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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 147, de 13/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 147
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BASCONES
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 13 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia del señor secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Cortés Martín), para presentar y
debatir el Plan Director de Cooperación Internacional, aprobado por
el Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2000, y dar lugar a su
dictamen según señalan los artículos 8 y 15 de la Ley 23/1998. A
petición propia (Número de expediente 212/000326) y de los Grupos
Parlamentarios Socialista (Número de expediente 212/000328) y Popular
en el Congreso (Números de expedientes 212/000353 y 212/000365) . . .
(Página 4200)
- Debate sobre el Plan director de la Cooperación Española 2001-2004
(Número de expediente 201/000001 . . . (Página 4208)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Comenzamos la sesión de la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el orden del día
que se les ha remitido a todos los diputados y conocido por todos
ustedes, el cual comienza con la comparecencia del secretario de
Estado para informar sobre el Plan director remitido a esta Cámara.
En esta presentación van acumuladas las diversas solicitudes de
comparecencia que figuran reseñadas en el orden del día y, de acuerdo
con éste, se procederá hoy a la presentación y debate de este Plan
director. Sin perjuicio de que les llegue por conducto reglamentario,
anuncio a todas SS.SS. que mañana, a las once de la mañana, se
celebrará otra sesión de la Comisión de Cooperación a los efectos de
debatir y votar las propuestas de resolución.
En lo que se refiere a la sesión de hoy, advierto ya que los grupos
parlamentarios tienen de plazo hasta las cuatro de la tarde, como
máximo, para presentar las propuestas de resolución en el Registro
general de la Cámara, y a partir de las cuatro y cuarto estarán a
disposición de todos los que lo deseen en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Una vez señalado esto y dando la bienvenida al secretario de Estado
por su presencia hoy aquí, de nuevo, le cedo la palabra para que
proceda a dar cumplimiento a la presentación del Plan director.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, comparezco ante
la Comisión para presentar el Plan director de cooperación
internacional 2001-2004, que fue aprobado por el Consejo de Ministros
el 24 de noviembre de 2000, y dar lugar a lo preceptuado en la Ley de
cooperación internacional para el desarrollo. Antes de pasar a una
explicación más detallada del Plan, quisiera hacer una referencia más
general.
Durante estos meses ha habido una serie de actuaciones para mejorar
la estructura y la eficacia de la cooperación española, cumpliendo
así el mandato de desarrollar la Ley de cooperación internacional
para el desarrollo. En la lista de las actividades de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (en
relación con las que he comparecido en diversas ocasiones ante esta
Comisión, intercambiando puntos de vista con SS.SS., recibiendo
sugerencias y viendo además la amplia base de acuerdo que existe
sobre una materia que se basa en la Ley de cooperación -ley que fue
aprobada por acuerdo de toda la Cámara en la pasada legislatura-; a
partir de ahí, lo que se viene haciendo se enmarca en el desarrollo
de esta ley) podemos incluir la elaboración de unos presupuestos de
la Secretaría de Estado, con un importante crecimiento en las
cantidades destinadas a la cooperación al
desarrollo; se ha procedido a la constitución de los órganos
consultivos y de coordinación -la Comisión interterritorial de
Cooperación, la Comisión interministerial de Cooperación
Internacional y el Consejo de Cooperación al Desarrollo-; se ha
procedido a la reforma de la Agencia Española de Cooperación
Internacional con el Real Decreto de 15 de diciembre de 2000; se ha
puesto en marcha un nuevo sistema de financiación de las actividades
de cooperación de las organizaciones no gubernamentales, con la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 2000
de la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores para la concesión de
ayudas a organizaciones no gubernamentales; finalmente, se ha
procedido a la elaboración, presentación, debate y aprobación del
Plan director.
Todas estas actuaciones persiguen mejorar la estructura y la eficacia
de la cooperación española, adaptándola a las nuevas circunstancias
en las que nos movemos, que son diferentes a las que existían hace
unos años. Pero todas estas innovaciones en modo alguno suponen que
haya una revisión crítica de lo que se había venido haciendo, sino
una continuación, si bien adaptada a unas circunstancias que son
distintas. Ha habido un crecimiento económico, ha habido una
transformación estructural sin precedentes en la vida española, ha
habido una política exterior mucho más activa, que nos ha llevado a
intensificar las relaciones con otros países, y ha habido unos
cambios importantes en todo el mundo: los avances tecnológicos, las
nuevas reglas del comercio internacional, todo esto que se viene a
llamar de una manera simplificada la globalización y que afecta -qué
duda cabe- tanto a nuestra posición como país como a nuestra posición
en el mundo. Esta España próspera no podía permanecer ajena a las
necesidades de los países en desarrollo, y lo ha hecho con
generosidad y solidaridad, como lo hemos vuelto a comprobar
recientemente con ocasión de la catástrofe que ha asolado de nuevo a
El Salvador. España viene dedicando importantes y crecientes recursos
al desarrollo de los países menos favorecidos. España ha pasado de
ser un país receptor de ayuda exterior a ocupar el duodécimo puesto
como contribuyente neto de ayuda al desarrollo, y todo ello en menos
de veinte años. Pues bien, la aprobación del Plan director se
justifica en el marco de estas coordenadas nuevas de la cooperación
española al desarrollo.
A la hora de hablar del Plan director, tengo que empezar haciendo
mención a la Ley de cooperación internacional para el desarrollo,
aprobada unánimemente en este Parlamento. El borrador del Plan
director de la cooperación española para el período 2001-2004 fue
entregado a los agentes sociales y a las organizaciones no
gubernamentales en septiembre del año 2000 para que tuvieran
conocimiento del mismo y pudieran realizan sus observaciones, y fue
asimismo enviado en esas fechas a SS.SS. Como es preceptivo, fue
presentado y debatido en la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional, el 22 de septiembre; en el Consejo de Cooperación al
Desarrollo, en su reunión del 18 de octubre; en la sesión de la
Comisión interterritorial de Cooperación para el Desarrollo,
celebrada el 6 de noviembre de 2000; en el Consejo de Cooperación al
Desarrollo, en la sesión que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2000,
aprobándose el informe al que se presentaron varios votos
particulares que se adjuntan al dictamen. Puesto que la Comisión
interministerial de Cooperación Internacional es el órgano que eleva
al Gobierno la propuesta de Plan director, hubo una nueva reunión de
este órgano el 13 de noviembre, y esta Comisión interministerial
sometió, por medio del ministro de Asuntos Exteriores, la propuesta
de Plan director al Gobierno, que lo aprobó en la reunión del Consejo
de Ministros del día 24 de noviembre de 2000.
Quiero poner de manifiesto ante esta Comisión todo este trámite para
que se vea, por una parte, lo compleja que resulta la elaboración de
este Plan, de acuerdo con las previsiones de la ley y de las normas
que la desarrollan, y, por otro lado, que este proceso ha sido
enormemente enriquecedor. La propia existencia de un Plan director es
un logro del que debemos felicitarnos, pues es la primera vez que se
cuenta con un elemento de esta naturaleza. Por otro lado, quiero
llamar la atención de SS.SS. sobre el amplio consenso de voluntades
que se ha dado en la aprobación del mismo. En la primera
comparecencia que tuve ante esta Comisión, el 28 de julio de 2000,
cuando informé de las líneas generales de la Secretaría de Estado que
nos habíamos propuesto acometer en la legislatura recién comenzada,
señalé - y permítame, señor presidente, que haga una cita propia- lo
siguiente respecto del Plan director: El Plan director será un
documento de acuerdo amplio dentro y fuera de la Cámara que refleje
las generosas aspiraciones de crecimiento de nuestra política de
cooperación de forma compatible con las previsiones del Plan de
estabilidad presupuestaria.
Pues bien, a la vista de cómo han transcurrido los hechos en estos
meses, a lo largo de todo el proceso de elaboración y aprobación del
Plan director, se puede concluir que se han conseguido estas
previsiones que se fijaron, a mi juicio, de alto calado, por lo que
suponen. Han sido muchas las observaciones e indicaciones
provenientes de los distintos miembros de los órganos consultivos que
he mencionado, representantes de instituciones públicas y privadas
que tienen que ver con la cooperación al desarrollo, que se han ido
incorporando al Plan director. Este Plan director ha ido teniendo
distintos borradores, según se han ido dando sucesivos pasos. Todas
estas sugerencias, aceptadas e incorporadas, han ido enriqueciendo el
texto final que se ha aprobado. Sus señorías han ido teniendo
conocimiento de los distintos documentos, de las distintas versiones,
incluso en algunos casos señalando con distinto tipo de grafía cuáles
eran las aportaciones de cada una de las entidades o personas que han
formulado sus sugerencias,
sus observaciones a lo que era el primer documento, que ha
visto cuatro versiones hasta que ha llegado a la final, la que hoy
sometemos a explicación y posterior dictamen en esta Comisión.
La política española de cooperación forma parte sin duda de la
política exterior de España y responde, por tanto, a sus mismas
directrices. Se basa en el principio de un desarrollo humano y social
sostenible, equitativo y participativo. El fomento de los derechos
humanos, la democracia, el Estado de derecho y la buena gestión de
los asuntos públicos son parte integrante y esencial de dicha
política. El eje vertebrador de la política de cooperación es,
evidentemente, la lucha contra la pobreza. La Ley de cooperación, en
sus artículos 1, 3 y 7, otorga a la lucha contra la pobreza el
carácter de objetivo último de la cooperación española. Coincide en
esto con las estrategias de la Unión Europea, de los organismos de
Bretton Woods y de la comunidad internacional en su conjunto,
expresada en los objetivos de desarrollo internacionalmente
establecidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que representan otros tantos indicadores del
objetivo de reducir la pobreza; la reducción de la proporción de
personas que viven en condiciones de extrema pobreza en un 50 por
ciento, para el año 2015; la consecución de la escolarización básica
universal para el 2015; la eliminación de cualquier forma de
discriminación, especialmente por razón de sexo, en el derecho de la
igualdad de acceso a la enseñanza primaria y secundaria de calidad,
para el año 2005; la reducción de la mortandad infantil en dos
tercios y de la mortandad materna en tres cuartos para el año 2015;
inversión de las tendencias de degradación del medio ambiente,
bosques, agua potable, clima, suelo biodiversidad, capa de ozono,
para antes del 2015.
Junto a la lucha contra la pobreza (y diré como elemento sine qua non
para la lucha contra la pobreza), la defensa del Estado de derecho y
de los principios democráticos, la promoción y protección de los
derechos humanos, la promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres, la conservación del medio ambiente y la promoción y el
diálogo cultural son otros principios básicos de la cooperación
española. Todos ellos forman parte de una política que defiende la
economía de mercado, la libertad de comercio, el desarrollo del
sector privado, la liberalización de la actividad económica y una
distribución más justa de la riqueza. Esos principios, que
representan otros tantos objetivos genéricos, son la cifra última de
la solidaridad de la sociedad española, aquella que persigue para
otros Estados los valores de libertad, democracia y progreso que
queremos para nosotros. Por lo mismo, los principios de diligencia
y responsabilidad fiscal y de estabilidad macroeconómica que
practicamos nosotros mismos los predicamos también para terceros.
Desde este punto de vista, las inversiones españolas,públicas y
privadas, además de plantearse como objetivos
políticos o empresariales deben suponer también beneficios en el
desarrollo y en el crecimiento de sus destinatarios. Las políticas de
desarrollo habrán de poner especial cuidado en integrar la dimensión
económica y comercial de éste con las dimensiones política e
institucional, social, cultural y ambiental, de forma que el
resultado sea un desarrollo integral equitativo y sostenible. Sólo
conjugando la solidaridad para con los países en desarrollo con la
racionalidad económica seremos igualmente dignos en aquello que
preservamos y en aquello que ayudamos a crear.
Señor presidente, el camino hacia el desarrollo se impulsa
fundamentalmente a través de tres vías: la inversión pública y
privada, tanto nacional como internacional, el comercio libre y la
ayuda oficial al desarrollo. España ha incrementado su aportación a
la cooperación para el desarrollo a través de las tres vías citadas:
multiplicando las inversiones españolas en países en vías de
desarrollo, liberalizando la economía española y apoyando la
liberalización comercial e incrementando la ayuda oficial al
desarrollo. Por esta última hay que entender, siguiendo a la Ley de
cooperación internacional, el conjunto de actividades que se traducen
en transferencias de recursos públicos materiales y humanos que,
directamente, en colaboración con entidades privadas, son destinados
a los países en vías de desarrollo de forma bilateral o a través de
organizaciones multilaterales.
Esta ayuda oficial al desarrollo, a la hora de traducirse en
actuaciones concretas, debe interpretarse a la luz de los principios
que inspiran esta política que recoge la ley en su artículo 2: la
responsabilidad y el protagonismo del proceso de desarrollo le
corresponde a cada pueblo; la existencia de un compromiso básico
entre donante y receptor; la promoción de la participación social,
tanto en el país receptor como en el país donante; la cooperación
debe promover la autonomía del país beneficiario; la promoción de un
crecimiento económico duradero y sostenible de los países, que debe
ir acompañada de medios que promuevan una redistribución de la
riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el
acceso a los servicios sanitarios, educativos y culturales de sus
poblaciones; el respeto a los compromisos adoptados en el seno de los
organismos internacionales.
Paso, a continuación, a referirme a las prioridades geográficas de la
cooperación española. La Ley de cooperación, como SS.SS. bien
conocen, en su artículo 6 establece unas áreas geográficas de
actuación preferente. A partir de este compromiso, el Plan director
debe ordenar el destino preferente de la ayuda oficial al desarrollo
española en función de criterios como nivel de pobreza o desarrollo
de los países, situación de países en conflicto y/o rehabilitación,
las áreas geográficas de preferencia de la política exterior y el
grado de compromiso del receptor con los objetivos de desarrollo.
La orientación preferente de nuestra cooperación hacia la Comunidad
de Naciones Iberoamericanas y hacia otros países hispanohablantes y
lusófonos tiene su fundamento en los criterios de coordinación y
complementariedad que se predican en la actuación de la comunidad de
donantes, especialmente con los programas de la Unión Europea. Dicho
de otro modo, España tiene que orientar sus recursos allí donde pueda
ser más efectivo y beneficioso el impacto de nuestra ayuda oficial al
desarrollo, teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad como
donantes aumenta con nuestro nivel de vinculación histórica y
cultural a determinadas áreas.
Por todo ello, en cuanto a la distribución por zonas geográficas, el
Plan director distingue entre los países prioritarios para la
cooperación española, o países programa; los países en conflicto o en
reconstrucción, post conflicto, con dos grandes ejes, formados por
Colombia y los Balcanes; las regiones prioritarias mencionadas en la
Ley de cooperación, y el resto de los países en desarrollo,
especialmente los menos adelantados. Como objetivo se pretende que
los países de concentración preferente sean destinatarios, en
conjunto, de más de 125.119 millones de pesetas sólo en concepto de
ayuda bilateral para el 2004.
En atención a todo lo anterior, se formulan las siguientes áreas
geográficas: Ibeoamérica, que es el área principal de nuestra
cooperación, tanto más cuanto que existe un marco regional de
cooperación, el Convenio de Bariloche, en el contexto de la
Conferencia Iberoamericana, que requiere una atención preferente
y recursos específicos. En 1999 se destinaron 60.107 millones de
pesetas a este área, a razón de 12.180 millones de pesetas en
concepto reembolsable y 47.927 no reembolsable.
La liberalización y desregulación de la economía, en suma las
reformas económicas realizadas en la región, han atraído un volumen
sustancial de inversión directa. La presencia del sector privado
español en esas economías es un dato de importancia a la hora de
elaborar una estrategia de cooperación que refuerce el compromiso
inversor de nuestro país, dedicado especialmente al desarrollo social
básico, infraestructuras, inversión en el ser humano, con el objetivo
primordial de alivio de la pobreza, en un marco de desarrollo
sostenible, para lo que un aspecto esencial es la formación de
cuadros.
Dentro de Iberoamérica, sin embargo, el distinto nivel de desarrollo
determinará un grado distinto de prioridad para la acción de la
cooperación española. Los países que tendrán la consideración de
países programa serán: en América central: El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, que representan el núcleo principal de la
estrategia regional de cooperación para Centroamérica. En el Caribe:
la República Dominicana. Respecto a América del Sur, los países
programa serán Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay. Además de
este conjunto de países, merecen una mención especial Colombia y
Cuba. Colombia será objeto de un programa especialmente dirigido a
acompañar el proceso de arreglo del conflicto, cuyas bases ya se
están estableciendo. En lo relativo a la política española de
cooperación respecto a Cuba, se dirigirá a facilitar la evolución
interna del país y apoyar la mejora de las condiciones de vida de la
población cubana, tanto a través de la cooperación bilateral como de
la realizada desde la Unión Europea, sujeto siempre a las reglas
europeas, plenamente aceptadas, impulsadas por España de la cláusula
democrática en la cooperación.
En segundo lugar, el Magreb es la zona de mayor interés para la
cooperación española en el Mediterráneo y en el mundo árabe, ya que
es con esta zona del norte de África más próxima a España con quien
compartimos amplios e intensos intereses políticos, económicos
y socioculturales. La estabilidad de esta región es primordial para
España y para Europa, y para ello es indispensable una estrategia
conjunta de desarrollo para la zona que incluya soluciones al
preocupante fenómeno de las migraciones. En 1999, la ayuda oficial al
desarrollo bilateral no reembolsable fue de 6.108 millones de
pesetas. Los países programa en la zona son Marruecos, Mauritania y
Túnez, Argelia y la población saharaui.
