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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 142, de 18/01/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 142
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 6 (extraordinaria)
celebrada el jueves, 18 de enero de 2001
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia urgente del señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Aparicio Pérez) a fin de informar sobre las
actuaciones realizadas en el ámbito de la Inspección de Trabajo
en relación con la contratación de inmigrantes. A petición Gobierno.
(Número de expediente 214/000043.) ... (Página 4068)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión que, como saben,
tiene carácter extraordinario por celebrarse fuera del período de
sesiones de la Cámara y que ha sido por tanto convocada, en los
términos que previene el artículo 61.3 del Reglamento, por la
presidenta del Congreso, que es quien, de no hacerlo la Diputación
Permanente, tiene facultades para ello.
El único punto del orden del día es el que figura en la convocatoria
de la presidenta de la Cámara, que es la comparecencia urgente ante
esta Comisión de Política Social y Empleo, solicitada por el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales a fin de informar sobre las actuaciones
realizadas en el ámbito de la Inspección de Trabajo en relación con
la contratación de inmigrantes.
Para desarrollar la intervención que le corresponde tiene la palabra
el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señorías, los flujos migratorios son un fenómeno antiguo pero sin
duda ninguna están cobrando mayor importancia en el momento actual,
tal vez de la mano de procesos como la globalización económica e
introduciendo en todas las sociedades, y naturalmente en la española,
lo que alguien llamará distintas complejidades, pero que yo quiero
denominar distintas realidades de pluralidad de culturas y de
pluralidad convivencial. El Gobierno mantiene su objetivo de alcanzar
la plena integración social y laboral de cuantas personas deseen
integrarse en esta sociedad española que refleja hoy altas cotas de
bienestar y de progreso. Para España tal vez la gran novedad es el
hecho de que los saldos migratorios le convierten en este momento en
un país receptor. Acostumbrado durante siglos a ser un país que
generaba flujos de emigración a terceros países, en estos últimos
años la sociedad española ha vivido un fenómeno bien distinto a los
que conocía.Para dar una idea de su magnitud -será necesario también
abordar la complejidad de este fenómeno-, desde 1995 el número de
residentes extranjeros en España se ha incrementado en más de un 60
por ciento, ha pasado de una cifra muy próxima al medio millón de
personas (499.773) a 801.329, a 31 de diciembre, último dato fiable.
Si a este número le sumáramos aunque sólo fuera el resultado del
proceso extraordinario de regularización, en torno a 137.000
personas, podríamos estimar un mínimo de 938.783 extranjeros
residentes en España actualmente. Si sólo tenemos en cuenta a los
extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, el incremento es
aún mayor, alcanzando el 87 por ciento a 31 de diciembre, frente a la
ya referida cifra del año 1995. Estamos, pues, ante un fenómeno nuevo
y complejo frente al cual se ha dispuesto un esquema y una estructura
perfectamente
comparable a la de los países que tienen una larga tradición de
integración de ciudadanos de terceros países. Voy a tomar como
referencia el Reino Unido, cuyas estructuras y esquemas son
francamente comparables desde hace ya muchos años a los que España ha
dispuesto y donde la coordinación básica de funciones la realiza
también el Ministerio del Interior, sin que ello suponga merma de las
competencias propias de los restantes departamentos en sus
respectivos campos de actuación, como es la sanidad, la integración
social o la educación. Parece obvio que todos los países estructuran
la coordinación básica en torno al Ministerio del Interior.
Uno de los motores básicos de la emigración es sin duda alguna la
búsqueda de trabajo, y el modelo de inmigración español, al igual que
el del resto de los países europeos, sigue pautas laborales, es
decir, que lo que determina básicamente la admisión de un inmigrante
es su acceso al mercado de trabajo, por otra parte principal garantía
de integración de cualquier persona. De ahí que las actuaciones que
se han encomendado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
materia de ordenación laboral de los flujos migratorios resulten de
evidente trascendencia en la medida en que no sólo deben ser
abordadas desde el área de empleo y Seguridad Social, integración
social e Inspección de Trabajo, sino que además requieren ser
coordinadas con las competencias atribuidas a otros ministerios, como
es el de Interior o el de Exteriores, a quienes en última instancia
corresponde determinar las políticas de admisión de extranjeros. En
su dimensión global, tampoco podemos ni debemos olvidar las
competencias que sobre determinados aspectos que afectan a este
fenómeno han sido transferidas a las comunidades autónomas, como
antes citaba, como son atención sanitaria, servicios sociales o
educación.
Centrándome en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, en primer
lugar quisiera destacar que la Inspección no debe concentrar a priori
su actuación en lo que a la situación de ciudadanos extranjeros se
refiere, sino que debe velar por la correcta situación laboral y de
Seguridad Social del conjunto del mercado laboral, así como de las
condiciones de seguridad y salud laboral de todos los trabajadores,
con evidente independencia de su nacionalidad. Como tendré ocasión
posteriormente de mencionar, tampoco sería lógico que la imagen que
quede de los procesos de integración laboral sea exclusivamente la de
las incidencias, que las ha habido, o la de circunstancias
desdichadas, como también se han producido -y es evidente que ha sido
una circunstancia indeseada por todos el accidente producido en la
región de Murcia-, pero insisto en que la imagen más fiable es la
global y no solamente aquella que refleje lo que han sido situaciones
claramente excepcionales por alguna contingencia o por alguna
circunstancia.
Decía que se trata de fenómenos nuevos y por eso es por lo que desde
hace tres años, desde la Ley de Inspección
de Trabajo de 1997, también coincidiendo con la entrada en vigor de
la nueva Ley de inspección, los planes globales se vienen
desarrollando en coordinación con las comunidades autónomas y se
aprueban en la correspondiente conferencia sectorial. Esto les dará
una idea de que la acción de las administraciones, en este caso no
sólo del Ministerio de Trabajo sino también de los respectivos
gobiernos autónomos, es anterior a este trágico accidente producido
en la región de Murcia, puesto que ya en los primeros días del mes de
diciembre se acordaron planes, como luego detallaré, que entiendo que
prestaban la adecuada atención a los fenómenos migratorios y a la
ordenación e inspección de aquellas comunidades y de aquellos
territorios en los que este fenómeno de la inmigración puede ser más
intenso. En estos planes, insisto, planes acordados, se han venido
recogiendo sistemáticamente objetivos y prioridades en materia de
flujos migratorios y de ordenación. En esta materia relativa a
trabajadores extranjeros quiero poner de relieve que la
Administración viene actuando principalmente, por decirlo así, a
instancia propia, motu proprio, y hay que decir que el desarrollo de
estos planes globales de actuación en ocasiones sólo ha tenido lugar
a instancia de terceras personas, esto es, por fenómenos de denuncia.
Durante el año 2000, el número de denuncias presentadas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ascendió a 764. No es una
cifra que haya que despreciar en modo alguno, pero conviene recordar
que el número de visitas realizadas supera las 11.000; sobre una base
de 11.818, las visitas que vendrían motivadas por denuncias de
terceras personas u organizaciones serían relativamente reducidas.
Incluso dentro de lo que pueden considerarse actuaciones por denuncia
o ante denuncia, habrá ocasión de ver cuál es su desagregación entre
agentes sociales y otras instituciones. Yo estoy convencido a ese
respecto de que los agentes sociales comparten una preocupación de
este Gobierno, que es que debemos, lógicamente, intentar siempre la
transformación de los puestos de trabajo o de las condiciones que son
irregulares a condiciones normales y aceptables; dicho de otra
manera, no se persigue tanto la destrucción de la economía sumergida
o de los empleos irregulares sino su transformación, la
transformación de los puestos de empleo en puestos regulares que
reúnan todos los requisitos de corrección y de dignidad. Tal vez por
eso, insisto, la vía de la denuncia es menos utilizada que la de la
elaboración de planes y de actuaciones que, como decía, permitan,
junto a la creación de empleo, la regularización y normalización de
aquellos puestos que no reúnan los requisitos exigidos por nuestra
legislación.
Hemos de ser, pues, conscientes de que la mayor parte de las
irregularidades que están saliendo a la luz se producen en la
agricultura y aquí estamos ante un mundo de especial complejidad, por
la dispersión de las fincas y de las explotaciones y por el carácter
muchas veces temporal -no estamos ante actividades
permanentes, sino ante actividades que pueden durar en algunos casos
unas pocas horas-, y sin duda ninguna en el que, como habrá ocasión
de comentar, no siempre puede hablarse de una estructura formalmente
empresarial en la que haya una persona que con habitualidad o incluso
con excepcionalidad realice labores de contratación.Por otra parte,
también hay que tener en cuenta lo que yo llamaría debilidad
estructural de la contratación en el medio agrario. Supongo que es
conocido de todas SS.SS. que esta actividad se desarrolla en centros
de trabajo normalmente dispersos, que en muchas ocasiones se trata de
trabajos estacionales o, como les decía, de muy corta duración, según
necesidades, y que el plazo establecido para cursar las altas a la
Seguridad Social de estos trabajadores sigue fijado en seis días, lo
cual evidentemente es una unidad de medida que entiendo no es
especialmente concordante con la brevedad de muchas de las labores.
Todas estas dificultades exigen que la actuación de la Inspección de
Trabajo deba ser planificada. En este caso yo creo que hemos ido
cambiando, por decirlo de manera muy clara, criterios de cantidad por
criterios de calidad a base de la experiencia acumulada en estos
últimos ejercicios. A pesar de todas estas y otras dificultades, lo
cierto es que las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia
de inmigración y de trabajadores extranjeros se han venido
incrementando sistemáticamente desde el año 1996, sobre todo, y creo
que es lo más importante, no tanto a tenor del elemento denominado
visitas sino de lo que podemos denominar actuaciones medidas en
términos bien de número de infracciones detectadas, bien de número de
trabajadores afectados por las infracciones, bien por el importe de
las actas de infracción. Los incrementos -por ser más expresivo daré
el dato porcentual- en el número de infracciones en el período 1996-
1999 son de un 43 por ciento; un 43 por ciento es también el del
número de trabajadores afectados por las infracciones, y el importe
de las actas también se ha incrementado por encima del 40 por ciento.
Vuelvo a insistir, ante los criterios de cantidad y calidad, creo que
es más lógico hablar de calidad o intensidad de las actuaciones.
El análisis comparativo de la actuación de la Inspección de Trabajo
arroja un incremento significativo de los resultados. Si alguno de
los datos es digno de ser reiterado, sería ese incremento, en cuanto
a infracciones sancionadas, de un 43 por ciento sólo en este último
año. Creo que ha sido debido precisamente a la experiencia que se ha
ido acumulando en un fenómeno que, insisto, tiene ribetes de
dificultad por su novedad, por su dispersión y por su complejidad, y
la mayor selectividad de las actuaciones en este caso está
permitiendo una mayor contundencia y eficacia. Sirva también como
reconsideración política que muchos empresarios en distintas zonas de
España cuando han tenido ocasión de valorar las actuaciones de la
Inspección lo hacían con ese más que razonable respeto a la posibili
dad
de que fuesen inspeccionados e incluso a las sanciones que ello podía
conllevar. Sin duda eso ha figurado en las declaraciones de muchos de
los empresarios y contratadores, que saben perfectamente que existe
esa actuación y esa presencia efectiva de la Inspección en el mundo
agrario y en el resto del mundo laboral, como pasaré a continuación a
explicar, en el que está presente la inmigración.
Una dificultad añadida, esta de carácter excepcional, es que durante
el año 2000 se ha llevado a cabo el proceso extraordinario de
regularización de extranjeros, una dificultad importante, puesto que
era muy difícil en algunos casos apreciar, menos aún por la autoridad
laboral, las condiciones no digo de regularidad o irregularidad, sino
las expectativas de regularización de esas personas. De hecho, este
dato creo que ha sido relevante, y me permito recordarlo, incluso
para otras fuerzas políticas y para responsables de otras
administraciones, algunos de los cuales llegaron a pedir que cesasen
y que desapareciesen las inspecciones de trabajo durante el tiempo
que estuviera abierto el proceso de regularización. Lo digo también
para significar que a pesar de estas dificultades, no se ha deseado
optar por el modelo de evitar cualesquiera tipo de inspecciones, sino
por hacerlas, como insistía antes, selectivas, y en cualquier caso
por mantener los programas de especialidad y especificidad que sin
duda ninguna requiere este tipo de actuaciones. Esta actividad
inspectora como vehículo para garantizar los derechos y las
libertades de todos los trabajadores se va a mantener. Es una de las
prioridades del departamento, de forma que en los objetivos que para
la acción inspectora durante el presente año 2000 se aprobaron en la
conferencia sectorial de 11 de diciembre se contempla un incremento
de las acciones para la detección de irregularidades en esta materia
de un 39,6 por ciento respecto a las realizadas en el año 2000, sin
que creamos que esto vaya a repercutir en su calidad. Al mismo
tiempo, dado que en el trabajo de extranjeros con permiso de trabajo
se aprecian determinados aspectos de la relación laboral que deben
ser vigilados, estas actuaciones harán hincapié en cuestiones
relacionadas con sus condiciones de trabajo y con posibles
discriminaciones respecto a los trabajadores españoles. De forma
inmediata y de manera complementaria a los objetivos acordados en la
conferencia sectorial, la Inspección de Trabajo va a iniciar un
conjunto de actuaciones en determinadas provincias a fin de efectuar
un seguimiento de la prestación de servicios por parte de los
trabajadores extranjeros con ocasión de la entrada en vigor de la
nueva Ley orgánica 8/2000. Las provincias en que están previstas
estas actuaciones serán Jaén, Granada, Las Palmas, Alicante,
Valencia, Huelva, Cáceres, Zaragoza, Almería y Murcia y van a afectar
principalmente al sector agrícola, pero no será el único, ya que se
desarrollarán también en el ámbito de la construcción y de la
hostelería, en general en
aquellos sectores en los que se puede considerar más relevante el
fenómeno migratorio.
Junto a estas previsiones también resaltaré que se continuará
reforzando la plantilla de inspectores y subinspectores de Trabajo y
Seguridad Social prolongándose así el esfuerzo realizado durante la
pasada legislatura. A31 de diciembre del año 1995, el Ministerio de
Trabajo contaba con 681 inspectores; cuando se incorpore la promoción
correspondiente a la oferta pública de empleo del año 2001 contaremos
con 828 inspectores, es decir, con un 21,5 por ciento más. Esto
supone que en un año, aproximadamente, podremos contar con 95 nuevos
inspectores. Ahora bien, algo que se tiende a olvidar con mucha
facilidad y que, por tanto, no es tenido en cuenta es que en materia
de migraciones y de extranjeros también desarrollan importantes
actuaciones de control y verificación los subinspectores de Trabajo y
de Seguridad Social. De esta forma, a efectos de tener en cuenta los
recursos humanos destinados, entre otras cosas, a supervisar las
condiciones de trabajo de los extranjeros en España, a la plantilla
de inspectores deberíamos agregar la correspondiente a los
subinspectores, que -como decía- tienen importantes responsabilidades
en esta materia. Actualmente, existen 787 subinspectores a los que en
el mismo plazo de un año confiamos en sumar 44 funcionarios más, lo
que daría un total de 831. Por tanto, puede decirse que de una
plantilla actual de inspectores y subinspectores de 1.522
funcionarios, en el plazo de un año pasaríamos a 1.659, es decir, en
un solo año un 11 por ciento más, lo que evidencia el esfuerzo que
está llevando a cabo este Gobierno y la importancia que se otorga a
la labor que se realiza desde la Inspección de Trabajo. A efectos
también de medición de una de las ratio clásicas, que es el número de
personas destinadas a la inspección por cada mil trabajadores, me
parece importante que se tenga siempre en cuenta esta doble escala de
inspectores y subinspectores, puesto que en algunas materias tan
relevante administrativamente y tan operativa es la labor de unos
como de otros.
También debo decirles que en el primer semestre de este año el
Gobierno está dispuesto a facilitar la actuación inspectora en el
medio agrario introduciendo para ello, sin excluir a los agentes
sociales, las modificaciones que sean necesarias en el modelo
existente de contratación agraria y, como antes les señalaba, en los
plazos para cursar altas de trabajadores al régimen especial. Las
razones que en su día justificaron el establecimiento de alguna de
estas especialidades, como pudo ser la dificultad para los
desplazamientos en un medio tan disperso, ya no concurren hoy en día
o están muy paliadas por la existencia de nuevas técnicas tanto de
comunicación como de desplazamiento. La finalidad última es dotar de
mayor seguridad y de mayor fiabilidad a la contratación en este
sector y así garantizar los derechos de los trabajadores extranjeros
y españoles que se mueven en el mismo.
Los hechos acaecidos en Murcia creo que no tienen una relación
directa con la intensidad de actuación de la Inspección de Trabajo.
