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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 89, de 26/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 89
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 5
celebrada el jueves, 26 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés
Bertrán) para informar sobre:
- La adjudicación de las licencias de telefonía multimedia (UMTS) y
las consecuencias para la hacienda del Estado. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000137.) . . .
(Página 2360)
- Las adjudicaciones de las licencias de telefonía móvil multimedia
(UMTS) en España y sobre las garantías de inversiones y
competitividad de las tarifas en los próximos años. Asolicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 213/000138.) . . . (Página 2360)
- Las adjudicaciones de las licencias de telefonía móvil multimedia
(UMTS) en España y medidas para equilibrar la situación con relación
al resto de los países de la Unión Europea. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000152.) . . . (Página 2360)
- Las adjudicaciones de las licencias de telefonía móvil multimedia
(UMTS) en España y sobre las garantías de inversiones y
competitividad de las tarifas en los próximos años. A solicitud del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Número de expediente 213/
000154.) . . . (Página 2360)
- Razones que llevaron al Gobierno a la concesión por concurso de las
licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) a cada
operador, así como medidas previstas por el Gobierno para compensar
las consecuencias negativas derivadas de ese concurso. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/
000168.) . . . (Página 2360)
- Estrategia del Gobierno sobre telefonía móvil en el marco de la
sociedad de la información. A petición propia. (Número de expediente
214/000024.) . . . (Página 2360)
Comparecencia del secretario general de Política Científica (Junquera
González) para explicar las líneas de actuación de esa Secretaría
General. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000097) . . . (Página 2387)
Comparecencia del señor presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) para explicar las líneas de
actuación de ese organismo. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000096.) . . . (Página 2403)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar la sesión con
comparecencias de miembros del Gobierno y altas autoridades. Hay un
cambio. A las once de la mañana va a comparecer el secretario general
de Política Científica para explicar las líneas de actuación de esta
Secretaría y a las doce el presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BIRULÉS
BERTRÁN) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA ADJUDICACIÓN DE LAS LICENCIAS DE TELEFONÍAMULTIMEDIA( UMTS) YLAS
CONSECUENCIAS PARALAHACIENDADELESTADO. ASOLICITUD DELGRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/000137.)
- LAS ADJUDICACIONES DE LAS LICENCIAS DE TELEFONÍA MÓVIL MULTIMEDIA
(UMTS) EN ESPAÑA Y SOBRE LAS GARANTÍAS DE INVERSIONES Y
COMPETITIVIDAD DE LAS TARIFAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 213/000138.)
- LAS ADJUDICACIONES DE LAS LICENCIAS DE TELEFONÍA MÓVIL MULTIMEDIA
(UMTS) EN ESPAÑA Y MEDIDAS PARA EQUILIBRAR LA SITUACIÓN CON RELACIÓN
AL RESTO DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000152.)
- LAS ADJUDICACIONES DE LAS LICENCIAS DE TELEFONÍA MÓVIL MULTIMEDIA
(UMTS) EN ESPAÑA Y SOBRE LAS GARANTÍAS DE INVERSIONES Y
COMPETITIVIDAD DE LAS TARIFAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA. (Número de expediente 213/
000154.)
- RAZONES QUE LLEVARON AL GOBIERNO A LA CONCESIÓN POR CONCURSO DE LAS
LICENCIAS DE TELEFONÍAMÓVILDE TERCERA GENERACIÓN (UMTS) A CADA
OPERADOR, ASÍ COMO MEDIDAS PREVISTAS POR ELGOBIERNO PARACOMPENSAR LAS
CONSECUENCIAS NEGATIVAS DERIVADAS DE ESE CONCURSO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000168.)
- ESTRATEGIADELGOBIERNO SOBRE TELEFONÍA MÓVILEN EL MARCO DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente
214/000024.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos con la comparecencia de la señora
ministra de Ciencia y Tecnología. Bienvenida, ministra. Tiene usted
la palabra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Buenos
días. Es una satisfacción estar de nuevo ante esta Comisión de
Ciencia y Tecnología para informar a SS.SS. y atender las peticiones
presentadas sobre los temas relacionados con la telefonía móvil y la
sociedad de la información en España.
Si me lo permiten, quisiera referirme, en primer lugar, al asunto que
entiendo es fundamental en los temas relacionados con la telefonía
móvil, cual es la sociedad de la información y su desarrollo en
España. La nueva sociedad, la sociedad de la información, está
suponiendo para nuestro país y para todo el mundo, como ya saben SS.
SS., una auténtica revolución desde el punto de vista tecnológico,
económico y social. Así, para nuestro futuro y el progreso de España
es estrictamente necesario que nuestras empresas y nuestros
conciudadanos participen directamente en esta sociedad, por lo que
desde las instituciones y poderes públicos todos tenemos que adoptar
las políticas y medidas de todo orden necesarias para que esta
participación se desarrolle de forma ordenada y de la manera más
rápida posible.
Convendrán conmigo que la telefonía móvil e Internet, con su
crecimiento y posibilidades futuras, no sólo se han convertido en los
dos fenómenos que despiertan mayor interés en nuestra sociedad, sino
que significan el vehículo más importante y más rápido de crecimiento
en el marco del impulso y la consecución de la sociedad de la
información. La convergencia de ambos servicios ha sido en los
últimos tiempos uno de los mayores retos del sector de
telecomunicaciones. Hoy en día, por tanto, se puede asegurar que la
unión móvil e Internet, que empieza a vislumbrarse con la telefonía
móvil de tercera generación, nos permitirá avanzar y materializar
dicha convergencia.
En la actualidad, como saben, en nuestro país contamos con más de 22
millones de móviles, que representan más del 54 por ciento de
penetración, situándonos en un nivel superior a la media europea.
Tenemos unos precios de los móviles en su sentido estricto de los más
bajos de Europa y las nuevas modalidades GPRS y UMTS están generando
que los grandes actores de este mercado a nivel internacional,
incluidos los de contenidos y aplicaciones, estén invirtiendo en
España y alcanzando acuerdos para el desarrollo de los servicios y en
general de los servicios multimedia.
La primera comparecencia que tuve en esta comisión para exponer las
líneas generales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me permitió
adelantar las políticas y la estrategia prevista por el Gobierno para
la profundización del proceso de liberalización de las
telecomunicaciones en España y para la rápida implantación de la
sociedad de la información.
Centrándonos en la materia que nos ocupa, es decir la telefonía móvil
de tercera generación, quisiera manifestar, como ya he hecho en la
Cámara con anterioridad, que nuestro objetivo fundamental con esta
nueva modalidad es el rápido desarrollo y el impulso de la sociedad
de la información en España, a la vez que continuamos incrementando
la competencia en el mercado de móviles.
Teniendo en cuenta, pues, este objetivo fundamental, el Gobierno
consideró idóneo el sistema de concurso. El sistema de concurso exige
unas condiciones previas y establece un conjunto de elementos
importantes para el desarrollo de la sociedad de la información. La
propia dinámica de los concursos hace que los potenciales
licenciatarios compitan entre ellos en temas que van mucho más allá
del precio, o sea, que antes de competir en el mercado ya compiten en
el propio concurso. Por tanto, compitieron en aspectos que son claves
para la existencia de la competencia efectiva en el mercado, y no
sólo la competencia nominal, compitieron en los precios y en los
tipos de precios que iban a dar a los usuarios, en el número,
variedad y extensión de los servicios, en modernidad tecnológica de
las redes, en cobertura y en inversión y en cuestiones no sólo claves
para la introducción de la tercera generación de móviles, de la que
estamos hablando, sino también para el desarrollo social, económico y
tecnológico de la sociedad de la información en España.
En España, pues, en el concurso para adjudicación de las licencias
UMTS el Gobierno marcó los conceptos a valorar, que hacían referencia
a la calidad de la cobertura radioeléctrica medida en extensión
geográfica, niveles de intensidad de campo, niveles de cobertura de
interior, rendimiento espectral, número de radiobases instalables,
capacidad de itinerancia internacional de la red a instalar, número
de puestos de trabajo permanentes a crear y su destino a personas
pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción en
el mercado de trabajo, contribuciones al desarrollo del tejido
tecnológico industrial nacional, facilitar el acceso a Internet a
todos los ciudadanos a precios y en condiciones asequibles, y
finalmente un conjunto de garantías que vienen valoradas, así como
los avales que afianzan compromisos asumidos en las ofertas. Estos
conceptos contemplan aquellos aspectos más relevantes para garantizar
un más rápido despliegue, un rápido inicio del servicio, una más
completa, variada y competitiva oferta de servicios y unas
actuaciones complementarias en el mundo de las telecomunicaciones que
permitan el desarrollo armónico de la demanda.
De ello se derivan compromisos de importante número de puestos de
trabajo permanentes a crear, una importante inversión en redes y en
innovación tecnológica, contribuyendo al desarrollo del tejido
empresarial español. Con todo ello, no estamos sino haciendo fácil el
acceso a Internet de todos los ciudadanos. Dicho sea de paso, estos
compromisos han sido avalados con más
de 1,2 billones de pesetas. Convendrán, pues, conmigo, señorías, en
que dichos aspectos no pueden ser considerados como poco importantes.
Recordando que el modelo español de telefonía móvil no sólo es un
modelo de competencia en servicios, sino también de competencia en
redes, son claves dos aspectos a los que quisiera dedicar especial
atención. Son los de inversión en infraestructuras y despliegue de
red. En cuanto a la inversión en infraestructuras, como saben SS.SS.,
son estas inversiones la mejor garantía para asegurar una capacidad
de red suficiente y una adecuada calidad a los consumidores. Así la
cuantía total de las inversiones comprometidas por los cuatro
operadores en los cuatro primeros años desde el inicio del servicio
asciende a la cantidad de 1,3 billones de pesetas, el 54 por ciento
del total de la inversión en red y en activos fijos. Para asegurar la
realización de estas inversiones las garantías que los operadores han
aportado ascienden a más de 400.000 millones de pesetas y la cuantía
total de las inversiones en red es de 2,4 billones de pesetas.
Si luego nos referimos al otro aspecto, al despliegue de red, a la
cobertura, en cuanto a esta última tan importantes son los aspectos
de cobertura geográfica y de población como el ritmo de despliegue de
la red para alcanzar dicha cobertura. Los compromisos de los
operadores permitirán que la telefonía móvil de tercera generación
alcance en España a más del 92 por ciento, llegando incluso hasta el
98 por ciento de la población en agosto del año 2005. En los países
de nuestro entorno, como saben, la cobertura prevista es muy
inferior. Así en Alemania se alcanzará el 25 por ciento de la
población a final del año 2003 -éste es el caso más alto aparte de
España- y el 50 por ciento a final del año 2005. Esto hay que
compararlo con lo que acabamos de decir de las coberturas que se
conseguirán en España del 92 por ciento como mínimo y hasta el 98 por
ciento en agosto del año 2005. En Holanda se alcanza el 60 por ciento
al final del año 2008 y para esta misma fecha se prevé alcanzar en el
Reino Unido el 80 por ciento de la población. Hay otros muchos casos
en que los operadores no están sujetos a ningún requisito de
cobertura mínima en ningún año.
Por otra parte, el total de avales aportados en España por los
operadores para asegurar el cumplimiento de este compromiso asciende
a 407.000 millones de pesetas. No podemos olvidar que asegurar una
cobertura adecuada es imprescindible para lograr una mayor cohesión
social y territorial. Es evidente que la implantación de una
tecnología que tantas ventajas debe aportar no puede llevarse a cabo
sin tener en cuenta la necesidad de que su despliegue suponga
beneficios para la vertebración del territorio, y no debe dar lugar a
que grandes sectores de la población no puedan beneficiarse de la
misma. Por ello, se considera la cobertura, junto a las inversiones a
que está íntimamente ligada, un compromiso y objetivo básico para el
Gobierno. El lanzamiento comercial de la prestación de
los servicios UMTS, los servicios de telefonía móvil de tercera
generación, tendrá lugar por exigencia del concurso en agosto del
2001 y desde el principio se cubrirán todas las ciudades españolas de
más de 250.000 habitantes. Además en el pliego y desde el punto de
vista de la calidad se fija un conjunto de parámetros que determinan
la calidad del servicio; incluso con un elemento de competencia entre
los propios operadores se exige determinar unos parámetros cuyo
incumplimiento permitiría al abonado ser indemnizado. Esta calidad
cuenta con unos avales de más de 36.000 millones de pesetas. Hay un
compromiso de roaming o itinerancia. Internacional que está avalada
por 7.000 millones de pesetas, hay un compromiso para ofrecer
significativos descensos de los precios de mercado, así como el
establecimiento de tarifas planas de Internet, y avales para que los
precios de voz se fijen desde el principio en unos porcentajes del 20
por ciento de los existentes en diciembre de 1999. Evidentemente, es
de todos conocido que la dinámica competitiva entre los operadores
hará que los otros, los que no la han avalado en su caso pero se
pueden haber comprometido, realínien sus precios para mantenerse
competitivos en el mercado. Hay aspectos de aportación a la economía
nacional en los cuales hay compromisos de adelantar actuaciones muy
significativas en el medio rural dentro de este período de los cuatro
años con lo que esto supone desde el punto de vista de cohesión
social y territorial, como decía antes, al equilibrar el grado de
cobertura geográfica que empieza en las grandes ciudades. Hay,
asimismo, actuaciones significativas en sanidad, en fomento de las
pequeñas y medianas empresas, en capital/riesgo y en empleo para
discapacitados,, una serie de aspectos que significan avances en el
ámbito social y económico.
Los nuevos operadores, los adjudicatarios españoles están
comprometidos en la prestación de nuevos y numerosos servicios y
aplicaciones desde el momento de su lanzamiento, lo que permite a los
consumidores españoles disfrutar de dichos servicios, frente a los
consumidores de otros países que posiblemente sólo disfrutarán de
aquellos servicios que tengan más alta rentabilidad. Existe el
compromiso de crear más de 36.000 empleos directos, más de 58.000
empleos indirectos por la contribución tecnológica industrial
relacionada con el proyecto, y más de 117.000 de las no relacionados
directamente con el proyecto y que es totalmente voluntaria, en lo
que hace referencia a lo que son las aportaciones a la economía
nacional, al desarrollo tecnológico, al avance rápido de la sociedad
de la información y la mayoría de ellas están avaladas con unas
cantidades significativas. Estos avales alcanzan una cantidad
superior a 226.000 millones de pesetas.
Antes, señorías, les recordaba que el modelo español de
telecomunicaciones ha buscado y busca la competencia en redes y en
servicios como garantía no sólo de que nuestros ciudadanos accederán
a mejores servicios, sino que con la incorporación de las nuevas
tecnologías
se ofrecerán también mayores anchos de banda. Con la tercera
generación de móviles se introduce esta nueva tecnología con
competencia en redes. Los servicios que permite la tercera generación
y que le dan su potencia son muy distintos de los de voz y de la
utilización de datos en mensajes cortos. Estamos hablando de
aplicaciones y de contenidos multimedia, por tanto más parecido en
este sentido a la telefonía fija a lo que hoy con mayor o menor ancho
de banda está ofreciendo la telefonía fija. Por tanto, ante la
tercera generación de móviles habrá que ir adaptando el marco
regulatorio a las nuevas circunstancias de la telefonía móvil, ya que
de otro modo no se garantizaría una competencia efectiva. Ello
significa que la competencia en móviles ha de ir evolucionando de
forma gradual y en aumento, tomando como referencia el nivel de
competencia obtenida en telefonía fija, salvando las diferencias
evidentes entre ambos mercados y también teniendo en cuenta la
interrelación actual de cierta asimetría y la interrelación entre
ellos. En particular, y teniendo en cuenta el nuevo papel de los
contenidos y de las aplicaciones, habrá que ir asegurando que no hay
obstáculos, ni restricciones regulatorias que impidan este avance de
la competencia, de modo que los nuevos agentes o cambios en la cadena
de valor de la telefonía móvil se desarrollen y puedan competir en el
mercado sin más restricciones que las impuestas por las limitaciones
técnicas de las redes de soporte de estos servicios. La competencia
en redes y en servicios básicos ha de poder ir ampliándose a
contenidos y aplicaciones en el mercado de la movilidad, sin
desincentivar la inversión, ni la competencia en redes.
Con la tercera generación de móviles, otro aspecto que ha tomado una
especial relevancia ha sido la gestión eficaz del espectro
radioeléctrico, es decir el uso adecuado de un recurso que es público
y escaso. Las características físicas de dicho espectro y las
tecnologías que de él hacen uso en cada momento determinan el margen
de maniobra para su asignación entre los distintos potenciales
operadores. El hecho de que la tercera generación de telefonía móvil
permita ofrecer muchos más servicios y de mayor valor añadido para
los ciudadanos, hace que el valor económico de disponer de espectro
UMTS haya aumentado por la mayor rentabilidad esperada al ofrecer
estos servicios. Por ello, el Gobierno ha propuesto la elevación del
importe de la tasa por reserva del dominio público radioléctrico, en
cumplimiento de un mandato del Parlamento. Este mandato no es otro
que el reflejado en el artículo 73 de la Ley general de
Telecomunicaciones, que obliga al Gobierno a fijar el importe de la
tasa por reserva del dominio público radioeléctrico en función del
valor de mercado del uso de la frecuencia reservada y de la
rentabilidad económica que el beneficiario pueda obtener del uso del
espectro.
Quiero subrayar que lo que se está haciendo no es cambiar el criterio
establecido en 1998 por la Ley general de Telecomunicaciones, sino
precisamente dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 73 de dicha ley. Como
consecuencia el Gobierno ha procedido, a través del proyecto de ley
de acompañamiento de los presupuestos del 2001 a actualizar esta
tasa. Se prevé una recaudación total anual de 160.000 millones, y en
concreto 140.000 millones de pesetas en el año 2001 procederán de los
distintos operadores de telefonía móvil, 100.000 referidos a UMTS. A
raíz de la actualización de la tasa alguien puede pensar que ésta
podría afectar negativamente al precio final del servicio de
telefonía móvil. Considero que es una preocupación infundada, puesto
que en el mercado español tenemos, por un lado, una competencia
efectiva que se va a acentuar con las cuatro concesiones de telefonía
móvil de tercera generación, lo cual supone la mejor garantía para
conseguir unos precios más accesibles al consumidor, pero además el
Gobierno dispone de suficientes mecanismos, como es la oferta de
referencia para operadores dominantes en este mercado, para preservar
la competencia efectiva en dicho mercado; además nuestro país cuenta
con organismos que velan por la competencia, que velan para que
existan comportamientos verdaderamente competitivos evitando
cualquier intento de colusión que pudiera surgir entre los
operadores.
Finalmente, no debemos olvidar que en el propio concurso seguido en
España los operadores de tercera generación han ofertado unos
compromisos significativos en cuanto a los niveles de precios, unos
compromisos incluso avalados en cuanto al descenso del porcentaje del
20 por ciento del servicio de voz con relación a diciembre de 1999,
manteniendo además durante cinco años esquemas tarifarios en este
ámbito con sus correspondientes avales.
Con esta exposición espero haber dado cumplida respuesta a los temas
que han motivado mi comparecencia en esta Comisión, y en cualquier
caso quedo muy gustosa a su disposición para aclararles cualquier
cuestión que consideren de interés.
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, va a intervenir el representante
del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, en la concesión de licencias
de telefonía móvil UMTS el Gobierno ha querido que el Estado español
fuese el primero, como también parece que vamos a serlo en tener unos
presupuestos con déficit cero, pero es un falso primer puesto, porque
en el caso de los presupuestos no se corresponde con la situación
real de la economía española, con el avance en eso que se llama
convergencia real, y en el caso de la concesión de licencias de
telefonía móvil ser los primeros está teniendo unos costes -y siento
no coincidir con usted- en que los bajos precios pagados por las
operadoras no se va a traducir en un precio más bajo a pagar por los
usuarios de esteservicio.
Publicaciones tan poco sospechosas de enemistad con el Gobierno como
Expansión lo reconocían citando fuentes gubernamentales, y decían en
concreto que el Gobierno admite que lo que se pague por la licencia
no repercute en el precio que pagará el usuario; las empresas
tratarán de maximizar sus beneficios y por tanto el precio que
aplicarán será el máximo que puedan en comparación con otros
operadores que compitan, competencia que será no sólo en el ámbito
del mercado español sino, como usted sabe también, a nivel europeo.
Hay una investigación en marcha de la Comisión de la Unión Europea
para clarificar si esta forma de conceder licencias de telefonía
móvil ha supuesto o no una ayuda pública prohibida por el Tratado a
las empresas beneficiadas, y a priori, sin que se pueda prejuzgar
cuál va a ser el resultado de la investigación, las cifras parece que
son bastante expresivas, porque por una licencia que en España le
costó a Telefónica 21.750 millones de pesetas, sabemos que esta
compañía pagó 800.000 en Alemania, los otros 200.000 de la licencia
los pagó su partenaire, en este caso la empresa finlandesa Sonera,
y 400.000 millones en Italia.
Sobre todo lo que ha dicho acerca de la creación de empleo y de la
cobertura territorial, le quiero recordar qué esta sucediendo en
Galicia: que hay 80.000 teléfonos trac, de Telefónica, que no
permiten acceso a Internet, que no permiten acceso a servicios de
alta capacidad, y no sé que hace el Gobierno a este respecto.
Nosotros defendemos la anulación del concurso. Se nos ha dicho que
anular el concurso pondría en cuestión el principio constitucional de
seguridad jurídica (sobre esto habría que preguntar también a
pensionistas y trabajadores que están sumidos en una permanente
inseguridad jurídica) y la confianza que los inversores
internacionales tienen en el Estado español. Yo creo que anular un
concurso es un mecanismo perfectamente asimilado y previsto en el
ordenamiento jurídico español, en la Ley de contratos de las
administración públicas, a la que se remite en este punto la Ley
general de Telecomunicaciones, y uno de los principios del sistema
español de derecho público. Ya decía un famoso autor francés,
Hauriou, que el fundamento en el sistema de régimen administrativo es
que el Estado actúe pero que indemnice, y de eso se trata, que anule
pero que indemnice por los costes efectivamente soportados por estos
operadores pero no por las expectativas de beneficios que tengan.
Para compensar esto -yo creo que se puede hablar de fiasco- ustedes
introducen en el proyecto de ley de presupuestos generales para el
año 2001 una tasa de utilización del espacio radioeléctrico por la
que harán pagar a justos por pecadores, porque no sólo van a pagar
las operadoras de telefonía móvil UMTS sino todos los usuarios del
espacio radioeléctrico, que ya lo estaban haciendo pero no en las
cuantías que estaban previstas.
También quiero recordar que las previsiones menos exageradas o más
prudentes, calculaban que con la
subasta en España se abrían podido recaudar entre dos y cuatro
billones de pesetas, podemos decir dos billones después de la bajada
que en el sistema ha supuesto la última subasta italiana, y desde
luego todo lo que nos ha dicho usted de incrementar la competencia en
cuestiones que no tienen que ver con el precio que pagan las empresas
es algo que el Gobierno español no va a poder controlar porque
renuncia a poder fijar precios máximos, y por tanto todo va a quedar
a disposición de lo que sean las dinámicas del mercado, que por parte
del Gobierno son absolutamente incontrolables, primero porque
renuncia a controlarlas, y segundo, porque territorialmente exceden
de lo que es el territorio estatal; una dinámica de competencia de
ámbito europeo que lógicamente va a situar mejor a los que hayan
recaudado más dinero que a los que, como el Estado español, queriendo
ser los primeros han cometido un grave error, y lo peor es no querer
enmendarlo sino insistir en ese error y no querer anular el concurso,
porque sacar a concurso nuevas licencias creemos que en absoluto va a
resolver el problema, aparte de la resistencia de las operadoras,
pero una resistencia con la que supongo ya había que contar.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, gracias por la información
que ha trasladado en esta su primera intervención a la Comisión, yo
creo que es una información interesante pero nosotros la consideramos
tardía. Si esta comparecencia ante la Comisión se hubiera
desarrollado en tiempo anterior al que se está planteando
probablemente muchas de las tensiones y de este gran debate que se ha
producido en torno a la puesta en marcha de la telefonía móvil de
tercera generación se hubieran despejado.
El asunto desde nuestro punto de vista es aclarar qué pretendemos con
la implantación de esta nueva rama de la telefonía móvil, para
valorar si un concurso o una subasta. ¿Pretendemos que sea un
elemento recaudatorio para los fondos del Estado o tener un buen
servicio de telefonía móvil de tercera generación, un buen servicio
para los usuarios, una buena cobertura, una buena calidad y que, en
definitiva, podamos competir?
Partiendo del objetivo que pretendamos, llegaremos a la conclusión de
que podemos acercarnos más a valorar lo que ha sido la fase de
concurso en España o a valorar como positivo el sistema de subasta
seleccionado en el Reino Unido o en Alemania. Mi grupo parlamentario
apuesta claramente porque lo importante en estos momentos es prestar
un buen servicio a los usuarios. No descartamos que el procedimiento
del concurso sea adecuado, y para tener una posición concreta es
necesario que la señora ministra nos despeje algunos interrogantes
sobre distintas preguntas. Si el criterio
seguido por el Gobierno fue fruto de un detallado estudio y análisis
en el sentido de no perseguir una finalidad recaudatoria, sino que el
concurso pretenda una buena cobertura, una calidad, un control de
precios, es decir contraprestaciones por parte de los operadores,
parece que la puesta en marcha de los acuerdos posteriores, en el
sentido de cobrar una tasa por ocupación del espacio radioeléctrico y
hacer el anuncio juntamente con ellos de la entrada de nuevos
operadores en el mercado para abrir la competencia -con lo que
nosotros estamos de acuerdo-, da la impresión de que son reacciones
al acoso de otras formaciones políticas y al acoso mediático a que ha
sido sometida la decisión del Gobierno de elegir el procedimiento de
concurso y no el de subasta. Me explico. Si por el procedimiento de
concurso teníamos como objetivo conseguir unos precios asequibles,
unas contraprestaciones, es decir que la telefonía móvil de tercera
generación tuviera la cobertura adecuada, y a los operadores les
cargamos mediante tasas la ocupación del espacio radioeléctrico, lo
que estamos anunciando desde la posición del Gobierno es que esto va
a significar la recaudación de dos billones de pesetas para intentar
acercarnos a lo que ha sido el procedimiento de subasta en otros
países -esa es la lectura que podemos hacer-, pero nos surgen dudas
sobre si esta decisión del Gobierno de la tasa por la ocupación del
espacio radioeléctrico es fruto de ceder a la presión mediática y
política más que a una decisión firme del Gobierno, en el sentido de
que el concurso podía cubrir mejor las necesidades que teníamos en
España. Estamos hablando de un asunto en el que no tenemos que
limitarnos a ver lo que ocurre dentro del Estado español, hay que
echar la vista a lo que está ocurriendo en toda Europa, y poco
podemos hacer si queremos ser competitivos en estos momentos cuando
se intenta que este sistema de telefonía móvil pueda ser competitivo
con Estados Unidos en el uso de Internet y compensar las ventajas que
nos lleva en estos momentos. Para ello la política de precios en el
uso de este sistema de telefonía móvil tiene que ser competitiva. En
cualquier caso, para tener una opinión más fundamentada, nos gustaría
conocer algunas cuestiones. ¿Cómo es posible asegurar que los precios
del servicio en España no servirán par subvencionar el servicio en
otros países donde han existido subastas? Estamos hablando de grandes
multinacionales que en estos momentos han hecho grandes desembolsos
económicos en el Reino Unido y en Alemania. Como en España han pagado
menos por la licencia, si los ciudadanos españoles van a pagar lo
mismo que los alemanes o los del Reino Unido, podríamos pensar que
las ventajas que ha dado a los grandes operadores el sistema de
concurso utilizado en España les sirve para compensar las teóricas
pérdidas del gran esfuerzo económico que han tenido que hacer en
Alemania o en el Reino Unido. Nos gustaría conocer el criterio de la
señora ministra respecto a este asunto y alguna referencia de que
esto no va a
ser así porque sería preocupante. ¿Con qué elementos de control
cuenta el Ministerio para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los operadores? ¿Qué elementos tiene el Ministerio
para controlar a los operadores? ¿Cómo lo ha hecho y que control
existe en el caso de los GSM o de otros operadores de telefonía? ¿Se
ha comprobado que los nuevos operadores en el mercado -más de 100 en
estos momentos- cumplen los compromisos que tenían sus licencias? Nos
gustaría saber si existen inspecciones previas y si los operadores
están cumpliendo las licencias que les fueron concedidas en su
momento. ¿Tiene pensado el Ministerio hacer concesión de nuevas
licencias? Nos gustaría que aclarara si en ese supuesto que se ha
anunciado de concesión de nuevas licencias, hay decisión de seguir
por el mismo procedimiento de concurso o de subasta.
Como es obvio, parece que en estos momentos los operadores están en
una situación de incertidumbre como consecuencia del tiempo que ha
tardado el Gobierno en concretar su postura (nuevos competidores,
nuevas tasas, compensaciones, etcétera.) ¿Tiene constancia la señora
ministra de que esta incertidumbre haya afectado a los planes
estratégicos y a la planificación de inversiones, al no conocer el
marco definitivo en el que se tienen que mover los operadores que han
optado a las licencias en España?
Partiendo de la base de que en España en estos momentos existen los
cuatro operadores de la telefonía móvil de tercera generación
(estamos por debajo de la media europea que se sitúa en torno a seis)
parece lógico pensar que en nuestro país se ampliará la oferta en uno
o dos operadores. ¿Ha pensado la señora ministra en otras figuras
como los operadores de móviles virtuales o los revendedores de
servicios, en lugar de abrir el mercado al sistema tradicional? ¿Se
ha hecho algún estudio para conocer la idoneidad de estas figuras en
el mercado español, es decir los operadores de móviles vituales o la
de los revendedores de servicios? En definitiva, señora ministra, nos
gustaría conocer su criterio acerca de estas cuestiones, partiendo de
la base de que para nosotros lo importante son los usuarios. Si el
concurso garantiza cobertura, calidad y precio, comparativamente con
el procedimiento de subasta en otros países, nosotros estamos
claramente a favor del concurso. Si, por el contrario, lo que hemos
hecho es una dejación de posibles derechos que tiene el Estado para
recaudar fondos, porque al final el precio que se va a pagar en
España es igual al del Reino Unido o al de Alemania, estaremos
hablando de otra cosa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en primer lugar quiero agradecer la presencia
de la ministra
Ciencia y Tecnología ante esta Comisión para informar sobre aspectos
de importancia vital. Hoy, señorías, estamos ante un debate muy
importante que engloba de qué forma estamos implantando en España la
telefonía móvil de tercera generación. Es un tema crucial.
Quisiera aprovechar esta intervención para trasladar a la Cámara y a
la sociedad la importancia que tendrá en el futuro la telefonía móvil
de tercera generación; será crucial para implantar Internet. En
España, en estos momentos, el número de hogares conectados a Internet
está muy por debajo de la media comunitaria, no llega al 10 por
ciento; en otro países de nuestro entorno se duplica este porcentaje
y, en alguno, se supera el 40 por ciento -Dinamarca, por ejemplo;
también en Estados Unidos-. En cambio, en España se ha popularizado
la telefonía móvil; su nivel de implantación es muy aceptable, por
encima de la media de otros países de nuestro entorno, y el
incremento de dicha implantación arroja unas cifras que podemos
calificar de impresionantes: en 1999, el incremento de la penetración
de la telefonía móvil en España superó el 113 por ciento, cuando la
media europea era el 68 por ciento y en países como Alemania e Italia
estaba en el 60 ó el 48 por ciento.
Aquí concurren dos circunstancias: por un lado, una buena
implantación de la telefonía móvil y, por otro, un nivel bajo en el
uso social de Internet. Internet es el futuro; va a permitir al
conjunto de los ciudadanos mejorar en prestaciones y les facilitará
el trabajo diario y la vida cotidiana. Tendremos que debatir en esta
Cámara sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, pero internet va
a suponer un avance claro para la sociedad. Nuestro grupo pretende
favorecer la implantación social de internet; que no tenga una
utilización selectiva por parte de un segmento privilegiado de la
población; que podamos conseguir un uso social y normalizado, que los
ciudadanos puedan tener la prestación con facilidad.
Enlazando estos dos aspectos, necesidad de implantar Internet y gran
uso de la telefonía móvil en España, nuestro grupo considera que la
telefonía móvil de tercera generación nos abre una amplia puerta al
futuro. Es un nuevo sistema que permite transmitir voz, datos
e imágenes. El nuevo sistema -UMTS- permitirá alta velocidad de acceso,
una gran capacidad multimedia y una calidad de voz equiparable a la
de la telefonía fija. Consideramos que para llevar a cabo la vital
implantación de la telefonía de tercera generación en España es
necesaria la rapidez. Compartimos el criterio del Gobierno de
implantar con rapidez la telefonía móvil de tercera generación, es
una apuesta de futuro. Compartimos el deseo de ser, junto con
Finlandia, el país que con más celeridad implantará la telefonía
móvil de tercera generación.
Es cierto que el momento que se escogió para adjudicar a los
operadores la implantación de la nueva tecnología no fue acertado. Lo
dijimos entonces y tuvimos
una posición muy crítica. De acuerdo que el Gobierno aún no
estaba en funciones cuando publicó la orden de 10 de marzo de 2000
-empezó a estarlo a partir de las elecciones generales-, pero estaba
a punto de salir del poder e iba a ser objeto de revalidación o no
dependiendo del resultado electoral del 12 de octubre. Un tema tan
crucial, tan importante y con tanto futuro en España, estoy de
acuerdo en que requería celeridad aprovechando que la telefonía móvil
se extendía por toda la sociedad, era importante hacerlo deprisa,
pero el momento no fue acertado; el momento contaminó la decisión.
Quizá podría haberse adoptado el mismo sistema del concurso en fechas
posteriores, una vez constituido el nuevo Gobierno, una vez nombrada
usted ministra de Ciencia y Tecnología, pero no en un momento
preelectoral en que el debate público y sereno que debíamos tener
quedó contaminado.
La decisión ya se adoptó; se adoptó en marzo y la adjudicación se
hizo por concurso. Debemos recordar hoy aquí que las autoridades
comunitarias -la Dirección General XIII de la Unión Europea-
consideraron excesivo en marzo el precio que debían pagar los
operadores. Después, los acontecimientos se dispararon; sinceramente,
ninguno de los que estábamos aquí llegamos a pensar que las cifras de
la adjudicación por subasta en el Reino Unido o en Alemania
alcanzarían el nivel astronómico que alcanzaron. Cuando se produjo la
adjudicación por subasta -uno de los sistemas posibles- en el Reino
Unido y en Alemania, se disparó el debate en España sobre la
oportunidad o no de haber escogido el sistema de concurso. Pero
-repito- incluso las autoridades de la Unión Europea consideraron
elevado el precio que se exigió en España en marzo de 2000; una cosa
es el debate que se podía hacer en el mes de marzo y otra el que fue
posible a partir de mayo en que se conocieron más cifras.
Señora ministra, creemos que, una vez decidida la implantación de la
telefonía móvil por concurso, lo que debemos hacer, en vez de hurgar
en las heridas del momento escogido que no fue oportuno, es implantar
un buen sistema de telefonía móvil de tercera generación en España
que permita el uso social de la nueva tecnología y el uso social de
Internet; esa debe ser la prioridad. Para que tenga esa extensión
social, debe tener un precio muy asequible para los ciudadanos.
Discrepamos de la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, que
insta a anular el concurso. Nuestro grupo no le pide que se anule el
concurso; no creemos que sea viable jurídicamente una declaración de
lesividad. Además, creemos que no sería positivo para la implantación
en España de la nueva tecnología.
Una vez decidido el concurso, debemos intentar que se cumplan bien
las condiciones del mismo, que usted hoy, señora ministra, nos ha
explicado. Ha hablado de cobertura. Me gustaría saber si tiene cifras
del compromiso de cobertura de los operadores para compararlascon las
que puedan tener los mismos operadores en
otros países que hayan utilizado subasta, de modo que veamos si la
forma de adjudicación en España permite una mayor cobertura. La mayor
cobertura es un debate social, señorías, y el concurso es un debate
social. Si al final se demuestra que el concurso permite que un mayor
número de ciudadanos puedan usar las nuevas tecnologías antes y a un
precio más bajo, habremos hecho una apuesta social por esas nuevas
tecnologías en España. Quisiera saber los datos de la cobertura que
los operadores deben prestar en España.
Apartir de ahora, señora ministra, debemos garantizar que la nueva
tecnología sea más competitiva en España que en otros países de
nuestro entorno, que han hecho soportar a los operadores un precio
más elevado. Este es un debate importante en España: que el usuario
no pague un precio más elevado porque el operador ha pagado un precio
mayor en otro país que no es España. Debemos ser vigilantes en las
condiciones del concurso. Recordemos que el concurso ha exigido la
creación de puestos de trabajo estables; ha exigido una contribución
directa e indirecta en España para el desarrollo tecnológico del
sector de las telecomunicaciones y esto es importante.