Oriente Medio es uno de los focos de mayor potencial de inestabilidad
en el Mediterráneo por la existencia de conflictos regionales y
desequilibrios políticos, económicos y sociales. Para alcanzar la
estabilidad en la región es necesario colaborar activamente en el
proceso de paz, en el que España está muy involucrado, lo que
significa para España que los territorios palestinos sean el único
país programa de la región. La consolidación del proceso de paz
exigirá también una política de cooperación con los países
limítrofes, y en especial Jordania, Líbano y Egipto. En 1999 la
región recibió 4.296 millones de pesetas, de los cuales 1.283 en
ayuda reembolsable y 3.013 en no reembolsable. África Subsahariana,
en cuarto lugar, recibió 24.666 millones de pesetas en 1999, la ayuda
reembolsable asciende a 9.035 millones de pesetas y la no
reembolsable a 15.631 millones. En esta región se concentran los
mayores focos de pobreza y el ritmo de crecimiento de sus economías
es el menor del planeta. Por ello, la lucha contra la pobreza será el
objetivo fundamental de nuestra ayuda.
Por razones de eficacia, nuestra cooperación se concentrará en un
reducido número de países. Las razones de esta selección son varias,
y van desde los recientes vínculos coloniales o culturales e
históricos hasta el actual entramado de intereses comunes. Con esta
selección se pretende acabar con la dispersión geográfica y falta de
continuidad de nuestra ayuda oficial al desarrollo en la región. La
selección en torno a dos regiones es la siguiente: en África central,
los países programas serán Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea
Ecuatorial y Santo Tomé; en África austral, países programas
y principales receptores de nuestra ayuda son Mozambique, Angola,
Namibia y Sudáfrica, que será considerada país en transición con el
objetivo de consolidar su democracia y contribuir a la estabilidad
regional.
Asia es el nuevo reto de la política exterior española. La
cooperación colaborará en este esfuerzo concentrando sus programas en
Filipinas, China y Vietnam. La ayuda en la zona alcanzó en 1999 los
11.541 millones de pesetas, de los cuales 7.371 fueron en ayuda
reembolsable y 4.180 en no reembolsable. El objetivo principal es
apoyar los procesos de lucha contra la pobreza y de transformación
económica y social en curso. Para ello los principales sectores de
interés serán la sanidad y la educación, la formación y transferencia
de tecnología y capacidad de gestión, el fortalecimiento
institucional, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y el
desarrollo sostenible.
En el resto de los países se pondrán en marcha una serie de programas
horizontales de formación y asistencia técnica, con especial
incidencia en el sudeste asiático, y en esta zona también hay un
programa de microcréditos en Bangladesh.
Europa central y oriental. En Europa central y oriental la
cooperación española tiene un doble objetivo: por un lado, el
mantenimiento de nuestro compromiso con el proceso de paz de los
Balcanes y, por otro, el apoyo a los procesos de transición en el
resto de Europa. La ayuda en la zona alcanzó, en 1999, 12.937
millones. En los Balcanes, en consonancia con nuestros compromisos
con el pacto de estabilidad, los países programas serán Bosnia-
Herzegovina, Albania y República Federal de Yugoslavia. Las
infraestructuras y el desarrollo institucional serán los grandes
ejes.
En el resto de Europa central y oriental nuestra actuación se
dirigirá a programas de formación y asistencia técnica, con atención
especial a los procesos de reforma y modernización. Con los países
candidatos a ingresar en la Unión Europea la cooperación se
concentrará en apoyar su esfuerzo de adaptación, especialmente
a través del programa de hermanamientos de la Unión Europea.
Paso a referirme, señor presidente, a la ayuda multilateral. Una
parte importante de la ayuda que España dirige a los países en
desarrollo se canaliza a través de instituciones de carácter
multilateral. De hecho, la ayuda en este concepto se situó en 1999 en
83.456 millones de pesetas. La cooperación multilateral comprende, en
función de las instituciones a las que se dirige, la que se realiza a
través de los organismos internacionales financieros, organismos
internacionales no financieros, y la ejecutada por la Unión Europea,
ya sea con cargo al presupuesto comunitario, ya a través del Fondo
Europeo de Desarrollo.
La Unión Europea, entendida como la Comunidad y los países miembros
de la Unión Europea, es el principal
donante mundial, aportando más de la mitad de los flujos de ayuda
oficial al desarrollo globales. Nuestra aportación a la ayuda
comunitaria, tanto presupuestaria como contractual, supone a su vez
la partida mayor de la ayuda oficial al desarrollo española. La
aportación de España a la cooperación comunitaria alcanzó los 57.309
millones de pesetas, la que se hace efectiva a través de los
organismos financieros -17.199 millones de pesetas- y la canalizada a
través de los organismos internacionales no financieros -8.948
millones de pesetas-. En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley de Cooperación, el Ministerio de Asuntos Exteriores realizará
la coordinación de las diferentes actuaciones en la esfera
multilateral.
Voy a referirme a continuación a las prioridades sectoriales que se
fijan en el Plan director. Los campos sectoriales de actuación de la
primera prioridad -las necesidades sociales básicas; perdón por la
redundancia de primera prioridad-, que se establece en el apartado a)
del artículo 7.º de la Ley de cooperación, son, según el Plan
director, salud básica, educación básica, población y salud
reproductiva, nutrición, trabajos elementales de suministro de agua y
saneamiento, vivienda, actuaciones de emergencia y programas
integrados, entre los que destacan los ámbitos de planificación
familiar y lucha contra enfermedades de transmisión sexual, ayuda
alimentaria y de emergencia y formación de profesores y cuadros.
A su vez, los objetivos de la cooperación española en este sector
son: cumplimiento de los compromisos internacionales en este campo
-la cumbre de desarrollo social de Copenhague emplazó a los países
donantes a asignar un promedio del 20 por ciento de la ayuda oficial
al desarrollo a este capítulo-; apoyo a las capacidades de los países
receptores, tanto mediante el respaldo a los gobiernos e
instituciones como mediante el apoyo a la sociedad civil; atención a
los sectores sociales más vulnerables, e incorporación del máximo
posible de actores, incluyendo todas las administraciones públicas,
sindicatos, empresas y organizaciones no gubernamentales de
desarrollo.
Segundo: inversión en el ser humano. Se entiende por desarrollo
humano el proceso de ampliación efectiva de la libertad de las
personas y de sus opciones y posibilidades. En ese contexto, la
inversión en el ser humano y en la formación de sus capacidades forma
parte del proceso de desarrollo. La inversión en el ser humano
comprende los conceptos de educación y desarrollo, la investigación,
la ciencia, la tecnología y su vinculación con el desarrollo y el
desarrollo intercultural. Esta estrategia engloba los apartados f) y
g) establecidos como prioridades sectoriales en el artículo 7 de la
Ley de cooperación. Los objetivos que se establecen en este ámbito de
la cooperación en el Plan director, en concreción de lo que dice la
Ley de cooperación, son: fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los organismos públicos de la educación, mediante
asistencia técnica en materia de contenidos curriculares; apoyo al
proceso de gestión y financiación de la educación; preservación del
patrimonio cultural, lo que tiene un valor en sí, y, como elemento
generador de empleo, a ingresos por turismo y formación; apoyo a la
mejora de la calidad y contenidos de la enseñanza, incluyendo la
elaboración de material docente y formación de profesores; apoyo
diferenciado en función de los niveles educativos, en especial a la
educación técnica a la formación profesional y en nuevas tecnologías
de la información; apoyo a la educación superior a través de un
eficaz programa de becas y a la consolidación de la cooperación
interuniversitaria; apoyo al desarrollo intercultural, en su doble
faceta de apoyo al diálogo entre diferentes culturas, especialmente
en aquellos países con esa diversidad, y a la promoción del
reconocimiento cultural mutuo entre España y los países destinatarios
de nuestra cooperación; finalmente, ciencia y tecnología al servicio
del desarrollo, incluyendo la incentivación de la capacidad
científica y el apoyo a la tecnología en la industria y el resto del
tejido productivo.
Tercero: infraestructuras y promoción del tejido económico. Este área
constituye una de las prioridades sectoriales de la cooperación
española, definida en el artículo 7.b) de la Ley de cooperación como
«dotación, mejora o ampliación de infraestructuras, desarrollo de la
base productiva y fomento del sector privado».
La estrategia española establecerá un marco coherente en el que
integrar el conjunto de instrumentos de la ayuda, incluyendo los
gestionados por unidades administrativas diferentes y la
complementariedad entre la ayuda financiera y la ayuda técnica,
además de aquellos instrumentos, como los créditos y garantías a la
exportación, y la promoción de inversiones, así como influyendo en
las decisiones de utilización de instrumentos comunitarios. La
estrategia incorporará a la propia Administración, sindicatos,
empresas y organizaciones empresariales, organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo, tanto a nivel bilateral como
multilateral.
Entre los objetivos a conseguir, enumero los siguientes: apoyo a la
creación y mantenimiento de infraestructuras económicas y sociales,
aprovechando la actuación multilateral o las posibilidades que
brindan los créditos FAD o los Fondos de ayuda al equipamiento; apoyo
a la creación de un clima económico favorable que propicie la
creación de tejido empresarial, incluyendo la formulación de
políticas económicas solventes y las reformas institucionales
congruentes con éstas, así como el establecimiento de un marco
normativo y regulador adecuado y la consolidación de un marco laboral
estable; promoción de operaciones empresariales e inversoras
conjuntas, incluyendo las de creación de empresas mixtas u otra forma
de cooperación que contribuyan al desarrollo de los países
receptores; apoyo a la iniciativa inversora de los sectores
más pobres, mediante la apertura de líneas de microcréditos, el apoyo
a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, y el respaldo a
las cooperativas, entre otras actuaciones; apoyo a las organizaciones
empresariales del sector privado y a su capacidad de interlocución
social, así como a la creación y desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas y microempresas mediante la asistencia técnica;
impulso de las condiciones que promuevan el empleo digno de los
ciudadanos en aras de la cohesión social.
Cuarto: defensa del medio ambiente. Por su propia naturaleza, la
estrategia medioambiental de la cooperación española abarcará dos
dimensiones, una de carácter horizontal, mencionada más arriba, y
otra de carácter sectorial, contemplada en el artículo 7.e) de la Ley
de cooperación. Respecto a esta segunda, la estrategia española de
cooperación establece tres tipos de acción: un primer nivel, definido
por un programa de carácter integral y un marco temporal plurianual,
orientado hacia un ámbito geográfico definido. El paradigma de este
enfoque es el Programa Araucaria, que es el elemento vertebrador de
las diferentes iniciativas de la Administración referentes a la
conservación de la biodiversidad y otros objetivos ambientales en
Iberoamérica. Un segundo nivel, compuesto por acciones más
específicas, y un tercer nivel, integrado por el apoyo a actuaciones
de carácter multilateral.
Quinto: participación social, desarrollo institucional y buen
gobierno. La Ley de cooperación establece en su artículo 7.d) el
fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad
civil y el apoyo a las instituciones como uno de los sectores
prioritarios de la cooperación española. Esta actuación en el
contexto del presente Plan director se relaciona asimismo con el
cumplimiento de las prioridades sectoriales definidas en el apartado
c) del reiterado artículo 7, que incluyen la protección y respeto de
los derechos humanos, la integración de la mujer y la defensa de los
grupos vulnerables. En el desarrollo de esta estrategia se
incorporarán las administraciones públicas, los sindicatos, las
empresas y organizaciones empresariales, y las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, tanto en el marco bilateral como en el
multilateral. Entre los objetivos de esa estrategia figuran: la
defensa de los derechos humanos y el apoyo al Estado de derecho; la
promoción de la participación social; el desarrollo y fortalecimiento
institucional; prácticas de buen gobierno, incluyendo el
establecimiento de un marco regulador económico y financiero adecuado
y la solvencia de las políticas públicas, comprendida la lucha contra
la corrupción.
Sexto: prevención de conflictos. La Ley de cooperación no recoge este
concepto como prioridad sectorial en cuanto tal, aunque viene
teniendo una entidad diferenciada tanto en el contexto de la
cooperación española como en la doctrina internacional. La
cooperación, coordinación y complementariedad de la comunidad
internacional en este ámbito es parte esencial de la estrategia
española en prevención de conflictos, y así lo recoge el Plan
director.
Los principales objetivos en este ámbito son: la puesta en marcha de
una acción diferenciada, adecuándola a los diferentes supuestos de
conflicto e integrando sistemáticamente las acciones de ayuda
humanitaria de emergencia y rehabilitación; la promoción de la
autonomía de las poblaciones afectadas, fortaleciendo los recursos
locales y aminorando el impacto atribuible al conflicto en curso; el
apoyo a la acción internacional en contra de las minas antipersona y
armas de efecto similar. La Ley de prohibición total de minas
antipersona aprobada por el Congreso el 17 de septiembre de 1998,
cuyo cumplimiento se está adelantando a las fechas previstas, emplaza
al Gobierno a apoyar las acciones destinadas al desmantelamiento de
las minas existentes, a contribuir bilateral y multilateralmente y a
desplegar acciones de ayuda a las poblaciones afectadas; finalmente,
coherencia, de políticas para la construcción de la paz, mediante el
énfasis en los niveles de coordinación y compatibilidad de las
políticas e instrumentos propios de la ayuda en escenarios de
conflicto y rehabilitación post-conflicto. Y al hablar de la
coherencia en las políticas para la construcción de paz no está de
más recordar una vez más que en todos el siglo XX no ha habido una
sola guerra entre dos democracias, por tanto, el apoyo a los sistemas
democráticos, la exigencia de democracia en los países a los que se
destina la ayuda es una de las acciones más coherentes a la hora de
promover también estas políticas para la construcción de la paz.
Principales instrumentos de la ayuda. Señor presidente, para concluir
con la explicación del Plan director, y una vez explicadas las
prioridades geográficas y sectoriales, me voy a referir brevemente a
los instrumentos principales de la ayuda al desarrollo que se prevén
en el Plan. El primero, proyectos, programas y cooperación técnicas.
En cuanto a proyectos, supone una intervención precisa en el país
beneficiario con objetivos, marco temporal y recursos claramente
definidos. La ayuda a programas son todas las contribuciones puestas
a disposición del beneficiario con fines generales de desarrollo. Por
ultimo, por cooperación técnica se entiende toda la gama de
actividades de ayuda dirigidas a desarrollar los recursos humanos,
elevando el nivel de conocimiento, habilidades técnicas y aptitudes
productivas de los habitantes del país en desarrollo.
El segundo instrumento es la ayuda alimentaria, que adopta diversas
modalidades: una primera consiste en la transferencia de alimentos de
Gobierno a Gobierno para su venta en el mercado doméstico, con la
afectación de los fondos de contrapartida así generados a actividades
acordadas por donante y beneficiario; una segunda instrumentada a
través de proyectos dirigidos a objetivos y beneficiarios previamente
definidos, y una tercera, la ayuda alimentaria de emergencia, con
sistente
en transferencias a víctimas de catástrofes naturales o conflictos,
así como a refugiados y desplazados.
El tercer instrumento contemplado es la ayuda humanitaria. Integra la
ayuda humanitaria de emergencia en situaciones de crisis, la ayuda a
refugiados, desplazados y repatriados, la ayuda a la rehabilitación y
reconstrucción de infraestructuras económicas y sociales y la
prevención de conflictos y desastres naturales. Todo ello presupone
una política activa de prevención de conflictos, de planificación
estratégica de la intervención, de actuación coordinada de los
donantes y la preparación de las condiciones de transición entre las
actuaciones de emergencia y el desarrollo. Por parte española la
canalización de este tipo de ayudas se realiza vía envíos directos de
ayuda a las contrapartes locales, financiación de proyectos de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo y contribuciones a
organismos internacionales humanitarios.
El cuarto es el Fondo de ayuda al desarrollo. El Fondo de ayuda al
desarrollo constituye el instrumento crediticio a través del cual
España ofrece a los gobiernos, instituciones o empresas de países en
desarrollo condiciones de financiación concesionales que se vinculan,
parcialmente, a la adquisición de bienes y servicios producidos por
empresas españolas. Este instrumento permite al país beneficiario el
acceso a divisas a un coste inferior al de los mercados
internacionales de capitales, de forma que le sea posible, por una
parte, la adquisición de bienes, servicios y equipos fundamentales
para su desarrollo futuro y, por otra, la financiación de sus
crecientes necesidades de infraestructuras. Desde 1993 el límite
anual de autorizaciones con cargo al Fondo de ayuda al desarrollo que
se establece en los Presupuestos Generales del Estado está fijado en
80.000 millones de pesetas. Sin embargo, las características de las
operaciones que han recibido una financiación con cargo a este fondo
han variado sustancialmente. Por una parte, se han incrementado los
países receptores, haciendo este instrumento accesible a un creciente
número de países en desarrollo; por otra, se ha aumentado el peso de
las operaciones destinadas a los sectores de sanidad, educación e
infraestructuras básicas. La normativa vigente atribuye la gestión de
los créditos FAD al Ministerio de Economía. No obstante, el Real
Decreto 28/2000, de 14 de enero, que desarrolla el artículo 28 de la
Ley de cooperación, establece la administración conjunta, mediante un
comité mixto ad hoc, compuesto por representantes de los ministerios
de Asuntos Exteriores y Economía, de los créditos para programas y
proyectos de desarrollo social básico, que se dotan con cargo al FAD.
El quinto instrumento es el alivio y condonación de la deuda externa.
La deuda bilateral contraída por países en desarrollo con Estados
donantes tiene su origen en las operaciones de crédito comercial a la
exportación aseguras por cuenta del Estado acreedor y con
garantía soberana del Estado deudor y en créditos directos de
gobierno a gobierno, en su mayor parte de carácter concesional.
Dentro de lo que genéricamente se incluye en el cómputo de la ayuda
oficial al desarrollo como tratamiento de la deuda, hay que
considerar tanto las actuaciones de reducción y condonación sin una
contrapartida directa, enmarcadas en el consenso del Club de París,
como las distintas modalidades de conversión de deuda. España ha
negociado desde 1997 numerosos programas de conversión de deuda en
inversiones privadas y públicas, que contribuyen a aliviar la carga
financiera del país deudor posibilitando su desarrollo. Además,
España ha asumido compromisos bilaterales para contribuir
adicionalmente al alivio de la deuda de los países pobres altamente
endeudados, elegibles en el marco de la iniciativa que lleva este
nombre.