Insisto en que los planes acordados con las comunidades autónomas
fueron aprobados y lógicamente previamente debatidos antes del 11 de
diciembre. En cualquier caso, estaba previsto, como se hace año tras
año, adaptar las actuaciones del propio Ministerio de Trabajo a las
nuevas realidades y fenómenos y, entre ellos, sin duda ninguna,
también está esta mayor presencia de trabajadores inmigrantes. Hechos
como el de Murcia pueden revelar la precariedad o la debilidad de
ciertas formas de trabajo y -por qué no decirlo también- la dureza de
las mismas, pero también han evidenciado algo que es indeseable, que
es la intermediación fraudulenta del mercado de trabajo realizada por
algunos compatriotas, incluso de las personas fallecidas o de las
personas que están sufriendo lo que podríamos conocer como
explotación laboral. Creo que ha quedado en evidencia; de ahí que
también sea necesario intensificar y endurecer las actuaciones contra
esa intermediación fraudulenta, que en ocasiones cabe adjetivar, sin
ninguna exageración, de auténticamente mafiosa.
Ahora bien, tampoco conviene olvidar que los extranjeros que viven y
trabajan en situación irregular vienen movidos por situaciones de
necesidad en su país de origen, pero son conscientes de que el
procedimiento por el cual han entrado en España no es el legalmente
establecido ni en su país de origen ni en el país de destino y de
cuál es su situación. Creo que los procedimientos deben ser
respetuosos con el ordenamiento jurídico español así como con los
procedimientos de los respectivos países de origen. Esta parece ser
-y creo que nadie lo discutirá- una de las reglas básicas de los
flujos de personas. Todos los países del mundo tienen establecidos
unos requisitos mínimos formales, tanto para abandonar el país de
origen como para acceder o permanecer en otros países. No debemos
residenciar toda la responsabilidad acerca de estas personas en el
país de destino de los inmigrantes irregulares, es decir, España,
cuando sus países de origen también deben asumir la responsabilidad
que les corresponde, y España, históricamente, siempre ha sabido
instrumentar mecanismos de apoyo y ayuda a las personas que emigraban
y establecer marcos de regularidad y respeto a las leyes. De ahí que
estemos intensificando las acciones. En algunos casos ya hemos
conseguido resultados en la coordinación de las actuaciones en origen
y en destino, que me parece que es la línea más correcta, es decir,
buscar un razonable nivel de compromiso y de responsabilidad en los
países de origen, no solamente para que produzcan los procesos de
cualificación, de selección e incluso que doten a las personas de
unos conocimientos culturales que eviten situaciones de conflicto,
sino también para garantizar la adecuada dignidad en los procesos de
desplazamiento, en los procesos de residencia, en la vigilancia y
observancia del
derecho laboral y también -por qué no decirlo- en los procesos de
regreso, especialmente cuando estamos hablando de fenómenos de
carácter temporal. También creo que sería un planteamiento muy
desenfocado confundir o reducir todos los fenómenos migratorios que
se están produciendo a los que tienen como nota característica o bien
la temporalidad o bien su ubicación en el medio agrario. En cualquier
caso, creo que esa sería una imagen muy imperfecta si se limitase a
considerar como único fenómeno migratorio las migraciones de carácter
temporal, asociadas además al ámbito agrario.
Insisto en que creo que la vía correcta es la del establecimiento de
convenios en los que las responsabilidades queden, lógicamente,
equilibradas entre los países de origen y los países de destino, que
es lo que ha caracterizado y deberá seguir caracterizando cualquier
norma de derecho internacional. No creo que sea correcto el
planteamiento que residencie toda la responsabilidad en el Gobierno
del país de destino, y en este caso lo digo desde lo que ha sido, sin
duda ninguna, una actitud generosa y comprensiva de España, pero creo
que puede y debe exigir también a otros países que sean responsables
de las actuaciones que conciernen y que afectan a sus propios
ciudadanos. Esa es la vía de los convenios bilaterales, una vía que
ya ha dado los primeros resultados en el caso de Marruecos y que creo
que está en un punto de maduración importante con algunos países,
especialmente del Este, próximos a un proceso de integración en la
Unión Europea, y con otros países tanto del área mediterránea como
del área iberoamericana. Eso puede explicar perfectamente por qué el
planteamiento, a materializar en próximos días, es de
corresponsabilidad, y espero que así resulte, con el propio Ecuador.
Lo que se está buscando -y confío en que no esté en discusión- es un
procedimiento que no sólo sea generoso, que no sólo permita alcanzar
el objetivo de la integración, sino también ser respetuosos con los
ordenamientos legales de los países que se ven afectados, de origen y
de destino, en esta materia. También es evidente que en esta
cuestión, en la obtención de instrumentos adecuados, de convenios, no
dependemos de nuestra única voluntad; es evidente dependemos también
de la voluntad de estos países, de su deseo, lógicamente, de
materializar la colaboración. España está ofreciendo su propia
experiencia, que hoy todavía, bien que de una manera residual, opera
a través del Instituto Español de Migración, pero creo que es un
modelo suficientemente acreditado y consistente como para poder ser
tomado como referencia válida para muchos otros países.
Si resulta imprescindible garantizar los derechos laborales de los
trabajadores exigiendo la aplicación del Estatuto de los
Trabajadores, tenemos que ser igual de exigentes para cumplir todos
los aspectos de legalidad que un Estado tiene. No me parece correcta
la posición de pedir la máxima exigencia, de ser absolutamente
intransigentes en el cumplimiento de lo que podríamos
denominar el ordenamiento laboral español y no tener la misma firmeza
y el mismo nivel de exigencia cuando estamos hablando de las normas
que regulan el acceso, la permanencia y la salida de ciudadanos de
terceros países. Creo que esa lectura de leyes simpáticas y
antipáticas o de bloques simpáticos y antipáticos no es correcta en
ningún caso. Igual firmeza hay que tener a la hora de exigir el
cumplimiento de la normativa laboral que la que debe tenerse a la
hora de pedir el cumplimiento del resto del ordenamiento vigente en
España.
Es cierto que la Ley orgánica 8/2000 no ha entrado todavía en vigor,
pero habrá ocasión de ver que en un aspecto básico como es el de la
lucha contra esa intermediación fraudulenta, por no decir mafiosa,
introduce sensibles mejoras; endurece las condiciones, puesto que ya
no permite que dé igual la contratación irregular de uno que de
varios trabajadores; prevé un endurecimiento por cierre, cosa que
tampoco era posible en los establecimientos dedicados
sistemáticamente a la irregularidad; elimina imperfecciones jurídicas
y apreciaciones muy difíciles como era la de habitualidad en los
términos en que se expresaba la anterior ley. Quiero destacar que
esta nueva ley, en lo que se podría denominar centralmente su
actuación directa contra la intermediación fraudulenta, gana
sensiblemente en calidad. Espero que tampoco ese aspecto esté en
discusión.
Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea debe
hacernos conscientes de que hay que ir a unas directrices comunes de
actuación, no solamente por el hecho de ser una de las fronteras
exteriores de la Unión, sino porque en muchos casos permanecer e
integrarse en un espacio común debe llevarnos a unas pautas también
comunes. Saben ustedes que esa es una posición expresada por España y
también por otros países en vísperas de lo que son los procesos de
ampliación de la Unión Europea, especialmente por los países
centroeuropeos, a los que se piden pautas y directrices comunes para
el acceso de terceras personas, e incluso en este momento se están
pidiendo normas muy cuidadosas a la hora de producir los procesos
transitorios hasta la efectiva integración de algunos de los países
que han solicitado su pertenencia a la Unión Europea. Debemos
sentirnos sinceramente vinculados a este deseo de armonizar lo que
son directrices para el acceso y la permanencia de ciudadanos de
terceros países en el ámbito de la Unión Europea. Esa fue la
filosofía con la que se abordó esta cuestión en la cumbre de Tampere
en Finlandia y entiendo que también debe ser una de las pautas en al
ámbito laboral. Les anuncio que sería deseo de la Presidencia
española de la Unión Europea el próximo año que las migraciones o los
nuevos procesos de migración laboral en Europa sea una de las
materias que centre en el ámbito del Consejo de Ministros de Trabajo
y de Protección Social, los objetivos de dicha presidencia.
Hemos vivido a lo largo del año 2000 una situación de carácter
excepcional y les anuncio también mi absoluta
convicción de que sería deseable cerrar tal situación, que,
entre otras cosas, tal vez esté impidiendo la puesta en marcha de los
mecanismos que podíamos denominar ordinarios, regulares y normales
para resolver los posibles desajustes que también pueden existir en
nuestro mercado laboral. Es un proceso que no debe ser medido por el
número de situaciones de carácter residual, de situaciones de
insatisfacción para algunas personas que han acudido a nuestro país
en busca de esas oportunidades y, menos aún, por lo que han sido
incidentes o accidentes desdichados. Hay que valorar, como les decía
antes, las cifras globales y pensar ya en esas más de 340.000
personas pertenecientes a terceros países que están ya afiliadas y
con una situación correcta y de alta en la Seguridad Social y en lo
que ha sido un proceso de globalidad en el que, por cierto, las
estimaciones que en su día, entiendo que llenas de buena intención,
dieron algunas organizaciones sociales y algunas organizaciones no
gubernamentales se han alejado mucho de la realidad. Algunas de las
estimaciones que entonces se produjeron sobre cuál podía ser la
población sujeta a regularización han quedado muy por debajo. Estoy
seguro de que ustedes recuerdan cifras del orden de 60.000 y 70.000
personas como cifras máximas entonces. Hemos asistido a una realidad
en la que las cifras han sido muy superiores; de aproximarse a alguna
de las referencias, es a las que entonces manejó el Gobierno. Me
gustaría destacar en ese sentido que aun habiéndose producido unas
cifras y un número de casos muy superiores a los que entonces se
estimaban en la valoración global, no solamente son cifras
importantes, sino que cabe estimarlas como positivas.
Se han beneficiado de este proceso de regularización todos los
extranjeros que se encontraban en España de forma continuada desde
antes del 1 de junio de 1999. A ese respecto me permito recordar que
de la misma manera que se pidió en muchos casos que para facilitar
los procesos de acreditación se produjesen los oportunos
empadronamientos de ciudadanos de terceros países, como uno de los
mecanismos que podía tener mayor firmeza administrativa, o que ahora
se pida, como yo también hago, el máximo rigor a la hora de que
dichos empadronamientos respondan a situaciones de realidad no
debería causar escándalo alguno. Digo que no debería causar escándalo
alguno porque se trata fundamentalmente no solamente de actuar con
corrección administrativa y con sentido de la responsabilidad y de
evitar errores -no podemos olvidar que estamos hablando de una
población que se desplaza también en muchos casos con una falta de
fijación geográfica-, sino de evitar, aparte de duplicidades, por qué
no decirlo claro, falsas expectativas a una serie de personas, lo
cual les podría generar perjuicios incluso morales. Yo creo que la
petición de seriedad y de rigor en las actuaciones administrativas no
debería mover a escándalo a nadie. A 21 de diciembre, el número de
solicitudes que sehabían presentado para el proceso de regularización
ascendía a 246.089, de las que se han resuelto un total de 226.000,
más del 90 por ciento, en este caso el 92 por ciento de las
presentadas. De las resoluciones emitidas, 137.000 lo han sido
favorablemente más del 60 por ciento, 125.000 corresponden a permisos
de trabajo y residencia, 82.000 han sido resoluciones denegatorias
y aún se mantienen en tramitación unas 19.500 peticiones.
Al margen de este proceso extraordinario, que como ya he dicho
debería finalizar para introducir la necesaria tranquilidad, no
solamente en las actuaciones administrativas sino también en muchos
de estos procesos que sin duda alguna, por creación de expectativas,
se están generando y están produciendo fenómenos indeseados de
desplazamientos masivos de población inmigrante, existen otras vías a
través de las cuales pueden satisfacerse las necesidades de mano de
obra con trabajadores extranjeros procedentes de los países no
comunitarios. Aunque estoy seguro que muchas de SS.SS. lo conocen, me
van a permitir recordarles que existe un régimen general de acceso,
que es la vía ordinaria abierta todo el año, y para la concesión de
estos permisos se tienen en cuenta criterios objetivos marcados por
la situación del mercado nacional de empleo y criterios subjetivos
que abarcan, como en tantos otros países, a determinados colectivos
de personas que tienen un régimen de preferencia. Aquí las reglas de
preferencia son prácticamente comparables a las de cualquier otro
país: hijos y nietos de españoles, familiares reagrupables de
extranjeros residentes, nacionales de Perú y Chile en los terceros
países. Un segundo bloque es el que se deriva de los contingentes
anuales. Constituyen un procedimiento específico mediante el cual el
Gobierno fija un número anual de permisos de trabajo para extranjeros
en determinados sectores de actividad como la agricultura, la
construcción o los servicios, en los que se generan ofertas que no
son cubiertas por trabajadores españoles. Me permito recordar también
la existencia de un elevado número de demandantes de empleo en la
agricultura española. La propuesta de cada contingente anual se
formula teniendo en cuenta la coyuntura económica, las perspectivas
del mercado de trabajo y la experiencia adquirida en años anteriores.
Este procedimiento se inició en 1993 y ha tenido continuidad hasta la
fecha, con excepción de los años 1996 y 2000, en los que se
produjeron sendos procesos extraordinarios de regularización de
extranjeros. Se ha pasado de 5.000 solicitudes en el año 1995 a las
39.000 que se han concedido en el año 1999. En total, por esta vía
ordinaria, se han aprobado desde su implantación un total de 142.975
solicitudes.
Finalmente, tenemos los permisos de temporada para trabajadores
extranjeros, lo que podemos llamar tercera vía, a través de los
convenios-marco. En este caso existe uno firmado hasta la fecha, que
es el convenio- marco de colaboración para la ordenación de las
migraciones interiores, que se suscribió con las organizaciones
empresariales ASAJA y COAG, los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras del sector de la agricultura y con la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la finalidad de obtener una adecuada
planificación y ordenación de las campañas de temporada y la
consiguiente mejora de las condiciones laborales de los trabajadores
migrantes interiores: organización de desplazamientos, habilitación
de alojamientos, mantenimiento de guarderías, etcétera. El 21 de
septiembre de 1999 se firmó un protocolo adicional al conveniomarco
de colaboración que antes les citaba, que establece un procedimiento
subsidiario para la contratación de trabajadores extranjeros en sus
países de origen, en campañas agrícolas de temporada, una vez
agotadas las posibilidades de contratar trabajadores españoles,
comunitarios o extranjeros legalmente establecidos en España. Para
garantizar su cumplimiento se han creado las comisiones provinciales
de seguimiento, que son auténticas plataformas de debate y de toma de
decisiones. Alo largo de estos años, en las reuniones de dichas
comisiones se ha puesto de manifiesto la dificultad de cubrir todas
las ofertas de empleo con el colectivo de los considerados migrantes
de interior; por tanto, las partes firmantes del convenio llegaron a
la conclusión de que era necesario acudir a la contratación de mano
de obra extranjera en sus países de origen, vuelvo a subrayar, de
forma ágil, cuando se agoten las posibilidades de contratar
trabajadores españoles, comunitarios o extranjeros legalmente
establecidos en España. Ante esta posibilidad, el 30 de septiembre de
1999 se firmó un acuerdo administrativo entre España y Marruecos
relativo a los trabajadores de temporada. Con este acuerdo
perseguimos organizar el desplazamiento a España y facilitar el
trabajo y estancia de trabajadores temporeros marroquíes en nuestro
país en las mismas condiciones de trato que las reconocidas a los
temporeros españoles. Según los términos del acuerdo, los
trabajadores temporeros marroquíes que vengan a España lo harán en
virtud de una oferta de trabajo en origen previa al traslado y que
debe cumplir una serie de requisitos dirigidos a garantizar unas
condiciones laborales adecuadas. La duración de los contratos no
deberá superar los nueve meses y se prevén unas normas específicas
para la realización del viaje y la acogida de estos trabajadores.
Durante el año 2000 sólo se han presentado a las comisiones
provinciales de seguimiento 106 ofertas de trabajo para 6.740
trabajadores. Todas las ofertas se han cubierto con trabajadores
españoles o extranjeros con permiso de trabajo, concediéndose un
total de 487 permisos de temporada a trabajadores extranjeros. Es
intención del Gobierno reactivar el funcionamiento de estas
comisiones para evitar desajustes entre los demandantes de empleo y
las ofertas de trabajo. Insisto,muchas veces, por encima de lo que es
una expresión subjetiva de necesidades, está la prioridad de quese
materialicen de manera correcta y adecuada esas
ofertas que en muchas ocasiones oímos de manera genérica. Creo que no
puede actuarse a impulsos de una sensación sino a impulsos de una
realidad y en este caso es necesario que las ofertas de empleo reúnan
los mínimos requisitos exigibles para poder activar lo que sin duda
es un proceso importante, puesto que requiere incluso el
desplazamiento entre países de muchas personas. En todo caso también
desde el Ministerio de Trabajo, y el objeto de esta comparecencia es
informar de las actuaciones más directamente relacionadas con el
propio departamento, la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, en aplicación de la Orden ministerial del 13 de marzo
del año 1998, que regula la concesión de ayudas y subvenciones
públicas a las migraciones, ha concedido ayudas y subvenciones para
gastos de viaje, información, acondicionamiento de alojamientos y
establecimiento de guarderías para tratar de mejorar las condiciones
en las que se desarrollan las campañas temporales. Las cantidades
ejecutadas para estos programas desde el año 1998 ascienden ya a 774
millones de pesetas.