El otro día estuve en un debate sobre la nueva economía y se ponía de
relieve un aspecto que algunas empresas explicaban con cierto temor.
Decían: en el ámbito de la nueva tecnología todo lo que las empresas
deban pagar, por ejemplo, en una subasta elevada, van a dejar de
invertirlo en nueva tecnología. El gasto en I+D+i que debe hacer una
empresa para desarrollar la sociedad de la información, para
desarrollar las nuevas tecnologías, si esa empresa tiene que pagar
unos costes elevadísimos para poder prestar ese servicio, eso al
final redunda en que la nueva tecnología ha servido para incrementar
las arcas del Estado, pero no para desarrollar con más celeridad las
nuevas tecnologías de la información. Por tanto, señora ministra,
este es un debate importante y debemos tener en cuenta de qué forma
ello va a contribuir a desarrollar en España la investigación, el
desarrollo, la innovación, en materia de nuevas tecnologías.
Repito, no debemos anular el concurso; debemos ser exigentes en el
buen cumplimiento de las condiciones establecidas; debemos vigilar
por esa cobertura que debe ser prácticamente universal. Ya en esta
Cámara hemos decidido que Internet tendrá la consideración de
servicio público universal -voy concluyendo- y mi grupo entiende que
debemos instar al Gobierno a velar especialmente por las previsiones
y el grado de ejecución de las inversiones previstas por cada una de
las empresas adjudicatarias. Se lo vamos a exigir, señora ministra, a
través de algún tipo de actuación parlamentaria -quizá una
proposición no de ley- para solemnizar en esta Cámara que queremos
estar vigilantes ante este tema.
En segundo lugar, nosotros solicitaremos al Gobierno -y lo vamos a
pedir no en este ejercicio, sino a lo largo de la legislatura- que se
aporten datos comparativos de las tarifas que se apliquen en España
por las
empresas adjudicatarias y las que se aplican en los restantes países
de la Unión Europea. Porque al final, si se ha optado por el
concurso, lo que debemos, señora ministra, es demostrar al ciudadano
que la tarifa a pagar en España será más baja y, por tanto, la
implantación social más alta y el desarrollo de las nuevas
tecnologías en España será también más alto.
Señora ministra, usted sabe que en el último real decreto-ley, que mi
grupo convalidó, se establecía que su Ministerio efectuaría, antes
del 31 de octubre de este año, un estudio sobre las posibles
alternativas que permitan incrementar el grado de competencia en
telefonía móvil, realizando las propuestas reguladoras
correspondientes. Quiero saber cómo está este estudio y cómo se ve
desde su Ministerio este grado de implantación de la competencia en
el ámbito de las nuevas tecnologías. Cuantas más competencias haya,
señora ministra, los precios tendrán que ser más bajos; por tanto,
debemos poner en este sentido especial vigilancia en aumentar la
competencia y estamos a la espera de conocer este estudio. Al igual
que creemos que el estudio de contabilidad de costes que establece la
Ley general de Telecomunicaciones en la nueva redacción que le dimos
en el decreto- ley debe llevarnos a que las distintas empresas
justifiquen claramente los costes que suponen a España las nuevas
tecnologías y que ello redunde, ya que el coste ha sido menor, en un
mejor servicio y en un precio más asequible. Para nosotros este es el
debate; para nosotros es oportuno el aumento que se hace del precio a
pagar por el impuesto en cuanto al dominio público radioeléctrico,
pero debemos considerar que una parte de la recaudación de esta tasa
que se incrementa (usted lo cifraba en 140.000 millones para el 2001,
la prensa afirmaba que eran 120.000 millones), sea cual sea la cifra
final de recaudación por esa tasa, un porcentaje de la misma debe
redundar directamente en desarrollar en España la sociedad de la
información.
Para finalizar, señor presidente, señorías, quiero decirles que había
dos sistemas posibles: el concurso o la subasta. La subasta era un
sistema posible, el sistema del mejor postor, el sistema de la mejor
oferta, un sistema muy propio de economías de mercado desarrolladas.
En el caso español también estaba justificado exigir el concurso, era
una alternativa posible. No se hizo en el momento y en las
condiciones de debate público adecuado, pero era un sistema posible
en España para evitar una situación de monopolio en el sector de la
telecomunicación, para romper con una situación de monopolio muy
implantada en España, para intentar, en un país donde la población
tiene un grado de dispersión muy alto, que la nueva tecnología pueda
implantarse al conjunto de la población. El concurso lo permite y,
por tanto, era un sistema posible. Al final es el sistema que se ha
adoptado. No vamos a pedir que se anule porque eso sería retrasar la
implantación de la sociedad de la información, pero sí le pedimos
vigilancia y, sobre todo, que al final el usuario, el ciudadano,
el conjunto de la población, considere que haber sido de los primeros
en implantar ese sistema que nos va a cambiar el día a día a todos
los ciudadanos también redunda en una implantación social de Internet
y de las nuevas tecnologías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Alfredo Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señora ministra, por su
comparecencia en esta Comisión, por la explicación que nos ha dado
sobre las condiciones y las consecuencias del concurso que se celebró
en España para otorgar las licencias de telefonía móvil de tercera
generación.
Es la tercera vez que usted habla en este Parlamento de este
concurso. Las dos anteriores lo hizo a raíz de una interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista. Debo decirle que hay una novedad en
relación con las otras comparecencias, y es que ésta se produce
después de que ustedes hayan rectificado. No han tenido más remedio
que hacerlo, porque es verdad que en España se había formado un
escándalo notable cuando supimos los españoles que lo que en Alemania
costaba 8 billones en España costaba 80.000 millones. En definitiva,
cuando supimos que las operadoras habían pagado setenta veces más en
Alemania, sesenta veces más en Inglaterra de lo que pagaron en España
exactamente por las mismas licencias. Incluso veinte veces más que en
Italia. Hoy leía las declaraciones de un ex portavoz del Gobierno que
decía que el concurso italiano daba la razón a Arias. Yyo pensaba
para mí, ¿dónde hay que firmar? Dos billones de pesetas y quince años
de licencia, ese es el concurso italiano que ha generado un escándalo
espectacular; nosotros hemos pagado 80.000 millones y veinte años de
licencia. Yo debo decirle que con las condiciones del concurso
italiano firmaba hoy por la mañana y si eso le da la razón a Arias
Salgado, bienvenido sea. Ha sido un escándalo que a ustedes les ha
obligado a rectificar, usted lo ha contado hoy, a través de la tasa.
Veinticinco mil millones de rectificaciones por cada una de las
licencias concedidas. Sobre la tasa volveré luego.
Es verdad que hoy íbamos a hablar de otras cuestiones distintas de
las del concurso. Usted ha venido razonando en las distintas
comparecencias que ha tenido en este Parlamento sobre las ventajas
del concurso en relación con la subasta. Este debate se ha mantenido
también aquí esta mañana. Ha manejado usted datos. Hoy ha sido más
prolija que en las otras comparecencias y yo se lo agradezco. Son
datos que nosotros le habíamos solicitado y que desgraciadamente nos
llegaron ayer a las ocho de la noche. Recibimos la comunicación de la
mesa de que a disposición del Grupo Parlamentario Socialista existían
tres carretillas de documentación en el archivo y mi compañera estuvo
hasta las tantas de la noche viéndola, si bien es verdad que no
pudimos hacer un gran examen. Lo haremos, señora ministra, con
absoluta y exquisita responsabilidad, no tenga ninguna duda; usted ha
confiado a esta Cámara unos documentos y tenga la seguridad de que el
Grupo Parlamentario Socialista hará de esos documentos estrictamente
lo que las leyes nos permiten hacer de ellos. Lo haremos para ver si
hay estos compromisos. Ya le digo que es verdad que nos ha mandado
usted toda la documentación del concurso, salvo los contratos, donde
finalmente las operadoras adquieren sus compromisos. Tendremos que
ver si con la documentación que hay podemos acceder a esos
compromisos de forma más concreta, aunque usted hoy aquí nos ha
apuntado algunos datos que sin duda nos van a servir de orientación.
Datos que, por cierto, en algún caso iluminan también bastante lo que
ha sido el concurso.
Hoy ya sabemos que efectivamente los precios no dependen de la tasa,
usted lo ha dicho. Cuando ha justificado la tasa ha dicho: Hay gente
que piensa que los precios dependerán de la tasa y no es así. Yo la
dije el otro día en el debate que no. Apesar de lo que aquí se dice
no depende de los costes hundidos sino de la competencia. Nadie se va
a creer que en España las operadoras van a bajar los precios para
agradecer el regalo del Gobierno, nadie y usted lo sabe, como nadie
se va a creer que las inversiones en España serán distintas de las
inversiones en Inglaterra o en Alemania; las empresas invierten para
ganar dinero. Eso es independiente de lo que hayan pagado por acceder
al mercado, y eso lo sabe usted muchísimo mejor que yo porque es
economista. No voy a insistir en ello, tiempo tendremos de discutir.
Señora ministra, de momento usted ha vuelto a hablar hoy de la fecha
de entrada de las UMT en España. Las operadoras y los fabricantes
parece que no nos dan más que malas noticias, porque ya la fecha de
agosto de 2001 sabe usted que casi se considera que no se va a
cumplir. Si no se cumpliera, cosa que discutiremos en esta Cámara,
lógicamente caería por tierra una más de las razones que el Gobierno
adujo para hacer esto, como decía el representante de Convergencia i
Unió, a toda velocidad. Efectivamente, ser los primeros de la clase
cuando al final no tenemos teléfonos no vale para nada.
Demostraríamos que estábamos ante otras razones en las cuales hoy no
quiero entrar.
En fin, veremos qué pasa. Usted hablaba aquí de esa fecha, y ya le
digo que uno escucha por los circuitos -nunca mejor dicho- que no va
a poder cumplirse. Ojalá no sea así. Si no se cumple, y estamos a
meses de ello, discutiremos en esta Cámara y supongo que el concurso
nos permitirá a los grupos parlamentarios pedir a las operadoras las
responsabilidades oportunas, si es que caben esas responsabilidades;
igual es que, sencillamente, el concurso se diseñó con objetivos
inalcanzables. Sería otra disculpa que no se mantendría en pié.
Usted envió a la Cámara parte de la documentación, la parte
administrativa del concurso. A falta de la otra nos dedicamos a
estudiarla y tengo que decirle que hoy vamos a exponer aquí algunas
preocupaciones sobre
las que me gustaría hablar; probablemente esta no será la última
comparecencia en relación con este concurso. Usted conoce bien,
porque estaba al otro lado de la mesa, que este es un concurso que no
nació bien, que a lo largo de su resolución tuvo distintas
incidencias. El primer escándalo -entre comillas y sin dramatizar- se
produjo cuando se conoció que la consultora contratada por el
Ministerio había trabajado para uno de los consorcios que se
presentaban al concurso; en concreto, que en el año 1999 había
facturado 893 millones para una de las empresas del consorcio. En el
año 1998 esta consultora facturó 400 millones por toda su actividad;
en el año 1999, 893 millones para una de las empresas. La verdad es
que esto fue llamativo y armó, como usted sabe muy bien, follón.
Después supimos que la mayoría de los consorcios no cumplía la
primera parte de la cláusula sexta porque el juego de las
participaciones cruzadas hacía que lo incumplieran; de hecho -también
lo sabe usted bien-, alguno de los consorcios llegó al final del
concurso sin haber cumplido, en teoría, esta cláusula. El ministro
Arias se hartó de hablar de la cuarta licencia, con lo cual ya daba
por supuesto que las tres primeras tenían dueño. Así fue. Sabe usted
que se denunció a la mesa que el funcionario, con un nivel
administrativo importante, que preparó los pliegos del concurso, en
pleno concurso fue contratado por uno de los consorcios. Sabe usted
que las acciones de una de las empresas de los consorcios que al
final obtuvieron la licencia subieron como la espuma en la última
semana porque hubo filtraciones a la prensa. Todas estas cosas las
sabe usted; fue un concurso que siempre estuvo bajo sospecha y de
hecho está recurrido en los tribunales.
Desgraciadamente, señora ministra, la documentación que usted nos ha
enviado hoy agrava estas sospechas a juicio del Grupo Parlamentario
Socialista, y yo me voy a permitir, muy brevemente, señor presidente,
hacerle una cronología de los documentos que usted nos ha enviado
para, a continuación, hacerle algunas preguntas que quiero dejar hoy
sobre la mesa porque supongo que usted no las va a poder contestar.
Empezaré por decir -usted lo sabe bien, y los señores parlamentarios
que están aquí también- que los pliegos del concurso fijan, con
carácter general, los parámetros a los que la mesa de contratación
debe atenerse y que no los fija con carácter muy concreto, muy
definido, así debe ser, así se ha hecho siempre, entre otras cosas
para favorecer las mejores ofertas que sabe usted, señora ministra,
que a veces no son las mejores en cada epígrafe sino las mejores en
el conjunto. Esto hace que una vez que las ofertas se presentan la
mesa de contratación tenga que establecer los criterios de
valoración, es decir, cuánto puntúa cada uno de los parámetros del
concurso a fin de dar las licencias en función de un orden de
puntuación. Por tanto, la formalización de esos criterios de
valoración es definitiva y la hace la mesa de contratación.
Examinemos brevemente la documentación que usted nos ha mandado. El
18 de enero la mesa de contratación abrió el llamado sobre 1, sobre
administrativo. El 28 de enero la mesa de contratación abrió los
llamados sobres 2 y 3 que, como usted sabe, son las ofertas técnicas
y la documentación complementaria. Este es un dato clave, porque los
sobres 2 y 3 contienen las ofertas de las operadoras y estas ofertas
se hicieron públicas, se dieron a conocer a la consultora, a la mesa
de contratación y a la Secretaría General de Comunicaciones. Aquí,
señora ministra, hay una gravísima irregularidad. Usted sabe que en
este país ha habido otro concurso de telefonía en el que estas
ofertas, los sobres 2 y 3, se mandaron al notario hasta que la mesa
de contratación fijó los criterios de valoración. Y debe ser así,
porque si quien fija los criterios de valoración conoce las ofertas
técnicas, cabe la sospecha de que efectivamente esos criterios puedan
adaptarse a las ofertas; es decir, la mesa de contratación tiene en
sus manos claramente la posibilidad de organizar los criterios de
valoración de acuerdo con las ofertas para darle al final el concurso
a aquella operadora que quiera. Esa es una gravísima sospecha porque
se cometió una grave irregularidad administrativa; repito que no se
ha cometido en otros concursos similares en nuestro país.
No acaba ahí el asunto. El 9 de febrero, según el acta de la mesa que
usted nos ha enviado, se reúne la consultora con la mesa para fijar
los criterios de valoración. Se reúne, la consultora los presenta y
el acta dice textualmente: Los miembros de la mesa sugirieron a la
consultora externa determinados cambios para mejorar la adecuación de
los criterios al contenido del pliego. Los criterios serán
refrendados posteriormente por la mesa. Eso dice el acta de la mesa.
Por tanto, hubo una reunión de la consultora externa con la mesa para
fijar los criterios de valoración de acuerdo con la normativa del
concurso, porque es verdad que es a la mesa a quien corresponde
establecer los criterios.
El problema es que en la reunión definitiva de la mesa, los días 7, 8
y 9 de marzo, que es cuando fallan finalmente y hacen la propuesta al
ministro, se producen unas situaciones verdaderamente peculiares.
Fíjese, señora ministra. La mesa reclama al secretario General de
Comunicaciones, no la consultora, los criterios de evaluación y el
secretario, el 7 de marzo, se los envía; y se los envía con un oficio
del subdirector general en el que le dice lo siguiente al secretario
General de Comunicaciones: Le envío los criterios elaborados por los
servicios técnicos de la Secretaría General de Comunicaciones y
comunicados a la empresa. Es decir, el subdirector le dice al
secretario General de Comunicaciones: yo he elaborado los criterios,
se los he dicho a la empresa y te los envío para que se los mandes a
la mesa de contratación.
La primera pregunta, señora ministra, es evidente. ¿Por qué el
secretario General elabora los criterios de evaluación si no estaba
en la mesa? ¿Qué ha pasado
con los criterios de valoración que había elaborado la consultora y
había discutido con la mesa? ¿Por qué esos criterios desaparecen y
aparecen otros nuevos que elabora la Secretaría General de
Comunicaciones? Me parece que esas preguntas merecen respuesta.
Evidentemente, la mesa da por buenos los criterios de la Secretaría
General, los hace suyos e inmediatamente le dice a la consultora:
Prepárame un informe de acuerdo con estos criterios. La consultora
parece que se resiste, tanto que en el acta final de la mesa, a la
que me vengo refiriendo, el presidente de la mesa dice: Hablé con la
consultora a las 12,40 horas y le requerí que me mandara el informe
urgentemente, lo que hizo a las 16,10 horas. Parece que en cuatro
horas la consultora elaboró todos los informes, tochos y tochos de
documentación, de acuerdo con unos criterios que, en función de la
documentación que tenemos, han sido impuestos a la consultora por la
Secretaría General. Además la consultora en el informe que remite
finalmente, después de ser requerida personalmente por el presidente
de la mesa (fíjese usted, señora ministra, un concurso de billones de
pesetas que se resuelve porque el presidente de la mesa llama a la
consultora a las 12 y le dice: o me mandas el informe o no sé qué te
hago, y a las 4 aparece el informe, verdaderamente todo ello da una
impresión terrible), dice: éste que mando anula todos los demás. En
resumen, ¿había más informes de la consultora? Yo creo que sí, había
informes de la consultora de acuerdo con criterios de evaluación, que
son los que fijó la consultora en la reunión primera de la mesa.
Aquí se han cometido una serie de irregularidades, que me gustaría
que usted examinara y que nos explicara, que se resumen en lo
siguiente: primero, la mesa no ha actuado como tal sino al dictado de
la Secretaría General; segundo, la Secretaría General ha elaborado
los criterios de evaluación; tercero, los que elaboró la consultora
han sido rechazados; cuarto, los informes de la consultora no se
conocen; quinto, la consultora ha hecho finalmente su propuesta
definitiva de acuerdo con unos criterios que ha elaborado la
Secretaría General y, sexto, y lo más importante, todo eso se ha
hecho una vez que mesa, consultora y Secretaría General conocían las
ofertas técnicas de cada una de las operadoras. Quiero que esto se
aclare porque estamos hablando de un concurso, como aquí se ha dicho,
de billones de pesetas. Sabe que hay un recurso, un rumor en el mundo
de las telecomunicaciones, que a usted le habrá llegado como a mí en
el sentido de que una de las operadoras que ha recurrido lo que
quiere es pactar con ustedes la nueva licencia para retirar el
concurso, porque el Gobierno sabe que este recurso lo puede perder.
No pretendo que nos lo aclare hoy porque supongo que no conoce con
detalle los documentos que acabo de mencionar. Son todos documentos
que usted nos ha enviado a esta Cámara. En el «Diario de Sesiones»
figurarán las preguntas que le hago. Ya le anuncio que pediremos
nuevamente esta misma tarde la comparecencia
para que usted nos dé cuenta, hasta donde pueda, de esta serie de
cuestiones administrativas, que, repito, salen estrictamente de la
documentación y que nos preocupan extraordinariamente porque
alentarían sombras de sospecha sobre un concurso que ya, como usted
sabe, tuvo bastantes dimes y diretes en la prensa nacional.
Hoy nos ha traído una modificación. Usted ha subido espectacularmente
la tasa por el uso del dominio público radioeléctrico, teniendo en
cuenta el valor del mercado, y es verdad; sin eufemismos, señora
ministra, porque las subastas han demostrado que hemos dejado de
perder dinero y ya está, no pasa más, por eso lo ha hecho usted y me
parece bien. El problema es que creo que no lo ha hecho usted, al
menos a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, adecuadamente.
Señora ministra, ha elevado el uso de la tasa sin debate
parlamentario, cosa que le pedimos varios de los grupos de esta
Cámara porque se trataba de hablar sobre algo que habíamos dejado de
ganar y de recaudar y además se trataba de reordenar el uso del
espacio radioeléctrico; le pedimos un debate y usted no hizo caso.
Usted lo ha hecho sin criterios objetivos. ¿Me podría explicar por
qué 25.000 millones de pesetas cada una de las licencias UMTS y no
30.000 millones de pesetas, 35.000 millones de pesetas ó 40.000
millones de pesetas? ¿Por qué 140.000 millones de pesetas el conjunto
de los móviles? No hay ningún criterio objetivo, no hay forma de
saber realmente, con los números que usted manda en la ley de
presupuestos, cuánto es lo que paga cada uno de los operadores por el
uso del dominio del espacio radioeléctrico.
Creo que jurídicamente es muy vulnerable lo que ha hecho, porque
usted remite a la ley de presupuestos unos coeficientes que salen de
una orden ministerial, previa modificación de la Ley General de
Telecomunicaciones en la ley de acompañamiento. Esto es de una
vulnerabilidad jurídica extraordinaria. No sé si habrá recursos o no
-yo no se lo deseo-, pero sí le digo que usted jurídicamente ha
blindado muy poco esta solución. Y lo que es más importante, usted ha
introducido una inseguridad en los operadores que se preguntan si el
año que viene no habrá otra vez una subida de tasas porque hay otra
subasta que demuestre que realmente usted se ha quedado corta. ¿Por
qué este año sí y el año que viene no, o el siguiente? Esto que usted
ha hecho exige un marco estable, unas reglas de juego jurídicamente
bien definidas, conocidas por los operadores para que puedan ver cuál
es el coste de esta tasa en el futuro. Esto es una chapuza con la que
nosotros no estamos de acuerdo; no estamos de acuerdo con cómo se ha
hecho, al margen de que no entendemos la cifra.
He hecho una regresión. He cogido cuatro países (Italia, para que
nadie diga que no lo sacamos, Reino Unido, Gran Bretaña y Francia,
que sabe usted que va a un sistema de concurso tasado, 800.000
millones de pesetas, y, por tanto, se puede introducir) he metido dos
variables -la población y el PIB per cápita- y sale un dato: 20 años
de licencia, al precio del dinero en Europa, suponen
dos billones de pesetas 900.000 millones de pesetas, que no le sonará
raro porque ha aparecido en muchas consultoras. En resumen, 252.000
millones de pesetas al año y 63.000 millones de pesetas por licencia.
Este es el dato que nos sale. Repito, 20 años, al precio del dinero
en Europa y una regresión sencillísima que cualquier estudiante de
economía puede hacer con facilidad y que está en muchas consultoras
en este momento.
Le digo de entrada que el sistema merece otro tratamiento jurídico.
Por tanto, nosotros vamos a proponer una disposición adicional en la
que usted nos traiga una ley para regular el uso del dominio público
radioeléctrico con carácter estable, donde haya criterios objetivos
que permitan a las operadoras hacer su propia planificación y donde
jurídicamente blindemos a la Administración de recursos que, sin
duda, se pueden plantear con lo que ustedes han traído aquí; un
sistema además donde no necesariamente se tenga que hablar de tasas
-usted sabe que hay otras soluciones-. Hablamos de exacciones
tributarias para que el Gobierno tenga margen de estudiar si lo mejor
es la tasa o hay alguna otra fórmula, ya que hay países que se lo
están planteando. Traiga usted una ley en los próximos meses con un
marco estable de utilización de esa tasa, aclaremos las reglas del
juego a todos los grupos políticos y operadores -creo que haríamos un
favor al sector-, y discutamos en el Parlamento realmente cuánto vale
esto que estamos tratando de recuperar porque creo que,
efectivamente, sí hay que hacerlo.
Termino ya, señor presidente. En tanto trae esa ley, para los
socialistas la tasa que usted impone en esta ley de presupuestos
tiene que tener necesariamente carácter transitorio. Transitoriamente
y en ese contexto le decimos que eleve el coeficiente, no le cobre
usted 25.000 millones de pesetas. Esa cantidad es menor de lo que
paga Telefónica por los intereses del crédito que ha tenido que pedir
para pagar la licencia en Alemania. Señora ministra, vamos a hacer
las cosas bien. Yo le propongo esta cifra, puede hacer usted otros
cálculos, pero suba usted esa tasa para que empecemos a recaudar lo
que realmente vale nuestro espacio radioeléctrico. Transitoriamente
suba la tasa, traiga una ley que blinde jurídicamente la solución
-puede ser tasa o no, no necesariamente tiene que ser la tasa-; en
definitiva, señora ministra, introduzca usted más competencias, se lo
dijimos el otro día y se lo repito hoy aquí. Usted ha dicho una cosa
con la que estoy completamente de acuerdo: que los precios se definen
por la competencia; a más competencia, precios más baratos. Parece
que en esa regla sí nos podemos poner de acuerdo. Aumente usted el
número de licencias. Tiene espacio para dos. Yo le voy a dar una
solución técnica, una propuesta que hacemos los socialistas en esta
Cámara: dé usted dos licencias de GSM en 1800, que tiene usted
espacio, y complemente esas dos licencias con espacio o banda
asimétrica en UMTS, que la tiene usted también disponible; tiene
banda asimétrica en UMTS y
espacio en GSM. Tiene usted dos licencias: GSM más asimétrica de UMTS
y tendrá dos operadores nuevos. Naturalmente, en la licencia GSM no
podrían competir quienes están en este momento ya en el mercado, pero
tendría usted dos licencias. Por lo tanto, nuestra propuesta es que
aumente usted a dos licencias de GSM más espacio de UMTS asimétrico.
Una última propuesta más y ahora sí que termino: permita usted que
los operadores virtuales utilicen la red de telefonía móvil, se lo
hemos dicho en alguna ocasión. Entendemos que tiene problemas
técnicos que habrá que resolverlos, hay tiempo, pero nos parece que
ese sería el camino adecuado, que los operadores virtuales puedan
utilizar las redes, hoy las de GSM, mañana las de UMTS.
Una última cosa, señora ministra. Yo creo que debemos cambiar nuestro
sistema de concesión de licencias para evitar estos debates que,
créame, a nosotros no nos hacen en absoluto felices. Nos parece que
estamos obligados a hacer estas preguntas como las hemos hecho, sin
alarmar más de la cuenta. Creo que deberíamos cambiar el sistema de
licencias. Debe ser la CMT, como sucede, por ejemplo, en Francia, la
que proponga al Gobierno la concesión de las licencias y, en ese
sentido, presentaremos también una iniciativa parlamentaria. No creo
que el Gobierno deba perder la competencia de otorgar las licencias,
pero el concurso debería gestionarlo la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Así sucede en muchos países, usted lo sabe, y así
queremos los socialistas que suceda en España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, como no puede ser de otra
manera, quiero agradecer muy especialmente la presencia de la señora
ministra, así como su intervención para facilitarnos una serie de
datos que habían solicitado algunos grupos parlamentarios y otros
muchos que la propia ministra ha querido venir a esta Cámara a dar.
Decía el señor Rivero que esta comparecencia era un poco tardía. Sin
embargo, creo que es todo lo contrario. Creo que es una
comparecencia, como también reflejaba el señor Pérez Rubalcaba, si
acaso un tanto repetitiva porque la señora ministra ha comparecido en
esta Cámara y también en el Senado en varias ocasiones para hablar
precisamente de esta misma cuestión que estamos planteando en el día
de hoy. En todo caso, yo siempre digo que bienvenido sea hablar sobre
temas de futuro, sobre temas de telecomunicaciones, siempre que todos
los grupos estemos en temas de futuro, en temas de sociedad de la
información. Digo esto porque la telefonía móvil de tercera
generación se va a configurar, sin ninguna duda, como el principal
instrumento para acceder a Internet y para consolidar la sociedad de
la información. Por tanto, se van a crear nuevos modelos
de relaciones sociales, nuevos modelos de relaciones económicas,
nuevos modelos de relaciones comerciales. El desarrollo tecnológico
-nuestro grupo así lo ha apoyado- es una fuerza imparable que va a
modificar nuestras formas de trabajar y de vivir y por tanto es de
enorme importancia para el progreso económico y social de cualquier
país, de ahí la necesidad de que se incorporen de manera ágil todas
estas innovaciones.
Se ha hablado durante la mañana de la rapidez en la introducción de
esta nueva tecnología y de la rapidez de la convocatoria de un
concurso para que se incorpore la tecnología de tercera generación o
UMTS. Estábamos acostumbrados por los gobiernos socialistas a llegar
tarde a todas las citas tecnológicas y también nos habían hecho creer
que España no podía ser nunca pionera en este tipo de actuaciones. La
concesión de estas licencias de tercera generación significa para
toda España que nuestro país ha actuado con celeridad frente a los
retos que plantea la innovación tecnológica. Esa es una buena noticia
para todos y también debería serlo para todos los grupos
parlamentarios. De hecho, como decía el señor Jané, España es uno de
los países pioneros en apostar por introducir esta tecnología, ha
sido el segundo país a nivel mundial, y que sea pionero sí tiene
importancia. Ser pionero en la puesta en marcha de una tecnología
supone incentivar el interés inversor de empresas que se dedican a
desarrollar los productos, a desarrollar la tecnología necesaria a la
que hacía referencia el señor Pérez Rubalcaba; significa incentivar
el interés inversor de aquellas empresas que dedican esfuerzos a la
investigación necesaria para la nueva tecnología que va a llegar,y de
esa manera se puede atraer mucho capital que estas compañías sin
ninguna duda van a dedicar a invertir en nuestro país, inversiones
que darán fe de la confianza que inspira el mercado móvil de
telefonía en España, sobre todo en cuanto al móvil de tercera
generación.
Como digo, el carácter pionero ya se puede ver con algunas
inversiones. Por ejemplo, la multinacional sueca Ericsson ya tiene
previsto invertir en sus instalaciones del País Vasco un total -si no
me equivoco, a lo mejor ya son más- de 5.000 millones de pesetas; o
la instalación en Barcelona por parte de Nortel en Barcelona de un
centro europeo de I+D para el desarrollo de nuevas aplicaciones de
Internet móvil y de UMTS que contará con un equipo de entre 200 y 400
nuevos ingenieros. Todas son buenas noticias que en buena medida han
venido de la mano por el hecho de que España sea pionera en estas
cuestiones porque si no a lo mejor se hubieran instalado en otros
países y no aquí. Ese es uno de los puntos positivos que tiene ser
pioneros en una nueva tecnología y en la introducción de un nuevo
servicio, sin perjuicio de que al ir más rápido probablemente podamos
alcanzar mejores servicios y podamos competir mejor con otros países
que normalmente siempre nos han llevado la delantera.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista fundamentalmente
y también en alguna medida el Bloque Nacionalista Galego están y han
estado más preocupados durante los últimos meses en crear una
polémica donde no la hay, fiel a su estilo oportunista más que al
análisis objetivo de los hechos. Análisis objetivo que reclama el
señor Pérez Rubalcaba pero que luego no ejerce y que sigue sin
entender -aunque creo que ya lo entiende- por qué se ha utilizado el
sistema de concurso y ahora trata de empañar un concurso que se ha
realizado de manera transparente y abierta. En cualquier caso, como
en la mañana de hoy hemos hablado en la Comisión del sistema de
concurso y del sistema de subasta, aunque lo hemos repetido muchas
veces no tengo pega en volver a decir que creo que ha sido acertado
elegir el sistema de concurso para la adjudicación de la introducción
de esta tecnología en España porque se trataba de lograr unos
objetivos. La diferencia entre elegir uno u otro método -los dos son
absolutamente legítimos, transparentes y controlables- es conocer los
objetivos que se persiguen y valorar la idoneidad o la oportunidad de
uno u otro para conseguirlos. En este sentido, si el objetivo es
obtener la máxima recaudación, no cabe duda de que una subasta bien
diseñada es la mejor fórmula. Si lo que se pretende, por el
contrario, es conseguir un objetivo como la introducción más rápida
de la sociedad de la información y se pueden fijar unos requisitos,
no cabe la menor duda de que el mejor sistema es el de concurso. Si
estudiamos el régimen jurídico de las licencias de
telecomunicaciones, los aspectos recaudatorios siempre han sido
marginales porque las licencias no son instrumentos recaudatorios,
nunca lo han sido aunque se cobra por ellos, sino que han sido
instrumentos de ordenación de una actividad. Por tanto, el sistema de
concurso que utilizó el Gobierno español, como hemos dicho en más
ocasiones, ha sido el usado siempre en España en las adjudicaciones
con la Ley de contratos del Estado y más en lo que se refiere a
telecomunicaciones.En cualquier caso, nuestro grupo sigue pensando
que detraer recursos de la futura Internet móvil es un tremendo error
que al final, a pesar de la competencia, lo pueden pagar también los
usuarios, los consumidores.
Señorías, creemos que el sistema de subasta no asegura el ritmo ni el
volumen de inversiones ni la calidad ni el mejor precio para la
tecnología de la telefonía UMTS para todos los ciudadanos. El
Gobierno optó justamente por garantizar el acceso de toda la sociedad
a las nuevas tecnologías a un precio asequible, obteniendo buena
calidad y además generando empleo. Para eso, no nos podemos engañar,
el mejor sistema es el de concurso, que permite fijar las
condiciones, extensión, rapidez y calidad en el servicio. Bajo estas
premisas, aunque sea un poco reiterativo, voy a explicar las razones
que llevaron al Gobierno a adjudicar estas licencias por el sistema
de concurso. Primero, porque era el sistema tradicionalmente
utilizado en nuestro ordenamiento jurídico
para otorgar estos títulos. Segundo, porque el Gobierno del Partido
Popular consideró como objetivo prioritario que España se pusiera a
la cabeza de Europa en el desarrollo de la tecnología UMTS y que
consiguiera la mayor y mejor implantación de dicha tecnología como
medio de impulsar la sociedad de la información. Además, dada la
fuerza con la que se ha implantado el teléfono móvil en España y la
escasa penetración, como recordaba el señor Jané, que tienen todavía
los ordenadores entre nuestros ciudadanos, una tecnología como la
UMTS puede permitir con mucha velocidad conseguir a través del móvil
un desarrollo muy rápido de la sociedad de la información entre todos
nosotros. Tercero, el Gobierno quería asegurar un volumen, un ritmo y
una calidad en la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones
-a las que ha hecho referencia el señor Pérez Rubalcaba y que figuran
en los pliegos y en la información que se le ha facilitado-, con unos
precios asequibles del servicio que nos permitirán dar el salto y
ponernos a la cabeza de Europa en utilización de las tecnologías de
la información. Ahí me remito a las palabras de la señora ministra
porque no solamente se va a dar servicio como Internet sino que los
operadores que van a prestar UMTS tienen que ofrecer muchos otros
servicios a través de los móviles de UMTS, lo que conllevará mejor
futuro, mejores servicios, mayor calidad y nuevas oportunidades para
todos los ciudadanos a través de los teléfonos móviles.
A pesar de todas estas cuestiones que he mencionado, el Gobierno optó
por este sistema pero no se descuidaron los ingresos que el Estado
obtendría de estas adjudicaciones. De hecho, antes de las subastas
británica, alemana, también hablaremos un poquito de la italiana y de
que se ofrecieran por ellas cantidades astronómicas, nadie había
manifestado ninguna objeción por el precio que se puso en España. Si
acaso, había habido unas críticas respecto de la Comisión Europea,
que se preguntaba por qué cobrábamos tanto dinero, que no tenía mucho
sentido y tendría que estudiar la cuestión porque al parecer
cobrábamos un precio excesivamente elevado. Ello implica que antes de
las subastas -de las famosas subastas diría yo- la cantidad exigida
por España se consideraba más que suficiente. Luego llegamos a la
subasta de Italia, a la que el señor Pérez Rubalcaba quita
importancia pero que la tiene porque en ella no se han alcanzado las
previsiones que pretendía y se ha quedado en la mitad, dos billones.
Yo no voy a decir que es poco dinero, no lo voy a decir porque es
mucho dinero; ahora bien, señor Pérez Rubalcaba, estará de acuerdo
conmigo en que Italia tiene una población mucho mayor que la de
España; también estará de acuerdo en que Italia tiene un territorio
mucho menor y más fácil que el de España. Por tanto, a la hora de
hacer una subasta o un concurso también hay que tener en cuenta la
población que hay en España y la posibilidad de que las coberturas de
población que se logren sean importantes, y sabe S.S. que la
dispersión que hay en España no la hay en Italia y el territorio que
hay en España tampoco lo hay en Italia. Es muy difícil, por tanto,
conocer lo que se podría haber sacado en una subasta en España si lo
comparamos con Italia, por ejemplo, o con otro país porque a lo mejor
los resultados no hubieran sido exactamente iguales. Dice usted que
como hemos rectificado, ya está usted más satisfecho y yo me alegro
mucho, aunque no lo considero una rectificación porque estaba
previsto en la Ley general de telecomunicaciones que debatimos
conjuntamente. Me alegro mucho de que piense así porque entonces sé
que queda claro que usted está de acuerdo con que se haga un concurso
porque hemos conseguido el dinero por otra parte, pero además hemos
conseguido uno de los objetivos que pretendía el Gobierno, que se
implante lo más rápidamente posible la sociedad de la información.