El sexto son los programas de cofinanciación con las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo. La modalidad de financiación
aplicada hasta ahora ha sido la asignación de recursos financieros,
de acuerdo con unas bases determinadas, a proyectos de desarrollo
presentados por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
La progresiva interacción entre las agencias de desarrollo y las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo ha dado lugar a una
superación del marco temporal anual y a la programación de objetivos
plurianuales, en aras de un mayor impacto en la labor de estas
organizaciones. El programa español de organizaciones no
gubernamentales de desarrollo alcanzó en 1999 los 15.115 millones de
pesetas, a lo que habría que añadir buena parte del volumen de la
cooperación descentralizada financiada por comunidades autónomas y
ayuntamientos, que en gran parte se canaliza a través de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, operación no
descentralizada que, al igual que la estatal, está creciendo en estos
últimos años.
El sistema de financiación de organizaciones no gubernamentales de
desarrollo en España se ha producido hasta ahora, proyecto a
proyecto, por medio de dos concursos anuales: la convocatoria
ordinaria con cargo al presupuesto del Ministerio de Asuntos
Exteriores y la convocatoria extraordinaria derivada de los recursos
consignados en acciones de interés social en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Como he dicho al principio de mi
exposición, el sistema acaba de ser modificado, estableciéndose
diferentes modalidades de acceso a subvenciones por parte de las
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, aunque se continuará
con la orientación ya establecida de homologar los criterios de
selección de programas y proyectos con las prioridades de la Ley de
cooperación, así como las que dimanen de los instrumentos de
planificación. Las nuevas modalidades serán las siguientes. Las
estrategias de cooperación para el desarrollo son acuerdos marco
plurianuales entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y
organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, para la financiación de intervenciones
de alto impacto y a largo plazo. Las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que accedan a este sistema no podrán
participar en las demás modalidades y firmarán un convenio a tres o
cuatro años por el que se garantizará una financiación para
desarrollar programas y proyectos conforme a unas prioridades y
orientaciones previamente definidas. La segunda modalidad, programas,
son acuerdos entre la Agencia Española de Cooperación Internacional
y algunas organizaciones no gubernamentales de desarrollo para la
financiación de un programa en uno o más países, preferentemente en
un sector determinado, durante dos o tres años. Y, finalmente, las
subvenciones por proyectos, para las que se continuará con el sistema
empleado hasta ahora, con las modificaciones necesarias para hacerlo
más operativo y flexible. En cualquier caso, en proyectos queda
garantizado que siempre habrá por lo menos un 25 por ciento de la
cantidad global, aunque en este primer ejercicio será algo más porque
la adaptación a las estrategias y los programas llevará cierto
tiempo.
El séptimo instrumento es la educación, sensibilización
e investigación sobre el desarrollo. La Ley de cooperación, en su
artículo 13, define este concepto como el conjunto de acciones que
desarrollan las administraciones públicas, directamente o en
colaboración con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
y otros actores de la ayuda oficial al desarrollo, para promover
actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia
los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen
la solidaridad y cooperación activa con los mismos.
Los recursos provendrán de las partidas atribuidas a la
cofinanciación de organizaciones no gubernamentales, así como de la
asignación a programas y proyectos. La cooperación autonómica y local
deberá tener una participación de alcance en este capítulo. En
conjunto, los recursos destinados a este fin deberían situarse, para
el final del período bajo consideración, en torno a los 1.300
millones de pesetas.
Como último instrumento, me referiré a los microcréditos. Los
microcréditos están dirigidos a la financiación de pequeñas unidades
económicas y asociado a una mejora directa en el nivel de vida de los
receptores, supliendo la falta de acceso a servicios financieros
convencionales en los países en desarrollo. Los microcréditos se
inscriben en el artículo 28 de la Ley de cooperación como dotaciones
presupuestarias destinadas a la mejora de las condiciones de vida de
colectivos vulnerables y a la ejecución de proyectos de desarrollo
social básico. El Ministerio de Asuntos Exteriores gestiona el Fondo
de concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior regulado por el Real Decreto 24/2000, de 14 de
enero. De momento la dotación de este fondo de concesión de
microcréditos tiene un carácter anual. El presente plan prevé la
constitución de un Fondo de dotación plurianual que puede rondar,
hacia el final de este ejercicio, los 40.000 millones de pesetas.
Voy a referirme finalmente al marco presupuestario que prevé el Plan
director. El total de la ayuda oficial al desarrollo previsto para el
año 2001 es de 291.266 millones de pesetas; para el año 2002, será de
291.287 millones; para el 2003, será de 299.262 millones y para el
año 2004, el último de vigencia del plan, se prevé elevar esta
partida hasta los 306.395 millones de pesetas. Así pues, en total,
sumando los cuatros años de vigencia del plan director, se prevé un
gasto en ayuda oficial al desarrollo de un billón 187.210 millones de
pesetas. Asimismo les puedo proporcionar las cantidades en cada
ejercicio presupuestario por instrumento, por actores de la ayuda
oficial al desarrollo o según su distribución geográfica o sectorial,
que ahora omito por no alargarme más en mi exposición. En relación a
esta cifra, sin duda importante, de lo que la sociedad española va .a
aportar mediante la gestión pública a la cooperación al desarrollo,
quisiera únicamente decir que en el marco del equilibrio
presupuestario, sin déficit, fijado por el Gobierno para los
Presupuestos Generales del Estado, y que establecerá también la
futura ley de estabilidad presupuestaria, se trata de una cantidad
perfectamente adecuada para dar cumplimiento a los objetivos que la
Ley de cooperación internacional para el desarrollo señala como
propios de la política española de cooperación y que este Plan
director desarrolla. Permite, además, cumplir los compromisos
internacionales adquiridos por España en esta materia y dar
satisfacción a la creciente demanda por parte de la sociedad española
de una política de ayuda al desarrollo de calidad.
En conclusión, señor presidente, este es el Plan director de la
cooperación española 2001-2004 aprobado por el Gobierno, que hoy se
somete al debate de esta Comisión y cuya aplicación se llevará a cabo
mediante la ejecución de las correspondientes estrategias
sectoriales, geográficas y multilaterales. La aprobación del Plan
director orientará a todas las administraciones públicas, tal y como
prevé la Ley de cooperación, sin perjuicio de sus propias
competencias, que habrán de tener en consideración los objetivos y
prioridades en él establecidos, así como los recursos presupuestarios
indicados a la hora de elaborar sus propias previsiones de gasto.
Si con la promulgación de la Ley de cooperación internacional para el
desarrollo se dio un primer paso decisivo en aras de una
racionalización y mejor articulación y eficacia de nuestra ayuda a
los países en vías de desarrollo, con la aprobación de esta Plan
director se da un segundo paso, de trascendental importancia, que
viene a complementar lo que se inició hace dos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean intervenir en
el debate? (Pausa.)
En primer término, tiene la palabra la señora Julios en nombre del
Grupo de Coalición Canaria.
La señora JULIOS REYES: Brevemente quisiera hacer algunos
comentarios. Nuestro grupo entiende que la cooperación internacional
para el desarrollo debe comenzar en el Estado español una nueva etapa
que implique cambios no solo cuantitativos sino cualitativos.
Las razones son evidentes y probablemente las podamos compartir,
fundamentalmente en lo que se refiere a la realidad internacional y a
la agudización cada vez más de la concentración de riqueza en unos
pocos países con respecto a otras áreas geográficas en donde la
pobreza es cada vez mayor. Quizá todo el desarrollo en el que estamos
envueltos, la globalización de la economía, etcétera, está aportando
poco a la resolución de estas profundas contradicciones de equidad,
por así decirlo.
En la medida en que los indicadores económicos del país a nivel macro
vayan tomando mejor posición dentro de lo que es el contexto europeo,
cabe pensar que la responsabilidad del Estado en este sentido deberá
ser mayor; y deberá ser mayor ya no sólo para mejorar la distribución
de esa riqueza dentro del propio Estado con criterios de solidaridad
y de equidad sino fundamentalmente, de acuerdo con el tema que nos
trae hoy aquí, en la redistribución de la riqueza a nivel
internacional por la división cada vez más profunda entre países
ricos y países pobres. Creo que es importante, y lo hemos comentado
en alguna otra ocasión, que España cuente con un marco normativo
específico en lo que se refiere a la cooperación internacional, y
para ello es prioritario el desarrollo reglamentario de lo que es la
Ley de cooperación internacional en sí y de los contenidos que en
ella se recogen. En ese sentido, el Plan director es un elemento más
de ese nuevo marco normativo español y, en principio, un documento
estratégico. Estamos hablando de un plan cuatrienal y es importante
que se cuantifique más la periodicidad de los objetivos anuales y que
se haga un mayor énfasis en la evaluación del plan no sólo a la
vuelta de los cuatro años sino mientras se cumplen las metas que
puedan planificarse año a año. Sabemos que se está haciendo un
esfuerzo en la evaluación de los programas pero también es importante
difundir los resultados de esas evaluaciones porque, en última
instancia, ayudará a que las múltiples administraciones y
organizaciones no gubernamentales hagan esfuerzos en la búsqueda de
la eficiencia de aquellas medidas que son más productivas desde el
punto de vista de los objetivos en sí de la cooperación, que es
paliar la situación de pobreza en los países en vías de desarrollo.
Entendemos que el esfuerzo de España en este sentido no sólo debe de
ser desde un punto de vista económico (más tarde comentaré
algo respecto a lo que valoramos de los aspectos económicos)
sino también desde un punto de vista político. Lógicamente, por
nuestra propia historia y por nuestras relaciones con Latinoamérica y
con el continente africano, entendemos que España debe jugar un papel
decisivo como impulsor de la cooperación internacional europea y
quizá habría que enfatizarlo cuando España ocupe la presidencia de la
Unión Europea.
Nosotros valoramos la existencia del Plan director pero entendemos
que quizá podría aportarse un mayor compromiso en algunos puntos. Por
un lado, desde el punto de vista económico, entendemos que no está
muy clara la explicación, ante el compromiso cada vez más demandado
socialmente del 0,7 por ciento. Creemos que la tendencia al alza que
se aprecia en las partidas presupuestarias previstas para los cuatro
años es bastante leve y que podría reforzarse algo más. Estamos
hablando de un plan cuatrienal y me llama la atención -me gustaría
contar con alguna opinión en la contestación que se dé después- que
si no me equivoco en los cálculos, al mirar las partidas destinadas
al principio, en el 2001, respecto a las del año 2004, se aprecia un
incremento global en el total de las administraciones autonómicas,
locales y estatales de un 5,6 por ciento. Pero de ese incremento el
volumen mayor se produce en las partidas previstas para las
comunidades autónomas, que aumentan un 13,02 y para las entidades
locales en un 12,8 por ciento, mientras que las referidas a las
administraciones del Estado se incrementan en un 4,6 por ciento. Esto
es importante destacarlo y me gustaría escuchar sus comentarios al
respecto, porque pienso que el esfuerzo de incremento debe hacerse
solidariamente por parte de todas las administraciones.
Por supuesto, quiero resaltar la importancia de la cooperación de las
administraciones locales, autonómicas y estatales en lo que es el
desarrollo de programas conjuntos que, lógicamente, impliquen
compromisos conjuntos de cofinanciación. En ese sentido, hago también
una reflexión expresa por lo que se refiere a la comunidad autónoma
que represento, Canarias, respecto al continente africano y respecto
al África subsahariana, fundamentalmente. Entendemos que si, hoy por
hoy, hay una plataforma definida desde donde encauzar ayudas con un
conocimiento cercano a la problemática, puede actuar la propia
comunidad autónoma, el propio Gobierno de Canarias, por lo que creo
que debería de reforzarse la cooperación conjunta del Gobierno
autónomo y del Gobierno del Estado, en lo que respecta al África
subsahariana.
También nos parece importante que, de alguna forma, se ligue el Plan
director de cooperación con el programa Greco, porque pienso que en
muchos aspectos hay una confluencia de objetivos y que en ambos se
habla de ligar la ayuda a la cooperación, insistiendo en el programa
Greco, por todo lo que se refiere a la problemáticadel fenómeno de la
inmigración. Podría
ponerse el énfasis en ligar esas dos grandes líneas de actuación.
Otro aspecto que considero que no está del todo dilucidado es cuál va
a ser el porvenir en lo relativo a la deuda externa. Sí está
reflejada la necesidad de ir trabajando la condonación de la deuda
externa en lo que se refiere a ligarla a ayudas de cooperación para
el desarrollo, pero creo que son necesarios unos mayores niveles de
concreción, no a lo largo de los cuatro años sino en escenarios más
precisos, año a año.
Quiero insistir en la necesidad de que podamos contar con indicadores
de evaluación de lo que es la ayuda al desarrollo y los avances que
se pueden ir derivando del Plan director, además de hacer un
comentario, que me parece importante porque va ligado a la ayuda al
desarrollo, sobre la necesidad de avanzar en normativa -a nivel de
España- respecto a la cobertura del voluntariado. Todos sabemos el
papel importante que éste juega, ya no sólo en los aspectos de
cooperación -pero estamos hablando de la cooperación- sino en lo que
pueda significar, por un lado, de avances normativos y, por otro, en
relación a por qué no empezar a valorar la necesidad de que haya
fondos específicos de ayuda al cooperante desde el punto de vista del
voluntariado. Existen sectores importantes que son objeto de
prioridad en lo que se refiere a servicios básicos, como la salud y
la educación, que despiertan cada vez mayor interés entre los
profesionales que trabajan en el sistema público, tanto en el sector
educativo como en el sanitario, que estarían dispuestos a colaborar
en la cooperación y tienen una experiencia y un bagaje importante.
Eso no está contemplado de forma específica a la hora de remunerar
sus estancias equiparándolas al sueldo correspondiente a su puesto de
trabajo habitual. Es una línea de trabajo que debería abrirse porque,
por un lado, son elementos motivadores para la cooperación y, por
otro, enriquecedores desde el punto de vista de mejorar la eficacia
de la ayuda de forma continuada hacia los lugares receptores de
dichos programas de cooperación.
El señor PRESIDENTE: La intención de esta Presidencia sería acumular
el debate para que, luego, el secretario de Estado pueda contestar a
todos los intervinientes de una manera conjunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Como quiera señor presidente. Yo
preferiría contestar uno a uno, pero me sujeto a lo que diga la
Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Creo que sería mejor que hubiera luego una
contestación global y que el secretario de Estado designe el tiempo
que tenga a bien a cada uno de los portavoces que han intervenido.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): No tengo tanta confianza en mi
memoria como la Presidencia de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Quiero saludar al secretario de Estado,
agradecerle su información y pedirle disculpas si no estoy cuando
conteste, porque hay coincidencia con otras comisiones y no sé si
podré quedarme, pero le aseguro que leeré atentamente sus
explicaciones en el «Diario de Sesiones».
En primer lugar, la elaboración de este plan, que es efectivamente
una obligación emanada de la Ley de cooperación, debería ser algo más
que eso, debería ser un buen instrumento para buscar el máximo
consenso y la máxima unidad en torno al plan, no solamente porque eso
sea siempre una obligación de cualquier actuación de Gobierno sino
porque, de este consenso y de esta unidad en su elaboración, luego
vendrá también una mejor coordinación y una mayor implicación de
todos los sectores a la hora de desarrollarlo y aplicarlo. En ese
sentido, tengo que divergir de lo que se dice. Nosotros seguimos
señalando, y así se nos comenta por organizaciones no
gubernamentales, que ha faltado consenso a la hora de la terminación
de este plan. Esto es lo que se nos ha hecho llegar y así lo
trasladamos aquí porque creemos que este plan tiene una línea matriz,
con la que no estamos de acuerdo, que dificulta el consenso. Por eso,
tenemos que empezar señalando una gran divergencia de fondo, quizás
en lógica con los distintos puntos de vista que defiende cada grupo
político, pero que en este campo se agudiza y que nosotros vemos
todavía más peligrosa que en otros campos.
Venimos denunciando que la cooperación no puede estar basada en
intereses comerciales ni en el objetivo fundamental de la estabilidad
económica de los mercados; ni tampoco puede estar basada en un
intento de extender el liberalismo económico al Tercer Mundo. Creemos
que eso no solo no es bueno sino que tiene un tremendo peligro, al
que luego me referiré. En este sentido, creemos que alude demasiado a
los beneficios que puede provocar el crecimiento de los mercados
internacionales para la economía española y no se alude lo suficiente
al marco de los derechos que asisten a las personas, entre los que
debe figurar de forma preeminente, más allá de las palabras, de las
buenas intenciones y de acciones concretas, el desarrollo humano como
elemento básico a la hora de valorar la ayuda. A lo largo del plan se
insiste demasiado en la necesaria vinculación que debe existir entre
la ayuda y la promoción de los intereses económicos y estratégicos
españoles, mientras seguimos pensando que se relega a un segundo
plano el propósito básico que debe inspirar
esta ayuda, que para nosotros es todo lo relacionado con la lucha
contra la pobreza y el subdesarrollo en todas sus diversas
manifestaciones. Repito que más allá de las palabras, estos son los
hechos y la línea instrumental de este plan y de toda la actuación
del Gobierno en esta materia, y nosotros creemos que esto, al final,
puede hacer que no solo no se alcancen los objetivos que se plantean,
sino que se vaya hacia atrás a la hora de valorarlos realmente -aquí
le criticamos a usted y a su Gobierno-, puesto que nosotros creemos
que los objetivos son más amplios y que en este momento abarcan una
serie de instrumentos internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional y otros. La realidad es que cada vez hay más
desigualdades y que cada vez se progresa menos en lo que debe ser la
cooperación al desarrollo al que todo ser humano tiene derecho.
