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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 48, de 13/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 48
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 13 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Consejo Escolar del Estado
(Mayorga Manrique) para dar cuenta del último informe elaborado por
el citado Consejo sobre la situación del sistema educativo.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000019.). . . (Página 976)
Preguntas:
- De la señora Marzal Martínez (Grupo Parlamentario Socialista) sobre
situación de las obras del Museo Nacional de Arqueología Submarina de
Cartagena (Murcia). (Número de expediente 181/000155.) . . .
(Página 992)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cultura (De Cuenca y
Prado) para dar cuenta de las líneas generales y programas que tiene
previsto desarrollar desde la Secretaría de Estado. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000039.) .
. . (Página 994)
Se abre la sesión a las 10 de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
(MAYORGA MANRIQUE) PARA DAR CUENTA DEL ÚLTIMO INFORME ELABORADO POR
EL CITADO CONSEJO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000019.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Hoy tiene lugar la primera sesión de esta Comisión después de las
vacaciones parlamentarias. Les deseo a todos buen trabajo en este
período de sesiones.
El orden del día acordado por la Mesa tiene tres puntos. El primero
es la comparecencia del presidente del Consejo Escolar del Estado
para que dé cuenta del último informe elaborado por el citado Consejo
sobre la situación del sistema educativo.
Doy la bienvenida a don Alfredo Mayorga, presidente del Consejo
Escolar del Estado y recientemente nombrado para este cargo, al que
deseo los mayores éxitos en su nueva misión.
El Grupo Parlamentario Socialista es el solicitante de esta
comparecencia y, por tanto, le corresponderá manifestarse en primer
lugar después de la intervención del presidente del Consejo Escolar
del Estado.
El presidente del Consejo Escolar del Estado, señor Mayorga, tiene la
palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Mayorga
Manrique): Buenos días.
Estoy muy agradecido al señor presidente de la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte y a SS.SS. Para mí constituye un motivo de
satisfacción encontrarme esta mañana en esta Comisión; prácticamente
es mi primera actuación como presidente del Consejo Escolar del
Estado, ya que tomé posesión el 27 de julio pasado.
A la hora de valorar o interpretar el último informe del Consejo, es
preciso recordar que corresponde al cumplimiento del mandato de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación, que en su artículo 33.1 señala que el Consejo Escolar del
Estado tiene que elaborar y hacer público anualmente un informe sobre
el sistema educativo. Además, el Real Decreto 2378/1985, de 18 de
diciembre, que regula el Consejo Escolar del Estado, señala en su
artículo 16.2 a) que hay que aprobar el informe anual que elabora la
comisión permanente sobre el estado y situación del sistema educativo
y hacerlo público. El objeto del informe del Consejo es dar
cumplimiento al mandato de una ley orgánica.
SS.SS. ya conocen el último informe del Consejo Escolar, donde
participan todos los elementos cogestores de la comunidad educativa
-es un órganos colegiado de participación-, pero considero
conveniente que tengan conocimiento de cómo se elabora. En primer
lugar, se determina el índice del informe, que elabora una ponencia
de estudios. El índice pasa a la comisión permanente, que lo vota y
asume o establece las modificaciones que el pleno considere
convenientes; en él está recogido lo que todos los miembros del
Consejo han considerado conveniente. Verán ustedes que, aunque en el
índice se repiten muchísimas cosas -todo lo que hace referencia a la
estructura del sistema educativo y a sus diferentes niveles y
modalidades-, se intentan introducir aquellas cuestiones que han sido
motivo de polémica o debate en la comunidad educativa durante el
curso escolar. En todos los informes aparece alguna novedad que ha
dado lugar a polémica o estudio dentro de la comunidad educativa.
El contenido del informe que tienen ustedes presente está dividido en
nueve capítulos, cada uno de los cuales se divide en varios
epígrafes, y pretende abarcar todos los temas que afectan al sistema
educativo. Como les señalaba antes, introduce los asuntos más
novedosos que han atraído la atención durante el curso escolar, como
por ejemplo lo referente a las humanidades en el sistema educativo,
las lenguas españolas y el sistema educativo; español en la Unión
Europea.
El informe tiene tres partes bien diferenciadas. Una, meramente
descriptiva, donde se recogen los datos facilitados no solamente por
el departamento de Educación, la Secretaría de Estado, la Secretaría
de Educación, la Secretaría General Técnica, la Subsecretaría y las
direcciones generales, sino también todos los referidos a las
comunidades autónomas. Son datos básicos e imprescindibles para la
realización del informe anual. Este citado informe tiene un largo
proceso ya que, como les indicaba antes, el Consejo Escolar del
Estado trabaja a nivel de pleno, de comisión permanente y de
comisiones de dictámenes y estudio. Existen unos consejeros que
actúan de ponentes y se recogen todas las observaciones, incluso a
nivel de votos particulares.
Una novedad que introduce el informe del curso 1997-1998 con relación
a los informes anteriores es que se señalan los votos particulares,
pero no están incluidos en él. Para hacerlo un poco operativo se
pretendía que tuviese la misma extensión que la de los informes
anteriores, unas 500 páginas. No obstante, todos los profesionales
-en realidad, todas las personas- pueden tener acceso a los votos
particulares que han presentado los consejeros mediante solicitud al
Consejo Escolar del Estado de una certificación del acta, o bien a
través de Internet.
Una vez que conocemos la dinámica hay que tener en cuenta una serie
de consideraciones previas a la hora de interpretar y valorar el
informe para encuadrarlo convenientemente. El curso académico 1997-1998
-debido a la dinámica educativa y política del país, queda ya un poco
lejos- vino marcado por unos parámetros que vertebran el sistema
educativo y que inciden en la actuación de los profesionales de la
educación. En primer lugar, nos encontramos con un pleno proceso de
transferencias y traspasos -hay que señalar que en aquel curso
todavía no había tenido lugar su culminación- y ya saben SS.SS. que
el Ministerio de Educación gestiona directamente la acción educativa
en bastantes comunidades autónomas.
Otro elemento que queda reflejado en diferentes aspectos del informe
es que coexisten en los centros educativos diferentes planes de
estudios que corresponden a las leyes de educación de 1970, la
coloquialmente conocida como Ley Villar, que se va extinguiendo, y
los de la Logse que se van implantando con un calendario de
aplicación que no es idéntico para todas las comunidades autónomas.
Durante el citado curso 1997- 1998 existe una preocupación y
sensibilización respecto a la calidad educativa. Indudablemente este
tema no tiene una interpretación unívoca entre los miembros del
Consejo Escolar del Estado y, como es lógico, los representantes de
la comunidad educativa tienen concepciones diferentes y dispares en
cuanto a qué se entiende por calidad de la educación.
Otro elemento a tener en cuenta es el informe del INCE, donde se
establece un diagnóstico del sistema educativo, que en muchos
momentos crea una cierta preocupación, aunque el responsable del INCE
en aquel entonces, el catedrático don José Luis García Garrido,
explica de una forma reiterativa que lo único que pretende el informe
es presentar una radiografía, un diagnóstico sin entrar en
valoraciones. Estos son los parámetros donde se encuadra toda la
acción educativa en el curso 1997-998.
Entrando ya en el contenido del informe, el Consejo Escolar valora
positivamente las versiones sobre la situación de las enseñanzas de
las humanidades (recordarán SS.SS. que se creó una comisión de
expertos, presidida por el que fue ministro de Educación, Juan
Antonio Ortega y Díaz Ambrona) y considera preciso y urgente que se
proceda a una revisión de estas enseñanzas.
Otro de los aspectos motivo de gran debate en el Consejo y que
aparece plasmado en el informe del año 1997-1998 es todo lo referente
a la calidad del sistema educativo, contemplado en los títulos I al
VII de la Logse. Fue una tarea complicada lograr un consenso sobre lo
que cada uno entiende por calidad de la enseñanza puesto que -queda
explicitado en el informe- depende de las concepciones que se tengan
de la función social que se adjudica a la institución escolar, e
incide, como es lógico y natural, en los aspectos cualitativos del
sistema educativo. Se considera muy conveniente establecer
indicadores de calidad que son de vital importancia para evaluar el
sistema educativo. Ante ese diagnóstico del INCE, el Consejo Escolar
manifiesta su preocupación y malestar porque en aquel momento ese
organismo todavía no había publicado los indicadores de la calidad.
Han pasado varios años y les puedo adelantar que ya han sido
publicados, es decir, que esta cuestión está ya solucionada.
En cuanto a los distintos niveles y modalidades de la educación
infantil, constata el informe que el aumento de escolarización se
está consiguiendo casi en su plenitud en el tramo de los tres a los
seis años, pero instan a las administraciones educativas (como es
lógico y natural y dado que es el Consejo Escolar del Estado, el
informe no se dirige en exclusiva, a la Administración central sino a
todas las administraciones educativas que tienen competencias en el
mundo de la educación) a que consigan la escolaridad total del
segundo ciclo de la educación infantil. También se contempla la
conveniencia de la financiación de la educación infantil enese tramo
de los tres a seis años, así como la importancia de introducir en
este nivel y desde el primer ciclo de la educación primaria el idioma
extranjero, puesto que se constata que es una de las graves carencias
que tiene nuestro sistema educativo. En la educación primaria, un
nivel donde no existe problema de escolarización porque está
escolarizada toda la población, también se contempla la impartición
de las enseñanzas del idioma extranjero, así como la educación
física, la educación artística y la educación musical.
El nivel educativo de la educación secundaria obligatoria no cabe
duda -y así queda puesto de manifiesto en el informe- de que es la
parte más conflictiva y que más problemas tiene. La evolución de la
ratio entra en los parámetros señalados por nuestra ley orgánica.
Indudablemente un factor positivo que ha coadyuvado a solucionar este
problema es el descenso demográfico que SS.SS. conocen. Pero lo que
está clarísimo que constituye el nivel educativo más polémico y
controvertido, donde surge la problemática de los centros integrados,
es en las comunidades donde hay mucha población rural. Se señala
también como aspiración que hay que intentar conseguir y convertir en
realidad en plazo breve la de dotar a todos los centros de
departamentos de orientación psicopedagógica.
Antes he hecho referencia al informe del INCE debido a los datos
preocupantes que contenía. El Consejo Escolar del Estado manifiesta
que no debe caerse en el alarmismo social, pero que hay que modificar
las pautas del desarrollo normativo respecto al carácter optativo.
Para los consejeros el talón de Aquiles lo constituye todo el
problema de la atención a la diversidad. Ya saben SS.SS. que se
contemplan cuatro modalidad es de bachillerato y que es muy difícil
poderlas implantar en todas las localidades. Dentro de los
bachilleratos existe -son datos facilitados a nivel descriptivo por
el Ministerio y las comunidades autónomas- una matriculación bastante
alta en el de humanidades y ciencias sociales, en el de ciencias de
la naturaleza y de la salud, menos en el de tecnología y mucho menos
en
el de arte. La formación profesional aparece en el informe como
necesitada de un impulso de todas las administraciones educativas,
puesto que año tras año se observa el descenso en el número de
alumnos matriculados y habría que dar ese impulso a todo lo que hace
referencia a los ciclos formativos, tanto de grado medio como de
grado superior.
En cuanto a las enseñanzas de idiomas, el informe del Consejo
Nacional considera conveniente aumentar las escuelas oficiales de
idiomas e, incluso, las lenguas españolas diferentes del castellano
que se ofrecen en dichas escuelas en las que existe una carencia.
Cada vez adquiere más importancia -y así se constata también en el
informe del Consejo Nacional- la acción educativa de España en el
exterior. Ya saben SS.SS. que se realiza prioritariamente a través de
los centros, agrupaciones y secciones, porque adquieren cada día
mayor complejidad y urge actualizar la normativa vigente y elaborar
el reglamento orgánico de los centros docentes de titularidad del
Estado español en el extranjero. En el problema de la
transversalidad, el Consejo aboga por una educación en valores que
propicie un cambio favorable en hábitos y actitudes del alumnado.
Analiza todo lo referente a la diversidad curricular y es consciente
del debate que existe entre los profesionales de la educación entre
comprensividad y diversificación.
En cuanto a evaluación y rendimiento educativo, los consejeros son
partidarios de que se verifique a todos los niveles, porque está
quedando muchas veces constreñido a una evaluación exclusiva de los
alumnos; indudablemente en el Consejo Escolar, donde están
representadas las asociaciones de alumnos, ellos lo manifiestan, pero
el Consejo estima que se debe contemplar también la evaluación del
profesorado por parte de los alumnos.
Por lo que se refiere a las lenguas españolas en el sistema
educativo, se indica la necesidad y la posibilidad de reforzarlas y
se establece un estudio comparativo con todos los países de la Unión
Europea donde se ve clarísimamente que esta es una de las carencias
de nuestra enseñanza.
En cuanto a la participación educativa, se considera que es el reto
de los tiempos actuales no solamente de los profesionales de la
educación sino de toda la sociedad. Dado que hay que concretar la
participación a través de los diferentes cauces, algunos
obligatorios, como son los consejos escolares, los claustros de
profesores, y otros voluntarios, como es el asociacionismo, para
evitar tensiones en la comunidad educativa, el Consejo Escolar
considera prioritario delimitar campos de competencias
y responsabilidades. Con relación al asociacionismo estudiantil, cree
conveniente aumentar las ayudas a las organizaciones de estudiantes
-el movimiento educativo de los alumnos es cada día más importante-,
así como al asociacionismo de los padres de alumnos. Hay que
potenciar y estimular la participación
de los padres puesto que se ha visto claramente, cuando se ha
estudiado la participación de padres y madres en órganos de gobierno
colegiados como son los consejos escolares, que es más bien escasa,
muy por debajo de la de los profesores y los alumnos. En los consejos
escolares, como cauce de participación de todos los sectores
coexistentes de la comunidad educativa, se constata una falta de
motivación que puede nacer de una falta de información de cuáles son
las posibilidades de estos cauces de participación. Se indica también
la necesidad de establecer los consejos no solamente a nivel de
centros de las comunidades autónomas, de potenciar el Consejo Escolar
del Estado, cuyo papel adquiere cada vez más importancia en el
momento en que se ha culminado el proceso de traspasos
y transferencias, e ir a la creación de una red de consejos escolares
de los países europeos. Les puedo adelantar que los días 22 y 23 del
presente mes de septiembre veintidós países europeos que tienen
constituidos ya los consejos escolares han decidido tener una reunión
y que España sea el país anfitrión para establecer una red de centros
escolares europeos. Es una primicia que les hago a sus SS.SS. La
cooperación internacional a través de los consejos escolares y de la
acción educativa invita a los consejeros a pedir a los poderes
públicos que lleven a cabo las gestiones que apoyen la constitución
de ese consejo escolar europeo al que antes he hecho referencia. Cada
vez se ve más claro, a medida que el proceso de traspasos y
transferencias va en aumento -estamos refiriéndonos al año 1997-1998,
cuando no estaba culminado-, que es necesaria la cooperación entre
todas las comunidades autónomas, con las corporaciones locales y que
hay que avanzar en una mayor implicación de las administraciones
locales, de los ayuntamientos, en la gestión de la educación.
El informe considera que la compensación de las desigualdades es uno
de los grandes retos que tiene la educación en este momento. Para
atender a esa compensación estima como elementos básicos la atención
a la diversidad, la atención a la escuela rural y una política de
becas y ayudas al estudio, así como profundizar en todo lo referente
a la educación especial, partiendo de la necesidad de una
identificación temprana de niños no solamente con carencias sino
también los especialmente dotados.
Respecto a la educación compensatoria, insta el informe a las
distintas administraciones públicas para que traten de establecer una
serie de medidas tendentes a abordar la situación escolar de
colectivos social y culturalmente desfavorecidos, máxime cuando cada
vez adquiere más prioridad el problema del interculturalismo. La
escuela rural sigue padeciendo problemas estructurales y la situación
del profesorado itinerante puede ser grave, con las consecuencias que
lleva todo lo referente a la responsabilidad civil de las diferentes
administraciones.
En cuanto a la educación de adultos, el Consejo Escolar se pronuncia
a favor de una ley específica de personas adultas y de una red
completa de centros. No está garantizado tampoco en el momento actual
en ninguna de las administraciones la participación de los miembros
de la comunidad educativa en los centros de adultos que no tienen la
normativa de los centros actuales. Los programas de garantía social
tienen que ser potenciados. Se observa de forma positiva que ha
habido un incremento de programas de garantía social. Sin embargo, el
informe constata que un 22 por ciento de los alumnos matriculados no
consigue finalizar los estudios de la educación secundaria
obligatoria.
Urge la publicación de los reglamentos orgánicos de los centros
docentes, incluso potenciar, puesto que se considera como uno de los
problemas graves de la organización de los centros, la dirección
escolar. Sobre la dirección escolar, el informe señala como uno de
los problemas más graves de la organización y funcionamiento de los
centros la falta de motivación y estímulo de los profesores, pues no
existen las suficientes vocaciones para acceder a este puesto tan
comprometido y complejo.
Con relación a los órganos de gobierno colegiados, como pueden ser
los consejos escolares y el claustro de profesores, constata el
informe que la participación de los profesores y de los alumnos es
mayor que la de otros sectores. La participación de los padres y
madres sigue siendo más bien baja. Quizá -y en esto se manifiesta
también el Consejo Escolar- habría que proceder a una revisión
normativa sobre la competencia de los claustros de profesores, puesto
que los profesionales de la educación se dan cuenta de que en
ocasiones competencias técnicas y exclusivas están siendo ocupadas
por otros sectores de la comunidad.
Respecto a la escolarización de los centros que, como SS.SS. conocen,
se verifica en los centros públicos y privados, tanto concertados
como no, existe una problemática diferenciada del profesorado en cada
uno de los centros. El Consejo Escolar pide la homologación
retributiva al cien por cien y la equiparación progresiva de las
plantillas de los centros concertados con los centros de titularidad
pública.
En la escolarización de los alumnos, así como en las enseñanzas que
se imparten, fue motivo también de estudio por parte del Consejo
Escolar del Estado -y así queda plasmado en el informe- todo lo que
hace referencia a la formación religiosa y moral. La opción por la
enseñanza religiosa escolar -se habrán dado cuenta SS.SS. de que en
el informe no aparece especificada la religión católica, sino que se
habla de religión en su término más amplio-, tanto en los centros
públicos como privados de entidad titular canónica, sigue siendo
mayoritaria en todos los niveles educativos. Como el informe tiene
tablas y diagramas, en la página 407 del informe aparecen estos datos
según los distintos niveles educativos.
Está claro que el Consejo Escolar del Estado, casi por unanimidad,
considera que los valores de la ética y la educación deberían formar
la vida entera del aula, del centro educativo y de las relaciones con
la comunidad. También son factores de calidad el potenciar el comedor
escolar, no como servicio complementario sino como servicio que hace
posible la escolarización de muchos alumnos en población rural, así
como el transporte. Respecto al personal de administración y
servicio, el informe del Consejo solicita de las distintas
administraciones públicas un incremento. En relación con el servicio
de la inspección educativa, considera que puede y debe desempeñar un
papel importantísimo fijándose en el objetivo que tiene la
inspección, que es garantizar el derecho a la educación de todos los
españoles, y que dicha educación sea de calidad. Se constata que la
problemática que existe en la inspección puede nacer en ocasiones por
la existencia de dos cuerpos de inspección, uno de naturaleza
administrativa y otro de naturaleza docente. Quizá -es una
apreciación ya muy personal- la solución de estos problemas llevaría
consigo el intento de crear un solo cuerpo donde quedasen integrados
los dos. La convivencia en los centros -son datos que han salido en
los medios de comunicación social- tiene en algunos sitios caracteres
de conflictividad, y aunque en el momento en que se verifica el
informe son hechos puntuales que no pueden ser generalizados, se
considera conveniente caminar hacia una convivencia mejor en los
centros escolares. En relación con el alumnado -se puede hacer
extensivo al profesorado y a los centros-, el mayor problema surge en
la educación secundaria obligatoria. El informe del Consejo pronuncia
como una de las medidas posibles a tomar -y reitera este deseo a
todas las administraciones educativas- la necesidad de incrementar la
orientación educativa y psicopedagógica.
La transición del sistema educativo al mundo laboral, con las
dificultades que suscitan las prácticas en alternancia, es también un
tema fundamental. Se darán cuenta SS.SS. de que el informe dedica
gran espacio a todo lo referente al profesorado porque considera que
es figura y motor fundamental de la calidad de la educación. Insta a
las administraciones públicas a una oferta de empleo público, incluso
con el hecho de que las convocatorias sean verificadas de forma anual
y no bianual, como actualmente existen, así como con la posible
movilidad de los profesores, asunto en el que el Consejo Escolar se
pronuncia a favor de los concursos de traslados anuales y no
bianuales, como ocurre hoy en día.
En cuanto al profesorado de los centros privados, en cuya
problemática hay puntos comunes con los de los centros públicos y
otra es específica, el Consejo Escolar considera que hay que tener en
cuenta la situación producida por la transformación de los centros
hacia nuevas enseñanzas, lo que ha llevado a que en muchas ocasiones
el profesorado haya perdido su puesto de trabajo.
Hay que avanzar, como indicaba anteriormente, en la homologación
retributiva del profesorado como también hay que estudiar -y es un
hecho que en el informe de ese año lo constata el Consejo Nacional-
el índice del profesorado afectado por bajas médicas que llega a ser
de 220,1 por cada mil profesores, cifra altamente preocupante. La
formación inicial y permanente del profesorado se sigue considerando
como primer factor de calidad, así como la necesidad y la importancia
de acentuar todo lo que hace relación a la actividad tutorial, y el
Consejo Escolar aboga por la transformación de la actual diplomatura
de magisterio en licenciatura, así como por potenciar la formación
que se considera más práctica, que es aquélla en centros.
Con relación al tema de la financiación, todos los consejeros están
de acuerdo en instar a todas las administraciones públicas a
considerar la educación como una inversión de futuro de la sociedad y
para que incrementen sustancialmente la financiación, aumentando
dichas inversiones.
Finalmente, en esta visión un poco rápida y panorámica de lo que
puede ser el informe del año, que es el objeto de mi comparecencia,
también se considera que es preciso proceder a una modificación y a
un desarrollo normativo de educación, a una normativa de aplicación
a todo el territorio del Estado incidiendo mucho en todo lo referente a
las normas básicas, así como la necesidad de potenciar al máximo la
conferencia de consejeros que, al fin y al cabo, es la que tiene que
propiciar la vertebración de todo el sistema educativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayorga, por su informe.
Ahora corresponde a los grupos parlamentarios hacer las observaciones
que estimen oportunas. Doña Amparo Valcarce, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente del
Consejo Escolar del Estado. En nombre del Grupo Parlamentario
Socialista le doy la bienvenida a esta Cámara y agradezco la
presentación de su informe del Consejo correspondiente al curso 1997-
1998.
Su información es larga y detallada como también lo es el propio
informe. Nosotros hemos pedido su comparecencia, señor presidente,
porque el Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano de
participación de la comunidad educativa. En él están representados
tanto los profesores como los padres, los sindicatos de la enseñanza,
los expertos en educación. Desde luego, el prestigio que ha logrado
esta institución a lo largo de los últimos 15 años avala sus
informes; informes que se caracterizan por su rigor, por su seriedad
pero también porque en ellos se alerta claramente sobre la situación
de nuestro sistema educativo y sobre los derroteros por los que el
propio Consejo Escolar del Estado,
como órgano de participación de la comunidad educativa, cree que se
debe orientar la política educativa. En este sentido, señor
presidente, yo quiero destacar de la lectura detallada del informe
que usted nos ha presentado hoy aquí que es profundamente crítico con
la política educativa del Gobierno en el curso 1997-1998, pero sobre
todo, y quizá sea mucho más importante, señala algunos rasgos
especialmente preocupantes que se refieren sobre todo al corpus
ideológico que hay detrás de determinadas políticas educativas. Para
que se me entienda mejor, es conveniente leer lo que el propio
informe del Consejo Escolar dice al respecto. Dice así: Mientras las
últimas reformas educativas -refiriéndose a la Logse y a la Lopeg-
avanzan en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, el
discurso neoliberal extiende su influencia al ámbito educativo, pone
especial énfasis en la rentabilidad y productividad del sistema. El
Estado, debido a la contención del gasto público, no ha de sufragar
la creciente demanda en educación, ni siquiera es conveniente puesto
que ello dificulta la libertad individual y la necesaria
competitividad del mercado. Las consecuencias derivadas de este
postulado -y aquí viene la crítica del Consejo Escolar- llevarían a
negar la responsabilidad por parte del Estado de garantizar un
servicio público de calidad, al tiempo que se crean las condiciones
para justificar esos criterios mediante el deterioro de la imagen del
servicio público de enseñanza, el recorte o congelación de recursos,
la ruptura del actual equilibrio entre la red pública y privada y la
aplicación de modelos de gestión empresariales que convierten a los
centros educativos en unidades de producción en competencia y a los
padres y madres en clientes que eligen un producto.
El hecho de que el Consejo Escolar del Estado sea el máximo órgano de
participación de la propia comunidad educativa hace que aquí estemos
en alerta y lo tengamos muy en consideración, sobre todo porque en el
informe se señalan algunos rasgos que están sin lugar a dudas entre
las preocupaciones de esta Cámara. Esos rasgos se refieren al fracaso
escolar.
El propio señor presidente del Consejo Escolar del Estado ha
expresado su preocupación por un fracaso escolar del 22 por ciento al
final de la enseñanza obligatoria. El propio informe señala que este
fracaso es producto de un conjunto de políticas que han ido en merma
de la equidad, y que ese fracaso escolar está vinculado a una
situación inicial de partida en la que los alumnos no tienen la
igualdad de condiciones que todos exigimos. En ese punto también el
Consejo Escolar del Estado es muy crítico y merece la pena que no
hagamos una valoración, sino que demos lectura a lo que el propio
Consejo nos dice.
Es evidente que el nivel sociocultural condiciona los resultados,
pero también lo es que el nivel sociocultural está directamente
relacionado con lo económico. Un sistema educativo fracasa cuando
fracasa en la equidad y no garantiza la igualdad de resultados. El
Consejo Escolar del Estado no comparte esta conclusión. Primero,
dudamos que los centros concertados amortigüen mejor que los públicos
el efecto de las variables socioculturales y, si fuera así,
obedecería a razones que tienen que ver con la mayor homogeneidad
social de partida, unida a políticas de selección del alumnado tanto
en el acceso como a lo largo de la etapa escolar. Por eso, señorías,
es importante que tomemos buena nota de estas advertencias del
Consejo Escolar. Es necesario velar por el estricto cumplimiento de
la Lode, de la Logse, de la Lopeg para garantizar la igualdad, pero
también es necesario, como el propio informe del Consejo Escolar nos
advierte, avanzar en las políticas de solidaridad, en las de
educación compensatoria, imprescindibles para corregir estas
diferencias de partida que en buena medida son las que explican el
propio fracaso escolar. Pero dentro de esas medidas compensatorias
también está la política de becas, y el propio Consejo Escolar del
Estado es muy crítico con su situación. Señala cómo se ha reducido el
número de becas, cómo sus cuantías se han reducido y cómo el número
de becarios ha descendido en nuestro país en 40.000. Todo esto debe
ser motivo especial de alerta, pero, indudablemente, hay cuestiones
que nos deben de situar cara al futuro.
