Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 19, de 24/05/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2000 VII Legislatura Núm. 19
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DELEXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAYBECCARÍA
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 24 de mayo de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la
mesa y los portavoces de la Comisión en su reunión de 17 de mayo de
2000 . . . (Página 90)
Aprobación de la delegación a favor de la Mesa, a la que hace
referencia la resolución de la presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados. (Número de expediente 042/000002) . . .
(Página 90)
Comparecencia del señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua) para
informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su Departamento. A petición
propia. (Número de expediente 214/000010.) . . . (Página 90)
- Las lineas generales de la política de su Departamento. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/
000016.) . . . (Página 90)
- Los objetivos de su Departamento en la VII legislatura. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000036.) . .
. (Página 90)
- Las prioridades y políticas que piensan impulsa en relación con las
materias vinculadas a dicha Comisión durante la VII legislatura. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).
(Número de expediente 213/000044.) . . . (Página 90)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA
MESA Y LOS PORTAVOCES DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 17 DE MAYO DE
2000.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso con el orden del día que conocen SS.SS., que ha
sido aprobado por la Mesa y Portavoces en su reunión del día 17 de
mayo.
Les tengo que pedir, en primer lugar, la ratificación de la
celebración de la Comisión en la que estamos, acordada por la Mesa y
portavoces sin la delegación previa, que esperamos obtener a partir
del día de hoy. ¿Se puede aprobar esta ratificación por asentimiento?
(El señor López Aguilar pide la palabra.) ¿Sí, señor López Aguilar?
El señor LÓPEZ AGUILAR: El Grupo Socialista quiere dejar constancia
de que nuestra ratificación de esa delegación conforme al
Reglamento...
El señor PRESIDENTE: Perdón, estamos todavía en un punto anterior a
ese. Ahora mismo se trata de ratificar la celebración de esta
Comisión en la que estamos, convocada por la Mesa en la forma en que
se ha hecho. ¿Se puede entender que se ratifica la convocatoria?
(Pausa.) Queda ratificada.
APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN A FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA, DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al orden del día de la sesión. El primer
punto es la aprobación de la
delegación, a la que se refería S.S., a favor de la Mesa a la que
hace referencia la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983 en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados.
El acuerdo tipo de estas delegaciones, según me informa el letrado
asesor, dice lo siguiente: De conformidad con lo establecido en la
resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983,
se delegan en la Mesa de la Comisión las facultades a que se refiere
el artículo 44 del Reglamento del Congreso. Y el punto 2 dice lo
siguiente: El rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el
acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la
Comisión la decisión en caso contrario. ¿Se aprueba la delegación en
estos términos? (Pausa.) Queda aprobada.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (ACEBES PANIAGUA) PARA
INFORMAR SOBRE:
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000010.)
- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/
000016.)
- LOS OBJETIVOS DE SU DEPARTAMENTO EN LA VII LEGISLATURA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (NÚmero de expediente 213/000036.)
- LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN CON LAS
MATERIAS VINCULADAS A DICHA COMISIÓN DURANTE LA VII LEGISLATURA.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 213/000044.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, que es la
comparecencia del ministro de
Justicia para informar sobre las líneas generales del departamento.
Ha sido solicitada por el Gobierno y por los grupos parlamentarios
Socialista, de Izquierda Unida y Catalán de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.
Señorías, es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta
Comisión parlamentaria para informar de las políticas y actuaciones
que el Ministerio de Justicia desea impulsar en esta VII Legislatura.
La justicia es prioridad fundamental de la acción del Gobierno que
acaba de tomar posesión -así lo manifestó el presidente durante el
debate de investidura- y es parte esencial del compromiso político
con el que nos presentamos a las elecciones a los ciudadanos el
pasado día 12 de marzo, expresado en el programa electoral que
recibió la confianza mayoritaria de la sociedad española. El mismo
día de la toma de posesión de mi cargo solicité formalmente mi
comparecencia ante esta Comisión. Agradezco sinceramente la celeridad
y la prontitud con que la Mesa y los portavoces de la Comisión han
fijado el día de esta comparecencia. Vengo a exponer las líneas y
actuaciones del Ministerio de Justicia, pero también acudo a la
Cámara a escuchar sus puntos de vista, sus propuestas y sus
prioridades. Quiero hacer, señorías, del diálogo mi herramienta de
trabajo. Así lo he hecho siempre y en esta responsabilidad me
comprometo más que nunca. Estoy convencido de que sólo desde el
trabajo en común se pueden alcanzar los fines que nos proponemos para
esta legislatura.
Señorías, el objetivo fundamental del Gobierno va a consistir en
modernizar la justicia, en poner la justicia a la altura del proceso
de modernización que vive España. Son los propios ciudadanos quienes
reclaman una mejora sustancial y quienes confían en que es posible
impulsar reformas. Nuestra sociedad demanda un modelo de justicia
moderno, ágil y eficaz que responda a las necesidades de una sociedad
avanzada. La actuación del Ministerio de Justicia va a estar
orientada a alcanzar estos objetivos. Una justicia independiente,
enmarcada en el modelo constitucional e impartida por jueces que
actúen con profesionalidad y responsabilidad, una justicia rápida que
incorpore decididamente las nuevas tecnologías y se conciba de cara a
la sociedad de la información y una justicia eficaz en cuanto dé
soluciones a los conflictos de los ciudadanos y satisfacción a sus
pretensiones y demandas.
La modernización de la justicia que impulsamos va sin duda a suponer
una mejora sustancial del servicio público, pero el objetivo
fundamental debe ir dirigido a garantizar la salvaguarda de los
derechos y libertades de los ciudadanos. Es necesario que la
justicia, como valor en sí mismo, sea el referente de actuación y
que, en consecuencia, seamos capaces de reafirmar, en
todos los ámbitos de la sociedad, a la justicia como valor superior
de nuestro ordenamiento jurídico.
Señorías, este ambicioso objetivo, que sin duda compartimos, cuenta
con un instrumento que creo es generalmente aceptado. Se trata de lo
que ha venido en denominarse pacto de Estado por la justicia. Esta
fue la oferta a todos los grupos parlamentarios en el debate de
investidura. Poner en marcha el pacto de Estado es hoy precisamente
el principal objetivo de mi comparecencia esta mañana en la Cámara.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica para mejorar la
justicia a través del consenso. Una oportunidad que debemos
aprovechar. Vamos a acometer la modernización desde el convencimiento
de que es una labor a la que todos estamos llamados, a la que deben
contribuir todas las fuerzas parlamentarias y todos los protagonistas
que componen la justicia en España.
Es el momento de llegar entre todos a un acuerdo con el objetivo
último de que los ciudadanos sean los beneficiarios de algo que les
afecta muy singularmente y del que son sin duda sus máximos
acreedores. A tal fin, he promovido desde el primer día reuniones con
las instituciones, los profesionales, las corporaciones que
representan a la justicia. Me he entrevistado ya con representantes
de todas las asociaciones de jueces y magistrados, fiscales, con el
Consejo General del Poder Judicial y en los próximos días continuaré
la ronda de consultas con secretarios judiciales, con los colegios
profesionales que representan a abogados y procuradores así como a
notarios y registradores y, por supuesto, con los portavoces de todos
los grupos parlamentarios.
Esto no es sino el principio de una política de puertas abiertas que
debe permitirnos contar con una percepción real y general de los
problemas que afectan a la justicia en relación con el ciudadano y
buscar puntos de encuentro para diseñar una estrategia conjunta de
definición. Vamos a prestar la atención que merecen las propuestas
que desde distintos ámbitos se han elaborado. Me refiero, entre
otras, al Libro Blanco de la justicia del Consejo General del Poder
Judicial; al Libro Blanco del ministerio fiscal; a la proposición no
de ley sobre medidas para afrontar la reforma de la justicia,
aprobada la pasada legislatura, y a todos aquellos documentos
y trabajos que las distintas asociaciones profesionales me han hecho
llegar o están elaborando. Estudiaremos denominadores comunes en los
programas de todos los partidos políticos y, como es natural, de las
aportaciones de SS.SS.
Con el fin de asumir las responsabilidades desde el primer momento y
contar cuanto antes con un equipo que acometiera los objetivos
fijados, hemos agilizado al máximo las reformas de nuestro
departamento. Por ello, se han nombrado inmediatamente todos los
cargos directivos y se ha diseñado una nueva estructura básica del
Ministerio. Se ha elevado el rango jerárquico del director del
Servicio Jurídico del Estado con el propósito de fortalecer y hacer
visible su importante y cualificada
función para la defensa del Estado de derecho, tanto en el aspecto
consultivo como en el de control o tutela preventiva de que la
actuación de todos los órganos administrativos está sometida al
principio de legalidad. Y en el aspecto contencioso, con la defensa
del interés general. Con la creación de la Dirección de Política
Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, se ha perseguido,
de un lado, la mejora de la calidad normativa de nuestro ordenamiento
jurídico y la mejor articulación de un programa legislativo y, de
otro, el desarrollo de la cooperación jurídica internacional,
cuestiones a las que luego haré referencia con un mayor detenimiento.
Quiero en esta mi primera comparecencia ante los grupos
parlamentarios asumir la responsabilidad que me corresponde. En este
sentido, deseo plantear ante SS.SS. y a través de la Cámara a todos
los protagonistas del mundo jurídico, lo que considero podría ser un
primer diseño del método para iniciar el camino que juntos debemos
recorrer. Soy plenamente consciente de las dificultades que entraña
el diseño del pacto. Todos los protagonistas del mundo jurídico
tienen sus puntos de vista, en algunos casos no coincidentes, y
existen matices en cada una de las cuestiones, distintos enfoques de
la realidad judicial. A pesar de las dificultades, estoy convencido
de que es posible el acuerdo. Sé que entre todos, desde el diálogo,
podemos hacer aportaciones y renuncias que permitan que el pacto de
Estado culmine. Creo firmemente que el pacto de Estado es un objetivo
lo suficientemente ambicioso para que seamos conscientes de que
alcanzarlo es un éxito del conjunto de la sociedad española. Debemos
renunciar de antemano a capitalizar ningún protagonismo. Es necesario
que esta sea una reforma de todos como demanda nuestra sociedad.
Sugiero que para hacerlo posible lo hagamos desde dos ejes. Como
decía, primero, diálogo, con el fin de conocer y contar con todas las
propuestas y concretar las que más se adecuen al interés general,
pero, en segundo lugar, también decisión. Ha llegado el momento de la
decisión, que se conjugue ponderadamente con la necesaria reflexión
para acometer con eficacia y agilidad la puesta en marcha del pacto,
y todo ello desde el máximo rigor.
Si hay acuerdo sobre los objetivos, el instrumento y los ejes
metodológicos, creo que también podrían ser generalmente aceptados
los ámbitos de reflexión sobre los que se debe construir el pacto de
Estado. Entiendo que es común denominador de las distintas
reflexiones que durante estos años se han venido constituyendo, en
primer lugar, la reafirmación del modelo constitucional de justicia.
El pacto de Estado debe desarrollarse en el marco constitucional.
Señorías, es la única premisa que va a condicionar la actitud abierta
y flexible que protagonizará el talante de diálogo que ofrecemos, y
nos permitirá aprovechar esta ocasión histórica. Nuestra Carta Magna
es, además del punto de partida, la meta a la que debemos aspirar
para lograr una justicia que
garantice adecuadamente los derechos y libertades de los ciudadanos.
En segundo lugar, la globalidad y permanencia del pacto. El pacto de
Estado que venimos propugnando debe de tener un carácter global y una
vocación de estabilidad y permanencia. Debe hacerse desde el diseño
de un modelo que, permitiendo una visión de conjunto, de coherencia,
integre la totalidad de las reformas que habrán de acometerse. Este
modelo global, este diseño final, debe marcar las pautas y las
directrices que se adopten en todos los ámbitos. Y en tercer lugar,
la independencia judicial, la cooperación y coordinación
institucional y territorial. En el seno del juez dicho modelo, son
aspectos esenciales el carácter del juez profesional independiente
como piedra angular de la justicia y la colaboración entre la
Administración general del Estado, las comunidades autónomas y el
Consejo General del Poder Judicial para abordar estos objetivos de
interés general.
Partiendo de que los beneficiarios del pacto deben ser los ciudadanos
y siendo a ellos a quienes, sobre todo, debemos tener presentes al
arrancar con las medidas de reforma de nuestra justicia, quiero
proponer que el proceso de diálogo contemple tres etapas. Una
primera, de carácter inmediato y urgente, destinada a desbloquear en
lo posible el atasco y la demora en la resolución de los procesos
judiciales. Deseo su inmediata aprobación y entrada en vigor. Se
trataría de iniciar de inmediato un proceso de diálogo que nos lleve
a acordar lo que podríamos denominar un plan de choque para la
agilización de la Administración de justicia. Su objetivo, entre
otros, sería solucionar el grave problema de que hoy quinientos
juzgados en España no tengan un juez profesional con la serie de
dificultades que eso acarrea: retrasos, dilaciones, recursos e
incremento de costes. Tal objetivo se alcanzaría con las siguientes
medidas: elevando temporalmente la edad de jubilación de los
magistrados a 72 años; aumentando las posibilidades del desempeño de
la función jurisdiccional como suplentes a los magistrados de
carrera; unificando las fases de oposición en las carreras judicial y
fiscal, sin perjuicio de la dualidad de ambas; reduciendo
transitoriamente, en unos meses, la duración de la escuela judicial;
previendo la adscripción de los magistrados de las salas de lo Civil
y Penal de los tribunales superiores de Justicia, mientras tengan
menores cargas de trabajo, a otras salas de dicho tribunal; e
impulsando la aplicación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación a la justicia en los términos a los que luego me
referiré ampliamente.
Señorías, la situación actual de la plantilla de la carrera judicial
ofrece un dato preocupante: una de cada siete plazas de jueces y
magistrados está vacante; casi 500 de 3.917. Su causa deriva de
varias circunstancias, alguna de ellas positivas como el
significativo incremento de las plazas con las que se ha dotado a la
planta judicial durante la última legislatura; también de otras, como
la excesiva extensión en el tiempo de los procesos selectivos y las
vacantes vegetativas, como es
lógico. Las medidas que acabo de anunciar van dirigidas a remediar
esta situación.
La edad forzosa de jubilación, como todos ustedes conocen, está
establecida en los 70 años, por lo que una medida a adoptar con
carácter inminente y coyuntural hasta el 31 de diciembre de 2003,
fecha en que se prevé la cobertura de la planta judicial, será fijar
la edad de jubilación en los 72 años y, hasta el 31 de diciembre de
2004, en los 71, así como permitir el desempeño de la función
jurisdiccional como magistrado suplente hasta cumplir los 75 años.
Sólo estas dos medidas permitirán que alrededor de 200 jueces
experimentados, de carrera y profesionales resuelvan asuntos.
Los beneficios de la unificación de los procesos selectivos de la
carrera judicial y fiscal en su fase de oposición son patentes para
todos: unificación de criterios, unificación de programas y una
significativa reducción de tribunales -en la última oposición ha
habido 20 tribunales de oposición con una media de 10 miembros cada
uno-. Esto permitirá que estos jueces y fiscales se dediquen
exclusivamente a su función y optimizará el proceso selectivo porque
permitirá la cobertura del máximo de plazas con el personal mejor
cualificado y capacitado. La actual duplicidad de procesos y la
habitual participación y superación de un opositor a ambas
oposiciones vienen provocando que queden vacantes en todos ellos.
Por otra parte, como conocen bien SS.SS., la segunda fase del proceso
de selección consiste en la superación de un curso teórico práctico
que, en el caso de la carrera judicial, se desarrolla durante dos
años. Quiero llamar a una especial reflexión sobre el último año de
este período de formación y formular la siguiente pregunta ¿Cuál
sería la preferencia del justiciable: que conozca de su proceso un
juez sustituto no profesional o un juez de carrera, que ha acreditado
sus conocimientos jurídicos tras superar una dura oposición y ha
desarrollado durante año y medio un curso teórico-práctico de
aplicación del derecho al caso concreto? La respuesta no ofrece
dudas. La colaboración con el Consejo General del Poder Judicial nos
facilitará encontrar una medida que permita aprovechar en tiempo esos
recursos humanos. Esto supondría que este año adelantaríamos la
incorporación a la tarea jurisdiccional de 224 jueces que asisten
actualmente a la escuela y, más adelante, la de los 300 que están
finalizando ahora la fase de oposición.
Les he anunciado los medios que, junto a los que puedan proponer SS.
SS., podemos poner en marcha de manera inmediata en esta primera
fase, pero la complejidad y variedad de cuestiones que deben ser
objeto de diálogo en el pacto de Estado requerirán a su vez de
sucesivas etapas de acuerdo. En la medida en que sea posible
alcanzarlo y a tenor del ritmo con que se vayan despejando las
complicaciones técnicas, jurídicas y económicas que las reformas
conlleven, creo que podremos dividirlas en dos fases a medio y a
largo plazo.
No quiero dejar de apuntar algunas consideraciones sobre aspectos
concretos que considero deben ser objeto prioritario del mencionado
pacto. En primer lugar, habrá que abordar medidas que refuercen la
independencia y posición institucional del Poder Judicial. En cuanto
al sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, nuestro criterio es que sean los propios jueces y
magistrados quienes elijan a los 12 miembros de extracción judicial
mediante una fórmula proporcional que garantice la representación
plural. Dicho esto, ya en nuestro programa electoral manifestábamos,
y ahora reitero en esta Cámara, nuestra sincera disposición a
alcanzar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias sobre la base de
los principios enunciados en la sentencia del Tribunal
Constitucional, de 29 de julio de 1986, y de conformidad con el
espíritu constitucional para conseguir lo que en todo caso estoy
seguro compartimos, que no es otra cosa que conformar un Consejo
General del Poder Judicial con las mayores garantías de
independencia.
En segundo lugar, el modelo constitucional de justicia se basa en la
figura del juez profesional como elemento esencial. Nuestro esfuerzo
irá dedicado a su fortalecimiento, a obtener la máxima independencia
en su adscripción orgánica en el diario desarrollo de su función,
asegurando así el acierto de las decisiones que le competen en un
cuadro de estricta responsabilidad. Es un sentir general de los
últimos años que el principio constitucional de seguridad jurídica
debe ser especialmente fortalecido y en esta tarea la figura del juez
constituye la piedra angular. Tenemos que abordar otras cuestiones
como el acceso a la carrera, la carrera en la profesión, el tiempo
para el acceso a determinados cargos, incompatibilidades, formación y
especialización o el régimen disciplinario, pues el respeto a los
principios de independencia e imparcialidad del juez en el desempeño
de su potestad jurisdiccional no ha de suponer un límite a la
legítima exigencia de responsabilidades que puedan derivarse del
ejercicio de su función. La mejora de la justicia y la plena
integración de España en la Unión Europea hacen preciso avanzar en
aspectos de la Administración de justicia tales como su financiación,
plantillas de jueces, magistrados y fiscales, especialización de los
juzgados, un adecuado sistema retributivo en la justicia, ampliación
y mejora de edificios judiciales y dotarles de mayor funcionalidad,
así como revisar la planta y demarcación judicial para adaptarla a
las leyes procesales y a los cambios demográficos y socioeconómicos.
En tercer lugar, perseguimos un acuerdo básico para asegurar los
fines que el artículo 124 de la Constitución otorga al ministerio
fiscal, adecuando la normativa que lo regula. Es ésta una cuestión
importante y compleja y es preciso abordarla desde la reflexión
serena y el trabajo intenso que permitan contemplar sus aspectos
técnicos, jurídicos y económicos. Debemos abordar cuestiones como la
formación de los fiscales,
su especialización, su participación en la investigación criminal y
su régimen disciplinario, así como la regulación de determinados
cargos y responsabilidades. En cualquier caso, deberá adaptarse su
organización interna, aumentando sus recursos humanos y medios
materiales, a las nuevas funciones con que el ordenamiento jurídico
está acrecentando su misión.
En cuarto lugar, habrá de prestarse atención y esfuerzo a la
potenciación de la figura del secretario judicial en su doble
vertiente, como depositario de la fe pública judicial, aprovechando
su formación jurídica, y como responsable de la oficina judicial,
tarea a la que está especialmente llamado y para la que deberá estar
cada vez mejor capacitado, especialmente en informática jurídica,
nuevas tecnologías de la información, métodos de trabajo y sistemas
organizativos.
En quinto lugar, una justicia rápida y eficaz demanda especial
referencia a la gestión de la oficina judicial, sobre cuya reforma
hay sintomática unanimidad. En sus carencias actuales, hay mas causas
que la tópica escasez de personal. Estamos convencidos, señorías, de
que para su modernización habremos de acudir a criterios
organizativos que hay que incorporar sobre principios de eficacia y
eficiencia. En este sentido, tenemos que convertir en realidad la
implantación de nuevos sistemas organizativos y métodos de trabajo en
la oficina judicial, con un modelo común y homogéneo, y a la vez
flexible, que permita su adaptación a las características de cada
juzgado o tribunal, favoreciendo y desarrollando donde sea necesario
el establecimiento de servicios comunes que, con un mejor
aprovechamiento de los recursos, humanos y materiales, repercuta en
una ágil tramitación de los procesos; todo ello combinado con la
implantación y dotación de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación.
Considero de especial interés la iniciativa que estamos abordando con
el Consejo General del Poder Judicial para crear una oficina de
información, quejas y atención al ciudadano. En este sentido,
colaboraremos en la total implantación de este servicio en todos los
juzgados, tan útil al ciudadano en todo el ámbito nacional.
En sexto y último lugar, quiero mencionar la cooperación
institucional y territorial, así como la coordinación con todos los
responsables públicos. Impulsaremos decididamente, dentro del marco
constitucional, el traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a aquellas comunidades autónomas que aún no
tienen transferidas las competencias en materia de provisión de los
medios personales, materiales y económicos, necesarios para el
funcionamiento de la Administración de justicia. En este sentido,
entiendo que en esta legislatura debe quedar completado el traspaso
a todas aquellas comunidades que tengan voluntad de asumirlo. Con ello
pretendemos, en desarrollo de las previsiones legales y estatutarias,
acercar a los ciudadanos lo que el Tribunal Constitucional ha dado
en llamar la administración de la Administración de Justicia, sin
perjuicio de la cooperación y coordinación institucional y
territorial que diseña el marco constitucional, de tal modo que todos
los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que
residan, tengan perfectamente garantizada la igualdad de acceso a un
servicio público esencial como es la justicia. En el ámbito de esa
cooperación institucional y territorial y con el objetivo al que
acabo de referirme, impulsaremos el trabajo conjunto y la
colaboración entre comunidades autónomas, Consejo General del Poder
Judicial y Ministerio de Justicia, potenciando la labor de la
Conferencia sectorial de justicia, constituida en la pasada
legislatura y a la que me propongo convocar con carácter inmediato.
Dinamizaremos también las reuniones de la comisión mixta Ministerio
de Justicia- Consejo General del Poder Judicial, puesta en marcha
también en la anterior legislatura, y justo es reconocer el balance
positivo de su funcionamiento.
Hay otras cuestiones, señorías, que quiero tratar en capítulo aparte,
que hay que abordar con decisión y que me parece que están entre las
claves esenciales de la modernización de la justicia. Como ya he
adelantado, promoveremos la plena e integral implantación de la
nuevas tecnologías en el seno de Administración de justicia, y, por
extensión, en toda la comunidad jurídica, para su desenvolvimiento en
la denominada sociedad de la información. Nuestro compromiso es la
creación de un sistema de interconexión a través de Internet de todos
los operadores jurídicos: juzgados, tribunales, fiscalías, servicio
jurídico del Estado, abogados, procuradores, registros y notarías, de
suerte que la comunicación entre todos ellos pueda desarrollarse
a través de este sistema de forma rápida y segura. Lo que ahora tarda
meses podría hacerse en horas con la implantación de un sistema de
interconexión de los órganos jurisdiccionales entre sí y con los
profesionales del derecho. Los tribunales podrán por esta vía
dirigirse exhortos, notificar resoluciones a los procuradores,
recabar información necesaria para el proceso de los registros
públicos o recibir documentos electrónicos con eficacia procesal. Si
tenemos en cuenta, señorías, que en la actualidad las comunicaciones
suponen hasta el 30 por ciento de las dilaciones procesales, podemos
concluir que el nuevo sistema de comunicación agilizará
extraordinariamente el servicio público de la justicia.