Otra idea que es preciso resaltar es que el fenómeno de la
inmigración no se reduce, como antes les decía, solamente al ámbito
agrario ni a las formas temporales de trabajo, sino que va mucho más
allá, razón por la cual las decisiones y la política de inmigración
en España no debe establecerse únicamente atendiendo a la situación
de este sector o esta única dimensión temporal de la inmigración.
Sirva como reflexión el hecho de que de las 11.800 actuaciones
realizadas por la Inspección de Trabajo durante el año 2000 en
materia de inmigraciones, el 24 por ciento se refieren al sector de
la hostelería, el 16 por ciento al de la construcción, el 15 por
ciento al sector del comercio, etcétera. La agricultura representaría
apenas un 7,71 por ciento. Si en 1998 existían 229.000 trabajadores
extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 131.000 no comunitarios,
en 1999 ya había 332.407, de ellos 211.000 no comunitarios. A 31 de
diciembre de 2000 el número es de 452.000, 311.000 no comunitarios.
Tal vez algunas de las cifras, sin duda expresivas y que pueden
hablar de la importancia y de la corrección global de este proceso,
son precisamente los registros de afiliación a la Seguridad Social.
Si volvemos a centrarnos en el ámbito agrario, el número de
trabajadores extranjeros afiliados al régimen especial en 1998 era
tan sólo de 408 personas; en 1999 fueron 42.961. No he dicho que de
los 408 del año 1998, exclusivamente 108 eran no comunitarios. Esa
cifra de 108 no comunitarios ha pasado a 38.680 en el año 1999 y a
51.000 a 31 de diciembre del año 2000. Ello, al margen de las
actuales dimensiones del fenómeno migratorio, pone de manifiesto que
la mayor parte de los extranjeros en España conoce y ha seguido el
cauce correcto de entrada en el mercado laboral español. No podemos
poner en duda esta decisión que sin duda requiere un mayor esfuerzo
de perfeccionamiento, de intensidad y de actuaciones
excepcionales, pero yo no estoy dispuesto a que la imagen que se
quiera diseñar de la situación laboral de los ciudadanos extranjeros
en España sea mayoritariamente, cuando no en algunos casos y desde
algunas opiniones, de que es una situación absolutamente
fraudulentas. Me parecería injusto. Si alguna fuerza política desea
presentarla, bien al conjunto del territorio nacional, bien a una
determinada comunidad autónoma, como una base generalizada de fraude,
creo que comete no solamente un error sino una profunda injusticia
con la economía y con las personas que viven en esos determinados
territorios. Creo que puede haber, y de hecho las hay, situaciones
excepcionales que es necesario atajar. Debemos sin duda ninguna
seguir en este proceso de intensificación y de mejora de las
actuaciones inspectoras. Debemos ampliar la capacidad que España
tenga de integrar y de gestionar la solidaridad interior y exterior,
pero creo que sería profundamente injusto, y antes que nada un enorme
error, calificar como de sistemática o intensamente contaminada de
fraude la situación de los trabajadores extranjeros en España, bien
sea los de carácter comunitario o bien sean los no comunitarios.
Estas son, señor presidente, las actuaciones que básicamente ha
llevado a cabo el Ministerio de Trabajo en este ámbito que, como
digo, no es el único que concierne a la situación de los ciudadanos
de terceros países, que sé también que está siendo objeto de atención
por el Parlamento, lo que me parece que es siempre correcto
y deseable.
El señor PRESIDENTE: Salvo que alguno de los portavoces tenga alguna
objeción, voy a conceder la palabra a cada uno de los grupos
presentes en esta sesión de menor a mayor.
En primer término, el señor Puigcercós, del Grupo Mixto.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señor ministro, señoras y señores
diputados, el tema que nos llevó a pedir su comparecencia, que
también pidieron otros grupos parlamentarios, es que los ciudadanos
del Estado se levantaron un día por la mañana con la noticia de que
descubrieron lo que todo el mundo sabía, que en algunas zonas -para
no generalizar ni localizar tampoco en una comunidad, en unos
municipios concretos, pues este es un hecho que acaece y pasa en
todas las ciudades, regiones, provincias, territorios y países de
España- hay contratación ilegal de trabajadores extranjeros. Este es
un hecho generalizado en algunos sectores, y usted ha citado aquí
concretamente tres, agricultura, hostelería y construcción, pero es
un hecho generalizado, y creo que es fruto de la contradicción en la
que se encuentra su Gobierno y su partido.
Cuando la discusión de la Ley de extranjería varios grupos de la
oposición coincidieron en el hecho de que es evidente que aquí hay
dos concepciones de una ley
para los ciudadanos extranjeros: una ley abierta, una ley en el
espíritu de integración, de no diferenciar entre ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda; y una ley, una especie de
contrarreforma, que es el texto que finalmente aprobaron ustedes con
su mayoría absoluta, que está hecha a medida de la situación
económica coyuntural. Una pregunta que se repiten muchos ciudadanos
en estos momentos y muchas de las organizaciones no gubernamentales,
incluso algunos de los inspectores de trabajo, es qué va a pasar si
desgraciadamente el ciclo económico entra en recesión y en la cadena
laboral los más débiles, los últimos en ser contratados quedan
descolgados y quedan fuera, a la intemperie social que puede producir
un ciclo recesivo. Esa situación es una losa que ya pesa en muchos de
los ciudadanos que han venido trabajar al Estado español, pero se
recrudece cuando vemos situaciones como las de Lorca, de trabajadores
ecuatorianos, marroquíes, o sea cual sea su origen o procedencia.
La sensación que hay es la de que el Gobierno está en una
contradicción y están haciendo lo peor que se puede hacer en este
caso, que es legalizar los ilegales; parece que en el Estado español
se puede trabajar sin papeles: Hay una parte de la patronal o de la
empresarial que está dispuesta a contratar a estos señores, y ustedes
no actúan. La sensación de descontrol por parte del Gobierno en
aceptar que hay un colectivo importante de ciudadanos, en este caso
concretamente en Murcia, pero podría pasar en Barcelona, en Girona o
en Almería, en cualquier parte, que están en una situación ilegal,
sin papeles, que están trabajando y que si no hubiera sido por el
desgraciado hecho seguiría la situación como estaba. Pero el hecho se
agrava cuando resulta que hay empresarios que son reincidentes en
este caso. Yo no acuso a toda la patronal, hay ejemplos positivos, y
usted ha citado los acuerdos suscritos con organizaciones agrarias,
la COAG, Asaja; yo conozco perfectamente el caso de Lleida en donde
se contrataron trabajadores ecuatorianos en contratos legales,
vinieron aquí, trabajaron, se les pagó el viaje de vuelta a su país,
éste era el contrato y funcionó perfectamente. Pero también es verdad
que hay excepciones, y en este caso en la patronal hay personas que
su margen de beneficio se basa en la contratación ilegal. Este es un
hecho conocido y desgraciadamente saltó a la opinión pública, y a
veces hacen falta crónicas negras como la de Lorca para que salten a
la opinión pública situaciones como las que hay.
Repito que ustedes tienen una situación difícil en este caso, porque
entran en esta contradicción: o mantienen esta situación coyuntural,
por decirlo de alguna forma, en que se trata de trabajadores ilegales
que ustedes legalizan por omisión o por no entrar a fondo en el tema,
o toman una decisión. Y la decisión es dura, ya lo dijo el delegado
del Gobierno para la Extranjería y la inmigración: devolverlos a su
país. Han firmado ya, o están a punto de firmar, un convenio con
Ecuador y
dice usted que lo tienen ya firmado con Marruecos. La situación de
Marruecos es aún más complicada. Usted dice: la responsabilidad no es
sólo del país receptor, sino también del emisor. Marruecos no es
precisamente un ejemplo de transparencia. La Administración marroquí
no tiene un comportamiento como el que puedan tener otras
administraciones. Decía que están ustedes en una flagrante
contradicción entre legalizar a estos ciudadanos, que sería lo
lógico, o actuar de oficio: si son ilegales no tendrían que estar
paseándose por las calles de Lorca. También son conscientes de que
algunos sectores sociales -sectores de la patronal- les han apoyado
mayoritariamente; tienen que trabajar, tienen que terminar la
temporada y no pueden contratar mano de obra porque en sus márgenes
de beneficios no entra la legalización de esta mano de obra. Ustedes
sabrán cómo resuelven esta contradicción. Aquí está la contradicción,
y ya se denunciaba en el debate de la Ley de extranjería que había
dos concepciones de la ley: ciudadanos o mano de obra barata; es una
contradicción insalvable. Ciudadanos quiere decir otra ley, una
concepción más abierta de la ley; quiere decir ciudadanos con
papeles, de primera, como la mayoría de los ciudadanos del Estado
español.
Estas son las consecuencias de su ley y veremos cuál es el
reglamento, que puede ser menos abierto, puede ser incluso peor;
están a tiempo de rectificar. Rectificar quiere decir un reglamento
abierto, que contemple estas situaciones y que legalice la situación
de los trabajadores, y no sólo la de los ecuatorianos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, sino la de los ciudadanos que están trabajando en
el Estado; que persigan el fraude. Ha hablado usted de inspecciones,
de aumento de la plantilla y de mejorar el control. No es una
cuestión de control, hay que perseguir el fraude. En casos como el de
Lorca, se demuestra que hay empresarios reincidentes.
Tienen que salvar ustedes esta contradicción porque, de no ser así,
pueden producirse dos hechos: primero -lo decíamos antes y Dios no lo
quiera en este caso-, una recesión rápida y súbita del ciclo
económico puede provocar una situación explosiva en la calle, y
ustedes lo saben; entonces habrá un problema de seguridad ciudadana,
con el agravante correspondiente. En segundo lugar, creo que tienen
ustedes una excesiva tolerancia con el fraude. Puede hablar usted de
inspecciones y de números, pero todos sabemos que en muchos pueblos y
ciudades hay una situación de fraude generalizada tolerada por la
Administración y por las administraciones -no hablo sólo del Gobierno
del Estado-. Aquí está la contradicción, las conclusiones de una ley
de extranjería pensada básicamente para buscar mano de obra, no para
solucionar la situación de estos ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Señor ministro, quiero hacer algunos
comentarios sobre lo que se debate. El desgraciado accidente que ha
ocurrido en estos días pone de manifiesto, como ya se ha comentado,
una realidad conocida en España: la existencia de personas
extranjeras en situación irregular, algunas de ellas trabajando
y otras que, con caras, nombres y expectativas de vida, no están
trabajando a veces. Me refiero a lo que otras veces hemos mencionado
que ocurre en Canarias y en otras zonas de España. Se trata de
personas que están en nuestras plazas y en nuestras calles. Somos
conscientes de que muchas de ellas tienen abiertos expedientes de
expulsión que por muchas razones no pueden ser ejecutados. Les doy
algunos datos de Canarias, de la Delegación del Gobierno, que son los
que más conozco. Durante el año 2000, expedientes de expulsión
dictados, 381; ejecutados, 50. Expedientes de devolución, 1.131;
ejecutados, 108. Esto la punta del iceberg, lo que vemos en las
estadísticas; pero existen otras muchas situaciones de irregularidad,
que no han pasado por la vía administrativa y que, por tanto, no
están censadas.
Insistimos en que somos conscientes -lo es el Gobierno y la fuerza
política a la que represento- de que no trata de generar
expectativas. No se trata de que generemos o potenciemos una
afluencia masiva de inmigrantes y mucho menos de una forma irregular
por que todos somos conscientes de que cuando se produce esta
situación de forma descontrolada se desborda la capacidad de
respuesta del país y que en última instancia no beneficia ni a los
propios inmigrantes ni a sus posibilidades de integración; quizá los
únicos que se benefician de esto son los que actúan como
intermediarios, por así decirlo, de forma fraudulenta y mafiosa. Pero
una vez aclarado esto, sí que es necesario que afrontemos una
realidad que está ahí y que es creciente, que es la exclusión social
a la que se ven abocados los inmigrantes irregulares. ¿A dónde nos
lleva no afrontar esta situación? ¿Qué resolvemos no afrontando esta
situación? Somos conscientes de que estas personas existen y que
entran en el denominado circulo vicioso de marginación, exclusión,
conflictividad social.
Tenemos una nueva Ley de extranjería, se habrán acabado los procesos
de regularización extraordinaria y yo creo que todos somos
conscientes de que van a seguir llegando personas extranjeras en
situaciones de irregularidad; ya no podremos utilizar ningún chivo
expiatorio de posibles situaciones provocadas por los efectos de la
Ley de extranjería. Ante ello, cada vez se va a poner más en
evidencia que nos encontramos ante un fenómeno social viejo en la
historia y con profundas raíces más complejas que cualquier relación
unicausal que pudiéramos considerar como efecto coyuntural. A veces
es difícil de entender la situación y a veces es más difícil
explicarlo. Me refiero a que, por un lado, tenemos empresas que
demandan personas para emplear,
personas que a su vez quieren ser empleadas y que quieren trabajar
dure lo que dure el empleo, y aunque pudiera parecer que ello
favorecería la búsqueda de un punto de encuentro o un equilibrio para
solucionar un problema social y económico, la realidad es que muchas
veces los empresarios no ya porque no quieran sino por las propias
acciones de mejora de los procesos de inspección se van a encontrar
con que, para bien, no van a poder desarrollar situaciones de
explotación de inmigrantes irregulares. Sin embargo, las actividades
que se tendrían que desarrollar en sectores como la agricultura, la
construcción o el sector servicios no se pueden llevar a cabo muchas
veces por falta de mano de obra (los productos del campo a veces se
pierden por esta situación) y a su vez las personas que quieren
trabajar no lo pueden hacer en condiciones de legalidad.
En mi comunidad, recientemente algún sindicato ha denunciado la
existencia de unos 5.600 trabajadores inmigrantes en situación de
irregularidad. Por otra parte, los propios empresarios de Canarias,
de los sectores que hemos comentado (agricultura, servicios y
construcción), están demandando mano de obra y están planteando la
necesidad de resolver la situación para poder contratar legalmente a
muchas personas en situación irregular que hasta hace poco han sido
utilizados como mano de obra. Se calculan en Canarias unas 400
fanegas no cultivadas como consecuencia de la falta de mano de obra.
Nosotros creemos que hay que resolver esta situación.
En el debate reciente, antes de las vacaciones de Navidad, del
programa Greco nuestro grupo proponía que en el apartado de
atenciones a extranjeros en situación de vulnerabilidad se debería de
reconocer un apartado especial para los inmigrantes irregulares
conocidos, porque qué más vulnerable que este tipo de inmigrantes
conocidos en nuestro país. Y que de esta forma, mientras se resuelve
su situación, pudiéramos intentar, aunque fuera de forma provisional
y mientras siguiera existiendo demanda de trabajo no satisfecha ni
asumida por las personas del país o por los trabajadores extranjeros
regulares, evitar que estas personas estén en el círculo vicioso que
supone bien el trabajo clandestino e irregular o bien las plazas y
las calles de nuestros barrios. Propuestas como estas o similares no
prosperaron, pero nosotros insistimos en que tarde o temprano
tendremos que buscar solución a esta contradicción entre necesidades
de mano de obra que existen en nuestro país, trabajadores inmigrantes
que quieren trabajar y situaciones de irregularidad conocida de las
personas, en este caso inmigrantes irregulares, ya que debemos evitar
por todos los medios la tendencia a que se vean excluidos no sólo
laboralmente, sino también en el sentido social más amplio. Me
gustaría conocer cuál es su opinión o cuáles son los planteamientos
del Ministerio a la hora de resolver esta contradicción que creo que,
desgraciadamente, es inevitable que vaya a seguir creciendo en
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor ministro, buenos días.
Solamente tengo una pequeña cuestión. Me ha parecido entender que a
través del Ministerio y las comunidades autónomas se han realizado
cerca de 11.000 inspecciones en esta materia y se han abierto 764
expedientes sancionadores. Creo que no ha dado un dato que me parece
importante, y por ello desearía saber el número de trabajadores
inmigrantes contratados en situación irregular detectados en dichas
inspecciones y, sobre todo, si existiera una estimación, el
porcentaje de los que, a juicio del Ministerio, existen en estos
momentos en el Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señor ministro, confieso que me invade cierta
desorientación cada vez que en esta Comisión se debate sobre los
problemas de inmigración, porque yo me pregunto si no sería más
eficaz formular mis reflexiones ante el ministro del Interior, que al
fin y al cabo es el que manda en este asunto y quien ha contaminado a
todos los ministros, y yo creo que a todo el Gobierno, de una
posición que puede definirse con toda seguridad como antisocial, con
bastante probabilidad de antihumana y muy probablemente como
anticonstitucional. Este es su problema, señor ministro: su dimisión
como político para ejercer como policía en materia de inmigración.
