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DS. Senado, Pleno, núm. 133, de 15/06/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 133
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 15 de junio de 1999
ORDEN DEL DIA
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo
señor Senador don Jesús María Rodríguez Orrantia (Número de expediente
500/000279).
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 26 de mayo de 1999.
Segundo
--Elección de miembros de la Diputación Permanente (Número de expediente
560/000001).
Tercero
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
adoptar diversas medidas en relación con la Fundación Pública Carlos III
para la Investigación del Cáncer (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 696, de fecha 14 de junio de
1999) (Número de expediente 671/000074).
Cuarto
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
que encargue al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la
realización de un estudio sobre las opiniones y actitudes del colectivo
médico
en relación con la eutanasia (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 696, de fecha 14 de junio de
1999) (Número de expediente 662/000184).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación y
salud de niños y adolescentes que manifiestan algún tipo grave de
trastorno de personalidad y conducta (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 696, de fecha 14 de junio
de 1999) (Número de expediente 662/000188).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para
que, de manera inmediata, desarrolle una campaña de información en los
medios audiovisuales marroquíes y españoles para dar a conocer a la
población marroquí las normas existentes para la obtención de los visados
en los Consulados españoles y los riesgos que, para sus derechos, suponen
las redes que efectúan el tráfico ilícito de trabajadores emigrantes
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 696, de fecha 14 de junio de 1999) (Número de expediente
662/000187).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno para que amplíe la extensión del llamado
«coste cero» de los contratos interinos de sustitución por baja maternal
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 696, de fecha 14 de junio de 1999) (Número de expediente
662/000186).
Quinto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al Convenio sobre el
apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas
LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 29 de enero de
1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 253,
de fecha 28 de mayo de 1999) (Número de expediente S. 610/000253) (Número
de expediente C. D. 110/000249).
--Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite y Enmienda al Acuerdo de
Explotación de INMARSAT, adoptadas por la Asamblea de Inmarsat el 24 de
abril de 1998, en su duodécimo período de sesiones, celebrada en Londres
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 227, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S.
610/000227) (Número de expediente C. D. 110/000228).
--Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y la República de
Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 228,
de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S. 610/000228)
(Número de expediente C. D. 110/000229).
--Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la
supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 21 de diciembre de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 229, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S.
610/000229) (Número de expediente C. D. 110/000230).
--Acuerdo entre España y Australia relativo a la entrada y estancia en
viajes de corta duración de australianos en España y españoles en
Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1998 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 230,
de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S. 610/000230)
(Número de expediente C. D. 110/000231).
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania, relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Madrid el 18
de noviembre de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 231, de fecha 28 de abril de 1999)
(Número de expediente S. 610/000231) (Número de expediente C. D.
110/000232).
--Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros, hecho «ad referendum» en Bruselas el 26
de julio de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 232, de fecha 28 de abril de 1999)
(Número de expediente S. 610/000232) (Número de expediente C. D.
110/000233).
--Acuerdo de Aplicación Provisional entre determinados Estados Miembros
de la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la
tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho «ad referendum»
en Bruselas el 26 de julio de 1995 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
233, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S. 610/000233)
(Número de expediente C. D. 110/000234).
--Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial,
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros, y Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros y del Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio,
con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, firmados «ad referendum» en Bruselas el 29 de noviembre de 1996
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 234, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S.
610/000234) (Número de expediente C. D. 110/000235).
--Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los Estados
Miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de Japón, el
Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos de
América relativo a la Cooperación sobre la Estación Espacial Civil
Internacional, e intercambio de Cartas Anejas al Acuerdo sobre la
Estación Espacial Internacional, hecho en Washington el 29 de enero de
1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 235, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente
S. 610/000235) (Número de expediente C. D. 110/000236).
--Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Bulgaria para la cooperación en la lucha contra la
delincuencia, hecho en Sofía el 21 de julio de 1998 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 236,
de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S. 610/000236)
(Número de expediente C. D. 110/000238).
--Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República
Popular China al Convenio número XX sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 237, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de
expediente S. 610/000237) (Número de expediente C. D. 110/000239).
--Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Turkmenistán, por otra, y Acta final, hecho
en Bruselas el 25 de mayo de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 238, de fecha 28 de abril
de 1999) (Número de expediente S. 610/000238) (Número de expediente C. D.
110/000241).
--Acuerdo de cooperación entre el Reino de Bélgica, la República Federal
de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el
Reino de los Países Bajos, la República Italiana, el Reino de España, la
República Portuguesa, la República Helénica, la República de Austria, el
Reino de Dinamarca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, partes
contratantes del Acuerdo y del Convenio de Schengen y la República de
Islandia y el Reino de Noruega, relativo a la supresión de los controles
de personas en las fronteras comunes, hecho en Luxemburgo el 19 de
diciembre de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 239, de fecha 28 de abril de 1999)
(Número de expediente S. 610/000239) (Número de expediente C. D.
110/000242).
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 20 de enero de
1999 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 240, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente
S. 610/000240) (Número de expediente C. D. 110/000243).
--Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 241, de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S.
610/000241) (Número de expediente C. D. 110/000244).
--Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 242,
de fecha 28 de abril de 1999) (Número de expediente S. 610/000242)
(Número de expediente C. D. 110/000237).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo
señor Senador don Jesús María Rodríguez Orrantia (Página 6317)
El señor Rodríguez Orrantia promete acatar la Constitución.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada el pasado día 26 de mayo de 1999 (Página 6317)
Se aprueba el Acta.
La señora Presidenta anuncia la presencia en la Cámara de una delegación
de la República de Eslovenia, que se encuentra en España en visita
oficial.
ELECCION DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE (Página 6317)
Por asentimiento de la Cámara, quedan designados: miembro titular de la
Diputación Permanente don Juan Antonio Arévalo Santiago y miembro
suplente, doña Coral Rodríguez Fouz.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 6318)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
adoptar diversas medidas en relación con la Fundación Pública Carlos III
para la Investigación del Cáncer (Página 6318)
El señor López Carvajal defiende la moción. La señora Coloma Pesquera
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor López Carvajal expone la
posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría
Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco, y Cardona i Vila,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convegència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 92 votos a favor, 108 en
contra y una abstención.
MOCIONES: (Página 6322)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que
encargue al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la realización
de un estudio sobre las opiniones y actitudes del colectivo médico en
relación con la eutanasia (Página 6322)
La señora Rodríguez Fouz defiende la moción. El señor Bellido Muñoz
defiende la enmienda del Grupo Popular. La señora Rodríguez Fouz expone
la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra lo señores Martiarena Lizarazu,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cardona i Vila, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convegència i Unió, y Bellido Muñoz, por el
Grupo Popular. Vuelve a intervenir la señora Rodríguez Fouz. El señor
Bellido Muñoz interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación y
salud de niños y adolescentes que manifiestan algún tipo grave de
trastorno de personalidad y conducta (Página 6328)
La señora Do Campo Piñeiro defiende la moción. La señora Barenys i
Martorell defiende la enmienda del Grupo Socialista, al tiempo que se une
a una propuesta de modificación firmada por los Grupos Parlamentarios
Popular, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Mixto y de
Senadores Nacionalistas Vascos. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra el señor Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convegència i Unió, y la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, a tenor de la propuesta de
modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para
que, de manera inmediata, desarrolle una campaña de información en los
medios audiovisuales marroquíes y españoles para dar a conocer a la
población
marroquí las normas existentes para la obtención de los visados en los
Consulados españoles y los riesgos que, para sus derechos, suponen las
redes que efectúan el tráfico ilícito de trabajadores emigrantes (Página 6333)
La señora Guirado Pérez defiende la moción. El señor Morales Montero
defiende la enmienda del Grupo Popular. La señora Guirado Pérez expone la
posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Ferrer i Roca, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convegència i Unió; la señora Guirado Pérez, por
el Grupo Socialista, y el señor Morales Montero, por el Grupo Popular. La
señora Presidenta da lectura a una propuesta de modificación, firmada por
los Grupos Popular, Catalán en el Senado de Convegència i Unió, de
Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, en los términos de la
propuesta de modificación, por asentimiento de la Cámara.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que se insta al Gobierno para que amplíe la extensión del llamado
«coste cero» de los contratos interinos de sustitución por baja maternal.
El señor Ferrer i Roca anuncia la retirada de esta moción.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6340)
Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al Convenio sobre el
apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas
LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 29 de enero de
1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6340)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite y Enmienda al Acuerdo de
Explotación de INMARSAT, adoptadas por la Asamblea de Inmarsat el 24 de
abril de 1998, en su duodécimo período de sesiones, celebrada en Londres
(Página 6340)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y la República de
Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998 (Página 6340)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio relativo a la
supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 21 de diciembre de 1995
(Página 6340)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre España y Australia relativo a la entrada y estancia en
viajes de corta duración de australianos en España y españoles en
Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1998 (Página 6340)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania, relativo a
la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Madrid el 18
de noviembre de 1998 (Página 6341)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros, hecho «ad referendum» en Bruselas el 26
de julio de 1995 (Página 6341)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de Aplicación Provisional entre determinados Estados Miembros de
la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la
tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho «ad referendum»
en Bruselas el 26 de julio de 1995 (Página 6341)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial,
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros, y Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros y del Protocolo relativo a la interpretación de dicho Convenio,
con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, firmados «ad referendum» en Bruselas el 29 de noviembre de 1996
(Página 6341)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los Estados
Miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de Japón, el
Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos de
América relativo a la Cooperación sobre la Estación Espacial Civil
Internacional, e intercambio de Cartas Anejas al Acuerdo sobre la
Estación Espacial Internacional, hecho en Washington el 29 de enero de
1998 (Página 6341)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Bulgaria para la cooperación en la lucha contra la
delincuencia, hecho en Sofía el 21 de julio de 1998 (Página 6342)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de aceptación por España de la Adhesión de la República
Popular China al Convenio número XX sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970 (Página 6342)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por
una parte, y la República de Turkmenistán, por otra, y Acta final, hecho
en Bruselas el 25 de mayo de 1998 (Página 6342)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo de cooperación entre el Reino de Bélgica, la República Federal de
Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino
de los Países Bajos, la República Italiana, el Reino de España, la
República Portuguesa, la República Helénica, la República de Austria, el
Reino de Dinamarca, la República
de Finlandia, el Reino de Suecia, partes contratantes del Acuerdo y del
Convenio de Schengen, y la República de Islandia y el Reino de Noruega,
relativo a la supresión de los controles de personas en las fronteras
comunes, hecho en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996 (Página 6342)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 20 de enero de
1999 (Página 6342)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997
(Página 6343)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998 (Página 6343)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR SENADOR DON JESUS MARIA RODRIGUEZ ORRANTIA (500/000279).
La señora PRESIDENTA: Asunto previo del orden del día: Juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo señor don
Jesús María Rodríguez Orrantia, electo por la circunscripción de Vizcaya,
suplente del Excelentísimo señor don Ramón Rubial Cavia.
¿Jura o promete acatar la Constitución?
El señor RODRIGUEZ ORRANTIA: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Jesús María Rodríguez Orrantia ha adquirido la condición plena de
Senador. Enhorabuena. (Aplausos.)
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA EL PASADO DIA 26 DE MAYO DE 1999.
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Lectura y
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el
pasado día 26 de mayo.
¿Hay alguna observación al acta? (Pausa.) ¿Puede aprobarse por
asentimiento? (Pausa.) Se aprueba el acta.
Señorías, antes de seguir con el orden del día de la sesión de hoy,
quiero informarles de que se encuentra entre nosotros, realizando una
visita oficial a España por invitación de esta Cámara, una delegación del
Consejo Nacional de la República de Eslovenia, encabezada por su
Presidente, Excelentísimo señor don Tone Hrovat. Bienvenidos. (Aplausos.)
--ELECCION DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE (560/000001).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Elección de
miembros de la Diputación Permanente.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 46 del Reglamento del
Senado, procede la cobertura de la vacante existente en estos momentos
como consecuencia del fallecimiento del Senador don Ramón Rubial Cavia. A
tal efecto, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que don Juan
Antonio Arévalo Santiago pase de miembro suplente a titular de la
Diputación Permanente.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que para cubrir
la vacante de suplente que dejaría la elección como titular del citado
Senador, sea elegida la Senadora doña Coral Rodríguez Fouz.
¿La Cámara acuerda por asentimiento la elección del Senador Arévalo como
titular de la Diputación Permanente? (Pausa.)
Así se acuerda. Queda elegido el mencionado señor Senador como titular de
la Diputación Permanente.
¿La Cámara acuerda por asentimiento la elección de la Senadora Rodríguez
Fouz como suplente de la Diputación Permanente? (Pausa.)
Queda elegida la mencionada señora Senadora como suplente de la
Diputación Permanente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS EN RELACION CON LA FUNDACION PUBLICA CARLOS III
PARA LA INVESTIGACION DEL CANCER (671/000074).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
adoptar diversas medidas en relación con la Fundación Pública Carlos III
para la investigación del Cáncer.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, firmada también por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción originaria tiene la palabra, por un tiempo
de cinco minutos, en representación del Grupo Parlamentario Socialista,
el Senador López Carvajal.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Señora Presidenta, señorías, en la interpelación
al Ministro de Sanidad del pasado día 26 de mayo, formulé una pregunta
básica que quiero reiterar nuevamente en la defensa de la presente
moción. ¿Tiene el Gobierno la voluntad de que el futuro Centro Nacional
de Oncología sea un establecimiento del Sistema Nacional de Salud?
El señor Romay dio una respuesta afirmativa a esta cuestión, pero los
estatutos de la fundación pública creada para la gestión de dicho centro
la ponen en entredicho y es que, en mi opinión, resulta difícil
garantizar la pertenencia al Sistema Nacional de Salud de un centro cuyos
órganos de gobierno pueden no estar bajo el control de las autoridades
sanitarias. Concretamente, el artículo 7 de dichos Estatutos, que hace
referencia a la composición del Patronato, establece que habrá una serie
de miembros natos, que ascienden a cinco, y un número de vocales
electivos, que ascienden a 15 y sobre los cuales no existe ningún tipo de
procedimiento para su elección.
Para cubrir las vocalías electivas, el Grupo Parlamentario Socialista
solicita, en primer lugar, que se incorporen los representantes de las
Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de
sanidad.
De la intervención del señor Ministro se desprende que esta medida estará
en función de su colaboración en la financiación de la citada Fundación.
La premisa puede ser razonable, pero también puede ser excesiva. Todo
depende de las cifras que se barajen. Y no quiero adentrarme en este
asunto por respeto a la autonomía de estas instituciones. Sólo pido que
se acepte el principio de que la incorporación de los representantes de
las Comunidades Autónomas es un requisito ineludible para que el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas sea un instrumento al servicio de
la política sanitaria del Estado, así como que el Ministerio,
indiscutiblemente, debe ser generoso en esta negociación. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Pero esta premisa implica, igualmente, que la industria farmacéutica
tendrá, por sus futuras aportaciones, entre otras contrapartidas, la de
su presencia en dicho Patronato. La medida también es comprensible. Pero,
dado el modelo de financiación que se prevé, con un solo tercio de
aportación de fondos del Ministerio, pudiera estar en juego la
representación mayoritaria del Patronato.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que deben ponerse
límites a la presencia en el Patronato de los posibles representantes de
la industria farmacéutica, como garantía de que el gobierno de la
Fundación estará permanentemente bajo el control de las autoridades
sanitarias y las organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que defendemos con
ello es la autonomía de la Fundación para establecer las líneas de
investigación más adecuadas y el control de estos resultados, es decir,
los derechos sobre las futuras patentes.
El primer punto, que la premisa barajada por algunos directivos del
Centro Nacional de Oncología sobre que los intereses de la industria
farmacéutica y de la investigación básica son los mismos, es discutible
por una parte de la comunidad científica.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la propiedad de las patentes,
porque las afirmaciones voluntaristas del Ministro se contradicen
claramente con lo expuesto por el señor Barbacid en su comparecencia en
la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. El señor Romay
manifestó en esta Cámara que los convenios que se habían suscrito con la
industria farmacéutica garantizaban que las patentes eran propiedad de la
Fundación. Hablaba en plural y solamente ha habido un convenio con la
industria Pfizer. Pero, al mismo tiempo --repito--, esta afirmación se
contradice con la expuesta por el señor Barbacid, cuando dijo en el
Congreso de los Diputados que, por supuesto, se iban a establecer
colaboraciones tanto con las universidades, como con las compañías
farmacéuticas. «La ventaja de establecer la colaboración con
universidades --repito textualmente-- es que el posible fármaco
pertenecería al Sistema Nacional de Salud, mientras que en el segundo
caso pertenecería a la compañía farmacéutica, si bien nosotros
obtendríamos unos beneficios que habría que negociar.»
Señorías, los fines particulares y las actividades específicas de la
Fundación se pueden agrupar en tres grandes categorías: investigación,
coordinación y docencia. Estas actividades deben definirse en el plan
estratégico que, en definitiva, es una medida crucial de política
sanitaria, por lo que, dado el relieve y la trascendencia de dichos
fines, es obvio que se trata de una medida de ámbito estatal y como
tal debe gozar del consenso de las autoridades sanitarias del país. Por
tanto, su aprobación no debe abordarse con la actual composición del
Patronato, es decir, por los cuatro miembros que hoy lo componen y que
son, concretamente, el Director del Instituto Carlos III, el Director de
la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Presidencia del Gobierno, el
Subdirector General del Fondo de Investigaciones Sanitarias y el
Secretario Técnico del Instituto Carlos III.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador López Carvajal, su tiempo
ha concluido.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Acabo en medio minuto, señor Presidente.
