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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 42, de 28/06/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 42
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. TOMÁS RODRÍGUEZ BOLAÑOS, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 28 de junio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
Mesa y los portavoces de la Comisión en su reunión de 22 de junio de
2000 . . . (Página 826)
Aprobación de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace
referencia la resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 042/000002.) . . .
(Página 826)
Comparecencia del señor ministro deTrabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez) para exponer las líneas básicas del Departamento en
relación con los trabajos de la Comisión. A petición propia. (Número
de expediente 214/000022.) . . . (Página 826)
Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social
(Camps Devesa) para exponer la postura del Gobierno sobre las
actuaciones a desarrollar en relación con el Pacto de Toledo.
A petición propia. (Número de expediente 212/000003.) ... (Página 826)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA
MESA Y LOS PORTAVOCES DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 22 DE JUNIO DE
2000.
APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Bolaños): Buenos días. Se abre la
sesión.
Hay una cuestión previa, obligada por otra parte, que es la
ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
Mesa y portavoces de la Comisión en su reunión del día 22 de junio,
para su aprobación por asentimiento. En primer lugar, de conformidad
con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso el
2 de noviembre de 1983, se delega en la Mesa de la Comisión las
facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del
Congreso. En segundo lugar, el rechazo de solicitudes de
comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa,
quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario.
¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.)
A partir de ahora, la Mesa y portavoces convocarán con normalidad las
reuniones de esta Comisión. Muchas gracias a todos.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(APARICIO PÉREZ) PARA EXPONER LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO EN
RELACIÓN
CON LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN. A PETICIÓN PROPIA. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 214/000022.)
El señor VICEPRESIDENTE: Bienvenido, señor ministro, a la primera
reunión de la Comisión en la que debemos hacer una valoración de los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo.
La solicitud de comparecencia la ha realizado a petición propia el
señor ministro de Trabajo, para lo que está aquí presente. En nombre
de la Comisión se lo agradezco y le doy la palabra para su
exposición.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: Muchas gracias,
querido presidente.
Señorías, ciertamente mi presencia esta mañana no es una reiteración
simple o una duplicación de lo ya expuesto en la Comisión de Política
Social y Empleo en materia de Seguridad Social, pero parecía lógico,
y creo que obligado no solamente por cortesía parlamentaria sino por
una lógica de funcionamiento en el ámbito de esta Comisión, que
compareciese ante ella para expresar el deseo de todo el departamento
de colaborar hasta donde nos sea posible en este proceso de
renovación del Pacto de Toledo. Mi intervención tampoco pretende ser
exhaustiva en sus perfiles o reunir alguno de los requisitos técnicos
o expresiones técnicas que sin duda ninguna producirá inmediatamente
y de manera consecutiva el secretario de Estado, don Gerardo Camps,
que es quien en esta nueva legislatura pilotará o dirigirá este
proceso desde el Gobierno, siguiendo una perfecta analogía o simetría
con lo que sucedió en la anterior, en la cual mi condición de
secretario de Estado me llevó a mantener la relación con los
distintos grupos parlamentarios y con las fuerzas sociales. Pero me
parecía obligado, repito, que en esta primera sesión constituyente
pudiera expresarles -y agradezco a la Presidencia que así lo haya
entendido- este deseo de cooperación sobre una base que entiendo que
es pacífica -no pretendo en modo alguno que mi intervención sea
polémica-, que es la constatación de que es deseable para nuestro
sistema de protección socialdisponer de un marco de acuerdo político
y creo que de
un marco que mantiene sustancialmente su vigencia en esas quince
recomendaciones, una de las cuales tiene hoy especial actualidad: el
que se haga una reflexión común cada cinco años, como indicaba, como
una sugerencia -evidentemente un parlamento no puede condicionar ni
puede mandatar a sucesivos parlamentos, pero sí lo sugería, entiendo
que cargado de razón, aquel Parlamento en el que muchos de los
presentes también nos encontrábamos-, para valorar el grado de
vigencia y permanencia de las recomendaciones, para insistir y
enfatizar en aquello que haya funcionado de manera correcta y tratar
de hacer cuantas aportaciones permitan el objetivo común de dotar de
solidez, de solvencia financiera y de futuro a nuestro sistema de
protección social.
Creo que debemos ser conscientes de que nuestras decisiones de hoy
deben tomarse pensando no solamente en el momento actual sino
especialmente en esa palabra, quizá compleja pero insustituible, que
es la sostenibilidad del propio sistema. Creo que esas deben ser las
pautas básicas de comportamiento. Insisto en que no pretendo, en modo
alguno, suplir ni competir con el secretario de Estado, que estoy
seguro de que dará cuenta exhaustiva de cuáles son los proyectos del
Gobierno.
Una de las ideas, que sí me permito ponerla ya sobre la mesa, es el
deseo de demostrar, como pudo demostrarse en el pasado, que el
diálogo social no solamente no es incompatible con el diálogo
político sino que permite una correcta complementación y, por qué no
decirlo, mejores efectos benéficos sobre el propio sistema. Uno de
los objetivos que también se pretende es buscar el mayor grado
posible de acuerdo social. En la anterior legislatura fue posible con
las centrales sindicales mayoritarias, con Comisiones Obreras y con
la Unión General de Trabajadores; yo confío en que en esta ocasión
sea también posible el acuerdo, la anuencia de las organizaciones
empresariales. Lo digo porque ciertamente no puede ni debe ocultarse
el protagonismo que corresponde a quien en buena medida financia de
manera determinante especialmente el área contributiva del sistema de
protección social. Estas son las ideas básicas.
También quiero decirles que tal vez una de las grandes oportunidades
que tiene ante sí la sociedad española es haber abierto los procesos
de diálogo social y de diálogo político sin tener tras de sí lo que
sería una presión derivada de la existencia de una crisis social,
derivada de una crisis económica o derivada de una crisis política.
Afortunadamente puede hablarse de un funcionamiento razonable de la
economía española, también de un correcto funcionamiento, de un
crecimiento importante del empleo y naturalmente de los afiliados a
la Seguridad Social, y puede hacerse desde la serenidad de que no
está en cuestión en este momento la estabilidad de las instituciones,
empezando no solamente por la del propio Parlamento sino siguiendo
también
porque alguna de las instituciones, como son los agentes sociales,
han tenido procesos de renovación que cabe calificar, como mínimo, de
ordenados cuando no de una razonable y lógica continuidad. Yo también
deseo, lógicamente, que todo proceso de renovación, bien en el ámbito
político bien en el ámbito social, a través de los congresos y
asambleas correspondientes, vaya siguiendo estas mismas pautas de
congruencia, de consistencia, para que al final el resultado de esos
congresos y asambleas sea antes que nada favorable para los intereses
generales de la nación.
Esos son los deseos que quería expresarles con cierta brevedad,
porque también me debo a las obligaciones parlamentarias con la que
yo llamo Cámara hermana, con el Senado, en el que deberé responder a
una serie de preguntas e interpelaciones. Pero quería dejar
constancia del deseo de colaboración de nuestro departamento, no
solamente a través de la Secretaría de Estado sino a través del resto
de áreas; sé que por parte de SS.SS. serán objeto de atención
materias íntimamente relacionadas con lo que convencionalmente
llamamos Seguridad Social, los fenómenos de jubilación relativos a la
edad, o a las situaciones previas a la jubilación, indudablemente
conexas a través de lo que es la protección al desempleo y otras
materias que entiendo que pueden tener cabida si se suscita en torno
a ellas el suficiente consenso en el marco de renovación del Pacto de
Toledo. A todas estas materias intentaremos prestar, lógicamente,
como se hizo en el pasado -debo reconocer también que así fue en el
año 1995-, toda la apoyatura técnica y política que sea posible. Es
también un compromiso que deseo expresar. Esto lo digo en
reconocimiento de la labor que en el año 1995 se llevó a cabo y que
permitió que muchas de las opiniones que entonces se daban o de las
decisiones que entonces se adoptaban también gozasen de un razonable
o suficiente soporte técnico.
Supongo que la documentación les será entregada, mucha de ella
también fue puesta a disposición del Parlamento en las postrimerías
de la anterior legislatura. Se están haciendo las labores de
actualización de series y de continuidad y entiendo que también
estarán pronto a disposición de SS.SS.
Esto es lo que deseaba expresarles en esta primera intervención que
espero que no sea, lógicamente, ni única ni última, que tendrá su
continuidad, pero que también permite que, de manera inmediata y
consecutiva, sea el secretario de Estado quien se ponga, en nombre
del departamento, a disposición de esta Cámara.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A partir de ahora abrimos un turno de intervención, si les parece, de
mayor a menor, finalizando con el Grupo Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Quisiera agradecer al señor ministro su
presencia hoy aquí y también quisiera preguntar a la Presidencia de
la Comisión si tenemos un horario que cumplir con la comparecencia
del ministro, para que nosotros podamos emplear los turnos en
consonancia con ese horario.
El señor VICEPRESIDENTE: No hay un horario determinado. Después de la
intervención del señor ministro intervendrán todos los grupos, si es
preciso.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Perdone, señor presidente, yo se lo aclaro.
Yo quiero fijar la posición del Grupo Socialista sobre las
determinadas materias que configuran el Pacto de Toledo. Eso puede
llevar un determinado tiempo y me da lo mismo hacerlo ahora o cuando
intervenga el secretario de Estado. Eso es lo que le quiero decir.
El señor VICEPRESIDENTE: Creo que la intervención de más concreción
puede hacerse en el momento de la comparecencia del señor secretario
de Estado. Esta ha sido una intervención en la que el señor ministro
ha hecho un planteamiento (porque tampoco ha sido exactamente de
concreciones), más genérico o más general. Los grupos ahora hacen un
planteamiento general y luego habrá un tiempo sin límites para que
ante el secretario de Estado se haga un planteamiento más preciso. En
todo caso, no hay ninguna posición previa por parte de la Mesa ni
puede haberla. Si algún grupo quiere fijar su posición ante la
presencia del ministro está perfectamente en su derecho y puede
hacerlo.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Prefiero hacerlo con el ministro y fijaré
la posición del Grupo Socialista en lo que ha de ser no la actitud
sino las propuestas que podamos hacer en relación con la renovación
del Pacto de Toledo.
Señor ministro, le agradezco su presencia, se lo comentaba cuando
compareció usted en la Comisión de Política Social y Empleo, porque
entiendo que así le damos una determinada relevancia a esta Comisión
y porque creo que merece el Grupo Socialista que le escuche el
ministro cuando hace los planteamientos que quiere hacer de cuáles
van a ser sus posiciones a la hora de la renovación del Pacto de
Toledo, porque nos encontramos precisamente en el desarrollo de una
de las recomendaciones, la decimoquinta, que establecía que a los
cinco años nos volviéramos a reunir aquellos que fuimos los
signatarios del Pacto de Toledo para, entre todos, ver cómo habían
evolucionado las cosas en este último lustro y, en definitiva, saber
también cuál es la situación económico-financiera de la Seguridad
Social, su proyección en el futuro y conocer si es suficiente
el elenco de medidas que está en el Pacto de Toledo o si es
necesario arbitrar algunas diferentes. Este es el propósito en la
medida en que cuando hicimos el Pacto de Toledo, que es lo que creo
que debíamos hacer ahora, no atendimos a la coyuntura.
Sabemos que la Seguridad Social es una institución contracíclica y
nosotros atendíamos, y seguimos atendiendo mucho más, a cuál es la
evolución que mantiene en períodos largos de tiempo y cómo es la
situación actual de cara a lo que pueda ser también esta misma
situación dentro de diez, quince, veinte o veinticinco años. La
evolución pasada nos demuestra que los ciclos económicos afectan sin
duda a la Seguridad Social. A principios de los 80 la Seguridad
Social tenía una situación de crisis, en la segunda mitad mantenía
superávit, en la primera mitad de los 90 había una crisis económica,
ahora tenemos una situación también de superávit y eso nos lleva a
considerar que lo que deberíamos analizar es fundamentalmente cuál es
la evolución previsible de lo que llamaríamos la estructura básica
del sistema de Seguridad Social.
Por mucho que nos empeñemos en que los antecedentes de la Seguridad
Social los podemos encontrar hace cien años, la Seguridad Social, tal
y como la conocemos, es un fruto de la posguerra europea; por tanto,
nace con ese consenso que se produce en toda Europa de crear sistemas
universales, equitativos, de contemplación conjunta de contingencias
y de prestaciones. Ese sistema es el que después de 30 años de
funcionar muy bien, los famosos 30 años dorados, da como consecuencia
que a partir de los años 70 se vea inmerso en una situación de crisis
que plantea no solamente el final de una era sino la apertura de una
nueva que, por cierto, nos ha llevado incluso a que la propia cumbre
de Lisboa recientemente hable de un sistema de protección social
activo y dinámico, cosa que todavía no está muy bien definida pero
que parece indicar con esos adjetivos que es algo distinto de lo que
hemos tenido hasta ahora. Es cierto que la Seguridad Social, tal y
como se configura en los años 40 y 50 en Europa, un poco más tarde en
nuestro país, llega a partir de los años 70 como consecuencia de la
crisis del modelo keynesiano, la crisis del sistema de concentración
productiva industrial, que nosotros afrontamos en los años 93, 94 y
95, de la misma forma que otros países, concretamente Francia lo hizo
con el libro blanco Rocard en 1991 o el Reino Unido lo hizo en 1994
en la comisión parlamentaria que promovió el malogrado John Smith y
nosotros aquí lo hicimos en el Pacto de Toledo; es decir, distintos
países europeos nos planteamos lo que era el cambio real de la
estructura del sistema de la Seguridad Social. Es verdad que las
cosas han cambiado estructuralmente y, por ejemplo, para que nos
hagamos una idea de lo que estoy hablando, hemos pasado de que en los
primeros años 70 gastaba España aproximadamente 6 pesetas de cada 100
del PIB engastos de Seguridad Social y ahora estamos gastando
16 pesetas. Por tanto, hay un sistema que debemos someter a la razón,
ver si sus distintas variables están evolucionando en consonancia con
el crecimiento de la riqueza del país y si es sostenible en el
futuro. Eso hicimos entonces y creo que es lo que debemos hacer
ahora. Y lo hicimos con el Pacto de Toledo, que no era un pacto de
silencio sino para hacer cosas, concretamente cosas que estaban
incluidas en una serie de recomendaciones.
Esta reforma del Pacto de Toledo, como han hecho la inmensa mayoría
de los países de la Unión Europea, es una reforma para consolidar el
sistema, no es una reforma como la que pareció iniciarse en las
políticas thatcherianas o reaganianas de desmantelamiento de los
sistemas públicos, sino que es una reforma en donde se produce ese
mismo consenso que se produjo en la Europa central entre el centro
izquierda y el centro derecha para reformar lo que se necesitase
reformar y consolidar en el futuro este mismo sistema de protección
social. Hablo de que son problemas estructurales y les daré un dato
para que vean que es así. Entre 1980 y 1999 los ingresos por
cotizaciones han aumentado en términos monetarios un 456 por ciento.
Sin embargo, el gasto en pensiones contributivas ha aumentado un 800
por ciento; es decir, que mientras que a principios de la década de
los 80 el porcentaje del gasto que teníamos en pensiones
contributivas sobre los ingresos por cuotas era aproximadamente el 60
por ciento, hoy es el 90 por ciento, luego es evidente que hay una
evolución estructural en donde crece el gasto de una manera
determinada y crecen los ingresos de otra forma.
Ante esta situación, esta Cámara planteó unánimemente una serie de
medidas y esas medidas son las que recoge el Pacto de Toledo. Yo creo
que ahora, en la renovación del Pacto de Toledo, tendríamos que hacer
fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, analizar lo que se ha
desarrollado del Pacto de Toledo, lo que no se ha desarrollado, lo
que queda por desarrollar, y los protagonistas de esto deberíamos ser
las fuerzas políticas presentes en esta Comisión y en el Parlamento.
En segundo lugar (y le agradezco al ministro la sugerencia, porque es
lo que yo pienso también), tenemos que ver cuál ha sido la evolución
de ingresos y gastos, las distintas variables del sistema,
actualizando los estudios que en su día hizo el Ministerio; el
protagonista de esto es, como ha dicho el ministro, el Ministerio de
Trabajo. En tercer lugar, tenemos que hacer la conclusión del
silogismo, poner en relación lo primero con lo segundo y llegar a una
conclusión: son suficientes o no para el desarrollo pleno, en una
interpretación que espero que sea compartido, de las recomendaciones
del Pacto de Toledo, son suficientes aquéllas, son insuficientes, hay
que hacer más cosas, no hay que hacerlas y cómo han de desarrollarse
las que quedan por desarrollar.
Dicho esto, añado cuál es el punto de vista del Grupo Socialista
sobre el Pacto de Toledo y su cumplimiento. La medida fundamental era
la separación de fuentes
financieras, que es lo que históricamente siempre se llamó eliminar
las transferencias negativas del Estado a la Seguridad Social. El
Estado daba un dinero a la Seguridad Social pero al mismo tiempo la
Seguridad Social estaba financiando al Estado prestaciones que, por
su naturaleza universal, deberían estar a cargo del Estado. Esas
transferencias negativas son las que se quisieron eliminar con el
Pacto de Toledo, es la primera recomendación, quizá la más
importante, la separación de fuentes.
Se ha avanzado en la separación de fuentes, sin duda alguna, y se ha
venido avanzando desde 1989, porque fue la Ley de Presupuestos de
1988 la que por primera vez incluyó este objetivo: hay que separar
las fuentes de financiación; de hecho, apareció por primera vez, creo
recordar que en el año 1989, en los presupuestos del Estado el
presupuesto del Ministerio de Sanidad. A partir de ahí, esa evolución
se ha venido produciendo y también en estos últimos cuatro años. Es
verdad que entre 1991 y 1995 el crecimiento de las aportaciones del
Estado fue del 64 por ciento y entre 1995 y 1999 el crecimiento de
las aportaciones del Estado ha sido del 35 por ciento, es decir, que
se ha avanzado en esta vía pero quizá el ritmo no ha sido todo lo
adecuado, porque se ha quedado fuera una parte importante de lo que
para mí son transferencias negativas o sencillamente fuentes
financieras que están financiando las cotizaciones sociales y que
deberían financiar los presupuestos del Estado, que son
fundamentalmente los complementos a mínimos.
Creo que si el ritmo de las aportaciones del Estado se hubieran
mantenido en el porcentaje del principio de los años 90 hoy ya
estarían financiados absolutamente con los Presupuestos Generales del
Estado los complementos a mínimos. Por tanto, deberíamos decir
también que en buena medida en los cumplimientos de los objetivos de
déficit público, qué duda cabe, la Seguridad Social ha contribuido
notablemente a financiar el déficit público del Estado. Las
cotizaciones sociales eran el 64 por ciento de los ingresos totales
de la Seguridad Social en 1995 y son el 65 y pico por ciento. Se
podía haber avanzado un poco más. Pero lo que es cierto es que hoy
día, cuando vemos en esta separación de fuentes cómo están las cosas,
tenemos que concluir que el gran problema son los complementos a
mínimos. Quiero dejar claro que esos complementos a mínimos -que en
principio, según la memoria económica de los presupuestos de 2000,
eran de 621.000 millones de pesetas, y yo no sé si después de los
incrementos de los mínimos serán 621.000 millones de pesetas o más,
me temo que serán algo más- para el Grupo Socialista tienen
naturaleza contributiva y que, dicho en términos generales no
particulares, creemos desde el Grupo Socialista que toda la
solidaridad interna que se produce en el sistema de Seguridad Social
no es equitativo. Quiero decir que cuando hay que proyectar
solidaridad con un grupo de beneficiarios de la Seguridad Social
no deben ser sujetos de esa solidaridad solamente los trabajadores en
activo, cotizantes a la Seguridad Social, sino toda la población en
general. Por tanto creemos que las funciones de solidaridad no se
deben producir en los presupuestos de la Seguridad Social sino en los
presupuestos del Estado. Por ello pensamos que debe ser la fiscalidad
general la que se haga cargo de los complemento a mínimos. Estamos
dispuestos -porque sabemos que meter en un ejercicio 600 y pico mil
millones de pesetas puede ser complicado- a hablar de un calendario
siempre que en ese calendario se incluyera la negociación sobre el
fondo de reserva.
En segundo lugar, en la separación de fuentes financieras se nos
decía también en el Pacto de Toledo que las cotizaciones sociales
deben ser suficientes para la cobertura de las prestaciones
contributivas, para lo cual se efectuarán las previsiones necesarias
para garantizar el equilibrio presente y futuro del sistema. Lo he
leído literalmente porque entiendo que esta es una recomendación muy
importante. No creo que sea conveniente, bajo ningún concepto,
introducir el tema de la reducción de cotizaciones sociales si
previamente no está garantizado el equilibrio presente y futuro del
sistema. Por tanto, hasta que no sepamos cuál es el trayecto pasado,
presente y futuro de cotizaciones sociales y asunción de gasto que
hacen esas cotizaciones sociales y deberán hacer en el futuro, no
pensamos que se deba introducir a debate, para nada, la reducción de
las cotizaciones sociales. Insisto, para nosotros este es un debate
que se debe producir al final y en función de esas previsiones que
deberemos conocer todos cuando tengamos aquí los documentos que el
Ministerio nos ha prometido que nos va a hacer llegar. Ya le he dicho
a usted hace un momento que el porcentaje de cotización que asumen
las pensiones es cada vez más alto.
En tercer lugar, tal y como está dicho en el Pacto de Toledo,
entendemos que las bonificaciones de cotizaciones sociales deben
hacerse con cargo a la fiscallidad general. En eso no hago sino
repetir lo que es la expresión literal de la primera recomendación
del Pacto de Toledo.
Y, para terminar el tema de la separación de fuentes, quisiera hacer
referencia a la cuarta recomendación del Pacto de Toledo, que está
muy relacionada con la primera. La cuarta recomendación del Pacto de
Toledo dice, hablando de la financiación de los regímenes especiales,
que hay que modificar en lo posible la situación actual bajo el
criterio de que, a igualdad de acción protectora, debe ser también
semejante la aportación contributiva. Hoy -salvo el rémigen general y
creo que el de autónomos, me corregirá el señor ministro- los demás
regímenes son deficitarios, y el paradigma es el agrario. El régimen
agrario tiene buenas razones para ser deficitario, buenas razones en
la medida en que ha contribuido notablemente, históricamente, a lo
que ha sido el desarrollo de este país. Ha producido en los últimos
15 años una reducción de un millón de cotizantes
y un aumento de un millón de pensionistas y, por lo tanto, es
lógico que se incluya dentro de lo que es -ahí sí- el conjunto del
sistema de Seguridad Social a esos pensionistas y que entre todos,
por el sistema de reparto -que para eso es un sistema de reparto-, se
les financie. Pero, dicho esto, hay que añadir que el régimen agrario
es el régimen al que los empresarios cotizan menos, al que los
trabajadores cotizan más y en el que las prestaciones son las más
bajas en comparación con el general, y eso no es justo y hay que
proceder a una equiparación. Proceder a una equiparación se puede
hacer de dos maneras, lo dice el Pacto de Toledo. Hay que
equipararlos y yo creo que hay que equipararlos; no tiene ningún
sentido ahora mismo esa menor cotización de los empresarios agrarios
si se tiene en cuenta que el valor añadido bruto de cada empleado en
el régimen agrario prácticamente ya no es tan distinto de la media
del sistema, es decir, eso era en tiempo pasado pero ahora no y
además hay buenas subvenciones.
Por consiguiente, yo diría que el régimen agrario no tiene ningún
fundamento ahora mismo para tener ese déficit, no el déficit de los
pensionistas, que ese hay que asumirlo, sino el déficit entre lo que
se cotiza y lo que se recibe en relación con el régimen general. Y
una de dos, o se equipara en cotizaciones y en prestaciones el
régimen agrario al régimen general, o si se quiere mantener el trato
favorable al régimen agrario lo único que pedimos es que esa
diferencia se pague con la fiscalidad general. Y una política de
favorecimiento del régimen agrario o del sector agrario, como del
sector pesquero, me parece muy bien, pero que se haga con los
presupuestos del Estado no con las cuotas de la Seguridad Social. Por
lo tanto, hay otro punto que aunque está en la recomendación cuarta
podemos incluirlo en la primera. Esa también es una transferencia
negativa porque todavía, a través de la Seguridad Social, se están
haciendo funciones de promoción económica que no le corresponden a la
Seguridad Social, sino al Estado en su conjunto.
El señor VICEPRESIDENTE: No habíamos aplicado ningún formato inicial
en la idea de que había una exposición por parte del señor ministro y
había una exposición por parte de los portavoces. Tampoco ha habido
solicitud de que se fijara un formato especial de ningún tipo. En
todo caso, yo le ruego que vaya terminando.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Lo haré muy breve, pero querría dejar muy
clara la posición del Grupo Socialista delante del ministro, insisto.