Ustedes tenían un problema y lo han solucionado: expulsión. ¿Para qué
preocuparse de los principios de flexibilidad que debe garantizar un
político demócrata, del seguimiento de los cumplimientos de normas de
contratación o de las normas básicas de seguridad o de cumplimiento
de salarios en convenio? Se expulsa, y se acabó el problema. No puede
ser la inmigración una cuestión de orden público; no pueden responder
a los inmigrantes de Lorca con consejos y sugerencias tan
escandalosamente frívolos, con el engaño o con el desentendimiento;
no pueden ustedes continuar con la doble moral de mantener una
legislación injusta y una práctica radicalmente inaceptable y al
tiempo realizar discursos de integración.
Señor ministro, por ceñirme a los asuntos de su competencia diré que
los hechos son, primero, que la situación en materia de condiciones
de empleo, bienestar social y calidad de vida de los inmigrantes en
España es inaceptable, sin que ustedes hayan impulsado ninguna acción
presupuestaria o política que tienda a corregirla y desde luego esto
contrasta bastante y se contrapone a los fabulosos beneficios que
obtienen los empresarios por contratar inmigrantes. Segundo, que los
delegados de su Gobierno no realizan ningún
esfuerzo para garantizar las condiciones de seguridad de los
inmigrantes, como recientemente ha ocurrido en la marcha a Murcia,
obligándoles a inseguros desvíos de 12 ó 14 kilómetros sin que se
tome ninguna medida de seguridad excepto, eso sí y pido perdón, la
expulsión a los países de origen. Tercero, que el marco jurídico real
que ustedes han implantado hace prácticamente imposible el ejercicio
del trabajo con derechos. Cuarto, que no realizan ni han realizado
ninguna acción positiva que permita aprovechar la disposición
empresarial que a veces existe para resolver problemas, por ejemplo
en Lorca, pero permiten que las demandas de trabajo que los
empresarios formulan oficialmente a las comisiones provinciales sean
irrisorias. Quinto, que ni dotan ni prevén dotar a la Inspección de
Trabajo de recursos suficientes -aunque usted nos ha anunciado aquí
algunas mejoras- para que pueda ejercer su trabajo y controlar los
abusos que un número limitado -quiero subrayarlo- de empresarios
están realizando de forma sistemática. En una palabra, nada de
política social pero sí de acción policial.
Afirmo aquí lo que la mayoría de los españoles creen, señor ministro:
la inmigración no es un problema de seguridad nacional, es un
problema de derechos. En esa dirección, en la de hacer política, en
la de ingresar efectivamente a los inmigrantes en los derechos
sociales y económicos propios de una sociedad avanzada, es en la
dirección que caminan las propuestas de Izquierda Unida. No dejo de
exigirle a usted y a su Gobierno el retorno a la filosofía, al
espíritu y a la letra de la ley por ustedes reformada. En
consecuencia, le solicito que de forma urgente se desbloquee la
obtención de permisos en el régimen general, liberándolo de los
requisitos del visado y del informe del Inem. En este contexto parece
exigible que se consideren los derechos que los trabajadores de Lorca
han adquirido al realizar su trabajo -al fin y al cabo cumplían un
trabajo aunque mal pagado-, y por lo tanto abordar inmediatamente la
legalización de su situación retirando esa deshonrosa propuesta de
retorno a su país para solicitar el visado. Una medida, déjeme
decirle, costosa, absurda, ineficaz además de insegura y engañosa y
que justifica por sí sola la dimisión del delegado del Gobierno.
Desde otra perspectiva debo recordarle que ustedes argumentaron su
contrarreforma en la necesidad de controlar los flujos migratorios
vinculándolos a las demandas de empleo. Los sucesos de El Ejido y
Lorca han puesto de manifiesto que existe una demanda no reconocida
oficialmente, especialmente en la agricultura, que justificaría por
sí misma un nuevo proceso de regularización pensado para lo que se ha
excluido en el anterior, la inmigración no regularizada realmente
existente.
Por último, le propongo que con fondos encima de la mesa se siente
usted con ayuntamientos y comunidades autónomas con el objeto de
elaborar un plan de urgencia
que garantice una calidad de vida digna a los inmigrantes, que
contemple medidas de vivienda, salud, formación o educación. Estas
son propuestas políticas o un problema político, la existencia en
nuestro país de ciudadanos y ciudadanas que carecen de derechos
democráticos, sociales y políticos. No seré yo quien movilice el
dolor provocado en decenas de familias en Lorca para otra cosa que no
sea la solución del problema. Pero no puedo dejar de preguntar si
usted o alguien de su Gobierno considera que en algún sitio, además
del azar, debe haber alguna responsabilidad. ¿Quién sabía o quién
podía saber que en Murcia existen 37 pasos a nivel sin barrera que ya
han provocado accidentes en anteriores ocasiones? ¿Quién sabía o
podía saber que los viajes de trabajo de los inmigrantes se realizan
por rutas poco seguras? ¿Quién sabía o debía saber que, junto a
empresarios que intentan regularizar situaciones, existen gestores
empresariales declarados insolventes y defraudadores que seguían y
siguen ejerciendo funciones? ¿Quién sabía o debía saber el número de
cotizaciones a la Seguridad Social y la cantidad de trabajo que se
aplica en época de recolección en la huerta murciana? En una palabra,
señor ministro, ¿quién o quiénes están silbando y mirando al techo
mientras ustedes hablan, por toda explicación, de viajes a buscar
visados?
Sin perjuicio de la reflexión política, de la superación de los
problemas de la inmigración, deben adoptarse medidas en relación con
el problema de las comunidades ecuatoriana y magrebí en Murcia y en
otras comunidades donde existe una demanda real de trabajo y gente
que está trabajando. Regularizar esas comunidades, regular con
arreglo a derecho su mercado de trabajo, garantizarles el acceso a
iniciativas de bienestar a las que tienen derecho, garantizarles el
correcto ejercicio del derecho al trabajo, incluyendo sus derechos
sindicales y salariales, acordar con los empresarios la superación
del problema y algunas cosas de necesidad es lo que a usted le exige
hoy la sociedad española, resaltando el apoyo de Izquierda Unida, así
como de cualquier demócrata, a Comisiones Obreras y UGT en el
incumplimiento de la Ley de extranjería en lo relativo a la filiación
de inmigrantes, ya que desde esta fuerza política no se concibe a
ningún trabajador sin derecho de afiliación.
Señor ministro, puede optar por el camino del orden público, por
parapetarse tras la ley penalizadora del Gobierno, ignorando el mundo
de los derechos y la justicia democrática. Éstas son las opciones,
señor ministro, pero si ustedes deciden enrocarse en su posición, el
PP no hará sino agravar los problemas que ya tenemos encima de la
mesa, además de poner en cuestión el respeto de los derechos
universales, sociales y laborales en nuestro país.
Señor ministro, yo le he escuchado plantear un tema relacionado con
los convenios bilaterales con otros países. Yo escuché ayer al
delegado para la Extranjería y
la Inmigración, señor Fernández-Miranda, hablar de este tema y tengo
que manifestarle mi preocupación, porque cuando el señor Fernández-
Miranda hablaba de estos convenios bilaterales se olvidaba de los
agentes sociales, de los sindicatos, que deben intervenir, y
prácticamente venía a decir que eran los empresarios quienes se
ponían en contacto con los países para pedir los trabajadores que
necesitaran. Me gustaría que nos aclarara cómo se están negociando
esos convenios bilaterales y qué protagonismo tienen los sindicatos,
los agentes sociales, en la negociación de estos convenios
bilaterales.
Para terminar, quiero decirles que deberían acabar con la cruzada que
han abierto contra ciudadanos que viven en este país y dejar de
amenazar, como lo está haciendo, a instituciones y organizaciones
sociales, porque, a la amenaza que se está haciendo contra los
sindicatos por cumplir con su obligación -sindicalizar a cualquier
trabajador-, se unen las amenazas a los ayuntamientos para que no
empadronen a los sin papeles. Yo les apuntaría, si van a seguir en
esta línea de amenazas, que tomen nota también de Cáritas, que les da
cobijo y comida, y que apunten también a Izquierda Unida, que les va
a seguir defendiendo, aunque no tengan papeles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco la comparecencia del señor
ministro. Es evidente que la Comisión de Política Social y Empleo se
reúne en este mes de enero a raíz de unos incidentes concretos en la
provincia de Murcia, unos incidentes desgraciados que provocaron la
muerte de un conjunto de ciudadanos originarios de Ecuador que
estaban trabajando en esa comunidad autónoma del Estado español. El
Gobierno ha optado, y de entrada nos parece interesante, por no
centrar la comparecencia exclusivamente en este incidente o en la
situación laboral de los inmigrantes en la Comunidad Autonomía de
Murcia, sino hacer un planteamiento global de su política en materia
de inspección de trabajo en relación con los flujos migratorios.
Además, el ministro -y a mí también me ha parecido interesante- ha
pretendido situar su intervención en un contexto amplio que incluía
una serie de reflexiones, de análisis de lo que ha sido la gestión
del Gobierno y de propuestas en el marco de la regulación de los
flujos de carácter laboral. He de decirle que más allá de que las
normas sean las que son, de que existan los convenios que existen con
Marruecos, mas allá del convenio marco con los agentes sociales de
regulación de las campañas de temporada, más allá de la existencia
del contingente, más allá del régimen general de acceso a los
permisos de trabajo, etcétera, lo que es cierto es que hoy
difícilmente el Gobierno puede entender
que la regulación de los flujos migratorios de carácter laboral está
funcionando bien, difícilmente el Gobierno lo puede aceptar. La
demostración evidente de esta afirmación se deriva de la propia
dimensión del proceso de regularización.
En España más de 200.000 personas han optado por pedir papeles, y eso
indica que durante todos estos años, no ya desde la entrada en vigor
de la Ley 4/2000, sino desde mucho antes, no hemos sido capaces de
regular de manera diligente los flujos migratorios. El ministro
estará de acuerdo conmigo en que el último contingente del año 1999
no ha funcionado desde el punto de vista de buena regulación de los
flujos migratorios, porque no estamos siendo capaces -y las cifras
que ha dado el ministro son muy indicativas- de gestionar el trabajo
de temporada; estamos siendo incapaces de definir un mapa de la
inmigración irregular de carácter laboral en España. El drama de
Murcia lo ha puesto en evidencia, tal y como lo pusieron en su día
los dramas de la provincia de Almería y tal y como muchas veces
podríamos entender incidentes que se provocan, por ejemplo, en Can
Anglada, originados muchas veces por la existencia de elevados
niveles de subcontratación en el sector de la construcción. El
Gobierno debe reconocer que, al margen de las leyes, la política de
control del flujo migratorio no ha funcionado. Nadie le podrá decir
que no funciona desde el año 1996, no funciona prácticamente desde
finales de los años ochenta. Más allá de la existencia de la nueva
legislación, el Gobierno tiene que asumir que si de verdad queremos
evitar estas situaciones de explotación laboral, de semiesclavitud
que se viven en determinados lugares de España, o somos capaces de
regular los flujos migratorios o vamos a continuar padeciendo este
tipo de situaciones.
En este sentido, quería plantearle dos cuestiones concretas. Primera.
¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha contingente para el año
2001? ¿Y para el año 2002? Si hubiese respuestas positivas en uno de
los dos sentidos quería saber cómo piensa enfocar la elaboración de
este contingente. Segunda cuestión. La vigente Ley 4/2000, y la que
va a entrar en vigor el próximo día 23, prevé en uno de sus artículos
que el Gobierno regulará reglamentariamente el permiso de trabajo
para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada
o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional,
de acuerdo con las características de dichas campañas. Le pregunto
qué previsión tiene el Gobierno para desarrollar la previsión de la
Ley 4/2000 en este artículo que no fue aceptado en la reforma que se
planteó y aprobó hace unas semanas. Quiero recordarle, además, que
esta redacción fue propuesta por el Grupo Popular en el trámite
parlamentario de la pasada legislatura y que desde el Grupo Popular
se insistía en que la regulación de un nuevo contrato de temporada,
para permiso de temporada, podría ser un buen instrumento
para intentar ordenar la inmigración de carácter laboral.
Es evidente que el caso de Murcia añade una dimensión concreta, que
es la situación de los ciudadanos de Ecuador en España. Hay que
recordar que prácticamente desde finales del año 1999, y seguramente
desde hace bastante más tiempo, existe una llegada importantísima de
ciudadanos de Ecuador. Guardo aquí una noticia publicada en un
periódico ecuatoriano, El Universo, con el título: Falta mano de obra
en España. En él se informa de que en el año 1999 se produjeron
322.000 salidas de ciudadanos de Ecuador hacia Europa. La información
dice: Según publicó ayer el diario español El País, el ministro de
Trabajo, Manuel Pimentel, informó que se ha autorizado para este año
un contingente de 20.000 personas. Justifica, en definitiva, la
demanda de mano de obra en los sectores de la construcción, la
metalúrgica, la agricultura, en las informaciones aparecidas en la
prensa española e informa de que para ingresar en España como turista
y no ser devuelto al país de origen necesita un ticket de ida y
retorno, un paquete turístico con hotelería y dinero en efectivo
suficiente que cubra los gastos que cualquier turista requiere -como
mínimo 2.500 dólares-. Desde hace años conocemos todos, y ha sido
denunciado por las ONG, esta entrada masiva de ciudadanos
ecuatorianos. Ecuador reconoce que han salido de su país 322.000
personas. La pregunta es: ¿Desde mediados del año 1999, qué ha hecho
el Gobierno para intentar conocer esta realidad y para intentar
articular medidas de colaboración y cooperación con el Gobierno de
Ecuador, con el conocimiento de la situación de la comunidad
ecuatoriana? En Barcelona, en el mes de abril del año pasado fueron
montones las noticias que aparecieron en la prensa, cuando en dicha
ciudad la presencia de ciudadanos ecuatorianos era importantísima.
Sus representantes hablaban de 15.000 llegadas de ciudadanos de
Ecuador al mes. ¿Qué se ha hecho para responder a esta realidad?
Nuestra impresión es que se ha hecho poco. Hoy el ministro nos ha
hablado de un primer convenio con Ecuador y nos gustaría conocer con
más detalle cuáles son las previsiones en relación a esta cuestión.
También en relación a la situación de la comunidad ecuatoriana quiero
decir que se publicó en el BOE una modificación del convenio de doble
nacionalidad entre Ecuador y España, que a nosotros nos provoca una
duda de carácter legal, que le planteamos al ministro, en el sentido
de si entiende que los ciudadanos de Ecuador, a partir de la entrada
en vigor de esta modificación del convenio de doble nacionalidad, van
a tener que participar del contingente o van a quedar al margen del
contingente, tal como hasta ahora había funcionado. También nos
gustaría conocer cuál es la interpretación que hace el Gobierno de
esa modificación del convenio.
Entrando ya en materia de inspección laboral, quiero recordarle
algunas cosas. Que desde el año 1988, si no recuerdo mal, la Lisos ya
prevé un régimen sancionador en materia de contratación irregular por
parte de las empresas españolas; que en este sentido, tenemos ya un
marco jurídico contundente, desde hace tiempo, en esta materia; que
es fantástico que la nueva legislación, en la línea de lo que ya
apuntó la Ley 4/2000 refuerce aún más la capacidad legal de
intervención. Asimismo, quiero recordarle que la Ley 4/2000 también
introdujo un mandato expreso al Gobierno de incrementar sus
actuaciones en materia de inspección de trabajo, solicitando que se
incorporasen expresamente planes, programas y directrices sobre la
actuación de la Inspección de Trabajo, previo procedimiento
sancionador, destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del
principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores
extranjeros y el cumplimiento efectivo de la normativa. Estamos
hablando del artículo 60.2 de la Ley 4/2000. Por tanto, el marco
legal lo tenemos ya desde hace tiempo y lo que estamos haciendo ahora
es reforzar ese marco legal. Sin embargo, es evidente que lo que no
ha funcionado con suficiente eficacia ha sido esa acción de la
Inspección de Trabajo. Difícilmente nos podemos explicar lo que
sucedió en Almería o lo que ha sucedido en Murcia haciendo una
valoración positiva de la actuación de la Inspección de Trabajo. El
señor ministro debe conocer tan bien como los miembros de esta
Comisión que al pasear por la provincia de Almería, que es lo que han
hecho bastantes miembros de esta Cámara, una simple inspección ocular
es suficiente para ver la situación de explotación laboral que se
vive en esas explotaciones laborales y agrarias. La Inspección de
Trabajo no ha sido suficientemente diligente. En la Conferencia
sectorial de diciembre del año pasado, en el programa de objetivos
-no sé si las cifras son las definitivas-, el Gobierno, en su ámbito
competencial, informó que tenía previsto realizar a lo largo del año
2001 649 actuaciones para detectar situaciones de trabajo ilegal de
súbditos extranjeros en la Comunidad de Murcia. Mi pregunta es : ¿Se
entiende que estas 649 actuaciones son suficientes? ¿Qué
características tienen cuando el Gobierno habla de actuaciones? Esa
es una duda que tenemos. ¿Esas 649 actuaciones son 649 visitas a 649
empresas, 649 expedientes de los que se deriven sanciones? ¿Qué
indica esa cifra de 649 que nos dio a conocer? ¿Entiende el Gobierno
que 17 inspectores y 21 subinspectores son suficientes en una
comunidad con 32.000 empresas inscritas en la Seguridad Social y
21.000 trabajadores extranjeros afiliados? Nos gustaría conocer si
entiende que sus servicios en la provincia de Murcia son suficientes.