Al mismo tiempo, el plan no puede definirse de espaldas a la comunidad de
investigadores oncológicos españoles. Tanto los que trabajan en los
escasos institutos de oncología existentes como quienes lo hacen en
centros reconocidos de investigación oncológica deben participar en el
diseño de este plan. Así es como se propugna en el segundo Libro Blanco
la situación de la oncología en España y, para ello, la mejor vía es que
el Consejo Asesor del Patronato sea nombrado con una perspectiva plural,
es decir, entre personas de reconocido prestigio por su participación en
la investigación oncológica. Esa facultad, que también le compete al
Patronato, no puede abordarse con la composición actual, sino que tiene
que hacerse, indiscutiblemente, después de una ampliación de ese
Patronato.
Quiero terminar mi intervención afirmando que la Ley 30/1994 de
Fundaciones, a la que ustedes se han acogido para crear la Fundación
Carlos III para la investigación del cáncer, no impone el modelo de
estatutos que ustedes han aprobado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, acabe, por favor.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Ya termino.
Con ese modelo el Ministerio aleja al Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas del Sistema Nacional de Salud.
Las modificaciones que nosotros presentamos en la moción que queremos que
se apruebe tienen la virtualidad de que harían del Centro Nacional de
Oncología un establecimiento, por supuesto, del Sistema Nacional de
Salud.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la Senadora Coloma Pesquera.
La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha suscrito una enmienda de
modificación, por la que instamos al Gobierno a que la Fundación Pública
Carlos III para la investigación del cáncer informe periódicamente al
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están
representadas todas las Comunidades Autónomas, sobre los proyectos,
actuaciones e investigaciones científicas que ha venido desarrollando.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) De hecho, se trata de un
centro nacional dependiente de un instituto nacional y de apoyo
científico y técnico al Sistema Nacional de Salud, es decir, afecta a
todas las Comunidades Autónomas con competencias o no sanitarias. Y todo
ello en aras del consenso y del interés suscitado por todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara para que este Centro, que es
una demanda de la sociedad avanzada y de la comunidad científica, sea
pronto una realidad.
El Grupo Parlamentario Socialista en su moción insta al Gobierno a
aportar la dotación fundacional suficiente para garantizar sus fines
estatutarios, pero les tengo que decir que las aportaciones previstas
desde los Presupuestos Generales del Estado son las necesarias para
garantizar los objetivos. Mil millones de pesetas al año en los
ejercicios 1998 y 1999 y 2.000 millones de pesetas en el borrador de
anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
y siguientes. Todo ello sin perjuicio de que el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas concurra en régimen de competencia a las
distintas convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de
investigación o pueda captar fondos de convenios y contratos que deberán
suponer un porcentaje importante de su propia financiación.
En segundo lugar, instan a incorporar al Patronato de la Fundación a
representantes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia
de sanidad y creo que en la contestación del señor Ministro de Sanidad a
la interpelación el pasado día 26 de mayo quedó perfectamente claro que
está supeditado a la generación de un marco de colaboración, con cada uno
de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, tengan o no
transferencias, siempre y cuando sea aceptada de forma voluntaria por las
mismas.
Con respecto a que sean mayoría sobre el número total de miembros
electivos existentes en cada momento, es una opinión respetable, pero lo
más razonable es que la mayoría se atribuya a la Administración que
contribuya mayoritariamente a la viabilidad del proyecto.
Es cierto que en los estatutos de la Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas se le atribuye al director la función de
proponer un plan estratégico de actuación, pero hasta el momento, tanto
el Patronato como el propio director, han priorizado dotar de una sede
estable a dicho centro, reformando el antiguo hospital Victoria Eugenia,
y el plan estratégico, que es concebido como una herramienta dinámica,
debe publicarse una vez definidos todos los elementos estructurales y los
recursos físicos, económicos y humanos. Hay que desarrollar todo en un
marco de viabilidad técnica y científica.
Estén seguros y tranquilos de que el Comité asesor del Patronato se
nombrará dentro del presente año. No quieran empezar la casa por el
tejado. Lo prioritario es la construcción del inmueble. Lo demás no tiene
la urgencia que demanda la moción.
Por tanto --y con ello termino--, señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado esta
enmienda de modificación que esperamos sea aceptada por todos los grupos
políticos como garantía de que la investigación, que es la mejor
inversión que puede llevar a cabo un país, sea un privilegio de todos y
no sólo de unos pocos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Socialista?
Tiene la palabra el Senador López Carvajal por un tiempo de cinco
minutos.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, no puedo aceptar
su enmienda simplemente porque es una obviedad. Lo que usted propone es
que se aplique el artículo 47 de la Ley General de Sanidad. El Consejo
Interterritorial tiene competencias para ser informado sobre todo aquello
que afecte a la planificación sanitaria y parece obvio que estamos
hablando de uno de los elementos fundamentales de la planificación
sanitaria, cual es la investigación en materia oncológica.
Aquí hay un problema de fondo fundamental: la negativa que tienen ustedes
a aceptar tanto los puntos segundo y tercero como el cuarto y quinto,
fundamentalmente el segundo y el tercero de la moción. Ustedes no han
concebido nunca la fundación pública como un modelo más ágil y menos
burocrático de gestionar ciertos recursos para la investigación.
Simplemente han adoptado esta fórmula porque creen que así les cuesta más
barato el mantenimiento del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas.
Al respecto le reiteré al señor Ministro que gozan de todo el apoyo del
Partido Socialista y del Grupo Parlamentario Socialista para ampliar la
subvención a este Centro Nacional de Oncología en la cantidad de dinero
que se requiera porque tanto el Centro como la Fundación, señoría, no
dependen del Instituto de Salud Carlos III. Han sido promovidos por el
Instituto de Salud Carlos III, pero dependen de su Gobierno, y el
gobierno no está garantizado, porque de un total de 20 miembros sólo han
elegido cuatro, y los otros 16 --como usted muy bien ha confirmado-- se
nombrarán en función de la dotación económica y de las aportaciones que
se vayan haciendo, con lo cual se puede producir hipotéticamente una
mayoría a favor de los representantes de aquellas instituciones sin ánimo
de lucro que puedan participar en el centro. Eso es lo que queremos
garantizar.
Finalmente, es posible que sea precipitado pedir que el plan estratégico
se haga de aquí a fin de año. Pero no lo es tanto si se escuchan las
declaraciones del profesor Barbacid. Usted las puede leer en la prensa
del día 5 de junio. Ya tiene prácticamente «in mente» el plan estratégico
en las tres fases que está concebido. El problema es que el plan
estratégico que tiene que elaborar el Director tiene que ser aprobado por
el Patronato --ésa es la clave-- y que el Patronato no puede ni debe
aprobar el plan estratégico solamente con cuatro miembros.
Por eso, es urgente que se modifique la composición del Patronato. Por
eso, es urgente que dotemos a la Fundación de un órgano de gobierno
plural donde estén representadas todas las Comunidades con competencia en
materia de sanidad, independientemente de que la negociación sobre su
colaboración se cierre ahora o pueda cerrarse en un futuro más o menos
lejano. Ese es el quid de la cuestión. Por eso, lamento profundamente que
su única aportación al debate que estamos haciendo hoy sea una obviedad,
es decir, que se cumpla --repito-- lo que está previsto en el artículo 47
de la Ley General de Sanidad. Evidentemente, para ese viaje no se
precisaban alforjas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
El Senador jiennense, Cristóbal López Carvajal, presentó una
interpelación interesante al Gobierno en relación al funcionamiento de
Instituto Nacional de Oncología.
Hemos seguido atentamente el debate y aunque, obviamente, ha habido
diferencias de opinión sobre el funcionamiento, la organización y la
dotación de los órganos de administración que han de regir este centro
administrativo, lo que a nosotros nos llama la atención es la moción
consecuencia de interpelación. Nos llama la atención positivamente puesto
que, sin perjuicio de las disquisiciones o controversias que pueda haber
sobre el Director Barbacid ha de presentar el plan estratégico en un
plazo o en otro, o si el patronato debe estar fundado o compuesto por más
o menos miembros de Comunidades Autónomas, lo importante es el esquema
político por el que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
moción consecuencia de interpelación.
Nosotros estamos de acuerdo con ese esquema político por el cual se
plantea que las Comunidades Autónomas participen en la gestión de esa
Fundación y por lo tanto, las demás cuestiones son de segundo orden. El
planteamiento político es que en esta Fundación participen activamente y
haya una representación importante de las Comunidades Autónomas y ese
hecho en sí, para nosotros, tiene un gran valor político. Por ello,
nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió sobre la
moción consecuencia de interpelación que nos presentaba el Senador López
Carvajal en el último Pleno.
En primer lugar, quiero hacer una serie de consideraciones sobre el fondo
de la cuestión. Se trata de un tema que debe estar --y creo que está--
por encima de posiciones partidistas y, por lo tanto, poner en
funcionamiento un centro de estas características debe afrontarse con el
espíritu de buscar la mejor forma para lograrlo, sin tener en cuenta el
color político de la Administración de turno y --como decía el propio
doctor Barbacid en su comparecencia en el Congreso-- esté el Gobierno que
esté.
Creo que así lo hemos de enfocar y mirar, por la misma importancia
sanitaria y social de las enfermedades cancerosas, que son hoy en día una
de las principales causas de mortalidad; también por la necesidad de
hacer esfuerzos en investigación, sobre todo dándose las circunstancias
de que dichos esfuerzos marcan, en cierta forma, el camino para lograr en
un futuro relativamente próximo vencer algunos tipos de estas
enfermedades, lo que va a cambiar radicalmente la tendencia de los
pronósticos de las mismas; pero, además, es que tenemos también la
oportunidad de que alguno de los grandes investigadores españoles
formados en el extranjero estén en disposición de volver si las
condiciones de investigación, fundamentalmente, son las apropiadas o
adecuadas --y ésa es la tendencia de hoy en día tanto de la
Administración pública como de instituciones privadas, que creo que
tendríamos que aprovechar.
La inversión en investigación es a largo plazo, y eso no lo debemos
olvidar, por lo que lo fundamental es disponer de proyectos científicos
de alcance para conseguir que la investigación de calidad dé sus frutos
en un futuro. En cualquier caso, no debemos dejar pasar esta oportunidad
puesto que estamos en un buen momento para su retorno. Tenemos lo
fundamental, y es que hay personas capacitadas y preparadas para ello, y
deberíamos aprovecharlas. Además, representaría un estímulo para otros
jóvenes investigadores españoles sobre cáncer u otras materias similares.
En líneas generales, estamos de acuerdo con las propuestas de la moción,
como la que indica que es menester una dotación presupuestaria suficiente
para garantizar las finalidades y los objetivos fijados --que también
puede ser una obviedad, de la misma forma que se ha contestado a la
enmienda, y después voy a hacer referencia a ella--, y la participación
de las Comunidades Autónomas en el patronato de la Fundación nos parece
imprescindible, o que el comité asesor se nombre con el informe del
Consejo Interterritorial de la Salud, así como la elaboración del plan
estratégico por parte del Director del centro. Ahora bien, hay algunos
aspectos matizables y en cierta forma modificables, como por ejemplo, la
forma de gestión por medio de la Fundación, que nos parece flexible y
competitiva. Por tanto, la financiación también puede buscarse de ese
modo --y tal vez deba buscarse en las circunstancias actuales-- para
llegar a los 4.000 millones de pesetas presupuestados anualmente. El 50
por ciento lo aportará la Administración --concretamente del Ministerio
de Sanidad--, un 25 o un 30 por ciento, como decía el propio Doctor
Barbacid, lo generarán los propios científicos mediante becas de
investigación, y el 20 ó 25 por ciento restante se conseguirá mediante
acuerdos con la industria farmacéutica. ¿Por qué no si se salvaguarda lo
de las patentes, como nos decía el señor Ministro en la interpelación del
último Pleno?
Y esto también vale para el plan estratégico que ha de elaborar el propio
Director del centro, quien ha hecho manifestaciones en periódicos
profesionales y de carácter general a propósito de que dicho plan se va a
cumplir en varias fases. La primera consiste en asegurar el apoyo
económico para la construcción del centro; la segunda se refiere a la
selección y contratación del personal empezando por los Directores de los
tres programas: el de investigación básica; el de patología molecular,
que parece que está ya en trámite, y el de diseño de nuevos fármacos
anticancerosos. Finalmente, algo parecido podríamos decir de los plazos
de terminación que se proponen, tanto para la elaboración del plan
estratégico antes de finalizar el año, como respecto a la urgencia en
nombrar el comité asesor del Patronato.
Está claro que podríamos presentar una enmienda de carácter individual o
bien suscrita por un grupo en el sentido de modificar lo señalado para
intentar ir un poco más allá, pero ¿qué efectos tendría en la práctica
esta posibilidad de cara a la aprobación de la moción? Ninguna. Sería
meramente testimonial y, por tanto, de posicionamiento político aunque,
por otra parte, bien legítimo. Sin embargo, hemos suscrito la enmienda
del Grupo Popular, enmienda que, caso de aceptarse --aunque ya se ha
dicho que no-- no nos impide reconocer, Senador López Carvajal, su corto
alcance aunque significa en realidad dar un paso más.
En cualquier caso, termino como he empezado. Precisamente en aras de
conseguir el consenso que recabábamos en todas estas cuestiones, hemos
suscrito esa enmienda y la habríamos aprobado. De todos modos, no nos
pronunciaremos en contra. Como decía el Senador Gatzagaetxebarría, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos parece bien
que se haya presentado, ya que no debemos olvidar que el reparto de
competencias en cuestiones sanitarias es descentralizado y totalmente
autonómico. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la moción y vamos a
votar en consecuencia.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Entiendo que de la intervención del representante del Grupo Parlamentario
Socialista se desprende que no acepta la enmienda presentada.
(Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 92; en contra, 108; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de
interpelación.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ENCARGUE AL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (CIS) LA
REALIZACION DE UN ESTUDIO SOBRE LAS OPINIONES Y ACTITUDES DEL COLECTIVO
MEDICO EN RELACION CON LA EUTANASIA (662/000184).
La señora PRESIDENTA: Punto cuarto del orden del día, mociones. Del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que encargue
al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la realización de un
estudio sobre las opiniones y actitudes del colectivo médico en relación
con la eutanasia.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo
Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción originaria, con la enmienda del Grupo
Socialista incorporada, tiene la palabra por tiempo de veinte minutos la
Senadora Rodríguez Fouz.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Gracias, señora Presidenta.
Comenzaré mi intervención con unas palabras que escribió hace más de una
década el filósofo Hans Jonas. Hablaba Jonas de la función de la
medicina, de su mandato en relación con la totalidad de la vida, con la
mayor aproximación posible a ella, con su condición de aún deseable.
Decía que mantener su llama ardiendo, no sus brasas encendidas, es su
verdadero mandato, por mucho que tenga que proteger también las brasas.
Lo que menos puede hacer --continuaba Jonas-- es causar dolor y
humillación que sólo sirvan para el indeseado retraso de su extinción.
En los últimos años hemos conocido a médicos de diferentes rincones del
mundo que han entendido así la medicina, y que han decidido atender las
peticiones de aquellas personas que, ante la inevitable y en mayor o
menor medida inminente extinción del fuego vital, no deseaban mantener
por más tiempo sus brasas encendidas.
En las últimas semanas hemos asistido, a través de los medios de
comunicación, al proceso judicial que ha llevado al Doctor estadounidense
Jack Kevorkian a la cárcel. Hemos sabido que ha sido declarado culpable
de homicidio por ayudar a morir a un enfermo terminal que le había
solicitado esa ayuda. (Murmullos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que guarden silencio, no se
puede escuchar a la Senadora.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Ha sido condenado a un mínimo de diez años de
prisión por atender esa petición de auxilio. La pena podría alcanzar los
25 años. A nadie se le escapa que en el origen de esta condena está la
decisión del doctor Kevorkian de hacer públicas sus actuaciones.
Ante esto, muchos no podemos resistirnos a mostrar, antes que nada,
nuestra solidaridad con él y con otros profesionales sanitarios que, sin
duda alguna los hay y que permanecen en el anonimato, que, aun asumiendo
riesgos en muchos casos desproporcionados, deciden ayudar a morir a
pacientes incurables que así se lo piden. Nuestra solidaridad con
personas que han preferido sufrir la injusticia antes que cometerla.
Seguramente sería imprudente, y sin duda improcedente por mi parte, decir
aquí, desde esta tribuna, que hay que incumplir determinadas leyes. No lo
haré. Pero sí diré que comprendo que algunas personas valientes, ante la
injusticia de algunas leyes, decidan no seguir sus dictados asumiendo con
ello todas las consecuencias de su incumplimiento.
La juez del caso Kevorkian decía indignada que nadie, ni siquiera Jack
Kevorkian, está por encima de la ley. Y añadía, dirigiéndose al médico:
«Usted ha desafiado al sistema legal a que le paren los pies. Pues bien,
ya se los hemos parado.»
En mi opinión, es ésta una muy pobre interpretación. No parece difícil
intuir que el desafío va mucho más allá de frenar los pies, de acabar con
las actividades, en este momento delictivas, de esa persona. El reto no
es frenar a alguien que pretende estar por encima de la ley, sino dar
respuesta a la demanda de una modificación legislativa que contempla el
derecho a morir en el momento elegido y con asistencia médica de aquellas
personas adultas, competentes y libres, aquejadas de una enfermedad
incurable o terminal que les provoca sufrimientos intolerables, que lo
soliciten de una forma firme y reiterada.
