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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 136, de 20/12/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 136
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles, 20 de diciembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Página
Proposiciones no de ley:
- De reorientación paulatina de la industria militar para fines
civiles. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 161/000086) . . . (Página 3918)
- Sobre solicitud a la Unión Europea de Medidas relación con el
sector naval, así como para en la integración de dicho sector
público español en la empresa Bazán. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000177) . . . (Página 3923)
- Sobre las becas predoctorales y posdoctorales de formación de
personal investigador. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000231)
... (Página 3929)
Página
- Sobre medidas para garantizar a los usuarios de teléfonos rurales de
acceso celular (TRAC) el acceso a servicios avanzados de
telecomunicaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000291) ... (Página 3936)
- Sobre introducción de competencia en la telefonía móvil. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000399)
... (Página 3939)
- Relativa a las tarifas telefónicas marítimas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000402)
... (Página 3943)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana:
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE REORIENTACIÓN PAULATINA DE LA INDUSTRIA MILITAR PARA FINES
CIVILES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 161/000086)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Vamos a empezar la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología,
procediendo al debate y votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, la proposición no de ley de reorientación paulatina
de la industria militar para fines civiles, que es una iniciativa del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida en esta iniciativa lo que pretende plantear es el
hecho, que a nosotros nos parece que es un hecho cierto, de la
necesidad de comenzar de una manera paulatina a que la industria
militar, que tiene una determinada investigación, que tiene una
capacidad tecnológica, se reoriente y se pueda utilizar de una manera
mucho más ágil, precisamente para favorecer la industria civil y,
fundamentalmente, bajo nuestro criterio, para favorecer a aquella
industria civil que permita, además de generar puestos de trabajo,
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Nosotros consideramos que la industria militar se acerca ya a una
situación de una industria madura con una determinada investigación,
pero que necesita ampliar su espectro, reorientándolo a esa actividad
civil. No voy a entrar en lo que mi grupo parlamentario piensa de las
actividades militares, pero lo que sí que creemos que es necesario es
que, como esta actividad
militar tiene un límite y los Presupuestos Generales del Estado
también tienen un límite económico, se vaya decididamente hacia una
propuesta alternativa, de forma que sin dejar, por decirlo de alguna
manera, esa investigación o esa producción armamentística, podamos
derivarla y diversificarla, si tenemos en cuenta las limitaciones que
se pueden ir dando en la producción de determinado tipo de armas,
hacia la industria que beneficie en general a toda la sociedad.
Ya se han hecho, en algunos casos, si no la reconversión total, sí un
pacto con los sectores sociales y, fundamentalmente con los
sindicatos y se han podido empezar a fabricar, en Toledo, por
ejemplo, paletas de generadores eólicos, que suponen una ventaja y un
avance en tecnología para nuestro país. Pero también, por ejemplo, se
puede utilizar la industria militar y la investigación que se pueda
hacer o que se haya hecho para la elaboración de elementos que pueden
ser precisos para la cogeneración industrial. Y yo creo, señorías,
que no es necesario que expliquemos lo importante que es para la
industria española que se pueda aumentar la investigación y poner en
sus manos a mejores precios aquellos elementos necesarios para que se
pueda hacer cogeneración en la industria española.
Nos parece asimismo necesario que esta aplicación de las nuevas
tecnologías y de la investigación que se pueda llevar a cabo y que se
pueda aplicar a la industria civil se pueda aplicar también al campo
de las tecnologías para las minusvalías físicas o sensoriales, que
están todavía bastante por desarrollar. Me refiero a los instrumentos
técnicos, nosotros creemos que necesarios, que pueden aliviar la vida
de las personas con este tipo de minusvalías; se puede ir a casos
individuales y prestarles una cobertura potencial o una cobertura
específica a través de la Seguridad Social. Se puede también
diversificar, este tipo de industria, aplicando medidas que pueden
llevarnos a la construcción de detectores de minas; se puede aplicar
pues a otro tipo de fabricación, como pueden ser las cocinas solares
y, desde luego, se puede investigar y fabricar todo aquello que pueda
tener un bajo consumo energético, que pueda tener aplicaciones
industriales de bajo consumo
energético, adecuándose a las necesidades de colectivos con una
determinada situación o de zonas subdesarrolladas. Así se ayudaría a
mejorar las condiciones de vida de otros países menos desarrollados
que el nuestro y podrían perfectamente ser compatibles en algunos
casos o disminuir la fabricación militar.
El planteamiento de nuestra iniciativa señorías, creemos que es un
planteamiento no radical; no queremos que se reconvierta de hoy para
mañana la industria militar en industria civil. Lo que estamos
diciendo es que la industria militar tiene unos límites y tiene esos
límites en el Estado español, que nuestro Estado es dependiente en
tecnología industrial, en muchos aspectos, de la importación de esta
tecnología de otros países, que se puede aprovechar para uso civil la
infraestructura que se ha generado por la investigación y la
industria militar, se puede diversificar, que hay posibilidades para
esa diversificación y que es total y absolutamente necesario.
Estaríamos preservando, por un lado, los puestos de trabajo y, por
otro, estaríamos dotando a nuestras empresas y a la sociedad en
general de nuevos recursos y de nuevas tecnologías que se pudieran
aplicar al campo del uso civil. Para eso planteamos dos puntos en
nuestra iniciativa -aunque dudo que ya se puedan hacer, por las
fechas en que lo estamos discutiendo- que son: que antes de finales
de este año se pueda realizar un plan de reorientación y
reindustrialización de la industria militar española, con el objeto
de ampliar su capacidad de producción civil, diversificar las líneas
de producción y la consolidación de los puestos de trabajo. Además,
este plan, señorías, serviría también para indicar a las empresas
públicas y privadas el camino que se puede seguir, contar con las
partes que puedan estar afectadas y con la participación de los
gobiernos de las comunidades autónomas que tengan fábricas instaladas
en su territorio y que puedan tener interés en participar en esta
reorientación; favorecer desde el propio Gobierno las líneas de
producción civil que puedan ser prioritarias y que fundamentalmente
garanticen el mantenimiento y la estabilidad en el empleo. Para
nosotros es assimismo muy importante, que puedan ser estas líneas
prioritarias la fabricación de elementos para las energías renovables
y para el ahorro energético.
Creemos que es una iniciativa prudente, que tiende a abrir más campos
que puedan hacer que nuestro país en determinados aspectos sea menos
dependiente tecnológicamente y que asegure el mantenimiento de
puestos de trabajo, y en este caso, con algunas de las líneas que se
apuntan, que determinados aspectos de nuestra fabricación sean
respetuosos con el medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no hubieran presentado enmiendas y
que quieran intervenir?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a votar favorablemente a la
Proposición no de Ley de Izquierda Unida y lo hacemos conscientes de
que se defiende una alternativa que es fundamental, incluso desde el
punto de vista realista. Ypara ejemplificarlo quiero aludir a la
construcción del sector naval militar:
En cuanto al mercado de la construcción naval militar, que parece,
según las informaciones del Gobierno, que está pasando por un momento
óptimo, a pesar de que los datos demuestran que, en el horizonte del
año 2009, la carga de trabajo que hay para las plantillas de lo que
es actualmente Bazán más lo que se pueda repartir con los astilleros
que hasta ahora formaban parte de AESAo Astano, está claro que este
mercado de la construcción militar previsiblemente disminuirá su
facturación, en concreto en cuanto a lo que depende de la marina de
guerra española. Está claro que hay una excesiva dilatación en los
pagos de esta marina de guerra española; por ejemplo, las fragatas F-
100 comienzan a pagarse después de la entrega de la primera fragata,
año 2002, y acabarán de pagarse en el año 2015. Y hay también una
disminución de los presupuestos de defensa a nivel mundial inevitable
al margen de las creencias ideológico-políticas de cada quien. Por
último, una gran oferta de buques de segunda mano que hacen que no se
pueda participar de una manera continua y progresiva en cuanto al
aumento de este mercado. Hay que tener en cuenta además que los
potenciales clientes en esta materia, como pueden ser Iberoamérica y
Asia, están pasando por una crisis económica general. Por lo tanto,
en este aspecto, si añadimos lo que ya fue comentado, de una alta
dependencia tecnológica de nuestros sistemas de combate, sería muy
realista empezar a diversificar la industria militar y en particular
la industria naval, de la que hablaremos en la siguiente proposición
no de ley.
Las experiencias, demuestran que sólo los momentos álgidos, y este
momento, aunque menos de lo que dice el Gobierno, lo es, en la
industria naval militar se deben utilizar, deben ser aprovechadas
para diversificar y/o convertir la industria militar en civil,
aprovechando la tecnología militar para doble uso o uso civil
y buscando productos susceptibles de ser producidos por las
instalaciones actuales. Estos nuevos campos de actuación, a efectos
meramente indicativos, podrían ser, por ejemplo, en el caso de la
industria naval militar, dedicarse a artefactos de descontaminación,
a ecología y tecnología marina, a explotación de recursos marinos, a
energías renovables, a maquinaria industrial y a vehículos de
transporte marítimo.
En todo caso, quiero decirles que Bazán, por ejemplo, en Ferrol, a
pesar de que no se hace esta política de diversificación industrial,
hoy en día es pionero en turbinas o en aerogeneradoras. Aún queda
muchísimo por diversificar y sería una manera de garantizar el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Por Convergencia i Unió, el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, permítame que las primeras
palabras sean, yo creo que como sentimos todos, para repudiar el
nuevo atentado cometido en Barcelona. Lo digo como diputado de esa
circunscripción y vecino de esa ciudad y, en cualquier caso, como
demócrata.
El planteamiento de Convergència i Unió respecto de esta primera
proposición no de ley es compartir los objetivos. Sabemos que los
presupuestos de defensa están limitados, que, dentro de las graves
crisis que se producen en el mundo, el fin de la guerra fría, la
existencia de organizaciones de cooperación regional, la existencia
de organizaciones colectivas de seguridad, inciden en una reducción
de estos conflictos y, sitúan a veces a las industrias de defensa,
exclusivamente de defensa, ante unas circunstancias de crisis, lo
cual puede afectar a la propia existencia de los puestos de trabajo.
De ahí que no podamos sino compartir, la necesidad de ir
evolucionando y que estas industrias, al mismo tiempo que cumplen con
lo que ha sido su finalidad primigenia, en la medida en que tienen
importantes ventajas desde el punto de vista de la asignación de
fondos públicos, con mayor libertad que otro tipo de industrias, y
cumplen con esa función de desarrollo importante de tecnologías de
doble uso, sirvan también de centros de transferencia de tecnología
y, al mismo tiempo, de aplicación de esas tecnologías a industria
puramente civil.
Sin embargo, lo que nos va a impedir votar a favor de esta
proposición no de ley es, que entendemos que, en las actuales
circunstancias, esto es algo que, tanto desde el punto de vista de
las empresas y organismos públicos como desde el de las empresas
privadas y vinculadas con la defensa, es algo que se está
produciendo. Ayer se anunciaba precisamente la constitución o se
presentaba el programa de Izar, de esta compañía que integra a
Astano, Bazán y Astilleros Españoles, que integra por tanto los
astilleros civiles con los astilleros militares, lo cual, desde
luego, permite una mayor libertad de cara a la actuación de las
administraciones públicas y de asignación de fondos y recursos
públicos, pero al mismo tiempo pone de manifiesto la integración
entre la aplicación militar y las aplicaciones puramente civiles. El
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que me ha precedido en el uso
de la palabra, ha hecho referencia a cómo, por ejemplo, en la
factoría de Ferrol se están fabricando aerogeneradores. Y, por lo
tanto, algunos de los presupuestos, algunas de las circunstancias
a las que hacía referencia el Grupo de Izquierda Unida se están ya, en
ese sentido, produciendo. Qué decir de organismos públicos como el
INTA, como el Instituto Nacional Técnico Aeroespacial, que constituye
un centro de excelencia de desarrollo y de alta tecnología, de
aplicación tanto civil como militar.
Lo mismo podríamos decir de numerosos proyectos a los que se
encuentra en estos momentos vinculado nuestro país, desde su
participación en la Agencia Espacial Europea y en programas que
tienen esa doble aplicación, como los elementos de integración en
otras numerosas industrias, de cara a la fabricación del Eurofighter,
la fragata 2000, o a lo que ya han hecho referencia de la industria
aeroespacial.
Hay que decir también que la industria privada española vinculada a
la defensa, como puede ser ITP o como puede ser Indra o como puede
ser Gamesa, pone de manifiesto, con la transferencia que realiza de
tecnología militar a la tecnología civil, que es una preocupación
ampliamente sentida tanto por todas nuestras administraciones
públicas, como por la empresa privada. Y podemos también señalar que
el plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica realiza o pretende realizar un especial impulso de llos
centros de investigación de tecnologías de doble uso, civil y
militar, de cuyo desarrollo, en la medida en que es conocido por los
miembros de esta Comisión, creo que no es preciso hablar.
Por lo tanto, como las administraciones públicas, empresas públicas,
organismos públicos, así como nuestra empresa privada vinculada a
defensa, realiza nya estas funciones de diversificación, están
firmemente decididas a esta diversificación, compartiendo el
objetivo, entendemos que en estos momentos la aprobación pudiera ser
innecesaria. En cualquier caso, tenemos que velar por que la
transformación de esa industria militar no tenga algunos de los
fracasos que se conocen en estos momentos, como el fracaso en la
transformación de la industria armamentística en la antigua Unión
Soviética en industria del sector automovilístico, que no ha sido un
ejemplo de cómo hacer las cosas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo
Socialista, el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señorías, en primer lugar quiero también
condenar el atentado que esta mañana hemos sufrido en la ciudad de
Barcelona, muestra nuevamente de la barbarie de aquellos que no
aceptan los procedimientos y los procesos democráticos.
Entrando en la propuesta del Grupo de Izquierda Unida, nosotros no
vamos a poder votar favorablemente esta proposición no de ley, por
una serie de razonamientos y reflexiones que queremos compartir con
ustedes. Esta proposición, y se expresa en su propio título, tiene
como finalidad la reorientación paulatina de la industria militar
para fines civiles; es decir, tiene como objetivo final la
desaparición de la industria militar. España, como los otros países
europeos, está en el proceso de construcción o de fortalecimiento de
la construcción de la Unión Europea. Todos sabemos que
uno de los pilares fundamentales de esta construcción es precisamente
la política exterior y de seguridad común, política que cada vez se
va concretando más en una política de seguridad y defensa. En esta
política, la existencia y el desarrollo de una industria para la
defensa es un elemento fundamental y España se halla también
comprometida en este proceso. Muestra de ello es, por ejemplo, hace
pocos meses, la firma de la carta de intenciones entre los
principales países europeos que tienen industria de defensa por la
cual toman una serie de compromisos. Por lo tanto, España está
sometida a este proceso y tiene unos compromisos adquiridos.
El futuro de la industria de defensa en España y en Europa no pasa
por su reorientación, sino que pasa por un proceso de alianzas e
incluso de integración en el ámbito europeo, pero también en el
ámbito transatlántico. Existe un marco de política general, que va
incluso más allá de la política de defensa y de la política de
seguridad, en el cual España se halla inmersa y debe cumplir con sus
compromisos. Por otra parte, solamente si realiza esta política de
alianzas e integración en el marco europeo será posible superar este
GAP tecnológico que existe entre la Unión Europea y Estados Unidos,
y no únicamente en el campo militar, donde es más apreciable, sino
también en el campo civil.
Segunda reflexión: El planteamiento que tiene esta proposición no de
ley creemos que es desfasado respecto a las tendencias en la
industria de defensa. Su planteamiento, incluso su lenguaje,
corresponde más a los debates que había en este campo hace ocho o
nueve años, tiene ya muy poco que ver con el lenguaje y los problemas
que se están planteando hoy en día. Además, creemos que es
profundamente desconocedora de la situación actual de la industria de
defensa española. En este sentido, también corresponde más a la
situación de hace unos años. Afirma, por ejemplo, que la realidad
industrial militar parecería que se acerca más a una industria madura
con escasa tecnología punta. El problema fundamental de la industria
de defensa española no es un problema de capacidad tecnológica.
Evidentemente, no somos un país punta, como Estados Unidos u otros,
pero, sin embargo, tenemos un grado de capacidad tecnológica que yo
creo que es suficientemente aceptable. El problema fundamental de la
industria defensa española es de dimensión, de la dimensión de tener
una suficiente masa crítica que le permita ser totalmente
competitiva. Y esto hace aún más necesarios estos procesos de
alianzas e integraciones a los cuales hacía referencia antes.
Hay más. En estos momentos la industria de defensa española, en su
conjunto e incluso en el análisis de la mayoría de sus industrias,
sean públicas, sean privadas, con alguna excepción, posee también un
grado de equilibrio entre la producción civil y la producción
militar. Muchas de estas industrias ya fabrican un 50 por ciento de
productos militares, un 50 por ciento de productos civiles. En
algunos casos, como por ejemplo en Indra,
incluso ya es superior la producción civil a la producción militar.
Pero también en varias de estas empresas existe un grado suficiente
de equilibrio entre lo que es la venta interna, por lo tanto a
Ministerio de Defensa, con los procesos de exportación al exterior.
Las principales empresas de este sector testán alcanzando una
situación que cada vez se acerca más al 50 por ciento de ventas
interiores y al 50 por ciento de exportación. Por otra parte, en el
planteamiento de un proceso de reconversión o diversificación hacia
lo civil, la verdad es que las experiencias no podemos calificar que
hayan sido muy positivas. Hace nueve años, evidentemente, esta era
una de las estrategias, una de las tres o cuatro estrategias
fundamentales que los países y la propia industria de defensa se
planteaban. Sin embargo, las experiencias, no únicamente en la Unión
Soviética y en los antiguos países del Este, donde ha sido un
auténtico fracaso; tampoco en los países europeos occidentales e
incluso las españolas, no podemos decir que hayan sido plenamente
satisfactorias.
Y una tercera reflexión. Como consecuencia de este desfase del
análisis y los planteamientos de la proposición no de ley, las
propuestas, llamémoslas técnicas, que se nos proponen tampoco son las
adecuadas. En este momento, tanto en el campo de las tecnologías en
la industria de defensa como en el campo de la producción, se produce
ya una mayor integración, a la que antes hacía referencia también el
representante del Grupo de Convergència i Unió. La industria militar
está utilizando productos civiles. Hoy en día un sistema de armas
amplio, como puede ser un avión de combate, un avión de transporte,
una fragata, un cazaminas, el 70 o el 80 por ciento de los elementos
que utiliza son ya elementos que proceden de la industria civil. Por
lo tanto, la propia actividad de la industria militar es una
actividad que ya refuerza de por sí la propia industria civil.