En general, nos parece insuficiente la dotación de la Inspección de
Trabajo y valoramos positivamente este argumento a lo largo de estos
últimos años. Sería bueno que la Cámara conociese no tan solo el
número de inspectores y subinspectores, sino el conjunto de medios
administrativos a disposición de la Inspección de Trabajo para
desarrollar sus funciones. A nuestro grupo llegan informaciones de
que ha habido una orientación de la Inspección de Trabajo en el
sentido de otorgarle actuaciones de carácter administrativo,
reduciendo el peso de la acción estrictamente de inspección y
reforzando esas funciones más administrativas, y se nos dice por
parte de determinados inspectores de Trabajo que eso está mermando su
capacidad de dedicación a esas actuaciones. Nos gustaría, finalmente,
conocer si esta cuestión se sitúa al mismo nivel de prioridad que las
actuaciones que realiza la Inspección de Trabajo en el campo de la
Seguridad Social. La Inspección de Trabajo tiene a su cargo temas muy
importantes: el control del fraude de la Seguridad Social, el control
del fraude en la contratación, las actuaciones en el terreno de la
prevención de riesgos de salud laboral, la actuación en el campo de
la inmigración. ¿Dónde situaría usted su prioridad con relación al
conjunto de prioridades de la Inspección de Trabajo?
Quiero hacer una última reflexión. Es evidente que en la Comunidad
Autónoma de Murcia hay un problema. Estos días sigue habiendo
inmigrantes sin papeles encerrados en recintos religiosos que exigen
que se resuelva su situación. Nuestro grupo entiende que la propuesta
que ha planteado el delegado del Gobierno es irreal y es imposible de
realizar. Es tremendamente ilusa y nadie cree que hoy sea posible
plantear el retorno de los ciudadanos de Ecuador a su país de origen.
Le sugerimos que opte por buscar una fórmula que, aunque tenga un
carácter provisional, pueda permitir resolver la situación
administrativa de estas personas en la medida en que podamos
encontrar para ellos ofertas de trabajo concretas y específicas. Por
tanto, que se ponga en marcha un tipo de actuación muy excepcional,
si quiere, pero que permita casar la presencia física de esas
personas con las ofertas de trabajo que, por lo que estamos viendo,
parece que de manera específica existen en Murcia.
Si no optamos por una solución de este tipo, difícilmente vamos a
resolver esta situación. Anteriormente, doña Mar Julios le recordaba
el escaso índice de expulsión que tenemos en España con relación a
los expedientes puestos en marcha y que configuran una realidad del
fenómeno de la inmigración en España, que es haber condenado a un
número importante de ciudadanos a una situación administrativa de
ilegalidad. Es responsabilidad de estos ciudadanos, lógicamente, pero
también del Gobierno, que no es capaz de ejecutar, que abandona a
estas personas al estricto margen de la irregularidad y, por tanto,
al riesgo de la explotación. En este sentido, hoy leemos en la prensa
que ayer el delegado del Gobierno afirmó que recomendaba a los cargos
municipales electos de su partido no inscribir en el padrón municipal
a inmigrantes indocumentados.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quería plantearle, señor ministro, tres
preguntas muy concretas. ¿Hemos de entender, por las afirmaciones del
señor Fernández-Miranda, que la resolución conjunta de 4 de julio del
año 1997 de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del
director general de Cooperación Territorial ha sido derogada, donde
se indicaba en su punto número 5 la necesidad de empadronar también
a emigrantes sin papeles? En concreto, el punto 5 de esta resolución de
4 de julio de 1997 dice: En el padrón municipal deben estar dados de
alta todas las personas que habiten en el municipio, sean nacionales
o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su
situación en el registro del Ministerio del Interior.
Nos gustaría conocer si el Gobierno ha derogado o piensa derogar esta
norma; si la derogó, cuándo lo hizo, para conocimiento de la Cámara;
si entiende el señor ministro que esto implica vaciar de contenido el
artículo correspondiente de la Ley 4/2000, que permite a los
inmigrantes indocumentados que sí estén empadronados acceder a los
servicios de la sanidad pública; y, una última cuestión, si el
Gobierno entiende que ya no es momento de continuar realizando la
eficaz campaña que realizó el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
hace unos años, que promovía precisamente el empadronamiento de todos
los ciudadanos, con el objetivo de permitir que personas que hasta
ese momento vivían en una estricto anonimato saliesen del mismo y
pudiesen participar de procesos de inserción, de socialización, de
apoyo, etcétera. Fue una excelente campaña la que se impulsó desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en concreto desde la
Secretaría General de Asuntos Sociales, que todo el mundo afirmó que
sirvió para hacer aflorar buena parte de la inmigración de carácter
irregular y que permitió una buena actuación del Ministerio. Nos
gustaría que el señor ministro nos respondiese que no se va a derogar
o no se ha derogado esta orden, que el Gobierno pretende mantener
lleno de contenido el artículo de la ley que regula el acceso a la
sanidad y nos gustaría también que el Gobierno dijese que piensa
mantener las campañas de empadronamiento como un buen sistema para
intentar mínimamente incidir sobre la inmigración de carácter
irregular.
Señor ministro -termino-, todas estas cuestiones van ligadas a una
idea. Usted decía que hay que exigir a los países de origen orden,
capacidad de legislar, que cumplan con sus compromisos, y estamos
todos de acuerdo, pero seguramente la mejor manera de incitar a esta
actuación a Ecuador, a Marruecos, es la capacidad que tenga España,
por un lado, de hacer cumplir su propia normativa, la de extranjería
y la laboral, la que funciona en España desde el año 1988, en el caso
de las
infracciones por contrataciones, la que funciona desde el año 1993,
en materia de contingente, pero también los más elementales derechos
humanos. Estoy seguro de que si en eso somos capaces de funcionar,
Ecuador, Marruecos, Perú, la República Dominicana, cualquier país del
mundo nos tendrá como un buen ejemplo. Ahora es difícil que lo seamos
en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: También quiero empezar por agradecer al
señor ministro su comparecencia. Ahora, inmediatamente quiero decir
que si ésta es la respuesta del Gobierno a lo que ocurrió el 3 de
enero, yo quiero señalar que además de una respuesta -que luego
analizaré en su contenido- decepcionante y burocrática, es una
respuesta insuficiente e incompleta.
El Gobierno tiene que dar respuesta de lo que ocurre como fenómeno
global con la inmigración y en esta Comisión falta un ministro, falta
el ministro Mayor Oreja, que tiene que estar aquí, dando la respuesta
que el Gobierno en su conjunto ha dado a la fenomenología que produce
la inmigración y que ha provocado, como ya se ha dicho, un incidente,
un desgraciadísimo accidente, como expresión de una fenomenología que
tiene una respuesta política del Gobierno.
Lo que ocurrió el 3 de enero, señor ministro -y a usted le voy a
hablar, por tanto, no solamente como responsable de la Inspección
sino como responsable del Gobierno-, es un fracaso colectivo del
país, es una expresión de un país que tiene una respuesta casi
subdesarrollada a un fenómeno como éste. Que ocurra una situación
como la que se produjo en una furgoneta en la que venían hacinadas 14
personas, 12 de las cuales murieron, es la expresión de un
funcionamiento absolutamente irregular que probablemente es masivo y
que produce un llamamiento a las conciencias, como pasó, por cierto,
recuerdo muy bien, con aquel incidente en Dover en el que murieron
ahogados 58 chinos. Algo parecido a eso nos ocurrió a todos.
Yo quiero decirle, señor ministro, ustedes que son el Gobierno de
España, que han tenido una inactividad culpable. Yo creo que ustedes
han pecado de una pasividad que me atrevo a calificar de inmoral,
porque ahora todo el mundo se mueve, el Gobierno comparece, el
secretario de Estado visita Murcia, los empresarios cierran las
empresas, pero es -todos los portavoces parlamentarios lo han dicho y
lo voy a decir así porque lo siento de esta manera- un ejercicio de
hipocresía colectiva; y digo colectiva. Pero, atribuyendo
responsabilidades, y aquí estamos para eso, el Gobierno es el primer
responsable, porque ustedes lo sabían. Lo sabía todo el mundo.
Ustedes saben que hay probablemente 20.000 trabajadores inmigrantes
irregulares en la región de Murcia. Ustedes saben que trabajan
habitualmente, inclusive puede ser que sepan que trabajan hasta los
niños; saben que los transportan en furgonetas; saben que van
hacinados en esas furgonetas, además de que hay pasos a nivel
impresentables en nuestro país; y como ustedes los saben, ustedes son
responsables. Que quede claro, hay que decirlo aquí, en la Cámara,
donde la oposición critica al Gobierno, porque lo que sucede ahí es
la expresión de un conjunto de situaciones que no están previstas en
su resolución, que no han tenido una respuesta del Gobierno. Ustedes
están desbordados por los acontecimientos, y luego analizaremos que
su respuesta es errónea, además de insensible e injusta; pero es que,
además, hay una incapacidad culpable, porque esto se sabía por todas
partes.
Hablando de responsabilidades, déjenme que les recuerde que ya en el
mes de septiembre de este año pasado, un diputado que me acompaña,
diputado por Murcia, José Antonio Gallego, preguntó al Gobierno si se
podía crear una comisión especial para atender los problemas de
Lorca. Respuesta del Gobierno: No hace falta. En el mes de diciembre
de este mismo año 2000, el diputado del que les hablo presenta una
proposición no de ley para que se atienda la problemática social que
se genera en Lorca. Repito, no se ha podido tratar. Hablando de
responsabilidades, aquí está la nuestra, que luego repartiremos a la
prensa para recordarlo. ¿Y la del Gobierno, cuál es? La respuesta del
Gobierno, señor ministro es, y valga la expresión, como suele decirse
en el argot, contarnos la pena de Murcia, y nunca mejor dicho. Porque
se cuentan una serie de actuaciones de la Inspección. Por cierto,
déjeme que le diga que yo no creo que la Inspección de Trabajo sea la
responsable de todo este problema o la única responsable. Yo no
quiero hacerla la única responsable porque, insisto, hay toda una
actuación gubernamental que hay que coordinar, hay que establecer
políticas en todos los niveles. ¿Qué ha hecho el Gobierno en cinco
años ante esta evidencia? Nada. Inclusive, analizando la inspección,
de qué han servido tantas visitas, tantas infracciones. Señor
ministro, déjeme que le diga tres datos que me parecen
escalofriantes. Primero, probablemente en Murcia, señorías, la tasa
de población laboral irregular puede rondar el 5 por ciento de la
población activa, en torno a 20.000. Hay 40.000 regularizados,
probablemente 20.000 irregulares, y esto equivale al 5 por ciento de
la población activa de Murcia, que son 400.000. Cuidado con la broma.
Segundo, el porcentaje de población irregular en el sector agrícola
puede acercarse al 50 por ciento, puesto que probablemente los 40.000
regularizados de los que hablamos están en la agricultura. Señor
ministro, usted sabe que en el año 2000 ha aumentado el costo del
subsidio agrario el 6 por ciento, mientras tenemos un incremento de
la población agrícola extraordinario. ¿Cuándo han reaccionado las
empresas a la labor inspectora de la que tanto se vanagloria el
ministro en su comparecencia? Cuando un juez de instrucción ha
encarcelado al empresario infractor, entonces ha habido reacción.
Hasta entonces, todo el mundo lo sabía, todo el mundo recibía
inspecciones, no sé si sanciones, luego preguntaré algo al respecto,
pero todo seguía igual. Por tanto, a mí no me basta una respuesta
burocrática del número de inspecciones, a mí me basta la actuación
que provoca hechos y resultados, y yo insisto en que no ha habido
resultados tampoco por parte de la inspección a ese respecto.
Todo lo que dicen ahora: vamos a generar más inspectores (por cierto,
en el plan Greco una de las medidas que proponía el Partido
Socialista hace solamente tres semanas era incrementar la inspección
laboral, porque sabíamos que la inmigración exigía un esfuerzo
especial, como el señor ministro ha señalado, y esa propuesta
socialista fue rechazada); más visitas a las zonas especiales; más
políticas en países de origen; más convenios. Pero esto es como lo de
las vacas locas, pone en evidencia que hasta hoy no se ha hecho nada:
vamos a hacer, vamos a hacer; pero llevan cinco años gobernando,
señor ministro, y este problema lleva produciéndose sucesivamente,
como muy bien decía el señor Campuzano, día tras día, mes tras mes,
de manera masiva. Y no vienen en pateras, ya vale de bromas, vienen
en avión, vienen todos los días y seguirán viniendo, están viniendo
hoy y están trabajando hoy en las fincas de Murcia. Señor ministro,
me decían los alcaldes con los que yo he hablado estos días que este
fin de semana, del 12 al 15 de enero, diez días después de lo que
ocurrió, y a pesar de que en la televisión los empresarios decían
cerrar sus empresas, ha trabajado en Murcia todo el mundo, porque si
no se perdía el brócoli. ¿Y qué hemos hecho todos, y sobre todo
ustedes? Mirar para otro lado, porque el problema lo tenemos ahí.
Yo creo que hay preguntas que usted tiene que responder. ¿Tiene usted
una estimación hoy, ahora, díganoslo aquí, de población laboral
irregular en Murcia? ¿Tiene la seguridad de que no hay trabajo
infantil? ¿Cuántos están trabajando en este momento? Hoy no me lo
puede decir, pero puede decirme lo que está ocurriendo en estos días.
¿Cuántas actas de inspección, además de visitas, se han ejecutado,
señor ministro? O, dicho de una manera más divulgativa, ¿cuántas
multas se han pagado y a qué importe ascienden? Otra pregunta:
¿Cuántas empresas de ETT se han cerrado? Porque si efectivamente eran
éstas las que estaban produciendo la intermediación laboral irregular
para desresponsabilizarse desde las empresas agrícolas, yo le quiero
recordar que entre las capacidades sancionatorias, no con la nueva
Ley de extranjería sino con la actual Ley de ETT o con la Ley de
sanciones actual, ustedes pueden cerrar empresas temporales que
cometan faltas tan graves como contratar a irregulares. ¿Cuántas han
cerrado? Dígamelo para saber si es que efectivamente ha habido o no
una actuación eficaz. ¿Está el Ministerio de Trabajo de acuerdo -me
sumo a la interpelación que le ha hecho el señor Campuzano-
respecto a la propuesta que hoy hemos recibido en prensa? De nuevo el
Ministerio del Interior no comparece aquí, sino que lo hace en los
periódicos o en reuniones con el PP, para explicar su política de
inmigración diciendo que van a proponer que no se empadrone. ¿Está su
Ministerio de acuerdo con todo esto y en contradicción con todo lo
que el Ministerio de Trabajo ha elaborado en decretos y en órdenes
ministeriales anteriores? Señorías, si mal está lo que se hizo mal
o lo que no se hizo, o las dos cosas -que yo creo que de ambas hay-,
peor será persistir en el error, y las medidas que nos propone en lo
que, lo que a la Inspección de Trabajo se refiere las políticas que
percibimos del conjunto del Gobierno persisten en el error.
Usted lo ha dicho y yo lo quiero también reafirmar -en esto sí
estamos de acuerdo, en la ejecución, ya veremos-: la clave de la
política de inmigración es que las empresas españolas concreten sus
demandas y que el Gobierno, con su aparato consular fundamentalmente,
contrate o permita los flujos migratorios y la contratación en origen
para la perfecta regularización de los trabajadores inmigrantes en
España. Este es el principio. A partir de ahí, su trabajo, el de la
Inspección, tiene que ser muy severo; éstas son las bases del
problema.
Yo me sumo a los que dicen que lo que se está haciendo y proponiendo
es un monumento a la estupidez. Hemos tenido que soportar casi
callados -digo callados porque nadie ha reflejado nuestra crítica-
esta propuesta de que hagamos una especie de puente aéreo para
llevarnos los 20.000 inmigrantes que hay en Murcia; hay 15.000
ecuatorianos, aproximadamente, y 5.000 magrebíes irregulares en la
región de Murcia. ¿Qué pasa, que la política del Gobierno español es
la de hacer puentes aéreos a diferentes países para expulsar a todo
el mundo y luego volverlos a llamar? Esto es un monumento a la
idiotez, perdone que se lo diga así, es imposible e irreal, como se
ha dicho.
Hoy tenemos, como les digo, cerca de 20.000 trabajadores en esta
región ¡trabajando! Hoy ocurre así, aunque digan otra cosa. Los
empresarios, e incluso algunos dirigentes del Partido Popular en la
región, dijeron en la reunión que hubo recientemente cuando fue el
secretario de Estado a Murcia que se podrían formalizar no menos de
10.000 ofertas de trabajo en este momento, y que las quieren
formalizar. A partir de la próxima Ley 8/2000, la semana que viene,
¿qué haremos, señor ministro? ¿Cerraremos esas empresas cuando
contraten irregulares? Quiero que usted lo diga, que lo diga aquí, y
que le oigan decirlo en Murcia. ¿Va usted a cerrarlas? ¿Qué hacemos
con esas personas?
