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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 184, de 14/03/2001
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 184



ASUNTOS EXTERIORES



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA



Sesión núm. 13



celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i
Camps) para informar sobre:



- El contencioso de Gibraltar. A petición propia. (Número de
expediente 214/000051.). . . . (Página 5411)



- Contenido y consecuencias del acuerdo alcanzado el día 19 de abril
de 2000 entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000007.) . . . (Página 5411)



Preguntas:



- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
previsiones acerca de la reanudación de las reuniones ministeriales
hispano-británicas recogidas en el proceso de Bruselas sobre
Gibraltar. (Número de expediente 181/000484.) . . . href='#(Página5411)'>(Página 5411)



Página 5410




- Del mismo señor diputado, sobre consecuencias del acuerdo sobre
Gibraltar alcanzado en el mes de abril de 2000 firmado entre España y
el Reino Unido. (Número de expediente 181/000485.) . . . href='#(Página5411)'>(Página 5411)



- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre conclusiones derivadas de la última reunión del
comité hispano-británico. (Número de expediente 181/000657.) . . .

(Página 5411)



Continuación de la comparecencia del señor ministro de Asuntos
Exteriores (Piqué i Camps) para informar sobre:



- La reparación del submarino nuclear Tireless. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000290.) . . .

(Página 5428)



Preguntas (continación):



- Del señor Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la
posibilidad de verificación por los técnicos del Consejo de Seguridad
Nuclear de las pruebas hidrostáticas de presión, una vez concluida la
soldadura en el circuito de refrigeración del submarino HMS Tireless.


(Número de expediente 181/000460.) . . . (Página
5428)




- Del mismo señor diputado, sobre modo en que se llevará a cabo la
puesta en marcha del reactor del submarino Tireless. (Número de
expediente 181/000461.) . . . (Página 5428)



- Del mismo señor diputado, sobre razones por las que se está
realizando la reparación del circuito de refrigeración del submarino
nuclear HMS Tireless sin una verificación in situ de técnicos
españoles. (Número de expediente 181/000462.). . . . href='#(Página5428)'>(Página 5428)



- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
opinión del Gobierno acerca del plan de actuación previsto para el
Tireless, e información recopilada y facilitada al respecto.(Número
de expediente 181/000466.) . . . (Página
5428)




- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre estado del proceso de reparación del submarino
nuclear HMS Tireless. (Número de expediente 181/000656.) . . .

(Página 5428)



Proposiciones no de ley:



- Por la que se insta al Gobierno a la firma de las convenciones
interamericanas sobre restitución y sobre tráfico internacional de
menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 181/000514.). . . . href='#(Página5439)'>(Página 5439)



Dictamen sobre:



- Tratado sobre el Estatuto jurídico de Eurofor, hecho en Roma el 5
de julio de 2000. (Número de expediente 110/000066.) ... href='#(Página5442)'>(Página 5442)



- Convención sobre las misiones especiales y protocolo facultativo,
hecha en Nueva York el 8 de diciembre de 1969. (Número de expediente
110/000067.) . . . (Página 5442)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.





La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión,
agradeciendo la presencia del señor ministro de Asuntos Exteriores.

Como cuestión previa quería recordar a SS.SS. lo que la Mesa y
portavoces acordamos el último día. En la Comisión de hoy tenemos la
presencia del señor ministro para celebrar dos comparecencias sobre
dos
temas distintos. Como concurre, además, la presentación por distintos
grupos parlamentarios de algunas preguntas relacionadas con los
mismos temas de las dos comparecencias, la Mesa y portavoces decidió
subsumir las preguntas dentro de las comparecencias, de tal forma que
en el punto primero empezará el señor ministro con la comparecencia,
a petición propia, para informar sobre el contencioso de Gibraltar. A
aquellos grupos que habían presentado preguntas referentes a este
mismo tema, les rogaría las formulen en su primera intervención. El
señor ministro les responderá y



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daremos un turno de réplica, teniendo en cuenta que ha habido unas
preguntas. O sea, que consideraré que es una situación distinta,
puesto que no es una simple respuesta a la comparecencia, sino que
nos estamos refiriendo a unas preguntas. Lo mismo haremos con la
segunda comparecencia, referida a la reparación del submarino nuclear
Tireless. También existen preguntas y estableceremos el mismo sistema
que en esta primera comparecencia.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (PIQUÉ I
CAMPS) PARA INFORMAR SOBRE:



- EL CONTENCIOSO DE GIBRALTAR. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 214/000051.)



- CONTENIDO Y CONSECUENCIAS DEL ACUERDO ALCANZADO EL DÍA 19 DE ABRILDE
2000 ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/000007.)



PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA REANUDACIÓN DE LAS REUNIONES MINISTERIALES
HISPANO-BRITÁNICAS RECOGIDAS EN EL PROCESO DE BRUSELAS SOBRE
GIBRALTAR. (Número de expediente 181/000484.)



- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CONSECUENCIAS DEL ACUERDO SOBRE GIBRALTAR ALCANZADO EN EL MES DE
ABRIL DE 2000 FIRMADO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO. (Número de
expediente 181/000485.)



- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL
COMITÉ HISPANO-BRITÁNICO. (Número de expediente 181/000657.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a los puntos 1 y
2, que son dos comparecencias. La primera del propio Gobierno, para
informar sobre el contencioso de Gibraltar, y la segunda del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre contenido y consecuencias del acuerdo
alcanzado el día 19 de abril de 2000 entre el Gobierno de España y el
Gobierno del Reino Unido.

Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): He
solicitado comparecer ante SS.SS. para resaltar las líneas esenciales
de la política del Gobierno respecto al contencioso de Gibraltar, al
igual que lo hice el pasado 8 de febrero ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Senado, exponiendo unos planteamientos cuyo contenido
deseo reafirmar hoy.

Para una España democrática, moderna y dinámica, que ha recuperado su
papel en la historia de Europa y que cuenta con un creciente peso
internacional, la pervivencia de la colonia de Gibraltar en nuestro
territorio, además de la disputa territorial, es hoy en día una
situación ya muy difícil de seguir compaginando con el mantenimiento
de nuestro interés nacional y de la lógica política de seguridad y
económica de nuestro espacio común, tanto en la Unión Europea como en
la Alianza Atlántica. Llevamos 289 años soportando una colonia
británica en nuestro territorio y en esta legislatura se van a
cumplir los 300 años de la ocupación por la fuerza del Peñón. No se
trata hoy de volver a convertir a Gibraltar en el centro que era de
una política exterior propia de un país aislado políticamente se
trata, muy al contrario, de situar el contencioso en los términos en
que debemos afrontarlo a principios de este siglo XXI, como un
anacronismo difícil de soportar y para el que es cada vez más urgente
hallar una fórmula de solución siguiendo los mandatos establecidos
para ello por la comunidad internacional. Gibraltar es uno de los
últimos contenciosos coloniales que perviven a escala universal
cuando ya han desaparecido Hong Kong, Macao o Boa. Esa colonia
subsiste precisamente en una de las regiones más civilizadas, más
avanzadas y en fase de creciente integración y, más en concreto, en
un Estado miembro de la Unión Europea, como es España.

La cuestión de Gibraltar ha sido ya zanjada por Naciones Unidas,
inscrita como colonia por el Reino Unido en el Registro de
territorios no autónomos de las Naciones Unidas en 1946. El
contencioso fue objeto, en la década de los sesenta, de numerosas
resoluciones de la Asamblea General, que establecieron de manera
inequívoca la aplicación para su solución del principio de integridad
territorial. Aún hoy, año tras año la Asamblea General urge, mediante
la oportuna decisión, a España y al Reino Unido a continuar las
negociaciones para alcanzar una solución definitiva al problema de
Gibraltar. Con vistas a ese marco negociador, las posiciones de
España acerca del contencioso no han cambiado y han contado siempre
con el pleno respaldo de las Cortes, que han adoptado numerosas
resoluciones en su apoyo. Así, los sucesivos gobiernos de España han
podido defender dichas posiciones, tanto en el plano bilateral como
en el multilateral, con la fuerza que supone el respaldo de la
institución



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que por antonomasia representa a la soberanía popular. Ningún
gobierno puede hurtarse a las responsabilidades que conlleva la
defensa de las posiciones de España en una disputa internacional en
cuestiones de soberanía. Hoy, cuando nos encontramos a principios del
siglo XXI, el Reino Unido sigue reacio a acometer las negociaciones
sobre las cuestiones de soberanía que acordó iniciar con España desde
1980, al tiempo que reclama el diálogo bilateral para abordar temas
de cooperación que tan solo pretenden, en muchos casos, reforzar la
situación de privilegio y hasta de abuso de la colonia respecto del
territorio circunvecino del Campo de Gibraltar.

Con el advenimiento de la democracia a nuestro país y nuestra
incorporación a las instituciones europeas y euroatlánticas confiamos
en que el diálogo con el Reino Unido daría sus frutos. Los inicios
fueron prometedores, primero con la declaración de Lisboa, el 10 de
abril de 1980, por la que ambos gobiernos acordaron iniciar
negociaciones a fin de solucionar todas las diferencias sobre
Gibraltar, sobre la base de las resoluciones pertinentes de Naciones
Unidas, y posteriormente con la Declaración de Bruselas, del 27 de
noviembre de 1984, que al poner en marcha lo decidido en Lisboa
reafirmó el tratamiento de las cuestiones de soberanía dentro del
proceso negociador. Por vez primera el Reino Unido se comprometía así
a negociar las cuestiones de soberanía. Con ilusión y esperanza el
ministro de la época, el ministro Morán, presentó sus propuestas en
la primera reunión ministerial del instituido proceso de Bruselas en
febrero de 1985. Doce años más tarde, en diciembre de 1997, el
entonces ministro Matutes presentaría las suyas en un postrer
esfuerzo para revitalizarlo. Sin embargo, en estos 17 años el Reino
Unido no ha estado dispuesto a iniciar una negociación real sobre la
soberanía del territorio; lo digo con la grave preocupación que
produce una negativa al diálogo pactado hace 17 años, reclamado año
tras año en Naciones Unidas y que es el mínimo exigible a un socio en
la Alianza Atlántica y en la Unión Europea.

Sin duda Gibraltar es un contencioso relativo a una situación
anacrónica contraria a la lógica de la historia. No es comprensible
que en pleno siglo XXI un país amigo de España mantenga una presencia
colonial con quien le une un tratado de defensa y de asistencia mutua
y con quien comparte el proyecto de futuro en una Europa unida. No
debemos, sin embargo, engañarnos; tenemos un camino difícil frente a
este contencioso que hoy se nos sitúa en tres planos. Primero, la
negociación con el Reino Unido para la recuperación de la soberanía;
segundo, la incidencia que el contencioso tiene en las organizaciones
internacionales a las que pertenecemos, en particular en la Unión
Europea, por la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Reino
Unido; en tercer lugar, las relaciones entre Gibraltar y el Campo.

En cuanto a las negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar se
enmarcan en el proceso de Bruselas. Como es bien sabido, por las
declaraciones de Lisboa y Bruselas ambos países acordamos el
establecimiento de un proceso negociador en el que serían tratadas
las cuestiones de soberanía y la promoción de la cooperación en
beneficio mutuo. La última reunión ministerial tuvo lugar en
diciembre de 1997. Desde entonces, el Reino Unido ha alegado,
primero, sobrecarga de trabajo con motivo de su Presidencia de la
Unión Europea, que ejercieron en el año 1998, y un año después la
crisis por la pesca en las aguas próximas al Peñón y que SS.SS.

recordarán. La realidad, desde mi punto de vista, es más simple: la
negativa del Reino Unido a hablar de soberanía con España.

La responsabilidad por la ausencia de resultados incumbe, por tanto,
al Reino Unido que pretende privar de sentido y contenido al proceso
al querer limitar el diálogo a las cuestiones de cooperación y
negarse a abordar las de soberanía escudándose en los pretendidos
deseos de la población. Para España, conforme a lo pactado, no puede
haber negociación sin hablar de las cuestiones de soberanía en su
doble vertiente del Peñón, territorio cedido en Utrecht, e istmo,
ocupado ilegalmente por el Reino Unido, a quien no reconocemos título
alguno de soberanía, habiendo reconocido la propia Cámara de los
Comunes en el año 1981 que existen dudas sobre la soberanía británica
del istmo. España ha dado suficientes pruebas de su talante
negociador y amplias garantías de su disposición a satisfacer las
expectativas de los gibraltareños, pero el Reino Unido, a diferencia
de la actitud adoptada en otros procesos de descolonización en los
que ha participado como metrópoli, no ha querido colaborar con España
en el endoso de estas garantías frente a los ciudadanos de Gibraltar.


El Reino Unido debería cumplir con los compromisos que asumió en
Bruselas respecto de la soberanía y debería abordar con profundidad
las ofertas hechas por España acerca del pleno respeto a las
peculiaridades de autogobierno de la población y no debería utilizar
a los gibraltareños para, cuando prácticamente ha concluido el
proceso descolonizador, justificarse ante la opinión pública
internacional por el mantenimiento de una colonia y una base militar
en el territorio español a miles de kilómetros del Reino Unido y a la
entrada del Mediterráneo.

En cuanto a la participación gibraltareña en las negociaciones,
nuestra posición es clara. España desea esta presencia siempre y
cuando los gibraltareños, como fue el caso hasta 1987 en la época del
Gobierno local de Joshua Hassan, lo hagan dentro de la delegación
británica. No somos nosotros quienes hemos cambiado de criterio; en
los meses que transcurrieron entre la Declaración de Bruselas,
noviembre de 1984, y la primera reunión a nivel ministerial, en
febrero de 1985, el Reino Unido aceptó explícitamente ese
planteamiento. Queremos que los gibraltareños, con plena libertad y



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sin trabas, como fue el caso mientras participaron, puedan exponer y
defender sus criterios y posiciones, pero la cesión de la soberanía
por el Tratado de Utrecht fue entre dos Estados soberanos, España y
el Reino Unido, y con un compromiso británico de reintegrar Gibraltar
a España el día que abandonara el Peñón. El istmo está ocupado
ilegalmente y sin título alguno por el Reino Unido, como ya se ha
dicho, y para decidir sobre estas cuestiones de soberanía del
territorio no cabe un tercer actor. No es un criterio privativo
nuestro, tampoco las Naciones Unidas legitiman al pueblo gibraltareño
para ir en contra del principio de integridad territorial y son
claras las limitaciones que impone el Tratado de Utrecht al Reino
Unido para disponer sobre la soberanía.

Por otro lado, entre dos Estados que cumplen con sus compromisos
internacionales no cabe preguntarse sobre la validez del marco
negociador que acordaron en Bruselas. Para España, el valor de
Bruselas es el de responder al compromiso asumido por el Reino Unido
para abordar las cuestiones de soberanía. Lo importante es que
finalmente pueda producirse el diálogo sobre eso, sobre la soberanía,
y si hasta la fecha no se ha producido no es a causa del tipo de
marco, sino a la falta de voluntad política real por parte del Reino
Unido para solucionar el contencioso; en definitiva, por falta de
voluntad de diálogo, y ello a pesar de que Gibraltar,
lamentablemente, es un lastre en nuestras relaciones. Los intereses
económicos, sociales y culturales entre el Reino Unido y España
funcionan bien, pero a causa de Gibraltar mantenemos, en perjuicio de
ambos países, una relación lastrada. El Reino Unido es nuestro cuarto
proveedor, nuestro quinto cliente, visitan anualmente nuestro país
cerca de 12 millones de turistas británicos y tenemos más de 200.000
británicos residentes; sin embargo, Gibraltar se interpone en
nuestras relaciones bilaterales y éstas no alcanzan el nivel de las
que mantenemos con otros Estados europeos. Al Reino Unido parece
importarle más la base militar que el coste que supone que dos
grandes Estados europeos y los 100 millones de personas que sumamos
británicos y españoles no podamos desarrollar unas relaciones
privilegiadas como es nuestro claro deseo.

A la ausencia de diálogo se añade la perspectiva de una reforma
constitucional en la colonia, cuyos primeros pasos se están dando en
Gibraltar. El Reino Unido pretende que su alcance sería mínimo. Le
hemos hecho saber nuestra frontal oposición a cualquier modificación,
por pequeña que sea, del estatus colonial de Gibraltar, de cualquier
modificación constitucional en la línea de un mayor grado de
independencia o de integración en el Reino Unido contraria al Tratado
de Utrecht. De culminarse el proceso España consideraría la reforma
como un acto hostil y de gravedad que podría originar, como ya dije
en el Senado, un serio deterioro en las relaciones hispano-
británicas. Dialogando es posible encontrar soluciones para la
población y para la utilización de la base militar. Sin diálogo
no cabe flexibilización alguna por nuestra parte y la negación del
diálogo no es un concepto propio del tipo de relaciones que ligan a
España y al Reino Unido dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Como
también dije en mi intervención en el Senado, proseguirán nuestras
restricciones, en concreto las navales, entre Gibraltar y puertos
españoles en ejercicios OTAN y habría que comenzar a replantearse el
futuro uso de una base al margen de nuestros legítimos intereses de
seguridad, como ha demostrado el caso del Tireless.

Sin diálogo y sin la más mínima evolución en las cuestiones de
soberanía no nos queda otra opción que continuar con nuestra política
de firmeza, empezando por la defensa de nuestras posiciones en los
organismos internacionales -en esto quiero ser meridianamente claro-:
siempre los plantearemos, como es lógico, en cualquier organismo
internacional, cuando consideremos que nuestras posiciones de
principio sobre el contencioso puedan verse afectadas. Lo hemos hecho
en el pasado y lo seguiremos haciendo. Poco importa que se trate de
la puesta en marcha de un cielo único en la Unión Europea, cosa que
realmente apoyamos, o de la consideración de Gibraltar como paraíso
fiscal en la OCDE, o de su candidatura en la UEFA; no se trata de
elevar la solución del contencioso a esas organizaciones, cosa que
nunca hemos hecho, pues entendemos que se trata de una disputa
bilateral a resolver según el mandato de Naciones Unidas. Se trata
tan sólo de evitar que puedan adoptarse decisiones en el seno de
dichas organizaciones que dañen las posiciones de España en el
contencioso. Desde el año 1992 estamos haciendo frente en Naciones
Unidas a las continuas comparecencias, respaldadas por el Reino
Unido, de las autoridades locales de la colonia. Los argumentos
gibraltareños, como no podía ser de otra manera, no han encontrado
eco alguno. Las Naciones Unidas ni han reconocido sus pretensiones
sobre el futuro del territorio ni han variado su doctrina a favor de
la aplicación del principio de integridad territorial para la
resolución del contencioso.

En el marco de la Unión Europea seguiremos especialmente vigilantes
para velar por la correcta adopción y aplicación de la normativa
comunitaria y para rechazar cualquier intento encaminado a que
Gibraltar fortalezca su situación de privilegio y excepcionalidad o
adquiera un papel o competencias que como colonia no le corresponden.


A este último aspecto responden los acuerdos hispanobritánicos de
abril de 2000, también objeto hoy de la comparecencia, con motivo de
la incorporación parcial del Reino Unido a Schengen. Su principal
valor para nosotros radica en que niegan a las autoridades locales
gibraltareñas capacidad de interlocución directa en el ámbito
comunitario, algo que según el artículo 299.4 del tratado sólo
corresponde al Reino Unido.

Permítanme, señorías, que abra ahora un paréntesis en este sentido
para informar sobre el contenido y consecuencias



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del acuerdo alcanzado el pasado 19 de abril entre el Gobierno de
España y el Gobierno del Reino Unido. Los representantes permanentes
español y británico ante la Unión Europea firmaron en esa fecha unos
acuerdos pragmáticos que dan solución a problemas de carácter técnico
pero que en ningún caso tratan cuestiones de soberanía. Estos
acuerdos son, en primer lugar, sobre autoridades gibraltareñas y es
el más importante de los alcanzados. El punto central del mismo
consiste en que comenzará a operar en Londres, en el Ministerio
británico de Asuntos Exteriores, una oficina de enlace con las
autoridades gibraltareñas que se encargará de asumir y de canalizar
las comunicaciones o decisiones procedentes de o dirigidas a ella.

Con este acuerdo se pone de manifiesto que las autoridades
gibraltareñas carecen de competencia exterior por sí mismas y que es
el Reino Unido el que asume su relación exterior y quien se
responsabiliza en último término de la actuación de dichas
autoridades. Gracias a este acuerdo se han desbloqueado una serie de
directivas comunitarias, principalmente en los ámbitos de justicia
y mercado interior. En segundo lugar, existe un acuerdo sobre el
documento de identidad gibraltareño. El formato de este documento
cambiará para ajustarse a las exigencias planteadas por España para
que sea considerado como válido a efectos de viaje. La denominación
Reino Unido deberá aparecer encima de Gibraltar en la parte frontal
del documento y en el reverso, como oficina expedidora, en vez de
Gobierno de Gibraltar deberá constar Oficina del registro de civiles
Gibraltar, validado a efectos de viaje en la Unión Europea bajo la
autoridad del Gobierno del Reino Unido.

A estos acuerdos hay que añadir el acuerdo bilateral de cooperación
policial, que fue firmado el 29 de mayo del año pasado por los
ministros de Interior español y británico en el Consejo de Ministros
de Justicia e Interior de la Unión Europea, que aprobó la entrada
parcial del Reino Unido en Schengen. Consiste en un acuerdo de
cooperación transfronteriza a nivel local entre la Policía nacional y
la Guardia Civil por parte española y la Royal Gibraltar Police,
dependiente del gobernador, por parte británica. El acuerdo prevé la
designación de oficiales de enlace y líneas permanentes abiertas
telefónicas, de radio y de telex. La colaboración puede abarcar toda
clase de criminalidad. Estos acuerdos poco afectan a los controles en
la verja, de una parte porque son principalmente de carácter aduanero
y de otra parte al haberse autoexcluido el Reino Unido y
consiguientemente Gibraltar del espacio único Schengen de supresión
de controles.

