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DS. Senado, Pleno, núm. 121, de 09/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 121
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 9 de marzo de 1999
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo
señor don Joseba Zubia Atxaerandio y de la Excelentísima señora doña
Ascensión Pastor Parres, designados por el Parlamento Vasco (Números de
expediente 500/000276 y 500/000277).
Primero
--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 23 y 24 de febrero de 1999.
Primero bis
--Elección de miembros de la Diputación Permanente (Número de expediente
560/000001).
Segundo
Mociones consecuencia de Interpelación:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
poner en funcionamiento el Observatorio de la Infancia; a presentar,
antes de finalizar este período de sesiones, un Plan de Acción, para
desarrollar en los próximos cinco años, con objeto de aplicar las
directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la
Infancia; a presentar en el Senado el II Informe sobre la aplicación de
la Convención,
una vez remitido a la Secretaría General de la Infancia de Naciones
Unidas, así como a realizar un informe basado en las necesarias
investigaciones sobre las situaciones de desigualdad de los niños y niñas
en situación de más vulnerabilidad social (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8
de marzo de 1999) (Número de expediente 671/000063).
Tercero
Mociones:
--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la
adopción de las medidas legislativas necesarias para incorporar a la
dotación presupuestaria del Fondo de Nivelación para 1999 las
consignaciones no ejecutadas de los ejercicios de 1997 y 1998, y a la
convocatoria, en el plazo más breve posible, de una reunión del grupo de
trabajo creado a tal efecto en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en la que presentará una propuesta de distribución del Fondo
de Nivelación que pueda servir de base para un acuerdo con las
Comunidades Autónomas sobre esta cuestión (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8
de marzo de 1999) (Número de expediente 662/000167).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que el Senado insta
al Gobierno para que, desde el respeto a las competencias asumidas por
cada una de las Comunidades Autónomas, promueva e incentive la formación
de postgrado de los profesionales dedicados a la asistencia y cuidado de
las personas mayores y, en su caso, transmita al Consejo de Universidades
la conveniencia de fomentar entre las universidades acciones de esta
naturaleza (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de
expediente 662/000168).
--Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que el Senado aprueba dirigirse a las otras Cámaras territoriales de
la Unión Europea con el fin de proponer un estudio y debate conjunto
sobre la aplicación actual de la subsidiariedad y sus perspectivas
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente
662/000164).
--De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y
MIXTO por la que se propone la creación de una Ponencia Especial, en el
seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de estudiar
en profundidad el problema de la deuda institucional en las empresas
tanto públicas como privadas, así como de la deuda de las
administraciones públicas con las empresas, y las posibles soluciones,
que puedan ser compatibles con la política de mantenimiento de los
puestos de trabajo y con las exigencias de la Comunidad Europea,
involucrando en ello a los agentes económicos, sociales y judiciales
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999) (Número de expediente
662/000169).
Cuarto
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, relativo a la celebración de la 21ª Reunión del Comité
Coordinador del CODEX ALIMENTARIUS para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo de
1998), hecho en Roma y Madrid el 5 de noviembre y el 22 de diciembre de
1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 213, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de
expediente S. 610/000213) (Número de expediente C. D. 110/000215).
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de
julio de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 214, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de
expediente S. 610/000214) (Número de expediente C. D. 110/000216).
--Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, hecho en Nueva York el 15 de diciembre de 1997
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 215, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de expediente S.
610/000215) (Número de expediente C. D. 110/000217).
--Retirada de la Reserva al artículo 22 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
(7-3-1996) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 216, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de
expediente S. 610/000216) (Número de expediente C. D. 110/000218).
--Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, aprobada por la novena reunión de las Partes en
Montreal el 17 de septiembre de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 217, de fecha 18 de
febrero de 1999) (Número de expediente S. 610/000217) (Número expediente
C. D. 110/000219).
--Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 12ª Reunión del Grupo Intergubernamental
sobre frutos cítricos del Comité de problemas de productos básicos
(Valencia, 21 a 25 de septiembre de 1998), hecho en Roma el 7 de agosto
de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 218, de fecha 18 de febrero de 1999) (Número de
expediente S. 610/000218) (Número de expediente C. D. 110/000220).
Quinto
Peticiones de creación de Comisiones Especiales:
--Petición de creación de una Comisión Especial de Estudio sobre el
presente y futuro de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales
(Primer firmante: D. Esteban González Pons) (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8
de marzo de 1999) (Número de expediente 650/000008).
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo
señor don Joseba Zubia Atxaerandio y de la Excelentísima Señora doña
Ascensión Pastor Parres, designados por el Parlamento Vasco (Página 5674)
El señor Zubia Atxaerandio promete acatar la Constitución. La señora
Pastor Parres jura acatar la Constitución.
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 23 y 24 de febrero de 1999
(Página 5674)
Se aprueban las Actas.
Elección de miembros de la Diputación Permanente (Página 5674)
Es proclamado Senador titular de la Diputación Permanente don Joseba
Zubia Atxaerandio. Asimismo quedan elegidos miembros suplentes de la
Diputación Permanente don José Fermín Román Clemente, por el Grupo Mixto,
y don Juan Ignacio Barrero Valverde, por el Grupo Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 5674)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a
poner en funcionamiento el Observatorio de la Infancia; a presentar,
antes de finalizar este período de sesiones, un Plan de Acción, para
desarrollar en los próximos cinco años, con objeto de aplicar las
directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la
Infancia; a presentar en el Senado el II Informe sobre la aplicación de
la Convención, una vez remitido a la Secretaría General de la Infancia de
Naciones Unidas, así como a realizar un informe basado en las necesarias
investigaciones sobre las situaciones de desigualdad de los niños y niñas
en situación de más vulnerabilidad social (Página 5674)
La señora Barenys i Martorell defiende la moción. La señora Rodríguez
Saldaña defiende la enmienda de los
Grupo Popular en el Senado, de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. La señora Barenys i Martorell expone
la posición de su Grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Costa Serra, por el
Grupo Mixto, y los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 85 votos a favor, 116 en
contra y 10 abstenciones.
MOCIONES (Página 5679)
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la
adopción de las medidas legislativas necesarias para incorporar a la
dotación presupuestaria del Fondo de Nivelación para 1999 las
consignaciones no ejecutadas de los ejercicios de 1997 y 1998, y a la
convocatoria, en el plazo más breve posible, de una reunión del grupo de
trabajo creado a tal efecto en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en la que presentará una propuesta de distribución del Fondo
de Nivelación que pueda servir de base para un acuerdo con las
Comunidades Autónomas sobre esta cuestión (Página 5679)
El señor Granado Martínez defiende la moción. El señor Utrera Mora
defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Granado Martínez expone
la posición de su Grupo Parlamentario respecto de la enmienda. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Granado Martínez,
por el Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular. El señor
Cambra i Sánchez interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 88 votos a favor, 126 en
contra y 8 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que el Senado insta
al Gobierno para que, desde el respeto a las competencias asumidas por
cada una de las Comunidades Autónomas, promueva e incentive la formación
de postgrado de los profesionales dedicados a la asistencia y cuidado de
las personas mayores y, en su caso, transmita al Consejo de Universidades
la conveniencia de fomentar entre las universidades acciones de esta
naturaleza
La señora Do Campo Piñeiro defiende la moción. El señor Gatzagaetxebarría
Bastida consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra el señor Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y las señoras Martínez Castro, por el Grupo
Socialista, y Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 129 votos a favor, 2 en contra
y 84 abstenciones.
Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO por
la que el Senado aprueba dirigirse a las otras Cámaras territoriales de
la Unión Europea con el fin de proponer un estudio y debate conjunto
sobre la aplicación actual de la subsidiariedad y sus perspectivas
(Página 5695)
El señor Ferrer i Roca defiende la moción. La señora Vindel López
defiende la enmienda del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Ferrer Roselló, por el Grupo Mixto; Gangoiti
Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Armet i Coma,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Ferrer
i Roca y la señora Vindel López intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por
asentimiento de la Cámara.
De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y
MIXTO por la que se propone la creación de una Ponencia Especial, en el
seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de estudiar
en profundidad el problema de la deuda institucional en las empresas
tanto públicas como privadas, así como de la deuda de las
administraciones públicas con las empresas, y las posibles soluciones,
que puedan ser compatibles con la política de mantenimiento de los
puestos de trabajo y con las exigencias de la Comunidad Europea,
involucrando en ello a los agentes económicos, sociales y judiciales
(Página 5701)
El señor Sanz Pérez defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Vidal i Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción de los Grupos Popular en el Senado, Socialista,
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas
Vascos y Mixto por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 5708)
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, relativo a la celebración de la 21ª Reunión del Comité
Coordinador del CODEX ALIMENTARIUS para Europa (Madrid, 5 a 8 de mayo de
1998), hecho en Roma y Madrid el 5 de noviembre y el 22 de diciembre de
1997 (Página 5708)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de
julio de 1998 (Página 5708)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, hecho en Nueva York el 15 de diciembre de 1997
(Página 5708)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Retirada de la Reserva al artículo 22 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
(7-3-1996) (Página 5708)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, aprobada por la novena reunión de las Partes en
Montreal el 17 de septiembre de 1997 (Página 5708)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
con respecto a la 12ª Reunión del Grupo Intergubernamental sobre frutos
cítricos del Comité de problemas de productos básicos (Valencia, 21 a 25
de septiembre de 1998), hecho en Roma el 7 de agosto de 1998 (Página 5709)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES (Página 5709)
Petición de creación de una Comisión Especial de Estudio sobre el
presente y futuro de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales.
(Primer firmante: Don Esteban González Pons) (Página 5709)
El señor Bellido Muñoz defiende la petición. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Varela i Serra, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; De la Plata Rodríguez, por el Grupo
Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular. Los señores De la
Plata Rodríguez y Bellido Muñoz intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se aprueba la petición por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO
SEÑOR DON JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO Y DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA DOÑA
ASCENSION PASTOR PARRES, DESIGNADOS POR EL PARLAMENTO VASCO (500/000276 y
500/000277).
La señora PRESIDENTA: Como asunto previo del orden del día figura el
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo
señor don Joseba Zubia Atxaerandio y de la excelentísima señora doña
Ascensión Pastor Parres, designados por el Parlamento Vasco.
Don Joseba Zubia Atxaerandio, ¿jura o promete acatar la Constitución?
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
don Joseba Zubia Atxaerandio ha adquirido la condición plena de Senador.
(Aplausos.)
Doña Ascensión Pastor Parres, ¿jura o promete acatar la Constitución?
La señora PASTOR PARRES: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución,
doña Ascensión Pastor Parres ha adquirido la condición plena de Senadora.
(Aplausos.)
--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 1999.
La señora PRESIDENTA: El punto primero del orden del día es la lectura y
aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores,
celebradas los pasados días 23 y 24 de febrero de 1999.
¿Hay alguna observación? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por asentimiento?
(Pausa.) Quedan aprobadas ambas actas.
--ELECCION DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE (560/000001).
La señora PRESIDENTA: El punto primero bis del orden del día es la
elección de miembros de la Diputación Permanente. Por aplicación de lo
establecido en el artículo 46 del Reglamento procede la cobertura de la
vacante existente en estos momentos como consecuencia de la pérdida de la
condición de Senador de don Joseba Zubia Atxaerandio. A tales efectos se
ha presentado la siguiente propuesta para la elección de miembro titular
de la Diputación Permanente por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos: don Joseba Zubia Atxaerandio.
¿Ratifica la Cámara por asentimiento la elección del señor Senador como
miembro de la Diputación Permanente? (Asentimiento.)
Queda ratificada la elección y proclamado el mencionado señor Senador
como titular de la Diputación Permanente.
A continuación, por aplicación asimismo de lo establecido en el artículo
46 procede la cobertura de la vacante existente en estos momentos como
consecuencia de la pérdida de la condición de Senadora de doña Inmaculada
de Boneta y Piedra. A tal efecto se ha presentado la siguiente propuesta
para la elección de miembro suplente de la Diputación Permanente por el
Grupo Parlamentario Mixto: don José Fermín Román Clemente.
¿Ratifica la Cámara la elección del señor Senador Román Clemente como
miembro suplente de la Diputación Permanente? (Asentimiento.) Queda
ratificada.
También por aplicación de lo establecido en el artículo 46 procede la
cobertura de la vacante producida como consecuencia del escrito
presentado por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A tal efecto
se ha presentado la siguiente propuesta como miembro suplente: don Juan
Ignacio Barrero Valverde.
¿Ratifica la Cámara por asentimiento la elección de este Senador?
(Asentimiento.) Queda ratificada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA; A PRESENTAR,
ANTES DE FINALIZAR ESTE PERIODO DE SESIONES, UN PLAN DE ACCION, PARA
DESARROLLAR EN LOS PROXIMOS CINCO AÑOS, CON OBJETO DE APLICAR LAS
DIRECTRICES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA; A PRESENTAR EN EL SENADO EL II INFORME SOBRE LA APLICACION DE
LA CONVENCION, UNA VEZ PERMITIDO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA INFANCIA
DE NACIONES UNIDAS, ASI COMO A REALIZAR UN INFORME BASADO EN LAS
NECESARIAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS SITUACIONES DE DESIGUALDAD DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACION DE MAS VULNERABILIDAD SOCIAL (671/000063).
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día, mociones
consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
poner en funcionamiento el Observatorio de la Infancia; a presentar,
antes de finalizar este período de sesiones, un Plan de Acción, para
desarrollar en los próximos
cinco años, con objeto de aplicar las directrices de la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia; a presentar en el
Senado el II Informe sobe la aplicación de la Convención, una vez
remitido a la Secretaría General de la Infancia de las Naciones Unidas,
así como a realizar un informe basado en las necesarias investigaciones
sobre las situaciones de desigualdad de los niños y niñas en situación de
más vulnerabilidad social, publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 644, de fecha 8 de marzo de 1999.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por los grupos parlamentarios Popular, de Senadores Nacionalistas Vascos
y Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para la defensa de la moción originaria, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista y un tiempo de cinco minutos, la Senadora
Barenys i Martorell.
La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender la moción presentada por mi
Grupo Parlamentario y, para ser breve en relación al tiempo del que
dispongo, empezaré defendiendo cada uno de sus puntos.
En cuanto al primero de ellos, relativo a poner en funcionamiento en el
plazo más breve posible el Observatorio de la Infancia, quiero decir,
señorías, que éste es un tema que se viene arrastrando desde el inicio de
1997 y que el Consejo Interterritorial de la Infancia ya elaboró sobre el
mismo un proyecto, del cual en este momento hay poca información en la
Dirección General de cada Comunidad Autónoma y se desconoce su
viabilidad.
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que guarden silencio, por
favor. No podemos escuchar a la Senadora Barenys.
La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Y, sobre todo, porque no está fijada dotación presupuestaria en el
ejercicio de 1999.
En todo caso, queremos decir que ésta es una pieza básica, que no será
posible conocer la situación de la infancia en el conjunto de nuestro
país si no disponemos de un instrumento para medir estos cambios y estas
necesidades, a la vez que tampoco podemos conocer la red de recursos y
servicios de atención a la infancia y hacer el seguimiento, lógicamente,
de la Convención de Derechos de los Niños, ratificada por nuestro país,
respondiendo al desarrollo de las políticas públicas y a los efectos en
la calidad de vida que ésta supone.
El segundo punto de la moción está relacionado con la solicitud al
Gobierno de que establezca un plan de acción, como otros planes de acción
que también han sido elaborados, muy especialmente en cuanto a políticas
sociales.
Hemos consultado a algunas Comunidades Autónomas, a bastantes
organizaciones no gubernamentales y coinciden en que es preciso que el
Gobierno se dote de este instrumento, que debe plantear líneas generales
y estrategias de política transversal con las que asegurar un desarrollo
igualitario de los derechos de los niños y de las niñas en todo el
territorio autonómico, respetando, evidentemente, e impulsando a su vez
las actuaciones y las competencias de las Comunidades Autónomas, que
todas las tienen plenas, a la vez que su legislación, de acuerdo con sus
estatutos de autonomía y, evidentemente, en el marco de lo que estableció
en 1996 la Ley de Protección Jurídica del Menor.
El tercer punto de la moción plantea al Gobierno la presentación ante
esta Cámara del II Informe sobre la aplicación de la Convención, una vez
presentado a la Secretaría General de la Infancia de Naciones Unidas.
El señor Ministro, en la intervención que tuvo en el Pleno pasado, se
ofreció a comparecer ante esta Cámara para informar del desarrollo y
evaluación de este informe.
El último punto de esta moción plantea la necesidad de realizar un
informe basado en las necesarias investigaciones sobre las situaciones de
desigualdad en educación, salud y servicios sociales.
El señor Ministro en su intervención ya avanzó algunas de las políticas
que podrían ir en esta dirección pero en opinión de esta Senadora son
insuficientes. Habló de incluir nuevos programas en el IRPF para
garantizar los mismos derechos en condiciones de igualdad a todos los
niños y niñas y de un convenio con la Unicef para diseñar un conjunto de
mapas por sectores, regiones y absentismo escolar.
En esta misma línea de garantizar la igualdad entre los niños y niñas, y
especialmente para aquellos sectores en situación de vulnerabilidad
social, es preciso la correspondiente coordinación con las Comunidades
Autónomas, afrontando los nuevos problemas que surgen de la exclusión
social, la enfermedad, la inmigración, a los cuales hacía referencia ya
el último informe del Defensor del Pueblo con una especial dedicación a
la necesidad de coordinar los programas sanitarios y sociales y a los
déficit de la escolarización infantil de 0 a 3 años.
Quería decirles que una lectura objetiva de la Convención y, muy
especialmente, de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor
nos recuerda que la protección del menor por los poderes públicos se
realizará mediante la prevención, la reparación de situaciones de riesgo
y el establecimiento de servicios adecuados a este fin. Los cuatro puntos
de esta moción que estoy defendiendo van en esta dirección. Por ello,
aunque tengo noticias no demasiado favorables, les pedimos que
reflexionen sobre el planteamiento de estos cuatro puntos porque de lo
que se trata, señorías, es de buscar un amplio consenso sobre las
actuaciones que son necesarias para mejorar la calidad de vida del
conjunto de la población infantil, reforzar y desarrollar sus derechos,
reconociendo su nuevo status de ciudadanos por sí mismos y aumentar, a la
vez, la sensibilidad de nuestra sociedad para avanzar en el respeto de
todos los derechos de los niños y niñas de nuestro país.
Esto es lo que quería expresar en la defensa de esta moción, y quedo a la
espera de la presentación de la enmienda que se ha anunciado por parte de
los grupos parlamentarios
Popular, Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Barenys.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, efectivamente el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda, que ha sido suscrita por los grupos parlamentarios Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y de Senadores Nacionalistas Vascos, a
los que agradezco ya su apoyo. Asimismo tengo que agradecer al Grupo
Parlamentario Socialista la presentación de esta iniciativa porque todo
lo que sea presentar en esta Cámara iniciativas para impulsar políticas
de atención y protección a los menores son siempre bienvenidas por parte
de todos los grupos políticos representados en esta Cámara.
Voy a pasar a defender la enmienda que tiene tres puntos, aglutinados el
tercero y el cuarto del «petitum» de la moción en un tercero por parte de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La moción insta a poner en marcha a la mayor brevedad posible el
Observatorio de la Infancia, respetando, lógicamente, las competencias de
las Comunidades Autónomas.
Ya el Ministro, en el Pleno pasado, anunció que a la mayor brevedad y
probablemente dentro de este mes sería aprobado por parte del Consejo de
Ministros el Observatorio de la Infancia, que será un instrumento donde
se encuentren tanto las políticas de las Comunidades Autónomas, como del
Gobierno, como también las actuaciones de las organizaciones no
gubernamentales. Estoy segura de que este instrumento estará dotado de
recursos suficientes, materiales y personales, para que su funcionamiento
sea lo más adecuado posible.
Con respecto al segundo punto del «petitum» de la moción, por el que se
insta al Gobierno a presentar un plan de acción de apoyo a los menores,
he de decir que, después de largas conversaciones con el Grupo que la ha
presentado, es voluntad, tanto de mi Grupo, como de aquellos que han
suscrito la enmienda, que se recapacite sobre este tema para poder asumir
el segundo punto de ésta.
Pero antes de dar lectura de dicho punto quisiera recordar a la Senadora
Barenys, así como al resto de los miembros de la Cámara, que las
competencias en materia de protección de menores están transferidas a las
Comunidades Autónomas; que muchas de ellas disponen de una ley de
protección al menor, y que prácticamente todas las Comunidades Autónomas
cuentan ya con planes de actuación hacia los menores. Por tanto, el
Gobierno de la nación debe ser respetuoso a la hora de planificar sobre
competencias que ya no le corresponden, sino que pertenecen a otras
administraciones.
Así pues, respetando al máximo posible esas competencias transferidas,
como ya he dicho, hemos enunciado un segundo punto en esta enmienda, que
dice lo siguiente: Con el objeto de aplicar las directrices de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, y
teniendo en cuenta el importante papel que desempeña la familia en el
desarrollo de la infancia y respetando las competencias ya transferidas
en esta materia a las Comunidades Autónomas, el Gobierno presentará antes
de finalizar este período de sesiones un plan integral de apoyo a la
familia con un capítulo específico dirigido a los menores, dentro de la
solidaridad intergeneracional.
Pienso que el plan integral de apoyo a la familia es un marco adecuado
para el desarrollo de estrategias de atención y protección a los menores.
En este sentido, el primer ámbito de protección, como es lógico, es la
familia. Por otro lado, ya existe suficiente legislación, tanto estatal
como autonómica, para defender los derechos de los menores. Así, tenemos
la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor; la ley de justicia
juvenil, actualmente en trámite parlamentario en el Congreso de los
Diputados, y además, insisto, prácticamente todas las Comunidades
Autónomas cuentan ya con leyes y planes de actuación.
El tercer punto de la enmienda se refiere al II Informe que deberá enviar
nuestro país a la Secretaría General de la Infancia de las Naciones
Unidas en aplicación de la Convención que suscribió en 1990. Este informe
no se presenta de manera sectorial por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, sino por éste, junto con los de Educación y Sanidad, es
decir, por todos los que tienen competencias en materia de política
social y de guarda y atención a los menores, así como en su protección.
Por tanto, una vez presentado este informe en las Naciones Unidas, si las
distintas situaciones así lo requieren pueden emitirse informes por parte
de los Ministerios de Educación, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales. En
este sentido, pienso que puede y debe haberlos, y que los habrá, porque
la situación de vulnerabilidad social en el caso de determinados menores
hará aconsejable que estos informes se adapten a las distintas
situaciones sociales que se vayan produciendo, que necesitarán de una
programación específica en función de dichas necesidades.
Así pues, quiero hacer de nuevo una llamada de atención a la Senadora que
ha defendido esta moción consecuencia de interpelación para que su Grupo
apoye esta enmienda, suscrita por otros dos grupos de la Cámara, y para
que incluso en el futuro todos los grupos de la Cámara aquí representados
podamos presentar una moción para resaltar las situaciones de atención y
protección a los menores en un contexto amplio, como puede ser el de la
protección social, teniendo en cuenta al resto de los Ministerios que
participarán en el plan de apoyo a la familia. Le brindo un capítulo
expreso, específico, en ese plan de apoyo a la familia. Y si una vez que
se presente en la Cámara --el 30 de junio, como así lo ha acordado el
Ministerio, y yo lo ratifico-- consideramos que eso no es suficiente,
como digo, podríamos presentar una moción conjunta para concretar más
aspectos en esta materia.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Rodríguez Saldaña.
¿Desea intervenir la representante del Grupo Parlamentario Socialista,
autora de la moción originaria? (Pausa.)
Tiene la palabra la Senadora Barenys i Martorell.
La señora BARENYS I MARTORELL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para manifestarme en relación a la moción y a la enmienda que
acaba de defender la Senadora Rodríguez Saldaña.
Senadora, usted y yo hemos hablado bastante de este tema y sabe que no
vamos a aceptar su enmienda porque hay un escollo, que es el punto dos.
Reconociendo, como verbalmente hemos hecho, las competencias de las
Comunidades Autónomas y su legislación propia, el Gobierno puede
establecer, según nuestro criterio, un marco general de defensa de los
derechos. El plan integral de apoyo a la familia es otra cosa, es un
marco, un paraguas, debajo del cual se pueden introducir variedad de
políticas, fiscales, sanitarias, etcétera. Eso es evidente.
Sin embargo, los derechos de la infancia requieren una estrategia propia,
y no porque lo diga esta Senadora, sino porque lo establece la Convención
de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que no es la de la familia,
sino la de los menores y, como tal, define que éstos son sujetos activos
de derecho. La Convención da a los niños un nuevo status de ciudadano.
Los niños no son únicamente hijos, alumnos, usuarios, sino que además son
ciudadanos dentro de un marco general de la sociedad y, en consecuencia,
debemos elaborar un plan de acción que ayude al reconocimiento de sus
derechos.
Para nosotros las políticas para la infancia han de tener un lugar y una
función estratégicos e importantes, definidos en este plan de acción, de
acuerdo --repito-- con lo establecido por las Comunidades Autónomas, con
la legislación y con la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, pero
tenemos que asegurar que esos derechos establecidos por la Convención,
firmada y ratificada por el Gobierno de la nación y no por las
Comunidades Autónomas, puedan tener un desarrollo adecuado.
En este sentido no podemos aceptar la enmienda. En su punto dos hay un
escollo sobre el que, a pesar de haberlo discutido en profundidad, no
hemos podido ponernos de acuerdo. Señorías, señora Rodríguez Saldaña,
entiendo que son dos maneras de entender las políticas para la infancia.
Espero que podamos concretar más en esa moción que usted ha dicho que
podríamos presentar con posterioridad a la presentación de este segundo
informe, pero, tal y como ustedes lo plantean, colocan una estrategia
--que ya tienen preparada--, que es el plan integral de apoyo a la
familia, en un marco que no consideramos adecuado, y del cual hablaremos
en otro momento, pero no aquí, que no es el lugar en el que el Grupo
Parlamentario Socialista quería entrar a discutir este tipo de política.
Por tanto, señora Senadora, grupos firmantes de esta enmienda a la
moción, tengo que comunicarles que no vamos a aceptarla. Esperamos
encontrar otros marcos adecuados para poner en común nuestras estrategias
y nuestra manera de ver lo que tiene que ser la política de la infancia.
Le recuerdo que la Convención obliga a los Estados que la han ratificado
a que presenten un plan de acción. Obliga a ello y lo establece el
artículo 34. Ustedes verán cómo pueden cumplir también este mandato que
establece la Dirección General de la Infancia de Naciones Unidas.
En todo caso, a nosotros nos gustaría que ustedes volvieran a pensar en
la posibilidad de desarrollar un plan de acción, porque hay otros que
dependen del Gobierno de la nación, como el Gerontológico, el del
Voluntariado, el de Personas con Discapacidad 1997-2001, el Plan Gitano,
etcétera; hay otros planes.