Aquí, en esta Cámara, se han presentado proyectos para avanzar en la
reforma de la educación y algunos de ellos han inquietado
profundamente al Grupo Socialista. Le han inquietado porque van en la
dirección opuesta a la que señala el informe del Consejo Escolar del
Estado. Van en la dirección opuesta en lo que se refiere a la reforma
de la educación secundaria obligatoria, al equilibrio entre
comprensividad y diversidad y en la formación profesional, así como
en una dirección que no nos parece que sea la apropiada en la reforma
que se está planteando en este momento. Porque cuando, desde el
Gobierno de la nación, se nos propone una reforma de las humanidades
no se está teniendo en cuenta aquello en lo que todos hemos estado de
acuerdo, que es el dictamen de la Comisión de Humanidades que
presidió el profesor Díaz Ambrona.
Señorías, el caso que aquí nos ocupa, que es el informe del Consejo
Escolar del Estado, tiene la virtualidad de señalar aquellas
disfunciones que se producen en la situación del sistema educativo en
España, pero también nos alerta de la situación de futuro, y en ella
también nos alerta sobre la imprescindible situación que se refiere a
la financiación. Advierte sobre cómo en nuestro país han descendido
en un 0,10 por ciento los recursos dedicados a la educación, cómo
todavía estamos 20 décimas por debajo del gasto medio en educación en
la OCDE, y también señala que cualquier reforma que implique mejora
en la calidad de la educación necesita la financiación adecuada. En
estos aspectos especialmente relevantes incide el informe del Consejo
Escolar del Estado y deben ser tenidos en cuenta por todas las
administraciones educativas, pero aquí nos importa muy especialmente
que el Gobierno de la nación, que
se propone impulsar tanto la reforma de la LODE como de la Logse, los
tenga especialmente en consideración. Ello, señorías, lleva al Grupo
Parlamentario Socialista a exigir, en lo que se refiere al Consejo
Escolar del Estado, el respeto institucional; el respeto a una
institución de prestigio, pero sobre todo el que debe de haber entre
instituciones que en el caso del Gobierno y del Consejo Escolar del
Estado se refiere a la educación. Y en ese respeto institucional
nosotros queremos llamar la atención sobre una cuestión que también
recoge el informe.
Es incomprensible que se reformen aspectos fundamentales de la Logse,
que ha sido informada por el Consejo Escolar del Estado, y que se
haga por procedimientos no adecuados, al menos a juicio del Grupo
Parlamentario Socialista y del propio Consejo Escolar del Estado, sin
haber pedido ni siquiera dictamen al propio Consejo; me estoy
refiriendo a la reforma de la Logse, en lo relativo a la formación
profesional por la vía de la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos. Los dictámenes del Consejo Escolar del Estado no son
vinculantes, pero el respeto institucional exige que se pida ese
dictamen, y para nosotros esa es una cuestión esencial.
Indudablemente, este curso es especial, en el cual la educación ya ha
sido transferida a todas las comunidades autónomas, que han
planificado su gestión completamente por primera vez. Ello hace
necesario que algunas cuestiones de funcionamiento deban cambiar, e
indudablemente también debe hacerlo la propia estructura del Consejo
Escolar. Así lo pensaba esta Comisión de Educación en noviembre del
año pasado, cuando aprobó una proposición no de ley instando al
Gobierno a que presentase un proyecto de ley para la reforma del
propio Consejo Escolar del Estado adaptándolo a la nueva situación
educativa, a la nueva situación de gestión plena por parte de las
comunidades autónomas y sobre todo que recogiese la necesaria
coordinación entre el Consejo y la conferencia sectorial de
educación. Sin embargo, a día de hoy, todavía no se ha presentado
este proyecto de ley en la Cámara.
Para nosotros, el informe del Consejo Escolar del Estado goza no sólo
del respeto que tiene por provenir de él y por el rigor que le
caracteriza, además de por el valor de aproximación a la situación
del sistema educativo en España, sino que además es imprescindible
que se tenga en cuenta en el período que el Gobierno de la nación ha
abierto de reformas en profundidad de las grandes leyes educativas,
precisamente porque el informe del Consejo Escolar alerta sobre
algunos anuncios de esas reformas, que no serían las más adecuadas
para la mejora del sistema educativo ni para su equidad, ni para su
modernización.
El señor PRESIDENTE: Los grupos parlamentarios que lo deseen pueden
pedir la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Como representante del Bloque
Nacionalista Galego me gustaría comentar y pedir la opinión, aunque
muchas veces no pueda ser una opinión colegiada, del señor presidente
del Consejo Escolar sobre algunos temas que el informe trata.
En primer lugar, hay que alabar que, cuando se realizó el informe, en
pleno debate o batalla sobre la necesidad de la reforma de las
humanidades, en cierta medida, el Consejo Escolar reconozca que estas
materias no son precisamente las que estaban más necesitadas de un
debate de carácter colectivo en cuanto a los resultados de la
evaluación del sistema educativo. Es más cierto que, por ejemplo, la
enseñanza de las matemáticas, o incluso la capacidad competencial que
se adquiere a lo largo del sistema educativo obligatorio en materias
como el dominio de un idioma extranjero es mucho más preocupante, por
no hablar de la total falta de una adecuación del sistema educativo
en algunos territorios del Estado a su realidad lingüística y
cultural, como después demostraré. Por tanto, si el Consejo Escolar
del Estado advierte que en todo caso se hizo un uso político del
problema, habría que plantearse quién lo hizo, con qué finalidad y
con qué objetivos, porque, desde nuestro punto de vista, no fue
negativo el debate social organizado que dio pie a que se viese que
en estos temas, sobre todo en el de la enseñanza de la historia, hay
una diversidad de perspectivas y un pluralismo interpretativo,
afortunadamente, para bien de la ciencia histórica, que no se puede
reducir a un problema dogmático de carácter confesional, y esperemos
que no se convierta en eso, porque lo fundamental en este caso es la
coherencia, la diversidad y que la libertad de cátedra funcione con
la fundamentación debida en términos de conocimiento, de información
y de debate.
En segundo lugar, queremos señalar que el informe del Consejo Escolar
es muy interesante, advirtiendo que la enseñanza obligatoria y la
enseñanza en general se debe de concebir como un servicio público,
frente a cualquier otro tipo de teoría que intente convertirlo en
algo infiltrado o condicionado por concepciones competitivas
o neoliberales, como se podría aplicar a cualquier rama de la economía.
En ese aspecto, hay que señalar propuestas fundamentales, como puede
ser la necesidad de que la enseñanza pública haga una oferta de
enseñanza infantil para todo aquel que quiera escolarizar a sus hijos
en edades no obligatorias, cuestión que la red pública hoy no es
capaz de llevar a cabo, o por lo menos no lo hace con la debida
proliferación e incluso con la debida información pública y
capacidad. Yo conozco ciudades en donde los niños no tienen la
facilidad de poder acceder a un puesto en la enseñanza infantil
pública, mientras que se están promoviendo ayudas de carácter oficial
a centros de enseñanza infantil de carácter privado. Esto afecta a la
enseñanza, privilegiando la enseñanza concertada de carácter privado.
Igual de interesante es ver los datos del informe escolar en
relación con el aumento del número de centros privados concertados y
no concertados, lo cual llama la atención en un momento de crisis
demográfica del sistema educativo. Muchas veces hay plazas escolares
en la enseñanza pública que tienen que ser amortizadas, cuando
prácticamente a 500 ó 600 metros el colegio privado de turno aumenta
considerablemente, sobre todo en los centros urbanos. Esto se deriva
de una política por lo menos no acertada desde el punto de vista de
la Administración pública, que debía de velar fundamentalmente por
utilizar sus infraestructuras, su profesorado y sus medios en la
oferta educativa.
En tercer lugar -y aquí es donde tengo que ser especialmente crítico-
esta bien que el informe sea, en ocasiones, puramente descriptivo y
no evaluativo. Pero es curioso que, al leerse la parte descriptiva,
tiene claras connotaciones evaluadoras y, a mi modo de ver, falsas.
No entiendo cómo se puede poner en un informe escolar una frase o un
párrafo como éste. Al margen del estudio de dicha materia, de la
lengua y literatura castellanas, no existe una política específica en
defensa del castellano dentro del sistema educativo sin que puedan
ser consideradas como tales los diversos programas y actividades
educativas que se desarrollan en castellano en los centros docentes:
actividades de fomento de la lectura, actividades literarias,
teatrales, concursos, actividades que, sin duda, inciden
favorablemente en el uso y conocimiento de la lengua castellana, pero
que no suponen un programa específico de apoyo a la lengua.
Yo tengo que significarle que no hay programa específico de apoyo a
las lenguas que no sean la castellana ni siquiera en sus territorios.
Pero, de forma indicativa -y por restringirme exclusivamente al caso
de Galicia, que es el que conozco específicamente-, llama la atención
que en el informe del Consejo Escolar se haga una pura descripción
legal de la situación, que no tiene en cuenta que entre la legalidad
(lo administrativo, lo burocrático y la realidad) hay un amplio
margen no de discreción, sino de discrepancia y de contradicción. Yo
le puede asegurar que de todos los decretos que hablan aquí de la
enseñanza en lengua gallega no se cumple ninguno para el territorio
de Galicia; ninguno. Es alarmante la situación. Yo tengo un hijo de
tres años, lo quiero escolarizar en lengua gallega y, aun con la
voluntad de los padres, no tengo un solo centro de educación infantil
donde hacerlo en una ciudad como Ferrol; insisto, aun con la voluntad
expresa y específica de los padres. Los profesores acceden a la
docencia sin competencia lingüística de tipo alguno; no se controla
para nada, es un puro bluff, pero ni siquiera desde el punto de vista
marginal, ni siquiera en un tanto por ciento minoritario.
Por supuesto, en las dos teóricas asignaturas de la enseñanza
secundaria no se cumplen tampoco estosdecretos, por lo cual, es
curioso que en ese apartado no
haya tipo alguno de evaluación crítica ni de propuesta cuando se hace
una observación sobre el castellano realmente curiosa, porque el
castellano es un idioma que tiene la defensa contundente de la
oficialidad de la lengua del Estado, del sistema educativo que, desde
luego, como no se corrija con clara voluntad de rectificar y de que
exista algo, por lo menos parcialmente (en el caso de Galicia, en
lengua gallega), es preponderantemente la enseñanza vehicular en
lengua castellana, sin tener incluso en cuenta la lengua ambiental o
materna de los niños, como dicen los oficialistas.
En todos estos aspectos, desde luego, echo en falta otro tipo de
informe, o bien suprimir esta cuestión puramente burocrática que no
corresponde a la realidad de los hechos. Sé que es un asunto que
puede resultar conflictivo, pero, de tratarlo, el mejor hacerlo con
un sentido -vuelvo a repetir- próximo a la realidad de los hechos y
no de modo puramente idealista o incluso pensando que estamos en el
mejor de los mundos posibles, cuando prácticamente se está haciendo
desde el propio sistema educativo una asimilación lingüística brutal,
por lo menos, en algunos casos, como el de Galicia. Funciona como en
el mejor de los tiempos.
En relación con el profesorado, que es otro de los bloques del
informe, está bien que se proponga la equiparación retributiva de los
profesores de enseñanza privada y pública. De todas maneras, son
previas a eso algunas cuestiones fundamentales, por ejemplo, lograr
la equiparación del profesorado de todo el ciclo educativo, desde la
primaria hasta el bachillerato con una titulación homóloga, es decir,
que la propuesta que se hace de convertir las diplomaturas de
magisterio en licenciaturas es, en mi opinión, fundamental para la
cohesión del sistema educativo y para acabar con muchos problemas de
discriminación e incluso de incomprensión o de falsas concesiones. Es
falso que un profesor de enseñanza infantil o de enseñanza primaria
tenga que tener una cualificación inferior a la de un profesor de
enseñanza secundaria; tendrá que tener una cualificación, en todo
caso, específica, mucho más centrada en determinados aspectos, pero
sería muy buena para el sistema educativo esta homologación. Igual
que lo sería para la formación del profesorado que, en vez de tantos
cursos burocráticos, extraños al centro, muchas veces disparatados y
sin tener nada que ver con la formación docente, se incentivase la
colaboración en los seminarios de los centros, el espíritu creativo,
el debate e incluso una formación que podía ser ayudada, muchas veces
desde fuera, pero que tuviese el centro como lugar privilegiado,
porque eso contribuiría a una mejor comprensión y a una mayor
participación común del profesorado y también a saber que un
profesorado con una titulación universitaria tiene capacidad por sí
solo para lograr una autoformación y compartir con sus compañeros
muchísimas experiencias e incluso propuestas bibliográficas o de
formación científica e intelectual.
La equiparación, por lo tanto, de los centros públicos y privados,
desde nuestro punto de vista, solamente plantea un problema: si es el
Estado el que va a pagar esta equiparación costosa, lógico sería que
la enseñanza fuese de carácter público estatal. Yo creo que aquí hay
una contradicción brutal de fondo del modelo constitucional que no es
de recibo. La enseñanza privada está bien para quien quiera pagarla
con todas las consecuencias; ahora, si los fondos públicos tienen que
contribuir tan poderosamente incluso a una homogeneización del
profesorado, cabe hacerse la pregunta de si no tendrían que ser
también la Administración pública y el Estado en toda su amplitud los
responsables fundamentales del servicio público con todas las
consecuencias.
Es cierto, como ya se indicó, que en los últimos años las becas y las
ayudas al estudio han disminuido, y falta también una cuestión. Hay
un tema pendiente, que es la adaptación a la realidad social del
Estado español. No son los mismos criterios los que hay que emplear
en el reparto de becas para un hábitat muy disperso o para una
realidad socioeconómica como la gallega o la andaluza, por ejemplo.
Yo creo que todo el mundo reconoce que en Galicia se puede ser
propietario de unas tierras y ser auténticamente miserable; se pueden
tener veinte vacas y no tener capacidad adquisitiva para dar estudio
a los hijos. La ponderación de este tipo de baremos no está
suficientemente bien contemplada en la legalidad general a todo el
Estado español.
Por último, quiero plantearle algunas cuestiones. Cuando se habla de
la devaluación del sistema educativo a todos los niveles, incluido el
profesorado, la teoría está bien, pero en la práctica habría que
saber qué significa devaluación y qué objetivos tiene. En el sistema
obligatorio no es posible hacer una evaluación de carácter
competitivo, porque muchas veces la realidad de los resultados no
solamente hay que medirla por los condicionantes sociales y
económicos del alumnado, sino que hay que ver también cuáles son los
objetivos que se persiguen. A lo mejor, un muchacho o una muchacha
tarda tiempo en dominar determinado tipo de habilidades científicas,
pero, si no a los 14 años, a los 16 puede lograrlo; habría que
contemplar también la posibilidad no tanto puntual y rigurosa de que
se cumplan determinados objetivos a cierta edad y con determinadas
circunstancias, sino en un período de tiempo mucho más amplio. A
veces, la formación del alumnado excede los propios conocimientos
informativos; también habría que valorarlo. Y muchas veces el
profesor también depende de los objetivos que tenga la sociedad a la
hora de ser contemplado críticamente. Muchas veces, los padres
prefieren que a los niños se les enseñe a leer cuanto antes y no
pueden comprender que a lo mejor es preferible tardar un poco más y
hacerlo de una forma psicológicamente mucho más adecuada. En fin, es
una materia bastante compleja y sería bueno ser laxos en ese sentido
en toda la enseñanza obligatoria.
Sí habría que hacer un esfuerzo para que el profesorado cumpliese con
sus horarios laborales, habría que hacer un esfuerzo para que el
profesorado estuviese formado y lo demostrase después en las aulas.
Eso sí vale la pena mucho más que otro tipo de cuestiones.
Celebro que el Consejo Escolar considere que los comedores escolares
y los servicios de transporte deben de estar integrados dentro de la
concepción del sistema educativo como un todo, y que eso a veces
incide en la posibilidad de ofertar una enseñanza de calidad y
competitiva con otro tipo de enseñanzas. Me refiero a la enseñanza
concertada, que es muy notorio que, sobre todo en las ciudades, puede
competir y superar a la enseñanza estatal gracias a contar con estos
medios que, muchas veces, en la enseñanza estatal, fueron retirados
respecto de una situación anterior muchísimo mejor.
Por último, debo decir lo siguiente: la transición laboral del
alumnado del sistema educativo a la integración en el sistema
productivo o económico en general tendría que llevar consigo la
asunción de una cuestión, y es que entre los 16 y los 18 años habría
que establecer alguna enseñanza reglada de carácter profesional que
conllevase que, si no a los 16 sí a los 18 años, todo el mundo
contase con una profesión y que, por lo tanto, la gente estuviese
preparada para ser integrada en el mercado laboral. No sé si el
modelo alemán es bastante más beneficioso que el nuestro en este
aspecto, pero en todo caso es preocupante que entre los 16 y los 18
años haya un terreno propicio a todo tipo de desastres en la
juventud.
Nada más, señor presidente; solamente he de celebrar que teniendo en
cuenta que el Estado español es muy contradictorio y está lleno de
prejuicios y en este momento estamos viviendo un debate que lo
evidencia, este informe del Consejo Escolar, dentro de lo posible,
sea suficientemente ponderado y no exclusivamente gubernativo.
El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria tiene la palabra la señora
Julios.
La señora JULIOS REYES: En primer lugar, agradezco también al
presidente del Consejo Escolar su presencia en esta Comisión y la
exposición que nos ha hecho del informe correspondiente al año 1997 y
1998.
Intentando ser breve, no me voy a detener, como es lógico, en los
apartados que componen el informe, aunque sí debo resaltar que
entendemos de gran importancia su contenido. Nos sumamos también a
algún comentario hecho por otro grupo parlamentario no sobre el
contenido, la cantidad, sino sobre la calidad en cuanto al prestigio
que dicha institución ha ido adquiriendo.
Muchos de los aspectos que se plantean en el informe relativos a la
necesidad de afrontar reformas en el aspecto legislativo, que nuestro
grupo comparte, y a la necesidad de poner cada vez más énfasis en que
el sector
educativo sea capaz de integrar la interculturalidad que se está
dando en muchos territorios en general y en concreto en nuestra
comunidad autónoma, por efectos como el de la inmigración, que
nosotros vivimos muy cercanamente, hay que abordarlos. También
compartimos muchos otros aspectos, y resalto, por ejemplo, la
necesidad de seguir enfatizando la proyección de una correcta
financiación del sistema educativo, el compromiso de las
administraciones en general y no sólo de las autonómicas. Quiero
resaltar la importancia que tiene el compromiso de la Administración
del Estado, máxime si continuamos avanzando en aspectos de calidad
del sistema educativo, que a nadie se le escapa que tendrán que venir
acompañados de financiación, por el papel que juega el sector
educativo en los presupuestos de las comunidades autónomas y del
Estado. Estamos convencidos de que si realmente todos estamos
apostando por que el sistema educativo sea un pilar importante del
Estado del bienestar, tenemos que apostar por que éste sea capaz de
ir evolucionando y de ir interactuando con la sociedad y con las
diferentes realidades que en ésta se van dando. Pero también es
necesario que, como las dos caras de una moneda, este sistema
educativo vaya adquiriendo la suficiente estabilidad para que los
cambios se den de forma no traumática y puedan garantizar una
continuidad en el avance de la calidad. Nosotros entendemos que para
que esta evolución estable, por así decirlo -si vale la
contradicción-, se dé de una forma adecuada, es imprescindible que,
además de un compromiso político, haya un compromiso de todos los
agentes sociales que intervienen en la educación. Ayuda a que esta
situación se vaya dando así el que el papel del Consejo Escolar siga
siendo importante a la hora de propiciar cualquier reforma dentro del
sistema educativo. En ese sentido, esperamos que en las propuestas
que se hagan por los grupos parlamentarios, pero sobre todo por parte
del Gobierno y del Ministerio, para llevar a cabo el gran abanico de
cambios legislativos que se tienen que dar a lo largo de esta
legislatura, y que como es lógico serán debatidos en esta Comisión,
se tenga muy en cuenta la opinión del Consejo Escolar.
Quisiera hacer un comentario sobre algo que también se ha mencionado
ya por otros grupos parlamentarios. Desde Coalición Canaria nos
parece que si bien desde el año 1996 se viene hablando de la
necesidad de cambiar la composición del Consejo Escolar, hoy por hoy
eso ya es una necesidad quizás más urgente, en la medida en que se ha
culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas de
lo que es la gestión del mundo educativo. Al igual que -y bien lo ha
dicho el propio presidente en su exposición- el papel de la Comisión
sectorial de educación cada vez debe ser mayor como elemento
vertebrador del sistema educativo, paralelamente, y no sólo en los
aspectos institucionales sino en lo que son los órganos de
participación,tiene que haber también una reforma en la composición
del Consejo Escolar del Estado, para que el órgano máximo de
participación del sistema educativo represente también las opiniones
de los distintos sectores implicados en el ámbito educativo en los
diferentes territorios del Estado español. En las VII jornadas de
encuentros de consejos escolares autonómicos y del Estado ya se
planteó un monográfico en este sentido; posteriormente, en las IX
jornadas que se celebraron en el curso escolar 1997-98, en Lanzarote,
se reafirmó -y así se le hizo saber a la ministra en su momento- la
necesidad de que se creara una comisión que, dentro del ámbito de la
Comisión sectorial, empezara a abordar específicamente la necesaria
reforma de la composición del Consejo interterritorial. En su
momento, el ministro anterior, el señor Rajoy, también lo entendía
así, viendo que en ese ámbito podían participar las diversas
consejerías de las comunidades autónomas en la reforma de este
organismo. A su vez, esto ya se le ha planteado al nuevo gabinete
ministerial.
Para concluir, quiero reiterar el agradecimiento por su presencia y
su exposición y me gustaría que nos comentara, si fuera posible, su
opinión al respecto y qué noticias tenemos sobre si se va a afrontar
próximamente, en esta legislatura, la reforma de la composición del
Consejo Escolar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenos días. Voy a ser muy breve.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida quiero agradecer al presidente del Consejo Escolar
del Estado su comparecencia en esta Comisión.
Para no ser exhaustiva y para no repetir los argumentos, expondré
alguna de las preocupaciones que tenemos en Izquierda Unida. Como no
he podido seguir el conjunto de la intervención del señor Mayorga
-pido disculpas por ello-, vuelvo a disculparme de antemano por si
cito alguna cuestión que él nos haya aclarado previamente.
A mí me parece que opinar así, a renglón seguido, sobre un informe
tan denso y tan complejo es un tanto prematuro, por tanto me voy a
reservar la opinión definitiva para lo cuando conozca bien. No
obstante, hay algunas cuestiones que pienso que deberían ser una
preocupación compartida y voy a suscitar en la Comisión algunos temas
que han surgido al hilo de su intervención o al menos manifestaré la
inquietud y la preocupación por ellos.
Estamos en una situación en la que, como todo el mundo sabe, la
gratuidad en los ciclos obligatorios no acaba de ser efectiva, no se
sabe por qué. El Partido Popular, en concreto el señor Aznar, la
ofertó en el año 1996, pero seguimos sin hacerla posible. Hasta ahora
solamente existe una política de becas, que, todos lo sabemos,
son claramente insuficientes. Desde luego, ese es uno de los
anhelos y una de las necesidades del conjunto de los ciudadanos y,
por supuesto, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Hablar de indicadores de calidad en la enseñanza es un poco difícil
cuando no se ha desarrollado la Logse por falta de financiación. No
sé hasta qué punto se puede hablar de calidad sin que todos los
centros de secundaria estén funcionando o sin que los centros de
infantil y primaria estén adaptados y cuando, diez años después de la
entrada en vigor de la Logse, no tenemos todavía garantizada la
educación infantil, de los tres a los seis años, para todos los
niños.
Lo que más me llama la atención del informe, y es una preocupación
que quiero compartir con SS.SS., es por qué precisamente en el
informe del Consejo Escolar, con todo lo que significa, se pone más
énfasis en la especialización que en la formación integral de los
niños y de las niñas. He escuchado muchísima información que tiene
que ver con la especialización, y creo que el primer objetivo de la
educación no es formar fontaneros, ni ingenieros, ni médicas, ni
cocineras, sino formar seres humanos, y potenciar valores. Ahora
estamos en un debate sobre las humanidades, un debate muy abstracto,
que no se sabe muy bien a dónde nos conduce en realidad, pero ¿qué
hay de la formación integral de los seres humanos? ¿Qué hay de la
potenciación de esos valores que convierten a los niños en seres
humanos, como son la convivencia democrática, el respeto a la
diferencia y a la pluralidad, la solidaridad y la realidad
multicultural? Me gustaría que las cosas fueran un poco más por ahí,
porque creo que en esa formación integral de los seres humanos y en
la potenciación de esos valores reside el futuro de la humanidad. La
escuela tiene ese primer objetivo de formar seres humanos. Por eso
quiero manifestar nuestra preocupación por ese interés tremendo por
la especialización.
En segundo lugar, haré una observación más que tiene que ver con la
integración de la inmigración. No se consigue por matricular alumnos
en las escuelas sino poniendo en marcha planes que tengan que ver con
una verdadera voluntad política integradora relacionada con toda la
realidad del niño o de la niña que estamos integrando. Hasta ahora,
la integración que yo conozco a través de mi modesta experiencia como
concejala en el Ayuntamiento de Madrid está muy alejada de esos
parámetros de integración integral, valga la redundancia.
No sé si en el informe se recoge, pero en el tiempo que he tenido la
oportunidad de escucharle atentamente veo que no se plantea con
coraje y con el sentido de la oportunidad que requiere el momento el
nuevo reto que nos plantea la escuela multicultural. Y tenemos que
planteárnoslo con rigor y con seriedad. Por ejemplo, voy a hablar de
la asignatura de religión. No es por ponernos pesados con la
religión, ya que todo el mundosabe aquí lo que opinamos, pero es un
poco difícil que
sea una asignatura obligatoria cuando estamos viviendo en una
sociedad multicultural y por lo tanto en una escuela multicultural,
donde hay niños judíos, niños árabes, niños católicos... Me hubiera
gustado que estas cuestiones se recogieran en el informe. Espero que
sea así, pero no quería perder la oportunidad de plantearlo.