Además, y, por ejemplo, antes se ha citado a la nueva empresa
resultante de la fusión de Bazán y los astilleros civiles españoles,
Izar, nos muestra cómo están cambiando las cosas. Esta nueva empresa,
Izar, tiene cuatro líneas de negocio: construcción naval, propulsión
y energía, reparaciones, y sistemas de armas. De estas cuatros
líneas, la que aparece como línea militar precisamente es la que no
tiene que ver con la construcción naval, es la que tiene que ver,
básicamente, con lo que era la factoría de Faba, que fabrica sistemas
de defensa, sistemas antimisiles o sistemas de defensa de punto o de
defensa de áreas. Lo que es el elemento fundamental de la
construcción naval no aparece como dos líneas, una línea civil y una
línea militar, sino que aparece como una sola línea, la línea de
construcción naval, independientemente de que sea para una nave de
uso civil o una nave de uso militar ¿Por qué? Porque precisamente las
tecnologías que utilizaba Bazán para la construcción de naves
militares son tecnologías que son de uso plenamente civil. Y, por
ejemplo, también el
caso de Izar es una muestra de que en este momento, en el campo de la
construcción naval, van a ser los pedidos militares los que van a
permitir que tenga un futuro la base civil, la producción civil
naval. Si no hubiese esta base estrictamente militar, que era Bazán,
el futuro de lo que es la construcción civil sería aún mucho más
negro y complicado de lo que puede ser.
Por lo tanto, y acabo, señor presidente, las estrategias básicas que
deben guiar la política de un país y concretamente la política de
España en el campo de la industria militar son la utilización de las
tecnologías duales. Y el ejemplo americano es un ejemplo que nos ha
demostrado que si han avanzado y que si existe este GAP, precisamente
es debido, entre otras cosas, pero fundamentalmente, al sabio uso de
las tecnologías duales en el campo militar y en el campo civil.
Por todo ello, nos parece que esta es una propuesta que no es
adecuada a las necesidades tecnológicas e industriales de España y
tampoco a los compromisos europeos que tenemos y a las estrategias
internacionales que España debe desarrollar y nosotros no vamos a
votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, en primer lugar nos unimos a las
palabras del portavoz del Grupo de Convergència i Unió ante el
asesinato de esta mañana En segundo lugar, voy a hacer una
consideración de carácter previo, que ya ha hecho algún portavoz con
anterioridad. Para aceptar el debate en el que estamos, conviene
recordar la experiencia, por una parte, de las acciones de Kosovo,
que han demostrado que los países europeos teníamos distintas
carencias que es necesario cubrir, si se quiere mantener la debida
capacidad de reacción ante misiones tipo Peterberg. Suplir esas
carencias supone inversiones, que es preciso realizar para mantener
una adecuada capacidad industrial que sirva de soporte a la política
exterior. En concreto, los programas para dotar a las Fuerzas
Armadas, en el conjunto de Europa, pero también en nuestro país, de
medios de transporte medio pesados que sean adecuados, de medios de
vigilancia y de comunicación, etcétera, exigen unos presupuestos de
defensa apropiados. En tercer lugar, como se ha destacado por los
portavoces de Convergència i Unió y del Grupo Socialista, el señor
Marsal, las naciones europeas estamos tratando de aunar esfuerzos
armonizando requisitos de su armamento, de nuestro armamento y
material, intentando un mayor grado de cooperación en programas de
investigación, facilitando lo que son las transferencias de
tecnología y mejorando los procedimientos de exportación de material
militar. Así, las industrias de defensa a las que se refiere la
iniciativa se supone que están procurando, mediante diversos
sistemas, como pueden ser
la fusión o acuerdos entre ellas, llegar a la formación de grandes
entidades que permitan, entre otras cosas, acometer proyectos que,
por su alto coste, no podrían acometer de forma aislada.
Esta es la situación en la que estamos y ante ello los grandes
programas militares europeos, que también son programas españoles,
como son el carro de combate Leopard, la fragata F-100 o el
Eurofighter, son pruebas fundamentales para el equipamiento moderno
de nuestro ejército al que dotará de sistemas de armas de última
generación. Y, además, señorías, conviene tener en cuenta que estos
programas, que son programas de cooperación internacional, suponen
importantes retornos industriales y tecnológicos para la economía
española en general y para la industria de defensa en particular han
aportado nuevas tecnologías y, con ello, han asegurado el
mantenimiento de nuestra capacidad industrial, generando empleo y
produciendo una transformación sin precedentes en la industria
española de la defensa, a la que han otorgado una mayor
competitividad y un mercado cada vez más abierto.
Por eso, señor presidente, y por referirme concretamente a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida, sí me gustaría hacer una consideración de lo que significan
las propias valoraciones preliminares que en el propio texto de la
iniciativa se incluían, y a alguna ya se ha referido el señor Marsal.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley se hacen
algunas afirmaciones que, desde nuestro punto de vista, del Grupo
Popular, no son admisibles; especialmente las afirmaciones
definitorias de la industria de defensa española como industria
madura de escasa tecnología punta. Así se dice literalmente. En este
sentido, conviene recordar, como ha hecho el señor Marsal, que hay
que tener en cuenta el desarrollo por parte de las empresas españolas
de equipos de armas altamente sofisticados, como los actuales
programas a los que me he referido, la fragata F-100, los carros
Leopard y el avión Eurofighter Thyphoon. Por lo tanto, se trata en la
mayoría de los casos de empresas tecnológicamente vanguardistas y con
capacidades reconocidas a nivel internacional, lo que les permite su
participación en programas de desarrollo llevados a cabo por empresas
de varias naciones y una inserción creciente en el conjunto de la
industria de defensa europea.
Y, por referirme a los puntos concretos de la iniciativa del Grupo de
Izquierda Unida, las propuestas concretas contenidas en la
proposición no de ley, sobre el primer aspecto, que se refiere a la
elaboración y presentación de un plan de reorientación y
reindustrialización de la industria militar española, hay que señalar
que la propia dinámica del mercado de la defensa, cada día más
abierto, está impulsando una reestructuración de la defensa en toda
Europa, semejante a lo acontecido en los Estados Unidos de América.
Esta tendencia también está afectando a las industrias españolas, que
se han visto obligadas a realizar importantes esfuerzos tecnológicos,
como antes hemos destacado, para mantener su actividad. En segundo
lugar, señorías, es claro que no es posible actualmente plantear
programas de reorientación o de reconversión para un sector, ya que
no encaja en las orientaciones de la política industrial española y
comunitaria. Por otra parte, el sector público empresarial español se
encuentra en un proceso inequívoco de reducción mediante
privatizaciones, lo que minora, disminuye, la influencia directa del
Estado como propietario sobre las tendencias predominantes en la
industria de defensa. Hay que tener en cuenta también, como decía el
señor Marsal, además, que el carácter dual de las tecnologías
desarrolladas por la industria de defensa y su difusión al tejido
industrial español está siendo altamente beneficioso para la
elevación del nivel tecnológico de nuestro país. Las experiencias,
tanto en España como fuera, parecen demostrar que el futuro de estas
empresas pasa más por su especialización y por su concentración en
actividades militares, que, por cierto, son el núcleo fundamental de
su actividad, que por el camino de la diversificación hacia negocios,
en muchos casos novedosos y ajenos a las empresas, en los que
normalmente se obtienen fracasos empresariales, como la experiencia
demuestra.
Por ello, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Popular
estimamos que el punto primero de la proposición no de ley no puede
ser respaldado por nuestro grupo, ya que no es oportuno un plan de
reorientación y de reindustrialización de la industria de defensa,
porque su futuro está siendo diseñado por el proceso amplio de
reestructuración que está afectando al sector en el conjunto de la
Unión Europea y, en consecuencia, señorías, procede también rechazar
el punto segundo de la iniciativa, ya que no es misión del Gobierno y
consideramos oportuno intentar establecer las líneas de actividad
prioritarias de estas empresas.
- SOBRE SOLICITUD A LA UNIÓN EUROPEA DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL
SECTOR NAVAL, ASÍ COMO PARA LA INTEGRACIÓN DE DICHO SECTOR PÚBLICO
ESPAÑOL EN LA EMPRESA BAZÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000177)
El señor PRESIDENTE: Las votaciones se harán al final de la sesión.
El punto segundo es la proposición no de ley sobre solicitud a la
Unión Europea de medidas en relación con el sector naval, así como
para la integración de dicho sector público español en la empresa
Bazán. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, queremos mejorar su tecnología
para poder hacer frente a la competencia que se puede producir en
todos los países del mundo. Pero nos encontramos ante casos
excepcionales después de una reconversión bastante fuerte en el
sector naval, cuando desde el Gobierno español se llega a un acuerdo
para garantizar los puestos de trabajo de los astilleros españoles,
en los que hay una compra por parte de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales y una integración por los compromisos
adquiridos por el Gobierno y los sindicatos en Bazán. La Unión
Europea ha anunciado un expediente de infracción contra el Gobierno
de España precisamente por la compra de astilleros españoles por
parte de la SEPI.
Señorías, yo creo que es necesario una y otra vez volver a insistir
en esta Comisión en la competencia desleal que se produce a la
fabricación de barcos, no solamente en nuestro país, sino en toda la
Unión Europea, por parte de un país como es Corea, que recibe ayudas
directas e indirectas de su Gobierno. Y en estos momentos, y antes de
que entren en vigor las últimas normativas, habrá también que decir
que las ayudas comunitarias que se están produciendo al sector naval,
ya en la actualidad son bastante mermadas, equivalen al 9 por ciento
del coste de financiación de los buques de más de 100 toneladas de
registro bruto y al 4 por ciento de los de menor tonelaje. En nuestro
país, lo que se ha venido haciendo ha sido dar fundamentalmente
ayudas a la investigación y desarrollo, más que a la financiación de
la construcción de buques. Nuestro país ha sido uno de los países que
ha defendido en el Consejo de Industria del 18 de mayo la necesidad
de mantener las ayudas más allá del 31 de diciembre o que se
autorizasen otras excepcionales y vinculadas a la competencia desleal
de Corea del Sur; pero esto no ha sido aprobado por la Unión Europea
y nosotros creemos que hay que seguir insistiendo en ello y que
incluso, por decirlo de alguna forma coloquial, habría que declararse
en rebeldía. Porque, en realidad, señorías, la Unión Europea no se
limita a hacer declaraciones en contra de la competencia desleal por
parte de Corea, pero no se adoptan medidas que vayan a impedir de
alguna manera que por parte de los organismos oficiales o mundiales
se tomen medidas que vayan encaminadas a que Corea no pueda seguir
financiando la construcción de los buques que hace en estos momentos
con esa competencia desleal.
La situación ha ido empeorando simultáneamente. Corea, al final, en
este año, ha conseguido el 72 por ciento de los nuevos contratos,
frente tan sólo al 7 por ciento de la Unión Europea. Sigue vendiendo
navíos un 30 por ciento por debajo de su coste y, por supuesto, como
ya hemos dicho anteriormente, con ayudas públicas del Estado coreano.
Los astilleros coreanos, incluso los que están declarados en quiebra,
construyen buques más modernos y en un tiempo inferior a los
astilleros europeos, que ni siquiera mantienen su posición en el
subsector de barcos especializados, salvo en la construcción de
cruceros. Además, Corea proyecta abrir nuevos astilleros. La
situación por la que atraviesan los astilleros europeos y los
astilleros españoles fundamentalmente es una situación crítica, al
tiempo que no cesa de aumentar la capacidad de producción y la
competencia desleal de Corea es cada vez más fuerte y los precios
siguen cayendo todavía muchísimo más. (La señora Vicepresidenta,
García-Alcañiz Calvo, ocupa la Presidencia.)
Por lo tanto, señorías, nuestro Grupo Parlamentario cree que es
necesario que esta iniciativa, si es posible, tenga el respaldo de
esta Comisión, porque vendría a dar al Gobierno español más
posibilidades de sentirse respaldado por el Parlamento español a la
hora de plantarse y de defender la necesidad de que las ayudas
continúen a partir del mes de diciembre de este año, es decir, que
continúen el 1.º de enero del año 2001. Yo creo que en este caso
tendremos que seguir defendiendo esas ayudas. Tendríamos que seguir
practicando y entregando las ayudas a nuestros astilleros,
sencillamente porque se produce una competencia totalmente desleal
que está haciendo que los precios caigan en picado, que no sea
posible mantener la competencia ni la competitividad, ni tan siquiera
la modernización de nuestros astilleros, porque los astilleros
coreanos están siendo fuertemente subvencionados por su propio
Gobierno y absolutamente nadie, y la Unión Europea tampoco, toma
medidas para impedirlo. Las declaraciones de intenciones, el hecho de
que se pueda recoger documentación, el hecho de que se haga un
seguimiento, que se pueda firmar un protocolo, si realmente no hay un
posicionamiento fuerte y contundente, no va a llevar a que nuestros
astilleros sean competitivos, a que aseguremos los puestos de trabajo
y a que podamos continuar utilizando nuestra industria, que, desde
luego, tiene necesidades de modernización, pero que está lo
suficientemente preparada para poder construir barcos en condiciones
de competencia con otros países que no hicieran esa competencia de
manera desleal.
Nos parece que es muy importante el hecho de que nuestro Gobierno
dijera que no estaba de acuerdo, pero creemos que es necesario que, a
pesar de que se nos puedan abrir expedientes de infracción, en este
caso en concreto sigamos manteniendo las ayudas al sector, nos
declaremos en rebeldía y mantengamos esta rebeldía mientras no se
tomen medidas contundentes contra la competencia desleal que hace en
estos momentos Corea, el Gobierno de Corea y sus astilleros al resto
de los astilleros de la Unión Europea y especialmente a los
astilleros españoles.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Mixto,
que ha presentado enmiendas a esta iniciativa parlamentaria, el señor
Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Debido a la desaparición del Ministerio
de Industria y a la integración de la SEPI en el Ministerio de
Hacienda, entre otros muchos factores, no ha sido posible en este
período de sesiones debatir con calma y de forma más repetida, para
aclarar cuáles son los proyectos del Gobierno, la problemática del
sector de la industria naval en el Estado español. Y es penoso,
porque vamos a llegar a la aplicación de un plan de la SEPI sin que
haya habido un contraste de pareceres suficiente y seguramente con
una gran dosis de optimismo, que no está en consonancia con lo que ha
pasado en los últimos años y prácticamente con lo que lleva pasando
desde 1984.
En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego piensa que la
problemática es más compleja que la mera competencia de Corea del Sur
a la que se atribuyen ahora todos los males de la industria naval
europea, en general, en la propaganda y, en particular, en la
española, que es un caso específico también dentro de la Unión
Europea. Cabe recordar que la cuota de participación de la
construcción naval española en la construcción naval mundial pasó del
5 por ciento en la década de los años setenta al 1,8 por ciento en la
década de los años noventa, pero en la Europa occidental pasó del 35
por ciento en la década de los años setenta al 24 por ciento en la
década de los años noventa. Si hacemos cuentas, veremos que, en el
caso de la española, la reducción fue de dos tercios, pero, en el
caso de la europea, fue solamente de un tercio. Por lo tanto,
homologar todas las situaciones de la Unión Europea no deja de ser
más que una cortina de humo o escapar de una de las especificidades
fundamentales de la problemática de la construcción naval en el caso
español.
En el caso de la participación española en el mercado de la europea,
se pasó del 14 por ciento en la década de los años setenta al 7 por
ciento en la década de los años noventa, es decir, se redujo a la
mitad. Y esto hay que atribuirlo a una situación internacional, a la
falta de peso político y también a políticas comerciales e
industriales erróneas; porque, a partir de 1998, los datos demuestran
que hubo un elevado nivel en la demanda mundial de buques y que, en
el caso de Corea y Japón, lo único que pasó desde 1984 es que se
invirtieron los papeles de ambos países, pero siempre se mantuvieron
entre el 56 por ciento y el 58 por ciento del conjunto de la
producción naval entre Corea y Japón. Y es más, alguno de los
segmentos de la construcción naval, como el offshore, también pasó en
los últimos años, u obtuvo en los últimos años, un incremento del 10
por ciento sin que realmente el Estado español haya sabido
beneficiarse de este incremento. En todo caso, señorías, está claro
que, desde 1984, los planes de ajuste de la construcción naval
española solamente condujeron a la reducción de plantilla de los
centros y a la capacidad de producción, lo cual reconoce la propia
SEPI cuando hace sus análisis para el nuevo plan industrial a esa
nueva empresa a la que llaman
Izar. Y seguramente todos los planes, sobre todo los de los últimos
años, estuvieron más preocupados por preparar las empresas para una
hipotética privatización que por fortalecer el sector naval público.
Nosotros pensamos que es fundamental la mejora de la eficiencia
técnica industrial de la industria naval española, la mejora de la
eficiencia comercial, la mejora de la eficiencia económico-financiera
y la mejora de la eficiencia administrativa y organizativa, y
bienvenidos sean los planes de la SEPI, si conducen a estos
objetivos.
Además, pensamos que es fundamental que mantengamos este sector,
porque la importancia de la construcción naval pública en zonas de
crisis crónica, como puede ser el caso de Ferrol Terra o la bahía de
Cádiz, tiene que llevarnos a una especial preocupación. Tengamos en
cuenta que, sin contar los puestos de trabajo indirectos en Ferrol
Terra, el conjunto Bazán-Astano perdió en los últimos 25 años más de
11.000 puestos de trabajo; pasó de los 14.800 trabajadores que tenía
entonces a los actuales 3.400. Nosotros pensamos que no se puede
cifrar el futuro del nuevo grupo en contar con una industria militar
floreciente y es más, cuando se habla de que se tienen garantizadas
las horas de trabajo hasta el año 2009, no se hace el siguiente
análisis: que realmente la plantilla de Bazán, del conjunto de Bazán,
es el 46 por ciento del nuevo grupo. Si tenemos que esperar a que el
mercado militar ocupe el 60 por ciento del mercado potencial del
nuevo grupo, es condenarlo, a la larga, a las subactividades, porque
hay que tener en cuenta que la capacidad anual del nuevo grupo va a
ser de 7 millones de horas anuales y solamente está garantizado el
trabajo por 17 millones, o algo más de 17 millones, de horas hasta el
año 2009. Las cuentas de plena actividad no salen con los planes de
la SEPI. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En todo caso, nosotros queremos, con nuestras enmiendas, que se
tengan claras dos cosas: Que hay que seguir manteniendo las ayudas y
ligándolas a los contratos, no ligándolas a la filosofía de la
séptima directiva, que conllevaba ayudas a cambio de
reestructuraciones y ayudas a cambio de expulsar de la construcción
naval convencional al astillero Astano. Me imagino que ahora que se
hace un único grupo, el astillero Astano podrá construir barcos, digo
yo, porque, si no, seguimos en la cantinela de seguir eliminando la
potencialidad de la construcción naval española. Y, en segundo lugar,
pensamos también que es muy importante que, ya que se van a utilizar
las sinergias de todas las factorías, que se acepte de buen grado que
a nivel horizontal, es decir, a nivel territorial, en todos los
casos, no solamente en el caso del sur, que está muy bien o por lo
menos mejor pensado, en el caso de Galicia también se acepte que
Bazán y Astano puedan acceder a todo tipo de construcción de barcos
militares y civiles, a reparaciones, a transformaciones y a bienes de
equipo. Por cierto, imagino también que retirarán el decreto que
prohíbe a Bazán acceder a las construcciones
convencionales; imagino. Es un decreto del año 1994 que nadie
eliminó. Si no, seguimos escondiendo la cabeza debajo del ala como el
avestruz, haciendo grandes promesas, pero, al final, la solución va a
ser más reducción de plantillas y al final alguna privatización a la
baja.