Existen ya interesantes experiencias en este sentido, desarrolladas
por el Consejo General del Poder Judicial, por algunas comunidades
autónomas, así como proyectos para ciertos tribunales y determinados
colegios profesionales. Su aplicación es fragmentaria, limitada
lógicamente por razón de los colectivos de usuarios o por el
territorio, o restringida a determinados organismos, y tratándose en
muchos casos de sistemas incompatibles entre sí. La voluntad de este
Ministerio estará dirigida a impulsar un sistema único para todo el
territorio nacional y para toda la comunidad jurídica, con la
posibilidad abierta a la utilización por parte de los ciudadanos en
sus relaciones con la Administración de justicia, en sus relaciones
con los registros públicos dependientes de este departamento y con
los profesionales del derecho. Es indudable que es un proyecto en el
que hemos de participar todas las partes implicadas: Ministerio,
Consejo General del Poder Judicial, comunidades autónomas y colegios
profesionales, con las que habrá que alcanzar los acuerdos necesarios
para su implantación y correcto funcionamiento.
Somos muy conscientes de que la comunidad jurídica, por las
especiales características en las que desenvuelve su actividad, exige
para la implantación de este proyecto, y por tanto para su
aceptación, garantías plenas de autenticidad en las comunicaciones,
de control de acceso a las bases de datos, de confidencialidad y de
integridad de los documentos que se cursen por Internet. Sin embargo,
tenemos ya hoy a nuestra disposición la tecnología necesaria de
encriptación o cifrado que asegura la exigencia de la
confidencialidad. Disponemos también del desarrollo técnico y legal
de la firma electrónica avanzada, que permite garantizar la
autenticidad y la integridad de los documentos electrónicos que se
cursan utilizando Internet, así como el no repudio de emisión o
recepción. En definitiva, vamos a hacer una apuesta radical por la
modernización de la estructura legislativa y modos de trabajo a la
altura de las demandas de la sociedad española.
Señorías, la firme voluntad del Ministerio de acometer el objetivo de
modernización de la justicia hace también preciso continuar con el
ambicioso programa de reformas legislativas emprendido en la anterior
legislatura. No es cuestión de detallar a estas alturas de mi
intervención el listado de disposiciones que ello implica, pero sí
puede resultar de interés que me detenga en esta primera
comparecencia en las rúbricas más significativas.
Abordaremos la plena entrada en vigor, tanto en sus aspectos
materiales como de desarrollo legislativo, de la Ley de
Enjuiciamiento Civi y perseguimos completar esta reforma con una
nueva ley concursal que modernice la regulación de estos
procedimientos, con la ley de arbitraje, que ha de impulsar y
ensanchar el campo de aplicación de la solución extrajudicial de los
conflictos, por vías que eviten la prolongación innecesaria de los
litigios y con la ley de jurisdicción voluntaria.
En el ámbito penal, impulsaremos las normas derivadas de la reciente
Ley de responsabilidad del menor; emprenderemos la reforma del
sistema de penas del Código Penal, cuyo estudio iniciará de forma
inmediata una comisión técnica; acometeremos la reforma de la Ley
Orgánica del tribunal del jurado, reconduciéndolo a un sistema mixto
o escabinado en el que colaboren jueces profesionales y legos, más
acorde con nuestro entorno jurídico. Impulsaremos la reforma de la
Ley
de Vigilancia Penitenciaria con el propósito de incrementar el
control judicial en materia de permisos y progresión de grados,
retomando así otro proyecto caducado en la anterior legislatura que
al igual que el que venía a modificar el Código Penal, como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de
julio de 1999, que habrá de ocupar nuevamente la atención de esta
Cámara en la presente legislatura.
Potenciaremos también el establecimiento de instrumentos procesales
que aseguren una lucha eficaz contra la delincuencia internacional y
organizada y como iniciativa legislativa de la mayor importancia
acometeremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con
la cual va a resultar preciso reflexionar con gran rigor técnico
sobre numerosos aspectos, como el papel que ha de corresponder al
Tribunal Supremo a la hora de establecer una interpretación uniforme
del Código Penal para su aplicación por los restantes órganos
jurisdiccionales, la consideración de la justicia local en el ámbito
penal, la simplificación del procedimiento, la extensión del
principio de oralidad y la utilización de las nuevas tecnologías, así
como la revisión del procedimiento abreviado para que sin merma de
las garantías se progrese en la inmediatez, especialmente en lo que
se refiere a los delitos flagrantes, el papel que debe corresponder
al fiscal o el desarrollo en el orden penal del procedimiento
preferente y sumario previsto en el artículo 53.2 de la Constitución.
En esta VII Legislatura han de desarrollarse, en fin, reformas
legislativas que afecten a importantes derechos y libertades de
nuestros conciudadanos. Tal y como apuntó el presidente del Gobierno
en esta Cámara, van a ser objeto de reforma legislativa la Ley de
Asociaciones y la Ley de Fundaciones -contribuiremos a ello-, del
mismo modo que, como ya he tenido ocasión de manifestar en el Pleno
de esta Cámara, avanzaremos también desde la perspectiva legislativa
en el conjunto integral de medidas de todo orden que es preciso
articular para erradicar la violencia familiar, especialmente, sobre
mujeres y menores. No puedo dejar de mencionar la necesidad de
continuar en el establecimiento de límites jurídicos que permitan
garantizar el respeto a los derechos humanos en conflicto, en
relación con investigación biológica e ingeniería genética o con los
problemas derivados de los avances de la tecnología y de la ciencia.
Por otra parte, y refiriéndome muy brevemente a otras áreas del
departamento, el modelo español, que así ya se ha venido a denominar,
de legislación estatal sobre temas religiosos se ha convertido en un
punto de referencia para el desarrollo de proyectos normativos en el
campo de la libertad religiosa, por lo que en este ámbito
continuaremos intensificando nuestras relaciones en toda clase de
foros.
En lo que se refiere a la objeción de conciencia y dado que los
esfuerzos realizados desde el Gobierno han servido de puente en el
período transitorio hacia el
modelo de Fuerzas Armadas plenamente profesionales, permitiendo en la
medida de lo posible que este período estuviera libre de tensiones
innecesarias para hacer compatible la respuesta a la demanda de
amplios sectores juveniles con la eficacia de los ejércitos, en estos
momentos el departamento está realizando una valoración de todas las
actuaciones desarrolladas con el fin de sacar consecuencias que
permitan diseñar un planteamiento encaminado a optimizar el
patrimonio social de ese gran activo que es el voluntariado. Para
ello contamos con la colaboración, que además agradecemos, de todos
los estamentos implicados.
La justicia preventiva recibirá en la presente legislatura el impulso
de proyectos de importante calado social y económico. Está previsto
que en el mes de octubre se haga efectiva la integración de notarios
y corredores de comercio gestada por los propios colectivos y que
entrañará la modernización de nuestro sistema de seguridad
preventiva. Tanto la institución registral como el notariado
constituirán eficaces instrumentos para colaborar en la incorporación
de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de contratación y la
salvaguarda de los derechos de los consumidores, reduciendo a los
usuarios costes y tiempo.
Antes de concluir, quiero dedicar un especial apartado a algo que ya
es trascendental y lo va a ser más en el futuro, la cooperación
jurídica internacional y, concretamente, a la judicial, que
perseguimos ensanchar en todos los ámbitos y vertientes. Sus señorías
ya conocen que el Consejo de Ministros ha acordado la pasada semana
remitir a esta Cámara el proyecto de ley de ratificación del Tratado
de Roma de 1998, sobre constitución de un tribunal penal
internacional bajo el auspicio de Naciones Unidas, que enjuiciará
delitos de genocidio, crímenes de guerra o contra la humanidad y
agresiones.
Somos conscientes de que con ello no finaliza la tarea sino que antes
bien se abren nuevos y prometedores caminos por lo que haremos todos
los esfuerzos posibles para desarrollar las medidas necesarias para
dar aplicación a este Tratado tanto en lo sustantivo como en lo
procesal, y más en general para incrementar la cooperación
internacional para hacer frente a las violaciones de los derechos
humanos y del derecho humanitario.
En el ámbito estrictamente europeo es preciso continuar el buen
trabajo que se viene desarrollando en el seno de la Unión. Los
objetivos son bien conocidos: aproximar la legislación en todos los
ámbitos; propiciar la libertad de circulación de personas y el
disfrute efectivo de derechos; proporcionar una protección uniforme
de los derechos fundamentales, para lo que vamos a apoyar
decididamente la carta de los derechos fundamentales y avanzar en la
línea marcada por la cumbre de Tampere en el espacio de libertad,
seguridad y justicia, buscando un marco de justicia común.
Así, en el seno de la red judicial europea y de los numerosos grupos
y comités creados para estrechar la cooperación jurídica en materia
penal o civil, y por supuesto en el marco del tercer pilar,
trabajaremos prioritariamente para fortalecer la asistencia jurídica
y de ayuda judicial en materia penal; la lucha común contra el crimen
organizado, incluyendo vertientes tan novedosas como la lucha contra
la pornografía infantil en Internet o la criminalidad en el
ciberespacio; la simplificación de los procesos de extradición
basados, como en los convenios ya firmados y por inspiración
española, en la confianza y reconocimiento mutuos; la simplificación
y uniformización de los procedimientos civiles de pequeña cuantía; el
reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el ámbito civil,
la equiparación de mecanismos para el acceso a la justicia gratuita o
en el trazado de medidas cautelares o la articulación de sistemas
comunes de resolución extrajudicial de conflictos, especialmente
valiosos en el comercio on line que se está desarrollando tan
aceleradamente.
En este punto no quiero dejar de destacar por su particular
importancia nuestro apoyo decidido a cuantas medidas puedan resultar
de utilidad para generalizar la interiorización de la normativa
comunitaria en nuestra práctica jurídica, y más en concreto para que
el juez español opere en las mejores condiciones como juez natural de
derecho comunitario, tutelante de los derechos que el mismo otorga a
los ciudadanos, tanto más cuando estamos ya a escasas fechas de que
los pronunciamientos judiciales vayan a expresarse en euros. Se han
de acentuar para ello, en paralelo con los programas comunitarios,
programas específicos de formación y procedimientos fluidos de
relación directa y de intercambio entre los jueces de nuestros
países. Esta cooperación se extenderá igualmente a Iberoamérica en el
marco de los numerosos e importantes programas que tanto desde España
o Bruselas, como desde otras instancias internacionales, se están
poniendo en marcha en estos últimos años para el fortalecimiento del
Estado de derecho. La reforma de las instituciones y en particular de
todo el aparato del sector de justicia y el desarrollo de los
derechos y libertades es impensable sin un fortalecimiento paralelo
de las garantías que han de articularse para su protección.
Como pueden apreciar SS.SS., tenemos una amplia tarea a desarrollar,
tanto más cuanto los retos modernos imponen una tensión
transformadora permanente. Pero el punto de partida es
extraordinariamente sólido, el conjunto del aparato público de
nuestro Estado de derecho es cada día más eficaz y en esa dinámica
venimos avanzando desde hace ya más de dos décadas. Tenemos ya muchas
y muy buenas experiencias de modernización de las estructuras
públicas, el cuadro de derechos y libertades y las garantías y
controles que hoy existen en nuestro ordenamiento es ciertamente
impresionante, compartimos la conciencia común de que cuanto más se
desarrolla nuestra democracia más vale
para el disfrute de los derechos en el desarrollo de las garantías, y
hay conciencia y deseo común de que para conseguirlo es necesario
emprender acciones y reformas importantes, que ilusionen y prestigien
a los servidores públicos implicados y que satisfagan a los
beneficiarios de los derechos y a los usuarios de la justicia que son
los ciudadanos.
Señorías, este es el momento para ello. En este marco he expuesto
cuáles son nuestros objetivos y metas. Ahora es tarea de todos
trabajar con el firme propósito de incrementar la calidad de nuestra
justicia y con ella la de las garantías de los derechos y libertades
de todos los españoles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos
parlamentarios que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.)
De acuerdo con la ordenación normal de estos debates el orden de
intervención será, en primer lugar, el de los grupos que han
solicitado la comparecencia y dentro de ésos por orden de
presentación.
En primer lugar, el Grupo Socialista, a continuación será el Grupo
Federal de Izquierda Unida, y después el Grupo Catalán, según fue su
presentación.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Buenos días, señor ministro. En nombre del
Grupo Parlamentario Socialista quiero comenzar por agradecerle su
presencia en esta su primera comparecencia ante esta Comisión a lo
largo de esta VII Legislatura para exponer las líneas generales que
piensa llevar adelante su Ministerio.
Quiero darle cordialmente la bienvenida, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, a ese clima de diálogo que piensa inaugurar
en esta legislatura en el tratamiento de una cuestión tan importante
como es la que se refiere a la política en materia de justicia;
subrayo la palabra inaugurar porque escuchándole he tenido la
impresión en varias ocasiones de que el Partido Popular accedía al
Gobierno de la nación y a las responsabilidades de Gobierno en
materia de justicia por primera vez, cuando lo cierto es que esta es
la segunda legislatura consecutiva en la que el Partido Popular tiene
oportunidad de desplegar sus políticas en materia judicial. Es
evidente que el enfoque que ha imprimido el señor ministro a la
exposición de los objetivos para esta legislatura intenta desmarcarse
de forma muy notable de lo que hemos conocido anteriormente en el
discurso en materia de justicia y en materia de política judicial por
parte del Partido Popular.
En primer lugar, por tanto, celebraremos esa invitación al diálogo y
esas referencias a una serie de ideas, valores y objetivos
constitucionales con los que los socialistas no solamente nos
sentimos profundamente
identificados sino que creemos que podemos reclamar legítimamente
nuestra cota de paternidad en su puesta en circulación, es decir, en
su traída al debate público de un asunto tan importante. La idea de
pacto de Estado es efectivamente nuestra, surge por primera vez en el
curso de la IV Legislatura, estando todavía los socialistas en el
Gobierno, porque se llega a la constatación de que se ha cubierto un
ciclo extremadamente importante consistente en el primer
acometimiento legislativo de la enorme innovación conceptual y
estructural que al Poder Judicial imprime el Título VI de la
Constitución, esencialmente a través del desarrollo de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta. Es
el momento de acometer una segunda fase, una segunda dimensión de ese
desarrollo, de ese despliegue completo de las potencialidades que la
Constitución imprime a una reconcepción de la justicia y del Poder
Judicial, incorporando esa dimensión que usted ha subrayado en la
parte introductoria de su intervención, que es precisamente la de la
justicia como servicio público, servicio público que tiene como
destinatarios, no a los profesionales de la judicatura, no a los
profesionales de los distintos cuerpos al servicio de la
Administración de justicia, incluyendo, por tanto, también las
carreras judicial y fiscal, sino fundamentalmente a los ciudadanos,
que son los destinatarios de esa nueva concepción que la Constitución
imprime a la justicia, haciendo del Poder Judicial el garante de los
derechos y libertades del Título I. Además no es una justicia
cualquiera, sino que es una justicia que tiene que ser efectiva. La
efectividad de la justicia parece subrayada en la dimensión ganancial
del artículo 24, en relación con todos los demás derechos y
libertades. La tutela judicial tiene que ser efectiva, y eso se
traslada también a esa dimensión servicial y prestacional de la
Administración de justicia, que es administración también y que, por
tanto, debe recibir igualmente una correcta traducción normativa y
ejecutiva de todos los mandatos que en relación con la eficiencia, la
vigilancia sobre los costes, la economía del servicio, la
efectividad, en definitiva, de la prestación del servicio, se
refieren a todas las administraciones públicas, porque también hay
una Administración pública que sirve a la justicia. De manera que
celebraremos para comenzar esa invitación al diálogo y ese estilo de
que ha hecho gala el ministro, que nada tiene que ver con el discurso
que conocimos en el pasado del Partido Popular, que ya cuenta con
cuatro años en el Gobierno pero que contó con un discurso muy
nutrido, con muchas confrontaciones y que fue un capítulo esencial
del desarrollo del Título VI de la Constitución en materia de
política judicial.
Podemos recordar el discurso con el que el Partido Popular galopó en
su carrera hacia el Gobierno, hacia la Moncloa, cuando propugnaba la
derogación inmediata del Código Penal en cuanto llegara al poder;
cuando propugnaba la derogación inmediata de la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado; cuando propugnaba la inmediata
modificación Consejo General del Poder Judicial, incluso la
desaparición del Ministerio de Justicia, que fue un elemento
fundamental del discurso político del Partido Popular durante años
muy importantes en los que el Partido Socialista en el Gobierno se
preocupó por desarrollar ese Título VI de la Constitución que ahora
ha recubierto con sus valores y con sus objetivos la presente
intervención del ministro.
Antes de entrar en consideraciones sobre los objetivos que ha
expuesto, nos parece que es seguramente un mal comienzo para la
inauguración de ese clima de diálogo que la primera señal reconocible
de vida que haya dado el Gobierno en materia de política judicial
haya sido precisamente la de la confirmación en su puesto del fiscal
general del Estado, el señor Jesús Cardenal. Con todos los respetos
que nos merezca la persona de Jesús Cardenal, efectivamente
profesional de la Fiscalía (un requisito que efectivamente cumple),
no cabe la menor duda de que él se ha distinguido en la pasada
legislatura por protagonizar episodios extremadamente controvertidos
cuya única señal común reconocible sea el servicio incondicional a
los intereses políticamente relevantes del Gobierno en procesos
penales, que ha provocado una crítica que trasciende con mucho la
posición del Partido Socialista; una crítica que puede llamar la
atención y despertar la preocupación de los ciudadanos demócratas de
este país ante su propia hoja de servicios, con sus manifestaciones
anteriores al acceso a la Fiscalía General del Estado, pero que vino
confirmada en procesos extremadamente importantes y relevantes para
la opinión pública, entre los que destaca, por señalar sólo algunos,
el caso Pinochet y mucho más recientemente la destitución del fiscal
Vargas, competente para entender del caso Ercros de la imputación de
responsabilidades penales en las que está involucrado, en esa
dilucidación previa, un miembro del actual Gobierno. Y ése no nos
parece que pueda ser un buen comienzo y no lo es tampoco para usted,
que se va a ver obligado a comparecer en esta Comisión para dar
cuenta, porque hay solicitudes de comparecencia que tienen ese
objeto, precisamente para dar cuenta de las actuaciones del fiscal
general del Estado en un punto tan delicado. Pensamos que era una
oportunidad de oro para manifestar esa voluntad de concordia y de
reencuentro con el diálogo con las fuerzas de oposición, ustedes
disfrutan de mayoría absoluta en esta Cámara, pero sería una
oportunidad de oro para, en el ejercicio de esa potestad que la
Constitución confiere al Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial, que nombrasen a un fiscal general del Estado que, incluso
concordando con su propio programa perteneciente a la carrera fiscal,
obedeciese a unas señas menos inequívocamente ultra conservadoras,
políticamente menos controvertidas y, por tanto, menos expuestas a un
primer flanco de crítica en el que resultará muy difícil establecer
entendimientos en el futuro.
Dicho esto, procede, sin duda, comentar los objetivos de actuación
que usted ha ido desgranando para la legislatura desde la cobertura
que le ofrece precisamente ese enfoque de voluntad de diálogo y de
persecución de las posibilidades de un pacto de Estado. Nosotros
compartimos efectivamente el enfoque, no puede ser de otra manera.
Usted ha dicho que su modelo de justicia tiene que partir de una
premisa que es el modelo de justicia constitucional. Nosotros
concordamos con eso absolutamente; un modelo de justicia
constitucional y un sentido de una oportunidad histórica, una
oportunidad histórica que viene, en el caso del Gobierno del Partido
Popular, con cuatro años de retraso, porque la única alusión, como he
dicho, que ha hecho al balance de realizaciones de la legislatura
anterior, que ha calificado como muy notable en producción
legislativa, nos parece merecedora de un balance no ya mucho más
matizado, sino eminentemente crítico. El balance de gestión, el
balance legislativo se sustancia esencialmente en una ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, que estuvo precedida por
trabajos prelegislativos, prácticamente culminados en la legislatura
anterior a aquella en la que el Partido Popular llegó al poder, al
Gobierno y, por tanto, pudo recibir un amplio consenso parlamentario.
Y las otras dos realizaciones de la legislatura no han entrado en
vigor; la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Responsabilidad
Penal Juvenil -que deben entrar en vigor en enero del año 2001- están
afectadas de problemas importantes que tienen mucho que ver con la
imprevisión del Gobierno popular, con la falta de diligencia en la
adopción de las medidas necesarias para adecuar la actual situación
de la organización jurisdiccional -la dotación de planta, medios
personales y materiales, incluso transferencias a las comunidades
autónomas en el caso de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil- y
que puedan entrar en vigor adecuadamente, sin que se produzcan
enormes disrupciones, como ha sido anunciado no ya por la doctrina o
los especialistas en la materia, sino por todos los observadores del
mundo judicial de forma prácticamente unánime. De manera que, de cara
a prevenir eso que seguramente será una disrupción, una nueva fuente
de catástrofes en el mundo judicial, bueno será aplicar un poco de
diligencia en el aprovechamiento de las posibilidades que todavía
quedan, entre las que está, por supuesto, la invitación a prorrogar
la vacatio legis prevista inicialmente, para que, como digo, puedan
entrar en vigor de una forma menos disruptiva las previsiones sobre
leyes aprobadas en el curso de la anterior legislatura.
Hemos hablado de un pacto de Estado en relación con una oportunidad
histórica, que, como digo, nosotros compartimos plenamente desde la
apreciación de que la justicia atraviesa un momento crítico. La
justicia recibió un tratamiento de choque durante los años ochenta en
materia de desarrollo constitucional y, precisamente como
consecuencia de eso, como consecuencia
de la articulación legislativa de todos los derechos fundamentales
que realmente preocupan a los ciudadanos, como consecuencia de la
edificación de una nueva planta, de un nuevo edificio judicial, de
una nueva organización judicial inspirada en los valores y principios
constitucionales y como consecuencia también del crecimiento
económico y del desarrollo espectacular que la sociedad española ha
vivido en los últimos años -en los últimos 20 años, no en los últimos
cuatro- de manera continuada, muy acentuado en la segunda mitad de la
década de los ochenta, como consecuencia de todo eso se ha producido
una explosión de litigiosidad y de actividad jurisdiccional que ha
saturado las posibilidades de nuestro actual aparato judicial, de
nuestro edificio jurisdiccional, de nuestra administración judicial
de satisfacer correctamente esa demanda de tutela judicial efectiva.
Ésa es una realidad absolutamente incontrovertible. En estos momentos
los juzgados y tribunales registran una entrada de aproximadamente
seis millones de casos anuales, seis millones de demandas, de
escritos de naturaleza jurisdiccional impetrando acciones
jurisdiccionales, y nuestros juzgados y tribunales, trabajando en los
límites de su actual configuración, rinden aproximadamente un millón
y medio de resoluciones judiciales al año, lo cual es un indicio
espectacular del desarrollo de la litigiosidad y, por tanto, de la
necesidad de reenfocar la materia y no de forma fragmentaria, no de
forma parcelaria, sino de forma global, convenida y sostenida; ésos
serían todos los mimbres necesarios para trenzar un pacto de Estado,
es decir, llegar a un enfoque político de amplio consenso, de amplia
participación de fuerzas políticas y no solamente de fuerzas
políticas, sino que también participen los actores sociales, los
profesionales, que estarían involucrados en su desenvolvimiento. Esta
fórmula ya ha sido aplicada con éxito en los últimos años de la
historia de España para la resolución de circunstancias críticas,
empezando por los pactos de La Moncloa para llegar a los denominados
pactos de Toledo, en relación con la seguridad colectiva, con la
viabilidad y sostenibilidad del sistema de pensiones. Por tanto, la
técnica, la política del pacto de Estado es trasplantable al ámbito
de la justicia, ahora como nunca.