En todo este contexto debo decirles que tampoco aceptaremos que en un
foro internacional nuestras posiciones de principio en el contencioso
puedan verse afectadas o devaluadas. Ello está afectando estos días,
como SS.SS. conocen perfectamente, a la propuesta de futura normativa
comunitaria para la reglamentación del llamado cielo único europeo,
del que España, como
ya he dicho, es firme partidaria. En 1987, con motivo de la adopción
por la Unión Europea del primer paquete de normas de transporte
aéreo, España y el Reino Unido alcanzamos el acuerdo sobre el
aeropuerto de Gibraltar y pactamos con tal motivo la inclusión de dos
cláusulas en las normas comunitarias, imprescindibles para evitar
prejuzgar sobre el contencioso de soberanía del istmo. Tampoco aquí
hemos sido nosotros quienes hemos cambiado de opinión. Después de
incluirse estas cláusulas, con el asentimiento de España y del Reino
Unido desde 1987, en un total de ocho reglamentos, directivas y
decisiones del Consejo sobre transporte aéreo, formando por ello
parte del acervo comunitario en la materia, el Reino Unido desde hace
dos años objeta su inclusión sin base alguna para ello, pues no ha
habido la más mínima evolución respecto de la disputa territorial en
cuestión. Debe recordarse a este respecto que el propio Tribunal de
Justicia de la CEE ha reconocido que esta disputa supone un obstáculo
objetivo a la aplicación del derecho comunitario al aeropuerto del
istmo y que justifica la inclusión de las cláusulas. Ante la
oposición británica a la inclusión de las mismas, la normativa aérea
europea amenaza con verse de nuevo bloqueada y la Comisión ha optado
por aplazar la propuesta sobre el cielo único europeo. Esperamos que
el Reino Unido reconsidere su posición.

En cuanto a las relaciones entre Gibraltar y el Campo, un incremento
de la cooperación haría que las poblaciones de uno y otro lado de la
verja tuviesen intereses compartidos; esa convergencia de intereses
ayudaría a desdramatizar el contencioso, enfocándolo de una manera
más natural. El Reino Unido y Gibraltar, sin embargo, entienden por
cooperación algo muy distinto: mecanismos para consolidar e
incrementar la situación de privilegio y excepcionalidad de la
colonia a expensas de España y en especial de la zona circunvecina
del Campo, sobre la que ejerce un efecto negativo al impedir la
existencia de un marco económico homogéneo en el que se desarrolle la
economía de las localidades del Campo sin sufrir las limitaciones y
la competencia desleal desde la colonia de Gibraltar.

La primera medida de la llamada cooperación fue la apertura de la
verja para el tráfico peatonal en diciembre del año 1982, al amparo
del nuevo clima bilateral con el Reino Unido, con quien dos años
antes, en Lisboa, habíamos acordado iniciar las negociaciones para
solucionar nuestras diferencias. Debo recordar que fue una concesión
unilateral que obedeció por nuestra parte a razones humanitarias, las
mismas que 100 años antes nos movieron a dar facilidades de
asentamiento en la zona del istmo ante las epidemias que padecía la
colonia.

Desde la apertura de la verja han transcurrido casi 20 años y el
resultado es que nuestros gestos de buena voluntad no se han visto
correspondidos ni siquiera con la apertura del diálogo sobre la
soberanía. Gibraltar ha logrado no sólo ser autosuficiente sino
incluso



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próspero, muy próspero económicamente y el Reino Unido ha conseguido
disponer de una base militar sin coste alguno.

Cuando en el año 1976 el Reino Unido se incorpora a la entonces
Comunidad Europea negocia para Gibraltar un régimen especial en su
acta de adhesión, en virtud del cual se excluye al territorio
gibraltareño, entre otros, de la Unión Aduanera, del IVA y de la
política fiscal armonizada. Ahora bien, una cosa es que los
ciudadanos de Gibraltar no paguen aranceles o que no paguen el IVA
por los productos que no puede producir y necesita consumir y otra
muy diferente es que se aprovechen de esta situación de
excepcionalidad para ejercer sobre el territorio limítrofe una
competencia desleal en proporciones que no son justificadas ni
razonables, todo ello afectando a las posibilidades de que un mayor
bienestar económico pueda llegar al Campo y a los ingresos fiscales
de la Hacienda pública española. Durante 1999, por ejemplo, fueron
despachadas en la aduana de la verja, procedentes de España y con
destino a Gibraltar, 23 millones de cajetillas de tabaco y 27
millones de litros de carburante para automóviles. Es evidente que
son volúmenes que no se corresponden con los cerca de 30.000
habitantes de la colonia y menos aún en lo referente al carburante
teniendo presente el reducido parque automovilístico local y el
espacio de que disponen los vehículos para circular. Ello, como es
natural, afecta al número de gasolineras o al número de estancos en
la zona del Campo.

Las cifras hablan por sí solas. Antes de la apertura de la verja, el
60 por ciento del presupuesto gibraltareño provenía de los gastos
militares del Reino Unido; éstos apenas representan hoy un 3 por
ciento. En 1982, la renta per cápita era de 3.330 libras esterlinas;
hoy se ha multiplicado casi por cinco y está próxima a las 15.000, es
decir, cerca de un tercio superior a la media de España y más del
doble que la media de Andalucía. La renta del Campo de Gibraltar no
ha seguido en modo alguno dicho proceso. Sin embargo, todavía eso
parece poco y el Reino Unido apoya la idea de que la Comisión estudie
a España por los controles que tenemos en la verja, a pesar de que
son proporcionados, no obedecen a motivaciones políticas sino a
obligaciones comunitarias por el hecho de que Gibraltar está fuera
del IVA y del territorio aduanero de la Unión Europea. Si de algo
pecan es más bien de cierta laxitud. Además, no fuimos nosotros
quienes erigimos la verja en el año 1908, ni quienes excluimos al
territorio gibraltareño de la Unión Aduanera o del espacio único
Schengen. Por lo demás, la atracción de estas ventajas es clara: el
año pasado cruzaron la verja siete millones de personas, un 19 por
ciento más que en el año 2000.

Otro ejemplo de cooperación en desigualdad lo tenemos en telefonía.

España, con 40 millones de habitantes, dispone de 17 millones de
líneas telefónicas fijas. Gibraltar, con 30.000 habitantes, nos
solicita un millón de líneas adicionales a las que ya generosamente
les
concedimos en el año 1986, igualmente sin contrapartidas. La petición
es a todas luces desorbitada. Se explica, sin embargo, al comprobar
que las comunicaciones telefónicas en Gibraltar no están gravadas con
el 16 por ciento del IVA, como sucede en España. En resumen, se
pretende ejercer de nuevo una competencia desleal y además, en este
caso, que seamos nosotros quienes les proporcionemos los medios. Sin
duda, los ciudadanos de Gibraltar viven muy bien, como hemos dicho,
gracias a su gigantesco duty free, que sirve básicamente a una
población española de 250.000 personas en un radio de siete
kilómetros, gracias a su paraíso fiscal, gracias a sus 85.000
sociedades inscritas y también a su entramado logístico de tráficos
no lícitos, que desgraciadamente aún subsisten.

Pero, ¿de qué vive Gibraltar? No vive del Reino Unido que, desde hace
años, se ha desentendido económicamente de su colonia. Gibraltar vive
gracias a nuestra permisividad y buena vecindad y más concretamente
a costa del Campo de Gibraltar y de la Hacienda pública española. Y
cooperar es algo muy distinto de lo que nos quieren hacer creer tanto
el Reino Unido como Gibraltar. Cooperar es generar condiciones de
cooperación económica más homogénea y de beneficio mutuo; es terminar
con el trato discriminatorio que reciben nuestros pensionistas
españoles ex trabajadores de la colonia; cooperar es que el Reino
Unido asuma su cuota de responsabilidad y ponga fin a la opacidad
societaria y financiera existente hoy en la colonia; cooperar es que
el Reino Unido trasponga al territorio gibraltareño la normativa
comunitaria en materia de medio ambiente para recuperar y preservar
para nuestros hijos el entorno de la bahía de Algeciras; cooperar es
imponer la lógica del sentido común y evitar que el aeropuerto de
Gibraltar continúe suspendido del régimen europeo de aviación civil
por bloqueo del acuerdo bilateral de 1987 y en perjuicio
principalmente de la propia población y de la economía de la colonia.


No queremos en absoluto penalizar a los gibraltareños y deseamos
sinceramente la cooperación a ambos lados de la verja, pero no
podemos permitir ni un menoscabo de nuestras posiciones sobre el
contencioso ni un aumento de los actuales desequilibrios entre
Gibraltar y el Campo. Por nuestra parte continuaremos impulsando en
el Campo de Gibraltar todas aquellas actuaciones, principalmente en
materia de infraestructuras y equipamientos, y aquellas iniciativas
que favorezcan su desarrollo para paliar e incluso para llegar a
revertir el flujo de la actual dependencia. Somos los primeros en
desear el bienestar económico de Gibraltar y de los gibraltareños,
pero sobre bases sanas y en modo alguno aspiramos a hacer españoles a
los gibraltareños. Nuestra reivindicación afecta sólo a las
cuestiones de soberanía del territorio. Ahora bien, cooperación
y soberanía son dos elementos concatenados según el proceso de
Bruselas. Existen márgenes suficientes para el entendimiento. Los
hubo cuando negociamos



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el acuerdo sobre el aeropuerto, en 1987, el entendimiento sobre la
pesca, las aguas próximas al Peñón, en el año 1999, y el acuerdo
mencionado sobre autoridades en el marco de la Unión Europea, CEE, y
tratados conexos en el año 2000. Gibraltar, en lugar de ser el punto
de desencuentro que es hoy, podría convertirse en nexo de unión entre
el Reino Unido y España, en beneficio de la población del conjunto de
la zona del Campo, pero debe imponerse el realismo. Y este realismo
nos dice que al margen de las razones jurídicas que nos asisten no es
posible un Gibraltar independiente que, al amparo de su régimen
especial en la Unión Europea, está siendo financiado indirectamente
por el presupuesto español y la competencia desleal, y de ello debe
ser consciente el Reino Unido.

Es también absolutamente irrealista pretender mantener sin cambios
una base militar instalada en un entorno urbano de las más de 250.000
personas del Campo de Gibraltar, sin ningún tipo de participación del
Estado responsable de la seguridad de sus ciudadanos. Queremos llegar
a una solución del contencioso y queremos llegar en términos de buen
entendimiento. España sólo pide al Reino Unido lo que es natural
entre dos Estados europeos socios, aliados y amigos: diálogo, que en
una contradicción flagrante se reclama para las llamadas cuestiones
de cooperación pero se niega para las de soberanía. Entenderíamos que
en este contexto el Reino Unido nos hablase de su responsabilidad
sobre los gibraltareños, pero no entendemos que siga pretextando los
deseos de los gibraltareños para negarseal diálogo. España, como ya
he dicho, ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de
garantizar los intereses y derechos legítimos de la población
gibraltareña, sus costumbres, sus instituciones, su régimen de
autogobierno, y hemos dado sobradas pruebas de flexibilidad, incluso
temporales, en términos de períodos transitorios de administración
conjunta de la soberanía. La última vez que lo hicimos fue en las
llamadas propuestas Matutes, presentadas en 1997, como documento de
trabajo para iniciar una negociación.

El Gobierno, de conformidad con la proposición no de ley de 24 de
febrero del año 1998, no escatimará esfuerzos para que el diálogo
hispano-británico finalmente se produzca. Ello requerirá, por nuestra
parte, perseverancia en la firme defensa de nuestras posiciones
y continuidad en nuestra política. Mantengamos nuestro consenso y
cohesión en este tema de Estado, que a todos nos afecta por igual, y
transmitamos, desde la amistad más profunda, al Reino Unido nuestra
voluntad, la de todos, de mantener una relación cada vez más estrecha
y mutuamente fructífera. Ojalá eso sea posible. Mientras tanto el
Reino Unido debe saber que Gibraltar es un obstáculo real.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Señorías, al
existir un grupo que ha solicitado
la comparecencia y tener dos preguntas sobre la materia, en primer
lugar, tiene la palabra este grupo proponente, en la persona de su
portavoz, don Rafael Estrella Pedrola.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, me alegro de que la
iniciativa del Grupo Socialista haya servido para que el Gobierno
haga una declaración sobre su posición en relación a Gibraltar,
posición que evidentemente no ha cambiado pero en la que el ministro
ha introducido los nuevos elementos de análisis, porque Gibraltar,
como ha dicho el propio ministro, es una realidad cambiante.

Querría hacer una serie de afirmaciones, que también se desprenden de
la intervención del ministro, en las que creo que estamos todos de
acuerdo. En primer lugar, la posición inalterable en cuanto a la
reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar, sin ningún tipo de
matices, sin ningún tipo de fisuras.

En segundo lugar y coherente con ello, la oposición absoluta a
cualquier posible alteración del statu quo de Gibraltar. No tiene
viabilidad alguna cualquier discusión que pueda llevar a contemplar
como posible la alteración de ese statu quo. Por la vía de la
modificación de la llamada Constitución de 1969, por la vía de un
supuesto proceso de autodeterminación, no cabe eso en el Tratado de
Utrecht y, por tanto, cualquier paso que diera en ese sentido,
cambiando la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno
británico, supondría una ruptura muy seria en el marco de las
relaciones hispano- británicas, y creo que es importante que esto lo
sepan los ciudadanos de Gibraltar, que están viviendo un proceso en
el que les han embarcado sus dirigentes políticos, en el que aparece
una tercera vía o una cuarta opción que no existe, porque solamente
hay dos opciones para Gibraltar: el mantenimiento del statu quo
actual o la aplicación de las cláusulas previstas en el Tratado de
Utrecht. Creo que no debe llevarnos a más discusión el debate, que
apasiona a algunos, que se está produciendo estos días en Gibraltar.

Pero sí es importante, y el ministro ha hecho referencia a algunas
resoluciones y algunas manifestaciones del Parlamento británico, que
esto lo conozca el Gobierno británico, que lo conozcan los ciudadanos
gibraltareños y sus autoridades y que también el Parlamento británico
conozca todos los elementos. Probablemente usted todavía no dispone
de la transcripción de las actas de la comparecencia del señor
secretario de Estado, el señor Keith Vaz, el pasado día 7 de marzo,
en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde ha habido un debate sobre
algunos de los elementos a los que usted se ha referido, y a ellos me
referiré yo también.

La tercera cuestión es que -y lo ha dicho el ministro- Gibraltar es
mucho más que eso que el presidente del Gobierno definió como un
grano, después de una entrevista con John Major. Creo que es mucho
más que un grano, es un serio obstáculo para el mantenimiento



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de una relación normal entre el Reino Unido y España. Además, es un
obstáculo creciente, porque esas relaciones se están viendo
atravesadas, sobre todo desde el momento en que compartimos ámbitos
multinacionales, por la cuestión de Gibraltar: en la Unión Europea,
en nuestras negociaciones para la reforma de la estructura de mandos
de la OTAN, etcétera, y en otros organismos a los que el ministro se
ha referido. Por tanto, contamina el conjunto de nuestras relaciones,
y deben ser conscientes el Parlamento y el Gobierno británicos de que
esto no se puede mantener. También debe ser consciente, por supuesto,
el presidente del Gobierno, señor Aznar, porque durante la
legislatura pasada no parecía ser consciente de ello.

En cuarto lugar -y lo ha dicho el señor ministro- existe una
manifiesta falta de voluntad política por parte del Gobierno y del
Parlamento británicos de abordar seriamente la cuestión de Gibraltar.


Hasta ahora, la cuestión de Gibraltar no ha sido un problema para los
británicos, pero deben asumir la realidad y abordarla como un
problema, porque lo es.

En quinto lugar, que el marco para abordar las relaciones entre
España y el Reino Unido con relación a Gibraltar, en todo lo que
afecta a Gibraltar, existe, son los acuerdos de Bruselas. Hay un
proceso existente, que puede ser modificable y perfectible, pero es
el marco que hay y no puede ser sustituido por la nada. Por tanto,
sería necesario volver al proceso de Bruselas y sería deseable que
dentro de la delegación británica estuviera presente Gibraltar; creo
que le hacen un flaco favor sus representantes al practicar la
política de silla vacía.

Finalmente, estamos dispuestos a mantener y reforzar esta política de
consenso, que no es un consenso meramente retórico sino que se tiene
que basar en compartir análisis sobre las realidades y en compartir
algo que difícilmente podemos hacerlo en un espacio abierto como
éste, que es el diseño de estrategias, y a eso mi grupo va a estar
siempre dispuesto, estrategias que a veces nos han separado. No voy a
entrar a juzgar ahora la política seguida por su antecesor, por el
ministro señor Matutes, en la que se pusieron en marcha lo que se
llamaron medidas de retorsión. Creo que no merece mayor comentario,
pero con su intervención y en líneas generales mi grupo se puede
sentir bastante cómodo.

Ha hecho el ministro referencia a esos cambios en la estructura de
los medios de vida y de los medios económicos de Gibraltar y yo
añadiría algunos. Gibraltar en los últimos años se ha convertido en
el gran centro de apuestas del Reino Unido, es decir, las grandes
casas de apuestas del Reino Unido se han trasladado a Gibraltar por
una razón fiscal. Primero fueron a Irlanda, luego a Gibraltar y ahora
parece ser que van a volver al Reino Unido. Hay 200 personas que
viven de eso, que trabajan para eso en Gibraltar. Se habla ahora de
que muchas de las empresas, no sé si son 70.000 ó 80.000 como dijo
usted en el Senado u 85.000 como ha
dicho ahora, podrían marcharse a las Malvinas ante la presión de la
OCDE. Sería interesante que nos comentara algo sobre esto. Señor
ministro, usted es dueño de sus actos, es dueño de sus palabras,
también lo son los responsables del Gobierno británico, pero lo que
les pediría a ambos es que lo que es patrimonio de todos, que es la
información que avala esos actos y esas palabras, la recibiéramos con
la mayor concreción posible. En esa comparecencia un diputado que no
hizo lo que es práctica habitual en el Parlamento británico, como es
declarar sus intereses, le llamaba a usted mentiroso. Se desprende
más tarde que este señor parece tener algunos intereses en Gibraltar.


Le llamaba mentiroso a cuenta de una afirmación que hizo usted en el
Senado sobre que Gibraltar no estaba aplicando las directivas
comunitarias. El diputado le dijo al señor Vaz: para mí esto es
mentira y el señor Vaz afirma: lo que yo sé es que Gibraltar está
haciendo sus esfuerzos para aplicar las directivas comunitarias. Le
pediría que bien en este acto o bien ulteriormente tuviéramos
información detallada de qué directivas se han traspuesto a lo largo
del último año y medio o dos años, qué directivas no se han
traspuesto, cuáles de las traspuestas no se están aplicando y qué
consecuencias e implicaciones tiene eso.

Ha hecho el ministro referencia a las pensiones. Le pediría que nos
dijera qué ha hecho el Gobierno para resolver este problema y para
que los pensionistas puedan cobrar sus pensiones íntegramente desde
España. Se ha referido el ministro a una economía parasitaria. Ya va
siendo hora de que todos, y la sociedad española que en algún momento
es quizá demasiado tolerante con ciertas prácticas, conozcan los
elementos de eso que usted denomina economía parasitaria ¿Cuántas
empresas españolas están establecidas en Gibraltar? ¿Cuántas
entidades financieras están establecidas en Gibraltar? ¿Forman parte
de esa economía parasitaria o no? ¿Qué inversiones se han realizado
en España desde Gibraltar? ¿Podemos conocer a los españoles que han
comprado casas en el Campo de Gibraltar o en la provincia de Málaga a
través de inversiones opacas desde Gibraltar? Todo esto nos ayudaría
bastante no solamente a situar lo que es Gibraltar, sino al daño que
implica para España y para la economía española. En ese contexto, ¿en
qué situación se encuentra, con relación a Gibraltar, la iniciativa
de la OCDE sobre las prácticas dañinas? ¿Ha contestado Gibraltar o el
Gobierno británico como responsable, a las peticiones de la OCDE
o no?
El ministro ha hecho alusión a los teléfonos. Si realmente ha habido
una petición formal de un millón de líneas, me llevo las manos a la
cabeza a la vez que el ministro. Un millón de líneas,
aproximadamente, es lo que tiene asignado la provincia de Cádiz ¿Para
qué es ese millón de líneas? Si se trata de cooperar con la
población, de facilitar que la población se comunique, mi grupo
estaría de acuerdo en que el Gobierno tuviese un gesto y buscase la
manera de mejorar esas líneas de



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teléfonos. Ahora, si se trata de establecer un dumping económico
aprovechando que en Gibraltar no se paga el IVA, España no debe
favorecer eso. Sería conveniente que lo conociera el Parlamento
británico porque desde hace una semana ha jaleado a su Gobierno
exigiéndole firmeza en el tema de los teléfonos, pero no veo en los
documentos del Parlamento británico ninguna cifra. Sería bueno saber
no sólo la cifra, sino también para qué se pretenden esas líneas. El
Gobierno va a tener nuestro apoyo si se opone a que se establezca un
distintivo o un código de área específico en la medida en que eso se
pueda interpretar como un avance por parte de los gibraltareños en
materia de soberanía. Mi grupo se va a oponer a cualquier cambio en
el statu quo que afecte a cuestiones de soberanía.