Nuestras enmiendas tienen solamente esta intención y esperemos que
sirvan por lo menos para completar, que no para contradecir, el
espíritu de la proposición no de ley originaria de Izquierda Unida.
Por eso son enmiendas de adición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el
señor Salvador de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Nosotros consideramos muy oportuna la
proposición no de ley que estamos debatiendo hoy, porque nos
resistimos a pensar que el Gobierno no haya adoptado todavía ninguna
posición de firmeza ante la Unión Europea para defender el
mantenimiento de las ayudas públicas a los contratos a partir del 31
de diciembre de 2000. Nosotros, desde el Partido Socialista, no es
que pensemos que deben seguir esas ayudas públicas sin más, sino que
consideramos que existen unas causas de suficiente fuerza, como son
la de la competencia desleal de Corea fundamentalmente, que, mientras
subsistan, deben hacer que España exija a la Unión Europea el
mantenimiento de esas ayudas públicas. Y hasta ahora,
desgraciadamente, el Gobierno español ni ha exigido a la Unión
Europea el mantenimiento de esas ayudas públicas para el 2001 y
sucesivos ni tampoco ha conseguido, y esto nos parece bastante grave,
de la Unión Europea ninguna medida efectiva que haga de alguna manera
que las prácticas coreanas se puedan combatir con eficacia.
Resulta llamativo, yo me sorprendo realmente, cuando hoy mismo en el
diario El País el propio presidente de la SEPI, cuando presenta el
nuevo grupo surgido de la fusión de Bazán con Astilleros Españoles,
diga que se sufre la competencia desleal de los astilleros coreanos
sin que la Unión Europea haya dado una respuesta común y eficaz a
este problema. Pero me pregunto, ¿qué hace el Gobierno? ¿Qué hace él,
como presidente de la SEPI, para que eso sea así? Porque es que lo
que no puede ser es que una y otra vez nos encontremos con que desde
el Gobierno se hacen unos planteamientos de reproche, pero a su vez
no se hace una sola actuación contundente ante la Unión Europea para
exigir que se adopten medidas de verdad y no de palabra, cuando se
reúnen a los consejos de ministros de Industria para hacer efectivas
las medidas antidumping, para que nuestro sector naval español pueda
estar en condiciones de igualdad en un mundo muy competitivo.
Nosotros vemos con asombro este tipo de declaraciones mientras que el
Gobierno español no aúna esfuerzos con otrosGobiernos interesados en
el ámbito del sector naval,
que cada vez son menos, desgraciadamente, y presenta, por ejemplo,
ante la Organización Mundial de Comercio, una denuncia por esas
prácticas antidumping, o dumping, en este caso coreanas, y formula un
mensaje claro de que, mientras subsistan las mismas, Europa tiene que
seguir ayudando con primas a la producción al sector naval hasta que
se hagan efectivas esas prácticas que están haciéndose por parte de
los coreanos y con mucho daño para nuestro sector naval. Es
sorprendente que el Gobierno de España, lo mismo que ocurre con la
pesca, en el momento difícil de la negociación, ya tire la toalla y
hable de reconversión; aquí ocurre algo parecido. Lleva desde el mes
de febrero, que fue la última cumbre de ministros de Industria, dando
por hecho que no va a haber prórroga de las ayudas al sector público
naval más allá del 2000 y no desarrolla ningún tipo de actuación, ni
para conseguir esas ayudas, ni para hacer efectivas medidas
antidumping contra Corea. Por eso nosotros vemos oportuna esta
proposición no de ley que presenta hoy Izquierda Unida. Nos parece
importante en sus tres apartados. Hemos presentado dos enmiendas que
consideramos que pueden mejorar su contenido. La primera es de
sustitución y plantea que se defienda ante la Unión Europea el
mantenimiento de las medidas de apoyo al sector naval mientras que el
resto de los países afectados no suscriban las condiciones del
consenso OCDE y que, por tanto, se suspenda la actual reglamentación
de la Unión Europea sobre el límite de las ayudas más allá del 31 de
diciembre del 2000. Otra enmienda, en este caso de adición de un
nuevo punto 3 -pasando, por tanto, a ser el punto 4- va en el sentido
de elaborar y poner en práctica una iniciativa comunitaria de apoyo a
la competitividad del sector naval europeo, que se financie con
presupuestos del programa marco I+D y con los fondos estructurales.
Pensamos que estas enmiendas pueden mejorar la proposición no de ley
y veríamos con agrado que el grupo proponente las aceptara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Popular don Jesús
Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Señorías, la iniciativa que hoy, a 20 de
diciembre, se debate en esta Comisión y que viene de la mano de
Izquierda Unida al Grupo Popular le parece importante, de un gran
calado y, evidentemente, que denota una sensibilidad interesante
sobre un sector que fue prácticamente abandonado allá en 1996. Sin
embargo, y con rigurosidad, hemos de decir que adolece de
extemporaneidad, es obsoleta e insta a realizar lo que ya se ha
llevado a cabo.
La proposición no de ley tiene fecha de entrada en el registro del
Congreso el 13 de julio, es decir, se produce exactamente cuatro días
antes de la fusión de Bazán y de Astilleros. Si esta proposición no
de ley se hubiera debatido en septiembre, y no es el momento procesal
oportuno para intentar encontrar las razones de por qué
no lo fue, sin duda, señorías, el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Popular hubiera sido claramente favorable. Pero no es
así. Han pasado exactamente cinco meses desde la presentación de la
iniciativa y lo único que pretende este grupo es, sin perder la
esencia de la propuesta, complementarla con enmiendas actualizadas al
día de hoy. Por eso se presenta una enmienda a los puntos 1 y 2, y
permítanme que me refiera un poco más adelante al punto 3.
Señora Urán, desde el inicio de la legislatura pasada, el Gobierno de
José María Aznar hizo bandera de lucha a favor del sector naval.
Habrá tiempo, en comparecencias posteriores y en otros foros, para
repasar con rigor qué nos encontramos en ese momento y qué tenemos
hoy, pero introduciéndonos en el contenido de la instancia, en cuanto
al punto 1 y al punto 2, que van engarzados y que no se entenderían
el uno sin el otro, hemos de manifestar -y quisiera por supuesto
tener la posibilidad, dentro de mi pobreza, de ser
extraordinariamente claro- que en cuanto al punto 1 y 2, el Gobierno
ya ha realizado, señor De la Encina, las gestiones oportunas a fin de
que se mantengan las ayudas públicas al sector de la construcción
naval a partir de diciembre del año 2000, en el caso de que se den
las circunstancias previstas en el artículo 12 del reglamento número
1540 de 1998 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la
construcción naval. En este sentido, el Gobierno de España ha
conseguido en el Consejo de Ministros de Industria de la Unión
Europea, el pasado 5 de diciembre de 2000, a pesar de la oposición de
un grupo importante de Estados miembros, que disponían de la minoría
del bloqueo, e incluso, en principio, también de la propia Comisión
de la Unión Europea, que esta se haya comprometido a presentar, a más
tardar el 1.º de mayo de 2001, un mecanismo apropiado para
contrarrestar las prácticas desleales de Corea, en el caso de que
para esa fecha no se haya llegado a un acuerdo satisfactorio con ese
país, y a cumplir asimismo con sus obligaciones, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 12 del reglamento del Consejo, de 29 de
junio de 1998.
En el Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea, de 9 de
noviembre de 1999, se llegó a una postura común, en línea con la
posición defendida por España, por la que partiendo de la
constatación de que el sector se enfrenta a una situación crítica de
alcance mundial, con precios muy bajos y un grave exceso de capacidad
causado por la República de Corea y el carácter desleal de la
competencia coreana, se insta a poner en marcha una serie de
actuaciones. En primer lugar, la Comisión, los Estados miembros y la
industria deben emprender e intensificar sus acciones ante instancias
multilaterales: OMC u OCDE. Para terminar con la competencia desleal,
la Comisión debe también entablar consultas constructivas con la
República de Corea, con la que llegó a un principio de acuerdo para
mejorar la transparencia del mercado, considerado
insuficiente por el Gobierno de España. Y es que existe ya un código
de precios desleales para prevenir el dumping, que forma parte del
acuerdo de la OCDE sobre las condiciones normales de competencia de
la industria de la construcción y reparación naval mercante, que ha
ratificado ya la Unión Europea y que aún no ha entrado en vigor, a
falta de la ratificación de los Estados Unidos de Norteamérica. Dadas
las características del mercado de la construcción naval, en el que
en la mayoría de los casos los buques no se importan por el país del
armador propietario del buque, solamente el código mencionado podrá
ser un medio efectivo para prevenir el dumping en el sector de la
construcción naval.
Además de esa labor en el seno de la Unión Europea, el Gobierno ha
adoptado medidas concretas en el ámbito nacional, como el Real
Decreto 2698, de 4 de diciembre, por el que se adapta la legislación
al reglamento número 1540 de 1998 del Consejo de la Unión Europea, y
se ha arbitrado una serie de incentivos fiscales para innovación de
la flota mercante y se ha ampliado el límite de las garantías para la
adquisición de buques para empresas navieras domiciliadas en España,
mediante disposiciones de las leyes 49/1998, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, y 50/1998 de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
Parece interesante en este punto posicionarnos, entendiendo que el
día de ayer fue muy importante para el sector naval español. Yo tuve
el honor de acudir a la presentación en sociedad del proyecto Izar,
de la nueva empresa Izar, que supone un hito sin precedentes en la
historia de nuestra democracia. Después de veinte años de
dificultades y de total abandono de un sector tan emblemático, donde
se invirtieron 800.000 millones de pesetas en enterrar más de 20.000
puestos de trabajo sin alternativa posible, ayer la SEPI ha llevado a
cabo una apuesta valiente, seria y rigurosa. Hoy se puede afirmar con
rotundidad, pero sin triunfalismo, que el décimo grupo de
construcción naval del mundo goza de una magnífica salud. Ahora se
trata, entre todos, de dar alegría a este proyecto sin improvisación
y sin ningún ejercicio de cosmética. Hemos de saludar el esfuerzo de
un Gobierno que en 1996 encontró unos astilleros civiles con 90.000
millones de pesetas de pérdidas anuales y que ha enjugado dicho
déficit a menos de 20.000 en 1999 y todo pronostica que en el año
2003 estaremos en números azules; un Gobierno que encontró a una
Empresa Nacional Bazán con 20.000 millones de pesetas en 1996 en
números rojos y que hoy se encuentra en superávit. Todo ello,
señorías, se lleva a cabo en una línea de consenso laboral; supone
una concentración social con un diálogo permanente con los
sindicatos. Por ello parece importante referirnos al punto 3 de la
proposición no de ley.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, ha
aprobado un plan industrial de futuro para la
empresa de construcción naval resultante de la fusión de Bazán y los
astilleros civiles públicos, Cádiz, Juliana, Manises, Astano, Puerto
Real, Sestao y Sevilla. Los objetivos del plan son superar treinta
años de dificultades en la construcción naval y poner fin a las
subvenciones públicas. La SEPI, con esta actuación, quiere superar
planteamientos pasados y articular una respuesta de carácter
estrictamente empresarial, tras los problemas en este sector,
acumulados desde hace tres décadas y agudizados en los últimos años,
y entre los que destacan la fuerte (todos los portavoces estamos de
acuerdo) y desleal competencia de los astilleros coreanos, que venden
hasta un 20 por ciento por debajo de los costos de producción, y la
reducción de presupuestos militares en la mayoría de los países.
El plan es la culminación de las actuaciones desarrolladas en los
últimos cuatro años por SEPI, que ha llevado a las empresas ahora
integradas a una situación óptima para afrontar la nueva estrategia
de futuro. Entre las medidas adoptadas por SEPI, como paso previo,
permítanme unas fechas. El 22 de diciembre de 1999 hay un acuerdo
entre SEPI y los sindicatos CCOO, UGT, CAT, ELA y CIG, en el que se
compromete un clima laboral que favorezca el cumplimiento de los
compromisos contractuales de los astilleros, a la vez que se impulsa
la acción comercial y los programas de desarrollo tecnológico; el 9
de marzo de 2000 hay un acuerdo entre SEPI y los mencionados
sindicatos para la integración futura de los astilleros civiles y
militares; el 23 de julio de 2000 se lleva a cabo la firma del
contrato de construcción de cinco fragatas F-85 para la Armada
noruega, que es el mayor contrato de la historia de España; el 18 de
julio de 2000 se produce la fusión entre Bazán y los astilleros
civiles públicos; y el 31 de julio de 2000 se firma el contrato de
construcción de tres gaseros para su utilización por Repsol. Este
contrato, junto con el de las fragatas y otros conseguidos desde el
mes de enero, tras el compromiso de SEPI de obtener carga de trabajo
para los astilleros civiles y militares, aporta a la cartera de
trabajo un total de 357.000 millones de pesetas y garantiza una
ocupación durante más de 13 millones de horas.
La posición competitiva de la nueva empresa será mucho más fuerte que
la obtenida de la suma de sus sociedades de origen. Además de
integrar los activos, las capacidades y la experiencia del conjunto
de los astilleros fusionados, la nueva empresa nace reforzada
también, tanto en el ámbito civil como en el militar, del esfuerzo de
su accionista único, la SEPI, y de todos los programas e inversiones
previstas en el plan industrial. Izar apuesta por el diseño y la
innovación como el instrumento esencial para atender y prever los
requerimientos de los clientes, para ofrecer productos y servicios
con mayor grado de sofisticación y prestaciones, para reducir los
costes y para recortar los plazos de entrega, diferenciándose a los
competidores. Izar es una empresa seria, es, insisto, una apuesta
valiente y
decidida, que de alguna manera debe de llevarnos a pensar que estamos
en el camino justo que hace cinco años no se encontraba. (El señor De
la Encina Ortega: Parece que te lo ha escrito Ferreras.) Entendemos,
por ello, que las enmiendas que presentamos y que tienen SS. SS. en
su poder no hacen otra cosa que actualizar la proposición no de ley
que presenta el Grupo de Izquierda Unida. Sobre el punto 3 a nuestro
juicio se ha llegado un poco tarde. Ayer fue un día muy importante
para el sector porque se llevó a cabo la fusión definitiva de todos
los grupos del sector naval. (El señor vicepresidente, Lissavetzky
Díez, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, como grupo no enmendante y
con mucha brevedad, tengo que decir que en el último año en las
Cortes Generales el debate sobre los astilleros ha sido amplio. En
noviembre del año pasado comparecía en el Senado el entonces Ministro
de Industria para hablar del futuro de los astilleros públicos; en el
verano de este año, y creo que en virtud de una interpelación del
Bloque Nacionalista Galego, teníamos ocasión también de debatir sobre
lo mismo y ahora nos encontramos en esta Comisión tratando este tema,
y no es para menos. Ciertamente, catorce años, de 1984 a 1998, con
unas ayudas públicas por importe de 800.000 millones de pesetas, que
no supusieron sino una pura reducción de plantilla, reducción de la
capacidad de producción de nuestros astilleros, era algo que debiera
sumirnos, como así ha sido, en una gran preocupación. Ciertamente,
algunos de estos aspectos pueden superarse en función de esa
integración de astilleros civiles y militares autorizada por el
Gobierno el 21 de julio de este año, sin perjuicio de que todavía
quedan muchos elementos y muchos aspectos por resolver, como aquí se
ha puesto de manifiesto.
Es un sector de gran tradición cuya situación afecta también de una
forma muy directa a algunas zonas del Estado. Antes se ha hecho
referencia, precisamente, al tema de Ferrol o de la bahía de Cádiz,
con Puerto Real, y a otros astilleros. Desde luego, es preciso
aumentar la capacidad de desarrollo tecnológico. Se trata de una
actividad exportadora, pero en los últimos años está sumida en una
gran problemática, precisamente por el comportamiento de dumping que
efectúan algunos países sin más, concretamente Corea, que se
encuentra en estos momentos en cabeza de la producción mundial.
Ciertamente, el acuerdo al que se llegó entre la Unión Europea y
Corea, en marzo de este año, era absolutamente insuficiente y merece
todas las críticas; un sistema de consultas bilaterales no sirve en
estos momentos absolutamente para nada y se hace preciso actuar con
una mayor contundencia. De esta manera,
como tuvimos ocasión de decir en su momento, entendemos que el Estado
español debe plantear o bien esa actuación más contundente o bien la
prórroga del sistema de ayudas públicas, tal y como se regulaba en su
día en la Sexta Directiva, y manteniendo, en otro caso, la prórroga
del reglamento de 1998, al que anteriormente se ha hecho referencia.
No nos parece el mejor de los sistemas incumplir pura y simplemente
la normativa comunitaria, lo que ya nos supuso, sin perjuicio de que
lo hayamos recurrido ante los tribunales, la pérdida o la obligación
de devolver las ayudas tal y como nos impuso la Unión Europea el año
pasado. Evidentemente, habrá que cumplir la normativa comunitaria,
sin perjuicio de exigir actuaciones o medidas mucho más contundentes.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
No he apreciado en los debates del día de hoy especiales diferencias
entre el grupo proponente y los grupos enmendantes y, por lo tanto,
lo que solicitaría a mi grupo es que todos ellos hiciesen el esfuerzo
suficiente para llegar a una situación de consenso que pudiese
merecer el voto favorable del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Ya nos gustaría a nosotros realmente llegar
a un acuerdo, pero creo que va a ser un poco complicado.
Señorías, mi grupo parlamentario no puede aceptar las enmiendas que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque sería ratificar
lo que ya ha aprobado la Unión Europea y nosotros no lo compartimos.
Por lo tanto, señorías, sintiéndolo mucho, no lo podemos aceptar.
Aceptamos la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista de
sustitución al punto 1, si está de acuerdo en retirar en su texto:
«en el marco de la Séptima Directiva». Aceptaríamos la enmienda
número 4, también del Grupo Parlamentario Socialista, y las enmiendas
1 y 2 del Bloque Nacionalista Galego, porque son complementarias al
texto de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Don Salvador de la Encina, ¿acepta este cambio?