En este momento a ustedes no les viene bien realizar el plan de
integración, el plan general de la infancia, les viene mejor hacer un
plan de la familia. Les pido que recapaciten y piensen en la posibilidad
de poder cumplir con el mandato que establece la Convención y desarrollar
este plan de actuación.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Senadora Costa
Serra por un tiempo de cinco minutos.
La señora COSTA SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Seré muy breve. Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto
para anunciar nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Lamentamos que no haya sido posible llegar a un
consenso que creo podía haberse alcanzado dado la concreción, calidad y
contenido de la moción que ha sido aquí presentada y que estamos
debatiendo. Repito, es de lamentar que no se haya podido llegar a este
consenso aunque no perdemos la esperanza de que en un futuro cercano sea
posible por parte del grupo mayoritario la aceptación de la creación de
este plan específico para la infancia.
Comparto también con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la
idea de que no es suficiente y no es lo mismo que estemos hablando de
tratar el tema de la infancia dentro de un plan integral de apoyo a la
familia que tratar este tema en un plan específico precisamente para la
infancia. Dentro de este plan y teniendo en cuenta que la familia es un
elemento esencial en el desarrollo de los niños y niñas, hay toda una
problemática que hace necesaria esta atención y este plan especial de
atención a la infancia.
Por ello, reiteramos nuestro apoyo al texto de la moción presentada
sintiendo, como es previsible, que no vaya a ser aceptada por unanimidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Costa.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente desde el escaño para defender la presentación
de esta enmienda transaccional mediante la cual pensamos que ofrecemos
una mejor redacción y una integración más acorde con las competencias de
las Comunidades Autónomas al texto inicial; texto que por otra parte es
bastante interesante en cuanto a su formulación. Nosotros, como el resto
de los grupos no autores de la iniciativa, tenemos siempre la ventaja de
conocer el documento inicial de trabajo que está sujeto a mejoras.
Reconocemos la bondad de la iniciativa socialista y pensamos que la
enmienda recoge una serie de cuestiones importantes como son las
relativas al reconocimiento explícito, aunque también se puede entender
de manera tácita, que las competencias de las Comunidades Autónomas
tienen sobre la política de la infancia porque, en definitiva, los
poderes centrales del Estado podrán intervenir en esta materia a través
de títulos competenciales verticales porque no tienen competencia directa
sobre el menor. La política del menor está transferida a las Comunidades
Autónomas: la protección de la infancia en sus ámbitos sanitario,
educativo, de servicios sociales, etcétera. Lo que le queda al Estado son
residuos a través de títulos competenciales de carácter vertical como
pueden ser la adopción, la legislación penitenciaria, la legislación
penal, la legislación civil, etcétera, pero no propiamente la defensa del
menor. Esta es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y,
por tanto, podrá tener el Estado capacidad de fomentar --que nos parece
bien-- podrá establecer directrices, planes de contenido no normativo,
pero no en cuanto a derecho positivo vigente en la materia porque es
absolutamente incompetente para la misma, a excepción de su intervención
en títulos verticales, repito, regulando estos aspectos que con carácter
de ejemplo he indicado.
Por tanto, pensamos que con esta enmienda se salvaguardan estas
cuestiones porque se hace referencia al ámbito de actuación de las
Comunidades Autónomas. Lamentamos, vistos los esfuerzos realizados por
las Senadoras Barenys y Rodríguez y las largas y extensas discusiones y
conversaciones mantenidas que aquí han dado a conocer públicamente para
alcanzar un acuerdo, que no se haya llegado a buen puerto.
En definitiva, estamos esperanzados en que, tanto el talante de la
Senadora Rodríguez como el talante de la Senadora Barenys, nos permita a
los demás grupos parlamentarios participar en una nueva iniciativa al
respecto en la cual plasmen las pequeñas diferencias que al día de hoy se
mantienen sobre la viabilidad de un plan más general o específico,
entendiendo los argumentos que han expresado tanto la Senadora Barenys
como la Senadora Rodríguez.
Por lo tanto, estamos abiertos a que sigan en esas conversaciones
profundas y largas que han tenido para intentar llegar a un acuerdo y les
animamos a que sigan por ese buen camino porque nuestro Grupo
Parlamentario propiciará que haya un texto consensuado entre los
diferentes grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.
E1 señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario en relación con esta importante moción consecuencia de
interpelación que en el anterior Pleno presentó la Senadora Barenys sobre
el impulso de los derechos de la infancia establecidos por la Convención
de Naciones Unidas de 1989 y el desarrollo de actuaciones dirigidas a la
infancia en situaciones de dificultad social.
La moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista contiene cuatro
puntos, como ha dicho muy bien la Senadora Barenys, y quisiera incidir en
el primero de ellos, donde se hace referencia a poner en funcionamiento
un observatorio de la infancia para visualizar de manera global e
intersticial --lo dice así el punto primero de la moción originaria--, en
coherencia con las políticas integrales como un sistema de información
compartida entre las administraciones públicas y las universidades y los
defensores, y dotado de recursos materiales y personales, por tanto,
dentro de una política integral.
En segundo lugar, pide un plan de acción en cooperación con las
Comunidades Autónomas para aplicar las directrices de la Convención.
El tercer punto se refiere al II Informe preceptivo que tiene que
presentar el Gobierno a la Secretaría de Naciones Unidas y, finalmente,
la elaboración por parte de los ministerios correspondientes de un
informe complementario sobre la situación de aquellos niños y niñas con
mayor vulnerabilidad, sobre todo desde el punto de vista social,
educacional y sanitario.
La enmienda firmada por los tres grupos que se ofrece al grupo proponente
y que ha defendido la Senadora Rodríguez Saldaña tiene como objetivo
aproximar posiciones y llegar a acuerdos en estos temas de intensa carga
de sensibilidad social, proponiendo la puesta en funcionamiento de ese
observatorio de la infancia en los mismos términos que los de la moción,
pero añadimos más: Respetando --y con ello queremos poner especial acento
en el reparto competencial que consagra la Constitución-- las
competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
En lugar del plan de acción específico que se contempla en la moción, se
propone un plan integral de apoyo a la familia, eso sí, con un capítulo
específico dirigido a los menores --y quisiera subrayar este inciso de
capítulo específico dirigido a los menores-- dentro de la solidaridad
intergeneracional que se pedía en el primer punto de la moción originaria
y en total coherencia con las políticas integrales.
En relación con el II Informe que se presentará sobre la aplicación de la
Convención, se contempla también que sea presentado a esta Cámara para su
debate, además de proponer no que podrán presentarse, sino que se
presenten --nosotros lo entendemos mejor así-- por parte de los
ministerios correspondientes unos informes complementarios para explicar
la situación de los niños en situación de
mayor vulnerabilidad en cuestión educacional, social y sanitaria.
Nosotros entendemos que esto está de acuerdo con el espíritu y con el
fondo de la moción que se presenta y que, sin duda, es compartido por
todos los grupos.
Quisiera hacer mención, señora Presidenta, señorías, a que precisamente
el Parlamento Europeo, hace solamente unos días, en las sesiones de los
días 27 y 28 de enero de 1999 --concretamente en la sesión del día 28--,
aprobó una resolución sobre la protección de la familia y del niño. En
ella se contemplan, precisamente, las políticas de protección de la
infancia en todos los aspectos que se pedían: sociales, educacionales,
hereditarios, etcétera, incluidas dentro de estas políticas integrales.
El Gobierno tiene preparado ya --porque es una obligación mandatada por
esta propia Cámara-- un plan integral de la familia que tiene que
presentar. Lo importante es que en este plan integral haya un título
específico dedicado a la infancia, porque, si no, ¿dónde vamos a integrar
al niño? ¿dónde mejor que en el seno de la familia, sea el que sea el
modelo de ésta, monoparental o de otro tipo? Creo que en esto estaríamos
de acuerdo y seguiríamos el mismo camino que la resolución del Parlamento
Europeo de hace unos días.
Hemos de recordar también con cierto rubor, señora Presidenta, señorías,
que no hace tanto tiempo, hasta la Conferencia Intergubernamental de
Amsterdam, en la que se hizo la revisión del Tratado de la Unión Europea,
en éste no se hacía mención a los derechos de los niños, lo que motivó
precisamente una proposición no de ley, firmada por todos los grupos
parlamentarios de las dos Cámaras, en el seno de la Comisión Mixta de la
Unión Europea, pidiendo que se hiciera una mención especial y expresa a
la Convención de la Unión Europea, con el objetivo de incluir
expresamente a los niños en el marco de la ciudadanía europea y señalando
los principios que han de guiar a la Unión Europea en su contribución a
la protección social y económica de la infancia.
Quisiera manifestar que, caso de que se aceptara --aunque ya se ha dicho
que no, y no se va a cambiar lo que ha dicho la Senadora Barenys, y creo
que es una pena--, este debate serviría para llegar a un denominador
común --que sería el máximo que pudiéramos contemplar entre todos--, en
el que todos estaríamos de acuerdo, y sería más positivo que hacer una
interpelación y una moción subsiguiente, sin llegar a ningún acuerdo,
como ha sucedido en el Congreso de los Diputados, donde el objetivo
inicial era el mismo, fruto del caso que llegó a la Fiscalía de Madrid,
en relación a la situación sanitaria de niños de familias inmigrantes.
Entiendo que eso hubiera sido mucho más positivo. Al final no se aprobará
nada y habremos perdido una gran oportunidad.
La señora Barenys ha dicho que entiende que este plan del niño tendría
que ser especial y específico, es decir, genuino para el niño. Nosotros
no vemos ninguna dificultad --si ésa es la voluntad del Gobierno-- en que
esto se contemple en un capítulo específico dentro del Plan Integral de
la Familia; pero es una lástima.
La Senadora Rodríguez Saldaña ha anunciado que se presentará otra
iniciativa, y esperamos que en ese caso todos podamos hallar un punto de
encuentro en un tema de tanta carga y tanta sensibilidad social.
Subiríamos un peldaño más --cosa que además es legítima y positiva--,
tanto si esto se contemplara en un capítulo dentro del Plan Integral,
como si se hiciera en un plan especial para todo el Estado,
indudablemente en coherencia con las Comunidades Autónomas, porque no
podría ser de otra forma, dado el reparto competencial en la materia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cardona.
Vamos a pasar a la votación de la moción puesto que la enmienda no ha
sido aceptada. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 85; en contra, 116; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la moción.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCION DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA INCORPORAR A LA
DOTACION PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE NIVELACION PARA 1999 LAS
CONSIGNACIONES NO EJECUTADAS DE LOS EJERCICIOS DE 1997 Y 1998, Y A LA
CONVOCATORIA, EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE, DE UNA REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO CREADO A TAL EFECTO EN EL SENO DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y
FINANCIERA, EN LA QUE PRESENTARA UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL FONDO
DE NIVELACION, QUE PUEDA SERVIR DE BASE PARA UN ACUERDO CON LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE ESTA CUESTION (622/000167).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas
legislativas necesarias para incorporar a la dotación presupuestaria del
Fondo de Nivelación para 1999 las consignaciones no ejecutadas en los
ejercicios de 1997 y 1998, y a la convocatoria, en el plazo más breve
posible, de una reunión del grupo de trabajo creado a tal efecto en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que presentará
una propuesta de distribución del Fondo de Nivelación que pueda servir de
base para un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre esta cuestión.
A esta moción ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Granado Martínez por tiempo de
veinte minutos. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, desde la aprobación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, en 1980, había coleado en
nuestro país la aplicación del artículo 15 que regulaba cómo, en el caso
de que los servicios públicos fundamentales de una Comunidad Autónoma no
llegaran a la media del territorio nacional, existiría la posibilidad de
que el Gobierno aplicara unas asignaciones de nivelación, que tendrían
por objeto compensar a esa Comunidad Autónoma del déficit de recursos que
le impedía llegar a ese nivel medio que el propio artículo 15
identificaba con el nivel mínimo.
Durante los años de Gobierno socialista los Presidentes de Comunidades
Autónomas que pertenecían al Partido Popular y otros Presidentes de
Comunidades Autónomas han hecho, en sucesivas ocasiones, reiteradas
denuncias de la inaplicación del artículo 15 de la LOFCA. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, espere un momento,
por favor. (Pausa.) Puede usted continuar. Muchas gracias.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El propio Presidente de mi Comunidad Autónoma, Castilla y León, amenazó
en una ocasión con recurrir ante el Tribunal Constitucional --y en
términos similares se pronunciaron otros Presidentes de Comunidades
Autónomas-- la no aplicación del artículo 15 de la LOFCA.
Cuando el Partido Popular gana las elecciones en 1996 lo hace con un
programa electoral en el que dice literalmente que creará un fondo de
nivelación para corregir esta situación de discriminación que vivían
algunos territorios, y permitir la aplicación del artículo 15 de la
LOFCA. En el acuerdo de financiación, aprobado en septiembre de 1996 por
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se dice en su Anexo VI que se
crea un grupo de trabajo para conseguir las condiciones necesarias, la
instrumentación jurídica, financiera y presupuestaria de las asignaciones
de nivelación de los servicios públicos fundamentales, a que se refiere
al artículo 15 de la LOFCA. Estas asignaciones presupuestarias se
incorporan con 10.000 millones de pesetas al presupuesto de 1997, con
12.000 millones de pesetas al presupuesto de 1998 y con 12.000 millones
de pesetas al presupuesto de 1999.
¿Cuál es la situación que en estos momentos viven las asignaciones de
nivelación, creadas por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, de septiembre de 1996? Los 10.000 millones de pesetas de 1997
no se gastaron, no se repartieron y se perdieron como recurso para las
Comunidades Autónomas. Los 12.000 millones de pesetas de 1998 no se
gastaron, no se repartieron y se perdieron como recurso para las
Comunidades Autónomas. El grupo de trabajo se ha constituido, el Gobierno
se negó en diciembre de 1997 a presentar a ese grupo de trabajo una
propuesta de reparto del fondo, y el grupo de trabajo únicamente ha
progresado en una dirección, que es la de considerar como servicios
públicos fundamentales, a efectos de la nivelación, la Seguridad Social,
que por definición no tiene nada que ver con las Comunidades Autónomas,
la asistencia sanitaria, que no está transferida a todas las Comunidades
Autónomas, el gasto educativo, que no está transferido, en la educación
obligatoria, a todas las Comunidades Autónomas, y los servicios sociales,
que tienen su propio sistema de financiación.
En estos momentos el grupo de trabajo está discutiendo únicamente sobre
las posibilidades de nivelación en la educación universitaria, que es en
la actualidad el único de los servicios públicos fundamentales que, de
acuerdo con los documentos que ha presentado el Gobierno a este grupo de
trabajo --que se reunió por cierto la última vez en septiembre del año
pasado, no en marzo, como dice por error la propuesta--, es susceptible
de nivelación.
¿Cuál es la posición actual del Gobierno de España sobre las asignaciones
de nivelación para las Comunidades Autónomas? Hemos contado con la suerte
de tener en el propio Senado una voz muy autorizada, la del Director
General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, el Departamento
que en el Ministerio de Economía lleva las asignaciones a las Comunidades
Autónomas, y voy a citar literalmente lo que dijo el señor Lacasa Salas
en la Comisión de Presupuestos del Senado, el día 16 de noviembre de
1998. Para empezar: «Las asignaciones de nivelación no son un fondo de
nivelación» --primera corrección al programa del Partido Popular: no hay
tal fondo, sólo hay asignaciones--. Para continuar: «Hemos comprobado que
el sistema de financiación es francamente nivelador.» El sistema de
financiación contra el que anunciaban recursos ante el Tribunal
Constitucional los Presidentes de Comunidades Autónomas del Partido
Popular, resulta que ahora, para el Gobierno del Partido Popular, es
francamente nivelador.
Sigamos: «Es muy difícil encontrar un servicio que no esté nivelado.
Cuando hemos estudiado la educación universitaria, que realmente es el
único servicio que se ha estudiado, hemos comprobado que está bastante
nivelada y no se puede decir que alguna Comunidad Autónoma tenga
carencias.» Es decir, en dos años y pico de Gobierno del Partido Popular,
que son tres en el momento en que se discute esta moción, hemos pasado de
querer recurrir al Tribunal Constitucional la falta de nivelación de los
servicios públicos fundamentales de las Comunidades Autónomas a
considerar que todos los servicios públicos fundamentales de todas y cada
una de las Comunidades Autónomas ya están de por sí nivelados.
Podríamos decir, citando al Presidente del Gobierno, que es una autoridad
que convendría tener presente en los debates de esta Cámara, que había un
problema y ya se ha solucionado. Había un problema de falta de nivelación
de los servicios públicos de las Comunidades Autónomas y, simplemente,
con la llegada al Gobierno del Partido Popular el problema ha dejado de
existir; o mejor todavía, podríamos creer que el milagro es del Gobierno
del Partido Popular. Pensar: el milagro soy yo, porque un sistema
absolutamente desnivelado, simplemente con la Presidencia del Partido
Popular, se convierte en un sistema francamente nivelado.
En estos momentos, ¿con qué problema añadido nos encontramos? Pues que si
el sistema de financiación era francamente nivelador, como ha tenido a
bien reconocer el propio Director General del Ministerio de Economía y
Hacienda --y tenía razón, porque todos los años los recursos de las
Comunidades Autónomas crecían lo mismo--, en estos momentos la situación
no es así. Con los datos de 1998 podemos decir, por ejemplo, que gracias
a los fondos que la Agencia Estatal de Administración Tributaria
transfiere a las Comunidades Autónomas por su participación en el
Impuesto sobre la Renta, algunas Comunidades Autónomas ven crecer sus
recursos un 9 por ciento, y tal es el caso de Galicia o Canarias. Otras
Comunidades Autónomas, como Cantabria o Madrid, comprueban, sin embargo,
que las transferencias del Estado son menores en 1999 que en 1998. Otras
Comunidades Autónomas crecen al 2 o 3 por ciento, como Cataluña.
Es decir, tenemos los mismos problemas de antes pero, ahora, agudizados.
Porque ahora el sistema de financiación desnivela, antes nivelaba pero
ahora no, ¿Y cuál es la situación del Gobierno? El Gobierno se negó a que
se repartiera el fondo y no ha querido presentar propuestas de reparto a
estas asignaciones de nivelación; es más, los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno votaron en contra de que las asignaciones no
ejecutadas en 1998 se incorporaran automáticamente a los créditos
presupuestarios del ejercicio de 1999.
¿Qué es lo que nosotros solicitamos aquí? En principio tenemos que
reconocer que, después de trece años de oposición, las señorías del
Partido Popular han progresado bastante y por fin han comprendido que
éste es un problema complicado; en realidad siempre lo fue, mientras
gobernaba el Partido Socialista y cuando gobierna el Partido Popular.
Ustedes han tardado trece años en darse cuenta, pero al fin se han
enterado; a lo mejor ahí también está el milagro, en que se hayan
enterado de lo complicado que es el problema. La complejidad del problema
la compartimos todos, y en este sentido no tenemos nada que objetar. Pero
la complejidad del problema de la nivelación de los servicios públicos
fundamentales es una, y la complejidad del problema de cómo repartir las
asignaciones de nivelación es otra.
Desde luego, el primer problema es de mayor magnitud que el segundo. El
segundo problema es enormemente reducido, pues se trata de cómo repartir
unos fondos. ¿Qué fondos? Nosotros creemos que sería oportuno que las
asignaciones no ejecutadas en 1997 y 1998 se incorporaran al presupuesto
de 1999; en caso contrario, vamos a tener un sistema de financiación que
cada vez va a generar más desnivelación. Pero, además, el compromiso
político de este Gobierno y de su programa electoral era la ejecución de
esos fondos; y si no se han ejecutado ha sido, entre otras cosas, porque
el Gobierno se ha encargado de conseguir que fuera imposible alcanzar un
acuerdo en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, negándose a presentar propuestas.
Nuestra petición es, en primer lugar, que se incorporen los recursos no
ejecutados en 1997 y 1998. Y tengo el honor de decir que puedo hablar en
esta tribuna no solamente como representante de los Senadores
socialistas, sino que también hay gobiernos autónomos del Partido Popular
que mantienen la misma posición, entre ellos, el mío. El jueves pasado,
en las Cortes de Castilla y León tuvimos un debate muy intenso sobre los
fondos de nivelación y al final la Consejera de Economía expresó su
criterio favorable a que se incorporaran las partidas no ejecutadas de
1997 y 1998, y me consta que ésa es la posición que mantienen buena parte
de los gobiernos autónomos gobernados por el Partido Popular.
En segundo lugar, que se haga con una iniciativa legislativa del
Gobierno. El Gobierno puede optar por diferentes iniciativas
legislativas, y en todos y en cada uno de los casos hay precedentes, bien
con un proyecto de ley específico, bien con un crédito extraordinario,
bien con un suplemento de crédito; en todos y cada uno de los casos
habría precedentes que podrían justificar la incorporación de estos
fondos.
En tercer lugar, que el Gobierno no se limite simplemente a reponer el
fondo en lo que no se gastó, sino que también presente una propuesta al
grupo de trabajo que haga viable el reparto de estos fondos.
Esta es una petición que comparten todos los gobiernos de las Comunidades
Autónomas y que se ha explicitado en numerosas reuniones del grupo de
trabajo. Si el Gobierno de España no tiene una propuesta de cómo repartir
estos fondos, es irresponsable, porque consigna estos fondos en los
Presupuestos, y supondría decir que estos fondos los consigna para no
ejecutarlos o, lo que es lo mismo, que son una pantomima, y esto
degradaría al Parlamento que, en última instancia, es el representante no
sólo de la soberanía nacional, sino que es el que toma la última decisión
sobre los fondos presupuestarios. Es una voluntad expresada por todas las
Comunidades Autónomas, y voy a citar simplemente como ejemplo la carta
que el Presidente de Castilla-La Mancha, don José Bono, dirigía al
Presidente del Gobierno el 16 de febrero de este mismo año: «De no
hacerse así, de no repartirse los fondos, de no presentarse la propuesta
y de no incorporarse las dotaciones, habiéndose dotado los créditos por
tres veces consecutivas en las leyes presupuestarias y habiendo un
compromiso político de su Gobierno de hacerlo, si sigue sin llevarse a
cabo la distribución de estas asignaciones que, por su propia naturaleza,
van destinadas a mejorar el nivel de calidad de los servicios públicos
fundamentales, esto va a resultar difícil de explicar a los ciudadanos.»
Los ciudadanos de este país conocen muchas reclamaciones, sin duda todas
ellas basadas en razones legítimas, de Comunidades Autónomas que
entienden que sus servicios públicos básicos fundamentales, los servicios
que prestan a los ciudadanos, están desnivelados. Parecería no un
contrasentido, sino una paradoja que realmente no pudiéramos llegar en
esta Cámara territorial a un acuerdo que permitiera paliar siquiera estas
deficiencias con el reparto de estas asignaciones de nivelación. En caso
contrario, llegaríamos a la conclusión de que toda la discusión sobre la
nivelación no es sino un argumento electoral vacío que no se traduce
luego en ningún tipo de decisiones parlamentarias.
Pero yo quiero pedir además a mis ilustres colegas del Grupo
Parlamentario Popular un mínimo de coherencia. ¡Se han tirado ustedes
tanto tiempo hablando de lo mal que estaban los servicios públicos
fundamentales en tantas y tantas Comunidades Autónomas! ¡Han hablado
tanto y tantas veces a los ciudadanos, por tantas bocas tan autorizadas,
de lo discriminatorios que eran los servicios públicos fundamentales de
su Comunidad Autónoma en relación con la del resto! Si ahora han llegado
a la conclusión de que esto no era así, están obligados moralmente a
rectificar y a decirlo en esta tribuna, como ya lo expresó el
representante del Gobierno: Nos equivocamos, estábamos equivocados. Lo
utilizamos para las elecciones pero no era verdad. Los servicios públicos
fundamentales están nivelados. Ya no hay carencias, ya no hay problemas.
Esto es lo que ha venido a decir el señor Lacasa Salas.
Si ustedes siguen pensando que existe algún tipo de desnivelación, lo
razonable sería repartir estos fondos. Porque nadie puede ser tan iluso
como para pensar que repartiendo 12.000 ó 34.000 millones de pesetas
vayamos a corregir el problema. Pero, sin duda, haremos lo que decía
Camus: No aumentemos los problemas del mundo; simplemente no
aumentándolos contribuiremos a mejorarlo.
Considero que, por un mínimo de congruencia con lo que han dicho tantas
veces, deberían ustedes votar esta moción; deberían ustedes posibilitar
este acuerdo; deberían ustedes cumplir con el mandato que de alguna
manera impulsan sus propios gobiernos autonómicos. En caso contrario,
deberían subir a esta tribuna para pedir perdón por tantas y tantas cosas
dichas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
A esta moción se ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la
palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para defender la enmienda transaccional presentada por
nuestro Grupo y, también, para hacer el turno en contra de la moción
debatida y presentada, con tanto ardor, por el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Granado.
Lo cierto es que nos encontramos con una moción que trata un cuestión muy
importante, además muy querida por los miembros del Grupo Parlamentario
Popular porque constituye uno de los pilares básicos de solidaridad
interterritorial del acuerdo vigente de financiación de las Comunidades
Autónomas. Por tanto, vaya por delante nuestra felicitación por la
elección del tema objeto de debate, que va a permitir a nuestro Grupo, y
espero que a todos los Grupos, manifestar su opinión.
Lamentablemente hemos de decir que la óptica adoptada por el Grupo
Parlamentario Socialista en esta moción es errónea, errónea técnicamente,
como tendré ocasión de demostrar, y errónea por su muy escasa eficacia
política. Hace pocas semanas el recién incorporado Ministro de
Administraciones Públicas ya anunciaba en el Congreso la convocatoria del
grupo de trabajo que ha de desarrollar estas cuestiones y, por tanto,
sencillamente ustedes inciden sobre algo que está en marcha, que está
activo, en lo que se está trabajando, como son la reuniones para formular
o instrumentar, jurídica, financiera y presupuestariamente, las
asignaciones de nivelación.
Senador Granado, de todo lo que acaba de decir como defensor de esta
moción, yo me quedo fundamentalmente con un frase, creo que es textual
puesto que así la he tomado al dictado: «E1 Gobierno se ha encargado de
hacer imposible el acuerdo sobre las asiganaciones de nivelación». Esta
frase resume el espíritu con el cual ustedes han presentado esta moción.
Esta frase es una falsedad y, por tanto, la moción está basada en una
falsedad. Si esa falsedad la encontramos en sus declaraciones en esta
tribuna, si esa falsedad está implícita en la exposición de motivos de la
moción, difícilmente la moción misma con los dos puntos que incluye va a
aportar excesiva luz o claridad en un debate que nosotros consideramos
muy importante, como es el de la instrumentación de las asignaciones de
nivelación.