Sobre las reservas, señor ministro, lo único que le pido es que se
traiga un reglamento y que se trate de consensuar en la Cámara el
reglamento de cómo los excedentes contributivos sobre el gasto
contributivofinancian las reservas. Las mejoras de bases, que es la
recomendación tercera, se ha cumplido bastante bien y no tengo nada
que decir. En simplificación e integración de regímenes especiales no
se ha hecho nada, porque sigue habiendo lo mismo que había, pero
tengo que decirle que la reforma de 1985 llevó hasta el máximo esa
simplificación de regímenes. En la integración de la gestión, señor
ministro, le diría que el Grupo Socialista considera que debe
mantenerse la autonomía y la presencia y existencia de la tesorería
general del sistema como paradigma o ejemplo de lo que es la caja
única del sistema. Sobre la evolución de las cotizaciones lo único
que tengo que decirle es que debe producirse solamente reducción o
bonificación de cotizaciones en trabajos de baja cualificación.
Quisiera terminar, ya que tiene usted prisa, señor ministro, con una
referencia a la edad de jubilación. Sobre este tema es verdad que se
han dicho muchas cosas, tal vez demasiadas, sobre el informe del
Consejo Económico y Social, vida laboral y prejubilaciones y tengo
que decirle que se han dicho con muy poco fundamento, probablemente
sin leerlo y ciertamente de manera injusta. Es un estudio espléndido,
concienzudo, que parte de la conveniencia de que la gente se jubile a
los 65 años y de prorrogar, si es posible, la edad de jubilación. Por
tanto, parte de las premisas del Pacto de Toledo. Lo que sucede es
que ese estudio, como es un buen estudio, constata la realidad, y al
constatar la realidad, le tengo que decir, como hacía el señor
Rocard, señor ministro, que la edad de jubilación no se decreta sino
que se constata. Al constatar la realidad se da cuenta el informe de
que los asalariados no llegan a los 65 años para jubilarse, que
normalmente a los 60 años hay muy poquitos que tengan un empleo y,
por consiguiente, lo único que hace es constatar ese dato, que es un
dato cierto, y pedir que se hagan políticas activas de permanencia en
el mercado de trabajo de personas que tienen más de 60 años. Y
termina el informe, y acabo yo también con eso, diciendo que con las
prejubilaciones la Seguridad Social ahorra dinero. Y eso es verdad,
señor ministro, es más barato. Yo quiero que alguien me explique por
qué si en el Instituto Nacional de Estadística nos dicen que el
salario medio de un asalariado el año pasado era de 215.000 pesetas
mensuales, la pensión inicial media del Régimen General de la
Seguridad Social el año pasado era de 98.000 pesetas, es decir el 45
por ciento. Yo se lo voy a decir, por dos razones: la primera porque
en los últimos años se está cotizando menos, desgraciadamente, y la
segunda porque la inmensa mayoría, el 42 por ciento, se jubila a los
60 años. Esta es la razón. Por tanto, lo que es verdad es que luego
la pensión media que se va devengando en el sistema es mucho más baja
que la que se devengaría si se jubilara a los 65 años.
Por ello -y con esto ya termino, señor ministro-, en este tema le
solicitaríamos medidas activas en el área de trabajo para mantener la
actividad y el empleo en las personas mayores de 50 años, pero
mientras la
situación siga así el Grupo Socialista pide el mantenimiento del
subsidio de desempleo indefinido y va a solicitar que se extienda la
jubilación a los 60 años a los que lleguen a esa edad en situación de
desempleo. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio
Pérez, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Me
veo obligado a hacer una precisión. Como intenté decir en mi primera
intervención, no pretendo abrir el debate ni suplir lo que puede ser
el carácter exhaustivo y la concreción de las medidas. Como no puede
ser de otra manera, respeto, y no sólo lo respeto, asumo el
planteamiento que cada portavoz desee realizar. Pero, insisto, no era
mi intención suplir al secretario de Estado, como no fue en la
anterior legislatura deseo del ministro. He oído una exposición
realmente pormenorizada, con niveles de concreción cuantitativa y
cualitativa que creo van más allá de lo que son las posiciones de
carácter general. Lo digo para que no se entienda como descortesía
hacia esta Cámara ni tampoco como una sensación anímica personal,
pero también está mi deseo de corresponder y cumplir con mis
obligaciones respecto a la otra Cámara, el Senado. Se ha tratado de
conciliar dos horarios y, en la medida en que sea posible, se
atenderá. Yo no tengo el don de ubicuidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Yo creo que el señor ministro tiene razón en
su exposición. No es menos cierto que, en una primera intervención de
un grupo ante la presencia del ministro, es lógico que quiera hacer
una exposición pormenorizada para fijar la posición de su grupo en
relación con el Pacto de Toledo. No es, evidentemente, una
descortesía -o yo creo que no se entenderá así- que el ministro no
entre en la contestación pormenorizada de las cosas, pero sí es
lógico que el grupo en la primera intervención quiera fijar su
posición. (El señor Griñán Martínez pide la palabra.) Señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Señor presidente, quiero hacer una
observación. No trataba ni siquiera de entablar un debate. He hecho
la fijación de posición del Grupo Socialista, que es la que vamos a
desarrollar a lo largo de estos meses, años o lo que sea. Lo único
que quería decirle es que, para conocimiento del señor ministro,
prefería fijar desde ahora la posición del Grupo Socialista sobre
determinados temas, aquí en la Cámara y estando presente el ministro.
No quería entablar un debate.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Ante todo quiero agradecer la comparecencia
del señor ministro ante esta Comisión y más con el horario apretado
que usted tiene, ya que también tiene que acudir al Senado. Seré
breve en mi intervención.
Muy rápidamente quiero significar que mi grupo parlamentario, como
está acreditado en el Congreso, ha tenido siempre una posición muy
activa, presentando ya iniciativas en febrero de 1993 para la
creación de la ponencia que luego dio lugar al Pacto de Toledo y, por
tanto, nos sentimos especialmente interesados en esta cuestión, que
tiene el alcance social que todos conocemos.
En primer lugar, quiero señalar el clima de consenso que preside el
enfoque de esta problemática y, sobre todo, la situación en la que
nos encontramos, muy lejos del catastrofismo que imperaba hace
escasamente una década o menos, fruto de una serie de medidas y de
una acción decidida que han ido mejorando la situación de la
Seguridad Social. Quiero significar que mi grupo comparte la
impresión de que las quince recomendaciones del Pacto de Toledo
conservan su actualidad y su importancia, en algunas se ha avanzado
más, en otras, lógicamente, los avances han sido más comedidos, pero
entendemos que las quince recomendaciones mantienen totalmente su
importancia.
También entendemos que en esta legislatura habrá que asumir dos
grandes temas. Aparte de seguir en el avance de la estructura y las
recomendaciones del Pacto de Toledo y de respetar los logros y seguir
adelante con los mandatos contenidos en ellas, habrá que asumir dos
grandes retos que quisiera singularizar en esta mi breve
intervención. En primer lugar, habrá que atender a las nuevas
necesidades que vayan surgiendo en la sociedad española,
concretamente me estoy refiriendo a la evolución de la dependencia en
el ámbito de la sociedad española. Habrá que atender, muy mucho, al
nuevo entorno de necesidades que están surgiendo ya; para las
personas que necesitan una asistencia tendrá que promoverse la
atención desde el sistema público, así como la regulación de la
previsión complementaria en el ámbito del sector privado, en la línea
del mandato contenido en la exposición adicional decimocatorce de la
Ley de acompañamiento del año 2000. En segundo lugar, entendemos
también que un gran reto de esta legislatura es dar un paso adelante
en el régimen de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.
En ese sentido mi grupo parlamentario ha presentado una iniciativa en
el Congreso de los Diputados para crear una subcomisión para estudiar
el régimen de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Comisión
de Economía, pero qué duda cabe que la Comisión del Pacto de Toledo
tiene que asumir una posición también de liderazgo respecto a las
mejoras y la evolución que se produzca en el régimen de la Seguridad
Social de los trabajadores autónomos.
Nada más, por mi parte, en esta intervención, por las razones de
tiempo que usted ha esgrimido. Le deseo la mejor de las fortunas en
su gestión al inicio de esta legislatura, porque en este empeño la
sociedad española tiene mucho bueno que recibir.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias por su presencia, señor ministro. Yo
también voy a ser breve y, además, apuraré mi intervención tanto ante
el ministro como ante el secretario porque tampoco se trata de entrar
hoy a debate; faltan datos concretos que se tienen que ver y falta
poner en marcha de nuevo la subcomisión.
Hace cinco años se hablaba de incertidumbre en relación a la
posibilidad de que el sistema público de pensiones pudiera hacer
frente a sus obligaciones. A nuestro entender -y así lo dijimos
entonces- se había creado una incertidumbre artificial que no se
mantenía si se ponían en marcha toda una serie de medidas que
permitiesen, por un lado, que hubiese más empleo, por tanto y
paralelamente más cotizaciones a la Seguridad Social; que se mejorase
todo el sistema como algunas de las recomendaciones apuntaban
entonces y continúan apuntando, algunas han avanzado en este terreno
y, por tanto, no había ningún peligro de que el sistema público de
pensiones llegase a la quiebra, fracasase. Sí había un nivel de
propaganda que vuelve a aparecer ahora, cuando empiezan a salir
estudios que vaticinan la quiebra de las pensiones en el año 2022; es
verdad que el señor ministro ha dicho que esto es tirar una boina al
aire -le agradezco que lo haya dicho-; además hablan ya del 2050, son
profetas de lo que ocurrirá, incluso saben el número de emigrantes
que habrá en este país; pero cuando personas que tienen una entidad
económica y social en un país hacen esto, por algo lo harán. No será
para distraer al personal; para distraer al personal se hacen
películas, aunque sean malas, o programas como El Gran Hermano, pero
no se hace esto. (Risas.) Esto se hace por alguna cosa y a nuestro
entender los profesionales del terror social vuelven a la carga.
¿Para qué? Para reforzar algo con lo cual nosotros fuimos muy
críticos hace cinco años, que es la recomendación catorce, el sistema
complementario, es decir, el sistema privado de pensiones, pensiones
privadas. En este sentido el diálogo hoy -si es que debe haber
diálogo- debe centrarse de nuevo en un sistema público suficiente que
descarte inicialmente la reducción de cotizaciones, como se está
planteando ya por parte de la patronal, y que vaya en la línea más
bien de lo que plantean las centrales sindicales, reforzado por otras
propuestas que haremos en el momento pertinente.
En cuanto a la subsidiariedad del Estado, aquí el sistema de
impuestos tiene que ser subsidiario, tal y como
se acordó en el espíritu del Pacto de Toledo, donde se dice que el
Estado, en cualquier caso, debe ser subsidiario de la situación que
afecte a personas que cobren una pensión contributiva o no
contributiva. Se debe revisar todo el sistema de impuestos, de forma
que tenga capacidad para hacer frente a ello.
Pensiones suficientes. Aquí viene de nuevo el aumento de las
pensiones que son muy bajas. Porque desde Izquierda Unida hemos
argumentado siempre que, en la medida en que las pensiones suban en
los estratos en los que las pensiones son bajas, que no llegan, por
ejemplo, al salario mínimo, el conjunto de la economía se activa y,
al activarse, seguramente van a llevar siempre más dinero a las arcas
del Estado, a la Seguridad Social. Y también que sea para todos.
En ese debate que vamos a iniciar, será interesante ver qué pasa con
los nuevos empleos. Ya tenemos ciertos años de experiencia con las
reformas laborales. ¿Qué pasa con esos empleos, sobre todo de gente
joven, que van saltando de un empleo a otro, que no acaban de generar
derechos sociales suficientes para que su cotización a la Seguridad
Social tenga suficientes años? No es un problema para estos jóvenes
ahora, pero sí lo será dentro de pocos años. Por tanto, sería
interesante conocer cuál es la realidad que afecta en los últimos
cinco, seis o siete años, desde la reforma laboral del año 1994, a
ese sector de trabajadores y trabajadoras.
Finalmente, en relación con la edad de jubilación, ya ha planteado el
señor Griñán, portavoz del Grupo Socialista, que no es real. Jugamos
con datos irreales; el promedio de la edad de jubilación está en los
62,5 años, por tanto deberíamos intentar aproximar esta realidad.
Nosotros hemos argumentado siempre que seguramente hay profesiones en
las que por las características de las mismas, porque no tienen un
desgaste físico e intelectual muy notable y además porque son
profesiones quizá necesarias para el desarrollo científico y técnico
del país, puede existir una prolongación en la edad de jubilación,
pero en la mayoría de los casos esa prolongación no es justa desde el
punto de vista social porque normalmente son gentes muy maltratadas
por el tipo de trabajo que han realizado durante su vida. ¿Qué es
necesario, a nuestro entender -y aquí termino- para mantener un
sistema público de pensiones? Un trabajo en condiciones de generar
derechos sociolaborales, las cotizaciones relacionado con lo primero,
por tanto derechos laborales para toda la gente que se incorpora al
mercado de trabajo, que se generen por cada uno de los días que
trabajan y por tanto que coticen; el carácter social del Estado, la
batalla por la suficiencia recaudatoria, y la voluntad política,
señor ministro. Si una sociedad tiene riqueza global suficiente, o va
generando más riqueza global ¿por qué debe reducirse la posibilidad
de una pensión pública? ¿Por qué deben aparecer los elementos de
temor, como había hace pocos años?
Muchas gracias, señor ministro. Espero que sus visitas sean otra vez
tan fructíferas o más que ésta.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra
el señor Txueka. (Pausa.) No interviene.
Tiene la palabra el señor Núñez Castain, del Grupo Mixto.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: También brevemente, señor presidente,
agradeciendo en primer lugar la presencia del señor ministro.
Personalmente, como andalucista no tengo los trabajos y los
antecedentes de trabajo dentro de la Cámara del Pacto de Toledo, pero
creo que todos somos conscientes de que estamos hablando de uno de
los elementos más importantes que sustentan o deben sustentar la
acción política. Creo que estamos hablando de la médula del sistema
de valores de nuestra sociedad. Hablar de la Seguridad Social, hablar
de pensiones, hablar de lo que estamos hablando aquí es hablar del
sistema de valores. No solamente es hablar en términos económicos
puros, en términos matemáticos y en términos de recursos sino en
términos de valores, de cómo en definitiva nos diferenciamos o nos
organizamos en esta sociedad. Hablar de sistema de valores de una
sociedad es hablar de consenso, porque no hay sistema de valores de
una parte de la sociedad sino que tiene que ser un sistema conjunto
de valores. Es evidente que en la Cámara podemos y debemos discrepar
legítimamente de muchos temas, pero creo que aquí, como el señor
ministro ha dicho en su breve intervención, el consenso debe presidir
los trabajos de la Comisión.
Hay temas que han ocupado ríos de tinta en la campaña electoral y que
sorprendentemente, en el tiempo que llevamos de legislatura, han
ocupado muy pocas líneas. Ahí está el tema de las pensiones. Parece
mentira que después del intensísimo debate que hubo en campaña
electoral, desde el día de las elecciones hasta este momento no haya
vuelto a salir el debate de las pensiones en los medios, y aquí
detrás está.
Estimo que habría que hacer un análisis de seguimiento de los
principios del Pacto de Toledo de forma desagregada en muchos
sectores de nuestra sociedad, o en muchas zonas de nuestro país;
todos sabemos que el análisis de las medias no responde a la realidad
porque hay lugares en España que tienen condicionantes o variables
distintas y por tanto con la aplicación de determinadas filosofías
puede que le chirríen más los engranajes. Sé que no se pueden hacer
los planteamientos maltusianos que hemos escuchado aquí hasta el año
2050 o el 2030, pero estoy convencido que sí hay que hacer
planteamientos a medio y largo plazo que sean revisables por el punto
15 cada periodo, pero desde luego que no sepamos qué va a pasar de
aquí a 20 años no significa que no sepamos pensar lo que puede pasar.
Yo creo que no estamos ante un momento estable, no
desde el punto de vista económico sino de movimientos migratorios,
sociales, mundiales, en el que todos podamos decir que sabemos con
precisión qué va a pasar, pero sí sabemos que va a haber una fuerte
dinámica de nuevas poblaciones que se incorporan. Estamos hablando de
la inmigración -es un debate vivo en la sociedad-, pero se podría
hablar de otras cosas, de poblaciones que se van a mover no por
razones relacionadas con la Ley de inmigración sino por otras razones
de libertad de movimientos de personas y mercancías, cómo dentro de
la Unión Europea se están produciendo ampliaciones, y todo eso, al
final, va a repercutir en el sistema.
Parto de la base de que estamos discutiendo la columna vertebral de
muchas de nuestras cosas, parto de la base de que lo que se debe
hacer hay que hacerlo con consenso, y quizá de esta comisión tiene
que salir uno de los elementos estrella que el ciudadano tiene que
visualizar y es cómo todos los representantes políticos somos capaces
de ponernos de acuerdo porque ni más ni menos nos estamos jugando el
futuro.
Agradecemos la presencia del ministro, y creo que hoy no es día de
entrar en determinaciones más concretas porque no tenemos ni siquiera
el material; sólo hablar de talantes y actitudes, y la actitud de
este portavoz del Grupo Mixto y de la gente que tengo detrás es
absolutamente constructiva, de busca de consenso, de manifestar
nuestra posición clara y de trabajar.
El señor VICEPRESIDENTE : Para finalizar, tiene la palabra el señor
Merino, en nombre del Grupo Popular.
El señor MERINO DELGADO: Agradecemos muy sinceramente al señor
ministro su comparecencia en esta Comisión, en primer lugar por la
inmediatez de su petición de comparecer ante los miembros de la
misma.
Al contrario de lo que ha hecho el portavoz socialista, yo quiero
fijar la posición de mi grupo después de la intervención del
secretario de Estado porque entiendo que desde mi grupo debemos
facilitar al ministro que cumpla también sus obligaciones con el
Senado, dado que entiendo ha cumplido también con su obligación en
esta Cámara al comparecer hoy en esta Comisión a petición propia.
Su prolongada estancia en esta sede parlamentaria y su situación
actual al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le dan
una doble visión de lo que para todos los ciudadanos españoles es hoy
una realidad incontestable y feliz. El Pacto de Toledo sigue su
camino, el Pacto de Toledo no se para; se ha logrado un consenso tan
amplio que toda la sociedad española ve hoy con optimismo lo que hace
tan sólo unos años era una obsesiva preocupación para muchos miles de
españoles, y yo creo que su gestión y su capacidad para el diálogo
y para el consenso lo van a hacer posible.
Ese doble diálogo del que usted nos ha hablado como imprescindible
continúa ya después de abrirse esta nueva etapa legislativa, es decir
el diálogo político y el diálogo social; el primero en esta sede
parlamentaria y en esta Comisión, y el segundo en el ámbito del
Gobierno, sindicatos y empresarios.
Sí es cierto que partimos de una situación diferente y más favorable
que hace tan sólo unos años, cuando el Gobierno se hizo cargo en 1996
de las arcas de la Seguridad Social y todos sabemos en qué situación
se encontraba entonces. La estabilidad social y la estabilidad
económica nos garantizan hoy el futuro y nos dan seguridad y
tranquilidad para abordar esos nuevos retos de los que usted ha
hablado, que aún no hemos desarrollado y que se contemplan en el
Pacto de Toledo. Por tanto, no quiero alargarme más, simplemente
reitero mi agradecimiento al señor ministro, deseando que además de
la documentación prolija que ya nos ha remitido a partir de los meses
próximos podamos seguir discutiendo con nueva documentación estos
importantes temas, y basándonos en el diálogo, basándonos en el
consenso como él ha dicho, sin duda llegaremos a conclusiones
positivas para todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Con
la debida reciprocidad en cuanto a la brevedad, e insisto, no porque
el elenco de materias no invite al debate e incluso a la polémica,
sino porque entiendo que ocasión habrá (estamos en el arranque de una
legislatura, y también desde el Gobierno se desea pormenorizar alguna
de estas posiciones), quiero hacer unas brevísimas consideraciones.
Cuando se refería el portavoz socialista, señor Griñán, a cuál es el
sentido activo y dinámico que debe tener un sistema de Seguridad
Social, yo creo que debe ser capaz de reconocer con diligencia los
cambios que se producen en la sociedad y tratar de dar respuesta, y
debe ser también dinámico en el sentido de garantizar que no
solamente va a atender a las actuales generaciones y a las pasadas,
sino que también se va a establecer como un elemento de cohesión
generacional, dando respuesta a futuros pensionistas. En ese esfuerzo
de síntesis política ya han coincidido los responsables de todos los
países de la Unión Europea que nos piden a todos los Estados miembros
que tengamos especial atención hacia lo que es el futuro, hacia lo
que es la sostenibilidad ante un hecho incontestable, como es el
hecho positivo de que nuestros ciudadanos vivan más y mejor tiempo.
Eso evidentemente no es un problema, es una circunstancia feliz, el
problema surgirá si nuestros sistemas de protección social no son
capaces de atender a dicha circunstancia o si nuestros discursos
políticos se instalan más en el interés a corto plazo y
egoísta de esta generación que en los intereses de cara al futuro.
Tal vez no sea casual que esta Comisión, hoy Comisión permanente,
haya derivado de una Comisión en su día de perfil presupuestario,
pues era una ponencia en el ámbito de la Comisión de Presupuestos.
Estoy seguro de que coincido con SS.SS. si todos nos situamos desde
el primer minuto en el contexto de las nuevas políticas económicas de
la Unión Europea, dicho de otra manera, que los esfuerzos tienen que
encajar dentro de esa gran línea que ha marcado la Unión Europea de
reducir la deuda, de reducir el déficit, esto es de afianzar el
compromiso entre generaciones, porque reconocerán SS.SS. que si una
generación vive sistemáticamente por encima de sus posibilidades,
gastando mucho más de lo que es capaz de ingresar y de generar como
riqueza real, está condenando a situaciones difíciles y complejas a
ulteriores generaciones. Ése es el esfuerzo en su día de convergencia
y hoy de estabilidad que ha realizado la Unión Europea, en el que
lógicamente también hay que enmarcar las acciones presupuestarias,
sean las de separación de fuentes o cualesquiera otra de las que
todos consideramos necesarias. Dicho de otra manera, no estamos en
tiempos iguales desde los márgenes de disponibilidad presupuestaria
en el año 2000 que los que podíamos tener en ejercicios anteriores,
sin que por ello, insisto, entre en ninguna polémica; simplemente me
permito llamar la atención de que en el proceso de construcción
europea hemos renunciado, por un interés general, a ciertos márgenes
presupuestarios que pudieron existir en el pasado.
También con toda brevedad agradezco el interés que manifiesta alguno
de los grupos sobre colectivos concretos. Sobre autónomos hubo
ocasión de expresarse también en la anterior legislatura, se expresó
la propia Ley de consolidación y racionalización y hubo una
comparecencia que creo daba respuesta a esas situaciones en las que
sin ninguna duda también el régimen de autónomos merece un
seguimiento especial de sus cambios, como lo merecerá en el futuro
una circunstancia hasta ahora desconocida, cual es la dependencia, un
hecho que saben llamó la atención de este Parlamento y del que confío
será informado en un plazo breve, creo recordar que es en junio
cuando se planteará un estudio realizado en este caso por el
Ministerio de Economía para que pueda servir de base a futuros
trabajos parlamentarios.
No haya duda, señor Frutos, de la voluntad política de este Gobierno,
sino que además creo que el propio Gobierno no prejuzga, antes al
contrario, cree que estamos ante situaciones de igual voluntad
política que las que pudo haber en el año 1995. Presumo la buena fe
en este caso y la buena voluntad política de todos, aunque
indudablemente tengo que leer algunos documentos con la reserva que
usted lo hace. A veces es difícil discernir entre el interés
científico, el interés social y el
interés económico, porque hay posiciones que realmente se situarían
en términos intermedios a la hora de hacer investigaciones llamadas
científicas o estudios y documentos que tratan de alguna manera
-aunque en este caso hay que hacer una lectura más extensa que la de
la buena fe- de complementar los trabajos que el propio Parlamento o
el propio Gobierno realizan. Insisto en que tengo como usted cierta
prevención o cierta aprensión a aquellos estudios que se proyectan
excesivamente en el tiempo y que también fracasaron en el pasado en
sus predicciones.
Prácticamente concluyo diciéndoles que si ustedes recuerdan los
momentos en que se llevó a cabo el Pacto de Toledo, los más
optimistas de los analistas económicos predecían graves dificultades
tan pronto como se iniciasen el año 2000 y sucesivos. Hoy los más
pesimistas difieren esas posibles crisis a fechas indudablemente
mucho más lejanas, pero alguno de los mismos autores de los trabajos
que predecían dificultades inmediatas vuelve a la carga, por decirlo
también en términos absolutamente coloquiales y cordiales. Si se
trata de interés científico, comercial o social, no seré yo quien lo
sitúe en uno o en otro terreno.