Como comparto bastante los discursos que me han precedido,
particularmente el del compañero del BNG, sólo quiero agradecerle de
nuevo, en nombre de mi grupo parlamentario su presencia en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Mayorga, por su
intervención y por habernos presentado en esta Comisión el último
informe del Consejo Escolar. De entrada, no sólo hay que felicitar el
Consejo Escolar por la calidad y el rigor con que está planteado el
informe, sino que desde mi grupo, aunque hacer porcentajes siempre es
peligroso, compartimos en un altísimo tanto por ciento esos párrafos
en fondo gris, que es donde realmente el Consejo Escolar manifiesta
sus opiniones. Y no sólo cada una de las propuestas o afirmaciones
concretas que se hacen -muchas de ellas muy críticas, delicadamente
críticas pero críticas al fin y por tanto con un punto de
independencia, lo cual dice mucho del prestigio del Consejo Escolar-
sino el fondo que tiene detrás, una constante llamada a la equidad en
el sistema educativo; una constante llamada a la preservación de la
salud del sistema educativo público; una constante llamada a la
responsabilidad, tanto por parte de las administraciones como de los
propios actores en el sistema educativo, de lo que es el papel de la
educación privada concertada, que sin duda lo tiene, y en el caso
catalán particularmente importante. Una llamada a su sentido de
responsabilidad y al de los actores públicos -los políticos, por
decirlo claramente- en la medida en que está financiado también por
el sistema público y por tanto ellos también han de formar parte de
esa equidad. Todo eso, que podría llevarnos a hacer un gran discurso
que reiteraría en buena medida las afirmaciones que se contienen en
ese informe, lo compartimos totalmente desde mi grupo. Estaba tentado
a leer algún párrafo específico, por ejemplo, el que habla del ámbito
de los concertados, de la selección, la no selección. También, en el
inicio, bajo la apariencia de una enseñanza comprensiva se oculta la
realidad de los centros selectivos, tanto en el sector público como
en el privado, que van eligiendo sus alumnos a lo largo del proceso
educativo, frente a otros que tienen que atender, a veces sin medios
adecuados, a todo tipo de alumnos y que paulatinamente van siendo
marginados o segregados. Son afirmaciones fuertes y duras que como
tales recibimos y que creo que es muy muy positivo que sean
planteadas.
Yo me voy a limitar a subrayar algunos puntos concretos más que a
formular preguntas y a destacar algunas cuestiones que me parece
importante sacar a la luz, más allá de lo que es la filosofía de
fondo. En primer lugar, entenderá que, desde la sensibilidad de mi
grupo político, me felicite y felicite al Consejo Escolar por la
importancia que atribuye a las otras lenguas oficiales distintas del
castellano. Aquí la gente se acuerda de Santa Bárbara sólo cuando
truena y quien quiere hacer brillar aquellas partes del informe del
Consejo Escolar que más le gustan y que otras puedan pasar
desapercibidas. Es muy importante indicar -usted lo ha dicho y yo lo
quiero reiterar, porque evidentemente hacemos propia esa afirmación-,
la necesidad de que las propias escuelas oficiales de idiomas
incluyan en sus currículos, en su oferta educativa, la posibilidad de
enseñar idiomas españoles -y subrayo esa palabra- distintos de la
lengua castellana, para corregir esa situación absurda y kafkiana que
se produce en este momento en la que es más fácil aprender catalán en
París, en Cambridge, en Boston, en Nueva York o en Washington que en
Madrid y no digamos ya que en Sevilla. Esa situación ridícula,
absolutamente ridícula, y fruto de un prejuicio político que lo único
que hace es crear en España separadores, que son los que alimentan a
los separatistas, es algo que se tiene que corregir y, evidentemente,
entre otros frentes, se corrige en el plano educativo. En esa misma
línea, también felicito al Consejo Escolar porque proponga y diga en
voz alta que sería oportuno hacer algo que cuando otros lo han
propuesto ha parecido lo que se suele llamar una boutade; pero,
¡hombre, usted qué dice!, ¿cómo puede decir esa barbaridad? Sin
embargo, el Consejo Escolar lo dice y lo dice con toda la autoridad.
El Consejo Escolar del Estado recomienda a las diferentes
administraciones educativas que se incorpore en los diferentes
currículos escolares la posibilidad de ofertar la enseñanza de los
diferentes idiomas cooficiales con el castellano y hay que entender
que se está refiriendo a aquellos lugares donde no son propiamente
oficiales. Lo digo por si alguien no lo tiene suficientemente claro.
Eso no es una especie de iluminación que se puede lanzar un buen día;
eso es algo que contribuiría a la comprensión entre los distintos
pueblos de España, al conocimiento entre los distintos pueblos de
España y a saber que hay gente que piensa, reza y ama en otros
idiomas distintos del castellano. Por tanto, quiero felicitar al
Consejo Escolar porque eso lo ha dicho con todas las letras.
También comparto la denuncia que se hace de la utilización política
del debate de las humanidades. Yo no sé si alguien puede hacer de esa
expresión o de ese párrafo una lectura inversa a la que yo lo hago.
Yo hago la que hago y la hago propia. Yo denuncio en los mismos
términos en que lo hace el Consejo Escolar en su informe la
utilización política del debate de las humanidades, la necesidad de
que eso se reforme, la matización de esa valoración dramática que se
ha hecho.
Y también aquí querría destacar del conjunto de este amplísimo
informe esas palabras. Es cierto que era necesaria una revisión de
esas enseñanzas como lo es de las demás. Y no sólo en el nivel de la
ESO, incluso en evaluaciones como las del INCE no son las materias
denominadas humanísticas las que ofrecen resultados más preocupantes,
dice el Consejo Escolar. Por tanto, bienvenida sea la reforma de las
humanidades, pero no a su utilización política, no a convertirlo en
un arma para satisfacer al propio electorado en sus más bajas
pasiones en algunos casos y no a una dramatización de la situación
que no se corresponde con la realidad. Efectivamente hay que
reforzarlo, como también hay que reforzar otros frentes. Por tanto,
en este aspecto, mi grupo no puede más que felicitarse por el
contenido de este informe.
Hay unas referencias en el informe, que vienen muy al caso por el
debate que hubo ayer en el Pleno de la Cámara, sobre la situación del
alumnado inmigrante y gitano. Ayer mi grupo se opuso, y así lo
defendí yo mismo, a una propuesta de moción del Grupo Parlamentario
Socialista que pretendía afrontar este problema, cuya existencia
reconocemos, desde la mera implantación de medidas desde el
Ministerio de Educación, en lo que suponía a nuestro juicio, y a
juicio de la mayoría de la Cámara según se vio, una infracción del
actual reparto de competencias. Dicho eso, nosotros compartíamos, y
seguimos haciéndolo, la preocupación sobre la situación del alumnado
inmigrante y gitano, que no es la misma en todas las partes del
territorio del Estado, ni siquiera en todas las ciudades, en todos
los núcleos urbanos, pero que evidentemente ahí esta. Sin duda, hay
muchas medidas que tomar, algunas también desde la Administración
general del Estado, que no será dictar cupos ni medidas concretas a
los centros educativos, porque eso corresponde a las comunidades
autónomas, pero sí, por ejemplo, y ayer yo mismo lo apuntaba, medidas
de concienciación para el conjunto de la sociedad española sobre este
problema. Ahí sí que lo puede hacer el Ministerio de Educación,
puesto que muchas veces el rechazo no se deriva de un defecto de la
normativa actual, sino de un simple problema de rechazo -simple,
entre comillas-, gravísimo problema, rechazo por parte de los padres
implicados en esos casos. De quienes forman la comunidad educativa,
pero básicamente de los padres. Quería en esto hacer propia la
preocupación que manifiesta el Consejo Escolar y decir que nos parece
que efectivamente hay que seguir avanzando, en el marco de
competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para
tomar las medidas que en su marco puede tomar y que complementen
aquéllas que ya están tomando algunas comunidades autónomas o las que
deberían tomar otras en el marco de sus competencias.
Nos parece asimismo muy oportuna la referencia que se hace a la
necesidad de una revalorización social del profesorado. Eso es parte
del discurso que mi grupo
parlamentario lleva haciendo con cierta insistencia. Es necesario
prestigiar más -y no porque lo necesiten ellos- al profesorado desde
el punto de la sociedad, hay que revalorizar socialmente mucho más al
profesorado. Y aquí sí haría una pregunta concreta. En el informe se
denuncia que existen graves dificultades -y se mezcla precisamente
con el tema de la revalorización social del profesorado, muy
particularmente en la perspectiva económica de su remuneración- para
la movilidad del profesorado. Yo ahí suspendo el juicio, pero le
pediría que me lo aclare, si puede en este momento y si no
haciéndonos llegar la documentación oportuna, porque no lo he visto
suficientemente fundada en este informe. Es una afirmación
suficientemente grave o seria como para que no se fundamente en más
datos de los que aquí aparecen. Si es así, tomaremos buena nota, pero
en este momento a mí no me consta que tenga el índice de gravedad que
aquí aparece lo que es la movilidad del profesorado en el conjunto
del territorio del Estado. Puede que sea así y querría conocerlo con
más detalle.
He leído con gran interés todo lo que hace referencia a la educación
en el exterior, donde efectivamente sí estamos al cien por cien en
competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y parece
deducirse -porque además aparece en distintos sitios en ese informe,
que a veces reitera las mismas afirmaciones desde perspectivas
distintas, lo cual está bien, porque permite que las que realmente
parecen importantes no pasen desapercibidas-, parece quedar claro que
fundamentalmente en lo que hace referencia a lo que es la acción
educativa en el exterior, por llamarlo de manera más formal, lo que
ocurre es que es un caos normativo. Aquí se dice de forma más clara,
pero básicamente lo que parece deducirse es que hay un enorme caos
normativo; laguna en un caso y caos en otro. Por un lado se está
llamando a la urgente elaboración del reglamento orgánico de los
centros y por otro lado se está exigiendo, con urgencia también, la
definición de los marcos en los que se tiene que mover la acción
educativa en el exterior. Parece que aquello es un caos, es una
especie de casa sin amo donde prácticamente cada centro está
funcionando un poco a su aire y en función de los estímulos que su
propia dirección establece. Tomo buena nota de eso. No descarto
incluso iniciativas en este sentido, pero le agradezco al Consejo
Escolar que haya sacado a la luz esta realidad, porque efectivamente
es algo que tiene su importancia en el conjunto del sistema educativo
español. Evidentemente hay problemas mucho más graves, pero en el
conjunto de las competencias educativas del Ministerio de Educación
ya no tanto, porque, repito, esto sí es cien por cien competencia del
Ministerio de Educación. Aquí sí que no hay riesgo de que se
interfiera en las competencias de ejecución o de elaboración, en
algunos casos, de las comunidades autónomas.
Finalmente, comparto -y es un tema que habría que debatir con más
calma-, como línea de principio, y con eso querría terminar, esa
llamada a la posibilidad de la reconversión del magisterio de
licenciatura en diplomatura. Creo que es un tema que habrá que
reexaminar en esta Comisión, que habrá que verlo, pero de entrada me
parece una propuesta que tiene todo su sentido, muy particularmente
en el marco de lo que es el actual esquema de las licenciaturas
universitarias, y no tanto en los términos de que hay licenciaturas
de cuatro años, porque los años ya no son lo principal. Estamos
hablando de un conjunto de créditos, con más créditos o menos
créditos, y lo de menos, hasta cierto punto, son los años en que esos
créditos se desarrollan. Con ese planteamiento de fondo, mantener el
magisterio como diplomatura en este momento tiene poco sentido. Esta
es una afirmación muy específica y muy concreta que sí querría hacer
mía.
Con todo esto, quiero reiterar mi felicitación al rigor con el que
este informe está elaborado, así como a su propia intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular quiero dar la bienvenida al señor Mayorga,
presidente del Consejo Escolar del Estado, y felicitarle por la
objetividad con que ha hecho la exposición del informe del Consejo
Escolar del Estado. Creo que es un ejemplo de cómo se debe hacer un
informe independientemente de grupos o ideologías.
En la referencia que ha hecho el presidente y en el informe hay
calidad educativa. Es indudable que tenemos que mejorar la calidad
educativa y esto tanto el Grupo Popular como los titulares del
actualmente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lo han
reiterado en todas las comparecencias en esta Comisión y en el Pleno.
Eso no significa, en absoluto, que no haya partes que son positivas.
Entre ellas -y quiero salir al paso de algunas manifestaciones que no
he entendido-, que lleguemos a la gratuidad. La gratuidad está. La
gratuidad está, entre seis y dieciséis años, total y absolutamente
conseguida. Quiero decir también, aparte de que se ha dicho en el
informe y en otras intervenciones, que en educación infantil, entre
tres y seis años, aunque no es obligatoria, en estos momentos, no en
el informe de 1997-1998, está escolarizado el 93 por ciento, y si no
está escolarizado al cien por cien, especialmente en los tres años
-sí lo está de cuatro a seis-, es porque los padres, y hay que
respetar esa libertad, no lo desean, y habrá que hacer un esfuerzo
para llegar al 99 ó al cien por cien.
En la intervención del presidente y en el informe hay algunas cosas
con las que estamos de acuerdo pero que se han mejorado enormemente
en estos últimos años.
Para no extenderme demasiado, me voy a referir sólo a dos temas: la
financiación y la ratio profesor/alumno. En la financiación se han
hecho unos avances considerables. Hay que seguir haciéndolo y ahora,
en gran parte, van a corresponder a las comunidades autónomas, ya que
éste es el primer curso en el que todas las comunidades autónomas
tienen plena competencia y cuando éstas aprueben los presupuestos del
2001 veremos el porcentaje de aumento que quieren dedicar a
educación. Yo querría decir, para que quedara en el «Diario de
Sesiones» y para que lo conocieran todos los grupos, porque a lo
mejor lo ignoran, que la evolución del gasto público en educación, el
gasto constante, deduciendo la inflación al gasto corriente, debería
haber aumentado mucho antes, desde que se aprobó la Logse y no hubo
una ley de financiación. Así, por ejemplo, en el año 1992-1993, el
gasto constante es del 1,6; en 1993-1994, es de menos 2,1. Esto es
algo para pensar. En 1994-1995, hubo un aumento constante del 2,1.
Reitero lo de constante porque en los años 1993-1994, que tanto nos
sorprende, hubo un aumento corriente del 2,6, pero debido a la
inflación fue menos 2,1. En 1995-1996, -y en l996 lo propone el Grupo
Popular- hubo un aumento constante del 2,7; en 1997-1998, 4,2; 1998-
1999, 3,6; y 1999-2000, 4,1. Señorías, vuelvo a reiterar que esto no
es suficiente, pero quiero señalar que especialmente en los últimos
tres presupuestos es cuando más porcentaje se ha destinado a la
educación en nuestro país. A la educación pública y a la educación
concertada. Insisto en que este grupo contempla la educación pública
como algo fundamental y la educación concertada como parte de la
pública y también fundamental, y nuestro grupo propondrá todos los
aumentos que sean posibles.
Por lo que respecta a la ratio, quiero señalar lo que se indica en la
página 48, donde se dan las de las diferentes comunidades -no voy
leerlas, puesto que las tienen todas SS.SS.-. Dice, después de los
cuadros: De lo anterior se desprende que la relación de alumnos por
aula se encuentra con carácter general dentro de las previsiones
establecidas en la Logse, si bien en determinadas comunidades
autónomas esta relación supera los límites establecidos en dicha ley.
Curioso. No quiero señalar ninguna comunidad, pero algunas de ellas
llevan muchos años con plena competencia educativa y gobernadas por
el Partido Socialista.
Quiero resaltar de la exposición del presidente del Consejo Escolar
del Estado que hace una valoración positiva del informe del INCE, en
el cual se dice que es urgente la revisión. No solamente de las
enseñanzas de humanidades. Por ejemplo, una cuestión que nos ha
preocupado siempre, que la hemos expuesto y que la han expuesto los
titulares del Departamento de Educación, Cultura y ahora Deportes, es
la enseñanza de las matemáticas. Entendemos que en la ESO se deben
dar más horas de matemáticas, tanto en el primer ciclo como en el
segundo. Eso no quiere decir que propugnemos
un aumento de las horas lectivas, sino que quizá éstas puedan ser
reducidas en otras materias en favor de las matemáticas. Sí está
claro lo relativo a las humanidades. Estamos de acuerdo en no hacer
de las humanidades una batalla política. Quizá en la legislatura
anterior hubo algo de eso, por cambio de posturas de un grupo u otro.
No quiero insistir porque legislatura nueva, vida nueva, pero a ver
si entre todos conseguimos una reforma, que es absolutamente
necesaria, en la línea del dictamen que emitió la comisión presidida
por don Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona. Creo que ese es el camino y
la señora ministra se comprometió a que en brevísimo plazo, antes de
diciembre o enero, estaría listo el decreto, previa consulta con la
mayoría o con todos los grupos parlamentarios.
En cuanto a la enseñanza de idiomas, que también lo señala el
informe, estamos totalmente de acuerdo en que debe aumentarse -en los
dos últimos años ha aumentado enormemente el número de profesores de
idiomas- y en que se debe iniciar en el primer ciclo de primaria, ya
que hasta ahora se daba a partir del segundo ciclo. Quizá, como
utopía -en este mundo hay que tender a ciertas utopías-, podríamos
pretender que se empezara en infantil; pero, en fin, hemos empezado
en el primer ciclo de primaria. Estamos totalmente de acuerdo en que
sería conveniente aumentar el número de escuelas de idiomas -existe
por lo menos una por provincia- y también en que se pudiese aprender
en ellas las diferentes lenguas españolas.
Quiero señalar también lo dicho en el informe sobre la acción de
educación exterior, que efectivamente es competencia del Estado, como
se ha dicho. Ya se dijo en las últimas comparecencias que el
presupuesto de este ejercicio se destinaba fundamentalmente al norte
de África y a los países de Iberoamérica; a Brasil, por citar uno,
donde el español o el castellano va a ser la segunda lengua oficial.
El informe señala en cuanto a participación educativa, y esto es
preocupante, que así como la participación de los profesores y
estudiantes es activa, no lo es la de los padres de alumnos; en uno
de los párrafos dice que son minoritarios. Entre todos tenemos que ir
consiguiendo que haya mayor participación de los padres de los
alumnos en las APA y en los consejos escolares. En educación de
adultos, se propugna una ley especial; es algo a tener en cuenta, es
para pensarlo. Garantía social, aumento de los programas; se han
aumentado a partir de las indicaciones de este informe. Por fin, la
gran preocupación, no achacable solamente a las diferencias
socioeconómicas, de que el 22 por ciento de los alumnos de la ESO
fracasan; es un dato para preocuparnos a todos. No solamente a los
que tuvieron las responsabilidades de gobierno anteriormente, al
partido que las tiene ahora, sino a todos, porque es un dato que está
muy por encima del de los países de la Unión Europea.
He de insistir -y no quiero pasar del tiempo- en que veamos y
estudiemos si el fracaso escolar no es también en parte por las
enseñanzas, exceso de optativas, en cambio a las troncales no se les
da el número de horas lectivas suficientes, etcétera, aunque es
indudable que el nivel sociocultural -y eso ha sido siempre- de la
familia influye. En lo que respecta a becas -asunto que también
señala el informe- quiero decir que en este último presupuesto en
España se ha alcanzado la cifra de 100.000 millones de pesetas para
becas. Esto es un hito, aunque no es suficiente. Ojalá tuviésemos -y
así se señala en todas las documentaciones-, sobre todo en
universitaria, el número de becarios que tienen otros países que es
superior al de España. Seamos también conscientes de que las tasas
universitarias en el extranjero son superiores a las de España para
aquellas familias en las que estas enseñanzas entran dentro de sus
posibilidades de pago, pero esta no es una cuestión en la que haya
que entrar en este momento. Algún día tendremos que tratar el tema
universitario.
Quiero señalar -no está dentro del informe, pero contestando a
algunos comentarios que se han hecho respecto de la formación
profesional- que el tema de la formación profesional es preocupante.
Que en España se vaya reduciendo el número de alumnos que van a
formación profesional y que en cambio -no por la demografía- estemos
en un millón quinientos cincuenta mil universitarios es algo que nos
tiene que hacer pensar, no porque sea malo que haya un millón
quinientos mil universitarios, pero sí es malo el retroceso de la
formación profesional.
Al hilo de algunos comentarios, debo decir que en una ley de
acompañamiento se hizo una reforma urgente en lo que vulgarmente se
llama la pasarela, es decir, que no se tenga que volver en algunas
condiciones, más de dieciocho años, etcétera, a hacer el bachillerato
después del grado medio para pasar a grado superior, pero ello fue
porque hubo una resolución de este Parlamento en el debate del estado
de la nación, resolución que, por cierto, no fue planteada por el
grupo del Gobierno, sino que fue planteada por otro grupo de la
Cámara y fue aprobada por la mayoría de los grupos del Parlamento.
Porque hay algo en lo que no tenemos que engañarnos. La Logse tiene
unas grandes partes positivas y tiene otras que habrá que modificar,
como todo sistema educativo. Por tanto, no hagamos banderías
políticas al respecto. La formación profesional tiene unos problemas
en España y entre ellos que está disminuyendo, cuando en los países
de la Unión Europea está aumentando su número de alumnos. Y uno de
los puntos que señalaban los profesores, en general el mundo
educativo, era que de grado medio para pasar a grado superior había
que hacer los dos años de bachillerato, con lo cual el que o la que
hacía los dos años de bachillerato intentaba ir a la universidad o ya
no volvía al grado superior. Reitero que la formación profesional es
un tema preocupante, en el cual se han adoptado
algunas medidas. Se han destinado por parte del Estado, a través del
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, etcétera, sumas
considerables y creo que iremos por ese camino.
Finalmente, quiero decir que la enseñanza religiosa no es
obligatoria, señora Castro, en España. La enseñanza religiosa es
optativa y el que quiere la sigue y el que no, no la sigue. Nos ha
dado unos datos -y están en el informe- en lo que respecta a la
primaria, a la secundaria, etcétera, de que la gran mayoría elige
esta enseñanza, y no se ha dicho en el informe ni por parte del
presidente enseñanza religiosa católica. No. Enseñanza religiosa. Y
se han concertado centros, por ejemplo, judíos, en Madrid y no hay el
menor problema. Y en eso estamos. Nuestro grupo está, tal como señala
la Constitución -porque la defendemos absolutamente; podríamos
denominarnos Popular-constitucionalistas-, en este camino y ahí se
señala lo que es la realidad.
Termino, señor presidente, agradeciéndole su comparecencia. Estamos
seguros de que algunas de las críticas que se hacen en el 1997-1998
deben mejorar en 1998-1999. Lo digo por los datos que tenemos. Quiero
indicarle que si no nos extendemos más es porque el señor presidente
entiende que debemos terminar.
El señor PRESIDENTE: El presidente del Consejo Escolar del Estado
tiene la posibilidad de responder a las observaciones de los grupos
parlamentarios.
Tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Mayorga
Manrique): Voy a intentar también ser muy breve.
En primer lugar, agradezco muy afectuosamente la cariñosa bienvenida
que he tenido. Yo lo deseaba, lo esperaba y era consciente de que así
sería. Expongo el ofrecimiento del Consejo Escolar del Estado a la
Comisión de Educación para todo aquello que necesiten, no solamente
con relación a un informe anual sino incluso con relación a algún
informe de tipo monográfico.
Hay una serie de consideraciones breves que quiero hacer para centrar
un poco el tema. Primero, comparezco, como es lógico -así lo habían
solicitado SS.SS.-, como presidente de un órgano colegiado. La
portavoz del Partido Socialista ha señalado que es un órgano de
participación complejo, en el que precisamente están representados
todos los estamentos, desde los profesores de la enseñanza pública,
la enseñanza privada, los alumnos, los empresarios; en fin, un mundo
muy complejo. Eso viene a significar que individualmente, incluso el
mismo señor presidente, se pueden tener posiciones distintas de cada
uno de los puntos que aquí se han expuesto; pero yo vengo a exponer
lo que aprobó el órgano colegiado, en el que, repito, están
representados todos. Alguno de los portavoces ha señalado cómo podía
haberse incluido otro tema o haberse suprimido, cosa indudablemente
opinable y muy conveniente.
Cuando he expuesto al principio cómo se elabora el informe me
parece que señalaba que el índice de cuestiones que tienen que quedar
reflejadas en el informe es objeto de estudio por parte de una
ponencia, pasa por la comisión permanente y es aprobado por el pleno.
Es decir, el pleno es el que decide los puntos que van a ser objeto
del informe e indudablemente muchos de los consejeros podrían
considerar que sería más conveniente poner otro que no aparece ahí o
profundizar más en alguno.
Hay una cuestión que no era mi intención que ustedes interpretaran de
esa forma , pero si así lo ha deducido la portavoz del Partido
Socialista le ruego que comprenda que no era así. Dice que el informe
es crítico con relación al Gobierno o a la política del Gobierno. Me
parece que he insistido en muchísimos momentos en que el Consejo
Escolar -y aparece así en todas las consideraciones, en eso que está
sombreado, que es lo que ha sido aprobado- utiliza un determinado
lenguaje. Dice: insta, solicita, pide, lamenta, a todas las
administraciones educativas. Es el informe del Consejo Escolar del
Estado y nosotros en aquel curso, 1997-1998, sabíamos que muchas
administraciones educativas, todas las comunidades que habían
accedido a la autonomía por el artículo 151 eran de signo distinto.
Por eso nosotros no entramos en ningún tipo de valoración sino que
instamos, solicitamos. Es verdad que quizá -y eso ya entra en mi
responsabilidad- he tratado de presentar aquellas cuestiones que se
considera que tienen una gran posibilidad de mejora, puesto que al
fin y al cabo voy a presentar el informe en un sitio donde están
representados los padres de la patria, que pueden modificar
muchísimas de las cuestiones que no están consideradas como
positivas. Sería totalmente absurdo que hubiera hecho una exposición
de las partes positivas que hay, de lo que nos ha agradado; hemos
tratado de incidir en aquellas cuestiones que consideramos que pueden
ser mejorables; para lo que indudablemente SS.SS. tienen posibilidad
de proceder a presentar sus iniciativas parlamentarias.
Con relación a lo indicado por la portavoz del Partido Socialista,
cuando se incide en el fracaso escolar, yo señalaba, hablando de la
calidad, que va tan unido al término de fracaso escolar que era un
término muy amplio, con concepciones muy distintas, donde cada uno
tiene una idea muy diferente de lo que entiende por calidad y por
fracaso escolar. Hay personas que por fracaso escolar entienden
exclusivamente los resultados académicos de un alumno. Indudablemente
es una cosa totalmente falsa. Un éxito escolar puede ser la
integración de una población marginada, haber intentado compensar
deficiencias y carencias de un alumno, y exactamente igual pasa con
el fracaso escolar. Dense cuenta de que la palabra fracaso viene
adjetivada con la palabra escolar, donde hacemos relación a la
institución educativa, que es donde se produce el hecho institucional
de la educación, y ahí influye la organización y funcionamiento
del centro. Por eso el Consejo Escolar toma en consideración y siente
preocupación por la situación de los órganos de gobierno de los
centros, tanto de los unipersonales como de los colegiados.
También hace referencia al problema de los contenidos que se
imparten. Yo señalaba que en el informe aparece la educación
secundaria obligatoria como uno de los puntos más conflictivos. En
muchas ocasiones nace de las enseñanzas que se imparten, de haber
orillado la preocupación por las enseñanzas troncales y de un exceso
de las optativas, que no se pueden impartir; es decir, el término es
muy complejo. A través del informe ponemos en conocimiento a toda la
comunidad educativa lo que vemos negativo y no propiciamos la fórmula
para posibles soluciones, porque escapa de nuestras posibilidades.
Nosotros consideramos, y así aparece en el informe, que en ocasiones
se necesitará un cambio normativo que se tendrá que verificar en
cualquier momento. Dejamos constancia de un hecho, exactamente igual
que hizo el diagnóstico acerca de la situación del sistema educativo,
cuando le dijimos al presidente de aquel entonces lo que encontramos
y lo que hay; nosotros no establecemos ningún tipo de valoración.
El portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha hablado del tema de las
humanidades. Respecto a la educación infantil -no debemos olvidar que
estamos hablando del año 97-98, que ya han pasado dos cursos-, en la
página 32 del informe, donde también aparece la tabla, cuando habla
de las dificultades para encontrar un puesto en la Comunidad Autónoma
de Galicia, en aquel entonces estaba escolarizado en educación
infantil el 95,8 por ciento. Estos datos que no aparecen con letra
negrilla no son valorativos; son los que proporcionan los órganos
correspondientes. Al hilo de lo dicho respecto a la intervención de
la portavoz del Partido Socialista, nos damos cuenta de que ahí hay
una administración totalmente distinta de la central, luego es una
cuestión donde todas las administraciones tienen que coadyuvar para
llevar a cabo la solución de estos problemas.
La portavoz de Coalición Canaria señala una cuestión en la que
estamos todos de acuerdo, que es el compromiso que deben adquirir
todas las administraciones educativas, no sólo a nivel estatal y
autonómico sino incluso a nivel municipal, porque los ayuntamientos
tienen mucho que decir respecto al tema de la educación, no sólo en
atención de escolarización sino en el problema de la financiación y
en el de las inversiones.
Habla también del problema de los consejos escolares. En un consejo
escolar están representados todos los factores cogestores de la
comunidad educativa -ya saben que están los profesores, los alumnos,
la administración educativa, etcétera- y he notado, cuando se habla
del debate acerca de la composición del consejo escolar, que cuando
se manifiestan los alumnos dicen que ellos están poco representados
en el consejo escolar,
que tiene que aumentar su número; si hablan los profesores,
consideran que debe aumentar el número de éstos. ¿Qué hacemos?
¿Llegamos al acuerdo de que para que un órgano colegiado sea
auténticamente eficaz tiene que tener un número reducido o lo abrimos
hasta un mundo sin fin, donde todo puede estar en niveles amplísimos
de participación? De lo que no cabe duda es de que al consejo
escolar, como órgano de participación -y además ya saben SS.SS. las
competencias que tienen los consejos escolares-, no se le ha sacado
el debido provecho. Con relación a propuestas de futuro, no es mi
papel saber cuál va a ser el futuro. Yo sí que conozco, cuando tuvo
lugar la comparecencia de la señora ministra, las propuestas o
modificaciones posibles. Si tiene actualmente el Partido Popular la
responsabilidad de Gobierno, habrá de ver las propuestas de futuro
que presente o bien la señora ministra o bien el Grupo Parlamentario
Popular.
Estoy totalmente de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida en que
muchas veces hay que incidir, más que en la especialización, en la
formación integral, sobre todo en niveles básicos de la educación. No
creo -y es una apreciación muy personal, pero pienso que la mayor
parte de los profesionales de la educación la comparten- en ese
alarmismo social que existe con relación a la educación secundaria
obligatoria, diciendo que es donde existe mayor tasa de fracaso. Yo
soy de los que cree que los pilares de la educación están en la
educación infantil y primaria y que muchas veces el fracaso de la
secundaria nace de que ya se ha generado dicho fracaso en los niveles
anteriores. En esos niveles, donde se forja la personalidad de los
alumnos, es donde hay que acentuar la formación integral. Por eso el
Consejo en su informe se manifiesta acerca de la necesidad de una
formación en valores, que no especifica cuáles son, pero son los que
vienen explicitados en la Declaración de Derechos Humanos y los que
contempla nuestra Constitución cuando habla del respeto a los
derechos que se recogen en la Constitución. Todo el problema del
multiculturalismo o del interculturalismo muchas veces no se
resuelven con unir culturas diferentes sino que hay que tratar de
integrar esas culturas en un nudo de convivencia que constituye el
interculturalismo.
El portavoz de Convergència ha hablado de las lenguas oficiales. Esto
ha sido motivo de preocupación del Consejo, y por eso queda
acentuado, en el sentido de incidir más en el tratamiento de las
lenguas distintas al castellano, además del castellano, en las
escuelas de idiomas, y señalaba una cierta preocupación con relación
a las dificultades de movilidad del profesorado. En cuanto a la
dificultad de movilidad, y me parece que también lo he tocado yo, el
Consejo Escolar se pronuncia a favor de que los concursos de traslado
sean anuales, en el sentido de que propicia la movilidad. Actualmente
hay un concurso de ámbito nacional y otroconcurso a nivel autonómico,
pero todo el mundo opina
que propiciar la movilidad haciendo los concursos anuales sería muy
positivo.
Con relación a los centros, agrupaciones y secciones en el
extranjero, también se constata en el informe del Consejo un hecho al
que hay que poner remedio. Hoy día España tiene muchísimos centros en
el extranjero, no solamente en Europa -donde ya sabe que tiene uno en
Lisboa, en Londres o en Roma- sino incluso en América y África. Lo
que pasa es que el Consejo considera que la legislación por la que se
rige, que es la de los centros del territorio interno, muchas veces
no es aplicable o hay dificultad para que se pueda aplicar en el
extranjero, desde los mismos órganos de gobierno y la constitución
del consejo escolar hasta la misma selección del profesorado y la
permanencia. Somos de los que consideramos en el Consejo que habría
que tener una legislación específica con relación a ello.
En relación a lo que decía el portavoz del Partido Popular respecto a
la financiación y a la ratio, también ahí aparece.
Nada más, señor presidente. Estoy a disposición de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Consejo Escolar
del Estado. Yo creo que esta Comisión ha tomado buena nota de su
amable ofrecimiento para colaborar en todo lo que soliciten los
grupos en un futuro sobre dicho organismo. Concluimos ese punto del
orden del día, agradeciéndole de nuevo su presencia y su
comparecencia.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORAMARZALMARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE
SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA SUBMARINA DE
CARTAGENA (MURCIA). (Número de expediente 181/000155.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar el orden del día con los
puntos 2 y 3, para los cuales es necesaria la presencia del
secretario de Estado de Cultura. Pregunta sobre la situación de las
obras del Museo Nacional de Arqueología Submarina de Cartagena,
Murcia, que formula la diputada del Grupo Socialista doña Amparo
Marzal Martínez, quien tiene la palabra.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, señorías, los
fondos submarinos del Mediterráneo guardan importantes vestigios de
los pueblos que los habitaron, de tal modo que nuestro mar se ha
convertido en un magnífico yacimiento que espera de los Estados que
adopten medidas para su custodia y estudio antes de que el pillaje
pueda acabar con él. La riqueza de estos fondos originó en su día la
ubicación en Cartagena de un Museo Nacional de Arqueología
Submarina hace ya más de veinticinco años por la gran riqueza
arqueológica de la ciudad y del espacio marítimo adyacente. Este
museo, ubicado provisionalmente hasta hoy en unas dependencias
cedidas por la autoridad portuaria, no reúne condiciones de espacio
ni se encuentra dotado con presupuestos o plantilla adecuados. El
plan especial para el desarrollo de Cartagena, elaborado en 1993,
preveía la construcción de una nueva sede del único museo nacional
dedicado a la arqueología subacuática en España, que se convertiría
así en un recurso turístico de primer orden para la ciudad de
Cartagena, además de ser punto de encuentro para especialistas de
todo el mundo. Albergaría también una de las joyas de la arqueología
industrial: el submarino de Isaac Peral.
Todo esto cuajó en el proyecto de un nuevo museo elaborado por el
arquitecto Vázquez Consuegra en 1997 y que debía haberse iniciado en
1998. Así lo reconocen los presupuestos generales del año 2000, que
indican como año inicial 1997 y como fecha de término el 2003. Se
presupuestan para ello 1.576 millones, distribuidos en cuatro
anualidades. Sin embargo, el Museo Nacional de Arqueología Submarina
parece haberse malogrado desde la llegada al poder del Partido
Popular. Tras la aprobación inicial del proyecto en 1998, se le
objeta que su elevación impide la correcta visión de la muralla de
Carlos III, por lo que procede modificar la altura del proyecto
original. Esto no es óbice, sin embargo, para que se autorice la
construcción de un establecimiento hotelero en el solar contiguo cuya
altura no se comenta. Este es el primer parón del museo.
El arquitecto solicita una prórroga para ajustar el proyecto a las
nuevas consideraciones, que se amplía hasta abril de 1999, y en
octubre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Cartagena autoriza el
inicio de las obras. Surge entonces una nueva objeción. La empresa
adjudicataria solicita 400 millones de pesetas más porque la
cimentación prevista no es la adecuada. En junio del año 2000 la
empresa y el Ministerio llegan a un acuerdo y anuncian que las obras
se iniciarán en breve. Tras dos años y medio de plazos incumplidos,
se baraja ahora una nueva fecha, quizá diciembre o enero próximos,
para comenzar las obras. La modificación del proyecto ha ocasionado
también serias reducciones en los espacios del edificio y en la
concepción arquitectónica del mismo, como la eliminación de un
ventanal que permitía ver el fondo del mar y el cielo o la reducción
drástica de las superficies destinadas a salas de prensa,
conferencias o exposiciones temporales.
Ante los continuos retrasos y modificaciones, el arquitecto solicitó
en su día una entrevista con el anterior secretario de Estado, que
desconocemos si llegó a producirse. También la alcaldesa de
Cartagena, del Partido Popular, ha solicitado información al
Ministerio para conocer la situación en que se encuentra el proyecto.
De momento la respuesta no ha sido más que una serie de plazos
incumplidos.
Diversos colectivos de la ciudad enviaron recientemente un manifiesto
a diferentes organismos de la Administración para solicitar también
explicaciones sobre los constantes retrasos. La propia Confederación
de Organizaciones Empresariales de Cartagena reivindicó ante las
administraciones públicas la aclaración acerca si se construiría o no
el museo, cansados de estar pendientes de incógnitas, indecisiones y
dudas. El solar sigue vacío. Por esta razón, señor presidente, señor
secretario de Estado, en nombre de mi grupo y en representación de
los intereses ciudadanos y de las organizaciones que anteriormente he
mencionado, planteo la siguiente pregunta. ¿En qué situación se
encuentran las obras del Museo Nacional de Arqueología Submarina de
Cartagena y cuál es el compromiso formal que hace ese Ministerio
acerca del comienzo de las obras y probable fecha de terminación?
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado de Cultura, a
quien doy la bienvenida a esta Comisión, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): Voy a
intentar responder a la diputada Marzal lo mejor que sé.
El Museo Nacional de Arqueología Submarina -voy a hacer un poco de
historia al respecto- se asienta sobre un solar en la zona portuaria
en trámite de afectación al Ministerio. Requiere la previa
desafectación, como ocurre siempre en este tipo de espacios, del
dominio público portuario, que se ha propuesto en el plan de
utilización de los espacios portuarios del puerto de Cartagena.
Dentro de ese plan se prevé la afectación al Ministerio de ese
espacio. El Ministerio tiene acreditada la plena disponibilidad del
solar.
El proyecto para la construcción de la nueva sede del Museo Nacional
de Arqueología Marítima o Submarina de Cartagena fue adjudicado -lo
ha dicho ya la señora Marzal- por concurso agrupado de proyecto y
obra al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y a la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas en 1.076.760.000 pesetas, el 22 de
octubre de 1998. El proyecto de ejecución, cuya entrega estaba
prevista para el 22 de enero de 1999, fue entregado finalmente el 25
de octubre de 1999 como consecuencia de una serie de prórrogas
motivadas que por la comunidad autónoma no estaba de acuerdo con la
altura de coronación, y hubo que reducirla. Detectado un importante
problema en el sistema de cimentación, el Cedex realizó un estudio
que confirmó la existencia de dicho problema y aportó una solución
técnica, negociando con Fomento de Construcciones y Contratas el
replanteamiento de su propuesta. Ello ha motivado -también lo ha
dicho la señora diputada- un incremento de presupuesto, que ahora
asciende a 1.419.700.801 pesetas, un aumento que se me antoja
sensiblemente inferior al que hubiera supuesto la solución
alternativa ofrecida por la
empresa. Solucionado el problema de cimentación, está previsto que el
próximo mes de octubre se termine la tramitación administrativa de
este expediente y que por tanto la obra dé comienzo antes de que
acabe el año. Estas son las previsiones al día de hoy. Por lo demás,
esta Secretaría de Estado y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en general quiere expresar su apoyo más decidido al trabajo
de los profesionales de Cartagena, los cuales, por cierto, y en el
terreno de la anécdota, acaban de realizar una formidable labor en la
recuperación del contenido de un barco fenicio, una verdadera joya de
la arqueología submarina.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir la señora diputada?
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, espero que sus
positivas previsiones se cumplan. Espero y deseo que tomen la obra
del museo como cosa propia y no lo traten con el desinterés que, a mi
juicio, hasta ahora les ha caracterizado. Esto está suponiendo serios
perjuicios para la ciudad. En el año 1996, la Comisión Europea le
otorgó a Cartagena el nombramiento como sede del Foro
Euromediterráneo de Arqueología Marítima ante la propuesta del
Ministerio de Cultura. La sede física sería el futuro Museo Nacional
de Arqueología Submarina. Hoy la sede se ha trasladado a Madrid. El
retraso en la construcción del museo ha hecho perder a Cartagena el
único organismo europeo con sede en la región; el foro que ha
impulsado diversos proyectos de la Unesco y que hubiera permitido en
Cartagena la colaboración científica de todos los países ribereños.
En segundo lugar, señor secretario de Estado, espero también que no
traten al museo con el sectarismo que les ha caracterizado hasta el
momento. Le cuento una anécdota, prueba de que mi afirmación no es
gratuita. Los candidatos socialistas en las últimas elecciones
tuvimos ocasión de visitar el solar del museo durante la campaña
electoral, denunciando a la opinión pública el retraso por el que me
intereso hoy. Dos días más tarde, el director del Museo de
Arqueología Submarina, Iván Negueruela, el mismo que ha dirigido la
obra de excavación del proyecto de barco fenicio que usted acaba de
mencionar, recibía un fax del Ministerio de Cultura comunicándole su
cese fulminante como responsable del Foro Euromediterráneo de
Arqueología Marítima, sin más explicaciones, a pesar de que no
solamente usted reconoce su labor y su trabajo, sino que el propio
consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma lo calificaba entonces
como un luchador por los temas de Cartagena en materia de patrimonio
y manifestaba que mantenía una excelente colaboración con la
Consejería, al tiempo preguntaba al ministro Rajoy sobre los motivos
que habían impulsado a su destitución. Tampoco trascendió si el
consejero había conseguido alguna explicación.
Espero también que traten al museo de Cartagena con la generosidad
con que se han tratado algunas otras obras singulares y no con la
escasez que hasta ahora hemos visto: solamente 17 millones de gasto
en los presupuestos del año 1999 del Ministerio de Cultura para toda
la región. En definitiva, espero que entiendan la importancia que
tiene una obra de este rango para Cartagena, ciudad que está
apostando con fuerza por la recuperación de su patrimonio histórico y
arqueológico como clave de su desarrollo económico. Espero, en
definitiva, que sus promesas se cumplan.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): La
verdad es que yo también lo espero, porque la voluntad de esta
Secretaría de Estado es apoyar decididamente ese Museo, me parece una
iniciativa altamente interesante y me propongo viajar a Cartagena en
el curso de estos próximos meses, en cualquier caso antes de final de
año, para hacerme una idea in situ, porque las cosas hay que verlas,
y la verdad es que tenía pensado ese viaje para enterarme de la
problemática en el mismo lugar en que acontece.
En cuanto a lo que menciona usted de sectarismo, la verdad es que yo
no tengo información al respecto, pero evidentemente en lo que de mí
depende intentaré con todas mis fuerzas y por todos los medios que no
se incurra nunca en cuestiones de sectarismo.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (DE CUENCA Y
PRADO) PARA DAR CUENTA DE LAS LÍNEAS GENERALES YPROGRAMAS QUE TIENE
PREVISTO DESARROLLAR DESDE LA SECRETARÍA DE ESTADO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000039.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer y último punto del orden del
día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Cultura, que
nos honra con su presencia, en respuesta a la petición de
comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor secretario de Estado de Cultura tiene la palabra para
evacuar su informe.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado):
Señorías, en 1996 el primer Gobierno del Partido Popular se
comprometió a que la política cultural fuese elevada al rango de
cuestión de Estado. Tal compromiso se tradujo en la constitución de
la Comisión delegada del Gobierno para asuntos culturales, que a lo
largo de la pasada legislatura y también en la legislatura presente
está realizando un continuo esfuerzo de coordinación y estímulo de la
política cultural. Gracias a ese esfuerzo hoy nos hallamos en
condiciones de desarrollar una política cultural con orientaciones
claras, prioridades concretas y objetivos sólidos a medio y largo
plazo. Nos encontramos asimismo en una situación presupuestaria
objetivamente buena: si el presupuesto del departamento para el año
2000 alcanzó la cifra de 77.629 millones de pesetas, la previsión
presupuestaria para 2001 se eleva a 83.375 millones, es decir, con un
aumento del 7,40 por ciento, y eso en un año de importantes ajustes
en el gasto público. Ambos extremos, coordinación de la política
cultural como cuestión de Estado y justa atención presupuestaria,
conforman el contexto en el que se desarrolla hoy el trabajo de la
Secretaría de Estado de Cultura.
Como expuso ante esta Cámara la ministra de Educación, Cultura y
Deporte, doña Pilar del Castillo, las tres líneas fundamentales de la
política cultural de los próximos cuatro años van a ser la inversión
en las denominadas instituciones culturales de cabecera, el esfuerzo
coordinado en el interior y la proyección de la cultura española en
el exterior, todo ello presidido por la búsqueda permanente de la
coordinación y el diálogo con los ministerios, comunidades autónomas,
entidades locales, organismos e instituciones competentes en cada
caso. Personalmente me he comprometido, y reafirmo mi compromiso, en
ejercer una actitud de permanente diálogo y colaboración en todo
momento y siempre bajo el objetivo final de poner al alcance de la
sociedad todo aquello que tiene un valor cultural en sí, desde el
patrimonio y la memoria comunes hasta la propia creación de nuestros
días.
Me permitirán SS.SS. que estructure mi comparecencia precisamente en
torno a esas tres líneas fundamentales antes mencionadas, y que en su
desglose incorpore no sólo el estado actual de las diferentes áreas
de nuestra cultura, sino también los compromisos legislativos
adquiridos por el Gobierno en esta materia. Vayamos a la primera
línea: la inversión en instituciones culturales de cabecera. Como SS.
SS. saben, el plan de inversiones en instituciones culturales de
cabecera integra un conjunto de actuaciones que se extiende durante
un período cuatrienal (1998-2001), con una dotación presupuestaria
inicial de 10.000 millones de pesetas anuales, aunque en el
presupuesto para el 2000 experimentó un notable aumento y superó los
13.000 millones. Su objetivo es esencialmente organizar las
actuaciones en construcción de infraestructuras culturales (museos,
protección del patrimonio histórico, archivos, bibliotecas, cine),
aunque secundariamente se ocupa también de acciones de carácter
horizontal (seguridad, informatización, catalogación y restauración
de colecciones, etcétera). A fecha de hoy, la previsión de ejecución
de estas inversiones ronda el 80 por ciento del montante global
presupuestado, y para ilustrar este capítulo bueno será detallar el
estado de la cuestión en algunas de las actuaciones más destacadas
del plan de inversión en instituciones culturales de
cabecera: Museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca
Nacional, Archivo General de Indias, Filmoteca Española y Museo
Thyssen-Bornemisza. En cuanto a las realizaciones, las obras de
ampliación del Museo del Prado son el resultado de la proposición no
de ley, de 31 de mayo de 1995, suscrita por la mayoría de las fuerzas
parlamentarias. El correspondiente plan museográfico fue aprobado en
1997. Las actuaciones en el Museo del Prado abordan un cuádruple
frente: las cubiertas del edificio de Villanueva, Casón del Buen
Retiro, claustro de Los Jerónimos y Museo del Ejército. La obra de
las cubiertas en Villanueva finalizó, en lo fundamental, el pasado
mes de julio. Con ello, se ha obtenido una ampliación de la
superficie expositiva superior a los 2.000 metros cuadrados,
incluyendo en ellos dos nuevas salas para la exposición de dibujos.
En el Casón, donde se albergará la colección de pintura y escultura
del siglo XIX (en torno a 500 obras), han comenzado ya las tareas de
consolidación previas a la restauración de la bóveda de Lucas Jordán,
así como la obra de ampliación subterránea. En cuanto al claustro de
Los Jerónimos, tras incorporar a su proyecto algunas modificaciones
técnicas, a sugerencia del Real Patronato del Museo del Prado, las
obras han comenzado la semana pasada. El plazo fijado para la
terminación de las obras es el último trimestre del año 2003. Todos
ustedes, que tienen experiencia en responsabilidades de gestión,
saben lo etéreos que suelen ser estos plazos. Por nuestra parte, nos
comprometemos ante SS.SS. a velar con la mayor energía, para que el
plazo previsto se cumpla en las mejores condiciones de rigor.
Respecto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aborda ya los
últimos trámites antes de proceder a la ejecución de las obras de
ampliación. Se ha entregado el anteproyecto, y en este momento se
está redactando el proyecto básico, cuya entrega se realizó el pasado
mes de agosto. Actualmente, se está elaborando el proyecto de
ejecución material, del que podremos disponer en enero de 2001. De
acuerdo con ese calendario, las obras podrían iniciarse en el verano
de 2001 y su duración no tendría que ser superior a 30 meses. El
Reina Sofía es el museo de cabecera del arte moderno y contemporáneo
en España y tiene que serlo cada vez con mayor presencia social. A
ese objetivo atiende no sólo la imprescindible ampliación sino
también la política de adquisiciones. Ahora mismo se trabaja en la
definición del programa de los años 2001 y 2002, programa en el que
habrá numerosas propuestas importantes, tanto de cara al conocimiento
de lo mejor del arte internacional, como de cara al estudio del
propio arte español, muchas de cuyas áreas, especialmente en el
ámbito de las vanguardias históricas, son todavía mal conocidas. La
colección permanente crece a buen ritmo. Gracias a la colaboración
con el Ministerio de Hacienda, ha habido en los últimos tiempos
daciones muy importantes que han llenado zonas donde había lagunas,
como la zona Picasso y la zona Miró. Esta
Secretaría de Estado está tramitando aportaciones extraordinarias que
van a permitir incorporar dos cuadros cubistas de Picasso -el Picasso
cubista apenas estaba representado en los fondos- y un collage de
Juan Gris.
La obra de remodelación general de la Biblioteca Nacional concluirá
el 30 de septiembre de este año, dentro de unos días. Los mesetones
norte y sur estarán terminados el 30 de octubre y el edificio
tecnológico y el depósito de manuscritos el próximo 15 de noviembre.
La construcción de los nuevos depósitos en Alcalá de Henares está
prácticamente finalizada y se prevé la entrega de la obra en el
próximo mes de junio.
El proyecto técnico del Archivo General de Indias ya ha sido
entregado por el arquitecto redactor y supervisado. El concurso para
la ejecución material de las obras se adjudicó el pasado mes de junio
y las obras comenzaron en julio; su plazo de duración se estima en
unos 30 meses.
En cuanto a la Filmoteca Española, se ha planteado una nueva
modificación del proyecto inicial, motivada por la necesidad de
resolver algunas cuestiones técnicas relacionadas con la seguridad
del edificio. A falta de estas actuaciones, la obra está ya
prácticamente terminada. El traslado de la Filmoteca a la nueva sede
podría iniciarse el próximo mes de octubre.
Por último, hay que referirse al Museo Thyssen-Bornemisza. Se ha
consignado una partida de 6.000 millones de pesetas en el capítulo 8
del presupuesto del Ministerio en concepto de aportación patrimonial
a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Con cargo a dicha
cantidad se adquirirán los edificios colindantes y se realizarán las
obras de ampliación del museo, con el objeto de reorganizar y mejorar
las áreas de servicios y ampliar la superficie expositiva para
albergar la colección de la baronesa. En este momento, y declarado
desierto el concurso inicial de ideas para la ampliación, se prevé
convocar un nuevo concurso con una modificación sustancial del
programa museográfico. Esta decisión habrá de adoptarla el patronato
correspondiente en su próxima reunión, fechada para el 20 de
septiembre, exactamente dentro de una semana.
Respecto a las consideraciones sobre financiación de la inversión
cultural, dentro de este plan de inversión se incluye muy buena parte
de nuestro patrimonio más señero. Pensemos en las catedrales o en los
castillos. El Plan nacional de catedrales, fruto del convenio firmado
entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal el 25 de febrero de
1997, ha permitido elaborar planes directores para todas las
catedrales españolas y afrontar así una política de conservación y
restauración coherente y homogénea. Ese es también nuestro objetivo
en todas las demás áreas del patrimonio. Aquí es preciso mencionar
los fondos que provienen del uno por ciento cultural. Como SS.SS.
saben, el uno por ciento cultural, que en su fórmula actual deriva
del acuerdo firmado en 1996 entre los ministerios de Fomento y de
Educación
y Cultura, establece, conforme a la legislación de patrimonio
histórico, la obligación de consignar en los contratos de obra
pública una partida del uno por ciento del montante del contrato con
destino a trabajos de conservación y enriquecimiento del patrimonio
histórico español. Por cierto que, como saben también SS.SS., se
acerca el final del período de vigencia del convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para la gestión conjunta del uno por ciento cultural.
Naturalmente, se procederá a su prórroga, pero antes conviene
realizar una reflexión profunda sobre su funcionamiento y el balance
final, sin duda positivo. Asimismo, hay que valorar la posibilidad de
nuevos programas, si bien parece estar garantizada la continuidad de
algunos de los existentes: catedrales, castillos, conventos y
monasterios, teatros, mercados, balnearios, Camino de Santiago,
etcétera. La voluntad política del Gobierno ha sido, y sigue siendo,
dotar a las inversiones del uno por ciento de una clara línea de
rigor y de seriedad. Ese objetivo es absolutamente imprescindible
ante unas cantidades tan notables como las que se ventilan en este
capítulo, que en los últimos cuatro años han oscilado entre los 3.000
y los 2.500 millones de pesetas anuales. Es evidente que unas
inversiones tan fuertes exigen el mayor grado de rigor no sólo en la
administración de los fondos, sino también en la selección del propio
objeto de la inversión.
Puesto que de dinero hablamos, permítanme SS.SS. que me refiera a
otro de los grandes capítulos del lado económico de nuestra cultura:
la inversión privada, bajo el sistema de lo que se conoce como dación
en pago; esto es, el pago de impuestos con bienes que pasan al
patrimonio histórico español. La fórmula de la dación en pago ha
representado en los últimos cuatro años un montante de 5.762 millones
de pesetas. Sólo en 1999 representó casi 3.000 millones de pesetas.
En los próximos días está previsto que el Centro de Arte Reina Sofía
reciba una dación en pago de Caja Madrid por valor de 3.800 millones
de pesetas. El total de las labores de mecenazgo durante 1999, entre
las fundaciones culturales estatales y la Confederación Española de
Cajas de Ahorro, ascendió a 87.000 millones de pesetas. Basta el
enunciado de las cifras para constatar la importancia de este
capítulo y para calibrar su eventual alcance, si desde la
Administración y desde esta Cámara se arbitraran medidas de estímulo
a la inversión privada en cultura.