Pero eso significa varias cosas. Desde luego, no puede significar un
trágala, lo hemos sostenido desde el principio, desde el momento en
que pusimos la idea en circulación, ni puede significar una
convocatoria de adhesión, sino que tiene que significar una
invitación a la participación no ya en la ejecución, no ya en la
tramitación parlamentaria, no ya en la aprobación, sino en el diseño
de su plasmación política, de cuál vaya a ser su articulación
política; es decir, que esto debe ser convenido de principio a fin y,
además, comprender un programa de actuaciones que trascienda el
margen de actuación de una legislatura. Eso sería lo que garantizaría
la participación de actores múltiples y que los beneficiarios no
vayan a ser los actores políticos que
estén colocados en el Gobierno en esta legislatura, sino la sociedad
española en su conjunto. Eso es lo que garantiza el compromiso de las
fuerzas que en estos momentos estamos en la oposición y tenemos la
obligación y el deber de diseñar y de llevar adelante una política de
oposición alternativa a la del Gobierno. Por tanto, es imprescindible
que exista un consenso previo en el diseño de esas políticas y en su
configuración, que no que se traigan aquí platos precocinados que
vayan a ser sometidos a su discusión parlamentaria con posterioridad,
sino que existan conversaciones previas a la adopción de las grandes
decisiones que usted deberá traducir en su mandato como ministro de
Justicia en el curso de esta legislatura. Y que eso se haga, como
digo, con una perspectiva de largo plazo, de largo alcance, no de
cuatro años, porque es necesario que se produzca la alternancia en el
Gobierno y que esos grandes compromisos contraídos por todos los
actores del sistema puedan ser llevados adelante y ejecutados con un
criterio esencialmente conformado en sus líneas básicas desde el
principio, independientemente de cuál sea la mayoría parlamentaria
que apoye al Gobierno en esta legislatura y en la siguiente; por
tanto, que resulte suscribible en sus grandes líneas, incluso si se
produce la alternancia en el Gobierno, que eso produce seguridad ante
la opinión pública.
Para eso hace falta definir muy bien los denominadores comunes, y es
ahí donde seguramente empezaremos a discrepar, porque yo he escuchado
un programa de actuaciones muy inspirado por los valores y principios
constitucionales, pero que luego, en su despliegue resulta -y no nos
sorprende- mucho más influido por los planteamientos tradicionales de
la derecha judicial, del pensamiento jurídico conservador y de una
visión conservadora del desarrollo del título VI de la Constitución
que por aquellos planteamientos que nosotros estimamos que deben
inspirar las circunstancias presentes, que son planteamientos de
cambio, de innovación, planteamientos esencialmente progresistas. Y
ello en todos los aspectos en los que debe vertebrarse un pacto de
Estado en materia judicial, que, desde nuestro punto de vista, tiene
que comprender, como mínimo, en primer lugar, el acceso a la
justicia, los procedimientos, en segundo lugar, la estructura de la
organización jurisdiccional y, en tercer lugar, la estructura de la
justicia, comprendiendo los medios personales y materiales, tratando
conjuntamente, por tanto, la situación de las distintas carreras o
cuerpos que sirven a la justicia, jueces y fiscales incluidos,
secretarios judiciales, pero también todos los cuerpos al servicio de
la Administración de justicia, que son los actuales cuerpos de
oficiales, agentes y auxiliares, y naturalmente su repercusión sobre
la organización del modelo de la oficina judicial. Todos esos temas
requieren un tratamiento más comprometido que el que el señor
ministro ha expuesto y, desde luego, inspirados por un enfoque
progresista y
no por un enfoque eminentemente conservador. Y paso a explicarme
sobre esta materia.
En primer lugar nos encontramos con que, efectivamente, en la
percepción ciudadana el funcionamiento de la Administración de
justicia ha empeorado de forma muy espectacular en los últimos años.
De hecho, en los últimos cuatro años todos los sondeos de opinión
señalan claramente una degradación de la percepción ciudadana del
rendimiento de la justicia. La justicia empeora relativamente y ha
empeorado de forma notable en los últimos cuatro años. Las críticas
más constantes son las que se refieren a las dilaciones, en primer
lugar, es decir, al insoportable tempo de las actuaciones judiciales,
y, en segundo lugar, a su coste y, por tanto, a la escasa confianza
que inspira el acudir a la Administración de justicia. Por tanto, el
plan de choque tiene que comprender una serie de actuaciones que no
he escuchado en la intervención del ministro: por supuesto, la
exploración de todas las técnicas de evitación del proceso, todas las
técnicas de conciliación, mediación, arbitraje, potenciación, no
solamente la referencia programática, que sabemos que está en el
programa del Partido Popular y que ha sido señalada en el último
punto, sino también su incorporación a todos los órdenes de la
jurisdicción como fase previa y, por tanto, su plasmación también
sobre el modelo del juez, que no actúe -lo criticamos cuando se
tramitó en esta Cámara la Ley de Enjuiciamiento Civil- como una
estatua, como un receptor pasivo de demandas jurisdiccionales de
resolución de problemas ya formalizados, sino que actúe también
eficazmente en la fase previa, intentando agotar todas las
posibilidades de la evitación de la formalización del proceso. Ese
tiene que ser, por tanto, uno de los elementos en consideración para
conseguir el pacto por la justicia.
En segundo lugar, el capítulo procedimental ha recibido un nivel de
concreción menos que mínimo en su intervención. La Ley de
Enjuiciamiento Civil ha sido aprobada y ya hemos señalado la
preocupación que nos produce el hecho de que vaya a entrar en vigor
el 1 de enero del año 2001 sin que se hayan adoptado todas las
medidas de planta, todas las medidas de medios personales
y materiales, y sobre todo de medios tecnológicos, de medios
informáticos necesarios para la plena efectividad de las nuevas
técnicas de comunicación de resoluciones judiciales y para la
garantía de la inmediación en el procedimiento civil. Pero es una ley
ya aprobada, como sin duda lo es también la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de la anterior legislatura, y recientes
son también las modificaciones en el procedimiento laboral. Sin
embargo, queda la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre lo que hemos
escuchado simplemente una incorporación al programa de actuaciones de
la legislatura pero no la definición de un modelo por el que es
necesario apostar. Nos gustaría, por supuesto, escuchar cuál es su
modelo, el nuevo diseño de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que,
desde nuestro punto de vista, requiere una sacudida muy importante
para su adecuación a los principios constitucionales, sobre todo tal
y como se han ido desgranando en los últimos años.
Hay un importante consenso doctrinal en estos momentos en lo que se
refiere a la necesidad, por un lado, de potenciar la figura del
ministerio fiscal, que es la posición que ha venido sosteniendo el
Partido Socialista, como conductor de la investigación criminal,
conductor, por tanto, de la investigación conducente a la
determinación de los presupuestos para el ejercicio de la acción
penal. No hemos escuchado ninguna alusión a este protagonismo que
viene siendo demandado por todos los actores relevantes del
procedimiento criminal en el momento actual, que resulta muy
importante para la agilización de la justicia criminal y para que
pueda redundar igualmente en una satisfacción de esa demanda de
celeridad y de inmediación, por supuesto residenciando en el juez, en
una figura de jurisdicción penal que se ha venido denominando juez de
garantías. Resulta muy importante residenciar en el juez de garantías
la vigilancia de la observancia de los derechos fundamentales en esa
investigación criminal.
Usted ha hecho mención al ministerio fiscal, a la posición del poder
judicial de los titulares de la jurisdicción, desde un punto de vista
que expresa muy bien las demandas corporativas, las demandas
provenientes de la propia carrera de jueces y fiscales, como la
unificación de oposiciones, con lo cual se facilitaría la elección
del acceso posterior a una carrera u otra, redundando -lo ha vestido
de esa manera- en la mejora de la organización de la justicia en la
medida en que se puede solventar el problema de que unos u otros,
habiendo aprobado la misma oposición, puedan dejar vacantes puestos
que hayan sido ganados en esa correspondiente oposición. Ha
mencionado también abundantemente la dimensión profesional del juez y
el refuerzo de su independencia, pero, como digo, desde una
perspectiva eminentemente corporativa y poco sensible a lo que son
las repercusiones de esas innovaciones legislativas sobre el
funcionamiento global de la Administración de justicia. Y ha
mencionado una serie de cuestiones en las que va a ser muy difícil
articular un consenso parlamentario, si no imposible, porque sabe
perfectamente el señor ministro cuál es la posición del Partido
Socialista, una posición políticamente inequívoca en términos de
diseño y desarrollo legislativo de órganos constitucionalmente
relevantes en los que la oposición no puede encontrarse con lo
expuesto por el señor ministro en su comparecencia, empezando por lo
que se refiere a la composición del Consejo General del Poder
Judicial.
Desde nuestro punto de vista, el enfoque por el cual se ha intentado
vincular la composición del Consejo General del Poder Judicial con la
independencia de los jueces es un enfoque absolutamente erróneo, es
un enfoque equívoco, es un enfoque perverso. La independencia
judicial en España está bien construida, como en cualquier democracia
desarrollada, y los jueces disfrutan de garantías, obedientes a la
configuración legal de su estatuto profesional como jueces y
magistrados absolutamente suficientes para blindarles frente a
cualquier injerencia, frente a cualquier presión externa proveniente
no ya del circuito de la política sino incluso desde dentro de la
propia organización de la jurisdicción. Es decir, la independencia
está suficientemente blindada contra los órganos superiores de la
jurisdicción, e incluso contra el Consejo General del Poder Judicial.
La independencia no tiene nada que ver con la composición del Consejo
General del Poder Judicial porque la elección parlamentaria del
Consejo General del Poder Judicial no se justifica solamente con la
argumentación de que eso refuerza más la independencia de la justicia
en detrimento de la opción eminentemente corporativa que fue la
primera traducción normativa ya ensayada de 1980/1985, que permite la
elección corporativa por los propios profesionales de la judicatura
de la mayoría del Consejo, de los 12 miembros de extracción judicial.
La justificación va mucho más allá, tiene que ver con las funciones
que tiene atribuidas constitucional y legalmente el Consejo de
nombramiento, de selección, de formación continuada y permanente y,
en definitiva, de calidad de la justicia que prestan los juzgados
y tribunales. Y en nombramiento, en selección y en formación es
extremadamente importante que el órgano competente para desempeñar
esas funciones no sea un órgano blindado sobre sí mismo, no sea un
órgano permeado esencialmente por criterios provenientes de la propia
corporación judicial, no sea un órgano que responda a los criterios,
a los latiguillos, a los tics y a las servidumbres de la propia
carrera o de la propia corporación judicial, sino que sea un órgano
que esté conectado con las grandes corrientes de opinión, que esté
conectado con la sensibilidad social, que esté conectado, en
definitiva, con los enfoques que prueban ser representativos de una
sociedad pluralista y democrática. Y el órgano que está en
disposición de asegurar esa conexión -no se me ocurre ningún otro- es
sin duda alguna el Parlamento de la nación, el Parlamento
democrático, que es el órgano en el que se residencia la
representación de la soberanía popular.
Por tanto, no es solamente una razón de protección de la
independencia judicial, ese es un discurso absolutamente falso con el
que nosotros nunca hemos comulgado y tampoco volveremos a comulgar en
esta legislatura. No podrá, en consecuencia, abrirse nada que tenga
que ver con un pacto en esta materia si ese es el presupuesto de
partida. No está conectado con la independencia judicial,
fundamentalmente porque, como digo, viene subrayada por un estatuto
del juez, que tiene garantías más que suficientes, sino
fundamentalmente con las garantías de selección y formación, la
política que se desarrolla en la configuración del programa de
oposiciones para el acceso a la carrera judicial, la política
que se desarrolla en la configuración de la preparación
posterior a la oposición en la propia escuela judicial y la formación
continuada y permanente, todas ellas competencias del Consejo, que
extrañadas de una representación de la soberanía popular quedan
igualmente extrañadas de la sensibilidad social y redundan en una
justicia cada vez más incomprensible y, por tanto, incomprendida e
inadmitida por la sociedad, y lógicamente productora de episodios que
serán cada vez más frecuentes de perplejidad, de rechazo y de
distanciamiento. Todo lo contrario de los objetivos que el señor
ministro ha querido anteponer y que deben ilustrar la consecución de
ese pacto de Estado en materia de Justicia.
También refleja esa visión corporativa la anunciada reforma de la Ley
del jurado. Efectivamente, coincide con las demandas provenientes de
la propia carrera judicial, no de la sociedad. No hay en la sociedad
un verdadero debate en relación con la composición del Consejo
General del Poder Judicial ni en conexión con la Ley del jurado. No
hay en la sociedad un verdadero debate en relación con esa
equiparación de la justicia profesional con el tercer y cuarto turno.
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo,
por favor.
El señor LÓPEZ AGUILAR: En lo que sí coincidimos sin duda alguna es
en la necesidad de incrementar la plantilla judicial incorporando el
elemento personal a una política judicial que se sostenga a lo largo
de toda la legislatura, incrementar la dimensión personal en todos
los efectivos. Ahí hay que explorar todas las vías y estaremos
dispuestos a dialogar sobre ello. La prolongación de la edad de
jubilación es una solución que se ha barajado a menudo, pero desde
luego no es la única ni la más recomendable. La fundamental es
diseñar una política de incremento de la plantilla judicial, en la
que, por cierto, no se ha producido ningún despegue en la legislatura
anterior, se produjo durante las legislaturas anteriores. En el
momento en el que el Partido Socialista accede al Gobierno de la
nación hay menos de 2.000 integrantes de la carrera judicial, menos
de 1.000 integrantes del ministerio fiscal; se doblan en su plantilla
al final de ese balance, mientras que en estos momentos la plantilla
judicial se eleva a 3.900, lo que significa un incremento porcentual
muy poco significativo. Para eso hace falta una política sostenida de
incremento de dotaciones judiciales.
En materia de procedimientos necesitamos algunas especificaciones en
lo que se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el
procedimiento que más nos preocupa. En organización de la
jurisdicción, sin duda alguna también puede contribuir al desatasco
judicial y a la aceleración de la justicia la potenciación de la
función que desempeñan los tribunales superioresde Justicia de las
comunidades autónomas. Pero eso
también requiere una visión, un diseño global y un diálogo compartido
y fructífero en materia de reorganización de la jurisdicción. Y
también, por supuesto, en la reorganización de la oficina judicial y
de esa dimensión que combina elementos personales y elementos
materiales.
La mayor parte de las reformas que requiere la Administración de
justicia en el momento presente no tienen tanto que ver en ese plano
con grandes innovaciones legislativas cuanto con una acentuación
marcadísima de esa dimensión servicial y con que toda la
Administración de justicia esté permeada del mismo espíritu de
servicio en su relación con el ciudadano, que les es exigible a las
demás administraciones públicas. Por tanto, ahí hace falta un plan de
choque, y nos gustaría escuchar la opinión del ministro sobre esa
materia. Un plan de choque en materia de atención al ciudadano, en
materia de relación de los funcionarios de la Administración de
justicia con el ciudadano, en materia de responsabilidad por
dilaciones, funcionamiento anormal de la Administración de justicia,
que trasciendan el error judicial, es decir, el error imputable al
titular del órgano jurisdiccional de reparto de papeles. Y por
supuesto, un aspecto en el que el señor ministro ha sido enormemente
parco, apenas lo ha rozado, que consiste en una mejor delimitación de
las competencias de las distintas administraciones involucradas en el
debate sobre lo judicial que, como sabe perfectamente el señor
ministro, produce en estos momentos una enorme insatisfacción incluso
a los propios actores políticos del sistema. Es decir, no se sabe
quién es competente de qué, lo que redunda en un enorme desbarajuste,
en una sensación de insatisfacción, de desconcierto y, en definitiva,
en una irresponsabilidad.
Sobre responsabilidad judicial no le he oído decir absolutamente nada
al señor ministro. Es un tema importante que nosotros no podemos
pasar por alto. Esto debe trascender, como digo, también a esa
dimensión servicial que se refiere a la organización de la
Administración al servicio de la administración de justicia, no
solamente con dotaciones informáticas o con innovaciones
tecnológicas, sino con un mejor reparto de papeles desde el punto de
vista de las competencias de cada uno de los cuerpos que actúan en la
administración de justicia.
No puedo terminar -de manera que ruego de la benevolencia de la
Presidencia que me conceda unos últimos minutos para tocar los demás
aspectos que han sido relacionados por el ministro en su
comparecencia- sin aludir brevemente a las demás competencias que
tiene encomendadas el Ministerio de Justicia. En primer lugar,
iniciativa legislativa en materia de derechos y libertades. Es cierto
que hay algunos derechos y libertades que continúan exhibiendo una
legislación preconstitucional, pero también es cierto que eso no ha
provocado una gran inseguridad ni una gran insatisfacción en el
sistema, en el ordenamiento jurídico.
Propone desarrollar postconstitucionalmente el derecho fundamental de
asociación y el derecho de fundación. La legislación actual es
efectivamente preconstitucional, como lo es en materia de petición y,
sin embargo, su incidencia en el funcionamiento del derecho
fundamental de referencia es muchísimo menor que otros derechos
fundamentales que, habiendo recibido tratamiento postconstitucional,
sin embargo requieren reformas muy serias. Por ejemplo, la protección
de la intimidad frente a la informática, el aseguramiento de que el
consentimiento para el tratamiento informático de los datos
afectantes a la intimidad personal deba ser expreso y no tengamos que
asistir a episodios como los que van a ser debatidos en la Cámara...
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, vaya concluyendo, por
favor.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Estoy concluyendo.
Van a ser debatidos en la Cámara próximamente en relación con las
prácticas de Telefónica de sometimiento a tratamiento automatizado
presumiendo el consentimiento que no se deniega expresamente.
En materia de reorganización administrativa he escuchado la elevación
de rango del servicio jurídico del Estado, y desde nuestro punto de
vista eso se traduce pura y exclusivamente en una elevación de rango
más, contradictoria con los principios de saneamiento administrativo,
de contención del crecimiento administrativo, de ahorro
administrativo y de ahorro en materia de figuras de altos cargos que
han caracterizado el discurso del Partido Popular mientras estuvo en
la oposición y que, sin embargo, no redundan en lo fundamental, que
es que el servicio jurídico del Estado pueda tener mayores márgenes
de maniobra para que sus reducidos efectivos puedan repercutir en los
procedimientos contencioso-administrativos en eficacia, en celeridad
y, en definitiva, en el acometimiento de las funciones que tienen
encomendadas -este es el verdadero problema-, potenciando, por
ejemplo, las posibilidades de transacción de la Administración
pública bajo responsabilidad política del titular del órgano de que
se trate, el ministro de referencia. Esos son los problemas que
afectan al servicio jurídico del Estado, no la elevación de su rango,
desde luego.
En materia de vigilancia penitenciaria le escuchamos una alusión que
está conectada con la propuesta que ha hecho de reforma del sistema
penológico del Código Penal. Nuestro punto de vista es que el sistema
penológico del Código Penal debe ser agotado en sus posibilidades con
todas las dotaciones que resulten necesarias, y por supuesto
potenciando también las posibilidades de la jurisdicción de
vigilancia penitenciaria, para permitir que todas las penas
alternativas a la privación de libertad tengan su oportunidad, antes
que entrar a saco, como seguramente se propone en el
curso de la legislatura, en la revisión del sistema penológico del
Código Penal.
Celebramos la acentuación de la dimensión internacional y del
carácter europeo, es decir, la potenciación de los instrumentos de
cooperación jurídica internacional. Hace falta -en eso convenimos- un
refuerzo de ese tercer pilar de cooperación judicial, y nos gustaría
una aclaración al respecto en relación con una información de la que
hemos tenido noticia recientemente, que es la decisión gubernamental
de designar a un magistrado en ejercicio, en realidad juez de
instrucción de la Audiencia Nacional, como magistrado de enlace a
través de un esquema de cooperación bilateral en la lucha contra el
terrorismo con Francia. Presumimos que las funciones que tiene
encomendadas son funciones estrictamente administrativas, como las
correspondientes a un agregado de embajada, pero que no tienen, como
ha trascendido en prensa, y esa información tenemos que señalarla...
El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Termino, señor presidente.
No tienen de ninguna manera traducción de carácter jurisdiccional,
porque, de lo contrario, nos encontraríamos con un problema muy serio
que tiene que ver con la violación del esquema competencial en
términos de nombramiento de jueces y magistrados, constitucionalmente
diseñado y desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No puedo terminar sin señalarle dos ausencias que nos han llamado
mucho la atención en su intervención, una de las cuales se refiere a
un problema gravísimo que está recibiendo una atención creciente y
muy justificada por parte de la opinión pública española y sobre la
que ya tuvimos oportunidad de efectuar un intercambio en la última
sesión de control parlamentario, y es la que se refiere a un plan
integral con traducción normativa contra la violencia doméstica. Sé
que lo ha mencionado al final, pero hace falta ahí un nivel de
concreción mucho mayor, que es el que se refiere al compromiso
legislativo, cuáles son los aspectos en los que va a desenvolverse el
plan integral contra la violencia doméstica y sobre todo su
correspondiente traducción en la atención a las víctimas de la
violencia doméstica, que requiere una importante apuesta de dotación
de medios materiales y personales y la creación incluso de cuerpos
facultativos especializados en el seguimiento de las víctimas de la
violencia doméstica. Y por supuesto, la necesidad de atender a las
víctimas del delito. No hay nada desarrollado en materia de oficinas
de atención a las víctimas del delito. Es un tema sobre el que
solicitamos al señor ministro aclaraciones complementarias en
relación con la parquedad con la que ha realizado su primera
comparecencia.
Agradezco a la Presidencia la benevolencia con la que me ha
extendido el turno de palabra.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora
Lasagabaster, en representación del Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: He creído entender que el Grupo
Federal de Izquierda Unida había pedido la comparecencia y estaba un
poco sorprendida. Pero como vamos a hablar todos, antes o después, no
tenía ningún inconveniente en esperar.
Agradezco al ministro de Justicia la comparecencia y la explicación
de lo que piensa realizar en su Ministerio a lo largo de estos años.
Ha invocado la palabra diálogo. Permítame que me agrade que lo haya
hecho y quiero creerle, pero la experiencia me demuestra que hay que
estar esperando, día a día, a ver cómo se plasma ese diálogo. En ese
sentido, quiero señalar mi absoluta apertura al diálogo y ya veremos
día a día cómo lo hacemos.
Ha hablado de muchas cuestiones, pero todos estamos de acuerdo en que
la reforma de la justicia se ha convertido, en los últimos tiempos,
en una necesidad absolutamente imperiosa que nos la impone la propia
sociedad y todos los colectivos que directa o indirectamente
participan en la misma. Ese llamado pacto de Estado sobre la
justicia, si antes era urgente, ahora lo es de manera más prioritaria
y nos tiene que llevar a realizar reformas de calado profundo en vez
de hacer parcheos constantes en una u otras leyes. Desde nuestra
perspectiva, creemos que hay que dotar a la justicia de una
estructura que posibilite la eficacia y la eficiencia y que ponga en
sintonía la realidad social y el ordenamiento jurídico. Eficacia en
el grado de cumplimiento de los objetivos, tales como la
accesibilidad objetiva de los ciudadanos al servicio público de la
justicia, la calidad intrínseca de las resoluciones judiciales o la
celeridad del proceso y, cómo no, la eficiencia de los recursos que
vamos a utilizar, sean personales, materiales o procesales.