Finalmente y como consecuencia de la experiencia acumulada, creo que
es bueno y útil que este Parlamento pueda conocer la opinión de los
agentes sociales a la hora de tomar posteriores decisiones. En la
sesión de hoy, ya lo decía, no se trata de anticipar una visión
pormenorizada o incluso la capacidad de propuesta que en este momento
mantiene el Gobierno. Se entendió entonces, en el año 1996, y creo
que sigue siendo aconsejable, conocer la opinión de nuestros
empresarios y de nuestros sindicatos, de nuestros trabajadores y de
nuestros emprendedores, porque sin ninguna duda también es una
opinión cualificada desde cualquier punto de vista. Insisto en que no
trataba hoy de suplir, yo sé que quien cierra más, quien afianza más
una posición por un lado está haciendo un ejercicio de sinceridad y
de compromiso, pero por otra parte probablemente esté dificultando el
hallazgo de puntos de encuentro por aproximación. Entra dentro no
sólo de lo libre, sino de lo absolutamente respetable, de ahí que no
quiera yo entrar en ninguna de estas actuaciones de excesivo
pormenor.
Por último, creo que una de las materias en las que sí ha habido
capacidad de respuesta ha sido en reconocer nuevas realidades
laborales. Guste o no, hablar de Seguridad Social y hablar de empleo
es hablar de dos realidades íntimamente conexas, entre otras cosas
porque muchas familias españolas nos dirán que se sienten tanto más
protegidas o tanto más seguras cuantos más miembros de esa familia en
edad de trabajar y con voluntad de hacerlo puedan llevar a cabo su
proyecto, hecho que por otra parte sabemos que revierte en forma de
cotizaciones e impuestos en la mejora del bienestar general.
Creo que sí ha habido capacidad de respuesta ante nuevos fenómenos
-trabajo a tiempo parcial- y nuevas modalidades contractuales. Hoy
podemos considerar creo que positivamente, el hecho de que han
desaparecido contratos que tenían calificativos poco amables y que
todos suscribimos en su día; hemos logrado racionalizar también
nuestro mercado laboral con la cooperación de los agentes sociales y
confío sinceramente en que también seamos capaces de seguir dando
respuesta diligente y pronta a las nuevas realidades sociales y
laborales. Es el ánimo que deseaba expresarles. Confío que no se
entienda como descortesía hacia el Congreso e intento de cumplir con
la cortesía en el Senado, comprendo que es una ecuación de las
difíciles, como a veces hay que conciliar contributividad
y solidaridad, o dicho de otra manera una razonable proporción entre
los esfuerzos que realizan los ciudadanos a favor del sistema, las
expectativas que esperen de él y el ejercicio de la solidaridad con
quien más dificultad o más necesidad tiene.
En cualquier caso, insisto, confío en que no sea mi única presencia,
y desde el departamento reitero nuestro compromiso de cooperar en
esos planos técnicos o políticos, no regateando tan buena voluntad
como en el pasado otras fuerzas produjeron y como presumo que tienen
el resto de grupos políticos de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Con esto damos por finalizado el punto de comparecencia del señor
ministro ante esta Comisión. Interrumpimos brevemente la sesión para
acompañar al ministro e inmediatamente continuaremos con el siguiente
punto del orden del día.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(CAMPS DEVESA) PARA EXPONER LA POSTURA DEL GOBIERNO SOBRE LAS
ACTUACIONES A DESARROLLAR EN RELACIÓN CON EL PACTO DE TOLEDO. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/000003.)
El señor VICEPRESIDENTE: Continuamos la Comisión con el siguiente
punto, que es la comparecencia a petición propia del secretario de
Estado de la Seguridad Social. En nombre de la Comisión, también
quiero agradecer esta comparecencia rápida y espero que disponga de
tiempo sin problemas, para que en esta primera comparecencia pueda
pormenorizarse, como algunos de los portavoces quieren hacerlo no
tanto ante la presencia del ministro, por su premura de tiempo o
por el escaso tiempo disponible en el día de hoy, sino ante el
secretario de Estado.
Muchas gracias, por tanto, y tiene la palabra el secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Señorías, tranquilizo a quien pudiera tener alguna prevención
respecto a mi horario en el día actual, ya que tengo todo el tiempo
que SS.SS. estimen pertinente para hablar de Seguridad Social. Lo
tengo hoy y estoy seguro que lo tendré cuantas veces sea requerido
por esta Comisión, porque para mí la Seguridad Social es un tema
apasionante, pero sé que para todos los españoles es un tema del que
habrá que hablar a partir de hoy mucho y bien.
Quisiera, señor presidente si me lo permite, comenzar mi intervención
expresando también a SS.SS. la enorme satisfacción que me produce
comparecer en este importante foro de valoración y seguimiento de los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo, por ser un foro del que
ya formaba parte en la anterior legislatura en calidad de
parlamentario, y por ser el foro en que comparezco por primera vez
justamente después de dejar esa condición de parlamentario. Vuelvo
por tanto a esta Comisión en posición distinta a la que ocupaba, pero
con criterios no distintos sino iguales a los que mantenía con
anterioridad. Tengo que decirlo también, por si tranquiliza a SS.SS,
que desde una ubicación física distinta, porque era ubicación física
de parlamentario, al fondo de esta Comisión, he tomado ya buena nota
de las intervenciones de los distintos señores portavoces en la
comparecencia del señor ministro, como no podía ser de otra manera,
también de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, y aunque la conveniencia de que el secretario de Estado
la haya escuchado o haya entendido la desconozco en cuanto a que el
señor portavoz pueda tenerla sobre la misma, tenga la completa
seguridad en este caso el principal grupo de la Cámara especialmente
en la oposición y todos los demás grupos que componen esta Comisión,
que he atendido, he comprendido la posición de los grupos, y sobre
todo he atendido y he comprendido la posición de presente y futuro
del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, comparto y tengo en
cuenta la trascendencia y la importancia que la plasmación de las
recomendaciones recogidas en el Pacto de Toledo revisten para el
conjunto de la sociedad y soy plenamente consciente de la
importantísima labor que tienen encomendadas ustedes, señorías, esta
Comisión, la cual tiene como misión y la cito textualmente: valorar
los resultados obtenidos en la aplicación del mencionado pacto, y en
base a ello estudiar su desarrollo de futuro dentro de los criterios
de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda
España, que permita garantizar la continuidad en la mejora del nivel
de bienestar de nuestros pensionistas, con especial atención a las
pensiones de menor cuantía.
Desde luego, un título amplio también para una amplia e importante
labor. En aras de la brevedad, estoy seguro de que a SS.SS. no les
importará que a partir de ahora me refiera a este foro como la
Comisión del Pacto de Toledo o en muchos casos simplemente como la
Comisión.
Al principio de mi intervención no puedo menos que reiterar el
ofrecimiento que ha formulado hace breves momentos el titular del
departamento. Sepan que también es deseo de este secretario de Estado
colaborar estrechamente y en la medida de mis posibilidades con los
trabajos de seguimiento, valoración y estudio que en relación a las
recomendaciones del Pacto de Toledo tienen asignados SS.SS.
La Comisión en la que ahora comparezco es de alguna forma heredera de
la constituida en la legislatura pasada, la cual, como también es
sabido por SS.SS., no pudo culminar sus trabajos por las
circunstancias que todos conocemos. En el anterior foro, y a través
de las intervenciones de distintos miembros del Gobierno, ya se
ofreció un exhaustivo balance del desarrollo de las recomendaciones
del Pacto de Toledo efectuado en la pasada legislatura, incluso hoy
también se ha hecho exhaustivo balance por algún portavoz. Por ello
no me parece conveniente volver a repetir lo que ya se ha dicho, sino
que lo procedente será que esboce las líneas que según mi criterio
pueden perfilar el futuro y continuo desarrollo del Pacto de Toledo.
No obstante y antes de eso me van a permitir una sucinta referencia
sobre el pasado, sucinta no sólo por no reiterar lo ya sabido sino
también porque en este momento anuncio que pongo a disposición de SS.
SS. una actualización del informe que en su día se entregó, el famoso
tomo rojo, el cual y tras el cumplimiento de los trámites formales
que obviamente rigen en esta Cámara para la entrada de documentos, lo
tienen ya actualizado a junio de este año y espero que les sirva de
importante elemento de estudio y conocimiento para el inicio de los
trabajos en esta Comisión. Me consta que no existía obligación alguna
por parte de este secretario de traer la citada documentación conmigo
como he hecho, entre otras cosas porque mi comparecencia hoy aquí no
tiene como finalidad discutir sobre el contenido de ese informe, ya
que no es tanto momento de hacer balance (ya fue hecho por el
anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y por el anterior
secretario de Estado de Seguridad Social, hoy titular del
departamento) sino de adelantar las directrices de una futura labor.
De todos modos sepan que me siento heredero no sólo de la gestión
sino también de los planteamientos que sobre la materia se han ido
realizando por parte de los anteriormente citados, como también me
siento de alguna manera heredero del Pacto de Toledo, el cual,
suscrito en abril de 1995 por la práctica unanimidad de los grupos
parlamentarios con representación entonces en el Congreso de los
Diputados, es sin lugar a dudas el gran acuerdo político en el ámbito
de la Seguridad Social y
constituye, a mi modesto modo de ver, uno de los mayores activos de
nuestra democracia.
Sus señorías conocen que en la legislatura pasada el Gobierno abordó
una serie de reformas orientadas a la consolidación y racionalización
del sistema de Seguridad Social y que lo hizo desde una doble
vertiente: financiera, mediante la corrección de los desequilibrios
existentes, y prestacional, a través del reforzamiento de los
principios de contributividad y equidad, y con la extensión del
principio de solidaridad para con los colectivos menos favorecidos.
Se entendió entonces y entendemos ahora que el único camino que
garantizaba tales objetivos era llevarlos a cabo con el mayor
consenso político y social. En efecto, el Gobierno no sólo hizo suyo
el contenido del Pacto de Toledo, sino que al mismo tiempo refrendó
su vigencia en el Parlamento, comprometiéndose a adoptar las medidas
necesarias para llevar a la práctica el contenido de sus
recomendaciones. Sin embargo, el Gobierno entendió que no bastaba
solamente el pacto político, sino que la concreción práctica de las
medidas que debieran adoptarse hacía preciso que las mismas contasen
con un refrendo social. Se ha demostrado que una política que
implique a la sociedad y que cuente con un elevado grado de consenso
es una política más justa, más efectiva y mejor comprendida por el
conjunto de la sociedad. Si hace apenas unos años parecía que la
consecución del consenso social y político era un muro infranqueable,
hoy hemos conseguido, entre todos, convertir ese muro en el primer
peldaño de una escalera que sin lugar a dudas hay que continuar
subiendo. Precisamente por eso, y a través del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, se inició entonces una etapa de diálogo con las
organizaciones sociales que como saben culminó con la firma de un
acuerdo social para la consolidación y racionalización del sistema de
la Seguridad Social, suscrito entonces entre el Gobierno y los
sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en el
que quedaron perfiladas las medidas que debieran llevarse al
ordenamiento jurídico de la Seguridad Social para el cumplimiento de
las recomendaciones del Pacto de Toledo. Todo ello se hizo con una
triple finalidad, que es bueno recordar hoy aquí: dar una mayor
consolidación y viabilidad al sistema de Seguridad Social, procurar
una mayor racionalización del sistema de pensiones y lograr un
incremento en la propia protección, en particular de aquellas
situaciones de menores prestaciones.
Como también saben SS.SS. (hago gracia de muchas cuestiones que tengo
apuntadas pero que conocen y por tanto no les cansaré con ellas),
esas líneas de reforma se plasmaron en lo que hoy es la Ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, y
reitero que hago gracia a SS.SS. porque observo a muchos de los aquí
presentes y sé que tuvieron una importante participación activa,
junto conmigo mismo, en la tramitación parlamentaria de la citada
ley. Pero lo
que sí hay que poner de manifiesto es que la citada ley no cerró un
proceso gradual de reforma, sino que constituyó su primer paso. En la
medida que la Seguridad Social -ya se ha dicho hoy aquí- es dinámica,
requiere por definición de continuas adaptaciones al entorno en que
se mueve, sobre todo si pretende ser un instrumento útil de respuesta
a las necesidades y situaciones objeto de cobertura. En definitiva,
si la Seguridad Social quiere responder a la finalidad para la cual
fue creada, de vez en cuando debe, y permítaseme la expresión, mudar
la piel. Ahora bien, constituyendo esa ley un primer paso, supuso
también un avance muy significativo en orden a la principal
preocupación que todos teníamos entonces y podemos seguir teniendo
ahora: el mantenimiento del equilibrio financiero del sistema,
imprescindible para garantizar su viabilidad presente y futura y
único mecanismo que permitirá garantizar a las generaciones futuras
la pervivencia de una Seguridad Social pública de carácter
contributivo, cumpliendo de forma efectiva el mandato del artículo 41
de nuestra Constitución. A tales efectos y como conocen SS.SS. la
citada ley vino a clarificar y separar las fuentes de financiación
del sistema, adecuándolas a la naturaleza de las obligaciones de la
Seguridad Social. En esa misma línea se previó que una vez concluido
este proceso gradual de separación de fuentes financieras se
constituyera un fondo de reserva con cargo a los excedentes de
cotizaciones sociales que pudieran resultar de la liquidación de los
presupuestos y que permitiera atenuar los ciclos económicos. Todo
ello (lo he escuchado hoy aquí y manifiesto mi total no sólo
observancia de la manifestación, sino concordancia con ella) sin
olvidar que el sistema de la Seguridad Social en definitiva es
Estado.
En la actualidad, creo que no tengo que recordárselo a SS.SS., el
sistema de Seguridad Social cuenta con un fondo de reserva en una
cuantía inicial de 100.000 millones de pesetas, pero las medidas de
la ley aparte de esto recogieron y profundizaron en los principios
que configuran nuestro sistema, coadyuvando de esta forma a su
consolidación. Así, por lo que se refiere a las pensiones de
jubilación se reforzó el principio de proporcionalidad, a fin de
procurar que las prestaciones económicas reflejaran en mayor medida
el esfuerzo de cotización realizado previamente. También se
posibilitó una mayor equidad en las pensiones, de forma que quienes
hubieran realizando un esfuerzo similar en las cotizaciones
obtuvieran un nivel de prestación similar. Asimismo, el principio de
solidaridad vino a ser reforzado a través de la mejora sustancial del
tiempo de duración de las pensiones de orfandad y la mejora de las
cuantías de las pensiones mínimas de viudedad cuando los
beneficiarios tengan una edad inferior a los 60 años. Por último,
pero no menos importante aunque creo que ya forma parte del acervo de
la Seguridad Social, la ley garantizó de forma definitiva el
mantenimiento del poder adquisitivo, incluido el de las pensiones
mínimas del sistema.
Esta voluntad de diálogo y compromiso no se agotó con la firma del
acuerdo de octubre de 1996 y la posterior promulgación de la Ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, sino
que por medio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
presidido toda la actuación del Gobierno en la pasada legislatura, a
través de cauces por todos conocidos: la Comisión K, el diálogo con
las demás fuerzas políticas en este Parlamento e incluso fomentando
el diálogo entre los agentes sociales que luego tenían claramente
repercusiones en nuestro sistema de Seguridad Social. Decía al
principio que hoy no era cuestión de hablar del pasado sino del
futuro, y siendo mucho lo hecho hasta ahora muchísimo más queda por
hacer, porque el gran reto del futuro es sin duda contar con un
sistema de Seguridad Social eficaz y equilibrado y ello exige su
permanente adaptación a la realidad económica y social. Es preciso
que la Seguridad Social disponga de los mecanismos adecuados para el
logro de fines que está llamada a cumplir, lo que será posible
solamente a través de un amplio proceso de diálogo político y social.
Y este camino, el del diálogo, es aquel por el que pretendemos seguir
avanzando en el ámbito de la Seguridad Social a través de la presente
legislatura, porque sólo después de haber andado el camino viejo
seremos capaces de andar por el camino nuevo.
Desde el convencimiento de que el Pacto de Toledo mantiene en el día
de hoy plenamente su vigencia, que no tiene plazo de caducidad y que
el mismo no establece límites temporales para su cumplimiento, nos
encontramos en este momento ante una situación política y social que
favorece sin duda la posibilidad de seguir profundizando en el
desarrollo de las recomendaciones en su conjunto, atendiendo de
manera especial a las que fueron objeto de menor desarrollo en la
pasada legislatura. Profundización, desarrollo, renovación -el nombre
que queramos darle es lo de menos-, que debe ser sin lugar a dudas,
señorías, más de voluntades que de contenidos. Porque con
independencia de las medidas que podamos acometer en el futuro, el
objetivo final que debe presidir nuestra actuación es el de mantener
un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,
dando cumplimiento así a lo que dispone el artículo 41 de nuestra
Constitución. Tal vez sea ahora el momento de reiterar el compromiso
del Gobierno con el sistema de protección social establecido en la
Constitución, con el propio Pacto de Toledo y con lo que creemos que
es el pensamiento de la mayoría de los españoles, momento de reiterar
ese compromiso que seguro es compartido por la práctica totalidad, si
no de todos, los grupos parlamentarios con representación en esta
Cámara.
Para afrontar ese reto, señorías, contamos con una ventaja que no
teníamos hace cinco años: que la basede la que partimos hoy es mucho
más propicia que la
que existía entonces para llevar a cabo esta labor. Debemos constatar
necesariamente desde dónde partimos, para saber hacia donde nos
dirigimos. Porque serán las generaciones que nos sigan las que
construirán el futuro de nuestra protección social sobre el legado
que les entreguemos, y ese recorrido será inevitablemente determinado
por los nuevos retos a los que tenemos que enfrentarnos, las nuevas
circunstancias sociales a las que nos están conduciendo. En este
sentido es indudable que las previsiones existentes en el momento en
que nació el Pacto de Toledo se han modificado en gran medida con el
paso del tiempo. Asimismo debemos tener presente que el Pacto de
Toledo no es algo estático e inamovible, sino que debido a la
amplitud de sus recomendaciones es perfectamente adaptable a los
importantísimos cambios que experimenta actualmente la sociedad en la
que vivimos. Y el momento en el que nos encontramos es idóneo para
impulsar y desarrollar el Pacto de Toledo no sólo porque el propio
Pacto nos obliga a ello sino también porque la buena evolución de la
economía española, junto con las políticas desarrolladas en el ámbito
financiero de la Seguridad Social, han permitido que hoy se pueda
hablar del saneamiento financiero de las cuentas de ésta. Este
saneamiento ha permitido que el sistema haya presentado ya un
superávit provisional en el ejercicio de 1999 de alrededor del 0,3
por ciento del PIB, y les recuerdo que se preveía un déficit del 0,1
por ciento. Ese saneamiento permite también que en el actual
ejercicio en el que estamos se haya previsto por primera vez en la
historia de nuestra Seguridad Social un superávit presupuestario,
todo lo cual, evidentemente, permitió en su momento, y tiene que
seguir posibilitando, la constitución y dotación del fondo de reserva
al que me he referido anteriormente.
Respecto a ese fondo de reserva me van a permitir una pequeñísima
consideración y es el firme compromiso del Gobierno, que ya anuncio
aquí, de seguir dotando el mismo año tras año, a partir del que nos
encontramos, lo que va a exigir inevitablemente, o así lo entendemos,
el mantenimiento de la situación de superávit presupuestario con la
que actualmente cuenta la Seguridad Social. Por cierto, ese
saneamiento y superávit se han alcanzado sin que se vea afectado el
gasto social, que ha crecido apoyado por los resultados de la lucha
contra el fraude y la morosidad, la mejora en la gestión, la buena
marcha de la economía en general y el importante incremento sostenido
de la afiliación. Este saneamiento, además, tiene su reflejo en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el presente año, hasta
el punto de que han desaparecido por innecesarios los préstamos del
Estado al sistema de la Seguridad Social. A mayor abundamiento,
conocen SS.SS. que la separación de las fuentes de financiación de la
Seguridad Social ha sido prácticamente culminada en su integridad a
través de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año en que nos
encontramos. Únicamente -y conozco, señorías, sus preocupaciones-
queda por delimitar la financiación de los complementos a mínimos de
las pensiones contributivas, lo que determinará claramente la
culminación definitiva del mencionado proceso.
Señorías, el papel del Estado en la financiación de los complementos
a mínimos todavía está por determinar, como bien señala y nos
recuerda la Ley de consolidación y racionalización de nuestro sistema
de protección social. Éste justamente es uno de los aspectos que
habrá de ser abordado en la presente legislatura, teniendo en cuenta
que el tema habrá de ser afrontado desde el diálogo, que creemos que
es el método, y desde la gradualidad, que es, sin lugar a dudas, el
sistema. Se ha iniciado, por tanto, una nueva etapa dentro de nuestro
sistema de protección social en la que alcanzado el equilibrio
financiero las prestaciones sociales tienen garantizada su
pervivencia no sólo en beneficio de los actuales titulares sino
también de los que hoy en día se encuentran en activo y de las
futuras generaciones.
Llegados a este punto, conviene recordar que en el saneamiento de las
cuentas de la Seguridad Social ha tenido un efecto positivo el
incremento sin precedentes de la afiliación, pasando de 12.342.000
afiliados en marzo de 1996 a alcanzarse por primera vez más de 15
millones de afiliados el mes pasado. En mayo de 2000 hay en España
2.707.344 afiliados ocupados más de los que había en marzo de 1996,
lo que supone un incremento porcentual de casi el 22 por ciento, es
decir uno de cada seis de los actuales cotizantes de la Seguridad
Social se ha incorporado al sistema en los últimos cuatro años.
También ha contribuido positivamente a ese saneamiento, y así hay que
recordarlo, la modificación de la naturaleza jurídica de las
reducciones de las cotizaciones sociales. Hasta el año 1996 alguna de
estas subvenciones de las cotizaciones empresariales eran financiadas
por el presupuesto de la Seguridad Social, que de esa forma veía
minorados los recursos para hacer frente a sus obligaciones. Hoy,
esas subvenciones han adquirido la forma de bonificaciones, de modo
que la creación de empleo no incide de forma negativa sobre los
recursos de la Seguridad Social, asegurando a ésta una mayor
progresión en el volumen de sus cotizaciones dada la decidida apuesta
del Gobierno por trabajo de calidad, es decir estable, con la
finalidad de dar mayor seguridad a los trabajadores y reducir las
altas tasas de temporalidad de las que aún adolece el mercado de
trabajo en España. Estas bonificaciones saben SS.SS. que se han
dirigido a los colectivos más desfavorecidos y han supuesto que en el
momento presente haya casi un millón de contratos vigentes acogidos a
las mismas.
Otro factor que sin duda alguna ha contribuido a la buena marcha
económica del sistema de la Seguridad Social viene constituido por
las medidas adoptadas en la lucha contra el fraude y la economía
irregular, aspecto este que se ha abordado con carácter absolutamente
prioritario pues considero que debe ser combatido enérgicamente,
sobre todo en Seguridad Social, no sólo por lo que tiene de conducta
antisocial sino porque su tolerancia puede suponer un importante
factor deslegitimador del propio sistema de cara a la sociedad.
También han contribuido de forma notable al saneamiento de las
cuentas de la Seguridad Social las medidas adoptadas en la pasada
legislatura y relativas a la mejora de la gestión de las prestaciones
por incapacidad. Hago gracia a SS.SS. de cansarles con excesivas
cifras y datos que a buen seguro son ampliamente conocidos por todos
los aquí presentes, pero sí quisiera resaltar, no obstante, que las
medidas adoptadas en este ámbito han permitido reducir el gasto
incontrolado en esta clase de prestaciones económicas de Seguridad
Social, cuyos resultados ponen en evidencia que se puede y se debe
seguir llevando a cabo una gestión de Seguridad Social con altos
grados de eficiencia y eficacia sin que resulte modificado en modo
alguno el nivel de protección dispensado. Incluso tales resultados se
han logrado en un marco de mayor protección dispensada a través de la
prestación de la incapacidad temporal al incluir dentro de la misma a
colectivos que hasta esos momentos se encontraban excluidos de ella,
como era el caso de los trabajadores con contratos para la formación
o los trabajadores a tiempo parcial con jornadas reducidas.
