CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 149



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 16



celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Elección de vacantes. Mesa Comisión.




- Elección de vicepresidente primero de la Comisión. (Número de
expediente 041/000010) . . . (Página 4276)



Comparecencia del señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua) para
informar sobre:



- El proceso de reforma de la justicia, en los términos comprometidos
en la anterior comparecencia de 24 de mayo de 2000. A petición
propia. (Número de expediente 214/000048) . . . (Página 4276)



- Razones, alcance y leyes afectadas por la reforma de la justicia
anunciada. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000309) . . . (Página 4276)

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Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




ELECCIÓN DE VACANTES MESA COMISIÓN.




- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISIÓN. (Número de
expediente 041/000010)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a dar comienzo a la reunión de hoy y vamos a proceder, conforme a lo
previsto en el punto número 1 del orden del día, a la elección de
vicepresidente primero de la Comisión.

Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular
propone a don Federico Souvirón como candidato, Naturalmente al hacer
esta mención quiere expresar, para que así conste en el «Diario de
Sesiones», su reconocimiento, gratitud, afecto y homenaje a don
Manuel Seco Gordillo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Socialista se suma a
ese reconocimiento.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, también las demás
formaciones.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al llamamiento de las señoras y
señores diputados para que procedan a votar.




(Por el señor secretario de la Comisión, Sánchez Garrido, se procede
al llamamiento de los miembros de la Comisión, que depositan su voto
en la urna preparada al efecto.)



Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo



El señor PRESIDENTE: Con 35 votos a favor ha quedado elegido
vicepresidente de la Comisión don Federico Souvirón, que puede pasar
a ocupar su sitio. (Aplausos.)
Suspendemos la sesión unos minutos hasta que se inicie la
comparecencia del señor ministro de Justicia.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (ACEBES PANIAGUA) PARA
INFORMAR SOBRE:
-EL PROCESO DE REFORMA DE LA JUSTICIA, EN LOS TÉRMINOS COMPROMETIDOS
EN LA ANTERIOR COMPARECENCIA DE 24 DE MAYO DE 2000. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000048)



- RAZONES, ALCANCE Y LEYES AFECTADAS POR LA REFORMA DE LA JUSTICIA
ANUNCIADA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000309)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a reanudar la
sesión con el segundo punto del orden del día, que tiene por objeto
la comparecencia del ministro de Justicia, a petición propia, para
informar, al iniciarse el nuevo período de sesiones, sobre el proceso
de reforma de la justicia en los términos comprometidos en la
anterior comparecencia de 24 de mayo del año 2000. A esta petición de
comparecencia se suma la del Grupo Parlamentario Socialista al propio
ministro de Justicia para que informe de las razones, alcance y leyes
afectadas por la reforma de la justicia anunciada.

Agradecemos al ministro de Justicia que esté con nosotros, que
comparezca, una vez más, ante esta Comisión y le concedo la palabra
para que desarrolle su intervención en el tiempo que estime oportuno.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.

Señorías, hace cinco años ETA asesinó en su despacho de la Facultad
de Derecho a Francisco Tomás y Valiente y esta mañana, que vamos a
hablar tanto de justicia y del Estado de derecho, quiero recordarle y
honrar su memoria de gran jurista y de ciudadano de bien.

Comparezco al inicio de este nuevo período de sesiones para informar,
conforme comprometí en comparecencias anteriores, sobre la
continuación del proceso de reforma de la justicia, que desde el
comienzo de la legislatura el presidente del Gobierno fijó como una
prioridad fundamental junto con otras grandes reformas estructurales
que, como el Plan hidrológico nacional o la Ley de estabilidad
presupuestaria, están ya en marcha. La reforma de la justicia entra
ahora también en su fase decisiva.

Ya anuncié, como ustedes recordarán, que en cuanto esta Cámara
aprobase los proyectos de ley enviados con urgencia como plan de
choque, propondríamos la iniciación inmediata de los contactos y las
reuniones necesarias para alcanzar un pacto de Estado que culmine los
deseos compartidos de mejorar el funcionamiento de la Administración
de justicia. Estos proyectos se han aprobado, al mismo tiempo que han
entrado en vigor leyes tan importantes como la Ley de Enjuiciamiento
Civil y la Ley de responsabilidad penal de los



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menores; se han potenciado durante este tiempo decisivamente los
instrumentos legales para combatir el terrorismo; se han promovido
avances espectaculares en la cooperación jurídica con otros países de
la Unión Europea; se han iniciado los trabajos de la Comisión técnica
para el estudio de la reforma del sistema de penas de nuestro Código
Penal; se ha aprobado la supresión de los grupos 8 y 9 de la carrera
judicial y fiscal y se ha culminado la integración de los cuerpos de
corredores y notarios, y se han firmado importantes acuerdos con los
colegios de abogados para el turno de oficio y la asistencia de las
víctimas de la violencia doméstica y con todos los sindicatos se ha
alcanzado un acuerdo sobre las condiciones laborales del personal al
servicio de la Administración de justicia. Pues bien, además, en este
tiempo, el Ministerio ha desarrollado los trabajos preliminares
necesarios para elaborar la documentación que pueda servir de punto
de partida para nuestra reflexión colectiva. Cuajada de medidas
concretas que pretenden inscribirse en un modelo general, esta
documentación puede tener la utilidad de facilitar que trabajemos en
común, con las herramientas del diálogo sincero y del máximo rigor,
para propiciar lo que todos los españoles esperan de nosotros, que no
es otra cosa que la mejora y la modernización de nuestro sistema
judicial.

El objeto de esta comparecencia es, por tanto, sencillo: iniciar
donde es debido, en sede parlamentaria, esta segunda y capital fase
del proceso de reforma, exponiendo y contrastando públicamente, con
las lógicas limitaciones del tiempo disponible, las líneas básicas de
las propuestas del Gobierno y el posible método de trabajo y
calendario para su examen, acuerdo y puesta en ejecución.

No pensaba extenderme en las razones que explican la perentoriedad de
esta reforma, que consideraba y sigo considerando generalmente
compartidas por esta Cámara desde hace ya años, pero como un grupo se
ha interesado por las mismas, me voy a detener brevemente en ellas.

Si hablamos, señorías, de reforma de la justicia es porque los
españoles no estamos satisfechos con su funcionamiento, empezando por
los que dedican su vida a su servicio: es lenta, cara, complicada,
está anclada en procedimientos de gestión anticuados y no tiene
capacidad para asumir el creciente incremento del número de asuntos,
cada vez más sofisticados. Como se ha dicho tantas veces, no ha
seguido el ritmo de actualización de otros servicios públicos, y
veinte años después de la ilusión y las expectativas generadas por el
novedoso título VI de nuestra Constitución, la justicia parece
descolgada del proceso espectacular de modernización que ha vivido
España en estos años.

Sin duda, las causas de ello son muchas y diversas. No pienso
jerarquizarlas, pero sí resumir las que suelen reflejar el sentir de
los ciudadanos. Por una parte está la carencia de medios y la
insuficiencia de la financiación, pero no es sólo ni principalmente
cuestión de medios;
es también un problema de métodos de trabajo, de hábitos, de
inercias. Y a las carencias tradicionales se han venido a sumar las
nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja y
el incremento de la litigiosidad que se deriva de la confianza de los
ciudadanos en que las garantías de sus derechos puedan ser ejercidas
de manera eficaz en un Estado de derecho sólido y avanzado como el
que disfrutamos. A mayor abundamiento, el modelo con el que hemos
desarrollado las previsiones constitucionales es necesario que
funcione correctamente y se consolide, por una parte, porque la
afortunada elevación de la función judicial a la dignidad de poder
propiciada por la Constitución tiene que traducirse de forma
definitiva y estable en una estructura vertebrada, regida por una
coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente
sus funciones constitucionales; y, por otra, porque es imprescindible
delimitar con claridad la delicada frontera entre la política y la
justicia. Afrontar todo ello es, como ha calificado el Consejo
General del Poder Judicial a la reforma, una tarea ingente, que no
puede resolverse sólo con nuevos medios materiales o con la creación
indefinida de nuevos órganos judiciales.

Los objetivos a conseguir con la reforma son, sin embargo, muy
elementales. Como servicio esencial para los ciudadanos, se trata de
lograr que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con
métodos más modernos y procedimientos menos complicados, en la medida
de lo posible, que cumplan satisfactoriamente su función
constitucional de garantizar en tiempo razonable la tutela de los
derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica al
actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Como
poder, debe ser y mostrarse como sujeto realmente independiente,
garante del cumplimiento de la ley, pero también como poder unitario
e integrado capaz de encaminar el esfuerzo de toda la institución en
la misma dirección, de corregir sus disfunciones y de exigir
responsabilidades. Añado a ello, como objetivos no menores, la
necesidad imperiosa de conseguir la recuperación colectiva de la fe
en la justicia y el reforzamiento de la autoestima y del prestigio
social de la profesión y, con ello, el estímulo y la voluntad de
servicio, para bien de todos los ciudadanos.

La propuesta que para propiciar todo esto presento hoy a esta
Comisión parte de la premisa metodológica de que nuestra justicia
precisa reformas múltiples de gran envergadura. Persigue, por tanto,
afrontar este reto colectivo con un proyecto global y con vocación de
estabilidad y permanencia; un proyecto no cosmético, sino que acometa
decididamente el fondo de los problemas; un modelo que trascienda de
intereses coyunturales y excluyentes, construido sobre soluciones
integrales y perdurables y con el norte puesto en las necesidades de
los ciudadanos. Una apuesta de futuro, señorías, que sirva para ganar
la modernidad y afrontar los novísimos desafíos de nuestras complejas
sociedades



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modernas en el mundo de la Administración de justicia y del aparato
jurídico del Estado, y teniendo siempre muy presente que cuando
hablamos de justicia no sólo está en juego el buen funcionamiento y
la mayor eficacia de un servicio público muy importante, en relación
con el cual el ciudadano ha de sentirse, cuando menos, igual de
satisfecho que ya se siente con el funcionamiento de otros servicios,
sino también elementos sustanciales de nuestro Estado de derecho como
la garantía de los derechos de los ciudadanos o el sometimiento de
todos los poderes a reglas objetivas recogidas en las leyes.

Este proyecto para una nueva justicia se asienta sobre una serie de
ejes que muy sintéticamente comenzaré por resumir, para que puedan
desde este primer momento tener una visión de conjunto sobre nuestros
propósitos. El primero de estos ejes es que una nueva justicia
requiere, en primer lugar, una nueva organización judicial, con
modificaciones importantes para descongestionar y reducir con ello
retrasos y dilaciones, recuperar en lo posible la justicia más
próxima al ciudadano, ajustar la organización a la carga de trabajo
existente en cada parte del territorio nacional o asumir las
especializaciones que requiere nuestro tiempo y ordenar el sistema de
recursos.

En segundo lugar, es preciso disponer de un número suficiente de
jueces y magistrados independientes y profesionales.

En tercer lugar, para la mejora de la justicia resulta decisivo
aprobar un nuevo estatuto de todo el personal que la protagoniza, de
los jueces, de los fiscales, de los secretarios, oficiales,
auxiliares y agentes. Formularé con detalle numerosas propuestas a
tal efecto, que tienen como sello común el reforzamiento de la
preparación, el trazado de una carrera incentivadora, la revisión del
sistema retributivo y la preocupación por la especialización.

En cuarto lugar, un capítulo especialmente importante lo constituye
la reforma de las reglas procesales para que, sin merma de las
garantías, se agilicen todo lo posible. Ello se completa con fórmulas
para reducir la litigiosidad y con el reforzamiento de diversos
procedimientos de solución extrajudicial de conflictos.

En quinto lugar, la justicia precisa de una infraestructura
administrativa tan bien organizada como dotada y ello constituye otro
de los ejes básicos de la reforma. Para ello se propone una nueva
oficina judicial moderna y con un mejor aprovechamiento de las
energías personales y de los medios materiales.

En sexto lugar, se introducen numerosos cambios con el propósito de
modernizar los métodos de trabajo y lo que cabría llamar los derechos
de los usuarios de la Administración de justicia. Se trata de superar
tradiciones obsoletas, de aprovechar las muy buenas experiencias de
otros muchos procesos de modernización de las estructuras y de los
hábitos públicos y de introducir la
mayor transparencia y la mejor atención e información al ciudadano.

En séptimo lugar, la reforma pasa también por un gran esfuerzo en la
mejora de los medios materiales y la incorporación decidida de las
nuevas tecnologías para la información, gestión y comunicación de la
justicia.




En octavo lugar, con toda evidencia, todo lo dicho va a exigir a su
vez un importante esfuerzo financiero. Hay que hacerlo conforme a un
plan coherente con la naturaleza y el ritmo de las restantes medidas.

En noveno lugar, elemento decisivo habrá de ser también el
fortalecimiento de la independencia y de la posición institucional
del Poder Judicial, para lo cual resulta preciso modificar algunos
aspectos fundamentales de sus órganos de gobierno, de forma que se
potencie su independencia frente a la política o frente a cualquier
otro factor y su capacidad de integración para actuar como una
institución vertebrada, ordenada y razonablemente previsible.

Finalmente, en décimo lugar, se propone avanzar en el desarrollo del
Estado autonómico, transfiriendo competencias y ampliando y ordenando
las ya transferidas, en un marco de trabajo conjunto y de
colaboración de la Administración del Estado, de las administraciones
autonómicas y del Consejo General del Poder Judicial.

Pues bien, señorías, trazado este esquema general, comienzo su
desarrollo refiriéndome en primer lugar al gobierno del Poder
Judicial. El gobierno del Poder Judicial, tal y como ha sido
desarrollado por la ley, especialmente desde 1985, requiere cambios
importantes y urgentes, muy principalmente por la forma de elección
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que tenemos
desde entonces. Escuchen, señorías, lo que dicen los ciudadanos en la
calle: que con este sistema hay vocales del PP, vocales del PSOE
o vocales de éste o de aquél, que las actuaciones de los vocales
responden, en consecuencia, a los intereses políticos de quienes les
promovieron y que esa savia política irradia en toda la estructura
jurisdiccional. Y así sucesivamente. Lo malo de este clima
generalizado de opinión es que tales juicios, a pesar del crédito y
del esfuerzo que a título personal han empeñado ilustres vocales
durante estos lustros, están teniendo una incidencia determinante en
los problemas de la justicia, como símbolo máximo de desprestigio
para los ciudadanos y, lo que es probablemente peor, como elemento de
deslegitimación de todo un poder del Estado ante la comunidad y de
descrédito ante los propios profesionales. Y lo más grave es que todo
ello es rigurosamente innecesario. Resulta fácil imaginar docenas de
sistemas de elección que, obviando semejante imagen de clientelismo,
permitan elegir a personas del máximo prestigio en la profesión, que
desarrollarán la encomienda como miembros de un colegio indiscutido,
pleno de auctoritas, libre para dirigir y corregir, de



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acuerdo con lo que les dicte su conciencia y su experiencia, por el
bien exclusivo de un funcionamiento ordenado de la justicia y del
interés general del Estado. De todos estos sistemas de elección,
pensamos, como ya tempranamente lo hizo el Tribunal Constitucional en
1986, que el mejor es el que se deduce con facilidad de la letra y
del espíritu de la Constitución; un sistema en el que sean los
propios jueces y magistrados quienes elijan a los 12 miembros de
extracción judicial mediante una fórmula proporcional que garantice
la representación plural. Por eso lo proponemos. Estamos dispuestos
a que nos demuestren que puede haber otro mejor, pero estamos seguros
de que el que ahora tenemos ha producido un daño formidable que, con
el acuerdo de todos, estamos en condiciones de evitar que se
convierta en un daño irreparable.

Por lo que se refiere a la posición, organización y funciones del
ministerio fiscal, ya dije en su día y repito hoy que perseguimos un
acuerdo básico para asegurar los fines que el artículo 124 de la
Constitución le otorga, adecuando la normativa que lo regula. Para
ello, será preciso reformar su estatuto y su reglamento, de 1969, que
han quedado obsoletos en diversas cuestiones. En lo estructural, ello
habrá de traducirse en la adaptación de su organización interna,
aumentando sus recursos humanos y medios materiales a las nuevas
funciones con que el ordenamiento jurídico está acrecentando su
misión. En lo funcional, habrá de estarse principalmente a lo que
disponga una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, a lo que luego me
referiré. Y por lo que se refiere al estatuto personal de sus
miembros, en línea con lo que también especificaré más adelante para
los jueces, han de potenciarse importantes cambios que afectan al
sistema de acceso, a la formación permanente, a la especialización,
al modelo de carrera y al régimen retributivo. Los criterios de
mérito, formación continuada, especialización, rendimiento y calidad
del trabajo deben ser determinantes, junto a la antigüedad
escalafonal, para la promoción, la adjudicación de destinos y el
nivel retributivo.

Con respecto a la adaptación de la justicia al Estado de las
autonomías, teniendo claro que la justicia es una función estatal de
primer orden que debe asegurar la igualdad de todos los españoles en
el acceso a un servicio básico y en el disfrute de sus derechos y
respetando el marco que determina el modelo constitucional, resulta
posible avanzar en el proceso descentralizador, cuando menos, en
cuatro niveles. En primer lugar, facilitando el traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a aquellas comunidades
autónomas que aún no tienen transferidas las competencias en materia
de provisión de los medios personales, materiales y económicos
necesarios para el funcionamiento de la Administración de justicia.

En segundo lugar, asentando sobre bases estables la previsión del
artículo 152 de la Constitución de que los tribunales superiores de
Justicia culminarán la organización judicial
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En tercer
término, dado que se ha conformado un sistema de competencias
compartidas sobre la administración de la Administración de justicia,
se propiciará una regulación clara sobre el alcance de la competencia
de cada Administración y de los mecanismos de coordinación, que aquí
resultan absolutamente inexcusables. Y por último, la aproximación de
la Administración al ciudadano debe tener su manifestación también en
el gobierno del Poder Judicial, concretado en cada uno de los
tribunales. Por ello se incrementarán las atribuciones de las salas
de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, en razón de la
proximidad a los juzgados y tribunales de su territorio, que permite
una adecuada y mejor evaluación de cuestiones concretas, en
particular en materia inspectora y disciplinaria.

Más adelante voy a tener ocasión de entrar en detalle en algunos de
estos extremos, al hilo del examen de la oficina judicial y del
estatuto del personal al servicio de la Administración de justicia y
de la distribución de competencias entre tribunales, a lo que me
refiero inmediatamente. Ya adelanto que lo explicado va a significar
necesariamente un incremento de las competencias de las comunidades
autónomas en lo que se refiere a la gestión de medios humanos y
materiales, en un modelo que requiere una coordinación y una
cooperación muy dinámicas, a cuyo efecto resultará capital el trabajo
conjunto y la colaboración entre las comunidades autónomas, el
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, y el
fortalecimiento de la labor de la Conferencia sectorial de Justicia.

Entraré en materia de organización y distribución de competencias de
los órganos judiciales, en primer lugar, del Tribunal Supremo. De
este tribunal preocupa principalmente su carga de trabajo y su
capacidad para cumplir el papel que la Constitución le encomienda
como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. Afrontar
esa situación exige un replanteamiento del recurso de casación que,
vinculado a la idea del interés casacional, debe servir para que sólo
accedan al Supremo, sin colapsarlo, los asuntos que lo requieran dada
la finalidad perseguida con la casación, y que ha de potenciar la
función de este tribunal como garante de la unidad de doctrina en
todos los órdenes jurisdiccionales, y, con ello, de la igualdad de
los ciudadanos ante la ley, impidiendo así la injusticia de
resoluciones distintas ante supuestos idénticos.

Puede ser, señorías, también esta una buena ocasión para afrontar
algunas de las cuestiones que se han planteado en estos años en las
relaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y
para introducir en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
algunas de las mejoras sugeridas por este tribunal. Indiscutible
parece, por ejemplo, que, para reducir la presión de este último y
aliviar los retrasos que origina el número espectacular de recursos
de amparo, próximos ya a los6.000 anuales, estos se restrinjan por
ley con una nueva



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regulación de las causas de inadmisión. Como derivado de ello,
proponemos reflexionar sobre la posibilidad de dar un mayor
protagonismo al Tribunal Supremo en la protección de derechos
fundamentales.

Los tribunales superiores de Justicia deben también modificar sus
competencias como última instancia en cada territorio autonómico, sin
perjuicio de lo dicho para el Tribunal Supremo. En materia penal
asumirán la segunda instancia y en materia de derecho autonómico
desarrollarán una función casacional análoga a la del Supremo y
sustituirán a éste en el conocimiento de una buena parte de los
recursos de revisión y de las peticiones de ejecución de sentencias
dictadas por los tribunales extranjeros.

En este ámbito, quiero insistir ahora en uno de los objetivos
fundamentales de la reforma, que es acercar la justicia al ciudadano.

Propongo aprobar un nuevo mapa judicial con demarcaciones más
pequeñas y más juzgados más cercanos, que corrijan las carencias
detectadas en la actualidad y atiendan al índice real de litigiosidad
en las distintas zonas de España. Con este mismo propósito, de
acercar la justicia al ciudadano, planteo redefinir los órganos de
primera instancia civil, aligerando su actual carga de trabajo
mediante la creación de unos nuevos juzgados, denominados juzgados de
lo Civil, de nivel intermedio entre las audiencias provinciales y los
juzgados de Primera Instancia y ámbito territorial preferentemente
provincial, para la sustanciación de los procedimientos de mayor
cuantía o complejidad. Con ello los juzgados de Primera Instancia,
aliviados en parte de su carga, se aproximarán al ciudadano con
nuevas demarcaciones en aquellos partidos judiciales que así lo
requieran.

Este nuevo diseño en el orden civil ha de venir acompañado de otra
novedad de la mayor relevancia, como es el establecimiento de órganos
especializados en aquellas localidades en las que el índice de
conflictividad sobre una misma materia pueda dar cobertura a esa
demanda. Me estoy refiriendo principalmente a los juzgados
mercantiles y a las correspondientes salas o secciones mercantiles.

En el orden penal también se procederá a reducir, a semejanza de lo
que he dicho en el orden civil, los partidos judiciales más grandes,
creando órganos que estén más cercanos a los ciudadanos.

Para terminar este capítulo, les recuerdo lo que ya dije en mi
primera comparecencia ante esta Comisión. Nos proponemos reformar el
actual sistema de jurado, con el fin de implantar un sistema mixto o
escabinado, con un tribunal mezcla de legos y expertos, similar al de
los países de nuestro entorno. Esta reforma de la Ley del Jurado
habrá de servir también para introducir algunas de las modificaciones
que se han venido solicitando insistentemente y de forma
generalizada.

Pasando de las cuestiones de organización a las de personal, me
centraré ahora en los aspectos relativos a la carrera judicial. Con
toda evidencia, la justicia del
futuro pasa por la cobertura de todas las plazas que resulten
necesarias con jueces profesionales, que ejerzan sus funciones bajo
los principios de independencia, imparcialidad y profesionalidad. La
receta es sencilla: suficiencia, máxima profesionalización y
competencia técnica, e independencia. En cuanto a lo primero, la
previsión del número de plazas precisas para una cobertura razonable
de las necesidades, ha sido ya objeto de diversos estudios, como
ustedes conocen. El Consejo General del Poder Judicial habla, por
ejemplo, de la creación de 1.365 plazas en el próximo decenio, para
alcanzar un total de 5.282 plazas. Quiere ello decir que ha de
preverse un procedimiento y un calendario realista para la ampliación
progresiva de la planta, en relación directa además con los cambios
orgánicos y procesales que se propicien con la reforma. Sólo con un
análisis profundo de la litigiosidad y, lógicamente, con las
disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la reforma ha de
basarse en un proceso decidido de reducción progresiva de figuras
excepcionales como sustitutos y suplentes. Y, al tiempo, en un nuevo
estatuto profesional de jueces y magistrados en el que se reflejen
cuando menos los siguientes criterios. Selección objetiva y rigurosa,
con pruebas que completen los temarios con disciplinas que se estiman
complemento necesario para el ejercicio de la función judicial. Las
pruebas deberán permitir valorar la cultura, madurez y capacidad
argumental del aspirante. El sistema ordinario de ingreso en la
carrera será la oposición. La posibilidad excepcional de ingresar en
la misma por los turnos de juristas expertos requerirá acreditar unos
méritos relevantes, capacidad y experiencia, y un procedimiento de
comprobación objetivo, imparcial y riguroso de los mismos.

Relevancia decisiva de la formación inicial en materias jurídicas, no
jurídicas y también de la formación continuada, de contenido
especialmente práctico, insistiendo en aspectos novedosos como la
utilización de las nuevas tecnologías, el aprendizaje de idiomas de
los países de la Unión Europea, de las lenguas cooficiales de las
comunidades autónomas y el derecho comunitario. La Escuela Judicial,
como el Centro de Estudios Judiciales, deben ser un instrumento
decisivo a estos efectos, ofreciendo incluso la realización de cursos
y procesos de aprendizaje y especialización a través de la red.

Es indispensable potenciar la idea de carrera, superando el exclusivo
criterio de la antigüedad e incorporando los criterios de mérito,
formación, especialización, rendimiento y calidad del trabajo, como
criterios de promoción y adjudicación de destinos y,
consecuentemente, de mejores niveles retributivos. Lógico es que la
entrada en la judicatura tenga lugar en órganos unipersonales con
menor carga de trabajo y sin especialización y que se establezca un
tiempo mínimo de permanencia en estos. Lógico es también que después,
con los sistemas objetivos de evaluación que se establezcan,



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pueda desarrollarse una carrera profesional basada además de en la
experiencia, en el mérito, en el esfuerzo y en el trabajo bien hecho.

Ello debe ir acompañado de un buen diseño de las exigencias
correspondientes a cada destino, de las condiciones para el acceso a
determinados cargos, de un incremento de las exigencias para el
desempeño de algunos de ellos (y pongo por ejemplo los juzgados
centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional), y de las
correspondientes previsiones sobre el tiempo de permanencia en los
mismos.

Habida cuenta de que la especialización en determinadas materias es
cada día más relevante ante la complejidad de los litigios, se
procurará a tal efecto una adecuada formación y se articularán
pruebas objetivas para la cobertura de las plazas que requieran
conocimientos singulares.