Al final, están conseguidos los dos objetivos que usted pretendía,
por una lado, tenemos una sociedad de la información implantada lo
más rápidamente posible y, por otro, vamos a tener, a través del
canon que ya estaba previsto en la Ley general de Telecomunicaciones
que aprobamos los grupos parlamentarios en esta Cámara. Dice usted
que se hurta y que le hubiera gustado debatirlo parlamentariamente,
pero es que lo vamos a hacer así, porque se contempla en los
Presupuestos Generales del Estado que ya ayer se empezaron a debatir
en esta Cámara, por tanto vamos a tener la oportunidad también de
hablar de ese canon durante el debate de los Presupuestos Generales
del Estado y de escuchar las propuestas de todos los grupos
parlamentarios al respecto.
En cualquier caso, como digo, esto al final sería una polémica más
artificial y oportunista que objetiva y fundamentada en hechos
concretos. Ni polémica, en cuanto a la utilización del sistema, que
ya hemos visto que no hay, ni polémica en cuanto al procedimiento
seguido en el concurso, y vuelvo a recordar que esta adjudicación se
realizó siguiendo todos los métodos jurídicos sin ninguna tacha
jurídica por ningún lado. Hay un recurso, ya muchas veces en los
concursos se presenta recursos, y eso es lo bueno que haya concursos.
Cuando hay adjudicaciones directas no se pueden presentar recursos,
pero cuando hay concursos hay posibilidad de recursos, y es buena
cosa porque así se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos en
estas subastas o en estos concursos. Un concurso que ha sido en todos
sus términos un concurso abierto y transparente.
Las adjudicaciones, como también se ha comentado aquí a lo largo de
la mañana, pero yo creo que es bueno repetirlo, se han hecho conforme
a criterios objetivos que el Gobierno marcó y que están especificados
en algunas cláusulas del pliego, en concreto en la número 16 que se
refiere a la calidad de la cobertura, rendimiento espectral, número
de radio-base, facilitar el acceso a Internet, etcétera. De esos, me
quedo con dos compromisos, porque creo que se pueden establecer
utilizando el sistema
de concurso es para seguir en la misma línea y además porque los
ciudadanos son los que van a notarlo al final; con la calidad de
prestaciones de servicios, que son: la inversión en infraestructuras
y el despliegue de la red.
Respecto a la inversión en infraestructuras, la cuantía total de las
inversiones comprometidas asciende en los cuatro primeros años a más
de un billón 66.000 millones de pesetas, lo cual es una cifra
bastante importante para asegurar la realización de esas inversiones,
además ya han tenido que dar las garantías suficientes los
operadores. Se estará preguntando ¿por qué me dice usted lo de las
garantías? Luego vamos a llegar a ello sin ninguna duda. En cuanto a
la cobertura, los compromisos de los operadores van a permitir que la
telefonía móvil de tercera generación alcance a más del 98 por ciento
de la población en los primeros cuatro años desde el inicio del
servicio. En países de nuestro entorno, también hay que decirlo, la
cobertura prevista es inferior; por ejemplo, en Alemania se alcanzará
el 25 por ciento de la población al final del año 2003 y el 50 por
ciento al final del 2005; en Holanda se alcanzará el 60 por ciento al
final del 2008 (fíjese que nosotros hablamos del 98 por ciento en
cuatro años) y para esa misma fecha en el Reino Unido el 80 por
ciento de la población. Por lo tanto, ahí, aunque sólo sea un voto de
confianza hasta ver qué pasa, luego ya lo seguiremos debatiendo en
esta Cámara, parece que el concurso español ha estado mejor diseñado
que en otros sitios, porque más población va a tener la posibilidad
de utilizar antes estos servicios que sin ninguna duda van a
beneficiar mucho al ciudadano y también a la propia sociedad por lo
que supone crecimiento de nuestro país.
Se ha convocado un concurso, se han fijado unos requisitos, se han
presentado las ofertas y ha habido unas mesas de contrataciones, pero
usted dice que aquí no se nos han dado datos suficientes. Seguro que
las explicaciones que le han facilitado del Ministerio son siempre
superiores a las cuatro líneas. Digo lo de las cuatro líneas porque
tengo aquí un informe sobre adjudicaciones que también yo he
estudiado, realmente polémicas, bajo sospecha; adjudicaciones que se
realizaron en otras épocas, en etapas de gobierno socialista, que
además usted, señor Pérez Rubalcaba, algunas de ellas las conoce
especialmente muy bien, porque fue partícipe en ellas. Recordemos,
como se decía el otro día en el Pleno, las concesiones para emisoras
de FM otorgadas en el año 1989, siendo ministro el señor Borrell, y
de las 153 concedidas, en casi el centenar se pedía su anulación por
no ser conforme a derecho y por desviación de poder. Apenas recogían
por qué se había decidido dar esa concesión, lo que daba a entender
que se habían realizado con una información insuficiente, figurando
los mínimos datos de cada propuesta, y sólo en algunas se recogen
informaciones que en nada responden a los criterios en vigor,
explicaciones siempre inferiores a cuatro líneas. Asimismo, la fuente
de financiación también era dudosa, por eso decía antes lo de la
financiación y lo de las garantías que los operadores habían aportado
para estos concursos, ya que la mayor parte de lo que aportaban, una
documentación personal e irregular carecía de solvencia económica y
financiera para acometer los proyectos de las emisoras adjudicadas.
Las diferencias además entre el capital desembolsado y el presupuesto
de inversión eran absolutamente disparatadas. El resultado al final
era que 18 meses después sólo cerca de 90 de las 153 cumplieron el
plazo límite para salir al aire.
Señorías, nos lo ponen al Grupo Popular muy fácil porque me está
usted diciendo que si la mesa de contratación, que ni los pliegos,
que ni los notarios. Cuánto hubiéramos pagado nosotros porque eso
hubiera pasado, y estoy pensando ahora en una concesión que se hizo
contra el criterio del servicio jurídico del Estado y de la mesa de
contratación, y usted sabe muy bien a qué me refiero. El abogado del
Estado, Juan José Pardo, para más señas, informó desfavorablemente
sobre dicha concesión bajo el argumento de que un canal de pago
supondría su restricción a elementos minoritarios de la sociedad
cuando el servicio público de televisión es por vocación, un servicio
dirigido al mayor número posible de ciudadanos. Además, la mesa de
contratación recomendaba que para una televisión de pago se utilizara
el sistema del cable o del satélite y no las frecuencias utilizadas
para dar soporte técnico a las nuevas cadenas privadas.
Ambos informes llegaban a una misma conclusión y era que la concesión
que ustedes otorgaron era la menos ventajosa para el usuario, frente
a las otras cuatro propuestas que presentaban una oferta de
televisión gratuita. Sin embargo, el gobierno socialista hizo oídos
sordos a estas recomendaciones, y ni mesa de contratación, ni informe
del servicio jurídico del Estado, ni abogado del Estado, hizo oídos
sordos y la concesión siguió adelante. Además, tras la concesión se
siguieron cometiendo irregularidades.
Así, esta emisora de televisión tenía que emitir en abril y lo empezó
a hacer en el mes de septiembre porque el Gobierno el concedió una
prórroga por causas excepcionales.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, vaya terminando.
La señora MATO ADROVER: Además, el impuesto IVA, que era del 12, se
bajó al 6 por ciento cuando éste sólo se aplicaba a bienes de primera
necesidad.
Así, podríamos seguir hablando, por ejemplo, de épocas electorales.
Se convocó el concurso en época electoral cuando era previsible que
el Partido Popular volviera a ganar las elecciones, pero me da igual,
aunque no lo fuera; en este caso fue previsible y además ganó por
mayoría absoluta, como usted sabe. Sin embargo, ustedes, en vísperas
electorales, en el último Consejo de Ministros del gobierno
socialista aprobaron la constitución
de Cablevisión, Prisa y Telefónica para el cable, a pesar de que el
Tribunal de Defensa de la Competencia, la Fiscalía del Tribunal
Supremo y la Unión Europea vetaron su acuerdo por vulnerar la libre
competencia. Asimismo, podríamos hablar de la fusión de la cadena
SER, que al final el Estado vendió el 25 por ciento al grupo Prisa
por la mitad de precio por la que la había comprado. Por lo tanto,
señorías, se puede hablar más que de concursos bajo sospecha, de
adjudicaciones y de concesiones bajo sospecha en una etapa y ahora
podemos hablar de concursos recurridos. En todo caso, me quedo con
los concursos recurridos y veremos cuáles son las decisiones, pero
entre adjudicaciones o concesiones bajo sospecha o muy sospechosas y
concursos jurídicamente recurridos, me quedo con los concursos.
En definitiva, esto es una polémica estéril, es una polémica que no
tiene mucho sentido, es una polémica que ustedes han querido crear,
que es innecesaria. Le agradezco las propuestas positivas que ha
hecho, que el Gobierno estudiará sin ninguna duda, y aquí en el
Parlamento cuando lleguen, para ver si se pueden ampliar los números
de teléfonos, de operadores de telefonía móvil. También son
importantes las propuestas para ver si las adjudicaciones se hacen
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Todas ellas
son propuestas positivas que siempre viene bien estudiarlas, y sobre
las que podremos debatir y decidir cuál es el método mejor para
evitar en lo posible polémicas estériles como ésta. Las polémicas no
se pueden evitar cuando alguien las provoca deliberadamente, pero en
todo caso bueno será que intentemos apoyar en lo posible lo que
significa el desarrollo de la sociedad de la información en España y
llegar a un buen acuerdo, sobre todo por el bien de la sociedad,
porque este tipo de polémicas que, como digo, son innecesarias no
aportan nada a la sociedad española y, si me lo permite, tampoco creo
que aporten nada al Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Agradezco sus intervenciones, y sí quisiera empezar diciéndoles que
el objetivo del Gobierno es un objetivo claro, y la comparación hoy
con lo que vienen haciendo los países europeos, y luego puedo
referirme también a Japón o a Estados Unidos, nos da la razón en
cuanto al planteamiento que ha hecho este Gobierno.
El primer objetivo de los países europeos que han escogido el sistema
de subasta ha sido de recaudación y el primer objetivo de los países
que han escogido el sistema de concurso es la sociedad de la
información. Eso, señores, incluso se ve en los niveles de
seguimiento de la recomendación del organismo internacional relativo
a la asignación de frecuencias. En cuanto a la asignación de
frecuencias, hay una recomendación
vigente sobre el ancho de banda para asegurar la calidad, la buena
cobertura, el despliegue de los servicios, la potencialidad
correspondiente. Los países que han optado por el concurso son los
que han seguido las recomendaciones de la OIT. Los otros países no
han seguido estas recomendaciones, han estrechado las bandas, han
hecho los milagros correspondientes a su criterio -deben pensar que
será suficiente hoy y en el futuro-, pero han buscado no sólo una
subasta sino un sistema para obtener más recursos, para recaudar más
e intentar dar más licencias con el propio espectro radioeléctrico.
Estos son datos objetivos que incluso han llevado a países a dar
licencias de UMTS que yo denomino cojas; seguramente, deben pensar
que ya se verá en el futuro. La responsabilidad de este Gobierno es
ir adaptando todos los mercados, las tecnologías, las capacidades que
permite, pero no dejar al albur del futuro un tema tan importante
como es el de la telefonía móvil de tercera generación.
Esta situación nos indica que, en el caso de las subastas, los países
que lo han hecho han querido, en primer lugar, recaudación, y
transparencia para obtener obtener mayor precio como primer objetivo;
a los países que hemos ido por la vía del concurso, en particular
a España, nos preocupa el objetivo del desarrollo cuanto antes de la
sociedad de la información, no sólo de la introducción de la
telefonía móvil de tercera generación cuanto antes sino cómo la
introducimos. La introducimos con una cobertura nacional lo más
rápidamente posible, cubriendo el máximo de población, llegando sólo
en cuatro años, en agosto de 2005, a estos niveles de cobertura
superiores al 92 por ciento, incluso en algunos casos más de un
operador se compromete a estar en el 98 por ciento. A esta situación
se une la voluntad, incentivada por el concurso, de que el desarrollo
de la demanda sea lo más armónico en el conjunto del país. Esto
quiere decir que no sólo se desarrolle la telefonía móvil de tercera
generación como tal, que consiste en empezar a introducir en las
redes unos servicios, sino que estos servicios de valor añadido se
desarrollen con la máxima amplitud, y a ello se comprometen. Los
propios operadores también se comprometen a que el crecimiento de la
demanda se incentivará alrededor del desarrollo de las
telecomunicaciones, alrededor de esta telefonía móvil de tercera
generación. Esto lo incentiva el concurso, nunca una subasta, que
tiene como primer objetivo la recaudación.
Esta situación apuesta claramente no sólo por las aportaciones
directas a la economía nacional, a la creación de empleo, a lo que
son elementos de cohesión social, sino por avanzar rápidamente desde
lo que hoy son casi exclusivamente servicios de voz, a servicios de
alto valor añadido, a servicios que van a desarrollar aplicaciones,
contenidos y un mayor acceso a Internet del conjunto de la población.
Hoy, el ritmo de crecimiento de Internet es alto, es incluso superior
a este 10 por ciento -el nivel de penetración es de un 13 por ciento,
a un
ritmo de crecimiento superior al 50 por ciento-, pero es cierto que
el nivel de ordenadores en los hogares es aún bajo, por lo que
tomamos medidas en el mes de junio para incentivarlos y vamos a ver
sus efectos; estos días empezamos, en anuncios, a ver actuaciones de
empresas con una dimensión importante para facilitar la introducción
de los ordenadores en las familias. Lo que está claro es que el móvil
de tercera generación será un elemento adicional, clave, para ayudar
a esta penetración, pero también al desarrollo de estos contenidos y
de estas aplicaciones a través del móvil.
Otro elemento que creo importante, que lo han citado ustedes y yo
también lo había indicado en diversas interpelaciones y respuestas
orales ante la Cámara, es que se está desarrollando en España no sólo
un nivel importante de inversiones por diversas empresas, pues hay
acuerdo entre grandes empresas de hardware, hay acuerdos entre
grandes empresas de software, muy superiores a los que se están
desarrollando en otros países quizás con mayores mercados, sino
implantaciones para el desarrollo de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación precisamente en el ámbito de las
aplicaciones multimedia y de las nuevas aplicaciones que permitirá la
nueva telefonía móvil de tercera generación. En nuestro mercado,
vamos a ver evolucionar esta telefonía, vamos a ver evolucionar el
mercado de la movilidad. Como así lo previmos, en el mes de junio, en
el real decreto que aprobó la Cámara, planteamos ya hacer el estudio
sobre la situación de la telefonía móvil, con dos grandes epígrafes;
uno, la adaptación de la regulación y el marco correspondiente a los
cambios que provocaría esta tercera generación de telefonía móvil,
teniendo en cuenta diversos aspectos, cambios en la propia cadena de
valor, la disponibilidad y la gestión eficiente del espectro, que
forma parte de las obligaciones de la propia Administración y del
Gobierno, en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, así
como la consideración de que, en las nuevas circunstancias, en la
competencia, se iba más allá de los mecanismos y de los instrumentos
de los que dispone el Gobierno, para asegurar que se iba
desarrollando la competencia. Como saben SS. SS, existe un mandato
del Gobierno al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que se
presente este estudio antes del 31 de octubre, y así va a ser. Van a
tener el oportuno conocimiento una vez el Ministerio lo haya
presentado al Gobierno. Les aseguro que el sistema de concurso está
demostrando ya hoy, antes de empezar a operar los adjudicatarios en
el mercado, tener una serie de ventajas, una serie de objetivos que
se están cumpliendo. Los estamos viendo ya en el mercado, por lo que
estoy segura de que los vamos a ver más en el futuro en relación al
desarrollo de la sociedad de la información.
En cuanto a los precios, está claro que la gran diferencia no está en
las cantidades -luego haré una referencia a la magnitud de las
cantidades pagadas en la subasta-, se garantiza la competitividad de
dos maneras: por un
lado, asegurando constantemente que hay competencia, adaptando la
competencia y el marco a las nuevas circunstancias para asegurar que
continúa habiendo competencia y, por otro, poniendo los operadores a
competir desde el punto de vista del concurso. Lo que los operadores
han ofrecido, a lo que los operadores se han comprometido en el
propio concurso, va más allá de lo que son cifras o cantidades, va
también en referencia a lo que es cualitativo. Las ofertas que hay de
tarifas planas de Internet a través de los móviles en los propios
concursos son algo que se deriva cualitativamente de una competencia,
no es sólo un tema de cifras. Por tanto, ahí están las cifras por un
lado y, por otro, las modalidades que permiten que los ciudadanos
dispongan con más facilidad, con más universalidad y de modo más
asequible no sólo de las distintas posibilidades que permite la
telefonía móvil de tercera generación. Como habrá muchos precios,
porque estamos hablando de muchos servicios que permite esta
telefonía móvil de tercera generación, es importante que además haya
unos precios determinados, unas tarifas planas en el caso de
Internet, que es el elemento estrella diferencial de esta telefonía
móvil de tercera generación.
Desde este punto de vista no es un tema de comparativas entre países.
Las comparativas de países entre un momento determinado sólo las
vamos a ver en función de que el nivel de extensión que tenemos en
España de la telefonía móvil de tercera generación, el nivel de uso
de esta telefonía móvil de tercera generación por parte de la
población y el nivel de desarrollo de los servicios serán el
indicativo de que los precios son los adecuados, que lo serán, y
además que la estrategia, la manera de plantear este objetivo de
difusión de la sociedad de la información a través del concurso y a
través de los propios compromisos de los operadores, se ha cumplido.
Que en España haya un compromiso de un 90 por ciento de cobertura de
la población en cuatro años y además haya unas coberturas geográficas
desarrolladas a lo largo del tiempo acordes con esta cobertura de la
población, con unos compromisos avalados del número de estaciones
base establecidas, que también es la inversión, no tiene parangón con
otras comparaciones. Ustedes saben que se puede cubrir, ha habido
incluso un operador que ayer mismo en sus declaraciones decía que iba
a cubrir en un año el 70 por ciento de la población. Si un operador,
además nuevo en el mercado, en un año cubría el 70 por ciento de la
población, ¿qué quieren decir el 30 por ciento o el 50 por ciento en
cinco o siete años, como está planteado en otros países? Esto es
coberturas en grandes ciudades, aquellos que siempre se benefician en
primer lugar. Estas coberturas en el caso de España son una exigencia
desde el momento de salida del propio concurso.
Por tanto, desde este punto de vista, contestando en los temas de
precios a Convergència i Unió, este no va a ser un problema. Hay los
mecanismos suficientes y le aseguro que es interés del Gobierno para
que, junto con
los otros elementos de extensión, esta cobertura de la población y el
máximo acceso de los servicios básicos, que en este caso entendemos
que es el propio Internet, sean el objetivo que se vaya a cumplir.
En cuanto a las referencias al número de licencias, coincide con lo
que les decía al principio. El espectro es el existente, y se puede
intentar comprimir no técnicamente -por tanto, sacrificando elementos
del propio espectro- o se puede intentar seguir las recomendaciones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por tanto, el número
de licencias que se han dado en España es el que sigue estas
recomendaciones. No hemos hecho trampas, no hemos intentado
comprimir, no hemos intentado recaudar a través de un bien público
escaso y además sobre el cual hoy se aplican unas tecnologías que
tienen la importancia de las de la tercera generación de móviles.
Señor Pérez Rubalcaba, a lo largo de las distintas preguntas o
interpelaciones -ya no me remito a épocas anteriores- ha rectificado
constantemente. Yo creo que hay una cierta confusión, un cierto
elemento errático. Unos días usted hace comparaciones con el conjunto
de la población, otros días nos hace correlaciones de economistas,
otros días nos dice que, dada la situación de Italia, nosotros
podríamos quizá haber dado más licencias, pero seguro que podíamos
haber recaudado más. Usted va a tener ocasión de debatir esta tasa en
el marco de la discusión de los presupuestos y de debatir el número
de licencias cuando usted desee, pero también en el marco de la
presentación del estudio. Lo que sí le voy a decir es que por parte
del Ministerio esta tasa y el número de licencias se han establecido
de manera clara y diáfana y sin hacerse trampas en el solitario. El
número de licencias, ya se lo he dicho, se ha fijado siguiendo las
recomendaciones internacionales y garantizando este nivel de calidad
que corresponde al nivel de recomendación de la UIT, y además,
reitero, sólo seguido en estos momentos por aquellos que han
convocado a concurso.
En el caso del importe de la tasa usted me hizo unos números y -en
este caso sí mantiene la coherencia- en su intervención de la sesión
del 26 de septiembre en esta Cámara insistió varias veces en que el
importe de la tasa le parecía poquísimo, usted dijo que claramente
pequeñísima -es literal- para lo que cabía esperar. Me gustaría
saber, porque aquel día parecía que correspondía a unos criterios,
qué criterios manejó para afirmar que la tasa será pequeñísima o cuál
debería ser su cuantía. Afirmó varias veces que era pequeña, nunca
dio ni un solo elemento de referencia que sustentara dicha
afirmación, es decir, escaso rigor. Lo que sí está claro es que, al
decir que se ha dejado de recaudar por las subastas de UMTS,
afirmaron ustedes que eran cuatro billones de pesetas, y dijeron: si
en Alemania, que tiene el doble de población que España, se han
recaudado ocho, en España se habrían recaudado cuatro. Ahí hay una
regla de tres muy sencilla y ustedes se quedan tan contentos.
Parece que no tiene ninguna importancia -y hoy usted intentaba
rectificar introduciendo algún elemento nuevo- la renta per cápita,
máxime cuando hablamos de un bien, en este caso de un servicio, que
se caracteriza por lo que -ya que le gusta tanto hacer referencia a
los economistas- se denomina elasticidad renta, es decir, que el
gasto en el mismo, como bien sabe, aumenta en mucha mayor medida de
lo que lo hace la renta. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz
Calvo, ocupa la Presidencia.) Esto se traduce en que el ingreso medio
por usuario para cada operador en España es inferior al de Alemania,
lo que significa que en España, a igualdad de número de usuarios,
sería menor que en Alemania. A mí me gustaría que España tuviera una
renta per capita como la de Alemania. No es así, aunque vamos
avanzando notablemente, pero es una variable clave para valorar
económicamente el uso derivado del espectro. Estoy segura de que este
tipo de razonamientos económicos, tomar como única consideración la
variable población, no está contenido en ninguna de las obras de un
excepcional autor, muchas veces citado por algún compañero suyo, que
es Amartya Sen. Teniendo en cuenta su país de origen, que es la
India, los números serían astronómicos. Con arreglo al sofisticado
método de que hablábamos, la India obtendría la cantidad de 200
billones de pesetas. Quizá el método de cálculo fue lo que le llevó a
afirmar en su intervención que en Italia se esperaban obtener cuatro
billones de pesetas. No lo afirmo yo; lo afirmaba usted, señor
Rubalcaba.
No voy a entrar en si en Italia ha estado bien o mal diseñado. Uno no
tiene que hacer este tipo de aventurismo con reglas de tres, porque
lo que estamos intentando transmitir a los ciudadanos es algo que no
es cierto: que esto es un juego de números y que sólo es cuestión de
ver quién da más. Lo que hemos de transmitir a los ciudadanos es el
objetivo de este concurso, el objetivo de esta telefonía móvil de
tercera generación, que sepan cuáles son sus derechos, sus
obligaciones, que sepan por qué, en el caso de España, el concurso ha
llevado a una cifra muy significativa, no sólo de los elementos
cualitativos que le he indicado, sino de los elementos cuantitativos.
La cuantía total de las inversiones en red en España es de 2,4
billones de pesetas y el 54 por ciento de las mismas estará realizará
dentro de los cuatro primeros años. Además, en cuatro años se dan los
avales correspondientes al 93 por ciento del total. En el caso del
compromiso de la cobertura, estamos hablando de 440.000 millones de
avales y de un total de avales establecidos de casi 1,3 billones de
pesetas. A ello hay que añadir los elementos cualitativos más
importantes de desarrollo de la sociedad de la información, que ya le
he mencionado. Todo ello sin entrar en lo que se deriva en ingresos
públicos, que es el hecho de cumplir la ley y de cumplir el mandato
del Parlamento de establecer el importe de la tasa, de acuerdo con el
valor de mercado y la rentabilidad económica que el beneficiario
pueda obtener del uso del
espectro reservado. Es una actividad que se tiene que hacer
periódicamente, y, al ser una tasa, corresponde al período anual por
la vía de los impuestos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Alguien podría decir -y quizá lo pueda pensar, aunque me ha dicho lo
contrario- que el importe de la tasa, que era claramente pequeña,
después de Italia ha pasado a ser la mitad de pequeña o a ser pequeña
pero no tan claramente. Incluso puede ocurrir que usted considere que
haya pasado a ser mayor de lo recomendable.
El señor PÉREZ RUBALCABA: No lo he dicho.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): No lo
ha dicho, pero puede haberlo pensado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Ni lo he dicho, ni lo he pensado. No vaya
por ese camino.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Como
estoy en el uso de la palabra, voy a seguir con el tema. El importe
de la tasa le aseguro que se ha basado en estudios realizados durante
un buen número de semanas por un equipo técnico de los servicios del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Economía y del
Ministerio de Hacienda. El Gobierno ha apoyado la propuesta realizada
por estos expertos, que han tenido en consideración variables como el
tamaño de mercado; la renta per cápita, las tasas de penetración de
la telefonía móvil -los países no son iguales, señor Pérez Rubalcaba-
y el propio valor del mercado; la rentabilidad de los beneficiarios,
que no es la misma, los ingresos medios por usuario de telefonía
móvil, la cantidad de espectro asignado a cada operador, tanto en las
bandas de telefonía analógica, de GSM-900, de DCS-1.800 y de la
propia UMTS; las tecnologías utilizadas y sus exigencias técnicas,
que son distintas. Por lo que se refiere en este caso a la telefonía
móvil, realizando un estudio comparado de los distintos países, se ha
considerado que el importe propuesto de la tasa es razonable. Su
señoría tendrá ocasión de debatirlo a la luz de los nuevos servicios
que se puedan prestar a través de las terminales UMTS y el
consiguiente mayor valor económico derivado del espectro que lleva
asociada la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad del uso.
Una consideración sobre la magnitud de lo que ha ocurrido en Europa.
Lo que nos ha de preocupar, y así lo hemos expresado en el debate que
se inició en el último consejo de Telecomunicaciones de la Unión
Europea, son las consecuencias de los niveles a los que se ha llegado
por parte de los países que han ido optando por estas subastas tan
recaudatorias, niveles que pueden afectar a la telefonía móvil en el
conjunto de Europa. La preocupación ahí no es que los precios se
trasladen por ser un sistema de subasta o por haberse pagado una
cantidad mayor o menor, sino lo que ocurre como consecuencia de ello
en los propios mercados financieros. Se ha puesto una presión
importante en estos mercados financieros, y puede significar que,
cuando las empresas acudan a los mercados, esto encarezca el coste
del capital y tenga una serie de consecuencias para el conjunto de
esta telefonía móvil de tercera generación a nivel europeo.
Tanto el vicepresidente económico del Gobierno, en el marco del
Ecofín, como esta ministra, en el marco del Consejo de
Telecomunicaciones de la Unión Europea, hemos puesto de relieve esta
situación y no es cuestión de tener razón o no, porque eso lo vamos a
ver al final de todo el proceso de las subastas, que termina con la
francesa en mayo. Lo vamos a ir viendo, pero intuimos que no es una
situación que nos satisfaga, desde el punto de vista de que podemos
poner una presión innecesaria a lo que es el desarrollo de la propia
sociedad de la información, algo que a España y al Gobierno español
nos preocupa de manera clara y evidente, como ha quedado explícito no
sólo con las actuaciones llevadas a cabo en este concurso, sino con
las actuaciones del Ministerio a lo largo de estos meses, algunas con
la satisfacción del refrendo del propio Parlamento.
Voy a entrar en los temas que hacen referencia a lo que es el
planteamiento del propio concurso. Señorías, este ha sido un concurso
transparente, acorde con la legislación. Ha sido un concurso que ha
cumplido escrupulosamente lo que está marcado en nuestro derecho
administrativo, que ha seguido escrupulosamente lo que marca la ley,
que se ha hecho con la transparencia que exige la ley -por cierto,
mucha- y, en cualquier caso -no podía ser de otra manera-; ha habido
-y es claro desde el punto de vista de la propia cronología del
concurso que estaba ya convocado, evidentemente, de acuerdo a la
legislación- multitud de sesiones informativas previas y abiertas. La
apertura de los sobres 2 y 3 es pública y se ha cumplido claramente
la legalidad estricta. Además, les recuerdo que la ley quería y
quiere que este proceso fuera un proceso técnico, y la propia
composición de la mesa -estaban el abogado del Estado, el interventor
y los distintos responsables de recursos escasos- demuestra
claramente que es así. En este concurso, a diferencia de otros, el
ministro correspondiente llevó la resolución de la propia mesa al BOE
y tenía potestad para no hacerlo. Hablar de otros temas es poner en
duda nuestra propia legislación, poner en duda nuestra propia
actividad administrativa, que afecta a muchos otros aspectos de la
vida, de los funcionarios y de otro tipo de contratos del Estado, e
incluso poner en duda la honorabilidad de estos técnicos que son los
que emitieron los correspondientes informes. Saben que la Ley de
contratos de las administraciones públicas prevé que los ministros y
los secretarios de Estado sean, en último término, los órganos de
contratación de la Administración general del Estado y, por tanto,
están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbi
to
de su competencia. La mesa emite su informe y es el ministro el
órgano de contratación en este caso de la Administración general del
Estado.
Con el permiso del presidente, quiero entrar en algunos detalles,
repasar con ustedes el propio calendario del procedimiento. El
procedimiento de adjudicación de la licencia se desarrolló con
arreglo al siguiente calendario. En primer lugar, hubo una
convocatoria, evidentemente, dos órdenes del ministro de Fomento del
10 de noviembre de 1999, por las cuales se aprueba, por un lado, el
pliego de cláusulas administrativas, particulares y de prescripciones
técnicas y convocan respectivamente el concurso mediante
procedimiento abierto para el otorgamiento de cuatro licencias de
tipo B2 para el establecimiento de la red de telecomunicaciones
necesarias para la explotación del servicio de comunicaciones móviles
de tercera generación, publicado en el BOE el 11 de noviembre.
Establece también un plazo máximo para la resolución del concurso que
es el 15 de marzo del año 2001. Esto se dice en noviembre de 1999. O
sea que no estaban, ni mucho menos, convocadas las elecciones, que se
convocaron en enero de 2000, cuando se fija la fecha del 12 de marzo.
Siguiendo con el calendario, hay una fecha límite para la obtención
de documentos y petición de información o aclaraciones a la
Administración, que es el 1 de diciembre de 1999. Se hacen sesiones
informativas abiertas durante toda la primera quincena de diciembre
de 1999 y se contestan más de un centenar de preguntas formuladas por
distintos interesados, algunos de los cuales constituyeron
consorcios, otros, no, y otros simplemente no se sabe si en aquel
momento si los iban a constituir. Hay un número importante de
preguntas relativas a aspectos técnicos contenidos en diversas
cláusulas del pliego y en particular en la número 6, que es la que
hacen referencia a si hay participaciones significativas y la
compatibilidad de la presencia de empresas en distintos operadores.
Son dos grandes cuestiones porque hay dos limitaciones diferentes que
deben tenerse en cuenta y que quisiera recordar y aclarar en esta
Comisión.
La primera de ellas, que es la que debe ser analizada en el momento
de admisión del concurso, se refiere a la prohibición de presentar
proposiciones simultáneas, de modo que cada licitador sólo puede
presentar una única proposición y no podrá suscribir ni en solitario
ni conjuntamente con otro ninguna otra proposición. Esto no es
obstáculo para que una misma persona física o jurídica pueda
participar económicamente en esta fase de admisión al concurso en
diferentes proposiciones en la licitación. La segunda, que hace
referencia al licitador en el caso de que resulte adjudicatario de la
licencia, es la prohibición de que una misma persona física o
jurídica pueda ser titular de más de una de las licencias
individuales que se otorguen o pueda tener una participación directa
o indirecta que le permita intervenir significativamente en la
gestión del licitador que resulte adjudicatario de la licencia. Se
respondieron estas preguntas
y se estableció de modo claro y expreso -y consta así- que una
participación directa o indirecta superior al 10 por ciento, como
había sido también el caso en otros concursos, sería significativa.
La existencia o no de esta participación sólo determina la exclusión
del concurso si existe en el momento de la adjudicación de la
licencia. Además, lo encontrarán recogido en las actas de 28 de
enero, en las que se expresa claramente que, a la vista de las
declaraciones presentadas precisamente por cada uno de los
licitadores, todos ellos cumplen las condiciones y requisitos
exigidos, en primer lugar, para ser admitidos al concurso. Y luego,
más adelante, lo encontrarán en el momento del otorgamiento de la
licencia.
Hay un acto público de apertura -no voy a entrar en todos los
detalles- de los sobres números 2 y 3 y hay una evaluación de las
solicitudes. En este caso, de conformidad con lo establecido en las
correspondientes cláusulas del pliego, se procede a continuación a la
evaluación en el tiempo de las solicitudes por la mesa de
contratación y a la elevación de resolución al ministro de Fomento.
Todo ello, no más tarde del 29 de febrero de 2000. La resolución del
concurso y otorgamiento de la licencia por el órgano de contratación
debe efectuarse, repito, no más tarde del 15 de marzo de 2000. Si,
una vez resuelto y elevado el resultado de la mesa de contratación al
ministro de Fomento, éste no hubiera firmado la orden de adjudicación
antes del 15 de marzo, a más tardar el 15 de marzo, el resultado del
concurso hubiera sido de desestimación. El silencio administrativo
hubiera anulado el propio concurso, la propia resolución. Por tanto,
el ministro estaba obligado -y así lo hizo- a resolver en cualquier
dirección, -siguió la resolución de la mesa- antes del 15 de marzo.
Además, y ustedes lo saben, como todo ello fue publicado en el BOE
existen los registros correspondientes.
Es a la mesa a la que corresponde claramente, desde el punto de vista
técnico, y quiero corregir la afirmación -debe ser por la rapidez con
la que lo han visto, aunque está a disposición de esta Cámara desde
el viernes pasado la información administrativa- de que las ofertas
van a la Secretaría General de Comunicaciones. Van a otra secretaría
general que se llama Secretaría General Técnica. No va a la
Secretaría General de Comunicaciones sino a la Secretaría General
Técnica. Las ofertas eran conocidas por quienes han de conocerlas
y por la mesa. No había ofertas que circularan por arriba, por abajo y
por los lados. Circularon exclusivamente por donde tenían que
circular. Esto es lo que dice la legislación y así se hizo, repito,
con una voluntad del legislador de que la resolución sea una
resolución técnica por parte de esta mesa de contratación.
En el caso de la empresa consultora, como ha sido habitual en la
mayoría de los concursos, de casi todos, incluso iniciado en su época
de Gobierno, señor Pérez Rubalcaba, se han utilizado empresas
consultorasexternas. En este caso, efectivamente la mesa pidió los
informes informales, no aceptados, por parte de la empresa, de
acuerdo con las actas, que no correspondían a lo que eran los
criterios establecidos por la mesa de contratación. La propia empresa
consultora, en el informe del día 9 de marzo, en la página 3 de la
carpeta que contiene la consolidación de las seis ofertas, reconoce
que dicha valoración se ha realizado conforme a los criterios de
valoración asumidos por la mesa y que dicho documento sustituye y
anula cualquier otro documento entregado con anterioridad. En la
propia acta hace referencia a borradores de informes anteriores en
los que se habían puesto de manifiesto graves imperfecciones
y carencias por lo que no fueron entregados. Por tanto, esta es la
única cuestión, de acuerdo con la lectura de las actas y el
procedimiento establecido, en la que se ve que la propia mesa hizo
unos informes antes que no fueron aceptados. Del análisis
pormenorizado de todo ello y de lo recogido en la legislación del
procedimiento hecho, resulta que durante la tramitación del concurso
para la adjudicación de licencias de telefonía móvil de tercera
generación no ha existido irregularidad jurídica alguna, aparte del
retraso de unas horas, consecuencia de la tardanza de la empresa
consultora en entregar el informe técnico de valoración, motivado,
según resulta de las actas de la mesa, precisamente por haber
elaborado borradores de informes previos que no se ajustaban a este
contenido del pliego de prescripciones técnicas al no responder la
evaluación de las ofertas a los criterios marcados por la mesa.