Ha hablado del cielo único europeo y lo ha explicado claramente. Lo
que me sorprende es que eso no haya tenido cauce a través del acuerdo
sobre Schengen, porque éste no era solamente para Schengen, sino que
se decía que se aplicaría esa fórmula de autoridad responsable
a otros acuerdos en el ámbito comunitario y fuera de él incluso. Me
sorprende esa situación, pero me gustaría que el ministro dejara
claro si eso es lo que impide que haya un acuerdo sobre cielos
abiertos en Europa o si existen otras dimensiones como, por ejemplo,
la no disposición de la OTAN a ceder espacio aéreo del que tiene
asignado para vuelos comerciales.

El acuerdo sobre Schengen tiene que ver, como toda la problemática de
la verja, con la libre circulación. España tiene que mantener,
aplicando el principio de libre circulación, un control sobre la
verja, dada la especificidad de que Gibraltar es una zona que está
fuera de la Unión Aduanera. Esos controles aduaneros tienen que
perseguir el tráfico de productos que entren en España sin haber
pagado el IVA. Sería importante, señor ministro, que quedara claro la
mayor o menor dureza de los controles de la verja. En el Parlamento
británico se publica una relación de la espera que existe que va de
30 minutos a 180 minutos ¿Persiguen controlar esos posibles tráficos
ilícitos o constituye una medida de retorsión?. Si constituye una
medida de retorsión quien la sufre no son los dirigentes de
Gibraltar, no son las personas que se están beneficiando de los
flujos de capital hacia Gibraltar; todos estos tienen sus barcos y
yates y se van a Sotogrande y no pasan por la verja. Los que pasan
son los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar y los
gibraltareños que en su inmensa mayoría viven de otras actividades
que no tienen nada que ver con actividades financieras. Por eso me
alegro de que el ministro en su intervención haya hecho referencia a
la población de Gibraltar.

Ha hecho mención de la zona y me alegro de que por fin la semana
pasada, después de dos años y medio, el Gobierno se haya puesto las
pilas y haya empezado a hablar con los alcaldes de la zona sobre
posibles actuaciones concretas después de las grandes promesas que se
hicieron en su momento y que se habían incumplido.

Es importante que el Campo de Gibraltar reciba atención y apoyo por
parte del Gobierno.

Señor ministro, no existe esa dicotomía entre cooperación
y soberanía. Son cosas distintas, pero cuando se ha producido un avance
en cooperación ha sido posible porque sin alterar el statu quo se ha
dejado aparcada la soberanía. Repito literalmente las palabras que
escribí hace dos años y medio y las palabras que pronunció el
ministro Matutes al presentar el acuerdo sobre Schengen. Decía: Ha
sido posible porque hemos aparcado la cuestión de la soberanía. Lo
mismo cabe decir sobre el acuerdo para la creación del mando
subregional de la OTAN, que ha sido posible porque España, sin
renunciar a su soberanía, y el Reino Unido igual, han aparcado la
soberanía para llegar a un acuerdo que convenía a ambas partes. Y no
digamos ya el acuerdo de 1987. España no renunciaba a su posición,
pero se buscaba un acuerdo.

En consecuencia, cualquier cooperación que no pueda ser esgrimida
como avance en materia de soberanía ayudará a que se produzca esa
integración sobre poblaciones a la que usted se refería, ayudará a
que los ciudadanos gibraltareños perciban un horizonte distinto que
el de seguir en la situación actual o el que les están ofreciendo,
utópico e irreal, de integrarse en el Reino Unido. Hay posibilidad de
cooperación y no se entiende, señor ministro, que a estas alturas, y
esto no es culpa de este Gobierno sino de todos nosotros, por ejemplo
no se haya desarrollado una mayor cooperación en materia de medio
ambiente para evitar vertidos, algo se está haciendo; no se entiende
que los jóvenes de Gibraltar en un mundo donde la comunicación es
cada vez más fácil vayan a universidades lejanas en lugar de
insertarse en universidades de su entorno geográfico. Yo creo que hay
bastantes cosas que hacer en ese ámbito; o como en el ámbito de la
cooperación en materia de prestaciones sanitarias, en donde se podía
hacer perfectamente un convenio que no afectase a cuestiones de
soberanía y que no se presentase como tal.

En definitiva, señor ministro, yo creo que aquí se inicia una nueva
etapa de reflexión sobre el futuro de Gibraltar. En el Parlamento
británico el otro día un diputado, criticando desde su perspectiva lo
que usted había dicho en el Senado, decía con muy buena fe que estaba
convencido de que Gibraltar sólo puede tener una solución regional, y
está claro lo que eso implica; hay otras personas en el Parlamento
británico que tienen otra actitud muy distinta. Yo creo que hay que
volver al proceso de Bruselas, que hay que diseñar una estrategia
española de relación con Gibraltar, coherente con el objetivo que
tiene nuestro país, y en eso va a contar con todo el apoyo del Grupo
Socialista. Probablemente necesitaríamos seguir este diálogo, y no
sólo en este ámbito sino fuera de él. Le preguntaría, señor ministro,
si ha solicitado usted o va solicitar formalmente al Gobierno
británico una reunión del proceso de Bruselas en que se pudieran
abordar todas estas



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cuestiones con claridad. Evidentemente, en la firmeza que ha señalado
el ministro, va a contar con todo el apoyo del Grupo Socialista pero,
insisto, firmeza llena de contenidos, y contenidos que tendríamos que
trasladar -y esa puede ser la contribución de esta Cámara- a nuestros
homólogos en el Parlamento británico.

Esa es la posición del Grupo Socialista, a la que añadiría una
reflexión. Da la sensación de que uno de los obstáculos para que se
reuna la mesa de Bruselas es la existencia de un documento del
Gobierno español, las llamadas propuestas Matutes, y que el Gobierno
británico tendría que responder en la primera reunión de esa mesa de
Bruselas. Yo entiendo que ese documento, que es formal, que es
oficial, debiera tener un carácter de documento de trabajo, no es, en
absoluto, aunque así se planteó inicialmente, una propuesta para
decir sí o no, como se interpretó desde Gibraltar. Declarar
formalmente su carácter de documento de trabajo, no retirarlo,
probablemente permitiría volverse a sentar en Bruselas.




La señora PRESIDENTA: Hay otro grupo que también ha presentado una
pregunta sobre este mismo tema. Para su presentación tiene la palabra
el portavoz del Grupo Popular en esta cuestión, señor Arístegui.




El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Mi grupo, en primer lugar, señor
ministro, quiere felicitarle por los acuerdos alcanzados. Creo que es
importante señalar la trascendencia y la profundidad de los mismos y
diferenciar muy claramente, o quizá discrepar sólo en ese punto con
mi amigo el señor Estrella, que no se ha hecho renuncia alguna a la
reclamación de la soberanía para poder llegar a estos acuerdos. La
posición española siempre ha sido muy clara: la recuperación de la
soberanía sobre el Peñón y la recuperación del istmo ilegalmente
ocupado. La política española en materia de Gibraltar, y sobre todo
relacionada con Europa, ha sido siempre muy clara y muy activa, y ha
tenido la virtud de poder evitar goles que los británicos han
intentado colarnos siempre utilizando la ventana o los resquicios que
puede llegar a producir la política europea.

Para glosar un poco los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno
español con las autoridades británicas a mí me gustaría decir con
toda claridad que el acuerdo sobre autoridades tiene una
trascendencia muy especial. Ha sido criticado tantas veces el famoso
concepto de buzón, de mail box, por parte de los británicos diciendo
que era una cuestión menor y, sin embargo, la aceptación de este
principio del mail box supone un avance sustancial en las posiciones
españolas y una aceptación clara por parte de los británicos de
nuestras tesis. Yo creo que además es importante recordar que las
autoridades locales gibraltareñas han hecho ingentes esfuerzos para
presentarse en el mundo y en Europa como autoridades competentes, y
hay que recordar los contenciosos en torno a dos convenciones
singularmente
polémicas cuando se discutieron en el ámbito del Consejo de
Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, y recuerdo
especialmente el caso de Eurodac, que estuvo bloqueado durante
muchísimo tiempo por culpa de una cuestión de autoridades, o la
designación de autoridades competentes en materia de cooperación
judicial.

Como veremos más adelante en la exposición de mi grupo, esta
contaminación de las cuestiones europeas ha sido, por desgracia, una
constante en las relaciones bilaterales entre nuestros dos países
afectando además, también por desgracia y para irritación de muchos
de nuestros socios, al resto de las cuestiones europeas.

En cuanto al documento de identidad, quiero señalar una cosa muy
importante, y no voy a escatimar la crítica diciendo que hubo un
intento torticero -y subrayo torticero- por parte de las autoridades
locales gibraltareñas de intentar presentarse ante la Unión Europea y
el mundo como autoridad competente para expedir títulos de viaje para
sus habitantes. Esto, gracias a la negociación llevada a cabo por su
departamento, señor ministro, ha sido evitado, y hubiese tenido unas
consecuencias realmente desastrosas para la posición española en
torno a Gibraltar. Por eso yo creo que hay que recordar a todos los
grupos que el Reino Unido carece de documento de identidad con
fotografía y que, por tanto, la sola aceptación de que las
autoridades británicas pongan bajo autoridad de su Gobierno el
documento de identidad gibraltareño es un avance extraordinario en la
posición y en la filosofía política de ese país, y además eso supone
que nuestro Gobierno ha sabido imponer, contra su propia filosofía
política, un documento de identidad bajo autoridad británica que ha
abortado ese torticero intento de las autoridades locales
gibraltareñas.

En cuanto al acuerdo policial, creo que es de una trascendencia que
no hemos percibido aún. En Gibraltar, como ha dicho el señor
ministro, hay 85.000 sociedades inscritas, de las cuales más de
70.000 tienen categoría de offshore. Obviamente hablar de lasitud
fiscal sería ser muy blandos, sería una expresión realmente
insuficiente para calificar lo que esta ocurriendo en el Peñón y en
su sistema bancario; es indudablemente una ventana por la que puede
colarse, si no se ha colado ya, cualquier forma de crimen organizado.


Por tanto, en interés de las propias autoridades policiales
británicas, que fueron las solicitantes, quiero recordarlo. También
hay que hacer una loa, sin duda, a los beneficios de la cooperación
policial que se han logrado en el marco del Tratado de Schengen que
ha demostrado, contra viento y marea, su eficacia, y justamente por
esa eficacia el Reino Unido, que era escéptico, recordémoslo, sobre
la vigencia y validez del Tratado de Schengen, decidió que quería una
entrada parcial en el mismo. Quiero decir que la libre circulación no
estuvo en ningún momento sobre la mesa de la negociación,puesto que
fueron los propios británicos los



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que dijeron que se excluían de su ingreso parcial en Schengen en la
libre circulación, por aquella teoría que ellos siempre han mantenido
de su insularidad y de la necesidad de mantener los dobles controles
en su frontera; ha sido el gran problema de la convención de
fronteras exteriores de la Unión Europea que tantas veces se ha
achacado injustamente a España por cuestiones de Gibraltar, cuando
eran los británicos los que, empeñándose en mantener la teoría de los
dobles controles, habían bloqueado ese mismo convenio de fronteras
exteriores y que habría sido bloqueado por ellos aunque nosotros
hubiésemos levantado nuestras reservas sobre cuestiones de Gibraltar.


Desde luego el artículo 10 del Tratado de Utrecht establece una
especie de derecho de tanteo y retracto, por ponerlo en términos de
derecho privado de reversión a la soberanía española del Peñón si el
Reino Unido decide dejarlo. Eso también incluye cualquier maniobra
para dotar de una mayor independencia y cuasi independencia,
podríamos decir, al Peñón.

Quiero decir, además, por entrar ya en las cuestiones de fondo, que
la relación bilateral española está marcada, contaminada, como bien
decía el señor Estrella, por este anacrónico tema colonial de
Gibraltar, el único que queda en Europa y uno de los únicos que
quedan en el mundo, con la particularidad de que se trata, si no nos
falla la memoria, del único que no es un caso de isla, el único que
tiene una vinculación a tierra firme. Además, es una cuestión
completamente incomprensible que el Tratado de Utrech sea el cuerpo
legal del siglo XVIII más citado y, por desgracia, el único que
seguramente sigue siendo aplicado una y otra vez correctamente por
una de las partes y no tan correctamente por la otra. Somos socios y
aliados del Reino Unido y eso hace incomprensible para nuestro grupo
político, para la opinión pública española, esta situación. Es
incomprensible, ilógica, anacrónica. No podemos entender esto con
nuestras excelentes relaciones políticas, logradas a pesar de
Gibraltar, no olvidando Gibraltar; a pesar de Gibraltar, hemos
construido estas relaciones y hemos conseguido una unidad de criterio
en cuestiones europeas y en otras cuestiones estratégicas y
fundamentales para la política exterior española; y cito como ejemplo
las cuestiones sociales en el ámbito europeo o la preparación del
trascendental Consejo Europeo extraordinario de Tampere, en octubre
de 1999. La posición española siempre ha sido firme y la posición de
este Gobierno ha sido siempre firme también. Nosotros queremos
felicitarle, señor ministro, a usted y a su departamento, por
mantener con toda claridad esa postura tradicional ya y, además,
haber subido un escalón en esa reivindicación. Quisiera recordar que
la parte británica ha desoído reiteradas veces la doctrina
manifestada y mantenida por Naciones Unidas. Los esfuerzos españoles
-lo ha citado el señor ministro- son obviamente importantes; lo que
nos parece más incomprensible es que, por desgracia, las reuniones
tradicionales
entre ministros de Asuntos Exteriores no se hayan celebrado en
tanto tiempo. No parece excusa suficiente el que haya habido una
sobrecarga de trabajo en la Presidencia de la Unión Europea. Es un
tema que ha contaminado las relaciones bilaterales y que ha afectado
seriamente las cuestiones europeas, también a muchos otros Estados
miembros.

En cuanto a los problemas que se han derivado de los últimos
acontecimientos en Gibraltar, obviamente está el que acabamos de
citar sobre la implantación de la criminalidad organizada, la laxitud
fiscal, puesto que es un paraíso fiscal, la presencia de esas
empresas offshore. Pero mi grupo quiere hacer especial mención a la
preocupación que nos producen esos nuevos intentos, realmente
incomprensibles, por parte de las autoridades locales gibraltareñas
de lograr una reforma constitucional que les permita un estatuto de
cuasi independencia, aparcando las competencias del gobernador
británico y, así, convertirse de facto en un Estado independiente.

Para mi grupo eso es absolutamente inaceptable y yo estoy convencido
de que de la comparecencia del señor ministro se desprende que el
Gobierno español no va a aceptar este tipo de cuestión bajo ningún
concepto.

Nosotros consideramos que esta es una cuestión profundamente
desestabilizadora de las relaciones bilaterales, que es perturbadora.


Nos topamos con este problema en cada esquina de nuestras relaciones
bilaterales y en las cuestiones europeas más variopintas. Yo quisiera
hacer una petición al Gobierno del Reino Unido: que deje de utilizar
la política europea como una forma de tratar de meter goles al
Gobierno español en cuestiones relacionadas con Gibraltar y lograr
así algún tipo de aquiescencia o de ventaja que acabe demostrando que
hay una posibilidad cierta de que Gibraltar se convierta -y no lo
vamos a permitir, espero- en un Estado independiente. La opinión
pública no lo entiende. Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido
durante la dictadura no tienen validez. Somos una democracia plena,
garantista y una de las más avanzadas del mundo; por tanto, no hay
nada que temer respecto a la libertad y absoluta garantía de derechos
y libertades para la población del Peñón. Nosotros pedimos que las
relaciones bilaterales tengan un desarrollo normal, pero que no se
olviden de la cuestión de Gibraltar. Hemos visto con preocupación
cómo ha habido problemas en los ámbitos del tercer pilar, del primer
pilar, en cuestiones de transporte aéreo, en el convenio ya citado de
fronteras exteriores, y es evidente que tenemos el problema de
presentarnos ante nuestros socios europeos como un país obsesionado
con la cuestión de Gibraltar. No es una obsesión, es una justa
reivindicación que, por desgracia, se hace presente por una
estrategia política del Gobierno británico de intentar utilizar la
política europea como una forma de consolidar su posición en torno a
Gibraltar. Es evidenteque esta cuestión impide una relación bilateral
que



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podría ser realmente notable, por no decir excelente; podría ser una
de las mejores relaciones en el marco de la Unión Europea. Tenemos
intereses complementarios, tenemos tamaños similares, tenemos puntos
de vista muy parecidos sobre muchas cuestiones. No es comprensible
que esta cuestión, después de tantísimo tiempo, siga existiendo.

Nosotros le pedimos al Gobierno británico una mayor flexibilidad en
esta cuestión y, señor ministro, una vez más queremos felicitarle
y animarle a que siga en esta línea.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arístegui.

Señorías, interrumpimos brevemente la sesión. (Pausa.)



La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión.

Antes de dar la palabra al señor ministro, me gustaría saber cuáles
son los grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el representante
del Partido Andalucista.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, ha hecho usted una exposición
clara y contundente (que la exposición se haya hecho con calma no
significa que no fuera clara y contundente) sobre la situación actual
respecto del contencioso de Gibraltar; incluso ha descrito los
distintos escenarios. Cuando observamos este problema desde
Andalucía, concretamente desde el Campo de Gibraltar, siempre vemos
esos dos planos o niveles que usted ha citado en muchas de las
consecuencias del contencioso, por un lado el plano EspañaReino Unido
respecto a Gibraltar y, por otro, PeñónCampo de Gibraltar; es decir,
las consecuencias de la interacción que existe en el área del Peñón y
en el Campo de Gibraltar. No es una relación de burbuja del Peñón
respecto al Campo de Gibraltar, sino que, como usted ha descrito,
señor ministro, hay una especie de entramado o red que mezcla los
intereses y la superestructura de otras cuestiones que existen en el
entorno de Gibraltar, a veces de forma neutra, a veces de forma
positiva -en muy pocos aspectos- y a veces de forma negativa. Hay
otros dos niveles, que usted también ha descrito: una cosa es la
población gibraltareña y otra el entramado de empresas, casi
escenario de paraíso fiscal, en que se ha convertido el Peñón.

Señor ministro, nosotros coincidimos con el planteamiento que usted
ha hecho de soberanía/cooperación; una soberanía de diálogo
interrumpido en la que no se avanza y con una actitud del Reino Unido
de evadir el encuentro y la conversación, mientras que se avanza en
el sentido de llegar a acuerdos como el que nos ha descrito, de abril
de 2000, sobre las autoridades de Gibraltar, la cooperación policial
o el formato del documento de identidad, que nos parece una
estrategia interesante para alcanzar la integración, que es lo que
todos buscamos. El aspecto de la soberanía, con las dificultades
que tiene, con la contundencia con que hemos de manifestarnos, con no
dejar mover ficha al adversario para que adquiera mejores posiciones,
no puede llevarnos al estancamiento respecto al avance de la
integración y la cooperación.

Me gustaría, señor ministro, que si pudiera me ampliara una cuestión
que ha citado y sobre la que podría avanzarse en paralelo a la otra
importantísima de la soberanía: la utilización conjunta del
aeropuerto. No se nos alcanza por qué se bloqueó esta cuestión. En
algunas manifestaciones del Reino Unido se justifica por la falta de
aprobación del acuerdo por la Asamblea gibraltareña, aunque cuando
interesa se dice que en esta cuestión la Asamblea gibraltareña no
deja entrar, y cuando hablamos del puerto o del Tireless -lo haremos
a continuación- no pesa tanto la Asamblea gibraltareña y el Reino
Unido decide libremente lo que quiere hacer. Debiera avanzarse, señor
ministro, en la dirección de desbloquear este importantísimo punto
para el área de utilización conjunta del aeropuerto, que estaba bien
resuelto en el acuerdo de no entrar en la cuestión de soberanía pero
sí de algo que puede tener una influencia muy positiva en la economía
del área que, como usted sabe, vive de forma importante no sólo del
gran tinglado del puerto de Algeciras -puerto estratégico de los más
importantes del sur de Europa- sino del turismo, por su proximidad a
una parte importante de la Costa del Sol, a Cádiz y a toda la zona
del Campo de Gibraltar. Quisiera conocer su opinión sobre si se
avanza en este sentido o si está paralizado el tema de la utilización
del aeropuerto. Las consecuencias de las actitudes legítimas del
Gobierno español y del Reino Unido respecto del contencioso provocan
muchas veces un daño clarísimo en la economía del área y son
absolutamente necesarias acciones directas, de choque, del Gobierno
español sobre la economía de esa zona para compensar en cierta manera
la situación que produce esa burbuja que no sabemos muy bien cómo
terminará, sobre todo a corto y medio plazo, pero que distorsiona
gravemente la economía, la población y el empleo del área.

Sólo quiero agradecerle su intervención y manifestarle el apoyo de
los andalucistas a las tesis claras y contundentes del Gobierno en el
planteamiento de la soberanía sobre Gibraltar.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Bienvenido, señor ministro de Asuntos
Exteriores. Una vez más le ofrezco el agradecimiento de mi grupo por
la información de la situación del contencioso con Gibraltar y sobre
todo por el dato de la referencia al acuerdo técnico, como bien lo ha
calificado el señor ministro, firmado el día 19 de abril del pasado
año. Lo ha calificado el



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señor ministro de informe técnico y es cierto. Pero quiero adelantar
la posición de mi grupo de apoyo al Gobierno español en cualquier
momento y en cualquier circunstancia acerca de la política que está
desarrollando sobre el contencioso de Gibraltar, dicho esto desde una
concordancia de reivindicaciones y de ideas, porque coincido
plenamente en la descripción jurídicohistórica que usted ha hecho al
principio -es un anacronismo, es la situación de un territorio
colonial ilegalmente ocupado- y dicho también desde el escepticismo.