Repito que, más allá de las estadísticas, la realidad es que al día
de hoy existe mucha más diferencia entre el Tercer Mundo y el mundo
desarrollado y que cada vez existen más zonas del planeta en las que
desesperación por no poder tener acceso no ya a condiciones mínimas
de vida sino simplemente a la comida es cada vez mayor. Es una
realidad constatable, basta con ver la situación de África y de
algunas zonas de Iberoamérica. Todo ello hace que, al final, la
valoración del plan nos haga pensar no sólo que el camino escogido no
es el idóneo, sino que es el que va en dirección contraria. Lo que
pasa es que también estamos convencidos de que no es un error
involuntario, sino que es un concepto de desarrollo del mundo al que
ustedes, junto con otros gobiernos de similar ideología, están cada
vez más abocados.
Nuestras propuestas de resolución -que se podrán discutir mañana-
irán en el sentido de intentar paliar el liberalismo de su propuesta
y de intentar que se pongan en primer lugar los criterios que ayuden
a erradicar la pobreza en los lugares en los que hoy, repito, la
simple obtención de la comida es prácticamente una odisea. Eso,
evidentemente, como ya se ha dicho, ha de ir ligado a los intereses
de este país y a acabar con cierto doble lenguaje. Resulta que nos
alarmamos porque nuestro país se llene de pateras que intentan cruzar
el Estrecho o de inmigrantes de Iberoamérica, pero luego vemos cómo
en Ecuador, hoy por hoy, hay una lucha de una parte importante de la
población que está sufriendo represión simplemente por reivindicar
derechos básicos de la persona. Evidentemente, si no se combate eso
en el origen, difícilmente podremos evitar que nuestro mundo
privilegiado -entre comillas- sea un mundo al que se intente acceder
incluso a costa de jugarse la vida, porque siempre será mejor dejarse
la vida en el Estrecho que dejársela en cualquier guerra, en
cualquier conflicto o, simplemente, morir de hambre en cualquier
campo de África o de otra zona del mundo.
A partir de ahí, usted puede decir que viene aquí a plantear un plan
concreto y que nosotros planteamos elementos demasiado genéricos,
pero es que esa es la
realidad por la que tenemos que empezar, todo lo demás viene a
intentar tranquilizar las conciencias. Repito que sin ese elemento de
origen todo lo demás tendría menos importancia, pero nosotros creemos
que el plan debería definir más claramente los objetivos y, sobre
todo, las prioridades geográficas en relación con las prioridades
sectoriales. Aparte de esas prioridades geográficas, respecto a las
cuales podemos tener también alguna duda, es fundamental establecer
unas prioridades sectoriales, que entendemos que en el plan aparecen
limitadas y que deberían ampliarse aún más. En ese sentido podrían ir
algunas de nuestras propuestas de resolución.
También creemos que no existe una vinculación suficiente entre la
acción multilateral que se plantea y las prioridades sectoriales que
en el mismo plan se informan. Pensamos que habría que ir hacia un
documento de programación estratégica. Este plan es útil para conocer
la voluntad del Gobierno, pero está alejado de lo que debería ser
realmente un plan director, mucho más concreto y mucho más eficaz.
Nos parece que el plan carece de consistencia en lo que supone de
incorporación de nuevos elementos y que sigue demasiado ligado a la
obtención de mercados y de beneficios en los mismos.
Ya se ha hablado de la deuda externa. La Cámara conoce nuestra
postura, que ya se ha debatido en esta Comisión, por lo que no me voy
a extender en ella. El plan no avanza en ninguno de los aspectos que
consideramos indispensables de cara a la mejora de la calidad. Además
vemos que hay instrumentos que no solamente no avanzan, sino que, en
cierto modo, retroceden. La deuda externa es el elemento fundamental
que debería centrar nuestra política de ayuda al desarrollo en este
momento, porque es el que lastra más el desarrollo de los países. Lo
contrario sería solamente intentar tranquilizar conciencias sin
afrontar el problema.
Dicho esto, creemos que el Ministerio de Economía debería introducir
menos instrumentos en la ayuda, porque debe ser el Ministerio de
Asuntos Exteriores el que dirija y enfoque la ayuda exterior
española. Por tanto, seguimos teniendo dudas sobre el papel de los
ministerios de Defensa y Economía en este campo.
Por último, queremos resaltar, como ha hecho ya otra portavoz, que no
estamos de acuerdo con el horizonte presupuestario en relación con la
fijación no del 0,7 del producto interior bruto, sino ni siquiera del
0,35 por ciento, que es un objetivo modesto que el Gobierno debería
plantearse. El Partido Popular hizo en su día declaraciones públicas,
firmó -en el año 1985, creo recordar- el Pacto por la solidaridad y
otros más. Este acuerdo se carga lo que el Partido Popular firmó en
su día. Alguna vez habrá que decir que el Partido Popular retira su
firma de ese pacto y que, con toda legitimidad, dirige por otro
camino su acción de solidaridad. No se puede seguir firmando pactos
para luego no cumplirlos.
Nuestra estimación -se puede corregir- es que los 300.000 millones
previstos supondrían aproximadamente un 0,26 por ciento. Creemos que
ese es un porcentaje muy pequeño, que en ningún modo se acerca a lo
que el propio Gobierno comprometió.
Para terminar, repito que nuestra divergencia es de fondo.
Consideramos que este no es el camino adecuado para que este plan sea
un instrumento útil. Efectivamente, seguirá siendo el instrumento de
las políticas del Partido Popular, pero no alcanza el consenso
adecuado con las organizaciones sociales ni con los grupos políticos.
A partir de ahí, nuestro grupo político sigue estando dispuesto a
trabajar para mejorar aspectos, para intentar que la ayuda al
desarrollo sea realmente ayuda al desarrollo y no esté ligada a otro
tipo de intereses económicos, cuyo desarrollo legítimo tiene otros
cauces y no debería ligarse a este tema. Si alguien se cree que
porque se liberalicen mercados o porque sea más fácil la exportación
se va a acabar el subdesarrollo en el mundo, o se está engañando o
creo sinceramente que nos está intentando engañar a los demás. Ese no
es el camino, el camino son otras relaciones económicas que permitan
que los países en desarrollo puedan avanzar y que pueda haber una
distribución más justa de la riqueza que existe actualmente en el
mundo. El foro celebrado en Brasil ha dejado las cosas bastante
claras en ese sentido. Otra cosa es que no esto no se se quiera oír y
que haya otros que sigan pensando que el liberalismo es la salvación
del mundo, cuando se está viendo que no solamente no es la salvación,
sino que nos lleva a donde ya nos ha llevado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Hoy abordamos en esta doble sesión un
compromiso derivado de la Ley de cooperación aprobada en la pasada
legislatura, que todos coincidiremos en que ha generado en los
últimos meses notables e importantes expectativas entre todos los
sectores políticos y sociales implicados en el ámbito de la
cooperación al desarrollo. La ley supuso un salto hacia delante en la
calidad de la cooperación al desarrollo del Estado español y ese
salto se concretaba en la elaboración de un instrumento de
planificación cuatrienal que era el Plan director. Lo positivo es que
por fin exista este documento, pero también es evidente que respecto
a las expectativas que se generaron en los momentos de elaboración de
la ley y en los primeros pasos de la elaboración del mismo Plan
director en importantes sectores de la sociedad española implicados
en este ámbito se han producido decepciones.
La reflexión que debemos realizar hoy en esta Comisión va más allá
del contenido del plan. La portavoz del Grupo Canario hacía
referencia en su intervención al contexto mundial en el que se mueve
este Plan director,
en un momento en el que el conjunto de los agentes
internacionales que están interviniendo en las políticas de
cooperación al desarrollo están redefiniendo sus papeles; por
ejemplo, el Banco Mundial ha impulsado en los últimos años un cambio
de orientación en sus discursos y en sus políticas. Hoy todo el mundo
tiene claro que ni el mercado ni las políticas de ayuda oficial al
desarrollo ni el impulso del buen gobierno, etcétera, por ellos
mismos son instrumentos suficientes para resolver el problema de la
pobreza en el mundo; hoy todo el mundo tiene claro que el conjunto de
intervenciones a diversos niveles puede permitir avanzar en esa
reducción de la pobreza. En lo que sí existe un amplio consenso en la
comunidad internacional es en los grandes objetivos que los países
avanzados y democráticos deben procurar alcanzar en los próximos
decenios. Ahí es donde debemos situar el Plan director, en esos
grandes consensos de la comunidad internacional, en ese momento de
redefinición del paradigma en materia de ayuda al desarrollo a los
países pobres.
Aterrizando en la cooperación española, en junio de 1999 se
celebraron en Barcelona unas jornadas organizadas por la Fundación de
la Caixa y uno de los expertos españoles en esta materia, el profesor
Grassa, afirmaba como debilidades de la política de cooperación al
desarrollo las siguientes: la falta de claridad en cuanto a los
objetivos y principios inspiradores, con poca autonomía relativa de
los objetivos específicos de la política de cooperación para el
desarrollo con respecto a los genuinos de la política exterior y de
la política comercial, la descoordinación institucional con un modelo
de dirección con muestras claras de bicefalia, una escasa
planificación, seguimiento y nula evaluación de las diversas
modalidades de cooperación, una escasez de instrumentos de
coordinación y una AOD muy inestable. A estas debilidades de la
política de cooperación al desarrollo que destacaba el profesor
Grassa -insisto- en junio de 1999, en las jornadas que organizaba la
Caixa y que contaron con la presencia del anterior secretario de
Estado y de parte de su equipo, el Plan director debería haber dado
respuesta. A nosotros hoy, con el documento del Consejo de Ministros,
nos quedan grandes dudas de que el instrumento que nos hemos dotado
sea lo suficientemente potente para dar respuesta a estas debilidades
a las que se refieren todas las personas que analizan y estudian el
ámbito de la cooperación al desarrollo. En esas mismas jornadas, el
profesor Alonso, que fue por encargo del ministerio de Asuntos
Exteriores quien realizó los trabajos previos en esta materia con un
estudio editado por dicho Ministerio y la Secretaría de Estado para
la Cooperación, afirmaba que uno de los riesgos que tenían esos
borradores o estudios previos del Plan director era que el texto que
se aprobase por parte del Gobierno fuese una declaración de buenas
intenciones en determinada materia y que en lugar de optar por un
modelo de Plan director con objetivosconcretos y con esta situación
en el tiempo, asumiendo
compromisos específicos, quedase en esa declaración de intenciones.
Finalmente, creo que el Gobierno ha optado por lo más prudente, desde
su óptica siempre, que es esa declaración de intenciones en la que
genéricamente todos los grupos con matices podemos coincidir, porque
seguramente el Plan director no es aquel instrumento de planificación
de la cooperación española que en la pasada legislatura a todos nos
parecía, incluido el propio Gobierno, que le convenía al Estado
español. Ahí se sitúa esa decepción de nuestro grupo parlamentario
con relación al Plan director.
Entrando ya más a fondo en alguna de las cuestiones, es evidente que
el cuadro económico que se dibuja en el mismo es el más modesto. Con
las previsiones del Plan de Estabilidad en el 2004 nuestras
aportaciones se moverán alrededor del 0,26 por ciento, lejos del 0,30
que en los estudios previos del propio Plan director que promovía el
profesor Alonso parecía que eran un objetivo perfectamente alcanzable
y compatible con los objetivos macroeconómicos del Gobierno (ese 0,26
se sitúa en la expectativa más modesta de las previsiones del
profesor Alonso) y aun reconociendo que se produce un aumento de
cifras de cerca de 16.000 millones de pesetas en ese período, ese
0,26 se aleja no tan sólo del compromiso del Gobierno español desde
1972 del 0,7 sino de otros compromisos que poco o mucho en
conversaciones informales con el Gobierno por parte de nuestro grupo
en la pasa legislatura nos planteamos, que era ese 0,30, lejos
también del 0,35 que parecía que en algún momento podía haber sido un
objetivo asumible.
En segundo lugar, también es evidente que el objetivo principal de la
política de cooperación al desarrollo, que es la erradicación de la
pobreza, forma parte del núcleo esencial del documento, pero en el
resultado del proceso de discusión en el seno del Consejo de
Cooperación no creemos que haya quedado bien dibujado que ése es el
objetivo principal de la política de cooperación. Esta es una
apreciación entiendo que discutible pero, si en los documentos
iniciales que el Gobierno elaboró y en los de esta fase final ese
objetivo hubiese quedado bien claro hoy no tendríamos esas dudas.
En tercer lugar, el Plan director no termina por resolver una
cuestión permanente desde hace años en la política de cooperación
española que es la bicefalia, la dialéctica entre el Ministerio de
Asuntos Exteriores y el Ministerio de Economía. En aquellos aspectos
que están en manos del Ministerio de Economía se ha optado por que el
Plan director pase de puntillas. Entendemos que hay una opción
también de la Secretaría de Estado, con el objetivo de incrementar
los recursos económicos que existen en el Plan director, pero es
lamentable que en materia de FAD y en materia de deuda el Plan
director adolezca de esta falta de insistencia de compromiso de la
Secretaría de Estado.
En cuarto lugar, por lo que hace referencia a los instrumentos y a
las estrategias, creo que el documento es excesivamente genérico y
poco comprometido. Se dice
poco más de lo que podríamos leer en la Ley de cooperación al
desarrollo, incluso a veces uno puede tener la tentación de pensar
que, en algunos de estos aspectos, con la ley, porque ya sabíamos
cuáles eran las prioridades y los instrumentos, poco añade el
Gobierno a sus previsiones.
En quinto lugar, es interesante en este sentido y el secretario de
Estado lo conoce porque en el propio documento se incorporan
consideraciones que van en esta línea, se hace poca referencia a un
concepto en el que se insiste en la comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo de hace relativamente pocos meses
(creo recordar que es de abril del año 2000), que es el concepto de
coherencia del conjunto de las políticas públicas. Se plantea en esa
comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento la necesidad
que el conjunto de las políticas de la Unión Europea sean coherentes
también con los objetivos de la política de cooperación al
desarrollo, que aquello que en el ámbito comercial, militar y
agrícola desarrollamos con relación a terceros países se tenga en
cuenta también el objetivo de la erradicación de la pobreza. En este
sentido es lamentable que en el Plan director esa referencia a la
coherencia del conjunto de las políticas esté ausente.
En sexto lugar, se ha optado por un planteamiento poco ambicioso en
el ámbito multilateral. Se hace una descripción de cuál es la
situación y simplemente se dice que se pretende incrementar el
protagonismo de España en este ámbito, pero no sabemos a dónde se va
a dirigir ese protagonismo de España en el ámbito multilateral. De
manera inteligente la señora Julios recordaba que la presidencia
española de la Unión Europea podría ser una excelente oportunidad
para que España ejerciese un liderazgo en la política de la Unión
Europea en esta materia, por ejemplo, orientada de manera preferente
hacia el área mediterránea, muy especialmente hacia el norte de
África. También echamos en falta esta mayor voluntad política.
En séptimo lugar, hay dos cuestiones por las que a nuestro entender
debería haberse apostado de manera más explícita en el documento:
una, a la que antes hacía referencia, es la cuestión de la deuda
externa, en la que el planteamiento es absolutamente minimalista y no
se ven reflejadas algunas propuestas que desde los grupos políticos o
sociales se han ofrecido en los últimos tiempos en la línea de ir a
la creación de un fondo de gestión de la deuda externa, hacia un
mayor compromiso en materia de conversión de deuda externa por ayuda
al desarrollo. Seguramente no esté en manos de la Secretaría de
Estado de Cooperación incidir sobre la política de gestión de la
deuda externa, que es una política que está estrictamente en manos
del Ministerio de Economía, pero yo creo que el espíritu y la
literalidad de la Ley de cooperación en materia del Plan director
implicaba ese compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la
Secretaría de Estado de Cooperación, de
plantear a fondo esta cuestión. En esta misma línea, a pesar de que
hay un par de referencias sueltas en el texto, la ausencia de
vinculación entre las políticas de inmigración y las políticas de
cooperación es bastante patente. Seguramente el Gobierno está aún
estudiando cómo se empieza a concretar lo que también se anuncia en
el plan Greco de manera más concreta de lo que se explicita en el
Plan director pero que es evidente que debería ser uno de los ejes
conductores de nuestra política de cooperación, que es esa
vinculación efectiva con propuestas concretas en materia de
emigración, en relación por ejemplo a los microcréditos o a
actuaciones concretas en el ámbito del norte de Marruecos, incluso en
determinados países latinoamericanos como Ecuador, estos días de
evidente actualidad.
Como última consideración, aunque quizás no hubiese correspondido al
Plan director, y por tanto no es una crítica, es evidente que hoy
continúa pendiente -y sabe el secretario de Estado que es objeto de
nuestra preocupación- el desarrollo de uno de los aspectos de la
legislación en esta materia, como es el estatuto del cooperante. Yo
no digo que en el Plan director se tuviera que haber incorporado esa
reflexión, pero es evidente que junto a la calidad que hoy debemos
exigir a la cooperación española al desarrollo, y junto a la
cantidad, me parece sustancial la necesidad de articular un buen
estatuto del cooperante, que sea moderno y que dé respuesta a las
necesidades de los profesionales y de los voluntarios españoles que
trabajan en este ámbito.
Todo ello, señorías, hace que este sea un documento en el que puede
existir una coincidencia por parte de todos los grupos parlamentarios
en sus grandes líneas generales pero que, al margen de su trámite por
la Comisión interterritorial y por el Consejo de Cooperación y sus
avatares en estos procesos de participación política y ciudadana, a
nuestro grupo le sabe a poco por estas siete u ocho consideraciones
de carácter concreto y específico, pero también porque nos parece que
hemos perdido la oportunidad de dotarnos de un buen instrumento real
de planificación de la cooperación española. Tenemos un documento de
declaración de intenciones. Nuestro grupo va a procurar hacer un
seguimiento de esas intenciones que el Gobierno manifiesta en este
papel, y ojalá al final de la legislatura podamos decir que sobre
aquellas intenciones se ha avanzado de manera real y concreta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Gracias señor secretario general por su
comparecencia y gracias señor presidente y Mesa por la benevolencia y
el modo en que va a desarrollarse este debate, ya que se va a
permitir que mañana por la mañana se presenten y se consideren
propuestas con un poco más de tiempo.