Señorías, es preciso, en fin, replantear el diseño del sistema
retributivo asumiendo los criterios que acaban de desgranarse, es
decir, articulando un modelo incentivador para hacer atrayente la
carrera, para garantizar no sólo la independencia política sino
también la económica y para fomentar la formación, el rendimiento y
la asunción de mayores responsabilidades. Esto se materializará
mediante la presentación a estas Cortes del correspondiente proyecto
de ley para su discusión y aprobación.

Por último, en cuanto a la independencia, del mismo modo que todos
debemos hacer cuanto esté en nuestras competencias para hacerla
respetar, los propios protagonistas deben ejercerla y asegurarla.

Para ello, del mismo modo que parece conveniente liberar al juez de
nuestro tiempo de compromisos de gestión, que hoy están limitando su
capacidad resolutoria en el ejercicio de su función típica y
fundamental de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es preciso
establecer un sistema razonable de prohibiciones e incompatibilidades
que priven de vinculaciones que puedan mermar la independencia de
criterio y la propia imagen de independencia. El nuevo estatuto debe
incluir, por tanto, un desarrollo específico de las
incompatibilidades judiciales, previendo no sólo una declaración de
actividades, sino también la limitación de las compatibles.

No puedo terminar este apartado sin una mínima referencia a las
derivaciones del papel constitucional del juez. Los jueces, miembros
de un poder independiente, ejercen una función pública subordinada
pues aplican, en un proceso que dirigen sin interferencias, las
normas de derecho objetivo a los casos suscitados por una petición de
justicia, respetando la jerarquía de fuentes que conforma nuestro
ordenamiento. Cuando yerran o desconocen la ley o la jurisprudencia,
existe la posibilidad procesal de corregir su doctrina y pueden
incurrir en responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones y
por el funcionamiento anormal del servicio, lo que hoy tiene una
incidencia milmillonaria en el presupuesto del Ministerio de
Justicia. Lo primero debe resolverse con el sistema de recursos; lo
segundo
requiere una regulación más detallada que promueva una mayor
atención del juez al destino posterior de sus pronunciamientos,
incida como un elemento más en la carrera y se le repercuta en los
casos legalmente previstos.

Al margen de ello, es general la opinión de que resulta indispensable
mejorar el derecho disciplinario mediante la modificación del cuadro
actual de infracciones y sanciones, del procedimiento sancionador y
del sistema de recursos. Junto a ello, es necesario potenciar la
inspección y la corrección de desviaciones, no sólo para que los
pocos -que son muy pocos- incumplidores no trasladen a la opinión
pública una imagen errónea del auténtico funcionamiento de la
generalidad, sino también porque, además de ejecutar una misión
permanente de inspección que desemboque en consecuencias prácticas,
los servicios de inspección son unos instrumentos valiosísimos para
formular sugerencias que mejoren el funcionamiento para ofrecer
a toda la organización pautas de gestión y para desarrollar misiones
temáticas, como evaluar una actividad determinada, preparar una
reforma o medir su impacto. La transparencia, es decir, el
conocimiento público periódico de la actividad de cada órgano, el
establecimiento de módulos elaborados por especialistas y la
tipificación del cumplimiento de deberes al modo usual para otros
servidores públicos, contribuirán, cuando proceda, al reproche de la
falta de cumplimiento y a la exigencia de responsabilidad.

A fin de obtener un conocimiento continuo del volumen de trabajo de
los distintos órganos, se procederá a incorporar los métodos de
análisis y técnica de auditoría operativa que ya funcionan en otros
ámbitos de la Administración pública. Una estadística fiable y basada
tanto en criterios cuantitativos como cualitativos será punto de
partida indispensable para toda política en materia de justicia.

Cuestiones como la determinación de la planta judicial, la definición
de las necesidades de plantilla, el estudio de la litigiosidad, las
necesidades materiales y por tanto, las reformas legales y
organtizativas, han de tener su fundamento en el futuro en un buen
sistema estadístico. Muchas de estas modificaciones que acabo de
explicar son aplicables también al resto del personal al servicio de
la Administración de justicia para quienes, sin perjuicio de
continuar integrados en cuerpos nacionales dependientes del
Ministerio de Justicia, se proponen cambios no menos profundos.

En primer lugar, en lo que se refiere a los secretarios judiciales,
se pretende una clara potenciación de estos profesionales; hoy no son
suficientemente aprovechados para que puedan ejercer distintas
funciones en una organización cada vez más compleja, donde la
especialización y división del trabajo han de convertirse en
elementos decisivos para la agilización y para la eficacia de todo el
sistema. Por una parte, impulsarán losprocesos de todo tipo y
asumirán la responsabilidad de



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la práctica de los actos de comunicación. Proponemos que asuman
competencias en los procedimientos de ejecución y en la resolución de
determinados procedimientos de jurisdicción voluntaria, conservando
el ejercicio de la fe pública judicial. Por otra, las relaciones de
puestos de trabajo, a las que me referiré más adelante al ocuparme de
la oficina judicial, incluirán puestos de gestión a los que podrán
acceder los secretarios, en los que ejercerán funciones de dirección
administrativa, de estudio y propuesta y, en algunos casos,
ostentarán la jefatura de personal.

El cuerpo, que mantendrá su carácter nacional dependiente del
Ministerio de Justicia, se estructurará jerárquicamente, ordenándose
los puestos de trabajo conforme a un diseño piramidal, en cuyo
vértice aparece el secretario de gobierno, ya sea del Tribunal
Supremo, de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de
Justicia. En el caso de los tribunales superiores de Justicia,
intervendrán en su designación las comunidades autónomas que tengan
competencias transferidas en materia de justicia, y tendrán la
consideración de puestos intermedios en este nuevo organigrama los
secretarios coordinadores de las audiencias provinciales o de los
servicios comunes en los grandes núcleos de población, que ostentarán
competencias, bajo el principio de dependencia jerárquica, en materia
de gestión, inspección, coordinación procesal y organización. La base
del cuerpo la constituirán los secretarios judiciales destinados en
órganos judiciales de pequeño o mediano tamaño. No hace falta añadir
que todo ello exige una reforma profunda de su estatuto y un esfuerzo
especialmente intenso de formación y especialización para el
ejercicio de las variadas tareas que se les reservan.

El resto del personal al servicio de la Administración de justicia
estará formado fundamentalmente por personal funcionario de carrera,
integrado en cuerpos nacionales de nueva definición, en el que se
potenciará su profesionalización incrementándose su nivel de
exigencia para el ingreso en el respectivo cuerpo y exigiéndose
especial formación para el acceso a determinados puestos previstos en
las relaciones de puestos de trabajo. A tal fin, se aprobará un nuevo
estatuto que recoja con claridad el reparto de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas, atribuyendo a éstas una mayor
capacidad de decisión en lo que respecta a la gestión del personal, y
que defina un cuadro de derechos y deberes de este personal ajustado
a los criterios que han quedado expuestos para otros cuerpos al
servicio de la Administración de justicia. Con esta reforma se
persigue también garantizar el funcionamiento ordinario de la
Administración de justicia durante todo el día, mañana y tarde. Ello
permitirá, entre otras cosas, mantener, si fuera necesario, el
funcionamiento ordinario del juzgado o tribunal. La regulación del
horario, que respetará el de audiencia pública fijado por el Consejo
General del Poder Judicial y la
vigilancia de su cumplimiento, así como la instalación de los
procedimientos técnicos de control de su observancia, se efectuará
por las comunidades autónomas dentro del marco común fijado para todo
el territorio nacional por el Ministerio de Justicia, lógicamente con
el fin de asegurar un tratamiento igualitario a los diferentes
usuarios de la justicia y permitir la comunicación en tiempo real de
los distintos órganos. Esto nos introduce en el siguiente capítulo,
referido a las reformas correspondientes a las reglas de
funcionamiento, los medios y los métodos de trabajo.

En primer término, ello nos sitúa ante la necesidad de cambios en la
regulación de los procesos para agilizar nuestro sistema procesal y,
de este modo el funcionamiento de la justicia en su conjunto.

Reformados recientemente los procesos civil y contencioso-
administrativo, es preciso impulsar la aplicación de las leyes
reguladoras de estos nuevos procesos, con los retoques que en su caso
procedan a la vista de la experiencia, especialmente si se tiene en
cuenta que está pendiente la aprobación de una nueva ley concursal,
que pretendemos enviar a esta Cámara en el plazo previsto y que hay
muchos aspectos procesales mejorables con carácter general en todos
los órdenes jurisdiccionales sobre los que debemos reflexionar y
tomar resolución. Destacaré como botones de muestra la ya mencionada
revisión de la casación que, alejándose de la idea revisora, se
centre en la unificación de doctrina; la extensión de los sistemas de
justicia rápida y de justicia de proximidad; las medidas cautelares o
la eliminación de los problemas de dilaciones en las ejecuciones. Más
en concreto, es ineludible afrontar ahora la reforma del proceso
penal con una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Una completa
reforma del proceso penal persigue propósitos muy evidentes, como son
los de mejorar los procedimientos abreviados y de otras formas de
finalización rápida del proceso y de reparación del daño causado para
el enjuiciamiento inmediato de delitos menos graves y flagrantes;
asumir y desarrollar coherentemente las garantías constitucionales,
prisión provisional, una nueva regulación de la posición del
imputado; agilizar trámites en las grandes causas; desarrollar en el
orden penal el procedimiento preferente y sumario previsto en el
artículo 53.2 de la Constitución ; establecer métodos de
investigación y procedimentales apropiados para el enjuiciamiento de
los delitos económicos y de los de nuevo cuño; modificar el régimen
de la acción popular y la acusación particular y adaptar la
regulación de los medios de pruebas, entre otras, cosas a los últimos
avances tecnológicos como, por ejemplo, las declaraciones a través de
videoconferencia, así como otros aspectos concretos urgentes que hay
que tratar como la prisión provisional. El respeto del secreto
sumarial y su alcance; la regulación sistemática de las piezas de
convicción; la prohibición cautelar de que los agresores se acerquen
a las víctimas o la reforma del recurso de queja son cuestiones que
se deben abordar



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durante esta tramitación. Ello habrá de reformarse en conjunto para
resolver definitivamente el debate sobre la instrucción de los
procedimientos por el fiscal o por el juez y para instaurar la
generalización de la doble instancia en materia penal, incrementando
las competencias de los tribunales superiores de Justicia con el
recurso ordinario de apelación.

Señorías, es preciso abordar también una nueva ley de vigilancia
penitenciaria que incorpore las modificaciones aconsejadas por la
experiencia en la aplicación del vigente texto y orientada a un mayor
control judicial de la ejecución de la pena impuesta, progresión de
grados, así como los permisos penitenciarios, adoptando aquellas
medidas que permitan otorgar la oportuna protección de la víctima y
de los terceros. Es el momento de analizar la conveniencia de un juez
de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional para los delitos
competencia de este órgano judicial, en especial, los de terrorismo.

Todo ello sin perjuicio de potenciar la resolución extrajudicial de
conflictos y las medidas de evitación del proceso y de reconsiderar
incluso el papel del juez en el proceso potenciando su capacidad para
promover acuerdos. Con una nueva ley de arbitraje, que sustituya a la
actualmente vigente, que ha quedado rápidamente obsoleta, pretendemos
asentar un conjunto de medidas que faciliten y abaraten el recurso al
arbitraje, doten de eficacia al laudo, extendiendo su posible
aplicación a los ámbitos tanto administrativo como laboral.

Como para todo lo que vengo comentando resulta fundamental el papel
de la abogacía, perseguimos aprobar paralelamente un moderno estatuto
de la abogacía y potenciar servicios tan valiosos como el turno de
oficio o el servicio de orientación destinado a las víctimas de malos
tratos, al tiempo que proponemos reforzar la actividad de
colaboración de los procuradores, quienes podrán ejecutar actos de
notificación, preferiblemente por vía telemática, actividades de
prueba documental y pericial de ejecución de sentencias y de
realización forzosa de los bienes embargados.

En todo caso, quiero insistir en que no se trata tan sólo de aprobar
normas. Debemos revisar igualmente criterios cotidianos de
funcionamiento. Deben realizarse con prontitud las comunicaciones
preceptivas; han de adoptarse medidas para mejorar los equipos de
asistencia en materias en las que resulta especialmente conveniente
o necesario: familia, delitos económicos, reeducación de menores,
quiebras, etcétera. Han de eliminarse, en lo posible, las
suspensiones de los señalamientos, ampliando, conforme ya dije, el
horario semanal y cabe afrontar en este momento la consideración de
los sábados como días inhábiles, sin perjuicio de su posible
habilitación para actuaciones urgentes. Debe conseguirse, en fin, un
lenguaje sencillo y claro, sin demérito del rigor técnico y
propiciarse la claridad, coherencia y motivación de las resoluciones.

Siguiendo con este capítulo de auténticos derechos del ciudadano
ante la justicia, constituye un apartado importante el de
proporcionar a los mismos, en las debidas condiciones, información,
un tratamiento personalizado adecuado y la posibilidad de plantear
quejas y sugerencias. Para ello han de desarrollarse en su totalidad
las pertinentes oficinas de atención e información y un sistema
razonable y ordenado de cita previa. Mejorar la asistencia a las
víctimas de delitos violentos, la asistencia jurídica gratuita y el
turno de oficio, la transparencia, tantas veces mencionada, el acceso
a datos y estadísticas, especialmente por vía informática, forman
parte de este mismo planteamiento.

Gran parte de estas apreciaciones y de otras muchas que podría seguir
enumerando, nos llevan a la cuestión de la mejora del funcionamiento
administrativo de la justicia, y más en concreto a la reforma de la
oficina judicial, que, con seguridad, constituirá una pieza esencial
y decisiva para propiciar la justicia más moderna, ágil y eficaz que
pretendemos y para prestar una atención de calidad a los ciudadanos.

Concebida como una oficina administrativa de apoyo al juez o tribunal
capaz de prestar sus cometidos de apoyo, comunicación y ejecución con
eficacia, con una estructura y una organización suficientes para
atender con celeridad cualquier trámite o procedimiento, se diseñará
diferenciando entre los servicios de apoyo directo al juez y atención
especializada a cada órgano judicial y los servicios comunes o
compartidos por distintos jueces y tribunales de un territorio. Para
los servicios de apoyo directo al juez se corregirá el modelo
tradicional y se van a introducir criterios de flexibilidad que
permitan adaptarlo a las necesidades reales de cada órgano. Los
servicios comunes servirán para aprovechar mucho mejor los recursos,
evitar repeticiones, uniformar tareas y optimizar bases de datos y de
fondos documentales.

Se elaborarán las relaciones de puestos de trabajo como el
instrumento para la ordenación del personal, precisándose los
requisitos de cada puesto, las funciones, la dependencia jerárquica
de los mismos y los niveles retributivos correspondientes a las
plazas de mayor responsabilidad. Habrá un secretario director,
técnico cualificado con un perfil profesional idóneo de liderazgo y
de capacidad de gestión, y que será el responsable del funcionamiento
de toda la oficina, con facultades para organizarla, con técnicas de
gestión típicas de cualquier centro de prestación de servicios. Los
puestos que, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo, no
conlleven el ejercicio de funciones de tramitación procesal podrán
ser cubiertos por funcionarios de las administraciones estatal y
autonómica y se podrán singularizar algunos puestos para la selección
de los profesionales más adecuados para su funcionamiento y, en todo
caso, se introducirá la figura del monitor en materia de informática.

Junto a las personas, sus hábitos y una buena organización, son
decisivos los medios. En primer lugar, losque conforman el espacio
físico del trabajo judicial.




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Resulta indispensable un plan completo de infraestructuras, del que
ya se ha elaborado una propuesta concreta, que permita programar el
esfuerzo necesario para actualizar los edificios judiciales y prever
el calendario y la inversión necesaria para su realización. Esfuerzo
que va dirigido no sólo a cubrir las acusadas carencias actuales de
forma planificada y coherente, sino también trasladar al ciudadano
una imagen común acorde con la dignidad de la importante función que
se desarrolla en esa sede. Los nuevos edificios, que han de ser
funcionales y seguros, deben planificarse con una distribución
interior especialmente cuidadosa, primero, porque los espacios
internos habrán de tener en cuenta las nuevas necesidades -salas de
vista, los servicios comunes a los que acabo de referirme, oficinas
de atención y orientación- y, en segundo término, porque resulta ya
indispensable separar los espacios de acceso libre de uso público en
los que poder ser atendidos por personas debidamente identificadas y
los de acceso limitado, restringiendo así el actual trasiego que
todos ustedes conocen y permitiendo trabajar rentabilizando la
actividad, especialmente si se tiene en cuenta lo dicho sobre el
horario de trabajo y la conveniencia de desarrollarlo en la propia
sede judicial.

El otro gran reto en este apartado es la informatización integral e
interconectada de toda la Administración de justicia, así como la
plena aplicación de las nuevas tecnologías para aligerar decidida y
decisivamente tiempos y trámites no sólo como un instrumento de
archivo, de modelos o tratamiento de textos, que también y con ser
ello muy importante, sino como fuente de información de acceso
inmediato entre otras numerosas bases de datos, archivos y registros
que siempre son de una enorme utilidad para la función jurisdiccional
como instrumento de archivo que ha de sustituir a los legajos y
también como instrumento de comunicación revolucionario que está
llamado a contribuir radicalmente a la agilidad de la justicia. La
elaboración de estadísticas y estudios ha de servir de base para su
mejora y para la información de todos los afectados e interesados.

Las medidas a adoptar en este campo están ya anunciadas o
prefiguradas en muchos casos. Debe continuar la dotación de medios
informáticos, electrónicos y telemáticos que permitan este acceso
a toda clase de información externa, la documentación y archivo en
soporte informático de todos los procesos y la realización inmediata
de los actos de comunicación con cualquier otro órgano y con los
afectados. Para que este proceso resulte, como parece indispensable,
ordenado e integral, se propone la creación de una oficina para el
plan estratégico de las nuevas tecnologías. Esta oficina ha de
responsabilizarse del diseño y aplicación de un plan estratégico,
para el que ha de contarse con la máxima colaboración del Consejo
General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas con
competencia en la materia. Pero entre tanto, no cabe parar. Hay que
seguir completando y
racionalizando los medios informáticos y la conexión entre los
órganos, incluyendo la compatibilización de los sistemas y
aplicaciones. Yse propone poner en marcha otros proyectos de nuevas
tecnologías, como la declaración de peritos o testigos por
videoconferencia, la justicia en red o la utilización de la firma
electrónica en las telecomunicaciones. Todo ello acompañado de planes
especiales intensivos de formación en nuevas tecnologías, que es
absolutamente imprescindible, y de un esfuerzo muy intenso para
facilitar la gestión del cambio de los viejos métodos a los nuevos
métodos, técnicas y medios. Estas dimensiones de la reforma exigen a
su vez un esfuerzo presupuestario, coherente con la envergadura del
empeño. En los estudios que hemos realizado, en atención a las
medidas de todo orden que les vengo proponiendo y, por supuesto, a
falta de concretar el plan financiero riguroso que habrá de
acometerse cuando quede definitivamente fijado el modelo con las
aportaciones de todos los grupos presentes, la reforma de justicia
supone un coste de 250.000 millones adicionales, lógicamente
periodificados en varios ejercicios.

Como ven SS.SS., la tarea que tenemos por delante no es pequeña. Para
poner en ejecución esta reforma van a resultar precisas, en primer
lugar, numerosas reformas legislativas. Los primeros borradores ya
han sido redactados por los servicios del departamento; otros han
sido encomendados a comisiones ad hoc, como la reforma del Código
Penal como consecuencia de los trabajos de la comisión técnica
constituida a tal efecto; otros van a ser objeto de examen por la
comisión general de codificación, por cierto, señorías, se va a
reformar y potenciar esta comisión. Pero junto a las reformas
normativas, van a ser precisas un número todavía más elevado de
medias y decisiones de todos los poderes públicos y de numerosos
sujetos privados, un importante esfuerzo financiero, así como un
cambio de mentalidad de los protagonistas de la justicia que les
permita adaptarse al nuevo modelo. No les oculto que ello afecta
también a los servicios del propio Ministerio de Justicia, obligado
por estas reformas a revisar sus estructuras para poder desarrollar
la intensa actividad para la gestión administrativa que le compete o
el desarrollo legislativo que se ha de poner en marcha para renovar
el seguimiento, control de las gerencias territoriales y para el
reforzamiento y modernización de los numerosos registros existentes y
la constitución de los nuevos previstos en las leyes recientemente
entradas en vigor. Al hilo de estas reformas internas, es preciso
atender en condiciones la expansión de ese importantísimo capítulo
que es la cooperación jurídica internacional en el que estamos
consiguiendo tan importantes avances, asunto del que podremos
ocuparnos en otra sesión. Igualmente, se ha previsto desarrollar un
servicio jurídico del Estado altamente especializado que, utilizando
los más modernos métodos de organización y trabajo, pueda dar una
respuesta eficaz al conjunto de demandas



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de asistencia jurídica a las instituciones públicas, tanto
contenciosa como consultiva. El reglamento que ha de desarrollar la
Ley 52/1997, de asistencia jurídica, será la piedra angular de esta
reforma. Dado que nos corresponde también una labor de impulso para
que todos los operadores jurídicos, públicos o privados, puedan
asumir y aplicar eficazmente los espectaculares cambios de este
comienzo de siglo e incorporarse al desarrollo de esta reforma, no
quiero olvidar en esta relación a los notarios y registradores, dado
que ha de proseguirse el proceso de modernización de la seguridad
jurídica preventiva, fortaleciendo su papel como instrumento para
evitar la litigiosidad, así como para la reducción del coste del
tráfico jurídico. En esta línea, resulta preciso determinar aquellos
ámbitos en los que resulta posible y conveniente su participación en
determinadas actuaciones de jurisdicción voluntaria o más, en
general, en todas las funciones de prevención de conflictos.

No quiero abusar más de su atención y de su tiempo. Termino, por
tanto, con una propuesta muy sencilla de procedimiento. Les ofrezco
un diálogo abierto, leal y sincero y les propongo que desde este
mismo momento comencemos a trabajar en común. Les ofrezco reuninos
con todos y cada uno de los grupos para desarrollar con todo detalle
las numerosas medidas que se contienen en el proyecto que acabo de
esbozar y dialogar en profundidad sobre todas sus propuestas hasta
concluir sin protagonismo un proyecto que sea de todos. Y les
propongo reiterar esos encuentros con el tiempo y con la dedicación
que sean necesarios para que, trabajando con rigor pero con agilidad,
lleguemos cuanto antes a la formalización de los acuerdos que los
ciudadanos esperan de nosotros. Vamos con ello a satisfacer,
señorías, una de las demandas más sentidas de nuestra sociedad. Estoy
seguro de que por decisión, dedicación y empeño no vamos a
defraudarles. Sé que contamos para esta tarea con todos los
profesionales de la justicia, a quienes quiero agradecer no sólo las
aportaciones que puedan hacer para mejorar el proyecto común, sino
tantos años de esfuerzo en condiciones complicadas que han permitido
que, a pesar de las carencias, la justicia haya contribuido a
consolidar el régimen de libertades que disfrutamos. No tengo tampoco
dudas de que las diversas fuerzas políticas sabremos administrar con
generosidad tanto nuestras aportaciones como nuestras renuncias. Es
imprescindible, llevar a cabo la reforma de la justicia. Estamos
decididos a aprovechar esta oportunidad y les pido que lo hagamos
juntos, entre todos.

Gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Vamos a suspender la sesión por espacio de cinco minutos y la
reanudaremos a continuación.




Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la ordenación normal de estos
debates, va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista como peticionario de la
comparecencia del señor ministro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Javier
Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor ministro, quiero que sepa que nuestro
grupo parlamentario también le da la bienvenida y le agradece su
comparecencia y el nivel de explicación, amplio y detallado, que ha
tenido con esta Comisión y, por tanto, con todos los grupos y, de
manera especial, con el Grupo Parlamentario Socialista que había
tomado la iniciativa de solicitar su presencia para que nos dijera
cuál era su idea del pacto de Estado que, me da la impresión, señor
ministro, inicia su arranque en el día de hoy. Hace cinco años que
gobierna el Partido Popular, por mandato de los ciudadanos, y da toda
la impresión de que hoy ustedes se han tomado en serio este asunto.

Si detrás de la descripción detallada de ese pacto -bien es cierto
que concreto y con temas en los que va a ser difícil que estemos de
acuerdo- hay una voluntad política cierta, pudiera entenderse que
comienza a haber una política judicial del Gobierno de la nación.

Nosotros nos tememos, -no quiero que quede como prejuicio-, que esta
teoría, desgranada con rotundidad y con firmeza, esté solapando en el
fondo dos o tres ideas que se quieran cambiar y que la reforma de la
justicia, tan solicitada por todos y sobre la que usted ha teorizado
con brillantez, esconde en su seno, al final, dos o tres cambios, uno
el Consejo General del Poder Judicial y sus sistema de elección, es
decir, cambio de reglas; dos, el alejamiento del acceso a la carrera
judicial por la vía de jurista de prestigio, el llamado tercer
y cuarto turno; y tres, recuperar el sistema de oposición. Sin duda,
hay más cosas, pero algunos podrían temer esto. Yo confío en que no y
quiero decírselo aquí hoy en nombre de mi grupo. Como usted ha
terminado diciendo que ofrece diálogo sincero, reuniones con todos,
consenso, quiero que sepa, desde el primer momento -y terminaré así
la intervención en nombre del Grupo Socialista-, que tiene, toda
nuestra disponibilidad para ese diálogo, para ese consenso por un
pacto de Estado que tenga denominadores comunes y bases aceptadas por
todos. Déjeme decirle desde el principio que cuenta con nuestra
disponibilidad.

Hoy venimos aquí, señor ministro, fundamentalmente a escucharle,
porque esta comparecencia es informativa y no se trata de una
interpelación donde pudiéramos confrontar y enfrentar posiciones,
como es costumbre en esta Comisión de Justicia, con el buen tono que
todos acostumbramos a tener, déjeme que le hable de algunas
cuestiones para que quede clara la



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posición de mi grupo en algunos temas en concreto. Hoy empezamos un
arranque del pacto. Señor ministro, llevan ustedes cinco años
perdidos. Usted concretamente y el nuevo Gobierno llevan un año
perdido. Al margen de lo teórico, la realidad es dura, contundente y
alguna responsabilidad tienen ustedes en lo que está ocurriendo, y
este es el lugar, el control parlamentario, para solicitar esas
responsabilidades y ponerlas de manifiesto.