Podemos hablar de cuántas cuestiones hay que realizar. Ha mencionado
usted el libro blanco del Consejo General del Poder Judicial, del
ministerio público, ahora se habla de 122 medidas, ha enumerado una
serie de medidas desglosadas a corto, medio y largo plazo. No sé
cuántas tienen que ser. Lo cierto es que afectan tanto a cuestiones
sustanciales como estructurales, funcionales u organizativas de las
mismas. Ha mencionado las nuevas tecnologías y la sociedad de la
información. Con tal de que tuviéramos una informatización correcta,
sería ya un avance sustancial. En ese sentido, no es que nos
congratulemos de ello, pero sí es verdad que en la Comunidad Autónoma
del País Vasco tenemos una dotación de informatización bastante
correcta,aunque también consideramos que hay que mirar
hacia el futuro y ver qué es lo que nos falta y no ver lo que ya
hemos hecho.
No vamos a entrar en las múltiples modificaciones que pudieran
sustanciarse en los distintos ámbitos jurisdiccionales (civil,
criminal o social), pero antes de abordar cuestiones concretas, sí
queremos hacerle una pequeña mención a una cuestión que soy
consciente de que usted no puede ni debe realizar porque no forma
parte de sus competencias, pero que desde nuestro punto de vista
entendemos debiera ser competencia del Ministerio de Justicia que
usted preside. Hablo, cómo no, de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. Somos conscientes de que no forma parte
de sus competencias, pero permítame que le diga que, desde el punto
de vista de Eusko Alkartasuna, en lo referente a ejecución de penas
nos parecería más adecuado que se incardinara en el Ministerio de
Justicia y no en el Ministerio del Interior. Lo dijimos en la
anterior legislatura, y nos parece que en su primera comparecencia,
aunque usted -como debe- no lo ha mencionado, nosotros sí debemos
mencionar que nos gustaría que hubiera estado en este Ministerio.
No vamos a entrar en detalles, tendremos mucho tiempo para hacerlo,
pero sí en algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, ha abordado la
necesidad de hablar con las comunidades autónomas. Es verdad, hay
siete comunidades autónomas, con competencias en materia de justicia,
que vienen impulsando importantes acuerdos para la modernización del
servicio público judicial. Nos gustaría saber, aunque fuera solamente
de una manera aproximada o no detallada, la línea general, por dónde
va a ir esa colaboración y, especialmente, cuáles son los
instrumentos y los cauces que desde su Ministerio pretenden
establecer para llevar a cabo esa colaboración, ya fuera bilateral o
a través de la conferencia sectorial. Ese nos parece un elemento muy
importante del que no hemos oído hablar. Quizá no fuera posible en
esta primera comparecencia detallar un poco más en profundidad.
Una segunda cuestión que a nosotros nos parece muy importante y que,
lógicamente, usted no ha mencionado, es la que se refiere a la
supresión del carácter nacional de los cuerpos de justicia. Es una
cuestión decisiva, porque evitaría disfunciones evidentes que existen
en este momento en relación al actual sistema de distribución de
competencias en la gestión del personal y que, en definitiva,
abogaría por una prestación más adecuada de ese servicio público de
la justicia. También nos gustaría saber qué modelo de oficina
judicial pretende desarrollar usted en su mandato, para evitar que la
organización de cada oficina esté un poco al albur del criterio del
magistrado o secretario judicial. Éste nos parece un tema importante.
No ha hablado tampoco de una cuestión que está aprobada en esta
Cámara, creo que la presentó mi compañera, doña Margarita Uría, una
resolución sobre la
transferencia de la gestión de los depósitos judiciales, que nos
parece también un tema de interés.
También queríamos comentar, por supuesto -y todo ello lo hago con una
cierta brevedad, porque aquí hemos venido a conocer cuál es el
programa del ministro de Justicia, pero nos parece que esta serie de
cuestiones no se han abordado de manera concreta-, un tema muy
importante, que es el de la cooficialidad lingüística. Esa
cooficialidad lingüística nos parece que implica una obligación para
todas las administraciones de atender en las dos lenguas cooficiales
allí donde las hubiere. Siendo el instrumento que las
administraciones utilizan el de establecer, dentro de los oportunos
planes de normalización lingüística, algunos puestos en los que el
conocimiento del idioma se exige de forma preceptiva, nos gustaría
saber qué medidas piensa poner en marcha su Ministerio para
posibilitar la atención en las lenguas cooficiales, más allá de lo
que es valorar como mérito ese conocimiento, que fundamentalmente
puede tener interés para el funcionario en su carrera administrativa,
pero que no está resolviendo el problema del servicio público
bilingüe.
Otro tema sobre el que podríamos hablar, si usted quiere, toda la
mañana, es el modelo de designación del fiscal general. No me voy a
remitir exclusivamente a una cuestión concreta o a una persona
concreta, porque el tema del fiscal general, si observamos lo que ha
ocurrido en las diferentes legislaturas, nos podría llevar a escribir
un tratado. Desde nuestro punto de vista desde luego no han sido un
modelo las actuaciones de los fiscales generales en las diferentes
legislaturas. Ateniéndome a lo más cercano, desde luego tampoco ha
sido un modelo lo que se refiere al fiscal general, señor Cardenal.
Por supuesto, no voy a entrar en la valoración de su persona, pero sí
hemos tenido muchas disfunciones, por decirlo de alguna manera, y
hemos tenido ocasión de tener que pronunciarnos negativamente en
muchas de las actuaciones del señor Cardenal como fiscal general. Por
tanto, existe ya un problema, en general, en la manera de
designación, y luego, como consecuencia de la misma, hemos ido
encontrando ese tipo de cuestiones y de actuaciones que, desde luego,
no consideramos correctas. Nos parece que hay que abordar la cuestión
de forma general, pero también de forma concreta, desde luego. Parece
probable que el señor Cardenal continúe como fiscal general, mas
nuestra valoración no ha sido especialmente proclive a sus
actuaciones.
No voy a entrar en lo que se refiere a las modificaciones que habría
que realizar en los ámbitos jurisdiccionales -social, criminal o
civil-, lo dejo para ocasiones posteriores, que las tendremos, pero
me interesaría resaltar lo que se refiere al espacio judicial del que
usted ha hablado, que me parece muy interesante. Me parece
imprescindible la cooperación judicial europea -estamos en el embrión
de ello-, pero me gustaría hacerle llegar nuestra preocupación a que
este espacio judicial
europeo, o lo que se refiere a la cooperación judicial, se extienda a
todos los ámbitos, no solamente en lo que se denomina terrorismo
coloquialmente, sino también en campos de derecho común -civil o
penal- en su generalidad y, por supuesto, a la cooperación judicial
que yo llamaría transfronteriza, que es especialmente importante. Es
usted conocedor de los proyectos piloto que en este sentido se están
poniendo en práctica. Creo que esta Comisión debiera ser
perfectamente informada porque, en definitiva, podemos empezar a ser
partícipes de lo que se llama embrión de espacio judicial, que es muy
complicado, como todos sabemos, con los distintos sistemas que
tenemos de tradición histórica en nuestra justicia de los distintos
Estados que componen la Unión Europea y especialmente los que pueden
acceder a la misma. Sí nos gustaría -no sé cómo debería realizarse
ese cauce de información- que pudiéramos participar, primero, en los
distintos proyectos piloto que hubiera, en el conocimiento de los
mismos y también en su valoración, de forma que pudiéramos estar
capacitados para dar iniciativas a aquellos que pudieran tener que ir
a negociar, a proponer o a determinar nuevas cuestiones en este
aspecto. Yo creo que podemos hacerlo.
Quiero ser breve para que todos podamos tener ocasión incluso de
réplica, pero son cuestiones fundamentales -las más importantes son
las que he señalado-. Luego entraremos en lo que se refiere a las
modificaciones más concretas. En definitiva, le quiero creer, creo su
disposición al diálogo (Risas.), pero permítame que lo vaya valorando
en el día a día.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el señor Silva Sánchez.
El señor SILVASÁNCHEZ: Señor presidente, como han hecho el resto de
los comparecientes, debemos agradecer en primer lugar la
comparecencia del señor ministro, y en segundo lugar el tono de sus
palabras, así como el espíritu de pacto que las ha guiado.
Debemos decir que la experiencia que tiene el Grupo Parlamentario
Catalán con el señor ministro en su fase anterior de ministro de
Administraciones Públicas ha sido satisfactoria. Por lo tanto, en la
medida que tenemos ese conocimiento y también el de muchas de las
personas de su equipo, las expectativas son realmente muy buenas y
esperamos que no nos defraude. En cualquier caso, su éxito, señor
ministro, será el éxito de todos, será el éxito de la sociedad
española que anhela este pacto de Estado por la justicia y si bien su
fracaso puede que sea más imputable a usted que a nadie más, también
será el fracaso de todos y una frustración para la sociedad española.
Ciertamente esta comparecencia se produce -y por eso hacíamos
referencia al espíritu- en unas circunstancias diferentes a las de la
comparencia que tuvo
lugar hace precisamente cuatro años -el 20 de junio de 1996-. El
Grupo Parlamentario Catalán ha manifestado siempre que en el tema de
la justicia hay que distinguir dos grandes aspectos: la justicia como
poder del Estado -el poder judicial- y la justicia como servicio
público. Vemos con satisfacción cómo ese planteamiento que ha tenido
siempre el Grupo Parlamentario Catalán de dar prioridad a la justicia
como servicio público, porque es lo que incide directamente en la
vida, en las expectativas y en los derechos de los ciudadanos,
también es la prioridad que ha dado en estos momentos el señor
ministro. No era el planteamiento que había hace cuatro años. Hace
cuatro años parecía que todos los males de la justicia con incidencia
en los ciudadanos era un exceso de politización y quedaba
absolutamente postergado o preterido ese segundo aspecto de la
justicia como servicio público. Mi grupo parlamentario no quiere
decir que sea indiferente al sistema de elección de vocales del
Consejo General del Poder Judicial ni tampoco sea indiferente a los
derechos de los ciudadanos y a ese servicio que se les debe prestar,
a si existe o no existe un cuarto o un tercer turno. Nada más lejos
de la realidad. Lo que sí queremos decir es que debemos abordar los
problemas de la justicia desde esa visión de servicio público, de
derechos de los ciudadanos, incluso de elemento absolutamente
esencial -ese buen funcionamiento- para tener una sociedad y unas
empresas absolutamente competitivas, abordando también ese otro
aspecto, si se quiere más político, de relación entre los poderes del
Estado que, por lo demás, es fundamentalmente lo que lleva muchas
veces a la justicia a la portada de los periódicos: si existen o no
secretos oficiales que puedan levantarse por la justicia, si hay que
conceder o no un suplicatorio y cosas de ese estilo.
Esta comparecencia se produce en unas circunstancias algo diferentes
a la de hace cuatro años. Yo estaba repasando la intervención que
pude hacer en aquellos momentos por el Grupo Parlamentario Catalán y
ciertamente hay temas que tenían una enorme incidencia o que
merecieron la atención de mi grupo y la de otros y que en estos
momentos han pasado a un segundo plano, y eso hay que reconocerlo. La
situación de la jurisdicción contencioso-administrativa, por ejemplo,
que se ha visto notablemente favorecida por la Ley de la jurisdicción
y su aplicación, y esa experiencia exitosa de los juzgados de lo
contencioso, la Ley de responsabilidad penal de los menores, aprobada
también en esta legislatura. Y llamo la atención al señor ministro
sobre la necesidad, sin lugar a dudas, de dotar a la Fiscalía de
aquellos medios que precisa para realizar satisfactoriamente la
instrucción de este tipo de procedimientos, instrucción por la
Fiscalía que al menos desde Convergència i Unió -así lo hemos
trasladado incluso a nuestro programa electoral- ha de constituir un
auténtico campo de pruebas para, una vez verificado su éxito, abordar
de una forma más definitiva las competencias
o no de investigación del ministerio fiscal. Ciertamente no es lo
mismo instruir los procedimientos de menores en la situación actual
que instruir los procedimientos de personas de 14 a 18 años y en
algunos casos hasta los 21. Hablábamos entonces del estatuto de los
magistrados del Tribunal Supremo, también resuelto en la legislatura
pasada; nos interesaba muchísimo, y era objeto de gran preocupación,
la objeción de conciencia. Tengo que poner de manifiesto la exitosa
gestión sobre este tema que se ha producido por parte de su Gobierno
a lo largo de la legislatura y trasladar, porque así también me lo ha
puesto de manifiesto, la felicitación al antiguo director general de
la Objeción de Conciencia, don Carlos Lesmes, que ha incorporado
usted a su equipo con otra responsabilidad, porque entendemos que la
situación absolutamente caótica de hace cuatro años, desde luego en
virtud de modificaciones legislativas impulsadas por Convergència i
Unió, pero también por una gestión muy correcta, determinó que la
situación sea diferente. Podemos hablar después de qué salida hay que
dar ahora a esas funciones que hasta ahora se están realizando a
través de una prestación social sustitutoria y que debieran abordarse
desde el voluntariado o, por qué no, desde esa ley de servicio civil
prevista por la Constitución y que todavía no hemos llevado adelante.
Finalmente, también vemos diferencias en el servicio jurídico del
Estado, que también nos ocupó bastante tiempo hace cuatro años. El
Grupo Parlamentario Catalán proponía también en su programa electoral
la elevación de rango de ese servicio jurídico del Estado, cosa que
ha realizado usted atribuyendo ese rango de subsecretario al director
del Servicio Jurídico del Estado, pero que ciertamente entendemos que
debiera completarse para su mayor eficacia con la incorporación del
director del Servicio Jurídico del Estado a la Comisión de
subsecretarios y secretarios de Estado con la finalidad de poder
realizar las funciones que le incumben. Ciertamente, hay otros
aspectos en esa materia que son abordados por el documento en el que
está trabajando estos días el Consejo General del Poder Judicial de
propuestas para la reforma de la justicia, como la necesidad de que
la Administración pública se ajuste a los criterios jurisprudenciales
y al procedimiento judicial o favorecer los supuestos de allanamiento
y desestimiento. Por lo tanto, la situación es diferente; yo creo que
eso ha sido mérito de todos, de gobiernos anteriores. y no sólo del
anterior -alguna referencia se ha hecho a ello respecto de la Ley de
lo ContenciosoAdministrativo-, méritos de los grupos parlamentarios,
méritos del Gobierno anterior y méritos también de este Gobierno en
los pocos días que lleva.
No querría acabar esta primera parte sin hacer alguna referencia a la
Ley de Enjuicimiento Civil, señor ministro. El planteamiento que hace
Convergència i Unió es algo diferente del que le ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista. Nosotros no pedimos un aplazamiento
de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil
pura y dura. Lo que le decimos es otra cosa: que puede que tenga que
concluir en ese aplazamiento de la entrada en vigor. Lo que le
queremos decir, señor ministro, es que en los meses en los que
todavía está en situación de vacatio la Ley de Enjuiciamiento Civil
podría aprovecharse para resolver tres problemas -entendemos- del
texto aprobado. Por un lado, para obtener un mayor consenso con los
operadores jurídicos. Yo creo que el consenso o la adhesión al texto
de buena parte de estos agentes jurídicos, fundamentalmente de los
colegios de abogados, con una pequeña reforma, con una reforma
mínima, con una reforma que tuviese por objeto afectar al escrito
inicial del procedimiento monitorio, nos sería enormemente
beneficioso y no plantearía grandes problemas.
En segundo lugar, entendemos que también sería bueno efectuar, a lo
largo de estos meses, una revisión técnica de la ley. Conoce
perfectamente el señor ministro -si no, se lo habrán puesto de
manifiesto sus colaboradores- las circunstancias en las que se
produjo la tramitación parlamentaria de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y ciertamente se están detectando algunos defectos de orden
puramente técnico. Yo creo que sería una irresponsabilidad no
aprovechar estos meses para efectuar esa revisión puramente
abstracta, puramente técnica, y si tuviésemos que llevar adelante una
modificación, si tuviésemos que tramitar algún proyecto de ley,
aunque fuese con un articulado escaso, creo que todos nos lo
agradecerían. En cualquier caso, lo dejo en manos de sus servicios
técnicos.
En tercer lugar, hay también algún aspecto en el que estuvimos a
punto de ir mucho más adelante en la tramitación parlamentaria y, al
final, no fuimos capaces de hacerlo, como es una regulación más
ambiciosa del recurso de casación. Contando con el informe que ayer
fue aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, con
reflexiones de otro orden que hemos ido haciendo los diferentes
grupos parlamentarios y con la propia documentación del Consejo
General del Poder Judicial, entiendo que sería desaprovechar una muy
buena oportunidad no trabajar en estos meses para intentar avanzar en
materia del recurso de casación.
Señor ministro, si estas labores, si ese intento de ganar un mayor
consenso, si unas correcciones técnicas y si avanzar decididamente en
una reforma importante del recurso de casación determinan que la Ley
de Enjuiciamiento Civil no pueda entrar en vigor en enero del año
2001, prorróguelo a través de decreto-ley lo que entienda que haga
falta, pero creo que en este caso, más que un planteamiento de puro
retraso, lo importante es para qué. Por lo tanto, de lo que se
trataría es de que la Ley de Enjuiciamiento Civil, el día que entre
en vigor, sea una ley que esté -entre comillas- absolutamente al día,
con el mayor número de consensosposibles y con una técnica, por así
decirlo, envidiable.
A partir de ahí, pasaría ya a hacer algunas referencias a su
intervención, volviendo a valorar, en cualquier caso, ese ánimo de
pacto que ha puesto aquí de manifiesto, y que desde luego será
absolutamente correspondido, al menos por el Grupo Parlamentario
(Convergència i Unió), tal y como manifestaba anteriormente. Vuelvo a
reiterar que su planteamiento de modernización de la justicia, de
enfocar el tratamiento de la justicia desde la vertiente del servicio
público y desde la vertiente de los litigantes, no puede estar más en
consonancia con lo que siempre hemos manifestado desde Convergència i
Unió. De la misma manera, debo agradecerle considerar la proposición
no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de febrero
del año pasado (que fue presentada por Convergència i Unió y después,
obviamente, negociada con otros grupos) como uno de los elementos,
una de las piezas claves para avanzar en la reforma de la justicia
y en este pacto de Estado por la justicia. Ciertamente, ese pacto tiene
y ha de tener como protagonistas a todos aquéllos que se ven
afectados por la justicia, pero por eso mismo también agradecemos que
el señor ministro no pretenda ponerse de espaldas al Parlamento y
haya manifestado que esas conversaciones o ese diálogo, además del
que directamente tendrá y tendremos los diferentes grupos
parlamentarios con los operadores jurídicos, con el Consejo, con
asociaciones y con colegios, se tendrá también, y muy
fundamentalmente, con los grupos parlamentarios.
Entendemos que el método es importante y estamos dispuestos a admitir
ese marco que ha diseñado el señor ministro. Nuestro modelo de
justicia, el modelo de justicia que tiene Convergència i Unió no
requiere reforma de la Constitución; desde luego sí requeriría una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El planteamiento que
ha hecho el señor ministro de que la reforma ha de ser global es algo
con lo que no podemos estar más de acuerdo -no queremos reformas
parciales, reformas sesgadas-, y ha de tener una base de permanencia,
porque siempre hemos entendido que la reforma de la justicia excede
de lo que pueda hacerse en una legislatura. Por lo tanto, requiere
esa amplitud y esa visión de futuro. Hacía el señor ministro una
referencia muy concreta a esa primera fase de la reforma que era el
plan de choque para agilizar la Administración de justicia. Nosotros
entendemos que hace falta un plan de choque y que hay problemas que
deben abordarse de una forma muy inmediata, pero también querríamos
decirle que la aceptación o el consenso que pueda generar ese plan de
choque requiere que tengamos ciertas garantías de cuáles son las
fases siguientes del acuerdo.
Lo que no le gustaría a mi grupo es que como ocurre normalmente en
este país -y ahí estuvo la transitoria a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del 74 del siglo pasado o ahí ha estado la Ley de medidas
urgentes que aprobó en el 77 el impuesto sobre el patrimonio- es
que al final, señor ministro, la reforma de la justicia se quedase en
el plan de choque, porque ahí sí le podría decir que sería frustrar
el pacto e incluso frustrar a algunos de los que estamos dispuestos a
avanzar decididamente en este pacto.
Por tanto, abordar si la edad de jubilación de los magistrados ha de
elevarse a 72 años, como manifiesta el Consejo General del Poder
Judicial, reflexionar sobre si el curso teórico práctico en la
Escuela Judicial puede reducirse en algunos meses, entender que puede
ser uno magistrado suplente hasta los 75 años, es algo que requiere
alguna reflexión, pero desde luego hay que coordinarlo con las fases
sucesivas, porque le manifiesto con toda sinceridad que es distinto
el enfoque de este plan de choque si asumimos el compromiso de crear
mil plazas de jueces en los próximos cuatro, cinco o seis años que si
vamos a este plan y nos olvidamos o no asumimos ningún compromiso de
creación, de dotación o de cobertura de estas plazas en los años
sucesivos. Como plan de choque y como elemento transitorio, si
podemos llegar a un acuerdo con el Gobierno, con el Consejo y con los
demás grupos, no seremos nosotros los que lo obstaculizaremos, pero
sí queremos decirle que tenemos dos principios básicos en esta
materia: primero, que de la carrera judicial hay que poder salir sin
que sea con los pies por delante y, por tanto, estos planteamientos
de ir avanzando edades de jubilación o ir avanzando edades hasta la
que se puede ser magistrado suplente únicamente lo admitiríamos de
una forma transitoria y siempre que no sea un mecanismo automático.
Es decir, no todos los magistrados que tienen 70 años tienen que
jubilarse a los 72 o ser suplentes hasta los 75 porque estoy seguro
que, como ocurre con el resto de la ciudadanía, hay ciudadanos que
antes de los 72 o antes de los 75 quedan habilitados para el
ejercicio de esa profesión, por descontado.
En segundo lugar, he de decir que la reducción de algunos meses de la
estancia en la Escuela Judicial es algo también negociable en la
medida en que quede muy claro para los ciudadanos, para los
operadores jurídicos y para aquellos estudiantes que aspiran un día
a ser jueces, que se es juez no por la oposición, sino cuando se sale
de la Escuela Judicial y que la fase de Escuela Judicial es algo
absolutamente imprescindible. Que una cosa es que se pueda acortar
algún mes atendiendo a las circunstancias absolutamente excepcionales
que estamos viviendo y otra que se piense que la Escuela Judicial es
un epílogo más bien innecesario y de dudosa eficacia en la formación
de un juez o de un magistrado. En cualquier caso, la Escuela Judicial
además de para formar a jueces y magistrados españoles puede elaborar
una enorme labor de cooperación jurídica internacional. Hay un ámbito
que no se ha trabajado suficientemente, sobre todo en cuanto a los
países latinoamericanos, y precisamente ahí la Escuela Judicial,
a través de programas de intercambio o de programas
de formación, podría realizar una gran labor de cooperación
internacional que serviría para extender y para mantener en unos
países que siempre han tenido nuestro sistema jurídico, que es tanto
como decir mantener indirectamente la competitividad de nuestros
profesionales y la competitividad de nuestras empresas. Por tanto, sí
a un plan de choque siempre que lo vinculemos a otras medidas que nos
permitan a todos apreciar que el plan de choque es eso, un plan
transitorio, que no afecta a los grandes principios en los que se
inspira nuestro sistema jurídico y ahí estaremos dispuestos a buscar
el consenso.
Respecto a la unificación de los programas de selección de los jueces
y fiscales, reitero lo que he dicho en algún otro supuesto, lo
llevamos en el programa electoral y no presentaremos mayores
problemas, sino que seremos impulsores del sistema. No somos
partidarios de modificar, señor ministro, el sistema de elección de
vocales del Consejo General del Poder Judicial. Podemos intentar
perfeccionar el sistema actual, pero no volver al sistema anterior.