Creo que no hay otra solución que la que le ha ofrecido el Partido
Socialista -avalada, por cierto, por UGT, por Comisiones y por los
empresarios de Murcia-. Como aquí no estamos sólo para criticar y yo
sigo las instrucciones de mi dirección política y de mi secretario
general de hacer una oposición útil, le quiero
decir -porque lo hemos formalizado en una proposición concreta- lo
que el Partido Socialista haría. Ya sé que he sido muy severo con
usted. Probablemente, no es usted la persona que merece todas las
críticas políticamente hablando, pero usted representa al Gobierno y
tiene que oirlas. No obstante, ahora quiero que escuche lo que el
Partido Socialista propone, con razón, para solucionar
transitoriamente este problema.
El lunes que viene, antes de que entre la ley en vigor, por cierto
-pero esto no importa-, se reunirá en Murcia la mesa de las
migraciones; allí acuden empresarios, sindicatos y la Administración
laboral. Pues bien, creo que es imprescindible que los empresarios de
Murcia determinen en esa reunión cuántos contratos de trabajo
necesitan, cuál es la oferta de trabajadores fijos discontinuos que
proponen al mercado laboral. Segundo, creo que es perfectamente
posible desde un punto de vista reglamentario autorizar
provisionalmente permisos de trabajo a quienes: a) exhiban el
precontrato de la empresa; b) estén en trámite de regularización,
bien porque la han solicitado -ellos lo llaman allí haber presentado
los papeles- o bien porque, como usted sabe, el delegado del Gobierno
en Murcia está revisando 5.000 expedientes que fueron rechazados en
la regularización extraordinaria de julio del año 2000. A partir de
estos dos procedimientos, hay personas que pueden atender esas
ofertas de trabajo. Tercero, hagan urgentemente los convenios con
Ecuador y con Marruecos que, por cierto, llevamos muchos años sin
hacerlos; la Administración anterior y ésta, sí señor, pero hay que
hacerlos ya. Cuarto, sean implacables después, desde el punto de
vista de la inspección laboral, con aquellas empresas que no
contratan a éstos; pero denles los instrumentos para que puedan
contratar.
Termino, señor presidente. Creo que hay que decir aquí, porque lo que
sucedió en Lorca conmovió nuestros sentimientos -los de todos, los de
ustedes igual que los nuestros, lo reconozco-, que el Gobierno ha
fracasado en la previsión, en la coordinación, en la organización y
en las respuestas a este fenómeno que se viene produciendo en España
desde hace años. Y no porque hubiera una ley mala, no nos engañemos,
por favor. El fenómeno se produce porque les llamamos. Hay anuncios
en Quito, cantidad de anuncios en los bares, que dicen: alquilo piso
en Lorca. Les llamamos, hay trabajo, lo contaba el señor Campuzano
antes con mucha más expresividad que yo. Lo que está pasando, lo que
ha pasado en Lorca, es, como también se ha dicho, la punta del
iceberg de una fenomenología que ocurre en muchos sitios: en Lleida,
mejor organizado, por cierto, como se ha recordado aquí, en
Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Canarias o en Andalucía. La
respuesta del Gobierno ha sido tardía, incorrecta, equivocada
e injusta. La ley, el Foro de la Inmigración, que se quiere reformar,
el plan Greco, que se ha hecho en una soledad absoluta, contra toda
la oposición, la
ausencia de los convenios, la expulsión masiva que se propone, el no
empadronamiento que se escucha hoy, son error tras error, violación
de derechos, insensibilidad social, señorías, y ustedes están solos
en esa política y no deben estarlo. Quieren trazar una especie de
raya imaginaria a partir del día 23 para aplicar una ley, expulsar a
los que no están regularizados y traerlos luego, ya veremos cómo, a
través de no sé qué regularización. Vayamos poco a poco haciendo ese
proceso, incorporemos a la ley -que yo respeto porque es la ley de
este Parlamento- medidas reglamentarias que sean inteligentes, que
sean prudentes, que den respuesta a la realidad que tenemos ahí y
vayamos regularizando poco a poco. De esa manera serán más factibles
y más comprensibles las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que
hemos analizado hoy. En un marco de mayor regularidad será posible
una mayor severidad, precisamente con la irregularidad. Hasta
entonces, transitemos este proceso de esta manera y, por favor,
recuperen el consenso y recuperen la buena intención y, yo creo, la
cargada razón que aportan nuestras propuestas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: En primer lugar, quiero agradecer al señor
ministro su presencia motu proprio aquí para explicar las acciones
que fundamentalmente a través de la Inspección de Trabajo ha llevado
a cabo su Ministerio en relación con la contratación laboral de
emigrantes en todo el territorio español.
He de decir que comprendo las actuaciones de determinados portavoces
al intervenir, pero también que el objeto de la comparecencia es el
que es, que ha sido solicitada por quien la ha solicitado y, sobre
todo, con la responsabilidad y conocimiento de causa de la materia
que le ocupa, que creo que ha sido ampliamente explicada,
profundamente analizada y con datos más que claros en relación a lo
que se ha hecho y lo que se pretende hacer. En este sentido, la labor
inspectora es susceptible, cómo no, de mejora; de hecho, el Gobierno
hace esfuerzos por incrementar las plantillas de la Inspección y de
la Subinspección, para que puedan abordar éstas y otras materias.
Como ha dicho el señor ministro, más que en términos de cantidad, se
está trabajando en términos de calidad, lo cual es más importante que
los números, que a veces son muy amplios, pero la efectividad, el
número de trabajadores que se han visto afectados por los actos de
inspección, las infracciones, las cuantías y las empresas afectadas
nos parece importante.
El señor ministro ha dicho, y tiene razón, que la inmigración en
España es un fenómeno relativamente reciente. De hecho, nuestra
historia se ha caracterizado en los últimos años por el fenómeno
contrario: hemos sido nosotros emigrantes, fundamentalmente a países
de Europa y muy particularmente a Alemania. Yo diría
más, y es que la inmigración -y no soy un experto en la materia- se
evidencia en nuestro país como un factor heterogéneo. No es lo mismo
hablar de la emigración de un determinado país, por ejemplo de
argentinos, que hablar de ecuatorianos o hablar de marroquíes; no es
lo mismo por su formación, por su cultura, por su idioma, y esto se
refleja luego en su inserción laboral en nuestro mercado de trabajo.
Por ejemplo, hay un gran nivel de autoempleo dentro de los
contingentes argentinos, cosa que no se da en otros contingentes,
probablemente por su formación. También territorialmente hay un
factor de heterogeneidad; no es lo mismo la costa mediterránea, donde
el fenómeno afecta a la inmigración vinculada a la agricultura, con
los problemas tan peculiares de la agricultura, señalados por el
señor ministro, en cuanto a extensión de fincas y, por tanto, centros
de trabajo extensos y con estancias cortas en el contrato de trabajo,
lo que a veces impide o dificulta de una forma importante la
fiscalización de la Inspección de Trabajo, que la inmigración que
puede residir aquí en Madrid, en Barcelona o en grandes ciudades,
donde el trabajo se centra fundamentalmente en el sector servicios,
en la construcción, en la hostelería.
Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer, y desde luego
voy a hacer mi intervención sin ningún tipo de histeria, ya se me
perdonará, es objetivar las cosas. Se trata de un fenómeno
complicado, se trata de un fenómeno difícil, se trata probablemente
de un fenómeno derivado de una situación positiva generada a lo largo
de los últimos años, como es la transformación de nuestro mercado
laboral y de nuestra economía, que está dando posibilidades reales de
puestos de trabajo en una sociedad dualizada, en la cual ciudadanos
españoles, ciudadanos comunitarios o ciudadanos extranjeros que ya
residen legalmente no están aceptando unos determinados puestos de
trabajo porque aquellos perfiles no les convienen en términos de
calidad de empleo o en términos de salario, lo que está provocando
que ante esa falta de mano de obra, en algunos lugares con tasas de
desempleo importantes, nuestros conciudadanos no acepten esos
contratos y deban de venir de otros países del mundo donde,
lamentablemente, y esto no es culpa de España, sus niveles de pobreza
les empujan y les obligan a buscar una dignidad y una salida en su
vida.
Dando respuesta a un par de intervenciones, quizá tres, de anteriores
portavoces, sobre si la situación actual obedece a los males que se
han imputado hoy aquí a la política y a la labor legislativa del
Gobierno con la denominada por alguno de ustedes contrarreforma, les
tendré que recordar que, en todo caso, siguiendo ese argumento
dialéctico, si eso fuera así, la culpa y la responsabilidad, y no
digo yo que lo sea, sería exclusivamente de la ley en vigor que
ustedes aprobaron y que ahora el Gobierno ha modificado para
contrarrestar sus efectos nocivos y para articular medidas que
contribuyan justamente a algunas de las pretensiones y planteamientos
que aquí hoy ustedes han formulado. Por tanto, no se nos diga que la
contrarreforma es la culpable de esta situación, puesto que la ley no
entrará en vigor hasta el día 23 de enero. En todo caso, si eso -que,
insisto, no lo asumo, sino que simplemente lo dejo a efectos
estrictamente dialécticos- fuera cierto, habría que endosarles a
ustedes la responsabilidad como autores que fueron de una ley que
nosotros, para paliar este problema, hemos tenido que modificar.
De su intervención, señor ministro, yo me quedo no sólo con lo hecho
sino con los apuntes positivos y las medidas que pretende incardinar
para ir mejorando el problema. En primer lugar, lo ha dicho usted, la
potenciación con mayor número de funcionarios de la Inspección y con
el incremento en calidad y en cantidad previsto para el año 2001 y
siguientes, en coordinación, por cierto, con las comunidades
autónomas dentro de la Conferencia sectorial. Porque, claro, aquí
hablamos del Gobierno pero nos olvidamos de las competencias legales,
políticas y fácticas que también en la materia tienen las comunidades
autónomas y que se vienen reflejando en los acuerdos que se
establecen en la Conferencia sectorial, dentro de los planes anuales
que para la Inspección de Trabajo se establecieron a partir de la
modificación de la Ley de la inspección de 1997, en cuya discusión
tuve el placer de ser ponente por parte de mi grupo en aquel
entonces. Me quedo también con la necesidad de profundizar la
relación con los países terceros, formulando convenios, traspasando
nuestra experiencia anterior en el sentido inverso al que hoy nos
encontramos y procurando que se cumpla la legalidad desde el origen,
sin engañar ni traicionar las justas expectativas de ciudadanos que,
ante determinados reclamos, han podido pensar que esto era jauja en
términos de cantidad y de calidad de empleo y en términos de
facilidad de legalización de papeles en España. Ya tenemos la ley más
flexible y más amplia de Europa, vamos a continuar teniendo con la
Ley 8/2000 la ley más flexible, abierta y tolerante de Europa y, en
mi opinión, no es de recibo que los problemas graves que realmente
existen se traduzcan en términos de crítica por insolidaridad de un
Gobierno e incluso del país al que representa este Gobierno.
En cuanto al cumplimiento de la ley en su conjunto, lo ha marcado el
señor ministro, la cuestión, lo dije al principio y lo repito ahora,
no es fácil, pero el Partido Popular tampoco va a prestarse a cometer
ilegalidades, a no respetar en su conjunto toda la ley tal cual está
porque eso, nos guste o no, señores, es delinquir.
Yo voy a hacer una reflexión, pese a la novedad del problema, y es
que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mi estimado
compañero Ramón Jáuregui, en su última intervención, anterior a la
mía, ha hecho algunas afirmaciones que creo que merecen
puntualización. Ha hablado ni más ni menos que de inactividad
culpable, de pasividad inmoral, para decir acto seguido que la
situación que hoy se debate era conocida
por todos. Es más, ha dicho que el Gobierno era culpable porque
conocía la situación. Y yo me pregunto: Si la situación es conocida
por todos y el culpable es el Gobierno porque conoce la situación,
¿no serían acaso también culpables todos aquellos que conocen la
situación? Bien ha hecho él en decir: nosotros hemos presentado una
pregunta y el 30 de diciembre una proposición. Si le parece
suficiente la actuación del Partido Socialista en esta materia para
enervar responsabilidades y le parece solución satisfactoria, esa es
la medición que usted hace. (Protestas.-El señor Jáuregui Atondo: Es
al Gobierno a quien juzgamos.) No, yo no lo discuto. Le digo que bien
ha hecho usted, lo ha dicho y se ha cubierto. ¿Qué dice de todos los
demás? Si a usted le parece suficiente lo que ha hecho, ¿qué diría de
todos los demás?
Se habla también de imprevisión, se obvia la situación regularizadora
que se ha producido de alguna forma el año pasado, y a mí esto me
obliga a poner encima de la mesa en esta Comisión y en esta Cámara
algunos datos que creo que objetivan la situación. Y lo hago con el
mero ánimo de intentar enriquecer y objetivar el tema del que estamos
hablando. En el año 1985, en este país se produjo una regularización
de 13.000 inmigrantes ilegales; seis años escasos después, en 1991
-no llegaron a seis años-, se produjo una regularización de 108.321
personas. Supongo yo que cuando se produjo la regularización fue
porque había inmigrantes sin papeles, inmigrantes ilegales,
inmigrantes que estarían soportando probablemente el abuso de algunos
de nuestros conciudadanos en una explotación inhumana e indigna y una
explotación laboral no permisible. Cierto es que esto se daba en una
situación en la que la inmigración no se producía en España de una
manera tan masiva e importante como la actual. Cierto es también que
no se producía en una situación socioeconómica en la que el mercado
laboral español estuviera clamando por nuevos empleos. Y cierto es
que esto se producía sin que hubiera en algunos países de origen
anuncios interesados, evidentemente, de gente que no tiene escrúpulos
en explotar a estas personas en un denigrante tráfico humano, como
ocurre en algunos países cuando claman: coja usted el autobús aéreo y
vaya a España, que le vamos a resolver la vida, cuando saben que esto
no es así.
En el año 1996 se produjo una regularización de 22.000 personas; en
el año 1991 eran 140.000 los solicitantes, y ahora, en el año 2000,
hasta el 1 de diciembre, los datos que tengo hablan de 137.454
personas. Estos son los datos, y yo creo que el señor ministro me
rectificará si le digo que en el año 1985 él pertenecía el Gobierno.
¿Estaba usted en el Gobierno en 1985 y en 1991? Lo que esto evidencia
es que el problema es realmente complejo, complejo para todos,
complejo para esta nación. Y comparto lo que se ha dicho respecto a
la hipocresía y el cinismo social de algunos de nuestros
conciudadanos, porque, efectivamente, habrá mafias de
ecuatorianos o de chinos o de magrebíes, sí las hay; y también hay
mafiosos españoles que explotan desvergonzadamente y abusan en
determinadas ocasiones de esta gente. Pero también hay mucha gente
que está en la legalidad, hay muchos empresarios que lo están y la
mayoría de los inmigrantes están hoy en día en la legalidad. Yo creo
que nuestro esfuerzo informativo, de cooperación, de articular
instrumentos y medidas reglamentarias debe encaminarse a que si
efectivamente hay trabajo, como se dice, haya colaboración entre los
empresarios y los sindicatos. Recordaré en este sentido que el
convenio marco lo estableció este Gobierno, justamente para facilitar
un foro de encuentro y de acuerdo entre los interlocutores sociales
que fijara el número de los contingentes que podían y debían venir a
trabajar a España con los contratos y los papeles en regla. Pues, si
hay empleo, resuélvase eso, que es justamente lo que quieren este
Gobierno y este grupo parlamentario. En este sentido, si este grupo
apoyó y este Gobierno hizo una reforma legal con relación al tema que
nos ocupa fue porque entendieron que había que incrementar mecanismos
de actuación en contra de estas situaciones; la lucha contra las
mafias y contra la explotación exigía y exige el incremento de
sanciones a imponer e incluso la posibilidad de cierre de
establecimientos. El señor Jáuregui ha dicho que entendía que alguna
ETT incumplió; efectivamente, ciérrese si es menester, pero actúese
contra todos. Cuando haya una ley utilicémosla en todos sus términos
porque las leyes debemos intentar cumplirlas; si no, cámbiense.