En fin, el saneamiento del sistema ha permitido el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones, que no sólo ha sido garantizado
por ley sino que ha supuesto que los pensionistas hayan visto
mejoradas sus pensiones en los últimos cuatro años en más de un punto
y medio por encima de los precios; ello unido a fórmulas de
incremento de las pensiones adicionales para las pensiones mínimas
que, como saben SS.SS., han visto aumentar sus importes para el
presente año 2000 en una banda, según la clase de pensión, que se
sitúa entre el 3 y más de 12 puntos por encima de las previsiones de
inflación. Señorías, no podemos renunciar a seguir mejorando
pensiones mínimas en este país; pero tenemos que hacerlo de manera
que sea compatible con el mantenimiento del equilibrio financiero del
sistema de Seguridad Social. En definitiva y concluyendo con el tema
relativo al saneamiento en la Seguridad Social, puedo afirmar sin
miedo a equivocarme que nuestro sistema de pensiones está
garantizado, que el escenario actual es radicalmente distinto al de
hace cinco años y que hoy en día no sería sensato hablar de debilidad
de nuestro sistema de protección social. Pero la buena marcha actual
de la Seguridad Social no nos puede llevar a cometer el error de
bajar la guardia. Debemos avanzar conjuntamente para dar respuesta
a los nuevos retos a los que se enfrenta y se enfrentará nuestra
sociedad, y ello sin perder de vista en ningún momento el equilibrio
financiero del sistema de Seguridad Social felizmente alcanzado y que
debemos perpetuar. Y uno de los retos más importantes, sin duda
alguna, señorías, es el que nos plantea el paulatino
envejecimiento de la población. Pronto las sociedades europeas, si
algunas no lo tienen ya, tendrán una proporción mucho mayor de
personas de edad y una proporción más pequeña de personas en edad
activa. En el ámbito de la Unión Europea, la generación más joven, el
grupo comprendido entre 0 y 14 años, que hasta 1985 representaba el
17,6 por ciento de la población, descenderá al 15,7 por ciento en el
2015; es decir, disminuirá casi en cinco millones. La generación
comprendida entre los 15 y los 29 años, que constituye la principal
fuente de entrada en el mercado laboral, disminuirá aún más
rápidamente, un 16 por ciento, equivalente a un descenso de 13
millones. Entre los grupos de edad más avanzada ocurrirá exactamente
lo contrario. La generación comprendida entre los 50 y los 64 años
aumentará en más de 16 millones y en 17 millones las personas que
hayan sobrepasado los 65 años, aumentando dentro de este grupo en
cinco millones y medio los mayores de 80 años. En nuestro país, la
población mayor de 65 años no ha dejado de crecer a lo largo del
presente siglo. Si en 1900 representaba el 5,2 por ciento de la
población total, en 1950 representaba el 7,2 por ciento, el 16 por
ciento en 1996 y según todas las previsiones será del 16,5 por ciento
en el presente año y del 20,1 por ciento en el año 2020. Y también en
nuestro país se produce el incremento progresivo de los mayores de 80
años. En la actualidad superan el millón y medio, es decir, uno de
cada cinco mayores de 65 años es hoy, a su vez, mayor de 80 años.
En la otra cara de la moneda, y pese a los últimos datos conocidos,
nos encontramos con que España cuenta con una de las tasas más bajas
de natalidad, no sólo de Europa sino también prácticamente del mundo,
puesto que nuestra tasa de natalidad se está situando ahora alrededor
de nueve por cada 1.000 habitantes, lo que evidentemente nos plantea
un problema demográfico. Como consecuencia justamente de esta
evolución demográfica apuntada, se produce una clarísima tendencia al
envejecimiento de la población, característica de los países europeos
y más en general de los países desarrollados. En España esta
tendencia se produce tanto por el incremento de la población de más
de 65 años como por la disminución de la población de 0 a 15 años y
de la población entre 16 y 64 años.
Después de todo este aluvión de cifras y datos, que espero me
perdonen SS.SS., resulta evidente que caminamos hacia una
civilización de la jubilación, lo que nunca debe considerarse como un
problema, sino como un reto y cuyas consecuencias debemos claramente
afrontar. El hecho de vivir más tiempo nos conduce inevitablemente a
encararnos con la vejez. Parafraseando a Sainte Beuve, envejecer
sigue siendo la única forma que se ha encontrado para vivir más
tiempo. No cabe duda de que esta evolución demográfica va a traer
como consecuencia que el colectivo de las personas mayores cada vez
acumule un mayor protagonismosocial, protagonismo que nunca deberá
eclipsar el
importante papel que en toda sociedad juegan las generaciones más
jóvenes que, como población activa, constituyen el sustento de los
pensionistas.
La sociedad europea y la española, por tanto, envejece como
consecuencia del aumento de esperanza de vida y de los bajos índices
de natalidad. Y esta realidad nos obliga a los poderes públicos a
analizar todos y cada uno de los problemas que se derivan de este
fenómeno sociológico. En primer lugar, y desde una visión económico-
financiera, cabe plantearse si en nuestro país la ratio futura entre
cotizantes y pensionistas podrá hacer frente a las futuras pensiones
con el actual sistema de reparto. Todas las previsiones que tenemos
hasta ahora indican que ello va a ser posible. Así, en mayo del
presente año, la ratio se ha situado en un 2,28, algunas décimas por
encima de la que teníamos en 1996. Pero, además, tenemos que valorar
el hecho de que el aumento proporcional del número de pensiones va a
ir acompañado de un incremento progresivo de las cuantías de las
mismas, habida cuenta de que en las últimas décadas la cotización se
viene ajustando a los salarios reales. El reto que se nos plantea,
por tanto, es el de mantener un número de afiliados al sistema que
haga posible el sostenimiento de las pensiones. En cualquier caso, y
de manera fundamental, habrá de tenerse en cuenta que la evolución de
la riqueza del país será la que determinará en gran medida no sólo la
capacidad de generar empleo, sino también la buena salud financiera
del conjunto de nuestro sistema de protección social.
Por lo tanto, las medidas que ahora se puedan adoptar tienen
forzosamente que mirar hacia el futuro. Es decir, se tiene que
garantizar la sostenibilidad del sistema, de modo que las
generaciones futuras estén en condiciones de satisfacer las pensiones
de las generaciones anteriores. En este punto, el de la viabilidad o
sostenibilidad del sistema, conviene recordar -y ya se ha hecho hoy
aquí- que la preocupación no es sólo nuestra, sino que es compartida
por los países de nuestro entorno. Así, en el Consejo Europeo reunido
en Lisboa los pasados días 23 y 24 de marzo, se habló por primera vez
del tema de la protección social, concluyéndose en dicho foro que los
modelos de protección social europeos deben asegurar que el trabajo
se vea recompensado garantizando por un lado su viabilidad a largo
plazo, frente a un envejecimiento de la población, y, por otro lado,
la plena integración social y la igualdad de sexos. Estoy seguro de
que el contenido de la conclusión expuesta es plenamente compartido
por SS.SS., como también lo estoy de que el Gobierno de España va a
tener un importantísimo papel, un predominante papel en el
cumplimiento de la misma.
El Consejo Europeo, teniendo en cuenta lo hasta ahora señalado,
otorgó mandato a lo que se denominó grupo de alto nivel para la
modernización de la protección social, dirigido a la preparación como
primera prioridad de un estudio sobre la evolución futura de la
protección social desde una perspectiva a largo plazo, presentando
particular atención a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones
en marcos temporales hasta el año 2020 y más allá de ser necesario. Y
justamente fruto de ese estudio fue el acuerdo, en el que tuve la
ocasión de participar el pasado 6 de junio en Luxemburgo, de crear el
comité permanente de protección social, que deberá definir el modelo
que garantice el pago de las pensiones en el futuro, atendiendo
siempre a las distintas particularidades que cada sistema de
protección social nacional tiene en estos casos. La reflexión es, por
tanto, a partir de ahora, conjunta, no sólo porque estamos hablando
de derechos de millones de españoles, sino porque estamos hablando de
preservar una de las señas de identidad características de los
modelos de protección social de los países más desarrollados.
Desde otra perspectiva, el envejecimiento de la población suscita una
serie de problemas que tanto los poderes públicos, particularmente,
como la sociedad civil deberán abordar con medidas de todo tipo que
tiendan a garantizar unos recursos económicos suficientes en la
tercera edad, como también a crear unas condiciones de vida
satisfactorias para este segmento de la población española. Nuestro
sistema de Seguridad Social contribuye, sin lugar a dudas, a crear un
clima de confianza, puesto que prácticamente la totalidad de la
población mayor de 65 años en nuestro país está cubierta por algún
tipo de pensión contributiva o no contributiva. Y el nivel
adquisitivo del conjunto de las pensiones de jubilación en España se
muestra bastante satisfactorio, aunque no podemos nunca -reitero-
olvidar nuestro compromiso constante con los perceptores de pensiones
más bajas. Pero, en este sentido, también es bueno recordar que el
cálculo de la pensión en nuestro país está entre los más avanzados
del mundo, lo que supone que la tasa de sustitución de la pensión en
relación con los ingresos de activo sea de las más altas de Europa. A
estos efectos, la pensión media de jubilación contributiva en el
pasado mes de mayo se situaba en 88.922 pesetas, siendo de 111.411
pesetas la que correspondía al régimen general. Pero, señorías, con
independencia de que las pensiones de jubilación en España suplan de
una forma que podemos entender como razonable la pérdida de rentas
originadas por el cese de la actividad profesional, hemos de afrontar
también el hecho de que afortunadamente las personas mayores están en
condiciones de alargar voluntariamente su condición de activos
laborales, lo que no debe ser en absoluto un motivo de preocupación,
sino todo lo contrario: yo creo que es un motivo de alegría que hoy
día las personas vivan más y mejor.
En el tema relativo a la prolongación voluntaria, por tanto, de la
vida laboral, no soy nada original, y no lo soy porque el propio
Pacto de Toledo, en su recomendación décima, nos recuerda que el
acceso a la pensión de jubilación no debe impedir una presencia
social activa
del pensionista. En tal sentido, y sin perjuicio de mantener la edad
ordinaria de jubilación a los 65 años, resultará muy aconsejable, a
mi parecer, en términos financieros y sociales -y subrayo sociales-
facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes
libremente -y vuelvo a subrayar libremente- lo deseen. En la
actualidad, nuestra legislación -conocen SS.SS.- no condiciona el
desempeño de un puesto de trabajo a un determinado límite de edad,
que es introducido habitualmente a través de la negociación
colectiva; tampoco la percepción de una pensión de jubilación
representa una imposibilidad material para el desarrollo de una
actividad profesional, previa suspensión temporal del abono de la
prestación. Quiere ello decir que, al menos teóricamente, nuestra
legislación ya reconoce la posibilidad de que los ciudadanos
prolonguen, si así lo desean, su vida activa, medida que el Pacto de
Toledo aconseja fomentar, por ser beneficiosa desde un punto de vista
social y financiero. Ese constante aumento de la esperanza de vida de
los ciudadanos provoca, o creemos que provoca, que cada día sean más
las personas que conciben como injusto el no poder mantenerse
socialmente activos más allá de la edad ordinaria de jubilación. A su
vez, cada día se es más consciente de la contribución potencial y
positiva de las personas mayores a la sociedad en su conjunto, sin
negar, por otra parte, los beneficiosos efectos financieros que
podrían derivarse para el sistema de la Seguridad Social, en la
medida en que se incrementarían los ingresos y se pospondría
parcialmente un gasto. Se trata, además, de una medida que
contribuirá a promover la calidad de vida de nuestros mayores,
evitando una forma de marginación social que afecta hoy en día a ese
importante colectivo de ciudadanos y que se materializa con su
salida, en muchos casos forzada, del mercado de trabajo.
Desde esa perspectiva, las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas
no contribuyen, en absoluto, a crear ese clima de autoestima
personal. Lo que considero un hecho inaceptable es la utilización de
recursos públicos, que provienen en definitiva de las aportaciones de
los empresarios y de los trabajadores, en medidas que,
independientemente de otros factores, reducen la vida laboral de
éstos últimos por razón simplemente de su edad, lo que, sin duda,
acarrea situaciones discriminatorias que es necesario erradicar.
Resulta una gran injusticia social que se expulse del mercado laboral
a personas perfectamente válidas, tanto para seguir prestando un
servicio útil a la sociedad como para asumir las tareas que exigen
las nuevas tecnologías. En edades en las que se puede seguir
trabajando, también se puede seguir aprendiendo, y así como nuestros
jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías prácticamente desde
que inician su periplo escolar, sería bueno que este colectivo de
personas de cincuenta y pocos años y más se viera inmerso también en
un mundo de formación
continua en lo tecnológico, lo que facilitaría en gran medida su
plena integración en la sociedad actual.
Señorías, el envejecimiento de la población también tiene que ser
considerado, a mi juicio, desde otras dos perspectivas. Por un lado,
la participación activa de este colectivo en la sociedad porque,
aparte de ser importante, garantiza al máximo el grado de confianza
y de autonomía en la edad madura y constituirá, sin duda, una
importantísima labor de ayuda a otras personas, que se beneficiarán
de la experiencia que atesora este colectivo, fruto del paso del
tiempo. Por tanto, se debe canalizar el inmenso potencial de nuestras
personas mayores en acciones positivas que repercutan en beneficio de
la sociedad, como pueden ser trabajos en las ONG, acciones formativas
de nuevos trabajadores a través de su participación en programas del
INEM o en labores de asesoramiento a jóvenes emprendedores, entre
otras muchas. Por otro lado, cuando hablemos del envejecimiento de la
población, tendremos obligatoriamente que detenernos en el tema de la
dependencia. Hay que tener en cuenta que dentro del grupo de
población de más de 65 años, el colectivo de mayores de 80 años se
duplicará entre 1991 y el año 2010, pasando de suponer 1.100.000,
aproximadamente, a 2.200.000 personas, y en año 2020 superarán los
2.400.000 personas, para alcanzar los 3.100.000 personas en el
horizonte del año 2040. Y es justamente a partir de esa edad, 80
años, cuando la experiencia nos demuestra que un gran número de estas
personas se encuentran en situación de dependencia, necesitando en su
vida cotidiana la asistencia de terceras personas, lo que conllevará
-debe hacerlo necesariamente- el desarrollo de aquellos sectores
implicados en la asistencia de personas mayores, y ello sin dejar de
contemplar, como punto de mira principal, el bienestar de la persona
dependiente. Para finalizar con el tema del envejecimiento, señorías,
someto a su consideración también la posible implantación de fórmulas
que permitan a las personas mayores, perfectamente capacitadas, que
su retirada del mundo laboral no se realice de una manera brusca,
sino de forma gradual, compaginando tales situaciones con la
protección debida en el marco de la pensión de jubilación.
El segundo gran reto que desde mi punto de vista se nos plantea es el
relativo a la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral
o, si prefieren que se determine de otro modo, a la transformación de
lo que hasta ahora entendíamos como núcleo familiar estable. En este
sentido es notorio que el papel que tradicionalmente venía
desempeñando la mujer española en el seno de las familias está
cambiando rápidamente, debido a su incorporación progresiva al
mercado laboral; asimismo, es creciente el surgimiento de nuevas
formas de convivencia, combinado con el mantenimiento de estructuras
familiares de corte tradicional. Afortunadamente la participación de
la mujer en la vida laboral es cada vez mayor. Las mujeres generan, y
generarán,
en mayor medida derechos sociales propios, no derivados de los de sus
maridos. La jubilación femenina será un hecho generalizado, que
cambiará profundamente la estructura de renta de los hogares de
nuestros mayores. Esa tendencia debe saludarse como muy positiva y
todo Estado de derecho debe potenciarla en el desarrollo del
principio de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres, y la Seguridad Social debe estar preparada para afrontar las
consecuencias, actuales y futuras, derivadas de la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo. En ese mismo sentido, resulta
necesario ahondar en la promoción de medidas que permitan conciliar
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, mejorando
las ya adoptadas en el marco de la ley que fue aprobada en este
Congreso en la pasada legislatura. Se hace necesario, a nuestro
criterio, continuar avanzando en el redimensionamiento de las
políticas de protección social dirigidas al entorno familiar, en
particular las de muerte y supervivencia, otorgando una especial
atención a sus componentes más débiles; entienden SS.SS. que me estoy
refiriendo, sin lugar a dudas, a las personas viudas sin otras rentas
o a los huérfanos. Pero las medidas que se han adoptado en este
sentido, con ser importantes, no dejan -y lo reitero, señorías- de
ser un primer paso en el camino, la primera etapa de un proceso más
largo, en el que debemos seguir trabajando para conseguir la plena
equiparación entre hombres y mujeres, lo que a su vez repercutirá,
sin lugar a dudas, en la potenciación de la institución de la
familia.
Si importante es la incorporación de la mujer al mercado laboral, no
menos importancia reviste la revolución tecnológica, en la que ya
estamos claramente inmersos. Su impacto económico y social es
equiparable a los acaecidos en los dos últimos siglos por anteriores
revoluciones tecnológicas. Es necesario que la Seguridad Social
cambie al unísono con la sociedad, que no reaccione tardíamente, ya
que los cambios de rumbo bruscos son siempre peores que los cambios
graduales. Nos movemos dentro de un entorno económico cada vez más
abierto y mundializado, que convierte en prioritario evitar que la
Seguridad Social pueda afectar negativamente a la competitividad de
las empresas y a la creación y al mantenimiento del empleo, factores
básicos para garantizar la eficacia y la pervivencia de cualquier
sistema protector. Y es que, señorías, la Seguridad Social nunca debe
constituir un lastre para la sociedad, sino ser uno de los motores de
la misma, y es indudable que esa revolución tecnológica a la que me
refería va a obligar a la Seguridad Social a adaptarse al nuevo orden
social y laboral que poco a poco se va configurando, así como a las
consecuencias, presentes y futuras que este cambio implica, muchas de
las cuales hoy sólo empezamos a atisbar. En este sentido, y por poner
un ejemplo, los cambios inducidos por las nuevas tecnologías afectan
incluso al lugar de trabajo, creando un lugar de trabajo virtual en
el que el
contacto personal para numerosas actividades no es ya necesario en la
nueva organización del proceso productivo, cada vez más
descentralizada y especializada. Pues bien, en ese entorno cambiante,
desde el punto de vista social, económico y tecnológico, la Seguridad
Social ha de saber moverse y, para que ello sea posible, debemos
contar con una Seguridad Social moderna -cuestión sobre la que
hablaré más adelante-.
No debo ni puedo olvidar, como elemento a considerar cara al futuro,
el fenómeno de la inmigración proveniente de terceros países, que
debe ser visto siempre como un caudal de enriquecimiento social,
cultural y demográfico, y que puede coadyuvar a mantener una relación
de equilibrio entre cotizantes y pensionistas. En este sentido, la
inmigración bien canalizada nunca deberá constituir un problema;
antes al contrario, constituye un caudal de riqueza que las
sociedades avanzadas deben saber asimilar, propiciando su plena
integración basada en el respeto a su propia entidad y evitando
siempre actitudes de racismo y xenofobia.
En otro orden de cosas, debemos seguir avanzando en el camino
iniciado de reforzamiento del principio de solidaridad. Este
reforzamiento se ha plasmado en la práctica a través de todo un
cúmulo de disposiciones que ya se adoptaron en la pasada legislatura
y a las que ya he hecho referencia, que han incrementado la
protección real de los colectivos que se encontraban en una situación
de menor protección o en los que existía una ausencia de protección
ante determinadas contingencias. Pero, señorías, siendo muchas las
medidas adoptadas en este sentido, debemos dar un paso más y asumir
con ambición el reto que supone la implantación de un sistema de
Seguridad Social que sea plenamente solidario con los colectivos
menos protegidos, sin perder de vista que el carácter solidario que
debe presidir nuestro sistema tampoco debe olvidar nunca que se deben
potenciar los elementos de contributividad y equidad en el sistema de
pensiones. Este objetivo ha sido considerado preferente en su
aplicación y, tal como también he señalado anteriormente, se ha
llevado a cabo a través de las medidas plasmadas en la Ley de
consolidación y racionalización de nuestro sistema de protección
social.
Creo que todos los presentes estaremos de acuerdo en que se debe
discriminar positivamente a las personas que más tiempo y con más
intensidad han cotizado o, dicho en otros términos, debemos invitar a
la cotización, lograr que se produzca en el cotizante la sensación de
que las aportaciones que efectúa a lo largo de su vida laboral van a
tener un reflejo cierto en la posterior pensión, evitando aquellas
fórmulas que puedan conducir a un desánimo o a una disuasión respecto
de la cotización. Las fórmulas que en este aspecto se pueden
estudiar, y que no serán sino la continuación de las ya adoptadas en
la pasada legislatura, deben salvaguardar siempre el difícil
equilibrio entre la contributividad
y la solidaridad, y en esa complicada labor es en la que debemos
seguir trabajando.
Hablaba antes, señorías, de la revolución tecnológica en la que
estamos inmersos, y esta cuestión se debe relacionar sin duda alguna
con la modernización de la protección social. España, al igual que el
resto de países de la Unión Europea, está inmersa en un proceso de
cambio derivado de la modificación de las circunstancias en las que
tradicionalmente se han venido desarrollando los sistemas de
protección social. Las circunstancias de hoy han provocado una
transformación radical del mundo laboral. Así, la mujer se está
integrando cada vez más en el mercado de trabajo, la esperanza de
vida va en constante aumento, y es notoria la implantación y
desarrollo creciente de nuevas tecnologías, cuestiones a las que ya
me he referido con anterioridad. Pues bien, este proceso de cambio
implica necesariamente una adaptación del sistema de Seguridad
Social, con objeto de que el mismo no se vea sobrepasado por las
circunstancias. Si me permiten una expresión muy común en el mundo
del motor, al que soy bastante aficionado, la Seguridad Social no
puede ir a rebufo de la sociedad. Este proceso constituye asimismo un
reto que debemos afrontar en el entendimiento de que las medidas que
en esta dinámica se adopten van a contribuir a la viabilidad de
nuestro modelo de protección social, y ésta también, señorías, es una
preocupación compartida por todos los Gobiernos de la Unión Europea,
y así quedó de manifiesto en la pasada cumbre de Lisboa a la que me
he referido, donde también se concluyó que el modelo social europeo,
con sus sistemas desarrollados de protección social, debe sostener el
paso de la economía basada en el conocimiento.
De todo lo dicho, señorías, se deduce que la modernización de la
protección social exige la adopción de una serie de medidas que
permitan a nuestro sistema de protección social hacer frente a los
desafíos que el envejecimiento de la población, el riesgo de
exclusión social, dependencia de ese empleo, plantearán en las
próximas décadas. Siguiendo el precedente de la legislatura anterior,
es firme intención del Gobierno, como ya he tenido oportunidad de
manifestar en más de una ocasión, que las medidas que hayan de
llevarse a cabo lo sean desde posiciones de participación y, a ser
posible, de consenso, a través del diálogo político y social. El
primero, el diálogo político, mediante la profundización en las
recomendaciones del Pacto de Toledo, como ya se ha dicho aquí esta
mañana, que posibilite la consolidación del sistema de pensiones y
erija en este ámbito importante de la protección social que se
constituya, por fin, en un terreno neutro, al margen de las
contiendas electorales; al mismo tiempo, ese diálogo político debe
permitir reafirmar, de conformidad con los principios que inspiran
nuestra Constitución, la competencia plena del Estado en materia de
pensiones en orden a evitar cualquier tipo de discriminación que
pudiera originarse entre los españoles por su lugar de residencia. En
el marco de este diálogo político ha de ser precisamente esta
Comisión no permanente del Pacto de Toledo la que nos permita seguir
desarrollando las previsiones contenidas en este ámbito de consenso
para lograr la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social, así
como las mejoras protectoras posibles, buscando siempre un equilibrio
armónico entre la eficiencia, la equidad y la solidaridad con los más
desfavorecidos, Señorías, el diálogo no puede limitarse al ámbito
político, y lo digo aquí, en sede parlamentaria, porque siendo éste
de vital importancia hemos de ser consciente de que el sistema de
Seguridad Social incide en el conjunto de la sociedad y es soportado
desde la vertiente financiera básicamente por las cotizaciones que
abonan los empresarios y los trabajadores. Por ello, junto con el
diálogo político, es preciso arbitrar los cauces que posibiliten
también el diálogo social con los agentes sociales y que permitan
que, a través de negociaciones fluidas, puedan desarrollarse y
concretarse técnicamente las medidas necesarias derivadas de los
compromisos políticos previamente adquiridos. Pero estando como está,
y como ya se ha dicho, el Pacto de Toledo plenamente vigente, lo cual
nos obliga a seguir desarrollándolo sin pausas ni dilaciones, este
desarrollo no sería comprensible ahora sin la participación de los
agentes sociales, por lo que es conveniente -se entiende así-
entrelazar los diálogos político y social. Y si así lo entiende
también esta Comisión. Es compromiso irrenunciable de este Gobierno
citar inmediatamente a los agentes económicos y sociales, para que
inmediatamente se constituya la mesa tripartita de Gobierno y agentes
sociales y se siga trabajando en el desarrollo del Pacto y atendiendo
también las previsiones de futuro que en el ámbito político puedan
surgir, todo ello con el pleno convencimiento de que las reformas que
inciden en los ámbitos sociales, precisamente por afectar al conjunto
de la sociedad, han de lograrse desde la participación y desde las
posiciones de consenso.