Entiendo que lo que ha hecho el señor ministro en su primera
intervención es hacer lo que todos estamos legitimados a hacer:
defender nuestro programa electoral. Todos somos conscientes de que
para obtener este pacto de Estado por la justicia vamos a tener que
dejar algo del programa electoral en el almacén porque si no, no
alcanzaremos el pacto. Quiero presumir que posiblemente la
modificación del sistema de elección de vocales sea uno de los
elementos que el Partido Popular esté dispuesto a dejar de momento en
el almacén para conseguir ese pacto.
Todos estamos por la profesionalización del juez; no oirá aquí
defensas del modelo del juez sustituto en ningún grupo y, por tanto,
si cuando hablamos de profesionalización del juez nos estamos
refiriendo a ese supuesto, estaremos todos de acuerdo; si cuando
hablamos de profesionalización del juez lo que estamos diciendo es
supresión del cuarto turno, mi grupo no estará en ese camino, sin
perjuicio de que, como decía el señor ministro, aquí podemos hablar
de todo.
Ciertamente los planteamientos de cumplir con las obligaciones o
impulsar esa integración judicial de España en la Unión Europea, en
la cooperación sobre todo civil y penal, nos parece perfectamente
asumible: el Consejo de Viena o la Cumbre de Tampere; no podemos
estar más de acuerdo con ese aspecto.
Llegamos así a otro de los planteamientos que ha hecho el señor
ministro, que es el referido al ministerio fiscal. Respecto del
ministerio fiscal sabe el señor ministro que se aprobó una moción en
la anterior legislatura, moción que luego ha quedado paralizada, que
suponía un punto de acuerdo mínimo entre los diferentes grupos
parlamentarios, y que desde luego pensamos que es perfectamente
recuperable, tanto en la audiencia previa, que entendemos que se
realizaría en un nombramiento, si llega el caso, nuevo del Fiscal
General
del Estado, como respecto de la temporalidad de determinadas
funciones, o la ampliación del control por parte del Parlamento del
ministerio fiscal.
Respecto de la atribución al fiscal de una función de investigación
alterando el que es nuestro sistema de instrucción, nuestro sistema
de enjuiciamiento criminal, el planteamiento se lo he recordado
anteriormente. Entendemos que hay que ver cómo funciona la
instrucción por el fiscal en los procedimientos de menores y, en la
medida en que sea satisfactorio, avanzar en esta vía, lo cual
determina que difícilmente -así se lo ponemos de manifiesto- en esta
legislatura podamos hacer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que atribuya al fiscal esa función de investigación.
Tendremos que dejar transcurrir dos, tres años para examinarlo, lo
cual no implica que no debamos afrontar la elaboración de una nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma global de la misma, con
lo que también estamos de acuerdo.
Respecto de los secretarios judiciales, sabe también el señor
ministro cuál es la posición de mi grupo parlamentario. Entiende que
si se les atribuyen funciones parajurisdiccionales o jurisdiccionales
podrían pasar a depender del Consejo General del Poder Judicial, pero
sí le gustaría separar -y ese también es nuestro programa, y también
estamos dispuestos a avanzar desde ese punto y a buscar consensos,
incluso a buscar otros consensos- esas funciones parajurisdiccionales
de función, de gestión o de gerencia de la oficina judicial. Nos ha
gustado mucho oír estos planteamientos respecto de la oficina
judicial de buscar sobre todo trasladar criterios organizativos de
eficacia y de eficiencia. Hemos entendido siempre que la racionalidad
administrativa no está en modo alguno reñida con la independencia
judicial y, por tanto, en la potenciación de los servicios comunes,
por lo que para abordar reformas más profundas de la oficina judicial
nos encontrará desde luego en ese viaje.
Ha hablado el señor ministro de cooperación institucional
y territorial. Aquí mi grupo tiene tres planteamientos que quizá es en
los que nos encontremos más lejanos, pero estamos dispuestos a agotar
nuestra capacidad de convicción respecto del grupo parlamentario del
Partido Popular, del Gobierno y de otros grupos parlamentarios.
Entendemos, con el Consejo General del Poder Judicial, la necesidad
de la existencia de cuerpos propios de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia en las comunidades autónomas, y ello por
diversos motivos: en primer lugar, porque la concurrencia de
competencias del Ministerio de Justicia, del Consejo y de las
comunidades autónomas respecto de este personal da lugar a un
auténtico caos administrativo y organizativo; en segundo lugar,
porque eso daría una enorme estabilidad a las plantillas, cosa que en
estos momentos constituye, al menos en Cataluña, uno de los
principales problemas que nos afectan: la falta de estabilidad
de las plantillas judiciales y de personal al servicio de la
Administración de justicia; y, en tercer lugar, porque permitiría
avanzar de una forma muy decidida en la utilización de las lenguas
propias de las comunidades autónomas en el mundo de la Administración
de Justicia, que no puede ser una Administración estanca, y de la
misma manera que se ha avanzado en el uso de estas lenguas propias en
otros sectores de la Administración también lo debiera ser en el
ámbito de la Administración de justicia. Entendemos que los
principales problemas para asumir ese planteamiento son de orden
sindical, no tanto político, y yo creo que entre todos podemos ser
capaces de convencer a los sindicatos en esa materia.
Entendemos también que hay que reforzar las competencias y modificar
la composición de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores
de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial en su reciente
informe incide sobre esa materia, y también podemos avanzar, como
decía anteriormente, en la utilización y en el uso de las lenguas
propias en ese ámbito de la Administración de Justicia; aconsejo la
lectura del propio informe del Consejo.
Desde luego, valoramos muy positivamente la introducción de las
nuevas tecnologías, de las tecnologías de la sociedad de la
información en la conexión entre los órganos judiciales, las
organizaciones corporativas, los colegios e incluso los propios
ciudadanos. Esto contribuirá decididamente a la reducción de la
duración de los procesos.
En cuanto a su programa legislativo -ley concursal, ley de arbitraje,
ley de jurisdicción voluntaria y otras que ha anunciado-, también nos
manifestamos conformes, si bien hay que decir lo siguiente:
entendemos, y así lo ha dicho el propio Consejo -acabo en seguida,
señor presidente-, que el modelo constitucional de jurado admite
tanto el jurado puro como el jurado mixto y nos gustaría valorar esa
situación porque hay mucho que corregir en el funcionamiento actual
del jurado; hay mucho que corregir del jurado puro antes de
plantearnos ir al jurado mixto o escabinado. Las catorce o quince
propuestas de reforma que hace el Consejo General del Poder Judicial
las hace dentro de ese modelo de jurado mixto, que todavía tiene que
mejorarse mucho.
También ha anunciado el señor ministro la modificación de la Ley de
vigilancia penitenciaria. Ciertamente, en esta materia podemos
avanzar y podemos hacerlo decididamente; en cualquier caso, quiero
poner de relieve que Cataluña, en la medida que tiene competencias en
materia de administración penitenciaria, es muy sensible a este
asunto. Por tanto, hablémoslo todo lo que haga falta antes de remitir
un proyecto a las Cortes, que, desde luego, sacarían adelante con sus
propios votos, pero podrían faltarles algunos elementos de consenso.
Acabo haciendo cuatro referencias rápidas. El otro día votamos una
proposición no de ley para que se envíe al Congreso una ley de
asociaciones, respetando, eso sí, las competencias de las comunidades
autónomas. Nosotros aspiramos a poder declarar de utilidad pública
las asociaciones. Ha hablado también de la ley de fundaciones. No
tenemos nada que objetar, pero sí queremos poner de manifiesto que el
funcionamiento de las fundaciones, la creación de ese tercer sector y
la potenciación de la sociedad civil en España requiere una
modificación de normativas fiscales, modificación que plantea
Convergència i Unió a través de una proposición de ley de reforma de
la Ley del mecenazgo. Por otra parte, nos interesa mucho avanzar en
la vía del voluntariado y el servicio civil, como también ha avanzado
el señor ministro. Y, respecto de la fe pública, tanto la registral
como la extrarregistral, queremos poner de manifiesto que
Convergència i Unió asume el modelo del notariado latino y, desde
luego, entiende que nuestro sistema de fe pública registral, siendo
francamente mejorable en algunos aspectos, ofrece seguridad a los
ciudadanos y a un precio mucho más razonable que el modelo
anglosajón, que lo hace a través de la intervención de las compañías
de seguros, que podrían hacer grandes negocios, pero entendemos que
no superan en calidad y precio al sistema actualmente vigente.
Este es, señor ministro, el planteamiento de Convergència i Unió, que
no se agota en este acto. Sí queremos decirle que estamos muy de
acuerdo, enormemente satisfechos con el planteamiento inicial
realizado por el señor ministro. Todos podemos coincidir en el
diagnóstico de los males que padece la justicia en España, hay una
enorme documentación elaborada por los distintos colectivos,
fundaciones, instituciones diversas, pero ahora llega el momento,
como decía el señor ministro, de pasar de las palabras a los hechos,
de pasar del diagnóstico a la decisión y en esa decisión esperamos
estar con el resto de los grupos parlamentarios y con el señor
ministro.
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el turno de portavoces de los
grupos que no han pedido la comparecencia, pero sí quieren hacer uso
de la palabra. Las intervenciones serán también de menor a mayor, por
lo que tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, el señor Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Sean también mis primeras palabras de salutación y bienvenida al
nuevo ministro de Justicia, señor Acebes, al que mi grupo desea
plenitud de éxitos y aciertos en bien de la justicia y de los
principios que la inspiran y que se señalan en nuestra Constitución.
Ahí tiene de entrada, señor ministro, el ofrecimiento de Coalición
Canaria de colaborar en ese vector de dirección al bien que tratamos
todos de conseguir, y en lo que se ha venido
definiendo como un pacto de Estado por la justicia queremos hacer
nuestra aportación, en lo modesta que pueda ser, con los demás grupos
parlamentarios y los demás componentes del mundo de la justicia que
existen en España. Por tanto, ya queda aquí expuesto, para constancia
en el «Diario de Sesiones», el compromiso de colaboración de
Coalición Canaria para conseguir un buen y rápido pacto de Estado por
la justicia.
Usted nos ha expresado, señor ministro, un plan de choque que yo me
atrevería a calificar de exhaustivo índice de problemas de la
justicia en España, de objetivos a cumplir, y yo diría que, con un
lenguaje empresarial, es una cartera de trabajo verdaderamente
ingente. Se deriva de esa especie de índice de problemas o de
demandas de la justicia en España el que podría ser el primer paso,
porque habría que definir cuál va a ser la sistemática para alcanzar
el pacto de Estado y qué escenario vamos a utilizar para ese pacto de
Estado, señor ministro. Sin perjuicio de las iniciativas que tengamos
los grupos parlamentarios, el tema es tan complejo que habrá que
definir también, una vez que tengamos el índice que usted ha
enumerado exhaustivamente, lo que va a ser prioritario y lo que va a
tener otros esquemas de tiempo. Hay dudas de que esto se pueda
resolver en un período corto de tiempo. Creo que es imposible abarcar
esta cuestión en una sola legislatura de cuatro años, porque en esta
Comisión tendríamos que empezar a trabajar desde mañana encerrados
durante cuatro años en un régimen claustral para que el Boletín
Oficial del Estado reflejara todas las modificaciones legales que
aquí se exponen; un escenario donde van a estar, por supuesto, en
primer lugar, los grupos parlamentarios, porque salen del Legislativo
las soluciones a la mayoría de estos problemas, salen de la
iniciativa del Gobierno, segundo protagonista -voy a hacer una
enumeración no cualitativa, sino numérica-, están los jueces y
fiscales, todos los profesionales de la justicia, está el personal de
la Administración de justicia, que es fundamental. Sabe el señor
ministro que en estos meses pasados, en Canarias, en mi comunidad
autónoma, una huelga de funcionarios de la oficina judicial ha
producido un colapso, un retraso, por tanto, de vistas, de
sentencias, de pronunciamientos, etcétera, por eso uno de los temas
que habrá que abordar en una reforma de la justicia no es solamente
este asunto del personal, sino también lo que está vinculado al
ejercicio del personal de justicia, que es la confección del proceso.
Y cuando veamos los órdenes jurisdiccionales que hay en los órganos
jurisdiccionales, civil, penal, contencioso administrativo o laboral,
la cuestión del proceso va a ser fundamental si queremos tener una
justicia ágil, eficaz e inmediata, por lo que tenemos que abordar las
soluciones. Usted también ha planteado el orden de prioridades pero,
cuando lleguemos a esta enumeración de asuntos del índice, de
materias de trabajo, habrá que decir cuáles van a ser las que se
puedan desarrollar en una legislatura y cuáles tendrán más largo
plazo
-podemos señalar un horizonte a diez años-, pero habrá que resolver
en los cuatro años de legislatura lo más inmediato y tendremos que
definir los criterios de celeridad, en qué materias no se puede
esperar y cuáles se pueden dilatar, en qué cuestiones el pacto de
Estado va a conllevar materias polémicas y cuáles son sencillamente
procesales. Usted ha hecho una enumeración de temas sobre los que un
pacto de Estado va a requerir escenarios de diálogo en los que no
solamente estén las fuerzas políticas parlamentarias, sino también el
Gobierno, los profesionales de la justicia, jueces, magistrados,
oficina judicial y, sobre todo, unos grandes intermediarios con el
ciudadano, que son los abogados, los colegios de abogados. Usted
sabe, señor ministro, que la futura puesta en marcha de la Ley de
Enjuiciamiento Civil debe contar con la cooperación de los colegios
de abogados, de los profesionales de la abogacía, dolidos por lo que
se puso en el monitorio, en los pleitos de cuantía inferior a cinco
millones de pesetas, porque sin ese concurso de los profesionales de
la abogacía la justicia no tendrá unos raíles para que su locomotora
y vagones corran correctamente por ese escenario. Y, por supuesto,
señor ministro, coincido con su planteamiento inicial de que todo
este proyecto político tiene como finalidad el justiciable, el
ciudadano, que es el que tiene que recibir los beneficios de la
justicia; no los abogados, ni los grupos parlamentarios, ni los
magistrados, ni los fiscales. Nuestra Constitución lo señala clara y
contundentemente. Es al justiciable, al ciudadano, a quien hay que
ofertarle una justicia buena y eficaz. La Constitución da tres
garantías. En primer lugar, la tutela judicial efectiva -vamos a ver
cómo se consigue todo ese pronunciamiento eficaz y favorable, no
dilatado en el tiempo, de los procesos; vuelvo a plantear el tema de
la revisión de los procesos ya sean penales o civiles-; en segundo
lugar, que los jueces tienen que juzgar y ejecutar lo juzgado. Hay un
tema que ya planteé en la legislatura pasada al señor ministro del
Interior, cuando el Gobierno decidió extraer del área de la justicia
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y mandarla al
Ministerio del Interior, si no tendremos también que poner esa
materia encima de la mesa desde el momento en que, desde el Poder
Judicial, desde los juzgados, se empieza a recriminar el fallo que
hay en la Administración de justicia, por ejemplo en las condenas de
fin de semana, de arrestro domiciliario, quién cumple todo eso y qué
papel juega Instituciones Penitenciarias. Lo que no puede ser es que
el justiciable que ha sido penado pase de una tutela judicial
efectiva mientras está delante del tribunal a cumplir su pena en una
administración que depende del Ministerio del Interior y no del
Ministerio de Justicia. Mi grupo y este portavoz defendió siempre que
las direcciones generales de Instituciones Penitenciarias o de
Prisiones estuvieran en el ámbito del Ministerio de Justicia y no en
el ámbito del Ministerio del Interior. Y, por supuesto, al hablar de
los profesionales encuadrados
en los colegios de abogados y de procuradores hay que decir que la
Constitución señala también la asistencia de abogado que tiene que
tener todo justiciable. El justiciable puede quedar fuera de la
asistencia letrada y por tanto es una pieza a considerar en esta
cuestión.
En la enumeración que usted ha hecho de temas que van a ser muy
polémicos y discutibles -la mayoría han sido expuestos por los
oradores de los grupos parlamentarios que me han precedido- se
encuentra el del tribunal del Jurado, con un planteamiento
determinado del que ya se han escuchado opiniones y sobre el cual yo
no voy a hacer un pronunciamiento porque quiere mi grupo favorecer
ese encuentro de diálogo. Está la elección de los 12 jueces
profesionales del Consejo General del Poder Judicial, tema polémico
que tenemos que sopesar no solamente desde un punto de vista
profesional, sino desde un punto de vista político, porque habría que
preguntar a los grupos políticos italianos qué tal les va a ellos con
el sistema que tienen los jueces italianos en esta materia. Es decir,
se trata de que en una democracia las perturbaciones de intromisión
sean mínimas y todos los poderes del Estado, incluido éste
fundamental del Poder Judicial, estén perfectamente regulados y
responsabilizados con el funcionamiento del Estado. Está el tema de
la reforma fiscal, el papel del fiscal general en todo el proceso
penal, tema que va ser también polémico porque las voces discordantes
están tanto en el sector judicial como en el sector fiscal. En la
aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil nosotros hemos propuesto
siempre -Coalición Canaria lo planteó en su programa electoral, ya
que usted habla de programa electoral- la creación de una oficina de
atención al ciudadano justiciable, igual que existe en el área del
consumo, tanto en la Administración municipal como estatal. Creemos
que esto es importante porque, fíjese, señor ministro, lo que puede
ocurrir si con la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el
tema del monitorio empiezan a deambular por los pasillos de los
juzgados ciudadanos que, al amparo de lo que dice la ley de que no
tienen necesidad de contar con asistencia letrada, tienen que
preguntar en los juzgados cómo se rellena el impreso. O hay en los
juzgados una oficina de información al justiciable o puede ser
verdaderamente demencial la utilización de cualquier persona que
trabaje en la oficina judicial por parte del justiciable que empieza
a deambular por allí y que no es ningún experto en derecho; como sabe
el señor ministro, los pleitos de cuantía menor a cinco millones de
pesetas son los que están ocupando a una gran mayoría de los bufetes
de abogados de este país. Por tanto, respecto de lo que sería el
estatuto del ciudadano ante la justicia, lo propugnamos y queremos
llevarlo a la práctica porque creemos que está en el ánimo de lo que
ha expresado el señor ministro, con el que coincidimos. El estatuto
de derechos del ciudadano ante la Administración de justicia -o
estatuto del justiciable- creemos
que tiene que ser una pieza fundamental, ya que va a ser el
destinatario de todas las medidas que usted ha propuesto y que
nosotros apoyamos dado que abarca todos estos aspectos fundamentales
de la demanda.
Tendremos que entrar con fuerza en el papel del Tribunal Supremo,
sobre todo para armonizarlo con las competencias de las comunidades
autónomas. Señor ministro, desde mi comunidad autónoma y desde mi
formación política esta materia es tan fundamental como para conceder
capacidad, aunque sea de opinión, al menos a las seis o siete
comunidades autónomas que tienen las transferencias de la
Administración de justicia, para que cuando haya que nombrar al
presidente del Superior Tribunal de Justicia de la comunidad se oiga
a la misma y se eviten los circuitos, entre comillas, de influencias
para el nombramiento de un presidente de un Tribunal Superior de
Justicia. Si la competencia la tiene esa comunidad autónoma y ese
órgano va a estar allí, no puede delegarse en un circuito opaco y que
el Consejo General del Poder Judicial decida en una terna quién va a
presidir en esa comunidad autónoma el Tribunal Superior de Justicia.
Al mismo tiempo, se trata de ver la relación entre los tribunales
superiores de justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal
Supremo en lo que respecta a los recursos de casación. Cuando en la
legislatura pasada discutimos la Ley de Enjuiciamiento Civil grupos
parlamentarios como el Catalán, el Vasco y el de Coalición Canaria
hicimos mucho hincapié en el planteamiento de los recursos de
casación, para darles esta facultad dentro de cada comunidad autónoma
a los Tribunal de Justicia de la misma. Al mismo tiempo, hay que
definir el papel que le va a corresponder al Tribunal Supremo en
estas situaciones.
Entre la constelación de problemas que ha planteado, uno de los
problemas graves, que nuestra aportación política quiere hacer más
clarificador a fin de que en lo posible se solucione, es el de las
plantillas de fiscales. No se trata solamente de un problema
cuantitativo, que ya han expuesto los demás intervinientes, acerca
del número de jueces, de los servidores inmediatos de la justicia y
de los fiscales, porque no nos olvidemos que si se traslada algún día
la redacción del procedimiento a los fiscales en la instrucción penal
habrá que prever las plantillas de fiscales; por lo tanto, tengamos
también en cuenta este problema derivado. E inmediatamente, respecto
al ministerio fiscal, ver también su papel en la utilización de los
recursos de casación que se hagan dentro de la propia comunidad
autónoma o con relación al Supremo.
La pregunta final sería: ¿Y quién y cómo se paga todo esto? Ahí
entraríamos en el gran capítulo de la financiación. Porque no se
trata de discutir un complemento o una subida de sueldo para los
señores magistrados, jueces y fiscales, sino de que el objetivo de un
pacto por la justicia tiene una exigencia de financiación que tiene
que ser discutida entre el Gobierno, el Ministeriode Justicia y sus
colegas de Economía y de
Hacienda y las comunidades autónomas -las mesas sectoriales tienen
que funcionar con inmediatez para clarificar este problema y ver
hasta dónde alcanza-, qué repercusiones puede tener que comunidades
autónomas planteen la regionalización de sus cuerpos de funcionarios
auxiliares de la oficina de justicia para que dejen de ser cuerpos
nacionales y que esto se pueda plasmar de una manera eficaz.
Cualquier cosa menos, como le recordaba antes al señor ministro, lo
que ha sucedido estos meses pasados en Canarias con la huelga del
personal de la oficina de justicia.
No quiero extenderme mucho, porque ahora solamente trataba de exponer
un espíritu de cooperación, expresando por supuesto en la dialéctica
parlamentaria la magnitud de los problemas con que nos tenemos que
encontrar para estructurar ese pacto de Estado. Hay que ponerle una
fecha. Yo pienso personalmente, señor ministro, que, una vez
elaborado ese diseño de pacto de Estado, ese índice de qué materias
vamos a modificar -sin perjuicio de las nuevas leyes que ha anunciado
el señor ministro, desde la concursal, a la del arbitraje o la nueva
ley de enjuiciamiento criminal, que ahí hay trabajo para rato-,
indicando las prioridades, las posibilidades de financiación, las
posibilidades de desarrollo y de ejecución. Por lo menos hay que
definir el pacto, y después vendrán los tiempos de ejecución o de
desarrollo, de distribución a lo largo de la legislatura, porque esta
Comisión tiene una capacidad de trabajo, puede tener en tramitación
en ponencia o en Comisión dos o tres proyectos de ley remitidos por
el Gobierno, pero no más -está demostrado en la práctica-, si
queremos hacer las cosas bien. Hay que poner fecha a la definición de
ese pacto. Mi grupo piensa que si el pacto de Estado por la justicia
no está definido en junio o julio del año 2001, muy difícilmente
vamos a poder abordar en la legislatura que nos ocupa el meollo
fundamental de problemas que existen.
Yo no quiero hacer en este momento -ya para terminar, señor
presidente, señor ministro- ninguna enumeración de otras cuestiones
que podríamos poner encima de la mesa, han quedado dichas de forma
general en lo que hemos tratado, por ejemplo, el beneficio del
justiciable en la base constitucional, que perciba la ayuda de la
justicia para resolver sus problemas, y todo esto pasa por la
eficacia, la inmediatez, la rapidez, la tutela de la Administración
correspondiente y la inmediatez también de la justicia de proximidad
al ciudadano, porque para un ciudadano de cualquier punto periférico
de España llegar hasta el Supremo constituye un fraude para sus
expectativas constitucionales. Pero en la solución de estos problemas
-termino, señor presidente- mi grupo le ofrece su total y leal
cooperación, y prescindiremos de lo que tengamos que prescindir en
aras del consenso, porque si no hay consenso no hay pacto por la
justicia, eso queda claro, y en el consenso parlamentario estaremos,
en el consenso autonómico o
gubernamental, en el consenso profesional; en esa línea de
cooperación nos encontrará siempre.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación, en
representación del Grupo Parlamentario Vasco, la señora Uría
Echeverría.