El reto es responder al creciente deseo de los ciudadanos, manifestado en
numerosos estudios de opinión y del que Kevorkian se hace eco, de
controlar el inevitable proceso de la propia muerte, de controlar el
cómo, el cuándo y dónde morir.
No parece difícil observar, tras el desafío a la ley, el impulso que
pretende forzar --que quiere acelerar-- el cambio jurídico que
generalmente, sobre todo en estos casos, sigue al cambio social. Y aunque
en esta ocasión la juez haya sido escrupulosamente estricta en la
aplicación de la legislación vigente, no olvidemos que Kevorkian ha sido
absuelto en tres juicios anteriores. Y es que, como escribe la doctora
María Casado, experta en Derecho y en Bioética, en numerosas ocasiones
son los tribunales de Justicia los primeros que se ven obligados a
adoptar soluciones que, o bien fuerzan (Murmullos).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor. No se puede
escuchar a la señora Senadora. Puede continuar, señoría.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Gracias, señora Presidenta.
... o bien fuerzan la legalidad vigente llevando la interpretación más
allá de la norma, en el sentido de la demanda social, o bien se ven
obligados a denegar verdadera justicia material siguiendo el rígido marco
normativo.
Pero Kevorkian no ha sido el único médico que en los últimos meses ha
reconocido haber ayudado a morir a alguno de sus pacientes. El mes pasado
un jurado popular británico absolvió al doctor David Moor, acusado de
asesinato por haber ayudado a morir a un paciente enfermo de
cáncer en situación terminal. Este médico ha reconocido haber ayudado a
más de un centenar de personas desahuciadas en los últimos treinta años,
todo ello con la intención de colaborar en la defensa de otro médico,
Michael Irwin, quien también ha practicado la eutanasia a muchos enfermos
terminales.
En Francia, durante el verano pasado, la enfermera Cristine Malevre
reconoció que había ayudado a morir a una treintena de personas aquejadas
de enfermedades incurables y en situación terminal. Hace un par de meses,
el Tribunal de Apelación de París ordenó su puesta en libertad.
Son éstos testimonios de aquellos profesionales de la medicina que no
abandonan a las personas que, en esas últimas y difíciles circunstancias
de una patología incurable o terminal, desean morir en el momento por
ellas elegido y de una forma dulce, asistidas médicamente.
Ante todo esto, nos queda la sospecha de la asistencia en una, por ahora
imprescindible clandestinidad, de esas prácticas eutanásicas. Queda la
certeza de una búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean al
final de la vida realizada en la intimidad de la relación entre médico,
enfermo y familia.
Hace ya unos meses se nos decía en una sesión de la Comisión de Estudio
sobre la Eutanasia que era difícil hablar de ella sin tener esos datos
imprescindibles sobre cuál es la actitud del personal sanitario ante la
eutanasia. Es más, se nos añadía que será difícil que continuemos muchos
años en esta especie de limbo de tolerancia de aparentar desconocimiento
de una realidad que existe.
Es por ello por lo que en la Comisión Especial de Estudios sobre la
Eutanasia nos hemos planteado en más de una ocasión la necesidad de
conocer de forma objetiva cuál es la realidad de las decisiones que se
adoptan al final de la vida de esos enfermos en situación terminal o
irreversible que viven como intolerables sus sufrimientos, y cuál es la
opinión de los profesionales de la sanidad sobre estas cuestiones. Pero a
la hora de analizar estudios de opinión de este tipo, nos encontramos con
que la última encuesta realizada en nuestro país data de 1989; fue
elaborada por el Colegio de Médicos de Barcelona, ante la propuesta del
Senador socialista Cesáreo Rodríguez Aguilera de un borrador sobre una
posible regulación de la eutanasia.
Es evidente que 10 años son demasiados para poder emplear las
conclusiones de ese estudio con el rigor requerido. De hecho, aquel
estudio sirvió, entre otras cosas, para constatar que la confusión
terminológica no era exclusiva de los profanos en medicina. En esa
encuesta se hablaba de algo tan chocante en estos momentos como la
práctica de la eutanasia pasiva y activa y del encarnizamiento
terapéutico en personas con muerte cerebral.
Por tanto, como decía anteriormente, ese estudio hoy no nos vale. Han
pasado años suficientes como para que las confusiones sean menores o
incluso diría inexistentes porque el debate se ha mantenido y se ha
enriquecido, sin ninguna duda, con reflexiones cada vez más serias y más
alejadas de dogmatismo.
Por ello, porque entendemos que es necesario conocer la realidad que
pretendemos estudiar, hemos presentado esta moción instando al Gobierno a
que encargue al Centro de Investigaciones Sociológicas la realización de
un estudio sobre las opiniones y actitudes del colectivo sanitario en
relación con la eutanasia, entendida ésta como la acción que tiene por
objeto terminar deliberadamente con la vida de una persona con una
enfermedad terminal o irreversible que padece sufrimientos que ya vive
como intolerables, y a petición libre, explícita y reiterada de ésta.
La moción se refería en un principio cuando la registramos al colectivo
médico. Sin embargo, parece clara la necesidad de conocer las opiniones y
actitudes tanto de los profesionales médicos como de los enfermeros. Por
ello, hemos enmendado el texto sustituyendo colectivo médico por
colectivo sanitario.
Dicho esto, he de añadir que siempre que hemos analizado datos de las
diferentes encuestas realizadas a la población en general, hemos tenido
las cautelas precisas para intentar no llegar a conclusiones equivocadas.
Conocemos la importancia que la formulación de las preguntas tiene a la
hora de condicionar una u otra respuesta. Por eso hemos sido prudentes
para evitar que respuestas a preguntas manipuladas o más bien
manipuladoras nos lleven a conclusiones erróneas. Pero a nadie, y menos a
nosotros que pretendemos un estudio riguroso, debería interesar realizar
diagnósticos erróneos de la situación, de la realidad que pretendemos
conocer.
Por tanto, no considero necesario abundar en la necesidad de ese estudio
ni en la conveniencia de que tenga las máximas garantías de rigor y
objetividad. Dejamos las cuestiones técnicas en manos de los expertos
sociólogos, pero no sin antes poner de manifiesto la importancia de
encontrar la fórmula --quizás una encuesta anónima-- que permita a todos
los profesionales sanitarios manifestarse con sinceridad sin correr esos
riesgos desproporcionados de los que he hablado antes.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Fouz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Bellido, por un tiempo
de diez minutos.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Voy a
intervenir con suma brevedad para justificar la enmienda que ha
presentado mi Grupo Parlamentario al texto de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista.
Brevedad porque lo único que proponemos es el cambio de la conjunción
disyuntiva «o» que, como sus señorías bien conocen, expresa exclusión,
alternativa o contraposición entre los términos que relaciona, por la
conjunción copulativa «e» entre las palabras terminal e irreversible al
referirse el Grupo Parlamentario Socialista al tipo de enfermedades
susceptibles de ser objeto de la eutanasia.
Sin embargo, señorías, esa brevedad no se establece en cuanto al hecho
sustancial que se deriva de la diferencia gramatical por cuanto
entendemos que la eutanasia es la
acción que tiene por objeto terminar deliberadamente con la vida de una
persona con una enfermedad terminal e irreversible con los condicionantes
siguientes que se exponen en el texto de la moción, pero no la acción
sobre personas con enfermedades de carácter irreversible, como expresa el
Grupo Parlamentario Socialista.
Si nos vamos nuevamente al diccionario de la Lengua, irreversible es
aquello que no puede revertir, y este verbo expresa la posibilidad de
volver una cosa al estado o condición que tuvo antes. Por tanto, como
enfermedades irreversibles podemos catalogar a todas aquellas que en la
actualidad no cuentan con una terapia curativa, aunque sí existen
terapias sustitutivas o paliativas, y entre ellas, por señalar solamente
algunas de las muchas existentes, podríamos hablar de la diabetes, la
esclerosis en placas, la colitis ulcerosa, la espondilartritis, o la más
conocida artrosis.
Estas enfermedades pueden ser compatibles con una aceptable calidad de
vida del enfermo, y de ser argumentadas para poner fin a la vida del
paciente sólo vendrían a justificar el homicidio o el suicidio asistido.
Así pues --y con esto termino--, por entender que el uso de los términos
gramaticales debe ser el correcto, y mucho más en una encuesta que no
debe generar confusión sino todo lo contrario, presentamos esta enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Fouz.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Gracias, señora Presidenta.
Como he dicho antes, el objetivo fundamental de esta moción es lograr la
realización de ese estudio que nos ayude a conocer de forma objetiva
cuáles son las decisiones que se toman al final de la vida de los
enfermos en situación terminal o irreversible que padecen sufrimientos
que ellos viven como intolerables, y cuál es la opinión de los
profesionales médicos y enfermeros sobre estas cuestiones, sobre los
problemas que se plantean en esas circunstancias a la hora de tomar esas
decisiones, sean éstas las que sean.
En la moción hablamos de los enfermos en situación terminal o
irreversible que padecen sufrimientos que ellos viven como intolerables,
pero no creo que en los casos que usted ha mencionado haya sufrimientos
que sean vividos por quienes padecen esas enfermedades de esa forma,
hasta el punto de desear morir. Es decir, no se trata sólo de
enfermedades irreversibles sin más, sino que a ello hay que añadir que
los enfermos padezcan sufrimientos que, vuelvo a repetir, vivan como
intolerables.
Creo que es evidente --sobre todo en nuestro país-- que las peticiones de
eutanasia pueden ser planteadas en situaciones que no son terminales. Por
tanto, con nuestra moción pretendemos abarcar todas aquellas situaciones
sobre las que hoy en día se está llevando a cabo el debate sobre la
eutanasia. Sin embargo, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
limita el estudio sólo a los casos que se refieren a enfermos terminales,
aunque creo que deberíamos interesarnos por conocer las opiniones sobre
todos aquellos en los que se planteen estos dilema, sin que eso
presuponga la equiparación de ambas situaciones ni signifique que es
inevitable la justificación de ambas, si es eso lo que les preocupa.
Quizá sólo se trate, como ha dicho el Senador Bellido, de una cuestión
terminológica.
Por tanto, dejando claro que la moción no se refiere a cualquier
situación de irreversibilidad, sino que ésta debe ir acompañada de ese
sufrimiento que la persona vive como intolerable, teniendo en cuenta que
hemos de ser conscientes de que las peticiones de esa ayuda para morir
--que hemos llamado clásicamente como eutanasia activa directa-- se
pueden dar en ambas circunstancias y no sólo en situaciones de enfermedad
terminal, y puesto que se trata, si no me equivoco, de constatar cuál es
la realidad, cuáles son las decisiones que se adoptan en esos casos y qué
opinan los profesionales de la medicina sobre ello, pediría al Grupo
Popular la retirada de su enmienda y el apoyo a esta moción.
En todo caso, y dejando claro que también hay que estudiar las
situaciones de irreversibilidad con sufrimientos intolerables, si no
aceptara retirar la enmienda, puesto que, como he dicho en un principio,
el objetivo del Grupo Socialista es que se realice ese estudio, nosotros
la aceptaríamos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, y por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Martiarena.
El señor MARTIARENA LIZARAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, nos encontramos otra vez con el problema terminológico que se
detecta cada vez que se habla de la eutanasia. Así, lo hemos comprobado
en la propia Comisión, con muchos de los ponentes que han acudido a ella,
y en las jornadas sobre la atención al final de la vida que se celebraron
hace un año entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General del Poder
Judicial.
Creo que antes de presentar esta moción se debería haber hecho un
esfuerzo para consensuar los términos. Porque, estando absolutamente de
acuerdo con que el estudio es necesario, hay que realizar ese trabajo y
se debe conocer cuál es la situación, nos parece triste que nos
encontremos en una situación de discusión terminológica a la hora de
definir dicho trabajo.
Por tanto, en el caso de que se mantenga la discusión terminológica,
nosotros propondríamos que se pospusiera la clarificación de esta
propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Martiarena. Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la
palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición de nuestro grupo en relación a esta
moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
opinión del colectivo sanitario --y no sólo médico-- en lo referido a la
eutanasia.
Hemos de decir que nos parece oportuna además de procedente, por una
serie de consideraciones que vamos a exponer; pero también en cierta
forma es una muestra de la correcta metodología de trabajo que nos hemos
dado en la Comisión creada para su estudio. En efecto, hemos empezado los
trabajos por las comparecencias que representan un enfoque del estudio
científico-médico de la cuestión, para después seguir con los aspectos
ético-filosóficos y religioso-teológicos, los sociales con los derechos
de los enfermos, para finalmente afrontar el estudio jurídico de la
eutanasia, aunque --entiéndase bien-- no se pueden seguir estrictamente
estas fases, ya que siempre se imbrican factores o aspectos
polisectoriales de ámbito jurídico, de ámbito ético o de ámbito
sanitario.
En cualquier caso, este método nos ha permitido, eso sí, tener una
perspectiva de la situación real del problema; no en vano es el sector
sanitario el que nos puede dar una visión más adecuada o bastante más
cercana a la realidad, que nos ha de servir de base, que nos ha de servir
de fundamento para continuar los estudios correspondientes, y, desde esta
base, acometer el estudio de los otros aspectos, teniendo presente que
cualquier variación o modificación de la situación, desde el punto de
vista estadístico, llevada a cabo hace diez años no habría de ser motivo
suficiente para decantarse por una u otra opción. Eso está claro; sólo
nos sirve de base o de fundamento para conocer realmente el sustrato y en
qué condiciones estamos, ya que ciertamente en esos diez años se ha
evolucionado y además mucho, desde aquella primera encuesta-estudio que
hizo el Colegio de Médicos. Además, éste es un tema mucho más complejo
que un mero problema estadístico, porque en todo caso podemos decir:
existe la necesidad de solucionarlo --porque no lo está--, pero en
cualquier caso nunca supondría cambiar de posicionamiento ya que, repito,
es algo mucho más profundo.
En una de las últimas reuniones de la Comisión precisamente compareció el
Coordinador de los trabajos realizados por el Colegio de Médicos de
Barcelona, el doctor Padrós, quien nos ha remitido los resultados además
de exponer la metodología que se siguió. En las conclusiones se indica
que una inmensa mayoría, entre un 90 y un 98 por ciento, de los médicos
se mostraban contrarios a la eutanasia activa; mientras que también una
gran mayoría, alrededor de un 80/85 por ciento, apoyaba lo que se
entiende como eutanasia pasiva o también eutanasia activa indirecta. Es
más, nos decía el doctor Padrós que estas prácticas --y así lo entendemos
la mayor parte de los profesionales médicos-- no se consideran conductas
eutanásicas, sino una buena praxis médica dirigida a paliar el
sufrimiento del enfermo, aunque se adelante su muerte, pero no de forma
premeditada, querida, ni deseada, por tanto, sin ninguna intencionalidad.
Igualmente conviene recordar que tampoco están penadas estas prácticas a
efectos legales, de acuerdo con el nuevo Código Penal. Por cierto,
Senadora Rodríguez Fouz nosotros no compartimos la sospecha que se deduce
de la Exposición de Motivos --y que hace un momento ha confirmado en esta
tribuna-- sobre las prácticas de eutanasia en la clandestinidad.
Sinceramente la praxis médica que seguimos nos permite decir que se toman
una serie de consideraciones y, ésa es la consecuencia o los efectos
secundarios de las medidas puestas en práctica, de los medicamentos
administrados. Esto en ningún caso es una eutanasia ni directa ni
indirecta, ni activa ni pasiva. De todas formas, aparte de algunos casos
aislados que tienen que producirse, qué duda cabe, porque son inevitables
con una ley o con otra, dado el galimatías conceptual o empanada mental
que hay respecto a los diferentes tipos de eutanasia, que conviene
acotarlos debidamente y concretarlos en su justa medida, creemos que por
aquí pueden ir muchas de esas prácticas que se califican como eutanásicas
y que, hasta hace cuatro días, por no decir ocho años, se conceptuaban
como eutanasia. Hoy en día, desde el punto de vista sanitario, no se
entienden como tales prácticas eutanásicas sino como una buena praxis
médica.
La ciencia médica, en efecto, ha evolucionado a gran velocidad, y eso
supone que cada vez se produzcan más casos de situaciones límite, en las
cuales surgen dificultades en relación con la ética o con la conducta que
debe seguirse.
Pero también es cierto que las relaciones médico-enfermo han evolucionado
y, además de forma tan importante o más que los adelantos médicos. El
mismo profesor Diego Gracia nos manifestaba que él explicaba esto a sus
alumnos de una forma muy gráfica diciendo que las relaciones
médico-enfermo habían evolucionado más en los últimos veinticuatro años
que en los últimos veinticinco siglos. En cualquier caso, se ha cambiado
aquella actitud paternal tradicional en la cual el médico decidía, la
familia estaba informada y consentía, y el afectado, de forma voluntaria
o involuntaria, desconocía su estado y el correspondiente pronóstico.
Ahora se ha pasado a otra situación en la que el enfermo está debidamente
informado de su enfermedad, de las posibilidades y de las probabilidades
terapéuticas de los distintos tratamientos que pueden practicarse, y se
toman las decisiones de acuerdo, en primer lugar, con la voluntad del
enfermo, en segundo lugar, con el consentimiento de la familia, y lo
único que hace el equipo médico es ejecutar las decisiones que de forma
consensuada se han tomado. Mi opinión es que el consentimiento informado,
más que a salvar las hipotéticas responsabilidades que terminan después
en los juzgados, tendría que ir precisamente en esta línea. Porque,
aparte de dejar constancia escrita de que se ha dado al paciente una
explicación clara y concreta de su estado, de las intervenciones --bien
sean pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas-- y de sus
riesgos, es además la base para que pueda tomar de una forma concreta y
sopesada la información suficiente para dar su consentimiento.