Permítanme concluir, señorías, mi intervención con un símil. Se puede
considerar que tenemos un edificio, la Seguridad Social, con sólidos
cimientos, el Pacto de Toledo, ahora hay que dotarlo de una excelente
memoria de calidades para que ofrezca lo mejor no sólo a sus actuales
usuarios y beneficiarios sino también a los futuros inquilinos de ese
gran edificio que es la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Vamos a proceder a un turno de intervenciones, comenzando, como
anteriormente, por el grupo mayoritario, para finalizar con el Grupo
del Partido Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, la señora
López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Camps, permítame, en primer lugar,
que en nombre propio y en el de mi grupo parlamentario le demos la
bienvenida a esta Comisión, le agradezcamos su comparecencia y le
deseemos el mayor de los éxitos en sus nuevas tareas, y conste que se
lo digo sinceramente y no por cumplido ni cortesía parlamentaria.
Dicho esto permítame que entre paréntesis le diga que usted en todo
el discurso que nos ha expuesto cuando pone a nuestra disposición la
colaboración para el diálogo, la negociación, etcétera, añade la
coletilla de: como no podía ser de otra manera. Yo tengo aversión a
esa coletilla, porque nunca sé si lo que me ofrecen es de verdad o
porque no queda más remedio que hacerlo. Por eso le hago la
afirmación de que la bienvenida se la doy sinceramente y no por
cumplir.
Le he estado escuchando atentamente durante toda su intervención, y
la verdad es que ha sido muy amplia, muy extensa en todos los temas,
casi más propia de la Comisión de Política Social y Empleo que del
Pacto de Toledo, pero le agradezco todo lo que nos ha planteado. Uno
de los temas que teníamos nosotros pendiente de preguntarle era si
iba a actualizar el estudio y demás, ya nos ha dicho que sí y, por
tanto, lo único que nos queda es preguntarle dónde lo podemos recoger
para poder estudiárnoslo durante este tiempo.
En cuanto a todo lo que usted ha manifestado creo que nadie en
nuestro país podría negar que en los últimos 18 años se ha
transformado profundamente la sociedad y las condiciones de vida de
los ciudadanos. En lo que podríamos discrepar es cuál de los dos
grupos, el que ahora gobierna o el que ahora está en la oposición, ha
hecho más por transformar esa sociedad, pero como no es el tema de
este debate yo simplemente afirmo que en los últimos años este país
se ha transformado, ha avanzado, pero los ciudadanos todavía queremos
una sociedad mejor y más justa, porque al día de hoy en nuestro país
todavía hay muchas desigualdades y hay muchos ciudadanos en
condiciones muy precarias, no sólo en las pensiones, sino en las
condiciones de vida. Permítame que le diga que es como si nos
encontráramos en una encrucijada; hemos llegado a un cruce y tenemos
que tomar un camino. Si tomamos uno, consolidaremos todo lo que hemos
avanzado hasta aquí, no sólo el sistema público de pensiones, el
Estado de bienestar y demás; si tomamos otro, debilitaremos el
sistema o lo dejaremos como está y que vaya languideciendo él solo. A
mí, que sabe usted que suelo ser sincera, me preocupa porque soy de
las convencidas de que el camino de la derecha es el que crea
desigualdades y el que desde luego no garantizará que este país se
reequilibre en todas aquellas cosas que el Estado de bienestar
necesita para que todos los ciudadanos podamos estar en igualdad de
condiciones en el tema de pensiones, de sanidad o en el de enseñanza.
Usted se define de centro. Como comentábamos esta mañana casi vamos a
coincidir en la socialdemocracia
usted y yo, lo que sucede es que tenemos un problema, señor Camps, se
lo digo sinceramente, y es que yo no dirijo el Partido Socialista y
que usted no dirige el Partido Popular y sabe usted que los que toman
las decisiones son otros, que puede que no estén en la misma sintonía
en la que estoy o podemos estar ambos. (Risas.) Los decretos que
vamos a debatir mañana en esta Cámara desde luego no van en la línea
de la socialdemocracia. Meter por decreto-ley que la IT pasen a
controlarla las mutuas o que se permita a las amas de casa, con
bonificación fiscal, poner hasta 300.000 pesetas en un plan de
pensiones privado, repito, no va en esa línea. Eso no está pensado
para las señoras que ganan 80.000 pesetas como señoras de la limpieza
o para las esposas de los trabajadores de la SEAT o de cualquier
obrero normal de este país con un salario que no llega más allá de
las 150.000 pesetas de media. Como comprenderá, estas mujeres no
tendrán el dinero para poder ponerlo. Le recuerdo que lo que sí iba
en esa línea de equiparación, para garantizar que realmente
equilibramos, era la propuesta que mi grupo hizo en la legislatura
pasada de que las amas de casa que realmente no hayan cotizado
pudieran hacerlo con una cuota en torno a las 12.000 pesetas para que
tuvieran derecho a los 65 años sólo a la pensión de jubilación, y
digo sólo a la pensión de jubilación. Yo tengo 46 años, y como yo hay
un montón de mujeres en este país; la mayoría de las mujeres con las
que más contacto tengo, que son las trabajadoras, tienen un problema,
que es el siguiente: han empezado a trabajar muy temprano, algunas,
como yo, a los doce años, otras a los catorce y todas hemos empezado
a cotizar a los catorce, pero muchas veces a los veinticinco o
treinta años abandonaban la empresa para dedicarse a los hijos, a la
casa, a cubrir lo que el Estado de bienestar de nuestro país no cubre
a la familia. Se encuentran con que tienen siete, ocho, nueve o diez
años de cotización y que ahora, aunque ya podrían incorporarse al
mundo laboral, con cuarenta y cinco, cuarenta y siete o cincuenta
años el mercado laboral no tiene hueco para ellas. No sé si podremos
hacer algo, supongo que tendríamos que echarle imaginación y
encontrar alguna solución, porque, si no, dentro de quince o veinte
años nos vamos a encontrar con un gran número de mujeres que con
nueve, diez o doce años de cotización a la Seguridad Social no podrán
tener acceso a la pensión. Alguna fórmula habrá que arbitrar, pero,
repito, que la adecuada no es que se puedan poner 300.000 pesetas en
un plan de pensiones privado, porque estas mujeres no son de las que
puedan disponer en su presupuesto familiar de 30.000 pesetas al mes
para esto. Es un tema que tenemos encima de la mesa. Como decía
Machado el camino se hace al andar y donde nos encontraremos las
personas y nos conoceremos de verdad será en el día a día y cuando
empecemos a hablar de problemas y soluciones concretos. Con eso le
digo que yo me alegro enormemente de que sea usted el que esté en
esta responsabilidad,
de que podamos contar con usted en el Pacto de Toledo y en todo lo
referente a la Seguridad Social -no dude de que así lo haremos-, pero
me preocupa la posición, porque, como le decía, no estamos hablando
de posiciones individualizadas sino que hablamos de grupos, de
gobiernos o de colectivos.
Le voy a hacer cuatro o cinco afirmaciones que mi compañero Pepe
Griñán le iba a exponer, mejor dicho, mi jefe Pepe Griñán (Risas), y
que no ha podido hacerlas por la premura del tiempo. Para nosotros
tiene que quedar claro en la negociación presente o futura que vamos
a tener que los complementos a mínimos no son contributivos y que
deben ser financiados por el Estado. Esta sería la primera
afirmación. Otra es que no vamos a aceptar las reducciones de
cotizaciones sociales si no se demuestra la viabilidad futura del
sistema haciendo esas reducciones. Lo hemos hablado a lo largo de
todo este tiempo. Además las bonificaciones para todas las
contrataciones que se hacen, con las que no estamos en contra,
obviamente, deben pagarse de los Presupuestos Generales del Estado.
También figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y por
tanto hay que incidir en ello, que hay que equiparar las prestaciones
de los regímenes especiales con el régimen general y que las
diferencias de coste que pueda haber en cada uno de los regímenes
deben cubrirse desde los Presupuestos Generales del Estado y no desde
el régimen general. Una afirmación más es el mantenimiento de la
Tesorería general; queremos que quede claro por los últimos
comentarios o rumores que ha habido. Vamos a pedir que traigan un
reglamento del funcionamiento de los fondos de reserva. Voy a hacer
un inciso. Usted decía antes que hay 100.000 millones del fondo de
reserva; el problema es que los ciudadanos que le escuchen dirán:
cuánto dinero tenemos ahorrado. Pero lo que no saben es que 100.000
millones son justo lo que este país se gasta en analgésicos en un
año. Para pagar pensiones no nos llega ni para... Como decimos, es el
chocolate del loro.
Queremos expresar nuestra firmeza en el convencimiento de que hay que
mantener la jubilación anticipada a los 60 años. Eso no quiere decir
que nosotros vayamos a estar en contra de que voluntariamente
-subrayo voluntariamente- haya personas que quieran seguir trabajando
después de los 65 años y puedan hacerlo. Tengo que decir que a lo
mejor los que somos parlamentarios o trabajamos en actividades como
ésta llegamos en condiciones, pero un señor o una señora que se tire
trabajando en una cadena ocho horas o en un turno de noche, le
aseguro que está deseando llegar a los 60 años para jubilarse -y si
pudiera hacerlo a los 55 años mejor- e irse a casa, porque ya no
puede aguantar más y, como dice una compañera mía, está amortizada.
Nosotros apostamos por mantener la jubilación a los 60 años, pero le
digo que sin que eso suponga oponernos a que voluntariamente el que
pueda y quiera pueda seguir cotizando a partir de los 65 años.
La que le habla le asegura que si puedo me jubilo a los 65 años y con
las perspectivas que me ha dado -me ha dado usted una alegría- espero
tener 60 años más poder disfrutar y pasármelo bien, lo que no he
hecho hasta ahora. Eso se lo garantizo. (Risas.)
Usted dice que el sistema está garantizado y yo realmente lo creo.
Tengo que decirle -y lo reafirmo aquí- que en cada charla de
pensionistas y jubilados a la que asisto lo primero que les digo es
que estén tranquilos porque la pensión la tienen garantizada y que
además no se la da nadie, sino que es un derecho que ellos se han
ganado y que la van a tener, gobierne el PP o gobierne el PSOE. Otra
cosa es -les digo a continuación- que si gobierna la derecha luego la
pensión le dé para menos, porque tenga menos prestaciones y si
gobierna la izquierda esté mucho más cubierto y su pensión no solo le
llegue a final de mes, sino además que pueda ahorrar. Pero que quede
claro que el sistema y la pensión están garantizados. Habrá que
cumplir el Pacto de Toledo en su integridad. Usted dice que desde
1995 se ha avanzado mucho -es posible, lógicamente, se ha avanzado-,
pero yo le pregunto cómo se explica que en 1995 el gasto en pensiones
absorbiera el 88 por ciento de las cotizaciones y que en 1999 haya
absorbido el 92 por ciento. ¿Qué significa esto cara al futuro?
¿Podremos calcularlo? Son estas cosas las que realmente tenemos que
averiguar, debatir y mirar para seguir garantizando a nuestros nietos
que ellos también cobren las pensiones; no sólo se trata de nosotros,
sino de los que vengan detrás.
Le voy a formular unas preguntas concretas, pero si no puede
contestarme ahora, porque a algunas no podrá -aunque doy por sentado
que en estos temas usted está no solo al día, sino más allá-, le
rogaría que en otro momento me las hiciera llegar, porque con su
respuesta esperamos poder trabajar cara a septiembre para las
proposiciones y demás. Siendo los complementos a mínimos, como
decíamos antes, no contributivos, nos gustaría saber cuál es el
excedente en estos momentos de las cotizaciones sociales del régimen
general, excluido el desempleo, para cuando hablamos de reserva saber
realmente cuáles son. Asimismo nos gustaría saber también cuáles son
los ingresos por cotizaciones del régimen agrario y cuál es el gasto
contributivo, lo mismo del régimen del mar, del de empleados del
hogar y del régimen de la minería y del carbón. También nos gustaría
saber cuál es el criterio que el Gobierno va a emplear para
determinar las reservas anuales. Si van a usar los excedentes de
gasto sobre los gastos contributivos, los excedentes de caja sobre
gastos contributivos o los excedentes de gastos de caja sobre
presupuesto en los gastos contributivos; es decir, qué criterio
concreto se va a utilizar para saber, cuando hablemos del reglamento,
cómo lo vamos a desarrollar.
Respecto a las personas que se están jubilando ahora, ya se ha
referido a ello el señor Griñán, nos gustaría saber qué porcentaje de
personas, procedentes del sistema
privado, de la empresa privada, se jubila a los 65 años en estos
momentos. Porque con tantas prejubilaciones no lo tenemos claro.
Hay una cuestión que se comenta mucho, que nosotros decimos que se
hace de una manera, ustedes dicen que no es así y entonces para
aclararnos quisiéramos que nos lo explicara. Parece ser que a los
estudiantes, desde la ESO hasta los universitarios, se les está dando
un documento de afiliación a la Seguridad Social; esto se comenta.
Nos gustaría saber dónde se integran y cómo se contabilizan esos
afiliados, para tenerlo claro y dejarnos de dudas y de si tenemos
nosotros razón o la tienen ustedes. Dígannos con claridad dónde los
encuadran y cómo se contabilizan.
En los decretos de revalorización de pensiones para el año 2000 se
prevé que la financiación del coste de revalorización se llevará a
cabo con cargo a los recursos del sistema de la Seguridad Social y
las mutuas de accidentes de trabajo en dicho coste en lo que
corresponda, en los complementos a mínimos y en los de enfermedad
profesional o demás. Para el año 2000 esto se preveía en el decreto,
pero ¿nos podría usted decir cuál ha sido la participación de las
mutuas que ha fijado anualmente el Ministerio de Trabajo desde 1996 a
2000? ¿Qué porcentajes se han fijado cada año? Las mutuas de
accidentes de trabajo, cuando reconocen una pensión para capitalizar,
para que la misma la pague la Seguridad Social y que le abonen la
pensión reconocida, establece unos baremos. Nos gustaría que nos
dijera de qué año son las tablas de mortandad que se están aplicando
en la Tesorería general para calcular la capitalización que tienen
que realizar las mutuas y cuál es el interés del dinero que se aplica
para capitalizar dicha pensión. Porque en función de unos u otros
salen beneficiadas las mutuas y perjudicada la Seguridad Social o
viceversa. En el presupuesto de la Seguridad Social hay un partida de
gasto que aporta el Estado para la asistencia sanitaria que para el
año 2000 es de 4,4 billones de pesetas, que la Tesorería traspasa a
las comunidades autónomas que tiene transferida la sanidad. Como es
obvio también hacen esa transferencia al País Vasco, es lógico y le
corresponde, y luego se tiene que hacer la correspondiente
reclamación por parte del Ministerio de Hacienda a la Tesorería
general de la cantidad que previamente haya transferido. ¿Nos puede
decir cuál ha sido el importe que el Tesoro público ha reclamado a la
Tesorería general y ésta ha devuelto anualmente desde el año 1996 a
1999 por este concepto?
Usted sabe que al calcular las pensiones de jubilación se usan los
últimos años para calcularlas. Tal y como está ahora la ley se puede
llegar hasta quince años, depende del momento. Nos gustaría saber
cuál es el periodo de las bases que no están grabadas en el sistema
informatizado de la Seguridad Social y que el trabajador ha de traer
justificado o garantizado por la empresa como pagado para poder
acceder a la pensión. Es muy importante porque se hace en función de
los
certificados, además también así podremos comprobar lo que usted
decía antes: el buen funcionamiento del sistema y del conjunto de
funciones.
Una cuestión que nos llama la atención y sobre la que nos gustaría
conocer su opinión es la siguiente. En estos momentos usted sabe que
estamos asistiendo a la decisión de la ministra de Sanidad para que
algunos pensionistas aporten una cantidad de dinero en la adquisición
de medicamentos. Eso supone, sobre todo a los pensionistas, que van a
perder un poder adquisitivo de su dinero. Yo se lo decía antes. La
pensión es la misma garantizada, pero en función de unos u otros da
para más o da para menos. ¿Pensaría la Seguridad Social en la
posibilidad de compensar esa pérdida que pudieran tener los
pensionistas?
Asimismo nos gustaría saber cuál es el gasto medio en pesetas y por
asegurado, por regímenes, en el año 1999, que tiene derecho de IT,
derivada de enfermedad común que gestiona el INSS, el coste que le
supone gestionar eso y cuál es el coste que abonamos a las mutuas por
gestionar esa misma función. Así podríamos saber -como decíamos en la
pasada reunión de la Comisión- cuál es el coste más rentable
realmente, si el público o el privado.
Para terminar, me gustaría que me dijera cuál es el número medio de
años cotizados de las pensiones de jubilación causadas en el régimen
general, en el régimen agrario, en el de trabajadores del mar, en el
de minería del carbón y en el de empleados del hogar . Es decir, me
gustaría conocer cuál es la media de cotización a lo largo de su vida
de las personas que se están jubilando.
Con estas preguntas termino, por ser el primer día. Ya le damos un
poco de trabajo y con ello le decimos que estamos dispuestos a poner
los codos sobre la mesa y empezar conjuntamente y en consenso a
encontrar esas soluciones. Usted hablaba de que el diálogo social no
es sólo político, sino con los agentes sociales. Usted puede suponer
que estoy totalmente de acuerdo y que además mi grupo así lo
comparte. Pero también quiero recordarle que lo que es el pacto
político (y el desarrollo del Pacto de Toledo es un acuerdo político)
corresponde a los representantes que aquí estamos; al diálogo social
le corresponde la negociación con el Gobierno, la aplicación y el
desarrollo de ese acuerdo político.
Agradeciendo de nuevo su comparecencia y rogándole que si no me puede
contestar ahora, me haga llegar de alguna manera las respuestas, le
prometo que la próxima vez seré un poco más extensa y le haré
trabajar un poco más.
El señor VICEPRESIDENTE: Estoy seguro de que el secretario de Estado
es consciente de que puede ser mucho más extensa, si se empeña, pero
en todo caso ha habido materia suficiente.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, el
señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Quiero agradecer, antes que nada, la
presencia del secretario de Estado en esta Comisión y desearle, al
igual que mi grupo ha hecho con el ministro, la mejor de las suertes
y aciertos en la gestión que le toca desempeñar en esta legislatura.
En relación con su intervención y a la posición de mi grupo
parlamentario respecto del Pacto de Toledo, ya he indicado
anteriormente en la intervención del señor ministro cuál había sido
la posición histórica de mi grupo respecto de esta cuestión,
presentando iniciativas en septiembre de 1993 para llevar a cabo un
estudio profundo y concienzudo de todo el sistema estructural
relativo al sistema público de pensiones de España. No incidiré de
nuevo en esta materia, porque además es de sobra conocido.
Simplemente quiero significar lo que ha dicho anteriormente con un
grado más de desarrollo. Mi grupo parlamentario, como es lógico, está
totalmente a favor del sistema público de pensiones y el Pacto de
Toledo es un marco estructural perfectamente válido. Las quince
recomendaciones del Pacto de Toledo no están ni mucho menos agotadas,
y prueba del acierto que se tuvo al confeccionar estos quince
contenidos o recomendaciones es que hoy en día, cinco años después,
conservan plenamente su actualidad, aunque lógicamente hay que
admitir que prácticamente en la totalidad del campo de las quince
recomendaciones se han producido avances sustanciales, en distinto
grado, pero evidentemente ha sido una etapa extraordinariamente
fecunda en cuanto a la gestión del sistema público de pensiones en
España.
Respecto a las distintas recomendaciones, querría incidir en algunas
de ellas que por parte de mi grupo parlamentario, y mío
particularmente, se considera que son especialmente importantes.
Lógicamente, un elemento estructural clave de la evolución en estos
últimos años es el cumplimiento de la primera de las recomendaciones,
el de la separación de las fuentes de financiación. Se ha avanzado
mucho en este ámbito y sólo quedaría por perfilar, como ya se ha
comentado anteriormente, la cuestión de los complementos a mínimos.
Pero qué duda cabe de que esta primera recomendación, quizá una de
las más importantes o la más importante de las quince, presenta un
buen balance cuando se ha cumplido el periodo de los cinco años, que
estaba previsto al inicio como término para su revisión y su
reestudio.
También quiero detenerme brevemente en la segunda recomendación, que
consideramos muy trascendente y máxime en este año 2000. La
constitución de reservas y la noticia ya ampliamente conocida de que
el superavit en el ámbito del sistema público de pensiones va a
permitir la constitución de una reserva de 100.000 millones de
pesetas en este año 2000, es, qué duda cabe, una buena noticia y una
buena conclusión y evolución de las recomendaciones adoptadas.
Por lo que se refiere a la mejora de las bases de cotización, también
han sufrido una enorme evolución a lo largo de estos años, así como,
en la quinta recomendación, la mejora de los mecanismos de
recaudación y de lucha contra el fraude. Simplemente hay que recordar
las cifras, ampliamente divulgadas en la legislatura anterior sobre
los ingresos adicionales que habían procurado el elenco de medidas o
modificaciones legislativas producidas en al Ley de acompañamiento a
lo largo de los últimos años, que según el Ministerio de Trabajo
había procurado en el período 1996-98 unos ingresos adicionales de
122.000 millones de pesetas, lo cual francamente nos parece una
excelente noticia.
En cuanto a la reducción de las cotizaciones, tema sobre el que en
nuestro programa electoral habíamos hecho una especial incidencia,
lógicamente viene condicionado por la posibilidad de que el
equilibrio financiero de la Seguridad Social y del sistema de
pensiones lo permita. Es cierto que en estos últimos cinco años no se
ha producido una rebaja generalizada de cotizaciones; sin embargo, sí
que se ha producido con acierto un sistema de bonificaciones que
además ha supuesto un claro incentivo a la generación de ocupación, a
la generación de empleo. Mi grupo reitera que, siempre cumpliendo la
premisa de que la situación financiera lo permitiera, es un elemento
demandado socialmente el proceder a la rebaja selectiva de estas
cotizaciones, siempre y cuando se cumpla la premisa del equilibrio
financiero o de la solvencia financiera.
Otro punto que queríamos destacar es el de la recomendación once, en
la que se ha producido una evolución muy importante a lo largo de
estos años, como es el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones. La recomendación doce es también un punto muy importante
para mi grupo parlamentario, ya que trata de reforzar el principio de
solidez y garantía y suficiencia, fundamentalmente incidiendo en el
ámbito de las pensiones por viudedad y por orfandad; además hay unas
propuestas muy concretas por parte de mi grupo parlamentario respecto
de la elevación de las prestaciones respecto de viudas y huérfanos,
que son dos de las prestaciones de menor cuantía del sistema público
de pensiones.
En cuanto a la recomendación catorce, los sistemas complementarios,
valoramos mucho la labor hecha en la última legislatura,
fundamentalmente con la regulación del nuevo marco fiscal y
ampliación para planes de pensiones y el nuevo marco fiscal en el
ámbito de la Ley 40/1998, el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, para todo lo que es el seguro privado. Ha sido una gran
labor y todavía quedan cuestiones para hacer (a las que me referiré
posteriormente) respecto a determinadas contingencias en concreto.
Hecho este repaso de las quince recomendaciones o de sus aspectos que
más valora mi grupo, quedaría por referirnos en cierta manera al
futuro, cómo ve mi grupo parlamentario el futuro del Pacto de Toledo
y el sistema
público de pensiones. Lo primero que tenemos que constatar respecto a
la evaluación futura es algo que ha sido expuesto en distintas
intervenciones a lo largo de esta mañana, y es que hay dos grandes
causas de satisfacción y de serenidad en el debate que hoy debemos
llevar a cabo respecto del Pacto de Toledo. Uno es que aquellas
previsiones realmente catastróficas que existían a principios de los
90 e incluso en el año 1995 respecto a la evolución del sistema
público de pensiones, lógicamente hoy, afortunadamente, no se han
confirmado, y ello permite abordar el tema desde una serenidad, sin
que reste un ápice de responsabilidad de concentración, pero en un
marco socialmente mucho más favorable, y qué duda cabe de que la
importante adopción de medidas en el cumplimiento de las quince
recomendaciones ha incidido en gran medida en este marco que hoy en
día podemos disfrutar. Los factores que van a marcar el futuro, la
evolución del sistema público de pensiones son lógicamente -y usted
lo ha dicho además de forma muy amplia, yo traía una pequeña catarata
de datos sobre evolución demográfica y no voy a cansar a la Comisión
repitiendo sus datos-, por un lado, el envejecimiento de la
población. La verdad es que el envejecimiento de la población, el
aumento de la edad, mejor dicho, lo cual en sí es una excelente
noticia (coincido plenamente con su intervención) va a condicionar
mucho las medidas que deban tomarse a futuro respecto del sistema
público de pensiones. El segundo de los factores que va a marcar la
evolución de las medidas en el marco del Pacto de Toledo es la
ocupación y su incidencia en la protección social, la evolución de la
emigración, el irreversible proceso de la globalización de la
economía, las implicaciones en materia de política económica
derivadas de la pertenencia a la zona euro -van a marcarlo mucho
también- y la aparición de nuevas necesidades en la sociedad
española. Concretamente me refiero a la cuestión de la dependencia (y
he constatado con agrado una parte en su intervención), a la que me
referiré posteriormente al hacer un balance final de las opiniones de
mi grupo parlamentario respecto del Pacto de Toledo. Y el último de
los factores que lógicamente va a marcar también la evolución futura
del sistema público de pensiones son los factores propiamente
internos de la Seguridad Social y, concretamente, la correlación
entre cotizantes y pensionistas, el ratio entre cotizantes y
pensionistas y la evolución futura de este ratio.