Creo que no hay en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los
Diputados desde que existe -siglo XIX- un tema tan recurrente, tan
recurrido y tan presente. Tan es así que el tema es anterior al
propio «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados del siglo
XIX y, cualesquiera que hayan sido los foros, a España, al Gobierno
español, desde principios de dicho siglo al día de hoy, no ha faltado
esta palabra reivindicativa. De ahí que nuestra situación, dentro del
escepticismo, sea la que expongo.

En la sesión de hoy se han dicho cosas interesantes, y mi grupo y yo
pensamos que en cuanto se aparque la cuestión de la soberanía en toda
negociación es por sistema un tanto que se apunta el Gobierno
británico. Si ellos consiguen que el tema de la soberanía se aparque
y se hable de otro cualquiera, ya en ese momento tienen un plus de
seguridad de lo que se ha venido en llamar un no problema, basado
muchas veces en la exquisitez de la diplomacia española, su
prudencia, su sensatez y a situarnos en un terreno de reivindicación
jurídica. Pero sigamos en ese terreno, señor ministro. No cabe otra
solución entre países aliados como no sea la violenta, que no es de
recibo ni ha lugar y ni siquiera goza del favor de la opinión pública
española. Este es el drama de la diplomacia española en este tema en
el que muchas veces se ve desasistida. Decía usted que de qué vive
Gibraltar y aplicaba dos verdades objetivas: de la Hacienda pública
española por un lado -una auténtica defraudación- y de nuestra
permisividad por otro. En la permisividad está la gran pregunta,
porque muchas veces la diplomacia española y la reivindicación
política se ven imposibilitadas por esta permisivilidad, porque los
orígenes, razones y raíces de la permisividad son muy complejos. ¿Por
qué hablo desde este escepticismo en mi memoria histórica de un tema
que decía recurrente? Usted ha dado hoy aquí unas cifras, señor
ministro, que definen verdaderamente cuál es la patología del
problema hoy en día. Decía el ministro que puede haber una
contradicción porque al Reino Unido le importa más la base militar
que otras consideraciones. No lo creo. Pero si le importara la base
militar y dado que el señor Estrella ha hecho un ofrecimiento de
todas las fuerzas políticas de apoyo al Gobierno, tal como apoya mi
grupo su política, señor Piqué, de diseño y de buscar en todos los
foros posibles una estructura española propia del tema, hagámoslo
verdad. Me alegro de que esto lo haya
dicho el señor Estrella, en quien coincide -y le felicito por ello-
su condición de presidente de la Asamblea de Parlamentarios del
Atlántico Norte. Digámoslo en todos los foros, sobre todo si hay un
valor que supuestamente tienen los británicos, que en este momento se
olvidan de que son miembros asociados con España del Atlántico Norte
en igualdad de derechos. A cualquier foro que vayamos los
parlamentarios españoles digámoslo, y desde mi grupo pequeño le
brindo al señor Estrella que sume su valor no solamente testimonial
sino eficaz a que en todos esos foros, sobre todo en la OTAN, se
denuncie lo que el señor ministro ha denunciado aquí, en lo que ha
habido concordancia, como bien ha dicho el señor Estrella en que no
le molestaba la estrategia y la información que ha traído el señor
ministro, sino todo lo contrario.

Señor ministro, ha dado usted una cifra verdaderamente significativa
respecto al gasto militar, a raíz de la importancia como base
militar. Pero inmediatamente la descalifica con exactitud diciendo
que el gasto militar y lo que significa en cuanto al producto
interior bruto de Gibraltar ha pasado del 60 al 2 por ciento; que la
renta per cápita de Gibraltar no es que supere la de Andalucía, pero
ahí está; que han cruzado la verja siete millones de personas; que la
cifra de líneas telefónicas pedidas ha aumentado considerablemente.

Todo esto, señor ministro, nos tiene que llevar a una nueva
consideración del escenario. Gibraltar no es una base militar sino
financiera. Este es el grave problema actual. Si Gibraltar fuera
solamente una base militar el tema estaría resuelto, pero se mezcla
con algo importante. A mi grupo Gibraltar no le importa como base
militar, pero es que se trata de una base financiera. Si atraviesan
la reja siete millones de personas, si el número de líneas
telefónicas pedidas es tan significativo, si estamos poniendo encima
de la mesa un contencioso sobre el cielo único europeo, hay que decir
que el cielo por quien está ocupado actualmente no es por las líneas
aéreas sino por las ondas de los teléfonos móviles, que es por donde
se hacen todas las transacciones económicas y comerciales. Esa es la
realidad de la tecnología moderna. La banca española tiene acciones
en la banca británica. El Royal Bank of Scotland, por ejemplo, tiene
sucursal abierta en Gibraltar. Ahí creo que está el meollo y la
cuestión de este problema. La hipocresía diplomática británica nos
molesta a los canarios -y hablo como diputado de Coalición Canaria-,
pues hemos visto las trabas que el ministro de Economía, de Finanzas
o del Tesoro ha puesto al régimen fiscal de Canarias. El Gobierno
español ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos para que se pudiera
aprobar por la Unión Europea la zona especial canaria, haciendo
incluso recortes, dado que se ha imposibilitado que la zona especial
canaria, aprobada por la Unión Europea, fuera no un paraíso fiscal,
sino que tuviera unas consideraciones armónicas con el régimen fiscal
de Canarias, cuyo competidor inmediato es la base financiera



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de Gibraltar. La Unión Europea nos ha dicho que en la zona especial
canaria no podemos tener ningún tratamiento financiero, sino
productivo, industrial y además limitado. Esto es un agravio
comparativo que usted puede utilizar, señor ministro, frente a los
colegas británicos. No se puede limitar la zona especial canaria a 10
ó 15 años llevando 300 denunciando el Tratado de Utrech y, en cambio,
transformar una base militar en una base financiera por vía de la
tecnología moderna, de los circuitos financieros, de la economía
globalizada. En este momento es prácticamente imposible para la
diplomacia y para la política española erradicar y situar esas raíces
en un cierto contexto y nos tenemos que manejar con una figura cínica
en toda nuestra relación. Ya va siendo hora de que tengamos una
estrategia común en todos los extremos.

Señor ministro, esta historia interminable debe servirle de
aliciente, igual que a la política del Gobierno español. Sean cuales
sean los parámetros pragmáticos y reivindicativos, nos debemos
mantener en esa línea de reivindicación que al menos nos honra en
cualquier confrontación internacional, aunque los resultados sean
otros, pero no serán debidos a ninguna espuria intención del
Gobierno. Tenemos que seguir reivindicando, aunque sea una obligación
histórico-política en esta cuestión y que sean otros escenarios
financieros los que permitan buscar una solución. Por lo demás,
nuestra coincidencia con el trazado que usted ha hecho, señor
ministro.




La señora PRESIDENTA: Por el grupo Catalán de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor ministro, por su
intervención, en la que sin ningún matiz le diría que estoy
absolutamente de acuerdo; incluso le felicito por el tono, por el
fondo y por la forma. Creo que el tono de su intervención, por su
claridad y por la firmeza con la que se ha planteado, es exactamente
la forma como hay que afrontar este tema. Desde el punto de vista de
mi grupo, quiero que sepa- y empiezo con ese pronunciamiento nítido-
que tiene el más absoluto apoyo de este grupo parlamentario en lo que
es un cierto renacimiento o reaparición de la conflictividad en el
ámbito de Gibraltar, en lo que es el conflicto histórico de
Gibraltar. Nosotros entendemos que un supuesto y aparente derecho a
la autodeterminación choca aquí -supuesto, porque habría que ver cuál
es el pueblo que pretende autodeterminarse- con un clarísimo
principio de integridad territorial. Por tanto, no nos dejamos
engañar por supuestos planteamientos de puro Derecho internacional
clásico. En cambio, compartimos absolutamente, sin ningún matiz, sin
ninguna nota a pie de página, toda la crítica que ha formulado en su
intervención sobre lo que supone tener una economía parasitaria,
sobre lo que supone tener una base militar que le está saliendo
gratuita a un socio y que sin embargo ese socio no permite que el
Estado que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus
ciudadanos vele por la seguridad de aquellos que podrían verse
afectados por esa base; un socio que de hecho está despreciando,
tanto en el marco de la Alianza Atlántica como en el marco de la
nueva política europea de seguridad y defensa, un marco normal de
confianza respecto de esas instalaciones militares, como se demuestra
en ese episodio específico que no es objeto de esta comparecencia
pero que evidentemente flota en todas nuestras intervenciones, aunque
será objeto de la comparecencia siguiente. Por tanto, creo que hay
que ser muy firmes y muy coherentes. Sepa que tiene nuestro apoyo en
la firmeza y en la coherencia. En la firmeza porque las anunciadas
reformas constitucionales en Gibraltar pueden abrir un momento de
crisis de enorme calado. Usted tiene que saber que tiene todo el
Parlamento detrás, tiene claramente a este grupo parlamentario,
y creo -por lo que deduzco de las intervenciones- que también tiene a
los demás. Por tanto, es necesario la firmeza. No se trata de entrar
en planteamientos militares ni de hacer grandes retóricas, pero sí de
que al Reino Unido no le puede estar saliendo gratis este tema. Usted
ha ido denunciando todas las medidas unilaterales adoptadas por
España desde el año 1986 básicamente, obteniendo nada a cambio por
parte del Reino Unido. Yo no las voy a repasar ni voy a decir si fue
correcto o no tomar las decisiones que usted ha ido enumerando en
distintos frentes. Simplemente creo que es necesario transmitir al
Reino Unido no una revocación o revisión de esas medidas, desde la
verja hasta otras que hay sobre la mesa, sino una posición clara de
firmeza del Reino de España; es decir: hasta aquí. Porque o se
empieza a parar hoy la situación en lo que supone una plaza
parasitaria financiera pegada a nuestras fronteras, que no sólo es
parasitaria en términos de competencia desleal sino que causa un
grave perjuicio a la Hacienda pública española, que es de todos
-también es evidentemente la nuestra- o sólo puede ir a más. No hace
falta pensar en Mónaco y Francia y las dificultades que le está
planteando en este momento para saber a dónde podemos llegar si no
empezamos hoy a actuar con firmeza. Evidentemente, Francia tiene
sobre Mónaco la llave del control y, sin embargo, no la puede ejercer
de hecho. Nosotros ni siquiera tenemos esa llave, y no la tendremos
el día que de repente descubramos que tenemos un problema gravísimo
en términos financieros y en términos de competencia desleal. Por
ejemplo, ese millón de líneas telefónicas que hoy se está pidiendo a
España es posible que en cinco años no se las tengan que pedir, es
posible que por vía satélite sencillamente pueda hacerse. No lo sé,
no quiero entrar en términos tecnológicos. Sólo digo que la
dependencia tecnológica de España, las armas, entre comillas, que hoy
puede tener España



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para intentar frenar o limitar el establecimiento y el desarrollo de
esa plaza financiera en Gibraltar, en grave perjuicio de los
intereses españoles, hay que aprovecharlas. En el futuro tendrá cada
vez menos y, sin embargo, el perjuicio será cada vez mayor. Por
tanto, hay que tener absoluta firmeza y al mismo tiempo absoluta
coherencia. Hay que explicar de qué estamos hablando. En su momento,
en alguna comparecencia con el ministro Matutes, incluso con el
ministro del Interior, este mismo portavoz puso sobre la mesa lo que
entonces fue una cierta contradicción, que por un lado se nos
estuviera denunciando -y yo así lo creo, porque creo al Gobierno en
este punto- esa situación de parasitismo por parte de determinadas
sociedades y que, sin embargo, la Agencia Tributaria, el Servicio de
Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil, el Sepblac, el Servicio de
prevención de blanqueo de capitales del Banco de España, no actuaran
en correspondencia. Si de verdad nos creemos el discurso, vamos a
poner todo el aparato del Estado al servicio de esto. Efectivamente,
ahí sí se puede cerrar esa verja. No se puede cerrar la verja de los
trabajadores, de los ciudadanos de a pie, porque causaría un grave
perjuicio a ciudadanos que nada tienen que ver, o tienen que ver
indirectamente, pero que no son los primeros responsables de esta
situación. Pero hay una verja virtual que sí está en sus manos cerrar
o limitar, aunque efectivamente pude causar perjuicios incluso a
intereses financieros españoles que a través de inversiones
indirectas se están aprovechando de la situación de Gibraltar. Ahí sí
tiene no tanto su ministerio, sino otros ministerios de su Gobierno,
muchos más instrumentos de los que hoy se están poniendo en práctica.


Aceptando su discurso y compartiéndolo absolutamente, lo que
apoyaremos, más que exigirle, asumiendo el apoyo que se le va a dar,
es la coherencia que supone pasar a otros departamentos ministeriales
las consecuencias reales de lo que usted ha dicho hoy aquí. Porque la
realidad es que en la Agencia Tributaria Gibraltar no es un dossier
de primer orden, y no lo es en la Guardia Civil, y no lo es en la
Dirección General de Registros y del Notariado, y no lo es en tantos
y tantos departamentos ministeriales que podrían tener un dossier de
Gibraltar y que si lo tuvieran habría unas verjas que se estarían
cerrando y estarían causando un legítimo perjuicio, y valga la
contradicción, a intereses financieros espurios que sólo se están
elaborando a costa nuestra.

Finalmente, junto a ese apoyo, la única sugerencia que me atrevería a
hacerle, por una cierta experiencia a base de participar en foros
internacionales, es que el Gobierno español perfeccionara un poco la
imagen en este tema. Porque aquí todos sabemos de qué estamos
hablando, pero en París y en Estocolmo no lo tienen en absoluto
claro. Por tanto, es muy importante que un sueco entienda -y cuando
digo un sueco digo un ciudadano sueco, un empresario sueco o un
parlamentario
sueco- por qué España bloquea y no proteste porque se bloquee, por
ejemplo, el espacio aéreo único que estaba impulsando Loyola de
Palacio (y que ya veremos si se bloquea del todo, está por ver, pero
en todo caso ha podido quedar aplazado, y la prensa internacional
hace dos días ya lo daba por bloqueado y por muerto) cuál es la
situación del aeropuerto de Gibraltar. Todo eso no lo podemos take
for granted, si me permite la expresión. Hay que gastar dinero, hay
que gastar recursos, hay que poner a las embajadas, y no sólo a las
embajadas, a explicar en Europa, a todos nuestros actuales socios y a
los creadores de opinión, que esto no es un conflicto pueblerino
entre dos socios, que esto no es un perfecto conflicto entre
Villarrubias de Arriba y Villarrubias de Abajo sobre quién es el
dueño de tal granja, sino que estamos ante un problema de
colonialismo, que estamos ante un problema de violación del Derecho
internacional que está causando un perjuicio a todos nuestros socios
en la Unión Europea. Por tanto, desde el pleno apoyo, sí les pido más
esfuerzo de imagen, más esfuerzo de explicación, porque si no la
batalla de la imagen, aunque sólo sea -y perdón por la tontería- por
razones lingüísticas, la va ganando el Reino Unido, por una cosa tan
tonta como que la prensa británica se lee directamente en todas las
cancillerías y en cualquier creador de opinión y, sin embargo, la
prensa española no. Parece una pequeña tontería, pero a la larga no
lo es. Es un detalle. Por tanto, más esfuerzo. Pero más que un tema
de reforzamiento de imagen, sepa, insisto, y acabo como empezaba, que
tiene usted todo nuestro apoyo en la firmeza que probablemente habrá
que ejercer mucho más a partir de ahora si las reformas
constitucionales van en la línea que parece que van, y le pido que
anime a sus compañeros de Consejo de Ministros a aplicar, en el
ámbito de sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que
para cada uno de ellos tiene aquello que hoy ha dicho usted aquí.




La señora PRESIDENTA: Señor ministro, tiene la palabra para responder
a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señorías. Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo
de todas las personas que han intervenido en representación de sus
respectivos grupos. Es algo muy reconfortante para el Gobierno y para
el ministro que les habla porque estamos ante un tema de Estado, ante
un tema en el que una posición única por parte de España es
especialmente importante; y es especialmente importante porque todo
este tema tiene muchos matices y muchas derivaciones, pero también
hay algo que es evidente. Antes el señor Estella hacía referencia al
debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara de los Comunes del
pasado día 7 de este mes de marzo, y



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las expresiones que se utilizan en el Parlamento británico -y puedo
incluso comentarles algunas- nos indican que hace falta un esfuerzo
también del Parlamento español en ese sentido. Cito literalmente:
Afirmó que el actual Gobierno británico estaba descuidando el tema de
Gibraltar y que le importaba más su buena relación con España que sus
obligaciones hacia los gibraltareños, leales súbditos de Su Majestad
británica, por lo que consideraba que la actitud del Gobierno
británico hacia España era excesivamente blanda. Otro parlamentario
le indicó al secretario de Estado, señor Vaz, que con la actitud de
la Administración británica se estaba alentando la actitud desafiante
de España, que siempre sacaba algo a cambio. Le respondió el
secretario de Estado diciendo que la diplomacia británica estaba
sabiendo seguir la tradición británica de su política exterior de no
dar nada por nada y sacar siempre algo a cambio. Y así sucesivamente.


Al final el presidente de la Comisión terminó la sesión subrayando
que era opinión unánime de la misma que la actitud española con
Gibraltar en cuanto a retrasos en fronteras, líneas de teléfonos,
comunicaciones marítimas y aéreas, etcétera, era inadmisible, que la
actitud del Gobierno británico al respecto no era lo suficientemente
robusta, que para la Comisión las injusticias que España estaba
cometiendo con Gibraltar tenían tanta importancia como las buenas
relaciones que pudiera haber entre el Reino Unido y España, y que el
Gobierno británico debía dar a la Comisión todo tipo de seguridades
de que defendería los intereses gibraltareños.

Podría hacer alguna cita más, pero creo que son suficientes como
reflejo de que estamos ante un problema -y lo expresaba muy bien el
señor Guardans- también de batalla por la opinión pública y de
explicación, de pedagogía. Debo decir que la situación de España no
es mala, y no es mala porque año tras año todas las pretensiones de
las autoridades locales gibraltareñas, del propio Reino Unido, en el
sentido de modificar el entramado internacional en Naciones Unidas
que legitima plenamente la reivindicación española acaban en sonoros
fracasos. Eso quiere decir que la opinión pública internacional en
general conoce bien la naturaleza de la reivindicación española y la
apoya. Pero puedo estar de acuerdo en que en determinados ámbitos ese
esfuerzo tiene que incrementarse, sobre todo en términos de opiniones
públicas concretas o de determinados líderes de opinión.

Efectivamente, tenemos la barrera objetiva del idioma, que puede
influir, pero hay que decir, en honor a la verdad, que en líneas
generales la reivindicación española es bien entendida. Es cierto, no
obstante, que en algunos momentos puede cuajar la idea de que España
utiliza el tema de Gibraltar para bloquear determinadas iniciativas a
nivel europeo. Por eso he insistido mucho en que somos firmes
partidarios, por ejemplo, del tema del cielo único, del cielo abierto
y hemos tomado la iniciativa que usted apuntaba, pero que ya está en
marcha, y es que en el momento
en que se produce esa decisión de retirada por parte de la
comisaria De Palacio de su proyecto ante la Comisión, inmediatamente
movilizamos a todas las embajadas en la Unión Europea para que
informaran a sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores de
cuál es exactamente la posición de España y en qué se sustenta. Ese
tipo de labor se hace. Estoy dispuesto a aceptar que hay que seguir
por ese camino e intensificar ese esfuerzo; me parece una buena
sugerencia y vamos a meditar cómo hacerlo. También que todo el
planteamiento que yo he trasladado a la Comisión debe guardar
coherencia con la actitud del conjunto del Gobierno. En ese sentido
también se está trabajando, pero creo que es uno de los puntos clave
para que la firmeza de la posición española no sólo sea bien
entendida sino que sea bien interpretada por parte de todos los
actores en presencia. Yo agradezco, por tanto, el comentario.

El señor Mardones ha comentado algo que me parece que merece unas
palabras por mi parte y es, aparte de recordarme la posición del
Gobierno británico en relación con la zona económica de Canarias, que
me parece sugerente y que con su permiso utilizaré, el tema de la
base militar en relación con la base financiera. Es cierto que
durante muchísimos años, hasta hace relativamente poco, Gibraltar
vivía fundamentalmente de la base militar y, por tanto, había una
dependencia de la población gibraltareña de la base. Lo que sucede
ahora es que el Gobierno británico ha roto esa dependencia pero a
base de darle otros medios de vidas, de propiciar otros medios de
vida muchísimo mejores a los ciudadanos gibraltareños, de tal manera
que están satisfechos con el nuevo statu quo y, por tanto, no es
fácil que mientras tanto pongan en cuestión la permanencia de una
base militar en su casa, porque estamos hablando de una base militar
que está en casa de los gibraltareños, no es una base militar que
esté en las afueras. Por tanto, creo que este es un tema de reflexión
para combinar la voluntad británica de seguir disponiendo de una base
militar en Gibraltar y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de esa
base financiera a la que el señor Mardones, con mucho acierto, hacía
referencia.