Insisto en que el Gobierno ha dado pasos para articular medidas que
hoy se han solicitado aquí. No creo que sean acertadas ni justas -no
en términos sociales sino estrictamente parlamentarios- algunas voces
que se han alzado criticando no ya la posición del ministro de
Trabajo sino la del Gobierno en su conjunto, aunque a mí hoy aquí me
importa más el objeto de la comparecencia que nos ha traído. Algunas
cosas que se han planteado no son objeto del Ministerio de Trabajo ni
tampoco de esta comparecencia, por ejemplo, lo relativo a la
expulsión o retorno de inmigrantes ilegales. Casi todas las
intervenciones han hablado, y nosotros lo compartimos, de que si hay
necesidad de trabajo se regularice y se contrate legalmente. En
cuanto a los problemas suscitados en relación con tutelar al
inmigrante con una vivienda y con medidas sanitarias y educativas,
justamente para eso se estableció el plan Greco y en el futuro,
cuando hablemos a cierre de año de la ejecución presupuestaria,
podremos contemplar en su extensión en qué medida y en qué
profundidad ha sido o no suficiente y lo que en este sentido se puede
hacer. Por lo tanto, haría una apelación a SS.SS., porque ha habido
intervenciones muy sesudas y muy medidas; otras me han parecido más
vehementes, pero, comprendiéndolas todas, este es un problema que nos
afecta a todos, que nos ha afectado a todos en los últimos 15 años.
Parece ser que no se dio con mirlos blancos
ni varitas mágicas que resolvieran de modo definitivo la cuestión
y debemos cooperar para buscar las salidas desde la perspectiva que
con acierto nos ha planteado hoy aquí el señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, no es tópico, quiero agradecer en primer
lugar el tono de la mayoría de las intervenciones, excepto el de
alguna que ha podido más atenta quizás a lo que puede ser el deseo de
proyección pública de una intervención que a aportar datos de manera
constructiva (como luego intentaré demostrar), a un debate que es
absolutamente necesario. Insisto, es absolutamente necesario que
España disponga en todo momento de un marco normativo no solamente en
el ámbito laboral sino, como decía antes, de acceso, de permanencia y
de presencia de las personas de terceros países que acudan a España.
Me decía el señor Puigcercós en su intervención que él tenía
sensaciones, que él creía. Yo he tratado de traer datos que objetiven
lo que sin duda ninguna está muchas veces por encima de la
subjetividad y que ya era una nota común. Vuelvo a insistir en que al
menos desde el Gobierno no queremos contribuir a esa imagen
absolutamente dañina, además de errónea, de la existencia de un
fraude generalizado en todo lo que concierne a personas de terceros
países que trabajan en España. Eso queda absolutamente desmontado por
la certeza de las cifras. Haber absorbido de manera legal más de
300.000 personas de terceros países no comunitarios, que ya están
perfectamente insertadas en el mercado laboral debería ser suficiente
argumento. El deseo -insisto-, vehemente deseo de presentar una
imagen absolutamente generalizada de fraude en unas tierras de España
se opone además a lo que están expresando en este momento sus propios
agentes sociales, lo que está expresando su propia ciudadanía, en la
que percibo sin ninguna duda el deseo de integrar de manera ordenada
al mayor número posible de personas. Luego hablaremos de cuáles son
los límites, de la flexibilidad que en opinión de algún grupo
caracteriza a los demócratas; pero desde luego tenga la certeza de
que los datos que se han traído avalan una inmensa, una gran mayoría
de situaciones que se han podido llevar a cabo. Indudablemente, no
cabe imputar a una ley que no ha entrado en vigor aspectos de la
actual situación; me parece que eso es un ejercicio de auténtica
prestidigitación o malabarismo. Los efectos que hasta hoy se
constaten en la sociedad española serán consecuencia de las leyes
hasta hoy vigentes en ella. El resto es un ejercicio de malabarismo y
prestidigitación al que al menos quien les habla no está dispuesto.
Difícilmente puede hablarse de las consecuencias de lo que no ha
entradoaún en vigor, y yo he oído literalmente esa frase, esa
imputación de responsabilidad de todo lo acaecido, negativo
naturalmente, en la sociedad española. Ese debe ser uno de los
límites -y antes se hablaba de la necesaria flexibilidad, que
comparto- que deben tener los demócratas. La ley que ha de entrar en
vigor en fechas próximas, en los aspectos concretos referidos a
actuaciones frente a las situaciones no deseables de regularización
laboral, es mucho mejor, y voy a dar tres ejemplos bien claros. En
primer lugar, elimina los conceptos jurídicos indeterminados, las
incertidumbres, por ejemplo, de lo habitual como requisito, ese
contratar varias veces a trabajadores extranjeros de manera irregular
para alcanzar el nivel de sanción. En segundo lugar, no hace
indiferente que sean una o muchas las irregularidades cometidas, lo
que con la anterior ley, con esa ley que parece ser absolutamente
como el cielo, la conjunción de todos los bienes y la ausencia de
todos los males, dejaba abierta no sólo la incertidumbre jurídica,
sino también la sanción en este caso indiferente al número de casos
producidos. Y, en tercer lugar, ahora sí que se puede llegar a esa
situación en la que tanto se enfatizaba de poder cerrar un centro,
aunque le garantizo -y con esto respondo a parte de sus afirmaciones-
que la filosofía de este Gobierno no ha cambiado. Este Gobierno no
quiere destruir empleo, no sé si otras fuerzas políticas están
postulando la destrucción sistemática del empleo, este Gobierno
quiere que todo el empleo que en España se pueda generar sea un
formal y correcto, y la comparación es perfectamente consistente con
cualquier otra que se quiera establecer. Sólo así se explican las
cifras de crecimiento en muchos de los registros de empleo, llevando
a cabo simultáneamente la creación de uno nuevo y mejor y
regularizando e incorporando el que ya pudiera existir, salvo que
alguna fuerza política prefiera el sistema de la destrucción del
empleo, a lo mejor para hacer evocaciones de pasados gloriosos.
Coincido plenamente con alguno de los intervinientes en que hay un
dificilísimo equilibrio. España tampoco ha alcanzado esa situación de
final del camino. Todavía hoy se perciben en nuestra sociedad
necesidades de mejora tanto en ámbitos de empleo (no se me olvidan
las cifras de paro registrado existentes y que conciernen a
españoles, no se me olvida la existencia de casi 40.000 personas a 31
de diciembre demandantes de empleo agrario en España) como,
evidentemente, en nuestro bienestar. Hago estas afirmaciones rotundas
para que no haya dudas y para constatar que estas dos afirmaciones
son perfectamente compatibles con el deseo de integrar al mayor
número posible de ciudadanos de terceros países que vengan, por un
lado, a contribuir -como estoy seguro- al propio bienestar y al
desarrollo de nuestra sociedad y, por otro, con ese deseo sincero de
integrarse en nuestro conjunto. Coincido con la señora Julios cuando
decía que tenemos que ser buenos administradores de todos los
recursos que nos han encomendado. Esa es una de las claves y ese es
uno de los límites que, sin duda ninguna, debe tener el debate
político. En algún momento hay que trascender del mundo abstracto de
los sentimientos y estoy seguro -créanme que tengo la convicción
absoluta- de que no hay grandes diferencias en el mundo de los
sentimientos. Todos estamos guiados por la buena voluntad, todos
denostamos los comportamientos mafiosos e irregulares, todos hemos
sentido la misma sensación de náusea ante el accidente que se produjo
el pasado mes de enero. En eso estamos todos de acuerdo, pero debemos
buscar las instrumentaciones que sean acordes con los objetivos que
nos permitan seguir creciendo en empleo y ahí está otra de las
grandes diferencias. Tal vez la clave de que hoy España sea un
destino atractivo es que está proyectando una imagen positiva, sobre
todo en el sentido de que es un país que mejora en empleo y en
cohesión social. Sin duda ninguna, nuestras decisiones no pueden
perder de vista ese objetivo último que ya concierne al conjunto de
la sociedad y digo al conjunto de la sociedad porque incluyo a los
que han nacido en nuestra tierra y a los que no.
Se decía también hace unos instantes, y es bueno que se reflexione
sobre ello, que a la vez que intentamos dar la máxima satisfacción
posible a estas personas que acuden a trabajar, tenemos que reconocer
nuestras propias desigualdades geográficas y territoriales. En España
existen ya, y esto es una buena noticia, zonas en las que las cifras
de paro pueden ser perfectamente comparables e incluso mejores que
las que tienen esos tantas veces citados promedios europeos, pero no
es menos cierto que en otras regiones, incluso dentro de algunas
regiones, en ciertas provincias o en algunos barrios de ciudades
concretas, las cifras están muy alejadas, indeseablemente alejadas,
de ese mínimo que todos consideramos razonable. Al mismo tiempo, no
podemos pensar que la inmigración sea una causa, por no decir una
excusa para no abordar materias como la movilidad geográfica.
Evidentemente, dada la preocupación de varios grupos, estoy dispuesto
a conocer cuáles son sus propuestas efectivas para intentar conciliar
ese avance en lo que es un deseable reparto homogéneo de la riqueza y
del empleo, y no simplemente que aquellas zonas en las que ya empieza
a haber escasez vean paliadas su situación sin que otras zonas, que
indudablemente tienen carencias de empleo, puedan ser sino una
especie de extraña cantera o zona de la que se recluta mano de obra.
Espero que ese no sea el esquema, estoy seguro de que ese no va a ser
el esquema de trabajo que se nos sugiera. Me preguntaba con absoluta
concisión el señor Txueka, y yo le respondo con la misma, sobre el
número de actuaciones y cuántos casos en concreto habían aflorado. Le
diré que en 11.000 actuaciones son más de 4.200 los casos de trabajo
irregular que afectaban a inmigrantes.
Se ha hecho una afirmación sobre si yo me sentía contaminado, un
término que me ha resultado muy sugerente desde el punto de vista
metafórico y poético,
pero que no acabo de entender, por el Ministerio del Interior. Me
siento absolutamente identificado con las actuaciones que está
llevando a cabo el Ministerio del Interior. Le diré que no me repugna
que sea él quien lleve a cabo, quien coordine, materias de alta
trascendencia social, y le cito un ejemplo bien claro. Creo ejemplar
como se ha llevado, ya de una manera larga y tendida, la lucha contra
la droga desde el Ministerio del Interior, con una figura
absolutamente análoga, con una Secretaría de Estado que coordina
otras actuaciones. Y eso no ha significado, como algunos auguraban,
ni un sentido penal del tratamiento a quienes tienen la desgracia de
haber caído en ese mundo, ni una merma de eficacia en la lucha contra
las mafias, los intermediarios y los traficantes de drogas. Les puedo
garantizar que países con una larguísima tradición en materia de
aceptación e integración de colectivos y de personas, como es el caso
del Reino Unido, mantienen en el Ministerio del Interior la
coordinación de las materias relacionadas con la inmigración. Eso no
presume una descalificación. Como no puede presumir una
descalificación de todas las políticas del Reino Unido el accidente
de Dover, como me ha parecido entender, en la expresión utilizada por
alguno de los portavoces. Un hecho aislado no debe conducir, en modo
alguno, a la generalización, eso es lo que esencialmente se denomina
demagogia. De la misma manera y con el mismo respeto con que se han
manifestado respecto a un accidente ocurrido en un tercer país, se
merecen esa opinión los hechos acaecidos en España. Estoy pidiendo,
al menos, una semejanza, una proporción en la utilización de estos
criterios.
Se hablaba de la necesaria flexibilidad de los demócratas,
absolutamente de acuerdo, pero con unos límites, como el respeto a la
legalidad, y desde luego con otro límite: no se puede ser selectivo a
la hora de respetar las leyes que a uno le gustan y despreciar
aquellas que a uno no le gustan. Evidentemente, ese es un límite de
la flexibilidad para los demócratas. Aquí las leyes no se eligen a la
carta, como en un restaurante, para saber cuáles nos apetece cumplir,
en cuáles nos apetece ser exigentes y en cuáles no, salvo que se esté
sujeto a algún tipo de dieta democrática especial. Sinceramente, los
discursos maximalistas suelen ser muy vistosos y si se le añaden
abundantes decibelios, como se ha hecho en alguno de los casos,
supongo que lo son aún más, pero no describen, como decía antes, una
situación en la que sustancial y fundamentalmente hay una corrección.
No quiero tildar de incorrectas las actuaciones realizadas por la
gran mayoría de los empresarios españoles y, desde luego, distingo
claramente entre quienes son empresarios y otras personas que, por
una u otra circunstancia, en algún momento jueguen a empresarios y
cometan, como se han cometido, errores. También le diré a alguno de
los portavoces, y estoy seguro de que lo entenderá perfectamente, que
a veces los niveles de ejecución de las actas están sujetos a una
demora y a un diferimiento. Ese es el procedimiento laboral español y
difícilmente se podría cambiar para una ocasión, salvo que se estén
proponiendo procedimientos sumarios, impropios de un sistema de
garantías y derechos. Entre esos límites, que antes mencionaba, de
cuáles pueden ser las reglas de juego que nos lleven más allá de lo
que son los sentimientos -y en los sentimientos la coincidencia es
plena-, es necesario adaptarnos a lo que, sin duda ninguna, son
pautas aceptadas libremente por España, como es mantener una política
europea de migración. Como tantas veces se ha dicho, será difícil,
por no decir imposible, encontrar otro país que haya reducido tanto
los límites necesarios para poder producir esa integración social y
laboral que todos perseguimos. Si alguna vez se cita algún ejemplo,
me gustaría que se dijera qué países permiten, sin restricción ni
requisito alguno, el acceso y permanencia de otros ciudadanos, que es
la imagen que muchas veces se quiere trasladar; en qué países -y
estaría encantado de que se pongan sobre la mesa esos ejemplos- no
hay requisito alguno de acceso al trabajo en segunda instancia o
requisito alguno de permanencia. Sin embargo, esa es la imagen que se
pretende trasladar como absolutamente necesaria e imprescindible para
España. Vuelvo a decir que, en ese sentido, nunca debemos ser más
exigentes o más intransigentes, pero tampoco menos serios que otros
países.
Hablando de los límites de la necesaria flexibilidad del demócrata,
uno de los que no debe superar un demócrata es el de cumplir con los
compromisos adquiridos en su programa electoral. Y uno de los
compromisos transparentes del Partido Popular fue mejorar,
perfeccionar la Ley de extranjería. ¿Por qué lo hizo? Indudablemente,
porque el Partido Popular creía, y parece que recibió una
ratificación de los ciudadanos, que hablando de contaminación el
debate de la Ley de extranjería había estado contaminado, y ahora sí
que voy a ser absolutamente cuidadoso en mis expresiones. He recibido
calificativos de inmoral. A mí se me agotan los términos, se lo puedo
asegurar, señor Jáuregui, conociendo además su escala de graduación
de adjetivos. Hace escasamente unos días usted calificaba de muy malo
para el empleo en España un ejercicio en el que se habían creado más
de 660.000 empleos y se había producido un número incluso mayor de
afiliaciones a la Seguridad Social. Califiquemos como muy malo ese
año y, a continuación, dígame un adjetivo que le sirva a usted para
el año 1993, para el año 1994, para el año 1989. Se lo digo con la
máxima cordialidad y con el máximo afecto, tal vez con el mismo
problema de decibelios que usted padece, cuidemos los adjetivos
porque la moralidad de la política, felizmente, está a salvo en esta
Cámara. Le considero con calidad moral suficiente y digna no
solamente para actuar como portavoz, sino para ejercer sus funciones.
Pido también en estas materias que seamos cuidadosos con los adjeti
vos.
Felizmente, nuestro idioma, nuestras lenguas oficiales disponen de
suficiente número de adjetivos como para permitir graduar -hablo de
todas las lenguas oficiales- los adjetivos con respeto, sobre todo,
para no tratar de trasladar al ámbito personal las cuestiones de
carácter general.
Le decía que ciertamente, y entro también en una de las
intervenciones que se han hecho, es necesario una visión de carácter
global.; no tengo ninguna duda. Hay aspectos del nuevo marco
normativo en los que no solamente debemos mejorar, sino que están por
desarrollar. Espero, lo decía antes, que podamos concluir una etapa
que ha sido difícil, que es difícil, como ha sido un proceso de
regularización. No voy a hablar de doble vara ni de doble lenguaje,
pero también es perfectamente constatable que han sido personas
significativas de otros grupos políticos los que han pedido la
detención de las inspecciones durante el tiempo que durase el proceso
de regularización. (El señor ministro muestra a la Comisión una
publicación.) Considerar como representativo de la normalidad que
debe haber en España un período por definición excepcional, no es
correcto y ahí me detengo. Este método de análisis no me parece
correcto, porque es muy difícil encajar el resto de piezas. ¿Cómo se
va a poder determinar cuáles son las necesidades exactas de
contingente si no se ha cerrado la etapa anterior en la cuál ya se ha
concluido cuántas personas están sujetas a lo que podíamos denominar
normalidad? Es muy difícil y por eso es deseable consolidar el modelo
cuanto antes y saber cuáles son las necesidades últimas, no las que
se expresan de manera genérica, sino las que se materializan en un
papel que se llame: oferta de empleo. Aquí una de las vías de trabajo
necesariamente ha sido que también los contratos agrarios, los
relacionados con el mundo rural, tengan el mismo nivel de exigencia y
calidad que tienen los del resto de actividades laborales en España.
Será una propuesta en la que todos podremos coincidir. La mecánica de
contingentes deberá operar una vez que logremos cerrar esta etapa.