En cuanto a los principios de reforma, constatadas las variables que
van a incidir en la misma, el principio que abre la reforma es,
lógicamente -y en esto supongo que coincidimos todos los grupos de la
Cámara-, la garantía de la sostenibilidad futura del sistema de
pensiones de carácter público, complementado, eso sí, con un sistema
de previsión social de carácter privado, pero apostamos claramente
por la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones en
España y por que los debates sobre estas cuestiones se hagan en un
marco
de consenso, de no crispación. Resulta evidente que se han producido
muy buenas ganancias respecto a la situación que existía hace unos
cuantos años. El consenso y la no crispación son importantes para
poder tomar medidas estructurales adecuadas respecto del sistema
público de pensiones.
Las cuestiones particulares que quiero destacar en nombre de mi grupo
parlamentario con relación a esta temática las he enunciado muy
brevemente en la intervención del señor ministro, y se resumen
fundamentalmente en atender a la aparición de las nuevas necesidades.
La verdad es que la cobertura de la dependencia, que el Consejo de
Europa define como la necesidad de ayuda o asistencia importante para
las actividades de la vida cotidiana, mucho más específicamente
definida por la Organización Mundial de la Salud, es una de las
contingencias que en el futuro van a ocupar una parte de los
esfuerzos del sector público y también de la complementariedad social
de carácter privado. La verdad es que no existe hoy en día un estudio
oficial -usted puede corregirme si me equivoco- ad hoc que defina
perfectamente el abanico de personas que pueden estar en situación de
dependencia, pero sí que existen diversas aproximaciones
fundamentalmente a través de la situación de enfermedad crónica. De
los distintos estudios que existen al respecto, hay una cifra más o
menos acertada, que es que las personas mayores de 65 años en
situación de dependencia podrían ser aproximadamente un 15 por ciento
de la población, del que alrededor de la mitad puede adolecer de una
enfermedad crónica, pero el porcentaje que derive en dependencia
podría ser de un 15 por ciento. Otros estudios evalúan la situación
de la dependencia en términos absolutos entre 1 y 1,3 millones de
personas, y esta necesidad va a incrementarse en los próximos años,
fruto, entre otras cosas, de la evolución del arco demográfico al que
usted hacía referencia en su intervención. Por tanto, estamos ante
una necesidad creciente respecto a la que existen distintos modelos
en la Europa continental para darle cobertura, desde el modelo
puramente público de Finlandia y países nórdicos en general hasta un
modelo de cobertura pública y privada alternativa, no complementaria,
como es el caso de Alemania. En España hay que apostar por la
cobertura a través del sistema público, existiendo la posibilidad y
estableciendo un adecuado marco de incentivos para la
complementariedad social de carácter privado respecto a la
dependencia. Apuesta por lo público, con instrumentos adecuados de
complementariedad a través de mecanismos de cobertura de carácter
privado. En este sentido, todos tenemos muy presente la disposición
adicional decimocuarta de la Ley de acompañamiento de medidas
fiscales, administrativas y de orden social para el año 2000, fruto
de una iniciativa de mi grupo parlamentario y del Grupo Parlamentario
Popular, que estableció un plazo de seis meses para que el Gobierno
presentara un informe ante las Cortes Generales, indicando
el panorama de la necesidad de cobertura de la dependencia hoy en día
y con una propuesta de medidas normativas para incentivar la mejor
cobertura de esta contingencia.
La verdad es que la posición de mi grupo al respecto es, lógicamente,
la de esperar la aportación de este informe, en primer lugar, que
deberá producirse en breves fechas y la de apostar, en segundo lugar,
por que en este informe se dibuje una ampliación de las contingencias
a cubrir por la Ley de plan y fondos de pensiones, dando cobertura a
la dependencia junto a las hoy vigentes en la Ley 8/1987, con un
adecuado marco de incentivos en el ámbito del seguro privado y de las
mutualidades de previsión social respecto de esta cuestión. Pero lo
fundamental es abrir como contingencia a cubrir por la Ley de plan y
fondos de pensiones la de la dependencia, porque hoy en día no es
posible esta cobertura.
El otro gran tema, aparte de la dependencia, en que queríamos hacer
hincapié es, como he dicho anteriormente, el de los autónomos,
cuestión en la que la formación política Convergència i Unió ha hecho
énfasis en las circunscripciones territoriales en las que se ha
presentado durante la campaña electoral. Hay más de dos millones de
trabajadores autónomos en España (que es además un colectivo que no
sólo por su aportación a la actividad económica sino fundamentalmente
por la labor importantísima de cohesión social que representa en
España) que deben ser objeto en esta legislatura de una mejora del
sistema de Seguridad Social. Esta es una evolución que debería
producirse, a juicio de mi grupo parlamentario, mediante la reforma
de su régimen específico de Seguridad Social aproximándolo al régimen
general, estableciendo, en la medida en que ello vaya siendo posible,
un derecho a cobrar una prestación en concepto de paro, previa
cotización voluntaria y siempre y cuando pudieran tasarse
circunstancias objetivas para devenir esta situación. También se
debería establecer una generalización de la bonificación de hasta el
60 por ciento de las cotizaciones para contratación del primer
trabajador, etcétera. En fin, insistimos en que son una serie de
propuestas que tenemos bastante concretadas y, en la medida en que
vaya avanzando la legislatura, ponderaremos la posibilidad de que se
puedan ir incorporando a textos normativos directamente aplicables.
Para concluir, y a modo de resumen de la posición de mi grupo
parlamentario, recuerdo nuestra clara apuesta por el carácter público
del sistema de Seguridad Social y de pensiones en España, por el
reforzamiento de la suficiencia financiera e, insisto, la apuesta por
el diálogo que el secretario de Estado y el señor ministro nos han
brindado y que mi grupo parlamentario recoge claramente anunciando
que tratará de que se note esta colaboración para intentar llevar
adelante temas tan importantes para la sociedad española como
son los que nos ocupan en la Comisión del Pacto de Toledo.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Voy a ser muy breve, como he anunciado antes,
pues algunas de las cuestiones ya las he planteado anteriormente al
señor ministro, porque hoy es un primer escarceo. Pido además
disculpas al señor secretario de Estado porque voy a tener que
ausentarme por un compromiso previo a la convocatoria de esta reunión
y que no he podido aplazar.
Metabolizar hoy mujer, inmigración, tecnología, globalización,
envejecimiento es una tarea ardua, incluso para la inteligencia, que
debe ser mucha, de los diputados y las diputadas que estamos
presentes aquí, pero en todo caso es una tarea ardua. Cada uno de
estos temas merece un tratamiento casi monográfico de debates en el
conjunto de la Cámara y también en la Comisión, por qué no, porque
abordan el conjunto de la vida económica, social, política y hasta
cultural de una sociedad.
Nosotros vamos a centrarnos, en el momento en que se ponga en marcha
su comisión, en concreto en cuatro o cinco grandes apartados: en
primer lugar, que ninguna contingencia socioeconómica haga peligrar
las pensiones, las contributivas y las no contributivas. Le recojo el
guante que ha echado a la Comisión: el Estado tiene competencia plena
en el sistema de pensiones, en todo, también en que el sistema de
pensiones sea suficiente, a través de las cuentas del Estado, y, por
tanto, también a través de los impuestos, para cubrir cualquier
contingencia que pueda aparecer en un momento de dificultades en lo
económico o en lo social en nuestro país. La cuestión de la
separación de cuentas está muy relacionada con todo esto; lo
planteamos hace ya cinco años, cuando el debate del Pacto de Toledo,
y continuamos planteándolo ahora. Con relación al fondo de reservas,
los 100.000 millones de pesetas, para fortunas personales como las
que hay en este país o como las que se desarrollan en este país,
parecen ser el chocolate del loro. Ahora, para hacer frente a
contingencias que puedan venir por un momento de crisis económica,
con las repercusiones sociales que tendría esta crisis, nos parecen
absolutamente insuficientes. Por tanto, es la suficiencia del Estado,
la subsidiariedad del Estado en todo lo que tiene que hacer frente a
una contingencia que se pueda presentar en cualquier momento. Usted
ha dicho que está por determinar el papel del Estado con relación a
todo esto. El papel del Estado en este marco tiene que ser absoluto y
subsidiario, exactamente igual que con el complemento de mínimos.
Segundo apartado: el Pacto es adaptable, según ha dicho, es decir,
que puede sufrir cambios. A nuestro
entender, los cambios sólo pueden ser a mejor. Si estamos en una
situación anímica mejor que hace cinco años con relación a la
posibilidad de que la Seguridad Social pueda hacer frente a sus
compromisos en pensiones, eso se tiene que expresar naturalmente en
el desarrollo del Pacto de Toledo. Sería un asalto a la inteligencia
pensar que a mayor riqueza mayores problemas puede tener este sistema
público de Seguridad Social. El envejecimiento es un problema de
racionalidad, de distribución o redistribución, y además -permítame
decirlo- es médico, lo arreglan los médicos. Una sociedad, cuando
crea más riqueza, cuando tiene más potencial cultural, económico y
social, tiene que tener más posibilidades de solucionar de forma
equilibrada y socialmente justa los problemas, salvo que haya alguien
que piense que a través del Estado se puede ir a la rapiña de la
riqueza creada por el conjunto de la sociedad. Entonces cambian las
cosas y hablamos de distribución y redistribución, pero mientras haya
un sentido solidario en la sociedad, que se impongan a este sentido
egoísta que también hay en ciertos sectores de la sociedad, la cosa
debe funcionar meridianamente bien.
Tercer apartado de los que anuncio que serán nuestra preocupación
fundamental en el momento en que nos reunamos en la subcomisión, es
el relativo a la edad. S.S. ha dicho que prolongar la vida activa es
beneficioso a nivel social y financiero y que la salida forzada del
mercado es negativo para la gente. Es verdad, pero una vida activa no
es necesariamente una vida forzada, como ya ha señalado antes la
representante del Grupo Socialista. Aquí sí se debe diferenciar,
aunque a veces parezca no necesario y que es válido para todo el
mundo. Determinadas profesiones afectan mucho más a la salud física y
mental de una persona que otras tareas que, a partir de la
experiencia, agilizan la mentalidad, porque la experiencia la hace
ser más sabia. No obstante, una persona que ha ralizado trabajos
físicos, manuales, o ha permanecido ante una pantalla de ordenador
durante mucho tiempo, tiene un desgaste superior, necesita la
posibilidad de tener una jubilación diferente a la de gente con otras
condiciones. ¿Qué plantea nuestro grupo? Que las prejubilaciones, tal
como se han producido en este país, son malas. Por ejemplo, es un
escándalo económico lo que ha ocurrido en Telefónica y que se ha
permitido de arriba abajo, es un escándalo lo que ha ocurrido durante
años con las prejubilaciones en Telefónica. Debo decir que han
conocido una movilización fuerte por parte de los trabajadores porque
no estaban de acuerdo porque, finalmente, su prejubilación ha
supuesto pensiones más bajas, es decir, una reducción de la caja de
la Seguridad Social y, al mismo tiempo, un perjuicio para esta gente.
Ahora bien, las jubilaciones anticipadas, no. Aquí sí que debe haber
un riguroso tratamiento científico y una profundización del tema,
porque las jubilaciones anticipadas son otra historia. Entra dentro
de este equilibrio
que se debe buscar en el conjunto de la sociedad en la medida en
que hay posibilidades económicas para hacer cosas que antes no eran
posibles y que se crea más riqueza.
Finalmente, dos cuestiones con relación a la inmigración, uno de los
grandes asuntos para un debate monográfico en lo social, en lo
económico y en lo político, de carácter global, que desborda incluso
las competencias de esta Comisión, y que además tiene una repercusión
en sanidad, pensiones, etcétera. Aquí también tiene que haber otra
gran discusión. Si no queremos un debate sesgado de enfrentamientos,
si queremos conseguir un acuerdo entre todos -no voy a hablar de
consenso, palabra que cada vez me preocupa más porque los consensos
se alcanzan sobre la base de la renuncia a cuestiones concretas, pero
yo no creo que ninguna organización política o social tenga que
renunciar a nada-, un acuerdo concreto que nos permita abordar bien
este asunto que va a durar tiempo, en el cual tendremos que incidir
de forma reiterada, habrá que tener presente una serie de
ciscunstancias porque esta gente no se gana la vida en su país y
tiene que venir aquí, y esas circunstancias vienen determinadas por
el tratamiento humano y social que los países desarrollados como
España, deben dar. Es otro de los grandes temas a tocar de forma
monográfica en esta legislatura.
Finalmente, me referiré a los sistemas complementarios de pensiones,
es decir, a los fondos de pensiones privados. Nosotros combatiremos
todo lo que sea derivar de lo público a lo privado. Hay una filosofía
muy sutil, nada grosera, contenida en el informe de la Caixa y en
otros informes que circulan, que da a entender que es mejor
prepararse para el futuro a través de un fondo de pensiones privado
porque lo público no podrá resistir. Todo lo que sea fomentar esta
filosofía desde la Administración del Estado, nosotros lo
combatiremos radicalmente, de acuerdo con los movimientos sociales,
con los sindicatos que estén en una misma órbita de actuación, porque
es una forma de ir gradualmente reduciendo la capacidad de
resistencia de la gente, por entender que una sociedad como la
actual, que tiene más posibilidades de generar riqueza, va a tener
cada vez más problemas en el momento de distribuir y redistribuir
esta riqueza. Aesos cinco grandes apartados -y a algunos otros que en
este momento son más secundarios para nosotros, pero que también son
importantes- circunscribiremos nuestras propuestas en las próximas
reuniones de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, el señor Núñez
Castain tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor Secretario de Estado, he escuchado
atentamente su intervención y, desde luego, es demasiado para
contestar a todo lo quese ha expresado.
Se habla del escenario actual donde estamos y usted ha tocado varios
temas como el envejecimiento, la jubilación, la mujer, la innovación
tecnológica. En algún momento de su exposición ha manifestado no sólo
dónde estamos ahora mismo, sino presumiblemente hacia dónde vamos,
pero hay otro grupo de consideraciones, como la definición del
modelo, no ya establecer sobre qué gente actuamos y cuáles son los
problemas, sino cuál es el modelo del sistema público de pensiones,
así como los instrumentos, las medidas que contempla el Pacto de
Toledo, e incluso el análisis del presupuesto de la Tesorería de la
Seguridad Social. Los tres grupos requieren debates separados porque
a lo mejor discutir sobre el escenario actual no merecería la penan y
convendría estudiar la documentación y ver si nos ponemos de acuerdo
sobre los fenómenos que están pasando y si podemos ser más intuitivos
respectos al escenario tendencial. Pero ese sería un grupo de
consideraciones.
El segundo asunto que interesa es la definición del modelo en el
sentido de sobre qué valores se sustenta la solidaridad y la equidad
y qué determinaciones tiene. Si fuéramos capaces de establecer un
modelo final, sería bueno saber qué lejos estamos de la meta; no
solamente que vamos mejor, sino cuántos años nos faltan para alcanzar
lo que teóricamente hoy llamaríamos óptimo. Ese análisis podría
ilustrarnos sobre las graves deficiencias que tiene la realidad, no
el modelo actual, incluso las valoraciones. Cuando se habla de la
buena marcha del modelo, muchas veces nos equivocamos un determinado
instrumento, que es la buena marcha de la realidad. Yo no sé hasta
qué punto los afectados de pensiones más bajas o desfavorecidos
estarán muy contentos porque su subida es 2 puntos más que el IPC.
Cuando uno está muy abajo, la subida sigue siendo muy baja, lo mismo
que, cuando uno está muy alto, por pequeño que sea el tanto por
ciento de aumento, la subida es fuerte; un tanto por ciento de una
cantidad razonable es una cantidad razonable y un tanto por ciento
muy grande de una cantidad muy pequeña es una cantidad pequeña. Yo no
me atrevería a transmitir a la sociedad en su conjunto la confusión
de que el modelo de presupuesto de Tesorería de la Seguridad Social
está más equilibrado, más consolidado, no tiene riesgos, no estamos
en un escenario catastrofista, con el optimismo de que estamos muy
bien y esto está prácticamente resuelto. Podríamos reconocer que
estamos mejorando, pero conviene que sepamos a qué distancia estamos
del objetivo real. Si hablamos de valores, también conviene
priorizarlos; los valores se van enumerando, lo mismo se habla de la
equidad que de la solidaridad que de no sé cuántas cosas más, pero
luego hay que ponerlos por orden. Cuando se toman decisiones, cada
uno de esos valores implica cosas.
El debate que nos queda es amplio. En mi opinión, estamos ante la
discusión del sistema de valores de una sociedad. Estamos en un
escenario dinámico, de cambios,
y es muy difícil hacer previsiones, desde lo que pasa ahora
mismo para dentro de diez, quince o veinte años. Usted mismo ha
citado condiciones de revolución tecnológica y hoy día ya se están
dando grandes cantidades de teletrabajo, como sabemos, pero es
teletrabajo a otros continentes. Empresas españolas están encargando
trabajo a señores que están en la India y empresas de Hong Kong están
encargando trabajo a señores que están aquí. No sólo se trata de los
que estamos dentro de la Unión Europea, donde habrá cierta coherencia
entre nuestros modelos de sistema en un escenario a medio y largo
plazo, sino que estamos hablando de un nuevo sistema mundial. Por un
lado, sostenemos que todos debemos tener los mismos derechos, tender
a que los regímenes especiales pasen al régimen general y que todos
seamos iguales y, por otro lado, es cada vez más complejo, variable y
plural el mercado de trabajo que debe responder del sistema de
pensiones.
Le agradezco su intervención. Compartimos determinadas cosas como son
la necesidad de diálogo, de acuerdo y de consenso; a lo mejor hay que
discutir sobre cuál es ese modelo final, no sobre cuál es la
tendencia y sobre dónde van estas medidas del Pacto de Toledo; dónde
vamos, en cuánto tiempo, en este cuatrienio, en esta legislatura o
dentro de dos, con qué escenario y que sea revisable cuando se
quiera, cada cinco años. No podemos estar aprobando cosas, porque
vemos que el camino es correcto, sin saber el final y si vamos a
tardar una década, un quinquenio o dos décadas.
Respecto al problema actual en lo que más afecta a la situación
andaluza, hay que estar muy pendientes de cómo pasamos a esa
equiparación del régimen especial agrario, del régimen especial de
pesca y de autónomos, que todavía está lejos de regirse por las
prestaciones del régimen general. Si estamos manejando los valores de
solidaridad, lo primero es ver qué pasa con los mínimos. Asistimos en
el pasado a un debate absolutamente vergonzante, desde mi punto de
vista, viendo las medallas que se ponen uno y otros por subir 2.000
pesetas una pensión en las cifras en que estaban en valores
absolutos. Yo conozco el esfuerzo financiero que tiene que hacer el
Estado para subir 2.000 pesetas a un colectivo tan amplio, pero no
están los tiempos para ponerse medallas sino para reconocer que aún
faltan no sé cuántos años para, por lo menos, equiparar determinadas
pensiones al salario mínimo interprofesional. Como no es un problema
de deseos -porque si fueran deseos estaría firmado y conseguido-,
sino de posibilidades reales de manejo con los fondos que contamos,
lo que nos queda por delante es tajo y actitud; actitud de
colaboración y tajo para ser capaces de transmitir a la sociedad el
problema real de qué escenario vamos a crear para el sistema de
pensiones de este país dentro del marco de solidaridad, en qué
situación nos encontramos, qué dudas hay en el camino y en cuántos
añosalcanzaremos la meta.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Quiero agradecer su comparecencia ante esta
Comisión, señor secretario de Estado, y también porque nos ha hablado
en clave de futuro, no tanto del pasado, que eso ya lo harán sin duda
portavoces de lo negativo y, como ha dicho el ministro, se
equivocaron en años pasados y se equivocarán en estas previsiones a
quince o veinte años que hacen ahora, que también son negativas.
Me ha parecido una gran intervención, con contenidos importantes y,
sobre todo, claros. No voy a comparar lo que se ha podido hacer en
esta materia en los catorce años anteriores, por un camino a la
izquierda, con lo que se ha hecho en los últimos cuatro, por un
camino a la derecha, porque el hecho de comparar catorce años con
cuatro es significativo, pero sí deseo remarcar que las medidas que
el Gobierno aprobará mañana, a las que se ha hecho referencia, no son
socialdemócratas ni pretenden serlo sino que tratan de liberalizar
nuestra economía, lo que va a ser beneficioso para el ciudadano de a
pie porque va a crear más empleo, porque va a crear más riqueza, y
eso es liberalismo, no es socialdemocracia. Ahora, los
socialdemócratas en Europa van a la liberalización que nosotros
defendemos desde siempre.
Oyendo a la portavoz socialista, que ha sido prolija en las
cuestiones que ha planteado, debo reconocerle una coherencia
importante con lo que hicieron en aquellos catorce años de Gobierno.
No podemos compartir su tesis de que todo debe ir al presupuesto y
que no importa el déficit público aunque se reduzcan las altas en la
Seguridad Social, se jubilen todos a los sesenta años por aquello de
crear empleo, o se prejubilen a los cincuenta y dos, porque los
resultados actuales, sobre todo después del Pacto de Toledo, desde
1995, han sido totalmente distintos. Dice S.S. que, si gobierna la
derecha, la pensión le dará para menos. Debe ser un lapsus porque la
derecha de la que usted habla ya lleva gobernando cuatro años y se ha
ganado poder adquisitivo. No obstante, es de agradecer que, cuatro
años después, sí diga usted que el Partido Popular no quita la
pensión ni la recorta 8.000 pesetas, que la garantía de las pensiones
no depende de los gobiernos sino de otras cuestiones.
Respecto a las cuestiones mencionadas por la portavoz socialista que,
como he dicho, han sido prolijas, dado que el secretario de Estado no
va a poder dar respuesta a esas cuestiones en el día de hoy, le
pediría que los datos que aporte sean desde 1982 y no desde 1996
porque así nos haremos una idea más clara de la situación, una idea
más exacta y rigurosa de cómo estábamos y cómo estamos, porque en
todos esos años ha habido épocas de bonanza económica, épocas de
crisis económica y épocas de devaluaciones, por lo que tendremos unos
datos más objetivos.
El secretario de Estado ha dicho que el sistema está actualmente
equilibrado, pero que no debemos bajar la guardia, cuestión
importante. No ha sido una intervención de optimismo desmesurado, ha
sido una intervención realista y tenemos que reconocerlo. Como
estamos hablando de futuro, nada de esto habría sido posible sin el
saneamiento económico necesario de la caja. Ese saneamiento en la
caja de la Seguridad Social, que se ha conseguido después de una
eficaz gestión interna, nos va a permitir hablar por primera vez de
superávit y de crear un fondo de reserva, que ha ido incrementándose
paulatinamente y esperemos que continúe en los próximos años.
Es verdad que uno de los objetivos de nuestro programa electoral era
renovar el Pacto de Toledo y por eso es importante revalidar las
quince recomendaciones existentes, sin que ello suponga que esta
Comisión no pueda introducir nuevas líneas de actuación. Es bueno
dejar claro eso. Tal vez no sea hoy el día más indicado para hablar
de problemas y de soluciones concretas para atajar esos problemas,
pero su intervención nos ha dejado patente esa voluntad de obtener en
los próximos meses resultados positivos que nazcan del diálogo y del
consenso de esta Comisión. Hay temas importantes como el
envejecimiento progresivo de la población y su incidencia en la vida
laboral y en la edad de jubilación, el desterrar poco a poco esas
prejubilaciones masivas que tanto se prodigaron en los años ochenta.
Hay que buscar fórmulas adecuadas para incrementar la pensiones más
bajas, las de orfandad o las de prestaciones familiares. Debemos
buscar un equilibrio entre lo contributivo y lo solidario
aprovechando precisamente eso tan importante que ha conseguido este
Gobierno y a lo que antes me refería: la estabilidad económico-
financiera y la gestión eficaz.
Estoy de acuerdo con usted, señor secretario de Estado, en que la
voluntad de diálogo y compromiso no se agotó con la firma del acuerdo
de octubre de 1996 y con la posterior promulgación de la Ley 24/1997
de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social. Tanto en el diálogo con las organizaciones sindicales, como
con las fuerzas políticas en el Parlamento o con los agentes
sociales, este Gobierno ha demostrado un talante negociador y una
voluntad de llegar a acuerdos que le han dado un resultado positivo.
No obstante, hay que seguir avanzando en ese diálogo.
