CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1999 VI Legislatura
Núm. 147



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA



Sesión del Pleno



celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DIA:



Primero



Preguntas:



--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración que hace el Gobierno
del ritmo de ejecución y del destino de las ayudas enviadas por España
para paliar los efectos del huracán Mitch (publicada en el ««Boletín
Oficial de las Cortes Generales»», Senado, Serie I, número 766, de fecha
2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000870).




--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
considera el Gobierno que la publicidad que está realizando ahora la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) acerca del nuevo
impuesto sobre la renta va a contribuir a que los ciudadanos cumplan en
mayo del año 2000 con sus obligaciones tributarias (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766,
de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000875).




--De D. ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas del nuevo Plan estratégico español para
la conservación y el uso racional de los humedales (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766,
de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000879).




--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
planes concretos del Ministerio de Defensa con respecto al hospital
militar de Palma de Mallorca (Illes Balears) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2
de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000868).

Página 6900



--De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno comparte el criterio de la Dirección General del
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de la Comisión de
Investigación de carácter interno constituida, sin la participación del
Comité de Empresa, en relación con la desaparición de diversas cintas del
archivo de dicho Ente (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999)
(Número de expediente 680/000874).




--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las acciones que está realizando el
Gobierno para que los contratos de las compañías navieras Elcano y F.

Tapias para la construcción de los barcos objeto del contrato «chárter»
de Repsol, S. A., se adjudiquen a Astilleros de Sestao (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766,
de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000871).




--De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno ante las instancias
comunitarias, encaminadas a la defensa de los intereses del consumidor de
electricidad, en la tramitación del expediente relativo a los costes de
transición a la competencia establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre
de 1999) (Número de expediente 680/000877).




--De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si tiene previsto el Gobierno conceder el indulto
solicitado por un ex juez condenado por el delito de prevaricación
continuada (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 680/000876).




--De D.a MARIA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas dirigidas a la mejora de la Justicia de
Paz en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 680/000878).




--De D. IGNACIO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas dirigidas al programa de
informatización de los Registros Civiles en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766,
de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000880).




--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
va a permitir el Gobierno una modificación del convenio de carreteras
suscrito con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000854).




--De D.a ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno para favorecer
el diagnóstico precoz, la rehabilitación y la reinserción social de las
personas afectadas por el síndrome del cromosoma denominado X Frágil
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000873).




--De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la evolución en los tres últimos años de la transmisión
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) de madres a hijos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000882).




--De D.a CARMEN VIRGILI I RODON, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno respecto a la aprobación de los
Estatutos de cada uno de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS),
a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de Investigación Científica y Técnica
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000872).




--De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el
Gobierno tras el anuncio de las autoridades educativas brasileñas de
declarar el español como lengua obligatoria en el sistema educativo
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente
680/000881).




Página 6901



--De D. JOSE IGNACIO LOPEZ BORDERIAS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las propuestas que realizará el Gobierno en la Cumbre
Iberoamericana que se celebrará en La Habana (Cuba) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766,
de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de expediente 680/000883).




Segundo



Interpelaciones:



--De D.a ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el ejercicio profesional y los riesgos para la salud del tatuaje,
el «piercing» y la micropigmentación (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de
noviembre de 1999) (Número de expediente 670/000157).




--De D. ISIDORO TORRES CARDONA y D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la forma en la que se desarrolla y controla el
proceso de información electoral a los integrantes del Censo de Españoles
Residentes Ausentes (CERA), así como sobre las medidas a adoptar
encaminadas a garantizar la nitidez total y absoluta en los procesos
electorales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de
expediente 670/000159).




--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las líneas directrices de la
política cultural del Gobierno, dirigidas a preservar y potenciar
realmente las diversas culturas del Estado y, al mismo tiempo, distribuir
equitativamente los recursos públicos (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de
noviembre de 1999) (Número de expediente 670/000152).




--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las políticas que está efectuando el Gobierno para desarrollar el
Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, y, especialmente, La Línea
de la Concepción (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 766, de fecha 2 de noviembre de 1999)
(Número de expediente 670/000158).




Tercero



Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:



--Proyecto de Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 159, de fecha 15 de octubre de 1999)
(Número de expediente S. 621/000159) (Número de expediente C. D.

121/000181).




--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril,
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 156,
de fecha 7 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 621/000156)
(Número de expediente C. D. 121/000166).




Cuarto



Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 158, de fecha 2 de noviembre de 1999) (Número de
expediente S. 621/000158) (Número de expediente C. D. 121/000171).




Página 6902



SUMARIO



Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.




PREGUNTAS (Página 6906)



De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre la valoración que hace el Gobierno del
ritmo de ejecución y del destino de las ayudas enviadas por España para
paliar los efectos del huracán Mitch (Página 6906)



El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).




De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si
considera el Gobierno que la publicidad que está realizando ahora la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) acerca del nuevo
impuesto sobre la renta va a contribuir a que los ciudadanos cumplan en
mayo del año 2000 con sus obligaciones tributarias (Página 6907)



El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).




De D. ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas del nuevo Plan estratégico español para
la conservación y el uso racional de los humedales (Página 6908)



El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).




De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
planes concretos del Ministerio de Defensa con respecto al hospital
militar de Palma de Mallorca (Illes Balears) (Página 6909)



El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach).




De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si el Gobierno comparte el criterio de la Dirección General del
Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) acerca de la Comisión de
Investigación de carácter interno constituida, sin la participación del
Comité de Empresa, en relación con la desaparición de diversas cintas del
archivo de dicho Ente (Página 6910)



El seño Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).




De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las acciones que está realizando el
Gobierno para que los contratos de las compañías navieras Elcano y F.

Tapias para la construcción de los barcos objeto del contrato «chárter»
de Repsol, S. A., se adjudiquen a Astilleros de Sestao (Página 6911)



El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).




De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno ante las instancias
comunitarias, encaminadas a la defensa de los intereses del consumidor de
electricidad, en la tramitación del expediente relativo a los costes de
transición a la competencia establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (Página 6912)



El señor Franco Gutiez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Franco Gutiez. En turno de



Página 6903



dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).




De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si tiene previsto el Gobierno conceder el indulto solicitado por un
ex juez condenado por el delito de prevaricación continuada (Página 6914)



El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).




De D.a MARIA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas dirigidas a la mejora de la Justicia de
Paz en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000 (Página 6915)



La señora De España Moya formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora de España Moya.




De D. IGNACIO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas dirigidas al programa de
informatización de los Registros Civiles en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (Página 6915)



El señor Ariznavarreta Esteban formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón)



De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si va
a permitir el Gobierno una modificación del convenio de carreteras
suscrito con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(Página 6916)



El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo).




De D.a ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno para favorecer
el diagnóstico precoz, la rehabilitación y la reinserción social de las
personas afectadas por el síndrome del cromosoma denominado X Frágil
(Página 6918)



La señora Barenys i Martorell formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Barenys i
Martorell. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Sanidad y
Consumo (Romay Beccaría).




De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución en los tres últimos años de la transmisión del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) de madres a hijos
(Página 6919)



El señor Armario Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).




De D.a CARMEN VIRGILI I RODON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las previsiones del Gobierno respecto a la aprobación de los Estatutos de
cada uno de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), a los que se
refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de Investigación Científica y Técnica (Página 6920)



La señora Virgili i Rodón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey). En turno
de réplica, interviene de nuevo la señora Virgili i Rodón. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey).




De D. JUAN VAN-HALEN ACEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno tras
el anuncio de las autoridades educativas brasileñas de declarar el
español como lengua obligatoria en el sistema educativo (Página 6921)



El señor Van-Halen Acedo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro



Página 6904



de Educación y Cultura (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de
nuevo el señor Van-Halen Acedo.




De D. JOSE IGNACIO LOPEZ BORDERIAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las propuestas que realizará el Gobierno en la Cumbre
Iberoamericana que se celebrará en La Habana (Cuba).




Esta pregunta ha sido retirada.




INTERPELACIONES (Página 6923)



De D.a ROSA BARENYS I MARTORELL, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el ejercicio profesional y los riesgos para la salud del tatuaje,
el «piercing» y la micropigmentación



La señora Barenys y Martorell realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cardona i Vila, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las señoras Barenys i
Martorell, por el Grupo Socialista, y Coloma Pesquera, por el Grupo
Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría).




De D. ISIDORO TORRES CARDONA y D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la forma en la que se desarrolla y controla el
proceso de información electoral a los integrantes del Censo de Españoles
Residentes Ausentes (CERA), así como sobre las medidas a adoptar
encaminadas a garantizar la nitidez total y absoluta en los procesos
electorales (Página 6930)



El señor Torres Cardona realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes
Juan). Vuelve a intervenir al señor interpelante. Asimismo lo hace el
señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el
Grupo Mixto; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Vázquez
Portomeñe, por el Grupo Popular.




De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Congergència i Unió, sobre las líneas directrices de la política
cultural del Gobierno, dirigidas a preservar y potenciar realmente las
diversas culturas del Estado y, al mismo tiempo, distribuir
equitativamente los recursos públicos (Página 6937)



El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy
Brey). En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Varela i
Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Vuelve a
intervenir el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey).

Continuando con el turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez,
por el Grupo Popular.




Se suspende la sesión a las catorce horas.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las políticas que está efectuando el Gobierno para desarrollar el Campo
de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, y, especialmente, La Línea de la
Concepción (Página 6946)



El señor Carracao Gutiérrez realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández). Vuelve
a intervenir al señor interpelante. Asimismo lo hace el señor
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández). En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Carracao Gutiérrez, por el Grupo Socialista, y Mancha
Cadenas, por el Grupo Popular. El señor Carracao Gutiérrez interviene de
nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor Vicepresidente
Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos
Fernández).




CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6956)



Proyecto de Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6956)



Página 6905



Se abre debate de totalidad.




No se producen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra las señoras Granado Paniagua, por el Grupo Socialista,
y Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.




Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.




La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril,
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (Página 6957)



Se abre debate de totalidad.




No se consumen turnos a favor, en contra ni de portavoces.




Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.




La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6958)



De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (Página 6958)



La señora López Yébenes, Secretaria Segunda de la Comisión, presenta el
dictamen.




Comienza el debate de la propuesta de veto.




El señor Gallego López defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo
Socialista. El señor Sanz Blanco consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Estaún García, por el
Grupo Mixto, Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Gallego López, por el Grupo Socialista, y Sanz
Blanco, por el Grupo Popular.

Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 78 votos a
favor, 118 en contra y 1 abstención.




Se inicia el debate de las enmiendas.




El señor Estaún García, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
13 a 18, 20 a 23 y 25 a 37. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende
las enmiendas números 1 a 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 38 a 81 y 83 a 122,
del Grupo Socialista. El señor Esteban Albert consume un turno en contra.

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Estaún
García, por el Grupo Mixto; Aleu i Jornet, por el Grupo Socialista, y
Esteban Albert, por el Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor y
186 en contra.




Se rechazan las enmiendas números 26 a 33 y 35, del Grupo Mixto, por 10
votos a favor, 115 en contra y 71 abstenciones.




Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Mixto por 81 votos a favor,
114 en contra y 2 abstenciones.




Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 193 votos a favor y 1 en contra.




Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 6 votos a favor, 187 en contra y 4 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 3 y 4, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 109 en contra y 73
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 6 y 7, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 86 votos a favor, 109 en contra y 2
abstenciones.




Se aprueban las enmiendas números 48 y 120, del Grupo Socialista, por 185
votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 38 a 47, 49 a 60, 62 a 66, 68 a 71 y 74
a 80, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 115 en contra y 9
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 83, 85, 86, 88 a 92, 94 a 119 , 121 y
122, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 117 en contra y 9
abstenciones.




Se rechazan las enmiendas números 61, 67, 72, 73, 81 y 84, del Grupo
Socialista, por 75 votos a favor, 116 en contra y 6 abstenciones.




Página 6906



Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 124 votos a
favor, 1 en contra y 72 abstenciones.




Se aprueban las propuestas de modificación relacionadas con las enmiendas
87 a 93, así como la corrección de errores firmada por todos los grupos
parlamentarios, por 194 votos a favor y 3 abstenciones.




Se aprueban las propuestas de modificación relativas a los artículos 22,
23.1, 27, 51.4, 59.4 y 5, 60, 74, 76, 90, 96, 97, 107, 109 y 111, así
como a las disposiciones adicionales primera, cuarta y quinta,
transitoria cuarta y final primera, por 120 votos a favor, 4 en contra y
72 abstenciones.




Se aprueban las propuestas de modificación en relación con los artículos
5, 10, 38.1, 58, 84 y 103, así como con la disposición final segunda, por
192 votos a favor y 4 en contra.




Se aprueban los artículos 61 bis, apartados 2 y 12, y 71, apartado 4, por
116 votos a favor, 80 en contra y 1 abstención.




Se aprueba el resto del texto del dictamen por 122 a favor, 72 en contra
y 1 abstención.




La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.




Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.




La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.




PREGUNTAS:



--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO
DEL RITMO DE EJECUCION Y DEL DESTINO DE LAS AYUDAS ENVIADAS POR ESPAÑA
PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL HURACAN MITCH (680/000870).




La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto primero del orden del día,
preguntas.

En primer lugar, pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
valoración que hace el Gobierno del ritmo de ejecución y del destino de
las ayuda enviadas por España para paliar los efectos del huracán Mitch.

Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Quiero plantear esta pregunta, señor Ministro, con un enfoque
absolutamente positivo, pues sería inmoral que pretendiera hacer lucha
partidista del enorme drama humano que ocasionaron los efectos del
huracán Mitch hace un año en Centroamérica.

Por ello, empiezo por reconocer al Gobierno buena voluntad y sinceridad
en querer ayudar a Centroamérica y valoramos su esfuerzo al tratar de
orientar 14.000 millones de créditos FAD en condiciones blandas más
favorables. Todo ello es positivo.

Sin embargo, la realidad de la ayuda de una ONG tan solvente como
Intermon, que acaba de aparecer, es demoledora y no permite ningún
triunfalismo. En Guatemala se dice que sólo se han aprobado tres millones
de dólares, a través de la fórmula FAD, que aún no se han licitado. De
Nicaragua se afirma que se han aprobado 16 millones de dólares para la
carretera Managua-Granada, que no es una zona afectada por el huracán
Mitch, y sólo seis millones de dólares para rehabilitar el alcantarillado
en una zona que sí está altamente afectada. En Honduras, sólo
recientemente se acaba de asignar el grueso de la ayuda y en El Salvador,
que solicitó ayuda para vivienda social, los proyectos redactados hasta
ahora no se pueden ejecutar porque no encajan con el modelo FAD.

Analizando el conjunto, señor Ministro, se observa que los créditos FAD
no parecen la ayuda más apropiada en tales catástrofes, pues aparte de
generar deuda, al orientarse hacia aquellos sectores que más interesan a
las empresas exportadoras españolas, las ayudas no se dirigen a los
sectores de desarrollo social básico y, además, hacen más lento el
proceso de ejecución. En el informe hay un caso tristísimo de intento de
construcción de viviendas en Nicaragua, que sirve de ejemplo de todo
ello.

Tampoco parece satisfactorio el recurso a los microcréditos, por su
carácter reembolsable y por orientarse más a rentas medias que a pequeños
productores y campesinos. Ante un balance más bien mediocre e
insuficiente, y como el deseo de todos --lo reconozco-- es hacer las
cosas mejor, pregunto: ¿Qué valoración hace el Gobierno del ritmo y del
destino de las ayudas a Centroamérica?
Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.

Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, le agradezco su buena voluntad y el reconocimiento del
esfuerzo que ha realizado el Gobierno y,



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también, el que ha realizado el conjunto de la sociedad española. Quiero
recordar a la Cámara que en el caso de las consecuencias trágicas del
huracán Mitch y también las que asolaron la República Dominicana, España
ha sido, sin duda, el primer país del mundo en ayuda.

Por responder lo más concretamente posible a sus inquietudes, quisiera
distinguir dos tipos de ayudas: las de emergencia, que son las que se
realizan inmediatamente y que se refieren a alimentos, material
sanitario, medicamentos, y todo tipo de material de primera necesidad,
que fue transportado por medios del Ejército del Aire de la Armada
Española, así como de la Compañía Iberia, a lo que hay que añadir los
servicios prestados por los expertos de protección civil y los trabajos
efectuados desde hace cinco meses por la unidad del Ejército Español,
despejando vías de comunicación y atendiendo a enfermos. Todo ello ha
supuesto un coste para el Estado de aproximadamente 5.700 millones de
pesetas, a lo que hay que sumar los donativos realizados por los
ciudadanos españoles a título particular, y que ascienden a unos 18.000
millones de pesetas que han sido gestionados por las ONGs.

Los planes de reconstrucción, indudablemente, son los más cuantiosos y
son financiados por créditos FAD --que es precisamente para lo que están
pensados, créditos que en el caso del huracán Mitch han gozado de
condiciones excepcionales: el 80 por ciento de liberalidad, 30 años de
amortización y 13 de carencia, y no se ha establecido, a diferencia de lo
habitual, ningún límite en cuanto a proporción de gastos locales que
puedan incorporar a cada proyecto.

Quisiera recordarle al Senador que para el Plan de reconstrucción se han
aprobado créditos FAD por un montante de 160 millones de dólares --159 y
medio, exactamente-- y reorientado, además, otros 286 millones de
dólares.

Esto requiere un período de maduración, que comprendo que como todo en la
vida es discutible, pero el que los recursos hubieran sido utilizados sin
el concurso de las administraciones locales nos hubiera creado otro tipo
de problemas. Ese período de maduración quiere decir que, entre enero y
febrero de este mismo año, se contrataron 21 empresas consultadas que
identificaron 100 proyectos; entre abril y junio se hizo una selección de
15 y 17 proyectos a Nicaragua y Honduras, respectivamente; en el mes de
julio se procedió a la identificación, junto a las autoridades locales de
los proyectos a ejecutar; en octubre se ha acabado de fijar la lista de
proyectos concretos, y nos encontramos en la fase de elaboración del
anteproyecto de la ejecución de las obras.

En lo relativo a la afirmación que ha hecho su señoría con respecto a la
famosa carretera que une Managua con Masaya, quiero decirle que no
coincide con lo que aprecian las autoridades locales, que supongo que les
tendremos que escuchar también. En conjunto, los recursos que se han
aplicado del crédito Mitch, que son 30 millones de dólares, han ido
fundamentalmente a la reconstrucción de infraestructuras de los
departamentos de Managua, Masaya y Granada, donde se ubica el 36 por
ciento de la población del país y cuyas carreteras fueron las más dañadas
debido al desbordamiento del lago de Managua. Los proyectos que se van a
financiar son fundamentalmente de rehabilitación de infraestructuras,
mejora de comunicaciones, y el sector del agua, básico para mejorar las
condiciones sanitarias de la población.

En cuanto a la reprogramación de recursos, las autoridades locales han
manifestado su interés en la financiación de proyectos integrales de
desarrollo social básico y la financiación de proyectos del sector
energético, debido a los daños sufridos en la infraestructura de ese
sector con motivo del huracán. Adicionalmente se ha aprobado por petición
expresa de las autoridades de Nicaragua un centro de control de tráfico
aéreo en el aeropuerto de Managua, debido a las deficientes condiciones
de seguridad existentes actualmente en dicho aeropuerto.

Señor Senador, indudablemente las críticas son siempre útiles y, además,
imprescindibles para la transferencia y la mejora de este tipo de
operaciones que son extraordinariamente complejas, en las que no sólo hay
que tener en cuenta la voluntad de las ONGs o de los Gobiernos que
podemos prestar ayuda, sino también las posibilidades locales y las
posiciones de las autoridades locales, sin las cuales es imposible llevar
a cabo este tipo de proyectos.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA PUBLICIDAD QUE ESTA REALIZANDO AHORA LA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT) ACERCA DEL NUEVO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA VA A CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUMPLAN EN
MAYO DEL AÑO 2000 CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (680/000875).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Aleu i
Jornet, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el
Gobierno que la publicidad que está realizando ahora la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) acerca del nuevo Impuesto sobre la
Renta va a contribuir a que los ciudadanos cumplan en mayo del año 2000
con sus obligaciones tributarias.

Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.




El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Vicepresidente, en los medios de comunicación han aparecido unos
«sketchs» de propaganda sobre el nuevo Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Es lógico imaginar que lo que pretenden es convencer a
los ciudadanos de que cumplan con sus obligaciones tributarias. Otra
finalidad sería, única y exclusivamente, vender propaganda electoral por
parte del Gobierno. Por eso, nosotros



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formulamos la pregunta: ¿Cree el Gobierno que esta propaganda va a
contribuir a que en el mes de mayo los ciudadanos cumplan con sus
obligaciones?
Por favor, contésteme, porque ninguna de las tres últimas preguntas que
he formulado al Gobierno han sido contestadas.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, sí.




La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Aleu. (Pausa.)



--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS DEL NUEVO PLAN ESTRATEGICO ESPAÑOL PARA
LA CONSERVACION Y EL USO RACIONAL DE HUMEDALES (680/000878).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Enrique
Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las
líneas básicas del nuevo plan estratégico español para la conservación y
el uso racional de humedales.

Tiene la palabra el Senador Bellido.




El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, puede parecer tal vez una paradoja que hablemos de
humedales en un país como el nuestro, gravemente amenazado por la
desertización, al menos en algunas regiones, y con un régimen de lluvia
que todos sabemos que es irregular y que este año nos ha brindado uno de
los episodios más secos del presente siglo. Sin embargo, no debemos
olvidar que en España hay censados o registrados más de mil de esos
ambientes acuáticos, la inmensa mayoría de ellos con un indudable valor
medioambiental, ambientes que se sitúan en zonas tan cálidas como
Andalucía y, más concretamente, en mi provincia, Córdoba, y en la
provincia de Málaga. Entre esos humedales podemos encontrar marismas,
lagunas, turberas, estanques o salinas que han visto reducida su
extensión en un 60 por ciento a lo largo de los últimos 40 años y no
precisamente por la falta de lluvias, sino por el mal uso que de ellos se
ha venido haciendo y también --hay que decirlo-- por el desconocimiento
que de sus valores ambientales se ha tenido.

Por tanto, señora Presidenta, señora Ministra, no resulta tan paradójico
que estemos hablando de los humedales españoles cuando con ello no
buscamos sino preservar unos ecosistemas en grave peligro de extinción.

Una vez hechas estas consideraciones, señora Ministra, entiendo que es
importante que la Administración central, las administraciones
autonómicas, provinciales y también locales, con competencia en materia
medioambiental y de ordenación y protección del suelo, tomen conciencia
social de la necesidad de preservar las zonas húmedas existentes y
también de recuperar aquellas que aún sea posible, de una forma
coordinada entre todas las administraciones, ya que se han de adoptar las
medidas de tipo legislativo, normativo, económicas y de control
necesarias para tal fin. De ahí, señora Ministra, que le pregunte sobre
las líneas básicas del nuevo plan estratégico español para la
conservación y el uso racional de los humedales.

Muchas gracias, señora Ministra. Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.

Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señora Presidenta.

Señoría, comparto la preocupación que acaba de manifestar porque,
efectivamente, los ecosistemas acuáticos han sido los grandes olvidados
en nuestro país, y la verdad es que no se puede hablar de estrategias de
biodiversidad como la que aprobó este Gobierno el año pasado sin
preocuparse, y muy a fondo, de la riqueza de nuestros humedales. Por eso
acabamos de aprobar un plan estratégico de uso y conservación sostenible
de los humedales ya que, como muy bien dice su señoría, existe en España
una enorme variedad. Digamos que no son demasiado grandes pero, desde
luego, sí que son muy peculiares en su extensión, en sus características
y también, desde luego, en su funcionamiento.

Su señoría citaba los tipos de humedales existentes. Hay algunos que son
continentales y otros, la gran mayoría, costeros. Por eso lo más grave
era que no existía ni siquiera una definición exacta ni un modelo de
gestión de los humedales. Están contemplados en cierta medida en la Ley
de Aguas, están contemplados en la Ley de Costas pero, como decía su
señoría, han sido los grandes olvidados por parte de las administraciones
y por parte de la opinión pública. Estamos hablando de estuarios, de
lechos acuáticos, de deltas, de albuferas, llanuras de inundación, lagos,
marismas, manantiales, embalses, salinas y cualquier otro tipo de
arrozales o graveras.

Lo cierto es que hacía falta, efectivamente, parar ya esa contaminación y
ese abandono. Han estado fundamentalmente amenazados y alterados porque
se modificaba su estructura física con relleno para urbanizaciones,
industria o cualquier otro tipo de desarrollo turístico, agricultura
--haciendo excesivo uso y abuso en acuicultura--, infraestructuras --se
utilizaban para carreteras, aeropuertos o, en muchísimas ocasiones, como
vertederos-- o, inclusive, para explotaciones mineras.

También podemos destacar como pérdida de estos ecosistemas los cambios en
las cuencas hidrográficas por extracción excesiva de aguas fluviales, por
cambios en usos



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del suelo, deforestación, erosión, colmatación, embalses en exceso para
hidroelectricidad, regadío, retención de sedimento, cambios en el humedal
por drenaje, por desecación, alteración en la calidad de aguas por
vertidos, como decía hace un momento, o alteración biológica afectando
gravemente a la riqueza de especies que tenemos en esos humedales.

Por eso yo creo que era realmente esencial, en primer lugar, dar a
conocer las funciones tan importantes de estos humedales. Sirven para
recarga y descarga de acuíferos, controlan las inundaciones, retienen
sedimentos y sustancias tóxicas, retención de nutrientes, exportación de
biomasa, protección contra tormentas y estabilización de microclimas,
sirven para transportar agua y para actividades recreativas y de turismo
siempre que exista un modelo de gestión determinado. Se obtienen
productos muy importantes como recursos vegetales y forestales, flora y
fauna silvestre, pesquerías y marisqueo, recursos agrícolas, recursos
minerales y abastecimiento de agua. Por eso nos pareció que debíamos
atender a una serie de principios esenciales, de participación y
coordinación, no solamente de las administraciones implicadas, sino
también de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y de los
sectores sociales, de algunos propietarios de estos humedales y de otros
realmente muy interesados como organizaciones no gubernamentales,
investigadores, científicos; hacía falta esa participación coordinada.

En segundo lugar, hacía falta sentar unos principios básicos de
conservación, abordar las causas en origen de esa degradación y no pensar
nada más que en la restauración y recuperación de esos espacios
degradados con la finalidad de establecer un uso sostenible en su
gestión. Estamos estableciendo, por tanto, sistemas de educación
ambiental, de investigación y desarrollo cada vez más importante ligado a
estos espacios naturales y también nos hemos dotado de una serie de
instrumentos de conservación que están citados en el plan estratégico de
humedales. Estos instrumentos son sociales, como comentaba su señoría,
para mejorar el conocimiento, pero también científicos, empezando por un
inventario de todos los componentes de fauna y de flora y de todas las
funciones que tienen los humedales.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.




--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LOS PLANES CONCRETOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA CON RESPECTO AL HOSPITAL
MILITAR DE PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) (680/000868).




La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Manuel Cámara Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los planes concretos del Ministerio de Defensa
con respecto al Hospital Militar de Palma de Mallorca.

Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.

El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, el Hospital Comarcal de Palma de Mallorca tiene en la
actualidad 150 trabajadores laborales dependientes del Ministerio de
Defensa, de los cuales unos 60 trabajadores son personal sanitario
cualificado.

Las instalaciones que tiene este hospital son de última generación en
UCIs, urgencias, rehabilitación, etcétera, y la capacidad actual son de
75 camas, aunque se pueden ampliar hasta las 200, que antiguamente
existían.

Los trabajadores de este hospital están inquietos porque, de forma
extraoficial, se les comunica que en el año 2001 pueden cerrar este
hospital. La pregunta que le hago al Ministro es: ¿Cuáles son los planes
del Ministerio de Defensa con respecto al hospital militar de Palma de
Mallorca con el fin de reconvertirlo para nuestra Comunidad quizás en un
hospital de carácter geriátrico o en un hospital de día que permitiese
cubrir los déficit sanitarios que tiene nuestra Comunidad con respecto a
otras?
Muchas gracias, señor Ministro.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta; gracias, señoría.

El hospital militar de Palma de Mallorca, como todos los hospitales
militares, está siendo objeto de una profunda reestructuración, y ello
por varias razones: en primer lugar, porque el personal que tenía que ser
asistido se está reduciendo paulatinamente, ahora es aproximadamente un
tercio del que era hace relativamente pocos años.

En segundo lugar, porque queremos enfocar la sanidad militar sobre todo
al punto de vista operativo en los escalones médicos avanzados que, como
sus señorías saben, están haciendo sus funciones para nuestras Fuerzas
Armadas y otras Fuerzas Armadas en Bosnia, en Kosovo y hasta hace poco en
Turquía; y sobre todo porque queremos integrar la dispersa red
hospitalaria militar, queremos hacer una red única y queremos integrarla
con la sanidad civil.

Se están haciendo estudios en todos los hospitales, también en el de
Palma de Mallorca, para ver si las funciones que realiza, hoy
exclusivamente de carácter de peritación, se pueden realizar allí o en
otro sitio; si hay posibilidad, como dice su señoría de un déficit de
prestaciones en Mallorca, se puede llegarse a un convenio, para lo que
sería necesario la voluntad de las dos partes. En definitiva, señoría,
señora Presidenta, no está tomada la decisión final pero ésas son las
líneas directrices de lo que está llevándose a cabo en lo que se refiere
a la reforma de la sanidad militar.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias por su respuesta, me ha
parecido muy positiva.

Hace unos días el ex Presidente de la Comunidad Autónoma, señor Matas, se
acercaba a hablar con los trabajadores de ese hospital y declaraba más o
menos lo que usted



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ha planteado, es decir reclamaba al Gobierno de nuestra Comunidad
Autónoma que hiciese algo respecto al hospital. Yo aquí en el Senado se
lo pido a usted porque corresponde fundamentalmente a su Ministerio la
solución de este problema, efectivamente sobre la base de un convenio que
tiene que ser negociado.

En cualquier caso, la pregunta está motivada porque en el año 1986 el
hospital de Palma quedó excluido del Convenio de la Red de Colaboración
con el Insalud. Y como hay precedentes, por ejemplo con hospitales de
otras Comunidades Autónomas --sin relacionarlo más--, es positivo que
esta respuesta llegue a los trabajadores para su tranquilidad y porque
además existe un consenso político muy importante en Baleares con
respecto a la utilización civil de ese hospital militar.

Muchas gracias, señor ministro.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Señor Ministro, dispone de treinta segundos.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Sólo quiero matizar dos
cosas.

Señoría, lo que acaba de decir en cuanto a que en otras comunidades se
han hecho conciertos viene a demostrar la voluntad del Ministerio de
Defensa. Segundo, en todos los conciertos hemos puesto nuestros mejores
esfuerzos para que no sufra el personal sanitario, cualificado o sin
cualificar, que presta sus servicios en el hospital y poderle dar una
ocupación alternativa; repito, nuestros mejores esfuerzos.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO COMPARTE EL CRITERIO DE LA DIRECCION
GENERAL DEL ENTE PUBLICO DE RADIOTELEVISION ESPAÑOLA ACERCA DE LA
COMISION DE INVESTIGACION DE CARACTER INTERNO CONSTITUIDA, SIN LA
PARTICIPACION DEL COMITE DE EMPRESA, EN RELACION CON LA DESAPARICION DE
DIVERSAS CINTAS DEL ARCHIVO DE DICHO ENTE (680/000874).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco
Javier Rojo García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el
Gobierno comparte el criterio de la Dirección General del Ente Público de
Radiotelevisión Española acerca de la Comisión de Investigación de
carácter interno constituida, sin la participación del Comité de Empresa,
en relación con la desaparición de diversas cintas del archivo de dicho
Ente.

Tiene la palabra el Senador Rojo.




El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, el 23 de octubre, el Comité Intercentro de
Radiotelevisión Española mandó un comunicado a los medios de comunicación
donde manifestaba: uno, que el Comité de Empresa de Televisión Española
en Madrid había identificado las cintas aludidas por el señor Hernando;
dos, que se había causado un grave deterioro a los trabajadores de
Radiotelevisión Española; tres, que pedía la rectificación del señor
Hernando y, caso de no rectificar, emprendiesen acciones legales contra
el mismo, y cuatro, que el comunicado se pasase en los medios públicos
para que la sociedad española se enterase.

Señor Ministro, ¿qué más cosas se tienen que hacer para que el Gobierno
rectifique y diga que el señor Hernando mintió y que se rectifican en las
acusaciones del mismo y que, por tanto, la petición de los trabajadores
de Radiotelevisión Española está fundada? Espero que el Director General
de Radiotelevisión Española haga caso a lo que ellos solicitan, es decir,
incorporarse a esa comisión de investigación interna para esclarecer todo
--que ya está esclarecido--, porque de lo contrario lo que quiero pensar
es que ustedes lo que desean es que no se esclarezca nada, incluso diría
más: que desaparezcan las cintas. En definitiva eso es lo que uno llega a
entender con lo que están haciendo ustedes en este caso, que yo creo que
es bastante desagradable, y por cierto bastante torpe por parte del señor
Hernando.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señora
Presidenta.

Señoría, tiene usted el derecho a seguir especulando todo lo que tenga
por conveniente. Yo lo único que le puedo decir es que el Gobierno no
tiene nada que objetar a los criterios que ha seguido la Dirección
General del Ente.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra, señor
Rojo.




El señor ROJO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Piqué, una de sus obligaciones como Ministro, y usted lo sabe, es
la de venir a contestar a la Cámara, que es lo que no hace nunca. Es un
derecho que creo que tenemos quienes estamos en esta Cámara; es un
derecho que nos otorga la Constitución y yo entiendo, señor Ministro, que
lo que no puede hacer usted es venir a esconderse detrás de las palabras,
como si fuese un vendedor de feria. Usted tiene la obligación de venir
aquí a contestar a lo que nosotros le preguntamos. Usted sabe que
nosotros tenemos razón; usted sabe que por decencia democrática debiera
decir que el señor Hernando se ha equivocado, y le diré más, el mismo
Comité Intercentros de Radiotelevisión Española en su comunicado lo que
dice es lo siguiente: reclamamos el fin de la manipulación informativa de
los medios públicos de Radiotelevisión Española. Eso es lo que dicen.




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Me sorprende que esa defensa que hacía el otro día de los profesionales
de Radiotelevisión Española no se vea plasmada en las decisiones que
tienen que tomar para que los trabajadores se incorporen a esa comisión
de investigación y se esclarezca todo lo que ustedes no quieren que se
esclarezca. Mire usted, nosotros no vamos a permitir que se nos siga
insultando; los socialistas no vamos a permitir que cualquier mequetrefe
nos insulte, y eso es lo que ha hecho el señor Hernando, y vamos a venir
a la Cámara a reclamarle esto todos los días, porque no puede ser, señor
Piqué, que usted venga aquí a esconderse, una vez más, detrás de sus
silencios, detrás de lo que viene acostumbrado a hacer, y crea que esto
que hacemos nosotros es mera parodia. Usted sabe que tenemos razón, señor
Piqué; lo sabe. Y sabe que se han equivocado. El señor Hernando dice:
pediré disculpas si aparecen las cintas de Televisión Española. Si el
comité de empresa dice que están las cintas, ¿cuáles son las razones para
que no haya rectificación? Si usted sabe que están las cintas, ¿qué
quieren, seguir explicando a la sociedad española que no están las
cintas, hasta que ustedes se las lleven? ¿Eso es lo que pretenden?
Por tanto, señor Piqué, exigimos que los trabajadores de Radiotelevisión
Española estén en esa comisión para que nos podamos fiar de la misma,
porque de lo contrario entenderemos que es una comisión política, una
comisión mandada por ustedes, una comisión como las que hacían en épocas
anteriores, cuando ustedes mandaron tanto tiempo en este país.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rojo.

Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz del Gobierno.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señoría, dos comentarios. Primero, no me tome por petulante, pero en
materia de respeto a los trabajadores no les admitimos lecciones a
ustedes. (Protestas.) Y, segundo comentario, yo no soy un experto en
gramática, pero estoy viendo su pregunta y se recoge entre dos signos de
interrogación, y dice exactamente: ¿comparte el Gobierno el mismo
criterio que la Dirección General de Radiotelevisión Española? Y yo le he
contestado en mi primera respuesta: el Gobierno no tiene nada que objetar
al criterio de la Dirección General de Radiotelevisión Española. Por
tanto, yo he contestado a su pregunta.

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.




--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA REALIZANDO EL
GOBIERNO PARA QUE LOS CONTRATOS DE LAS COMPAÑIAS NAVIERAS ELCANO Y F.

TAPIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BARCOS OBJETO DE CONTRATO «CHARTER» DE
REPSOL, S. A., SE ADJUDIQUEN A ASTILLEROS DE SESTAO (680/000871).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco
Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, sobre las acciones que está realizando el Gobierno para que los
contratos de las compañías navieras Elcano y F. Tapias para la
construcción de barcos objeto del contrato «chárter» de Repsol, S. A., se
adjudiquen a Astilleros de Sestao.

Tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Tenga usted buenos días, señor Ministro.

Como usted sabe perfectamente, Repsol ha adjudicado tres barcos más para
el transporte de gas, desde Trinidad-Tobago hasta España.

Hay que traer 6,7 BCMs de los cuales 2,5 se consumirán posiblemente en el
proyecto Bahía de Vizcaya Gas y Electricidad.

A nuestro Grupo le parece que el Estado, que compra y trae gas, debería
también hacer los barcos. Esta, normalmente, es una práctica que está
teniendo lugar en casi todos los países del mundo, y en Europa de forma
particular.

Como usted sabe también muy bien, Astilleros Españoles y Astilleros de
Sestao vienen trabajando desde hace dieciocho meses en el proyecto de un
buque para transporte de gas, e incluso han firmado un importante
convenio tecnológico con astilleros franceses que disponían de una
tecnología que las empresas citadas, hasta el momento, no tienen.

Curiosamente, el transportista extranjero que ha sido seleccionado por
Repsol ha decidido contratar con un precio determinado la realización en
astilleros españoles, en concreto en Astilleros de Sestao, uno de los dos
barcos que le han sido adjudicados. Los otros dos lo están pensando.

Incluso alguno de ellos parece que ha firmado, no sé si ayer o el viernes
pasado, con la firma Hyundai, coreana, y están pensando encargar sus
barcos en Corea, donde, con un efecto de «dumping», se están consiguiendo
precios hasta un 30 por ciento más bajos que los que ofrecen Astilleros
de Sestao.

La pregunta es: ¿qué acciones, actuaciones, gestiones o esfuerzos se
están llevando a cabo por el Gobierno, en concreto por su Ministerio, que
es el que puede liderar este proyecto --aunque también tenga que ver con
esta cuestión el Ministerio de Economía--, para que esto no suceda, y que
los barcos se queden donde tienen que quedarse?
Gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.

Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.




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Señoría, quizá sea conveniente empezar con una cierta aclaración, porque
me está solicitando información sobre un asunto extraordinariamente
importante y al que hay que prestar toda la atención, pero que afecta al
ámbito de actuación y decisión de tres empresas que son privadas: dos
navieras españolas privadas, Elcano y Fernández Tapias, y una empresa
noruega, que han resultado, como usted bien ha dicho, adjudicatarias
provisionales del concurso que ha convocado Repsol-Enagás para la
construcción de una serie de buques para transportar el gas. Por lo
tanto, estamos ante una cuestión en la que el Gobierno no puede ni debe
ejercer ninguna influencia sobre las decisiones de empresas privadas que
actúan, como es natural, conforme al principio de libertad de empresa,
que reconoce y protege nuestra Constitución.

Por consiguiente, el Gobierno, por sí mismo, no está realizando ninguna
acción, gestión o actuación para forzar a esas empresas privadas a hacer
determinadas cosas. El que sí está haciendo el esfuerzo para que esos
barcos se puedan construir en astilleros españoles, y en particular en
Sestao, es precisamente la posible empresa constructora Astilleros
Españoles, que, como es bien sabido, es una empresa que está en el ámbito
del sector público y, en consecuencia, hay una responsabilidad indirecta
que desde luego no voy a rehuir.

Es muy importante que ese contrato salga, porque eso permitiría a
Astilleros de Sestao introducirse en un segmento del mercado que tiene
buenas expectativas de demanda para el futuro próximo.

En efecto, también hay un acuerdo tecnológico con «Chantiers de
l'Atlantique», y en el caso del armador noruego la única alternativa es
la de Astilleros Españoles, a diferencia de lo que ocurre en el caso de
las otras dos empresas, que están entrando en contacto con astilleros
coreanos, y que han avanzado incluso ya un preacuerdo que, en principio,
no es definitivo, sino que todavía se puede modificar.

Desde esa perspectiva, el Gobierno ha considerado, desde el inicio de la
legislatura, que la vía para garantizar el éxito de nuestros astilleros
es que sean competitivos. Ha aplicado y está estudiando posibles medidas
de apoyo financiero y fiscal para que ayuden a esa competitividad.

Eso es lo que estamos haciendo, de ahí también la responsabilidad del
Ministerio de Economía y Hacienda, que está analizando este tema con el
máximo cuidado.

Hay otra línea de actuación, sin duda, que es la que llevamos planteando
desde hace tiempo ante la Comisión Europea, sobre la necesidad de que la
Unión Europea adopte medidas contra lo que entendemos que es una
clarísima competencia desleal que nos viene de los astilleros coreanos,
que están practicando «dumping» con total claridad, lo cual puede llegar
a poner en peligro la viabilidad, no sólo de los astilleros españoles,
sino del conjunto del sector en toda Europa. Hay un Consejo de Ministros
de Industria la próxima semana, el día 8, y éste es un punto importante
del orden del día, y la posición española va a ser muy rotunda en ese
terreno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias.

En el poco tiempo que me queda, señor Ministro, quiero agradecerle su
contestación y recordarle que, aunque sean empresas privadas, Repsol
todavía mantiene el monopolio del gas en tareas y actividades que siguen
siendo reguladas. AESA es una empresa pública. Nosotros creemos que el
Gobierno tiene un papel que hacer en una zona en la que, además, se están
gastando importantísimos recursos públicos para conseguir relanzarla
entre la Comunidad Autónoma y el propio Gobierno central. Por eso, nos
centramos fundamentalmente en que se confirme por parte del Gobierno que
tiene interés en que AESA, que ya tiene tecnología y capacidad para poder
realizar el proyecto puesto que lleva estudiándolo 18 meses, pueda
cumplir verdaderamente con el objetivo de la construcción de los tres
barcos.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señora
Presidenta.

Señoría, quiero decirle con mucha brevedad que, efectivamente, tenemos
intereses y expectativas absolutamente compartidos en este campo y que,
por tanto, vamos a hacer todo lo posible.

Gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.




--DE DON ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO ANTE LAS INSTANCIAS
COMUNITARIAS, ENCAMINADAS A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR DE
ELECTRICIDAD, EN LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LOS COSTES DE
TRANSICION A LA COMPETENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEY 54/1997, DE 27 DE
NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO (680/000877.)



La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Angel Antonio Franco Gutiez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones llevadas a cabo por
el Gobierno ante las instancias comunitarias, encaminadas a la defensa de
los intereses del consumidor de electricidad, en la tramitación del
expediente relativo a los costes de transición a la competencia
establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.




El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias, señora Presidenta.




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Formulo la pregunta en los términos en que la Presidenta la ha efectuado.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señoría, en primer lugar debo decirle que se produjo una notificación a
la Comisión Europea sobre la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico el
día 20 de enero de 1998, es decir, escasos días después de su puesta en
vigor, de manera que al mismo tiempo que se informaba a las autoridades
comunitarias de la transposición de la Directiva conocida como «del
mercado interior de la electricidad», se ponía en conocimiento de la
Comisión Europea la existencia de un mecanismo de recuperación de costes
hundidos, los denominados CTC.

Asimismo, mediante escrito de fecha 18 de febrero de ese mismo año, y a
efectos de lo previsto en el artículo 24 de la propia Directiva, se
informó a las autoridades comunitarias sobre la aplicación del régimen
transitorio, aportándose después información complementaria en varias
fechas a solicitud de la propia Comisión.

Por último, el 28 de enero de este año se notificó la modificación del
régimen transitorio del mercado español de electricidad, introducida por
el artículo 107 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Posteriormente, el
día 8 de julio, la Comisión aprobó una decisión por la que consideraba
que el mencionado artículo 24 de la Directiva no es el procedimiento
adecuado para analizar el régimen transitorio español, decisión con la
que el Gobierno español se muestra disconforme, habiendo sido recurrida
en consecuencia recientemente ante el Tribunal de Justicia.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Ministro.

De donde se deduce que queda claro que usted defiende a los consumidores
españoles.

Pues bien, señor Ministro, en primer lugar, la Comisión Europea dice que
no a los CTC como compensación por las pérdidas sufridas en el proceso de
liberalización del sistema eléctrico, y lo dice porque no encaja en el
artículo 24 de la Directiva, como usted bien ha dicho.

En segundo lugar, la Comisión Europea dice no al billón 300.000 millones
de regalo a las eléctricas de momento, cantidad que deberán pagar los
consumidores españoles a razón de una tasa del 4,5 por ciento en el
recibo de la luz.

En tercer lugar, la Comisión Europea dice no a la titulización: la
Comisión Europea dice no a lo que ustedes consideraban un derecho de las
eléctricas porque hace constar lo siguiente: discutiremos las cantidades
y cuándo, cómo y dónde se aplican. La Comisión Europea le dice a usted
que se ha equivocado de ventanilla, que ha ido usted a la DG-17, y que
tiene que ir, con las orejas gachas, a la DG-4, a la ventanilla de la
competencia. ¿Qué significa esto, señor Ministro? Que usted se ha
amparado en una trama leguleya.

No nos cuente usted batallas, señor Piqué. Usted ha sido derrotado
seriamente en Bruselas, usted y el Gobierno. Usted estaba equivocado y se
lo advertimos. Por consiguiente, sus tesis oficiales han sido derrotadas
en la Comisión Europea. ¿Qué hace usted ahora? Se va al Tribunal de
Luxemburgo para recurrir la decisión de la Comisión Europea, ¿y qué
métodos utiliza, señor Piqué? Utiliza los métodos de la clandestinidad.

Aquí no se entera nadie de lo que está ocurriendo en Bruselas porque a
usted no le interesa, aunque sí interesa a 38 millones de consumidores
españoles que es a quienes usted no defiende.

Opacidad, falta de transparencia. Usted demuestra que es débil, que no
quiere debate, que oculta lo que es un clamor para evitar la discusión en
la sociedad española.

¿A quién está defendiendo usted, señor Piqué, aquí y en Bruselas? Usted
está defendiendo un billón 300.000 millones de pesetas de regalo, en
principio, para cuatro compañías eléctricas. ¿A quién perjudica usted,
señor Piqué? A los consumidores, a 38 millones de consumidores españoles
que deben pagar el 4,5 en las tarifas eléctricas.

No se justifique, como siempre, diciendo que los CTC son una compensación
por la liberalización. Usted sabe perfectamente que en la oferta, que es
donde se produce la principal liberalización, el resultado es cero; en
generación, cero; en comercialización, dos empresas con apenas incidencia
aguna en el mercado.

Usted, señor Piqué, dice que con la liberalización hemos avanzado mucho
en cuanto a la oferta y la demanda. Sin embargo, la Comisión Europea
señala en un informe reciente que España es uno de los países más
atrasados; desde el punto de vista nominal, solamente tiene el 42 por
ciento a final de 1999, mientras ya se ha alcanzado el 100 por cien en
Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Es decir, vamos a
la cola. Usted no puede justificar el 100 por cien, porque, desde el
punto de vista nominal, nuestro país está en el 42 por ciento. Por
consiguiente, el resultado de la liberalización es muy malo en el tema de
la oferta y escaso en el tema de la demanda.

Nos plantea las bajadas de la tarifa eléctrica. Señor Piqué, ya nos hemos
cansado de que nos diga siempre lo mismo. De acuerdo con la situación
actual, las tarifas eléctricas deberían bajar bastante más, y usted lo ha
dicho en el protocolo.




La señora PRESIDENTA: Concluya, señoría.




El señor FRANCO GUTIEZ: Termino ya, señora Presidenta.