La señora URÍA ECHEVERRÍA: Señor ministro, reciba usted el cordial
saludo de bienvenida del Grupo Vasco a esta Comisión. Debo
manifestarle que vimos con agrado su nombramiento puesto que, pese a
la actitud agria e incluso de cierta hostilidad del final de la
pasada legislatura y el comienzo de esta en relación con la formación
política a la que pertenezco, con usted y con su equipo hemos tenido
siempre una relación no sólo políticamente correcta, sino que incluso
cabría hablar de cordialidad, que creo que ha sido mutua, al igual
que creemos que mutuo han sido el respeto, la consideración y hasta
la simpatía personal en el trato que ha habido con la vicelehendakari
del Gobierno vasco, a la que cito como órgano encargado del
desarrollo autonómico, y con su gente. Este es el modo de hacer que
nos gustaría consolidar y mantener con usted y con su equipo para
esta legislatura.
Nos ha presentado usted su plan, coincidente con el programa
electoral y con lo manifestado por el señor presidente del Gobierno
en el discurso de investidura. Quizá sea mucho, por lo menos en este
momento, llamarle pacto de Estado, porque, siendo bastante, bastante
falta. El poder judicial es en este país un poder maltratado, y qué
decir del servicio público de la justicia y del afecto que hacia él
sienten los ciudadanos.
De las propuestas que usted ha hecho nos falta saber -aunque
conocemos que ya ha hablado con el presidente del Consejo General del
Poder Judicial- cuál es su relación con esas famosas 122 propuestas
en las que se está trabajando -todavía no aprobadas del todo- por el
Consejo General del Poder Judicial, e incluso con ciertas propuestas
que desde los órganos judiciales, en concreto el Tribunal Supremo, se
sostienen o se mantienen en cuanto a los recursos, es decir, cuáles
de ellas, por su diálogo con estas organizaciones, se van al final a
plasmar en medidas legislativas concretas. De las propuestas hechas
no le digo que no de entrada a ninguna. Respecto de las que ha hecho
para agilizar o corregir los atascos en la Administración de
justicia, iremos viendo cuál es su plasmación concreta y sobre ellas
nos iremos posicionando.
Menos nos gusta o entendemos peor qué tiene que ver el sistema de
elección del Consejo General del Poder Judicial con el refuerzo de su
independencia. Conocido es que mi grupo parlamentario se ha
manifestado siempre a favor de la elección parlamentaria de una parte
de los miembros del Consejo, y creemos que también es
constitucionalmente considerable el valor de contrapeso de poderes
que este sistema aporta. De
todas formas, también veremos la plasmación concreta, aunque, le
repito, esto nos gusta menos.
En cuanto al ministerio fiscal, no entraré en las calificaciones
concretas del actual ocupante del cargo, sino que voy a ir a lo
institucional: la figura del ministerio fiscal. Las propuestas que
usted ha hecho no nos parecen desdeñables, pero nos hubiese gustado
ver algún esfuerzo mayor en el dato de la imparcialidad del Poder
Judicial, que también está constitucionalmente consagrado en el
apartado segundo del artículo 124, en lo que no hemos visto grandes
avances. En esta Cámara existe una moción aprobada en la legislatura
pasada, a instancias de don Pablo Castellano (al que me gustaría
rendir homenaje en esta primera sesión de la Comisión de Justicia,
porque en ésta, que es la primera, se le echa en falta), que tenía
algunos contenidos de acercamiento de la figura del ministerio fiscal
y de sus órganos a la institución parlamentaria que debieran tenerse
en cuenta y ponerse en práctica en esta legislatura.
No podemos sino estar de acuerdo con algunos de los pronunciamientos
de su programa electoral, en cuanto se habla del reconocimiento del
principio de separación de poderes o de preservar y perfeccionar la
independencia funcional o el ejercicio del poder de los jueces. Pero
en lo que ya tengo serias dudas, y en esto discrepo de casi todos los
portavoces parlamentarios -debe ser que soy la más turbia en el
pensamiento o la más obtusa-, es de que exista un modelo claro
constitucional y estatutario de distribución de competencias. Yo sólo
tuve claro esto en el momento en que se aprueba el Estatuto vasco. Si
yo leía su artículo 13.1, me parecía que el sistema de cláusula
subrogatoria llevaba a que las comunidades autónomas que asumían
competencias, como la vasca a la que yo pertenezco, iban a poder
hacer en materia de administración de justicia todo lo que pudiese
hacer el Estado. Esto, como conoce el señor ministro, se ha visto en
el devenir del desarrollo normativo absolutamente cambiado, primero,
por la Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 y la sentencia 59/1990
del Tribunal Constitucional, que consagró un sistema, pero después
fue de nuevo modificado, en un sentido que gustaba más a quienes
tenemos una visión que voy a calificar de más autonomista de las
posibilidades que otorgaba la asunción de competencias, por la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1994, que ha sido
sentenciada casualmente por el Tribunal Constitucional quince días
antes de ser nombrado usted ministro. Le estoy hablando de una
sentencia de hace mes y pico. El contenido de esta sentencia, que
resuelve el recurso 431/1995, siendo favorable a los pronunciamientos
más autonomistas, sin embargo, introduce unas dificultades de
interpretación tremendas de que sea el marco constitucional y
estatutariamente querido. Se dice en la sentencia que el fallo es
interpretativo. Algún disidente, en voto particular, habla de
auténtica mutación constitucional, ya que es más bien modificativa,
y consagrando y avalando la técnica de la cláusula
subrogatoria, no parece, sin embargo, que posibilite a las
comunidades autónomas el ejercicio de todas las competencias que en
el momento del pacto estatutario, repito, algunos creíamos tener.
Para nosotros la cláusula subrogatoria debería llevar a poder
sustituir al Gobierno estatal. Sin embargo, ahora se nos dice que no,
que además hay un núcleo duro, 149.1.5, extensible, según parece,
aunque no se define, a otra ambigüedad más, que es aquello que el
Estado se reserve por otros títulos. Parecería que va a depender en
cada caso de lo que el legislador orgánico decida sucesivamente en el
paso del tiempo lo que corresponda o pueda corresponder a las
comunidades autónomas en cada época. Por eso le repito que desde mi
óptica, y leída la sentencia, hablar de marco constitucional y
estatutario como estable o inmutable me resulta extraordinariamente
difícil. No hay modelo claro, o al menos yo no lo veo, y creo que
está todavía por intentar la interpretación que permita dar
estabilidad al esquema, con la salvaguarda del principio de unidad,
que no ponemos en duda, pero también con la salvaguarda de otro
principio constitucional que es el principio de autonomía. Si la
técnica de cláusula subrogatoria es constitucionalmente aceptable, y
esto el Tribunal Constitucional no lo pone en duda, ¿por qué ha de
tener límites cambiantes en su operatividad?
Hablando de delimitación competencial, no quiero dejar de referirme a
un aspecto que yo ahora creo que sí ha dejado claro esta sentencia
del Tribunal Constitucional, que critico por su oscuridad pero que,
efectivamente, es proautonomía. Existe un conflicto de competencias
sostenido entre la Administración del Estado y la Administración
vasca a propósito de la relación de puestos de trabajos en la
Administración de justicia vasca. Fue objeto de numerosos
intercambios de documentación en la legislatura pasada, incluso de la
mediación, dicho sea entre comillas, del Consejo General del Poder
Judicial. Me parece que esta sentencia es una buena ocasión para que
se revise lo que se debate en ese conflicto y para que también el
Gobierno manifieste una cierta buena voluntad, desistiendo de este
conflicto que, repito, la sentencia del Tribunal Constitucional ha
prejuzgado ya con anterioridad.
Enlazando con el modelo constitucional, quiero referirme a algunas de
las modificaciones de las que usted ha hablado y, en concreto, a la
Ley de Enjuiciamiento Civil y a lo que debió ser su ley paralela, la
Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que finalmente mi grupo -que sí
avaló la Ley de Enjuiciamiento Civil- no dio su aceptación en
relación con dos cuestiones puestas sobre la mesa por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y en las que mi grupo no podía dejar de
entrar. Una de ellas era la permanencia de los cuerpos nacionales y,
otra, la utilización de las lenguas en la Administración de justicia.
Respecto al sistema de cuerpos nacionales -puesto que con la
sentencia que he citado, parece que la ley
orgánica en cada momento puede hacer lo que sea y no hay nada que
constitucionalmente exija la permanencia de los cuerpos nacionales-,
ahora que ustedes gozan de mayoría absoluta sería un buen momento
para optar por su desaparición, puesto que, repito, nada tienen que
ver con la unidad del Poder Judicial; al revés, podría decirse que
entorpecen los principios de eficacia y eficiencia, a los que usted
se ha referido, que una administración moderna y posiblemente
transferida en mucho a determinadas comunidades autónomas, debiera
exigir. Además, la permanencia de estos rígidos cuerpos -de cuyos
miembros no hablo, me refiero a la existencia de los cuerpos, quienes
sirven en ellos tienen todo mi respeto- es una antigualla. Si usted
repasa, señor ministro, su historia, surgen con las Cortes de Cádiz,
reviven de forma muy clara en la dictadura de Primo de Rivera, en la
República prácticamente tienden a desaparecer, y se fortalecen, como
no podía ser menos, con el régimen franquista, fuertemente
centralizado. Un Estado que no es centralizado, que se define como
autonómico, no tiene por qué optar por la continuidad de estos
cuerpos. No hay ningún obstáculo constitucional, repito, para que se
permita la existencia de cuerpos propios en las comunidades
autónomas.
En cuanto a la utilización de las lenguas distintas del castellano en
la Administración de justicia, creo que las cosas han ido
razonablemente bien. Debo destacar los esfuerzos hechos por las
administraciones de las comunidades autónomas con lengua distinta,
pero también el hecho por el Ministerio, por el Consejo General del
Poder Judicial. Si uno mira a los datos de tiempos pasados, se ve que
la evolución es lenta, porque es complicado, pero es progresiva y,
desde luego, es de elogiar.
Lo que le gustaría a mi grupo es que se tuviera en cuenta un elemento
distinto y hasta ahora no barajado más que en una ocasión en esta
Cámara, con el estupor de algunos de los señores parlamentarios que
tuvieron ocasión de escucharme. No se trata sólo de la prestación de
un servicio público en la lengua propia en determinadas comunidades
autónomas, sino que debe introducirse un elemento distinto a la hora
de equilibrar valores en al balanza: el derecho de defensa. El
Tribunal Constitucional tiene reconocido que la viva voz del acusado,
es decir, cuando en un procedimiento penal al acusado le preguntan si
tiene algo más que decir, y lo dice él y no su letrado, integra el
derecho de defensa, así como la posibilidad de que uno pueda hacerse
oír en la lengua en que se expresa con más claridad o mejor cuando
está en juicio algo tan claro como una condena penal o su privación
de libertad. Debe sopesarse que el ciudadano pueda expresarse en la
lengua en que mejor crea que es entendido. Debe hacerse un esfuerzo,
respecto al derecho a expresarse en la lengua propia en función de
las necesidades o del que sea en cada caso el mapa sociolingüístico,
porque el derecho de defensa, núcleo duro constitucional, puede estar
en juego. Es un elemento más a sopesar a la hora de valorar
los esfuerzos para que pueda ser utilizable la lengua propia de
las comunidades cuando menos, en la defensa penal en los
procedimientos.
Como no hay competencia pequeña -aunque estábamos hablando ahora de
valores constitucionales- no quiero dejar de referirme al asunto
citado ya por la señora Lasagabaster de los depósitos judiciales. La
Administración vasca siempre ha sostenido que le correspondía a la
comunidad autónoma, en función de la cláusula subrogatoria, la
gestión de los depósitos judiciales que, por cierto, fueron traídos a
la Administración para sustituir a los cajones en los que antes se
depositaban los dineros en tiempos en los que fue ministro quien va a
ser ahora Defensor del Pueblo, el señor Múgica. Existe además el
reconocimiento de esta Cámara de que así debe ser. En el debate del
Estado de la Nación del año 1998, mi propio grupo presentó una
propuesta de resolución que obtuvo la siguiente votación: 183 votos a
favor, 156 en contra, para que fuera factible la gestión de estos
fondos por parte de las comunidades autónomas. En el caso vasco son
900 millones de pesetas anuales, pero en el de otras comunidades,
como la catalana o la andaluza son valores mayores y además tienen
problemas de financiación distintos a los de nuestra comunidad y
agradecerían enormemente poder disponer de estos fondos que, repito,
no son más que medios materiales al servicio de la Administración de
justicia. Le recomendaría, señor ministro, que hablase con
comunidades autónomas de su propio color político: la Comunidad
Valenciana o la gallega están tirando fuertemente para que sea
posible disponer de la gestión de estos fondos. Repito que podrían
afectar a la mejora del funcionamiento de la justicia y serían de
gran utilidad para comunidades que tienen un sistema de financiación
distinto del concertado, que es el nuestro.
Hay un impedimento que no puede considerarse seriamente sino como un
criterio de oportunidad. A preguntas de esta diputada a la señora
ministra durante la legislatura anterior, se respondió que resultaba
imposible cumplir esta resolución de las Cortes Generales porque,
según los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia, haría falta
una ley de transferencia o delegación de las del 150.2. Tiene usted
expertos juristas en su Ministerio; le ruego que les dé a
reconsiderar este informe y verá que es una auténtica barbaridad
sostener este criterio. Es una demasía sostener que hace falta una
transferencia de las del artículo 150.2 de la Constitución para la
gestión de los depósitos judiciales, competencia material donde las
haya. Simplemente anóteselo, señor ministro.
Ha admitido usted nuestras sugerencias o propuestas. A la hora de
hablar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mi grupo ve
necesario traer cuanto antes a la Cámara, nos gustaría constatar la
urgencia que presenta la regulación de lo cautelar. Ya en la
legislaturaanterior, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
presentó una iniciativa sobre medidas cautelares en materia penal;
pero, desde entonces, ha habido jurisprudencia del Tribunal
Constitucional poniendo en duda que los artículos 503 y 504 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal respeten los parámetros
constitucionalmente exigibles. Nos parece que esta duda de
constitucionalidad elevada a sí mismo, por autocuestión, por el
Tribunal Constitucional exigiría una regulación cuanto antes puesto
que está mucho en juego; no hablamos sólo de la presunción de
inocencia sino también del derecho de los individuos a la libertad.
También se ha hecho referencia al Código Penal y al cumplimiento de
las penas y nos gustaría que se tuviera en cuenta que queda pendiente
de la legislatura pasada una modificación del Código Penal, que es
cumplimiento también de sentencia del Constitucional: el delito de
colaboración con banda armada es desproporcionado, según el Tribunal
Constitucional. Se trajo la iniciativa pero, por la disolución de las
Cortes, no pudo tramitarse más que en el Congreso y no llegó a pasar
al Senado. De traerse este proyecto, tendríamos ocasión de solventar
otro problema que en estos días está siendo noticia importante en los
medios de comunicación; además del artículo 576, podríamos tocar
quizá el 577, previo debate entre todos los grupos, para establecer
con claridad qué conductas de las previstas en estos artículos son o
no terrorismo y, de paso, dilucidar cuáles corresponden a la
competencia de la Audiencia Nacional y cuáles -según la querencia del
grupo que represento- deben ser juzgadas por el juez de la localidad
en la que se cometieron.
Ha aludido usted a otras reformas normativas y no quiero dejar de
citar otra iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
presentada en su día: la ley de protección de testigos, nunca
desarrollada desde el punto de vista reglamentario; el juicio del
llamado caso Lasa-Zabala evidenció que estos reglamentos son
absolutamente necesarios.
Se ha referido S.S. a los cambios normativos necesarios para proteger
a las mujeres víctimas de la llamada violencia doméstica, la que se
produce en el ámbito familiar. El proyecto inicialmente presentado
por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) era de protección
a denunciantes, testigos y peritos. El Grupo Parlamentario Socialista,
que entonces formaba Gobierno, decidió quitar la figura de los
denunciantes del texto de la ley puesto que, al fin y al cabo,
terminan siendo testigos. Creemos que no estaría mal recuperar ahora
la protección a los denunciantes en los casos de mujeres que reciben
malos tratos; alguna asociación encargada de la tutela de estas
mujeres lo ha pedido expresamente. No sé si requiere cambio legal o
podría articularse simplemente en el reglamento, pero me parece
interesante que se tenga en cuenta porque sería una importantísima
medida que los denunciantes de este tipo de casos gozasen de
protección y hasta del sigilo con la cobertura legal suficiente.
En cuanto a la vigilancia penitenciaria, en el mismo día de ayer los
jueces de Madrid pedían aclaración en cuanto a quién es el encargado
del control del seguimiento de las condenas de los presos. Hay una
administración penitenciaria, hay jueces de vigilancia penitenciaria
y además está el juez sentenciador que constitucionalmente tiene
atribuida la misión de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. La Ley de
Vigilancia Penitenciaria se nos quedó colgada en la legislatura
pasada y urgiría que, cuanto antes, nos pusiéramos a ello para
aclarar todo este panorama.
Se ha aludido también al espacio europeo, en el que se manifiesta -el
propio presidente del Gobierno lo ha dicho en más de una ocasión- que
podrían quedar suspendidos los procedimientos de extradición. En esta
materia, como en otras, debería tenerse en cuenta la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, que no es clara. La sentencia de 30 de
marzo pasado, en el recurso de amparo 3.868/98, prohíbe una
extradición -y no digo a un país de dudosa trayectoria democrática,
sino de España a Italia- porque dice que todavía no se han igualado
las garantías de los regímenes penales y que podría vulnerarse el
derecho a un proceso justo, con audiencia y presencia del acusado,
que era el caso del que se trataba: un miembro de la mafia italiana
que había sido juzgado en ausencia y que está residiendo en España.
Creo que este pronunciamiento constitucional puede ir en contra de
algunas de las manifestaciones que desde círculos políticos se están
haciendo y que debiera ser tenido en cuenta, cuando menos, cuando se
habla de estas cuestiones. La unificación de los regímenes procesales
y las garantías de derechos, incluso dentro del ámbito europeo,
debiera ser más clara para que podamos hablar con facilidad de que no
tienen sentido dentro del ámbito europeo los procedimientos de
extradición.
Finalmente quiero referirme a las modificaciones en la estructura
orgánica del Ministerio. Mi grupo ha visto con satisfacción la
elevación de rango en el Servicio Jurídico del Estado, del que
siempre hemos tenido el mejor criterio en cuanto a su preparación
técnica y a la labor que presta, pero sugerimos un cambio en otra
materia que no ha sido puesta sobre el tapete por nadie pero que al
grupo que yo represento le inquieta. Se habla en esta legislatura de
reforzar la sociedad de la información y bien está que así sea dado
que el avance de las nuevas tecnologías es imparable, pero creemos
que debiera ir en paralelo al reforzamiento de la protección de los
derechos de los ciudadanos, del derecho a la autodeterminación
informativa como derecho fundamental que ha sido plasmado en relación
con estas cuestiones. En concreto hago referencia a la Agencia de
Protección de Datos que, como órgano del artículo 6.5 de la Ley
General Presupuestaria, cuelga del Ministerio de Justicia, si me
permite la coloquial expresión. La pasión por haber sido ponente en
la legislatura pasada de la modificación de la Ley orgánica de
protección de datos
o de la Ley de protección de datos personales como ahora se llama, no
me ciega para decir que no nos quedó demasiado bien, señor ministro.
Quizá requiera algunos retoques, pero, sobre todo, requiere retoque
la configuración del propio órgano encargado de su tutela, custodia
y garantía de los derechos de los ciudadanos. A través del juego de los
artículos 18 y 10.2 de la Constitución, artículo que permite la
ampliación del texto constitucional cuando se aplica a tratados
internacionales (la Agencia de Protección de Datos es una exigencia
de nuestra permanencia europea), podría considerarse al citado
organismo como un auténtico órgano de relevancia constitucional,
otorgándole por tanto una existencia jurídica distinta, más próxima
al órgano legislativo, más separada, con mayor dignificación, si se
me permite, dentro del sistema que la prestigiase ante los ciudadanos
y ante el uso de la informática que está llamado a reprimir.
Señor ministro, hay otra cuestión relacionada con estas materias ya
que nos ha permitido exponer nuestras propuestas y prioridades.
Especialmente inquietante le parece al grupo al que yo represento, en
relación con la llamada sociedad de la información, la proliferación
de los canales temáticos -alguno ya existente- que emiten
procedimientos judiciales durante todo el día. Sé que existe la
libertad de información y que los procedimientos judiciales son
públicos, pero una cosa es que el procedimiento judicial sea público
y que la sala esté llena de público y otra que se esté grabando en
directo y retransmitiendo durante todo el día un procedimiento
judicial respecto de personas a quienes, hasta que no son
sentenciadas, les ampara la presunción de inocencia. A la hora de
poner en la balanza el derecho a la libertad de información del
artículo 20, deben valorarse también las garantías que le asisten a
quien se defiende en un procedimiento judicial, es decir, artículo 24
de la Constitución. En los dos casos estamos hablando del núcleo duro
de derechos y libertades y quizá fuese exigible la entrada de una ley
orgánica que regulase en alguna medida la grabación de estas
actuaciones, no vayamos a encontrarnos dentro de poco con algún Gran
hermano que, en términos escabrosos, esté el día entero
retransmitiendo procedimientos judiciales. Hubo un intento, en meses
pasados, de autorregulación de los propios medios de comunicación por
parte de las televisiones privadas y autonómicas del que, finalmente,
según creo, se desmarcaron las televisiones privadas, entendiendo que
la tenencia de un canal temático de este estilo puede ser un
lucrativo negocio. Los derechos y libertades de los ciudadanos deben
estar antes que el posible lucro o esta libertad de difundir
cualquier programa y que debiera ser tenido en cuenta por usted como
responsable del Gobierno a la hora de enviar a la Cámara un proyecto
sobre esta materia.
No me voy a extender más, señor ministro, y voy a concluir como
empecé. El Grupo Vasco ha venido a trabajar
en positivo en esta legislatura, a colaborar con propuestas e
incluso con nuestra crítica, cuando nos ha parecido conveniente, al
quehacer institucional de este órgano legislativo. Desde la
perspectiva de nuestro partido, lo cual también es legítimo, no
encontrará en nosotros palos en las ruedas, cierto es que poderosas
ruedas puesto que disponen ustedes de mayoría absoluta, porque no es
éste nuestro estilo, no lo ha sido nunca y también porque en este
momento estamos soportándolo en nuestro actuar en la Comunidad
Autónoma vasca.
Repito, señor ministro, muchas gracias por su presencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En primer lugar, quisiera agradecer a quien
corresponda el que haya hecho coincidir esta sesión con la misma que
había anunciado ya el diario Abc con antelación a su conocimiento por
la Mesa de este Parlamento y la Junta de Portavoces. (El señor
vicepresidente, Seco Gordillo, ocupa la Presidencia.) Siempre es de
agradecer que no haya duplicidad de convocatoria. En segundo lugar,
quisiera agradecer al señor ministro, aunque sea por cortesía
parlamentaria, el que haya comparecido. Es su obligación, él lo sabe,
pero es siempre de agradecer el que uno cumpla con su obligación, que
en este caso es comparecer, bien a petición propia o bien a petición
de los grupos parlamentarios.