Ustedes que ahora dirigen el Ministerio son los mismos que trazaron
ese camino en la anterior legislatura y confiamos en ustedes para
llevar a buen fin ese importante reto. Desde esta sede parlamentaria
van a contar con nuestro apoyo político decidido para ello. El Pacto
de Toledo -usted lo ha dicho- está plenamente vigente hoy y no tiene
plazo de caducidad. Me ha gustado esa frase que ha dicho: No se trata
tanto de contenidos como de aunar voluntades. Nuestro objetivo debe
ser el de mantener un sistema público de Seguridad Social para todos
los ciudadanos. Eso sí hay que reiterarlo, para
todos los ciudadanos. Ello es posible porque el Gobierno ha
conseguido el saneamiento y el superávit en el sistema, sin que se
vea afectado el gasto social y eso hay que decirlo fuerte y bien
alto. Se puede conseguir el saneamiento y el superávit a costa del
gasto social, sin embargo, en esta ocasión se ha conseguido sin que
se vea afectado el gasto social. Ese es el camino.
Ahora sólo falta delimitar la financiación de los complementos a
mínimos de las pensiones contributivas, lo que sin duda va a
determinar la culminación definitiva del mencionado proceso. Las
condiciones objetivas para lograrlo ya se han creado. Nunca España
había tenido en el sistema quince millones de afiliados a la
Seguridad Social y nunca antes se habían conseguido casi 2.000
afiliados nuevos cada día. Su Ministerio está consiguiendo éxitos
notables en la lucha contra el fraude y la economía irregular y eso,
sin duda, ha contribuido mucho a esa situación económica y financiera
del sistema a la que antes me refería. Es muy importante mantener el
poder adquisitivo de las pensiones por encima del IPC. Nuestro grupo
le apoya también en ese objetivo trascendental de no renunciar a
seguir mejorando las pensiones mínimas de este país sin que por ello
se ponga en peligro el equilibrio financiero del sistema de la
Seguridad Social. Lo vamos a apoyar porque es un objetivo
absolutamente clave para seguir mejorando las pensiones día a día. Su
seguridad al afirmar que nuestro sistema de pensiones está
garantizado es para nosotros una garantía suficiente.
En otro orden de cosas, ha aportado usted algunas ideas interesantes
que no me resisto a reconocer como positivas. Nos ha hablado de la
necesidad de que el colectivo de personas mayores, cada vez más
numeroso, debe acumular un mayor protagonismo social. Ése es un punto
relevante al que me gustaría dar la importancia que tiene. Estoy
totalmente de acuerdo porque ese colectivo va a ser un pilar
fundamental en el futuro de Europa. Debemos aprovechar esa
experiencia y es bueno hacerlo con sus conocimientos, sobre todo para
nuestros jóvenes, porque cada vez se aleja más la edad de
fallecimiento y, en consecuencia, su capacidad mental es más
prolongada. El Consejo Europeo ha sido sensible a este tema y por eso
se ha creado recientemente en Luxemburgo el Comité Permanente de
Protección Social.
Hoy, afortunadamente, la práctica totalidad de la población mayor de
sesenta y cinco años en España está cubierta por algún tipo de
pensión, pero además debemos dotarle de esas condiciones de vida de
que usted hablaba, cada día más satisfactorias. Ello necesita de una
reflexión conjunta y esa reflexión debe ampliarse al hecho de que las
personas mayores, que estén en condiciones de hacerlo, puedan alargar
su vida laboral de forma voluntaria. Es un tema que merece ser
debatido en el futuro y así lo contempla el Pacto de Toledo y nuestra
legislación. No es justo -usted lo ha dicho también- que se expulse
del mercado laboral a
personas válidas para la sociedad y por eso debemos aprovechar su
potencial.
Ha citado usted también un reto de la vida laboral que debo resaltar
y que no es otro que la incorporación de la mujer al mercado laboral
¿Por qué? Porque está cambiando no sólo la forma de convivencia, sino
lo que es más importante, la estructura familiar de España. Por todo
eso es por lo que la Seguridad Social debe cambiar en la sociedad,
debe adaptarse a los cambios que se están produciendo a la sociedad,
no debe ir a remolque sino de la mano de la sociedad.
Un último factor que me parece digno de figurar en lugar destacado es
el fenómeno de la inmigración. En el futuro, con una población cada
vez más envejecida, sólo mediante la incorporación ordenada de
inmigrantes podremos contrarrestar las bajas que se produzcan en el
sistema e, incluso, el propio descenso de la natalidad. Así se ha
producido ya en otros países donde hay millones de inmigrantes; así
se ha producido en Alemania, en Francia o en el Reino Unido. La
inmigración no es un problema, es una realidad que, si se hace
solidaria, puede ser positiva.
Finalmente, señor secretario de Estado, desde el Grupo Popular le
pido continúe en el camino del diálogo político en esta Comisión que,
además, se ha constituido recientemente para dar una respuesta a la
sociedad que nos exige diálogo, un consenso y unas respuestas a las
cuestiones que se han planteado hoy, que han sido muchas.
No puedo negar que su intervención me ha gustado y estoy seguro de
que en próximas comparecencias nos irá dando cuenta de lo que hemos
llamado diálogo social, que debe ir de la mano del diálogo político
que aquí hemos vuelto a reiniciar. Tienen ustedes, tenemos todos, las
condiciones objetivas más favorables para conseguir lo que se nos
demanda por la sociedad. No podemos defraudar tantas esperanzas
cuando se trata de colectivos especialmente necesitados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Finalizadas las intervenciones de los
diferentes grupos políticos, tiene la palabra el señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Señorías, en primer lugar, tengo que agradecer el tono de todos los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han intervenido
tras mi comparecencia. Todos ustedes han hecho buenas las palabras
del clásico que decía: Penséis lo que penséis, no está de más decirlo
con buenas palabras. Ustedes hoy han sido seguidores del axioma
clásico y yo se lo tengo que agradecer, aunque también les tengo que
decir, ante la preocupación que se ha manifestado por algún grupo,
que no era intención de este secretario de Estado agotar el debate en
el día de hoy. Es plenamente consciente de que hoy
no es más que el inicio del debate. Tal vez alguien puede pensar que
sí he seguido otra frase de un clásico: el secreto de aburrir es
contarlo todo. No era ni mucho menos mi intención. Lo que sí entendía
que debía hacer en la mañana de hoy era poner el toro en suerte y no
hacer balance, porque ya se ha hecho mucho y bien en esta Cámara
aunque en pasadas legislaturas, pero sí debo hacer claras referencias
a: de donde partimos, en el momento en que nos encontramos y hacia
donde queremos ir, o sea, cuáles son los retos de futuro a los que
nos tenemos que enfrentar.
Empezando por la señora López i Chamosa (no sé si soy de los pocos ex
parlamentarios que dice sus apellidos correctamente, como le gusta a
ella escucharlos), tengo que decirle que mi oferta de diálogo es
sincera, como no podía ser de otra manera, viniendo de una persona
que, al igual que usted, es, en sus planteamientos individuales,
sociales y políticos, sincero.
Me gustaría comenzar esta intervención de contestación a SS. SS.
haciendo una manifestación que a lo mejor, por el sentido de algunas
de sus intervenciones, ha podido llevar al equívoco. Señorías, el
Pacto de Toledo es el pacto de todos, es un pacto de los grupos
parlamentarios con representación en esta Cámara, es un pacto de los
agentes económicos y sociales, es un pacto del Gobierno sea cual sea
y el color que tenga porque, al final, es un pacto de todos y cada
uno de los millones de españoles sean o no sean pensionistas, porque
los que no son pensionistas o perceptores quieren serlo en un futuro.
Cuando hablamos de sistema de protección social, de Pacto de Toledo,
tenemos que hablar de un pacto de consenso, de un pacto de encuentro,
de un pacto donde hemos de dejar de lado diferencias y hemos de
centrarnos prácticamente en aquello que nos une, en las
coincidencias.
No puedo dejar de hacer algún comentario, casi en tono irónico, si me
permite señora López i Chamosa, sobre parte de su intervención. Estoy
seguro de que me entenderá S.S., al igual que yo entiendo
perfectamente la manera de expresión tan particular que tiene en
algunas ocasiones. No sé si el camino de la derecha crea
desigualdades, pero lo que le puedo asegurar es que el camino del
centro reformista corrige las desigualdades con las que se encontró
en este país el Gobierno del Partido Popular, en el año 1996. Donde
antes había desigualdad, hoy o se ha corregido o se está más cerca de
que vaya desapareciendo. No tengo que recordar a S.S. cómo han
evolucionado las pensiones mínimas; colectivos que no tenían ningún
tipo de cobertura y que hoy la tienen, o situaciones en las que se ha
avanzado claramente dentro de nuestro sistema de Seguridad Social:
donde antes había mayor desigualdad, mayor necesidad, hoy las
necesidades son menores.
Señora López i Chamosa, tiene usted cierta ventaja sobre mí. Ha
dicho: señor secretario de Estado, ni usted ni yo somos los que
mandamos en nuestros respectivos
partidos. Pero en el mío yo sí sé quién manda, y estoy completamente
seguro de que en el suyo, en breve, también sabremos quién va a
mandar. No me lo tome usted a mal. (El señor Griñán Martínez: En el
Partido Socialista no se manda, no hace falta, no es un partido de
mando.)
Señor Griñán he utilizado la expresión que ha empleado su portavoz,
exactamente la misma expresión literal. Entiendo que las
discrepancias pueden ser entre ustedes, yo me he limitado a
reproducirlas. Espero que en ese proceso que ustedes van a cerrar en
breve salga, sin lugar a dudas, una interlocución clara y válida para
que en este tema, tal como usted ha expresado, podamos tener una
representación, como se merece el Pacto de Toledo, del principal
grupo de la oposición, que haga posible renovar ese Pacto que, lo
reitero, hoy sería imposible sin la participación, absolutamente
responsable y activa, que tuvo el Partido Socialista cuando fue
gobierno y como tiene que tener el Partido Socialista ahora que es
oposición.
A partir de ahí, entro en algunos asuntos que ha destacado S.S.
Permítame que le haga algunas referencias, en tono general, y algunas
concreciones, en tono particular, sobre algunos de ellos. Por
sistematizar más el debate diré, respecto a su primer bloque de
preguntas, que hemos de hacernos serias reflexiones entre todos. Me
estoy refiriendo a la pensión del ama de casa, a la que usted se ha
referido. Es evidente que la situación en la que se van a encontrar
las amas de casa a partir de que se aprueben las medidas de este
Gobierno, que se convalidarán en el día de mañana en esta Cámara,
será, en cualquier caso, mejor que aquélla con la que se encontraban
el día antes de que esas medidas se pudieran convalidar. ¿Que existe
una problemática? Sí, evidentemente, la conocemos todos. Incluso ha
sido objeto de estudios que han llegado a esta Cámara. Todos sabemos
cuál es la situación y los problemas con que nos encontramos: el ama
de casa y el problema que podía suponer para el sistema de Seguridad
Social.
Permítame decirle, señora López i Chamosa, que deberían revisar sus
cuentas si entienden que una aportación de 12.000 pesetas, durante
sólo 15 años, que da carencia para tener una pensión mínima del
sistema de jubilación, es una medida que a lo mejor beneficia al ama
de casa pero que en mucho puede perjudicar al sistema de Seguridad
Social. Hemos de aportar en este caso raciocinio: tenemos que
beneficiar a todas las amas de casa, no sólo dar posibilidades a
aquellas que pudieran tener unos rendimientos familiares o personales
que les condujeran a lo que antes se denominaba compra de pensiones y
que no tenemos que poner en peligro el equilibrio financiero de
nuestro sistema de Seguridad Social. Me parece que lo importante es
que se estén dando pasos y que cada vez el ama de casa se encuentre
en mejor situación de la que se encontraba con anterioridad.
Hay otro bloque de consideraciones que ha realizado usted como
persona interpuesta y que contesto también. En este caso como a la
persona por la que usted se interpone también está en la Cámara,
sirva la respuesta para ambos. Complementos a mínimos. Señorías,
estamos mandatados por la ley para que justamente en el año 2000
decidamos, los grupos con representación parlamentaria y los agentes
económicos y sociales, cuál tiene que ser la ubicación financiera de
los complementos a mínimos. Un flaco favor nos hacemos todos si
empezamos a rememorar discusiones doctrinales sobre su naturaleza
jurídica. Lo que tendremos que hacer ahora es, llegado el momento,
discutir sobre cómo tiene que ser su ubicación financiera definitiva,
ya que, como he dicho anteriormente, el diálogo es el método y, desde
luego, el sistema va a ser la gradualidad. Como muy bien se ha dicho,
estamos ante cuantías importantes, que hacen prácticamente imposible
que se puedan asumir de forma inmediata por parte, en este caso, de
lo que se entiende como presupuesto del Estado y deje de estar en el
presupuesto de la Seguridad Social.
Reducción de cotizaciones. En este país, lo prudente, lo razonable,
es no plantearnos la reducción de cotizaciones. Cuando se habla de
reducción de cotizaciones, entiendo que se están refiriendo a
reducción de cotizaciones generalizadas, hasta que no hayamos
culminado la separación de fuentes del sistema y conozcamos
exactamente su situación real, y eso ocurrirá cuando hayamos
conseguido determinar -y vuelvo a lo anterior- la ubicación
financiera definitiva de los complementos a mínimos. Hasta entonces
-al menos me lo parece a mí- sería poco prudente o razonable
plantearnos rebajas de cotizaciones generalizadas. Lo que no quiere
decir que no se siga con una adecuada política de bonificaciones a
las cotizaciones sociales, como se ha venido haciendo hasta ahora,
primando a los colectivos más desfavorecidos con la inserción en el
mercado de trabajo y que, además, no supone riesgo alguno para el
sistema de Seguridad Social, porque, como muy bien saben SS.SS., son
cotizaciones que el INEM traspasa a la Seguridad Social, una vez que
se han producido. Nunca debemos olvidar que detrás de cada
bonificación social que ha habido estos años y que puede seguir
habiendo -y estoy seguro de que las seguirá habiendo- hay un parado
que trabaja o un trabajador con un contrato tan parcial que ahora lo
tiene indefinido. Sólo eso ya merece el esfuerzo que estamos
realizando.
En cuanto a la acaparación de prestaciones entre regímenes especiales
con el general, y en concreto con el régimen especial de autónomos,
que también ha sido objeto de alguna otra intervención, tenemos que
aproximar, sí, pero no homogeneizar, porque es imposible, por su
propia naturaleza. Tenemos que trabajar en esta Comisión, sin lugar a
dudas, y estamos iniciando los caminos para que aquellas diferencias
que no ha lugar
a que existan entre el régimen especial de los trabajadores autónomos
y el régimen general desaparezcan. Se puede seguir avanzando en
acercar, en lo que es posible hacerlo, el régimen especial de
trabajadores autónomos y el régimen general de la Seguridad Social.
Tendrán que seguir existiendo diferencias entre lo que caracteriza a
cada uno de ellos, que evidentemente es la ajenidad o no del trabajo
que se realiza, atendiendo también -y hay que decirlo así, señorías-
a las nuevas circunstancias que se puedan ir dando en el orden social
y laboral, que pueden hacer que nos planteemos no sólo ese
acercamiento sino atender nuevas situaciones. Ha sido una de las
líneas de mi discurso el que la Seguridad Social debe estar en
continuo cambio, con dinamismo, adaptándose a la realidad social a la
que en definitiva tiene que servir.
En cuanto al fondo de reserva, cuestión a la que han hecho mención
muchas de SS.SS., he de manifestar que reitero que lo importante es
que ya exista; que donde no había, ahora lo hay; que un sistema con
déficit -un sistema con déficit no puede constituir un fondo de
reserva- hoy es un sistema con superávit, que puede constituir un
fondo de reserva. Un fondo de reserva que ya está dotado con 100.000
millones, que ahora se está estudiando cuál es el instrumento legal,
porque puede haber varios, para su regulación; fondo que no
renunciamos a seguir dotando, porque -y ahí coincido con algunas de
SS.SS.- 100.000 millones a mí me parecen pocos para un fondo de
reserva, pero nadie ha dicho que ésa sea la cuantía final. Siempre
hemos dicho que es la cuantía inicial y que, al menos este Gobierno
del Partido Popular, y estoy seguro de que también los grupos que
representan todas SS.SS., están dispuestos a seguir dotándolo, año
tras año, hasta que entendamos que llega al límite que es aconsejable
que tenga un fondo de reserva de las características del que tenemos
ahora.
Tengo que agradecer el cambio de discurso que ha realizado S.S., -ha
sido recordado por el portavoz del Grupo Popular-, porque del
discurso en el que siempre parecía que las pensiones las pagaba
alguien indeterminado, hoy ya se reconoce que las paga el Gobierno
que sea, con lo que hemos mejorado algo. Estoy seguro de que por
parte de todos se está haciendo presente cada vez más el principio
inspirador del Pacto de Toledo, porque sus recomendaciones, señorías,
las conocemos bien; pero el principio inspirador del mismo, que
también conocemos igual de bien, a veces nos olvidamos de él, a veces
nos hemos olvidado de él o a veces alguien especialmente no ha
querido recordarlo, y no es otro que aquel que nos animó en el año
1995 a llegar a esas 15 recomendaciones, que era apartar nuestro
sistema de protección social de las luchas partidarias. La
intervención de hoy va en ese sentido, señora López i Chamosa, y mi
grupo no puede menos que agradecerle las palabras y entender que
estamos ya
en el camino correcto o en aquel camino que nunca se debió dejar.
En el tercer bloque me ha realizado una serie de preguntas muy
determinadas, tal vez más propio de una sesión de control, pero
entiendo que S.S. a lo mejor ha querido ahorrar trámites
parlamentarios y ha mezclado lo que puede ser objeto de una pregunta
escrita o una pregunta oral, con una comparecencia. Yo no lo discuto,
pero comparto algo con S.S, y es que este secretario de Estado de
Seguridad Social tiene que trabajar mucho y su intención es que lo
haga, pero yo estoy seguro también, y me lo permitirá, que en
reciprocidad no renuncie a que S.S. también trabaje mucho en
beneficio de la Seguridad Social. La mayor parte de las preguntas que
usted me ha hecho tienen su contestación en el libro rojo
actualizado, en argot coloquial, que tiene ya está Cámara, está en el
trámite de entrada por el registro, y estoy seguro de que S.S.
resolverá muchas dudas que se han presentado simplemente haciendo
algo que estoy seguro va a hacer sin lugar a dudas, y es tener
conocimiento de todo lo que en ese libro se contiene. De todas
maneras, hay algunas cuestiones a las que no quiero dejar de hacer
algún tipo de reflexión más general, sobre todo en aquellas que
parecía podían existir más discrepancias o algunas dudas que ya no
fueran simplemente el dato numérico que S.S. ha ofrecido. El caso de
los estudiantes, por ejemplo, no tenga preocupación S.S. se les da un
número de Seguridad Social y también se les daba un número de
Seguridad Social antes; hay una cosa que se llama seguro escolar y
han de tener un número de Seguridad Social. Si tranquiliza a S.S., le
diré que no se computan cuando damos el número de afiliados a la
Seguridad Social. Le quiero decir este caso claro como ejemplo de que
no se busquen discrepancias donde no las puede haber o no tenga
preocupaciones donde evidentemente no las hay. Había otras cuestiones
que le reitero, incluso si no están ahí porque parecían casi para
nota. Se las remitiremos, como las tablas de mortandad o algunos
criterios más que serán remitidas a S.S. para que realice un mejor
trabajo en esta Comisión.
Me permitirá dos reflexiones generales sobre cuestiones que usted ha
formulado en ese tercer bloque de preguntas. La primera en relación
con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social, porque es exactamente su denominación. Aquí a
veces se le llama de todo menos lo que son, y son mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social, denominación por cierto que no ha puesto este Gobierno y la
regulación que tiene tampoco la ha hecho este Gobierno, la mejoró con
la reforma del reglamento en el año 1995, pero su sentido, su
naturaleza y sobre todo su control y cuál debía ser su participación
en las prestaciones, cobertura de prestaciones y pago de prestaciones
del sistema, ya sea de accidentes de trabajo o de enfermedad común,
venían determinadas desde mucho
antes. Nosotros nos hemos limitado a mejorar los instrumentos que
deben tener para esa mejor prestación que tienen que dar al ciudadano
y sobre, si me lo permite, reforzar el carácter de Seguridad Social
que deben tener las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. Si entendemos a las mutuas como
algo ajeno al sistema de protección social, flaco favor estaremos
haciendo a las mutuas y a los cada vez más trabajadores y
trabajadoras que en este momento tienen su cobertura, tanto en
accidentes de trabajo como en incapacidad temporal, asegurada en
estas mutuas. Yo creo que las mutuas cada vez más son sistema de
Seguridad Social, trabajan con fondos del Sistema de Seguridad Social
y tienen que tener los necesarios controles por parte del Sistema de
Seguridad Social porque al final, y podremos concluir con ello, las
mutuas son Seguridad Social.
Respecto al copago, también quiero tranquilizarla. En este caso, no
tenga la menor duda, señoría, de que se mantendrá el poder
adquisitivo de nuestros pensionistas el año que viene, el siguiente y
el siguiente. Se mantendrá, y además le reitero que no renunciamos a
que los pensionistas perceptores de prestaciones más bajas no solo lo
mantengan sino que lo mejoren. En eso va a tener un importantísimo
papel esta Comisión, de la que hoy tenemos su primera reunión, que
tendrá que ir determinando también cómo reforzamos ese principio de
solidaridad sin olvidar el de contributividad y el de equidad. Una
última reflexión, para que no diga que no acabo de contestar. A mí me
parece muy acertada la reflexión que hizo la ministra de Sanidad. Tal
vez debamos plantearnos ahora si el principio de equidad, tan
presente en nuestro sistema de protección social, se respeta también
cuando hay personas con rentas derivadas de la prestación por
desempleo o rentas activas pero con rentas muy por debajo de las que
pueden ser de algunos pensionistas, y ahora los pensionistas tengan
gratis y ellos tengan que pagar parte de sus prestaciones, sobre todo
si tenemos en cuenta, no se nos puede olvidar, que hoy la sanidad ya
es universal y gratuita en nuestro país, cuestión que no era cuando
se produjo la determinación de esta serie de consideraciones que
arrastramos desde entonces.
Al señor Padrol le diré que no puedo menos que celebrar la
coincidencia en el planteamiento general que ha hecho, la
coincidencia en la situación en que ahora estamos, distinta a la que
nos encontrábamos en 1995, y sobre todo celebrar la coincidencia en
los retos que se nos plantean, porque si somos capaces de hacer un
diagnóstico adecuado ahora de dónde nos encontramos, sabremos hacia
dónde nos dirigimos. Hay una frase que en muchas ocasiones me gusta
utilizar, no soy el primero que lo hace, pero a quien no sabe dónde
va ningún viento le es favorable. En este caso, en materia de
Seguridad Social sería saber exactamente cómo estamos, porque sin
saberlo no sabemos hacia dónde queremos ir y ahí también de alguna
manera contesto a
las preguntas del señor Núñez, porque lo importante es que la
tengamos. El diagnóstico claro es misión de esta Comisión, pero
también misión del Gobierno y de los agentes económicos y sociales
para saber hacia dónde queremos dirigirnos y entonces la forma ya
vendrá prácticamente dada. Ese diagnóstico, al menos en lo que se ha
hecho ahí, yo creo que parte de afrontar los retos hacia los que nos
tenemos que enfrentar de manera obligatoria. Si hoy no hubiera
planteado en esta primera comparecencia cuáles son, al menos a
criterio del Gobierno, los principales retos a los que nos tenemos
que enfrentar, yo pienso que hubiera tenido hasta poco sentido mi
presencia aquí. Celebro en este caso que haya sido compartidos por la
mayoría, por no decir todos los grupos parlamentarios con
representación en esta Comisión. Hemos coincidido todos en el
envejecimiento de la población, en la transformación de la unidad
familiar clásica que es la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, en los riesgos de exclusión social que se pueden dar
justamente por este nuevo sistema sociolaboral hacia el que nos
encaminamos por las nuevas tecnologías y que el Sistema de Seguridad
Social debe ser siempre un sistema saneado financieramente, que sea
siempre motor y no lastre del conjunto de la sociedad. Estos han sido
los retos en los que todos hemos coincidido que nos tendremos que
enfrentar y es bueno que tengamos un diagnóstico común, porque seguro
que hace mucho más fácil que lleguemos a unas soluciones comunes.
Ha hecho especial hincapié, aunque ya me he referido a ellos, a dos
temas que le parecían absolutamente importantes, siempre con el fondo
de la sostenibilidad del sistema, la atención a nuevas necesidades,
la dependencia y el régimen especial de autónomos. En el último ya he
hecho la reflexión con anterioridad. Respecto a la situación de
dependencia, a la que también he creído que debíamos dedicarle
ciertas reflexiones en el día de hoy, debemos ser claramente
conscientes de que tenemos que atender esas nuevas necesidades, que
ya de alguna manera la disposición adicional de la Ley de
acompañamiento, para este año, a la que ha hecho referencia S.S., nos
ha marcado un poco lo que puede ser el inicio de la reflexión, con
ese estudio que debe entrar de manera breve en esta Cámara para que
podamos trabajar sobre ella y que en principio ha colocado en el
ámbito privado todo lo que debía ser la cobertura de la dependencia.
