interior las lesiones por maltrato sumaron sólo
18.337. En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual la
diferencia es menor, pero también la hay. La cifra que aporta la
Fiscalía es de 9.026 delitos de esta naturaleza y el Ministerio habla
de 7.563. No quiero seguir dando cifras. Habrá comprobado usted que
el desconcierto que producen es serio y la verdad es que no sé qué
explicación pueden tener estas diferencias. Por tanto, si nos
atenemos a lo publicado por la Fiscalía, que por otra parte son los
únicos datos que se dan a conocer y se trata de cifras serias,
rigurosas y contrastadas públicamente, podemos decir que España va
mal, va mucho peor y no se puede mejorar una situación maquillando
las cifras o haciéndole la cirugía estética a las estadísticas. Por
ahí no se puede superar una situación estructural grave correlativa,
como digo, a una situación social en la vida cotidiana bastante seria
y con deterioro creciente y progresivo.

A la hora de interpretar esta ingeniería estadística, surgen
cuestiones tales como que el Ministerio no contabiliza buena parte de
los atestados realizados por los mossos d’esquadra, por ejemplo, o
por el conjunto de las policías locales. No se contabiliza nunca o no
se hace de manera adecuada, pero esto no puede dar lugar a las
diferencias que le acabo de leer. También hay que decir que desde el
Ministerio del Interior se suele mantener que la intervención de las
policías locales en la lucha contra la delincuencia es mínima, por lo
que las diferencias no pueden venir de ahí. Quizá haya una
explicación superior a la hora de cuantificar este desfase y es que,
respecto a lesiones dolosas y maltrato familiar, se produce un cambio
con la llegada del actual fiscal general del Estado. Antes, cuando se
recibía asistencia por lesiones en cualquier centro médico, el parte
se remitía a la comisaría del distrito, donde se citaba a la persona
herida y había declaraciones. El señor Cardenal impartió
instrucciones a la Fiscalía y desde ella a los hospitales, centros de
salud, etcétera, para que los partes de asistencia sanitaria por
lesiones
dolosas se remitiesen en vez de a las comisarías a los juzgados. A
partir de ahí puede justificarse una cierta diferencia, pero no
entendemos por qué se cambia este sistema si se sabe que van a
cambiar las estadísticas y el producto va a ser un falseamiento de la
realidad.

He visto que en las cifras que usted daba bajaban mucho los tirones,
un veinticuatro y pico por ciento. Quiero decirle en plan casi
anecdótico que ahora -también por instrucciones concretas- salvo que
la víctima resulte herida o que identifique al autor del tirón lo que
no suele ocurrir, es que se anotan como hurtos. No figuran como
tirones y la estadística puede cambiar por eso. De hecho, en función
de esta orientación, esa bajada de los tirones también estaría en
duda.

Por tanto, yo pediría -y haremos propuestas al respecto en la
Comisión y en Pleno- que en el Ministerio del Interior hubiera una
mayor dedicación, porque ahora hay gente suficiente -no intentamos
detraer gente de ninguna parte y mucho menos de la lucha
antiterrorista, no vaya usted por ahí; sé que no va a ir por ahí-,
aunque sé que están empezando a retirar personal. Por ejemplo, en la
primera página de un diario de Sevilla se ha anunciado que van a
quitar de allí a una serie de agentes de la Policía Nacional. En todo
caso, hay gente suficiente y lo que falta es una política adecuada.

No hay ningún tipo de política, este tema no preocupa realmente. Hay
una desorganización total y una ausencia total de política.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Sanjuán.




El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Advierto, como ya pusimos de manifiesto
cuando nos consultó la Presidencia, que la intervención va a estar
dividida entre el diputado que habla y don Carlos Navarrete, que
intervendrá con relación a la comparecencia específica que había
solicitado el Grupo Parlamentario Socialista.

He escuchado con gran atención la intervención del secretario de
Estado, al que agradezco su presencia ante esta Comisión, en la que
nos ha dado una serie de datos estadísticos. El anterior ministro del
Interior en esa comparecencia del 28 de noviembre a que usted ha
hecho referencia decía ya que los datos estadísticos había que
relativizarlos. Sin duda, lo decía para curarse en salud, puesto que
esa comparecencia estaba pedida para ver cómo podía haber tanta
diferencia entre los datos que daba el Ministerio del Interior y los
que ofrecían las memorias del ministerio fiscal. De cualquier manera,
relativizando o no los datos, la consecuencia que obtenía el ministro
del Interior que ha cesado y que hoy nos traslada S.S. es,
sencillamente, que en España se ha reducido mucho la delincuencia; y
eso todos tendríamos que saludarlo, tendríamos que felicitarnos.

Pero, señor secretario de Estado, creo que era uno de los primeros
presidentes norteamericanos quien decía que se puede engañar a la
gente durante mucho tiempo



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y a mucha gente, pero no se puede engañar durante todo el tiempo a
todo el mundo; esto es lo que está ocurriendo hoy en los temas de
seguridad ciudadana. Es imposible que la gente vaya a terminar
creyéndose la estadísticas que ustedes dan, porque no es la realidad
que los ciudadanos viven; y le estoy hablando de una provincia muy
significativa donde he tenido que participar últimamente en dos o
tres debates sobre temas de seguridad ciudadana con empresarios muy
próximos al Partido Popular, le estoy hablando de Málaga, donde se
llegó a decir que no había ninguna autoridad, que parecía que no
había policía. Hasta tal extremo fue así que yo dije: lo que usted
está diciendo es extraordinariamente grave, porque está usted
deslegitimando al propio Estado al decir que no existe autoridad. Le
digo esto porque la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro
país con relación a la delincuencia es, como ha puesto de manifiesto
el representante de Izquierda Unida, que ha aumentado
considerablemente.

El ministerio fiscal hace una memoria en la que se habla de la
evolución de la delincuencia en España, dedica a esto un capítulo, y
es verdad que puede haber criterios estadísticos distintos, que el
ministerio fiscal mida unas cosas -en todo caso, mide la evolución de
la delincuencia, y así es como titula el documento- y el Ministerio
del Interior siga esa evolución de la delincuencia desde parámetros
ligeramente diferentes, pero no puede haber ese desfase. Le voy a
mencionar una primera diferencia, que ya manifestó el ministro del
Interior y que hoy usted ha puesto en el frontispicio; ha dicho que
los datos sobre delincuencia que usted nos va a dar son los del
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, sólo dos cuerpos
policiales. En este país está la Ertzantza, los Mossos d’esquadra; en
este país hay cada vez más importantes policías locales en las
grandes capitales que se están ocupando de todo género de delitos, y
el ejemplo es Cataluña donde unos policías urbanos de Cataluña son
capaces de detener a unos etarras. Por consiguiente, empiece usted a
sumar y sume todos los delitos que están descubriendo los Mossos
d’esquadra, que está descubriendo la Ertzantza, porque es posible que
los tengan recogidos ya que en el 1998 llegaron a un acuerdo para
introducir los datos de delitos denunciados en las comisarias de la
Ertzantza, y, desde luego, incluyan los datos relacionados con las
policías locales. Repito, cualquiera que sean los parámetros que
sigamos, la Fiscalía hace un juicio sobre la evolución de la
delincuencia en España y en él se incrementa la delincuencia; con los
parámetros que siga siempre la Fiscalía, pero siempre se incrementa.

Se ha incrementado en el 7,7; por consiguiente, es imposible que con
los mismos parámetros o con unos equivalentes para el Ministerio del
Interior se haya reducido la delincuencia en nuestro país, y además
haciendo una curva descendente de los índices de delincuencia. No es
cierto; no es cierto y crea S.S. que lo lamentamos profundamente,
pero no podemos consentir desde los
grupos parlamentarios que continuamente se maquillen los datos. ¿Sabe
usted por qué se incrementa la delincuencia en el medio rural, como
dice, en un 18 por ciento, siendo la Guardia Civil la que da esos
índices de incremento? Porque en la Guardia Civil prima la
productividad -una cosa que está muy bien hecha- por los índices de
descubrimiento de delitos. Naturalmente, hay muchos delitos y la
Guardia Civil los descubre, se prima y se paga productividad. ¿Qué
está ocurriendo con el célebre programa puesto en marcha por ustedes
de Policía 2000? Que lo que priman es la desaparición de delitos y,
por eso, lo que se hace es desactivar las denuncias, hacer ver que
hay menos denuncias, transmutar delitos en faltas. ¿Cómo es posible
que la Fiscalía General del Estado nos diga que en este país se han
producido 595.000 faltas y llegue el Ministerio del Interior y nos
diga que son 880.000? Y en delitos, por un lado, nos dicen que son 3
millones y, por otro, nos ponen un millón. ¿Y cómo es posible, sin
embargo, que el número de faltas sea mayor? Es muy fácil, hay que
convertir los delitos en faltas, porque además así la Policía tiene
mayor productividad. Sencillamente, si un tirón no ha producido
lesiones, pasa a ser un hurto y no un robo. Por consiguiente, como es
hurto, y generalmente son cantidades inferiores a las que señala el
Código Penal para que pase a ser delito, se conceptúa como una falta.


Esto es lo que están realizando continuamente y tiene unos efectos,
unas consecuencias muy graves. Porque ustedes nadan en la bonanza,
nadan en la creencia de que todo va bien y, por consiguiente, no
adoptan ninguna decisión para intentar variar, cambiar una realidad
que cada vez es más escandalosa, cada vez es peor. ¿Cómo me puedo
creer que el ministerio fiscal nos diga que se han producido 1.979
homicidios y asesinatos en España y que el Ministerio del Interior me
diga que son 1.102? Y la explicación que nos dio el anterior ministro
fue: El asesinato pasa primero por el juzgado de guardia y luego se
produce un sumario y va a otro juzgado, por lo que lo contabilizamos
dos veces. ¿Le parece que eso es creíble? ¿Pero es posible ese horror
de señalar en la evolución de la delincuencia en España que se ha
producido el doble de asesinatos de los cometidos? No es creíble.

Desde luego, una y otra cosa, uno y otro disparate, son competencia
de ese Gobierno en el que usted está. Repito que no son creíbles las
estadísticas que nos dan; repito que los datos del anterior ministro
del Interior eran que se había incrementado la delincuencia en
España, y todo eso con dicha transmutación tan evidente y tan bonita
de hacer que haya más faltas que las que señala el ministerio fiscal,
naturalmente habiendo convertido delitos en falta mediante una
valoración policial que evidentemente no les corresponde.

En el año 1985 se comenzaron a hacer estadísticas en el Ministerio
del Interior y, como consecuencia de establecer esos criterios
estadísticos -y lo digo para exigir un poco de honestidad
intelectual-, se incrementaron



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considerablemente durante varios años. El Gobierno Socialista empezó
a medir el número de delitos que de verdad se producía en nuestro
país y naturalmente empezaron a aflorar. En esos años se produce un
incremento importante de la delincuencia teóricamente; no es que
hubiera más delincuencia, es que estábamos haciendo estadísticamente
que apareciera esa delincuencia. Y eso es lo que ocurre durante los
años 1983, 1984 y 1985 y, posteriormente hasta 1987. Después se
estancan los índices de delincuencia, bajan en una curva durante los
años 1990, 1991 y 1992, y le voy a decir por qué. En esos años este
país empezaba a tener bonanza económica, lo que tenía una repercusión
en los ciudadanos, por lo que los índices de delincuencia empezaron a
disminuir. Generalmente la delincuencia aumenta cuando hay crisis
económica; lo raro y lo extravagante es que, habiendo tenido ustedes
unos años de bonanza económica muy importantes, la delincuencia no se
haya reducido, porque así nos lo dice el ministerio fiscal con
criterios estadísticos idénticos en el año 1996 que en el año 1999 o
en 2000, mientras que los criterios estadísticos de ustedes son...




El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, le ruego que vaya concluyendo.




El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Termino ya, señor presidente.

Esto es así, mientras que sus criterios estadísticos son
absolutamente desconocidos, a mi juicio absolutamente relativos y
siendo imposible que sigan ustedes engañando durante todo el tiempo a
todos los ciudadanos en este tema. Son ustedes unos magníficos
expertos en maquillar la realidad, pero no intenten maquillarla
tanto, porque de tanto hacerlo no adoptan medidas, y al final los
ciudadanos son los que padecen su carencia de medidas y de medios a
disposición de la seguridad ciudadana.




El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete.




El señor NAVARRETE MERINO: Señor secretario de Estado, la cortesía
parlamentaria me obliga -y además lo hago muy gustosamente- a
agradecer la comparecencia del señor secretario de Estado.

Ratifico las posiciones y los datos que mi compañero Victorino
Mayoral ha manejado en anteriores comparecencias que han tenido esta
misma preocupación. Ratifico los datos que ha expuesto el señor
Alcaraz y mi compañero Carlos Sanjuán. Por introducir una cierta
amenidad y no estar dándole vueltas a las mismas cifras, voy a
cambiar el método de mi exposición. En vez de contemplar los árboles,
modestamente voy a tratar de contemplar el bosque. Aquella vieja
disputa medieval entre qué era más verdad el concepto de tablas o
cada una de las tablas individuales es una polémica estéril y
escolástica; tan real es el bosque como los árboles. Por
consiguiente, si yo me dedico a dibujar el sentimiento
que me embarga cuando he oído la comparecencia del señor Morenés y he
atendido a las anteriores comparecencias sobre esta misma materia,
llego a la conclusión de que quizá tendríamos que tratar de plasmar
lo más plásticamente posible el concepto que nos merecen las
estadísticas, en particular las del Ministerio del Interior. Hay dos
estadísticas muy preocupantes en nuestro país, cuyas divergencias no
se pueden tolerar. No es posible que en la medición del desempleo por
un sistema o por otro haya una diferencia de más de un millón de
puestos de trabajo y no es posible que haya una diferencia de casi
dos millones en la comisión de delitos, según se utilice un método u
otro. Naturalmente cualquier estudio de la realidad obliga a elegir
una de las cifras y, por formación y porque nos parece que la
metodología que se sigue por la Administración de justicia es más
rigurosa que la que se sigue por el Ministerio del Interior, en caso
de duda, si tenemos que inclinarnos por alguna estadística, nos
quedamos con la que han explicado nuestros compañeros, que es
dimanante de la Fiscalía General del Estado.

Con este método, en el Ministerio del Interior puede haber muchas
cosas claras pero cuando entramos en el tema cuantitativo nuestras
esperanzas de llegar a conocer la realidad zozobran. Por ejemplo,
vamos a medir los efectivos que debe tener el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil. Tenemos un primer canal de información,
que es la disposición adicional segunda de la Ley orgánica de fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado del año 1986, a cuya ponencia este
diputado tuvo el honor de pertenecer. En esta disposición adicional
se decía que se elaboraría una ley de plantilla, que hubiera acabado
con las disputas, y si existiera en estos momentos nos colocaría en
la tesitura de ver si estábamos por debajo de la plantilla o la
habíamos cubierto. Sencillamente esa disposición adicional no se ha
desarrollado, por consiguiente, no tenemos el elemento de referencia
de ver cuántos guardias civiles y cuántos policías es deseable que
existan en nuestro país. Podemos irnos a otro sistema, que es el del
catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía vigente
desde el 1 de julio de 1995. Nuestra información, que pongo a
disposición del señor secretario de Estado, es que con arreglo a ese
catálogo deberían ser 54.830 más 1.935 procedentes bien del Cuerpo
Nacional de Policía o de los grupos A, B o C de la Administración
general del Estado, lo que sumaría 56.765. Nuestras fuentes de
información -documentos de trabajo que ha utilizado el Cuerpo
Nacional de Policía- nos dicen que estamos en 48.250, 8.500 efectivos
menos en el Cuerpo Nacional de Policía. Estos datos tampoco se
compaginan con las carencias de que nos habla el señor secretario de
Estado, usted mismo en anteriores comparecencias cuando estimaba que
desde 1990 al año 2000 se había reducido el número de puestos de
trabajo del Cuerpo Nacional de Policía como consecuencia de
jubilaciones -argumento en el que hoy insiste- en 5.124; es como si
la jubilación no fuera un elemento que se pudiera



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contemplar en lontananza y adoptar con anticipación las medidas
necesarias para que no disminuyan los efectivos como consecuencia de
las jubilaciones. El señor Cotino Ferrer nos da una disminución de
10.000 efectivos, desde el año 1986 a febrero de 2001, explicando que
desde que él fue elegido para el cargo que actualmente desempeña
hasta el año 1996 la reducción de efectivos había sido de 3.500 y
desde el año 1997 al 2001 de otros 2.200. Por consiguiente, por lo
que llevo expuesto, estamos ante una cifra de entre 8.000 y 10.000
policías menos de los que deberían existir en nuestro país para
seguir la tónica anterior.

Nos vamos al registro central de personal y los datos que nos da
tampoco coinciden con los que usted nos ha aportado como vigentes el
1 de enero del año 1997 y constatables el 1 de enero del año 2001. El
registro central de personal dice que en el mes de enero del año 1997
había 53.699 policías más 8.259 en reserva, lo que daba un total de
61.958. En el 2001 en activo había 52.123 y en reserva 8.470. Si
comparamos las cifras de efectivos en enero de 1997 con las de 2001
en situación de actividad, hay una diferencia del orden de los 1.400
ó 1.500 policías; si tomamos el global, es decir los activos más los
que están en situación de reserva, hay una diferencia parecida, de
61.958 a 60.593. En cuanto a la Guardia Civil, según los datos del
registro central de personal, por simplificar y atenerme al método
que había indicado al principio, computando activos y reservas,
estamos en una cifra de 4.600 y pico por debajo de la que debiera
existir. Por tanto, el número de efectivos, cualquiera que sea el
método que empleemos, está muy por debajo de lo deseable. ¿Tiene esto
influencia en la evolución de la criminalidad? A ningún observador se
le escaparía que la delincuencia es producto de muchas cosas, entre
ellas algo que también pasa en la artillería: crece el tamaño del
arma ofensiva y crece el grosor de la coraza. Esto también se da en
la Policía y también se da una correlación -como ponía de manifiesto
el señor Alcaraz entre otros- entre la situación económica, la mayor
o menor facilidad de los jóvenes para encontrar un alojamiento, la
capacidad de la familia para llegar a fin de mes, entre otras cosas.

Todo esto tiene una influencia. Sin embargo, por mucho que
relativicemos la relación entre el número de efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil, hay una cierta relación de
causalidad con el número de delitos.

Mis compañeros han dicho cuanto había que decir sobre las
discrepancias entre las estadísticas de la Fiscalía del Estado y las
del Ministerio del Interior. Yo voy a ir a lo plástico y me voy a
detener en lo que el señor ministro del Interior -hoy en otra
aventura de la vida política- nos dijo en la comparecencia del mes de
noviembre del año pasado. En el año 1997 se incrementa la
delincuencia -estoy hablando de delitos- en un 1,83 por ciento; en el
año 1998 un 1,72 y en el año 1999 un 1,37. Esto da por resultado que
en ese trienio
se incrementa la delincuencia en el 4,92 por ciento. Este es un
tipo de razonamiento que cualquier matemático reprobaría por
ficticio; no se pueden sumar peras y manzanas -y estoy seguro de que
el señor Gil Lázaro nos va a hablar luego de ellas-; esta manera de
calcular el tanto por ciento global de la evolución de la
delincuencia no se puede hacer compaginando los tantos por ciento
como si sólo fueran manzanas en los tres años consecutivos. Para
llegar a una brillante conclusión dice que, como en el año 2000 la
delincuencia ha descendido un 4,02, deduce del 4,92 el 4,02 y queda
una cifra muy presentable, que en su intervención en una ocasión la
cuantificaba en el 0,91 y en otra en el 0,90, resultado de sustraer
del 4,92 el 4,02. Estoy dispuesto a conceder que, con arreglo a los
datos estadísticos de la Policía que yo estoy manejando, la
delincuencia ha disminuido en el año 2000; llegaría a otra conclusión
si tuviera las fuentes jurídicas ya mencionadas.




El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Navarrete.




El señor NAVARRETE MERINO: Este es el cuadro de la evolución de la
delincuencia desde el año 1992 hasta diciembre del año 2000. En el
año 2000 la delincuencia está en un punto y a mediados del año 1998
está en la misma situación; luego, desde mediados del año 1998 hasta
el año 2000 la delincuencia se ha colocado en la misma situación. Si
nos vamos al resultado final del prolijo discurso lógico del anterior
ministro del Interior, la disminución del 0,91 entre el año 1999 y el
año 2000 no se compadece, hay una evolución del 4 por ciento de
diferencia entre el año 1999 y el año 2000. Repito, son las
magnitudes que fija la Fiscalía general del Estado. Por consiguiente,
no es aparentemente cierto que en el periodo de 1997 hasta diciembre
del año 2000 la delincuencia sólo haya aumentado en un 0,90 o en un
0,91 por ciento. Si ustedes no están de acuerdo con este cuadro -les
cito la fuente, Instituto de Estudios de Seguridad y Policía-,
dígannos por qué no están de acuerdo con él.




El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, le ruego concluya.




El señor NAVARRETE MERINO: Voy a concluir esta primera intervención
diciendo que las estadísticas que en sede parlamentaria se están
manejando por el Ministerio del Interior no tienen credibilidad, por
mucho que quisiéramos otorgársela. Nosotros esperamos que al igual
que existe en otras cámaras de otros países remitan a ésta
mensualmente la evolución de los datos criminales de los que tenga
constancia el Ministerio del Interior. Quiero decir, porque se ha
mencionado muy de pasada, que si la estadística fuera tan clara y
diáfana sería inconcebible que funcionase tan bien el Cuerpo Nacional
de Policía y tan mal la DirecciónGeneral de la Guardia Civil.




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El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo del PNV, tiene
la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias por su intervención, señor
secretario de Estado, y reciba la bienvenida del grupo al que
represento.

Sólo quería hacer dos matizaciones, y una es en parte coincidente con
las intervenciones de los grupos proponentes de la comparecencia.

Desde la perspectiva del grupo al que represento, resulta duro
identificar miméticamente eficacia policial con evolución de la
delincuencia. Cierto es que los aspectos preventivos y represivos
tienen extraordinaria importancia, pero como se ha señalado, es
evidente que en el número de delitos que se cometen en un momento
concreto en una determinada sociedad inciden otras cuestiones, por
ejemplo, qué se tipifica dentro del Código Penal; es decir, qué se
considera delictivo o no, y en algunos de los datos que se han
esgrimido se hablaba de los tiempos previos a la modificación del
Código Penal, con lo cual hay que pensar que determinadas conductas
entonces castigadas ahora son impunes o, al revés, determinadas
conductas no contempladas ahora se consideran dignas de sanción.

Otras formaciones políticas han señalado la incidencia de los
aspectos económicos en un doble sentido, tanto la situación económica
general del país -mejor o peor- como aquellos hechos con los cuales
es más fácil en un momento determinado encontrar dinero fácil tanto
en el ámbito de un Estado como en relación con la delincuencia
internacional; para todos resulta una obviedad que en los últimos
tiempos determinada delincuencia organizada vinculada al tráfico de
personas parece encontrar el dinero más fácil en esa vía que en lo
que ha sido hasta ahora el tráfico de armas, por ejemplo, o el
tráfico de drogas. A este respecto hay modificaciones sustanciales
desde el punto de vista humanitario que debieran ser objeto de
especial protección o represión en los tiempos que corren y desde
época muy reciente. Inciden también aspectos sociales. Si no me
equivoco, ha existido una cierta llamada de atención ante la pequeña
delincuencia que se vincula a la marginalidad o a las situaciones de
peor situación económica; en muchos casos esta delincuencia que surge
en núcleos urbanos se debe a peor situación económica o a deficiencia
en políticas de bienestar social. Doy por supuesto en todo caso que a
usted no le incumbe aclarar esos cometidos en esta Comisión y que se
ha referido usted estrictamente a lo que atañe al contenido orgánico
del cargo que está desempeñando en este momento, pero me parecía
importante que así quedase manifestado.

La otra cuestión hace referencia a algo también ya mencionado, y es a
la existencia de otras policías. En el caso concreto de la Ertzantza
me ha sorprendido que los datos por usted facilitados en cuanto al
descenso de la delincuencia entre el año 1999 y el año 2000 son
miméticamente exactos (si es que se puede utilizar una redundancia de
este estilo sin dañar la lengua castellana) con los que me han sido
facilitados por el Ministerio del Interior vasco, teniendo en cuenta
la diferente magnitud de la población y extensión del territorio.

También en el caso vasco han descendido todos los tipos de delito
(homicidio y sus formas, aborto, lesiones, delitos contra la
libertad, contra la libertad sexual, contra el patrimonio y el orden
público), excepción hecha de los dos mismos ejemplos que usted ha
citado: los delitos contra la Administración de justicia y contra el
orden público; no sé si es porque se utiliza parecidos sistemas
estadísticos, pero igualmente ocurre que el número total de delitos
ha sufrido un importante descenso, excepción hecha de esos dos
bloques que he mencionado que coinciden con los manifestados por el
señor secretario de Estado. Esto me sirve para poner en evidencia no
tanto ante el señor secretario de Estado que sé que lo conoce sino
ante esta Comisión que, frente a las críticas que se reciben
constantemente por el mal actuar o el deficiente actuar de la
Ertzantza, parece que o tienen similar eficacia o reciben órdenes
semejantes que los otros Cuerpos y Fuerzas del Estado, puesto que los
resultados estadísticos valorando el año 1999 y el año 2000 resultan
sorprendentemente parecidos.