Los convenios temporales se han podido ya materializar con Marruecos
y está a punto de concluirse el que tenía con Ecuador. Eso da
respuesta a una de las inquietudes y, sobre todo, a una de las
acusaciones más infundadas que se han recibido. No surge un convenio
de la noche a la mañana. Las conversaciones venían de muy atrás,
igual que existen con otros países y puedo citar el caso de Túnez, el
de Polonia. Quizá alguien pueda decir que esto ha precipitado los
acontecimientos, pero un convenio no se improvisa de la noche a la
mañana y debo decir también con absoluta sinceridad y con
transparencia que agradezco el comentario del señor Jáuregui cuando
decía que ojalá hubiésemos dispuesto ya a priori de un marco más
amplio de herramientas e instrumentos internacionales. Ahí estoy
totalmente de acuerdo en que estamos ante un fenómeno nuevo, luego no
cabe ese reproche sistemático de decir: no se ha hecho
nada. Aquí o estamos ante un fenómeno nuevo, reciente e intenso o
estamos ante un fenómeno que viene de muy atrás. Hablar de
improvisación o de falta de previsión tiene más sentido cuando algo
es perfectamente predecible. La sociedad española admite que no era
predecible -y perdone que se lo diga-, tal vez porque en los años
1995 y 1996 en el contexto de las anteriores normas no eran buenos
momentos para el mercado de trabajo español o no se había adquirido
por parte de la sociedad española esa sensación que caracterizó a la
Europa Central de que ciertos trabajos son más adecuados para
ciudadanos de terceros países que para los nacionales. La operación
con Ecuador ha entrado en una línea correcta. Veremos este tipo de
cuestiones y permítame, quizá por relajarnos un poco, que diga que
habrá que ver otros asuntos. En la guerra de los Balcanes que es otro
de los asuntos de actualidad, hubo dos ejércitos; uno tiene la
sensación de que ahí ha habido sólo un ejército responsable de todo
lo que allí sucedió, y espero que alguien caiga en el pequeño detalle
de que a lo mejor había otro ejército.
Respecto a la suficiencia o insuficiencia de las plantillas, se están
incrementando, pero tampoco se improvisan, y eso lo digo en presencia
de inspectores y de subinspectores de Trabajo. Una persona que va a
tener una responsabilidad muy importante, pudiendo decidir sobre
puestos de trabajo, sobre la viabilidad de empresas, no se improvisa
de la noche a la mañana. Estamos manteniendo un ritmo de creación que
es prácticamente coincidente con el ritmo de expansión que ha tenido
el propio mercado laboral español, incluso en alguna zona superior.
Mi deseo, evidentemente, es que esta línea se mantenga y que seamos
capaces, si es necesario, de aumentar en una más, aunque no es menos
cierto (y enlazo con alguna pregunta) que la puesta a disposición de
los inspectores de mejores instrumentos, no solamente de mejores
ubicaciones sino de los accesos, tanto al sistema Red, a los sistemas
de bases de datos del Inem, de la Seguridad Social, de tramitación,
como espero muy pronto, de partes de accidente de trabajo, hace menos
necesario lo que era el consumo de horas innecesarias de muchos
inspectores en las labores de acopio y de visita a empresas.
Felizmente, se puede hacer la afirmación, aunque habrá sectores
críticos también dentro del mundo de la inspección del trabajo, de
que la dotación ha mejorado sustancialmente, no solamente en las
plantillas, que sería un indicador tal vez insuficiente sino también
en los instrumentos y en las herramientas de las que dispone. No se
trata, como decía el señor Campuzano (voy a entrar en otra de las
cuestiones que se ha suscitado), de que alguien esté pidiendo la
derogación de ninguna norma. Ayer hubo por parte del delegado del
Gobierno, del secretario de Estado, un llamamiento a la exigencia
rigurosa, y cada noticia tiene su propio contexto. En los años 1988 y
1989 era muy importante que quedase constancia, que quedase registro
de las personas que estaban
en España, precisamente para facilitar ese proceso de integración. No
hay que utilizarlo ahora como una herramienta para crear falsas
expectativas a quienes de antemano se sabe que están fuera de la ley.
Eso es perfectamente compatible con que puedan empadronarse y deban
empadronarse todas las personas sujetas a padrón, todas y cada una,
para que mediante él también afiancen los derechos en los que España
afortunadamente ejerce la generosidad, como es la asistencia
sanitaria. Lo digo con toda claridad, no se está pidiendo ninguna
derogación. Tampoco debe escandalizar a ningún demócrata que se pida
seriedad en la aplicación de las normas y en el ejercicio de la
responsabilidades administrativas; que se evite como es constatable,
como se ha constatado en la revisión de censos y padrones, el
hinchado y abultamiento de los padrones municipales. Ahora nadie se
va a escandalizar desde ninguna fuerza política, porque hay ejemplos
abundantes, de que eso se ha utilizado en determinados momentos como
instrumento para tener una mejor posición financiera frente a la
Administración central o a las administraciones autonómicas. ¿Cuál
sería el segundo efecto indeseado e indeseable evidente? Crear falsas
expectativas. Me parece -permítanme decirlo- extraordinariamente
cruel con personas que tienen un nivel de indefensión alto, que ahora
se vuelva a utilizar el argumento de empadronamiento como una nueva
expectativa. Eso no sería una actuación éticamente correcta. Nadie a
pedido la derogación de normas, ha pedido -me parece que es la clave
y es lo lógico- la aplicación correcta, seria y exigente de las que
ya existen. ¿Vamos a mantener esas campañas de atención a los
inmigrantes? Se están reforzando en términos económicos. Se ha
atendido como prioridad, y naturalmente que el Ministerio de Trabajo
tratará, hasta donde pueda, de mejorar las políticas; también en eso
vamos acumulando la experiencia que yo creo que es positiva.
Acostumbro a decir -lo sabe el señor Campuzano- lo que creo, no lo
que me gusta ni lo que sea más agradable.
Entro ya en una de las líneas que merece crítica. No tengo duda de
que uno puede sentirse identificado o no identificado con lo que ha
realizado el Partido Popular hasta la fecha en materia de
inmigración. No tengo ninguna duda de que puede merecer muchos
comentarios. Tal vez, empiezo por el principio, no por el final, es
difícil a la vez conjugar un triángulo en el cual se acusa de
inactividad al Partido Popular, uno quiere ponerse en una posición
enormemente constructiva, pero finalmente lo único que hace es
reiterar las líneas de trabajo que venía manteniendo el Gobierno del
Partido Popular. El foro de la migración no surgió de la noche a la
mañana ni fue una invención caída del cielo. Primer dato que tengo
que poner sobre la mesa, se activa el consejo de la migración por
decisión del Partido Popular. Segundo,vuelve a ser incomprensible que
se hable de una absoluta inactividad, cuando se ha estado viendo
una acción desde hace años en dos vías, en la de adecuación de las
acciones que son necesarias, de inspección, las líneas que podemos
llamar coactivas, y también en las líneas que son necesarias, de
atención social y de construcción social, que ha propiciado el
Gobierno. Finalmente, si se nos está pidiendo -es lo que yo traté de
trasladar en la primera parte de mi intervención- que activemos las
comisiones provinciales (por cierto también alguien las habrá creado,
supongo que alguien las habrá creado, no sé tampoco si es la
consecuencia de una errata monumental en el Boletín Oficial del
Estado), le diré que estamos totalmente de acuerdo. Pensamos que esa
es la única forma de reconducir esta cuestión hacia la objetividad,
para buscar cuáles son las necesidades reales que no pueden ser
atendidas ni por el proceso que pronto espero que concluya actuando
con la máxima generosidad y el límite que antes decía de respeto a la
ley, pero que concluya con carácter extraordinario. Veremos si el
resto de vías que he tratado de explicar da suficiencia o no, porque
también puede acudirse como se ha visto a la fórmula excepcional,
pero admitamos que la fórmula de los convenios sería la última de las
soluciones en una lógica no solamente mantenida por este Gobierno
sino por anteriores gobiernos. Ese es un campo en el que -ya digo de
antemano a varios de los portavoces, y no trato de singularizar mi
intervención- puede haber un encuentro y nos debería conducir a todos
a ese deseo de cerrar cuanto antes una etapa de perfiles
inevitablemente extraordinarios.
Respecto a alguna de las cosas que se han dicho aquí de si falta
alguien o no, puedo decirles que he venido gustosamente, no solamente
a iniciativa propia, sino siguiendo, como acostumbro desde hace
muchos años, las pautas reglamentarias. Estoy seguro de que el
presidente y el resto de miembros de la Mesa de esta Comisión guardan
las formas suficientes para que se cumpla el Reglamento, y lo exigen
celosamente. Si se trata de una figura política, no hay ningún
inconveniente, ya lo sabe, en que este Gobierno comparezca en los
formatos que se sujeten a lo que es el Reglamento. Vuelvo a insistir,
mi presencia no es ni limitativa ni, como les gusta decir a los
juristas, obstativa de otras presencias.
He dicho antes y repito ahora que debemos ser -y lo digo tal vez para
algunos con excesiva experiencia parlamentaria-, cuidadosos con el
lenguaje. Yo sinceramente, términos como inmoral, hipocresía o
cinismo no acostumbro a utilizarlos, por mucho que también pueda
apreciar simultáneamente un deseo de realizar opiniones constructivas
con los más duros adjetivos de los que, sobre todo, tratan de socavar
la calidad moral (y ese ha sido el adjetivo) de las personas. Pero
volviendo a lo que sí es objetivable, las cifras también hablan de
que el esfuerzo que ha realizado este Gobierno por integrar a
ciudadanos de terceros países sonimportantes y significativas. Ahí
están, sobre ellas es
mejor no establecer innecesarias polémicas, pero deben servirnos de
guía.
Respecto a alguna de las preguntas suscitadas he dado respuesta. No
se trata tanto, en este caso, de ejercer la simple y pura coacción ni
por vía inspectora, ni por vía sancionadora. Vuelvo a insistir en que
el objetivo que tiene ante sí España no es tanto el de destruir
puestos de trabajo, cerrar centros de trabajo sino intentar de una
manera razonable, como se ha venido haciendo, y ahí los datos nos
avalan, transformar los puestos de la economía irregular y sumergida
en puestos regulares. Cualquier persona que estudie las cifras del
reciente mercado laboral de Murcia habrá visto que ese esfuerzo ha
sido posible allí. Si otros desean dibujar una imagen de abuso, de
dumping social,de fraude generalizado están en su libérrimo derecho
de hacerlo pero, créanme que no es mi opinión, porque sigo creyendo
en la sinceridad de las posiciones manifestadas por los agentes
sociales y por las instituciones murcianas.
Una última anotación. En las estimaciones me dirá que no he dado
respuesta y no la voy a dar. Cuando se inició el proceso de
regularización hubo muchas estimaciones, se cruzaron múltiples
estimaciones. Las cifran han desbordado mucho más las estimaciones
que, insisto, provenían, bien de organizaciones no gubernamentales,
bien de fuerzas de oposición diferentes de las que manejaba el
Gobierno. Yo no quiero utilizarlo como un argumento que avale una
mejor capacidad de predicción. Lo importante es que logremos que no
haya más márgenes de irregularidad que los que resulten absolutamente
inevitables. Permítanme que también en esto no es que piense que haya
que tener tolerancia. Preguntaba usted si hay niños trabajando. No,
porque, entre otras cosas, está la constancia de entradas. Pueden
darse casos (y discrimínelo usted, señor Jáuregui), pero vaya usted
al aeropuerto y crease o no cuando unas personas llegan, si vienen
con fines turísticos o no. Usted puede actuar desde la presunción de
inocencia, desde la presunción de credibilidad o desde la presunción
de sospecha sistemática. El camino es actuar, sin duda ninguna, sin
bajar la guardia para nada en materia de inspección, y eso ha quedado
acreditado. De hecho también ha habido declaraciones públicas de
muchas personas que temían las acciones inspectoras. Eso avala que no
hay una sensación de absoluta impunidad o inacción por la Inspección
de Trabajo. Intentemos, como decía antes, es una obligación que
tenemos todos, ser generosos con ciudadanos de terceros países como
en muchos casos esos países lo han sido con nosotros. Tampoco hay
ninguna duda. Administremos los recursos que tenemos que tampoco son
limitados. Reconozcamos las ventajas que tiene la sociedad española,
pero también los inconvenientes que esta sociedad sigue teniendo a la
hora de afrontar estas cuestiones y busquemos, si es posible, el
consenso político. La busca del consenso político requiere aspectos
de fondo y de forma. Estoy dispuesto, de
nuevo también en las cuestiones de fondo, como he citado, a la máxima
colaboración. Estamos ante una de las grandes cuestiones que puede
marcan no solamente una de las claves de convivencia en los próximos
años, sino también una de las claves de sostenimiento del modelo que
España se ha dado; un modelo de crecimiento económico sostenible, de
traducción eficiente de ese crecimiento económico a empleo y una
pauta en la que creo que todos podemos encontrarnos. Cuando se está
de acuerdo en el fondo también es deseable ajustar la forma a esa
misma filosofía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (El señor
Jáuregui Atondo pide la palabra.)
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo quería pedirle un turno breve para
puntualizar algunas cosas. Ha habido algunas alusiones directas,
tanto del portavoz del PP como del propio ministro. El uso de las
prácticas de las comparecencias, según el artículo 202 permite una
oportunidad de réplica, y yo le solicitaría que puesto que estamos en
el reino de la palabra tengamos la oportunidad de usarla, sin
perjuicio de la dúplica y del cierre que al ministro le corresponderá
en todo caso. Es un turno muy breve, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui, la contradicción de argumentos
está en la naturaleza de todo debate. He sido absolutamente generoso,
como S.S. habrá podido comprobar en el tiempo en que los señores
portavoces han hecho uso de la palabra de acuerdo, no con el 202,
porque no estamos en ese debate reglamentario, sino con el 203, que
es un asunto más concreto, y para lo que el Gobierno ha solicitado la
comparecencia. Si S.S. me dice que ha habido alguna alusión concreta,
efectivamente la ha habido, y para ese sólo efecto, si lo desea S.S.,
yo le concedo la palabra, naturalmente con esa limitación específica
de tiempo y de objeto que establece el Reglamento.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente. Entonces
ahorraré algún otro comentario que ya en términos de dialéctica
quería utilizar. Solamente he de puntualizar una primera cuestión en
relación con la persona del ministro, a quien tengo todo el respeto y
a quien he expresado sinceramente mi agradecimiento, para matizarle
que mis calificativos o mis adjetivos en muchas de las actuaciones
que yo he criticado se refieren al Gobierno. Obviamente superan
cualquier tipo de connotación personal, y quiero por eso dejar
perfecta constancia de la más alta estima personal y moral que me
ofrece el propio ministro. Pero, eso sí, las valoraciones políticas
con las que yo he calificado la actuación del Gobierno en relación
con el fenómeno de la inmigración quedan como estaban.
Segundo, al portavoz del Grupo Popular, que sí que me ha aludido, y
al propio ministro en relación con algunas referencias que caben
interpretar como despectivas respecto a los decibelios, o a la
vehemencia, o a la histeria, no sé si ha dicho esto el señor Azpiroz
cuando ha dicho que iba a hacer una intervención sin histeria, como
si la mía, quiero interpretar yo, pudiera haberlo sido (Rumores.-Un
señor diputado: Se ha sentido aludido). Me he sentido aludido por esa
misma expresión, y por eso quiero decir que no confundamos convicción
y creer lo que uno dice, incluso reacción moral y dignidad cívica,
ante un hecho como el que ocurrió para expresar, como yo lo he hecho,
mis sentimientos y mi posición política; eso no es histeria, sino
reacción moral y dignidad cívica que mi grupo quiere expresar aquí,
como lo he hecho en mi intervención. (El señor Azpiroz Villar pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Con total brevedad, señor presidente.
Recurrir al viejo aforismo: excusatio non petita, accusatio
manifesta.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Con
igual brevedad.
Mi sentido de la responsabilidad con el Gobierno va más allá en este
caso de lo que es la pura exigencia que marcan la Constitución y el
Reglamento de la Cámara, es absoluta en el plano político y ético.
El señor PRESIDENTE: La cortesía parlamentaria es uno de los pilares
en los que se sustenta precisamente la posibilidad del debate, y
quien ejerce la Presidencia de esta Comisión procura evitar siempre
el interrumpir a los señores diputados cuando hacen uso de la
palabra, pero no es nunca un exceso, sobre todo al concluir una
sesión en la que se ha producido precisamente un trámite de alusiones
entre señores diputados y un miembro del Gobierno con ocasión del
desarrollo del mismo, el hacer una llamada a esa cortesía
parlamentaria, que alcanza a las personas pero también a las
instituciones, al Gobierno de la nación y a una realidad
incontestable, y es que la misma cortesía que la Cámara le puede y le
debe exigir al Gobierno naturalmente puede y debe el Gobierno
exigirla de la Cámara y de sus miembros. Yo hago esa reflexión sin
ninguna connotación que no sea la mera reflexión que es la que le
corresponde a la Presidencia. Con la invitación y la seguridad de que
siempre la tendrán en cuenta SS.SS., doy por terminada la sesión que,
concluido el orden del día, se levanta.
Muchas gracias.
Era la una y cinco minutos de la tarde.