Yeste punto nos lleva directamente a uno de los compromisos
legislativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la
presente legislatura, a saber: la reforma de las legislaciones
vigentes en materia de fundaciones y mecenazgo. El Ministerio ya ha
manifestado su voluntad de acometer en breve plazo la elaboración de
dos leyes distintas, en cuyo trámite se invitará a todos los grupos
parlamentarios a aportar sus propias perspectivas. Se trata de
modificar la Ley 307/1994, de fundaciones
y de incentivos fiscales para actividades de interés general,
la llamada ley de mecenazgo, con objeto de mejorar las ayudas y
beneficios fiscales para hacer más atractivas las inversiones en
estas actuaciones de interés general.
A fecha de hoy, el trabajo del Gobierno consistirá primeramente en
recopilar todas las demandas del mundo de la cultura (asociaciones
relacionadas con el patrimonio histórico, fundaciones, artistas,
etcétera), ordenarlas, racionalizarlas y elaborar un texto de
propuestas susceptibles de despertar un amplio consenso con las
administraciones culturales autonómicas en el seno del Consejo del
Patrimonio Histórico. De ahí habrá de salir un texto definitivo con
el que negociar ante el Ministerio de Hacienda. Puedo adelantar a SS.
SS. que, a grandes rasgos, la intención del Ministerio es defender
dos ideas fundamentales: mejorar los incentivos fiscales,
incrementando los porcentajes de las deducciones, e incorporar nuevas
figuras que sirvan de incentivo o nuevos supuestos para las figuras
ya existentes. A partir de aquí todo lo demás es negociable. Es más,
se ha de negociar porque lo idóneo será que esa ley nazca del
consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara,
y en lo que nos compete no regatearemos esfuerzos para que la futura
legislación sobre mecenazgo y fundaciones sea fruto directo del más
amplio diálogo.
Señorías, no perdamos de vista lo esencial. Se trata de poner la
cultura española al servicio de la sociedad, estimulando la
participación de la sociedad en la misma. Y esa participación,
evidentemente, no se limita a las tareas de mecenazgo, por
beneméritas que éstas sean; la participación de la sociedad en la
cultura es también algo de todos los días. Me estoy refiriendo al
consumo de cultura por los ciudadanos, lo que los ciudadanos se
gastan en cultura, que cada vez es más notable, porque, señorías, la
cultura constituye hoy en nuestro país una fuerza social y económica
indiscutible.
Permítanme que les ofrezca algunas cifras. El total de la facturación
y ventas de las industrias culturales representa una cantidad
superior a 1,5 billones de pesetas al año; el gasto privado en
cultura en España supera el billón de pesetas; el total del gasto
público en cultura se eleva a casi 350.000 millones de pesetas, de
los cuales prácticamente un tercio corresponde a la Administración
general del Estado.
No es el Estado quien hace la cultura, la cultura se hace sola, la
hace la sociedad, pero a nosotros nos corresponde estimular esa labor
de creación y dotar a la cultura de cauces cada vez mejores, más
perfectos, más eficaces. A esa tarea se entregan y se seguirán
entregando durante los próximos cuatro años (y se seguirán entregando
me atrevo a decir que siempre) las distintas direcciones generales y
organismos autónomos dependientes de la Secretaría de Estado de
Cultura, cuyas líneas de actuación para el futuro inmediato paso a
detallar.
El segundo punto es la descripción de líneas generales por áreas. La
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, junto a los
propósitos antes mencionados respecto al plan de inversiones en
instituciones de cabecera, tiene como fundamental reto la
consolidación de una política integral de museos. Se trata de adaptar
los museos a las demandas del público de hoy y a las necesidades
actuales de exhibición, investigación científica y difusión de
nuestro legado histórico, todo ello bajo unos criterios claros de
racionalidad, rentabilidad, planificación y programación. Y algo muy
importante. nos proponemos llevarlo a cabo en un clima de trabajo y
diálogo con todos los profesionales de los museos, cuya perspectiva y
experiencia es esencial para alcanzar los objetivos establecidos. El
primer paso para ello ha sido convocar a todos los directores de
museos estatales, algo que no se efectuaba desde hacía mucho tiempo y
que era absolutamente recomendable.
Desde el punto de vista de la gestión, los museos se asientan sobre
tres pilares: las colecciones, el edificio e instalaciones
museográficas y la organización interna. Permítanme SS.SS. explicar
este plan integral atendiendo a cada uno de estos tres elementos. En
lo que concierne a las colecciones, el plan apunta a la conservación
preventiva y restauración de las colecciones, el establecimiento de
criterios para la adquisición de fondos, el desarrollo de una
política de préstamos de acuerdo con la responsabilidad y prestigio
de cada institución, la actualización de depósitos y la regulación
del tratamiento administrativo de los fondos, la dotación a los
museos de los medios necesarios para que aseguren la investigación y
el acceso a las colecciones, la promoción de los fondos museográficos
mediante la organización de actividades de calidad complementarias a
la exposición de los mismos, la publicación de catálogos científicos
y otras publicaciones de carácter divulgativo, el inventario y
catálogo de los fondos museográficos, documentales y administrativos
mediante su informatización y, en fin, la accesibilidad a los fondos
y a la información disponible mediante la superación de barreras
espacio-temporales.
Respecto a los edificios e instalaciones museográficas, nuestros
objetivos son la correcta distribución de todos los espacios públicos
e internos necesarios para el correcto funcionamiento del museo y la
adecuación de cada espacio a las necesidades concretas de su uso;
facilitar la accesibilidad al edificio, con especial atención a los
grupos discapacitados; la renovación de la exposición permanente y la
adecuación de ésta a las últimas corrientes museográficas; el
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, tanto para personal
como para visitantes y colecciones; facilitar la visita del público
mediante una correcta circulación y la eliminación de barreras
arquitectónicas al efecto; identificar al edificio con el carácter de
la institución que
alberga y, por fin, asegurar la conservación de las colecciones.
Por último, y en cuanto a la organización interna de los museos, los
objetivos del plan son: dotar a los museos de las normas
administrativas que establezcan su organización interna y su correcto
funcionamiento, adecuar la dotación de recursos humanos a las
necesidades de los centros, establecer un plan de formación del
personal de museos, asegurar un servicio público continuado y de
calidad de acuerdo con el carácter de las instituciones, facilitar
los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las
competencias que cada persona y departamento requieren, y garantizar
la operatividad y autonomía de los museos en la resolución de sus
problemas. El programa Domus, sistema de gestión y documentación de
museos -do, la primera sílaba, viene de documentación, y mus, de
museográfico, creo recordar-, habrá de implantarse en al menos seis
museos estatales y apunta en la dirección a la que me he referido.
Vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos a convertir los museos
estatales en auténticos centros dinámicos de la cultura, medidos no
solamente por su número de visitantes, con ser importante este dato,
sino también por la calidad y variedad del servicio ofrecido,
servicio que responderá a la relevancia e importancia de las
colecciones que estos albergan. En ese sentido, quiero hacer mención
especial al Museo de Altamira. El nuevo Museo de Altamira, en efecto,
no sólo ofrecerá al público la posibilidad de contemplar una réplica
exacta de la cueva original, combinando de este modo la necesaria
conservación de la joya rupestre y el no menos necesario derecho de
los ciudadanos a conocerla, sino que además albergará un centro
expositivo, elaborado con los mejores criterios museográficos, y un
centro de investigación, que reforzará aún más el liderazgo
indiscutible de Altamira en el estudio del Paleolítico, en el estudio
de la prehistoria. Tanto es así, que científicos de otros países
europeos ya se están inspirando en el nuevo proyecto de Altamira para
emprender reformas semejantes en sus respectivas naciones. El
Gobierno mantiene y mantendrá su compromiso de completar las
inversiones en Altamira, por encima de cualquier otro problema
paralelo vinculado con su gestión. Hoy podemos avanzar ya la fecha
del próximo mes de octubre, como inicio de las visitas organizadas a
la neocueva, y la de junio de 2001, para la inauguración oficial del
conjunto.
Un punto particularmente importante de la política de Bellas Artes es
el de las adquisiciones. En los últimos cuatro años, la cifra total
invertida por el Ministerio en adquisiciones se acerca a los 15.000
millones de pesetas, que sobrepasarían los 20.500 millones si
incluyéramos las adquisiciones a través de dación en pago. El mayor
esfuerzo corresponde al año 1999. Nuestro propósito es mantener una
política activa de enriquecimiento de las colecciones de los museos
públicos de
titularidad estatal, si bien primero habrá que hacer frente a las
obligaciones asumidas con la adquisición de La condesa de Chinchón o
la colección de piezas arqueológicas Varez-Fisa. Asimismo nos
proponemos dar prioridad a la recuperación de piezas esenciales del
patrimonio histórico español que estén a la venta en el extranjero e
incrementar las operaciones de dación en pago de impuestos, sobre
todo para bienes culturales de especial relevancia.
Además de la política integral de museos, y siempre en materia de
Bellas Artes, abordamos dos objetivos prioritarios: las políticas de
apoyo y promoción del arte contemporáneo y del patrimonio histórico
respectivamente. El primer capítulo incluirá nuevas medidas fiscales,
que habrá que decidir en diálogo con los sectores implicados, y el
segundo, el del patrimonio histórico, está ya realizándose en
colaboración con las comunidades autónomas.
En cuanto a la protección del patrimonio histórico, vamos a mantener
la lucha contra el expolio, en colaboración con las comunidades
autónomas y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y vamos a
incrementar la protección de los yacimientos arqueológicos
subacuáticos del litoral. Desde finales de la pasada legislatura está
pendiente la firma de un acuerdo de colaboración entre los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Defensa y Asuntos
Exteriores, para la protección de los yacimientos arqueológicos
subacuáticos contra el expolio. Nos proponemos impulsar la firma de
este acuerdo, así como continuar trabajando en el seno de la Unesco
para defender nuestros intereses en la redacción del proyecto de
convención, de protección de yacimientos arqueológicos subacuáticos.
Más sobre patrimonio: Nuestro propósito es consensuar toda la
política y actuaciones en esta materia con las comunidades autónomas,
a través del Consejo del Patrimonio Histórico, así como elaborar
proyectos de interés común y potenciar las comisiones creadas en su
seno: de relaciones con la Iglesia, de reforma legislativa, expolio,
destino de bienes culturales dados en pago de impuestos, patrimonio
de la humanidad, etcétera. Dentro de esta política va a tener una
función muy relevante el Instituto del Patrimonio Histórico, cuyo
nivel de profesionalidad figura entre los más altos del mundo.
A propósito de patrimonio de la humanidad, quiero plantear ante SS.
SS. la cuestión de las candidaturas españolas a que la Unesco les
conceda tal declaración, materia en la que trabaja la Dirección
General de Cooperación. Quiero expresar con toda claridad el
compromiso del Gobierno español de defender sin el menor desmayo las
candidaturas presentadas tanto para el año 2000 como para el 2001,
que son las que ahora mismo tenemos planteadas. En este mismo
sentido, para el año 2001 se instituirá, y creo que es una noticia
excelente, el premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad, dotado con
cuatro millones de pesetas, con el objeto de premiar aquellos
proyectos de rehabilitación o restauración realizados
en las ciudades declaradas patrimonio de la humanidad que
respeten los valores excepcionales y universales en virtud de los
cuales fueran declaradas.
Permítanme SS.SS. que pase ahora a otra área, que además verá en
breve la materialización de uno de los compromisos legislativos del
Gobierno en materia de cultura, el Instituto del Cine y las Artes
Audiovisuales (ICAA). En el mundo de la cinematografía y las artes
audiovisuales, el proyecto inmediato de esta Secretaría de Estado es
el compromiso legislativo de aprobar una nueva Ley de fomento y
promoción del cine. Ley que ya conoce un anteproyecto muy avanzado y
que ha sido fruto del diálogo con los diversos sectores concernidos.
El proyecto de la nueva ley establece un marco jurídico que facilita
el desarrollo de la producción y de la creatividad. Las ayudas sirven
para que exista un tejido industrial que permita trabajar a creadores
y profesionales y para que nuestras películas conquisten cada vez más
el apoyo de distribuidores, exhibidores y difusores. El cine español
debe ser importante en las salas de cine, pero también en las
televisiones y en los nuevos soportes como el DVD, y debe ser
exhibido en España y en el exterior, especialmente en Iberoamérica,
si se quiere que siga creciendo. La vigente Ley de 8 de julio de 1994
fue muy importante al establecer la obligación del Estado de ayudar y
fomentar la cinematografía. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha
hecho surgir nuevas necesidades y en parte la ha vaciado de contenido
con la desaparición de las licencias de doblaje y el cuestionamiento
europeo del sistema de cuotas. Por eso es necesario este nuevo
proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía, cuyos
puntos fundamentales son los siguientes: Establece y define los
sistemas de fomento, regulando con carácter legal las ayudas
automáticas. Asimismo reafirma la obligatoriedad del Estado en el
fomento y la promoción, no sólo de la cinematografía, sino también de
la producción audiovisual en general, así como la protección del
patrimonio artístico. Evita contradicciones con la trasposición de la
Ley de televisión sin fronteras, que establece la obligación de que
las cadenas de televisión inviertan el 5 por ciento de su cuenta de
resultados en la producción de largometrajes para cine o televisión.
En la Ley de 1994 se estableció la obligación de las televisiones de
invertir hasta un 5 por ciento, aunque no se cumplía por su
indeterminación. Este 5 por ciento de la televisión sin fronteras va
a suponer unos 15.000 millones de pesetas. El proyecto de la nueva
ley señala un plazo amplio, de cinco años, para la desaparición
automática de la cuota de pantalla a favor del cine comunitario, ya
que somos el único Estado europeo que la mantiene. Por otro lado, los
beneficios de esa cuota son discutibles: ayuda más al cine europeo
que al español y es un anacronismo con la distribución por satélite,
Internet o DVD. Por último, aspira a legislar con un espíritu más
global el mundo de las producciones audiovisuales, que evidentemente
no se reduce al cine.
En cuanto a su calendario, este anteproyecto ha sido remitido a todos
los Ministerios afectados para que elaboren el preceptivo informe.
Durante este mes de septiembre se recibirán todos estos informes y,
con la incorporación de las observaciones que se estime pertinentes,
se remitirá el proyecto de ley al Consejo Económico y Social. A
finales de octubre, una vez recibido el informe del Consejo, el
proyecto de ley se remitirá a la Comisión de Subsecretarios y a
continuación al Consejo de Ministros para su aprobación. Está
previsto que a finales de octubre o primera semana de noviembre el
Consejo de Ministros remita el proyecto al Congreso de los Diputados.
El otro gran compromiso del área de las artes audiovisuales, junto al
mencionado anteproyecto de ley, es la conservación del patrimonio
audiovisual español. Ya he informado a SS.SS. sobre el estado de la
nueva sede de la Filmoteca, incluida entre las inversiones en
instituciones culturales de cabecera. En el próximo mes de octubre va
a comenzar el traslado a esta nueva sede de los servicios públicos de
consulta y visionado, las dependencias administrativas y los archivos
documentales y de copias de películas. La inauguración está prevista
para el mes de noviembre. Se constituye así un centro de
investigación de indudable valor: 70.000 películas, 20.000 libros,
cerca de 6.000 guiones no publicados, 90.000 publicaciones
periódicas. El archivo gráfico, integrado por fotos, programas,
carteleras y carteles, alcanza el millón de elementos y la colección
museo del cine cuenta con más de 21.000 piezas. El crecimiento
audiovisual y las nuevas tecnologías han hecho necesaria una
previsión de digitalización de los fondos así como la construcción de
un centro de conservación y restauración en la Ciudad de la Imagen.
El concurso para la construcción de este nuevo edificio fue ganado
por los arquitectos Víctor López Cotelo y José Antonio Valdés Moreno,
que entregarán el proyecto a finales de este año, convocándose en
2001 el concurso de obras.
Pasemos, señorías, a otra área: el Inaem. El Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música acoge un universo muy amplio, pero
en todos los elementos que lo componen aspiramos a aplicar unas
líneas muy concretas: mejora de las infraestructuras, establecimiento
de cánones de seguridad en los espectáculos públicos y, por supuesto,
impulso decidido a las actividades de promoción de la música, la
danza y el teatro.
Quiero empezar por las tareas de promoción, pues constituyen uno de
los objetivos prioritarios del Inaem en esta legislatura. Las
cantidades asignadas a promoción y mantenimiento de infraestructuras
han crecido prácticamente sin interrupción en los últimos años. Desde
los 812 millones de 1996 hemos pasado a los 1.559 millones del año en
curso y el leve, pero sensible, aumento en el presupuesto de este
organismo autónomo previsto para el 2001 permite asegurar que esta
política se mantendrá en sus actuales niveles. Así se
viene desarrollando una importante acción de fomento de la
dramaturgia española actual, el teatro clásico y la zarzuela,
acercándolos a sectores cada vez más amplios de público infantil y
juvenil gracias al trabajo del Centro Dramático Nacional, la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y el Teatro de la Zarzuela. Nuestro
objetivo es que amplias capas de la sociedad puedan tener acceso
a manifestaciones artísticas tradicionalmente consideradas como
minoritarias. Y ahí cabe destacar igualmente la campaña iniciada esta
misma temporada por la Orquesta Nacional de España con ciclos como la
integral de las sinfonías de Beethoven, las nueve sinfonías en cuatro
sesiones a un precio global que oscila entre las 2.000 y las 4.000
pesetas. Otro ejemplo de la extraordinaria actividad del Inaem es que
el próximo día 1 de noviembre la Compañía Nacional de Teatro Clásico
estará representando a la vez ,por distintos lugares de España, cinco
montajes creados todos este año, más del doble de lo que había hecho
en cualquier otro año de su existencia. Proseguiremos, asimismo, el
desarrollo de la comunicación teatral con todas las comunidades
autónomas y las actuaciones de difusión del teatro español en nuestro
país a través de campañas publicitarias, el convenio con
Radiotelevisión Española y el convenio con la Sociedad General de
Autores de España.
Por otro lado, los esfuerzos por mejorar las infraestructuras
escénicas y la seguridad están siendo ya visibles tanto en las
instalaciones que dependen directamente del Inaem como en otros
espacios. Los teatros María Guerrero y de La Comedia, la sala
Olimpia, el museo del Teatro de Almagro, así como la construcción de
la sede del Teatro Lliure son sólo unos pocos ejemplos de esta tarea
y en el horizonte inmediato tenemos la puesta en marcha el año
próximo del consorcio de rehabilitación de los teatros privados de
Barcelona. En la misma línea de participación y apoyo en
instituciones no dependientes de esta Secretaría de Estado queremos
poner de relieve nuestra presencia en el Teatro Real, que sí depende
parcialmente de nosotros, pero sólo parcialmente, y en el Liceo de
Barcelona. Las dos son instituciones bien diferentes, con una
tradición y una personalidad distintas, pero que desde nuestro punto
de vista pueden aspirar a un objetivo común que es la creciente
presencia social de la ópera cerca de los ciudadanos y, por tanto,
deben ir coordinadas.
Un capítulo específico de la problemática del Inaem es el de su
plantilla. A este respecto el Inaem y los sindicatos representativos
lograron el pasado mes de julio un acuerdo para plantear la plena
integración del personal laboral del Inaem en el ámbito de aplicación
del convenio único del personal laboral de la Administración general
del Estado, medida que consideramos beneficiosa tanto para el Inaem
como para su personal. Asimismo, estamos trabajando en la resolución
de los problemas de la Orquesta Nacional de España, incluidos los
problemas de personal que se remontan a veinte
años atrás. Tenemos la firme voluntad de abordar la decisión acerca
del estatuto de la Orquesta Nacional de España, su diseño y su
desarrollo.
En cuanto a la Biblioteca Nacional, y una vez readecuado el edificio
de Recoletos, afronta ahora un plan de acción para los próximos cinco
años, con dos objetivos mayores: el desarrollo del Plan estratégico
de adquisiciones y la puesta al día de la tecnología de sus
servicios. En el primer campo se trata de orientar las nuevas
adquisiciones bibliográficas, con especial atención al incremento del
fondo antiguo y a la incorporación de archivos de escritores
contemporáneos. En el apartado tecnológico, y por lo que respecta al
horizonte inmediato, vamos a tratar de conseguir la automatización
total del catálogo en este mismo año. Simultáneamente ha de abordarse
un tercer reto, en absoluto menor, la consolidación de la plantilla.
Por lo demás, la puesta en funcionamiento de las instalaciones de
Alcalá de Henares contribuirá a que la Biblioteca Nacional vaya
acercándose cada vez más a lo que esta institución merece ser. Y hay
un elemento más. En la Biblioteca Nacional se ha trabajado ya en un
primer documento para que en un futuro más o menos próximo pueda
abordarse la elaboración de una nueva ley de depósito legal, acorde
con las condiciones que impone la constante innovación tecnológica.
La política cultural en materia del libro, archivos y bibliotecas
tiene un punto de referencia ineludible, la proposición no de ley
sobre medidas para la promoción del libro y la lectura, aprobada por
el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1999. Podemos decir
que el grado de cumplimiento de la mencionada proposición si hasta
ahora ha sido alto en muchos de sus puntos lo será todavía más en el
futuro inmediato, y a ello contribuirá el Programa nacional de
fomento de la lectura, anunciado en las Cortes por la ministra de
Educación, Cultura y Deporte. Programa que se reforzará el próximo
año y en el que las medidas de fomento adoptadas por la Secretaría
General de Educación van a converger con las numerosas acciones, hoy
en marcha, de la Secretaría de Estado de Cultura.
En este año 2000, la Dirección General del Libro ha trabajado
estrechamente con la Federación de gremios de editores de España,
para iniciar el diseño de un conjunto integrado de actividades de
fomento de la lectura. Por el momento, ya se ha realizado el previsto
estudio cualitativo previo a esta empresa. Nuestra intención es que
esta campaña se prolongue a lo largo de toda la actual legislatura y
todos, Administración y editores, estamos convencidos de que la
campaña surtirá efectos beneficiosos. Además, en este año 2000 ya se
ha puesto en marcha el Plan de impulso de las bibliotecas públicas
españolas, y se ha diseñado un esquema de actuación para relanzar el
Plan, para mí absolutamente prioritario, de bibliotecas escolares.
Otro ejemplo, y siempre en colaboración con el sector profesional del
libro, es la definición de medidas
concretas sobre la fiscalidad del libro. Ya se han iniciado los
encuentros con la Dirección General de Tributos para hallar fórmulas
fiscales que beneficien al sector del libro y, en consecuencia, que
estimulen y protejan la lectura y la edición. Lo mismo cabe decir del
Plan de modernización y fomento de las librerías, plan al que el
Ministerio viene destinando cada año un crédito específico para
diversas iniciativas elaboradas en colaboración con el propio sector
del libro. En colaboración con el sector se ha puesto también en
marcha el estudio sobre hábitos de consumo y lectura, que continuará
durante el año 2001 y, en colaboración con el sector del libro el
Ministerio ha aprobado, institucional y presupuestariamente, la
implantación y desarrollo de la actividad de promoción internacional
del libro español, la mejora de las tarifas postales, ya hay un
acuerdo comercial entre el sector del libro y correos, etcétera. Por
último, se está estudiando con representantes del sector del libro
una posible actualización del actual marco normativo.
Siempre en relación con el mundo del libro, quiero solicitar a SS.SS.
unos pocos minutos para aclarar posiciones y deshacer equívocos, con
alguna frecuencia malintencionados, sobre la reciente medida
liberalizadora de los descuentos en los libros de texto. En primer
lugar, quiero subrayar que el precio fijo del libro sigue siendo una
institución jurídica vigente en el mundo editorial. Lo que se ha
hecho es liberalizar exclusivamente el descuento y en un campo muy
limitado, como es el campo de los libros de texto. Esta medida no se
ha adoptado de forma caprichosa, sino que responde a una clara
orientación de política social y económica, forma parte de un
conjunto de medidas liberalizadoras y antiinflacionistas, aprobadas a
propuesta del Ministerio de Economía, y es una medida útil desde el
punto de vista de la política educativa, sobre todo para el ahorro de
las familias. Y la Secretaría de Estado de Cultura, como responsable
de la política de fomento de la lectura y del sector del libro,
desarrolla de manera permanente programas de colaboración con las
librerías, de acuerdo con los objetivos comunes fijados cada año;
programas que se benefician de los recursos presupuestarios del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En la medida en que las
librerías puedan verse afectadas negativamente por la nueva normativa
de los libros de texto, el Ministerio, de acuerdo con ellas, podrá
canalizar esta colaboración hacia las acciones que resulten más
necesarias.
En el mismo apartado administrativo quiero hacer una especial mención
al XIV Congreso Internacional de Archivos que se va a celebrar en
Sevilla, se inaugurará oficialmente -los Reyes de España estarán
presidiendo la inauguración- bajo el título: Los archivos del nuevo
milenio en la sociedad de la información, el próximo 21 de
septiembre. Este encuentro, sin duda la cita más importante de la
archivística mundial -acuden 2.500 archiveros de todo el mundo-, nos
ha permitido constatar
la alta estima que los investigadores de todo el planeta dispensan a
nuestros archivos, lo cual debe ser subrayado con satisfacción, pues
el trabajo de los archiveros, con frecuencia injustamente olvidado,
es, sin duda, una de las columnas vertebrales de la cultura.
Sin salirnos de esta materia, hoy trabajamos en la modernización de
los archivos estatales, entre ellos el archivo general de la guerra
civil española, especialmente a través de la reprografía e
informatización de los fondos. Asimismo, en lo que se refiere a otro
gran archivo estatal, el de la Corona de Aragón, hemos expresado ya
nuestro propósito de alcanzar un acuerdo con todas las comunidades
autónomas implicadas.
Si se habla de archivos hay que hablar también de bibliotecas, un
sector en el que las prioridades de la Secretaría de Estado de
Cultura son las siguientes: construcción, dotación y fomento de las
bibliotecas públicas del Estado, desarrollo y coordinación del sector
bibliotecario español, plan de impulso de las bibliotecas públicas en
España, elaboración del catálogo colectivo del patrimonio
bibliográfico y, por último, fomento de las relaciones
internacionales en materia bibliotecaria.
Quiero ahora, señorías, exponer brevemente las líneas maestras de
otra de las grandes unidades de la Secretaría de Estado de Cultura,
la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural. Ésta
área realiza un trabajo permanente de diálogo y de coordinación con
las comunidades autónomas y en el exterior también con otras
naciones, siempre en pro de un mayor conocimiento mutuo y de una
creciente fluidez de los intercambios culturales. En el horizonte
inmediato cabe destacar la necesidad de promocionar las ciudades
españolas designadas capitales europeas de la cultura, en este año
Santiago de Compostela y en el año 2002, Salamanca. Se han
formalizado ya dos convenios con ambas ciudades, participando la
Administración general del Estado en los consorcios que se han creado
al efecto.
Especial atención merecen aquellas actuaciones dirigidas a fomentar
una de las líneas de trabajo que en esta legislatura nos hemos
propuesto desarrollar en profundidad, de acuerdo con el Ministerio de
Economía, el turismo cultural. Se trata de que, junto al turismo
habitual de sol y playa, puedan desarrollarse en profundidad las
potencialidades turísticas del patrimonio cultural español. Citemos,
a título de ejemplo, el trabajo de apoyo permanente a rutas o
itinerarios culturales concretos, como el camino de Santiago o el
camino de la lengua castellana, ambos integran a varios departamentos
de la Administración del Estado y a distintas comunidades autónomas
con las que se establece un trabajo de cooperación permanente.