Al señor Núñez también le agradezco su intervención y quiero decirle
que estoy completamente de acuerdo con sus reflexiones en relación -y
se ha referido también a eso el señor Estrella- con tener una
actuación muy contundente en el Campo y de apoyo al desarrollo
económico del mismo. Ese es un tema del que se está hablando desde
hace muchísimo tiempo, yo diría que décadas, y que cuesta mucho que
cuaje, probablemente con el añadido ahora de que la propia
singularidad de la economía gibraltareña actúa en términos
parasitarios de absorción de la capacidad de desarrollo del Campo,
razón de más, por tanto, para ponerse a trabajar aún más. Como
recordaba tambiénel señor Estrella ha habido una reunión con los
alcaldes



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de la zona y se está actuando sobre cosas concretas y sobre
presupuestos concretos que espero que puedan tener sus efectos de
manera muy rápida.

En cuanto a algunos de los comentarios que se han hecho tanto por el
señor Estrella como por el señor Arístegui, quisiera hacer una
reflexión inicial, porque alguien se podría preguntar por qué el
Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores hace
poco en el Senado y ahora en el Congreso, vuelve a poner el tema del
contencioso de una manera clara y decidida no encima de la mesa, que
lo ha estado siempre, sino encima de la mesa pública, por qué vuelve
a llamar la atención de la opinión pública a través de las
intervenciones en el Parlamento, que es como normalmente y de forma
seria hay que hacerlo. Creo que hay una doble respuesta. Que nadie
busque intereses oportunistas o circunstancias de la vida política
del día a día que condicionen una actuación de fondo por parte del
Gobierno español; eso constituye un profundo error. Hay dos elementos
que justifican el porqué el Gobierno español está haciendo lo que
está haciendo. El primero es que no podíamos dejar que calara la
sensación de que el proceso de Bruselas estaba muerto: en el año 1998
por la sobrecarga de trabajo alegada por los británicos, en el año
1999 por el conflicto del Piraña, el conflicto pesquero alrededor de
las aguas de Gibraltar, en el año 2000 porque hay un cambio de
Gobierno en España y mientras tanto ya se verá. Al final, para
decirlo en términos jurídicos, lo que no podíamos hacer era dejar de
interrumpir la prescripción del proceso de Bruselas. Por eso me
parecía absolutamente importante que quedara claro en estos momentos
que el proceso de Bruselas para España sigue siendo estando vivo y
que hay que reiniciarlo. En ese sentido le puedo confirmar al señor
Estrella que en torno a mi intervención en el Senado -no recuerdo si
un poco antes o un poco después- le mandé una carta a mi homólogo, al
señor Cook, para pedirle formalmente reanudar las conversaciones de
Bruselas, carta a la que todavía no he tenido respuesta. La segunda
razón por la cual el Gobierno lo está planteando en estos términos es
porque se están produciendo movimientos muy preocupantes en el
sentido de avanzar hacia la autodeterminación -entre comillas, si se
quiere- de los gibraltareños, con las modificaciones constitucionales
a las que desde el Reino Unido se les quiere quitar importancia pero
que desde Gibraltar son claramente interpretadas como un avance hacia
la autodeterminación, cosa que España, evidentemente, no permitir. Es
claro que hay que transmitir un mensaje nítido a los gibraltareños de
que si se sigue por esa vía van a entrar directamente, todavía más,
en confrontación con España, que no puede hacer otra cosa que
oponerse a esas pretensiones. Por ello hay que tratar este tema
ahora, aprovechando el clima que siempre ha existido en la Cámara de
unanimidad en torno a estas cuestiones, para hacer llegar al Gobierno
del Reino Unido, al Parlamento del Reino Unido, a las
fuerzas políticas, a los medios de comunicación y en general a la
opinión pública británica que estamos ante un tema que para España es
absolutamente esencial y que si para el Reino Unido en muchos
momentos ha existido la tentación de considerar que era un no
problema, para España es siempre un problema, y conviene que se sepa.


Algunas cosas concretas se han expresado como que las directivas no
se cumplen, que básicamente son de medio ambiente, y en materia de
sociedades y servicios financieros, cuestiones relacionadas con
balances societarios y publicidad. En cuanto al tema de las pensiones
a ex trabajadores españoles en Gibraltar, lo que sucede es que no han
sufrido incremento en los últimos años y, en cambio, las de ex
trabajadores gibraltareños sí gozan del complemento de un fondo
especial que las hace, por tanto, más sustanciosas. Además, hay una
circunstancia muy anómala que hemos puesto de manifiesto, y es que
las autoridades locales de Gibraltar no quieren transferir por banco
las pensiones a nuestros ex trabajadores, derecho que por otra parte
se reconoce a todo trabajador de la Unión Europea, con lo cual tienen
que ir a cobrar sus pensiones a las entidades financieras
gibraltareñas. Son ejemplos de anomalías evidentes que debemos ver si
se pueden ir corrigiendo, en la medida en que podamos disponer de esa
información a la que hacía referencia el señor Estrella. Hay una
información que es de carácter societario, tributario, fiscal,
etcétera, que por su propia definición tiene el carácter confidencial
de este tipo de información, pero hay otra información que puede
ayudarnos a conocer la magnitud del problema y que yo me comprometo,
en su caso, a ir trasladando a la Cámara porque creo que es bueno que
todos los grupos parlamentarios dispongan de la misma información que
el Gobierno. Respecto a las líneas telefónicas no tengo nada que
añadir. Desde luego, estamos siguiendo el tema del prefijo con
muchísimo interés; para nosotros es absolutamente esencial. Es cierto
que se está hablando de si al final el tema de la OCDE pudiera
avanzar. Hace unos días estuve visitando oficialmente Chile y
Argentina y en Argentina me preguntaron sobre el posible traslado de
sociedades desde Gibraltar a Malvinas. Desconozco si esa
circunstancia puede ser posible, pero creo que es bueno que Argentina
conozca de primera mano nuestra experiencia respecto a lo que ha sido
la transformación de Gibraltar para que pueda actuar, en su caso,
sobre Malvinas de acuerdo con el apoyo tradicional que le hemos
prestado, también en cuanto a su reivindicación sobre las islas.

Celebro que los grupos hayan interpretado que la posición del
Gobierno es la que se debe mantener. Vamos a ser, por tanto,
absolutamente coherentes con esa posición unánime. Estoy de acuerdo
en que no sé si estamos abriendo un nueva etapa de reflexión, pero en
cualquier caso sí creo que puede ser el punto de partida para
reflexionar más a menudo sobre esta cuestión en



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la Cámara y, desde luego, para el Gobierno y entiendo que para el
Parlamento todo lo que signifique avanzar hacia la reanudación del
proceso de Bruselas debe ser en estos momentos, sin ninguna duda, el
camino. Reiterando mi agradecimiento, no tengo nada más que añadir.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Está claro que es una aspiración irreal
pretender cambiar el statu quo de Gibraltar y que, por tanto, España
no puede permanecer cruzada de brazos. Ese impulso se está
produciendo desde el año 1997. Naturalmente, es un tema entre el
Reino Unido y su colonia, pero como afecta directamente a los
intereses de España es algo que España tiene que abordar con el Reino
Unido en todos los ámbitos, político y parlamentario, porque son los
dos ámbitos donde se va a debatir en el Reino Unido, y no puede haber
actitudes que permitan contemporizar con esa posible aspiración que,
insisto, no tiene cabida en el marco del Tratado de Utrecht y que no
sólo afectaría gravemente a los intereses españoles sino que,
entiendo, abriría una brecha en las relaciones hispanobritánicas. De
hecho, en esa comparecencia a la que usted y yo hemos hecho
referencia, un diputado de un comité muy selecto, porque está formado
por 10 miembros, decía (se supone que es una persona informada) que
todos tendríamos que aplicar el principio de consentimiento si así lo
deciden los gibraltareños, el Reino Unido (el Parlamento británico y
su Gobierno) el Reino de España y la Unión Europea. Evidentemente,
esto necesita mucha información, mucha clarificación, mucha firmeza y
quizá no demasiada retórica. Es cuestión de poner las cosas muy
claras; como también se deben poner claras en todo lo que afecta a
los intereses económicos de España. Si en Andorra, por ejemplo, por
su estatuto especial, se producen actividades que perjudican a los
intereses económicos de España se actúa en cooperación o a través de
los medios propios. Lo mismo ocurre con Gibraltar; es así de
sencillo. Desde Gibraltar no se pueden adoptar prácticas que
perjudiquen, más allá de su especificidad, a la normativa europea
sobre mercado interior o sobre la competencia, y no se puede seguir
manteniendo unas prácticas de opacidad fiscal. Entiendo que en eso el
Gobierno está siendo activo en el marco de la OCDE, en una iniciativa
que no persigue tanto combatir la competencia a través de la
fiscalidad, sino evitar la opacidad y los tráficos ilícitos de
capitales. Eso me parece bastante importante.

Yo creo, señor ministro, que es pertinente recordar que en las
propuestas Matutes, que eran muy generosas, se ofrecía mantener el
estatus actual de Gibraltar desde el punto de vista de su
especificidad financiera y
fiscal. Quizás esa es una razón más para que ese documento pase a ser
un documento de trabajo. Incluso alguna expresión que se refería a la
voluntad de los ciudadanos de Gibraltar, algo que el ministro Matutes
introdujo en su declaración, es importante que se tenga en cuenta y
podemos abrir un debate sobre ello, pero fue una actuación quizás
excesivamente unilateral y poco meditada. La realidad es que, según
interpreto de lo expresado por usted hoy aquí, existe no un cambio
sino una nueva reflexión por parte del Gobierno, acabada ya por
extinción la etapa de confrontación que vivimos en la legislatura
pasada con el Reino Unido, que llevó a la más grave crisis de la
historia de nuestras relaciones con el Gobierno británico sobre
Gibraltar con la incomunicación absoluta entre los dos ministros,
y entramos en otra vía donde el Gobierno define unos objetivos, que son
los mismos pero acompañados de unos datos, de unos elementos de
tensión, de unos elementos de distorsión que son los que están ahora
encima de la mesa y que creo que si se explican suficientemente
hablan por sí solos. Ahora sólo se necesita mayor información y mayor
explicación a todas las partes interesadas, dejando claro que no va
contra los ciudadanos de Gibraltar, que no es en absoluto una acción
dirigida contra los ciudadanos que viven en Gibraltar, de sus puestos
de trabajo, del comercio, etcétera, ni contra los trabajadores
españoles, un millón aproximadamente de esos siete millones que
cruzan cada día la verja de Gibraltar, sino que va dirigida contra
unas formulaciones políticas que intentan galvanizarlos en torno a
aspiraciones que son irreales. Porque lo que es penoso es que el
debate en Gibraltar hoy sea en torno a esa aspiración y no en torno a
la realidad de su convivencia con España, de su interrelación con
España y de su interdependencia de España. Esos son los elementos que
tendremos que abordar y sería importante que en esa reflexión y en
ese diseño de estrategias hubiera una dimensión muy clara dirigida a
la sociedad gibraltareña, a los ciudadanos gibraltareños, no a sus
dirigentes, que también, sino a la sociedad, que también contribuye a
conformar la posición de sus dirigentes. Yo estoy seguro de que
muchos de los ciudadanos de Gibraltar no ven un horizonte de futuro
en lo que le están planteando sus dirigentes, lo que pasa es que no
tienen delante otro horizonte de futuro; nadie les da otro horizonte.


Por tanto, creo que hay una labor que tenemos que hacer entre todos.

En cuanto al tema de la base, si me lo permite, entiendo que no
estamos hablando de un problema de soberanía, que es permanente, sino
que estamos hablando ante todo de una cuestión de seguridad y de
transparencia y cooperación entre aliados. Creo que si lo abordamos y
lo planteamos en esos términos estaremos en condiciones de hacerlo.

Queremos dejar claro que si a la España de Franco se le pudo dar una
bofetada con la llamada constitución de Gibraltar, a la España
democrática no se le puede



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hacer eso. Esto lo tiene que entender el Reino Unido, lo tiene que
entender el Parlamento británico y será labor de todos nosotros
hacerlo. Hemos perdido una oportunidad en esa dimensión de relación
con la sociedad en los últimos meses. Por primera vez en muchos años
la población a un lado y a otro de la verja ha estado unida en una
actitud común de rechazo a la presencia del submarino Tireless en
Gibraltar. Yo creo que es un ejemplo de que las poblaciones de los
dos lados comparten problemas comunes y tienen un futuro común. Es
una base sobre la que quizá tendríamos que trabajar.

Finalmente, señor ministro, después de esta comparecencia, creo que
tiene usted una plataforma para seguir defendiendo los intereses de
España y hacerlo de una manera inteligente, de manera serena, sin
retórica, y de manera sólida y coherente en la que, desde luego, va a
contar con el apoyo del Grupo Socialista.




CONTINUACIÓN DE LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES (PIQUÉ CAMPS) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA REPARACIÓN DEL SUBMARINO NUCLEAR TIRELESS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000290.)



PREGUNTAS (CONTINUACIÓN):



- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
POSIBILIDAD DE VERIFICACIÓN POR LOS TÉCNICOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR DE LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESIÓN, UNA VEZ CONCLUIDA LA
SOLDADURA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN DEL SUBMARINO HMS TIRELESS.


(Número de expediente 181/000460.)



- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
MODO EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PUESTAEN MARCHA DEL REACTOR DEL
SUBMARINO TIRELESS. (Número de expediente 181/000461.)



- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
RAZONES POR LAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE
REFRIGERACIÓN DEL SUBMARINO NUCLEAR HMS TIRELESS SIN UNA VERIFICACIÓN
IN SITU DE TÉCNICOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 181/000462.)
- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL PLAN DE ACTUACIÓN PREVISTO PARA
EL TIRELESS, E INFORMACIÓN RECOPILADA Y FACILITADAAL RESPECTO.

(Número de expediente 181/000466.)



- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE ESTADO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DEL SUBMARINO
NUCLEAR HMS TIRELESS. (Número de expediente 181/000656.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Comparecencia del señor ministro, a petición del Grupo Parlamentario
Mixto, para informar sobre la reparación del submarino nuclear
Tireless.

Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué Camps): Señorías,
comparezco nuevamente ante ustedes para informar sobre el estado de
la reparación del Tireless, y lo cierto es que en esta ocasión es
poco lo que puedo añadir sobre lo ya difundido por los continuos
comunicados del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear sobre
este tema.

La actuación del Gobierno en este caso ha estado marcada por todas
las limitaciones derivadas del atraque del submarino militar
británico en una base de una colonia cuya soberanía reivindicamos y
cuyas actividades no controlamos, lográndose a pesar de ello un nivel
satisfactorio de información y de garantías de seguridad. Como ya he
reiterado, en estas circunstancias, la prioridad absoluta del
Gobierno, que ha primado sobre cualquier otra consideración, ha sido
y continúa siendo lograr por todos los medios a su alcance la máxima
seguridad de la población y el medio ambiente. Como no podía ser de
otro modo en materia nuclear, esta seguridad ha sido confiada al
máximo organismo oficial competente en la materia, el Consejo de
Seguridad Nuclear español, cuyo asesoramiento y seguimiento técnico
puntual de la reparación nos permite afirmar que la seguridad ha
estado garantizada desde la llegada del Tireless a la colonia. En
ningún momento a lo largo del proceso de reparación ha existido
riesgo para la población española del Campo de Gibraltar o para el
medio ambiente. El Consejo de Seguridad Nuclear ha podido avalar
hasta qué punto no se ha dado ningún paso en el proceso de reparación
sin que se haya exigido al Gobierno británico estrictas medidas de
seguridad, cuyo contenido ha sido puesto a disposición por las
autoridades británicas y han sido contrastadas por los propios
técnicos españoles del citado organismo de seguridad nuclear. El
reactor está parado en condiciones



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seguras y con una muy baja tasa de generación de calor residual y no
ha habido emisión radiactiva alguna. Los ciudadanos del Campo de
Gibraltar pueden tener la absoluta garantía de que si en algún
momento se hubiera dado una situación de riesgo, incluso de duda
sobre las medidas de seguridad adoptadas, el Gobierno hubiera sido el
primero en haber exigido la inmediata detención de la reparación, el
traslado del submarino y su retirada de nuestras costas.

El Gobierno es consciente de que todo lo nuclear genera temor y
también inquietud y tiene muy presente la preocupación de la opinión
pública, en especial la del Campo, por la presencia del Tireless,
pero no hay motivos reales para la inquietud social. Ciertamente, el
Gobierno hubiera preferido que el Tireless no estuviese en Gibraltar
y es el primer interesado en poner fin cuanto antes a esta presencia,
pero, lejos de cualquier tipo de voluntarismo, las decisiones deben
adoptarse de forma rigurosa y tratándose de un tema tan complejo como
el de la energía nuclear ello sólo puede lograrse apoyándose en la
opinión cualificada de expertos independientes del organismo de
seguridad nuclear por antonomasia, que es el Consejo, y es lo que el
Gobierno ha venido haciendo. Toda otra valoración, sin contar con el
debido aval y el soporte técnico de un organismo como el Consejo de
Seguridad Nuclear, carece de rigor y de la suficiente seriedad y no
resulta responsable, sólo puede producir alarma social entre nuestros
ciudadanos.




Por todo ello, el Gobierno ha actuado con toda seriedad y con
responsabilidad, reclamando con insistencia todas las medidas de
información necesaria al Gobierno británico, respetando en todo
momento la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear, apoyando
sus demandas y asumiendo sus dictámenes y sin inmiscuirse en los
ámbitos de competencia que le son propios a este organismo.

El Gobierno ha mantenido la debida insistencia para exigir y lograr
que el Gobierno británico suministrara información completa,
continua, transparente y a satisfacción de nuestros expertos del
Consejo de Seguridad Nuclear, según consta en los distintos
comunicados emitidos por este organismo. Se ha establecido un grupo
técnico hispano-británico que ya se ha reunido en siete ocasiones y
con una periodicidad quincenal. La próxima reunión está prevista para
el próximo viernes, en Madrid. Además, el contacto es permanente
entre el Consejo de Seguridad Nuclear y el Panel Regulador Nuclear de
la Armada británica. Nuestros técnicos han recibido información
puntual sobre la avería y sus causas, el estado del reactor del
submarino, los programas diseñados para la reparación del circuito de
refrigeración, los trabajos acometidos y los resultados de las
pruebas efectuadas sobre la fiabilidad de las distintas fases de la
reparación ya ejecutadas.

Se ha logrado hasta la fecha, en definitiva, obtener transparencia
informativa por parte británica, de cuyos
datos se ha rendido regularmente cuenta a nuestra opinión pública.

Semanalmente se publican en la prensa los informes sobre el estado de
la reparación, además de los que se difunden por el portavoz del
Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear, cada vez que hay
reuniones del grupo técnico hispano-británico.

El proceso de reparación avanza con normalidad y dentro de los plazos
previstos. A mediados de febrero se completó la soldadura de la nueva
pieza de conexión a la tubería del circuito primario y se realizaron
los controles de calidad con resultados satisfactorios. Esta semana
está previsto que finalicen las actividades de mecanizado y de pulido
de la parte interior de la soldadura. Cuando éstas terminen se
realizarán los ensayos mediante radiografías y otros procedimientos,
para determinar su estado final y, a continuación, según el programa
establecido, se llevarán a cabo las tareas necesarias para la
preparación de la prueba hidrostática que tendrá lugar,
aproximadamente, a finales de este mes.

En relación con el arranque, según nuestros técnicos del Consejo de
Seguridad Nuclear, al estar el reactor del Tireless frío, pues se
encuentra parado desde mediados del año pasado, se precisará una
fuente fiable y suficientemente potente de alimentación eléctrica,
que sólo se puede proporcionar desde el puerto en condiciones de
seguridad. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, arrancar el
submarino utilizando los generadores diesel de que dispone supondría
un riesgo, dado que cualquier fallo en los mismos dejaría al
submarino sin posibilidad de arranque nuclear y podría llegar a
comprometer su capacidad de propulsión auxiliar. Por supuesto, cuando
el reactor del submarino se detiene en alta mar, como fue el caso del
propio Tireless antes de arribar a Gibraltar, se acude a estos
generadores diesel, pero en estos casos no se requiere una fuente
eléctrica potente, toda vez que no se precisa un calentamiento
previo, al estar todavía caliente tanto el reactor como el
refrigerante primario.

Respecto a otra posibilidad que se ha mencionado, la de utilizar un
buque nodriza, los representantes de la Armada española consultados
consideran que sería una temeridad, al tratarse de un buque nuclear y
no poderse descartar un riesgo de colisión. En todo caso, el arranque
sólo se realizará una vez se haya comprobado de forma absolutamente
fehaciente la integridad de todos los sistemas del buque y haya
resultado plenamente satisfactoria la prueba hidrostática. Para
nuestros técnicos, superada con éxito la prueba hidrostática, el
arranque del reactor es una mera operación de rutina, habitual en los
controles de los países como el nuestro, que utilizan la energía
nuclear para muchos usos. Según nuestros técnicos, la prueba
hidrostática es, en definitiva, el momento crucial, ya que permite
comprobar la integridad del circuito y, consiguientemente, su
adecuado funcionamiento, la total estanqueidad, incluso en
condiciones de temperatura y presión superiores a



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las normales, del funcionamiento del reactor, evitando todo riesgo en
el momento de arranque del mismo. Por lo demás, la prueba
hidrostática no reviste en sí misma peligro alguno, al realizarse con
el reactor frío y apagado. En estos momento, y a petición del Consejo
de Seguridad Nuclear, seguimos estudiando con el Reino Unido la
fórmula para asegurar el seguimiento directo de la prueba por parte
española.

También se ha suscitado el temor de que la base naval de la colonia
de Gibraltar pueda convertirse, en el futuro, en una instalación
permanente para la reparación de submarinos nucleares. Aeste
respecto, el Reino Unido nos ha asegurado que se trata de un mero
acondicionamiento temporal y que los equipos adicionales enviados se
retirarán una vez que se efectúe la reparación del Tireless.