No tengo la percepción de que exista un aumento de la delincuencia
como se ha manifestado por otras formaciones políticas, aunque sí
distintos tipos de delincuencia; precisamente a eso me refería cuando
he hecho las manifestaciones incluidas en el apartado primero.

Estamos ante circunstancias sociales que están posibilitando nuevos
tipos de delitos respecto de los cuales será absolutamente necesario
que no sólo las policías sobre las que usted tiene mando orgánico,
como le he manifestado, sino todas tengan actitudes distintas por
existir importantes cambios (sociales, económicos y también de
movimiento y flujos de población) que van a exigir un comportamiento
diferente.

En todo caso, me interesaba hacer sólo estas dos matizaciones, y con
ello doy por concluida esta mi primera intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en primer lugar,
en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
quería agradecer la comparecencia del secretario de Estado de
Seguridad, así como los datos, las cifras que nos ha aportado. (El
señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.)
Yo no quiero ahondar en las diferencias de apreciaciones que han
hecho otros grupos sobre si las cifras que nos ha aportado hoy aquí
el secretario de Estado



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son o no las correctas. Sí que quiero abrir una reflexión en una
línea similar a la que exponía hace unos momentos la portavoz del
Grupo Vasco doña Margarita Uría.

Mi reflexión va en el sentido de que más allá de las cifras concretas
especialmente en las grandes ciudades (incluso, si me lo permite el
secretario de Estado, en algunas zonas específicas de grandes
ciudades) existe en la ciudadanía en general una sensación de
incremento de la inseguridad, una sensación creciente de falta de una
respuesta adecuada, no únicamente policial sino incluso -ya que
estamos ahora en el Parlamento- legislativa. Se nos pide una
respuesta, y así se ha abierto una reflexión en la propia ciudad de
Barcelona; la delegada del Gobierno en Cataluña junto con el alcalde
de Barcelona han abierto públicamente una reflexión sobre la
necesidad de cambios normativos para dar una mejor respuesta penal en
algunos supuestos de creciente delincuencia urbana. No son delitos de
gran magnitud en ocasiones, es pequeña delincuencia, pero por la
reincidencia con que se dan puede aparecer ante la opinión pública la
sensación de creciente inseguridad y sobre todo de impunidad ante ese
pequeño delincuente que reincide una y otra vez sin que la magnitud
de sus hechos penalmente tenga entidad suficiente para imponerle una
pena privativa de libertad. Esa sensación de impunidad y de falta de
respuesta ante estos hechos es creciente, y ahí nuestra preocupación.


Es cierto que los datos que ha aportado el secretario de Estado hace
referencia a los cuerpos policiales que están bajo su estricta
responsabilidad. Sólo para ahondar en lo que decían otros portavoces,
el cuerpo de Mossos d’esquadra en el año 2000 conoció más de 62.000
delitos y faltas, cuando aún no tiene la implantación en el cien por
cien del territorio de Cataluña. Hay otras cifras, hay otros datos
que podrían contrastarse con los que se han aportado. Este diputado
por Barcelona, ante esa creciente preocupación sobre las cifras y esa
sensación de inseguridad que afecta a mi demarcación, muy
concretamente al distrito de Ciutat Vella en Barcelona, hizo una
pregunta al Gobierno sobre el número de personas que se habían
detenido en la ciudad de Barcelona por la comisión de faltas leves y
sobre cuántas personas habían sido detenidas cinco o más veces en la
ciudad de Barcelona. La respuesta que me llegó del Gobierno el pasado
5 de marzo del 2001 arroja unas cifras que no se corresponden con ese
dato positivo que nos daba el secretario de Estado de disminución de
la delincuencia, porque sólo por faltas en la demarcación de
Barcelona en el año 1999 hubo 2.799 detenciones y en el año 2000
fueron 3.001. Por tanto, ha habido un aumento de detenciones en
materia de faltas.

A la pregunta que yo hacía al Gobierno sobre cuántas personas habían
sido detenidas cinco o más veces por la comisión de faltas o delitos,
el Gobierno no me da respuesta exacta, pero sí que me aporta un dato.


Puedo indicar lo que responde el Gobierno de las personas detenidas
por delitos o faltas en la provincia de
Barcelona que tenían algún tipo de antecedente policial. Señor
secretario de Estado, en el año 1999 hubo 11.000 personas que tenían
algún tipo de antecedente policial y que fueron detenidas en la
circunscripción de Barcelona por delitos o faltas y en el año 2000
eran 11.912, un incremento de más de 900 que significa más del 8 por
ciento desde el año 1999 al 2000. Quizá estas cifras puedan alumbrar
esa preocupación que tiene mi grupo parlamentario, una preocupación
que no nos impide destacar hoy aquí la labor que hacen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la delincuencia.

Por tanto, no es en ningún caso una crítica, sino un reconocimiento a
esa labor, un reconocimiento, que también creo que debemos hacernos
en esta Comisión de Justicia e Interior, de esa sensación creciente
de inseguridad, especialmente cuando se da en el ámbito de las
grandes ciudades y en distritos concretos de las mismas. Es labor de
todos intentar buscar soluciones legislativas en ese ámbito.

Usted nos ha expuesto en la segunda parte de su comparecencia el plan
de recursos humanos 2001-2004. En ese primer punto de su plan ha
hecho una especial incidencia en mantener el despliegue territorial.

Yo le pido, señor secretario de Estado, una especial incidencia en el
despliegue territorial en las grandes ciudades en donde esa sensación
de inseguridad es mayor, en donde la pequeña delincuencia es mayor,
en donde también se están dando fenómenos de delincuencia organizada,
se cometen pequeños hurtos, pequeñas faltas contra el patrimonio o
pequeñas lesiones, ese famoso tirón que usted decía que disminuye;
seguro que si a los ciudadanos de Ciutat Vella les preguntamos si el
número de tirones disminuye o no, nos dirán que ha aumentado de forma
alarmante. Ante ese fenómeno, nosotros pedimos una reflexión y
respuestas, que seguramente también tendrán que venir dadas desde
este Poder Legislativo.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Gil
Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Yo desde luego no voy a hablar ni de peras ni de
manzanas, pero hubiera deseado que no se mezclaran churras con
merinas, porque esa mezcla probablemente lo único que hace es
desajustar el debate. Ciertamente, señor secretario de Estado,
podemos entender que se pretenda mezclar churras con merinas para
desajustar el debate cuando los argumentos que ofrecen las cifras
probablemente permiten sostener de manera muy débil argumentos
contradictorios con lo que las propias cifras significan.

Yo tengo que comenzar recordándole quién es usted, porque usted es el
secretario de Estado para la Seguridad, del Ministerio del Interior.

Por tanto, me llama la atención que sorprenda el que S.S. no haga
ninguna referencia a lo que son actuaciones policiales o resultados
en demarcaciones policiales que no están bajo la



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dependencia orgánica, ni funcional, ni competencial de S.S. y del
Ministerio al que usted representa, y que, por tanto, hubiera sido
absolutamente inadecuado por parte del señor compareciente que aquí
se hubiera hecho esa mención. Como es natural, las policías
autónomas, que tienen un despliegue integral, -y la policía autónoma
está en este momento en fase de ir cubriendo gradualmente su
despliegue integral-, y las propias policías locales, como han puesto
de manifiesto otros señores portavoces, dependen de quien dependen y
los legítimos actos de control sobre las mismas tienen que producirse
en su sede. Otra cosa sería faltar al respeto competencial.

Nos parece que está bien como pieza del discurso, señor secretario de
Estado, afirmar tajantemente que España en seguridad pública empieza
a ir mal, y más que mal va peor. Nos parece que está bien como forma
de construir un discurso, y mucho más cuando además se justifica esa
afirmación sobre las bases, absolutamente legítimas como es natural,
de señalar que la consecuencia más directa de ese diagnóstico viene
predeterminada porque en España se ha dado en los últimos años una
política social negativa y porque no se ha dado ninguna política de
naturaleza y de alcance policial.

Señor secretario de Estado, sorprende a este grupo parlamentario que
se haga esa aseveración, en tanto en cuanto los resultados de los
últimos años, y no quiero ser prolijo en esta cuestión, en materia de
política de empleo son los que son, son espectaculares. En una
concepción moderna de lo que es la dimensión y el papel del Estado y
de la sociedad no cabe duda que no hay política social más avanzada
que aquella política económica susceptible de generar empleo, y
cuando se nos dice además, señor secretario de Estado, que en los
últimos años no se ha producido ninguna política de alcance policial,
parece que se olvida que en los últimos años precisamente se han
abordado las más intensas reformas en materia de política policial y
de vertebración policial. Probablemente no se ha ido en la dirección
que algún grupo parlamentario desearía en materia de
desmilitarización de algún cuerpo o de unificación de cuerpos, y es
legítimo que esa sea la pretensión propia o la concepción que sobre
la vertebración de la política de seguridad interior tiene un grupo
parlamentario, pero de ahí a decir que porque eso no se ha hecho no
se ha hecho nada, nos parece que es un exceso que contradice la
realidad. Tampoco quiero ser prolijo en esto, pero ciertamente se ha
hecho un esfuerzo de innovación en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía, por ejemplo, con la creación del programa de policía de
proximidad, o en la política de cuerpos se han producido avances muy
sensibles en materia de coordinación, de formación, de
especialización, de unidades generadas especialmente para luchar
contra la gran delincuencia organizada, las Udyco en el ámbito de un
cuerpo, los Edoa en el ámbito de otro cuerpo, Policía Nacional y
Guardia Civil respectivamente, o
los avances que se han hecho en la constitución de grupos
especializados para luchar contra prácticas delictivas que generan
una enorme alarma social y que, además, deben de mover a la
solidaridad al conjunto de la sociedad, como las que tienen como
víctimas los sectores sociales más débiles. Negar todo eso nos parece
que está bien pero que no se corresponde con la realidad.

Desde luego construir el concepto de ingeniería estadística para
argumentar, señor secretario de Estado, que las cifras son esas pero
que no son las que responden a la realidad, a nosotros nos parece,
dicho con toda cordialidad, fruto de un desconcierto opositor que o
viene determinado por la vía de una saludable y noble ignorancia
o por la vía del más estricto deseo de tergiversación. Hemos repetido
hasta la saciedad que no admite ningún género de comparación en
términos técnicos lo que son las estadísticas dimanantes de la
memoria de la Fiscalía general del Estado y las dimanantes del
Ministerio del Interior, por la sencilla razón de que miden cosas
distintas, y probablemente habrá que seguir repitiéndolo porque desde
luego lo que no vamos a aceptar es que la repetición a sensu
contrario de lo que yo estoy diciendo pretenda establecerse como una
verdad absoluta. La memoria de la Fiscalía general mide actuaciones
de los órganos jurisdiccionales; la memoria del Ministerio del
Interior mide delitos. Por tanto, nos sorprende que esta tarde en
alguna argumentación se hayan producido unos notables ejercicios de
memoria cambiante o de memoria selectiva, y nos parece que es un
ejercicio muy notable de memoria cambiante decir hoy una cosa, cuando
hace cinco, seis o siete años se decía exactamente lo contrario. Hoy,
entre una y otra estadística, unos grupos se quedan, porque les
parecen más fiables, con los datos que incorpora la memoria de la
Fiscalía general del Estado, pero con toda certeza esos mismos grupos
sostenían hace cinco, seis o siete años una argumentación en términos
técnicos exactamente igual a la que yo estoy sosteniendo ahora, por
la sencilla razón de que esa es la que se corresponde con la realidad
en la medida en que ambas estadísticas están midiendo cuestiones
distintas. Nos decían hace cinco, seis o siete años que los datos
auténticamente fiables eran los que provenían de la estadística del
Ministerio del Interior, porque medían delitos, y que los datos de la
memoria de la Fiscalía general del Estado estaban evaluando
actuaciones de los órganos jurisdiccionales y que, por tanto, no
cabía establecer una comparación entre ambos.

Nos parece, señor secretario de Estado, que es también un ejercicio
de memoria selectiva -el caso anterior podría ser un ejercicio de
memoria cambiante, en este caso de memoria selectiva- pretender que
los déficit que se dan, y que S.S. ha apuntado, en materia de
política de personal, las necesidades que en este momento hay que
abordar en materia de política de personal respecto de las plantillas
del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil es algo así como
una



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realidad surgida a bote pronto, encontrada a la vuelta de la esquina,
o prácticamente producto de anteayer. Nosotros sabemos, y lo decimos
con enorme respeto y tranquilidad, que esta argumentación no gusta
ser escuchada por parte de algún grupo parlamentario, pero
inevitablemente tenemos que decir que eso no es así, que los déficit
que en este momento pueden existir, y que existen, en materia de
plantillas como consecuencia fundamentalmente del envejecimiento de
las mismas, provienen necesariamente de una larga etapa de catorce
años de imprevisión en materia de la evolución de las propias
plantillas.

Ahora se están pagando las consecuencias, y para evitar que otro
gobierno en el futuro -en el futuro esperemos que lejano, desde la
perspectiva de este grupo parlamentario, pero desde luego cuando lo
decidan los españoles-, tenga que padecer esa misma situación, el
Ministerio del Interior está abordando un plan de medio y largo
alcance -se ha hecho referencia a él-, el Plan 2001-2004, en materia
de ajuste de plantillas. Con este plan se pretenden evitar
situaciones de imprevisión, dejar pasar las cosas con el pretexto de
que ya se harán mañana, la frase tradicional de vuelva usted mañana,
en relación con las necesidades de las plantillas, y que nadie se
tenga que encontrar, en el futuro otro Gobierno, con la situación que
ahora nos estamos encontrando. Lo dijo el señor Mayor Oreja, lo
decimos todos los que tenemos un poco de sentido común. Los datos
estadísticos hay que relativizarlos, naturalmente que sí; los datos
estadísticos hay que interpretarlos. Ahora, lo que no se puede hacer
con los datos estadísticos es pretender obviarlos o simplemente
cambiarlos porque sí. Lo que no se puede obviar es que los datos
estadísticos dicen que, efectivamente, la delincuencia se ha
reducido. Esto no significa autocomplacencia por parte de este grupo
parlamentario ni del Ministerio del Interior ni por parte de nadie.

La seguridad es un concepto objetivable, pero tiene un componente
básico, un componente fundamental subjetivo, y por tanto, hay que
avanzar cuantas medidas y disposiciones sean convenientes para ir
completando ese factor objetivo, pero al mismo tiempo hay que ir
reduciendo los factores subjetivos. Es cierto que la delincuencia se
ha reducido en términos generales y es cierto también, y es
perfectamente compatible con ese dato global, que en determinadas
zonas, como consecuencia de momentos o de situaciones puntuales,
existe una situación de inseguridad -la apuntaba, por ejemplo, el
señor Jané-, que entre todos hay que abordar con el rigor, con la
intensidad y con el sentido común que la propia situación exige.

No nos parece un argumento sólido, señor secretario de Estado, que se
nos diga que no se puede engañar a todo el mundo durante mucho
tiempo. Es verdad. Este grupo parlamentario considera que no se
debería intentar engañar a nadie, ni siquiera por un tiempo mínimo.
Y en ese contexto de lo que acabo de decir me parece
que alguien debería reflexionar cuando hace afirmaciones de este
talante, señor secretario de Estado. Porque ahí están también las
percepciones de los ciudadanos, plasmadas a través de estudios
científicos y de opinión serios. Es decir, hace diez, doce, quince,
veinte años, la sensación subjetiva, pero global, colectiva, de
inseguridad ciudadana ocupaba el primer o segundo lugar en las
preocupaciones de los españoles. Hoy, los últimos estudios nos están
diciendo que esa sensación global, subjetiva, de inseguridad ocupa el
quinto o sexto lugar. ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos se engañan? ¿Que
los ciudadanos no saben captar globalmente cuál es su realidad? Pues
nosotros, señor secretario de Estado, creemos que esto no es así. No
nos parece tampoco un argumento incontestable decir que los
ciudadanos se creen que están seguros, pero no saben que no están
seguros porque, entre otras cosas, el Ministerio del Interior ha
puesto en marcha un procedimiento, por lo visto muy inteligente y muy
sublime en sus planteamientos, de desactivar las denuncias. Señor
secretario de Estado, yo creo que usted coincidirá conmigo en que
cualquiera que sepa un poquito de esto sabrá que precisamente el
Ministerio del Interior, en los últimos años ha impulsado un
procedimiento renovador en materia de denuncia, con la idea de
facilitar al ciudadano el hecho de que denuncie, con la idea de
hacerle mucho más accesible la denuncia, con la idea precisamente de
modernizar el propio procedimiento a través de la denuncia
telefónica, a través de la denuncia por Internet. Es decir, cuando
esto se está haciendo -y algunos nos sentimos muy orgullosos de que
esto se esté haciendo, porque entendemos que es una manera muy
directa de facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos- que
se nos diga que no, que lo que se está haciendo es exactamente lo
contrario, nos parece algo sorprendente.

Permítame que le diga, a título de comentario -y el término de
mezclar churras con merinas no ha sido la iniciativa de este grupo
parlamentario-, que cuando se nos dice que han sido unos años de
bonanza económica muy importante, y se pretende, como de pasada,
hacer ver que estos años nos han tocado como a quien le toca la
lotería o nos los hubiéramos encontrado a la vuelta de la esquina,
hay que recordar que ni nos los hemos encontrado a la vuelta de la
esquina ni nos han tocado en una lotería. Estos años, ciertamente,
han sido años de bonanza económica importante, pero han sido
consecuencia de una política económica y social seria, rigurosa, bien
planificada, austera, consciente de las necesidades del país a corto,
a medio y a largo plazo y que tiene también su reflejo y sus
derivaciones en la política de seguridad. Eso no es comparable a
decir que los años de bonanza económica casi, vuelvo a repetir, son
fruto del premio gordo de la bono loto, de la quiniela o de la
primitiva.

Concluyo, señor secretario de Estado, diciéndole que cuando se citan
fuentes hay que identificarlas. Hay fuentes que por los medios de los
que disponen, por los



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años de ejercicio de su tarea profesional o de su tarea científica no
son ni mejores ni peores; son fuentes que tienen un mayor bagaje en
el tiempo y a lo mejor tienen también más medios a su disposición. Se
ha citado una fuente que es respetabilísima, que responde al esfuerzo
de un grupo de profesionales. Pero se tiene que decir que es una
fuente prácticamente fruto de la iniciativa privada próxima,
paralela, coadyuvante con una determinada fuerza sindical. Todo nos
parece respetabilísimo, pero que se identifique exactamente la
fuente, porque, por ejemplo, el Banco de Sabadell, que es muy
respetable, no se puede comparar en dimensión, en estructura y en
alcance con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional.

Por tanto, voy al principio y concluyo. Este grupo parlamentario
valora el esfuerzo que el Gobierno está realizando en materia de
ajuste de plantillas; este grupo parlamentario valora el esfuerzo y
los logros conseguidos por el Gobierno, por el Ministerio del
Interior, por la Secretaría de Estado de Seguridad y por Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de reducción de la
delincuencia, y, al final, este grupo parlamentario dice que su
opinión, siendo una opinión, legítima, probablemente sería poco
valiosa desde el punto de vista científico si estuviera de espaldas a
lo que dicen los ciudadanos. Pero lo que los ciudadanos dicen, según
los últimos estudios de opinión, es que su preocupación, en lo que
respecta a la inseguridad ciudadana, ha bajado al quinto o sexto
lugar frente al primero o segundo que ocupaba hace muchos años. Y
quienes creemos profundamente en que los ciudadanos no se equivocan a
la hora de hablar, no se equivocan a la hora de votar, no se
equivocan a la hora de decir el país que quieren, creemos también que
los ciudadanos no se equivocan cuando, en conjunto, valoran si se
sienten seguros o inseguros.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las
intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor secretario de Estado para la Seguridad, señor Morenés.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Gracias, señorías por sus intervenciones. Voy a tratar, según nos
aconsejaba el señor Navarrete, de hablar del bosque, ya que de los
árboles hemos hablado suficientemente, aunque debo decir que con
criterios dispares.

Permítanme que empiece apoyándome en lo que el portavoz del Grupo
Popular ha dicho, respecto a las estadísticas, como no podía ser de
otra manera, porque, entre otras cosas, estaba el 28 de noviembre en
el Ministerio. Me tengo que ratificar plenamente en lo que el señor
ministro del Interior, a la sazón Mayor Oreja, dijo ante esta
Comisión. Es decir, la diferencia cuantitativa que existe entre un
tipo y otro de estadística es tan grande que, como comprenderán
ustedes, los
que nos achacan que estamos diciendo unas cosas que no se compadecen
con lo que dice la Fiscalía general del Estado, jamás la emplearíamos
para justificar cualquier tipo de eficacia o en este caso, tal y como
pretenden algunos grupos, de ineficacia en el tema policial.

A mí me interesa decir aquí, fundamentalmente, dos cosas, que además
creo que son las que preocupan de verdad a sus señorías. En opinión
de algunos de los grupos intervinientes, y según una estadística que
mide lo que mide (así lo dijo el ministro del Interior, así lo
creemos nosotros y así se ha ratificado hoy aquí), mide la actividad
judicial de lo que es la criminalidad en España, hay una sensación de
inseguridad ciudadana. Yo debo decir que esa sensación de inseguridad
ciudadana nos preocupa extraordinariamente, independientemente del
rango que ostenta hoy en día en los elementos de medición (en mi
opinión, absolutamente independientes y bien realizados desde el
punto de vista estadístico, por el Centro de Investigaciones
Sociológicas), y sigue siendo un elemento de preocupación, a pesar de
que ha mejorado extraordinariamente esa sensación subjetiva de los
ciudadanos españoles en relación con la seguridad. Por eso, paso al
segundo de los aspectos.

Se nos ha acusado a nosotros, al Gobierno, de que no hacemos nada en
relación con la seguridad. Señor Alcaraz, yo creo que nosotros
hacemos cosas que son medibles, y no solamente desde el punto de
vista de los resultados estadísticos (ya sé que esos usted los
discute), como reorganizar la Policía Nacional y la Guardia Civil en
cuanto a su distribución territorial, mejorar los aspectos del
capítulo 6 incrementando los presupuestos del Ministerio del Interior
como no habían sido incrementados en los últimos años, previendo
planes de incremento de efectivos (que reconocemos que son necesarios
porque ahora, para todo lo que hay que hacer frente, desde el punto
de vista de la seguridad ciudadana y del orden público, no son
suficientes), aprobando planes en Consejo de Ministros y poniéndolos
en vigor, y sacando adelante una política en el sentido de compartir
la preocupación que algunos de ustedes nos anunciaban en cuanto a la
seguridad ciudadana, y que nosotros también la tenemos, solamente que
en grado extraordinariamente diferente.

Respecto a la intervención del representante del Grupo de
Convergència i Unió, creo que lo que le debería decir es que yo
entiendo bien el problema de Barcelona. En estos momentos existe una
policía autonómica que se tiene que hacer cargo de Barcelona y una
policía que tiene que ir abandonando Barcelona, y eso crea unos
problemas muy importantes de flujos de personal porque afecta muy
fundamentalmente a las situaciones familiares de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que están allí. Estamos intentando
resolverlo. Yo sé muy bien que la conurbación de Barcelona tiene esos
problemas. El propio Gobierno catalán, la Generalidad catalana, lo
que ha hecho es adelantar su despliegue



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a Barcelona porque esa situación es difícil, y compartimos esa visión
con ellos. Le puedo asegurar que trabajamos permanentemente en esto y
que los planes y la oferta pública de empleo van precisamente a
tratar de paliar esas situaciones que se están creando en este
momento (a lo mejor por una coincidencia de despliegue- repliegue que
no se compadece muy bien en los tiempos) de delincuencia o de
sensación de inseguridad ciudadana en Barcelona, aunque yo creo que
no debería ser así. Ciutat Vella se llama la parte de Barcelona donde
usted está y sé que hay unos problemas graves de delincuencia, pero
de eso a extrapolar una situación de inseguridad ciudadana a toda
Barcelona o a toda Cataluña, creo que es realmente exagerado. Usted
está hablando de la parte más conflictiva de Barcelona en relación
con el pequeño y también con el gran delito.

En cuanto a lo que decía doña Margarita Uría en su intervención,
quiero decirle que la medición interna que hacemos en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado es verdad que obedece a una serie de
criterios estadísticos, que tienen una aplicación directa distinta en
la Guardia Civil y en la Policía. Pero yo le puedo asegurar a quien
lo ha dicho que nosotros no tratamos de premiar el descubrimiento del
delito en la Guardia Civil y de premiar la ocultación del delito en
la Policía. Creo que el Cuerpo Nacional de Policía, dada la actividad
que desarrolla y el sacrificio que hace permanentemente, no merece
que se diga que sus éxitos en la prevención del delito (que puedo
decir que son grandes en estos últimos años), de todo tipo de
delitos, son éxitos porque -se dice- lo que hay que hacer es no
atacar, no prevenir o no operar contra el delito, sino todo lo
contrario. Lo que hace la Policía, precisamente -y lo he dicho en
esta comparecencia-, aun a riesgo (y no lo llamaría yo riesgo, sino
simplemente transparencia) de que se incremente el número de delitos,
es aunmentar su actividad, potenciarla. La Policía ha hecho un
programa de policía de proximidad, que para mí tiene dificultades
para llevarlo adelante, sobre todo desde el punto de vista económico,
con su reflejo en el incremento de los Presupuestos Generales del
Estado, y de recursos humanos, con su reflejo en la oferta pública de
empleo. Pero creo que el programa de policía de proximidad tiene la
capacidad, en su desarrollo posterior, de hacer tareas de policía
preventiva y, sobre todo (algo que les ha preocupado a ustedes
muchísimo, y a mí también), de aumentar la sensación de seguridad que
tienen los ciudadanos. La presencia policial, que solamente se puede
lograr a través del incremento de los recursos humanos en las calles
de España, es la que hará que esa sensación subjetiva, que a veces no
se compadece con los datos objetivos, sea de alguna manera suavizada
en cuanto a determinados aspectos.