El señor ministro convendrá conmigo en que uno de los reproches que
en los últimos tiempos se ha hecho con más frecuencia a la justicia
ha sido el de su politización. El reproche es particularmente grave
porque está muy arraigado entre los ciudadanos y ciudadanas el
convencimiento de que la Administración de justicia debe permanecer
lo más alejada posible de la batalla y de la confrontación política.
De ahí que el fenómeno de la politización se traduzca
irremediablemente en un deterioro de la confianza de los ciudadanos
en la justicia, que ve así seriamente dañado su prestigio. La
politización de la justicia es además un fenómeno frontalmente
opuesto al modelo de justicia querido por la Constitución. En la
opinión pública ha calado la idea de la instrumentalización del
ministerio fiscal. La experiencia reciente del nombramiento de
juristas procedentes de ámbitos muy próximos al Ejecutivo como
fiscales generales del Estado ha generado en amplios sectores de la
sociedad la percepción de que durante algún tiempo se ha venido
actuando como si la Fiscalía General del Estado -es la imagen que se
ha dado- fuera un cargo de confianza más de los muchos que existen en
la órbita del Ejecutivo en vez de un órgano público al exclusivo
servicio de la defensa de la legalidad y de los derechos de los
ciudadanos incluso frente
al Gobierno. Ante esta situación, es fundamental eliminar estos
fenómenos y con ello privar de todo fundamento para el futuro
cualquier reproche de politización de la justicia, haciendo que ésta
recupere su prestigio ante los ciudadanos como poder independiente
del Ejecutivo, alejado de la lucha política e interesado únicamente
en hacer efectivo el imperio de la ley. De esta manera empezaba hace
cuatro años su intervención la entonces ministra Mariscal de Gante.
Indiscutiblemente, alguien se podrá plantear qué ha cambiado a mejor
durante estos cuatro años para que el señor ministro no empiece de
esa forma cuando los acontecimientos últimos de actuación del
ministerio fiscal y sus relaciones con el Ejecutivo han sido -usted
podrá calificarlos como quiera- el ejemplo más nefasto de
politización y utilización en un momento determinado. Cuando alguien
como presidente del Gobierno mantiene a un ministro determinado,
entra en la lógica cínica el que también mantenga al responsable en
el ministerio fiscal, hecho que ha permitido en cierta manera esa
zona de impunidad hacia el ministro.
Me alegra muchísimo que el señor ministro, continuando la
intervención del presidente Aznar, hable del pacto de Estado por la
justicia. Digo que me alegro muchísimo porque mi compañero Pablo
Castellano -agradezco las palabras de la portavoz del Partido
Nacionalista Vasco hacia él-, hace cuatro años, creyendo oír por
parte de la ministra la palabra pacto, le dijo que estaba abierto y
la contestación de la ministra fue: «Me parece que me he explicado
mal. ¿De qué pacto habla? Yo no he hablado de pacto.» (El señor Seco
Gordillo hace gestos de extrañeza.) No ponga esa cara de sorpresa,
señor Seco, porque está recogido en el «Diario de Sesiones» y salvo
que se manipulen los Diarios de Sesiones -que no se manipulan,
evidentemente-, no entiendo tal cual lo que dijo la señora Mariscal
de Gante.
Nos alegra muchísimo, lo que pasa es que se han perdido cuatro años.
Uno empieza a plantearse, a lo mejor ingenuamente -cuando se tiene
minoría mayoritaria los pactos tienen más virtualidad o razón de ser,
porque existe más la necesidad del otro o de los otros grupos-, por
qué en ese momento no se llamó a pacto y ahora que ustedes tienen,
por mor de la voluntad popular, una sobrada mayoría absoluta, se
habla de pacto. No obstante, sea bienvenido. Lo que sucede es que
cuando se tiene mayoría absoluta se juega con mucha más tranquilidad,
se tiene mucha más cuerda. Nos hubiera gustado que cuando se tuvo
minoría mayoritaria se hubiera hablado de pacto. Hablamos, señor
ministro, de que se han perdido cuatro años.
Usted no tiene por qué responder reglamentariamente -sentencias hay
suficientes- de las decisiones de períodos anteriores, lo que pasa es
que políticamente hay que responder. De la misma manera que usted se
felicita -y nosotros también- de la modernización, en algunos
aspectos -no en algunas comunidades, que
cuando han puesto en marcha los ordenadores se ha producido un caos-,
de todo un proceso de modernización de la justicia, lo hace de un
trabajo hecho anteriormente. Usted se felicita y ha sido felicitado
-nosotros nos sumamos- por solucionar el bloqueo de lo contencioso,
pero es un reconocimiento de períodos anteriores; también se felicita
de que por actuaciones personales, casi más que por actuaciones
políticas, el caos en el tema de objetores se haya solucionado, pero
es asimismo un reconocimiento de la etapa anterior. Convendrá S.S.
conmigo en que también hay que reconocer las partes negativas y que
las escasas palabras que el señor Aznar pronunció en su discurso de
investidura sobre la justicia venían a repetir lo que la señora
Mariscal de Gantes dijo hace cuatro años. Cuando el señor Aznar
afirmó que promovería la reforma del proceso penal, uno recuerda las
intervenciones del 20 de junio de 1996, cuando la señora ministra
dijo que el Ministerio se comprometía a abordar la reforma procesal
penal, siguiendo el mismo proceso de consulta. ¿Qué se ha hecho en
estos cuatro años? El señor Aznar añadía entonces que deberían
completar la reforma procesal civil, que, por cierto, está casi en la
misma situación que dejó el Partido Socialista. El señor Aznar se vio
obligado a decir algo que no hizo la ministra de su Gobierno, la
señora Mariscal de Gante, aunque el responsable último es el
presidente Aznar. La señora Mariscal de Gante dijo el 20 de junio de
1996, pasando al orden jurisdiccional civil, que el Gobierno
consideraba que no debía aplazarse más la reforma procesal tantas
veces anunciada. Lo consideró, pero sólo en ese sentido.
Señor ministro, sobre el Consejo General del Poder Judicial no sé si
ha sido el portavoz de Convergència i Unió el que ha dicho -y me
parece muy bien- que cada uno exponga aquí su programa si además,
como decía previamente, tiene el refrendo mayoritario de este pueblo
maravilloso. Nosotros no coincidimos en esa cuestión. Como dijo en
esa intervención hace cuatro años Pablo Castellano, no es un problema
del sistema de elección, sino del talante personal de esos
personajes: si se dejan intimidar o no, si se dejan politizar o no,
si juegan o no a ser politizados en un momento determinado. Es
evidente, que habrá que escuchar a los distintos colectivos;
representantes u organizaciones del mundo judicial. Nuestro grupo
siempre defenderá que en última instancia sean los grupos
parlamentarios, a través de la Comisión, los que lleven a Pleno las
propuestas.
La ampliación de la edad de jubilación de jueces y magistrados no
está en el Pacto de Toledo (El señor presidente ocupa la
Presidencia.), aunque debería haber estado si se hubiese aplicado;
por lo que significa de ejemplo, sería muy conveniente esperar a que
se produjeran unas negociaciones, una serie de acuerdos. Aunque no
figura el tema funcionarial, si las cosas son tan pequeñas por qué
hacerlas y, si no lo son, ténganse
en cuenta en un momento determinado. Sería conveniente porque, de
otra manera, pedacito a pedacito, al final nos encontraremos con que
no quedan zonas para el pacto, ni para el Pacto de Toledo ni para
otras cuestiones.
Quiero insistir, como ha hecho la portavoz de Eusko Alkartasuna, en
los temas competenciales, en los que a usted no le corresponde entrar
aquí, aunque otros compañeros o compañeras, hace cuatro años,
reclamaron algunos temas competenciales, de forma más o menos
indirecta, para sus respectivos ministerios -evidentemente, no de
justicia- pues no estaban de acuerdo con la estructura que se había
dado el Gobierno. Sí podría reclamar que, mientras siga existiendo el
Ministerio de Justicia -ojalá deje de existir pronto por razones
obvias-, Instituciones Penitenciarias entre en su zona.
Señor ministro, como decía un clásico de aquella generación perdida
americana, permítame que le diga, cambiando algunas de sus palabras,
que sería conveniente -y este grupo parlamentario va a esperar un
tiempo razonable a que sus palabras se conviertan en hechos- que los
dineros, las políticas y las decisiones se pusieran en el mismo cesto
en el que usted ha puesto las palabras. Si es así, como han dicho
algunos intervinientes, sería muy beneficioso, no para los grupos
parlamentarios, ni para los jueces, sino para los ciudadanos
y ciudadanas, que al fin y al cabo es nuestro objetivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: En nombre de mi grupo, quiero dar la
bienvenida al señor ministro de Justicia y los mayores deseos de
suerte, porque basta haber oído todas las intervenciones anteriores
para constatar que precisamente no le ha caído algo fácil de
solucionar y que es mucho lo que va a tener que bregar para intentar
sacar adelante todas estas cuestiones, con el añadido de haber
querido contar con todos los grupos a través de esa propuesta de
pacto de Estado.
El Grupo Popular suscribe y se alegra de ese carácter de prioridad
fundamental que ha atribuido a los problemas de la justicia en las
tareas del nuevo Gobierno. Comparte la idea de que deben ser los
ciudadanos los que se beneficien de esa política, como ha dicho,
prácticamente con las mismas palabras, el portavoz de Coalición
Canaria. Quiere alabar la celeridad de su comparecencia porque, que
sepamos, ayer compareció un vicepresidente y la primera comparecencia
de un ministro es ésta que tenemos hoy, y a eso no es ajena su propia
voluntad, más o menos sagazmente reflejada en algún medio de
comunicación. Por último, nuestra voluntad es aprovechar esa política
de puertas abiertas que nos anuncia, con la esperanza de que ayude al
máximo a que mejore esa percepción ciudadana de la justicia a la que
se refería el portavoz del Grupo Socialista,
que en efecto se ha visto muy deteriorada en los últimos años,
aunque algún dato hay de consuelo. Una encuesta del Consejo General
del Poder Judicial entre jueces y magistrados cifraba, en el año
1987, en un 60 por ciento los que entendían que la situación era mala
o muy mala, mientras que, en 1999, estábamos en un 20 por ciento.
Algo ha mejorado esa percepción, por lo menos en algunos sectores.
Como decía también el portavoz de Izquierda Unida, la confianza de
los ciudadanos y ciudadanas en la justicia es un elemento decisivo.
Nuestro grupo se alegra de esa oferta de pacto de Estado porque
reconoce, por parte del que la plantea, su mérito político, como
luego tendrá -y me referiré a ello después- no menor mérito ni
responsabilidad en todos los que nos involucremos en ella. Ese mérito
ha sido recordado por el propio portavoz del Grupo Socialista, con
una sinceridad y honradez manifiesta, quien ha recordado que hasta
1989, a su juicio, no se da un pacto de Estado; llevaba gobernando el
Partido Socialista siete años y se había reformado ya la Ley Orgánica
del Poder Judicial en 1985. O sea que, en esas condiciones, era
bastante más fácil. De todas maneras, este modesto diputado, que por
entonces ya estaba en esta Cámara, recuerda que aquel pacto de Estado
era muy singular. Había una cosa que se llamaba el bloque
constitucional, que consistía en la exclusión del principal partido
de la oposición. El planteamiento que se hace ahora es bastante más
amplio y generoso. Esperemos que tenga, también, el fruto apetecido,
aunque no ignoramos las dificultades.
Un pacto de Estado exige, en primer lugar, ignorar cuál es la propia
posición en ese pacto. Eso, de algún modo, es situarse en una zona
ucrónica, olvidarse de en qué día está uno y olvidarse de qué hay de
lo mío o qué hay de lo de ellos, de aquellos con los cuales se tienen
unos compromisos, perfectamente legítimos, asumidos; es jugar de tal
manera que no sepamos el papel que nos va a tocar, puesto que estamos
intentando diseñar un modelo para situaciones perfectamente
intercambiables, esté uno en el Gobierno o en la oposición. Esto,
teóricamente, es interesante y es bonito; es someterse a ese velo de
la ignorancia del que hablaba cierto autor y no saber uno cómo está
realmente estableciendo las reglas, porque no sabe si le benefician o
le perjudican, pero eso es bastante difícil de conseguir. Yo creo que
la clave estará, quizás (y no sé si el ensayo de hoy en ese aspecto
es muy prometedor), en que seamos capaces -y esa es nuestra
responsabilidad y no la del ministro- de insistir en los aspectos
positivos. Hoy hemos tenido aquí todo un ramillete de cuestiones que,
con gran sinceridad, los grupos han expresado como cuestiones
delicadas para ellos. No las ignoramos, son perfectamente lógicas y
legítimas. Pero quizás sería interesante una inversión de la
estrategia e intentar apuntar a cuestiones en las que positivamente
podamos encontrarnos. Mi grupo entiende perfectamente la polémica
existente sobre la elección de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial, entendemos que a la partitocracia
le resulta muy difícil devolver ámbitos de poder que ha conseguido.
Si se hubiera hecho una ley que permitiera que el Parlamento eligiera
a los rectores de universidad y hubiera habido un Tribunal
Constitucional que hubiera tenido la humorada de decir que eso era
constitucional, a condición de que no reflejara la relación existente
entre las fuerzas políticas - que todo puede ocurrir-, sería muy
difícil que se devolviera a las universidades esa posibilidad. Es
lógico que así sea, sobre todo en grupos políticos que tienen menos
espacio de poder. Lo entendemos perfectamente. Entendemos la
dificultad de esa polémica; entendemos que, hasta dentro de un mismo
grupo, haya una acerba polémica con su pasado y se ignore que hasta
1985 defendieron estrictamente la elección por parte de los jueces,
que ahora consideran perversa y propia de la derecha judicial
conservadora, lo cual es aplicable al señor Peces-Barba, a don Pablo
Castellano, que entonces estaba en el Partido Socialista, al señor
Solé Barberá y a una serie de eximias figuras de estas Cortes
Generales que han dejado su huella aquí. Lo entendemos porque son
temas muy polémicos, pero lo que tenemos que intentar es ver si nos
ponemos de acuerdo -y ese es el reto que se nos ofrece- en cuestiones
que no sean irrelevantes porque, si cada uno sustrae una serie de
elementos que considera intocables, al final, podemos hacer un
perfecto pacto de Estado sobre la nada. Yo creo que el pacto de
Estado excluye dos cosas: por un lado, el rodillo, por supuesto,
tanto desde el Gobierno como desde la oposición -que es más
chocante-, pero también el veto. En un pacto de Estado se puede
hablar de todo. Es bueno que sepamos qué temas son más delicados, es
bueno que sepamos que para CiU es delicado el tema de la vigilancia
penitenciaria; supongo que no más que para el Ministerio del
Interior, pero es delicado; estupendo. De todas maneras, si no
queremos hacer un pacto de Estado sobre la nada, tenemos que estar
dispuestos a que no haya vetos; luego, el sentido común nos llevará a
ir dando prioridades a aquello en lo que veamos perfectamente más
posibilidades de acuerdo. Y, por supuesto, un pacto de Estado no es
sobre todos los problemas de la justicia. El Gobierno sigue
gobernando y la oposición tiene que hacer oposición, lo que nos va a
exigir también una cierta gimnasia para saber distinguir qué asuntos
deben ser objeto del control parlamentario cotidiano, dónde se va a
plantear (sobre todo la oposición, que es su obligación) la tarea de
erosión y qué temas vamos a sustraer de esa agenda cotidiana para
hacer un pacto de Estado. En ese sentido, sinceramente, con la
perspectiva de un pacto de Estado, el nombramiento de una persona
para un puesto, por importante que sea, se convierte en anecdótico.
Eso será objeto de las comparecencias que ya hay pedidas -perfecto-,
pero el pacto de Estado es otra cuestión. El pacto de Estado es decir
si vamos a cambiar o no la Constitución respecto al modo de nombrar
al fiscal general, pero, si nos cae más o menos simpático el que
hay, ese no es un asunto de pacto de Estado; será un asunto de
legítima calificación política en nuestra tarea cotidiana, pero no
mezclemos ambas cosas porque podemos llegar a la caricatura.
Nuestro grupo acoge con esperanza y ánimo positivo, y casi con esa fe
que doña Begoña Lasagabaster expresaba en su momento, las
posibilidades que todos tenemos de ir forjando ese pacto de Estado.
No voy a pronunciarme en nombre de mi grupo sobre todas las
cuestiones de detalle que han ido surgiendo, simplemente a estas
alturas poco hay que añadir, excepto dos cosas que no se han dicho
meritoriamente. Lógicamente estamos hablando de los problemas que son
competencia del ministro de Justicia. Ya se ha hecho notar que las
instituciones penitenciarias no son de su competencia, se puede
discutir sobre eso, pero hoy por hoy está fuera de ella y tampoco son
sus competencias los depósitos judiciales. Me hace gracia
-imaginemos- que la consejera de Andalucía diga que agradecería mucho
que le dieran los depósitos judiciales. Supongo que el señor ministro
también, pero no se los dan, los tiene el Tesoro. Da la casualidad de
que él no los tiene. Que más quisiera que poder disfrutar de los
intereses de los depósitos judiciales dentro del ámbito de su
competencia. Sería el primero al que le tocaría La Primitiva, y
supongo que estaría encantado. Probablemente, luego le dirían en
presupuestos que, como ya recibe ingresos por esa vía, a la hora de
la subvención habría que tenerlo en cuenta, y no sé por qué eso no
ocurriría con las comunidades autónomas. Supongo que el ministro se
quejaría por discriminación en el trato. Me parece que estamos ante
un problema teórico, pero es un detalle al que no se había aludido y
por eso lo he hecho yo. El señor ministro no está cobrando los
intereses de los depósitos judiciales. Que se sepa, porque da la
sensación de que es una especie de problema de transferencias del
Ministerio de Justicia a las comunidades autónomas, pero no es el
caso.
En cuanto al problema de las vacantes, con uve, falta también un
elemento al que no se ha aludido. El Consejo General del Poder
Judicial tiene por sí y ante sí establecido el criterio, enormemente
respetable, de que no está dispuesto a cubrir ni una plaza más de
aquellas para las que considere que hay candidatos con preparación
suficiente. Dentro de lo que ellos llaman el cuerpo de opositores
entienden que hay un número determinado en él en condiciones de ser
jueces y, por tanto, creemos las plazas que creemos no las van a
cubrir. Este es un asunto que no se ha dicho aquí y, como va a venir
pronto el presidente del Tribunal Supremo y el del Consejo General
del Poder Judicial, sería interesante que se planteara porque sin ese
elemento muchas de las cosas que aquí se han dicho pierden sentido.
No tiene sentido decir si ese aumento de la jubilación, sea o no la
vía oportuna, debería verse acompañado a la vez de la creaciónde mil
plazas más ¿Para qué? ¿Para hacer una
oferta de empleo público a licenciados en derecho para que sean
jueces sustitutos? Muy bien, alumnos de mi facultad entre otros lo
agradecerán mucho, pero estamos incrementando el problema. En ese
afán de pacto de Estado hay que evitar cualquier tipo de
argumentación que parezca molesta o menos adecuada para otros grupos,
pero no es bueno que ignoremos los datos, porque son los que son. Los
datos son que en la legislatura de 1993 a 1995 se crearon 128 plazas
judiciales y en la última 526, sólo tres veces más. Podemos crear mil
y estaremos creando jueces sustitutos.
Aquí hay tres elementos localizados por el momento, a lo mejor hay
más; uno es el grado de idoneidad que va a exigir el Consejo a los
aspirantes ¿Está el Consejo dispuesto a que suceda lo que ha ocurrido
en otros ámbitos de la Función pública donde ha habido un crecimiento
del alumnado de la universidad que ha hecho que se tenga que
improvisar profesorado y, sin duda, habrá afectado a la calidad? Pero
hay profesores. Por el contrario, ¿vamos a multiplicar los
sustitutos? Ahí está este asunto. ¿Vamos a seguir creando vacantes?
Porque se crean vacantes, no plazas. Se nos ha dicho que con el
procedimiento de jubilación cubrimos doscientas, pero hay quinientas
vacantes, con lo cual no cubrimos ni la mitad. Aquí hay un
rompecabezas del que tenemos que intentar encontrar la solución, pero
cada uno ha de mojarse, si me permiten la expresión. Lo que no tiene
sentido es decir que la solución es pedir más plazas. Como se ve, ha
habido voluntad política de crearlas, pero estamos creando vacantes,
no nos engañemos, a no ser que el Consejo General del Poder Judicial
cambie de actitud o encontremos algún tipo de solución. No quiero
alargarme más.
Por parte del Grupo Popular lo que quería es sumarme al recuerdo que
se ha hecho aquí de don Carlos Lesmes, que venturosamente sigue en el
Ministerio por la espléndida labor que ha hecho en la objeción de
conciencia, y yo añadiría, simbólicamente, por no nombrar a todos, a
todo el equipo ministerial anterior: a la ministra Margarita Mariscal
de Gante que, al margen del juicio político que su tarea merezca, ha
estado accesible a los diputados; al secretario de Estado, no porque
sea amigo mío y compañero de facultad, José Luis González Montes,
cuya puerta también hemos tenido siempre abierta, hasta físicamente
hemos estado en el Ministerio. Yo lo ampliaría a algunos
parlamentarios que hoy no nos acompañan, no sólo al entrañable Pablo
Castellano, que ya ha sido nombrado, sino también a Álvaro Cuesta que
tantas horas dejó aquí; a Juan Alberto Belloch, que sigue en las
Cortes pero no en esta Cámara, y a María Teresa Fernández de la Vega,
que está en esta Cámara pero no en esta Comisión; está simplemente
adscrita. Creo que todos ellos han dejado aquí muchas horas de
trabajo por mejorar la justicia, y los que ya nos vamos sintiendo
veteranos, porque para bien o para mal permanecemos, es bueno que
tengamos para ellos un recuerdo.
El señor ministro contará con el apoyo del Grupo Popular para ese
pacto de Estado. Intentaremos colaborar al máximo en él, estorbar lo
mínimo, que también tiene su mérito en ocasiones, y a ver si vamos
consiguiendo hacer confluir soluciones.
El señor PRESIDENTE: Concluidas las intervenciones de los grupos
parlamentarios, le doy la palabra al señor ministro para que conteste
lo que estime pertinente.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Quiero agradecer
sinceramente a todos los grupos parlamentarios sus intervenciones,
sus aportaciones y esencialmente su predisposición. Realmente, como
decía alguno de los portavoces que han intervenido, después de
escuchar a todos ustedes podemos concluir que, a pesar del realismo,
de las dificultades y la complejidad que exige un pacto de Estado, es
posible. Si pusiésemos ahora en común un resumen de los temas, y
fundamentalmente del catálogo de los que tenemos que abordar,
prácticamente saldría una relación común de los mismos, incluidas las
prioridades; dichas de una u otra forma, desde una posición que es
lógica, la voluntad, la predisposición, la colaboración y los temas a
tratar me parece que son comunes y, por tanto, desde esa voluntad y
desde esa posibilidad, desde hoy más cierta, de conseguir un pacto de
Estado, me congratulo de la celebración de esta primera
comparecencia.
Yo no voy a discutir, refiriéndome a la intervención del principal
grupo de la oposición, en estos momentos ni de la paternidad del
pacto, ni de los grados de parentesco respecto a su originalidad.
Renuncio desde este momento a ese protagonismo y a cualquier otro.
Estamos ante una verdadera cuestión de Estado, estamos ante un
objetivo, una posibilidad y una oportunidad histórica; los miembros
de esta Comisión, todos los agentes, los protagonistas del mundo de
la justicia la tenemos ante nosotros y hemos de abordarla sin ningún
tipo de mezquindad. No se ha producido en ninguna de las
intervenciones de SS.SS. No es el momento de perdernos en pequeños
detalles; no es el momento de recordar, unos u otros, tiempos o
situaciones a los que hemos llegado, sino de abordar el futuro;
debemos hablar de modernidad, de modernización, de diálogo, y sobre
todo de los ciudadanos. Tenemos una magnífica posibilidad y foro para
abordarlo. Dentro de lo que SS.SS. y los grupos parlamentarios han
abordado en el ámbito de sus preocupaciones, del diseño para abordar
el pacto, es posible; además agradecería que el método, la agenda,
los tiempos que hemos establecido pudiesen ser posibles.