En la exposición de motivos de la moción se contienen una serie de
afirmaciones que suscintamente podríamos resumir en cuatro: en primer
lugar, el grupo de trabajo constituido en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera debió elaborar y someter a la aprobación del Consejo
dentro del año 1997 una propuesta de instrumentación jurídica, financiera
y presupuestaria, de asignaciones de nivelación de servicios públicos
fundamentales. En segundo lugar, que a los dos años y medio de la puesta
en marcha del citado acuerdo nos encontramos con que no se ha avanzado.
En tercer lugar, que en cuanto a las tareas de este grupo de trabajo se
han celebrado cinco reuniones --después usted efectivamente ha corregido
y ha señalado que son seis--, que no ha transcurrido un año, sino sólo
cinco meses desde la última reunión, en la cual, por otro lado, se
recababan y se solicitaban de las Comunidades Autónomas aportaciones para
proseguir los trabajos y no todas ellas han contestado hasta el momento.
Por último, en cuarto lugar, concluye que el Gobierno de la nación se ha
negado, lo cual es rigurosamente falso, a concretar más y a presentar
ante el grupo de trabajo un sistema de indicadores que permita servir de
base para un reparto consensuado del que ustedes denominan Fondo de
Nivelación, que no lo es.
Ante esta situación, ustedes acusan al Gobierno de bloquear el reparto de
esas asignaciones o su determinación y, por tanto, presentan una moción
que se integra con dos puntos: el primero de ellos es la incorporación de
créditos presupuestarios de los años 1997 y 1998 al año 1999 y, el
segundo, instar a que con urgencia se reanuden los trabajos sobre esta
cuestión.
Nosotros lo que encontramos en su exposición es, por un lado, una actitud
beligerante, poco acorde con los trabajos que se vienen desarrollando y
con los pasos que se han dado y se ha avanzado en esta cuestión y, por
otro, de nuevo, una actitud quietista, puesto que nada se aporta y lo
único que se dice es que el Senado inste al Gobierno a hacer lo que el
Gobierno quiere hacer, que es acordar un sistema
financiero, presupuestario para las asignaciones de nivelación. Pero, al
mismo tiempo, les sugeriría que instasen ustedes a las Comunidades
Autónomas, sobre todo a las que ustedes gobiernan, a llegar a esos
acuerdos.
Por tanto, se repite la historia en la que venimos siendo partícipes
desde hace casi tres años. Y esa historia permítanme que se la resuma
solamente en dos frases. La primera es que desde el Grupo Parlamentario
Socialista se niega cualquier virtualidad al acuerdo de financiación de
las Comunidades Autónomas vigente en este quinquenio y a todo lo que con
este acuerdo está relacionado. Y la segunda es que desde el Partido
Socialista no hay propuesta ninguna pero sí voces disonantes que,
dependiendo de los territorios y de las circunstancias, dicen cosas
distintas y, por tanto, nos encontramos con que en Cataluña se habla de
unas cosas mientras que en Andalucía, en Extremadura o en Castilla-La
Mancha, o en Castilla y León, o en cualquier otra Comunidad Autónoma se
están diciendo cosas distintas.
Vamos, por tanto, a ver el contenido de la moción, porque creemos que,
aparte de la formulación más o menos rimbombante de tópicos de todos
conocidos, debemos centrarnos en su contenido.
En cuanto a las premisas, establecidas en la exposición de motivos,
habría que señalar cuestiones algunas anecdóticas y otras no tanto.
La primera es que el grupo de trabajo constituido en el año 1997 se ha
reunido, efectivamente, ya en seis ocasiones. Se ha avanzado algo --no
tanto como hubiéramos deseado--, se ha avanzado en la concreción de lo
que son servicios fundamentales, se ha aportado ya un estudio detallado
sobre las disparidades en la prestación del servicio de educación no
universitaria, al que se refería el Director General, don José Lacasa, y,
al mismo tiempo, para la próxima reunión está ya comprometido y
circulando un informe sobre la educación universitaria, como parte que
son de los servicios fundamentales que tanto el Gobierno como la mayor
parte de las Comunidades Autónomas han identificado como servicios a
nivelar. Con éstos, educación universitaria y no universitaria, junto a
servicios sociales y sanidad, aunque el método peculiar y distinto de
financiación de la sanidad la hace de momento poco adecuada para los
estudios que desarrolla el grupo de trabajo, tendríamos completo el
mosaico, el campo, el objeto de las asignaciones de nivelación.
Por tanto, tenemos ya seis reuniones en el plazo de dos años y medio,
frente --como recordarán-- a las dos reuniones --podríamos hablar de dos
reuniones y media-- que tuvo el grupo de trabajo constituido en el año
1986, exactamente con el mismo objetivo. Se constituyó un grupo de
trabajo para estudiar y delimitar lo que las asignaciones de nivelación
debían ser, se reunió dos veces y, además, en intervalo de pocos días, en
el ejercicio de 1987, y nunca se volvió a reunir hasta el año 1992,
cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera instó a ese grupo de
trabajo a que remitiera un informe, que remitió en el año 1993, informe
que, por otro lado, es muy clarificador sobre lo que deben ser las
asignaciones de nivelación.
Por tanto, si en más de diez años el anterior Gobierno consiguió sólo dos
reuniones de un grupo de trabajo sobre asignaciones de nivelación,
nosotros pensábamos que esta tarde nos iban a felicitar por las seis
reuniones ya realizadas por el grupo de trabajo en poco más de dos años.
Observen que al ritmo anterior deberían haber transcurrido casi 30 años
para las seis reuniones ya realizadas del grupo de trabajo, que ha
requerido únicamente dos ejercicios, 1997 y 1998.
Por tanto, sirva esto como pura anécdota, como expresión decidida de que
el Gobierno no está bloqueando nada, sino que está activando, está
proponiendo iniciativas y, al mismo tiempo, recabando de las Comunidades
Autónomas, a las que ya ha solicitado por cinco veces información para
completar los estudios y poder llegar a acuerdos.
Con tan erróneas premisas, y partiendo, como digo, de esa afirmación
genérica falsa sobre un Gobierno que bloquea las iniciativas de las
Comunidades Autónomas, sólo cabía esperar una moción muy pobre. Desde
luego, la moción que en este momento debatimos ha resultado pobre, y
quizá más de lo que esperábamos, porque tanto técnica como legal y
políticamente está mal hecha, está mal redactada y está mal formulada.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Utrera, terminó su tiempo
y debe finalizar cuanto antes.
El señor UTRERA MORA: Permítame sólo un minuto más. Muchas gracias, señor
Presidente.
En primer lugar, respecto al segundo apartado, de los dos que incluye la
moción, relativo a las reuniones del grupo del trabajo para el reparto
del fondo de asignación, le quiero decir que redactarlo de esta manera y
hacer la defensa que usted ha hecho, Senador Granado --se lo digo con
todo el respeto que usted sabe que le profeso--, sencillamente es un
error por desconocimiento de la LOFCA, un error por desconocimiento de la
vinculación entre el artículo 15 y el artículo 13 de la LOFCA y un error
porque no atiende a la verdadera naturaleza de lo que son asignaciones de
nivelación para corregir de forma individual, es decir en aquellas
Comunidades Autónomas donde exista un nivel de prestación de servicios
fundamentales por debajo del mínimo que se acuerde. Por otra parte, con
carácter anual, es decir en períodos cortos de tiempo, porque, si se
refiere a deficiencias estructurales de financiación, éstas tienen que
ser acordadas por la financiación fuera fondo o participación ingresos
del Estado o participación en tributos. Por tanto, no cabe hablar de
repartos de fondo.
En segundo lugar, y para concluir con brevedad, respecto de la primera
parte de la moción, la incorporación como créditos presupuestarios al año
1999 de los créditos dotados en 1997 y 1998, entendemos que, una vez que
esa naturaleza de fondo de nivelación no existe, difícilmente se pueden
incorporar unos créditos que no están de acuerdo con la Ley General
Presupuestaria ni con las normas que este Gobierno se ha dado a sí mismo
sobre prácticas regulares presupuestarias. Conocemos que ustedes tenían
una enorme laxitud en la forma de administrar los presupuestos, ya que
era incorporable lo no incorporable, era archivable lo no archivable y
era registrable presupuestariamente lo que convenía registrar, y lo que
no convenía
registrar no se registraba, pero estas prácticas han cambiado desde hace
dos años y --repito-- de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y de
acuerdo con la modificación introducida en 1997 no es posible incorporar
como créditos presupuestarios compromisos que no se han realizado de
gasto, leyes que no se han plasmado de compromiso de gasto, ni tampoco
partidas de gasto corriente puesto que las incorporaciones de créditos
fundamentalmente se destinan a gastos de capital.
Por lo tanto, no es posible la incorporación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, ha consumido más de tres
minutos.
El señor UTRERA MORA: Termino ya, señor Presidente.
Quiero tranquilizar al Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de
que, como la cuestión nos parece importante y oportuna, hemos presentado
una enmienda en la que nos reafirmamos en lo importante que tiene esta
moción: el Gobierno debe proseguir, junto con las Comunidades Autónomas,
los trabajos dirigidos a acordar unas asignaciones de nivelación de
servicios fundamentales, y esos trabajos han de permitir la formulación
de aquellas deficiencias de prestación de servicios fundamentales en
Comunidades Autónomas para cubrir el coste financiero que de ellos se
derive, cualquiera que ese coste financiero sera, con el calendario que
se acuerde.
Por tanto, tranquilícese, Senador Granado, ya que no se han perdido
fondos presupuestarios, sino sencillamente, una vez que se determinen las
necesidades de nivelación, se dotarán presupuestariamente, tanto si los
ejercicios presupuestarios están vencidos, como si están vigentes las
dotaciones presupuestarias realizadas.
Por tanto, defendemos nuestra enmienda y esperamos que desde el Grupo
Parlamentario Socialista se acepte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Octavio Granado, autor de la moción.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente es encomiable, Senador Utrera, el esfuerzo que usted pone en
consumir tiempo sin hablar de lo que estamos aquí intentando dilucidar. Y
digo esto, porque ha subido usted a esta tribuna, ha consumido el doble
del tiempo que le otorga el Reglamento, y no ha sido capaz de
explicarnos, por ejemplo, si el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
comparte las afirmaciones de ese Director General del Gobierno.
Senador Utrera, se lo voy a poner muy fácil, como en el Catecismo. ¿Los
servicios públicos están nivelados o no? Porque el Gobierno dice que sí,
y además afirma que lo han estado siempre. Y precisamente eso es lo que
me gustaría saber; por ejemplo, que los ciudadanos puedan sacar como
conclusión que el Grupo Parlamentario Popular, como en el camino de
Damasco, se ha visto iluminado por la nivelación de los servicios
públicos fundamentales. Pero usted no ha mencionado nada al respecto. Y
como el que calla, otorga, eso es señal de que usted asume que esa
cuestión era simplemente un argumento electoral y que venía muy bien para
hacer discursos domésticos acerca de lo mal que estábamos siempre los de
aquí en relación con los de allá.
Pero ustedes no tienen ninguna intención de discutir sobre esta cuestión,
que además es muy compleja. Porque el fondo de la cuestión no es que
ahora se puedan hacer o no más o menos cosas con los créditos
presupuestarios, Senador Utrera. ¡Si estamos pagando con créditos
presupuestarios de un año carreteras inauguradas dos años atrás! ¡Si
tenemos en la financiación de las Comunidades Autónomas anticipos de
tesorería que no figuran en ninguna parte de los presupuestos! ¡Si los
fondos de garantías tampoco están en los presupuestos! ¡Si estamos
pagando con dinero correspondiente a las incapacidades transitorias
gastos de farmacia del Insalud! ¿Es que quiere contarme --y usted lo sabe
tan bien como yo-- lo que hace este Gobierno y lo que hacían los
anteriores? Senador Utrera, vamos a llegar a una convención: ningún
Gobierno es ejemplo de disciplina presupuestaria, pero no se cuelgue
usted esa medalla, y menos aún en el tema de financiación autonómica,
porque usted sabe perfectamente, como yo, que eso no es cierto.
Ha utilizado usted argumentos burocráticos --y le animaría a que tuviera
presente la distinción clásica entre los políticos que buscan soluciones
a los problemas y los burócratas que buscan problemas a las soluciones--
para decir que no es posible incorporar créditos presupuestarios en la
forma que propone la moción del Grupo Socialista. Pero, Senador Utrera,
el año pasado yo redacté una proposición de ley de mi Grupo
parlamentario, que se tramitó en el Congreso y que fue aprobada por
unanimidad en el Senado, en la que incorporábamos remanentes de crédito
al fondo creado con los decomisos y los correspondientes a los delitos
conexionados con el tráfico de drogas, porque no se había podido ejecutar
un año y se incorporó al crédito presupuestario del año siguiente.
Por tanto, lo que pedimos en esta moción es que tengan iniciativas
legislativas, y pueden ustedes utilizar siete u ocho de distinto calado
para solucionar este problema si es que lo quieren arreglar. Pero no
quieren gastarse ese dinero, Senador Utrera. Porque usted ha dicho con
demasiada rotundidad, y lo hace con cierta frecuencia, que no es cierto
que el Gobierno de España no quiera repartir esos fondos ni que haya
hecho lo posible por no repartirlos. Sin embargo, le voy a leer lo que
dijo ese Director General de su Gobierno en la Comisión de Presupuestos
del Senado: Ahora bien, cuando en la cuarta reunión las Comunidades
Autónomas lo que pretendían era repartirse el fondo --y yo añado: porque
realmente llegaron a la conclusión de que el Gobierno no quería
repartirlo-- hubo que decir que esto no era así; que si había que poner
más dinero en la financiación general, habría que hablar de poner más
dinero. Pero no se trataba de desvirtuar el concepto.
Eso sucedió en septiembre de 1997. En efecto, fue entonces cuando las
Comunidades Autónomas empezaron a
consensuar una propuesta de reparto del Fondo, y podían llegar al
acuerdo. Pero el Gobierno les advirtió que esa propuesta sería votada en
contra por los representantes del Gobierno, que son mayoría en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno de España --y en eso ustedes sí tienen alguna habilidad--
siempre es maestro para decir: No se trata de un problema de dinero;
pero, eso sí, el dinero que tenemos ahora no lo repartimos. Cuando se
discutan los indicadores, etcétera, habrá dinero de sobra. Pero, de
momento, ni un duro.
Así llevamos ya tres años, Senador Utrera. Y no utilice usted como
indicador de la voluntad política de este Gobierno el hecho de que el
grupo de trabajo se haya reunido seis veces en lugar de dos, porque eso
sería como medir la brillantez de los discursos parlamentarios por el
tiempo que se utiliza desde esta tribuna. No tiene nada que ver: se puede
estar hablando desde aquí veinte minutos y no decir nada, o hablar
durante un minuto y medio y decirlo todo. (Un señor Senador desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ahí, ahí!) Y lo mismo sucede
con las reuniones del grupo de trabajo.
Nosotros teníamos un sistema de financiación que era nivelador, como dice
bien el Director General de Coordinación de las Haciendas Territoriales.
Pero ustedes lo están desnivelando, sin reconocer, además, que durante
trece años estuvieron diciendo por todos los pueblos y rincones de España
cosas que no eran ciertas sobre el sistema de financiación.
Dice usted, Senador Utrera, que se ha avanzado algo, pero en lo único que
ha avanzado ese grupo de trabajo es en las cosas en que no puede avanzar.
En estos momentos está concentrado en discutir la nivelación de la
educación universitaria. Pero el señor Lacasa Salas nos dice que, según
la posición del Gobierno, tampoco en este tema hay carencias ni
desniveles. El señor Lacasa Salas pura y simplemente nos viene a decir en
el Senado que cuando el grupo de trabajo acabe sus conclusiones la
propuesta del Gobierno será que, como no hay desnivel, no haya reparto de
fondos. Y lo dice al final de su intervención. Llega a decir literalmente
que el artículo 15 de la LOFCA lo han copiado de Canadá, que allí no han
podido ponerlo en práctica nunca y que como son igual de listos que los
canadienses van a seguir el mismo camino. Incluso al final no excluye que
la solución de este problema sea la desaparición o la modificación del
artículo 15 de la LOFCA, lo cual sería --permítame el chiste, aunque sea
malo porque yo no soy muy gracioso-- como solucionar el problema del
terremoto deteniendo al epicentro. Cuando gobierna el Partido Popular,
como no puede solucionar el problema de la nivelación autonómica, dice
que los servicios no están nivelados y queda resuelto el problema. Si hay
un artículo de una Ley que dice que los servicios públicos deben
nivelarse, lo suprimen y desaparece el problema de nivelación.
Enhorabuena. Están llegando ustedes a un nivel de cualificación en la
solución de los problemas, que realmente podría superar a aquel al que se
le ocurrió asar la manteca.
¿Qué proponemos nosotros, Senador Utrera? Que el Gobierno presente un
sistema de indicadores sobre la nivelación autonómica. No me venga otra
vez con la misma monserga o casi, casi, milonga, de que el Grupo
Parlamentario Socialista tiene una posición en Extremadura, una en
Castilla-La Mancha, y otra en Cataluña. El Grupo Parlamentario Socialista
tiene una posición, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla-La
Mancha, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León y la
Generalitat de Cataluña tienen la suya, todos los grupos políticos en
esta Cámara tienen posición, la cual espero escuchar después en las
intervenciones del debate. La única posición que desconocemos es la del
Gobierno, que no sabemos lo que dice. Ni siquiera sabemos si el Gobierno
y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado piensan lo mismo. Ni
siquiera sabemos si los servicios públicos están nivelados o no.
Lo que yo quiero es conocer la posición del Gobierno. Si usted me promete
a mí que la posición a la que llegue el Grupo Parlamentario Socialista
será utilizada para la nivelación autonómica, yo se la doy en diez
minutos. Me dirá que soy un irresponsable, pero no más que los que daban
mítines electorales, prometiendo recursos ante el Tribunal
Constitucional; a lo mejor igual, pero no más y, desde luego, yo
repartiría los fondos de la nivelación autonómica, como se repartieron
para la atención a los problemas de la drogodependencia que no supieron
ustedes ejecutar en el año 1996, o como algunos créditos extraordinarios
que han presentado aquí.
Lo grave es que ustedes no tienen ni vocación ni voluntad política para
solucionar el problema. Nosotros ya les decíamos que era un problema
complejo y si usted me ataca por ahí, yo, por congruencia, debo reconocer
que lo es. Las nivelaciones de los servicios públicos fundamentales no es
algo que haya resuelto bien ningún sistema político, ni los federales ni
los confederales ni sistemas unitarios. Es un problema muy complicado y
yo no tengo ninguna varita para solucionarlo. Lo que digo es verdad.
Ustedes han tardado 14 convocatorias en enterarse de que eso era así,
pero vamos a reconocerles que ahora ya han aprobado la asignatura, ya
saben que el problema es complicado.
Sin embargo, yo sí que me apunto a cómo repartir 34.000 millones de
pesetas para nivelar los servicios públicos fundamentales en España y no
le quepa la menor duda de que para hacer un reparto con contenido
nivelador es posible encontrar indicadores mucho más solventes que el
empezar a hablar de la educación universitaria, que es lo que está
haciendo el grupo de trabajo en las seis reuniones.
Senador Utrera, en este sentido su enmienda --ha hablado de los errores
de nuestra moción y yo le he reconocido algunos porque me gusta ser lo
más generoso posible-- es --y lo voy a decir en unos términos que no
ofendan a nadie-- una tomadura de pelo al Grupo Parlamentario Socialista.
Usted dice: El Senado insta al Gobierno a que prosiga el trabajo
desarrollado en los años 1997 y 1998 para llegar a un acuerdo. Este
trabajo ha concluido y no se ha repartido ni una sola peseta. ¿Tenemos
que instar al Gobierno a que siga haciendo lo mismo? ¡Si el único trabajo
que han hecho ustedes es cómo conseguir que no se repartiera ni una sola
peseta! Ese es el trabajo que les ha mandado
el Señor en esta historia, y valga la cita a La Zarzuela. El único
trabajo que ustedes han puesto en práctica es cómo conseguir que el grupo
de trabajo no repartiera el dinero. ¡Si lo reconoce el señor Lacasa en el
Senado! Dice: vamos a proseguir por esta vía, por la de conseguir que no
se reparta ni una sola peseta. Eso sí, sin mencionar si los servicios
públicos están nivelados o no.
¿A dónde vamos? A lo que decía el señor Lacasa Salas, y permítanme que
haga la última cita en esta tribuna: «Por tanto, seguiremos reuniéndonos
y estudiando el artículo 15 de la LOFCA» --no está mal; llevamos 15 años
entre todos, vamos a compartir responsabilidades estudiando el artículo
15 de la LOFCA--. «Y haciendo más estudios estadísticos» --en el
Instituto Nacional de Estadística figura todos los años una pila de
ellos-- «pero será una labor lenta» --y tan lenta--, «ahora bien, no
debemos preocuparnos porque no es una cuestión de dinero.» En esto sí
coinciden ustedes expresamente con él. Vamos a seguir estudiando; vamos a
seguir reuniéndonos; si es posible nos reuniremos tres veces al año en
lugar de dos para que el Senador Utrera suba a esta tribuna y diga que
nos reunimos mucho más que los socialistas, lo cual al parecer a ustedes
les basta, y dentro de dos mil años es posible que incluso lleguemos a
aplicar el artículo 15 de la LOFCA.
Esto no es serio. Si se dice que las asignaciones de nivelación son un
problema tan complicado, que no debieron crearse, que debieron
incorporarse como una variable más del sistema de financiación,
estaríamos de acuerdo con ustedes porque era lo que nos motivaba a no
tomar el pelo al personal, a no crear una asignación que no pudiera
repartirse. Pero si se dice que por haber reunido al grupo de trabajo en
seis ocasiones y por haber creado una consignación presupuestaria que no
se ejecuta, estamos en vías de solucionar el problema, estamos tomando el
pelo al personal. Y al final acaba pareciendo que tenemos que
contradecirnos incluso a nosotros mismos.
Senadora Utrera, en su intervención se le han escapado dos o tres perlas
cultivadas. Por ejemplo, usted ha dicho: «Esto no es un fondo.» Yo no he
dicho nunca que sea un fondo, lo dice el programa electoral de su
Partido. Lea usted la página correspondiente. La tengo delante ahora
mismo, es la página 155 del programa con el que el Partido Popular se
presentó a estas elecciones. Dice: «Crearemos un fondo de nivelación.»
«Se creará el fondo de nivelación previsto en la LOFCA.» Yo ya sé que no
es un fondo. Los que no lo sabían eran ustedes o por lo menos la persona
que redactó este escrito. Sigue diciendo: «Para asegurar un nivel mínimo
de calidad común en la prestación de los servicios públicos en todas las
Comunidades autónomas.» ¿Y al final qué?
En estos momentos además de todos los problemas que he señalado en esta
Tribuna, coincide que la evolución del sistema de financiación es
errática; que en función de la errática de la evolución de la recaudación
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hay Comunidades
Autónomas que no van a ver crecer sus transferencias del Estado y otras
que las van a ver crecer muy por encima de la media; como tenemos unas
consignaciones presupuestarias que se han incluido en los Presupuestos
con la voluntad --es de suponer-- de ejecutarse, y como además tenemos
suficientes precedentes parlamentarios para ver lo que ha pasado con esas
consignaciones presupuestarias para poderlos incorporar al Presupuesto
del año 1999, vamos a seguir defendiendo esta moción.
Senador Utrera, si usted quiere conocer las propuestas de reparto del
Partido Socialista, comprométase a hacerme llegar las propuestas de
reparto del Partido Popular, el Gobierno de España, que es el que tiene
la responsabilidad de ejecutar el Presupuesto, si no han cambiado ni la
Constitución ni las leyes.
Si el Gobierno de España no sabe cómo hacerlo, que no le exija
responsabilidades al Grupo Parlamentario Socialista porque ni fue éste el
que creó la partida ni es el que ha puesto ningún problema para que ésta
se ejecute. Si usted piensa que de nuestra colaboración puede traducirse
un mejor reparto de los fondos, le garantizo que les hacemos una
propuesta con el compromiso de que ésta se cumpla, y que se repartan los
34.000 millones; los 10.000 millones que no se ejecutaron en 1997, los
12.000 millones de 1998 y los 12.000 de 1999. Y les haremos una
propuesta, repito, para que la ejecuten pero con el compromiso de que
ustedes contribuyan a su ejecución. Incluso asumiremos la responsabilidad
de suplir al Gobierno en sus carencias. No nos preocupa. Nos preocupa que
de este debate vamos a salir sin saber si el Grupo Parlamentario Popular
piensa lo mismo que piensa el Gobierno; si el Grupo Parlamentario Popular
piensa lo mismo que piensan los gobiernos populares de las Comunidades
Autónomas; qué es lo que piensa el Gobierno; si los servicios públicos
van a estar nivelados o no. Y esto es un síntoma más del caos en el que
ustedes han sumido a la financiación autonómica en este país. Y si esto
no es caos, díganme cómo se define caos en el diccionario, hombres de
Dios. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) No se
dan por aludidos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Moltes gràcies, señor President.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro Grupo
ante la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. La primera
reflexión que se me ocurre al fijar mi posición es que si hay algún tema
en el cual los puntos de vista de los dos grupos mayoritarios de esta
Cámara varían, y diría que casi radicalmente, dependiendo de si están en
el Gobierno o en la oposición es, sin duda, el tema de la financiación
autonómica.
En esta ocasión, surge a raíz del Fondo de Nivelación o Asignaciones de
Nivelación, porque hasta la terminología varía según se está a un lado o
a otro, pero ha sucedido, como he podido constatar desde el año 1993,
cada vez que se han debatido cuestiones relacionadas con la financiación
autonómica.
En 1993, con el Gobierno socialista, acordamos lo que para nosotros fue
un primer avance importante en este tema y supuso iniciar la
corresponsabilidad fiscal con la cesión del 15 por ciento. Esta
iniciativa fue atacada fuertemente por el Grupo Popular, que en aquel
momento estaba en la oposición. Llegamos a 1996, seguimos avanzando
--estamos convencidos de ello-- con la cesión del 30 por ciento y con la
introducción de la capacidad normativa y esta iniciativa, en este caso,
ha sido atacada por el Grupo Socialista, actualmente en la oposición.
Además, esto se hace extensivo a los gobiernos de las Comunidades
Autónomas en función de si están gobernados por el Partido que está en
este momento en el Gobierno en Madrid o si están gobernados por el
Partido que está en la oposición. Evidentemente, en el año 1996 las
únicas tres Comunidades Autónomas que quedaron fuera del sistema de
financiación autonómica actualmente vigente fueron las gobernadas por el
Partido Socialista.