Ya termino. Agradezco de manera importante la intervención del
portavoz del Grupo Popular, porque creo que ha resumido todo, y
conocimientos tiene por su largo tiempo en esta Comisión y en esta
responsabilidad
del Ministerio del Interior. Nosotros estamos llevando a cabo
una serie de acciones constatables, estamos midiendo los ratios de
delincuencia en España, no para ganar una determinada batalla de
opinión pública (que ésa ya está ganada por las sensaciones
subjetivasque reflejan las encuestas del CIS), sino precisamente para
permitir un mayor aliciente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en el desarrollo de sus misiones. Afortunadamente, eso se
refleja en los datos que yo he dado y en la sensación subjetiva. Nada
más tengo que añadir en este sentido. Yo he hablado de delitos, no he
hablado de faltas, pero puedo decir que, sumando los delitos y las
faltas, en el año 2000 tendríamos 1.771.089 y en el año 1999 teníamos
1.773.041. No quiero volver a entrar en las cifras porque entiendo
que ahí ya no puede haber un acercamiento, pero insisto en que
nosotros, primero, no maquillamos y, segundo, si alguna vez algún
Gobierno ha tenido la tentación de maquillar (y espero que nadie la
haya tenido), jamás utilizaríamos un sistema tan burdo como el que
ustedes sugieren que hemos utilizado.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor secretario
de Estado.

Ahora nos encontramos en el justo momento de afrontar el célebre
segundo turno de intervenciones. Yo les pediría a los portavoces de
los grupos parlamentarios que fueran coherentes con la filosofía que
nos ha llevado a acumular las comparecencias para que la sesión sea
ágil, invitándoles a que no dejen un solo argumento en el tintero,
pero que hagan un esfuerzo de síntesis que los demás miembros de la
Comisión les agradeceremos y ustedes mismos lo agradecerán si
terminamos a una hora razonable.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, por eso estamos haciendo
el esfuerzo, yo mismo he acumulado tres comparecencias en el
siguiente turno.

Señor Morenés, muchas gracias por su turno voluntarioso y vacío,
porque usted no ha dado argumentos a la hora de rebatir esa idea de
que no hay política policial y que el Programa 2000 no llena ese
vacío, ese desierto a la hora de aplicar una política policial en un
momento muy determinado. No ha aparecido ni un solo argumento, ni
nuevo ni viejo, a la hora de desactivar ese rótulo de ingeniería
estadística que yo he utilizado y que tanto le ha gustado al señor
Gil Lázaro. Por lo tanto, yo creo que no se ha hecho ni el más mínimo
esfuerzo a la hora de responder a algo que se ha documentado con
números que se explicaban por sí mismos, no había que añadir casi
ningún adjetivo. Nuestra preocupación, puesto que no creemos que la
delincuencia parta de la maldad innata de las personas, radica en el
hecho de una falta de política social y económica con respecto a la
vida cotidiana, no con respecto a los mercados o a los cuadros
macroeconómicos, y nuestra preocupación aumenta



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en un momento en que aparece el ciclo negativo de la economía y
políticas como el déficit cero o reformas laborales y otras por el
estilo que se están anunciando. Esa es nuestra grave preocupación,
que después expresaré a la hora de señalar cómo ustedes confunden una
política de orden público con la política policial que hay que
emplear en el caso de manifestaciones sociales, laborales o de
cualquier otro tipo.

No quiero incidir más en ello porque me parece que no vamos a
conseguir un debate esta tarde aquí. Los argumentos que hemos
utilizado muestran que hay un vacío de política. Hacer cosas no
quiere decir que se tiene una política. Falta esa arquitectura, esa
estrategia profunda que no aflora aquí bajo ningún concepto. Hablar
mucho y muy seguido no es equivalente a tener una política, señor Gil
Lázaro. Nosotros no hemos tergiversado nada, hemos dado datos
oficiales y los hemos comparado sin casi ningún tipo de explicación.

Lo que pasa es que esos datos, he de reconocerlo, no le han dejado
sin palabras, pero sí lo han sentado de culo argumental, porque no ha
tenido argumentos para responder a ellos sino aludiendo a que ha
habido tergiversación. Hoy no es su tarde, esta tarde no está usted
redondo. Por lo tanto, me voy de aquí como vine, con la sensación,
por una parte, con la convicción, por otra, y con la apoyatura
numérica y estadística de que las calificaciones que hemos hecho
tienen absoluta razón de ser.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sanjuán.




El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor secretario de Estado, le
agradezco, de verdad, el interés que pone en intentar explicarnos lo
que, a mi juicio, es inexplicable. Porque la memoria del ministerio
fiscal, insisto, habla de la evolución de la delincuencia en España y
quiero decirle que la comparecencia de hoy es para informar sobre la
evolución de los delitos cometidos en España, de la delincuencia en
España, en un período concreto y determinado. Usted ha dicho que
miden cosas diferentes, pero voy a utilizar sus palabras; ha dicho
concretamente que la memoria del ministerio fiscal mide la actividad
judicial de la criminalidad en España. Pues bien, si esta actividad
judicial crece año tras año de manera importante y sin cambiar las
bases estadísticas es porque aumenta la criminalidad; si no, la
actividad judicial de la criminalidad no podría aumentar de manera
constante teniendo las mismas bases estadísticas. ¿Qué ocurre? Que
han cambiado las bases estadísticas y usted nos lo ha dicho al
principiode pasada. Elegantemente ha dicho: voy a dar los datos que
tenemos en el Ministerio del Interior de la delincuencia en relación
con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Pero es
competencia de ese Ministerio la seguridad global de este país y la
seguridad ciudadana en su conjunto. El señor Gil Lázaro lo ha dicho
ya con absoluta nitidez, porque el señor Gil
Lázaro habla mucho y de vez en cuando se le van sus palabras; ha
dicho con absoluta claridad que cómo va a medir el Ministerio del
Interior la delincuencia de otras policías, que eso no es de su
competencia, que hasta ahí podríamos llegar. Resulta que aquí estamos
preguntando por el nivel de delincuencia en España, no en Barcelona o
en la ciudad de Málaga respecto de lo que hace la Policía local,
respecto de lo que hace la Ertzaintza o de lo que vayan a hacer los
Mossos d’Esquadra, sino por toda la delincuencia. Lo que estamos
diciendo es que el ministerio fiscal sí mide toda esa delincuencia, y
lo dijo el anterior ministro, dijo que mide los datos de la Policía
Nacional, de la Guardia Civil, de las policías locales y los delitos
que llegan directamente al juzgado, mientras que aquí sólo medimos
los de la Guardia Civil y los de la policía.

Dos cosas más. Yo no he dicho que la productividad sea ocultar el
número de delitos; he dicho que en el programa de Policía 2000, que
ustedes han puesto en marcha, la productividad y el plus de
productividad está fundamentalmente en la función preventiva que
tiene toda la policía. Eso es así, lo sabe usted tan bien como yo.

Por consiguiente, esa función preventiva va dirigida a que haya el
menor número de delitos, cosa que es mucho más encomiable que tenerlo
que descubrir. Lo ideal de cualquier policía es evitar que se cometan
delitos. Pero usted y yo sabemos que cuando se está a punto de perder
una productividad en sueldos escasos, se enmascaran a veces las
cosas. Pero si las enmascaran ustedes, y lo estamos viendo con toda
claridad, ¿cómo no lo va a hacer el pobre policía que puede perder
10.000 pesetas? He sido testigo de excepción en casos de este tipo de
cómo se trasmuta un delito en una falta o una falta en un tema que va
a quedar en el archivo. Ya veremos si pasa a ser o no delito o falta.


Esto nos lo dicen los policías continuamente. Por consiguiente, no
ponga en mi boca lo que no he dicho ni lo que no quiero decir, así
como le digo que la productividad en la Guardia Civil sí está en
función del número de delitos que descubren.

Parece que llegó el PP y llegó la luz y se hizo la policía. Señor Gil
Lázaro, no. Si aquí hubo una reestructuración policial fue durante
los años de los gobiernos socialistas, donde se unificaron los
cuerpos, etcétera. Lo único que han hecho ustedes ha sido la Policía
2000, que la llaman policía de proximidad, lo cual es muy interesante
y muy importante, con ese bello juego de palabras, en el que usted es
un artista. Pero vamos a crear un nuevo término; ahora se puede
hablar en vez de ingeniería estadística, de ingeniería creativa, que
estaría más de moda. (El señor Gil Lázaro: Artístico- creativa.)
Policía de proximidad es lo que denominábamos policía de barrio.

Por último, si hay que decir que la culpa es toda del pasado, ¿por
qué no vamos más allá? Hablando de pasado, yo diría que la culpa de
todo la tiene el señor Fraga, que fue también ministro del Interior.

(El señor Gil Lázaro: El señor Fraga no ha estado en la cárcel.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Navarrete.

(Rumores.) Silencio, por favor.




El señor NAVARRETE MERINO: Vamos al capítulo de conclusiones. Mi
vaticinio de que el señor Gil Lázaro nos iba a hablar de las peras y
las manzanas, teniendo en cuenta que la expresión de churras y
merinas y peras y manzanas son equivalentes, se ha confirmado
plenamente y yo creo que mis demás juicios de valor también. Nos
preocupaban dos temas: la progresiva reducción de efectivos que se
está produciendo en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia
Civil y la incidencia que esto tiene sobre la evolución de la
delincuencia. Es el propio señor Cotino Ferrer el que reconoce que en
el período 1996-1997 a 2001, junto con la reducción que se había
producido al principio de su mandato, que nos la dejó en sombra,
supone 2.200 policías. Por consiguiente, la reducción en el Cuerpo
Nacional de Policía es del período de Gobierno del Partido Popular.

Segundo, en cuanto a la reducción de efectivos en la Guardia Civil,
he dado datos del registro central de personal que comienzan el 1 de
enero del año 1997 y concluye el 1 de enero del año 2001. Por
consiguiente, corresponden también al mandato del Gobierno popular.

Entre ambos, estamos en una cifra entre los 7.500 y los 10.000
policías y guardias civiles, por debajo de lo deseable para
equipararnos a períodos anteriores, a períodos del Gobierno
socialista. Ahora sí tiene sentido referirnos al período de mandato
socialista.

No hemos dicho, ni el representante de Izquierda Unida ni los
compañeros que estamos interviniendo por el Grupo Socialista, que la
disminución o el aumento de la delincuencia tenga que ver
exclusivamente con la mejoría o el empeoramiento de la situación
socioeconómica, sino que la disminución de la delincuencia guarda
alguna relación. Yo he manifestado que la fuente que estoy utilizando
reconoce que ha habido una disminución de la delincuencia en el año
2000 (me refiero nuevamente al cuadro publicado en un boletín del 6
de diciembre del año 2000 del Instituto de Estudios de Seguridad y
Policía), además de lo que ya se ha dicho sobre el fiscal general del
Estado. Por tanto, alguna relación hay.

Con estos datos he desmontado el argumento de la comparecencia del
anterior ministro del Interior en el período 1996-2001, período
durante el cual la delincuencia no ha crecido algo menos del 1 por
ciento, sino algo más del 4 por ciento desde 1997 y a finales del año
2000 -según esa misma fuente- nos colocábamos en el mismo nivel de
delincuencia que tenían ustedes en el segundo año de su
responsabilidad en el Gobierno.

Además, hay cosas muy importantes. Mientras que, por ejemplo -está
demostrado por el mismo registro de personal de las administraciones
públicas-, durante su mandato ha aumentado el número de altos cargos,
también cabe decir que ha disminuido el número de
efectivos policiales. ¿Cuál es el bien más importante desde el punto
de vista de su protección constitucional? El derecho a la vida.

Estamos hartos de saber por los periódicos de la falta de protección
policial respecto de personas señaladas en los criminales propósitos
de ETA o señaladas por su situación de alto riesgo; estamos hartos de
saber que muchas de estas personas carecen de la elemental protección
policial. ¿Cómo es posible que estemos hablando, por ejemplo, de
reducir determinados impuestos -no todos, alguno- o de mantener un
número bajo de efectivos policiales cuando el propio Gobierno
reconoce que no está en condiciones de proteger la vida de todas las
personas señaladas por la documentación que se encuentra en poder de
ETA o por la posición de alto riesgo que ocupan en la vida política?
La repercusión de la disminución de efectivos también se produce en
la aplicación del Programa 2000. El Programa 2000 es una maniobra
propagandística que ustedes se sacaron de la chistera en vísperas de
las últimas elecciones generales y, claro está, no podemos hacer dos
cosas contradictorias: disminuir los efectivos policiales y, al mismo
tiempo, garantizar la existencia de una policía de proximidad, a no
ser que recurramos a algunos trucos, a algunas trampas, como es, por
ejemplo, que la policía de proximidad se acabe por la tarde, no se
continúe durante la noche y no exista durante los fines de semana, es
decir, durante los períodos de mayor auge de la delincuencia.

Deleguen ustedes en las correspondientes juntas de seguridad, en la
policía local, esa labor de policía de proximidad y reconduzcan la
labor de la policía a las áreas de delito de mayor peligrosidad.

Finalmente, con el propósito de colaborar en lo que debe ser una
tarea común, le pediría que determinen por fin cuál es la plantilla y
la cubran, que establezcan un incremento de la oferta pública para
satisfacer positivamente el saldo negativo de las jubilaciones y de
los óbitos, que aumenten los niveles de formación, que no insistan en
completar plazas con personal administrativo proveniente del cuerpo
general de la Administración pública (háganlo, pero no sigan
insistiendo, porque ya estamos hartos de oírlo en esta Comisión), que
revisen la segunda actividad, que delimiten las funciones entre los
cuerpos de seguridad, jugando también con las policías autonómicas y
con la policía local, que inviertan en la Guardia Civil, porque aquí
no ha tenido ninguna respuesta el fabuloso incremento de la
delincuencia en las zonas rurales. ¿Es que vamos a crear ciudadanos
con una protección policial de primera categoría en los ámbitos
urbanos, como pide el representante de CiU, y vamos a desproteger y
dejar sin ningún tipo de respuesta lo que lamentablemente está
ocurriendo en los ámbitos rurales? Monten comisarías de policía en
todos los municipios con más de 50.000 habitantes y, por favor,
envíennos a esta Comisión una información mes por mes de los datos
sobre criminalidad que tengan, porque le anuncio, señor secretario de
Estado, que la batalla de



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las cifras en materia de prevención y represión de la delincuencia no
ha hecho más que comenzar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Voy a ser muy breve, aunque algunas de las
intervenciones podrían invitar a otra por parte mía más prolija.

Yo he dicho exactamente lo que he dicho y creo que está perfectamente
ajustado al sentido de esta comparecencia. Es decir, que el
secretario de Estado de Seguridad hoy tiene que explicar aquí lo que
está haciendo el cuerpo nacional de Policía y lo que está haciendo la
Guardia Civil para combatir la criminalidad porque esa es su
responsabilidad, pero no tiene que dar cuenta de lo que está haciendo
la Ertzaintza, las policías locales o los mossos d’Esquadra, porque
no es esa su responsabilidad orgánica ni funcional. Eso es lo que he
dicho y me remito al «Diario de Sesiones».

Nunca hemos dicho nosotros que llegó el PP y se hizo la luz. No lo
hemos dicho en materia de seguridad ni en ninguna otra materia; otra
cosa es que los resultados en materia de seguridad y en muchas otras
materias digan lo que dicen y, al final, lo dice el pueblo el
español, refrendando por mayoría absoluta una gestión que se inició
sin disponer de esa mayoría absoluta. Como usted comprenderá, no se
nos puede pedir que estemos callados cuando se nos plantea un
panorama catastrófico, absolutamente paupérrimo en determinados
ámbitos y se olvida que eso no es un acto puntual que surge en esta o
aquella manifestación, que no es un incidente que surge en esta o
aquella comisaría o un hecho que se produce en este o aquel cuartel
de la Guardia Civil, sino el resultado de una política sostenida de
años, como lo es siempre todo lo que afecta a las políticas de
personal y especialmente al envejecimiento de las plantillas. No se
nos puede pedir que, encima, digamos que efectivamente este es un
problema que ha surgido ahora o anteayer. No; seguimos diciendo que
es un problema que en estos momentos determina una consecuencia,
probablemente como fruto de imprevisiones anteriores. Pero no somos
nosotros, sino algunas de SS.SS. las que se empeñan siempre en sacar
ese debate y probablemente quieren que el grupo parlamentario que
sostiene al Gobierno permanezca callado, silbe o acepte una especie
de reconocimiento de culpa en asuntos que creemos que tienen, por su
propia naturaleza, un largo trasunto en el tiempo. Yo sigo diciendo
que afirmar que no existe política policial es un mero voluntarismo y
yo lo respeto profundamente como parte del discurso de una
determinada fuerza política, pero no deja de ser un mero
voluntarismo.

Podría, en este momento, hacer un suma y sigue muy prolijo de
cuestiones, de hechos, de realizaciones que acreditan que existe una
política policial porque forman parte de esa política policial.

Permítanme simplemente
que les cite un dato. Ha habido un momento de austeridad, un
momento de recorte de gasto como consecuencia de la necesidad de
poder llevar adelante determinadas políticas económicas y sociales de
larguísimo y profundo alcance, como son las que afectan al empleo, a
la creación de empleo, que es la mejor fuente de igualdad entre los
ciudadanos, el que todos puedan disponer de un empleo digno para
poder desarrollar su proyecto personal y, desde ese proyecto
personal, con plena legitimidad y pleno ejercicio de sus derechos, su
participación social. Que en ese contexto el Ministerio del Interior
consiga en un único ejercicio, aplicando fórmulas innovadoras, como
la del renting, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
dispongan de 1.500 nuevos vehículos me parece una expresión muy clara
de que en términos operativos, en términos de política de personal,
en términos de medios, en términos de intendencia y en términos
logísticos existe globalmente esa política policial que se niega.

Yo reconozco, cómo no voy a hacerlo, no solamente que a lo mejor ésta
no es mi tarde, sino que algunas otras no lo han sido o no serán mi
tarde. Pero ese no es el problema. La cuestión es que los ciudadanos
han venido diciendo durante sucesivas convocatorias electorales que
no es la tarde de conjunto de quien a mí me invoca que ésta no es mi
tarde, y me remito a los resultados electorales.

Para finalizar, una de SS.SS. ha dicho algo en su discurso que me
preocupa enormemente. Cito textualmente. Ha manifestado el señor
Sanjuán que él ha sido testigo personal de cómo se transmuta un
delito en una falta. Y yo supongo que, si ha sido testigo personal de
eso, habrá hecho algo, como es naturalmente su obligación y la de
todos como ciudadanos que somos. Lo que me preocupa, porque el señor
Sanjuán eso no lo ha especificado, es cuándo fue testigo de eso. ¿Fue
el señor Sanjuán, según sus propias palabras, testigo de cómo se
transmuta un delito en una falta en cuando tenía responsabilidades
políticas o lo fue cuando era subsecretario del Ministerio del
Interior?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Sanjuán.




El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: El señor Gil Lázaro se ha pasado, tal y
como hace siempre. Yo he dicho lo que he dicho y está reflejado en el
«Diario de Sesiones». El señor Gil Lázaro es un impertinente y ahora
tiene la palabra por alusiones.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Simplemente quiero recordar que el señor Sanjuán
ha dicho literalmente, y apelo al «Diario de Sesiones», que ha sido
testigo de cómo se transmuta un delito en una falta. Si eso le parece
unaimpertinencia, a mí me parece algo más, pero en todo



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caso no lo ha dicho quien le habla, sino el propio señor Sanjuán.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para cerrar el debate.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señor
presidente, señorías, voy a ser muy breve.

Señor Alcaraz, me ha dicho usted que he hecho un discurso
voluntarioso -tengo que decirle al respecto que yo hago lo que puedo-
y vacío. Pues bien, la parte de mi discurso con la que he creído
contestar a lo que usted llama su discurso lleno ha sido la primera.

Lo que pasa es que lo relativo al terreno de las cifras y de los
conceptos que he dado no lo ha considerado usted como un discurso
lleno, pero no porque no estuviese lleno, sino porque a usted ese
contenido por lo visto no le interesaba.

Señor Sanjuán, no he tratado de poner en su boca otra cosa que lo que
he entendido que usted me había dicho, esto es, que la policía mide
su productividad para que no existan delitos. No estoy juzgando a los
pobres policías, que, por cierto, yo no les llamaría así. Son
policías que, al igual que sus jefes, miden honradamente un aspecto
fundamental que usted ha reconocido también: la prevención de los
delitos. De alguna manera sería el desiderátum de la policía poder
prevenir y no tener que operar luego. En ese sentido, no he hablado
ni de enmascarar ni de maquillar ni de tergiversar ninguna de esas
cosas. Entiendo lo que usted quiere decir y le puedo asegurar que, si
eso se diese en algún momento, nuestra obligación como Gobierno sería
precisamente evitar que esa situación se diera.

Señor Navarrete, con respecto a la preocupación que usted ha
manifestado, no voy a entrar en los temas estadísticos. Ha hablado
usted del número de policías y de su reducción a lo largo de un
histórico y yo tengo constatado que hubo la misma reducción de
policías entre 1990 y 1996 que la que ha habido desde 1996 hasta el
año 2001, con una diferencia, que nosotros estamos estableciendo
planes para poder mover esa curva hacia arriba. ¿Por una buena
coyuntura económica? ¿Por una buena administración? Yo diría que por
algo que se ha dicho en esta sesión, porque somos conscientes -lo he
manifestado en la primera parte de mi intervención- de que la
seguridad ciudadana tiene dientes de sierra y tenemos que estar
prevenidos contra ellos. En eso estamos.

En cuanto a lo que ha manifestado en relación con ETA y la gente que
está cubierta por ETA, quiero que pregunte usted a los responsables
del partido que representa si en algún momento ellos han solicitado
una protección que no se les haya dado, tanto a nosotros, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como al propio Gobierno
vasco.

En relación con la última intervención del señor Gil Lázaro, quiero
volverle a agradecer su apoyo. Como él ha dicho, este Ministerio
tiene que moverse en circunstancias presupuestarias estrictas, que
tienen otros cometidos, que apoyan otros desarrollos,
fundamentalmente una política pleno de empleo. En ese sentido, no
puedo nada más que ser solidario con las políticas del Gobierno
dentro de la exigencia permanente desde nuestro Ministerio de una
mejora de las condiciones presupuestarias del mismo, tal y como
cualquier gestor político hace cuando tiene una responsabilidad
determinada. Lo que nosotros hemos hecho en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2001 ha sido crecer y conseguir
tener aprobada hoy en día una oferta de empleo para la Guardia Civil,
esperando que pronto la tengamos para la policía. Esta ha sido la
máxima de los últimos 10 años.




- LA ACTUACIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID Y DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD CON MOTIVO DE UNA CONCENTRACIÓN PACÍFICA CONVOCADAANTE
LA EMBAJADA DE ISRAEL.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.

(Número de expediente 213/000178.)



- LA CARGA DESPROPORCIONADA DE LAS FUERZAS DE ORDEN PÚBLICO EN
GRANADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2000 EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE
DICHA CIUDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000182.)



- LAACTUACIÓN DE LA POLICÍA DURANTE LA MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA QUE
TUVO LUGAR EN MADRID EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2000 A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000229.)



- LAACTUACIÓN DE LA POLICÍA AL DESALOJAR LOS LOCALES DEL EDIFICIO DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE OVIEDO, OCUPADO POR COMISIONES
OBRERAS (CCOO), EN LA QUE HAN RESULTADO HERIDOS DE DISTINTA
CONSIDERACIÓN CUATRO SINDICALISTAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000325.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
que agrupa las peticiones de comparecencia que figuran en el mismo
con los números 4, 5, 6 y 8, puesto que todas se refieren a
actuaciones policiales.




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Tres de ellas a solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y la otra a petición del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En
relación con la primera, debo decir que el día 3 de octubre del
pasado año unas 200 personas se concentraron frente a la sede de la
Embajada israelí en España, sita en la calle Velázquez, 150, al
objeto de condenar la represión israelí contra la población palestina
y en apoyo a los derechos nacionales palestinos, según rezaba la
comunicación que el Comité de solidaridad con la causa árabe realizó
a la Delegación del Gobierno el día 3 de octubre del año 2000. En
relación con dicha comunicación, el delegado del Gobierno, con fecha
3 de octubre del año 2000, dictó resolución motivada que ponía fin a
la vía administrativa, acordando que no podía celebrarse dicha
concentración. El motivo no fue otro que el incumplimiento del plazo
de preaviso como auténtica condición o presupuesto para la
utilización constitucional del derecho de manifestación. En este
caso, no existían causas extraordinarias o graves que justificasen la
urgencia de la convocatoria, ya que su fundamento era la condena por
la represión israelí contra la población palestina y en apoyo de los
derechos nacionales palestinos, es decir, una convocatoria con un
motivo abstracto. Con el fin de dar cumplimiento a la citada
resolución, funcionarios de la primera unidad de intervención
policial establecieron el correspondiente dispositivo, haciendo saber
a quienes iban llegando que la concentración no estaba autorizada,
pese a lo cual muchos de ellos hicieron caso omiso.