En definitiva, señor Piqué, usted ha sufrido una severa derrota en
Bruselas, un gran varapalo y un suspenso. No defiende los intereses de 38
millones de consumidores pero sí los de las cuatro compañías eléctricas.




La señora PRESIDENTA: Se le acabó el tiempo, señoría.

Señor Ministro, tiene la palabra.




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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señoría, sabe que por mucho que se repita una falsedad no se convierte en
verdad. Usted repite falsedades --lo viene haciendo desde hace mucho
tiempo y lo seguirá haciendo--, porque lo que les duele es reconocer la
verdad. Reconocer la verdad es decir que lo que se está haciendo es
liberalizar un sector que estaba brutalmente intervenido por el Gobierno
al que ustedes han prestado apoyo durante muchísimos años, que hacía que
las tarifas eléctricas subieran todos los años y que la liberalización de
oferta y demanda --por cierto, me ha dado la impresión de que usted se
hacía cierto lío-- fuera del 0 por cien en la oferta y del 0 por cien en
la demanda.

Lo que estamos haciendo es algo en favor de los consumidores, y lo están
viendo. Me dice que no les vuelva a decir que van a bajar las tarifas, y
es que eso les duele. Pero es que bajan y antes subían. (El señor Franco
Gutiez: Bajan poco.) Y se lo voy a repetir cada vez que tenga ocasión.

Este es un debate que a mí me satisface enormemente, porque me da la
oportunidad de que los medios de comunicación sepan, de nuevo, que este
Gobierno está bajando las tarifas eléctricas también a los consumidores.

Por eso, me alegro. Y le digo más, van a seguir bajando.

Para que le quede a usted claro de una vez y no siga diciendo mentiras ni
falsedades como las que hemos escuchado, le diré que lo único que ha
dicho la Comisión Europea es que en el ámbito de la Dirección General
XVII hay un elemento --en realidad, dos, y ahora recordaré el segundo--
que no deben ser tratados a través del artículo 24 de la Directiva. Sólo
dice eso, pero es obvio que ese tema tiene que estar en la Dirección
General XVII. Lo que señala es que los CTC y lo extrapeninsular tiene que
ser tratado de acuerdo con la normativa de la competencia. Muy bien, pues
se trata así. Pero la Comisión Europea no se ha pronunciado sobre si son
ayudas públicas o no, sólo dice que no es una excepción de la Directiva.

Simplemente, eso.

Ahora, tenemos que ver si son ayudas públicas y si son o no compatibles
con el tratado. Fíjese usted si queda tela por cortar todavía. Mientras
tanto, ustedes sigan diciendo mentiras, que nosotros seguiremos bajando
las tarifas para los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.




--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CONCEDER EL INDULTO
SOLICITADO POR UN EX JUEZ CONDENADO POR EL DELITO DE PREVARICACION
CONTINUADA (680/000876).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio
Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene
previsto el Gobierno conceder el indulto solicitado por un ex juez
condenado por delito de prevaricación continuada.

Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señora Presidenta, señorías, señores del
Gobierno, el delito más grave que puede cometer un juez es la
prevaricación, abuso de poder que alcanza a las raíces del Estado de
Derecho. Un prevaricador, Gómez de Liaño, por medio de su abogado, a la
vez Diputado del Partido Popular, anunció dos cosas: que pediría el
indulto y que ejercería la acción popular --fíjese para lo que se puede
utilizar la acción popular-- contra los dos magistrados que han formado
la mayoría que lo ha condenado. No puede darse mayor contradicción:
acción contra el tribunal sentenciador y petición de indulto. Falta saber
lo que hará el Gobierno. ¿Habrá indulto?



La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arévalo.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, la
pregunta se refiere a los proyectos del Gobierno sobre la concesión de un
determinado indulto. El Gobierno tiene proyectado examinar la propuesta
que en su día llevará la Ministra de Justicia a la Mesa del Consejo de
Ministros.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Esperaba una contestación que aclarara a todo
el mundo algo fundamental. El Gobierno no puede devolver la condición de
juez a quien la sentencia del Supremo se la ha quitado. El Tribunal
Supremo ha denegado ayer suspender la ejecución de la sentencia ni porque
se solicitara el indulto ni porque se recurriera en amparo al Tribunal
Constitucional, ya que la suspensión supondría la vuelta del juez
prevaricador al Poder Judicial.

Si es indiscutible la competencia del Tribunal Constitucional, aclárenos
cuál es la del Gobierno en este caso. Si el juez, que es depositario de
la justicia en cada momento y en cada acto, vulnera el Estado de Derecho,
¿puede ejercerse el indulto?
¿Es que al Gobierno no se le puede pasar por la cabeza rebajar los años
de inhabilitación especial cuando la eficacia de la condena, que el
Gobierno no puede anular, es el despojo de la condición de juez?
Tranquilice doña Margarita a los inquietos ciudadanos, sobre todo a sus
afines. Aclárelo ya, no alimente la alarma y, si está autorizada, cierre
con arrepentimiento un capítulo que se abrió en 1997. En ese afán
destructor habría que aniquilar, con la mente puesta en el PSOE,
determinados medios no fieles al Gobierno. En esa locura el Gobierno
contó con colaboradores y compinches, y ahora ¿es que quiere el Gobierno
indultar a todos? (La señora Vindel López: ¿Qué pasa con Barrionuevo?--El
señor González Pons: ¿Qué pasa con Barrionuevo?)
Muchas gracias.




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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.

Señoría, el Gobierno ejerce el derecho de gracia, como a su señoría le
consta en casos bastante notorios. Respecto a lo que vaya a ocurrir con
esta petición de indulto, me remito a lo que en su día llevaré a la Mesa
del Consejo de Ministros.

No obstante, señoría, aunque entre los informes que deben constar en el
expediente de indulto no figura el de ningún parlamentario sino el del
tribunal sentenciador y el del Ministerio Fiscal, con mucho gusto uniré
el «Diario de Sesiones» de esta sesión para que el Gobierno tenga en
cuenta su opinión.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.




--DE DOÑA MARIA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA
JUSTICIA DE PAZ EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2000 (680/000878).




La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María
Inmaculada de España Moya, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas dirigidas a la mejora de la Justicia de Paz en el
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

Tiene la palabra la Senadora España Moya.




La señora DE ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, como sabemos, la nueva planta y organización territorial
que deriva de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y que desarrolla
la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, señalan como último
órgano judicial los Juzgados de Paz. Esto supuso la supresión de los
Juzgados de Distrito que ocupaban una posición intermedia entre la
Justicia de Paz y el resto de los órganos judiciales.

Con la nueva Planta Judicial y las condiciones socioeconómicas y de
despoblación de muchos municipios, el mantenimiento de muchos Juzgados de
Paz, de forma individualizada, deja de tener sentido y supone un coste
innecesario que va en contra de una Administración de Justicia eficaz.

Para evitarlo, la propia Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial,
en su artículo 50, prevé las agrupaciones de secretarías de Juzgados de
Paz, lo que permite crear una carga de trabajo suficiente que justifique
el funcionamiento de la Justicia de Paz en muchos municipios.

Por todo ello, le pregunto: ¿qué medidas dirigidas a la mejora de la
Justicia de Paz se han adoptado en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000?
Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.

Señoría, como usted ha relatado, las agrupaciones de secretarías de
Juzgados de Paz van a incidir directamente en una mejora de la
Administración de Justicia porque con dichas agrupaciones se consigue que
estén servidas por técnicos de la Administración de Justicia y no por
técnicos de la Administración Local, cuya formación, evidentemente, va
más dirigida a esa Administración Local que a la Administración de
Justicia.

En el año 1998, el equipo ministerial puso en marcha una serie de
agrupaciones de secretarías de Juzgados de Paz, creando 68 nuevas
agrupaciones que se distribuyeron de la siguiente forma: 13 en la
Comunidad Foral de Navarra; 36 en la de Extremadura, y 19 en la de
Cantabria.

En el presente año, 1999, se han creado 40 en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y 33 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Con cargo al presupuesto del año 2000, que es concretamente la pregunta a
la que su señoría hacía referencia, existe dotación para crear 120 nuevas
agrupaciones con destino, entre otras, a las Comunidades Autónomas de
Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Por lo que se refiere a la subvención para gastos de funcionamiento de
los Juzgados de Paz y la indemnización a los jueces y secretarios de
estos juzgados, el presupuesto del 2000 se ha actualizado en el 2 por
ciento, fijando la cantidad de 500 millones de pesetas para indemnización
a jueces y 1.647 millones de pesetas para gastos de funcionamiento de los
juzgados.

Muchas gracias, señoría.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.

Tiene la palabra la Senadora España Moya.




La señora DE ESPAÑA MOYA: Quiero agradecer a la señora Ministra su
respuesta e información y decirle que espero con interés la llegada del
año próximo para que las nuevas agrupaciones de secretarías de Juzgados
de Paz sean una realidad y para que con dicha reforma se dé, como ha
dicho la señora Ministra, un mejor servicio de la Administración de
Justicia.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.




--DE DON IGNACIO JAVIER ARIZNAVARRETA ESTEBAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS



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AL PROGRAMA DE INFORMATIZACION DE LOS REGISTROS CIVILES EN EL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (680/000880).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ignacio Javier
Ariznavarreta Esteban, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas dirigidas al programa de informatización de los
Registros Civiles en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000.

Tiene la palabra el Senador Ariznavarreta Esteban.




El señor ARIZNAVARRETA ESTEBAN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señora Ministra, creo que todos los aquí presentes convendremos en dos
obviedades que no por el hecho de serlo deben dejar de ser mencionadas:
La primera de ellas es que los Registros Civiles son un instrumento y un
servicio de vital importancia para los ciudadanos, para la Administración
de Justicia y para el resto de la Administración General del Estado y
comportan un ingrediente de seguridad jurídica muy importante; y, la
segunda es que, en el momento actual, tienen un funcionamiento muy
adecuado a los fines para los que fueron creados y atienden y cubren las
necesidades de los ciudadanos como servicio público que es. No obstante,
como en todas las cuestiones, se debe mejorar ese funcionamiento y
avanzar en la gestión de los Registros Civiles.

La informática, la informatización en todas las áreas de nuestro
desarrollo y de nuestro trabajo es hoy una necesidad cada vez más
imperativa, pero su implantación --como sus señorías y la señora Ministra
conocen-- requiere un esfuerzo inversor muy importante, un coste
económico y también una formación adecuada del personal que debe trabajar
y desarrollar esa informática.

Ya se han dado importantes pasos en el Ministerio de Justicia, entre
ellos destacaría la aprobación del Plan de informatización de los
Registros Civiles, de abril de 1998, que la señora Ministra aprobó, en el
que se preveía la informatización íntegra de los Registros Civiles de
España en cuatro años, así como la Orden de 19 de julio de 1999 sobre
informatización de los Registros Civiles. Antecedentes de esta Orden son
el proyecto piloto de informatización del Registro Civil de Murcia y la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, que preveía medidas de colaboración
entre las distintas administraciones o, en concreto, entre distintos
Ministerios como el de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda
con los Registros Civiles.

Para cumplir esas finalidades que se fijaban en la Orden de 19 de julio
le pregunto, señora Ministra, qué previsiones tiene el Ministerio para el
año 2000 en cuanto a la informatización de los Registros Civiles.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.

Señoría, efectivamente, la informatización integral de los Registros
Civiles es una necesidad que se viene sintiendo desde hace tiempo no sólo
para prestar un mejor servicio a los ciudadanos que, en definitiva, sería
el último fin, sino también como un servicio entre administraciones,
porque los datos y a fiabilidad de esa informatización harían más
prácticas las relaciones entre ellas.

Como su señoría ha mencionado, en abril de 1998 se aprobó el Plan
integral de informatización de los Registros Civiles, el 21 de septiembre
de 1998 se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid para la plena informatización del Registro Civil único de la
capital y, finalmente, el 19 de julio de 1999 se aprobó el marco
normativo de actuación para informatizar todos los Registros Civiles de
España. El coste total de la informatización de todos los Registros
Civiles se estima en 3.718 millones de pesetas, de los cuales el
Ministerio de Justicia aporta con cargo al presupuesto del 2000 una
dotación de 718 millones, el resto se financiará por un convenio con la
Secretaría de Estado de Seguridad Social, que se suscribirá próximamente.

Con el crédito del Ministerio de Justicia y la financiación derivada del
convenio de colaboración citado se prevé la plena informatización de
todos los Registros Civiles en el trienio 1999-2001.

Muchas gracias, señoría. Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.




--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI
VA A PERMITIR EL GOBIERNO UNA MODIFICACION DEL CONVENIO DE CARRETERAS
SUSCRITO CON EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS
(680/000854).




La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si va a permitir el
Gobierno una modificación del convenio de carreteras suscrito con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, cuando se habla de «Balearización» nos referimos al
fenómeno de la explosión al más alto nivel del destrozo de un territorio.

En concreto, Baleares no puede consentir una presión urbanística que
arrasa el territorio, con una red de autopistas, que es, por ejemplo, el
objeto de mi pregunta, que lógicamente crea unas condiciones delicadas
para mantener nuestra industria turística y el territorio, puesto que
hablamos de unas islas que tienen recursos muy limitados. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Pues bien, esa situación ha dado lugar a un cambio en la mentalidad de
muchos ciudadanos y ciudadanas de Baleares,



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que han aceptado o permitido en las últimas elecciones que haya un cambio
de gobierno. En el nuevo pacto de gobierno se ha negociado la eliminación
de la construcción de las autopistas en la isla de Mallorca. Soy
consciente de que en estos días se va a negociar entre el Gobierno balear
y su Ministerio el convenio de carreteras. El objeto de la pregunta es
saber si este Gobierno, su Ministerio, está dispuesto a negociar una
modificación del convenio de carreteras suscrito con la Comunidad
Autónoma, con dos fines: uno, para permitir hacer las modificaciones en
aquellos lugares donde ya se ha acordado en Baleares no hacer autopistas
y, dos, si se permitirían, por el coste que tiene trazar autopistas,
otras alternativas de comunicaciones en la isla de Mallorca.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cámara.

Para contestar a la pregunta tiene la palabra el señor Ministro de
Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.

Señoría, el Gobierno está abierto a la posibilidad de modificación del
Convenio de carreteras suscrito con la Comunidad Autónoma de Baleares en
los términos previstos en el propio Convenio, en el que se establece
--leo-- lo siguiente: La supresión o adición de tramos distintos de los
inicialmente previstos requerirá la aprobación de la Comisión bilateral
Mixta de programación, seguimiento y control que se prevé en su cláusula
décima, que enviará las actas con dichas modificaciones al Ministerio de
Administraciones Públicas.

Por tanto, señoría, la respuesta es afirmativa. El Ministerio de Fomento
está abierto a la modificación del Convenio en los términos previstos por
el propio Convenio.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias.

Imaginaba la respuesta. La intención de este Senador no es precisamente
el que se me conteste que, en lo previsto, se va a mantener el Convenio.

El tema de autopistas representa unos 30.000 millones de pesetas.

Solamente una, la del Levante, representa 18.000 y pico millones de
pesetas. En una isla de cien por sesenta kilómetros, más o menos, eso es
una auténtica barbaridad y la actual mayoría en Baleares ha decidido que,
al ser una barbaridad, no lo va a aceptar.

Y más allá de lo suscrito en el Convenio, la pregunta es si su
Ministerio, más que renovar el Convenio --es la pregunta que hago--, no
puede renegociar las inversiones y que, al eliminarse las autopistas, que
no se van a construir, puedan permitirse otras alternativas.

Al margen de las propuestas que haga la Consellería del Gobierno balear
sobre el tema de los tramos que sustituyan --digámoslo así-- a las
autopistas, hay otras alternativas que el propio Convenio también
contempla como lo relativo a las comunicaciones entre diferentes
localidades, etcétera. Si el Estado pudiera ahorrarse algunos miles de
millones de pesetas renegociando la inversión, por ejemplo, en un
proyecto existente, como es el de la red ferroviaria, ecológicamente
estupenda, etcétera, para Mallorca --es un ejemplo--, si el Estado
pudiese ahorrar unos miles de millones y a la vez renegociar otras
inversiones que permitiesen otros proyectos, ¿qué opina su Ministerio?
¿Qué opina usted? ¿Podría hacerse esa renegociación, más que la
renovación, sin más, del Convenio?



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Cámara, ha terminado su
tiempo.

Señor Ministro, tiene su señoría la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Como sabe su
señoría, este Convenio que se firmó con la Comunidad Autónoma de Baleares
exigió una modificación de la legislación del Estado, porque el Estado no
tiene competencias en materia de carreteras en la Comunidad Autónoma de
Baleares. Hubo que modificar el Reglamento de Carreteras y, a renglón
seguido, firmar el Convenio con la Comunidad Autónoma, con objeto de que
el Estado pudiera invertir en las carreteras de la Comunidad, porque, de
lo contrario, no podría invertir dinero en dichas carreteras ya que no
son de su competencia.

Por consiguiente, estamos abiertos a la posibilidad de modificar el
Convenio, uno, para sacar unos tramos e incluir otros, o, dos, cambiar su
naturaleza por carreteras --por así decirlo-- de dos carriles, en lugar
de construir autovías o autopistas. Eso es posible, porque figura en la
propia naturaleza y en el propio espíritu del Convenio.

Si me pide su señoría que cambiemos las inversiones desde carreteras al
ferrocarril, habría que negociar un nuevo convenio, porque los convenios
que ahora firma el Ministerio de Fomento, a diferencia de los que se
firmaban en tiempos anteriores, tienen consignación presupuestaria, con
objeto de no firmar alegremente cosas que después no se cumplen. Ahora
tienen consignación presupuestaria y requieren, por tanto, la
autorización del Consejo de Ministros, y ya no es única y exclusivamente
competencia del Ministerio de Fomento.

Pero, insisto, estamos abiertos a la modificación del Convenio en el
ámbito de las carreteras, que eso se puede hacer sin volver a llevarlo al
Consejo de Ministros. Y si me plantea su señoría que hay que cambiar la
naturaleza de la inversión, habrá que iniciar un nuevo proceso
negociador. No existe más remedio, porque jurídicamente es lo que la Ley
nos exige.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.




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--DE DOÑA ROSA BARENYS I MARTORELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA FAVORECER
EL DIAGNOSTICO PRECOZ, LA REHABILITACION Y LA REINSERCION SOCIAL DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINDROME DEL CROMOSOMA DENOMINADO X FRAGIL
(680/000873).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pregunta de la excelentísima
señora doña Rosa Barenys i Martorell, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está desarrollando el Gobierno para favorecer
el diagnóstico precoz, la rehabilitación y la reinserción social de las
personas afectadas por el síndrome del cromosoma denominado X Frágil.

Tiene la palabra la Senadora Barenys i Martorell.




La señora BARENYS I MARTORELL: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, quizá --no lo sé exactamente-- le extrañe que esta
Senadora utilice este turno de control para preguntarle por una cuestión
que es más de impulso del Gobierno. Originariamente esta pregunta que le
formulo fue presentada como moción a la Comisión de Sanidad; se presentó
en noviembre de 1998 y está aún pendiente de debate. A usted no se le
escapa que si esta moción está pendiente de debate --como muchas otras--
es porque en la Comisión de Sanidad en este momento el Grupo
Parlamentario Socialista tiene 35 preguntas pendientes de contestación
por usted, porque usted no asiste a la Comisión de Sanidad y, como
consecuencia, señor Ministro, hay un conjunto de mociones, entre otras
esta concretamente, que están esperando turno desde noviembre de 1998.

Antes de formularle la pregunta le quiero decir, señor Ministro, que
usted nos ha maltratado institucionalmente, que usted ha abusado de su
poder de Ministro no facilitando que en esta Comisión pudiéramos evacuar
aquellos temas que están pendientes. Y le digo esto, señor Ministro,
porque detrás de cada una de las intervenciones que hacemos los Senadores
y las Senadoras de esta Cámara hay trocitos de país, hay problemas, hay
grupos de personas que esperan conocer su suerte, hay expectativas
respecto a las posibles actuaciones del Gobierno. Las iniciativas
parlamentarias, señor Ministro, no son papeles muertos, están vivos,
están llenos de ilusión y están llenos de esperanza, y en este caso la
Asociación Española y Catalana del Síndrome X Frágil --que, como usted
sabe, supongo, es un trastorno genético ligado al cromosoma X que provoca
dificultades, desde problemas de aprendizaje hasta una disminución de su
capacidad intelectual--espera respuesta, espera el reconocimiento del
Gobierno y su especial atención como consecuencia del vacío que hasta
este momento han vivido estas asociaciones y junto con ellas la
Federación Española. En este momento la Federación para el Síndrome X
Frágil conoce que en España hay una incidencia importante: por cada 1.200
niñas hay una niña afectada; por cada 2.000 niños hay un niño afectado, y
estos niños y niñas quieren --y sus padres, lógicamente-- una mejor vida
en el futuro.

Es por ello, señor Ministro, que le formulo la pregunta tal como está
escrita, es decir, qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para
favorecer el diagnóstico precoz, la rehabilitación y la reinserción
social de las personas afectadas por este cromosoma denominado X Frágil.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Barenys.

Para responder a la pregunta, tiene la palabra el señor Ministro de
Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señora Senadora.

Yo quiero empezar diciendo a su señoría que acudo a la Comisión de
Sanidad siempre que se me convoca, que he acudido muchas veces y que
contrasta mi presencia en esa Comisión con lo que ocurría en la anterior
legislatura, en la que, si mi información no me falla, mi antecesora fue
la que no asistió nunca a ninguna Comisión del Senado a estos efectos. De
modo que pónganse ustedes de acuerdo en la vara de medir.

Dicho esto, quiero añadir que la sensibilidad del Gobierno por estos
problemas se acredita con la atención permanente que les dedica, a través
de los servicios correspondientes y, sin menospreciar el estímulo que
significan las posiciones de su señoría, le quiero decir que
espontáneamente tenemos la mayor sensibilidad hacia esta problemática,
como se deduce de las actuaciones que se están desarrollando en esta
materia en tres áreas, la sanitaria, la social y la económica.

Como sabe su señoría, se trata de una enfermedad de difícil tratamiento
--por no utilizar palabras más duras--, en relación con la cual, sin
embargo, un diagnóstico precoz permite establecer medidas muy eficaces de
ayuda médica, psicológica y educativa, que facilitan la integración de
los pacientes.

Por ello, y con el fin de facilitar ese diagnóstico precoz y, al mismo
tiempo, facilitar la detección de la alteración en el entorno familiar,
se ha elaborado una publicación sobre este tema en colaboración con la
Asociación del síndrome cromosoma X Frágil, la cual ha sido distribuida a
todos los centros de salud y servicios de pediatría del Insalud.

En las familias en las que existen antecedentes de esta enfermedad se
oferta el consejo médico. En estos casos, la Ley sobre técnicas de
reproducción asistida permite elegir el sexo de la descendencia. Esta
circunstancia es muy relevante porque en familias afectadas las hijas
tienen un 50 por ciento menos de probabilidades de padecer la enfermedad
que los varones.

En esta línea y en colaboración con la Sociedad de diagnóstico prenatal y
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el Ministerio está
revisando los protocolos con el fin de avanzar en los criterios de
selección de aquellos casos familiares en los que debe realizarse este
consejo genético.




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Por otro lado, y con el objetivo de mejorar el conocimiento de la
incidencia de esta enfermedad y del resto de las enfermedades congénitas,
se está realizando el denominado estudio colaborativo español sobre
malformaciones congénitas y dentro de éste se oferta un servicio de
información telefónica dirigido a profesionales sanitarios. El Instituto
Carlos III por su parte, como organismo participante en el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, ha
priorizado dentro del área de investigación clínica, fisiológica y
terapéutica el diagnóstico y tratamiento prenatal de enfermedades
genéticas, así como todo lo relacionado con la investigación genómica, la
terapia genética y la ingeniería celular tisular.

En el área social se ha avanzado en la integración escolar y laboral de
estos pacientes. Asimismo, puedo decir que el Inserso se preocupa de la
formación de especialistas y de divulgación.

En el área económica se ha ampliado la cobertura de ayuda personal, a
domicilio y se concede a estas personas una serie de bonificaciones
tributarias en determinados tributos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.

Tanto la Senadora Barenys como el señor Ministro han consumido su tiempo
en el primer turno de pregunta y contestación, con lo cual, sólo les
concedo 15 segundos a cada uno.

Tiene la palabra la Senadora Barenys.




La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señor Presidente.

Transmitiré a la Asociación catalana y española la información que usted
me ha dado, señor Ministro, a partir de la cual ellos actuarán en
consecuencia.

Sólo quiero decirle, señor Ministro, que no utilizamos la misma vara de
medir. Unicamente le decimos que en este momento usted es Ministro, por
lo que tiene que cumplir con su responsabilidad y no decir que
anteriormente no acudía la señora Ministra a la Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Barenys.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Muchas gracias, señoría.

Naturalmente, estas asociaciones conocen nuestros trabajos y, como le he
dicho, los realizamos en colaboración con ellas. Por lo demás, reitero
que acudo a la Cámara siempre que soy reglamentariamente convocado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro.

--DE DON JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA EVOLUCION EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS DE LA TRANSMISION
DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) DE MADRES A HIJOS
(680/000882).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a la pregunta de don
Juan Manuel Armario Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución en los últimos tres años de la transmisión del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) de madres a hijos.

Tiene la palabra el Senador Armario Vázquez.




El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el sida es una de las enfermedades que en los últimos
años ha causado más alarma social. Ello ha dado lugar a que exista, por
parte de la Administración Central, el Estado, una respuesta y esfuerzo
importantes desde el punto de vista informativo, preventivo y
terapéutico.

Decisiones del Gobierno, elaborando el Plan Nacional del sida
conjuntamente con los Ministerios de Sanidad, Trabajo e Interior; la
puesta en marcha de dicho Plan para 1997, con nuevas campañas en medios
de comunicación; distribución de preservativos en el medio sanitario;
apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales y a los planes
autonómicos contra el sida; el incremento de la asignación del 0,52 del
IRPF, mediante el voluntariado social; la posibilidad de terapias
financiadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo de nuevos medicamentos
de coste elevado, así como la elevación de los presupuestos anuales
dentro de los Presupuestos Generales del Estado, todo ello ha dado lugar,
gracias a una adecuada respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, al
significativo descenso del número de afectados por el sida.

Con respecto a las transmisiones de madres a hijos se han apreciado
descensos importantes del número de casos desde 1996. (La señora
Presidenta ocupa la Presidencia.)
Es por ello, señor Ministro, consciente del gran esfuerzo de su
Ministerio y dada la atención social que genera el tema, por lo que le
pregunto sobre la evolución en los tres últimos años de la transmisión
del sida de madres a hijos.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Efectivamente, como su señoría recuerda con razón, el sida es uno de los
problemas más graves de salud de los últimos tiempos y, además, de gran
trascendencia social. Consecuentemente con esa valoración, el Gobierno ha
hecho un esfuerzo por intensificar las actividades de los servicios de
salud y de toda la población en general en relación



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con la prevención de esta enfermedad, sobre todo sin perjuicio del
tratamiento adecuado de los pacientes que lo están recibiendo en los
términos más satisfactorios. Esto se tradujo, en lo referente a las
actividades preventivas, en un aumento presupuesto de 2.000 millones
anuales, que representaba un crecimiento del 300 por ciento sobre los
presupuestos anteriores, que es un indicador bien expresivo de la
importancia que desde el Gobierno se le dio a esta materia y, en general,
a la prevención de esta enfermedad.

Por lo que se refiere ya concretamente a la transmisión vertical, le
puedo decir que es efectivamente una de las vías de transmisión del VIH
más importantes, es la transmisión de la madre infectada a su hijo
durante el embarazo, el parto o la lactancia. El riesgo de transmisión de
la infección en estos casos oscila entre el 15 y el 25 por ciento en los
países desarrollados y es superior en los países en vías de desarrollo.

El primer caso de sida por transmisión madre-hijo en España se
diagnosticó en 1964, creciendo hasta 1993, cuando se registró la mayor
incidencia de casos. Desde 1995, coincidiendo con la aplicación de la AZT
a las madres durante el embarazo y parto e inmediatamente tras el
nacimiento, esta tasa ha disminuido en todos los países europeos y
también en España. Así, hemos pasado de una incidencia de 79 casos en
1995, a 48 en 1996, 37 en 1997 y 16 en 1998. El descenso en el número de
casos desde 1997 fue del 60 por ciento, y desde 1996 del 80 por ciento.

El Ministerio valora muy positivamente esta evolución atribuyéndola a los
siguientes factores: la accesibilidad de todas las mujeres embarazadas e
infectadas por el VIH a los tratamientos con AZT desde 1994 y a las
nuevas terapias con inhibidores de la proteasa, comercializadas en España
y el resto de Europa desde el último trimestre de 1996; el consejo y
oferta sistemática de la prueba VIH a toda mujer embarazada desde febrero
de 1995, con la finalidad de poder recibir los beneficios del tratamiento
con AZT y así evitar la transmisión al recién nacido. Las intervenciones
de prevención se han dirigido a mujeres y, en especial, a aquellas que
mantienen conductas de riesgo o son pareja sexual de una persona
infectada.

No obstante, es esencial promover acciones que contribuyan a una mayor
disminución de la transmisión vertical, una de cuyas intervenciones más
efectivas es extender aún más el diagnóstico precoz de las embarazadas
infectadas por el VIH. Para ello el Ministerio acaba de iniciar una
campaña de detección, de prevención y de acción precoz de la infección
VIH dirigida a mujeres y, en especial, a las embarazadas, en colaboración
con la Sociedad Española de Pediatría y el Insalud. Con esta campaña se
pretende alcanzar un doble objetivo: informar a las mujeres acerca de su
riesgo y conseguir un diagnóstico y tratamiento precoces de dicha
información; por otra parte, apoyar a los profesionales sanitarios que
atienden a las mujeres en sus consultas.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

--DE DOÑA CARMEN VIRGILI I RODON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA APROBACION DE LOS
ESTATUTOS DE CADA UNO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION (OPIS),
A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 13 DE LA LEY 13/1986, DE 14 DE ABRIL, DE
FOMENTO Y COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA
(680/000872).




La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña Carmen
Virgili i Rodón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
previsiones del Gobierno respecto a la aprobación de los Estatutos de
cada uno de los Organismos Públicos de Investigación OPIs, a los que se
refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de Investigación Científica y Técnica.

Tiene la palabra la Senadora Virgili i Rodón.




La señora VIRGILI I RODON: Muchas gracias, señora Presidenta.

Esta es exactamente mi pregunta.




La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Todos los Organismos Públicos de Investigación están trabajando
activamente con el fin de tener aprobados sus correspondientes estatutos
en el plazo fijado. Esta es exactamente mi respuesta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Virgili i Rodón.




La señora VIRGILI I RODON: Muchas gracias, señora Presidenta.

Gracias, señor Ministro, pero sus contundentes palabras no disipan mis
dudas ni creo que tranquilicen al personal de los Oganismos Públicos de
Investigación.

Han transcurrido 10 meses y quedan apenas dos del año que ustedes se
fijaron por ley. ¿Piensa usted que es suficiente para resolver
adecuadamente los problemas que plantea la redacción de los estatutos de
estos centros? Por mandato del artículo 61 los estatutos deben fijar la
selección, acceso, promoción y régimen del personal. Hace apenas tres
semanas que algunos centros han abierto el diálogo con el personal
afectado. Otros aún no lo han hecho, y en los que se ha iniciado hay
serias discrepancias. Hay inquietud por los problemas que plantea la
coexistencia de una doble escala de personal funcionario y contratado.

También hay inquietud y disgusto por la pérdida de funciones y la
reducción de atribuciones de los órganos de representación democrática
del personal.




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¿Piensa usted que queda tiempo para tener un diálogo constructivo o
piensa --como tiene derecho a hacerlo, pero no parece muy aconsejable--
redactar los decretos prescindiendo de cualquier consulta y eliminando
las voces discrepantes?
Estos decretos --al menos aquellos cuyos borradores se conocen-- no
resuelven los problemas que la LOFAGE plantea a los OPIs en relación a su
gestión presupuestaria y económico-financiera. No se ha tenido en cuenta
la proposición no de ley presentada en Comisión por el Grupo
Parlamentario Socialista y aprobada por unanimidad en junio de 1997.

¿Le parece, señor Ministro, que el Gobierno puede permitirse una vez más
ignorar los acuerdos explícitos y unánimes del Parlamento? Estos decretos
deberían por lo menos ser coherentes con las anteriores propuestas de su
Gobierno para los OPIs, pero tampoco es así. Un decreto de mayo de 1996
proponía la refundición de todos ellos en el Consejo de Investigaciones
Científicas en un plazo que no cumplieron. Y un año después otro decreto
dejó la cuestión reducida a la coordinación. Ahora los distintos centros
están redactando sus estatutos sin relación alguna como han reconocido
explícita y públicamente los directores de los mismos.

¿Piensa, señor Ministro, que esto es avanzar en la coordinación o piensa
que cuando terminen los estatutos van a resucitar este Comité de
Coordinación, que sólo se ha reunido un par de veces, para que busque
soluciones si aún hay tiempo para ello?¿Han cambiado ustedes, una vez
más, de opinión sobre la relación que debe haber entre todos los centros?
En fin, señor Ministro, visto el tiempo transcurrido y el poco que les
queda, ¿piensan ustedes resolverlo todo pronto y mal o se proponen traer
al Senado una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos
prorrogando una situación de interinidad un año más?
Señor Ministro, los Organismos Públicos de Investigación, nuestro sistema
de ciencia y tecnología, no merecen ninguna de estas tristes soluciones.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Virgili.

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Es verdad que no merecen, señora Senadora, esas tristes soluciones a las
que usted acaba de hacer referencia y no las tendrán porque pretendemos
hacerlo pronto y bien como es natural. En este sentido se está trabajando
desde los distintos organismos públicos a lo largo del año 1999.

Evidentemente, quedan dos meses --como usted muy bien ha señalado-- para
el día 31 de diciembre.

Respecto al borrador del anteproyecto de estatutos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, que es el único organismo público de
investigación adscrito al Ministerio que yo dirijo --como usted muy
bien--, he de decirle que se encuentra en una fase muy avanzada de
elaboración interna que culminará a lo largo de esta misma semana en que
será remitido formalmente al Ministerio de Administraciones Públicas para
su tramitación posterior.

Durante este proceso se han llevado a cabo numerosas reuniones y
consultas internas que se han intensificado notablemente durante los dos
últimos meses con el fin de recoger todas aquellas opiniones de personas
que, por razón del cargo que ocupan en el organismo o de la
representación que ejercen, pudieran contribuir a dotar a esta norma del
contenido más óptimo posible desde el punto de vista de la organización y
funcionamiento del CSIC. En este marco se insertan las consultas con los
directores de los más de cien centros e institutos que posee el CSIC, los
procesos de consulta con las organizaciones sindicales con
representatividad en el Consejo, los mantenidos con las asociaciones de
personal y, como es lógico, los debates producidos en el seno de la Junta
de Gobierno del organismo, fruto de todos los cuales se han incorporado
al texto buena parte de las sugerencias y observaciones apuntadas.

Tengo que señalar, además, que ya se ha avanzado en el proceso interno
porque, como usted sabe, la aprobación de esta norma requiere de los
Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, con lo
cual, como ya está acordado con dichos Ministerios, solamente restará el
trámite del Consejo de Estado, y le puedo asegurar a usted que el
organismo público que depende de mí, el CSIC, antes del 31 de diciembre
del presente año 1999, lo tendrá resuelto.

La situación de los demás organismos, según me comunican los distintos
representantes de los departamentos ministeriales, es la siguiente: en el
caso del CIEMAT, ya se han remitido al MINER para su tramitación
reglamentaria los estatutos; en el caso del Instituto Tecnológico
Geominero de España, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha remitido
el texto al Ministerio de Administraciones Públicas para su tramitación;
en el caso del INTA, el texto parece que va un poco retrasado y se
encuentra todavía en una fase inicial de su tramitación; en el caso del
Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el Ministerio de
Agricultura ya ha remitido los textos al MAP, y en el caso del Instituto
de Salud Carlos III ya se ha remitido al Ministerio de Sanidad y Consumo
el borrador para su tramitación reglamentaria.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Educación y
Cultura.




--DE DON JUAN VAN-HALEN ACEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTO LLEVAR A CABO EL
GOBIERNO TRAS EL ANUNCIO DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS BRASILEÑAS DE
DECLARAR EL ESPAÑOL COMO LENGUA OBLIGATORIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
(680/000881).




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La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Van-Halen
Acedo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las
actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno tras el anuncio
de las autoridades educativas brasileñas de declarar el español como
lengua obligatoria en el sistema educativo.

Tiene la palabra el Senador Van-Halen.




El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, como sabe usted muy bien, se ha producido el anuncio del
Gobierno de la República de los Estados Unidos de Brasil de incorporar a
su educación reglada el estudio obligatorio del español. Esta noticia es
importante, puesto que estamos hablando de un país de más de 150 millones
de habitantes, el segundo país en población de América y el quinto país
en población del mundo.

Es una gran noticia, señor Ministro. Recuerdo que cuando en una decisión
respetable, libérrima, pero cuanto menos pintoresca, el Gobierno de
Guinea Ecuatorial decidió pasar al área del francés, los medios franceses
recibieron la noticia y la celebraron. Nosotros en España, al conocer
esta noticia que nos llega de Brasil, creo que también deberíamos
celebrarlo.

Hablamos siempre, señor Ministro, de la promoción del español en el mundo
y, a este respecto, hay que celebrar las actuaciones de los institutos
Cervantes en el mundo. Hablamos también de que debemos favorecer al
castellano o español. En este caso es muy importante que, una vez
adoptada la decisión del Gobierno brasileño, la reacción del Gobierno de
España no se haga esperar. Debemos sentirnos encantados de que en un país
como Brasil el Gobierno haya adoptado esta decisión y esperamos que
después del trámite parlamentario en el que ahora mismo está dentro de la
estructura política y administrativa brasileña, llegue a buen puerto, y
consideramos, señor Ministro, que el Gobierno español debe reaccionar.

De ahí la pregunta, señor Ministro, que le formulamos: ¿Qué actuaciones
tiene previsto llevar a cabo el Gobierno tras el anuncio de las
autoridades educativas brasileñas de declarar el español como lengua
obligatoria en su sistema educativo?
Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Van-Halen.

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Quiero comenzar mi respuesta a la pregunta manifestando mi conformidad
con la afirmación que ha hecho el señor Van-Halen. Es, evidentemente, una
gran noticia y, probablemente, una de las más importantes que se hayan
producido en España en los últimos meses. Precisamente por esa razón, y
por la responsabilidad que tiene que asumir el Gobierno español desde el
momento en que se produce la misma, nos hemos puesto en contacto con la
Embajada brasileña y con el Ministro de Educación de Brasil a los efectos
de hacer un viaje que hemos pospuesto hasta los primeros días del próximo
mes de diciembre, precisamente a la espera de que se produzca la
ratificación parlamentaria a la que aludía en su intervención el señor
Van-Halen.

Ha habido una propuesta inicial del Gobierno que aprobó el Congreso
brasileño y el Senado modificó el texto en el sentido de ampliar la
enseñanza del español, convirtiéndola también en materia optativa para
los cuatro últimos cursos de la enseñanza fundamental. Tras ello será
necesario la ratificación del nuevo texto en el Congreso y su refrendo
posterior por el Presidente de la República, con lo que efectivamente el
idioma español pasará a ser una materia con extensa implantación en el
sistema educativo brasileño que afectará a los alumnos comprendidos entre
los 11 y los 17 años.

El Ministerio de Educación y Cultura desde hace tiempo viene
desarrollando diversas acciones en Brasil, dada la demanda de español que
allí existe, y entre ellas merece destacarse la presencia de nuestro
sistema educativo mediante centros de titularidad mixta, como por ejemplo
el colegio español Miguel de Cervantes, situado en la ciudad de Sïo
Paulo, que comenzó a funcionar hace años y que actualmente atiende a
cerca de 1.500 alumnos con una plantilla de 138 profesores, de los que 22
son funcionarios españoles. En el próximo curso, la presencia en el
centro del español como lengua vehicular conocerá un incremento horario
muy importante merced a una autorización especial de las autoridades
educativas brasileñas sancionada en el pasado mes de mayo. Además estamos
trabajando en un proyecto para la creación de otro centro de similares
características en Río de Janeiro. Vamos a incrementar notablemente el
número y extensión de nuestros cursos de formación y reciclaje de
profesores brasileños de español y estamos estudiando la posibilidad de
celebrar convenios que desarrollen un currículo integrado
hispano-brasileño y la creación de secciones españolas en centros
docentes públicos brasileños.

También el Instituto Cervantes está trabajando activamente en la difusión
del español en Brasil. Se está trabajando en proyectos relacionados con
las nuevas tecnologías de la sociedad de la información aplicadas a la
difusión de la lengua y la cultura en español. Se trabaja en cursos
interactivos de enseñanza del español y de formación de profesores usando
la red Internet, así como en un curso audiovisual desarrollado
conjuntamente con Televisión Española. Además, se va a seguir fomentando
la creación de centros asociados del Instituto Cervantes en el territorio
brasileño y se va a crear la Oficina del Diploma Español como lengua
extranjera en Brasil.

Como últimas decisiones, dotaremos veinte becas en España, en
colaboración con el Instituto Cervantes, para la formación del
profesorado de español en cursos organizados por el Instituto y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo; dotaremos veinte becas en
España para el seguimiento de cursos de español para profesores de la red
pública de enseñanza brasileña; dotaremos cincuenta ayudas para lectores
de español contratados por



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universidades brasileñas y distribuiremos material bibliográfico de
acuerdo con los programas de cooperación, todo ello sin perjuicio de un
amplio plan que intentaremos cerrar en el viaje que a principios del
próximo mes de diciembre haremos una delegación del Ministerio de
Educación y Cultura para entrevistarnos con las autoridades brasileñas.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Van-Halen.




El señor VAN-HALEN ACEDO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, simplemente quiero expresarle mi satisfacción por sus
explicaciones y su sensibilidad en este problema y además decir que
debemos celebrarlo todos como españoles y como amantes de nuestro idioma.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

La pregunta de don José Ignacio López Borderías, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, ha sido retirada.




INTERPELACIONES:



--DE DOÑA ROSA BARENYS I MARTORELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL Y LOS RIESGOS PARA LA SALUD DEL TATUAJE,
EL «PIERCING» Y LA MICROPIGMENTACION (670/000157).




La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
interpelaciones.

En este punto hay una propuesta del señor Ministro de Sanidad, que ha
sido consultada por mí a los portavoces de todos los Grupos, en el
sentido de alterar el orden de las interpelaciones, de forma que permita
al señor Ministro trasladarse cuanto antes a Santander.

¿Puede darse por entendida la aprobación por asentimiento de la
alteración del orden del día? (Pausa.)
En ese caso, comenzamos por la interpelación de doña Rosa Barenys i
Martorell, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el ejercicio
profesional y los riesgos para la salud del tatuaje, el «piercing» y la
micropigmentación.

Tiene la palabra la Senadora Barenys i Martorell.




La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro de Sanidad, esta interpelación viene a este Pleno
pendiente de discusión en la Comisión de Sanidad. Estaba presentada en
septiembre o en octubre del año 1998 y no he tenido la oportunidad, por
las razones que antes le he comunicado, de poderla discutir. Por tanto,
la hemos reconvertido en una interpelación y tendremos más ocasión de
debate con usted.

Quería empezar diciendo que cada día son más las personas, generalmente
jóvenes en edades comprendidas entre 18 y 35 años, que optan por ataviar
su cuerpo mediante un tatuaje o bien deciden realizarse un «piercing»
para colocar anillas, pendientes y objetos metálicos en algún lugar
perforado previamente, de la misma manera que optan por una
micropigmentación, realzando, por ejemplo, el contorno de los labios. Sus
señorías lo habrán comprobado con una simple observación callejera. Esto,
que sucede de forma totalmente normal y que parece que no debe
preocuparnos, precisa de una especial atención por parte del Gobierno de
la nación y por parte de las Administraciones en su conjunto, no para
controlar la actividad en sí misma, sino para evitar riesgos sanitarios.

El auge que están experimentando estas técnicas es nuevo. En nuestro país
hace unos diez años la práctica de las mismas no se visualizaba como
ahora, y a la vez creo que se van imponiendo como moda un poco
transgresora. Creo que es bueno recordar, si sus señorías me lo permiten,
que estamos recuperando costumbres muy antiguas que contienen lenguajes
simbólicos que han tomado, a través de los tiempos, significados
distintos, según la cultura que los ha practicado.

El «piercing» o, dicho en lenguaje propio, el anillado corporal, fue una
técnica utilizada por los centuriones y los gladiadores de la época
romana, que acostumbraban a llevar anillas en los pezones como símbolo de
valor, buscando más la identidad que la belleza. El «piercing» también se
asoció al poder y a la autoridad. El anillo en sí mismo, el que todos
llevamos en nuestras manos, aunque no tenga nada que ver con las
perforaciones, simboliza la fidelidad, y ese anillo que utilizamos en las
culturas occidentales desde tiempos antiguos es el mismo que se utiliza
en la India y en tribus africanas colocándolo en la nariz de la mujer
mediante perforación. Podríamos también hacer referencia a los pendientes
utilizados históricamente por hombres, porque simbolizaban, como
decíamos, poder y valor. Podemos recordar las películas de piratas que
veíamos cuando éramos niños. En la cultura occidental nace esta práctica
hace unos treinta años en Estados Unidos, y a la vez que transmite, como
en sus orígenes, una determinada estética, identifica al individuo y al
grupo.

La práctica del tatuaje está más introducida en nuestra cultura. Podemos
remontarnos igualmente a las páginas de la historia europea y descubrir
que los griegos ya lo utilizaron para marcar la cara de los que habían
cometido algún delito; los romanos, para diferenciar las clases
marginales; los cristianos, mediante símbolos religiosos, para dar fe de
su religiosidad delante de la comunidad, y en la Europa medieval los
componentes de los gremios se tatuaban en la piel los símbolos de su
oficio como documento acreditativo de su profesión. Asimismo, gracias a
recientes estudios antropológicos, se conoce que en las diversas islas
del Pacífico las jerarquías estaban marcadas por tatuajes diversos, y que
esta práctica extendida hasta el siglo XIX hizo que los marineros la
hicieran llegar a Europa, entre sus propios grupos y otros grupos
sociales. Su aceptación es tal --ya entrado el siglo XX-- que los tres
jefes de Estado que firmaron el Tratado de Yalta estaban tatuados,



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Roosevelt --con un escudo de familia--, Stalin --con una calavera en el
pecho-- y Churchill --con un ancla--. (El Vicepresidente, Aguilar Belda,
ocupa la Presidencia.)
España está en una situación diferente respecto a los países de Europa,
seguramente por razones político-culturales que se manifestaron en la
desconfianza y el rechazo que producían aquellos que se tatuaban
pertenecientes a clases marginales. No obstante, en los años
sesenta-setenta se realizan en nuestro país los primeros «tatoos» y a
finales de los años setenta-ochenta se introduce en las clases medias
como forma de extravagancia, pero también de transgresión. Su impulso y
su auge es debido a las culturas «punk», «heavy», «rocker», etcétera, que
llegan a nuestro país con fuerza. Actualmente se están introduciendo
otras técnicas de las que no quiero hablar, pero que el señor Ministro
conocerá, como la escarificación, el «branding», aunque muy poco
utilizadas y, por tanto, no creo que sea necesario traerlas a colación en
esta interpelación.

Enmarcada esta cuestión, desde un punto de vista antropológico y un poco
histórico, y antes de entrar en el meollo de la cuestión de esta
interpelación, quiero dejar claro ante los miembros de la Cámara y del
Gobierno que el Grupo Parlamentario Socialista defiende que cualquier
persona que opte por alguna de estas técnicas tiene derecho a ser
respetada y a estar segura y tranquila de que no va a contraer ninguna
enfermedad, a la vez que aquellos que desde su actividad artística
realizan este tipo de técnicas, precisan asimismo de información y de
protección sanitaria y administrativa.

¿Qué puede suceder cuando un chico o una chica optan por la aplicación en
su cuerpo de un tatuaje, un «piercing» o una micropigmentación si no
existen medidas sanitarias adecuadas, y si a su vez quienes realizan esta
aplicación no son expertos en la utilización del instrumental adecuado y
en la previsión de riesgos? Puede suceder que se contraigan enfermedades
víricas de transmisión sanguínea, como la hepatitis B, la C y el sida,
aparte de dermatitis y otro tipo de lesiones de menor o mayor
importancia, eso depende.