No ha habido una primera fase en el pacto desde el 24 de mayo porque
el plan de choque no es una medida de esa plan. Fue una medida
urgente que tenía dos pilares, a cual, si me permite usted, más
desafortunados, por eso contó con el voto negativo de nuestro grupo y
algunos más. Se quería modernizar la justicia ampliando la edad de
jubilación -se quiere todavía-, y se quería enfrentar a los jueces
con la dificultad cada día mayor de los pleitos, limitando su
formación jurídica. Es evidente que semejante aberración, y éste sí
es un hecho que usted ha realizado no puede formar parte de una
política judicial seria.

Señor ministro, ha habido imprevisión en la entrada en vigor de dos
leyes importantes, fundamentales, que nosotros aplaudimos porque sí
entendíamos que formaban parte de una reforma de la Administración de
justicia solicitada por todos. La ley penal del menor, con todos sus
cambios legislativos, seguramente va a resultar uno de los ejemplos
en donde el concierto de fallos e imprevisiones ha sido más amplio en
este Ministerio y en el Gobierno. No se han transferido medios; no se
han cubierto con antelación plazas de jueces y fiscales; las
comunidades autónomas están, -no sólo las socialista, sino también
las dirigidas por el Partido Popular, por el PNV o por Convergència i
Unió-, casi en pie de guerra frente al Ministerio que no da
transferencia de medios. Leeré después alguno de esos acuerdos por
unanimidad que se han producido en Navarra en febrero, a la vista de
que usted, a lo mejor, no conoce esa información. No están a bien con
usted porque, como consecuencia de estas leyes, han tenido que
incrementar sus presupuestos las siete comunidades con competencia en
más de 27.000 millones de pesetas de las cuales usted, en ese
esfuerzo presupuestario, no ha aportado nada. La ley de
Enjuiciamiento Civil no ha adoptado medidas de planta, ni medios
materiales y personales, ni medios tecnológicos indispensables para
su funcionamiento. Y qué mejor lugar para conocer la realidad de una
política judicial que el debate presupuestario, que se ha limitado a
aumentar en la consignación básica 13.000 millones más para la
justicia. Hoy nos ha advertido de que puede haber un plan financiero
que supere los 250.000 millones adicionales, después tendremos
ocasión de preguntarle con qué fórmula. Es una buena noticia. Lo que
ha ocurrido durante este año, desde el 24 de mayo en su última
comparecencia, es que sólo tenemos el 0,8 por ciento de los
Presupuestos Generales del Estado y eso ha significado exclusivamente
103 plazas de jueces, frente a las 250 que solicita el Consejo
General del Poder Judicial, o 129 fiscales nuevos, frente a las 170
plazas que solicitaba el propio Consejo Fiscal. Esta es la realidad,
señor ministro, realidad de la que se quiere despegar hoy y a
nosotros nos parece bien.

Otra realidad. En este año ha habido un claro deterioro de la imagen
de la justicia, poco valorada desgraciadamente en los sondeos -digo
desgraciadamente porque es malo para todos- porque a aquellos que son
titulares de la justicia, el pueblo, da unos niveles de credibilidad
bajos. Frente a ello, el Gobierno este último año no sólo no ha hecho
nada, sino que ha procurado una serie de enfrentamientos judiciales o
al Poder Judicial inadmisibles. Hay que calificar de desatino
determinadas decisiones del Ejecutivo, como es el tema de los
indultos famosos en los cuales no vamos a volver a entrar porque
bastante doctrina han hecho y bastante escándalo han significado ante
la opinión pública. O el histerismo -déjeme calificarlo así, señor
ministro- del Gobierno y de su Ministerio ante reveses judiciales que
tienen que ser acatados, aunque sean recurridos, con normalidad por
la fuerza que gobierna y que garantiza la credibilidad y la
legitimidad del Poder Judicial, que tiene entre sus funciones
garantizar la buena imagen del Poder Judicial.

La reacción, absolutamente desmedida, frente a la excarcelación del
asunto Xaki o la deslegitimación de tribunales por la resolución de
la Audiencia sobre el tema de funcionarios, achacando, además, a
otros grupos parlamentarios algo que no hemos dicho, ponen de
manifiesto, señor ministro, un cierto histerismo que yo confío -y se
lo digo en la sede en la que quiero que se crean las palabras del
grupo de la oposición- que desaparezca del Gobierno y da la impresión
de que a partir de hoy va a desaparecer. Pero hay desatinos
pronunciados por S.S. -a nuestro entender- hace poco. Y tenemos que
decirlo aquí porque esta es la sede donde políticamente podemos
llamarle la atención, señor ministro, porque ese control del
Parlamento es nuestro control. Usted, señor ministro, que es ministro
de Justicia, no puede decir que lo que no puede ser es que se empiece
cuestionando el derecho de gracia del Gobierno y se acabe negando la
aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada
por el Congreso, y ello por tribunales que no tienen competencia para
hacerlo. Porque usted es el ministro de Justicia, no es un enlace
sindical; es una persona que sabe de derecho, que sabe cuáles son las
competencias del Gobierno, pero que sabe que esto no es prudente que
lo diga el ministro que acoge, que avala, que tranquiliza y que apoya
al poder del Estado que es el Poder Judicial. Usted, señor ministro,
que es ministro de Justicia, no puede decir que el objetivo de su
reforma -y hoy no lo ha dicho, le agradecemos que no lo haya dicho,
ha hecho alguna alusión, seguramente sobre ello podremosdespués
comentar algo- es garantizar la independencia



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de los jueces y los tribunales, su profesionalidad y su sometimiento
a la ley y al derecho, así como a la división de poderes. Esto, señor
ministro, está garantizado. Y si usted lo dice, da toda la impresión
de que está achacando a los miembros del Poder Judicial la
ilegalidad, la falta de profesionalidad o un escaso sometimiento a la
ley y al derecho, o que no tiene independencia. Y ellos saben que la
ley les blinda frente a la presión, incluso la del ministro de
Justicia, que espero que no haya tenido esos fines, estoy seguro.

Pero esto lo ha dicho usted hace unos días, hoy comparece aquí y algo
tenía que decir el Grupo Parlamentario Socialista, y es que eso no es
asumible por nosotros, porque deslegitima al Poder Judicial y, por lo
tanto, se hace poco por algo que usted proclama, que es la separación
de los poderes del Estado y la aceptación de esos poderes en su
actividad normal, aceptación de sus errores, sus triunfos y sus
aciertos. Porque los primeros que tienen que avalar la división de
poderes somos nosotros los parlamentarios, que la legitimamos; el
segundo es el Gobierno y si hablamos de Poder Judicial, el tercero es
el ministro de Justicia, señor ministro. Por lo tanto, ese
enfrentamiento, que estoy seguro que va a desaparecer, hace poco para
crear un clima de pacto frente al cual tiene, señoría, nuestra
disponibilidad. Por lo tanto, señor ministro, señor presidente, se
están confundiendo -a nuestro entender- en ocasiones, al menos fuera
de este Parlamento, problemas de la justicia con problemas del
Gobierno con la justicia, que no es lo mismo. Los reveses de los
ciudadanos ante la justicia son unos y los reveses del Gobierno ante
la justicia, otros. Los primeros de mayor calado y más interesantes
para todos nosotros, señor ministro. Da la impresión de que no le
preocupan tanto las dificultades por las que pasan los ciudadanos
ante la Administración de justicia, como el hecho -y cito- de que se
respeten los poderes de este Gobierno y de los que vengan, dice el
presidente del Gobierno, señor Aznar. Parece que preocupan más los
poderes del Gobierno que el poder que hoy estamos aquí reclamando
para el pueblo, auténtico titular de ese poder.

La justicia -usted lo decía y lo decía muy bien, señor ministro-
tiene problemas de credibilidad y de eficacia. Este año, a nuestro
entender, no se ha hecho nada. O si quiere que se lo digamos de otra
manera, se ha hecho muy poco por solventar estos problemas. Ya no
vale echar la culpa a los otros, porque los otros son ustedes, porque
llevan cinco años. Si la justicia es lenta o es cara -y usted lo ha
dicho y estamos de acuerdo- alguna responsabilidad, señor ministro,
tiene que tener este Gobierno que durante cinco años no ha hecho lo
suficiente para que eso no fuera así. Y eso es lo que hoy nos dice
que tenemos que solucionar. Muy bien, hagámoslo. Pero sepamos la
realidad y concretemos y después estoy seguro que ampliar el nivel de
información que, insisto, le agradecemos en esta Comisión con su
presencia, nos va a ayudar a ir concretando ese pacto
que después tendrá conversaciones de carácter bilateral,
multilateral, con grupos, etcétera y que le agradecemos. Pero hay
siete millones de asuntos que todos los años entran en los juzgados.

Si estamos hablando de la oficina judicial, de nuevos métodos de
informatización, ¿cómo y cuándo? Porque son siete millones de asuntos
los que entran todos los años en los juzgados. Por lo tanto, son
cientos de miles de españoles los que quieren aproximarse al servicio
público de la justicia y no tienen un servicio correcto. ¿Qué les
decimos hoy, que es el día en que nos están escuchando? A ver si
somos capaces de hacer ese pacto que impide estos problemas u otro
que antes le comentábamos. Usted lo sabe, señor ministro y ha aludido
a ello. Hay cerca de dos millones y medio de asuntos pendientes en
los juzgados. ¿Cuánto tiempo les damos a los ciudadanos para que les
resuelvan su asunto?
Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial este año ha
subido un 3 por ciento la pendencia, ¿qué le decimos, en términos de
concreción, a los ciudadanos? ¿O va a ser todo consecuencia de las
conversaciones? Lo único que parece que ustedes tienen más claro es
el cambio del Consejo, no al tercer y cuarto turno y, lo demás,
conversaciones. ¿Qué les decimos? ¿Por qué España tiene un juez por
cada 11.000 habitantes y la Unión Europea uno por cada 8.000? Esto es
la realidad, señor ministro. ¿O qué les decimos a los operadores de
la justicia, 111 de los cuales, jueces de Madrid, están en una huelga
de celo porque reclaman mejores condiciones y subidas salariales,
entre otras cosas? ¿Qué les decimos? ¿O los que están en huelga en
Canarias, hoy? ¿Qué les decimos? Porque hay alguna asociación que
está, incluso, impulsando ese estilo, seguramente porque no ven con
claridad que lo que usted tan bien teoriza sea algún día algo que
veamos, que los ciudadanos tocan en la realidad, señor ministro.

¿Hablamos de esto? ¿O hablamos solo del pacto o de que uno de los
elementos fundamentales del pacto, un elemento sine qua non -a lo
mejor no- es el cambio del Consejo General del Poder Judicial y su
elección? Yo he querido entender que no, porque la última parte de su
intervención ha sido muy en positivo: diálogo sincero, me ha parecido
entender, sin condiciones, pero, ¿está esto condicionado al cambio de
reglas, señor ministro? Hay en este momento una elección del Consejo
General del Poder Judicial definida por este Parlamento, ¿este
Parlamento tiene que abandonarla para entrar en el pacto?
El Consejo General del Poder Judicial, señor ministro, es un órgano
político -no nos olvidemos- y quien le da legitimación es el Congreso
de los Diputados, el Parlamento, no le quepa la menor duda. No pueden
ser de la misma condición en cuanto a la legitimación popular
democrática aquellos que van a cumplir sus funciones avalados por
asociaciones corporativas que aquellos que avala el pueblo.




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¿Qué significa eso de clientelismo, señor ministro? Es difícil
entender desde la sede de la democracia que se diga por un ministro
de Justicia que los grupos parlamentarios hacen clientelismo a la
hora de elegir -estoy seguro de que con el mejor de los criterios- a
aquellos que van a gobernar a los jueces siendo miembros del Consejo
General del Poder Judicial. Señor ministro, estoy seguro de que es un
paréntesis no deseado. Creo que usted ha deslegitimado al Parlamento
porque créame que éste no hace clientelismo. Podrá confundirse, a lo
mejor tendremos que cambiar el instrumento o el método, pero el
Parlamento, no le quepa la menor duda, señor ministro, blinda a
aquellos que conforman el Consejo General del Poder Judicial de
presiones que no procedan del pueblo. Dicho de otra manera: les
blinda de todo tipo de presiones corporativas, es decir de presiones
inaceptables. Quien tiene que decidir sobre jueces, seleccionarlos y
formarlos tiene un mayor nivel de blindaje si procede de una elección
popular que si procede de una elección corporativa, evidentemente.

¿Por qué habla de clientelismo? ¿Por qué le parece mal que el
Parlamento legitime esa elección? ¿Usted cree que no ha funcionado
bien? Seguramente compartimos esa tesis, señor ministro. Entonces,
que se busque a los más idóneos, que no se haga cambio de cromos
entre los grupos parlamentarios, que estos adopten también su
responsabilidad y comprendan que se trata de una decisión importante
y que no vale decir: yo no miro a los tuyos para que tú no mires a
los míos, sino que todos miramos a aquellos que sean más idóneos. Sin
duda eso es bueno porque hemos tenido malas experiencias de algunos
miembros del Consejo, por cierto ninguno procedente de los elegidos o
dados ante la Cámara por el Grupo Parlamentario Socialista. Por
tanto, que se busquen los más idóneos y si me lo permite el señor
ministro, que conocerá sin duda la posición del grupo, que tengan el
aval de la comunidad jurídica, sin duda. Que tengan la audiencia
parlamentaria precisa para que entre todos veamos el nivel de
idoneidad de cada uno de los miembros de ese Consejo que es un órgano
político de gestión de los jueces. Que tengan por lo tanto el control
parlamentario como consecuencia de sus decisiones y si es necesario
que tenga una renovación parcial, por tramos de años como se hace en
otros órganos, algo que viene reclamando la doctrina más seria; todas
lo son pero consideramos que alguna de ellas ha trabajado más
profundamente sobre este tema y lo viene reclamando porque es bueno
que tengan memoria todos sus miembros de sus trabajos en el seno del
Consejo. Estos son algunos de los supuestos en los que podríamos
variar el método de forma que lo hiciéramos más correcto. Pero, ¿por
qué va a ser peor la elección que nace del pueblo que la que nace de
una asociación y por lo tanto es una elección estrictamente
corporativa? ¿Por qué tiene que tener mayor blindaje una que otra?
Eso no es cierto.

El pacto de Estado, señor ministro, cuya disponibilidad le ponemos de
manifiesto una vez más, no ha contado
nunca -déjeme decírselo porque lo hemos manifestado en más de
una ocasión- con una posición más proclive al mismo. Eso lo pidió el
Gobierno anterior al año 1994 y no contó con una oposición como la
que S.S. y el Gobierno al que pertenece cuentan ahora. Ningún
Gobierno ha tenido más fácil el pacto de Estado que el Gobierno del
que usted forma parte porque seguramente ninguna oposición -podríamos
poner algunos datos encima de la mesa: no lo haremos- ha sido más
seria a la hora de decirle que sí estamos de acuerdo, que sí queremos
un pacto de Estado. No a cualquier precio, eso es evidente, tampoco
lo querrían ustedes ni nadie. No a un contrato de adhesión, es obvio,
porque nosotros tenemos nuestra propia representación y nuestras
propias alternativas y lo que tenemos que buscar es un denominador
común, unas bases de entendimiento que permitan que este pacto tenga
una pervivencia en el tiempo. Que excluya los movimientos
parlamentarios de elecciones generales, los movimientos de Gobierno,
como usted muy bien ha dicho, de forma que se trate de un pacto
estable; creo que usted ha planteado con rotundidad este objetivo, y
a mí me parece correcto. Que no sea un eslogan: sin duda. Que no
barnice otras voluntades distintas. Pero, señor ministro, hoy, en
sede parlamentaria, debemos asumir como partidos, desde luego como
Gobierno, algunas teorías que tenemos que subrayar. Todos nosotros
tenemos que renunciar a deslegitimar al Poder Judicial. Tenemos que
renunciar a deslegitimar la elección del Consejo General del Poder
Judicial. No podemos deslegitimar al Parlamento. No podemos
deslegitimar al Poder Judicial. Señor ministro, desde los partidos
políticos no podemos criticar, denunciar al Consejo General del Poder
Judicial para venir después como bomberos habiendo sido antes
pirómanos. No podemos hacerlo porque deslegitimamos antes y después
no tenemos solución o la solución que tenemos no es la que quiere el
Grupo Parlamentario Socialista. Por eso hay que renunciar a
instrumentalizar la Administración de justicia para dirimir
conflictos políticos o hablar de la independencia de dicha
Administración en función de cuáles son las decisiones y si son
asumibles por el grupo político correspondiente. Tenemos que
renunciar a hablar de la independencia judicial porque está
suficientemente garantizada, señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, cinco minutos más y le ruego que
termine.




El señor BARRERO LÓPEZ: Incluso menos, señor presidente.

Señor ministro, estamos de acuerdo en muchas de las baterías de
propuestas que S.S. ha hecho a la Cámara, muchas de ellas al parecer
recogidas -no digo que lo sean- de los primeros papeles que el
Gobierno anterior dio a esta Cámara y a los grupos solicitandouna
voluntad unánime a favor del pacto de Estado del



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año 1994. En todo caso, muchas de las propuestas que usted ha hecho
son las que el propio Grupo Parlamentario Socialista e incluso el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) asumieron, y con
ellos la Cámara, en un acuerdo del 23 de febrero de 1999. Por lo
tanto, no sólo tenemos que decir afirmativamente que estamos de
acuerdo con ellas sino que les damos la bienvenida porque el
Gobierno, ahora sí, también está de acuerdo con estas tesis. Damos
mucha importancia, señor ministro, a algunos de los temas de los que
usted ha hablado. Déjeme hacerle un recorrido muy rápido.

No hemos entendido bien y me gustaría que nos lo explicara ahora, el
plan financiero de los 250.000 millones adicionales para hacer frente
a un nuevo modelo, a un plan de infraestructuras nuevo, a una mayor
informatización -usted le ha llamado informatización integral-,
etcétera, algo que incluso avala la posición del Partido Socialista y
por tanto nos parece muy correcto. ¿Cómo se concreta este asunto?
Nosotros tenemos un nivel mayor de concreción, y lo ponemos sobre la
mesa. Debe aumentar la dotación presupuestaria sencillamente para
evitar más dilaciones en el tiempo en este asunto de manera que en
los próximos cuatro años podamos llegar -usted conoce nuestra tesis-
a un 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado destinados
a programar la justicia y con ello obviamente hacer frente a lo que
usted ha dicho que quiere hacer frente y que nos parece muy oportuno:
incremento de plantillas y de retribuciones, modernización,
informatización, ofimatización, etcétera. Creemos importante lo que
usted ha dicho del cambio en el proceso penal para que se adapte a la
Constitución y subrayar el principio acusatorio, realizarlo como
principio fundamental -no sé si usted no ha hablado de ello o lo ha
hecho en momentos en los que yo estaba distraído- porque me parece un
elemento fundamental de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
estimular, primar el principio acusatorio. Deberíamos delimitar la
figura del imputado -usted lo ha dicho- lo más rápido posible, porque
daríamos una interpretación auténtica al mundo judicial que tiene en
este caso algunas dificultades de interpretación, seguramente porque
el Parlamento no ha iluminado suficientemente esto. Potenciar al
ministerio fiscal como director de la investigación criminal usted
sabe que es una vieja tesis del Grupo Parlamentario Socialista y yo
no sé si usted ha insistido sobre ello, pero me gustaría que
comentara algo en su segunda intervención.

Estamos muy de acuerdo con el reparto competencial del que usted ha
hablado y en ese sentido deberíamos -no lo ha dicho usted- buscar
métodos o fórmulas para que las comunidades autónomas también
estuvieran presentes en el pacto, porque es una aspiración que
tienen, como es obvio. Lo han puesto de manifiesto y se lo han
remitido así a usted en las últimas reuniones, de manera muy concreta
en la celebrada hace unos días en Navarra y parece lógico que quien
va a ser
el titular mayor de determinadas competencias sea capaz también de
ser cómplice de ese pacto que todos queremos. Me parece fundamental
este apartado, lo solicitan las comunidades autónomas, no sé si usted
se ha hecho eco de ello, no lo recuerdo, seguramente sí y yo le
insisto en ese tema.

Me parece importante que en la aproximación a la justicia tengamos
una reducción de costes de este servicio público y seguramente
tendremos que variar el turno de oficio, abaratar el acceso a la
solución de litigios, buscar medidas prejudiciales o medidas de
arbitraje, implantar la mediación antes y después incluso del inicio
de los procesos, y me gustaría que pudiéramos concretar más sobre
este tema. Querría saber si hay ya documentación suficiente que nos
permita adoptar una iniciativa legislativa, que contaría con nuestro
apoyo en forma de proyecto de ley, si usted quiere en forma de
proposición por parte de los grupos, como usted entienda que es
mejor, pero esto sin duda agilizaría mucho los procesos, habría que
buscar fórmulas distintas de la clásica litigiosidad. La reforma
profunda de la oficina judicial va a contar, señor ministro, con
nuestro apoyo, porque bien sabe S.S. que es una de nuestras viejas
reivindicaciones.

Me parece muy importante el tema de la planta y demarcación. Ese
nuevo modelo judicial, la adscripción real actualizada de la planta,
de la demarcación, buscar una mayor agilización en los órganos
judiciales, una más rápida creación incluso de estos órganos, un
nuevo mapa judicial -como usted lo ha llamado- me parece algo muy
oportuno en lo que deberíamos trabajar. Sospecho que hay ya
documentación en el Ministerio y nos gustaría que nos comentara qué
nivel de documentación existe sobre este asunto, porque es
fundamental para llevar a cabo la agilización de la pendencia y su
solución.

Señor ministro, nos parece básico que desde este Parlamento, a
instancias del Gobierno o como a usted le parezca más oportuno, se
impulse el reconocimiento y protección de los derechos básicos de los
ciudadanos en solicitud de la justicia. Usted lo ha dicho, nos alegra
profundamente, porque es algo que ha sido objeto de iniciativa por
parte del Grupo Parlamentario Socialista. Lo ha presentado hace unos
días y no es una buena noticia que proclamemos esos derechos y esa
protección de los ciudadanos frente al servicio público de la
justicia.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya.

Querría que el señor ministro se fuera de aquí con una idea clara de
nuestro compromiso. Queremos ahondar con el Gobierno en el
asesoramiento jurídico más barato. Es una buena noticia que pronto
venga una reforma del derecho concursal. Me parece que en términos de
comercio, en términos mercantiles, en el tráfico



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mercantil es una buena noticia que debemos manifestar fuera de esta
casa para dar seguridad, que no han dado hasta ahora a determinados
agentes económicos y sociales. No sé si lo ha comentado, pero es
preciso implantar las oficinas de asistencia a las víctimas de los
delitos en todas las provincias, creo que ha dicho usted algo acerca
de esto, pero es fundamental la asistencia integral de todos sus
miembros, de manera que no sólo cuenten con una asistencia jurídica,
sino social, etcétera. Buena noticia es el favorecimiento de
instrumentos de mediación, conciliación y arbitraje.

Señor ministro, sería importante extender el procedimiento abreviado
para determinados asuntos también a otros ámbitos como los juzgados
centrales de lo Contencioso y los tribunales superiores de Justicia,
no sé si ha comentado algo en su información que ha sido muy amplia.

Permítame al final comenzar como al principio, no sin hacer una
pequeña variación que quería comentarle y que nos gustaría que
asumiera como propia y con ella todos los grupos parlamentarios.

Usted ha hablado de un método de conversaciones con los grupos
parlamentarios, en términos bilaterales me imagino o en un momento
dado multilaterales, y que le agradecemos y, desde luego, tendemos la
mano a ese método que nos parece oportuno, porque seguramente es
eficaz. Pero nos gustaría también que se creara algún grupo de
trabajo parlamentario -no voy a definir ni concretar la fórmula-,
pero podemos hacerlo los grupos en un plazo corto de tiempo, que
residencie en la Comisión, en el Parlamento, documentación de apoyo,
iniciativas de grupos parlamentarios, comparecencias de colectivos
interesados en que el pacto de la justicia vaya adelante,
comparecencia de comunidades quizás con competencia en la materia,
colectivos interesados no sólo judiciales, secretarios, fiscales o
personal adscrito a la Administración de justicia, sino también otro
tipo de colectivos, usuarios de la justicia que, sin duda, tendrían
algo que decirnos y que nosotros tenemos la obligación de escuchar.

Piense, señor ministro, qué fórmula podríamos crear entre todos para
que este grupo de trabajo en forma de subcomisión pueda hacer que
este pacto sea formal, transparente, en sede parlamentaria, abierto a
los ciudadanos para que ellos también se sientan cómplices de ese
pacto que todos queremos y nosotros, agradeciéndole su amplia
información una vez más, queremos sumarnos, como siempre hicimos, al
pacto que usted hoy nos ofrece. Espero que cuente con nuestro apoyo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Buenos días, señor ministro. Le
agradecemos su presencia en esta Comisión y especialmente que nos
haya explicado el cuadro de reformas que el Ministerio pretende
poner en marcha. Aunque ha sido más tarde de lo que nosotros
hubiéramos deseado, nunca es demasiado tarde, si llega. Cuando menos
ha planteado un cuadro general de cuáles deben ser las reformas, muy
distintas, de naturaleza diversa y que afectarán en algunos casos
a la gestión de la propia Administración de justicia y en otras a
modificaciones legislativas, en las cuales tendremos que trabajar.

Esta comparecencia y esta sesión de la Comisión de Justicia es
positiva, porque estamos aquí para hablar de la justicia y, sin
perjuicio de que tengamos que entrar en ese diálogo que usted nos
ofrecía y que nosotros recogemos muy efusivamente, tendremos que
hablar de temas muy concretos que ahora quizás no sea el momento,
aunque usted conoce cuáles son nuestras precisiones y nuestras
aportaciones en algunos de los temas, pero es bueno que hablemos y se
hable de la justicia como reflexión previa. Creo que es buena noticia
porque hay que hablar de la justicia, pero para bien, es decir, no
para castigarla constantemente, lo digo en genérico y en general, y
para buscar entre todos la forma de hacerla más eficiente, más
moderna, más ágil y sobre todo más cercana a los ciudadanos. Le he
oído mencionar ese concepto en varias ocasiones y es importante que
todos lo tengamos en este momento muy claro.