Los funcionarios policiales procedieron a la identificación de
aquellos que se mostraron más reticentes o reticentes a abandonar el
lugar, dando cuenta de los hechos a la Delegación del Gobierno. Dicha
Delegación abrió los correspondientes expedientes sancionadores por
infracción de la normativa en materia de manifestaciones. Durante el
desarrollo de la concentración, la unidad de intervención hubo de
proceder a la detención de uno de los concentrados por un presunto
delito de resistencia y desobediencia. También efectuó una denuncia
contra otra persona por resistencia y desobediencia al haber
propinado empujones y codazos a un funcionario policial cuando éste
intentaba identificarlo. Los concentrados se dividieron en dos
grupos, quemando uno de ellos la bandera de los Estados Unidos y otro
grupo la de Israel. De todos estos hechos se dio cuenta a la
autoridad judicial que conoce de las actuaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Convenio de Viena sobre
relaciones diplomáticas nos obliga a proteger cualquier sede
diplomática de cualquier Estado ante cualquier gesto de animadversión
que pudiera considerarse insultante o amenazador ante la misma,
tanto o más en el caso de una concentración no autorizada con quema
de banderas.

Con relación a la carga de las fuerzas de orden público en Granada el
6 de octubre de 2000, que es la segunda de las comparecencias que se
agrupan, diré que ese día estaba previsto en Granada el primero de
una serie de paros en el sector de transporte de viajeros en las
empresas Alsina, Graels, Bacoma y Liñán, promovidos por los
sindicatos Comisiones Obreras y UGT, como consecuencia de no llegar a
un acuerdo con la parte empresarial. El día anterior, el sindicato
UGT desconvocó estos paros, por lo que en las empresas Bacoma y
Liñán, donde es mayoritario el sindicato UGT, no se produjo ningún
incidente reseñable. El sindicato Comisiones Obreras mantuvo el paro
el día 6 de octubre y, en consecuencia, en el citado día, desde las
cinco de la mañana, se organizó un servicio especial de prevención
por funcionarios adscritos a la quinta UIP de Granada. Dicho servicio
tenía la finalidad de compatibilizar el derecho a la huelga de los
trabajadores con el derecho de los usuarios al transporte, tratando
de evitar que los piquetes impidieran la salida de los servicios
mínimos establecidos. Sobre las siete horas se detectó en la estación
central de autobuses y en su puerta de salida un piquete de unos 30
trabajadores que ocupaban íntegramente la calzada, impidiendo la
salida de todo tipo de vehículos durante unos minutos, dejándolos
salir posteriormente. Sobre las ocho cuarenta horas realizaron la
misma ocupación, pero ya impidiendo de forma radical la salida de dos
autocares, con la correspondiente protesta de muchos pasajeros. Ante
esta situación, se incrementó el dispositivo policial en este punto,
tanto para garantizar los derechos fundamentales de los huelguistas
como el derecho al trabajo de los conductores y el derecho de los
viajeros que querían realizar la ruta establecida.

Por parte del responsable del dispositivo policial se estableció un
difícil y dilatado diálogo con los responsables del piquete, a fin de
que depusieran su actitud y permitieran ejercer el libre derecho al
trabajo de los conductores que habían requerido la protección
policial, respondiendo los integrantes del piquete de forma negativa
y adoptando una actitud más radical, sentándose, para esto, en la
calzada. A las nueve y quince horas el piquete admitió que saliera un
único autocar y volvieron a sentarse todos sus integrantes a la
puerta de salida, acumulándose en los andenes una considerable
cantidad de viajeros, así como ocho autocares de servicios mínimos a
los que no se permitía realizar su salida. Agotado de nuevo el
diálogo con los concentrados y persuadidos los mismos de la ilicitud
en que estaban incurriendo, sobre las nueve treinta horas se procedió
por parte de los efectivos policiales a identificar al primero de los
allí sentados. Tras sus reiteradas negativas a identificarse, los
funcionarios intentaron entre varios levantarlo del suelo
convirtiéndose a partir de ese momento lo que había sido resistencia
pasiva en una



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actitud plenamente hostil hacia los funcionarios. Todo el piquete se
abalanzó sobre ellos, agrediendo a los agentes con patadas, golpes y
puñetazos, siendo necesario utilizar las defensas reglamentarias para
salvaguardar la integridad física de los agentes.

Una vez despejada la calzada, y con escolta de a pie a ambos lados y
sobre vehículos, se pudo dar salida al autocar con los pasajeros, no
sin sufrir el lanzamiento de objetos, conos de señalización, entre
otros, que no sólo impactaron al autocar sino a turismos que
circulaban por la vía pública, con el consiguiente peligro para la
seguridad del tráfico y de las personas.

Además, al hacer su salida el referido autocar, y encontrándose ya en
marcha, uno de los integrantes del piquete se lanzó bajo sus ruedas
delanteras teniendo que frenar el autobús en seco. Fue necesario que
dos policías sacaran al manifestante de las ruedas del autocar para
que pudiera seguir su marcha.

Durante los incidentes fue detenido el presunto causante de la
fractura de peroné que sufrió un policía de la unidad de intervención
y fueron asistidos seis integrantes del piquete en el hospital de
traumatología de Granada, uno de ellos con herida en la frente y el
resto con contusiones todas ellas de carácter leve.

En cuanto a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, fueron
asistidos, además del policía ya mencionado, otros cinco funcionarios
con diferentes lesiones. En la actuación no se utilizó ninguna otra
arma que la defensa reglamentaria, ni siquiera material
antidisturbio. Los funcionarios tuvieron que protegerse con escudos,
dada la actitud hostil del piquete, ya que algunos de sus integrantes
se habían provisto de piedras, que afortunadamente no llegaron a
lanzar.

Como primera conclusión hay que señalar que no se produjo carga
policial y sí una respuesta eficaz, utilizando la defensa
reglamentaria a la agresión iniciada por los integrantes del piquete,
donde resultaron seis policías lesionados, como he señalado. Una
segunda conclusión es que se restableció el servicio de autobuses,
defendiendo así los derechos constitucionales, que también asisten a
los viajeros y, por supuesto, a los trabajadores del transporte.

Con relación a la comparecencia sobre hechos acaecidos en el desalojo
de los locales del edificio de la Dirección Provincial de Trabajo de
Oviedo, ocupado por Comisiones Obreras, en el que hubo cuatro heridos
sindicales, situado en la calle Santa Teresa número 5 de Oviedo, está
la Federación Asturiana de Empresarios en el área de trabajo de la
Delegación de Gobierno y existen algunas dependencias de la
Consejería de Trabajo del Principado de Asturias, la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que pertenece al Estado, el Fondo de
Garantía Salarial, los juzgados de lo Social y el sindicato
Comisiones Obreras.

El pasado 9 de febrero, entre ocho y diez miembros de Comisiones
Obreras ocuparon la planta cuarta del citado edificio durante toda la
mañana hasta las catorce
treinta horas, tras ser requeridos por miembros de la unidad de
intervención policial a que abandonasen estos lugares. La cuarta
planta es la correspondiente al área de trabajo de la Delegación del
Gobierno e Inspección de Trabajo. Tres días más tarde, el día 12 de
febrero, un grupo similar de afiliados volvieron a ocupar la misma
planta, incluyendo en esta ocasión los despachos de dirección y la
sala de juntas. Una vez más, el responsable de la unidad de
intervención policial le requirió para que desistiera de su actitud.

Concretamente se dirigió al secretario regional de Comisiones
Obreras, que estaba al frente de la ocupación, solicitándole que se
retiraran ordenadamente. La respuesta que recibió fue que estaban
dispuestos a desalojar una parte de la zona ocupada, pero no la sala
de juntas, en la que deseaban permanecer a toda costa, lo que en
efecto ocurrió. Una vez que los policías actuantes decidieron
retirarse, el citado dirigente sindical les comunicó que se fueran
preparando, esto es, que fueran tomando nota porque cada día iban a
forzar más la situación hasta conseguir que les cedieran las
dependencias que estaban reclamando desde hacía algún tiempo en el
edificio.




Como SS.SS. sin duda conocen, ha estado en disputa la cesión de la
cuarta planta a Comisiones Obreras o a la patronal CEOE, que ocupa la
sexta planta del edificio, y posiblemente ha sido esta diferencia de
criterios entre ambas organizaciones la que ha impulsado al sindicato
citado a tomar la iniciativa de las ocupaciones a las que nos estamos
refiriendo. Pero sólo nos importa de la discusión su incidencia en
materia de seguridad, de orden y de derecho al trabajo. Así, el día
13 ocuparon las plantas tercera, cuarta y quinta, esto es la
Inspección de Trabajo, el área de trabajo de la Delegación del
Gobierno y la Consejería de Trabajo del Principado. Además, en esta
ocasión expulsaron al público que se encontraba en estas
dependencias, así como a los empleados que denunciaron verbalmente
ante los policías las amenazas de agresiones físicas e insultos que
por parte de los ocupantes habían recibido. Sin embargo, se negaron a
presentar denuncia por tales hechos por el miedo a represalias
posteriores, según manifestaron en el sitio. Ese día 13 el desalojo
de los ocupantes se produjo individualmente, acompañándoles la fuerza
policial de uno en uno al exterior.

El día 14 con carácter preventivo se montó un dispositivo policial
con el propósito de evitar el encierro de los aludidos y facilitar la
entrada de los empleados. A las siete veinte horas los funcionarios
policiales observaron un grupo de unas cien personas de Comisiones
Obreras que se encontraban ocupando la entrada del edificio, habiendo
bloqueado las puertas, incluida la del garaje, con barras de hierro,
impidiendo totalmente el acceso a los trabajadores. Al frente de los
mismos se encontraba el secretario general del sindicato citado, con
quien intentó dialogar el responsable policial con el propósito de
que abandonasen su actitud, recibiendo



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abucheos, insultos, groserías por parte de los allí reunidos. Ante la
imposibilidad de diálogo y ante su decisión de impedir el acceso de
los funcionarios, empleados y público del edificio, sobre las ocho
veinte horas se recibieron instrucciones de la Delegación del
Gobierno, en el sentido de que se fracturase el cristal de la puerta
para poder entrar en el edificio, se desalojara a los ocupantes y se
facilitara la entrada a los trabajadores, por lo que se procedió a
fracturar la puerta de cristal para abrir el acceso, adoptando en
todo momento las máximas precauciones de seguridad de los presentes.

Una vez franqueada la entrada, se invitó a los allí concentrados a
que depusieran su actitud y permitieran el libre acceso al edificio.

La respuesta fue todo tipo de insultos, el lanzamiento de objetos y
cristales que se encontraban ya dispersos por el suelo. Los efectivos
policiales intentaron sacar a la calle a los concentrados
agarrándolos por el brazo, pero éstos se revolvieron contra los
policías agrediéndolos, arrollándolos e incluso haciéndolos rodar por
el suelo, produciéndose varios contusionados y heridos, tanto entre
los que ocupaban ilegalmente el edificio como entre los propios
policías. Los heridos, leves, fueron seis miembros de Comisiones
Obreras y cuatro policías, entre ellos el jefe del dispositivo.

Seguidamente, se intentó abrir un pasillo entre los concentrados para
que pudiesen acceder los funcionarios a sus puestos de trabajo,
siendo los policías constantemente empujados, agredidos e insultados,
por lo que, para evitar males mayores, se desistió de tal fin, pero
continuó la ocupación del edificio durante toda la mañana.

La actividad de los distintos organismos no se pudo desarrollar,
habiendo de suspenderse los juicios señalados para ese día en los
juzgados de lo Social. Ese mismo día 14 por la tarde se recibieron
instrucciones de la Delegación del Gobierno para que se estableciera
un servicio que permitiese normalizar la actividad desarrollada en el
edificio en cuestión, pero evitando en lo posible el enfrentamiento
físico entre policías y miembros de Comisiones Obreras. Durante la
mañana del día 15, se estableció un servicio en los accesos a las
distintas plantas del edificio, con el fin de evitar la ocupación del
mismo por miembros de Comisiones Obreras e intentar que los distintos
funcionarios pudiesen desarrollar su actividad con la normalidad
exigible o la máxima posible. Sobre las siete horas, comenzaron a
llegar grupos de afiliados al sindicato Comisiones Obreras que
querían acceder a las nuevas dependencias de la planta baja de dicho
inmueble, donde tiene su sede el sindicato, permitiéndoseles el
acceso a las mismas. Sobre las ocho horas, salieron todos de sus
locales y ocuparon la entrada, empujando y arrinconando a los
policías que se encontraban en ese lugar.

Ocupada la entrada, siguieron entrando al interior afiliados de
Comisiones hasta un número aproximado de 500. Este grupo estaba
integrado por colectivos de
Oviedo, Gijón, cuencas mineras y de otros lugares de fuera de la
comunidad, advirtiéndose la presencia de algunos encapuchados y de
personas que se cubrían el rostro con pañuelos. Cualquier intento de
impedir la ocupación de la entrada por parte de los miembros de la
unidad de intervención policial hubiese generado un enfrentamiento
físico entre unos y otros, por lo que los policías optaron por no
ejercer la fuerza e informar sobre la situación creada, pese a la
provocación y el acoso a que fueron sometidos. Como en días
anteriores, el líder sindical de Comisiones Obreras, ayudándose de un
megáfono, arengó a los allí presentes, a quienes instó a que no
cesaran en su postura, toda vez que se seguía sin conseguir sus
objetivos, esto es, que se les cediera el edificio, ahora por la
fuerza. Como consecuencia de la ocupación de la entrada, los
trabajadores del edificio que estaban en el exterior no pudieron, un
día más, acceder a sus puestos de trabajo, paralizándose de esta
manera toda la actividad del edificio, incluidas las sedes
judiciales.

De todas estas actuaciones se instruyeron diligencias, que han sido
remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia. En conclusión, hay
que señalar que la actuación policial fue en todo momento correcta y,
por lo que se refiere en concreto a la del día 14 por la mañana, en
la que se produjo un enfrentamiento, con seis heridos leves afiliados
sindicales y cuatro heridos leves entre los policías, entendemos que
fue lamentablemente provocada por una de las partes, mientras el
cuerpo nacional de Policía tenía como única finalidad lograr la
normal actividad en el edificio. Sólo secundariamente se dio
respuesta a la actitud de las personas que ocupaban ilegalmente la
entrada del edificio y empujaban y agredían a los policías.

La manifestación convocada en Madrid por el colectivo denominado
Izquierda Castellana tenía como itinerario establecido glorieta de
Carlos V, calle Atocha, plaza de Jacinto Benavente y plaza de Tirso
de Molina, donde estaba previsto que finalizaría. A tal efecto, se
estableció el correspondiente dispositivo de seguridad por la brigada
provincial de seguridad ciudadana para el citado día 19. Durante todo
el trayecto, los manifestantes, en número de 1.000 aproximadamente,
fueron insultando, provocando e incluso, en algunos momentos,
lanzando objetos contundentes, piedras y botellas sobre la fuerza
actuante.

Al llegar a la plaza de Jacinto Benavente, los manifestantes
pretendieron cambiar el itinerario y dirigirse, por la calle
Carretas, hacia la Puerta del Sol, por lo que se les prohibió el paso
con una barrera policial, ya que en esos momentos se estaba
celebrando una concentración de signo político contrario en la plaza
de Oriente con motivo del aniversario de la muerte del anterior jefe
del Estado. El propósito de la policía no era otro que el de evitar
los posibles enfrentamientos entre los dos grupos de signo político
claramente opuesto. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa
la



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Presidencia.) Al impedírseles modificar el itinerario, se produjo una
fuerte respuesta violenta por parte de los manifestantes, que
lanzaron otra vez todo tipo de objetos contundentes contra los
funcionarios actuantes, por lo que éstos se vieron obligados a
realizar una carga policial y a dispersar a los manifestantes hacia
la zona de la plaza de Tirso de Molina, lugar hacia el que debían
dirigirse según el itinerario que habían solicitado y que se les
había concedido.

Con motivo de dicha carga, se produjeron diversos heridos entre los
funcionarios policiales. Durante la dispersión de los manifestantes,
éstos fueron destrozando el mobiliario urbano que encontraban a su
paso, como contenedores, papeleras y otros de este tipo, y formaron
barricadas para tratar de impedir el movimiento de la fuerza actuante
por las calles de la zona. Con motivo de las agresiones sufridas por
los funcionarios actuantes y de la posterior carga policial,
resultaron detenidas varias personas, realizándose las oportunas
diligencias policiales, que fueron remitidas a la autoridad judicial
que entiende de estos hechos. A raíz de las agresiones sufridas por
los funcionarios actuantes y de la posterior carga policial, fueron
detenidas siete personas como presuntas responsables de delitos de
atentado, desórdenes públicos y daños. Todas ellas, excepto una,
fueron puestas a disposición judicial. Actualmente, sobre estos
hechos, el Juzgado de Instrucción número 19 ha iniciado las
diligencias previas 8175/2000 por desórdenes públicos, atentado,
lesiones y daños, realizándose las oportunas diligencias policiales
que fueron remitidas a la autoridad judicial que entiende de estos
hechos.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En representación del
primero de los grupos peticionarios de la comparecencia, tiene la
palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, vamos a seguir con nuestra
labor de oposición, aunque después el señor Gil Lázaro nos hablará de
los muchos votos que han conseguido. Vamos a ver qué pasa de ahora en
adelante, cuando han dejado de ser de centro y practican, a nuestro
juicio, una política de orden público reaccionaria, con métodos que
recuerdan a otros tiempos; reaccionaria, inusual, desproporcionada
y que tienen que corregir, sin duda, porque sus versiones, señor
Morenés, no coinciden con las nuestras. Ni usted me va a convencer a
mí ni yo a usted, pero creo que habrá que empezar a modular la
situación porque, en una situación como la que se presenta ahora, de
ciclo negativo de la economía y con la gente que quiere salir a la
calle, ¿qué van a hacer ustedes, aumentar los palos; más gente, más
palos?
Señor Morenés, ha dicho usted que en Granada había un piquete de
treinta personas; en Oviedo, ocho o diez personas y, en la
manifestación de Madrid, 200 personas.

Qué barbaridad, el follón que lían ustedes teniendo en cuenta la
cantidad de gente que inicia esta situación. Qué desproporción más
absoluta.

Vamos a ver lo de Granada, señor Morenés, aunque a ustedes parece que
les da igual, pero si sigue esto así, vamos a ver cuál va a ser la
opinión de la gente a corto y medio plazo. En Granada, el piquete al
que usted hace referencia de Comisiones Obreras, de forma legal
intentaba impedir la salida de autobuses que no estaban contemplados
dentro de los servicios mínimos, por lo tanto estaba haciendo una
labor lógica defendiendo sus intereses en un momento muy difícil y
con muy poca gente en presencia, y cuando se sientan es cuando sin
previo aviso son atacados directa y brutalmente.

El responsable de Comisiones Obreras de la provincia habla con el
subdelegado del Gobierno, señor Marín Sicilia, y éste, entre otras
cosas, le dice que el conflicto se le había ido de las manos y que la
policía recibía órdenes superiores, textualmente; se ha publicado así
en los medios de comunicación de Granada y no ha sido desmentido por
nadie porque se lo dijo al secretario provincial de Comisiones
Obreras. Esto ocurre días después de la carga contra los pescadores
del puerto de Motril. Más adelante, el señor Marín Sicilia ni
siquiera asume que haya dado una orden de carga, porque, según él, en
la tarde anterior había hablado con los responsables de la policía
para que no se produjeran acciones de fuerza. ¿Qué está ocurriendo
exactamente? ¿Son órdenes superiores o ya hay una dinámica tal que,
como ha dicho, el señor Marín Sicilia no controlaba la situación? El
conflicto se le había ido de las manos. Por lo tanto, esta es la
situación, señor Morenés, que ahora intentaré englobar en una teoría
política a la que después se me responderá debidamente.

En Oviedo, ocho o diez personas que han convertido en un ritual, que
ya estaba tácitamente pactado con las fuerzas de orden público, la
ocupación de esa zona de la delegación provincial de trabajo de
Oviedo. Es un ritual porque no están de acuerdo con esa distribución
a la que usted hacía referencia, y sin aviso de ningún tipo hay una
carga brutal con siete heridos que pasan a traumatología, como usted
bien sabe y ha referido. No figura en ningún medio de comunicación
que hubiera policías heridos, por lo menos yo no lo veo en los que
tengo, que reproducen exactamente lo que allí pasó, aunque si se
produjeron heridos lo siento con la misma consideración. Lo que le
quiero decir es que no hay proporción. ¿Usted ha visto cómo trata la
policía a los manifestantes actuales en Alemania frente a la carga
ferroviaria de material radioactivo? Se dialoga mucho durante mucho
tiempo, cosa que no ha ocurrido ni en Granada ni en Oviedo, ni mucho
menos en Madrid. Falta paciencia, y ese policía que salía el otro día
en una televisión haciendo lo que hacía y diciendo lo que decía puede
empezar a generalizar la situación debido a las órdenes que se dan y
al aumento de la represión,porque sin duda va a ir aumentando el
volumen de



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manifestaciones. Por muchos votos que haya tenido un Gobierno, si no
lo hace bien, habrá respuesta en la calle, en las instituciones de
todo tipo y desde luego aquí en este Congreso de los Diputados.

En Madrid, 200 personas en una manifestación que se deniega al final
por el señor Ansuátegui. En noviembre del año 2000, el señor
Ansuátegui disuelve violentamente una manifestación pacífica de
activistas a favor de la condonación de la deuda de los países del
sur, aquí en la escalinata del Congreso. Aquello parecía el acorazado
Potemkín. Ese mismo año, el señor Ansuátegui reprime una
manifestación de funcionarios que transcurría entre la madrileña
plaza de Sol y Neptuno. El pasado diciembre el señor Ansuátegui lanza
a la policía contra la Plataforma de la emigración. En este año, en
pasadas semanas, el señor Ansuátegui ha mandado cargar a la policía
contra médicos interinos y estudiantes de medicina que demandaban
determinabas actuaciones del Ministerio de Sanidad. De la misma
manera, el señor Ansuátegui trata de anular los hermanamientos de
pueblos españoles con las daivas saharauis.




Para que se vea el nivel de degradación que ha alcanzado la
ejecutoria del señor Ansuátegui, hay que decir que ha llegado a ser
noticia que el delegado del Gobierno autorice una manifestación,
manifestación de ciclistas del pasado sábado, 24 de febrero, ya que
todas son desautorizadas y cuando éste se equivoca y autoriza se
convierte en noticia. Esta es la noticia, que autorice. Esta es la
situación.

Nosotros pensamos -voy terminando, señor presidente- que no estamos
ante casos aislados sino ante una situación general. Ya sabe usted
que determinados portavoces de determinados sindicatos policiales
acaban de decir, primero, que no están dispuestos a seguir dando esta
imagen que están dando de represión continuada y sistemática, y han
dicho también que hay un enorme despliegue desproporcionado que al
mismo tiempo les crean muchísima incidencia en el trabajo, pero que
también supone una desproporción constante con respecto a las
movilizaciones, a las que no se enfrentan como un problema social, un
problema político, y fundamentalmente un problema laboral. No,
ustedes ven un grupo de gente, ocho, treinta o doscientas personas y
dicen que ese es un problema de orden público, allí hay un problema
de orden público. Si hay un problema de orden público, hay que
quitarlo de en medio. Ese es el pensamiento. Este es el problema. No
van ustedes a preguntar: ¿qué hacen ustedes aquí? Porque pueden decir
que quieren que esto se entregue al sindicato por estas razones o por
otras. Entonces, a ver cómo se desarrolla esto, a esperar un tiempo.

O, ¿qué hacen ustedes aquí? Que están saliendo autobuses que no están
en los mínimos establecidos y no queremos que salgan porque nos
estamos jugando las habichuelas. O, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues que
Israel está matando palestinos y queremos protestar. No, ustedes
ven doscientas personas, a por ellos. Ven ocho personas, a por ellos;
ven treinta sentados, en Granada, a por ellos; ciento cincuenta
sentados en las escalinatas del Congreso, a por ellos. No podemos
estar de acuerdo de ninguna de las formas. Una concentración de
gente, en primer lugar, es un problema social, laboral o político, en
primer y principal lugar en este país en democracia. Después, ya
veremos los problemas de orden público que se puedan establecer
después de que haya un cambio radical de política, que estamos
pidiendo empezando por Madrid y por el señor Ansuátegui, al que
habría que ayudar a dimitir.