El «piercing», por ejemplo, aparte de su aplicación en lugares visibles y
poco irrigados, como las cejas, se puede efectuar en lugares que no se
exteriorizan --pezones, pene, labios vaginales--, que tienen muchos vasos
sanguíneos y, en consecuencia, peligro de infección si el material que se
utiliza no está esterilizado y si la joya o pieza que se introduce no es
del material adecuado o si no se utilizan guantes quirúrgicos de un solo
uso, etcétera. De la misma manera, el tatuaje necesita de todas estas
precauciones: agujas para una sola vez, guantes de un solo uso, tintas
adecuadas, y los locales donde se aplican deben tener condiciones
higiénico-sanitarias adecuadas.

Al buscar información sobre este sector de arte corporal, hemos
constatado que, al lado de excelentes profesionales y de dependencias
donde hay un control sanitario muy estricto de la actividad, existe un
remarcable intrusismo, dado que hay personas que realizan esta actividad
en la calle --en Barcelona, por ejemplo, en las Ramblas--, en las tiendas
de ropa e incluso en las trastiendas de determinados restaurantes. En
verano, proliferan este tipo de actividades en lugares costeros y, cada
vez más, se encuentran tiendas de «tattoos» en lugares más recónditos,
por no decir clandestinos.

El Grupo Parlamentario Socialista comparte su preocupación con los
sectores profesionalizados en arte corporal, aunque la profesión o la
formación para ejercer esta actividad aún no está reglada. Dicha
preocupación se debe a dos razones: Primera, la necesidad de la
regulación y el control sanitario de estas actividades, dado que para
otras de riesgo similar, en las que intervienen factores de riesgo
higiénico-sanitarios, existen normas que garantizan la prevención,
minimizando la posibilidad de contraer enfermedades, y, segunda, el
reconocimiento de esta actividad de arte corporal como una actividad
artística, así como la necesidad de impulsar una formación básica para
evitar el intrusismo y asegurar la correcta aplicación de las medidas
preventivas necesarias.

Ambas cuestiones tienen que ver con las competencias del Gobierno y con
competencias de las Comunidades Autónomas y de las administraciones
locales, pero nosotros, con esta interpelación, queríamos conocer cuáles
eran los criterios del Gobierno al respecto.

Desconozco, señor Ministro, si ustedes disponen de algún estudio que nos
acerque al número de posibles usuarios de alguna de estas técnicas y de
la situación en las diversas Comunidades Autónomas de esta actividad,
pero le quiero apuntar un dato. En Barcelona, hace diez años, había
solamente dos tatuadores; actualmente hay más de cien. En Cataluña, la
Asociación Catalana de Arte Corporal calcula que hay más de mil
tatuadores en este momento, con un importante incremento de esta
actividad, como decía antes, en las zonas costeras y en verano. Es más,
si hiciéramos una consulta entre sus señorías veríamos que todos
conocemos familiares, amigos, y quizás tengamos hijos que han utilizado
en algún momento alguna de estas técnicas, que han estampado en su piel
algún tatuaje. Posiblemente este dato, este sondeo, nos acercaría a la
realidad, a las dificultades y a los prejuicios que puede comportar la
opción por alguna de estas técnicas.

Esta es la razón, señor Ministro, por la que el Grupo Parlamentario
Socialista, atendiendo demandas de estos grupos de profesionales y
también por convencimiento propio, como le he expresado, le interpela
sobre todas estas cuestiones planteadas, haciendo una especial referencia
al Decreto 414/1996, que, como es evidente, supongo que usted conocerá,
que regula los productos sanitarios.

Hemos encontrado que en este Decreto, por extensión, en la disposición
adicional quinta, se dice que el tatuaje también es un producto
sanitario. Quisiéramos conocer exactamente cómo piensan ustedes aplicar,
entender o desarrollar esta disposición adicional quinta, de la misma
manera que quisiéramos saber, señor Ministro, si han traspuesto ustedes
la Directiva 94/27 del Parlamento Europeo, que regula las limitaciones
del uso del níquel en joyería y de otros productos destinados a estar en
constante contacto con la piel. Si en realidad esto es así, entendemos
que la Ley General de Sanidad debería reglamentar, autorizar, registrar u
homologar aquellos productos y artículos sanitarios que puedan suponer un
riesgo para la salud a fin de ofrecer seguridad a los posibles usuarios.




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En el mes de julio de 1999 usted tuvo una actuación que de alguna manera
nos preocupó, y que le manifiesto ahora con toda sinceridad, señor
Ministro. Usted incluyó en una lista de excluidos para donación de sangre
a las personas que se hubiesen realizando un «piercing», de la misma
manera que estaban incluidas ya en ella las personas tatuadas. Es decir,
que durante un año aquella persona que se hubiera aplicado alguna de
estas técnicas no puede ser donante de sangre. A partir de aquí nos dimos
cuenta de que su Ministerio y usted estaban preocupados por esta
cuestión, pero precisamente esa interpelación venía a decirle lo
siguiente: señor Ministro, no excluyamos; intentemos prevenir y
normalizar este tipo de actividad y regular sanitariamente este sector.

Precisamente por eso hemos formulado esta interpelación y le preguntamos
acerca del ejercicio profesional de este sector y los riesgos que la
práctica del tatuaje, el «piercing» y la micropigmentación conllevan para
la salud.

Gracias, señorías y señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Barenys.

Para contestar a esta interpelación, tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor Ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Muchas gracias, Senadora Barenys. Comparto en gran medida su exposición
ilustrada, me atrevo a decir, sobre esta problemática, y también sus
preocupaciones sobre la misma. Con mucho gusto le voy a informar de lo
que ha hecho el Gobierno respecto de esta cuestión y de cuáles son
nuestras preocupaciones al respecto.

Recordaba muy bien su señoría la historia milenaria de estas prácticas, y
también recordaba que recientemente --antes en Estados Unidos que en
otros países-- se ha producido el resurgimiento de estas técnicas, que
contienen para algunos colectivos un lenguaje simbólico, y que suponen en
otros casos la exteriorización de un determinado patrón cultural o de una
moda que, por lo demás, creo que debemos respetar, lo que hacemos con
mucho gusto.

En España, y en general en Europa, esta moda no ha alcanzado todavía un
gran desarrollo, y las personas que se dedican a llevar a cabo estas
técnicas no tienen ningún tipo de organización, o al menos no la tienen
de una forma oficial. No se trata, en sentido estricto, de actividades
sanitarias las prácticas de las que estamos hablando y, además, éstas no
se realizan por profesionales sanitarios ni se llevan a cabo en locales
sanitarios. No obstante, no desconocemos que pueden existir riesgos
asociados a las mismas, respecto de los cuales su señoría se ha tomado la
molestia de señalar algunos sobre los que yo no tengo nada que
contradecir.

A nuestro juicio, la problemática derivada de estas prácticas se
relacionaba fundamentalmente con los instrumentos, los tintes y los
pigmentos que se utilizan en estas técnicas, y asimismo con las
condiciones higiénico-sanitarias de los locales, y apareció después, por
derivación, el riesgo de que estas personas pudiesen transmitir
determinadas enfermedades a través de la donación de sangre. Por tanto,
sobre estas cuatro cuestiones se hacía necesaria una respuesta por parte
de los poderes públicos.

A nuestro juicio, era necesario una regulación de la materia; los
instrumentos, los tintes y pigmentos y los riesgos derivados de la
hemodonación exigían una regulación de ámbito general y estatal, y hemos
elaborado esa normativa. Por el contrario, entendemos que la cuestión
relacionada con las condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos donde se aplican estas técnicas cae bajo la
responsabilidad y la competencia de las Comunidades Autónomas, y debemos
respetar el ámbito competencial en esta materia.

Con mucho gusto voy a explicarle a su señoría lo que hemos hecho desde la
Administración General del Estado en relación con estas cuestiones
porque, a nuestro juicio, es nuestra responsabilidad. En cuanto a los
instrumentos que se utilizan para la aplicación de estas técnicas, existe
una gran variedad, lo que unido al carácter de la actividad dificulta en
la práctica una regulación completa al respecto.

No obstante, puedo decir que los instrumentos de tatuaje han sido
regulados a través del Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo. Esta norma
fue aprobada en desarrollo de la Ley General de Sanidad, que en su
artículo 40, apartados 5 y 6, establece que corresponde a la
Administración del Estado la reglamentación, autorización y registro u
homologación, según proceda, de aquellos productos y artículos sanitarios
que al afectar al ser humano puedan suponer un riesgo para la salud de
las personas.

En ese sentido, la Ley 25/1990, del Medicamento, faculta al Gobierno en
su disposición adicional tercera, apartado 2, para determinar aquellos
productos sanitarios que hayan de ser autorizados, homologados o
certificados por el Estado en razón a su especial riesgo o trascendencia
para la salud. El citado Real Decreto desarrolla, por tanto, las
mencionadas leyes, de acuerdo con lo previsto también en la Directiva del
Consejo 93/42/CE, de 14 de julio de 1993, relativa a los productos
sanitarios, los cuales deben ofrecer a los pacientes, usuarios y otras
personas un nivel de protección elevado y satisfacer las prestaciones que
les haya asignado el fabricante. En concreto, en la disposición adicional
quinta se especifica que quedan incluidos dentro del ámbito regulado por
este Real Decreto los productos para el tatuaje.

De la misma forma, los tintes y pigmentos que se utilizan en los tatuajes
y en la micropigmentación están regulados en el Real Decreto 1599/97,
sobre productos cosméticos, dictado al amparo de la Ley General de
Sanidad, de la del Medicamento y de la Ley General para la defensa de los
consumidores y usuarios. En su disposición adicional segunda se establece
el procedimiento para la autorización sanitaria de comercialización de
los productos de higiene o de estética de aplicación en piel y mucosas.

Por extensión, se considera que estos tintes y pigmentos utilizados en
estas técnicas están incluidos dentro de este supuesto.

Por lo que respecta a las condiciones higiénico-sanitarias que han de
observar las personas que se dedican a estas



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técnicas para controlar la transmisión de determinadas enfermedades, debo
indicar a su señoría que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud pública, establece en su artículo
3 que, con el fin de controlar las enfermedades de carácter transmisible,
la autoridad sanitaria podrá adoptar las medidas preventivas que estime
necesarias en supuestos de riesgo.

En este sentido, los estatutos de autonomía otorgan a todas las
Comunidades Autónomas competencias de desarrollo legislativo y de
ejecución en materia de sanidad e higiene, y precisamente en el
desarrollo de estas competencias, que incluyen también el control y
vigilancia, algunas Comunidades Autónomas han aprobado legislación
específica sobre esta materia. Las Comunidades Autónomas de Aragón,
Asturias, Cantabria, País Vasco y Baleares han dictado disposiciones de
diferente rango regulando las medidas higiénico-sanitarias de los
locales, del material y de las personas que desarrollan estas técnicas.

Además, en otras Comunidades Autónomas se están desarrollando actividades
de formación dirigidas a las personas que prestan estos servicios y se
han elaborado diversos materiales informativos tanto para ellos como para
los usuarios. Estas comunidades son: Aragón, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Baleares, Murcia, Navarra, Canarias, Cataluña, Valencia y
Extremadura.

Tampoco desconocemos que junto al riesgo de que los usuarios de estas
técnicas se contagien por enfermedades víricas, en especial hepatitis y
sida, existe el riesgo de que transmitan la infección, fundamentalmente a
través de unas relaciones sexuales sin las debidas precauciones o de la
donación de sangre.

En concreto, y por lo que respecta a la hemodonación, que también es un
aspecto sobre el que se interesa su señoría, desde el año 1987 se han
extremado las medidas preventivas para impedir contagios a través de esta
vía, estableciéndose la obligatoriedad de analizar la sangre de los
donantes frente a estos virus. En esta misma línea, y en desarrollo del
Real Decreto 1854/93, de 22 de octubre, por el que se determinan con
carácter general los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la
hemodonación y bancos de sangre, el pasado 2 de julio de 1999 se aprobó
una Orden Ministerial por la que se actualizan las condiciones de
exclusión de los donantes de sangre y se establecen los criterios de
interpretación de las pruebas para la detección de agentes infecciosos en
las donaciones de sangre.

En esta Orden Ministerial, que recoge las directrices emanadas al efecto
por la Unión Europea, que a su vez han sido aprobadas por la Comisión
Nacional de Hemoterapia, se excluyen como donantes de sangre durante un
período de un año a todas aquellas personas donantes potenciales que se
hayan sometido a prácticas que supongan perforación de la piel, como es
el caso de prácticas de «piercing», tatuajes o micropigmentación.

Este criterio de exclusión, basado en la recomendación del Consejo de la
Unión Europea sobre idoneidad de los donantes de sangre y plasma y el
cribado de las donaciones de sangre, garantiza, en base a los
conocimientos científicos actualmente disponibles, la seguridad y la
eficacia de la sangre y de sus productos derivados al excluir durante un
período preventivo suficiente a las personas que se han sometido a este
tipo de técnicas. Este mismo criterio aparece recogido en la «Guía del
Consejo de Europa», cuarta edición, sobre la Preparación, uso y control
de calidad de los componentes sanguíneos. Además, el hecho de que se
trate de una medida preventiva e implantada a nivel de toda la Unión
Europea es una garantía adicional de seguridad frente a un riesgo posible
aunque remoto.

En definitiva, éstas son las medidas que se han desarrollado por parte de
las autoridades sanitarias, y en concreto por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades víricas
a través de los potenciales donantes de sangre que se han sometido a
técnicas de tatuaje, «piercing» y micropigmentación.

Para finalizar, quisiera insistir en que, a pesar de las evidentes
complejidades que conlleva la regulación de estas prácticas, se han
tomado las medidas necesarias para minimizar los riesgos y regular los
instrumentos y productos que se utilizan, y en algunos casos también se
han regulado por parte de las Comunidades Autónomas las condiciones
higiénico-sanitarias de los locales y de los profesionales.

Además, dado el carácter extrasanitario y en muchos casos marginal de
esta actividad, las medidas más eficaces posiblemente son las dirigidas a
los propios usuarios mediante la difusión de una información veraz y lo
más completa posible sobre los tatuajes, el «piercing» y la
micropigmentación tal y como, por otra parte, están realizando las
administraciones sanitarias competentes en el ámbito de la educación para
la salud.

Muchas gracias, señorías.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Barenys.




La señora BARENYS I MARTORELL: Gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir muy brevemente.

Señor Ministro, gracias por la exhaustiva información que usted nos ha
ofrecido.

Mi sensación es que los usuarios y las personas que ejercen esta
actividad de arte corporal no conocen el conjunto de normativas que hay a
nivel del Estado --como consecuencia del Decreto 414/96 y la Ley del
Medicamento-- y la Directiva relacionada con los productos sanitarios; es
decir, las personas que ejercen esta actividad tienen la sensación de que
son un conjunto de medidas a las cuales no se tiene prácticamente acceso
y no se sabe si el instrumental que se va a utilizar está debidamente
esterilizado o no. Si en estas pequeñas empresas de arte personal hay una
seguridad es porque se han preocupado sus propietarios de tener un código
deontológico y de establecer unas normas de estricto cumplimiento entre
todos los asociados. El caso del que estoy hablando es el de la
Federación Catalana de Arte Corporal.

Por tanto, me parece bien y creo que es importante recoger toda esta
información que usted nos está dando, pero tendríamos que encontrar la
manera de sintetizar la cuestión mediante una norma específicamente
orientada al sector



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del arte corporal. Sabía que algunas Comunidades Autónomas tenían
normativas --conocía la de Almería-- y celebro que sean más porque nos
pueden servir de punto de referencia para ordenar este sector --por
decirlo de alguna manera-- con la buena intención de evitar riesgos a los
posibles usuarios.

No le he escuchado explicar cómo se ha traspuesto la Directiva 94/27, del
Parlamento Europeo, del 30 de junio, relacionada con las limitaciones que
deben establecerse sobre el uso de determinadas sustancias --como el
níquel-- que pueden contener los productos de joyería y, en este caso,
las piezas que se utilizan para el «piercing»; cómo se controla, aunque
tenemos que reconocer que no es fácil, la utilización de materiales
prohibidos para el «piercing», como la plata, el cobre o los metales
recubiertos con baños; cómo se asegura solamente el uso de titanio, de
niobio, el oro de 18 quilates o el acero quirúrgico, que han de ser
únicamente los metales utilizados porque los otros --como usted sabe muy
bien-- pueden producir alergias e infecciones que pueden llegar a ser
dramáticas. No sé si usted leyó en los medios de comunicación, hace
cuatro o cinco días, el comunicado de un hospital inglés que pedía la
regulación de esta práctica porque se habían dado muchísimos problemas,
accidentes e infecciones en determinadas zonas, especialmente en las
genitales, que habían tenido un «piercing».

Señor Ministro, me parece bien lo que usted me ha contestado, pero creo
que tenemos que continuar trabajando en una moción para avanzar en la
regulación de este sector y, sobre todo, para poder ayudar a que los
posibles usuarios de cualquiera de estas técnicas tengan la seguridad de
que la aplicación de las mismas no va a conllevar para ellos ningún tipo
de riesgo. La coordinación entre el Gobierno del Estado y las Comunidades
Autónomas podría ser muy necesaria a fin de que esta competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas también se pueda desarrollar de
una manera efectiva y eficaz.

Gracias, señor Presidente y señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Barenys.

Abrimos turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene
la palabra el Senador Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos escuchado con mucha atención a la Senadora Barenys en su
interpelación, y lo primero que me gustaría decirle es que, con todos los
respetos, no sólo a ella, que me los merece todos, sino también a estas
prácticas ancestrales que tienen una gran carga tradicional y, por qué
no, cultural, las que se le quieran reconocer, también las podríamos
considerar como costumbres atávicas felizmente superadas. En cualquier
caso, la relatividad de estas cuestiones nos podría llevar a otro tipo de
debate que ahora no es el que se suscita; sería interesante y a la vez
ilustrativo, pero, como digo, no es el momento.

En la segunda intervención ha hecho referencia a una norma específica de
arte corporal, puede ser, pero, en todo caso, nosotros estamos más de
acuerdo en que esto es fruto del reparto de competencias a que ha hecho
referencia el señor Ministro. De cualquier manera, cabe la posibilidad de
la regulación en cuanto a la hemodonación, que es una parte tangencial,
pero importante, de este problema, aunque no el sustancial. Por
consiguiente, la regulación de estas actividades, tanto desde el punto de
vista de los profesionales que las lleven a cabo como de las condiciones
higiénico-sanitarias de la propia actividad y de los locales donde se
lleven a efecto esas prácticas, es competencia exclusiva, como usted ha
dicho en su segunda intervención, de las Comunidades Autónomas, incluso
diría yo que compartida con las corporaciones locales, porque, si bien el
tatuaje y el «piercing» son actividades donde sistemáticamente se perfora
la piel o las mucosas, no forman parte del ámbito propiamente sanitario.

En este sentido, las llevan a cabo profesionales no sanitarios, que a su
vez pueden practicar otras actividades, pero qué duda cabe que esas
actividades redundan a veces en la participación de médicos.

Efectivamente, en el «Diario Médico» del día 27, así como en otros medios
de información, se hace referencia a la situación de los médicos
británicos, creo que incluso a la de los médicos españoles, frente a los
problemas ocasionados como consecuencia de estas prácticas.

Le podría decir a la Senadora Barenys que hubiera sido más propio
presentar esta iniciativa en el Parlamento de Cataluña, y ella me podría
contestar, y yo se lo reconocería gustosamente, que ya lo ha hecho el
Grupo Parlamentario Socialista y, como consecuencia de la proposición no
de ley que presentaron en su momento, la Generalitat de Catalunya ha
hecho dos informes: uno sobre los sectores profesionales que practican
las técnicas del tatuaje y el «piercing», y otro de una campaña
divulgativa de los riesgos de contagio en las operaciones de colaboración
en esas actividades. Se han editado un tríptico y un díptico dirigido a
los profesionales, a la población en general, y a los usuarios de estas
técnicas.

En cualquier caso, entendemos que es una actividad regulable por las
Comunidades Autónomas. En este sentido, qué duda cabe que la regulación
debe hacerse en base a la Ley General de Sanidad, que regula la
intervención pública en las actividades públicas o privadas que directa o
indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud. Pero,
a su vez, también ésta es una competencia atribuida a la Generalitat de
Cataluña en materia de sanidad, de acuerdo con el artículo 17 del
Estatuto de Autonomía. Poder disponer de una normativa sanitaria
específica que regule las condiciones higiénico-sanitarias de este tipo
de actividades es una condición previa. Desde este punto de vista, el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya
ha iniciado ya la redacción de un anteproyecto de decreto, que está en
fase de información pública, en el que se incide básicamente en aquellos
puntos contemplados en el cuestionario que se utilizaba



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para llevar a cabo aquellos informes anteriores, y que está dirigido a la
adopción de unas medidas en cuanto a la protección de la salud, tanto de
los usuarios como los de los profesionales de esas actividades. El
anteproyecto de decreto incide en el autocontrol de los profesionales que
realizan tatuajes y «piercing», en la corresponsabilidad de los usuarios
y en las funciones de control sanitario que han de ejercer los
ayuntamientos.

Por consiguiente, hemos estado atentos, como he dicho, tanto a la
interpelación como a la contestación del señor Ministro, y estamos de
acuerdo en cuanto a que hay que ejercer con suma cautela, pero con
eficacia, este reparto competencial entre distintos niveles de la
Administración, a efectos sólo de que estas prácticas, sea producto de la
moda del momento, sea por otro motivo, tengan la garantía y la seguridad
social de que no puedan ser un peligro y un riesgo para la salud pública.

Estaremos atentos a la moción consiguiente que se presente, pero, en
cualquier caso, anuncio que, en principio y salvo algunos aspectos
concretos y puntuales, desde nuestro punto de vista es más propio de las
competencias de las Comunidades Autónomas, de otros niveles de la
Administración, que no de la Administración General del Estado.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cardona.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
Senadora Barenys.




La señora BARENYS I MARTORELL: Gracias, señor Presidente.

Intervengo para replicar al Senador Cardona que, evidentemente,
presentaremos en la Comunidad Autónoma de Cataluña una nueva iniciativa,
entre otras cosas, porque hace más de un año se aprobó una resolución y,
por lo que usted me dice, ahora están intentando desarrollar un decreto.

Y es más, porque acabo de conocer a través del señor Ministro que algunas
Comunidades Autónomas han regulado la formación ocupacional de este
sector mientras que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la cual
participa su Grupo Parlamentario, no se ha regulado aún esta actividad
profesional. Por tanto, presentaremos allí una nueva actuación,
seguramente copiando y viendo lo que han hecho otras Comunidades
Autónomas del Estado español, que han ido más adelante que nosotros en
Cataluña.

No obstante, también quiero recordar al Senador Cardona que de las
palabras y la información recibida del señor Ministro se desprenden tres
marcos en los cuales se debe legislar y hemos de coordinar, en beneficio
de los usuarios que puedan optar por alguna de estas técnicas: el marco
estatal, el marco autonómico y el marco municipal. Lo que pretendía el
Grupo Parlamentario Socialista era traer este debate a la Cámara e
intentar buscar acuerdos, coordinación, para favorecer el desarrollo de
este sector profesional y, a la vez, favorecer la libertad de las
personas que optan por realizar en su cuerpo alguna de estas técnicas con
la máxima seguridad.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Barenys.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Coloma.




La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, subo a esta tribuna para tratar la
interpelación que ha traído a esta Cámara el Grupo Socialista.

Me gustaría comenzar diciendo a la Senadora Barenys que no por mucho
repetir una falsedad ésta se convierte en verdad. Usted lo ha manifestado
tanto en la pregunta que ha formulado, como ahora en la interpelación, y
repite y repite que no viene a esta Cámara.

Sé que no les gusta a ustedes que les hable de la Ministra anterior, de
la señora Amador, pero ésa es la realidad y hay que decirla. Mientras que
el señor Romay ha acudido a esta Cámara para responder a siete
comparecencias, ocho interpelaciones, 84 preguntas en Pleno y 42 en
Comisión, la señora Amador, Ministra en la anterior legislatura, vino a
esta Cámara a responder a tres comparecencias, tres interpelaciones, 38
preguntas orales en Pleno y ninguna, cero, en Comisión. Esa es la
realidad.

Volviendo al tema que hoy nos ha traído a esta Cámara la interpelación,
el tatuaje, el «piercing» y la micropigmentación son técnicas de
decoración de la piel que en unos casos, como el tatuaje y la
micropigmentación, suponen la inserción de sustancias colorantes bajo la
epidermis, y en otros, como el «piercing», consiste en perforar
determinadas partes del cuerpo, como el ombligo, la nariz, la lengua, el
pezón u otras zonas corporales para introducir un pendiente, un anillo o
cualquier otro adorno como elemento decorativo.

En muchas partes del mundo existían pueblos que utilizaban este tipo de
adornos como indicativos del rango o afiliación social o como signos de
duelo, y alcanzó un gran desarrollo entre determinadas poblaciones de
Nueva Zelanda, China, India y Japón, así como en pueblos primitivos de
Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Existía la creencia de
que los tatuajes protegían contra la mala suerte y las enfermedades.

La mayoría de las personas piensan que estas técnicas son un hecho
reciente desarrollado en las últimas décadas del siglo XX. En realidad
hace miles de años que este arte nos acompaña, pero no se sabe
exactamente cuándo y cómo se descubrió. Los ejemplos más antiguos del
tatuaje en la actualidad son las momias tatuadas. Los egipcios
practicaban esta técnica ya en el año 2000 antes de Cristo y estaba
relacionada con el lado erótico, emocional y sensual de la vida. Estas
técnicas antiguas tienen mucho en común con las modernas y podemos
considerar que estamos en presencia de una evolución continua de un arte
con orígenes profundos y universales en la humanidad. Este tipo de
prácticas las siguen diferentes clases de personas y existen diversas
razones por las cuales hacerlo: para estar a la moda, por diferenciarse
de los demás, por influencias étnicas



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o tribales, por razones sexuales, para recordar eventos especiales o
simplemente para decorar sus cuerpos, y muchos las usan como una forma de
identificarse con determinados grupos sociales.

Así como en Estados Unidos el grado de implantación es tan importante que
las personas que se dedican a practicar estas técnicas forman parte de
determinados colectivos profesionales perfectamente organizados, en
España aún no ha alcanzado el desarrollo suficiente como para que quien
se dedica a las mismas esté perfectamente encuadrado en algún tipo de
organización, y mucho menos son actividades realizadas por profesionales
sanitarios. Pero estas circunstancias no deben hacernos poner una venda
en los ojos y no ver la realidad, y la realidad es que estas prácticas se
realizan muchas veces en lugares inadecuados, incluso de una forma
clandestina, con instrumentos en malas condiciones higiénico-sanitarias,
en personas en las que muchas veces se asocian otras prácticas de riesgo,
como la drogadicción por vía intravenosa y la promiscuidad sexual, y todo
ello conlleva riesgos para la salud.

Señor Presidente, señorías, estoy seguro de que algunos de los Senadores
médicos presentes en esta Cámara, como la que les habla, ha tenido la
oportunidad de atender en alguna consulta médica a este tipo de personas
como consecuencia de infecciones, hemorragias o desfiguraciones
permanentes. Es cierto que en España no existe ningún caso declarado de
sida como consecuencia de este tipo de prácticas y que en las hepatitis B
y C es difícil conocer si se han producido como consecuencia del contagio
a través del material utilizado para practicar estas técnicas, y todo
ello porque en un porcentaje importante estas personas soportan otras
prácticas de riesgo.

Señor Presidente, señorías, si bien es cierto que el riesgo está ahí, el
Grupo Parlamentario Popular apoya las medidas que desde el Ministerio se
llevan a cabo.

Decía el texto de la interpelación que no hay normativa sanitaria. Yo le
tengo que decir a la Senadora Barenys que en el Real Decreto que ya ha
descrito el señor Ministro Romay, el 414/1996, los instrumentos de
tatuaje han sido regulados y específicamente en una disposición adicional
de este mismo Real Decreto quedan incluidos los productos para tatuaje.

Asimismo, los tintes y pigmentos que se utilizan en este tipo de técnicas
están regulados en el Real Decreto 1599/1997, sobre productos cosméticos,
al amparo de las Leyes General de Sanidad, del Medicamento y la Ley
General para Defensa de los Consumidores y Usuarios. Al mismo tiempo
quiero señalar que esta regulación corresponde a las Comunidades
Autónomas a tenor de lo dispuesto en los respectivos estatutos de
autonomía, sin perjuicio de la legislación básica que acabo de señalar, y
en virtud de estas competencias algunas Comunidades Autónomas han
aprobado legislaciones específicas sobre esta materia y en otras se
desarrollan actividades de formación dirigidas a las personas que prestan
estos servicios.

Con respecto al riesgo de transmitir algún tipo de estas infecciones,
como hepatitis o sida, a través de la donación de sangre, debemos
transmitir un mensaje de tranquilidad a la población susceptible de
necesitar algún tipo de transfusión, ya que desde el año 1997 se
estableció la obligatoriedad de analizar la sangre de los donantes frente
a estos virus. Además, como ya ha manifestado el señor Ministro, el día 2
de julio de 1999 se aprobó una Orden Ministerial que recoge las
directivas de la Unión Europea y que a su vez han sido aprobadas por la
Comisión Nacional de Hemoterapia, por la que se excluyen como donantes
durante un período de un año las personas que se hayan sometido a
prácticas que supongan la perforación de la piel y mucosas, como los
casos de «piercing», tatuaje y micropigmentación.

Señor Presidente, señorías, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular lo más beneficioso es, como ya se viene haciendo
desde las administraciones sanitarias, una buena educación sanitaria,
informando de la forma más completa de los riesgos que puede suponer este
tipo de prácticas. Invertir en educación y concretamente, en educación
sanitaria, es apostar por prevenir problemas que luego van a ser más
difíciles de tratar.

Señor Ministro, desde el Grupo Parlamentario Popular cuenta con todo
nuestro apoyo. La eficacia y la eficiencia demostradas en su gestión son
altamente valoradas por los ciudadanos que necesitan ser atendidos por
los servicios sanitarios.

Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora Coloma.

(El señor Ministro de Sanidad, Romay Beccaría, pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Presidente, permítame una brevísima intervención para expresar nuestra
disposición a hacer esfuerzos adicionales en la línea que solicitaba la
Senadora Barenys con el fin de que esta normativa tenga mejor difusión.

Yo no tengo inconveniente en llevarlo a un Consejo interterritorial para
que, con la colaboración siempre imprescindible de las Comunidades
Autónomas, pudiéramos constatar si existe alguna iniciativa asumible con
objeto de mejorar el acceso a esta normativa de las personas afectadas,
aunque, por lo que ya se ha dicho aquí, muchas Comunidades Autónomas se
preocupan de esta labor mediante estas técnicas de la educación para la
salud, que son tan pertinentes a estos efectos, o preocupándose por la
formación de estas personas.

En cuanto a alguna pregunta que me formuló en relación con algún producto
que puede ser utilizado en estos casos, y en relación con las directivas
europeas, yo no le puedo contestar en este momento, pero con mucho gusto
lo haré en la primera oportunidad que tenga.

Creo que el Senador Cardona ha centrado muy bien el problema. Existen
materias que precisan ser legisladas por la Administración General del
Estado, que es lo que hemos hecho a través de las distintas disposiciones
que he citado esta mañana en relación con los instrumentos, los pigmentos
y la hemodonación, respecto a lo que hay una competencia estatal
normativa, que se ha ejercido. Por lo demás,



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las Comunidades Autónomas tienen un campo muy amplio en este sector, el
cual debe ser respetado, como creo que hemos hecho.

La Senadora Coloma, en mi opinión con acierto, ha recordado que estas
competencias se habían ejercido y que esta normativa se había producido,
de forma que en este momento no hay un defecto o déficit normativo por
parte de la Administración del Estado. La mayor parte de las Comunidades
Autónomas también lo han hecho. A mi juicio, ha puesto con acierto el
énfasis que merece la educación para la salud y la formación del
personal, que creo que es absolutamente esencial.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, señor Ministro
de Sanidad y Consumo.




--DE DON ISIDORO TORRES CARDONA Y DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FORMA EN LA QUE SE DESARROLLA Y CONTROLA EL
PROCESO DE INFORMACION ELECTORAL A LOS INTEGRANTES DEL CENSO DE ESPAÑOLES
RESIDENTES AUSENTES (CERA), ASI COMO SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR
ENCAMINADAS A GARANTIZAR LA NITIDEZ TOTAL Y ABSOLUTA EN LOS PROCESOS
ELECTORALES (670/000159).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos a debatir la
interpelación de don Isidoro Torres Cardona y don Manuel Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la forma en la que se
desarrolla y controla el proceso de información electoral a los
integrantes del Censo de Españoles Residentes Ausentes, así como sobre
las medidas a adoptar encaminadas a garantizar la nitidez total y
absoluta en los procesos electorales.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Torres
Cardona.




El señor TORRES CARDONA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, las últimas elecciones autonómicas y locales del 13 de
junio pasarán a la historia democrática de las islas Baleares, no sólo
por sus resultados, sino también por el escándalo provocado por la
aparición, justo antes de cerrarse el censo electoral, de un número
relevante de nuevos votantes no residentes en nuestra Comunidad Autónoma,
pero, presuntamente, de ascendencia isleña.

El caso de Formentera es paradigmático, pero no es, ni mucho menos, el
único. En una isla con un censo electoral de 4.064 votantes, donde se
elige a un sólo representante al Parlamento Balear y al Consell Insular
d'Eivissa y Formentera, que suele decidirse, además, por un escaso número
de votos, se registraron, para poder votar, exactamente 74 nuevos
votantes y, por si fuera poco, todos éstos, domiciliados en la ciudad de
Santa Fe, en la República Argentina. En otros lugares, especialmente en
Mallorca, en Deyá, en Valldemosa, y coincidiendo siempre con
circunscripciones donde las mayorías se deciden por pocos votos, ocurrió
lo mismo.

Estos hechos, absolutamente inauditos en nuestra historia electoral
democrática, crisparon la campaña electoral hasta extremos desconocidos
porque la mayoría de los votantes residentes en las islas desconocían el
mecanismo de transparencia y control democrático de cómo se habían
realizado estas inscripciones.

Es bien cierto, señor Ministro, porque existen numerosos testimonios, que
los lazos de estos nuevos votantes con los colegios electorales de
referencia eran totalmente disparatados y confusos ya que, en general,
era frecuente el desconocimiento más absoluto de la ubicación insular
exacta en donde habían sido inscritos. Me amparo en las publicaciones y
las declaraciones que aparecieron en el «Diario de Ibiza», de los días
11, 12 y 14 de junio, en los cuales se puede leer: Yo tiré la papeleta en
Santa Margarita, en Formentera --Santa Margarita es un pueblo de la
localidad de Mallorca--. En segundo lugar, y encuestados toda una serie
de estos votantes inscritos, hay uno que declara: Me han preparado el
voto. De 16 argentinos que han votado en Formentera, sólo uno se declara
descendiente de formenterenses; uno de los censados es originario de
Zamora y otro de Hospitalet, pero ninguno de los dos ha estado nunca en
España.

Asimismo, la Presidenta del Centro Balear de Santa Fe, en Argentina,
Paulina Riera de Kunte, en una carta remitida al «Diario de Ibiza»
defiende el derecho a participar en los comicios del 13 de junio de estos
emigrantes y, entre otras manifestaciones, asegura que los que han
elegido Formentera lo han hecho por motivos afectivos y como razón
principal para que se construya en la isla de Formentera la casa del
emigrante santafesino, una residencia turística de tiempo compartido.

Además, y esto es todavía más inquietante, muchos confesaron que, si bien
es verdad que nadie les obligó a inscribirse, a los únicos políticos que
conocían de las Islas Baleares era a los componentes del ex Gobierno
Balear que los habían visitado en el Centro Balear de Santa Fe.

Señor Ministro, ¿no es sorprendente la coincidencia del itinerario
argentino de estos ex miembros del Gobierno con los lugares de residencia
de estos nuevos votantes?
Por todo ello, el Pacto Progresista de la Isla de Ibiza presentó, en
fecha 10 de julio de 1999, una denuncia ante la Fiscalía de Ibiza por
inscripción fraudulenta en el censo electoral de Formentera, aduciendo
que muchos de estos nuevos votantes procedentes de Argentina desconocían
su inscripción en la isla o, simplemente, carecían de vínculos con ella.

Un día después, el mismo Pacto Progresista interponía ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares una demanda contra la
mencionada inscripción de nuevos votantes. Finalmente, el 28 de julio de
1999, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se declara
incompetente para resolver este recurso presentado, y remite a las partes
a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de
Madrid. Acabada en principio esta vía judicial, señor Ministro, hoy
pienso que estamos en la vía correcta, la vía política.




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La emigración es un tema conocido por todos. En las Pitiusas, además, es
muy difícil que encontremos alguna familia que no haya tenido o tenga
todavía hoy algún familiar, vecino o amigo, que tuviera que elegir el
camino de la emigración para huir de la pobreza de la inmensa mayoría de
la sociedad pitiusa de finales del XIX, principios del XX y posteriores
años cuarenta y cincuenta.

También es verdad que el censo electoral de residentes en el extranjero
subió para las últimas elecciones locales en Baleares igual que en el
resto de las autonomías: el 90 por ciento en Baleares, el 144 por ciento
en Canarias y el 105 por ciento en Madrid, Extremadura o Castilla.

Este incremento --como le gusta hacer referencia muchas veces a su
Gobierno-- se debe a una nueva Ley Electoral aprobada durante el Gobierno
del PSOE en 1995 con el acuerdo de todos los partidos políticos que
cambia el sistema de registro de los votantes en el extranjero, pues
hasta ahora eran los ciudadanos los que, con bastantes restricciones,
tenían que apuntarse. Desde este momento son los consulados los que, de
oficio, tienen la obligación legal de empadronar a los ciudadanos.

Precisamente, por compromiso con esta historia que tenemos en las
Baleares, y en las Pitiusas en particular, por compromiso con la
legalidad y transparencia democrática, por compromiso con el pueblo que
nos vota, por compromiso con la cartera que usted ostenta y el asiento o
escaño que ocupamos en esta Cámara, no podemos cerrar en falso la
polémica objeto de esta interpelación.

Como decía usted mismo, señor Ministro, en el «Diario de Ibiza» del día
14 de junio de 1999, es preciso ser respetuoso con la ley y verificar si
se han cumplido todos los trámites legales. Y para que no pueda decir que
no ha recibido ninguna petición para iniciar una investigación, aquí
queda la nuestra. Investiguen y aclaren qué conocimiento tiene su
Ministerio de estos hechos. ¿Han realizado ya algún tipo de consulta o
investigación relacionada con ellos? (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Ante la proximidad de nuevos comicios electorales, infórmenos sobre cómo
se desarrolla y controla el proceso de información electoral a los
integrantes del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y
explíquenos las medidas a tomar encaminadas a garantizar la nitidez total
y absoluta en los procesos electorales para evitar polémicas como las que
han tenido lugar en Baleares y en otros lugares de la geografía española.

Los votantes, en general, y los votantes de las islas Baleares y, en
particular de las Pitiusas, se lo agradecerán.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Torres.

Para contestar la interpelación, tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señorías, señora Presidenta, en el enunciado de la interpelación se
demanda al Gobierno que informe cómo se desarrolla y controla el proceso
de información electoral a los integrantes del Censo de Españoles
Residentes Ausentes, y que explique las medidas a tomar encaminadas a
garantizar la nitidez de los procesos electorales. A ello me voy a
referir, puesto que, si no, el Gobierno no cumpliría lo que se le demanda
en la interpelación. Después voy a referirme también --cómo no-- al caso
concreto al que ha hecho alusión el señor Torres.

El proceso de información electoral a los integrantes del Censo de
Residentes Ausentes responde a la necesidad de mantener permanentemente
actualizados los datos de quienes integran este censo. Para ello se
solicita a todos los españoles que van a una oficina consular de España a
realizar cualquier gestión en cualquier momento del año que comprueben
con exactitud sus datos de inscripción en el censo.

Tan pronto como se convoca un proceso electoral, sean elecciones
generales, autonómicas o elecciones al Parlamento Europeo, se coloca en
el tablón de anuncios de todas las oficinas consulares el texto de dicha
convocatoria electoral. La convocatoria se envía también a todos los
presidentes de los centros y asociaciones de españoles de la demarcación
consular y se publican notas informativas en los medios de comunicación
más difundidos entre los integrantes de la colectividad española.

Asimismo, se publica la convocatoria en las páginas del Ministerio de
Asuntos Exteriores en Internet y se solicita al Ente Público
Radiotelevisión Española que difunda dicha convocatoria electoral tanto
en las emisiones de Radio Exterior de España como a través del Canal de
Televisión Internacional. La información que se difunde se refiere a la
fecha de los comicios, a la forma en que los electores recibirán los
envíos electorales, así como acerca de las dos posibilidades que tienen
de ejercer su derecho al voto y las fechas límite para ello.

Los españoles residentes en el extranjero inscritos en este censo pueden
ejercer su derecho al voto de dos formas, de acuerdo con la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General: o bien pueden enviar el sobre con su
papeleta de voto a la junta electoral competente para su escrutinio
directamente desde el lugar en que se encuentren, o bien entregar
personalmente el sobre en la oficina consular de carrera o sección
consular de la misión diplomática. En el caso de que utilicen esa segunda
fórmula, la sección consular lo remite mediante envío electoral a la
oficina electoral que a estos efectos se constituye en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, la cual procede al envío urgente de dichos sobres a
las juntas electorales correspondientes.

En el primero de los casos, es decir, que el elector lo envíe
directamente a la junta electoral competente, ni siquiera la oficina
consular tiene por qué mantener el menor contacto personal con el
elector, que recibe directamente en su domicilio y por correo certificado
el envío con todo el material electoral que le ha sido remitido de oficio
por la propia oficina del censo electoral. En estos casos, por lo tanto,
la sección consular no interviene ni en el envío del material electoral
al elector, que se hace directamente desde la oficina electoral, desde el
censo, ni interviene después



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en el voto que efectúa el elector directamente a la junta electoral
correspondiente.

En el segundo caso, en el que sí se hace a través de la oficina consular,
el procedimiento que se sigue es el siguiente: se pide al elector que se
identifique mediante la presentación del documento nacional de identidad
o pasaporte donde figuren sus datos personales y su fotografía y, una vez
depositado su sobre, se le entrega un recibo justificativo de dicho
depósito. En este proceso se instruye sistemáticamente a las oficinas
consulares para que, bajo ningún concepto, efectúen el menor comentario o
influyan en la forma que sea en la voluntad del votante, con el fin de
que éste pueda ejercer su derecho al voto con las mismas garantías que
quien lo hace por correo o acudiendo al colegio electoral
correspondiente.

Queda pues, claro, señorías, que por parte de la administración exterior
del Estado se lleva a cabo con total transparencia y absoluta neutralidad
el proceso de información que se efectúa tan pronto como se convoca un
proceso electoral. Con transparencia y neutralidad se remiten también los
votos de quienes optan por ejercer su derecho en las oficinas consulares.

De otro modo no podía ser y, como ustedes pueden deducir perfectamente y
así lo comprende cualquier persona que conozca mínimamente el
funcionamiento de la Administración del Estado, cualquier irregularidad
en todo ese proceso requeriría la complicidad de tantos funcionarios en
tantos escalones distintos de la Administración que es prácticamente
imposible que ningún tipo de fraude o connivencia con el mismo pudiera
darse.

La polémica a la que el Senador señor Torres se ha referido surgió al
haberse detectado en la convocatoria electoral del 13 de junio pasado la
inscripción de 74 nuevos electores en el censo electoral de residentes
ausentes de Formentera. El censo de Formentera ronda los 3.000 electores,
por lo que la variación experimentada fue de un 2 por ciento
aproximadamente, menos de un 2 y medio por ciento.

Estas altas, según me informan los servicios, estaban debidamente
justificadas por el hecho de que, aunque un alto porcentaje de los
inscritos eran nacidos en la República Argentina, la mayoría de ellos
eran de ascendencia balear y, según las informaciones que se me dan, la
razón que explicaba el haber elegido Formentera como municipio de
inscripción a efectos electorales era que el Centro Balear de Santa Fe
quería promover allí una denominada Casa del Emigrante Balear Santafesino
--entre comillas--, y si ello era así, nada más natural que quienes han
puesto en marcha un proyecto de orden inmobiliario y piensan disfrutar en
un próximo futuro de una residencia en Formentera deseen que el municipio
de inscripción a efectos electorales sea aquel donde van a tener o ya
tienen intereses materiales.

Quiero insistir en el hecho de que la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda del 24 de abril de 1996, por la que se dictan normas técnicas
para la actualización mensual del censo electoral --y quiero insistir en
que esta orden ministerial fue aprobada en la época del Gobierno
anterior--, señala que el municipio de inscripción en España a efectos
electorales lo determinará el elector que haya nacido fuera del
territorio nacional teniendo en cuenta el municipio de la última
residencia o el de mayor arraigo de alguno de los ascendientes o, en su
caso, el que vaya a tener el propio interesado.

Aquí está toda la explicación que su señoría solicita, con independencia
del hecho más arriba mencionado de que la mayoría de los 74 electores que
han motivado esa polémica eran nacidos, bien en las Islas Baleares, bien
en la República Argentina, pero en su inmensa mayoría de ascendencia
balear, parece evidente que queda plenamente justificada su petición de
ser inscritos en Formentera por el interés personal que ellos tenían en
razón de la promoción a la que antes me he referido.

Se trata, pues, señorías, de una tempestad en un vaso de agua, y espero
que estas explicaciones hayan servido para alejar la sombra de cualquier
duda al respecto sobre la limpieza, transparencia y escrupuloso respeto
de la normativa en vigor con la que actuó el consulado General de España
en Rosario en el proceso de inscripción de esos residentes que eligieron
Formentera como municipio de inscripción a efectos electorales.

Yo todavía no les he preguntado, ni lo sabemos, a quiénes votaron, quizá
sus señorías lo sepan, pero me parece ciertamente poco serio, con tantos
problemas como hay en Ibiza y Formentera, que la primera intervención que
presente en esta Cámara el señor Senador de Formentera sea para poner en
duda la limpieza y la actuación de unos funcionarios consulares españoles
y en distintos sitios, sinceramente me parece poco serio y una forma
lamentable de hacer perder el tiempo a esta Cámara y desde luego al
Ministro que les habla.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

El Senador Torres, por el artículo 87, tiene un turno de cinco minutos.




El señor TORRES CARDONA: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, muy brevemente, aparte del tono que ha exhibido en el
último párrafo de su intervención, quiero decirle que podríamos estar de
acuerdo en la información que ha transmitido, pero deseo mostrarle mi
total preocupación por la información que usted mismo ha confirmado y de
la que yo también he hecho mención en mi intervención.

En primer lugar, ¿quién y cuándo había hablado de promover esta
residencia de Santa Fe para habitantes de esta región de Argentina en
Formentera, hasta que la propia Presidenta del Centro Balear de Santa Fe
lo hizo público, a través de una carta que dirigió personalmente al
«Diario de Ibiza»? ¿Se sigue promoviendo en la actualidad esta
residencia? ¿Quién la promueve y por qué justamente en la isla de
Formentera?
En segundo lugar --y esta pregunta no me la hago solamente yo y no es
perder el tiempo--, ¿no cree que es una coincidencia que los itinerarios
de los ex miembros del



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Gobierno por Argentina y otros países de Sudamérica, no solamente éste,
coincidan exactamente con las residencias de estos nuevos votantes
inscritos?
Usted lo ha dicho: Formentera es una isla pequeña y efectivamente hay
otros muchos problemas, que también se han expresado en el Senado y los
seguiremos expresando. Su señoría no lo sabe, pero ya hay mociones
presentadas que hacen referencia a los siguientes temas, señor Ministro:
pedimos agua, pedimos infraestructuras sanitarias y pedimos, en este
caso, justicia para que todos los votantes de las islas se queden más
tranquilos y entiendan por qué se realizó la inscripción en sus
municipios de estas personas, cuando muchos de ellos reconocen que con la
isla de Formentera en especial no tienen ninguna vinculación de
parentesco, ni la conocían, ni había lazos históricos. Puede que sea
legal; posiblemente lo sea, pero la explicación de por qué lo han hecho
así --estará de acuerdo conmigo-- se la debemos al pueblo de Formentera,
y usted mismo lo reconoce en declaraciones al «Diario de Ibiza», el día
siguiente a las elecciones, donde dice: miren ustedes, mi Ministerio no
tiene nada que ver. Yo antes no he mencionado, señor Ministro, a ningún
funcionario, ni de su Ministerio ni de otro; no los he mencionado, y sin
embargo usted en esas declaraciones dice: si alguien me pide que
investigue, no lo dude, lo haré. Además, no se lo pido solamente yo.