Pero es que en estos últimos años también se han puesto en marcha o se
han intensificado una serie de cosas que han adelantado mucho la visión
que marcaban la encuesta y el estudio del Colegio de Médicos, tal y como
decía también el doctor Pedrós en su comparecencia. Sobre todo se
han intensificado los ciudados paliativos. En Canarias y en Cataluña
tenemos pruebas de que así ha sido, así como la impresión de que se tiene
que ir profundizando, se tiene que ir intensificando en este sentido,
tanto extendiéndolo a la asistencia sanitaria domiciliaria como
intensificándolo en los centros sanitarios.
Por otra parte, los especialistas nos han confirmado que los cuidados
paliativos son el mejor antídoto para dos posturas que podríamos
considerar límite: la petición de eutanasia porque no se pueden superar
las circunstancias de dolor, o en cualquier caso de angustia --de forma
que hoy en día las peticiones son mínimas, puramente simbólicas; creo
recordar que eran del orden de un 0,3 por ciento las peticiones de
eutanasia-- y además nos alejan de aquella mala praxis médica del
ensañamiento o de la obstinación terapéutica, que muchas veces ha tenido
una trascendencia mediática, que es la primera impresión que tenemos
desde el punto de vista de la opinión pública.
Asimismo, y como una nueva versión actualizada del llamado testamento
vital, se ha puesto en marcha en Cataluña, por resolución del Parlamento,
el documento de voluntades anticipadas debido a un informe de la Comisión
Asesora de Bioética del Departamento de Sanidad de la Generalidad de
Cataluña, en el cual la persona que está en plenas facultades, adulta,
competente y en libertad da una serie de instrucciones para ser tenidas
en cuenta en el caso de que, en una situación determinada, su capacidad
de comprensión y de expresión estén limitadas o disminuidas. Con algunas
cautelas y condiciones, como nombrar algún representante legal, etcétera,
puede ser un buen instrumento para ir acotando estas situaciones, que,
desde un punto de vista justo y desde el principio ético de la autonomía
personal, tenemos que entender legítimamente demandadas.
Finalmente, con fecha 1.º de enero de 1991, entra en vigor un nuevo texto
del Código de Deontología de normas de ética médica, aprobado por la
Asamblea de Médicos de Cataluña y a esto se refieren sólo dos artículos,
aunque suficientemente expresivos, el 57 y el 58.
El artículo 57 dice que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad
hasta el momento de la muerte, y el médico ha de velar por que este
derecho sea respetado. Asimismo, el médico ha de tener en cuenta que el
enfermo tiene el derecho a rechazar cualquier tratamiento para prolongar
la vida. Es un deber médico fundamental ayudar al paciente a asumir la
muerte de acuerdo con sus creencias y con aquello que ha dado sentido a
su vida.
En el artículo 58 se especifica que el objetivo de la atención a las
personas en situación de enfermedad terminal no es ni el de acortar
deliberadamente ni el de alargar su vida, sino de promover la máxima
calidad de vida posible. El tratamiento de la situación de agonía ha de
adaptarse, pues, a estos objetivos de confort, sin pretender alargarla
innecesariamente ni acortarla deliberadamente.
Esta es la evolución que ha seguido en los últimos años el debate de esta
cuestión, sobre todo por lo que hace referencia a Cataluña.
Finalmente, tenemos que manifestar --y con esto termino, señora
Presidenta-- que estamos de acuerdo con la moción y con las dos enmiendas
que se han presentado, aunque no es lo mismo terminal e irreversible que
terminal o irreversible --no es sólo una cuestión semántica--. En
cualquier caso, como ha dicho la Senadora Rodríguez Fouz muy bien, es una
cuestión de forma y el Centro de Investigaciones Sociológicas buscará la
forma de realizar un estudio y un encuesta entre el colectivo sanitario
--también estamos de acuerdo con esta enmienda-- porque lo que tiene que
conseguir es actualizar el estudio, ampliarlo en lo posible y, a poder
ser, determinar si hay algunas diferencias culturales por Comunidades
Autónomas. En definitiva, debe buscar la mejor forma para hallar la
opinión de estos profesionales y las actitudes que ello comporta, sobre
todo en el sentido de conocer mejor cómo estamos en esta situación y,
entre otras cosas, para deshacer este posible entuerto de si hay o no hay
clandestinidad. Sólo por eso ya sería conveniente.
En cualquier caso, las conclusiones que se obtengan del estudio y la
evolución que, en su caso, ponga de manifiesto, entendemos que no es ni
debe ser suficiente como para tomar una posición en uno o en otro
sentido.
De cualquier forma, en este tema siempre estaremos llenos de dudas,
porque no sabremos nunca qué es lo que puede ocurrir hasta encontrar la
posible solución, y si en esa solución se tiene en cuenta el punto de
vista personal y lo que entendemos que es hoy en día la situación
sanitaria de nuestro país, tendremos que estar, por lo menos, consolados.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿desea hacer uso de la palabra la
Senadora Rodríguez Fouz? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervendré también con mucha brevedad, señorías, porque entiendo que la
moción que presenta el Grupo Socialista no contiene, en lo sustancial,
materia suficiente para ocupar demasiado tiempo en el debate plenario.
Senadora Rodríguez Fouz, vamos a mantener nuestra enmienda porque
entiendo que es muy distinta la subjetividad del dolor --y ustedes lo
recogen ya en el texto de la moción al hablar de la persona con una
enfermedad que padece sufrimientos que ella vive como intolerables-- en
el caso de una enfermedad terminal e irreversible que en el caso de una
enfermedad irreversible como cualquiera de las que he manifestado
anteriormente, como pueda ser el caso de una artrosis.
Es más, en un reciente simposio que se celebró sobre este tema y en el
que participaron destacados juristas y expertos en bioética se definía ya
a la eutanasia como el acto de poner fin a la vida de una persona con una
enfermedad fatalmente irreversible. Fíjese que unen a la irreversibilidad
el hecho de la muerte inminente.
En el caso de que acepten nuestra enmienda, evidentemente, nuestro Grupo
apoyará también la moción. Bien es cierto --y he de decirlo-- que no
ejercemos este voto de una forma entusiasta, sino casi de manera
testimonial, a fin de que la Senadora Rodríguez Fouz no encuentre un
argumento en nuestro posicionamiento con el que dirigirse nuevamente a
los medios de comunicación y acusar al Grupo Parlamentario Popular de
ralentizar los trabajos de la Comisión Especial para el Estudio de la
Eutanasia y el derecho a una muerte digna, una acusación que, ya que
estamos en sede parlamentaria, en la que se desarrollan los trabajos de
dicha Comisión, y como he dicho antes ya que la moción no tiene mucho de
sustancial, tengo que rechazar frontalmente porque, como bien sabe la
Senadora Rodríguez Fouz, todos los Grupos, también el Grupo Parlamentario
Socialista, aprobamos el plan de trabajo de esa Comisión, aprobamos,
tanto en calidad, como en cantidad, el número de comparecientes y, de
media, hemos venido celebrando una reunión mensual, que entiendo
suficiente en el marco de un trabajo parlamentario marcado por los
Plenos, por la presencia en otras Comisiones y por la actividad que cada
uno de los miembros de esa Comisión desarrollamos a nivel nacional,
autonómico o provincial. Además, entiendo que han sido unas sesiones de
amplia densidad, tanto por lo que se refiere a la materia tratada, como
por el número de comparecientes presentes en cada una de ellas.
Habría que preguntar, en todo caso, si tanto le preocupa al Grupo
Parlamentario Socialista esa presunta ralentización, cómo no propusieron
la creación de esta Comisión tiempo atrás, o cómo es que no lo hicieron
en la anterior legislatura, precisamente antes de que se debatiera el
Código Penal que legisla sobre esta materia.
Por tanto, no es el Grupo Parlamentario Popular el que dilata estos
trabajos, ni piense tampoco su señoría que vamos a renunciar al estudio
profundo, riguroso, analítico, plural, etcétera, que en mi intervención
del día 24 de febrero del pasado año ya expuse al aprobarse la creación
de esta Comisión.
En todo caso, he de decir que lo que hoy se propone en la moción
socialista entendemos que no necesitaba de este trámite plenario --aunque
pueda resultar fácil que no haya otras propuestas socialistas de mayor
calado--, ya que hubiese resultado mucho más lógico que la petición que
ahora se formula se hubiese realizado en el seno de la Comisión creada al
efecto, como propuso en ese foro hace ya meses la propia Presidenta de la
Comisión, la Senadora Rosa Vindel.
Sí es verdad que sorprende lo que en la introducción del texto de la
moción se expresa, tanto porque el Grupo Parlamentario Socialista da a
entender que los médicos españoles hacen uso de una práctica penada por
la Ley, como por el escaso crédito que el propio Grupo Parlamentario
Socialista da a los comparecientes que han desfilado por dicha Comisión,
muchos de ellos, una cantidad importante de ellos, a solicitud del propio
Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que los médicos españoles, en su
inmensa mayoría, realizan una práctica médica correcta, que,
evidentemente, huyen del obstinamiento terapéutico y, además, confiamos
en lo que sus representantes más cualificados han expuesto en sus
intervenciones ante la Comisión. Tampoco entendemos que la opinión
expresada por los médicos catalanes, avanzados en este tipo de estudios,
carezca de actualidad sólo diez años después de formulada. Vuelvo a
repetir que no se han producido en España cambios sociales, culturales o
científicos que justifiquen la modificación de los planteamientos que
entonces expusieron.
En todo caso, sí hay que decir que los cambios científicos producidos con
la introducción de nuevas técnicas contra el dolor y la implantación más
generalizada de las unidades de cuidados paliativos vendrían a dar más
fuerza e incrementar el porcentaje de médicos catalanes opuestos a la
eutanasia, que, como aquí se ha dicho, se situaba en torno al 85-95 por
ciento.
En cualquier caso --y termino--, quiero decir que, como el Grupo
Parlamentario Socialista ya conoce, porque a través de la Ley 39/1995, de
19 de diciembre, se fijó la naturaleza y funciones del Centro de
Investigaciones Sociológicas, este Organismo autónomo, en el punto uno de
su artículo cuarto, referido al régimen de actividades, establece que el
CIS desarrollará sus actividades conforme a las disposiciones de un
programa anual y de acuerdo con las asignaciones presupuestarias del
centro.
Por tanto, resulta evidente que la programación anual para 1999 se
realizó el pasado año y hasta el año 2000 el CIS no puede llevar a cabo
la encuesta solicitada, teniendo en cuenta siempre las dificultades que
genere, tanto el tema como la población concreta a encuestar.
Termino diciendo que mi Grupo apoya a la propuesta modificada, señalando
nuevamente el hecho del uso innecesario de este tiempo plenario para la
solicitud socialista, así como la validez que nuestro Grupo da a lo
expuesto por los comparecientes en dicha Comisión Especial, todos ellos
representantes muy cualificados, como he dicho antes, del colectivo
médico español, que no dudamos que, además, coincidirá con lo que la
encuesta refleja.
Muchas gracias, señorías.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Fouz para manifestar si acepta o
no el texto de la enmienda.
La señora RODRIGUEZ FOUZ: Gracias, señora Presidenta.
Ya anuncié antes que en el caso de que el Grupo Parlamentario Popular no
aceptara retirar su enmienda, nosotros aceptaríamos la suya porque
consideramos que es fundamental la realización de ese estudio.
Quisiera decir al Senador Bellido que esta Senadora una de las cosas que
menos acepta de su trabajo como parlamentaria es la relación con los
medios de comunicación, pero aun así, respondo a todas las preguntas que
me hacen, no acudo yo a ellos.
En ningún caso he dudado de la palabra de la señora Presidenta ni del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esa Comisión, ni de su buena
voluntad para que los trabajos de la Comisión fueran adelante. Lo único
que he hecho ha sido dar los datos de las comparecencias que se han
producido en comparación con otras Comisiones que se constituyeron a la
vez que la de Eutanasia. Yo di esos datos y de ellos se han podido sacar
las conclusiones que cada uno haya considerado oportunas. En reunión de
Mesa y Portavoces se acordó hacer reuniones de Comisión todas las semanas
en las que no hubiera Pleno y hasta ahora hemos celebrado una cada mes.
La propuesta de realizar este estudio la realizó el Grupo Parlamentario
Socialista, y consta en acta, hace ya más de tres meses en una reunión de
Mesa y Portavoces. En vista de que no se daba ningún tipo de respuesta a
esa petición, consideramos que teníamos toda la legitimidad para
presentar en este Pleno esta moción, solicitando la realización de ese
estudio.
Por último, quisiera hacer otra puntualización. No creo que el hecho de
llevar más o menos años en el Gobierno nos quite ninguna legitimidad para
seguir presentando iniciativas. Puede ser que antes no se nos ocurrieran
o que no fuera el momento oportuno, pero tenemos toda la legitimidad que
nos dan los millones de españoles que nos han votado para presentar ésta
y todas las iniciativas que consideremos oportunas, hayamos estado o no
en el Gobierno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Fouz.
He entendido que la Senadora Rodríguez Fouz ha aceptado el texto de la
enmienda. (El señor Bellido Muñoz pide la palabra.) No le corresponde
turno, Senador Bellido. No ha sido aludido.
¿Quiere intervenir por el artículo 87? (Asentimiento.)
Tiene la palabra, Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Entiendo que se acepta la enmienda que hemos
presentado. Y quiero decirle a la Senadora Rodríguez Fouz que no es lo
preocupante estar en los medios de comunicación --y creo que no se ha
desprendido así de mis palabras-- sino que lo verdaderamente preocupante
es no reflejar la realidad de los hechos que se producen en la Comisión
de la Eutanasia.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Al aceptar el Grupo Socialista la enmienda del
Grupo Popular, ¿podríamos aprobar la moción por asentimiento? (Pausa.) Se
aprueba, entonces, la moción por unanimidad.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACION Y
SALUD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE MANIFIESTAN ALGUN TIPO GRAVE DE
TRASTORNO DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA (662/000188).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente moción: Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en materia de educación y salud de niños
y adolescentes que manifiestan algún tipo grave de trastorno de
personalidad y conducta.
A esta moción ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario
Socialista. Para la defensa de la moción originaria y por tiempo de 20
minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la
Senadora Do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, hace escasamente un mes esta Senadora tenía
la oportunidad de hablar directamente de un tema del que no es ajena. La
cercanía del problema presentado por los propios afectados me obliga al
grato esfuerzo de presentar y defender la moción que mi Grupo
Parlamentario hoy argumenta ante esta Cámara.
Hace poco, por tanto, tenía la oportunidad de conversar con Mónica
Longueira Roel, Presidenta de la Asociación Dédalo, Asociación Gallega
Dédalo de Ayuda a Niños y Jóvenes con Trastornos de la Conducta, que,
independientemente de la copiosa y bien argumentada documentación que nos
hacía llegar, me expresó directamente, como madre afectada, lo que ellos
mismos denominan calvario de estas familias. Señoras y señores Senadores,
nuestra sociedad actual prima, por su importancia, informativamente --y
no sin razón-- determinados problemas de salud mental como es el caso del
Alzheimer o de la anorexia y bulimia. Pero existen otros problemas que,
no teniendo el eco de los anteriores en los medios de comunicación,
tienen su extensión y efectos sobre la comunidad escolar y sobre las
familias que lo padecen. Me estoy refiriendo, señorías, a los niños,
niñas y jóvenes con trastornos de la personalidad y conducta,
especificando que siendo cada caso singular tienen todos en común que
este trastorno de la personalidad y de la conducta no tiene su origen en
una deficiencia mental.
Estos niños, niñas y jóvenes, como consecuencia de su patología y en caso
de estar en edad escolar --y leo textualmente lo expresado por los padres
afectados-- deterioran seriamente la calidad de enseñanza de los colegios
a los que asisten en los que son rechazados y muchas veces expulsados,
derivando los niños y jóvenes hacia la familia con el consiguiente
destrozo familiar, hacia centros de menores o hacia otros centros
destinados a la atención de otras patologías no preparados en la mayoría
de los casos para la atención terapéutica requerida por estos niños.
Al principio de mi intervención hice referencia a los medios de
comunicación porque con frecuencia se reflejan en ellos, bajo el
calificativo de niños difíciles, niños malos o niños con trastornos de
conductas, hechos en los que el comportamiento de los niños y jóvenes,
como resultado de
un grave trastorno de la personalidad o de la conducta, pasa a ser
primera página y acontecimiento a destacar. La gravedad de estos
acontecimientos supera las consecuencias de la noticia reflejada en sí
misma y, en ocasiones, son el punto y aparte de una larga historia de
alteraciones graves en el medio social en el que interacciona el niño o
joven, principalmente en la escuela y en el entorno familiar. Son, por
tanto, los padres, los educadores o los maestros, los hermanos y
compañeros de clases los que con mayor asiduidad padecen estos defectos
comportamentales.
Cuando hablamos de alteraciones comportamentales en estos niños, niñas o
jóvenes con trastornos de la personalidad o conducta nos estamos
refiriendo a problemas de atención, distracción y dificultad para
concentrarse, comportamiento hiperactivo, baja motivación, fácil
irascibilidad, desinterés generalizado, comportamiento agresivo,
conductas de ansiedad, etcétera.