La situación va a empeorar, porque incluso se están amontonando
problemas laborales muy serios. Si ahora se tocan los convenios o se
tocan las pensiones con el cálculo de toda la vida laboral para
hallarlas, el problema se va a agrandar, fundamentalmente si este
problema se desarrolla en una etapa recesiva de la economía. ¿Qué va
a pasar? ¿A mayor concentración de gente, mayor concentración de
policía, mayor represión? Ustedes tienen que meditar sobre esta
situación, hay que pensarla, esta no es la salida europea, no es la
salida centrista, señor Gil Lázaro. Es una salida bastante
derechista. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo. Usted no me
va a convencer a mí de esos hechos que ha relatado. Tampoco le voy a
convencer a usted, pero le estoy dando no sólo los hechos que yo he
visto sino los que ha publicado la prensa. Usted me ha dado sólo una
versión de una parte. Yo le doy la versión que han publicado los
medios de comunicación en el caso de Oviedo y en el caso de Granada.

Termino diciendo que no deben confundir el derecho a la manifestación
legítimo y legal y los diversos incidentes que se produzcan con
ningún tipo de kale borroka, y estamos empezando a confundir cosas.

Esto no es una kale borroka lo que la gente hace. Están
manifestándose y desde ese punto de vista hay que respetarlos, hablar
con ellos y solucionar los problemas policiales que haya de otra
manera, de otra forma. Desde ese punto de vista, no se puede nunca
tampoco confundir con delincuencia organizada las manifestaciones
organizadas, la salida organizada a la calle, las reivindicaciones
organizadas porque pertenecen a otra cuestión, a problemas sociales,
problemas políticos, problemas laborales. Ustedes debieran repensar
esta situación. Van a aumentar las respuestas sociales y no se
corrige la situación con mayor represión. Esa no es la salida.

Espero que esto se piense. El señor Mayor Oreja en su última
comparecencia, que hizo ya no me acuerdo cuándo, dijo que iban a
repensar esta situación con motivo de un debate que tuvimos sobre una
de las manifestaciones que hubo muy cerca de aquí.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para manifestar la
posición sobre la comparecencia solicitada por su grupo, tiene la
palabra el señor Aymerich.




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El señor AYMERICH CANO: En la línea de lo manifestado por el portavoz
de Izquierda Unida, nuestras versiones, señor Morenés, no coinciden,
y no coinciden en absoluto.

En primer lugar, hay que decir que en esta manifestación, con
independencia de que hubiese elementos descontrolados dentro o de que
hubiese provocadores en medio de ella, el señor Ansuátegui, no debe
extrañar por su biografía, también es cierto, fue calentando el
ambiente. Se había pedido que la manifestación llegase hasta la
Puerta del Sol y el señor Ansuátegui dijo que la convocatoria de la
manifestación era una provocación, lo dijo en la resolución motivada
que les hizo llegar a los convocantes, dijo que era una provocación y
que determinados lemas antirracistas y contra la Ley de extranjería
tenían carácter excluyente. Eso fue lo que contestó el señor
Ansuátegui. Sería una provocación para él o para los que se estaban
manifestando para honrar -y cada uno puede honrar lo que le dé la
gana- al dictador Franco; no era un régimen anterior, era una
dictadura fascista lo que había antes.

Respecto a la intervención de la policía en esta manifestación, había
una presencia policial inusitada, y digo inusitada porque esta
manifestación se venía celebrando en Madrid siempre como una
manifestación antifascista el día en que los fascistas también salen
a la calle, y en los años anteriores no había habido ningún problema.


Este año había una presencia policial inusitada a todo lo largo de la
manifestación, hasta el punto de que, según declaraciones de gente
que tenía pensado asistir, la inusitada presencia policial
antidisturbios, con casco negro, con ostentación de armamento, les
disuadió de manifestarse. Eso es parte también de su política.

Disolución de la manifestación en la Plaza de Jacinto Benavente.

Había una muralla de furgonetas policiales; un profesor, que luego
resultó ser un profesor universitario, da igual fuese quien fuese,
estaba sacando fotografías y, como sucedió el otro día con los
médicos internos residentes, o con los estudiantes que se quejan por
la falta de plazas suficientes en el MIR, cuando por el Ministerio de
Sanidad y por las consejerías de Sanidad no se garantiza ni siquiera
diez minutos de atención a cada paciente, sorprendente, se le intenta
sacar el carrete de fotografías; se inicia un forcejeo, lo intentan
meter en la furgoneta (veremos que luego hay otra gente a la que
meten en la furgoneta y a la que no tratan demasiado bien, por
cierto) y la policía, sin previo aviso -y si quiere puede ver las
fotografías-, empieza a disolver la manifestación disparando las
pelotas de goma a menos de dos metros de los manifestantes, si quiere
le traslado después las fotografías. Se detiene a varias personas; en
concreto a varias de ellas, fuera del lugar de disolución de la
manifestación, cuando escapaban de la carga policial y se ven de
repente cogidos en una calle cerrada por policías a ambos lados,
policías que están disparando pelotas de goma sin ton ni son, aquí
tiene a un policía identificado, por cierto, ésta
es otra, parece ser que aquí en Madrid ciertos policías no van
identificados, y cuando se les pregunta cuál es su número dicen: vaya
usted a la Plaza de Castilla presente una denuncia. Podemos ver aquí
a este señor que va andando tranquilamente, se le pega y se le pega
una patada, lo cual tampoco parece demasiado edificante, una patada
en el culo parece que es un trato no demasiado correcto para una
persona que va tranquilamente andando. Se detiene a varias personas,
como ven estaban las personas quietas en el suelo, este señor, que es
el mismo de la fotografía anterior, por eso digo que podrían ustedes
identificarlo, los patea, están ellos quietos boca abajo, sin hacer
nada, los patea; uno de ellos con graves heridas en la cabeza dice
que llamen al Samur, le dicen ya llamaremos a la ambulancia, pero le
meten en una furgoneta; se lo llevan a Moratalaz, están tres días
allí donde son objeto de todo tipo de tratos degradantes; uno de
ellos era argentino y tuvo que escuchar de uno de los policías -lo
que pasa es que no le pudo identificar porque estaban obligados a
mirar al suelo- que qué pena que no estuviese veinticinco años antes
en Argentina porque los generales hubiesen acabado con él; es decir,
este tipo de cosas, policías que pasan silbando el Cara al sol, y no
quiero generalizar porque efectivamente dentro de la policía hay
grandes profesionales y hay personas que son conscientes de su labor.


La política que ustedes están siguiendo, la política de no pasa nada,
tranquilos, nadie os va a pedir responsabilidades, lleva a este tipo
de situaciones, lleva a que garbanzos negros que hay en la policía se
sientan envalentonados y actúen de esta forma.

Otra pregunta que le quiero hacer: ¿Por qué se detiene durante
setenta y dos horas a personas contra las que no hay absolutamente
nada? O si lo hay, que habría que verlo, serían únicamente faltas y
están perfectamente identificados, ¿por qué se los detiene setenta y
dos horas? Por lo visto es otra práctica habitual del señor
Ansuátegui.

Voy a acabar, después de su contestación seguramente tendremos
ocasión de contrastar y de precisar más estos datos, pero lo que le
quiero decir es que al señor Ansuátegui no es que haya que ayudarle a
dimitir sino que hay que cesarle inmediatamente. Es un señor que
tiene una trayectoria, que hizo su carrera, como muchos otros, al
amparo del régimen anterior, pero es que parece que no tiene asumido
qué es el derecho constitucional de manifestación, de reunión; parece
que no tiene asumido que los ciudadanos tienen derecho a
manifestarse, que no se puede quemar mobiliario urbano, no se pueden
tirar objetos, eso está clarísimo, pero lo que tiene que haber
también es una actuación por parte de los poderes públicos, y en
particular por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, proporcionada, que no eche gasolina al fuego o que cree
problemas donde no los hay. Decir que una manifestación antifascista
es una provocación, que lemas antirracistas o antixenófobos son
excluyentes, para mi fuerza



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política indica muy claramente cuál es su concepción del orden
público y de los derechos constitucionales.

Muchas gracias, y ya digo, espero que después en la segunda
intervención podamos precisar más estos datos.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): ¿Grupos parlamentarios que
quieran intervenir en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URÍA EXTEBARRÍA: Señorías, lo local de alguno de los
sucesos respecto de los cuales se pide comparecencia, como son los
casos de Granada o de Oviedo, me impide tener datos ciertos sobre las
actuaciones de los delegados del Gobierno, por lo que circunscribiré
fundamentalmente mi actuación a lo que suele ser el proceder del
delegado del Gobierno en Madrid.

Son cuatro las peticiones de comparecencia, señor secretario de
Estado, y ha habido más ya en esta legislatura; en la pasada hubo
algunas peticiones de explicación sobre actuaciones del delegado del
Gobierno, pero menos, poco a poco van aumentando y quiero pensar que
es porque las actuaciones que estos altos cargos tienen encomendadas
suscitan la suficiente atención por parte de los grupos
parlamentarios o de quienes ejercemos el control político del
Gobierno como para que se modificase lo que es una práctica de esta
Cámara desde hace tiempo por la que no es posible llamarles a ellos
mismos a comparecer. Usted se evitaría este trámite de hoy si fuese
posible que los propios delegados del Gobierno pasasen el sonrojo de
tener que explicar ante nosotros, representantes elegidos, qué es lo
que ocurrió o cómo intervinieron, sobre todo cuando se trata de la
actuación que en materia de orden público tienen atribuida.

Al efecto me gusta recordar que la figura del delegado del Gobierno
tiene previsión constitucional en relación con la coordinación de la
Administración que el Estado mantiene en una determinada comunidad
autónoma y para coordinarse con la de la comunidad autónoma
correspondiente, en su caso, dice la ley, pero la Lofage (la Ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado), aprobada en la pasada legislatura, en el artículo 23.3
establece que les corresponde proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades. Parece que no es éste un cometido que tengan
muy en cuenta, a juzgar por las peticiones de comparecencia, repito,
casi siempre vinculadas a actuaciones en materia de la represión,
singularmente del derecho de manifestación, por la que son llamados a
esta Cámara.

Respecto de las actuaciones concretas que se atribuyen en las dos
peticiones de comparecencia al delegado del Gobierno en Madrid
únicamente me referiré a que
en la pasada legislatura fui acusada por algún diputado del Grupo
Popular de tener obsesión persecutoria en relación con el señor
Ansuátegui cuando desempeñaba el cargo del delegado del Gobierno en
la Comunidad Foral de Navarra. No era obsesión, sino que, como han
dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, su
trayectoria le precede. Usted que es vasco conocerá lo que le digo si
le manifiesto que en una ocasión siendo gobernador civil de Álava
llegó a ordenar una carga contra el Olentzero, personaje popular de
la Navidad vasca, alrededor del cual los niños suelen entonar
determinadas canciones. Esta es una de sus actuaciones, por no
mencionar ya la de que en pleno mediodía en la legislatura pasada, no
recuerdo ahora la fecha exacta, ordenó cargar contra una
manifestación de padres con niños simplemente porque pedían aumento
del modelo D y hubo heridos.

Bastaría repasar el «Diario de Sesiones» de la Comisión de
Administraciones Públicas del 16 de diciembre del año 1998 para ver
el rosario de actuaciones que le atribuimos quienes intervinieron en
representación de los Grupos Socialista, Izquierda Unida, Mixto y
esta misma diputada, y están en el historial y en la biografía del
señor Ansuátegui. No insistiré, pero, repito, si ustedes quieren
acreditar centrismo, si quieren acreditar actuaciones conforme a los
parámetros del Estado de derecho -que estoy segura que esa es su
pretensión-, si quieren manifestar respeto a los derechos y
libertades de los ciudadanos, sobre todo cuando del derecho de
manifestación se trata, creo que el delegado del Gobierno, señor
Ansuátegui, no les hace ningún favor; representa al pasado
autoritario y represor del que creo que ustedes deberían huir. Hágame
caso, recomiéndele al vicepresidente primero y ahora también ministro
de Interior, que proponga el cese del señor Ansuátegui.




El señor VICEPRESIDENTE (Sourvirón García): En nombre del Grupo
Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, doña Cristina Alberdi.





La señora ALBERDI ALONSO: Voy a fijar la posición de mi grupo en
torno a la concentración pacífica ante la Embajada de Israel, que es
a lo que se refiere el punto 4 del orden del día.

Como ya se ha dicho, la Asociación de la comunidad hispano-palestina
y el Comité de solidaridad con la causa árabe convocaron, el pasado 3
de octubre de 2000, una manifestación de rechazo ante la represión
israelí, según manifestaron en su comunicado. La Delegación del
Gobierno no autorizó la protesta y actuó con decenas de policías para
impedirla. Hubo forcejeos y fue detenido un miembro del comité y
además golpeado, según denunciaron las asociaciones convocantes. Se
concentraron 200 personas que quemaron banderas con la estrella de
David y participaron en una masiva plegaria islámica, según dicen los
diarios. El detenido era un profesor de ciencias de la educación de
la



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UNED, y parece que fue acusado de resistencia a la autoridad y
agresión a un policía.

Después de reiterar los hechos, lo que queremos destacar es que se
trataba de una protesta pacífica que podía y debía haberse disuelto
también pacíficamente. Incluso, la propia protección de la Embajada,
obligada, como usted ha dicho, señor secretario de Estado, también
puede hacerse pacíficamente. ¿Qué está ocurriendo en estos casos? Yo
creo que se están repitiendo, como se pone de relieve en estas
peticiones de comparecencia que vemos hoy por diversas actuaciones
del delegado del Gobierno, respuestas desproporcionadas de las
fuerzas de seguridad frente a ciudadanos que, con mayor o menor
fortuna o mayor o menor razón, se manifiestan pacíficamente en
defensa de las ideas en las que creen. Ese es el problema. Existe ya
un clamor desde diversos colectivos en contra del delegado del
Gobierno en Madrid, el señor Ansuátegui, por su forma de reprimir las
manifestaciones, sean o no autorizadas, pues sabemos, como usted ha
dicho, que el caso que nos ocupa de los manifestantes ante la
Embajada de Israel en Madrid, no tenía autorización. Pero eso no
obsta para que se deba disolver por las fuerzas del orden haciendo el
menor daño posible y, a poder ser, pacíficamente, con los métodos y
la autoridad disuasoria que en principio detentan las fuerzas
policiales.

Ya tuvimos ocasión, por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
recientemente de preguntarle por las actuaciones y decisiones del
delegado del Gobierno en torno a las autorizaciones para
manifestaciones en Madrid, que nos venían resultando inadecuadas y
que estaban dando lugar a un importante descontento por parte de
numerosas asociaciones, especialmente de las asociaciones vecinales.

También destacamos que la forma y el alcance de las multas impuestas
eran recurridas permanentemente por los afectados, y constituían de
hecho un elemento disuasorio ante las complicaciones que causan de
todo tipo. Este tema de las multas, al que nos referíamos entonces,
está también de actualidad, porque ha aparecido en El País que hoy se
ha tenido conocimiento de que Ansuátegui ha multado a los
manifestantes, según la resolución, por instigar una sentada ante el
Congreso, refiriéndose a la sentada pacífica que se celebró el pasado
26 de noviembre en las escaleras del Congreso de los Diputados, y que
también finalizó con una fuerte carga policial.

Entendemos que nos encontramos en un caso similar a estos anteriores
que hemos comentado, que se deniega la autorización, y al ir a
disolver esa manifestación se da una respuesta desproporcionada, que
lleva consigo la detención de un profesor, al que además, según la
denuncia que él formuló, se le golpeó.

Volvemos pues hoy, ante estos acontecimientos, a poner de relieve
nuestro rechazo a estos métodos, que consideramos impropios de una
democracia avanzada. Para concluir, en nombre de mi grupo, quiero
insistir en la oposición ante estos métodos, que criticamos, y
señalo que son ya muchos los grupos que están pidiendo, como ya se ha
dicho por algún otro representante, la dimisión o el cese del
delegado del Gobierno precisamente por este tipo de actuaciones. Por
ello, una vez más le instamos, señor Morenés, a que ponga coto, en la
medida de sus posibilidades, a estas actuaciones y reconduzca el
discurrir de las manifestaciones y de los manifestantes a la
normalidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Sourvirón García): Con relación a la
comparecencia relativa a los incidentes de Granada, tiene la palabra
la señora López.




La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No voy a referirme en términos generales a
la situación del orden público, a la que ya ha hecho referencia tanto
el señor Alcaraz como mi compañera, la señora Alberdi, pero sí quiero
referirme a lo que ocurrió en Granada el día 6 de octubre del pasado
año.

Señor secretario, después de haberle oído, la sensación, la
percepción, la foto que me pasa por la imaginación es que hay un
montón de manifestantes perversos continuamente en la calle, que lo
único que hacen es provocar a las fuerzas de orden público. Esa es la
percepción que tengo después de oír todo el cúmulo de situaciones de
conflicto a las que usted ha hecho referencia. Sin embargo, la
percepción que tienen los ciudadanos y en concreto los de Granada no
es esa. En esa época, en ese momento al que nos hemos referido, el
mes de octubre, las cargas policiales fueron múltiples en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Fueron en Motril, en la misma
provincia de Granada, en Huelva, en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, en
Málaga. Es decir, ¿en todas las provincias andaluzas los
comportamientos de los manifestantes son agresivos? ¿Defienden sus
derechos, el motivo por el que se manifiestan de esa forma tan
agresiva? Yo no lo creo, señor secretario. No me creo que cuando
alguien se manifiesta muestree esa intencionalidad, sino todo lo
contrario. Es verdad que la percepción que nosotros tenemos es que
llueve sobre mojado. Ha dicho la compañera del Grupo Vasco, la señora
Uría, que la actitud del delegado del Gobierno de Madrid -y la
actitud también del delegado del Gobierno en Andalucía- no es nueva,
esta actitud viene produciéndose reiteradamente. Nosotros creemos que
esta actitud no es la mejor, no es la que va a conseguir que los
problemas se resuelvan de una forma pacífica y consensuada. Con este
tipo de actitud lo único que conseguimos es crispar la convivencia y
dificultar más el que podamos acercarnos a esas soluciones pacíficas
que nos están demandando las personas cuando inician una huelga,
cuando supuestamente quieren además defender sus derechos.

Hay un dato que me parece bastante relevante, y además después de
oírle a usted mucho más. Ha manifestado usted que eran 30
trabajadores -y efectivamente es así, así se ha manifestado en todos
los medios de



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comunicación- los que había sentados en la Alsina Graels; cincuenta y
tantos efectivos policiales fueron a pacificar la situación
-pacificar entre comillas- de 30 trabajadores en huelga,
reivindicando sus derechos salariales y las condiciones de sus
convenios colectivos. El resultado fue de siete trabajadores heridos
y un detenido. Pero a mí me preocupa lo que dijo en su día el
subdelegado del Gobierno de Granada. En primer lugar, manifestó que
no había estado a la altura de las circunstancias y que no había
sabido controlar la situación. Posteriormente, indica que lo que
surgió fue un encontronazo. ¡Pues menudo encontronazo, del que en
donde siete trabajadores salen heridos! Todavía nos preocupa más
cuando la reflexión que hace el delegado del Gobierno en Andalucía es
que esas situaciones hay que atajarlas radicalmente. Parece que esas
manifestaciones no son las más adecuadas en un Estado democrático,
donde supuestamente -creemos- estas situaciones se deben solventar
pacíficamente, donde no pueden confundirse derechos y donde no se
puede actuar de esa forma impunemente.

Señor secretario de Estado, lo que le pedimos es que cese esta
actitud del Ministerio. Es verdad que en su última comparecencia (que
se solicitó por una carga policial que también había habido en
Huelva), el anterior ministro, el señor Oreja, ya manifestó ante esta
Comisión que trataría de que estas situaciones no se produjeran de
nuevo. Señor secretario, se siguen produciendo, se siguen poniendo en
conflicto dos intereses y dos derechos que nunca deben enfrentarse.

Nosotros entendemos que la Policía y las Fuerzas de Seguridad tienen
que tener una actitud preventiva, una actitud de defensa de los
derechos de los ciudadanos, de los trabajadores o de los que no
quieran trabajar en ese momento porque estén en huelga, pero nunca
pueden tener una actitud provocadora que dé lugar a esos resultados,
que me imagino que nadie quiere.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para intervenir en
relación con la comparecencia relativa a Asturias, tiene la palabra
el señor Sánchez Garrido.




El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Señor secretario de Estado para la
Seguridad, en primer lugar, le agradecemos su comparecencia ante esta
Comisión, para dar una explicación de lo que yo entiendo sinceramente
que es inexplicable y, en cualquier caso, injustificable.

Señor secretario de Estado, como usted nos ha relatado al principio,
el pasado 14 de febrero se produjo una desproporcionada, desde
nuestro punto de vista, intervención policial para desalojar a los
delegados sindicales de Comisiones Obreras del edificio de la antigua
Delegación de Trabajo de Oviedo. Una intervención policial que, pese
a la contundencia y brutalidad de la carga, fue respondida, sin
embargo, por medio de la palabra, en forma de una cascada de
reacciones de
rechazo desde distintos sectores sindicales, políticos y sociales,
que exigieron la dimisión de la delegada del Gobierno en Asturias,
doña Mercedes Fernández; dimisión que se pidió desde la Federación
Socialista de Asturias y que hoy reitera el Grupo Parlamentario
Socialista de esta Cámara. Usted, cuando ha intervenido al principio,
ha considerado que la actuación policial fue una respuesta eficaz.

Voy permitirme decirle que no puede ser considerada una respuesta
eficaz a diez trabajadores que estaban reunidos, como usted bien ha
dicho, ocupando el área de gobierno de la Inspección de Trabajo, en
la cuarta planta, en la sala de juntas. Una disputa legal en modo
alguno puede dar lugar a una carga represiva y brutal como la que
tuvo lugar, sobre todo porque hubo un momento en que aquello se pudo
atajar perfectamente, y usted lo ha relatado muy bien cuando decía
que los trabajadores no querían abandonar la sala de juntas de un
edificio que tiene, por lo que se ve, cinco o seis plantas. Con todos
los respetos, tiene que haber cauces y diálogo suficiente entre las
partes, sobre todo entre los dirigentes y la delegada del Gobierno,
para impedir que se produzca una carga tan brutal y tan
desproporcionada como la que aconteció.

Como han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la
palabra y otros grupos parlamentarios, si hoy usted hubiera
comparecido ante esta Comisión para intentar explicar solamente lo
ocurrido en Oviedo, aunque no lo hubiera podido justificar, sí
hubiera podido, al amparo de la exclusividad del hecho aislado, tener
algún argumento. Pero hoy comparece usted para explicar seis o siete
casos iguales (de los que solamente vamos a ver cuatro o cinco porque
dos han sido aplazadas), que han ocurrido en diferentes partes del
territorio nacional y contra colectivos diversos, con
reivindicaciones diferentes, puesto que eran colectivos
sindicalistas, agricultores, jóvenes, pacifistas y ciudadanos en
general, que entienden -y entienden bien- que el derecho de reunión y
manifestación es un derecho constitucional que legítimamente pueden
ejercitar.

Usted decía también que en esa respuesta eficaz apenas había habido
unos heridos leves, pero tengo que decirle que no fueron tan leves.

Tengo La Voz de Asturias del jueves, 15 de febrero de 2001, en donde
se dice que una persona tuvo que ser ingresada en el Hospital Central
por pérdida de conciencia y que a otra persona (precisamente, el
secretario general de la organización de Comisiones Obreras) le
tuvieron que dar siete puntos. Gravísimo de UVI, no; pero una buena
paliza, sí. Habría otros medios y formas de decir a diez personas que
están en una sala de juntas que abandonen ese lugar, negociando como
se ha hecho toda la vida y como se debe de hacer, con diálogo,
persuasión y con mano izquierda, porque están defendiendo lo que
consideran que es legal y que les pertenece. Debo decirle a usted que
el propio Sindicato Unificado de Policía (que, como usted sabe, es el
sindicato mayoritario)



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también exigió la dimisión de la delegada del Gobierno, doña Mercedes
Fernández, para que asumiera sus responsabilidades y dimitiera por la
desproporcionada intervención policial que hubo en este suceso tan
desgraciado. Como verá usted, señor secretario de Estado, las
críticas a las actuaciones policiales y a los que las ordenan se
extienden por todo el territorio nacional. Desgraciadamente -lo digo
sinceramente-, ustedes dan una respuesta homogénea, porque destaca
siempre la brutalidad y la represión injustificada. Creo que eso no
es bueno para nadie.

Aunque me salga un poco del guión, quiero transmitirle algo que he
oído en la radio. Se lo digo con absoluta sinceridad y con ánimo de
cooperar con usted. Antes de ayer, escuché en la radio a un
trabajador de Sintel -a mí me escandalizó el oírle-, grupo de
trabajadores que está acampado en Madrid, decir que tenía noticias de
se habían infiltrado policías y que, además, se iba a producir una
carga policial para desalojarles. Yo le ruego que compruebe estos
hechos y que, en la medida de sus posibilidades (que en este caso son
muchas, por el cargo, la distinción y el rango que usted ostenta),
evite que pueda ocurrir algo importante y desagradable a las puertas
del Palacio de Congresos. También le ruego que, en el futuro y en la
medida de sus posibilidades (le repito que creo que son muchas), haga
lo posible para que el diálogo impere sobre todas las cosas.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por último, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallizo,
en relación con los hechos sucedidos en Madrid el día 19 de noviembre
del año 2000.