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Vemos con sumo agrado que la proponente
acepte nuestras dos enmiendas, con la matización de la supresión, en
la primera de ellas, de lo que hace referencia al marco de la Séptima
Directiva. No obstante, antes de terminar, si me permite, quisiera
lamentar...
El señor PRESIDENTE: Yo le pediría que dijera solamente si está de
acuerdo o no, porque no consiste en abrir otro turno. Por tanto, yo
le pediría que manifieste sólo si acepta el cambio o no.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sí, estamos de acuerdo con el cambio
que el grupo proponente nos pide y lamentamos las palabras del
portavoz del Grupo Popular, que no venían a cuento.
- SOBRE LAS BECAS PREDOCTORALES Y POSDOCTORALES DE FORMACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000231)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al tercer punto del orden
del día, que es la proposición no de ley sobre las becas
predoctorales y posdoctorales de formación de personal investigador.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, todos los estudios específicos
sobre nuestro sistema científicotécnico coinciden en la necesidad de
incrementar los recursos financieros, ampliar las plantillas de
científicos, motivar a la empresa privada para que dedique parte de
sus ingresos a este apartado para mejorar su eficiencia y la
necesidad de una mayor implicación de la universidad, que debe
complementar la formación con la investigación. Pero, señorías, hay
cuestiones que en esta situación son manifiestamente mejorables,
dentro de lo que parece ser el consenso de que es necesario mejorar
las condiciones de la investigación. Yo creo que hay que hacer un
análisis sobre cuál es la situación de los investigadores en nuestro
país.
En nuestra iniciativa no tratamos de los premios singulares a la
brillantez de un estudio, texto o descubrimiento concreto, ni de las
becas como elemento de política de igualdad de oportunidades. Estamos
tratando de los licenciados postuniversitarios; aunque, por
extensión, su trabajo y la difusión del mismo se haga en la
universidad, no son identificables al estudiante universitario. Han
acabado su homologación universitaria. Mientras otros de sus
compañeros se dedicarán a la enseñanza, a la incorporación a la
empresa o al trabajo remunerado fuera de la universidad, los becarios
se quedan en la universidad o en centros específicos de
investigación. Nuestra iniciativa trata de evitar la contradicción
que se da entre la cotidianeidad de la investigación, una tarea
homologable a un trabajo específico y normal, con dedicación
exclusiva, y su tratamiento social y remunerativo: la beca. Que la
investigación es un trabajo desde luego creemos que no se va a poner
en duda y que no habrá necesidad de demostrarlo -espero que esto no
se ponga en cuestión-, pero la discusión debe circunscribirse, en
nuestra opinión, en su remuneración y en la asimilación de la beca
que recibe actualmente el investigador a una relación laboral. No
vamos a entrar aquí en los recursos que se dedican a la
investigación o en otros aspectos que no hace tanto discutimos en el
debate de totalidad de los presupuestos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Remuneración y relación laboral es lo que, desde luego,
nosotros pretendemos aquí hoy establecer y remuneración es lo que
perciben, lógicamente, y está sujeta además al impuesto sobre la
renta, al artículo 16 de la Ley del IRPF. Son rendimientos íntegros
del trabajo y está especificado en el apartado h): Están sujetas al
impuesto todas las becas, excepto (según dice el artículo 7 de la
misma ley) las percibidas en un grado inferior a la licenciatura.
Para nosotros, esta es una primera contradicción. La Ley del IRPF
incluye la remuneración llamada beca y la asimila a rentas del
trabajo -no hace falta que hablemos en estos momentos del importe.
El segundo aspecto es que la Administración no considera la
remuneración llamada beca como vínculo laboral. Se basa en la
interpretación del artículo 97 de la Ley de la Seguridad Social, en
el que se habla del campo de aplicación del régimen general y excluye
a las personas que realizan trabajos amistosos, benévolos o de buena
vecindad, los incluidos en un régimen especial o los trabajos de
carácter marginal y no constitutivos de medio fundamental de vida.
Están asimilados al régimen general hasta los reclusos que llevan a
cabo trabajos de aprendizaje o formación profesional, en concepto de
educandos, por los que perciban gratificaciones económicas que no
tengan carácter de salario o retribución. Los trabajadores en
formación, los MIR, tienen contratos laborales de duración
determinada y con las prestaciones sociales que marca la ley.
Señorías, nuestro grupo parlamentario no encuentra diferencias
conceptuales entre lo que pueda ser un médico o los jóvenes
investigadores. Nos parece que es una situación que, desde luego, no
tiene cabida dentro de nuestra sociedad actualmente. Según los
cálculos que ha hecho Izquierda Unida con las cifras de la propia
Administración, creemos que con un pequeño impulso, alrededor de
6.000 millones de pesetas, se podría empezar a poner el primer
ladrillo de una política científica con recursos humanos más
estables. Este tipo de relación becaria nos lleva a que luego nos
quejemos de que muchos de nuestros investigadores que están formados
en el Estado español se marchen a hacer la investigación a otros
países porque no les es posible llevar a cabo una relación con
posibilidades de establecer un vínculo estable, porque se mantiene la
relación de becario y no es posible acceder a un contrato laboral que
conlleve las prestaciones sociales que tiene cualquier ciudadano que
esté practicando un trabajo remunerado, como el que están llevando a
la práctica los investigadores becados.
Creemos que es necesario que se empiecen a tomar las medidas
necesarias para evitar que nuestros investigadores mantengan una
situación de precariedad como la actual, sin una relación laboral,
sin que tengan las prestaciones laborales correspondientes y sin que,
desde luego, puedan llevar a la práctica un trabajo mucho más
satisfactorio y más acorde con sus propias necesidades y con las del
propio Estado español. Es más, señorías, para que se vea que el
ejemplo que da la Administración no es precisamente el más adecuado,
en las páginas de ofertas de trabajo de algunos periódicos existen
algunas empresas, que para nosotros no son el mejor ejemplo, que
ofrecen becas sin Seguridad Social, sin derechos, con total y
absoluta precariedad, y desde luego el Gobierno no es el que
precisamente les puede decir nada, porque es el primero que lo lleva
a la práctica. Por eso, señorías, nuestra iniciativa lo que viene a
demandar es que se inicie una relación laboral con tiempo determinado
para estos investigadores que están haciendo una labor de
investigación, que nos parece que es un colectivo importante, aunque
no supera las 10.000 personas. Esto ayudaría no sólo a mejorar las
condiciones de investigación, sino a mejorar las condiciones humanas
para la investigación. Si realmente creemos que la ciencia y la
tecnología, es decir, la investigación, es la prioridad que el
Gobierno se ha marcado para esta legislatura y se tiene que llevar a
la práctica, habrá que comenzar no solamente por dotar de mayores
recursos a la investigación, sino por proporcionar a los
investigadores la seguridad laboral necesaria para que puedan llevar
a cabo sus trabajos. Por eso nuestra iniciativa lo que demanda son
contratos laborales con características adecuadas a cada perfil
investigador, por tiempo determinado -no estamos hablando de hacer
contratos indefinidos- y con todos los derechos laborales y sociales
según la actual normativa laboral. Creemos que esto es importante y
que debería de llevar a completar, con un aumento sostenido, las
plantillas de investigación, tanto en la universidad como en el CSIC
y en el resto de los organismos públicos investigadores. Con ello
iríamos en la dirección de poner a nuestro país a la misma altura que
está el resto de los países de la Unión Europea; es decir, hay que
llegar a la convergencia real con Europa, pero también a través del
aumento de la investigación, de la calidad de la misma y de las
condiciones laborales de nuestros investigadores.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo
Socialista el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, yo creo que es
tremendamente oportuno el planteamiento que ha hecho el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, puesto que trata de un tema
que es motivo de preocupación ahora mismo en el sistema de ciencia y
tecnología. Hemos dicho siempre que es bueno hablar de este sistema,
y para eso tenemos esta nueva Comisión; es lógico que se hable y,
además, con propuestas sobre una parte de ese sistema que tiene que
ver con los becarios pre y posdoctorales. Hemos venido diciendo desde
mi grupo en esta Comisión que
nosotros creemos que este sistema tiene una serie de problemas, unos
de carácter estructural y otros de carácter, llamémosle, más puntual
o más vertical.
El primer problema estructural tiene que ver con la financiación.
Creemos que hay una escasez de fondos para la financiación de lo que
son las políticas de I+D. Leyendo cualquier estadística vemos que
estamos estancados en lo que es gasto de I+D; en porcentaje del PIB
estamos ahora mismo como estábamos en los años 1990, 1991, 1992 y
1993, en torno al 0,9 por ciento, y, curiosamente, parece que el
Gobierno a veces no se entera de esto. Lo digo porque el otro día en
una reunión de la Comisión se proyectaron unas diapositivas y se nos
informó de cuál había sido el gasto de I+D en 1999, que había sido
del 0,98 por ciento, y el Instituto Nacional de Estadística ha
publicado sus datos oficiales y según los mismos es del 0,89 por
ciento; es decir, es prácticamente una décima menos, lo cual viene a
significar bastantes miles de millones de pesetas. En cualquier caso,
el hecho que hay que resaltar, sea una cifra u otra -obviamente nos
fiamos de lo que dice el INE-, es que en este momento hay una falta
de modelo, que no existen datos fiables -acabo de poner el ejemplo- y
que faltan ideas para resolver los problemas, algunos de los cuales
llevan mucho tiempo estancados en el sistema, pero tienen que tener
algún tipo de solución.
Hemos venido resaltando también, y lo decía la señora Urán en su
primera intervención, que es importante que se haga un esfuerzo en la
financiación del sistema para intentar solucionar uno de los
principales cuellos de botella, la falta de recursos humanos.
Nosotros, como Grupo Socialista, hemos presentado una enmienda de
sustitución que tiene tres apartados, el primero de los cuales tiene
que ver con ese cuello de botella. Yo creo que, independientemente
del problema puntual e importante que tengan los becarios pre y
posdoctorales, hay otro más grave y es que no existen suficientes
plazas para la investigación dentro del sistema público, y
desgraciadamente tampoco en el sector privado hay un incremento de
contrataciones de este tipo de personal. Los datos cantan. Si hacemos
una comparación con Europa, España tiene 3,7 investigadores por cada
1.000 habitantes frente a la media de la Unión Europea, que es de
5,1; por citar otro dato, en Francia tienen tres veces más
investigadores que en España; si vemos, por ejemplo, la última
convocatoria de becas posdoctorales, se han presentado más de 7.000
solicitudes y se han concedido algo más de 1.100 becas; es decir, hay
una diferencia de más de 6.000 entre los que solicitan esa beca
posdoctoral -es decir, personas que ya son doctores, que han pasado
su primera etapa de formación- y los que luego la reciben. Hay una
necesidad de que el sistema absorba a más investigadores, por
supuesto no a todos aquellos que hayan realizado una tesis doctoral,
pero tenemos que ser conscientes de que el sistema público debe
absorber a muchos más, y
también el sector privado. En el año 1990 había un porcentaje
aproximado del 41 por ciento del personal investigador que trabajaba
en empresas y en el año 1998 sólo lo hacía el 36 por ciento. Algo
está pasando. Los becarios, una vez que se forman, tienen muchas
dificultades en acceder a las plazas de los organismos públicos de
investigación o de las universidades, porque no hay suficiente oferta
de plazas; por otro lado, tienen enormes dificultades para acceder al
sector productivo -y los datos que manejo, obviamente, son datos
oficiales- y mientras tanto, además, están en una situación que ellos
han calificado de precaria. Por eso planteamos en el primer punto de
la enmienda que se presente ante esta Comisión de Ciencia y
Tecnología un plan de recursos humanos que permita -en un horizonte
temporal que no hemos querido fijar para no atar las manos al
Gobierno, por supuesto, que puede ser de seis o de diez años, el que
veamos entre todos- una apuesta decidida para saber cuántas plazas
realmente se van a convocar en los organismos públicos de
investigación. La línea que hemos seguido desde el Grupo Socialista
en las enmiendas a los presupuestos iba en esa dirección; uno de los
grandes pilares era los recursos humanos. Creo sinceramente que se
debe de hacer un esfuerzo en un plazo razonable -hemos puesto dos
meses- y que el Gobierno debería presentar un plan para recursos
humanos dedicados a la investigación y al desarrollo. De no ser
aprobada nuestra enmienda, evidentemente seguiremos trabajando y
presentando en este Parlamento y en esta Comisión iniciativas a esos
efectos. Este plan debe de contemplar al menos la creación de nuevas
plazas de personal investigador y de apoyo (otra gran carencia que
existe en nuestro sistema) en las universidades y en el conjunto de
los organismos públicos de investigación. Debe de contemplar también
un programa de contratación de doctores en estos organismos, así como
en las empresas, y la creación, obviamente, de nuevas plazas de
becarios predoctorales y el apoyo a la movilidad de los
investigadores. Estos serían los apartados mínimos.
Paso al segundo punto de la enmienda. Entramos ya en la problemática
real que tiene este colectivo de becarios predoctorales y
posdoctorales. En cuanto a los predoctorales yo creo que, para
empezar, hay aquí una enorme heterogeneidad. Quiero agradecer en
primer lugar el trabajo que está haciendo la federación estatal de
asociaciones de personal investigador en formación. Se podrá estar de
acuerdo al cero, al 50 por ciento o al cien por cien con sus
planteamientos, pero yo creo que han hecho un esfuerzo bibliográfico
importante; han trabajado y he tenido oportunidad de entrevistarme
con ellos y de leer bastante materia sobre lo que se ha venido
publicando sobre la situación del personal en formación y sentencias
que ha habido de tribunales, qué relación jurídica, si debe ser beca
o contrato, etcétera, y en este sentido quiero también agradecer el
esfuerzo que se ha hecho. Entre otras cosas, yo he encontrado más
de 60 modalidades de becas de formación de personal investigador;
dentro de los becarios predoctorales hay 66 modalidades: la que viene
del Ministerio de Educación, la que viene del propio plan a través de
proyecto, las que hay en las comunidades autónomas y en las
instituciones privadas sin fines de lucro, y esas distintas
modalidades tienen distintas retribuciones -las más altas, por lo que
yo he detectado, son las de la Comunidad de Madrid-; algunas tienen
seguro, otras no lo tienen; algunas tienen ayuda paralela, otras no,
entendiendo como tal los cursos de doctorado, las estancias breves en
centros extranjeros o españoles, las ayudas a la formación, los
gastos de desplazamiento, ayudas paralelas a los laboratorios, ayuda
al transporte, ayudas a participación a congresos; otras no tienen
ninguna de estas ayudas; algunas (la mayoría) duran cuatro años,
otras resulta que duran un año, dos años, dos años y medio, hay algún
caso de tres. Yo creo que todo esto necesita un análisis importante
para intentar, de alguna manera, mejorar el estatus del becario
predoctoral. Se necesita una regulación de mínimos, que permita
conocer cuál es el estado de la cuestión, porque, repito, hay una
gran heterogeneidad y se generan desequilibrios.
Estamos satisfechos de que haya una convocatoria mucho mayor de
becas, pero hay obligación por parte del Gobierno de regular, desde
el diálogo y desde el estudio, lo que ocurre en nuestro país, así
como de hacer un análisis comparado, absolutamente necesario si
queremos hacer las cosas con rigor, de lo que ocurre en otros países
de nuestro entorno europeo. Ese es el sentido de nuestra segunda
enmienda, que se haga un estudio comparado con otros países, y por
eso instamos al Gobierno a la regulación y homogeneización de las
becas predoctorales que permitan mejoras en la situación de estos
becarios, en lo referente a las prestaciones sociales y de otro tipo
-me refiero a transporte, etcétera-, tomando como referente la
situación de los países europeos más avanzados en esta cuestión, como
Alemania, Dinamarca, Holanda o Suiza. Me consta que no hay una misma
posición dentro de todos los países de la Unión Europea, pero también
me consta que hay unos países que han avanzado más en la dirección de
lo que plantea hoy esta proposición no de ley y que, por lo tanto,
debemos de extraer consecuencias y debemos intentar estar en la
vanguardia de lo que se hace en otros países con un colectivo que es
realmente importante. La segunda parte de la enmienda va en este
sentido. Aquí siempre habrá una discusión jurídica: qué es un
becario, qué es un contratado. La definición que daba algún tribunal
de Justicia de que una beca de investigación tiene como objetivo
fundamental la formación en la investigación de aquellos titulados
superiores universitarios que desean realizar una tesis doctoral
podría ser válida; otra definición podría ser la de que una beca de
investigación tiene como objetivo iniciar y formar titulados
universitarios en el mundo de la investigación.
¿Cuál es el punto de equilibrio entre lo que es prestación de
servicios, como ocurre en el caso de los MIR, y lo que es simplemente
formación? Si realmente hay una prestación de servicios adicional,
reconociendo la labor que tienen los becarios predoctorales dentro
del propio sistema, estaríamos en condiciones de poder hablar de
contratos. Si no es así, tendríamos que quedarnos con el concepto
beca. Por lo tanto, como es una parte relativamente nebulosa, hemos
querido hacer una redacción lo más rigurosa posible que permita
-teniendo como referente lo que ocurre en estos países que cito, en
los cuales, por cierto, prima más el concepto de contrato que el
concepto de beca- avanzar en la solución de los problemas que plantea
este colectivo.
Por último, el tercer apartado tiene que ver con las becas
posdoctorales. Yo aquí no tengo ningún género de duda, se debe ir a
la sustitución de las becas posdoctorales por contratos laborales con
las características adecuadas a este nivel de formación y por tiempo
determinado. No es cuestión de contar historias ni batallas en esta
Comisión, pero el otro día estaba con un becario posdoctoral (en
torno a 35 años, el hombre estaba ya desgraciadamente sin pelo,
casado, con tres hijos y con una mirada triste y casi perdida en el
horizonte) y me contaba que había tenido una beca de formación de
personal investigador, había hecho la tesis, se había ido al
extranjero, había estado unos años trabajando en un grupo de
investigación, había vuelto a España y lo más que había conseguido
era una beca posdoctoral que no le aseguraba en absoluto el futuro de
su carrera profesional. Si a los 35 ó 36 años, cuando termines tu
beca posdoctoral, no vas a tener capacidad ni posibilidad de que esos
años que has trabajado te coticen a la hora de recibir tu jubilación
ni vas a tener derecho al subsidio de paro, me parece que, en el caso
concreto de los becarios posdoctorales, es injusto, porque ellos sí,
clarísimamente, al ser doctores, pueden dirigir tesis doctorales,
pueden dirigir tesinas o trabajos de licenciatura. Estos becarios
posdoctorales yo creo que tienen una necesidad real y seríamos
injustos si no propugnáramos ya la conversión de estas becas en
contratos laborales.
Termino, ahora sí de verdad, diciendo que uno, a veces, se sorprende
cuando lee en los periódicos algunas declaraciones del Gobierno en
las que dice, por ejemplo, que se van a contratar 800 cerebros. Los
cerebros los tenemos también aquí en casa. La sustancia gris, la masa
crítica está aquí en casa, en nuestro país, y una parte importante
está dentro de los becarios y de los becarios posdoctorales.