Podremos reflexionar en esta Comisión y fuera de ella, y creo que
debemos reflexionar para que a lo mejor sea compatible ese ámbito
inicial en lo privado con un amplio o menos amplio ámbito de
cobertura pública que puedan tener estas situaciones de dependencia.
En cuanto a los autónomos, reproducir las reflexiones anteriores y
dejar constancia de que se va a crear en breve una subcomisión en
este Congreso de los Diputados en la que se tratará el tema de manera
mucho más amplia, lo cual me parece muy razonable porque al
trabajador autónomo no sólo le preocupa al
final cuáles son sus posibles prestaciones de futuro o prestaciones
de presente si entendemos las prestaciones asistenciales, sino
también un conjunto como trabajador autónomo o emprendedor de medidas
fiscales y económicas que también le ayudan muy mucho en la
realización de su tarea diaria. Me ha parecido un acierto la creación
de esa subcomisión que trate de manera global el tema de los
autónomos y tendremos que estar muy atentos para hacerla compatible
con lo que aquí discutamos únicamente en materia de protección social
de lo que es el régimen especial de trabajadores autónomos.
Al señor Frutos le contesto, a efectos de que conste en el «Diario de
Sesiones» y además porque ha tenido la amabilidad de excusarse por
los compromisos que le requerían, que yo no hablaría de primer
escarceo, como ha dicho él que hemos tenido hoy, yo más bien diría
que estamos ante un primer punto de encuentro, un primer punto de
diálogo, un primer momento de enfrentarnos a los retos que tenemos
delante.
Tengo que reiterarle una frase que a veces por no tener en cuenta
trae equívocos: el Estado es Seguridad Social y la Seguridad Social
es Estado. Es impensable un sistema de protección social ajeno al
Estado o en que el Estado no sea el sistema de protección social en
nuestro país, con lo cual el papel del Estado es absolutamente
fundamental. Cuestión distinta es que la primera recomendación con la
que tuvimos que afrontar el problema hace cinco años, justamente para
afrontar esa viabilidad de mantenimiento de nuestro sistema público
de pensiones, fue la separación de las fuentes de financiación para
dotarle de un equilibrio financiero presupuestario que no pusiera en
riesgo aquello que tanto había costado, que era nuestro sistema de
protección social. El papel del Estado, al que he hecho referencia,
era el papel de estar sobre todo en los complementos a mínimos,
porque hoy la principal parte de financiación que pudiera
corresponder a la Seguridad Social y que tiene el Estado son sin
lugar a dudas los complementos a mínimos.
Comparto también con el señor Frutos que la Seguridad Social se debe
adaptar a las nuevas realidades económicas y sociales, y lo debe
hacer para no ir a peor. Nadie quiere cambiar para ir a peor, o al
menos no es este Gobierno el que quiere cambiar para ir a peor. Todos
los cambios sobre los que tenemos que reflexionar y todos los cambios
que podamos acordar siempre van a ser cambios para ir a mejor, para
reforzar los principios de contributividad, equidad y solidaridad,
o sea al final o en conclusión, para mantener viable nuestro sistema de
pensiones y en la medida de lo posible seguir mejorando las
prestaciones de aquellos que más lo necesitan.
Ha sido también motivo de la intervención de muchos portavoces la
cuestión de la edad de jubilación. Quiero aclarar, en primer lugar,
que en ningún momento este secretario de Estado ha dicho que haya
previsión
de modificar la norma legal que en estos momentos existe sobre la
jubilación anticipada. La jubilación anticipada tiene su norma, ahí
está, y no hay intención de cambiarla. Además saben perfectamente SS.
SS. que hay determinados sectores productivos en los que hay una
jubilación anticipada justamente en virtud de la especial penosidad o
riesgo que en los mismos se encuentra, y nadie ha manifestado lo
contrario. Lo que sí ha dicho este secretario de Estado es que en el
tema de la edad de jubilación, y entroncándolo justamente con el
envejecimiento de la población, tendremos que dar, o entiendo que
tendremos que dar la posibilidad de jubilación voluntaria, siempre
libre, a aquellos que llegados a la edad legal de jubilación quieran
hacerlo, que por cierto -y lo he reiterado no es ninguna novedad- hoy
nuestra legislación lo permite, lo que pasa es que no sucede
realmente, y tendremos que ver cuáles son los medios para que esta
jubilación flexible sea posible dentro de nuestro sistema.
Señorías, todos ustedes saben que hoy tenemos nuestra edad de
jubilación en los 62 años y pico, la edad real, no llega a la edad
legal de jubilación, y que en muchos casos las prejubilaciones, no
jubilaciones anticipadas, están afectando a los trabajadores que
tienen 50 y pocos más años. A nosotros nos parece una barbaridad, y
lo digo así de claro, que se expulse del mercado de trabajo a
personas con cincuenta o cincuenta y pocos años, y no sólo por lo que
pueda suponer de riesgo para la situación financiera o de equilibrio
de la Seguridad Social, sino sobre todo por lo que supone de
exclusión social para esos trabajadores mayores de 55 años, a los que
no sólo ponemos una etiqueta, cuando lo hacemos, de inútil laboral,
sino que también les estamos poniendo una etiqueta de inútil social,
y eso me parece de todo punto inadmisible, con lo cual, señorías, en
este caso tendremos que estrujarnos las meninges para saber cuáles
son las fórmulas que nos deben llevar a potenciar, a favorecer que la
gente no abandone el mercado de trabajo de manera forzada, sobre todo
a los cincuenta y pocos años, porque flaco favor se hacen a ellos
mismos, al sistema de protección social y al conjunto de la sociedad
en que se insertan.
Para ello no nos podemos limitar a decir que es la situación que
tenemos y prácticamente la homologamos, si a la gente a los 52 años
se la expulsa del mercado de trabajo, admitámoslo; si a los 60 años
prácticamente se ha de jubilar anticipadamente todo el mundo, me
parece que es un error. Lo que tenemos que decir es justamente lo
contrario: en este país hace falta que la gente siga trabajando
voluntariamente a partir de los 65 años, porque nos estamos
enfrentando a un problema de envejecimiento de la población, y cuanta
más gente se mantenga en período activo mejor afrontaremos ese
problema, aparte de la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo y aparte de lo que tiene que ser en este caso la adecuada
emigración de terceros países que contribuyan a la riqueza de nuestro
país. Eso es algo
que nosotros tenemos que saber plantear para motivar, para crear
opinión -si quieren ustedes-, de manera que no se transmita al
conjunto de nuestros ciudadanos que a los 50 años se acaba la vida
laboral; transmitamos que queremos que a partir de los 50 años se
esté en el momento más pleno, si puede ser de la vida laboral y
social de un individuo. Ahí ya se han apuntado muchas cosas -pues
sigamos en esa línea-, desde fomentar la formación activa, la
adaptación a nuevas tecnologías, no permitir -y lo he dicho en mi
primera intervención- que en esos casos las grandes empresas puedan
cargar las prejubilaciones a espaldas del sistema público. No puede
haber expedientes de regulación de empleo que sean simplemente mejora
de las cuentas de resultados de las empresas y que paguen en parte
los sistemas públicos. ¡Cuidado! El instrumento es válido, habrá
ocasiones en que los expedientes de regulación de empleo exijan el
despido colectivo, como se dice de parte de los trabajadores, pero lo
que no es de recibo es que eso se haga simplemente para mejorar la
cuenta de resultados; sí para mantener la competitividad de la
empresa, no para mejorar las cuentas de resultados de la empresa.
Creo que tenemos que movernos en esos términos porque es cuando
verdaderamente estaremos reflexionando sobre algo hacia donde nos
estamos dirigiendo inevitablemente, y es que necesitamos un mayor
número de población activa en nuestro país si queremos mantener el
sistema de pensiones como lo tenemos ahora.
Esto lo uno con la reflexión que ha hecho el señor Núñez. Yo creo, y
no le corrijo en absoluto, que el modelo lo tenemos definido, el
modelo está definido en el artículo 41 de nuestra Constitución, que
es un sistema público de reparto para todos los ciudadanos,
textualmente así lo dice nuestro texto constitucional, y yo creo que
todos coincidimos no sólo en el modelo sino en los principios del
modelo: contributividad, proporcionalidad, equidad y solidaridad.
También tenemos que coincidir a partir de ahora en cómo seguimos
desarrollando ese modelo. Tal vez la coincidencia que tuvimos que
afrontar hace cinco años -y hoy ya la hemos superado- era cómo
manteníamos ese modelo. Hoy el modelo está garantizado, ya no hay
ninguna duda de que su mantenimiento es estable en el tiempo, pero no
bajamos la guardia, sabemos que tenemos que afrontar retos justamente
para no volver a encontrarnos en situaciones como pudieron ser las
anteriores a las que nos enfrentamos en el año 1995. Estoy seguro de
que seremos capaces en este caso de llegar a un análisis conjunto
sobre cómo tiene que ser la línea de desarrollo del modelo, que es ni
más ni menos a lo que venimos a trabajar en esta Comisión del Pacto
de Toledo, que analiza dónde estamos, analiza en todo caso también y
si SS.SS. lo quieren dónde estábamos, lo que hemos hecho y dónde
estamos y lo que es más importante hacia dónde tendremos que ir en un
futuro, con un modelo claro y un objetivo también absolutamente
claro, me parece que es mantener nuestro sistema de protección social
viable para las futuras generaciones de españoles, y ahí -permítanme,
señorías- trabajemos mucho y bien y no hagamos caso a voceros del
desastre ni a cantos de sirena.
En el año 1995 este secretario de Estado recuerda que hubo informes
que decían que en el año 2005 la Seguridad Social estaría
prácticamente en situación de quiebra técnica. En el año 2000 aparece
un informe que nos dice que ya no es el 2005, que es el 2050. Tal vez
en el próximo informe que se realice ya será el 2500 cuando nuestra
Seguridad Social empiece a estar en una situación de crisis. Con ello
quiero decirles -y perdónenme la ironía, señorías- que el trabajo
real se tiene que desarrollar, y acabo con ello, en sede política,
porque la sede primigenia del Pacto de Toledo es política, es este
Congreso, es esta Comisión donde se tienen que realizar los pactos de
adecuación de las recomendaciones del Pacto de Toledo a los retos del
futuro, donde se tiene que pensar también si es necesario afrontar
con el redactado de nuevas recomendaciones aquellos retos que no
pudieron estar recogidos en el propio Pacto de Toledo, pero un Pacto
de Toledo absolutamente vigente y que como está absolutamente vigente
hace necesario que la participación de los agentes económicos y
sociales se tenga que producir desde ya. Ha cambiado algo la manera
de hacer las cosas; y ha cambiado algo por el propio transcurso del
tiempo. El primer Pacto de Toledo fue un acuerdo político, y cuando
éste se rubricó los agentes económicos y sociales, junto con el
Gobierno, vieron la forma de desarrollar aquellas recomendaciones,
pero hoy no tienen que esperar a desarrollar recomendaciones que
están plenamente vigentes, sino que se debe seguir sin pausa ni
dilación en su desarrollo. Por eso, tal vez ahora tengamos una cosa
que no teníamos antes: que el desarrollo político, el acuerdo
político va a ir con el desarrollo social, con el acuerdo social; se
van a entrelazar ambos. Desde luego, señor Núñez, nosotros no vamos a
jugar -estoy seguro de que no lo va a hacer el Gobierno ni los
agentes económicos y sociales ni ningún grupo de esta Cámara- a
pitonisos ni a adivinos; vamos a razonar sobre lo que tenemos que
hacer y sobre dónde tenemos que llevar a nuestro sistema de
protección social, que es la mejor manera de conseguir garantizarlo
para el futuro.
Al portavoz del Partido Popular me voy a referir de manera breve,
porque el señor Merino entenderá que, aparte de agradecer sus
palabras, comparto la mayor parte, por no decir todas las
manifestaciones que ha hecho S.S. Es algo comprensible; somos del
mismo partido y no discrepamos en las formas, en los modos ni tampoco
en el diagnóstico de los problemas. Por tanto, usted y yo creemos, y
lo creerán todos los que estamos en esta Cámara, que si el Pacto de
Toledo es de todos, y con esa convicción nos enfrentamos al inicio
de estos trabajos parlamentarios, entre todos seremos capaces de
su renovación en beneficio de todos, de los pensionistas actuales y
de los que esperan serlo algún día.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
(La señora López i Chamosa pide la palabra.)
Voy a conceder un turno de palabra, pero ahora sí solicito brevedad.
Hasta ahora no ha habido ninguna cortapisa, pero ahora solicito
brevedad ya que este turno es sólo para puntualizaciones.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Camps, entre usted y yo hay algunas
diferencias muy importantes en la definición de socialdemocracia. Yo
voy de frente y con claridad meridiana. En primer lugar, permítame le
diga a usted y a sus compañeros de partido, tanto ayer en el Pleno
como hoy en esta Comisión, que no ofende quien quiere sino quien
puede y he de decirle que ningún miembro del PP puede ofender a los
socialistas hablándonos de las discusiones organizativas o de
liderazgo que tenemos; sí le aseguro que no vamos a necesitar 20 años
para poder ganar unas elecciones, eso téngalo en cuenta, y tampoco
vamos a necesitar renunciar a nuestro pasado ni a nuestra historia
cambiando de nombres ni de partidos. Por tanto pueden seguir
recordándonos que no tenemos un candidato único o que no tenemos un
secretario general en este momento. Háganlo como disfruten más y
mejor quieran, porque el que ustedes coincidan tanto, y más
escuchándolo ahora, me hace pensar que van camino de fundar un nuevo
Movimiento con un pensamiento único y un líder único. Nosotros somos
un partido muy plural, muy abierto, con una distribución territorial
y donde cada uno sabe pensar por sí mismo y decidir lo que tiene o no
tiene que hacer. Enlazando con esto le diré que yo no soy ninguna
persona interpuesta, que me he presentado a unas elecciones igual que
usted con mi nombre y apellidos y que no interpongo más que a los
electores que me han votado, eso se lo puedo garantizar porque es
público y notorio.
Dicho esto, señor Merino, dice usted que yo voy a eso de que pague el
Estado, que salga de los presupuestos del Estado la diferencia de las
pensiones. Ahí está la diferencia entre ustedes y nosotros. Yo pido
que el dinero del Estado, ya que dicen que España va bien y tiene
dinero, vaya para las pensiones que son bajas, vaya para sanidad,
etcétera y no que vaya 1,3 billones de pesetas para las eléctricas.
Tampoco me traiga usted unos decretos donde las medidas que afectan
al obrero van a entrar en vigor inmediatamente, mañana, y aquellas
que más benefician a los ciudadanos, como son la liberalización del
gas y de la electricidad, para que bajen, se van a dos y a tres años
vista. Ya sé que ésa esla diferencia que tenemos, lo cual nos honra,
a usted
por decirlo claramente y a mí porque me siento más firme en mi
posición; yo defiendo a quien defiendo, y desde luego el dinero del
Estado es para redistribuir y reequilibrar.
Usted dice que las amas de casa van a estar mejor que ayer.
Seguramente la señora Villalonga, la señora Martín Villa y la señora
Rato, no tengo ninguna duda, van a estar mejor porque van a poder
poner 300.000 pesetas más a un fondo de pensiones. Yendo a mi ciudad,
la señora de Pedralbes también va a estar mejor; ahora, las señoras
López, Pérez, Jiménez o Pujol que viven en San Andrés o en Badalona,
le aseguro que van a estar igual que estaban antes, porque no tienen
disponibilidad para poder hacer uso de esa medida que usted
generosamente ha tomado para que estén mejor. Por tanto, ya le
reconozco que hay una parte que van a estar mejor, pero no la otra.
Cada uno es preso de sus propias acciones y lo que queda escrito,
escrito está. Yo no he estado aquí más que una legislatura, pero
según la documentación vista el Pacto de Toledo es de todos.
Conforme. Nosotros somos generosos, Convergència también y el Pacto
de Toledo es de todos y de todos tiene que seguir siendo, pero he de
decirle que la aportación de su grupo cuando se hizo el Pacto de
Toledo consistió en cuatro hojitas en las que hablaba de rebaje de
cotizaciones y sistemas complementarios, y no permitan Dios y los
papeles del Congreso, que recogen los taquígrafos de la Cámara, que
mienta en lo que le estoy diciendo. Se puede comprobar que eran
cuatro hojas en las que ustedes proponían en el Pacto de Toledo
rebaje de cotizaciones y complementos. Por tanto, señor Camps, uno
nunca puede perder la memoria histórica ni su referente, porque eso
le lleva a situaciones como ésta. Yo no tengo ningún problema en
confrontar con ustedes mi pasado -me refiero al de mi partido-, mi
presente ni mi futuro, porque le aseguro que lo tengo muy claro,
aunque en este momento no tenga un secretario general. Yo aspiro a
tener un secretario general un poco más guapo, más alto y más ligón
que el suyo, por poner ejemplo. (Rumores.)
En cuanto a las demás cosas, le diré que voy a recoger el libro rojo,
que me encanta sea rojo y no azul. Lo recogeré, revisaré lo que ahí
haya, y en función de ello trabajaremos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora López i Chamosa, vaya terminando.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando.
No dude que voy a trabajar y a arrimar mis dos hombros, y mi partido
igual, para que el sistema público de pensiones siga funcionando
ahora y en el futuro. Estoy de acuerdo, y con esto acabo, en que el
señor Merino pida los datos desde el año 1982, porque así
comprobaremos lo que había en 1982 y lo que dejamos en 1996.
No es lo mismo mejorar un país que crear un país; ésa es la
diferencia entre ustedes y nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? (Pausa.) Señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Voy a ser muy breve. Quizá no se ha
entendido, cuando hablaba de la definición del modelo, que no me
refería a la filosofía del modelo constitucional sino al
dimensionamiento cuantitativo del modelo. Es evidente que la
filosofía no cuantifica y que los números actuales del sistema de
pensiones públicas no son los óptimos en todos los escalones; por
tanto nosotros tenemos unos objetivos de mejora de esos números. Me
refería a que convendría que en vez de tener como finalidad ir
mejorando, tuviéramos como objetivo a dónde queremos llegar y en
cuántos años. Por tanto, que se defina cuantitativamente ese modelo y
la capacidad que tiene la economía de llegar en un tiempo razonable
al mismo.
Le agradezco su intervención y asimismo le insisto en que no se
confunda nunca la trayectoria de los presupuestos o del saneamiento
del instrumento en sí con el diagnóstico de la situación del sistema
de pensiones, sobre todo en su segmento más bajo, que no nos permite,
como digo, alegrías ni vanaglorias, sino todo lo contrario, trabajo.
Finalmente, ya que ha citado la revolución tecnológica, si en la
medida de lo posible este libro rojo que nos facilitan o alguno de
sus anexos pudiera hacerse en formato de disquete, se agradecería, en
vez de darnos ese inmenso tocho de fotocopias, para poder trabajar
con la velocidad que requieren en este momento las cosas.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Voy a intervenir brevemente, tan solo para
hacer algunas apreciaciones.
Le agradezco a la señora López que su grupo y ella hayan creado este
país, porque para nosotros es importante. Nosotros pensábamos que el
país lo habíamos creado entre todos, pero parece ser que no, que lo
ha hecho el Grupo Socialista, al que pertenece la señora López.
No vamos a entrar en cuestiones internas de la situación de cada
partido. Les deseamos que arreglen y resuelvan sus problemas, porque,
como ha dicho el secretario de Estado, cuanto más clara esté la
representación en esta Comisión, obviamente mucho mejor para las
conclusiones de la propia Comisión.
Me interesa aclarar una cuestión relacionada con las eléctricas.
Nunca ha habido un gobierno que haya dado a las eléctricas tantas
facilidades y les haya ofrecido tantas posibilidades de obtener
tantos beneficios en tan poco tiempo como el socialista, incluso con
aquella famosa moratoria nuclear. Por tanto, para dejar clara esa
cuestión, es bueno también, como ha dicho ella, ser
rigurosos y decir las cosas como son. Ahí están los periódicos, las
hemerotecas y los resultados de las propias empresas para verlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Para finalizar, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Camps Devesa):
Señor presidente, voy a hacer uso de la palabra sobre todo para
deshacer algún entuerto a que haya podido dar lugar mi intervención,
pero sin ánimo de apropiarme de nada, ni de un país ni de un sistema,
absolutamente de nada. Y lo haré de frente y con claridad, señora
López i Chamosa. Tan de frente y tan claramente lo hago que le digo
que si mis palabras le han ofendido a usted o a su partido político,
están inmediatamente retiradas por mi parte. Lo que ha pretendido
hacer este secretario de Estado, aprovechando su intervención
inicial, tal vez en un tono irónico, sobre quién mandaba o dejaba de
mandar, no es más que expresar la conveniencia, extensible a todos
los grupos con representación parlamentaria en esta Cámara, de que
exista una fluida interlocución, que hará muchísimo mejor la posible
solución de aquellos problemas a los que nos tenemos que enfrentar.
Eso sí, desde el absoluto respeto a los procesos internos de
cualquier partido político, me permitirá que al menos manifieste la
preocupación de que esas situaciones se salven con un partido, si es
posible, más reforzado y con interlocutores claros, que haga posible
a su vez, en los foros en que se tiene que producir el encuentro con
otros grupos políticos o fuera de esta Cámara con agentes económicos
y sociales, la toma de decisión sobre los problemas a los que nos
tenemos que enfrentar. Pero en absoluto las palabras que he
manifestado en mi intervención podían ser entendidas -si así lo han
sido, las retiro inmediatamente- como crítica a un proceso interno,
plural y democrático, igual que el que pueden tener los demás
partidos de este país en un momento determinado, en este caso el
partido al que usted representa. Reitero que deseo que acabe en lo
mejor, no sólo para ustedes, que es algo evidente y que todos
sentirán, sino para el conjunto de los grupos políticos con
representación en esta Cámara y para el conjunto de la sociedad
española. Ustedes tienen que seguir ayudando a crear este país y no
podemos permitirnos el lujo de que ustedes no nos sigan ayudando a
hacerlo y, en concreto, a seguir modernizando y mejorando nuestro
sistema de protección social.
Señora López i Chamosa, el esfuerzo que realizó en materia de
protección social el Partido Socialista en este país durante los años
que gobernó es verdaderamente de reconocimiento público, y lo hace
este secretario de Estado desde esta tribuna parlamentaria. Se mejoró
mucho en materia de protección social durante
los años de gobierno socialista en nuestro país. Y, a la vez que se
mejoraba, nos encontramos con un problema y es que no lo hicimos de
manera que se pudiera mantener ese sistema para el futuro. Justamente
esa fue la reflexión del final del año 1994 y durante el año 1995, en
el que acordamos cómo teníamos que hacer para que ese sistema de
protección social, que ya era de todos porque estaba en nuestra
Constitución, que había crecido -y tenemos que rendirles a ustedes el
tributo por su responsabilidad en que se produjera en esos años-,
pudiera mantenerse en el futuro y no se nos viniera abajo como un
castillo de naipes al que le quitas la carta que hace de base de
todas las demás. Es por ello, señora López i Chamosa, que le reitero
que el Pacto de Toledo es de todos, de todos los grupos con
representación parlamentaria, de todos los agentes económicos
y sociales, de todos los españoles, sean o no pensionistas en este
momento. Es de todos, porque todos han participado, bien en su
origen, bien en su desarrollo o bien en su percepción, que son los
más importantes y son aquellos a los que nos dirigimos. Por eso lo
importante hoy no era hablar de pasado, no era volver a echarnos los
pensionistas a la cabeza, que debe ser una práctica que debe
desaparecer completamente de los usos políticos de este país; es el
momento de hablar de futuro, de hablar de los retos a los que nos
tenemos que enfrentar, de hablar de cómo resolvemos aquellas
situaciones que pueden generar intranquilidad en nuestros mayores de
hoy o en los pensionistas del mañana.
Quiero acabar con una última reflexión dirigida al señor Núñez. Ahora
ya le he entendido perfectamente, entiéndame usted a mí. Con la
Seguridad Social tenemos que saber hacia dónde vamos, pero también es
dinámica, tiene que estar mutándose constantemente, por eso nosotros,
el Pacto de Toledo, esta misma Comisión, nos dimos un plazo de cinco
años, porque seguramente nuestros trabajos de hoy van a tener que ser
revisados dentro del plazo que esta Comisión entienda que es el
razonable. Debemos saber hacia dónde vamos, avanzar con paso firme,
pero ser conscientes de que el camino puede tener en un momento
determinado curvas que ahora no vemos y que tendremos, sin duda, que
afrontar. Estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios con
representación en esta Comisión van a ser capaces, desde la
responsabilidad y el trabajo, de seguir andando un camino que hasta
ahora tan bien hemos recorrido.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.