Cualquier eventual incumplimiento futuro de este compromiso británico
recibiría la adecuada respuesta por parte del Gobierno español.

Igualmente, una vez finalizada la reparación, el líquido extraído en
su día del circuito de refrigeración, que se encuentra almacenado en
contenedores especiales en el puerto de Gibraltar, será transportado
al Reino Unido por el buque auxiliar Rosalie, atracado en la colonia.


Prueba de la ausencia de riesgos efectivos por la reparación del
Tireless es que nuestras autoridades de Protección Civil y del
Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo la normativa vigente, no
consideraron necesario adoptar un plan de emergencia y se inclinaron
por un llamado plan de actuación que está plenamente operativo. Este
plan de actuación es, según el Consejo de Seguridad Nuclear,
coherente con los elementos de planificación del plan básico de
emergencia nuclear de España y con el plan de emergencia nuclear de
la Armada española, y es acorde con las recomendaciones
internacionales en la materia.

Para el Consejo de Seguridad Nuclear, fuera del área circular de dos
kilómetros en torno al submarino, no es precisa la consideración de
medidas protectoras urgentes, salvo la previsión sobre la vigilancia
radiológica hasta un radio de 10 kilómetros. Esta estricta vigilancia
radiológica se estableció desde el pasado 19 de mayo de 2000, en la
zona del Campo, como refuerzo del programa habitual establecido de
forma permanente por el Consejo de Seguridad Nuclear. El plan es
público y se ha dado a conocer tanto a los alcaldes de la zona como
a las organizaciones ecologistas, a la opinión pública y a los
distintos colectivos del Campo de Gibraltar y se encuentra a
disposición de cualquier particular que lo solicite. De acuerdo con
la vigilancia radiológica establecida, el Consejo notifica
diariamente los resultados de los análisis de muestras tomadas. Hasta
la fecha todos ellos han sido normales y no se han detectado, desde
la llegada del Tireless a Gibraltar, valores de radiactividad por
encima del fondo habitual en la zona.

En definitiva, nos encontramos ante una situación de ausencia de
riesgo y el Gobierno seguirá velando por que se continúen adoptando
las medidas de seguridad
más rigurosas y para que no haya motivos de inquietud ciudadana hasta
la partida definitiva del submarino. En todo caso, nos hallamos
confrontados con una realidad derivada de una situación anacrónica y
colonial que España aún padece a principios del siglo XXI, dado que
la arribada y presencia del Tireless en Gibraltar son la consecuencia
del ejercicio por parte del Reino Unido de una soberanía sobre una
colonia que aún pervive, a pesar de los mandatos internacionales para
su solución negociada y cuya reivindicación constituye, como se ha
visto esta misma mañana en esta Cámara, un objetivo permanente e
irrenunciable de España.




La señora PRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto, solicitante de la comparencia, señor
Núñez.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: No me engañan mis sentido, porque por la
vista y por el oído estoy observando al mismo ministro que intervino
en el punto anterior, pero si me hubieran dado el texto, hubiera
creído que había intervenido otro ministro y que estaba sosteniendo
otras tesis.

En esta historia del Tireless no cuadra mucho el argumento del
ministro con la historia anterior de cómo nos posicionamos ante
Gibraltar, a pesar de que tal vez se pudiera hacer una disertación
sobre el Tratado de Utrecht y el Tireless, que a lo mejor cuadraba la
historia.

Señor ministro, son ya muchos asaltos los de este combate. Desde el
primer asalto de acogida al submarino; el segundo si se va a reparar,
no se va a reparar o se lo llevan; el tercero, sobre cómo se lo
pueden llevar o cómo no se lo llevan; el cuarto, si tiene dos
milímetros o si tiene cuatro; el quinto, si está reparado o no lo
está. Y quedan varios asaltos, usted ha descrito hoy algunos: el
asalto de terminar, el asalto de arrancar el reactor y el asalto de
largarse. Y un último asalto, el de si va a haber más asaltos de
otros submarinos.

La argumentación que se emplea por el Gobierno, desde el punto de
vista de los andalucistas, produce dos actitudes; por un lado, la
impotencia ante el Reino Unido, que hace y deshace como le da la real
gana, por otro lado, el desamparo que sentimos en Andalucía de un
Gobierno que no defiende nuestras tesis. Otra cosa es que consiga los
objetivos, pero no defiende nuestras tesis. Y esa impotencia ante el
Reino Unido o este desamparo ante el Gobierno de España no nos va a
producir ni pasividad ni resignación.

Creo que es fundamental que nos movamos en todos los campos. Los
ciudadanos se han movido hasta el culmen de esa manifestación, en la
que muchas decenas de miles de ciudadanos manifestaron su rechazo
absoluto a la permanencia del submarino en el puerto, y aquí en el
Parlamento nos vemos las caras de vez en cuando con preguntas,
proposiciones y comparecencias que trasladan a la opinión pública
nuestra opinión.




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Nosotros no podemos estar de acuerdo con un Gobierno que dice que
comprende y comparte la inquietud, pero que inmediatamente justifica
toda la posición del Reino Unido ante el submarino. Justifica de
forma errática porque erráticos son los hechos. Es decir, mientras
pasan más cosas nuevas más justificaciones proceden. Hoy he escuchado
sus palabras, algunas de ellas señalando que estamos ante un
procedimiento casi de rutina con el arranque. Si es una rutina, que
procuren hacerla en su territorio y no en territorio andaluz.

Este quinto o último asalto, que decíamos que ya no más, si el
argumento que está sosteniendo el señor ministro es que no hay ningún
riesgo, es que es lo mejor, es que es lo más cauto, es que no hay
otra solución, ¿me puede usted contestar qué haremos cuando se
escacharre otro submarino en el Mediterráneo? ¿No hay mejor solución
que llevarlo a Gibraltar, no hay cosa más segura que arreglarlo allí;
no hay cosa más segura que arrancarlo allí y no hay cosa más segura
que aguantarlo? O, cuando se lleven éste, ya no admitimos más y, por
tanto, no es bueno que esté aquí, ya no dejamos que se arregle aquí
y, por consiguiente, no es tan seguro que se arregle aquí. No podemos
transmitir a la población lo que usted y yo queremos, que es
tranquilidad y que no haya alarma. Nosotros no transmitimos la
alarma, me cuido muy mucho de eso, de que allí hay una bomba que
puede explotar mañana, pero sí que hay riesgos y no hay ningún
argumento dialéctico para que esos riesgos tengan que estar en
nuestras cabezas.

Hemos hablado en el punto anterior de nuestro concepto de territorio
y soberanía y las cabezas de los andaluces del Campo de Gibraltar no
tienen que estar corriendo el más mínimo riesgo por las averías de
los buques radiactivos británicos que, por otra parte, casi son
sistémicas. Ha habido muchos más submarinos estropeados. Algunos se
arreglan en Devenport, pero no voy a repetir la historia de los
asaltos pasados, me voy a remitir al presente.

No hay información fidedigna, como usted dice, del Consejo de
Seguridad Nuclear. No la hay porque ésta es una especie de partida
donde el locutor es británico y al Consejo de Seguridad Nuclear le
han dado una radio, pero no le dejan asomarse al partido para ver si
hay falta o no, sino que toda la información que tiene dice: según
los informes británicos, pensamos que está pasando esto. Se basan en
creer lo que digan los informes británicos con la tapadera -entre
comillas- de que por seguridad militar no se puede visualizar, no se
puede entrar o no se puede comprobar. Por tanto, no hay comprobación
directa in situ de nuestros técnicos, al menos eso es lo que ha
salido en los medios de comunicación. Hay rumores o noticias en
paralelo, de faltas de seguridad, de que se va a producir al rearme o
a la sustitución del armamento del buque en el puerto; ha habido
hasta un accidente, que usted conocerá, fruto del viento de la zona
cuando se desprendió una pancarta y varios tripulantes cayeron al
agua; noticias que
implican la seguridad de acceso sobre el submarino de cualquier
atentado que pudiera haber sobre el buque. Es decir, hay noticias que
flotan y un riesgo que, según usted, está medido y que el Gobierno
mide, y la mejor manera de asumir ese riesgo es que aquello
permanezca allí, que es un riesgo escaso, que si el Gobierno tuviera
noticias de un riesgo mayor tomaría medidas. No faltaría más que si
el Gobierno tuviera noticias de un riesgo mayor no tomara medidas. En
definitiva, no cogemos el toro por los cuernos.

Señor ministro, no sé si es aficionado a los toros. Había una suerte
antigua, ya desaparecida, que era la suerte de don Tancredo. Era un
señor que se sentaba en una silla en medio de la plaza, se maquillaba
y se quedaba muy quieto, de forma que el toro pasaba, lo olía, lo
miraba, lo quitaba y teóricamente no tenía por qué pegarle cornadas.

Desapareció, entre otras cosas, porque hubo muchos don tancredos que
acabaron en el hospital corneados. Ante este tema del Tireless, ante
los riesgos, no se puede practicar la posición dontancredista que es
quedarse quieto, no moverse. El riesgo está allí y ya veremos si nos
pilla el toro o no. Desearíamos que el Gobierno, como ha dicho usted
en su intervención anterior, no sólo compartiera la lógica
preocupación, sino que se moviera en la dirección de conseguir el
traslado; que se moviera en la dirección de algo muy importante
ahora: ¿Ya está reparado? Sí. Pues que lo arranquen fuera, que lo
trasladen.

Hemos oído en esta misma Cámara, hace unos meses, un argumento suyo
de que no se podía trasladar, entre otras cosas, por riesgo de
tormentas y porque no era la época adecuada del año. Ya mismo vamos a
hacer el cumpleaños, el 19 de mayo, y ya tendremos otra vez buen
tiempo y buenas aguas para que se lleven el submarino por el método
que sea. Aquí cualquier argumento que emplean es que o es muy caro o
es muy sofisticado o tiene riesgos. Parece que nunca llegan a la
conclusión de que una vez arreglado el submarino, si está arreglado,
y una vez hechas las pruebas hidrostáticas y técnicas que requiera el
submarino, pueda ser trasladado.

Usted expuso la otra vez las tres formas posibles de trasladarlo: con
su motor diesel, con un remolcador o de la forma que sea. Usted puso
todas las pegas: con el diesel no porque no tiene suficiente;
necesita ahora mismo una fuente de energía eléctrica importante para
el arranque. Supongo que esa fuente existe en el puerto de Devenport.


A lo mejor hay allí suficiente energía para que al enchufarlo lo
arranquen. No pueden venir con el diesel, pero pudo venir de Sicilia
a Gibraltar y, sin embargo, no puede ir de Gibraltar en adelante.

¿Había mal tiempo? Ya hay buen tiempo. No nos da usted más salida que
no estar de acuerdo con el planteamiento pasivo del Gobierno de
ratificar con el Consejo de Seguridad Nuclear los informes que le van
pasando los técnicos de la Armada británica sobre lo que está
sucediendo y lo que habría que hacer.




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La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista ha presentado cuatro
preguntas sobre esta misma materia. Voy a dar la palabra a las dos
personas del Grupo Socialista que han solicitado formular estas
preguntas para que compartan su tiempo.

En primer lugar, tiene la palabra el señor De la Encina, que
compartirá su tiempo con la diputada Romero López.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Después de escuchar su intervención en
el punto primero relativo al contencioso de Gibraltar, tengo mis
serias dudas de que usted y el Gobierno hubieran mantenido la misma
postura que han tenido en relación al Tireless si el submarino, en
vez de entrar en Gibraltar el 18 de mayo de 2000, lo hubiese hecho el
18 de mayo de 2001. Tengo mis serias dudas después de oírle esta
mañana, porque usted en su fuero interno, y el Gobierno también,
tiene la absoluta convicción de que se equivocaron asumiendo la
decisión del Reino Unido de trasladar el submarino a Gibraltar. Se
equivocaron cuando ustedes aceptaron, de manera incomprensible, sin
hacer la más mínima protesta, la recalificación del puerto de
Gibraltar de la noche a la mañana sin adoptar ninguna postura en
cuanto a la habilitación de ese puerto para reparar submarinos de ese
tipo, calificando el puerto en lugar de z en x. Usted sabe en su
fuero interno que se equivocó también, y se lo hizo constar por
escrito en una carta que usted mismo dirigió al ministro de Asuntos
Exteriores de Reino Unido, cuando se revela que la avería es mucho
mayor, que ya no era banal, y que además se detecta la misma avería
en otros tantos submarinos de la Royal Navy. Usted le escribe una
carta a su homólogo en ese momento manifestándole su temor por la
situación. También ahora usted sabe que se equivocó no manteniendo
esa postura, sino asumiendo de nuevo las tesis del Reino Unido. Usted
sabe también que se equivocó no siendo más enérgico cuando se negó la
información puntual que se pedía inicialmente por parte de los
técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Sin embargo, ahora estamos
en una fase distinta. Estamos en una fase en la que usted está a
tiempo de rectificar, es la del comienzo de las reparaciones sin la
supervisión de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que se
inició en el mes de febrero y que van a concluir con el arranque del
reactor nuclear.

Señor ministro, yo se lo pido porque creo que en su fuero interno
sabe que lo tiene que hacer es impedir que se sigan realizando esas
pruebas sin una presencia in situ de los técnicos del Consejo de
Seguridad Nuclear, porque toda la información que viene, por mucha
fiabilidad que le queramos dar, no es una información contrastada por
nuestros técnicos. Le pregunto: ¿por qué no se ha exigido formalmente
al Reino Unido la comparecencia in situ de nuestros técnicos para el
seguimiento de esos trabajos, o lo ha solicitado formalmente? Me
gustaría que me contestara a esta pregunta.

¿Ha habido respuesta del Reino Unido? ¿Ha planteado usted propuestas
al Reino Unido para que los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear
puedan llevar a cabo esa verificación in situ y puedan asistir a los
ensayos que van a determinar si la reparación es satisfactoria y si
se puede encender el reactor? Porque yo no es que desconfíe de la
palabra del Reino Unido, pero están pasando muchas cosas que nos
deberían hacer desconfiar, y usted sabe a qué me refiero. No nos vale
que nos diga secretos militares o cualquier otra cuestión de ese
tipo, porque usted sabe que hay formas que podrían posibilitar que
nuestros técnicos pudieran seguir in situ la verificación de esas
pruebas, ya sea instalando instrumentos derivados que indiquen la
presión del nivel de agua, ya sea instalando una caseta desde el
muelle de Gibraltar que pueda, a través de un circuito de televisión
interna, seguir lo que se está haciendo a través de imágenes,
etcétera. De lo contrario, señor ministro, el Reino Unido, a pesar de
que es un socio y un aliado, seguirá manejando los datos a su antojo
y trasladando la información que quiere trasladar, que luego es
verificada, pero la que nos trasladan ellos, no la que nuestros
técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear ven y siguen.

Por otra parte, señor ministro, la puesta en marcha del reactor
nuclear en sí, como usted mismo ha dicho, no debe de entrañar riesgos
si las pruebas hidrostáticas se revelan cruciales y sin problemas,
pero no cabe ninguna duda de que lo deseable sería que el reactor
nuclear se arrancara fuera de Gibraltar. Usted ha dicho en su
intervención que, según los informes técnicos, el arranque necesita
una fuente de electricidad muy potente, que hacerlo en alta mar
entraña riesgo, etcétera. Yo tengo que recordarle, aunque usted lo ha
dicho también muy brevemente, que ya se encendió el reactor nuclear
en alta mar, lo ha explicado usted antes pero sin ningún tipo de
convencimiento, lo mismo que, de haberse entrado en Gibraltar el 18
de mayo de 2000 a haberlo hecho en 2001, yo dudo, después de su
intervención, que usted hubiera mantenido la tesis que sigue
manteniendo. Yo le pregunto: Si entonces se encendió el reactor
nuclear en alta mar, si la Royal Navy se vio obligada a hacerlo en el
Mediterráneo, ¿por qué ahora, con garantías técnicas de apoyos
suficientes, que las hay, no se hace? Señor ministro, yo también me
río cuando usted en la sesión de control del 7 de febrero me dice:
Todos los expertos nos dicen que lo más seguro sin ningún género de
duda es ponerlo en marcha en Gibraltar. Y añade: Imagínese usted que
yo le hiciera caso, se pusiera en macha en alta mar y hubiera un
incidente.




Ahora le devuelvo la pelota y le digo: imagínese usted que el reactor
se pone en marcha en Gibraltar, no en alta mar, y hay un incidente.

¿Qué prima más para usted, el incidente en el medio ambiente en alta
mar o el que pueda ocurrir en Gibraltar? Imagíneselo, porque



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yo sí me lo he imaginado, y me gustaría que usted me contestara.

También me gustaría que me dijera qué va a pasar si se demora aún
más, usted ya dijo que era el 15 de marzo, ahora dice el 15 de abril.


Qué va a pasar si al final se demuestra que esta historia no sale
bien, que no se verifica, conforme a lo que se prevé, la puesta en
marcha del reactor y hay problemas. Si ocurre eso, ¿van finalmente a
trasladar el submarino, ya sí va a caber el traslado del submarino?
No crea que esta es una cuestión de los socialistas, ni de 60.000
ciudadanos que por un bocadillo y un paseíto en autobús van y se
manifiestan, sino de su propio partido en Andalucía. Doña Teófila
Martínez, presidenta del Partido Popular en Andalucía, ni más ni
menos que lleva a su ayuntamiento (porque es alcaldesa de Cádiz, y
aprueba con los votos del Partido Popular lo que estoy diciendo aquí)
que el arranque del reactor nuclear se haga en alta mar, y además
dice que coincide con Chaves en que es posible hacerlo en alta mar.

Por tanto, no es una confabulación de los ciudadanos de aquella zona,
de los andaluces, de los socialistas, etcétera, sino de doña Teófila
Martínez, lo dice el diario ABC, y usted lo sabe. Me gustaría que me
contestara, porque usted nos ha descalificado a mí y a mi partido en
numerosas ocasiones, algunas veces incluso teniéndose que retractar,
y otras, como hoy lo ha hecho, diciendo que no es serio. ¿Qué pasa,
que el Partido Popular de Andalucía no es serio, que doña Teófila
Martínez no es seria, por eso están hablando ya ustedes de buscarle
otro candidato? De lo contrario, yo creo que sus palabras quedan muy
en entredicho.

Me gustaría que me contestara sobre todo a estas preguntas y a
algunas más, porque usted nos descalifica a los demás diciendo que
usted es licenciado en ciencias económicas, lo dijo en la primera
comparecencia cuando se refirió a mí, pero usted luego viene aquí y
no aporta ningún dato. ¿Cuáles son los registros gráficos de la
soldadura de la pieza de conexión del circuito primario? ¿Cuáles
fueron los resultados de la última revisión que se hizo de la cara
interior de la soldadura? También queremos que usted suministre esos
datos. Le recuerdo que en su primera comparecencia, en el mes de
noviembre, ante una intervención que yo hice, me contestó que yo
decía estupideces, me dijo en la respuesta lo que le acabo de decir,
no se eche las manos a la cabeza; luego rectificó.

Yo esperaba de usted no sólo palabras sino hechos, pruebas concretas,
realidades, porque de lo contrario usted mismo se está descalificando
y al Partido Popular de Andalucía le está poniendo en una situación
inexplicable, pues su presidenta regional se ha sumado ni más ni
menos que a una petición ciudadana. Aclárenos todas estas cuestiones,
porque de lo contrario tendremos que poner en duda sus palabras,
máxime después de su primera intervención esta mañana. Le reitero que
estoy seguro que, de haber entrado el submarino en
Gibraltar en vez del 18 de mayo de 2000 un año después, hubiera
actuado totalmente distinto a como lo ha hecho.




La señora PRESIDENTA: La señora Romero López tiene la palabra.




La señora ROMERO LÓPEZ: Entiendo que el tiempo que compartimos no me
hurta el tiempo reglamentario al que cada diputado tiene derecho en
la formulación de la pregunta y que se refería, señora presidenta,
a la respuesta a la intervención del señor ministro. Hecha esta
aclaración, quiero preguntarle al señor ministro acerca de una
inquietud que la población sigue teniendo, a pesar de los esfuerzos
del Gobierno por aparentar tranquilidad.

Señor ministro, esta diputada recibió el 28 de noviembre una
respuesta acerca del plan de emergencia previsto para Gibraltar y
para la zona del Campo de Gibraltar con motivo de la reparación del
submarino, y en ella se hablaba del plan de actuación que
posteriormente hemos conocido, no directamente por las múltiples
reclamaciones que hemos hecho, sino de una manera totalmente azarosa,
cosa que no parece ser muy habitual entre las relaciones entre un
Gobierno y un Parlamento. Aparte de esa información a la que hemos
tenido acceso, en la respuesta se hablaba de que estaba prevista la
constitución de un comité, cuyo director sería el subdelegado del
Gobierno, y que se reuniría periódicamente con una serie de
autoridades, entre ellas los alcaldes de los municipios de la zona.

Desde el 16 de septiembre, en que efectivamente hubo una primera
reunión sobre este plan que teóricamente no existía pero que después
sí existió, no ha habido ningún contacto entre el director del plan y
los alcaldes directamente afectados, como sabe, señor ministro, de la
zona 2, de la zona española. Eso es así porque el Gobierno hasta el
10 de septiembre tampoco tiene información; en esa fecha han pasado
tres meses y el Gobierno todavía no ha requerido al presidente del
Panel la información sobre las posibles repercusiones que pueda tener
la avería del submarino, tres meses estuvo el Gobierno sin tener
información, y a estas alturas los alcaldes de la zona todavía no
saben cuáles pueden ser las posibles repercusiones.