Creemos que esto lleva a una conclusión clara, y es que si hay un factor
que no ha avanzado --al menos no todo lo que nosotros hubiéramos
deseado-- en el desarrollo del Estado de las autonomías, es el sistema de
financiación. Probablemente el hecho de que esto haya sido así tiene
bastante que ver con el uso que se hace de los modelos de financiación
como arma de oposición.
En este caso creemos que nosotros mantenemos una posición coherente. Es
conocido, notorio y público, y recientemente se ha puesto de manifiesto
de forma clara, que el sistema actualmente vigente no es el que nosotros
deseamos ni mucho menos como definitivo. Creemos que hay que avanzar
mucho más en el modelo de financiación autonómico y muy concretamente en
el modelo de financiación de la Generalitat de Catalunya, pero esperamos
y confiamos que esto se pueda hacer en un contexto de consenso, gobierne
quien gobierne, sea cual sea el mapa electoral del año 2001, que es
cuando finaliza el actual modelo y cuando esperamos poder avanzar de
forma clara, concreta e importante en esta cuestión. Repito que, sea cual
sea el mapa político, esperamos que a partir del año 2000, para la
revisión del modelo a partir del 2001, no sea éste un elemento básico que
utilice la oposición, independientemente de quien la ejerza en aquel
momento, para llevar a cabo su lícita acción de oposición. Esperamos que
no varíen tanto sus posicionamientos según estén en un lado o en otro en
un asunto que, para nosotros, repito, es muy importante y en el cual hay
un largo camino por recorrer.
Por lo que hace referencia al texto concreto de la moción, nos hubiera
gustado que se hubiese aceptado la enmienda que ha presentado el Grupo
Popular, pero no porque consideremos que el texto de la enmienda sea
mejor que el segundo punto del texto originario que ha presentado el
Grupo Socialista. Es decir, estamos de acuerdo en que en el año 1996 se
puso énfasis en que debía utilizarse el Fondo de Nivelación o la
Asignación de Nivelación; se creó un grupo de trabajo para ello y los
resultados, hoy por hoy, no son efectivos. Estoy de acuerdo con el
Senador Granado, Senador Utrera, en que felicitarnos porque se hayan
hecho muchas reuniones no viene a cuento. La eficacia no se mide por el
número de reuniones, sino por los avances. Por lo tanto, estamos de
acuerdo en que hay que instar al Gobierno para que, por su parte, haga
todo lo posible para que se llegue a acuerdos concretos y, por tanto,
para que se logre dar el uso previsto a las Asignaciones o Fondos de
Nivelación para poder cubrir aquellas deficiencias de servicios
fundamentales de las Comunidades Autónomas que las tengan, pero no
estamos de acuerdo en el primer punto del texto de la moción. Creemos que
no refleja ni técnicamente ni en su contenido el espíritu de lo que se
acordó en el año 1996. Por tanto, así como votaríamos favorablemente si
se hubiese aceptado la enmienda del Grupo Popular, como hubiéramos votado
favorablemente si el texto de la moción fuera sólo el segundo punto que
ha presentado el Grupo Socialista, ya que no se pueden hacer votaciones
parciales, deberemos votar en contra de la moción, por cuanto no estamos
de acuerdo en el primer punto tal y como se ha presentado.
Como el Senador Granado ha anunciado que no acepta la enmienda, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votará en
contra de la moción que se ha presentado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir este turno agradeciendo al Senador Cambra el esfuerzo que
ha tenido que realizar buscando algún elemento de juicio que le
permitiera votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.
Yo saco de sus palabras una doble conclusión. La primera es que «pacta
sunt servanda». Ustedes han llegado a un pacto político para aprobar este
sistema de financiación que ahora tanto les disgusta, pero que es fruto
de su pacto con el Partido Popular y, como leales servidores de los
pactos, no van a votar a favor de las propuestas socialistas.
Yo asumo siempre la cuota-parte de responsabilidad --como diría mi
antiguo jefe de filas-- que tenemos que asumir los socialistas en esta
especie de berenjenal de financiación autonómica en el que nos vemos
sumidos en la actualidad, pero puestos a buscar incoherencias, Senador
Cambra, no es menor la suya. Ustedes han contribuido a crear este sistema
que ahora tanto les disgusta y, después de haber contribuido a crearlo,
están todos los días hablando de la falta de nivelación de los servicios
públicos fundamentales que administra la Generalitat de Cataluña, y tengo
algunos ejemplos recogidos al azar en la prensa. Y cuando viene aquí una
propuesta concreta de reparto de unos fondos que, teóricamente, vienen a
solucionar un problema de falta de nivelación de los servicios públicos
fundamentales, ustedes buscan una excusa, un tanto alambicada, para
decir: no estamos de acuerdo con el punto primero, con el segundo, sí,
etcétera, para votar una vez más con el Partido Popular.
Entenderá usted que a mí esto me suscite la reflexión sobre si no sería
más razonable que la Generalitat de Cataluña solucionara sus problemas de
financiación en el marco de un acuerdo multilateral para todas las
Comunidades Autónomas, en vez de estar, año tras año, buscando soluciones
parciales o parches, por la vía de esas partidas que, según el Senador
Utrera, ahora ya no están en el presupuesto, pero que siguen estando,
porque un día financiamos el eje transversal, otro día hacemos una
revisión de servicios, etcétera, y todos los años tenemos que acabar
solucionando un problema, lo cual no es bueno para la Comunidad Autónoma
de Cataluña, porque ésta tiene derecho, como todas, en régimen de
igualdad con el resto de las Comunidades Autónomas que forman España, a
un sistema de financiación que atienda a sus necesidades.
Nosotros intentábamos dar un paso hacia esta nivelación con nuestra
propuesta. Ustedes, «pacta sunt servanda», van a votar con el Partido
Popular. Yo creo que usted, los representantes del Gobierno de la
Generalitat y los Senadores y Diputados de Convergència i Unió han
perdido hoy la ocasión de tener un poquito más de autoridad a la hora de
quejarse de lo mal financiados que están los servicios públicos
fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el Senador Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que quien realmente ha perdido autoridad es el Senador Granado,
por la forma en la que ha llevado una cuestión que nosotros ya habíamos
definido como importante y esencial, dentro del modelo de financiación
autonómica, ya que por hacer un guiño extraño al corto plazo, al aplauso
inmediato de un Pleno del Senado, por otro lado bastante despoblado en el
día de hoy, no ha reflexionado sobre un instrumento, que lleva estacando
desde el año 1980, como son las asignaciones de nivelación, tema que es
complejo de instrumentar como todos sabemos y todos sabíamos, en los años
ochenta, en los años noventa, y como seguimos sabiendo ahora.
Usted ha hecho un extraño. Fíjese, yo pensé que no sería capaz de hacer
un extraño tan bajo como para tergiversar las declaraciones del Director
General de coordinación con las haciendas territoriales --que yo también
tengo aquí, claro está--, que en una magnífica y muy sincera
comparecencia, con objeto de los Presupuestos Generales del Estado para
el presente año 1999, explicaba con detalle el estado de la cuestión en
relación al artículo 15 de la LOFCA. El partía de la premisa de que era
una cuestión compleja. Efectivamente, usted ha leído párrafos, ha leído
textos, pero de forma tan inconexa, tan retorcida, que al final ha sacado
conclusiones diametralmente opuestas a las que de esa comparecencia se
derivaban. Voy a leer el texto completo y así se verán las diferencias
con respecto de lo que usted ha dicho.
Empieza diciendo: Nos hemos reunido y estamos trabajando sobre el
artículo 15... Y después continúa: Hemos llegado a definir lo que son
servicios fundamentales y a estar de acuerdo en lo que son los servicios
fundamentales... --lo que es un adelanto importante; observe usted que el
grupo de trabajo constituido en los años 80 no llegó a conclusión alguna
ni siquiera sobre servicios fundamentales, y transcurrieron seis años
sobre servicios fundamentales, y transcurrieron seis años en los que
estuvo activo ese grupo de trabajo--. Y sigue diciendo: Sin embargo, nos
encontramos con que no se entiende, o no se quiere entender --y eso
también se lo aplico a usted, Senador Granado, y asimismo al Grupo
Parlamentario Socialista porque me parece una argumentación inapelable--,
que las asignaciones de nivelación no es un fondo de nivelación y, por lo
tanto, no pueden participar en todas las Comunidades Autónomas pues son
asignaciones de nivelación para aquellos casos puntuales en los que los
recursos ordinarios no cubran los servicios.
Dicho de otra manera puesto que éste es el meollo de la cuestión que
estamos tratando aquí: usted ha ignorado el artículo 15 de la LOFCA. Por
cierto, me decía en su segunda intervención que usted me daría su opinión
sobre las asignaciones de nivelación si yo le daba la mía. Pues mire,
señoría, yo le doy la mía, pero no me hace falta que usted me dé la suya
porque ya la conozco.
Desde Andalucía se ha dicho: Criterios del Fondo de Compensación
Interterritorial. Pues aplíqueme usted los criterios del Fondo de
Compensación Interterritorial, y las Comunidades Autónomas que
participamos en el Fondo nos llevamos el Fondo de Nivelación --que no es
un fondo sino asignaciones de nivelación--. Dicho de otra manera: No hace
falta que estudiemos nada, vamos a llevarnos el dinero rápido; ya que
está presupuestado, vamos a cogerlo rápido. ¿Cómo? Pues con el Fondo de
Compensación Interterritorial, que nos viene a nosotros muy bien.
Extremadura dice exactamente lo mismo: Fondo de Compensación
Interterritorial. Y Castilla-La Mancha, a la que no le iba bien el Fondo
de Compensación Interterritorial, nos dice: Criterios de financiación. Es
decir, variables y porcentajes de esas variables de la financiación fuera
fondo, o lo que es lo mismo, de la financiación no condicionada
ordinaria: variable población, demográfica, etcétera.
Por tanto, dicho de otra forma, lo que el Director General señalaba, lo
que yo me he esforzado en señalar en esta comparecencia como posición del
Grupo Parlamentario Popular y como posición del Gobierno en esta
negociación, es que, siendo como es el artículo 15 un tema complejo --por
tanto, siéndolo también las asignaciones de nivelación--, lo que no
podemos hacer en modo alguno es darle una patada a una Ley Orgánica, a la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y hacer cosa
distinta de lo que en esa Ley se dice. Y en esa Ley se dice muy claro que
estos fondos son puntuales, son individualizables para aquellas
Comunidades Autónomas en las cuales, por alguna circunstancia, la
financiación ordinaria,
la del artículo 13, no sea bastante para cubrir los gastos de prestación
a un nivel mínimo de servicios públicos.
Y después, el grupo de trabajo que ustedes constituyeron añadía algo más.
Y en una de sus conclusiones del año 1993 decía precisamente eso: De
instrumentarse, las asignaciones de nivelación tendrían que ser anuales
--por tanto, nada del carácter permanente de la financiación ordinaria de
las Comunidades Autónomas--, individualizadas a las Comunidades Autónomas
con auténtica carencia --las que estuvieran por debajo de los niveles o
estándares mínimos de prestación de servicios-- y transitorias --por
tanto, para suplir una necesidad, pero inmediatamente después tendrían
que desaparecer--. Porque si esa necesidad es permanente, si es
estructural, tiene que incorporarse a la financiación ordinaria, es
decir, al artículo 13, a la financiación corriente de las Comunidades
Autónomas y no a unas asignaciones de nivelación.
El Libro Blanco que elaboraron los expertos de financiación sobre
financiación autonómica --creado también durante el Gobierno socialista y
que rindió informe en el ejercicio de 1995-- iba todavía más allá y
decía: ¿Qué es lo que queda del artículo 15, qué queda de las
asignaciones de nivelación? Queda fundamentalmente que han de
constituirse como garantías para aquellas Comunidades Autónomas que, en
caso de darse alguna situación imprevista --incluso se habla de
catástrofes naturales--, suponga una pérdida rápida de capital físico, de
infraestructura pública necesaria para la prestación de servicios
públicos fundamentales, y esa carencia, esa anomalía que se ha producido,
que ha hecho perder esa infraestructura física de capital, de prestación
de servicios fundamentales, tenga que ser prestada, apoyada, garantizada
por el Gobierno mediante esas asignaciones de nivelación, porque el Libro
Blanco --y todos los que estamos aquí, desde luego el Grupo Parlamentario
Popular y supongo que también el Grupo Parlamentario Socialista, lo
compartimos-- dice que la base del sistema de financiación autonómica es
garantizar a todos los ciudadanos un nivel similar de calidad en la
prestación de servicios públicos, cualquiera que sea el territorio en el
que reside, y precisamente a esto han de contribuir las asignaciones de
nivelación: cuando haya unas insuficiencias manifiestas, el Gobierno
pondrá en marcha --activará el artículo 15-- las asignaciones de
nivelación.
Observen ustedes cómo el tema es complejo; cómo llevamos casi veinte años
sin que se haya podido instrumentar; cómo ya hemos llegado a un acuerdo
sobre lo que son servicios fundamentales; cómo se están desarrollando
reuniones del grupo de trabajo, la última de las cuales usted ha
minimizado diciendo que hablar de educación universitaria es una bobada;
pero no es tanta bobada, porque los tres servicios identificados como
fundamentales, y sobre los que está trabajando por acuerdo de todas las
Comunidades Autónomas el grupo de trabajo --aunque siempre se podrá decir
que existe alguna anomalía de alguna Comunidad Autónoma que siempre pone
el granito de arena y ahora haremos alguna referencia concreta, que no
pensaba hacer--, son precisamente educación, servicios sociales y
sanidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Senador, le queda poco
tiempo para hacer referencias.
El señor UTRERA MORA: Se decidió por el grupo de trabajo empezar con
educación no universitaria. En la próxima reunión se va a hablar de
educación universitaria para, posteriormente, hablar de servicios
sociales.
En definitiva, se está avanzando y por tanto la moción que ustedes
presentan, siendo conveniente, porque así nos da ocasión para departir
sobre lo que son las asignaciones de nivelación, no es estrictamente
necesaria porque trata de impulsar algo que ya está suficientemente
impulsado.
En cuanto a las incorporaciones presupuestarias y el ánimo que usted nos
da para que nos saltemos a la torera cualquier norma, atendiendo a
precedentes anteriores, y concretamente el que dice que usted sabe lo que
hizo el Gobierno anterior y lo que hace éste, nosotros sí que lo sabemos:
sabemos cómo el déficit público es el que es ahora y cuál era antes;
sabemos cómo la deuda pública se está reduciendo ahora y cómo se
aumentaba, y además a tasas muy rápidas, antes. Todo esto lo sabemos, y
como lo sabemos, la posición del Gobierno, manifestada en el grupo de
trabajo, la posición del Grupo Parlamentario Popular --y he entendido que
también la manifestación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió-- es que hagamos las cosas bien, ya que hay un
artículo de la LOFCA que dice que las asignación de nivelación tienen que
hacerse cuando haya insuficiencia en prestación de servicios; hagámoslo
así, y no como propone usted, con la solución rápida de dar una patada a
la LOFCA y llevarse el dinero, repartiéndolo no sabemos de qué manera y,
claro está, si no respetamos la LOFCA, cualquier reparto será malo,
porque o bien se les da a todas las Comunidades Autónomas o bien ninguna
de las que quede fuera aceptará el reparto.
Por tanto, o esto se hace bien, aunque sea lento, aunque tardemos meses,
aunque tardemos un año más, o no se hará y, eso sí, agradezco su oferta
de poder considerar en su momento cualquier modificación que sea
necesaria para dar salida a un acuerdo que le garantizo que desde el
Gobierno se está impulsando. Y le garantizo también --al menos ése es mi
entender-- que es desde alguna Comunidad Autónoma gobernada por el
Partido Socialista, cuando después de seis reuniones, se dice que la
metodología no es buena y que hay que volver a empezar otra vez, y esa
Comunidad Autónoma no está gobernada por el Partido Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
Vamos a llamar a votación. (Pausa.) Senador Cambra, ¿por qué artículo
pide usted la palabra?
El señor CAMBRA SANCHEZ: Por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra, señoría.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me dirijo al Senador Granado con toda cordialidad para decirle que muchas
de las consideraciones que ha hecho no son más que el reflejo de la mala
financiación que tiene la Generalitat de Catalunya; mala financiación que
coincide hasta el año 1993 con la etapa de Gobierno de mayoría absoluta
del Partido Socialista.
Entendemos que desde entonces se ha ido avanzando en este sistema de
financiación, aunque creemos que se puede continuar avanzando. Por eso,
igual que hicimos en 1993, ahora seremos coherentes con los acuerdos
alcanzados hasta que lleguemos allí donde queremos llegar.
Nada más. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 88; en contra, 126; abstenciones, ocho.
Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE EL SENADO INSTA
AL GOBIERNO PARA QUE, DESDE EL RESPETO A LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR
CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PROMUEVA E INCENTIVE LA FORMACION
DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES DEDICADOS A LA ASISTENCIA Y CUIDADO DE
LAS PERSONAS MAYORES Y, EN SU CASO, TRANSMITA AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES
LA CONVENIENCIA DE FOMENTAR ENTRE LAS UNIVERSIDADES ACCIONES DE ESTA
NATURALEZA (662/000168).
La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que el Senado insta al Gobierno para que, desde el respeto a las
competencias asumidas por cada una de las Comunidades Autónomas, promueva
e incentive la formación de postgrado de los profesores dedicados a la
asistencia y cuidado de las personas mayores y, en su caso, transmita al
Consejo de Universidades la conveniencia de fomentar entre las
universidades acciones de esta naturaleza.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, la Senadora Do Campo Piñeiro.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora Presidenta, señorías, la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su Resolución de 1992, decidió
observar el año 1999 como el Año Internacional de las personas de edad,
bajo el lema: «Hacia una sociedad para todas las edades», en
reconocimiento al progresivo cambio demográfico de la humanidad.
Esta Resolución es un reconocimiento a los cambios demográficos que se
avecinan y el deseo de contribuir a que maduren las actitudes y las
habilidades en los ámbitos social, económico, cultural y espiritual.
El aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad implican
el envejecimiento progresivo de la población, situación que en el caso
español es especialmente dramático.
De acuerdo con los datos del censo nacional de 1997, en el conjunto del
Estado español, con una población de 39.323.320 personas, los mayores de
65 años alcanzaban los 6.182.899; en la actualidad, muy cerca de
6.400.000. Es decir, un porcentaje del 15,72 por ciento del total de la
población, porcentaje que era casi ya una realidad a finales de los
ochenta en algunas de nuestras provincias.
Estos índices de envejecimiento constituyen un factor de transformación
social si consideramos que, de acuerdo con los datos del censo, el
porcentaje de personas mayores de 65 años en 1950 era de un 7,2 por
ciento y del 14,1 en 1991. En el año 2001, las previsiones nos hacen
pensar que en el conjunto de España, y de forma más acentuada en algunas
de nuestras Comunidades, será el momento de la historia pasada y futura
en el que haya más personas con una edad de 65 años cumplidos. Esta
situación se repetirá también de forma estable y continuada entre el año
2020 y el 2045.
De todo ello podemos indicar que la evolución de la población española en
el horizonte del año 2020 se caracteriza por los siguientes rasgos: Caída
de la población más joven, entre los 0 y 15 años, a lo largo de todo este
período, si bien resulta más pronunciada hacia el año 2020. La población
potencialmente activa, entre 16 y 64 años, seguirá aumentando hasta el
año 2005, aunque a tasas cada vez menores, y a partir de entonces se va a
quebrar la tendencia de ese crecimiento y la población mayor de 65 años o
más aumenta a lo largo del período, si bien este crecimiento es más
pronunciado aún hacia el año 2000.
Señorías, es evidente que la evolución social y económica de las
sociedades modernas ha hecho posible, entre sus conquistas, que nuestros
ciudadanos puedan vivir muchos años más y en mejores condiciones. Pero
hasta el momento no hemos sido capaces de evitar que un número creciente
de personas, la mayoría muy mayores, vivan los últimos años de su vida en
situaciones de dependencia y necesidad de ayuda importante para realizar
las actividades diarias.
Esta situación, unida a los cambios que se están produciendo en los modos
de vida, especialmente en el modelo familiar, está dando lugar a un
importante aumento de demanda de servicios sanitarios y sociales que
hagan frente a estas necesidades. Dada la vitalidad con que las personas
alcanzan actualmente la edad de los 65 años, su incidencia va a hacerse
notar no sólo sobre el sistema de las pensiones, sino también sobre toda
la vida social, implicando los campos de la participación ciudadana, la
educación y la cultura, las actividades de ocio y tiempo libre y, en
general, por el gran impacto que va a tener, también sobre el consumo.
Cuando estas generaciones alcancen la edad de los 80 años, en la
actualidad 1.300.000 personas, y con una
previsión para el año 2006 de 1.800.000, el impacto se va a producir no
sólo en el sistema de salud, sino también sobre el sistema de los
servicios sociales, dado que la incidencia de la discapacidad y de las
enfermedades crónicas se incrementan de forma notoria entre las edades de
los 80- 85 años. Por tanto, las soluciones que generemos no sólo van a
impactar sobre el sistema sanitario, sino también sobre el sistema de los
servicios sociales. En este escenario aparece el espacio llamado
sociosanitario, ocupado por el conjunto de personas dependientes en las
que la frontera de sus necesidades de cuidados sociales y sanitarios es
difícil de delimitar.
Según una recomendación del I Congreso estatal de personas mayores hay
que poner un énfasis especial en la investigación y en la formación de
los profesionales implicados en este espacio sociosanitario. Es evidente,
señorías, que dada la importancia actual y futura del fenómeno del
envejecimiento de la población, la atención de las personas mayores va a
constituir uno de los retos más importantes en las próximas décadas, y
ésa es la línea argumental que está detrás de la moción que presenta hoy
el Grupo Parlamentario Popular.
Tenemos que preparar a los profesionales dedicados a los cuidados de
nuestros mayores para ese reto. En este sentido, desde el Grupo
Parlamentario Popular instamos al Gobierno para que, desde el respeto a
las competencias asumidas por cada una de las Comunidades Autónomas,
promueva e incentive la formación de postgrado de los profesionales
dedicados a la asistencia y al cuidado de las personas mayores y, en su
caso, transmita al Consejo de Universidades la conveniencia de fomentar
entre las distintas universidades acciones de esta naturaleza.
El mercado de trabajo cada vez con más frecuencia demanda perfiles
profesionales que incorporen una formación interdisciplinar, y en
ocasiones generalista, exigiendo a los trabajadores que sean capaces de
aportar un valor añadido a los diversos puestos de trabajo. En este
sentido, el sistema universitario español, tras la reforma, se ha
convertido en un sistema flexible y con capacidad de adaptación a las
necesidades de la sociedad. Aún así, la formación académica resulta a
veces insuficiente. Por esta razón, cada vez se potencia más una
formación de postgrado que venga a completar los estudios en unos casos y
a otorgar una mayor especialización en otros. No existe una regulación
oficial acerca de la formación de postgrado, por lo que en los últimos
años han proliferado centros que ofrecen tipos de especialización y
programas «masters» en las más diversas materias. A modo de ejemplo,
podemos citar cursos impartidos por centros privados para la formación de
profesionales, directores y gerentes de centros de mayores, de formación
en técnicas corporales aplicadas a la tercera edad y también a la
gerontología.
Las universidades españolas ofrecen un número cada vez mayor de cursos de
postgrado y especialización en las más diversas materias, que terminan en
diplomas o en títulos propios, de acuerdo con las previsiones de la Ley
de Reforma Universitaria, que autoriza, eso sí, a expedir junto a los
títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional los
citados diplomas o títulos. Por ello, lo más conveniente es que sea el
Consejo de Universidades, punto de encuentro entre las distintas
administraciones competentes en la enseñanza universitaria: el Estado,
las Comunidades Autónomas y las universidades, el que promueva el
desarrollo por parte de las universidades de diplomas o de títulos de
postgrado para profesionales sociales en cuanto afectan al cuidado de
nuestros mayores. En todo caso, debemos tener en cuenta que los diplomas
y los títulos propios de las universidades por establecerlo así el Real
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, carecen de los efectos académicos
plenos y de la habilitación para el ejercicio profesional que las
disposiciones legales otorgan a los títulos oficiales. Desde luego esto
no impide que cuando el interés científico, técnico o artístico y la
trascendencia socioeconómica y cultural de las enseñanzas acreditadas por
los diplomas y títulos propios así lo aconsejen, el Consejo de
Universidades, a iniciativa propia o a instancia de la universidad de que
se trate, pueda proponer al Gobierno el reconocimiento de los mismos como
títulos universitarios oficiales.
Por otro lado, es bien conocido, señorías, y es justo reconocerlo, la
importancia y la prioridad que desde el Imserso se está dando a la
cualificación y a la adecuación de los profesionales mediante un plan de
formación de postgrado, que tiene su soporte en un convenio de
colaboración entre este organismo y las universidades, los colegios
profesionales y otras entidades, y que da la base para la realización de
programas de doctorado, de cursos de expertos y de «masters».
Llegado este punto se preguntarán, señorías, cuáles serían entonces los
objetivos de esta formación de postgrado y, desde luego, no es mi
intención abrir un debate sobre los mismos, sino apuntar algunos de los
que pueden estar en la mente de los profesionales implicados. Serían la
formación y el reciclaje en la administración, en la planificación, en la
gestión y en la evaluación de los servicios y programas para personas
mayores; la actualización de conocimientos y de tecnologías necesarias
para abordar la orientación y la formación de la población objetiva, con
el propósito fundamental de optimizar los recursos comunitarios; y la
actualización en la atención del anciano en servicios asistenciales tales
como centros de día, residencias, centros de atención primaria, atención
domiciliaria, unidades hospitalarias, etcétera.
No debemos olvidarnos, señorías, de que la atención a este importante
colectivo demanda la existencia de profesionales de todas las ramas con
conocimientos gerontológicos. Esta demanda es prioritaria en lo que
respecta a la atención de personas mayores dependientes y es sobradamente
conocido que la prevalencia en las tasas de deterioro y trastornos que
producen dependencia aumenta de forma considerable a partir de los 75
años. Especialmente, hay que tener en cuenta que entre un cinco y un ocho
por ciento de los mayores de 65 años están afectados por la enfermedad de
Alzheimer u otras demencias. Se estima que en nuestro país existen en la
actualidad cerca de 900.000 personas mayores dependientes.
Por todo ello, señorías, creemos que la moción del Grupo Parlamentario
Popular es una aportación ante un
problema real que es un reto de futuro, al cual se le debe prestar la
atención necesaria desde esta Cámara, así como desde todas las
administraciones públicas implicadas.