Los ciudadanos tienen que sentirse partícipes de esa justicia, pero
también todas las personas, operadores jurídicos, judiciales,
nosotros mismos como representación de los ciudadanos y también las
demás administraciones o instituciones que forman parte de su
entramado. Sin un proyecto en el que pueda participar todo el mundo
desde sus diversas visiones y sus diversas responsabilidades será
difícil hablar de una reforma de la justicia. Permítame que
planteemos no ya una reforma, quizás una revolución de la justicia,
aunque sea controlada -no se preocupe-, pero una revolución a la
vista de la cantidad de cuestiones, no solamente de modificaciones
puntuales de leyes, sino también de mentalidades, de sistemas,
incluso de maneras de ver y hacer la gestión de la justicia. Hay que
hacer cambios estructurales, no solamente de matiz. Aquí coincidimos
con usted en que no son necesarios, o al menos no hay que plantear
esta cuestión como cambios cosméticos, muy al contrario, hay que
abordarla de una vez por todas con seriedad y rigor, y también
plantearlo así a los ciudadanos sin perjuicio de las discrepancias
que podamos tener unos y otros en temas puntuales; hay que hacerlo de
manera clara, con el tiempo que sea preciso, lo que no significa en
ningún caso dilación, pero todas las reformas y todas las
modificaciones que nos ha planteado requieren un calendario,
requieren una adecuación de los tiempos, de los modos y la
posibilidad de que sean recibidas por quien corresponda en el momento
más adecuado. Otra cuestión fundamental es la necesaria financiación,
la dotación de los presupuestos necesarios, porque si no nos veremos
en situaciones que ya hemos conocido y vivido. Como decía, este



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pacto de la justicia requiere, evidentemente, la participación de
todos los grupos parlamentarios, no voy a decir del que tiene la
iniciativa, en este caso el Ministerio, pero también de las
comunidades autónomas, los sindicatos, los agentes, los operadores,
los partidos políticos y cualquier otra organización o no
organización, ciudadanos, individuos de la propia sociedad.

Cuando hablábamos de que no queríamos un cambio, me ha agradado oírle
a usted, porque no tenía muy claro exactamente cuál era la aportación
o la intervención que nos iba a realizar, señor ministro. Si sólo
aparecía como un cambio, según habíamos oído, del sistema de
nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, o
hablar de cuáles son las cuestiones, que desgraciadamente hemos oído
y a veces en su boca, en relación con determinadas decisiones
judiciales, y lo que ha llevado al Gobierno a pronunciarse, nos
parecía que estábamos en una situación que realmente no iba a
beneficiar al ciudadano, artificios de salón podemos decir, pero que
no iba a permitir o no nos adentraba en lo que era mantener o tratar
de establecer un servicio público auténtico, donde el ciudadano tenga
derechos, también deberes, pero que no sea un súbdito o alguien al
que se le imparte justicia de una manera inadecuada. Si realmente lo
que usted ha planteado -que me imagino es así- es esa modificación de
toda la reforma, y permítame decirlo la revolución de la justicia,
desde luego contará usted con nosotros. Si es otro tipo de reformas y
se refieren a cuestiones cosméticas de otra índole, siento decirle
que no estaremos en ese tren.

Una de las cuestiones principales, además de lo que tengamos que
trabajar quienes les decía anteriormente, nos la planteábamos cuando
pensabamos cuál era la aportación, la intervención o lo que nos
pensaba plantear, era con cuánta gente, por decirlo de una manera
genérica, han tenido ustedes reuniones o consideraciones para
configurar este pacto. Aquí hay un tema que nos parece que no ha sido
bien gestionado, permítame que se lo diga, por parte del Ministerio
respecto a la colaboración con las comunidades autónomas. Sabe usted
mejor que yo que las siete comunidades autónomas que tienen
transferidas las competencias en materia de justicia llevan mucho
tiempo teniendo reuniones, preparando lo que era el diagnóstico de
las cuestiones que no funcionan en la justicia, cada uno desde su
ámbito; lo había hecho el Consejo General del Poder Judicial en su
libro blanco, en sus propuestas de actuación, lo han hecho las
comunidades autónomas, lo hemos hecho aquí en esta Cámara también, y
las comunidades autónomas habían hecho un trabajo muy importante y yo
creo que hay que mencionarlo, porque curiosamente a veces no se dicen
estas cosas. Esas siete comunidades pertenecen a distintos partidos
políticos y las responsabilidades son muy distintas, pero han sido
capaces de llegar a diagnosticar, desde su punto de vista de
responsabilidad, cuáles eran los problemas que
estimaban había que solventar, e incluso a plantear en determinados
acuerdos y reuniones cuáles eran las cuestiones que había que tratar
y cómo había que considerarlas a la hora de hacer esa reforma.

Sinceramente, yo creo que no han sido recogidas o de alguna manera
han sido preteridas en estos trabajos y en las responsabilidades que
tienen. Lo citaba el portavoz del Grupo Socialista, en la última
reunión en Navarra de estas comunidades demandaban su participación
en el pacto porque consideran que también son Estado, especialmente
porque constituyen el 65 por ciento del Estado transferido en materia
de justicia, y si hay un pacto de Estado evidentemente debieran
formar parte de esos trabajos tanto a priori como por supuesto a
posteriori en relación a las cuestiones que directamente les afecten
más. Desde nuestro punto de vista, es un mal síntoma, si me permite
decirlo, el hecho de que quizá no se hayan tenido en consideración
todos estos trabajos y estas voluntades de aunar y consensuar, vuelvo
a decir, desde pensamientos claramente diferentes en cada una de las
comunidades autónomas.

En cuanto a los temas que hay que tratar, usted ha citado muchos,
creo que todos ellos probablemente muy importante. Hay algunos que yo
quisiera mencionar, como es el tema por ejemplo del estatuto jurídico
del personal. No podemos tener una justicia como si fuera ésta una
sociedad de otra época. Tenemos una sociedad que pretende ser
moderna, y por tanto la justicia tiene que tener una función moderna
y, sobre todo, una gestión moderna. Hay que mirar también qué hemos
hecho entre todos, cada uno dentro de sus responsabilidades, y en
este sentido creo que -y permítame decirlo, no pretendo tratar de ser
altiva en mi intervención- en la Comunidad Autónoma del País Vasco
debemos estar ciertamente orgullosos de las cosas que hemos hecho en
relación con esta cuestión. Creo que es importante a veces
resaltarlo, porque hemos tratado de hacer una organización de lo que
es la gestión de la Administración de justicia que fuera positiva y
creo que en muchas cosas se lleva mucho camino adelantado.

Hay otros temas que querría resaltar, como es el de las cuentas de
depósitos -ya sé que es un tema reiterativo en esta Cámara, de la
legislatura pasada-, y especialmente el relacionado con las leyes que
se han adoptado en esta Cámara y que no han tenido dotaciones
presupuestarias. Se ha mencionado anteriormente, pero creo que hay
que volverlo a mencionar. Por lo que se refiere al tema de las
cuentas de depósitos, en esta Cámara hemos hecho multitud de
iniciativas en la anterior legislatura en relación al motivo por el
cual los intereses de las cuentas de consignaciones y depósitos
judiciales se los quedaba la Administración central y no tienen
participación las comunidades autónomas. Hubo una iniciativa en la
que se pedía que se estudiara el tema, de cuyo resultado todavía no
tenemos conocimiento y lo chocante es que se transfieran los medios
materiales y económicos, para el funcionamiento de la



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justicia, y el único medio económico que genera ingresos se lo
reserva la Administración central, y ya me da igual que sea el
Ministerio de Justicia o el Ministerio de Hacienda. Es una forma
unilateral e interesada de entender las transferencias a las
comunidades autónomas, y para darle un dato que pueda avalar el
porqué de esta petición o por qué tiene sentido hablar de este tema,
simplemente puedo decirle que por lo que se refiere a la comunidad
autónoma que conozco mejor y en la cual en este caso Eusko
Alkartasuna tiene la responsabilidad de este departamento, el
traspaso de medios materiales por ejemplo en el Gobierno vasco en
1987 se valoró en 800 millones de pesetas. Desde entonces, sólo en
infraestructuras se han invertido unos 30.000 millones de pesetas, en
informática unos 8.000 millones de pesetas, y su presupuesto anual es
de 15.000 millones de pesetas. Creo que estas cifras permiten valorar
que el tema del que hablamos no es baladí.

Del anterior tema que citaba -y ya lo recogía el señor Barrero,
portavoz del Grupo Socialista- es evidente que en nuestro mejor leal
saber, entender y hacer aprobamos -a algunos les gusta, a otros no
nos gusta tanto, algunos tenemos cuestiones que compartimos, otros
no- leyes que han sido importantes, como la Ley de Enjuiciamiento
Civil o la de Responsabilidad penal de los menores; pero creemos que
aquí ha faltado lo que es una memoria económica y a las
administraciones de las comunidades autónomas les ha supuesto
desembolsos muy importantes que creemos hay que tener en cuenta,
porque difícilmente se podrán materializar, poner en práctica
instrumentos legislativos si no se considera cuáles son las memorias
económicas y las necesidades financieras para que puedan ponerse en
práctica los nuevos instrumentos que intentamos recoger en estas
nuevas leyes. Por tanto, creo que es un elemento que hay que tener en
cuenta a la hora de hacer modificaciones, que son necesarias, de
instrumentos legislativos para adaptarlos y adecuarlos al mismo
tiempo a las dotaciones financieras y presupuestarias.

Hay otro tema que quiero citarle, porque creo que no ha sido recogido
-al menos no de manera directa-, que es el del acuerdo suscrito entre
el Ministerio y las organizaciones sindicales, articulado por un real
decreto de finales de noviembre de 2000 y que también nos permite
resaltar la necesidad del papel que en este tema juegan las
comunidades autónomas. Usted sabe mejor que yo que es un real decreto
mediante el cual se modifican los complementos de destino del
personal al servicio de la Administración de justicia. Curiosamente,
cuando el Ministerio de Justicia representa únicamente el 35 ó 40 por
ciento de todo el Estado, llega a un acuerdo que obliga al resto de
las comunidades autónomas a pagar complementos por valor de varios
miles de millones, sin que hayan tenido la posibilidad de negociar en
su ámbito. Lógicamente esto también genera una serie de repercusiones
que provocan disfuncionalidades y hacen que no sea factible la mejor
gestión
de lo que es la justicia, en este caso en relación con sus
operadores, con unos cuerpos concretos.

Hay otra serie de cuestiones -desde luego ese diálogo que nos ofrecía
lo recogemos- de diversa índole en las que hay que trabajar. Desde
ahora le digo que en algunas probablemente no coincidamos, al menos
por lo que yo le he oído o lo que en otras ocasiones hemos podido oir
en esta Cámara y en otros lugares; por ejemplo, recuerdo ahora el
tema del nombramiento de vocales del Consejo General del Poder
Judicial que podemos no compartir, pero también nos tendrá que
detallar más esa propuesta de cambio que usted como ministro
presenta, así como otra serie de cuestiones en las que habrá que ver
qué se considera oportuno en cuanto a la reforma concreta. Estaremos
dispuestos a hablarlo. Le vuelvo a indicar la necesidad de plantear
al mismo tiempo las reformas concretas, cómo plasmarlas en el tiempo
y con dotación presupuestaria.

Hay otros temas que por lo que he oído -y lo leeré, por supuesto, con
mucha más atención cómo se han enfocado- me producen cierta
inquietud; son temas que hemos repetido en bastantes ocasiones en
esta Cámara. Por supuesto no le he oído…



El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, le ruego que vaya
concluyendo.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Termino en un minuto, señor
presidente.

No le he oído hablar con especial entusiasmo -y a lo mejor no es así-
del ingreso por el tercero y cuarto turno y me gustaría que
especificara un poco más; no hemos oído nada de temas concursales,
que me parecen también importantes. En todo caso, permítame que le
haga una última consideración en un tema que para nosotros es vital,
porque creo que afecta no solamente a los derechos de los ciudadanos
en su relación con la Administración de justicia, sino incluso al
derecho de defensa, que es algo muy importante, y es la cuestión de
las lenguas propias en aquellas comunidades autónomas que tengan
lenguas cooficiales. Si no he oído mal -porque ahora sí lo he leído-
usted más o menos lo ha puesto al mismo nivel que las leyes de otros
estados de la Unión Europea. Si no es así me alegraré de oir que
estoy equivocada, pero en todo caso creo que son dos cuestiones de
naturaleza completamente distinta. Como decía anteriormente, afectan
a un tema muy concreto, entre otros muchos al del derecho a la
defensa en cuanto a poder hablar o dirigirse a quien tenga que
impartir justicia en la lengua que le resulte más cómoda, en la que
mejor pueda defenderse. Esto no está al mismo nivel de lo que yo he
creído oir.

En resumen, estamos dispuestos a mantener ese diálogo y si es así
como todos tenemos voluntad y sobre todo necesidad de intentar
resolver o terminar con todos los problemas de la justicia, creo que
podremosllevar esto a buen término con una buena gestión.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor ministro, mi reconocimiento en
nombre de mi grupo por su comparecencia hoy aquí para traernos esta
trascendental materia del pacto de Estado por la justicia en un afán
de modernización y renovación, de mejora, como usted también ha
señalado. Nos congratulamos de ello porque iba siendo hora de que
llegara aquí a la Cámara un amplio diagnóstico, como usted ha hecho
en primer lugar -yo lo quiero valorar así-, basando una observación,
una mirada crítica sobre el funcionamiento de la Justicia en España
en este momento, donde se detectan una serie de deficiencias, de
dificultades, de necesidades de corrección desde esta Cámara igual
que desde el Ministerio de justicia o desde las comunidades
autónomas, de las siete que en España son competentes en este
momento.

Yo haría una primera valoración de tipo global, diciendo que creo que
usted ha traído un programa expresado y conceptualmente estratificado
con rigor, con seriedad y coherencia, es lo que yo pediría a un
ministro de cualquier Gobierno: que al comparecer ante una Comisión
traiga estos tres principios fundamentales, repito, de seriedad,
rigor y coherencia con una política.

Por supuesto que yo también tengo que diferenciar lo que es un pacto
de Estado al que todas las fuerzas políticas debamos contribuir,
porque son materias muy restringidas. Tenemos aprobada una
Constitución, una Ley electoral, una lucha contra la violencia; esos
son pactos de Estado, lo otro es un programa de Gobierno ya que
cualquier Gobierno que gane unas elecciones está legitimado, presenta
un programa electoral y tiene que responder ante sus electores que le
han votado y ante él mismo. Por tanto, yo acepto esa disparidad de
que pueda hablarse, pero, repito, creo que todo Gobierno está
legitimado para imponer democráticamente, por supuesto, las líneas de
su programa electoral. En el tema de la justicia existen los dos
componentes: pacto de Estado y cuestiones puramente en la legitimidad
democrática que trata de llevar el partido político que las presenta.

Lo han hecho todos los gobiernos en España, tanto en la época del
Partido Socialista como en la anterior de la Unión de Centro
Democrático.(El señor Vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
Presidencia.)
Creo que la exposición merece las siguientes reflexiones por mi
parte, en el calendario de brevedad que impone este trámite. Gobierno
del Poder Judicial. Qué duda cabe, señor ministro, que una vez más
hay que replantearse la cuestión del gobierno del Poder Judicial,
sobre todo reflejado en su órgano, el Consejo General del Poder
Judicial. Los antecedentes son fundamentalmente dos leyes: la Ley 1/
1980, del Gobierno de UCD, que ya entra en la Cámara en 1979, es
decir ni siquiera había pasado un año de aprobada la Constitución;
y después la Ley 6/1985, llamada Ley Ledesma, del Gobierno
socialista. Ha planteado usted uno de los temas que generaron
polémica, ya sucedió en 1980 y también 1985. En 1985 todo es
cuestión, es cierto, de una preposición gramatical: si se habla de
«entre quienes» y «por quienes eligen». Recomiendo a SS.SS., a los
que quieran profundizar en el tema la lectura del «Diario de
Sesiones» del 6 de marzo de 1985, cuando se discute la famosa
enmienda Bandrés, que viene a cuestionar el nombramiento, cómo y por
qué, y al final viene a ser recabado en esta Cámara para la elección
de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte
del Congreso y del Senado y después de la procedencia de extracción
de los 12 jueces y magistrados y de los 6 juristas de reconocido
prestigio. Caben todos los debates y discusiones. Mi grupo está
abierto a este debate por entender que caben incluso fórmulas no
maximalistas, pero sí fórmulas de adecuación, porque en lo que sí
estamos de acuerdo, señor ministro, aunque yo emplee otra palabra,
que es la que está en los medios informativos y en la calle -le han
criticado su palabra anterior, la de «clientelismo»-, siempre
hablamos de cuotas. Puede haber todos los eufemismos que se quiera,
la realidad es que en el Consejo General del Poder Judicial, con
pleno respeto democrático, hay unas asignaciones de cuotas; no está
escrito en ningún lado y es un pacto tácito, verbal que existe en
todos los parlamentos democráticos para resolver determinadas
cuestiones que no están, digamos protocolizadas o formalizadas
literal y textualmente en las leyes que lo rigen.

La realidad es esta, no otra. Aquí tenemos una cuota para el reparto,
para la designación de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, palabra y expresión que hemos aceptado plenamente las
fuerzas políticas, como los medios informativos o la opinión pública.

Pues bien, si hay que dar entrada a posturas intermedias o nuevas
entre lo que decía la Ley 1/1980 y lo que dice la vigente Ley 6/1985,
del Consejo General del Poder Judicial, hágase con consenso, hágase
con diálogo. Voy a la última parte de la intervención del señor
ministro, la voy a invocar veces, cuando dice ¿y con qué
procedimiento vamos a hacer esto? Celebro, señor ministro, que no
trate tampoco de imponer un programa electoral, aunque usted está
obligado a ello y será la parte de su prioridad política como miembro
de un gobierno que sale de unas elecciones democráticas con un
programa electoral, ha brindado que esta polémica situación sea
resuelta en una mesa de diálogo. Mi grupo va a estar ahí y se
congratula, señor ministro, de que usted en este procedimiento hable
de diálogo abierto, de cooperación, de tiempo, de dedicación y de
lealtad con un principio democrático que debemos a nuestra
Constitución, porque ni siquiera cuando hubo el debate de la
Constitución quedó clarificado en el texto constitucional el sistema,
la forma, el cómo y por quiénde la elección de los miembros del
Consejo General del



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Poder Judicial. Es materia abierta, a ella nos atenemos, y tendrá en
nosotros nuestra mejor colaboración para que queden clarificados o al
menos los términos eufemísticos de las cuotas u otra cosa que quieran
llamar queden lo más lejos posible y aparcados de lo que es una
claridad democrática en la elección del máximo órgano del poder
judicial de jueces y magistrados en nuestro país.

El segundo punto que le queremos apoyar, señor ministro: las
funciones del ministerio fiscal. Usted me ha oído ya en determinadas
intervenciones en las que vengo denunciando lo obsoleto que está el
reglamento del ministerio fiscal que es preconstitucional, es del
régimen anterior. No podemos obligar al ministerio fiscal ahora
exigiéndole nuevas competencias, nuevas actuaciones en la Ley del
menor, en los procedimientos de incoación sumarial, etcétera y no
tener establecido un reglamento pertinente, actualizado, de acuerdo
incluso con su ley reglamentaria actual porque eso es de una
perentoriedad impresionante.

El tercer punto y el gran pilar que usted ha señalado, al que no
puedo más que sumarme a él, es la adaptación de la justicia al Estado
autonómico. Sí le pediría, señor ministro (usted lo ha expresado ya
en su comparecencia hoy y es necesario que los hechos vayan
armonizados con las palabras), que si en este momento hay siete
comunidades autónomas, entre las cuales está la Comunidad Autonóma de
Canarias, que vienen celebrando anualmente una serie de reuniones -la
última los primeros días de febrero en Pamplona-, donde toman una
serie de acuerdos para ser tenidos en consideración, para tener un
mayor grado de credibilidad sus palabras es muy importante que se
contara con el Estado autonómico, al menos con estas siete
comunidades autónomas que tienen una mesa de encuentro, igual que
ellas tienen su Comisión de coordinación, reuniéndose para tomar una
serie de acuerdos. Yo creo que en el fondo, la última, en Navarra,
que reitera las habidas anteriormente como por ejemplo la de
Valencia, han de ser tenidas en consideración por el Ministerio de
Justicia en todos los aspectos organizativos, institucionales,
incluso económicos para evitar -ya lo ha dicho el anterior
interviniente- endosar acuerdos Ministeriosindicatos de repercusión
económica que han denunciado, incluso para tener que subvenir a
gastos que ya habían acordado, que les venían impuestos y que han
aceptado plenamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil y la nueva Ley
del menor, cuantificándolos en inversiones en las siete comunidades
autónomas con competencias en justicia del orden de los 27.000
millones de pesetas. Creo que es necesario por parte del Ministerio
el reconocimiento al esfuerzo, aceptando las siete comunidades
autónomas por las dos leyes, la de Enjuiciamiento Civil y la del
menor, que les supone el endoso de retribuciones en sus presupuestos
cuando estábamos ya prácticamente con la Ley de Presupuestos
Generales del Estado aprobada. La situación de jueces
y magistrados en esta demanda creo que tiene que resolverse por
los que tienen facultades para votar presupuestos, bien a nivel
central, en los Presupuestos Generales del Estado, bien en los
presupuestos de las comunidades autónomas a través de sus
parlamentos.

Dicho esto, y por ir rápido, señor ministro, es necesario lo que
usted ha dicho en relación al Tribunal Supremo. Hay que evitar, por
quitar unas denuncias justas, que en la apertura de un año judicial
-veo que tiene conciencia del tema-, en el discurso del presidente
del Tribunal Supremo el año pasado se denuncie la situación de
inferioridad del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional.

Una democracia que esté funcionando armónicamente tiene que haber
superado ese tema. Me congratulo de haberle escuchado aquí, señor
ministro, que una de sus líneas de actuación va a ser en primer lugar
una restricción ordenada, constitucional, democrática del derecho de
amparo para que no sea un subterfugio o vía para irse a una instancia
de casación superior al del Tribunal Supremo. Por tanto, veo que su
enfoque coincide con el que mi grupo mantiene y que este portavoz ha
venido defendiendo, como es el protagonismo del Tribunal Supremo en
todas estas materias; hay que evitar que por un subterfugio o una
práctica viciosa y viciada vayan al amparo ante el Tribunal
Constitucional, se atasque este Tribunal, que debe estar reservado
para cuestiones muy importantes, y también hay que definir en una
nueva legislación cuál es el poder y cuál es la potestad del Tribunal
Supremo en el amparo precisamente de los derechos fundamentales del
Título I de la Constitución Española. Poner orden, señor ministro,
créame, si lo consigue usted y tendrá nuestro apoyo, será uno de los
verdaderos méritos de haber evitado discrepancias, disonancias,
desequilibrios entre dos órganos máximos de la justicia en este país:
la justicia ordinaria llevada al Supremo y la justicia
Constitucional. Tendrá todo nuestro apoyo, sobre todo si al mismo
tiempo se normaliza la aproximación de la justicia al ciudadano, no
solamente en la casación que lleva a la cúpula, sino lo que empieza
por abajo; un nuevo replanteamiento de la dimensión de los partidos
judiciales, es decir llegar a unos principios de lo que usted ha
señalado como nuevo mapa judicial para acercar la justicia al
ciudadano porque la demanda de esa justicia empieza por el juzgado de
primera instancia e instrucción. Nos congratulamos, señor ministro,
de que usted, con un gran sentido de coherencia, de sentido común y
de racionalidad, vaya a tratar de resolver el problema al ciudadano
ordinario que es el que más recurre a la justicia.

En las reuniones de estos años anteriores, en la Comisión de
coordinación de las comunidades autónomas, mi grupo planteó el
reconocimiento de una especie de estatuto de derechos del ciudadano
justiciable. Esto es importante. Usted lo cita como derechos del
usuario ante la Administración de justicia. Tiene nuestroapoyo.

Defendámoslo porque es fundamental para



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generar credibilidad. De la misma manera que los poderes públicos,
este Parlamento y los gobiernos han legislado la protección del
consumidor, los derechos en la sanidad, en la salud pública, en la
educación que tiene el consumidor, qué mejor consumo en un país
democrático que debe estar intachable que la justicia, no solamente
el consumo de bienes fungibles, bienes muebles o inmuebles, sino el
consumo por los ciudadanos de una democracia del bien de la justicia;
por tanto estipular y establecer un reglamento, un estatuto, unos
derechos del usuario del justiciable ante la demanda de la
Administración de justicia.

La reforma del Tribunal del Jurado. Ahí tenemos otro tema donde va a
haber que plantearse asuntos con toda naturalidad en un parlamento
democrático, forman parte incluso yo creo que de un programa
electoral. No sería ni pacto de Estado porque tampoco viene impuesta
por un pacto de Estado la fórmula actual que trajo el ministro
Belloch en la reforma del Código Penal y en la reforma precisamente
del Tribunal del Jurado. Forma parte del debate abierto en la
filosofía del derecho legítimo. Nosotros nos inclinamos a que haya un
Tribunal del Jurado. Veo que también el señor ministro lo defiende
porque sino sería volver a una situación anterior, porque ha sido
clásico en todos los regímenes dictatoriales en España la supresión
del jurado, que tenían los regímenes más liberales o más abiertos
como las repúblicas o las épocas de gobierno liberal en la monarquía.

¿Que se quiere ir a un perfeccionamiento, a un escabinado, o se
quiere al Tribunal del Jurado mixto? Abramos el debate. Traiga el
Gobiernoel proyecto aquí, que por nuestra parte no va a haber ningún
tema cerrado para su mejora y adecuación al servicio de la justicia y
del ciudadano cuando tenemos ya también (y mi grupo viene
pidiéndoselo siempre en su comparecencia al señor presidente del
Consejo General del Poder Judicial ante esta Comisión) los datos
referentes al comportamiento de los jurados y de los jueces que están
en los jurados para que se ejerza también una preparación pedagógica
del ciudadano que forma parte de un jurado.