Si hay un punto en que la coincidencia entre los grupos políticos no
sólo debiera ser fácil sino necesaria es en la política exterior del
Reino de España, en la que hemos mantenido una línea constante de
oferta de cooperación y de entendimiento entre el grupo de la mayoría
y el Gobierno y nuestro grupo y partido. Lamento decir que en este
trámite del dictamen favorable o desfavorable al Plan director de
cooperación internacional que ha aprobado el Gobierno no se va a
ajustar exactamente, salvo que se tomen en consideración algunas
propuestas que haremos de carácter general y otras de carácter
sectorial, y tal vez se quiebre ese deseo que volvemos a formular de
consenso y de coincidencia porque entendemos -y procuraré ser breve-
que, de acuerdo con la Ley de cooperación y con el sentido común
político, el plan que se nos presenta ni es plan ni es director, y
trataré de explicarlo después. Anticipo que estamos ante un documento
de muy buenas intenciones; qué duda cabe que muchas de las
intenciones que se prodigan desde el principio al final del texto que
se nos propone a tomar en consideración van a ser coincidentes porque
las buenas intenciones forman parte de una cultura democrática que
sin duda alguna compartimos todos. Entendemos -y lo hacemos con
cierto disgusto, señor presidente- que el texto que ha aprobado el
Gobierno constituye de alguna manera un salto atrás respecto de
propuestas anteriores, formuladas por el mismo Gobierno y el mismo
partido, que no se acomodan a compromisos y a expresiones de
compromiso que habíamos escuchado siempre con simpatía. No quisiera
pensar como portavoz en esta Comisión que este retroceso es debido a
las mayorías absolutas, porque no se corresponde con la voluntad
solidaria de esta ciudadanía; voluntad solidaria que el propio
secretario de Estado ha recogido (y yo elogié su sensibilidad) de la
población de este país a través de su solidaridad con las
catástrofes, con las acciones de rehabilitación, con la prestación de
trabajo voluntario de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas,
que no se corresponde -y esto me preocupa- con la propuesta que ha
adoptado el Gobierno. Es más, creo que hay un elemento que nos debe
hacer pensar sobre el papel del Parlamento. A lo largo de estos meses
-lo subrayaba algún otro portavoz en su intervención-, las minorías
de este Congreso de los Diputados hemos ido expresando opiniones por
un lado, formulando propuestas por otro e intentando contribuir a
asentar lo que entendíamos y entendemos, salvo demostración en
contrario, que era voluntad del Gobierno y de la cooperación
internacional de España. Bastaría recordar simplemente algunas de las
propuestas que se formularon en el debate presupuestario, que
entendíamos que era la fórmula de traducir a ese lenguaje numérico,
al que tan dado somos, los compromisos y las buenas voluntades. Es
decir, una serie de aspectos -se han citado algunos y yo trataré de
citar otros más adelante- que tuvieron su propuesta y que hubo la
oportunidad de adoptar como criterio, sin
menoscabo en absoluto de otros criterios gubernamentales, que tal vez
nosotros no compartimos, como es la obsesión por el déficit cero,
pero aun aceptando ese marco se formularon propuestas que contribuían
a mejorar de manera decisiva para el año 2001 algunas de las
propuestas que hoy se traen en forma de Plan director de la
cooperación internacional. Seguimos inquietos por una cierta
confusión en lo que es la política económica exterior de España.
Hemos dicho, lo afirmamos y lo vuelvo a decir, aunque puedo hacerme
pesado al respecto, que es un objetivo deseable pero cuyo marco no es
el Plan director de la cooperación internacional; que es tan
absolutamente deseable como que tenemos entendido de ciertas
argumentaciones gubernamentales para recortes en acción de promoción
exterior de la economía española, por ejemplo en dotaciones para el
ICEX, porque se argumenta que hemos desviado toda la atención y la
ayuda a la cooperación internacional. Entendemos que esa confusión
tampoco es buena, no sólo para aclararnos en ámbito parlamentario
sino ni siquiera para la propia acción de Gobierno. Hay que
distinguir bien claro lo que es la promoción exterior de las empresas
españolas, objetivo laudable y en el que nos encontrarán siempre
dispuestos, de lo que es la cooperación internacional de España. Es
decir, volviendo al terreno de los principios y de la doctrina, el
combate contra la pobreza, el combate por la igualdad y la
prosecución de la senda de que quienes más tenemos por la bonanza
económica, por nuestra capacidad de crecimiento interno, más demos
hacia el exterior. Volveré sobre ello.
Por otra parte, no ignora el secretario de Estado ni nadie en esta
Comisión que el Plan en los términos en que ha sido aprobado por el
Gobierno y en los trámites ciertamente procelosos, lentos a veces
pero necesarios en virtud de la ley y de la búsqueda de ese consenso,
ha tenido también un rechazo por parte de agentes básicos de la
cooperación internacional de España, rechazo en forma de votos
particulares y en forma de expresión de opiniones ante el temor por
parte de las organizaciones sociales de que se desprendiera de la
acción de la política exterior, en este caso de la política de
cooperación del Gobierno del Partido Popular, una cierta intención
a veces expresa de control autoritario o de imposición de restricciones
a lo que en los movimientos sociales se entiende que son
manifestaciones espontáneas de esa voluntad solidaria hacia el
exterior. Esto yo creo que amenaza -lo digo entre comillas y con
mucha serenidad- el grado de adhesión y de consenso que sin duda
alguna todos hemos perseguido en estos meses. Desde luego, el énfasis
en el ámbito de los principios sobre las recetas neoliberales alcanza
algún nivel de doctrinarismo que entendemos desfasado. Hice alguna
alusión entre irónica y cierta a cambios de actitud por parte de
autoridades morales tan importantes como su santidad el Papa Juan
Pablo II o de organismos multilaterales nacidos después de la guerra
mundial que en
Praga o en cualquier otra parte, a través de sus publicaciones, han
rectificado esa confianza ciega en que el valor del mercado sería
capaz de asignar los recursos de manera adecuada y elevar del pozo de
la miseria y de la desgracia a las poblaciones altamente endeudadas,
empobrecidas o sometidas al flagelo de la guerra o de la catástrofe
natural. Sin duda alguna conviene la estabilidad económica a los
países que sufren esa extrema pobreza, pero en términos de
generosidad, no en términos de imposición de un modelo que con
frecuencia resulta inaplicable puesto que no existen los recursos
mínimos para hacerlo funcionar. En ese sentido, la ortodoxia macro y
micro de los objetivos que se señalan en esta parte más programática
llevan a reforzar directamente la exclusión de países y, dentro de
los países, la exclusión de gentes que deberían ser y son siempre
nuestro objetivo.
Por otra parte, acabo de escuchar con suma atención al portavoz de
Convergència i Unió, y en alguna otra intervención, que probablemente
se está perdiendo una oportunidad, puesto que este es un plan a
cuatro años, de vincular otros objetivos estratégicos de la política
exterior del Reino de España y otros objetivos más allá de la
política exterior, de política interna, como es el establecer algún
nexo entre los fenómenos migratorios, especialmente en áreas
geográficas que nos son muy próximas; dentro de nuestro marco y
objetivo político y cultural podríamos hablar del Sahara Occidental,
del África de Marruecos y del África subsahariana. Tenemos la
oportunidad de actuar en origen. Recuerdo un texto, también
profesoral pero en este caso avalado, junto con el carácter
profesoral, por la experiencia de gobierno de un ex ministro de la
República Francesa -creo que lo cité una vez-, Michel Jolgert, que
fue ministro de colonias con De Gaulle, que en libro precioso, Le
Magreb à lombre de sa main, es decir a la sombra de su mano,
anticipaba lo que iba a ser la eclosión y la marcha de miles de
ciudadanos y decía que el mejor objetivo de la V República no
consistía en negar los visados de entrada en Francia sino actuar en
el Magreb y procurar que los visitantes norteafricanos a la República
Francesa -lo decía con cierta buena intención hace 35 años- sean
turistas que vengan a conocer su antigua metrópoli, no a trabajar en
las alcantarillas. Ese reflejo de actuación en origen se encadena con
la no consideración también específica de los problemas de
tratamiento de la deuda externa. Nosotros no propusimos en ningún
momento -lo sabe bien el secretario de Estado- una acción insensata e
irresponsable, es decir, condonación de la deuda. Hablábamos del
tratamiento del problema de la deuda como otra herramienta para
actuar en origen, uniéndolo a elementos tales como los flujos
migratorios. No voy a insistirles sobre el clamor de la deuda.
Sospecho que todos los portavoces de esta Comisión recibimos las
mismas copias de centenares de corporaciones locales, en su mayoría
de todo signo político, que insisten
en que el Parlamento y en última instancia el Gobierno se pronuncien
sobre ello y lo hagan en esos términos de búsqueda del encuentro y no
de confrontación, de búsqueda de soluciones reales y no de soluciones
que puedan parecer más o menos ficticias. Si compartimos todos
aquellos objetivos, entre los que se incluye el Plan director de
cooperación internacional que ha aprobado el Gobierno, y si asumimos
la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la educación
básica, la salud básica, el apoyo a iniciativas de empleo, nos
estamos alejando cuando comprobamos el marco presupuestario. Se ha
hablado del 0,23 o el 0,26. No entramos en la discusión de la cifra.
Lo cierto es que es en nuestro entorno la senda emprendida, de la que
el propio partido del Gobierno, el partido que yo ahora represento en
este momento y tantas otras fuerzas sociales adoptamos, nos está
alejando cada vez más. Siendo importante la cuantía, puesta en
relación con el crecimiento económico, el esfuerzo de este país y la
capacidad de solidaridad de sus gentes, se aleja bastante incluso de
acuerdos tomados por esta misma Cámara. Tan lejos como el acuerdo de
mayo de 1997, que aprobaba llegar al 0,3 y al 0,35 en el horizonte
2003-2004, sin abandonar nunca la senda del 0,7 o incluso más, que
fue lo que se aprobó en el pacto de 1995.
En ese horizonte temporal, todos estos elementos vienen a ser un
retroceso que me obliga a preguntarme (puesto que el Gobierno ha
definido y el ministro de Asuntos Exteriores lo precisó y nos expuso
un plan estratégico de la política exterior de España y se ha
afirmado constantemente que la cooperación internacional es uno de
los pilares de la política exterior del Reino de España) o que me
mueve a decir -utilizando una cierta ironía que nadie se debe tomar a
mal- que o bien no existe política exterior del Reino de España o
bien que esa política exterior del Reino de España está coja, puesto
que le falta un pilar central al que el Gobierno, por medio del
titular de Asuntos Exteriores, le otorgaba la importancia que
realmente tiene. De la misma manera se puede llegar a decir que
nuestra presencia en los organismos multilaterales, de carácter
financiero o no, amén de desconocer cuál es la actuación concreta y
cotidiana (habrá iniciativas al respecto -que anticipo- de ayuda a la
propia acción de gobierno del exterior, desde el PNUD al Banco
Mundial, etcétera, y la amplia representación española reforzada
cuando tengamos de nuevo la presidencia de la Unión Europea),
requerirá un esfuerzo de seguimiento mayor.
Nos sigue inquietando que existan todavía -intuimos que existen-
disfunciones entre los dos pilares de la Administración del Estado
que se ocupan de la cooperación internacional. Volvemos a decir que
es básico que la dirección de la política de cooperación se incardine
dentro del ámbito de la política exterior del Reino de España y que
hay un ministerio, una secretaría de Estado y una agencia que son los
vehículos por los cuales
esa cooperación internacional de España ha de producirse. Ya
tenemos algún anticipo que demuestra que puede haber esa disfunción.
Nosotros el otro día, en un acto de responsabilidad política y de
absoluta coincidencia con los objetivos del Gobierno de España,
avalamos con nuestro voto la convalidación del Real Decreto-ley 1/
2001 del cual colgaba -de una manera poco ortodoxa en términos
políticos- no el aval a la República Argentina y para sus acciones
con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, sino que en una
disposición adicional se ampliaba la dotación de los fondos de ayuda
al desarrollo en 25.000 millones de pesetas en previsión de acciones
que pudieran derivarse del problema de la catástrofe de El Salvador o
cualesquiera otras. Dimos nuestro voto a favor del real decreto, pero
entendíamos que no era la percha en la que colgar una proposición que
caía de lleno dentro del ámbito de la cooperación internacional en
los términos en los que vengo hablando.
Otra cuestión, aparte de las buenas intenciones, es que es un hecho
positivo para las organizaciones sociales -qué duda cabe- contar con
un marco temporal mayor que el concurso anual -no me duelen prendas
reconocerlo así-, pero debo advertir que puede existir un riesgo: que
con tantas restricciones sólo unas pocas organizaciones sociales
alcancen los beneficios de esa política que -insisto- entendimos
buena y así lo expresamos en otra comparecencia del secretario de
Estado.
Nosotros vamos a hacer propuestas de resolución de carácter general,
no en forma de un plan director de cooperación internacional
alternativo, no se nos ocurrió antes ni se nos ocurriría; tal vez lo
podamos hacer dentro de unos años, cuando nos corresponda tener
responsabilidades de gobierno, y sin duda alguna tendremos en cuenta
las manifestaciones que ha formulado el Gobierno y tendremos que
acordarnos de las que hemos formulado aquí hoy y en otras
circunstancias. Sin embargo, no podemos dictaminar en términos
favorables el plan director, como hubiéramos deseado, porque creemos
que no convence a los expertos ni ha convencido a amplias
representaciones de organizaciones sociales y no se corresponde con
el espíritu y la letra de la Ley de cooperación. En este sentido, se
trata de un retroceso sobre escalones que ya habíamos avanzado tanto
en objetivos como en contenidos. Creemos que no obstante se ha hecho
un esfuerzo de entendimiento, pero a estas alturas del debate resulta
poco satisfactorio para quien les habla ver que nos han hecho a veces
oídos de mercader, que han atendido y nos han escuchado pero no nos
han hecho caso; han mantenido el precio y la oferta en donde estaba
al principio y no hemos logrado el precio de equilibrio, que sería el
trato entre buenos mercaderes.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia ha sidoespecialmente generosa
al facilitar su intervención por
prácticamente 22 minutos. Creo que el asunto, sin duda alguna, merece
una reflexión amplia por parte de todos los grupos, aun con el riesgo
que podría suponer que no ya el secretario de Estado tenga que
contestar a muchas cuestiones sino que tal vez el tiempo transcurrido
desde la primera intervención pueda facilitar que algunas se hayan
perdido en la memoria y en el tiempo.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, seré muy breve porque en
modo alguno creo que nos corresponda a nosotros el protagonismo de
este debate. Saludamos al secretario de Estado y le agradecemos la
presentación del plan.
Queremos señalar que con este trámite parlamentario se cumple una de
las disposiciones de la Ley de cooperación que establece que el
Congreso de los Diputados es uno de los órganos rectores de la
cooperación, al que le corresponde establecer cada cuatro años las
líneas generales y directrices básicas de la cooperación española,
previa aprobación del Gobierno, que es el que tiene la facultad
constitucional de dirigir y ejecutar la política exterior y que ha de
remitir a las Cortes el plan director, y es lo que estamos haciendo.
Este plan director tendrá su concreción en los respectivos planes
anuales, lo que también dice la ley, y en ese sentido quiero hacer
una primera valoración.
La Ley de cooperación tuvo un extraordinario consenso parlamentario y
un extraordinario consenso social; fue fruto de un debate del
Gobierno del Partido Popular y fue fruto de un espíritu de diálogo.
El diálogo no tiene sentido si no es para alcanzar acuerdos; es un
instrumento hacia un fin mejor que podemos llamar consenso o podemos
llamar acuerdo. Este plan director, en opinión del Grupo
Parlamentario Popular, no sólo recoge la Ley de cooperación sino que
concreta los principios generales de la Ley de cooperación y define
los instrumentos, e incluso avanza más porque establece un marco
presupuestario indicativo para los próximos cuatro años. No entiende
este portavoz que si la Ley de cooperación obtuvo ese grado de
consenso parlamentario tan extraordinario, ese grado de consenso
social tan importante, se puedan calificar los contenidos
transversales y específicos de este Plan director como una
declaración de buenas intenciones. Sería como decir que la Ley de
cooperación es sólo una declaración de buenas intenciones. Señorías,
creo que no es exactamente una ley milagro, porque ella por sí sola y
por sí misma -lo hemos dicho muchas veces- no va a erradicar la
pobreza, pero es una magnífica ley -y así lo ha reconocido incluso la
comunidad internacional-, poniéndose por delante del impulso de las
políticas de cooperación de los países de nuestro entorno.
Cuando en este Parlamento debatíamos la Ley de cooperación, señorías,
el sistema internacional de cooperación al desarrollo estaba en
revisión. Desde los
años noventa, Naciones Unidas había promovido una serie de
conferencias para reformar el sistema de cooperación internacional
que hacía aguas, por lo que algunos portavoces han dicho, en función
de los indicadores de desarrollo de determinados países.
Por tanto, la presentación del Plan director y su debate es una buena
ocasión para que hagamos balance de la política de cooperación, en
nuestro caso de la política española de cooperación. En mi opinión se
trata de un balance extraordinariamente positivo, al que desde el
Grupo Parlamentario Popular queremos que sigan incorporados el resto
de los grupos parlamentarios, porque consideramos que ese balance
extraordinariamente positivo de la cooperación española en los
últimos años no es sólo mérito del Gobierno del Partido Popular, y no
es sólo mérito del Partido Popular ni de este grupo parlamentario, es
mérito de todos. En ese sentido, siempre ha habido el máximo
consenso.
Por ejemplo, cuando decimos que el salto de la cooperación española
en los últimos años es espectacular no estamos haciendo una frase, ni
siquiera estamos buscando un titular, estamos constatando datos
concretos, datos que otros portavoces pueden perfectamente constatar.
En 1996 España apenas destinaba 150.000 millones de pesetas a la
cooperación; unos años después se ha duplicado esa cantidad.