Estas dificultades repercuten notablemente en las relaciones entre el
niño joven y su medio, en parte por los comportamientos y las reacciones
derivadas de su fácil irritabilidad. Esta, a su vez, genera
comportamientos agresivos y, al mismo tiempo, da lugar a alteraciones en
las relaciones sociales, lo que puede provocar un empeoramiento del
comportamiento, cerrando así un ciclo comportamental que se condiciona de
forma recíproca.
Este tipo de comportamiento es especialmente disfuncional en el ámbito
social y académico, por tanto, de difícil acomodación en centros
específicos ni en los programas de integración en centros ordinarios,
siendo importante un buen conocimiento de las técnicas y procedimientos
de modificación de conducta para mejorar la competencia social de estos
niños o adolescentes por parte de educadores, dado que van a ser
fundamentalmente ellos los que con mayor frecuencia tengan que hacer
frente a los problemas de conducta.
Las dificultades en el ámbito escolar van asociadas a otras alteraciones,
entre las que podemos citar la dificultad para resolver problemas de
carácter adaptativo, déficit en habilidades para la interacción social y
trastornos afectivos, entre otros.
No todas las manifestaciones de los trastornos de conducta son igual de
perturbadoras o socialmente graves como las que, por desgracia, asoman en
los medios de comunicación, pero no por ello deben dejar de preocuparnos,
sobre todo en sus derechos más elementales, su educación y su salud.
La familia es un elemento clave en el proceso terapéutico. Son
fundamentales los recursos y las estrategias que desarrollen y apliquen
las familias para hacer frente a los cuidados, atenciones, cambio en los
hábitos y comportamientos, etcétera, de un miembro de la misma y, para
ello, es necesario un asesoramiento y seguimiento por parte de los
educadores y profesionales especializados en este tipo de trastorno de la
conducta, más aún cuando algunos trastornos afectivos --como las
depresiones y el descenso de la autoestima-- dificultan de manera notable
los procesos adaptativos del niño o joven y su medio, y algunas
alteraciones cognitivas que se pueden dar principalmente asociadas a la
falta de atención, al déficit de procesos ejecutivos en el aprendizaje de
nueva formación, pueden dificultar enormemente la capacidad de
recuperación, capacidad adaptativa, en definitiva, de este niño, niña o
joven al medio en el que vive.
Señorías, éste no es un problema de salud mental al que esta Cámara pueda
permanecer ajena. Las dificultades o trastornos de personalidad y
conducta que muestran un alto porcentaje de niños y jóvenes es una
realidad que se constata en los distintos ámbitos de actuación de éstos.
La detección de comportamientos indeseables, por su agresividad o por el
enfrentamiento con pautas de convivencia básica que origina dificultades
en el rendimiento académico y en el medio social y familiar, debe
hacerse, en un primer momento, en el seno de la familia y de la escuela.
La labor de prevención es responsabilidad de todos, si bien, desde cada
organismo o institución debe abordarse el problema desde su particular
perspectiva, lo que nos conduce a establecer criterios compatibles y
homogéneos, dada la complejidad del mismo.
Desde criterios técnicos en el ámbito de la psicología, de la sociología
y de la psicopedagogía, no parece conveniente recurrir a las vías
institucionales de represión, tendiendo al establecimiento de recursos
específicos para paliar estas dificultades y que proporcionen estrategias
para afrontar el problema según las necesidades específicas de los
mismos, dirigidas fundamentalmente a padres y educadores.
Asimismo, se debe tender al establecimiento de mecanismos operativos de
coordinación interinstitucional para la educación en convivencia y tender
a proporcionar un marco uniforme y sostenido para el desarrollo de las
distintas acciones que se puedan realizar desde los Ministerios
implicados.
Señorías, he intentado dejar claro con esta moción --y espero haberlo
conseguido-- dos cuestiones importantes desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular. En primer lugar, que los trastornos de
personalidad y conducta de niños, niñas y jóvenes son un problema digno
de mayor atención en su doble vertiente de sufrimiento humano de personas
en una etapa vital de acusada indefensión, y de coste y disfunción
comunitarios, que una sociedad avanzada como la nuestra debe abordar. Y,
en segundo lugar, esta moción quiere ser una llamada de atención sobre un
tema en realidad poco debatido en esta Cámara y en la sociedad española.
Por todo ello, señorías, creemos que la moción del Grupo Parlamentario
Popular es una aportación ante un problema real al que se le debe prestar
la atención necesaria desde esta Cámara y desde todas las
administraciones públicas implicadas.
No quisiera terminar esta intervención sin volver a hacer una referencia
al grupo de padres y madres de niños con trastornos de la personalidad y
conducta agrupados en la Asociación Dédalo, a los cuales esta Senadora y
su Grupo Parlamentario agradecen su esfuerzo, su tesón y trabajo en la
defensa de unos derechos reconocidos para sus hijos e hijas, a los que
esta Cámara no puede ser ajena.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Senadora Barenys. Sin embargo, he de decir
que hay una propuesta de modificación firmada conjuntamente por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de la que ya tiene
conocimiento la Senadora Barenys.
Tiene su señoría la palabra.
La señora BARENYS I MARTORELL: Gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, he de decirle que gracias a su exposición y a la
conversación previa que usted y yo hemos mantenido hace unos momentos se
me han clarificado los términos en función de los cuales ustedes
presentaban esta moción para su debate en la Cámara. Y es que he de
decirle que con la primera lectura y posterior estudio del contenido de
la exposición de motivos, a mi Grupo, y más concretamente a esta
Senadora, le habían preocupado enormemente esos términos ya que nos daba
la sensación de que ustedes planteaban un problema más de forma que de
fondo. Es decir, en nuestra opinión, ustedes planteaban buscar soluciones
para este problema de inadaptación de los niños difíciles --dicho entre
comillas-- pero sin buscar las causas que pueden generar este problema.
He de decirle que, al igual que ustedes, nosotros lamentamos y rechazamos
que los medios de comunicación y los sectores de población importantes de
nuestra sociedad no tengan más respeto en las valoraciones que en
ocasiones hacen --y siempre por noticias que surgen en los medios de
comunicación-- sobre determinadas conductas de los menores, y que a la
vez vulgaricen sus opiniones etiquetando conductas y responsabilidades.
Ahora ya he entendido lo que usted plantea, pero anteriormente pensaba
decirle --y lo voy a decir ahora puesto que creo que también puede
servirnos de reflexión para otras cuestiones-- que cuando se achacan a
sectores infantiles actitudes violentas --no me refiero únicamente a
problemas de conducta, sino a que se añade a la conducta actitudes
violentas-- no se analiza con suficiente profundidad que las
circunstancias del entorno de los niños y niñas en muchas ocasiones
provocan que ellos aprendan la violencia y actúen de forma violenta
puesto que así lo ven en sectores de la sociedad y así lo ven en muchas
ocasiones en los medios de comunicación. Ello provoca e impulsa conductas
agresivas y violentas que en el fondo se identifican más con los adultos,
porque los adultos sí que hemos resuelto que la violencia sirve en muchas
ocasiones para resolver conflictos y, como consecuencia, engendra
conductas para nosotros mismos en el límite de lo patológico. Pensaba que
éste podía ser un marco de referencia cuando no acababa de entender qué
planteaba usted en los puntos que proponía para el debate de esta moción.
Nosotros pensamos que en realidad estamos hablando de niños en
dificultades sociales, de niños que se encuentran en una situación de
riesgo para ellos mismos puesto que con su conducta están
autoperjudicándose, de forma involuntaria evidentemente; son conductas
que ellos mismos no pueden controlar. Pero como usted bien ha dicho, se
crean también situaciones de riesgo para los demás, situaciones de
cansancio y de estrés. Todo ello hemos de afrontarlo por medio de un
conjunto de programas y de políticas que atiendan a estas necesidades,
pero también hemos de prevenir en la familia, en la escuela o en el
conjunto de la sociedad aquellas situaciones que puedan ayudar a que
estas conductas no encuentren unos canales adecuados en su tratamiento y
en su ayuda.
Creo que es bueno que usted, yo y todos los Senadores recordemos aquel
principio recogido en la Convención de Derechos de Naciones Unidas de
1989, en el que se hablaba de algo fundamental: tener siempre en cuenta
el interés primordial del menor. Por tanto, también de estos niños,
porque, al preocuparnos de este sector de la población, estamos
defendiendo sus derechos en igualdad de condiciones con todos los niños y
niñas que tienen la ventaja de no padecer este tipo de situaciones.
Seguramente, usted estará de acuerdo conmigo si le digo que estas
actitudes conductuales tienen su razón de ser, aparte de la patología que
pueda suponer, en que a veces en la familia o en la escuela no se priman
actitudes y programas educativos suficientemente intensos y adecuados
para atender estas situaciones de crisis. Seguramente nos encontremos con
que en la institución escolar faltan recursos para que los profesionales
que tienen en su aula niños con este tipo de características sepan cómo
abordar sus aprendizajes, de la misma manera que nos encontramos que en
los centros de salud no existen recursos suficientes --y usted lo ha
dicho--, comunitariamente hablando, y, como consecuencia de ello, centros
de salud mental.
Por todo lo dicho, nosotros habíamos presentado una extensa enmienda que
nos parecía que reconducía en esta dirección y en cierta medida el
problema. En ella tuvimos en cuenta, sobre todo, la potenciación de
políticas para la prevención del riesgo social y la necesidad de que se
contemplasen las competencias que cada Comunidad Autónoma tiene a este
respecto, y, como consecuencia, la necesidad de impulsar un programa
conjunto con las Administraciones Públicas y con los municipios para
ayudar a encontrar iniciativas comunes de actuación. Lo que tratamos de
evitar es que en unas Comunidades Autónomas los niños sean mejor tratados
y atendidos que en otras. Esta es una de las obligaciones y
responsabilidades que tiene el Gobierno de la nación: velar para que no
existan discriminaciones territoriales por razón de los recursos y de las
prioridades o del interés que una u otra Comunidad Autónoma pueda tener
frente a este problema.
Decíamos que, posiblemente, a través del Plan concertado de servicios
sociales, tendrían que establecerse mejores y más ayudas, así como
servicios de atención a la infancia y a la familia. También
considerábamos necesario incrementar las actividades de formación para
profesionales en servicios comunitarios y residenciales, aumentando
los especialistas en psicología clínica en las redes de servicios de
salud mental.
Pero, además, añadíamos algo que nos parecía importante activar --y
espero que usted lo contemple y que podamos continuar tratando de ello en
esta Cámara--, que es la activación del Observatorio de la Infancia
--debate que ya tuvimos aquí hace unos meses-- a fin de que este
Observatorio, que ha de analizar las situaciones sociales en las que se
encuentran sumergidos nuestros niños y niñas, sirva también como
instrumento de prevención de riesgos, de forma que analice y estudie los
factores, las actitudes y las dinámicas socioeconómicas y culturales que
generan violencia y desajustes conductuales en la infancia.
Nos parecía que con la enmienda presentada se podía mejorar
considerablemente la moción. Pero, como muy bien ha señalado la señora
Presidenta, hay una enmienda transaccional, que hemos estudiado y firmado
ya que estamos de acuerdo con ella, que aunque reduce las expectativas
que habíamos puesto en el planteamiento de esta enmienda, nos satisface
lo suficiente como para empezar a caminar en la vía de solucionar el
problema que usted ha vivido a través de este grupo de padres, que no es
único, pues también en Cataluña existen organizaciones de padres y madres
preocupados por los problemas de conducta de sus hijos. Por lo tanto, nos
será de utilidad a todos si esta tarde aprobamos esta iniciativa que,
acertadamente, usted ha presentado y hemos consensuado.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Barenys.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió,
tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, justo es reconocer que la moción presentada por la
Senadora doña Belén do Campo plantea un tema de interés para la Cámara,
que debemos de agradecer, y es muy importante.
Sin embargo, haciéndome también eco de lo que ha manifestado la Senadora
Barenys, la explicación realizada por la Senadora Do Campo nos ha
tranquilizado, ya que el texto original no nos gustaba, así como lo que
nos proponía: la creación de centros especiales para los chicos y chicas
con trastornos de conducta.
El problema existe y hay que buscar maneras de solucionarlo, pero lo que
se proponía no nos gustaba. Después del debate de esta moción se llega a
un texto transaccional que es un avance positivo en cuanto a buscar
soluciones al problema que ha planteado --repito, con mucho acierto--la
Senadora Do Campo.
La Senadora Barenys ha insistido en los problemas de fondo.
Efectivamente, en esta cuestión hay que ir más al fondo, pues hablamos de
los trastornos de personalidad que parecen en los jóvenes, pero hay que
preguntarse: ¿por qué aparecen esos problemas? Esta es realmente la
cuestión esencial que debe preocuparnos.
Usted ha manifestado que las familias son fundamentales en el proceso
terapéutico del tratamiento de estos problemas. Considero que las
familias son aún más fundamentales para que no aparezcan esos trastornos.
Estoy de acuerdo en que cuando aparece el problema las familias han de
ayudar a su resolución, pero incluso son más indispensables para que no
aparezcan estos trastornos. Por ello, hay que emprender una acción
pedagógica muy importante y transmitirla a toda la nación acerca del
papel y de la responsabilidad de los padres, ya que estos chicos y chicas
con trastornos de personalidad no aparecen porque sí. La Senadora Barenys
ha hecho alusión a la realidad socioeconómica. De acuerdo. Pero para mí,
en primer lugar está la familia. Educar a los hijos es una tarea
apasionante, pero es muy difícil y requiere esfuerzo, tiempo, dedicación
y generosidad, y no siempre los padres están dispuestos.
¿Por qué aparecen los trastornos? En primer lugar, hay que tener en
cuenta el papel de los padres. En segundo lugar, la realidad
socioeconómica. Hay que preguntarse si la Administración, que debe velar
para solucionar esos problemas, vela también para que no se den las
desigualdades sociales, a veces intolerables, que existen en nuestra
sociedad. La Administración no lo puede hacer todo. Pero para evitar que
aparezcan esos trastornos de personalidad, debe evitar que existan tantas
desigualdades sociales. Los problemas tan trágicos que han ocurrido en
Estados Unidos se han debido a que la sociedad americana --nada
envidiable a mi entender-- produce unas desigualdades terribles que
ocasionan en parte estos trágicos acontecimientos.
Un tercer factor, también mencionado por la Senadora Barenys, es si la
Administración trabaja lo suficiente para que se evite la violencia en
los medios de comunicación. Estas son cuestiones previas para atajar los
males que usted, con mucho acierto, denuncia.
Un cuarto aspecto a tener en cuenta en relación a los trastornos de
personalidad es que muchos profesores se quejan de que no se valora
suficientemente su papel por la sociedad. Esto no viene de ahora, sino de
muchos años atrás. El papel del profesor se ha devaluado y también aquí
hay que realizar una tarea profunda para volver a realzar el papel
fundamental que en la sociedad tienen los educadores, para que éstos
puedan influir más en sus alumnos, y que la defensa de la libertad y de
los valores democráticos que hemos de tener en todas las escuelas, no
sean incompatibles con la existencia de disciplina y rigor en las aulas,
ni con la entrega a los directores de los centros educativos de los
suficientes medios para poder controlar y encauzar la labor pedagógica de
los centros.
Todos éstos son factores previos a esos problemas que usted ha denunciado
y, excepto el referido a la familia, que evidentemente es responsabilidad
de los padres, en primer lugar, sobre los que la Administración ha de
actuar, y actuar más de lo que lo hace en la actualidad, y me refiero a
todas las administraciones y a todos los políticos.
En cuanto a su propuesta final como parte consensuada de acciones para
mejorar los problemas existentes y que, por tanto, debemos coadyuvar a
mejorar como una obligación nuestra, nos parece un paso adelante. En el
primer punto de su propuesta, se indican esas acciones pertinentes
para que esos niños y adolescentes puedan alcanzar sus ciclos educativos
y formaciones profesionales como la Ley contempla y, repito, me parece
bueno porque estos jóvenes con trastornos de personalidad hemos de
enforcarlos como jóvenes a recuperar, aunque es difícil a veces ajustar
su personalidad y reinsertarlos en el ciclo normal educativo, pero éste
ha de ser nuestro objetivo. Por tanto, no nos gustaba la idea de crear
centros aparte, porque el objetivo que debemos tener como padres, como
educadores, como políticos es que esos jóvenes que padecen trastornos de
personalidad se reinserten, cuanto antes mejor, en el ciclo educativo
normal.
Por ello, instar al Gobierno para que se realicen acciones pertinentes a
mejorar esa situación me parece bien. Como ha indicado la Senadora
Barenys, ello quiere decir que haya más medios en los centros educativos,
como psicólogos, maestros, profesores, etcétera. De hecho, existen
Comunidades que ya realizan acciones en este sentido como, por ejemplo,
Cataluña, que quizá no sean suficientes --tampoco hay que hacer ningún
tipo de triunfalismo--, pero según tengo anotado la Generalitat ha creado
unidades de adaptación curricular en un 25 por ciento de los institutos,
en las cuales hay más profesores para atender a estos alumnos con
problemas, diversos centros de atención preferente, etcétera. Es decir,
se han realizado diversas acciones para atender a estos jóvenes con
problemas de personalidad.