Agilizar el sistema procesal, señor ministro, clave también de la
modernización de la justicia. Con el diagnóstico que usted ha hecho
de lentitud en todos los órdenes, yo creo que esa agilización del
sistema procesal va a motivar lo necesario en una sociedad moderna
y dinámica. No podemos seguir con el traje del siglo pasado ni del
anterior, por ejemplo, en lo referente a la revisión de la casación.

La revisión de la casación va a ser una de las figuras claves, sobre
todo, cuando se trata de imponer, con un sistema de inspección de
tribunales, un seguimiento no solamente de las conductas de las
personas, puramente policial, sino de la aplicación de las leyes a
los instrumentos que administran justicia. Las demoras, las
disuasiones y las dilaciones ya forman parte de, digamos, una
picaresca, y está bien que en España tengamos la picaresca como un
género literario,
pero no como un género judicial. Esto tiene que ser llevado
con todas sus máximas consecuencias para que el ciudadano crea en la
justicia y crea en los instrumentos que la rodean y no se vea
sometido a un imperativo económico, porque quien paga las minutas es
el ciudadano. Por tanto, señor ministro, nos congratula saber que,
por la otra parte, se trate de evitar con una nueva ley de arbitraje.

Mi grupo espera que esa nueva ley de arbitraje llegue cuanto antes a
esta Cámara, antes de que se nos vaya complicando más toda la vida
administrativa de las denuncias relativas a seguros, atentados,
bienes muebles e inmuebles, etcétera; pero sobre todo esperamos que
también se elabore un nuevo estatuto de la abogacía, que regule los
factores fundamentales de la justicia, privada y pública. Yo espero
que el Consejo General de la Abogacía y los colegios de abogados en
él representados puedan tener acceso a definir en él sus competencias
y funciones. Señor presidente, creo que es necesaria esa armonía en
una doble vía, Ministerio de Justicia, Consejo General de Colegios de
Abogados y comunidades autónomas, con los colegios de abogados y
procuradores, en el ámbito de su demarcación y de sus competencias.

Finalmente, señor ministro, hay que garantizar esta vía (hecha, como
le digo, con rigor, seriedad y coherencia) para que ninguno de los
grupos se bunkerice. Creo que en justicia hay una serie de
cuestiones, ya sea el tribunal del jurado -mixto o escabinado, como
el actual- o el nombramiento de los miembros del Consejo General del
Poder Judicial, que no se pueden bunkerizar. Vamos a abrirnos con un
concepto democrático- político a lo que es la filosofía del derecho,
a lo que es la adecuación a una sociedad moderna en todos estos
aspectos, vamos a discutir al servicio del ciudadano, porque esta
Cámara es la representación de la soberanía popular. Si las leyes se
aprueban con el que «la presente vieren y entendieren», que firma Su
Majestad el Rey, vamos a hacer que los que la vieren y entendieren la
entiendan, en el tema del jurado, en el tema de la composición del
Consejo General del Poder Judicial, y que no queden sombras de
poderes subrepticios en esta cuestión.

Aunque el señor ministro se ha referido a que ya hay preparados
proyectos de ley que vienen a atender estas demandas, esperamos que
el señor ministro pueda tener también unas prioridades, porque las
vamos a necesitar. Hay que dar prioridad a las leyes que demanda el
justiciable, leyes que habrá que diferenciar entre las que tengan
componente presupuestario, para ver si tienen financiación, y las que
no lo necesiten pero que satisfacen deseos fundamentales. Por
ejemplo, quitar del derecho de amparo las cuestiones que vayan al
Tribunal Constitucional o que las competencias del Tribunal Supremo
no tienen por qué significar para la Administración de justicia un
componente de carga financiera. Por tanto, las prioridades las
marcará elGobierno y contará con nuestro apoyo, señor ministro,



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para que esas prioridades se atiendan en los proyectos de ley que
vengan aquí o en los que estén siendo estudiados por comisiones ad
hoc, porque creo que el proyecto lo merece y el pacto de Estado o el
resultado de las votaciones en esta Cámara del Congreso de los
Diputados y, en una palabra, en las Cortes Generales creemos que es
una aventura que vincula a todos los que tenemos un sentido de
respeto a la Constitución y a la democracia, y a los que tenemos un
sentido de respeto al ciudadano, que es el que nos ha elegido para
estar aquí. En esta coyuntura por la nueva justicia que ha expuesto,
sepa que le quiero agradecer su planteamiento, contenido y
posicionamiento político -muy importante-, posicionamiento político
que nos hará, al menos a este diputado, sentirnos cómodos en una mesa
de diálogo con el señor ministro para resolver entre todos estos
problemas, cuya responsabilidad primera corresponde al Gobierno de la
nación a través del señor ministro de Justicia.




El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, sea usted bienvenido a
esta Comisión, en nombre del Grupo Vasco, al que represento.

Quiero empezar mi intervención, al igual que usted lo ha hecho, con
un recuerdo para el profesor Tomas y Valiente -qué mejor sitio para
hacerlo que esta Comisión de Justicia-, de cuyo asesinato hoy se
cumple el aniversario. Tuve el placer de conocerle y tratarle cuando
cada verano se acercaba a los cursos de la Universidad del País
Vasco, en los que siempre tuvo cabida y excelente acogida. Vaya para
él, por tanto, también mi recuerdo.

Voy al contenido de esta comparecencia. Señor ministro, ha estado
bien. Ha anunciado muchas cosas en un discurso que, desde la
perspectiva del grupo al que represento, nos ha resultado
tranquilizador porque se ha movido dentro de los parámetros de lo
normal y deseable. Ha tenido en cuenta lo que era su programa
electoral, lo que fue el compromiso del presidente del Gobierno en su
discurso de investidura. Por cierto, el presidente no aludió a la
reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero sí lo hizo usted
en su primera comparecencia ante esta misma Comisión el 24 de mayo.

Por tanto, ha continuado con el desbroce de lo que son sus proyectos
de ese llamado pacto de Estado, que -repito- estaba ya en su programa
electoral. No he oído, por eso le digo que me ha resultado
tranquilizador, en su discurso nada de lo que en días pasados se
había apuntado, quizá de modo desgraciado, en alguna entrevista que
una conocida orientadora de opinión le hacía, en la cual parecía que
se iban a proponer cambios normativos vinculados a evitar que pasasen
o que volviesen a pasar ciertas cosas, en clara referencia a
resultados judiciales adversos para el Gobierno. Se ha escrito
también en estos días que el Gobierno, por haberle sido sacada la
tarjeta roja por los jueces en algunos asuntos, iba a discutir la
legalidad del árbitro o iba a poner a los jueces en su sitio, se ha
llegado a decir, lo que sería, desde la perspectiva del grupo al que
represento, si se pretendiese, intolerable. No he oído nada de esto
en su intervención, me parece tranquilizador y me alegro de que así
haya sido.

Ha anunciado una serie de propuestas que se van a traer a la Cámara,
que se van a plasmar en proyectos legislativos, unos con más pormenor
que otro. Inicialmente y como tronco, se ha referido a la
modificación del Consejo General del Poder Judicial. Es conocido que
a la formación política a la que yo represento le gusta el actual
sistema de designación por las Cámaras. Para nosotros el órgano de
Gobierno del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, por cierto -el
Poder Judicial lo ostentan los jueces y los magistrados-, es carente
de funciones jurisdiccionales y está compuesto por veinte miembros
designados por las Cortes Generales, al menos así lo es en nuestra
querencia, a fin de garantizar su relación con el Poder Legislativo
en su condición de poder más directamente confrontado con la
soberanía popular, con lo que es el órgano de la soberanía popular,
en definitiva, con el pueblo, como suele manifestarse. En días
pasados, también desde ciertos medios de comunicación, cuando se
hacía balance de cuáles iban a ser las posturas o la receptividad que
los distintos grupos de la Cámara íbamos a tener en relación con la
propuesta de modificación que usted iba a anunciar, tuve también
alguna sorpresa. Se hablaba de lo que harían el Partido Socialista y
Convergència i Unió en relación con la elección parlamentaria, luego
se decía Izquierda Unida y las restantes formaciones de la izquierda.

Acostumbrada como estoy a ser encuadrada dentro de lo que es la
derechona, de repente, dada esta vinculación de mi formación política
a la elección parlamentaria, encontrarme que por este asunto se me
ubica, a mí, que me considero mujer progresista, entre las
izquierdas, me emocionó realmente.

Le he manifestado que mi grupo prefiere la elección parlamentaria,
sin que lleguemos a considerar, como en alguna organización judicial
se habla, que el Consejo General del Poder Judicial es comisionado de
las Cortes Generales. Hasta ahí no llegamos en nuestra apreciación,
pero sí creemos que es buena y que es deseable esta vinculación con
el órgano legislativo. Tampoco se nos alcanza el porqué del carácter
estelar que se da a esta modificación y que se considere en alguna
medida, o así nos ha parecido entender de su intervención, que puede
ser la llave maestra en la cual se residencien otras muchas reformas
de lo que es la justicia en este momento y los problemas que le
aquejan. Desde nuestra perspectiva, quizá existe una falta de acomodo
de esta institución, pero es en el propio texto constitucional. Dado
que las formaciones mayoritarias en la



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Cámara son poco proclives a hablar de modificaciones
constitucionales, a lo mejor, respecto de esta institución como
respecto de alguna otra, habría llegado el momento de decir que el
diseño constitucional no es correcto.

Creo que todos pensamos que 21 miembros son muchos, los 20 miembros
de los que habla la propia Constitución, y quizá es por ahí por donde
habría que empezar con un redimensionamiento, si es que en castellano
es correcta esta expresión, de lo que sea el Consejo General del
Poder Judicial.

Nos parece además discutible en qué medida va a ser más legitimado o
más acorde con el texto constitucional, cuando el Tribunal
Constitucional no lo diga así - su famosa ya sentencia sobre esta
cuestión-, la elección mixta o la elección a través de las propias
organizaciones judiciales que la elección directa por las Cámaras.

Nos parece también que habría que reconsiderar qué funciones deben
quedar en el Ejecutivo, como director de la política interior en lo
que a la justicia se refiere, y sobre todo referido a la lectura
autonómica del Poder Judicial, puesto que la asunción de competencias
por las comunidades autónomas lo es en función del sistema de
cláusula subrogatoria, por tanto asumen lo que desde el Ministerio de
Justicia se haga, no lo que se residencie en el Consejo General del
Poder Judicial, que, repito, pensamos que puede y debiera ser
reconsiderado.

También nos interesaría saber, desde la percepción del Gobierno, cómo
se conjuga esta vocación constitucional del Consejo General del Poder
Judicial con el Estado de las autonomías. Ha hablado usted de las
autonomías, nos ha parecido que se les ha dado poco papel, volveré
sobre esta cuestión, pero nos parecería interesante que se tuviese en
cuenta qué perfil debiera tener el Poder Judicial en un Estado que se
predica como autonómico, cuestión respecto de la cual acaba de
publicar un excelente trabajo el profesor Lucas Murillo de la Cueva y
que creo que merecería alguna reconsideración ¿En qué medida es
posible hablar de utilización del 150.2 o no con estas cuestiones?
¿En qué medida es posible? Usted ha hablado de aumento de las
competencias de las salas de Gobierno de los tribunales superiores de
justicia?
En todo caso, mi grupo, siendo ya de antemano más partidario de la
elección por las Cámaras, tampoco se cierra a examinar lo que desde
el Ministerio se nos proponga y a fijar su posición en su momento en
relación con ello. Sí nos gustaría lo que también se viene opinando
desde algunas organizaciones de que por lo menos las Cámaras tuviesen
ocasión de poder revisar las ideas trayectorias profesionales y
políticas de los candidatos que se propongan, no sé con qué fórmula,
no sé con qué alcance. Desde luego, el que ahora se hadado, por
ejemplo, a la elección del Defensor del Pueblo nos parece escaso,
algo más debiera ser, pero es otra de las cuestiones que están ahí
pendientes y que
quizá debiera tener cabida, de la misma manera que nos parece que
debiera hacerse algo para modificar el sistema de elección de los
miembros de la Sala de Gobierno de los tribunales superiores, en los
que sí se residencia el Poder Judicial de alguna manera, en cuanto a
que no prime absolutamente el sistema mayoritario y que tuviese
cabida alguna opción de proporcionalidad, respecto de la cual vienen
abogando distintas organizaciones judiciales.

Se ha referido usted a las retribuciones de jueces y magistrados,
cuestión a la que en muchas ocasiones se circunscribe la sola
petición de modificación que se insta desde algunos foros. Mi
formación política no se opone a ello, pero sí nos gustaría que
llevara aparejado algún equilibrio en ello, de tal forma que los
ciudadanos pudiesen percibir que el aumento de las retribuciones de
los jueces y magistrados, de quienes sirven a la justicia en general
-puesto que también de los otros cuerpos no judiciales hay que
hablar-, tenía compensaciones concretas en una distinta prestación
del servicio público de la justicia, en una distinta percepción del
ciudadano en cuanto a la disminución de las dilaciones o cualesquiera
otras. Hablar del aumento de las retribuciones sin más nos parece un
cierto descaro en relación con las limitaciones salariales que
padecen otros sectores funcionariales, nos parece que debiera ir
siempre acompañado de algo perceptible para los ciudadanos de cara a
una mejor prestación del servicio, una mejor realización de la tarea
que constitucionalmente tienen encomendada.

Le ha manifestado a usted alguno de los intervinientes que me han
precedido que había aludido usted a la ley concursal. Yo no le he
oído. Sí creo que se ha referido a jueces y magistrados o tribunales
especializados en materia mercantil, lo cual es novedoso y está bien.

Examinaremos el contenido concreto, pero desde luego creemos que la
ley concursal debe ser remitida a esta Cámara cuanto antes, si
tenemos en cuenta que se rige por normas antiquísimas y que desde el
paso que se dio, mientras España ostentaba la presidencia de la Unión
Europea, de concluir el convenio sobre los procedimientos de
insolvencia, en aplicación del artículo 220 del Tratado de Roma, que
tiene como finalidad fundamental simplificar las formalidades a las
que están sometidas las resoluciones judiciales en reconocimiento de
las resoluciones judiciales relativas a estos procedimientos
concursales, no se ha hecho nada más, no ha habido ningún avance más
sustancial, y creemos que la realidad de la dinámica del comercio y
de la industria en nuestro país está exigiendo esta reforma cuanto
antes.

La alusión a la reforma del proceso penal no puede satisfacer más a
esta ponente ni a la formación política a la que representa.

Modificado el procedimiento contencioso- administrativo y el civil,
realmente le ha llegado la hora, pero nos hubiera gustado oír algo
más sobre el modelo de proceso por el que en definitiva se



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va a optar desde el Gobierno, o que va unido también indisolublemente
al modelo de ministerio fiscal, otra asignatura pendiente, puesto que
el estatuto del ministerio fiscal está pendiente de reformas con
acuerdos adoptados por unanimidad en virtud de iniciativas
legislativas tomadas en la pasada legislatura a través de mociones,
me parece, consecuencia de interpelaciones urgentes. Conocido es que
el grupo al que represento ha presentado en varias ocasiones
iniciativas sobre las medidas cautelares en materia penal, y es que
efectivamente las cautelas en materia penal, sobre todo la regulación
de la prisión provisional, está en nuestro sistema necesitada cuanto
antes de reformas que tengan en cuenta, no sólo el derecho a la
tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia, sino también
el derecho a la libertad, derecho sagrado que es otro de los valores
que ha de tenerse en cuenta en esta rama del derecho que no existe
cuando se habla de tutela cautelar en lo civil o en lo contencioso.

A la hora de mencionar las modificaciones en materia de recursos, me
hubiera gustado saber, y se lo pregunto ahora, algo más en relación
con la casación penal y la vinculación que respecto de su reforma se
hace con la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas del 20 de julio, que se dictaba al amparo del artículo 28 del
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, vía ésta que a
todos nos resultó sorprendente cuando tuvimos noticia de ella en la
prensa, a través de la cual se ha llevado a la reconsideración de una
sentencia dictada por tribunales españoles, de la que parecía
deducirse que en instancias internacionales se considera que el
sistema de casación español resulta en alguna medida insuficiente.

Parecería que la denuncia efectuada por el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas no hace sino poner de manifiesto la necesidad de
afrontar con urgencia este mecanismo, que nos parece más importante
en este aspecto de garantizar la doble instancia judicial y la
posibilidad de revisión de la prueba más que, repito, lo que
anunciaba usted como regulación de las vías de inadmisibilidad, lo
cual, siendo perfectamente posible -y se puede ser muy cuidadoso en
la regulación- siempre tiene ese cierto tufo de querer quitarse
asuntos de en medio. Para ser cuidadoso con la tutela judicial
efectiva deberemos serlo también, tanto el Gobierno con el proyecto
que nos remita como nosotros, con la regulación del sistema de
inadmisibilidades que se articule que sí tendrá como finalidad
quitarle de encima al Tribunal Supremo algunos de los numerosísimos
asuntos que ahora tiene que examinar.

Otra cuestión que no ha mencionado el ministro y que a nosotros sí
nos gustaría pensar que se tiene alguna previsión respecto de ella es
la que tantas veces menciona -lo ha hecho en esta Cámara por lo menos
en dos ocasiones, que yo conozca- Fernando Álvarez de Miranda, que
fue presidente de este Congreso de los Diputados y Defensor del
Pueblo, en relación con el
establecimiento de un procedimiento que permita garantizar el
reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias dictadas por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando resulta condenado el
Estado español. Las sentencias resultan ser en muchísimos casos
meramente declarativas y desde un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional en la sentencia 245/1991 no conocemos que nada se haya
hecho al respecto. Son numerosas las cartas que recibimos los
diputados sobre esto por quienes son beneficiarios de sentencias de
este estilo, que en principio cantan victoria diciendo: por fin se me
ha reconocido que se cometió una tropelía a mi esfera de derechos y
libertades, pero que luego en definitiva el pronunciamiento les acaba
resultando ilusorio. Cuando compareció el año pasado en la
subcomisión, en relación con la celebración del 50 aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos, nos solicitó a los diputados que
hiciésemos algo porque por fin pudiese verse regulada esta cuestión.

En cumplimiento de lo que entonces se nos dijo y lo que ha reiterado
después en una reunión del Consejo Federal del Movimiento Europeo y
ante la asociación de ex diputados y senadores, cumplo con el
cometido que tan ilustre político nos hacía, y me gustaría instar al
Gobierno para que nos presente un proyecto de ley sobre esta materia.

(El señor presidente ocupa la Presidencia.)



He visto que el ministro aludía en repetidas ocasiones a la
existencia de competencias en lo que hace referencia a la
administración de la Administración de justicia en las comunidades
autónomas, pero ya le he indicado que luego por cómo alude a otras
cuestiones, tales como la regulación del personal al servicio de la
Administración de justicia o el diseño de la oficina judicial, me
parecía que se pretende la mera descentralización existiendo un
diseño ciertamente uniformizador en cuanto a las potestades que a
cada una de las comunidades con competencias asumidas nos pudieran
incumbir. He aludido antes al trabajo efectuado por el profesor Lucas
Murillo de la Cueva en cuanto al Poder Judicial en el Estado
autonómico y es que creo que debe tenerse en cuenta que, además de la
estricta separación de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial, también en el plano vertical existe una distribución de
competencias entre el centro y la periferia -y en materia de
administración de la Administración de justicia nos parece que es
importante- y existe una distribución de competencias derivadas de
que estamos incluidos en esferas internacionales, no solamente en el
ámbito europeo, del que tampoco se ha hecho mención -salvo la que yo
acabo de hacerle en cuanto a la ejecución de las sentencias-, sino
también al ámbito internacional, de lo que ha sido muestra la
aprobación en esta legislatura de la ratificación por España del
Tratado de la Corte Penal Internacional que en alguna medida supone
el reconocimiento de una espera o la dejación de unas competencias
propias del Estado en favor de una entidad



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internacional. Nos gustaría saber si se baraja más de lo que ha
indicado la posibilidad de aumentar las facultades de las salas de
los tribunales superiores de Justicia, si se ha barajado en algún
momento y se ha descartado o no la posibilidad de utilización del
150.2 en relación con la materia de Justicia o se entiende que es de
las expresamente excluidas, si bien la Constitución no es
excesivamente explícita y la jurisprudencia constitucional lleva a la
determinación del caso por caso. Nos gustaría saber si en el
Ministerio existe un planteamiento al respecto.

Siguiendo en clave autonómica, cuanto se ha manifestado en relación
con la oficina judicial, en algunas comunidades autónomas como en la
vasca -la señora Lasagabaster se ha referido a ello- tenemos ya
deberes bastante adelantados, por vías que no siempre tienen la
consideración normativa que se debiera, porque creo que no le
descubro nada si le digo que para ejecutar competencias autonómicas
en esta materia, como en tantas otras, hay que aprovechar las fisuras
que se nos van dejando, puesto que todavía está pendiente -
y aprovecho la ocasión para pedirle que lo reconsidere y si es posible
lo retire- un conflicto de competencias, el 3.783, de 1998,
interpuesto la pasada legislatura, en relación con la posibilidad de
que desde las comunidades autónomas se hagan relaciones de puestos de
trabajo del personal al servicio de la Administración de justicia. Es
un conflicto, señor ministro, que si me lo permite, creo que lo
tenemos ganado. Mírenlo y hagan ese gesto. Cuando digo hemos, y hablo
en plural, me refiero a la vinculación de la formación política a la
que yo represento con el actual Gobierno vasco. Pero, si uno examina
el decreto 309/2000, de 26 de diciembre, publicado ya durante el año
2001, del Gobierno vasco, comprueba que lo que se publica como
acuerdo de las organizaciones sindicales sobre la modernización en la
prestación del servicio público de la justicia y su repercusión en
las condiciones del trabajo del personal al servicio de la
Administración de justicia es un diseño completísimo de lo que es la
oficina judicial en el ámbito vasco, además de un diseño completo
también de los aspectos de gestión de personal; establece las
condiciones mínimas en las que se desarrollará el proceso de
modernización de la oficina judicial, tanto en sus aspectos
organizativos como de gestión, tal y como dice su artículo 1 en
cuanto al objeto y ámbito de aplicación. Lo contiene todo, se habla
de la calidad del servicio, del modelo de oficina judicial, de los
servicios comunes, de planificación y desarrollo de los recursos
humanos, de la modernización de las herramientas de trabajo, de la
informática, de los protocolos de funcionamiento, de la modernización
lingüística, del calendario laboral, incluso de la salud laboral,
teniendo además, en su último apartado, un aspecto que nos parece
singularmente importante; se dice cuál será la documentación
acreditativa para el cumplimiento de determinados objetivos. Bien
está la
modernización que lleva aparejada unos incrementos retributivos, pero
debe hacerse siempre que por parte de quien presta este servicio se
acredite el cumplimiento de los determinados objetivos que la norma
prevé. Espero que haber destapado la existencia de este decreto no se
traduzca en que ahora desde el Ministerio procedan a recurrirlo,
porque tengo la convicción de que es conocido y que incluso puede
servir como ejemplo -lo he oído en ocasiones- lo adelantado por la
Comunidad Autónoma del País Vasco en esta materia, puesto que es de
las primeras que asumió las transferencias. No digo que siempre se
haga mejor, también se lleva más tiempo ejecutando determinadas
competencias.

No le he oído ninguna mención -y yo sí quisiera hacérsela- a la
utilización de lenguas distintas.




El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego vaya terminando, por
favor.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señor presidente. Me quería referir,
aunque sea de manera muy breve, a los caracteres jurídicos en la
Administración de justicia en lo que se refiere a un Estado
plurilingüe y, en concreto, a dos cuestiones. Conozco que se está
haciendo mucho en esta materia y con enorme receptividad, tanto del
personal al servicio de la Administración de justicia como de los
propios jueces y magistrados. Pero me gustaría saber si se ha pensado
algo nuevo en cuanto a medidas paliativas para garantizar los
derechos lingüísticos de los ciudadanos en el uso de la lengua propia
con plena validez y efectos jurídicos, más allá de la utilización de
los traductores y de la extensión en el uso de la lengua, si no se
considera que la lengua propia es residual o de segundo grado en las
actuaciones judiciales y qué puede hacerse para salir al paso de esta
cuestión.

Puesto que me llama al orden el señor presidente, concluiré
diciéndole que también mi grupo acepta el diálogo sincero que el
ministro ha ofrecido y que no tenga la menor duda de que lo tendrá en
el Grupo Vasco. Nos gustaría, eso sí, que respecto de lo anunciado no
existieran sorpresas al margen de lo hoy manifestado, como nos pasó
en el período de sesiones anterior, cuando el señor ministro conoce
que contó con nuestro apoyo, excepción hecha de la legislación
antiterrorista, que no estaba en el paquete inicial y que
consideramos no idónea a pesar de reconocer lo brutal o lo tremendo
de la violencia etarra, una vez rota la tregua.

Repito, señor ministro, que mi grupo le sigue ofreciendo el fair play
que hasta ahora hemos tenido para con usted y para con el equipo que
le acompaña, al que me parece que hay que hacer justicia también en
esta comparecencia, y nos gustaría que este talante se mantuviera
y que fuera, desde luego, recíproco.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
el señor Rejón.




El señor REJÓN GIEB: Señor ministro, agradecemos su comparecencia y
me remito directamente al orden del día: Comparecencia del ministro
de Justicia, a petición propia, para informar, al iniciarse el nuevo
período de sesiones, sobre el proceso de reforma de la justicia en
los términos comprometidos en la anterior comparecencia del 24 de
mayo de 2000. Por tanto, para mí, como portavoz de mi grupo, lo que
sirve fundamentalmente es el proceso en los términos comprometidos en
su anterior comparecencia del 24 de mayo del año 2000.