Desde este punto de vista, señor Pérez Rubalcaba, el procedimiento es
totalmente acorde a derecho. No solamente acorde a derecho, sino que
el propio ministro -que lo podía hacer, estaba en su facultad- no
rectificó la proposición, resolvió de acuerdo con la resolución de la
mesa y no ha habido ni cuestiones relativas a incumplimiento de la
cláusula sexta, en cuanto a las participaciones significativas, ni
incumplimiento en cuanto al resto de elementos del propio concurso.
De todos modos, como corresponde a cualquier concurso, y como nos
recordaba la señora Ana Mato, hay elementos adicionales de seguridad
jurídica ante los propios adjudicatarios y a lo largo de todo el
proceso del concurso pueden recurrirse. Recuerdo que nadie recurrió
ni en el momento del establecimiento del pliego, ni en el momento de
la convocatoria, ni en el momento correspondiente. Simplemente hasta
el momento de la resolución, una vez que se empieza, a ver quién
queda dentro o fuera, pero están en su correspondiente potestad.
Quiero afirmar claramente que ni el hecho de que haya habido
contrataciones en relación con personal ni que haya habido niveles de
facturación a los que usted hacía referencia, tiene que ser
indicativo de irregularidades jurídicas. De acuerdo con lo que es el
procedimiento, el proceso y transparencia, es claro que no las hay y,
desde este punto de vista, ha sido transparente y acorde con la
legislación.
Otra cuestión, evidentemente, es que alguien pueda sentirse
perjudicado. Está en su pleno derecho. Por tanto, dejemos que los
tribunales hagan su trabajo y no entremos en debates, porque, si lo
que queremos es cambiar la legislación correspondiente a los
concursos o cambiar la legislación correspondiente incluso a algunos
aspectos de derecho administrativo, esto tendrá sus instancias y sus
caminos. No mezclemos una cuestión con la otra. Eso sí, tampoco
hagamos trampas en solitario en lo que hace referencia a quién tiene
qué competencias y a quién tiene qué responsabilidades. En general,
las comisiones del mercado de las telecomunicaciones, este tipo de
organismos están creados para tener una función determinada como es
velar en el marco de la regulación establecida por el desarrollo de
la competencia y de la introducción de las telecomunicaciones. Como
es bien conocido, ha habido un debate a nivel europeo, y lo hubo en
su momento también en España, sobre si, precisamente por el ritmo de
la introducción de las propias telecomunicaciones, era necesario un
organismo específico en este ámbito, sobre si no eran suficientes o
si eran conveniente, además de lo que son los tribunales de defensa
de la competencia. Pero no sustraigamos a los gobiernos lo que son
sus obligaciones y sus responsabilidades. La asignación y la gestión
de recursos públicos escasos, como es el espectro radioeléctrico, o
velar por temas como es el servicio universal y el cumplimiento de
una serie de condiciones deben corresponder siempre al propio
Gobierno. Dicho esto, cualquier tema tiene su marco, y estaremos
encantados y -esta ministra también- de debatir cualquier propuesta
constructiva.
Quiero hacer referencia otra vez al estudio que está recogido en el
real decreto de junio y en el que planteamos la conveniencia del
análisis sobre la telefonía móvil, su adaptación reguladora en el
mercado e ir garantizando el incremento de competencia, teniendo
especialmente en cuenta lo que es la gestión eficiente del espectro
tan relevante en este caso en la propia telefonía móvil y
especialmente de tercera generación. Va a ser presentado
oportunamente, como decía antes, pero ya les anticipo que el estudio
tiene en cuenta dos temas que he mencionado en mi primera
intervención y en los que quisiera hacer énfasis. Los ciudadanos y el
país en general y las exigencias de la sociedad de la información
requieren el que haya desarrollo de servicios, pero no cualquiera
sino de los servicios de valor añadido; más contenidos, nuevas
aplicaciones, aplicaciones que permitan además la convergencia, que
ello vaya ocurriendo paralelamente a asegurar el desarrollo de las
redes con las nuevas tecnologías y que este desarrollo de redes vaya
permitiendo la existencia de banda ancha. Estamos hablando de que
debe haber mayor competencia en general pero, sobre todo, en este
tipo de servicios, sin menoscabo de la competencia en redes
y continuando fomentando la inversión. Quizá llegará un momento de
madurez en el mercado en que dicha
competencia en redes no será necesaria, pero hoy no tenemos esta
madurez en el mercado. Si hoy vemos el mercado de móviles, aún los
niveles de convergencia, evidentemente, son bajos, aún el peso
relativo de la voz es muy alta -el peso relativo de la voz irá siendo
sustituido por estos otros elementos de más valor añadido para el
conjunto de la sociedad-, y todo ello en el marco del espectro
radioeléctrico, que es un recurso que tenemos escaso. También puede
llegar el momento en que este espectro radioeléctrico sea ampliable.
En la medida en que las tecnologías lo permitan, en la medida en que
esto sea posible, vamos a luchar por ello, tanto en la asignación
internacional como en la propia introducción de aquellas tecnologías
que permitan que haya más espectro disponible, que no sea una
limitación y que podamos dejar entrar en el mercado a cualquiera que
quiera operar, sin las limitaciones que hoy impone el propio espectro
radioeléctrico.
Estamos seguros, desde este punto de vista, de que el proceso va a
ser un proceso en el que, por la propia dinámica establecida por el
concurso, por la propia dinámica establecida por el número de
operadores, si no se hubiera agotado todo el espectro que está
disponible, se podían haber dado tres licencias de UMTS. Seguramente,
un análisis estricto de cuál es la población relativa a la renta per
cápita e incluso los niveles de penetración de la telefonía móvil
podían haber justificado que hubiera sólo tres licencias. Se optó, a
mi entender correctamente, por utilizar el máximo de espectro
disponible y dar el máximo número de licencias. Por tanto, se optó
por favorecer a los ciudadanos, se optó por que existiera más
competencia, que existieran nuevos operadores que garantizaran este
propio despliegue de UMTS, no sólo en tiempo sino en voluntad de
competir con el despliegue mismo, de modo que al final esto beneficie
a los ciudadanos y no necesariamente vaya en beneficio de las propias
empresas. Ha habido países -lo hemos visto- que, por los motivos que
fueran - no voy a entrar en ello ahora- han dado igual número de
licencias que de operadores. Evidentemente ésta es una situación muy
distinta. Y no hablo ya del precio de las subastas. Es una situación
muy distinta desde el punto de vista de la dinámica del mercado, de
dinámica de la competencia, del beneficio para los usuarios, del
desarrollo de servicios. Entiendo que ésta es la vía que va a
beneficiar y estará beneficiando a los ciudadanos.
Yo no tengo ninguna duda de que el despliegue del 1 de agosto del año
2001 se va a cumplir y que además los operadores estarán en el
mercado compitiendo. Se está desarrollando en estos momentos un
número de servicios alto. Hay mucho que investigar, efectivamente.
Estos elementos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando uno
es pionero, tiene que asumir riesgos mayores, pero también es
protagonista mayor, beneficiario de las inversiones, beneficiario del
desarrollo, beneficiario de la formación, beneficiario del
conocimiento, en su propio país. Los niveles por parte de los
operadores se van a cumplir y les aseguro que desde los instrumentos
de que dispone el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son
por un lado, sin duda, hacer cumplir las condiciones del concurso;
por otro, en el caso de existencia de operadores dominantes, y así
está contemplado en el real decreto de 23 de junio, la presentación
de las contabilidades de costes. Estas contabilidades de costes han
sido presentados oportunamente por los operadores a los que les
correspondía y que tenían la calificación de dominantes. Por tanto,
desde este punto de vista, la Cámara y la Comisión tienen que estar
satisfechas porque los instrumentos, las decisiones tomadas, lo que
se ha legislado va a ser clave para aportar mecanismos adicionales de
seguimiento de los compromisos del concurso y de la propia situación
de competencia en el mercado; sin dejar de mencionar a las instancias
de Defensa de la Competencia, que ahí están y les aseguro que su
responsabilidad de seguir dicha competencia va a ser ejercida.
En cuanto al informe y el estudio, tendremos ocasión de debatirlos.
No me parece oportuno, aunque es respetable, empezar a debatir los
temas. Es voluntad de esta ministra, del Gobierno y estoy segura de
que también de esta Comisión de Ciencia y Tecnología, hacer las cosas
con rigor y no empezar a hacer números y cábalas sobre temas tan
importantes -en lo que creo que coincidimos todos- que al final lo
único que hacen es confundir a la población, crear expectativas o dar
a entender mensajes que sólo indican que el Gobierno y la Cámara, dos
poderes importantes en este país, no saben lo que hacen o a donde
quieren llevar al país. Esta es una situación en la que no hemos de
caer.
Creo que he cubierto la mayoría de los temas que los distintos grupos
me han planteado. Dados el tiempo y la amplitud no he querido entrar
en una respuesta directa caso por caso, pero creo que he respondido a
la mayoría de ellos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Abrimos un turno muy breve para preguntas o para solicitar
información complementaria.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Seré breve. Señora ministra, su intervención
ha sido prolija y son de agradecer el calendario y el esquema de
procedimiento, pero a la vista de los documentos que solicitaremos a
la secretaría de la Comisión el Bloque Nacionalista Galego decidirá,
aunque ni en este momento ni nunca hemos dudado de que todo se
desarrolló conforme a la legalidad, porque es lo que hay que
presumir. Es lógico y comprensible que usted quiera dar por zanjado
el debate entre concurso y subasta, pero no se puede dar por zanjado
tan fácilmente. Una primera cuestión es cómo se van a evitar las
subvenciones cruzadas -también debería discutirse en Europa- porque
el menor
precio que se paga en el Estado español está subvencionando de alguna
manera el mayor precio que se pague en otros países. Ya veremos si se
cumple todo lo que se refiere a cobertura, calendarios de consecución
de esa cobertura y extensión territorial del servicio, (estaremos
vigilantes), y también veremos si la propia dinámica del mercado
lleva a que en otros países la cobertura se ciña a los estrictos
términos del concurso o, en su caso, de la subasta.
Acerca de las bondades de un procedimiento u otro, si se define bien
cuál es el objeto del contrato, fácilmente también se puede suscitar
competencia sólo con relación al precio. Si por parte de la
Administración hay un estudio y una reflexión seria acerca del objeto
del contrato y cuál va a ser el contenido de las licencias, no hay
ningún problema en que la competencia se limite al elemento precio y
no a los demás criterios que están perfectamente definidos en el
proyecto gubernamental. Es decir, el Gobierno, la Administración
podría haber fijado perfectamente criterios sociales como el
porcentaje de empleo estable que se va a crear, los servicios que se
tendrán que prestar, la previsión de tarifas planas para ese
servicio; todo eso podría estar fijado previamente en lo que es el
objeto de la licencia y suscitar sólo la competencia con relación al
precio. Son dos alternativas, pero no se puede resolver de forma tan
simple o tan maniquea, tan blanco o negro, la contraposición entre
ambos procedimientos. El problema es el que dije al principio, que
los precios no van a venir fijados sólo porque se haya seguido un
procedimiento u otro, sino que van a venir impuestos por un mercado
que no es sólo el del Estado español. Las operadoras al final son
prácticamente las mismas y va a ser el mercado europeo el que fije
los precios, por lo que me temo que los ciudadanos del Estado español
vayamos a financiar los mayores precios pagados por las operadoras en
otros países. Esto es lo que se debe comentar en Europa.
En cuanto al marco regulatorio, en este momento hay un anteproyecto
de reglamento general de contratación en el que se podrían estudiar
procedimientos especiales, porque hay muchas especialidades en la
concesión de este tipo de licencias. Como digo, estaremos vigilantes
acerca del precio y del cumplimiento de estos calendarios -a la vista
de la documentación que solicitaremos- y desde luego también acerca
de los compromisos y de cómo se cumplen y de la extensión que esta
tecnología y esta nueva generación de telefonía móvil tengan en
Galicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria?
El señor RIVERO BAUTE: Señora ministra, muchas gracias por la
información detallada que nos ha ofrecido en contestación a gran
parte de los planteamientos que se han hecho por los distintos
grupos, concretamente el de Coalición Canaria; pero tengo algunos
claroscuros y desearía, si es posible, que me los despejase en una
breve intervención.
Como dijimos en nuestra primera intervención, la posición de
Coalición Canaria coincide con el eje central de su discurso.
Pensamos que lo más importante son los usuarios y tener un buen
servicio de telefonía móvil competitivo y a la altura de los mejores
(eso es lo básico y esencial), en lugar de transformar este asunto en
un tema meramente recaudatorio para las arcas del Estado. Por tanto,
entre el concurso y la subasta nosotros preferimos el concurso con
determinadas condiciones a los operadores, a los adjudicatarios de
este concurso, como bien decía S.S., la cobertura, la calidad o una
serie de contraprestaciones que son muy importantes, incluso los
precios. Pero no estamos de acuerdo en que España haya apostado
claramente por el desarrollo de la sociedad de la información, y esta
apuesta de España le lleve a hacer una propuesta distinta a países
que han apostado por la subasta como el Reino Unido y Alemania.
Pensar que en España hacemos en estos momentos una apuesta mayor en
el desarrollo de la sociedad de la información que el Reino Unido y
Alemania, en mi opinión, es mucho decir. Por tanto, lo que pesa es lo
otro, la extensión del servicio, la calidad del mismo, una serie de
contraprestaciones entre las que consideramos fundamental el tema del
precio. De ahí nuestra nuestra preocupación porque estas grandes
operadoras, los adjudicatarios, que han tenido que hacer un gran
esfuerzo económico en otros países de la Unión Europea como Reino
Unido y Alemania, no piensen compensar ese esfuerzo económico en el
bolsillo de los españoles en el sentido de que aquí han pagado menos
por esa licencia y, por tanto, trasladar las plusvalías que les van a
producir esos beneficios en España a compensar esa situación,
digamos, menos ventajosa en estos países de la Unión Europea. Por
tanto, es fundamental para nosotros que los precios sean
diferenciados y debemos tener un mecanismo de control -estamos en la
libre competencia- no solamente garantizando la libre competencia,
porque en un sistema de subasta también se garantiza la libre
competencia. No hay una garantía de que los españoles tengamos un
precio diferenciado con respecto a estos países de la Unión Europea,
y creo que el Gobierno tiene que tener mecanismos de control. Si
estamos hablando del sistema de concurso y estamos hablando de una
serie de contraprestaciones a las que se comprometen los operadores,
es fundamental saber qué mecanismos tenemos. Es una pregunta a la que
me gustaría que me contestara. Nosotros apostamos claramente por el
concurso, pero hay que tener una serie de mecanismos que son
fundamentales. Por ejemplo, ¿con qué mecanismos de control cuenta el
Ministerio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
operadores? Nos gustaría conocerlos, y no solamente en este caso sino
también, por ejemplo, qué se ha hecho en el sistema GSM, si ha habido
una inspección, un control respecto a esta situación,
o si ha habido actas de inspección previa, porque es fundamental;
esto es la clave de si concurso o subasta.
En cuanto a la tasa, me alegro de que haya habido un estudio serio y
riguroso, de que no haya sido fruto de la improvisación, de que no
haya sido fruto de la presión mediática y política el intentar
compensar una carencia del sistema de subasta, pero nos queda la
duda, la preocupación de que los operadores que se presentaron en su
momento al concurso sin conocer el importe de esta tasa y por tanto
las contraprestaciones se adquirían en función de unas determinadas
rentabilidades, el pago de una tasa tan importante como ésta vaya a
repercutir en las contraprestaciones. Caemos en lo mismo. Por eso es
fundamental la impresión que tenga el Ministerio.
Por último, ha anunciado usted que va a presentar en el mes de
octubre a la Cámara un estudio sobre la telefonía móvil. Se entiende
que la Cámara va a conocer si va a haber uno o dos operadores, por
qué fórmula se va a optar, concurso o subasta, en definitiva, todo lo
referente al sistema de telefonía móvil en España. También ha dicho
que la tasa no había sido fruto de la improvisación sino un estudio
serio y riguroso. En ninguno de estos casos, la presentación del
estudio de telefonía móvil ni el estudio riguroso que dio origen a la
tasa, ha mencionado que se haya consultado a la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones. Nos gustaría saber si se le ha consultado,
si se le va a consultar, o cree la señora ministra que la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones no tiene que decir nada, no
tiene que opinar nada en ninguna de estas dos cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Brevemente, iba a decir telegráficamente,
pero siempre que alguien dice telegráficamente luego se extiende
muchísimo más.
Señora ministra, usted y la portavoz del grupo parlamentario han
vuelto a discutir el tema de concurso subasta. Yo ya no quiero
discutirlo más. Ya sabe usted que inicialmente creíamos que había que
retrotraer el concurso, una vez que el Gobierno dijo que no creíamos
que era mucho más operativo dedicarnos a mejorar lo que se había
hecho más que a seguir llorando sobre la leche derramada. Ahora sí le
quiero decir que no es verdad que quien hace subasta sólo piense en
el dinero y no en las condiciones, porque usted sabe que hay subastas
con condiciones, algunas más estrictas que las españolas. Como
tampoco es cierto que el concurso haya que hacerlo por 20.000
millones. Ahí está el concurso de Francia donde van a sacar 800.000
millones de pesetas. Por tanto, no jueguen ustedes con esos
argumentos. Se podía haber hecho por concurso o por subasta, pero se
podía haber hecho con las mismas condiciones por subasta y se podía
haber hecho sacando muchísimo más dinero por concurso, que es lo que
yo
le digo que había que haber hecho. Ese tema lo doy por bueno, pero no
nos sigan ustedes argumentando que la subasta es el afán recaudatorio
de los alemanes y el concurso es la bondad del Gobierno español, que
quiere que todos estemos conectados a Internet. No es verdad, señora
ministra.
Déjeme que le diga más. Usted acaba haciendo un llamamiento al rigor,
que yo comparto, pero le digo a continuación que empiece usted por el
propio Gobierno, por el anterior, porque fíjese que llevamos tiempo,
y el que nos va a llevar, discutiendo la falta de rigor de un
concurso que se convocó, lo diga usted como lo diga, cuando se sabía
cuando iban a ser las elecciones generales, señora ministra, porque
usted sabe que los períodos para convocar elecciones acaban, no son
infinitos, y cuando se convocó el concurso se sabía que iba a caer o
justo antes o en medio del proceso electoral; era evidente, justo
después no se podía, señor ministra, no es posible, porque sabe usted
que se celebran tres meses después de que el presidente dice que se
celebren, por tanto, si hace usted el cálculo no sale. Pero me da
igual un mes antes que un mes después, no nos vamos a pelear por eso;
usted sabe que se hizo deprisa y corriendo y de esos polvos estos
lodos.
Dice usted que se van a cumplir los objetivos. Sólo quiero desearle
suerte. Nosotros insistimos en que nos gustaría -y creo que el resto
de los grupos se han posicionado en el mismo sentido- que hubiera una
subcomisión de seguimiento para ver que esos objetivos se cumplen.
Vamos a proponerla y esperamos contar con el apoyo de todos los
grupos de la Cámara. Dice usted que tiene confianza en la fecha de
agosto del 2001. Miel sobre hojuelas. No seré yo quien eche un jarro
de agua fría esta mañana después del esfuerzo que usted ha hecho aquí
sobre su confianza. En todo caso, agosto está ahí y aunque no es
período parlamentario podremos discutirlo.
Veo que se ha leído usted mis intervenciones. Yo procuro no ser
errático, cuando doy una cifra en general trato de decir por qué.
Creo que la que di en el último debate está basada en informes de
consultoras que han aparecido en la prensa. En concreto, creo
recordar que el dato lo saqué del diario Expansión y de un artículo
de Joaquín Estefanía del diario El País. Me parece que son las dos
fuentes que utilicé. Joaquín Estefanía es un economista reputado,
aparte de buen escritor, y el diario Expansión es un periódico serio.
De ahí saqué el dato, que además lo di de pasada. El de Italia sí sé
de dónde lo saqué, señora ministra, del Gobierno italiano. No me diga
usted que yo he jugado con cifras; no. El Gobierno italiano quería
sacar 4 billones y se ha quedado en dos. Le dije al principio de esta
intervención que yo firmaría ahora dos billones y quince años. ¿Dónde
hay que firmar? Señora ministra, le voy a decir más: usted también.
El dato que yo manejé, el del Gobierno italiano, que quería cuatro y
se ha quedado en dos (como le digo, comparado con España, ojalá nos
hubiera pasado a nosotros eso), el
dato era la previsión del Gobierno italiano. De ahí el escándalo
político que conoce usted, la Fiscalía de Roma, el Tribunal de
Cuentas italiano, etcétera. En fin, no me acuse a mí de manejar datos
alegremente; en todo caso era alegre el Gobierno italiano y
efectivamente se demostró que era bastante más alegre de lo que debía
haber sido.
Yo he dado aquí un dato hoy que creo que tiene en cuenta la
población, siempre la he tenido en cuenta. Respecto a la regla de
tres, uno no es un experto matemático, ni siquiera pretende ser
economísta, pero la regla de tres ya sabe que no hay que aplicarla
así. Déjelo, es un mal ejemplo. No lo hemos hecho nunca así. Le he
dado un buen dato, un dato calculado, 2 billones 900.000 millones.
Usted me dice que los 25.000 millones se han hecho después de sesudos
estudios, fantástico. Sólo le pido que nos los dé, que los
conozcamos, nosotros y las operadoras, porque si los hay es
fantástico. Si usted tiene un estudio que dice la tasa son 25.000, me
parece muy bien. Lo que le pido es que nos lo dé, porque, créame, en
el galimatías de la ley de presupuestos no se aclara uno. Primero,
llegar del coeficiente al dato reconozca usted que es una operación
sofisticadísima, que hay que pasar por una orden ministerial, de los
C1, C2, C3 al dato, a los 140.000 que usted ha dado aquí, a usted le
sale muy fácil porque tiene servicios. Yo me lo tengo que hacer en mi
ordenador y me cuesta mucho. Facilítenos, por favor, los datos; es
decir, cuánto paga cada licenciatario y qué criterios han utilizado
para obtener ese dato. Así tendremos nosotros, y por cierto los
operadores, un cuadro objetivo y seguramente yo retiraré de inmediato
que aquí hay arbitrismo; inmediatamente, se lo aseguro, en cuanto me
convenza usted de que no lo hay. De momento, a mí la cifra de 25.000
me suena a mágica. Yo le digo que no. A mí, con mis datos, que por lo
menos tienen un cálculo matemático razonablemente soportable en una
discusión, me salen 63.000, y en ese sentido va nuestra enmienda.
Déjeme que le diga más. Se ha hablado del concurso francés. Le voy a
decir lo que han hecho los franceses. Usted conoce el concurso y las
bases; es un ejercicio que le aconsejo. Este es el cuadro que ha
publicado la autoridad independiente francesa y este es el valor de
la tasa desde el 30 de septiembre del 2001 hasta el 30 de junio del
2016, año a año. Le pido esto porque es lo que da garantía a los
operadores. Usted se preocupa por los operadores y hace muy bien; yo
también. Usted ha hecho una serie de reflexiones al final que me
parecen muy pertinentes. Lo que yo digo es que los operadores lo que
quieren es claridad. Digámosles, el Gobierno y en la medida en que
corresponde a las Cortes fijar la tasa anualmente, cuál es el
escenario presupuestario en que se tiene que mover: esta tasa va a
evolucionar de esta manera. Esto es una cosa seria. Poner 25.000
millones de pesetas en el proyecto de ley de presupuestos sin más
criterios, mientras no me demuestre lo contrario,
es arbitrista. Ojalá me lo pueda demostrar y retiraré la
palabra con muchísimo gusto.
Dos comentarios finales, señor presidente. La señora Mato me dedica
reiteradamente sus afanes cada vez que intervengo. En general no
tiendo a contestarle porque me parece que es un ejercicio inútil que
no ayuda para nada a esta Cámara; más bien al contrario. Desde mi
época de educación religiosa me enseñaron que mirar hacia atrás tenía
peligros físico-químicos de convertirse uno en cloruro sódico, es
decir en sal. Sí se me ocurren dos sugerencias que quiero hacer.
Primera, si la señora Mato dedicara sólo el 10 por ciento del tiempo
que dedica a investigar lo que pasó en el año 1986 a estudiar
telecomunicaciones sería el monstruo de las comunicaciones. Segunda
cosa, le voy a mandar mi biografía; así podrá hurgar en ella y la
discutimos, no me importa. Se la voy a mandar para que no siga
acusándome de todo aquello que quiere. Créame, señora Mato, me
sorprende. Tiene una información de la que yo carezco, es que no
puedo ni defenderme aunque quisiera, que no lo quiero, créame. Me ha
hablado muchas veces de Canal Plus, del año 1986; creo que en esa
fecha era secretario general de educación. Con mucho gusto le daré
todas las órdenes que firmaba por si encuentra alguna chapuza
administrativa en la que recrearse. Por cierto, creo recordar que
Canal Plus es aquella operadora de televisión a cuyos dueños usted
acusó de estafar a los que pagaban. ¿No es ésa, señora Mato? No
sigamos por ahí, de verdad. Se lo aconsejo por la buena marcha de
este debate y porque creo que no interesa, como dice la señora
ministra.
Termino ya, señora ministra, con dos cosas más. Le agradezco la
información sobre el concurso. Hay cosas que no he querido decir
porque no merece la pena. Usted ha mencionado que el 29 de febrero de
2000 (se lo voy a leer exactamente del pliego de bases) la mesa tenía
que haber entregado la propuesta al ministro. No lo hizo, lo hizo el
7. No lo he considerado relevante, lo digo porque cuando usted ha
mencionado, el 29 de febrero me he acordado de que la mesa se reunió
los días 6, 7 y 8. Yo no he dicho que no haya que contratar una
consultora -al revés, me parece muy bien que lo haya hecho-, como
nunca he cuestionado la capacidad del ministro, de usted ahora y del
futuro, para decidir quién tiene que tener las licencias. Lo que le
pido es que considere la posibilidad de que sea la CMT la que haga la
propuesta, como pasa en Francia, porque creo que sería bueno para el
sistema. Esa es nuestra propuesta y se la voy a hacer formalmente.
Pero no hemos cuestionado, ni lo haré nunca, la capacidad del
Gobierno para decidir quién tiene la licencia y, naturalmente, para
velar por los intereses generales en el uso del dominio público
radioeléctrico; naturalmente que no le cuestiono esa capacidad que
tiene que tener y en la que siempre tendrá el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista. No me preocupa mucho lo de las
participacionescruzadas, lo he mencionado porque fue un debate.
Se podría discutir si el acuerdo Mannesman-Vodafone modificó aquello,
pero no me preocupa. Me preocupa lo que hemos visto en la
documentación. También le digo que no es prioritario para el Grupo
Socialista, pero creo que se debe aclarar por el buen nombre del
concurso, nada más que por eso, sin otro ánimo.
Le hago cuatro preguntas, sólo cuatro, que quiero que me responda
ahora o cuando usted pueda; ya le digo que volveremos sobre este
tema. Primera, si es verdad que los criterios de evaluación se
fijaron o no después de conocer el contenido de los sobres dos y
tres. Si es verdad, creo que hay una irregularidad porque es fácil
ajustar los criterios al contenido de los sobres. Eso no se hizo así
en el otro concurso precisamente para evitarlo. Segunda, si es
verdad, como dice el informe del subdirector general, que el
secretario general de comunicaciones fijó los criterios y se los
comunicó a la empresa asesora. Quiero saberlo. Tercera, por qué se
cambiaron los criterios de la empresa asesora que había pactado con
la mesa de contratación -tiene razón, es la que fija los criterios de
evaluación, siempre lo he dicho así-, por qué se retiraron esos
criterios pactados con la mesa en la sesión del 9 de febrero, si no
recuerdo mal. Cuarta, señora ministra, ¿a quién beneficiaba la
resolución que elaboró la empresa asesora y que tuvo que retirar, si
es posible saberlo?
Termino ya. Señora ministra, le he hecho unas cuantas propuestas que
están meditadas. Creo que son rigurosas, al menos yo me atrevo a
defender su rigor. Creo que debe aumentar la competencia en el móvil
-usted ha dicho algo en ese sentido y sabe que tendrá nuestro apoyo-
y tiene espacio para dos licencias combinadas, GSM y UMTS. El Grupo
Socialista le propone que lo haga. Creo que debe abrir la red de
móviles a la competencia de los llamados operadores virtuales, ahora
el GSM, mañana el UMTS, y le propongo que lo haga. Creo que debe
subir la tasa porque la que ha fijado en el proyecto de ley de
presupuestos es muy baja. Creo que debe traer una ley que, a modo y
manera que lo han hecho los franceses, establezca las reglas del
juego para que todos, entre ellos los operadores y fundamentalmente
ellos, también el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los
grupos de la Cámara, sepamos a qué atenernos. No se encierre en la
tasa que igual hay fórmulas mejores, aunque si la tasa es la fórmula
mejor para el Gobierno la discutiremos a gusto, pero creo que debe
regularse por ley. Finalmente, creo que debe considerar la
posibilidad de que la CMT realice la propuesta al Gobierno. Pienso
que todos ganaríamos en tranquilidad y en transparencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Ana
Mato.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, quiero agradecer la
información tan detallada que nos ha dado la señora ministra. Creo
que la información ha
superado las previsiones de todos los portavoces de los grupos
parlamentarios. Algún portavoz decía que se habían planteado muchas
preguntas -y es verdad que se han planteado muchas preguntas y muy
interesantes- y que probablemente la señora ministra no podría
contestarlas, pero creo que la mayoría de ellas las ha contestado con
creces. También agradezco el esfuerzo que se está realizando por el
Ministerio para presentar en su tiempo, como no podía ser de otra
manera, el informe sobre la posibilidad de ampliación de la telefonía
móvil, no solamente por el informe sino por lo que significa. Sin
perjuicio de la polémica artificial subastaconcurso, que el señor
Pérez Rubalcaba ya ha zanjado en el día de hoy, cosa que le agradezco
porque es verdad que hay dos procedimientos y los dos se pueden usar,
también es verdad -y quiero dejar constancia de ello-, por lo menos a
mi modo de ver, que uno de ellos, la subasta, tiene un objetivo
fundamental, que es la recaudación, y el otro tiene otros objetivos,
como el que la sociedad de la información llegue antes. No hay la
menor duda, respecto de este concurso y de cualquier otro, de que la
subasta tiene un objeto fundamental, la recaudación, y los concursos
tienen normalmente otros objetivos en cualquier materia. Ya estamos
de acuerdo en que se han conseguido unos objetivos con el concurso,
los lodos de los que hablaba el señor Pérez Rubalcaba, con los que
hemos conseguido que la sociedad de la información e Internet lleguen
antes a los ciudadanos, por lo que creo que son lodos buenos. Además,
a través del canon, que tendremos oportunidad de debatirlo en los
presupuestos, también se van a conseguir unos recursos económicos.
Señor Pérez Rubalcaba, tenga tranquilidad porque el Gobierno del
Partido Popular ya ha demostrado que gestiona muy bien el dinero de
todos, lo gestiona tan bien que incluso este año tenemos equilibrio
presupuestario. Por tanto, tranquilícese sobre la cuestión económica
porque el Gobierno, de momento, la está controlando bastante bien y
usted sabe que los presupuestos, que se han presentado ayer y
anteayer, son equilibrados y dedican el 50 por ciento al gasto
social, por tanto son unos presupuestos que también garantizan el
bienestar de los ciudadanos para el futuro.
Ha hablado de una empresa de comunicación y de su biografía. Le
agradecería que me mandara su biografía porque con tantos años de
experiencia política voy a aprender mucho. Si la tiene escrita, le
agradecería que me la enviara porque me gustaría mucho. Serán muchos
tomos porque ha hecho muchas cosas y se lo agradecería porque seguro
que de su experiencia voy a poder sacar algo. También es verdad que
yo llevo tiempo en el Parlamento -esta es mi tercera legislatura-
y he tenido la oportunidad de estar en la oposición cuando usted y su
compañero Borrell estaban en el Gobierno en la última etapa. No
dedico mucho tiempo al pasado, pero tengo buena memoria y como se han
repetido tanto los debates sobre telecomunicaciones en la legislatura
pasada sobre una empresa de comunicación,
la Compañía Telefónica, a la que usted ha dedicado atención
preferente, la verdad es que podría repetir las mismas cosas como un
papagayo porque sin leerlas me las sé de memoria. Me refiero a su
compañero Borrell porque, si no recuerdo mal, el segundo operador de
telefonía fija -fíjese que estoy hablando de hace cinco años
solamente- lo propuso Borrell en esta Cámara en vísperas de las
elecciones generales y se otorgó justo antes de las elecciones
generales -por cierto, el Partido Socialista las perdió obligando a
pagar un canon a una compañía de las que se presentaban al concurso
que el Gobierno del Partido Popular tuvo que devolver, con el dinero
de todos los españoles, porque la Unión Europea reclamó ese dinero.
Fíjese en que a veces las cosas se hacen precipitadas y otras con
agilidad. Eso fue precipitación, y a lo mejor intereses partidistas,
y esto ha sido agilidad. De hecho, estos son los lodos que están
resultando. En la otra tuvimos sólo un operador, en cinco años
tenemos múltiples operadores, tenemos mucha competencia, que usted
dice que es buena y nosotros también, por tanto está usted en el
camino correcto, y yo creo que se ha avanzado mucho, hemos pasado de
un segundo operador justo en vísperas de las elecciones a tener
múltiples operadores. Yo recuerdo que hace cinco años un teléfono
móvil era para privilegiados, si es que sabíamos que existía, además
eran unos mamotretos enormes que tenían algunas personas y que se
utilizaban poco y hoy, afortunadamente, gracias a la gestión que se
está haciendo a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en
estos momentos se está avanzando mucho y los ciudadanos van a poder
no solamente tener un teléfono móvil para llamar, sino para acceder a
Internet y a los nuevos servicios que está impulsando con tanto
ahínco la ministra de Ciencia y Tecnología.
Yo creo que vamos por el buen camino y seguiremos por él siempre que
nos olvidemos de empresas, de atacar cualquier cosa que se realice
porque salga bien, y tratemos todos de poner nuestro granito de arena
para seguir adelante y para que la sociedad de la información llegue
lo antes posible a todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Voy a
intentar ser breve, porque tenemos a los otros comparecientes
esperando y les pido excusas en estos momentos.
Señor Aymerich, el tema de las subvenciones cruzadas no se va a dar
si éstas van a buscar la materialización en forma de precios, ya que
tenemos los mecanismos de todos los servicios de inspección para que
se cumplan las condiciones establecidas en los propios concursos,
tenemos además los mecanismos que corresponden a la propia Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones una vez las empresas han sido
declaradas como operadores dominantes en aquellos casos, y la
adecuación de los precios a costes, una vez hecha esta declaración,
corresponde a la propia Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, y
por otro lado tenemos los mecanismos de defensa de la competencia
y los mecanismos de seguimiento de la evolución del mercado, como
refleja el propio informe que presentaremos a 31 de octubre, a medida
que este mercado va cambiando. La única preocupación a la que yo he
hecho referencia en mi intervención es en la medida en que, como
resultado de la gran dimensión económica que está significando a
nivel europeo este proceso, que yo entiendo que ha recibido más fuel
por parte de países que tenían como primer objetivo -no digo como
único- la recaudación, la necesidad de recursos económicos de las
empresas les fuerce a apelar al sector privado financiero, que ha
recibido un nivel de tensión importante y puede verse afectado al
alza el coste del capital, pero esta es una situación que puede
producirse -espero que no se produzca- una vez completado el mapa de
licencias en Europa, afectaría a todos los países y España no podría
haberlo sorteado de ninguna manera. Pero dicho esto, que será una
situación si acaso general, en términos relativos, que es lo que
entiendo que les preocupa en el fondo y lo que pedía el señor Rivero,
el hecho de haber optado por el concurso ha obtenido unos compromisos
y unas obligaciones por parte de los operadores que, sea cual sea el
nivel en Europa, van a cumplir, y mucho mejores condiciones que las
casi no establecidas en los procedimientos de subasta por parte de
otros países. Desde este punto de vista, las subvenciones cruzadas no
serán el tema, pues tenemos los mecanismos adecuados. Otra cuestión
es si hay tensión financiera, pero en términos relativos, en
cualquier caso, estaremos mejor desde el punto de vista de las
obligaciones a las que se han comprometido los propios operadores
como resultado del concurso.