Por tanto, insisto en que ya existen acciones al respecto, aunque es
conveniente que todavía haya más. En este sentido, me parece interesante
la idea en la que ha insistido la Senadora Barenys, consistente en que
desde el Gobierno se vele porque no haya una discriminación entre las
Comunidades Autónomas, es decir, que no haya niñas o niños
desfavorecidos. Digo esto, porque hay Comunidades entre cuyas prioridades
se encuentra la educación, pero en otras no ocurre lo mismo, por lo cual,
los presupuestos se dedican en mayor o menor medida a la educación en
función de esas prioridades. Por algo será que en algunas Comunidades la
reforma se está aplicando en mayor profundidad que en otras, o que en
algunas hay más atenciones para con estos jóvenes que en otras. Y aunque
quizá en otros lugares haya distintas mejoras, se debe procurar que los
chicos y chicas de todo el Estado no sufran desigualdades ni en ésta ni
en ninguna otra materia.
En definitiva, creo que este tema es importante, y me gustaría felicitar
a la Senadora Do Campo. Nuestro Grupo está de acuerdo con ese texto
consensuado, por lo que esperamos que el Gobierno actúe rápidamente para
avanzar en la solución de este problema que tienen planteadas bastantes
familias de España. En cualquier caso, y aunque se trata de un problema
real y serio, tampoco hay que dramatizar al respecto, ya que, por
ejemplo, en Cataluña llega al 0,3 por ciento de los escolares.
Sólo me queda darle las gracias por la presentación de esta moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿desea intervenir la Senadora
Barenys? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do
Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senadora Barenys, como usted ha expuesto al principio de su intervención,
quizá haya habido un problema de entendimiento a la hora de aclarar el
objeto de esta moción. Sin embargo, tras nuestra conversación y mi
exposición anterior parece que eso ha quedado claro. El objeto de nuestra
moción es diferente de lo que ustedes en cierta medida reclamaban con su
enmienda, y quizá se haya debido también a un problema de entendimiento
el que ustedes hayan presentado la misma.
Nosotros seguimos refiriéndonos, no a las situaciones de maltrato y
violencia infantil, sino a los problemas conductuales que presentan estos
niños con alteraciones del comportamiento. Sin embargo, voy a aprovechar
esta ocasión para decir respecto del maltrato y la violencia infantil
--que en algunos casos puede influir en estos niños-- que desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ya se han firmado algunos
convenios --en concreto, con la Universidad Complutense y el Ministerio
de Educación-- tras los cuales se están publicando una serie de programas
de educación para la tolerancia y la prevención de la violencia en los
jóvenes. Esta acción se ha desarrollado durante 1997 y 1998, y con ella
se intenta la prevención de la violencia de los jóvenes, para lo cual es
preciso promover una serie de actuaciones educativas; por ejemplo,
enseñar a detectar y combatir problemas que conducen a la violencia.
Asimismo, durante este año se ha firmado un nuevo convenio para que
sigamos recogiendo programas de prevención de la violencia y para dar
respuesta a los problemas que encontramos en relación con el fracaso
escolar y la exclusión social.
Incluso en el Ministerio de Educación y Ciencia hay una serie de
programas, como el de «Convivir es vivir», el proyecto «Relaciona», que
también se enmarcan dentro del Plan de Acción contra la Violencia
Doméstica y que pretenden recuperar actitudes integradoras y no agresivas
en la práctica docente. Además de esto, desde el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, también para paliar estas dificultades, en la
convocatoria de ayudas y de subvenciones públicas con cargo a la
asignación tributaria del IRPF se ha dado este año una prioridad relativa
para estos jóvenes y adolescentes con dificultades de adaptación social,
y cuyo objetivo va dirigido también a la intervención de los mismos y de
sus familias, siempre con el consentimiento de las partes afectadas. Le
hago esta referencia en cuanto a su enmienda, no a lo que era en sí
nuestra moción.
También se refería a la salud mental que, como queda aclarado en la
enmienda transaccional firmada por todos los grupos, es verdad que cada
Comunidad Autónoma está desarrollando programas específicos en salud
mental; es verdad también, como decía el señor Vidal, que el desarrollo
de los dispositivos es diferente en cada Comunidad Autónoma, es verdad
que en algunas Comunidades Autónomas van más adelantados que en otras,
pero podemos reconocer que en todos los planes de salud mental y en
concreto
los que afectan a este tipo de niños se da la coincidencia de que se está
poniendo la atención sobre la infancia y la juventud. También he de
decir, en relación a este tema, que en la actualidad existen ya en España
una serie de unidades infantojuveniles-sanitarias, que tienen una
dependencia funcional y orgánica de diferentes Administraciones, por
ejemplo, la Administración autonómica. En Cantabria están trabajando
mucho en este sentido y el Senador Vidal decía que también en Cataluña,
con lo cual coincidimos en que es necesario que haya coordinación entre
las Comunidades Autónomas para que estos objetivos vayan adelante.
El Senador Varela nos hablaba del problema de origen de estos niños,
niños que no tienen deficiencias mentales --y lo dije anteriormente-- y
para los cuales es necesaria una prevención. Su señoría nos ha dicho que
en Cataluña los niños con estos problemas que están escolarizados
alcanzan un 0,3 por ciento, pero yo le preguntaría: ¿qué tanto por ciento
de niños están sin escolarizar por culpa de estos problemas? Eso quizá
también lo tendríamos que saber. Quizá nos haría falta tener un censo.
Tengo en mi poder la documentación aportada por la Asociación Dédalo en
relación al tema de la prevención y en cuanto a que hay que ver el origen
del problema de estos niños: quizás sus propias familias. Tengo que
decirle que, según la definición que nos dan desde la Asociación, nos
indican que son niños muchas veces con coeficiente de inteligencia normal
o alto; incapaces de aceptar una disciplina; a veces son groseros,
violentos, con ataques de ira que no pueden controlar ni en su propia
familia ni en el ámbito escolar ni fuera del colegio; son conscientes de
lo que les está sucediendo y quieren evitarlo, y también tienen un
sentimiento de culpabilidad y de baja estima, que incluso en algunas
ocasiones puede llevarles al intento de suicidio. Las personas que les
rodean, en gran parte sus padres, su familia, los educadores, en
ocasiones pueden pensar que son niños mal educados, desobedientes, vagos,
y no se comprende que ellos hacen un gran esfuerzo para evitar este
comportamiento; de aquí su gran sufrimiento, ya que son personas muy
sensibles, abocadas al fracaso social y escolar. Las familias se
desesperan, pueden incluso llegar a desestructurarse y los colegios, como
decía anteriormente, en muchas ocasiones los rechazan. Por eso, es
necesario, como bien se ha dicho anteriormente, un esfuerzo de todas las
Administraciones; un esfuerzo de todos los equipos psicopedagógicos, de
los maestros, de los psicólogos, de los pedagogos para analizar este
problema; un esfuerzo necesario no sólo para estos niños, sino también
para apoyar a las familias, para que las preparen y las guíen para
afrontar el problema enseñándolas a actuar ante las crisis de estos
niños.
Para terminar, deseo expresar mi agradecimiento al Grupo Socialista, que
ha retirado esa enmienda, y al resto de los Grupos, en especial al
Senador Varela por su intervención, por haber llegado a este consenso
mediante esta enmienda transaccional y que, sin lugar a dudas, como decía
al principio de mi primera intervención, creo que queda claro que los
trastornos de personalidad y de conducta de los niños y de los jóvenes
son un problema que hay que abordar desde ahora, porque será bueno para
estos niños, para estos jóvenes, para estas familias y, sobre todo, para
toda la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos en el Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Dado que hay una propuesta firmada por todos losGrupos, ¿esta moción
puede darse por aprobada por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba por
unanimidad.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA
QUE, DE MANERA INMEDIATA, DESARROLLE UNA CAMPAÑA DE INFORMACION EN LOS
MEDIOS AUDIOVISUALES MARROQUIES Y ESPAÑOLES PARA DAR A CONOCER A LA
POBLACION MARROQUI LAS NORMAS EXISTENTES PARA LA OBTENCION DE LOS VISADOS
EN LOS CONSULADOS ESPAÑOLES Y LOS RIESGOS QUE, PARA SUS DERECHOS, SUPONEN
LAS REDES QUE EFECTUAN EL TRAFICO ILICITO DE TRABAJADORES EMIGRANTES
(662/000187).
La señora PRESIDENTA: Siguiente moción, del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno para que, de manera
inmediata, desarrolle una campaña de información en los medios
audiovisuales marroquíes y españoles para dar a conocer a la población
marroquí las normas existentes para la obtención de los visados en los
consulados españoles y los riesgos que, para sus derechos, suponen las
redes que efectúan el tráfico ilícito de trabajadores emigrantes.
A esta moción ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra, para consumir
un turno de veinte minutos, la Senadora Guirado.
La señora GUIRADO PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
El objetivo de esta moción es informar a la población marroquí. Los
españoles estamos acostumbrándonos, posiblemente, casi
insensibilizándonos, a ver cómo día a día muchos marroquíes, muchos
magrebíes pierden su vida intentando alcanzar las costas de nuestro
territorio. Desde esa perspectiva, no podemos quedarnos impasibles ante
el terrible dolor que, a diario, está sufriendo la mayoría de las
personas que lo están intentando.
Marruecos, que en el año 1956 alcanza su independencia, ha servido a
Europa como mano de obra masiva y barata. Europa se ha nutrido durante
muchísimos años de la mano de obra marroquí, fundamentalmente países como
Bélgica y Francia. En el año 1973, Marruecos organizó de forma oficial un
éxodo de emigrantes hacia los países del
centro de Europa. Eso también sirvió a Marruecos para desprenderse en
cierta manera de una parte de su población del Rif, que era de tendencia
levantisca y un poco revoltosa.
La emigración no puede ser considerada un fenómeno desligado de las
piezas de nuestra política exterior, sino un elemento de la política
exterior de nuestro Gobierno, y sería absurdo pensar que la emigración es
un hecho al margen de las relaciones que debemos mantener con nuestros
países vecinos.
La impresión que podríamos tener los españoles sería la de que la
emigración marroquí es grande y masiva. Sin embargo, comparando los datos
con los del centro de Europa, éstos nos hacen ver cómo España sólo da
50.000 visados a la población marroquí que lo solicita y 150.000 a la
población rusa que desea venir a nuestro territorio.
Los marroquíes tienen un ansia vital y una necesidad de abandonar su
país. Las razones pueden ser muy diversas, pero los datos apuntan a que,
entre los 18 y los 29 años, el 75 por ciento de su población está
dispuesta a abandonar Marruecos. Las causas, como decía anteriormente,
son muchas y variadas. Una frase que podríamos utilizar sería la que los
marroquíes exponen siempre: Si nos prohíben ir es que aquello debe de ser
el Paraíso.
La obsesión por abandonar Marruecos, por abandonar el Magreb --porque no
deberíamos circunscribirla exclusivamente a Marruecos, sino que el ámbito
es un poco más amplio--, no hay que atribuirla estrictamente a
necesidades económicas. La partida, el hecho de abandonar Marruecos,
supone para muchos marroquíes una transgresión de las rígidas normas
educativas, morales o sexuales que les inculcaron desde pequeños. Si
pudiésemos volver la vista atrás, posiblemente podríamos establecer un
dato comparativo y ver cómo los españoles de los años cuarenta y de
principios de los cincuenta podrían estar en las mismas circunstancias.
Por tanto, creo que España es quizá el país que está en mejor disposición
para comprender el hecho de que los marroquíes tengan esa necesidad vital
de irse de su país.
La emigración de Marruecos tiene unos complejos cimientos construidos a
base de paro --pero no el paro que nosotros podríamos entender desde
nuestra posición de un país que tiene, aunque no completamente, cubiertas
sus necesidades económicas, sino el paro en el más estricto y crudo
sentido de la palabra, es decir, en Marruecos no se conoce el hecho del
desempleo percibido, sino el hecho de no tener trabajo y, por tanto, de
no percibir ninguna remuneración económica por esta causa-- de
precariedad, de ausencia de horizontes, de desencanto político, de
represión, de la marginación femenina y del miedo a los hechos que están
ocurriendo aún en su país vecino, como es Argelia, el miedo al
integrismo.
Otra causa que motiva a los marroquíes y a intentar atravesar nuestra
frontera sur es el triunfalismo de los que ya emigraron y regresan de
vacaciones contando cómo se vive al norte de Marruecos. La inmensa
mayoría de las veces regresan con coches, con regalos y con mucha
fantasía, explicando un cuento que tiene poco que ver con su realidad.
Todos sabemos que los marroquíes en España no están precisamente en unas
condiciones que pudiésemos denominar normales. E1 trabajo es el más duro
--el que los españoles jamás querremos realizar-- y las condiciones de
vida son de lo más precarias, estando la inmensa mayoría de las veces
viviendo todos hacinados en una chabola. Se corresponde, entonces, poco
con la fantasía que esos marroquíes pretenden inculcar a sus compañeros
del sur, pero la necesidad de demostrar que han conseguido su objetivo,
que han triunfado en la vida, que les ha ido bien, en definitiva, hace
que cuenten una serie de historias poco reales.
Por otro lado, hay un hecho que no puede ser obviado a la hora de
analizar por qué esa necesidad vital de los marroquíes en dejar
Marruecos, y es la facilidad con que las televisiones acceden a su
territorio. No se le puede, como dice nuestro refrán popular, poner
puertas al campo e, indiscutiblemente, no se le pueden poner puertas a
los medios de comunicación. Para un marroquí que tiene acceso a
cualquiera de nuestras televisiones, para un marroquí del norte --del sur
un poco menos-- que tiene acceso no sólo a nuestras televisiones
estatales, sino también a nuestras televisiones locales, es un acicate a
la hora de intentar conseguir llegar a este lugar que le muestran de
lujo, de bienestar, de alegría, de libertad. Por eso deberíamos hacer una
pequeña reflexión y preguntarnos si es que vienen porque quieren o es que
también nosotros los llamamos.
Haciéndonos tres reflexiones podríamos ver si emigran por dinero o
también porque buscan libertad. ¿Emigran por dinero o porque necesitan
sanidad? Teniendo en cuenta que la sanidad pública en Marruecos no
existe, es uno de los objetivos de los marroquíes intentar que, al menos,
sus condiciones básicas de salud les sean garantizadas. Y, finalmente,
también emigran porque tienen la necesidad de sentirse hombres libres en
plano de igualdad.
El objetivo de la moción, que sólo se suscribía al hecho de que se haga
campaña en los medios audiovisuales, tiene una razón muy justificada. El
analfabetismo se acerca al 70 por ciento en Marruecos en el caso de los
hombres y, en el caso de las mujeres, al 80 por ciento. Su población es,
fundamentalmente, analfabeta. Es una población que tradicionalmente
venimos denominando del conocimiento del boca a boca, de la transmisión
oral de la cultura. Eso les hace caer en redes organizadas, en
desaprensivos que les sacan el dinero y, al final, les hacen llegar a las
pateras.
El Estrecho de Gibraltar se está convirtiendo en un lugar peligroso para
el que quiere atravesarlo. En los ocho primeros meses del año 1998 se
recogieron 217 cadáveres en las costas españolas. Algunos hablan ya de
3.000 muertos. Yo llamaría la atención de esta Cámara sobre el hecho de
que si estuviésemos hablando de un conflicto armado en el que se hubieran
ocasionado 3.000 muertes, posiblemente nos sentiríamos horrorizados; sin
embargo, las muertes paulatinas, una a una, o en pequeñas cantidades, 13,
18, etcétera, de los marroquíes que van perdiendo la vida, hombres,
mujeres y a veces, incluso, niños, intentando cruzar el Estrecho, no
puede dejarnos insensibles. Por el hecho de que no sea un número masivo,
agrupado en un solo contingente, ni esta Cámara ni la sociedad española
deben permanecer insensibles ante un hecho tan doloroso y dramático.
Se acerca el verano y con él las muertes se incrementarán. El verano, con
su buen tiempo, es una especie de incitación a que los marroquíes
intenten atravesar nuestro Estrecho porque sus condiciones les parecen
mucho más fáciles. Son 14 kilómetros los que separan nuestras fronteras
de las marroquíes, pero nunca 14 kilómetros han sido tan terriblemente
peligrosos, ni tan terriblemente deseados de ser atravesados, lo que
significa en la mayoría de las veces la muerte.
No quisiera recordar cómo, a veces, transgrediendo posiblemente todo
convenio internacional y cualquier norma humanitaria, a los que han
conseguido llegar se les ha suministrado cualquier tipo de sedante para
devolverlos a su territorio y acabar con un problema que en la mayoría de
las veces y en hechos circunstanciales no era tal, sino una deportación
de emigrantes a los que no se les había atendido sus derechos.
Hasta ahora, las medidas que ha venido desarrollando el Gobierno se han
declarado absolutamente insuficientes. Pero, además de ello, posiblemente
incitan a ser transgredidas. Marruecos colabora, de una manera pudiéramos
decir que correcta, en la regularización de sus emigrantes y sus
controles policiales intentan detener el máximo número de pateras, pero
eso sólo es una pequeña gota en el océano. Cualquier persona puede ir al
puerto de Casablanca y ver cómo cada noche hay 200 personas intentando
coger un barco para llegar a esa Europa que les han dicho que es el
paraíso.
Al mismo tiempo, la emigración tiene un mapa complejo. Podemos observar
que los emigrantes del norte son los que fundamentalmente vienen hacia
nuestra zona, los del centro suelen dirigirse hacia Alemania --en barco,
en la mayoría de los casos-- y los de la zona de Beni Mellä suelen ir a
Francia, dependiendo, en general, de si su territorio fue colonia de
España o protectorado de Francia. En este sentido, creo que España tiene
una gran deuda y una responsabilidad hacia sus antiguos territorios, por
lo que no puede quedarse impasible ante un hecho tan dramático.