El portavoz socialista decía, me imagino que con cierta ironía o con
cierta esperanza, que hoy era cuando verdaderamente el Gobierno había
puesto sobre la mesa un proyecto de pacto de Estado. Yo entendía que,
con mayor o menor fortuna, ya el 24 de mayo había enunciado -a mi
entender, había casi marcado- el terreno de juego de lo que iba a ser
el pacto de Estado. Digo que con mayor o menor fortuna. No obstante,
sí me voy a remitir -y alguna portavoz se ha referido a ello- a una
entrevista del ministro publicada en el diario El Mundo el 29 de
enero, en la que decía: Lo que está ocurriendo demuestra que hay que
reformar la justicia, y lo vamos a hacer. Yo creía que la justicia se
iba a reformar por muchas razones anteriores a los hechos que habían
sucedido en los meses de diciembre y enero, pero parece que lo que
daba el último empujón al señor ministro era lo que estaba
ocurriendo, que le parecía que era lo que demostraba que había que
reformar la justicia, y que lo iban a hacer. Leyendo atentamente,
pensé que a lo mejor era verdad que con esos disparos de aviso
-entiéndase en términos políticos- , el señor ministro iba a reformar
la justicia. Y la gran herramienta que ponía el señor ministro en
carga era lo que concretamente decía:
Dentro de esta propuesta estará incluido, en efecto, el cambio del
sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, en los términos que contenía el programa del PP, es decir,
elección por los propios jueces; en cualquier caso, buscaremos el
consenso para que el sistema elegido sea estable. A mí entender, esto
no tenía nada de novedoso porque decía casi palabra por palabra lo
que el señor ministro dijo en la comparecencia del 24 de mayo. Hay
también otras declaraciones suyas en las que dice: Vamos a hacer todo
lo posible y vamos a cambiar lo que sea necesario para que no se
vuelvan a repetir situaciones como esta. Ante esa situación, señor
ministro, si usted proponía las mismas medidas, ¿qué pasa: qué ya el
señor ministro tuvo premonición el 24 de mayo de lo que iban a ser
los meses de diciembre y enero? Si es así, no hay ningún problema,
pero, si no, señor ministro, entrar en el debate de si debe ser un
órgano independiente o no o si el problema de la justicia española
reside en el sistema de
elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es
una simplificación excesiva.

No es un tema objeto de discusión hoy, pero mi grupo parlamentario
quisiera hacer referencia a lo siguiente. Yo no sé si se trata de
cuotas, si es independencia o si es puenteo o cuenteo el hecho de que
los grupos políticos los elijan en el Parlamento. Si son cuotas, me
da igual, me importa un bledo, pero siempre preferiré una cuota
elegida por representantes elegidos a su vez por millones de personas
-¿o es que ahora cuando se elija a los jueces va a dejar de ser
cuota?-, una cuota elegida por cuatro o cinco mil personas. Por
tanto, hablemos de cuotas. Cuando estas cosas se tienden a demonizar
es como si los supuestos políticos fueran personas malvadas que,
cuando hacen cuotas, se las reparten entre los amigachos. Ahora, los
otros no, los demás están limpios y son ángeles custodios en un
momento determinado. Dicho esto, desde luego mi grupo parlamentario
considera que el sistema actual es el adecuado, aunque hay que
corregir algunas cuestiones. Lo que nosotros planteamos es que haya
propuestas de las distintas asociaciones del Poder Judicial y que en
una comparecencia en esta Comisión se eleve una propuesta al Pleno y
que sea éste el que elija su representación.

Cuando he escuchado con toda la atención que he podido, debido al
gripazo que tengo, al señor ministro, me ha parecido que poca música
más introducía con respecto a su comparecencia del día 24 de mayo,
como no podía ser menos. El señor ministro ha demostrado ser una
persona rigurosa en anteriores actividades, por lo que no podía
añadir nada más. Lo que pasa es que ya va siendo hora, a mi entender,
de que concrete mucho más y sobre todo que evalúe lo que él llamó en
su comparecencia del 24 de mayo la primera fase, el plan de choque,
plan de choque para el que ya se ha puesto en marcha el cuerpo
legislativo necesario. Ha transcurrido un tiempo, aunque no
suficiente, indiscutiblemente, pero, ¿cuántas de esas plazas de
cumplimiento urgente, de esas 500 plazas se han producido? ¿De qué
forma? ¿Cómo están funcionando? A nosotros nos gustaría saber todo
esto. Evidentemente, hay una temporalidad, puesto que la segunda fase
aparece en febrero, una fase que usted decía que era a medio plazo
mientras que una tercera fase era a largo plazo, la cual no se sabe
cuándo llegará. Por calendario, ha entrado ya en vigor la Ley de
Enjuiciamiento Civil y nosotros quisiéramos saber su evaluación
porque, aunque hemos pedido una comparecencia expresa sobre esa
situación, hay muchas imprevisiones en el Ministerio. Señor ministro,
usted lo sabrá sin duda mejor que yo, la Consejería de Justicia del
País Vasco ha preparado ya en torno a 7.000 -tendiendo a 10.000-
modelos o escritos que van a ser necesarios para la puesta en
práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su Ministerio todavía
no han trabajado ni 1.000 en el programa Libra y no están
suficientemente rodados. Son datos a 31 de enero del presente año.




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A nosotros nos hubiese gustado que en el poco tiempo de que ha
dispuesto hubiese hecho en un primer bloque una evaluación de la
primera fase para entrar indiscutiblemente en una mayor concreción de
la segunda. Vuelvo a insistir -lo cotejaré luego cuando tenga la
transcripción- en que yo no he visto mucha mayor concreción ni muchas
más pesetas en los mismos cestos con respecto a su comparecencia del
día 24 de mayo. Usted ha hablado del acceso a la carrera, a la
carrera como profesión, el tiempo para acceder a determinados cargos,
la incompatibilidad de formación o especialización y el régimen
disciplinario. Cuándo, cómo y de qué forma. Y ha hablado de un
adecuado sistema retributivo de la justicia. Uno que sea mal pensado
puede creer que muchos de los conflictos -entre otras cosas porque en
sus reuniones no se han recortado y siempre alguien habla en las
mismas del tema del adecuado sistema retributivo- tienen un pie
puesto en el problema del sistema retributivo. Suscribo totalmente la
intervención de la señora Uría. No al sistema retributivo tal como
está, sino que queremos saber qué mejoras va a tener, su calidad y
qué servicio público va a haber.

El artículo 124 de la Constitución otorga su misión al ministerio
fiscal. Pues bien, cuándo y de qué forma. La figura del secretario
judicial y la oficina judicial. Cuando usted dice que en esta
legislatura debe quedar completado el traspaso a todas las
comunidades, quisiéramos saber qué calendario tiene su Ministerio. En
cuanto a la plena e integral implantación de las nuevas tecnologías
en el seno de la Administración de justicia, qué presupuesto hay y
cómo está funcionando. Y en relación con las cuestiones legislativas,
ya le he dicho que la Ley de Enjuiciamiento Civil la veremos ¿Para
cuándo la ley concursal, para cuándo la ley de arbitraje, para cuándo
el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria? Dice que acometeremos
la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. ¿Para cuándo?
Usted tiene que tener una previsión. La de vigilancia penitenciaria,
¿para cuándo y en qué calendario? La Ley de Enjuiciamiento Criminal,
la Ley de asociaciones y la Ley de fundaciones.

No puedo dejar de mencionar -decía usted el 24 de mayo- la necesidad
de continuar en el establecimiento de límites jurídicos que permitan
garantizar el respeto a los derechos humanos en conflicto en relación
con la investigación biológica, ingeniería genética o con los
problemas derivados del avance de la tecnología y de la ciencia. ¿De
qué forma y para cuándo? Desarrollo de proyectos normativos en el
campo de la libertad religiosa y, sobre todo, la objeción de
conciencia una vez que ya va a entrar en vigor el ejército
profesional. En ese sentido queremos saber si el ministro de Justicia
ha convocado la conferencia sectorial como prometió hacer en su
comparecencia de esta Comisión el 24 de mayo. En qué ha consistido el
prometido decidido apoyo -entre comillas- del Ministerio que usted
planteó en relación con la Carta de derechos fundamentales de la
Unión Europea. Dado el fracaso de la cumbre de Niza en este campo,
¿qué medidas va a aplicar en el futuro su Ministerio para conseguir
la vigencia efectiva y prescriptividad normativa de la citada Carta
de los derechos fundamentales de la Unión Europea? Por último, ¿qué
volumen de gasto real y efectivo, no meramente planificado, ha
ejecutado su Ministerio en materia de modernización, dotación y
mejora del conjunto de medios materiales y humanos al servicio de la
Administración de justicia? En este punto ruego al ministro un mayor
nivel de concreción del que tuvo el 24 de mayo, en eso y en otras
partidas, porque al final estamos encontrándonos con que son
problemas no sólo estructurales, sino también de dinero.

Termino ya, señor presidente. Como grupo estamos abiertos a cualquier
diálogo, siempre lo hemos estado, pero esperemos que sea un diálogo.

Un pacto no es que el Ministerio decide y los demás asienten, es algo
mucho más abierto, donde hay que hablar con asociaciones y con
distintos colectivos, no sólo con los grupos parlamentarios, y me uno
a otras voces, sino con las comunidades autónomas y fundamentalmente
con los parlamentos más que con los ejecutivos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Al ritmo que se va desarrollando la sesión,
me parece que al final en lugar de pacto de Estado por la justicia
acabaremos hablando del pacto del hambre, porque posiblemente
enlacemos la sesión de la Comisión con el Pleno de la tarde.

En cualquier caso, debo iniciar la intervención agradeciendo la
comparecencia del ministro de Justicia y manifestando nuestra
sorpresa, que no decepción. Teníamos temores fundados de que la
sesión de hoy se limitase a un planteamiento metodológico, a un
enorme debate sobre el Consejo General del Poder Judicial y quizás al
avance de un índice muy limitado de cuestiones o problemas, sin
propuestas que se nos hicieran desde el Gobierno. Sin embargo, nos
hemos encontrado con un planteamiento amplio, serio, que puede no
compartirse en alguno de sus puntos, por eso se trata de una
negociación, pero, sin lugar a dudas, de la primera propuesta
detallada de un modelo de justicia que hemos recibido en estos
últimos cinco años.

Una de las críticas que se hacían al ministro de Justicia en relación
con los temores fundados que pudieran existir es que el famoso pacto
de Estado sobre la justicia corría el riesgo de convertirse en un
titular vacío de contenido, que terminara por diluirse en la medida
en que no pudieran sentarse las bases del pacto, las prioridades,
plazos y términos, incluso el reflejo presupuestario. Era uno de los
planteamientos que no sin motivo se hacían hace unos meses desde la
Asociación de Jueces



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para la Democracia y desde la Unión Progresista de Fiscales. La
sesión del día de hoy nos ha despejado este temor que ciertamente
podía tenerse. Tampoco nos ha decepcionado en modo alguno el
comportamiento de los restantes grupos parlamentarios. Es encomiable
el planteamiento que ha efectuado en el día de hoy el Grupo
Parlamentario Socialista que nos permite comprobar que se puede
construir desde la oposición y desde esa perspectiva los grupos
minoritarios también tenemos que efectuar ese reconocimiento, así
como de las intervenciones del resto de los grupos.

Hay que decir que la situación es grave. La semana pasada, puede que
incluso el día de ayer, se nos entregaban los datos de opinión del
CIS, de octubre-diciembre del año 2000. Cuando se habla de la
valoración de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios
públicos, de diez servicios públicos, la justicia ocupa el último
lugar; sólo el 33 por ciento piensa que funciona mejor que en otros
momentos; aparece a la cola tanto en la valoración de la eficacia
como en el grado de funcionamiento. El 17 por ciento de los
ciudadanos entiende, en julio del año 2000, que la justicia tiene
mucha o bastante eficacia y sólo un 33 por ciento que funciona mejor
que en otros momentos. Sin embargo, cuando se trata de valorar si el
Estado gasta demasiado o demasiado poco en justicia, los ciudadanos
la sitúan a la mitad de la tabla, sólo el 5 ó 6 por ciento opina que
el Estado gasta demasiado en justicia y, curiosamente, aparece la
cuarta entre los ciudadanos de cara a reducción de gasto público en
ese servicio.

En cualquier caso, quiero fijarme en los dos aspectos fundamentales,
primero, en la valoración de la eficacia, que aparece a la cola de
los diez servicios públicos, donde la sitúan los ciudadanos. En
segundo lugar, hay otro aspecto importante, que se señalaba en la
memoria del Consejo General del Poder Judicial en el año 1998 y se
reitera en la memoria del año 1999, que es ciertamente motivo de
preocupación y de urgencia. Cuando se habla del cumplimiento de los
deberes relativos al horario y jornada laboral en las oficinas
judiciales, reiterando lo que ya se señalaba en la memoria del año
1998, el Consejo General del Poder Judicial señala que la
trascendencia de incumplimientos de horario en el ámbito de la
Administración de justicia equivale a unas 150.000 horas semanales,
por tanto a 4.000 funcionarios, suficientes para atender a 350
órganos nuevos. Quiero decir que es importante el esfuerzo
presupuestario y mi grupo, que manifestó en la proposición no de ley
sobre reforma global de la justicia la importancia de ese esfuerzo
presupuestario, así lo reconoce. Por tanto no puede sino reconocer el
planteamiento que se efectúa desde el Gobierno y desde su Ministerio,
pero hay que poner dinero, bastante dinero, aunque no todo es poner
dinero porque da la impresión de que nos podemos ahorrar 4.000
funcionarios o no tenemos que poner un duro más para contar con sus
servicios.

Por tanto, tampoco se trata de hacer hincapié en la situación en que
nos encontramos en estos momentos sino de poner hilo en la aguja,
como decimos en Cataluña, y avanzar en ese pacto, del que hay que
decir que deben ser protagonistas todos aquellos agentes o sectores
que se relacionan con el mundo de la Administración de justicia.

Quiero señalar que, de la misma manera que no debe hacerse una
reforma de la justicia para los abogados, para los procuradores, para
los jueces y magistrados, para los fiscales, tampoco puede hacerse
una reforma de la justicia sin ellos, sin haber hablado con estos
colectivos desde el Gobierno, como piensa hacer mi grupo
parlamentario; desde luego, mucho menos debe hacerse una reforma de
la justicia contra los abogados, contra los jueces, contra los
fiscales o contra los secretarios judiciales.

Entiendo que en esta reforma, juntamente con el Gobierno, hay dos
protagonistas fundamentales. Por un lado, están las comunidades
autónomas que tienen competencias asumidas en la materia -ya han
recordado otros grupos los acuerdos que se han adoptado en la
Comisión de coordinación de las comunidades Autónomas en Pamplona el
9 de febrero, por tanto no hace una semana-, y los ciudadanos, porque
si alguien tiene que ser destinatario de este pacto de Estado para la
justicia son los ciudadanos. Por lo tanto, en la medida en que son
los ciudadanos, en cuanto tales, destinatarios del mismo, también los
grupos parlamentarios y las fuerzas políticas han de ser los
protagonistas fundamentales de dicho pacto por lo que hace referencia
a su negociación.

Material no nos falta. Las comunidades autónomas, a través de su
Comisión de coordinación, aprobaron en Valencia en junio de 2000 12
puntos fundamentales que entendieron que debían integrar el pacto de
Estado por la justicia. El Consejo General del Poder Judicial aportó
el libro blanco y, posteriormente, contamos con ese informe que tiene
el título optimista: Del modo de arreglar la justicia, porque
obviamente presupone que esto tiene arreglo; por tanto, hay que
asumir también este planteamiento. Además, está la proposición no de
ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, que fue aprobada
el 16 de febrero de 1999, los programas electorales de los partidos y
propuestas varias, y desde luego la propuesta que el señor ministro
de Justicia nos ha formulado en el día de hoy. Quiero reiterar que es
la primera vez que desde el Gobierno se nos ofrece o se nos presenta
un planteamiento global, necesitado obviamente de desarrollo en
conversaciones previas, pero por lo menos un modelo sobre el que
podamos hablar, discutir y negociar.

Debo decirle, para empezar por lo positivo, que mi grupo se reconoce
en algunos aspectos o en algunos fragmentos de la propuesta que nos
presenta el Gobierno. Se reconoce en un planteamiento tan genérico
-lo que no quiere decir que no sea importante- como esa distinción
que se hace entre el impulso procesal y la



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labor de gestión, que debe ser más desarrollada y que afectará sin
lugar a dudas a las funciones de los secretarios. Se reconoce también
en un aspecto tan concreto como la manifestación del señor ministro
de que los sábados deben declararse inhábiles a efectos procesales;
lo digo porque fue una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Civil que
presentó mi grupo parlamentario y que fue rechazada. Parece que
estamos de acuerdo en cosas genéricas y también en cosas más
concretas: la ampliación de funciones de los procuradores -que
también propugnamos en la Ley de Enjuicimiento Civil-, la
especialización de los órganos judiciales, la limitación del valor de
la antigüedad -absolutamente fundamental dentro de la carrera
judicial-, el incremento de la responsabilidad de jueces y
magistrados, abordar las cuestiones referentes a retribución
vinculándolas a la productividad -faltaría más- y la necesidad de un
importante impulso presupuestario.

De todas formas, mi grupo quiere brindar una idea al Gobierno y al
resto de los grupos; lo digo para sentarnos a hablar sobre ella. Se
ha hablado aquí de la necesidad de consolidar la gratuidad de la
justicia. ¿Pero gratuidad de la justicia para todos y en todo caso?
¿Tiene sentido que un ciudadano español tenga que pagar un porcentaje
de las medicinas que se ve obligado a consumir y que nos parezca
normal que dos laboratorios farmacéuticos que facturan billones de
pesetas al año puedan sostener un pleito gratuito sobre la nulidad de
una patente? Creo que es un aspecto que debería llevarnos a sentarnos
y a hablar. Nadie negará que la justicia penal debe ser gratuita o
que la justicia contencioso-administrativa debe serlo también, pero
quizá nos podamos plantear si debe ser gratuita o no en el ámbito del
procedimiento civil o mercantil, cuando hablamos de determinados
actores y sobre determinadas materias. Y eso, sin lugar a dudas,
podría contribuir también a allegar recursos a la justicia para que
sea efectivamente gratuita para aquellos que debe ser gratuita; no
sólo gratuita, sino también eficaz y de calidad, etcétera.

También nos manifestamos de acuerdo, y así lo traíamos en nuestro
programa electoral, respecto de esa carta de derechos del usuario de
la justicia; hemos encontrado algunos elementos para el optimismo en
el planteamiento que hace sobre justicia y Estado de las autonomías.

Sin perjuicio de que deberá ser objeto de desarrollo y de que, sin
lugar a dudas, tendremos que hablar y negociar sobre esta materia, el
planteamiento del incremento de competencias de los tribunales
superiores de Justicia, por ejemplo, nos es muy grato. No creo que
deba limitarse puramente a los juicios de revisión en la ejecución de
sentencias de tribunales extranjeros; si se pretende reducir la carga
de trabajo del Tribunal Supremo, habrá que atribuir funciones de
casación -no sólo de derecho autonómico, sino funciones realmente de
casación- a los tribunales superiores de justicia. De otra manera,
nos podríamos encontrar
con que no existiría ni posibilidad de segunda instancia en la
jurisdicción Contencioso-administrativa, pero ese es un aspecto que
vamos a tener que desarrollar.




Descentralización del órgano de gobierno de los jueces, del Consejo
General del Poder Judicial. Teníamos planteamientos alternativos:
podríamos ir a consejos territoriales del Poder Judicial o podríamos,
como propone el Gobierno, incrementar las competencias de las salas
de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia. Incluso hace un
planteamiento que no era el que hacía recientemente el Consejo:
aumentar esas competencias en materia de inspección y en materia de
responsabilidad disciplinaria. Eso es algo que vemos favorablemente.

Debemos plantearnos -como ha hecho algún otro grupo- el sistema de
elección de las salas de gobierno o incluso, de la misma manera que
el Consejo General del Poder Judicial se atribuye una legitimidad
parlamentaria, debiéramos también trasladar un porcentaje de
legitimidad parlamentaria a las salas de gobierno de los tribunales
superiores de justicia.

En cuanto al planteamiento de cuerpos propios en materia de
administración de Justicia de las comunidades autónomas, vemos en su
discurso una voluntad de incrementar notablemente la competencia de
las administraciones autonómicas respecto del personal al servicio de
la Administración de justicia. Nos hubiese gustado oír lo mismo
respecto de la demarcación y planta; entendemos que es una omisión ya
que debido a la duración de su discurso, que ha sido cronometrado en
una hora, quizá haya habido algunos aspectos que no haya podido
desarrollar adecuadamente.

Sobre este planteamiento, y sabiendo que nuestro programa electoral
tiene un planteamiento diferente, le podemos decir aquello que
decimos en Cataluña: Parlem ne. Es una oferta seria y por tanto nos
podemos sentar a hablar. El ministro de Justicia no renuncia a su
programa electoral, nosotros tampoco renunciamos al nuestro, pero
vemos motivos para el optimismo y para la esperanza.

Hablaré muy someramente sobre algunos de los aspectos que ha tratado
en su intervención. Uno de ellos es el Consejo General del Poder
Judicial, cómo se elige y cómo se designa. El señor ministro ha hecho
una afirmación que le honra, y es que está dispuesto a que le
demuestren que hay un sistema mejor que la elección de doce miembros
a través de las asociaciones judiciales y ocho miembros por parte de
las Cámaras. Con la legitimidad que le da a este diputado haber
incluido en el programa electoral de Convergència i Unió para 1996
esa elección que propone ahora el Gobierno y haberlo retirado en el
programa electoral para el año 2000, le tengo que decir que nos
parece que el sistema actual es mejor que aquel. Podemos hablar de
varios aspectos, podemos hablar, como señalaba el Grupo Parlamentario
Socialista, de ir a una renovaciónparcial y no total; podemos hablar,
como habla mi propio



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grupo, de dar entrada no sólo a las asociaciones de jueces y
fiscales, a los colegios de abogados, de procuradores, a otras
asociaciones que puedan representar precisamente a los usuarios de la
justicia, pero negar, reducir o excluir al Congreso y al Senado de la
elección de esos doce vocales entendemos -al menos es la posición de
mi grupo, aceptando cualquier otra posición y nos sentaremos a hablar
de lo que quiera el Gobierno- que no es el mejor de los sistemas. Al
final el poder se acaba organizando de una forma jerárquica y yo
prefiero que en última instancia en la cúpula de esa jerarquía
existan personas legitimadas parlamentariamente a que existan
personas que no están legitimadas parlamentariamente. De todas formas
esto tampoco nos parece que sea la cuestión más importante de las que
se han tratado aquí.

Como decía anteriormente, su planteamiento nos lleva a la esperanza.

La ley concursal, ciertamente, como ha anunciado el señor ministro,
tiene que venir cuanto antes. Yo le preguntaría cuándo vendrá la ley
de asociaciones profesionales, que es algo que afecta muy
directamente también a la forma de organizarse, no ya pura y
simplemente los despachos de abogados y procuradores, sino otro tipo
de despachos profesionales. También se ha hecho referencia a la
posibilidad de ejecución efectiva de las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Nos parece muy bien el planteamiento que
ha efectuado el ministro respecto del estatuto de la abogacía, pero
también debiéramos abordar un tema sobre el que normalmente pasamos
de puntillas, pero del que tendremos que hablar, que son las
condiciones no tanto de acceso a una profesión -porque esa es una
visión absolutamente corporativa- sino si podemos mejorar la calidad
de los servicios que los abogados pueden prestar y prestan a los
ciudadanos y, por tanto, intentar garantizar que estos abogados
puedan prestar sus servicios en unas condiciones de calidad mejores o
superiores a las que se están produciendo en estos momentos.

La situación del Tribunal Supremo, señor ministro -y con esto
prácticamente voy acabando-, todos la asumimos como insostenible.

Creo que muy recientemente ha habido un ejemplo que los ciudadanos
han percibido y es que da la impresión de que son tantos los asuntos
que tiene el Tribunal Supremo que no sabe ni los que tiene ni con los
que se queda ni los que devuelve a la Audiencia Nacional. Para los
ciudadanos eso de que haya un mismo tema en la Audiencia Nacional y
en el Tribunal Supremo es algo que no acaban de entender. Creo que
debemos intentar reducir ese número de asuntos para que todos sepan
lo que tienen, lo que llevan, lo que rechazan y sobre todo permitir
que se esté unificando la aplicación de la ley en un plazo
absolutamente real.

Podríamos hablar, desde luego, de muchísimas más cosas. Quiero hacer
hincapié -ya lo han hecho los portavoces- en la asunción de la lengua
propia en el ámbito de la Administración de justicia, no sólo del
castellano, que ciertamente es la lengua propia de gran parte de los
españoles, pero también hay otras lenguas propias; en ese caso hay
que hacer un importante esfuerzo. Por tanto, quiero manifestarle que
estamos dispuestos, como el resto de los grupos, a trabajar y avanzar
en este tema.

Yo le decía -y con ello ya acabo, señor ministro- en su comparecencia
del 24 de mayo, muy al final de mi intervención, que mi grupo le
reconocía el talante, la credibilidad y el peso político para augurar
un buen éxito al mundo de la justicia en esta legislatura y para
augurar el éxito de este pacto de Estado, éxito, también le decía,
que no será sólo del señor ministro, sino también de los grupos
parlamentarios, de la misma manera que el fracaso sería no sólo del
señor ministro, sino del resto de los grupos parlamentarios. Pues
bien, le debo decir en estos momentos que no tengo ningún indicio que
me permita retirar esas expresiones y entiendo que después de lo que
ha manifestado el señor ministro y lo que han manifestado los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de los
grupos estamos en el buen camino y podremos satisfacer en gran medida
esta necesidad de los ciudadanos que nos piden justicia y que la más
de las veces les damos piedras; que les podamos dar, aunque sea al
final de esta legislatura, justicia de verdad, justicia eficaz y
justicia en tiempo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, en nombre de mi grupo, la
felicitación al señor ministro, que no es una felicitación rutinaria
ni obligada, sino que es fruto de la impresión recogida en el momento
posterior a su intervención, en que se ha interrumpido brevemente
esta sesión y donde ha habido una amplia oportunidad de intercambio
con otros grupos, expresado luego en sus tomas de posición, e incluso
con otros asistentes a esta sesión, para captar cuál ha sido la
acogida que su intervención ha tenido y que desde mi grupo se
interpreta como algo de un gran valor político. Lo que ha dicho aquí
el señor ministro ha sido acogido con un enorme respeto, y yo creo
que eso es algo muy digno de ser resaltado. Quizás algunos han tenido
además la sinceridad de exponerlo abiertamente. Esperaban otra
actitud, una actitud de ganar tiempo, de verlas venir. Pero no, el
señor ministro ha venido hoy con los deberes muy bien hechos y ha
sorprendido con un planteamiento enormemente ambicioso, muy
claramente diseñado y con una profundidad que a algunos les ha dejado
un tanto desconcertados. El ministro, por tanto, sabe lo que quiere y
además no quiere hacerlo solo, lo cual le honra igualmente. Mi grupo
recuerda lo que le ha oído en otras ocasiones, y es que la reforma de
la justicia es el objetivo y que el pacto de Estado es el
instrumento, y le toma la palabra en ese sentido. Nos parece
fundamental que eso siga siendo así y que en modo



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alguno la reforma de la justicia deje de ser el objetivo, porque es
lo que nos preocupa y lo que preocupa a todos los españoles. En ese
sentido coincidimos con lo que hemos oído -quizás en otro tono- al
portavoz de Izquierda Unida. Consideramos que sería muy interesante
contar con un calendario, aunque luego, dentro de la flexibilidad con
la que se debe llevar a cabo en el marco de un pacto de Estado, acabe
a lo mejor quedando como un recuerdo histórico. Pero sí es
interesante que en modo alguno disquisiciones formales,
planteamientos metodológicos, dilaten indebidamente lo que debe ser
nuestro objetivo, y es la reforma de la justicia.