Estaremos siempre de acuerdo en que haya inversiones, a más, a más
-como se dice en Cataluña-, para traer a una serie de personas
importantísimas -lo fue el profesor Barbacid, lo será el profesor
Meseguer o el profesor Izpisúa-; no estamos en absoluto en contra de
esos fichajes deslumbrantes, nos parecen bien y van a ayudar a
nuestra ciencia, pero hay un problema en casa mucho más importante:
hay una demanda por parte de un personal que está en formación
o ha sido ya formado, que no accede ya ni siquiera (daba el dato
antes) a las becas posdoctorales. Debemos, por lo tanto, eliminar
cualquier tipo de reticencia, intentar homologarnos con los países
europeos en esta cuestión y en ese sentido pediría al Grupo de
Izquierda Unida que aceptara nuestra enmienda. En el caso de que no
pudiera ser así, obviamente, seguiríamos adelante planteando nuestra
iniciatiativa en este Congreso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Moreno.
El señor MORENO BONILLA: La proposición no de ley que nos trae el
Grupo Federal de Izquierda Unida sin lugar a dudas viene motivada por
el interés de mejorar la situación de los becarios predoctorales y
posdoctorales. Quiero decir en nombre del Grupo Popular que somos
conscientes de que hay becarios cuya situación se ha prolongado
quizás en exceso en el tiempo al ir pasando de una beca a otra porque
no han conseguido salir o sacar plaza. Creemos que la solución por
mejorar esa situación de los becarios no pasa en ningún momento por
suprimir la figura esencial del becario; figura que es, a nuestro
juicio, vital para el progreso de los proyectos de investigación y
también para la puesta en marcha de otras iniciativas interesantes.
Desde el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología ya se está
impulsando una serie de medidas con el objeto de mejorar y de ampliar
el número de investigadores en España. Por ponerles algunos ejemplos,
hay que decir que se ha abierto la convocatoria de plazas de
investigación, recursos humanos que crecerán en torno a un 18 por
ciento en el próximo año, en el año 2001, los cuales sí serán
contratos, puesto que quienes obtengan la plaza serán funcionarios.
Por otro lado, también desde el Ministerio, se está potenciando que
desde la Administración y para personal investigador se saquen en los
próximos meses 278 plazas, sólo y exclusivamente para el mundo de la
investigación y para los investigadores. Asimismo se están impulsando
desde el propio Ministerio proyectos que tienen un objetivo esencial,
que es articular en clara coordinación con las universidades, en el
próximo año, 800 contratos; contratos que son denominados de cinco
más cinco, contratos que son de larga duración y que, sin lugar a
dudas, van a dar mayor estabilidad laboral y personal a los propios
investigadores. Dichos contratos, unidos a los 278 anteriores,
representan un montante de contratación de 1.078 investigadores. Por
tanto, nosotros huimos de una visión absolutamente triste y
catastrofista de nuestros investigadores. Yo también he tenido
oportunidad de reunirme con alguno de ellos y la verdad es que he
visto en sus caras,sobre todo en los más jóvenes, la ilusión, las
ganas y el
entusiasmo por seguir investigando y por seguir evolucionando
profesionalmente.
Por otro lado, los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología
saben a la perfección que la formación del personal investigador se
inicia a continuación de la finalización de los estudios de
licenciatura o de los equivalentes a las carreras técnicas y se
prolonga por un período de cuatro a seis años dividido en dos etapas:
la predoctoral, de aproximadamente cuatro años de duración, para la
elaboración, presentación y defensa de una tesis doctoral; y la
posdoctoral, de aproximadamente dos años, una vez obtenido el grado
de doctor. Durante este período, la actividad del becario se enfoca
-quiero reiterarlo- exclusiva y esencialmente a su formación, con el
objetivo único o prácticamente único de alcanzar el título académico
de doctor y su plena capacitación para desarrollar eventualmente en
el futuro su tarea de investigador. Por tanto, el carácter formativo
de este período es lo que justifica que la actividad del becario no
tenga la consideración de laboral y lo que ha motivado la
reglamentación actual de las becas, que no conllevan un vínculo
contractual laboral de los beneficiarios de dichas becas de formación
con el centro al que queden adscritos. Teniendo en cuenta además los
requisitos exigidos por el artículo 97 de la Ley General de la
Seguridad Social sobre laboralidad, dependencia y ajenidad de la
relación contractual, debe concluirse que no resulta posible
actualmente la integración de dicho personal en el régimen general de
la Seguridad Social. En cualquier caso, las condiciones de concesión
de las becas y ayudas al personal investigador en formación
garantizan la cobertura de las necesidades materiales que nosotros
consideramos básicas: salario mensual, la asistencia sanitaria, que
es extensible al conjunto de su familia, al cónyuge e hijos, al igual
que la asistencia sanitaria en caso de accidente. De igual modo, los
programas de formación de personal investigador contemplan el pago de
las tasas del curso de doctorado, así como los pagos de viaje y
estancia en otras universidades y organismos de investigación.
La proposición no de ley insta a sustituir el régimen actual de becas
por contratos laborales, sin considerar en su conjunto las
implicaciones que es necesario analizar con detenimiento, entre las
cuales se encuentra la propia redefinición de la figura del becario y
de las becas para formación, que podría ir incluso en contra de los
propios intereses de los becarios. Debe tenerse presente que el
contrato laboral tiene por objeto la prestación de los servicios del
trabajador en beneficio del contratante a cambio de una
contraprestación salarial. El becario, en tanto persevere en la
formación por él escogida y dirigida por la institución y durante el
tiempo establecido en la convocatoria pública para la que obtuvo la
concesión de su beca, recibe una ayuda económica que le permite
mantener esta actividad en su exclusivo beneficio durante un tiempo
determinado.
En suma, la sustitución de las becas pre y posdoctorales por
contratos laborales significaría modificar sustancialmente el objeto,
procedimiento de acceso, forma de actuación y objetivos a alcanzar
con el sistema actual de concesión de becas. Asimismo creemos que
deben tenerse en cuenta las implicaciones de carácter económico. En
el contexto actual de control de gasto y equilibrio presupuestario,
de cara al futuro, hay que garantizar que se va a poder atender la
formación de nuevos investigadores. Es indudable que un mayor coste
de las becas redundaría inevitablemente, dado que los recursos
económicos son limitados, en una reducción de su número.
Hay otra serie de consideraciones por las cuales creemos que las
becas no pueden sustituirse por contratos laborales, puesto que
resulta inviable. En primer lugar, también desde el punto de vista
educativo, convertir las becas en contratos laborales conllevaría
modificar las bases del sistema universitario, pues sólo se podría
llevar a efecto si desde el inicio de la beca se concediera
estabilidad de empleo a la misma. En segundo lugar, desde el punto de
vista de la realidad práctica y en consonancia con lo anterior, nos
podemos encontrar con el hecho, muy frecuente, de que muchos de los
doctorados no sólo no concluyen su tesis doctoral, sino que ni
siquiera terminan los correspondientes cursos de tercer ciclo. Por
ello, si los becarios tuvieran un contrato, ante el efectivo
incumplimiento de las obligaciones académicas, tornadas en laborales,
provocaría múltiples efectos negativos de difícil incardinación, al
crearse una relación jurídica excesivamente compleja y difícil de
delimitar. En tercer lugar, desde el punto de vista empresarial, se
rompe con todas las necesidades del sistema empresarial, ya que no
habría ninguna empresa, por lo menos es difícilmente imaginable, que
aceptara a un becario como personal laboral de su plantilla. Desde el
punto de vista de la lógica, creemos que no sería coherente que a una
persona a la que el Estado le diera una beca pudiera ser privado de
ella por un expediente de despido, por ejemplo. Desde el punto de
vista de la esencia de la propia beca, no hay que olvidar que estamos
ante un proceso exclusivamente formativo y no de autorreclutamiento
para la universidad o para el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Además, el sistema se basa, como es bien conocido, en un
período de rotación de cuatro años. Incluso desde el punto de vista
de derecho comparado, la pretensión formulada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida no tiene, hoy por hoy, ningún parangón. Desde el
punto de vista estructural, ya se le reprocha a la Administración que
cuenta con excesiva rigidez, en el sentido de tener demasiado
personal fijo, con lo cual introducir esa fijeza desde el inicio de
la beca agravaría tal situación estructural. Desde el punto de vista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es decir, de la
integración en el régimen general de la Seguridad Social del personal
de investigación en formación, como anteriormente he dicho, sería
sumamente complicado.
En definitiva, señorías, nos mueve el interés de mejorar la situación
de los becarios predoctorales y posdoctorales; estamos también, como
he dicho, con las iniciativas que ha marcado el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, a favor de mejorar el número de investigadores que hay
en España; estamos también, como he citado anteriormente, con esa
ampliación de recursos humanos en un 18 por ciento de cara al próximo
año, a favor de dotar, mediante convenios con la universidad, de la
mayor estabilidad laboral posible al conjunto de los investigadores,
de los becarios posdoctorales en nuestro país, pero consideramos que
esta iniciativa que nos trae el Grupo Federal de Izquierda Unida es
inviable, a tenor de todas las consideraciones que he citado con
anterioridad y, por tanto, desde nuestro grupo, presentamos una
enmienda, con el objeto de intentar enriquecer y sumar a esta
iniciativa la visión del Grupo Popular y, sobre todo, de seguir
trabajando en los próximos años, en concreto en esta legislatura, por
seguir mejorando tanto la calidad como la estabilidad laboral y,
sobre todo, el número de becarios que hay en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo que no tenga enmiendas desea
intervenir? (Pausa.)
Señor Aymerich, por el Grupo Mixto.
El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, anuncio, como no podía ser
de otra forma, el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la
iniciativa presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, que
nos parece muy oportuna, y en mi caso lo digo por experiencia propia,
porque fui investigador, fui becario de formación, de éstos de
personal investigador, y realmente, a pesar de lo que acaba de
manifestar el portavoz del Grupo Popular, las contradicciones y las
dificultades de todo tipo, no sólo económicas, que tiene que pasar
una persona que se dedica a la universidad y a la investigación son
numerosas. Por sólo hacer referencia a algunas, existe una
contradicción, como ya se ha puesto de manifiesto, dentro del propio
régimen legal de los investigadores. Fiscalmente son trabajadores. Se
entiende que los ingresos como becas son renta del trabajo, pero ¿qué
sucede cuando un investigador, cosa frecuente, dirige un curso o da
una conferencia y cobra lógicamente esa conferencia o ese curso? Ya,
desde el punto de vista del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, no se considera ese ingreso como renta del trabajo sino como
ingreso proveniente de una actividad profesional. No es la primera
vez que desde la Agencia Tributaria se le requiere a algún
investigador que justifique si está dado o no de alta en el impuesto
de actividades económicas en el epígrafe correspondiente.
Comprenderán ustedes que, con lo que cobra un becario de
investigación, darse de alta en
el IAE (aún no eliminado a pesar de la promesa del Gobierno) es
imposible. Por otro lado, y sigo con el régimen fiscal, tampoco se
pueden descontar como gastos necesarios para la obtención de las
rentas la inversión, que no se le puede llamar de otra manera, que
casi todos los investigadores realizan en libros y material para su
uso personal, al margen del del departamento del grupo de
investigación en el que estén integrados.
Laboralmente no se les considera trabajadores, no se cotiza por ellos
a la Seguridad Social y en la mayoría de los casos, y eso es lo que
hace la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, la
cobertura de su asistencia sanitaria se hace mediante seguros
privados, de Sanitas o de otras compañías. No tienen, por supuesto,
derecho a la negociación colectiva, están subrepresentados en los
órganos (hablando de los que trabajan en centros de investigación
universitarios) tanto de los centros como de la propia universidad.
Es decir, existe una contradicción entre la relevancia de las
funciones investigadoras y docentes que desarrollan y el escaso
reconocimiento social, la escasísima retribución y la incertidumbre
en relación con su futuro. Vemos que se fuerzan los moldes de figuras
universitarias como la de asociado a tiempo completo o asociado
atípico. Vemos que no hay una valoración adecuada de este período de
formación y de las actividades que desarrollan durante el mismo como
en el acceso a plazas universitarias, en la consolidación de
trienios, una vez adquirida la condición de funcionario (aquí hay
jurisprudencia contradictoria y legalmente no está nada claro)
Tampoco hay sistemas de valoración adecuados de la labor docente
desarrollada por estos investigadores, impedidos normalmente por las
limitaciones que establecen actualmente los programas de ordenación
docente para cada curso. Por tanto, apoyamos la iniciativa de
Izquierda Unida en sus términos, en el sentido de que finalice esta
contradicción entre el régimen fiscal y el régimen material
sustantivo al que están sometidos estos investigadores y que la
contradicción se resuelva en el sentido más favorable para ellos, es
decir, que se les considere trabajadores a todos los efectos y con
las especialidades, que las hay, dentro del derecho laboral a que
haya lugar, como la fijación de un período determinado de duración de
este contrato. Ya que el Estado tiene competencias exclusivas sobre
legislación laboral y las comunidades autónomas sólo tienen
competencias sobre la ejecución, creemos que es necesario fijar un
marco común aplicable a esta gran heterogeneidad de becas -de
organismos públicos, de diputaciones o de comunidades autónomas y de
becas privadas-, que sirva para poner un poco de orden en un caos del
que sólo sale perjudicado el investigador y la propia ciencia en el
Estado español. Esto precisa, desde luego, de un aumento de los
fondos destinados a la formación de investigadores, de un incremento
del gasto en I+D y seguramente de ir por un camino distinto
al que se llama de estabilidad presupuestaria en las universidades.
Refiriéndome a las declaraciones del portavoz del Grupo Popular,
decir que ninguna empresa puede aceptar un becario como personal
laboral de su plantilla es tanto como sancionar la explotación a que
están sometidos muchos falsos becarios contratados como tales por las
empresas y que pueden ser despedidos libremente, que no tienen ningún
tipo de cobertura social. Y claro que los becarios son figuras
vitales para el progreso de los rumbos de investigación, y para las
universidades, y para la docencia. Precisamente de eso se trata, de
que ese carácter tan importante, muchas veces más allá de lo que
sería deseable, porque supone distraerles de lo que debería ser su
actividad principal, que es la formativa y la investigadora, en el
mantenimiento de la actividad diaria de las universidades y de los
centros de investigación, se vea reconocida y se vea recompensada en
justicia a través de una situación laboral estable y de una
compensación económica, de una retribución, digna.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Silva,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, con brevedad.
Mi grupo parlamentario, a través de este portavoz, ha tenido ocasión
de reunirse con la federación de jóvenes investigadores, con estos
becarios que plantean, y no podemos estar más de acuerdo, que el
concepto y el régimen al que se somete un becario no puede, en ningún
caso, asimilarse a ese otro concepto, con el que rima, que es el de
precario. Nosotros hemos contemplado y contemplamos con simpatia
estos planteamientos, lo que no significa que podamos votar a favor
de la proposición no de ley de Izquierda Unidad, por los motivos que
a continuación expondre. Esta proposición no de ley, en cualquier
caso, es muy similar a otra presentada dos meses antes en el
Parlament de Cataluña y sobre la que también ha acordado una
determinada posición Convergència i Unió.
Las universidades, los organismos públicos de investigación son
receptores de becarios predoctorales, pero también es cierto que no
son precisamente las universidades y esos organismos públicos de
investigación los que en su gran mayoría o en su mayoría financian
estas becas. Estas becas son financiadas por instituciones y
administraciones públicas, también por universidades, por empresas
privadas, por asociaciones y por fundaciones. Por tanto, vemos que
existe una dificultad para que las universidades o los organismos
públicos de investigación puedan reconvertir o puedan modificar el
régimen de las becas que ya están financiadas por estas entidades
ajenas a la propia universidad o al organismo público de
investigación y, en muchos casos, de naturaleza
privada, bajo la forma de empresa, fundación o asociación.
Saben SS.SS. que mi grupo ha impulsado siempre el mecenazgo en esta
Cámara a través de numerosas iniciativas parlamentarias de muy
diverso tipo y por tanto, partiendo de la base y existiendo acuerdo
de que en materia de becas predoctorales debiéramos ir a una mayor
garantía y a un incremento de las mismas, a una mayor seguridad y a
una cierta homogeneización, lo que no querríamos es que, por una
regulación o por el planteamiento de una regulación u homogeneización
inmediata, lo que hiciésemos fuera malbaratar mecanismos de
mecenazgo, pues precisamente debemos buscar su ampliación, su mayor
extensión y, en cualquier caso, fomentarlos.
Entiende también Convergència i Unió que debe diferenciarse, y creo
que así lo hace la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la
situación entre el personal predoctoral y el personal posdoctoral.
Para nosotros, el personal predoctoral es una persona que se
encuentran en formación y, por consiguiente, la beca es una ayuda, un
concepto, un instrumento de fomento que le corresponde, por así
decirlo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el personal investigador
posdoctoral. El régimen al que debe someterse o el instrumento del
que debe gozar el personal investigador posdoctoral no es la beca
sino un contrato de duración determinada, y debo poner de manifiesto
que en la Generalitat de Cataluña este es el instrumento que utiliza
en su práctica unanimidad con el personal investigador posdoctoral.
De todas formas, es bueno, como decía antes, distinguir perfectamente
estas dos situaciones.
Por lo demás, tenemos que poner de manifiesto que antes de ayer
comparecía en la Comisión homóloga del Senado el secretario de Estado
de Política Científica y Tecnológica a instancias del Grupo
Parlamentario de Convergència y Unió. En esa comparecencia del 18 de
diciembre, el secretario de Estado comprometió, y entendemos que debe
cumplirlo, al menos, desde luego, mi grupo parlamentario hará todo lo
posible para que cumpla ese compromiso, la oferta de 800 nuevas
plazas de investigadores para el primer trimestre del año 2001,
plazas de investigador que debieran ser cubiertas a través de
contratos de cinco años prorrogables e investigadores que serían
asentados en universidades o en organismos públicos de investigación.
En esa misma comparecencia, y desde luego aplicaremos todos los
mecanismos que estén a nuestro alcance para que sea así, anunció un
incremento en la dotación de las becas de un 40 por ciento, que, si
bien es cierto que no dará a estas becas una mayor seguridad -por
tanto, intentaremos y seguiremos luchando en este sentido-, por lo
menos sí que es un incremento porcentual que no podemos en ningún
caso despreciar.