Antes del día de las elecciones se lo pidieron Joan Verger, Presidente
del Partido Popular en las Islas Baleares, y el propio Presidente del
Gobierno balear; está escrito. Por tanto, ni perdemos el tiempo ni está
de más que, ante los ciudadanos de las Islas Baleares, y en especial de
los de Ibiza y Formentera, digamos cuál es la intención del Ministro de
Asuntos Exteriores para esclarecer este asunto, porque usted sabe
perfectamente que este tema en Ibiza y Formentera dio lugar a un
auténtico escándalo; usted lo sabe.

Por tanto, aclaremos no sólo la transparencia, sino por qué se da esta
coincidencia entre recorridos de los miembros del Gobierno y los lugares
de residencia de los votantes inscritos, señor Ministro. Esta era, ni más
ni menos, la voluntad y la intención del Senador que le habla, no la de
hacerle perder el tiempo ni a usted ni a los demás Senadores.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Torres.

Señor Ministro, si desea intervenir, el Gobierno puede hacerlo en
cualquier momento.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señora Presidenta. Tanto más por cuanto que el señor Senador me ha
formulado de nuevo una serie de preguntas.

Yo sí creo que hubo un escándalo, pero que fue promovido precisamente por
los supuestos perjudicados por los posibles votos de estos emigrantes. En
todo caso, ya se ha visto que, al margen de que efectivamente se
intentara montar un gran escándalo sobre ello, todo era un temporal en un
vaso de agua.

Las preguntas que su señoría me formula ya las he contestado. Me dice:
¿quién promovía esa Casa del Emigrante Balear santafesino? Ya se lo he
dicho: el Centro Balear de Santa Fe. Ya estaba contestada.

¿Por qué razón? Señoría, esa razón habrá que preguntársela a ese Centro
Balear de Santa Fe.

¿Con qué intenciones? Pues, naturalmente, las quejas, al maestro armero,
no al Gobierno.

Si su señoría cree que una Cámara legislativa está para contestar esas
preguntas, debo informarle de que tiene una idea muy pobre de su función
legislativa y de control del Gobierno.

¿Por qué realizaron la inscripción en Formentera? Porque, de acuerdo con
la ley, eran ellos quienes tenían que decirlo, y así lo decidieron. Hay
que preguntárselo a ellos.

Sinceramente lamento que no le haya complacido el párrafo final de mi
intervención. Le aseguro --y su señoría me conoce-- que en modo alguno he
querido ofenderle, pero al propio tiempo también entenderá su señoría --y
esta Cámara-- que, como responsable de todo lo que se hace en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, no puedo tolerar que se ponga en duda
la probidad de unos funcionarios ejemplares por simples razones
electorales, en un mero juicio de intenciones y sin ninguna prueba, como
ha quedado claramente demostrado.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.

En turno de portavoces, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, el Senador Cámara.




El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, la verdad es que usted ha utilizado algunas expresiones,
en contestación a este Senador y al Senador Torres, que yo calificaría,
con mucha claridad, de salidas de pata de banco. Porque usted ha
contestado la primera parte desde la formalidad, y estamos de acuerdo.

Por cierto: en el marco de esa formalidad nadie --se lo repito una vez
más-- ha acusado a ningún funcionario. Se lo voy a explicar.

Lo que ha hecho usted en la segunda parte ha sido proteger a otros
señores que sí han utilizado los derechos civiles y políticos de todo
ciudadano de manera, en mi opinión, fraudulenta, y usted los ha protegido
en la segunda parte de su intervención. Le voy a contestar desde la
siguiente óptica.

El Centro Balear de Santa Fe ha recibido en los últimos años mucho dinero
que le ha permitido reconstruir su sede --estupendo--, tener un par de
instructores o monitores para relacionarse con la sociedad, y gestionar
créditos y ayudas para otras localidades. Todo ello ayudas del ex
Gobierno balear.

Las visitas de sus amigos en Baleares que se han hecho en los últimos
años, personalmente, con diferentes personalidades del ex Gobierno
balear, han sido variadas y varias, suministrando muchos fondos, como
decía antes, a una entidad que en su momento estaba languideciendo, y son
expresiones de los mismos residentes en Santa Fe.




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Que quede claro, señor Ministro, que nadie está en desacuerdo con la
necesidad de promover iniciativas que «vehiculicen» las relaciones
socioculturales y los derechos políticos de los emigrantes. Nadie está en
desacuerdo con eso. Yo soy emigrante político. En este caso conocía un
montón de emigrantes económicos y, como es lógico, conozco perfectamente
esas necesidades anímicas del emigrante económico que está fuera, o bien
por fuerza, o bien porque desciende de españoles de cualquier lugar. Lo
que ocurre, señor Ministro, es que esas relaciones socioculturales se
convirtieron en relaciones censales. ¿Y por qué? Yo le tengo que hacer
también una pregunta: ¿Cuántos españoles residentes en Argentina había
censados en el año 1995 en Formentera? Resulta que de repente aparecen
censados 74, es decir, el 2,5 por ciento, pero usted y yo sabemos que
cuando llegaron las elecciones había una disputa tremenda porque lo que
estaba en juego ahí era el próximo Gobierno balear.

Precisamente traemos esta cuestión aquí el señor Torres y yo mismo,
pasadas ya las elecciones, para exponer ante esta Cámara un hecho que nos
parece escandaloso. Y es que, consultados todos esos españoles residentes
en Argentina o argentinos con nacionalidad española, algunos dicen
simplemente lo siguiente: He votado al Partido Popular. Es decir,
reconocen haber votado en ese sentido porque se lo dijeron en el centro
balear de Santa Fe. No conocen el nombre de ningún político de Baleares
ni saben qué partido gobierna en las islas. Otro de ellos, Guillermo
Galdón, dice: No sé nada de las islas. Es decir, no está informado de la
situación de las islas ni de la política balear. Votó porque tiene doble
nacionalidad, y porque le asesoraron sobre el procedimiento para votar y
sobre la política de las islas en el centro balear de Santa Fe, donde
aprende catalán. Muy bien. Estupendo. Cipriano García, otro de ellos,
dice lo siguiente: Tengo amigos en Baleares. Pues bien, no conoce ni
Formentera ni España. Eligió Formentera para participar en las elecciones
porque se quiere comprar una casa de vacaciones en la isla. Comprar no,
porque ni hay un proyecto, ni existe nada que se le parezca, pero le han
dicho que diga eso y el hombre va y lo dice. Otro dice esto: Mi nieto me
lo arregló todo. Pero lo cierto es que desconoce si está o no empadronado
en Formentera. Y así podemos relatar un montón de declaraciones de los
diferentes emigrantes argentinos.

Señor Ministro, el problema, por tanto, no está en el tema de los
funcionarios ni está quizás en la estricta legalidad. Y a este respecto,
usted declaró en su momento en la prensa balear lo siguiente: Si se han
cumplido todos los trámites legales, bien está --es decir, lo mismo que
ha dicho usted aquí--. Y añadió: No he recibido ninguna petición para
iniciar una investigación, aunque si cualquier sección lo solicita, lo
investigaremos con mucho gusto.

Pues como ha dicho antes el señor Torres, a usted le han pedido
investigación políticos de Baleares, la izquierda de Baleares, es decir,
un montón de gente, no sé si formalmente --siento mucho decirlo--, pero
sí públicamente, y a pesar de ello usted no ha hecho nada. Por eso mismo
presentamos esta interpelación, para que usted investigue, no tanto la
honradez, que seguro que la ha habido por parte de los funcionarios, sino
el que a través de una ley del año 1995 se estén conculcando unos
derechos civiles y políticos. Además, se está tergiversando la voluntad
popular al censar de repente a un 2,5 por ciento de argentinos.

Termino con una cuestión que me planteaba un compañero. Me preguntaba si
están resueltos los problemas de la isla de El Hierro, pregunta que le
traslado aunque no hace falta que me conteste aquí. Pues bien, a
propósito de esto yo le voy a decir algo y ya termino.

Dicen las malas lenguas --usted me puede contestar también de forma
subjetiva, como yo se lo pregunto-- que estando presentes algunas
personas que pudieron escucharlo, un alcalde de Mallorca le espetó a un
responsable político del Gobierno balear en su momento lo siguiente: No
habéis censado a nadie en mi pueblo y lo voy a tener muy justo. Señor
Ministro, a lo mejor esto lo ha dicho una mala lengua, pero lo que está
claro es que en Formentera aparecen de repente censados 74 argentinos, lo
que significa que se pretende modificar la voluntad popular.

Señor Ministro, me gustaría pasear con usted por la isla de Ibiza y
charlar sobre esto; en un tiempo nos veíamos con frecuencia y últimamente
no. Pero yo, como Senador autonómico, le planteo esta reflexión y le
planteo también estas preguntas para que usted las conteste aquí. Porque
su obligación no es juzgar la calidad o la entidad de una interpelación.

Usted viene aquí a contestar a unos Senadores y no a juzgarles sobre si
desde su punto de vista tiene mayor importancia o no una interpelación.

Puede usted decir lo que quiera, pero yo también le digo lo que quiero:
creo sinceramente que ha habido fraude en la isla de Formentera.

(Aplausos.)



La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Quiero aclararle simplemente que éste no es un turno de preguntas sino de
interpelaciones. El señor Ministro responde sobre la política del
Gobierno en relación con una determinada materia. No es turno de
preguntas puesto que ya lo fue el anterior.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señora Presidenta.

Antes de nada, señor Ministro, permítame que le diga que no puede venir
aquí a decirnos que una iniciativa es perder el tiempo. Usted sabe de
sobra que cualquier iniciativa, sea cual sea su contenido o su
importancia, guste o no, requiere la atención del Gobierno, y, en este
caso, de su señoría. Desde luego, le anticipo que yo no he perdido el
tiempo asistiendo a esta interpelación. (Aplausos.)
He seguido con atención el transcurso del debate que ha tenido lugar con
ocasión de la interpelación presentada y firmada por los Senadores
Isidoro Torres y Manuel Cámara. La iniciativa, según se indica y como se
ha manifestado en el debate, está motivada por la inscripción en el censo
de determinadas circunscripciones de las Islas Baleares de un número de
votantes residentes en el extranjero; en concreto, a la aparición de
nuevos votantes procedentes de Santa Fe.




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El tema se ha comentado con amplitud en este debate, y conllevó la
interposición de una demanda ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Baleares. Sin duda, la interpelación se ha basado
en conocer cómo se desarrolla y controla el proceso electoral a los
integrantes del censo de españoles ausentes y en la petición --es cierto,
y creo que con razón-- de las garantías correspondientes.

Recibida la información, poco tengo que añadir por mi parte, tan sólo la
necesidad de llevar a cabo la investigación y apuntar algunas de las
cuestiones que el propio señor Ministro ha mencionado en esta Cámara, en
concreto en cuanto al sistema actual del proceso electoral.

Por ejemplo, para poder votar desde el extranjero se requiere una serie
de circunstancias de las que remarcaría tres puntos ya conocidos y
mencionados. Primero, la necesidad de que el elector esté inscrito en el
censo de residente ausente del Consulado. Segundo, que de oficio la Junta
Electoral envía entre 34 y 42 días después de la convocatoria toda la
documentación para poder ejercer el derecho de voto. Tercero, los
electores pueden votar --lo ha dicho el propio señor Ministro-- hasta el
séptimo día antes de la fecha electoral o, según las elecciones, hasta el
día antes, bien depositando el voto en el Consulado bien por correo.

Sin duda, existen problemas, y de los mismos remarcaría, en mi nombre y
en el de mi Grupo, tres. El primero hace referencia a los servicios de
correos, que no siempre son eficientes y a veces llegan tarde, y con ello
imposibilitan el ejercicio del derecho de voto. Este es un punto
problemático. El segundo es que la Junta Electoral a veces agota el plazo
para enviar la documentación, algo poco favorable en este caso. El
tercero es que los Consulados no siempre están abiertos --me refiero a
los sábados--, lo cual dificulta el ejercicio del derecho de voto.

Aunque éste no sea el momento de hacer propuestas por nuestra parte, sí
quiero hacer tres --ya ve que manejo la cifra de los tres en toda mi
intervención-- como simple aportación. Primero, que se envíe la
información cuando se inicie una consulta electoral, es decir al día
siguiente de la convocatoria; de esta forma, los electores están
informados de su derecho a voto y de la fecha en que deben hacerlo.

Segundo, que la información se envíe sin agotar los plazos, sobre todo
para aquellos países donde Correos funcione de forma poco eficiente.

Tercero, que los Consulados dispongan de la información electoral
necesaria para poder facilitársela a aquellos electores que no la hayan
recibido.

Esto es todo por nuestra parte. Sin duda, seguiremos con atención el
debate por si acaso se presenta la posible moción.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carrera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Socías.




El señor SOCIAS PUIG: Señora Presidenta, señorías, el gran avance en la
consolidación y universalización del derecho al voto consagrado en el
principio de «una persona, un voto» es un hecho que hoy en día nadie
discute, aunque algunos sistemas electorales, como por ejemplo el
nuestro, proporcional, hace que prime el sufragio en determinados
territorios respecto a otros y que aquella máxima pierda un poco su
sentido al aumentar la representatividad de unos votos emitidos en un
territorio respecto a otros, como acabamos de observar hace poco en las
elecciones catalanas, y como sucede, y es muy claro, en el caso de
Formentera, donde el voto de un residente formenterés viene a tener el
valor de entre 15 y 20 veces el voto de un mallorquín.

Asimismo, nadie discute el derecho a ejercer el voto democráticamente de
todos aquellos españoles que, por uno u otro motivo, se vieron obligados
a la tesitura de emigrar, integrando en la actualidad el conocido como
censo de españoles residentes ausentes. Precisamente para regular este
derecho se promulgó la Ley Orgánica 5/1995, de 19 de junio, que recoge
los requisitos necesarios para poder ejercer dicho derecho.

Lo que no es de recibo en un Estado democrático es aprovechar las lagunas
legislativas o argucias legales para usar e interpretar la ley,
forzándola en beneficio partidista. Aquí es donde tiene valor la
interpelación que han presentado los Senadores Torres Cardona y Cámara
Fernández, porque nos encontramos ante el hecho de que el govern balear,
el gobierno del PP en Baleares, hizo una utilización de esta ley para
forzar una posición de ventaja en unos comicios que se le suponían
difíciles, y lo realizó de una forma calculada, utilizando dinero público
para buscar un beneficio electoral intentando lograr, torticeramente, lo
que los electores después le negaron en las urnas; es decir, una mayoría
que les permitiese gobernar el Consell de Ibiza y Formentera y la
Comunidad Balear.

Digo calculadamente porque, curiosamente, donde se produjo --aunque no
fue en el único lugar-- un aumento más exagerado y mínimamente sospechoso
del censo de votantes argentinos fue en Formentera, donde el diputado en
litigio se suele obtener por muy pocos votos de diferencia y es decisivo
para obtener la mayoría en el Consell Insular, y en muchas ocasiones lo
ha sido para obtener la mayoría en el Parlament de la Comunidad.

Además, utilizaron fondos públicos para efectuar una serie de viajes y
excursiones a los centros baleares --algunos promovidos a través de estos
viajes, porque no existían--, y gastaron 170 millones del erario público
para organizar excursiones de descendientes que viniesen a Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera, aunque, curiosamente, no fueran a
Formentera. Ahí está una de las paradojas: se inscribían en Formentera y
era un sitio que no conocían, no tenían parientes, no tenían un
antepasado ni ninguna relación con la isla.

Frases como éstas se recogen en la prensa: «No sé por qué motivo me
hicieron ciudadano de Formentera»; «La Casa Balear arregló mi voto y yo
no sé nada de Formentera, sólo quiero agradecer al Govern lo bien que se
portó». Estas frases son paradigmáticas de la relación que tenían estas
personas con la isla de Formentera, «Yo tiré la papeleta en Santa
Margarita, en Formentera»; sin saber que Santa Margarita se encuentra en
la isla de Mallorca, no en Formentera.




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Es curioso que se nos diga que estas personas se empadronaran en
Formentera porque allí se iba a hacer una casa de vacaciones. Uno de
ellos: José Cifre Vives, natural de Pollensa, residente en Argentina,
dice textualmente: «No tengo nada que ver con Formentera. Nunca he estado
allá. Me han dicho que si me importaba votar en Formentera porque harán
una casa. Tengo ganas de conocerla, aunque me han dicho que la situación
allá está muy mal.» Es curioso que vayan a hacer una casa para pasar las
vacaciones en un sitio que está muy mal. Son ganas de ir a sufrir.

Titulares de prensa también se hicieron eco del caso: «Más de cien
emigrantes ajenos a Formentera votarán en la isla», o «El número de
votantes argentinos se ha triplicado desde 1996», hablan bien a las
claras del entramado político que su partido, señor Ministro, y en su
circunscripción --que usted conoce bien--, montó para conseguir ventaja
en las urnas.

La respuesta fue unánime: la oposición califica de pucherazo la inclusión
de argentinos en el censo; y la respuesta de los electores todavía fue
más unánime, señorías: en Formentera nunca se había producido un
resultado con tanta diferencia de votos a favor de la Coalición de
Organizaciones Progresistas. Esa fue la respuesta que dieron los
ciudadanos en las urnas.

Ahora bien, señor Ministro, desde el Grupo Parlamentario Socialista
deseamos que la interpelación sirva para tomar las medidas oportunas que
garanticen la nitidez total y absoluta en los procesos electorales y que
conteste a las peticiones de su propio partido para que investigue lo
ocurrido en Formentera, porque el señor Verger, en declaraciones a la
prensa dice textualmente que sería una sorpresa que estos emigrantes, y
los que participaron en la Operación Añoranza, organizada por el
«Govern», no votasen al Partido Popular. Si eso no estaba preparado,
seguramente el señor Verger no sabía lo que decía.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Socías.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Vázquez
Portomeñe.




El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Gracias, señora Presidenta.

Señorías y señores Senadores interpelantes, por algunas expresiones
volcadas en la Sala, he creído entender que lo que se pretende --la
finalidad última-- es prohibir que nuestros emigrantes voten salvo que
las condiciones exigibles sean terriblemente rigurosas y, desde luego,
inactuales y falaces. En segundo lugar, he observado que sus señorías
hacen una serie de juicios de intenciones --juzgándolas malévolas todas--
en el antiguo Gobierno Balear que, en definitiva, ejerció lo que para
nosotros constituye una obligación flagrante de cada Gobierno autonómico:
tener la sensibilidad necesaria para visitar a sus emigrantes, entenderse
con ellos y tratarlos como ciudadanos de primera que tuvieron la desdicha
de dejar a sus espaldas la tierra que les vio nacer, a ellos o a sus
padres.

En resumen, señor Ministro, creo que calificó usted perfectamente la
iniciativa como una tormenta en un vaso de agua, pero comprendo,
señorías, el afán de magnificar los hechos que anima a los señores
interpelantes y convertirlos en una especie de océano que engulla la
transparente profesionalidad de unos funcionarios consulares --que, por
más que no se les aluda de forma directa o individualizada, están en la
duda que se ha sembrado en esta Sala-- o, lo que es peor, la
transparencia y la limpieza de unas elecciones autonómicas.

Sus señorías saben perfectamente que el artículo 32 de la Ley Electoral
General afirma que la inscripción en el censo electoral es obligatoria y
que las oficinas y secciones consulares tramitarán de oficio la
inscripción de españoles residentes en su demarcación. También saben,
señorías, que el artículo 36 de la propia Ley obliga a las mismas
oficinas consulares a tramitar las altas y bajas de los españoles que
viven en su demarcación territorial, así como sus cambios de domicilio y,
sin duda, que la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de
abril de 1996 --que citó perfectamente el señor Ministro-- impone a la
oficina del censo electoral la responsabilidad de comunicar a los
interesados las altas, bajas y demás modificaciones en el censo. Todas
las complejas operaciones que implica la confección y constante
actualización del censo electoral cuentan siempre con la intervención,
indicada ya, de la Oficina del Censo Electoral que, por añadidura, ha de
ejercitar sus competencias y responsabilidades bajo la dirección y
supervisión de la Junta Electoral Central, que está integrada, nada
menos, que por ocho magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos
de universidad de las disciplinas de Derecho o Ciencias Políticas.

Frente a tal cúmulo de garantías y demás que acompaña al sistema
electoral, forzoso es concluir, primero, que hubo completa limpieza en el
proceso electoral al que sus señorías aluden. Segundo, que la elección
del municipio de Formentera por los votantes residentes en el extranjero
se hizo de acuerdo con la Orden Ministerial de 24 de abril de 1996, que
confiere a dichos electores --recuérdenlo sus señorías-- una omnímoda
libertad de opción a la hora de determinar el municipio de inscripción en
España. Y, tercero, que hubo información exhaustiva a los propios
votantes residentes en el extranjero, a quienes se envió, sin excepción,
todo el material electoral.

Así pues, ante la contundencia de los datos, circunstancias y garantías
del caso, no valen las suspicacias individuales esgrimidas en este acto.

Creemos que tampoco sería de rigor argumentar ni el supuesto o real
cambio de criterio de algún elector, ni tampoco la supuesta o real
voluntad de guardar la intimidad electoral por parte de algún votante de
Formentera, que todo eso es lo que traslucen los medios de comunicación
que leen sus señorías.

Quiero concluir, señora Presidenta, señalando algunas observaciones que
suscita la interpelación. La primera que se me ocurre es que respira,
como dije en principio, un cierto matiz de reticencia hacia el voto de
los españoles que residen en el extranjero. Estoy convencido, señores
Senadores, de que cualquiera que sea la proclividad del voto de esos
españoles, el derecho constitucional a participar



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en los asuntos públicos y a elegir libremente a sus representados es algo
que les corresponde y que nadie en esta Cámara les puede negar ni tiene
deseo de negarles. Desde luego, para nosotros es un honor que sientan esa
vinculación a la tierra que les vio nacer o vio nacer a sus padres. En
segundo lugar, la interpelación trasluce igualmente, al menos eso creemos
entender, una clara mitificación del voto que sus señorías llaman
progresista, como base de un cambio que tildan de histórico. Quiero
decir, señorías, que la sagrada libertad de todo elector es justamente la
antítesis de la mitificación de cualquier tendencia electoral. Tan
legítimo y valorable es el voto al Partido Popular, como al PSOE, a
Convergència i Unió, al Partido Nacionalista Vasco, a Izquierda Unida, al
COP de Formentera, o a cualquier fuerza política admitida como sujeto
pasivo de sufragio por la Junta Electoral. La libertad política ni admite
acepciones, ni votos de calidad, que es un viejo resabio rechazado por
todos nosotros y por la mínima cultura democrática.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.




--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS LINEAS DIRECTRICES DE LA
POLITICA CULTURAL DEL GOBIERNO, DIRIGIDAS A PRESERVAR Y POTENCIAR
REALMENTE LAS DIVERSAS CULTURAS DEL ESTADO Y, AL MISMO TIEMPO, DISTRIBUIR
EQUITATIVAMENTE LOS RECURSOS PUBLICOS (670/000152).




La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación del Senador Josep Varela
i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, sobre las líneas directrices de la política cultural del Gobierno,
dirigidas a preservar y potenciar realmente las diversas culturas del
Estado y, al mismo tiempo, distribuir equitativamente los recursos
públicos.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Varela i
Serra, por tiempo de quince minutos.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, me gustaría dar a esta probablemente mi última
interpelación del siglo una cierta perspectiva histórica para que, entre
otras cosas, se entienda un poco mejor nuestro punto de vista y cómo nos
afecta la secuencia de hechos, a nuestro entender, injustos y
políticamente incorrectos que han motivado esta interpelación.

Situados, pues, en esta perspectiva histórica de fin de siglo, he de
señalar que el historiador Raymond Carr ha dirigido un libro interesante,
que lleva precisamente el título «Visiones de fin de siglo». El capítulo
que corresponde al siglo XX lo acaba Juan Pablo Fusi con estas palabras:
«La España de 1998 no vivía como la de 1898, instalada en el pesimismo.

Se diría que, al contrario, España encaraba el fin del siglo XX desde una
perspectiva optimista, como un país dinámico, estable, democrático y
europeo, un país que, al cabo del tiempo y aun habiendo sufrido algunos y
gravísimos naufragios --la Guerra Civil, el régimen de Franco--, se había
reencontrado con la modernidad.»
Pues bien, mi primera afirmación, señor Ministro, es que los catalanes
reivindicamos una parte importante en haber conseguido un final de siglo
tan diferente para el conjunto del Estado.

El nacionalismo catalán de Prat de la Riva, de Cambó, que había empezado
a operar políticamente a caballo de los dos siglos, ha desempeñado muchas
veces, como reconoce el historiador Vicente Cacho Viú, un papel
modernizador en la vida de España. A todos aquellos que con decepcionante
facilidad bajan al tópico de llamarnos aldeanos o victimistas cuando
planteamos nuestras reivindicaciones les recomiendo que lean el magnífico
libro de Vicente Cacho Viú, nada sospechoso de pujolismo, «El
nacionalismo catalán como factor de modernización», y verán muy bien
estudiadas las relaciones entre Joan Maragall, Josep Pijoan y Francisco
Giner de los Ríos, impulsor de la Institución Libre de Enseñanza, y cómo
colaboraban la Junta de Ampliación de Estudios y el Institut d'Estudis
Catalans.

En este contexto, quisiera inscribir también, a modo de homenaje, una de
las reflexiones de Joan Rigol en el libro «Cataluña en España, un diálogo
con futuro». Dice Rigol: «España es mucho más compleja que su relación
con Cataluña y viceversa. En ese sentido, Cataluña no pretende tener un
cierto monopolio en la dialéctica constituyente de España. Sin embargo,
su identidad cultural, socioeconómica y política la convierte en un
fuerte punto de referencia, quizá el mayor, enfrente del centralismo, del
uniformismo, es el revulsivo más permanente frente al reduccionismo
estatista de España. Es por ello que Cataluña sobrevive a la ceremonia de
la confusión de querer confundir su sentimiento nacional con un simple
afecto al terruño localista, obviando su personalidad cultural,
histórica, socioeconómica y política». Hasta aquí las palabras de Rigol.

Desde luego, todo cuanto decimos de la contribución regeneradora de la
fuerza impulsora de Cataluña puede aplicarse también a los otros pueblos
de España para haber conseguido este final de siglo más optimista.

Pues bien, señor Ministro --y voy a ir descendiendo ya a terrenos más
concretos--, cuando observamos la práctica --no las palabras, la
práctica-- de su Ministerio, pensamos con tristeza y disgusto que se
obvia demasiado la personalidad cultural e histórica no sólo de Cataluña,
sino de otros lugares de España. Su praxis de Gobierno parece tener
dificultades en entender que existen importantes instituciones culturales
más allá de Madrid, instituciones culturales y territorios que
contribuyen al progreso de España, que quieren seguir haciéndolo, pero
que rechazan una política tan centralista.

El respeto a unas realidades culturales nada artificiales, sino
enraizadas en la historia, hace necesario un diálogo constante basado en
lealtades y no en la imposición, en el trágala. Desgraciadamente, tenemos
demasiados ejemplos



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de esta actitud. El más reciente es el Decreto de la selectividad,
respecto del que en los acuerdos con los consejeros se contempló siempre
que su aplicación en este curso escolar sería optativa. Sin embargo, con
acción poco elegante y de eficacia política dudosa, tal posibilidad ha
desaparecido cuando el Decreto se ha publicado. Nos parece lamentable.

Pero pasemos ya al tema de patrimonio, objeto de la interpelación.

Tenemos la sensación creciente de que todo el arte se va para Madrid. En
el año 1985, el Reina Sofía ya recibió 24 óleos y 200 grabados de Joan
Miró, pagados al Estado en concepto de derechos de sucesión y ninguno fue
para la Fundación Miró. En el año 1900, el reparto del legado Dalí fue
más ecuánime, pero pensado, sobre todo para el Reina Sofía también, que
se quedó con las obras más relevantes. En el año 1997, los siete picassos
recibidos por el Estado en concepto de dación de impuestos y valorados en
unos 3.000 millones de pesetas se fueron todos también para el Reina
Sofía, ignorando las peticiones del Museo Picasso de Barcelona u obviando
el probable interés de Málaga por quedarse con alguno de ellos. Pocos
meses después el mismo museo se quedaba por cuatro años prorrogables con
la colección de Telefónica, ignorando en este caso peticiones como, por
ejemplo, la del Director del MNAC, de febrero de 1997, dirigida al
Director General de Bellas Artes. Por cierto, que de esta acumulación de
obras de Telefónica dijo entonces el historiador Valeriano Bozal, antiguo
Presidente del Patronato del Museo Nacional Reina Sofía, que parte de esa
colección se podía distribuir --repito, lo decía el señor Bozal-- entre
otros museos, el MACBA, por ejemplo, porque el Reina Sofía no necesita
todas las obras. Sin embargo, todas las obras se han quedado en el Reina
Sofía.

Ante la evidencia de una tal flagrante y desigual acumulación de
patrimonio, se impulsaron iniciativas parlamentarias para pedir criterios
objetivos y más equitativos en la distribución de arte adquirido por el
Estado con el dinero de todos los españoles. Ha costado muchísimo llegar
a concretar los mecanismos formales de ese control objetivo de la
distribución; francamente, no hemos visto en absoluto la voluntad de
trabajar codo con codo y de llegar a resultados que plasmaran por parte
del Gobierno la asunción práctica de la realidad plural de España y de su
respeto hacia ella.

Ahora, finalmente, tenemos los acuerdos de la Comisión que se reunió,
fruto de una moción que presentamos en el Senado en febrero de 1998, pero
que se reunió después de un año y después de considerable insistencia
para que se celebrase. En esos acuerdos --que tengo aquí delante-- de 23
de marzo se hacen una serie de recomendaciones sobre la conveniencia de
que los bienes procedentes de empresas en procesos de privatización pasen
a museos. no sólo estatales sino de titularidad pública; también que los
destinos de obras artísticas dadas en dación de pago de impuestos sean no
sólo museos estatales sino también museos de titularidad pública. Pero
esto son recomendaciones, conveniencias, y nos gustaría saber, señor
Ministro, qué grado de operatividad tienen esos acuerdos que se adoptaron
en esta Comisión de trabajo dentro del Consejo del Patrimonio Histórico.

El objeto esencial de esta interpelación es saber si esos acuerdos que
hablan de la conveniencia de que las obras de arte se distribuyan entre
todos los museos públicos del Estado y no sólo entre los de titularidad
estatal van a ser operativos y de qué manera piensa hacerlo el Gobierno.

Porque de momento lo único que sabemos es que este verano han aparecido
los datos del reparto de obras adquiridas por el Estado en el año 1998:
de un total de 167 lotes de piezas artísticas, por un valor de 2.700
millones --de los cuales 700 provienen del pago de deuda tributaria--,
una sola de ellas ha ido con destino a Cataluña, una sola de ellas.

Quiero recordar que en el período 1990-1996, de 253 obras que adquirió el
Estado en concepto de pago por algunos impuestos,105 fueron al Reina
Sofía y una sola, una sola entre 253, fue para Cataluña, y en el año 1998
se volvió a repetir este hecho.

Para no centrarnos sólo en Cataluña, pondré otro ejemplo de esta política
centralista que rechazamos. No se entiende --por lo menos yo no lo
entiendo-- cómo «La Virgen de las Batallas», que se encontraba depositada
en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, de Burgos, va destinada al
Museo del Prado y no al Museo de Burgos, como parece mucho más lógico.

A mayor abundamiento, en los presupuestos para el año 2000 aparecen
grandes cantidades para el Museo Thyssen, para el Reina Sofía y para el
Museo del Prado; en total, solamente para esas tres infraestructuras --y
nos parece muy bien, pero, repito, solamente para esas tres
infraestructuras--,17.000 millones de pesetas, mientras que para Cataluña
no llegan a los 4.000 millones. Menos de la cuarta parte para Cataluña
que para solamente tres museos de Madrid.

Francamente, cuando todo ello viene precedido de una política tan
cicatera en el tema de la distribución de las obras procedentes del pago
de impuestos o de los fondos procedentes de las empresas públicas que se
privatizan, no podemos hacer otra cosa que preguntarnos, señor Ministro:
¿hasta cuándo? Hasta cuándo, señor Ministro, seguirán haciendo una
política tan poco sensible con la complejidad y riqueza cultural de todo
el país? ¿Hasta cuándo --y retomo una fórmula anterior-- la falta de
voluntad clara de aceptar que existen importantísimas instituciones
culturales fuera de Madrid?
Aunque estamos, no sólo ante el fin de siglo, sino ante el fin de la
legislatura, queremos dejar aquí constancia de nuestro desacuerdo con la
política llevada hasta ahora en este ámbito, pero quisiera creer todavía
en la voluntad de autocrítica y en la promesa por parte del señor
Ministro de ejercer en los próximos meses políticas mucho más sensibles
con la realidad, con la historia del país, mucho más justas y solidarias.

Sobre todo, me gustará escuchar su opinión de cara al futuro, en una
perspectiva del futuro, pues las personas pasamos, pero las políticas
siguen y esta clase de política no debería continuar.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.




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Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura para responder
a la interpelación en nombre del Gobierno.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.

Señor Varela, quisiera comenzar mi intervención diciendo que he estudiado
detenidamente el asunto por el que usted se interesa, entre otras razones
porque me preocuparía mucho --como supongo que a todas las señoras y
señores Senadores-- que lo que usted dice fuera exactamente así, es
decir, que fuera cierto.

En cualquier caso, sí que quiero adelantar al principio de mi
intervención que si usted me convence --lo digo sin ningún ánimo, pero no
lo ha hecho en su primera intervención--, yo estoy dispuesto a rectificar
lo que haga falta.

En mi intervención tengo que cumplir necesariamente con el Reglamento,
que para eso está, pero espero contar con la benevolencia de la señora
Presidenta si fuera necesario, porque, como he dicho que he estudiado
detenidamente el contenido de la interpelación para dar una respuesta al
fondo de la misma, a lo mejor invierto un tiempo superior a 15 minutos,
pero procuraré no hacerlo.

En cuanto al prólogo, no tengo nada que decir. Yo estoy sustancialmente
de acuerdo con lo que ha dicho el Senador Varela de que los catalanes han
contribuido al proceso de modernización de España. Considero que lo han
hecho, tanto, los catalanes, nacionalistas o no, así como los gallegos,
nacionalistas o no, y el conjunto de los españoles en general, pero, en
cualquier caso, yo creo que no es lo que debemos debatir hoy aquí.

Hoy debemos debatir sobre una interpelación que plantea en su tenor
literal dos cuestiones, que luego fueron reiteradas en la intervención
por el señor interpelante: La primera, ¿qué hace el Gobierno --es lo que
se le pregunta--, a fin de preservar y potenciar realmente las diversas
culturas del Estado? Y la segunda, ¿qué hace el Gobierno para distribuir
equitativamente los recursos públicos entre los diferentes territorios
que conforman España?
Y para justificar el planteamiento de estas dos preguntas, en la
exposición de motivos de la interpelación y en la intervención posterior
del Senador interpelante, se alude a lo siguiente: Primero, compra de
obras por el Gobierno para el Museo Reina Sofía, citando obras de Gris,
Miró y Picasso.

Segundo, destino de los cuadros de determinadas colecciones pictóricas,
citando a Telefónica y a Tabacalera.

Tercero, gastos importantes en el Museo del Prado y en el Thyssen, que
son los que cita, pero también ha aludido después al Reina Sofía.

Y, cuarto, actuaciones de la Sociedad estatal para conmemorar el Nuevo
Milenio, diciendo en el texto de la interpelación, no en su intervención
--pero voy a contestar también--, que en esta Sociedad estatal se prima
un determinado territorio, concluyendo, en suma, que es la tesis que aquí
se ha firmado por el interpelante, que los gastos culturales por el
Gobierno se hacen, fundamentalmente, en Madrid y no hay un planteamiento
equilibrado a nivel de España.

Es la tesis que mantiene el señor Varela, que, de ser cierto, como he
dicho al principio de mi intervención, sería preocupante. En cualquier
caso, yo no creo que lo sea y voy a intentar demostrarlo, sin perjuicio
de que, como he dicho antes, si hay algo en lo que nos hayamos equivocado
a lo largo de estos últimos años y si el señor Varela me convence de que
es así, con mucho gusto estamos dispuestos a rectificar.

Voy a dividir mi exposición en varias partes para ir contestando una a
una a todas las interrogantes que refiere la interpelación. En primer
lugar, voy a hablar de las obras en las instituciones culturales,
fundamentalmente de las inversiones del capítulo VI; en segundo lugar,
del destino de los bienes de las empresas públicas en procesos de
privatización; en tercer lugar, de las adquisiciones con destino a las
diversas instituciones culturales --haré, lógicamente, referencia a los
temas de dación en pago, citados por el Senador en su intervención--; en
cuarto lugar, haré un breve comentario sobre las actividades de la
Sociedad estatal del Nuevo Milenio y sobre otras dos sociedades
estatales, la de Felipe II y Carlos V --la de Carlos V en el año 2000
conmemora su centenario-- y, por último, en quinto lugar, haré una
reflexión general sobre eso que se califica de preservación y protección
de las distintas culturas españolas.

Como he dicho, me referiré, en primer lugar, a las inversiones en
instituciones culturales que, según el interpelante, están desigualmente
repartidas entre territorios, y cita, en concreto, para ilustrar su
afirmación las ampliaciones del Museo del Prado y del Thyssen y, después
también, la del Reina Sofía.

A estos efectos y con el permiso de todos ustedes, quisiera hacer un
breve recordatorio: la Constitución española, en su artículo 149.1.28a
establece como competencia exclusiva del Estado, además de la defensa del
patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación
y la expoliación, que es una competencia muy concreta, la de museos,
bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su
gestión por las Comunidades Autónomas. Y el artículo 148, en sus números
15, 16 y 17, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir, y de
hecho todos los Estatutos así lo recogen, las competencias en materia de
museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la
Comunidad Autónoma, patrimonio monumental de interés para la Comunidad
Autónoma y fomento de la cultura de la Comunidad Autónoma.

En resumen, el Gobierno de España tiene unas competencias, y así lo ha
señalado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional ante
planteamientos que se han hecho desde distintas Comunidades Autónomas,
que son las instituciones culturales de titularidad estatal, y las
Comunidades Autónomas tienen otras instituciones culturales y tienen
competencias sobre las mismas; además, hay algunas que dependen de los
ayuntamientos, de los municipios, las hay privadas, las hay que dependen
de instituciones provinciales como las diputaciones, etcétera.

Pues bien, de las instituciones culturales que son de titularidad
estatal, el Estado gestiona unas, que son aquellas que por su excepcional
importancia histórica y significado son representativas del patrimonio
cultural español --concepto



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jurídico indeterminado, sin duda alguna, pero es lo cierto que gestiona
algunas--, y hay otras en las cuales ha cedido su gestión, que no la
titularidad que le compete con arreglo al artículo 149 de la
Constitución, a las Comunidades Autónomas. Y las Comunidades Autónomas
gestionan, lógicamente, las instituciones culturales de que son
titulares, además de aquellas que aun no siendo titulares tienen cedidas
la gestión por el Estado.

Pues bien, ¿a qué instituciones culturales destina recursos el Gobierno
con arreglo, lógicamente, a lo que dice el propio texto constitucional? A
aquellas que son de titularidad estatal y de gestión estatal, como es
natural. En el caso de aquellas que son de titularidad estatal y gestión
autonómica, al estar transferida la gestión con su costo efectivo, el
Gobierno no dedica recursos, como no se los dedica, por ejemplo, a la
educación pública o a la sanidad pública que ya está transferida. Es
decir, al igual que hay una serie de museos que son gestionados por las
Comunidades Autónomas, no se les dedica recursos porque tampoco se le
dedica a la educación pública transferida --el Gobierno no hace colegios
en Cataluña, ni ustedes lo permitirían; ni hace hospitales, ni ustedes lo
permitirían--, para salvaguardar las competencias constitucionales, con
una excepción: el Estado en esas instituciones gestionadas por las
autonomías pero que son titularidad del Estado realiza inversiones que no
sean el simple mantenimiento de los edificios, repito, porque son de su
titularidad.

¿A qué dedican sus recursos las Comunidades Autónomas? Pues a aquellas
instituciones de que son titulares, a aquellas que gestionan aun no
siendo titulares, y a lo que estiman oportuno y conveniente, como, por
otra parte, también parece natural, la Generalitat de Cataluña no dedica
sus recursos a hacer obras en el Museo del Prado o a hacer obras en el
Archivo de Indias de Sevilla, lo cual parece lógico y natural.

Créame, señor Varela, que aquí no existe un planteamiento por razón del
territorio. El Gobierno invierte en las instituciones de las cuales es
titular porque, si no, no tendría sentido la distribución competencial de
la Constitución española, que lógicamente ustedes defienden, como, por
otra parte, es su obligación. Y esas instituciones, de las cuales es
titular el Estado, están en España y son patrimonio de todos, de usted,
de todos los señores senadores, mío y del conjunto de los españoles.

Algunas están en Madrid, no en la Comunidad Autónoma de Madrid, están en
Madrid. Algunas son de titularidad estatal y otras no. En Madrid está el
Museo del Prado y en París está el Louvre. El Museo del Prado es el gran
museo español y uno de los grandes museos del mundo, como usted muy bien
sabe.

En París está el Louvre y el d'Orsay. Aquí también está el Thyssen. Pero
el Museo de El Greco no está en Madrid y también se invierte en el Museo
de El Greco. Tampoco está el Nacional de Arte Romano ni el de Escultura
de Valladolid. Asimismo, no están, por ejemplo, el Archivo de Indias o el
Archivo de Simancas, que son de titularidad y gestión estatal; y en ellos
también invierte el Gobierno.

Voy a darle un dato de este mismo presupuesto que, no obstante, puede
verlo usted. Hay 17 museos de titularidad y gestión estatal y en todos se
invierte. Se está invirtiendo en museos que están radicados en Madrid y
en museos que no están radicados en Madrid. Además, hay 61 museos, 48
archivos y 52 bibliotecas que son de titularidad estatal, pero de gestión
autonómica, y ahí también se invierte.

No le voy a leer a usted los presupuestos, que los conoce sin duda alguna
mucho mejor que yo, pero sí le puedo decir, por ejemplo, que el Estado ha
hecho una inversión importante en una institución cultural que es de
titularidad estatal y de gestión autonómica: la Biblioteca pública de
Lérida. Lo mismo ocurre con la nueva sede de la Biblioteca de Barcelona
en la que hay muy importantes inversiones. El Estado, además de invertir
en instituciones que son de titularidad y de gestión estatal y en
instituciones que son de titularidad estatal, pero no de gestión estatal,
invierte --en Cataluña y en otros lugares de España-- en instituciones
que no son ni de titularidad ni, por supuesto, de gestión estatal.

Hemos invertido --creemos que es nuestra obligación como españoles-- en
el gran teatro del Liceo de Cataluña, es nuestra obligación y estamos
dispuestos a seguir invirtiendo, en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, que no es de titularidad del Estado ni de gestión estatal y
donde ni siquiera se nos deja entrar en el patronato, a pesar de que
invertimos y vamos a seguir invirtiendo a lo largo de los próximos años,
y en el Foro Universal de las Culturas de Barcelona del 2004 donde no
tenemos ni titularidad ni gestión ni es nuestra competencia; y en el
Teatre Lliure, en el Auditorio de Barcelona, en las Fundaciones Tàpies,
en la del Orfeó Català Palau de la Música. En ellos vamos a seguir
invirtiendo y no tenemos ni la titularidad ni la gestión.

Yo no puedo admitir --aunque estoy dispuesto a oír la réplica que usted
me haga-- que diga que el Gobierno no invierte en otros territorios
distintos de Madrid. Invertimos donde tenemos la titularidad, donde
tenemos la titularidad y no la gestión y donde no tenemos ni la
titularidad ni la gestión. En Cataluña se ha invertido mucho en
instituciones culturales, por lo menos en la legislatura en la que nos
encontramos en este momento.

En segundo lugar, voy a referirme al destino de los bienes de empresas
públicas en proceso de privatización porque es otro tema importante.

Existen tres casos, al menos que yo conozca --usted cita dos en el texto
de la interpelación-- en esta legislatura: la colección de Telefónica, la
de la empresa Argentaria y la de la empresa pública Tabacalera.

Quiero decir algo muy importante, que las colecciones de Telefónica, de
Argentaria y de Tabacalera no son públicas, no son colecciones públicas
Son colecciones de una empresa que se ha privatizado. En este momento
--me parece un avance muy importante-- son colecciones de exposición
pública, que se exponen al público. ¿A dónde han ido esas colecciones?
Telefónica, que es una compañía que acuerda con quien estima oportuno y
conveniente --con usted, conmigo o con quien le parezca--, ha llegado a
un acuerdo con el Museo Reina Sofía para depositar sus obras durante un
período de cuatro años. Veremos qué ocurre después de esos cuatro años.

En el caso de Argentaria, nosotros hemos firmado con la empresa, porque
la empresa ha querido, un convenio de



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colaboración para la realización de exposiciones itinerantes, la primera
de las cuales tendrá lugar en Málaga. No creo que haya ningún
inconveniente --desde luego, por mi parte no lo hay, pues hasta ahí
podríamos llegar-- para que la siguiente sea en Barcelona o en Lérida o
donde usted quiera.

En el caso de los bienes de la empresa Tabacalera, que es la tercera que
se ha privatizado, tampoco están en Madrid. Su archivo está en Sevilla,
en el Archivo de Indias, porque estaba allí y parece razonable. Por otra
parte, existen dos retratos de Goya que estaban en la central de
Tabacalera en Madrid y también están en el Archivo de Indias de Sevilla.

Por lo tanto, tampoco puedo estar de acuerdo con usted en que todas estas
obras que son propiedad de unas empresas que han sido privatizadas se
hayan quedado en Madrid, porque no es verdad. Además, no olvide usted que
estas empresas pueden tener sus propios criterios y pueden acordar lo que
estimen oportuno con quien quieran. Qué duda cabe de que ustedes y
nosotros tenemos una cierta capacidad para intentar que haya un reparto
razonable. Lo ha habido, como he dicho, en el caso de Argentaria, y lo ha
habido, como también he señalado, en el caso de Tabacalera en el Archivo
de Indias de Sevilla.

En tercer lugar, y como afirmé al principio, voy a referirme a
adquisiciones de obras para las distintas instituciones culturales, que
también es un tema importante. En este apartado quisiera distinguir dos
supuestos: el primero, las adquisiciones de obras que se hacen con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, y el segundo, lo que se hace por
la vía de la dación en pago, a lo cual usted se ha referido de forma más
precisa.

En el primer caso, creo que el Gobierno puede adquirir las obras que le
parezca razonable de acuerdo con su propio criterio, es decir, son sus
presupuestos, y destina a adquisiciones lo que le parece sensato, y
establece una partida en el presupuesto, lo mismo que hacen todos
aquellos que gestionan presupuestos autonómicos o municipales con sus
instituciones culturales. Cuando yo presidía la Diputación Provincial de
Pontevedra tenía una partida para adquisiciones de obras del Museo
Provincial, que era Museo de la Diputación Provincial. Por tanto, creo
que éste es un planteamiento razonable.