Aquí no ha habido tiempo perdido. Es cómico que se hable de tiempo
perdido después de una legislatura donde hemos aprobado, y no sin
sudores de todos, la Ley de lo contencioso administrativo, la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la Ley del menor. Caramba, yo me apunto a
seguir perdiendo el tiempo. Ojalá el pacto de Estado, que estamos
todos deseosos de abordar, nos lleve a seguir perdiendo el tiempo
así, porque sería muy bueno para todos los españoles. No ha habido
pérdida de tiempo. Sí que parece que por parte de algún grupo de la
oposición, del que cabe esperar más, no han tenido mucho tiempo de
hacer sus deberes y seguimos sin ver sus alternativas. Buena prueba
de ello es que en su largísima intervención sólo ha dedicado algunos
minutos finales a hablar de lo que nos había traído aquí, mientras
que antes ha habido unas maniobras de diversión, en el doble sentido
de salirse del tema y hablar de indultos y de cosas ya un poco
revenidas, como dicen en mi tierra. Y también de diversión en el
sentido de acabar encontrándolas divertidas, porque realmente es
divertido que a uno le hablen ahora de indultos o le recuerden que
hay un partido en la oposición que aspira a gobernar y que se apunta
a un bombardeo pidiendo que se negocie una sentencia que ni siquiera
es firme. En fin, cada uno puede hacer el ridículo con las armas que
quiera porque aquí somos muy libres todos. Por eso estoy seguro de
que no hay ningún grupo aquí que pretenda hacer con el pacto de
Estado ningún tipo de filibusterismo pactado. Pero a mi grupo le
tranquilizaría mucho contar con un calendario y le agrada ya saber
que cuenta con Izquierda Unida para así saber un poco a qué
atenernos. Además, luego nos encontramos con críticas porque
aparentemente no se hace nada; se ha llegado a decir que se quiebra
la solidaridad interna del Gobierno popular respecto del trabajo de
la legislatura anterior. Siempre existe ese peligro de que alguien,
después de marear la perdiz, pretenda criticar.

Nos parece muy interesante que el Gobierno, el Ministerio, no
renuncie a la iniciativa legislativa, que es suya. Alabamos su
decidida voluntad de renunciar a una mayoría absoluta legítimamente
obtenida y nos alegra que no haya utilizado en modo alguno el término
innegociable; nada hay innegociable desde la perspectiva del
Gobierno, eso nos alegra mucho y más cuando hoy mismo nos llega un
teletipo del señor Zapatero donde dice que no puede haber un pacto de
justicia si se modifica
el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Esto es por lo visto innegociable. Nos resulta chocante que se
intente comenzar un pacto de Estado señalando que algo es
innegociable. Uno se pregunta: ¿qué justificaría el que algo sea
innegociable? Desde el punto de vista de nuestro grupo eso estaría
justificado para algo que fuera fruto del consenso constitucional. Ya
tenemos cierta cultura de respeto a ese consenso constitucional, y
por tanto si alguien dijera que esto está en el núcleo duro del
consenso constitucional y no se toca nos parecería bien. También
estaría justificado si fuera algo que derivara de pactos de Estado
posteriores a la Constitución, pero el mismo portavoz socialista, en
una sesión anterior, reconoció que hasta 1989, y se dice pronto, el
PSOE ni se planteó hacer un pacto de Estado, y da la casualidad de
que algunos de los temas discutidos son de 1985. Por tanto eso no se
pactó con nadie, sino que es fruto de una mayoría absoluta muerta y
enterrada y es un ejercicio de necrofilia política aferrarse a una
mayoría absoluta muerta y enterrada poniéndola sobre la mesa cuando
quien gobierna quita la suya; es hacer el ridículo. No empiecen así.

No pretendemos que de esta sesión, ni de ninguna, salga la última
palabra sobre nada, tampoco sobre el sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial, pero sí queremos dejar claro cuál es la
primera. No pueden decirnos: ustedes renuncien, pero lo nuestro,
aunque perdimos hace seis años, sigue siendo sagrado. ¿Por qué? ¿Qué
legitimidad tiene eso? Nos dejan perplejos.

Hay que recordar una vez más -a veces se falsea la realidad para
defender determinadas posturas- que el sistema de elección del
Consejo General del Poder Judicial fue aceptado de manera unánime y
sin discrepancia alguna en el trámite constitucional, fue refrendado
de manera unánime y sin discrepancia alguna en la Ley Orgánica del
Consejo General del Poder Judicial dos años después y fue refrendado
en el proyecto que el propio Gobierno socialista, envió a esta
Cámara, en 1985, donde figuraba hasta cómo hacían los jueces las
papeletas para votar; estaba en el proyecto. Siete años seguidos de
consenso macizo sobre la fórmula. ¿Qué ocurre ahora? ¿Es que sus
predecesores -al parecer tenemos un partido bisoño, y entiende que la
historia comienza con ellos- desconocían la legitimidad democrática?
¿Desconocían la Constitución? He leído: nuestro concepto
constitucional obliga a que el sistema sea éste. ¿Es que hay dentro
del PSOE dos conceptos constitucionales? Eso sí nos preocupa; nos
preocupa con quién vamos a pactar, si vamos a pactar con alguien del
que cabe fiar un mínimo de permanencia en sus posturas o con un
partido donde cada uno opina una cosa, no solamente hoy y ahora sobre
el Plan hidrológico, sino hoy y ayer sobre el Consejo General del
Poder Judicial. Nos gustaría pactar con alguien del que uno se pueda
fiar con un mínimo de estabilidad, con alguien que no descalifique
a sus predecesores tachándoles de no tener unaidea suficiente de la
Constitución o de no saber lo que



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es la legitimidad democrática, porque se puede discrepar de muchas
maneras, hasta de los propios compañeros de partidos, que ya sabemos
que es donde suele haber más discrepancias. En fin, que también se
pueden hacer las cosas de una manera más pausada y menos beligerante,
sin descalificaciones de ese tipo.

Se dice que el sistema actual no contamina, sino que legitima.

Entonces, ¿por qué el portavoz socialista -en este momento felizmente
ausente- al hablar del Consejo General del Poder Judicial, ha dicho:
los que hemos elegido nosotros lo han hecho bien? También los he
elegido yo, yo he votado los mismos que él. ¿Porque son suyos? ¿Por
lo que han hecho bien? ¿Por qué el día que el ministro vino aquí a
presentar el plan de choque, casualmente ese mismo día, a los que él
se refiere intentaban sacar adelante en el Consejo una moción de
censura al Gobierno por no hacer nada; o porque ésos a los que él se
refiere, el mismo día que este Gobierno, defendiendo legítimamente,
sus prerrogativas y las de gobiernos sucesivos, defiende la
existencia de un posible conflicto, deciden por su cuenta, como si
fuera el turno en contra de la oposición, hacer otro conflicto? ¿Por
eso son suyos? Los he votado yo. Son ustedes los que están
estampillándolos, no yo. Son ustedes los que dicen que son suyos. Sus
razones tendrán cuando dicen que son suyos, sobre todo si todo el
mundo recuerda cuáles son sus biografías, que han correteado por toda
la estructura institucional española, siempre propuestos por el PSOE
y siempre trabajando partidistamente. Lo sabe todo el mundo; si
quiere le digo los nombres. Todo el mundo sabe cómo se llaman, sabe
que uno tiene un nombre compuesto, otro no, lo sabe todo el mundo.

¿Es que hay que recordarlo?
Nos alegra ese panorama presupuestario del que nos habla el señor
ministro que es enormemente comprometido, sobre todo cuando hay el
remordimiento presupuestario que vemos en las alternativas. Hace unos
días, en la revista informativa La Ley, se ha preguntado a un
portavoz socialista si el hecho de que los socialistas no invirtieran
en justicia se debía a que no resultaba rentable electoralmente
invertir en justicia. Dentro de esta tendencia a la autocrítica
-sobre todo a sus antepasados-, dice: Ha sido durante mucho tiempo
así, pero el punto de vista de los socialistas ha cambiado. ¡Lástima
que no estén en el poder cuando cambian de punto de vista, porque han
tenido 14 años para forrarse de invertir en justicia!
Por cierto, hablando de cuál es la imagen de la justicia, el portavoz
de CiU ha manejado una encuesta del CIS (casualmente, yo acababa de
leer la misma encuesta; se ve que para algo sirve estar cercanos en
ideología) y se le ha escapado un pequeño dato, sin ninguna malicia.

Cuando habla de la Administración de justicia, el CIS hace una serie
desde el año 1992 (curiosa fecha ésta, emblemática dirían algunos)
hasta el año 2000, y se observa el siguiente fenómeno. ¿Qué opinan
los
españoles sobre la justicia? Nivel de valoración: 1992, 38 por
ciento; 1994 -sólo dos años después-, 34 por ciento. Cuatro puntos
perdidos en dos añitos. ¿Qué pasó entre 1992 y 1994? ¿Quién lo pasó?
¿Cómo lo pasó? ¿Qué muertos le largó al Poder Judicial? Ahí están.

Porque luego, desde 1994 a 2000 -y desde 1996 a 2000, porque no
cambia-, ha pasado de 34 a 33, un punto. O sea que, si en los años
que lleva gobernando el Partido Popular ha habido un punto de
variación y sólo en dos años del Gobierno socialista hubo cuatro,
quizás se pueda sacar alguna consecuencia, ya puestos a utilizar
encuestas.

Respecto a algunas fórmulas alternativas a las que ha expuesto el
ministro, acabamos siempre igual. Ya he dicho que da la sensación de
que, por parte de quien cabía esperarlas, no se han hecho los
deberes, pero lo de la panacea del cuarto turno, la verdad que a mi
grupo le deja enormemente perplejo. Cualquiera que oyera esto
pensaría que hay alguna traba que impide que se cubran plazas por el
cuarto turno. Todo el mundo sabe que hay un porcentaje de plazas que
salen y no se cubren, y no se cubren porque la gente no está
preparada. ¿Y eso a qué se debe? Según el señor Toharia, que es el
principal sociólogo del Poder Judicial que tenemos en España, la
razón es bien clara. Dice él: O los aspirantes no dan la talla o, lo
que resulta especialmente desalentador y debía ser motivo especial de
reflexión, la judicatura no resulta un salto profesional atractivo
para abogados competentes y bien situados. Dicho de otra manera.

Cuando uno es jurista de reconocido prestigio, no suele tener motivos
para dejar de serlo, y por tanto sigue siendo un jurista de
reconocido prestigio. Pretender que los haya en tropel es negar la
realidad. La realidad es que los que se presentan no son juristas de
reconocido prestigio, según juzga el propio Consejo, lo cual le lleva
a ser criticado en unas declaraciones en las que se dice que el
Consejo no cumple con su deber. Su deber, según esas declaraciones,
es preguntarle si usted es conservador o progresista y actuar en
consecuencia. Llega a proponerse que a los que se presentan al cuarto
turno no se les exija conocimiento global de los elementos jurídicos,
sino sólo conocimientos concretos, cuando de ahí salen jueces que al
día siguiente se pueden ir a cualquier órgano judicial de España,
porque nuestra carrera judicial no admite encasillamientos. Por
tanto, al día siguiente si quieren pueden irse a lo penal o a lo
civil, nadie se lo puede impedir. Se quiere utilizar una fórmula como
la de la famosa LRU, donde los profesores examinan a los alumnos de
todo el programa pero a ellos les examinan de una lección, la que
ellos dicen. Si yo examinara a mis alumnos sólo de la lección que
ellos digan, no suspendía ni su padre, es una cosa obvia. Por lo
visto, quieren aplicar esta brillante fórmula (que el PSOE ha
intentado modificar, dos veces ya en esta Cámara, respecto a la
universidad) al Poder Judicial, para acabar de hundirlo de una vez
por todas. Nuestro



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grupo no está a favor y no entiende esa actitud reticente respecto a
las oposiciones que comprueban mérito y capacidad y que a la vez haya
críticas a que se permanezca en la escuela dos meses más o menos. Si
lo importante es manejarse con soltura en una entrevista a condición
de que no te pregunten del ordenamiento jurídico porque tampoco es
cuestión de que uno quede mal, ¿qué más da estar en la escuela dos
meses que ocho? No lo acabo de entender y nuestro grupo no va a ir
por ahí.

Habíamos previsto algunas prioridades, pero han quedado desbordadas
también por la exposición que ha hecho el ministro. Teníamos anotado
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una especial atención a la
prisión preventiva a la que ha aludido explícitamente el ministro; ha
sido aludida también la necesaria reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para todo lo relativo al estatuto de personal; la ley
concursal sobre la que nos alegra haber oído que está preparada para
salir en un tiempo prudencial; la reforma penal que en este momento
está en estudio, como es bien conocido, por una Comisión ad hoc; la
actualización de la Ley del Jurado a la que se ha aludido también;
nos ha alegrado ver muchas más iniciativas, por ejemplo esa alusión a
los juzgados civiles con la posibilidad de acercar más al ciudadano
los juzgados de primera instancia; el posible cambio en la vigilancia
penitenciaria y esa sugerencia de que en la Audiencia Nacional
hubiera un juzgado de vigilancia penitenciaria; tenemos conocimiento
directo de en qué medidas se crean problemas con tratos desiguales a
reclusos que han sido condenados por el mismo órgano judicial y por
los mismos hechos y eso sería interesante abordarlo y todo lo que
luego se ha ido diciendo sobre el número de jueces, sobre la oficina
judicial, modernización de métodos de trabajo, nuevas tecnologías y
el esfuerzo presupuestario. Sobre esto nos preocupa un poco la
frivolidad de la alternativa. Salvo que uno recurra a la magia y a
los medios mágicos, no sé cómo se puede, establecer sin una pregunta
previa cuál es el porcentaje que debe significar la justicia dentro
de los Presupuestos Generales del Estado. Para empezar se ha dicho
que es el 0,8 por ciento, y no es así, es el 1 por ciento. Sin
embargo no se ha dicho y ahí viene el error, que ha habido unas
transferencias y esto quiere decir que se abordan menos ámbitos de
competencia y menos gastos y por tanto manteniendo el mismo
porcentaje sobre el global se está gastando más. No acabo de entender
cómo se puede hablar de esto, sin preguntar primero, ¿vamos a tener
el mismo escenario actual de transferencias o se va a llegar a una
situación como la de Educación donde se ha transferido a todas las
comunidades autónomas? Defender que en ambos casos Justicia debe ser
el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado es incurrir
en la magia. Si se transfiere todo hará falta menos dinero por parte
de la Administración central del Estado y más por las
comunidades autónomas. Aquí se han apuntado al 2 por ciento, pero por
una especie de fetichismo. Da igual que se transfiera o no. Así de
seria se nos plantea la alternativa. Nos deja asombrados.

Señor ministro, le reitero nuestra enhorabuena porque en política
conseguir respeto no es nada fácil y usted hoy aquí lo ha conseguido
por méritos propios. Nuestro grupo le felicita por ello.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces de los distintos
grupos, tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Les aseguro que
trataré de responder con la mayor brevedad, dada la hora que es.

Respecto a los tiempos, iniciaba algunas de sus críticas el portavoz
del Grupo Socialista, seguro que no se refería a los tiempos que
dedicamos a las comparecencias en materia de justicia en esta
Comisión, que siempre son no sólo del máximo interés, sino también
dilatadas en el tiempo que llevamos.

En primer lugar y con carácter general, quiero agradecer a todos los
grupos sus intervenciones, el tono de las mismas y, sobre todo porque
es lo más importante, la aceptación de las ofertas de acuerdo,
recíprocas, y que forman una base esencial para empezar a desarrollar
esta reforma de la justicia que proponíamos y que a todos nos une.

Era imprescindible, tal y como se ha producido, una unión de
voluntades de los grupos parlamentarios para abordarla. También era
imprescindible, como se ha puesto de manifiesto, que hubiera
posiciones compartidas, comunes, entre parte del diseño de reforma
que se ha presentado. Ha sido lógicamente intencionado -era la
voluntad que me animaba cuando comparecía esta mañana ante la
Comisión- presentar un ambicioso proyecto completo, porque aprovechar
esta oportunidad de reforma de la justicia exigía, como bien han
dicho algunos de los grupos y como manifestaba en mi propia
intervención, no abordar reformas parciales, sino hacer una reforma o
que pudiésemos sentarnos a hablar sobre una reforma íntegra de la
justicia que abordase todos los aspectos sustanciales y profundos que
nos permitan realmente cambiar el modelo de justicia que en estos
momentos tenemos.

Quiero agradecer particularmente -por comenzar en el orden que se han
producido las intervenciones- al Partido Socialista, pues creo que es
muy importante que el propio Partido Socialista haya calificado de
seria la política judicial que se exponía. Comprendo además que el
grupo de la oposición tiene que hacer oposición en determinadas
materias, aunque creo que hoy no es momento de entrar a discutir cada
una de ellas. Considero que hemos hablado largamente sobre el plan de
choque, pero hago una referencia a ello porque el plan de choque, que
hace escasamente cuatro semanas que ha entrado en vigor (preguntaba
cuáles han sido los



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resultados, lógicamente yo creo que para analizarlos se va a
necesitar un poco más de tiempo), está bien traído respecto a una
crítica que se ha realizado y a la que quiero dar respuesta en cuanto
a algunas afirmaciones mías sobre dos aspectos esenciales que ha
dicho tenía que garantizar la reforma, que son la independencia y la
profesionalidad de los jueces.

Respecto a la profesionalidad ¿qué quería decir con ello cuando hacía
estas afirmaciones, que yo creo son coherentes y que además son
positivas? El otro día tenía ya la oportunidad de contestarles -pero
como hoy insisten, lo reitero-, sí se puede mejorar la
profesionalización y la profesionalidad en nuestra justicia. Cuando
hay tantas vacantes, cuando en una planta judicial de prácticamente
4.000 jueces hay 500 vacantes, tenemos un problema de profesionalidad
a través de los jueces sustitutos y suplentes que, como he dicho en
mi intervención, tenemos que corregir -y creemos que se va a hacer-
en función de las reformas que aprobaron estas Cortes. Por tanto, no
significa ni más ni menos que eso, que la justicia, tal y como
propone nuestra Constitución y como nos manda, tiene que ser cada vez
más profesionalizada, y esa profesionalidad también va unida al
capítulo que he desarrollado respecto a la formación, a que los
jueces sean todos jueces de carrera, etcétera. Por tanto, no creo que
eso deba despertar ninguna sorpresa.

Pero quizá ha puesto más el acento todavía en el aspecto de la
independencia, y me ha criticado diciendo que he puesto en cuestión
la independencia, que la independencia en España está garantizada, y
que yo al decir que la reforma de la justicia debe garantizar la
independencia he cometido un grave error. Señoría, no menor al que el
Grupo Socialista ha cometido en su programa electoral para esta
legislatura, en el que el título con el que encabezan la justicia es
«una justicia independiente, responsable y rápida». Por tanto estamos
compartiendo la necesidad de la independencia, son prácticamente los
mismos términos, y podría profundizar mucho más en declaraciones
públicas que han hecho destacadísimos miembros de su grupo
parlamentario y de esta Comisión, en la que recientemente decían, en
cuanto al problema de la justicia y de los rasgos distintivos de la
situación de crisis española, que en particular es urgente volver a
abordar los perfiles de la independencia del juez. Por tanto, no se
entiende muy bien que haga una crítica al ministro de Justicia porque
haya dicho que tenemos que garantizar eso mismo que están diciendo
ustedes y que encabeza su programa electoral: la independencia y la
profesionalidad de los jueces y magistrados.

También un detalle respecto a otra de las cuestiones que ha puesto
sobre la mesa que no me gustaría pasar sin contestar, cuando habla de
confusión en los asuntos que el Gobierno tiene con la justicia. En
este momento no hay ningún problema del Gobierno, ni de ninguno de
sus miembros con la justicia en procesos judiciales, ninguno, en
todos los asuntos a los que usted se refiere estamos
defendiendo intereses que entendemos son de los ciudadanos. Que haya
que pagar o no en estos momentos una cantidad -para no discutir
ninguna- próxima a un billón de pesetas y que la competencia de fijar
la política presupuestaria económica sea de las Cortes Generales es
un problema general, no es un problema que afecte a ninguno de los
miembros del Gobierno, y se han utilizado los cauces sometiéndonos al
recurso. Me criticaba usted también diciendo que yo mismo en algún
momento había criticado la resolución de la Audiencia Nacional sobre
los funcionarios. No creo que usted pueda citar alguna declaración
mía más allá de que esa sentencia era recurrible. Yo no sé si era
histerismo, pero era verdad. Frente a lo que decía la sentencia de
que no cabía recurso de casación la única manifestación que usted
encontrará, y si tiene otra puede manifestarla, es que yo entendía
que esa sentencia era recurrible. No creo que eso sea ningún
histerismo, porque se ha demostrado que efectivamente era verdad y
que cabía el recurso desde el máximo respeto, por supuesto como
siempre tengo, a las resoluciones de los jueces y de los tribunales.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, usted afirmaba que
el Consejo es un órgano político y la legitimación del mismo. El
Consejo el Poder Judicial es un órgano político como órgano
constitucional del Estado, pero no entendido como órgano partidista.

La legitimación de ese órgano no viene en función del sistema de
elección del órgano de Gobierno de los jueces; el Poder Judicial
deriva precisamente de la legitimación que le da la propia
Constitución. Esta es la realidad que hoy tenemos y en la que he
intentado trasladarles con toda claridad cuál era nuestra posición.

Decía usted: es que habla de clientelismo. ¿Qué es, si no, que se
esté hablando permanentemente, y que se haya acuñado en la práctica
habitual -lo ha dicho algunos de los portavoces- que el órgano de
Gobierno de los jueces, y por tanto en su conjunto del Poder
Judicial, de los vocales del Partido Socialista o de los vocales del
Partido Popular, o que cuando se elige un magistrado del Tribunal
Supremo o de cualquier otro se ha elegido por el Partido Popular o
por el Partido Socialista? ¿De verdad ustedes quieren hacerme creer
que eso favorece y va en la buena línea y en la buena dirección de la
independencia del Poder Judicial, de trasladar un mensaje de
independencia, de rigor, de autonomía respecto a los partidos
políticos? Ni el Poder Judicial ni su órgano de representación es un
órgano partidista ni de debate partidista, y eso causa grave daño a
la justicia -son las manifestaciones que hice-, a su imagen de
politización, que además inunda, desde esos nombramientos y de las
decisiones que se toman, toda su estructura, que debemos respetar y
salvaguardar de los intereses partidistas y que esté lo más cerca
posible de la formulación constitucional que se ha iniciado respecto
a algunos de los debates y a esa sentencia tantas veces referida y
que además la propia lectura acredita, que es el sistema de elección
de los jueces más próximo



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a la voluntad constitucional. Decir que hay otros que pueden ser
también constitucionales no significa que el primero no lo fuese, el
de elección a través de los jueces.

En cuanto a la pregunta que también me formulaba respecto a las
cantidades propuestas, responden al trabajo que hemos desarrollado
sobre la valoración de los distintos planes que he presentado, del
plan de infraestructuras, del plan de modernización y de los
compromisos económicos. Creemos que es una cantidad ajustada que
lógicamente tendremos que elaborar en base a un plan financiero
respecto a las decisiones que acordemos finalmente, tanto en lo que
se refiere a las transferencias y el calendario en que se pueda
realizar -como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular- como otras decisiones relativas, por ejemplo, a creación de
órganos jurisdiccionales, fiscales, etcétera, así como un montón de
decisiones que pueden variar las condiciones económicas; pero
entendemos que con esta cantidad se pueden afrontar de manera
realista, rigurosa y muy seria las propuestas que he realizado en
este diseño de reforma del modelo de justicia.

Tendremos oportunidad de discutir respecto a las distintas propuestas
que ha realizado el Grupo Socialista, yo no sé si han calculado cuál
es el 2 por ciento de los presupuestos, supongo que está en torno a
los 800.000 millones de pesetas, aunque bien es verdad que en alguna
otra declaración, cuando hacían las cincuenta propuestas hablaban de
450.000 millones, pero ayer creo que alguno de los portavoces decía
que se podrían duplicar los presupuestos actuales, con lo cual
estaríamos en torno a los 150.000 millones. Es importante que esto lo
hagamos en función de las decisiones que tomemos. Lo importante es
ver el plan de infraestructuras y una vez que nos pongamos de acuerdo
en él comprobar las necesidades económicas, hasta dónde vamos a
llegar en la creación de órganos y en función del nuevo mapa, porque
lo condiciona. Un mapa de la planta judicial de una o de otra forma,
va a condicionar los resultados económicos de la misma; pero,
insisto, la cantidad que hemos ofrecido es suficiente.

También me han planteado la necesidad de participación de las
comunidades autónomas. Comparto la idea absolutamente. Con ello
también contesto a otros grupos parlamentarios que han hecho
referencia al mismo tema. El representante de Izquierda Unida me
preguntaba si habíamos reunido a la Conferencia sectorial.