Por último, me gustaría hacer mía la frase de Vicente Aleixandre: Vivir
es conservar la capacidad de entusiasmo, seguir vibrando por toda la vida
que sientes a tu alrededor y participar en ella. Vivir es saberse vivo
hasta el instante final. Los años sólo enriquecen. Desde la altura de mi
edad puedo sentir la vida con conocimientos nuevos, pero con los
entusiasmos de siempre. Yo veo la vejez como un enriquecimiento, como un
acumular saberes y experiencias.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Turno en contra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gatzagaetxebarría por tiempo de diez minutos.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Oída la exposición de la Senadora coruñesa doña Belén María Do Campo,
quien ha realizado un análisis y un diagnóstico de la realidad --en el
que coincidimos--, que tan bien conoce como persona responsable en temas
de servicios sociales y con la sensibilidad que muestra en la materia, lo
que nuestro Grupo Parlamentario quiere expresar, estando de acuerdo con
la moción, es que nos encontramos en esta Cámara debatiendo cuestiones
que se refieren al afianzamiento del Estado del bienestar. Y eso es
bueno. Anteriormente la Senadora socialista Barenys ha planteado una
moción relativa a la infancia y ahora el Grupo Parlamentario Popular
plantea otra relativa a la tercera edad. En definitiva, estamos tratando
las cuestiones esenciales del Estado del bienestar, como son la
protección de nuestros mayores, la protección de nuestros menores, lo que
denota que hay sensibilidad y el afianzamiento del Estado del bienestar,
al margen de las ideologías políticas. Denota que hay una consolidación
del Estado del bienestar, de las políticas de asentamiento del Estado del
bienestar, lo que, en definitiva, forma parte del patrimonio político
común de los diferentes grupos parlamentarios. Y eso en política es
bueno, puesto que no son tantas las diferencias que unos u otros, estén
en la oposición o en el Gobierno, van a mostrar al respecto. Forma parte
--reitero, señora Presidenta-- del patrimonio común de los Grupos
políticos la sensibilidad hacia los menores, como se ponía de manifiesto
en el debate anterior, y hacia los mayores, en este momento.
De hecho, esta Cámara ha constituido una Ponencia que está analizando, a
través de diferentes comparecencias y trabajos con sectores que trabajan
en el mundo del envejecimiento, la problemática del mismo y, sobre todo,
de lo que se viene en llamar, entre comillas, el envejecimiento del
envejecimiento, es decir, lo relativo a aquellas personas que ya han
entrado en edades muy avanzadas y que tienen una problemática más
específica. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario considera positivo que
se presente esta moción.
No obstante, sabemos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a
través el Imserso mantiene en vigor una formación de postgrado. Tengo en
mis manos el programa que tiene elaborado el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales a través del Imserso de la formación de postgrado
vigente para este curso 1998-1999. Igualmente hay universidades, como la
de Salamanca, que tienen ya una experiencia acreditada en formación de
postgrado en materia de atención a la tercera edad, a las personas
mayores.
Al margen de ello, queríamos hacer una última consideración, señora
Presidenta, y es si, además de estas formaciones de postgrado, que pueden
estar bien, no sería necesario que caminásemos --usted lo ha apuntado
colateralmente-- hacia una política dirigida a crear una licenciatura
específica en materia de gerontología. Lo mismo que en medicina existe
una especialidad, que es la geriatría, sería conveniente tener una visión
integral del anciano, de la persona mayor, que tratara aspectos
psicológicos, sociales, sanitarios, culturales o de vivienda.
Por eso, aunque no se hace referencia en la moción, en la justificación
de nuestro voto sí lo queríamos dejar plasmado: habría que caminar no
sólo en lo que estamos haciendo, sino hacia una nueva vía que sería una
licenciatura en las universidades españolas. Hay que estar abiertos a eso
porque la edad de supervivencia es cada vez mayor y, por lo tanto, hace
falta, como usted decía, Senadora Do Campo, mayores especialistas pero
con mejor formación, y no hay mejor formación que aquella que uno obtiene
a través de una licenciatura universitaria. Es una consideración que
queríamos hacer al respecto.
En relación con el fondo del asunto y la parte resolutiva de la moción,
nuestro Grupo parlamentario está de acuerdo y, por lo tanto, va a votarla
afirmativamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela i Serra, por
tiempo de diez minutos.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
La moción que presenta la señora Do Campo es una aportación muy
interesante a un problema real, como ella ha indicado, y adelanto que
nuestro Grupo dará el apoyo a tal moción.
Me ha gustado mucho la cita, que no conocía, de Vicente Aleixandre sobre
esta necesidad de conservar la capacidad de entusiasmo en la vejez --que
está muy bien como corresponde a un gran poeta-- y ver la vejez --cito
ahora de memoria-- como un enriquecimiento, como un cumular saberes y
experiencias. Estoy totalmente de acuerdo, señora Do Campo, con este
pensamiento.
La generalización del envejecimiento de la sociedad constituye, en la
actualidad, uno de los fenómenos, más característicos e importantes de
nuestra época. Se ha indicado
previsiones de edad de personas mayores de 65 años. Tengo datos que
señalan que en el horizonte del año 2010 en España habrá un porcentaje de
más de un dos por ciento de personas mayores de 85 años.
Es normal que consideremos bienvenidas cuantas iniciativas se impulsen
para mejorar la formación de especialistas en gerontología y en atender a
las necesidades y a los servicios sociosanitarios que se prestan, y es
justo y necesario que se haga así a las personas mayores y que, al mismo
tiempo, se profundice en investigaciones relacionadas con el proceso de
envejecimiento, iniciativas que, por otra parte --ello no es menos
importante sino todo lo contrario--, indaguen también en cuantas vías
sean posibles para buscar caminos, experiencias que faciliten aprovechar
para toda la sociedad los saberes acumulados a lo largo de toda una vida
y una serie de energías, por suerte, todavía no deseables.
Cuando usted citaba esas frases de Aleixandre se estaba refiriendo a algo
sobre lo que también yo he reflexionado: la necesidad de que la sociedad
aproveche los saberes acumulados por las personas. Y me gusta ese
pensamiento de Aleixandre, que contempla la vejez como un
enriquecimiento, como un acumular saberes. Pero yo añadiría que esos
saberes acumulados deberían revertir en mayor medida en la sociedad.
Me gustaría insistir en esta idea, porque el horizonte vital de muchas
personas, que afortunadamente es muy amplio, no puede agotarse pasando
largas horas jugando a las cartas, acudiendo a bailes, o haciendo
continuos viajes. Todo eso, con mesura, está bien, desde luego; e incluso
puede considerarse por muchas personas como algo necesario, pero no puede
ser suficiente. Hay que aspirar a mucho más. No podemos desperdiciar
tantas energías, tantos saberes acumulados.
Por ello, nos parece excelente que se promueva e incentive la formación
de postgrado de los profesionales dedicados a la asistencia y el cuidado
de las personas mayores. En Cataluña, al igual que en otros lugares de
España --como ya se ha indicado por usted misma y por el portavoz del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos--, eso ya se hace. Por ejemplo,
la Universidad de Barcelona expide un diploma de postgrado
correspondiente a un «master» de gerontología social, que se cursa ya
desde hace varios años. Así pues, el que se incentiven esos estudios y
que se profundice en ellos nos parece correcto, y por eso, insisto,
además de felicitar a su señoría por esta iniciativa, vamos a dar nuestro
apoyo a esta moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la Senadora Martínez Castro, por tiempo de diez minutos.
La señora MARTINEZ CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores y señores Senadores, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para fijar nuestra posición en relación con la moción que hoy
presenta ante el Pleno el Grupo Popular.
Los socialistas, señorías, siempre apoyamos todas aquellas iniciativas
que promuevan e incentiven la formación, la educación, la cultura, el
conocimiento, pero en esta ocasión nos vamos a abstener, y lo hacemos por
varias razones. En primer lugar, porque entendemos que el único objetivo
que persigue la moción que ustedes hoy presentan es cubrir el cupo de
iniciativas que desde la dirección del Grupo Popular se les está
exigiendo. Por otro lado, ya hay normativa al respecto, como se ha puesto
de manifiesto por los Senadores que me han precedido en el uso de la
palabra.
Y digo que esta moción sólo va a servir para contabilizar sus iniciativas
parlamentarias, porque en esta Cámara hay constituida una Ponencia que
estudia la problemática del envejecimiento de la población española. Por
tanto, ustedes se han precipitado presentando esta moción, haciendo un
desaire y cometiendo una falta de cortesía para con los miembros de la
Ponencia que estudia el envejecimiento de la población española, que
entre sus conclusiones sin duda contemplará --porque así se ha debatido
en el seno de la Ponencia, y nosotros también lo vamos a proponer-- la
necesidad de que haya más y mejores profesionales que presten sus
servicios al cuidado de las personas dependientes.
Por este motivo, con todo el respeto que me inspira esta Cámara y quienes
la representamos, quiero dejar patente nuestra protesta por esa falta de
cortesía, inaceptable, entiendo yo, en el procedimiento y en las formas
que deben prevalecer en el devenir de la vida parlamentaria.
Señorías, espero que el Grupo Parlamentario Popular sea consciente de que
el debate social no está centralizado en la falta o no de profesionales
dedicados a la atención de los mayores. El problema --y yo creo que todos
somos conscientes-- es mucho más complejo y profundo. Las asociaciones de
mayores y la población en general se alarman cuando escuchan por parte de
políticos muy relevantes que es necesario revisar o recortar el Estado
del bienestar.
¿Por dónde se empieza, señorías? A los mayores les preocupa el poder
adquisitivo de sus pensiones, la protección sanitaria y médica, los
servicios sociales, la educación, la cultura, en definitiva, su calidad
de vida.
En los últimos 15 años, coincidiendo con gobiernos socialistas, el
bienestar de esta población se ha incrementado de forma notable, pero en
estos momentos existe zozobra, inquietud y la preocupación de no saber
qué ocurrirá en el futuro, porque la historia nos dice que no siempre
caminamos hacia adelante, hay ganancias que también pueden ir para atrás,
y en este punto, señorías, es donde hay que dar respuestas.
La Ponencia para el estudio del envejecimiento de la población española
está haciendo un buen trabajo, fundamentalmente por las personas tan
altamente cualificadas que han comparecido en ella, por el trabajo
estadístico y de investigación que vienen desarrollando entre la
población mayor de 65 años, y nos han puesto sobre
aviso de los problemas que puede generar una población creciente dentro
de los mayores que devienen en dependientes.
La expectativa de vida está más allá de los 80 años, la estructura
familiar ha cambiado sustancialmente con la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo, quien ha sido la encargada históricamente del cuidado
de los mayores, y ha disminuido el tamaño de la familia, factores que
pueden complicar en un futuro no muy lejano la solidaridad que hasta
ahora venía o viene prestando la familia para con sus mayores.
En el problema del envejecimiento la preocupación más importante se
reduce a técnicos, responsables político-institucionales y, sobre todo, a
una preocupación de la mujer trabajadora de clase media, que es el
colectivo más importante y con mayor concienciación o preocupación por el
problema.
Señorías, la cuarta encuesta nacional de salud realizada por el Imserso
da como resultado que en España existen en la actualidad 937.000 personas
con algún tipo de dependencia, lo que quiere decir que necesitan algún
tipo de ayuda según el grado de esa dependencia. En opinión del profesor
Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología en la Universidad de Alcalá
de Henares, esta población va en aumento, previendo que para el año 2005
esa cifra estará en un millón 158.000 personas.
Señorías, en Europa llevan años debatiendo sobre el problema de la
dependencia y parece que han encontrado la fórmula creando, como es el
caso de Alemania, el seguro de dependencia. También se ha hablado y
debatido sobre esta cuestión en la Ponencia. La comparecencia del
profesor Rodríguez Cabrero fue muy esclarecedora e interesante porque ha
marcado la línea a seguir para poder avanzar en las propuestas de
conclusión.
En España no partimos de cero, puesto que en los últimos años se ha ido
generando toda una serie de dispositivos dirigidos a los mayores de 65
años, con una cobertura de pensiones contributivas o no, con una
cobertura sanitaria universal y un sistema de servicios sociales, como
ayuda a domicilio, teleasistencia, residencias de asistido, etcétera. El
momento es oportuno para empezar a coordinar y cuantificar, junto con las
Comunidades Autónomas, todos los recursos actualmente disponibles y
empezar a preparar desde ahora la solución de lo que, sin duda, será un
problema muy grave a partir de los años 2005-2010, que va a exigir un
esfuerzo de solidaridad muy grande y que el Estado y las políticas
públicas tienen que prever.
Entre responsables políticos, directores generales de Comunidades
Autónomas y expertos de la Seguridad Social consultados por el profesor
Rodríguez Cabrero, el 60 por ciento opina que para el año 2005 tendríamos
que tener ya un seguro de dependencia que entiende la gran mayoría ha de
ser de naturaleza pública.
Señorías, el debate de la dependencia está sobre la mesa. En Europa ya
nos llevan algún tiempo de ventaja. Aquí habrá que acortar etapas. Pero
antes del año 2005, como aconsejan los expertos, nos tendremos que
plantear sobre todo un tipo de política pública que razonablemente sea
capaz de absorber el coste económico, social y político que va a suponer
la dependencia.
Al comienzo de mi intervención dije que nos íbamos a abstener en esta
moción. Pero, para finalizar, quiero pedirles que sus propuestas a la
Ponencia en esta Cámara, en un tema tan trascendental socialmente, no se
queden tan sólo en la moción que hoy trae para su aprobación el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Martínez Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Do
Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mi intervención va a ser muy breve. Antes de nada quisiera agradecer
particularmente a los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas
Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió su apoyo a esta
moción. Al señor Varela he de decirle que estoy de acuerdo con él en que
esa acumulación de saberes y experiencias debe revertir en la sociedad y
que hago mía esa última coletilla que añade al pensamiento.
A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la Senadora Martínez
Castro, quiero decirle que no es el objetivo de esta moción cubrir el
cupo de iniciativas de nuestro Grupo, sino que nuestros mayores y los que
en un futuro también lo seremos, podamos vivir muchos años y en
condiciones mejores a las que actualmente tenemos, ya que, como decía en
mi primera intervención, la atención a las personas mayores va a
constituir uno de los retos más importantes en las próximas décadas.
Senadora Martínez Castro, esta moción no contiene ninguna falta de
respeto. Todo lo contrario. Esta moción que se plantea desde el Grupo
Parlamentario Popular no está llamada a abordar con carácter de
generalidad la muy difícil cuestión de la tercera edad que tenemos en
nuestros días, la cual, como usted bien conoce si está en la Ponencia que
estudia la problemática del envejecimiento, por su amplitud y carácter
multiforme y pluridisciplinal, excede con mucho los límites y contenidos
de esta iniciativa y de esta concreta medida a adoptar. Por tanto, de
falta de respeto nada de nada.
Para finalizar, celebro la sensibilidad de los grupos parlamentarios que
van a apoyar hoy esta moción sobre este problema tan actual y este reto
de futuro.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Vamos a proceder a la votación de la moción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 129; en contra, dos; abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO POR
LA QUE EL SENADO APRUEBA DIRIGIRSE A LAS OTRAS CAMARAS TERRITORIALES DE
LA UNION EUROPEA CON EL FIN DE PROPONER UN ESTUDIO Y DEBATE CONJUNTO
SOBRE LA APLICACION ACTUAL DE LA SUBSIDIARIEDAD Y SUS PERSPECTIVAS
(662/000164).
La señora PRESIDENTA: La siguiente moción es del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que el Senado aprueba
dirigirse a las otras Cámaras territoriales de la Unión Europea con el
fin de proponer un estudio y debate conjunto sobre la aplicación actual
de la subsidiariedad y sus perspectivas.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción originaria tiene la palabra, por un tiempo
de 20 minutos, el Senador Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio, por favor.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, con mucha frecuencia, las mociones que se presentan a esta
Cámara y a este Pleno van dirigidas al Gobierno. Esta tarde tenemos una
buena prueba de esto, porque la mayoría de las mociones que estamos
debatiendo, y que son rechazadas o que prosperan, están dirigidas al
Gobierno, pero algunas --ésta es una de ellas-- están dirigidas al propio
Senado. Concretamente, esta moción insta a que el Senado, consciente de
su importancia y de su personalidad, se dirija a los otros Senados de la
Unión Europea para intercambiar experiencias sobre un principio
fundamental de la misma, como es el de la subsidiariedad. Este es el tema
de la moción que voy a exponerles brevemente en nombre de Convergència i
Unió.
Tengo que empezar haciendo alguna referencia a la importancia del
principio de subsidiariedad. Está entre los grandes principios que
vertebran la construcción europea. Entre los grandes principios de la
participación y de la solidaridad está el de la subsidiariedad.
¿Entendida cómo? Entendida como la voluntad de aproximar al ciudadano y a
todas las realidades la posibilidad de autogobernarse, de resolver los
problemas allí donde hay mayor proximidad a las realidades.
Es indiscutible que la incorporación del principio de subsidiariedad en
Europa ha significado y significa la superación del centralismo como
doctrina que configuró la historia de Europa durante algunos siglos. Pues
bien, la construcción europea iniciada ya hace algunas décadas,
precisamente al incorporar la subsidiariedad afirma la superación del
centralismo en favor del reconocimiento al autogobierno, con mayor
proximidad al individuo, al ciudadano o a las comunidades que así lo
necesitan. El proceso de la Unión Europea es dinámico y significa,
insisto, que todas las realidades que formamos parte de ella son
reconocidas, y con este principio --y con los demás, naturalmente-- se
pretende fortalecerlas.
Estos son algunos de los comentarios que constituyen la base de esta
moción: El reconocimiento de que es un principio fundamental, el
reconocimiento de que significa la superación del centralismo que
configuró la historia europea --como acabo de recordar--, el
reconocimiento de que la subsidiariedad viene a dar autogobierno a todos
los ciudadanos y a todas las comunidades, y el reconocimiento de que éste
es un proceso dinámico.
En este proceso dinámico, nosotros, este Senado y el Estado de las
Autonomías que surge de la Constitución, ya no somos unos aprendices. En
estos veinte años hemos acumulado experiencias, hemos acumulado
decisiones, errores y grandes avances. Es lógico que nos propongamos
intercambiarlos con las demás Cámaras territoriales que, como ésta, en
cada Estado de la Unión Europea tienen como gran especialidad la
territorialidad y, naturalmente, la aplicación del principio de
subsidiariedad.
Naturalmente, la aplicación del principio de subsidiariedad --no la
discusión sobre si debe figurar o no el principio de subsidiariedad,
sobre el cual hay unanimidad absoluta-- da lugar a un debate permanente
que continuará a lo largo de la construcción de la Unión Europea. Y en
cualquier momento, en cualquier sesión del Parlamento Europeo, en
cualquier sesión de cualquier Parlamento, sea éste de Estado sea de
nacionalidad, hay siempre algunos puntos del orden del día --en cualquier
sesión, repito-- que hacen referencia a la aplicación del principio de
subsidiariedad. Y es lógico que así sea puesto que es un principio
fundamental, es un principio de los pocos --insisto-- que vertebran esta
construcción europea y al que, como acabo de decir, se refiere cada
sesión del Parlamento Europeo.
En este contexto, y precisamente por los debates que sobre este tema se
realizan continuamente, nuestra moción plantea que este Senado tome una
posición aún más activa sobre este tema y proponga a los demás Senados, a
las demás cámaras territoriales de la Unión Europea la confrontación, la
aproximación, el intercambio de experiencias, pero no solamente para
realizar un análisis del camino recorrido, sino también con la voluntad
de buscar soluciones y encontrar fórmulas para su perfeccionamiento. Este
es el sentido de la moción que el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergencia i Unió propone esta tarde ante este Pleno.
La moción dice concretamente: «... el Senado aprueba dirigirse a las
otras Cámaras Territoriales de la Unión Europea con el fin de proponer un
estudio y debate conjunto sobre la aplicación actual de la subsidiaridad
y sus perspectivas.» El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta
moción una enmienda que incorpora algunas precisiones, enmienda que,
desde este momento avanzo, vamos a aceptar. (Rumores.) Para que esta
aproximación, para que este estudio en el que planteamos que el Senado,
que nuestro Senado, proponga a los demás Senados de la Unión Europea ese
debate pueda realizarse, deberá elaborarse un índice para configurar ese
trabajo. De entrada consideramos que, como mínimo, ese índice deberá
tener tres partes, tres grandes capítulos: el primero, de análisis de la
normativa
vigente en la Unión Europea sobre aplicación del principio de
subsidiariedad; el segundo, de análisis de la evolución registrada en
todos los Estados, en todos los países; y el tercero en el que se
proponga alcanzar fórmulas que perfeccionen la aplicación del principio
de subsidiariedad.
Señorías, éste es el sentido de nuestra moción que, en definitiva, no es
otro que intentar contribuir a que la dinámica del proceso de la Unión
Europea siga adelante --lo cual quiere decir también la dinámica del
proceso político en el que todos estamos absolutamente comprometidos-- en
desarrollo de aquellos principios más fundamentales, y que son los que
configuran que esta etapa de la historia de Europa sea no solamente
democrática sino que también esté participada por todos los pueblos y por
todos los ciudadanos.
Este es el objetivo de la moción que presentamos esta tarde, insisto en
ello, moción para la cual pido el voto favorable de sus señorías.
Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ferrer.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la Senadora Vindel López, por tiempo de diez minutos.
La señora VINDEL LOPEZ: Señora Presidenta, señorías, en primer lugar
quiero felicitar al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergencia i Unió, no solamente por esta iniciativa, sino por la
idea --feliz desde mi punto de vista-- de variar el panorama de mociones
que se presentan siempre ante el Pleno de la Cámara instando al Gobierno.
En vez de instar al Gobierno, Senador Ferrer, yo debo confesarle que el
«petitum» de su moción lo tuve que leer dos veces, porque creía que no
había entendido bien y que se instaba al Gobierno, y en vez de instar al
Gobierno, decía, a mí me parece muy novedoso y muy audaz el que se inste
a esta Cámara o que se apruebe que esta Cámara realice un trabajo que,
efectivamente, no está recogido por los reglamentos, pero evidentemente
tampoco está prohibido y, por tanto, está permitido y, como diré después,
puede servir de mucho, en esa voluntad que nos une que es la de construir
Europa.
Señora Presidenta, señorías, nos corresponde hoy debatir aquí --porque
así lo ha querido el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergencia i Unió-- sobre un principio que, como muy bien decía el
Senador Ferrer, es un gran desconocido para el mundo jurídico, que es el
principio de subsidiariedad y que ha sido recogido por primera vez en el
Tratado de la Unión. Precisamente por esta ausencia de acogida normativa
y por la falta de un cuerpo doctrinal o jurisprudencias, se ha convertido
y se está convirtiendo de hecho en un importante objeto de atención;
precisamente su nula tradición jurídica nos permite empezar de cero y nos
permite también disponer de un instrumento jurídico de virtualidades muy
diversas, y yo creo que en el futuro de gran trascendencia.
Contrariamente a lo que se ha pensado hasta ahora, que era propio de
países descentralizados, el único trabajo doctrinal previo a su inclusión
en el Tratado de la Unión Europea se realizó en Francia, país, señorías,
que no se distingue precisamente ni se caracteriza por un fervor
descentralizador a ultranza ni por una preferencia por la
descentralización. Asimismo, hasta ahora ha recibido todo tipo de
calificativos, ya sea para resaltar sus virtudes o incluso para
criticarlo ampliamente o incluso para ironizar sobre sus riesgos. Así, se
dice que es el concepto clave en la construcción europea, que es la
piedra filosofal, que es la clave de bóveda del sistema, el cemento que
uniría los sillares de la Unión Europea, el principio arquitectural de
Europa cuyo fin es hacer realidad la diversidad en la unidad, etcétera;
en cuanto a los reproches, se dice que es un término opaco, vago,
flexible, nebuloso, versátil, poliédrico, polisémico, multívoco y también
que es un concepto subjetivo, un concepto más sociopolítico que legal, y
que incluso podría servir como coartada para frenar el proceso de
integración comunitaria.
No es de extrañar, por otro lado, que despierte tan distintas
interpretaciones ni tan distintos calificativos si dos de sus padres,
Spinelli y Giscard d'Estaing, también mantienen posiciones completamente
distintas en cuanto a su interpretación. Mientras que para el primero el
principio de subsidiariedad tiene una interpretación comunitaria, cual es
el facilitar el acceso y el ejercicio de sus competencias por los órganos
comunitarios, para el segundo es una garantía de las competencias de los
Estados y de sus entes descentralizados. No podemos negar que es un
principio extraño al Derecho Administrativo; es un principio de gran
complejidad técnica en su aplicación por la categoría de las competencias
a las que se aplica, porque el Tratado dice que no se aplicará a las
competencias exclusivas, lo que obliga a concretar las que tienen esta
condición, pero eso el ordenamiento europeo aún no lo ha hecho --en estos
momentos hay que acudir a cada precepto de los tratados--, y porque
además, y según la Comisión, la delimitación del propio bloque de
competencias exclusivas dependerá de los progresos de la Unión Europea.
Es un principio además que nos podrá servir en el futuro como un
instrumento de racionalización del sistema normativo, porque ante la
inmensa maraña normativa comunitaria puede jugar un doble papel: hacia
adelante y hacia atrás. Hacia adelante porque va a exigir la
justificación de la emanación de la norma comunitaria; y hacia atrás
porque planteará formas de racionalizar el panorama normativo ya
existente y entre ellas la refundición de textos, la simplificación y la
derogación.
El principio de subsidiariedad no es un principio de asignación de nuevas
competencias, sino un principio de regulación y de gradación de las ya
atribuidas. No es, por tanto, un título atributivo de competencias.
Cuando legitima la intervención comunitaria no entraña, en ningún caso,
la transferencia de la competencia; es decir, para lo que sirve es para
individualizar el ejercicio de las competencias asignadas.
El principio de subsidiariedad debe servir para dar respuesta a la
pregunta de cómo distribuir las competencias
entre los cuatro niveles implicados: el nivel local, el regional, el
estatal o el comunitario. O, si se prefiere, dar respuesta a la pregunta
de quién debe hacer qué en la Unión Europea, lo que sin duda va a
significar una redefinición de las funciones presentes y futuras del
Estado, que es un elemento clave en la construcción europea y por eso
hemos presentado la enmienda que en estos momentos estoy defendiendo, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Si la subsidiariedad es entendida como complementariedad y ésta es
sinónimo de descentralización, como muy bien decía el Senador Ferrer,
ello nos conduce necesariamente al ciudadano, al individuo. Y como muy
bien decía el Senador Ferrer, el proceso de descentralización se ha
acreditado, al menos en estos años en España, como el proceso eficaz y
positivo al que nos dirigimos ahora y hacia el que tendremos que ir en el
futuro.