La pregunta no se haría si la población no estuviera intranquila, y
la población no estaría intranquila si este asunto no se hubiera
llevado desde el principio como un rosario de torpezas. Y negamos la
mayor, señor ministro, no es cuestión de voluntarismo sino de una
falta de capacidad de presión de nuestro Gobierno para que fuera
reparado en una base acondicionada del Reino Unido. No es el
resultado de la soberanía de Gibraltar, sino de la debilidad del
Gobierno español, sea del ministro de Defensa, del ministro de
Exteriores o del Gobierno en su conjunto.




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No aceptamos la puesta en marcha en Gibraltar. Aquí se han dado
suficientes motivos, que, por otra parte, ustedes mismos han
expresado dentro del rosario de contradicciones al que nos han tenido
acostumbrados con este asunto. Y el arranque no es una mera operación
de rutina, porque existe ese plan de actuación. En las respuestas que
me daba el Gobierno se decía que este plan estaría vigente hasta que
el submarino Tireless abandonara el puerto de Gibraltar, salvo que el
Consejo de Seguridad Nuclear determine otra cosa. El Consejo de
Seguridad Nuclear no ha tenido información, salvo la que le
proporciona el Panel. Estamos en un mar de confusiones. Usted no se
puede ir hoy de aquí, señor ministro, sin decirnos en qué fecha se
activa el plan, en qué fecha se reúne el subdelegado del Gobierno con
los alcaldes de la zona, si tienen derecho a conocer esa coordinación
existente entre el plan de emergencia de la zona 1 y el plan de
actuación de la zona 2 y qué medidas tiene que conocer la población.

A estas alturas, el oscurantismo es negativo.

Se ha publicado el plan de emergencia en los medios de la zona y
ahora ustedes tienen una doble tarea: en primer lugar, corregir las
torpezas habidas hasta este momento y, en segundo lugar, tranquilizar
a la población, tratándolos como ciudadanos y no como súbditos,
porque ahora no estamos en aquella época en la que valía bañarse en
Palomares, como lo hizo el ministro Fraga.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arístegui.




El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Obviamente, discrepamos de lo que se
ha dicho hasta aquí y no sólo porque seamos el grupo que apoya al
Gobierno, sino porque, además, estamos convencidos de lo que a
continuación vamos a decir.

Queremos agradecerle, señor ministro, el esfuerzo de transparencia y
de difusión que ha hecho el Gobierno y usted mismo en sus múltiples
comparecencias ante esta Cámara y muy especialmente las explicaciones
que nos ha dado esta mañana aquí, en la Comisión de Asuntos
Exteriores, que consideramos completas y exhaustivas.

Todos hemos seguido con enorme interés la información que han
facilitado el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear y también
los esfuerzos inmensos que se han hecho para garantizar plenamente la
seguridad de la población, el medio ambiente y no dejar que este
asunto enturbiase otras cuestiones relacionadas y, sobre todo, el
seguimiento exhaustivo que se ha hecho de este asunto. Los planes de
actuación -se han diseñado tres- han sido seriamente elaborados, con
rigor, con la responsabilidad propia de un Gobierno. Se han hecho
aportaciones por parte de expertos de reconocida
competencia y cualificación; se ha puesto en marcha un programa de
vigilancia radiológica ambiental en la zona y, como decía usted,
señor ministro, en su comparecencia, no hay ningún síntoma de alarma.


Si no hay síntoma de alarma, si no se ha recogido ninguna medición
anormal, no hay por qué aumentar la alarma social que este asunto ya
ha provocado. Nosotros queremos diferenciar claramente entre
preocupación y alarma. Preocupación tenemos todos, pero no hay que
dar el salto de la preocupación a la alarma social. Mi grupo reafirma
su apoyo al Gobierno, como no podía ser menos, pero, además, lo
reafirma porque cree que se ha actuado con seriedad, con
responsabilidad y con rigor. Hay que destacar, quiero decirlo con
toda claridad, la buena fe del Gobierno. El Gobierno es el primer
interesado en garantizar la seguridad y la tranquilidad de la
población. ¿Cómo se puede dudar eso? El Grupo Popular, que apoya al
Gobierno, no puede pensar que el Gobierno pudiera esconder la más
mínima sospecha de riesgo para la población; eso sería una inmensa
irresponsabilidad que estamos seguros que no se ha cometido ni se va
a cometer. El Gobierno es el máximo responsable y está haciendo gala
de ejercer como debe sus competencias en esa materia. Nuevamente
tengo que recurrir a las palabras rigor, seriedad y responsabilidad.

Esta cuestión se ha abordado haciéndose asesorar por el Consejo de
Seguridad Nuclear, por los expertos más cualificados, exigiendo con
firmeza información y garantías al Gobierno británico. Ahondaré en
esta cuestión más adelante, pero ahora quiero que se sepa que la
percepción de la actitud del Gobierno es distinta entre los distintos
grupos. Nosotros sí creemos que el Gobierno ha sido firme en la
defensa de los intereses de la población de nuestro país. Estas
máximas garantías se han exigido por las vías más normales, aplicando
nuestras buenas relaciones políticas, sin interferir en otras
cuestiones, pero es que firmeza no significa histrionismo; al
Gobierno no podemos pedirle histrionismo, sino firmeza y esa firmeza
sí la ha ejercido.

Es una reparación compleja, ya que se trata de un submarino nuclear.

Como decía el ministro en su comparecencia, eso ya genera inquietud,
pero, justamente porque se trata de una cuestión tan compleja como un
submarino nuclear, ha de ser abordada con sosiego, con calma y con
rigor. Compartimos la preocupación de otros grupos; la compartimos
plenamente porque también es nuestra. Se ha citado la opinión de la
presidenta del Partido Popular de Andalucía, que no hace sino
subrayar lo que pensamos todos, pero volvemos a señalar la diferencia
entre preocupación y alarma. Es una cuestión tan delicada como ésta
no creo que sea adecuado alarmar a la sociedad. Quiero decir con
claridad que nuestro grupo es absolutamente favorable a que el
submarino se vaya. Por supuesto; pero que se vaya en condiciones de
total seguridad. Para nosotros el objetivo es la seguridad, no la
presencia del submarino. Es importante que se garantice la seguridad
y que si el



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submarino se va, lo haga con seguridad, no de cualquier manera. Si
nos están diciendo que el submarino se tiene que reparar en
Gibraltar, que se tiene que poner en marcha el reactor en el puerto y
cuando se garantice la seguridad se marchará, perfecto. Mientras no
se demuestre lo contrario, ésa es la tesis que prevalece, según los
expertos.

No quiero entrar en polémica, pero creo que se ha buscado el rédito
político a corto plazo y me gustaría que en una cuestión de este
calado estuviéramos en una posición más homogénea, más de consenso.

Acabamos de tener otra comparecencia en la que se ha puesto de
manifiesto el apoyo de todo el arco parlamentario cuando, además,
estamos viendo que el eje central de esta cuestión, y siento
discrepar de la señora Romero, sí es la soberanía del puerto. Si la
soberanía no estuviese en manos británicas, no estaríamos hoy
hablando de esta cuestión. Obviamente, el submarino Tireless no
habría entrado en un puerto bajo soberanía española.

Concluyo. Nuevamente, quiero poner de manifiesto nuestro apoyo al
Gobierno y nuestra discrepancia en cuanto a la actitud del Gobierno.

Es evidente que esa firmeza, podríamos decir que tranquila,
responsable, es la que ha hecho que el Gobierno británico haya
proporcionado todos los datos e informaciones precisas al Consejo de
Seguridad Nuclear y al Gobierno de la nación para que todos hayamos
podido enterarnos, por boca de los máximos responsables, de todos los
detalles que conciernen y preocupan a la opinión pública española.




La señora PRESIDENTA: Señor ministro, es su turno para responder a
las observaciones y preguntas que le han sido formuladas.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Creo que la
intervención del señor Arístegui ha situado el tema en sus justos
términos, términos de firmeza, de rigor y no de histrionismo,
utilizando su propia palabra.

El elemento que ha guiado permanentemente la actuación del Gobierno
ha sido la seguridad de los ciudadanos, no puede ser de otra manera.

Sobre esa base ha estado actuando desde el primer día: tomando
medidas, exigiendo información, forzando la constitución de un comité
mixto, poniendo en actuación desde el primer día al Consejo de
Seguridad Nuclear, poniendo en marcha los planes de actuación, que
son absolutamente públicos y conocidos, como he tenido ocasión de
explicar, y que basta con leérselos y así sucesivamente. Por lo
tanto, no he hecho de don Tancredo, sino todo lo contrario. Don
Tancredo no se mueve y el Gobierno se ha movido desde el primer día
con esa guía. Es muy fácil hacer juicios de valor y expresar deseos,
pero, al final, quien debe tomar las decisiones tiene que hacerlo con
consistencia, con coherencia, con sustancia y con conocimiento.

Yo no recuerdo haber utilizado nunca mis títulos académicos para
nada, excepto para poder decir que no soy experto en técnicas
nucleares. Soy economista y no ingeniero nuclear. Esto es lo que
quise decir, como es natural. En ese sentido, lo lógico, lo
coherente, lo serio y lo responsable es que el Gobierno siga con las
directrices, los consejos y las posiciones de los que realmente
entienden de seguridad nuclear, porque, si hiciera lo contrario,
podría responder a actitudes populistas o podría intentar quedar bien
a corto plazo, trataría de contrarrestar hipotéticos réditos
políticos que se intentan conseguir legítimamente por otra parte, por
parte de la oposición, pero no haría lo que un Gobierno serio debe
hacer, que es prestar atención a los que saben. Por eso le digo que
no es lo mismo que ocurra un incidente, que no tiene que ocurrir y
además estoy seguro que no va a suceder, si se siguen las
recomendaciones de los técnicos que si no se siguen. No es lo mismo.

Si se produce un incidente por no haberse seguido las recomendaciones
de los técnicos, la responsabilidad política es evidente.

Podemos hacer todos muchísimos juicios de valor. Cuando se explican
las razones por las que hay que poner en marcha el reactor en alta
mar, lo único que se le ocurre a la persona que pone eso en cuestión
es que no he sido suficientemente convincente. Pues muy bien, podemos
seguir actuando y argumentando de esta manera, pero a mí eso no me
impresiona nada. Yo puedo volver a repetir las razones por las que en
un momento determinado se tenía que poner en marcha en alta mar y los
motivos por los que ahora no es tan seguro hacerlo ahí. Lo puedo
volver a repetir y estoy dispuesto a hacerlo las veces que haga
falta, de la misma manera que estoy dispuesto a repetir las veces que
haga falta por qué entienden nuestros expertos -yo endoso esa
opinión, como no puede ser de otra manera- que es más seguro hacerlo
en el puerto y que las posibilidades alternativas no son válidas.

Apesar de eso, se puede seguir pidiendo el traslado porque agrada a
los oídos de la gente. Pues muy bien, que se siga pidiendo el
traslado y que se sepa que hoy por hoy, si las cosas van bien, el
traslado implicaría que el submarino debería estar en Gibraltar
bastante más tiempo que si se puede ir una vez reparado, que se sepa.


Ahora bien, se puede seguir pidiendo. Y se puede seguir pidiendo que
se arranque fuera, aunque todos los técnicos digan que es mejor
hacerlo dentro. Se puede seguir pidiendo, pero eso no modificará ni
la actitud ni la posición ni el comportamiento del Gobierno, que
seguirá teniendo como guía central la seguridad de los ciudadanos en
todas y cada una de las fases de este proceso. Les puedo asegurar que
hoy el Gobierno actuaría exactamente igual que lo ha hecho, en el
sentido de conocer permanentemente lo que está pasando. Se están
cumpliendo los plazos, se va a acabar la reparación, se va a poner en
marcha el reactor, el submarino se va a ir y todos aquellos que han
estado haciendo catastrofismo desde hace muchísimo



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tiempo o han utilizado expresiones histriónicas tendrán que reconocer
que al final se ha cumplido con lo que se ha dicho, ha pasado lo que
hemos dicho que tenía que pasar y nada más, porque en definitiva lo
que hemos hecho ha sido hacer caso a aquellos que saben y no dejarnos
llevar por sentimientos. Prefiero expresarme en estos términos y no
en otros.




La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, tiene la palabra.




El señor NÚÑEZ CASTAIN: Efectivamente, señor ministro, lleva usted
razón. Don Tancredo se mueve de una forma muy extraña, porque, en vez
de hacerlo para sacar el toro de la plaza, se mueve para explicar a
la plaza lo que está haciendo el toro. Y el toro le va a pillar,
porque se mueve continuamente para explicar las constantes
operaciones dialécticas de los británicos, siempre oscuras y nada
transparentes. No es posible, no nos cansaremos de decirlo, ver el
partido, y nos tenemos que tragar cómo lo radian sus locutores. No
podemos verlo, luego no lo comprobamos.

Con respecto al último argumento que ha empleado usted, tengo que
decir que a mí me ha pasado algo parecido como profesional. Recuerdo
una vez que tuve que diagnosticar un edificio ruinoso e impedir un
acto, ya que había peligro de que se derrumbase. Pues bien, esa tarde
no se cayó, y se me echaron encima al día siguiente diciéndome que no
llevaba razón y que no se había derrumbado. En fin, si yo llego a
estar seguro de que esa tarde se cae, hubiese mandado a la Guardia
Civil. Una cosa son los riesgos y otra las certezas. Y usted nos dice
que lleva razón porque ha finalizado el arreglo y no ha ocurrido
nada. Es decir, que es bueno que un submarino nuclear se estropee en
Sicilia y se arregle en Gibraltar. Pues bien, la flota británica está
ahí, por lo que, cada vez que se estropee uno, diremos que es muy
bueno que esté aquí, que es lo más seguro y que para qué lo vamos a
llevar a Davonport si en el océano hay tormentas y es muy caro el
traslado. Señor ministro, esto es muy sencillo. El submarino
arreglado, que no queríamos que se arreglase allí, hay que
trasladarlo y llevarlo a otro sitio para arrancarlo. Eso se sostenía
aquí el año pasado y se manifestaban las dificultades, habiendo
surgido hoy una nueva, como es que su traslado va a conllevar más
tiempo que si se arranca. Bueno, pues permanecerá un tiempo sin
arrancarse. Por lo menos habrá menos riesgo, puesto que está
arreglado y no se arranca. A ver si ahora vamos a utilizar el recurso
del tiempo para que de nuevo vengan los malos tiempos.

Señor ministro, a lo mejor, como usted ha dicho, ha habido hoy aquí
oportunismo político, incluso en la intervención del grupo que
sustenta al Gobierno, en el sentido de que se ha mezclado el culo con
las témporas, así como el necesario apoyo de toda la Cámara para el
contencioso de Gibraltar con otra cuestión, como es
el necesario rechazo de la Cámara a la permanencia y reparación del
submarino nuclear en Gibraltar. Es perfectamente compatible darle
todo nuestro apoyo en relación con la tesis sobre la soberanía
española en Gibraltar y manifestarle nuestra intención de proponer en
este Parlamento que de una vez por todas se vaya el submarino y no
vuelva nunca más otro a este puerto, algo que desde luego está ligado
también al tema de la soberanía. Si las circunstancias fuesen otras,
no se estaría arreglando allí.

En síntesis, señor ministro, no nos convence su continua
justificación ni que usted sea el valedor de los argumentos
británicos. Sería más firme y tendría más rigor si el Gobierno
mantuviera la tesis española de que no debe arreglarse allí el
submarino y no la tesis británica de que es la forma más segura y
eficaz de arreglarlo sin riesgo para los ciudadanos del Campo de
Gibraltar.




La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En primer lugar, señora presidenta, me
va a permitir que me dirija al señor Arístegui para decirle que,
cuando habla de alarmismo, supongo que lo dirá por el señor ministro,
ya que fue él quien en una carta -se lo he dicho antes, pero parece
ser que usted no lo ha cogido- que envió a su homólogo británico,
Robin Cook, expresó su preocupación y alarmismo por la situación. Por
tanto, cuando usted habla de alarmismo, estoy convencido de que se
refiere a la situación que describe el propio ministro de Asuntos
Exteriores de España. Sí, señor Piqué, usted lo tiene que recordar,
aunque quizá se haya olvidado de aquella carta porque le interesa
hacerlo. El propio presidente del Gobierno le desautorizó a los pocos
días, quitando hierro a dicha carta de una manera jocosa, en una
rueda de prensa inolvidable junto a Tony Blair, con aquella frase de
yellow submarine. ¿Se acuerda, verdad? Usted escribió esa carta, está
ahí y es pública y calificó la situación de alarmante. Por tanto, no
imputen ustedes ahora a los demás lo que ustedes mismos han asumido
como tesis, trasladándola incluso por escrito a su homólogo. Lo
contrario es querer desvirtuar la realidad, como ustedes intentan
hacer en este tema permanentemente.

Ycuando usted dice, señor ministro, así como el portavoz del Partido
Popular, que algunos han buscado réditos electorales, me imagino que
se estará refiriendo a doña Teófila Martínez cuando lleva al Pleno
del Ayuntamiento de Cádiz la petición de que el Gobierno exija al
Reino Unido que el arranque del reactor nuclear no se haga en
Gibraltar. ¿Está haciendo populismo también doña Teófila Martínez en
Andalucía cuando dice que coincide con Chaves en que es posible
hacerlo en alta mar? ¿Está descalificando usted a sus compañeros de
Andalucía? ¿Son también alarmistas? ¿Son



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populistas? ¿Buscan réditos electorales? Contésteme a eso, por favor.


Firmeza, rigor y responsabilidad, tres palabras que en esta historia
que dura casi como un parto ya, nueve meses, no he parado de oírle.

Vamos a aclararlo. Firmeza, la que tuvo Portugal cuando un submarino
similar a éste se introduce en sus aguas y en nueve días, con
diálogo, no con guerras y declarando a ningún país amigo y aliado
ninguna confrontación, con sentido común, que es lo que le ha faltado
al Gobierno en este tema, con voluntad de entendimiento con un país
que es socio nuestro, con esa firmeza y con esas características,
Portugal consiguió que en nueve días saliera un submarino de sus
aguas con una avería similar. Eso es firmeza. Rigor. ¿Quién contestó
por escrito con la firma del ministro de la Presidencia a una
pregunta que formulé a principios de junio, a los 20 días de entrar
el submarino, diciendo textualmente que Gibraltar no reunía la
capacidad necesaria para reparar un submarino de esas características
y con esa avería? Usted, señor ministro, a través del Ministerio de
la Presidencia. Está escrito, igual que su carta. ¿Eso es ser
riguroso, cuando cambia posteriormente sus planteamientos, incluso
acepta la calificación del puerto de Gibraltar como x, de la noche
a la mañana, sin ningún tipo de reparación? Cuando usted califica la
avería de banal y resulta que es una avería alarmante, ¿eso es ser
riguroso? Y responsabilidad. Dígale al señor Aznar si tuvo
responsabilidad riéndose de todos los españoles en aquella famosa
rueda de prensa. ¿Eso es ser responsable?
Termino diciéndole lo que me parece que usted todavía no ha sido
capaz de entender o quiere desvirtuar. Aquí nadie ha dicho jamás, al
menos desde mi partido, que vaya a pasar. Consulte las hemerotecas.

Sí hemos dicho que existe un riesgo potencial, y eso no lo niega ni
el ministro de Defensa. Ante esa situación evitable, se debe aplicar
lo que defendió muy bien en un artículo nuestro portavoz en esta
Comisión, Manuel Marín, el principio elemental de precaución. No sé
si usted lo conoce, pero en esta situación se podría haber aplicado
ese principio. Por eso hemos pedido en una iniciativa algo que se
debatirá próximamente y que esperamos que lo apoyen definitivamente,
después de ese cambio de posición que le he observado esta mañana en
el punto primero respecto a Gibraltar: que el arranque del reactor se
produzca fuera de la base de Gibraltar cuando se hayan realizado
todas las pruebas necesarias para confirmar su seguridad, siempre que
los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear lo verifiquen in situ,
no de oídas, y hayan tenido toda la información para ver el alcance y
el contenido de esas reparaciones, incluida la prueba hidrostática.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Romero.

La señora ROMERO LÓPEZ: Señor ministro, quisiera insistir en la
pregunta que le he formulado, y que no ha respondido, respecto a en
qué fecha se activa este plan, en qué fecha se reúne el subdelegado
con los alcaldes y qué medidas tiene que conocer la población.

Comprenderá que sin esta respuesta no se puede generar ninguna
tranquilidad. Le he citado anteriormente que desde el 16 de
septiembre no se produce ninguna reunión con los alcaldes y, por lo
tanto, no tienen ninguna información más de la tuvieron en esa
primera reunión que, por cierto, fue muy deficitaria. Necesitan
conocer no sólo aquellas medidas que afectan a la zona 2, sino las
que afectan a la zona 1. No es posible conocer las medidas
comprendidas en el plan de actuación y no conocer las medidas
comprendidas en el plan de emergencia de la zona 1. No es posible que
a estas alturas no tengan ninguna información más que la contenida en
aquella primera reunión. Si se produjera algún incidente, no
pretenderá, señor ministro, que el director del plan se dirija a la
población por medio de la radio y la televisión y pida la
colaboración a unos alcaldes que no han sido informados y que no
tienen ninguna noticia de cuáles son las medidas a emprender en el
supuesto, que sabe que puede ser posible, de un incidente o de un
accidente con motivo de la puesta en marcha del reactor.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Arístegui.