En este sentido, señor Pérez Rubalcaba, es en el que yo hacía
referencia al concurso o la subasta. No quiero hacer una discusión
teórica, creo que son dos sistemas legítimos en la medida en que son
acordes a unos objetivos determinados. Esa es la única cuestión que a
SS.SS. les he puesto de manifiesto. No es decantarme ni entrar en la
polémica en sí, sino decir que para el caso de España, donde nos
interesa que haya un nivel de extensión, de cobertura cuanto antes a
toda la población, donde nos preocupa que haya excluidos, en una
situación en que nos preocupa que avancen los servicios de valor
añadido, que la competencia sea efectiva, que no sólo sea nominal,
las condiciones previas puestas en el concurso -y no hay ninguna
condición de subasta, hay algunas condiciones previas- sean de la
magnitud que se obtiene en el propio concurso. Ya no hablo de las
condiciones previas impuestas en el concurso, de la dinámica del
concurso. He dicho que los propios operadores han empezado a competir
antes de estar en el mercado, han competido a través de un concurso
y, por
tanto, ellos mismos se han comprometido. Estos son los objetivos del
concurso y en este sentido lo continúo defendiendo, porque para
España es importante que no haya pueblos a los que no llegue la
infraestructura, que no haya poblaciones en las que no puedan
desarrollarse este tipo de servicios, que en el conjunto del país se
desarrollen las aplicaciones. Queremos que esto ocurra cuanto antes
para beneficio de todos y para recuperar atrasos existentes. Esta
situación, por tanto, es un tema de fondo, no un tema, como estoy
segura de que compartirán, de discutir por discutir concursos o
subastas.
Una referencia a sus datos y a sus fuentes. En la prensa hay cifras y
cantidades para todos los gustos de las consultoras y de los debates
que ha habido, todas ellas muy respetables. Las consultoras, como
ustedes saben, tienen su función, tener clientes, y desde este punto
de vista sus números incentivan en un sitio o en otro a ver si
amplían la base de sus clientes. Los países han marcado sus
objetivos, cada país ha marcado el suyo, y en el caso de España, como
dice la propia legislación, la Ley General de Telecomunicaciones,
hemos adaptado la tasa al valor de mercado, a la nueva situación,
y van a tener ocasión de debatirla, pero les recuerdo que no me gusta y
yo no haría lo que usted me enseñaba de Francia, y además no lo
podría hacer porque nosotros hemos establecido un impuesto, una tasa,
que es anual. Puedo hacer supuestos o análisis, pero la ley no nos
permite, porque lo hemos establecido así, mecanismos distintos, a no
ser que cambiemos la legislación, pero en este marco no es cuestión
de darles transparencia en números repartidos por año. Yo también
podría hacer multiplicaciones y hablar de un supuesto y de otro, pero
entiendo que, salvando este pequeño debate sobre los números y los
orígenes de las cifras, hay rigor en el establecimiento de esta tasa
y existe el marco para que usted plantee otras alternativas. En
cualquier caso, contemplo todas las propuestas como posibles
alternativas en una situación futura.
Estudiaré con detalle las cuestiones que S.S. planteaba de organismos
terceros. No todos los países utilizan el mismo sistema, ni siquiera
para hacer las subastas. Aquí no hay sistemas únicos, sino los que
consideremos que son los mejores de acuerdo con la legislación
existente. En nuestro caso tenemos una legislación que regula cómo
proceder en los concursos. Mientras no cambiemos esta legislación, la
actuación ha de estar acorde con la legislación vigente. Estoy
convencida de que con los mecanismos de seguimiento, si continúa el
dinamismo del mercado de la telefonía móvil y de las
telecomunicaciones, vamos a tener un futuro que va a confirmar los
objetivos que ya hemos conseguido, al menos en parte, al establecer
esta vía para las licencias de móviles de tercera generación a través
del concurso y de otros mecanismos, incluidos los que ha propuesto la
Cámara, en beneficio de los ciudadanos. Ello nunca será obstáculo
para considerar mejores alternativas y constantes adaptaciones ante
la dinámica del mercado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. Acaba aquí la
comparecencia de la señora ministra.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA
(JUNQUERA GONZÁLEZ) PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN ESA
SECRETARÍA GENERAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000097)
El señor PRESIDENTE: Agradezco la presencia del secretario general de
Política Científica, don Juan Junquera González, al que concedo la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): Ante todo quiero expresar mi satisfacción por encontrarme
en esta Comisión y agradecer muy sinceramente que hayan tenido la
iniciativa de convocarme, porque esta circunstancia me permite
explicar alguna de las líneas generales de actuación de esta
Secretaría General de Política Científica, y también expresar ante
SS.SS. algunos de los problemas con que nos hemos encontrado, en el
sentido de tener que abordar una nueva tarea, que es la coordinación
de organismos públicos de investigación que antes se encontraban
dispersos en diversos departamentos ministeriales.
Tal vez en una comparecencia normal no fuera necesario referirse a
las normas de organización y funcionamiento, pero tratándose de un
departamento absolutamente nuevo, el de Ciencia y Tecnología, de una
Secretaría General de nueva creación y de unas funciones de
coordinación, de cohesión entre los distintos organismos que antes no
se llevaban a cabo, qué duda cabe que una de las líneas fundamentales
de actuación es precisamente la organización y funcionamiento que
hemos diseñado o que en fecha próxima tenemos previsto diseñar.
El marco legal en el que ha de desenvolverse esta Secretaría General
de Política Científica está constituido por dos reales decretos ya
publicados, el Real Decreto-ley 696/2000, de 12 de mayo, por el que
se crea la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y el Real Decreto-ley 1415/2000, de 28 de julio, por el
que se desarrolla la estructura básica de este mismo departamento. Al
mismo tiempo, esta organización estará determinada por cinco futuros
reales decretos. Hoy son simplemente borradores ya en tramitación,
por lo que se establecerá la organización, el funcionamiento, en
definitiva, el estatuto de los cinco organismos públicos de
investigación que están adscritos a esta Secretaría General.
Antes de empezar a explicar en qué medida hemos estructurado y
organizado la Secretaría, creo que es adecuada una referencia a la
realidad sobre la que actuamos
porque pone de manifiesto, evidencia las dificultades, los
condicionamientos, los límites con que nos encontramos para la
actuación en un sentido o en otro. Quiero empezar diciendo que esta
Secretaría General tiene adscritos: el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, antes dependiente de la Secretaría de
Estado de Universidades, es decir, del Ministerio de Educación y
Cultura. El Consejo es el órgano de mayor volumen y entidad, pero hay
otros cuatro organismos públicos de investigación que son: el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
dependiente del extinguido Ministerio de Industria y Energía; el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria; el Instituto Español de Oceanografía (estos dos últimos
adscritos anteriormente al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación) y, por último, el Instituto Tecnológico y Geominero de
España, que dependió en su momento del Ministerio de Medio Ambiente.
Son cinco organismos distintos, procedentes de cuatro departamentos
ministeriales también diferentes, con una cultura, procedimientos de
actuación y mentalidades diferentes y que deben ser coordinados por
una nueva secretaría general, la Secretaría General de Política
Científica. No es una cuestión de mero número, de adición, de suma;
se trata de someter a criterios y reglas comunes de actuación, a
principios coherentes de funcionamiento, a organismos que antes, por
estar separados, tenían orientaciones y principios de funcionamiento
diversos. Es más, por sí solos cinco organismos parecen ya una
complicación considerable, pero detrás de estos cinco organismos hay
numerosos institutos, centros asociados, centros mixtos, plataformas,
observatorios y otros órganos que superan en número más de 200 y cada
uno de ellos tiene sus singularidades, sus problemas específicos, sus
dificultades que en modo alguno pueden ser generalizados. No es,
pues, una exageración afirmar que nos encontramos con un auténtico,
un verdadero mosaico institucional.
Voy a dar algunos datos más para completar este panorama. Desde un
punto de vista económico, los organismos públicos de investigación
tendrán en el próximo año 72.970 millones consignados en los
presupuestos de todos y cada uno. Estos presupuestos en su mayor
parte corresponden al CSIC, con un 64 por ciento, un 13 por ciento a
Ciemat, un 11 por ciento al INIA, un 7 por ciento al IEO y el 4 por
ciento restante al Instituto Tecnológico y Geominero de España. Se
trata de una cantidad elevada y con un gran volumen de gestión
económica, pero aquí no se agotan los recursos que administran los
organismos porque obtienen recursos procedentes del exterior y tienen
gestión extrapresupuestaria y, en otros casos, tienen la posibilidad
de generar nuevos créditos inicialmente no contemplados en los
presupuestos iniciales. Estos recursos proceden en ocasiones del
propio Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación; en
otras, de las ayudas concertadas que concede la Unión Europea a los
programas de coordinación internacional
cuando intervienen dos o más países; en otras, de contratos
directamente celebrados con empresas privadas, así como de un
considerable número de convenios de colaboración firmados con
comunidades autónomas, ayuntamientos y otros entes públicos.
Pues bien, a través de estos diversos medios los organismos públicos
de investigación obtienen otros 27.515 millones de pesetas y aún
existen otras fuentes de financiación, como fondos especiales
constituidos por aportaciones de gobiernos extranjeros o institutos
extranjeros, que proporcionan a los organismos públicos de
investigación que he mencionado entre mil y mil quinientos millones
anuales de pesetas. En definitiva, si sumamos todas estas cantidades
nos encontraríamos con una cifra muy próxima a los 102.000 millones
de pesetas, un gran volumen de gestión económica y, por tanto, una
complejidad notable en la administración y llevanza de estas
entidades.
Es cierto también que el número de efectivos humanos, otro índice
para valorar las dificultades de las actuaciones que hay que llevar a
cabo, nos da un número elevado de personal al servicio o dependiente
de estos organismos. En su conjunto, 13.700 personas, de las cuales
5.550 son funcionarios, 4.150 contratados, bien sean de carácter
indefinido o temporales, y cerca de 4.000 becarios, también un
extenso número de recursos humanos que es necesario administrar.
Dicho todo esto, es fácil comprender que una primera preocupación que
surge es cómo coordinar, cómo someter a una acción común a este
conjunto de entes y organismos dándoles, asimismo, la necesaria
agilidad y eficacia. Es necesario conjugar en cierta medida dos
principios encontrados, contradictorios; el principio de agilidad y
eficacia que deben tener los organismos y el principio de la adecuada
coordinación, control, supervisión, porque hay que evitar, de una
parte, la adopción de criterios autónomos que puedan comprometer la
acción de conjunto, que puedan dificultar acciones futuras, que vayan
contra los principios o reglas generales establecidos, pero de otra,
también hay que asegurar que esos controles o supervisiones no
dificulten, obstruyan o impidan el funcionamiento de los organismos.
Se ha actuado por parte del Ministerio, voy a resumir esta parte muy
sintéticamente, en varias líneas de actuación. Una, en lo que se
refiere a los órganos de gobierno, personales o colegiados de los
organismos públicos de investigación; otra, en la estructura orgánica
de la que se ha dotado la propia Secretaria, y una tercera, y última,
en los mecanismos de coordinación con aquellos entes de investigación
que han quedado fuera de la órbita del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
En relación con el primer tema, presencia en los órganos de gobierno,
la línea general seguida es que el secretario de Estado de Política
Científica y Tecnológica se considera como presidente de cada uno de
los organismos citados, con la única excepción del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas que por su
dimensión, extensión, complejidad y arraigo ha parecido oportuno
mantener la actual estructura de presidencias y vicepresidencias que
tiene.
Una segunda línea de actuación ha consistido en que todos los órganos
colegiados de gobierno, es decir, consejos rectores, se aseguren la
presencia como presidente del secretario de Estado de Política
Científica y Tecnológica y como vicepresidente o presidente por
delegación, expresión que sería más correcta, del secretario general
de Política Científica. Esta solución vendrá adoptada en los
estatutos de cada uno de los organismos a los que he hecho alusión
anteriormente.
La estructura de la Secretaría General de Política Científica es una
estructura limitada, pequeña, en la que prima el criterio de la
cualidad sobre el de la cantidad. No se trata de llevar a cabo, a
través de la misma, ninguna tarea de mera administración, de mera
gestión, de simple ejecución; se trata de controlar y de coordinar
las actuaciones fundamentales, decisivas y básicas de los organismos.
En este sentido, se han creado tres subdirecciones generales: una,
denominada de ordenación normativa y coordinación; otra, de
planificación, y una tercera de seguimiento de actividades, programas
y proyectos.
Hemos creído conveniente que todo lo que se refiera a la producción
normativa o, dicho de otra manera, a la elaboración y proposición de
disposiciones de carácter general estuviera atribuido a un órgano de
la Secretaría General. La producción normativa es importante y
fundamental en cualquier organismo administrativo porque a través de
ella se delimita la naturaleza, la esencia, los objetivos a alcanzar
y los sistemas de funcionamiento pero, en la medida que nos
encontramos con un organismo nuevo, con un organismo que, como bien
conocen todas SS.SS., requiere reformas, es tanto más importante una
estructura que ha de crecer en el futuro. También es importante
controlar toda la proyección de esas actividades hacia el exterior.
Estas dos tareas fundamentales son las que tendrá encomendada esa
subdirección general de ordenación normativa y coordinación.
Los medios y recursos económicos y humanos son también una de las
claves de cualquier política. En este sentido, huyendo de cualquier
actividad que pudiera implicar gestión, se considera que al menos
algunas cuestiones decisivas de la política de personal y de la
política económica tendrían que estar también en la Secretaría
General de Política Científica. Me refiero, por ejemplo, a lo que es
el conocimiento, elaboración y propuesta de los presupuestos
generales, a sus modificaciones, a la gestión económica
presupuestaria, a la firma de convenios con otras entidades, puesto
que detrás de ellas siempre hay compromisos humanos y económicos que
a veces se prolongan durante años. Me estoy refiriendo también, en el
plano del personal, a las ofertas de empleo público, a las
modificaciones de catálogos o relaciones de puestos de trabajo, a la
creación de nuevos centros, que también conllevan movilidades de
personal y nuevos compromisos de personal.
En definitiva, a aspectos de política de personal que, sin conllevar
gestión alguna, constituyen directriz del futuro quehacer de las
entidades.
Por último, en un mundo tan amplio y tan complejo, es necesario
conocer la realidad. Y la realidad no está en las leyes, en los
reglamentos, en las resoluciones, en los informes y documentos
oficiales, sino en una parte nada más. La realidad va mucho más allá
de lo que reflejan todas estas disposiciones legales o todos estos
documentos. Por ello, consideramos necesario disponer de una pequeña
estructura que sea capaz de conocer in situ la realidad de las cosas,
los problemas y los condicionamientos que tienen algunos organismos,
que analice y estudie estas situaciones y que sea también capaz de
proponer reformas ad hoc según las realidades con las que se
encuentre. Este será el cometido principal de esa tercera
subdirección general de seguimiento de actividades, proyectos y
programas.
Nos queda un tema importante al que se han referido algunas
intervenciones que han tenido lugar en este Parlamento y sobre el que
también ha habido preguntas por escrito, y es qué se hace en relación
con los organismos públicos de investigación que se han creado fuera
de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me refiero
concretamente al Instituto de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas y
al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, ambos
dependientes o adscritos al Ministerio de Defensa; al Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Fomento, y al Instituto de Salud Carlos III,
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En relación con estos organismos, subsiste reformado el llamado
Comité de Coordinación Funcional de Organismos Públicos de
Investigación. Podría haberse pensado ad initio en su posible
disolución, puesto que la mayor parte de los organismos públicos de
investigación estaban ya integrados en un ministerio, pero los que
quedaban fuera eran de suficiente entidad e importancia como para que
se mantuviera con ellos un órgano colegiado de adecuada coordinación.
Se ha mantenido modificando la presidencia del mismo, que pasa del
secretario de Estado de Universidades al secretario de Estado de
Política Científica y Tecnológica; la vicepresidencia primera pasa al
secretario general de Política Científica e incorporando a tal comité
el Instituto Astrofísico de Canarias, organismo público y de
investigación que no había sido integrado anteriormente por no ser un
organismo stricto sensu del Estado, sino un consorcio público que es
dirigido conjuntamente por la comunidad canaria, la Administración
general del Estado y la Universidad de La Laguna. Con esto creo que
he dado un resumen fundamental de los problemas con los que nos hemos
enfrentado, en cuanto a organización se refiere, y las líneas de
solución que se han adoptado para poder resolverlos de la forma más
adecuada.
El segundo punto de vista que quisiera plantear es cuáles son
nuestros criterios generales de actuación
-hablo de criterios generales no de actuaciones concretas, a las que
me referiré después-, y en esto es necesario que empiece diciendo que
hemos partido de una idea suficientemente contrastada y compartida,
las dos cosas, y es que la innovación tecnológica es fundamental, es
básica, es definitiva, es decisiva. Durante las tres últimas décadas
han proliferado las obras de carácter divulgativo sobre la
importancia de la innovación tecnológica, y son también numerosas, e
imposibles de conocer y abarcar, la cantidad de obras científicas y
económicas que han aparecido sobre este tema. Pero bien sean de
carácter divulgativo, bien de raíz más académica, la conclusión de
unos y otros es la misma al final: lo fundamental es innovar,
perfeccionarse con carácter permanente, estar en el cambio continuo,
porque el modelo tradicional y clásico de la investigación como motor
de todo el desarrollo está superado. Esto es una información no
personal, sino una información compartida, como digo, por todos los
expertos científicos, económicos e incluso aquellos otros ensayistas
del tema.
El principio lineal de que a toda investigación, a todo aumento del
conocimiento siguen aplicaciones tecnológicas y se trasladan al
mercado no es cierto. Ni histórica ni empíricamente ha podido ser
demostrado y más bien ha ocurrido lo contrario, que la innovación
tecnológica ha ido por delante en multitud de ocasiones del
conocimiento científico. A pesar de todo, creemos que se trata de
modelos complementarios. La investigación entendida en el saber, en
el conocimiento, en la ampliación de información sobre cualquier
campo es fundamental y tiene resultados a medio y largo plazo. La
innovación tecnológica es también importantísima y es la llave básica
para obtener resultados a corto plazo, a plazo inmediato. Por esta
razón a todos los organismos públicos de investigación queremos
imprimir la cultura de que hay que investigar fundamentalmente para
el entorno en el que nos encontramos, hay que proyectarse hacia el
exterior, a través de las patentes, mediante la difusión de los
conocimientos, estudios, ensayos y trabajos que se realizan. Hay que
estar al servicio de la empresa privada, conocer sus problemas,
tratar de resolver sus dificultades. Esta es una de las claves para
que la investigación sea más efectiva y en ello vamos a poner una
decidida voluntad de progreso.
El segundo dato que es necesario destacar es que toda la
investigación de nuestro tiempo eficaz y trascendente tiene su base
en el principio pluridisciplinar. Podrían citarse muchos ejemplos; la
feliz concurrencia de físicos, químicos y metalúrgicos ha hecho
posible el descubrimiento del transistor y de la fibra óptica, tan
trascendentales en la tecnología de nuestro tiempo. En el ámbito de
la ciencia médica, el trabajo en común de especialistas procedentes
de campos tan diversos como la biología, la genética, la física
nuclear, la química o la ingeniería instrumental ha proporcionado
también extraordinarios y espectaculares avances. En fin -por no
citar más ejemplos-, diré que en el campo de la
agricultura, en la investigación agrícola, la aparición de semillas
cada vez más productivas ha sido posible por el concurso de
agrónomos, botánicos, químicos y entomólogos. Creemos que todos los
avances técnicos de hoy en día son fundamentalmente debidos al
trabajo en equipo y de carácter pluridisciplinar. Esta es otra
segunda línea de actuación en la que los organismos públicos de
investigación pondremos especial énfasis.
Por último, como criterio básico y antes de entrar en el análisis de
algunas actuaciones más concretas, hablaré de lo que los científicos
gustan en llamar masa crítica, que en un lenguaje más administrativo
pudiéramos llamar dimensión suficiente o entidad adecuada. Cualquier
órgano de investigación tiene que tener unas dimensiones mínimas para
ser eficaz, de otra forma su actuación no resulta efectiva. Queremos
imprimir a nuestra actividad esa dimensión mínima, esa entidad
suficiente, esa masa crítica que permita hacer eficaz la actuación
mediante las agrupaciones, las actuaciones en común, las propuestas
conjuntas que sean necesarias.
Entro en un tercer aspecto: algunas actuaciones concretas
e inmediatas que queremos abordar. Como es natural, no puedo exponer el
gran número de cuestiones pendientes que hay dentro de los organismos
porque estamos en los primeros pasos, en los inicios y durante estos
primeros meses simplemente aspiramos a reorganizar, a reestructurar
algunos aspectos y más adelante y de forma sistemática entraremos en
el conocimiento de otros problemas, pero quiero empezar afirmando que
tanto nuestras actuaciones presentes, concretas, inmediatas como las
futuras están inspiradas en la política de la Unión Europea; no
solamente inspiradas, sino condicionadas por la política marcada por
la Unión Europea. Sus señorías saben que el 20 de mayo de 1999 hubo
un consejo informal de ministros de la Unión Europea en el que se
trató este asunto del espacio común europeo de la investigación y el
2 de diciembre del mismo año 1999 tuvo lugar un consejo no informal.
En enero de este año 2000, la Comisión de las Comunidades Europeas
publica un documento, Hacia un espacio europeo de investigación, que
remite al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico
y Social y al Comité de las Regiones donde se reflejan las líneas de
actuación básicas. Por último, en la cumbre de Lisboa, de marzo de
este año, se adopta la decisión de ir hacia ese espacio europeo de
investigación y superar las situaciones de partida. Pues bien, en
este documento la idea básica de partida es que las políticas
científicas y de investigación en toda la Unión Europea, incluso en
los países de la Unión Europea, son adiciones, yuxtaposiciones de
políticas de unos y otros, y ni siquiera a nivel nacional -tal es lo
que afirma este documento- están debidamente coordinadas. Hay que
superar esta situación y hay que superar la coordinación, todavía
menos eficaz, que hay dentro de la Unión Europea, sobre todo si se
piensa en esa Europa ampliada a 20 ó 25 países.
Dentro de este documento, una de las primeras ideas que surge es la
necesidad de coordinar, de conjugar esfuerzos a nivel europeo y a
nivel nacional. Aquí no hace falta que diga mucho. La simple creación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología es demostración de que este
país ha apostado por esa idea, por ese principio. La creación de esta
Secretaría General, que trata de coordinar cinco organismos públicos
de investigación, antes dependientes de cuatro departamentos
ministeriales, es manifestación clara de que pretendemos conjugar,
concertar, dar unidad a lo que anteriormente no la tenía. Incluso,
concretamente, una de nuestras primeras preocupaciones en este ámbito
es analizar a fondo durante los próximos meses la posible existencia
de duplicidades, de coincidencias, de convergencias, y tratar de
superarlas mediante una política en común. Sabemos y conocemos ya que
en el ámbito de la investigación oceanográfica, dentro de la
astronomía, en la investigación pesquera, en la investigación
agrícola y alimentaria, en el campo de las energías alternativas y en
algunos otros ámbitos existen coincidencias. Los organismos que han
sido integrados ejercían con carácter paralelo o simultáneamente
actividades de esta índole. Queremos iniciar de forma inmediata el
estudio exhaustivo de todas estas situaciones y buscar soluciones
también coherentes. No tenemos una solución apriorística,
predeterminada, lo determinará la realidad de cada caso, pero
fórmulas tales como la dirección conjunta, las complementariedades,
la creación de redes virtuales que permiten una explotación en común
o incluso la concentración pueden ser líneas de solución según los
casos.
Un segundo aspecto, también contemplado por la Unión Europea, es la
necesidad de incrementar el número de investigadores. En sus análisis
con la realidad de países altamente evolucionados como pueden ser
Estados Unidos o Japón, la Unión Europea llega a la conclusión de que
en Europa el número de investigadores es notoriamente insuficiente. Y
si esto lo afirma la Unión Europea en una consideración de conjunto
de los efectivos investigadores que existen, dentro de España esta
aseveración es todavía mucho más cierta. Las últimas estadísticas
disponibles nos dan aproximadamente un 3,3 por mil personas de
población real ocupada de investigadores en España. Comparemos esto
con las cifras de otros países europeos de la Unión: Alemania, el 5,5
por mil; Francia o Irlanda, el 5 por mil; el Reino Unido, algo más
del 4,6 por mil; Holanda, cerca del 4 por mil, y no es uno de los
países que ofrezca mejores perspectivas. Nosotros tenemos que
intensificar esta política relativa al número de investigadores. En
este sentido, pretendemos aumentar -ese es nuestro propósito; veremos
los resultados que obtenemos- el número de plazas de investigadores
para las convocatorias que han de celebrarse el próximo año. El
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya había iniciado
esta política durante años
anteriores. Algún otro organismo le había seguido en esta política,
no todos. Nosotros pretendemos extenderlo a todos los organismos e
intensificar, incluso, el número de plazas que se han convocado en
algunos de ellos durante años anteriores. Durante el presente año
2000 se han convocado cerca de 190 plazas. Pues bien, nosotros
pretendemos -este es nuestro propósito- que el próximo año podamos
llegar a la cifra de 278. En números absolutos puede parecer que no
es demasiado, pero supone un incremento del 46 por ciento en cuanto
a la convocatoria de plazas de investigadores.
Otro punto sobre el que quisiera hacer alguna referencia. Nos
encontramos en el ámbito de la Unión Europea con la necesidad de
aprovechar más intensamente las grandes instalaciones científicas,
los centros de excelencia que existen dentro de cada una de ellas.
España quiere incorporarse decididamente a esta política. Tenemos ya
en el conjunto de nuestras OPI algunos centros de excelencia, algunas
grandes instalaciones. Basta recordar las bases antárticas españolas
o el buque oceanográfico Hespérides, que ha realizado ya más de 60
campañas, o el buque Cornide de Saavedra, dedicado a la investigación
pesquera, o la gran plataforma solar de Almería, dependiente del
Ciemat, o las instalaciones experimentales de fusión nuclear del
Ciemat TJ-2. Incluso existen en el campo de estas investigaciones
otros organismos que participan, pero las más importantes son éstas.
También habría que citar el Centro nacional de microelectrónica, la
sala blanca, que está en Barcelona y que también tiene reconocimiento
europeo en cuanto a gran instalación científica, y el Centro de
investigaciones de sanidad animal, con sus más de 40 laboratorios,
especialmente los de seguridad animal. En todos estos campos España
quiere que estas instalaciones estén al servicio de toda la comunidad
investigadora europea y aunque ya hay acuerdos bilaterales -y en
algunos casos de más de dos países-, queremos intensificar esta
cooperación, mejorar, incluso, algunos de estos centros y ser, tal y
como pretende la Unión Europea, partícipes directos e inmediatos en
la creación de estos centros llamados de excelencia.
Voy a terminar porque todavía queda otra comparecencia y SS.SS. ya
han tenido una sesión anterior muy dilatada que les ha consumido un
considerable tiempo.
Tenemos un problema que yo no quisiera dejar de hacer referencia al
mismo, aunque no tengo una idea clara de cuándo podrá ser una
realidad. Nos encontramos con que, dentro de los organismos públicos
de investigación, solamente uno, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, tiene escalas de investigadores: la
escala llamada de profesores investigadores, los investigadores
científicos, que es la segunda, y los científicos titulares. Al
margen de este organismo, el resto de los que he mencionado
anteriormente no tienen escalas o cuerpos de investigadores y, sin
embargo, la realidad es obvia: realizan investigación, tienen
proyectos y programas de tal naturaleza y hay un conjunto de personas
nada
desdeñables que se están dedicando a estas tareas. Pues bien, en este
sentido, nuestra aspiración es que en el Ciemat, en el INIA, en el
IEO y en el ITGE puedan crearse escalas de investigadores titulares.
En las propuestas ya elaboradas, y muy avanzadas, y en las
conversaciones que hemos tenido con los Ministerios de Hacienda y de
Administraciones Públicas, nuestro punto de partida ha sido que la
creación de estas escalas debe ir, en cuanto a principios
inspiradores, en paralelo con las ya existentes: exigencia del título
de doctor, prestación de servicios de investigación durante un mínimo
de años, estar en estos momentos en servicio activo y pertenecer a
grupos o escalas del grupo A. Necesariamente no todos los
investigadores podrían integrarse en esta escala de titulares por la
sencilla razón de que no todos tienen el título de doctor. Por eso
crearíamos una figura de investigadores en funciones que no solamente
tendrían el derecho a seguir desarrollando estas actividades, a
participar de la movilidad que se fije para estos investigadores,
sino que también podrían acceder a la nueva escala en cuanto
cumplieran aquellas condiciones que a priori no han podido completar.
Tendrían un derecho permanente de acceso, una vez que cumplieran
aquella exigencia que hoy no tienen cubierta.
La creación de esta escala nos obliga necesariamente también a crear
una paralela que pudiéramos denominar de técnicos superiores
especialistas, porque así como en el CSIC -vuelvo a citar el ejemplo
también- existe una escala de titulados superiores especializados, en
el resto de los organismos que dependen de nosotros no existe nada de
esto. Luego también parece oportuno que la creemos, porque en muchos
casos la línea divisoria entre lo que es tecnológico propiamente
dicho y lo que es investigación no está clara, hay algunos que pueden
estar en un sitio u en otro según lo que predomine en su actividad.
Asimismo, nuestro propósito sería crear esta escala de técnicos
superiores especialistas donde pudieran integrarse aquellas personas
que ejercen actividades de diseño, mantenimiento, mejora de
instalaciones experimentales, asesoramiento, informe o análisis
dentro de sus respectivas especialidades. Nuestra idea es que tales
escalas fueran únicas para los organismos que carecen de ellas y, al
mismo tiempo, pretenderíamos establecer la movilidad de acuerdo con
los estudios, conocimientos y preparación que tengan cada uno de
ellos. ¿Cuándo puede ser realidad esta ley, puesto que necesita una
norma de rango legal? Nuestro deseo es que fuera cuanto antes, pero
lógicamente ahora no podemos anticipar cuándo será ese momento.
Concluyo dando las gracias a la señora presidenta, a todas SS.SS. y
les pido perdón por si me he excedido en el tiempo después de la
larga sesión de trabajo que lleva esta mañana.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias,
señor Secretario general de
Política Científica y permítame que, aunque sea al final de su
intervención, le dé la bienvenida a esta Cámara en nombre de la Mesa
y en el mío propio y le agradezca su presencia en esta Comisión.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida
al señor Junquera en nombre del Grupo Socialista, aunque no es la
primera vez que viene a este Parlamento, pero sí como secretario
general de Política Científica, y también agradecerle su exposición
que ha sido larga y que ha dejado bastantes incógnitas en el aire.
Podría decirle que la música puede sonar bien, pero algunas cosas de
las que ha dicho no me han sonado excesivamente bien y, por tanto, mi
intervención irá dirigida a plantear algunas preguntas y a despejar
algunas dudas para ver cuál es la dirección que tomamos.
Por ciento, hablaba usted de preguntas escritas, yo le voy a pedir un
favor personal y es que me eche una manita. Como usted tiene rango de
subsecretario dígale al subsecretario del Ministerio que tengo una
cantidad de preguntas escritas, alrededor de 16 ó 17, atascadas desde
hace tiempo. No es objeto de esta comparecencia, pero ya que le tengo
a mano y habla usted de preguntas escritas, me he acordado que desde
el mes de junio o julio tengo pendientes preguntas y, por favor, le
pediría que nos echara una manita.
Usted se ha referido a las funciones que tiene su Secretaria General
y a la complejidad de los temas a tratar, lo que es absolutamente
cierto. He de agradecerle, siendo -si no me confundo- nuevo en una
función tan específica como ésta, que haya hecho una intervención
prácticamente sin papeles. En este Parlamento hay que agradecer no
solamente la extensión de su explicación, sino que usted muestra que
tiene en la cabeza claramente lo que quiere hacer y para mí es una
satisfacción y lo digo aquí públicamente.
Dicho esto, y no va contra usted, lo que no se puede hacer es partir
de cero. Señor Junquera, el Partido Popular lleva gobernando desde el
año 1996 y déjeme que le haga una breve historia porque no estamos
ante una situación que haya nacido exclusivamente hace seis meses, ya
llevan ustedes gobernando seis meses en esta legislatura. Cuando el
Partido Popular gana las elecciones en el año 1996, aparece muy
rápidamente un decreto en el que se refunden todos los OPI en el CSIC
y daba un plazo de seis meses, lo cual era una aberración de tal
calibre que el propio Gobierno tuvo que rectificarlo. No se llegaron
a refundir en el CSIC por razones obvias que se desprenden de su
intervención, porque no tenía sentido. Llegamos al año 1997, se
aprueba otro real decreto y se crea un modesto comité de coordinación
que preside el presidente del CSIC. Se ha reunido poquísimas veces,
no ha tenido efectividad y evidentemente no supuso ningún avance.
Acontinuación, se abre un debate
y se aprueba una ley, la Lofage, de la Administración general del
Estado, que afecta a los organismos públicos de investigación, y crea
dos posibles figuras: pueden ser organismos autónomos, quitando el
adjetivo comercial, o pueden ser entidades públicas empresariales.
Tenemos un fuerte debate en esta Cámara y se llega a una proposición
no de ley, que se aprueba por unanimidad, a propuesta del Grupo
Socialista, que cuenta con los votos del conjunto de los grupos, en
la que se deja más o menos claro lo que quiere hacer este Parlamento
y se da un plazo para que se presente una ley, que no se ha
presentado. Estoy hablando del año 1997. Sí se aprueba, en la Ley de
acompañamiento de 1999, la adaptación de los organismos públicos de
investigación en el plazo de un año. Han transcurrido casi dos y
obviamente no se han adaptado.
No quiero hablar demasiado de lo que ha sido la aventura de la OCYT.
Se crea una oficina de ciencia y tecnología, que depende del
presidente del Gobierno, hay un auténtico desconcierto sin saber
quién tiene las funciones en un ministerio u otro y la verdad es que
el principio de la termodinámica que tiene que ver con la entropía se
cumple perfectamente en estos primeros años de Gobierno del Partido
Popular en lo que se refiere a la estructuración de este sistema.
Esto es bastante innegable, lo creo sinceramente.
Pasamos a la siguiente etapa. Se crea un Ministerio de Ciencia y
Tecnología, que este grupo acoge con simpatía aunque con varias
dudas. No estamos de acuerdo con que no estén las universidades en el
mismo ministerio porque creemos que se puede hacer un grave perjuicio
a las universidades; evidentemente, sería mucho mejor que las
universidades estuvieran en un mismo ministerio. Tenemos dudas
razonables de que los otros organismos públicos de investigación no
estén dentro de ese ministerio, teniendo en cuenta -es cierto- que
algunos son sectoriales y que afectan a sectores estratégicos como
puedan ser la defensa. Ahora, lo de las universidades nos parece un
error y espero que no se confirmen las previsiones. Por tanto, cuando
nace este Ministerio lo celebramos con alegría, no solamente el Grupo
Socialista sino yo que, antes de ser parlamentario, he sido, y lo
seré en el futuro, investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; y creo que también el mundillo
científico lo acoge con buena disposición.
Sin embargo, los hechos son bastante tozudos. No me voy a referir a
los problemas que tenemos ahora mismo, que están en todos los medios
de comunicación de gestión, porque no es algo que le competa a usted
y sería improcedente sacarlo a relucir ahora. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Se puede decir que este Gobierno sí ha
conseguido sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la
investigación, el desarrollo y la innovación. Lo único malo es que
ahora se habla de eso, pero no se está hablando para bien,
desgraciadamente. Esperemos que enderecen el rumbo porque no es menos
cierto que en el Pleno hice una pregunta a la ministra de
Ciencia y Tecnología, el 24 de mayo, advirtiéndole clarísimamente de
los problemas que había en la gestión del Plan nacional, y
advirtiendo también en esta Comisión el señor Pérez Rubalcaba, en la
primera comparecencia de la ministra, qué estaba ocurriendo. Al
final, desgraciadamente, las previsiones se han cumplido y lo único
que deseamos desde el Grupo Socialista es que se arregle de una vez
por todas y se arregle para bien. Nosotros colaboraremos para ello.
Hay una situación algo compleja ahora mismo, pero me quiero centrar
en lo que trata la comparecencia, que son los organismos públicos de
investigación. Para nosotros, como se puede deducir de su
intervención, también juegan un papel clave. Primer dato, extraña
ver, en los presupuestos de este año, el peso que tiene los OPI, qué
porcentaje de la función 54 se dedica a los OPI; según mis datos es
del 21 por ciento, mientras que en el año 2000 era de un 21,8. Este
año se ha perdido casi un punto de peso de los presupuestos de los
organismos públicos de investigación respecto del conjunto de la
función 54. No sé si estamos andando por el camino adecuado o por un
camino equivocado, pero no creo que sea bueno que tenga menor peso.
Por cierto, en su propio lenguaje hay algo que me preocupa. Usted da
cifras de los OPI del Ministerio, y yo creo que hay que ver a los OPI
como un conjunto. Igual que hablamos de investigación, desarrollo e
innovación como función 54, no podemos poner una barrera y decir: es
que yo tengo estos organismos públicos de investigación que dependen
de mi Ministerio y, por otro lado, están los otros OPI, porque
entonces ¿para qué queremos el Ministerio? ¿Estamos coordinándonos o
no? Mi opinión es que existe una descoordinación, y lo podría
demostrar de diversas maneras, pero para abreviar me voy a parar en
esto de la descoordinación y, si hubiera, que espero que haya, una
segunda intervención, le podría poner algún ejemplo.