La señora GALLIZO LLAMAS: Señor secretario de Estado, obviamente,
está pasando algo serio con la política del Ministerio del Interior
en relación con el respeto al derecho de manifestación, y está
pasando algo particularmente serio en la Delegación del Gobierno en
Madrid, que una y otra vez viene siendo denunciada por la forma tan
peculiar que tiene de administrar el derecho de manifestación. En
este caso, nos referimos a la intervención de las Fuerzas de
Seguridad el 19 de noviembre, con ocasión de una manifestación
antifascista. A mí y a mi grupo no se nos escapa que los convocantes
de la manifestación son grupos minoritarios, grupos que algunos
calificarán de radicales, pero eso en modo alguno significa que sean
ciudadanos que no deban disfrutar de todos sus derechos, entre otros
el de manifestación, sobre todo cuando esa manifestación se produce
en domingo y, previsiblemente, no va a alterar la vida ciudadana. De
la misma manera, pensamos que hay que hacer el esfuerzo de que la
intervención de las Fuerzas de Seguridad sea innecesaria y que, si se
produce, no se haga con violencia. No es posible que en el año 2001
se utilicen los mismos métodos que utilizaba
la Policía en los años setenta, cuando disolvía las
manifestaciones que algunos hacíamos en ese momento. Yo he visto las
fotografías de esa actuación y me parece que no traducen una
agresividad de los manifestantes que justifique la contundencia de la
actuación policial, con varios heridos y con muchos contusionados;
sin embargo, sí parece que traducen una violencia exagerada de
algunos miembros de las fuerzas de orden público, una violencia que
casi podíamos calificar de ensañamiento.

No debe ser la valoración negativa que se pueda tener de las razones
de unos manifestantes, no debe ser esa actitud de prejuicio hacia el
carácter radical o alternativo de los ciudadanos que ejercen un
derecho, el que condicione la acción del Estado hacia ellos. Tenemos
la impresión de que en este caso ha sido ese prejuicio el que ha
guiado las órdenes tan contundentes y tan desproporcionadas de las
Fuerzas de Seguridad del Estado. A nadie se le escapa que cuando se
producen intervenciones particularmente contundentes en estas
manifestaciones éstas se ven seguidas de actos de vandalismo
totalmente injustificables. No queremos poner una cosa en relación
con otra, pero decimos que, de la misma manera que hay que ser
contundentes y eficaces contra el vandalismo, hay que ser también
proporcionados y contenidos y cuidadosos y pacientes a la hora de
decidir utilizar o no la fuerza contra manifestaciones ciudadanas.

Esa es la posición del Grupo Socialista y la que le queremos
trasladar.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer lugar, don Ignacio
Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, yo intervendré muy brevemente
y a continuación, en relación con la comparecencia señalada como
número 8, intervendrá el señor Fernández Rozada.

Decía el señor Alcaraz -me permito citarlo por vez primera a lo largo
de esta sesión y por razones de cortesía, dada la publicidad
permanente con la que me ha obsequiado esta tarde- que iba a
trascender un poco de los hechos y que iba a hacer una teoría. Yo
mucho más modestamente, porque mis luces no alcanzan probablemente
a construir una teoría, voy a hacer una reflexión. Afortunadamente, en
una sociedad democrática como la nuestra el ordenamiento jurídico
protege y garantiza el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos y el de expresión, reunión y manifestación.
Y afortunadamente también en una sociedad democrática como la nuestra,
la actuación policial está absolutamente reglada.

Nosotros decimos -es algo que compartiremos todos- que democracia es
esencialmente pluralidad y que, por tanto, pluralidad es derecho a la
discrepancia y al ejercicio de la discrepancia. Por consiguiente, en
democracia no tiene sentido el concepto de represión.




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Intentar argumentar el estigma de la represión para calificar ésta o
aquella política de éste o de aquel Gobierno es, sin lugar a dudas,
un ejercicio profundamente equivocado. Ni un Gobierno democrático de
un signo ideológico ni otro Gobierno democrático de signo ideológico
distinto pueden ejercer una política de represión sencillamente
porque estaría en contra de su propia naturaleza como tal Gobierno
democrático. Eso es absolutamente obvio y si SS.SS. tuvieran memoria
histórica y un poquito de paciencia para hacer una revisión de los
anales de esta Cámara, observarían que son perfectamente equiparable
los incidentes que estamos tratando en el día de hoy con los que se
han tratado en otros momentos, y que afortunadamente en aquellos
momentos y en éstos el nivel cuantitativo de esos incidentes -y luego
haré la referencia cualitativa, no me olvido de ella-, tanto en
aquellos otros momentos como en éstos, son mínimos, como no puede ser
de otra forma en una sociedad democrática, en relación con el
conjunto de los actos que a lo largo de un año se desarrollan en el
ejercicio de ese derecho de reunión y manifestación.

Hecha la referencia cuantitativa, incido en la cualitativa. Cualquier
incidente que se produzca en el ejercicio de un derecho básico es
algo que nos tiene que preocupar a todos, y afecta y preocupa a los
grupos parlamentarios de la oposición, y afecta y preocupa al grupo
parlamentario que sostiene al Gobierno, y afecta y preocupa al propio
Gobierno. A partir de ahí -ese es un equipaje que debería ser
reconocido y compartido-, querer construir lo de la política
reaccionaria; lo de más gente más palos; lo de la represión, bien
está como pieza de oratoria de mitin, pero probablemente como pieza
oratoria con razón de fondo, carece mucho de sentido.

Hoy ha dicho el señor Alcaraz -y yo lo lamento porque guardo una
profunda, y S.S. lo sabe, estima personal y reconocimiento
intelectual al señor Alcaraz- que para el Gobierno la política de
presente y de futuro es ver gente y a por ellos. Lamento que una
persona del calado intelectual del señor Alcaraz pueda hacer esa
simplificación, porque yo estoy seguro de que a él mismo en su fuero
interno le consta que esto no es así. Se han mencionado los sucesos
de estos días en relación con las actuaciones de la Policía alemana.

Parece ser que se ignora que el despliegue realizado por la Policía
alemana en relación con ese suceso mencionado es de más de 30.000
efectivos. Atenor de algunas de las imágenes que hemos visto no
parece que las actuaciones policiales se hayan movido en el sentido
de promover el diálogo, sino, más bien, desde la contundencia. Yo
tengo que decir que celebro profundamente que las actuaciones
globales de la Policía española en la materia que nos afecta y de la
que estamos hoy hablando -de la que estamos hablando de algún
capítulo puntual, pero, en conjunto, las actuaciones globales de la
Policía española-, no se parezcan afortunadamente para nada a las
imágenes de contundencia severa que
vemos que en otros lugares de nuestro entorno aplican algunas fuerzas
de seguridad. Celebro profundamente que la Policía española no actúe
en esos términos, ni de pasado, en épocas muy recientes con otro
Gobierno, ni de presente, en la época actual con este Gobierno, estoy
convencido que ni de futuro, sea cual sea ese Gobierno de futuro.

Pero algunas de las afirmaciones me obligan a hacer un ligero matiz.

Yo le diría al señor Aymerich que no es que haya buenos profesionales
en la Policía, es que la profesionalidad de conjunto es impecable,
por más que existan, como en cualquier otro colectivo, personas
aisladas que pueden mantener en un momento dado una conducta
reprobable. Y yo le preguntaría también al señor Aymerich que cómo
puede decir que lo sucedido en la puerta del Congreso o alguna otra
situación que estamos analizando es producto de la política de:
tranquilos, no pasa nada. ¿La política de: tranquilos, no pasa nada,
se compadece con la actuación del Ministerio del Interior en términos
de juzgar como una actuación no deseada lo que sucedió en el Congreso
y adoptar unas medidas cautelares de cese del mando policial de la
fuerza interviniente? No creo que eso case mucho con esa expresión
genérica de: tranquilos, no pasa nada, barra ancha, ancha es Castilla
y a por ellos, que se ha invocado esta tarde aquí.

Al final sería bueno que todos compartiéramos un profundo compromiso
de didáctica social. En la medida en que afortunadamente en
democracia, en una sociedad como la nuestra, el ejercicio del derecho
de reunión, de expresión y de manifestación está plenamente
consolidado, bueno sería que nosotros, de la misma forma que exigimos
-porque lo exige la ley y porque lo exige el compromiso político y
ético de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, de todas las
fuerzas sociales y al final de la sociedad misma- que las actuaciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean siempre
impecables, atenidas a ese principio de proporcionalidad y a lo que
determina el ordenamiento vigente, como así lo es en la inmensa
generalidad de los casos, bueno sería también que hiciéramos el
ejercicio de didáctica social. Ya mencioné alguna vez -aunque no está
muy de moda citar a Ortega- aquello que decía Ortega de la función
didáctica de los dirigentes para explicarle a la sociedad que el
ejercicio del derecho irrenunciable -subrayo irrenunciable- a la
discrepancia, a la expresión, a la reunión y a la manifestación tiene
unas reglas que todos nos hemos dado, que el conjunto de la sociedad
democrática se ha dado a sí misma y que conviene en todo punto, por
respeto a esas reglas y a lo que significan, no transgredir. Es
decir, ninguna forma de tensión apoya o hace más fuerte el ejercicio
de una legítima reivindicación. No hay que olvidar tampoco que esas
personas que impecablemente día, a día, sirven a la sociedad,
vestidos en este caso de azul, es decir, los miembros del cuerpo
nacional de Policía, son también trabajadores en los mismos



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términos en que son trabajadores las personas que en un momento
determinado están ejerciendo una legítima reivindicación.

Concluyo, por tanto, diciendo que bueno será que hagamos una
reflexión para no establecer falsas dicotomías y, sobre todo, para no
intentar presentar lo que no tiene justificación: que hay un Gobierno
que mantiene una política de orden público o de seguridad ciudadana
reaccionaria; que hay un Gobierno que da órdenes represivas sobre
ciudadanos que ejercen sus legítimos derechos; que hay un Gobierno
que se mueve bajo el principio de más gente, más palos; que hay un
Gobierno que cuando ve gente dice: vemos gente y a por ellos. Esto,
coincidirán SS.SS. conmigo en que puede quedar bien dicho en el
escenario de un mitin, pero, como análisis político de fondo, está
fuera de lugar y está fuera de lugar también en el contexto de una
Cámara como ésta.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Antes de dar la palabra al
señor Fernández Rozada, suspendemos la sesión durante cinco minutos.

(Pausa.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señorías, reanudamos la
sesión.

Tiene la palabra el señor Fernández Rozada.




El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Quiero referirme brevemente a la
comparecencia pedida para explicar el desalojo de un encierro de
Comisiones Obreras en Oviedo.

Debo empezar diciendo que, después de oír atentamente la información
dada por el señor Morenés, estoy absolutamente de acuerdo con ella y
no tanto porque forme parte del Gobierno que mi grupo parlamentario
apoya, sino porque, como asturiano, como ovetense, he tenido ocasión
de seguir esto día a día en los medios de comunicación y en contacto
con quienes lo han vivido muy de cerca, incluso trabajadores que no
pudieron trabajar durante varios días en esa delegación, que se nos
quejaban diciendo si el derecho a asistir al trabajo no podía ser
protegido de alguna forma, ya que ellos estaban desamparados. Son
cuestiones que hay que vivir allí, de cerca, para entenderlas.

Después de la intervención de nuestro portavoz Gil Lázaro, una
intervención política con la que también estoy de acuerdo y que me
exime de hacer referencia a alguna de las partes que tenía previsto
-después de oírle ya no tiene sentido más que manifestar mi adhesión
a las palabras pronunciadas por nuestro portavoz-, quiero decir que
me pareció que el señor Alcaraz conoce bastante de lejos el asunto y
es el que lo ha presentado. Hace referencia a que siguió los medios
de comunicación y dice no tener constancia de los cinco policías
heridos. El que siguiera los medios de comunicación y no conociera
tal cuestión me hace pensar en la poca objetividad con que ha hablado
aquí de la comparecencia pedida por Izquierda Unida. Sólo le voy a
poner un ejemplo. El diario demayor
tirada en Asturias, La nueva España, señor Alcaraz, el día 15...

(El señor Alcaraz Masats: He hablado de Granada. Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz, respete el
turno de palabra, por favor.




El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Señor Alcaraz, yo he venido aquí y he
seguido de cerca las intervenciones de los portavoces respecto a las
actuaciones en Oviedo y usted -está en el 'Diario de Sesiones' y
tendremos ocasión de comprobarlo- ha dicho que desconocía que en
Oviedo hubiera habido heridos entre los policías; sí entre los
sindicalistas, porque los medios de comunicación no hacían referencia
a ello. Figura en el 'Diario de Sesiones'; yo lo he seguido. Si se ha
equivocado y se refería a Granada, puede comprobar el 'Diario de
Sesiones' y rectificarlo, pero yo le he oído que hablaba respecto a
Oviedo y quiero decirle que en los diarios de mayor tirada se dice:
El desalojo de un encierro de Comisiones se salda con seis
sindicalistas y cinco policías heridos. A toda página en el diario de
mayor tirada.

Por otra parte, quiero decir también que yo seguí los números que se
han dado en la intervención del señor Morenés, y habla de 10, 20 ó
30, pero hace referencia a varios días, a días sucesivos. El día 14,
en los medios de comunicación, en todos, se hablaba de esto y, para
que no sea sólo mi palabra, que puede estar preñada de subjetividad,
voy a leer cinco líneas de lo que dicen los medios de comunicación:
Los hechos ocurrieron pasadas las 8,30 de la mañana del 14, cuando
efectivos policiales rompieron una de las cristaleras del vestíbulo
de la Dirección Provincial, donde estaban encerradas unas 200
personas.

Señorías, he oído la teoría de lo que ha supuesto el desalojo de un
encierro de Comisiones Obreras en Oviedo y tengo que decir que la
actuación policial me ha parecido impecable, como impecable ha sido
la actuación de la delegada del Gobierno. La delegada del Gobierno,
que SS.SS. conocen por su trayectoria de trabajo constructivo como
diputada en esta Cámara durante muchos años y hasta hace
aproximadamente nueve meses en que fue nombrada delegada del
Gobierno, sigue en su actuación no sólo los hábitos democráticos,
sino lo que en su juventud ha vivido en el seno de nuestro partido,
que ha sido precisamente la corrección, la templanza en todas y cada
una de sus actuaciones. Tengan SS.SS. la seguridad de que la delegada
del Gobierno en Asturias mantiene la corrección, los hábitos de
conducta, de proceder democrático, como ha demostrado a lo largo de
muchos años en esta Cámara.

Por eso sería bueno que, cuando se habla de los incidentes que han
ocurrido, procurásemos ser lo más objetivos posible y ver la
actuación de las dos partes en el conflicto. Desde luego, nosotros
secundamos en este



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caso tanto la actuación de la policía como de la delegada del
Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las
intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Agradezco las intervenciones de sus señorías.

Decía el señor Alcaraz al principio que a nosotros, al Gobierno, le
da igual el asunto del que él estaba hablando. No, evidentemente no
es así. Ni nos da igual los planteamientos que se hacen aquí ni nos
da igual que en determinadas circunstancias no podamos cumplir con
algo en lo que creemos profundamente, que es el Estado de derecho y
todo lo que el Estado de derecho refleja, la posibilidad que tiene
todo el mundo en España de manifestar sus criterios de acuerdo con
unas normas democráticas que nos hemos dado todos. Nosotros somos
especialmente vigilantes de ese aspecto.

Parece ser que se tiene una sensación derivada de una cantidad de
intervenciones en este sentido o de una actitud generalizada del
Gobierno ante las manifestaciones de determinados contenidos, ya digo
que todos ellos, todos, aceptables. En ese aspecto no hay ningún tipo
de prevención inicial, pero el Estado de derecho es el Estado de
derecho y nosotros lo cumplimos para unos y para otros, como no podía
ser menos. No existe una actuación de parcialidad, de que para unos
sí y para otros, no. Pedir responsabilidades a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado o a la propia política cuando no permiten el
ejercicio de los derechos es exigible a todos. En esa línea actuamos
y con la misma preocupación que pueda tener usted en el sentido de
impulsarlo, sobre todo desde un Ministerio como el del Interior, que
tiene una especial vinculación precisamente con que podamos vivir en
un ámbito jurídico, político y democrático, que es el que nos hemos
dado todos los españoles.

Con respecto a lo que ha dicho usted sobre la confusión de la
delincuencia organizada con las manifestaciones, tengo que decirle
que exagera. Se lo digo de verdad. Con una estadística de las
manifestaciones que hay, unas 700, de las que sólo se han prohibido,
unas 10, 12 ó 15, no me parece que se pueda decir que la actitud
generalizada del Gobierno sea precisamente impedir las
manifestaciones. Simplemente serán algunas, en ciertos aspectos que
ustedes pueden considerar que son nimios, como puede ser la petición
del permiso previo, que está previsto en la ley precisamente para que
las manifestaciones puedan discurrir en orden y en paz, como dicen
ustedes, pero no creo que sea una ratio de una actitud ante la
manifestación en sí misma. Que la propia manifestación, decía usted,
sin ni siquiera entrar en el fondo, es considerada en sí misma como
un acto hostil a una política supuesta del Gobierno. Esos
números nos muestran el panorama estadístico, aunque hoy no ha sido
el mejor momento para nombrar la estadística, un panorama como el que
algunos de ustedes pintan en cuanto a la actuación del Gobierno.

Me han pedido ustedes el cese del delegado del Gobierno en Madrid. Yo
no soy quién, a pesar de que alguien me haya podido atribuir esas
facultades, para cesarle o no cesarle. Lo que quiero decirles es que
la estadística que les he citado es precisamente la de Madrid y que
la tengo a disposición de SS.SS. para cuando la quieran ver.

Doña Margarita Uría, que ahora no está presente, ha hablado también
del delegado del Gobierno en Madrid. Simplemente quiero decirle que
ellos habrán tenido experiencias en la Comunidad Autónoma de Navarra,
habrá podido haber una serie de actuaciones que en su caso, supongo
yo, se pondrían en conocimiento de quien fuese conveniente. Y no creo
que de la cantidad de manifestaciones que se producen en Madrid,
lugar del que ustedes han hablado particularmente, y de las
autorizaciones de las mismas se pueda derivar que el señor Ansuátegui
tiene una especial animadversión por esa forma de ejercicio de los
derechos democráticos.

En cuanto a los casos que hemos analizado, señor Alcaraz, yo tengo la
información que me viene de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y alguna de la prensa. Mi impresión personal, por la relación
y la vinculación que tengo con determinados delegados del Gobierno,
no con todos, porque con algunos no he tenido contacto, es que, por
todos los medios, se trata de establecer un permanente diálogo antes
de que se produzcan actuaciones de corte necesariamente violento por
repeler determinadas agresiones. En función de la información que
recibe de los delegados del Gobierno y debo decir también que de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la sensación que tiene
este secretario de Estado que comparece es más bien la contraria. Por
lo tanto, como no creo que ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado ni los delegados del Gobierno mantengan un permanente sadismo
ante manifestaciones, que por otra parte desde hace 25 años en España
son perfectamente admitidas, conocidas y todos, fundamentalmente los
madrileños, las vivimos con toda normalidad en la calle todos los
días, entiendo que no hay una actitud especialmente virulenta contra
los manifestantes, sino que simplemente hay una actitud necesaria
contra quienes, dentro de ese derecho a la manifestación, no cumplen
con sus obligaciones para con el ejercicio de ese derecho, que tiene
su cara de obligación, como todo derecho que está contenido en
nuestra Constitución. En este aspecto también estoy tranquilo. No lo
estoy tanto, evidentemente, desde el punto de vista de que, como
responsables políticos, pueda haber algunas actuaciones que se nos
escapen, reacciones no permitidas o que van más allá de lo necesario
en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le puedo decir que
tanto ese señor que mencionaba



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usted de la televisión como quien ordenó la carga en el Congreso
están sometidos a un determinado expediente, que terminará con la
sanción que en su momento se considere necesario imponer, en caso de
resultar al final culpables.

La señora López me ha hablado de Granada. No conviene, aunque estoy
seguro de que usted no lo ha hecho, confundir lo que es la
manifestación con el acto policial que pueda derivarse de ella. Usted
me ha dicho que en Andalucía hay múltiples manifestaciones donde hay
presencia policial. Efectivamente. Pero no me ha dicho que en todas
esas múltiples manifestaciones -precisamente, ese es el dato
importante- y no solamente en la de Granada -no sé si ha mencionado
otra- ha habido una actuación policial que a su juicio fue
extralimitada. En cuanto a la situación de Granada y la mención que
ha hecho de los heridos que hubo por la carga de los manifestantes,
debo decirle que los hubo y que es absolutamente lamentable. Fue
producto de un enfrentamiento, usted habla de 30 personas que estaban
haciendo fuerza, por un piquete no informativo. A pesar de que el
señor Alcaraz dice que estaban impidiendo que se fuese más allá de
los servicios mínimos, la interpretación que hace la otra parte no es
esa. Tengo la plena convicción de que no hay un solo jefe de
operativo policial en España que no trate de disolver una
manifestación vía diálogo. Estoy absolutamente convencido de lo que
estoy diciendo. Para un policía que tiene que enfrentarse a
determinadas personas en una situación dura y crítica, es mucho más
sencillo, mucho más sensato y beneficioso para el mismo, ir el
diálogo. Aunque sólo fuese por eso, por la comodidad personal, estoy
seguro de que se intenta de infinitas maneras. Además, debo decirle
que en esa acción, en ese enfrentamiento, que hubo en Granada
ciertamente hubo heridos por parte de las personas que impedían las
salidas de los autobuses, pero debo recordar que también los hubo en
la policía. Quiero recordar que hay un policía que tuvo una rotura de
peroné por una agresión. No quiero decir que no ocurra, pero ocurre
en ambos lados. Esto abunda en lo que antes decía.

Señor Sánchez Garrido, dice que yo he dicho que el tema de Oviedo
había sido una respuesta eficaz. No quiero que se pueda entender por
respuesta eficaz que sólo vale la eficacia. La respuesta de Oviedo
creo que fue eficaz del primer al último día; hubo varios días en los
que se intentó por todos los medios -he reiterado cómo y aquí me lo
han repetido- que se pudiese coordinar los dos derechos que se
trataban de establecer allí. Uno era el derecho a manifestar una
determinada actitud ante una reivindicación, que puede tener su fondo
de razón o no, sin perjuicio del derecho que pudiesen tener otras
personas a utilizar esos determinados servicios. La respuesta eficaz
es esa. No es desalojar o romper la cabeza, y permítaseme la
expresión, de cualquiera; la respuesta eficaz es precisamente que se
pueda permitir el ejercicio de los derechos de todos los que los
tienen amenazados por una actitud, por una circunstancia especial,
que para eso precisamente está el Estado y las Fuerzas y para eso
están sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Decía la señora Gallizo que estaba pasando algo serio en Madrid. Yo
le diría que en Madrid sí está pasando algo serio, en el sentido de
que ya le digo que hay una enorme cantidad de manifestaciones, una
enorme cantidad, pero eso no justifica que haya que atacar a todo el
que se manifiesta en Madrid. Le vuelvo a decir que, de esa enorme
cantidad de manifestaciones que se solicitan, solamente se impiden
originariamente yo creo que ni llega al 15 por ciento. Se permiten
prácticamente un 85 por ciento de ellas. De todas ellas, de ese 85
por ciento -y estoy hablando de más de mil-, aquí hemos tratado de
varias, la del Congreso, la antifascista, con problemas de
enfrentamiento con otros manifestantes. Estamos hablando de dos o
tres manifestaciones en las que ha habido una actuación policial
discutible. Permítanme que yo acepte el término discutible por lo
menos, porque en la parte que me corresponde como responsable de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si ha habido alguna
condición extraña digamos en mi responsabilidad, les puedo decir que
ya he iniciado los expedientes oportunos, como en su día dijo el
ministro en la comparecencia del día 28, anunciándoselo a todos
ustedes.

Señor Gil Lázaro, ha hecho usted un planteamiento para mí importante
de una convicción democrática que tenemos todos los que nos sentamos
en esta Cámara, sobre todo ustedes, que son los representantes del
pueblo, también el Gobierno y éste que les habla. Yo no me sentaría
en esta mesa si no estuviese convencido de que bajo el paraguas del
Estado de derecho pueda comparecer aquí. Creo en ese marco jurídico y
ese marco jurídico tiene unas determinadas exigencias de
responsabilidad política y jurídica en los casos en los que haga
falta. Por eso comparezco gustosamente aquí, para que se me exijan
esas responsabilidades. Pero, dicho eso. No creo que haya un solo
representante de esta Cámara ni un solo representante del Gobierno
que considere que su posición personal ante temas del ejercicio de
los derechos pasa por encima de los derechos constitucionales de
todos los españoles y no trabaje en esa línea para ahondarlos en la
medida de lo posible.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Lo que más me preocupa, señor secretario de
Estado, señor portavoz del Grupo Popular, es que se crea que lo que
nosotros estamos aquí criticando son exageraciones, incluso que se
acoten ciertas expresiones que hemos hecho y se ridiculicen. Hay una
sensación muy generalizada en el movimiento obrero y en grupos,
asociaciones progresistas, ONG de todo tipo, de que hay una política
represiva.




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¿No se quiere creer? Qué le vamos a hacer. Yo, como miembro de la
oposición, voy a pedir comparecencias de todos estos hechos que se
están produciendo, para demostrar que es así. Siento no poder
contestar al otro portavoz del Grupo Popular, porque se ha ido, cosa
que no debiera hacer cuando se hace una intervención de ese tipo,
pero no quiero dramatizar nada.