Algunos portavoces parlamentarios han hecho hincapié en el esfuerzo
que otras administraciones públicas, como las administraciones
territoriales, hacen en la cooperación, señalando la diferencia de
crecimiento entre el esfuerzo de unos y otros. Yo no quiero
intervenir en réplica, pero sí dar un dato sobre algo que preocupaba
a todos los grupos parlamentarios cuando debatíamos la Ley de
cooperación y cuando hablábamos de estas cuestiones. La cooperación
para el desarrollo es una política pública, pero es algo más que una
política pública; en otro caso no se entendería el extraordinario
papel que España -y cuando hablo de España estoy hablando de todos,
también de SS.SS.- juega como respuesta a las graves crisis
humanitarias.
El miércoles pasado, en la sesión de control, debatíamos estas
cuestiones con el ministro, con motivo de la ayuda a El Salvador, y
yo me hacía una reflexión: no es posible entender la respuesta de la
sociedad española, tan extraordinaria, si la propia sociedad española
no entiende la cooperación al desarrollo como algo muy propio, donde
intervienen múltiples actores y agentes. Por tanto, a estas alturas,
insinuaciones sobre el papel de las empresas en la cooperación
española no me parecen justas. Lo digo porque las empresas españolas,
grandes, pequeñas y medianas realizan en los países en vías de
desarrollo un esfuerzo extraordinariamente importante y son también
portadoras de valores como el respeto a los derechos humanos, a la
democracia y a las libertades.
Al final, ¿qué es la cooperación internacional para el desarrollo?
¿Qué es la ayuda oficial al desarrollo? Lo
dice la ley y lo ha recordado el secretario de Estado: es el conjunto
de transferencias públicas y privadas que intentan solventar las
deficiencias de financiación de estos países. Pues el volumen de
recursos privados, señorías, que España está destinando a los países
en vías de desarrollo en los últimos años es extraordinariamente
superior a los recursos públicos. Que haya empresas españolas que
están presentes en mercados complicados no es una mala noticia, es
una buena noticia, sobre todo para esos países en vías de desarrollo.
En mi opinión, tachar de recetas doctrinarias neoliberales la defensa
de libertad de acceso a los mercados es algo que ni siquiera
defienden las organizaciones no gubernamentales, que están pidiendo
la apertura de los mercados. Cuando hablamos de estas cuestiones,
señorías, siempre recurrimos a las mismas frases, y en función de
esas frases, que ya vienen a ser tópicos pero que son muy verdaderas,
la comunidad internacional intenta reformar el sistema de cooperación
para el desarrollo. Por ejemplo, dicen: No me dé peces, enséñeme
a pescar. Ahora, nos dicen más: Deje que venda mis peces en sus
mercados.
Me parece que discutir esas cuestiones a estas alturas son retóricas
del pasado. Para nosotros, y creo que para todos los grupos
parlamentarios, cuando hicimos la Ley de cooperación, la cooperación
para el desarrollo es multidisciplinar, intervienen muchos agentes y
actores, es bueno que sea así, y además intervienen muchas
administraciones públicas. No hablamos de un problema de competencia,
me parece que estamos bastante más allá.
En ese sentido, el Plan director que el Gobierno ha presentado es un
paso adelante, avanza al mismo tiempo que desarrolla la Ley de
cooperación, porque no está en contradicción con el plan estratégico
de la política exterior española. La propia política exterior
española (lo definió el ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores
cuando presentó el plan estratégico), como se ha dicho, considera a
la política de cooperación como un pilar fundamental. Yo diría más,
toda la política exterior española está imbuida de los principios de
la cooperación internacional para el desarrollo definidos en la Ley
de cooperación. Ahí están pero, por citarlos de manera general y
fundamentalmente, no son otros que la defensa de las libertades y los
derechos humanos y todo lo que se desprende de esa declaración tan
importante. ¿Es que son incompatibles los legítimos intereses de
España con la defensa de las libertades y los derechos humanos en el
mundo? Yo creo que no, señorías, no son incompatibles. Otra cosa es
que se pueda criticar el mayor o menor acierto de determinadas
políticas concretas que se puedan hacer; todo es perfectible.
Agradecemos al secretario de Estado el esfuerzo de diálogo que se ha
hecho para elaborar, aprobar y presentar ahora este Plan director,
porque además nos consta que ha tenido su fruto. Lo hemos visto, como
él ha dicho, en los documentos que se han remitido regularmente
a la Cámara y a los que hemos tenido acceso todos los
portavoces. Hemos visto aportaciones sustanciales al documento
inicial desde las organizaciones sociales, desde los diferentes
sectores y agentes de la cooperación y desde el conjunto de las
administraciones públicas.
En aquel seminario que organizó la Fundación La Caixa tuve el honor
de representar al Grupo Parlamentario Popular y debatir con los
profesores Grassa y Alonso un borrador de Plan director. Si alguna
cosa teníamos todos clara, expertos, parlamentarios y organizaciones
sociales, era que la ayuda, señorías, no es un objetivo de la
cooperación, el objetivo de la cooperación es el desarrollo. Durante
años, la comunidad internacional ha estado considerando la ayuda como
el único objetivo; ahora consideramos el desarrollo como el objetivo
principal. Por eso, las prioridades sectoriales que establece este
Plan director no son una simple declaración de buenas intenciones.
Cuando el Plan director habla de la corresponsabilidad de los países
en su propio desarrollo, está indicando una determinada acción
política que tiene que ir enfocada al desarrollo, no al mantenimiento
de la ayuda. Decía el profesor Alonso en ese seminario que, de una
vez por todas, los países donantes tenían que evaluar el esfuerzo de
su cooperación no por su volumen sino por su impacto. Con ser
importante el volumen, hoy coincidimos todos en que es más importante
el impacto. Por eso, señorías, la cooperación española necesita
priorizar geográfica y sectorialmente, necesita posicionarse en el
mundo en una ventaja comparativa con el resto y coordinarse con los
países donantes. Cuando la comunidad internacional nos dice a los
españoles (por tanto a SS.SS. también) que la contribución de España
a la paz, la gobernabilidad y el desarrollo de Centroamérica es
extraordinariamente importante, está diciéndonos dónde tenemos que
hacer cooperación internacional; está diciéndonos eso, no nos está
diciendo otra cosa. Además, el Plan director de la cooperación añade
(y yo se lo agradezco al secretario de Estado porque es fruto de un
debate que tuvimos con él en una de sus múltiples comparecencias ante
esta Comisión para debatir el Plan director) la vinculación de las
políticas de cooperación al desarrollo y las políticas de
inmigración; en otro caso no se entendería la definición de los
paísesprograma. El Grupo Parlamentario Popular comprueba con agrado
que la definición de los países-programa de nuestra cooperación
corresponde exactamente a esa vinculación; y además la definición de
los instrumentos. Es de extraordinaria importancia que la cooperación
española se priorice geográficamente por esa cuestión, y yo he creído
leer, de los países-programa, que es en los países de inmigración
donde, además y a través de los diferentes instrumentos de la
cooperación, se hace un enorme esfuerzo de aplicación, de programas y
proyectos de desarrollo, bien bilaterales, bien multilaterales,
bien desde la propia Administración, bien desde las organizaciones
sociales.
El instrumento del microcrédito es un programa extraordinariamente
vinculado y apoyado por la comunidad internacional que puede ser muy
útil, y no exactamente para hacer una política de parar los flujos.
Este plan va más allá. Es una política para provocar el desarrollo,
el bienestar, la igualdad, la libertad, la oportunidad de estar en su
propia tierra. Por tanto, no me parece a mí que el plan sea una
declaración de intenciones. Nos parece un plan concreto, nos parece
un paso más, nos parece que culmina un proceso en la cooperación
española y abre otro proceso de extraordinaria importancia, que se
irá concretando en los planes anuales. Tiene mucho que ver y está muy
en concordancia con las directrices de los organismos
internacionales. Pocos planes hay, señorías, en el entorno de los
países de la Unión Europea que establezcan con claridad los
objetivos, por ejemplo, de la cumbre social de Copenhague. Pocos
países hay en nuestro entorno que se comprometan con tanta precisión
a esta cuestión. ¿Es criticable la distribución porcentual de los
diferentes instrumentos de la cooperación en virtud de la ley que nos
dimos todos y aprobamos entre todos? No es exactamente criticable. Se
puede criticar el instrumento del Fondo de ayuda al desarrollo, pero
criticarlo de manera general sin criticar su aplicación concreta, es
hacerle un flaco favor, por ejemplo al profesor Alonso, que
establecía en ese seminario que el crédito bien utilizado, aplicado a
los países que tiene que ser aplicado y a los programas que tiene que
ser aplicado, es mejor instrumento que la donación porque establece
entre el donante y el receptor una corresponsabilidad. La deuda
externa, que revolucionariamente se introduce en la Ley de
cooperación como un instrumento de la cooperación española al
desarrollo, no fue una declaración de intenciones. Desde 1996, el
Gobierno creó una unidad para el tratamiento y gestión de la deuda
externa. España es un país, señorías, que probablemente pueda hacer
más -yo no digo que no-, pero es un país que desde 1996 está dándole
a la deuda un tratamiento activo y hoy están en marcha siete
programas de conversión de deuda. ¿Se puede criticar que utilicemos
el crédito para la emergencia? Pues se puede criticar -todo es
criticable-, pero hay que decir, señorías (y lo dijimos la semana
pasada), que el elemento de liberalidad de la aplicación del FAD es
extraordinariamente importante. La cooperación oficial española está
destinando hoy más de 7.000 millones de pesetas a la catástrofe del
terremoto de la India, y no podría hacerlo si no fuera por este
instrumento. ¿Eso va a aumentar la deuda externa de la India? Yo,
señorías, les digo que no, porque el elemento de liberalidad de
donación de ese fondo es del 80 por ciento, y el plazo de
amortización es de 35 años. Esto va a permitir al país donante
establecer un programa de acuerdo con el país receptor de
la ayuda, para la aplicación correcta de las ayudas. No creo que sea
criticable. Criticable era la manera de utilizar el FAD hasta 1994,
con independencia de quién protagonizara esta cuestión -esto no lo
digo yo, lo dijo el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE-, cuando
el FAD se utilizaba por ejemplo para financiar operaciones y
exportaciones de comercio de armas. Eso es lo criticable. Todos los
expertos en cooperación establecen que el FAD puede ser un buen
instrumento para la cooperación al desarrollo y que la deuda es un
instrumento que tiene que ser condicionado. En la última Comisión
tuvimos un debate sobre la deuda. Señor presidente, permítame un
excursus sobre esta cuestión. A mí, como soy diputado por Málaga, me
gusta acordarme de mi provincia en estos debates. Recuerdo, como SS.
SS. recuerdan, la caída de Zaire, y la polémica que hubo en Málaga
porque el señor Mobutu tenía un extraordinario palacio en Marbella.
Hubo un movimiento ciudadano muy legítimo para exigir la devolución
al pueblo del antiguo Zaire de algo que le pertenecía. Un periodista
español hizo una investigación sobre los bienes de Mobutu en Europa,
que fue publicada por un periódico de tirada nacional, y que entre
otras cuestiones establecía que este señor se llevaba la ayuda
internacional y que había aplicado en su propio beneficio las
constantes y continuas operaciones de condonación total de su deuda
exterior. Todo tiene un equilibrio y todos son buenos instrumentos
que pueden ser bien utilizados.
Voy a terminar, señor presidente, señorías, diciendo que el Plan
director es un buen Plan director y que el Grupo Popular lo va a
dictaminar favorablemente. Esperamos además que el consenso
parlamentario que se reflejó en la Ley de cooperación no se rompa
ahora por cuestiones de oportunidad estratégico-política, porque
seguimos pensando que la cooperación al desarrollo es cosa de todos y
sus éxitos no pueden ser nunca jamás considerados sólo como un éxito
del Gobierno de turno o del grupo o partido que le impulsa, sino como
un éxito de todos. En la perfección de los programas, en el
desarrollo de una política que es una política de Estado, señorías,
estamos todos. En la concreción de las propuestas que ustedes puedan
formular sobre políticas concretas, dentro de un marco general
aceptado por todos, tendrán -estoy completamente convencido- la
máxima comprensión y el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Dado que había comenzado su intervención
amenazando con ser breve, como es usual en estos casos, la
Presidencia ha aplicado la misma generosidad que ha tenido con los
demás grupos a la hora de facilitar el tiempo para que el debate
sobre este instrumento que es el Plan director sea lo más profundo
posible.
A continuación y sin más palabras, tiene el uso de la misma el señor
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, después de todas
las intervenciones que han seguido a mi primera exposición, me
reafirmo en lo que dije al presentar el Plan director. Es un plan
fruto del acuerdo, es un plan de suma, de integración de esfuerzos y
de opiniones y es un plan, que como todo documento de acuerdo, no
satisface plenamente a nadie. Efectivamente, ha habido votos
particulares en el proceso que siguió el plan, en el complejo iter
que tiene, creo que excesivamente complejo, pero es el que dice la
ley. Ahora ha habido opiniones sobre cuestiones no diré menores, pero
sí parciales del plan. Salgo de esta comparecencia con la idea de que
hay un acuerdo básico en torno a la política de cooperación, como no
podía ser de otra forma, porque el Plan director se basa en la Ley de
cooperación y en una serie de principios que han sido constantes en
la política exterior y en la política interior de España durante
estos 25 años de democracia que hemos disfrutado. Esa constante, esos
principios de lo que deben ser las zonas geográficas con las que
España tiene mayor vinculación, y por tanto, les presta mayor
atención; no ha habido ninguna cuestión en las observaciones que se
plantearon y no la ha habido aquí. El señor Centella dijo que él
tenía alguna discrepancia sobre las prioridades geográficas, pero la
ha debido dejar como sorpresa para plantearla en algún momento. No ha
habido nadie que expresamente lo haya dicho, ni siquiera el señor
Centella, que no se considere que la exigencia universal de
democracia, de respeto a los derechos humanos, de respeto al Estado
de derecho, se entiende no sólo como una exigencia ética, sino como
un prerrequisito del desarrollo. No conozco ni un solo caso en el
mundo de un país que tenga un nivel aceptable de desarrollo que no
tenga democracia, respeto a los derechos humanos, Estado de derecho,
igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación por razones de
religión. Puede haber algún país que tenga nivel de renta elevado,
puede haber un país que tenga unos yacimientos petrolíferos, por
ejemplo, pero no existe un solo caso de país con desarrollo aceptable
y, es otra cosa que forma parte también del acuerdo de la Cámara.
Esto tiene consecuencias y se ha planteado en distintas
intervenciones sobre cuál era la posición de España en los foros
internacionales.
Cuando el secretario general de la Agencia Española de Cooperación
Internacional intervino en nombre de España, al final de la asamblea
ministerial del PNUD en una brillante intervención, planteó estas
cuestiones de la exigencia de democracia, del respeto a los derechos
humanos, del respeto a la libertad, del respeto a la igualdad entre
hombres y mujeres, de la no discriminación por razón de raza, de
religión, etcétera, hubo seis o siete intervenciones después de la
suya y le criticaron internacionalmente diciendo que eso era
inaceptable, que el PNUD era un organismo que presumía de tener
neutralidad política, entendiendo por neutralidad política que se
ayudaba igualmente a las abyectas dictaduras que torturan a sus
ciudadanos, que se quedan con el dinero de los mismos, desvían los
fondos hacia otros lugares y mantienen en la miseria a sus países.
Por tanto, España sí tiene una posición y cuando el secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional intervino
en Naciones Unidas, sabía que intervenía con el respaldo de toda la
Cámara, sabía que intervenía con la plena representación de España
porque esto se había tratado en distintas ocasiones aquí y ese
acuerdo no se ve quebrado en lo que refleja el Plan director.
Esto plantea también otras cuestiones sobre las que ha habido algún
matiz. Han existido posiciones que hacen muy difícil que se llegue al
consenso. Sus señorías conocen (a lo mejor como se han ido entregando
en ediciones sucesivas es conveniente que se haga una entrega de las
obras completas) cuál es el primer documento que se remitió, el de
julio de 2000; el siguiente, de octubre de 2000 que ya tiene un gran
número datos y es especialmente gráfico este borrador de 7 de
noviembre, donde vienen con distinta grafía todas las incorporaciones
que se han hecho al plan. Son incorporaciones donde las frases en
cursiva son modificaciones introducidas a propuesta de la
Coordinadora de ONG, que son muchas; las frases en cursiva y
subrayadas a propuesta del Ministerio de Economía; las frases
subrayadas o modificaciones a propuesta del Ministerio de Educación y
Cultura; las frases en negrita son propuestas de modificación de los
autores que se citan, porque hubo muchos expertos que estaban en el
Consejo de Cooperación que formularon sus observaciones; las frases
en mayúsculas corresponden a las sugerencias de la Coordinadora de
organizaciones no gubernamentales posteriores a la reunión del
Consejo de Cooperación del 18 de octubre; las frases en mayúsculas y
cursiva son sugerencias de la CEOE, y las frases en mayúsculas y
subrayadas lo son a propuesta de los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras.
Esto está aquí. Es verdad que no está todo lo que propusieron los
distintos agentes que actuaron en este plan, pero no es menos cierto
que la diferencia entre el primer texto y este otro es sustancial por
incorporaciones y por cosas que se retiraron precisamente a la
búsqueda de ese acuerdo. Si después de haber incorporado todas estas
cosas todavía hay quien dice que globalmente no está de acuerdo, eso
es libre, pero lo que no se podrá negar es que ha habido un acuerdo y
que las cuestiones sobre las que hay discrepancia prácticamente, SS.
SS. me corregirán porque no voy a hacer ahora de portavoz de los
grupos parlamentarios, pero creo que hay una discrepancia de fondo,
la expresada por el señor Centella que ha dicho que es que él cree en
otro sistema y ya está, porque ahí hay pocas cuestiones sobre las que
se pueda llegar a acuerdos, cuando se considera que la economía del
mercado, la apertura de
los mercados internacionales o la inversión internacional es la
fuente de todo mal es muy difícil que se llegue a un acuerdo.