En veinte años hemos pasado de un Estado fuertemente centralista al
Estado más descentralizado de nuestro entorno europeo. Ahora bien, la
descentralización del Estado ni puede ni debe acabar en las Comunidades
Autónomas, sino que, aplicando el principio de subsidiariedad, ha de
llegar hasta los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen grandes ventajas
para intervenir en los procesos de descentralización porque suponen el
nivel más directamente vinculado a la vida cotidiana de las personas,
dado que se identifican con mayor facilidad con las demandas colectivas.
Las funciones de los ayuntamientos están asociadas a cuestiones básicas,
y es en ellos donde existe una mejor y mayor posibilidad de ejercer un
control sobre los administradores públicos.
Cierto es que también se ha producido un crecimiento en la actividad
municipal para afrontar situaciones en ámbitos como los servicios
sociales, el medio ambiente, urbanismo, vivienda, comunicación, turismo,
deporte, droga, etcétera, pero, desde luego, hay muchas otras que
precisan de un fortalecimiento institucional y competencial para
responder a las demandas crecientes de los ciudadanos.
Precisamente, señorías, durante este mes el Senado dictaminará el
conjunto de medidas legislativas para el desarrollo del gobierno local;
medidas que en suma persiguen impulsar la acción de los gobiernos
locales, contribuir al fortalecimiento de la organización territorial del
Estado y dotar de nuevos mecanismos a las corporaciones locales para que
potencien su capacidad de decisión sobre los propios intereses, dando
cumplimiento, entre otras cosas, a la Carta Europea de la Autonomía
Local.
Si el principio de subsidiariedad implica devolver el poder a sus raíces,
no podemos olvidar que las personas pertenecemos simultáneamente a varios
entes territoriales. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular enmienda, a
los solos efectos de clarificación, Senador Ferrer, la parte de la moción
relativa a la subsidiariedad, entendida ésta como reparto de competencias
locales, regionales, estatales y comunitarias en el marco del Tratado de
la Unión. Con ello pretendemos, de un lado, delimitar claramente el
futuro trabajo a desarrollar por esta Cámara y, de otro, eliminar en lo
posible cualquier zona gris alrededor de este principio tan nuevo que
algunos autores ya han puesto de manifiesto.
Tenía toda la razón el Senador Ferrer cuando afirmaba que España ya no es
un aprendiz de la descentralización; todo lo contrario, tiene mucho que
decir, y seguramente lo dirá aprobando la moción que su señoría ha tenido
a bien presentar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Vindel.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado? (Pausa.)
Damos paso al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ferrer
Roselló.
El señor FERRER ROSELLO: Intervengo brevemente en nombre de mi grupo para
manifestarle al Senador Ferrer que nos sentimos instados en la medida que
nos corresponde. Entendemos que la propuesta es muy oportuna y por eso la
vamos a apoyar.
En cualquier caso, como dice la Senadora Vindel, conocer quién debe hacer
qué en la Unión Europea va a ser cuando menos motivo de un debate
entretenido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ferrer Roselló.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario considera que la moción que ha
defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, el Senador Ferrer, es una moción realmente
importante y con un hondo contenido político. Al fin y al cabo tenemos
que recordar que en estos momentos estamos viviendo una nueva Europa y
que el Tratado de Maastricht, que, por un lado, nos ha llevado a una
realidad, como es el euro, tiene otra serie de cosas en el aire, como el
segundo y el tercer pilar, es decir, la política exterior y de seguridad
común y de justicia e interior. Pero hay otro tema del que no se habla,
que es precisamente lo que ha traído el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, que es el principio de subsidiariedad; un
tema realmente importante tal y como se demuestra por el hecho de que se
introduce por primera vez en uno de los Tratados de la Unión con el
Tratado de Maastricht, y al que el propio Parlamento Europeo le da
importancia, ya que posteriormente a la aprobación del Tratado se suscita
tal debate que el Parlamento encarga a uno de sus más brillantes
eurodiputados, al ex Presidente Giscard d'Estaing --como ha mencionado la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- que realice un informe sobre
el principio de subsidiariedad.
El principio de subsidiariedad es importante puesto que vivimos una
Europa que, al igual que el Estado español, es asimétrica; una Europa en
la que conviven Estados federales, como pueden ser los de Alemania y
Austria, con Estados
que tienen nacionalidades y regiones, como el Estado español; Estados
realmente centralistas, como es el Estado francés, con sus Departamentos
que no son más que departamentos administrativos, y Gran Bretaña con sus
«countries».
Por lo tanto, estamos realmente en una Europa asimétrica en la que dentro
de los Estados conviven «länder», Comunidades Autónomas, nacionalidades,
regiones que, en función del Estado al que pertenecen, tienen una mayor
capacidad de autogobierno, tienen un poder político o son simplemente
instancias administrativas, como en los casos francés, británico,
holandés, griego, portugués, etcétera.
Esto es importante porque considero que todas las Comunidades Autónomas a
nivel de Estado español hemos creído firmemente en el proceso de
unificación europea. De hecho, el Estado español es uno de los Estados
con mayor fervor europeísta. No creo que ello se deba a que llegamos
tarde a Europa, sino a que se cree en ese proyecto.
Ahora bien, podemos analizar cuál es la construcción europea, observar el
sistema que lleva a Europa y la institución interna que se está dando a
nivel de Unión Europea, muy distinta de la primitiva, del Tratado de
París, con la CECA, cuando se creó aquella primera organización europea
que hablaba, en lugar de la actual Comisión Europea, de una alta
autoridad. El nombre de Comisión o alta autoridad está muy claro que
significa mayor o menor poder, así como competencias.
En estos momentos se da la situación de que la Comisión Europea cada vez
tiene menos competencias y es realmente el Consejo de Ministros, los
Estados, quienes toman las grandes decisiones, quienes incluso tienen un
derecho de veto y son los ministros de los gobiernos estatales quienes se
sientan en los Consejos de Ministros.
Sucede que en estos momentos hay competencias, como en nuestro caso, de
diversas Comunidades Autónomas del Estado español, que han sido
transferidas a Bruselas, que eran competencias de las Comunidades
Autónomas y que esos temas no los decide la Comisión Europea sino los
Consejos de Ministros; es decir, los ministros de los quince Estados. En
consecuencia, lo que sucede a la hora de verdad es que hay una tendencia
de vaciar de contenido a los Estatutos de Autonomía, porque se
transfieren esas competencias a Bruselas, pero luego, como no se
comunitarizan por completo, la Comisión no tiene competencia y es el
Consejo de Ministros quien decide. En consecuencia, sobre competencias
que en su momento eran de una Comunidad Autónoma quien se sienta en
Bruselas y toma las decisiones es el Ministro correspondiente del Estado
sobre competencias que, de acuerdo con el bloque constitucional, eran de
las Comunidades Autónomas o de una Comunidad Autónoma y no del Estado.
Por ello creemos que es importante hacer este estudio sobre el proceso de
subsidiariedad, porque si no, el proceso de construcción europea, tal y
como se está llevando en estos momentos, no significaría para Francia,
Grecia, Portugal, Holanda, Estados centralistas, un proceso de
centralismo traído por esa dinámica europea, pero sí para aquellos
Estados federales, como Austria o Alemania, o un Estado como el español,
compuesto por nacionalidades y regiones. Y, de hecho, la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea, con competencia legislativa plena,
aprobó prácticamente hace un año una proposición no de ley por la cual se
instaba a que el Gobierno articulase la fórmula para que las Comunidades
Autónomas participasen en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en
aquellos temas que fueran de su competencia. Hay un tema muy claro que
afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el reciente acuerdo de la
Comisión Europea sobre las ayudas fiscales a la implantación de una
empresa en Vitoria, de Daewoo, que desde nuestro punto de vista ataca
directamente al eje troncal, a la razón y al motor del autogobierno
vasco, el Concierto Económico, con el que no estamos de acuerdo. Pensamos
que si esa proposición no de ley que se aprobó el año pasado por
unanimidad en la Comisión Mixta Congreso-Senado se hubiese puesto en
práctica, ya que todo el tema de los incentivos fiscales es competencia
de las diputaciones forales vascas, todo hubiese podido ir mejor.
Por lo tanto, creemos que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió tiende a que se respeten en el marco
de esa Europa supraestatal la personalidad política y el reparto
competencial que existe en cada una de las constituciones.
Hacer la Europa de las regiones es realmente absurdo. Lo es porque Europa
no va a imponer a Francia que sea un Estado regionalizado, ni lo va a
imponer a Holanda o a Portugal; son los ciudadanos de cada uno de los
Estados con su voluntad, los que conforman cómo debe ser un Estado, y eso
hay que respetarlo, pero hay que respetarlo también dentro de la Unión
Europea. La Unión Europea no puede ser la trampa para que sobre
competencias que son de las Comunidades Autónomas, con el sistema que
tiene en estos momentos la Unión, sea realmente el Ministro de un Estado
quien discuta esos temas asumiendo competencias que son de una o de otra
Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, señorías, nosotros nos felicitamos por esta moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, la vamos a apoyar, y creemos, tal y como decía su portavoz, Joaquim
Ferrer, que con esto se puede perfeccionar el principio de
subsidiariedad. Pero incluso iría más lejos, con esto se pueden quitar
los resquemores que empieza a haber en algunas Comunidades Autónomas de
que Europa puede ser la trampa para que algunos gobiernos de alguna
forma, vía Bruselas, asuman la competencia sobre temas que son de las
Comunidades Autónomas. Por otro lado, estudiando este principio de
subsidiariedad y aplicándolo se es respetuoso con la constitución interna
de cada uno de los Estados.
Como decía antes, imponer una Europa regionalizada no es democrático
porque hay ciudadanos de diversos Estados que no aceptan ese
planteamiento, eso es lógico y la prueba es que de los quince Estados de
la Unión, la mayoría, unos diez u once, son centralistas, pero hay otros
que nos hemos dotado de unos instrumentos distintos, incluso en algunos
casos, como en el Estado español, de Comunidades Autónomas que no
significan una descentralización administrativa, sino un verdadero poder
político desde el momento en que la soberanía en aquellos temas que son
de
su competencia reside en los Parlamentos propios, que son elegidos por
elección popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
¿quiere intervenir el Senador Ferrer? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Armet
i Coma.
El señor ARMET I COMA: Gracias, señora Presidenta.
Empezaré por decir que es una gran alegría el que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió traiga a consideración un
tema del que, si recuerdo bien, en 20 años nunca ha hablado; es decir, no
se ha especializado, por decirlo de una forma amable y cariñosa, en los
temas de subsidiariedad. Más bien se ha especializado en los temas de
autonomía fuerte, potente, centralista, pero no integradora y
colaboradora con las realidades de nivel inferior. Y creo que es bueno
decirlo porque cuando se da un giro de tipo copernicano hay que hacer la
exaltación del cambio, es decir, realmente se están dando cuenta de que
este tema es importante, se habla de él en Europa, en todo el mundo y
tiene la consideración que debe tener, por lo que esta iniciativa me
parece realmente positiva. Y no lo digo cínicamente sino desde el punto
de vista de una rectificación estratégica de primerísima magnitud.
Después me referiré a algunos aspectos que pueden ilustrar esta posición.
En primer lugar, me gustaría recordar a todos, ya que estamos en la
Cámara de representación territorial, que hay dos tipos de posición
autonómica. Hay la posición autonómica centralista, que todo lo justifica
en la autonomía, y la posición autonómica descentralizadora, que valora
el poder local o las variaciones de poder local que caben en un
territorio. Nosotros nos situamos en la segunda.
Yo, particularmente, he vivido los distintos estadios de esta realidad,
lo que me permite decir que, si queremos hacer la exaltación de ese
principio, hay que pasar por una visión de la autonomía que sea
compatible con la idea de descentralización en profundidad; es decir, hay
que tener confianza en que los temas serán mejor resueltos desde el
criterio que propone la propia moción, cual es el de la proximidad,
criterio básico, porque, realmente, la expresión subsidiariedad es una
concepción de origen teológico y que da lugar a interpretaciones muy
distintas. Pero si hablamos, junto a subsidiariedad, del principio de
proximidad estamos refiriéndonos a algo muy importante: aquello que pueda
hacer una persona, que pueda hacer la sociedad, que pueda hacer el poder
local más pequeño, es decir, encontrar los niveles de proximidad para dar
mayor satisfacción a las necesidades de la sociedad y de las personas.
Este realmente es un principio rico, apasionante y que, ciertamente,
debemos potenciar si queremos una Europa que tenga en consideración estos
aspectos.
Inicialmente, diré que me parece muy bien esa reflexión sobre la lengua,
sobre las culturas distintas y sobre la diversidad. Esta Europa de la
diversidad conlleva una Europa de la diversidad institucional y también,
lógicamente, la necesidad de que sea la proximidad la que pueda dar
solución a los problemas, es decir, que se puedan realmente resolver por
la vía de la proximidad. Y ello por una razón muy simple, porque en los
grandes temas estratégicos que constituyen las políticas de Estado estos
temas han sido delegados a la política estratégica europea. Por tanto, es
necesaria una redistribución de poderes y situar éstos en los lugares más
adecuados para dar satisfacción a los ciudadanos de la forma más positiva
posible. Así, en un país como el nuestro, en el que hemos hecho una
auténtica revolución descentralizadora, como en ningún otro país, es muy
importante considerar estos elementos del reequilibrio de poderes y la
orientación adecuada en los mismos.
Me gustaría recordar a título de ejemplo --y esto nos puede servir de
ilustración, porque creo que es clarificador también para otros lugares
de España ya que en este caso es común, puesto que está hablando un
Senador del Grupo Socialista pero da la coincidencia de que viene de la
Comunidad Autónoma de Cataluña-- que ustedes han tenido 19 años de
ejercicio de competencias --son muchos años--, no siempre con mayoría
absoluta, pero sí con un cómodo gobierno para desarrollar políticas
creativas, imaginativas y novedosas. Pero en este campo, concretamente,
no se observa ni un solo traspaso consecuente a la administración local
desde la administración autonómica; ni un solo traspaso. Existe una
voluntad de una Carta de la ciudad de Barcelona que esperamos que pueda
cristalizar, pero realmente no existe esta voluntad de gestión de
competencias --lógicamente, la competencia la tiene quien la tiene, según
el bloque constitucional, que lo establece para la que la establece-- y
creo que esto es importante.
Ustedes, por ejemplo, articulan un sistema político que es el de las
comarcas y lo que hacen es recoger competencias de los municipios, de
abajo, para situarlas a nivel comarcal, no concibiendo la comarca como un
acto de mancomunidad voluntaria --porque es un acto que sale de la
voluntad de abajo para articularse mancomunadamente para hacer una
política positiva--, sino una política relativa a sacar competencias
municipales para situarlas en un ámbito comarcal, con lo que,
lógicamente, cambian lo que es el sistema de representación política para
intentar que el territorio pese más que las personas, de manera que en un
país --que en este caso es Cataluña-- donde el principal partido en el
mundo municipal es el socialista, resulta que, de 41 comarcas, 38 tienen
presidentes de Convergència i Unió por este motivo. Entonces, lo que
ustedes han hecho ha sido sustraer poder de proximidad para pasarlo a
otros niveles.
Esto lo digo porque son temas importantes: en Europa --en España
también-- se da el fenómeno de las áreas metropolitanas que requieren
soluciones específicas porque son entidades locales que tienen
complejidad en la inversión y la necesidad de que los tres niveles de
administración puedan cooperar para dar la solución adecuada a problemas
cuya magnitud económica y competencial requieran la complicidad de todo
el mundo, incluida la europea; esto se da en España mucho y también en
Cataluña donde
asistimos en un momento determinado a la disolución de un instrumento del
mundo local que permitía solventar determinado tipo de problemas. Este es
otro elemento importante.
Un elemento básico en cualquier autonomía es la relación entre su
Gobierno y la ciudad referente, la ciudad de mayor potencia, la ciudad de
mayor significación, por una razón muy simple porque articular una buena
política en relación a este hecho permite desarrollar correctamente el
principio de subsidiariedad. Es decir, a veces la gran ciudad puede
desarrollar competencias que por su gran tamaño y también por el elemento
de proximidad desarrolla habitualmente la autonomía. Esto
excepcionalmente se puede desarrollar y es bueno hacerlo, y en distintos
lugares de España sería bueno que se hiciera así como se ha realizado en
distintas ciudades europeas. Este elemento tiene también gran
importancia. Cuando, por ejemplo, se toman grandes decisiones a nivel
estatal no hay cosa más importante y necesaria que vincular todo el
esquema institucional, desde la más pequeña a la más compleja realidad,
para hacer posible que los objetivos complejos puedan tirar hacia
adelante. Por ejemplo, en el Holding Olimpic de la ciudad de Barcelona el
Gobierno autonómico no participó, cosa insólita y no positiva desde esta
perspectiva porque exige una corresponsabilidad de todos los niveles para
hacer frente, lógicamente, a las cuestiones complejas; por ejemplo, temas
tan importantes como son los de gobernación. El tema de gobernación
quiere decir que si nosotros queremos el principio de proximidad, el
alcalde o la alcaldesa han de tener poder. ¿Qué quiere decir poder?
Quiere decir un poder gubernativo y cuando digo un poder gubernativo lo
digo en el sentido más tradicional de la expresión. Cuando nosotros
defendíamos el principio de que el alcalde pueda ser el representante
ordinario de la administración autonómica en cuestión y que tenga esta
representación, esto desde el punto de vista de política de extinción de
incendios cuando hay unos cabos administrativos muy notables, política de
definición de orden público en los momentos puntuales con municipios que
pueden verse afectados es absolutamente necesario pero es que, además,
crea un principio de confianza entre la administración superior e
inferior y da realmente al sistema este elemento de proximidad. La
proximidad nunca es abstracta ni estrictamente competencial, también debe
investir de poder real a las autoridades que están jugando un papel
estratégico a corto plazo.
Por último, me gustaría hacer dos reflexiones complementarias. Para que
sea posible potenciar el principio de la proximidad deben desarrollarse
adecuadamente los distintos niveles de administración en cuanto a su
propio personal, es decir, si todas las administraciones tienen tendencia
a crecimiento en gasto corriente, nada es posible. Eso quiere decir que
debe comportar una estrategia de reducción de gasto corriente y
seguramente un incremento en menor grado de gasto estratégico de otro
signo. Es absolutamente clave analizar este tipo de movimientos, si
queremos redistribuir de forma correcta el poder. Cuando nosotros
analizamos una administración y vemos que tiene un crecimiento de gasto
corriente espectacular y que no se produce ningún caso de
descentralización, de gestión de competencias, lo que está haciendo es un
proceso de asimilación de poder que podría estar en parte en manos de
otros estamentos de orden inferior, y es un poco lo que ocurre en la
experiencia que todos conocemos.
Desde este punto de vista es importante que nos vayamos fijando
objetivos. No es cierto que los países que no tienen desarrollo
intermedio, sea autonómico o regional, sean países brutalmente
centralistas. Lo que ocurre es que estos países lo que tienen es una
potenciación de gobiernos locales que compensan esta situación. Nos
podemos encontrar con el caso francés --aquí ha salido-- que es un país
de estructura centralista desde el punto de vista institucional y desde
el punto de vista de raíz cultural, con todo lo que esto significa --como
ustedes pueden comprender sería bueno para muchas cosas que firmaran la
Carta de lenguas minoritarias de Europa--, pero que evidentemente esto se
compensa por un poder local de una gran fuerza y de una gran potencia
precisamente por la inexistencia de poderes intermedios. Y lo que es
curioso --y con esto acabo esta reflexión-- es que seguramente en la
Europa del futuro deberemos tener poderes intermedios potentes.
Desde este punto de vista, nuestra articulación autonómica es la más
adecuada para hacer frente a la competitividad que se va a producir en
Europa. Pero dicha competitividad tiene que comportar también una
profunda confianza en los niveles de administración local existentes en
cada uno de los territorios. Esta sería la auténtica solución para la
cohesión real de nuestro país: defender la autonomía de la diversidad y
potenciar los elementos de proximidad a partir de la administración
local. Y, como es lógico, el papel del Estado debe ser más estratégico:
debe dar un mayor impulso a las políticas estratégicas, de cooperación, y
de entendimiento entre los tres niveles de la Administración. Esta es
nuestra filosofía, que yo tenía un gran interés en exponer a partir de su
iniciativa.
Por otro lado, quiero resaltar que ésta es una buena iniciativa, y no
interpreten de mis palabras otra consideración que no sea la de todas las
cosas que he comentado en decenas y centenares de páginas, que han
supuesto decenas y centenares de incomprensiones en el Parlamento
autonómico, y que he intentado situar a nivel general. Porque no he hecho
otra cosa.
Por tanto, me alegro sinceramente de que ustedes apuesten por la
proximidad, y estoy convencido de que su portavoz lo ha hecho con todas
las consecuencias políticas, y que su Grupo también va a jugar ese papel
con toda la seriedad política. En este sentido, vamos a trabajar
conjuntamente. Pero hay un requisito absolutamente básico: si se elige
ese camino debemos tener un cierto cambio de actitud y dejar de ser
absolutamente ortodoxos del autonomismo inmutable, pétreo, que no tiene
ninguna relación de entendimiento con el mundo local, para pasar a situar
en cada nivel administrativo aquello que le corresponde. También les
invito a ello, aunque, como es lógico, los momentos de fiebre
preelectoral no son los mejores para acometer cambios drásticos. Pero,
con todo y con eso, les felicito porque hayan dado un paso, no diré que
hacia la verdad --que es un concepto metafísico y político que no
tiene ningún interés relativo, porque todo son verdades relativas--, pero
sí decisivo ante unas preocupaciones básicas para la construcción europea
y para la construcción de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Armet i Coma. (El señor
Ferrer i Roca pide la palabra.)
Señoría, ¿pide usted la palabra por el artículo 87? (Asentimiento.)
Tiene usted la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente quiero aclarar al señor Armet que este Senador no tiene
conciencia de haber cambiado un ápice. Y por lo que veo, usted tampoco.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ferrer.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la
Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, brevemente, como no podía ser de otra forma, quiero agradecer
al Senador Ferrer i Roca la aceptación de la enmienda que he defendido en
nombre de mi Grupo. Sé que no le ha resultado fácil, pero dice mucho en
favor de la voluntad de consenso del Senador Ferrer i Roca el que ésta
sea la cuarta moción que hoy debatimos en la Cámara y la primera que ha
recibido la aceptación de la enmienda que a ella se ha presentado, lo
que, como digo, no ha ocurrido con las anteriores.
Insistimos en el contenido de nuestra enmienda, es decir, en cómo habría
y hay que entender el principio de subsidiariedad: como el reparto de
competencias en los cuatro niveles. Y nos afirmamos en la idea de que la
subsidiariedad, entre otras muchas cosas, hay que entenderla así, porque
aquí hemos tenido ocasión de oír que existen resquemores por parte de
alguna Comunidad Autónoma acerca de que Europa absorba sus competencias.
Sin embargo, creo que hacemos un flaco favor a Europa y a nosotros mismos
si entendemos este proceso de esa forma. ¿Será que ha llegado ya la hora
de los ayuntamientos? ¿Será quizá que ha llegado la hora de que comiencen
a descentralizarse las competencias de las Comunidades Autónomas hacia
abajo para hacer realidad la máxima de la Carta Municipal Europea, según
la cual, las decisiones serán tomadas de la forma más próxima a los
ciudadanos? Puede que sea así.
En cualquier caso, entendemos, señora Presidenta, que era necesario
clarificar para el futuro trabajo de esta Cámara --no nos olvidemos-- el
principio de subsidiariedad que, por otro lado, desde nuestro punto de
vista tiene unas características éticas, porque significa, ni más ni
menos, que los poderes públicos están para servir a las personas.
Señorías, Europa se está cimentando sobre el respeto a las libertades
democráticas, a la diversidad de culturas y de lenguas, a las identidades
de todos sus pueblos, en suma, en fomentar la diversidad desde la unidad.
Yo creo que es un objetivo apasionante y que esta Cámara conseguirá hacer
un buen trabajo.
Agradezco de nuevo al Senador Ferrer la admisión de la enmienda.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Entiendo que la enmienda ha sido aceptada y, por tanto, vamos a proceder
a la votación de la moción.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada.
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN
EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y
MIXTO POR LA QUE SE PROPONE LA CREACION DE UNA PONENCIA ESPECIAL, EN EL
SENO DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ESTUDIAR
EN PROFUNDIDAD EL PROBLEMA DE LA DEUDA INSTITUCIONAL EN LAS EMPRESAS
TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ASI COMO DE LA DEUDA DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS CON LAS EMPRESAS, Y LAS POSIBLES SOLUCIONES,
QUE PUEDAN SER COMPATIBLES CON LA POLITICA DE MANTENIMIENTO DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO Y CON LAS EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA,
INVOLUCRANDO EN ELLO A LOS AGENTES ECONOMICOS, SOCIALES Y JUDICIALES
(662/000169).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente moción de los Grupos
Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto, por la
que se propone la creación de una Ponencia Especial en el seno de la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de estudiar en
profundidad el problema de la deuda institucional de las empresas, tanto
públicas como privadas, así como de la deuda de las administraciones
públicas con las empresas, y las posibles soluciones, que puedan ser
compatibles con la política de mantenimiento de los puestos de trabajo y
con las exigencias de la Comunidad Europea, involucrando en ello a los
agentes económicos, sociales y judiciales.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Antolín
Sanz Pérez para la defensa de la moción.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, subo a esta tribuna, como bien ha dicho la
señora Presidenta, para defender la moción que presentamos todos los
grupos políticos en la Mesa de la Cámara, que ha sido aprobada y que
vamos a debatir.
Antes quisiera agradecer a todos los grupos políticos las facilidades
dadas para confeccionar un texto consensuado, objeto de debate en el día
de hoy.
Como muy bien figura en el texto, la finalidad de la moción es la
creación de una Ponencia Especial, en el seno de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, con el fin de estudiar en profundidad el problema de la
deuda institucional en las empresas, tanto públicas como privadas, así
como de la deuda de las administraciones públicas con las empresas, y las
posibles soluciones para la situación existente y su evitación, sobre
todo en el futuro, que puedan ser compatibles con la política de
mantenimiento de los puestos de trabajo y con las exigencias --muy
importantes-- de la Comunidad Europea, involucrando en ello --también muy
importante-- a todos los agentes económicos, sociales y judiciales.
La justificación de la propuesta deriva, por un lado, de la situación
económica de nuestro país y, en el vértice opuesto, de la existencia de
acumulación de deudas fiscales y de la Seguridad Social en las empresas,
tanto públicas como privadas, así como de la deuda de las
administraciones públicas con las empresas.