Siempre dentro del área de cooperación queremos implicar a la
sociedad de los procesos de creación y dinamización cultural. Para
ello vamos a potenciar las ayudas a iniciativas culturales de
fundaciones u otras
entidades sin ánimo de lucro. ¿Cómo? Prestando especial atención a la
formación de profesionales en los distintos sectores o ámbitos de la
cultura, aumentando las dotaciones de ayudas para cursos de
especialización, tanto en España como en el extranjero, y continuando
el régimen de concesión de becas de formación y especialización en
actividades y materias de instituciones culturales dependientes de
este Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El Gobierno es plenamente consciente de que la cultura española es la
síntesis decantada a lo largo de los siglos de una pluralidad
cultural, compatible e integrada en una cultura común, de diversas y
enriquecedoras culturas de los distintos pueblos de España. Por ello,
la directriz que presidirá la actuación del Gobierno en la cultura
será la de la cooperación con las comunidades autónomas mediante su
participación en convenios y órganos de colaboración para conseguir
potenciar los fines culturales comunes a las administraciones de
ambas partes.
El tercer punto que me proponía desarrollar es el de la proyección
exterior. He hablado de las instituciones de cabecera, he descrito
las líneas generales por áreas y me propongo hablar muy brevemente de
la proyección exterior de la cultura. Antes me he referido a las tres
líneas fundamentales, las acabo de citar. La proyección exterior es
para la política cultural española un objetivo transversal. Hay una
dependencia propiamente dedicada a ella, pues la Dirección General de
Cooperación asume entre sus misiones la proyección cultural de España
en el exterior, el fortalecimiento de relaciones con países de áreas
prioritarias y la participación activa en los foros internacionales
especializados en cultura.
Además, la proyección exterior se haya presente en las actividades
habituales de todos nuestros departamentos, ya se trate del libro, de
las bellas artes, del cine, etcétera. A través de las direcciones
generales de esta Secretaría de Estado, la cultura española despliega
un permanente trabajo de proyección exterior. Basta enumerar las
girar internacionales de los centros artísticos dependientes del
Inaem como botón de muestra. Cada vez más, no hay actividad española
en el exterior que no venga acompañada por una manifestación cultural
determinada y nuestro propósito es intensificar esa presencia. Al
mismo tiempo, la proyección exterior de la cultura española
constituye el objeto específico de instituciones tan importantes como
el Instituto Cervantes, con el que la Secretaría de Estado de Cultura
trabaja siempre estrechamente. Aunque no existe una relación de
dependencia orgánica, la Secretaría de Estado de Cultura participa
intensamente en todas las actividades específicas de la cultura
española en el exterior. ¿Con qué espíritu? Con el de la calidad. En
líneas generales, la Secretaría de Estado de Cultura asume en esta
legislatura la proyección exterior de la cultura española bajo un
imperativo esencial: la calidad. Queremos que la cultura española sea
percibida en
el exterior como lo que es, en toda su profundidad, con toda su
fuerza de siglos y también con toda la riqueza de sus manifestaciones
plurales, pues la Secretaría de Estado vela porque la pluralidad
cultural de España sea también visible en el exterior. Todo ello
siempre en sintonía con las orientaciones generales de la política
exterior española.
No quiero terminar, señorías -y ya estoy haciéndolo-, sin situar todo
esto en su contexto teórico, aunque no sea éste el tema que hoy nos
convoca aquí. La gestión, que es un programa de iniciativas y un
balance de cifras, perdería su razón de ser si no estuviera siempre
puesta al servicio de objetivos más generales. En el caso de la
política cultural, esos objetivos generales han sido
tradicionalmente: poner los medios para favorecer la creación y la
conservación y difusión de lo creado, formar y deleitar el espíritu,
consolidar la identidad y cultivar la memoria común. Estamos
persuadidos de que por esa vía las sociedades humanas pueden avanzar
por un camino de progreso objetivo. Si nosotros, gestores de la
cultura, conseguimos avanzar apenas un metro por ese camino podremos
sentirnos más que satisfechos.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Corresponde ahora la intervención al grupo solicitante de la
comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Leguina
tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRÁN: Don Luis Alberto de Cuenca, sea usted
bienvenido a esta casa, en nombre del Partido Socialista, en calidad
de secretario de Estado de Cultura. Le agradecemos su exposición, sin
duda interesante, y también le agradecemos su propuesta de diálogo
por la que nos sentimos concernidos, seriamente concernidos y así se
lo subrayo.
Empezaré, por comentar su exposición, hablando de algo que pensé que
iba a pasar usted por alto; no lo ha pasado por alto, pero lo ha
lidiado con habilidad: el precio fijo de los libros. He querido
entender en sus palabras que su departamento es partidario del precio
fijo de los libros. Evidentemente, las decisiones tomadas por el
Gobierno respecto a las rebajas o descuentos en los libros de texto
rompen este principio. Por mucho que se vista con el IPC rompe este
principio y no sabemos hasta dónde puede llegar esa política.
Quisiéramos que nos dijera si es partidario o no del precio fijo de
los libros.
Al hilo de los libros y puesto que usted viene de ellos, los escribe
y hasta hace pocos meses ha sido director de la Biblioteca Nacional,
quiero referirme a este tema. Sobre el programa de promoción de la
lectura y los libros que anunció la ministra en esta sede, y que
viene avalada también por una decisión del parlamento de hace algunos
meses, nos gustaría que se
extendiera algo más, es decir, que cayera de los principios
generales, que siempre son forzosamente retóricos, a una concreción
mayor.
Ha hecho usted alusión personal además a las bibliotecas escolares,
que me parece que son fundamentales; a las bibliotecas municipales,
que también lo son; las autonómicas, las nacionales, las privadas,
las universitarias. Que el programa se quede en una campaña de
promoción de la lectura a través de spots televisivos o de publicidad
sería pobre. Es necesario, y así lo entendemos, que esa campaña se
haga, pero sería pobre, sería tratar de tapar con un velo
publicitario un problema muy serio que todos los que estamos aquí
conocemos, muy serio y muy deprimente; los datos que se tienen sobre
el índice de lectura de los españoles así lo señalan. Hay un problema
profundo en esta sociedad respecto a la lectura y las instituciones
públicas, de las que usted forma parte relevante. Tienen que tomar
partido en ello y ahí entramos en un problema, complejo sin duda, del
que señalaré sólo un aspecto: la televisión. En la última parte de su
intervención usted ha hecho referencia, por ejemplo -y ya volveré
sobre ello después-, a la promoción cultural española en el
extranjero. Usted debe saber que lo que más llega en el extranjero de
España es la televisión española, el canal exterior. Si tiene usted
ocasión de viajar, y la tendrá, mírelo, porque, en efecto, eso no
depende funcionalmente del departamento que usted dirige, pero sí que
depende en buena parte del Gobierno y de la política en general. Creo
que se pueden hacer muchísimas cosas a través de la televisión, y no
sólo de la televisión exterior. Mientras no exista un lazo de unión
entre la política cultural general del Estado y la programación de
televisión, de las televisiones, no sólo de la española -y para eso
hay que poner seguramente esfuerzo y dinero-, todo aquello que los
españoles nos gastamos en promocionar no sólo la cultura, sino
también la educación, todo puede venirse abajo. Es decir, el fantasma
del analfabetismo en sentido general que echamos a golpe de millones
y de esfuerzo pedagógico por la ventana se nos cuela por la puerta
muchas veces a través de esa pantalla. La Constitución española dice
que las instituciones públicas deben procurar el acceso de todos los
ciudadanos a los bienes culturales, nada más y nada menos; es decir,
eso sin duda es una altísima responsabilidad.
Los bienes culturales están ya producidos -el patrimonio histórico,
el patrimonio cultural y el que se va produciendo- y afectan a dos
factores significativos, uno es el de los creadores. Sólo le señalaré
un asunto que usted no ha citado, pero me gustaría escuchar su
opinión personal y política. También la opinión personal cuenta, en
un parlamento cuenta siempre y, por supuesto, la opinión política.
¿Qué opina usted de que las rentas que ingresan los creadores
españoles en las diversas artes no se puedan considerar como rentas
irregulares? ¿Qué quiero decir con esto? Que un actor,
un escritor, un pintor, produce y vende una obra o un trabajo y eso
aparece en sus ingresos como los propios y normales de ese año, sin
que pueda dividirlos en varios. Me parece que es un asunto que
debiéramos abordar, para empezar por lo más simple.
En cuanto a las industrias, ¿se considera en el país de verdad, no
retóricamente, no sólo en los círculos más directamente interesados,
de los que usted forma parte no ahora sino desde hace muchos años,
que la cultura es un elemento estratégico para su desarrollo? ¿De
verdad es así? ¿El Estado ha respondido y responde a la concepción de
que la cultura, de que los bienes culturales forman parte del
desarrollo del país y no sólo desde el punto de vista genérico de
desarrollo humano, sino también desde el punto de vista de desarrollo
económico, de crecimiento económico? Creo que todavía no es así por
muchas razones que se arrastran de un pasado en el que los bienes
culturales representaban casi una producción marginal. Usted ha dado
algunos datos, que se podrían ampliar, para demostrar que eso ya no
es así y que desde cualquier punto de vista que se mire la industria
cultural, tomada en el sentido genérico, es algo fundamental. Para
esto es preciso abordar desde su departamento, y no sólo desde el
mismo, el fomento y la promoción de la producción cultural como una
prioridad; fomento que tiene que ver, se me ocurre, con dos o tres
cosas. He hecho una referencia al tratamiento fiscal en cuanto a los
creadores, se puede hacer perfectamente con las empresas o con la
comercialización, en algunos puntos usted lo ha hecho. Creo que
debiéramos profundizar en esas políticas sin ningún rubor, sin ningún
sentido de la caridad, sino en un sentido del desarrollo genérico y
general y también del desarrollo económico. Me parece que es
necesaria una ley general de incentivos para los bienes culturales.
Respecto a la promoción, hay dos problemas que me gustaría abordar
-usted los ha abordado, algunos con más profundidad y otros con
menos-, pero me parece que es el debate que tenemos que tener aquí a
lo largo de esta legislatura y debemos centrarnos en ello. La red
exterior -usted ha dicho una palabra que viene bien al caso- es algo
transversal; transversal y atravesada, me parece a mí. ¿Por qué?
Porque es muy difícil, sobre todo con ciertos ministerios -y me estoy
refiriendo al Ministerio de Asuntos Exteriores, por las razones
históricas que tampoco voy a glosar-, que las redes creadas realmente
funcionen de forma coordinada. Su buena voluntad no la ponemos en
duda, pero las dificultades con las que usted se va a encontrar van a
ser las mismas con las que se encontraron su predecesor y el
predecesor de su predecesor.
Con toda sinceridad creo que está todo por hacer. ¿Por qué? ¿Cuántos
libros de ficción españoles se han traducido al inglés norteamericano
en el año pasado o en el año en curso? Usted sabe muy bien que es una
cifra casi ridícula. Los problemas del cine los ha glosado usted, no
se lo tengo que señalar aquí. Cualquier
producción cultural española necesita al menos del mismo apoyo que
tiene la producción de vino de Rioja o de la Ribera del Duero o los
zapatos o cualquier otra mercancía, porque además, sin denigrar para
nada, sino valorando esos productos importantísimos, tras los cuales
creo que hay un trabajo que es elogiable en todo caso, la cultura es
también algo más, tiene un plus. En cuanto a las comunidades
autónomas -que también las ha citado-, me parece que hay algunos
problemas. Decía un clásico -al menos yo lo considero así- que los
problemas de competencias -por citar ese rubro de problemas- suelen
ser generalmente de incompetentes, por lo cual no lo tengo a usted,
sino por todo lo contrario.
Por tanto, le añado algo más ramplón o empírico: con dinero, los
problemas de competencia desaparecen. En este sentido, hay que tener
en cuenta que hoy se producen bienes culturales de la más diversa
originalidad en sitios de España y es casi imposible conocer esa
producción fuera del sitio donde se producen. Si la existencia de un
Estado como el nuestro, el Estado de las autonomías, no resuelve ese
problema, las culturas españolas en su sentido más amplio quedan
cortadas -y emplearé un término algo vulgar- de su clientela más
normal. La producción que se hace en Sevilla se tiene que poder ver
en Barcelona, y ese es un papel al que el Ministerio, en este caso la
Secretaría de Estado, no debe renunciar; le exigimos que no renuncie.
Dentro de cuestiones más precisas, y ya voy terminando, señor
presidente, porque mi tiempo sí está acotado, ha hablado de museos y
de un plan museístico sin duda interesante. También ha hablado, como
era lógico y natural porque en una comparecencia no puede precisar
con todo detalle, de una serie de objetivos loables, señor De Cuenca,
pero, ¿qué va a pasar con los museos de doble dependencia, es decir,
aquellos museos que son estatales pero cuya administración está en
las comunidades autónomas? Los problemas no son de ahora, se
arrastran desde hace mucho tiempo, y responden a aquella horrible
sentencia de que entre dos la tenían y ella... etcétera. Me parece que
usted, como secretario de Estado, tiene la obligación de abordar este
problema y hacerlo definitivamente. Le ofrezco nuestra colaboración
para la solución de esos problemas que afectan a un conjunto de
museos de una importancia relevante. Evidentemente no son el Museo
del Prado, pero sí son de importancia relevante, sobre todo para las
provincias donde están ubicados.
Ha hablado del Instituto de Patrimonio, y ha dicho una frase que
queda en el «Diario de Sesiones». El mejor patrimonio que tiene el
Instituto de Patrimonio Histórico es la gente que allí trabaja. Lo
que ocurrió durante la legislatura anterior espero que sea corregido,
porque naturalmente estoy de acuerdo con la frase y le vamos a exigir
que se atenga a la misma y que se pueda administrar y usar de forma
racional ese patrimonio que tiene el Instituto.
Abordaré muy rápidamente el asunto del Museo del Prado. Usted ha dado
una serie de fechas, ahí quedan, ojalá que las pueda cumplir, pero le
hago una crítica general y le sugiero una forma de encararlo. Dentro
del plan de museos que usted ha señalado, uno de los apartados que ha
subrayado es la organización del museo. ¿Cree realmente, señor De
Cuenca, que el Museo del Prado, en cuanto a organización (y me estoy
refiriendo a la forma de toma de decisiones, no ya del funcionamiento
de los trabajadores y de los expertos que ahí están adscritos), a
toma de decisiones puede ser por un patronato? Señor De Cuenca, le
sugiero lo siguiente: su predecesor, el señor Cortés, propuso, y no
se llevó a cabo por una cuestión de fechas, un seminario
internacional sobre la administración de museos, especialmente
dirigido a cómo administrar el Museo del Prado. Nos gustaría que esa
iniciativa la pudiéramos discutir con usted.
En cuanto al Teatro Real, ha dicho con buena razón administrativa y
tapándose la herida antes del coscorrón -coscorrón que yo no le voy a
suministrar-, que la Secretaría de Estado participa en el Teatro
Real, pero no tiene el poder de decisión único. Es cierto, lo mismo
ha dicho del Liceo de Barcelona. Yo le sugiero que importemos
-algunas cosas más habría que importar de Barcelona- la
administración y la forma de concepción del Liceo al Teatro Real. Le
señalo unas declaraciones, y tengo una larga colección que si lo
desea se lo mando a su e-mail, del actual director del Teatro Real
durante las temporadas pasadas. Una de las últimas es que para ser
alguien en la sociedad madrileña hay que tener una abono en el Real.
Supongo que usted no hace suyas esas palabras, no hace falta ni que
se lo pregunte, pero esta es la concepción, que no es admisible en un
elemento clave de la cultura, sobre todo de la cultura madrileña pero
también de la cultura española. El sistema de reparto de entradas, la
concepción general no elitista. La concepción general no es elitista,
ojalá lo fuera, serviría para algo, es señoritil, que es muy
distinto, respecto al funcionamiento del Teatro Real, lo que
empequeñece al Teatro Real, de suerte que uno de los aspectos, quizá
no los más llamativos pero sí los más brillantes, es que la expresión
cultural que un elemento de este tipo puede dar está simplemente
castrada. Digo esto en la tercera parte que le toca. La señora
ministra o usted mismo no sólo representan el tercio que puedan tener
en el patronato, representan algo más, que es la política general del
Estado respecto a un elemento como este, en donde el Estado ha
invertido muchos miles de millones.
Quería hacerle dos preguntas a propósito...
El señor PRESIDENTE: Señor Leguina, le ruego que vaya concluyendo.
El señor LEGUINA HERRÁN: Concluyo ahora mismo, señor presidente.
No ha citado el Museo del Ejército. No depende de su departamento,
pero es un museo y es una decisión importante su traslado al Alcázar
de Toledo. ¿Qué tipo de museo? Yo he visto algunos museos del
ejército en mi, desgraciadamente, larga vida y los hay para todos los
gustos. Sobre la decisión de quitar de Madrid ese museo, llevárselo
al Alcázar de Toledo, con las componentes históricas, ideológicas y
sentimentales que aquello tiene y la componente física que hoy tiene,
teniendo allí una biblioteca de alta calidad, simplemente le pregunto
¿usted qué opina?
En cuanto al archivo de Salamanca, lo ha citado de pasada, hay un
contencioso. A mi modo de ver, ese contencioso tiene unas componentes
y es que un archivo se convierta en bandera. Convertirse en bandera,
señor De Cuenca, es lo peor que le puede pasar a cualquiera en el
mundo. ¿Qué opinión tiene usted sobre este contencioso?
Señor presidente, me disculpo por la tardanza.
El señor PRESIDENTE: Le corresponde ahora el turno al Grupo
Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: De forma breve y claramente instrumental.
Como representante del Bloque Nacionalista Galego, quiero aprovechar
la ocasión para comunicar al señor secretario de Estado algunas
preocupaciones que, pese a su concreción empírica o a su localismo en
el mejor sentido de la palabra, tienen detrás un trasfondo de
preocupación cultural que tiene mucho que ver con la dinámica que hay
en el Estado español. En primer lugar, quería saber de boca del señor
secretario de Estado de Cultura (que se mostró favorable a la
rehabilitación y usos del patrimonio histórico-artístico, a su
conservación con finalidad social y dentro de todo esto lo que tiene
que ver la documentación que se deposita en muchos archivos del
Estado), en relación con Galicia, cuál es la predisposición de la
Secretaría de Estado. Ya dijo que era favorable al diálogo con las
comunidades autónomas y con todas las instituciones para la
conservación de un patrimonio histórico-artístico que es excesivo
para las posibilidades, aparte del mejor o peor hacer que pueda
obtener de la comunidad autónoma en este aspecto, y en particular de
una parte de Galicia olvidada dentro del olvido general, que es la
Galicia norte, la Galicia que está al norte del Tambre, que tiene un
territorio perfectamente estructurado, que está empezando a salir
ahora del olvido desde el punto de vista histórico y patrimonial y
que tiene en su territorio muchos castillos y muchos monasterios en
un estado de deterioro alarmante.
Los castillos en concreto de Andrade, de Moeche y de Narahio, hoy
pertenecientes a la casa de Alba, todos ellos del siglo XIV,
pertenecieron a oligarcas de familias importantes del Reino de
Galicia como pudieron
ser los Andrade y los Nuño Freire. Estos bienes debían participar del
uno por ciento cultural y no sabemos si hay una disposición clara por
parte del Ministerio y sólo depende de la iniciativa de las
corporaciones locales y de la Xunta de Galicia. Exactamente igual que
en esta zona están todos los bienes desafectados por Defensa, algunos
de ellos hoy ya abandonados y transferidos incluso a una corporación
local, que son monasterios importantísimos como el de Montefaro o uno
perteneciente a la iglesia católica que está en un estado de
deterioro, de expolio y de ruina como es el de Monfero. Por cierto,
todo este conjunto y más que hay en el territorio podía ser una base
fundamental de turismo cultural para el interior del país y para el
exterior, además curiosamente también vinculado, por citar en este
caso, a unos centros de carácter artístico que poseyeron unas
bibliotecas y unos archivos muy importantes hasta el siglo XIX, parte
de los cuales, usted sabe, están en el Archivo Histórico Nacional o
en el Archivo de Simancas. No es que nosotros como Bloque
Nacionalista Gallego tengamos un interés especial en que todo eso sea
recuperado para Galicia, pero sí pienso que sería interesante que por
lo menos en versión reprográfica pudiésemos contar con una
documentación bien en los monasterios si se rehabilitan o bien en el
Archivo Nacional de Galicia, porque, entre otras cosas, ahí está
parte de la historia de la lengua gallega. Los documentos están en
latín o en lengua gallega.
También quisiera preguntarle y ya acabo, señor presidente, dos
cuestiones. Usted habló de entusiasmo en la defensa de las
candidaturas para patrimonio histórico de la humanidad y, en
concreto, no sé si se le oculta la preocupación del Bloque
Nacionalista Galego por la muralla de Lugo, que es otro ejemplo claro
de documento ignorado, oculto para la propia población. Como
estudiante incluso de filosofía no recuerdo que figurase en ningún
manual de arte de los que yo estudié. Resulta que ahora tenemos que
descubrir que es el único resto de muralla romana entera que existe
en la Europa occidental. ¿Cómo van las gestiones para que esta
declaración sea eficiente? Nos vendría muy bien para una ciudad en
concreto como Lugo, tan olvidada, con un monumento digno de aprecio y
de difusión.
Quisiera decirle en general, respecto al problema del precio del
libro, que nosotros pensamos que las consecuencias de la
liberalización de los precios de libros de texto ya se están haciendo
notar en los ingresos de las pequeñas librerías, que contaban con la
venta de estos libros y a principios de año disminuyeron
alarmantemente. El acceso a las grandes áreas comerciales de padres y
madres para la compra de libros de texto aumentó de forma alarmante
-esto es ya constatable-. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta
política se debería de rectificar. Hay otras muchas medidas para
poder disminuir el precio del libro de texto si no se quiere entrar
por la gratuidad, como poner condicionantes claros en su dimensión,
en las características del
libro, en el uso durante años, aunque yo pienso que la gratuidad se
podría afrontar en un proceso de cinco años.
Por fin quiero recomendarle que calme las ansias españolistas del
Instituto Cervantes y se propague por el exterior una idea del Estado
español que vaya más allá del cante hondo, del folclore andaluz o de
ciertas cuestiones que están solamente muy legitimadas por una
versión lógica pero muy elitista de la cultura española, que es
bastante más amplia desde luego que la que promueve el Instituto
Cervantes, que debería llevar consigo también la asunción del
pluralismo lingüístico del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Quiero transmitir también, en nombre de mi
grupo Coalición Canaria, el agradecimiento al señor secretario de
Estado de Cultura por su presencia y su exposición en esta Comisión,
al igual que las propuestas y el espíritu de consenso que nos ha
transmitido sobre temas importantes que han de abordarse en esta
legislatura. Me voy a referir a algunos aspectos generales y en una
segunda parte intentaré transmitir algunas preocupaciones específicas
dentro del ámbito cultural que tenemos desde Canarias.
Nos ha comentado, y así lo hizo también la señora ministra en su
comparecencia, que tiene previsto el Ministerio llevar a cabo una
reforma legislativa. Me refiero fundamentalmente a la llamada Ley de
Mecenazgo.
Quisiera incidir en ello porque si bien nos ha expuesto las tareas
previas, que nos parecen lógicas, como recabar información de los
sectores implicados y de las consejerías autonómicas que puedan
transmitirnos algunos aspectos que supongan un avance en esta ley,
para posteriormente negociar con el Ministerio de Hacienda, creo que
sería conveniente conocer si existe un calendario, es decir, algunas
propuestas concretas sobre fechas dentro del período legislativo.
Creemos que no conviene que se aplacen demasiado los trabajos y el
debate en la Cámara sobre esta ley. Desde el mundo cultural se vive
con gran sensibilidad la necesidad de su modificación. En este
sentido ha sido presentada una proposición de ley por el Grupo
Catalán (Convergencia i Unió) cuyo texto se ha entregado ya a la
Cámara, por ello creo que sería conveniente concretar las fechas.
Quisiéramos transmitir a SS.SS. la necesidad de que se tengan en
cuenta las especificidades fiscales -y las aportaremos en el debate
de esta ley o de otras- de Canarias, las dificultades añadidas de los
costes de desplazamiento que tenemos, con el fin de poder garantizar
la presencia, por ejemplo, de creadores canarios en los circuitos
estatales, en los circuitos europeos y también la necesidad de
cooperar ambas administraciones
-autonómica y estatal- para que Canarias pueda ser la sede de grandes
eventos en el ámbito de la cultura.
Esta ley -así como otras iniciativas que pudieran tener lugar en esta
legislatura- debe garantizarnos las herramientas necesarias -como han
puesto de manifiesto algunos portavoces- para promocionar la
diversidad cultural de los pueblos y de las nacionalidades que
coexisten en el Estado español, con el fin de potenciar la cultura
que las propias instancias europeas están manifestando dentro de lo
que significa la diversidad de naciones y también de regiones que
componen Europa. Si muchos de los aquí presentes compartiéramos esta
visión y pensáramos que la cultura tiene que ser uno de los motores
importantes del desarrollo social y económico de los pueblos, sería
necesario priorizar aspectos que hoy por hoy se están demandando
desde muchos sectores y que pueden canalizarse, tanto por la llamada
Ley de Mecenazgo como por otras iniciativas legislativas.
Quisiera resaltar la necesidad de una mayor implicación del Inaem, el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales, en la
colaboración con las administraciones autonómicas y, en concreto, con
la administración canaria en lo que se refiere al fomento conjunto de
producciones. En ese sentido quiero resaltar la importancia del
festival de música de Canarias, que es uno de los más importantes
festivales de invierno que existe en estos momentos en Europa.
Por poner algún ejemplo, las subvenciones que en este ámbito se están
destinando a Canarias son del orden de los 30 millones de pesetas, de
los cuales 20 millones están dirigidos específicamente a este
festival. Seguro que el señor secretario de Estado conoce mucho mejor
que yo que desplazar a Canarias una orquesta de tamaño mediano, en
muchas ocasiones, supera con creces los 20 millones. Actualmente,
este festival está avalado, aparte de por los presupuestos
autonómicos, por la iniciativa privada. Reclamamos un poco la
atención al apoyo económico en este sentido.
En lo que refiere a la financiación del uno por ciento cultural,
queremos manifestar la importancia de seguir dando continuidad a
dicho apoyo. También quisiera resaltar la necesidad de revisar la
forma en que se prioriza la selección de esos fondos. Digo esto
porque el patrimonio histórico que queda en Canarias, como
seguramente conoce, es bastante escaso y desde el Gobierno de
Canarias se están haciendo importantes esfuerzos para su
rehabilitación. Entendemos que es necesario que se tenga en cuenta en
la planificación y en la priorización del destino de esos fondos la
propia planificación y priorización que hace la administración
autonómica porque, de alguna forma, nosotros también tenemos nuestras
instituciones de cabecera, desde el punto de vista del conocimiento
histórico, del acervo cultural de nuestro pueblo. Querríamos resaltar
que, en la toma de decisiones, se tenga en cuenta que éstas deben
hacerse de una forma más coordinada con los
gobiernos autónomos, en este caso el de Canarias, para poder aunar
esfuerzos a la hora de priorizar.