Creo que hay una discrepancia que se ha planteado por distintos
portavoces de los grupos en el sentido de que el horizonte
presupuestario les parece insatisfactorio, el horizonte
presupuestario esta reflejado y creo que supone un gran esfuerzo por
parte de los contribuyentes españoles.
La señora Julios decía algo en lo que tiene razón, hay un crecimiento
de la ayuda oficial al desarrollo de la Administración del Estado,
que es superior a la media del crecimiento del presupuesto, lo cual
creo que demuestra que hay un esfuerzo importante, pero señalaba que
era más alto el crecimiento porcentual de la ayuda descentralizada.
Tiene toda la razón, lo que ocurre es que yo, que no voy a hablar de
porcentajes de la ayuda oficial al desarrollo estatal, mucho menos lo
voy a hablar de los porcentajes que dedican otras administraciones.
Cuando se habla de los referentes de un porcentaje sobre el
presupuesto se refiere a todas las administraciones; pero yo elogio
el esfuerzo que están haciendo las administraciones autonómicas y las
administraciones locales por incrementar sus presupuestos, porque
ellas también están sujetas a restricciones y ajustes
presupuestarios, gracias a los cuales España puede tener la
prosperidad que hoy tiene y puede ser el duodécimo país donante del
mundo, luego no será tan mala la situación que tenemos cuando somos
el duodécimo país donante en ayuda al desarrollo. Somos el octavo
contribuyente a Naciones Unidas, y somos el duodécimo país donante
del mundo.
Me parece que esto conviene también decirlo porque es bueno que los
españoles tengan conciencia de que se está haciendo un esfuerzo y un
buen uso de los recursos que destinan a esto, que son recursos
alternativos. En otra ocasión he presentado lo que hacía la
cooperación española, lo que eso supondría si se dedicase a
hospitales, a centros de enseñanza primaria o a centros de enseñanza
secundaria. Creo que puede ser un elemento indicativo para que los
españoles sean conscientes del esfuerzo que están haciendo, vía sus
impuestos, además del que están haciendo vía sus contribuciones
privadas o vía su voluntariado y el que se está haciendo en la
cooperación descentralizada, que es importante, pero muchísimo menor
también porcentualmente. Por eso tiene un crecimiento más acelerado
del que tienen los presupuestos del Estado.
En las distintas intervenciones ha habido también una posición donde
se pedía que hubiese mayor compromiso y una mayor definición en
cuanto a la deuda externa que España está condonando, deuda externa
en la que España está en un proceso de reconversión donde figuran las
cifras en torno a 20.000 millones, que es una cantidad importante.
Todo esto se hace en algunos
casos dentro del Club de París en otros casos por reconversión de
deuda.
Me parece muy relevante lo que ha señalado el señor Izquierdo. El
problema de la deuda externa no es el instrumento, no es que acudir
al crédito internacional sea malo. Lo malo es utilizar ese recurso
desviado de las finalidades que tenía. Yo creo que al final hay una
cuestión que no se ha dicho, pero estoy seguro de que también SS.SS.
están básicamente de acuerdo conmigo, y es que me parece que es el
peor de los racismos pretender para otros algo distinto de lo que
pretendemos para nosotros. España o cada uno de nosotros
particularmente, las comunidades autónomas o los ayuntamientos acuden
al crédito, porque muchas veces se considera que es mejor poder
acometer de golpe unas obras, una infraestructura o una inversión y
pagarlas en veinte años, porque si sólo se pudiese hacer aquello que
se puede pagar en el ejercicio sería imposible funcionar. No entiendo
muy bien cuál es la razón por la que algo que es bueno para nosotros,
los desarrollados, no lo es para otros países.
Cuestión distinta es -y aquí enlazamos con lo primero- países que han
tenido regímenes corruptos, que siguen teniéndolos, que tienen
regímenes dictatoriales cuyos gobiernos no están sometidos, como lo
estamos en los países desarrollados y libres al control de la opinión
pública, al control de los jueces o del Parlamento y a la renovación
o denegación de la confianza periódicamente en elecciones, que hacen
un uso desviado de la deuda externa. En este sentido, la reciente
visita a España de la canciller salvadoreña me parece muy digna de
ser destacada. Ella ha dicho: nosotros no queremos que nos condonen
la deuda. España le ha condonado el servicio de la deuda este año,
pero ha dicho: nosotros no queremos que nos condonen la deuda, porque
queremos seguir teniendo crédito internacional, nosotros queremos ser
unos buenos pagadores, porque lo somos, y no queremos que nos ocurra
como a algunos países vecinos, a los que se les ha condonado la deuda
pero ahora nadie les presta, y necesitan dinero para inversiones. Ha
venido a decirlo aquí, y al mismo tiempo que ha venido a dar las
gracias a España, el único país al que ha venido, por la rapidez y
por la generosidad de la ayuda, ha dicho esto.
Insisto, el Gobierno español está condonando deuda, está
reconvirtiendo deuda en inversiones, pero no pensemos que el mal es
el instrumento, el mal es el uso que se ha hecho del instrumento, y
estas cuestiones deberían tratarse con prudencia, como estoy seguro
que se tratan aquí, porque sería una de las mayores injusticias
privar a los países que no tienen nuestro nivel de desarrollo de un
instrumento tan útil para nosotros o para ellos como es el crédito
internacional, que les puede ayudar. Es evidente que la ayuda que
está haciendo España es no reembolsable en mayor medida que la
reembolsable, pero cuidado con los conceptos.
Insisto, no se han planteado aquí, pero sí ha habido en distintas
intervenciones una aproximación crítica a la falta de definición o de
concreción en cuanto a la deuda, a la que se dedica un capítulo que a
mi juicio tiene bastante precisión y bastante compromiso, pero
seguimos en las cuestiones de matiz, eso sí sobre temas importantes,
no quiero decir que sea una cuestión menor; lo que quiero decir es
que eso en modo alguno quiebra lo que es el acuerdo básico en las
líneas de la política exterior en cuanto a las prioridades
geográficas, en cuanto a las prioridades sectoriales y en cuanto
a los instrumentos a utilizar.
Hecho este planteamiento general, voy a entrar sobre cuestiones
concretas que ha ido planteando alguno de los señores portavoces, y
por tanto probablemente haya alguna repetición o algunas cuestiones
en las que contestando a uno pueda referirme a lo que hayan planteado
otros.
La señora Julios comentaba, y tenía razón, que es muy importante
insistir en la evaluación. La evaluación, evidentemente, se tiene que
hacer ex post. Ahora tenemos un Plan director que empieza a entrar en
vigor, deberíamos tener también el Plan anual y, como bien conoce S.
S., el artículo 15 de la Ley de cooperación establece que el Congreso
de los Diputados debatirá anualmente, en la forma y modo que se
determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política
española de cooperación internacional para el desarrollo. A tal
efecto, el Gobierno remitirá a la Cámara posteriormente a su
aprobación el plan anual a que se refiere el artículo 8.º para su
debate y dictamen. Ese plan lo ha presentado el Gobierno en el mes de
octubre, pero los integrantes del Consejo de Cooperación al
Desarrollo han pensado que necesitan más tiempo. Lo que no vamos a
hacer es que haya un trágala en el Consejo de Cooperación. En tres
sesiones, y está en las actas, he dicho que si siguen necesitando más
tiempo (al margen de lo que eso supone de opinión expresada en las
actas de que es un sistema altísimamente ineficaz, por ejemplo a la
hora de plantear el sistema de convocatoria de ayudas a las
organizaciones no gubernamentales) asumía plenamente la
responsabilidad de que eso se tenía que debatir y dictaminar en su
momento. Nunca se había llegado al Consejo de Cooperación una
convocatoria de ayudas; es la primera vez que se ha llevado. Era un
sistema nuevo y lo hemos querido llevar; pero ahí no aceptamos más
que dos semanas. Pedían más tiempo porque el sistema es
endemoniadamente complejo y la coordinadora tiene que consultar a las
bases, tiene que tener una asamblea, tienen que volver. El Plan anual
está presentado por el Gobierno desde antes del verano. Teníamos
tiempo de haberlo presentado y aprobado en el año 2000 y haber
empezado el año no sólo con el Plan director cuatrienal, sino también
con el Plan anual. Esto no se ha hecho. Ahí está. En cuanto se
apruebe en el Consejo de Cooperación vendrá a la
Cámara y habrá un debate donde se entrará en mayores precisiones.
Quiero decir que el Plan director es el único que ha habido. Hasta
ahora había proyectos o ideas de no planes directores. Tomar como
referencia un no plan, una cosa que no salió precisamente porque
estaba redactada de forma que impedía que saliese, no vale para decir
que ahora damos marcha atrás sobre otra historia. Recuerdo que en mi
anterior reencarnación se me decía en uno de los primeros debates
presupuestarios que el proyecto de presupuestos que había enviado el
Gobierno para la sección de Cultura suponía un retroceso respecto del
proyecto de presupuestos que había enviado el anterior Gobierno
cuando sabía que no tenía suficiente mayoría parlamentaria, entonces
se envió un presupuesto de no se cuantos miles de millones por
encima, pero como quien pinta, y se tomaba como comparación. No.
Vamos a tomar como comparación el último presupuesto que se ha
aprobado y hacemos las comparaciones.
No se puede decir que había un Plan. Había un no plan. Había un texto
que se había llevado a distintas instancias, que en algunas contaba
con un respaldo claro y en otras contaba con una crítica acerba. Por
eso no salió el plan y hoy lo tenemos. Deberíamos tener el Plan
anual, lo tendremos, que se trate aquí. Y cuando se traiga el Plan
anual, no el de 2001, sino el de 2002, se traerá la evaluación de lo
que ha sido el Plan anual de 2001. Por supuesto, existen mecanismos
de evaluación, sin perjuicio que desde hace tiempo, y es otro de los
aciertos que ha tenido la Agencia Española de Cooperación en estos
años, se han introducido criterios de evaluación sobre los programas
que tiene la propia Agencia, tanto los que gestiona directamente,
como los que se hacen en colaboración con organizaciones no
gubernamentales al desarrollo.
Siguiendo con la intervención de la señora Julios, no puedo estar más
de acuerdo en que el esfuerzo de España tiene que ser no sólo
económico, que lo es y muy grande, sino también político. Ella
especialmente se ha referido dentro de la Unión Europea. Creo que en
esto acierta plenamente. Da en diana. La cooperación de la Unión
Europea es probablemente la cooperación más ineficaz del planeta. No
conozco una cooperación tan ineficaz como la de la Unión Europea. Lo
he planteado en el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la propia
Unión. Éste es el momento en que de los fondos que previó la Unión
Europea para el Mitch no ha llegado un solo euro a Centroamérica. Por
tanto, estamos actuando muy intensamente en este terreno; estamos
presentando como ejemplo las cooperaciones nacionales, y muy
particularmente la cooperación española que tiene un altísimo grado
de eficacia y cumplimiento, y hemos pedido a la Comisión en la Unión
Europea que las agencias nacionales puedan ayudar a la Comisión en la
ejecución de sus presupuestos. Insisto en que es de una ineficacia
escandalosa, reconocido por el propio
comisario Nielson y dicho por el comisario Patten en sus dos visitas
a Madrid, y piensan que tienen que cambiar el sistema, lo que pasa es
que yo no creo que los anteriores tuviesen la mala intención de que
las cosas no funcionasen, sino que creo que simplemente el sistema no
funciona y que sería mucho mejor que las agencias nacionales, que son
muy eficaces, que tienen una gran experiencia, que tienen
implantación sobre el terreno, en las áreas en las que la tienen, la
española no la tiene en alguna, cuando hemos tenido que ayudar a la
India lo hemos hecho a través de Cruz Roja Internacional, porque no
es una zona donde nosotros tengamos presencia, pero en Centroamérica
ya lo creo que podíamos haber ayudado a la Comisión para que todos
los fondos que habían previsto para el Mitch (que por otro lado
tampoco eran tantos) hubiesen podido llegar; no ha llegado uno sólo,
y esto es algo sobre lo que también conviene que el Parlamento
español tome conciencia y que la posición que tome el Gobierno de
España, el que sea en cada momento, cuente con el mismo respaldo con
el que me refería antes que contó el secretario general de la Agencia
cuando defendía en el PNUD que la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el Estado de derecho y la igualdad de los
ciudadanos ante la ley, independientemente de su sexo, su religión o
su raza, debían ser exigencias universales, no sólo éticas, sino
prerrequisitos del desarrollo.
Estamos también planteando dentro de la Unión Europea unos
desacuerdos, con una insistencia muy grande, para poner énfasis en
que se tiene que mantener un equilibrio territorial en las ayudas
comunitarias, y que no se puede ir sólo a los países ACP, que hay
unos compromisos hacia Iberoamérica, hacia zonas mediterráneas, que
ciertamente no son los países más pobres, pero que siguen teniendo
grandes necesidades, y que dentro de esos países hay zonas de la
población que son enormemente pobres, que tienen unos niveles muy
altos de pobreza y que deben ser ayudados. Esto lo estamos planteando
en la Unión y estamos buscando además alianzas; hemos llegado, por
ejemplo, a un acuerdo con Portugal muy importante para acometer
también proyectos comunes; lo hemos hecho con Italia; el secretario
general de la Agencia ha estado en varias ocasiones tanto con su
colega alemán como británico. Esto se está haciendo, y tiene razón la
señora Julios en que la presidencia española de la Unión tiene que
ser un momento en que se dé un paso importante en esta dirección; lo
vamos a hacer, y querríamos hacerlo contando con el respaldo de la
Cámara, como siempre lo hemos hecho en las acciones que ha acometido
España en las que ha tenido más éxito a lo largo de estos veinticinco
años.
Respecto a los compromisos conjuntos de las administraciones locales
con la Agencia Española de Cooperación, la Comisión interterritorial
se ha constituido recientemente y allí se planteó, no sólo el
dictamen del Plan director, sino también que debíamos tener una
mayor coordinación. Quiero hacerles notar que esto a veces no es muy
sencillo. Habrán podido ver en la documentación, en cifras que
acompañan al Plan director, que los datos sobre las comunidades
autónomas y sobre las entidades locales son de aproximación, porque
se ha requerido a todas las comunidades autónomas y a todas las
entidades locales que tienen algún tipo de cooperación al desarrollo
que faciliten los datos. La respuesta ha sido irregular o, como se
diría en términos agrícolas, manifiestamente mejorable. Esperemos que
se pueda ir avanzando en esta coordinación y que puedan existir
cuantos más proyectos comunes mejor entre lo que es la ayuda oficial
al desarrollo de la Administración del Estado y la de las comunidades
autónomas.
Tengo que decir que genéricamente la información que remiten todas
las embajadas es que la colaboración y la coordinación que se tiene
sobre el terreno entre lo que es la cooperación descentralizada y la
cooperación estatal con la embajada es básicamente satisfactoria,
pero sin duda se podrían sumar muchos esfuerzos. Yo creo que el hecho
de que exista ya el Plan director, que establece unas reglas que son
de general cumplimiento, de general observancia, no sólo para la
Administración del Estado sino también para la administración
descentralizada, nos puede ayudar en este camino.
El señor Centella decía que había faltado consenso, pero acto seguido
dice que hay una gran discrepancia de fondo. Queda ya respondido. Nos
dice que habría que definir mejor las prioridades geográficas y que
él tiene alguna aportación que hacer, que espero que nos la haga
llegar. Ha dicho que discrepa de que se considere como ayuda al
desarrollo la que realiza el Ministerio de Defensa. De nuevo es una
discrepancia radical con la del Gobierno. El Ministerio de Defensa es
uno de los principales agentes en la ayuda al desarrollo. La labor
que realiza es muy apreciada por aquellos que son beneficiarios de
ella. Lo ha sido en los Balcanes y lo ha sido en El Salvador. La
respuesta tan rápida que se pudo dar al terremoto salvadoreño en gran
medida se pudo hacer gracias a que el mismo sábado por la noche hubo
gente en el Ministerio de Defensa que estuvo trabajando para que el
domingo por la mañana estuviese en condiciones de salir un avión de
la fuerza aérea, un Hércules, y que la base de Torrejón estuviera
disponible. Todavía hasta ahora ha estado dispuesto un hangar donde
todos los que han querido aportar algún tipo de medicamento o
material de asistencia han podido hacerlo. La labor que están
haciendo las fuerzas españolas en centroamérica en los procesos de
pacificación, la Policía Nacional y la Guardia Civil, es
altísimamente apreciada por aquellos que la reciben. Es evidente que
es altamente valorada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
también por el conjunto del Gobierno. Va a permanecer y ojalá pueda
aumentar. Lo que merecen es reconocimiento y agradecimiento por la
generosidad y entrega con que lo hacen,
pero evidentemente estas cosas dificultan que haya un consenso.
Decía también el señor Centella que la ayuda para el desarrollo sea
ayuda para el desarrollo, pero que con esto de liberalizar mercados,
no se consigue. Es bueno que tomemos nota de nuestra propia
experiencia. Esto es algo de lo que hemos hablado en otras ocasiones
en esta Comisión. La experiencia española, que en algún momento
poníamos como ejemplo, en ciudades como Valladolid o Valencia, ahora
que están tan bien representadas ambas aquí, demuestra que estas
ciudades, que hace 30 ó 40 años tenían unos niveles de desarrollo muy
bajos, precisamente porque hubo inversión internacional han
conseguido elevar muchísimo su nivel de vida, porque se crearon
puestos de trabajo, porque se cualificó a personal que no lo estaba y
que desde entonces pudo tener, no sólo un trabajo, sino un trabajo
cualificado, lo cual permitió que surgiese en el entorno una
industria auxiliar. Eso que es bueno para nosotros, para Valladolid o
Valencia, no entiendo por qué no lo es para Ayacucho o para
Cochabamba. Desde luego ellos lo quieren. Dicen que quieren
inversiones. Sé que este es otro punto en el que estamos de acuerdo
los que estamos aquí. No lo está el señor Centella, pero
probablemente lo que no está el señor Centella es a la altura de los
tiempos, pero esa es otra cuestión.