En el caso de la dación en pago, el uso de tal fórmula para adquirir
obras de arte para las colecciones públicas supone una minoración de los
ingresos de la Hacienda Pública, ya sea estatal o autonómica, y con
idénticos efectos que si se adquieren con fondos públicos consignados en
el capítulo de gastos. Hay un asunto que es muy importante, y es que los
dos impuestos por los que en todo el mundo las colecciones públicas
obtienen más obras en dación en pago son el Impuesto de Sucesiones y el
Impuesto de Patrimonio, que en este momento, como es sabido, son
impuestos de las Comunidades Autónomas. Por tanto, cualquier Comunidad
Autónoma, utilizando el Impuesto de Sucesiones, el Impuesto de
Patrimonio, o incluso el 15 por ciento de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas puede adquirir obras, igual que puede establecer una
partida en los presupuestos que tiene que presentar ante su propio
Parlamento autonómico.

El Gobierno adquiere obras de arte con sus impuestos, lógicamente, no
para instituciones del Gobierno, sino para las instituciones en las
cuales la Constitución le dice al Gobierno que es titular y que tiene que
gestionar, y cada uno lo hace para sus propias instituciones. Esto me
parece razonable, y yo no me niego a hablar de decisiones del Gobierno
relacionadas con la dación en pago y con impuestos estatales, es decir,
del propio Gobierno, pero me parece injusto que se haga esa afirmación y
así tengo que decírselo.

Hay otra cuestión que es muy importante: el Museo del Prado tiene
depositadas 2.848 obras en distintos museos españoles. En concreto, en
Cataluña tiene depositadas 340 obras, muchas más que las que se adquieren
en dación en pago. Tengo aquí los datos, pero sólo en la Universidad
tiene 56 y en el Palacio de Pedralbes tiene 32. Son concretamente 197 en
Barcelona, 85 en Girona, 53 en Lleida y cuatro en Tarragona, pero el
Museo del Prado tiene depositadas 443 obras en Andalucía, 121 en Aragón,
103 en Canarias, 238 en Galicia y en otros muchos museos. Por su parte,
el Museo Reina Sofía también tiene depositadas obras a lo largo de todo
el territorio español. Concretamente, tiene 13 obras en Barcelona, seis
en el Museo de Arte Contemporáneo, dos en la Audiencia Territorial, tiene
tres en Girona, tiene cinco en Lleida y no tiene ninguna en Tarragona.

Por tanto, tampoco puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho,
sintiéndolo mucho, y creo que he dado unos argumentos que son bastante
razonables.

Paso ahora al cuarto punto en el que he dividido mi intervención: las
actividades de la Sociedad estatal Nuevo Milenio. Esta es una sociedad
que funciona como tal y que tiene su autonomía propia. Yo tengo un avance
del programa y voy a leérselo: Exposición, «Dos milenios en la Historia
de España, el año 1000 y el año 2000», se presentará en Madrid y
Bruselas; Jornadas sobre la poesía española ante el nuevo milenio, se
celebrarán en Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Vitoria; Congreso
Internacional Las Claves del siglo XX en España, en Valencia, y la
exposición sobre el mismo tema, también se hará en Valencia; Congreso
Internacional de Calderón de la Barca y la España del Barroco, en Madrid;
Congreso Internacional de la Lengua española en Valladolid; Escritores
españoles ante el siglo XXI, en Santiago de Compostela, Pontevedra,
Oviedo, Valladolid, Bilbao, México y Buenos Aires; El Siglo de los
Quantas «simposium», en Barcelona; El Panorama de la Ciencia portuguesa y
española ante el Tercer Milenio, en Barcelona y Lisboa; exposición de
fotografía, en Santiago de Compostela y Vitoria; Congreso sobre la
Tecnología de la Información y sus desafíos, en Madrid; ciclo de teatro,
en Madrid, Valencia, Galicia, Valladolid, Barcelona, Bilbao y Lisboa;
conciertos relacionados con el Centenario de Calderón de la Barca, en
Oviedo y Vitoria; ciclo de cine español en Vitoria, Sevilla, Nápoles,
Buenos Aires, Madrid y Santiago de Compostela; exposición de la prensa en
la sección de la información, en Guatemala y Méjico...




La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, ya sé que pidió más tiempo, pero,
por favor, vaya concluyendo.




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El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Voy terminando,
muchas gracias. Pero ya anuncié al principio que me había preparado esto
a fondo porque lo considero un tema importante.

Sociedad Estatal Carlos V: Exposición «Carolus», Gante, Bonn, Viena y
Toledo. Es la más importante, y ni siquiera se hace en Madrid; exposición
Arte en las Coronas Hispanas cuando Carlos I aún era Carlos V, en
Barcelona, y posteriormente en Burgos, Granada, La Coruña y Sevilla;
Congreso Internacional de la Unión de Coronas al Imperio de Carlos V, en
Barcelona, Granada y Madrid; espectáculos de actividades musicales, en
Madrid, Toledo, Barcelona, Sevilla, Granada y Yuste. Lo mismo ocurre con
Felipe II, no doy más datos.

Paso a la última parte de mi intervención, al quinto punto, el asunto de
la preservación y potenciación de las diversas culturas del Estado. Le
recuerdo las competencias que tiene la Administración central según la
Constitución y las que tienen las Comunidades Autónomas según la propia
Constitución.

Voy a dar algunos ejemplos, porque podría estar hablando media hora. El
Instituto Cervantes, como muy bien dijo en la última reunión del
Patronato su director, teniendo en cuenta que España posee un patrimonio
lingüístico deslumbrante al sumar la lengua castellana, la lengua
catalana, la lengua gallega y la lengua vasca, tiene una serie de
programas de actuación y da cursos de catalán, gallego y vasco,
concretamente en este último año 1998, trece cursos de catalán, siete en
Chicago, cuatro en Munich, dos en París; cinco de gallego y dos de vasco,
según, lógicamente, las peticiones que haya. Hay ayudas a autores
catalanes, gallegos y vascos para la traducción y edición: se han
traducido trece obras en el año 1999 del catalán a otras lenguas, seis
obras del gallego a otras lenguas y seis obras del vasco a otras lenguas.

Tengo la relación de las subvenciones de música, la relación de las
subvenciones de danza, el envío de fondos bibliográficos a Cataluña, pero
me parece absurdo leerle todo esto, igual que el listado de ayudas al
teatro y al circo en 1999 a la Comunidad Autónoma de Cataluña.




La señora PRESIDENTA: Señor ministro, yo creo que los listados se los
puede hacer llegar al Senador Varela.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Termino, señora
Presidenta.

Señor Varela, estoy dispuesto a atender todas sus peticiones, es probable
que hagamos mal algunas cosas, pero creo que no es justa su intervención
y que el actual Ministro, y por supuesto la anterior Ministra, eran
absolutamente equilibrados a la hora de considerar a España como una gran
potencia cultural que merecía por tanto un trato equilibrado.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hay alguna
intervención? (Pausa.)
El Senador Varela tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.




El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, yo agradezco sinceramente el tono de su intervención y
sus explicaciones.

Como usted dice, el tema es muy importante no sólo para nosotros sino
para todos. Usted dice que mi planteamiento no es equilibrado y que no
está de acuerdo con él y yo le tengo que decir con toda sinceridad, señor
Ministro, que no es en absoluto la sensación que se tiene en Cataluña.

Los responsables de los museos de Cataluña y de la Generalitat tienen la
sensación de no ser tratados de manera equitativa por el Gobierno del
Estado; tienen esa sensación. Si usted repasa la prensa de los últimos
meses verá en los diarios catalanes continuas quejas hacia lo que se
considera un trato discriminatorio. Evidentemente, esas cosas siempre son
subjetivas. Usted ha facilitado un extenso listado de actuaciones, que no
negamos, pero la sensación es que la proporción no es equitativa.

Siguiendo los puntos de su intervención, he de decirle que en ningún
momento me he quejado de que se mejore el Museo del Prado ni que se
mejore el Reina Sofía; en absoluto. Me parece excelente; no hay ninguna
queja en ese sentido. Yo ya había formulado una pregunta sobre las obras
que había adquirido el Estado en concepto de dación de impuestos en 1998,
y que sólo fue una a Cataluña entre bastantes decenas que fueron a otros
lugares, y al publicarse este verano la noticia de la ampliación del
Thyssen y el Reina Sofía, se añadía malestar a esa situación; pero no se
trata de ninguna queja sobre esas inversiones.

Ha hecho usted también un listado de inversiones en Cataluña; existen,
efectivamente, pero nosotros pensamos que esa inversión pública --y no es
ninguna reivindicación de ahora, sino de siempre-- del Estado en Cataluña
es insuficiente, señor Ministro. No tengo los datos a mano, pero no sé si
este año se ha llegado al 15 por ciento, y en años anteriores ha sido
incluso inferior; por tanto, no estamos satisfechos con la inversión
pública del Estado en Cataluña en general y tampoco en este ámbito.

Respecto a las empresas públicas en proceso de privatización, en cuanto a
Telefónica ya nos quejamos en su momento. La empresa puede hacer lo que
quiera, pero desde la Administración del Estado se puede influir en
Telefónica, y había peticiones explícitas del Museo Nacional de Arte de
Cataluña respecto a determinados cuadros de Telefónica que han ido a
parar al Reina Sofía. ¿Por qué no ha habido un reparto de esta colección
de Telefónica y se ha acumulado todo en el Reina Sofía? Esa es una
cuestión.

Segundo tema. Recuerdo que cuando se inició el proceso de Argentaria se
habló de que iría su colección al Reina Sofía, y el clamor en el ámbito
artístico era que no se podía hacer tamaña acumulación en ese museo, lo
que posiblemente ha motivado --y es una hipótesis-- que finalmente sea
una colección itinerante, algo que nos parece



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excelente, así como que empiece por Málaga para seguir por otros lugares
de España.

Respecto a Tabacalera, su colección es mucho menor y ya sabíamos que iba
a ir a Sevilla.

En tercer lugar, se ha referido a la adquisición de obras de arte.

Efectivamente, el Gobierno es libre de comprar lo que quiera o pueda y
decidir su destino, pero una sensación muy fuerte que tenemos en Cataluña
es que el Museo Picasso, de Barcelona, que es una punta de lanza, que es
un museo de interés universal, a nuestro entender, y se creó por la
generosidad del pintor hacia Barcelona y hacia sus amigos catalanes, y
que es un museo muy visitado, debería ser más potenciado por el Estado.

Esa es la sensación que tenemos. Ya he dicho antes que el Estado compró
siete cuadros en 1997, de los cuales ninguno fue a Barcelona. En la
relación de 1998 de Picassos que se adquieren por dación de impuestos,
veo por ejemplo «Femme Accoudée», de Pablo Picasso, 500 millones de
pesetas, destino Reina Sofía; dos cerámicas: «Picador y Toro» y «Tête de
chouette», de Pablo Picasso, destino Museo Nacional de Cerámica de Artes
Suntuarias, Madrid. Quiero decir con esto que no sé por qué no hay más
sensibilidad respecto al Museo Picasso, universalmente conocido. Esas son
las quejas que existen.

Usted ha dicho que el Estado invierte en aquellas instituciones que son
de su propiedad. Es evidente, pero también debe considerar como propio el
Museo Picasso, aunque legalmente no lo sea, y debe intentar potenciar
este museo, que no sólo sea la iniciativa privada o el Ayuntamiento de
Barcelona los que ayuden a este gran museo de todo el Estado, y que tiene
--insisto-- proyección mundial.

Respecto a las actividades del nuevo milenio, me satisfacen sus
explicaciones. Sólo deseo que los centenarios se celebren con máximo
esplendor, como se merecen las figuras a las que se homenajea.

En cuanto a las diversas culturas del Estado, ése sería motivo de debate
en otras oportunidades.

El Instituto Cervantes es otra cuestión sobre la que estamos de acuerdo.

Sin embargo, estamos en desacuerdo en lo que respecta a la UNESCO, y
seguiremos debatiendo sobre ello. No estamos satisfechos en cómo están
representadas las diversas culturas del Estado en ese organismo, y no
cejaremos hasta que esto cambie.




La señora PRESIDENTA: Senador Varela, vaya concluyendo, por favor.




El señor VARELA I SERRA: Enseguida, señora Presidenta.

Se ha producido un incidente que nos ha dejado muy mal sabor de boca. Se
propuso la constitución de un organismo muy importante en la UNESCO:
Linguapax, que es una especie de observatorio de lenguas de todo el
mundo. Había la opción de presentar a un catalán, Félix Martí, para
presidir este organismo. La delegación española hizo mutis por el foro
respecto a este punto. Finalmente, fue elegido Presidente de este
organismo Félix Martí, pero a través de la propuesta del representante de
Islandia. O sea, que el señor Félix Martí, español catalán, es Presidente
de Linguapax porque lo propuso el representante islandés. A veces, los
hechos se compadecen mal con las palabras y por eso tenemos esa
sensación. De todas maneras, agradezco al señor Ministro sus
manifestaciones. Estudiaré su texto leyéndolo con detenimiento. Espero
poder seguir trabajando para que haya una mejor comprensión entre todas
las culturas de España.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta. Sólo tardaré un minuto.

Muchas gracias, Senador Varela, por su intervención.

Le voy a decir lo que yo creo, porque pienso que es mi obligación, aunque
comprendo que no es fácil para su señoría. Empezaba usted su
intervención, en respuesta a la mía, afirmando que casi todo lo que yo
había dicho estaba muy bien --algunas cosas muy mal--, pero que ésa no es
la sensación que se tiene en Cataluña. Pero repito que le voy a decir
algo, que es lo que yo creo: contribuya usted a crear esa sensación,
porque estará contribuyendo a que la gente sepa qué es exactamente lo que
pasa. Comprendo que eso no es fácil, porque aquí ya nos conocemos todos,
pero contribuya usted a crear esa sensación.

Hay otro asunto que también es importante. Cataluña tiene su historia, su
tradición, su cultura, su singularidad. Ese es un hecho objetivo y, por
tanto, absolutamente indiscutible, y no seré yo el que lo discuta. Pero
una cosa es eso --que ya he manifestado que es un hecho objetivo y que,
por tanto, ni siquiera hay que hacer un comentario sobre ello-- y otra
distinta la sensación que tiene todo el mundo de cómo se trata a su
Comunidad Autónoma o incluso a la ciudad o al pueblo en el que se reside.

Le voy a poner un ejemplo, que es la ciudad de Pontevedra, en la que yo
vivo. Se me dice allí que no pinto nada, que no hay inversiones. Pero
gracias a la generosidad de mis colegas de Gabinete sí he podido hacer
algunas en Pontevedra, por otra parte, muy necesarias. Pero es
absolutamente inevitable que los señores de la oposición me digan que no
se invierte, que hay una discriminación..., discurso ése --me refiero al
de las inversiones, que otra cosa es el de la singularidad-- que se hace
en todas y cada una de las Comunidades Autónomas de España. Y a este
respecto les diré que he hecho un ejercicio apasionante. He visto las
ruedas de prensa que en los distintos territorios de España --no es una
agresión ni siquiera verbal-- ha dado el Partido de la oposición. (El
señor Laborda Martín: ¡Y los parlamentarios del Gobierno antes!) ¡Sin
duda! Iba a decirlo ahora. (Risas.) Está claro que en todas partes hemos
logrado discriminar a todos, como antes los señores socialistas lograban
discriminar a todos, lo cual, por otra parte, es metafísicamente
imposible. Lo que pasa es que como cada uno escucha el discurso de un
determinado territorio y hace el



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que estima oportuno y conveniente, estamos donde estamos.

Por eso le decía al principio de mi intervención que le iba a hacer dos
propuestas, señoría, siendo la primera de ellas, que contribuya usted a
generar la sensación de que el Estado invierte en Cataluña en cultura, y
mucho, porque es verdad. Por otra parte, es evidente que hay algunas
cosas que probablemente se podrían hacer mejor, y es verdad, por ejemplo,
lo que dice usted sobre Telefónica. A lo mejor se hubieran podido tener
en depósito una serie de cuadros, no lo sé. No conozco ese tema a fondo,
pero no me podrá negar usted que en Argentaria y Tabacalera las cosas se
han hecho de otra forma. Por tanto, como casi siempre suele suceder,
nadie tiene las razones totales, aunque, modestia aparte, en este caso yo
tengo alguna más que usted. (Risas.)
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
Iglesias.




El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, señorías, entendemos que ésta es una interpelación
oportuna y pertinente sobre una visión global del sentido de la política
cultural de Estado. En este momento en que finaliza esta legislatura,
ésta es una interpelación que permite tener una visión global de cierre
de cuatro años de actividad de la política del Gobierno en materia
cultural.

La interpelación se basa en dos elementos fundamentales: en unos hechos
significativos que se presentan a la consideración de la Cámara, y en la
valoración que de esos hechos hace el Senador que la ha presentado y el
Grupo interpelante. Los hechos --no voy a repetirlos-- se centran en las
decisiones a la hora de distribuir obras de arte con un determinado
criterio y, por ejemplo, en la compra de los gris para el Centro de Arte
Reina Sofía, en la operación Picasso, en las inversiones para la
ampliación del Museo Thyssen, en el desacuerdo habido con motivo del
destino de las colecciones procedentes de las empresas públicas
privatizadas, en la ineficiencia de la Comisión «ad hoc» creada para
estudiar los criterios de la distribución de las obras entre las
distintas Comunidades Autónomas, y algunos más que han surgido en la
presentación de la interpelación de su señoría. No voy a enumerar ninguno
más, pero sí me voy a detener en la valoración de esos hechos.

El Senador interpelante hace una valoración cruda, fuerte, recia, sobre
la política educativa del Gobierno, que contrasta abiertamente con las
palabras que el señor Ministro acaba de dirigir a la Cámara. Es decir,
hay una notable disonancia entre lo que escuchamos por parte de unos y
por parte de otros.

Creo que esa valoración, que compartimos en gran medida, es la de que la
acción cultural del Gobierno se centra fundamentalmente en unas cuantas
instituciones culturales de gran relieve e importancia, dedicación que
compartimos, aunque no compartimos el sentido reduccionista que esa
dedicación tiene.

Refiriéndose a la política cultural del Gobierno, el Senador interpelante
ha señalado la falta de sensibilidad para con un tejido cultural que está
mucho más allá de lo que son en sí las competencias del Gobierno, y el
propio señor Ministro lo ha dicho puesto que ha hablado de inversiones en
instituciones de titularidad y gestión, de titularidad pero no de gestión
y de instituciones que no son ni de titularidad ni de gestión, lo que
quiere decir que el límite de las competencias debe abrirse a la
colaboración de las acciones del Ministerio de Cultura y de las
Comunidades Autónomas. Creo que es ahí donde hay que señalar los
criterios fundamentales de la crítica. Hay que señalar que, aparte de la
acción cultural del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, falta la
constitución de un tejido cultural común a través de los instrumentos de
cooperación y de coordinación que existen pero que no funcionan en
absoluto. Los mecanismos de cooperación y de coordinación cultural a
nivel de todo el Estado entre el Gobierno de España y las Comunidades
Autónomas y los demás entes que tienen acciones culturales desarrollan
una cooperación y una colaboración cultural inexistente. La Conferencia
Sectorial no sirve para nada, el Consejo del Patrimonio Histórico
Artístico opera en la más absoluta de las ineficiencias, y no sigo.

Por eso, la crítica dice que la política cultural del Gobierno se reduce
a una política de gestos, y ha sido calificada como injusta y
centralista. Se puede observar la ausencia de una política cultural que
contemple a todas las Comunidades Autónomas como un tejido en el que las
competencias que se tienen, que se comparten o que se refieren a
territorios en los cuales entramos aunque no sean nuestros --podemos
entrar, de hecho entramos, y en los Presupuestos Generales del Estado hay
pruebas evidentes de lo que dice su señoría-- exige que haya un clima de
diálogo y colaboración entre todas las Comunidades, para que lo que se
invierta deje claro el dibujo del tejido cultural que afecta a todo el
país.

Si esta interpelación hubiera que interpretarla en el sentido de un
conflicto a dos bandas, entre lo que ocurre en Cataluña y las decisiones
del Gobierno, o como una cuestión de agravio comparativo entre lo que
pasa en Barcelona y lo que pasa en Madrid, nosotros no estaríamos
dispuestos a entrar en su valoración. Es una interpretación excluyente de
un conflicto dual que a nosotros no nos interesa subrayar.

Nosotros defendemos la singularidad cultural de Cataluña. Proponemos que
sea potenciada, porque ejerce un papel estimulante, dinamizador y
modernizador en relación con la cultura de toda España. En ese sentido,
abierto a la colaboración con otras Comunidades Autónomas, estamos
dispuestos a prestar nuestro apoyo para ese planteamiento general.

Nosotros defendemos una política cultural de cooperación, de consenso y
de justa distribución de los bienes culturales entre todos los
territorios, teniendo en cuenta las instituciones de cabecera, que
merecen un apoyo especial, y otras instituciones culturales con
competencias del Gobierno



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o de las Comunidades Autónomas, que merecen --como ha puesto de relieve
el Senador interpelante-- apoyo por parte del Gobierno, de las
Comunidades Autónomas y de las instituciones implicadas en estas
cuestiones.

En último término, yo me hago una pregunta. Un socio del Gobierno
interpela al Gobierno acerca de la política global cultural que el mismo
está realizando, y yo me cuestiono qué significado tiene esto. Es una
interpelación que pone sobre la mesa una discrepancia profunda y radical
sobre la política cultural del Gobierno. Es la escenificación de un
acuerdo que no va más allá; discrepancia, ma non troppo, sólo un poquito
de discrepancia. Repito, discrepancia de fondo y radical del Grupo
interpelante con el Gobierno, que su señoría tendrá ocasión de
escenificar dentro de poco. Pero, hay una contradicción. Su señoría
discrepa y critica la política cultural del Gobierno, y acaba de anunciar
hace nada que su Grupo Parlamentario apoyará sin fisuras el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, incluido el presupuesto de cultura,
con el cual parece que su señoría no está de acuerdo.

Yo le invito a que haga un ejercicio de lógica política y parlamentaria,
y, si su discrepancia es de fondo y radical, su señoría tendrá que vetar
o enmendar sustancialmente el proyecto de Presupuestos del Ministerio de
Educación y Cultura; si no, su interpelación no será creíble. Y créame,
corre su señoría un riesgo: que esta interpelación se convierta en una
interpelación bumerán y el Senador interpelante se transforme en el
interpelante interpelado, algo que en absoluto le deseo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barquero.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Senador Varela, su señoría interpela al Gobierno sobre una cuestión que,
en esencia, es cuál es la política del Gobierno en relación con una
equitativa distribución de los recursos públicos para potenciar las
diversas culturas del Estado.

No es una pregunta neutral, no es una interpelación inocua, no es una
pregunta retórica porque, además, tanto en la exposición de los
antecedentes que figura en la iniciativa como en el desarrollo posterior
de los motivos se deduce que la pregunta es una queja, una crítica e
incluso en ella subyace una teoría de la equidad que, desde luego, mi
grupo no comparte en absoluto.

Pero en la misma expresión «diversas culturas del Estado» caben
interpretaciones distintas. Por ejemplo, mi grupo no cree que Miró sea
cultura catalana. Miró será cultura catalana pero además cultura española
y, además, cultura universal; ni Picasso es cultura malagueña, ni
andaluza, es más que eso todavía.

No vamos a entrar en una interpretación conceptual porque, en el fondo, y
para que nos entendamos, mi intervención va a consistir en replicarle a
usted descatalanizando su interpelación.

Es verdad que si la pregunta fuese neutral, sin sesgo doctrinal, sin el
común denominador nacionalista de la reivindicación permanente, yo
tendría que decirle a su señoría, Senador Varela, que la cuestión es
interesante, importante y pertinente. Primero, porque España es una
potencia cultural mundial de primer orden; segundo, porque las
competencias culturales Gobierno---Comunidades Autónomas son
concurrentes, aunque delimitadas y porque existe un conjunto de artículos
en la Constitución Española de los que se derivan, primero, que hay un
ámbito concurrencial, competencial, que obliga a todos los poderes
públicos sin distinción entre poderes estatales y poderes autonómicos;
segundo, que hay un ámbito competencial propio de las Comunidades
Autónomas y, tercero, que hay un ámbito competencial del Estado.

De acuerdo con esta distribución es pertinente que su señoría se interese
por la acción cultural del Gobierno en el ámbito de las competencias
legítimas del Gobierno, y es pertinente que se interese por las
inversiones que el Gobierno de la nación dedica a la cultura y al arte en
los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal, incluso de las
que, siendo de titularidad estatal, son de gestión autonómica e incluso
de las que no son ni de titularidad ni de gestión autonómica. Pero,
permítame, Senador Varela, que no me parezca pertinente que usted pida
cuentas al Gobierno por lo que usted cree que éste no debería hacer o por
lo que, mejor dicho, usted cree que el Gobierno hace en detrimento de la
cultura y del arte de las Comunidades Autónomas, algo así como Si el
Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, expoliase a las
Comunidades Autónomas de bienes artísticos y culturales que, según su
criterio, le deberían pertenecer por no sé sabe exactamente qué criterio
oqué título. Por decirlo de otra manera, se queja usted de lo que el
Gobierno de la nación ha invertido en instituciones culturales de las que
es titular porque con ello ha privado o está privando a las Comunidades
Autónomas de lo que debería haber sido suyo o debería haber sido
depositado en ellas.

Senador Varela, con respeto, pero con la firmeza que exige la coherencia
con el Estado autonómico, le digo: mi grupo parlamentario no comparte ni
su queja, ni su crítica, ni su teoría del reparto cultural.

Su señoría no es consecuente con la distinción de los ámbitos
competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Además, en el
caso de la cultura, del arte, de bibliotecas, de museos, Estado y
Comunidades Autónomas ni son iguales ni equidistantes ni simétricos.

Cataluña y la Generalitat son Estado español pero, con su permiso, el
Estado español es más que Cataluña y la Generalitat.

Por ello, en España y en otros muchos Estados del mundo existen bienes
artísticos y culturales que son, históricamente, el buque insignia, el
santo y seña, los símbolos del ser y la esencia cultural de esos países,
más allá de lo que en el concierto nacional o mundial puedan representar
culturalmente sus regiones, sus Estados federados o sus Comunidades
Autónomas, aunque sin duda representen mucho también y algo importante.

Por suerte, esto sucede



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también en España y, como decía el señor Ministro, el Prado es para
España un símbolo de proyección nacional e internacional, como lo es el
Louvre para Francia.

Aunque no la compartimos, comprendemos su intervención y es que, señoría,
el patrimonio cultural de España puede contemplarse --sin ninguna duda--
desde dos perspectivas bien distintas, ambas legítimas desde luego, pero
difícilmente concordantes si no conseguimos integrarlas en una síntesis.

La primera es, sin más, la suma del previo fraccionamiento autonómico; es
decir, la cultura y el patrimonio artístico español serían la suma de las
culturas y los patrimonios artísticos autonómicos. Desde este punto de
vista y desde esta perspectiva, sus quejas y sus críticas adquieren pleno
sentido; pero hay otra concepción, la de contemplar la cultura y las
culturas de España desde una visión histórica, nacional y común, de
contenido básico, que es parte integrante esencial del patrimonio
cultural nacional de España. Ese contenido esencial está repartido, por
razones históricas, por diversos puntos de la geografía española, sin que
sea patrimonio de ningún ámbito local, región o nacionalidad sino que,
por su titularidad, significado y simbología es patrimonio estatal.

Nosotros no compartimos la primera concepción que --tomando una imagen de
Ortega y Gasset que, al mismo tiempo, él toma de Simmel, cuando habla de
las sociedades del plato roto-- vendría a significar que la cultura
española es una cultura de culturas; una agregación de culturas; no
compartimos esta concepción. Compartimos la segunda visión y ejemplo de
ella son, entre otros, nuestro Museo del Prado, en Madrid; el Museo
Nacional de Arte Romano, en Mérida; el Museo Nacional de Arqueología
Marítima, en Cartagena; la Biblioteca Nacional, en Madrid; el Archivo de
Indias, en Sevilla; el Archivo de Simancas o el Corona de Aragón.




La señora PRESIDENTA: Senador Barquero, le ruego que vaya concluyendo.




El señor BARQUERO VAZQUEZ: Voy terminando, señora Presidenta.

He puesto énfasis en la preposición «en» y he huido de la preposición
«de» para evitar el sentido de pertenencia local y para acentuar el
sentido de pertenencia a un patrimonio común nacional. En su reflexión
Senador, y se lo digo con afecto, se refleja un localismo incompatible
con la universalidad del arte y del artista.

Su señoría recuerda en la exposición de motivos su pasada protesta por la
operación Picasso, porque las siete obras del pintor malagueño universal
--como usted mismo lo llama-- que compró el Estado fueron a parar a un
museo curiosamente madrileño, y lo estoy citando textualmente. Senador,
¿cree usted verdaderamente que se puede llamar madrileños al Museo del
Prado y al Reina Sofía? Sinceramente, ¿llamaría usted segoviano al
acueducto romano de Segovia? Nosotros creemos que no. ¿Cree usted,
Senador, que el lugar de nacimiento de un artista otorga algún derecho a
ese lugar? ¿O que el contenido de una obra o de un archivo crea algún
título de pertenencia o de ubicación? Nosotros creemos que no y, por
ello, Senador Varela, estamos absolutamente de acuerdo con la política
del Gobierno y con la intervención clara, precisa y pormenorizada del
señor Ministro.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barquero.

En ese caso, señorías, vamos a suspender la sesión y la siguiente
interpelación comenzará a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las catorce horas.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




INTERPELACIONES (Continuación):



--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS POLITICAS QUE ESTA EFECTUANDO EL GOBIERNO PARA DESARROLLAR EL
CAMPO DE GIBRALTAR, EN LA PROVINCIA DE CADIZ, Y, ESPECIALMENTE, LA LINEA
DE LA CONCEPCION (670/000158).




La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión. Interpelación de
don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las políticas que está efectuando el Gobierno para desarrollar el Campo
de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, y, especialmente, La Línea de la
Concepción.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Carracao
Gutiérrez.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, ruego que me
permitan una brevísima referencia histórica.

Ya Avieno, el infatigable viajero, describió nuestras costas. Allí
levantó Hércules una de sus columnas. Se extendía el territorio del Rey
Hespero. Lindaba la bocana del mundo conocido por la antigüedad. Llegó
Roma, antes Fenicia, y luego el Islam, con Tarik a la cabeza, y con
Guzmán en Tarifa defendiendo una tradición que la Historia iba
derruyendo.

Casi en el límite de la comarca, en las tierras del Guadiaro, cuentan que
el célebre Almanzor, Almansur Billah --que significa victorioso por la
gracia de Dios--, nació junto a la ciudad de Barbésula.

Algeciras, Alyazirath Al-Hadra, significa la isla verde. Allí aguardó
Ziryab, el Pájaro Negro, la llamada de la corte de Córdoba, adonde había
sido requerido por el califato para revolucionar la música, la
gastronomía y las costumbres de Al-Andalus y de Occidente. También
escribió allí Ben Abih Ruh poemas que aún perduran.




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Jimena y Castellar levantaron sus castillos fronterizos. Algeciras ardió
como una pavesa. Los hijos de Gibraltar construyeron sobre la colina de
San Roque su ciudad de exilio. Iban y venían al Peñón los liberales, o
junto a José María «El Tempranillo» conspiraban en los barrios contra el
poder absoluto.

Señorías, lo que he dicho demuestra que la historia del Campo de
Gibraltar viene de lejos, que no nació hace dos horas. Es una comarca que
aparece ante los ojos de la opinión pública como coherente pese a su
pluralismo interno. Es uno de los escasos territorios del Estado español
que goza de una imagen definida y propia. Es una zona necesariamente
marcada por el hecho histórico, diferencial y singularísimo de la
existencia en su territorio de la colonia de Gibraltar. Y no sólo por
ello, sino porque a la vez constituye la puerta de Europa y el gran
vestíbulo de Africa, un continente insólito que sin duda incrementará
progresivamente sus relaciones con el europeo, y en buena medida a través
de la bahía de Algeciras.

Cualquier intento de aproximación al conocimiento de la situación actual
de esta zona ha de partir siquiera de un sintético repaso a su evolución
pasada, lejana y próxima, que deseo hacer desde una doble perspectiva,
ambas muy significativas: la socioeconómica y la institucional y
política.

Al situar esa doble perspectiva en una dimensión temporal he de arrancar
necesariamente de los años trascendentales de 1964 y 1965. La realidad
socioeconómica de entonces viene enmarcada por dos acontecimientos
fundamentales para la zona. Por un lado, el progresivo deterioro de las
relaciones con la colonia de Gibraltar, que culminó con el cierre de «la
Verja» en 1969, con el correspondiente corte del flujo económico
proveniente de la Roca que ello supuso y la drástica pérdida de numerosos
puestos de trabajo para la población activa de esta comarca. Y por otro,
la aprobación de un programa de medidas para el desarrollo económico y
social de la zona, las primeras de las cuales se remontan al año 1965 y
que pretenden potenciar la implantación industrial y la mejora de
servicios como estrategia para contrarrestar los efectos negativos
derivados del hecho antes citado.

En dicho momento el Campo de Gibraltar se caracteriza, desde la
perspectiva económica, por las siguientes notas: primacía de las
actividades económicas de carácter primario --fundamentalmente, pesca y
ganadería--; mínima o casi nula industrialización y carencia alarmante de
infraestructura básica de todo tipo; déficit acusado en servicios
públicos estatales --educación, sanidad--; fuerte movimiento poblacional
migratorio e inicio de una cierta tendencia al fomento de la bahía de
Algeciras como zona turístico-residencial basada en sus condiciones
naturales y medioambientales, todavía vírgenes en aquella época.

Respondiendo a dicho mosaico de circunstancias, el Decreto 3223, de 28 de
octubre de 1965, establece un programa de acciones en el que se incluye
una diversidad de medidas dirigidas, entre otros fines, a objetivos tan
reseñables como la renovación de la flota pesquera, transformación en
regadíos, potenciación de la estructura educativa, aceleración de obras
de infraestructuras básicas más urgentes y dos últimas medidas que con el
tiempo han venido a resultar de imposible compatibilidad: la declaración
de zona de preferente localización industrial y la declaración como zona
de interés turístico nacional.

A nivel institucional, en aquel momento la comarca contaba con una
estructura administrativa cuya cabeza visible se situaba en el gobierno
militar del Campo de Gibraltar, cuyo titular ostentaba, además de las
competencias propiamente militares, importantes competencias en el orden
civil, fundamentalmente en materia de seguridad e interior y orden
público. El gobernador militar personificaba entonces la larga mano del
Estado, con omnímodas facultades de intervención en todas las áreas de
actuación administrativa, en una zona donde aún pervivía la huella de su
carácter como territorio circundante a la colonia de un país extranjero.

En ese panorama, el Gobierno constituye, asombrosamente, dentro de un
Estado fuertemente centralista, una denominada Comisión comarcal de
servicios técnicos, calificada de asombrosa por lo que tuvo de verdadero
ensayo de descentralización administrativa en épocas de la dictadura
franquista. No olvidemos que a ésta se le asignaron facultades de
programación, planificación e, incluso, expropiación, que resultaban
excepcionales en el panorama administrativo del país. A nivel anecdótico,
los cronistas de entonces retuvieron las exclamaciones de muchos
gibraltareños tras la apertura de la refinería de petróleo de CEPSA,
insistiendo en que sus chimeneas eran enormes monstruos de cartón
situadas por el Gobierno de Castiella con ciertas raras intenciones.

Anécdota aparte, lo cierto es que los efectos del programa de desarrollo
económico y social surgidos durante la decisiva década de 1965 a 1975 no
pueden catalogarse como totalmente beneficiosos desde la perspectiva
actual, aunque sí contribuyeron, como resulta evidente, a la elevación
del nivel económico de la zona.

Cierto es que a partir de 1985 la total apertura de la «Verja» con
Gibraltar nos sitúa en un panorama cualitativamente distinto. Las
problemáticas sectoriales que se plantean a nivel comarcal siguen
demandando soluciones, que fundamentalmente han de provenir de nuestras
propias administraciones y de la demostración de nuestra propia y
particular capacidad, a nivel de gobiernos y ciudadanos, para articular
medidas económicas y administrativas que garanticen la solución de los
problemas planteados.

El Campo de Gibraltar y, en particular, la bahía de Algeciras constituyen
una de las áreas de mayor importancia estratégica para la estructura
económica y territorial de Andalucía, de España, pero también de la Unión
Europea. De un lado, el puerto se afianza, incrementando año a año su
actividad en el conjunto de las bases del primer rango en el tráfico
marítimo mundial.

De otro, el conjunto de esta comarca andaluza recibe y canaliza los
flujos entre el norte de Africa y Europa, cada vez más intensos y
diversos en su naturaleza, procedencia y destino.

Las previsiones, fundamentadas en las tendencias observables de los
últimos años y en la perspectiva de crecimiento económico del Magreb
occidental, no son otras que las de un rápido crecimiento.




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Por otro lado, el territorio del Campo de Gibraltar, con,
aproximadamente, 250.000 habitantes, presenta profundas debilidades y
graves problemas en su tejido económico y social, que son consecuencia,
pero también causa, de la incapacidad de retener y transformar los flujos
económicos que pasan por él y beneficiarse así del alto valor de posición
y funcional que posee como parte del sistema mundial de transporte.

Sin embargo, el diagnóstico ampliamente compartido por las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales es que el
desarrollo de las funciones, que como encrucijada en los circuitos
mundiales del transporte, corresponden al Campo de Gibraltar, han
encontrado y encuentran, aún a pesar del esfuerzo inversor realizado en
los últimos años por la Administración General del Estado y por la Junta
de Andalucía, un impedimento decisivo en la carencia de unas redes de
infraestructura terrestres del transporte y una estructura urbanística en
la bahía con capacidad suficiente y constitución adecuada.

La gravedad de los problemas sociales que se dan en el Campo de
Gibraltar, con uno de los más elevados índices de desempleo de la Unión
Europea, una fuerte, sostenida y dramática incidencia de la inmigración
ilegal y de los problemas asociados al tráfico y al consumo de drogas, la
evolución creciente de los flujos internacionales de transporte, la
debilidad de las estructuras territoriales y urbanísticas y de las
infraestructuras de apoyo a las actividades productivas y el consecuente
deterioro que en estas condiciones sufre el medio ambiente, hacen
imprescindible un esfuerzo coordinado, intenso y sostenido de todas las
administraciones públicas con responsabilidades e intereses en la zona,
para formular y ejecutar un plan integral para el desarrollo del Campo de
Gibraltar.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, las protestas generalizadas en
La Línea y en el resto de las poblaciones del Campo de Gibraltar por los
perjuicios que causaban para esta zona y sus habitantes los controles
exhaustivos dispuestos por el Gobierno español en la «Verja» de Gibraltar
motivó la constitución de una Comisión Interministerial, que su señoría
preside, con el objetivo del establecimiento de inversiones tendentes a
paliar los efectos negativos de esos controles, consecuencia de la
dependencia con la colonia británica.

Señor Vicepresidente Primero, señorías, la situación no es distinta en la
actualidad. Reitero en esta Cámara que Gibraltar no es únicamente una
razón patriótica, sino también económica y social de la máxima
preocupación, especialmente para los municipios circundantes.

Los acontecimientos recientes demuestran que el Reino Unido no entrará en
conflicto con España por causa de Gibraltar. No es mi intención espolear
sobre ello, pero, señor Vicepresidente Primero, parece muy claro que el
Reino Unido no está dispuesto a ayudar y a apoyar a Gibraltar en sus
esfuerzos para su desarrollo en general y, en particular, de su centro
financiero, como uno de los principales pilares de su economía, y que
tampoco está dispuesto a considerar a Gibraltar como un factor de la
ecuación en lo que se refiere a sus relaciones con España, lo que nuestro
Gobierno debería aprovechar y potenciar políticas tendentes, en primera
instancia, al desarrollo del Campo de Gibraltar y, en segunda, políticas
adecuadas de población, que contribuyan a crear un clima de confianza y
amistad con nuestros vecinos gibraltareños.

Una vez más tenemos que manifestar nuestro rechazo a las medidas
represivas en la «Verja», que sólo perjudican a la gente más humilde y
suponen un freno extraordinario en la consecución de ese clima de
confianza, en el que se puedan analizar propuestas, generosas, por
cierto, muy generosas, para buscar una salida al contencioso.

Aplaudimos en su día la constitución de la Comisión Interministerial;
teníamos la esperanza de que iba a servir para adoptar medidas urgentes
que ayudaran a superar el estancamiento que ha supuesto para la zona los
años del Gobierno del Partido Popular, años de los que no se puede hablar
ni de un solo proyecto importante, años que han servido para descabalgar
de los presupuestos generales del Estado importantes partidas que han
frustrado legítimas aspiraciones de las instituciones locales y de sus
ciudadanos. (Rumores.)
Le voy a poner varios ejemplos, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno. El desdoblamiento de la carretera nacional 340 en el tramo
Torreguadiaro-Estepona tuvo consignación presupuestaria en los
Presupuestos para 1996 que no pudieron ser aprobados y que motivaron el
anticipo de las elecciones. (Rumores.) Existía una partida de 5.000
millones de pesetas para el desdoblamiento de esa carretera. (Rumores.)
¡Compruébenlo! Ahora después de casi cuatro años, ustedes se la conceden
a la misma empresa a la que adjudican la autopista. Ponen a la zorra a
cuidar a las gallinas. (Rumores.) Sí, ponen a la zorra a cuidar a las
gallinas. (Rumores.)
De hecho parece más un proyecto de autovía urbana que de autovía de paso
rápido; el proyecto está efectuado para desviar el tráfico a la
autopista. Los compromisos recogidos en la Ley del Trasvase del Guadiaro
al Majaceite están todos absolutamente incumplidos. La regulación del
Guadiaro y de sus afluentes el Genal y Hozgarganta sigue siendo una
demanda de toda la población; la depuración de los núcleos urbanos que
vierten al Guadiaro continúa siendo una aspiración de esos municipios.




La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.

Senador Carracao, espere un momento. Señorías, guarden silencio. Vaya
concluyendo porque ya ha consumido su tiempo.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Termino, señora Presidenta.

Señor Vicepresidente del Gobierno, en el Campo de Gibraltar sólo han
acabado y con mucha lentitud los proyectos que se iniciaron durante el
Gobierno Socialista. (Rumores.) Ni un solo proyecto más han iniciado. A
continuación le toca el turno al Vicepresidente; le pediría que nos
señalase un único proyecto nuevo que hayan iniciado en el Campo de
Gibraltar; ahora van a tener esa oportunidad.

Por contra la Junta ha reaccionado magníficamente. (Rumores.--El señor
Pizarro Medina: ¡Muy valiente,



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Pepe!) Señora Presidenta, le pediría que me descontase el tiempo por
interrupciones. Gracias.

El 23 de marzo la Junta de Andalucía aprobó un decreto con medidas
excepcionales claras y concretas para impulsar el desarrollo, y ha
propuesto a su señoría, al señor Vicepresidente del Gobierno, que
elaboren también un plan de manera conjunta que incluya actuaciones
necesarias en materia de infraestructura del transporte, de apoyo a las
actividades productivas, del medio ambiente y del agua y, también, las
que las aglomeraciones urbanas precisan para su organización interior,
equipamiento y acondicionamiento urbanístico como área metropolitana
ordenada y moderna. Hasta ahora la callada por respuesta. Hace ya nueve
meses desde la constitución de esa Comisión.




La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, tiene que concluir.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Espero que el señor Vicepresidente Primero
en su turno nos diga, si de verdad está dispuesto a aplicar medidas para
impulsar el desarrollo del Campo de Gibraltar, cuáles y cuándo.

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Pizarro Medina: ¡Muy bien, Senador
Carracao!)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carracao.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra
el señor Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.

Señor Senador, quiero darle las gracias por su interpelación porque nos
brinda una oportunidad de hablar de un tema transcendente e importante
para todos. Pero ya le advierto desde mis primeras palabras que no va a
conseguir que esta interpelación sea el marco de un enfrentamiento entre
el Gobierno y la Junta de Andalucía.

Señoría, no lo va a conseguir; y no lo va a conseguir porque hemos
decidido cooperar y porque estamos cooperando y porque no es necesario
que nos comparemos en una carrera, porque vamos por caminos distintos. La
Junta de Andalucía tiene unas competencias y en el marco de las mismas
puede y debe diseñar las actuaciones que le correspondan, y el Gobierno
de España tiene el marco de competencias en el que está trabajando, y del
que yo espero dar cuenta a lo largo de mi intervención. Y para que no
quede nada en el campo de la cooperación en materia de competencias
concurrentes, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España también se
han puesto a trabajar, y hay documentos que conoce la opinión pública,
que conocen los ayuntamientos afectados y muy particularmente el
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, y, por tanto, creo que
discutir en este momento sobre lo que es competencia de cada uno o sobre
la voluntad de cooperación en las competencias concurrentes creo que es
un debate inútil, estéril y que no está en la realidad.

Me gustaría despejar de antemano alguna de las dudas que sembró su
señoría en la última parte de su intervención. Cuando se le pregunta a un
ciudadano que es lo más importante que espera del Gobierno, seguramente
es que acierte a resolver el problema del desempleo. Usted me pedía
algunos datos; se los voy a dar, y se los puedo dar municipio a
municipio, pero le voy a dar los de la comarca del Campo de Gibraltar,
para ahorrar tiempo en esta primera intervención. En los siete municipios
del Campo de Gibraltar, entre el año 1984 y abril de 1996, la evolución
del paro registrado fue de 18.900 personas, en marzo de1984, a 19.048, en
abril de 1996, es decir, aumentó el paro un 0,78 por ciento,146 personas.

Pues bien, desde mayo de 1996 hasta septiembre de 1999 el paro ha bajado
en estos siete municipios en 3.908 personas, un 20 por ciento. Para su
señoría esto no será un hecho relevante y hasta es posible que no tenga
nada que ver con la política general del Gobierno, pero yo quiero decirle
que en política no hay efecto sin causa y que esta reducción del paro en
el Campo de Gibraltar en un 20 por ciento es consecuencia de la política
general del Gobierno de España, que beneficia de una manera concreta en
estos términos a los municipios del Campo de Gibraltar.

Le puedo seguir poniendo más ejemplos, para que vea que todo no es
problema de planificación y de anuncios. La colaboración de la Junta de
Andalucía y del Gobierno de España para el desdoblamiento de la autovía
Jerez-Los Barrios se anunció en el año 1990; tiene usted razón: se
anunció en el año 1990. ¿Sabe usted cuándo empezó a financiarse? En el
año 1998 con este Gobierno. Lo que hayan hecho entre 1990 y 1996 no se lo
reprocho; lo que quiero decirle es que no basta con anunciar, no basta
con hacer planos ni planes, hay que hacer también iniciativas,
presupuestos y acuerdos reales.

Por lo que respecta a la dramática situación de los controles en la
«Verja», pongo a su disposición los datos que usted quiera, por ejemplo
los del mes de octubre, para demostrarle que sólo en los momentos que le
voy a citar los controles de la verja en dirección a España han alcanzado
uno hora treinta minutos de retención para los automóviles. Concretamente
el día 5 de octubre, entre la una y las tres; el día 10 de octubre entre
las once y la una; el día 19 de octubre entre las tres y las cinco; el
día 24 de octubre entre las cinco y las siete y el día 31 de octubre
entre las siete y las tres de la tarde. El resto han sido retenciones de
poca significación, y en todo caso inferiores a la hora treinta minutos.

Para su señoría ésta es una situación dramática y tremenda, pero yo creo
que es una situación que tiene que ver con algo a lo que ahora me
referiré, y es la peculiar situación de Gibraltar en el marco de la Unión
Europea.

En cuanto a la primera parte de su intervención, quiero decirle que la
comparto plenamente, y le voy a hacer una pequeña aportación a la
excursión histórica que ha hecho su señoría. Sólo le ha faltado decir que
el 24 de julio de 1704 España perdió Gibraltar; que en 1713 pasó a ser de
dominio de la Corona Británica por el Tratado de Utrecht y que fue
declarada colonia británica en 1830.