Simplemente quería decirle que, de los tres periódicos de Asturias,
sólo uno habla de los heridos entre la policía. Yo lo siento, ya se
lo he dicho al señor Morenés, lo siento en el mismo grado que sentía
los heridos de los trabajadores. Todos los titulares van en la misma
dirección: Violenta carga policial contra Comisiones Obreras.

Sindicato y oposición piden que dimita la delegada del Gobierno; Seis
heridos de Comisiones Obreras durante la carga policial; El desalojo
del encierro de Comisiones se salda con seis sindicalistas y cinco
policías heridos; los hechos ocurrieron cuando las fuerzas del orden
rompieron la cristalera del vestíbulo del edificio. Seis
sindicalistas resultan heridos en un violento desalojo en Oviedo.

Esos son los titulares. Y uno de ellos habla de cinco heridos de la
policía y, como he dicho anteriormente, lo siento.

Con respecto a Granada no se publica ese tema, por lo menos yo no lo
he leído, pero este no es un tema de fondo. He dicho que aunque no se
hubiera publicado, si se han producido heridos en la policía, lo
sentía en el mismo grado, y lo repito. Se ha dicho una cosa que no es
real en la secuencia de los hechos. Son ocho o diez sindicalistas en
Oviedo, el mismo señor Morenés lo ha dicho, y después se incorporan
más. Después, sólo después. Se ha relatado desde la Secretaría de
Estado. Y no se puede descalificar ninguna opinión diciendo: es que
usted no estaba allí. ¿Eso qué tiene que ver? Tampoco estaba allí el
señor Morenés. Cada uno tenemos nuestras fuentes y cada uno las
utiliza como quiere. Por tanto, que no se nos corte España en trozos
para que no podamos los diputados que somos de pequeños grupos entrar
en ninguna parte de España; por favor. Fronteras fuera, porque, si
no, no vamos a poder hablar. Además, tenemos un diputado por
Asturias, Gaspar Llamazares, que es el que me ha informado de toda
esta situación. Desde este punto de vista, creo que hay que cesar al
señor Ansuátegui. Es una opinión prudente, moderada, pensada y
compartida por mucha gente. Hay que cesarle. Señor Morenés, usted sí
tiene esa responsabilidad, como cargo político de primera magnitud,
de trasladar esa opinión a los ministros correspondientes y al
Gobierno, para que se sopese esta situación. En Madrid no vamos por
buen camino, incluso vamos por encima de la media con respecto a esta
política represiva, vamos muy por delante, y estamos en la capital de
España, tiene mayor trascendencia, por lo menos mayor publicidad.

En definitiva, ustedes tienen que pensar en una política de orden
público con respecto a este tipo de concentraciones,
de ejercicio del derecho de manifestación. No hay una
política ponderada, adecuada, no está bien medida. Nosotros
fundamentalmente hablamos de las órdenes que se transmiten a la
policía, más que de la policía misma. Otra cosa es que algunos
policías, ante las ordenes que se transmiten, se excedan, como es el
caso de Madrid o de alguna otra de las manifestaciones de las que
estamos hablando. Estamos hablando de la política de fondo, de las
órdenes que se imparten, y es una política inadecuada, aunque ahora,
en su turno de propaganda, el señor Gil Lázaro me va a contradecir.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: En primer lugar, quiero recordar al señor
secretario de Estado que yo también estaba aquí, yo también pedí su
comparecencia y no me ha contestado absolutamente a nada.

Ciñéndome al objeto de mi petición de comparecencia, no es una
actuación desproporcionada la que hubo en esta manifestación de
Madrid, y lo digo sin entrar a juzgar la actuación, la actitud o los
hechos provocados por algunos, algunos, de los que formaban parte de
esa manifestación. Sin embargo, hay cuestiones que para mí van más
allá y, para que no tengamos que llegar a la represión, actuar ex
post facto, sino prevenir, le recomendaría que transmitiese también
al señor Ansuátegui, aparte de invitarle a abandonar su
responsabilidad, que los policías deben ir identificados y que,
cuando un ciudadano le pregunta a un policía su número de
identificación, el policía no le diga que vaya a los juzgados de
Plaza de Castilla y le denuncie, porque ésa no es la forma de actuar.


Si a una persona se la detiene 72 horas, estando perfectamente
identificado, cuando en el peor de los casos lo máximo que se le
imputa son faltas, tampoco es una actuación explicable; 72 horas en
condiciones degradantes -hay que decirlo así-, entre insultos, entre
amenazas, entre todo tipo de vejaciones, que yo creo que a estas
alturas no tienen sentido, no deberían tener lugar en un Estado como
el nuestro.

Por eso, señor Gil Lázaro, y abundando en lo que decía quien me
precedió en el uso de la palabra, yo no puedo explicar estas
actuaciones más que como resultado de una cierta política, de decir a
los mandos o a los números policiales: Vosotros, tranquilos, que
nadie os va a exigir responsabilidades. Digo que nadie les va a
exigir responsabilidades porque yo mismo tuve que hacer varias
preguntas -y prefiero no insistir en el tema- porque un policía,
condenado por sentencia firme por un delito de torturas, casación
desestimada por el Tribual Supremo, seguía como secretario jefe de
una determinada comisaría de policía. No voy a dar más datos, creo
que el señor Morenés es consciente de qué estoy hablando. Parece que
pidió el indulto, pero esto venía desde el año 1982 y en ningún
momento se adoptó contra él ningúntipo de medida cautelar ni de
sanción disciplinaria.




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Por eso digo que esto debe obedecer a una determinada política,
porque, si no, es inexplicable.

Con estas palabras, espero que todo esto se pueda solucionar en un
futuro y que lo que deben ser los estándares de actuación policial
normales en un Estado democrático, la proporcionalidad, el diálogo,
la prevención antes que la represión, se apliquen y sean objeto de
recordatorio por parte de los mandos políticos. Y reitero, una vez
más mi confianza en la profesionalidad de la mayor parte de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Digo la
mayor parte, porque siempre hay garbanzos negros.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, quiero decir que
efectivamente, desde mi grupo, creemos que el reiteradas veces citado
señor Ansuátegui y en conjunto todos los delegados del Gobierno
cumplen con la legalidad vigente, como no puede ser de otra forma.

Sería imposible imaginar un delegado del Gobierno, de este Gobierno o
de cualquier otro, empeñado, en el ejercicio de su cargo, en no
cumplir con la legalidad vigente. Eso no casa dentro del discurso
político lógico ni dentro de la más elemental lógica. Si se quiere
plantear un discurso sobre la base de negar esa lógica, es muy
legítimo, pero nosotros seguiremos diciendo lo que decimos.

Por otra parte, tampoco podemos dar valor absoluto, admitido y por
tanto incontestado por nuestra parte, a aquello de: Tranquilos, nadie
os va a exigir responsabilidades. Porque no se corresponde con la
realidad, ni con la realidad de lo que dimana de nuestro ordenamiento
jurídico vigente ni mucho menos con lo que es el compromiso político
y ético, en cumplimiento de ese ordenamiento jurídico vigente, de
quienes tienen en este momento, como lo tuvieron ayer otros y como lo
tendrán mañana otros, la responsabilidad de dirigir las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, ese discurso de: Tranquilos,
nadie os va a exigir responsabilidades, tampoco casa con la práctica.


Al final se traduce en que, cuando se han producido situaciones que
se juzga por el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que no se han acomodado a ese principio de proporcionalidad,
se toman medidas cautelares previstas en nuestra legislación vigente
y se produce, como el caso de la famosa carga en las escalinatas del
Congreso, el cese del mando policial de la fuerza interviniente. Eso
no casa con la afirmación de una política general de: Tranquilos, que
nadie os va a exigir responsabilidades o de barra libre.

Por tanto, me afirmo simplemente en esas modestísimas reflexiones,
que no alcanzan la categoría de las que decía el señor Alcaraz que
iba a hacer, y que ha hecho, en las reflexiones de mi turno anterior.


Desde luego, señor Alcaraz, yo jamás calificaré sus intervenciones
o sus turnos como turnos de propaganda o de contrapropaganda.

En todo caso, cualquier calificación que venga de una persona a la
que reconozco la altura intelectual de S. S. es para mí siempre un
honor, porque demuestra que por lo menos a este modesto diputado S.

S. se digna prestarle atención.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para cerrar el debate,
tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Brevísimamente.

Señor Alcaraz, al final, usted dice que va a seguir insistiendo en
denunciar estos asuntos ante la Cámara. Yo le ruego que lo haga;
aunque no me crea, porque dice que no me cree, le ruego que lo haga,
porque comparto su preocupación. Que se me exijan responsabilidades
por las órdenes o pretendidas órdenes que se puedan dar desde el
Ministerio en cuanto a la represión y a la utilización de la fuerza
contra los derechos fundamentales de las personas o a la matización
-que me parece más acertado por su parte- de esos derechos. Creo que
el control parlamentario al Gobierno es uno de los elementos más
esenciales del Estado de derecho y este secretario de Estado
comparecerá encantado a dar explicaciones cuando ustedes crean que
pasan cosas, cosas que algunas veces pasan y las sancionamos y otras
veces no pasan y no las podemos sancionar.

Pido mis excusas al señor Aymerich, porque la verdad es que había
tomado nota y se me ha pasado. Aparte del discurso, cuyo fondo
comparto, el de usted y el de todos, hablaba usted de dos aspectos, y
ésos sí son aspectos puntuales, porque los aspectos puntuales denotan
realmente cuáles son las actividades. Ya he mencionado las
estadísticas. Hay 731 manifestaciones, de las cuáles sólo diez se han
prohibido. Usted denuncia que hay dos particulares hechos de dos
detenciones. Yo le ruego que usted o quien las conozca las ponga en
conocimiento por el cauce que el Estado de derecho establece, que es
absolutamente necesario para que los poderes constituidos puedan, en
su caso, ejercer su obligación de sancionar esos temas; si son
aspectos internos, internamente, dentro de las Fuerzas y Cuerpos
y del Ministerio del Interior administrativamente, y, si no,
judicialmente.

Me interesaré por qué los policías no tienen sus elementos
identificativos, si es un aspecto administrativo general o si en
algunos casos no los llevan. Si fuese requisito administrativo que lo
llevaran, le puedo garantizar que desde hoara yo exigiré que se
lleven.

Le agradezco la confianza que muestra en general en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo su actitud ante la
aceptación de los derechos, no solamente el Gobierno, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sino todos los españoles, que creo
queen el fondo es de lo que aquí todos estamos preocupados



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y de lo que estamos hablando. Unos, preocupados porque consideran que
el Gobierno no los respeta y otros, preocupados porque alguien pueda
considerar que el Gobierno no lo hace.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Acontinuación, pasamos a
las preguntas previstas en el orden del día.




PREGUNTAS:



- DE LA SEÑORA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE BALÍSTICA
IDENTIFICATIVA. (Número de expediente 181/000335.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Comprenderán SS. SS. que,
dada la hora que es, la Mesa sea muy estricta en la administración
reglamentaria de los tiempos.

En primer lugar, pregunta fijada con el número 10 en el orden del
día, relativa a las nuevas tecnologías puestas a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística
identificativa. Para su formulación, tiene la palabra la señora Torme
Pardo.




La señora TORME PARDO: La lucha contra el delito común y mucho más
cuando se trata de la lucha contra delitos cometidos por grandes
redes internacionales de delincuencia organizada por grupos
terroristas exige por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado una especialización cada vez mayor, así como
también una disponibilidad de tecnologías punteras acordes con los
nuevos retos que se plantean precisamente en el tema de la
investigación.

En ese sentido, cabe destacar la incorporación de nuevas herramientas
para la investigación por parte de la policía científica, como es el
caso de las técnicas de estudio del ADN o como las técnicas de
investigación en materia de balística. Precisamente dentro de la
policía científica desarrolla su actividad el departamento de
balística, contribuyendo a resolver los problemas que se plantean
ante hechos criminales en los que han intervenido armas de fuego,
problemas que pueden ser fundamentalmente de tres tipos: en primer
lugar, de carácter reconstructivo, en este caso, desde el
departamento de balística se establecen las posiciones de la víctima
y el agresor, las distancias del disparo, la trayectoria del
proyectil. Un segundo grupo de problemas serían los de carácter
funcional; en este caso la investigación se orienta a determinar el
estado de funcionamientoreal del arma, si ha sufrido modificaciones,
si
se ha puesto a punto otra vez después de haber sido inutilizada. Por
último, se encuentran los problemas de carácter identificativo. En
este caso, desde el departamento de balística se identifica el arma
mediante el estudio de los proyectiles o casquillos por ella
disparados, se procede a la comparación de casquillos y proyectiles
con aquellos que forman parte de la casuística anónima, se puede
llegar a concluir que un mismo arma ha participado en hechos
delictivos distintos, y es precisamente la balística identificativa
la que trata de resolver estas cuestiones, estos problemas que he
mencionado en un tercer lugar, que tienen mucha trascendencia en la
investigación de delitos en los que intervienen armas de fuego. En
este sentido, cualquier medida que adopte el Gobierno para mejorar
los instrumentos con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado va a ser muy bien recibida por el Grupo Parlamentario
Popular. Por ello le planteo la siguiente pregunta, señor secretario
de Estado: ¿Qué nuevas tecnologías se han puesto a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de balística
identificativa?



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): El
departamento de balística del Centro de investigación y
criminalística desarrolla su actividad resolviendo o ayudando a
resolver aquellos problemas que se plantean ante hechos criminales en
los que han intervenido armas de fuego, cuestiones que pueden ser de
carácter reconstructivo, funcional o identificativo, como S.S. nos ha
adelantado.

La disciplina que se encarga de dar respuesta a esta última cuestión
es la balística identificativa. La identificación o correlación entre
elementos balísticos está fundamentada en las lesiones que durante la
acción del disparo originan en el culote de los cartuchos los
mecanismos de percusión, cabeza de cierre, extracción, expulsión y el
labrado anterior del cañón en la superficie de los proyectiles. Las
herramientas básicas del técnico en balística identificativa son el
microscopio de comparación con material fotográfico especial
incorporado, el software para el tratamiento de imágenes
digitalizadas y los archivos fotográficos y físicos de las muestras
recogidas en hechos delictivos anteriores.

El incesante aumento de la demanda de pericias y el volumen creciente
de hechos criminales en los que intervienen armas de fuego motivó que
el Departamento de Interior buscase el apoyo en otros medios que, si
bien no le resolviesen totalmente el problema, le sirvieran de ayuda
a su resolución. Junto con los peritos de balística del Cuerpo
Nacional de Policía se estudiaron cuatro sistemas de prestigio
internacional: el Cible, de origen francés, que no se encuentra
operativo; el Apcehan- 5, ruso; el Drugfire, inglés, y el IBIS.




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Finalmente, se probaron en España dos de los sistemas automáticos de
identificación balística más evolucionados: el Drugfire, desarrollado
por la empresa norteamericana Mnemonic System Incorporated, y
tutelado por el FBI, y el IBIS. Tras dichas pruebas, reuniones de
trabajo y visitas a diferentes países que ya trabajaban con esos
sistemas, se dio el visto bueno a la compra de este último, el IBIS,
por la Dirección General de Administración de la Seguridad del
Ministerio del Interior, adquiriendo finalmente dos sistemas
idénticos: uno para la Guardia Civil y otro para el Cuerpo Nacional
de Policía.

Esta nueva herramienta, ya operativa, integra, como si de una sola
unidad se tratase, las bases de los dos sistemas y permitirá en un
futuro integrar en red a otros cuerpos, tanto de ámbito nacional como
internacional. El IBIS, sistema integrado de identificación
balística, es un sistema desarrollado por la firma Forensic
Technology Inc., tutelado por la agencia norteamericana ATF, capaz de
capturar y procesar imágenes en grandes cantidades utilizando los dos
módulos que lleva incorporado el microscopio de captación para
proyectiles y para las vainas, lo que permite una comparación
continua de todos los elementos que se van introduciendo contra la
base de datos existentes, en este caso dos bases, la de la Guardia
Civil y la de la Policía, perfectamente sincronizadas en su
información de forma automática y en tiempo real, de tal forma que
los dos nodos disponen de la misma información.

Les abrevio a SS.SS. la descripción técnica del sistema. Podríamos
resumirlo en que el IBIS consiste en un microscopio de captación con
dos módulos, integrado con una serie de ordenadores, con un Hardware
y un Software diseñado para una misión muy específica, cuyos
subcomponentes son la estación de adquisición de imágenes y
extracción de firmas y el motor de correlaciones y servidor de
archivos.

En conclusión, estamos en un proceso de mejora técnica de la
resolución de los problemas que se plantean ante hechos criminales en
los que han intervenido armas de fuego. Y a este proceso,
naturalmente, acompaña otra mejora en las aptitudes del personal
dedicado a estas funciones.




- DE LA SEÑORATOME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE
LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DURANTE EL PERÍODO DE EMBARAZO.

(Número de expediente 181/000336.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra de nuevo
la señora Torme para formular
la segunda pregunta relativa a las medidas para promover una
regulación específica de las condiciones laborales de las mujeres
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el
período de embarazo.




La señora TORME PARDO: Señor presidente, siguiendo sus instrucciones,
trataré de ser breve nuevamente en la formulación de esta pregunta.

Es indudable que en las últimas décadas se han producido avances
sustanciales en lo que se refiere a la incorporación de la mujer a
todas las esferas de la vida social, laboral, cultural o política. De
hecho, nuestra Constitución de 1978 reconoce como un principio
fundamental del ordenamiento jurídico la igualdad. En el artículo 14
establece ese principio también fundamental de la no discriminación
por razón de sexo.

Pero aunque en un plano jurídico o teórico podamos hablar de que hay
una auténtica igualdad entre hombres y mujeres es cierto que en el
plano de la realidad, en la práctica, a veces hay obstáculos que
impiden que podamos hablar de una auténtica igualdad de oportunidades
para las mujeres, obstáculos que también, de acuerdo con nuestro
texto constitucional, corresponde remover precisamente a los poderes
públicos. Donde resultan especialmente evidentes estas dificultades
es en el mundo laboral, y aquí vemos que las mujeres podemos tener
problemas en nuestra incorporación al mercado de trabajo, y eso queda
muy patente simplemente contemplando las tasas de desempleo, que
duplican en muchos casos las femeninas a las masculinas. No me quiero
extender en este aspecto.

En el desarrollo posterior de las relaciones laborales, una vez que
la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, también a veces hay
discriminaciones o dificultades que impiden que una mujer ascienda
profesionalmente y ocupe las categorías directivas. Si analizamos un
aspecto de lo que es la ocupación profesional, como son los sectores
a los que la mujer se incorpora, vemos que también hay muchas
actividades en las que las mujeres estamos infrarrepresentadas, hay
una serie de sectores en los que tradicionalmente ha habido una
ocupación masculina y las mujeres hemos estado excluidas. Uno de
estos podría ser precisamente el de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Precisamente es a partir de 1988 cuando se
producen las primeras incorporaciones de mujeres tanto en la Guardia
Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía, incorporaciones que han
exigido por parte del Ministerio del Interior, de las Fuerzas y
Cuerpos, una adaptación, unos cambios en las estructuras de las
organizaciones que eran exclusivamente masculinas para evitar que
puedan producirse dificultades en el desarrollo de las relaciones
laborales.

Hay un aspecto muy puntual, como es la situación de embarazo de las
mujeres, que puede ocasionar dificultades.Por eso en este momento,
señor Secretario de



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Estado, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas se están
adoptando para promover una regulación específica de las condiciones
laborales de las mujeres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado durante el período de embarazo?



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias por su concreción,
señora Torme.

Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): El
pasado 2 de marzo la Dirección General de la Policía dictó unas
normas de protección de la seguridad de la salud de la mujer
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o se encuentre en período
de lactancia, así como la del nasciturum y el recién nacido,
entendiendo que todos ellos deben ser objeto de una especial atención
y consideración.




Las condiciones laborales de los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía no se encuentran reguladas de manera específica, por lo que
resulta de aplicación la normativa general prevista en la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, en la Ley de funcionarios civiles del Estado, texto
articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, en la Ley
29/1965, de 27 de junio, de Seguridad Social y de los funcionarios
civiles del Estado y en las distintas modificaciones introducidas en
los mencionados textos legales por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras (artículos 19 a 22).

Hay que señalar que el servicio sanitario de la Dirección General de
Policía en cualquier caso vela por la salud de la gestante y el
adecuado desarrollo de la gestación, disponiendo lo que sea necesario
en cada caso. La Dirección General de Policía es consciente de que,
de acuerdo con lo indicado en la normativa internacional
y comunitaria así como en las normas internas de rango superior que
abordan esta cuestión, se hacía aconsejable desarrollar unos cauces
adecuados en orden a conseguir el fin pretendido. A tal efecto, la
Dirección General de Policía ha procedido a dictar unas normas
provisionales sobre tratamiento específico y protección de los
estados de gestación y maternidad en las mujeres policías que, sin
perjuicio de los derechos reconocidos en la normativa general que les
sea de aplicación, particularmente en la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, coadyuven a promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, y por igual motivo, resultaba necesario establecer el
procedimiento a seguir por aquellas participantes en los procesos
selectivos de ingreso y promoción interna en el Cuerpo Nacional de
Policía que, debido a su estado de gestación o lactancia, no podían
efectuar algunos ejercicios o prácticas, tanto de las pruebas
selectivas propiamente dichas como de los cursos de formación y
módulos de prácticas.

En su virtud, y oída la Comisión de personal y proyectos normativos
del Consejo de la Policía, la Dirección General de Policía ha
dispuesto, mediante resolución de 2 de marzo de 2001: primero, que
las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía durante los períodos
de gestación, maternidad y lactancia tendrán la adecuada protección
en sus condiciones de trabajo en orden a evitar situaciones de riesgo
tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o
lactante, debiendo adoptarse a este fin las medidas necesarias. Al
objeto de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas
deberán comunicar su estado de gestación o lactancia al jefe de la
unidad en que presten sus servicios, quien dará traslado a su vez a
la unidad sanitaria correspondiente. Segundo. El servicio sanitario y
las distintas unidades sanitarias de la Dirección General de Policía
velarán por que las condiciones de actividad de las funcionarias del
Cuerpo Nacional de Policía en estado de gestación o lactancia sean
las adecuadas a su situación, emitiendo los informes necesarios en
los que se indiquen las medidas a tener en cuenta y las prevenciones
a adoptar. Tercero. Cuando los informes médicos de las indicadas
unidades así lo aconsejen, a las referidas funcionarias se les
adecuarán sus condiciones de trabajo adscribiéndolas a otro servicio,
si fuera necesario, y se les eximirá del trabajo nocturno o de turnos
que impliquen dicho trabajo. No obstante, como regla general y
siempre que sea posible, a la funcionaria afectada se la mantendrá en
el puesto de trabajo de su unidad de destino y, en caso de cambio,
continuará percibiendo la totalidad de las retribuciones del puesto
de trabajo que viniera desempeñando, el cual le será reservado hasta
la finalización de la licencia por maternidad o del período de
lactancia. Asimismo, por los jefes respectivos se les permitirá la
realización de los exámenes médicos prenatales y técnicas de
preparación al parto que tuvieran prescritos, autorizando la ausencia
del servicio por tal motivo. Cuarto. Durante los indicados períodos
de gestación y lactancia las funcionarias no manejarán máquinas,
aparatos, utensilios, sustancias u otros elementos que, de acuerdo
con los informes médicos correspondientes, puedan resultar
perjudiciales para el normal desarrollo del embarazo o de la
lactancia. Quinto. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud
de la embarazada o del feto, las funcionarias que se encuentren en
estado de gestación podrán utilizar una vestimenta adecuada a su
situación. Sexto. En los procesos para el ingreso como alumnas en el
centro de formación para el acceso al Cuerpo Nacional de Policía las
aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecidas
en la convocatoria por embarazo o parto debidamente acreditados
realizarán todas las demás, quedando condicionado su ingreso en el
centro de formación a la superación



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de aquéllas y a la que, de acuerdo con su calificación global en la
convocatoria en relación con la de los demás aspirantes, le
corresponda. A tal fin, la interesada podrá realizar las indicadas
pruebas físicas en el momento en que se establezca para la siguiente
convocatoria. Si en esa fecha tampoco pudiera realizarlas debido a
otro embarazo o parto, debidamente acreditados, podrá realizarlas en
el momento de una inmediata segunda convocatoria, sin que en esos
casos le sean de aplicación los límites de edad. La incorporación al
centro de formación correspondiente se realizará con los admitidos en
las convocatorias en que supere las pruebas físicas. En caso de que
la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha
prevista para ello en la segunda convocatoria posterior a la
superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la causa,
perderá todo derecho a la misma. Dado el carácter selectivo de los
cursos de formación y promoción, así como de los módulos de prácticas
de los procesos selectivos de ingreso y promoción interna del Cuerpo
Nacional de Policía, aquellas aspirantes que, por su estado de
gestación o lactancia, no puedan incorporarse a los mismos podrán
continuar en ellos o completarlos, debido a que la realización de
determinados ejercicios o prácticas pudieran poner en peligro la
salud de la madre o del feto. El director general de oficio a
instancia de parte, previo informe del servicio sanitario de este
centro directivo y a propuesta de la división de formación y
perfeccionamiento, concederá o dispondrá el aplazamiento de los
referidos cursos o prácticas a las funcionarias afectadas que los
realizarán en las primeras convocatorias que se celebren una vez
desaparecidas dichas circunstancias. En estos casos el
escalafonamiento tendrá lugar en su promoción y en el orden que les
hubiera correspondido de acuerdo con la puntuación obtenida. Por los
subdirectores generales, comisarios generales, jefes de división,
jefes superiores, comisarios provinciales y responsables de las
unidades y plantillas de esta dirección general se adoptarán las
medidas necesarias para el más estricto cumplimiento de lo indicado
en los apartados anteriores.