Por otra parte, no es objeto de esta moción el hablar de los visados,
pero permítame, señora Presidenta, que, al menos, aproveche esta ocasión
para hacer una pequeña reflexión sobre esta cuestión. España a veces pone
una serie de barreras a los visados que no son justificables por los
parámetros en que se miden. Así, a un marroquí, que no suele ganar más de
26.000 pesetas al mes --teniendo en cuenta que puede tratarse, incluso,
de un profesor universitario o de un médico-- no se le puede pedir, para
acceder a nuestro territorio, que tenga el mismo nivel de ingresos que un
español. Cuando intentan venir a España estudiantes, a los que deberíamos
acoger --y permítanme ustedes decir que posiblemente por una mera
cuestión egoísta, ya que esos estudiantes podrán ser embajadores en sus
territorios, ante sus conciudadanos, al volver formados desde España--,
se les deniega el visado en la mayoría de los casos por parte de nuestros
consulados. De manera que el número de marroquíes que estudia en nuestro
país es bastante ínfimo, por no decir que prácticamente ridículo. Es
posible que no tengan mucho dinero, pero la solidaridad familiar en
Marruecos es un hecho absolutamente constatable.
El objetivo de la moción es el de hacer una campaña de información. ¿Por
qué razones? Por las antes expuestas y por las terribles colas que se
forman en nuestros consulados. Los consulados españoles o están sirviendo
de ninguna manera para canalizar la emigración que, en términos
generales, pudiese tener derecho no desee venir a nuestro país.
Hay colas de personas que quieren acceder a ese visado y hay redes que se
dedican a los más diversos menesteres. Podemos encontrarnos en cualquiera
de nuestros consulados a profesionales de la falsificación del documento,
del relleno del documento falso y todo ello por el módico precio de 50
dirhans. También hay redes que se dedican a la captación de personas, que
con un bajo nivel de conocimiento hacen cola ante nuestros consulados
durante noches y días con su familia, para venderles un falso pasaporte o
la posibilidad de acceder en una patera a nuestras costas; patera que, en
la inmensa mayoría de las ocasiones, dada la fragilidad de la embarcación
y los medios con que se cuenta, no suele llegar a su destino.
El Gobierno pretende en estos momentos blindar el Estrecho en una campaña
de cinco años. Invertirá unos 25.000 millones de pesetas en la más alta
de las tecnologías, como radares de larga distancia, cámaras térmicas,
visores nocturnos, rayos infrarrojos. ¿No sería más lógico que esos
25.000 millones de pesetas se emplearan en algo útil?
Hace mucho tiempo, viendo una película hecha por una organización no
gubernamental, aprendí que el Estrecho de Gibraltar será atravesado de la
manera que haga falta. No habrá fuerza humana --igual que no la hubo para
detener a los tres millones de españoles que decidieron dejar nuestro
país buscando unos mejores horizontes-- para que eso se impida. Por
tanto, tampoco lo habrá para Marruecos.
¿No sería mucho más lógico invertir ese dinero en desarrollo y
cooperación con los países del norte de Africa? ¿No sería mucho mejor que
invirtiésemos ese dinero en dotarles de mejores hospitales y escuelas?
¿No sería mucho más lógico que fomentásemos en Marruecos las inversiones
privadas y las públicas, en vez de intentar blindar una frontera que no
puede serlo y que, además, sería repudiable por todos desde una sociedad
que se denomina a sí misma democrática y que tiene a gala, como
efectivamente lo es, ser muy solidaria? Por tanto, desde esa perspectiva
me parece que lo más lógico sería ir invirtiendo ese dinero en
solidaridad y cooperación.
Creemos que los medios audiovisuales deben de cumplir muchas tareas. La
primera es la de informar, formar y entretener. Pero en Marruecos el
papel de los medios audiovisuales --cosa que no es de nuestra
competencia-- cumple otro tipo de requisitos y, desde luego, no se dedica
a informar a sus ciudadanos de los peligros que corren ni de las formas
en que pueden acceder a nuestro territorio.
No hay manera humana de detener, como decía antes, la emigración. La
única forma es canalizarla para que la población acceda a ella en las
mejores condiciones posibles y, para ello, la televisión y los medios
audiovisuales deben
jugar un papel de información. La cultura marroquí del boca a boca deber
ser aprovechada por nosotros para intentar transmitirles cuáles son las
formas, sistemas y modos por las que pueden acceder sus ciudadanos a
nuestros visados, y cómo pueden sus ciudadanos acceder a nuestro
territorio, intentando de esa manera librarles de un destino cruel.
Vargas Llosa escribía hace poco tiempo en «El País» que estaba convencido
de que la emigración de cualquier color o sabor es una inyección de vida,
de energía y de cultura que los países deberían recibir como una
bendición. Eso debería ocurrir con el tema de la emigración marroquí
hacia España. Lo que desde luego no puede ser la emigración es una fosa
de muertos, un lugar de dolor y una tragedia día a día.
Por ello, señora Presidenta, proponemos una moción instando al Gobierno
de la nación a que desarrolle de manera inmediata una campaña de
información en los medios audiovisuales marroquíes y españoles para dar a
conocer a la población marroquí las normas existentes para la obtención
de los visados en los consulados españoles y, de esa manera, evitar los
riesgos que para sus derechos, para su vida, suponen las redes que
efectúan los tráficos ilícitos de trabajadores emigrantes.
La moción debe tener el respaldo mayoritario de esta Cámara, y no
solamente porque para España la emigración suponga una fuente de energía,
no solamente porque la emigración signifique una renovación en la vida de
un pueblo, no solamente porque la emigración enriquezca, desde el punto
de vista cultural y económico, a un pueblo, sino porque la emigración es
un lugar de encuentro. Nosotros los mediterráneos creemos, sobre todo,
que el Mediterráneo no puede seguir siendo una fosa de muertos, sino que
simplemente debe ser un lugar de encuentro de culturas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Guirado.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el Senador Morales.
El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senadora Guirado, antes de empezar mi intervención quisiera recordarle
que Marruecos y España no están separados por 14 kilómetros, lo están
apenas por centímetros. La frontera está en Ceuta y Melilla.
Señorías, no vamos a entrar, porque no lo consideramos necesario, en una
exposición de datos que demuestre la enorme preocupación que nos merece
el problema de la inmigración. Son ya muchas las veces que en esta Cámara
se ha debatido sobre distintos aspectos relacionados con la inmigración.
También hemos debatido sobre situaciones objetivas y reales del problema
que nos han hecho ratificarnos aún más, a cuantos formamos parte de esta
Cámara, de que hay que buscar soluciones al problema de la inmigración.
Afortunadamente, somos mayoría los que pensamos y sentimos así.
El fenómeno de la inmigración ha ocupado un papel destacado tanto a nivel
parlamentario como de opinión pública en los últimos años. Es
comprensible si se tiene en cuenta que la población extranjera residente
en España alcanzó a finales de 1996 la cifra de 538.894 personas.
Dentro del panorama general hay que señalar que el colectivo que más ha
crecido en cifras relativas, después del europeo, es el de las personas
procedentes, precisamente, del continente africano, casi un 38,61 por
ciento, destacando los magrebíes y últimamente los subsaharianos. El
colectivo marroquí constituye el mayor contingente nacional extranjero en
cifras absolutas, monopolizando casi en su totalidad la extranjería
proveniente del continente africano.
Estas cifras ponen de relieve la necesidad de prestar una mayor atención
a los inmigrantes africanos y especialmente a los que provienen de
Marruecos. Además de la población legalmente registrada, existe en España
presencia de población extranjera en situación irregular, que el informe
de la Oficina Permanente de la Inmigración de 1996 estimaba en 65.000
personas.
La mayor presión migratoria desde principios de los años noventa procede
de Marruecos, bien de oriundos de Marruecos bien de oriundos de la zona
más meridional del continente africano.
Si se toma como indicador la conflictividad potencial, el número de
rechazados en frontera en 1999 fue de 173.988 personas por carecer de la
documentación necesaria, de las cuales 168.704 eran de nacionalidad
marroquí, lo que representa casi el 97 por ciento del volumen total de
rechazados. Esta tendencia se confirma con el número de extranjeros
expulsados. Marruecos y Argelia se encuentran a la cabeza.
Gran parte de la inmigración ilegal entra en España a través de redes
delictivas y de mafias más o menos organizadas. La inmigración procedente
de Africa es la menos organizada todavía a nivel de estas redes.
Las migraciones concebidas como un fenómeno transitorio al servicio de la
coyuntura económica se han convertido en un fenómeno permanente, por lo
que se requiere de políticas integrales para afrontar con rigor su
tratamiento y regulación. Por tanto, no puede contemplarse sólo desde el
orden público, ya que los flujos migratorios implican la necesaria
actuación de distintos departamentos.
La política inmigratoria en España se basa fundamentalmente en el
consenso entre las diferentes fuerzas políticas y se ha diseñado a partir
de los acuerdos parlamentarios de 1991, que se han completado con una
moción aprobada el 24 de septiembre de 1996. Esta política descansa en
tres pilares básicos: el control de los flujos migratorios, la
integración de los inmigrantes y la ayuda a los países de origen --de
forma especial a los magrebíes.
La propuesta que ahora presentan ustedes supone ahondar en la cooperación
entre España y Marruecos. En efecto, el 13 de febrero de 1992 se firmó el
Acuerdo Hispano-Marroquí sobre circulación de personas, tránsito y
readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. El artículo 11 del
mencionado Acuerdo prevé la creación de un comité mixto, presidido por
los ministros de Interior de ambos
países, cuya finalidad es resolver los problemas que se deriven de la
aplicación del Acuerdo, examinar las modalidades y criterios de
readmisión de extranjeros expulsados y organizar la asistencia mutua en
el desarrollo de los dispositivos de control fronterizo, sobre todo en lo
relativo a equipamiento e información de personal de control de
fronteras.
El estricto cumplimiento del acuerdo debería suponer una disminución del
tráfico ilegal de inmigrantes, sin embargo, los datos no permiten,
desgraciadamente, confirmar este extremo.
El desarrollo de campañas informativas dirigidas a la población marroquí
susceptible de venir a nuestro país puede contribuir a allanar el difícil
camino administrativo que un inmigrante tiene que recorrer para alcanzar
una situación regular. Asimismo, informar sobre las consecuencias del
tráfico ilegal de emigrantes puede ayudar a disuadir del traslado a
España utilizando las mafias de tráficos clandestinos de emigrantes.
Señorías, los ministerios de Interior de España y Marruecos, los pasados
días 14 y 15 de diciembre de 1998, alcanzaron los siguientes acuerdos
relacionados con el control del tráfico de la emigración irregular:
asistencia técnica por parte española a Marruecos; asistencia de
funcionarios españoles a las autoridades marroquíes de control de
fronteras en el aeropuerto de Casablanca; mejora de la colaboración para
el funcionamiento del acuerdo de readmisión entre España y Marruecos;
presentación por parte española de un plan de formación para funcionarios
marroquíes en inmigración, funcionarios policiales y no policiales;
mejora en la tramitación y expedición de visados por las autoridades
españolas en Marruecos; organización de un seminario sobre tráfico de
inmigrantes a través del Estrecho; campañas informativas en Marruecos
para informar a los candidatos de la inmigración ilegal; puesta en
práctica de las tarjetas para facilitar la circulación de personas entre
Ceuta y Tetuán, Melilla y Nador --fronteras de España y Marruecos--, y,
planteamiento por parte española en la Unión Europea de la importancia de
Marruecos en el control de los flujos migratorios.
Señorías, el Ministerio del Interior ya está actuando en el sentido que
se señala en la moción. En este momento, el protocolo para el desarrollo
y ejecución de un proyecto de colaboración en la lucha contra la
inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar se encuentra pendiente
de firma por parte del Subsecretario del Ministerio del Interior y del
Jefe de la Oficina de Organización Internacional para las Migraciones en
España. Este protocolo permitirá la realización de actividades de
información a los emigrantes potenciales de países africanos a través de
Marruecos como consecuencia de la emigración irregular.
Este protocolo, que tiene prevista una duración de un año, prorrogable a
otro más, y que será financiado totalmente por las autoridades españolas,
está dirigido a los potenciales emigrantes irregulares. El Ministerio del
Interior utilizará distintos medios de comunicación, por ejemplo, radio y
televisión --incluida la española, que llega a todo el norte de
Marruecos--, prensa y publicación de folletos, aunque particularmente
tengo mis dudas de que puedan leer la prensa ese tipo de personas. Y digo
esto, Senadora, porque todos sabemos que la mayoría de los emigrantes que
vienen a Europa no saben ni siquiera leer los pobrecitos. Por eso estamos
de acuerdo en que la campaña deberá hacerse con medios audiovisuales, y
especialmente a través de la radio puesto que ellos acostumbran a oírla
mucho.
Por tanto, los objetivos del protocolo son los siguientes: incrementar el
conocimiento de las realidades migratorias y de los riesgos de la
emigración irregular por parte de los potenciales emigrantes de Marruecos
a España, y disuadir la emigración de Marruecos hacia España
especialmente en embarcaciones. Las actuaciones contenidas en el
protocolo se desarrollarán a partir del día en que éste se firme y, como
ya he dicho, durarán un año prorrogable a otro más.
Finalmente, siguiendo con mi defensa de la enmienda de modificación,
quería referirme a un breve párrafo que se contiene en ella y que dice:
... en la línea en que ya viene actuando el Gobierno se inste a que se
desarrollen todos los medios que en la propia moción se contienen.
Señorías, les anuncio que nuestro Grupo va a votar favorablemente esta
moción.
Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Si la Senadora Guirado desea intervenir, puede hacer uso de la palabra.
La señora GUIRADO PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Cuando yo estaba interviniendo, indudablemente tenía muy claro que Ceuta
y Melilla son territorios españoles. Lo único que ocurre es que cuando
alguien va desde Tánger, desde Casablanca o desde Tetuán hasta Ceuta o
Melilla, lo cierto es que nadie se ahoga. Sólo se ahogan los que intentan
atravesar el Estrecho. De ahí mi especificidad a la hora de intervenir
hablando de España refiriéndome a la península y no a esas dos ciudades.
Agradezco mucho al Grupo Parlamentario Popular que haya aceptado la
moción que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ya que, a
pesar de las actuaciones que, parece ser, va a realizar el Ministerio del
Interior, lo cierto es que hasta el día de hoy no he tenido constancia de
que se haya hecho ningún tipo de publicidad ni ninguna campaña en
Marruecos en relación al paso de emigrantes clandestinos por el
Mediterráneo.
La campaña debería hacerse, como usted mismos ha señalado, señoría, a
través de medios audiovisuales, pero si tenemos en cuenta que el 80 por
ciento de la población marroquí no sabe ni leer ni escribir --aunque esto
está cambiando--, solamente podremos utilizar la cultura del boca a boca
a la que tan aficionados son los marroquíes. Y para ilustrar a la Cámara
con un pequeño ejemplo a este respecto, les diré que hace poco tiempo se
habló en Marruecos del cupo que para los emigrantes España había abierto.
Pues bien, a los pocos días las puertas de los consulados estaban
totalmente llenas de gente con sus documentos de cupo ya rellenos,
documentos absolutamente falsos y que
habían imprimido las redes que se dedican a explotar el deseo, la
necesidad y la miseria de muchos marroquíes.
Desde esa perspectiva, me parece muy importante que --como señala la
moción-- también se haga la campaña desde nuestros medios de
comunicación. Los medios de comunicación españoles tienen una gran
audiencia entre los marroquíes --deberíamos felicitarlos-- y les muestra
una sociedad a la que ellos no tienen acceso; una sociedad abierta,
alegre y, probablemente, más rica de lo que en realidad es. Es el reflejo
de un paraíso, comparado con la situación económica y social en la que
está sumida Marruecos, y por eso cabe preguntarnos si ellos vienen o
nosotros les estamos llamando.
Pero, a la hora de conceder visados, en los consulados españoles se
realizan una serie de prácticas que son, como poco, ligeramente
desagradables. La selección llevada a cabo para otorgar los visados es
bastante arbitraria --la concesión del visado es una facultad propia del
Cónsul y a veces del Embajador--, pero, además, se contempla el
cumplimiento de una serie de requisitos que supone equiparar un país
económicamente estable como España con Marruecos, cuya situación
económica es bastante distinta. Se piden como requisitos, por ejemplo,
una cuenta corriente o un nivel de ingreso; sin embargo, en la inmensa
mayoría del territorio de Marruecos no existe el empleo estable ni la
empresa privada --el porcentaje de empresa privada marroquí se sitúa en
torno al 6 por ciento-- y prácticamente la totalidad de los trabajadores,
que son un grupo minoritario de la población, suelen ser trabajadores del
Estado. Por tanto, el requisito exigido en España para la obtención del
visado es casi como pedir un imposible y también significa un acicate a
la hora de intentar atravesar nuestra frontera.
Por ello, felicito al Grupo Parlamentario Popular y a todos los Grupos
que han firmado esta iniciativa por haber tenido a bien apoyar una moción
que lo único que pretende es intentar acabar con la muerte, con la
desilusión y con unas condiciones precarias. Pero, sobre todo, pretende
evitar que pueda repetirse un hecho como el acontecido cuando a 103
emigrantes que salieron de Málaga se les suministró haloperidol, de
manera que no tengamos que sufrir situaciones parecidas ni volver a oír
al Presidente del Gobierno que se trataba de un problema al que había que
dar solución. Los problemas se tienen que solucionar de raíz, porque todo
lo que no se haga de raíz significa poner parches a una situación.