El objetivo último es establecer un diseño final hacia el que
caminamos, un objetivo global para que todos los pasos y todas las
decisiones vengan determinadas por ese objetivo final. Si somos
capaces de establecer
un marco de cómo es la justicia que queremos, con todos los
condicionantes e, insisto, con todas sus complejidades -porque quiero
hacer esta intervención desde el máximo realismo- en las decisiones
que a partir de ese momento se vayan tomando, debemos ser capaces de
crear el cauce para que sean coherentes respecto a ese diseño final
que vayamos a establecer. Como en ese diseño final existen -como es
lógico en todo proyecto ambicioso- distintas etapas, distintas fases
porque, si no, no sería realista, proponía que lo elaborásemos en
tres momentos, que nos pusiésemos de acuerdo en tres etapas o fases,
como ustedes las quieran llamar, teniendo siempre en el frontispicio
el interés de los ciudadanos: esa prestación de los servicios
esenciales, como es el de la justicia, dicho ello con mayúsculas. De
forma que si proponía una primera fase, un plan de choque, unas
medidas de emergencia, era para abordar ese problema que se repite,
que es real, que está en la prioridad de las preocupaciones de los
ciudadanos, que es la agilización de la justicia, aparte de la
justicia que la Constitución quiere: servida por jueces profesionales
como máxima garantía para el justiciable. Si somos capaces de abordar
el problema que existe en este momento, que es real, que es
compartido, de que 500 jueces, que son muchos, no sean profesionales
o no estén dictando sentencias a través de jueces profesionales; si
en un periodo muy corto de tiempo somos capaces de poner en práctica
esas propuestas concretas -agradezco a los grupos parlamentarios que
las hayan aceptado-, con todas las aportaciones que SS.SS. quieran,
incluso incrementando algunas medidas concretas, podemos abordar esa
primera fase. Así estaremos dando un buen servicio, una buena
respuesta para iniciar el pacto; que, como primer momento del pacto,
haya un catálogo de seis, siete u ocho medidas como la que he
propuesto para abordar el primer problema: la agilización de la
justicia, para hacerla más próxima, más cercana, más fácil para los
ciudadanos. Para ello no sólo se trata de tomar medidas relativas a
la edad o a la unificación de los procesos de selección de jueces y
fiscales, sino también a la aplicación de los nuevos sistemas de
comunicación -no sólo como medida inicial-, en lo que me he detenido
de manera importante porque va más allá de lo que algún grupo
parlamentario decía, va más allá de la informática. Ordenadores ya
tenemos o deberíamos tener todos -haremos el esfuerzo para que todo
el mundo los tenga-, ahora estamos dando un paso más. Estoy
proponiendo la propia conexión a través de la red; es decir,
incorporar la justicia al mundo de las comunicaciones a través de
Internet. Es cierto ese dato de que más del 30 por ciento de la
dilación del tiempo de un proceso se debe a las comunicaciones, al
auxilio judicial, a los exhortos, que tienen que ir de un partido
judicial a otro a través del juez decano, etcétera; ahora, a través
del correo electrónico y con las garantías que ya ofrece nuestro
ordenamiento jurídico, lo que se
hace en meses se puede hacer en horas. Con esto estaremos, de verdad,
cumpliendo ese objetivo final y urgente de dar agilidad, rapidez e
inmediatez e inmediatez a la justicia y, por tanto, a la resolución
de los problemas que las partes plantean al acudir ante un juez. Por
tanto, una primera fase sería de medidas de choque, de medidas
urgentes que podemos abordar desde ahora.
A partir de ese momento hay otras dos fases de objetivos a conseguir
en las que deberíamos dividir el pacto de Estado: una, medidas a
medio plazo y, otra, medidas a largo plazo. ¿Por qué esta división?
Porque, lógicamente, hay medidas que van a exigir más reflexión o,
tomada la decisión, más tiempo para su aplicación por condicionantes
económicos, por condicionantes técnicos, por condicionantes de la
propia estructura de nuestro ordenamiento jurídico o porque, a lo
mejor, es prudente ver el funcionamiento de algunas de las medidas
que se han tomado, como proponía el portavoz de Convergència i Unió
de manera muy acertada. Si en estos momentos tenemos algunas medidas
puestas en el foco de atención de cómo operan determinadas
circunstancias que son novedosas, quizá la prudencia nos aconseje
que, si bien podemos tener tomada la decisión de hacia dónde queremos
caminar en ese pacto, su puesta en funcionamiento la dilatemos a una
fase de medidas a largo plazo, o que para la consecución de los
medios materiales o personales y los recursos económicos también
hagamos una adecuada distribución en el tiempo, que sea acorde y
coherente con las estrategias de política económica, que también
obedecen al interés general de todos los ciudadanos.
Se debe abrir un proceso de diálogo con todos los grupos
parlamentarios y también, como he dicho al principio de mi
intervención, con el Consejo General del Poder Judicial, las
asociaciones, los colegios de abogados... Yo creo que el sistema debe
ser ir desbrozando ese camino mediante relaciones lo más bilaterales
posible para ponernos de acuerdo sobre esos elementos sustanciales de
los que hoy estamos hablando para poder después abordar su puesta en
común en cada una de las distintas fases. Por tanto, es un calendario
de objetivos y una perspectiva de futuro absolutamente clara y además
posible. Yo creo que ése debe de ser el objetivo que nos planteemos.
Abordaremos sin duda, durante esta legislatura, temas puntuales sobre
los que habrá elementos de discusión, es lógico y natural que los
haya, pero tengo la intención de no perder la perspectiva del interés
general que conlleva este pacto de Estado desde un punto de vista
definitivo y global. Y, por supuesto, que nadie tenga la más mínima
preocupación por ningún tipo de trágala. Señor portavoz del grupo de
la oposición, no lo he hecho en los primeros momentos de la
elaboración de este pacto. Un trágala es justamente todo lo contrario
a un acuerdo, a una voluntad de consenso y de aportación, en el que
hemos de tener todos posiciones flexibles,
en el que todos tendremos que flexibilizar nuestro discurso y
nuestras posiciones. Entiendo perfectamente parte del discurso que
usted ha hecho, aunque no lo comparto; pero de verdad ahora no merece
la pena entrar en ese discurso, porque seguramente ni usted esté muy
convencido y tenga que recurrir a un lugar común, de si la derecha,
los más conservadores... No creo ni que eso aporte nada ni que en
estos momentos esté en la prioridad de los ciudadanos en cuanto a su
importancia. Hemos tenido un resultado electoral como el que ha
existido y a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es
ponernos a hablar para resolver los problemas de la justicia. Insisto
una vez más, tenemos la oportunidad de abordarlos con absoluta
decisión, puesto que comparto algunas de las manifestaciones que ha
hecho S.S. en cuanto a que ha habido mucha reflexión. Es verdad, los
temas están en buena medida y afortunadamente muy reflexionados, muy
investigados y ahora tenemos que empezar a tomar decisiones de manera
conjunta para abordarlos desde la máxima cooperación y coordinación
con todo el mundo. Es verdad, como han planteado algunos de los
grupos, que dentro de nuestro modelo de organización territorial,
pero también en el tema que estamos tratando, de la justicia, en el
que hay que hacer un esfuerzo no sólo para la consecución del pacto,
sino de futuro, el camino acertado vendrá derivado de los
instrumentos de colaboración entre todos los que tienen competencias
en esta materia. Será ahí donde debemos abordar cada uno de los temas
que SS.SS. han planteado. Las conferencias sectoriales y la comisión
mixta deberán estar operando de manera permanente. Adquiría el
compromiso de convocar de manera inmediata la conferencia sectorial,
puesto que ése debe de ser el foro de encuentro que luego podremos
poner en relación con las comisiones mixtas, de tal forma que el
Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas y la
Administración general del Estado, en un debate permanente y en unos
foros adecuados, puedan colaborar para la consecución del objetivo
común.
Yo creo que esto es posible. Me reclamaban SS.SS. que tuviésemos
también en cuenta las aportaciones que se están realizando desde los
distintos ámbitos: los trabajos, los estudios, las propuestas del
libro blanco, las reflexiones del Consejo... Lo he dicho en mi
intervención, todos ellos deberán ser los documentos que tengamos
presentes, pero en este momento me parece no sólo suficiente, sino
trascendental, que el objetivo de esta comparecencia es ponernos a
trabajar, con unos tiempos, con una agenda y, sobre todo, con unos
objetivos conjuntos para resolver un problema de una dimensión tan
trascendental como es el de la justicia en España. Sinceramente, es
posible, y tendremos oportunidad de tocar en detalle cada una de las
muchas cuestiones que se han planteado, pero creo que éstas se pueden
abordar, insisto, desde la decisión. Agradezco la predisposición de
todos y cada uno de los grupos parlamentarios
de aceptar esta oferta de diálogo, de ponernos a trabajar y
de abordarlo desde hoy mismo. Es el momento de ponernos a trabajar.
El señor PRESIDENTE: Los grupos parlamentarios que deseen hacer
alguna precisión van a tener un turno; yo les ruego que sea breve,
teniendo en cuenta también la amplitud de tiempo del que han
dispuesto en la primera intervención y la hora en la que ya estamos.
Por el Grupo Socialista, el señor López Aguilar tiene la palabra.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias de nuevo al señor ministro por su
turno de contestación en ese tono dialogante y amable del que ha
hecho gala y que nosotros agradecemos enormemente, y al que
prometemos corresponder acudiendo a ese diálogo, a ese encuentro que
tendrá lugar a partir de este momento, en el que debamos ir tocando
pormenorizadamente todas las cuestiones que ha ido desgranando en su
comparecencia.
Si hay un elemento de sustanciación de este acto parlamentario de
comparecencia del ministro que desde mi punto de vista ofrece una
clara línea de continuidad con la situación anterior, marcando
distancia, por tanto, con el cambio de estilo, muy notable, que el
ministro ha exhibido en relación con la situación anterior, es
precisamente el que se refiere a la intervención del portavoz del
principal grupo de la Cámara, del grupo mayoritario que apoya al
Gobierno. Es efectivamente un ejercicio dialéctico de continuidad muy
clara con respecto de la legislatura anterior: utilizar mucho más el
turno parlamentario de intervención del principal grupo de la Cámara
para retroalimentar las argumentaciones o las líneas discursivas que
hayan sido puestas de manifiesto durante la comparecencia, para
fustigar a la oposición, es decir, para intentar, fingiendo
falazmente huir de la caricatura, practicar la caricatura.
La primera se refería a la propia idea del pacto de Estado. El pacto
de Estado tiene sentido, y tiene sentido ahora. Los pactos de Estado
no tienen sentido permanentemente, en todas las legislaturas ni con
respecto a todas las materias, pero sí hay una percepción ciudadana
muy compartida de una situación de crisis muy generalizada en lo que
se refiere al rendimiento, en primer lugar, y al crédito social de la
justicia, y eso es lo que requiere en un momento un pacto de Estado.
El desarrollo de las instituciones constitucionales tuvo su
oportunidad, y entonces hubo que hacer esas apuestas, que no se
corresponden, desde luego, con las posiciones que he escuchado como
fueron fijadas en su momento en boca del portavoz del Partido
Popular, pero que en todo caso tuvieron lugar en su momento. Tiempo
después es la ocasión de acometer un desarrollo completamente
distinto, que es el de satisfacer aquello que requiere un gran
consenso parlamentario, un gran esfuerzo de legitimaciónsocial
sostenida y que tenga continuidad más
allá de una legislatura. Es ahí donde cobra perfecto sentido, estamos
de acuerdo desde el Grupo Socialista con el ministro en el enfoque
del pacto de Estado; tiene sentido el pacto de Estado aun cuando no
podamos estar de acuerdo en lo que se refiere al desarrollo
legislativo del diseño de un órgano constitucional de extremada
relevancia, como es el Consejo General del Poder Judicial. Éste no
cayó en 1985 víctima de ninguna partitocracia. Ese enfoque
deslegitimador de la influencia de los partidos políticos esconde
desde siempre -y su paroxismo es Italia, que inventó el término- una
desconfianza frente a la fuente de legitimación democrática de los
órganos que no son elegidos directamente por el pueblo. Por tanto,
legitimación democrática indirecta, que puede recabar perfectamente
para sí la residencia de la soberanía popular y que no puede ni debe
traducirse en partitocracia.
La lectura que hace de la sentencia del Tribunal Constitucional es
exactamente la inversa de la que corresponde. El Tribunal
Constitucional en su sentencia 108/1986 lo que señala es que el
sistema fue constitucional; argumentos de mayor abundamiento
señalaron una serie de peligros que no legitiman esa erosión
constante que, desde que la modificación de la composición del órgano
se produjo, ha venido siendo infligida sobre el Consejo General del
Poder Judicial por parte de una derecha y de un pensamiento jurídico
conservador que no ha desaparecido en función de una mayoría
electoral que nosotros constatamos perfectamente, pero que sigue ahí
muy vital y que está dispuesta a manifestarse en cuanto se le dé la
oportunidad de recuperar esa concepción corporativa del órgano de
gobierno del Poder Judicial.
Desde luego, tampoco deslegitima la política del pacto de Estado un
determinado nombramiento de un fiscal general del Estado, en eso
estamos completamente de acuerdo con el señor Ollero. Ahora, lo que
sucede es que ese nombramiento no es anecdótico. En primer lugar, por
la relevante función que cumple el fiscal general del Estado, pero,
en segundo lugar, porque ha provocado graves fricciones y va a
provocar la comparecencia del ministro para explicar actuaciones muy
discutidas por parte del titular del órgano. El Gobierno está en
perfecta legitimidad de nombrar un fiscal general del Estado. Lo dice
la Constitución y nosotros no lo discutimos. Lo que sucede es que
políticamente discrepamos de la persona y de su rendimiento y al
hacer balance de legislatura nos sentimos legitimados para tener una
posición muy crítica frente a su confirmación en el cargo. Eso no
desdice el pacto de Estado, por supuesto que no; a partir de ahí
podemos continuar dialogando. Lo que pasa es que no vamos a disolver
nuestra función de oposición con respecto a una decisión que se toma
cuando acaba de empezar la legislatura y que entendemos desacertada.
Se trata de ver qué sustancia puede tener el pacto de Estado. El
ministro ha iluminado en su segunda intervención los elementos sobre
los que sí podemos dialogar y, a lo mejor, establecer acuerdos: por
supuesto, el problema
de la agilización y la evitación de las dilaciones, y eso tiene
muchos frentes de actuación. Por un lado, la evitación del proceso,
fomentando las conciliaciones previas y también el propio cambio del
papel del juez, pero, por otro lado, también la dimensión personal. Y
eso no se arregla sólo convocando muchas oposiciones que luego el
Consejo, como es titular de la competencia para la selección, puede
restringir en su sustanciación práctica porque no adjudica todas las
plazas que estaban disponibles en la convocatoria. Se subsana ese
desfase entre la demanda judicial y la disponibilidad de efectivos
para atender el servicio de otras muchas maneras complementarias. Por
ejemplo, con un tercer y cuarto turno, con todas las correcciones que
sean de rigor, pero manteniendo incorporaciones adicionales.
Alude el ministro a menudo a la idea del juez profesional. Nosotros
la subrayamos y convenimos con ella, pero el juez profesional no es
solamente el juez que entra por oposición a los 25 ó 26 años, después
de tres años de haberse puesto en manos de un preparador, integrado
en la carrera judicial, sometido a todo tipo de prácticas
distorsionantes de lo que luego pueda ser su rendimiento efectivo
como profesional de la judicatura, sino que también se aprovecha el
caudal que pueden aportar al ejercicio de la jurisdicción los
profesionales del derecho, que han conseguido acumular méritos y
capacidades y, sobre todo, madurez de todo orden, también
psicológica, para poder acometer funciones que tiene también
encomendada la carrera judicial.
Por tanto, las vías de integración -y hay que aprovecharlas en todas
sus dimensiones- son vías complementarias a la exploración de la
prolongación de la edad de jubilación y a otras muchas, y ahí podemos
entendernos. Por supuesto, también en reordenación competencial,
racionalización de la justicia, distribución de competencias
y responsabilidades. Parte del descrédito de la justicia tiene que ver
con la escasa fijación de los titulares de órganos judiciales y
también de los restantes cuerpos al servicio de la Administración de
justicia. En Canarias ese problema se persigue de forma dramática -lo
he escuchado también de Cataluña, aunque no sólo sucede en Cataluña-,
donde los jueces y los funcionarios pertenecientes a cuerpos
nacionales acuden a un primer destino del que quieren huir a la mayor
velocidad posible, perjudicando al servicio, perjudicando el
rendimiento de los órganos judiciales de la demarcación judicial en
el archipiélago canario. Esto es un problema que se puede solventar
razonablemente y en el que el Partido Popular, el Partido Socialista
y otros grupos de la Cámara seguramente estaremos dispuestos a
encontrar fórmulas que, por otra parte, están en el ánimo de todos:
el tratamiento de cuál es el régimen estatutario de los cuerpos de la
Administración de justicia, las transferencias adecuadas, la
determinación de las responsabilidades. Ahí tiene sentido un pacto de
la justicia. También podemos entendernos en la programación
presupuestaria, en elincremento de los presupuestos destinados a la
Administración
de justicia y, por supuesto, también en los procedimientos. En la
reforma del procedimiento de enjuiciamiento criminal hemos hecho ese
ofrecimiento, pero, eso sí, teniendo en cuenta, en primer lugar -lo
subrayamos de nuevo- el espíritu que debe presidir estas
conversaciones, porque no se trata de presentar platos precocinados,
sino de participar en el diseño, evitando naturalmente aquellos
aspectos en los que se sabe que no puede haber entendimiento. Esa es
una buena manera de enfocar un pacto de Estado. Si queremos abordar
unos pactos de Toledo en los cuales uno de los elementos de la
negociación sea la desaparición de la Seguridad Social, que pueda
entenderse, muy a justo título, absolutamente inconstitucional como
punto de partida, el pacto de Estado que se traduce en los pactos de
Toledo será imposible. Pero si hablamos de aquello en lo que podemos
entendernos, evitando aquello en lo que no podemos entendernos, el
pacto de Estado tiene sentido, es posible y tiene su repercusión con
respecto al crédito de la justicia y al beneficio de los ciudadanos,
que es en lo que todos estamos pensando.
Queremos de nuevo mostrar nuestra disposición desde este mismo
momento a la continuidad de esas conversaciones y de ese diálogo que
debe inspirar el arranque de esta legislatura, pero también
subrayando la inminencia de esas conversaciones, porque no podemos
marear la perdiz, no podemos desperdiciar la oportunidad de que han
surgido en las intervenciones de los restantes grupos parlamentarios
elementos suficientes de consenso. Son esos elementos de consenso los
que deben de inspirar el nuevo tratamiento normativo o ejecutivo que
deban de merecer las cuestiones de la justicia. En ese terreno nos
encontrará al Grupo Parlamentario Socialista el ministro de ahora y
en lo sucesivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva en
representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Mi intervención va a ser también muy breve en
la medida en que lo que toca ahora -y, desde luego, aceptamos el
ofrecimiento del señor ministro- es ponernos a trabajar de forma
inmediata y con la intensidad que el caso requiere.
Señor ministro, mi grupo parlamentario le reconoce, y no le duelen
prendas, el talante, la credibilidad y el peso político como para
augurar un buen éxito al mundo de la justicia en esta legislatura y
para augurar el éxito de este pacto de Estado; se le reconoce a usted
y se le reconoce también a su equipo. Después de haber tenido la
ocasión durante el día de hoy de oír a los portavoces de los
restantes grupos parlamentarios, nos reafirmamos todavía más en ese
buen augurio de ser capaces de avanzar muy decididamente en la
resolución de este tema que tanto afecta a los ciudadanos españoles.
Desde luego, nos comprometemos también a prestar el apoyo que sin
duda necesitará su Ministerio en la batalla por el
presupuesto, y traigo aquí alguna expresión latina, aquella de
pecunia ergo rerum, ciertamente el dinero no lo es todo, pero sin
dinero no hay nada. Por lo tanto, ahí cuente con ese apoyo para
disputar lo que son bienes y recursos escasos a otros compañeros
suyos de gabinete que también los precisan para temas muy
importantes, pero posiblemente no tan importantes como la justicia.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Quiero reiterar, en nombre del Grupo
Popular, nuestro apoyo al señor ministro, recordando además que el
velo de la ignorancia, como él decía, se ha dado en esta propuesta de
pacto de Estado, puesto que se formula en el programa electoral
cuando aún no se sabía cuál era el resultado de las elecciones. Este
pacto de Estado no es fruto del hecho de que el Partido Popular
consiguiera la mayoría absoluta, sino que estaba propuesto antes
incluso de conocerse ese resultado.
Nada más, aunque me veo en un dilema. Si interrumpo aquí mi
intervención y no hago ninguna alusión a las referencias que se me
han hecho, se puede interpretar que lo hago por llevar la contraria a
quien ha dicho que hay una continuidad, pero, de todas maneras, para
acabar antes, voy a hacerlo así. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ya, para cerrar el debate, tiene la palabra el
señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Con toda brevedad
porque las últimas intervenciones, con fortuna desde mi punto de
vista, lo que hacen es abundar en la posición del pacto posible y
deseable. Voy a aprovechar esta última intervención para hablar de un
tema que no he querido tocar en la intervención anterior, y con ello
contesto a una pregunta, que nada tiene que ver con el pacto de
Estado -el tema de los magistrados de enlace-, que me formulaba el
portavoz del Grupo Socialista.
Efectivamente, el origen de los llamados magistrados de enlace se
encuentra en una acción común de 22 de abril de 1996, que fue
adoptada por el Consejo de la Unión Europea. Se creó un marco de
intercambio de los magistrados de enlace. En él buscan mejorar la
cooperación judicial y contribuir a la mayor comprensión recíproca de
los ordenamientos jurídicos y de los sistemas judiciales de los
Estados miembros de la Unión Europea. Como saben, entre las funciones
de estos magistrados de enlace no está la de ejercer funciones
jurisdiccionales, sino funciones de cooperación, de relación entre
ambos Estados y, según la legislación española -que lo que hemos
hecho no ha sido sino cumplirla-, se crea esa figura por ley y el
procedimiento
de su nombramiento, que ha sido votado por los distintos grupos
parlamentarios -y el propio Grupo Socialista no votó en contra de la
ley en su conjunto ni de este artículo-, es que debe de ser nombrado
por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos
Exteriores y del Ministerio de Justicia. No sólo podría haber sido un
magistrado, sino también un fiscal, según nuestra legislación, pero
en otros países ni siquiera tiene que tener esta condición, sino que
puede ser un especialista, un experto en derecho, porque si va
a trabajar en cooperación, en materia jurídica en las relaciones entre
Estados, que es quien tiene la competencia, lógicamente una
característica, que desde luego el candidato que tenemos intención de
proponer tiene sobradamente acreditada, ha de ser la de ser un
especialista en el proceso y, por tanto, en el conocimiento del
derecho sustantivo y del derecho procesal. Pero,
para descanso de SS.SS., no va a tener atribuida ninguna función
jurisdiccional, por lo que yo creo que a este respecto pueden estar
tranquilos.
En definitiva, para acabar, quiero agradecerles sus intervenciones en
esta comparecencia, reiterarles todo lo dicho y, como finalizaba el
portavoz de Convergència i Unió, pongámonos a trabajar.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, le agradezco su presencia aquí
esta mañana, su comparecencia y su disposición a facilitar los
trabajos de la Comisión, que estoy seguro que le ayudarán a su
acierto en las decisiones y que serán el acierto de todos.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.