Usted nos plantea algunas cosas, una vez que ya decimos que no
partimos de cero, que llevan ustedes ya seis meses más otros cuatro
años, aunque usted no fuera el responsable, que son importantes. En
cuanto a la naturaleza jurídica de los centros, estamos esperando
todavía una ley general presupuestaria -me imagino que el rango de
ley será una ley presupuestaria- que pueda marcar esa naturaleza
jurídica de los centros. Ya sabe que nuestra posición es que sea
conjunta del Parlamento, nosotros queremos que sigan siendo
organismos autónomos -no queremos que sean entidades públicas
empresariales- para todo lo que tenga que ver con el personal y para
asegurar que seguirán existiendo subvenciones de los Presupuestos
Generales del Estado, que, por cierto, este año decrecen de un modo
importante en las transferencias, tanto de capital como corrientes, a
los organismos públicos de investigación. Luego se lo diré al señor
Tarrat, que está asistiendo a esta sesión. En el caso concreto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los Presupuestos
Generales
del Estado subvencionan al CSIC con un incremento del 1,8 por ciento,
menos que la inflación. Por tanto, hay que pedir un esfuerzo
cuantitativo para que los OPI vayan saliendo hacia delante y tengan
la mayor rentabilidad posible.
Queremos que para el régimen económico, presupuestario, etcétera,
pueda haber la mayor flexibilidad posible, ligada a la transparencia.
Por tanto, queremos que en esa ley, como se aprobó en esta
proposición no de ley del año 1997, presentada por el Grupo
Socialista en esta Cámara, se contemplen las ventajas que puedan
tener esas entidades públicas empresariales, es decir, hagamos un
traje a la medida, que se puede hacer, para los organismos públicos
de investigación, dada la singularidad que tiene la investigación,
que no puede tratarse de un modo genérico.
Usted habla de los estatutos, pero no me ha dado plazo. ¿Cuándo se
van a aprobar los estatutos? Primera duda. Creo, por los datos que yo
tengo, que será un estatuto por OPI, no va a haber una integración de
los OPI en el CSIC ni en ningún otro organismo, me imagino, y no va a
ser un único estatuto para todos los OPI del Ministerio o de fuera de
él, entiendo que sería un estatuto por cada OPI. Dicho esto, ¿qué
razones hay para el retraso, yo creo que injustificable, que está
teniendo la publicación o la aprobación de estos estatutos?
En el caso concreto del estatuto del CSIC, estaba ya en julio
prácticamente en las puertas del Consejo de Ministros. Si usted entró
-no sé ahora mismo- en la página web del CSIC, vería en su momento
que estaba ahí el proyecto de estatuto y que estaba ya anunciado
cuándo se iba a aprobar. Estamos teniendo un retraso y me gustaría
una concreción, cuándo van a aprobar ustedes los estatutos de los OPI
y concretamente cuáles son las razones del retraso. ¿Las razones del
retraso son realmente que hay que cambiar quién preside el Consejo
Rector, como se rumorea por ahí, si tiene que ser el secretario de
Estado y no el presidente del CSIC? ¿Hay alguna razón más de fondo?
Porque le digo una cosa, en el caso concreto de ese estatuto, así
como en el de otros organismos, estaba razonablemente consensuado,
y si se van a introducir modificaciones importantes tendríamos que
pasar también una etapa de consenso dentro de lo que son las
organizaciones sindicales o de personal investigador, etcétera, que
hay en el propio CSIC o en otros organismos. Por tanto, ya le digo
que, si puede, me dé una explicación del retraso y, sobre todo,
cuándo tienen previsto aprobar estos estatutos.
Hablaba usted de algunos aspectos que son la parte de la letra que no
me gusta. Usted ha dicho textualmente -y me imagino que la labor de
las señoras taquígrafas no dará lugar a dudas en la transcripción-:
ya la investigación no se puede considerar como motor de desarrollo,
eso ya está superado. Y usted se refería a eso, entiendo, en el
sentido de que hay que tener en cuenta lo que es la innovación, habla
de una cierta cultura de la innovación, pero curiosamente sólo le he
oído hablar a usted de una cultura de la innovación aplicable a los
OPI, cuando a mí me parece que el problema principal está en que esa
cultura de la innovación habrá que hacérsela llegar a las empresas.
En cambio, usted no ha empleado la palabra empresa y sí me dice algo
que de alguna manera contrasta con otras opiniones que personas que
están trabajando en el Gobierno del Partido Popular y en este caso yo
como miembro del Grupo Socialista no suscribimos. Entiendo lo que
usted quiere decir, demos importancia a la innovación, pero yo ahí
sería muy clintoniano, es decir, copiaría mucho la política del
presidente Clinton, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo
fundamental para la investigación básica, que me parece absolutamente
clave teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico es muy
importante y que la innovación tiene que ser algo compartido entre
las propias empresas, organismos de investigación y universidades. A
mí me ha sonado mal que los OPI estén al servicio de la empresa
privada. Lo ha dicho usted textualmente, lo he copiado así; si es una
matización no hay ningún problema. Entiendo que hay que buscar un
punto de equilibrio en todo esto pero, por favor, no nos separemos de
una línea básica, que es que la investigación básica no orientada
juega un papel clave; que no es lo único, pero que tenemos que hacer
un esfuerzo por la calidad. No es el momento de hablarlo aquí, pero
lo que destinan a investigación básica los Presupuestos Generales del
Estado me parece absolutamente risible, el programa sectorial de
promoción general del conocimiento baja con respecto al año anterior.
En cualquier caso, es un debate de otro sitio. Estoy absolutamente de
acuerdo con la multidisciplinariedad y la masa crítica.
Para ir terminando ya, algunas dudas sobre aspectos que usted ha
planteado de modo concreto. En primer lugar, ustedes hablan de 278
plazas, entiendo que de nueva creación. A mí me gustaría -lógicamente
no en esta comparecencia, se lo solicito por si puede facilitarme el
dato- que nos dijera cómo se van a distribuir entre los organismos
públicos de investigación esas 278 plazas, que entiendo que salen en
el 2002, porque no las encuentro en los Presupuestos Generales del
Estado. ¿Están presupuestadas en el 2001? Yo no las encuentro. Si
están presupuestadas, ¿dónde? Si es simplemente una declaración de
intenciones, me parece estupendo. Ya le avanzo que nosotros hemos
presentado enmiendas que tienen que ver no sólo con la creación de
estas 278 plazas para los organismos públicos de investigación, sino
que las hemos incrementado en 522 plazas más sumables a las 278; es
decir, vamos a hacer una apuesta importante en nuestras enmiendas
para personal investigador, y también para algo sobre lo que usted no
ha hablado -lógicamente por razones de tiempo-, que es el personal
técnico, que es una demanda muy extendida en los institutos, en los
centros, y donde el Gobierno -según un dato que he recibido después
de muchísimo esperar- habla de 153 plazas de personal de apoyo a la
investigación, que nosotros queremos completar con 208 más y en este
sentido existe un paquete de enmiendas del Grupo Socialista . Estamos
de acuerdo en esa línea que marca la Unión Europea de incrementar los
recursos humanos, pero vamos a hacerlo en serio. Vamos a hacer un
esfuerzo importante, Porque no se está haciendo suficiente.
Me preocupan otras cosas, lo que podíamos llamar la carrera
científica. ¿Usted contempla la posibilidad de que exista la figura
del contratado, llamémosle de carácter indefinido, o vamos a estar
exclusivamente en la concepción de investigador como funcionario? Yo
soy funcionario, soy investigador, y desde luego tengo mis derechos
adquiridos. No estoy hablando de que haya una reconversión total,
pero no sé si se contempla desde esa Secretaría General, en lo que a
recursos humanos se refiere, si va a haber una mayor flexibilidad y
si va a caber esa posibilidad del investigador contratado.
No es buena solución la creación de dos escalas. No digo que sea
mala, sino que simplemente hay que abordar esto desde el punto de
vista estructural y no más coyuntural o específico. Va a haber
problemas en la homologación del personal investigador, si es que se
hace, del conjunto de los OPI, porque a partir de este momento en los
distintos organismos se va a exigir para el acceso a la carrera
científica el grado de doctor. Como usted conoce perfectamente -lo
decía S.S. en su intervención-, en muchos OPI esto no ocurre. ¿Cómo
vamos a igualar creando dos escalas, por ley? A mí me ha llegado el
rumor, que no sé si es verdad, de que va a haber una enmienda del
Partido Popular en el Senado para crear dos escalas de investigación
(usted se ha referido a ellas), que son: la de investigadores
titulares, y la de técnicos superiores especializados. No sé si usted
ha soltado aquí la libre para que nos quedáramos con que tenían prisa
en hacerlo. Me parece estupendo pero, señor Junquera, hagámoslo bien.
Le enmienda en el Senado me parece pertinente, pero no metamos goles
cuando sale la pelota fuera de la banda. Sería mejor hacer una
reflexión estructural para saber qué queremos hacer exactamente, y
que podamos avanzar en una dirección. No me importa tanto, siendo
importante para los investigadores, la homologación de retribuciones,
que puede tener un coste asumible por parte del Gobierno y estamos a
favor de ello, de unos OPI y otros, lo que me interesa más es saber
qué queremos hacer con la carrera científica ¿cuál va a ser el
acceso?, ¿todos a la de doctor?; ¿qué programas hay realmente para la
movilidad, para la selección?, ¿hacia qué modelo vamos? Porque,
repito, ha sido muy zigzagueante la actuación del Gobierno en estos
cuatro años y medio y hay una serie de dudas que espero me pueda
despejar.
Le advierto a S.S. de que hay un cierto riesgo de burocratización.
Entiendo que exista la Secretaría General de los OPI. Yo no voy a
entrar en eso, pero leí el real decreto y me llamó mucho la atención
que el secretario de Estado fuera el presidente de todos los OPI. Le
van a
convertir ustedes en míster OPI; va a estar de OPI en OPI,
presidiendo. Me parece estupendo que asista al consejo rector, pero
no le quiten demasiada autonomía; coordinen pero no quiten autonomía
a los presidentes de los OPI. Parece ser que en el caso del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas hasta el momento -así figura
en el decreto y usted lo ha dicho también-, no va a presidir ese
consejo rector. También quiero que me aclare si va a seguir siendo
así, porque una cosa es coordinar y, otratener una labor distinta.
Termino ya, señor presidente. Le agradezco el conjunto de su
intervención. Quede bien claro que en la mayor parte estoy de
acuerdo, pero hay algunas dudas que me gustaría que me aclarara. Ha
hablado de cosas muy interesantes, como aumentar la coordinación. Si
se crean comités de asignación de tiempos -lo que se llama CAT- para
utilizar instalaciones o equipamientos científicos que utilizan
diversos grupos podemos avanzar muchísimo. Que haya un comité, como
existe en otros países, que pueda asignar esos tiempos, que podamos
sumar masa crítica ahora para los temas que tienen que ver con
Europa. Por cierto, me gustaría saber cómo está la negociación de los
fondos europeos, porque llegan malos rumores. Si tuviera algún dato,
también se lo agradecería.
Evidentemente, queda un camino largo por andar, con un problema que
es complejo, con la buena voluntad y, por supuesto, buena disposición
del secretario general de Política Científica, cuya presencia una vez
más agradezco, pero la experiencia nos muestra que una política
zigzagueante como lleva el Partido Popular en estos temas, una
disminución del peso que tienen los OPI en la función 54, un cierto
retraso en muchas acciones a las que me he referido anteriormente e
indefiniciones de carácter jurídico, hacen que incluso planes de
actuación de los organismos estén durmiendo todavía el sueño de los
justos. Señor secretario general de Política Científica, tendrá
nuestro apoyo a la hora de afrontar conjuntamente estos problemas,
porque creo que una parte fundamental del sistema ciencia y
tecnología, empresa, industria, sociedad son de los organismos
públicos de investigación. En ese sentido pediría la mayor
sensibilidad por parte del Gobierno para intentar resolver problemas
reales y, sobre todo, marcar un futuro que nos es fundamental.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: En primer lugar, mi grupo también agradece la
presencia del secretario general, señor Junquera. Atendiendo la hora
en que se produce esta comparecencia, intentaré repetir lo menos
posible algunos de los planteamientos que ha efectuado el Grupo
Socialista con los cuales coincidiríamos, ir un
poco más al grano y resolver algunas dudas de mi grupo parlamentario.
La competencia del señor secretario general recae fundamentalmente en
los organismos públicos de investigación. En el decreto que le
atribuye la competencia se establece la función de supervisar las
actuaciones relacionadas con el Plan nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, pero también es
cierto que hay otros aspectos en los que, en la medida en que ostenta
la responsabilidad de los OPI, se le podría considerar sujeto
paciente, aunque no responsable. Yo le rogaría que en la medida de lo
posible, como responsable administrativo o como sujeto paciente de
otras actuaciones de su propio Ministerio, respondiera a algunas de
las preguntas que le formularemos.
Uno de los aspectos que aborda el Plan nacional de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica, atendiendo a la
competencia del Estado sobre el fomento y coordinación en general de
la investigación científica, está el avanzar en procedimientos de
cooperación con las comunidades autónomas. Una de las preocupaciones
que tiene mi grupo parlamentario, y por tanto le interesaría oír una
respuesta del señor secretario general, es si tiene noticias de
cuándo podría estar preparado para la firma el convenio bilateral con
Cataluña que se contempla en dicho plan nacional, y si al margen de
dicho convenio existen actuaciones o convenios de colaboración entre
el CSIC y organismos públicos de investigación de la Generalitat de
Cataluña.
En segundo lugar, los planteamientos de Convergència i Unió para una
correcta interacción de la política científica del Estado con la de
las comunidades autónomas, respetando el principio de necesidad de
masa crítica a que hacía referencia el secretario general, pasarían
por una trasferencia de organismos públicos de investigación a las
comunidades autónomas con competencias en la materia. Sabemos que
esto no es del agrado de algunos y no es algo que le plantee en estos
momentos. Sin embargo, me gustaría saber cuáles son las inversiones
que tienen previstas estos organismos públicos de investigación de
ámbito estatal en Cataluña para instalar nuevos centros o potenciar
los ya existentes. Nos gustaría saber si la Secretaría General ha
pensado el desarrollo de algún sistema de concurso para la
instalación de nuevos centros de investigación por los que las
comunidades autónomas pudieran presentar su candidatura en función de
méritos, capacidades y disponibilidades para la cofinanciación de los
proyectos, tal como lo realizan otros ministerios y se practica en
otros países europeos. Tenemos interés en conocer estas inversiones
y, sobre todo, su opinión respecto del sistema de concurso para el
establecimiento de nuevos centros de estos organismos públicos de
investigación.
Mi grupo parlamentario entiende que en los gastos de la
Administración general del Estado y, por tanto, de los organismos
públicos de investigación se produzca una cierta concentración
geográfica. No se trata de
hablar ahora sobre cuál ha sido su motivación incluso histórica.
Nuestro planteamiento es que en estos casos no debe existir esa
concentración. Las inversiones en materia de política científica no
deben fundarse en un principio erróneo de equilibrio territorial,
sino más bien de búsqueda de eficacia y de resultados a esas
inversiones que siempre son y serán escasas. La situación de
Cataluña, atendiendo al número de patentes europeas por personal
investigador o patentes europeas por inversión en I+D es una cifra
elevada y nos gustaría, si tiene datos y es de su competencia, que
ahondara en esa afirmación. Asimismo, queremos saber su opinión sobre
la proporción de fondos de los que se contemplan en el plan nacional
que se distribuirán por medio de convocatorias públicas y abiertas, y
cuáles son las razones que impiden que la mayoría de estos fondos no
se distribuyan de esa manera, que para nosotros es sinónimo de
calidad y competitividad.
Ha mostrado en su intervención, una preocupación por las grandes
instalaciones científicas. En estos momentos nos consta que se está
construyendo el gran telescopio de Canarias. El secretario general ha
hecho referencia a esa naturaleza jurídica específica del Instituto
Astrofísico de Canarias, que no impidió que en el primer decreto de
organización se atribuyese al Ministerio el carácter de ente matriz
de esa entidad, que no es un organismo autónomo sino un consorcio,
aunque afortunadamente se corrigió con posterioridad. Estas grandes
instalaciones permiten dotarnos de masa crítica, elevar el nivel
científico y potenciar la colaboración y la cooperación
internacional. Nos gustaría que concretase cuál es la política del
Ministerio, de la Secretaría General, respecto de las otras grandes
instalaciones científicas y si se potenciará este tipo de
instalaciones. Me permito solicitarle que continúe apoyando algunas
de las grandes instalaciones científicas que existen en Cataluña y
que depende de la Generalitat, como es el Centro de supercomputación,
como es el caso del Cesca que tiene atribuida esta condición de gran
instalación por las autoridades europeas. ¿Existe algún proyecto en
estudio de la configuración de alguna otra gran instalación? ¿Se
pretende buscar la colaboración con las comunidades autónomas para
instalar estos grandes equipamientos? Permítame también que aproveche
este momento para manifestarle, después de que el Gobierno francés
haya decidido construir un nuevo sincrotón y ubicarlo precisamente
cerca de París, la conveniencia de apoyar el proyecto de la
construcción del laboratorio del UT sincrotón en Cataluña, que podría
compensar precisamente la falta de estas grandes instalaciones en el
sur de Francia, España y Portugal.
El señor secretario ha hecho referencia a la falta de científicos. No
vamos a dar los ratios que ponen de manifiesto esa escasez de
científicos en España comparada con otros países de nuestro entorno,
pero sí querría conocer su opinión sobre cuál sería el marco adecuado
para incorporar de forma efectiva estos nuevos
científicos al sistema público español de investigación y cómo se
piensa implementar el nuevo programa del plan nacional de I+D+I en el
que se anunciaba un programa para dotar a las universidades y centros
de investigación con dos mil nuevas plazas de investigadores.
Comentaba el señor Lissavetzky que algunos de los problemas que se
sufren derivados de retrasos en pagos de subvenciones europeas
podrían no ser de su competencia, pero en la medida en que también
los organismos públicos de investigación se nutren de estos fondos,
en el caso de que no lo sean, está siendo usted, a través de los
centros integrados en estos OPI, un sujeto paciente, por lo que nos
gustaría saber en qué sentido se está trabajando para hacer efectivas
estas subvenciones en los diferentes centros de investigación y
resolver este problema burocrático. En cualquier caso no es el único
problema, parece que los OPI están sufriendo por retrasos en las
convocatorias, en las evaluaciones y desde luego, como hemos dicho
anteriormente, por retrasos en los pagos. Nos gustaría conocer cuáles
son sus planteamientos al respecto.
Para concluir, señor presidente, desearíamos conocer cuál es la
posición de la Secretaría General respecto a estos parques
científicos que, promovidos en la mayoría de los casos por las
universidades, se están desarrollando en estos momentos, en algunos
casos en las cercanías de Madrid, en la Universidad Carlos III, en
otros, en Barcelona, impulsados por la propia Universidad de
Barcelona y en los que contribuyen grupos de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos gustaría saber
cuál es la posición que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología
respecto a la promoción de estos parque científicos y si considera el
señor secretario general que puede ser uno de los revulsivos
necesarios para la promoción y desarrollo de la ciencia en España.
No querría yo terciar aquí en una polémica entre el señor Lissavetzky
y el secretario general respecto de la investigación científica o
innovación tecnológica. Ayer uno de los diarios de amplia circulación
en el Estado recogía una expresión de Jerome Friedman, premio Nobel
de física de 1990, que es muy acertada: La innovación es la clave del
futuro -decía-, pero la investigación básica es la clave de la futura
innovación. No creo que tengamos que decantarnos en un sentido o en
otro y podemos considerar tremendamente afortunada esta frase.
Señor secretario general, le rogaría que nos contestase a estas
preguntas en un día que para Cataluña es importante desde la
perspectiva científica. Hace dos o tres horas en el Palau de la
Generalitat se estaba firmando un acuerdo en virtud del cual el
Centro de investigación de IBM Europa -firmado por IBM España, pero
con presencia internacional- se va a instalar en Cataluña gracias a
un convenio firmado por la Generalitat de Cataluña, el Cesca y la
propia IBM. En
un día importante para la ciencia en España y en Cataluña, le rogaría
que nos contestase a estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, por el Grupo
Popular, la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Como no podía ser menos, quiero
agradecer la presencia en esta Cámara del señor secretario general,
así como la claridad de su exposición y, sobre todo, la capacidad de
captación con la que se ha enfrentado a los problemas de la comunidad
científica española. Como usted muy bien ha dicho en su intervención,
la realidad no está siempre en las leyes ni en los informes, está en
esos problemas, en esas condiciones, en situaciones muy peculiares
que presenta la comunidad científica española en sus diferentes
organismos. La propuesta de estas reformas (que a todos se nos
ocurren de una manera o de otra, a veces hasta de forma
contradictoria, queriendo una cosa y la contraria ante la
problemática de la ciencia en España a la que se va a tener que
enfrentar la secretaría general del nuevo Ministerio) nos da la
seguridad de que el señor secretario general, que hoy nos honra con
su presencia, conoce a fondo el problema, como hemos visto a lo largo
de su exposición. Incluso el portavoz del grupo de la oposición ha
reconocido la capacidad y el conocimiento profundo que tiene de todas
las actuaciones a las que hay que hacer frente.
Estamos ante la aparición de una nueva situación en la política
científica española, como es la creación de un nuevo Ministerio y
dentro de él su nuevo departamento, que ha de cohesionar organismos
diferenciados y que tiene un marco administrativo muy peculiar,
tendente a establecer las líneas generales de la actuación que en
este momento llevan a cabo los diferentes organismos y que conforma
el marco científico español. Es verdad que la comunidad científica
española -igual que en muchos países europeos- no ha sido la mejor
tratada a lo largo de generaciones y por gobiernos más cercanos o más
lejanos. No quisiera caer ahora en estas cuestiones reivindicativas,
porque la ciencia es un continuum; el desarrollo, la innovación so un
continuum que debe ser siempre mejorable a través del tiempo y de los
diferentes gobiernos. En esta Comisión siempre me felicito de la
capacidad de colaboración de los diferentes grupos parlamentarios
para obtener una mejora en el mundo científico.
Quiero decir, porque si no pecaría de injusta, que ese deseo de
modernización que tenemos todos los países a la hora de las
valoraciones no obtiene siempre la justa definición de las
actuaciones que se han hecho. A fuer de pecar de injusta, no puedo
hoy dejar de reconocer que lo que ha hecho la Oficina de ciencia y
tecnología durante la anterior legislatura ha sido preparar el camino
de coordinación para la creación de este nuevo Ministerio, del que
todos nos felicitamos. Ese dar camino
a este nuevo Ministerio es algo en lo que hoy coincidimos con otros
países que han establecido antes que nosotros esas normas para
desarrollar adecuadamente la política científica.
Evidentemente, las dificultades con las que se encuentra la
Secretaría de Estado no son pocas. El señor secretario general las ha
ido enumerando incluso por las peculiaridades de los diferentes OPI y
organismos a los que pertenecieron en su origen, ya que incluso
algunos habían sufrido ciertos avatares de tipo administrativo.
Coordinar estos cinco organismos grandes, aparte de los otros OPI de
los que ya habíamos hablado, no va ser fácil. No son entidades
homogéneas, administrativamente tampoco tienen la mejor estructura
orgánica, ni desde su creación -me tendrán que reconocer los grupos
de la oposición que esto no lo ha creado el Partido Popular-, porque
ha habido problemas muy peculiares no generalizables que, como usted
ha dicho con una frase muy acertada, forman casi un mosaico
institucional. Esas dificultades, incluso en su forma de
financiación, en los convenios con empresas, con comunidades
autónomas, con otros entes, crean ya una dificultad de tipo
organizativo y nosotros nos felicitamos por la forma tan clara y tan
estricta con la que el señor secretario general ha afrontado la
puesta en marcha de esos mecanismos de coordinación para intentar
solucionar esa problemática que tenemos, para lograr una acción
común, ágil y eficaz, no sólo eficaz sino también eficiente, que es
lo que necesita el mundo científico español en este momento, así como
favorecer ese futuro conjunto que todos los organismos científicos
necesitan y que es a la vez, curiosamente, conjunto
e individualizado.
Por esa línea de actuación, de coordinar esas cuatro estructuras
orgánicas que el señor secretario general ha dejado bien clara,
nosotros nos felicitamos. Incluso hay cierta coordinación con los OPI
que quedan fuera que, como muy bien se ha señalado, tienen una
estructura de investigación muy específica, que hace que la propia
estructura orgánica que se está diseñando en el marco general no
pueda absorberlo de la misma forma.
Comprendo que asegurar la presencia del secretario general en todos
los OPI puede ser algo abrumador para una labor tan ingente, pero a
veces vemos que la oposición se pide algo muy difícil, y es
descoordíneme pero no me coordine mucho. A veces los niños dicen algo
contradictorio: eso de un muchito poquito. Como decimos en Andalucía,
un muchito y un poquito; coordíneme pero no me coordine mucho es algo
que se ha oído aquí varias veces a lo largo de la exposición. En unos
aspectos vamos a necesitar que en unos OPI la coordinación sea un
poco más profunda por las propias taras estructurales que arrastran y
en otros, por su agilidad, por su dinámica, por la realización de sus
proyectos, hará falta menos una menor coordinación. Yo comprendo,
señor secretario general, que se lo ponemos muy difícil: coordínenos
pero no mucho sino un poquito.
También lo pide la oposición y en algunos casos desde los propios
OPI se oye lo mismo.
Respecto de esas disposiciones de carácter general de las que usted
habla; de la coordinación normativa en la política de presupuestos,
de la política de personal, de la firma de convenios, de la oferta de
empleo público, de la creación de puestos de trabajo, etcétera, no
podemos sino saludarlas con una gran alegría pues siempre es positivo
hacer una política de personal adecuada hacia los investigadores que,
como he recordado, no son ancestralmente las personas mejor tratadas
en este país ni creo que en ningún otro. Saludamos esos criterios
generales de gestión con un buen deseo. Compartimos la idea de que la
innovación y la investigación básica son decisivas. Ha quedado
clarísimo en su exposición que queremos que desaparezca esa paradoja
europea que hemos arrastrado, que en España no es solamente la
paradoja europea porque es todavía mayor. La paradoja española es una
sublimación de la paradoja europea. Que nuestra ciencia básica y
ciencia aplicada dé lugar a la innovación es el deseo de todos,
porque, como usted ha dicho acertadamente, hasta los que utilizamos
la investigación básica tenemos que usar las nuevas tecnologías, las
más importantes, las más punteras. No olvidemos lo que supone la
informática en este momento para investigación tan básica como la
biotecnología o el proyecto genoma, que ya no es un proyecto. Llevar
esa cultura de investigar a las patentes es la asignatura pendiente
que tiene España. Yo recibo con gran satisfacción que la Secretaria
General facilite, promocione e impulse la patente en la ciencia
española, porque redundará en beneficio del empleo, de las Pyme y de
las empresas. He entendido con cierta satisfacción que la
investigación debe caminar pareja al mundo del empleo, al mundo del
trabajo a través del mundo empresarial. Tenemos esa demanda de las
empresas, que están teniendo su propia actividad en I+D, actividad
muy importante y no solamente orientada, sino que a veces saben
buscar el camino adecuado para un mejor desarrollo de la innovación
tecnológica, lo que, como es obvio, redunda en beneficio de todos. Es
necesario imbricarnos en la política científica de la Unión Europea,
conjugar la nuestra con esa política científica, cosa que hoy ya
sabemos que se está haciendo, lo que es un logro y no puedo menos que
felicitarme, y felicitarme también por esa modernización de las
estructuras que aparecen duplicadas en todo el mundo científico
español, en algunos aspectos más que en otros.
Han aumentado los investigadores, cosa que recibimos todos con gran
satisfacción. El aumento del número de plazas de investigación es
siempre una satisfacción. Naturalmente a todos nos gustaría que
fueran más las plazas para investigación, sanidad o educación, pero,
intentando arrancar una sonrisa puesto que ya estamos todos muy
cansados, yo diría que en el pedir no hay engaño; si se proyectan 270
plazas, pediremos quinientas y pico, claro que sí. Cuando estábamos en
la oposición
y había cero plazas de investigadores, también pedíamos alguna. No
hay engaño, naturalmente y yo me felicito por que este año sean 278
en vez de 190 y, además, haya ese 46 por ciento de aumento en la
convocatoria de plazas de investigación. La investigación está al
servicio de la sociedad, al servicio de la cultura y del bien común
y, como eso es lo que persigue esta Cámara, cualquiera que sea el
portavoz y cualquiera que sea el grupo, me felicito de que la idea
esté presente y clara.
No quiero dejar pasar la ocasión sin decir que se ha echado de menos
que no estén las universidades en el Ministerio. A veces es difícil
esa coordinación universitaria; no es nada fácil, como estamos
viendo, por esa propia Ley de autonomía universitaria que nos ha
hecho a cada uno nuestra pequeña capillita y a veces una difícil
coordinación incluso desde los órganos más relevantes de la sociedad
universitaria.
Termino diciendo que el deseo de todos es mejorar, que me felicito de
haberle escuchado y que le invito a ésta, su casa, que es la que
todos los españoles, para oírle con la misma satisfacción con que le
hemos escuchado hoy.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general de
Política Científica.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): Muchas gracias, señorías, por sus preguntas, sugerencias e
ideas. Indudablemente, en algunas de las cuestiones planteadas yo
también estoy de acuerdo, no discrepo de que lo ustedes dicen. Me han
hecho tantas preguntas que he rellenado 10 ó 12 folios, lo que quiere
decir que, lamentablemente, tendré que contestar de la forma más
telegráfica posible. Perdonen si no entro en detalles, pero lo hago
por respeto a todos los presentes y con el deseo de no alargar
excesivamente la sesión.
Empiezo por la cuestiones que me ha planteado el señor Lissavetzky.
Ha hablado de la Lofage y de la disyuntiva entre organismos autónomos
y entidades públicas empresariales y ha dicho también que está
pendiente de dictarse una norma de rango legal que resuelva
definitivamente todas estas cuestiones. En principio, señor
Lissavetzky, tengo que decirle que en el artículo 61 de la Ley 50/
1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, hay una solución híbrida: que, reconociendo que son
organismos autónomos, establece unas peculiaridades especiales para
que puedan funcionar, porque, lógicamente, todos estos organismos
tienen una parte muy importante de actividad comercial que además
debe crecer en el futuro. En esta cuestión concreta simplemente le
diría que esta ley no es responsabilidad del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, pero en cualquier caso, y esto es importante, sí coincido
plenamente con su apreciación de que indudablemente hay que buscar
una solución híbrida. No es buena la solución de cualquiera de las
otras dos categorías que contempla la Lofage. Creo que esta solución
intermedia que de momento se ha adoptado está permitiendo funcionar a
los organismos autónomos y eso es lo que deberíamos en el futuro
consolidar. Por tanto, coincidimos.
Manifiesta S.S. algunas dudas sobre los organismos que no están
integrados. Pero, como usted conoce muy bien esta realidad, sin duda
alguna mejor que yo, sabe que algunos de los organismos que han
quedado fueran son muy peculiares y distintos. Dentro de todo
organismo público de investigación coinciden actividades de pura y
auténtica investigación y otras de prestación de servicio. A veces,
cuando predomina la actividad de prestación de servicios sobre la
investigación, desvincular al organismo del Ministerio en que se
encuentra crea problemas, es traumático, es sumamente difícil. Sin
citar ejemplos concretos, en algunos de los que han quedado fuera hay
desde luego una actividad de prestación de servicios muy superior a
la de investigación; hay una fuerte vinculación con el departamento
al que están adscritos y su segregación del mismo creo que lejos de
ser beneficiosa pudiera ser perjudicial. Toda reforma administrativa,
lo sabemos muy bien, en sus etapas iniciales crea más problemas al
tratar de resolver algunas de las cuestiones que había planteadas.
Bueno, pues en estos casos crearía muchos problemas. Por lo tanto,
admito la duda, que yo también tengo cuando me pregunto sobre alguna
de estas cuestiones. Pero creo que la solución es prudente y
ponderada y tiene sentido.
Me ha preguntado S.S. -también ha insistido sobre esto el señor
Silva- sobre los problemas que hay en relación con retrasos en la
gestión del Plan nacional de I+D+I. No les voy a dar ninguna
contestación sobre este tema porque ha pedido comparecer ante esta
Cámara y ante esta Comisión el secretario de Estado para dar una
cumplida y detallada respuesta sobre este problema, con cifras, con
datos, con precisiones, y por lo tanto me remito a la intervención
que habrá de tener.
Tema presupuestario. Su señoría ha observado -y muy bien, por cierto-
que las transferencias del Estado a los organismos autónomos han
crecido muy poco. Es verdad. En el conjunto de los OPIS que dependen
del Ministerio, ese conjunto de transferencias del Estado, bien sean
transferencias corrientes o de capital, han crecido nada más que el
1,6 por ciento. De los otros OPIS, por desgracia, no le puedo dar
datos porque en este momento no los tengo. La apreciación de que las
transferencias han crecido poco es certera. Pero sucede que el
crecimiento de los presupuestos de los organismos autónomos llega a
un 6,7 por ciento porque se han movilizado recursos propios. Todos
los organismos públicos de investigación tenían fondos de maniobra,
tenían fondos patrimoniales acumulados, por una buena gestión, por
ahorros que se han hecho a lo largo del tiempo y se ha considerado
oportuno movilizarlos a lo largo de este año. Y en este año de
especiales condicionamientos presupuestarios y de dificultades, diga
mos,
para obtener el equilibrio presupuestario, nuestra contribución ha
consistido en que hemos crecido en un muy apreciable 6,7 por ciento a
costa de esos recursos o fondos de maniobra que estaban ociosos en
los diversos organismos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta ese dato,
el crecimiento real de los presupuestos de los organismos es el 6,7
por ciento.
Todavía quisiera adicionar otro tema. En el incremento de recursos
que pudiéramos llamar ajenos o procedentes del exterior, estos
recursos adicionales a los presupuestarios, que llegarán el próximo
año, según nuestras estimaciones, a 27.515 millones, suponen,
comparados con los 25.609, que son los de este año, un crecimiento
del 7,5 por ciento; es decir, que en esto el impulso es todavía
mayor.
Afirma S.S. que hay cierta descoordinación en relación con algunos
organismos autónomos. Yo, a fuer de sincero, no puedo llevarle la
contraria. Uno de los propósitos que tengo desde la Secretaría
General es superar esa descoordinación que ha existido históricamente
y que todavía puede persistir. Ya sé que llevamos algunos meses, pero
no demasiados. Es más, ahora le puedo decir que esta Secretaría
General es por demás reducida; la integramos, incluyendo las
secretarias y las auxiliares, ocho personas. Podrá comprender que
aunque estamos dedicados plenamente a la tarea, todavía no estamos en
condiciones de poder abordar y resolver los problemas en toda su
intensidad.
Me ha planteado la disyuntiva -y en ello ha vuelto a insistir el
señor Silva- de investigación e innovación. Probablemente, una de las
frases que he dicho -ya sabe que las frases, cuando se habla no con
un guión escrito, sino con las ideas que uno lleva en la memoria,
pueden ser excesivamente rotundas y dar lugar a interpretaciones
equívocas- es que hay que poner los OPIS al servicio de las empresas.
Si he dicho eso lo he hecho en un contexto más amplio, en el de que
creo que la investigación no sólo debe seguir siendo básica o
fundamental, sino que hay que intensificar la preocupación por lo que
requiere el mundo empresarial, por lo que requiere la industria. El
señor Silva ha dicho una frase con la que coincido plenamente, y es
que la investigación es una apuesta por el desarrollo a medio y largo
plazo y la innovación es una apuesta por el desarrollo a plazo
próximo o inmediato.
Me pregunta también sobre el investigador funcionario y el
investigador contratado. No he dicho nada, efectivamente, sobre ese
punto. Hay dos tipos de contratos: unos los que son indefinidos, en
los que podíamos decir que hay un tipo de investigador permanente,
pero contratado laboralmente, y otros en los que hay un investigador
temporal por razón de obra, servicio, proyecto o de programa
determinado. No es bueno, con carácter general, como bien sabe S.S.,
hacer coincidir soluciones distintas, porque eso produce agravios
comparativos y tensiones muy fuertes. Si yo ahora le dijera que
tenemos previsto un modelo dual de funcionariado
y de contrato indefinido, podría ser una solución desde algún
punto de vista defendible a corto o a medio plazo, pero a la larga no
sería buena, porque eso produce diferencias retributivas, diferencias
de carrera, problemas de identificación, de mentalidades distintas,
de representaciones diversas, incluso sindicales. Creo que no es
bueno. Yo tengo que decirle que, en principio, pensamos que el modelo
ideal es el de investigador permanente funcionario. Pensamos en eso.