En relación con la Guardia Civil, por lo que se refiere a este
asunto, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen de personal
del Cuerpo de la Guardia Civil, en su apartado 75, establece que
durante el período de embarazo a la mujer guardia civil se la podrá
asignar por prescripción facultativa a un puesto orgánico distinto
del que estuviera ocupando adecuado a las circunstancias de su
estado.

En los supuestos de parto o adopción se tendrá derecho a los
correspondientes permisos de la madre o del padre, en su caso,
conforme a la legislación vigente para el personal al servicio de las
administraciones públicas. La aplicación de esos supuestos no
supondrá la pérdida de destino.

En desarrollo de dicha ley se está tramitando un proyecto de real
decreto por el que se aprobará el reglamento
de provisión de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia
Civil y en el que se ha incluido el siguiente artículo: Exención de
cometidos para la mujer embarazada. El jefe de la unidad, centro u
organismo en que tenga su destino la mujer guardia civil en estado de
gestación, previo informe de los servicios médicos del Instituto,
podrá: eximirla del desempeño de los cometidos que pongan en riesgo
su embarazo; asignarle cometidos distintos que no resulten
incompatibles con su estado; asignarle, si el destino lo permite, un
puesto orgánico distinto del que estuviera ocupando. Dichas
determinaciones, que no supondrán para la gestante pérdida de
destino, quedarán sin efecto al concluir el embarazo. Las mismas
decisiones podrán ser adoptadas preventivamente a petición de la
interesada y sin necesidad de prescripción facultativa cuando
existiere causa urgente para ello.




- DE LA SEÑORA SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE FALTA DE VIGILANCIA EXTERNA EN EL RECINTO DE LA PRISIÓN DE
MÁXIMA SEGURIDAD DE PUERTO I Y PUERTO II. (Número de expediente 181/
000413.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La pregunta fijada con el
número 12 en el orden del día ha sido aplazada para una sesión
posterior y, por tanto, pasamos a la número 13, relativa a la prisión
de máxima seguridad de Puerto I y Puerto II.

Para su formulación, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor secretario, los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía que prestan su servicio en las prisiones de
Puerto I y de Puerto II, en el Puerto de Santa María, están
desempeñando su trabajo con una carencia de recursos humanos impropia
de una prisión de esa catalogación. Estas prisiones albergan una
media de mil reclusos, entre los que se encuentran miembros de la
banda terrorista ETA, y sólo 50 funcionarios cubren el servicio entre
los diferentes turnos. Por ello le pregunto si tiene conocimiento el
Ministerio de Interior de esta carencia de efectivos que cuida la
vigilancia externa de las prisiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Los
centros penitenciarios de Puerto I y Puerto II se encuentran
situados, como S.S. conoce, en la carretera de Jerez a Rota. El
perímetro de seguridad es común para ambos centros. El centro Puerto
I acoge a 300 internos de primer grado y elcentro Puerto II a 869 de
segundo grado a fecha 1 de



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marzo de 2000. La comisaría local del Puerto de Santa María-Puerto
Real tiene asignada la prestación del servicio de seguridad exterior
del complejo destinando 60 funcionarios a dicha prestación. La
seguridad perimetral del complejo se cubre en cinco turnos de
trabajo, por 5 oficiales y 45 policías, lo que supone 10 funcionarios
por turno, 1 oficial y 9 policías. La seguridad del módulo
hospitalario se cubre igualmente en cinco turnos de trabajo por 10
funcionarios, 2 por turno. En momentos puntuales debido a bajas por
enfermedad, disfrute de vacaciones u otras circunstancias especiales,
cuando algún turno de trabajo no llega a completarse se cubre con
funcionarios adscritos a otros servicios de la comisaría.

En todo caso, se va a tratar de realizar un esfuerzo con la plantilla
de la comisaría del Puerto de Santa María, con el objeto de reforzar
numéricamente los efectivos de la seguridad perimetral. El perímetro
de seguridad exterior está conformado por elementos activos
y pasivos, cuya labor desarrollan complementariamente agentes de la
Policía Nacional y funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Existen dos centros de control perimetral, uno por cada centro
penitenciario, atendidos por funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, encargados de controlar los elementos activos de
seguridad instalados en dichos recintos de seguridad, cuyo
funcionamiento al día de la fecha se puede considerar como correcto.

Estos elementos son, entre otros, cámaras fijas, cámaras móviles,
monitores, secuenciadores, barreras de infrarrojos, barreras de
microondas, rayos X, arco de detectores de metales, central de
alarmas y otros de este tipo. Por lo que se refiere a los medios
pasivos, el recinto cuenta con nueve garitas de vigilancia y con un
puesto de control de acceso a los centros penitenciarios bajo la
responsabilidad de la Policía Nacional. El servicio se presta
combinando la vigilancia estática con la dinámica, de tal forma que
de las nueve garitas de vigilancia se cubren fundamentalmente las
tres más estratégicas que, a juicio de los expertos, son las más
importantes, evidentemente, para la seguridad del centro. Otros dos
agentes controlan las entradas y salidas del recinto penitenciario en
el control del acceso. Esta vigilancia estática es completada con la
que realiza una patrulla compuesta por dos agentes alrededor del
recinto penitenciario con una frecuencia casi permanente. El número
de funcionarios en el centro de Puerto I es de 219 y 11 laborales, y
en el Puerto II de 318 y 36 laborales.

A la vista de todos estos datos, cabe señalar que no hay falta de
vigilancia en el recinto de las prisiones en el Puerto I y Puerto II.


No se ha producido ninguna fuga ni ningún desorden significativo en
el plano de la seguridad. Pese a lo cual, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias está realizando un permanente esfuerzo
de adecuación y mejora de los sistemas de seguridad estáticos que
completan la vigilancia llevada a cabo por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía.

Asimismo, hay que resaltar la buena coordinación que existe entre el
Cuerpo Nacional de Policía y los funcionarios de prisiones.

Por otra parte, está previsto que se inicien de inmediato las obras
del plan de remodelación del centro del Puerto II, que se prolongarán
durante 22 meses. Como SS.SS. conocen, el anterior ministro del
Interior firmó el pasado mes de diciembre el inicio del expediente de
contratación. El importe de la obra será de 775 millones de pesetas.

Su finalidad es mejorar las condiciones de habitabilidad del recinto,
que tiene veinte años de antigüedad. Las obras, sin embargo, tienen
siempre un efecto general, y en este caso mejorarán también las
condiciones de seguridad. Está previsto actuar por módulos, de modo
que durante los trabajos se desalojará el módulo sobre el que se
actúe, pero no los tres restantes. En consecuencia, la obra se
estructura en cuatro fases. Los internos afectados serán trasladados
circunstancialmente al centro penitenciario de Algeciras.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Sánchez Díaz.




La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Para poder solucionar los problemas ante todo
hay que reconocerlos, y ya veo que les cuesta reconocer, yo creo que
para no dar soluciones. En las prisiones de Puerto I y Puerto II no
se dispone de efectivos necesarios para atender a las necesidades de
seguridad que ambas prisiones requieren. Yo he estado visitando estos
centros; yo he estado con los policías que trabajan allí, con los
funcionarios de prisiones y me dicen también que son insuficientes.

Los datos son ciertos, 40 funcionarios prestan sus servicios, 10
agentes adscritos por turno, de los cuales, pregunte usted, no hay
más de 6 ó 7 policías en cada turno, bien por días libres a la
semana, por absentismo, por baja o por asuntos propios. De las 9
garitas de vigilancia, es cierto, sólo se cubren 3, no sé si por la
razón que usted ha dado. Yo creo que más bien es porque no hay
personal suficiente para que cubra esas garitas. Y ese abandono de
las garitas se ve cuando el ciudadano pasa por la carretera de Rota y
ve que hace años están inutilizadas y que los cristales están rotos.

Pero no sólo lo ven los ciudadanos que pasan por esa carretera, lo
saben los internos. Sí se ha escapado un preso de la prisión de
Puerto I, precisamente por una garita, porque sabía que no se
utilizaba desde hacía muchos años.

Por supuesto, creemos que es necesario un vehículo, al menos, que
patrulle para esos compañeros que están haciendo la vigilancia
exterior. Muy de tarde en tarde a lo mejor viene uno de la comisaría
del Puerto de Santa María, pero el vehículo que está allí hace años
que no funciona. Usted coincidirá conmigo, y también lo ha dicho, que
para hacer una vigilancia en un centro penitenciario no sólo sirve
esa vigilancia estática, se necesita una contravigilancia permanente
en prisiones como



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esta. Es necesario realizar un control de quiénes acceden a la zona,
del itinerario de los que se acercan a ella, y el policía está para
obtener información y realizar seguimiento. Esto es imposible en
estas prisiones, y si no pregúnteles a los policías qué hacen cuando
cada fin de semana llegan dos autobuses, generalmente de familiares
de presos de ETA, que sí forman altercados.

Pero la política raquítica que viene caracterizando al Ministerio del
Interior en cuanto a dotación de personal también ha llegado a Puerto
I y a Puerto II, porque antes estas prisiones tenían 130 agentes de
forma exclusiva y autónoma para ello, y hoy nos hemos quedado con 50,
y además con una plantilla, como usted bien ha dicho, dependiente de
la comisaría del Puerto de Santa María que, por cierto, ha perdido 25
agentes en cinco años. Además, esta dependencia de las prisiones de
Puerto I y Puerto II de la comisaría del Puerto de Santa María en
ocasiones hace lo contrario que usted ha dicho, es decir, cuando no
dispone la ciudad de efectivos de policía, los quitan precisamente de
la prisión, y si no pregunte usted qué paso el último domingo de
feria de esta ciudad, en la que sólo había 4 policías vigilando esta
prisión, y aprovechando eso los familiares de presos de ETA
acometieron allí grandes altercados e hicieron una manifestación
pidiendo el acercamiento de los presos al País Vasco. Por supuesto,
no existe ni un retén, ni siquiera los fines de semana, cuando se
realiza la visita a los internos.

En cuanto a los medios materiales, son escasos, lo he presenciado con
mis propios ojos. No cuentan con un sistema de cámaras y monitores
que haga posible que desde el lugar concreto donde se encuentra la
policía divise el máximo espacio posible. Ya que ellos no pueden
moverse, al menos que puedan divisar lo que pasa a su alrededor. Todo
ello impide además la operatividad del trabajo de estos policías.

Señor Secretario de Estado, para que estas prisiones dispongan de
unas medidas de seguridad de acuerdo con su catalogación es necesario
potenciar suficientemente la plantilla. Volvamos a lo que tenían hace
unos años: 130 funcionarios para esas prisiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): señor secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): A mí
reconocer los problemas como elemento de gestión me parece muy bien,
sobre todo cuando me ha acusado usted de no reconocerlos y ha ido
desgranando uno a uno los problemas que yo había reconocido, es
decir, el tema de la plantilla, en el cual los dos estábamos de
acuerdo, etcétera. Yo le he explicado la situación actual de la
prisión y la he explicado también que existe una preocupación en la
Dirección General de Policía en el sentido de que hay que
potenciarla. La he explicado también cuál es el ratio de fugas y
cuáles son las inversiones que estamos
haciendo, tanto en los medios materiales en cuanto a la vigilancia,
como en los medios de nuevas construcciones que permitan, a través de
las nuevas tecnologías de la seguridad, tener que destinar allí quizá
a no tantos como usted solicita. Pero no sé si estaba usted al
principio de mi larguísima comparecencia -y lo lamento por ustedes-,
cuando yo explicaba que estamos estudiando un incremento, un cambio
en la curva de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a través
de un plan cuatrienal, que espero poder anunciar prontísimo, que va a
salir adelante. Si eso es así, no tenga la menor duda de que una de
las preocupaciones mayores que tiene la Secretaría de Estado, aunque
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no depende de la
Secretaría de Estado, por la pura seguridad es precisamente dotar a
las prisiones, por razones obvias de quien está dentro, de más
medios, y creo que en este caso en Puerto I y en Puerto II hacen
falta más medios humanos. Mientras tanto, estamos intentando hacer
una gestión correcta, y lo prueban los resultados que tenemos allí.

Entiendo el esfuerzo ingente que está haciendo el Cuerpo Nacional de
Policía por atender a una circunstancia, desde el punto de vista del
personal, no tan favorable, pero también es verdad que cuando había
135 policías en Puerto I no había los medios técnicos que hay ahora
para desarrollarlo.

Por último, tomo nota de lo que me dice usted del vehículo, ya que me
señala un aspecto muy puntual, y trataré de atender a esa necesidad,
que es la que a cortísimo plazo puedo atender sin mengua de otras
obligaciones que tiene encomendadas el Cuerpo Nacional de Policía.




- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA TERCERA DEL REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PENITENCIARIO. (Número de expediente
181/000496.)



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Habiendo sido aplazada la
pregunta que figuraba con el número 14 en el orden del día, pasamos a
la última de las previstas, que formulará doña Mercedes Gallizo y que
se refiere al desarrollo de la disposición transitoria tercera del
reglamento penitenciario.

Señora Gallizo.




La señora GALLIZO LLAMAS: La pregunta que le hago en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista es qué previsiones tiene el Ministerio al
que usted representa hoy aquí acerca del desarrollo de la disposición
transitoria tercera del real decreto por el que se aprueba el
reglamento penitenciario.




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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Morenés Eulate): La
organización del personal de los centros penitenciarios se encuentra
establecida en el título XI y en la disposición transitoria tercera
del reglamento penitenciario del año 1996, que remite la mayor parte
de esta organización al reglamento penitenciario del año 1981. En
este título XI, de la organización de los centros penitenciarios, de
los artículos 265 a 286 se regula detalladamente el modelo
organizativo del centro, la composición y funciones de los órganos
colegiados y de los órganos unipersonales.

Por lo que respecta a la regulación de la organización de los
servicios y unidades de los centros penitenciarios, así como a las
funciones de cada una de las unidades de servicios, la precitada
disposición transitoria tercera del reglamento penitenciario de 1996
establece que el contenido de los artículos 277 a 324, 328 a 332 y
334 a 343 del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto
1201/1981, de 8 de mayo, se mantendrá vigente, con rango de
resolución del centro directivo de la Administración penitenciaria
correspondiente, en lo que no se opongan a lo establecido en el
reglamento penitenciario que se aprueba por este real decreto -hago
mención directa a él-, hasta que por el centro directivo
correspondiente se dicte la resolución que establezca la nueva
regulación de la organización de los servicios y unidades de los
centros penitenciarios, así como las funciones de cada uno de los
puestos de trabajo de los mismos.

Los cambios producidos desde la entrada en vigor del reglamento de
1981, y que afectan a la organización de los recursos humanos, han
sido profundos y aconsejan llevar a cabo una adecuación del modelo
organizativo del personal a la nueva realidad que se da en los
centros penitenciarios. No obstante, diversas circunstancias han
hecho aconsejable tener en cuenta varios factores para llegar a
acometer esta adecuación. Entre ellas, cabe hacer referencia a las
siguientes: Las nuevas formas de ejecución penal introducidas en el
Código Penal de 1996, que incorporan nuevas penas alternativas como
el trabajo en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana;
la modificación que el Plan de infraestructuras penitenciarias ha
supuesto en la dotación de nuevos establecimientos penitenciarios,
entendidos como grandes núcleos autosuficientes, así como la creación
y potenciación de los CIS -centros de inserción social- y de las
unidades de acceso restringido hospitalario; las reformas
estructurales que se han llevado a cabo en el Cuerpo especial de
instituciones penitenciarias; las modificaciones en las relaciones de
puestos de trabajo de los servicios periféricos del organismo
autónomo Trabajo y prestaciones penitenciarias, introduciendo nuevos
puestos de trabajo y la asunción de nuevas competencias por parte de
este
organismo; la desconcentración de determinadas competencias en los
centros penitenciarios y otras variables organizativas y
penitenciarias. Este proceso de modernización y transformación de la
Administración penitenciaria exige atender los recursos humanos, que
son el factor prioritario de esta organización, aplicando políticas
de personal acordes con la nueva situación.

El modelo organizativo del centro penitenciario debe posibilitar y
potenciar la misión que la Ley orgánica general penitenciaria
establece para las instituciones penitenciarias, en cumplimiento del
artículo 25.2 de la Constitución española. Los principios generales
sobre los que debe pivotar este modelo organizativo son la misión y
fines de las instituciones penitenciarias. La misión de las
instituciones penitenciarias viene determinada en el artículo 25 de
la Constitución española y en el artículo 1 de la Ley orgánica
general penitenciaria: reeducación y reinserción social de los
sentenciados a penas y medidas privativas de libertad, retención
y custodia de detenidos y la asistencia social a los internos
y liberados. Esta misión y fines deben ser puestos en práctica en los
centros penitenciarios, concibiéndolos como espacios arquitectónicos
que garanticen la retención y custodia de los internos y que, a su
vez, hagan posible el desarrollo de la persona, dotándola de espacios
destinados a su educación, formación profesional, desarrollo de
actividades culturales, deportivas, laborales y programas de
intervención, facilitando así su preparación para la convivencia en
libertad, al tiempo que limite, en la medida de lo posible, el efecto
negativo que provoca el internamiento. De la trascendencia
y complejidad de estos fines se deduce la dificultad que entraña la
tarea de modificar la estructura y organización de los centros
penitenciarios, con el fin de adecuarlos a la nueva situación
legislativa, social y material de estos establecimientos.

Actualmente se está llevando a cabo la fase de análisis funcional y
de procedimientos de los distintos puestos de trabajo de nueva
creación. Una vez finalizado este proceso de análisis, y contrastado
con otros ámbitos del propio Ministerio del Interior, del Ministerio
de Hacienda y del Ministerio de Administraciones Públicas, el
proyecto de modelo organizativo se presentará a los representantes de
las organizaciones sindicales en la Mesa general del ámbito
descentralizado de negociación de instituciones penitenciarias, con
el fin de recabar sus opiniones, realizar las sugerencias que estimen
oportunas y proceder, a continuación, a poner en marcha la
determinada normativa que nos permita adecuar la situación
penitenciaria a este nuevo marco jurídico.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Gallizo.




La señora GALLIZO LLAMAS: Señor secretario de Estado, tengo que
decirle que lleva usted la teoría bastante bien, pero que la práctica
deja mucho que



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desear. Desde luego, nosotros compartimos la valoración de que los
cambios que se han producido en instituciones penitenciarias son
profundos y que, cuanto más tiempo pasa, más profundos son los
cambios, por lo que requieren nuevas adecuaciones que habrá que
abordar. El problema es que ya está pasando demasiado tiempo sin que
se aborde.

A usted se le ha olvidado un pequeño detalle y es que no es la
primera vez que este tema se trata aquí. De hecho, el 9 de marzo de
1999 se aprobó una moción a propuesta del Grupo Socialista, en la que
se dice que, en el plazo de ocho meses, la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias dictará una resolución que establezca la
nueva regulación de los servicios y unidades de los centros
penitenciarios, y las funciones de cada uno de los puestos de trabajo
de los mismos, en cumplimiento de lo que establece esa disposición
transitoria a la que hacemos referencia. Los ocho meses se cumplieron
en noviembre de 1999. Evidentemente, no se ha establecido esa nueva
regulación y ahora se nos dice que se está en la fase inicial, es
decir, que se está analizando los puestos de trabajo para, a partir
de ahí, hacer una propuesta y discutirla con los sindicatos. A
nosotros nos parece que van ustedes muy despacio y que esto está
creando un problema muy importante en los centros penitenciarios y en
el conjunto de la política penitenciaria, porque no es una situación
fácil para los trabajadores, para los funcionarios de instituciones
penitenciarias, al no existir una regulación adecuada de su
situación. Nosotros pensamos que no sólo es importante que haya una
dotación suficiente de personal en los centros penitenciarios, sino
que también el personal sea el adecuado, que tenga definidas cuáles
son sus funciones y que vea reconocida y regulada su situación
profesional. Nos parece incomprensible que todavía no se haya
realizado ni se haya actualizado el catálogo de puestos de trabajo
y que nos estemos moviendo con una estructura básica de unos cuerpos de
funcionarios establecida en épocas predemocráticas. Nos parece
incomprensible que, a estas alturas, estemos todavía en estas
condiciones, que dan lugar a numerosas arbitrariedades en la
asignación de funciones. Los funcionarios llegan a hablar de una
situación de relaciones casi caciquiles en las que, por parte de las
cúpulas de los servicios, se establecen las funciones sin atender a
criterios objetivos y a criterios regulados. Hay disfunciones en los
niveles, hay un trato desigual respecto a otras administraciones,
y todo esto contribuye a que la plantilla de funcionarios esté
desmotivada. Como usted sabe, los funcionarios de instituciones
penitenciarias no tienen un trabajo fácil, no es un trabajo que en
muchas ocasiones esté muy reconocido por la sociedad o esté bien
visto socialmente, no existe una carrera administrativa que les dé
posibilidades de promoción. A nosotros nos preocupa debido a que con
esta desmotivación y desmoralización de los funcionarios no seamos
capaces
de cumplir los objetivos que deben alcanzar en su trabajo y que son
fundamentales para que los centros penitenciarios sirvan para su
función, que es reeducar y reinsertar socialmente a las personas que
están allí. Eso exige un trabajo cualificado y realizado desde un
estado anímico y personal sólido y confiado en la propia
Administración que da cobijo a los funcionarios. Esa no es la
situación que hay en este momento. Nos parece que este es un asunto
urgente y desde mi grupo le reclamamos que cumplan los compromisos
que aquí adquirieron votando una moción que comprometía a todos los
grupos y a este Parlamento y que comprometía al Gobierno, en primer
lugar; que lo cumplan sin más demora y que aceleren el proceso que,
por lo que nos ha dicho, va bastante despacio.

Finalmente, aprovechando esta comparecencia, queremos preguntarle por
un asunto que nos ha llamado mucho la atención en el desarrollo de
las funciones que se ejercen por este cuerpo y queremos preguntarle
si tienen ustedes la intención de mantener sine die la segregación
entre hombres y mujeres en las pruebas de acceso a los cuerpos de
ayudantes y en el propio cuerpo, en el que hay dos escalas, una
masculina y otra femenina, situación que no se produce, que nosotros
sepamos, en ningún otro caso en la Administración Pública. Nos
gustaría saber, insisto, si piensan ustedes mantener esta situación y
si es así, cuáles son las razones de ese mantenimiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): La
verdad es que yo creo que si hubo una resolución -S.S. me lo dice y,
por supuesto, yo lo acepto- que decía que en nueve meses a partir de
un determinado momento había que poner en marcha una serie de
compromisos que se adquieren ante esta Cámara y no se ha hecho, es
patente el incumplimiento y no lo voy a discutir. Lo que yo he dicho
aquí es que las razones por las que no se ha hecho es porque la
reforma es extremadamente compleja y lo único que puedo decir es que
el incumplimiento temporal es un incumplimiento absolutamente
indiscutible. Lo que voy a hacer, se lo aseguro, es acelerar al
máximo los ritmos; lo que no voy a hacer es tomar decisiones
solamente por criterio temporal, cuando luego en unos aspectos tan
importantes desde el punto de vista de la propia carrera
funcionarial, como los que he señalado antes, es mucho más difícil
cambiarlo. La verdad es que tengo reuniones con los sindicatos y con
el director general de Instituciones Penitenciarias en las que me
manifiestan su preocupación por este asunto y por otros y
sinceramente creo que estamos intentando atender no solamente
aspectos generales que afectan a esta nueva organización de los temas
de la carrera funcionarial, sino a otros concretos que le puedo
asegurar



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que de alguna manera preocupan hoy por hoy a los funcionarios, por lo
menos al nivel de lo que está usted haciendo. No creo que haya otra
fórmula de abordar su proposición que la de incrementar los ritmos a
la hora de poner en marcha lo que es un compromiso que tiene el
Gobierno, impulsado por esta Cámara. La única razón, ya lo he dicho
al principio, es la gravedad de las decisiones que se tienen que
tomar. Lamento la tardanza, y aquí me comprometo a acelerar al máximo
esos trámites.

En cuanto a la discriminación que se produce entre hombres y mujeres,
no tenía conciencia de la pregunta, por lo que le ruego que me
permita contestarle por escrito, ya que, reitero, la vinculación de
Instituciones Penitenciarias con la Secretaría de Estado es una
vinculación horizontal y por eso mismo no tengo conocimiento
de por qué se produce eso, pero le contestaré, si S.S. me lo
permite, por escrito.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Gracias, señor secretario
de Estado.

Quiero comunicar a la Comisión que la prevista reunión de Mesa y
portavoces que se iba a celebrar en este instante se traslada a
mañana, una vez que finalice la sesión, que, como ustedes saben,
comenzará a las diez de la mañana.

Tras agradecer al señor secretario de Estado la extensa comparecencia
de esta tarde en la Comisión y desear buenas noches a los asistentes,
se levanta la sesión.




Eran las nueve y media de la noche.