Es imposible poner puertas a la emigración, eso no tiene ningún sentido.
Lo que tenemos que intentar, desde nuestra responsabilidad como país, es
que los emigrantes puedan acceder en las mejores condiciones posibles.
Por tanto, evitar en lo posible que las redes de emigrantes, que no hay
que confundirlas con las de traficantes de drogas --en algún caso puede
que haya coincidencia, pero en general no tienen nada que ver con el
emigrante ilegal--, se vean abocadas a tal situación.
Por todo ello, felicito y agradezco al Grupo Parlamentario Popular que
haya tenido a bien apoyar nuestra moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Damos paso al turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Señora Presidenta, señorías, en nombre de mi
Grupo podría realizar este pronunciamiento desde el escaño, sin embargo,
subo a esta tribuna para subrayar la importancia que reconocemos a esta
moción, señalando que hemos suscrito la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular a la moción del Grupo Socialista. Por
consiguiente, estamos absolutamente de acuerdo con el texto que se
someterá a votación dentro de unos minutos.
Debo subrayar el sentido, el interés y las razones humanitarias que laten
en esta cuestión. Es por esta razón, señorías, que me voy a extender unos
minutos.
Hemos dejado de ser un territorio que expulsaba a su gente hacia otros
destinos, para convertirnos en destino de emigración, en un punto de
atracción de emigración. Todos sabemos que la mejor manera de evitar
estas emigraciones, en el sentido positivo de no ser necesaria
--concretamente la que se produce en el norte de Africa en dirección al
sur de Europa-- es con el imprescindible desarrollo. El norte de Africa,
con tonalidades distintas, está protagonizando un proceso de desarrollo,
y precisamente en esta Cámara hay creada una Ponencia, que está ultimando
sus trabajos, sobre la situación del Magreb.
Es evidente que hay zonas más desarrolladas que otras y algunas que están
recorriendo este proceso con más rapidez, pero ello no impide que se
continúen produciendo grandes corrientes de población entre el sur del
Mediterráneo en dirección al norte, es decir, hacia el sur de Europa.
Insisto, señorías, en que el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió da su apoyo a esta moción por razones humanitarias. Es muy lógico y
conveniente que se apruebe la misma y felicitamos y reconocemos el valor
del Grupo Parlamentario Socialista presentando esta iniciativa, al igual
que felicitamos a todos los demás grupos que suscriben la enmienda, ya
que, por razones humanitarias, no podemos quedar impasibles e
indiferentes ante los dramas personales que se producen en este trasvase
de población del norte de Africa al sur de Europa.
Desaprensivos, maleantes, malhechores trafican con la vida humana y cada
año --tal y como se ha recordado hace unos minutos-- hay centenares de
muertes de personas que han intentado llegar al sur de Europa y han
naufragado en las aguas del Mediterráneo.
Para combatir eficazmente a estos malhechores sería interesante
intensificar la información a la población marroquí sobre los caminos
existentes para emigrar e incorporarse a algún lugar de trabajo en el
Estado español. Si con todo ello creamos más dificultades, llegamos a
reprimir estas redes de tráfico ilegal, que se aprovechan, como
delincuentes que son, de las personas, las razones humanitarias que yo
invocaba al principio de mi intervención saldrán fortalecidas y habremos
terminado con uno de los dramas más espeluznantes que se producen
cada año en el Mediterráneo, y ya llevamos unos cuantos años.
Por consiguiente, consideramos que esta moción puede actuar muy
eficazmente sobre la población de Marruecos, señalando los caminos --que
sí los hay-- para incorporarse al mercado de trabajo del Estado español.
Felicitamos, insisto, al Grupo Parlamentario Socialista por la
presentación de esa moción, al Grupo Parlamentario Popular porque nos ha
propuesto una enmienda posterior, así como a todos los Grupos que
naturalmente la hemos suscrito. Sin ninguna duda, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha estampado su firma y
dentro de un momento, como lo hará el resto, votará favorablemente esta
moción.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Guirado.
La señora GUIRADO PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir para aclarar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular
que me alegro mucho de las buenas intenciones del Gobierno de empezar a
firmar algunos protocolos, y espero que nuestra moción tenga el efecto
deseado y se ponga en vigor la campaña inmediatamente, ya que hasta el
día de hoy --debemos ser muy honestos con nosotros mismos-- hay que decir
que no se había efectuado ningún tipo de campaña en Marruecos, al menos
esta Senadora no tiene conocimiento de ello. Bienvenida sea la firma de
esos protocolos, pero confiamos que ello no impida que la moción que se
va a aprobar en esta Cámara en breves minutos se quede ralentizada porque
el único camino para llegar al conocimiento, sea el que sea, siempre ha
sido el de la información y la inversión.
Marruecos no puede ser olvidado por España como un país en el que
invertir, y si lo hacemos, como decía anteriormente, hagámoslo desde el
punto de vista de la solidaridad a la que todos apelamos siempre, pero
también desde el punto de vista de nuestro mejor desarrollo y de nuestra
propia seguridad. Cuanto más ricos sean todos sus vecinos, más rica será
España. Como ejemplo diríamos que éstos son círculos alrededor de los
cuales cada uno se va integrando cada día más, y España en esto tiene
mucha experiencia.
No querría terminar sin reconocer que desde mi tierra, desde Andalucía,
se ha hecho un esfuerzo para invertir en Marruecos, siendo en estos
momentos Andalucía la primera región, muy por delante de cualquier otra
Comunidad, incluso de toda España, que invierte en dicho país, según los
criterios que desde el Grupo Parlamentario Socialista se han expuesto
siempre: desde el punto de vista de la solidaridad y de la ayuda a un
país que necesita de nuestra atención y de nuestra información. Pero
vuelvo a reiterar las gracias al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, y espero que el Gobierno firme rápidamente ese protocolo, aunque
haya llegado un poco tarde.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Morales.
El señor MORALES MONTERO: Gracias, señora Presidenta.
Senadora Guirado, quiero aportarle nuevos datos a los que usted ya posee.
En aguas ceutíes han aparecido desgraciadamente en más de una ocasión
cadáveres de emigrantes pero, repito, en aguas ceutíes, no nos tenemos
que ir a 14 kilómetros. Era por aquello de las fronteras que tenemos en
Ceuta y Melilla, y no en las costas andaluzas.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario al que represento, quiero dejar
constancia de la sensibilidad del Gobierno del Partido Popular en toda la
materia migratoria. Al margen de las valoraciones subjetivas que se
puedan hacer sobre solidaridad o suficiencia de los recursos, creemos que
está suficientemente demostrado que se están llevando a cabo las acciones
precisas para abordar un problema tan complejo como el de la emigración.
Como les he dicho anteriormente, tenemos instrumentos adecuados y
financiación suficiente para continuar actuando en el sentido que hemos
señalado, y tenemos constancia de la firme voluntad del Gobierno de
llevarlas a cabo.
Simplemente para finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento a
todos los grupos de la Cámara por su comprensión y por el tono del
debate.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Se ha presentado una propuesta de modificación, firmada por los Grupos
Popular, Socialista, de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas
Vascos y Mixto.
La propuesta de modificación dice lo siguiente: El Senado insta al
Gobierno para que en la línea en la que ya viene actuando, de manera
inmediata realice una campaña de información en los medios audiovisuales
marroquíes y españoles para dar a conocer a la población marroquí las
normas existentes para la obtención de visados en los consulados
españoles y también de los riesgos que para sus derechos suponen las
redes que efectúan el tráfico ilícito de trabajadores emigrantes.
Puesto que esta propuesta de modificación está firmada por todos los
grupos, ¿puede entenderse aprobada esta moción por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada. Muchas gracias.
Señorías, se había anunciado que quizá sería retirada la siguiente
moción, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Por tanto, tiene la palabra su portavoz.
El señor FERRER I ROCA: Señora Presidenta, efectivamente, esta moción ha
sido retirada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría, por su precisión,
concisión y brevedad.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE ESPAÑA AL CONVENIO SOBRE EL
APOYO LOGISTICO Y EL PERFECCIONAMIENTO CONJUNTOS DEL SISTEMA DE ARMAS
LEOPARD, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1969, EN LA VERSION DE 29 DE ENERO DE
1997. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000253) (C. D.
110/000249).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, pues, al punto quinto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al Convenio sobre el
apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas
Leopard, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 29 de enero de
1997, que se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.) ¿Puede entenderse
concedida dicha autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse mediante el
citado Acuerdo.
--ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES MOVILES POR SATELITE Y ENMIENDA AL ACUERDO DE
EXPLOTACION DE INMARSAT, ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA DE INMARSAT EL 24 DE
ABRIL DE 1998, EN SU DUODECIMO PERIODO DE SESIONES, CELEBRADA EN LONDRES
(S. 610/000227) (C. D. 110/000228).
La señora PRESIDENTA: Enmiendas al Convenio Constitutivo de la
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y
Enmienda al Acuerdo de Explotación de INMARSAT, adoptadas por la Asamblea
el 24 de abril de 1998, en su duodécimo período de sesiones, celebrado en
Londres.
Tampoco se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda, y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio de las Enmiendas
citadas al Convenio Constitutivo de la Organización Internacional
antedicha.
--ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE JULIO DE 1998 (S. 610/000228) (C. D.
110/000229).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de
España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de
1998.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo citado.
--CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPUBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO RELATIVO A LA
SUPRESION DE LA DOBLE IMPOSICION EN CASO DE CORRECCION DE LOS BENEFICIOS
DE EMPRESAS ASOCIADAS, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995 (S.
610/000229) (C. D. 110/000230).
La señora PRESIDENTA: Convenio relativo a la adhesión a la República de
Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al Convenio
relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de
los beneficios de las empresas asociadas, hecho en Bruselas el 21 de
diciembre de 1995.
No se han presentado propuestas a este Convenio.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto a que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
citado Convenio.
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y AUSTRALIA RELATIVO A LA ENTRADA Y ESTANCIA EN
VIAJES DE CORTA DURACION DE AUSTRALIANOS EN ESPAÑA Y ESPAÑOLES EN
AUSTRALIA, HECHO EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1998 (S. 610/000230) (C.
D. 110/000231).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre España y Australia relativo a la
entrada y estancia en viajes de corta duración de australianos en España
y españoles en Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1998.
Entiendo que debería decir Reino de España.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.) ¿Puede entenderse
concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda, y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Acuerdo.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LITUANIA, RELATIVO A
LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, HECHO EN MADRID EL 18
DE NOVIEMBRE DE 1998 (S. 610/000231) (C. D. 110/000232).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Lituania, relativo a la readmisión de personas en situación irregular,
hecho en Madrid el 18 de noviembre de 1998.
No se han presentado tampoco propuestas. ¿Alguien desea intervenir?
(Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueba y se autoriza en este acto para que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del citado acuerdo.
--CONVENIO, ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO A LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION A EFECTOS ADUANEROS, HECHO «AD REFERENDUM» EN BRUSELAS EL 26
DE JULIO DE 1995 (S. 610/000232) (C. D. 110/000233).
La señora PRESIDENTA: Convenio, establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la
tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho «ad referendum»
en Bruselas el 26 de julio de 1995.
No se han presentado propuestas en relación con este convenio en el plazo
señalado. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por
asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse, por medio del citado convenio.
--ACUERDO DE APLICACION PROVISIONAL ENTRE DETERMINADOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA UNION EUROPEA DEL CONVENIO, ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO
K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, RELATIVO A LA UTILIZACION DE
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A EFECTOS ADUANEROS, HECHO «AD REFERENDUM»
EN BRUSELAS EL 26 DE JULIO DE 1995 (S. 610/000233) (C. D. 110/000234).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de Aplicación Provisional entre
determinados Estados Miembros de la Unión Europea del Convenio,
establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea, relativo a la utilización de tecnología de la información a
efectos aduaneros, hecho «ad referendum» en Bruselas el 26 de julio de
1995. Se trata de la aplicación provisional del acuerdo anterior.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del citado acuerdo.
--PROTOCOLO, ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA
UNION EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACION, CON CARACTER PREJUDICIAL,
POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO
RELATIVO A LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A EFECTOS
ADUANEROS, Y DECLARACION RELATIVA A LA ADOPCION SIMULTANEA DEL CONVENIO
RELATIVO A LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION A EFECTOS
ADUANEROS Y DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACION DE DICHO CONVENIO,
CON CARACTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS, FIRMADOS «AD REFERENDUM» EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996
(S. 610/000234) (C. D. 110/000235).
La señora PRESIDENTA: Protocolo, establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con
carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros, y Declaración relativa a la adopción
simultánea del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros y del Protocolo relativo a la
interpretación de dicho Convenio, con carácter prejudicial, por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmados «ad
referendum» en Bruselas el 29 de noviembre de 1996.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda.
--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE CANADA, LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, EL GOBIERNO DE JAPON, EL
GOBIERNO DE LA FEDERACION RUSA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA RELATIVO A LA COOPERACION SOBRE LA ESTACION ESPACIAL CIVIL
INTERNACIONAL, E INTERCAMBIO DE CARTAS ANEJAS AL ACUERDO SOBRE LA
ESTACION ESPACIAL INTERNACIONAL, HECHO EN WASHINGTON EL 29 DE ENERO DE
1998 (S. 610/000235) (C. D. 110/000236).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos
de los Estados Miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de
Japón, el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los Estados
Unidos de América relativo a la Cooperación sobre la Estación Espacial
Civil Internacional, e intercambio de Cartas Anejas al Acuerdo sobre la
Estación Espacial Internacional, hecho en Washington el 29 de enero de
1998.
No hay ninguna propuesta en relación con este acuerdo. ¿Alguien desea
intervenir? (Pausa.)
Se puede entender entonces autorizado en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse en el citado acuerdo.
--CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE BULGARIA PARA LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN SOFIA EL 21 DE JULIO DE 1998 (S. 610/000236) (C.
D. 110/000238).
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Bulgaria para la cooperación en la lucha
contra la delincuencia, hecho en Sofía el 21 de julio de 1998.
No se han presentado propuestas. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Se acuerda y se autoriza por asentimiento a que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA AL CONVENIO NUMERO XX SOBRE LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL
EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO
DE 1970 (S. 610/000237) (C. D. 110/000239).
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República Popular China al Convenio número XX sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.
No se han presentado enmiendas. ¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Dado que ningún grupo desea intervenir, se entiende concedida la
autorización por asentimiento para que el Gobierno pueda obligarse
mediante este convenio.
--ACUERDO DE COLABORACION Y COOPERACION POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
COLABORACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR
UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE TURKMENISTAN, POR OTRA, Y ACTA FINAL, HECHO
EN BRUSELAS EL 25 DE MAYO DE 1998 (S. 610/000238) (C. D. 110/000241).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados
Miembros por una parte, y la República de Turkmenistán, por otra, y Acta
final, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 1998.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Se autoriza en este acto para que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento y obligarse por medio del citado acuerdo.
--ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL REINO DE BELGICA, LA REPUBLICA FEDERAL
DE ALEMANIA, LA REPUBLICA FRANCESA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, EL
REINO DE LOS PAISES BAJOS, LA REPUBLICA ITALIANA, EL REINO DE ESPAÑA, LA
REPUBLICA PORTUGUESA, LA REPUBLICA HELENICA, LA REPUBLICA DE AUSTRIA, EL
REINO DE DINAMARCA, LA REPUBLICA DE FINLANDIA, EL REINO DE SUECIA, PARTES
CONTRATANTES DEL ACUERDO Y DEL CONVENIO DE SCHENGEN, Y LA REPUBLICA DE
ISLANDIA Y EL REINO DE NORUEGA, RELATIVO A LA SUPRESION DE LOS CONTROLES
DE PERSONAS EN LAS FRONTERAS COMUNES, HECHO EN LUXEMBURGO EL 19 DE
DICIEMBRE DE 1996 (S. 610/000239) (C. D. 110/000242).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de cooperación entre el Reino de Bélgica,
la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado
de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Italiana, el
Reino de España, la República Portuguesa, la República Helénica, la
República de Austria, el Reino de Dinamarca, la República de Finlandia,
el Reino de Suecia, partes contratantes del Acuerdo y del Convenio de
Schengen y la República de Islandia y el Reino de Noruega, relativo a la
supresión de los controles de personas en las fronteras comunes, hecho en
Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.) Se entiende concedida la autorización
al Gobierno por asentimiento.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE CHIPRE SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 20 DE ENERO DE
1999 (S. 610/000240) (C. D. 110/000243).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Chipre sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el
20 de enero de 1999.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Por este acto se autoriza al Gobierno para obligarse al cumplimiento del
acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 20 de enero de
1999.
--INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JUNIO DE 1997 (S.
610/000241) (C. D. 110/000244).
La señora PRESIDENTA: Instrumento de enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio
de 1997.
No se han presentado enmiendas.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Por este acto se autoriza al Gobierno para obligarse al cumplimiento del
Instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION RUSA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN
MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 1998
(S. 610/000242) (C. D. 110/000237).
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de
la Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998.
No se han presentado propuestas.
¿Alguien desea intervenir? (Pausa.)
Por este acto se autoriza al Gobierno para obligarse al cumplimiento del
Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en
Madrid el 16 de diciembre de 1998.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión hasta mañana a
las nueve y media, hora a la que comenzará un nuevo Pleno.
Muchas gracias, señorías.
Eran las diecinueve horas y diez minutos.