Señor presidente, siendo perfectamente sensibles aque debemos luchar,
debemos estudiar y debemos
impulsar medidas para que ese personal que está en estos momentos
gozando de una beca no sea un personal precario, que vea incluso
amenazada su situación y la de su familia por la insuficiencia de la
beca, también para evitar la situación de inseguridad y para fomentar
la mayor contratación de personal posdoctoral, no estamos en
condiciones, por su texto, de votar esta proposición no de ley de
Izquierda Unida. En cualquier caso, mi grupo quiere hacer constar los
procedimientos, en algunos casos perversos, y antes hacía de alguna
manera también referencia a ellos el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, que en algunos casos se producen con los becarios. Aquellas
personas que en los departamentos de las universidades no reúnen
méritos suficientes para gozar de una beca se ven beneficiados de un
contrato, mientras que aquellos que reúnen condiciones y méritos
suficientes para gozar de la beca, lamentablemente se ven beneficados
de esa beca en lugar del contrato al que en última instancia
aspirarían. Hay que seguir trabajando en esta materia, debemos hacer
lo posible, negociando fundamentalmente con aquellas asociaciones,
fundaciones o empresas que realizan una importante labor de mecenazgo
y que pretendemos que realicen más, para homogeneizar y dotar de
mayor garantía estas becas sin que, como ya digo, la regulación
inmediata lo que determine sea una reducción o el final de las
mismas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, lamentándolo
mucho, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, porque creemos que ha pasado el tiempo suficiente y es
conocida la situación por la que atraviesan los becarios como para
que instemos al Gobierno a que estudie esta situación.
Quiero decirles también, señorías, que aceptamos la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que está en la línea que ha
planteado nuestro grupo parlamentario y nos parecería interesante que
pudiéramos aprobarla por unanimidad o por mayoría, pues esta enmienda
tiene algo que nos parece interesante y es la elaboración, en el
plazo de dos meses, de un plan de recursos humanos que sería muy
interesante que pudiéramos ver en esta Cámara.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR A LOS USUARIOS DE TELÉFONOS RURALES
DE ACCESO CELULAR (TRAC) ELACCESO A SERVICIOS AVANZADOS DE
TELECOMUNICACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000291)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día,
proposición no de ley sobre medidas para garantizar a los usuarios de
teléfonos rurales de acceso celular el acceso a servicios avanzados
de telecomunicaciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: A este diputado le gustaría hablar hoy de los
problemas que la ausencia de tarifa plana de Internet crea en el
medio rural gallego y en otras partes del Estado o de las
deficiencias que este servicio pudiese tener y no de lo que vamos a
tener que hablar ahora, con ocasión de esta proposición no de ley, de
la ausencia y de la imposibilidad de que más de 100.000 gallegos
tienen de acceder a Internet desde el medio rural, lo cual,
coincidirán conmigo, aumenta la distancia y las dificultades
espaciales que existen para que estas personas accedan a la sociedad
de la información.
A finales de 1994 terminó en Galicia la instalación de 107.451
teléfonos rurales de acceso celular, los conocidos como TRAC, de los
que 82.999 siguen actualmente en funcionamiento. Lo que en su momento
fue un avance se ha convertido en una trampa para estos usuarios, se
ha convertido en un obstáculo insalvable para el acceso a servicios
como Internet o como, por ejemplo, el pago con tarjetas de crédito en
establecimientos públicos y hablamos de establecimientos hosteleros,
de los que cada vez hay más en el medio rural, casas rurales,
restaurantes, etcétera, dado que el ancho de banda asignado a estos
TRAC sólo permite una velocidad máxima de 2.400 bits por segundo,
insuficiente para este acceso, al margen de la deficiente calidad de
las comunicaciones telefónicas, que sufren constantes cortes,
deficiente audición, cruces de conversaciones debido a que el
servicio se presta a través de ondas de radio. Como dijo el rector de
la Universidad de Vigo y catedrático de la Facultad de Ingeniería de
Telecomunicaciones de esa misma Universidad, la opción de Telefónica
por la telefonía rural de acceso celular llevaba escondida una bomba
de relojería, pues, al no permitir la transmisión de datos -hablamos
del año 1994, era ya no sólo el futuro, sino casi el presente en ese
año-, dejó fuera de la red a todos los ciudadanos a los que
aparentemente sacó de su aislamiento.
Actualmente, en el Congreso de los Diputados está en tramitación una
proposición de ley que propugna la consideración de Internet como
servicio universal en el sentido de la Ley General de
Telecomunicaciones del año 1998, iniciativa que parece concitar el
consenso de todos los grupos y de la que es autor el Grupo de
Convergència i Unió. La aprobación de esta iniciativa obligará
a modificar la forma de acceso a la red de los usuarios que actualmente
lo hacen a través de estos teléfonos rurales de acceso celular para
permitirles acceder a Internet y a otros servicios avanzados de tele
comunicaciones
en igualdad de condiciones -a eso se refiere la calificación de un
servicio como servicio universal- con el resto de los ciudadanos.
Por otra parte, debe ponerse de manifiesto también que, según
recientes declaraciones del señor Azuaga, director general para la
sociedad de la información, la liberalización del bucle local
prevista para el año que viene, en concreto para el primero de enero
de 2001, no alcanzará a estos usuarios de teléfonos rurales de acceso
celular, que por tanto seguirán dependiendo de Telefónica SA. Esta
compañía no parece estar dispuesta a ampliar el reducido ancho de
banda asignado actualmente a estos TRAC y las fórmulas técnicas para
esta ampliación del ancho de banda serían varias. En concreto,
sustituir el acceso por radio por el acceso a través de cable,
utilizar la red MoviStar, que permitiría llegar a un ancho de banda
máximo de 9.600 bits o bien, y esto parecería a priori lo más
deseable, permitir a estos usuarios acceder a la red telefónica a
través de la tecnología UMTS. En este caso sería necesario alterar el
calendario de establecimiento de despliegue territorial de la UMTS
previsto, dando prioridad a los usuarios de estos actuales teléfonos
rurales de acceso celular sobre los residentes en ciudades de más de
200.000 habitantes, ya que si esta prioridad no se estableciese, de
acuerdo con las previsiones actuales, esos usuarios tendrían que
esperar aún tres años más.
El 24 de octubre del año 2000, el Parlamento de Galicia acordó
unánimemente, por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, instar
al Gobierno gallego a solicitar del Ministerio de Ciencia y
Tecnología una rápida solución a la situación de estas 83.000
familias gallegas, gestión que confieso, y el señor Fraga parece que
estuvo ayer por Madrid, que no sé si ya ha sido hecha; en cualquier
caso, y debe constar así, ha carecido de efecto alguno. El Grupo
Popular en el Congreso parece que comparte esta preocupación y que
hace suya esta iniciativa de sus correligionarios gallegos y, en ese
sentido, y aunque no estemos de acuerdo al cien por cien con los
términos de la transacción que nos proponen, vamos a aceptar -lo
anuncio ahora- la enmienda transaccional que propone el Grupo
Popular, de acuerdo con la cual se instaría al Gobierno a
intensificar sus actuaciones -este diputado alberga dudas de que haya
existido alguna, pero en cualquier caso que se intensifiquen esas
actuaciones si es que existieron- para que los usuarios de teléfonos
rurales de acceso celular puedan acceder a la red a una velocidad de
transmisión suficiente que les haga posible acceder en igualdad de
condiciones con el resto de los ciudadanos a Internet. Lo aceptamos,
a pesar de que supone una rebaja respecto de lo que eran nuestras
posiciones iniciales, no sólo en aras del consenso, sino para
permitir que, sin esperar a que la reforma propuesta por Convergència
i Unió de la Ley General de Telecomunicaciones sea una realidad, sin
esperar a que Internet se declare servicio universal, antes de esa
declaración, los usuarios de estos teléfonos
rurales de acceso celular puedan acceder a Internet y a través de
Internet también a otros servicios avanzados de telecomunicaciones.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora
Francisca Pleguezuelos, por el grupo Socialista.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Coincidimos con el grupo proponente
en que ojalá hoy estuviésemos hablando de los problemas de la tarifa
plana en esas comunidades y en esos usuarios del sistema TRAC, pero
la realidad a veces es tozuda y nos encontramos con que, en 1993, la
implantación del sistema TRAC para, en el contexto de extender el
servicio telefónico al medio rural, buscar una tecnología adecuada,
hoy es un problema que tenemos que resolver entre todos y, en aras
del consenso, espero que sea así. Sin duda, la situación es distinta
a cuando el Gobierno Socialista en 1993 aprobó un plan operacional en
el que se contemplaba esta tecnología que hoy ya no es la adecuada,
que está obsoleta, pero que ha permitido llevar los servicios básicos
de telefonía de voz y de fax a esos municipios tan disperso y a esas
comunidades.
Señorías, supongo que todos sabemos que la posibilidad de la banda de
900 megahercios, que es, y coincido con usted, la solución técnica
que se puede ofrecer a los usuarios del TRAC, es una solución viable,
es una solución que quizá el Gobierno debería estudiar en
profundidad. Nosotros hemos presentado una enmienda que pretende que
se haga hoy, en el año 2000, lo que hizo en 1993 el Gobierno
Socialista, traer un plan que contemplase desde el calendario, la
solución técnica que se puede ofrecer a estos 263.000 hogares en
España, es decir, un millón de personas, que son usuarios. Dispongo
de todos los datos, aunque comprendo que el Bloque Nacionalista
Galego insista mucho más en Galicia, pero quiero decirles, para no
ser sectaria -aunque soy andaluza y podría decirles que en Andalucía
hay casi 40.000 usuarios de TRAC-, que Galicia y Castilla y León
suponen más de la mitad de estos 263.000 usuarios del sistema TRAC.
Como además la tecnología que utiliza este sistema está en extinción
y no tiene tampoco posibilidad de incorporar nuevos servicios ni de
evolucionar de ninguna manera, lo que en su momento fue un avance,
como bien dice la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, ahora
puede ser un obstáculo para acceder a esa serie de ventajas que nos
ofrece la sociedad de la información.
Yo entiendo que el Gobierno tiene la voluntad, lo ha manifestado en
varias ocasiones, de considerar el acceso a Internet como servicio
universal -hay ya una iniciativa en este sentido y un compromiso de
todas las fuerzas políticas- y vamos a partir de esa buena voluntad,
pero hay que empezar a buscar soluciones técnicas ya. Parece que esas
soluciones técnicas existen, parece que es el acceso fijo
radioeléctrico el más
idóneo, y eso exige que también el Gobierno empiece a pensar en la
disponibilidad de ese espectro radioeléctrico, que empiece a pensar
también en la reserva de ese espacio. Asimismo, el Gobierno tiene que
buscar fuentes de financiación viables, como se buscaron en 1993, en
muchos casos a través de fondos europeos, y hay que pedir a las
operadoras una inversión en este sentido. Hay estudios económicos que
ya estiman que esta actuación superaría los 100.000 millones. Por
tanto, entendemos que tiene que ser gradual, que no se puede aplicar
hoy y acabar sistemáticamente con los usuarios del sistema TRAC con
esa tecnología.
Nosotros vamos a retirar nuestra enmienda, vamos a apoyar las
actuaciones que todas las fuerzas políticas deben ir haciendo en ese
sentido, y, yo decía antes en privado, y quiero anunciárselo al
Partido Popular, como disponemos de los datos cuantificados de los
usuarios del sistema TRAC en estos momentos, haremos un seguimiento y
si, en el plazo de unos meses, de un tiempo prudente, no ha habido
ninguna actuación por parte del Gobierno, reiteraremos nuestra
iniciativa de que se establezca un calendario, un estudio económico
y un estudio técnico que permita que los usuarios del sistema TRAC
puedan acceder a los beneficios de la sociedad de la información en
igualdad de condiciones, porque el medio rural exige un esfuerzo
mayor que el resto de los ciudadanos que tienen mayores ventajas.
Para evitar que se tenga que votar, retiramos la enmienda en función
de ese consenso y esperamos que, algún día, podamos sentirnos todos
satisfechos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo
Popular, Jesús Manuel Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Éste es un tema que nos preocupa y en el que
el Partido Popular y el Gobierno tiene una especial sensibilidad;
sensibilidad derivada de aquella decisión del Gobierno del año 1993,
que es calificada como un importante avance en la propia exposición
de motivos de la proposición no de ley que ahora debatimos, pero que,
a nuestro juicio, debió hacerse un poco antes. Hasta aquel momento, a
los usuarios que después fueron de telefonía rural de acceso celular
se les estaba aplicando una tarifa de extrarradio, una tarifa que
superaba en muchas ocasiones las 100.000 pesetas por el
establecimiento del servicio. Estamos hablando de 100.000 pesetas o
más de 1993 y de años anteriores. Debido a la gran dispersión de la
población y a este coste se extendió este servicio a muchos usuarios,
tal y como se ha comentado, a través de la telefonía rural de acceso
celular.
La ley de ordenación de las telecomunicaciones del año 1998 establece
con claridad cuáles son las obligaciones del servicio universal para
los operadores dominantes. Sabemos que las líneas servidas mediante
TRAC no reúnen todos los requisitos que establece la
ley y por ello los usuarios de este servicio están en peores
condiciones que los usuarios que acceden al servicio mediante redes
cableadas. Es necesario, por tanto, que se dé fin a esta situación,
situación transitoria que supuso la telefonía rural de acceso
celular, y que evitemos así la actual discriminación de algunos
usuarios. Debemos tener en cuenta que en los últimos años se ha
producido también una importante extensión de la red fija en zonas de
poca densidad de población, lo que hace que en este momento resulte
más barato que hace diez años tender la red necesaria para llegar a
los domicilios de los usuarios del sistema TRAC. El Gobierno ha
estado trabajando ya en la línea que propone el Grupo Parlamentario
Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, creíamos
inicialmente que no era necesario aprobar una iniciativa del tenor de
la que se nos presentaba y propusimos una enmienda transaccional que
modificaba la proposición no de ley, en el sentido de instar al
Gobierno a que continúe con las actuaciones tendentes a mejorar este
servicio.
En aras a este consenso, deseable por todos los grupos de esta
Cámara, hemos aceptado también el resultado de la negociación
mantenida, previamente al debate de la proposición no de ley que nos
ocupa, y proponemos una enmienda transaccional cuyo texto pasaré a la
Mesa pero que voy a leer a SS.SS. para que conste en el «Diario de
Sesiones», por la que se sustituiría el texto de la proposición no de
ley por uno del siguiente tenor: Se insta al Gobierno a que
intensifique las actuaciones tendentes a que todos los usuarios,
incluidos los actuales usuarios del sistema de telefonía rural de
acceso celular, puedan tener un acceso a la red que permita una
velocidad de transmisión suficiente para hacer posible el acceso a
Internet. Esta es la propuesta de enmienda transaccional que formula
el Grupo Parlamentario Popular, que, por lo que he oído del resto de
los portavoces, va a ser admitida y en consecuencia aprobaremos ese
texto.
El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra los grupos que no han
presentado enmiendas.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo parlamentario se congratula de
que hoy en esta Comisión de Ciencia y Tecnología se apruebe una
proposición no de ley que tienda a mejorar el sistema de teléfonos
rurales de acceso celular, el sistema de los TRAC. Nosotros tenemos
una especial sensibilidad en este tema y quiero agradecer al Grupo
Parlamentario Mixto y al Bloque Nacionalista Galego la presentación
hoy de esta proposición no de ley, que consideramos que es necesaria
por dos razones. En primer lugar, porque ya hemos aprobado una
proposición de ley de nuestro grupo parlamentario, Convergència i
Unió, que va a obligar a que Internet sea servicio universal y que,
por tanto, llegue a
cualquier núcleo, por alejado y aislado que esté. Debemos articular
esa consideración de servicio universal con los medios técnicos
necesarios, por lo que seguramente vamos a tener que superar este
sistema de los TRAC, de los teléfonos rurales de acceso celular. Una
proposición no de ley de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la
cual se insta al Gobierno a intensificar esa mejora del actual
sistema para permitir el adecuado acceso a Internet consideramos que
es del todo necesario. La segunda razón es por la constatación que
nuestro grupo parlamentario y el propio diputado que ahora está
interviniendo tienen del mal funcionamiento de los TRAC. Diversos
concejales de núcleos aislados me han pedido: Pregunta al Gobierno
cuando van a mejorar el sistema TRAC de mi localidad, porque se
cortan las conversaciones telefónicas y se oye mal. Por supuesto, no
pueden acceder a ninguna nueva tecnología a través de la línea
telefónica, porque es una línea que va a través de ondas de radio.
Esto ocurre en algunos lugares, por ejemplo, en la localidad de
Farena, en Tarragona, que depende del municipio de Mont-Ral. Yo he
presentado en esta Cámara diversas preguntas parlamentarias y la
respuesta del Gobierno no es nada alentadora; dice que ya funciona
bien. Los que viven allí están diciendo que funciona muy mal, y más
de un concejal se atreve a dirigirse a un grupo parlamentario para
que haga una iniciativa, el diputado hace la pregunta y recibe una
respuesta poco sensible del Gobierno, diciendo: Ya funciona bien. No,
está funcionando mal. Y, como funciona mal, creemos necesaria esa
especial sensibilidad que demuestra hoy el Grupo Popular con la
transacción que trae a esta Cámara.
Nosotros celebramos que hoy se apruebe una proposición no de ley en
este sentido y sobre todo que sirva esta proposición no de ley para,
cuando acompañe, en breve, al alcalde de Mont-Ral, en Tarragona, a
visitar al delegado de Telefónica en Cataluña, con el que ya tenemos
una visita concertada, le pueda decir: Arregla este servicio porque
el propio Congreso de los Diputados ha constatado en la Comisión de
Ciencia y Tecnología que esto debe mejorarse. Por tanto, agradezco
esta especial sensibilidad y creo -y en eso discrepo- que es
absolutamente necesario mejorar el sistema de teléfonos rurales de
acceso celular, quizá superarlo. Tiene razón la diputada Pleguezuelos
cuando dice que fue un avance en su día, pero quizá esos avances nos
han puesto en un callejón sin salida, porque es un método que
permitió acceder a la telefonía a núcleos que no tenían teléfono,
pero que ahora les impide acceder a las nuevas tecnologías porque les
dicen que ya tienen los TRAC. No, los TRAC empiezan a ser inoperantes
en muchos núcleos aislados y por tanto nosotros celebramos hoy la
presentación de esta proposición no de ley y continuaremos en ese
seguimiento, necesario para que realmente se mejore este sistema y
podamos acceder a las nuevas tecnologías desde cualquier lugar, lo
cual, en el Estado español, es necesario, dada la dispersión de
población que existe.
- SOBRE INTRODUCCIÓN DE COMPETENCIA EN LA TELEFONÍA MÓVIL. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/
000399)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, que es el
debate y votación de la proposición no de ley sobre introducción de
competencia en la telefonía móvil.