Queremos insistir también en algunos aspectos, pensando un poco en
los presupuestos de 2001, como es la necesidad de coordinar
infraestructuras culturales y de rehabilitación. Hay que resaltar la
importancia que va a tener para nosotros, en los próximos
presupuestos, las inversiones en el Archivo Histórico de la provincia
de Las Palmas, en las bibliotecas públicas, en este caso la de
Tenerife, así como en el plan de catedrales y de teatros. Aunque es
cierto que en estos momentos se está rehabilitando el Teatro Pérez
Galdós y el Castillo de la Luz, creemos que hay que resaltar la
necesidad de agilizar trámites. Querríamos saber en qué situación se
encuentra el proyecto de rehabilitación del Teatro Leal, de La
Laguna, puesto que para nosotros es importante ya que, como conoce el
señor secretario de Estado, el centro histórico de La Laguna ha sido
declarado patrimonio histórico de la humanidad, por parte de la
Unesco, y es importante rehabilitar su teatro.
Para concluir, he de decir que nuestro grupo, Coalición Canaria,
entiende que pueden concretarse en esta legislatura importantes
impulsos en todo lo relativo al ámbito cultural, pero entendiéndolo
desde el punto de vista de la coexistencia en España de una gran
diversidad en este ámbito, lo que da lugar a la gran riqueza cultural
del territorio español. En este sentido, resulta importante preservar
y potenciar la riqueza cultural desde el punto de vista de la
diversidad, entre otras cosas porque forma parte de nuestra historia,
historia que siempre hay que preservar si queremos mirar hacia el
futuro y hacia esa proyección de la propia cultura de España,
entendiéndolo también como una proyección de la diversidad de
culturas que existen en el territorio español.
También quisiera resaltar la necesidad de potenciar la equidad y la
mejora en la accesibilidad del ciudadano, viva donde viva en el
territorio español, a la cultura. Esto, como es lógico, entenderá que
se vive con bastante sensibilidad desde nuestra comunidad autónoma,
desde Canarias, por las lógicas dificultades de la lejanía, de la
insularidad y, como hemos dicho, de los costes añadidos que supone
tener acceso a aspectos culturales desde Canarias hacia fuera, pero
también desde fuera hacia Canarias.
El señor PRESIDENTE: Me da la impresión de que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) quiere intervenir. El señor Guardans
tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente, el Grupo Parlamentario
Catalán está encantado de intervenir, para empezar dando la
bienvenida al secretario de Estado de Cultura en esta Comisión, que
es la suya, y agradeciéndole su extensa, detallada y
extraordinariamente sistemática intervención.
Espigando un poco sobre alguna de las cosas que ha dicho y alguna de
las que no ha dicho, voy a intentar ser breve con algunas
observaciones. En primer lugar, sobre el tema del precio del libro,
porque yo sí esperaba que el secretario de Estado dijera alguna cosa.
Otra cosa es que me haya quedado convencido con lo que ha dicho, que
creo que no. Mi grupo parlamentario -lo sabe el secretario de Estado-
no es partidario de las medidas que se han tomado ni del riesgo que
flota en este momento, y que vamos a ver si en su segunda
intervención desmiente de forma más clara, de que se siga avanzando
en esa especie de mal llamada liberalización del descuento en lo que
es el precio del libro y, por tanto, ruptura del principio del precio
fijo, sobre el cual se sustenta en este momento todo el equilibrio de
la industria editorial y de la industria de la distribución, todo él
gira en España y en otros países -pero en España concretamente- sobre
el precio fijo. La ruptura de ese principio aparentemente tiene
beneficios para los consumidores a corto plazo -y está por ver- y muy
probablemente no tendrá ningún tipo de beneficio, más bien perjuicio,
para los propios consumidores a medio y largo plazo.
Yo hago absolutamente propias, y no por apoyo a una determinada
institución -que no deja de ser bastante representativa-, sino porque
las hacemos propias, las palabras que hoy mismo aparecen en la prensa
del presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y
Material de Enseñanza, que termina una serie de declaraciones
diciendo: «Preferimos antes el precio libre. La medida aprobada no es
liberalizar, sino crear un régimen especial. Con el precio libre
tendríamos unas reglas del juego para defendernos. Con esto no hay
defensa posible, quien tiene el poder nos machaca.» Son palabras poco
elegantes pero que, puestas de esta manera, me permite que consten en
el «Diario de Sesiones», porque efectivamente esa es la situación y a
eso es hacia lo que nos encaminamos ya con la medida en el frente
específico de la liberalización del descuento en libros de texto,
pero más todavía si el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
pretendiera ir más allá.
Usted en su intervención ha hecho una afirmación que le ruego que
detalle, porque a mí me ha sonado un poco rara, un poco especial, esa
especie de eufemismo diciendo que, en caso de que las librerías
tengan problemas -y aquí sí es donde he podido entrecomillar-, «se
plantean fórmulas de colaboración con las librerías hacia aquellas
acciones que les resulten más necesarias». Explíqueme usted eso
porque no he entendido muy bien si es que pretenden ustedes
subvencionar las librerías cuando tengan dificultades o de qué están
hablando, o si se trata sencillamente de dejar la sensación de que no
se preocupen ustedes, que ya les ayudaremos a que los libros de
Pessoa y Humberto Eco se puedan seguir vendiendo cuando realmente en
el sistema hacia el que están ustedes llevándonos ya no pueda
ser rentable su venta. Ese es un tema que nos parece de enorme
importancia, sobre el que seguiremos y en el cual damos el pleno
apoyo en este momento al sector editor y al sector librero en España,
y también al sector consumidor, porque, insisto, es una frase
gratuita (y entiendo que es lo que usted tiene que hacer en este
momento, pero es gratuita en la medida en que no se funda en ningún
conocimiento empírico) sostener que esto va en beneficio de los
consumidores, porque no es así, no lo puede probar, y dentro de un
año o de dos nos veremos. Entiendo que la única razón con la cual se
justifica este tema es creer que efectivamente los libros de texto
serán más baratos, pero ese tipo de afirmaciones, hablando de
precios, son muy peligrosas de mantener como si fueran un dato
empírico. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y dará la razón a
quien sea.
En el ámbito del cine, estamos claramente de acuerdo. Damos la
bienvenida al calendario que nos ha planteado sobre la aprobación por
el Consejo de Ministros de la ley del cine. El cine español, y en su
marco el cine catalán, es saludado por nosotros; al cine español le
damos todo el apoyo. No somos del todo partidarios, es más, no lo
somos, de la supresión de las cuotas. Reconozco que ese es un debate
mucho más amplio, en el que podríamos detenernos con más
tranquilidad. Dice usted que favorece más al cine europeo que al cine
español. Hoy por ti, mañana por mí. En la medida en que se está
facilitando la entrada en España del cine europeo, se está
justificando la entrada del cine español en el resto de los mercados
europeos, donde hoy la presencia es prácticamente nula. La presencia
del cine español en Italia, en Francia todavía, pero en Italia, por
ejemplo, por citar un país teóricamente con un mercado más próximo,
es muy pobre. Por tanto, aunque solo fuera porque facilita la
presencia del cine europeo y, por consiguiente, justifica presionar
para que entre el cine español en otros sitios, ya sería una
respuesta favorable. Insisto, las cosas no son blanco y negro. No
pretendo decir que las cuotas son el remedio a todos los males, pero
tampoco somos partidarios de la descalificación de las cuotas. Cuando
llegue la ley la examinaremos. Evidentemente las mayorías en esta
Cámara son las que son, pero fijaremos nuestra posición en los
términos en los que venga la ley.
El impulso al cine y a la industria del cine en España, tiene todo
nuestro apoyo. Los comentarios que ha hecho, que habrá que
desarrollar en medidas concretas en lo que hace referencia al mercado
iberoamericano, al mercado en lengua castellana, y no sólo, pero
también, al mercado en lengua castellana en Estados Unidos, es un
frente en el que nosotros estamos en plena sintonía. Yo ahí le
pediría que se dirigiera formal o informalmente también a
Radiotelevisión Española que, como sabe, tiene un peso importante en
lo que es la financiación del cine, porque a veces da la impresión,
según la información de que dispone este portavoz, de que en
Radiotelevisión Española hay gente partidaria
del separatismo, porque considera que el cine catalán no es cine
español. La respuesta que a veces se da cuando se acude a la
financiación por parte de Radiotelevisión Española de proyectos o de
informes o específicamente cinematográficos catalanes, es decirle:
A usted que le financien los suyos, que yo financio a los españoles. Es
un planteamiento que políticamente tiene su interés y sería bueno que
el presidente del Gobierno también lo conociera, porque así como en
Radiotelevisión Española hay quien considera que Cataluña no es
España o que el cine catalán o producido en Cataluña no merece la
financiación de Radiotelevisión Española, es políticamente de enorme
relevancia y tendrá que ser traído a esta Cámara. Mientras eso no sea
así y mientras todos sigamos sosteniendo que el cine catalán es una
parte y una manifestación más del cine español, la afirmación de que
Radiotelevisión Española lo que tiene que hacer es financiar el cine
que se hace en el resto de España, porque el cine que se hace en
Cataluña ya lo financiará la televisión catalana, es un planteamiento
que no se corresponde, entre otras cosas, con la realidad financiera
de la propia Televisión Española, que pagamos también los catalanes
en la parte que nos toca de contribución a la hacienda estatal,
y creo que ni siquiera se corresponde con la realidad constitucional
estatutaria. Eso no es directamente responsabilidad suya, sino
indirectamente y, por consiguiente, le ruego que tome nota de este
tema para comentarlo en su momento, en el marco global del apoyo a la
cinematográfía, con los responsables de Radiotelevisión Española.
En todo lo que se refiere a las instituciones culturales de cabecera
(terminología que no conocía y que he recibido con satisfacción como
expresión, porque quede realmente consagrada, y lo digo sin ironía:
me parece una expresión neutra, que es correcta y que engloba el
conjunto de lo que son determinadas instituciones culturales), le
haría dos referencias de pasada, compartiendo globalmente el conjunto
de las afirmaciones que ha hecho y destacando, porque quiero
destacarlo, que en lo que se refiere a determinadas instituciones que
están concretamente en Cataluña, sé que hay un diálogo muy fluido en
términos bilaterales entre la Administración general del Estado, el
Gobierno de España y el Gobierno catalán; por tanto, en lo que son
puntos concretos no voy a entrar, porque sé que el diálogo es fluido
y está abierto. Sólo haría dos comentarios, uno sobre un tema que el
secretario de Estado ha destacado en su intervención como muy
importante, y que, efectivamente, lo es, aunque creo que quizá se
podría administrar de otra manera, que es la dación en pago, la
utilización del pago de determinados impuestos vía obras de arte como
una forma importante de incremento del patrimonio cultural español.
Estamos totalmente de acuerdo con esta fórmula, en su momento también
la apoyamos y creemos que se tiene que potenciar. En lo que no
estamos del todo de acuerdo es
en que todo aquello que perciba la Hacienda pública en relación con
el pago tenga que quedarse en Madrid, porque eso es algo que
estadísticamente es así en este momento, y no creemos que tenga
ningún fundamento. No se trata tampoco de dar aquí fórmulas de
descentralización por la descentralización, habrá que ver cada caso,
pero hago una llamada formal a que se estudie de nuevo este tema. Me
consta que en el Senado ha habido iniciativas, en contra de las que
el Partido Popular ha votado repetidamente, sobre la
descentralización en el reparto territorial de las obras de arte que
el Patrimonio del Estado adquiere, la dación en pago por la vía del
pago de impuestos mediante obras de arte. No tiene ningún sentido que
eso se centre en Madrid -no estoy hablando de Cataluña, estoy
hablando del conjunto del territorio español- porque, aunque
efectivamente en Madrid hay instituciones museísticas que justifican
en muchos casos que esas obras vayan a parar allí, en otros casos no,
o no necesariamente. Este sería el único punto no crítico, sino de
llamada de atención, sobre esa institución, que me parece útil y
todavía muy perfeccionable.
También doy la bienvenida a los comentarios que ha hecho sobre el uno
por ciento cultural. Yo no tenía el dato de que vence el convenio con
el Ministerio de Fomento, y me parece una ocasión útil,
evidentemente, para renovarlo, pero en el marco de esa renovación,
para clarificar cómo tiene que funcionar el uno por ciento cultural,
puesto que, efectivamente, como entre líneas ha dejado ver el
secretario de Estado que, evidentemente, se cuidará muy mucho de
criticar a otro departamento del Gobierno al que pertenece, no hay
hoy la más mínima coherencia en la finalidad a la que tiene que ser
dedicado el uno por ciento cultural. No hablo en absoluto, no se me
entienda mal, de supuestos de prevaricación ni de desviación de poder
ni de nada por el estilo, pero sí de una cierta arbitrariedad en el
reparto del uno por ciento cultural, en la medida en que Fomento no
tiene por qué tener encima de la mesa las prioridades culturales ni
del Ministerio de Cultura ni de las consejerías de Cultura, que son
las que en el fondo tendrían que tener a veces la última palabra y
otras veces al menos ser consultadas y consensuarse con ellas las
prioridades en un caso concreto. Y al final acaba dependiendo el uso
que se hace del uno por ciento cultural de las mejores o peores
relaciones del responsable o los responsables del Ministerio de
Fomento con los responsables municipales de allí donde ese dinero va
a ser invertido. Por tanto creo que esto, que está fuera de lugar,
debe ser estudiado con detalle. Es un instrumento muy útil, creo que
fue una idea brillante en su momento, y es un instrumento que tiene
que seguir siendo utilizado, pero con más coherencia, con más
racionalidad, con participación mucho más clara de los responsables
de cultura de las comunidades autónomas y evidentemente también del
Ministerio de Cultura.
En cuanto al mecenazgo, esperamos con ansiedad conocer los términos
del proyecto de ley. Como ya se ha comentado, mi grupo ya presentó un
proyecto de ley no tanto -no lo hemos ocultado en ningún momento-
para que saliera en sus propios términos -nunca cuando se presenta
una proposición de ley en ese caso, pues se cuenta con enmiendas-,
sino que a nosotros lo que nos importa es que este asunto se
resuelva, con las fórmulas que aparecen en nuestra proposición de ley
o con otras, pero que se resuelva, que se le dé un impulso. Por tanto
esperamos el texto del Gobierno, que por razones obvias se parecerá
bastante más a lo que finalmente se apruebe. Sabemos que el peso del
problema no está en el Ministerio de Cultura, está en el Ministerio
de Economía, que nunca ha creído en el mecenazgo cultural, que tiene
miedo al mecenazgo cultural y que, además, en el fondo no cree para
nada en las posibilidades reales y en el daño, entre comillas, que
eso le puede hacer. De hecho, si se examina el crédito fiscal -no me
refiero al secretario de Estado, sino que pretendo aclararlo a
efectos del «Diario de Sesiones»-, el crédito fiscal significa
aquello que el Ministerio de Economía considera que va a dejar de
percibir, y que por tanto consta en los presupuestos, por las
deducciones que una determinada ley prevé. Si se examina, como decía,
el crédito fiscal derivado de la Ley del mecenazgo que aparece en los
presupuestos, en los últimos años -y me ahorro dar cifras-, las
cifras son ridículas, a veces menores que el presupuesto de cultura
de determinados ayuntamientos españoles. Eso es así. ¿Por qué? Porque
el Ministerio de Economía no cree para nada en la Ley del mecenazgo,
cree que la actual Ley del mecenazgo no sirve para nada.
Probablemente habrá un debate político importante en el que el
Ministerio de Cultura tendrá que tener su papel, y tendrá todo
nuestro apoyo, para convencer de la enorme utilidad que tiene la
participación de la sociedad en este tema, pero que eso se tiene que
traducir en números. Lo demás es literatura, es una gran proclamación
jurídico-social. Pero si eso no se traduce en desgravaciones reales y
eficaces estaremos hablando de pura música y no habremos pasado de
las musas al teatro.
Decía que sí he echado de menos una cosa en su intervención. Lo
demás, como ve, son puntualizaciones o simplemente subrayar algunas
cuestiones. Es la referencia a la preocupación, mayor o menor, o cómo
afronta o cómo se ve desde el Ministerio de Cultura todo lo que hace
referencia a Internet y a las nuevas tecnologías. Evidentemente
Internet, en sentido estricto, si hubiera que repartirlo en términos
de departamentos ministeriales, no cabe duda que su impulso estaría
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología; sin embargo, todo lo que
supone Internet tiene una vertiente que afecta directísimamente a su
Ministerio. Me refiero, por ejemplo -y podríamos hablar mucho más-, a
lo que hace referencia a la propiedad intelectual, a los problemas
que se están planteando en Francia, que se
han planteado en Estados Unidos, que se van a plantear pasado mañana
en España -y más vale empezar a escarmentar en cabeza ajena-, sobre
los eventuales abusos o por lo menos, por intentar ser absolutamente
objetivo en este momento, el equilibrio oportuno que hay que buscar
entre el impulso de Internet y los derechos de autor en el mercado
editorial, en la industria del cine. Usted mismo ha citado varias
veces DVD. Sabe perfectamente los problemas que están planteando los
derechos de las películas en DVD vertidas después vía digital
debidamente comprimidas a través de Internet y su eventual
distribución ilegal con la posibilidad de que se pueda grabar DVD.
Eso, que evidentemente perjudica gravemente a la industria
cinematográfica norteamericana, que ya se está ocupando de impedirlo,
perjudicaría en proporción mucho mayor a la industria cinematográfica
española. No esperemos a tener un problema grave sobre la mesa; no sé
si hay -si la hay no la conozco- alguien con despacho, silla,
teléfono y fax en el Ministerio de Cultura que esté dedicando sus
energías intelectuales y sus estímulos a seguir este tema, a
controlarlo y a preocuparse por las copias pirata en el mundo
discográfico, también mezclado en parte con Internet. Ahí está la
sanción que MP 3 acaba de tener y que Universal ha conseguido. Eso
también afecta a la industria discográfica española, evidentemente,
aunque los norteamericanos vayan en este tema por delante. Ahí hay
todo un frente que, insisto, podría dar para hablar con mucha más
calma de la cultura y de las nuevas tecnologías, donde no se trata de
buenos y malos. Ni es malo Internet ni es buena la cultura ni al
revés, pero sí está claro que la ley de la selva no vale en ningún
ámbito y tampoco en el mundo de Internet o de la cultura ON LINE.
En el ámbito de la propiedad intelectual, no propiamente Internet, el
Gobierno no ha cumplido todavía -y este portavoz lo tiene formalmente
pedido, pero aprovecho la ocasión para subrayárselo, puesto que es
una petición de buena fe, de recordatorio-, con la obligación que
tenía de presentar un informe a esta Cámara sobre la falta de
seguridad jurídica y cómo piensa corregirlo, en lo que se refiere a
los derechos de autor en el ámbito de la restauración y de la
hostelería. Entiendo que eso es algo que tendrá que consensuar
probablemente, en su momento, con las otras partes afectadas o al
menos con el Ministerio de Economía en lo referente a Comercio, pero
en todo caso en la Ley de acompañamiento última aparecía eso, tenía
seis meses para presentar ese informe, si no recuerdo mal; esos seis
meses evidentemente han transcurrido y estamos a la espera de que el
Gobierno responda y explique cómo va a resolver algo que en este
momento, como bien sabe el secretario de Estado, está provocando una
situación de tensión en un determinado sector y además con
resoluciones contradictorias por parte de los distintos tribunales.
Termino, señor presidente, con una última referencia más de tipo
político, que pretende complementar lo que es un apoyo global al
conjunto de objetivos que ha manifestado. Es en referencia a la
cooperación. He escuchado con enorme atención los términos -que
además he de leer en el «Diario de Sesiones»- con los que el señor
secretario de Estado ha definido ese equilibrio entre la noción de
cultura española y las distintas culturas que la integran, los
pueblos, etcétera. Ha utilizado una forma que es indiscutible e
inapelable porque me parece que está perfectamente medida y
probablemente releída varias veces antes de darla por definitiva.
Desde esa perspectiva, efectivamente tiene el apoyo del Grupo
Parlamentario Catalán, pero con un matiz, sólo con un matiz. No hay
17 culturas en España. De acuerdo en que el conjunto de las culturas
puede integrar una cultura española o algo que denominemos cultura
española, que está formada por las varias culturas que integran
España (no quiero perderme en el debate nominalista), pero donde sí
nos opondremos, como lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos
haciendo, será cuando se intente tratar por igual, aquí también, el
café para todos. Cuando se está hablando de patrimonio histórico,
evidentemente sí hay 17 comunidades autónomas; cuando se está
hablando de apoyo al cine, cuando se está hablando de mecenazgo,
evidentemente sí, todos por igual y así lo aceptamos, es el sistema
que se deriva de la Constitución. Cuando se está hablando de
identidades culturales, no, en absoluto, no hay 17 identidades
culturales en España. Y eso tiene traducción política y jurídica,
también en lo que se refiere, por citar un punto muy concreto, a la
promoción exterior de la cultura española y de las distintas culturas
españolas. Ahí nosotros no compartiremos. Otra cosa es que hay que
ser valientes, que eso puede levantar determinadas ampollas políticas
y que hay que hacerlo con toda la prudencia y sin herir a nadie. Pero
pretender sostener que en España hay una cultura española y otras 17
culturas que la integran (no es que lo haya dicho el secretario de
Estado, pero podría derivarse) es un principio político que nosotros
no compartimos y cuyas eventuales manifestaciones prácticas no
apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, vaya concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino con esto.
Sean valientes en este tema, señor secretario de Estado, porque -como
decía el compareciente anterior, el presidente del Consejo Escolar
del Estado, en otra perspectiva, al referirse al conocimiento del
catalán en el resto de España- también aquí cuanto más valientes sean
ustedes, más están facilitando la propia unidad y cohesión del
conjunto de los pueblos de España. Cuanto más difícil hacen a
determinados pueblos de España
el sentirse identificados en el conjunto, más se está promoviendo el
sentirse alejados, el sentir que uno no forma parte del conjunto. Y
que unas personas se consideren realmente integradas en ese conjunto
depende tanto de los que se tienen que integrar como de ustedes, que
son los que tienen que hacer el esfuerzo para que esas personas se
consideren también parte de ese conjunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora
Rodríguez-Salmones tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo me sumo a todos los demás
portavoces. Bienvenido a esta Comisión, señor secretario de Estado, y
muchas gracias por su exposición, que yo creo que ha sido muy
detallada cuando ha sido necesario y, al mismo tiempo, ha diseñado
muy bien los objetivos y los principios en los que va a basar la
política de su departamento. En ese terreno me parece importante
señalar cómo nos ha marcado que es una política de Estado, con la
transversalidad -que el portavoz socialista ha glosado en alguna
ocasión- que esto requiere y, al mismo tiempo, lo ha concretado en
algo tan singular como el presupuesto. Me parece muy importante la
cifra que aquí ha avanzado. Cuando hablamos frente a un Gobierno, al
final el presupuesto es casi lo que más nos puede importar. También
quiero señalar cómo ha dividido muy bien ese objetivo suyo de
facilitar los cauces a la creación y, al mismo tiempo, conservar la
memoria, ofreciéndonos propuestas concretas en ambas direcciones para
poner las dos cuestiones al alcance de todos.
Respecto a esta política de Estado, quiero destacar -como han hecho
los demás portavoces y el señor secretario de Estado- la importancia
del acuerdo parlamentario que se logró en la anterior legislatura,
que se mantuvo con esfuerzo por parte de grupos de la oposición y con
contrapartidas serias por parte del Gobierno, que todos esperamos que
se pueda seguir manteniendo. Yo creo que está en el espíritu de todos
los grupos mantener ese acuerdo parlamentario, y para ello contamos
con que la Secretaría de Estado, a su vez, facilite la máxima
información y tenga la máxima disponibilidad -no lo dudamos- con esta
Comisión y con esta Cámara.
Hay cuestiones en las que, como es normal, estoy de acuerdo, pero no
querría dejar de señalarlas, aunque sea muy brevemente, porque me
parece que han tenido mucha importancia. Son aquellas que se refieren
a lo que se deriva de haber hecho aquella fusión tan importante y tan
emblemática entre los departamentos de Educación y de Cultura. En
muchas partes de su exposición ha mencionado este hecho, y nosotros
seguimos pensando que ha sido algo muy importante en general para la
cultura. Todo lo que no se despierte en la escuela es difícil de
despertar luego. Por tanto, todo lo que su
Secretaría de Estado haga en colaboración con el área que se ocupa de
la política educativa será bienvenido. Por ejemplo, antes nos ha
hablado el presidente del Consejo Escolar del Estado de las
enseñanzas artísticas, la vinculación conservatorios-enseñanzas,
etcétera, y el secretario de Estado ha hecho ahí un aparte muy
importante en lo que se refiere a la lectura, a las bibliotecas
escolares. Todo lo que se pueda hacer en común en este ámbito será
para nosotros muy bienvenido. Además, en la medida en que nuestro
grupo pueda tener iniciativa, instaremos al Gobierno a que lleve a
cabo acciones en este sentido.
La promoción de la lectura que es, como otros portavoces han dicho,
una cuestión muy preocupante en España, se tiene que hacer en la
escuela, si no, siempre será demasiado tarde. La mención a
bibliotecas escolares es muy importante, pero, hablando de la
lectura, nuestro grupo tampoco puede obviar lo que todos los grupos
han señalado sobre el debate planteado de los descuentos en los
libros de texto. Nos parece importante señalar, y el secretario de
Estado lo ha hecho, que se mantiene el precio fijo. Ese es un hecho.
La posibilidad que existe es la de hacer mayores o menores
descuentos. Nos parece que esta medida ha beneficiado sin duda a las
familias, y además el secretario de Estado ha anunciado importantes
medidas en favor de las librerías pequeñas y medianas que pueden ser
perjudicadas. Parece lógico que no haya que esperar a las grandes
cifras para saber que hay un mercado que por lo menos en este primer
año ha podido perder. Se nos anuncia un paquete importante de medidas
en fiscalidad, en promoción de la lectura, en modernización de
librerías, que además se van a llevar a cabo en colaboración con el
sector, con la Federación de Gremios, etcétera, que suponemos que
podremos ir viendo en presupuestos, en las campañas o en las medidas
que se presenten. Es decir, nuestra preocupación por el sector de las
librerías es importante, pero creemos que el beneficio de las
familias en este momento, a la hora de adquirir los libros de texto,
ha sido muy notable. En ese sentido, y manteniendo además el marco
del precio fijo, nos parece que podemos lograr un equilibrio que
palíe determinados perjuicios.
Otra cuestión importante que el secretario de Estado ha señalado y de
la que han hablado también otros portavoces, es la cooperación
exterior y la colaboración interior. A mí me gustaría decir que,
además de esa transversalidad en la presencia exterior, la cultura es
la gran llave de España en el exterior. Es decir, no sólo es
importante la presencia cultural española en el exterior, es que la
cultura española ha sido la gran llave para todas las empresas
españolas y para España en su totalidad, como país, y así lo constata
por ejemplo la Vicepresidencia económica de este Gobierno una y otra
vez.