Efectivamente se ha reunido en dos ocasiones, además hemos hablado de
esta reforma de la justicia, nos estamos reuniendo de manera
habitual, tanto en contactos bilaterales como en el seno de la
Conferencia sectorial con las distintas comunidades autónomas y
estamos abordando los asuntos que más le afectan. En estos momentos
fundamentalmente la organización de la oficina judicial, el personal
al servicio de la Administración de justicia, las responsabilidades,
las vinculaciones
y los sistemas, tanto de organización como de control de
esas decisiones que se tomen.

Estoy completamente de acuerdo con la afirmación del portavoz del
Grupo Socialista respecto a la importancia de la estructura de la
organización judicial, tanto en la que hemos propuesto de creación de
unos nuevos juzgados de lo civil, lo cual nos va a permitir
descargarlos de la primera instancia, esto es acercarlos más al
ciudadano a través de un nuevo mapa, como en lo penal. Efectivamente
tendremos que tratar la asistencia a las víctimas y a las oficinas
generalizadas y hacerlo con el máximo rigor, porque yo creo que
también debe ser un objetivo que informe permanentemente cualquier
reforma penal, garantizando por supuesto los derechos a la defensa
efectiva, la tutela judicial, pero nunca perdamos de vista -como ha
hecho S.S.- los derechos de las víctimas de los delitos.

Respecto al trabajo parlamentario que se pueda realizar y sobre el
que me preguntaban mi opinión, lógicamente cuanto más trabajo se haga
mejor y cualquier trabajo parlamentario que se realice no solo lo
respetaré sino que estoy completamente de acuerdo, aunque tenemos que
ver a través de qué mecanismos o procedimientos.

El Grupo Mixto me decía que el debate debe ser abierto
y participativo. Sin duda, estoy de acuerdo. No sé si es una
revolución, como lo calificaba S.S., pero hoy sí pretendíamos
presentar un cambio del modelo de justicia y, por tanto, una reforma
en profundidad que la haga mucho más moderna, ágil, eficaz y que
resuelva problemas de la justicia que vienen de hace muchos años.

Doy por reproducido lo que he dicho respecto a la conferencia
sectorial con las comunidades autónomas. Hemos tenido en cuenta las
opiniones que nos han manifestado, y S.S. tiene muchas oportunidades
para saber que estamos hablando con ellas y que lo vamos a seguir
haciendo.

Me hacía también una pregunta concreta respecto al tercer y cuarto
turno, que me parece que también ha hecho el Grupo Socialista o
Izquierda Unida, y puedo decirle que entendemos que el sistema
ordinario de ingreso en la carrera debe ser la oposición, y la
posibilidad excepcional de ingresar en la misma por los turnos de
juristas expertos requerirá, en una justicia que queremos
profesionalizada -y volvemos a la profesionalización- y de calidad,
acreditar unos méritos relevantes, capacidad y experiencia y un
procedimiento que se pueda comprobar real y objetivamente, que sea
imparcial y riguroso respecto a las condiciones que deben cumplir los
aspirantes.

Agradezco al Grupo de Coalición Canaria sus manifestaciones respecto
al modelo de seriedad, rigor y coherencia. Proponía también una mesa
de encuentro con las comunidades autónomas, y puedo decirle que no
sólo existe la voluntad de reunirnos, sino que lo estamos haciendo,
tanto desde el punto de vista bilateral como también en conjunto en
el seno de la conferenciasectorial. Ayer mismo estuve con el
consejero de



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Justicia de Canarias y abordamos, entre otros temas, algunos
relativos a la mejora de la justicia con carácter general.

Me pedía S.S. que reconociese el esfuerzo de las comunidades
autónomas en la Ley del menor y en la entrada en vigor de la Ley de
enjuiciamiento civil, y no tengo ninguna duda en hacerlo. Se ha hecho
un esfuerzo por todas las administraciones, y además en el seno del
Consejo General del Poder Judicial, en una reunión de la comisión
mixta, tanto los representantes de la Administración General del
Estado como los de las comunidades autónomas manifestaron -y lo
dijeron todas las comunidades autónomas, las gobernadas por uno u
otro partido político- que se había hecho un gran esfuerzo por todas
las administraciones, tanto las autonómicas como la Administración
del Estado, para dotarse de todos los medios personales y materiales
para la entrada en vigor de las nuevas leyes. La realidad es que se
ha hecho un gran esfuerzo presupuestario para que entrasen en vigor y
además cuando el Parlamento había dicho, que creíamos que era lo
serio y además lo necesario. En unas leyes tan importantes, tan
trascendentales, podíamos haber tomado la decisión -les aseguro,
mucho más fácil para las comunidades autónomas y para la
Administración del Estado- de dilatar y dilatar, pero creíamos que
eso no era lo riguroso y que cuando este Parlamento ha decidido,
y prácticamente por unanimidad, una fecha para que entren en vigor las
leyes, y Leyes que modifican nuestro procedimiento civil o que
afectan a la Ley del menor y sus responsabilidades penales, éstas
tenían que entrar en vigor en su momento, y hemos puesto los medios
materiales y personales para ello. Es cierto que cualquiera de estas
leyes, por su importancia, como ha ocurrido siempre, tienen que tener
en su comienzo un rodaje y un proceso de adaptación. ¿Cuándo no ha
ocurrido con una ley que de verdad vaya a modificar algo que afecte a
los ciudadanos, a los procedimientos, a la agilización de justicia o
que modifique, incluso, las prácticas que hasta un determinado
momento se habían aplicado? Claro que tiene que haber un período
transitorio, pero se han puesto las medidas para ello, y también es
verdad que hace falta un esfuerzo de todos los protagonistas del
mundo de la justicia para adaptarse a esos nuevos procedimientos,
como lo están haciendo.

Hacía referencia finalmente al estatuto de la abogacía, al que damos
una enorme importancia y que creemos que debe ser de los primeros
temas que debemos abordar por las repercusiones que ello tiene, y
lógicamente tendremos que establecer -y me da pié para referirme a
ello- unas prioridades. Acababa su intervención pidiendo que
establezcamos prioridades, y yo le digo que sí. Lo trataremos en las
reuniones que vayamos teniendo, pero en mi opinión, en aquellos temas
en los que estemos de acuerdo, en los que exista consenso, en los que
sea urgente abordarlas, debemos hacerlo de
manera efectiva. Tenemos que compaginar el diálogo y el debate,
tenemos que contrastar posiciones para ir reformando aquellas cosas
que hayan merecido el acuerdo de los grupos. Quizá esto exija más
trabajo, pero yo creo que el esfuerzo merecerá la pena.

Al Grupo Parlamentario Vasco le agradezco que haya dicho que he
estado bien, eso siempre se agradece desde aquí no sabe usted cómo.

Nada diré sobre su novedosa ubicación política, en absoluto. Me hace
una pregunta muy concreta respecto a cómo entendemos el Poder
Judicial. Entendemos el modelo constitucional. Nosotros creemos que
el modelo constitucional es muy claro, que debe existir un Poder
Judicial único para toda España y por tanto un Consejo General del
Poder Judicial único para toda España. Eso es absolutamente
compatible con lo que he dicho, que en materia de administración de
justicia las comunidades autónomas tienen que tener unas mayores
responsabilidades y competencias para que funcione de manera
adecuada, sobre todo dado el modelo complejo de que nos hemos dotado.

Como quizá en ninguna otra materia hace falta una cooperación y una
colaboración entre tres partes -Consejo del Poder Judicial,
comunidades autónomas y Ministerio de Justicia- puesto que todos
tienen competencias. Por ello, es necesario que nos pongamos de
acuerdo en un modelo único que todo el mundo pueda compartir; también
en las responsabilidades y en las decisiones que tiene que tomar cada
uno y sobre los controles que sobre esas responsabilidades va a tener
que ejercer cada uno de ellos para que en un marco de colaboración y
cooperación podamos contrastarlas. Hay materias muy importantes en
las que van a participar y van a tener protagonismo las comunidades
autónomas, como es la propia elaboración de las relaciones de puestos
de trabajo, en la fijación de los tiempos, horarios, en la ubicación
dentro de las oficinas, etcétera. Competencias muy importantes, de
esas que de verdad se notan y que afectan al funcionamiento de lo que
hoy aquí nos reúne, que es conseguir de una justicia más ágil y más
eficaz.

Me pregunta si he hablado de la ley concursal. Sí, he dicho que la
ley concursal se encuentra dentro de los trabajos más avanzados y
pronto podremos iniciar un debate parlamentario sobre ello. He
propuesto generalizar la doble instancia en materia penal y desde
luego ahí los tribunales superiores de justicia de las comunidades
autónomas tienen un papel esencial por la relación con respecto a la
sentencia del tribunal a que ha hecho referencia. Con la
generalización de la doble instancia penal que he propuesto quedan
despejadas las dudas que S.S. pudiese tener en esta materia.

Comparto el comienzo de la intervención del portavoz de Izquierda
Unida. Vamos a reformar la justicia por los mismos motivos que dije
en mi primera comparecencia. Me parece que ésta la he iniciado con
una frase textual. Yo creo que es compatible y coherente lo que dije
cuando iniciábamos esta legislatura con lo que



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he dicho hoy, incluidas las etapas, incluidas las fases. El plan de
choque, que cada uno de los grupos valorarán según crean conveniente,
se publicó en diciembre y el primer día de este periodo de sesiones
he presentado mi solicitud comparecencia para poner en marcha la
segunda fase con el modelo que les he propuesto.

Me pide los calendarios concretos que la ley concursal fija. Ya he
dicho que la ley concursal está prácticamente terminada. Me pide
también el calendario de traspasos a las comunidades autónomas. Con
muchas de ellas ya hemos iniciado las conversaciones, pero es
imposible que le demos un calendario de traspasos. Le puedo decir
como está en cada una de las comunidades autónomas; pero cuándo van a
finalizar las negociaciones jamás se lo podremos adelantar porque
lógicamente es cosa de dos y además hay comunidades que tienen más
interés y otras que tienen menos, con el máximo respeto a sus
prioridades. Pero además, si le hubiese dado un calendario de todas y
cada una de las propuestas ya cerradas y de cuándo van a entrar en
esta Cámara, posiblemente me hubiese dicho que entonces para qué nos
vamos a reunir y para qué vamos a pactar si ya tenemos hecho incluso
el calendario de cada uno de los proyectos o de las leyes. Como ya le
he contestado, se ha convocado la conferencia sectorial desde mi
primera comparecencia en dos ocasiones y además ambas reuniones han
sido muy positivas aparte de muy extensas.

Finalmente, quiero agradecer las manifestaciones del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Claro que los
protagonistas tienen que ser los grupos parlamentarios, y también las
comunidades autónomas junto con el resto de los operadores jurídicos
porque una de las grandes complejidades de esta reforma que
abordamos, sobre todo de una reforma tan amplia y tan extensa, es el
número de afectados, interesados y protagonistas, y sobre todo -es
muy importante lo que usted ha dicho- en el objetivo podemos concitar
un gran acuerdo si permanentemente tenemos como fin el interés de los
ciudadanos por encima de cualquier otro. Si todas las conversaciones
y negociaciones van en esa dirección no me cabe ninguna duda de que
las culminaremos con éxito. Efectivamente, insisto, la Ley concursal
está muy avanzada y tenemos que hablar de la Ley de asociaciones
profesionales, que es compleja, complica y tiene muchos matices y
aspectos que debemos desarrollar y que además está afectando a
procesos muy dinámicos, incluido el de integración en la Unión
Europea. Ese será uno de tantos temas de interés como los que hoy
hemos abordado aquí. En definitiva, lo más importante es que existe
una voluntad de acuerdo, una valoración de la necesidad de reformar
la justicia. Tenemos un modelo ambicioso para comenzar a trabajar;
vamos a tener mucho trabajo por delante y estoy seguro, como decía en
mi intervención, de que no va a faltar el esfuerzo de ninguno de
ustedes, pero desde
luego tampoco el del Gobierno. (El señor Barrero López pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Barrero?



El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, querría una pequeña réplica
muy breve que dividiría en dos partes si la Presidencia me lo
permite. Una primera del señor López Aguilar porque ha habido varias
alusiones directas al Grupo Parlamentario Socialista que no he podido
escuchar y me gustaría, en interés de la propia Comisión que, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Aguilar
hiciera algún comentario; me parece una obviedad a pesar de las
expresiones gestuales, tan queridas por el señor Ollero, porque es
muy posible que no sea consciente de las cosas que dice y que yo en
este caso además no he escuchado. En segundo lugar me gustaría hacer
al final un pequeño comentario en atención a lo dicho por el ministro
de Justicia en contestación a mi declaración, pero va a ser todo muy
breve. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Sí, vamos a abrir un segundo turno, excepcional.

¿Sí, señor Ollero?



El señor OLLERO TASSARA: Quiero que conste en el «Diario de Sesiones»
que se está pidiendo un turno de réplica para algo que no se ha oído.

Lo digo para que quede constancia, por primera vez en la historia de
las Cortes españolas. Que quede constancia.




El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, para que vea usted lo que
vale la veteranía, haber sido presidente de la Comisión me permite
tener un cierto recuerdo del Reglamento, recuerdo que veo que no está
vivo en la mente del señor Ollero. (El señor Ollero Tassara: ¡No hace
falta oír para replicar!) Y por alusiones al Grupo Parlamentario
Socialista cualquier diputado puede hacer una defensa del grupo, y
estoy seguro de que el letrado no me dirá que no. Mucho más en este
caso porque no he podido estar pendiente.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, vamos a abrir este turno, pero
por favor, en atención a la hora en la que estamos y a la actitud con
que creo que todos los grupos se han podido manifestar en su primera
intervención, les encarezco brevedad extrema en esta fase del debate.

Señor Barrero, señor López Aguilar, el que ustedes quieran.




El señor LÓPEZ AGUILAR: Agradezco a la Presidencia su generosidad.

Intervengo muy brevemente para decir que el señor ministro de
Justicia ha comparecido hoy aquí para ofrecer líneas de entendimiento
y he de manifestar



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que se ha encontrado con un clima cordial, buscando precisamente los
denominadores comunes que harán posibles esas líneas de
entendimiento, con una sola excepción, que seguramente no ha pasado
desapercibida a esta Comisión ni a los medios de comunicación que la
siguen, y que reside precisamente en la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, que, como siempre, consume su turno
íntegramente no tanto para dialogar sobre las ofertas y los
planteamientos que se efectúan desde el Gobierno, en este caso por
parte del ministro de Justicia, sino para intentar agredir las
posiciones del Grupo Parlamentario Socialista, distorsionándolas,
deformándolas a través de sofismas y argumentaciones que, denunciando
necrofilia, la practican, rebuscando en los antecedentes
parlamentarios y hasta en las Cortes constituyentes todas las
secuencias y todas las argumentaciones que sólo aparentemente pueden
dar la impresión de que el Partido Socialista no está defendiendo
algo que se defiende perfectamente por sí solo como una posición
precisamente que marca la distinción entre lo que es la búsqueda de
un pacto de Estado y el ejercicio puro y duro de la mayoría absoluta.

Efectivamente, el Partido Popular disfruta de mayoría absoluta en
esta legislatura y se la reconocemos, tiene toda la legitimidad,
y puede desarrollar su programa de Gobierno, encontrando al Partido
Socialista en la oposición, pero si precisamente lo que justifica
esta comparecencia parlamentaria es la búsqueda de líneas para un
pacto de Estado, el Partido Socialista está obligado a denunciar
aquello con lo que no está de acuerdo con el Partido Popular, aquello
que no esté dispuesto a incorporar una dialéctica de pacto de Estado,
porque su desencuentro con el Partido Popular es profundo. Uno de
esos argumentos es precisamente la elección parlamentaria del Consejo
General del Poder Judicial. No contamina, no politiza, sino que
legitima y lo hace profundamente, deplorándose por nuestra parte los
defectos de recorrido que se han puesto de manifiesto. Precisamente
lo que se ha recordado aquí es que la mayor parte de los exponentes,
esos episodios deplorables, no consistieron precisamente en
actuaciones de vocales propuestos por el Grupo Parlamentario
Socialista y después votados por amplia mayoría de esta Cámara.

Tengan o no nombre compuesto, esos episodios deplorables no fueron
protagonizados por vocales propuestos por el Grupo Parlamentario
Socialista. Deben ser corregidos sin necesidad de afectar a la
elección parlamentaria que nosotros entendemos como
constitucionalmente adecuada. Lo mismo ocurre por lo que se refiere
al estatuto profesional de un juez de carrera, carrera a la que se
accede por diferentes vías, tan perfectamente legítima la oposición
como el tercer, el cuarto y el quinto turno, que están perfectamente
generalizados en el derecho comparado, a través de los cuales han
ingresado en la carrera judicial juristas de gran prestigio que están
prestando servicios
muy importantes a la jurisdicción en España. Estos argumentos
que no pueden ser deformados con sofismas son los que no ha podido
escuchar mi compañero, Javier Barrero, seguramente porque pensó que
interesaba muchísimo más prestar atención a la interlocución
posterior que debía sostener con el señor ministro de Justicia, en el
descuido sin duda momentáneo de que el turno del Grupo Popular sería
íntegramente consumido para perjudicar esa filosofía de pacto de
Estado, con lo que intentaremos pasar por alto lo que de otra manera
tendría que hacernos concluir que con amigos como los que tiene el
ministro de Justicia en el Grupo Parlamentario Popular su pacto de
Estado no necesita enemigos.




El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir? (El señor
Ollero Tassara pide la palabra.)
Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: He pedido la palabra porque ha sido un turno
de réplica a lo que yo he dicho.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tendrá usted la palabra, faltaba
más. ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (La señora Lasagabaster
Olazábal pide la palabra.)
Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Simplemente queremos que nos diga el
día y la hora para poder hablar.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Seguramente le parecería al señor ministro
una falta de educación por mi parte si no contestase a alguna de sus
apreciaciones. Voy a ser brevísimo.

Quiero insistir, señor ministro, en lo que ahora ha comentado el
señor López Aguilar. Los pactos precisan de un clima de entendimiento
sin el cual es muy complicado el diálogo y el consenso y yo quisiera
que eso enmarcara el final de nuestra intervención. Hemos tendido la
mano y hemos dicho que estamos abiertos a un pacto acerca del cual
sospechamos, también lo comenté, que es posible que tenga
desencuentros muy importantes con nosotros: la profesionalidad de los
jueces, el tercer y el cuarto turno, el tema de la elección, pero
todo lo hemos dejado aparte, sin renunciar obviamente a nuestros
postulados, con la esperanza de que podamos conseguir un denominador
común, una base común de entendimiento. Para ello es fundamental un
clima de confianza. Generarlo entre Gobierno y grupos parlamentarios
es indispensable. Pero si estamos, además, de acuerdo en que debe
haber un grupo en la sede parlamentaria, una subcomisión o algo que
sea también receptor de otras voces queno sean exclusivamente las
parlamentarias a la hora de



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enfocar, de impulsar este pacto de Estado, es preciso que todos los
grupos parlamentarios tengan al menos un estilo y un talante que
facilite ese diálogo.

Una última apreciación, porque no voy a entrar en el asunto de la
Audiencia. No tiene nada que ver lo que hablaba sobre la
independencia judicial en el programa porque no estamos hablando de
lo mismo, por lo que para qué vamos a introducir un nuevo esquema de
debate. Sí parece que estamos de acuerdo en algo que veíamos previo
al pacto, aparte de ese clima, y es que renunciemos a hacer de la
independencia un debate en sí mismo. Asumamos que los jueces son
independientes y que de ese debate no fluya una posición partidaria
de controversia, de no aceptación de las resoluciones del mundo
judicial.

Por último, en el tema del presupuesto, lo que nos empieza a
preocupar es que el nivel de aportación de las comunidades autónomas
en materia de justicia, en este caso siete, que tienen competencia
directa en materia de justicia, ha sido todavía menor con referencia
a la competencia del Estado; el global de sus presupuestos se acerca
a los Presupuestos Generales del Estado. Dicho de otra manera: los
Presupuestos Generales del Estado, en la sección 13, no llega todavía
a 200.000 millones de pesetas, si no recuerdo mal son ciento ochenta
y tantos mil, no puedo recordar bien la cifra, pero sí recuerdo la de
las siete comunidades autónomas, que está por encima ya de los
125.000 millones de pesetas. Por lo tanto, el esfuerzo de estas
comunidades está empezando a resultar un esfuerzo casi igual o
superior, en poco tiempo, al del Estado. Estas comunidades vienen
advirtiendo a S.S. que las transferencias de capital, de dinero del
Estado a las comunidades autónomas, por nuevos deberes que imponemos
a las comunidades autónomas a través de la aplicación de leyes
generales no están resultando satisfactorias. En algunos casos, como
usted sabe, nulas. Y le están reivindicando este tipo de nuevas
transferencias no sólo comunidades gobernadas por los socialistas,
sino comunidades gobernadas por todos. De ahí que nosotros, en el
tema presupuestario, cuando hablamos del 2 por ciento de incremento…



El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, debe terminar.




El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya, señor presidente. Quiero que
entienda la posición del Grupo Socialista.

El 2 por ciento del presupuesto global, que les ha resultado curioso,
que viene a ser unos cuatrocientos y pico mil millones de pesetas,
inicia el acercamiento de lo que, según tenemos noticia, es la media
de la Unión Europea, que creo que se acerca al 4 por ciento. Para que
sepamos el porqué de estas cifras, que no resultan mágicas, lo
hacemos en carácter plurianual de cuatro o cinco años, y creemos que
afecta con criterios de racionalidad
a lo que todos deseamos que es el pacto de Estado.

Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? Por el
Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: A los solos efectos de que antes he
omitido, y en la réplica del señor ministro me ha recordado, la
referencia a la regulación de la profesión de la abogacía. Es una
vieja aspiración del grupo al que represento que esta regulación se
haga no por decreto, como se ha venido haciendo hasta ahora, sino por
ley. Sería la primera ley de ejercicio de una profesión titulada, tal
y como la Constitución prevé, y norma con rango de ley, y creo que es
significativo que lo sea respecto de la abogacía, que tiene
encomendados, además de los contenidos deontológicos propios de
cualquier otra profesión, lo que es el derecho a la tutela judicial
efectiva y la asistencia jurídica gratuita. Sería bueno que cuando
los colegios intentan disciplinar determinados comportamientos no se
encuentren con que luego en las resoluciones sancionadoras
escasamente ven que pueden seguir adelante o que se convierten en
firmes porque la jurisdicción contenciosa las anula. Creo que por lo
que se regula, por lo que es el ejercicio de la profesión, merecería
la ley de la abogacía ser la primera que como tal profesión sea
aprobada por esta Cámara y no por un real decreto.




El señor PRESIDENTE: Señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Yo querría quedarme con las líneas
fundamentales de su planteamiento de Estado autonómico y justicia.

Digo líneas porque quizás ahí las discrepancias sean hasta el punto
en que llegamos, pero nos parecen unas líneas de avance importantes.

El incremento de competencias de los tribunales superiores de
justicia, la descentralización o territorialización del Consejo,
aunque sea a través de las salas de gobierno, el incremento de las
competencias de las comunidades autónomas en relación con el
personal, también esa intervención en el nombramiento de ese
denominado secretario de gobierno e incluso la cobertura de puestos
de trabajo que no llevan aparejadas funciones de tramitación procesal
por parte de funcionarios de las comunidades autónomas nos parece que
son unas vías por las que podemos avanzar y espero que avancemos muy
decididamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Quería hacer tres observaciones nada más.

Una primera, constatar la barroca contextura de la portavocía del
Grupo Socialista,que tiene portavoz y medio, y que en todas las sesio
nes



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-y me remito al «Diario de Sesiones»- bien por una cita de un libro,
bien por una alusión tangencial o bien porque el portavoz se ha ido a
por tabaco, siempre habla el señor López Aguilar. Quiero que quede
constancia, cada cual se lo monta como quiere, pero lo digo para que
no pueda justificar ese proceder, fruto sin duda de su afán por no
pasar inadvertido, por el que tiene que fabricarse unas teorías en
las que yo me encuentro de atropellado. Yo soy inocente. En mi grupo
habla uno y al parecer es suficiente, no sé por qué, pero parece que
es suficiente.

Segunda. No he sido tratado muy amablemente, porque la verdad es que
yo me he esforzado lo más posible por integrar al Grupo Socialista en
el debate. No tiene ninguna alternativa a lo que dice el ministro. Yo
procuro que se enzarcen conmigo para que parezca que tienen algo que
ver con esto y encima me lo echan en cara. No lo acabo de entender,
francamente. Yo creo que deberían agradecerme que consiga que parezca
que han intervenido en el debate, porque la verdad es que no han
aportado demasiado, salvo en lo que yo me he esforzado en contradecir
con argumentos torpes y, por tanto, inofensivos. No sé por qué se
ofenden. Eso es así de claro y por eso es bueno que quede constancia
de ello.

Tercera. Ya hemos visto su filosofía de la mayoría absoluta. Es
decir, el que la tiene, la deja; el que la tuvo, la mantiene. Y ahora
por lo visto el pacto de Estado consiste en que mi grupo no tiene
voz. Diga lo que diga el Grupo Socialista, yo debo callarme, nunca
debo llevarle la contraria. Bueno, lo estudiaremos. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor ministro, para cerrar el debate.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Después del debate
que hemos celebrado, el clima es el adecuado para iniciar esta
reforma de la justicia y este pacto. Eso es realmente lo trascendente
y lo importante para conseguir el objetivo general, que es la reforma
de la justicia en interés de todos los ciudadanos. Como decía al
comienzo de la intervención, eso es lo que va a animar al Gobierno.

Quería puntualizar una cosa y es que yo no he querido entrar en la
forma, porque tendremos oportunidad de ver el formato en el que se
puede realizar esa comparecencia parlamentaria, pero lo que sí creo
es que debemos iniciar cuanto antes los contactos para empezar
a desarrollar el modelo de reforma de la justicia que tenemos encima de
la mesa.

Quería darles las gracias a todos por el debate, que ha sido muy
importante y en el que espero que pronto podamos volver a
encontrarnos de manera inmediata para entrar en profundidad en su
desarrollo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro por su
comparecencia.

Quiero decir a los miembros de la Mesa y a los portavoces que la
reunión que teníamos prevista para hoy mismo antes de empezar el
Pleno, la dejamos para después de la Comisión del lunes.




Se levanta la sesión.




Eran las tres de la tarde.