Las otras soluciones pueden existir, pero son coyunturales, con las
que no se puede acabar en un día. Ese es nuestro modelo, que debe
consistir en una cúspide final de la investigación, después de una
carrera previa, que habrá determinado que sean becarios o incluso
contratados por unos períodos determinados y que en esa experiencia
previa ha desarrollado su carrera profesional. Después irán al mundo
privado, según las oportunidades que se les planteen, a la
universidad, si esa es su vocación, o a la empresa pública. Nosotros,
desde ese punto de vista de destino final, pensamos en el
investigador funcionario.
Programas de movilidad, que me ha planteado también. Me he referido
nada más que parcialmente a la movilidad, si es que creamos esas
escalas. Si las creamos -S.S. también lo ha reconocido-, ya creamos
una movilidad inter OPIS dependientes del Ministerio. Pero si el tema
de la movilidad lo contemplamos en el sentido más amplio posible,
habría que plantearse entonces la conexión, la comunicación, el
intercambio entre el sector público y el privado, entre nuestro país
y el extranjero, entre la universidad y los OPIS; todo esto habría
que planteárselo. Indudablemente eso sería la movilidad contemplada
en toda su intensidad. Lo que yo he dicho es una pequeña parte de la
movilidad interna de lo que hemos creado dependiente del Ministerio.
Eso requiere una ley, porque se está refiriendo a una revolución
básica de la Función pública. Como todas SS.SS. saben, en la
legislatura anterior se presentó un estatuto básico de la Función
pública que con motivo de la disolución de las Cortes no pudo llegar
a feliz término y que fue devuelto al Gobierno. En ese estatuto se
contemplaba la posibilidad de regular una ley específica del personal
investigador, el estatuto del personal investigador, adaptando este
estatuto a los principios generales del estatuto básico, luego aquí
estamos condicionados, tenemos una actuación de segundo grado que es
a partir de ese estatuto básico de la Función pública. Ese sería el
momento de abordar en toda su intensidad la movilidad del
investigador, su sistema peculiar de carrera, su régimen de
retribuciones, que no puede ser idéntico al del funcionario
burocrático e incluso algunas modalidades de contratación especial
que se requieren para resolver esos problemas de temporalidad,
investigadores temporales, que en muchos proyectos tienen que
existir.
Retraso de los estatutos. Le voy a dar una fecha. Creo que los
estatutos, tal y como está el trámite actual, puestoque el Ministerio
ya ha terminado su elaboración y
los ha remitido al Ministerio de Administraciones Públicas, podrían
salir el próximo mes de noviembre, los cinco -como usted dice-,
porque no es un estatuto único, habrá un estatuto del CSIC, un
estatuto del INIA, un estatuto del Ciemat, un estatuto del IEO, un
estatuto del ITGE, cada uno de ellos tiene un estatuto. Ha habido
algunos retrasos, aunque en la etapa anterior se habían consensuado
los estatutos -y he de decirle que tal y como están ahora siguen en
esa línea de consenso y de acuerdo, las innovaciones han sido
orgánicas y fundamentalmente debidas a la nueva dependencia que
tienen del Ministerio- y lo primero que hemos tenido que hacer es
recoger todos los informes del Consejo de Estado, que han tenido
bastantes observaciones, darle coherencia a todas las observaciones
que había formulado, establecer la participación en los órganos de
Gobierno, de acuerdo con la nueva dependencia que había del
Ministerio y en algunos aspectos dar una solución común a ciertas
cuestiones que también son comunes dentro de los estatutos. La tarea
se ha hecho, pero los retrasos han sido inevitables debido a los
problemas que teníamos que resolver. Le vuelvo a repetir que en el
próximo mes podrán ser una realidad los cinco estatutos y que en
esencia no hay variaciones sobre los planteamientos inicialmente
consensuados.
Nuevas plazas de investigadores. Dice usted que no lo encuentra en
los presupuestos. En los presupuestos es difícil encontrar las cosas,
tanto para la oposición como para los que estamos dentro del
Ministerio porque son unos documentos muy complejos, hay que
reconocerlo. Además, sucede lo siguiente. En algunos casos no es
necesario modificar los presupuestos, porque se ha producido una
realidad. Saben ustedes muy bien, señorías, que durante muchos años
en el presupuesto se ha recogido una norma en la que las tasas de
renovación para el funcionariado en general se decía que solamente
podían ser equivalentes al 25 por ciento de las plazas vacantes que
se producen y en algunos organismos, condicionados por este
principio, han estado tiempo sin convocar plazas. ¿Qué sucede
entonces en alguno de esos organismos? Que sin modificación
presupuestaria hay vacantes y hay créditos suficientes para que ahora
podamos abordar la incorporación de este personal que no se había
producido hasta ahora. Ese es uno de los elementos que lo explican,
luego, lógicamente, ni usted ni nadie podríamos encontrar las
diferencias en esos casos. En otros casos sí se ha producido alguna
modificación de los créditos presupuestarios de personal, las
suficientes para poder poner en marcha durante el próximo año, si nos
autorizan, porque todavía nos queda salvar todo este largo periodo de
negociación que hay con los ministerios de Administraciones Públicas
y Hacienda para la oferta de empleo público. Precisamente, como hay
que efectuar convocatorias y celebrar pruebas selectivas y después de
superado todo ese proceso incorporarlos, el coste para los
presupuestos del próximo año es mínimo, de algunos meses, los que van
a estar. Indudablemente
en este año y en los siguientes siempre se producirá el
mismo fenómeno, que el coste se arrastra en parte para el presupuesto
del año siguiente. Podrían convocarse más plazas. A mí me gustaría
enormemente poder convocar más plazas, pero por desgracia también
estoy sujeto a las limitaciones presupuestarias. Sin embargo, le
adelanto que nuestro propósito es que esta línea hay que mantenerla e
intensificarla en los próximos años. Ese es nuestro deseo.
Señor Silva, creo que he podido responder a algunas de sus preguntas
en la intervención anterior, pero voy a tratar de concretar algo más
sobre otras preguntas. Su señoría me pregunta por nuestros
planteamientos de cooperación con las comunidades autónomas. Queremos
intensificarlas al máximo, queremos empujar mucho más este tipo de
colaboración porque produce un efecto multiplicador de los recursos
del Ministerio; se suman los recursos que aporta el Ministerio y los
que aportan las comunidades autónomas, y esto aumenta enormemente las
posibilidades de actuación, una actuación conjunta, coordinada y
mucho más eficaz. Así que nuestro deseo en este aspecto -y aunque no
es política directa de la Secretaría General sí se lo puedo indicar-
es la firma de convenios-marco de cooperación, generales, con las
comunidades autónomas que permitan impulsar este tipo de actuaciones
conjuntas.
Inversiones en Cataluña. Lo siento infinito, no se las puedo dar
porque las desconozco. Tendría que empezar por preguntárselo a todos
y cada uno de los organismos públicos de investigación. Como las
relaciones entre nosotros han de ser frecuentes y cordiales, tal vez
podré conseguir ese dato que hoy me pide usted y que no lo tengo a mi
disposición; si me es posible obtenerlo, se lo proporcionaría.
Nuevos centros por concurso. Le tengo que decir que me parece una
idea muy interesante y la recojo como muy positiva. Tenemos ya en
marcha en el ámbito del INIA algo semejante a esto. El INIA
administra fondos y anuncia concursos, concursos que se resuelven con
la participación de todas las comunidades autónomas, en los que
entran organismos públicos y organismos privados; después, de común
acuerdo, hay una comisión que decide cuáles son los más ventajosos y
mejores. Lógicamente se eligen los proyectos y programas en los que
concurren circunstancias más favorables. Esto ha dado muy buen
resultado en el INIA, por eso digo que su sugerencia me parece muy
positiva, creo que es digna de ser estudiada y ver si se puede
aplicar para algunos otros supuestos en el resto de los organismos
autónomos.
Sobre los temas del Plan nacional vuelvo a remitirme a la próxima
comparecencia del secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica, porque habrá de hablar de todos ellos.
Sobre fomentar e impulsar grandes instalaciones, aparte de las que he
mencionado, ese es nuestro deseo. Queremos entrar de lleno en el
análisis de aquellas quetodavía no tienen tal reconocimiento, pero
que mediante
inversiones adicionales y aportación de recursos personales, incluso
firma o suscripción de concursos de colaboración, puedan permitir que
en el futuro tengan esa misma consideración. Apostamos decididamente
por esa idea, creemos que un centro de excelencia es a veces mucho
más que un número elevado de pequeños centros, estamos plenamente
convencidos de eso.
Me ha preguntado sobre el marco adecuado para la incorporación de
científicos y creo que esta pregunta ya la he contestado al responder
al señor Lissaveztky, por lo que no voy a reiterar estas
apreciaciones en beneficio de no alargar excesivamente esta
comparecencia.
Parques científicos. Estamos en una disposición muy favorable a los
mismos. Creo que los parques científicos han dado un excelente
resultado, algunos de ellos son ejemplares y en la política del
Ministerio está seguir con ellos y poder fomentarlos y explotarlos.
Además, son un lugar de concurrencia y de participación de entes
públicos, de entes privados, comunidades autónomas, Estado. En
principio creemos que los resultados son muy positivos y que hay que
perseverar en esa línea política.
Concluyo ya. Muchas gracias a todos, muy especialmente a la señora
Fernández de Capel por la deferencia que ha tenido hacia mí y por los
excesivos elogios que ha hecho a mi intervención; se lo agradezco muy
sinceramente. En cualquier caso es verdad que en la función en la que
me encuentro es difícil hallar la línea media, porque unos piden más
y otros quieren menos, pero en eso nos esforzaremos. Muchas gracias a
todos; espero que esta sea una primera comparecencia y que ya con
resultados tengamos ocasión de seguir contrastando opiniones y
pareceres.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien quiere hacer alguna especificación?
Pero ahora sí que voy a ser taxativo con el tiempo. Tiene la palabra
el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: No creo que llegue a los dos minutos.
Primero, anunciar aquí que, antes de la solicitud, que yo no conocía,
de comparecencia del secretario de Estado para explicar el Plan
nacional, el Grupo Socialista, a través de su portavoz, Pérez
Rubalcaba, ya había pedido la comparecencia de la ministra, porque yo
creo que el tema es tan peliagudo que la ministra debe estar aquí
presente. Si viene el secretario de Estado, también está muy bien.
Segundo, en el tema de las plazas la pregunta llevaba un poco de
intención. Yo creo que se está vendiendo que se crean una serie de
plazas cuando no están en los presupuestos y provienen de ahorro de
otras plazas que no se han convocado en otros momentos y que ya se
nos habían vendido en años anteriores. Por eso no nos ponemos nunca
de acuerdo con el número. Usted dice, y lo dice muy bien porque
conoce perfectamente cómo es esto de la Administración, que sólo se
computan algunos
meses entre que sale la oferta pública de empleo. No quiero entrar en
diálogo con doña Blanca Fernández de Capel, lo único que puedo decir
es que nosotros podemos tener demagogia pidiendo más plazas, que las
sacamos, por cierto, en gran medida de lo que hemos perdido con el
tema de la tasa que ha puesto la ministra y de la que hemos hablado
antes mucho, pero si hablamos de demagogia me dicen que hay unas
plazas que no existen, que no están porque no se han convocado y
además que van a tener un mes... A ver si hablamos en serio.
Tercera cosa, que es la única que no me ha contestado, y doy la
callada por respuesta. ¿Tiene usted idea de si se va a presentar una
enmienda para las dos escalas que crean nuevas, aquí o en el Senado?
Simplemente es por saberlo. Si no me quiere usted contestar -no es
una cosa que dependa de usted, depende del Grupo Popular-,
simplemente quiero saberlo.
Cuarto, descoordinación. Yo le cuento en diez segundos lo que me pasó
el otro día en las comparecencias de presupuestos. Comparece el señor
Marimón, y le pregunto por la política de becas predoctorales,
cuántas va a haber el próximo año, y me dice textualmente, y está
escrito: corresponde a la Secretaría de Estado de Universidades la
política de becas. Me voy la misma tarde al secretario de Estado de
Universidades, porque venía una hora después, y me dice textualmente
-y figura así en el «Diario de Sesiones»-: Como algunos programas se
van a llevar a Ciencia y Tecnología, no puedo delimitar el
crecimiento, puesto que estamos en pleno proceso de negociaciones y
no están claras algunas partidas que, según los días, van bailando de
una mesa a otra. Le insisto un poquitín, y le digo: Aclárese, que yo
tengo que hacer las enmiendas porque el portavoz de mi grupo así me
lo pide. Y me contesta -segunda contestación-, muy correcto, el
secretario de Estado, que sí ha mandado la información en tiempo y
forma: No, no se trata de descoordinación, es justamente un problema
de consumación epistemológica de la coordinación, es decir, dennos
tiempo para que terminemos el noviazgo. (Risas.) Por favor, cásense
ustedes, cásense bien, y no lo digo por usted, que no es responsable
de nada, porque de esta manera no nos aclaramos. Esto es ciencia, y
la ciencia es rigor, y en este sentido me parece que el Gobierno -y
usted no tiene nada que ver porque acaba de llegar ahí, y demasiado
está haciendo con la estructura que tiene- está sacando un suspensito
bajo, bajo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (Junquera
González): No voy a insistir, porque creo que a muchas de las
cuestiones hemos dado respuesta antes. Me pregunta esto de la
enmienda, no lo sé, no depende de mí. Lo que sí le puedo decir es que
hemos preparado un dossier completo sobre
el particular y que lo hemos remitido a los ministerios competentes,
Hacienda y Administraciones Públicas, y que nuestro deseo es que,
cuanto antes salga, mejor. Esa es la respuesta que le puedo dar en
estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario general.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (TARRACH SIEGEL) PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS
DE ACTUACIÓN EN ESE ORGANISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000096)
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la reunión de la Mesa y pasamos a la
tercera comparecencia, con la intervención de don Rolf Tarrach.
Cedo la palabra al presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, el excelentísimo señor don Rolf Tarrach Siegel.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (Tarrach Siegel): Señorías, buenos días, casi buenas
tardes. Por la hora que es y también por mi forma de ser seré breve.
Voy a hacer una pequeña introducción sobre la situación actual del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que todos ustedes
saben perfectamente lo que es, cuáles son sus objetivos, etcétera, y
luego pasaré a la parte central que son las líneas de actuación, con
todo lo que tiene de incierto siempre la actuación futura,
incertidumbre que además está un poco aumentada por el hecho de, como
saben ustedes, haber tomado posesión hace cinco semanas.
El personal total del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
es de cerca de 10.000 personas, de las cuales el 25 por ciento
aproximadamente son científicos, un 30 por ciento científicos en
formación y el resto, el 45 por ciento, personal de administración y
servicios y personal de apoyo. El presupuesto que esperamos tener en
el 2001 de los Presupuestos Generales del Estado es de 46.000
millones y la parte comercial de recursos propios es de
aproximadamente la tercera parte del total, que serían unos 23.000
millones. Si suman esas dos cifras será cerca de 70.000 millones. La
estructura del Consejo, como conocen, es de 120 institutos y centros
que están en ocho áreas científico-tecnológicas; hay cerca de 60
unidades asociadas y algunos de estos institutos o centros son
singulares como el Jardín Botánico, el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Doñana, el Observatorio de Sierra Nevada, etcétera. Hay
algunos ejemplos emblemáticos y modélicos de unidades mixtas con
empresas, como Pharmacia-Upjhon o Glaxo Wellcome, que son modelos
interesantes. También saben ustedes que el Consejo lleva la gestión
de la red
IRIS, del Hespérides, de la base antártica, etcétera. La
productividad en el año 1999 es de aproximadamente un 5 por ciento de
los investigadores públicos en España. Cuando digo un 5 por ciento
quiero decir que investigador público para mí es una persona que se
dedica totalmente a la investigación y, por tanto, tres personas que
dedican un tercio de su tiempo a la investigación cuentan como uno.
El Consejo dedica aproximadamente el 5 por ciento de estos recursos a
la investigación y, como saben, publica alrededor del 19 por ciento.
En 1999 se firmaron más de 100 convenios, más de 500 contratos y la
cartera de patentes española es de 450 disponibles y 60 licenciadas.
Voy hacer una breve comparación con organismos de Europa
equivalentes. He escogido dos: el CNRS y el Max-Planck. Por lo que se
refiere a personal investigador el CNRS tiene cinco veces más y los
recursos propios son ocho veces más. La comparación con el MaxPlanck
es un poco más delicada porque en Alemania está además la sociedad
Fraunhofer, que es la que hace la investigación aplicada. El Max-
Planck quizá no llegue a dos veces tantos investigadores y el
presupuesto administrativo es de cuatro veces superior. Lo que es
significativo y será importante para algo que quiero decir
posteriormente es que el Max-Planck sólo tiene 78 institutos. Si
recuerdan las cifras que les he dado, quiere decir que de alguna
forma lo que es un instituto en los países modélicos es algo más de
lo que es para nosotros. Esto será importante cuando hable algo más
de Europa. Las instituciones hermanas, equivalentes europeas, en lo
que quizá más nos superen es en el personal de apoyo. Esta es mi
primera preocupación. Al final repasaré las preocupaciones. Este es
un tema muy importante y complicado y en el que tendremos que ser
originales y buscar vías para aumentar sustancialmente la cantidad de
personal de apoyo que tenemos para la investigación. Hablaré más de
esto dentro de unos minutos.
Nosotros publicamos bastante. El investigador español publica bien
cuantitativamente. Aún no publicamos excelentemente, desde el punto
de vista de destacar, pero este no es un problema genético, como
ustedes saben perfectamente, y por eso les voy a citar tres ejemplos
de españoles excelentes que se fueron de España. Por tanto, no es un
problema genético sino de que nuestro país aún tiene que reforzar el
sistema y hacer que estos españoles hagan aquí ese trabajo excelente,
porque como entenderán eso tiene el efecto inmediato de reforzar el
sistema de investigación científica y tecnológica. Los tres ejemplos
los pongo con nombres y apellidos porque los conozco. Los he escogido
en áreas distintas, una de ellas es la mía, y en ella está Manuel
Cardona. En una evaluación de los físicos más citados, en una
horquilla de 18 años, en el número 8 mundial estaba Cardona; el
número 8 en el mundo en un período de 18 años es mucho, lo que pasa
es que Cardona hizo los estudios en España y luego se fue y cuenta
como alemán. Otro ejemplo que hoy y todos los días está en la
prensa es Joan Massagué. Este es un ejemplo interesante porque
Masagué hizo la tesis aquí; Cardona tuvo que irse a hacer la tesis
fuera. Pues ahora científicos que hacen la tesis aquí luego son de
los mejores. Joan Massagué, como habrán leído repetidas veces en la
prensa, en su área de biología celular, que es un área muy
competitiva, está el número dos mundial, con un cierto criterio de
citas, etcétera. Estos criterios tienen su valor, no son absolutos,
pero significan algo. Yo sólo quiero decirles que eso es
extraordinario, lo que pasa es que Joan Massagué está en el Memorial
Sloan Kenttering y no aquí. El tercer ejemplo, que me enteré el otro
día por casualidad, es el de un economista. Se ha hecho un estudio
muy completo de los mejores economistas de todos los campos de la
economía del mundo; un estudio muy interesante. El que lo firma dice
que él no está incluido en los 55.000 mejores economistas del mundo
por tanto, les está diciendo que teóricamente cubre los 55.000
mejores economistas del mundo, pues en el número 88 hay un español,
Jordi Galí, que es profesor de la universidad de Nueva York y está de
visita en España. Insisto en que estos son criterios, son cifras,
pero nos falta tener aquí a estos españoles que hacen un papel tan
importante. Para mí es la preocupación número dos.
Esta ha sido la introducción y paso a hablar de las líneas de
actuación. Ya he dicho antes que tienen un error; todo tiene un error
cuando se habla de algo que aún no se ha hecho. Las líneas de
actuación obviamente vienen marcadas por los planes nacionales que
tenemos y por el quinto programa marco. El Consejo tiene sobre la
mesa -me imagino que lo aprobará muy pronto- un plan de actuación
quinquenal. Esto no es un mérito mío, como ustedes entenderán, sino
del presidente anterior y de la institución. La institución hace unos
planes quinquenales que yo creo que tienen un valor, aunque
obviamente luego habrá que hacer otras cosas porque la investigación
evoluciona tan rápidamente que quizá dentro de un año nos interese
hacer algo de lo que en este momento no teníamos bastante evidencia
de que fuese interesante hacerlo; pero como digo tenemos un plan de
actuación quinquenal y también lo que nos marca el presupuesto del
2001.
Cómo líneas de actuación déjenme, señorías, empezar a hablar primero
de las relaciones con las universidades y las comunidades autónomas.
Para mí este es un tema fundamental. El Consejo debe servir para que
aquello que quieren hacer las universidades y las comunidades
autónomas en investigación científica y tecnológica se pueda hacer
mejor haciéndolo con el Consejo. Por tanto, mientras yo sea el
presidente, el Consejo hará una política muy activa con las
comunidades autónomas para provocar que pongan más dinero y hagan más
esfuerzo en investigación científica y tecnológica. Pero me gustaría
decir un par de cosas que no me gustan. En principio no me gustan las
cuotas. No me gusta que se decida que el equis por ciento de la
actividad del Consejo debe ir a la comunidad tal porque tiene ese
equis por
ciento de contribución al PIB o en la población, por ejemplo. Ustedes
saben perfectamente que esto no es así. La investigación es cada vez
más global. Tampoco me gusta la compensación. No me gusta decir que
como una comunidad hace un esfuerzo en investigación pongamos el
dinero en otra que no lo hace. Esto iría en contra de lo que pienso
que se debe hacer. Lo que debemos hacer es reforzar aquellos impulsos
que vengan de las comunidades autónomas para hacer investigación y
desarrollo, para entre los dos partenaires conseguir algo que si no
difícilmente conseguiremos, y es un número crítico de centros de
excelencia. Luego diré por qué creo que es muy importante. Esto
quiere decir que a veces hay actuaciones más políticas y menos de
política científica con las comunidades, pero la línea directriz debe
ser la cooperación en un proyecto interesante.
Respecto a las relaciones internacionales, ya les ha hablado el señor
Junquera del espacio europeo de investigación. En la documentación
que hemos podido ver se habla mucho de la importancia de los centros
y grupos de excelencia. Es posible que la política futura europea de
investigación no sea café para todos y vaya dirigida a crear esos
centros de excelencia europeos. Por eso creo que es muy importante
para España tener una serie de centros que puedan competir a nivel
europeo, porque si no corremos el peligro de no estar dentro lo
suficiente. Hay ciertas experiencias. Los laboratorios europeos
asociados del Consejo con CNRS para compartir infraestructuras. Quizá
convendría reforzar esa línea. Aún no la conozco lo bastante pero
puede ser interesante. La grandes infraestructuras son caras y
requieren recursos importantes. Por tanto, debemos abordarlas, más y
más, en el marco europeo. Quiero hacer otro comentario respecto
a Iberoamérica. Deberíamos hacer con Iberoamérica lo que hacen los
Estados Unidos con todo el mundo, es decir, ser atractivos para que
los mejores jóvenes investigadores vengan aquí. Saben muy bien que la
potencia de la investigación en los Estados Unidos se basa en que su
mercado de captación cerebro, de materia gris, es todo el mundo. No
se limitan a los americanos porque en gran parte ya no les sirven,
están haciendo otras cosas. Hoy en día la investigación en Estados
Unidos la hacen muchísimos asiáticos, etcétera. Yo creo que nosotros
con Iberoamérica tenemos unas posibilidades no explotadas, y me
gustaría trabajar en ello.
Respecto a las relaciones con las empresas, obviamente la
investigación científica y tecnológica hoy en día no se puede
concebir sin un refuerzo de la cooperación con las empresas. No les
voy a hablar mucho de eso y de lo importante que es colaborar en esas
empresas para formar técnicos, de lo importante que es crear otras
empresas, de la transferencia de materia gris, de la transferencia de
resultados de la investigación, etcétera. Mi tercera preocupación
-cuando digo primera, segunda y tercera, no es que la primera me
preocupe más que la segunda, simplemente son temas que me preocupan-
es que el Consejo quizá tenga una estructura,
por lo que estoy viendo, algo rígida para reaccionar rápida y
eficazmente en la cooperación con las empresas. Ustedes saben que
para que el Consejo participe en la creación de una empresa debe
pasar por Consejo de Ministros; ustedes saben que hay unas leyes de
incompatibilidades que afectan a los funcionarios, etcétera. Todo eso
hace que este aspecto esencial de la actividad científica haya que
reestructurarlo y reforzarlo. Yo tengo un pequeño documento -no les
voy a leer las conclusiones, aunque lo tenía previsto, dada la hora
que es- en el cual se analiza un poco una serie de cambios
legislativos y otros que habría que hacer para facilitar a una
institución como es el Consejo la participación efectiva en este tema
tan importante. De todas formas, lo que intentaremos hacer por
nuestra parte es agilizar y modernizar al máximo la gestión interna y
económica para poner nuestro grano de arena.
Otra actividad importante que ya se ha hecho y que creo que hay que
reforzar, que me parece que va en una línea muy correcta, son los
servicios tecnológicos. Por ejemplo, tenemos el de detección de
gluten en alimentos en el CNB, el de análisis de dioxinas en el
Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales, el de alimentos
transgénicos en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona,
etcétera. Son servicios que resuelven una serie de problemas que
afectan realmente a la sociedad, que interesan mucho a la sociedad y
que a mí me parece que una institución como el Consejo debe ofrecer.
En cuanto al personal, ya les he dicho que lo que casi más me
preocupa es el personal de apoyo. ¿Por qué es esto un problema?
Porque tenemos pocos y además porque los mejores se nos van o se nos
irán porque no podemos competir con lo que les puedan pagar las
empresas. Eso en principio está bien porque quiere decir que las
empresas absorben técnicos que ayudan a la investigación, pero desde
el punto de vista del Consejo y de lo que significa la investigación
es un problema. Con la ayuda del Fondo Social Europeo esperamos
contratar aproximadamente 150 personas por año, por tres años, dentro
de esta definición de personal de apoyo. En cuanto a investigadores
esperamos tener más de 150 -el señor Junquera ha dicho antes la cifra
global- en el próximo año. El sistema de cómo el Consejo selecciona
a los investigadores a mí me gusta más que como lo hacen las
universidades, que como ustedes saben se hace por un tribunal del
cual tres miembros están determinados por el azar. El azar lo que
produce es la media y a veces fluctuaciones. Yo siempre he observado
que hay una cosa perversa en el programa informático que genera el
azar, que es un seudoazar, por cierto, porque no hay programas
informáticos que generen azar, tiene la perversión de generar
fluctuaciones a la baja y, por tanto, muchas veces esos tribunales
definitivamente son mucho menos competentes que los tribunales que
hace el Consejo. Esto lo puedo decir porque ni siquiera es un mérito
mío -insisto en que hace cinco semanas que he tomado posesión-; he
estado viendo los tribunales y
me gustan. Seguro que se puede hacer mejor, seguro, pero me parece
que van en buena línea.
Esperamos que haya más de 100 plazas de científicos titulares
abiertas. Esto es un gran valor. Para mí, hay tres criterios de
importancia -tengo un vicepresidente que frunce el ceño-: uno sine
qua non, que hay que escoger a los mejores, y otros dos que a veces
son negociables: deben ir a áreas estratégicas y debe quedar claro
que el investigador significa un paso adelante en la generación de un
grupo de excelencia. Insisto en que la primera condición, que sean
los mejores, no deberíamos negociarla; las otras dos, a veces, sí.
Habrá unas plazas de promoción. La promoción es muy importante porque
hay buenos investigadores cuyos esfuerzos y éxitos no repercuten en
la posibilidad de promocionarse. Me gustaría mucho más que la
promoción fuera por méritos -no sé si será posible- y no porque haya
un número de plazas para promoción. Me gustaría mucho más que si hay
equis personas que merecen la promoción hubiera más o menos equis
plazas para promoción; y si otro año hay sólo equis dividido por dos
que merecen la promoción, que hubiera sólo equis dividido por dos
plazas de promoción. Eso es lo que me gustaría, ya veremos.
Esperamos tener más de diez plazas de profesor de investigación. Son
plazas libres y es un instrumento muy importante para hacer una buena
política científica. Nos gustaría utilizar algunas de estas plazas
para recuperar a algunos de los buenos investigadores que se han ido;
otras, para evitar que algunos se vayan. Yo ya sé de algunas
personas, excelentes investigadores, que si no pasa nada se irán. Por
otra parte, se pretende que estos profesores de investigación sirvan
de núcleo para crear o para reforzar grupos excelentes, una vez más.
Con los grandes investigadores hay un problema de remuneración y este
es un problema serio. Hoy en día, los buenos investigadores funcionan
por el sistema de mercado libre. Si un país quiere un investigador de
primera hay que poner dinero; no sólo decirle que tendrá personal de
apoyo, que tendrá postdoctorales, un laboratorio y todo eso, sino
además hay que pagarle. Ustedes saben muy bien y yo, como soy
catedrático, lo sé por experiencia propia -los catedráticos tenemos
el mismo sueldo que los profesores de investigación- que en una
ciudad como Madrid o Barcelona, con ese sueldo, y a no ser que el/la
cónyuge tenga un sueldo también, esto no acaba de funcionar. Hay una
regla de oro que utilizan los bancos: al comprar una casa, ésta debe
costar no más de tres veces el sueldo anual. Algunos de ustedes saben
lo que ingresamos al año, lo multiplican por tres, y a ver lo que
encuentran en Madrid. Esto es un problema para traer a una persona
que además viene sin trienios ni quinquenios. Este es un aspecto
importante. Habrá que hacer algo, habrá que articular un mecanismo
-trabajaremos en ello- por el cual podamos ofrecer algo más a un
científico excelente. Puedo hacer la comparación del señor Massagué,
del
que he hablado antes, con el señor Figo. Qué podemos ofrecerle a
Massagué para que venga y que le ofrecemos al señor Figo. No tengo
más que decir.
Respecto a personal, la sustitución de los contratos cortos, que
están ligados a proyectos por contratos de cinco años que permiten a
los investigadores ser responsables de proyectos, es un cambio muy
importante. En esto queremos trabajar mucho, es un tema esencial; es
mi cuarta preocupación. Esperamos poder hacerlo también con ayuda del
Fondo Social Europeo y poder tener unos setenta contratos de este
tipo por año.
Quiero hablar ahora un poco sobre inversiones. La ayuda europea, la
ayuda Feder también es esencial, así como las que están previstas en
los presupuestos para el año próximo. Les leo algunas para que vean
las que se refieren a obras: el complejo Cartuja, 790 millones; el
Instituto Botánico en Barcelona, 300 millones; el Instituto de
Parasitología y Biomedicina, en Granada, 500 millones; dos centros
mixtos en el País Vasco, 100 millones; el Inditi, el Instituto para
el Desarrollo de la Innovación y Tecnología Industrial, en
Valladolid, 175 millones; la estación experimental de Zaidín, 400
millones, etcétera. Asimismo están las inversiones en equipamiento e
infraestructuras. Tenemos previstos unos 2.000 millones. Esta es mi
última preocupación. La infraestructura de investigación en España ha
aumentado mucho en los últimos quince o veinte años, pero en lo que
se refiere a aparatos científicos avanzados queda obsoleta muy
rápidamente. Esto hace que la partida correspondiente a la renovación
de la infraestructura científica avanzada que tenemos será cada vez
más importante. Es un problema porque es una partida que no viste
mucho; no viste mucho sustituir un aparato importante que se ha
quedado obsoleto por otro y, sin embargo, es uno de los aspectos más
relevantes para la ciencia en España.
No les voy a hablar de cosas que están en un futuro no tan inmediato
por la hora que es, cerca de las tres de la tarde. Tenemos previstos
una serie de programas movilizadores; esto lo debo decir con
humildad, con todo lo que el Consejo pueda hacer, porque muchos de
los programas requerirían una acción que va mucho más allá de los
medios del Consejo. Las líneas en las que creemos importante hacer
unas acciones especiales son: proteómica y genómica, al menos en
algunas concretas porque no podemos abarcar esta área tan importante
de forma global; materiales biomédicos; biorremediación, suelos cuya
situación medioambiental con bacterias se pueden corregir; materiales
moleculares; temas de toxicidad; celdas o pilas de combustible y
nanotecnología. Habrá que ser muy selectivo para ver en qué línea
concreta podemos poner el acento en el campo amplio de nanoquímica,
nanotecnología y nanoelectrónica.
Quiero concluir este repaso de las actuaciones más inmediatas
previstas diciendo las cinco cosas que me preocupan más. El personal
de apoyo, es importante porque el becario o el investigador, en vez
de ser formado
en investigación o de hacer investigación, acaba haciendo de personal
de apoyo y eso es lo que hace que los investigadores españoles
tengamos que poner el doble de tiempo cuando estamos en España para
producir lo mismo que cuando estamos en el extranjero. He estado
investigando en muchísimos sitios en el extranjero y les aseguro que
allí trabajaba la mitad, vivía muy bien y producía lo mismo o más y
no porque cuando estoy fuera las neuronas me funcionan mejor, sino en
gran parte por este tipo de problemas como es el personal de apoyo.
La excelencia. No nos queda más remedio, no podemos hacer desde luego
café para todos. Ya nadie hace café para todos, ni siquiera Europa
puede hacer café para todos, tiene que concentrarse en ciertas líneas
y desde luego en España también lo tenemos que hacer para poder
competir en algunas de ellas a nivel mundial. Tener algunos centros
de referencia a nivel mundial, insisto, señorías, tiene un efecto muy
positivo sobre el desarrollo de la investigación científica y
tecnológica en el país y muy positivo sobre las empresas, porque los
empresarios son unos elitistas, no les interesa que haya en cada
comunidad autónoma un centro de biotecnología mediocre, lo que les
llamaría la atención es que en España hubiese dos o tres conocidos
mundialmente y creo que reaccionaría muy positivamente el mundo
empresarial.
La transferencia spin off ya les he dicho que hay que trabajarla,
porque no funciona como debe funcionar. Sobre la masa crítica de
investigadores, he hablado algo de los contratos de cinco años, pero
desde luego aún necesitamos aumentar los investigadores jóvenes con
ganas de trabajar y con mucha libertad para hacer su investigación.
Lo más importante es que se lo pasen bien investigando porque si se
lo pasan bien investigando de vez en cuando harán algo grande. No hay
un buen investigador que trabaje de ocho a cinco, eso no existe; no
se trabaja de ocho a cinco cuando uno se lo pasa bien.
Finalmente el equipamiento y las infraestructuras. Todos estos temas
queremos trabajarlos en el Consejo y queremos prepararnos para poder
ayudar al máximo a nuestro Ministerio y a nuestro Gobierno para que
las acciones que se hagan en todos estos problemas se vertebren (y
que desde luego obviamente no deben estar limitadas al Consejo, a los
OPI, porque están las universidades y están las empresas y los
centros de tecnología, etcétera), porque creemos que el Consejo de
alguna forma es el organismo que quizá tenga más capacidad para
vertebrar estas acciones. Seguro que tendremos que aprender también
nosotros y prepararnos para hacerlo bien, pero tenemos esa voluntad
firme.
Quiero acabar pidiéndoles algo a ustedes, señorías, y es que nos
ayuden para conseguir el compromiso social con la ciencia, porque sin
ese compromiso -y ahora voy a decir algo que el presidente ya me lo
oyó decir hace unos años- y ese impulso España dentro de 20 años no
será el país que queremos que sea. La ciencia, la tecnología requiere
una continuidad y un paso a paso
importantísimo, pero nos tenemos que poner en marcha de forma intensa
y no lo vamos a poder hacer si no tenemos el apoyo de la sociedad. En
esto yo hago lo que puedo, a veces mal y a veces bien, ya lo saben,
pero también les pido a ustedes que hagan lo que puedan o que hagan
un poquito más de lo que creen que pueden.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir el turno de los grupos. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señor presidente, quiero decir -aunque no
con brevedad porque no ha sido tan breve- que ha sido interesante la
exposición del presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y dada la hora tampoco voy a alargarme demasiado.
En primer lugar darle la bienvenida a este Congreso, darle la
bienvenida también a Madrid, soy madrileño, y de alguna manera darle
también la bienvenida al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, porque llevo trabajando allí muchísimos años. Sea usted
bienvenido.
En este caso nos gusta la música y la letra, nos suena bien la música
y la letra, las dudas ahora son cómo se va a poner esta obra en
escena, la interpretación, porque he seguido con interés su
exposición, he seguido también sus artículos, no los científicos
porque no comprendería absolutamente nada, no es de mi campo, pero sí
algunas entrevistas que le han hecho, una separata que tengo sobre la
investigación y el desarrollo en España, síntomas, diagnóstico y
terapia, que en alguna medida refleja sus pensamientos y en bastante
de lo que ha dicho aquí mi grupo y yo en gran medida coincidimos. En
ese sentido estamos absolutamente abiertos a colaborar con el
planteamiento que usted está haciendo en la mayor parte de las
cuestiones. He seguido con interés también sus declaraciones y sus
publicaciones a este nivel. Creo que usted ha tomado una decisión
valiente al afrontar la presidencia del CSIC y espero que sea
acertada para el conjunto del Consejo, de la ciencia y de la sociedad
española.