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Con esta pequeña aportación, el recorrido histórico que su señoría ha
hecho me parece correctísimo y lo comparto. Le hago este apunte porque
creo que el factor más importante que contribuye a la depresión del Campo
de Gibraltar es justamente la condición de colonia británica de
Gibraltar, o fue en el pasado, decisivo para esta situación de depresión
y lo es también en el presente porque, como su señoría sabe, Gibraltar es
un territorio absolutamente carente de recursos naturales, y que lo que
vive es al amparo de la opacidad de su sistema financiero y de su
situación de excepcionalidad dentro de la Unión Europea al no formar
parte de la Unión Aduanera y al no serle de aplicación el IVA, y por ello
se ha convertido en una economía parasitaria que se desarrolla en
especial a costa del Campo de Gibraltar, sobre el que ejerce un efecto de
succión. Por eso, el Campo de Gibraltar, a lo largo de décadas ha
padecido un retraso y un diferencial negativo de nivel de renta con las
comarcas del resto de España. En estos momentos, la renta per cápita del
Campo de Gibraltar apenas llega al 71 por ciento de la media nacional
existiendo además grandes diferencias dentro del conjunto de los siete
municipios que lo integran.

Pues bien, tras años de falta de iniciativas concretas en relación con el
Campo de Gibraltar, este Gobierno ha apostado por poner en marcha
iniciativas concretas que favorezcan de manera específica no sólo el
Campo de Gibraltar como parte del territorio español, sino también como
consecuencia de acciones de carácter comarcal dirigidas al campo.

La primera medida específica en el tiempo para el Campo de Gibraltar la
tomó el Gobierno para resolver las necesidades financieras del
Ayuntamiento de La Línea, principal perjudicado por la pervivencia de la
situación colonial. A comienzos de 1997 se constituyó una Comisión
tripartita entre la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de La Línea, cuyo resultado ha sido la consideración para La
Línea de municipio dotado de carta económica especial. En virtud de ella,
este Gobierno ha decidido, en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta
de Andalucía, que La Línea tenga un régimen igual al de Madrid y
Barcelona y que, como consecuencia de ello, en los Presupuestos Generales
del Estado reciba una partida singular para sus características
especiales.

En el año 1998, esta financiación alcanzó la cifra de 1.715 millones de
pesetas, cifra que se mantiene en los Presupuestos de 1999 y en los del
2000. Además, por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores se creó
una Comisión Interministerial presidida por este Vicepresidente. Su
objeto es coordinar e impulsar políticas y actuaciones sectoriales, pero
en ningún caso suplantar actuaciones ministeriales, por tanto el conjunto
de los ministerios sigue manteniendo sus plenas competencias para
desarrollar las que le corresponden y la Comisión se reúne para tratar de
establecer mejor sincronización en el conjunto de iniciativas en
beneficio de la acción conjunta del Gobierno, y ha servido para estimular
también a todas las administraciones a quienes competen las actuaciones
concretas.

Ya he dicho que hay competencias propias de la Junta de Andalucía, que
por supuesto respetamos, y a la que corresponde por ejemplo cualquier
actuación en materia de educación o de sanidad y que deben ser iniciadas
y acordadas por los órganos correspondientes de la Junta de Andalucía.

Hay otras actuaciones que se puede interpretar que son competencia
concurrente de ambas administraciones. Para ello el Gobierno ha elaborado
un documento, la Junta de Andalucía ha elaborado otro documento, y sobre
los mismos hemos tenido ya una primera reunión para identificar las dos
administraciones nueve ámbitos de actuación conjunta, porque en ellos es
posible establecer una concurrencia de actuaciones. Aquí se van a
inscribir: la política de incentivos regionales, la de subvenciones
industriales, la de ayudas a las pequeñas y medianas empresas, la autovía
Jerez-Los Barrios, la colaboración para los desdoblamientos y
acondicionamientos del tramo Chiclana-Conil-Vejer, y en materia de pesca
la posibilidad de abordar un plan de modernización de las flotas
pesqueras que residen en los puertos de La Línea y de Algeciras.

Y dejo para el final el relato detallado de todo aquello que, siendo
competencia del Estado, ha puesto en marcha este Gobierno y coordina la
Comisión Interministerial.

En primer lugar, el Ministerio de Justicia. Este Ministerio ha impulsado,
y las Cortes han sancionado, la creación de una Sección de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Algeciras. El Ministerio de Justicia y estas
Cortes han sancionado también una ley --recientemente esta Cámara ha dado
luz verde a la modificación de la Ley de Planta-- para la creación de un
nuevo juzgado de lo contencioso-administrativo también en Algeciras. (El
señor Carracao Gutiérrez hace signos negativos.)
A su señoría no le parecerá importante que Algeciras tenga Sección de la
Audiencia o que tenga un juzgado de lo contencioso, pero son realidades
que demuestran la vocación de descentralización y de capacidad de
atención a las necesidades de una comarca tan singular como la que su
señoría ha descrito y que es el Campo de Gibraltar.

Este Gobierno ha decidido la creación de una Jefatura de Tráfico en La
Línea de la Concepción. También hemos finalizado prácticamente, en
materia de industria y energía, el estudio de dos planes: el Plan
integrado de revitalización del Campo de Gibraltar y el Plan para la
reindustrialización del Campo de Gibraltar. Con ello se pretenden, entre
otros objetivos, nuevas implantaciones industriales para atender los
mercados emergentes del norte de Africa; la posible ampliación de las
empresas ubicadas en la zona, el desarrollo de una posible zona de
actividades logísticas; la creación de una zona franca; la potenciación
de desarrollo de actividades asociadas a los tráficos portuarios y la
potenciación y desarrollo, a través de las PYMEs, de un sector de
servicios comerciales, turísticos y de ocio.

En todo caso, para llevar a cabo la reindustrialización inicial de la
zona, se ha previsto en los presupuestos generales del Estado para el año
2000 un partida, señor Senador, de 5.000 millones de pesetas. (El señor
Carracao Gutiérrez hace signos negativos.) Sí, señoría, una de 5.000



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millones de pesetas a gestionar por el Ministerio de Industria y Energía
para créditos a 15 años e interés cero.

Supongo que ésta será una buena noticia, señor Senador, porque da la
impresión de que le estoy dando disgustos a lo largo de mi intervención.

Por lo que respecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el INEM
viene subvencionando programas de empleo en los siete municipios de la
mancomunidad. Entre estos programas están las acciones para orientación
para el empleo, en las que se ha pasado de algo más de 1.000
beneficiarios en 1996 a casi 5.000 en 1999, y los planes de empleo de
adquisición de experiencia profesional, en los que de 350 beneficiarios y
80 millones de pesetas en 1996 se pasó, en 1999, a 1.200 beneficiarios y
a 180 millones de pesetas.

Por lo que respecta a las escuelas-taller y casas de oficios, el total de
alumnos asciende a 569 y el total de las subvenciones es de más de 700
millones de pesetas.

En materia de medio ambiente existen dos áreas de actuación principales:
actuaciones hidráulicas, con proyectos que se encuentran en diferente
situación administrativa impulsados por la Confederación Hidrográfica del
Sur, algunas de ellas en colaboración con la Junta de Andalucía, por
ejemplo, el saneamiento y depuración de las aguas de la bahía de
Algeciras, la reutilización de las aguas residuales depuradas, la mejora
del abastecimiento a poblaciones, la regulación del Hozgarganta, y el
trasvase Guadarranque-Charco Redondo. El total de las actuaciones
asciende a 27.842 millones de pesetas. Y la Dirección General de Costas
está estudiando en estos momentos, y está ya en fase de preparación la
correspondiente previsión presupuestaria --por tanto aquí le digo que no
está todavía en los presupuestos pero lo estará, señor Senador-- la
construcción del paseo marítimo de Torreguadiaro, la prolongación del
paseo marítimo de La Tunara y la rehabilitación de la Torre de Vigía y su
entorno en la playa de Levante.

En cuanto al Ministerio de Fomento, y en materia ferroviaria, se están
estudiando en estos momentos alternativas para la conexión bahía de
Cádiz-bahía de Algeciras definiendo un nuevo corredor para la
implantación de esta línea. También se está estudiando la optimización
funcional del corredor Madrid-Córdoba-Málaga-Algeciras. Y en lo que se
refiere a obras concretas, está previsto iniciar la mejora de la estación
de mercancías de San Roque con un presupuesto de 1.800 millones de
pesetas. Ochocientos siete millones de pesetas están expresamente
consignados para esta obra en los Presupuestos Generales del Estado del
2000. Próximamente se acometerán los proyectos necesarios para la
ejecución de las obras para las actuaciones de mejora de la línea
Bobadilla-Algeciras, cuyo presupuesto se estima en unos 3.000 millones de
pesetas.

En cuanto a carreteras, señor Senador, sabe que se encuentra en ejecución
el enlace de La Menacha, cuya licitación tuvo lugar el 4 de junio pasado
por un importe de 1.270 millones de pesetas. La duplicación de calzada de
la N-351 en la Línea de la Concepción, cuya terminación está prevista
para el año 2000. La mejora de la intersección de la N-4 en Barrio de
Jarana, con un pequeño importe de 45 millones de pesetas. Otro en la N-4,
en Torregorda, con 334 millones de pesetas. El refuerzo del firme entre
Chiclana y Algeciras, por 685 millones de pesetas. El modificado de
trazado y construcción del puente de la N-340, a la altura de Conil-Vejer
de la Frontera.

También cabe citar las obras recientemente inauguradas por este Gobierno,
como el acceso norte al puerto de Algeciras, que supuso una inversión de
5.173 millones de pesetas, o la variante de San Fernando, puesta en
servicio en junio con un presupuesto de 1.776 millones de pesetas.

Para el próximo año está prevista la licitación de las siguientes obras.

La remodelación del enlace de la comarcal 440 con la N-340 en Los
Barrios, siendo el presupuesto de 3.845 millones de pesetas. El enlace de
acceso a la zona petroquímica de San Roque, con 495 millones de pesetas.

El acceso sur de Algeciras, con un presupuesto de 2.204 millones de
pesetas; en este caso, está pendiente de licitación el acuerdo de
conformidad con el Ayuntamiento de Algeciras y están en marcha diversos
estudios informativos que, por razones de tiempo, no voy a detallar.

En relación con los puertos, la inversión en infraestructura en el puerto
de Algeciras entre 1996 y 1999 ascendió a 22.307 millones de pesetas, y
está previsto para el período 2000-2003 una inversión de 231.352 millones
de pesetas, lo cual demuestra la voluntad del Gobierno por mantener y
mejorar la competitividad del puerto de Algeciras.

Quiero subrayar por su importancia, señor Senador, las actuaciones de
SEPES en materia de suelo industrial, porque SEPES ha desarrollado en el
Campo de Gibraltar varios polígonos industriales; el de Cortijo Real, que
está totalmente vendido; el de Guadarranque, en el que quedan por
desarrollar 13 hectáreas; el de Campamento, que en estos momentos tiene
dos zonas de afección por parte del Ministerio de Defensa y de Renfe
sobre las que se está trabajando en estos momentos; y el de La Menacha
con una superficie de 361.000 metros cuadrados, cuyas obras de
urbanización ya han sido adjudicadas por un importe de 508 millones de
pesetas.

Yo creo, señorías, que este conjunto de actuaciones ponen de manifiesto
la voluntad del Gobierno de dar una atención preferente, desde el punto
de vista de las necesidades comarcales, al Campo de Gibraltar. Porque
para poner fin a la situación de dependencia secular del Campo de
Gibraltar en relación con la colonia, independientemente de las gestiones
y negociaciones de carácter diplomático que se mantienen permanentemente
con el Reino Unido, es importante cambiar la dirección de los flujos que
en estos momentos convierte a Gibraltar en un elemento de succión de la
riqueza que se genera en el entorno del Campo de Gibraltar. Si
conseguimos que el desarrollo del Campo de Gibraltar, gracias a la
actuación conjunta de todas las Administraciones: Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Gobierno de España, cree las
condiciones de desarrollo para que en los próximos años el Campo de
Gibraltar y el entorno de las provincias de Cádiz y Málaga se conviertan
en elemento de succión que demuestre las ventajas en relación con la
colonia y que el polo de atracción esté en el territorio del Campo de
Gibraltar, será mucho más sencillo de ganar la batalla diplomática.




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Convencidos, como estamos todos, de que éste puede ser uno de los caminos
a seguir, lo estamos impulsando, teniendo presente los intereses de los
habitantes del Campo de Gibraltar y de La Línea, así como los de todos
los españoles, para que Gibraltar vuelva a ser territorio de la soberanía
española.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.

Tiene la palabrea el Senador Carracao.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señora Presidenta, señorías, señor
Vicepresidente Primero del Gobierno, no es mi intención en absoluto
meterme con usted, que ha demostrado un talante de cooperación con la
Junta de Andalucía que ojalá se aplicara en el resto del Gabinete, y que
ojalá se aplicara el propio Presidente del Gobierno, que no accede a
recibir al Presidente de la Junta de Andalucía. (Varios señores Senadores
del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ahí! ¡Ahí!--Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
Ustedes griten. Cuando la realidad se les pone muy tozuda nos gritan e
intentan descalificarnos, ¿verdad, señor Atencia?
Eso no les da la razón. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) No les da razón ninguna.




La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, un momento, por favor. No
dialoguen. Señorías, guarden silencio.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Hago caso de su recomendación y se lo
agradezco.

El que traten de descalificar no les da la razón.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, es verdad; le reconocemos ese
talante que ha tenido usted con el Gobierno de Andalucía. Lo echamos de
menos. Echamos de menos ese talante suyo en el resto del Gabinete
--permítame que se lo diga--, el cual piensa que Andalucía es un
«territorio comanche». Van allí a tratar de descalificar al Presidente de
la Junta de Andalucía. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Pero permítame también que haga algunos
comentarios sobre su intervención.

Usted empieza dando la cifra de la reducción del desempleo, y es una
cifra satisfactoria. Pero ¿por qué se la quieren arrogar ustedes en
Andalucía sólo para el Gobierno central? ¿Por qué no reconocen que la
mayor parte del apoyo a las actividades productivas lo da el gobierno de
Andalucía y es consiguientemente éste el que consigue esa reducción de
empleo en el Campo de Gibraltar? (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Necesitan ustedes una dosis de humildad, y se la
vamos a dar pronto, señorías; se la vamos a dar pronto, Senador Atencia.

(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El Ministro de Fomento llega al campo de Gibraltar y dice que elabora un
plan de inversiones a corto y largo plazo; el Ministro de Industria, el
plan de revitalización industrial. Lleva usted razón. En los Presupuestos
Generales del Estado que ustedes pretenden aprobar para el año 2000
aparece una partida de 1.000 millones de pesetas, señor Vicepresidente
del Gobierno, cantidad tan insignificante que sus dirigentes en la zona
no se han atrevido a hacerla pública; hemos tenido que hacerlo desde la
oposición. Son 1.000 millones de pesetas para créditos, una cantidad muy
pequeña, señor Vicepresidente Primero. Enmiéndenla ustedes. Elévenla de
verdad a esos 5.000 millones. Porque estoy de acuerdo con usted en que el
principal reto es el de que, entre las distintas administraciones,
tratemos de romper definitivamente la desarticulación espacial y
económica que afecta al Campo de Gibraltar. Eso pesa como una losa sobre
ese territorio. Pero le han preparado a usted una intervención con
muchísimos errores, porque incluso introduce cosas totalmente ajenas al
Campo de Gibraltar, y yo lo entiendo. Su señoría no puede conocer el
territorio del Campo de Gibraltar como quien reside en él (Un señor
Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Lo conoce mejor!), como quien
tuvo responsabilidades políticas a nivel local en el Campo de Gibraltar.

Eso lo entiendo y lo justifico. Pero, por favor, tiene que decir a la
persona que le haya preparado su intervención: No metas los temas de
Conil; no metas los temas de San Fernando, porque ése no es el territorio
del Campo de Gibraltar.

Usted podría haber sintetizado su intervención diciendo: En los cuatro
años hemos pagado 1.800 millones de pesetas en el Campo de Gibraltar. Y
los ciudadanos pueden pensar, a lo mejor, que esas obras que adjudica el
Gobierno socialista, cuya ejecución se inicia durante el mandato del
Gobierno socialista, las pagan ustedes de su bolsillo. Porque usted dice:
Las pagamos nosotros. Quisiera saber cuánto han descontado del sueldo de
sus señorías para hacer frente a esos pagos.

Señor Vicepresidente del Gobierno, me parece que es poco serio decir que
lo importante no es planificar y adjudicar las obras, sino el Gobierno
que viene luego y las paga, como si eso lo pagaran ustedes de su bolsillo
y no lo pagáramos con los impuestos de todos los ciudadanos españoles.

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios
señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que
no se perciben.)
No me parece serio decir, señorías, que lo importante es ir después a
pagar la obra que se ha ejecutado. (Rumores.)
Espero que en el segundo turno, entre todo el rosario de cuestiones que
le han preparado, nos anuncie un nuevo proyecto que sirva para impulsar
el desarrollo del Campo de Gibraltar. No puede hacer referencia a la
escuela taller como una medida especial para el Campo de Gibraltar porque
existen en todo el territorio español y, por tanto, no es nada especial
para impulsar el desarrollo del Campo de Gibraltar; no puede decir nada
de las medidas en materia medioambiental porque brillan por su ausencia,
no han consignado una sola peseta, además de haberse declarado zona de
interés general; no pueden hablar de medio ambiente



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en el Campo de Gibraltar. La única obra adjudicada, la de la EDAR de La
Línea, es un proyecto del Gobierno socialista; existían 5.000 millones
para empezar a depurar los núcleos que vierten al Guadiaro, la EDAR de
Ronda, pero ustedes la han quitado de los presupuestos, y hasta ahora.




La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, ha concluido su tiempo. Podrá
utilizar luego el turno de portavoces.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Termino, señoría.

Señor Vicepresidente del Gobierno, le animo a que continúe con ese
talante de colaboración con la Junta; que impulse las cuestiones que
están pendientes entre el Gobierno de Andalucía y el Gobierno central y
se avenga usted a ellas; que traten de elaborar ese plan conjunto porque
ese es nuestro ánimo y nuestro deseo. (Rumores.) La intención de esta
interpelación ha sido sacarle a usted ante la Cámara para comprometerle y
para que, después de nueve meses, se ponga a trabajar en esa Comisión y
elabore ese plan conjunto con el Gobierno de Andalucía. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Varios señores Senadores del
Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carracao.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señora Presidenta.

Señor Senador, se equivoca usted si personaliza las políticas del
Gobierno; se equivoca, porque las políticas del Gobierno son del conjunto
del Gobierno y luego hay responsables de su ejecución.

El conjunto de iniciativas que se contienen en la propuesta de
colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España las han
elaborado cada uno de los Ministros del Gobierno y cada uno de los
Ministerios, y el encargo que ha recibido este Vicepresidente es el de
trasladar el conjunto de propuestas de iniciativas concurrentes a la
Junta de Andalucía.

¿Que a usted, en este momento, le conviene hacer una disquisición entre
buenos y malos? Pues es una simplificación que, seguramente, pueda
resultar interesante y exitosa, desde el punto de vista informativo, pero
lo que hay aquí es una posición de Gobierno, una propuesta del Gobierno y
una voluntad del Gobierno, en su conjunto, independientemente de las
circunstancias personales de quienes dirigen cada uno de los
Departamentos Ministeriales afectados.

En segundo lugar, en relación con lo que está ocurriendo en España, es
estéril discutir quién crea empleo y quién no lo crea porque hay un hecho
evidente, que entre 1982 y 1996 no se creó empleo en España sino que se
destruyó. Ese es un dato de las Encuestas de Población Activa y está
entre los datos del paro registrado del INEM. Por lo tanto, el hecho de
que durante esos años no se creó empleo y se incrementó el paro es un
dato, señor Senador, y el que desde 1996 hasta hoy se está creando empleo
--que, probablemente, al final de la legislatura alcancemos la cifra de
1.800.000 empleos netos-- y que, en estos momentos, el paro registrado se
ha reducido a la tercera parte es otro dato, señor Senador.

Los que creen que en política hay efectos sin causas son muy libres de
atribuirse todo, por ejemplo, que no fueron culpables del paro durante 13
años y que son responsables del empleo ahora que están en la oposición,
señor Senador. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy
bien!)
Yo creo que ese debate no nos lleva a ninguna parte, hay una nueva
política con unos nuevos resultados y, quiera o no quiera, esos
resultados se deben a la política general, diseñada para aumentar el
crecimiento de nuestro país, mejorar la competitividad, aumentar el
ahorro y la inversión, y crear puestos de trabajo, y ahí están los
resultados.

Finalmente, una tercera consideración, señor Senador, no entiendo muy
bien el concepto que usted tiene de políticas para el Campo de Gibraltar,
porque he creído entenderle que sólo aquello que está físicamente en los
siete municipios le conviene al Campo de Gibraltar. Por ejemplo, en la
autovía Jerez-Los Barrios, ¿dónde ponemos la atribución al Campo de
Gibraltar, en qué kilómetro? ¿La computamos desde Jerez o sólo en el
municipio de Los Barrios? ¿No le parece que a la hora de diseñar la
política de infraestructuras para servir la capacidad de comunicación de
una comarca no tiene límite en la frontera física de esa comarca? Para
comunicar la zona de la bahía de Cádiz con el Campo de Gibraltar, ¿no
habrá que hacer todo lo que haga falta en ferrocarril o en carretera
desde la bahía de Cádiz hasta el Campo de Gibraltar? Por qué no vamos a
poder decir que estamos haciendo y diseñando actuaciones en todos los
corredores, para vertebrar mejor el Campo de Gibraltar con la bahía de
Cádiz, y con Sevilla, Córdoba, Madrid y el resto de Europa, señor
Senador.

Creo que ese proyecto le interesa al Campo de Gibraltar, como el
desarrollo del Campo de Gibraltar nos interesa al resto de los ciudadanos
españoles. Este último argumento que ha utilizado de medir sólo el Campo
de Gibraltar por la presencia física de inversiones es un concepto
restrictivo para el Campo de Gibraltar. Creo que es un mal argumento y
debería defender, señor Senador, que se pongan en marcha todos los
corredores de comunicaciones que afectan al Campo de Gibraltar dentro de
su territorio o en el resto del itinerario. Ese es el concepto moderno de
las comunicaciones y, desde este punto de vista, las comunicaciones se
convierten en factor de localización. No van a ir iniciativas ni
proyectos al Campo de Gibraltar lo mismo si falta un trozo de autovía en
el territorio del Campo de Gibraltar que si falta en Jerez, estará
incomunicado el Campo de Gibraltar.

En todo caso, sepa que este Gobierno apuesta por una concepción global en
el conjunto de las infraestructuras



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que son competencia del Gobierno de España, municipales o de la
Diputación, y de la Junta de Andalucía. Y con este concepto seguiremos
trabajando para sacar adelante el objetivo de convertir al Campo de
Gibraltar en estos momentos en polo de atracción de la colonia de
Gibraltar. Una vez que demos ese paso, el Gobierno cree que los
siguientes para la recuperación de la soberanía estarán mucho más cerca.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Puesto que no hay intervención de los
demás grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el Senador Carracao.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, estoy de acuerdo con usted en
que el tramo Torreguadiaro-Estepona supone un impedimento grave para
romper la facilidad de acceso al Campo de Gibraltar y su correspondiente
salida. Es importantísimo que ese tramo se desdoble y no se convierta,
como es el propósito del proyecto actual, en una simple travesía urbana
con innumerables rotondas. Aplique usted eso mismo que está diciendo,
porque efectivamente para romper esa desarticulación espacial es
absolutamente necesario no hacer sólo la obra en Algeciras, sino en esas
vías que permiten la accesibilidad al Campo de Gibraltar.

Esto no es lo que yo le dije, y usted ha querido aprovecharlo; lo que yo
le dije es que le han introducido en su discurso algunas actuaciones que
no tienen nada que ver con el Campo de Gibraltar, ni tan siquiera en
materia de infraestructuras. Usted ha leído una relación de proyectos,
que me ha encantado oírlos, porque entiendo que su señoría está asumiendo
la propuesta que le hace el Gobierno de Andalucía. (Rumores.) Tenía
entendido que era así, y por eso me ha encantado oírle hablar en esta
tribuna de la Ronda Exterior, de las conexiones ferroviarias bahía de
Cádiz con la bahía de Algeciras, del acondicionamiento de la línea
ferroviaria Algeciras-Bobadilla, etcétera. Pero me sentiría mucho más
satisfecho si pudiera comprobar que existe en los Presupuestos Generales
del Estado una partida para este fin, por pequeña que fuera. (Rumores.)
Le iba a dar a usted mucha más credibilidad, y tanto mi satisfacción como
la de los campogibraltareños sería infinitamente mayor.

No pongo en duda que la intervención de su señoría esta tarde en esta
Cámara, el Senado, esté llena de buena voluntad, y que, en la medida que
usted pueda, como Presidente de la Comisión Interministerial, va a
propiciar que esos compromisos se recojan en los Presupuestos Generales
del Estado. La mejor muestra es que acepten ustedes las enmiendas que
desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a proponer, o que se
autoenmienden, que también pueden hacerlo. (Un señor Senador: ¡Gracias!)
Pero no hable de la conexión ferroviaria bahía de Algeciras con bahía de
Cádiz, cuando el estudio lo está efectuando con cargo a sus presupuestos
la Junta de Andalucía. Y su señoría lo sabe bien, porque hay un
compromiso en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados para
estudiar también la conexión ferroviaria con Fuengirola-Málaga, por esa
posibilidad que cobra tanta fuerza de que el AVE pueda llegar a Málaga y,
sin embargo, no aparece ni una sola peseta en los Presupuestos Generales
del Estado simple y llanamente para hacer el estudio de viabilidad de esa
conexión ferroviaria con Fuengirola-Málaga.

Señor Vicepresidente del Gobierno, créame que mi intención no ha sido en
absoluto motivar un enfrentamiento entre la Comisión Interministerial y
el Gobierno de Andalucía. Todo lo contrario. He pedido en mi
intervención, en primer lugar, que se haga un esfuerzo coordinado,
intenso y sostenido de todas las administraciones públicas que tienen
responsabilidades en el Campo de Gibraltar.

Voy a confiar en su buena voluntad, pero diga usted de verdad que ese
calendario de reuniones al que se comprometió con el Presidente Chaves en
Sevilla se va a poner en marcha porque, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno, el resto de sus colegas, el resto de los Ministerios, no le han
entregado ni un solo papel que diga: éstos son los proyectos que tiene mi
Ministerio para el Campo de Gibraltar. Usted simplemente está asumiendo
la propuesta que hace el Gobierno de Andalucía, y lo entiendo, porque el
Campo de Gibraltar está suficientemente diagnosticado. Todos sabemos cuál
es el mal. Lo importante es la receta, el medicamento que le
proporcionemos. Y sepa de verdad que la receta de la represión en la
verja no es buena. Ustedes provocan ese incendio y después quieren
sofocarlo. Escudriñen los Presupuestos Generales del Estado para el Campo
de Gibraltar, no hallan ni una sola peseta. No hay agua en esos aljibes.

No pueden apagar el fuego. Constituyen la Comisión Interministerial, que
aplaudimos en su momento. Reiteramos nuestro aplauso. Les animamos a que
el calendario que se compromete con el Gobierno de Andalucía se ponga
realmente en marcha, que seamos capaces de sacar de la confrontación
electoral a ese territorio que requiere esa ayuda coordinada de todas las
administraciones.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, tengo todavía la esperanza de
oírle decir que asume ese compromiso con el Gobierno de Andalucía.

Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carracao.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Mancha.




El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, Senador Carracao, señorías,
hago uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
manifestar nuestra postura acerca de la interpelación que el Grupo
Parlamentario



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Socialista plantea al Gobierno en relación con las políticas que el mismo
está llevando a cabo para desarrollar el Campo de Gibraltar.

Después de escuchar las explicaciones técnicas y económicas del señor
Vicepresidente del Gobierno no me corresponde entrar en un análisis
detallado de las mismas, pues nos imaginamos que ya tendremos tiempo de
debatirlas en la próxima moción --si la hubiere--, consecuencia de esta
interpelación. Pero deseo --y debo hacerlo-- realizar algunas
observaciones sobre su iniciativa e intervención, señor Carracao.

Cierto es que no nos encontramos ante una interpelación de marcado acento
localista, puesto que la comarca del Campo de Gibraltar es, sin duda, la
que está más claramente definida y consolidada en Andalucía, y
probablemente también en el territorio nacional. Para hacerla singular se
entremezclan motivaciones históricas --a las que su señoría se ha
referido-- y una peculiar situación geográfica, y ambas circunstancias
tienen una gran repercusión en la vida social y económica del Campo de
Gibraltar.

Con estas palabras comenzaba una proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica en julio de 1996, por
la que se instaba al Ejecutivo del señor Chaves a realizar una apuesta
valiente y decidida por aquella zona. Dicha iniciativa carecía de
aristas, de ruidos y de provecho propio, y sólo recogía un sentimiento
unánime de toda la ciudadanía campogibraltareña. Sin embargo, no encontró
eco y fue rechazada por el Grupo Socialista y los nacionalistas
andaluces. Y no deja de ser paradójico que los dirigentes de ambas
formaciones, allí, en el Campo de Gibraltar, a pie de obra, manifestaran
la urgente necesidad de salir del aislamiento en que se encontraban.

Ahora, cuando analizamos con rigor su interpelación, he de decirle con
mucho respeto, señor Carracao, que ésta se nos antoja carente de
perspectiva. Y me explico. Su señoría representa una personalidad
importante en el Campo de Gibraltar. No en vano ha regido durante años
los destinos de una de sus poblaciones, ha sido largo tiempo Presidente
de la Mancomunidad, y fue Senador electo en la última legislatura, bajo
Gobierno socialista. Conocedor profundo de la problemática de la zona,
realiza aquí y ahora un ejercicio de reivindicación olvidando con
facilidad su pasado. Pero los pasados, señor Carracao, no deben
olvidarse, so pena de volver a repetirlos.

Su señoría ha permanecido demasiado tiempo en silencio: cuando
prácticamente las siete localidades de la comarca estaban dirigidas por
alcaldes socialistas; cuando usted regía los destinos de la Mancomunidad;
cuando la Diputación Provincial era --como hoy es-- de color socialista,
y cuando tanto el Gobierno autonómico como el de Madrid eran de su
Partido.

Permítame que le diga con el mayor de los respetos que su iniciativa se
nos presenta desafortunada, claramente electoralista y, sobre todo,
injusta. Si su señoría hubiera acudido a esta Cámara para decir: Estos
son mis poderes, saludaríamos su interpelación. Pero usted sabe quiénes
han sido y siguen siendo los verdaderos responsables del aislamiento y el
olvido que ha sufrido ese trozo de la geografía gaditana. La memoria
histórica más reciente está ahí, y no es saludable olvidarla.

Por tanto, señor Carracao, debe usted tranquilizarse, debe sosegarse y
realizar un ejercicio de coherencia política. Porque el Gobierno actual
de España se ha comprometido con su tierra, y usted lo sabe. El señor
Vicepresidente Primero del Gobierno ha dado sobradas muestras de su
sensibilidad para con la comarca. Jamás una Administración, en tan escaso
margen de tiempo, ha hecho --como es su obligación-- tanto por nuestro
Campo de Gibraltar. Y es que usted, señor Senador, debe mirar a su lado.

Su señoría se ha referido, en una ceremonia de pleitesía, al gran
esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía. Pero no debería haberlo
hecho, porque usted sabe que más del 80 por ciento de las competencias en
materia de gestión y administración de ese territorio están transferidas
al Gobierno de Andalucía, al señor Chaves.

Quien les dirige la palabra en estos momentos es parlamentario autonómico
desde 1990 y les puedo asegurar que las instancias al Gobierno del
Presidente Chaves han sido incesantes para que se sensibilice con su
territorio, y he de manifestarle, con dolor, Senador Carracao, que ni una
siquiera prosperó.

Le suministraré, telegráficamente, algunos datos: El mapa sanitario en el
Campo de Gibraltar es el que sufre mayor abandono. Hasta cinco módulos
están esperando su realización y fueron comprometidos ya en los
presupuestos de 1990. El parque residencial de viviendas sufre una
marginación insostenible. Barriadas como El Saladillo, en Algeciras, con
1.050 unidades, Miraflores, en San Roque, San Bernardo o La Sacra, en La
Línea, están demandando a voces actuaciones inmediatas, que nunca llegan.

Y qué decir de la obra emblemática, por antonomasia, la A-381, que una
las poblaciones de Jerez y Los Barrios. Ya en 1990 encontramos dotaciones
presupuestarias para esta realización, que se repite ejercicio tras
ejercicio, y tiene que asumir la responsabilidad el Gobierno del Partido
Popular para que en 1997 se inicie esta vital arteria, cofinanciada por
las dos administraciones. Igual sucede respecto al cruce de La Menacha y
El Higuerón, competencia de la Junta, respecto a la ausencia de planes
territoriales de empleo para revitalizar la zona... Finalizo, señora
Presidenta, señorías. Cierto es que podría seguir desgranando un sinfín
de incumplimientos y abandonos, de desidias por parte de las
administraciones socialistas. Tiempo habrá.

Por todo ello, señor Carracao, le pido rigor y le niego el oportunismo y
el electoralismo. Esperamos su moción y será entonces cuando,
escudriñando en las entrañas de ese querido Campo de Gibraltar, cada uno
presente sus balances. Yo le invito a que caminemos juntos. Nada nos
separa de la administración autonómica. Estamos claramente condenados a
entendernos. No busque la confrontación, porque no es eso lo que desean
los ciudadanos campogibraltareños.

Mientras tanto, Senador Carracao, ni usted ni yo debemos olvidar el
pasado ni el presente.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Mancha. (El señor Carracao
Gutiérrez pide la palabra.) Senador Carracao, ya ha consumido su turno
por el artículo 87.

Le concedo un turno por tres minutos.

Su señoría tiene la palabra.




El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

No, no voy a cansar a la Cámara utilizando los tres minutos. Solamente,
quiero decir al Senador Mancha, con todo el afecto, que ojalá todos nos
pudiésemos sentir tan orgullosos del pasado como yo me siento del mío y
lo asumo, con todas las consecuencias. Simplemente, eso, señor Mancha,
que todos y cada uno nos sintamos de acuerdo con nuestro pasado y
orgullosos respecto del mismo.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro de la
Presidencia.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.

Señores Senadores, me gustaría que este turno fuera, al mismo tiempo,
breve, de cortesía y también un turno en el que aportara algún dato sobre
el último requerimiento que me hacía el señor Senador interpelante.

En todo caso, quiero reiterarle mi gratitud, como hice al principio de mi
intervención, porque creo que el traer a esta Cámara los problemas del
Campo de Gibraltar confirman también el interés del Parlamento. El
interés del Gobierno creo que ha quedado de manifiesto con el paso que
hemos dado con la creación de la Comisión Interministerial y celebro que
también sea uno de los temas prioritarios de la actualidad del Senado, el
realizar el seguimiento de todas las actuaciones que se vienen realizando
por el Gobierno de España en el Campo de Gibraltar.

Quería hacer, como le decía, dos precisiones.

En primer lugar, he podido encontrar la página de los Presupuestos
relativa al Ministerio de Industria --para que sepa su señoría que el
Ministro de Industria está haciendo lo que en los acuerdos de la Comisión
Interministerial se comprometió a hacer-- y no son 1.000 millones de
pesetas, sino 5.000 millones de pesetas, señor Senador. En todo caso,
probablemente responda al problema de las dificultades de traslado de los
Presupuestos del Congreso al Senado. Pero le aseguro que en los que están
en el Congreso figuran 5.000 millones de pesetas: 1.000 para políticas de
reindustrialización en el sector público para el Campo de Gibraltar y,
cinco líneas más abajo, 4.000 para políticas de reindustrialización en el
sector privado en el Campo de Gibraltar --yo creo que el sector privado
también puede colaborar en la reindustrialización del Campo de
Gibraltar--. En total, 5.000 millones de pesetas.

En todo caso, no quiero anticiparme y sustituir los debates
presupuestarios en esta Cámara y su señoría tiene plena libertad para
formular las enmiendas que desee.

Le voy a insistir en una propuesta del Gobierno Central al de la Junta de
Andalucía, explícitamente incluida en el documento que, como resumen de
las iniciativas concurrentes, a través mío recibio el Gobierno de la
Junta y su Presidente, señor Chaves.

En cuanto a la autovía Jerez-Los Barrios, sabe su señoría que hay un
convenio, en virtud del cual los proyectos y las licitaciones son
realizados por la Junta de Andalucía y las obras se financian al 50 por
ciento entre ésta y el Ministerio de Fomento. Hay una oferta de adelantar
la licitación y la construcción de los seis tramos, señor Senador. El
Gobierno de España está dispuesto a adelantar la financiación, no de uno
ni de dos ni de tres, de los seis tramos de la autovía Jerez-Los Barrios.

Yo le ruego, señor Senador, que nos apoyen en esta propuesta porque la
puesta en servicio de dicha autovía cambiará radicalmente la
incomunicación del Campo de Gibraltar.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.




CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--PROYECTO DE LEY SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE
UNA PRESTACION DE SERVICIOS TRANSNACIONAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000159) (C. D. 121/000181).




La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día,
conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, Proyecto de Ley sobre el desplazamiento de trabajadores
en el marco de una prestación de servicios transnacional. Se tramita por
el procedimiento de urgencia. No se han presentado enmiendas a este
Proyecto de Ley dentro del plazo que al efecto se señaló.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces?
(Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Granado Paniagua.




La señora GRANADO PANIAGUA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, voy a intervenir muy brevemente porque, sin duda alguna, todos
los grupos de esta Cámara estamos de acuerdo en la necesidad de esta ley,
la cual vamos a votar favorablemente. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)
Mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, no ha presentado enmiendas a
este proyecto de ley porque las que presentamos en la tramitación en el
Congreso de los



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Diputados fueron admitidas, mejorando técnicamente el texto y adaptándolo
más adecuadamente a la Directiva 96/71 de la Comunidad Económica Europea,
que da origen al proyecto.

Por tanto, desde mi Grupo valoramos positivamente este proyecto de ley,
así como la trasposición de la Directiva europea al ordenamiento jurídico
español, que viene a cubrir la necesidad existente de regular las
condiciones de los trabajadores desplazados en el marco de la prestación
del servicio transnacional.

La realidad nos ha demostrado que cada vez es más normal que en el
espacio económico europeo una empresa de uno de los países miembros
desplace a sus propios trabajadores a otros países del entorno. Por ello,
coincidimos en la necesidad de esta ley, dada esta nueva situación, la
cual ha sido objeto de legislación en otros proyectos de ley, de acuerdo
con la liberalización del mercado de trabajo y la libre circulación de
los trabajadores.

Por último, quiero hacer una reflexión, en el sentido de la necesidad que
tenemos de avanzar más deprisa en legislar a nivel europeo, tratando de
homogeneizar las distintas legislaciones laborales, de forma que podamos
avanzar social, política y laboralmente, lo que, sin duda, influirá
también en hacerlo económicamente, que es en el aspecto que más se ha
evolucionado en los últimos tiempos, olvidando de algún modo los otros
aspectos que para nosotros, para mi Grupo, son de una gran importancia.

Una de las señas de identidad de la Unión Europea es la defensa de los
derechos sociales, humanizando y dando un contenido social a los
conceptos más en boga de globalización, pensamiento único y mercado. Los
Socialistas no vamos a renunciar a esta dimensión social, por lo que
vamos a dar, como decía al principio de mi intervención, nuestro sí a
este proyecto de ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora
Granado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do Campo
Piñeiro.




La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, intervengo muy brevemente en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para apoyar este proyecto de ley que supone la defensa de los
trabajadores desplazados en el marco de una prestación del servicio
transnacional.

Como bien es sabido y como viene recogido en la exposición de motivos de
este proyecto de ley, la libre prestación de servicios es una de las
libertades fundamentales presente en el Tratado de la entonces Comunidad
Económica Europea desde hace más de cuarenta años, pero fue en 1993 y
1996 cuando se produjo ese notable incremento de las prestaciones de
servicios transnacionales dentro de la Unión Europea. Esto conllevó a una
nueva circulación de trabajadores, los desplazamientos de trabajadores
temporales, que podía dar lugar a una desigualdad de las condiciones de
trabajo entre los Estados miembros y a situaciones de discriminación
entre los trabajadores de un determinado Estado miembro y los
trabajadores desplazados temporalmente a dicho Estado.

Por todo ello, fue aprobada la Directiva 96/1971 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de
una prestación de servicios, en la que se establece que los empresarios
respeten una serie de disposiciones imperativas de protección mínima de
los trabajadores establecidos por el Estado de desplazamiento, y que hoy
regulamos a través de este proyecto de ley, que persigue la consecución
de los objetivos pretendidos con su aprobación y su integración correcta
en el Derecho Laboral Español, desarrollando para ello esta Ley, su
objeto y ámbito de aplicación y definiciones tanto de desplazamiento
efectuado en el marco de una prestación de servicios como la de
trabajadores desplazados temporalmente, así como las obligaciones de los
empresarios, las competencias administrativas y los mecanismos de tutela
administrativa y judicial.

Por último, también quiero destacar las modificaciones que se introducen
en la Ley 14/1994, que regula las empresas de trabajo temporal, debatidas
también en esta Cámara hace pocos meses en lo que se refiere a la
actividad transnacional de estas empresas.

Por todo esto y teniendo en cuenta positivamente los informes del Consejo
Económico y Social, del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de
Estado, y considerando que incorpora adecuadamente la Directiva a nuestro
Derecho Laboral Español, vamos a votar favorablemente este proyecto de
ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senadora Do
Campo.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.

En consecuencia queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de
una prestación de servicios transnacional.




--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/1997, DE 24 DE ABRIL,
SOBRE DERECHOS DE INFORMACION Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN LAS
EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSION COMUNITARIA (S. 621/000156)
(C. D. 121/000166).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria.

No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo
que se señaló al efecto.

¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Portavoces? (Pausa.)



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¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.

En consecuencia, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales
el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril,
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA
LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS (S. 621/000158) (C. D. 121/000171).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, al
punto cuarto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos
y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.

Ruego al Presidente de la Comisión, Senador Beguer, nos diga a quién ha
designado para la presentación del dictamen.




El señor BEGUER I OLIVERES: A la Secretaria Segunda de la Comisión, doña
Francisca López Yébenes.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra la señora López
Yébenes.




La señora LOPEZ YEBENES: Muchas gracias, señor Presidente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1 del Reglamento del
Senado y según el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas,
Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en su reunión del día 28 de
octubre de 1999, tengo el honor de presentar hoy ante el Pleno de la
Cámara el dictamen elaborado como resolución final sobre el texto
remitido por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de
modificación de la ley 29/1985, de 2 de agosto, para su aprobación y
debate así procediera.

Señorías, el proyecto que se somete a debate tiene como finalidad adecuar
los objetivos, necesidades y demandas, mediante un texto modificado de la
Ley 29/1985, de manera que sin alterar sustantivamente la legislación se
dé respuesta a los nuevos retos que exige la gestión del agua, a las
puertas del nuevo milenio y de acuerdo con nuestra plena integración en
la Unión Europea, ante la necesidad de proteger el agua como recurso
natural y como bien medioambiental de primera magnitud.

El proyecto de ley de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, fue
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión de 28 de
septiembre, y tuvo entrada en esta Cámara el día 15 de octubre. La
Presidencia de la Cámara, al amparo del contenido del artículo 104 del
Reglamento del Senado, ordenó la remisión del proyecto de ley a la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones.

Al ser declarado urgente se comunica, a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo para la
presentación de enmiendas finalizaría el martes 19 de octubre.

El texto del proyecto consta de una exposición de motivos, un artículo
único con cuarenta y cinco apartados --a través de los cuales se
introducen modificaciones en el articulado de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas--, cinco disposiciones adicionales, una disposición
transitoria y una disposición final.

Al presente proyecto ha sido presentada una propuesta de veto, al amparo
del artículo 107 del Reglamento del Senado, por el Grupo Parlamentario
Socialista, publicado el día 22 de octubre en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado. Se han presentado igualmente 122 enmiendas, al
amparo del artículo 107 del Reglamento del Senado, publicadas asimismo el
día 22 de octubre en el mencionado Boletín, quedando distribuidas de la
siguiente forma: seis enmiendas a la exposición de motivos, por el Grupo
Parlamentario Socialista; 71 enmiendas al articulado, por el Grupo
Parlamentario Socialista; siete enmiendas al articulado, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; cinco enmiendas al
articulado, por el Grupo Parlamentario Popular; 25 enmiendas al
articulado, por los Senadores Blasco Nogués, Martínez Sánchez y Estaún
García, del Grupo Parlamentario Mixto; cinco enmiendas a las
disposiciones adicionales, por el Grupo Parlamentario Socialista; una
enmienda a la disposición derogatoria, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y dos enmiendas a la disposición final, por el Grupo
Parlamentario Socialista. De todas las enmiendas presentadas al proyecto
de ley, 69 son de modificación, 31 de adición y 22 de supresión.

La Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones, en su reunión del día 28 de octubre, elaboró un dictamen
que se remite a esta Cámara para ser debatido; un proyecto de ley que no
ha sido posible dictaminar por unanimidad en el seno de la Comisión, y
sobre el que no se ha podido transaccionar artículo alguno, quedando
aprobadas por mayoría todas las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.

El Senador Estaún García retiró sus enmiendas números 19 y 24, al
resultar repetición por error de las enmiendas números 18 y 23, quedando
rechazadas las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Mixto y de Senadores Nacionalistas Vascos, por lo que cada
uno de los grupos hará defensa de sus propuestas en el Pleno.

Se han presentado a este proyecto de ley tres votos particulares: uno por
el Grupo Parlamentario Socialista, uno por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas



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Vascos y otro por el Grupo Parlamentario Mixto. El dictamen de la
Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones
sobre este proyecto de ley ha sido publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, el día 29 de octubre de 1999.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Yébenes.

Se ha presentado un voto particular, el número 2, por el Grupo
Parlamentario Socialista que corresponde a la propuesta de veto número 1.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gallego López.




El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, me van a permitir, antes de comenzar la defensa del veto, que
eche de menos la presencia de la señora Ministra de Medio Ambiente,
responsable de aguas en el gabinete del señor Aznar. Quizá sea para
disimular la importancia que tiene esta reforma de la Ley de Aguas, que
ha llevado sobre sus hombros el Secretario de Estado de Aguas y que en
sus comparecencias en el Congreso ha dicho que se trataba, en algunos
casos, de meros retoques a la Ley, reconociendo también que había alguna
reforma en profundidad, sobre todo en el asunto de los cánones. De todas
formas, yo creo que es necesario resaltar que esta reforma supone un
parón y una marcha atrás, un parón en el desarrollo de la Ley de Aguas de
1985 y una marcha atrás en la gran conquista de aquella Ley de Aguas que
fue la consideración de que todas las aguas son públicas.

Es necesario, para ver en la situación en la que nos encontramos dentro
de la política hidráulica del Partido Popular, hacer un breve recorrido
por los hitos fundamentales de esta política. Se comenzó con un rechazo a
la política anterior al Plan Nacional de Regadíos, que se había aprobado
en avance por el Gobierno socialista, al anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional; se empeñaron en que la aprobación de los planes de
cuenca iba a producir por obra y gracia de su mezcla o de su
superposición una planificación nacional, y la aprobación de dichos
planes les llevó a un callejón sin salida; nos entretuvieron después con
la confección de un Libro Blanco que iba a propiciar un debate en toda
España sobre el asunto del agua, no hemos visto por ninguna parte ese
debate, no sabemos incluso dónde está en estos momentos el Libro Blanco
del Agua, ni siquiera las alegaciones que se han hecho a ese Libro Blanco
que, por cierto, repito una vez más desde esta tribuna, no se ha
presentado en sede parlamentaria como se prometió; no sabemos dónde está
el consenso en el borrador del Plan Nacional de Regadíos al que se
refería en días pasados el Ministro de Agricultura, se han incumplido
reiteradamente las fechas de presentación del Plan Hidrológico Nacional y
estamos ahora mismo en una cierta situación de no saber en dónde estamos
en los temas de planificación hidrológica. Mientras, desde el Grupo
Parlamentario Socialista hemos ofrecido reiteradamente consenso y
diálogo, pero también valoración de los pasos dados anteriormente. El
Partido Popular nos ha querido presentar este periplo en política
hidráulica como una nueva cultura del agua, y más bien, si analizamos
esta reforma, estamos en una contracultura, estamos en la consideración
del agua como un bien económico, en un concepto economicista del agua.