Quisiera detenerme un instante para resaltar lo que, a nuestro juicio,
señorías, era necesario modificar en el texto inicial de la moción --y
abro un paréntesis, cómo no, para agradecer al Senador Albistur la
iniciativa de esta moción--. El texto inicial planteaba el estudio,
dentro del seno de la Ponencia a crear, de la deuda única y
exclusivamente institucional de las empresas. Desde el Grupo
Parlamentario Popular --y me congratula que lo hayan aceptado todos los
grupos políticos-- hemos creído necesaria su ampliación, tanto a empresas
públicas como privadas. Asimismo, hemos considerado la inclusión en el
estudio de los aspectos de las relaciones de las empresas y las
administraciones públicas, es decir, que abarcara tanto a las deudas de
las empresas con las administraciones públicas, como las de éstas con las
primeras. Sus señorías entenderán que sería muy poco positivo, por no
definirlo de otra forma, exigir a las empresas las cantidades pendientes,
cuando la Administración en algunos casos da un ejemplo de no ser muy
buena pagadora.
Señorías, anteriormente indicaba que la justificación de la propuesta
tenía como punto de partida la situación contrapuesta, dado que mientras
la situación económica hoy en nuestro país se encuentra en un contexto de
coyuntura económica favorable, hay un número de empresas que vienen
atravesando situaciones de crisis, que en algunos casos han pasado a ser
estructurales.
En conjunto, señoras y señores Senadores, hemos terminado el año 1998 y
podemos considerarlo el mejor año económico de la democracia española.
Entendemos que ello sienta las bases para que España pueda dar un paso
definitivo en el acercamiento de nuestros niveles de bienestar y de
empleo a los más avanzados de Europa.
Quiero resumir cuáles han sido --porque es un punto de arranque
necesario-- los datos económicos del año 1998 que ha terminado: Ha
ofrecido un ritmo elevado de crecimiento de la economía, como ustedes
bien conocen, del 3,8 por ciento; se han creado 440.000 puestos de
trabajo; es importante resaltar que frente a un crecimiento económico del
3,8 por ciento se ha generado un empleo del 3,4 por ciento; ustedes
conocen que la inflación ha descendido a un nivel nunca conocido en
España, el 1,4 por ciento, y que se ha conseguido igualmente reducir el
déficit público por debajo del 2 por ciento; el descenso conocido de los
tipos de interés y el abundante ahorro han permitido una financiación
holgada de la economía y un fuerte incremento de la inversión tanto
interior como exterior; hemos completado algo muy importante, que es lo
que hemos definido como el proceso del euro. A nuestro entender, es un
éxito que ha culminado al unísono toda la sociedad española.
Es importante comprobar que estas perspectivas van trascendiendo a lo
largo del año 1999. Por tanto, hay que resaltar que las principales
variables económicas han demostrado un crecimiento favorable; la relación
entre estas variables demuestra que el progreso económico ha sido real,
consistente y en este nivel alcanzado componen un conjunto vigoroso,
equilibrado y, sobre todo, sostenible; el incremento interanual del
crecimiento de la ocupación se sitúa en el 3,4 por ciento; también es de
resaltar que la Encuesta de Población Activa haya bajado hasta el 18,2
por ciento; como también que en este año 1998 la población ocupada haya
ascendido a 13 millones 400.000 personas; existen sectores importantes,
como el de la construcción, cuya ocupación ha crecido un 5,2 por ciento;
otros, como la industria, el 4,9 por ciento y, finalmente, el sector
servicios, un 4 por ciento.
Señorías, he de destacar los datos del INEM con 1.700.000 parados; es
importante --porque repercute en ello-- el crecimiento del incremento
neto de las afiliaciones a la Seguridad Social en el año 1998, de
aproximadamente 787.000 parados.
¿Por qué doy todos estos datos? Porque, como decía en mi intervención
inicial, frente a esta situación de coyuntura económica muy favorable nos
encontramos con un número importante de empresas que por diferentes y en
ocasiones complejas razones no han podido o no han sabido adaptarse, o lo
han hecho de forma muy parcial, que se encontraban en una situación de
crisis un tanto larvada pasando a ser una situación estructural, e
incluso existen otras que, aun habiendo sido capaces de reducir su
situación en términos de competitividad, mantienen una serie de
desequilibrios financieros que condicionan sus posibilidades de
viabilidad.
Por otra parte, es habitual que tales desequilibrios financieros se vean
agravados en ocasiones en las empresas que contratan con las
administraciones públicas, por los retrasos de éstas a la hora de saldar
sus deudas pendientes.
Señorías, esta situación afecta de una y otra forma a la actividad
económica ya que induce a un deterioro global de la economía española,
repercutiendo en un factor tan importante como la competencia en relación
con las empresas que se encuentran en dificultades, e igualmente
repercute en un deterioro tanto de la propia actividad industrial como de
los propios ingresos públicos dado que, huelga profundizar en ello,
cuando esto acontece los primeros pagos o impagos son los que se refieren
a las obligaciones fiscales y a las de Seguridad Social.
Es muy importante, por tanto, que destaquemos la relación y repercusión
de esta situación ya no sólo en las haciendas públicas, sino en la
Seguridad Social que, además de un instrumento esencial para garantizar
el bienestar global de la comunidad, es un pilar fundamental de cohesión
social y un factor de progreso de vital importancia necesario para el
futuro.
A tal fin, es imprescindible corregir sus desequilibrios y adecuar sus
mecanismos para hacer frente de una manera eficaz a los retos sociales y
económicos que habrá que asumir a corto y medio plazo. Esto condujo,
señoras y señores Senadores, a la puesta en marcha por parte del Gobierno
de un plan de medidas que ofreciese soluciones eficaces, y éstas sólo
podían ser las que se apoyasen sobre un entorno financiero equilibrado y
sobre el marco de cobertura acorde con los objetivos a cumplir por la
Seguridad Social.
A este doble planteamiento responde también el Pacto de Toledo, fruto,
como sus señorías conocen, de un amplio consenso y en el que, a través de
una serie de recomendaciones, se marcan las pautas de actuación a seguir
para garantizar el mantenimiento de los actuales niveles de protección
desde una perspectiva financiera saneada.
Al tiempo, el Gobierno, en esta línea, ha tomado algunas medidas. Ha
adoptado diferentes acuerdos de lucha contra el fraude y la morosidad,
dado que se tiene el convencimiento de que si el fraude ha de ser
combatido con carácter general, ha de hacerse con especial intensidad en
materia de Seguridad Social, por una razón muy importante y de peso, que
es la consecuencia de que no existan prácticas abusivas que debiliten el
equilibrio que ha de existir entre ingresos y gastos.
Esto ha tenido unas repercusiones importantes, pero no las deseadas, de
modo que en el último año la deuda de las empresas en este apartado con
la Seguridad Social ha disminuido un diez por ciento. Quiero recordar a
sus señorías que a 31 de diciembre de 1997 la deuda total superaba el
billón y medio de pesetas, y a 31 de diciembre del pasado año 1998 la
deuda ascendía a un billón 350.000 millones de pesetas.
Por todo lo anteriormente expuesto, señorías, el Grupo Popular --y me
congratulo de que el resto de los grupos de la Cámara coincidan con
nosotros-- está totalmente de acuerdo con la creación de esta ponencia de
estudio. No obstante, voy a hacer algunas consideraciones que entendemos
de vital importancia.
En primer lugar, que las medidas que se tomen en relación con las
materias objeto de estudio de esta ponencia favorezcan el mantenimiento
del empleo y de la actividad empresarial en proyectos viables y todo lo
que contribuya a fortalecer la estructura y la capitalización de las
empresas.
En segundo lugar, es importante también, como una de las consideraciones
a estudio, que para cualquier materia que abordemos en la ponencia,
procedimientos y planes de actuación para solucionar situaciones actuales
de deuda o de morosidad de empresas con las Administraciones públicas,
tengamos en cuenta que los desequilibrios financieros podrían ser, en
algunos casos, coyunturales y, por tanto, no aconsejarían adoptar medidas
que supusiesen para un sector empresarial una modificación de las
disposiciones normativas, ya que ustedes conocen también que éstas tienen
vocación de permanencia y generalidad.
En tercer lugar, que el ámbito de estudio de esta ponencia tenga carácter
global, sin centrarse en idiosincrasia ninguna, en empresas concretas,
etcétera, sino que se estudie la globalidad de ese problema en cada uno
de los rincones de nuestro país. Describamos el problema, diagnostiquemos
el problema, veamos qué administraciones están implicadas, estudiemos
precedentes, medidas tomadas y resultados obtenidos, que los hay,
estudiemos la normativa española existente y, si es necesario cambiarla,
que se cambie y, como esto, otra serie de sugerencias.
En cuarto lugar, hay que resaltar que las posibles soluciones que se
valoren en la ponencia deberían respetar el principio de equidad con
respecto al resto de empresas que atienden puntualmente sus obligaciones
fiscales y sociales para, de esta forma, evitar supuestos de
discriminación negativa frente a situaciones de morosidad. Por lo tanto,
sería conveniente adoptar las suficientes cautelas para que las
actuaciones que se lleven a cabo no supongan para el resto del sector
empresarial un incentivo al incumplimiento y al fraude, y tampoco una
vulneración del principio elemental de libre competencia.
Quisiera destacar también que el objetivo que debería presidir en todo
momento los trabajos y recomendaciones a proponer es precisamente el
mantenimiento del equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social,
compromiso por otra parte, como decía al principio de mi intervención,
reflejado y consensuado por todos los grupos políticos en el Pacto de
Toledo.
No quisiera dejar a un lado la importancia que también va a tener para
esta ponencia el hecho de que todos los grupos hemos de tener en cuenta
la comunicación que hizo la Unión Europea respecto de una iniciativa
similar en la que se señalaba que, siendo digno de consideración el
objeto de fortalecer la estructura y capitalización de las empresas, las
posibles actuaciones de la Administración podían caer directamente en el
campo de la aplicación de las directrices comunitarias sobre ayudas del
Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, por lo
que tales actuaciones, señorías, serían susceptibles de constituir un
ayuda en el sentido del artículo 92.1 del Tratado de Comunidad Europea.
Elementos tales como la efectiva viabilidad de la empresa, la existencia
de un plan de reestructuración, en el caso de este tipo de ayudas, así
como el comportamiento de las administraciones públicas, con base en el
criterio del inversor privado, son fundamentales, señorías, a la hora de
examinar tales intervenciones y proceder, en su caso, a su aprobación en
virtud del artículo 92.3 c) del Tratado de la Comunidad Europea.
Señora Presidenta, señorías, tenemos un importante trabajo que realizar.
Hemos comenzado con un buen consenso y espero y deseo que los trabajos de
la ponencia que nace terminen con idéntico consenso. Es preciso tomar
cartas en el asunto, con actuaciones planificadas y ejecutadas de forma
coordinada por el conjunto de las instituciones más directamente
involucradas. Cuenten con un pleno respaldo del conjunto de los agentes
económicos, sociales y políticos, tanto de ámbito nacional como
comunitario.
Yo creo que España ha demostrado, y sobre todo se ha demostrado a sí
misma, que dispone del suficiente capital político, de la suficiente
estabilidad política, madurez institucional y capacidad de iniciativa y
de gestión en sus diversos niveles políticos, territoriales y
administrativos, para acometer, uno tras otro, los peldaños que aún nos
faltan para acercarnos a los países más avanzados de Europa y, señorías,
creo que el tema que nos ocupa hoy es uno de ellos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz Pérez.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra
el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, esta moción llega hoy, a las ocho menos cuarto de la tarde,
después de prácticamente seis meses de intensos trabajos y conversaciones
mantenidas con representantes de la Administración, con representantes
del partido en el Gobierno y con representantes de los diferentes grupos
políticos que están presentes en esta mesa.
Creo que no es momento de atribuirse protagonismos, aunque en su día, un
26 de septiembre, pusimos en marcha un papel parecido al que ahora vamos
a aprobar, porque los buenos resultados deben ignorar los pruritos, y de
lo que se trata, precisamente, es de conseguir los buenos resultados y
las buenas intenciones que promueven este tipo de iniciativas. Además,
contar con el acuerdo de todos los grupos políticos desde el primer
planteamiento es otro elemento clave que nos acompaña en el debate de
esta moción.
Nuestro Grupo no ha intentado sino cumplir y poner en marcha un acuerdo
tomado por unanimidad en el mes de junio del año 1998, en el Parlamento
Vasco, con motivo del debate de política industrial. Esta resolución, la
número 3, que fue tomada en su momento por unanimidad, instaba al
Gobierno vasco a establecer un proceso de colaboración y coordinación con
el resto de las administraciones públicas competentes, en orden a
consensuar y homogeneizar criterios de actuación, en relación a a las
deudas institucionales, para su aplicación al conjunto de empresas que,
pudiendo ser competitivas en el mercado, mantienen una posición de
desventaja estructural, que condiciona su viabilidad a medio y largo
plazo, y que, asimismo, puede suponer un elemento de distorsión a la
competencia.
Nuestro grupo partía también, cuando proponía esta moción, de la
experiencia de una ponencia institucional, que en su momento fue modelo
de coordinación y cooperación, entre las haciendas forales, las
delegaciones de la Seguridad Social y el propio Gobierno vasco. Para esta
Ponencia institucional se solicitó la colaboración de los agentes
sociales, tanto empresariales como sindicales --y a ella se sumaron--,
quienes participaron con sus criterios en el tratamiento de las empresas
en graves crisis y con deudas para con las Administraciones.
Pero no podemos negar que, sin embargo, pese a todos estos esfuerzos ha
habido unas --yo diría-- demasiado frecuentes disfunciones y
descoordinaciones, que han creado alarma social en algunos casos, así
como algunas confrontaciones inútiles y estériles entre las propias
Administraciones.
En torno a todas estas medidas ha existido también una importante
experiencia en el campo profesional, empresarial y sindical, experiencia
que a nuestro Grupo le gustaría se vinculara precisamente a este campo de
estudios para ir situando el problema en su verdadero contexto. Ese es
uno de los objetivos que nuestro Grupo se propone: tratar de analizar el
problema desde su propia perspectiva, perspectiva que puede ser de
carácter local, regional o sectorial, pero que es real, y que de alguna
manera --lo subrayo-- se pierde desde la perspectiva ministerial o desde
la propia perspectiva parlamentaria si no se tiene contacto directo con
la realidad.
No se trata, como alguna prensa ha pretendido, de que con esta iniciativa
se busque el condonar algunas de las deudas. Estamos muy lejos de esa
actuación, como estamos también muy lejos de buscar soluciones parciales
o territoriales a este problema. Por eso precisamente la intención del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al traer este papel
antes de convertirse en propuesta de moción, antes de convertirse en
moción hoy con el apoyo de todos los grupos políticos, era la de buscar
soluciones universales a un problema que afecta a la totalidad del Estado
y a la totalidad de los sectores económicos españoles.
No puedo ni podemos ocultar que tenemos innumerables riesgos delante de
nosotros. Pero, más que enumerarlos, me gustaría insistir en cómo
evitarlos. Tenemos que marcar claramente el objetivo. La Ponencia debe
estar convencida de lo que va a tratar de estudiar, y tiene que saber
también que se deberán tomar medidas en los casos en que no haya salida
ni solución alguna para la empresa que no pueda contribuir con sus deudas
a la Seguridad Social.
En primer lugar, no se trata de buscar soluciones de escapatoria para
quienes eludan sus responsabilidades en el futuro, sino más bien de
acotar con precisión las responsabilidades y de dejarlas asimismo bien
marcadas en el futuro. No se puede, por soluciones que son puramente
coyunturales, tomar a la Administración pública por un saco de
financiación sin fondo. Hay que marcar claramente el objetivo.
En segundo lugar, la búsqueda de compromiso por parte de los agentes
económicos, sociales y judiciales no es sólo un compromiso político. Los
políticos vamos a facilitar el camino para que existan soluciones
empresariales --que son soluciones sociales y sindicales--, soluciones
estas que deben tener también el compromiso de los propios jueces,
quienes podrán aportar sus propios criterios y salidas a ellas.
Tenemos que abordar un amplio debate con los criterios de la Unión
Europea, y más concretamente con los criterios de la Comisión. Quizá haya
que aprovechar esta oportunidad para revisar algunos conceptos de lo que
fácilmente admitimos como soluciones o como conceptos de ayudas de
Estado, o como soluciones --diríamos-- que
pueden afectar al déficit, buscando con imaginación y con verdadero rigor
clarificar situaciones que se dan en cualesquiera de los Estados que
componen la Unión Europea y que son de alguna forma subrayadas
específicamente en el caso del Estado español, en el caso de la economía
española, porque son los agentes propios de esa economía sus primeros
acusadores o detractores.
Insisto en que debemos establecer un debate con la Unión Europea y con
sus protagonistas responsables aquí, en este Senado, para discutir con
ellos claramente las realidades económicas de cada Estado, de cada
región, de cada sector.
También tenemos que hacer responsable a la propia Unión Europea de las
soluciones en las que nos tengamos que embarcar, y yo diría que sobre
todo tenemos que abordar con absoluta responsabilidad social los temas o
las soluciones que vayamos a apuntar, las modificaciones legales, las
posibles reinterpretaciones de aplicación de criterios presupuestarios,
porque el beneficio que se busca es, insisto, universal.
Lamentablemente, también tengo que insistir en que las denuncias en
Europa provienen de competidores empresariales que han preferido hacer
desaparecer a su competidor antes de permitir que se atienda un verdadero
problema social. Las situaciones son complejas, y la complejidad de cada
situación hay que saber entenderla para buscarle solución, pero hay que
dar soluciones a realidades empresariales o sectoriales que están ahí, a
realidades comarcales, a realidades municipales que están ahí y que
implican a centenares de trabajadores cuyos puestos de trabajo en un
futuro pueden estar en peligro.
Para terminar, no puedo más que desear un trabajo riguroso a la Ponencia
y aportar toda nuestra ilusión y todo nuestro esfuerzo precisamente para
que por esta Ponencia pasen las experiencias y los conocimientos que
mejor conozcan y sepan traducir en posibles soluciones jurídicas y de
carácter social, económico y administrativo las situaciones con las que
hoy día nos encontramos.
Pido a las señorías integrantes de esta Ponencia, por tanto, un esfuerzo
final de trabajo, de comprensión del problema y un grado generoso de
consenso en las propuestas; está en juego el rigor de nuestra economía,
el empleo y la continuidad de muchas empresas, por eso solicitaremos la
comparecencia de los agentes económicos, de los agentes sociales, de los
agentes judiciales e incluso de los responsables políticos y
administrativos que sean capaces de aportarnos su mejor reflexión.
Finalmente no me queda más que agradecer --porque en este sentido tiene
que ser reconocido-- el esfuerzo tanto del Secretario de Estado de la
Seguridad Social, don Juan Carlos Aparicio, como del anterior portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, don Pío García Escudero, a su actual
portavoz, don Esteban González Pons, al representante del Grupo
Parlamentario Socialista, don José Rodríguez de la Borbolla, que entendió
el problema desde el primer momento en que se le planteó y colaboró en la
medida de sus posibilidades, al señor Ferrer, al igual que al actual
portavoz en esta Ponencia del Grupo Parlamentario Popular, don Antolín
Sanz, que entusiastamente en el escaso plazo de tres semanas ha hecho
posible que podamos, hoy día, aprobar por consenso esta moción.
Esperemos que los resultados no sean sólo satisfactorios para nosotros,
sino para quienes son los verdaderos protagonistas del problema.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Joaquín Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, como es obvio, estamos de acuerdo en el contenido de la
presente moción, aunque he de decir que estábamos más de acuerdo con el
borrador que se nos presentó en su día por el representante del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No obstante, repito,
estamos de acuerdo con la creación de esta Ponencia especial en la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social que estudie la problemática que
existe en muchas empresas privadas y públicas en crisis. Estas empresas
se encuentran con una deuda institucional acumulada, y lo primero que
hacen para poder subsistir es dejar de pagar las cuotas de la Seguridad
Social.
En esta Ponencia deberíamos encontrar, primero, posibles soluciones para
que estas empresas puedan continuar. En segundo lugar, hay que intentar
que el Estado pueda asegurarse el cobro de la deuda, y para ello deberían
encontrarse y facilitarse los mecanismos y procedimientos adecuados a fin
de no deteriorar más la situación económica de cada empresa. En tercer
lugar y para que estas empresas puedan mantener los puestos de trabajo,
habría que involucrar en todo esto a los agentes económicos, sociales y
judiciales.
Me gustaría que los trabajos de esta Ponencia empezaran pronto, ya que en
diferentes sectores existen empresas con problemas de continuidad, y hay
que tener en cuenta el peligro que esto supone para muchos puestos de
trabajo.
No voy a repetir aquí las manifestaciones hechas por el representante del
Grupo Parlamentario Popular o del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, pero sí quiero poner un ejemplo muy ilustrativo de
una empresa que conozco bien. Se trata de una empresa con más de 200
trabajadores que entró en crisis hace cinco años, acumulando una deuda a
la Seguridad Social de algunos centenares de millones de pesetas,
viéndose obligada a presentar suspensión de pagos. A partir de ese
momento, se sucedieron todos los trámites propios de esta situación:
aprobación del convenio de acreedores, constitución de la comisión de
acreedores, subasta de los bienes embargados por la Seguridad Social,
constitución de una comisión liquidadora, instar al administrador para
proceder a la rescisión de los contratos, venta del resto de los activos
de las compañías, aprobación del expediente de regulación de empleo...
El año pasado se constituyó una nueva empresa con otros ejecutivos, con
mucho entusiasmo y mucha motivación
ante el nuevo proyecto industrial. Alquilaron las instalaciones
anteriores, acondicionaron con nuevas tecnologías la empresa y se
contrató prácticamente a todo el personal, trabajador o especializado, de
la mencionada empresa en suspensión de pagos. Después de un año de
funcionamiento, yo diría de buen funcionamiento, la Tesorería de la
Seguridad Social presenta solicitud de derivación solidaria a esta
empresa por la deuda contraída con la Seguridad Social por la empresa
anterior.
Actualmente, esta empresa está al corriente del pago de las cuotas de la
Seguridad Social y cumple con todos sus compromisos; trabaja en el
mercado interior, así como en la exportación. Pero si se le obliga a
asumir este pasivo que había sido solucionado previamente, no le será
posible continuar su actividad. Esta empresa que cuenta con unos
ejecutivos, con unas instalaciones y con mucho entusiasmo tiene ahora que
hacer frente al pago porque los proveedores del mercado interior y
exterior le exigen una certificación de la Tesorería de la Seguridad
Social que confirme que está al corriente del pago; certificado que esta
empresa no puede presentar. Imagínense los terribles perjuicios que está
ocasionando esta derivación propuesta por la Tesorería.
Dentro de muy poco tiempo, si no buscamos soluciones, estaremos ante una
nueva empresa en crisis y ante la destrucción de 200 empleos. Pienso que
el ejemplo que les he puesto es bastante ilustrativo, pero quiero dejar
claro que no se trata de condonar la deuda o de que el Estado pierda
estas cuotas de la Seguridad Social sino que se trata de buscar
soluciones.
Este ejemplo que he expuesto es una realidad que ocurre a otras empresas
de diferentes sectores que se encuentran en esta misma situación.
Nosotros, a través de esta Ponencia, deberíamos ser capaces de buscar
soluciones o salidas a la crisis evitando procedimientos que demoren y
deterioren más la situación económica de éstas.
En definitiva, tal y como plantea la presente moción, adaptar la
legislación a una realidad económica y empresarial que demanda soluciones
y analizar cuáles deben ser los procedimientos adecuados y los planes de
actuación que puedan dar una respuesta a la actual situación de deuda y
morosidad, evitando la generación de nuevas deudas tanto con las
instituciones como con otros agentes económicos, con soluciones que
permitan la recuperación de recursos públicos, el sostenimiento de la
actividad empresarial competitiva y el desarrollo del empleo.
No sé si la modificación del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real-Decreto 1/1994, de 20 de junio,
que se aprobó a través de la Ley de Acompañamiento del año pasado, nos
puede ayudar, por lo que he puesto de manifiesto anteriormente, ya que en
su artículo 33, de medidas cautelares, procedimiento de apremio y título
ejecutivo, se cita como medida cautelar, entre otras, embargo preventivo
de bienes o derechos. Espero que esta Ponencia sea capaz de encontrar
soluciones.
En relación al segundo punto de la moción, es conveniente conocer con más
profundidad, a través de esta Ponencia, la problemática y las
repercusiones que puede tener la deuda de las Administraciones públicas
con las empresas y cómo incide en la economía de estas últimas, que es
muy fácil de adivinar, así como en la destrucción de puestos de trabajo.
Este tema no está bien resuelto, como tampoco lo está la Ley concursal.
En esta Ponencia se deberían marcar las pautas para garantizar que la
Administración cumpla con sus compromisos de pago en los plazos previstos
en sus relaciones con las empresas, porque no cabe duda de que afecta al
buen funcionamiento de éstas. Repito, no está bien resuelta la cuestión,
por lo que también me remito a la moción, consecuencia de interpelación,
presentada en el Congreso por nuestro grupo parlamentario y aprobada el
24 de marzo del año pasado.
Voy a leer algunos apartados muy ilustrativos en el poco tiempo que me
resta, que demuestran que algunas cuestiones todavía no están resueltas.
La moción en su punto cuarto dice: Modificar la Ley 23/1995, de 15 de
marzo, de Contratos de las Administraciones públicas, al objeto de
reducir los efectos de la morosidad de las Administraciones públicas
sobre contratistas y subcontratistas, así como las relaciones con éstos
últimos.
Quinta. Modificar las normas reguladoras de los procesos de suspensión de
pagos y de quiebra al objeto de adaptarlas a la normativa comunitaria,
ventajas fiscales y características de la actividad productiva actual.
Desde hace mucho tiempo estamos diciendo que están desfasadas.
Sexta. Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y adoptar las medidas
legislativas necesarias para la utilización de procedimientos judiciales
rápidos, eficaces y con costes reducidos en los casos de reclamación de
deudas de baja cuantía o deudas adquiridas por medio de letras de cambio,
cheques o pagarés al objeto de acelerar su cobro. Me consta que está en
trámite esta Ley y que contempla este aspecto.
Séptima. Adoptar las medidas normativas necesarias para proceder a una
mayor formación de los jueces competentes en materia concursal.
Octava. Adoptar las reformas legislativas que garanticen la plena
colaboración de todas las Administraciones públicas y en particular de
las administraciones tributarias con los jueces civiles en la ejecución
de sus sentencias.
Estos puntos hacen referencia a la moción que se aprobó en marzo del año
pasado y, como vemos, aún faltan muchas cosas por resolver. Y termino
esperando que con los trabajos que se realicen en esta Ponencia podamos
dar luz a un tema que nos preocupa a todos, que no es otro que favorecer
el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial en proyectos de
total viabilidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vidal i Perpiñá.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señorías, anuncio el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario y el
asentimiento a esta moción, que es fruto, por qué no decirlo, de un
impulso originario procedente del Senador Albistur y de la aceptación por
parte de todos los Grupos, con las correspondientes matizaciones.