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: El pasado mes de octubre, en la
intervención en esta misma Comisión de la ministra de Ciencia y
Tecnología, que comparecía para explicar la adjudicación de las
licencias de telefonía móvil de tercera generación, mi grupo, además
de oír las explicaciones de la ministra, le expuso un conjunto de
medidas, que tenían dos objetivos fundamentales. Por una parte,
queríamos y seguimos hoy queriendo salir al paso de lo que ha sido un
auténtico fiasco, un auténtico quebranto económico para la Hacienda
pública española: la concesión de licencias de UMTS a un precio yo
diría que de saldo, a un precio escandalosamente más bajo del que han
establecido los países de la Unión Europea que podemos comparar con
nosotros. Pero no sólo pretendíamos eso sino también algo que es
realmente importante y de lo que queremos volver a dejar constancia
hoy en la Cámara. Creemos que es fundamental aumentar la competencia
en el sector de la telefonía móvil, porque sólo liberalizando y
aumentando la competencia podremos bajar las tarifas de la telefonía
móvil, que hoy son realmente caras y que le cuesta mucho al bolsillo
de los ciudadanos.
Pues bien, esas medidas que aquel día propusimos pero que, por ser en
una comparecencia, no tenían el carácter formal de que el Gobierno, a
través del Grupo Parlamentario Popular que lo apoya, pudiera darnos
su beneplácito, hoy volvemos a traerlas para buscar ese apoyo del
Gobierno en ese objetivo, que la ministra en varias ocasiones ha
reiterado, de conciliar, de apostar, de consensuar entre todas las
fuerzas políticas para que exista una auténtica competencia y un
auténtico desarrollo de la sociedad de la información. Aquello que
propusimos en octubre, hoy adquiere la forma de proposición no de
ley, porque, en primer lugar, creemos que es fundamental que se
imponga una cordura con criterios objetivos, con criterios públicos y
desde luego transparentes, que puedan despejar todas las
incertidumbres que ha creado el Gobierno con la arbitrariedad que
supuso la subida de las tasas del dominio público radioeléctrico, que
se introdujeron para tapar parte del regalo que se hizo a algunos
operadores de
telecomunicaciones con esa concesión de licencias de UMTS.
Es verdad, señorías, que el Gobierno ha aprobado ya unas medidas para
incrementar la competencia en telefonía móvil, entre ellas algunas de
las que propusimos a la ministra el pasado octubre, como era la
concesión de dos nuevas licencias de GSM y la introducción de los
operadores virtuales. Sin embargo, aun siendo eso verdad, el
calendario que ha planteado el Gobierno en el caso de esas nuevas
licencias de GSM así como la falta de precisión que ha establecido en
relación con la posibilidad o no que tienen los nuevos operadores de
utilizar la tecnología de UMTS está limitando ya de facto la eficacia
de esa propuesta del Gobierno.
Siendo una propuesta que limita la competencia, encima, el Gobierno,
con sus declaraciones, lo limita mucho más, porque las declaraciones
del Gobierno han condicionado esta introducción de la competencia al
beneplácito, a la aquiescencia de los operadores dominantes; es
decir, se puede quedar en agua de borrajas la aparición de los
operadores virtuales.
Señora Mato, si queremos realmente garantizar la competencia en el
sector de la telefonía móvil, si queremos realmente que bajen los
precios que hoy pagan los ciudadanos por esos servicios, hemos de
hacer realidad esas medidas de liberalización. Con nuestra
proposición no de ley queremos básicamente varias cosas. En primer
lugar, poner plazo a un concurso que debe conceder esas dos licencias
de telefonía móvil automática con tecnología GSM. Ya lo anunció el
Gobierno, pero tiene que producirse lo antes posible; en todo caso
antes del 1 de febrero del año 2001. Es también muy importante para
nosotros, creemos que es vital, que en el futuro intervenga en esos
concursos la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Debe
intervenir como mesa de contratación porque no hay otra forma de
garantizar la transparencia en este tipo de procesos, y usted lo
sabe, señora Mato, porque llevo desde mayo solicitando información al
Gobierno. Le puedo decir que para comtar con los tres carros de
información que finalmente he recibido, tras varias reincidencias de
mi persona reclamando esos compromisos de los operadores en el caso
de las licencias de telefonía móvil UMTS, he echado muchas horas. La
transparencia ayudará para que todos, tanto operadores como usuarios,
estemos en mejores condiciones de saber lo que hace el Gobierno. Y
por supuesto la Cámara lo necesita. Por eso entendemos que el órgano
regulador es el idóneo para estar en esa mesa de contratación y es el
garante de esa transparencia en estos procedimientos. En tercer
lugar, en aras de esa transparencia, nos parece que es preciso que se
incluya en el pliego de bases de ese concurso un conjunto de derechos
y de obligaciones para los licenciatarios que tienen que hacer
realmente operativa esa competencia.
Si el licenciatario de UMTS, que en este momento no cuenta con
recursos radioeléctricos en la banda
GSM, puede optar a esas licencias, estamos de verdad abriendo la
competencia; sin embargo, para que sea operativa la competencia,
también tenemos que exigir que haya un auténtico calendario en la
prestación de los servicios. Y nosotros ponemos calendario en nuestra
proposición no de ley. Un calendario que obliga a que, en primera
instancia, esos licenciatarios alcancen con su propia red una
cobertura del 20 por ciento de la población antes del 31 de marzo del
año 2002.
Incluso damos un paso más; si no se alcanzara esa cobertura del 20
por ciento con su propia red, sería preciso obligar a que con esa
misma fecha se iniciase la prestación de los servicios. Sólo así,
señora Mato, tendremos transparencia, tendremos competencia y
tendremos la certeza de la prestación de los servicios para los
usuarios. Los operadores virtuales, con las declaraciones de la
ministra, como decía anteriormente, se quedaron con la duda de que
pudiera acabar todo en inconcreciones, en algo que no llegara a
término. Por ello, hemos incluido en nuestra propuesta instar al
Gobierno a regular esos operadores virtuales antes del 1 de marzo del
año 2001, por supuesto estableciendo los derechos y las obligaciones
asociadas a esos operadores.
Finalmente, nuestra proposición no de ley atribuye expresamente al
órgano regulador, a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, la facultad pero también la obligación de
intervenir de forma vinculante en los conflictos que puedan surgir
para el uso de esa red móvil entre esos operadores virtuales que hoy
no son realidad y los operadores de telefonía móvil con recursos
radioeléctricos. Sólo así podremos garantizar el desarrollo de una
mayor competencia, de una competencia efectiva en el mercado de los
servicios móviles. Sólo así podremos hacer efectivo que finalmente
bajen los precios de la telefonía móvil. Y, como hace falta poner
orden y concierto en esa madeja que ha creado el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, y es preciso hacerlo con objetividad y con
eficacia, tenemos que poner los medios reales, tenemos que hacer
efectiva la competencia y tenemos que hacer entre todos que bajen
esos altísimos precios de telefonía móvil, que sin duda recaen en
muchos usuarios, porque ustedes saben cómo ha subido el uso del
teléfono móvil.
Por tanto, señora Mato, espero que, dando continuidad a la propuesta
anterior y en la misma voluntad de consenso y de apoyo, acaben
ustedes al menos considerando la necesidad de poner fechas reales,
pues automáticamente la ministra no lo hace, y que sea realidad la
competencia de una vez por todas.
El señor PRESIDENTE: Al no haber enmiendas ¿algún diputado de algún
grupo quiere intervenir? (Pausa.)
La señora Ana Mato, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora MATO ADROVER: Señorías, he leído con mucha atención la
proposición que presenta en el día de hoy el Grupo Socialista, como
siempre, por supuesto, pero especialmente porque en los temas de
telecomunicaciones, en lo que significa el futuro, en lo que
significa acercar la sociedad de la información a los ciudadanos,
tenemos gran cuidado el Grupo Popular, por la sensibilidad que
siempre ha demostrado nuestro Gobierno y nuestro grupo de intentar
llegar a lograr acuerdos sobre la base de las propuestas que
presentan los grupos parlamentarios. En esta ocasión, una vez que leí
la proposición, miré la fecha de presentación, porque pensé que se
habían equivocado, que se había presentado antes de que se aprobara
el informe de la ministra, que fue de fecha 10 de noviembre, y casi
casi pensaba que antes de que se aprobara el real decreto de medidas
urgentes de liberalización. Me dí cuenta de que no había error y que
se había presentado después del informe.
Digo todo esto porque para mí es una proposición que se ha presentado
fuera de fecha. Propone incrementar la competencia en telefonía
móvil. Luego, con el permiso del señor presidente, haré un breve
resumen de cómo ha evolucionado la telefonía móvil en España durante
estos cuatro años, cómo se ha incrementado la competencia y el
resultado que ha tenido para los ciudadanos, que es lo único que les
interesa a los grupos parlamentarios o por lo menos lo único que le
interesa al Grupo Parlamentario Popular, que haya mayor competencia
en beneficio de todos los ciudadanos, sin pensar en nadie más. En
cualquier caso, estaba ya propuesto el día 10 de noviembre en un
informe que presentó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el que
ya se anunciaba la futura convocatoria de un concurso de dos
licencias de telefonía más a añadir a las que ya existen hoy.
Repasando sobre todo la exposición de motivos y escuchando la
intervención de la señora Pleguezuelos, al final volvemos a lo mismo,
queremos volver a hablar del concurso de UMTS y de las tasas, que son
unos temas que yo creo que a los ciudadanos ya nos les interesan, si
es que les han interesado alguna vez, porque al final al ciudadano lo
que le interesa son los datos que yo voy a facilitar posteriormente.
Volvemos a hablar exactamente de lo mismo. La única diferencia que
hay en el día de hoy es que el Partido Socialista sigue diciendo que
las licencias de UMTS se han dado, lo sigue comparando con Italia,
Reino Unido, Francia y Alemania, sin darse cuenta de que el tamaño de
nuestro país es diferente, la densidad de población es más elevada,
la orografía exige mayores inversiones, la renta per cápita de los
españoles es distinta y el nivel de penetración de la telefonía móvil
y la capacidad de crecimiento previstos, también. En consecuencia,
también el coste es distinto para los operadores que entran en
nuestro país.
Por tanto, en el tema de UMTS no voy a entrar hoy, porque lo hemos
hablado en muchas ocasiones en esta Cámara y no tiene mucho sentido,
sobre todo si estamos tratando de hacer algo positivo en favor de los
ciudadanos -y siempre debería ser así-; no creo que eso lleve a
ninguna parte. Sí creo que llega a alguna parte recordar a la
opinión, a este Parlamento, que a efectos de hacer números, gracias
al concurso y desde luego no a la subasta, Telefónica Móvil se
comprometió a invertir un montante de 867.000 millones en la próxima
década, Esfera, Amena y Airtel 778.000, 705.000 y 361.000
respectivamente -estoy redondeando-, estando garantizadas todas estas
cantidades con avales bancarios de más de un billón de pesetas. Fruto
de estas bases de concurso está previsto -y no sólo tiene desde luego
fin recaudatorio, como las subastas- dar cobertura el 1 de enero del
2002 a las ciudades de más de 250.000 habitantes. Por tanto, se
cumplen unas normas, se cumple un servicio al ciudadano que no se
puede garantizar con el procedimiento de subasta.
Y no me parece que tenga que causar ninguna sorpresa que luego se
haya aprobado un cánon sobre el espectro radioeléctrico en base a su
valor. Lo digo porque no se ha fijado después de que se haya hecho un
concurso en vez de una subasta, sino que se ha fijado porque en la
Ley general de telecomunicaciones, como usted sabe, ya constaba -y lo
aprobamos en esta Cámara todos los grupos- que se fijaría anualmente
un cánon por la utilización del espectro radioeléctrico, un cánon que
ha quedado fijado ya en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2001 con una determinada cifra.
Entrando en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de la
competencia, el Gobierno del Partido Popular ha logrado que España
cuente con un grado de competencia efectiva similar a la que tienen
los principales países comunitarios que abrieron formalmente sus
mercados el primero de enero de 1998. Las altas cotas de competencia
que se están alcanzando en este sector del mercado y la reducción
drástica de los precios y tarifas de los servicios de
telecomunicaciones han producido una competencia efectiva que sin
ninguna duda redunda en beneficio de los ciudadanos. Voy a hacer una
referencia muy breve a las principales modificaciones tarifarias que
se han producido desde julio de 1996, fecha en que el Gobierno del
Partido Popular comenzó a ejercer sus tareas de Gobierno.
Con ocasión de la Ley General de Telecomunicaciones podemos destacar,
en cuanto a telefonía móvil, en primer lugar, el establecimiento de
una banda tarifaria para el servicio de telefonía móvil en su
modalidad analógica, que ha supuesto rebajas del 65 por ciento en la
cuota de conexión, de hasta el 24 por ciento en las cuotas mensuales
de abono y en torno al 15 por ciento en los precios de tráfico. En la
modalidad de GSM, del servicio de telefonía móvil automática, la
competencia entre los operadores ha dado lugar a la aparición de
numerosos esquemas tarifarios adaptados a las necesidades de los
distintos tipos de usuarios, que suponen de hecho distintos grados de
ahorro según las facturas de cada uno. Por otro lado, el real
decreto-ley de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia, establece en su artículo 7 las medidas
de reducción de precios en los servicios de telecomunicaciones y de
fomento de la competencia de la telefonía móvil. (La señora
vicepresidenta, García- Alcañiz Calvo, ocupa la Presidencia.) Así se
procedió a la reducción del nivel máximo de la banda de precios,
establecida mediante orden del Ministerio de Fomento, como ustedes
recuerdan, el 31 de julio de 1998, para el servicio telefónico móvil
automático analógico. Eso supone -y lo voy a decir brevemente- una
rebaja, según los tipos de abonos, que pasa del 6,3 por ciento al
11,5 por ciento, del 11,3 por ciento al 4,1 por ciento, dependiendo
del horario. La aparición de nuevos operadores ha hecho que desde
1996 la factura media de telefonía móvil haya bajado en un 42 por
ciento, y respecto al año 1998 lo ha hecho en un 18 por ciento,
convirtiéndose actualmente en una de las más baratas de Europa.
Señorías, yo creo que al final esto es lo importante, que sigamos
avanzando en la liberalización y sigamos consiguiendo mejores
precios, mejores servicios, y sobre todo nuevos servicios para los
usuarios. Esta liberalización ha supuesto un gran crecimiento y va a
hacer que en España, en el año 2001, el sector de las
telecomunicaciones sea el segundo más productivo. Las reformas
impulsadas en los últimos años han dinamizado, como ustedes saben,
completamente el sector. Voy a darles cifras sobre la facturación que
se ha producido durante estos años y lo que ha supuesto el incremento
de números móviles. Por ejemplo, en 1998, el total de mercado en
cuanto a números de móviles era de 7 millones 51.000, casi tres
millones más que en el año anterior. Durante el año 1999, la entrada
de un tercer operador, de Amena, tiró de este sector, que tiene una
penetración del 33 por ciento, y supuso una apuesta por la
simplicidad acompañada de tarifas más bajas, a la que siguieron los
demás operadores, MoviStar y Airtel. El año 1999 terminó con 14
millones de usuarios, con un incremento por encima de países como
Francia e Italia. Se creció a un ritmo del 73 por ciento, lo que
supuso que el mercado español de telefonía móvil se incrementara ese
año en 7 millones de clientes. Además, en los meses de junio, julio y
agosto, España fue el país con mayor crecimiento a nivel mundial, muy
por encima de los tradicionales líderes, Gran Bretaña, Alemania y
Francia. Respecto al presente año, 2000, en agosto pasado había ya 21
millones de móviles, una cuota del 53 por ciento, y el sector de las
telecomunicaciones crecerá entre el 11,5 por ciento y el 14,7 por
ciento. Entre agosto y octubre de este año el mercado de móviles en
España se ha incrementado en 2,2 millones de usuarios, superando
ligeramente los 23
millones de móviles. Es un ritmo más fuerte que el pasado año por
estas mismas fechas, a pesar de que teóricamente, a medida que el
mercado va madurando, pierde fuelle de crecimiento. Cuando acabe la
Navidad, a poco que se mantenga el ritmo actual, dos, de cada tres
españoles, tendrá teléfono móvil.
En estos momentos son ya el 59 por ciento los habitantes que poseen
un teléfono móvil. Quería dar estascifras porque sin ninguna duda es
bueno que cada vez haya más teléfonos móviles y es bueno si cada vez
conseguimos que, a través de los teléfonos móviles, haya mayor
competencia. Digo esto también porque usted sabe que nuestro partido,
el Grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular, hay decidido dar
un impulso importante sobre todo lo que significan tecnologías de la
información y en especial Internet. Aquí la telefonía móvil juega un
papel muy interesante, porque, como usted sabe, en Europa, donde sólo
uno de cada cinco europeos posee un ordenador, la clave de acceso a
Internet puede estar perfectamente en el móvil. Por tanto, es muy
importante que intentemos que cada vez la cobertura para Internet y
para otros servicios avanzados llegue lo antes posible a través de
los teléfonos móviles.
Señorías, creo que estos datos son suficientemente claros para que se
comprenda que se ha incrementado la competencia, que se han rebajado
las tarifas, que los ciudadanos cada vez tienen más posibilidades de
acceso a la telefonía móvil y es una buena noticia para todos.
En la propuesta que ustedes hacen piden, en el apartado 1, que se
convoque un concurso; ya está previsto convocarlo, como le he dicho,
según el informe que se presentó en el Consejo de Ministros del día
10 de noviembre de 2000, basándose en la previsión del real decreto-
ley del pasado 23 de julio. Piden que se celebre un concurso para
convocar dos licencias, las dos licencias están previstas y el
concurso, también. Ahora bien, ustedes quieren que se celebre el
concurso ya, pero se les olvida que para convocar un concurso primero
hay que hacer unas actuaciones intermedias, hay que cumplir unos
trámites administrativos, resulta necesario llevar a cabo unos
informes, una serie de cuestiones y por tanto se hará, sin duda, lo
más rápidamente posible; de hecho, ya se han realizado las primeras
actuaciones al respecto. Me sorprende, porque ustedes hace dos meses
acusaban al Gobierno del Partido Popular, en cuanto a las licencias
de UMTS, diciendo que qué prisa habíamos tenido, que por qué teníamos
necesidad de ser pioneros en nada. Es cierto que hemos sido pioneros,
por primera vez, en la introducción de una tecnología punta que luego
están introduciendo otros países. Para mí, es muy importante ser
pionero, pero de lo que no cabe duda es de, que si hemos querido ser
pioneros para una cosa, no vamos a querer retrasarnos para otra; por
tanto, aquí vamos a seguir los mismos pasos. Señorías, sepan ustedes
que se va a hacer lo más rápidamente
posible, siempre cumpliendo los trámites administrativos, siempre
cumpliendo las actuaciones intermedias y haciendo los informes
correspondientes, porque lo importante es que se incremente la
competencia, que, como han visto por los datos que he dado, produce
muy buenos resultados, pero siempre haciéndolo en beneficio de los
ciudadanos; pero eso hay que hacerlo con los plazos adecuados y de la
forma adecuada.