La gestión del Gobierno del Partido Popular en el tema del agua se resume
en dos decisiones políticas: la creación de las sociedades del agua, de
una manera opaca, camuflada en la ley de acompañamiento de los
presupuestos para 1997 sin debate en los foros correspondientes, las
sociedades de agua que son una coartada para justificar la falta de
inversión pública en obras hidráulicas, con las sociedades de agua se
financian intereses privados con dinero público que luego computan como
inversiones realizadas por el Gobierno, y, ahora, el Gobierno del Grupo
Popular nos presenta la reforma de la Ley de Aguas, una reforma que
significa una oposición radical al espíritu y a la letra de la ley
vigente, la Ley de Aguas de 1985, que en su momento supuso un gran avance
en materia de aguas, una modernización legislativa en los temas de agua y
la gran conquista: el dominio público hidráulico de todas las aguas,
conquista que desde la derecha nunca se consideró importante y a la cual
puso en su momento obstáculos, como aquel recurso de inconstitucionalidad
que, entre otros, firmaron 52 Senadores de la derecha, y ahora, por otra
vía, se quiere volver a que las aguas tengan una consideración de
privadas.

¿Qué significa, pues, la reforma? Un retroceso en lo fundamental.

Significa que el depositario de la concesión del agua, que no el dueño,
pueda venderla al mejor postor. Y justifican esta propuesta en aras de
unos objetivos teóricamente impecables, objetivos de ahorro, de eficacia,
de mejor uso del agua o de consideración del medio ambiente. Pero podían
haber elegido otros caminos, y ustedes lo reconocen. Podían haber elegido
el de la planificación, pero últimamente ya repiten todos ustedes que
ésta no es la panacea. Se han quedado en los planes de cuenca, en los
irreales planes de cuenca, y se han asustado al ver el callejón sin
salida en que se han metido al comprobar que sus planes contienen
demandas irrealizables que no casan entre sí y que son un obstáculo para
la planificación nacional que requiere el agua en España.

O podían haber elegido un segundo camino, el de revisar los
aprovechamientos haciendo un censo de los mismos y habiendo revisado una
por una todas las concesiones. Pero se escudan en que las Confederaciones
no tienen medios. Nosotros siempre hemos dicho que las Confederaciones
Hidrográficas deberían ser apoyadas con más personal y con más medios
económicos, pero los presupuestos generales para el año 2000 tampoco se
distinguen precisamente por estos apoyos.

Decía el otro día en la Comisión, recogiendo datos del Libro Blanco del
Agua, que de los 500.000 aprovechamientos que se reconocen hay unos
200.000 que no se sabe en qué situación están. Luego me referiré a ello.

Por eso, si esta reforma se aprobara, será de difícil cumplimiento.

Escogen ustedes la tercera postura posible para conseguir aquellos
objetivos teóricamente buenos: el mercado. Rechazan que se incluya en la
reforma que ustedes proponen



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que no se trata de introducir el mercado en el aprovechamiento del agua
y, sin embargo, leyendo la Memoria económica que ha elaborado el
Ministerio de Medio Ambiente, en su página 7 se dice textualmente que la
nueva ley introduce la posibilidad de negociar los derechos concesionales
del uso del agua y que la nueva ley flexibiliza el marco concesional
introduciendo un elemento de mercado. Es decir, que ustedes mismos hablan
de que se abre un mercado al agua. Si dejan la regulación del agua al
mercado, si utilizan el mercado como asignación de recursos en lugar de
utilizar la planificación, estaremos abriendo un camino a la
privatización del agua, al negocio del agua, no siendo lo suficientemente
duros como se requiere que se sea en esta reforma.

Además, han utilizado un procedimiento para la reforma, el de anunciarla
desde hace dos años, con lo cual, mientras llueve y entretienen un poco
al personal con la elaboración del Libro Blanco y con el señuelo del
debate nacional sobre el agua, han ido pasando esos dos años en los que
se han ido pronunciado distintos organismos y sectores relacionados con
el agua. Y a este respecto son significativos los votos particulares que
se produjeron en el debate del Consejo Nacional del Agua el año pasado.

Cuando aquellos debates se refieren a los contratos de cesión de derechos
privativos al uso del agua, el Consejo Nacional del Agua llama la
atención sobre la necesidad, y leo textualmente, de que se articulen
medidas que garanticen que los contratos sobre derechos al uso del agua
no lleguen a oponerse a los fines de interés general que determinan las
aguas como bien de dominio público. El Consejo Nacional del Agua previene
también acerca de situaciones de abuso vinculadas a la rentabilidad y al
papel tutelar de la Administración. Por tanto, se veían ya unos ciertos
peligros en la aplicación de esta reforma, y no solamente desde el Grupo
Parlamentario Socialista, desde el Grupo mayoritario de la oposición.

También se recogen las opiniones que sobre la reforma tienen los
sindicatos agrarios y los grupos ecologistas de oposición a la misma,
porque ven la privatización, ven el negocio del agua y ven un retroceso
en relación con la actual Ley de Aguas. Solamente hay ciertos apoyos por
parte de algunos que incluso consideran corta esta reforma, apoyos de
algunos que ven negocio en el tema del agua, de algunos que desearían la
liberalización absoluta del agua para que se pudiera acceder a ella con
capital, con dinero, para que llegara al mejor postor. Al final, ustedes
han elegido para traer a las Cámaras un debate de urgencia a propósito de
esta reforma cuando la sequía empezó a mostrar su peor cara y cuando
creían que así podía pasar más desapercibida.

Por eso, nuestro veto y nuestras enmiendas van dirigidas a reiterar el
carácter público del agua, de todas las aguas. La introducción de lo que
ustedes llaman eufemísticamente flexibilización en la cesión de los
derechos al uso del agua afecta a la consideración de dominio público
hidráulico, pues se concede el agua para que sirva de negocio entre
particulares. Será el interés del mercado el que prime, teniendo ventaja
los que más puedan pagar y resucitando así viejas subastas de agua y un
mercado que ya se había abandonado.

El agua es una concesión muy especial porque es un recurso muy especial;
no hay que olvidar que afecta a la vida, a la naturaleza y a la economía,
pero no sólo a la economía. Y nosotros presentamos este veto porque
echamos de menos que no se haya aprovechado la reforma para profundizar
en la planificación. Pudimos encontrar puntos de consenso en ese campo,
en la elaboración de une plan hidrológico nacional o de un plan nacional
de regadíos, como pudimos encontrar el consenso en el tema de los
vertidos, de la calidad de las aguas, de la aplicación de nuevas
tecnologías del agua que resolvieran esta situación --me refiero, en
concreto, al tema de la desalación--, en el de la calidad medioambiental
y en el tema de los canales. Sin embargo, han ido por la vía de en medio
--dicho vulgarmente-- y han presentado su proyecto de reforma como un
rodillo parlamentario, para que puedan exponerse las opiniones pero sin
que exista la posibilidad de cambiar lo que ustedes deciden.

Además, creo que no han calibrado el alcance de la reforma. Si soy mal
pensado, quizá sí, es consecuencia de su ideología liberal y de sus
compromisos. Pero no van a conseguir los objetivos que persiguen; no van
a conseguir ahorro, puesto que éste se consigue mejorando redes,
modernizando los sistemas de riego y con los contadores. No van a
optimizar socialmente los usos del agua, como dicen en la justificación
de la reforma, porque no será el interés general el fin último de este
recurso tan escaso, sino la ley de la oferta y la demanda; será el
mercado.

Van a tener efectos no previstos en el precio del agua, en el
acaparamiento y en el peligro de especulación. Tampoco es la mejor medida
para la sequía, por lo dicho anteriormente. En épocas de escasez la lucha
por conseguir el agua será muy dura, en algunos casos cruel, y el que más
capital tenga podrá comprar agua; y al agricultor, endeudado siempre, le
será difícil acceder a ella.

En definitiva, nosotros presentamos este veto porque creemos que se le
hace un flaco favor al uso del agua en España y a sus usuarios. No se
conseguirá que el agua se utilice de mejor manera ni que en las cíclicas
épocas de sequía que nos afectan se pueda llevar al agua allá donde más
se necesite. Repito, la reforma se hace en detrimento de ese carácter
público del agua. No creemos que el mecanismo de subasta o compraventa de
las concesiones sea lo más adecuado para luchar contra la sequía. Unidas
a las sociedades de agua, van a ser las empresas y los consejos de
administración las que pongan el precio al agua.

Si quieren optimización social, como dicen, vamos a la planificación
hidrológica. Busquemos ahí puntos de encuentro y consenso. Si desean
defender el medio ambiente como apuntan en otras cuestiones, que la
gestión del agua esté en manos de las administraciones públicas y no de
las empresas privadas.

Por todo eso, presentamos este veto y ofrecemos, una vez más, la
posibilidad de sentarnos a dialogar para, teniendo en cuenta el camino
recorrido, no dar marcha atrás y conseguir que el agua, como bien
público, tenga en España una mejor utilización y un mejor reparto. Por
todo lo dicho, presentamos este veto.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gallego.

Para turno en contra, el Senador Sanz tiene la palabra.




El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Gallego, me gustaría que me contestara si la Ley de Aguas
de 1985, que ustedes aprobaron y que aprobó el Parlamento, sin debate
previo en la sociedad, ha resuelto los problemas de agua que
tradicionalmente padecía España. Me gustaría que me respondiera, señor
Gallego, si es que está en disposición de hacerlo.

Usted ha dicho que el dominio público hidráulico fue una gran consecución
del Gobierno socialista. Señor Gallego: lo único que hizo el Partido
Socialista fue introducir dentro del dominio público hidráulico
exclusivamente las aguas subterráneas. Nosotros hemos optado por
conservar los principios que rigen el dominio público hidráulico en su
contenido y en su concepto, esos principios tradicionales y clásicos de
la política hidrológica, como es, por ejemplo, el régimen concesional y
como es, por ejemplo, todo lo referido al Título I de la Ley de Aguas de
1985. Yo diría más: lo hemos incrementado. ¿Y por qué lo hemos
incrementado? Porque hemos incluido también, dentro del dominio público
hidráulico, las aguas procedentes de la desalación del agua.

Señorías, podríamos haber restringido ese dominio público hidráulico, y
lo podríamos haber hecho como hizo la ley socialista francesa del año
1991, en la que no incluyó las aguas subterráneas dentro del dominio
público hidráulico. Y por cierto, señoría, dándoles unos buenos
resultados en la gestión, unos resultados mucho mejores que incluyendo en
ella, como se hizo --cosa que nosotros respetamos, pero por otros
conceptos--, las aguas subterráneas dentro del dominio público
hidráulico. Nosotros las incluimos, las respetamos y no restringimos del
dominio público hidráulico las aguas subterráneas precisamente partiendo
de la unidad del ciclo hidrológico, porque pensamos que sería desmembrar
ese criterio admitido ya universalmente --en España desde el año 1929-- y
aceptado además en toda la Comunidad Europea. Lo podíamos haber
restringido, señoría, pero no lo hemos hecho. Hemos querido ampliar el
dominio público hidráulico. Y más todavía, señoría: no ha sido ninguna
conquista del Partido Socialista en el año 1985; es una conquista que
venía de antes, y que era tradición en la planificación y en la
hidrología española.

Pero dicho esto, señoría, sí quiero dejar muy claro que la política
hidrológica española necesitaba de un cambio profundo, de un giro para
resolver los múltiples problemas que tenían los ciudadanos españoles y
que estaban sin resolver. Ello requiere modificaciones legales, y esto es
lo que hace y lo que propone el presente proyecto de reforma de la Ley de
Aguas de 1985.

Usted sabe, señoría, que nuestra política hidrológica ha girado
tradicionalmente sobre el gozne de la construcción de las grandes
infraestructuras de regulación para abastecimiento y para regadío y,
además, con financiación a través de los Presupuestos Generales del
Estado. Y usted sabe, señoría, que esta política, que en un tiempo fue
realmente necesaria en la sociedad española, ha generado dos efectos
perversos, nefastos o negativos, como ustedes quieran calificarlos, pero
dos efectos negativos: Uno ha sido el mal uso y el abuso del agua, y el
otro ha sido la falta de racionalización en la oferta y,
consecuentemente, la falta de racionalización en el gasto público. Este
proyecto, este modelo hidrológico que ustedes tanto han defendido, basado
precisamente en el hormigón y contrario al medio ambiente, este modelo
estructuralista, como se le conoce en todos los círculos técnicos de la
hidrología, que consiste en regular para almacenar, se ha centrado
principalmente, señoría, en la gestión de la oferta a través de la
explotación de la fase superficial con grandes infraestructuras y,
además, con una pedagogía a mi entender equivocada. Es decir, que los
problemas hidrológicos se resuelven con las grandes infraestructuras y,
por lo tanto, como tenemos la presa, podemos dejar el grifo abierto; por
lo tanto, como tenemos la presa, podemos regar a suelo abierto. Y esta
situación, como usted sabe, ha generado un modelo de necesidades
sobrevaloradas al no existir contrapartidas económicas. Además, este
modelo ha transmitido un mensaje de seguridad y garantías hídricas que
han generado expectativas ilimitadas y, por otra parte, han provocado
apetencias sin control; enfrentamientos que no fueron capaces de resolver
entre las diferentes Comunidades Autónomas; y, sobre todo, ha instalado
en nuestra sociedad una cultura del mal uso y del abuso del agua que ni
los países con gran solvencia económica, y los que tienen una
pluviometría más favorable que la nuestra, se han permitido.

Este modelo de gestión del agua, que ustedes tanto defienden, está
agotado; es un modelo que se ha prolongado demasiado y que, en el último
momento del Partido Socialista, intentó prolongarse al infinito. Acaso,
señor Gallego, ¿no es un exponente claro el fallido plan hidrológico del
fallido señor Borrell como líder político?
Este modelo ha intentado sobrevivir demasiado y, sin embargo, no ha
resuelto los problemas de abastecimiento para regadío ni para los
ciudadanos. Cada vez que se instala un fuerte anticiclón y hay un
prolongado período de sequía en España, 10 millones de españoles sufren
los efectos de las restricciones de agua en sus grifos, que es el mejor
exponente del fracaso de cualquier política hidrológica, y miles de
hectáreas de regadío sufren la escasez de agua, con las graves
consecuencias que esto, como usted dice, tiene para miles de pequeños
agricultores. Ese es el efecto negativo que ustedes están transmitiendo y
que han conseguido con su política hidrológica; pero el otro efecto
perverso de ese modelo que ustedes tanto defienden, y por el que tanto
abogan, es la falta de racionalización en la oferta hídrica y,
consecuentemente, el incremento del gasto público. Quiero decirles,
señorías, que una oferta ilimitada conduce a una demanda ilimitada y, en
consecuencia, a un gasto público sin límites. Ese es su modelo, y hay que
recordar que, en la época del Gobierno socialista hubo decenas de
proyectos de urgencia para hacer obras por falta de previsión, por falta
de planificación --ésa de la que usted estaba hablando y que tanto
añoraba-- porque lo que hubo no fue planificación sino, simplemente,
proyectos de urgencia para aprobar obras de urgencia en las que



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no se valoraban las alternativas hídricas, ni las explotaciones conjuntas
de las aguas superficiales y subterráneas ni se valoraba el medio
ambiente. Había que hacer urgentemente una obra, pasara por donde pasara,
porque era necesario dar agua a los ciudadanos.

Le puedo asegurar, señor Gallego, que me ha extrañado su veto porque no
he encontrado ninguna razón. Me hubiera gustado que en este proyecto de
modificación de la Ley de Aguas, tan importante para la sociedad
española, hubiera elevado el nivel conceptual del debate; que hubiera
traído argumentos conceptuales serios y profundos que apoyaran su veto;
pero, señor Gallego, lo que nos ha traído han sido ejemplos concretos
que, más bien, debieran haber sido objeto de pequeñas enmiendas, no de un
veto a la totalidad.

Este proyecto de ley intenta transmitir y llevar a la conciencia de la
sociedad española que es necesario un cambio en la gestión del agua, en
la oferta y en la demanda. Estamos ante un recurso escaso y limitado,
pero un recurso necesario e imprescindible para la actividad humana y un
recurso, además, que pertenece al patrimonio natural. Todos nosotros como
políticos estamos obligados a establecer normas que hagan posible el buen
uso del agua, y todos los ciudadanos están obligados a usar este recurso
también con racionalidad, convencidos todos --los políticos y los
ciudadanos-- de que el agua conlleva valores éticos, valores sociales,
valores medioambientales y también, señoría, valores económicos.

Este proyecto de reforma de la Ley de Aguas pretende resolver los
problemas del agua que, con más frecuencia de lo deseado, se instalan en
nuestro país, y para ello es necesario actuar sobre la oferta de forma
distinta a como se venía actuando, pero, además, es necesario también
introducir un nuevo criterio en cuanto a la gestión de la demanda. En
primer lugar, en este proyecto de reforma de la Ley de Aguas de 1985 se
introducen importantes reformas a fin de incrementar los recursos y para
diversificar la demanda. ¿Para qué? Precisamente para que la elección y
la alternativa sea la más adecuada. Así, otorga rango legal al régimen
jurídico de los procedimientos de la desalación del agua, hace posible la
recuperación de los acuíferos y su protección, además en combinación con
las aguas superficiales, es decir, hace la oferta más racional e
introduce un nuevo impulso a la reutilización de las aguas. Por tanto, lo
que pretende esta ley es incrementar estos recursos, primeramente,
mediante la desalación del agua y, en segundo lugar, también mediante los
recursos procedentes de la reutilización. Pero, sobre todo, señorías,
actúa sobre la oferta de forma distinta a como se venía actuando, de
forma más racional, y con la posibilidad de elegir de entre las múltiples
alternativas posibles aquella que sea la más adecuada desde parámetros
técnicos, sociales, medioambientales y económicos, y no sólo desde
parámetros técnicos, desde parámetros medioambientales o sólo desde
parámetros económicos, porque, entonces, lo que estaríamos haciendo es
romper la gestión integrada del agua.

Por otra parte, también se está actuando sobre la demanda. ¿Por qué?
Porque estamos convencidos de que es fundamental la eficiencia en el
empleo del agua, lo que hacemos flexibilizando el actual régimen
concesional a través de la introducción de un nuevo contrato de cesión de
los derechos del uso del agua. Además prevé un incentivo fiscal al ahorro
del agua e introduce políticas para propiciar el menor consumo,
estableciendo la obligación general de medir los consumos de agua
mediante sistemas homologados o también mediante la fijación de consumos
de referencia.

Señor Gallego, en ningún apartado de la ley se habla de mercado del agua,
ni se regula el agua, no busque tres pies al gato. Por mucho que usted lo
quiera decir, ¡en ningún apartado de la ley se habla de mercado del agua
ni se regula el agua! (El señor Aleu i Jornet: ¡Hombre, no!) Podíamos
haber regulado un mercado del agua, señoría, y no lo hemos hecho.

Ejemplos de esta alternativa de mercado del agua lo tenemos en California
y en países como Canadá, Australia, con una gran tradición
nacionalizadora del agua, y que, sin embargo, ha establecido un gran
mercado del agua que le está dando muy buenos resultados. Lo tienen en
California, con una pluviometría muy similar a la nuestra, donde también
está dando buenos resultados. Señoría, podíamos haber regulado un mercado
del agua y no se ha hecho, simplemente en este proyecto de ley se
flexibiliza el régimen concesional. No se sustituye el régimen
concesional, sino que se flexibiliza ese procedimiento tan rígido, tan
largo, con tiempos que yo llamaría geológicos o vaticanos.

En una de sus enmiendas ustedes hablan de reasignación de los recursos
hídricos. No hay ninguna diferencia entre lo que ustedes dicen sobre la
reasignación de recursos hídricos y lo que nosotros proponemos. La única
diferencia es que en su caso la Administración actúa de oficio, conforme
a la Ley de Expropiación Forzosa, lo que hará que todo sea mucho más
complejo, más largo, que haya infinidad de recursos y que, al final, se
terminen esos largos períodos de sequía y el problema de los recursos no
se haya resuelto.

Señorías, pocas leyes han estado precedidas del debate que ha tenido este
proyecto de modificación de la Ley de Aguas; debate en toda la sociedad;
debate en las universidades; debate en este propio Parlamento en lo
relacionado con las inundaciones; debate en la mayor parte de los
colegios profesionales; debate en todas las Cámaras; debate, por cierto,
que no hubo en la Ley de Aguas aprobada en 1985, que obligó a muchos
parlamentarios a presentar recursos precisamente por aquellos
procedimientos de urgencia y de rodillo que ustedes aplicaban en toda su
legislación.

Usted decía que uno de los logros importantísimos de aquella Ley era
también el tema medioambiental. Señor Gallego, sin ánimo de polemizar con
usted, con quien sabe que me une una gran amistad, he de decirle que me
hubiera gustado haber hecho un debate desde sus planteamientos más
elevado, más conceptual. Y, señoría, si en algo profundiza esta Ley de
Aguas es en el tema medioambiental; profundiza en la dimensión ecológica
de las aguas continentales en la mayor parte de sus artículos.

Señoría, para su conocimiento, he de decirle que en el artículo 1.5 se
extiende al conjunto de las aguas subterráneas



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el régimen previsto inicialmente para las renovables. Las cesiones entre
particulares de derechos al uso del agua se prohibirán si afectan
negativamente a los caudales ecológicos. En el artículo 57.7 se regulan
los caudales ecológicos como restricción general que se impone a todos
los sistemas de explotación. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
En el artículo 89 se establece la regla general de prohibición de toda
actividad susceptible de contaminar o degradar el dominio público
hidráulico. En el artículo 90 se crea la obligación para las
confederaciones hidrográficas de velar de oficio por el medio ambiente a
la hora de otorgar las autorizaciones. El artículo 92 se refiere de forma
más exigente y omnicomprensiva que en la Ley actual al concepto de
vertido y se legaliza a todos los efectos el buen estado ecológico de las
aguas a través de un conjunto de normas. En los artículos 96 y 97 se hace
una novedosa regulación de las autorizaciones de vertido para lograr que
sea un instrumento eficaz de verdad en la lucha contra la contaminación
de las aguas continentales. En cuanto a las autorizaciones se limita su
vigencia a cuatro años, y añado, se prevé la necesidad de certificar por
parte de la entidad homologada la idoneidad ecológica del vertido. En el
artículo 118, en la nueva regulación de la obra hidráulica, se prevé
expresamente la evaluación de impacto ambiental para todas las obras de
interés general.

Señor Gallego, yo le preguntaría si hay alguien que dé más en el tema del
agua, en el tema del medio ambiente relacionado con el agua. Además, la
política hidrológica del Partido Popular es medioambiental de tal manera
que se fundamenta en la tesis que integra el territorio y los recursos
hídricos en una unidad y desde la visión de globalidad de la cuenca
hidrográfica, de la cuenca que es almacén, regulador y sostén de la
actividad humana.

Por tanto, señor Gallego, me extrañan mucho las valoraciones que ha hecho
en relación con este proyecto de ley. Y le voy a decir una cosa: me ha
extrañado más todavía que no haya introducido en esta Cámara ese debate
que existe en la sociedad y al que usted se ha referido y se haya
limitado simplemente a hacer algunas acotaciones muy concretas, muy
particulares, muy precisas sobre temas muy puntuales y, además, sobre una
cuestión a la que ustedes tienen cierta aversión...




La señora PRESIDENTA: Senador Sanz, le ruego vaya concluyendo.




El señor SANZ BLANCO: Termino enseguida, señora Presidenta.

Señor Gallego, me da la impresión de que ni se fía de los ciudadanos de a
pie, ni se fía del protagonismo de la sociedad, y su única obsesión es la
intervención del Estado, la intervención de la Administración, como si no
se fiara de los ciudadanos, repito.

Señoría, en este momento la sociedad española es una sociedad madura, que
tiene criterios propios, que no va a admitir los consejos constantes que
se suelen dar desde el Partido Socialista. Nadie en este país va a
retener, va a hacer un contrato de cesión de los derechos de agua ni va a
adquirir derechos de la misma para después tirarlo. Ni, por el contrario,
nadie va a mantener esos derechos del uso del agua si puede obtener algún
beneficio previamente regulado y previamente controlado por el precio que
fije la Administración. Aquí, señorías, lo que se propone es la creación
de los bancos del agua...




La señora PRESIDENTA: Senador Sanz, tendrá usted derecho a otra
intervención en el turno de portavoces.




El señor SANZ BLANCO: Termino ya, señora Presidenta.

Como digo, con esta reforma el Grupo Popular propone la creación de los
bancos del agua a través de esos centros de intercambio de derechos de
agua, mediante la adquisición de esos derechos para su posterior
transmisión a otros usuarios por el precio que fije la Administración.

Por tanto, señor Gallego, a la vista de sus argumentos, que no son
válidos, le ruego que retire el veto a la totalidad de este proyecto de
ley.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz.

Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Intervengo para anunciar el apoyo de los Senadores del Partido Aragonés a
esta propuesta de veto a la reforma de la Ley de Aguas presentada por el
Grupo Socialista.

Los motivos que nos conducen a adoptar esta postura, en contraposición a
la abstención que mantuvimos durante el debate en Comisión de esta ley,
coinciden en parte con los expuestos por el portavoz del Grupo
Socialista, el Senador Gallego, pero van más allá en lo que se refiere a
la desconfianza que algunos de los aspectos de esta reforma despiertan en
el Partido Aragonés.

Señorías, quiero recordar que durante el debate en Comisión de esta
propuesta de veto el Partido Aragonés se abstuvo, dando un voto de
confianza al Grupo Parlamentario Popular en cuanto a su capacidad para
llegar a algún tipo de consenso en los aspectos de esta reforma
legislativa sobre los que más discrepamos, como son la consagración del
mercado libre del agua, favorecer la especulación con un bien público, y
lo que más nos puede distinguir de la postura de otros Grupos que también
se oponen a esta reforma: abrir la puerta a los trasvases, como supone el
texto que hoy debatimos en Pleno.

Pues bien, nuestra sorpresa ha sido mayúscula, ya que hasta el momento no
ha habido ningún acercamiento ni intento de diálogo por parte del Grupo
Popular respecto de las propuestas del Partido Aragonés, lo cual se
corresponde muy poco con la postura mantenida por el portavoz del citado
Grupo en Comisión, en la que apeló al carácter del Senado de Cámara de
reflexión para pedirnos tiempo para llegar a acuerdos. Pero ese tiempo
prácticamente se ha agotado.




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Señorías, el Partido Aragonés ha demostrado, tanto en distintas reuniones
mantenidas con el Ministerio de Medio Ambiente como en el trámite en el
Congreso de este proyecto de ley, su interés y voluntad por efectuar
aportaciones a la reforma de la Ley de Aguas. Y alguna aportación se ha
hecho en los trámites anteriores --como en el Congreso de los Diputados--
a esta ley, la cual consideramos fundamental para el futuro de Aragón.

En efecto, desde nuestro punto de vista --el de un Partido de ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma como la aragonesa, que tanto
depende para su desarrollo económico y vertebración territorial del uso
que se haga de los recursos hidráulicos de que dispone, los cuales sin
duda constituyen el principal activo de un Aragón despoblado y
envejecido--, esta reforma de la Ley de Aguas desvirtúa el concepto de
dominio público hidráulico, interfiere en las competencias de ordenación
del territorio de Aragón e incrementa los desequilibrios territoriales.

Pero además de estos aspectos --y lo que voy a decir es nuestra principal
causa de recelo ante esta reforma--, en concordancia con la filosofía que
se desprende del Libro Blanco del Agua, nos da la impresión de que se
pretenden abrir puertas a los trasvases entre cuencas hidrográficas, o
transferencias de recursos, como de forma eufemística se denominan ahora.

Y pretenden hacerlo de una forma que pueda escapar al control de las
Cortes Generales: mediante el uso de infraestructuras privadas que
posibiliten esa transferencia de recursos, o esos trasvases, tal como los
denominamos en Aragón desde hace muchos años.

En definitiva, señora Presidenta, nuestra valoración de esta reforma, que
quiere presentarse como una modificación técnica, consiste en que se
pretenden introducir instrumentos que puedan facilitar la transferencia
de caudales entre cuencas y dentro de la misma cuenca hidrográfica. Y
todo ello cuenta con muy pocos mecanismos de control efectivos por parte
de la Administración y se quiere hacer bajo unas leyes de mercado que sin
duda perjudicarán a los usuarios y territorios más débiles. En nuestro
caso no nos cabe ninguna duda de que afectarán a la agricultura aragonesa
y a todas las expectativas de desarrollo que tenemos en Aragón en torno a
los recursos del agua.

Si no prospera este veto --como es previsible--, defenderemos las
enmiendas que inciden en los aspectos que he comentado de forma general.

Y confiamos en que en esta ocasión, en contraposición al escaso esfuerzo
de diálogo y transacción que ha merecido el trámite de este texto en
Comisión, podamos llegar a algún tipo de acuerdo en este proyecto de ley,
que en lo que se refiere a Aragón desde el Partido Aragonés consideramos
perjudicial para los intereses de Aragón y de los aragoneses.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, la modificación de la Ley de Aguas se ha planteado desde el
Gobierno como un paso útil para paliar déficit puntuales o muy concretos
de agua, por un lado, y regular con más precisión aspectos importantes,
por otro, tales como los vertidos, la obra hidráulica, las comunidades de
usuarios y otras cuestiones insuficientemente desarrolladas en la Ley de
Aguas de 1985 o que posteriormente se ha comprobado que las
circunstancias conllevaban o aconsejaban esta modificación.

Cuanto se refiere al agua, este preciadísimo bien tan solicitado, tan
querido, muchas veces anhelado, lo observamos, mejor diríamos, lo vivimos
con el interés que el caso merece. Desde el Grupo Catalán de Convergència
i Unió venimos siguiendo y en ocasiones impulsando cuanto afecta a los
estudios y disposiciones referentes al agua. No cabe duda de que la Ley
29/1985 era imprescindible, tras más de cien años de vida de la Ley
anterior, y es evidente que son necesarios también los pasos que se han
llevado a cabo con posterioridad: planes de cuenca, Libro Blanco del
Agua, diversos decretos-ley para resolver cuestiones concretas, pero
todavía quedan retos pendientes: este pequeño reto, el de la modificación
de la Ley de Aguas, y el gran reto, el importantísimo reto del plan
hidrológico nacional, que va a quedar sin presentar o, con toda certeza,
sin aprobar en esta legislatura, lo que, ciertamente, desde nuestro Grupo
lamentamos.

Al Grupo Catalán de Convergència i Unió no le parece mal este proyecto de
ley. Nuestro Grupo no ha presentado en el Senado ninguna enmienda. Sólo
siete en el Congreso, la mayoría de las cuales fueron transaccionadas. Y
en este sentido, quiero destacar el interés que puede tener para Cataluña
y para la cuenca del Ebro, en concreto, la disposición adicional quinta,
introducida en el Congreso de los Diputados por enmienda de Convergència
i Unió.

La propuesta de veto que acaba de defender el Senador Gallego, por el
Grupo Socialista, está fundada en su oposición inicial a la cesión
temporal de los derechos de uso del agua, aunque las enmiendas actuales
de este Grupo no propugnan exactamente la desaparición o anulación de
estos derechos de uso, sino una regulación distinta a la que propone el
proyecto de ley. Quizás una regulación más ajustada, más estricta, más
controlada es lo que el Grupo Socialista desearía. El señor Gallego
entiende que la cesión puede ser excesivamente liberal. Es una materia
opinable.

Nosotros --insisto-- entendemos que ahí radica el nudo gordiano de la
cuestión y del debate de esta tarde. El proyecto de ley es perfectible,
seguro, aunque, a nuestro juicio, supone un paso adelante al que hay que
conceder un margen de confianza. Una adecuada gestión puede permitir
mejor uso y mejor aprovechamiento del agua.

Es por ello que votaremos contra la propuesta de veto y, posteriormente,
contra la mayoría de las enmiendas que se han presentado a este proyecto
de ley.

Nada más. Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.




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Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Gallego.




El señor GALLEGO LOPEZ: Señora Presidenta, señorías, la verdad es que el
portavoz del Grupo Popular, el Senador Sanz, ha introducido elementos
para un debate más en profundidad, más filosófico sobre el tema del agua,
pero a mí me extraña que acuse mi intervención de poco profunda. ¿Le
parece poco profundo hablar del dominio público hidráulico? A nosotros
nos parece suficientemente profundo.

Y empezando por el final --y no voy a contestar a todo lo que usted ha
dicho, aunque insisto en que me gustaría hacerlo en sede parlamentaria en
un debate más extenso--, no tenga duda de que me fío de los ciudadanos.

De lo que no me fío es del mercado. Yo procedo de una tierra donde hemos
padecido las subastas del agua. Y hay un sitio emblemático, y perdóneseme
el «excursus», que se llama en mi tierra El Alporchón, donde diariamente
se jugaban la vida y la hacienda miles de agricultores. Aunque ahora sea
por medios cibernéticos, considero que eso va a volver con esta cesión de
los derechos del agua sacados al mercado para que se puedan adjudicar al
mejor postor.

Efectivamente --usted lo decía--, hay dos modelos. Usted hablaba del
mercantilista, nosotros del de solidaridad; usted hablaba de que sea el
mercado el que garantice el uso y la distribución del agua, nosotros
creemos que debe garantizarse por la intervención de los poderes
públicos. También me alegra que diga que esta reforma de la Ley de Aguas
supone un cambio en profundidad. Así lo creemos nosotros. Nos hubiera
gustado que, como ha sido costumbre en otras reformas y propuestas del
Grupo Parlamentario Popular, hubiéramos podido debatir y consensuar.

Cuando se trajo la propuesta de la presa de Itoiz a su amparo se presentó
como de interés general la aprobación de un conjunto de obras hidráulicas
y nosotros no sabíamos con qué finalidades y criterios, pero bajo aquel
paraguas metieron de rondón otras obras sin criterio, sin saber por qué
en esos territorios sí y en otros no. Lo mismo ha ocurrido aquí, pues hay
reformas que nosotros hubiéramos consensuado, debatido, y en las que,
probablemente, hubiéramos llegado a un punto de encuentro, como creo que
se demostrará en el debate de las enmiendas. Son reformas relativas a la
profundización y desarrollo de la Ley de Aguas; a la planificación, a la
que no me voy a referir más; a los vertidos, a medio ambiente, al cual
usted se refería encomiando lo que se recoge en esa declaración; a las
nuevas tecnologías del agua y hasta a los cánones. Pero no se ha contado
con nosotros, no se ha traído a ninguna mesa, a ningún foro ese debate
para que podamos consensuarlo. Al amparo de todo eso, en ese batiburrillo
de reformas en las que podríamos haber llegado a un punto de encuentro,
se trae una piedra de toque que, como he dicho en mi intervención, supone
un parón y una marcha atrás.

También me gustaría hablar con usted de por qué no hemos sido capaces de
desarrollar entre todos la Ley de Agua y la planificación, y recordarle
las intervenciones en la legislatura de 1993, en el Congreso de los
Diputados, de la entonces portavoz Loyola de Palacio; vería cómo ha ido
jalonada de obstáculos para el desarrollo de dicha planificación.

Sin embargo, centrándome en lo que nos ocupa hoy, la reforma significa
fundamentalmente, respecto a los contratos de cesión, el concebir el agua
como una mercancía. Se relega el papel de la Administración a un lejano
gendarme, a un mero espectador de la venta, de la subasta, de la
confrontación, en definitiva, de intereses económicos, sin que sea el
interés general el que predomine. Mercado y compraventa no pueden ser
propiciados ni amparados desde un Gobierno que defienda los intereses
generales. Y, si me permite, para realizar esta reforma de la Ley de
Aguas no hacía falta el Ministerio de Medio Ambiente, sino que bastaba
con el de Economía, como ocurrió cuando se introdujo la creación de las
sociedades de aguas, como antes decía, en la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de 1997.

Insistimos en la presentación de este veto, en que se retirara este
proyecto de ley y si es de verdad la intención del Grupo Parlamentario
Popular de que haya diálogo y consenso, que se traiga a una mesa, a un
foro, y estaremos dispuestos a llegar a puntos de encuentro.

El agua, que es factor de cohesión territorial, que sigue siendo
demandada en algunos territorios como elemento vital de subsistencia, y
no solamente para beber sino también para regar o como desarrollo
turístico y para el medio ambiente, no merece el que de rondón se cuelen
--perdóneseme la expresión-- medidas que atacan en profundidad lo
conseguido hasta ahora. Hemos dado un parón en la marcha del desarrollo
de la Ley de Aguas de 1985.

Pensando mal --y termino con esto, señora Presidenta-- creo que ustedes
tienen la esperanza de que se consolide este mercado del agua y que
entonces, cuando pasen cincuenta años o quizás antes, se haga imposible
que todas las aguas sean de dominio público, que todas las aguas sean
públicas. Quizá no lo veremos, pero esperemos que, como también dije
antes, aunque se apruebe, sea de imposible aplicación el cumplimiento de
esta reforma que ustedes quieren hacer, en lo que se refiere a los
contratos de cesión del uso del derecho de las aguas.

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gallego.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz.




El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Gallego, hemos desarrollado los mismos temas. Le voy a definir lo
que parece esto: un diálogo de sordos. Usted, señoría, habla de
consensos, pero para haber consenso tiene que haber razones y argumentos
por su parte. No solamente basta con decir que es importante hablar del
dominio público hidráulico. ¡Claro que es importante! Pero si estamos
debatiendo una ley, señoría, tendrá que dar argumentos por los cuales en
el presente proyecto de ley



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usted considera que se deteriora o se restringe el dominio público
hidráulico.

No sé si me escucha, señor Gallego, o no quiere escuchar, pero yo le dije
antes que hay un principio tradicional y clásico de la política
hidrológica, que es el dominio público hidráulico, y que se conserva
vigente en el presente proyecto de ley en su concepto y en su totalidad.

Más aún, le he dicho que lo incrementamos mediante la inclusión de las
aguas procedentes de la desalación del agua. Señor Gallego, me hubiera
gustado que usted hubiera dicho que nosotros no admitimos eso, y que me
hubiera dado razones legales en función del proyecto de ley que se
presenta y que debatimos en estos momentos en el Parlamento. Señoría, si
no razones, si no hay argumentos, difícilmente podremos llegar a un
entendimiento y a un acuerdo. ¿Por qué? Porque simplemente estamos
hablando en lugares distintos y de cosas distintas. Aquí estamos hablando
del agua, señor Gallego.

Le he dicho hace un momento que este proyecto de ley lo único que intenta
es la flexibilización del régimen concesional; la flexibilización, no la
sustitución del régimen concesional. No es una alternativa la
flexibilización al régimen concesional, se lo he dicho por activa y por
pasiva , y no busque tres pies al gato. Deme usted argumentos por los
cuales esa flexibilización va a suponer en la práctica un mercado del
agua, que ni está regulado ni se admite, y nadie va a hacer negocio del
agua. Lo único que se va a hacer es que de aquel agua que no está
utilizada se pueda transmitir su derecho de uso a otro usuario, previa
autorización de la Administración y previo conocimiento de las
comunidades de usuarios.

Usted hablaba al principio de su intervención anterior del desbarajuste
de los aprovechamientos, y decía que no están legalizados. Señoría, ese
efecto tendrá que tener una causa. No ha sido esta ley, señoría. Esta ley
todavía no ha entrado en vigor. Tendrá que ser la ley anterior, la ley
que ustedes aprobaron con tanto bombo y platillo, y a la cual nosotros
nos sumamos en muchísimos aspectos; precisamente de ahí viene ese
desbarajuste de esa legislación ineficaz que ustedes hicieron del
aprovechamiento de las aguas subterráneas. Lo que pretende este proyecto
de ley con la creación de la comunidad de usuarios de aguas subterráneas
es precisamente darles a los usuarios participación en esa gestión de las
aguas subterráneas para que ellos mismos sean los encargados del propio
control de aquellas explotaciones que son ilegales. Señoría, deme usted
argumentos por los cuales pueda yo decirle que podemos llegar a puntos de
encuentro y de entendimiento, pero si no me da razones, señoría, será muy
difícil.

En cuanto al portavoz del Partido Aragonés, la verdad, creo que tampoco
me ha escuchado, porque si hubiera escuchado mi argumentación sobre la
oferta, y sobre la posibilidad de actuar y diversificar la oferta para
poder elegir la alternativa más favorable, no solamente desde el punto de
vista económico-medioambiental sino para actuar sobre la oferta e
incorporar nuevos recursos, hubiera sido diferente. Por tanto, señor
Estaún, o no se ha enterado o, por el contrario, está sujeto a sumisión
política por otros conceptos. Me parece impresentable que el señor Estaún
apoye el veto a la totalidad cuando precisamente es el Partido Socialista
el que hizo sobre su Plan Hidrológico la quintaesencia de todas las
transferencias: desde el Ebro, desde el Tajo, desde el Guadiana, desde el
Guadalquivir, desde el Duero y desde el norte. Señor Estaún, yo creo que
usted se ha equivocado de territorio, aunque comprendo que tenga que
estar pagando peaje, en contra de su propia voluntad.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz.

Vamos a llamar a votación. (Pausa.)
Votamos la propuesta de veto número 1 al proyecto de ley de Modificación
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 78; en contra, 118; abstenciones, una.




La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el veto presentado a este proyecto.

Pasamos al debate de las enmiendas.

En primer lugar, el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario
Mixto, correspondiente a las enmiendas números 13 a 18, 20 a 23 y 25 a
37, originariamente presentadas por los Senadores Blasco Nogués, Martínez
Sánchez y Estaún García.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Estaún por tiempo de veinte
minutos.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.

En el trámite de Comisión ya tuvimos oportunidad de defender las
veintitrés enmiendas que el Partido Aragonés mantiene vivas en este
trámite de reforma de la Ley de Aguas.

Como desgraciadamente no tuvimos oportunidad de conocer en el trámite de
Comisión que he aludido cuáles eran...




La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, Senador Estaún.

Por favor, silencio. (Pausa.)
Puede continuar.




El señor ESTAUN GARCIA: Como decía, en el trámite de Comisión de debate
de esta reforma de la Ley de Aguas, no tuvimos oportunidad de conocer
cuáles eran los argumentos que el Grupo Parlamentario Popular esgrimía
para rechazar todas las enmiendas presentadas por el Partido Aragonés. A
lo mejor hoy nos ha dado una pincelada el Senador don Clemente Sanz
cuando ha aludido a determinados peajes políticos que tenía que pagar el
Partido Aragonés debido a cuestiones ajenas al tema que tratamos hoy,
como es esta reforma legislativa.

Señorías, nosotros podríamos dar por defendidas, con los mismos
argumentos que expusimos en su día en la Comisión,



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las enmiendas del Partido Aragonés a esta reforma de la Ley de Aguas. No
obstante, vamos a exponer cuáles son nuestros motivos para oponernos a
determinados aspectos de esta ley, que están concretados en nuestras
enmiendas.

En primer lugar, el Partido Aragonés ha hecho suyas algunas de las
sugerencias que la Federación de Regantes del Ebro ha formulado a este
proyecto de ley, en concreto a la participación de los usuarios en la
gestión del patrimonio adquirido por las confederaciones con motivo de la
ejecución de una determinada obra hidráulica.

Las enmiendas números 15 y 16 responden a reivindicaciones de este
colectivo de usuarios y proponen que se contemplen como obras hidráulicas
de interés general las de modernización de las obras que en su día
merecieron tal consideración, y de esta forma sería posible lograr uno de
los objetivos que persigue esta ley en su exposición de motivos de
potenciar la eficiencia en el empleo del agua dada la realidad de muchas
de las infraestructuras hidráulicas realizadas hace décadas y que sin
esta consideración difícilmente podrían ser puestas al día.

En este mismo apartado de enmiendas podríamos encuadrar las números 22 y
23. En concreto, la número 23 propone eliminar la referencia que se hace
en el artículo 53.1 a los embalses establecidos en los ríos, de manera
que se amplíen las competencias del organismo de cuenca, a la hora de
fijar el régimen de explotación, a los embalses de derivación de los
canales de riego.

En otro orden de cosas, nuestra enmienda número 14 defiende el que no
pueda quedar condicionado cualquier plan hidrológico a los contenidos del
Plan Nacional de Regadíos porque las Comunidades Autónomas y los
particulares pueden promover mayores superficies de regadío además de que
la planificación hidrológica debe contemplar la disponibilidad de
recursos. Señorías, no podemos limitar con planificaciones que responden
a horizontes menos amplios y más coyunturales una planificación tan a
largo plazo y tan estratégica como es la hidrología.

Las enmiendas números 17, 18 y 20 muestran nuestra disconformidad con la
nueva regulación de las obras hidráulicas de interés general, en concreto
con el artículo 44.3, apartado b), que recoge la posibilidad de que sean
declaradas por Real Decreto obras de interés general las obras necesarias
para la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos
pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya
la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a
solicitud de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubiquen. A
nuestro juicio, este punto establece una cláusula de deslegalización para
que la ley conceda dos atribuciones a dos poderes distintos. Por tanto,
si después de la ley se aprueba un plan, cualquiera podrá ser declarado
de interés general, con lo cual, podrá aprobarse por decreto cualquier
obra, por ejemplo un trasvase.

Señorías, las enmiendas números 25 a 33 hacen referencia al artículo 61
bis, ese artículo que tan enfáticamente ha defendido el Senador Sanz
Blanco, quien pretende negar un mercado libre, un mercado del agua, a
pesar de que su señoría ha glosado después las bondades de ese mercado
del agua, las bondades de esas únicas reglas por las que el mercado libre
sea el único que regule las tasaciones en materia de aguas. Desde la
perspectiva del Partido Aragonés la introducción de tal artículo
supondría un ataque al principio básico del dominio público hidráulico
del Estado recogido en los artículos 1 y 2 de la vigente Ley de Aguas, y
por añadidura, permitiría a los particulares la realización de
operaciones especulativas en su exclusivo beneficio gracias a un bien de
dominio público como es el agua. Además, señorías, con él se permite la
creación de un mercado del agua así como el trasvase privado del agua
entre los diversos usuarios y/o entre las diversas cuencas. En
consecuencia, nuestra enmienda número 25 propone la supresión de ese
artículo 61 bis y sus catorce apartados. En caso de que no sea aceptada,
proponemos una serie de enmiendas que suavizan e incorporan alguna
salvaguarda a este mercado del agua con el que no estamos en absoluto de
acuerdo.

La enmienda número 26 propone añadir la siguiente frase al final del
apartado 1 del artículo 61 bis: «Los concesionarios o titulares de
derechos privativos de carácter consuntivo no podrán ceder sus derechos
cuando la disponibilidad del agua sea consecuencia de la disminución de
la zona regable por destinarse a usos distintos a los agrarios
(urbanísticos, turísticos, deportivos, etcétera) o de la modificación o
reducción de la industria a la que originariamente iba destinada.» Con
esta inclusión perseguimos que se evite que los proyectados contratos de
cesión sirvan para fomentar operaciones especulativas, como ya he dicho
antes, porque si desaparece el fin para el cual fue otorgada la
concesión, no puede cederse el agua. En caso contrario, el particular se
apropia de la concesión, lo que entendemos es un atentado contra el
dominio público hidráulico, en definitiva, contra un bien del Estado.

La enmienda número 28, al apartado 2 del artículo 61 bis, propone la
siguiente modificación: «Los contratos de cesión sólo podrán tener lugar
para aprovechamiento dentro de la misma cuenca hidrográfica. Deberán ser
formalizados por escrito, sometidos a información pública, y autorizados
expresamente y con carácter previo por el Organismo de cuenca. Cuando la
cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos
agrarios, el Organismo de cuenca dará traslado al Ministerio de
Agricultura a efectos de que dicho Departamento emita informe previo en
el plazo máximo de dos meses.» No estamos de acuerdo con la actual
redacción de este artículo, que fija un plazo de 15 días, a nuestro
juicio totalmente insuficiente. Entre los objetivos que persigue el
Partido Aragonés con esta enmienda se encuentra el respeto al principio
de legalidad. Las transferencias de caudales entre distintas cuencas sólo
pueden ser aprobadas por ley con el Plan Hidrológico Nacional, según el
artículo 44 de la Ley de Aguas, y su formalización debe respetar los
posibles derechos de terceros.