Evidentemente estamos de acuerdo con la moción por las propuestas de
fondo que contiene, ya que se trata de analizar una doble realidad
negativa que pesa sobre la realidad de nuestras economías productivas, y
valga el plural, porque se trata de realidades distintas dependiendo de
los sectores productivos y de las zonas geográficas del conjunto de
España. Por lo tanto, se tratará de analizar esas distintas realidades
productivas, esas distintas economías, esas distintas zonas de actividad
empresarial, en las cuales hay problemas que muchas veces impiden el
normal funcionamiento de la producción.
Por otro lado, la otra vertiente, la vertiente de las deudas de la
Administración para con las empresas es también, como acaba de señalar
quizá más pormenorizadamente el Senador Vidal, una cuestión que incide
gravemente en el desarrollo normal de la actividad productiva.
La conciencia de que hay que buscar soluciones a estos problemas ya
supone, en primer lugar, que todos los que apoyamos esta moción estamos
de acuerdo en que hay que ir más allá de las desnudas reglas del mercado.
La aceptación de la ineluctabilidad de la lógica puramente económica nos
llevaría a no aceptar una propuesta de este tipo. Es evidente que una
moción como la que hoy vamos a aprobar supone un reconocimiento de la
necesidad de la acción pública para dinamizar la economía y para corregir
los fallos del propio mercado.
Por otra parte, esta moción y su aceptación conlleva un reconocimiento no
sólo tácito, sino explícito por parte de todos los firmantes y de todos
los aceptantes de la misma de que no todo va bien en el funcionamiento de
las Administraciones públicas, y es lógico. Son lógicas ambas cosas:
primera, no se puede pensar que la adecuación de nuestra economía
productiva a los problemas de nuestro tiempo, teniendo en cuenta el punto
del que se partía, se pudiera haber hecho en muy poco tiempo; son
necesarios plazos más largos no sólo para algún sector productivo, sino
para una economía integral e integrada como es la economía española en su
conjunto.
Y es evidente también que la adecuación de nuestra economía a la realidad
competitiva en que se mueve España no puede derivar sólo de la bajada de
los tipos de interés o de la mera contención del déficit público,
cuestión a la que ha hecho referencia el Senador Albistur.
Seguramente, los trabajos de esta Ponencia nos llevarán, si no a ponernos
de acuerdo, sí, por lo menos, a considerar y valorar conjuntamente --y
buscando consenso-- temas tales como las nuevas vías para la financiación
pública de los sistemas de protección social, por una parte o, por otra,
la necesidad de aportación de fondos públicos, siempre --como ha dicho el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- en el marco de la normativa
europea, para impulsar el desarrollo o la pervivencia ya sea de
determinadas industrias, ya sea de determinados sectores productivos, ya
sea de determinadas zonas geográficas.
Seguramente, si los trabajos de la Ponencia van con buen ritmo, si son lo
suficientemente profundos y teniendo en cuenta que en la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social de este Senado existe --aún por terminar los
trabajos-- otra Ponencia, cual es la de la economía sumergida, al final
de esta Legislatura podremos decir que esta Cámara ha tratado en
profundidad dos caras de un mismo problema: por una parte, los problemas,
las causas y las soluciones para la economía sumergida y, por otra, otra
cara, otra faz de ese mismo problema, cual es la de las deudas, el de la
imposibilidad o dificultad para la supervivencia de determinados sectores
por distintas circunstancias. Y uniendo los resultados de ambos trabajos
podremos tener una panoplia de soluciones que justificarán, de llevarse a
buen puerto, por sí solas los trabajos de la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social del Senado.
Lógicamente, acabo con una doble consideración.
En primer lugar, en esto, como en otras cuestiones y con independencia de
que en principio hay acuerdo, es evidente que la capacidad de impulso de
los trabajos, los ritmos y las cadencias en el trabajo van a venir muy
marcados por la disposición y la disponibilidad del Grupo mayoritario en
la Cámara. Y teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos de esta
Legislatura, me atrevo a pedir que en este caso se aceleren los ritmos y
se insista en la búsqueda rápida de resultados.
Por otra parte, pienso --y con esto acabo-- que esta Ponencia evidencia
que en esta Cámara somos capaces de tener una visión integral de los
problemas de España. En la moción anterior se ha tratado de buscar el
mejor funcionamiento, la mejor aplicación del principio de subsidiariedad
en el marco de la Unión Europea. Esta Ponencia supone buscar el mejor
funcionamiento del principio de solidaridad en el seno de la nación
española, en el seno del Estado español. Subsidiariedad y solidaridad son
las dos caras de unas políticas que tienen que llevarnos a buscar la
igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sanz
Pérez.
El señor SANZ PEREZ: Seré muy breve.
Tan sólo quiero agradecer, en primer lugar, el tono de las
intervenciones. Creo que es muy importante el que se haya hablado
constantemente de consenso.
En segundo lugar, quiero transmitir que los trabajos de esta Ponencia se
iniciarán lo antes posible. Si mal no recuerdo, el día 22 se reúne la
Comisión de Trabajo y podremos constituir entonces la Ponencia.
Y, finalmente, deseo decir al Senador Rodríguez de la Borbolla que no
planteamos ningún problema ante el trabajo que se pueda avecinar en los
futuros meses y que hay total disponibilidad para trabajar en profundidad
en este tema e intentar avanzar, no digo que soluciones, pero sí posibles
soluciones en este aspecto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento la moción? (Pausa.) Queda
aprobada.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--CANJE DE CARTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION, RELATIVO A LA CELEBRACION DE LA 21.a REUNION DEL COMITE
COORDINADOR DEL CODEX ALIMENTARIUS PARA EUROPA (MADRID, 5 A 8 DE MAYO DE
1998), HECHO EN ROMA Y MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE Y EL 22 DE DICIEMBRE DE
1997 (S. 610/000213) (C. D. 110/000215).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, relativo a la celebración de la 21.a Reunión del Comité
Coordinador del CODEX ALIMENTARIUS para Europa. (Madrid, 5 a 8 de mayo de
1998), hecho en Roma y Madrid el 5 de noviembre y el 22 de diciembre de
1997).
No se han presentado propuestas en relación con este Canje de Cartas
dentro del plazo que al efecto se señaló.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Puede entenderse concedida la
autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de
Cartas citado.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE
JULIO DE 1998 (S. 610/000214) (C. D. 110/000216).
La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho
en Madrid el 15 de julio de 1998.
Tampoco se han presentado propuestas en relación con este acuerdo en el
plazo que al efecto se fijó.
¿Desea intervenir algún Grupo? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo
citado.
--CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS
COMETIDOS COM BOMBAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE DICIEMBRE DE 1997 (S.
610/000215) (C. D. 110/000217).
La señora PRESIDENTA: Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York el 15 de
diciembre de 1997.
Tampoco se han presentado propuestas.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse en el citado convenio.
--RETIRADA DE LA RESERVA AL ARTICULO 22 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL
SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL
(7-3-1996) (S. 610/000216) (C. D. 110/000218).
La señora PRESIDENTA: Retirada de la Reserva al artículo 22 de la
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial.
No se han presentado propuestas.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización para retirar la reserva por
asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la retirada
de la reserva citada.
--ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO, APROBADA POR LA NOVENA REUNION DE LAS PARTES EN
MONTREAL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1997 (S. 610/000217) (C. D. 110/000219).
La señora PRESIDENTA: Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, aprobada por la novena reunión de
las Partes en Montreal el 17 de septiembre de 1997. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, el 18 de febrero de
1999.)
Tampoco se han presentado propuestas en relación con esta enmienda.
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio de la citada enmienda.
--MEMORANDUM DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION CON RESPECTO A LA 12.ª REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE FRUTOS CITRICOS DEL COMITE DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BASICOS
(VALENCIA, 21 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 1998), HECHO EN ROMA EL 7 DE AGOSTO
DE 1998 (S. 610/000218) (C. D. 110/000220).
La señora PRESIDENTA: Memorándum de responsabilidades que han de asumir
el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación con respecto a la 12.ª Reunión
Intergubernamental sobre frutos cítricos del Comité de problemas de
productos básicos.
Tampoco se han presentado propuestas.
¿Desea intervenir algún Grupo ? (Pausa.)
¿Puede entenderse concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.)
Así se acuerda y en consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del memorándum
citado.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES:
--PETICION DE CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL
PRESENTE Y FUTURO DE LAS ARTES ESCENICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES
(PRIMER FIRMANTE: DON ESTEBAN GONZALEZ PONS) (650/000008).
La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: Peticiones de
creación de comisiones especiales. Peticiones de creación de una Comisión
Especial de Estudio para el presente y el futuro de las Artes Escénicas,
Musicales y Audiovisuales. (Primer firmante: don Esteban González Pons.)
Para la defensa de la petición en nombre de los firmantes, tiene la
palabra el Senador Bellido, por tiempo de diez minutos.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, si repasamos los titulares de los periódicos de los últimos
días podemos encontrarnos con noticias de signo tan distinto como las que
hacen referencia a 1998 como un año excelente para la cinematografía
española, con la apertura de 400 nuevas salas y más de 108 millones de
espectadores; aquellas que se refieren a una cuota de producción española
que es sólo del 12 por ciento de las nuevas películas exhibidas; o la que
aparecía el último domingo en uno de los muchos periódicos de carácter
nacional, en el que se hablaba de que sólo el 5 por ciento de los
municipios españoles tienen salas de cine.
Este contraste de noticias, e incluso de valoraciones de las propias
noticias, que abre la puerta al debate sobre el sector cinematográfico,
se viene produciendo no sólo en relación con el cine, sino con el resto
del fenómeno cultural español, y no únicamente en los medios de
comunicación, sino también en los distintos foros sociales.
El debate, que es uno de los elementos fundamentales del espíritu
democrático, entiendo que alimenta como no lo puede hacer cualquier otra
actitud humana el proceso de conocimiento y desarrollo cultural de los
pueblos, siempre que sepamos obtener y aplicar del mismo aquellas
conclusiones capaces de valorar y hacer avanzar desde la libertad
creativa la multiplicidad de tendencias y manifestaciones que lo
conforman.
Señorías, estamos de acuerdo --y así se recoge en la justificación de la
solicitud de creación de esta Comisión especial de estudio-- en que la
pluralidad cultural de España, puesta de manifiesto en cada una de sus
Comunidades Autónomas, e incluso de las comarcas que la componen,
establece su diversidad expresiva a través de canales comunes en muchos
de los casos. El teatro, el cine, la música, la danza, e incluso el circo
como fenómeno cultural, son, entre otras, vías necesarias para transmitir
esas culturas, no sólo a quienes en el momento presente nos beneficiamos
de ellas, sino a todos aquellos que en el futuro diseñarán sobre las
mismas la historia de los pueblos.
Decía hace unos años el actual Presidente del Gobierno --concretamente,
en 1995-- que es un deber inalienable proyectar desde las distintas
administraciones que componen el Estado las políticas culturales que
preserven, incrementen, prestigien y difundan este acervo grandioso que
encierra lo que fueron, lo que son y lo que serán estas culturas. En ese
mismo año, 1995, Carmen Alborch, entonces Ministra de Cultura del
anterior Gobierno socialista, afirmaba que la cultura española es una
cultura viva y con un gran potencial creativo, y que tiene en su
pluralidad una verdadera marca de calidad y de riqueza que estamos
obligados a reforzar y rentabilizar tanto cuanto nos sea posible.
Esta coincidencia de criterios, señorías, alejada de planteamientos
patrimonialistas, debe marcar el punto de partida de lo que representa el
ambicioso proyecto dinámico de generar continuamente impulsos de
diferentes voltajes y de distinta polaridad que estimulen desde la propia
sociedad y desde los poderes públicos esa creatividad cultural que da
vida a la capacidad de supervivencia de los pueblos. Para ello, para que
todos, allá donde tengamos competencias, mantengamos viva y eficazmente
activa la pluralidad cultural de nuestras Comunidades y regiones,
necesitamos estudiar y conocer a fondo los problemas que aquejan y las
soluciones que debemos brindar a las estructuras que deben servir de
cauce y proyección cultural de los pueblos de España dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Ello nos obliga a realizar una auténtica reflexión, autocrítica en
ocasiones y, por qué no decirlo también, de autoafirmación en otras,
desde los niveles educativos, profesionales, empresariales o políticos,
que permita analizar con rigor y objetividad la realidad existente y a
partir de ella elaborar las sugerencias o propuestas oportunas.
Entre los cauces de proyección y progresión cultural a los que antes me
refería hemos de tener muy presentes las artes escénicas y musicales, las
audiovisuales y cinematográficas, y también el circo --que ya he
mencionado--, sabedores de su capacidad para transmitir cultura a través
de la imagen, la palabra y el sonido a una sociedad como la nuestra, la
cual, siendo profundamente sensitiva, necesita también de estímulos para
hacerla, además, receptiva; una capacidad, señorías, que se fundamenta
asimismo en la calidad, cada vez más reconocida, de los distintos
profesionales que forman parte de este amplio sector cultural y en una
industria que tiene en la autofinanciación su mayor garantía de libertad.
No hace muchos días se defendía desde las páginas de cultura de un diario
de tirada nacional el estímulo y el apoyo, no la tutela, de la
Administración Pública al teatro español cuando se conmemora el vigésimo
aniversario del Centro Dramático Nacional.
Efectivamente, entiendo que todos compartimos esa idea de impulsar, desde
planteamientos políticos no intervencionistas, los resortes que hagan
saltar libremente, sin una dirección predeterminada, la creatividad
literaria, directiva e interpretativa en el mundo teatral y en el de las
artes escénicas, musicales, audiovisuales y la danza en general.
Como se ha venido afirmando desde distintos sectores políticos y sociales
--lo recojo en mi intervención--, no podemos olvidar que en los últimos
veinte años se ha replanteado la realidad de estos sectores y se han
producido cambios lo suficientemente importantes como para que estemos
obligados a reflexionar al respecto y, si no a predecir el futuro, sí a
asumir que dichos cambios se asientan sobre aciertos y errores, sobre
avances y retrocesos, en definitiva, señorías, a aceptar la necesidad de
clarificar con el mejor y más sano espíritu crítico, el sentido de cuanto
viene aconteciendo en torno a este tipo de manifestaciones culturales. Es
por ello que sean y deban ser objeto de la acción política porque tienen
al individuo como centro y porque sirven primordialmente al
enriquecimiento del ser humano, a través de sus más ilimitados valores.
Su capacidad de emoción, pasión, duda, gozo o de inquietud, en suma,
porque van directamente a lo más complejo de su naturaleza.
Estamos hablando, señorías, de acción política, que no significa en modo
alguno intromisión en el ámbito creativo por parte de los políticos, pero
sí hacer posible a la población el disfrute del patrimonio artístico y
espiritual de la humanidad en permanente recreación. Estamos hablando de
la importancia de vincular lo ético con lo estético y de la importancia
de las artes escénicas y musicales, en cuanto que hablan de lo más
singularmente trascendente del ser humano. En definitiva, algo tan
sencillo como contribuir a ser un poco mejores.
En similares términos podemos referirnos a la cinematografía, la que fue
denominada con claridad y de forma sucinta como fábrica de sueños y
emociones. Efectivamente, en ambos conceptos, en el de fábrica y en el de
sueños y emociones, se encuentran los dos pilares básicos de este sector
cultural, dependiendo en último término su existencia de la correcta
articulación de ambos. Dicho de otra forma, sin la fábrica, sin las
estructuras y recursos materiales y humanos organizados, que permitan una
producción sistemática, podría producirse excepcionalmente una película,
pero no existiría una cinematografía. De ahí que el viejo principio de
que una obra no hace escuela sea también de aplicación al mundo del cine.
Además, ese generador de sueños y emociones culturales tiene una
dimensión económica y un impacto social, que en modo alguno podemos
obviar, a los que debemos brindar una actuación singular; una dimensión
económica que en la Unión Europea se cifra en torno a los 15 billones de
pesetas, de los que más de 500.000 millones corresponden a España y un
sector que en Europa genera un volumen de empleo superior al millón de
puestos de trabajo y casi 100.000 españoles.
En definitiva, y con ello termino, señora Presidenta, señorías,
entendemos plenamente justificada la creación de esta Comisión Especial
de estudio sobre el presente y el futuro de las artes escénicas,
musicales, audiovisuales y el circo, lo que se ha visto refrendado con la
firma de todos los grupos de la Cámara, trasladando a la sociedad
española, que hace posible la expresión artística a través de los
diferentes canales que serán objeto de estudio que será receptora de
dicha expresión, nuestra clara voluntad de afrontar, con la máxima
intensidad en el trabajo a desarrollar por la Comisión y con el máximo
rigor, un estudio amplio y enriquecedor que pueda reconocer aquello que
de positivo se viene realizando, para profundizar si es posible en su
aplicación, y aquello que entre todos debamos modificar para que la
cultura, a través de las artes escénicas, musicales y audiovisuales,
llegue con su enorme carga de libertad y pueda ser vehículo de expresión
y de riqueza para quienes a su difusión se dediquen.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Turno en contra. (Pausa.)
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente. Quiero expresar en nombre de nuestro
Grupo Parlamentario nuestro total apoyo a la creación de esta Comisión
Especial. He de felicitar también al señor Bellido por su brillante
defensa de la exposición de motivos por la que se crea esa Comisión.
Coincido con todos sus planteamientos y quiero señalar que en dicha
exposición de motivos existen varios puntos que nos producen una
razonable alegría porque se reconoce claramente la pluralidad cultural de
España. Recogiendo las palabras de un destacado político español se hace
un voto para que, desde las distintas administraciones que componen el
Estado, las políticas culturales preserven, incrementen, prestigien y
difundan ese acervo grandioso que encierra lo que fueron, lo que son y lo
que serán esas
culturas. Es decir, la defensa de esas culturas en la exposición de
motivos nos parece un gran acierto y, repito, nos produce mucha alegría.
También nos lo produce este deseo ambicioso de realizar una auténtica y
profunda reflexión sobre estos sectores culturales a los que usted ha
aludido, para finalizar con unas conclusiones políticas con pe mayúscula,
de política de Estado, con objeto de conseguir que estos sectores
culturales que tantos ratos agradables nos producen de solaz y de
reflexión nos ayuden a obtener una vida colectiva más rica y más libre.
Así pues, el objetivo está muy bien situado en el marco de esta
pluralidad cultural de España y en este deseo de una auténtica reflexión
que nos conduzca a unas conclusiones de acciones políticas que mejoren la
situación de estos sectores culturales tan importantes. Por ello, nuestro
Grupo va a dar su total apoyo a la creación de esta Comisión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador De la
Plata Rodríguez.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Después de estar toda la tarde pensando qué enfoque dar a mi
intervención, tengo que reconocer que el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular me ha facilitado bastante las cosas.
Curiosamente el punto del orden del día dice: «Petición de creación de
una Comisión Especial de Estudios sobre el presente y futuro de las Artes
Escénicas, Musicales y Audiovisuales.» Es decir, se va a crear una
Comisión, si el Pleno así lo estima.
Es curioso que ya exista una nota de prensa donde dice: El Presidente de
la Comisión de Artes Escénicas del Senado apuesta por conciliar libertad
creativa y política cultural. Me resulta bastante curioso. Tiene una
doble vertiente: la negativa --y se lo digo en tono afectivo-- es el poco
respeto hacia esta Cámara y hacia este Pleno, y la positiva es que ya se
sabía lo que usted iba a decir porque en la nota de prensa figuran los
cuatro o cinco mensajes que su señoría ha explicado en la Cámara.
Señoría, hay que cuidar las formas. Y si vamos a trabajar en la búsqueda
de un consenso en estos temas tan importantes, parece importante también
tener cuidado en cómo vamos a enfocarlo para desde el principio sentar
las bases de un futuro acuerdo.
En otro orden de cosas, quizá es bueno hacer algunas reflexiones porque
desde el año 1984, en la Ley 50/1984, están creados los Institutos de la
Cinematografía y las Artes Audiovisuales, por una parte, y por otra, el
de las Artes Escénicas y de la Música. Esto significa que ambos
institutos recogen todas las áreas que se proponen estudiar con
profundidad en esta Comisión. Esos institutos dependen de una Secretaría
de Estado, que es la del área de Cultura, con sus divisiones
correspondientes, y tengo que decir que cada uno de ellos tiene objetivos
muy concretos como, por ejemplo, los siguientes: promoción, protección y
difusión de las artes escénicas y de la música; proyección exterior de
actividades; comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, es
decir, significa que ambos institutos tienen entre sus objetivos
fundamentales de trabajo ser capaces de traducir la voluntad creadora de
los distintos sectores de la población cultural de este país y hacer lo
posible por el fomento, la creación y la difusión de todo el patrimonio
cultural. Por tanto, llama un poco la atención la creación en sí de la
propia Comisión, y nos podemos preguntar: ¿Por qué crear comisiones de
estudio de este tipo y no otras más propias y específicas del Parlamento
en su labor de control al Gobierno? Esa es una pregunta que cualquier
miembro del Parlamento se hace. Es decir, está muy bien que creemos este
tipo de comisiones, pero ¿por qué otras no? ¿Por qué no se crean otras
que son más propias de control al Gobierno? Y más todavía, Senador
Bellido, cuando existen estructuras destinadas en sus objetivos a la
misma finalidad que esta comisión que se quiere crear.
En segundo lugar, ¿quiere el Partido Popular con esta iniciativa hacer
algún guiño a algún sector del mundo de la cultura de este país? Porque
podríamos tener en cuenta otras muchas áreas (pintura, arquitectura,
escultura, etcétera) buscar las líneas definitorias del momento actual y
estudiar su futuro, y, sin embargo, nos centramos concretamente en unas
concretas.
Por otra parte, ¿significa esto un nuevo impulso a estas áreas concretas
desde el Gobierno a propósito del cambio que se ha producido en el
Ministerio de Educación y Cultura o de la nueva ubicación imaginaria del
Partido que lo sostiene? Estas son reflexiones que se hacen.
De cualquier forma, nuestra posición va a ser apoyar, como no podía ser
de otra forma, la creación de esta Comisión (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) aunque al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular le haga gracia. ¿Por qué? Es muy sencillo: porque en todo lo que
sea el trabajo en artes escénicas, musicales o audiovisuales, va a estar
presente el Grupo Parlamentario Socialista, al margen de que se entienda
como una gran contradicción por parte del Partido Popular que plantee la
creación de esta Comisión y no permita que haya otras. Esta es la
posición del Grupo Socialista.
Entendemos que hay que buscar el consenso en las líneas maestras donde
deban ir las actuaciones públicas para fomentar estas artes, es decir, en
todo lo que es producción, fomento, promoción o protección del patrimonio
en este país. Debemos tener en cuenta a las Comunidades Autónomas porque
es importante que sigamos desarrollando y buscando la comunicación
cultural entre ellas. Tenemos que tener suficiente sensibilidad para
escuchar a los diferentes sectores y llegar a unos acuerdos consensuados
que nos permitan trabajar de cara al futuro.
No vamos a renunciar a nuestros planteamientos ni al trabajo que hemos
realizado durante los años del Gobierno anterior, en la misma filosofía
que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha expresado citando a la
anterior Ministra de Cultura, que es la que movía al Grupo Parlamentario
Socialista y al Gobierno socialista anterior a trabajar en esta línea.
España es sin duda un país de grandes autores en cada uno de estos
campos, y en nuestras manos
está posibilitar y crear las condiciones para que la espontaneidad, la
creatividad y la libertad en la creación sigan siendo una realidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador De la Plata.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bellido.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervendré con suma brevedad.
Lamento que en un día que iba a ser de alegría, por estar todos los
grupos políticos de acuerdo en este punto, se hayan introducido elementos
que distorsionan o enrarecen ese clima.
Lamento que debido a lo que ha podido ser un error de prensa --en otras
notas de prensa se refieren a este Senador como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en este debate, como Presidente de la Comisión o
como el Senador por Córdoba, Enrique Bellido-- el Senador De la Plata
dude, por una parte, de mi credibilidad y, por otra, del respeto que he
tenido siempre por la Cámara, y que creo que he demostrado con todos los
Senadores sin exclusión, como Senador de a pie, como portavoz de Comisión
y como Presidente de Comisión.
Por supuesto que hay muchas comisiones por crear. Esta es una de ellas y
creo que es importante, y tan importante como ésta, señor De la Plata, es
la que mi Grupo, con la firma del Senador don Esteban González Pons, ha
apoyado esta tarde, a propuesta suya, sobre el estudio de los alimentos
transgénicos. Todo aquello que podamos trabajar en positivo desde el
Senado siempre debe ser reconocido como tal.
Estoy convencido de que este mínimo incidente no va a enrarecer en modo
alguno el trabajo serio, duro y amplio que vamos a realizar todos los
grupos en esa comisión, en la que además le aseguro que los propios
Senadores vamos a disfrutar con el trabajo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra el Senador De la Plata, por un minuto.
El señor DE LA PLATA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir, brevemente, que este incidente, como su señoría lo llama,
no va distorsionar en absoluto el inicio de la Comisión, ni la marcha, el
estudio posterior y las conclusiones de la misma.
No he puesto en duda la credibilidad de su señoría. Sencillamente,
lamento que se haya producido una circunstancia de este tipo; queda ahí y
no pasa absolutamente nada. Creo que es un error del tipo que sea. De
cualquier forma, lamento que haya aparecido usted como Presidente. No sé
si en otras notas se han referido a usted como Senador por Córdoba. Desde
luego, en la nota de prensa que yo tengo dice: el Presidente. No es
excesivamente importante, sencillamente, quiero resaltar que es ahora
cuando estamos decidiendo la creación de la Comisión. Esto no va a
impedir que todos estemos contentos esta tarde por la creación de esta
Comisión, pero las cosas hay que decirlas suficientemente claras y allí
donde hay que hacerlo, que es el Pleno del Senado.
Su credibilidad no se pone en cuestión para nada, ni en este momento ni
en el futuro, y, lógicamente, tendemos la mano a ese estudio profundo,
durante todo el tiempo que vaya a durar la Comisión, para sacar unas
conclusiones adecuadas, sin renunciar en absoluto a posicionamientos
ideológicos y políticos, presentes y futuros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador de la Plata.
Tiene la palabra el Senador Bellido, por un minuto.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decirle que acepto esa mano y que, ciertamente, las
cosas hay que decirlas lo suficientemente claras, pero, Senador De la
Plata, también hay que decirlas lo suficientemente contrastadas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
¿Puede entenderse aprobada la petición por asentimiento? (Pausa.) En
consecuencia, queda aprobada por asentimiento la creación de la Comisión
especial a que nos hemos referido.
Se ruega a los grupos parlamentarios faciliten lo antes posible a esta
Presidencia la relación de los señores Senadores que pasarán a
integrarla.
Se suspende la sesión.
Eran las veinte horas y cincuenta y cinco minutos.