Por otro lado -algunos portavoces así lo han resaltado-, es necesaria
la comunicación entre las comunidades autónomas y la colaboración
entre ellas y el
Gobierno central. El secretario de Estado nos ha hablado de la
presencia de las compañías nacionales, refiriéndose además a este mes
de octubre, en el sentido de que va a haber una gran presencia de las
compañías nacionales fuera de Madrid, que suele ser escasa y por las
cifras que ha dado parece que va a ser importante. En el Estado
español de las autonomías la voluntad de colaboración tiene que ser
previa a todas las acciones, a los presupuestos y a las acciones de
Gobierno. Debemos tener esa voluntad de colaboración porque no se
trata ya de un problema normativo sino de voluntad, y sin ella no
haremos nada. Pero creo que son interesantes las cuestiones que se
han planteado y aquellas que los portavoces, tanto del Grupo
Parlamentario Mixto como del Grupo Parlamentario Catalán, han puesto
encima de la mesa.
Por último, nos ha hablado también del desarrollo legislativo.
Esperamos poder participar en los trabajos de la reforma de la Ley
del mecenazgo, que será la gran ley, el gran cauce de la
participación de la sociedad en la cultura, y también de la dimensión
del Estado, que no sea este Estado invasor que va como a ceder parte
de lo que ahora él ocupa para que sea ocupado con mucha más libertad
por parte de la sociedad. Las cifras de dación que nos ha ofrecido
son importantes, pero también es cierto que hasta ahora esta ley se
ha quedado muy corta y, como señalaba el portavoz catalán, el volumen
de gasto fiscal es realmente escaso. También nos ha hablado de la ley
del cine. Me parecen importantes las puntualizaciones que nos pueda
hacer ahora sobre lo que se deriva de las nuevas tecnologías y la
propiedad intelectual puesto que es algo que surge por todos los
resquicios, como es lógico en esta nueva sociedad del conocimiento.
Por último, aunque creo que es muy tarde, me voy a permitir
plantearle tres pequeñas cuestiones, por si pudiera contestarlas. Una
pregunta muy concreta es que hemos hablado de la ley del cine y de la
buena situación del mismo, pero preocupa a nuestro grupo que las
últimas cifras de cine no parezcan tan buenas como las del ejercicio
anterior y no entendemos la razón. Otra cuestión se refiere al Museo
de Altamira, que es una de las grandes noticias de este año. Creo que
va a ser un museo singular y de enorme importancia. Hay una palabra
complicada que en esta Comisión casi no deberíamos pronunciar pero
que nos inquieta, y es el famoso contencioso, no sé si grande o
chico, con el Ayuntamiento de Santillana sobre el censo reservativo
-pido perdón por la palabra- que puede dificultarlo todo. Por último,
señor secretario de Estado, una pequeñísima pregunta referida a una
información de este verano que merecería alguna puntualización. Hubo
una información extraña del Tribunal de Cuentas y la Biblioteca
Nacional referida a los fondos. Fue algo vago, pero precisamente por
ello y por su confusión sería bueno que nos lo aclarase. En cualquier
caso puedo formularle estas tres preguntas muy concretas
por escrito si le parece que es demasiado tarde para contestarlas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado para
contestar a los distintos portavoces, recordándole que, aunque tiene
plena libertad de tiempo para hacerlo, hemos pasado de las dos y
media y tenemos sesión plenaria a las cuatro de la tarde.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): La
verdad es que se ha hecho bastante tarde.
Voy a iniciar el turno de respuestas con don Joaquín Leguina,
portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión de Cultura. Casi todos
los intervinientes se han referido al precio fijo, de modo que lo que
pueda decir ahora puede valer para los demás interlocutores. Decía el
señor Leguina que los descuentos libres en materia de libro de texto
rompían la política del precio fijo. Yo sigo pensando que hemos
mantenido el precio fijo y que es importante. Esta Secretaría de
Estado se siente satisfecha de que se hayan parado ahí las
innovaciones. En este momento beneficia claramente al consumidor;
tengo perfectamente claro que los padres de familia están ahora más
contentos que antes con el tema de los descuentos, y tengo claro
también que eso va a producir un perjuicio a las librerías y se han
previsto una serie de medidas para apoyar a las librerías para
superar ese bache. Por otra parte hay que pensar que el mundo está en
perpetuo movimiento y que si estas medidas, que forman una pequeña
parte de un paquete de medidas liberalizadoras, demuestran en su
momento que no han cumplido con el objetivo que se pretendía, todo es
revisable. Pero también es revisable el papel de las librerías en la
sociedad, también es revisable que las librerías se vayan
especializando, vayan adquiriendo un compromiso con sus clientes
distinto del que se ha producido hasta ahora; el mundo está en
perpetuo movimiento y esa es la idea que quería trasmitir respecto al
precio fijo.
La campaña de promoción del libro y la lectura, que vamos a realizar
en colaboración con el sector, la Confederación del Gremio de
Editores, va a ser plurianual. Ya hemos empezado en este año y se
pretende llegar con espónsores privados y con ayuda externa a una
cantidad sustancial en esta campaña de unos 1.000 millones de pesetas
en cuatro años. Estoy plenamente de acuerdo con el señor Leguina en
que esa campaña no debe limitarse a unos anuncios publicitarios en
televisión o en las calles, sino que debe trascender el ámbito de lo
publicitario e instalarse en el mundo de las bibliotecas públicas,
por ejemplo, o instalarse en otro tipo de procedimientos de promoción
de la lectura. Yo no me siento tan avergonzado como el señor Leguina
en cuanto al porcentaje de lectores que hay en España. No olvidemos
que España es el quinto productor mundial de libros y que
evidentemente no es el quinto país
lector del mundo, pero no cabe duda de que tenemos que intentar
ampliar ese porcentaje, aunque probablemente nunca lleguemos al
porcentaje de Islandia, porque las condiciones climáticas de nuestro
país inducen a salir a la calle y no a quedarse leyendo un libro y,
sin embargo, en otros países la única alternativa es leer un libro.
Yo siempre he dicho que el concepto de lectura y el concepto de
obligatorio es una barbaridad, es una contradictio in terminis, la
lectura siempre ha de ser voluntaria. Lo que hay que hacer es
intentar que nuestros pedagogos, que nuestros dirigentes políticos o
los gestores culturales actuemos para que la lectura sea algo grato y
placentero para todos y, por tanto, que la gente lea, pero siempre
con el marchamo del placer que es de lo que se trata y no con esas
campañas didácticas. Vuelvo a lo que ha dicho la señora Rodríguez-
Salmones de que educación y cultura han de ir siempre unidas, porque
aquella pedagogía de la obligación en la lectura nos ha conducido al
desastre.
También ha hablado de televisión y han hablado otros intervinientes
acerca de la televisión. Es fundamental y es básico y no son los
productos mejores posibles los que en este momento estamos realizando
en ese canal exterior ni en general en todas las televisiones, la
pública y las privadas. Yo he hablado ya con el director de
Televisión Española, con Álvaro de la Riva, y me voy a reunir con él
para priorizar objetivos. De lo que no cabe duda es de que Televisión
Española está en un momento extraordinariamente importante desde el
punto de vista presupuestario porque por fin tienen una orden de
saneamiento muy seria. Pero tampoco ahora es el mejor escenario
Televisión aunque vamos a intentar priorizar. Álvaro de la Riva me ha
concedido la posibilidad de que este Ministerio de Cultura priorice
los programas culturales y no sé qué me va a dar, si va a ser el
chocolate del loro o qué, pero en cualquier caso vamos a trabajar con
ilusión en ese terreno, porque indudablemente hay que contar con la
televisión, que es la escuela actual de todos, acaso para nuestra
desgracia.
El señor Leguina comentaba acerca del principio constitucional según
el cual la cultura, los bienes culturales, han de ser accesibles a
los ciudadanos, que es lo que justifica el hecho de que haya una
Administración dedicada a la cultura, y en eso estamos. Pero me
preguntaba más concretamente acerca de qué opinión me merecía el tema
de las rentas de los creadores, de un pintor o un escritor que un
determinado año gana un premio importante y percibe una cantidad de
dinero, de la que tiene que pagar una cantidad también importante,
probablemente el 50 por ciento -o el máximo actual, que creo que se
ha bajado del 56 al 50 por ciento, pero no estoy seguro- de esos
emolumentos que tal vez constituyen para él el modus vivendi de tres
o de cuatro años. Yo creo que eso debería revisarse y ojalá pudiera
hacerlo yo, pero eso depende de otro departamento. En cualquier caso,
en el caso de los creadores
me parece claramente injusto que no se considere que sus rentas, que
las percepciones de sus rendimientos creativos y sus economías son
irregulares.
No me cabe la menor duda, en cambio, de que la cultura sí es un
factor que acompaña siempre a la entrada de la economía y tampoco
cabe duda -estoy de acuerdo y en eso me daba la razón también la
señora Rodríguez- Salmones- de que detrás de la cultura vienen los
empresarios y de que hay que fomentar la producción cultural, y en la
medida en que fomentemos la producción cultural estamos fomentando
también nuestra economía y nuestras finanzas.
Hablaba de la necesidad de una ley general de incentivos para bienes
culturales y yo creo que esa es una iniciativa interesante y que ha
de tenerse en cuenta.
Al hablar de la coordinación entre los departamentos de Exteriores y
de Cultura estoy completamente de acuerdo con usted en que,
efectivamente, no existe todavía la coordinación deseada. Vamos a
intentar que haya una mayor coordinación, y poco a poco estoy
convencido de que iremos avanzando en ese terreno.
El tema de las competencias de las comunidades autónomas y del
aislamiento de las mismas -y aquí también estoy respondiendo a cosas
que se me han planteado con posterioridad- me parece sangrante en
ocasiones. Por ejemplo, ahora no porque existe una librería catalana,
Blanquerna, en la calle de Serrano en Madrid, pero hasta hace muy
poco conseguir un libro catalán en Madrid era desesperante; o un
fenómeno cultural de importancia en el País Vasco realmente pasaba
desapercibido en Andalucía; no hay comunicación y eso entra también
dentro del mundo de la coordinación de que hablábamos entre
Exteriores y Cultura y yo creo que hay que tomárselo en serio porque
realmente somos un país pequeño y es una lástima que estemos tan
fragmentados culturalmente.
En cuanto al problema de los museos de titularidad estatal y gestión
autonómica, hay que decir que todo lo que se comparte en esta vida,
desde la institución matrimonial hasta cualquier otra cosa, es
problemático, e indudablemente cuando una cosa la comparten la
Administración central y las administraciones autonómicas se crean
siempre fricciones. Sin embargo, mi impresión es de moderado
optimismo con respecto a esas instituciones museísticas. Creo que
existen problemas pero no son de los que me quitan el sueño dentro de
mi actividad como gestor cultural.
Hablaba también el señor Leguina del Instituto del Patrimonio y de
sus problemas con el personal. Hay que cuidar especialísimamente ese
personal puesto que es uno de los institutos del patrimonio más
importantes y cualificados del mundo. Hay que frenar cualquier
tensión laboral que pueda aparecer y tomarse muy en serio esas
cuestiones de las que estoy al tanto. Durante mi gestión vamos a
cuidar al citado personal del Instituto del Patrimonio.
El Museo del Prado tiene sus problemas en cuanto a las decisiones,
pero hay una voluntad muy clara por parte del actual presidente del
patronato y del actual director de ponerse de acuerdo e ir juntos en
el ámbito de las decisiones. Hay que repensar el Prado entre todos.
Les digo a todos los grupos que a esta Secretaríade Estado de Cultura
le interesa que todos los temas se vayan discutiendo en esta Comisión
de Cultura y que nada se haga manu militari sino con el diálogo.
Repito que hay que repensar el Museo del Prado, el propio presidente
del Patronato, Serra, lo ha dicho. Vamos a hacerlo entre todos y
estoy seguro de que avanzaremos también en ese terreno.
Teatro Real y Liceo de Barcelona. El Liceo de Barcelona es un buen
modelo de implantación en el tejido social de la ciudad, en cambio,
el Teatro Real todavía no tiene la capacidad de haberse insertado en
el tejido social de Madrid. Estoy plenamente de acuerdo con S.S., lo
que ocurre es que tiene muy pocos años de existencia. Hay que darle
un voto de confianza y hay que decir a las autoridades que gerencian
el Teatro Real que tengan en cuenta la experiencia de Barcelona, que
el Liceo es un buen espejo en que mirarse. Las frases que ha dicho S.
S. me han puesto los pelos de punta. Me imagino que habrá que matizar
y se podrá explicar, porque esa locura de que para ser un ciudadano
de primera tiene que tener uno un abono en el Real me produce
escalofríos. Hay que abrir la opera a la sociedad, no cabe la menor
duda.
Museo del Ejército. Me va a permitir que me reserve la opinión con
respecto al traslado. Creo que estoy en el derecho de hacerlo. De lo
que no me cabe duda es de que en este momento la actual situación es
que el Museo del Ejército va a ser un museo de historia militar. Ya
se han hecho las primeras obras en el Alcázar de Toledo donde está
instalada una enorme biblioteca, la biblioteca de Castilla-La Mancha.
Repito que me voy a reservar mi opinión personal, pero creo que esto
hay que llevarlo a cabo.
En cuanto al Archivo de Salamanca, expresé mi opinión a algunos
diputados catalanes y al conseller que vinieron a almorzar con la
ministra y conmigo hace unos meses. Pienso que se ha de preservar la
unidad de archivo y ya se ha formado la comisión que pueda estudiar
el hecho de que algunos documentos puedan ser objeto de reinstalación
en alguna otra sede, pero sin vulnerar en ningún momento el concepto
de unidad de archivo. Es importante que las cosas estén siempre en
los lugares en que uno puede o debe encontrarlas. Hay que tener en
cuenta que los colectivos profesionales han de ser atendidos. Yo haré
lo que me digan los archiveros, lo mismo que haré lo que me digan los
bibliotecarios en materia de bibliotecas, etcétera. Creo que hay que
atender extraordinariamente a los colectivos profesionales. Con esto
termino mis respuestas al señor Leguina y voy a intentar ser lo más
rápido posible porque
en estos momentos sólo se escucha a la voz del estómago.
El señor Rodríguez, al que saludo muy afectuosamente -a don Joaquín
Leguina tenía el gusto de conocerle, pero al señor Rodríguez, no- ha
comentado una serie de temas con buena mano cultural y con
conocimiento, que le agradezco.
Desde Galicia sólo no se puede atender al riquísimo patrimonio
gallego. Desde España sólo no se puede atender al riquísimo
patrimonio español. España, Italia, Francia, Alemania son países con
un patrimonio histórico- artístico tan increíble que no hay dinero en
el planeta para que todo esté maravillosamente conservado y atendido.
Europa debe intervenir en el patrimonio histórico español aportando
dinero y, desde luego, España debe intervenir en el patrimonio
histórico gallego y no sólo debe depender de las instituciones
locales. Tomo muy buena nota de que al norte del Tambre hay una
región que desconozco y que estoy deseando conocer, llena de
castillos y monasterios importantes. En algo podremos ayudar aunque
siempre será insuficiente; no podremos cuidar nuestro patrimonio como
queremos porque nos desborda y supera con mucho.
En cuanto a la reprografía de documentos que conciernen a Galicia,
estoy absolutamente de acuerdo -se lo dijimos a nuestros amigos
catalanes cuando almorzamos con ellos- en que es muy interesante
utilizar las nuevas tecnología. En el caso, por ejemplo, de la
reproducción de la cueva de Altamira, uno duda de cuál es el
original. Hay que llegar a un límite de fiabilidad tan completa en la
reprografía que no haya problemas de nacionalismos españoles o
gallegos, sino que, aunque uno tenga el original, sólo lo sepan
algunos elegidos porque la reproducción sea tan perfecta que no
plantee problemas.
Las murallas de Lugo son una maravilla. Soy filólogo clásico y me
produce una satisfacción muy especial el hecho de que sean las únicas
murallas levantadas de época romana. Sería de justicia que fueran
declaradas patrimonio de la humanidad, vamos a luchar por ello; pero
no le oculto que la Unesco en este momento tampoco está demasiado por
la labor de seguir dándonos a los países de siempre las cosas que sin
duda nos merecemos mientras el Tercer Mundo está clamando por sus
patrimonios de la humanidad. Vamos a luchar por ello; si no es este
año, será el siguiente; por nosotros no va a quedar, pero hay que
tener en cuenta que la Unesco está trabajando con otros destinos
últimamente.
Ha hablado usted también del Instituto Cervantes. Trasladaré a su
director, Fernando Rodríguez de la Fuente, gran amigo y colaborador
mío, el hecho de que hay pluralizar más su oferta cultural. Estoy
convencido de que él cree también en la España plural y que hacer
patria por ahí significa también hablar de las distintas lenguas que
se hablan en España y, desde luego, del gallego y de su cultura.
Comienzo con la señora Julios, de Coalición Canaria, a la que también
saludo muy cordialmente porque no la conocía hasta el momento.
Hablaba de la ley mecenazgo. En la ley de mecenazgo vamos a trabajar
todos; es un tema muy importante que espero que llegue a buen puerto;
el Ministerio de Hacienda tendrá algo que ver en que llegue a buen
puerto. Se refería S.S. al calendario. Debemos plantearnos muy en
serio la necesidad de que la ley de mecenazgo pueda ser aprobada por
las Cámaras en el año 2003; eso es lo que a míme gustaría, vamos a
ver si es posible. Los contactos con las comunidades autónomas y con
las partes que pueden aportar información al respecto se están
teniendo ya y se van a tener en el futuro. Descuide usted que no
vamos a aislar a Canarias en eso ni en ningún otro tema. Ha quedado
claro que esta Secretaría de Estado de Cultura es partidaria de la
diversidad cultural y de la pluralidad, lo cual no quiere decir que
no exista una cultura común. Vamos a intentar que los insulares no se
sientan aislados, que se sientan implicados en el resto del país
teniendo en cuenta las cuestiones a las que aludía usted de los
mayores costes de desplazamiento y de las especificidades fiscales de
Canarias.
Ha sido clamor general el 1 por ciento cultural y que se tenga más en
cuenta a los gobiernos autónomos a la hora de priorizar. En lo que
atañe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, trasladaré con
mucho gusto esa aspiración que me parece correcta; las comunidades
saben perfectamente en qué se puede actuar o sobre qué se debe
incidir más. En cualquier caso, ya saben ustedes que no depende
exclusivamente de nosotros.
Recababa S.S. más apoyo económico para el Festival de Música de
Canarias. Hay cauces para ello y vamos a intentar que, rellenando los
papeles adecuados, podamos aportar más a ese festival. Canarias ha
sido siempre un enclave importantísimo para la música y más para la
ópera porque los grandes intérpretes que venían de América a Europa
siempre hacían escala en Canarias. Allí se ha vivido la música de una
manera muy particular.
Hablaba usted del Archivo Histórico de Las Palmas, de las catedrales,
del teatro Leal de La Laguna... Son cuestiones de detalle que han de ir
acompañadas de una petición singularizada para que podamos tenerlas
en cuenta en nuestros presupuestos. Respecto a que no olvidemos la
pluralidad y la diversidad de España, estoy plenamente de acuerdo con
esa idea. Descuide usted que no lo olvidaré nunca, aparte de que nos
enriquece a todos.
El señor Guardans intervino a continuación. AIgnasi Guardans tengo el
gusto de conocerlo, pero le saludo muy afectuosamente. Ha hablado de
lo del precio fijo con una enmienda a la totalidad de la opinión del
Consejo de Ministros de este Gobierno cuanto tomó el paquete de
medidas liberalizadoras. Ya he dicho lo que opino al respecto.
Solicitaba regularizar esa ayuda, por ejemplo en materia de
informatización, a las librerías.
La informatización es importante en librerías; en lo de la promoción
de la lectura también tienen que ver las librerías y pueden salir
beneficiadas. Estamos ante un tema muy importante de reorganización
de un sector, lo saben perfectamente los libreros y los editores. No
lo dicen a lo mejor en la prensa, pero saben perfectamente que
estamos en un momento crucial en la evolución de ese sector. Acaso
dos mil, dos mil quinientas, tres mil librerías puedan sufrir estos
padecimientos, pero de lo que no cabe duda es de que si con los
descuentos libres va a sufrir un número tan importante de librerías
es que a lo mejor había demasiadas. Es un problema muy complicado
desde el punto de vista económico y para mí particularmente ingrato
porque he sido siempre usuario de pequeña librería. Los consumidores
no salen beneficiados. Hoy por hoy lo que sí sabemos es que el 87 por
ciento de los españoles, según encuesta, apoyan las medidas del
descuento libre. Hay un 87 por ciento de españoles a los que
oficialmente sí les parecía que iban a salir beneficiados. Ya
veremos. Yo también estoy de acuerdo en que hay que aguardar a ver
qué ocurre en el inmediato futuro.
En cuanto a las cuotas de cine entiendo su preocupación, pero es que
nos hemos quedado solos en el tema de las cuotas en Europa. El
eslogan Spain is different cuesta que siga flotando en el ambiente.
Me temo que al final vamos a tener que homogeneizarnos con el resto
de nuestros compañeros de continente.
Radiotelevisión Española no considera español al cine catalán.
Sospecho que no será Radiotelevisión Española sino alguna persona en
concreto de la que tenga usted alguna noticia. Radiotelevisión
Española escapa por completo de mi jurisdicción, usted mismo lo ha
dicho, pero me parece una barbaridad increíble. Desde luego si
Cataluña no formara parte de España yo defendería que España no se
llamara así, sino la Confederación del Guadiana o del Guadalquivir.
No me considero aludido con este tema de Radiotelevisión Española
y simplemente reitero lo que le he dicho al señor Leguina: hablaré con
el director de Televisión Española y le comentaré este extremo.
La dación en pago, que no se quede todo en Madrid. Hay que intentar
distribuir juego, lo que ocurre es que muchas de las obras que se
pagan al Gobierno español en arte y no en dinero van a instituciones
cabecera, algunas de las cuales están en Madrid. Es complicado, pero
no cabe duda de que hay que distribuir juego. También estoy de
acuerdo. Aveces es complicado, pero se intentará.
En cuanto al uno por ciento cultural, tildaba usted de incoherente la
política de aplicación y demandaba mayor consenso. Ya he contestado
antes a ese respecto. Nos ilustraba acerca del crédito fiscal. Se lo
agradezco, porque soy filólogo y la verdad es que cuando decía usted
que a mí no me tenía que enseñar lo que era crédito fiscal, tengo que
decirle que a mí el primero. Tengo que decirle que he salido
enriquecido con el concepto
de crédito fiscal que ignoraba hasta ahora. Estoy seguro de que me
pondré al tanto enseguida, pero se lo agradezco. Evidentemente todo
eso va a traer consigo fricciones con Hacienda de las que esperamos
salir airosos.
Hablaba también de las nuevas tecnologías e Internet, todo ello
mezclado con la propiedad intelectual. En el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte hay una serie de personas que se dedican todo el
día a la propiedad intelectual; hay una subdirectora general, dos
vocales asesores y alguien de apoyo. Lo que ocurre es que ahora no
dependen de la Secretaría de Estado de Cultura sino que han pasado a
depender de la Subsecretaría, pero eso no quita para que estén en el
mismo departamento y para que estén todo el día maquinando cómo
arreglar el tema de la propiedad intelectual. Deberían hacer días de
48 horas porque el problema es tan tremendo que no hay reunión de
cualquier área que tenga que ver con la propiedad intelectual en el
mundo en que no se plantee esto como objeto de controversias
numerosísimas, que incluye el tema de los autores versus hostelería,
al que se ha referido S.S. En lo que a mí respecta, ignoro que ese
documento no se haya hecho, pero prometo indagar en la Subsecretaría,
que es de quien depende la propiedad intelectual, a ver si saben algo
al respecto, aunque el asunto excede mis atribuciones. Para terminar,
decía usted que no hay 17 culturas en España. Estoy de acuerdo con
usted; no voy a decir cuántas, pero estoy de acuerdo en que no hay
17.
En cuanto a mi querida amiga Betina Rodríguez-Salmones -puedo decirlo
porque la conozco hace muchos años, he colaborado muy intensamente
con ella y no es falta de delicadeza con la Cámara aludir a nuestra
amistad-, me ha comentado sobre la fusión entre educación y cultura,
que ha visto que en mi discurso se mezclaban íntimamente estos dos
temas, como en la enunciación de nuestro Ministerio ahora con la
inclusión del deporte. Pues sí, soy un convencido de que debe haber
siempre un Ministerio de Educación y Cultura unidos; otra cosa es que
la historia luego me quite la razón porque la experiencia sólo dure
unos años. Creo que es en la escuela donde se aprende a ser culto
o donde definitivamente uno renuncia a serlo. Por eso estamos en el
plan de humanidades en el que estamos implicados todos, porque aunque
sea el departamento de educación yo me siento absolutamente implicado
en que los niños sean menos analfabetos de lo que han venido siendo
hasta ahora. En cuanto al precio fijo, como tiene usted las mismas
teorías que yo, sólo añado que coincido con usted.
Que la cultura ha brillado en el exterior desde el punto de vista
económico no me cabe la menor duda. Que hay que dialogar con las
comunidades autónomas, lo he dicho una y mil veces. El hecho de que
en Barcelona dentro de poco se vaya a estrenar el ALCALDE DE ZALAMEA
por una compañía catalana me parece admirable, porque de la misma
manera que para mí la cultura catalana forma parte de mis entretelas
y de mis entresijos
más ancestrales, evidentemente Calderón debe ser algo propio de los
catalanes. Me parece fantástico reconocerlo. Creo recordar que en la
presentación de EL QUIJOTE, de Francisco Rico, el honorable Pujol
dijo que era también suyo. Me parece fantástico el reconocerlo.
Renunciar a los beneficios de esa cultura común, que es la cultura en
castellano, es absolutamente absurdo y baldío.
Esta Comisión de Cultura estará informada, paso a paso, de lo que
vayamos haciendo entre todos en la ley del mecenazgo, porque hay
muchos interlocutores -hemos hablado antes de las comunidades
autónomas-; es una ley importante que hay que ir conformando entre
todos. De esos trabajos preparatorios tendrá cuenta la Comisión de
Cultura.
La Ley de Propiedad Intelectual es otra de las iniciativas legales de
las que hablábamos. La hemos ido aparcando un poco por su dificultad
y porque ahora hay una trasposición de normativa europea que vamos a
llevar a cabo y tal vez con eso frenemos por un tiempo la necesidad
de una nueva ley de propiedad intelectual, porque hay muchos vacíos
legales que nos producen
quebraderos de cabeza y problemas a todos los que nos interesamos por
esos temas.
Había tres preguntas pendientes. No sé qué hora es. ¡Dios mío, las
tres de la tarde! ¿Quiere S.S. que las responda taquigráficamente o
prefiere que lo haga por escrito? Como quiera el presidente.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que lo haga por escrito.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA ( De Cuenca y Prado): Tiene
hambre el señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Les comunico que recibirán la convocatoria de la próxima sesión de
esta Comisión que será el próximo miércoles, día 20, a las diez de la
mañana.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.