Creemos que la apertura de mercados, la liberalización económica es
buena. Creemos que las inversiones son muy buenas para todos esos
países. Desde luego ellos la piden, al margen de las posiciones
doctrinarias que puedan tener algunos, y creo que conviene tener en
cuenta lo que quieren los propios receptores de esta ayuda.
El señor Campuzano ha dicho que es positivo el hecho de que por fin
exista un documento, y ha dicho algo que me parece muy relevante, que
no se trata sólo de la ayuda al desarrollo que se pueda hacer a
través de la Agencia de Cooperación, sino que es un conjunto de
intervenciones y que todas ellas son necesarias. No puedo estar más
de acuerdo, y puedo referirme tanto a lo que él ha dicho como a lo
que ha dicho el señor Pérez Casado.
El señor Pérez Casado decía que tenía alguna inquietud (sólo
inquietud) porque pudiera haber una confusión entre la política
exterior de cooperación, la política exterior económica y la política
exterior en general. Planteó que había que distinguirlas claramente.
Yo pienso lo contrario, y creo interpretar lo que ha dicho el señor
Campuzano. Creo que hay que coordinarlas íntegramente. No se trata de
distinguirlas, sino de acumularlas y que persigan los mismos
objetivos. Yo creo que es muy bueno que la acción exterior, como
otras grandes acciones del Estado, por ejemplo, la acción cultural
o la acción de cooperación, sean horizontales, porque son muchos los
departamentos ministeriales que tienen que ver con ella. La pasada
legislatura se creó la Comisión delegada del Gobierno para asuntos
culturales porque
había diez ministerios que tenían responsabilidades culturales,
de índole diversa, algunos enormes, como el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte o el Ministerio de Asuntos Exteriores, otros,
menores, como podía ser el Ministerio de Fomento, con el uno por
ciento cultural, o el Ministerio de Justicia, con las fundaciones, o
el Ministerio de Defensa, con los museos, archivos y bibliotecas o el
patrimonio inmobiliario militar; pero todos tenían algo que ver y eso
se tiene que coordinar.
Yo creo que es muy bueno que la política económica exterior del
Gobierno se coordine con la política de cooperación, con la política
de inmigración, con la política de crédito internacional. Es muy
bueno que esto ocurra y estoy muy de acuerdo con el señor Campuzano
en que tiene que ser un conjunto de intervenciones, y no solo ésta,
las que sirvan para lo que decía el señor Izquierdo: lo importante no
es la ayuda, lo importante es el desarrollo. La ayuda es instrumental
para el desarrollo y eso se logra de muchas manera, a veces con
donaciones, otras veces, liberalizando el comercio. Muchos otros
países nos piden, simplemente, que les dejemos vender lo que
producen. Ellos evalúan eso muchísimo más que toda la ayuda oficial
al desarrollo, si se permitiese el libre comercio de determinados
productos que ellos producen. Permítannos que haya inversiones -nos
dicen-, porque la única manera que tenemos de superar el desfase
tecnológico que tenemos es con capital exterior. Tener hoy
instalaciones que permitan a países en vías de desarrollo dar el
salto para situarse de una manera incipiente, pero real, en lo que
llamamos la sociedad de la información, requiere muchísimas
inversiones, que no tienen, y las tienen que hacer grandes compañías
que tienen ese capital para invertir en infraestructuras, en
telecomunicaciones, en energía, en fibra óptica, en el acceso a los
ordenadores, etcétera. Estos países no pueden hacerlo por sí solos y
quieren abrir sus mercados mediante las inversiones de algunas
compañías, de la misma manera que España, en los años sesenta, no
tenía capacidad de crear una industria automovilística, y hoy somos
el quinto país productor y exportador de automóviles del mundo, sin
una sola fábrica de capital español.
Creo que es muy notable demostrar cómo en España la apertura de
mercados, la liberalización económica, ha tenido unos efectos
enormemente positivos, y esa experiencia también la queremos
trasladar y compartir con otros países cuando ahora, además, gracias
al desarrollo que ha tenido España, hay empresas españolas que tienen
esa capacidad de invertir en el exterior y lo hacen en zonas con las
que tenemos especiales vínculos culturales, afectivos y económicos. Y
la ayuda al desarrollo y la inversión se realiza en los países de los
que proviene, principalmente, la inmigración.
De nuevo quiero glosar lo que ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. En primer lugar, enel Plan director se hace
referencia a la inmigración,
pero, además, si observamos la lista de países prioritarios, casi
todos los países de origen de inmigrantes a España están catalogados
como países prioritarios. Y precisamente porque queremos que se actúe
en origen, hace falta que, junto con la ayuda al desarrollo, vaya la
inversión, vaya el crédito internacional. Y esta política la hace
todo el Gobierno, no es una cuestión de bicefalias. Pueden ustedes
empeñarse todo lo que quieran en que existen enfrentamientos entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Economía; no los hay. Pero
es que en la ayuda al desarrollo participan nueve ministerios más, y
viene detallado en el Plan director; el Ministerio de Educación y
Cultura lo hace también, así como el Ministerio de Justicia y el
Consejo General del Poder Judicial. Ytambién lo hace el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio del Interior y lo hace destacadísimamente
el Ministerio de Defensa y el de Sanidad, cada uno con unas
cantidades distintas. Desde luego, las cantidades que tienen el
Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda son muy elevadas,
pero a mí eso no me parece que sea ninguna bicefalia, simplemente
significa que cada uno tiene unas responsabilidades y que todas ellas
vienen coordinadas por lo que es la acción del Gobierno, como viene
coordinada la acción sobre el medio ambiente entre el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Fomento para lo que es la ordenación del territorio, etcétera. En una
sociedad compleja lo que hay son competencias que son concurrentes
(esa es la doctrina que ha creado el propio Tribunal Constitucional),
no sólo en la división entre el Estado y las comunidades autónomas
sino también dentro de la propia Administración del Estado.
Por tanto, existen las instancias de cooperación, existe la
coordinación dentro de la Administración y tengo que decir que la
coordinación y la sensibilidad que en todo momento ha mostrado el
Ministerio de Economía (porque es al que se han referido, pero lo
podíamos decir también de los otros), hacia todos estos asuntos de la
cooperación, desde la evaluación que hacemos en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, no puede ser más positiva y más digna de
reconocimiento.
Se refería el señor Campuzano a que en junio de 1999 hubo un
seminario donde se decía que faltaba coordinación en la
Administración y había una inestabilidad en la ayuda oficial al
desarrollo. A lo mejor esa era la descripción pero tampoco es que
porque lo diga una persona tiene que ser eso la Biblia, pero
aceptemos que lo ha dicho y que así fuera; de todas formas, eso era
en el año 1999. Precisamente ahora, el hecho de que exista un Plan
director, el hecho de que se haya desarrollado la Ley de cooperación
con todos los organismos consultivos de coordinación, tanto en el
seno de la Administración como entre administraciones, permite que se
superen estas cuestiones que se describían como falta de coordinación
o inestabilidad de la ayuda oficial al desarrollo. Habrán visto SS.
SS. que existe un cuadro
de una proyección presupuestaria que a muchas de SS.SS. les ha
parecido que es insuficiente pero que, en cualquier caso, no es
inestable; está perfectamente previsto.
Ha planteado también que la erradicación de la pobreza no ha quedado
bien dibujada como objetivo prioritario. Yo confieso que es algo que
no entiendo. Esto también se ha planteado en el Consejo de
Cooperación. Yo no entiendo cómo puede no ser un objetivo prioritario
si es el objetivo único. Es decir, la ayuda al desarrollo se hace
sólo porque hay pobreza. Toda la ayuda al desarrollo está dirigida a
la lucha contra la pobreza. Nosotros no hacemos cooperación con
Holanda, la hacemos con aquellos países en los que hay pobreza, bien
general del país o bien en determinadas capas de la población. Por
tanto, toda la ayuda al desarrollo va dirigida a luchar contra la
pobreza. No sé si esta explicación le puede satisfacer a S.S.
También ha dicho que había poca referencia al principio de coherencia
de las políticas públicas. He dicho antes que esta es una política de
toda la Administración y que los distintos ministerios que tienen una
acción en la cooperación al desarrollo quedan reflejados. Yo no sé si
el señor Campuzano, al hablar de las políticas públicas, se refiere
también al principio de coherencia con las comunidades autónomas, lo
cual celebraría mucho porque tuvimos ocasión de discutirlo y vi que
no había una opinión semejante; sí la había con el señor Pérez Casado
en el sentido de que el Plan director obliga por igual a la
Administración del Estado, a la Administración autonómica y a la
Administración local. Es decir, la Ley de cooperación y el Plan
director obliga a todas las administraciones. Veo, por la cara que
pone, que la alegría que yo había percibido no es para tanto, porque
yo pensaba que quería reclamar una mayor coordinación de la política
de las comunidades autónomas y adaptación, al Plan director y a los
planes anuales, tal como prescribe la Ley de cooperación. Recuerdo
que en el anterior debate ese artículo de la ley o no se lo había
leído S.S. o lo había interpretado de otra manera. En cualquier caso,
rectificar es de sabios y celebro mucho que reclame que había poca
referencia al principio de coherencia de las políticas públicas. En
el plan anual, no ya en éste, que es para cuatro años, insistiremos y
reproduciremos literalmente todos los artículos de la ley en los que
se dice que las comunidades autónomas tendrán que sujetar su
actuación a los criterios de la Ley de cooperación y del Plan
director aprobado por el Parlamento.
Respecto al protagonismo de España en el ámbito multilateral y el
utilizar la presencia en la Unión Europea me remito a lo que he dicho
a la señora Julios, y en cuanto a la inmigración también me he
referido antes a ella en los mismos términos.
Respecto del señor Pérez Casado me alegro, como siempre, de que en
todas las intervenciones empiece hablando de lo que es una política
de Estado. Tenga la
seguridad de que esa misma posición responsable del Partido
Socialista la comparten el Gobierno y el Partido Popular.
Sin embargo, en relación con el resto de su intervención, cuando
dice: lamento que no podamos hacerlo, tengo la impresión de que,
gracias a Dios, seguimos dentro de lo que es el acuerdo básico.
Seguimos en el acuerdo de lo que son las líneas, de lo que son los
principios inspiradores, de lo que son las prioridades geográficas.
Tenemos una opinión distinta sobre el presupuesto, pero esa es una
cuestión que se corrige simplemente en la Ley de presupuestos, esa no
forma parte de la cuestión estructural, es una cuestión coyuntural.
También creo que el señor Pérez Casado tiene un poco menos de
simpatía que yo por el liberalismo, aunque sé que la tiene grande,
pero también seguimos dentro de los matices. Por tanto, hechas estas
dos consideraciones, compruebo con satisfacción que seguimos dentro
de lo que es el acuerdo básico en las líneas generales, no sólo de la
política exterior, sino de la política de cooperación, y eso es algo
que considero muy importante. Considero muy importante que el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya recordado, con
acuerdo, lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de que la
política de cooperación es un pilar de la política exterior. Estamos
plenamente de acuerdo en que la política de cooperación es una parte
básica de la política exterior. Esto siempre ha sido así con el
Partido Socialista, aunque hay algunas organizaciones que no lo
consideran así -algunas, ni siquiera las más-, pero siempre ha
formado parte del acuerdo del Partido Socialista, partido que ha
tenido responsabilidades de gobierno y que lo ha practicado,
exactamente igual que ahora lo practica el Partido Popular.
Por tanto, veo claramente que las zonas de acuerdo se mantienen,
aunque hay cuestiones en las que hay diferencias e insisto en que es
perfectamente razonable que las haya. Espero haber disipado su
inquietud sobre esta confusión entre las distintas políticas y que se
haya entendido que la cooperación, como tantas otras acciones del
Gobierno, son de todo el Gobierno, por lo que están acomodadas en
distintos departamentos, pero todas ellas están informadas por unos
criterios comunes que, ahora ya, se han explicitado en el Plan
director, plan que -como bien conoce S.S. y lo he reiterado- ha sido
aprobado en dos sesiones distintas por la Comisión interministerial.
Es decir, todos los departamentos ministeriales que tienen algo que
ver con la cooperación se sienten vinculados por este plan, no sólo
porque sea una norma que les obliga, como no puede ser de otra
manera, sino porque activamente han participado, han efectuado sus
aportaciones y hay muchas cosas que tienen su origen en aportaciones
de distintos ministerios.
Ha dicho que se estaba perdiendo la oportunidad de vincular los
fenómenos migratorios, pero, ya lo he
dicho antes, están vinculados, no hay más que ver esto.
Efectivamente, no se ha hecho una extensión expresa de esto porque el
Gobierno sí está actuando -como bien conoce S.S.- con el delegado
especial para la inmigración, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
por razones obvias, y otros departamentos ministeriales, donde se
está trabajando en ello y, además, está abierto al acuerdo más
amplio, que creo y espero que se pueda lograr en la Cámara. También
creo que algunos pasos importantes, como es el haber dado el impulso
político para que no se planteen determinados recursos a la Ley de
extranjería, ayudan en esa dirección, pero no creo que ése sea el
objeto de este Plan director, que tenía que ser el plan en el que
hubiese los mayores acuerdos posibles, pero todo lo que tiene que ver
con el Plan Greco y todo el resto de la normativa circundante a la
inmigración y a la extranjería es algo que se está haciendo ahora y
que no podía ser recogido en este plan.
De nuevo el que dieran su voto favorable al crédito extraordinario no
hace más que incidir en lo que estaba insistiendo desde el principio:
creo que han hecho muy bien. Me alegro mucho de su sentido de la
responsabilidad, de la que no he tenido duda alguna en ningún
momento, no sólo en estos últimos seis años, sino en estos
veinticinco años. Es decir, en ningún momento ha habido una quiebra
en las cuestiones fundamentales. Desde luego, una de las constantes
de la política española de estos veinticinco años es que Iberoamérica
es nuestra prioridad y que España iba a hacer todo aquello que
supusiese colaborar con Iberoamérica en la medida de nuestras
posibilidades. Esa ha sido una constante.
Se ha referido al nuevo sistema de financiación de las organizaciones
no gubernamentales y decía que, a lo mejor, sólo unas pocas pueden
acceder a ella. No, sólo unas pocos podrán acceder a las estrategias,
como es evidente; otras, que serán más que las que accedan a las
estrategias, podrán acceder a los programas, y otras muchas podrán
acceder a los proyectos. La cantidad que se dedica a la colaboración
con organizaciones no gubernamentales de ayudas al desarrollo es la
que está en los presupuestos, es decir, va creciendo año tras año. Lo
que pasa es que si ahora estamos hablando de que puede haber
estrategias, es decir, organizaciones que, por su experiencia,
capacidad, implantación en distintos sitios, por la validez de sus
programas, pueden presentar proyectos que se puedan acoger a estas
ayudas con una cantidad entre 500 y 1.000 millones de pesetas, es
evidente que serán pocas, no sé si tres, cuatro, cinco o seis,
depende de los proyectos que presenten, pero eso sólo lo podrán hacer
pocas, sobre todo teniendo en cuenta que hemos reservado un 25 por
ciento para proyectos y que, en medio, estarán los programas, a los
que se destinan entre 150 y 400 millones.
Sin duda, si S. S. ha tenido ocasión de leer las bases de la
convocatoria, habrá visto que se abre la posibilidad de consorcios
entre organizaciones no gubernamentales
para que aquellas que no tengan capacidad suficiente para acometer
proyectos de esta envergadura puedan aunar sus esfuerzos. Creo que
esto es fruto de la madurez de la cooperación española. Esto se ha
podido hacer ahora porque hay ya una experiencia, llevamos unos años
y hay organizaciones que tienen capacidad para hacerlo. Es algo que
venían reclamando las organizaciones, sobre todo las más capaces, y
creo que es muy positivo. Yo espero que las mociones que presenten
vayan en esta dirección y que, aunque haya cuestiones de matiz,
resalten lo mucho que hay de acuerdo.
Me congratulo mucho, no por mí, sino por el Partido Socialista, de
que no planteen un plan director alternativo, porque me imagino que
el Partido Socialista, que sabe lo mucho que le aprecio, tiene que
estar exhausto con el esfuerzo de redactar un plan hidrológico
nacional alternativo en sólo dos semanas; (Rumores.) si ahora se
tuviesen que poner a redactar también un plan director alternativo de
cooperación, que nos ha llevado nueve meses, supondría un esfuerzo
muy grande que no deseo a personas a las que aprecio tanto. Por otro
lado sería, como diría Ortega, ese esfuerzo inútil que conduce a la
melancolía, y no se lo deseo. Por tanto, espero que siga
enriqueciéndose con el debate este Plan director que, insisto, hasta
ahora debe mucho a los esfuerzos de todos, como se puede demostrar en
la documentación que tienen SS. SS., que es un documento de acuerdo
básico, que ha recibido multitud de incorporaciones
y que, en las sucesivas ediciones de los planes anuales y
en los debates que se sigan anualmente en esta Comisión, y tantas
cuantas veces considere la Comisión, o a petición del Gobierno, como
lo hemos hecho en otras ocasiones, seguiremos viendo lo mucho que hay
en común en la política exterior y en la de cooperación y dando los
argumentos respectivos sobre aquellas cuestiones sobre las que hay
opiniones diversas, como corresponde en cualquier democracia plural.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Esta Presidencia estaba convencida de que la autoridad compareciente
iba a estar en condiciones de contestar las distintas propuestas o
ideas formuladas por los diversos portavoces intervinientes, como así
ha sido. En todo caso, he de recordar a SS.SS. que, reunida la Mesa y
portavoces con anterioridad, se ha decidido continuar mañana, a las
once de la mañana, a efectos de debatir las propuestas de resolución
-que, repito, pueden ser presentadas hasta las cuatro de la tarde- y
proceder al dictamen, como ordena la Ley de cooperación, del Plan
director presentado.
Agradeciendo su presencia al secretario de Estado, a todos ustedes y
también a los servicios técnicos de la Cámara, se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.