Ahora hay que bajar un poco de las musas al teatro y el punto de
partida para este próximo año no es muy favorable y no me quiero
quedar en las frías cifras presupuestarias. He comentado antes cuando
estaba el señor Junquera que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
sido rácano con el Consejo y con el conjunto de los OPI. No quería
antes polemizar con el señor Junquera porque no había tiempo, pero
entiendo que el CSIC es el organismo que tiene un mayor grado de
autofinanciación, en torno al 33 por ciento que usted decía, pero no
es menos cierto para poder planificar que hay que asegurar de alguna
manera que haya unos ingresos que permitan llevar a cabo esa
planificación. Evidentemente hay variables de carácter económico,
puede ir mal la economía, hay variables que tienen que ver con que
los grupos científicos no accedan bien a los fondos europeos o a los
fondos del plan nacional, etcétera, y por tanto creo que habría que
dar una seguridad y por ello creo que esa racanería del ministerio y
del Gobierno respecto al Consejo no deja en una buena situación al
organismo como tal y que hay que intentar buscar fondos fuera. A mí
me parece muy bien recabar esos fondos de planes nacionales de
Europa, de España, de dónde sea y también de las empresas, ahora
bien, siempre que no nos deslicemos en una pendiente en la que haya
laboratorios del Consejo, como ocurre porque hay institutos dentro de
esa multidisciplinariedad que están muchos más dedicados a ese
contacto con las empresas, que no es el contacto vivo, es bueno, pero
no es el contacto vivo de Sevilla, al que luego me referiré, como
usted se ha referido a las spin-off o start-up o como queramos
denominarlas, esas empresa de base tecnológica, hablando en
castellano. Si no hay una política adecuada por parte del Ministerio
correspondiente para dar seguridad de las subvenciones a determinados
organismos, los investigadores o determinados institutos para poder
vivir o sacar más recursos, preocupados ante esa situación, a lo
mejor se dedican a tener, por ejemplo, un laboratorio de análisis,
los hace a las empresas, cobra por ello, etcétera, y me parece bien,
no tengo nada en contra de eso, pero no caigamos en esa vertiente y
no lo digo por su intervención sino por las frías cifras
presupuestarias. En este sentido me consta que hay una preocupación
en el conjunto del Consejo, creo que usted también la debe tener,
porque el presupuesto del CSIC, a través del Ministerio y en pesetas
constantes es menor que el del año 2000, porque si se quita la
inflación, si solamente se aumenta el 1,8 por ciento en los capítulos
4 y 7, es un mal punto de partida y se fía todo a los fondos de
maniobra, que en muchos casos son remanentes que se han incorporado y
me consta que esto puede generar algún problema.
No voy a entrar en el tema relativo a los fondos europeos, yo creo
que hay problemas. Ya hubo problemas con el anterior Gobierno por una
razón, porque a través de los fondos estructurales, fondos Feder, se
han financiado proyectos de investigación, eso a todo el mundo le
parecerá bien, pero tendríamos que hablar Madrid y Cataluña -y me
quito un poco el gorrito de Madrid- y ver cómo han quedado en función
de las dificultades que tienen para acceder a algunos fondos, pero no
es cuestión de debate hoy aquí. No es menos cierto que para financiar
con fondos Feder se han detraído cantidades del plan nacional, dinero
que estaba marcado isotópicamente para ser utilizado en el plan
nacional, se ha destinado específicamente para ser cofinanciado por
los fondos Feder y esta discusión que puede no entenderse bien aquí,
ha sido otro de los problemas. No hagamos, como decía la ministra,
trampas en el solitario. Yo creo que la claridad que usted tiene en
la exposición, en las ideas y su proveniencia, no solo del mundo
universitario
sino específicamente del mundo investigador, espero que ayude a
aclarar un poco el panorama, porque yo creo que tiene usted un mal
punto de partida.
Había un segundo tema, que es el estatuto del CSIC. El presupuesto
del CSIC para este año es malo. Es verdad, y creo que usted lo sabe,
no es bueno. Pero, en fin, ni siquiera le voy a preguntar si cree que
el presupuesto del CSIC es malo para luego decir que el presidente
del CSIC ha dicho que no era suficientemente bueno. Esta
comparecencia va sin trampa. Ahora sí, cuando pase un tiempo de estas
declaraciones -estamos de acuerdo en todas las que ha hecho- le
pasaremos factura, en el buen sentido. Yo le aviso. Desde luego va a
tener usted bastante tiempo, porque de la noche a la mañana no se
pueden cambiar las cosas y usted debe tener un período lógico para
conocer el funcionamiento del CSIC.
Ya me ha contestado el señor Junquera que el estatuto del CSIC estará
para noviembre. Estupendo. Plan de actuación del CSIC. Por la
exposición que ha hecho -conozco uno de los borradores y eso también
es positivo-, el plan de actuación del CSIC es una continuidad,
podría decirse, absoluta o al cien por cien del que había de la etapa
anterior. Hemos visto las nuevas iniciativas del programa de
movilizadores, hemos hablado de proteómica y genómica. Por cierto,
voy a hacerle una pregunta que obviamente tiene que ver. El centro
que plantea Messagué y que hoy sale a bombo y platillo, ¿tiene que
ver específicamente con esta línea? ¿Dónde va a estar ubicado? He
leído que posiblemente esté en la Universidad Autónoma de Barcelona.
¿Hay ya ubicación como tal? No lo sé. Si me puede dar alguna
información, bien, si no ya hablaremos. La línea proteómica
y genómica ya estaba planteada en el plan de actuación del CSIC, así
como materiales biomédicos, biorremediación materiales moleculares,
etcétera, con especial atención a la nanotecnología o nanoquímica,
que evidentemente es importante. Coincidimos, por tanto, en el
espíritu que alumbra un poco ese plan de actuación, en los aspectos
movilizadores y en otros aspectos que son a mi modo de ver
importantes. Entiendo que ha habido una continuidad. Creo que es una
buena manera para trabajar desde un punto de vista riguroso, porque
han sido bastantes horas que muchas personas han destinado a este
plan de actuación. Si hay que introducir algunas innovaciones,
estupendo, pero en ese sentido también le felicito si se mantiene
como está.
Para ir rápido, me referiré a otro tema que tiene que ver -y empiezo
con su primera preocupación- con el personal de apoyo. Si ha
escuchado usted mi intervención en la anterior comparecencia, habrá
comprobado que se lo he dicho al señor Junquera. Creo que no
solamente es cuestión de dotar de personal investigador, hay que
tener personal de apoyo porque evidentemente ahí existe déficit. No
sabe usted cómo le comprendo, porque es muy parecido a lo que ocurre
aquí en el Congreso. No le cuento mi vida, porque llevo aquí poco
tiempo, pero en el Congreso es todo artesanal. Se necesita
personal de apoyo, que es fundamental. A ver si copiamos lo que
usted plantea, porque es la primera preocupación que tenemos muchos
de los que estamos aquí, lo digo porque para poder hacer enmiendas y
poder enterarte de algo tiene que haber colaboración, si no es
imposible hacerlo. Le voy a pedir su colaboración en la medida de sus
posibilidades para que el Gobierno, en este caso el CSIC, nos pueda
facilitar algún dato, si lo solicitamos, lo más rápidamente posible
y estoy convencido de que así será.
Publicaciones. Coincidencia absoluta. Repito que esta separata que he
podido leer ya muestra claramente con datos lo que usted plantea. Hay
que ir a la excelencia y es cierto que tenemos algunos de estos
ejemplos sublimes; estar en el número 2 en biología celular no es
descriptible, es casi imposible, es una casualidad y tenemos cierta
coincidencia.
No me quiero desviar del todo del tema del personal. En ese tema sí
le voy a pedir un enchufe y se lo pido aquí con luz y taquígrafos. El
enchufe señor Tarrach, jque le pido, es que convenza usted a quien
corresponda, no sé si a la ministra, al señor Rato, al señor Montoro
o al señor Aznar, de que tenga en cuenta las enmiendas que el Grupo
Socialista presenta para el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Las enmiendas que nosotros presentamos no están basadas
en la demagogia (cuando estás en la oposición siempre hay una parte,
como decía la señora Fernández de Capel, de querer más), las
enmiendas están calculadas, están medidas de tal manera que se puedan
hacer y esos fondos, que no son tan excesivos, se pueden extraer
perfectamente de lo que pueda suponer la propia tasa del espacio
radioeléctrico o de otras partidas.
Le quiero decir que nuestra propuesta, que entronca totalmente con
sus declaraciones y con lo que ha dicho hoy aquí, plantea que en el
caso concreto del CSIC haya una inyección de más de 5.600 millones de
pesetas, de los cuales habrá 2.100 millones de pesetas para
incremento de capítulo 1 y 3.582 millones para incremento de capítulo
6. Dicho de otra manera, que pudieran convocarse en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas 300 plazas de investigadores
y 120 plazas de personal de apoyo, que se puedan sumar a las que
estén presupuestadas; no es una cantidad exagerada. Además, avanzando
en la línea que usted dice de contratación de doctores a través del
fondo social europeo, presentamos una partida para incrementar ese
número de personas que deben ser contratadas.
Cuando uno habla con los becarios posdoctorales, cuando llevan mucho
tiempo, que uno sabe que a veces hasta los 37 ó 38 años no se pueden
obtener en este sistema -y me gustaría saber su opinión sobre el tema
de funcionario contratado-, habría que hacer un esfuerzo, un plan de
choque, de recursos humanos en el sistema de investigación, para que
se pueda absorber no sólo por los organismos públicos de
investigación sinotambién por las empresas. En nuestra enmienda
planteamos
una línea específica para que esos doctores puedan entrar en
empresas. En ese sentido, el enchufe era que si se puede mover a lo
mejor sale beneficiado el conjunto del Consejo y de nuestro sistema.
En el tema de la rigidez, creo que coincidimos todos. Las palabras
del señor Junquera me han tranquilizado, se va a conseguir que los
organismos públicos de investigación tengan la parte positiva del
organismo autónomo y la parte positiva de entidad pública
empresarial, con lo cual por un lado vamos a tener subvenciones
aseguradas por parte de los Presupuestos Generales del Estado y lo
que afecta al personal, y por otro lado vamos a tener flexibilidad a
la hora de poder llevar a cabo una gestión presupuestaria, económica,
etcétera. Ese sistema híbrido que me ha asegurado el señor Junquera,
y que viene de la proposición no de ley aprobada por unanimidad a
instancias del Grupo Socialista en el año 1997, a mí me tranquiliza.
No es menos cierto que cuando queremos romper o superar algunas
barreras no sabemos cómo hacerlo. Hay un marco jurídico, una
normativa, donde hablamos de empresas de base tecnológica. Queremos
que estén los investigadores en esas empresas y ahí se entra en un
problema de incompatibilidades. Si tiene algún texto elaborado o
alguna idea sobre el tema, le ruego que nos lo haga llegar, porque no
son horas de empezar a debatir sobre ello.
Estoy obligado a abreviar, aunque son muchas las cosas que me
gustaría preguntarle, pero no me voy a extender. La única cosa que no
me ha gustado de su intervención ha sido la alusión a Figo. A los que
somos del Real Madrid cortados a pico y en el día de hoy, después del
sábado pasado, nos parece que ha sido un cierto atrevimiento, pero
como es nuevo en la plaza se lo vamos a permitir.
Estaremos siempre a favor de que los grandes científicos españoles
trabajen en España, como ocurrió con el señor Messagué o el señor
Barbacid; sin embargo, eso no debe ir en detrimento de los recursos
para los investigadores españoles. Conozco cuál ha sido la situación.
Con el profesor Barbacid hubo un momento en el que se detrajeron
fondos y al final no tenían suficiente. Si lo hacemos hay que hacerlo
en serio. Estamos de acuerdo en las líneas de trabajo que usted ha
planteado y le deseamos mucha suerte. Espero que le vaya bien aquí en
Madrid y sobre todo en el CSIC.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Manuel Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intentaré ser brevísimo, atendida la hora.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida en el Congreso al
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, señor
Tarrach. Bastantes de las cosas que ha puesto aquí de manifiesto
merecen nuestra
aprobación, como también lo ha manifestado el señor Lissavetzky.
Al hilo de su intervención, querría formularle cuatro o cinco
cuestiones y efectuar alguna afirmación. Ciertamente, como al señor
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a
nosotros no nos gustan las cuotas, pero de la misma manera que él en
el inicio de su intervención hacía referencia al número de
publicaciones al objeto de determinar cuál es la cualidad de los
investigadores españoles, a nosotros como fuerza política nos
corresponde atender a algunos criterios. En ningún caso diremos que
tiene que hacerse una inversión que corresponda a población o a
producto interior bruto. En la anterior comparecencia hemos pedido lo
contrario. En ese sentido creo que coincidimos con usted, señor
presidente, en que se trata de atender a mérito, a calidad y por
tanto a lo que usted manifestaba anteriormente de que la cooperación
se hará en función de los proyectos interesantes. Nosotros pensamos
que los investigadores en Cataluña pueden presentar muchos de estos
proyectos interesantes y por consiguiente referencias como población,
producto interior bruto u otros elementos pueden poner de manifiesto
en algunos casos que se reciba un tratamiento que no es el
estrictamente adecuado. No vamos a pedir inversiones en función de
cuota, sino en función de dónde estas inversiones podrán ser más
rentables.
Ha dedicado buena parte de su intervención a expresarse acerca de la
cooperación y colaboración con las comunidades autónomas y con las
universidades, cosa que no nos puede satisfacer más. Sí nos gustaría
saber si esta cooperación, por ejemplo con las comunidades autónomas,
es una cooperación de respuesta o es un aspecto en el que el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas va a llevar cierta
iniciativa. Ha manifestado en su intervención que el CSIC está
dispuesto a reforzar aquellos impulsos que vengan de las comunidades
autónomas, a cooperar en proyectos interesantes. Mi pregunta sería si
el Consejo Superior está también dispuesto a asumir iniciativas y a
que el propio Consejo ofrezca la participación a las comunidades
autónomas en proyectos interesantes y no sólo a reforzar impulsos
sino a impulsar, por decirlo así, esa cooperación, y por tanto a
asumir no siempre una posición no quiero decir pasiva pero sí de
respuesta, o si está dispuesto a tomar también la iniciativa y a
ofrecer esa cooperación.
En otro momento de su intervención ha hecho referencia, señor
Tarrach, al gran número de centros e institutos dependientes del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas comparándolo con los
dependientes, por ejemplo, del Max-Planck. Su antecesor en algún
momento hizo manifestaciones sobre la posibilidad de cerrar centros
que ya hubiesen podido completar su ciclo. Las preguntas en este caso
serían ¿tienen ustedes en estos momentos algún plan al respecto?
¿Tienen algún plan o algún programa de cara a cerrar o a fusionar
centros? ¿Con qué criterios? ¿Tienen prevista la
creación de nuevos centros? ¿Tienen propuestas y estudios de
viabilidad en ese sentido? ¿Hay algún centro o algún instituto en
Cataluña que se pueda ver afectado por estos cierres o fusiones o
está prevista la creación de algún centro nuevo de estas
características? También en otro momento ha hecho referencia a esos
programas movilizadores y ha señalado una serie de áreas donde se
podrían concentrar de alguna manera las preferencias, la actividad o
el impulso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos
gustaría, una vez identificadas algunas de estas áreas de
especialización o de temas, cuáles son los criterios para fijar las
preferencias por parte del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. ¿Piensa en estos programas movilizadores? ¿Cómo se
valora? ¿Con qué criterios se determinan aquellos campos hacia los
que se pretende dirigir de forma más relevante la investigación?
De la misma manera que usted señalaba esas seis prioridades, nosotros
tendríamos interés en que nos diese respuesta a estas tres o cuatro
cuestiones que le he formulado y que por razón de tiempo y de la hora
no creo que debamos ampliar. En cualquier caso, le tengo que
agradecer la franqueza y la pasión con que se ha explicado, pasión
que a estas alturas, a las tres de la tarde, es algo que también
contribuye a elevar la propia pasión de los diputados y a que hayamos
podido seguir su comparecencia con gran atención.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Blanca
Fernández de Capel, por el Partido Popular.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: En atención a la hora y al señor
presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
debe estar muy sorprendido por esta intempestiva hora en la que los
diputados le sometemos casi a un tercer grado, también intentaré ser
breve. Quiero darle la bienvenida, como no podía ser menos.
Casi empezando por el final y recogiendo el sentir que todos tenemos
no sólo de ese compromiso con el Consejo, con la investigación y con
el mundo de la investigación que nos es tan querida, sino yo diría
hasta de complicidad en que las cosas salgan de la mejor manera
posible, creo que no sólo le manifiesto el sentir de mi grupo sino
que he recogido siempre el de todos los grupos parlamentarios y es
que para la estrella de la investigación española que es el Consejo
no sólo ponemos cariño, el hombro o lo que haga falta ya que lo
importante es que las cosas puedan llegar a donde todos deseamos.
Evidentemente de su intervención se desprendía no solamente que usted
conoce lo que hace, sino que además lo quiere, y es importante tener
cariño a lo que se hace, entusiasmo -lo que algunos filósofos
americanos llamaron el don de Dios- para empujar las cosas. En ese
entusiasmo que no le falta cuente con el apoyo también de este grupo
parlamentario, como no podía
ser menos, para ayudar al Consejo en todo lo que sea necesario
naturalmente desde nuestra posición.
Indudablemente le he escuchado con todo interés, con toda reflexión,
a veces habré perdido el hilo por la hipoglucemia que tenemos todos a
esta hora, pero creo que en términos generales me tengo que felicitar
también por lo que todos sabemos, como el número de publicaciones del
Consejo, o por los resultados del Consejo a pesar de no tener las
mejores condiciones. Como ya decíamos antes, todos conocemos cómo se
investiga en España y cómo se ha investigado desde siempre (cuando
venimos a estas comisiones también hacemos un poco de psicoterapia de
grupo, nos contamos todas nuestras penas, las escuchamos y nos las
amparamos), y a pesar de eso los resultados de los españoles siempre
son satisfactorios, aunque no fueran los deseables, en la medida del
esfuerzo y del entusiasmo que los investigadores españoles ponemos.
Indudablemente, como no podía ser menos, me felicito de tantos
investigadores que son referencia mundial hoy día. Todos veíamos el
otro día con entusiasmo la referencia doctor Massagué al número dos
mundial en un tema como éste que nos ocupa, que es tema pionero no
solamente de la investigación científica básica, sino también del
desarrollo empresarial internacional, porque no olvidemos que tal
área está impulsando un sector que en algunos países está llegando a
ser el 24 por ciento de su PIB. Esto supone para España un reto de
absorción de ese capital humano.
Respecto al plan quinquenal al que usted se ha referido, voy a ser
muy telegráfica y quizá cortante, aunque no sea muy florida mi
exposición; voy a prescindir de toda cuestión estética y a ser
cortante por la hora. El plan quinquenal supone para todos una
esperanza y un valor que tiende el Consejo ahora mismo a desarrollar
y creemos que es importante que se le pueda sacar la mayor parte del
futuro y del progreso, interno y externo, que representa en el propio
avance del Consejo. Las relaciones con las universidades y las
comunidades autónomas, que son importantísimas -pues como usted ha
dicho muy bien, si se puede hacer con el Consejo, mejor-, suponen una
interacción de elementos positivos en ambas partes, y estas
cuestiones tan queridas no solamente de la universidad, sino del
Consejo es siempre deseables que se hagan positivamente y que las
comunidades autónomas colaboren en la manera más eficiente que no
siempre es absoluta, sino también lo más rápida y más adecuadamente
posible. Esa política activa en torno a la investigación global que
todos deseamos y usted ha expuesto estamos esperándola siempre como
agua de mayo, pero como usted también ha dicho muy bien, es la
continuación de toda una trayectoria que lleva el Consejo, muy
activa, y que todos nos felicitamos por estar cerca de ella para
primar y reforzar esos impulsos en I+D y se traduzcan en esos centros
de excelencia que necesitamos en España, grupos de excelencia que nos
reclaman no solamente la
Unión Europea, los organismos internacionales y el mundo empresarial,
sino también nuestra propia sociedad que en conjunto necesita esta
competitividad y esta representación para avanzar en puntos muy
claves del desarrollo español. ¿Y esa atracción de los jóvenes
investigadores? Desde luego hay focos de atracción como la luz, muy
luminosos, de otros países donde están haciendo señales a nuestros
jóvenes investigadores mucho más atractivas que los que aquí se les
ofrecen. No olvidemos, por ejemplo, lo que supone para nuestros
jóvenes el aldabonazo que ha dado Estados Unidos pidiendo 600.000
informáticos extranjeros para el próximo año y un número considerable
de jóvenes biotecnólogos. Todos tenemos que hacer ese esfuerzo y ahí
nos encontrará siempre. Compartimos también su preocupación en
relación con las empresas, sobre todo con las pymes. Nosotros estamos
en esa línea de preocupación, de flexibilización y agilización,
porque a veces no es solamente el Consejo, sino que el mundo de la
investigación en España ha tenido unas estructuras rígidas para
reaccionar ante situaciones concretas (normativas, problemas
funcionariales y de todo tipo, como aquí se ha aludido), que muchas
veces no nos dejan reaccionar a tiempo. Esperamos que esto se
agilice, sobre todo en esa tendencia hacia la creación de empresas,
digamos, de base tecnológica, en esos servicios tecnológicos que a
veces pueden plantear algún aspecto viciado, pero más por el abuso
que por el uso. Nos parece que ese es también un reto y que ahí puede
actuar el Consejo. La política de personal es la que más toca el
corazón, porque somos pocos, pero yo diría que somos los mejores; en
este momento tenemos los mejores y hay que evitar que se vayan o que
deseen irse. Indudablemente, respecto a esas áreas estratégicas que
necesitan ese personal, ese grupo de excelencia, el Consejo está en
camino -siempre lo ha estado- de ir surtiendo de material humano, de
los recursos humanos que necesita la sociedad española.
Respecto a la promoción, yo le animo en cuanto a esas plazas de
promoción, que son importantísimas, porque nos estamos jugando mucho
con nuestra juventud investigadora, con nuestros profesores de
investigación, con tantos y tantos investigadores ocultos. Veo que
usted siempre toca ese punto; esa es una espinita clavada, más que en
el corazón, en el bolsillo de los investigadores, porque el bolsillo
también es una parte sensible del corazón humano. Ofrecer algo más es
algo muy importante. ¿Esencial? Los contratos a cinco años nos
parecen esenciales. Nos parece esencial la cooperación con el Fondo
Social Europeo, aunque, a veces, en esa cooperación los fondos Feder
o algunos fondos transferidos a comunidades no tienen la agilización
suficiente a la hora de poner en manos del investigador aquel recurso
que necesitaba para el proyecto que le fue aprobado. Esas son las
cosas que nosotros necesitamos. Yo me felicito por las inversiones de
este año, como no podía ser menos, en mi provincia, a la que se
destinan 500 millones para el Instituto de Parasitología y 400 para
la estación experimental de Zaidín, en la ciudad de Granada los dos;
en una ciudad de 280.000 habitantes tenemos dos centros de esta
categoría, lo cual nos enorgullece internacionalmente.
En cuanto a los equipamientos avanzados, como usted dice es la
partida menos lucida, pero es tan necesaria que a todos nos gustaría
que siempre tuviera ese impulso, ese apoyo que usted ha manifestado
aquí y que sabemos que le va a prestar. De esos equipamientos depende
muchas veces el resultado de una magnífica tesis doctoral o de una
magnífica publicación en una revista de gran impacto, que luego
soluciona muchos problemas no sólo al futuro investigador, sino a su
propio grupo.
Respecto a los programas movilizadores y las líneas especiales, me
felicito, como no podía ser menos. La situación internacional está
también enfocada no solamente a la electrónica, sino al área de
biomedicina, que es uno de los grandes retos del siglo XXI. Son
proyectos que han sido un poco la plasmación de lo que nos exigía el
V programa marco de la Unión Europea en las líneas activas
fundamentales que se pedían para la investigación en España, como
eran esas áreas de biorremediación, electrónica, biomedicina. Y,
naturalmente, compartimos con usted los cinco puntos básicos de
personal de apoyo, de centros de excelencia -no estaríamos nunca de
acuerdo con el café para todos, que no nos parece justo, sobre todo
con los mejores, y especialmente con el futuro de nuestros
investigadores; eso sí que es negar el futuro de nuestros
investigadores-, y con nuestro sistema de transferencias, las
empresas spin-off y de otro tipo. Podríamos estar todos preocupados
por ello, y necesitamos esa masa crítica, que ya existe, magnífica,
en el Consejo, y magnífica en nuestros OPI, pero necesitamos
mejorarla, porque sin una buena masa crítica nunca tendremos una
buena experimentación ni una buena investigación. Nos felicitamos por
los puntos que usted nos ha indicado con el calor, con el cariño y
con el entusiasmo que una persona del mundo de la investigación pone
en estos temas para trabajarlos, para prepararlos y vertebrar la
investigación en España, empresa en la que le deseamos el mayor éxito
desde el Congreso de los Diputados, desde mi grupo parlamentario y
pienso que también desde toda la sociedad que representamos los pocos
diputados que estamos a esta hora de la tarde, pero que representamos
a muchísimas voluntades. Le deseamos el mayor éxito y nos felicitamos
una vez más por haber tenido el honor de escucharle.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Consejo.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (Tarrach Siegel): Primero quisiera dar las gracias al
señor Lissavetzky, al señor Silva y a la señora Fernández por lo
extraordinariamente amables que han sido
conmigo; realmente, me han tratado muy bien. Yo se lo agradezco
mucho. Quizá la próxima vez ya no me traten tan bien, lo que sería
normal, aunque les aseguro que haré todo el esfuerzo que pueda para
que continúen tratándome bien, porque unos y otros no me están
diciendo cosas distintas, ni son diferentes de las que yo he
manifestado. Ahora, sin embargo, quiero responder muy brevemente a
algunos de los puntos concretos.
Me han mencionado el punto de partida, y efectivamente el punto de
partida es el que es, pero es un punto. Yo acabo de aterrizar, esas
son las condiciones iniciales, vamos a ver cuál será el siguiente
punto. Cuando tengamos dos puntos, sabremos cuál es la pendiente. El
siguiente punto dependerá de mí. Por lo tanto, si la pendiente es
positiva, en pesetas constantes, pues bien; si la pendiente no es
positiva, ese será mi problema. Entonces sí se podrán quejar. Pero yo
ahora llego y tengo un punto. Me preguntan ustedes que si me hubiera
gustado un punto más alto, y yo les contesto obviamente que sí, cómo
voy a decir lo contrario. Pero déjenme trabajar un tiempo y vamos a
ver cuál es el siguiente punto; y si tengo bastante tiempo, veremos
el otro. Los que recuerden un poco de matemáticas, sabrán que
entonces no sólo conoceremos la pendiente, sino también la segunda
derivada, es decir, si el aumento va creciendo o disminuyendo en el
futuro; suele ser la segunda derivada la que realmente marca la
política científica. En este momento yo sólo tengo un punto y he de
trabajar con él.
Respecto a dónde irá el señor Massagué les contestaré que, como
quizás sepan, ayer comimos con él. Yo al señor Massagué le conozco
desde hace muchos años y, si tuviese tiempo, les contaría una
anécdota mía con él, que es divertida, pero no hay tiempo. La
información que él dio -y creo que es la pública- es que en principio
él asesorará al parque científico de Barcelona, que está asociado a
la Universidad de Barcelona; en principio. Él es una persona abierta,
y les voy a decir una cosa muy clara: si hay un parque científico con
un asesor como el señor Massagué el Consejo colaborará en lo que
pueda, eso es evidente. En esta historia de los parques científicos
hay cosas sencillas: poner paredes; hay cosas un poquito más
complicadas: poner instrumentos; un poquito más complicadas: poner
personas, y más complicadas todavía: poner un líder que marque una
dirección. Eso es lo más complicado. Si en el caso del señor Massagué
ya tenemos el líder y él sabe muy, pero que muy bien lo que hay que
hacer, el Gobierno catalán y el Consejo tienen que trabajar. Del
señor Massagué eso es todo lo que puedo decir, y también que de ese
tipo de proyectos me gustaría que tuviésemos más en España.
Respecto del tema de las grandes patumes que es una pregunta un
poquito posterior, estoy totalmente de acuerdo en que hay que ir con
cuidado. El señor Massagué es una gran patum activa. Por cierto, el
señor Massagué no viene aquí, continúa allá, y lamentablemente
nosotros no tenemos en este momento los medios para ofrecerle algo al
señor Massagué para
venir aquí. Él tiene 48 años aproximadamente y posibilidades de
llegar muy lejos, e imagino que él personalmente quiere explorar al
máximo hasta dónde puede llegar. Eso lo tiene más fácil allá que
entrando aquí en un proceso... Por lo tanto, en lo de las grandes
patumes hay que ir con cuidado. A veces una gran patum puede ser
útil, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo en que nos
equivocaríamos radicalmente si los recursos que tenemos, que son los
que son, los concentrásemos sólo en traer cuatro grandes patumes y
nada más, sería una equivocación inmensa. La mayoría de los esfuerzos
deben ir a los jóvenes investigadores, a esos que tienen 30-35 años,
que son los que van a hacer el gran trabajo. Si esos jóvenes tienen
un gran investigador delante como Massagué que les dice por dónde hay
que ir, estupendo; eso es lo que queremos.
El comentario del Grupo Parlamentario Socialista respecto de que el
Consejo tenga más recursos... Cómo voy a decir que no quiero; claro
que sí, encantado. Todos estaríamos encantados. Lo que pasa es que me
imagino que es mucho más fácil pedir que poner. Yo mismo, como
presidente del Consejo, ya he visto a una serie de directores de
institutos y todos me piden; muchas veces tengo que decir sí, pero
tengo los recursos que tengo. Y sospecho que al Estado también le
pasa algo así.
Tema funcionario contratado. Esto es complicado y, por lo tanto, en
principio habría que madurarlo. Es cierto que tener investigadores
que hacen más o menos la misma investigación en un cuerpo
funcionarial y luego contratados puede crear tensiones. Si se pueden
evitar esas tensiones, mejor. El tema del contratado para mí es
simplemente el último recurso si, por la razón que sea, no podemos
tener bastantes funcionarios. Continuamente se me dan razones por las
que es difícil tener muchos funcionarios, ya se ha comentado que hay
unas reglas, un algoritmo legal, me imagino, que dice cuántas plazas
nuevas puede haber dependiendo de cuantas han quedado vacantes.
Bueno, quizás el país necesite más que esto -yo creo que necesita más
que esto- entonces, si necesita más, habrá que buscar otras vías y
quizás una de ellas sea la del contratado. Este es un tema que hay
que meditarlo y sé que en mi Ministerio se está empezando a trabajar.
Preferiría no decir nada más, pero sí será un tema interesante cuando
nos volvamos a ver, porque ustedes también deben tener y aportar sus
opiniones dado que es un tema complicado y que marcará la
investigación en el futuro en España.
El señor Silva, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), pregunta por cooperación: respuesta o iniciativa. Es un tema
interesante en el que yo mismo he estado pensando. Acabo de
aterrizar, pero con el departamento de universidades del Gobierno
catalán nuestro equipo ya ha tenido una primera reunión; por tanto,
ya hemos empezado a trabajar. Pusimos todas las cosas sobre la mesa
para ver lo que había y lo que no. Como estos institutos, institutos
mixtos por ejemplo, están en una comunidad autónoma, es más
probable que, cuando se llega a un acuerdo estadísticamente la
iniciativa venga de ella. Seguro que hay excepciones -yo tengo idea
de iniciativas que no vienen de ninguna comunidad y eso me preocupa-,
pero lo que sí que hará el Consejo es cooperativa y constructivamente
redirigir ciertas iniciativas. Voy a ser claro. En el caso catalán se
mueven muchos proyectos de biomedicina, y yo no veo posible que el
Consejo participe en todos ellos. Ayer Massagué me dijo claramente
que en España debe haber dos o tres centros mundialmente conocidos en
biomedicina y, por lo tanto, cuatro IDIBAPS (también el que asesora a
Massagué), el IMIM, etcétera. No habrá para tanto, pero, si el
Gobierno catalán quiere hacer todos ellos, incluidos los
cardiovasculares, bien. Por parte del Consejo a mí me gustaría jugar
en aquellos en los que yo vea un líder claro, que esperemos que
dentro de 10 años sean aquellos de los que podamos decir que
funcionan.
Cerrar y fusionar centros. Estas son cosas que posiblemente hay que
hacer, pero nunca hablar de ellas, y no lo voy a hacer. En principio
una buena política científica debe poder cerrar centros, pero SS.SS.
saben que eso es lo más complicado de todo y ustedes no querrán que
yo me queme el primer día. Seguro que no lo quieren, yo desde luego
no, por lo que nos les voy a dar munición. Por lo tanto, no hablemos
de ello.
Criterios para seleccionar las áreas que se quieren reforzar. Esto de
en qué áreas hay que investigar es una cosa que los que estamos
activos en investigación lo olemos, puesto que hablamos con colegas.
Yo por ejemplo soy lector en el campo de la física de una revista que
se llama Physic Today, una revista americana muy buena, pero no se
trata de una revista de publicación científica, sino sobre la física
en todo el mundo. Ahí hay debates inmensos sobre qué áreas de la
física son las más importantes, siendo cosas que leemos y conocemos y
que el científico huele. El científico que hace política científica
-eso es lo que hago yo-, conoce eso, sabe por dónde van los tiros y
ve por ejemplo que los países que marcan van por aquí o por allá.
Atención. Deberíamos empezar a ser más ágiles. La ciencia evoluciona
con una rapidez inmensa, cada vez más. Antes iba más lentamente, pero
hoy en día va bastante rápido. Si esperamos a que la Comunidad
Europea haga el programa marco y luego hacemos nosotros el plan
nacional y después el Consejo, basándose en eso, hace lo que quiere
hacer, podemos seguir llegando tarde. Por tanto, una de las cosas que
tenemos que aprender a hacer es tener olfato para las líneas de
interés y anticiparnos. Habrá que aprender.
Finalmente, señora Fernández, usted me ha tratado demasiado bien. Ha
dicho una cosa que quiero reforzar.
Yo a veces doy una visión negativa de la situación, pero esto no debe
ser así. En el Consejo, usted lo ha dicho, hay buenos investigadores
y en las universidades también, lo que pasa es que queremos más,
queremos que esos buenos investigadores aún hagan mejor
investigación, y es nuestra obligación luchar por esto.
Quiero acabar con una pequeña anécdota. Uno podía preguntarse por qué
España no deja de ser un líder de investigación y por qué no somos
simplemente un país que sea bueno en gastronomía -que, por cierto, lo
somos-, en teatro, en cultura; un país que funcione por las otras
cosas. La anécdota que les iba a contar es que hace medio año
aproximadamente se celebraron unas relaciones entre la ciudad de
Barcelona y la de Boston. Vino un grupo de catedráticos del MIT y de
Harvard a visitar la ciudad de Barcelona. El alcalde, con el que
tengo una buena relación, me llamó precipitadamente un día que yo no
llevaba corbata, porque estaba haciendo computación cuántica, y me
dijo que fuera porque quería que esos señores hablaran con un
científico. Fui y en un momento determinado les pregunté: a nivel de
Barcelona, pero lo mismo es válido para el resto de España, ustedes,
que son de Boston, ¿creen que Barcelona, que es una ciudad que tiene
a Gaudí, música bonita, que es una ciudad atractiva, que tiene un
entorno agradable, con dos restaurantes de tres estrellas a una
distancia aceptable, etcétera, podría prescindir de la investigación
de calidad y simplemente vivir con todas las otras cosas? Me contestó
un catedrático de la escuela de arquitectura de Harvard y me dijo:
no; ustedes no pueden prescindir de la investigación puntera no por
lo que ella produzca, sino por lo que implica de formación de calidad
en la ciudad de Barcelona. Ustedes no tendrán una formación excelente
para las personas que deben ser sus cuadros, sus políticos, sus
empresarios, si no tienen una investigación muy buena. Y de lo que no
pueden prescindir es de esas personas bien formadas. Bueno, pues lo
mismo pasa para España. España no puede prescindir de esa
investigación puntera, ya que si no la tenemos tampoco tendremos
todas esas otras personas bien formadas que mueven el país.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien quiere intervenir? (Pausa.)
Pues, muchas gracias al presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y gracias a todos por soportar la
hipoglucemia.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.