El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor Encina, no sólo le oigo, sino
que le escucho y además con mucho respeto. Quiero que sepa que me
reafirmo en la diferencia que hace mi grupo entre alarmismo y
preocupación. Ustedes están preocupados por la situación en la zona
circunvecina del Peñón; nosotros también. Lo que no vamos a hacer es
alarmismo y no creo que ni el Gobierno ni el señor ministro lo hayan
hecho. Por mucho que cite usted la carta cien veces, los hechos son
los hechos, y lo que hizo fue trasladarle la preocupación de la
opinión pública española y del Gobierno de España a su homólogo
británico. Eso no es hacer alarmismo, eso es ejercer responsablemente
la labor de gobierno.

Dice usted que hemos hablado de populismo. Tengo mucho respeto
parlamentario como para utilizar con un compañero de escaño la
palabra populismo. No lo voy a hacer nunca. Pero sí creo que usted o
su partido han creído encontrar un filón electoral y lo están
explotando. Me reafirmo en ello, pero no voy a acusarle de populismo.


Señor Nuñez, el argumento de la soberanía lo hemos empleado nosotros
primero. Es evidente porque está unido al problema de la soberanía.

El submarino está en el puerto de Gibraltar porque la soberanía del
puerto está en manos británicas. Usted también lo ha empleado.




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Me temo que tanto usted como yo confundimos las mismas cosas.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Señorías, yo
también voy a ser muy breve porque el tema está suficientemente
planteado por todas las partes, aunque no quisiera dejar sin
respuesta algunas de las cosas que se han dicho. Un comentario
adicional al tema de la soberanía. Supongo que el señor Nuñez habrá
tenido ocasión de leer las opiniones al respecto del señor Caruana,
muy resaltadas por la prensa británica y coincidentes con buena parte
de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Venía a decir que España
no tenía el menor derecho de interferirse en esta cuestión. ¿Por qué?
Porque se trata de un buque británico en una base naval británica,
que está reivindicada por España, pero bajo soberanía británica. Esa
es la posición de partida de las autoridades locales gibraltareñas.

En principio también es la posición del Reino Unido, lógicamente
modulada por el hecho de que somos países amigos y aliados. Por eso
el Reino Unido, a pesar de conocer esa opinión de las autoridades
locales gibraltareñas y la opinión de muchos responsables políticos
del Reino Unido, ha actuado con transparencia, desde el punto de
vista de la información y desde el punto de vista de las actitudes,
perfectamente razonable y de agradecer. Quiero decir esto con toda
claridad, porque también he dicho lo que pienso de la actitud del
Reino Unido en otros ámbitos y no puedo dar una opinión tan positiva.


Conviene no olvidar esto, porque si se habla de Portugal sin recordar
que en Portugal no hay colonias británicas, nos confundimos todos. No
es lo mismo el puerto de Lisboa que el puerto de Gibraltar. Podemos
utilizar todos los argumentos que se nos ocurran , pero como no son
iguales y homogéneos, desde el punto de vista de su solidez
argumental no son adecuados.

Respecto a las cuestiones relativas al plan, quiero repetir lo que ya
he dicho. El plan es público, se ha dado a conocer a los alcaldes, a
los grupos ecologistas, a las distintas organizaciones del Campo,
está a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo. Se
han desplazado técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear para
informar a la Junta de Andalucía, incluso representantes de la
embajada británica. A todos ellos se les ha ofrecido la oportunidad
de celebrar cuantas reuniones consideren necesarias y nadie ha
solicitado nuevas reuniones. Si se solicita, la disposición de las
autoridades es total, porque es lógico y normal. Es un plan de
actuación coherente con los elementos de planificación del plan
básico de emergencia nuclear de España, que es algo perfectamente
público y conocido, con el plan de emergencia
nuclear de la Armada española y acorde con las recomendaciones
internacionales en la materia. Si el director del plan no les ha
convocado es porque la información ya está ahí y no cambia nada
porque no ha cambiado nada a lo largo de este tiempo, absolutamente
nada. Por tanto, si pasara algo, que no creo que vaya a pasar, ya se
sabe lo que cada uno tendrá que hacer. Claro que hay un riesgo
potencial y por eso hay un plan, pero nada más. Ahora bien, si lo que
quiere el Grupo Socialista es decir: Ustedes vayan más allá de lo que
dice la normativa internacional y los planes vigentes aprobados y así
podremos decir que el riesgo es alto, no lo vamos a hacer. Lo que
hacen las autoridades competentes es lo que tienen que hacer, poner
en marcha un plan de actuación de acuerdo con el nivel de riesgo
potencial que existe que es muy bajo, y punto; ya está y no hay que
darle más vueltas. Que un grupo ecologista y los alcaldes de la zona
quieren volver a tener otra reunión, simplemente que la pidan y la
tendrán, así de claro. Lo que pasa es que no ha surgido la necesidad
de pedirlo porque todo el mundo sabe que el riesgo potencial es muy
bajo y que con los planes de actuación que están en marcha ya vale.

(Rumores.) A partir de ahí, que cada uno asuma sus responsabilidades
y que entienda lo que deba hacer.

Le pediría al señor Encina que me dijera en qué momento he
introducido la palabra alarmismo en alguna circunstancia o carta. Lo
que le manifesté al señor Cook es que, habida cuenta de la
información que se estaba recibiendo en aquellos momentos de que era
un problema que podía afectar no sólo al Tireless sino a otros
submarinos, el Gobierno británico tenía que responder a esa
preocupación que se había generado. Lo hizo inmediatamente y ya está.


En cuanto a que me desautorizara el presidente del Gobierno, celebro
que no me diera cuenta porque, si no para mí hubiera sido un poco
complicado. No me di cuenta de esa desautorización. Espero que no
fuera porque no estaba al tanto, sino porque no creo que se
produjera.




Lo que sí le quiero decir es que me ha gustado mucho más el tono de
su intervención cuando hablaba de qué es lo que debemos hacer para
que las pruebas hidrostáticas se hagan en condiciones que nos
permitan estar seguros y convencidos. Ha hablado S.S. de diferentes
fórmulas. Le puedo decir que estamos trabajando en fórmulas. Sobre
esta vía constructiva y positiva de hacer aquellas cosas que podemos
hacer y que nos den la garantía a todos de que la seguridad está
efectivamente garantizada -valga la redundancia-, estoy seguro de que
el espíritu de consenso que antes hemos conocido también lo podríamos
tener, sobre la vía de trabajar sobre cuestiones concretas, con
criterios técnicos y sobre posibilidades reales. Si después queremos
seguir pidiendo todos cosas que sabemos que son contrarias a los
criterios de los técnicos, nos podremos



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seguir divirtiendo mucho, vendré muy a menudo por aquí -lo hago
encantado-, pero no llegaremos a conclusiones distintas, señoría.




La señora PRESIDENTA: Finalizados los puntos del orden del día que
requerían la presencia del señor ministro, vamos a despedirle no sin
antes agradecer muy sinceramente su presencia esta mañana en esta
Comisión, sobre todo por las explicaciones que nos ha dado a temas
que eran del interés de todas SS.SS. Continuaremos la sesión con el
punto siguiente. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY.




- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A LA FIRMA DE LAS CONVENCIONES
INTERMAERICANAS SOBRE RESTITUCIÓN Y SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
MENORES.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ).

(Número de expediente 161/000514.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, el punto siguiente del orden del día
hace referencia a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la
firma de las convenciones interamericanas sobre restitución y sobre
tráfico internacional de menores.

Para su defensa, tiene la palabra la representante del Grupo Catalán.





La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender la
proposición no de ley que hemos presentado ante esta Comisión con la
finalidad de instar al Gobierno a que firme la convención
interamericana sobre restitución internacional de menores, hecha en
Montevideo el 15 de julio de 1989, y la relativa al tráfico
internacional de menores, hecha en Méjico el 18 de marzo de 1994.

Nuestra proposición no de ley -y con ello salgo al paso de parte de
la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular-
solicitaba que esta Comisión instara al Gobierno a suscribir y
ratificar estas convenciones que he mencionado. La enmienda del Grupo
Parlamentario Popular pone de relieve que esta Cámara puede
únicamente instar al Gobierno a suscribir, puesto que la ratificación
es competencia de estas Cámaras. Anuncio desde ahora que vamos a
admitir esta modificación puesto que, al introducir las palabras
firmar y ratificar, nuestra proposición quería instar -mal dicho, lo
reconozco- a comenzar el proceso de firma y ratificación de estos
convenios.

Dicho esto, y retomando el hilo de la defensa de la proposición que
nos ocupa, añadiré que la finalidad de la misma es dotarnos de un
nuevo instrumento que resulte eficaz para hacer frente a las
retenciones y sustracciones
parentales, que en muchas ocasiones se realizan con
traslado del menor de un Estado a otro. El secuestro parental de
menores es un fenómeno desgraciadamente cada vez más frecuente en
nuestra sociedad y, además, al decir de los afectados, es de difícil
solución con los instrumentos legales de que disponemos hasta el
momento. El secuestro parental, como SS.SS. conocen, implica que uno
de los progenitores, conculcando los derechos y deberes inherentes a
la patria potestad y, en muchas ocasiones, conculcando también
incluso resoluciones judiciales de guarda y custodia, se toma la
justicia por su mano y desplaza al menor de su domicilio habitual,
normalmente cambiándolo de Estado para impedir o dificultar su
localización, y todo ello con el efecto de impedir el contacto con el
otro progenitor.




Para hacer frente a este fenómeno, desde nuestro punto de vista es
imprescindible contar con instrumentos eficaces para, en primer
lugar, localizar al menor y, en segundo lugar, instar su restitución.


Para conseguir instrumentos eficaces en la localización del menor, el
Pleno de la Cámara aprobó, el pasado mes de junio, dos proposiciones
de ley presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular
que tenían como finalidad la modificación del Código Penal para
definir un nuevo tipo de secuestro parental que tuviera pena
suficiente como para permitir la emisión de una orden de detención
internacional. Esto no se conseguía con el Código Penal actual, ya
que los tribunales, por razones técnicas, han excluido la aplicación
para estos casos de los tipos actualmente vigentes que llevan
aparejada pena superior a un año y que, por tanto, permiten la
emisión de una orden de detención internacional y, por el contrario,
aplican el delito de desobediencia a la autoridad judicial que, como
SS.SS. saben, conlleva una pena inferior a un año, con lo cual se
imposibilita esta orden que es vital para la localización del menor.

Cuando finalmente se apruebe esta modificación del Código Penal, que
está actualmente en ponencia, tendremos una nueva tipificación que,
como digo, será un instrumento eficaz en la localización del menor.

Como ya he dicho -y aquí entra la justificación de la presente
iniciativa-, una vez localizado el menor entran en juego los
procedimientos civiles de restitución del mismo. El más importante de
todos ellos es efectivamente el Convenio de La Haya, ratificado por
España en mayo de 1987. Hay otros como el Convenio de Luxemburgo,
pero reitero que el más importante de todos ellos es efectivamente el
de La Haya. Digo efectivamente porque la literalidad de la enmienda
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular está encaminada
también a subrayar la importancia del citado convenio. Pues bien,
reconozco que es muy importante, el más importante, además desde mi
experienciapuedo decir que funciona razonablemente bien, con un



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comportamiento diría que impecable por parte del Ministerio de
Asuntos Exteriores español.

La importancia de este convenio, la existencia de otro convenio
también importante como el de Luxemburgo, no impide la firma de
convenios bilaterales o multilaterales en la línea de lo recomendado
por la Convención de los Derechos del Niño, hecha en Nueva York en
noviembre de 1989 y vigente para España desde enero de 1991, que
justamente invita -a pesar de que el Convenio de La Haya ya está
vigente cuando se firma esta declaración- a suscribir convenios
bilaterales o multilaterales acerca de este tema. Esta invitación nos
parece muy interesante porque la virtualidad de estos convenios
bilaterales o multilaterales es doble: en primer lugar, acercarnos a
países que no han suscrito el Convenio de La Haya; en segundo lugar,
la firma de estos acuerdos bilaterales o multilaterales ha de
permitir dotar de mayor agilidad que la que tiene el Convenio de La
Haya a estos trámites de restitución. Esta finalidad no es baladí ya
que una de las causas que se admiten normalmente para oponerse a la
restitución del menor es que se haya arraigado ya en el nuevo país de
residencia. Es evidente que para enervar esta causa de oposición a
los trámites de restitución, cuanto más ágiles sean estos trámites
será mucho mejor para la finalidad que nos ocupa.

El Estado español, en sintonía con los dispuesto en esta Convención
de los Derechos del Niño, suscribió con Marruecos, en mayo de 1997,
un convenio sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia de derecho de menores. Ésta, que
es una buena iniciativa, supone una aproximación hacia los países
árabes, hacia un país cercano geográficamente al nuestro, en donde se
hallan algunos de los casos más difíciles de resolver, ya que hasta
la firma de este convenio no había trámite legal para obtener el
retorno, sobre todo si el menor ostenta la nacionalidad marroquí. Lo
que pretende nuestra iniciativa es avanzar en este camino, que es un
camino muy bien acogido, tanto por los afectados por estos problemas
como por la doctrina, que también invita a seguir suscribiendo
acuerdos multilaterales.

Proponemos ahora la firma de estos convenios multilaterales
iberoamericanos con países que, si bien no están próximos
geográficamente, sí lo están en lengua y cultura, por lo que también
son destino muy frecuente de estos secuestradores parentales, por las
facilidades que se dan en los mismos para una rápida adaptación,
tanto de los secuestradores como de los menores. Por lo demás,
algunos de estos países han firmado el Convenio de La Haya y otros
todavía no. Si prospera esta iniciativa -y finalizo solicitando el
voto afirmativo a la misma- la restitución de los menores a su
entorno habitual contará con un nuevo instrumento, con un instrumento
eficaz para luchar contra la retención y traslado de niños a países
que son destino de un porcentaje importante de los casos que nos
ocupan.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado una
enmienda el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señor
Castro Masaveu.




La señora CASTRO MASAVEU: Quiero comenzar diciendo que después de la
completa e importante intervención de la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), simplemente voy a
precisar una serie de aspectos.

La protección de los derechos del niño es una constante en las
iniciativas legislativas del Grupo Popular, especialmente en lo que
respecta a la sustracción internacional de menores, como no podía ser
de otra forma. La lamentable situación en la que se encuentran muchos
niños, la mayoría de las veces como consecuencia de una ruptura de la
relación de sus progenitores, en la que son considerados más como un
objeto de cambio o incluso de coacción que como seres humanos, hace
necesario que extrememos nuestros esfuerzos en dar soluciones a todos
estos hechos. Señorías, la proposición no de ley que nos ocupa tiene
como objeto -como lo ha manifestado ya la portavoz del Grupo Catalán-
la adhesión de España a las convenciones interamericanas sobre
restitución internacional de menores, hechas en Montevideo en 1989 y
en México en 1994. Aunque vamos a apoyarla, es necesario precisar una
serie de cuestiones previas a las que posiblemente ya también se hizo
referencia. La mayoría de los países iberoamericanos signatarios de
estas convenciones se han adherido ya, o están tramitando su
adhesión, al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores de La Haya de 1980, del que España es parte.


Países como Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Honduras, México,
Panamá, Paraguay y Venezuela, han suscrito ya su adhesión y otros,
como Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tobago o Uruguay, están
tramitándolo, de forma y manera que sus adhesiones entrarán en vigor
en estos países el 1 de mayo de 2001.

Precisamente es el Convenio de La Haya el que cubre todos los
aspectos recogidos en las ya citadas convenciones en relación con el
secuestro de menores. No obstante, y precisamente por tratarse de un
tema del que mi grupo es especialmente sensible, es por lo que hemos
presentado una enmienda para concretar el convenio y matizar el
párrafo que se refiere a la ratificación que, como ya se mencionó, no
compete al Gobierno sino a esta Cámara. Lo que pedimos es que se
inicien los trámites para la firma de estas convenciones por el
Gobierno de España y que se añada la Convención de La Haya, porque
consideramos imprescindible que conste en el texto de la proposición
no de ley.




La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición?



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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García
Manzanares.




La señora GARCÍA MANZANARES: No es ninguna sorpresa -lo hago con gran
satisfacción- adelantar ya que la posición del Grupo Parlamentario
Socialista ante esta iniciativa va a ser de total apoyo. Es una
iniciativa necesaria porque, desgraciadamente, encontramos con
demasiada frecuencia -como ya se ha dicho aquí- casos de retención de
menores, infracciones del derecho de custodia, de visitas, etcétera,
que se acompañan de desplazamientos o traslados forzados de los
mismos a otros países, cuando la pareja -los padres o tutores- son de
diferente nacionalidad o no digamos ya de diferente cultura o
religión. La consecuencia directa o indirecta siempre es la misma: la
utilización de los menores que son literalmente secuestrados,
convirtiéndose en las principales víctimas de las desavenencias
familiares o culturales.

Estoy segura de que no exagero si decimos que cuantos aquí nos
encontramos hemos conocido, con mayor o menor proximidad, algún caso
de esta naturaleza, para el que se nos ha solicitado información,
apoyo, orientación, etcétera, y para los que con demasiada frecuencia
también nos hemos encontrado sin instrumentos legales. Es cierto que
estas retenciones de sustracciones de menores no reparan en acuerdos
o convenios, puestos que no reparan en resoluciones judiciales
previas, pero la existencia de dichos convenios hará al menos posible
la búsqueda y restitución del menor a quien tuviera la custodia y
hará posible, igualmente, el cumplimiento de las leyes de nuestro
Código Penal más allá de fronteras. Lo que sí es claro es que sin
estos acuerdos no se podrían afrontar los desplazamiento ilícitos de
menores, las retenciones, los traslados de un Estado a otro, como
ocurre de hecho con la mayoría de países árabes.

Compartimos con el resto de los grupos que el motivo fundamental que
debe mover a los Estados -y que de hecho nos mueve- en la cooperación
internacional es el de proteger al menor de los efectos perjudiciales
que puede ocasionarle un traslado o una retención ilícita. Por ello
existen ya importantes convenios en materia de sustracción
internacional de menores, que ya se han mencionado aquí, como los
extraordinariamente importantes de La Haya y de Luxemburgo.

Nosotros también queremos conceder una especial importancia al último
convenio suscrito por España con Marruecos, en mayo de 1997, por lo
que supone de diferencia cultural y de sistema jurídico. Creo que
puede ser un hito, la puerta que permita ampliar al resto de países
árabes acuerdos de esta naturaleza. Nuestro país ha logrado avances
importantes en la suscripción y ratificación de toda clase de
instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos y,
por supuesto, de protección de menores. Debemos continuar en esta
línea, pero no solamente por lo ya
apuntado en convenios como el de Nueva York, que en su artículo 11 de
la Convención sobre derechos del niño cita expresamente que los
Estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o
multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes en otros países.

No solamente porque figura ya en todos esos instrumentos que hemos
suscrito y ratificado. Deseo reiterar hoy aquí las conclusiones o
recomendaciones de la subcomisión de derechos humanos de la anterior
legislatura, conclusiones aprobadas como proposición no de ley, en
las que se insta al Gobierno a continuar en esta línea de suscripción
de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,
como lo son en este caso los instrumentos que propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la protección de los
derechos de niñas y niños.

El Convenio de La Haya supuso para España un amplio espacio de
seguridad importante. Es verdad que también lo han suscrito algunos
de los países iberoamericanos que presentan ahora estos dos
convenios, pero veinte años después de la firma del Convenio de La
Haya -en octubre de 1980, si bien España no lo ratificó hasta 1987-
nuestra sociedad es bien diferente, es más abierta, más
internacional, más multicultural y mucho más interrelacionada, si
cabe, con los pueblos iberoamericanos. Y en la medida en que el
espacio es más abierto, más sin fronteras, mayor debe ser también el
espacio de las normas de protección de los ciudadanos. De ahí la
necesidad y la oportunidad de ampliar la suscripción de convenios con
más países para preservar los derechos de los nacionales, en este
caso, de los niños y niñas que son utilizados en litigios familiares
y sufren sus consecuencias. Por tanto, apoyamos esta iniciativa en
los términos que ha considerado oportuno el grupo proponente.




La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, aunque creo haber entendido de
sus palabras su aceptación a la enmienda del Grupo Popular, le
agradecería que pronunciase cuál es su decisión.




La señora PIGEM I PALMÉS: Efectivamente, aceptamos la enmienda que
nos propone el Grupo Parlamentario Popular. Agradezco el contenido de
las intervenciones de las portavoces de los grupos parlamentarios
Popular y Socialista y celebro la sintonía que hay entre todos los
grupos de la Cámara en la resolución de estos temas que afectan a los
menores.




La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la votación.




Efectuada la votación, dijo



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.




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DICTAMEN SOBRE:



- TRATADO SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO DE EUROFOR, HECHO EN ROMA EL 5
DE JULIO DE 2000. (Número de expediente 110/000066.)



La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día:
Dictamen sobre el tratado sobre el estatuto jurídico de Eurofor,
hecho en Roma el 5 de julio de 2000. ¿Algún grupo desea fijar su
posición?
Pasamos a la votación.




Efectuada la votación, dijo



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.

- CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES Y PROTOCOLO FACULTATIVO,
HECHA EN NUEVA YORK EL 8 DE DICIEMBRE DE 1969. (Número de expediente
110/000067.)



La señora PRESIDENTA: Por último, Convención sobre las misiones
especiales y protocolo facultativo, hecho en Nueva York el 8 de
diciembre de 1969. ¿Algún grupo desea intervenir?
Pasamos a la votación de esta Convención.




Efectuada la votación, dijo



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad el último punto
del orden del día.

Señorías, se levanta la sesión.




Era la una de la tarde.