Señorías, señora Presidenta, pensamos que en el artículo 61 bis se está
equiparando la cesión de uso acordada de forma privada en virtud de
contrato con la concesión administrativa otorgada por la Administración
pública, con el agravante de que se establece un régimen más favorable
para la cesión que para la concesión. Debería quedar



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claro que nos encontramos ante una autorización y que deberían exigirse
los mismos requisitos, si no más, que para la tramitación de concesiones.

Por este motivo, nos parece inadmisible que se prevea un silencio
positivo sobre contratos de cesión que versan sobre el dominio público
hidráulico, teniendo en cuenta, además, que el artículo
43.2 b) de la Ley 30/1992 dispone que, por silencio, se entienden
desestimadas las solicitudes por las que se transfieren al solicitante
facultades relativas al dominio público hidráulico. También nos parecen
inadecuados los plazos previstos en este apartado 2 del artículo 61 bis
para resolver acerca de la autorización solicitada, cuando la práctica ha
demostrado que los escritos presentados ante las administraciones
públicas tardan prácticamente un mes en llegar a los funcionarios
responsables de resolverlas.

En la enmienda número 30 incorporamos la obligación de la Administración
de fijar reglamentariamente el importe máximo de la compensación pactada
en una cesión de derechos, con el fin de proteger de alguna manera a los
usuarios y, sobre todo, a los territorios más débiles.

La enmienda número 31 propone la supresión del apartado 11 del artículo
61 bis, dado que consideramos sorprendente que se reconozca a los
organismos de cuenca un derecho de adquisición del aprovechamiento de
caudales y que se les permita rescatarlos de todo uso privativo teniendo
en cuenta que el agua es un bien de dominio público, es decir un bien del
Estado, y que la Administración siempre tiene la posibilidad de rescatar
todas las concesiones otorgadas. Pensamos que con la actual redacción de
los artículos 53 y 56 de la Ley de Aguas se hace innecesaria esta figura
de centros de intercambio, que viene a enturbiar aún más el mercado del
agua.

En la enmienda número 32 pedimos la supresión del apartado 12 del
artículo 61 bis, que prevé la Ministra de Medio Ambiente pueda autorizar
cesiones de derechos de uso de agua que no respeten las normas sobre
prelación de usos. Nuestra opinión es que un acuerdo administrativo no
puede infringir las normas sobre prelación previstas en la Ley de Aguas o
en los Planes de cuenca; ello puede suponer que concesiones para usos
consultivos altos puedan derivarse a usos industriales e incluso
turísticos, lo cual, teniendo en cuenta que en los contratos de cesión
media un precio del agua, puede resultar atractivo para algunos
concesionarios, dado el valor que pueden obtener por la cesión, generando
una especulación con un bien público.

La enmienda número 33, del Partido Aragonés, la hemos presentado porque
consideramos muy grave que la autorización del uso de infraestructuras
hidráulicas que interconecten territorios de distintos planes
hidrológicos para las transacciones de las que venimos hablando se confíe
al Director General de Obras Hidráulicas, lo que supone una infracción
del artículo 44 de la vigente ley y la apertura a trasvases derivados del
Plan Hidrológico Nacional o de las leyes singulares reguladoras de cada
trasvase. En definitiva, señorías, permite por la vía indirecta de los
contratos de cesión de derechos que se produzcan trasvases entre una
cuenca y otra.

Por último, señora Presidenta, quiero defender la enmienda número 37, que
propugna el establecer un mínimo de un 10 por ciento del presupuesto de
la obra hidráulica para inversiones que restituyan el desequilibrio
socioeconómico en un territorio afectado por la ejecución de esa obra
hidráulica. Se trata de una propuesta que nos parece justa, solidaria y
que trata de restablecer el consenso ante determinadas obras de
regulación que se consideran necesarias y que deben contemplar
compensaciones adecuadas para los territorios que se ven afectados por
ellas.

Tal y como ha quedado expresado en mi intervención y si no se produce el
acercamiento anunciado en Comisión por el Grupo Parlamentario Popular
--me da la impresión de que es difícil, por no decir imposible, aunque
por pura cortesía parlamentaria me gustaría que dicho Grupo Parlamentario
hiciese el esfuerzo de contestar con argumentos a las enmiendas que
exhaustivamente hemos expuesto en Comisión y en Pleno--, el Partido
Aragonés no puede más que oponerse a esta reforma legislativa, que, a
nuestro juicio, va a incrementar los desequilibrios territoriales y que
supone una clara amenaza a las aspiraciones de desarrollo de Aragón
utilizando el agua como uno de sus principales ejes de progreso.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Estaún.

Para la defensa del voto particular número 1, correspondiente a las
enmiendas números 1 a 7 y presentado por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador
Gatzagaetxebarría por tiempo de siete minutos.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado un conjunto de enmiendas de
diferente naturaleza política.

En primer lugar, aquellas referidas a la salvaguarda de las competencias
de las Comunidades Autónomas en materia de agricultura. La Ley tiene en
cuenta sus dos vertientes: cuando trata de normar las cesiones de
derechos sujetas a la autorización del organismo de cuenca y el
procedimiento administrativo de primera concesión de derechos de
aprovechamiento privado de uso de agua con fines agrarios, que obviamente
están sujetos a autorización administrativa. En ambos casos, cuando, a
través del mecanismo de la flexibilización, se pretenda una cesión en
cuanto a los derechos reconocidos de uso de agua para el regadío o
agricultura, se dice que el organismo de cuenca debe autorizarlo
--obviamente-- y que esa autorización llevará en su procedimiento
administrativo previo el informe del Ministerio de Agricultura y de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

Nosotros entendemos que no es necesario que el Ministerio de Agricultura
aparezca referenciado. ¿Por qué? Porque las competencias del Ministerio
de Agricultura son competencias de relaciones internacionales, de
ordenación general de la economía, y ya están ejercidas. Cuando esta
Cámara aprobó el año 1995 la Ley de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, ya se establecieron cuáles eran



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las competencias del Ministerio de Agricultura en esa ordenación de la
economía.

De lo que estamos hablando aquí es de cuestiones administrativas de mera
gestión, de mero trámite administrativo, como es el dar un informe previo
en un procedimiento administrativo que tiene que resolver otro órgano.

Pues bien, eso, en el ámbito jurídico, es un acto de trámite que
culminará en un acto administrativo de gestión, en un procedimiento
administrativo en materia hidrológica. Y ese procedimiento administrativo
termina con una autorización de la Confederación Hidrográfica --por
cierto, Confederación Hidrográfica que es un organismo de la
Administración del Estado--. Por lo tanto, entendemos que la que debe
intervenir en ese trámite previo, que va a ser resuelto por un órgano de
la Administración del Estado, que es la Confederación Hidrográfica, es la
Administración agraria competente por razón de la materia, y al ser
competente en la gestión ordinaria --porque el Ministerio no gestiona el
pago de las primas, el Ministerio no gestiona el pago de las cuotas, el
Ministerio no lleva a cabo la gestión de emitir informes del día a día
sobre la realidad agraria y ganadera española--, no es necesario que se
la adjudiquen determinadas funciones que ahora ya no tiene en el ámbito
del Estado de las Autonomías.

Obviamente, este hilo argumental es extrapolable al cien por cien al
procedimiento administrativo que se ha de seguir en los supuestos de
concesión de una autorización para el uso, es decir, para la primera
autorización. Y ahí mantenemos el mismo hilo argumental.

La enmienda número 7 de nuestro Grupo Parlamentario plantea el
mantenimiento de la redacción que sobre materia de vertidos se contiene
ya en el vigente texto legal. Nos parece que era una redacción adecuada,
acorde con lo que es el concepto de vertidos. En él pueden tener encaje
determinadas actuaciones que no son propiamente vertidos en el sentido
estricto de la palabra y, por lo tanto, la redacción del artículo 92 de
la ley actualmente vigente es más garantista. En consecuencia, a través
de este voto particular mantendremos la posición de que el artículo 92.1
de la Ley de Aguas 29/1985, actualmente vigente, se mantenga y no se
derogue.

La enmienda número 5, de nuestro Grupo Parlamentario, ha sido objeto de
una transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Lo que
pretendíamos con ella era que, en el procedimiento administrativo por el
que se resuelve la autorización del contrato de cesión de uso temporal de
los derechos privativos de agua, se estableciera que el administrador
operador jurídico que resuelva el expediente tuviese que utilizar como
criterio objetivo, además de la conservación de los caudales
medioambientales, la protección del ecosistema acuático. Ha habido un
acercamiento de posturas y el Grupo Parlamentario Popular nos ha ofrecido
una enmienda transaccional que nosotros hemos firmado, razón por la que
esta enmienda número 5 decaería, señora Presidenta.

Hemos presentado otras enmiendas, como la que hace referencia también al
artículo 61 cuando se refiere al régimen excepcional. Se atribuye una
potestad que para nosotros quizá sea un tanto peligrosa, y lo ha
defendido adecuadamente y de forma rigurosa el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, el Senador Estaún, de que esta ley de Cortes apodera
a la Ministra de Medio Ambiente de facultades en virtud de las cuales
puede excepcionar el régimen de prelación que rige en la Ley de Aguas a
la hora de conceder las autorizaciones: primero, el abastecimiento a
poblaciones, suministros industriales, usos agrarios, etcétera. Pues
bien, a través de este proyecto de ley se apodera a la Ministra para que
pueda excepcionar, con carácter excepcional --se dice-- y con un carácter
temporal, pero a nosotros nos da miedo que se apodere a la Ministra de
estas funciones. Creemos que ya la ley garantiza cuál es el procedimiento
que debe seguirse y, por lo tanto, nosotros planteamos la supresión, con
los mismos argumentos que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Senador por Huesca del Partido Aragonés, Luis Estaún.

Por último, señora Presidenta, nuestro Grupo Parlamentario mantiene la
enmienda número 1. El proyecto de ley consagra un principio que ya está
ínsito de por sí en un Estado como el de las Autonomías, que es el
principio de colaboración. En la gestión del dominio público hidráulico
y, sobre todo, de la planificación hidráulica, la nueva regulación
prevista en el artículo 23 de la Ley 29/1985, consagra el principio de
colaboración. En virtud de éste, las Confederaciones Hidrográficas van a
tener que dar una opinión sobre aquellas actuaciones hidrológicas que
realicen las Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia, sean
de agricultura, medio ambiente, industria, sanidad, o «stricto sensu»
política hidráulica; es decir, las Comunidades Autónomas tendrán que
consultar a la Confederación Hidrográfica a la hora de llevar a cabo
estas políticas. Igualmente, en los supuestos en que la Confederación
Hidrográfica, en el ejercicio de su competencia, desarrolle políticas de
gestión hidráulica y de planificación que incidan en competencias que
sean de titularidad de las Comunidades Autónomas, deberán informar a la
Confederación Hidrográfica sobre la opinión que tienen sobre tal
actuación administrativa. En el primer caso, se establece que las
Confederaciones emitirán el informe para la Comunidad Autónoma en el
plazo de dos meses; sin embargo, cuando es la Comunidad Autónoma la que
tiene que informar a la Confederación Hidrográfica, no se aplica el mismo
plazo de dos meses, sino que se dice que será el Ministerio el que
determine reglamentariamente, a través de una disposición, el
procedimiento y el plazo. En un Estado de las Autonomías donde el
principio de colaboración, como dice la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, está ínsito y, por lo tanto, forma parte del cuerpo
doctrinal de la esencia del Estado de las Autonomías, tiene que haber una
correspondencia en ambos casos, tanto en el flujo del informe previo de
las Comunidades Autónomas a la Confederación Hidrográfica como en el
contrario. Por lo tanto, planteamos la misma relación.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Para defender el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas



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números 38 a 81 y 83 a 122, tiene la palabra el Senador Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.

A estas alturas del debate, se puede decir que todo el pescado está
vendido porque la mayoría de los conceptos que cabía debatir en esta Ley
ya se han discutido y, por lo tanto, voy a intentar no repetirlos.

Mi Grupo ha presentado un conjunto de enmiendas con unas finalidades
concretas. La primera, es la defensa de la unidad del ciclo hidrológico y
del dominio público hidráulico. En este sentido, hemos presentado
enmiendas a los apartados del artículo único de este proyecto de ley que
se refieren a los artículos 1, 2, 9, 84, 89 y 108 de la Ley de Aguas. Nos
gusta ver que, también de palabra, el Grupo Parlamentario Popular
defienda el dominio público hidráulico; nos gusta porque --y supongo que
todos los ponentes lo habrán hecho-- hemos leído el debate de la Ley de
Aguas del año 1985 y no era ésa la posición del Grupo Parlamentario
Popular, lo que, en buena parte, le llevó a presentar el recurso de
inconstitucionalidad que aquí se ha citado. Sin embargo, hoy lo defiende,
y estamos encantados de que así sea. Según el portavoz del Grupo Popular
ésta no era una conquista socialista, pero sí lo fue porque contó con la
oposición del Grupo Parlamentario Popular. Se puede decir lo mismo de las
modificaciones que se introducen en la disposición adicional tercera, que
acorta los plazos concesionales, que entendemos que son exageradamente
largos --o vaticanos, por usar la misma terminología del portavoz del
Partido Popular--; y la adición de la séptima, y la octava, que pretenden
la actualización de los organismos de cuenca y que el Gobierno presente
planes concretos para el cumplimiento de sus funciones.

Un segundo bloque de enmiendas --dirigidas a los apartados del artículo
único correspondientes al nuevo artículo octavo bis, a las modificaciones
de los artículos 11 y 23, a la supresión del punto 4 del artículo 71 y a
la modificación del artículo 81-- incide en las relaciones de
coordinación entre los organismos de cuenca, las Comunidades Autónomas y
los entes locales. ¿Qué se pretende con este conjunto de enmiendas? Mi
Grupo pretende que quede claro que es obligación de los organismos de
cuenca la realización de los estudios y previsiones sobre avenidas y
zonas inundables.

Coincido con lo que han dicho el portavoz del Partido Aragonés y el
portavoz de los Senadores Nacionalistas Vascos sobre la necesidad de que
los actos y planes de las Comunidades y entes locales requieran informe
previo, y viceversa, sin que valga en ningún caso el silencio
administrativo positivo. ¿Creen ustedes que después de lo sucedido en
Biescas nos podemos permitir utilizar en esto el silencio administrativo
positivo? Nosotros creemos que no. Finalmente, también estoy de acuerdo
en la necesidad de que los expedientes de concesiones y autorizaciones
que tramite el organismo de cuenca tengan informe previo de las
Comunidades Autónomas.

Por otra parte, pretendemos introducir claridad. El apartado octavo del
artículo único propone la modificación del artículo 23. Les voy a leer la
parte final del punto 3 del nuevo redactado: «Las autorizaciones y
concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán
sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa
respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una
ley estatal, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigibles
por otras Administraciones Públicas en relación a la actividad de que se
trate o en materia de intervención o uso de suelo.» ¿Qué quiere decir
eso? Nosotros entendemos que lo que quiere decir es que las Comunidades
Autónomas no pueden pedir permiso. ¡Pues que lo diga! Pero que no lo haga
de una manera tan rocambolesca. Nuestra posición, por tanto, es en
contra.

Con nuestra enmienda 91, al artículo único. Trigesimotercero, pretendemos
la modificación del artículo 93, que en su punto 7 intenta reconocer la
actuación de las Comunidades Autónomas en la depuración y su consiguiente
titularidad de vertidos.

En la enmienda 98, al artículo único. Cuadragésimo, pretendemos la
adición de una nuevo artículo 107 bis que permita el canon de depuración
a las Comunidades Autónomas que han asumido esta competencia y su
titularidad.

Un apartado específico se refiere a la composición de los órganos de
gobierno de los organismos de cuenca, de los organismos consultivos y de
las juntas de explotación; a ello se refieren los apartados del artículo
único correspondientes a los artículos 17, 25, 30 y 34. Se propone una
incorporación más actualizada de las Comunidades Autónomas, de los entes
locales, y una garantía de presencia para las organizaciones
profesionales, económicas y de defensa ambiental. Quiero hacerles una
consideración, y es que en el debate de la Ley en el año 1985 se acusó al
Grupo Parlamentario Socialista de restringir la participación de los
usuarios. Yo no he sabido ver ni una sola enmienda que incremente la
participación de los usuarios; nosotros sí lo proponemos.

Otro bloque de enmiendas va destinado a la mejor protección
medioambiental de todas las actuaciones relacionadas con el agua. He
escuchado al Senador que ha intervenido en el turno en contra del veto
explicar un montón de artículos que incrementan la actuación
medioambiental; estamos de acuerdo, pero no es suficiente. Ni siquiera se
lleva a cabo aquello que exigían, que es el cumplimiento de las leyes
medioambientales de la Comunidad Europea. Nosotros hemos presentado unas
enmiendas referidas a diferentes apartados del artículo único, en las que
solicitamos lo siguiente: la modificación del artículo 10; la supresión
del artículo 13 bis, porque restringe los derechos de información
contenidos en la Ley 38/1995, la modificación del artículo 52; la
inclusión de un nuevo punto 3 en el artículo 69; la modificación del
artículo 103, y la adición del 103 bis, que se refieren a la preservación
de las zonas húmedas y su uso sostenible.

Otras enmiendas pretenden mejores técnicas de lo propuesto en este
proyecto de ley. En este apartado cabe incluir la distinta regulación
sobre el proceso de desalación, que está contemplado en el apartado
cuarto del artículo único referido al artículo 12 bis, y la diferente
redacción más clara y menos rocambolesca que damos al apartado



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sexto, referido al artículo 20, sobre el régimen jurídico de los
organismos de cuenca. Lo mismo cabe decir de las enmiendas referidas a
los apartados correspondientes a los artículos 21 y 22, que pretenden
clasificar las tareas y funciones de los organismos de cuenca añadiendo
los estudios de hidrología y las predicciones de avenidas y zonas
inundables. La modificación del apartado que se refiere al artículo 26
corresponde también a este capítulo. Creemos que con las enmiendas
dirigidas al apartado decimoséptimo, de supresión del artículo 53 y
adición del 53 bis, que trata de la capacidad del organismo de cuenca de
fijar el régimen de explotación de los embalses y de establecer el
sistema de control de los caudales se mejora el texto de este proyecto.

También la modificación del artículo 54 reforma técnicamente el texto y
clarifica los conceptos. Lo mismo cabe decir de la modificación referida
al artículo 57, de la del artículo 79, que es más concreta que su texto,
así como la del 87. De igual forma mejoran el texto las enmiendas
referidas a las disposiciones adicionales tercera y octava de la ley
vigente, al ampliar la declaración de interés general de la desalación y
la reutilización de las aguas a Baleares, Ceuta y Melilla.

Hay un conjunto de enmiendas que pretenden introducir la presencia de la
Comisión Permanente. A ello se refieren los artículos 24, 25 bis, 26 bis,
28 y 32.

Proponemos también un conjunto de enmiendas que pretenden clarificar y
mejorar lo que entendemos tanto por planificación hidrológica de cuenca
como planificación nacional. A este fin obedecen un conjunto de enmiendas
a los artículos 38, 39, 40, 43 y 43 bis, que pretenden una coordinación
con los planes sectoriales y la realización de estudios de impacto
ambiental, así como forzar una nueva información pública.

Pero quiero entretenerme algo más en este apartado. ¿Qué vamos a aprobar?
La modificación de los artículos 31, 38 en sus puntos 1 y 4. La
modificación del artículo 38.1 exige de la planificación el buen estado
ecológico del dominio público hidráulico; la satisfacción de las demandas
de agua; el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, repito, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial; el incremento de las disponibilidades del recurso, del que
también habla la planificación hidrológica; la protección de su calidad;
la economía de su empleo, y la racionalización de sus usos en armonía con
el medio ambiente y demás recursos naturales. Pero en el momento de
planificar habrá que tener en cuenta la pluviometría, el régimen temporal
de las lluvias, la orografía y la capacidad de retención del agua, aparte
de otros temas. Después habrá que decidir porque no estamos en Francia,
ni tenemos su régimen de lluvias ni su pluviometría, ni tampoco tenemos
unos Alpes, que proporcionan una continuidad en los ríos que dan a la
cuenca mediterránea. No tenemos nada de eso, pero tendremos que decidir
si queremos que se continúe regando en Murcia y en Almería; tendremos que
decidirlo en el contexto del plan hidrológico; tendremos que decidir si
en Onda o en Vall d'Uixó deben continuar haciendo gres o deben cerrar
estas fábricas por falta de agua; debemos decidir si en Benidorm pueden
continuar ofreciendo turismo o no, porque no es verdad que no se esté
economizando el agua. Yo he visitado, y le invito a que lo haga el
ponente del Grupo Parlamentario Popular, la última puesta en riego del
Canal de Monegros y podrá comprobar que todo el riego está planificado
con goteo o con aspersión, que está rigurosamente prohibido el riego a
manta; que éste es un proceso que debemos plantear y que no se va a ser
en cuatro días, pero que debemos actuar juntos, no tirándonos los riegos
por la cara porque eso no conduce a nada.

Como creemos que el Plan Hidrológico necesariamente deberá abordar estos
temas, los dejamos aquí, porque se van a debatir --dicen-- pronto. Y
vamos a decir otra cosa: el Plan Hidrológico que el Gobierno socialista
presentó y no llegó a cuajar era infinitamente más racional que el plan
de restauración de templos de la provincia de Segovia; muchísimo más.

Pero me gustaría hacer una especial mención al conjunto de enmiendas
referidas a los artículos que proponen modificar o suprimir el artículo
61 bis. Me refiero a los artículos 51, 56, 59 y 61 bis.

¿De qué estamos hablando? Se ha dicho en algún momento que se podían
vender los sobrantes, pero el artículo 61 bis establece que sólo se puede
ceder el agua realmente utilizada, no los sobrantes. Por tanto, no se
pueden ceder aguas que no se hayan utilizado durante los últimos años. Si
alguien tiene, por ejemplo, una concesión de 20 m3, pero durante los
últimos años ha utilizado cinco, podrá ceder esos cinco a cambio de no
utilizarlos, o podrá ceder dos si solamente utiliza tres para regar; pero
no podrá ceder los 15 que no ha utilizado.

Por otro lado, sólo puede recibir esa cesión aquel que ya es titular de
derechos de igual o mayor rango según el orden de intereses que fije el
Plan Hidrológico o, en su defecto, el artículo 58. Por tanto, la cesión
de derechos de la que estamos hablando tiene muchas limitaciones. Sin
embargo, son ustedes los que han hablado del mercado del agua; son
ustedes los que lo introducen en el preámbulo de la ley.

Pero lo que nos plantea mayor dificultad en el artículo 61 bis es lo
relativo a que los organismos de cuenca queden limitados en su papel por
aceptar el silencio administrativo positivo. ¿Cómo puede entenderse que
en la disposición adicional tercera se especifique que para una concesión
del dominio público hidráulico se necesita un plazo de 18 meses, y en
este caso estemos hablando de uno o de dos? ¿Cómo debe entenderse que en
el propio artículo 61 bis, en su apartado 14, se utilice el silencio
administrativo negativo? Y lo que es mucho más flagrante: en el apartado
8 del mismo artículo se impone el silencio administrativo negativo para
la utilización de las instalaciones del organismo de cuenca.

Además, en lo referente al plazo y el mecanismo establecidos para conocer
el informe previo de las autoridades en materia agrícola --y coincidimos,
tanto con el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, como con los
Senadores del Partido Aragonés, en que el organismo encargado debe ser la
Comunidad Autónoma--, dicho plazo es exiguo, de manera que en la práctica
puede resultar un brindis al sol.

Asimismo, entre los motivos de denegación de la autorización de la
cesión, no existe la motivación agronómica.




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Solamente se puede no autorizar la cesión si la misma afecta
negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca; a
los derechos de terceros; a los caudales medioambientales, o si incumple
alguno de los requisitos señalados en dicho artículo. Y ello, en el plazo
de uno o de dos meses.

Tampoco se exigen condiciones de respeto al medio ambiente para la cesión
de derechos. El apartado 12 de este artículo hace innecesarios los
artículos 53, 54 y 56 de la ley y el propio apartado 11 del citado
artículo, ya que razones de interés general conceden al Ministerio de
Medio Ambiente capacidad para decidir lo que sea. En este sentido,
entendemos que este artículo debería haberse limitado al apartado 11, el
del banco del agua; por cierto, banco del agua que en California es
público.

Ahora bien, nos felicitamos por la inexistencia de una enmienda: la que
debería modificar el artículo 63 de la ley, el cual fue modificado al
final de la pasada legislatura. Para ello, el Grupo de Convergència i
Unió presentó una enmienda solicitando su devolución, que fue defendida
arduamente por el Senador Ferrer i Profitós, así como por el señor
Aguirre, del Grupo Popular. Como digo, en esta ocasión no se ha
modificado, y nos alegramos de ello, porque creemos que los grupos
Popular y de Convergència i Unió ya entienden la capacidad de los
organismos de cuenca para expropiar caudales no utilizados susceptibles
de ahorro sin indemnización. Insisto: nos felicitamos por ello, y ahora
sólo esperamos que eso se aplique.

También nos oponemos a la modificación del artículo 89 que ustedes
introducen, por entender que existe una contradicción entre la
prohibición absoluta de los vertidos contaminantes y la regulación
posterior que se lleva a cabo.

Asimismo, las enmiendas referidas a los artículos 104, 105 y 106 tienen
que ver con una concepción técnicamente distinta de los cánones a
aplicar.

Del mismo modo, las enmiendas referidas al artículo 44 y a los incluidos
entre el 114 y el 124 explicitan una manera distinta de entender las
obras hidráulicas.

Este es el conjunto de nuestras enmiendas. Sabemos que el Grupo
Parlamentario Popular va a aceptar dos y nos propone otras dos
transacciones, respecto de las que ya anunciamos su aceptación. Pero
entendemos que no se ha producido una auténtica negociación. Ustedes
podrán decirnos que hemos estado cerrados. Nosotros podremos decirles que
la cerrazón está de su parte. Creo que ello no ha sido bueno y que este
proyecto de ley hubiese debido tener más debate en sede parlamentaria. En
un momento dado, el Gobierno decidió darle trámite de urgencia. Está en
su legítimo derecho y no tenemos nada que objetar. Pero pensamos que
hubiese merecido la pena abrir un debate, porque era posible llegar a
acuerdos mayores de los que hemos sido capaces de alcanzar.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Aleu.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Esteban Albert.

El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, señorías, quisiera comenzar
esta intervención que voy a realizar en nombre de mi Grupo para agotar un
turno en contra de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley
pidiendo disculpas porque no podré contestar, como sería el gusto de
nuestro Grupo, a cada una de las enmiendas planteadas desde los distintos
grupos políticos a esta modificación de la Ley de Aguas, por razones
obvias, que a sus señorías no se les escapa, de falta de tiempo, que me
impedirán hacerlo como digo que hubiese sido nuestro gusto.

En Comisión, señorías, en el debate del informe, pusimos de relieve el
gran empeño de mi grupo por tratar de llegar a acuerdos en una ley que va
a permitir avanzar en la dotación de una política del agua y la ley que
hoy se somete a nuestra consideración supone sin género de dudas, dar un
paso más, al establecer un instrumento que resuelva los problemas sobre
la gestión del agua que hoy nuestra sociedad tiene planteados.

Decía el Senador Aleu que probablemente a esta ley 1e hubiera faltado
debate en esta Cámara. No digo que no. Probablemente hubiéramos debido
tener más tiempo para seguir profundizando. Lo que no podemos admitir es
que esta ley no ha sido debatida en profundidad en la sociedad, por
cierto, una ley con dictamen favorable del Consejo Nacional del Agua
--insisto, del Consejo Nacional del Agua-- y una ley, sin embargo, que
experimentó en los momentos de negociación un importante avance, para
quedar paralizado éste cuando no se aceptó, precisamente, una posición
muy extrema de un determinado grupo político.

Y el Senado, como decía, señorías, como Cámara de segunda lectura y de
reflexión, debe tener ineludiblemente una vocación de encuentro de
posiciones que posibilite una mayor penetración de todas las
sensibilidades posibles en los textos legislativos. De ahí que nuestro
grupo vaya a aceptar algunas enmiendas, bien a través de transaccionales,
o bien directamente, en la seguridad de que habremos avanzado si no todo
lo que, seguramente, hubiera gustado a todos los grupos políticos, sí lo
posible en la línea de orientación que el Gobierno ha dado a este
proyecto de ley para alcanzar los objetivos que se había planteado,
porque no debemos olvidar que muchas de las enmiendas planteadas por los
distintos grupos políticos van buscando orientaciones e instrumentos que
no pertenecen a la praxis de la modificación de esta Ley de Aguas. Y no
digo que eso no sea legítimo, sino que no entra dentro de la orientación
que el Gobierno tiene para dotarse de un instrumento como es esta ley.

Creemos que es una ley que ha propiciado el mayor debate político.

También pedimos perdón por si en algunos momentos de este debate no hemos
podido estar a la altura de las circunstancias, al no poder incluir algún
tipo de sensibilidades. Pero quiero decirles que no vamos a rechazar
ninguna enmienda por causa de que alguien tenga que pagar un peaje, sino
porque consideramos que no añaden nada al texto o porque lo que aportan
no es conveniente para el conjunto de la ley. Digo esto porque las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Mixto --se ha referido a
ello el señor Estaún-- ya fueron presentadas en el Congreso de los
Diputados y fueron rechazadas, cuando no tenían que pagar ningún tipo de
peaje político.




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En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos mi grupo ha ofertado una transaccional a la enmienda
número 5, por entender que puede ser aceptable, si bien, la variable
ambiental, como motivo de negación, a la cesión de derecho, podría dar
lugar, señoría, a que se planteara la necesidad de un informe de los
órganos competentes en esta materia. Como no parece oportuno que éste se
exija en todos los casos, debe indicarse que nada impide que
potestativamente el organismo de cuenca lo solicite, cuando de los datos
de que disponga se deduzca un riesgo natural para los sistemas acuáticos.

Vamos a aprobar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, porque entendemos que, efectivamente, lo
que plantea es digno de tenerse en consideración.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado 25 enmiendas. En primer lugar,
con mucho respeto, hay que decir que se corresponden básicamente con las
que presentaron en el Congreso de los Diputados, donde, como es natural,
ya se ha producido su debate.

En segundo lugar, créame, señoría, me ha sido difícil valorar y analizar
en profundidad el objetivo de muchas de ellas, ya que la justificación
era bastante exigua. Decía: Porque nos parece conveniente. Con esa
justificación era muy difícil encontrar algunos puntos de encuentro que
aproximaran nuestras posiciones. En algunas enmiendas la justificación es
insuficiente o ambigua y en otras, ambas cosas. Se lo digo con mucho
respeto, pero con toda rotundidad.

Respecto a las enmiendas números 18 y 19, a las que usted antes hacía
mención, realmente, señoría, no son aceptables porque nos parece que
ustedes confunden los planes nacionales, aprobados por el Consejo de
Ministros, con el Plan Hidrológico Nacional que, como usted muy bien
sabe, es materia de reserva legal, es decir, ha de ser aprobado por una
ley. Me parece una confusión tan importante, que ni siquiera se puede
entrar a valorar algún aspecto.

Como ejemplo, señoría, la enmienda número 26 ha sido imposible
analizarla, porque tengo que reconocer aquí mi falta de capacidad para
identificar lo que en ella se solicita. Lo lamento, pero es así. No he
sido capaz de entender lo que con dicha enmienda se pretende.

Me llama la atención la enmienda número 27 porque fue aprobada ya en el
Congreso de los Diputados, con la única salvedad del cambio de la palabra
«concesional» por «concedido», que se utiliza en estos momentos para
presentar una enmienda. Señores del Grupo Parlamentario Mixto, creo
humildemente que esta enmienda debería ser retirada. Creo que con mucho
criterio ya se tuvo en consideración en el Congreso de los Diputados y en
este debate no es el momento de ir por esos derroteros.

Finalmente, y por haber hecho un muestreo en dichas enmiendas, por lo que
nuevamente pido disculpas, la enmienda 81 es rechazable por falta de
razón de ser y, además, de argumentación que la soporte; es más, incluso
el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con el apartado 11 del
artículo 56 que ustedes pretenden suprimir.

Finalmente, señor Presidente, voy a pasar a considerar y valorar las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Lo haré en aquellos
aspectos que nos unen y no en los que nos separan, toda vez que las
enmiendas, también, del Grupo Parlamentario Socialista básicamente son
reproducidas de las del Congreso de los Diputados, y ese debate ya se ha
producido y solapar argumentaciones no tendría mucho sentido, pero sí me
interesa más ahondar, precisamente, en aquello en que coincidimos.

Hemos querido, señoría, no obstante, ejercer un papel moderador y asumir
algunas de las sensibilidades expresadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. Vamos a aceptar y votar favorablemente las enmiendas 48 y 120
y les hemos propuesto transaccionales que ya están tramitadas a las
enmiendas 87 y 93.

Aceptamos la enmienda 48 porque, en realidad, no hay un criterio jurídico
para aceptarla o rechazarla --es curioso-- pues se limita a decir algo
que es evidente: que en todo caso debe aplicársele la legislación
ambiental vigente correspondiente en la materia a la que ustedes se
refieren. Como eso nos parecía una adecuada técnica legislativa, además
hace remisiones continuas a lo previsto en otra normativa igualmente
vigente, entendemos que como esa insistencia no hace daño vamos a votarla
favorablemente.

Sobre la enmienda 120 aceptamos el plazo de un año, a pesar de considerar
que un Real Decreto legislativo se limitaría a reordenar los artículos,
lo que parece de poco contenido para un texto de estas características.

Las enmiendas 87 y 93 soportan dos transaccionales. Prácticamente se
acepta en su totalidad la enmienda 87 presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Lo único que variamos de la enmienda es el
inciso final de la letra a) de su enmienda, quedando el resto como la
propia enmienda.

Respecto a la enmienda 93 aceptamos parcialmente el apartado 4 y no así
el 6 que por su vaguedad e inconcreción, además de por ser una materia
más propia de la legislación ambiental específica que la Ley de Aguas, en
principio nos parece una competencia de las Comunidades Autónomas.

Hasta aquí la consideración de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que el resto de las enmiendas, por haber sufrido un debate
anterior, como decía, en el Congreso de los Diputados, no hace
aconsejable duplicar argumentos que ya han sido expuestos durante mucho
tiempo.

En este momento, señor Presidente, me gustaría también hacer una defensa
de las enmiendas transaccionales presentadas como consecuencia del
informe del letrado que han sido, al menos para su tramitación, suscritas
por todos los grupos políticos. Creemos que algunas enmiendas son de
mejora técnica, otras no lo son tanto, pero estamos en la posición de
intentar mejorar el texto legislativo, incluso también en su redacción.

Como consecuencia de ello, hemos presentado enmiendas transaccionales. En
la corrección de errores a la exposición de motivos donde dice «... la
Ley de 13 de julio de 1879...», ha de decir: «... 13 de junio de 1879...»
Así también en el último inciso del apartado 14 del nuevo artículo



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61 bis, introducido por el apartado decimonoveno del proyecto de ley,
donde dice «... al Director General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas...» --efectivamente se regulaban unas competencias directamente del
Director General de Obras Hidráulicas que nos han parecido excesivas--,
debe decir: «... al Ministerio de Medio Ambiente...», que con otro
decreto legislativo regulará las competencias interiormente para quien
crea conveniente. La disposición adicional tercera del proyecto de ley de
modificación de la Ley de Aguas pasaría a ser una nueva disposición
adicional, la disposición adicional octava a la ley 29/1985 de 2 de
agosto.

En el nuevo apartado 8 del artículo 115 de la Ley de Aguas, en el
apartado cuadragesimocuarto del artículo único del proyecto de ley donde
dice: «... en el apartado 3 a) del artículo 106... obliguen...», debe
decir: «... en la letra a) del apartado 3 del artículo 106» obligan a la
Administración del Estado.

Por último, la rúbrica de la disposición adicional quinta del proyecto de
Ley tendrá el siguiente tenor: «Obras de mejora de infraestructura
hidráulica del Delta del Ebro». No obstante, señorías, como consecuencia
de las transaccionales presentadas, firmadas y aceptadas por los
distintos grupos políticos, cambia la numeración, y sería bueno, señor
Presidente, que se tomara nota de que la disposición adicional tercera
tendría que venir relacionada exactamente igual que venía en el informe
del letrado, y, como consecuencia de esas transaccionales, el orden de
los diferentes apartados, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero, sea
correlativo, una vez puestos de acuerdo y una vez aprobadas las enmiendas
transaccionales.

Quiero decir, señor Presidente, para terminar, que en estos momentos
hemos dado un paso importante; es posible que esta ley sea perfectible;
es posible que haya sensibilidades no recogidas, pero hoy es motivo de
satisfacción votar el texto de una ley que va a servir como instrumento,
precisamente, como decía anteriormente el Senador Sanz, para solucionar
los problemas que tienen planteados los ciudadanos españoles con el agua.

Es sin duda un buen instrumento, es posible que sea perfectible, repito,
pero creo que estamos en la antesala de poderlo utilizar por primera vez
para dar soluciones a los problemas que tienen planteados los españoles.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Esteban Albert.

Abrimos turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Estaún.




El señor ESTAUN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a los portavoces de los grupos
Parlamentario Socialista y de Senadores Nacionalistas Vascos las
referencias que han hecho a las coincidencias que mantienen con las
enmiendas, presentadas desde el Grupo Parlamentario Mixto, por el Partido
Aragonés y que, desde luego, no las hacen tan descabelladas ni tan
ridículas como ha querido significar el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.

Yo me descubro ante la perspicacia del Grupo Parlamentario Popular que ha
caído en la cuenta --es realmente agudo-- de que el Partido Aragonés ha
presentado, en este trámite en el Senado, las mismas enmiendas que
presentó en su día en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, al no
ser aprobadas en el Congreso de los Diputados no hemos tenido más remedio
que presentarlas en idénticos términos.

Respecto a la escueta justificación de las enmiendas, creo que habrá
podido leer también el «Diario de Sesiones» del Congreso de los
Diputados, donde nuestro portavoz, con el escaso tiempo que le
permitieron los grupos parlamentarios Popular y Mixto, pudo exponer
algunos argumentos que sustentaban estas enmiendas, y que yo intenté
también ampliar en Comisión. Le aseguro que más decepcionado estoy yo con
los argumentos que me dio en la Comisión de Medio Ambiente, en contra de
mis enmiendas, donde simplemente manifestó su voluntad de que no quedara
reflejada en el «Diario de Sesiones» ninguna opinión que pudiera
perjudicar el diálogo, el consenso que iba a buscar con todos los grupos,
diálogo que ha buscado activamente con todos los grupos, menos con el
Partido Aragonés, y que en definitiva no se ha producido en absoluto en
lo que respecta a este portavoz, a este Grupo Parlamentario Mixto, y al
Partido Aragonés por lo que hace relación con sus enmiendas.

Ha hablado usted de peajes y yo le quiero decir que sólo pago un peaje,
que es el de la A-68, una autopista que va desde Zaragoza a Pamplona y a
Bilbao, que es muy cara por cierto, y que desgraciadamente, aunque estaba
en nuestro programa electoral de coalición, con el que concurrimos a las
elecciones generales, no hemos podido todavía ni liberalizar ni desdoblar
ese tramo de carretera que tantos problemas da a la Comunidad Autónoma
aragonesa.

Hablando de peajes, sí se ha puesto de manifiesto en el debate de hoy en
el Senado el peaje que ha pagado el Grupo Parlamentario Popular, y que ha
puesto tan de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, cuando hacía referencia a su
satisfacción por la aprobación de la disposición adicional quinta de esta
reforma de la Ley de Aguas.

Por tanto, voy a pedir nuevamente disculpas por las deficiencias o
incorrecciones que haya podido encontrar el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en nuestras enmiendas, pero tengo que recordarle
que en el último tramo de su intervención él mismo ha hecho una
corrección de errores que es lógica, normal, humana, motivada por su
propio grupo. En este aspecto, creo que no nos puede achacar a un grupo
tan modesto, con tan pocos recursos y con tan escaso capital humano, como
es el Partido Aragonés, que cometamos de vez en cuando algún error debido
a la bisoñez y a la inexperiencia de este portavoz.

Como decía, vamos a apoyar algunas de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en concreto, las números
1, 4, 5 y 6, así como del Grupo Parlamentario Socialista con las que
tenemos alguna coincidencia. No tenemos sumisión, ni tenemos ningún



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peaje que pagar, simplemente utilizamos la libertad que tenemos como
partido propio e independiente, y así como otras veces hemos apoyado
vetos de otros grupos parlamentarios, desde el Grupo Parlamentario
Popular, ahora desde el Grupo Parlamentario Mixto lo vamos a seguir
haciendo, y lamento que le pueda molestar. Vamos a pedir la votación
separada también de las enmiendas números 61, 67, 72, 73, 81 y 84 del
Grupo Parlamentario Socialista, y nos vamos a abstener en el resto. Por
supuesto, vista la intención consensuadora del Grupo Popular, nuestra
posición no puede ser otra que votar en contra del dictamen de la reforma
de la Ley de Aguas que se tramita hoy en el Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Estaún ¿Me puede repetir
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista para las que pide
votación separada?



El señor ESTAUN GARCIA: En concreto son las números 61, 67, 72, 73, 81 y
84.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): ¿Se pueden votar conjuntamente?



El señor ESTAUN GARCIA: Sí.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Señor Aleu.




El señor ALEU I JORNET: Quiero manifestar que vamos a votar a favor de
las enmiendas de los grupos que coinciden básicamente con las nuestras y
en contra de un par de ellas que se oponen a lo que nosotros entendemos,
y en las demás nos vamos a abstener.

Quiero hacer dos consideraciones: Señor Esteban, yo creo que esta ley por
sí sola poco va a solucionar. Esta reforma no garantiza por sí sola que
los murcianos o los almerienses vayan a regar, no garantiza la
continuidad de la industria del ladrillo en Castellón; no lo garantiza.

Habrá que esperar al Plan Hidrológico, y dentro de él, aunque no nos
guste, habrá que hablar de cemento, y que Dios nos pille confesados si no
hablamos de cemento. Habrá que hablar de construcción de presas, de
conducciones y necesariamente habrá que hablar de obras hidráulicas, ya
sea para traer agua del Ródano, ya sea para distribuir el agua que
tenemos, pero para poder distribuirla, queramos o no, habrá que
almacenarla.

Una última consideración, en todo lo que sea ahorrar el agua y usarla más
racionalmente, tendremos que coincidir. Nosotros coincidiremos con el
Gobierno de turno, sea nuestro o sea del Grupo Parlamentario Popular, en
el ahorro del agua y en la racionalización de su uso.

Desde nuestro punto de vista, se avanza poco, se fía todo al mercado, se
fía todo a que alguien pueda obtener beneficios con la concesión
administrativa que tiene. Creemos que hay que dar más pasos y esos pasos
los deben dar los organismos de cuenca debidamente remozados y
debidamente actualizados; en este camino nos encontrarán y colaboraremos
lealmente con el Gobierno que haya en su momento para que esto pueda
producir sus frutos, pero independientemente de la Ley que hoy aprobamos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Aleu.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Esteban
Albert.




El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente. Quería hacer
una breve referencia a las palabras del portavoz del Grupo Mixto, señor
Estaún.

Señoría, hace usted mal en ver maldad en mis palabras, ni ninguna
desautorización, ni ningún tipo de prepotencia por mi parte en lo que se
refiere a sus enmiendas. Simplemente he querido constatar un hecho que
había llamado poderosamente mi atención: he sido incapaz de encontrar
algún texto o alguna intervención que me aclarara cuál es la orientación
de sus enmiendas, esto en algunos casos, y en otros tampoco he podido
tener la satisfacción de verle a usted intentando llevar con nosotros
política alguna de entendimiento en estas materias.

Por eso le digo que hace usted mal en ver maldad en mis palabras. Pero,
en cualquier caso, si le he molestado personalmente, le pido disculpas
por ello. Pero no tenga usted mala conciencia. Usted es muy dueño de sus
actos y, por tanto, puede decidir estar en esta Cámara en el grupo
político que usted crea conveniente, pero no crea que por eso nadie le
quiere molestar ni le va a intentar hacer pagar ningún tipo de peaje.

Quiero agradecer las palabra y el tono del portavoz socialista, señor
Aleu. Creo que éste es un instrumento que sí va a servir. Está claro que
tenemos una diferencia conceptual sobre la aplicación de la ley. Veremos
cómo funciona su gestión, pero eso el tiempo nos lo dirá.

En cuanto al debate sobre el Plan Hidrológico, espero que, efectivamente,
Murcia, igual que Almería, sigan regando como lo han estado haciendo
durante estos cuatro años sin que se haya tenido que suspender ningún
riego, del mismo modo que espero la misma capacidad demostrada por este
Gobierno para poder llegar a acuerdos con determinadas Comunidades
Autónomas que no eran de su signo político, que han posibilitado que los
murcianos y los almerienses hayan seguido regando.

Nada más y muchas gracias. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien, muy
bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Albert.

Terminado el debate, vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.)
Ruego guarden silencio, en aras de la agilidad en el proceso de votación.




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En primer lugar, votamos la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario
Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 11; en contra, 186.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.

A continuación, votamos conjuntamente las enmiendas que van de la 26 a la
33 y la número 35, todas ellas del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 10; en contra, 115; abstenciones, 71.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 81; en contra, 114; abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a
favor, 193; en contra, uno.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, seis; en contra, 187; abstenciones, cuatro.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazada.

Votamos ahora las enmiendas números 3 y 4 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, 13; en contra, 109; abstenciones, 73.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Corresponde votar las enmiendas números 6 y 7 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 86; en contra, 109; abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

La enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos soporta una transaccional que se votará al final.

Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas números 48 y 120 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 11.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.

Sometemos a votación las enmiendas 38 a 81, a excepción de las números
61, 67, 72, 73 y 81.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 73; en contra, 115; abstenciones, nueve.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas. Votamos las
enmiendas 83 a 122 a excepción de la 84. (El señor Prada Presa pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Habría que sacar de este grupo de enmiendas las números 87 y 93, que
soportan dos transaccionales.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias.

Pensaba decirlo a continuación, pero efectivamente lleva razón.

Sometemos a votación las enmiendas 83 a 122, a excepción de la número 84,
así como la 87 y la 93, que soportan enmiendas transaccionales.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 71; en contra, 117; abstenciones, nueve.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas números 61, 67, 72, 73, 81 y 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 75; en contra, 116; abstenciones, seis.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las propuestas de modificación. Voy a leerles las
propuestas de modificación que se han presentado a la Mesa.

Se han presentado propuestas de modificación respecto a la enmienda
número 5, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos;
respecto a las enmiendas 87 y 93, del Grupo Parlamentario Socialista,
anteriormente citadas por el Senador Presa; y la corrección de errores
firmada por todos los grupos parlamentarios.

¿Podemos votarlas conjuntamente? (Pausa.) No.

Sometemos a votación la propuesta de modificación respecto a la enmienda
número 5, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 124; en contra, uno; abstenciones, 72.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobada.

¿Se pueden votar todas las demás conjuntamente? (Pausa.) Gracias.

Sometemos a votación las propuestas de modificación que soportan las
enmiendas 87 y 93, y la corrección de errores firmada por todos los
grupos parlamentarios.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 194; abstenciones, 3.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.

Sometemos a votación el texto del dictamen.

En primer lugar, modificaciones que afectan a los artículos 22, 23.1, 27,
51.4, 59.4 y 5, 60, 74, 76, 90, 96, 97, 107, 109, 111 y la disposición
adicional primera, cuarta, quinta, transitoria cuarta y final primera.

(Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 120; en contra, cuatro; abstenciones, 72.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobadas.

El segundo bloque de votación del texto del dictamen corresponde a las
modificaciones que afectan a los artículos 5, 10, 38.1, 58, 84, 103 y
disposición final segunda.

¿Se pueden votar conjuntamente? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 192; en contra, cuatro.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.

¿Podemos votar conjuntamente el resto del texto del dictamen? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, mi Grupo
Parlamentario ha pasado un escrito al Secretario General Adjunto
solicitando votación separada.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): De acuerdo.

Votamos a continuación el artículo 61 bis, apartados 2 y 12, y el
artículo 71, apartado 4.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a
favor, 116; en contra, 80; abstenciones, una.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quedan aprobados.

Votamos, a continuación, el resto del texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, 122; en contra, 72; abstenciones, una.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.

Se levanta la sesión.




Eran las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.