Y lo anterior me viene muy bien para entrar en los puntos dos y tres
de su proposición. Junto los dos porque al final estamos en lo mismo.
Señorías, el procedimiento de concurso puede ser lo que sea, puede
ser mejor la subasta, son dos formas diferentes, ahora bien, es un
sistema transparente, es un sistema objetivo, es un sistema en el que
hay unas cláusulas concretas y detalladas de lo que hay que hacer.
Ustedes me piden que la mesa de contratación sea distinta de la que
está prevista en la Ley de contratos y en el reglamento de contratos
de las administraciones públicas y me parece bien que ustedes
pretendan que las mesas de contratación las haga el Parlamento; en
cualquier caso, están previstas en la legislación vigente y por tanto
nosotros así lo mantenemos. También está el apartado de incluir en
los pliegos determinadas condiciones. Sin ninguna duda todo lo que se
incluya en los pliegos serán condiciones fijadas con anterioridad al
pliego, criterios concretos, detallados, objetivos, exhaustivos, y
los únicos que utilizan las oportunas mesas de contratación, como se
ha hecho siempre en la adjudicación de contratos administrativos y en
especial en el otorgamiento de licencias de telecomunicaciones. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, creo que no es el
momento de fijar las cláusulas o las condiciones que se tienen que
incluir en un pliego para la celebración de un concurso, porque
precisamente ahora mismo se están elaborando, se están haciéndo
estudios, análisis, para ver las opciones técnicas, las opciones
económicas y por dónde deben ir los distintos pliegos de condiciones.
Una vez que estén hechos los estudios y los análisis, se hará el
pliego de condiciones y todos los operadores que quieran concursar
conforme a esos pliegos irán a la mesa de contratación, cumplirán las
condiciones y se les otorgará la concesión.
Por tanto, señorías, como pueden ustedes comprender, esos dos
apartados tampoco los podemos compartir, ni siquiera los podemos
debatir, porque no tiene ningún sentido tratar de introducir unas
condiciones determinadas en un pliego de un concurso que se va a
celebrar dentro de unos meses.
En los últimos puntos me habla usted de regular los operadores
móviles virtuales antes del 1 de marzo de 2001, atribuir a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la facultad de
resolver los conflictos, de operadores móviles virtuales y otras
cuestiones. Ahí solamente le quiero recordar, porque creo que es lo
importante -por eso le decía que para mí esta proposición ha nacido
un poco obsoleta, un poco caducada-,
que en el informe sobre incremento de la competencia en telefonía
móvil del Consejo de Ministros del día 10 de noviembre de 2000 estaba
previsto, como conclusiones, que aparecieran nuevos operadores sin
reserva de espectro y otros agentes. Ahí están previstos los
operadores móviles virtuales, que, sin reserva de espectro
radioeléctrico, tendrán un nuevo tipo de licencias y su relación se
basará en acuerdos entre las partes, que es lo que hará que se puedan
seguir produciendo inversiones para mejora de las redes -termino
enseguida, señor presidente-; los usuarios para el acceso indirecto
con otros operadores para las llamadas internacionales, de manera que
los diferentes usuarios de telefonía móvil puedan realizar algún tipo
de llamadas directamente con otros operadores; los proveedores de
aplicaciones y contenidos, muy importante, aunque no está recogido en
su proposición, porque permitirán mejor oferta de servicios y
contenidos y mejorarán las posibilidades de elección por parte de
usuarios y consumidores; luego hay otras figuras como los
revendedores y los nuevos operadores de reserva de espectro
radioeléctrico.
Señorías, creo que, en materia de competencia, en materia de
telecomunicaciones, en materia de competencia en telefonía general,
en telefonía analógica, en telefonía móvil, el Gobierno del Partido
Popular ha actuado de manera pionera, ha actuado con mucha
diligencia. Los ciudadanos están notando los efectos, están notando
los beneficios de lo que trae la competencia y creo que tenemos que
seguir haciendo un mercado liberalizado con el menor intervencionismo
administrativo posible, porque del mercado tiene que resultar al
final la posibilidad de que haya cinco, seis, siete, veinte o treinta
operadores. Lo importante es que haya competencia y hoy la hay; lo
importante es que cada vez mayor número de ciudadanos pueda acceder
al uso de la telefonía móvil y hoy pueden hacerlo muchísimos
ciudadanos; lo importante es que cada vez los precios sean más bajos
y hoy, señorías, los precios cada vez son más bajos.
- RELATIVAA LAS TARIFAS TELEFÓNICAS MARÍTIMAS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000402)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día,
proposición no de ley relativa a las tarifas telefónicas marítimas.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María
Jesús Arrate.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, quiero comenzar mi intervención
por el último punto de la exposición de motivos que ha dado lugar a
esta proposición no de ley. En este último punto manifestábamos que
un objetivo constante para un Gobierno es preocuparse
por el bienestar de los ciudadanos y entre esos ciudadanos está la
gente del mar. Consideramos que se debe ir consiguiendo día a día que
las condiciones de períodos de embarque, frecuencia de vacaciones y
facilidades de comunicación vayan evolucionando para que el marino
pueda, dentro de su profesión, llevar una vida de familia lo más
normal posible.
Antes de comenzar a hablar de los problemas que pueda acarrear a la
familia del marino la ausencia de uno de sus miembros, conviene decir
que es en la familia donde se manifiestan las relaciones más íntimas
y en ellas se encuentran aquellos puntos de referencia que dan una
primera clave de interpretación a los hijos en su aprendizaje en la
vida. Los valores que a través de actitudes o palabras son
comunicados forman una auténtica columna sociocultural para los
hijos. Como en todo grupo humano, en la familia se desarrollan unos
roles de padre, madre, hijo, hermano, abuelo, nieto, y éstos no
suponen simplemente unas funciones sino también unas expectativas
recíprocas, que son base del funcionamiento, que son modelo educativo
y que están inicialmente definidos dentro de cualquier sociedad.
Precisamente la familia, esa comunidad en la que han de desarrollarse
los lazos humanos más íntimos,es incompatible con la vida del marino,
a quien se le niega esta opción a lo largo de su vida. Cuando se
pregunta a un marino sobre cuál es su vivencia más negativa en la
vida del mar, casi siempre responde que el trabajo es duro pero que
lo que más le duele es la prolongada separación de la familia. Son
tres los aspectos en la vida de las familias marineras que, debido a
estas separaciones, son diferentes de las familias de tierra: la
falta de diálogo familiar, las repercusiones en la educación de los
hijos y las relaciones sociales.
Evidentemente, como SS.SS. ya saben, la comunicación es un elemento
básico para mantener la integración de la familia. Las repercusiones
de la ausencia del marido- padre serán diferentes en función de la
comunicación que exista durante los períodos de embarque. Por tanto,
¿qué representa la comunicación entre marino y familia? Representa,
en primer lugar, estar informado de las experiencias y vivencias de
los que están ausentes; cuantas más noticias tenga el marino, mejor
podrá seguir la evolución de su familia y cuantas más noticias tenga
la familia, más capaz será de entender al que navega. En segundo
lugar, permite el mantenimiento de un pensamiento recíproco; al
comunicarse unos con otros lo viven como algo compartido, lo cual
crea lo que se podría llamar una cierta convivencia en la distancia.
En tercer lugar, la comunicación permite al marino participar de las
decisiones familiares, suavizando así los conflictos surgidos cuando
uno decide por todos.
Dicho esto, acto seguido hay que preguntarse de qué medios dispone el
marino para comunicarse con la familia. Pues dispone de las cartas,
que son el medio más tradicional, que tienen como inconveniente la
tardanza en llegar, especialmente cuando un barco pasa
semanas en la mar sin entrar en puerto, o también la posibilidad de
perderse en ciertos países en los que el correo es poco fiable.
También existe el correo electrónico. Es muy improbable que, en la
actualidad, a bordo de un barco de pesca el tripulante pueda disponer
de un PC que le permita enviar o recibir correo electrónico. Todo se
andará, por supuesto, pero en este momento es bastante improbable.
Por último, existe el teléfono, que es el medio más inmediato y tiene
la gran ventaja de que permite escuchar la voz, obtener reacción
instantánea a las propias palabras y enterarse de lo que está
sucediendo en el momento, pero el uso del teléfono por parte de los
marineros tiene inconvenientes, y los principales residen en la
dificultad de conectar con ciertas zonas y, sobre todo, un elevado
precio. Efectivamente, en las tarifas del teléfono nos encontramos
con unos precios que oscilan, para el servicio automático y según se
realice por onda corta, media o por VHF, entre las 60 pesetas/minuto
y las 140 pesetas/minuto si se trata de un buque español y entre las
74 pesetas/minuto y las 160 pesetas/minuto si es un buque abanderado.
Si la llamada se realiza a través de operadora, los precios oscilan
entre las 145 pesetas/minuto y las 342 pesetas/ minuto en buque
español y entre 195 pesetas/minuto y 547 pesetas/minuto en buque
abanderado. A esto hay que añadir que tampoco tienen reducción de
tarifa en las llamadas realizadas a partir de las 8 de la tarde y,
por supuesto, no existe ninguna reducción en sábados ni domingos. La
tabla de tarifas completa está a disposición de las señorías que lo
requieran. Como SS.SS. pueden comprobar, estas tarifas están por
encima de lo que abona cualquier ciudadano por el uso de un aparato
tan fundamental en la comunicación como es el teléfono.
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista presentaesta proposición no
de ley en el entendimiento de que existe una clara discriminación no
ya sólo entre dos ciudadanos con profesiones diferentes -marino y no
marinero-, sino que esa diferencia se establece para una misma
persona y se le discrimina según se encuentre en dos situaciones
diferentes. Si está en tierra, el comunicarse con su familia tiene un
precio y si está en un barco, si está enrolado, además de la
dificultad que su propio trabajo entraña, se lo ponemos un poquito
más difícil todavía y le incrementamos notablemente el precio de esa
comunicación, agravando con ello la comunicación que ese trabajador
de mar podría establecer con su familia. Por eso el Grupo
Parlamentario Socialista pide, a través de esta proposición no de
ley, que se establezca una igualdad de condiciones en las tarifas de
telefonía entre este colectivo y el resto de los usuarios.
Para terminar, señorías, quisiéramos que, antes de efectuar la
votación, tuviesen en cuenta los datos de la Unión Europea. Según la
Dirección General de Pesca Europea, tan sólo 6.250 jóvenes europeos
optan cada año por dedicarse a una carrera relacionada con el mar.
La pesca, por tanto, está dejando de ser una profesión atractiva para
los jóvenes y los desempleados, ya que las condiciones en las que se
desenvuelven los trabajadores del mar son duras y a esa dureza hay
que añadir la incomunicación que mantienen durante largos períodos de
tiempo con su familia.
Señorías, ayudémosles un poco aprobando esta proposición y hagamos
entre todos que al menos nuestros marineros se sientan al estar en la
mar un poco más cerca de casa, hagamos posible la conciliación entre
la vida laboral y la vida familiar; hagamos que bajen estas abusivas
tarifas telefónicas. Y ya que la diputada Ana Mato en su anterior
intervención manifestaba que estaban muy sensibilizados con todos los
problemas que afectan a los ciudadanos, espero que demuestre ahora el
Grupo Parlamentario Popular su sensibilidad con los ciudadanos que
ejercen su trabajo en el mar; no muestre su sensibilidad con las
empresas de comunicación, sino con los trabajadores.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Quieren las circunstancias que haga casi
exactamente un año, el 15 de diciembre de 1999, que se debatía una
proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego sobre esta misma
cuestión. En ella se demandaba del Gobierno que rebajase
sustancialmente las tarifas telefónicas vigentes para los
trabajadores del mar, y en aquella ocasión el Grupo Popular se opuso
a considerar esta proposición argumentando que ya se habían producido
rebajas sustanciales en las tarifas entre los años 1994 y 1999 y
porque además era muy complicado, según el criterio de este grupo,
abordar una mayor rebaja dada la legislación que estaba en vigor. Por
tanto, como nuestro criterio sobre esta cuestión no ha variado en lo
referido a la necesidad de que el Gobierno se decida a adoptar
medidas para rebajar las tarifas telefónicas para las personas
embarcadas en general, es por lo que el Bloque Nacionalista Galego va
a votar favorablemente esta proposición no de ley que hoy discutimos.
Quiero decir que si hoy volvemos a discutir sobre este tema es porque
el Gobierno sigue sin dar una respuesta adecuada a una justa demanda
de un colectivo como el de los trabajadores del mar, cuyas
condiciones de vida y trabajo ya son lo suficientemente duras como
para que el Gobierno tuviera en cuenta esta circunstancia. Está claro
que estos trabajadores se ven obligados a permanecer durante largos
períodos de tiempo fuera de su residencia habitual y, por tanto,
separados de su entorno familiar y social. Esta situación de
separación de su entorno tiene consecuencias y agrava la penosidad
que en sí misma tiene la actividad que desarrollan estas personas.
Por tanto, nosotros creemos que el Gobierno
debería considerar esas especiales circunstancias y contribuir a
mitigar los efectos de las mismas, facilitando, cuando menos, la
posibilidad de que estos trabajadores puedan establecer contacto
telefónico con sus seres queridos con facilidad. Esto,
inevitablemente, pasa por establecer unas tarifas telefónicas
asequibles al nivel económico de estas personas, lo que hoy no
sucede. No estamos ante una cuestión menor o sin importancia, sino,
al revés, porque es importante que estos trabajadores puedan, aunque
sea a través del teléfono, estar comunicados con su entorno, puedan
hablar con sus familias con cierta frecuencia y sosiego.
Decía el Gobierno también hace ya algún tiempo, en una respuesta dada
a este diputado, que se estaban llevando a cabo conversaciones entre
Telefónica, la Dirección General de Marina Mercante y la Secretaría
General de Comunicaciones, de las que podría derivarse el
establecimiento de nuevas tarifas. El tiempo transcurrido debería
haber concluido en que de esas conversaciones se derivase esa rebaja
de tarifas y esto no ha acontecido.
En definitiva -y concluyo, señor presidente-, existe un problema
real, el excesivo precio de las comunicaciones por teléfono para los
trabajadores del mar; en segundo lugar, este problema es posible
solucionarlo por parte del Gobierno si existe voluntad política de
hacerlo -yo estoy seguro que todos convendrán conmigo que la rebaja
de las tarifas no va a desequilibrar ni los presupuestos del Gobierno
ni los de la compañía Telefónica- y, por último, es un problema que
es necesario resolver, porque simplemente es de justicia. Por tanto,
nosotros creemos que la aprobación de esta proposición no de ley en
el día de hoy contribuiría sin duda a resolver un problema que se
viene demorando mucho en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más quiere intervenir? (Pausa.)
Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Permítanme SS.SS. que empiece discrepando de
un párrafo de la exposición de motivos de la proposición no de ley
que hoy se nos plantea.
En su propia intervención la señora Varela ha incurrido en una
contradicción con esta exposición de motivos. Se nos dice que la
profesión de la pesca no está siendo atractiva para los jóvenes. Yo
creo, señora Varela, que nunca lo fue. De sus palabras se deduce que
esto es así. El trabajo en la mar, caracterizado por esas
circunstancias de las que usted hablaba -la lejanía de la familia,
las condiciones meteorológicas, la mar gruesa, la marejada-, nunca ha
sido atractivo. Quizá lo atractivo es la pesca deportiva, pero no la
pesca profesional.
Entrando ya en la materia que nos ocupa, tengo que decirle que el
Gobierno impulsó la aprobación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, la
Ley General de Telecomunicaciones,
que establece una serie de obligaciones de servicio público a cumplir
por los operadores, dirigidas a garantizar y respetar los intereses
de los ciudadanos. Y dentro de estas obligaciones está la de los
servicios obligatorios de telecomunicaciones, entre los que se
encuentra, por prescripción expresa del artículo 40.2.b), el servicio
móvil marítimo o correspondencia pública marítima. Pues bien, en
virtud del apartado segundo de la disposición transitoria novena de
la Ley General de Telecomunicaciones, se establece que los servicios
de correspondencia pública marítima serán prestados por Telefónica
durante un período de cuatro años.
En lo que se refiere al régimen tarifario de este servicio, las
tarifas que se abonan por la prestación del servicio móvil marítimo,
actualmente, implican que los ingresos que percibe esta compañía no
cubren más que el 12,6 por ciento de los costes generados. Por tanto,
es un servicio en donde esta compañía está asumiendo unos importantes
déficit.
Yo sabía que este Gobierno generaba una importante confianza en la
sociedad, pero no sabía que quien tiene la responsabilidad de manejar
el timón de esta nave que se llama España generaba tamaña confianza
en los grupos parlamentarios, sobre todo en los grupos parlamentarios
de la oposición. Porque supone una gran confianza el solicitar, como
lo solicitan ustedes, que el Gobierno navegue bien, navegue, como en
este caso, capeando, es decir, obligando a los operadores a asumir
importantes déficit. Pero a ustedes no les basta y creen que el
Gobierno es capaz de mucho más, la confianza va más allá. No les
basta que navegue capeando sino que le piden que lo haga faenando. Y
en esa faena le dicen que faene con artes, no le voy a decir que
prohibidas, pero sí, por lo menos, no permitidas. Porque aprobar la
proposición no de ley que hoy se nos plantea, continuando con el
abaratamiento de estos servicios, podría implicar el incumplimiento o
la contravención del principio consagrado en las directivas
comunitarias que han impulsado la liberalización de las
telecomunicaciones en toda Europa y que han sido traspuestas a través
de la Ley 11/1998, cual es el de que las tarifas tienen que ir
orientadas a costes.
No se preocupen SS.SS. porque el Gobierno sigue navegando y navegando
bien, y va a seguir tomando medidas para abaratar estos servicios. Lo
va a seguir haciendo, pero no le vamos a apurar nosotros. En
consecuencia, vamos a votar en contra de la proposición no de ley que
ahora estamos debatiendo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley número 1, de
reorientación paulatina de la industria militar para fines civiles.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, sobre solicitud a la Unión
Europea de medidas en relación con el sector naval, así como para la
integración de dicho sector público español en la empresa Bazán, con
la incorporación de las enmiendas de los Grupos Mixto y Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley, sobre las becas
predoctorales y postdoctorales de formación de personal investigador,
con la enmienda del Grupo Socialista
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto cuarto del orden del día, proposición no de ley sobre medidas
para garantizar a los usuarios de los teléfonos rurales de acceso
celular el acceso a servicios avanzados de telecomunicaciones, con la
transacción del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto quinto del orden del día, proposición no de ley sobre
introducción de competencia en la telefonía móvil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto sexto, proposición no de ley relativa a las tarifas telefónicas
marítimas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, del miércoles, 20 de diciembre de 2000, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.